El pase de la selección española de fútbol a la final del Mundial 2026 ha venido acompañado de una notable prolongación del debate político e institucional que se inició en las horas previas al encuentro de semifinales frente a Francia.

Tras la victoria del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha publicado una nueva columna de opinión en el diario El Debate titulada «Hay que tener buen humor».

En el texto, Rajoy responde de forma directa a las críticas recibidas por sus anteriores comentarios sobre la composición de la plantilla francesa, apuntando explícitamente hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las autoridades del país vecino.

La polémica previa y la réplica de Rajoy

La controversia se originó en la jornada anterior al partido, cuando Rajoy analizó al rival de España afirmando textualmente: «Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien».

Estas palabras motivaron una inmediata reacción institucional. La Embajada de Francia en España emitió un comunicado aclaratorio señalando que la práctica totalidad de los seleccionados nacieron en territorio francés o poseen la nacionalidad de pleno derecho, mientras que el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, calificó las declaraciones de «absolutamente inaceptables».

En el plano nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se posicionó en la red social X criticando lo que consideró «declaraciones xenófobas» y cerró su mensaje manifestando: «Que gane el mejor y que pierda el racismo».

En su última columna, una vez consumada la victoria deportiva de España, Rajoy dedica la primera mitad del texto al análisis del partido, elogiando la labor del seleccionador y el esfuerzo de los jugadores. Sin embargo, el tramo final del artículo adopta un tono de réplica política hacia quienes cuestionaron sus palabras previas.

La primera alusión velada, pero directa, va dirigida a Pedro Sánchez y a su frase previa al encuentro. Al valorar el cruce de la final, Rajoy subraya el deseo de que España obtenga el título y añade: «No que gane el mejor, como prefiere –así lo afirma– él», utilizando la tercera persona para distanciarse de la postura expresada por el actual jefe del Ejecutivo.

Posteriormente, el expresidente extiende su respuesta al ámbito de la gestión gubernamental y diplomática, reprochando la atención que se ha prestado a sus comentarios: «Gracias también a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial. La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones. Son estas las que importan a los españoles (...) y debían ocupar a esas autoridades».

Acusaciones de distracción mediática

En el cierre de su análisis, Rajoy califica la reacción institucional de estrategia de distracción frente a los problemas políticos internos de España. Según el expresidente, las gestiones realizadas ante los representantes galos —a las que se refiere de forma crítica al escribir que «les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro»— buscan «provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo».

Rajoy concluye su intervención reafirmando su postura inicial, asegurando que los responsables gubernamentales «no piden perdón por nada» y finalizando con un mensaje de reafirmación personal: «Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso. ¡Viva España! Hemos ganado una vez más».

Con esta última entrega, el debate en torno a la semifinal del Mundial constata que la dimensión del evento deportivo ha mantenido un marcado componente de confrontación política entre el actual Ejecutivo y el expresidente de la nación.

Hay tuits que desaparecen a los pocos minutos y otros que vuelven una y otra vez a la actualidad. Miguel Ángel Rodríguez lleva años comprobándolo con una expresión que ya forma parte de su propio sello político: “Va pá’lante”.

Cada vez que una investigación judicial registra un nuevo avance, las redes sociales rescatan alguno de sus mensajes. Ha ocurrido con el fiscal general del Estado, con Koldo García, con José Luis Ábalos y ha vuelto a suceder este martes tras conocerse la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Bastó la publicación de la sentencia para que comenzara a compartirse de nuevo un tuit escrito por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso hace apenas un mes.

Era el 18 de junio y Rodríguez lanzó un mensaje que reunía varios de los nombres que desde hace meses concentran buena parte de la actualidad judicial. “Esto puedo deciros a día de hoy: Zapatero va pá’lante; las hijas de Zapatero van pá’lante; la mujer de Pedro Sánchez va pá’lante; el hermano va pá’lante; Ábalos y Koldo van pá’lante;… Y Pedro Sánchez irá pá’lante”.

Cuatro semanas después, ese mensaje ofrece una fotografía muy distinta a la del día en que fue publicado. Algunas de las causas que mencionaba ya han desembocado en condenas; otras se encuentran en momentos decisivos de su tramitación y una permanece, por ahora, sin trasladarse al plano judicial. El resultado es que el tuit ha terminado convirtiéndose casi en una especie de marcador político que muchos vuelven a consultar cada vez que se produce una novedad.

Tres nombres ya han registrado importantes avances

Los primeros en alterar esa lista han sido José Luis Ábalos y Koldo García. Apenas cuatro días después de aquella publicación, el Tribunal Supremo dictó sentencia contra el exministro y su exasesor. Aquella coincidencia temporal hizo que muchos usuarios comenzaran a hablar de los “pa’lante” como si se tratara de una particular quiniela judicial, una expresión que el propio MÁR lleva utilizando desde hace años para anticipar, según su criterio, el futuro procesal de determinadas personas.

Ábalos y Koldo no han sido los únicos. La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. Su nombre figuraba en el mensaje simplemente como “el hermano”, una referencia que este martes ha bastado para que el tuit volviera a viralizarse.

Y es que estos nombres tachados de su nueva lista de “pá’lantes” no han sido los primeros. Ya había empleado la misma fórmula con el fiscal general del Estado y, cuando meses después se produjeron novedades en aquella causa, volvió a escribir otro mensaje reivindicando su pronóstico: “Ojo, que va pá’lante, tal y como os dije”.

Con el tiempo, esa repetición ha convertido el “pa’lante” en una de las señas de identidad y una característica propia de la forma de comunicar del principal estratega de Isabel Díaz Ayuso. Para sus críticos, esos mensajes alimentan la sospecha de que Rodríguez anticipa acontecimientos judiciales; él siempre ha rechazado esa interpretación y sostiene que se trata únicamente de valoraciones políticas.

¿Quién puede ser el siguiente?

La pregunta que vuelve a plantearse cada vez que uno de los nombres incluidos en los “pa’lante” de Miguel Ángel Rodríguez registra una novedad judicial es quién podría ser el siguiente. La condena a David Sánchez ha reactivado esa particular cuenta atrás y, al revisar la lista del 18 de junio, no todos los procedimientos se encuentran en el mismo punto.

El caso que parece más próximo a registrar un movimiento es el de Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid se ha reunido este lunes para resolver los recursos pendientes contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado popular. La resolución que hayan adoptado los magistrados será clave para determinar si avalan el criterio del instructor y permiten que la causa continúe hacia el juicio o si, por el contrario, corrigen esa decisión.

En una fase distinta se encuentra la investigación que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas, incorporados a las diligencias abiertas en la causa relacionada con Plus Ultra. Se trata de un procedimiento que continúa instrucción y que, por ahora, no afronta una resolución inmediata comparable a la que espera la causa de Begoña Gómez.

Más singular resulta la situación de Pedro Sánchez, precisamente el único nombre que Miguel Ángel Rodríguez escribió en futuro. Mientras el resto de protagonistas del mensaje “va pá’lante”, del presidente del Gobierno aseguró que “irá pá’lante”.

Ese matiz no ha pasado inadvertido tras la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas. A diferencia del resto de personas mencionadas en el tuit, Pedro Sánchez no figura actualmente como investigado en una causa penal. Sin embargo, buena parte de su entorno más próximo sí concentra procedimientos judiciales de distinto recorrido: su hermano acaba de ser condenado; su esposa aguarda una decisión clave de la Audiencia Provincial de Madrid; y antiguos colaboradores como José Luis Ábalos y Koldo García ya han recibido sentencia.

Lo que entonces parecía una enumeración más dentro del estilo directo y provocador de Miguel Ángel Rodríguez se ha convertido en una especie de termómetro de la actualidad judicial que rodea al Gobierno. Tres de los nombres incluidos en aquella lista ya han registrado importantes avances, otros siguen pendientes de decisiones relevantes y uno continúa escrito en futuro.

Es esa combinación la que mantiene vivo el interés por unos tuits que, lejos de perderse en el ritmo vertiginoso de las redes sociales, resurgen una y otra vez cada vez que la actualidad judicial suma un nuevo capítulo. Porque si algo ha demostrado la secuencia de las últimas semanas es que la lista de los “pa’lante” no permanece inmóvil: evoluciona al mismo ritmo que lo hacen las causas que menciona. La pregunta que sobrevuela ahora esa publicación vuelve a ser la misma que se hacen quienes la rescatan cada vez que aparece una resolución judicial: ¿quién será el siguiente nombre de la lista en protagonizar un nuevo giro?

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desmantelado dos puntos de venta de droga en el distrito de San Blas-Canillejas y han detectado la comercialización de una sustancia poco habitual hasta ahora en España. Se trata del WAX, un extracto altamente concentrado de cannabis que destaca por su elevado contenido en THC y por sus efectos psicoactivos inmediatos. La operación concluyó con cinco detenidos y la incautación de distintas sustancias estupefacientes, además de una importante cantidad de este nuevo producto.

La investigación policial permitió descubrir que uno de los inmuebles funcionaba bajo la apariencia de una asociación de consumidores de cannabis. Sin embargo, las pesquisas revelaron que en realidad se utilizaba como punto de venta y distribución de drogas. Junto al local también se registró una vivienda anexa desde la que se suministraban sustancias a terceras personas.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia del denominado WAX, una sustancia con textura similar a la cera que se comercializa en pequeñas cantidades y que puede alcanzar concentraciones de hasta el 90% de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Según informó la Policía, sus efectos son prácticamente inmediatos y presentan una intensidad muy superior a la de otras formas habituales de consumo.

Durante la operación fueron intervenidos alrededor de 400 gramos de esta sustancia, cuyo valor en el mercado ilícito podría situarse en torno a los 30.000 euros. Aunque el WAX ya había sido detectado en otros países, su presencia continúa siendo poco frecuente en España, lo que convierte este decomiso en uno de los aspectos más relevantes de la investigación.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los agentes detectaron un constante trasiego de personas en torno al establecimiento. Los clientes permanecían apenas unos minutos en el interior antes de abandonar el lugar o desplazarse a una vivienda cercana, un comportamiento que despertó las sospechas de los investigadores.

Se presentaban como un club de fumadores

En una primera fase se comprobó que el establecimiento se presentaba como un club de fumadores de cannabis. No obstante, tras consultar el registro oficial de asociaciones, los agentes confirmaron que no existía ninguna entidad legalmente inscrita con esas características. Además, comprobaron que no se realizaban controles de acceso propios de este tipo de asociaciones, ya que las personas entraban y salían sin ser identificadas y sin acreditar la condición de socios.

A partir de estos indicios, la Policía concluyó que el local era utilizado exclusivamente para la venta de drogas y para permitir su consumo en el interior. Según la investigación, desde ese punto también se abastecía la vivienda anexa, cuyos ocupantes almacenaban parte de las sustancias para distribuirlas posteriormente a otros compradores.

La fase definitiva de la operación se desarrolló el pasado 17 de junio con la entrada y registro simultáneo de ambos inmuebles. Durante el operativo los agentes localizaron aproximadamente dos kilogramos de marihuana, un kilogramo de hachís y los citados 400 gramos de WAX. Además, intervinieron dinero en efectivo fraccionado y diverso material destinado a la dosificación y distribución de las sustancias.

Detenidos cuatro hombres y una mujer

El registro también permitió comprobar cómo estaba organizado el establecimiento. El local disponía de varias habitaciones con funciones diferenciadas. En una de ellas se encontraba la recepción, donde un taquillero almacenaba distintas cantidades de marihuana y hachís preparadas para su venta. Otra estancia funcionaba como dispensario y fue precisamente en una nevera donde los agentes localizaron el WAX.

Junto a esta sustancia también se incautaron ocho recipientes con hachís, once botes de cristal que contenían cogollos de marihuana, 23 cigarrillos ya preparados para su consumo y otros productos relacionados con el cannabis, entre ellos gominolas y artículos de cosmética elaborados con derivados de esta planta.

La investigación permitió determinar que varias personas desempeñaban funciones específicas para garantizar el funcionamiento del negocio. Algunos se encargaban del mantenimiento exterior del inmueble, mientras que otros controlaban la entrada de los clientes o los acompañaban a la salida para evitar sospechas. Esta estructura organizada llevó a los agentes a considerar que no se trataba de una actuación individual.

Como resultado del operativo fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, a quienes se atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. La Policía considera que el grupo mantenía una actividad perfectamente organizada para la distribución de distintas sustancias estupefacientes, utilizando la apariencia de una asociación cannábica como cobertura para desarrollar un negocio ilícito que ahora ha quedado desmantelado.

José Luis Rodríguez Zapatero salió de la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio dejando una promesa sobre la mesa. Durante su declaración como investigado en la causa que instruye el juez José Luis Calama, el expresidente decidió no responder a las preguntas relacionadas con el origen de las joyas intervenidas en su despacho, pero trasladó al magistrado que solicitaría una nueva comparecencia “al cabo de una semana o diez días” para explicar ese asunto cuando pudiera aportar la documentación necesaria.

Desde entonces, al menos públicamente, esa nueva declaración no se ha producido. Tampoco ha trascendido que la defensa haya solicitado formalmente esa comparecencia ni que el juzgado haya fijado una fecha para escuchar sus explicaciones sobre unas piezas cuyo valor fue tasado en torno a 1,3 millones de euros.

La situación abre una duda que va más allá del caso concreto: ¿Qué ocurre cuando un investigado se compromete ante un juez a aportar una documentación o a volver a declarar en un determinado momento? ¿Ese compromiso le obliga jurídicamente o se trata únicamente de una manifestación de voluntad? La respuesta, según el abogado especializado en Derecho Penal y socio director de Estradé Law Firm, José Ignacio Estradé, pasa por distinguir entre los compromisos personales de una parte y los plazos que realmente tienen efectos dentro de un procedimiento penal.

“No existe una obligación legal de cumplir un compromiso de este tipo cuando no ha sido impuesto por el juez”, explica el penalista a Infobae. “Una cosa es que una persona diga espontáneamente que aportará una documentación dentro de diez días, de quince o de un mes y otra muy distinta es que exista un requerimiento judicial que le obligue a hacerlo”.

Durante su declaración, Zapatero optó por acogerse a su derecho a no responder sobre el origen de las joyas. Lo hizo después de que su defensa hubiera intentado aplazar únicamente esa parte del interrogatorio para disponer de más tiempo con el que preparar la documentación relativa a las piezas, una petición que el juez rechazó.

Fue entonces cuando el expresidente manifestó que volvería para ofrecer esas explicaciones. Desde el punto de vista procesal, sin embargo, ese anuncio no tiene el mismo valor que una resolución judicial. “Los únicos plazos que obligan son los que establece la ley o los que fija expresamente el juez”, señala Estradé. “Si una parte adquiere un compromiso por iniciativa propia, no existe una consecuencia procesal automática por no cumplirlo”, matiza. Eso no significa, añade el abogado, que ese tipo de anuncios carezcan por completo de relevancia.

Aunque no exista una obligación jurídica, asumir un compromiso ante el instructor y no materializarlo puede afectar a la percepción que genere esa actuación si no se acompaña de una explicación. En esos casos, sostiene Estradé, lo habitual sería comunicar al juzgado por qué no puede cumplirse el plazo inicialmente anunciado, ya sea porque falta documentación, porque todavía se está esperando información de terceros o por cualquier otra circunstancia que justifique el retraso. “No sé si eso ha ocurrido en este procedimiento”, matiza el penalista, que insiste en que, sin acceso a las actuaciones, no puede afirmarse si la defensa ha informado al juzgado de los motivos por los que esa comparecencia todavía no se ha producido.

Los tiempos de la instrucción no siempre son los que parecen

El caso de las joyas vuelve a poner el foco sobre una de las características menos visibles de cualquier investigación penal: los tiempos de la instrucción rara vez responden al calendario que percibe la opinión pública. Una comparecencia puede anunciarse y no celebrarse durante semanas sin que eso implique necesariamente que la causa esté paralizada o que exista un incumplimiento procesal.

Esa misma lógica explica otras actuaciones que permanecen pendientes dentro de la investigación. El pasado 18 de junio, el juez acordó que Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero, y su secretaria, Gertrudis Alcázar, declararan como investigadas, aunque dejó para una resolución posterior el señalamiento de esas comparecencias.

Según Estradé, ambos supuestos responden a una misma idea: la instrucción de una causa penal se rige por los plazos que marca la ley y por las decisiones que adopta el instructor, no por los compromisos voluntarios de las partes ni por una secuencia rígida de actuaciones.

Durante ese tiempo, explica, el juzgado puede seguir practicando diligencias, solicitar documentación, recibir informes policiales, reclamar información bancaria o incorporar nuevos elementos a la investigación sin necesidad de que todas las declaraciones se produzcan de forma inmediata.

En el caso de Zapatero, la promesa de volver para explicar el origen de las joyas forma parte de ese contexto procesal. Jurídicamente, el compromiso no equivale a un plazo impuesto por el juez ni genera, por sí solo, una obligación legal de comparecer en una fecha concreta. La situación sería distinta si existiera un requerimiento expreso del instructor fijando un plazo para aportar determinada documentación o para practicar una diligencia concreta, ya que, en ese supuesto, el incumplimiento sí tendría relevancia dentro del procedimiento.

Por ahora, lo que consta públicamente es que el expresidente anunció su intención de regresar a la Audiencia Nacional para ofrecer esas explicaciones y que esa comparecencia todavía no ha trascendido, mientras la investigación continúa avanzando con el resto de diligencias acordadas por el juez instructor.

El primer verano en el que la baliza V16 es obligatoria ha llegado acompañado de un mensaje claro de la Dirección General de Tráfico (DGT): ya no hay margen de tolerancia. Coincidiendo con el incremento de los desplazamientos por vacaciones, Tráfico ha puesto en marcha campañas específicas para comprobar que los vehículos llevan a bordo este dispositivo de emergencia homologado, que desde enero sustituyó definitivamente a los tradicionales triángulos.

El foco de los controles está puesto en un parque móvil de más de 30 millones de vehículos, aunque las estimaciones del sector apuntan a que cerca de la mitad todavía circula sin la baliza reglamentaria. Además de las sanciones económicas, la falta de este dispositivo puede tener consecuencias legales en caso de accidente, ya que una señalización incorrecta podría influir incluso en la responsabilidad civil del conductor.

La advertencia la ha trasladado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que asegura que la DGT ha confirmado el refuerzo de las inspecciones tanto a conductores particulares como a transportistas y profesionales del sector.

Hasta 80 euros de multa, y más si la baliza no es la correcta

La normativa no solo obliga a llevar una baliza V16, sino que exige que esté homologada y conectada con la plataforma DGT 3.0. No basta, por tanto, con disponer de cualquier dispositivo luminoso.

Quienes circulen sin esta señal de emergencia se exponen a una infracción leve sancionada con multas de hasta 80 euros, una cantidad que se reduce a 40 euros si se abona dentro del periodo de pronto pago. En estos casos no se contempla la retirada de puntos del permiso de conducir. Sin embargo, la sanción puede ser superior cuando, en una situación de avería o accidente, el conductor utiliza una baliza que no está homologada o que no transmite correctamente la ubicación del vehículo. En esos supuestos, la multa puede alcanzar los 200 euros.

El endurecimiento de los controles coincide con una implantación todavía incompleta del sistema. Según los datos que maneja el sector, frente a los aproximadamente 32 millones de vehículos obligados a disponer de la V-16, únicamente se han comercializado entre 13 y 16 millones de unidades. En otras palabras, más de la mitad del parque móvil podría estar incumpliendo la normativa vigente.

Para la DGT, el objetivo no es únicamente sancionar, sino acelerar la adaptación de los conductores a un sistema que pretende mejorar la seguridad en carretera y reducir uno de los riesgos más habituales cuando se produce una avería: el atropello de quienes abandonan el vehículo para colocar los triángulos de emergencia.

Precisamente por ese motivo, desde enero los triángulos dejaron de ser válidos como único sistema de señalización. La baliza V16 permite advertir de la presencia de un vehículo inmovilizado sin que el conductor tenga que exponerse al tráfico. El dispositivo emite una luz amarilla visible en 360 grados y, al mismo tiempo, envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 mediante su propia conectividad, sin necesidad de enlazarse con el teléfono móvil.

Esa información puede incorporarse a los sistemas de gestión del tráfico y llegar tanto a los paneles informativos de las carreteras como a los navegadores utilizados por otros conductores. Por ello, Tráfico insiste en que únicamente son válidas las balizas incluidas en el listado oficial de dispositivos homologados.

El riesgo no termina con la multa

Fenadismer pone el acento en un aspecto que, a su juicio, muchos conductores desconocen. Más allá de la sanción administrativa, una señalización incorrecta puede tener consecuencias económicas mucho más importantes si se produce un accidente.

La federación advierte de que, si un vehículo averiado permanece detenido en la vía sin activar la baliza reglamentaria y posteriormente es alcanzado por otro automóvil, las compañías aseguradoras podrían entender que el conductor incumplió sus obligaciones de señalización. Esa circunstancia podría traducirse en una atribución parcial de responsabilidad civil y obligarle a asumir parte de los costes o indemnizaciones derivados del siniestro.

Según la organización, tanto conductores profesionales como particulares podrían verse obligados a responder económicamente de su propio bolsillo por no haber utilizado correctamente el dispositivo exigido por la normativa.

Mientras tanto, el uso de la V-16 sigue creciendo. Los datos de la DGT reflejan que las activaciones han aumentado de forma muy significativa desde que comenzó su implantación. Si en octubre de 2025, cuando el sistema todavía era voluntario, apenas se registraron unas 6.300 activaciones, el pasado mes de junio la cifra rozó las 75.000, lo que equivale a más de 2.500 avisos diarios de vehículos averiados o accidentados.

Aun así, Tráfico considera que todavía quedan millones de conductores por adaptarse. El director general de la DGT, Pere Navarro, ha reconocido recientemente que aún queda una parte importante del parque móvil pendiente de incorporar la baliza y ha reiterado que se trata de un equipamiento obligatorio.

Este Mundial ha transformado la manera de vivir el evento en los hogares y espacios públicos de España. Según datos recopilados por el comparador de precios Idealo, las búsquedas de artículos para crear ambientes de celebración han experimentado un crecimiento sin precedentes. Las neveras portátiles y los proyectores se han posicionado como los productos más solicitados para disfrutar los partidos en grupo.

Este estudio que recoge Europa Press detalla que, durante el mes de junio, el interés por adquirir una nevera portátil aumentó un 715% en comparación con periodos anteriores. Esta preferencia responde a la costumbre de organizar encuentros al aire libre o en terrazas, donde la conservación de bebidas y alimentos resulta esencial. El fenómeno no se limita únicamente a reuniones en casas, sino que también involucra desplazamientos a patios y espacios improvisados para seguir los encuentros.

Más proyectores y neveras para el Mundial

En paralelo, la demanda de proyectores registró un ascenso del 265%. Equipar patios, jardines o salones para replicar una experiencia de estadio se ha convertido en tendencia, impulsada por la voluntad de maximizar la calidad visual y sonora en cada encuentro. El informe señala que la transformación de los espacios domésticos incluye, además, un incremento del 300% en la búsqueda de barras de sonido y un 365% en la de tiras LED, elementos que complementan la ambientación de las veladas futbolísticas.

El comparador atribuye este fenómeno a la necesidad de adaptar los espacios a las nuevas formas de consumo audiovisual y a la prolongación de los horarios de los partidos, que suelen coincidir con la tarde y la noche. La elección de proyectores permite reunir a más personas en un mismo lugar y disfrutar de imágenes de mayor tamaño, mientras que las neveras portátiles facilitan la logística de las reuniones, eliminando la necesidad de desplazamientos frecuentes hacia el interior de las viviendas.

Cambio de tendencia

El auge de estos dispositivos tecnológicos coincide con la edición más extensa de la Copa del Mundo, que ha congregado al mayor número de selecciones participantes en la historia del torneo. El volumen de partidos y la expectación generada han motivado a familias y grupos de amigos a buscar alternativas que permitan seguir los encuentros en condiciones óptimas, tanto en interiores como en exteriores. La tendencia indica que la experiencia del fútbol trasciende la pantalla del televisor convencional, ampliando las posibilidades de socialización y consumo cultural.

La información recogida por Europa Press destaca que las búsquedas de camisetas oficiales de la selección española han crecido un 225% a nivel nacional. Este comportamiento refleja una concepción del evento que prioriza el ambiente colectivo y la representación e identificación visual con el equipo. La celebración del partido entre España y Bélgica ha servido de catalizador para una ola de preparativos en todo el país.

La tendencia no se limita a las grandes ciudades, sino que alcanza núcleos urbanos pequeños y zonas rurales, donde la organización de eventos comunitarios en plazas y espacios abiertos ha motivado un repunte en la venta de estos productos. El análisis apunta a que el Mundial 2026 ha consolidado una nueva forma de vivir el fútbol en sociedad, en la que la tecnología y la logística doméstica adquieren un papel central.

La escena se ha producido cuando el desfile llevaba ya más de dos horas de desarrollo. Apenas unos instantes antes, la Audiencia Provincial de Badajoz había hecho pública la sentencia del conocido como ‘caso David Sánchez’, en la que condena al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa. La coincidencia temporal entre la difusión del fallo judicial y el momento en que la realización internacional enfocó a la tribuna de autoridades dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada.

Una coincidencia en el principal acto de su viaje a París

La asistencia al desfile del 14 de julio constituía el acto central de la agenda de Pedro Sánchez en la capital francesa. Invitado por el presidente Emmanuel Macron, el jefe del Ejecutivo español compartía tribuna con una amplia representación de líderes europeos en una edición especialmente simbólica de la Fiesta Nacional francesa, marcada por la guerra en Ucrania y por el impulso que Francia pretende dar a la cooperación europea en materia de defensa.

La jornada llegaba después de que Sánchez participara el lunes en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, celebrada también en París. El desfile de este martes suponía el broche institucional a una visita en la que el presidente español ha coincidido con dirigentes de numerosos países europeos en un momento de especial relevancia para la política internacional.

Sobre los Campos Elíseos desfilaban miles de militares, vehículos blindados, aeronaves y contingentes internacionales mientras la realización televisiva alternaba imágenes del recorrido con planos de la tribuna de autoridades. Fue precisamente en uno de esos planos cuando apareció Pedro Sánchez consultando su teléfono móvil.

La sentencia contra David Sánchez

La resolución hecha pública este martes pone fin al juicio celebrado por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. En los hechos probados, la Audiencia considera acreditado que entre el 10 y el 11 de octubre de 2016 varios responsables de la institución provincial decidieron crear un puesto de trabajo con el objetivo de que acabara siendo ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de un empleo estable. El tribunal añade, sin embargo, que no ha quedado acreditado que esa decisión respondiera a presiones ejercidas por el propio David Sánchez o por terceras personas vinculadas a él o a su hermano, Pedro Sánchez.

La sentencia también concluye que, una vez incorporado al puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios, David Sánchez fue dejando de desempeñar las funciones previstas en su contrato para centrarse progresivamente en el proyecto Ópera Joven, hasta el punto de que el tribunal considera acreditado que las tareas inicialmente asignadas dejaron de desarrollarse con normalidad.

A partir de esa situación, la Audiencia sostiene que desde la Diputación se impulsó posteriormente una modificación del puesto de trabajo para adaptarlo a las funciones que realmente desempeñaba, sustituyendo la denominación de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios por la de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según el tribunal, esa modificación sirvió para dar apariencia de legalidad a una realidad distinta de la prevista inicialmente.

Como consecuencia de estos hechos, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz condena a David Sánchez como autor de un delito de prevaricación administrativa y le impone una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha rechazado este martes que el incendio forestal de Los Gallardos se utilice para hablar del cambio climático y ha acusado a los responsables políticos de recurrir a ese argumento para “eludir sus responsabilidades”. “Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades”, ha afirmado el dirigente de Vox, en respuesta a las declaraciones realizadas el día anterior por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el fuego.

En su primer pronunciamiento como vicepresidente segundo del Ejecutivo andaluz, Gavira ha reivindicado que el debate debe centrarse en la prevención de incendios y en la gestión de los montes. “Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común”, ha asegurado, antes de defender que “cuando llueve, el pasto crece, y la obligación de los responsables políticos es tomar todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien nuestros bosques”.

Las declaraciones llegan un día después de que Juanma Moreno y Pedro Sánchez visitaran el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre, donde se reunieron con los responsables del dispositivo de emergencias desplegado por el incendio. Tras ese encuentro, ambos comparecieron conjuntamente ante los medios y pusieron el foco en los efectos del cambio climático.

Moreno pidió a la ciudadanía una mayor “sensibilidad” ante el impacto que, según afirmó, el cambio climático está teniendo en Andalucía, mientras que Sánchez volvió a reclamar un pacto de Estado para hacer frente a este fenómeno. Un mensaje que Gavira ha rechazado de plano y que, además, ha aprovechado para contraponer con uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox: dar prioridad a las partidas destinadas a la prevención de incendios y revisar la normativa para facilitar la participación de los trabajadores del campo en la conservación del monte.

Malestar por la imagen conjunta de Moreno y Sánchez

El comunicado del vicepresidente segundo no se limita a cuestionar el discurso sobre el cambio climático. Gavira también ha expresado su “malestar” por la fotografía institucional que protagonizaron Juanma Moreno y Pedro Sánchez durante su visita al incendio, una imagen de la que ha querido desmarcarse públicamente.

“Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería y los vecinos de las zonas afectadas es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa”, ha afirmado en referencia al presidente del Gobierno. En la misma declaración también le ha atribuido la “gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz” y le ha acusado de haber “dejado abandonadas a su suerte a las víctimas de la DANA en Valencia”.

El dirigente de Vox ha insistido en que su formación no compartirá actos ni fotografías con Sánchez. “Jamás van a ver una foto de nadie de Vox con el representante de la mafia; el mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados”, ha manifestado.

Pese al tono marcadamente político de sus declaraciones, Gavira ha cerrado su comunicado con un mensaje dirigido a los afectados por el incendio. “Todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para reconstruir la zona y atender a los que lo han perdido todo”, ha señalado.

La relación entre España, Gibraltar y el Reino Unido inicia una nueva etapa tras la firma del acuerdo que regulará el encaje del Peñón después del Brexit. El pacto, alcanzado entre la Unión Europea y Londres, elimina a partir de este miércoles la histórica verja que separaba ambos territorios, modifica los controles fronterizos y establece un nuevo marco para la circulación de personas y mercancías. Además, abre un escenario con importantes implicaciones económicas y sociales para el campo de Gibraltar y para los miles de trabajadores que cruzan la frontera cada día.

El acuerdo fue firmado este martes en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, con la presencia del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Con esta rúbrica se completa el último trámite antes de su entrada provisional en vigor, prevista para el 15 de julio, mientras continúa el proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo y del Parlamento británico.

Los Estados miembros de la Unión Europea ya habían dado su visto bueno a los textos legales el pasado mes de abril. Este tratado completa el marco de relaciones diseñado tras el Brexit y busca garantizar la estabilidad en una zona especialmente sensible tanto desde el punto de vista político como económico.

Uno de los cambios más relevantes será la desaparición de la verja que durante décadas ha marcado la frontera física entre Gibraltar y España. Con ello desaparecerán también los controles tradicionales de paso, una medida que pretende facilitar el tránsito de las miles de personas que cruzan diariamente entre La Línea de la Concepción y el Peñón por motivos laborales o personales.

La eliminación de esa barrera física supondrá el fin de las largas colas que se registraban en los accesos, especialmente durante las horas punta. El objetivo es favorecer una movilidad fluida sin comprometer la seguridad del espacio Schengen ni el funcionamiento del mercado único europeo.

Cambios en el acceso y en materia comercial

Los controles fronterizos no desaparecerán por completo, sino que cambiarán de ubicación. A partir de ahora, los pasajeros que lleguen al aeropuerto de Gibraltar estarán sometidos a un sistema de doble inspección. Las autoridades gibraltareñas asumirán el control migratorio y policial, mientras que funcionarios españoles realizarán las comprobaciones necesarias para proteger el espacio Schengen, siguiendo un modelo similar al que ya funciona en la estación londinense de St. Pancras para los viajeros que se desplazan a Francia.

El nuevo tratado también introduce cambios en el transporte y en la actividad económica. Entre ellos figura la posibilidad de establecer vuelos directos entre Gibraltar y distintos destinos de la Unión Europea, una opción que hasta ahora estaba limitada por la situación derivada del Brexit.

En el ámbito comercial, el acuerdo elimina los controles sobre las mercancías que circulen entre España y Gibraltar y refuerza la cooperación entre las autoridades aduaneras de ambas partes. Además, contempla una convergencia progresiva en materia fiscal. Gibraltar implantará un impuesto indirecto equivalente al IVA, que arrancará con un tipo del 15% y alcanzará una equiparación gradual con el sistema europeo en un plazo de tres años.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que este pacto representa “la última pieza del puzle del Brexit” y ha asegurado que abre “una nueva era" en las relaciones entre España y el Reino Unido. Según explicó, el acuerdo también ofrece nuevas oportunidades tanto para Gibraltar como para el Campo de Gibraltar, dos territorios cuya actividad económica mantiene una estrecha interdependencia.

Reacciones desde le mundo empresarial

Desde el ámbito empresarial, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz ha valorado positivamente el tratado al considerar que aporta mayor estabilidad institucional y jurídica tras años de incertidumbre. No obstante, la organización también ha advertido de que el acuerdo, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales que arrastra la comarca.

Su presidente, José Andrés Santos, ha señalado que el verdadero alcance del tratado dependerá de cómo se apliquen en la práctica todas las medidas acordadas. En su opinión, las empresas necesitan sobre todo seguridad jurídica, procedimientos ágiles y reglas claras que permitan desarrollar su actividad sin nuevas cargas administrativas.

La patronal gaditana también considera que el nuevo escenario puede favorecer la inversión y la cooperación empresarial entre ambas orillas de la frontera, aunque insiste en que resulta imprescindible impulsar nuevas iniciativas para mejorar la competitividad del territorio. Entre ellas vuelve a situar como prioridad la creación de una Zona Económica Especial para el Campo de Gibraltar, una propuesta respaldada por distintas organizaciones empresariales que consideran clave para atraer inversiones, generar empleo y aprovechar las oportunidades que puede abrir esta nueva etapa en las relaciones entre España y Gibraltar.

La justicia ha absuelto a la esposa de un traficante de drogas en País Vasco tras no encontrar pruebas de que haya ayudado activamente, a pesar de vivir con él y saber de sus delitos. El caso se remonta a los primeros meses de 2024, cuando la Ertzaintza dispuso varios operativos de vigilancia sobre el local que regentaba su marido, el bar Artea, ubicado en la localidad vizcaína de Getxo.

Durante varias jornadas, los agentes documentaron un flujo continuado de personas que entraban y salían del local, permaneciendo apenas unos minutos, lo que motivó la intervención directa. En sucesivas inspecciones, varios clientes admitieron haber comprado pequeñas cantidades de cocaína y cannabis en el local, entre ellos, a un camarero.

Tras varios operativos de vigilancia y registros, la policía encontró en el bar envoltorios listos para la venta, balanzas de precisión y sumas de dinero que atribuía a la comercialización de drogas. En su domicilio, se incautaron casi dos kilos de cocaína, más de 25.000 euros en metálico y documentación relacionada. Las investigaciones determinaron que las sustancias y el dinero estaban vinculados a la actividad del bar, por lo que detuvieron al gerente del establecimiento, a su esposa y al camarero y colaborador en la gestión.

El caso llegó a juicio y la Audiencia Provincial de Bilbao condenó a los dos hombres como autores de un delito contra la salud pública, imponiéndoles ocho años de prisión y multas próximas a 200.000 euros. La mujer fue condenada como cómplice, con una pena de tres años de prisión y multa superior a 66.000 euros.

Los testigos señalaron al camarero cómo cómplice

Al llegar el recurso de casación al Tribunal Supremo, la Sala Penal ha resuelto mantener la condena al hombre, pero absolvió a su esposa. El Supremo ha argumentado que la convivencia con un traficante, incluso con conocimiento de la actividad ilícita y a pesar de almacenar la droga y el dinero en su casa, no basta para una condena penal si no se prueban actos materiales de facilitación del tráfico.

En el caso de su marido, en cambio, se consideró acreditada su participación activa por los testimonios directos de compradores. Dos de ellos señalaron directamente al camarero cuando la Fiscalía les preguntó a quién compraban la droga. Otro testigo ofreció más detalles, reconociendo haber comprado medio gramo de cocaína “al camarero del bar” por 30 euros.

El juez José Antonio Patrocinio, encargado de la causa sobre la contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha condenado al hermano del presidente del Gobierno a la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. Según una sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, el tribunal ha considerado a Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. En total, 18 años.

La sentencia considera que el puesto en la administración pública, sujeto a unas condiciones laborales y retributivas “propias del personal de alta dirección”, fue creado de forma “espuria y carente de contenido real”, respondió a intereses particulares y su adjudicación vulneró los criterios de mérito, capacidad y publicidad.

Desde su nombramiento, afea el tribunal, Sánchez apenas pisó su despacho, se desvinculó de la coordinación de los conservatorios —función para la que fue contratado— y centró su actividad en el programa Ópera Joven, un proyecto personal que acabó absorbiendo la mayor parte de su tiempo y recursos públicos. El tribunal relata que el puesto fue modificado y rebautizado (“Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”) para legalizar una nueva realidad laboral “hecha a la medida” del interesado, suprimiendo además la incompatibilidad legal y sin detallar nuevas funciones.

Añade además que la maquinaria administrativa se activó de nuevo en 2023 para crear otra plaza “innecesaria y huérfana de contenido”, adjudicada en comisión de servicios a Luis María Carrero Pérez, amigo y colaborador de Sánchez, que pasó a formar parte del “equipo” con un despacho compartido y funciones difusas.

La sentencia ha descartado el delito de tráfico de influencias que reclamaba la acusación porque, en este caso, no se ha conseguido saber si alguien “ejerció una presión, influencia o prevalimiento” sobre la autoridad o funcionario encargado de resolver, con la finalidad de obtener una resolución beneficiosa para sí o para un tercero.

PP y Vox aplauden la sentencia, Rufián la considera “una sobrada importante”

La primera reacción a la sentencia ha llegado a través de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñóz, quien ha considerado “lamentable” que al hermano de Pedro Sánchez “le pagasen por no trabajar”. En unas declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso, la portavoz popular ha señalado que es la primera vez en democracia que un presidente del Gobierno tiene al fiscal general del Estado inhabilitado, a su mano derecha y ministro de Transportes condenado, y a su hermano condenado “porque miembros del partido le regalaron una plaza en la Diputación de Badajoz”.

El secretario general de Vox, José María Figaredo, ha reconocido que no han podido leer la sentencia todavía, “pero lo que diga un juez nos parece estupendo y esto demuestra que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia para obtener dinero a través de fondos públicos”, ha declarado.

Las críticas al fallo han llegado por parte del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha calificado de “sobrada importante” la pena y ha criticado que “los jueces persigan a la gente por la cara”. “Luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara”, ha declarado a los medios.

El Gobierno y el PSOE defienden la inocencia de David Sánchez

Pese a la sentencia, el PSOE no ha dudado en cerrar filas en defensa del hermano del presidente. Preguntada por este asunto, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha insistido en que este caso “forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno”.

“La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia. No hay que olvidar que todo este proceso nace de una denuncia de Manos Limpias basada en ‘fake news’ y que tanto la defensa como la Fiscalía sostuvieron que no existía base penal suficiente y pidieron la absolución”, ha apostillado.

Los argumentos de Ferraz han sido secundados desde Moncloa, donde han mostrado respeto hacia la sentencia manteniendo que “no la comparten”. “La Fiscalía, después de todas las diligencias practicadas, no vio indicio de ningún delito, no acusó, pidió la absolución”, ha reiterado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Estados Unidos y Marruecos han firmado un acuerdo para crear el Centro Africano de Entrenamiento y Experimentación Multidominio (AMTEC), una instalación pionera que impulsará la formación de soldados, el desarrollo de drones y la innovación tecnológica en África. De esta forma, los dos países siguen engrasando una relación cada vez más sólida y con un importante peso de lo militar. Según ha informado la Oficina de Asuntos Públicos del Comando África de los Estados Unidos, el memorando de entendimiento se hizo oficial en la sede de Africom, en Stuttgart, Alemania, con la participación de las Fuerzas Armadas Reales del Reino de Marruecos.

El futuro complejo estará ubicado en Tan-Tan, Marruecos, y su apertura está prevista para el año 2030. AMTEC integrará tres áreas principales. Una sería unn Área de Entrenamiento Multidominio, otra una Academia de Drones y la tercera un Centro de Innovación y Experimentación. Según ha detallado la Oficina, el acuerdo busca fortalecer la preparación militar y la cooperación tecnológica entre ambos países, ampliando las capacidades de respuesta ante amenazas en el continente.

El general Mohammed Berrid, inspector general de las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes y comandante de la Zona Sur, ha destacado la preparación de Marruecos y la cualificación de su personal, señalando que estas condiciones permitirán avanzar con rapidez. Para Berrid, “la preparación de Marruecos, demostrada por nuestras instalaciones existentes y nuestro personal cualificado, garantiza un rápido progreso desde el concepto hasta la realidad operativa y proporciona a las industrias de Marruecos y EEUU un socio fiable y capaz”.

Formación militar y capacitación con drones

El Área de Entrenamiento Multidominio (MDTA) estará destinada a la preparación de fuerzas militares y sistemas en entornos variados, incluidos los que presentan interferencias electromagnéticas o condiciones conflictivas. La infraestructura permitirá ejercicios prácticos y simulaciones para ajustar tácticas y capacidades a diferentes escenarios operativos.

La Academia de Drones formará a operadores, planificadores e instructores tanto de Marruecos como de otros países africanos. El enfoque estará en fortalecer las capacidades antiterroristas a través del uso de sistemas aéreos no tripulados (UAS). El plan de estudios incluirá integración de drones en maniobras, inteligencia, vigilancia y coordinación en el espacio aéreo. Los drones se han consolidado como una herramienta imprescindible para los ejércitos. Contar con la enseñanza de EEUU supondrá un salto de capacidad militar para Marruecos.

El Centro de Innovación y Experimentación tiene previsto acelerar el desarrollo y validación de nuevas capacidades militares, priorizando herramientas de bajo coste y aplicación inmediata en operaciones de seguridad regional. La colaboración con instituciones académicas permitirá incorporar equipos técnicos multidisciplinarios al diseño y prueba de tecnologías.

La iniciativa también contempla la participación de la industria en la experimentación de sistemas inalámbricos y soluciones de detección. El ejercicio African Lion 2027, que se celebrará en Marruecos, funcionará como plataforma de prueba para estas tecnologías, integrando inteligencia artificial y dispositivos autónomos en operaciones conjuntas. El Comando África de los Estados Unidos ha destacado que el objetivo es traducir la inversión en innovación en capacidades operativas aplicables en toda la región.

David Sánchez no responde por la creación y adjudicación de su plaza en 2017. Ese bloque de hechos fue declarado prescrito durante el juicio oral: el delito que se le imputaba entonces, aceptación de nombramiento ilegal previsto en el artículo 406 del Código Penal, tiene la consideración de delito leve y el plazo de prescripción de un año había transcurrido sobradamente desde que firmó su contrato el 10 de julio de 2017. Su condena se ciñe al denominado bloque B: el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en octubre de 2022, que pasó a llamarse “Jefe de la Oficina de Artes Escénicas”.

Lo que la sentencia da por probado

El tribunal ha considerado probado que David Sánchez, desde su incorporación a la Diputación de Badajoz en julio de 2017, abandonó progresivamente las funciones de coordinación de los conservatorios para las que había sido contratado y centró su actividad en el programa ‘Ópera Joven’, un proyecto operístico ajeno a las obligaciones de su contrato. La sentencia recoge que dirigió la orquesta en tan solo cinco ocasiones durante todos los años que trabajó en Badajoz. Sus últimas comunicaciones con la directora del Conservatorio Profesional datan de agosto de 2019; con la del Conservatorio Superior, de junio de 2023.

Los magistrados describen un patrón de desatención sostenido: David Sánchez apenas acudía a su puesto, no estaba autorizado a teletrabajar, residía en Portugal desde 2021 y careció de despacho fijo durante más de un año tras reincorporarse de una excedencia. Los informes periódicos de actividad que su contrato le exigía no constaban en los archivos de la Diputación: fueron entregados en mano y firmados a mano cuando el Juzgado de Instrucción los requirió en febrero de 2025.

El “cambio de nomenclatura”

El núcleo de la condena de David Sánchez reside en su participación en la modificación del nombre de su plaza en octubre de 2022. El tribunal concluye que esa operación, presentada formalmente como un simple cambio de denominación, enmascaraba en realidad la creación de un puesto radicalmente diferente al original, con funciones distintas y dotado de partidas presupuestarias para proyectos operísticos.

La sentencia subraya que a la ficha de modificación no se adjuntó la descripción de las nuevas funciones, algo que los magistrados consideran deliberado: “Si se llegan a incluir las funciones que constaban en los correos electrónicos preparatorios, sería evidente que se trataba de la creación de un puesto nuevo totalmente distinto al anterior, pues las nuevas funciones no se añadieron a las anteriores, porque éstas ya no se realizaban por el Sr. Sánchez”. En esa misma modificación se suprimió la cláusula de incompatibilidad del puesto, algo que David Sánchez había solicitado previamente y que el tribunal considera contrario a la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La participación de David Sánchez

Los magistrados han apreciado que David Sánchez cooperó de forma necesaria en la prevaricación al interesar y consentir que, al amparo del cambio de nomenclatura, se creara para él un puesto distinto del que seguía siendo formalmente titular. La sentencia precisa que su conducta “derivó, incumpliendo el contenido obligacional del contrato de coordinador de actividades de los conservatorios, a actividades operísticas que no guardaban relación alguna con el puesto primigenio para el que había sido nombrado”.

En sus declaraciones en fase de instrucción -reproducidas en el juicio oral ante su negativa a responder a las preguntas de las acusaciones-, David Sánchez reconoció que había dirigido la orquesta dos veces en 2018, otras dos en 2019 y una en 2020, y que no la había vuelto a dirigir. A la pregunta de si realizó todas las funciones para las que había sido nombrado, respondió: “Entiendo que sí”. Cuando se le preguntó dónde estaba ubicada la Oficina de Artes Escénicas, contestó: “No se lo puedo decir”, y precisó que estaba “donde está él”.

Por qué se absuelve del tráfico de influencias

La sentencia absuelve a David Sánchez -y a la totalidad de los acusados- del delito de tráfico de influencias. El tribunal reconoce que la actuación prevaricadora de los responsables de la Diputación “obedecía al designio de favorecer por razones espurias” a David Sánchez, pero afirma que alberga dudas sobre la existencia de “concretas conductas de presión, prevalimiento, en definitiva, influencias ejercidas en orden a conseguir las resoluciones”. Los magistrados señalan que “podemos conjeturar” que la cadena de decisiones arbitrarias fue la respuesta a una presión previa, “pero esa hipótesis carece, tanto de soporte fáctico elaborado y descrito por las acusaciones, como de acervo acreditativo que la sustente”, y aplican el principio in dubio pro reo.

El resto de condenados y sus penas

Junto a David Sánchez, la sentencia ha condenado a otros diez acusados, todos ellos a nueve años de inhabilitación especial. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha sido condenado por dos delitos de prevaricación, al apreciarse su responsabilidad tanto en la creación y adjudicación de la plaza en 2017 como en el posterior cambio de nomenclatura. La sentencia describe una relación personal estrecha entre Gallardo y David Sánchez: “Comían juntos, se reunían y hablaban de los proyectos de aquel”, incluyendo conversaciones durante los fines de semana.

Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández, directora y diputada de Cultura respectivamente en 2016 y 2017, han sido condenadas como autoras por cooperación necesaria. Félix González Márquez, jefe del servicio de gestión de recursos humanos, también ha sido condenado: la sentencia recoge que existieron dos actas de la comisión evaluadora con contenidos contradictorios -en una se declaraba apto únicamente a David Sánchez; en la incorporada oficialmente al expediente, a seis candidatos-, y que fue González Márquez quien redactó la primera.

Juana Cinta Calderón Zazo, directora del Área de Recursos Humanos, Francisco Martos Ortiz y Emilia Parejo Gala han sido condenados al haber participado en la tramitación del cambio de nomenclatura. La sentencia los considera autores por cooperación necesaria junto a David Sánchez.

Luis María Carrero Pérez, amigo íntimo de David Sánchez y exasesor en La Moncloa, ha sido condenado por la creación en 2023 de una plaza de “jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas”, a la que accedió como único candidato. La sentencia recoge un correo de 30 de octubre de 2023 en el que David Sánchez le escribía: “En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo”, cuando las bases de la convocatoria aún no se habían publicado. Carrero ha sido condenado como autor por cooperación necesaria. Ricardo Cabezas Martín, diputado delegado de Cultura, y Manuel Candalija Valle, director del Área de Cultura, también han sido condenados.

