El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a un hotel y ha declarado procedente el despido disciplinario de una gobernanta con casi 30 años de antigüedad tras apropiarse de seis rollos de papel higiénico industrial del establecimiento. La Sala corrige el criterio del juzgado, que había considerado el despido improcedente, y concluye que se trata de un hurto que rompe la confianza y justifica la extinción del contrato.

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2024. Según la carta de despido, la trabajadora —que desempeñaba funciones de gobernanta en un hotel de Calella desde 1995— cogió una bolsa con seis rollos de papel industrial del almacén del centro de trabajo y trató de abandonar el establecimiento por una puerta trasera. Instantes después, regresó al interior y salió definitivamente con el material.

La empresa calificó la conducta como una falta muy grave, al entender que se trataba de una apropiación indebida de bienes de la compañía. Un día después, el 21 de junio, formalizó el despido disciplinario.

La explicación de la trabajadora: el vómito de un perro

La trabajadora no negó los hechos, pero trató de justificarlos. En la copia de la carta de despido que aportó al juicio, añadió a mano una explicación: había cogido el papel porque el perro de su hijo había vomitado en el coche y necesitaba limpiarlo.

Sin embargo, el tribunal desmonta esa versión por varios motivos. En primer lugar, subraya que esa anotación no figuraba en la copia firmada que quedó en poder de la empresa, sino que fue añadida posteriormente por la propia trabajadora.

Pero, sobre todo, destaca un elemento clave: la propia empleada firmó ese mismo día un documento reconociendo expresamente que había sustraído el material y mostrando su arrepentimiento, sin hacer referencia a ninguna justificación.

Además, la única prueba aportada sobre el supuesto incidente con el animal es un certificado veterinario del día siguiente al despido, no del día en que se produjeron los hechos.

No era una falta leve, sino un hurto

El núcleo del caso estaba en determinar si la conducta debía considerarse una falta leve o grave —como entendió el juzgado— o una infracción muy grave que justificara el despido.

El TSJ no tiene dudas: se trata de un supuesto de apropiación de bienes de la empresa, encuadrable como hurto en el ámbito laboral. Y eso, recuerda, supone una transgresión de la buena fe contractual.

La Sala rechaza aplicar la llamada “teoría gradualista”, que permite modular la sanción en función de la gravedad de los hechos. En este tipo de conductas, subraya, la jurisprudencia es clara: no importa el valor económico de lo sustraído, sino la quiebra de la confianza.

En este sentido, los magistrados insisten en que el contrato de trabajo se basa en la lealtad entre las partes, y que apropiarse de material de la empresa, aunque sea de escaso valor, rompe ese vínculo de confianza de forma irreversible.

El tribunal añade otro elemento relevante: la categoría profesional de la trabajadora. Como gobernanta del hotel, ocupaba un puesto de responsabilidad que exige un plus de confianza por parte de la empresa. Esa posición refuerza la gravedad de la conducta, ya que, según la sentencia, implica un mayor deber de diligencia y lealtad en el