Sin acusación de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal no formuló acusación en esta causa. El juicio fue sostenido exclusivamente por acusaciones populares: Manos Limpias, Vox, la Fundación de Abogados Cristianos, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa y el Partido Popular. La sentencia impone a los condenados la mitad de las costas procesales, incluidas las generadas por las acusaciones populares, al apreciar que estas actuaron en defensa de intereses colectivos ante la ausencia de acusación pública. La otra mitad, correspondiente a los delitos de tráfico de influencias por los que se ha absuelto, se declara de oficio. La resolución puede ser recurrida ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La Inspección de Trabajo se encuentra desbordada en un momento en el que la población activa en España roza los 25 millones de personas. El organismo, que depende del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, señala que la escasez de personal, la precariedad salarial y la insuficiencia de recursos técnicos dificultan la supervisión eficaz del fraude laboral.

La falta de personal fue el motivo que empujó a todos los estamentos de la Inspección de Trabajo a movilizarse y declararse en huelga, por primera vez en su historia, el pasado 2022 y 2023. Aquella movilización consiguió que el Ministerio de Función Pública reforzase ligeramente las plantillas de inspectores, pero a juicio de Fernando Boró, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Trabajo, las cifras siguen siendo “totalmente insuficientes” y por debajo de lo que marcan los estándares internacionales.

El Registro Central de Personal del Ministerio de Función Pública, presidido por Óscar López, indica que la Inspección de Trabajo cuenta con 3.389 efectivos en toda España, de los cuales, según cifras facilitadas por el ministerio de Yolanda Díaz, 2.531 pertenecen al cuerpo de inspectores y subinspectores (contando con Cataluña y País Vasco) para atender a los casi 22.470.000 afiliados a la Seguridad Social.

La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de un inspector por cada 10.000 personas. En la mayoría de países europeos la ratio se cumple y, en el caso de España, se sitúa incluso por debajo (no llega a 9.000). Miguel Ángel Montero, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, recuerda que en España, antes de 2023, el baremo se situaba en 1 inspector por cada 15.000 personas. En 2019, el cuerpo apenas llegaba a los 1.910 efectivos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por este periódico defienden que se ha hecho un refuerzo en los últimos años con la incorporación de 610 funcionarios de inspección. “Desde hace dos años, este Gobierno destina 600.000 euros en 50 becas de estudio para facilitar el acceso a estos cuerpos”, añaden.

Desde CCOO insisten en que todavía no es suficiente porque, recuerdan, la Inspección “no solo supervisa a las empresas y las personas que trabajan”, sino que también supervisa a parte de la población inactiva, como por ejemplo “jubilados que continúan trabajando” mientras reciben la prestación. “Esto también es fraude, y aquí también entramos”, recuerdan.

El personal se jubila y no entra gente nueva

Más allá de los inspectores, CSIF sitúa el problema en la falta de personal administrativo, “el soporte que hace que funcione el engranaje de la inspección”. Y en este caso no siempre tiene que ver con la falta de plazas ofertadas en el organismo, sino con la precariedad en los salarios que hace que nadie quiera incorporarse al organismo.

“El personal administrativo se suele jubilar a los 60 años porque cobra prácticamente lo mismo que trabajando. La gente se jubila, pero no entra gente nueva para cubrir la vacante vacía”, relata Montero. En el caso de oficinas como las de Baleares, uno de cada dos trabajadores podría jubilarse en los próximos dos años porque el sueldo que pagan es insuficiente, explica.

CCOO presentó una reclamación por la vía administrativa ante la Generalitat de Cataluña por las diferencias salariales que existen entre las delegaciones autonómicas en Cataluña y País Vasco respecto al resto de España. El sindicato sostiene que estas modificaciones se acordaron sin diálogo sindical y resume que la situación general en la Inspección de Trabajo es de “bloqueo”, ya que muchas condiciones laborales se imponen unilateralmente.

Falta plantilla y faltan medios técnicos, señalan también ambos sindicatos. Porque reconocen que, aunque el Gobierno ha renovado y entregado equipo informático nuevo, “con más frecuencia de la que sería la necesaria”, los funcionarios no pueden trabajar porque la intranet “se encuentra interrumpida por mantenimiento”. “El Gobierno licitó recientemente un contrato para mejorar esta herramienta informática, pero a día de hoy, solo nos encontramos con parches y fallos en el servicio”, sentencian.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como investigados a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y a Ismael Oliver, exabogado de Koldo. Ambos deberán comparecer ante el tribunal el próximo 9 de septiembre, tras detectarse indicios de presuntos pagos ilegales del PSOE al letrado y a otros integrantes de una red vinculada a Leire Díez, según la UCO.

Estas comparecencias forman parte de la ronda de interrogatorios ordenada por Pedraz dentro de la investigación del caso Cloacas. El magistrado también instruye las diligencias por posibles amaños de contratos en la SEPI y Correos, centradas en las actividades del denominado ‘grupo Hirurok’, integrado por el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, Leire Díez y el empresario Antxón Alonso.

Sus conexiones con el caso Cloacas

La UCO vincula a Ana María Fuente Pacheco, gerente del PSOE, con la autorización de documentos profesionales supuestamente falsos que sirvieron para justificar pagos a abogados encargados de defender al partido en causas judiciales. La investigación sostiene que Fuente habría actuado siguiendo instrucciones de Santos Cerdán, secretario de Organización, y con la intermediación de Leire Díez.

El informe policial detalla que Leire Díez recibió 22.500 euros más IVA a través de sociedades administradas por Ismael Oliver, también investigado. Los fondos salieron del partido y pasaron por los despachos Estudio Jurídico I. Oliver and Partners SL y Oliver Gruppe SL, señalados por la Guardia Civil como empresas instrumentales para canalizar el dinero. Según la documentación, existe una nota de encargo firmada por Fuente Pacheco para contratar a Oliver and Partners. Esta firma facturó 22.500 euros más IVA en enero de 2025.

Días después, Leire Díez emitió otra factura de igual importe a Oliver Gruppe por la elaboración de informes, ingresando la suma en su cuenta personal. Los investigadores destacan que Cerdán habría facilitado recursos, personal y espacios del PSOE para el funcionamiento de la red bajo sospecha, permitiendo así el desarrollo de las operaciones investigadas.

Nuevos interrogatorios y diligencias del caso Cloacas

La investigación judicial continúa avanzando con la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por las partes personadas. Una de ellas ha sido presentada por la procuradora Marta Castro Varela, que representa al abogado Jacobo Teijelo Casanova, investigado en la causa. Además, a petición de su defensa, el juez de la Audiencia Nacional ha requerido al empresario Antonio Parra Páez, también investigado, para que entregue las grabaciones de varias reuniones que mantuvo con Teijelo.

En otra de las diligencias acordadas, el juez ha solicitado nueva documentación relacionada con Fernando Albert Aragón, exdirector de Relaciones Institucionales de la empresa pública Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial). El magistrado ha requerido que facilite las direcciones de correo electrónico corporativo utilizadas por los investigados, así como una copia completa de sus buzones de entrada, correos enviados y mensajes eliminados. También ha pedido las carpetas de trabajo digitales y las copias de seguridad asociadas a esos empleados.

Este martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que llamó el pasado domingo a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, para trasladarle que la columna de opinión del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy —en la que afirmó que la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”— “no es la posición del Gobierno de España” ni refleja “el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles”. Así lo ha confirmado el propio Albares en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER tras su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado en Bruselas.

El expresidente del Gobierno publicó la columna la noche del 10 de julio en el medio digital El Debate tras la victoria de España sobre Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. En el texto, titulado Hoy llegó el desquite, Rajoy analizó el camino de la Roja hacia las semifinales y describió a la selección de Francia como un equipo bicampeón del mundo con “un altísimo nivel”, añadiendo a continuación que jugaba “sin franceses”.

La frase fue interpretada de forma generalizada como una alusión al origen extranjero de varios jugadores del combinado galo. Y, ante esto, la Embajada de Francia en Madrid respondió que, de los 26 convocados, 23 han nacido en territorio francés y los tres restantes también tienen la nacionalidad francesa.

Palabras “absolutamente inaceptables” para Francia

La reacción diplomática fue inmediata. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez calificó las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” en una entrevista en la cadena BFMTV, y subrayó que Francia es “un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse”.

Aunque el responsable de Exteriores galo fue más directo al afirmar que “esas declaraciones son patéticas”. “Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos”, declaró también en BFMTV.

Por su parte, la ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, habló de “arrebatos racistas repetidos” e “intolerables”, mientras que la ministra de Territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, exigió a la Federación Francesa de Fútbol que emprendiese “todas las acciones legales posibles”.

“El racismo y la xenofobia son corrosivos para la convivencia”

Ante todas estas reacciones de los responsables del país vecino, Albares tomó la iniciativa de hablar con Barrot, y describió el artículo como un “veneno”, afirmando que las palabras de Rajoy “encubren algo terrible”. “No podemos permitir que bajo frases así se encubran, en el fondo, de cerca o de lejos, sentimientos racistas y xenófobos”, ha sentenciado.

El ministro también ha sido explícito al decir que “andar señalando quién es ciudadano de un país y quién no” es “algo muy grave” y que “señalar por el color de piel quién puede ser ciudadano” esconde cosas “muy peligrosas”. “Tenemos que proteger la convivencia. El racismo y la xenofobia lo que hacen es ser corrosivos para esa convivencia”, ha añadido.

Además, también ha reclamado a Alberto Núñez Feijóo que desautorizase públicamente a Rajoy. “Le exijo responsabilidad en cómo se conduce y en lo que dice. Por eso es tan importante que el señor Feijóo le desautorice”, ha afirmado Albares, quien además ha pedido al medio que publicó la columna que rectifique y deje claro que no comparte “en absoluto” lo expresado en ese artículo.

“No entiendo por qué el PP cree que la norma es chocar”

La polémica se produce en un momento de tensión bilateral que va más allá del fútbol. Albares ha criticado también que el PP va “abiertamente al choque” con Francia y recuerda que la semana pasada los senadores del partido rechazaron el Tratado de Amistad y Cooperación hispano-francés, aprobado en el Congreso de los Diputados el 18 de junio con 175 votos a favor y 170 en contra, y cuya tramitación quedó paralizada en el Senado tras un recurso al Tribunal Constitucional presentado por la cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta. La representación diplomática francesa ha señalado que seguirá “con atención las próximas etapas del proceso de ratificación”.

El ministro ha extendido sus críticas a la política exterior del partido liderado por Feijóo, a la que ha tachado de “enigma”, recordando que el PP también mantiene lo que calificó de “posiciones abiertamente antimarroquíes” y problemas con Argelia, país al que, según Albares, “han estado difamando durante años”. “Hay una norma en política exterior que es tener las mejores relaciones con los vecinos. No entiendo por qué Feijóo y el Partido Popular creen que la norma es chocar”, ha señalado el ministro, quien reivindica que España tiene actualmente “una política exterior reconocida y aplaudida por el mundo entero”.

El diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos ha cuestionado que una estudiante con hiyab fuera una de las representantes elegidas para intervenir durante el acto de graduación de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El parlamentario ha publicado en sus redes sociales una fotografía de la joven durante la ceremonia y ha acompañado la imagen con el mensaje: “Se han graduado 1.375 alumnos de la UIB. Y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras...“.

El comentario del diputado ha provocado una rápida reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios le hna reprochado haber puesto el foco en la apariencia de la joven y en el hecho de que llevara hiyab, en lugar de en sus méritos académicos. La controversia ha terminado un día después con un comunicado de la propia universidad en defensa de la igualdad y de la representatividad de sus estudiantes.

La protagonista de la polémica es Khaoula Ikkene, una graduada en Ingeniería Informática de 22 años, nacida en Marruecos y residente desde hace años en Manacor. Durante el acto compartió la intervención institucional con Carlos Alejandro Araque, ambos en representación de los 1.375 estudiantes que este curso han finalizado sus estudios de grado en la UIB. La documentación oficial de la universidad no hace ninguna referencia a la religión ni al origen de la joven, sino únicamente a su condición de representante de los alumnos.

Tras difundirse el mensaje de Campos, numerosos usuarios comenzaron a destacar su trayectoria académica y profesional. Entre otros aspectos, recordaron que habla cinco idiomas, que cuenta con formación especializada y certificaciones en inteligencia artificial y ciberseguridad —entre ellas una expedida por el CyberCamp UIB— y que actualmente trabaja en la empresa Sampol. Uno de los mensajes más compartidos resumía esa defensa con una frase: “El talento no tiene nacionalidad ni apellidos”.

Reacciones contra el mensaje del diputado

Las críticas al diputado de Vox no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios consideraron que el mensaje suponía un señalamiento público de la estudiante por llevar velo islámico y le acusaron de centrar el debate en su apariencia en lugar de valorar que hubiera sido elegida para representar a sus compañeros.

Entre quienes reaccionaron públicamente se encuentra el abogado y profesor de la UIB Antoni Bennàssar, que ha calificado de “intolerable” que se estigmatizara a la joven por su forma de vestir o por su religión y ha reclamado una respuesta institucional por parte de la universidad.

En una publicación en la red social X ha escrito: “Se ve que los señoritos clasistas de la extrema derecha española toleran ver jóvenes con hiyab limpiando los pasillos de la Universidad, pero no soportan que se gradúe”. Además, ha expresado su confianza en que la ciudadanía fuera consciente del peligro que, a su juicio, representan las ideologías xenófobas, clasistas y de carácter totalitario.

La controversia ha coincidido además con otros mensajes difundidos por el propio Campos sobre inmigración en Baleares. En distintas publicaciones recientes, el diputado ha vuelto a denunciar lo que define como una “invasión inmigratoria”, relacionándola con el aumento de la presión sobre los servicios públicos, el acceso a la vivienda y la inseguridad, al tiempo que ha acusado a los partidos de izquierda de favorecer esa situación.

La UIB reivindica la representación de toda una promoción

Ante la repercusión de la publicación, la Universitat de les Illes Balears ha difundido un comunicado en el que, sin mencionar expresamente a Jorge Campos, ha rechazado “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”. La institución ha sostenido además que considera “incompatibles” con los valores que inspiran la universidad “los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad y la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”.

La UIB ha recordado que los estudiantes que intervienen en las ceremonias de graduación lo hacen en representación de toda una promoción y que su participación simboliza “una generación que ha compartido un mismo itinerario formativo y un mismo esfuerzo académico”. Asimismo, ha defendido que su actividad como universidad pública se guía por principios como el compromiso social, la igualdad de oportunidades, la defensa del pensamiento crítico, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la pluralidad. “La Universidad entiende la diversidad de personas, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones como un bien que enriquece la institución y refuerza la convivencia”, ha añadido la institución en el comunicado.

En el mismo comunicado, la universidad también ha hecho referencia a las críticas que recibió la organización del acto, durante el que parte del público llegó a abuchear al rector mientras pronunciaba su discurso. La institución ha reconocido que la celebración estuvo marcada por dificultades organizativas derivadas del formato conjunto de todas las promociones y ha lamentado que algunos aspectos no respondieran plenamente a las expectativas de una parte de los asistentes, aunque ha agradecido la comprensión mostrada por los participantes y ha puesto en valor el trabajo del personal que hizo posible la celebración en unas circunstancias que ha calificado de especialmente complejas.

El juez Juan Carlos Peinado ha dado cinco días a Begoña Gómez para demostrar que el pasaporte que recuperó de forma excepcional solo fue utilizado para viajar al Reino Unido y asistir a la graduación universitaria de su hija. El magistrado, que ha retomado la investigación tras sus vacaciones, considera que no existe constancia documental de la entrada y salida del país durante las fechas autorizadas y exige a la defensa que aporte pruebas que acrediten que el documento no se empleó para ningún otro desplazamiento.

La providencia, dictada este lunes, llega apenas un día después de que la esposa del presidente del Gobierno devolviera el pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, tal y como establecía la autorización excepcional que le permitió viajar entre los días 8 y 10 de julio. El instructor advierte de que, si no queda acreditado que el documento se utilizó exclusivamente para ese viaje, los hechos podrían llegar a constituir un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar. En la resolución, Peinado sostiene que “no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados para el fin para el que, de forma excepcional, se autorizó y dejó transitoriamente sin efecto las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional a la acusada”.

Por ello, requiere a la defensa de Gómez para que, en un plazo “improrrogable” de cinco días, “acredite que la disponibilidad del pasaporte objeto de retirada y que se le entregó el pasado día 8 de julio de 2026 ha sido hecho uso del mismo para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar”. El objetivo, añade el juez, es comprobar que no se produjo “acto alguno que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto en el artículo 468.1 del Código Penal”.

El viaje autorizado y la devolución del pasaporte

La providencia supone la primera actuación de Juan Carlos Peinado tras reincorporarse de sus vacaciones. Durante su ausencia fue el juez sustituto Antonio Viejo quien resolvió la petición formulada por la defensa de Begoña Gómez para salir temporalmente de España. La solicitud contemplaba un desplazamiento entre los días 7 y 10 de julio que incluía una parada en Ankara para acompañar al presidente del Gobierno a la cumbre de la OTAN y, posteriormente, el viaje al Reino Unido para asistir a la graduación universitaria de su hija.

El juez sustituto rechazó el desplazamiento a Turquía, pero sí autorizó el viaje al Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio. Para ello suspendió de forma temporal la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España, aunque únicamente para ese desplazamiento concreto.

El pasado 8 de julio, Begoña Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para recoger el documento que le permitía viajar. Una vez finalizado el viaje, regresó a la misma sede judicial el domingo para devolver el pasaporte, tal y como establecía la autorización concedida.

Según confirmaron fuentes jurídicas a EFE, la esposa del presidente del Gobierno entregó personalmente el documento en la zona de guardia habilitada para estos trámites. Además, aprovechó la comparecencia para cumplir con otra de las obligaciones impuestas por el juzgado: firmar ante el órgano judicial, una medida cautelar que debe cumplir cada quince días.

Sin embargo, para Peinado la devolución del pasaporte no pone fin a la cuestión. El magistrado considera que el hecho de que el documento no contenga sellos o diligencias de entrada y salida hace necesario que la defensa aporte otra documentación que permita acreditar que el pasaporte únicamente se utilizó para el desplazamiento autorizado.

Las medidas cautelares impuestas por el juez

El origen de esta situación se remonta al pasado 20 de junio, cuando Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio oral con tribunal del jurado contra Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Junto a esa decisión, el instructor acordó imponer varias medidas cautelares mientras se celebra el juicio. Entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado cada quince días.

El magistrado justificó esas medidas por el riesgo de fuga que, a su juicio, existe en este procedimiento. En su resolución señaló que la acusada se enfrenta a una petición de hasta 24 años de prisión formulada por la acusación popular ejercida por HazteOír, circunstancia que, según su criterio, hacía necesario limitar sus desplazamientos al extranjero.

El juez insistió posteriormente en la existencia de ese riesgo de fuga. En otro auto, fechado el 30 de junio, afirmó que “no sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción”, en referencia al exministro italiano Bettino Craxi, que abandonó Italia y se instaló en Túnez tras dejar el cargo.

La Audiencia Provincial revisa el envío a juicio

La providencia dictada este lunes coincide además con otro momento relevante de la causa. La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado la deliberación sobre el recurso presentado contra el auto por el que Peinado acordó enviar a juicio con jurado a Begoña Gómez. El tribunal debe decidir si confirma o revoca la resolución del instructor, que también afecta a la asesora de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

No obstante, no está previsto que la decisión se conozca de forma inmediata. La resolución deberá ser redactada y motivada antes de hacerse pública.

La previa de la semifinal del Mundial entre España y Francia ha quedado eclipsada por una polémica que ha trascendido el terreno de juego. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha convertido en el protagonista inesperado del duelo después de publicar una columna de opinión en el diario El Debate en la que afirmó que la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. La frase ha provocado una cascada de reacciones políticas e institucionales a ambos lados de los Pirineos, con acusaciones de racismo y xenofobia, críticas desde el Gobierno español y francés, respuestas de dirigentes de todos los signos políticos e incluso pronunciamientos de representantes del fútbol.

Las palabras de Rajoy, publicadas tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial, desencadenaron primero la respuesta del Ejecutivo francés y, horas después, la del Gobierno español. Conforme avanzaba la jornada, la controversia fue creciendo hasta convertirse en un asunto político con dimensión internacional, mientras dirigentes franceses y españoles intercambiaban reproches a cuenta de unas declaraciones que terminaron desplazando el foco del propio encuentro entre ambas selecciones.

El Gobierno francés abre la ofensiva

Las primeras respuestas llegaron desde París. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, calificó las palabras del expresidente español de “absolutamente inaceptables” y sostuvo que no representan “en absoluto lo que es Francia”. Defendió que el país es una sociedad diversa “donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar” y advirtió de que este tipo de comentarios alimentan los ataques racistas que reciben futbolistas como el capitán de la selección, Kylian Mbappé.

A las críticas se sumó la Embajada de Francia en España, que recordó un dato concreto sobre la convocatoria de Didier Deschamps: de los 26 jugadores seleccionados, 23 nacieron en Francia y los otros tres, aunque nacieron en el extranjero, también tienen nacionalidad francesa. “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”, insistió la legación diplomática.

Con el paso de las horas, la respuesta institucional francesa fue aumentando de intensidad. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que “Francia no tiene color de piel” y afirmó que cualquier afirmación en sentido contrario responde a “la estupidez, el racismo o una combinación de ambas cosas”. El jefe de la diplomacia francesa defendió que la selección representa “el mejor rostro” del país y confió en que la mejor contestación llegaría sobre el césped durante la semifinal.

También intervino la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, quien calificó las declaraciones de Rajoy de “abyectas” y sostuvo que demuestran un “gran desconocimiento de la historia de Francia, de lo que es Francia y del orgullo de los franceses por su selección”. A su juicio, se trata de unas manifestaciones “evidentemente” racistas.

Las condenas no quedaron limitadas al Ejecutivo. La ministra de Igualdad Aurore Bergé denunció los “resbalones racistas repetidos” y reivindicó que el deporte debe valorar únicamente el talento de los jugadores. La ministra de Ultramar Naïma Moutchou habló de un “odio metódico y banalizado hacia Francia” y llegó a plantear que la Federación Francesa de Fútbol estudiara posibles acciones legales.

La propia Federación también tomó posición. Su presidente, Philippe Diallo, afirmó que las palabras del expresidente español desprenden un “tufo de racismo intolerable” y rechazó que los futbolistas franceses tengan que recibir “ningún certificado de nacionalidad” de un expresidente extranjero.

La polémica alcanzó igualmente a la oposición francesa. El líder socialista Olivier Faure defendió que Francia “no es una nación étnica”, sino una nación política construida sobre los principios republicanos. El secretario general del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, acusó a Rajoy de recurrir a un “racismo burdo”, mientras que la presidenta conservadora de Île-de-France, Valérie Pécresse, afirmó que el expresidente español demostraba con sus palabras una “incomprensión total” del alma del pueblo francés.

Incluso desde Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, llegaron críticas. Su portavoz, Julien Odoul, calificó directamente a Rajoy de “racista”, tachó sus declaraciones de “escandalosas, vergonzosas y lamentables” y defendió que el proyecto francés consiste en unir a todos los ciudadanos bajo los colores de la República, independientemente de su origen o religión.

Sánchez habla de declaraciones “xenófobas” y Albares pide a Feijóo que desautorice a Rajoy

Mientras Francia elevaba el tono de las críticas, el Gobierno español respondió también con dureza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó las redes sociales para reprochar al expresidente del PP que “avergüenza” a España con declaraciones “xenófobas”. Frente a quienes, según escribió, “todavía miden la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel”, defendió una idea de ciudadanía basada en “el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”. Cerró su mensaje con una referencia al partido entre ambas selecciones: “Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó las palabras de Rajoy de “hirientes y peligrosas” y sostuvo que “todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable”. Además, reclamó públicamente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que desautorizara al expresidente y le acusó de intentar “incendiar, boicotear y torpedear” la política exterior española. Albares vinculó además la controversia con el bloqueo en el Senado del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, asegurando que el PP estaba perjudicando las relaciones con un país vecino.

La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reprochó a Rajoy haber provocado un “pequeño conflicto internacional” con unas declaraciones que calificó de racistas y xenófobas. También el ministro de Transportes, Óscar Puente, cargó duramente contra el expresidente en redes sociales, mientras que el PSOE denunció que este tipo de mensajes fomentan el odio y se alinean con discursos presentes en determinados sectores de la extrema derecha europea. Desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Fernández, afirmó que “lo del PP y su racismo es absolutamente infame”.

La polémica también llegó al ámbito deportivo. El delantero Borja Iglesias defendió la multiculturalidad de la sociedad francesa y pidió ser “más cuidadosos” con este tipo de comentarios, destacando que esa diversidad también enriquece al fútbol y que España comparte una realidad social igualmente plural.

Frente a la oleada de críticas, el Partido Popular trató de rebajar el alcance de la controversia. Su portavoz, Borja Sémper, sostuvo que el artículo de Rajoy era una columna “sarcástica”, escrita “sin mala intención”, y aseguró que el expresidente comparte que solo pueden jugar con la selección francesa quienes tienen la nacionalidad francesa. Según explicó, el texto pretendía únicamente expresar comentarios favorables a España de cara a la semifinal.

Rajoy, por su parte, evitó entrar en un enfrentamiento directo con el Gobierno y respondió en el periódico El Mundo que no pensaba “ponerse al nivel de ciertos ministros españoles”, en alusión a las críticas recibidas desde el Ejecutivo. Entretanto, la controversia siguió creciendo hasta convertirse en uno de los grandes asuntos de la previa del Francia-España, con reacciones que trascendieron el ámbito deportivo y acabaron implicando a gobiernos, partidos políticos, instituciones diplomáticas y representantes del fútbol de ambos países.

El Tribunal Supremo ha anulado varios puntos del nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2024. En una sentencia de 149 páginas hecha pública este lunes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, reforzando la protección de menores y familias y eliminando algunas de las restricciones introducidas para la regularización de extranjeros.

Aunque el alto tribunal sí avala la estructura general de la norma y considera ajustada a Derecho “buena parte de la reforma”, la sentencia anula 10 incisos o párrafos respecto a la reforma planteada. Entre las principales novedades, la sentencia elimina las restricciones que afectaban a menores extranjeros, impide la denegación automática de determinadas autorizaciones de residencia por la mera existencia de antecedentes penales, facilita el reconocimiento de determinadas situaciones familiares constituidas en el extranjero y suprime la obligación general de realizar exclusivamente por vía telemática determinados trámites con la Administración.

En materia de protección de menores, el Supremo considera “contrario al interés superior del menor” impedir el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el mero hecho de que el menor estuviera casado. Por ello, queda anulada la exigencia de que los hijos menores deban estar “solteras” o “solteros” para poder acceder a la autorización de residencia al amparo de sus progenitores residentes en España. La Sala afirma que esto podía perjudicar a víctimas de matrimonios forzados. También anula las restricciones que afectaban a menores nacidos en España que hubieran realizado salidas justificadas del territorio nacional.

Las nuevas reglas sobre arraigo se mantienen

De la misma manera, la Sala recuerda que la “atención inmediata” a los menores extranjeros no acompañados constituye una obligación legal incondicionada, motivo por el que eliminan el inciso “en su caso” del segundo párrafo del artículo 166.1 del texto.

En otro de los apartados, el Supremo elimina la exigencia de que determinadas relaciones de tutela o protección de menores hubieran sido constituidas conforme al ordenamiento jurídico español para poder acceder a una autorización de residencia. La Sala considera que España está obligada a reconocer las medidas de protección acordadas por las autoridades de otros Estados cuando así lo establecen los convenios internacionales, por lo que el Reglamento “no podía ignorar automáticamente esas situaciones familiares”. la sentencia facilitará el reconocimiento en España de determinados vínculos familiares constituidos en el extranjero.

La resolución también corrige uno de los aspectos más restrictivos del Reglamento: la denegación automática de determinadas autorizaciones de residencia por la mera existencia de antecedentes penales. El Supremo declara nulos los incisos de los artículos 97.4 y 98.1 que permitían ese automatismo cuando estuvieran afectados derechos derivados de la ciudadanía de la Unión. A partir de ahora, la Administración deberá realizar una valoración individualizada de cada caso y analizar si la persona representa una “amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad”. Para ello, deberá ponderar circunstancias como la naturaleza y gravedad de los delitos, el tiempo transcurrido, la conducta posterior del interesado, sus vínculos con España o el interés superior de los hijos menores.

Asimismo, el alto tribunal anula la prohibición que impedía a las empresas de trabajo temporal participar en la contratación de trabajadores extranjeros para actividades de temporada. La sentencia concluye que el Gobierno introdujo esa limitación sin cobertura legal suficiente y sin justificar adecuadamente las razones de interés general que la sustentaban.

En cambio, el Supremo sí respalda uno de los principales ejes de la reforma: las limitaciones al arraigo para los solicitantes de asilo. La Sala considera ajustado a Derecho impedir que quienes tengan una solicitud de asilo pendiente puedan acceder simultáneamente a las autorizaciones de arraigo, así como que el tiempo de permanencia en España durante la tramitación de esa solicitud no compute para acreditar el período exigido en determinadas modalidades de arraigo. La sentencia recuerda que parte del recurso perdió objeto después de que el Gobierno modificara el Reglamento mediante el Real Decreto 316/2026 y derogara el requisito de permanencia irregular de al menos seis meses previsto en la disposición transitoria quinta.

Por último, el Tribunal Supremo declara ilegal la obligación general de que determinados extranjeros se relacionen exclusivamente por vía electrónica con la Administración. A juicio de la Sala, el Reglamento no justificó suficientemente que todas las personas afectadas dispusieran de los medios y capacidades necesarios para utilizar obligatoriamente los procedimientos telemáticos, por lo que anula íntegramente el artículo 197.2, sin impedir que el Gobierno pueda volver a regular esta obligación si la motiva de forma suficiente y respetando los principios de proporcionalidad.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a quienes le han acusado de racismo por su polémica frase sobre una selección francesa “sin franceses”, que provocó un choque político con el Ejecutrivo de Emmanuel Macron. A través de su entorno, ha asegurado al periódico El Mundo que no piensa contestar a los insultos de miembros del Gobierno español y ha trasladado al diario que considera la expresión un “tema menor” magnificado por la reacción política y mediática entre Madrid y París.

La controversia se produjo por una columna de opinión publicada por Rajoy en el diario El Debate, titulada ‘Hoy llegó el desquite’, dentro de un texto sobre la eliminación de Bélgica y el futuro cruce de la selección de Luis de la Fuente. En ese artículo definió al conjunto galo como un rival de “altísimo nivel” y un “adversario formidable”, que, según sus palabras, no contaba con “franceses” en su plantilla.

Según ha informado El Mundo, desde el entorno del exjefe del Ejecutivo sostienen que no hubo “mala intención” en esas palabras y que Rajoy no prevé entrar en un intercambio público con el Gobierno. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, han sido sus palabras.

Indignación en los gobiernos de Francia y España

Las palabras de Rajoy provocaron una oleada al otro lado de los Pirineos, que a través de su titular del Interior, Laurent Nuñez, calificó las afirmaciones de “absolutamente inaceptables“. También se refirió a ello Aurore Bergé, ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, quien habló de “reiterados deslices racistas”, y sostuvo que “es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte”.

La respuesta institucional más medida llegó desde la Embajada de Francia en Madrid, que recordó que “todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. “De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el extranjero también son franceses”, precisó.

En el Ejecutivo español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en X contra “quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel” y añadió que “España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”. “Que gane el mejor y que pierda el racismo”, sentenció. Por su parte, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha pedido al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice las palabras del antiguo mandatario, pero por el momento no ha recibido respuesta desde Génova.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre tras la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral. Según una información adelantada por El País y confirmada por la agencia EFE, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

Entre ellos, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante Antonio Suárez-Valdés, se encuentra el exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del consistorio, David Zamorano.

La imputación de Bautista llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo “proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones” y que su rechazo derivó en “el inicio de un proceso de presunto acoso laboral”.

Así lo expuso durante las más de tres horas que duró la primera comparecencia. La exedil detalló además que “puso estos hechos en conocimiento del PP”, pero que “no se le hizo el más mínimo caso” y que, incluso, se llegó a sentir “coaccionada” por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Falta de amparo del PP

El recurso judicial de la exedil se ha apoyado en diversos materiales probatorios, entre ellos grabaciones de conversaciones y documentación relacionada, con el propósito de demostrar tanto las acciones del alcalde como la desprotección institucional por parte del partido y el consistorio. Cabe recordar que la primera denuncia fue interpuesta a través de los canales internos del partido.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido una de las que ha cerrado filas con Bautista, reiterando que nadie había demostrado “nada”. Su número dos, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, amenazó en paralelo con impulsar acciones legales contra la exconcejala por considerar que actuó “de mala fe” y supuestamente manipuló pruebas.

El alcalde de Móstoles presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que la jueza archivase la causa, alegando que la resolución no concretaba qué hechos se atribuirían al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento. Sin embargo, la magistrada rechazó estos argumentos el pasado 29 de junio, argumentando que los hechos denunciados eran, “independientemente del resultado de las diligencias”, constitutivos de ilícito penal.

Noticia con información de EFE

La Dirección General de Tráfico prevé para este verano 104 millones de desplazamientos. Y, para todos aquellos que van a coger el coche para irse de vacaciones, la preparación del vehículo es uno de los pasos previos más importantes para poder tener un viaje sin contratiempos. Revisar el estado del coche o de los neumáticos, hasta el nivel de líquidos, son prácticas que deben realizarse y no pasar por alto antes de que sea demasiado tarde.

Aunque, más allá de la revisión mecánica, la normativa española obliga a llevar en el vehículo una serie de elementos de seguridad, y también habrá que comprobar que los llevamos. La baliza V-16 y el chaleco reflectante son de uso obligatorio en caso de avería o accidente en la vía pública. A estos se suman, por seguridad propia, un botiquín de primeros auxilios, una linterna, cables de arranque y el neumático de repuesto inflado correctamente.

La batería, el primer punto a verificar

En cuanto a los componentes del coche, uno de los que más se resiente cuando un vehículo lleva tiempo parado es la batería de 12 voltios. Esta unidad, presente tanto en coches de combustión como en híbridos y eléctricos, puede perder carga de forma progresiva si el coche no se ha utilizado con regularidad durante semanas o meses, algo habitual en los días previos a las vacaciones.

Desde Hyundai recomiendan que, antes de empezar un viaje largo, conviene verificar que la batería está en perfecto estado. En muchos talleres realizan esta comprobación de forma rápida y gratuita. Además, llevar unos cables de arranque en el maletero es una medida de respaldo ante cualquier imprevisto.

Presión, dibujo y estado visual de los neumáticos

Otro elemento importante son los neumáticos, el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, y su estado tiene una incidencia directa en la seguridad de todos los ocupantes. Un coche que ha permanecido parado durante mucho tiempo puede presentar neumáticos con presión baja e incluso deformaciones.

La revisión debe ser triple. Primero, la presión debe comprobarse siempre en frío, antes de haber recorrido varios kilómetros, y ajustarse a los valores que indica el fabricante en la guía del vehículo o en la pegatina del marco de la puerta del conductor.

Segundo, la profundidad mínima del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque los expertos recomiendan sustituir los neumáticos antes de llegar a ese límite. Las propias ruedas incorporan unos testigos de desgaste que permiten comprobarlo a simple vista, aunque también existe instrumental específico para medirlo con mayor precisión.

Y, por último, se debe echar un vistazo general al coche: cortes, abultamientos o desgastes irregulares entre la zona interior y exterior del neumático. Hay que estar alerta ante cualquier señal, por pequeña que parezca.

Escobillas e iluminación, dos revisiones que van de la mano

Las escobillas del limpiaparabrisas son uno de los elementos más económicos del coche y, al mismo tiempo, uno de los más descuidados. El calor del verano, el frío del invierno y la acumulación de residuos en la goma deterioran su capacidad de limpieza. Una escobilla en mal estado deja marcas, pero también puede llegar a rayar el cristal, lo que supondría un gasto extra para la reparación.

Para evitar imprevistos, basta con activar el limpiaparabrisas con líquido y observar si limpia de forma uniforme. Si deja franjas sin limpiar o produce ruido al pasar, lo más aconsejable es sustituirla.

Y, junto a las escobillas, conviene revisar también la iluminación del vehículo, comprobar que funcionen bien los faros de cruce, las luces de carretera, los intermitentes y las luces de freno. Las carcasas de los grupos ópticos deben estar íntegras, sin grietas que permitan la entrada de agua o suciedad. Muchos vehículos disponen en el salpicadero de un regulador de altura de los faros, útil cuando el coche va cargado con equipaje y pasajeros.

El aire acondicionado y sus filtros, a punto para el calor

Con todo esto, no debemos olvidarnos del aire acondicionado, un elemento casi imprescindible en los desplazamientos de verano. Su funcionamiento depende de un mantenimiento que no siempre se realiza con la frecuencia adecuada. El sistema debe revisarse al menos una vez al año, para verificar el nivel del gas refrigerante y el estado general del circuito.

Y tan relevante como el gas es el filtro de habitáculo, también llamado filtro de polen o antipolen. Este componente retiene partículas, polvo, esporas y contaminantes antes de que el aire entre en el interior del vehículo. Un filtro obstruido reduce la eficiencia del sistema de ventilación y puede afectar a la calidad del aire que respiran sus ocupantes, afectando sobre todo a personas con alergias o problemas respiratorios.

Líquidos y frenos, la revisión que puede salvar vidas

De igual manera, un vehículo que ha estado parado durante semanas puede haber perdido parte de sus fluidos por evaporación o por un pequeño deterioro en alguna manguera o junta. Antes de lanzarse a la carretera, conviene abrir el capó y revisar cuatro niveles: el del aceite de motor, el del líquido refrigerante, el del líquido de frenos y el del limpiacristales.

El aceite y el refrigerante son los más conocidos, pero el líquido de frenos también es importante. Este fluido es higroscópico, es decir, absorbe la humedad del ambiente con el paso del tiempo, lo que reduce su punto de ebullición y puede comprometer la respuesta del sistema de frenado en situaciones de emergencia. Los fabricantes recomiendan su sustitución cada dos años con carácter general, aunque lo más aconsejable es seguir las indicaciones del manual del vehículo.

En relación con los frenos, también están los discos y las pastillas. Cualquier ruido inusual al frenar, una mayor distancia de frenado o la vibración del pedal son síntomas que deben llevar al conductor a un taller antes de emprender un viaje largo. Las luces de advertencia del cuadro de mandos relacionadas con el sistema de frenos no deben ignorarse bajo ningún concepto.

Alberto Núñez Feijóo ha abierto el melón del absentismo laboral, un “cáncer” —así lo tildó— que los españoles “no podemos pagar”. Curiosamente, cuando reaviva este tema, muchas de las críticas suelen asociarse con el absentismo en el Congreso de los Diputados, donde se han vivido plenos casi vacíos durante votaciones, comparecencias y debates parlamentarios.

El Partido Popular ha atacado en varias ocasiones al Gobierno por este asunto. La bancada de Feijóo lleva meses clamando contra las reiteradas ausencias “masivas” de los ministros durante las sesiones de control parlamentario, que, según ellos, recurren a “evasivas” para evitar rendir cuentas. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprendido al líder de la oposición por haberse “pirado” en “casi el 60% de las votaciones del Congreso” y suspender el segundo debate de la pasada campaña “por una lumbalgia”. También se refirió a la ausencia de un diputado de su bancada que pidió votar telemáticamente por un “transplante capilar”, algo que no podemos verificar porque los motivos de las ausencias no son públicos.

Cabe matizar que, en lo que atañe al debate sobre el absentismo de sus señorías, las críticas esconden su trampa. Por ejemplo, no todos los ministros son diputados en el Congreso, por lo que no tienen la obligación de acudir a las sesiones diarias, como así reza el artículo 99 del Reglamento del Congreso -si no se les convoca expresamente-.

También hay que diferenciar entre las ausencias justificadas e injustificadas, ya que parte de la actividad de los diputados —tanto altos cargos como “rasos”— sucede fuera del hemiciclo, fuera de la foto: comisiones, reuniones a puerta cerrada, estudios de iniciativas, gestiones con ministerios, reuniones con alcaldes y asociaciones, negociaciones en los pasillos, asistencia a actos sociales, intervenciones en medios de comunicación...

Sanciones por saltarse los plenos

¿Eso quiere decir que no existen ausencias injustificadas? Las hay. De hecho, el artículo 99 del reglamento interno de la Cámara Baja contempla suspender de sueldo a un parlamentario si deja de acudir “de forma reiterada y notoria” y “voluntariamente” a plenos o comisiones. En la pasada legislatura, el entonces portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, solicitó a la Mesa que dos diputados de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, dejasen de cobrar por negarse a asistir a todos los plenos que no tuviesen que ver con los presupuestos, asuntos catalanes o sesiones de investidura.

Mucho antes, en 1991, la Mesa del Congreso decidió suspender durante un año los derechos económicos de tres diputados de Herri Batasuna por ausentarse de manera reiterada y voluntaria de las sesiones y comisiones. También está el caso del socialista Felipe González, quien conservó su escaño tras perder las elecciones frente a José María Aznar y apenas asistió al hemiciclo en los dos primeros años de legislatura (siguió cobrando sueldo y dietas).

Sánchez y Feijóo, los que más faltan

En esta legislatura, una de las imágenes más repetidas han sido los plantes del líder de Vox, Santiago Abascal, para escenificar su enfado con el líder del Ejecutivo durante la sesión de control. “Nosotros pagando impuestos y ustedes se lo gastan en putas”, fueron sus palabras antes de abandonar el hemiciclo. No hace falta aclarar que el acting político no es un motivo válido para marcharse a casa antes de tiempo.

En cuanto a las votaciones en pleno, un estudio elaborado por el medio Newtral publicado el pasado mes de noviembre elaboró una radiografía de las ausencias en pleno registradas en 769 votaciones durante esta legislatura, entre ellas, reales decretos-ley, proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y proyectos de ley del Gobierno.

En este sentido, el que más falta a votar es Pedro Sánchez: faltó a 58 de 89 sesiones con votación, lo que equivale al 69%. En este caso, gran parte del motivo de las ausencias se debe a su agenda de Estado. El grupo de los cinco diputados con más ausencias lo completan el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, la ministra Yolanda Díaz y los hasta hace poco diputados (y exministros) José Luis Ábalos y María Jesús Montero.

Para encontrar al siguiente diputado sin responsabilidades de ese nivel, hay que bajar hasta el séptimo puesto, donde se sitúa Gerardo Pisarello Prados, de Sumar, con un 15% de ausencias.

Solo 10 diputados de 350 han faltado más de cinco veces a votar

La clasificación no se limitaba al número bruto de votaciones. También incorporó un índice de ausencias por sesión para corregir una distorsión habitual en la actividad parlamentaria: no todos los días se vota lo mismo, algunas jornadas incluyen una sola votación, mientras que otras superan el centenar. Ese ajuste altera de forma visible algunos casos. Ejemplo de ello fue el diputado del PP Guillermo Mariscal, que ocupó el quinto puesto si se cuentan las votaciones en las que no participó, pero que caía hasta la posición 31 cuando el cálculo se hace por sesiones.

En cuanto a la fotografía general, los datos mostraron que la mayoría de la Cámara Baja mantuvo una presencia “muy alta” en las votaciones: 161 diputados han emitido siempre algún tipo de voto y el 94% se ha ausentado en menos de cinco sesiones. Sin ir más lejos, en la última votación celebrada el pasado 25 de junio, en la que se convalidó el programa de transporte ‘Verano Joven’, solo hubo una ausencia notificada: el diputado del PP, Juan Bravo.

La Unidad de Radioterapia del Hospital Clínico de Madrid está en la planta menos uno de este importante centro sanitario, que presta servicio a 385.000 personas. Los pacientes oncológicos que están ingresados y deben recibir este tratamiento solo pueden llegar a este área especializada a través de un ascensor muy concreto, el número 39. “El ascensor que más falla. Sin duda. Nos llevamos quejando seis meses. El elevador ha tenido decenas de averías en este tiempo y la odisea que tenien que sufrir los pacientes es surrealista”, explica un veterano celador del hospital que forma parte de la Plataforma de Trabajadores del Hospital Clínico.

Quien explica my bien la situación es Juan Romero, de 75 años, funcionario del Ayuntamiento de Madrid ya jubilado. Ingresó en el Clínico el pasado 29 de junio por una complicación en su cáncer de estómago. Le pautaron cinco sesiones de radioterapia, que tenía que haber hecho en cinco días seguidos. “Pero las he hecho en ocho días, porque tres días me tuvieron que suspender la sesión porque el ascensor que me baja a la unidad de radioterapia estaba roto. Una vergüenza. Un hospital tan importante como el Clínico y solo tiene un ascensor para que los pacientes podamos ir a esta unidad”, se lamenta Juan, que ha puesto una reclamación en el hospital.

Una reclamación que tacha de “inmoral” lo sucedido. Un paciente que se desangra por el estómago por el cáncer y no puede recibir la radioterapia para cicatrizar la herida porque no puede llegar a la unidad de tratamiento porque el ascensor no funciona. En realidad hay dos ascensores para bajar a la planta menos uno, el 39 y el 40, pero el 40 no sirve de mucho porque deja en una entreplanta que luego obliga a subir unas escaleras. “Si el paciente va en silla de ruedas o en camilla pues no puede subir las escaleras, por lo que el ancesor 40 no vale. Solo sirve el 39″, señala otro celador. “Así llevamos meses y se lo hemos trasladado a la dirección”, explica otro.

Daniel Rubio es diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y trabajador del Clínico. “Ese ascensor es muy viejo, tiene más de 15 años y falla muchísimo. La única solución es cambiar el ascensor por completo. Ya que no hay posibilidad de meter un nuevo ascensor”. Rubio acaba de presentar una serie de baterías al Gobierno regional. “¿Cómo se garantiza la aplicación de tratamientos de radioterapia a los pacientes encamados cuando está averiado el ascensor número 39?, ¿cuántas intervenciones de mantenimiento se han efectuado en lo que va de ejercicio en el ascensor número 39?“, ha preguntado oficialmente el PSOE. ”Estos son los problemas realmente que interesan al ciudadano, de esto se trata hacer política", se lamenta Rubio.

Mantenimiento mensual

Un portavoz del Hospital Clínico asegura que “se realiza un mantenimiento preventivo de carácter mensual sobre el ascensor 39, sin perjuicio de atender las incidencias que ocasionalmente se puedan producir. El mantenimiento técnico se encuentra dentro de los plazos legalmente establecidos”. El centro explica que el ascensor 39 solo ha estado averiado un día, “quedando solucionada la avería en esa misma mañana. La avería afectó al tratamiento de dos pacientes ingresados en oncología radioterápica a quienes, por su seguridad, se prefirió evitar bajarles en el ascensor de forma manual, facilitándoles su tratamiento en la mañana siguiente”.

El hospital “miente”, coinciden en señalar varios celadores. Juan Valiente, uno de los pacientes, reitera que a él se le ha suspendido la radioterapia tres días por tres averías. Ya no es solo una. “Entre el 19 de junio y el 8 de julio el ascensor se ha averiado seis veces”, afirma un celador que lleva la cuenta. “En los últimos seis meses se pueden contar las averías por decenas. Sin olvidar las veces que nos hemos quedado encerrados dentro del ascensor hasta que han venido a sacarnos”, sentencia otro. Este diario ha podido comprobar la alternativa diseñada por los celadores para que los pacientes que tienen que recibir radioterapia no la pospongan si el ascensor no funciona. Dar un rodeo.

Ese rodeo consiste, según ha podido comprobar este diario, en sacar a los pacientes en silla de ruedas a la calle por la puerta A, la puerta principal que da a la calle Manuel Bartolomé Cossío, bajar unas rampas y acceder por el acceso de Oncología Radioterápica, un rodeo de unos 10 minutos para no tener que usar el ascensor. “Imagínate la escena en estos días de altas temparaturas, sacar a un enfermo de cáncer a la calle para poder ir a otra zona de dentro del hospital. Con 35 grados de temperatura. Una doble tortura para ellos, que ya están sufriendo una enfermedad grave”, señalan los celadores.

¿Y quién se encarga del mantenimiento de este ascensor y de resto que hay en el hospital? El centro licitó un contrato de mantenimiento que quedó desierto en marzo de 2019. Desde entonces se suceden los contratos menores a la empresa FAIN Ascensores. En junio de 2023, por ejemplo, el centro pagó 7.189,86 euros para que sustituyera las puertas de este ascensor. Los trabajadores también denuncian que otro ascensor, el 22, lleva más de dos años averiado. El hospital lo niega, explicando que se “está realizando una modernización” sobre este elevador, “lo que le ha mantenido parado aproximadamente un mes, si bien existen otros 10 ascensores en un radio de 50 metros como alternativa para el traslado de personas con una funcionalidad equivalente”.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la sanción de tres días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a un trabajador de Renfe tras protagonizar una fuerte discusión con otro empleado en la estación de Lugo durante la que llegó a retarle a “verse fuera del trabajo”. La Sala rechaza todos los argumentos con los que el empleado intentó anular el expediente disciplinario y concluye que no se vulneraron sus derechos durante la tramitación del procedimiento, por lo que mantiene íntegramente la decisión adoptada por la empresa.

La resolución pone fin, al menos en esta fase judicial, a un nuevo episodio de un prolongado conflicto laboral que desde hace años enfrenta al trabajador con otros compañeros y responsables de la compañía ferroviaria. De hecho, el fallo recoge que en el centro de trabajo de Lugo existe una situación de conflictividad que ha dado lugar a denuncias cruzadas entre empleados, actuaciones de la empresa e incluso procedimientos judiciales anteriores.

El origen del litigio se remonta a la mañana del 24 de octubre de 2023. Ese día, el trabajador y otro empleado compartían turno en la taquilla de la estación de Lugo cuando comenzó una discusión que fue subiendo de tono. Ambos elevaron la voz y, según los hechos que los jueces consideran acreditados, el demandante llegó a desafiar a su compañero a encontrarse fuera del trabajo.

La disputa no quedó ahí. El otro trabajador le llamó “tontito”, reprodujo música desde su teléfono móvil pese a saber que le estaba molestando y, cuando este le pidió que la quitara, respondió con un “te jodes”. La empresa terminó sancionando a ambos, aunque con medidas distintas: el compañero recibió una carta de censura, mientras que el demandante fue castigado con tres días de suspensión de empleo y sueldo.

Un conflicto laboral con numerosos antecedentes

El caso no se produjo en un contexto aislado. La sentencia recuerda que el empleado ya había mantenido diversos enfrentamientos laborales en los últimos años. Entre ellos figura una sanción anterior de 180 días de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave relacionada con su comportamiento hacia una responsable de Recursos Humanos, castigo que fue confirmado por los tribunales tras ser impugnado. Esa responsable incluso llegó a presentar una denuncia ante la Policía Nacional por aquellos hechos.

También constan otros procedimientos disciplinarios, uno de los cuales terminó con una resolución judicial que declaró injustificada una sanción distinta impuesta al trabajador. Asimismo, había denunciado ante la Inspección de Trabajo ser víctima de acoso laboral y había rechazado varias ofertas de promoción profesional que la empresa le planteó en 2022.

Todo ese historial aparece recogido como contexto del conflicto laboral existente en la estación de Lugo, aunque el TSXG deja claro que el procedimiento analizado se refiere exclusivamente a la discusión ocurrida en octubre de 2023 y a la corrección formal del expediente disciplinario abierto por esos hechos.

Intentó anular la sanción por defectos en el procedimiento

Después de que el Juzgado de lo Social número 3 de Lugo rechazara su demanda, el empleado recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia alegando que el expediente había vulnerado diversas garantías procesales.

Entre otras cuestiones, sostuvo que la empresa no le había facilitado determinada documentación antes del juicio, lo que, a su modo de ver, le impidió defenderse adecuadamente. También denunció que Renfe había utilizado argumentos distintos a los recogidos inicialmente en el expediente disciplinario para justificar la sanción.

Además, cuestionó la motivación de la sentencia dictada en primera instancia, defendió que existían irregularidades en la tramitación interna del expediente y criticó que la empresa hubiera incorporado al procedimiento una denuncia policial presentada por el otro trabajador, al considerar que ello buscaba agravar artificialmente la imagen de lo sucedido.

Sin embargo, la Sala descarta uno por uno todos esos motivos. Respecto a la supuesta falta de documentación, explica que el trabajador nunca llegó a concretar qué documento desconocía ni de qué manera esa circunstancia había perjudicado realmente su defensa. Los magistrados subrayan que la nulidad de un procedimiento no puede basarse únicamente en una irregularidad formal, sino que debe acreditarse una indefensión efectiva, algo que, a su juicio, no ocurrió en este caso.

También rechazan que Renfe modificara posteriormente las razones de la sanción. Según la resolución, los hechos que sustentaron el castigo fueron siempre los mismos: la discusión mantenida en la estación, el desafío a verse fuera del trabajo y el contexto en que se produjo el enfrentamiento. Que durante el proceso judicial la empresa recordara que el otro empleado también había sido sancionado no supone, según el tribunal, introducir nuevos motivos disciplinarios, sino responder a la acusación de trato discriminatorio formulada por el trabajador.

El alto tribunal gallego tampoco aprecia las supuestas contradicciones o incongruencias denunciadas por el recurrente. Considera que la sentencia de primera instancia explicó suficientemente por qué entendía acreditados los hechos y por qué estimaba proporcionada la sanción impuesta, sin que fuera necesario responder de forma individualizada a todos los argumentos expuestos por el demandante.

En la misma línea, rechaza que existieran irregularidades relevantes en la intervención de distintos responsables de Recursos Humanos durante la tramitación del expediente disciplinario. A juicio de la Sala, la resolución distingue correctamente quién ordenó abrir el expediente, quién lo instruyó y quién terminó imponiendo la sanción, de modo que no aprecia la confusión de funciones denunciada por el trabajador.

La denuncia policial no fue determinante

Otro de los aspectos que el empleado intentó utilizar para conseguir la nulidad del procedimiento fue la utilización de una denuncia policial presentada por el compañero con el que discutió. El recurrente sostenía que Renfe había incorporado esa denuncia al expediente con la intención de estigmatizarle y dar una apariencia de mayor gravedad a los hechos.

El Tribunal Superior de Justicia responde que la sanción disciplinaria no se apoyó en esa denuncia, sino en las pruebas practicadas durante el procedimiento laboral, entre ellas las declaraciones testificales y la grabación de audio aportada por el propio trabajador. Por ello considera irrelevante que existiera posteriormente un procedimiento penal o cuál hubiera sido su resultado, ya que la jurisdicción laboral puede valorar de manera autónoma si una conducta constituye un incumplimiento disciplinario.

Con todos esos argumentos, la Sala desestima íntegramente el recurso de suplicación interpuesto por el empleado y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Lugo, manteniendo la sanción de tres días de suspensión de empleo y sueldo impuesta por Renfe tras el enfrentamiento ocurrido en la estación lucense. La resolución aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante recurso de casación para la unificación de doctrina.

Una paciente tendrá que abonar una factura de 3.252 euros por la asistencia sanitaria que recibió durante un ingreso de tres días en el Hospital Universitario de La Princesa sin que ningún juez llegue a analizar si ese cobro era o no correcto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que perdió la posibilidad de impugnar la liquidación al presentar su reclamación fuera del plazo legal, de modo que la factura quedó firme antes incluso de entrar a debatirse el fondo del asunto.

La resolución no determina si la Comunidad de Madrid podía reclamarle ese dinero ni si el hospital actuó correctamente al emitir la factura. La única cuestión que examina es si la paciente recurrió a tiempo. Y la respuesta es negativa. Al haber presentado el recurso cuando ya había expirado el plazo, los jueces concluyen que la Administración actuó correctamente al inadmitirlo, lo que impide revisar cualquier otra alegación.

La paciente aseguró que nunca le advirtieron de que tendría que pagar

El origen del caso se encuentra en un ingreso hospitalario producido entre el 17 y el 20 de diciembre de 2022. La mujer acudió al Hospital Universitario de La Princesa aquejada de dolores costales, tos y un intenso dolor de cabeza, permaneció ingresada durante tres días y recibió el alta médica.

Según sostuvo posteriormente, abandonó el hospital sin que nadie le informara de que aquella atención sanitaria pudiera tener un coste para ella. Meses después recibió una liquidación de precios públicos sanitarios por importe de 3.252 euros, una cantidad que decidió impugnar porque entendía que no procedía y porque consideraba que la Administración no había actuado correctamente.

En su demanda insistía en que la factura le fue notificada el 14 de junio de 2023 y que, por tanto, había presentado la reclamación dentro del plazo de un mes previsto por la ley. Además, denunciaba una falta de motivación de la resolución administrativa y una vulneración de su derecho a una buena administración.

La Comunidad de Madrid, por el contrario, defendía que la liquidación se había notificado dos días antes, el 12 de junio, y que la reclamación había llegado fuera de plazo, por lo que ni siquiera procedía analizar el resto de los argumentos planteados por la afectada.

El litigio acaba reduciéndose a una cuestión de fechas

Ese fue el único aspecto que acabó examinando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras revisar el expediente administrativo, la Sala da por acreditado que la notificación de la factura se entregó el 12 de junio de 2023 mediante correo certificado. En ese mismo documento, además, se informaba expresamente de que la interesada disponía de un mes para presentar una reclamación económico-administrativa o, alternativamente, un recurso de reposición. La reclamación, sin embargo, no fue registrada hasta el 14 de julio.

Los magistrados recuerdan que cuando un plazo administrativo se fija en meses no se cuentan treinta días naturales, sino que vence el mismo día del mes siguiente que coincide con la fecha de la notificación. Aplicando ese criterio, concluyen que el tiempo para recurrir ya había expirado cuando la paciente presentó su escrito.

Esa circunstancia resulta decisiva porque convierte la liquidación en firme. A partir de ese momento, explica la resolución, ya no es posible discutir si el cobro de los 3.252 euros estaba o no justificado, ni valorar las restantes alegaciones formuladas por la demandante sobre la actuación del hospital o de la Administración. El procedimiento queda cerrado exclusivamente por una cuestión de plazo.

Por ese motivo, el TSJM desestima el recurso contencioso-administrativo, confirma la inadmisión acordada por la Junta Superior de Hacienda de Madrid y mantiene íntegramente la liquidación emitida por el Hospital Universitario de La Princesa. Además, condena a la demandante al pago de las costas del procedimiento, con un máximo de 800 euros, más el IVA correspondiente.

La polémica por las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol ha escalado este domingo hasta el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido directamente al expresidente del Ejecutivo, al que ha acusado de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” después de que este escribiera en una columna de opinión que Francia cuenta con “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Sánchez ha reaccionado a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que ha contrapuesto la idea de identidad nacional que, a su juicio, representa Rajoy con la que defiende el Gobierno. “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios”, ha escrito.

El jefe del Ejecutivo ha rematado el mensaje con un reproche directo al expresidente del Gobierno. “España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, ha afirmado, antes de cerrar con un guiño al partido que enfrentará a ambas selecciones: “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

La respuesta de Sánchez llega después de la repercusión que han tenido las palabras de Rajoy, recogidas en un artículo de opinión publicado en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial. En ese texto, el expresidente elogiaba el potencial deportivo del combinado francés, aunque añadía que se trata de una selección “sin franceses”, una afirmación que ha desencadenado una oleada de críticas dentro y fuera de España.

El Gobierno francés entra de lleno en la polémica

La controversia no ha tardado en cruzar la frontera. Desde Francia, varios miembros del Gobierno han salido en defensa de la selección nacional y han censurado públicamente las palabras del expresidente español. El primero en pronunciarse ha sido el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que calificó las declaraciones de Rajoy de “absolutamente inaceptables” durante una entrevista concedida a la cadena BFM TV.

“Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, sostuvo el ministro, que defendió el carácter diverso del país y reivindicó que cualquier ciudadano pueda “desarrollarse y encontrar su lugar” dentro de la República.

Nuñez lamentó además que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas que reciben algunos futbolistas franceses, especialmente el capitán de la selección, Kylian Mbappé. A su juicio, discursos de este tipo trasladan un mensaje negativo a muchos jóvenes franceses y cuestionan un modelo de ciudadanía basado en la igualdad, con independencia de los orígenes familiares o del color de piel.

También la Embajada de Francia en España quiso salir al paso de la polémica con un mensaje difundido en redes sociales en el que recordó un dato concreto: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. La representación diplomática añadió que, de los 26 futbolistas convocados, 23 nacieron en Francia y que los tres restantes también poseen la nacionalidad francesa pese a haber nacido en el extranjero.

Críticas desde distintos partidos franceses

La respuesta institucional ha venido acompañada de una cascada de reacciones políticas en Francia. Ministros del Gobierno y dirigentes de distintas formaciones coincidieron en rechazar las palabras de Rajoy y en reivindicar el carácter plural de la selección francesa. La ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, denunció lo que definió como “resbalones racistas repetidos” y defendió que el deporte debe ser un espacio en el que los deportistas sean juzgados únicamente por su talento.

Por su parte, la ministra encargada de los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, aseguró que “con cada victoria de los Bleus reaparecen las mismas obsesiones e insultos racistas”. En su opinión, no se trata de simples deslices, sino de “un odio metódico y banalizado hacia Francia y hacia lo que es”. En ese contexto, llegó a pedir a la Federación Francesa de Fútbol que estudie emprender “todas las acciones legales posibles” contra este tipo de declaraciones.

Las críticas también llegaron desde la oposición. El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, defendió que la selección está formada exclusivamente por ciudadanos franceses y recordó que Francia “no es una nación étnica”, sino “una nación política” construida sobre los principios republicanos, al margen del origen, la religión o el color de piel.

En términos similares se expresó el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, quien consideró que dirigentes extranjeros recurren a un “racismo burdo” para desacreditar a la selección francesa. El dirigente comunista enmarcó las palabras de Rajoy en una sucesión de episodios recientes en los que responsables políticos de otros países han cuestionado la composición multicultural del combinado nacional.

El nombre de Edmundo Bal vuelve a cruzarse con una de las causas judiciales de mayor impacto político del momento. La Abogacía General del Estado ha encomendado al abogado la defensa del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, investigado en el denominado ‘caso Leire’, una decisión que devuelve al primer plano a quien durante años fue uno de los juristas de referencia del Estado antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos.

Será Bal quien represente a Llamas cuando comparezca como investigado ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la Administración de Justicia. La causa analiza si las informaciones reservadas abiertas contra varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), encargados de investigaciones que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, respondían a una verdadera finalidad disciplinaria o si, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, fueron utilizadas como un mecanismo de presión sobre los investigadores. A diferencia del DAO, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también investigada en el procedimiento, ha optado por una defensa privada.

Para Bal, el encargo supone un regreso a un terreno que conoce bien. Antes de entrar en política ya había construido una sólida carrera en el departamento penal de la Abogacía del Estado, donde participó en algunos de los procedimientos más complejos y mediáticos de las últimas décadas. Su nombre, sin embargo, trascendió definitivamente los círculos jurídicos en 2018, cuando el juicio del ‘procés’ cambió por completo el rumbo de su trayectoria.

Del departamento penal al Congreso

Nacido en Huelva el 2 de julio de 1967, aunque criado prácticamente desde niño en Madrid, Bal siempre ha vinculado su vocación por el servicio público a su entorno familiar. Su padre era funcionario del Ministerio de Hacienda y su madre, ama de casa. En más de una ocasión ha resumido esa influencia asegurando que del primero heredó “la racionalidad” y de la segunda “la pasión”.

Estudió en los colegios Agustinianos de Moratalaz y Nuestra Señora del Buen Consejo antes de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Durante la carrera conoció a la que después sería su mujer y, al terminar los estudios, tuvo claro que quería ingresar en el Cuerpo de Abogados del Estado. Aprobó la oposición en poco más de dos años, un plazo especialmente breve para una de las pruebas más exigentes de la Administración, y en mayo de 1993, con apenas 25 años, tomó posesión de su primera plaza en Huesca. Más tarde pasó por Zaragoza y terminó recalando en Madrid, donde desarrolló casi toda su carrera profesional.

Salvo un breve paréntesis en el sector privado —una experiencia que él mismo ha reconocido que no terminó de convencerle—, toda su vida profesional transcurrió en la Abogacía del Estado. Allí fue especializándose en el ámbito penal hasta intervenir en algunos de los asuntos judiciales más relevantes de los últimos años, desde la trama Gürtel hasta las investigaciones sobre la familia Pujol, el caso Unió o la denominada lista Falciani. También participó en los procedimientos por fraude fiscal contra algunos de los futbolistas más conocidos del panorama internacional, entre ellos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Luka Modric, Ángel Di María o Xabi Alonso.

Su perfil era entonces el de un técnico. Conocido en el ámbito jurídico, pero prácticamente anónimo para el gran público. Todo cambió con el ‘procés’. Como responsable del departamento penal de la Abogacía del Estado discrepó del criterio que finalmente adoptó la institución respecto al escrito de acusación contra los dirigentes independentistas. Bal defendía mantener el delito de rebelión, mientras que la Abogacía del Estado optó por acusar por sedición y malversación. Su negativa a firmar el escrito terminó con su relevo del procedimiento por decisión de la entonces abogada general del Estado, Consuelo Castro.

Aquella salida marcó un antes y un después. En cuestión de semanas pasó de protagonizar un enfrentamiento interno dentro de la Abogacía del Estado a recibir la llamada de Albert Rivera para incorporarse a las listas de Ciudadanos en las elecciones generales de 2019. El propio Edmundo Bal ha contado que acudió a aquella reunión convencido de que el líder del partido buscaba únicamente asesoramiento jurídico y que nunca imaginó que acabaría ofreciéndole un escaño en el Congreso.

Regreso al origen

Su desembarco en política fue tan rápido como intenso. En pocos meses dejó atrás el perfil de alto funcionario para convertirse en uno de los dirigentes con mayor visibilidad de Ciudadanos. Fue diputado, portavoz adjunto del grupo parlamentario y, posteriormente, portavoz nacional de la formación. En 2021 encabezó además la candidatura del partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque el resultado electoral dejó a Ciudadanos fuera de la Asamblea y confirmó el acelerado declive de la formación.

La desaparición del partido de las principales instituciones supuso también el final de su etapa política. Tras perder el escaño en las elecciones generales de 2023 abandonó Ciudadanos —ha asegurado públicamente que fue apartado por la dirección encabezada entonces por Adrián Vázquez— y regresó a la Abogacía del Estado.

Su reincorporación no fue directamente al departamento penal. Durante algo más de un año trabajó en la sección social, ocupándose principalmente de asuntos de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Solo el pasado enero volvió a la jurisdicción penal, el ámbito en el que había desarrollado la mayor parte de su carrera antes de entrar en política.

Ese regreso coincide ahora con otro procedimiento de enorme trascendencia institucional. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si Manuel Llamas y Mercedes González utilizaron la potestad disciplinaria de la Guardia Civil para abrir varias informaciones reservadas contra agentes de la UCO que investigaban causas sensibles para el PSOE y el entorno familiar del presidente del Gobierno. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que esas actuaciones pudieron convertirse en un instrumento de intimidación institucional dirigido a condicionar la labor de los investigadores.

En ese contexto, la Abogacía General del Estado ha confiado la defensa del DAO a un abogado acostumbrado a desenvolverse en asuntos de alta complejidad jurídica y fuerte repercusión política. Ocho años después de abandonar el departamento penal por el choque que provocó el juicio del ‘procés’, Edmundo Bal vuelve a situarse en el centro de otro de los procedimientos con mayor impacto institucional del país, esta vez recuperando el papel con el que construyó su carrera mucho antes de que la política lo convirtiera en un personaje conocido para el gran público.

Este lunes se cumplirán 29 años del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, por la banda terrorista ETA. Aquella muerte, que se produjo tras un ultimátum lanzado desde la organización contra el entonces gobierno de José María Aznar —que no cedió al chantaje—, llevó a la ciudadanía a enfrentarse al miedo e inundar las calles exigiendo el cese de la violencia.

Este domingo, el PP ha celebrado un homenaje en la localidad natal de Miguel Ángel Blanco, al que han asistido su hermana y diputada popular, Meri Blanco, y representantes de la Ejecutiva Nacional. Y tras finalizar el acto, el Partido Popular ha aprovechado para cargar contra el Gobierno y sus acuerdos de investidura con EH Bildu, la formación que los de Alberto Núñez Feijóo consideran la línea roja en su política de acuerdos.

En una intervención ante los medios allí presentes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha reprochado al presidente del Gobierno que “ceda al chantaje” y tenga un “pacto encapuchado” con EH Bildu que constituye, ha afirmado, “el mayor de los agravios y las traiciones” a las víctimas de ETA, que “dieron su vida por los valores” de la democracia.

“Lo que no consiguieron con las armas hoy, lo consiguen a través de un presidente del Gobierno que permite estos acuerdos”, ha señalado Gamarra, para después apuntar que, desde el PP, “nunca blanquearían a Bildu”. Y en esta línea, ha avanzado que su partido impulsará “diversas reformas” en la ley penitenciaria que impidan “que pueda ser utilizada en beneficio de los políticos”. Ha abogado, de igual forma, por la reforma de la Ley Electoral, para impedir que en las listas puedan concurrir candidatos formados por personas condenadas por terrorismo que, “ni se arrepienten, ni colaboran con la justicia”.

Gamarra ha avanzado también que su partido no solo trabajará para seguir esclareciendo los 376 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver, sino para que sean juzgados “quienes dieron las órdenes” de esos crímenes.

Aznar reivindica la actuación de su Gobierno frente al chantaje de ETA

Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de ETA, que exigieron, para su liberación, el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista. Fue tiroteado dos días después en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa) y murió horas después, el 13 de julio.

En el marco del aniversario se ha pronunciado también el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien ha reivindicado la “firmeza” con la que se actuó desde su Ejecutivo sin acceder a las exigencias de la banda terrorista. “ETA acusó el golpe y reaccionó extremando su crueldad habitual. No vaciló en usar la vida de Miguel Ángel como moneda de cambio para chantajear al Gobierno y al conjunto de la sociedad”, ha asegurado el expresidente.

El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la construcción de una piscina privada de 38 metros y varias edificaciones levantadas en una parcela dentro del Parque Natural del Turia, en la localidad valenciana de Villamarchante. El juez ha confirmado la condena contra el dueño de la parcela por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar probado que las edificaciones carecían de cualquier tipo de licencia urbanística y se ejecutaron sobre suelo no urbanizable protegido, por lo que deberá afrontar no solo penas de prisión y multa económica, sino también la demolición de todas las obras.

El caso se remonta al año 2017, cuando el propietario ejecutó una serie de obras en su propiedad en Vilamarxant, entre ellas, una construcción secundaria, una piscina de 38 metros y tres soleras de 154 y 14 metros cuadrados. La parcela estaba catalogada como suelo no urbanizable común y bajo la protección expresa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Llíria decidió abrir un expediente en 2019 y, cuatro años después, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Valencia dictó la sentencia condenatoria. La defensa del propietario recurrió ante la Audiencia Provincial de Valencia, pero la Sección Cuarta desestimó el recurso el 25 de septiembre de 2023 y confirmó todos los pronunciamientos, incluida la demolición.

Actuó de manera “consciente” sin intentar obtener los permisos

Fue entonces cuando presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente no ha prosperado. El Supremo ha destacado que el acusado actuó de manera consciente y voluntaria, sin realizar gestión alguna para obtener licencia y sabiendo que la zona estaba protegida por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia.

La decisión del Supremo ha subrayado que no basta alegar desconocimiento ni ampararse en la existencia de otras construcciones irregulares en la zona: la ilegalidad de las obras y el daño infligido al territorio justifican la condena. En este contexto, el magistrado le ha impuesto una pena de prisión de un año y seis meses y deberá pagar una multa de seis euros diarios durante dieciocho meses (3.240 euros).

El tribunal ha recordado que la condena es firme y solo cabría, como último recurso, plantear una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia deja claro que el propietario deberá asumir la demolición del conjunto de construcciones ilegales y el pago de las costas procesales, cerrando así el recorrido judicial de un caso que pone el foco en la protección penal del territorio ante actuaciones urbanísticas ilícitas.

La baliza V-16 registró más de 2.500 activaciones diarias en junio, una cifra que refleja el avance progresivo de este dispositivo entre los conductores españoles desde que se convirtió en obligatorio el pasado 1 de enero para señalizar emergencias en carretera. Los datos, facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) a la agencia EFE, muestran que el salto en el uso del dispositivo ha sido notable: cuando su empleo era voluntario, apenas se contabilizaban unas 200 activaciones al día.

La evolución mes a mes traza una curva de adopción sostenida. Tras la entrada en vigor de la medida en enero, las activaciones se dispararon hasta superar las 69.000 ese mes, aunque en los dos meses siguientes se produjo un leve retroceso. Desde abril la tendencia volvió a ser al alza, y junio cerró con 75.000 casos registrados, el dato más alto desde la implantación obligatoria. La DGT estima que, de los 28 millones de vehículos en circulación en España, ya se han vendido alrededor de 16 millones de balizas.

Antes de que el dispositivo entrara en vigor, la DGT tenía conocimiento de unas 8.600 incidencias mensuales en las vías. Ese número se ha multiplicado por ocho desde entonces, hasta alcanzar las 69.000 al mes en la actualidad, lo que refleja la capacidad del sistema para hacer visibles emergencias que antes pasaban desapercibidas para los organismos de control.

La Guardia Civil, obligada

La V-16 sustituyó a los triángulos de señalización de emergencia y funciona mediante conexión automática a la plataforma DGT 3.0, que transmite la ubicación del vehículo de forma anónima. Los demás usuarios de la vía reciben el aviso a través de los paneles de mensaje variable de las carreteras o de sus propios navegadores, lo que permite alertar al tráfico circundante sin que el conductor tenga que abandonar el vehículo.

Para reforzar ese ritmo de adopción, la DGT prepara una instrucción formal por la que los agentes de tráfico de la Guardia Civil estarán obligados a personarse en el lugar cada vez que se active una baliza en su zona de patrullaje. El director general de Tráfico, Pere Navarro, explicó que se trata de formalizar una práctica que los agentes ya venían realizando. “La policía de tráfico ya lo venía haciendo, pero queremos formalizarlo y esto es de sentido común”, declaró el responsable. El borrador de la instrucción está, según sus propias palabras, “encima de la mesa para firmar”, por lo que su entrada en vigor se producirá “en breve”.

“Hay que llevarla y punto”

Navarro subrayó que la vocación del cuerpo no es sancionadora. “A los guardias civiles de tráfico lo que más les gusta no es sancionar sino ayudar y auxiliar a los conductores”, afirmó. La instrucción vendría a dar cobertura normativa a esa disposición, convirtiendo la asistencia al conductor en una obligación reglamentada y no en una práctica discrecional.

La DGT ha lanzado también una campaña informativa en las principales cadenas de radio para recordar la obligatoriedad del dispositivo y promover su uso. Navarro insiste en que no llevar la V-16 en el vehículo conlleva una sanción y ha emplazado a los conductores a no salir a la carretera sin ella. “Hay que llevarla y punto”, sentenció el director general.

El dispositivo ha despertado interés más allá de las fronteras españolas. Alemania, Bélgica y Portugal han mostrado su disposición a adoptarlo en sus propias carreteras, y en la sede de la Comisión Europea en Bruselas se le conoce ya como ‘la baliza española’. Navarro calificó su implantación de “proyecto de país” y lamentó que el debate político que rodeó su puesta en marcha generara lo que describió como una “controversia estéril” que no alteró, a su juicio, el fondo de la cuestión: una ley que obliga y que, según el director general, acabará por cumplirse.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado improcedente el despido de una cajera de la cadena de supermercados Carrefour, sancionada por consumir un producto de merma sin autorización en el almacén. El tribunal vasco ha señalado que la conducta imputada a la trabajadora no tuvo la gravedad suficiente para que se le aplicase la máxima sanción laboral, desestimando así el recurso presentado por la empresa.

Adelina llevaba desde 2011 trabajando en Carrefour como cajera/reponedora. Según el relato de los hechos en la sentencia, el pasado 8 de abril de 2025 cogió y consumió un producto de una caja de merma —artículos retirados de la venta porque han sufrido algún desperfecto, pero que todavía son aptos para el consumo— que estaba en el almacén. La empresa no llegó a detallar en el juicio qué tipo de alimento fue y se limitó a explicar que fue “algún comestible de pequeño tamaño”.

La compañía recordó que la trabajadora era consciente de que no podía hacer eso, ya que firmó en diciembre de 2014 una normativa interna que prohibía expresamente el consumo de productos de merma sin autorización. Y tras constatar los hechos, la empresa activó el trámite de audiencia previa e informó tanto a la empleada como al delegado sindical, que no presentó alegaciones. La propia trabajadora reconoció lo sucedido y fue despedida el 9 de mayo de ese año. La empresa recordó que otros dos trabajadores habían sido despedidos anteriormente por hechos similares.

Pese a la postura de la empresa, la primera sentencia dictada por el Tribunal de Instancia Social de Bilbao declaró improcedente el despido. El fallo consideró que la actuación de la trabajadora no encajaba en la calificación de infracción “muy grave” ni suponía una transgresión de la buena fe contractual. El tribunal valoró que el producto consumido no tenía referencia concreta, no hubo voluntad de ocultación ni perjuicio relevante para la compañía o terceros.

Carrefour tendrá que elegir entre readmitirla o indemnizarla con 15.483 euros

La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que deliberó el pasado 30 de junio de 2026 y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia. El magistrado ha apuntado que, si bien la empleada incumplió la normativa interna, no existió un perjuicio relevante ni un fraude que justificara la extinción del contrato. El fallo ha obligado a la cadena francesa a elegir entre readmitir a la trabajadora o abonarle una indemnización de 15.483,85 euros, además de asumir los honorarios de la parte contraria.

El recorrido judicial todavía no ha finalizado, ya que la sentencia no es firme y Carrefour puede presentar recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo en los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Habrá primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid: Reyes Maroto y Enma López, portavoz y portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, han superado ambas el umbral de avales necesarios para concurrir a la votación del 19 de julio, que decidirá quién disputará el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El PSOE de Madrid ha confirmado el resultado pasadas las 16:30 horas este sábado, una vez cerrado el plazo de recogida de avales a las 12:00. La organización ha precisado que la validación de los avales físicos continuará hasta poder dar un recuento definitivo. Superado ese trámite, el partido entra ahora en la fase de campaña de información previa a la votación.

La pugna entre las dos concejalas tiene un punto de partida singular: ambas compartieron candidatura en las elecciones municipales de 2023, cuando Maroto encabezó la lista del PSOE a la Alcaldía y López ejerció como directora de campaña y ocupó el número tres. Ahora cada una llega con su propio proyecto. Maroto defiende la continuidad bajo los ejes de “compromiso, constancia y confianza”, mientras que López apela al “ya toca” y a la necesidad de “dar un paso más” para “ilusionar” y llegar a los barrios.

Óscar López será rival de Ayuso

Durante la semana de recogida de avales, Maroto compaginó su actividad como portavoz municipal con una agenda interna de visitas a agrupaciones socialistas de la capital. Contó con el respaldo del grueso de los concejales del grupo municipal y de distintos cargos del PSOE madrileño. Entre los apoyos más visibles estuvo el de Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que la acompañó en varios actos en Cibeles y compartió en redes sociales su aval a la candidatura. Uno de los momentos de la semana fue su visita a la agrupación de Fuencarral, a la que acudió con la camiseta de la selección española el mismo día en que España eliminó a Portugal en el Mundial.

López desplegó una campaña de alta visibilidad en redes sociales bajo el formato de un “avalmaratón”, con visitas a distintas agrupaciones y una presencia constante en X. Mantuvo ese ritmo incluso durante la fuerte tormenta de verano que cayó esta semana sobre Madrid, episodio que difundió en vídeo con paraguas en mano. En sus mensajes apeló a los militantes a depositar el aval hasta el “último minuto”, con una referencia al gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 ante Holanda que dio a España su primer Mundial. Dentro de su campaña visual, con guiños al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lanzó un cartel con el lema ‘A mí esa chulapa para Madrid me gusta’, en el que aparece ataviada con el traje típico de la ciudad.

La votación del 19 de julio determinará cuál de las dos concejalas asumirá el liderazgo de la oposición socialista en el consistorio madrileño de cara a las próximas elecciones municipales.

En relación con la candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el ministro Óscar López ha logrado los avales y no lo ha hecho nadie más, por lo que será el rival del PSOE de Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo ha subrayado que “no lleva toda su vida dedicándose a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarse con lo que hereda”. Las críticas, ha dicho, son “razonables” y no le frenan. Con ese tono, ha repasado uno a uno los frentes abiertos esta semana.

El pasado martes, en Bilbao, afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, con un coste que cifró en más de 30.000 millones de euros, frente a un déficit de la Seguridad Social de 70.000 millones. Este sábado ha defendido que esa posición responde a su voluntad de construir una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga”.

Concebido no nacido

El pasado 29 de junio, en una entrevista en EsRadio, Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como ley de nietos, que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles. El líder del PP ha reiterado este sábado que cuestionó esa norma por permitir que millones de personas obtengan la nacionalidad “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”.

La semana pasada, en una entrevista en Antena 3, el presidente del PP anunció que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como miembro de la familia a efectos de ayudas públicas. La medida iría en la línea de la norma promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este sábado ha vuelto a referirse a ello al defender que el Gobierno pueda ayudar a quienes vayan a ser padres “antes de que un niño nazca”.

Feijóo ha lanzado ese mensaje en el cierre del XVI Congreso de las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) celebrado en Valladolid, donde la organización juvenil ha renovado su dirección: Ignacio Dancausa asume la presidencia en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. El acto ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros miembros de la dirección nacional.

Una promesa a los jóvenes

El congreso se ha celebrado en un momento en el que Vox aventaja al PP entre los votantes más jóvenes. El 21,1 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaría a Vox, frente al 14,1 % que lo haría al PP, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo, el más reciente que desglosa los datos por franjas de edad.

Ante ese escenario, Feijóo ha reivindicado su voluntad de ser “el presidente de los jóvenes” y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de haberles “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha dicho el líder popular, recibido por los asistentes con gritos de “presidente” y “Feijóo a la Moncloa”.

El presidente del PP ha cerrado su intervención con un compromiso ante los jóvenes del partido: “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”. Les ha pedido además que sean “el altavoz” que recuerde a la sociedad el futuro que, a su juicio, merecen.

El reloj empezó a correr para Alba, Laura y Gertrudis el 18 de junio. Ese día, el juez de la Audiencia Nacional acordó que las dos hijas y la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero debían declarar como investigadas en la causa. La decisión estaba tomada, pero el magistrado dejó para una resolución posterior la fecha de esas comparecencias.

Desde entonces, la investigación ha seguido avanzando sin que haya trascendido cuándo serán llamadas al juzgado. La situación plantea una duda habitual en este tipo de procedimientos: ¿Qué ocurre desde que un juez decide investigar a una persona hasta que finalmente la sienta delante para declarar? ¿Supone esa espera que la causa está parada o responde al funcionamiento normal de una investigación penal?

“No existe ningún plazo legal que obligue al juez a citar inmediatamente a un investigado”, explica a Infobae José Ignacio Estradé, abogado especializado en Derecho Penal y socio director de Estradé Law Firm. “La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece que una persona tenga que declarar a los diez días, al mes o a los dos meses. Eso depende completamente de cómo evolucione la instrucción”, matiza.

La propia causa ofrece un ejemplo de esa flexibilidad. El empresario Julio Martínez Martínez fue imputado el 19 de mayo y no recibió el auto que fijaba su declaración hasta 36 días después, el 24 de junio. En el caso de las hijas de Zapatero y de su secretaria todavía no ha transcurrido ese mismo intervalo, por lo que, desde un punto de vista procesal, la ausencia de una fecha pública para sus comparecencias entra, por ahora, dentro de la normalidad.

La investigación no se detiene mientras no hay declaraciones

Desde fuera, la ausencia de movimientos visibles puede transmitir la sensación de que el procedimiento permanece congelado. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. “La investigación sigue adelante”, resume Estradé. “El juez puede solicitar información bancaria para conocer el origen de determinados movimientos, reclamar documentación, ordenar informes periciales, pedir actuaciones policiales o recibir información de otros organismos. Que no haya declaraciones no significa que no se esté investigando”, agrega.

Ese trabajo es especialmente frecuente en las causas económicas, donde reconstruir operaciones financieras o analizar una gran cantidad de documentación suele ocupar buena parte de la instrucción. Mientras en otros delitos las primeras diligencias pueden practicarse en cuestión de horas, las investigaciones patrimoniales acostumbran a desarrollarse con otro ritmo. Requieren examinar contratos, cuentas bancarias, dispositivos electrónicos o informes técnicos antes de que el instructor considere oportuno escuchar a determinados investigados.

“Los plazos son muy variables”, insiste el abogado. “Dependen del tipo de procedimiento, de la carga de trabajo del juzgado y de las diligencias que haya que practicar. Puede haber investigaciones en las que una persona declare muy rápido y otras en las que pasen semanas o incluso meses”.

En los procedimientos más complejos, además, pueden coexistir diligencias de distinta naturaleza al mismo tiempo. El juez puede estar recibiendo informes policiales, solicitando información a entidades bancarias o practicando otras actuaciones mientras algunas declaraciones permanecen pendientes de señalamiento.

Cada instructor decide el orden de las diligencias

La idea de que las investigaciones siguen un esquema fijo tampoco responde a la práctica judicial. “Cada juez tiene su librillo”, resume Estradé. La expresión hace referencia al margen de organización del que dispone el instructor durante la fase de investigación. La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece un orden cerrado sobre qué diligencia debe practicarse primero ni cuándo debe citarse a cada investigado.

Cuando un procedimiento comienza por una denuncia o una querella, lo habitual es que la primera declaración corresponda a quien impulsa la acción penal para ratificar los hechos y confirmar su voluntad de continuar con el procedimiento. A partir de ese momento, el juez organiza la instrucción en función de las necesidades de la causa.

“No existe una jerarquía de diligencias prevista en la ley”, explica Estradé. “El instructor puede combinar declaraciones con informes, requerimientos documentales, periciales o cualquier otra actuación que considere necesaria”, añade. Eso permite que dos investigados de una misma causa sigan calendarios diferentes sin que ello implique necesariamente un trato distinto desde el punto de vista procesal.

La complejidad del procedimiento también condiciona esos tiempos. La Audiencia Nacional tramita con frecuencia investigaciones económicas de gran volumen, con abundante documentación, numerosos investigados y, en ocasiones, actuaciones coordinadas con autoridades judiciales de otros países.

Estradé recuerda que este tipo de causas ni siquiera tienen por qué iniciarse mediante una denuncia presentada en España. “Hay investigaciones que nacen de una comisión rogatoria internacional o de información remitida por autoridades judiciales extranjeras. A partir de ahí se abre la investigación en España y van apareciendo nuevos indicios, nuevas diligencias e incluso nuevos investigados”.

Mientras el foco suele situarse en las declaraciones ante el juez, buena parte del trabajo de la instrucción transcurre lejos de las cámaras. Cruces de información, análisis de movimientos económicos, informes policiales, documentación financiera o periciales forman parte de unas diligencias que apenas trascienden, pero que sirven para que el instructor decida cómo y cuándo practicar las siguientes actuaciones.

En el caso de Alba Rodríguez Espinosa, Laura Rodríguez Espinosa y Gertrudis Alcázar, el juez ya ha acordado que deberán declarar como investigadas. La fecha de esas comparecencias todavía no se ha hecho pública, pero esa circunstancia, por sí sola, no permite concluir que la investigación haya perdido ritmo. Forma parte del margen que la ley concede al instructor para dirigir una causa penal y decidir el momento en el que considera oportuno practicar cada diligencia.

Alberto Núñez Feijóo salió malparado de la polvareda sobre la ley de nietos y el supuesto fraude electoral y esta semana se ha propuesto poner otro asunto sobre la mesa que parece llevar el mismo camino. Sus compañeros de filas han salido en tromba a tratar de echar una mano. Dijo: “Debemos, con o sin acuerdos, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión con el absentismo, (...) un cáncer que no podemos pagar, porque cuesta más de 30.000 millones de euros”. El presidente del PP abogó por que “una persona que no va a trabajar” no cobre lo mismo que “cuando va” y presumió de haberlo solucionado al frente del Insalud, donde “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”, y en Correos.

El PP ya ha desmentido tajantemente que vaya a tocar las nóminas a los empleados que causen baja si llega al poder y subraya que su presidente se refirió a las ausencias “sin justificar”. De ser así, el partido se ha opuesto frontalmente en el Congreso a una de las medidas que más ayudaría a las empresas con empleados que faltan de forma recurrente y sin aportar una razón, principalmente de la forma más expeditiva imaginable, como lo es el despido disciplinario.

El Gobierno sigue sin lograr que se haga efectivo el fichaje digital obligatorio en las empresas. La patronal se opone frontalmente y el PP, como se ha mencionado, ha puesto todos los obstáculos legislativos a su alcance. El proyecto que contemplaba este registro fue tumbado en septiembre de 2025 por este partido junto a Vox, Junts y UPN. El Ministerio de Trabajo trató entonces de aprobarlo por real decreto, es decir sin necesidad de mayoría en las Cortes, pero se encontró con un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que argumentó que debe tramitarse como ley, que no se adapta a sectores como la hostelería o la agricultura y que supone una carga económica inasumible para muchas pymes.

El despido disciplinario por absentismo

El Tribunal Supremo actualizó recientemente los requisitos para el despido disciplinario. El fichaje digital cambiaría de forma sustancial la capacidad de los empleadores para acreditar esas ausencias ante un juez. La ley permite despedir a un trabajador sin pagarle indemnización cuando falta al trabajo de forma repetida y sin justificación. No existe un número concreto de ausencias, es el convenio colectivo de cada sector el que fija cuántas y en qué plazo bastan. Como referencia general, los tribunales han considerado que tres ausencias injustificadas en un mes pueden amparar esa decisión, aunque comúnmente se tienen en consideración las circunstancias concretas.

Aunque Feijóo mezcló en su exposición inicial absentismo y bajas, la diferencia es notable. Antes que él, aunque de forma vinculante, lo hizo Mariano Rajoy, cuando en 2012 recortó el salario de los funcionarios durante permisos de incapacidad temporal. Una baja médica acreditada por el médico, un permiso por fallecimiento de un familiar o una huelga legal son ausencias justificadas y no pueden usarse como argumento para el despido. Solo cuentan las faltas sin ningún amparo legal ni convencional, o aquellas que el trabajador no ha comunicado ni explicado. Si hay un litigio, es el propio trabajador quien debe demostrar que su ausencia tenía justificación; la empresa solo tiene que probar que la falta se produjo.

El Supremo cambió una regla que hasta entonces beneficiaba al trabajador. Antes, en muchos convenios, las ausencias se contaban dentro de cada mes del calendario: si alguien faltaba los últimos días de enero y los primeros de febrero, esas faltas no sumaban al mismo periodo y era más difícil alcanzar el umbral del despido. El Supremo ha establecido que el plazo se cuenta desde el día de la primera ausencia, sin importar si ese intervalo cruza el cambio de mes. El efecto práctico es que faltas antes dispersas pueden ahora acumularse en el mismo cómputo y facilitar el despido.

Hay además un requisito formal que la empresa no puede saltarse: antes de entregar la carta de despido, debe dar al trabajador la oportunidad de explicarse en una audiencia previa. Si no lo hace, el despido puede ser declarado improcedente por un juez aunque las ausencias fueran reales, lo que obliga a pagar una indemnización. El trabajador tiene 20 días hábiles para recurrir el despido ante los tribunales.

Aumentan las bajas, también los motivos

Aquí es donde entra el fichaje digital. Para que un despido por ausencias sea sólido ante un juez, la empresa necesita probar con documentación fiable que las faltas se produjeron. Con un registro en papel o en una hoja de Excel, el trabajador puede cuestionar que los datos fueron manipulados, y los tribunales han dado la razón en algunos casos a esa alegación. Un sistema digital con registros inalterables elimina ese problema: cada fichaje queda sellado con fecha y hora exactas, y cualquier modificación posterior deja rastro automático de quién la hizo y cuándo. Esa trazabilidad convierte el historial de asistencia en una prueba difícilmente rebatible ante un juez.

El mismo principio vale para los retrasos o las salidas anticipadas. El Tribunal Supremo ha aclarado que la impuntualidad no es solo llegar tarde, sino también marcharse antes de hora o ausentarse del puesto durante la jornada sin justificación. Un sistema digital registra todos esos supuestos con precisión; un papel, en la práctica, rara vez lo hace.

La calle se ha pasado la semana debatiendo el asunto, lo que ha servido para aportar luz sobre una realidad que objetivamente crece. El informe más reciente sobre absentismo en España, de este mismo jueves, concluye que, en efecto, España registra más bajas, pero también que no todas son fraude ni se solucionan bajando sueldos. Detrás del aumento, concluye el estudio, confluyen factores como el envejecimiento de la población trabajadora -las reformas de las pensiones empujan a trabajar más tiempo, pero una plantilla de más edad tiene mayor riesgo de bajas frecuentes y prolongadas- y señala la salud mental, los dolores de espalda o el propio desgaste laboral como las patologías que más despuntan.

El portavoz del PP, Borja Sémper, quien acaba de superar un cáncer, ha pedido en una entrevista en RAC1 “cautela” a quien use esa palabra para referirse a las bajas laborales, algo que “no es un capricho”.

El Tribunal Supremo ha ordenado este viernes a la Policía Nacional investigar el tráfico de billeteras digitales creadas por el eurodiputado Alvise Pérez, así como de sus socios de partido y ha solicitado a Se Acabó La Fiesta sus libros contables: contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral del partido en las elecciones la Parlamento Europeo en el año 2024.

Además, el Supremo ha esclarecido que con esta nueva orden contra Alvise quedan “en suspenso” las declaraciones a los investigados, así como la averiguación patrimonial de los investigados y de la agrupación de electores de Se Acabó La Fiesta para averiguar saldos y cuentas de los mismos y, tras obtener la información, facilitar esta a la Policía Nacional para analizar los movimientos de las cuentas desde 2023 para emitir un informe sobre los hechos de la investigación.

La nueva orden judicial contra el líder de la agrupación de extrema derecha surge tras el acuerdo de suspensión de su inmunidad parlamentaria como eurodiputado y se suma a las otras seis causas abiertas contra el político. La última, sobre un presunto delito de provocación para la comisión de desórdenes públicos agravados.

El canal de Telegram y el rol de Alvise

El Tribunal Supremo ha modificado su postura respecto a la investigación sobre la gestión y difusión de mensajes desde el denominado “Canal Alvise”. En mayo de 2025, el mismo tribunal había rechazado asumir la causa por considerar insuficientes los indicios que vincularan al aforado con ese canal, devolviendo el caso al Juzgado de Instrucción de Madrid para nuevas diligencias.

Las actuaciones adicionales practicadas en el juzgado han aportado nueva información determinante. El alto tribunal recibió un informe de la Comisaría General de Información que, según consta en el auto, acredita la vinculación de Alvise Pérez con la administración y control del canal en Telegram. El tribunal señala que el propio investigado habría reconocido públicamente esa relación y que el canal servía como plataforma directa de difusión a una amplia audiencia.

Con estos elementos, la Sala considera que se han superado las carencias indiciarias detectadas en la primera revisión del caso. Por ello, ha decidido asumir formalmente la competencia, designando a la magistrada Carmen Lamela Díaz como instructora y prorrogando la investigación durante seis meses, tal como había recomendado el Ministerio Fiscal.

El contenido de los mensajes publicados en el canal está ahora bajo escrutinio judicial. El auto sostiene que las publicaciones, valoradas en su conjunto, incluían llamamientos reiterados a colapsar infraestructuras clave, coordinar cortes de tráfico y dificultar el funcionamiento de puntos estratégicos, lo que podría implicar delitos de provocación, conspiración o proposición para desórdenes públicos agravados según el artículo 557.4 del Código Penal.

Aun así, el tribunal recalca que la apertura de la causa no significa criminalizar cualquier convocatoria de protesta ni cuestionar derechos fundamentales. Subraya que derechos como la libertad de expresión y de participación política gozan de protección reforzada, aunque aclara que esa protección no impide investigar si los indicios apuntan a una incitación pública a disturbios graves.

Las doce víctimas mortales han sido localizadas por los equipos de emergencia en una tragedia que el 112 ya califica como “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región. De hecho, se sitúa entre los siniestros más graves de la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas.

El balance sanitario incluye además dos personas hospitalizadas y otras cuatro atendidas sobre el terreno. Una mujer ha sido evacuada con quemaduras al Hospital Universitario Torrecárdenas y otra persona ha ingresado por inhalación de humo; también se sitúa entre los heridos a un hombre con quemaduras en Bédar y otra persona atendida por la rotura de un tobillo durante el desalojo.

Despliegue y evacuaciones

El fuego se ha iniciado por la tarde en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos, y se ha propagado con rapidez por una zona forestal próxima a numerosas viviendas. La evolución del incendio ha complicado la extinción y ha forzado un amplio despliegue de emergencia.

Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha elevado el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, por la evolución y el potencial del fuego, activando también a la UME.

Sanz ha calificado la situación de “tragedia sin precedentes”, lamentando que no se ha podido salvar la vida de estos doce vecinos: “No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”. Además, ante las complicaciones en las vías de evacuación, el consejero ha rogado máxima prudencia a la población y ha insistido en que se eviten las zonas afectadas y no se escojan “caminos que no están coordinados” sin el guiado explícito de las autoridades.

En la extinción trabaja el dispositivo autonómico, que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, técnicos de operaciones y extinción, cuatro autobombas y unidades médicas y de mando (UMIF, EMIF, REJA). Durante la tarde han llegado a intervenir 16 medios aéreos, entre ellos seis aviones de carga en tierra, siete helicópteros, un avión de coordinación y un anfibio pesado del Ministerio.

Las evacuaciones afectan a varios núcleos de población del Levante almeriense. Por el momento, siguen desalojados vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y viviendas del Pinar de Bédar, tal y como indica Diario de Almería.

54 personas se encuentran alojadas en el Centro de Artes Escénicas, que están siendo atendidas por los efectivos de emergencias y los voluntarios de Cruz Roja. Además, Cadena Ser indica que entre 80 y 100 vecinos han sido reubicados en Lubrín, en el teatro municipal y el polígono industrial, atendidos por la corporación local, el servicio de emergencias 112 y vecinos que han facilitado alimentos, agua y la apertura de comercios fuera del horario habitual.

Uno de los episodios más delicados de la noche se ha producido en la carretera principal de Bédar. El avance del fuego cruzó la calzada y convirtió la vía en una ratonera, lo que impidió utilizar los autocares previstos para la evacuación y obligó a desviar a gran parte de los afectados hacia Lubrín.

Carreteras cortadas y origen bajo investigación

La emergencia mantiene cortada la N-340A en las inmediaciones del incendio. El cierre buscan garantizar la seguridad de los equipos de extinción y de emergencias en una comarca con la movilidad muy condicionada.

La autovía A-7 había sido cortada entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente, pero ya ha sido reabierta en la madrugada.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 150 llamadas desde el inicio del incendio. Los primeros avisos situaban las llamas en el kilómetro 511 de la N-340A y varios alertantes indicaron que se había caído un cable antes de que comenzara un fuego que se extendió con rapidez hacia la masa forestal próxima a la carretera.

La causa del incendio sigue sin determinarse oficialmente y deberá aclararla la investigación. El centro coordinador ha activado al Centro Operativo Provincial del Infoca, a los bomberos, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, el Grupo de Emergencias de Andalucía y a la empresa suministradora de energía.

Teléfono de atención psicológica

En la madrugada de este viernes, Emergencias 112 Andalucía ha habilitado un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio.

Este servicio está disponible en el número 677 904 624 y lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED).

El cambio de viento complica el incendio

El cambio de viento ha propiciado que el incendio de Los Gallardos (Almería) esté retornando al núcleo poblacional, especialmente a la zona del barranco de Alfaix, donde se llevará a cabo el desalojo de los 250 vecinos que se encuentran en la zona.

Así lo ha trasladado a los periodistas el alcalde de Los Gallardos (Almería), Francisco Miguel Reyes Martín, que ha indicado que también están pendientes de un hotel británico que en temporada alta suele rondar los 400 o 500 turistas. El alcalde ha advertido de que la situación parece estar dificultándose como consecuencia del cambio de aire y la compleja orografía.

*Con información de EFE

El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso Leire, ha imputado este viernes a Juan Manuel Serrano, quien fuera exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español, y ha autorizado el volcado de su móvil, tras la petición realizada este mismo viernes por la Fiscalía Anticorrupción, al igual que pidió anteriormente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, mediante un informe implicó a Serrano también expresidente de Correos- en el caso Leire.

Según recoge el auto del juez Pedraz, el vaciado del móvil de Serrano permitirá conocer si la implicación del exjefe de gabinete se limitó a consentir las contrataciones ilícitas realizadas por Leire Díez dentro de Correos o su responsabilidad se extendió a impulsarla y dirigirla. Además, Pedraz considera que esta medida permitirá conocer su ámbito de responsabilidad en la toma de decisiones que nacieron en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, en la que él estaba presente y tras la que mantuvo constantes comunicaciones con Leire, según señala el auto.

De este modo, el juez a cargo de la investigación ha dado el visto bueno a el “clonado, volcado y análisis” en sede policial del teléfono móvil de Serrano, “con las condiciones técnicas necesarias” para asegurar la autenticidad e integridad de los datos. Por otra parte, las solicitudes de volcado de los dispositivos de la gerente socialista Ana María Fuentes Pacheco y el excapitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes han sido denegados.

Desde el Ministerio Fiscal apoyaron la petición del volcado telefónico y el análisis del móvil del exjefe de gabinete socialista. El anuncio surge tras el señalamiento previo de la Guaria Civil, tanto en la rama que investiga la “obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI” como en la supuesta organización que se dedicaba presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

“La primera de las actuaciones con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos”, destacaba el informe policial.

Serrano trabajó en desestabilizar causas judiciales

Según había señalado la UCO, en el periodo de tiempo en el que la exmilitante socialista dependió directamente de Serrano, Correos realizó una serie de contrataciones con el despacho de abogados SDEP & Carrillo, que, según su investigación, ya se habría beneficiado de la intervención del grupo Hirurok respecto de ENUSA, otra sociedad del grupo SEPI en la que previamente había trabajado Leire Díez como responsable de comunicación.

Además, la Unidad sostiene que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno a partir de la carta a la ciudadanía en la que Sánchez anunció el 24 de abril de 2024 que se tomaba unos días de reflexión tras la imputación de su mujer.

Anticorrupción, en contra de la petición realizada por la UCO, ha informado al juez que no solicitan que se examinen los teléfonos de la gerente del PSOE y de las dos trabajadoras, como había pedido la UCO. En su último informe, la Guardia Civil apunta a la “participación” de “una serie de personas incardinadas en la estructura del partido”: la gerente, Ana María Fuentes, y dos administrativas.

Los investigadores han considerado a la gerente la encargada “con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán” de “falsear dos notas de encargo profesional” con los despachos de dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Acerca de las dos administrativas apunta la Guardia Civil que habrían colaborado “desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada”.

Los Mossos d’Esquadra han pedido colaboración a la ciudadanía para conseguir identificar quién es la mujer que apareció muerta el pasado 3 de julio en el río Segre (Lleida). El cuerpo de policía catalán ha difundido en sus redes sociales una reconstrucción de la víctima, hecha con inteligencia artificial (IA), para aproximar cómo era la persona en vida. El trabajo ha dado resultado y han logrado identificar a la víctima.

“Trabajamos para identificar a esta mujer que encontramos muerta en el río Segre, a la altura del puente de los Institutos, en Lleida, el 3 de junio. Hemos creado esta imagen con IA. Si la reconoces, contáctanos”, han expresado en su cuenta de Twitter (ahora X). Los mossos encontraron el cuerpo sin vida de la joven flotando en el río Segre de Lleida, a la altura de la zona de los institutos, el pasado miércoles 3 de junio.

El cadáver, localizado sobre las 15:50 horas, no mostraba signos de violencia. A la espera de los resultados de la autopsia, los agentes abrieron una investigación para averiguar las causas de la muerte. Una semana después del hallazgo, los mossos no han logrado identificar a la mujer, por lo que piden ayuda a la ciudadanía. Según han informado, la víctima llevaba una camisa rosa, pantalones blancos y zapatillas deportivas de color negro.

La colaboración ciudadana ha dado resultado: tras recibir multitud de informaciones, los Mossos d’Esquadra lograron identificar a la mujer la tarde del jueves. “¡Muchas gracias por la ayuda y por todas las informaciones que nos habéis dado! Finalmente, gracias a las gestiones de investigación que teníamos abiertas, la hemos podido identificar”, han informado los Mossos d’Esquadra en la red social X.

Los agentes han confirmado que la víctima es una mujer de 50 años y nacionalidad española. El jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos en la Región Policial de Ponent, el inspector Sergi Mesalles, apuntó que el cuerpo “presenta una serie de elementos compatibles con cierta violencia”, si bien por el momento no se ha logrado determinar “si estos elementos violentos tienen un trasfondo o una tipología criminal”.

Un segundo cadáver en Lleida

El mismo día que localizaron el cadáver de la joven, los mossos encontraron otro cuerpo a las puertas del pantano de Utxesal, en Aitona (Lleida). La policía regional recibió el aviso, en este caso, a las 11:20 horas de la mañana por parte de una empresa de mantenimiento, alertando de que había un cuerpo flotando en el agua.

El cadáver llevaba días en el agua, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press. Los agentes continúan investigando el caso y esperan poder identificar a la persona, así como si se trata de una muerte natural o de un homicidio.

La muerte de Isak Andic, fundador de la reconocida cadena de moda Mango, ha desplegado una investigación judicial que mantiene en vilo a miles de personas. El suceso, ocurrido tras una caída por un barranco en Montserrat mientras caminaba junto a su hijo mayor, Jonathan Andic, ha abierto numerosos interrogantes sobre si se trató de un accidente o de un acto deliberado. La jueza al frente del caso ha puesto el foco en los lazos familiares, los conflictos económicos previos y, ahora especialmente, en la figura de la psicóloga Julia Lüderwaldt.

A medida que avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Andic, han surgido testimonios que apuntan a la influencia que Lüderwaldt ejercía sobre la familia. Su nombre apareció de forma recurrente en las declaraciones judiciales, no solo por su rol como mediadora en los desacuerdos económicos entre padre e hijo, sino también por su larga trayectoria como consejera personal de familias muy adineradas e influyentes en España.

Este factor ha llevado a los investigadores a analizar con especial detenimiento sus actividades y vínculos, especialmente porque los Mossos d’Esquadra le permitieron acogerse al secreto profesional durante su declaración judicial, que se extendió casi tres horas, según informa El Periódico.

Investigación a Julia Lüderwaldt por intrusismo profesional

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha iniciado una investigación formal contra Julia Lüderwaldt por presunto intrusismo en el ejercicio de la psicología. El organismo confirmó que “no consta” que Lüderwaldt haya estado colegiada ni en este colegio ni en ningún otro del territorio español. Además, el COPC aclara que, al no estar registrada como psicóloga, la institución no dispone de información sobre sus estudios ni sobre titulación alguna que la habilite legalmente para ejercer.

Según el COPC, para trabajar como psicólogo en España es obligatorio poseer, al menos, la titulación universitaria correspondiente y estar colegiado. La ley 7/2006 de las profesiones colegiadas establece que la no colegiación se considera una falta administrativa, susceptible de sanciones económicas. Esta normativa busca garantizar la calidad y legalidad en la prestación de servicios psicológicos, así como la protección de los derechos de los pacientes.

En el marco de esta investigación, el COPC también recordó que el secreto profesional no depende de la colegiación, sino de la legislación general vigente. Por tanto, incluso quienes ejercen sin estar colegiados están obligados a respetar la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de su labor, aunque la autoridad judicial es la que debe decidir si corresponde exonerar o no a la persona citada de declarar sobre determinados hechos.

Los 40 millones de euros y una estrecha relación

Julia Lüderwaldt, de 58 años, ha trabajado durante más de una década como consejera personal de familias influyentes en España, entre ellas los Andic, los Sánchez Vicario y miembros del entorno Urdangarin. Su actividad, sin embargo, transcurría sin que existiera constancia oficial de su trabajo ni de ninguna titulación en psicología. Fuentes anónimas describen a Lüderwaldt como una persona con notable capacidad para influir emocionalmente en sus clientes, generando situaciones de dependencia y cobrando sumas elevadas por sus servicios.

El papel de Lüderwaldt en el caso Andic ha cobrado especial relevancia tras su comparecencia ante la jueza encargada de la investigación. Actuó como mediadora en los conflictos económicos surgidos entre Isak Andic y su hijo Jonathan, justo antes del fallecimiento del fundador de Mango. Según La Vanguardia, Lüderwaldt llegó a condicionar a Isaak Andic para que le diera a su hijo una suma de 40 millones de euros, lo que ha suscitado aún más dudas sobre su manera de operar.

Además, la relación de confianza que mantenía con Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, y su proximidad al núcleo íntimo de la familia han convertido a Lüderwaldt en una figura clave para la investigación judicial. La jueza evalúa hasta qué punto su intervención pudo influir en los hechos y en las decisiones tomadas por los protagonistas del caso. Mientras tanto, el proceso continúa y se espera que, en las próximas semanas, se aclaren tanto las circunstancias de la muerte de Andic como la responsabilidad de quienes formaban parte de su entorno más cercano.

George Orwell (Motihari, Raj Británico, 1903) sentenció en 1946 que el lenguaje político “está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable, y para dar apariencia de solidez al puro viento”. La frase procede del ensayo Politics and the English Language (La política y la lengua inglesa), publicado ese año en la revista literaria Horizon.

El escritor y periodista, cuyo verdadero nombre fue Eric Arthur Blair, vivió en condiciones de pobreza en París y Londres -experiencia que documentó en Down and Out in Paris and London (Sin blanca en París y Londres, 1933)- y combatió en la Guerra Civil española entre diciembre de 1936 y junio de 1937, encuadrado en las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), de corte antiestalinista.

Fue en Barcelona donde Orwell recibió un disparo en la garganta en el frente de Aragón, y donde presenció las purgas que el Partido Comunista, respaldado por la Unión Soviética, ejecutó contra el POUM y los anarquistas dentro del bando republicano. En una carta a su amigo Cyril Connolly, fechada el 8 de junio de 1937, escribió: “Al fin realmente creo en el socialismo, lo que nunca había hecho antes.”

En su ensayo Why I Write (Por qué escribo, 1946), dejó: “Cada línea de trabajo serio que he escrito desde 1936 ha sido directa o indirectamente contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático”.

Los vicios del lenguaje político

El ensayo La política y la lengua inglesa parte de una tesis sobre la relación entre el lenguaje y el pensamiento político. Orwell sostiene que el lenguaje se vuelve impreciso porque los pensamientos son confusos, pero que esa imprecisión, a su vez, facilita pensamientos aún más confusos. Para ilustrarlo usa la siguiente analogía: “Un hombre puede empezar a beber porque se siente un fracasado, y luego fracasar aún más completamente porque bebe.” La degradación del lenguaje y la del pensamiento político, argumenta, se refuerzan mutuamente.

El mecanismo central que Orwell identifica en el lenguaje político es el eufemismo: nombrar hechos sin evocar imágenes mentales de lo que realmente son. El ensayo incluye ejemplos concretos: “Aldeas indefensas son bombardeadas desde el aire, sus habitantes expulsados al campo, el ganado ametrallado, las chozas incendiadas: a esto se le llama pacificación. Millones de campesinos son despojados de sus tierras y enviados a caminar por las carreteras con lo poco que pueden cargar: a esto se le llama traslado de población o rectificación de fronteras. Personas encarceladas durante años sin juicio, o fusiladas en la nuca, o enviadas a morir de escorbuto en campos de trabajo árticos: a esto se le llama eliminación de elementos poco fiables.”

Junto al eufemismo, Orwell describe otros dos vicios del lenguaje político: la “dicción pretenciosa” -el uso de palabras latinas o científicas para dar apariencia de objetividad a juicios sesgados- y las “palabras sin sentido”, expresiones tan vagas que han perdido todo contenido concreto. Señala que la palabra “fascismo”, para cuando escribió el ensayo, ya no tenía más significado que “algo indeseable”.

Seis reglas para el escritor

El ensayo concluye con seis reglas para el escritor. Entre ellas: no usar nunca una metáfora que ya se haya visto impresa; no usar una palabra larga cuando una corta sirve; suprimir toda palabra prescindible; no usar la voz pasiva donde sea posible la activa; no recurrir a una expresión extranjera, científica o de jerga cuando existe un equivalente cotidiano. La sexta regla establece que cualquiera de las anteriores puede romperse “antes que decir algo directamente bárbaro”.

Los temas del ensayo anticipan el concepto de Newspeak -neolengua- que Orwell desarrolló en su novela Nineteen Eighty-Four (1984, 1949), donde el régimen totalitario de Oceanía construye un idioma diseñado para reducir el número de palabras disponibles y, con ello, el rango de pensamientos posibles. El académico Michael Shelden describió el Newspeak como “el lenguaje perfecto para una sociedad de malos escritores, porque reduce el número de opciones disponibles para ellos.”

El historiador de la Universidad de Stanford Peter Stansky, en su estudio The Socialist Patriot: George Orwell and War, identifica cuatro conflictos que estructuraron la obra de Orwell: la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La política y la lengua inglesa fue escrito en 1946, el mismo año en que publicó Por qué escribo, un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Orwell murió de tuberculosis el 21 de enero de 1950 en Londres, a los 46 años.

La Orwell Foundation, organización con sede en el Reino Unido dedicada a preservar y difundir su obra, mantiene el texto completo de La política y la lengua inglesa en acceso libre en su sitio web, donde figura como uno de los ensayos más consultados del autor.

La casa de la soberanía del pueblo español, el Congreso de los Diputados, tiene unos 77 relojes. Su correcto funcionamiento es un pozo sin fondo, ya que constituye uno de los principales “gastos corrientes en bienes y servicios” del presupuesto de la Cámara. Para este año 2026 hay previstos 425.000 euros para que los relojes sean puntuales. En los primeros tres meses del año ya se habían gastado en este menester 273.000 euros, según el presupuesto ejecutado entre enero y marzo de este año. Desde el año 2023, el Congreso presupuesta estos 425.000 euros anuales para que su relojería esté siempre a punto. En esos tres ejercicios, 2023, 2024 y 2025, se terminaron invirtiendo los 425.000 euros anuales, es decir, 1.350.000 euros, a los que ya hay que sumar los 273.000 euros de los tres primeros meses de 2026.

En pleno siglo XXI, los relojes del Congreso son “elementos imprescindibles para saber el momento exacto de inicio y fin de las reuniones, controlar la duración de las intervenciones y, aún hoy, servir de referencia para hacer constar las horas y los minutos en los diarios de sesiones”. Algunos son tan especiales que José Daniel Barquero, presidente del Museo Internacional de Alta Relojería de Bolsillo, escribió hace uno años el libro ‘Los relojes del Congreso’, a la que define como “la colección más representativa de relojería de España”. Estamos hablando de máquinas fabricadas en los siglos XVIII, XIX y XX, muchas de cuerda, otras de sobremesa, realizadas todas por maestros premiados por encontrar la precisión horaria. Incluso hay relojeros espías que se llegaron a infiltrar en los lobbies del Congreso.

Uno de los más famosos es el que está en el conocido como “escritorio del reloj” del Congreso, junto al Salón de Sesiones. Se trata de una máquina de péndulo con caja de caoba construida en 1857. Es un reloj astronómico que cuenta con una llamativa esfera en su cuerpo superior que representa la posición de la Tierra, la Luna y el Sol. El reloj astronómico señala además la estación en la que nos encontramos y la posición de los planetas. También registra datos como la temperatura y la humedad. Luego está el reloj de la Sala de la Reina: otra joya de mediados del XIX que en su día presidió el hemiciclo.

Desde diciembre de 2023, el relojero oficial del Congreso es Alberto José Vélez Leal, que fue el único profesional que se presentó al contrato del “servicio de mantenimiento de la colección de relojes”. Por ese trabajo se lleva 54.000 euros por tres ejercicios: 2024, 2025 y 2026. Sus funciones son: llevar a cabo las tareas de investigación necesarias para procurar un mejor mantenimiento de los relojes; dar cuerda y ajustar semanalmente todos los relojes; engrasar toda la maquinaria al menos una vez al año; cambiar las pilas de todos los relojes electrónicos o de cuarzo al menos una vez al año; funciones de limpieza: y ajustar los relojes al horario de verano e invierno. La pregunta es que si estas funciones suponen un coste de 18.000 euros al año, ¿por qué el Congreso presupuesta 450.000 euros cada ejercicio en su mantenimiento?

Algunos, sin fecha

Uno de los relojes más antiguos que custodia el Congreso es un reloj joya de la saga de maestros relojeros ‘Le Roy’ ubicados en París. Este reloj representa el cuerno de la abundancia y está provisto de una esfera en esmalte sobre cobre convexo con enumeración romana. También destaca el reloj French Royal Exchange, un reloj de pared de gran tamaño, que tiene una maquinaria inglesa de ocho días de cuerda con un sistema de llave y transmisión de cadena. Antes daba la hora en el Hemiciclo y ahora está situado en el Salón de la Reina del Congreso. Hay otros cuatro que están catalogados sin fecha. Otra de las ‘joyas’ de la Cámara es una reloj inglés estilo Regencia de época victoriana. Metido en una caja de palma de caoba con incrustaciones de metal decorativas geometrizadas. Tiene esfera blanca con bisel dorado y números romanos. Fechado en 1850 está en el comedor pequeño.

Manuel tiene 54 años, es economista y gana 3.534 euros netos al mes. Limpios. Él considera que “tiene un buen salario”, pero no podrá ser inquilino de uno de los pisos de “renta asequible” que promueve el Ayuntamiento de Madrid. La inmobiliaria privada que gestiona la promoción que le interesaba le ha rechazado alegando “falta de viabilidad económica”. Y eso que la renta a pagar es de 1.037 euros. “Mis ingresos netos mensuales en 12 pagas son esos 3.534 euros, sin cargas financieras relevantes, lo que situaría el esfuerzo de alquiler en torno al 29,34%. Aún así, no valgo para optar a estas casas”, señala Manuel, que ha presentado una denuncia ante la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción.

El Gobierno local que dirige José Luis Martínez-Almeida sacó a concurso 25 parcelas municipales (150.000 metros cuadrados) para que empresas privadas construyan 2.100 viviendas destinadas al “alquiler de renta asequible”. Varias promotoras se han quedado ya con el suelo, levantarán los pisos y gestionarán el alquiler durante 45 años. Pasado ese tiempo, el Consistorio se quedará con los inmuebles. El Ayuntamiento limita los precios para que el alquiler en esas zonas sea, en teoría, un 25% inferior al del mercado y sea accesible para más ciudadanos. Las parcelas se dividieron en cinco lotes.

Uno de ellos, el 4, se lo ha llevado la UTE formada por las promotoras Avintia y Pecsa. Se trata de 452 viviendas distribuidas en cinco parcelas. Manuel se interesó por una de las promociones, bautizada como ‘La Alegría’, situada en el distrito de Ciudad Lineal. “Inicié la solicitud para una casa de dos dormitorios con una renta mensual anunciada de 1.037 euros al mes”. Pero la vivienda no estaba comercializada ni por Avintia ni por Pecsa, sino por la inmobiliaria Alkira Living, que anuncia en su web que para poder acceder a estos pisos “el arrendatario deberá acreditar que sus ingresos anuales de la unidad familiar o unidad de convivencia a la que pertenezca” no superen un límite: 7,35 veces el IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es decir, 52.920 euros si el sueldo se recibe en 12 pagas.

Manuel cumplía los requisitos económicos y el 22 de mayo inició el proceso de solicitud de la vivienda. Visitó la casa y remitió la documentación requerida, incluyendo DNI, tres últimas nóminas, declaración de la renta, vida laboral, certificado de cotizaciones, contrato laboral, sentencia de divorcio y empadronamiento en Madrid. “No tengo préstamo hipotecario, ni préstamo personal ni otras cargas financieras relevantes”, explica Manuel, que asegura que Alkira le llegó a pedir en tres ocasiones la documentación que les presentó la primera vez, sin explicar por qué. “Esta reiteración de requerimientos, sin explicación clara sobre pérdida, invalidez o incidencia documental, constituye ya un primer indicio de falta de trazabilidad interna en la gestión de solicitudes”, afirma este economista.

¿Cuál es el baremo de rechazo?

El 11 de junio, Alkira Living le comunicó que su solicitud no superaba el estudio de viabilidad económica. “Una comunicación que se limitaba a indicar, de forma genérica, que no había superado ese estudio, pero no venía acompañada de ningún método de cálculo aplicado, ingresos computados, ratio de esfuerzo aplicado, gastos o cargas considerados, posibilidad de subsanación, criterios objetivos de exclusión, ni explicación alguna que permitiera conocer la causa real de la denegación”, continúa Manuel. “Es incomprensible. Les he escrito pidiendo explicaciones sobre cómo elaboran sus motivaciones de denegación. Nunca he obtenido respuesta”.

El siguiente paso de Manuel fue poner una reclamación en el Ayuntamiento, ya que este vecino de la capital entiende que esta promoción se inserta en un expediente público municipal y que corresponde al Ayuntamiento supervisar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación y explotación. Al no recibir tampoco respuesta, ha puesto una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. El escrito quiere que esta entidad municipal le diga si “una entidad privada puede denegar solicitudes de viviendas de renta limitada promovidas sobre suelo municipal mediante fórmulas genéricas, sin cálculo, sin baremo, sin posibilidad real de subsanación y sin control público efectivo, lo que podría comprometer la finalidad social del programa y producirse una selección opaca de beneficiarios”.

Pedro Barrero, concejal socialista, señala que con este sistema “el Ayuntamiento deja todo en manos privadas, la construcción de las viviendas, la promoción y la gestión. Luego las promotoras están contratando a terceros para hacer la selección de los inquilinos sin ningún tipo de criterio. Lo único que les importa es que el alquiler no supere el 30% de sus ingresos. Pero todo este sistema no lo controla nadie. Este suelo es patrimonio público y nadie controla nada. Estamos recopilando información de varias promociones porque hay varias denuncias”, explica el edil.

“Mi caso revela un posible problema estructural: que una entidad privada pueda filtrar o excluir solicitantes de viviendas asequibles construidas sobre suelo público mediante criterios no publicados, no trazables y aparentemente no fiscalizados por el Ayuntamiento” sentencia Manuel, que ha pedido a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción si el Consistorio está supervisando las solicitudes y si la falta de transparencia puede estar desvirtuando la finalidad social de este programa público de vivienda.

Promoción cedida

Alkira Living no aparece en los pliegos como adjudicataria de estas parcelas ni como miembro de la UTE Avintia y Pecsa. Es decir, aunque en un principio intervenga en la captación, registro, verificación documental o gestión del inquilino, las obligaciones del pliego siguen recayendo sobre el contratista. Infobae ha intentado contactar, sin éxito, con Alkira. Con quien sí ha podido hablar es con un portavoz de Avintia. “Nosotros fuimos adjudicatarios y promovimos la obra; una vez terminada la obra, se cedió, no tenemos nada que ver con la comercializadora”, señala.

A estos pisos se accede a través de un “proceso comercial”, detallaba el Consistorio en una nota de prensa cuando anunció esta cesión de suelo, descartando la vía del sorteo abierto o público. Así, para conseguir uno de estos alquileres, hay que recurrir a portales como Idealista o llamar a una de las inmobiliarias contratadas por los promotores. Desde el Área de Urbanismo del Consistorio señalan a este diario que “el adjudicatario del contrato es una cooperativa, obligada como cualquier otro propietario, sea persona física o jurídica, a que durante 15 años los pisos sean arrendados a precios asequibles y el arrendatario debe cumplir los requisitos fijados en el pliego”.

“Si estas obligaciones de destino a alquiler asequible y limitaciones en las rentas y en las condiciones de arrendamiento se incumplieran, el Ayuntamiento actuaría conforme prevé el pliego”, matizan desde Urbanismo. ¿Qué controles? Presentar anualmente, durante el periodo de 15 años, informe de auditoría externa independiente que acredite que se mantienen los límites de renta que resulten de la adjudicación. En cualquier momento durante ese plazo de 15 años, la Administración podrá solicitar la relación individualizada de los contratos en vigor y la documentación complementaria de los mismos, a fin de que se acredite que las personas que arriendan las viviendas construidas lo hacen en las condiciones de renta y con los límites establecidos en el pliego. El control es, por tanto, sobre los inquilinos definitivos, no sobre los solicitantes.

Tener autorización de residencia en España no basta para evitar un internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) si sobre esa persona pesa una prohibición de entrada en el espacio Schengen acordada por otro país europeo. Ese es el criterio que ha confirmado la Audiencia Provincial de Navarra al rechazar el recurso presentado por un ciudadano marroquí de 23 años que pretendía dejar sin efecto su ingreso en el CIE de Madrid mientras se tramita su devolución a Marruecos.

La resolución respalda la decisión adoptada días antes por un juzgado de Pamplona y considera que la existencia de una orden de retorno emitida por Alemania, con efectos en todo el territorio Schengen, justifica tanto la devolución como el internamiento cautelar necesario para hacerla efectiva. Además, deja claro que el procedimiento para autorizar el ingreso en un CIE no sirve para revisar si la expulsión acordada por otro Estado miembro fue correcta, sino únicamente para comprobar que existe una resolución válida y ejecutable.

Un control policial destapó una orden vigente en toda Europa

El origen del caso está en un control realizado el 25 de mayo de 2026 por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Navarra. Al comprobar la identidad del joven, los agentes detectaron que figuraba en el Sistema de Información Schengen (SIS) una prohibición de entrada impuesta por Alemania y vigente hasta mayo de 2027.

Las autoridades alemanas habían dictado esa medida después de que el ciudadano abandonara el país sin cumplir una orden de retorno. La información remitida a España a través de los mecanismos de cooperación policial europeos señalaba además que aquella decisión estaba relacionada con varios hechos calificados como cuatro robos, un fraude y un robo con agravantes.

Con esa información, la Delegación del Gobierno en Navarra ordenó su devolución a Marruecos. Como la expulsión no podía ejecutarse de forma inmediata, la Policía solicitó autorización judicial para internarlo temporalmente en el CIE de Madrid mientras organizaba el dispositivo necesario para el traslado, que incluía la reserva de un vuelo y la coordinación de la escolta policial.

La defensa alegó arraigo, trabajo y problemas de salud

El caso presentaba, sin embargo, una circunstancia poco habitual. El joven no era un inmigrante en situación irregular en España. Había llegado años antes como menor extranjero no acompañado y había obtenido una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, cuya renovación todavía podía solicitar. Precisamente por ello, toda su defensa giró en torno a una idea: que su residencia legal, su arraigo y su integración hacían desproporcionado el internamiento.

En el recurso presentado ante la Audiencia Provincial, el abogado del joven sostuvo que el internamiento vulneraba sus derechos fundamentales por varios motivos. El primero era estrictamente procesal. La defensa aseguraba que el arresto se produjo aproximadamente una hora antes de la reflejada por la Policía y que, cuando compareció ante el juez para decidir sobre su ingreso en el CIE, ya habían transcurrido las 72 horas máximas de detención permitidas por la ley. Según esa versión, debía haber sido puesto inmediatamente en libertad.

El recurso también insistía en que el joven estaba plenamente integrado en España. Llevaba residiendo en Navarra desde 2019, tenía domicilio conocido, trabajaba como repartidor para la plataforma Glovo, participaba en programas de integración y aprendizaje del castellano y percibía ayudas sociales mientras consolidaba su situación administrativa. Además, carecía de antecedentes penales y policiales en España.

La defensa añadió otro elemento: el joven recibía tratamiento psiquiátrico por trastornos disociativos y crisis de ansiedad, circunstancias que, a su juicio, también debían haber pesado a la hora de valorar la proporcionalidad del internamiento.

Junto a ello, cuestionó el propio fundamento de la prohibición de entrada alemana. Argumentó que el expediente no incorporaba la resolución completa dictada por las autoridades germanas, sino únicamente una referencia genérica a varios delitos, sin que constara si existían condenas penales. Incluso explicó que ya se habían iniciado contactos con el Consulado de Alemania para intentar obtener la revocación anticipada de esa prohibición.

La Audiencia recuerda que el debate no era la expulsión

La Audiencia Provincial de Navarra rechaza todos esos argumentos y confirma íntegramente el internamiento. Respecto al supuesto exceso del plazo de detención, señala que la única hora acreditada es la recogida en el atestado policial y que la versión ofrecida por el recurrente carece de respaldo objetivo. En consecuencia, concluye que cuando se celebró la comparecencia judicial todavía no habían expirado las 72 horas legales.

Más relevante resulta el razonamiento sobre el fondo del asunto. La resolución insiste en que el procedimiento de internamiento tiene un alcance muy limitado. El juez no debe decidir si la expulsión es o no correcta ni revisar los motivos por los que Alemania acordó la prohibición de entrada. Su función consiste únicamente en comprobar que existe una resolución administrativa válida y que concurren los requisitos para autorizar el ingreso temporal en un CIE mientras se ejecuta la devolución.

En ese contexto, la Audiencia recuerda que las prohibiciones de entrada registradas por un Estado miembro en el Sistema de Información Schengen despliegan efectos en todos los países que integran ese espacio común. Es decir, impiden al afectado entrar, circular o residir en cualquiera de ellos mientras permanezcan vigentes, con independencia de que hubiera obtenido previamente una autorización de residencia en otro Estado, salvo supuestos excepcionales previstos por la normativa.

Los magistrados añaden que el propio recurso reconoce que la defensa estaba intentando convencer a las autoridades alemanas para que dejaran sin efecto la prohibición de entrada. Sin embargo, destacan que no consta que esa resolución hubiera sido recurrida formalmente en Alemania, que es donde, a juicio de la Audiencia, deben discutirse las circunstancias personales del afectado y la eventual cancelación de la medida.

Con esa argumentación, la Audiencia Provincial de Navarra confirma el auto que autorizó el ingreso del joven en el CIE de Madrid durante el tiempo imprescindible —con un máximo de 60 días— para ejecutar su devolución a Marruecos en cumplimiento de la prohibición de entrada que Alemania mantiene vigente en todo el espacio Schengen.

El revólver con munición real que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entregó como regalo institucional a Pedro Sánchez durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara ya se encuentra bajo custodia del Ministerio del Interior. El arma ha sido entregada a la Guardia Civil, que será la encargada de inutilizarla para impedir que pueda volver a disparar antes de inventariarla y almacenarla como una pieza de colección.

Fuentes del Gobierno han confirmado a EFE que el obsequio ya está en manos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, mientras que desde Interior precisan que será el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil el responsable de llevar a cabo el proceso de inutilización, el trámite habitual para este tipo de armas cuando pasan a tener un valor exclusivamente expositivo o de colección.

El revólver llegó directamente a España tras la cumbre de la Alianza Atlántica, aunque Pedro Sánchez no regresó con la delegación española. El presidente del Gobierno puso rumbo desde Ankara a Londres para asistir a la ceremonia de graduación de su hija, mientras el regalo institucional seguía el procedimiento previsto por las autoridades españolas.

El obsequio no fue exclusivo del jefe del Ejecutivo español. Erdogan, anfitrión de la cumbre de la OTAN, entregó un revólver personalizado a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes al encuentro. Cada arma llevaba grabado el nombre de su destinatario y se entregó junto con munición real y un documento oficial que autorizaba su exportación desde Turquía, evitando así problemas en los controles fronterizos.

Según explican desde Moncloa, la entrega se realizó a través de las oficinas de protocolo de ambos países, al tratarse de un regalo institucional intercambiado en el marco de la cumbre.

Un mismo regalo, distintas decisiones

La naturaleza del obsequio ha llevado a que cada país haya gestionado el arma de forma diferente, aunque la mayoría de los líderes ha optado por ponerla inmediatamente en manos de las autoridades competentes para garantizar su custodia y proceder a su inutilización.

Otros dirigentes han adoptado soluciones similares a la de España. El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, entregó el arma a la Policía a su regreso al país para que fuera depositada en una caja fuerte y sometida a los protocolos correspondientes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció el regalo y, según ha explicado su equipo, el revólver será transportado y almacenado de forma segura hasta que sea inutilizado. Después será donado a un museo militar. El primer ministro canadiense, Mark Carney, también optó por entregar el arma a la Policía de su país para que determine cuál debe ser su destino definitivo.

Desde museos hasta embajadas

No todos los dirigentes han seguido exactamente el mismo procedimiento. El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió no trasladar el arma inmediatamente al Reino Unido y la dejó en Ankara en manos de funcionarios británicos para que fuera manipulada antes de su envío. Según Downing Street, el estuche entregado por las autoridades turcas incluía, además del revólver, un kit de limpieza y 500 cartuchos de munición.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni depositó el arma en la sede del Gobierno, el Palazzo Chigi, mientras que el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, tiene previsto donarla al Museo de la Guerra de Atenas.

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, dejó inicialmente el revólver en el despacho de aduanas del aeropuerto de Varsovia hasta decidir un lugar donde conservarlo “de forma segura” y respetando su condición de regalo institucional. Los primeros ministros de Países Bajos y Suecia también optaron por dejar sus armas en las respectivas embajadas de sus países en Ankara mientras se completan los trámites necesarios para su traslado. En el caso neerlandés, el Gobierno ya ha adelantado que el revólver será inutilizado, mientras que Suecia seguía gestionando el envío.

La llegada del arma a España coincide además con el debate abierto en torno a los regalos institucionales que reciben los responsables públicos, alimentado en las últimas semanas por la investigación judicial relacionada con las joyas halladas en la caja fuerte del despacho profesional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En el caso del obsequio recibido por Pedro Sánchez, el Ejecutivo insiste en que se ha seguido el procedimiento previsto para este tipo de presentes oficiales. El revólver permanece ya bajo la custodia del Ministerio del Interior y será la Guardia Civil la encargada de inutilizarlo antes de que pase a formar parte del inventario y quede conservado como una pieza de colección.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado hace más de tres años por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron con la intención de estrechar la relación entre ambos países, ha vuelto a quedar bloqueado este jueves por decisión del Senado. La mayoría absoluta del PP, con el apoyo de Vox, ha sacado adelante una cuestión previa para que el Tribunal Constitucional determine si uno de sus artículos es compatible con la Constitución, un paso que paraliza por el momento su ratificación definitiva por las Cortes.

La iniciativa ha prosperado con 146 votos a favor, 112 en contra y dos abstenciones. El detonante es el artículo 2.4 del tratado, un apartado que contempla que un ministro español y otro francés puedan ser invitados, al menos una vez cada tres meses y de forma alterna, a participar en reuniones del Consejo de Ministros del otro país. Para el PP, esa previsión plantea dudas de constitucionalidad que deben resolverse antes de que el acuerdo entre en vigor. El Gobierno sostiene, por el contrario, que el texto ya fue aclarado mediante una interpretación conjunta con Francia y que en ningún caso supone que un ministro extranjero forme parte del Consejo de Ministros.

La votación de este jueves supone un nuevo capítulo en la accidentada tramitación parlamentaria del tratado. El Congreso lo aprobó el pasado 18 de junio, después de que Junts y Podemos cambiaran el sentido de su voto respecto al año anterior y respaldaran el texto. Sin embargo, el Senado ya había frenado una primera ratificación en 2025 recurriendo también al Constitucional, que finalmente no llegó a pronunciarse porque el tratado decayó durante su paso por la Cámara Baja.

Ahora, con el acuerdo nuevamente aprobado por el Congreso, el PP ha reactivado la misma estrategia. El Constitucional tendrá que decidir si existe contradicción entre el artículo cuestionado y la Carta Magna antes de que el tratado pueda culminar su recorrido parlamentario.

Un acuerdo para reforzar una relación estratégica

Aunque toda la atención política se ha concentrado en un único artículo, el Tratado de Amistad y Cooperación es un documento mucho más amplio. Firmado el 19 de enero de 2023 durante la cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona, nació con el objetivo de dar un salto cualitativo a la relación entre dos países que comparten una de las fronteras más importantes de la Unión Europea y mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración política, económica y de seguridad.

El acuerdo pretende hacer permanente esa cooperación y dotarla de mecanismos estables. Francia ya había suscrito tratados similares con Alemania e Italia, y España aspiraba a situarse en ese mismo nivel de interlocución privilegiada con uno de sus principales socios europeos.

La finalidad del texto es institucionalizar una cooperación que ya existe y facilitar que ambos gobiernos coordinen posiciones de manera más frecuente y estructurada. Para ello, el tratado establece la celebración de cumbres bilaterales todos los años entre los presidentes de ambos países y reuniones periódicas entre ministros para preparar posiciones comunes antes de las grandes citas europeas. La idea es que esa coordinación no dependa únicamente de la actualidad política, sino que forme parte del funcionamiento habitual de las relaciones entre Madrid y París.

El acuerdo también amplía la colaboración en ámbitos como la política exterior, la defensa y la seguridad, incluyendo la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, las amenazas híbridas y la protección civil. A ello se suman compromisos para reforzar la cooperación en materia energética, impulsar las interconexiones entre ambos países, desarrollar infraestructuras comunes y avanzar en proyectos relacionados con la transición ecológica.

Otro de sus capítulos pone el foco en la economía, la investigación, la innovación, la educación, la cultura y los intercambios entre jóvenes, con el propósito de facilitar proyectos conjuntos y estrechar la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas.

Especial relevancia adquieren las zonas fronterizas. El tratado prevé mejorar la coordinación entre administraciones para simplificar la prestación de servicios públicos, favorecer la movilidad de los ciudadanos y desarrollar iniciativas compartidas en territorios donde la cooperación entre ambos países resulta cotidiana. Se trata de una cuestión especialmente relevante para el millón de personas que viven en municipios próximos a la frontera y para los cientos de miles de españoles residentes en Francia.

En definitiva, el objetivo del acuerdo es consolidar una relación política permanente entre dos socios estratégicos de la Unión Europea mediante un marco estable de colaboración que vaya más allá de los cambios de gobierno o de las circunstancias políticas de cada momento.

El artículo 2.4, origen de toda la controversia

Sin embargo, prácticamente todo ese contenido ha quedado eclipsado por la polémica generada alrededor del artículo 2.4. Ese apartado establece que un miembro del Gobierno español y otro del Gobierno francés podrán ser invitados, de forma alterna y con una periodicidad mínima trimestral, a participar en reuniones del Consejo de Ministros del otro país.

La redacción pretendía simbolizar el elevado grado de confianza y cooperación entre ambos Ejecutivos, pero ha acabado convirtiéndose en el principal obstáculo para la entrada en vigor del tratado.

El PP sostiene que la composición del Consejo de Ministros está regulada por la Constitución y considera que permitir la participación de un miembro de un Gobierno extranjero plantea dudas que deben ser resueltas por el Tribunal Constitucional. Por ese motivo promovió ya una cuestión previa en 2025 y ha vuelto a hacerlo ahora, una vez que el Congreso ha aprobado definitivamente el tratado.

Para evitar que ese artículo frustrara nuevamente la ratificación, los ministros de Asuntos Exteriores de España y Francia alcanzaron el pasado mes de abril una interpretación conjunta del texto. En ella se precisa que la invitación prevista en el artículo 2.4 debe entenderse como una participación “en los márgenes” del Consejo de Ministros, es decir, mediante una reunión separada de la sesión oficial y sin intervenir en las deliberaciones ni en la toma de decisiones del Ejecutivo.

El Gobierno considera que esa aclaración despeja cualquier duda sobre la constitucionalidad del tratado y defiende que nunca estuvo previsto que un ministro francés pudiera integrarse en el Consejo de Ministros español o viceversa.

El PP discrepa. En el requerimiento aprobado este jueves sostiene que esa cláusula interpretativa no modifica el contenido del tratado ni forma parte de su articulado, por lo que ambos gobiernos podrían adoptar en el futuro otra interpretación distinta. Además, considera que expresiones como “en los márgenes del Consejo” o “reunión por separado” son demasiado ambiguas y, lejos de eliminar las dudas, las acrecientan.

La decisión adoptada este jueves devuelve ahora la última palabra al Tribunal Constitucional. Hasta que el alto tribunal determine si el artículo 2.4 es o no compatible con la Constitución, la ratificación definitiva del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia volverá a permanecer en suspenso, prolongando un bloqueo que ya impidió su entrada en vigor hace poco más de un año.

“Basta ya, no caben más excusas”. El sector de los profesionales del lobby, grupos que se dedican de forma profesional a influir en las decisiones de la Administración Pública en representación de los intereses sectoriales, reclama desatascar la ley para delimitar de forma clara la diferencia entre la actividad legítima y el tráfico de influencias.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por, presuntamente, influir en el Ejecutivo para aprobar un rescate a la aerolínea Plus Ultra valorado en 53 millones de euros, volvió a recordar que en España no existe una ley específica que ayude a prevenir este tipo de fraudes, como sí ocurre en las instituciones europeas y en muchos países de la UE.

Porque esa ley se queda, de momento, en un anuncio. El presidente del Gobierno propuso en octubre de 2025 una ley que se basaba en un principio tan sencillo como un registro para consultar quién busca influir en quién, sobre qué norma, qué se considera como “grupo de interés” y quién como “personal público” más allá de los políticos (sus asesores, el equipo jurídico que prepara las leyes...).

Políticos disfrazados de lobistas

Cabe recordar que el exlíder socialista no es el único que ha desarrollado actividad fuera de la política tras abandonar La Moncloa. En España hay una larga lista de altos cargos políticos —personas con mucha influencia— que han acabado en puestos de grandes corporaciones, como los expresidentes José María Aznar y Felipe González en la eléctrica Endesa. El lobby eléctrico gasta casi medio millón de euros en ejercer presión en la UE a la hora de elaborar las leyes, según un informe Radiografía del lobby del mercado eléctrico. Otros casos son el exministro de Defensa Pedro Morenés en el Grupo Amper; el exgobernador del Banco de España o Pablo Hernández de Cos en el Banco de Pagos Internacionales.

La medida se encuentra en el cajón del Congreso por la situación de bloqueo parlamentario que existe en el bloque de investidura, pero el caso Zapatero parecía la palanca perfecta para pisar el acelerador.

Lo paradójico de todo esto es que los grupos se han mostrado favorables a regular la actividad de influencia más allá de los excargos públicos, lo que motivo a Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a más de 300 profesionales del sector, a enviar decenas de cartas a la Mesa del Congreso, a diputados y a los ministros del Gobierno para acelerarsu tramitación: “Basta ya de excusas. Hace falta una ley para acabar con el intrusismo de algunos que intentan hacerse pasar por lobistas cuando, en realidad, son intermediarios, comisionistas o corruptos”, señala en una conversación con Infobae, Carlos Parry, presidente de APRI.

“Esta es una regulación necesaria que ayuda a mejorar la democracia en nuestro país. Ya no cabe ni un escándalo más ni un político más haciéndose pasar por lobista y que hay que regular para dar seguridad jurídica a un colectivo profesional que existe desde hace muchísimos años. No nos hemos inventado nosotros ahora. Y somos nosotros, precisamente los profesionales, los que pedimos esta regulación”, añade.

Si todos quieren, ¿por qué nadie se mueve?

Sin embargo, desde que fue aprobada en el Consejo de Ministros, la norma se encuentra atascada en el Congreso en su fase de ponencia, paso anterior a la toma en consideración en Pleno. Lo paradójico de todo esto, lamenta Parry, es que ninguno está dispuesto a moverse en este punto de la legislatura.

Primero, porque la agenda judicial del Gobierno, marcada por nuevas imputaciones cada semana, interrumpe la agenda política. Sin ir más lejos, en apenas una semana han sido imputadas 15 personas de la SEPI y la cúpula de la Dirección de la Guardia Civil. Y a raíz de esta situación, ni el PP ni Junts están dispuestos a regalar munición al Gobierno. Desde APRI no prevén avances, al menos, hasta la vuelta del parón veraniego, en septiembre. Eso sí, siempre que los tribunales no vuelvan a sorprender al ala socialista del Ejecutivo.

115 enmiendas con puntos en común en todos los grupos

La norma contiene cerca de 115 enmiendas porque los grupos la consideran “poco ambiciosa”. Muchas de ellas tienen que ver con la necesidad de establecer un órgano supervisor. El Gobierno quiere que sea la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Óscar López, pero grupos como Sumar, PP, EH Bildu e incluso Vox abogan porque sea un órgano supervisor independiente, cada uno con sus matices.

Pero también hay diferencias sobre los grupos que deben entrar en el registro. PP y Vox quieren incluir a sindicatos, patronales, partidos políticos y otros grupos como colegios profesionales. Junts quiere restringirlo a la influencia profesional y partidos como el BNG limitarlo solo al beneficio económico. La plataforma ciudadana Civio, que lleva meses reclamando la aprobación de la ley, considera que esta última definición convierte la norma en un papel mojado. APRI también pide que sea una normal “lo suficientemente amplia para que no haya ningún tipo de coladero”.

Las agendas públicas de los diputados, otro melón en el cajón

Ya desde antes de la imputación de Zapatero, el Congreso se encontraba debatiendo un cambio en el reglamento interno de la Cámara Baja para acabar con el oscurantismo en las agendas públicas de los diputados, que se resisten a informar de sus encuentros con los grupos de interés pese a que la ley lo exige. Así lo constató un informe reciente de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales publicado en 2025, que constató que una “minoría en ambas Cámaras” publicita sus agendas públicas.

Dentro de ese escueto grupo, es todavía más inusual que los representantes se refieran en sus anotaciones a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad “que tenga la condición de grupo de interés conforme al artículo 6 del Código de Conducta”. En otro informe publicado por la Fundación Hay Derecho, concretó que menos del 18 % de los parlamentarios (solo 46 diputados y 64 senadores) publica sus reuniones con grupos de interés.

La reforma del Reglamento fue admitida a trámite por la Mesa el pasado 27 de mayo de 2025. Pero desde entonces, no hay rastro de debate de toma en consideración en Pleno, ni encomienda a la Comisión de Reglamento, ni designación de ponencia, ni dictamen de comisión, ni votación final.

El pasado martes parecía indicarse que el reglamento podría pisar el acelerador, ya que estaba prevista la ponencia para aprobar el informe. Sin embargo, fue desconvocada a última hora después de una jornada de alta tensión política en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y a antiguos miembros del Ejecutivo.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha revocado una sentencia que obligaba a conceder un permiso de residencia por arraigo familiar a un ciudadano con nacionalidad estadounidense y argentina al concluir que no acreditó un requisito que la Administración consideraba imprescindible: demostrar mediante un certificado del Registro Civil español que su padre figuraba inscrito como español de origen. La resolución corrige el criterio mantenido por un juzgado de Pontevedra y avala que Extranjería archivara el expediente al entender que el solicitante no completó la documentación exigida, aunque aseguraba que no podía aportarla porque todavía estaba tramitando esa inscripción.

El demandante sostenía que había probado suficientemente su vínculo con un abuelo nacido en A Coruña y que ese árbol genealógico permitía concluir que su padre era español de origen, pese a haber nacido en Argentina. La Administración, por el contrario, defendía que esa conclusión no podía darse por hecha mientras no existiera la correspondiente inscripción en el Registro Civil español, el único documento que consideraba válido para acreditar esa circunstancia. El alto tribunal gallego ha terminado respaldando esta última interpretación.

Una solicitud de residencia que quedó bloqueada

Todo comenzó en mayo de 2025, cuando el ciudadano presentó ante la Oficina de Extranjería de Pontevedra una solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por arraigo familiar. Lo hizo al amparo de la vía prevista para los hijos de padre o madre originariamente españoles, convencido de que cumplía ese requisito por su ascendencia familiar.

Al revisar el expediente, Extranjería le requirió que aportara un documento concreto: el certificado del nacimiento de su padre expedido por un Registro Civil español. El organismo le advirtió expresamente de que no bastaban los certificados emitidos por las autoridades argentinas, aunque de ellos pudiera deducirse el origen español de la familia. También le informó de que, si no completaba la documentación en el plazo fijado, se entendería que desistía de su petición y el procedimiento sería archivado.

El solicitante respondió aportando el resto de los documentos reclamados. Entregó el certificado de antecedentes penales, el justificante del pago de la tasa y diversa documentación sobre su árbol genealógico. Entre ella figuraban el certificado de nacimiento de su abuelo paterno, nacido en A Coruña, y el de su padre, nacido en Argentina. Sin embargo, insistió en que no podía presentar todavía la inscripción española del nacimiento de este último porque seguía pendiente de completar otros trámites necesarios para conseguirla.

Además, defendió que esa ausencia no debía impedir resolver favorablemente su solicitud. A su juicio, la nacionalidad de origen de su padre podía acreditarse mediante el resto de la documentación incorporada al expediente y no exclusivamente con el certificado exigido por Extranjería.

La Subdelegación del Gobierno no aceptó ese planteamiento. Consideró que faltaba un documento esencial para tramitar el expediente y declaró al interesado desistido de su solicitud, archivando el procedimiento. Más tarde también rechazó el recurso de reposición que presentó contra esa decisión.

Un juzgado le dio la razón, pero el TSJ corrige ese criterio

El asunto acabó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra, que dio un giro al caso. El juzgado entendió que el demandante había aportado toda la documentación que razonablemente podía obtener y que no debía verse perjudicado por la imposibilidad de presentar un certificado cuya expedición dependía de actuaciones administrativas ajenas a su voluntad. También consideró acreditada la cadena familiar que unía al solicitante con un abuelo español de origen y concluyó que esa circunstancia era suficiente para reconocerle el derecho a la residencia por arraigo familiar.

La Abogacía del Estado recurrió esa sentencia al considerar que el juzgado había ido demasiado lejos al dar por acreditada una condición que nunca había sido reconocida oficialmente. En su recurso sostuvo que el padre del solicitante nació en Argentina y que toda la documentación existente lo identificaba como ciudadano argentino. También recordó que nunca se acreditó que hubiera adquirido la nacionalidad española ni que figurara inscrito en un Registro Civil español. De hecho, la solicitud para inscribir su nacimiento en España se presentó después de iniciarse el procedimiento de residencia e incluso después de algunas de las resoluciones administrativas que originaron el litigio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia comparte ahora ese razonamiento y cambia completamente el desenlace del caso. La resolución insiste en que el debate no consistía en reconstruir el árbol genealógico del demandante ni en decidir si su padre podía ser considerado español de origen, sino en determinar si la Administración actuó correctamente cuando archivó un expediente que no reunía toda la documentación exigida.

A juicio de los magistrados, la respuesta es afirmativa. Explican que el certificado del Registro Civil español era un requisito indispensable y que no podía sustituirse por otros documentos ni por interpretaciones sobre la posible nacionalidad del padre.

La Sala añade, además, que el interesado no pierde la posibilidad de obtener ese permiso en el futuro. Simplemente entiende que debía esperar a contar con el documento requerido antes de iniciar el procedimiento, en lugar de pretender que la Administración resolviera sobre la base de una situación que todavía no estaba formalmente acreditada.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estima el recurso presentado por la Abogacía del Estado, revoca la sentencia dictada en primera instancia y confirma la decisión de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra de archivar la solicitud de residencia por arraigo familiar al no haberse aportado el certificado del Registro Civil español del padre del solicitante.

Un ciudadano migrante residente en España permanecerá internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid después de que la Audiencia Provincial de Cantabria haya rechazado el recurso de apelación que intentaba evitar su internamiento, que fue considerado necesario para ejecutar su devolución a su país de origen.

La defensa del migrante argumentó que debía aplicarse el Real Decreto de regularización extraordinaria publicado en abril, que permite a quienes llegaron antes del 1 de enero de 2026 acceder a la residencia legal si cumplen ciertos requisitos. Para demostrarlo, el recurrente presentó documentación sobre la fecha de entrada en España, la permanencia continuada, la solicitud de protección internacional y la ausencia de antecedentes penales. También aportó la declaración jurada de su hermana, quien certificó que residía en su domicilio en Cantabria.

El expediente comenzó con la autorización de internamiento dictada el 8 de mayo de 2026 por el Tribunal de Instancia de Torrelavega. Tras la desestimación del recurso de reforma el 8 de junio, la defensa presentó un recurso de apelación. Sin embargo, el tribunal ha considerado que estos elementos no resultaban suficientes para suspender el internamiento, dada la existencia de una prohibición de entrada en el espacio Schengen emitida por Francia, vigente desde julio de 2025, y la implicación del recurrente en un delito de robo con violencia en Cantabria.

La prohibición de entrada y un antecedente por robo prevalece sobre el arraigo

El tribunal ha subrayado que la prohibición de entrada en el territorio Schengen, vigente hasta julio de 2030, impide que esta persona pueda acogerse a la regularización excepcional por arraigo sociolaboral. Además, la Audiencia Provincial ha recordado que la Delegación de Gobierno en Cantabria ya había ordenado su devolución, fundamentando la medida de internamiento en la necesidad de garantizar la ejecución de esa decisión cuando no es posible en 72 horas.

El juez también ha hecho referencia a la detención del hombre por su participación en un delito de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, lo que, a juicio del tribunal, refuerza la excepcionalidad de la medida y la consideración de que no existe suficiente arraigo sociolaboral en España.

El tribunal ha concluido que su permanencia en libertad comprometería la ejecución de la devolución, por lo que deberá permanecer internado hasta la ejecución de la expulsión. También ha recordado en su resolución que la resolución es firme y contra ella no cabe recurso ordinario.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó este miércoles la apertura de juicio oral contra el excomisario José Manuel Villarejo Pérez, el banco BBVA y otros doce acusados en la pieza separada del caso Tándem que investiga el espionaje ilegal contratado por la entidad financiera. El auto, dictado el 9 de julio de 2026, remite la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su enjuiciamiento.

El instructor formaliza así el paso a juicio de una causa que acumula acusaciones del Ministerio Fiscal y de más de una docena de acusaciones particulares, entre ellas las de Podemos, ADICAE, AUSBANC, El País y varios particulares que se consideran víctimas del espionaje. Los delitos que se juzgarán son, principalmente, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia u organización criminal.

Villarejo, excomisario de la Policía Nacional, es el acusado con mayor exposición penal. La Fiscalía le atribuye 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario y un delito continuado de cohecho pasivo. Varias acusaciones particulares elevan las peticiones de pena: la representación de Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero y Vicente Benedito solicita para él hasta siete años y seis meses de prisión por cohecho pasivo continuado, en concurso medial con tres delitos de revelación de secretos, más tres años y seis meses adicionales por falsedad de documento mercantil. Otras acusaciones piden penas de entre siete y ocho años de prisión por los delitos de cohecho.

Los cargos de Francisco González (BBVA)

Francisco González Rodríguez, expresidente del BBVA, también figura entre los acusados principales. La Fiscalía le imputa cohecho activo continuado y once delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La acusación de Suárez Jordana solicita para él seis años de prisión por revelación de secretos, siete años por cohecho activo y cinco años por promover una organización criminal, en concurso real. Julio Corrochano Peña, exjefe de seguridad del banco, afronta peticiones similares: siete años de prisión por revelación de secretos y cinco por dirigir una organización criminal, según esa misma acusación.

Ángel Cano Fernández, exconsejero delegado de la entidad, y Rafael Redondo Rodríguez también son llamados a juicio. Para Cano, varias acusaciones solicitan ocho años de prisión por cohecho activo, cinco por revelación de secretos y tres por pertenencia a organización criminal. Redondo, considerado cooperador necesario del espionaje, afronta peticiones de hasta siete años y seis meses de prisión por cohecho y revelación de secretos.

La lista de acusados se extiende a otros exdirectivos y exagentes. Eduardo Arbizú Lostao y Eduardo Ortega Martín, ambos exdirectivos del banco, son acusados por cohecho activo continuado y una pluralidad de delitos de revelación de secretos. Antonio Béjar González, José Manuel García Crespo, Óscar Santos Touché, Joaquín Gortari Díez, Antonio Bonilla Martínez y el denominado Agente 76.738 completan el listado de personas físicas acusadas.

BBVA comparece como persona jurídica acusada

El propio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) comparece como persona jurídica acusada. La acusación de ADICAE pide para la entidad una multa de cinco años a razón de 5.000 euros diarios por cohecho continuado y dos años de multa al mismo tipo diario por revelación de secretos, lo que equivale a decenas de millones de euros. Adicionalmente, solicita que se le imponga la inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público y beneficiarse de incentivos fiscales durante quince años, al amparo del artículo 33.7.f) del Código Penal. La acusación de Alfonso Solé Gil pide también multas directas al banco por ambos delitos.

Las indemnizaciones civiles reclamadas son cuantiosas. AUSBANC reclama 7.886.148 euros de forma solidaria a todos los acusados. ADICAE pide 800.000 euros. La representación de Luis del Rivero y otros dos afectados reclama 260.000 euros, con el BBVA como responsable civil subsidiario. El periodista Eduardo Inda solicita 100.000 euros por los daños sufridos, mientras que Miguel Sebastián, exministro de Industria, reclama 260.000 euros. La representación de El País pide 50.000 euros y la de José Eulogio López Escribano reclama hasta 200.000 euros.

El auto establece que los acusados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El juzgado también les requiere, de forma solidaria, que presten una fianza de 1.173.333 euros en el plazo de tres días para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del juicio, bajo apercibimiento de embargo de bienes.

Oculto y con fuertes medidas de seguridad, que incluyen guardaespaldas. Para él y para su familia. Así vive actualmente un empresario español, nieto de uno de los embajadores que España ha tenido en Guatemala. “Le han amenazado con descuartizarle” o “con atravesarle el corazón con clavos”, explican a Infobae fuentes de su entorno. En el trasfondo de esta pesadilla, el control por una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Suramérica, Continental Towers Latam, responsable de instalar 12.000 torres de telefonía móvil en ocho países de Latinoamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Perú, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. “En estos países si no hay torres para que funcionen los teléfonos móviles, la gente muere. En estos países estas torres suponen progreso”, señala una fuente del sector.

Cuatro fiscalías de estos países, la de Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, han iniciado investigaciones penales contra dos importantes empresas de EEUU, Peppertree Capital (una firma líder especializada en inversiones en infraestructuras digitales) y la filial de Goldman Sachs, AMLQ Holdings. Estas dos firmas, Peppertree y AMLQ, se asociaron con Continental para impulsar el crecimiento de la compañía. De momento, las investigaciones han dejado ya al menos cinco personas detenidas en Guatemala y ocho órdenes internacionales de detención por parte del Tribunal contra el Crimen Organizado de El Salvador, tres de ellos directivos estadounidenses de Peppertree.

Toda esta historia comenzó en 2015, cuando las dos empresas estadounidenses compraron el 45,5% de las acciones de Continental, una compañía que entonces tenía un valor de mercado de 300 millones de dólares y tenía el 80% del mercado en los países en los que operaba. “No sabían desde Continental que entonces se estaban aliando con organizaciones criminales”, asegurante fuentes del entorno del empresario. Nada más asociarse, Peppertree y AMLQ obligaron al empresario español a suscribir un préstamo de 20 millones de dólares con unas condiciones muy duras. Inasumibles.

Los problemas empezaron enseguida. El accionista mayoritario de Continental Towers, el empresario español, denunció entonces una maniobra soterrada por parte de sus dos socios estadounidenses para quedarse con la empresa de manera hostil, iniciando una estrategia coordinada para reducir el valor de la compañía y forzar su venta a un tercero afín a Peppertree y AMLQ. En diciembre de 2018, por ejemplo, otros inversores ofrecieron 1.000 millones por Continental, pero Peppertree y AMLQ vetaron la operación, ya que querían que Continental fuera vendida a otro postor, la firma Torrecom Partners. Comenzaron las amenazas físicas y las extorsiones al empresario y su familia, con grave peligro para su integridad física. Tuvo incluso que contratar guardaespaldas.

Y es que el empresario español apostaba por una venta pública, para sacar el mayor beneficio por la compañía que había fundado su familia. Así que en febrero de 2021 todas las partes acudieron a un arbitraje internacional por parte del Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD), con sede en Nueva York.

Un tribunal comprado

Cuatro años después, en marzo de 2025, el CIRD ordenó a Continental Towers a pagar más de 354 millones de dólares en daños y perjuicios a sus dos socios, Peppertree y Goldman Sachs. Una decisión con la que no está de acuerdo Continental Towers y por la que sigue manteniendo el pleito. El presidente del tribunal de arbitraje era el abogado Marc J. Goldstein, cuyo nombre había aparecido en algunos medios digitales de EEUU como receptor de 250.000 dólares en sobornos por parte de AMLQ, la filial de Goldman. Este fondo había establecido un sistema de empresas pantalla para pagar al Goldstein, que podría haber recibido tres millones de dólares para favorecer arbitrajes a favor de AMLQ, entre ellos el que afectaba a Continental.

El tribunal del CIRD, presidido por Goldstein, declaró que Continental Towers había bloqueado injustificadamente el proceso de venta de la compañía, un derecho que Peppertree y AMLQ (Goldman) podían ejercer unilateralmente tras cinco años de inversión en esa compañía de antenas telefónicas. Los abogados del empresario español encargaron su propia investigación tras la publicación de los artículos de prensa que salpicaban a Goldstein, donde pudieron constatar que este abogado había recibido parte del dinero en una cuenta en Suiza procedente de otra en la isla de Man, un paraíso fiscal.

Pero el caso no quedó en la jurisdicción de un tribunal de arbitraje de Estados Unidos. La Fiscalía de Guatemala empezó una investigación contra uno de los directivos que Peppertree había colocado en Continental, de nacionalidad guatemalteca, por blanqueo de capitales e intentar sobornar a cargos públicos. En Guatemala ya hay cinco detenidos, según ha podido saber este diario. El caso saltó luego a las fiscalías de El Salvador, Panamá y Costa Rica. En Panamá, por ejemplo, se investigan sobornos. Estos cuatro países han tomado cartas en el asunto porque Continental Towers está presente en términos operativos en estos cuatro Estados y presta un servicio considerado crítico, ya que se trata de un importante operador de telecomunicaciones y sus infraestructuras.

La Fiscalía de ⁠El Salvador emitió el 17 de julio de 2025 una orden de detención internacional contra tres directivos de Peppertree (Howard Mandel, Ryan Lepene y John Ranieri), según la documentación judicial en poder de Infobae. No solo se investiga delitos de fraude y “robo agravado” para intentar hacerse con Continental, sino delitos relacionados con sobornos, blanqueo de capitales, malversación, extorsión y asociación ilícita. Mientras; Continental sigue operando con la misma distribución de acciones: el 55% en poder del empresario español y el 45% restante en manos de Peppertree y AMLQ (Goldman).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, planteó como solución al absentismo laboral que las personas que estén de baja cobrasen menos. En un encuentro con empresarios en País Vasco, el líder de la oposición apuntó que el absentismo es un “cáncer” que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros. Cada día, añadió el líder de la oposición, alrededor de 1.160.000 no acudían a trabajar cada día, en un contexto en el que las bajas laborales se han multiplicado por 10 en la última década.

Para acabar con el fraude en este tipo de permisos, Feijóo prometió que aprobaría “con o sin el acuerdo con los sindicatos” una ley para suprimir los complementos salariales durante el periodo de incapacidad. El presidente del PP recordó que esto fue un asunto que ya abordó cuando fue el máximo responsable de la sanidad española en los años 90, “en el Insalud”, que él describió como “una fábrica de bajas” porque era “muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico”. “Todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, apuntó. El líder del PP se alineó así con el mensaje que traslada la patronal, que lleva meses denunciando que las bajas médicas son un “lastre definitivo” para la productividad.

Los sindicatos han reaccionado acusando al líder del PP de mezclar churras con merinas "con el objetivo de desprestigiar al sistema de salud pública". Y así se lo ha recordado el representante de CCOO, Pepe Álvarez, quien ha precisado que “el absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación”. “Meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias es un disparate”, ha afirmado.

El hachazo de Rajoy a los funcionarios

Feijóo no ha sido el único que ha planteado la fórmula de recortar las bajas médicas para poner coto al absentismo laboral. El antecedente está en el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Poco después de meter el primer hachazo a los funcionarios con el recorte de la paga extra de Navidad —que buscó ahorrar 4.000 millones de euros—, el entonces jefe del Ejecutivo aprobó un decreto ley que golpeaba a los complementos en las prestaciones por incapacidad temporal.

La medida planteaba que los trabajadores públicos dejasen de cobrar el salario íntegro durante la baja y pasaran al mismo régimen que el sector privado. Así, si la baja era por enfermedad común o accidente no laboral, el trabajador podía percibir, como máximo, el 60% de su sueldo habitual entre el cuarto día y el vigésimo y del 75% a partir del vigésimo primero. Cabe matizar que, si la baja era por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador sí cobraría el 100% de su sueldo desde el primer día de la baja.

Una reforma laboral para hacer más fácil y barato el despido

Este recorte se enmarcó dentro de una reforma laboral “agresiva” —así lo tildó entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos— que consiguió además que despedir fuera más fácil y barato, en plena crisis. Y para conseguir ello redujo la indemnización por despido procedente a los 20 días por año, con un máximo de 12 meses; y de 45 a 33 días de salario, con un máximo de 24 mensualidades. En el caso de los despidos improcedentes.

El paquete de medidas incorporadas en aquella reforma tuvo que ver también con la ampliación de las causas de despido objetivo, incluyendo así la encadenación de ausencias justificadas, pero intermitentes, “que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Este cambio no introdujo los despidos por bajas médicas, pero sí las facilitó porque las amparaba bajo el supuesto de la acumulación y la intermitencia. Una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez fue derogar precisamente esta ley, por lo que desde 2020 se considera como un despido improcedente.

Antonio Cánovas del Castillo respondió en 1876 con una frase de siete palabras a la pregunta que tenía paralizada a la comisión redactora de la Constitución española: cómo definir quiénes eran españoles. “Pongan ustedes que son españoles los que no pueden ser otra cosa”, dijo el entonces presidente del Consejo de Ministros a Manuel Alonso Martínez, el jurista que encabezaba los trabajos de redacción del texto. La frase no entró en la Carta Magna, pero sobrevive a ella.

La escena fue reconstruida por Benito Pérez Galdós en Cánovas (1912), la última novela de sus Episodios Nacionales. Galdós la sitúa durante los debates parlamentarios sobre la nueva Constitución, cuando Cánovas ocupaba el banco azul del Gobierno, “fatigado de un largo y enojoso debate”. Dos miembros de la comisión se acercaron para preguntarle cómo redactarían el artículo que definía la nacionalidad. Cánovas, según Galdós, “quitándose y poniéndose los lentes, con aquel guiño característico que expresaba su mal humor ante toda impertinencia, contestó ceceoso” la frase que quedaría para la historia.

La Constitución de 1876 fue la sexta carta magna que España se daba desde ‘La Pepa’ de 1812, tras las de 1834, 1837, 1845 y 1869. Su redacción partió de una asamblea de 341 exdiputados y exsenadores monárquicos convocados por Cánovas. De esa asamblea surgió una comisión de 39 notables que delegó el texto definitivo en una subcomisión de nueve personas presidida por Alonso Martínez. La Constitución fue promulgada el 30 de junio de 1876.

El turnismo

El hombre que lanzó esa definición de la españolidad había nacido en Málaga el 8 de febrero de 1828, hijo de Antonio Cánovas García, maestro de escuela, y de Juana del Castillo y Estébanez. Quedó huérfano de padre en 1843, a los 15 años, y en noviembre de 1845 se trasladó a Madrid bajo la protección de Serafín Estébanez Calderón, primo de su madre y escritor conocido bajo el seudónimo de ‘El Solitario’. Estudió Derecho y mostró desde joven una doble vocación: la política y la historia. A los 26 años redactó el Manifiesto de Manzanares, el texto que acompañó la revolución del general Leopoldo O’Donnell y que fue firmado por este. A los 32 ingresó en la Real Academia de la Historia por su Historia de la decadencia de España. Fue nombrado ministro de Gobernación en 1864 y de Ultramar en 1865, durante el reinado de Isabel II.

Tras la Revolución Gloriosa de 1868 y el exilio de Isabel II, Cánovas se convirtió en el principal artífice de la restauración borbónica. Redactó el Manifiesto de Sandhurst, con el que el príncipe Alfonso reclamó el trono, y fue el arquitecto del sistema político conocido como la Restauración, que se extendería desde 1874 hasta 1931. Ejerció la presidencia del Consejo de Ministros en seis ocasiones distintas, alternando el poder con su rival político Práxedes Mateo Sagasta mediante el llamado turno pacífico, un sistema bipartidista inspirado, según el propio Cánovas admitió ante Francisco Silvela, en el modelo británico de tories y whigs.

El sistema descansaba sobre cuatro pilares: rey, Cortes, Constitución y turno de partidos. La alternancia entre el Partido Conservador, fundado por Cánovas, y el Partido Liberal de Sagasta se garantizaba mediante la manipulación electoral sistemática y la red de caciques que controlaban el voto rural. El regeneracionista Joaquín Costa lo describió en 1902 con la expresión “oligarquía y caciquismo”. En las más de veinte elecciones generales celebradas entre 1876 y 1923, ningún gobierno perdió las elecciones que él mismo había convocado. El historiador José Varela Ortega, nieto de José Ortega y Gasset e hijo de Soledad Ortega Spottorno, señaló que la estabilidad del régimen, su mayor logro, se consiguió mediante una solución que toleraba “un caciquismo organizado” y en la que “el electorado quedó descartado como instrumento de cambio político”.

“Después de la muerte de don Antonio...”

Cánovas fue también presidente del Ateneo de Madrid en tres etapas: 1870-1873, 1882-1884 y 1888-1892. Fue académico de la Real Academia Española, de la de Ciencias Morales y Políticas y de la de la Historia. Su biblioteca personal reunió unos 35.000 volúmenes, dispersados tras su muerte. Su obra historiográfica más extensa fue la Historia General de España, publicada en 18 volúmenes entre 1891 y 1897.

Su rival político Sagasta dijo de él tras su muerte: “Después de la muerte de don Antonio, todos los políticos podemos llamarnos de tú.” La muerte llegó el 8 de agosto de 1897 en el balneario de Santa Águeda, en Mondragón (Guipúzcoa), donde Cánovas pasaba unos días de descanso por sus problemas de glucosuria. Aquella mañana bajó al comedor después de oír misa.

Mientras su esposa, Joaquina de Osma, se detenía en la escalera a hablar con una amiga, él se adelantó y se sentó a leer el periódico en un banco de la galería. Allí le esperaba el anarquista italiano Michele Angiolillo, que se había registrado en el balneario con el nombre falso de ‘Emilio Rinaldini’, haciéndose pasar por corresponsal del periódico Il Popolo. Angiolillo se acercó a menos de metro y medio y disparó tres veces. La primera bala atravesó el periódico que Cánovas leía y le entró por el pecho derecho. Cánovas logró ponerse en pie. Los dos disparos siguientes le alcanzaron en la cabeza. Angiolillo fue juzgado por consejo de guerra y ejecutado mediante garrote vil el 20 de agosto de 1897, doce días después del magnicidio. Durante el juicio declaró que actuaba como represalia por las torturas infligidas a los detenidos en el proceso de Montjuic, del que responsabilizaba al presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha defendido este miércoles el papel de España en la OTAN frente a las durísimas críticas lanzadas por Donald Trump durante la cumbre de la Alianza celebrada en Ankara. El presidente del Gobierno ha asegurado que España “ha cumplido con creces” los compromisos adquiridos con sus aliados, ha reivindicado el aumento del gasto en defensa y ha restado importancia a los ataques del mandatario estadounidense, con quien, según ha revelado, mantuvo una conversación “informal y coloquial” en la que ambos hablaron de fútbol y del Mundial que está teniendo lugar en Estados Unidos.

La imagen contrastaba con el tono empleado horas antes por Trump. El presidente de Estados Unidos había cargado con dureza contra España, a la que calificó de “causa perdida”, “socio terrible” y país “hostil”, además de pedir a su secretario del Tesoro que cortara “inmediatamente” toda la relación comercial con nuestro país, “incluidas las visitas”.

Sin embargo, Sánchez ha asegurado que, tras esas declaraciones, ambos coincidieron en la cumbre y mantuvieron una conversación completamente distendida. “He tenido ocasión de intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol y del Mundial”, ha explicado el jefe del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior a la reunión de líderes aliados.

Según ha detallado, el encuentro se produjo mientras esperaban para hacerse la fotografía de familia y tuvo lugar después de la comparecencia pública de Trump. “En absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad”, ha insistido Sánchez, que ha enmarcado ese intercambio en una conversación “coloquial” entre ambos mandatarios.

Lejos de alimentar la confrontación, el presidente ha asegurado que recibe las declaraciones del líder republicano “con calma, con paciencia y con cierta normalidad”. A su juicio, las palabras de Trump no reflejan el estado real de la relación bilateral. “Cuando uno se aleja de ese tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son muy positivas en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político”, ha señalado.

Sánchez recuerda que el comercio depende de Bruselas

El presidente también ha respondido a las amenazas de Trump de romper las relaciones comerciales con España. Sin entrar en una confrontación directa, ha recordado que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea y que cualquier negociación sobre aranceles o acuerdos corresponde a la Comisión Europea. “Es con la Comisión Europea con quien hay que negociar”, ha subrayado, antes de insistir en que las relaciones económicas no dependen únicamente de los gobiernos.

“Las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre Estados”, ha afirmado, al tiempo que ha defendido que España seguirá manteniendo una actitud de cooperación con todos sus aliados, independientemente del signo político de los gobiernos de cada país.

Sánchez ha aprovechado además para felicitar a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, en un gesto con el que ha querido trasladar una imagen de normalidad institucional pese al choque verbal protagonizado por Trump.

“España ha venido con los deberes hechos”

Más allá de la polémica con el presidente estadounidense, Sánchez ha querido centrar su comparecencia en el papel desempeñado por España dentro de la OTAN. El presidente ha defendido que el país ha cumplido los compromisos adquiridos hace un año, cuando los aliados acordaron reforzar las capacidades de defensa de la organización y dar un mayor protagonismo a Europa en su propia seguridad. “España se comprometió a hacer su parte y un año después ha cumplido con creces”, ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que España ya ha alcanzado los objetivos de capacidades fijados por la Alianza para 2026 y lo ha hecho, según ha dicho, “con un grado de cumplimiento superior a la media europea”. Ese avance, ha añadido, ha sido posible gracias al incremento sostenido del gasto militar, que ya supera el 2% del PIB.

Sánchez ha recordado que cuando comenzó la actual etapa del Gobierno el presupuesto en defensa representaba el 0,9% del PIB, mientras que ahora supera el 2,1%, con una inversión que rebasa los 35.000 millones de euros. Solo durante el último mes, el Ejecutivo aprobó una inyección adicional de 8.450 millones de euros para reforzar las capacidades militares antes de la cumbre de Ankara. “Hemos consolidado el gasto del 2% del PIB”, ha destacado.

El presidente también ha puesto en valor la contribución española sobre el terreno. Ha señalado que actualmente hay alrededor de 3.000 militares desplegados en operaciones de la OTAN y que España es el tercer país con mayor presencia en el flanco oriental de la Alianza. Además, ha anunciado que las Fuerzas Armadas españolas participarán en la misión de fuerzas terrestres avanzadas que la OTAN desplegará en Finlandia para reforzar la seguridad en esa zona.

Pedro Sánchez ha insistido en que el aumento del esfuerzo militar es compatible con el mantenimiento del Estado del bienestar y ha defendido que España seguirá reforzando su compromiso con la Alianza sin renunciar a las políticas sociales. “España es un país pacifista, pero también es un país fiable”, ha concluido durante su comparecencia.

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte para viajar a Londres. El juez de guardia ha autorizado a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a desplazarse a Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija, una salida excepcional del territorio nacional después de que el 24 de junio entregara el documento como medida cautelar mientras continúa el procedimiento judicial abierto contra ella.

Fuentes del entorno de Begoña Gómez han confirmado a EFE que la esposa del presidente del Gobierno ya cuenta con el pasaporte para realizar el viaje. Además, fuentes jurídicas han precisado que Gómez acudió personalmente a los juzgados para recoger el documento y que aprovechó esa comparecencia para cumplir con la obligación de firmar cada 15 días ante el órgano judicial

Gómez fue enviada a juicio con jurado por el juez Juan Carlos Peinado por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El pasado 20 de junio, el magistrado acordó varias medidas cautelares para garantizar su presencia durante el procedimiento, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español sin autorización judicial y la obligación de comparecer periódicamente.

Poco después, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado autorización para salir de España entre los días 7 y 10 de julio. La petición tenía un doble objetivo: por un lado, que pudiera acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como parte de la delegación oficial española en la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada en Ankara (Turquía); y, por otro, aprovechar el regreso del viaje para trasladarse a Londres y asistir a la graduación de su hija en Reino Unido.

El juez de guardia autoriza el viaje a Londres, pero rechaza Turquía

Sin embargo, la resolución quedó en manos de un juez sustituto después de que Peinado iniciara su periodo de vacaciones sin pronunciarse sobre la solicitud presentada por la defensa. El encargado de resolver la petición fue el magistrado Antonio Viejo, juez de guardia, quien el pasado lunes acordó una solución intermedia: autorizó únicamente el viaje al Reino Unido entre los días 8 y 10 de julio, pero rechazó el desplazamiento a Turquía para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN.

En su resolución, Viejo argumentó que la presencia de Gómez en la reunión respondía a “razones de cortesía institucional” y que no tendría “una intervención activa” en el desarrollo del encuentro. El magistrado consideró además que el viaje a Ankara presentaba mayores dificultades desde el punto de vista de las medidas cautelares, al tratarse de un país que no forma parte de la Unión Europea, cuyo marco permite una cooperación judicial y policial más ágil entre los Estados miembros.

Por el contrario, el juez sí autorizó la salida a Londres al considerar que concurrían circunstancias diferentes. En este caso, la resolución destaca “la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit”, así como “la naturaleza del evento al que se pretende asistir”. El magistrado valoró que se trata de acudir a la graduación de su hija, por lo que acordó la devolución temporal del pasaporte para ese único viaje. Gómez deberá entregar de nuevo el documento al juzgado tras su regreso a España, tal y como establece la autorización judicial.

La decisión del juez de guardia se produce después de que Peinado hubiera fijado previamente su posición sobre el riesgo de fuga. En un auto fechado el 30 de junio, el magistrado instructor rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que existían motivos para mantener las medidas cautelares. En ese escrito afirmó que “no sería la primera ocasión” en la que un presidente del Gobierno de un país de la UE “se fuga” a un país del continente africano ante un caso de corrupción, una referencia que generó polémica y que llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a encargar al promotor de la acción disciplinaria valorar si pudo incurrir en una falta grave.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entiende que el absentismo laboral es un “cáncer” que “no podemos pagar” los españoles. Más allá del cuestionable argumento que defendió en esa afirmación, que vinculó al aumento de las bajas médicas, el líder de la oposición ha encadenado críticas por el uso metafórico de esta enfermedad, que él mismo rechazó en una votación en el Congreso.

El primero fue el presidente del Gobierno, quien apostilló que “quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”. La titular de Sanidad, Mónica García, acusó al líder del PP de estigmatizar y mentir porque “las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe”. “Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda es el mayor determinante social de la salud”, afirmó en un mensaje publicado en X.

El líder del PP podría haber escogido cualquier otra palabra para describir una problemática, la del absentismo fraudulento, que se muestra como un desafío en todas las economías europeas. Y debería saberlo especialmente Feijóo, que apenas hace unos meses, en octubre de 2025, apoyó una declaración en el Congreso para evitar el mal uso de la palabra “cáncer” para describir una problemática. La proposición no de ley impulsada por el grupo socialista en la Cámara Baja pedía evitar las “metáforas bélicas” o “culpabilizadoras” en los discursos públicos.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años pidiendo eliminar el mal uso del término

La iniciativa, apoyada por 307 diputados, se basó en una definición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, que en su cuarta acepción describe “cáncer” como la presencia de situaciones o hechos destructivos dentro de un grupo social. A partir de esa interpretación, el término se ha empleado fuera del ámbito sanitario en frases sobre economía, política, justicia o deporte, como cuando se presenta la inflación o la droga como “el cáncer” de una realidad colectiva.

El texto aprobado rechazaba ese traslado metafórico. “No es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable”, rezaba el escrito.

“No se trata de censurar, sino de darle un uso más responsable. No hace falta decir esa palabra todo el rato, no es necesario meterla con calzador”, defendió entonces la diputada socialista Patricia Blanquer, quien apuntó que el estigma también estaba afectando a representantes públicos que estaban atravesando un proceso oncológico y no siempre lo hacen público. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP, Borja Sémper, fueron dos de los mencionados en el debate.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años alertando sobre ese uso peyorativo. Un estudio de 2010 señaló que en el 15% de las declaraciones públicas recogidas por medios de comunicación se hacía un mal uso del término.

A veces, al volante, hace falta elegir si conducir con la ropa pegada al cuerpo o llevarse un poco de roce en el hombro izquierdo. El calor invita y casi exige sacarse de encima la camiseta y que el aire que entra por la ventanilla refresque directamente sobre la piel. En esos trayectos veraniegos, la chancla casi que pide ser puesta, sobre todo a quienes vuelven de la playa o la piscina y deciden ponerse al volante sin cambiarse primero. Pero ahí surge la pregunta: ¿es legal conducir con chanclas o incluso descalzo? La Dirección General de Tráfico (DGT) lo deja claro en su portal oficial.

El asunto no es nuevo. Avisos en redes sociales, recomendaciones de seguridad y mensajes reenviados han contribuido a la creencia de que la DGT multa directamente a quienes conducen con chanclas. Sin embargo, la normativa no es tan específica como muchos piensan. Ni la Ley de Tráfico ni el Reglamento General de Circulación mencionan el calzado de forma explícita. De hecho, la Guardia Civil ha tenido que intervenir públicamente para matizar la situación ante la confusión generalizada.

No es ilegal ir en chanclas ni descalzo

La legislación española no incluye ninguna norma que prohíba conducir con chanclas o descalzo. No existe artículo alguno que detalle qué tipo de calzado puede usarse al volante, ni una lista de prendas permitidas o prohibidas para conducir. Así, ponerse al volante tras salir de la playa con chanclas no supone, por sí solo, ninguna infracción. El foco de la normativa está en otro punto: cómo se conduce y qué puede ocurrir si el calzado influye en la capacidad de controlar el vehículo.

Varios artículos del Reglamento General de Circulación recogen la obligación del conductor de garantizar su libertad de movimientos y de evitar cualquier interferencia que pueda comprometer una conducción segura. El artículo 3.1 se refiere a la necesidad de conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar daños propios o ajenos. El artículo 18.1 establece la obligación de mantener la libertad de movimientos, el campo de visión necesario y la atención permanente a la conducción, así como la posición adecuada. Por su parte, el artículo 17.1 indica que los conductores deben estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo.

Lo importante es que la ropa y el calzado permitan conducir con libertad

Esto significa que cualquier elemento que reduzca la capacidad del conductor para serlo puede dar lugar a una sanción. Da igual si son chanclas, sandalias sin sujeción o directamente ir descalzo; si el pie resbala, si no se pisa bien el pedal o si una reacción se retrasa, el agente puede apreciar que no se está conduciendo en condiciones seguras y sancionar por ello. En definitiva, el problema no es el calzado, sino cómo afecta a la conducción.

Por ejemplo, si una chancla se engancha en el pedal, se sale del pie o dificulta una frenada, el agente puede considerar que se ha perdido el control necesario, con la consiguiente sanción. En estos casos, la multa no se pone por el hecho de llevar chanclas, sino por no cumplir con las condiciones básicas de seguridad al volante. Es decir, que conducir con chanclas es legal y posible siempre que no interfieran en la conducción ni aumenten el riesgo de accidente. La decisión, en última instancia, depende de la valoración del agente en el momento.

En cuanto a la cuantía de la sanción, la DGT indica que, si se determina que el calzado ha influido negativamente en la conducción, la multa suele situarse en torno a los 80 euros. Esta cifra es orientativa y puede variar si la situación es más grave o si existen otras infracciones asociadas. En los casos más serios, donde se pierde el control del vehículo o se genera una situación de peligro, la sanción puede ser mayor y responder a la conducta global del conductor.

Las recomendaciones oficiales apuntan a elegir un calzado que permita controlar los pedales con seguridad y no limite la capacidad de reacción. Aunque la normativa no prohíbe de forma expresa conducir con chanclas o descalzo, la responsabilidad recae en la capacidad de mantener la seguridad y el control del vehículo en cualquier situación.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado que el próximo 14 de julio se firmará de forma oficial el tratado sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. Picardo ha confirmado la nueva fecha durante el debate sobre los Presupuestos del Parlamento gibraltareño, que será un momento “sin precedentes” para el Peñón.

El ministro viajará a Bruselas junto a su viceministro para asistir a la firma del acuerdo entre España, la Unión Europea y el Reino Unido, que abrirá una nueva etapa en las relaciones de estos territorios. Tras la rúbrica del acuerdo, está previsto que empiece a implantarse de forma provisional a partir del día siguiente, 15 de julio, en la zona fronteriza.

La aplicación del tratado supondrá la desaparición de la verja de separación entre España y Gibraltar, poniendo fin a años de colas que sufrían miles de personas cada día para entrar y salir del Peñón, principalmente los trabajadores transfronterizos.

Así se queda el acuerdo entre España y Gibraltar

El acuerdo político definitivo sobre Gibraltar fue anunciado el 11 de junio de 2025 por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras cerrar las negociaciones en Bruselas junto al comisario europeo Maros Sefcovic y el ministro británico David Lammy. El texto íntegro, publicado en febrero de este año, garantiza la libre circulación de personas y mercancías y establece un nuevo marco de cooperación a nivel fiscal, medioambiental y social.

El cambio más visible será la desaparición de la Verja, presentada por Exteriores como la eliminación del último muro de Europa continental. En el paso fronterizo, donde desde hace décadas se levanta la separación física entre Gibraltar y España, el inicio de la aplicación provisional permitirá poner en marcha de inmediato las modificaciones previstas.

El Ejecutivo gibraltareño ya presentó la pasada semana un refuerzo de las medidas de seguridad operativas en la frontera y ha difundido recreaciones visuales de cómo quedará el área limítrofe cuando entre en vigor el tratado, según ha informado el diario. El objetivo declarado es ordenar la transición hacia un nuevo modelo de paso. Exteriores subraya que el acuerdo abre una nueva etapa para los más de 300.000 andaluces del Campo de Gibraltar, con impacto en las oportunidades económicas, la estabilidad institucional y las perspectivas de futuro de una región que considera estratégica para España y Europa.

A partir del próximo 15 de julio, se eliminará el control de pasaportes entre ambos territorios y será España la encargada de asumir los controles Schengen en el aeropuerto y puerto de Gibraltar. Asimismo, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la emisión y renovación de los permisos de residencia. España será también la encargada de realizar los controles aduaneros de las mercancías que entren al Peñón. Así, se establecerán controles de equipaje para los viajeros que lleguen con destino a la Unión Europea y a Gibraltar.

Respecto al acuerdo fiscal, se ha acordado que el territorio británico aplique un impuesto equivalente al IVA, comenzando con un 15% de gravamen que irá incrementándose hasta completar la convergencia en un plazo de tres años. También se han establecido disposiciones específicas para el tabaco, con el fin de evitar distorsiones económicas y reforzar la equidad en todo el entorno.

Trump ya hizo este mismo anuncio en marzo, sin consecuencias. El Ibex 35 ha reaccionado con una caída.

“España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas”, ha dicho Trump durante una rueda de prensa.

El mandatario ha explicitado su enfado con varios de los aliados por lo que considera es una falta de compromiso con la OTAN, pero se ha referido especialmente a España porque “son hostiles” y dicen “abiertamente” que no van a aumentar su inversión en defensa más allá del 2%, ha puesto en boca de Sánchez.

La respuesta del Gobierno

Moncloa puso la venda antes de la herida. Previendo que Trump se referiría a España en Ankara, ya avanzó hace unos días que Sánchez ha acudido a la cita preparado con datos para rebatir: “España es un país que cumple lo que dice, ojalá todos los aliados de la OTAN cumplieran como España”, afirmó José Manuel Albares, ministro de Exteriores, en TVE.

“Hablemos de las cifras reales -continuó Albares-. España ha llegado al 2% en capacidades que es lo importante de la defensa y no todos los aliados de la OTAN que se van a sentar en la mesa pueden decir lo que España dice con la cabeza bien alta: hay dos aliados que no han llegado al 2% y hay tres aliados que no han entregado todas las capacidades que les ha solicitado la OTAN para la defensa común”.

La respuesta del Gobierno a las declaraciones de este miércoles ha ido dirigida a quitar hierro. Las considera “algo habitual” ya y destaca que las relaciones “sociales, culturales y económicas” con Estados Unidos son “excelentes”. “Y no es nuestra intención que eso cambie”, agrega. Zanja su primera reacción con que estas relaciones “con beneficiosas para ambos países tanto en el comercio como en la defensa”.

Rutte: “España ha dado un gran paso”

Rutte no ha secundado a Trump esta vez. El secretario general de la OTAN ha salido en defensa de España y defendido que “ha dado un gran paso” desde la anterior cumbre de La Haya hasta ahora, ya que finalmente ha rebasado el limite del 2% en inversión estrictamente militar. Lo ha hecho eso sí para alabar al presidente de Estados Unidos, otorgándole el mérito: “Usted ha mencionado a España, incluso ha logrado que pague el 2%. Han dado un gran paso el año pasado, así que todavía hay problemas por resolver, pero oiga, incluso con España, yo destacaría que han llegado al 2%”.

Ha empezado ya lo que la DGT llama Operación Verano. Mucha gente estará ya o a punto de irse de casa a pasar un par de días en cualquier sitio que no sea el de siempre, por descansar o lo contrario, lo que guste, o una cosa y después la otra si resulta ser posible. Lo que se dice vacaciones, vamos.

Hay quien no es capaz de quedarse tranquilo por mucho que eche la llave al salir de su casa, pensando en algún caco enmascarado que pudiese querer romper la cerradura de un patadón para sentarse en el sofá, aun con el pasamontañas puesto, a ver el Grand Prix del Verano o cualquier otra cosa que le pueda apetecer: a casa vacía, más allá de él mismo, es suya para hacer lo que le plazca.

Allanamiento, usurpación, hurto: qué dicen los datos

En realidad hay pocos motivos para asumir lo peor. Datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior publicados por EFE contabilizan apenas 14.875 delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda - sin diferenciar entre ambos, aunque sean cosas distintas - en todo el territorio a lo largo del año pasado. Lo que sí matiza el Ministerio es que los casos de allanamiento de morada - el acceder ilegalmente a una vivienda habitual, supuesto en el que además la policía puede actuar de inmediato para desalojar a quien haga falta - son los menos en España y que si el delito es de usurpación entonces en ese inmueble no vive nadie.

Teniendo en cuenta que a finales de 2024 en España había 27.004.765 de viviendas habitadas - de las cuales solo 19.278.057 son viviendas principales -, lo cierto es que solo un 0,06% de las viviendas en España se vieron afectadas por algún caso de allanamiento o usurpación durante el último año registrado. En España hay una mayor proporción de millonarios - algo más del 2,7% de los adultos en España lo son, según el último Global Wealth Report 2026 de UBS - que de viviendas afectadas por allanamiento y usurpación. De esas pocas instancias, además, los casos de usurpación son la mayoría.

Es más frecuente el hurto en viviendas. De acuerdo con el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 74.353 casos, que siguen siendo relativamente pocos en proporción al número total de viviendas habitadas - afectaron a un 0,3% del total el año pasado - pero no de una manera que permita decidir que a uno no le va a pasar nunca. Aunque lo más probable es que así sea.

El tema es que hay quien no se queda del todo tranquilo y se le ocurre decidir que hace falta instalar una cámara para enterarse más o menos rápido y poder reaccionar si uno tiene la muy mala suerte de ser a quien le toca el mal trago de convertirse en allanado, con el fin que fuere. Pero es que una cámara mal puesta puede acabar saliendo más cara que el allanamiento.

La forma correcta de instalar una cámara de seguridad y evitar multas

La sanción más común, y también la más fácil de evitar, es la de no poner un cartel informativo en los accesos grabados. No sirve un cartel tapado por una maceta ni uno ilegible: la ley exige que se vea, que señale quién es el responsable, para qué se graba y cómo reclamar su presencia. La ausencia, el deterioro o la información incompleta pueden costar entre 1.000 y 6.000 euros, según la Agencia Española de Protección de Datos. Y no basta con un solo cartel en la entrada si hay cámaras en el garaje, el trastero o la piscina: cada puerta, su cartel.

Otra clásica: la cámara que enfoca lo que no debe. El balcón del vecino, la acera, la calle. El reglamento es claro: solo se puede grabar lo imprescindible y nunca fuera de las zonas comunes. Si la cámara se cuela y capta un trozo de vía pública, la multa va de 600 a 3.000 euros. Si es accidental y apenas se ve, se queda en el tramo bajo. Si hay intención o reincidencia, sube.

Tampoco conviene guardar las grabaciones más de 30 días sin motivo. Ese plazo es el máximo permitido y la AEPD lo vigila. Si se incumple, la infracción se acumula y la sanción también. Y lo que ya se ha vuelto habitual: compartir imágenes por WhatsApp o por cualquier red sin causa justificada. En mayo de 2025, una comunidad de vecinos recibió una multa de 20.000 euros porque su presidenta compartió grabaciones en un grupo (resolución PS-00345-2024). Por pronto pago y reconocimiento de la infracción, quedó en 12.000. Pero no es raro ver sanciones de 600 a 3.000 euros por cámaras indiscretas o por carteles que brillan por su ausencia.

Si a todo esto se suma el uso de tecnologías como el reconocimiento facial sin evaluación de impacto previa, las sanciones pasan a ligas mayores: hasta 50.000 euros en un caso reciente citado por el portal web de la consultoría Servicios Avanzados de Protección de Datos. Y cuando hay varias infracciones juntas o se repite la historia, las cantidades solo crecen. En resumen: la cámara puede vigilar, pero vigilar la cámara - su instalación y su uso - es casi que más importante.

La Comunidad de Madrid presume en su página web de que el 100% de la flota de autobuses interurbanos es “accesible”. Es decir, que cualquier persona con movilidad reducida puede viajar en ellos. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso “mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal en el sistema de transporte público, entendiendo que este es un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas”, señala la última memoria del Consorcio Regional de Transportes (CRT), que revela que por las carreteras madrileñas se mueven 2.108 buses en 476 líneas que transportaron en el año 2024 a 307 millones de viajeros.

Sin embargo, el número de multas que impone el Consorcio por incumplir la normativa en materia de accesibilidad ha crecido en los últimos cinco años. Si en 2021 se pusieron 248 sanciones, en 2025 se tramitaron 374, un 50% más. Si analizamos la cuantía económica de estas multas, la subida es mucho mayor. Los 51.660 euros que pagaron las empresas concesionarias de las líneas en 2021 pasaron a 669.934 euros en 2025, un incremento del 1.196%. Sumando estos cinco ejercicios, se han puesto 1.490 expedientes sancionadores, que han conllevado aparejadas multas por valor de 1.088.463 euros.

Estos datos han sido obtenidos por la diputada socialista Emilia Sánchez Prieto, que hizo una petición oficial de información a la Comunidad de Madrid. “Estas cifras demuestran que hay problemas de accesibilidad en el transporte de autobuses. No solo para los viajeros de movilidad reducida, también estamos hablando de problemas de locución en los buses para los viajeros con problemas de visión o falta de información escrita para viajeros con problemas de audición”, explica la parlamentaria. Un portavoz del Consorcio explica que estas sanciones responden generalmente a incidentes muy concretos. “El 100% de la flota es accesible, pero un vehículo siempre puede presentar alguna incidencia en un momento determinado. Las sanciones suelen deberse a cuestiones como averías en la rampa de acceso, fallos en los sistemas de accesibilidad u otros incumplimientos puntuales del servicio, no necesariamente a que el autobús no sea accesible”.

Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma). “Las multas han aumentado porque hemos presionado al Consorcio para que haya un mayor control en materia de accesibilidad”, explica. Los datos también revelan que este organismo público que gestiona el transporte en Madrid ha incrementado el número de inspecciones que realiza para vigilar, precisamente, que las normas en materia de accesibilidad se cumplen. Si en 2021 solo se realizaron 1.976 inspecciones, en 2025 esta cifra subió a 2.857, un 44% más. A más inspecciones, más sanciones.

Mantenimiento y formación

Font asegura que todavía hay mucho que trabajar en los autobuses interurbanos. “El mantenimiento de estos vehículos es deficitario y la formación de los conductores es mejorable. Estamos pidiendo que, como ahora toca renovar los contratos, es el momento de hacer ajustes. Si las rampas no se arreglan, la empresa tiene que pagar de su propio bolsillo un taxi para el viajero, como lo hace la EMT. Por mucho que el Consorcio diga que el 100% de la flota es accesible, si el mantenimiento no es correcto, no son accesibles”. En estos cinco años, 29 empresas fueron sancionadas, encabezando el listado De Blas y Cía, ahora bautizada como Arriva, que ha acumulado 269 sanciones en cinco años. Le sigue Nex Continental, de Alsa, con 158 expedientes. En tercer lugar aparece La Veloz con 199. En el apartado de cuantía económica, es Avanza la que encabeza este ranking: sus 87 multas han conllevado 227.000 euros. Este diario ha intentado hablar con algunas de ellas, como Arriva y Alsa, sin éxito.

Según los datos del Consorcio, el 28% de las quejas y sugerencias recibidas están relacionadas con temas de accesibilidad. Pero se refiere a las reclamaciones que se reciben en toda la red (Metro, EMT, Cercanías...). No distingue por medio de transporte. Eso sí, de las 57.000 quejas recibidas en 2024, el 24% están relacionadas con los autobuses. Con esa extrapolación, los buses recibieron 14.200 quejas, y de esas, el 28% podrían estar relacionadas con la accesibilidad. El Consorcio está a punto de aprobar el nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos de la región. Se trata del mayor contrato de transporte por carretera de España.

El Consorcio Regional de Transportes ya ha aprobado los 21 anteproyectos que contienen todas las líneas planificadas para mover por carretera a millones de viajeros durante los próximos diez años. Un servicio por el que la Comunidad pagará más de 10.000 millones de euros. La red quedará reorganizada en 472 líneas y alcanzará al 98% de la población. La flota crecerá hasta los 2.470 vehículos para el arranque del servicio, incluyendo unidades de reserva.

Buses no contaminantes

Otro de los objetivos del mapa concesional es renovar el parque móvil para que la flota de autobuses no contamine, es decir, sean vehículos cero emisiones. Las empresas que ganen las concesiones, sobre todo si entran nuevas compañías, tendrán que subrogar a los trabajadores de las líneas de las que se hagan cargo, respetando los acuerdos de empresa vigentes en cada caso. También hay una obligación de renovar la flota de vehículos: estos no podrán tener más de 10 años de antigüedad. Todos estarán adaptados para poder transportar a pasajeros con movilidad reducida, tendrán cámaras de seguridad en su interior y se podrá pagar el billete con tarjeta bancaria.

Los consulados españoles alertan del “riesgo de colapso” ante la oleada de solicitudes para obtener la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’. La normativa surge de una disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y que concede la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura. La polémica con la norma ha llegado a raíz de los cambios que ha ido sufriendo el texto tras su aprobación. Días después de publicarse en el BOE, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio del Interior, dictó y publicó una instrucción a los consulados (de obligado cumplimiento) para eliminar el requisito del exilio para solicitar el pasaporte y permitir que otros familiares también lo hagan, de manera que cualquier nieto de un emigrante español podría solicitarla.

En este contexto, el censo exterior podría multiplicarse por dos hasta rozar los cinco millones de españoles (aunque eso dependería de que se aprobasen todas, que no es el caso), lo que ha llevado al líder de la oposición a utilizar este dato para acusar al Gobierno de “ingeniería electoral”, afirmando que el PSOE está engrosando sus votos desde el exterior de cara a las generales del 2027.

Pero es precisamente esta serie de cambios lo que podría provocar un efecto embudo en los consulados españoles, los encargados de gestionar estas solicitudes. Cabe recordar que, además de ello, los funcionarios gestionan día a día el resto de procedimientos ordinarios.

De golpe y porrazo, los funcionarios “se han encontrado con 60 toneladas de documentos” con prácticamente las mismas plantillas que en el año 2000. Así lo denuncia Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, que explica en una conversación con Infobae que las más de 2.400.000 de solicitudes registradas generarán importantes retrasos con los medios con los que cuenta actualmente el servicio de atención exterior, tanto humanos como materiales.

“Y evidentemente, la red consular no existe solamente para atender y tramitar las solicitudes de nacionalidad. Los funcionarios no solo se dedican a resolver expedientes y lo prioritario es atender y prestar servicios a los ya españoles. Al fin y al cabo, aunque tengan todo el derecho a solicitar la nacionalidad, no son españoles hasta que se les concede la nacionalidad”, explica.

Según datos recabados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en México apenas son 114, de los cuales 18 son funcionarios; Argentina, 200, con 20 funcionarios; y Cuba, 65, de los cuales son funcionarios 18.

Buenos Aires asumirá 640.000 solicitudes

Virella recuerda el último gran atasco burocrático en el consulado español en Buenos Aires, ocurrido tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica de 2007, una norma de naturaleza similar aprobada durante el Gobierno de José Luis Zapatero. En aquel entonces, este consultado tuvo que gestionar de golpe 60.000 solicitudes, además de las que se realizan por el proceso ordinario. El tiempo necesario para resolver todos los expedientes, cuya decisión final recae sobre el cónsul, cónsul “fue de 13 años”.

El escenario que se presenta ahora en las oficinas en este país es mucho peor. Porque en la anterior norma, el Gobierno estableció un plazo de un año para que las oficinas consulares pudiesen prepararse. En la norma de 2022, la entrada en vigor ha sido instantánea tras su publicación en el BOE y ha supuesto la entrada, en el caso de la oficina en Buenos Aires, de más de 640.000 solicitudes (solo en Argentina hay cinco consulados). Esto quiere decir que una parte considerable de los más de ciudadanos no solo no llegará a tiempo para 2027, sino que es muy probable que algunos de ellos no lleguen a ser reconocidos siquiera antes de fallecer, como así reconoce el diplomático.

Entre la Ley de Memoria Histórica del 2007 y la Ley de Memoria Democrática del 2022, es importante destacar que se aprobó la Ley de Acción y Servicio Exterior del año 2014. Y en esta norma, tanto en el articulado como en una disposición adicional, se estableció que a los seis meses de su entrada en vigor y posteriormente cada dos años —o menos, según las necesidades— se realizarán informes periódicos de los recursos y medios existentes en el servicio exterior para adaptarlos, adecuarlos a las decisiones y acciones políticas respecto al exterior de los distintos gobiernos. “Lo que sucede es que ningún ejecutivo ha elaborado ningún informe sobre el impacto de esta ley”, ha lamentado Virella.

Exteriores y Justicia tratan de agilizar la actividad consular

La cartera que dirige José Manuel Albares argumenta que en los últimos años ha reforzado la plantilla de los consulados, pero esas nuevas contrataciones han sido temporales y, en todo caso, no han sido funcionarios, por lo que no tienen competencias para resolver las nacionalidades, como así dicta el Reglamento Notarial.

¿Qué solución plantea el Gobierno? El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el de Asuntos Exteriores plantean agilizar la actividad de los consulados a través de una revisión de las competencias de los funcionarios, limitando sus tareas para que puedan dedicar mayor tiempo a la ley de nietos. Según la proposición, la revisión contempla impulsar la digitalización en el proceso notarial en el exterior, permitiendo la expedición de copias electrónicas verificables y el uso de firma electrónica. Esta norma todavía no ha iniciado su camino legislativo, que también conllevará su tradicional atasco ante la falta de apoyos en el bloque de investidura.

Iban a ser utilizadas por mercerarios libios. Ahora formarán parte de la flota de Vigilancia Aduanera, la unidad de élite de la Agencia Tributaria que combate el narcotráfico y el contrabando. El objetivo es que estén operativas “el último trimestre del año”, señala un portavoz de la Agencia. Se trata de dos patrulleras de 38 metros de escola construidas con casco de aluminio que están en el puerto de Algeciras, en Cádiz. Fueron incautadas en agosto de 2025 cuando iban a bordo de un carguero de bandera de Liberia, el ‘Lila Mumbai’, con destino a Libia. Guardia Civil y Vigilancia Aduanera decidieron interceptar el barco en Ceuta, ya que sospechaban de que llevaba material militar al país africano, que tiene una orden de embargo por parte de Naciones Unidas.

La sospecha era cierta. El carguero llevaba estas dos patrulleras, dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas más pequeñas. Todas con las siglas de TBZ, la milicia Tariq Bin Ziyad. Este grupo de mercenarios está vinculado a la trata de seres humanos, los crímenes de guerra y el contrabando, y actúan bajo la protección de Jalifa Hafter, el señor de la guerra del este de Libia, que controla ese territorio y con el que algunos Estados de la UE quieren colaborar para frenar la inmigración irregular. Esta región es de riesgo extremo, con presencia de grupos armados, altas tasas de delincuencia, secuestros y la amenaza constante de artefactos explosivos sin detonar. Exteriores recomienda no viajar allí. El Gobierno reconocido por la comunidad internacional está en el oeste, con Trípoli como capital.

Tras un año depositadas en Algeciras, la Agencia Tributaria ha decidido, por fin, incorporar las dos patrulleras, las más grandes, a sus propios medios operativos. “Ya están adscritas provisionalmente a la Agencia. La adscripción definitiva está pendiente de decisión judicial y este no será un trámite rápido, así que toda la planificación es provisional hasta la decisión definitiva que está vinculada al proceso judicial del carguero ‘Lila Mumbai’“, explica a Infobae un portavoz de la Agencia. ”Una se destinará a Galicia, con Vigo como base de referencia, y la otra a Canarias. No hay fechas aún para el inicio de servicio, pero después de la necesaria puesta a punto se prevé el inicio de actividad en el último trimestre del año", matiza el mismo portavoz.

El sindicato SIAT pidió desde un primero momento que la Agencia estudiara la incorporación de estas embarcaciones con destino a Libia a la flota de la Hacienda española. “Las características de estas embarcaciones permiten que se puedan usar en la persecución y represión del narco-contrabando. Desde hace tiempo venimos reclamando a la Agencia que se soliciten en custodia las embarcaciones o vehículos aprehendidos, o bien se decomisen dichos medios tras una sentencia judicial, en lugar de sacarlos a subasta pública, para potenciar y satisfacer las necesidades organizativas de Vigilancia Aduanera por todo el territorio y costas nacionales. Estas actuaciones supondrían un ahorro al erario público y, sin lugar a dudas, redundaría en una mayor operatividad”, explica un portavoz de SIAT.

Déficit de maquinistas

Agentes destinados en embarcaciones similares, como el ‘Cóndor’, explican a este diario que de momento no tienen mucha información sobre el funcionamiento de estos barcos con destino a Libia. “Estos barcos iban a ser utilizados en el Mediterráneo y ahora van a prestar servicio en el Atlántico, son aguas muy distintas. Además, los barcos de más de 35 metros como es este caso requieren tripulaciones de 12 personas. Y hay déficit de maquinistas”, explican. “No sé si estarán disponibles para finales de año. Hace falta probarlas y un tiempo de entrenamiento”, señala el mismo agente. El plan es bautizar a estas dos naves como Tordo I y Tordo II (Aduanas siempre nombra a sus barcos con nombres de aves).

Todas las embarcaciones decomisadas en el ‘Lila Mumbai’ han sido fabricadas en los astilleros de Grandweld Shipyards, en Dubái, un centro industrial especializado en embarcaciones de alta velocidad. Su destino era Bengasi, en Libia. De momento Vigilancia Aduanera solo va a utilizar los dos patrulleros. En el carguero también iban dos lanchas de desembarco de tropas y seis lanchas interceptoras más pequeñas. “A corto plazo no se prevé incorporar otras embarcaciones de las interceptadas en el ‘Lila Mumbai’”, señalan desde la Agencia Tributaria.

Marine Le Pen ha decidido seguir adelante. Después de una jornada marcada por la incertidumbre sobre su futuro político, la líder de Agrupación Nacional (RN) ha anunciado este martes que será candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027, pese a la condena por el caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo y a la pena de un año de control mediante brazalete electrónico que mantiene la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de París.

La decisión supone un giro respecto a la posición que ella misma había defendido meses atrás, cuando aseguró que una condena que la obligara a llevar un dispositivo electrónico era incompatible con aspirar al Palacio del Elíseo. Sin embargo, apenas seis horas después de conocerse el fallo judicial, Le Pen ha comparecido en horario de máxima audiencia en la cadena TF1 para anunciar que no renuncia a la carrera presidencial y que agotará todas las vías legales para defender su inocencia.

“Quiero llegar hasta el final de los recursos que tengo a mi disposición para poder defender mi inocencia en este asunto”, ha afirmado la dirigente ultraderechista, que ha confirmado que presentará un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa. Según ha explicado, esa decisión suspende los efectos de la sentencia mientras el alto tribunal resuelve el recurso, lo que, a su juicio, le permitirá desarrollar la campaña electoral sin tener que cumplir la condena del brazalete electrónico. “Haré campaña sin brazalete electrónico”, ha asegurado. “No cambiaré de opinión”, ha añadido para zanjar cualquier duda sobre su candidatura. La líder ultraderechista ha ido incluso más allá y ha concluido que “ya no hay ningún escenario en el que no pueda ser candidata en 2027”.

La comparecencia ha puesto fin a un día de auténtico suspense dentro de Agrupación Nacional. La mañana había comenzado con un alivio para la formación después de que el Tribunal de Apelación redujera la pena de inhabilitación que pesaba sobre Le Pen y le devolviera la posibilidad de presentarse a las presidenciales de 2027. Sin embargo, el fallo mantenía la condena a un año de vigilancia electrónica, una circunstancia que trasladó toda la presión a la propia dirigente.

La pelota quedaba entonces en su tejado. La Justicia ya no le impedía concurrir a las elecciones, pero era ella quien debía decidir si estaba dispuesta a afrontar una campaña electoral —e incluso una eventual llegada al Elíseo— con una condena penal firme y un dispositivo electrónico asociado a esa pena. Le Pen ya ha despejado esa incógnita.

Le Pen defiende su inocencia

La líder de RN ha insistido en que discrepa de la aplicación del artículo 432-15 del Código Penal francés, que regula las penas de inhabilitación, y ha confirmado que ese será uno de los ejes de su recurso ante el Tribunal de Casación. “Considero que somos inocentes de los hechos que se nos reprochan”, ha afirmado durante la entrevista, en la que ha vuelto a defender que ni ella ni el resto de condenados desviaron irregularmente fondos del Parlamento Europeo para financiar la actividad del partido en Francia.

La sentencia, sin embargo, mantiene intacta la declaración de culpabilidad. El Tribunal de Apelación considera acreditada la existencia de un sistema mediante el cual recursos económicos destinados a asistentes parlamentarios europeos terminaron financiando la estructura del partido en territorio francés, una operativa de la que señala como instigadores a Marine Le Pen y a su padre, Jean-Marie Le Pen. Pese a ello, la defensa de la dirigente calificó el fallo de “parcialmente satisfactorio”, al entender que la rebaja de la pena de inhabilitación mantiene abierta la puerta a una candidatura presidencial.

La líder de RN ha aprovechado además su intervención para hacer un llamamiento a sus simpatizantes a implicarse “activamente” en una campaña que ha dado oficialmente por iniciada. “Los franceses tendrán la última palabra”, ha dicho, convencida de contar con la confianza suficiente para volver a disputar la Presidencia de la República.

La historia de Noelia Castillo conmocionó a España y al mundo. Una joven de 25 años que decidió morir y quiso hacerlo dignamente tras varios intentos de suicidio y ser víctima de violencia sexual. No lo tuvo fácil; la juzgaron hasta en su propia familia (especialmente su padre, que la llevó a los tribunales) y gente de todos los países quiso opinar sobre su decisión. Muy distinta es la historia Alida Azabal Martín, una malagueña de 25 años que padece dos enfermedades raras degenerativas que no tienen cura y que cuenta con el apoyo de su madre, Virginia. Alida tiene aprobada desde noviembre la eutanasia, tal y como cuenta su madre en redes sociales, pero ha decidido aplazarla para tratar de cumplir una lista de deseos antes de morir.

“Necesitamos vuestra ayuda porque económicamente no podemos”, ha solicitado Virginia. “No son deseos muy caros, pero no podemos hacerlo, entonces pido vuestra ayuda, vuestra colaboración y entre todos seguro que lo conseguimos para que mi niña, cuando cumpla sus deseos, se pueda ir tranquila”, ha explicado.

El primero de ellos es nadar con leones marinos. Quiere hacerlo en la Fundación Río Safari de Elche. El centro les ha concedido llevar a cabo la experiencia un fin de semana de la segunda quincena de julio. Ahora la familia necesita reunir los fondos necesarios para costear el viaje. “Es uno de los deseos que más ilusión le hace cumplir”, cuenta Virginia.

Otro de sus deseos es visitar el Oceanogràfic de Valencia. Pero poder hacerlo con “tranquilidad”. Tanto Alida como como su madre van en silla de ruedas, por lo que lo que quieren es poder disfrutar “aunque sea dos días tranquilamente” y verlo sin prisa. “Esta enfermedad cansa mucho”, afirma Virginia. “Necesitamos desplazamiento, alojamiento, alimentación, son muchas cosillas. Por eso necesitamos vuestra ayuda”, agrega.

Dos enfermedades genéticas y sin cura

Alida padece una enfermedad mitocondrial neurodegenerativa y el síndrome de Aicardi-Goutières, ambas de origen genético y que no tienen cura. Las enfermedades mitocondriales neurodegenerativas tienen su origen en mutaciones genéticas que afectan a las mitocondrias, las estructuras dentro de cada célula encargadas de producir la energía que el cuerpo necesita para funcionar. Cuando esas estructuras fallan, las células nerviosas del cerebro —las más dependientes de ese suministro energético— se deterioran y mueren de forma progresiva. El resultado es una pérdida gradual e irreversible de funciones neurológicas: coordinación, movilidad, capacidad cognitiva. No existe tratamiento que detenga su avance.

Por otro lado, el síndrome de Aicardi-Goutières es una enfermedad genética rara en la que el sistema inmunitario ataca por error al propio cerebro. El fallo en ciertos genes impide que el organismo elimine correctamente fragmentos de material genético sobrante dentro de las células. Al acumularse, el sistema inmunitario los confunde con un virus e inflama el cerebro para combatirlos, dañando de forma permanente la sustancia blanca, que es la red de fibras nerviosas que permite la comunicación entre distintas zonas del cerebro. Las consecuencias pueden incluir discapacidad intelectual grave, convulsiones, espasticidad muscular y microcefalia. Tampoco tiene cura.

Entre otros de los síntomas que sufre Alida, están los problemas respiratorios, tetraparesia, desnutrición, dolor crónico, dependencia para las actividades básicas y cuidados paliativos. “Hace dos años querían sedarla, porque no podía comer y se quedó en 20 kilos, pero yo no estaba preparada para sedarla, y justo empezó a comer un poquito y se recuperó”, cuenta su madre.

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La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la causa contra tres agentes de los Mossos d’Esquadra investigados por su presunta colaboración en la fuga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su breve regreso a Barcelona en 2024. El tribunal considera que hay indicios de que los agentes incurrieron en el delito de omisión del deber de perseguir delitos.

La resolución, a la que ha tenido acceso EFE, estima el recurso presentado por la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Vox y Hazte Oír, y anula el auto de la jueza de instrucción, que había cerrado el caso al concluir que los tres mossos no tenían obligación de detener a Puigdemont por encontrarse fuera de servicio en el momento de los hechos. La magistrada consideró que esa situación les eximía de la obligación de detener a Puigdemont, pero ahora la Audiencia le ordena dictar un nuevo auto, salvo que se acuerden nuevas diligencias de investigación.

Con esta decisión, los tres agentes quedan a un paso del juicio oral. La Audiencia sustenta su criterio en jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que los funcionarios policiales deben intervenir en defensa de la ley y la seguridad ciudadana incluso cuando no están en activo.

“No adoptaron las medidas a su alcance para promover la persecución”

No obstante, el tribunal descarta que estar fuera de servicio sea un argumento válido. En su auto, recoge que “los miembros de la policía han de intervenir siempre en defensa de la ley y seguridad ciudadana”, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo, y concluye que esa circunstancia “no debería ser obstáculo para la apreciación del delito”. A juicio de la Sala, los agentes “no adoptaron las medidas a su alcance para promover la persecución” de una persona investigada por varios ilícitos penales, con independencia de cualquier otro auxilio que pudieran haberle prestado.

Así, la Audiencia apoya su decisión en los “relevantes indicios” que aparecen en los informes y vídeos aportados por la División de Investigación Interna de los Mossos. Las imágenes corresponden al 8 de agosto de 2024, día en que Puigdemont reapareció en Barcelona para dar un mitin en el Arc de Triomf con motivo de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En ellas se ve a los tres investigados rodeando al expresident “a muy corta distancia, incluso llegando a cogerle del brazo en algún momento para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas”, en una disposición que los propios informes policiales califican de “encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades”.

La presencia de los tres agentes junto a Puigdemont dura hasta su llegada al Arc de Triomf, desde donde huyó en un vehículo que era propiedad de uno de los investigados, y que había sido estacionado en un aparcamiento cercano el día anterior. Además, fue conducido por la esposa del agente imputado.

“Llamativo” que los tres agentes coincidieran estando fuera de servicio

El auto añade que los indicios que aportan las imágenes “se ven reforzados de forma periférica por detalles como la utilización por parte de los tres investigados de gorras de tipo béisbol de color azul, similares a las empleadas por otras personas que en los vídeos parecen formar parte de un equipo de seguridad o protección”. El tribunal también considera “llamativo” que los tres agentes coincidieran en el lugar estando todos fuera de servicio, y señala que la ausencia de contactos telefónicos entre ellos el día de los hechos “es irrelevante, porque puede ser consecuencia de una medida de seguridad elemental”.

En cuanto a la calificación jurídica, la Audiencia coincide con el fiscal en que “es dudoso” que los hechos encajen en los delitos de desobediencia o denegación de auxilio, por la ausencia de una orden directa dirigida a los investigados más allá del hecho de que sobre Puigdemont pesaba una orden de detención. Tampoco aprecia un delito de encubrimiento, al entender que los agentes no habrían incurrido en el abuso de funciones públicas que exige ese tipo penal. La conducta sí encajaría, a juicio del tribunal, en el artículo 408 del Código Penal, que castiga con penas de inhabilitación a la autoridad o funcionario que “dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables”.

*Noticia en ampliación.

José Luis Rodríguez Zapatero ha movido ficha en la Audiencia Nacional para intentar frenar la inspección que la Agencia Tributaria abrió hace unas semanas sobre su patrimonio. El expresidente del Gobierno ha solicitado a Hacienda que declare nulas las actuaciones inspectoras iniciadas contra él y, de forma subsidiaria, que las suspenda de inmediato al considerar que no pueden coexistir con la investigación penal que ya dirige el juez José Luis Calama. Al mismo tiempo, ha comunicado esa petición al magistrado y le ha reclamado que ordene la paralización de las actuaciones administrativas abiertas tanto contra él como contra su esposa, María Sonsoles Espinosa.

Según el escrito presentado ante la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso Infobae, la defensa de Zapatero sostiene que Hacienda inició la inspección cuando el expresidente ya había sido formalmente investigado por la Audiencia Nacional. A su juicio, ambos procedimientos recaen, al menos parcialmente, sobre los mismos hechos, por lo que mantenerlos abiertos al mismo tiempo vulnera su derecho de defensa.

La petición llega apenas unos días después de que fuera la propia Agencia Tributaria la que comunicara al juez que había abierto una investigación fiscal contra Zapatero, su esposa, sus hijas, la empresa de estas —What The Fav—, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades vinculadas a este último. En ese mismo escrito, sin embargo, Hacienda también pedía al magistrado que valorara suspender esas actuaciones para evitar que se solaparan con la causa penal que ya está en marcha.

Ese aparente contraste es precisamente uno de los argumentos que ahora utiliza la defensa del expresidente. En su escrito sostiene que la Agencia Tributaria es plenamente consciente de que existe una investigación judicial abierta sobre los mismos hechos y que, pese a ello, decidió iniciar una inspección paralela. Por eso considera que la propia Administración debería haber acordado su suspensión desde el primer momento, sin necesidad de esperar a que lo ordenara el juez.

La controversia gira en torno a la secuencia en la que se produjeron los acontecimientos. El pasado 12 de junio, el juez Calama abrió una pieza separada para investigar determinadas joyas intervenidas durante el registro practicado en mayo en la oficina de Zapatero. En ese auto, el magistrado apuntaba que esos hechos podían tener relevancia desde el punto de vista tributario y acordó comunicar al expresidente su condición de investigado. Apenas tres días después, el 15 de junio, la Agencia Tributaria notificó el inicio de dos inspecciones con alcance general sobre distintos impuestos correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2024.

Además de revisar el IRPF, el IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, Hacienda requirió abundante documentación y solicitó autorización para acceder a los movimientos bancarios de Zapatero correspondientes a esos ejercicios.

La defensa sostiene que ambos procedimientos no pueden avanzar al mismo tiempo

La tesis de Zapatero pasa por una idea central: la investigación penal debe tener prioridad sobre la administrativa cuando ambas afectan a los mismos hechos. Según expone su abogado, la inspección fiscal no constituye una investigación independiente, sino que se adentra en cuestiones que ya están siendo analizadas por la Audiencia Nacional, por lo que entiende que Hacienda no podía poner en marcha ese procedimiento una vez abierta la causa penal.

La defensa considera además que mantener activas ambas investigaciones coloca al expresidente en una situación incompatible con sus derechos. Argumenta que Hacienda le exige entregar documentación y facilitar información que podría acabar incorporándose al procedimiento penal, obligándole a defenderse de forma simultánea en dos frentes distintos. Sobre esa base, sostiene que la inspección vulnera su derecho de defensa y el derecho a no autoincriminarse, motivo por el que solicita que se declare la nulidad de las actuaciones o, al menos, que queden suspendidas hasta que la Audiencia Nacional resuelva la causa.

También reclama la intervención del juez

Además de dirigirse a la Agencia Tributaria, Zapatero ha puesto estos hechos en conocimiento del juez Calama. En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional informa de que ya ha pedido la suspensión de la inspección ante Hacienda y solicita al magistrado que ordene igualmente la paralización de las actuaciones administrativas abiertas contra él y contra su esposa.

La defensa explica que ambos presentan conjuntamente sus declaraciones del IRPF y que la investigación penal sobre la actividad económica y las rentas del expresidente puede tener consecuencias también sobre el procedimiento administrativo iniciado respecto a María Sonsoles Espinosa. Por ese motivo, reclama que cualquier decisión de suspensión alcance igualmente a ambos.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 12 años y seis meses de prisión impuesta a una mujer de León por intentar asesinar a su expareja utilizando a uno de los hijos que ambos tenían en común para hacerle llegar una tableta de chocolate impregnada con talio, un metal altamente tóxico que puede resultar mortal. La Sala de lo Penal considera acreditado que fue ella quien preparó el envenenamiento y rechaza todos los argumentos con los que intentó anular la condena, al entender que el conjunto de las pruebas apunta de forma clara a su autoría.

Aunque nunca existió una prueba directa del momento en que el chocolate fue manipulado y el trozo que comió la víctima no pudo analizarse, el alto tribunal concluye que la investigación reunió una cadena de indicios suficientemente sólida como para descartar cualquier explicación alternativa razonable. La resolución confirma así íntegramente las decisiones adoptadas previamente por la Audiencia Provincial de León y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El caso se remonta al verano de 2020. La pareja ya estaba separada y la relación entre ambos se había deteriorado profundamente, sobre todo a raíz del conflicto por la custodia de sus dos hijos. Los intercambios de los menores se habían convertido en un foco constante de discusiones y enfrentamientos. En ese contexto, según los hechos que los tribunales consideran probados, la mujer decidió acabar con la vida de su expareja. Para ello eligió un momento especialmente delicado: uno de los días en que el padre iba a recoger a los niños.

La acusada preparó una tableta de chocolate Milka con una dosis letal de talio y se la entregó a uno de sus hijos. Le dijo que él no debía probarla bajo ningún concepto y que tenía que dársela a su padre e insistir hasta que se la comiera. El menor hizo exactamente lo que le había pedido su madre y, finalmente, el hombre terminó aceptando el chocolate mientras regresaban juntos a casa.

De un simple dolor de barriga a un ingreso de siete meses

Las primeras molestias aparecieron pocas horas después. Empezó con dolor abdominal y hormigueo en las manos, síntomas que inicialmente no hacían pensar en un cuadro especialmente grave. Sin embargo, su estado fue empeorando día tras día. Primero acudió a una clínica privada y, ante la rápida evolución del cuadro, fue trasladado al Hospital Universitario de León. Allí los médicos descubrieron el origen del problema: sufría una intoxicación aguda por talio con unos niveles extraordinariamente elevados de este metal en sangre y orina.

A partir de ese momento comenzó una larga lucha por salvarle la vida. Permaneció ingresado durante más de medio año y pasó hasta en tres ocasiones por la Unidad de Cuidados Intensivos. Llegó a necesitar respiración asistida, sufrió graves daños neurológicos, lesiones cutáneas, pérdida progresiva de visión y un importante deterioro físico.

Los especialistas consiguieron frenar la intoxicación gracias al tratamiento específico para este tipo de envenenamientos, pero las secuelas fueron irreversibles. Perdió prácticamente toda la visión, quedó con importantes limitaciones para caminar, sufrió un deterioro cognitivo y terminó siendo reconocido con una incapacidad permanente absoluta. Los médicos calificaron su evolución como un caso de “extraordinaria gravedad” y señalaron que sobrevivió gracias al intenso tratamiento recibido y a su buen estado físico previo.

La condenada alegó que todo eran sospechas

Ante el Supremo, la defensa sostuvo que la condena se había construido sobre simples hipótesis. Argumentó que nunca apareció talio en la tableta de chocolate intervenida durante la investigación, que no existía ninguna prueba directa de que hubiera manipulado el chocolate y que tampoco podía demostrarse que la intoxicación se hubiera producido exactamente de esa manera. Además, cuestionó la declaración del hijo, practicada varios meses después de los hechos, y defendió que podían existir otras posibles vías de intoxicación que nunca llegaron a investigarse.

La Sala de lo Penal rechaza esa interpretación y recuerda que una condena penal no necesita necesariamente una prueba directa cuando existe una sucesión de indicios sólidos que, analizados en conjunto, conducen a una única conclusión lógica.

Precisamente eso es lo que aprecia en este caso. Los magistrados consideran especialmente relevante el grave conflicto que mantenían ambos tras la separación, el relato del hijo sobre cómo recibió la tableta de chocolate para entregársela exclusivamente a su padre, la coincidencia temporal entre la ingesta y el inicio del cuadro clínico, los informes médicos que descartaron otras formas razonables de intoxicación y distintos comportamientos posteriores de la acusada. Ninguno de esos elementos, explica el Supremo, sería suficiente por sí solo, pero todos ellos forman una cadena probatoria consistente cuando se valoran conjuntamente.

La resolución también aclara por qué no resulta decisivo que nunca pudiera analizarse el trozo de chocolate que consumió la víctima. Ese fragmento desapareció al ser ingerido y el resto de la tableta fue localizado tiempo después, cuando ya no era posible extraer conclusiones útiles. Lo verdaderamente determinante, señala la Sala, es que los análisis médicos acreditaron sin discusión la presencia de talio en el organismo y que los especialistas descartaron otras fuentes plausibles de exposición al tóxico.

El testimonio del hijo, una de las piezas clave

Uno de los aspectos más debatidos durante todo el procedimiento fue la declaración del hijo de la pareja. La defensa insistía en que había sido explorado diez meses después de los hechos y que durante ese tiempo podía haber recibido influencias externas. Sin embargo, el Supremo comparte la valoración realizada por los tribunales anteriores y considera que la prueba se practicó con todas las garantías.

Además, destaca la coherencia y el nivel de detalle del relato del menor, que mantuvo siempre la misma versión: fue su madre quien cogió la tableta, la partió, la envolvió y le pidió que se la entregara únicamente a su padre, insistiendo además en que ni él ni su hermano podían comer ese trozo. Para los magistrados, esa declaración encaja plenamente con el resto de las pruebas y refuerza la conclusión alcanzada durante la investigación.

Con esta decisión, el Supremo deja definitivamente firme la condena impuesta a la mujer por un delito de asesinato en grado de tentativa. Además de la pena de prisión, deberá indemnizar a la víctima con más de 822.000 euros, una cantidad a la que se añadirán los gastos médicos no cubiertos y el coste de las adaptaciones necesarias en la vivienda como consecuencia de las gravísimas secuelas que le dejó el envenenamiento.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado contra la decisión que fijó en 39.009,48 euros las costas procesales que debe abonar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras su condena. La Sala de lo Penal considera que no procede reducir aún más esa cantidad y confirma el decreto que ya había rebajado prácticamente a la mitad la tasación inicial, que ascendía a 79.942,70 euros.

El auto, dictado el pasado 2 de julio y del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, analiza las impugnaciones planteadas por ambas partes, que sostenían que en la tasación se habían incluido actuaciones que no debían ser repercutidas al fiscal general. Sin embargo, el Supremo concluye que los argumentos esgrimidos no justifican una nueva reducción y avala el criterio seguido por la letrada de la Administración de Justicia.

La resolución llega después de que, en un primer momento, la tasación de costas se fijara en casi 80.000 euros por los honorarios del abogado y la procuradora que ejercieron la acusación particular en representación de Alberto González Amador. Posteriormente, tras una primera impugnación, esa cifra quedó reducida hasta los 39.009,48 euros, cantidad que ahora permanece intacta tras desestimarse los recursos de revisión.

No obstante, el procedimiento sobre las costas todavía no ha concluido completamente, ya que sigue pendiente la resolución de otra impugnación relativa al carácter supuestamente excesivo de los honorarios profesionales, cuestión que deberá analizarse en un trámite separado.

El Supremo avala las actuaciones incluidas en las costas

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía consistía en sostener que únicamente debían formar parte de las costas aquellas actuaciones que hubieran resultado imprescindibles para el procedimiento y que hubieran sido expresamente acordadas por el órgano judicial. Bajo esa premisa, pedía excluir numerosos escritos y diligencias promovidos por la acusación particular, especialmente aquellos que no prosperaron o que afectaban a otros investigados que finalmente quedaron fuera de la causa. El Tribunal Supremo rechaza esa interpretación. La Sala recuerda que la legislación permite excluir únicamente actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, circunstancias que considera que no concurren en este caso.

Los magistrados sostienen que la investigación debe contemplarse como un conjunto y no como una sucesión de actuaciones aisladas. En este sentido, destacan que la querella presentada por la acusación particular dio origen a las primeras diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que esas actuaciones iniciales formaron parte de la misma secuencia procesal que posteriormente terminó en el Tribunal Supremo.

Por ello, la Sala rechaza la tesis de la Fiscalía de separar ambas fases del procedimiento para excluir parte de los trabajos realizados por la acusación particular. Según el auto, todas esas actuaciones contribuyeron al esclarecimiento de los hechos y permitieron delimitar el objeto de la investigación.

Las diligencias sobre otros investigados también fueron útiles

Otro de los puntos discutidos hacía referencia a los gastos derivados de actuaciones dirigidas inicialmente contra otros investigados, como Julián Salto Torres y Pilar Rodríguez Fernández, cuyas causas terminaron archivándose. La Fiscalía sostenía que no resultaba razonable que García Ortiz asumiera los costes derivados de investigaciones dirigidas contra personas que finalmente no fueron condenadas.

El Supremo tampoco comparte ese planteamiento. La Sala explica que la utilidad de una actuación no depende del resultado final del procedimiento respecto de cada investigado, sino de la función que desempeñó durante la investigación. En este sentido, el auto destaca que las diligencias practicadas respecto de esos investigados permitieron obtener información que resultó relevante para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y para delimitar las responsabilidades de cada una de las personas implicadas. Entre otros extremos, menciona que el análisis de mensajes y correos electrónicos almacenados en el teléfono móvil de Pilar Rodríguez aportó datos relevantes para la investigación sobre la actuación de García Ortiz.

La resolución también descarta excluir de las costas determinados escritos en los que la acusación particular solicitó diligencias que posteriormente fueron rechazadas. El Supremo diferencia esos escritos de los recursos procesales —cuyas costas sí pueden quedar excluidas en determinados supuestos— y considera que formular solicitudes durante la fase de investigación forma parte de la actividad ordinaria de la acusación, aunque finalmente no todas prosperen.

De este modo, el alto tribunal mantiene la tasación de costas fijada en 39.009,48 euros, que continúa siendo la cantidad que, por el momento, deberá afrontar Álvaro García Ortiz como consecuencia de la condena impuesta en la causa, sin perjuicio de la resolución que aún queda pendiente sobre la impugnación de los honorarios por considerarlos excesivos.

La Audiencia Nacional ha denegado la nacionalidad española a una ciudadana nacida en Marruecos y residente en Parla desde hace más de una década. El tribunal ha considerado que la solicitante no ha demostrado el suficiente grado de integración en la sociedad española, requisito indispensable para acceder a la nacionalidad por residencia, independientemente del tiempo que lleve en el país.

El Ministerio del Interior fundamentó primero su negativa a partir de un informe del Registro Civil de Parla, que señaló carencias en el conocimiento de la cultura, el idioma y las instituciones españolas por parte de la recurrente. 

A pesar de aportar documentos que acreditan su residencia desde 2002, la tenencia de una tarjeta de residencia permanente, la ausencia de antecedentes penales y el nacimiento de tres hijos en España, la Audiencia Nacional entiende que estos elementos no son suficientes para acreditar la integración exigida por la ley. La resolución administrativa y la posterior sentencia han subrayado que la mera convivencia o el arraigo familiar no suplen el conocimiento y la implicación activa en la sociedad española que exige la normativa vigente.

Apenas hablaba español

El proceso se remonta al 24 de marzo de 2014, fecha en la que presentó su solicitud de residencia ante la administración española. Durante la tramitación, el encargado del Registro Civil de Parla emitió un informe desfavorable el 25 de abril de 2014, señalando que la solicitante apenas superaba el conocimiento mínimo del idioma y carecía de vínculos sociales relevantes en el entorno español. En la entrevista, la mujer no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma y desconocía el significado de la Constitución Española, detalles que, según la sentencia, evidencian una integración insuficiente.

En España, cualquier persona extranjera que quiera solicitar la nacionalidad española debe superar dos exámenes tipo test. El primero de ellos es una prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (en sus siglas, CCSE), que evalúa el conocimiento sobre la Constitución, la sociedad, la cultura y la historia españolas. Después, la persona debe realizar un examen de idioma español (DELE A2 o superior), en el caso de que no tenga el español como lengua materna.

Y así lo ha recordado el tribunal, que ha apuntado que el conocimiento útil del idioma y de la realidad sociopolítica española son componentes esenciales que deben demostrarse de forma individualizada para acceder a la nacionalidad. La Audiencia Nacional le ha impuesto el pago de las costas procesales hasta un máximo de 1.000 euros. El tribunal ha recordado que la sentencia, dictada el 15 de junio de 2026, abre la posibilidad de recurso de casación ante la misma Sala, que deberá prepararse y justificarse en el plazo de 30 días desde la notificación.

El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado dictó la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Gómez está acusada de varios delitos relacionados con su gestión al frente de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Junto a la apertura de juicio, el juez impuso varias medidas cautelares. Entre ellas, la obligación de entregar el pasaporte en sede judicial, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días.

Begoña Gómez podrá viajar a Londres, pero no a Turquía

La semana pasada, Gómez presentó una solicitud para poder salir de España entre el 7 y el 10 de julio, por dos compromisos fuera del país. El primero, en Ankara, donde desde hoy se celebra la cumbre de la OTAN. La invitación para acudir a este evento partió directamente de Emine Erdoğan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. El segundo viaje previsto era a Londres, donde tenía previsto asistir a la graduación de una de sus hijas.

La decisión sobre si Gómez podía o no viajar recaía en principio sobre el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado. Sin embargo, tras finalizar su turno de guardia, Peinado inició un periodo de vacaciones y la resolución quedó en manos del juez sustituto, Antonio Viejo, quien resolvió denegar la petición de viajar a Turquía, pero autorizar el desplazamiento a Londres. El magistrado argumentó que “en ese país no existe cooperación judicial”, refiriéndose a Turquía, mientras que sí consideró adecuado permitir el viaje al Reino Unido dada la “buena relación de cooperación judicial” con ese país, incluso tras el Brexit.

Para hacer posible el viaje a la capital británica, Viejo autorizó la devolución temporal del pasaporte a Gómez durante seis días. La condición impuesta es que el documento deberá ser devuelto al juzgado “el día hábil inmediato siguiente al de su retorno” a España. Según el calendario, Gómez viajará a Londres mañana, 8 de julio, y regresará el viernes 10. Por lo tanto, el pasaporte deberá estar de vuelta en sede judicial el lunes 13 de julio, después de seis días en su poder.

El ministro de Justicia asegura que la cooperación judicial y policial con Turquía es “excepcional”

En paralelo, la decisión judicial ha generado reacciones en el ámbito político. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido públicamente que la colaboración judicial y policial entre España y Turquía es “extraordinaria”.

Así lo ha señalado tras conocerse la resolución que impide a Gómez acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara, una restricción que se deriva de la retirada cautelar del pasaporte. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños aseguró que ese nivel de cooperación es equiparable al que existe entre España y Reino Unido, país al que sí podrá desplazarse Gómez.

El ministro detalló que ni Turquía ni el Reino Unido “son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia”, pero insistió en que “con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria”. Bolaños también explicó que recientemente mantuvo una reunión en Madrid con el ministro de Justicia turco para abordar “todas las materias pendientes para reforzar esa cooperación judicial”, y añadió que tiene previsto viajar a Turquía en los próximos meses para devolver la visita a su homólogo.

Sobre las medidas cautelares impuestas a Gómez, el ministro reiteró que “son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso”. Por su parte, el juez Viejo, sustituto de Peinado, ha accedido parcialmente a la petición de Gómez: podrá viajar a Londres entre el 8 y el 10 de julio, siempre que devuelva el pasaporte al juzgado el 13 de julio y cumpla el resto de medidas cautelares establecidas.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha expresado su desacuerdo con Donald Trump por las críticas dirigidas a Giorgia Meloni, señalando la importancia de mantener el respeto entre socios internacionales. “Creo que el señor Trump se está equivocando”, ha dicho durante una entrevista en Telecinco.

Hace referencia con esto a la publicación en Truth Social por parte de Trump de una imagen en la que Giorgia Meloni mira al presidente estadounidense y en la que puede leerse el mensaje “Necesitamos una orden de alejamiento”. “Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos”, ha dicho Abascal. Además, ha asegurado que considera “absolutamente inaceptables” las “descalificaciones” hacia Meloni.

Abascal defiende a su “amiga” Meloni

Abascal ha recordado que esta nueva tensión en la relación entre Trump y Meloni llega desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, tras la cual Trump aseguró que Meloni “pidió una y otra vez hacerse una foto” y que él accedió “por pena”, cuestión que Meloni ha negado rotundamente, asegurando que Trump se “inventó por completo” esa historia.

Dijo estar “asombrada” por los comentarios “completamente inventados” del presidente estadounidense, lamentando no saber “por qué se comporta así con sus aliados” y reprochándole que “no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes trata en cambio con mucha mayor indulgencia”.

Más allá del video comunicado en el que Meloni expresaba estas ideas para mostrar la sorpresa y el enojo que le provocaron las declaraciones de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció la cancelación de una visita que tenía planeada a Estados Unidos la semana de después. “Las palabras graves y ofensivas del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia”, publicó Tajani en X entonces. Hoy el dirigente de Vox ha defendido a la mandataria italiana, a quien considera “una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo”.

Coincide “en muchísimas cosas” con Trump y Meloni

Al mismo tiempo, sin embargo, su postura respecto al presidente de los Estados Unidos “no ha cambiado”. “Coincidimos en muchísimas cosas con Trump, y con Meloni”, ha dicho, si bien matizando que también tienen sus diferencias porque, en algunas cuestiones, los intereses nacionales de cada Estado son distintos. Pone el ejemplo de Javier Milei, presidente de Argentina, a quien considera aliado a pesar de estar en desacuerdo respecto al pacto de Mercosur, que Vox rechaza mientras Milei apoya.

También ha dedicado buenas palabras a Meloni la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha dicho que la mandataria italiana es un referente para su partido: “Es el ejemplo a seguir si queremos recuperar la prosperidad para Occidente”. Se ha pronunciado en una línea similar a la del líder de su partido, si bien con foco en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Ankara. Ha dicho que en la Alianza Atlántica “no hay jerarquías, todos tienen el mismo estatus”: “Aquellos que son aliados deben comportarse como tales, no como vasallos los unos de los otros”, ha dicho.

Santiago Abascal ha vuelto a criticar la ‘Ley de Nietos’ por considerar que su propósito es “alterar el censo electoral” apoyándose en “una guerra de hace un siglo” que, considera, el Gobierno “convierte en el debate político y público del día a día”, declaró en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco.

“A aquellos que no han vivido en España ni van a vivir no se les puede regalar la nacionalidad”, ha dicho este martes. “El problema es que en España se regala la nacionalidad ya a cualquiera y con cualquier tipo de objetivo”, aunque este mecanismo solo concede la nacionalidad española en tres supuestos.

¿Quiénes pueden obtener la nacionalidad española con la ‘ley de Nietos’?

La primera se refiere a personas nacidas fuera de España que sean hijos o nietos de españoles de origen, incluyendo aquellos casos en los que los padres o abuelos perdieron o renunciaron a la nacionalidad por haber tenido que exiliarse, ya sea por razones políticas, ideológicas, de creencias o por orientación e identidad sexual.

La segunda situación contempla a los hijos e hijas nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la aprobación de la Constitución de 1978, perdieron su nacionalidad al casarse con ciudadanos extranjeros, como exigía la legislación previa. La tercera posibilidad abarca a los hijos e hijas mayores de edad de quienes obtuvieron el reconocimiento de la nacionalidad española de origen a través del derecho de opción establecido tanto en la Ley de Memoria Democrática como en la Ley de Memoria Histórica, permitiendo así que la nacionalidad se transmita a la generación siguiente de quienes ya la recuperaron por estos mecanismos.

Es decir, que ni se regala la nacionalidad ni es a cualquiera: se devuelve a los descendientes de españoles de origen que nacieron fuera del país, hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y mayores de edad cuyos padres recuperaron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Memoria Histórica.

El Gobierno quiere que los votantes en el exterior “sean más”

Abascal ha calificado de “barbaridad” la cifra de 2,4 millones de solicitudes y las 600.000 aprobaciones. Según dice, en países como Cuba “se subcontratan empresas del Gobierno cubano” para “gestionar tal avalancha de solicitudes”, que “sobrepasa a la red consular”.

Insiste en considerarlo ingeniería electoral: los más de 300.000 nuevos votantes nacionalizados “no son pocos”, y “si se siguen nacionalizando serán muchísimos”, aunque para influir en la votación no es necesaria una avalancha sino “unos pocos votos dirigidos a provincias concretas”. El peso del voto exterior ha sido escaso en elecciones autonómicas previas, según Abascal, porque “los electores en el extranjero son pocos” y por eso, ha dicho, el Gobierno quiere “que sean más”.

Por su parte, Pepa Rodríguez de Millán, portavoz de Vox, ha pedido al PP que fije posición al respecto - Feijóo empezó argumentando fraude electoral, pero dio marcha atrás en ese sentido para alegar que “el Estado no está preparado” - asegurado que “la estrategia está muy clara: oposición total y frontal al Gobierno y las modificaciones legales que podamos impulsar para asegurar la transparencia en un futuro proceso electoral”, afirmó. Además, Vox ha recurrido la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado la nulidad de la instrucción que facilitó el acceso a la nacionalidad y ha pedido a la Comisión Europea que “actúe” ante la concesión masiva de ciudadanía.

Jordi Aragonès (Pineda de Mar) es uno de los cerebros detrás de Aliança Catalana, la extrema derecha independentista en Cataluña. La líder del partido, Sílvia Orriols, le ha designado la importante misión de conquistar el ayuntamiento de Barcelona. El anuncio se escenificó en la Sala Moragues Born Centre Cultural, un espacio cargado de simbolismo: fue el último espacio de la ciudad de Cataluña que resistió el asedio de las tropas de Felipe y que terminó con la capitulación del 11 de septiembre de 1714 en la Guerra de Sucesión. Allí, la alcaldesa de Ripoll y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, ha avalado el nombramiento con una frase que resume la apuesta del partido: “No necesitamos a nadie mediático, necesitamos a alguien valiente y no hay nadie más leal”.

Historiador de formación y profesor, Aragonès se ha presentado en las últimas semanas ante círculos empresariales con un discurso xenófobo y liberal en lo económico. En definitiva, los postulados de Aliança Catalana. Aragonès pudo dar pinceladas de su programa en la presentación de su campaña audiovisual, titulada “Salvemos Barcelona”, donde formuló uno de los mensajes más explícitos de su intervención sobre inmigración y vivienda: “Si no se nos llenase de inmigración descontrolada e inasumible, si no se permitiese que llegasen 50.000 personas al año, Barcelona no tendría el problema de vivienda que tiene”.

El nombre de Jordi puede escaparse para aquellos menos cafeteros de la política catalana, más allá de su reconocido apellido —es primo del expresident de la Generalitat, Pere Aragonès—. En parte es lógico, ya que el protagonismo público de Aragonès ha sido limitado. Los que le han seguido el rastro señalan que llega con bagaje político a sus espaldas vinculado a la derecha catalana. Inició su militancia política en la Unió Democràtica de Catalunya (UDC), partido tradicional del catalanismo conservador. Tras la crisis interna que afectó a la formación, se integró en 2013 en Demòcrates, la plataforma independentista liderada por el exalcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, surgida de una escisión de la UDC.

Cerebro de AC (y en su ‘dopaje’ económico)

El declive de la plataforma provocó su alejamiento de la militancia activa, aunque nunca llegó a desprenderse de los movimientos de la derecha nacionalista. Aragonès se acercó al Front Nacional de Catalunya (FNC), un partido cuyos orígenes se remontan a la Transición y que en sus inicios estuvo vinculado a grupos neonazis. Fue precisamente la organización que sirvió de trampolín para Orriols en el Ayuntamiento de Ripoll.

Joan Ricard Angulo, doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, añade en una conversación con Infobae que sus movimientos fueron claves en los pasos políticos de Orriols. “Vio que con el perfil de gente que tenía en el Frente Nacional no harían nada y consiguió que se distanciara de Front Nacional para fundar un partido nuevo con él detrás”, señala. Y así, Aragonès se convertiría en uno de los artífices de Aliança Catalana y núcleo duro de la formación, desempeñando desde entonces como secretario de Estudios y Programas. “Habiendo militado en Unió Democràtica y viniendo del entorno convergente, su papel fue determinante para conseguir contactos importantes de cara a financiación de partido. Universitat Pompeu Fabra (UPF)n la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Y es evidente que el partido está dopado por la capacidad que tiene de aparecer en los medios”, señala. Cuatro años después, en las elecciones municipales de 2024 ocuparía el segundo puesto de la candidatura al Parlament de Cataluña por la circunscripción de Barcelona, que finalmente no obtuvo representación.

Angulo señala que su salto a la primera línea no es casual. “Es una persona muy estratega. Si Aragonès se presenta, es porque cree que tiene opciones”, afirma el politólogo. Por el momento, el promedio de las encuestas ve difícil un primer puesto de Aliança Catalana, pero sí lo dibujan como el partido que más crece durante el último año.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este martes que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como ‘el pequeño Nicolás’, no tendrá que ingresar en prisión pese a la condena de dos años y un mes que pesa sobre él por acceder de forma ilegal a bases de datos policiales. El tribunal le concede la suspensión de la pena durante cuatro años a condición de que no vuelva a delinquir y abone una multa de 1.800 euros.

El auto recoge que los magistrados han acordado “conceder el beneficio de la suspensión de condena de las penas privativas de libertad impuestas” a Gómez Iglesias. La medida cuenta con el respaldo de la Fiscalía y advierte que será revocada -con ejecución inmediata de la pena de cárcel- si el condenado incumple alguna de las dos condiciones fijadas: la ausencia de actividad delictiva en ese periodo y el pago de la multa.

El tribunal ha justificado su decisión en el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos. “Dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos -cercano a los 12 años- sin que conste haber acometido nuevas conductas delictivas, se considera que la ejecución de las penas privativas de libertad no resulta necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos”, señala el auto. Los magistrados añadieron que el cumplimiento efectivo de la prisión podría comprometer el efecto resocializador de la pena.

Cómo actuaba

La condena que ahora queda en suspenso es el resultado de un largo recorrido judicial. La Audiencia Provincial de Madrid había fijado en un primer momento una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por la trama que Gómez Iglesias organizó para obtener información confidencial de bases de datos policiales. Según el relato de los hechos probados, el joven contó con la colaboración de dos agentes de la Policía Municipal de Madrid -Jorge González y Felipe Gallego-, a quienes entregaba gratificaciones a cambio de datos sobre matrículas de vehículos que, en su mayoría, pertenecían a empresarios. Esa información la empleaba para obtener ingresos paralelos en los ambientes sociales y políticos que frecuentaba.

En marzo de 2026, el Tribunal Supremo redujo esa pena a dos años y un mes, al apreciar como “muy cualificada” la atenuante de dilaciones indebidas. La Sala de lo Penal estimó parcialmente el recurso presentado por la defensa de Gómez Iglesias y dejó la decisión sobre el eventual ingreso en prisión en manos de la Audiencia madrileña, dado que ninguna de las penas individuales superaba los dos años.

Los frentes del ‘pequeño Nicolás’

Con esta última resolución, el historial judicial del joven -que tiene 32 años- suma condenas firmes por varios frentes. Además del caso de las bases de datos, acumula un año y nueve meses de cárcel por falsificar un documento de identidad para que un amigo se presentara por él a las pruebas de acceso a la universidad en 2012, y dos años de prisión por hacerse pasar ante un empresario por un enviado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Casa Real.

En ese segundo caso, el Supremo eliminó el delito de usurpación de funciones públicas al considerar que la suplantación formaba parte del engaño propio de una tentativa de estafa, aunque mantuvo la condena por falsedad documental. Una cuarta sentencia, relacionada con un viaje a Ribadeo (Lugo) en el que Gómez Iglesias hizo creer que formaba parte de una comitiva real, acabó en absolución tras el recurso ante el alto tribunal.

El conjunto de las penas firmes que acumula Gómez Iglesias asciende a cinco años, diez meses y 15 días de cárcel.

Un laboratorio en órbita para poner a prueba tecnologías de ciberseguridad en el espacio: esa es la nueva misión en la que se embarca la Agencia Espacial Europea (ESA) con CyberCUBE, el primer experimento europeo pensado este propósito. El proyecto empleará un pequeño satélite tipo CubeSat que permite probar en condiciones reales las herramientas diseñadas para proteger las futuras misiones espaciales frente a ciberataques.

La misión cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros y está previsto que despegue este 7 de julio desde la base de Vandenberg, en California, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. La empresa española GMV lidera el proyecto desde su sede en Rumanía, junto a Alén Space, una compañía con amplia experiencia en el desarrollo de pequeños satélites.

Un banco de pruebas para la ciberseguridad

El objetivo principal de CyberCUBE es servir como laboratorio en órbita para probar distintas tecnologías de ciberseguridad antes de su uso en misiones espaciales reales. Entre las pruebas que se realizarán durante al menos un año están la detección de accesos no autorizados, el análisis de interferencias en las comunicaciones y la defensa frente a ataques que intentan engañar a los sistemas simulando señales legítimas.

El desarrollo de herramientas de ciberseguridad se ha vuelto esencial debido a la dependencia de la sociedad de los sistemas espaciales, ya sea para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra o supervisión de infraestructuras críticas. La complejidad y el número de estos sistemas no deja de crecer, lo que aumenta también el riesgo de ciberataques.

Desde GMV, explican que CyberCUBE busca dar respuesta a estos desafíos, ofreciendo un entorno realista en el que poner a prueba soluciones de protección y contribuir a definir mejores estrategias de seguridad para el futuro de Europa en el espacio. Sostienen que los datos y resultados que se obtengan ayudarán a crear procedimientos y sistemas que permitan reaccionar con rapidez ante ataques que puedan ir desde el robo de información hasta la interrupción de servicios esenciales prestados por satélites.

Impulso a la industria española

El satélite de la misión, un CubeSat 3U de 30 x 10 x 10 centímetros, ha sido diseñado por Alén Space, empresa española integrada en el grupo GMV desde 2023. Aunque su tamaño es reducido, este tipo de satélites pequeños permite experimentar con tecnologías avanzadas de manera eficiente y a menor coste que los satélites tradicionales, facilitando la innovación en la industria espacial.

El proyecto incluye también el desarrollo de sistemas en tierra para controlar y validar la misión. Esto permitirá a la ESA ensayar respuestas a incidentes de ciberseguridad tanto en el espacio como desde la Tierra, simulando situaciones reales y poniendo a prueba la capacidad de reacción de los equipos técnicos. Europa refuerza la protección de sus activos en órbita y da un paso adelante en la consolidación de una industria tecnológica propia, mejor preparada para afrontar los retos digitales del futuro y para proteger infraestructuras críticas que cada vez son más necesarias en la vida diaria. Un paso más en la búsqueda de reducir la dependencia de otras potencias.

La venta de las propiedades inmobiliarias de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, se está convirtiendo en toda una novela con extraños protagonistas. Una misteriosa empresa, Vertex NPL Funding, constituida en octubre de 2025, acaba de presentar una oferta de 8.179.000 euros por los 44 bienes de Correa embargados por la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho después de ponerse en contacto con el nuevo abogado de Correa, Javier Iglesias Redondo, un letrado muy conocido en el sector jurídico. Luis Bárcenas, extesorero del PP, le acusó en sede judicial de amenazarle en nombre de los populares y de intentar comprar su silencio a cambio de 500.000 euros. Iglesias también ha ejercido la defensa de la mujer del comisario Villarejo.

La Audiencia Nacional quiere desprenderse de las 44 propiedades a nombre de Paco Correa: chalés, terrenos, garajes e incluso atraques para barcos, para que el líder de la Gürtel pueda responder así a la responsabilidad civil que conllevan sus múltiples condenas. En un principio estaba previsto que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia subastase las 44 propiedades al mejor postor. Pero Correa recurrió. Antes había informado a la Audiencia de que Inversiones Aralmar, una inmobiliaria aragonesa, había hecho una oferta para la compra de los inmuebles. Aralmar, que pertenece al Grupo Inmobiliario AC, propiedad de Alberto Calvo del Río, ofreció 6,1 millones de euros por las 44 propiedades.

Al conocer esta información publicada en exclusiva por Infobae, otras siete empresas de varios puntos del país se pusieron en contacto con la Audiencia para comunicarle que ellos también estaban interesados por estas propiedades. Pero en una extraña decisión, el Servicio Común de Ejecutorias, dependiente de la Sala de lo Penal, decidió que fuese Correa quien coordinase la venta de las propiedades. En una resolución fechada el pasado 18 de junio, el tribunal acordaba suspender el mandato que tenía la ORGA y “requerir a la representación procesal de Francisco Correa para que, en el plazo de 10 días, presente convenio de realización de bienes” con las empresas que habían manifestado su interés.

Ahora, el 2 de julio, esta misteriosa empresa con sede en la calle Velázquez de Madrid, Vertex NPL, acaba de presentar una oferta ligeramente superior a la de Inversiones Aralmar. Vertex no tiene página web ni teléfono donde contactar. La administra Ricardo Christen Rosen Gómez, que aparece en el registro mercantil con cargos en otra decena de sociedades. “Hemos tenido conocimiento del proceso de liquidación de activos que se está llevando a cabo en estos autos. Puestos en contacto con la representación procesal del titular, Javier Iglesias Redondo, nos ha facilitado el listado de bienes sujetos a liquidación con el fin de que presentemos una oferta vinculante por cada uno de los activos pendientes de enajenación", reza el escrito que Rosen Gómez ha enviado a la Audiencia.

1,5 millones de euros en cargas

Rosen Gómez, interesado en las 44 propiedades de Correa, reconoce que se ha tenido que poner en contacto con el letrado Javier Iglesias. Tras tener acceso al listado de los bienes, Vertex está dispuesta a ofrecer 8.179.000 euros por todos, ya que ha hecho un trabajo previo de análisis en registros de la propiedad para conocer que todas estas propiedades tienen actualmente unas cargas (impuestos, deudas con comunidades de propietarios) que suman 1,5 millones de euros. “Esto es una chapuza”, explica un empresario que también quiere presentar su oferta por estos bienes. “Lo suyo es que la ORGA gestionara la subasta de forma transparente. Pero ahora estamos obligados a ponernos en contacto con el abogado de Correa, que si quiere te atiende, y si no quiere, no te atiende”. Otra empresa interesada en algunas de las propiedades embargadas a Correa explica que lo que se ha hecho “es poner al zorro a cuidar al gallinero”.

Luis Bárcenas acusó a Javier Iglesias, al que apodan ‘el largo’ y ‘el capillas’, de trabajar para el PP de Mariano Rajoy y que en el despacho del letrado este le ofreció 500.000 euros en metálico a cambio de que fabricara una contabilidad distinta (los famosos papeles de Bárcenas) que en su día publicó el diario El País. Javier Iglesias también ha sido abogado de la mujer del comisario Villarejo y ha sido citado como testigo en el juicio del ‘caso Kitchen’. También ejerció la defensa del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, ya fallecido. Iglesias ha estado en muchas ‘salsas judiciales’. También fue el letrado que reunió en su despacho a Villarejo y a Josep Pujol Ferrusola, hijo del expresident Jordi Pujol, una reunión en la que se ofreció echar tierra sobre los procedimientos judiciales en curso contra miembros del clan Puyol a cambio de “colaborar” con la Policía aportando información comprometedora contra Esquerra.

Javier Iglesias también fue abogado defensor del teniente general Javier Calderón, antiguo director del CESID (los servicios secretos españoles) por las escuchas ilegales del servicio de inteligencia español a la sede de Herri Batasuna en Vitoria. Calderón y su antecesor, Emilio Alonso Manglano, fueron condenados por la Audiencia de Álava y absueltos después por el Tribunal Supremo.

Ahora ha sido elegido por Correa para coordinar la venta de sus bienes. Por ejemplo, la empresa Vertex ofrece 400.000 euros por una de las propiedades más lujosas que se quieren subastar: el chalé que Correa se estaba construyendo y no terminó en Punta Grossa, en el noroeste de Ibiza, en el municipio de Sant Joan de Labritja. Estamos hablando de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Sobre estos terrenos hoy se levanta una vivienda de 400 metros cuadrados y tres plantas a medio terminar. En Marbella, Correa tenía 12 propiedades: 10 garajes y dos viviendas. Destaca un ático en la urbanización Embrujo Playa, en Puerto Banús. La tasación real del inmueble puede llegar a 1,6 millones de euros. Vertex ofrece 700.000 euros por el ático y 600.000 euros por la otra vivienda.

Casa y atraques en Sotogrande

Luego está Sotogrande, en Cádiz. Correa tenía uno de los 164 apartamentos de la elitista urbanización Valgrande en esta localidad gaditana. Allí se despertó el 6 de febrero de 2009, cuando la Policía Nacional lo detuvo por primera vez. Vertex ofrece 800.000 euros por la casa. Allí las empresas de la trama tienen siete parcelas. También en Sotogrande hay cuatro atraques en el puerto, cuatro garajes y otra finca rústica con vivienda situada en la Ribera del Emperador, otro complejo residencial situado a pie de playa.

El tesoro de Correa lo completan dos fincas en la Hacienda La Conejera, en Algeciras, en un paraje de alto valor ecológico; una casa en una urbanización de Las Matas, en Las Rozas (por la que se ofrecen 600.000 euros); y seis fincas rústicas en Tarifa (Cádiz) que suman 168.000 metros cuadrados. Correa ha tenido muchas condenas que suman decenas de años de prisión, pero solo puede cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Tras pasar casi 10 años encarcelado, en junio de 2023 obtuvo el tercer grado (semilibertad) tras abonar también unos 21 millones de euros. Dinero que tenía en el extranjero, pero que no es suficiente para satisfacer las cantidades de responsabilidad civil a las que ha sido condenado.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el instrumento público que depende de Hacienda y que gestiona las acciones del Estado en distintas empresas de sectores que considera estratégicos, diseñó un “patrón estructurado” para amañar rescates y concesiones de infraestructuras durante la pandemia en una de las variantes del ‘caso Leire’. El juez Santiago Pedraz tiene imputadas a las tres personas que dirigieron la SEPI durante el Gobierno de Pedro Sánchez: la actual presidenta, Belén Gualda, y sus predecesores Vicente Fernández y Bartolomé Lora. También están imputados otros 12 altos cargos vinculados a la SEPI y sus compañías participadas.

Mientras la investigación judicial se concreta, la SEPI está licitando un contrato para implementar un modelo de liderazgo entre sus trabajadores. Se trata de un segundo intento. Porque en enero de este año la SEPI ya licitó un contrato parecido en tres lotes diferenciados pero solo pudo adjudicar uno de ellos: una serie de conferencias de “alto impacto” por 10.164 euros. Conferencias para mejorar la “proactividad” y la “confianza” de su plantilla, que sirvieran también para “la apertura de ideas o cómo salir de la zona de confort”. Los otros dos lotes, dirigidos al personal directivo y resto de la plantilla, quedaron desiertos.

“A la vista de la evolución del citado modelo de liderazgo, se ha redefinido la formación necesaria que permita potenciar el desarrollo continuo de las competencias y adecuarla al proceso de cambio y modernización en el que se encuentra la SEPI”, señala ahora la memoria justificativa de este nuevo contrato, valorado en 96.200 euros. Esta nueva formación se dividen en tres bloques. E primero está “dirigido a algunas de las competencias del modelo de liderazgo”: formación en comunicación y presentaciones; formación en colaboración y trabajo en equipo, y talleres en competencias de liderazgo.

El segundo bloque persigue la “interiorización de los valores corporativos de SEPI”, que la empresa pública cree que con hora y media de formación es suficiente. Por último está el tercer bloque, “la difusión y aplicación del modelo de liderazgo entre los distintos colectivos de la organización”, que consiste en la formación de líderes con experiencia consolidada en la gestión de equipos y la formación de personas con potencial. Este bloque está dirigido a perfiles jeráquicos de la SEPI con experiencia consolidada, que lleven tres años en el cargo y que tengan personal a su cargo. En la SEPI y sus empresas asociadas trabajan 87.100 personas.

Ética profesional

La SEPI recuerda en los pliegos del contrato que uno de los objetivo de esta nueva formación es “actuar con ética profesional e integridad pública, y promover la integridad pública en la organización y en los equipos”. La verdad es que la SEPI no pasa por su mejor momento reputacional. El mayor conglomerado societario del Estado está salpicado en varios sumarios judiciales: el que tiene imputado a José Luis Rodríguez Zapatero y el que se ha bautizado como ‘caso Leire’ por los tejemanejes de la ‘fontanera’ socialista. Los tres último presidentes de la SEPI, todos bajo mandato de Pedro Sánchez en el Gobierno, están imputados en estos momentos. La actual presidenta tiene un salario de 258.785 euros brutos anuales.

Junto a ellos, una veintena de altos cargos completan una telaraña penal que compromete ayudas públicas por más de 760 millones de euros, además de otros presuntos pelotazos económicos que se intentaron cerrar con ayuda de estos cargos de la SEPI. Bajo la tutela directa del Ministerio de Hacienda, este gigante gestiona el patrimonio estratégico del Estado en corporaciones de la talla de Telefónica, Indra, Redeia, Enagás, Navantia, Correos, Tragsa o Enusa (la empresa de la energía nuclear). La SEPI también gestionó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) creado tras la pandemia.

Uno de los ex presidentes de la SEPI, Vicente Fernández, está señalado como parte de un trío (que completaban Leire Díez y el empresario Antxón Alonso) que llegó a conformar un grupo capaz de moldear voluntades públicas dentro de la SEPI a favor de intereses privados. Todo a cambio de comisiones. A Fernández le sustituyó en la SEPI Bartolomé Lora, que hoy sigue como vicepresidente. Está imputado en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por prevaricación administrativa por el rescate de 475 millones de euros a Air Europa. Los rescates de otra aerolínea, como Plus Ultra, o de las empresas Tubos Reunidos y Duro Felguera, también salpican judicialmente a directivos de la SEPI.

Los sumarios judiciales infectan a muchas filiales de la SEPI. En Mercasa (tiene el 51%), Anticorrupción investiga adjudicaciones a dedo a una de las empresas de la trama de Leire Díez para justificar una mudanza de sede con valoraciones infladas. En Enusa (60%) se investiga si la trama intentó favorecer a la constructora Acciona a cambio de negocios de residuos en Melilla y Castellón. En Asturias, el foco está en un contrato de 2,85 millones para desmantelar un parque empresarial, contrato que se llevó una empresa navarra a cambio de comisiones. Para ello, la trama llegó a utilizar la marca del Fútbol Club Barcelona. Y en Forestalia, la Fiscalía sigue la pista de 17,32 millones públicos.

Un ciudadano británico que vio archivada su solicitud de residencia permanente en España pese a haber aportado abundante documentación para acreditar que ya vivía en el país antes del Brexit ha conseguido que la Justicia revierta por completo la decisión de Extranjería. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha concluido que la Administración desestimó su petición sin valorar las pruebas que obraban en el expediente y reconoce ahora su derecho a obtener el documento de residencia previsto para los nacionales del Reino Unido protegidos por el Acuerdo de Retirada.

La resolución supone un serio correctivo tanto para la Delegación del Gobierno en Baleares como para el juzgado que inicialmente respaldó su actuación. El alto tribunal considera que ambos pasaron por alto la documentación aportada por el solicitante y llegaron a la conclusión de que no había acreditado los requisitos exigidos sin analizar realmente las pruebas que ya figuraban en el expediente. Tras examinarlas, la Sala entiende que no solo demostraban que residía en España antes del 31 de diciembre de 2020, sino también que disponía del seguro sanitario cuya vigencia le había sido requerida.

El caso se remonta a marzo de 2021. Apenas unos meses después de que culminara la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el ciudadano británico solicitó el documento de residencia permanente previsto para quienes ya estaban establecidos en España antes de que expirara el periodo transitorio del Brexit.

Durante la tramitación, Extranjería le reclamó documentación adicional para acreditar dos extremos fundamentales: que efectivamente residía en España antes del 31 de diciembre de 2020 y que el seguro médico aportado junto a la solicitud seguía vigente. Como ocurre habitualmente en este tipo de procedimientos, la Administración le advirtió de que, si no atendía el requerimiento, el expediente podría quedar archivado. Eso fue precisamente lo que ocurrió. La Delegación del Gobierno entendió que el interesado no había subsanado las deficiencias detectadas y decidió cerrar el procedimiento sin entrar a resolver el fondo de la solicitud.

El afectado recurrió la decisión sosteniendo que sí había aportado toda la documentación exigida, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma confirmó la actuación administrativa al considerar que no había quedado suficientemente acreditada su residencia en España antes del Brexit.

El Tribunal revisa el expediente y encuentra pruebas suficientes

La historia cambia por completo al llegar al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Lo primero que advierte la Sala es que ni la resolución administrativa ni la sentencia dictada en primera instancia explican por qué la documentación presentada no era válida. Sencillamente, afirma, no la valoran. A partir de ahí, los magistrados revisan una por una las pruebas incorporadas al expediente y concluyen que todas ellas apuntan en la misma dirección: el solicitante llevaba años residiendo en España.

Entre esa documentación figura un certificado de residente comunitario expedido por las autoridades españolas con vigencia desde 2011; un certificado de empadronamiento que acredita que estaba inscrito en Calvià desde octubre de 2016; el certificado de nacimiento de un hijo nacido en Mallorca en 2006; justificantes del pago de impuestos municipales por un inmueble situado en la isla; recibos del suministro eléctrico de esa vivienda correspondientes a fechas anteriores a noviembre de 2020 y un certificado que acredita que estaba dado de alta como trabajador autónomo desde 2013.

Para la Sala, resulta difícil comprender por qué, a la vista de esa documentación, la Administración sostuvo que el interesado no había acreditado su residencia. Todos esos documentos, analizados conjuntamente, permiten concluir que cumplía el requisito exigido para beneficiarse del régimen especial diseñado tras el Brexit.

El tribunal recuerda, además, que el propio Acuerdo de Retirada no exige una presencia física ininterrumpida en el Estado de acogida hasta el último día del periodo transitorio. La normativa contempla determinadas ausencias temporales sin que ello implique perder el derecho de residencia y, en cualquier caso, añade que nada de lo aportado permite deducir que el ciudadano hubiera abandonado España de forma permanente.

También había acreditado que mantenía el seguro sanitario

La segunda objeción planteada por Extranjería tampoco convence al Tribunal Superior. La Administración había solicitado al ciudadano británico que demostrara que el seguro médico privado incluido en su solicitud seguía vigente cuando se estaba tramitando el expediente. Según recoge la resolución, el interesado había aportado inicialmente una póliza de DKV contratada desde 2015 y, tras recibir el requerimiento, presentó además las facturas correspondientes al pago de las primas del seguro durante 2021. Pese a ello, el expediente fue archivado igualmente.

La Sala considera que también en este aspecto la Administración resolvió el procedimiento sin comprobar adecuadamente la documentación que tenía delante. Una vez revisadas esas pruebas, concluye que la vigencia del seguro sanitario estaba acreditada y que no existía motivo para mantener el archivo de la solicitud.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares estima el recurso de apelación, revoca la sentencia que había confirmado la actuación de Extranjería, anula la resolución de la Delegación del Gobierno y reconoce expresamente el derecho del ciudadano británico a obtener el documento de residencia permanente solicitado al amparo del Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea. Además, condena a la Administración al pago de las costas de la primera instancia al considerar que la resolución recurrida ofrecía una respuesta estereotipada y no daba una contestación real a la documentación y a las alegaciones presentadas por el interesado.

Carmen Negrín podría recuperar la nacionalidad española en cualquier momento. La ley se lo permite, como ya ha ocurrido con otros miembros de su familia. Sin embargo, la presidenta de la Fundación Juan Negrín ha optado por no dar ese paso. Nieta del último presidente del Gobierno de la Segunda República, asegura que su decisión responde a una cuestión de coherencia con los principios republicanos que marcaron la trayectoria de su abuelo y sostiene que solo solicitará el pasaporte español el día en que los ciudadanos puedan decidir en las urnas entre Monarquía y República. Pese a ello, defiende sin matices la ‘ley de nietos’ y rechaza las críticas del Partido Popular y Vox, que considera “mezquinas”.

En una conversación con EFE desde París, ciudad en la que reside, Carmen Negrín confirma que varios descendientes de Juan Negrín (1892-1956) sí han recuperado la nacionalidad española aprovechando las distintas vías abiertas desde el final del franquismo. La última oportunidad para hacerlo ha llegado con la conocida como “ley de nietos”, el mecanismo incorporado a la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite a hijos y nietos de exiliados recuperar la ciudadanía española. Entre quienes ya han dado ese paso se encuentran sus propias hijas, tal y como adelantó el diario La Provincia.

Lejos de tratarse de un gesto simbólico aislado, explica que esa decisión refleja el vínculo que la familia nunca ha dejado de mantener con España, pese a que el exilio obligara a varias generaciones a reconstruir su vida lejos del país. Tras la Guerra Civil, Juan Negrín y sus tres hijos —Juan, Rómulo y Miguel— se repartieron entre México, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, países en los que desarrollaron buena parte de sus vidas sin perder, según subraya su nieta, el sentimiento de pertenencia a España.

Ese vínculo, añade, se mantuvo incluso en los momentos más difíciles. Recuerda, por ejemplo, que su padre, el aviador republicano Rómulo Negrín Mijailov (1917-2004), conservó siempre su pasaporte español durante su exilio en México. Lo hizo porque el Gobierno de Lázaro Cárdenas y los ejecutivos mexicanos que le sucedieron nunca reconocieron la legitimidad del régimen de Francisco Franco, lo que permitió que siguiera utilizando documentación española pese a haber abandonado el país.

Una decisión personal marcada por la historia familiar

En su caso, sin embargo, la decisión ha sido distinta. Carmen Negrín reconoce que en varias ocasiones ha valorado acogerse a la legislación para recuperar la nacionalidad española, pero siempre ha terminado descartándolo por la carga política que, para ella, sigue teniendo ese gesto. Por eso afirma que solo solicitará la nacionalidad española cuando exista la posibilidad de que los ciudadanos decidan libremente cuál quieren que sea la forma de Estado.

A su juicio, esa consulta nunca llegó a producirse durante la Transición. Considera que la gran cuestión pendiente de aquel proceso es que los españoles no pudieron pronunciarse específicamente sobre si preferían recuperar la República o mantener la Monarquía, ya que la Constitución sometida a referéndum incorporaba esta última como parte de su articulado.

Su renuncia, no obstante, no implica un rechazo a la norma que ha permitido a miles de descendientes de exiliados recuperar la ciudadanía española. Al contrario. Carmen Negrín reivindica esa legislación como una medida de reparación para quienes o sus familias tuvieron que abandonar el país como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

“Es mezquino pensar que todos votarán a la izquierda”

La polémica política que ha acompañado la aplicación de la ‘ley de nietos’ tampoco le ha pasado desapercibida. Desde Francia ha seguido las críticas lanzadas por el Partido Popular y Vox, cuyos dirigentes han expresado sus dudas sobre el posible impacto electoral que podría tener el acceso a la nacionalidad de miles de descendientes de exiliados.

Para Carmen Negrín, ese planteamiento parte de una premisa equivocada. Considera “mezquino” atribuir automáticamente una determinada orientación política a quienes recuperan la nacionalidad española gracias a esta ley. “Es absurdo pensar que todos los hijos de los exiliados van a votar automáticamente a la izquierda. Entre los hijos de los exiliados hay de todo, algunos votarán a la izquierda y otros a la derecha”, sostiene.

Como ejemplo, apunta a Francia, donde asegura que existen descendientes de republicanos españoles que hoy ocupan alcaldías bajo las siglas de la extrema derecha. Esa realidad, afirma, demuestra que el origen familiar no determina el sentido del voto y que reducir el debate a una cuestión de cálculo electoral supone ignorar la pluralidad ideológica de quienes forman parte de esas generaciones nacidas o criadas fuera de España.

Las críticas más duras las dirige al Partido Popular por asumir, a su juicio, ese discurso. Carmen Negrín rechaza las advertencias sobre un supuesto fraude electoral derivado de la ampliación del censo y considera que desvían la atención del verdadero objetivo de la norma. “Dicen que puede provocar un fraude electoral. El fraude son ellos. No tienen ni una idea original. O copian a Franco, o copian a Trump”, sentencia.

La Colladeta del Ibón de Plan (Huesca) es una zona de senderismo ampliamente conocida. Aunque su fama debería deberse a ser una de las zonas más accesibles del Pirineo aragonés para hacer senderismo, lo cierto es que en los últimos años se han encontrado diferentes explosivos procedentes de la Guerra Civil en la zona. El último lo halló el pasado 27 de junio un senderista a 2.351 metros de altitud.

Según ha confirmado la Guardia Civil, se trata de una granada de mortero de 50 milímetros sin detonar. Por eso, “ante el riesgo que suponía, se activó un operativo conjunto en el que participaron especialistas del GEDEX de la Comandancia de Zaragoza, el GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de la Zona de Aragón”, han afirmado las autoridades. Pese a que el evento ocurrió hace más de una semana, han decidido hacerlo público hoy con un video en exclusiva del momento en el que hacen una “explosión controlada” del proyectil.

El lugar del hallazgo, la Colladeta del ibón de Plan, es un paso estratégico que conecta el conocido ibón de Plan con el valle de Chistau y la sierra de Chía. Aunque “el acceso a tierra era muy complicado”, los agentes lograron retirarlo con éxito y destruirlo, “garantizando la seguridad de todos”, aseguran en sus redes sociales. Asimismo, destaca que, a pesar de haber pasado décadas del evento histórico, “este tipo de hallazgos siguen siendo relativamente habituales en zonas de montaña”.

Los antecedentes de Colladeta del Ibón

Como bien recalcan los cuerpos de seguridad, el sendero de alta montaña que recorre la Colladeta del Ibón de Plan se ha convertido en un escenario recurrente de hallazgos de artefactos explosivos. Uno de los últimos descubrimientos tuvo lugar el 19 de julio de 2023, cuando un montañero que realizaba una travesía por la senda GR-15, concretamente en el paraje de la colladeta del Ibón de Plan a una elevada altitud de 2.340 metros, se topó de manera fortuita con material bélico, como recogía El Diario de Huesca.

El excursionista notificó de inmediato el hallazgo a la Guardia Civil, facilitando imágenes del objeto y sus coordenadas geográficas exactas. La extrema cercanía del proyectil al paso peatonal obligó al Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil de Zaragoza (GEDEX) a coordinar un operativo de urgencia, dado el tránsito de personas en esa época del año.

Al día siguiente, un helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca trasladó a los técnicos de desactivación junto a un especialista del Grupo de Rescates e Intervención en Montaña (GREIM) de Boltaña hasta la abrupta ladera de difícil acceso. Allí verificaron que se trataba de una granada de mortero de calibre 50 milímetros completamente cargada y activa, similar al que se encontró hace una semana. Además, se hallaron los restos de la cola de otra granada similar, pero desprovista de carga explosiva. Ambos elementos fueron destruidos con éxito mediante una detonación controlada en una zona segura cercana.

Menos de un año después, el 23 de junio de 2024, la historia volvió a repetirse casi de manera idéntica en el mismo paraje montañoso. En esta ocasión, otro transeúnte detectó la presencia de un peligroso artefacto a escasos cuatro metros de distancia del camino principal de la Colladeta del Ibón de Plan, en el término de Bielsa. Tras recibir el aviso de urgencia en el puesto de la Guardia Civil de Bielsa, se activó nuevamente a los especialistas de la comandancia de Zaragoza.

Las extremas dificultades de acceso por vía terrestre a esta zona de gran altitud volvieron a requerir la movilización del helicóptero de la Unidad Aérea de Huesca, que en esta oportunidad trasladó al equipo de desactivadores apoyado por dos rescatistas del GREIM de Boltaña. Al llegar al sitio, los técnicos identificaron que el artefacto era una granada de mano de la Guerra Civil. Para neutralizar el peligro, los miembros del GEDEX ejecutaron una detonación controlada utilizando una carga mínima de explosivo y destruyendo el proyectil por completo de forma segura.

¿Qué hacer si encuentro un proyectil de la guerra civil?

Estas dos actuaciones consecutivas en el mismo sendero reflejan la persistencia del peligro armamentístico en el Pirineo aragonés. De hecho, cuando se descubrió el explosivo de 2024, la Guardia Civil ya había destruido en la provincia de Huesca un total de diez artefactos históricos procedentes del conflicto bélico: tres granadas de mano, seis proyectiles de artillería y una granada de mortero.

Por ello, las autoridades continúan recordando a la población civil la extrema importancia de no manipular jamás estos restos y contactar rápidamente al número telefónico de emergencias 062 aportando su geolocalización precisa. Concretamente, los agentes han dado cuatro pautas de actuación:

• No manipular ni tocar el artefacto bajo ninguna circunstancia.
• Señalizar el lugar de manera visible sin acercarse a él.
• Alejarse de la zona de peligro de forma segura.
• Dar aviso inmediato a los servicios de emergencia llamando al 062 (Guardia Civil) o al 112.

El juez de guardia ha autorizado a Begoña Gómez a viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio para asistir a la graduación de su hija, aunque ha rechazado que pueda desplazarse también a Ankara para acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN. La decisión no ha sido adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa, sino por la magistrado que le sustituye durante su periodo de vacaciones, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dejara sin resolver la petición presentada por la defensa antes de ausentarse.

La solicitud había llegado al juzgado el pasado 29 de junio. En ella, la defensa de Gómez pedía autorización para viajar del 7 al 10 de julio con un doble objetivo: formar parte de la delegación española que acompaña al jefe del Ejecutivo en la 36ª cumbre de la OTAN, que se celebra en Ankara, y aprovechar el regreso para desplazarse a Londres y asistir a la graduación de su hija antes de volver a España. Sin embargo, Peinado no llegó a pronunciarse antes de iniciar sus vacaciones, por lo que la resolución quedó en manos del juzgado de guardia.

El magistrado ha optado finalmente por una solución intermedia. Autoriza el viaje familiar al Reino Unido, pero mantiene la prohibición de desplazarse a Turquía, al considerar que ambos viajes presentan circunstancias muy distintas desde el punto de vista de las medidas cautelares impuestas a la investigada.

El juez distingue entre el viaje familiar y el desplazamiento institucional

La resolución recuerda que Begoña Gómez tiene prohibido salir de España sin autorización judicial desde que el juez Peinado acordó la apertura del procedimiento del Tribunal del Jurado y le impuso varias medidas cautelares para garantizar su presencia durante el proceso. Entre ellas figuran la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional, la imposibilidad de obtener un nuevo documento de viaje y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes o siempre que sea requerida.

Estas medidas, explica el auto, responden a la necesidad de asegurar la presencia de la investigada en el procedimiento por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, por los que ha sido enviada a juicio.

Pese a ello, el juez considera que el desplazamiento a Londres merece una excepción. La resolución pone el acento en el carácter estrictamente familiar del viaje, destinado a asistir a la graduación de su hija, y añade que la cooperación judicial entre España y el Reino Unido sigue ofreciendo garantías suficientes pese al Brexit.

Con esos argumentos, autoriza a Gómez a viajar entre los días 8 y 10 de julio y acuerda devolverle temporalmente el pasaporte para ese único desplazamiento. El permiso, no obstante, lleva aparejada una condición: deberá entregar nuevamente el documento al juzgado el siguiente día hábil después de regresar a España, fijado en este caso para el 13 de julio.

La respuesta es completamente distinta respecto al viaje a Ankara. El magistrado subraya que Begoña Gómez acudiría invitada por razones de cortesía institucional y que no tendría ninguna participación activa en la cumbre de la OTAN. A ello suma otro argumento que considera determinante: Turquía no forma parte del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, donde los mecanismos de cooperación judicial y policial resultan más ágiles.

Por ello concluye que no existen razones suficientes para levantar temporalmente las medidas cautelares y mantiene la prohibición de viajar al país donde se celebra la reunión de la Alianza Atlántica.

Posiciones enfrentadas entre la Fiscalía y las acusaciones

Antes de resolver la petición, el juzgado dio traslado del escrito al Ministerio Fiscal y al resto de partes personadas para que formularan alegaciones. Las posiciones fueron muy distintas. La Fiscalía informó favorablemente sobre la solicitud y comunicó que no se oponía a la devolución temporal del pasaporte, considerando suficientes los motivos alegados por la defensa para autorizar el viaje.

Las acusaciones populares, en cambio, solicitaron que se rechazaran los desplazamientos. La representación unificada encabezada por Hazte Oír sostuvo que Begoña Gómez afronta una petición de hasta 24 años de prisión, circunstancia que, a su juicio, incrementa el riesgo de fuga. También defendió que acudir a la graduación de su hija no constituía una necesidad que justificara levantar las medidas cautelares y advirtió de que, tras el Brexit, la cooperación judicial con el Reino Unido ya no ofrece las mismas garantías que existían bajo el sistema de la euroorden.

Respecto al viaje a Ankara, la acusación incidió en que Gómez no representa al Estado ni al Gobierno y que su asistencia obedecía únicamente a una invitación protocolaria de la primera dama turca. Además, alegó que Turquía, al no formar parte de la Unión Europea, presenta mayores dificultades para una eventual cooperación judicial en caso de que la investigada no regresara voluntariamente a España. De forma subsidiaria, pidió que, si finalmente se autorizaban las salidas, se establecieran controles adicionales sobre las fechas y horarios de cada desplazamiento para conocer en todo momento la localización de Gómez.

También la asociación Movimiento de Regeneración Política de España se opuso a conceder los permisos por considerar insuficientes las garantías ofrecidas y apreciar un elevado riesgo de fuga. En sentido contrario se pronunció el sindicato Manos Limpias, que defendió la autorización del viaje a Turquía al considerar habitual que los cónyuges de los jefes de Gobierno acompañen a los presidentes en las cumbres de la OTAN por razones de cortesía institucional.

La resolución pone así fin a una decisión que había quedado pendiente hasta el último momento por la ausencia del juez instructor. Con el auto dictado este lunes, el magistrado autoriza únicamente el desplazamiento a Londres, mantiene intacto el resto de las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y rechaza expresamente que pueda viajar a Ankara para acompañar a Pedro Sánchez. Contra la resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.

Que una empresa sea engañada por trabajadores que utilizan la documentación de otras personas no la exime automáticamente de responsabilidad. Ese es el mensaje que deja una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que ha confirmado la multa de 20.002 euros impuesta a la empresa de trabajo temporal Noawork ETT por emplear a dos ciudadanos extranjeros que carecían de autorización de residencia y trabajo. Aunque ambos se hicieron pasar por otras personas con documentación ajena, la Sala concluye que la compañía no actuó con la diligencia mínima exigible para comprobar quiénes estaban realmente trabajando en sus campos.

La resolución respalda íntegramente el criterio que ya había fijado el juzgado de Zaragoza, que redujo a la mitad la sanción inicial de la Administración. La Subdelegación del Gobierno había impuesto una multa de 40.004 euros al considerar que cuatro trabajadores extranjeros estaban empleados de forma irregular, pero la primera instancia entendió que la infracción solo quedaba acreditada respecto de dos de ellos. La empresa recurrió con el objetivo de anular por completo la sanción, pero el alto tribunal aragonés rechaza ahora sus argumentos y mantiene el castigo económico.

Una inspección en plena campaña agrícola destapó el fraude

El caso se remonta al 6 de agosto de 2024. A las diez de la mañana, inspectores de Trabajo y agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza acudieron a una finca agrícola de Osera de Ebro dentro de un dispositivo conjunto contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. En la explotación, de unas 600 hectáreas, trabajaban ese día 68 personas para una empresa cliente de Noawork ETT.

Durante la inspección, cuatro trabajadores llamaron la atención de los agentes. Tras comprobar sus huellas dactilares, descubrieron que ninguno era quien decía ser. Dos de ellos incluso salieron corriendo cuando la Policía les pidió que interrumpieran momentáneamente su actividad para identificarse. Las comprobaciones posteriores revelaron que los cuatro eran ciudadanos pakistaníes sin permiso de residencia ni autorización para trabajar en España y que estaban utilizando la identidad de otras personas que sí figuraban en los registros de la empresa.

Aquella actuación dio lugar a un acta de infracción de la Inspección de Trabajo. La Administración entendió que existía una infracción muy grave por cada uno de los cuatro trabajadores detectados y fijó una multa de 10.001 euros por cada caso, hasta alcanzar los 40.004 euros, además de las correspondientes cuotas de la Seguridad Social.

Sin embargo, cuando el asunto llegó a los tribunales, el juzgado concluyó que únicamente podía mantenerse la sanción respecto de dos de los cuatro empleados, reduciendo así el importe a 20.002 euros. Esa fue precisamente la decisión que la empresa intentó revertir mediante el recurso ahora resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La empresa alegó que también había sido víctima del engaño

La defensa de Noawork ETT sostuvo durante todo el procedimiento que la empresa había sido engañada por los propios trabajadores. Según su versión, estos presentaron documentación que aparentemente era válida durante el proceso de contratación y solo la Policía pudo descubrir posteriormente que las personas que acudían a trabajar no coincidían con los titulares de esos documentos.

La compañía insistía en que no podía exigírsele una comprobación que únicamente fue posible gracias a las huellas dactilares tomadas por los agentes. También defendía que nunca existió intención de contratar a trabajadores en situación irregular y recordó que, semanas después de la inspección, presentó una denuncia ante la Policía por los hechos ocurridos.

Con esos argumentos pretendía demostrar que había sido víctima de una sofisticada suplantación de identidad y que, por tanto, no podía atribuírsele ninguna conducta sancionable.

El tribunal aprecia negligencia

El Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, distingue entre actuar de forma deliberada y hacerlo de forma negligente. Y considera que, aunque no existiera voluntad de contratar a extranjeros sin permiso, la empresa incumplió igualmente las obligaciones que le correspondían como empleadora.

La resolución recuerda que la normativa no exige demostrar que exista dolo para imponer este tipo de sanciones administrativas. Es suficiente con apreciar culpa o falta de diligencia. Y eso es precisamente lo que, a juicio de la Sala, ocurrió en este caso.

Los magistrados ponen el foco en la forma en que la empresa organizaba el control diario de los trabajadores. El encargado de campo debía revisar la documentación y comprobar físicamente quién acudía a trabajar, pero el día de la inspección ese control todavía no se había realizado porque el responsable se encontraba supervisando otra explotación agrícola, donde también gestionaba a centenares de empleados.

Además, la propia documentación interna de la empresa establecía expresamente que era obligatorio revisar la documentación original de las cuadrillas y detectar posibles casos de trabajadores irregulares o de suplantación de identidad. Para la Sala, ese protocolo evidencia que la empresa era plenamente consciente de la necesidad de realizar esas comprobaciones.

La sentencia añade otro elemento que considera especialmente relevante. Al comparar las fotografías de los documentos utilizados con el aspecto físico de dos de los trabajadores descubiertos durante la inspección, las diferencias eran, según el tribunal, tan evidentes que bastaba una comprobación visual para advertir que no se trataba de las mismas personas.

Precisamente por ello, los magistrados concluyen que la empresa no agotó las medidas mínimas de control que estaban a su alcance. No le reprochan haber participado en una contratación fraudulenta ni haber actuado conscientemente al margen de la ley, sino haber permitido que varias personas comenzaran a trabajar sin verificar adecuadamente su identidad, facilitando así que dos ciudadanos sin autorización de residencia ni trabajo accedieran al empleo.

La democracia en España tiene un consenso generalizado. Es decir, si se le pregunta a los españoles, ocho de cada diez dirán que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno y menos de uno de cada diez (un 8,8%) afirmarían que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático”. Pero no pasa lo mismo con la Justicia: nueve de cada diez ciudadanos están convencidos de que la Justicia no trata igual a los políticos que al resto de ciudadanos y no creen que la Justicia sea imparcial al tratar asuntos relativos a partidos.

De hecho, un 87,5% piensa que los actuales mecanismos de los que dispone el sistema democrático en nuestro país no son suficientes para luchar contra la corrupción, mientras un 12% piensa que sí lo son.

Esto es lo que refleja la cuarta edición de la Encuesta de Calidad de la Democracia realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se basa en 4.027 entrevistas realizadas en 1.150 municipios de 50 provincias entre los días 9 y 12 de junio, fechas en las que las noticias sobre casos de corrupción copaban los informativos. El margen de error es más/menos 1,6%.

Sobre el funcionamiento de la democracia en España, un 20,5% se siente “muy o bastante” satisfecho, un 22% algo satisfecho y un 56,9% dice que “poco o nada” satisfecho.

Suspenden los partidos políticos, aprueba el Ejército

Por otro lado, las Fuerzas Armadas se afianzan como la institución mejor valorada por los ciudadanos, con una nota de 6,96 puntos, y además es la única que aprueba, mientras que los partidos políticos se sitúan a la cola y se quedan en 2,92 puntos.

Le siguen los gobiernos autonómicos (4,76), y, en tercer lugar, los tribunales de justicia, con un 4,74.

Un 88,9% afirma que los medios de comunicación “favorecen unas opciones políticas y/o intereses económicos más que otros”. Un 75,4% está “muy de acuerdo o de acuerdo” con que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos. Sólo un 16,3% de los españoles cree que los medios no se hacen eco de bulos ni mentiras; en cambio un 81,5% opina que sí lo hacen.

Sobre la libertad e independencia de los periodistas para ejercer su profesión, un 57,7% de los ciudadanos cree que tienen menos que hace 10 años, un 21,7% piensa que tienen más y un 17,3% dice que tienen la misma libertad e independencia que hace una década.

Pedro Sánchez, presidente favorito por delante de Feijóo

Es relevante también la pregunta que le hacen en el CIS a los ciudadanos que participan en la encuesta sobre quién sería el presidente de Gobierno favorito. Pedro Sánchez, actual presidente, sigue siendo la opción favorita por encima de todos los demás (un 23,8%). Le sigue el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, con un 11,8%; el líder de Vox, Santiago Abascal, con un 10,5%; el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, con un 6,4%; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cosecha un 3,7%; y la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con un 2,3%. Sin embargo, llama la atencióm que hasta un 22,3% de ellos responde que no preferiría a ninguno de ellos, casi el mismo porcentaje de personas que elegirían a Sánchez.

Begoña Gómez aguardaba la decisión este lunes del juez Juan Carlos Peinado de cara a poder asistir o no a la graduación este martes de su hija mayor, Ainhoa, en Londres. Cabe recordar que Peinado retiró el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, llegando a sostener que sus escoltas podrían ayudarla a huir de España. El pasado martes, 30 de junio, Antonio Camacho, el abogado de Gómez, solicitó permiso para dos viajes de su clienta: uno a Ankara, para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN, y el segundo para la mencionada graduación. Según informa Mañaneros 360 (TVE), el magistrado se ha marchado de vacaciones sin resolver esta petición. Con Peinado fuera de la ecuación, será un juzgado de guardia de Madrid el que determine si Gómez puede viajar.

El vuelo a Ankara, que haría escala en Londres, sale este martes a primera hora. Se espera que antes se haya pronunciado la justicia. El permiso sería única y exclusivamente para este desplazamiento, en caso alguno devolvería el pasaporte. Es el punto en el que se encuentra el caso que se inició hace ya más de dos años después de que una denuncia basada en recortes de prensa pusiera en marcha una investigación. Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por cuatro presuntos delitos de corrupción. El pasado 20 de junio, Peinado firmó el auto de apertura de juicio oral contra ella, su asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía piden la absolución. Las acusaciones populares reclaman hasta 24 años de prisión.

El origen del caso

El caso arranca en abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una querella contra Gómez por un supuesto tráfico de influencias, apoyada en informaciones de prensa. El propio líder de la organización reconoció después que la denuncia se sustentaba en recortes periodísticos, no en pruebas. La Fiscalía solicitó el archivo desde el primer momento, al calificar los datos aportados de “erróneos e inverosímiles”. Peinado, no obstante, admitió la causa a trámite. En este tiempo, el juez ha ido ampliando el perímetro de la investigación. Llegó a examinar los másteres de Gómez, su puesto en el Africa Center del IE Business School, su relación con Barrabés y una supuesta vinculación con el rescate de la aerolínea Air Europa.

En paralelo, la Audiencia Provincial de Madrid fue poniendo límites a Peinado: ordenó cerrar varias de esas líneas por basarse en “meras conjeturas”, levantó la imputación de cuatro investigados -entre ellos el rector de la Complutense y el delegado del Gobierno en Madrid- y anuló el registro del domicilio y las empresas de Barrabés, que en ese momento estaba hospitalizado por una enfermedad grave.

Las tres claves de la instrucción

La investigación que sobrevivió a esos recortes se articula en torno a tres ejes. El primero es la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el auto de Peinado, Gómez se valió de su condición de esposa del presidente para que la UCM creara esa cátedra, pese a que carecía de titulación superior y no formaba parte del personal universitario. Desde esa posición, captó patrocinadores corporativos: Reale Seguros aportó 60.000 euros en diferentes tramos y la Fundación La Caixa, 15.000 euros anuales. La Audiencia Provincial señaló en mayo de 2025 que esas empresas estaban “sometidas a supervisión gubernamental o eran beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.

El segundo eje es la relación con Barrabés. El empresario colaboró con la cátedra y realizó varias visitas a La Moncloa. Posteriormente, sus empresas obtuvieron dos contratos públicos adjudicados por la empresa pública Red.es por un valor total de 12,1 millones de euros, en cuyas licitaciones Gómez presentó cartas de recomendación. La Intervención General del Estado (IGAE) detectó en ambas adjudicaciones “irregularidades relevantes”: opacidad en el procedimiento, criterios subjetivos de valoración, alteración de fórmulas de puntuación e incorporación de documentos sin firma o con trazabilidad deficiente. La Fiscalía Europea, por su parte, abrió una investigación paralela sobre esos contratos por el posible uso indebido de fondos comunitarios, y el propio Peinado abrió una pieza separada por un tercer contrato de Red.es adjudicado también a empresas de Barrabés, aunque en este caso sin carta de recomendación de Gómez y sin que ella figure como investigada.

El tercer eje es la contratación de Álvarez como asesora en La Moncloa. El juez sostiene que Álvarez, funcionaria pública, destinó medios y tiempo de su cargo institucional a tareas privadas de Gómez, lo que fundamenta el presunto delito de malversación.

Los presuntos delitos

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que superan las 300 páginas, reconocen que la cátedra se constituyó siguiendo los procedimientos internos de la UCM y que el software desarrollado en su seno es gratuito y de titularidad universitaria. Los mismos informes concluyen que no hallaron pruebas directas que permitan atribuir a Gómez ningún delito relacionado con esos activos.

Peinado envía a Gómez y a Álvarez a juicio por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. A Barrabés le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír e integradas también por Vox y Manos Limpias, reclaman 24 años de prisión para Gómez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución de los tres.

El auto de apertura de juicio oral no es recurrible de forma directa, pero la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene en su mano revertir el procesamiento de forma indirecta. El 13 de julio comenzará a deliberar, a puerta cerrada y en pleno, sobre los recursos que presentaron las tres defensas y la Fiscalía contra decisiones previas de Peinado. Si esos recursos prosperan, el procesamiento podría quedar sin efecto.

El juicio oral

Al mismo tiempo que abría el juicio oral, Peinado acogió la petición de Hazte Oír y retiró el pasaporte a Gómez y a Álvarez, les prohibió salir de España y las obligó a comparecer en el juzgado cada 15 días. Para justificar la medida, el juez aludió a un “riesgo de fuga” y descartó que la escolta policial permanente de Gómez sea un elemento disuasorio: afirmó que los agentes “pueden ser, precisamente, quienes colaboren para facilitar esa fuga”, ya sea “por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”. La frase desató el malestar de las principales asociaciones policiales y motivó la apertura de diligencias informativas en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por posible falta grave de desconsideración hacia la Policía.

La defensa de Gómez tiene recurrida la retirada del pasaporte ante la Audiencia Provincial. Mientras ese recurso se resuelve, las medidas cautelares siguen vigentes. El CGPJ también analiza si Peinado incurrió en falta grave por el contenido del auto del 20 de junio, que el propio tribunal disciplinario estudia de oficio. El juicio oral no tiene fecha señalada. Su celebración efectiva depende de lo que resuelva la Audiencia Provincial el 13 de julio y de los escritos de conclusiones provisionales que presenten las partes.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a implementar en toda España la controvertida ley del concebido no nacido impulsada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que considera el feto como nacido de cara a ayudas como las otorgadas por familia numerosa.

El líder de la oposición lo ha anunciado este lunes en una entrevista para el programa Espejo Público de Antena 3, en la que ha señalado que “cuando una mujer está esperando un hijo, eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”.

“Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, ha asegurado.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido la norma en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, señalando que España tiene un problema en la tasa de fertilidad y considera que muchas familias “no tienen los hijos que les gustaría tener porque no pueden”.

La ley del concebido no nacido en Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas.

La iniciativa extiende ese cómputo a prestaciones ligadas a la renta, como becas de Bachillerato, ayudas de comedor escolar, subvenciones para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abono transporte, alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares.

También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. Como recordó Feijóo, Galicia ya contempla una previsión similar, pero limitada a las familias numerosas, mientras que Madrid la aplicará de forma general.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió ante la Cámara que la medida era una ley “justa y necesaria”, mientras que la oposición cargó contra el contenido y el mensaje político de la norma. La diputada del PSOE Lorena Morales reprochó al Ejecutivo autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido, pero que, una vez que la mujer da a luz, “desaparecen”.

Al proyecto original se le incorporaron tres enmiendas de los populares para fijar una semana mínima de gestación en determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá un mínimo temporal para asimilar al concebido no nacido al hijo ya nacido, salvo cuando la regulación específica de cada trámite disponga otra cosa. La excepción afecta a la consideración de familia numerosa, que en ese supuesto habrá que esperar a la semana 14 de gestación. Ese requisito no se exigirá cuando el pago de la ayuda quede condicionado al nacimiento, ni tampoco para calcular la renta per cápita familiar.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha emprendido acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama, presentando una demanda de conciliación para exigirle que retire las declaraciones en las que la señala como la persona que supuestamente le entregó un sobre relacionado con la petrolera estatal venezolana PDVSA y que, según él, habría estado vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes del despacho jurídico ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, que representa a Rodríguez, el acto de conciliación se celebrará el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid. Un procedimiento que constituye un trámite previo a una posible querella por presuntas injurias o calumnias y, en principio, únicamente deberán asistir los abogados de ambas partes.

Llegados a esto, si Aldama no rectifica sus manifestaciones durante ese acto, la dirigente venezolana decidirá posteriormente si presenta una querella contra el empresario.

El sobre dentro de la investigación del caso Koldo

Las acusaciones de Aldama se remontan al pasado mes de marzo, en el marco de la investigación que dirige el magistrado Ismael Moreno dentro del caso Koldo. El empresario entregó entonces el citado sobre en una pieza declarada secreta que analiza presuntos pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados o personas vinculadas al PSOE.

La investigación judicial trata de esclarecer si algunos de esos pagos, entre ellos los supuestamente percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, podrían estar relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales o con una posible financiación irregular del partido.

Además, antes de aportar el sobre al juzgado, Aldama ya había hecho referencia en diversas entrevistas a la existencia de esa documentación, que, según la investigación, permanecía bajo la custodia de su socio Luis Alberto Escolano.

Qué dice la investigación

La primera vez que mencionó este asunto ante el juez fue en febrero, durante su declaración como investigado en la causa por el presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel. A raíz de esas manifestaciones, el magistrado solicitó que el sobre fuera incorporado a la investigación.

En uno de los primeros informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se describía un sobre de color marrón en el que figuraban como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

Según la Guardia Civil, Escolano conservaba documentación considerada especialmente sensible para Aldama. Los investigadores señalaron que, tras recibir una petición de este para remitir determinada documentación a un medio de comunicación, su socio le envió fotografías del sobre dos meses antes de ser detenido, el 7 de octubre de 2024, en el marco de la investigación sobre los hidrocarburos.

Sin embargo, la UCO no logró determinar el contenido del sobre, aunque consideró que la documentación podía estar relacionada con operaciones del sector energético. En sus informes también calificó de relevante la supuesta intermediación de Delcy Rodríguez, al sostener que habría recibido esa documentación y posteriormente la habría entregado a Aldama el 4 de febrero de 2020.

Asimismo, los investigadores destacaron la proximidad temporal entre esa supuesta entrega y la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid el 20 de enero de 2020, una circunstancia que figura entre los elementos analizados en la investigación.

*Noticia en ampliación.

El Gobierno llega al parón veraniego en medio de un incendio judicial cuyos frentes se multiplican semana por semana. El balance judicial para el socio mayoritario se sitúa ya en más de una decena de causas abiertas que mantienen imputados, procesados o encarcelados a altos cargos públicos, exmiembros del Ejecutivo y figuras clave en el PSOE, además del entorno familiar de Pedro Sánchez. Entender qué se está cociendo en los tribunales y qué le puede deparar al PSOE en el siguiente curso parlamentario puede hacerse complicado en este punto, ya que las tramas y los propios personajes que las integran llegan a entrelazarse.

¿Qué casos están cerrados? Por ahora —y este es el único que ha admitido Sánchez—, la sentencia que afecta al exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, condenado a la pena más alta posible (24 años de prisión) por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. En esta trama, instruida por el Supremo, ha sido condenado también su exasesor, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, quien consiguió eludir la cárcel por su colaboración con las autoridades.

Otra de las sentencias más sonadas ha sido la emitida contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de informaciones judiciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Transportes en la era Ábalos

¿El resto? Son investigaciones abiertas, que irán engrosando la lista o reduciéndola a medida que se vayan esclareciendo los indicios. En este punto hay 16. La sentencia del caso mascarillas, por ejemplo, se engloba en una investigación más amplia, que involucra a Ábalos, Koldo y al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, además de una serie de cargos del Ministerio de Transportes.

Está en manos de la Audiencia Nacional y trata de averiguar si, mientras José Luis Ábalos dirigía la cartera durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, usó el cargo y su influencia para beneficiar a empresas privadas. Más allá de los contratos de material sanitario, se investigan gestiones para favorecer a empresas concretas en la obtención de licencias de obras públicas por parte del Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras.

En cuanto a los cargos públicos del Ministerio, están imputados Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes), Francisco Javier Herrero (exdirector de Carreteras), Jesús Manuel Gómez (exsubsecretario de Transportes), Álvaro Sánchez Manzanares (exsecretario general de Puertos del Estado), José Luis Rodríguez (subteniente de la Guardia Civil asignado en Nuevos Ministerios) y Michaux Miranda (exjefe de personal de Adif).

La SEPI

Y más sobre mordidas. La Fiscalía Anticorrupción investiga a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el instrumento público que depende de Hacienda y gestiona y controla las acciones del Estado en distintas empresas de sectores que considera estratégicos, como la energía, las comunicaciones o la defensa.

Anticorrupción detectó un “patrón estructurado” para amañar rescates y concesiones de infraestructuras durante la pandemia. Vinculado a Transportes, figuran los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, por 615 y 53 millones de euros, respectivamente. También se investiga, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, el rescate de Tubos Reunidos o concesiones de infraestructuras renovables al Grupo Forestalia.

El juez Pedraz tiene imputadas a las tres personas que dirigieron la SEPI durante el Gobierno de Sánchez: la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y sus predecesores Vicente Fernández y Bartolomé Lora.

También figuran altos cargos como José Vicente Berlanga (expresidente de la empresa pública ENUSA); Julián Mateos Aparicio (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas); Miguel Ángel Figueroa Teva (exdirector de Participadas); Ángel Santiago Mesa (director corporativo); Rosario Martín Manzanedo (exdirectora de Participadas II y responsable del expediente de Tubos Reunidos); y el directivo Félix Azcona Lacarra.

Y más nombres: María Teresa Castillo Pasalodos (directora de Desarrollo Corporativo de Isdefe), Rosario Arévalo (militante del PSOE y exconsejera de la SEPI), Fernando Albert Aragón (expresidente de la mesa de contratación de SEPI Desarrollo Empresarial), Juan Antonio Carrillo Donaire (exconsejero electivo del Consejo Consultivo Andaluz), María de la Concepción Ortiz Fuerte (presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y José Ramón Sempere (expresidente de Mercasa).

La dirección de la Guardia Civil

Uno de los casos que genera más inquietud es el de Leire Díez, una investigación que trata de dilucidar si el PSOE pagó a la exmilitante para que movilizase su estructura interna, las llamadas ‘cloacas’, para torpedear actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno. Y aquí está en el foco la cúpula de la Guardia Civil.

Figuran como imputados la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, Manuel Llamas. La investigación judicial estudia, entre otros hechos, las reuniones celebradas entre González y Díez, en las que supuestamente se solicitó la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo. Además, la instrucción incluye presuntas instrucciones de la cúpula a mandos de la UCO para que evitaran actuar con eficacia en investigaciones sensibles para los intereses políticos. Y es por eso que está investigado también el capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes, por presuntamente filtrar información secreta de la trama de fraude en hidrocarburos.

El hermano y la esposa

Más allá del devenir de este reguero de casos, el propio Pedro Sánchez ha querido siempre diferenciarlas de las causas que apuntan a su entorno familiar: su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.

La primera está imputada en una causa por su actividad desarrollada en torno a su cátedra en la Universidad Complutense y por supuestamente haber aprovechado su posición y contactos; mientras que el segundo está involucrado en la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz. En este caso, está también bajo investigación el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

El líder del Ejecutivo ha querido cerrar filas también con el expresidente del Gobierno y líder espiritual del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el presunto cobro de comisiones por sus labores de influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Además, el juez José Luis Calama decidió abrir una causa separada para tratar de dilucidar el origen de las joyas halladas durante los registros en su despacho.

Ankara recibe a algunos de los líderes mundiales más importantes del mundo en una nueva cumbre de la OTAN. Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, las reuniones de la Alianza Atlántica son más tensas de lo habitual. El escenario mundial exige decisiones importantes, pero Europa y Estados Unidos difieren en aspectos clave. Y si hay alguien que ha mostrado especialmente su rechazo a muchas políticas del presidente republicano es el gobierno de Pedro Sánchez.

Hace poco más de un año, la cumbre celebrada en La Haya concluía con una apuesta por la inversión en defensa. EEUU exigía a sus socios dedicar más dinero a su seguridad para reducir su dependencia, lo que impulsó un objetivo colectivo de llegar al 5% del PIB destinado a lo militar. Sin embargo, España, desde el primer momento, se mostró contraria a elevar hasta este punto la inversión. Eso desencadenó en críticas y advertencias de Trump, que ha llegado a calificarla de socio “terrible”.

La realidad es que a nivel nacional en España no existe una postura común sobre el gasto militar y sobre cómo afrontar su papel en la OTAN. Hace unas semanas, el Centro Cultural de los Ejércitos organizó un encuentro con los diputados de PSOE, Sumar, PP y Vox de la Comisión de Defensa del Congreso. En varios puntos, los distintos partidos tienen posiciones totalmente opuestas. Desde el PSOE, socio mayoritario del Gobierno, la dirección que creen que hay que seguir es clara: apostar por Europa.

Posturas sobre el futuro de la OTAN

El PSOE defiende una mayor integración europea en materia de defensa y aboga por reforzar la autonomía estratégica dentro de la OTAN. Frente al alejamiento de Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, el PSOE apuesta por impulsar una visión global en seguridad. “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”, sostienen desde el partido. Insisten en que la Unión Europea debe fortalecer su autonomía y capacidades propias, pero aclaran que esto no significa dejar de contar con Washington como socio clave.

“EEUU no tiene que dejar de ser un aliado, pero tampoco podemos sucumbir a amenazas”, señalan fuentes socialistas. Resumen su postura en cuatro ejes para una nueva OTAN: atender la amenaza sur, cooperar y no competir con EEUU, ampliar la defensa a amenazas digitales y no convencionales, y garantizar una defensa territorial completa, incluyendo Ceuta y Melilla.

El PSOE apuesta por una defensa europea más integrada y por acelerar la adhesión de Ucrania a la UE como alternativa a su ingreso inmediato en la OTAN, en lo que los distintos partidos concuerdan que sería precipitado por estar todavía en guerra con Rusia. Más dudas tienen en Sumar, que ven necesario abandonar la Alianza por la ‘actitud belicista’ de EEUU, y apuntan a buscar otros socios como Canadá. Vox mantiene la postura más positiva, y asegura que a la “OTAN tenemos que medirla por las guerras que ha evitado”. Además, el debate parlamentario refleja la preocupación sobre el futuro de la seguridad continental y la necesidad de inversión en capacidades propias.

Con la Guardia Civil sumida en una crisis sin precedentes por la imputación de su directora general (su máximo responsable político) y de su DAO (su principal alto mando), el Ministerio del Interior prepara cambios en la plantilla de la Benemérita, aprobando un Real Decreto que modifica otro, el que aprobó en 2025 fijando la composición de efectivos del Cuerpo hasta el año 2029. El objetivo con este cambio es adelantar la creación de nuevos generales (los que más salario perciben), sin tener que aumentar la partida presupuestaria. ¿Cómo? Reduciendo el número de capitanes que estaba previsto y posponiendo la llegada de nuevos cabos.

“Las recientes modificaciones organizativas afrontadas por la Dirección General de la Guardia Civil hacen preciso acometer ligeros cambios que garanticen la disponibilidad de un número adecuado de efectivos en determinados empleos en los que se ejerce la acción de mando y la alta dirección, sin que esto suponga un mayor gasto económico para la Administración y respetando el número máximo de efectivos autorizados inicialmente a la finalización del ciclo de ascensos 2028-2029″, señala el Real Decreto, que actualmente está en el trámite de audiencia pública.

El objetivo es que en 2029 hubiera en el escalafón de la Guardia Civil cuatro generales más para tener cinco tenientes generales, 10 generales de división y 27 generales de brigada, es decir, un total de 42 generales por los 38 que hay ahora. Pero hay que adelantar los nombramientos, los ciclos de ascensos. La nueva plantilla contará con un nuevo empleo de general de división en julio 2027 (en lugar de julio de 2028) y dos efectivos de empleo general de brigada en julio de 2026 y otro en julio de 2027, en lugar de nombrarlos en 2029. “Algunas zonas, como Baleares, necesitan un general al frente, no un coronel como hasta ahora. También se van a nombrar generales en zonas uniprovinciales, como Cantabria”, explican fuentes de la Benemérita.

Estos cambios suponen adelantar partidas presupuestarias. Un general de división cobra 84.056,30 euros brutos anuales, y uno de brigada percibe 78.659,86 euros anuales. ¿De dónde sale el dinero si el objeto de estas modificaciones es que no conlleven un incremento de costes para la Administración? Pues se va a reducir en cinco el número máximo de efectivos en el empleo de capitanes, que pasará de 531 en lugar de los 536 inicialmente previstos. “Son empleos de capitán sobre el papel, que no se van a cubrir en un futuro porque no hay tenientes que vayan a ascender”. Estos capitanes proceden de la escala de oficiales de la ‘Ley 42/1999′, una escala que se va a eliminar.

Un coste de 135.600 euros

La retribución de un teniente es de 52.619,12 euros brutos anuales. Interior ya ha calculado que, en base a la diferencia de sueldos entre generales y capitanes, el coste adicional de los adelantos de disponibilidad de los generales alcanzaría los 135.600,14 euros, repartiéndose en los ejercicios presupuestarios de 2026, 2027 y 2028. Cantidad que se consigue del ahorro de los cinco nuevos capitanes que no se van a nombrar y que seguirán como tenientes.

Ese ahorro es de 55.795,75 euros. La segunda medida de ahorro sale de retrasar durante un año la disponibilidad de 21 efectivos en el empleo de cabo. En lugar de estar disponibles a partir del 1 de julio de 2027, lo estarían a partir del 1 de julio de 2028.

No tener 21 cabos antes de tiempo también supone un ahorro: 83.458,20 euros durante un año. Sumados a los 55.795 euros anteriores, el ahorro total previsto es de 139.253,95 euros, por encima de la cantidad prevista destinada a nombrar cuatro generales, que es de 135.600 euros.

Interior se congratula por tanto de la modificación, sin gastos adicionales. Esta decisión tiene, además, “un impacto nulo en su vertiente social y medioambiental; así como en lo referente a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Tampoco lo presenta para la ciudadanía ni para la Administración por el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital”.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha denegado la solicitud de nacionalidad española a Scott Marshall, concejal del Partido Popular en Benahavís, tras considerar que no demuestra el grado de integración exigido en la sociedad española. El edil que nació en Málaga en 1975, ha residido durante 51 años en la provincia y mantiene arraigo familiar, educativo y profesional en la Costa del Sol.

Sin embargo, como ha informado la agencia EFE, la administración sostiene que Marshall no acredita el conocimiento básico del idioma y de los valores constitucionales, requisitos que la legislación vigente exige para acceder a la ciudadanía por residencia. Aun así, el caso de Scott ha generado controversia por estos mismos argumentos, ya que como ha podido saber el Diario Sur, el concejal completó toda su educación en España, desarrolló su vida laboral en la zona y ejerce como edil en el municipio malagueño.

Por su parte, la autoridad judicial sostiene que no cumple con los criterios de “arraigo” definidos en el Código Civil español. De hecho, el documento oficial precisa que Marshall no presentó el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) ni superó la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

Política “Me siento español, aunque mi nombre indique lo contrario”

El edil, hijo de padre escocés y madre estadounidense, ostenta la ciudadanía británica por herencia paterna. Pero, tras recibir el rechazo del tribunal, Marshall ha decidido presentar un recurso de reposición. “Me siento español, aunque mi nombre indique lo contrario. He nacido y vivido aquí toda la vida, estudié en Marbella y trabajo en Benahavís. Me exigen un examen de español cuando mi educación y mi vida son en este idioma”, afirmó el concejal, quien está casado con una española y es padre de dos hijos españoles.

La decisión del Ministerio desconoce, según el propio Marshall, las circunstancias personales y profesionales que lo vinculan a España. Y es que, como ha relatado para el Diario Sur, trabaja como empresario en el sector inmobiliario desde 1999 y lleva dos mandatos consecutivos como concejal, dirigiendo áreas como Turismo y Extranjería en el ayuntamiento de Benahavís. La solicitud de nacionalidad se formalizó en enero de 2024, motivada por los efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y la necesidad de simplificar trámites legales y administrativos.

El concejal ha lamentado, de esta forma, que la administración “conceda la nacionalidad sin problemas a otras personas, mientras que a mí, que nací y viví en España, me ponen trabas”. Asimismo, sospecha que podría existir una motivación política por su pertenencia al Partido Popular (PP). Marshall explica además que su padre obtuvo la nacionalidad española hace 25 años sin afrontar obstáculos similares.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mantiene que la falta de los certificados DELE y CCSE imposibilita el reconocimiento del arraigo conforme a la normativa. Por ahora, como la resolución ha sido recurrida por Scott Marshall, solo queda esperar a que tribunales vuelvan a valorar su integración efectiva en la sociedad española.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de prisión a Joakim Broberg, ciudadano sueco e hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La sentencia, hecha pública este lunes, señala que Broberg participó en una red internacional dedicada al tráfico de marihuana y hachís entre España y Suecia, con suministro procedente de Marruecos durante los años 2019 y 2020. Según ha podido saber este medio, la fiscal ha exigido su entrada en prisión o, de lo contrario, la retirada de su pasaporte y prohibición de salir del país.

Lars Gunnar Sune Broberg, padre de Joakim y esposo de la alcaldesa, también fue investigado en el caso por presunto blanqueo de 6,3 millones de euros. El proceso contra él quedó archivado debido a su delicado estado de salud y falleció antes de celebrarse el juicio. El fallo afecta a 21 de los 24 acusados en el proceso, quienes recibieron penas de entre dos y 16 años de cárcel. Entre los condenados figuran 11 ciudadanos suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio. Según la resolución judicial, todos ellos formaban parte de una estructura orientada al transporte y distribución de estupefacientes y al blanqueo de los beneficios.

Su abogada, Sylvia Córdoba, confirma a Infobae que recurrirán la sentencia. Para la letrada, la decisión del juez es muy inestable. Considera que el tráfico de drogas “está metido con calzador” y que las pruebas aportadas no son suficiente para demostrar un vínculo de su cliente con la supuesta mafia. De hecho, celebra que no haya sido declarado culpable del delito de pertenencia a organización criminal, lo que ve como un indicio de su inocencia.

“La fiscal no preguntó a Joakim”, cuenta la abogada, explicando que su cliente se mostró, desde el principio, dispuesto a declarar y que no es nada habitual que desde la acusación opten por no hacer preguntas. “Le condenan por unos hechos que han sido juzgados en Francia y que tienen un detenido”, relata Sylvia Córdoba. Defiende la inocencia de Broberg, al que considera que han condenado por narcotráfico sin pruebas con peso suficiente.

Broberg señala “motivaciones políticas”

Broberg ha roto su silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional en una entrevista con Sydkusten. Insiste en que el proceso ha tenido “motivaciones políticas” y niega cualquier participación en una red criminal. “Ya estamos preparando una apelación que estoy seguro de que ganaremos”, señala, mientras critica que la fiscalía solicitara inicialmente 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros. El tribunal finalmente rebajó la pena a nueve años y 4,9 millones de euros de multa al no acreditar su pertenencia a una organización criminal.

El empresario relata que fue arrestado en Brasil, donde asegura que residía por la pandemia, y denuncia irregularidades en el proceso de extradición. La sentencia aún no es firme y Broberg se mantiene en libertad condicional. Insiste en su inocencia y en que su situación “se ha utilizado para intentar perjudicar políticamente a Ángeles Muñoz”. Su defensa prepara la apelación, y sostiene que no tiene miedo de ir al Supremo si hiciese falta.

Cuatro integrantes de una misma familia, un matrimonio y dos de sus hijos, han perdido la vida este domingo en un grave accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-67, a la altura del municipio palentino de Herrera de Pisuerga. En el siniestro también ha resultado herida muy grave otra hija del matrimonio, de 9 años, que ha sido atendida por los servicios de emergencia que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, el accidente se ha producido alrededor de las 16:20 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 recibió una llamada alertando de que un turismo se había salido de la vía en el kilómetro 83 de la A-67. El aviso también detallaba que varias personas permanecían atrapadas en el interior del vehículo y necesitaban ser rescatadas. La investigación apunta a que el siniestro se produjo sin la participación de ningún otro vehículo. De acuerdo con la Subdelegación del Gobierno en Palencia, la familia, residente en Valladolid, regresaba de un viaje a Cantabria cuando ocurrió el accidente.

Tras abandonar la calzada por causas que todavía se desconocen, el automóvil dio varias vueltas de campana antes de quedar finalmente detenido fuera de la vía. Las primeras investigaciones sitúan la posible somnolencia del conductor como principal hipótesis del accidente. Esta línea de trabajo se apoya en los testimonios recabados entre personas que presenciaron el siniestro, aunque serán las diligencias de la Guardia Civil las que determinen las circunstancias exactas que provocaron la salida de la carretera.

Junio rompe la tendencia y dispara la mortalidad en carretera

Hace pocos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) hizo públicos los datos de siniestralidad vial correspondientes al mes de junio, un periodo que ha registrado un importante incremento de víctimas mortales en las carreteras españolas. Así, durante el mes de junio se contabilizaron 123 siniestros mortales en los que fallecieron 142 personas, lo que supone 51 víctimas más que en el mismo mes del año anterior. Se trata del junio con mayor número de fallecidos desde 2010, un repunte que rompe la evolución positiva registrada durante los cinco primeros meses de 2026.

El aumento de la movilidad también ha sido importante. A lo largo del mes se han registrado 42,8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 3% más que en junio de 2025, un incremento que coincide con el inicio del periodo de las vacaciones de verano de muchos conductores.

Para la DGT, preocupa el incremento de los accidentes con múltiples víctimas. Durante el mes pasado se produjeron seis siniestros en los que fallecieron tres o más personas, una tipología de accidente que no se registró en el mismo mes del año pasado. En conjunto, estos accidentes causaron la muerte de 21 personas, concentrando una parte muy importante del aumento global de la mortalidad.

Las carreteras convencionales concentran el aumento de la mortalidad

Además, según la DGT, el aumento de la mortalidad se concentra exclusivamente en las carreteras convencionales. En estas vías han fallecido 53 personas más que en junio del año pasado, mientras que en las autopistas y autovías, por el contrario, se ha registrado un ligero descenso de dos víctimas. Por tipo de usuario, el mayor incremento corresponde a los ocupantes de turismos, con 29 fallecidos más que en el mismo periodo de 2025.

Los datos también muestran una mayor gravedad de los accidentes durante las últimas horas del día y la madrugada. Entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana se ha producido buena parte del incremento de víctimas registrado este año. Desde la DGT recuerdan que el uso de los sistemas de retención sigue siendo un factor determinante para reducir la gravedad de las consecuencias de un accidente. Durante junio, 22 de las personas fallecidas no utilizaban el correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro. Entre ellas, 19 eran conductores de turismo que circulaban sin el cinturón de seguridad puesto.

Dos inquilinos de una vivienda en Torrelavega perderán finalmente el alquiler pese a haber abonado las rentas que debían. La Audiencia Provincial de Cantabria ha revocado la sentencia que les permitió conservar la vivienda y ha ordenado su desahucio al concluir que dejaron pasar el plazo legal para saldar la deuda después de que el propietario les reclamara formalmente el pago mediante burofax. Cuando decidieron pagar, ya habían perdido el derecho a evitar el lanzamiento.

La resolución estima el recurso presentado por la empresa propietaria del inmueble y corrige el criterio seguido por el Juzgado de Primera Instancia de Torrelavega, que había considerado válido el pago realizado por los arrendatarios durante la tramitación del procedimiento y, por tanto, había declarado enervada la acción de desahucio, lo que permitía mantener vigente el contrato de alquiler. La Audiencia, sin embargo, entiende que esa posibilidad ya había desaparecido mucho antes.

El propietario les dio un mes para pagar

El conflicto comenzó tras el impago de varias mensualidades del alquiler de una vivienda situada en Torrelavega. El 16 de diciembre de 2024, la empresa propietaria remitió a cada uno de los inquilinos un burofax en el que les reclamaba las cantidades pendientes y les advertía expresamente de las consecuencias de no pagar. En el escrito les concedía un plazo máximo de treinta días para saldar la deuda y les comunicaba que, si no lo hacían, interpondría una demanda de desahucio y perderían la posibilidad de conservar el contrato abonando posteriormente las rentas. Ambos requerimientos fueron recibidos el 17 de diciembre.

Pese a esa advertencia, los arrendatarios no realizaron ningún pago dentro del plazo concedido. La empresa esperó más de tres meses antes de acudir a los tribunales y presentó finalmente la demanda de desahucio el 19 de marzo de 2025, reclamando además las cantidades adeudadas.

Durante la tramitación del procedimiento, los inquilinos abonaron la deuda pendiente. Ese pago llevó al Juzgado de Primera Instancia a declarar enervada la acción de desahucio, una figura prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en determinados supuestos, permite al arrendatario evitar la resolución del contrato si paga las cantidades adeudadas. Como consecuencia, el juzgado entendió que el contrato debía mantenerse y rechazó la petición de lanzamiento formulada por la empresa propietaria.

La mercantil recurrió esa decisión al considerar que el juzgado había aplicado incorrectamente el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que la posibilidad de enervar el desahucio desaparece cuando el propietario ha requerido previamente el pago de forma fehaciente y el inquilino deja transcurrir más de treinta días sin satisfacer la deuda.

La Audiencia concluye que el derecho a evitar el lanzamiento ya se había perdido

La Audiencia Provincial da la razón al propietario y recuerda que la ley establece una excepción muy clara al derecho del inquilino a conservar el contrato pagando las rentas atrasadas. Los magistrados explican que cuando el arrendador reclama la deuda mediante un requerimiento fehaciente —como ocurrió en este caso con los burofaxes enviados en diciembre de 2024— y el arrendatario no paga dentro de los treinta días siguientes, pierde definitivamente la posibilidad de evitar el desahucio mediante un pago posterior.

Tras revisar la documentación del procedimiento, la Sala concluye que todos esos requisitos se cumplieron. Los requerimientos fueron correctamente entregados, la demanda no se presentó hasta transcurridos más de treinta días y los inquilinos no abonaron las cantidades reclamadas dentro del plazo legal. Por ello, cuando finalmente pagaron durante el procedimiento judicial, ese abono ya no podía producir el efecto de mantener vivo el contrato de arrendamiento.

Con estos argumentos, la Audiencia revoca íntegramente la sentencia de primera instancia, declara resuelto el contrato de alquiler y ordena el desahucio de los dos arrendatarios. Además, les condena a pagar los 467,83 euros que adeudaban cuando se presentó la demanda, las rentas que continúen generándose hasta la entrega efectiva de la vivienda —158,83 euros mensuales— y las costas tanto de la primera instancia como de la apelación.

El acuerdo de gobierno sellado este jueves entre el PP y Vox en Andalucía ha puesto el punto final al ciclo de elecciones autonómicas de 2026 y ha dejado una fotografía nítida de la cuota de poder que la formación de Santiago Abascal ha conseguido convertir en gobiernos. Allí donde los populares han necesitado sus votos para investir a sus candidatos, Vox ha logrado entrar en los ejecutivos con un reparto de responsabilidades prácticamente idéntico: vicepresidencias y el control de áreas estratégicas como agricultura, medioambiente, turismo, cultura o políticas de familia y ayudas sociales, además de reforzar su presencia institucional con senadores autonómicos y puestos en las mesas de los parlamentos regionales.

Aunque cada negociación ha tenido sus propios tiempos y dificultades, el resultado final responde a un mismo patrón. El PP ha cedido a Vox una vicepresidencia en cada uno de los cuatro gobiernos autonómicos que dependían de sus votos, mientras que las competencias asignadas se repiten con escasas variaciones entre comunidades, acumulando hasta nueve consejerías.

El último acuerdo en cerrarse ha sido el de Andalucía. Pese a que Juanma Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, necesitaba el respaldo de Vox para asegurar su continuidad al frente de la Junta. El pacto alcanzado concede a la formación la Vicepresidencia primera del Gobierno andaluz, que ocupará quien fue su candidato en esos comicios, Manuel Gavira.

Además de asumir ese puesto, Gavira dirigirá una macroconsejería que reunirá las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El acuerdo también reserva a Vox uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden a Andalucía y una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento, completando así su entrada tanto en el Ejecutivo como en las principales instituciones de la comunidad.

Un mismo reparto de poder en las cuatro comunidades

El esquema apenas cambia si se observa el resto de pactos alcanzados durante este ciclo electoral. En Castilla y León y Aragón, Vox ha obtenido tres consejerías y una vicepresidencia en cada uno de los gobiernos autonómicos, con competencias muy similares a las asumidas en Andalucía.

En Castilla y León, el acuerdo para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco otorgó la Vicepresidencia primera a Carlos Pollán, expresidente de las Cortes autonómicas, que también dirigirá la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. A esas responsabilidades se suman las consejerías de Cultura, Turismo y Deporte y la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de manera que Vox gestionará tres de los departamentos del Ejecutivo autonómico.

En Aragón, el reparto reproduce prácticamente el mismo modelo. Alejandro Nolasco ocupará la Vicepresidencia del Gobierno autonómico y el partido estará al frente de las tres consejerías de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería y Alimentación. La presencia institucional de Vox también se amplía en esa comunidad con una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y un senador por designación autonómica. Nolasco, además, regresa al Ejecutivo tras haber formado parte del anterior gobierno de coalición constituido después de las elecciones de 2023, que quedó roto cuando la dirección nacional del partido decidió abandonar todos los gobiernos autonómicos en los que participaba.

En Extremadura, Vox obtuvo una representación algo menor en número de consejerías, aunque mantuvo el mismo esquema de poder. La formación logró la Vicepresidencia de la Junta para Óscar Fernández Calle, quien además asumirá la macroconsejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El acuerdo incluye también la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y un senador por designación autonómica, completando así el reparto institucional pactado con el PP.

Extremadura marcó el modelo de las negociaciones

Las conversaciones entre PP y Vox no se desarrollaron con la misma facilidad en todas las comunidades. El caso de Extremadura fue el más complejo y terminó condicionando el resto de acuerdos. Tras las elecciones celebradas el 21 de diciembre del año pasado, las negociaciones permanecieron bloqueadas durante semanas sin que María Guardiola lograra reunir los apoyos suficientes para ser investida presidenta. La situación llevó a la dirección nacional del PP a intervenir directamente y elaborar un documento marco que sirviera de referencia para las conversaciones abiertas en el resto de territorios.

El objetivo de Génova era dotar de homogeneidad a todos los pactos y fijar unos criterios comunes sobre el reparto de responsabilidades, de forma que los acuerdos respetaran las líneas generales del partido y fueran proporcionales a los resultados obtenidos por cada formación en las urnas.

Ese esquema terminó trasladándose a Andalucía, Castilla y León y Aragón. Más allá de las diferencias en la denominación de algunas consejerías, todos los gobiernos comparten una estructura muy similar: una vicepresidencia para Vox, competencias ligadas al sector primario, el medioambiente, el turismo o las políticas sociales, presencia en los parlamentos autonómicos y, salvo en Castilla y León, un senador por designación autonómica.

Los cuatro acuerdos incorporan además una referencia a la “prioridad nacional”, una expresión incluida en los documentos firmados por PP y Vox que ambas formaciones interpretan de forma distinta, aunque ha terminado formando parte del marco político común de todos los pactos alcanzados durante esta maratón electoral autonómica.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado a preparar a su formación de cara al próximo ciclo electoral. Con ese objetivo, encabezará el próximo 18 de julio un acto en Santiago de Compostela en el que se presentará a los aspirantes del partido a las alcaldías de las capitales de provincia. La designación de los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que celebrarán elecciones en mayo de 2027 quedará, en cambio, para después del verano, según han adelantado fuentes del partido a Europa Press.

Las elecciones municipales y las autonómicas en las comunidades de régimen común se celebran, por lo general, de forma simultánea el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. Siguiendo esta regla general, la próxima cita con las urnas tendría lugar el 23 de mayo de 2027.

Precisamente, esta semana, la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, trasladó a los medios que el partido ya tiene un “cronograma fijado” para la elección de candidatos a las elecciones del próximo año.

A nivel nacional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no habrá adelanto electoral y que las generales se celebrarán en 2027 cuando corresponda, Feijóo quiere tener la estructura del partido a punto y al PP “electoralizado” a través de la preparación previa de los comicios municipales y autonómicas.

Desde el PP, aseguran haber tomado nota de lo ocurrido en 2023, cuando Sánchez adelantó las generales a julio — dos meses después de las autonómicas y municipales y con PP y Vox negociando en varias comunidades— y cogió al partido con el paso cambiado. Por ello, ahora recalcan que la prioridad es estar “listos” y “tener una alternativa preparada“.

Calendario para designar a los candidatos locales y autonómicos

Ante la posibilidad de que pueda haber elecciones generales en cualquier momento, el PP de Feijóo quiere tener sus equipos definidos. De este modo, el próximo 18 de julio está previsto que los candidatos a las capitales de provincia de toda España viajen a Santiago de Compostela, donde serán proclamados por la dirección del partido en un acto de nombramiento oficial.

En el caso de las comunidades autónomas de régimen común que también celebrarán elecciones autonómicas el próximo año, los candidatos a la Presidencia serán proclamados posteriormente, previsiblemente a la vuelta de verano.

Los estatutos del PP establecen que corresponde al Comité Electoral Nacional nombrar a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos autonómicos, a las presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como a las alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, de las capitales de provincia, y de cabildos, consells insulares y juntas generales.

Más protagonismo a alcaldes populares

Con este calendario, el PP también busca reforzar el protagonismo de sus alcaldes y de la política municipal dentro de la estrategia del partido de cara a las elecciones municipales, al considerar que cuentan con una alta capacidad de atraer votos.

Este objetivo se vio reflejado el pasado viernes, durante el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que clausuró Feijóo en Castellón y en la reunión que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, mantuvo con los portavoces populares en los Parlamentos autonómicos.

El PSOE no solo cerró 2025 con más ahorro que el año anterior. También reforzó una posición que lleva años consolidando: la de ser el partido con mayor capacidad económica de España. Las cuentas anuales aprobadas por la dirección socialista reflejan un incremento de dos millones de euros en los ingresos de origen privado y un ahorro acumulado de 12,7 millones de euros, 5,1 millones más que en 2024. Pero el dato que mejor resume su situación financiera está en otro apartado del balance: una tesorería de más de 70 millones de euros y un patrimonio cercano a los 123 millones, cifras que ninguna otra formación política alcanza actualmente.

El balance deja además una paradoja. El PSOE terminó el ejercicio con una posición económica más sólida pese a ingresar menos dinero procedente de las administraciones. La financiación pública cayó en más de siete millones de euros respecto al año anterior, al pasar de 54 a 46,7 millones, una reducción que se explica, sobre todo, por el desplome de las subvenciones ligadas a la actividad electoral en un año sin grandes citas con las urnas y por un cambio en la forma de presentar las cuentas.

Sin embargo, esa bajada quedó compensada por el aumento de los ingresos privados y por una drástica reducción del gasto electoral, lo que permitió al partido ampliar todavía más su colchón financiero. Los ingresos privados crecieron de 24 a 26 millones de euros gracias al exceso de provisiones contabilizado durante el ejercicio, al incremento de las aportaciones realizadas por afiliados y cargos públicos y a otros ingresos de la actividad ordinaria.

Más allá de las cifras de un solo año, las cuentas confirman una tendencia que se viene repitiendo desde hace tiempo. El PSOE es el partido con mayor capacidad para acumular patrimonio y liquidez, una ventaja que le permite afrontar campañas electorales, mantener su estructura territorial y absorber con mayor facilidad los cambios en la financiación pública.

Dos grandes partidos y una brecha económica cada vez más evidente

Si el PSOE ocupa el primer puesto en músculo financiero, el Partido Popular continúa siendo el segundo actor con mayor capacidad económica. Las cuentas correspondientes a 2024 muestran una formación saneada, con más de 63 millones de euros de ingresos entre financiación pública y privada y un beneficio superior a los 20 millones de euros, muy por encima del registrado el año anterior. A ello se suman otros 11,2 millones contabilizados como ingresos extraordinarios, una partida que llamó la atención por no detallarse su procedencia.

Aunque los populares siguen reforzando su patrimonio, la distancia respecto al PSOE continúa siendo notable cuando se analiza la liquidez disponible. Ningún partido dispone actualmente de una tesorería comparable a la de los socialistas, que superan ampliamente los 70 millones de euros en efectivo.

El contraste resulta todavía mayor al observar la situación de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal ingresó 22,7 millones de euros durante 2024, una cifra muy inferior a la de los dos grandes partidos. Además, casi ocho de cada diez euros que entraron en sus cuentas procedieron de subvenciones públicas y aportaciones institucionales, mientras que la financiación privada apenas superó los cuatro millones y descendió alrededor de un 20 % respecto al ejercicio anterior. El partido volvió a cerrar el año en pérdidas, con un resultado negativo de 2,75 millones de euros, encadenando así dos ejercicios consecutivos en números rojos.

La comparación entre las tres principales fuerzas nacionales refleja modelos económicos muy distintos. Mientras PSOE y PP han logrado consolidar estructuras financieras capaces de generar importantes colchones de liquidez, Vox continúa dependiendo en gran medida de las subvenciones públicas y no ha conseguido equilibrar sus cuentas en los dos últimos ejercicios.

Mucho dinero público y enormes diferencias de patrimonio

Las diferencias son todavía más acusadas al bajar un escalón en el mapa político. Ciudadanos apenas ingresó algo más de 700.000 euros durante 2024, una cantidad insuficiente para sostener una estructura que terminó generando pérdidas superiores a los dos millones tras el desplome de su representación institucional.

Sumar tampoco consiguió cerrar el ejercicio en positivo. La coalición registró unos ingresos ordinarios de 1,9 millones de euros, de los que la inmensa mayoría procedían de financiación pública, pero sus gastos volvieron a superar los ingresos y el resultado final fue un déficit superior a los 660.000 euros.

Entre los partidos de ámbito territorial, el PNV continúa siendo el que maneja un mayor volumen de recursos. Durante 2024 declaró unos ingresos próximos a los 13,2 millones de euros, repartidos entre financiación pública y privada, aunque el ejercicio terminó también en pérdidas. EH Bildu destacó por el crecimiento de sus ingresos privados, impulsados por las aportaciones y cuotas de afiliados, mientras que ERC logró regresar al superávit pese al descenso de las subvenciones derivadas de sus resultados electorales.

Las cuentas de todas las formaciones dejan otra conclusión común: la financiación pública sigue siendo el principal sostén económico de los partidos españoles. Incluso cuando aumenta el peso de los ingresos privados, buena parte de ellos procede de las aportaciones realizadas por cargos públicos y grupos institucionales, es decir, de recursos vinculados a la representación obtenida en las instituciones. La diferencia aparece, sobre todo, en la capacidad para transformar esos ingresos en patrimonio y liquidez.

La decisión del juez Santiago Pedraz de citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, ha provocado una reacción inmediata de las asociaciones de guardias civiles. AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), ha exigido la dimisión de González y el cese de Llamas, al calificar la situación de “insostenible” y advertir sobre la existencia de un muro de desconfianza entre la base de la Guardia Civil y la cúpula directiva de la institución.

La imputación ha sido el detonante definitivo para exigir la dimisión de la directora, pero el descontento viene de muy atrás. En abril de 2025, la Guardia Civil elaboró un informe donde buscaba demostrar que “un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO y la profesionalidad y honorabilidad personal de algunos de sus integrantes”. En este mismo escrito, apuntan que Mercedes González estaba al tanto de algunos de estos movimientos.

De la denuncia interna a la imputación judicial

La investigación judicial estudia, entre otros hechos, las reuniones celebradas entre Mercedes González y Leire Díez, en las que supuestamente se solicitó la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo. Además, la instrucción incluye presuntas instrucciones de la cúpula a mandos de la UCO para que evitaran actuar con eficacia en investigaciones sensibles para los intereses políticos.

Según el informe del Instituto Armado, Leire Díez y Fran Ortega (supuesto socio de Koldo en Correos) ofrecieron al comandante Rubén Villalba abandonar su actual defensa jurídica, en nombre de “Koldo y el partido”, buscando que alineara su estrategia con la de Koldo García, a cambio de apoyo político. Leire se habría reunido con la directora para pedir que permitiese la reincorporación del comandante. También propusieron al empresario Alejandro Hamlyn “hacer frente común” y buscar posibles pruebas comprometedoras contra los investigadores. También mencionan en repetidas ocasiones que Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, estaba detrás.

Tras contar estos supuestos intentos de interferir en procesos policiales y judiciales, el escrito de la Guardia Civil, involucra a su directora. “El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta “estrategia” se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la Directora General de la Guardia Civil“, afirma.

Exigencias y acciones legales de AUGC

El comunicado difundido por la AUGC este miércoles lamenta que por primera vez “la petición de imputación procede no sólo de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción”. Según el sindicato, este paso implica que “ya no cabe hablar de estrategia política alguna”. “Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no puede haber un doble rasero”, señala el texto.

AUGC recuerda que denunció públicamente estas maniobras en junio de 2025 y que acudió a los tribunales “cuando otros callaban”. Para la organización, la permanencia tanto de la directora general como del DAO en sus cargo, es “incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes”. “Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera. No puede haber un trato distinto para la cúpula”, recalca el sindicato en su comunicado.

Lejos de conformarse con reclamar la dimisión política, AUGC anuncia que ejercerá “con la máxima intensidad y rigor” la acusación popular ante la Audiencia Nacional. Según asegura, exigirá la adopción de medidas cautelares para apartar a González y Llamas de sus cargos y evitar que su presencia “pueda condicionar o alterar la investigación judicial en curso”.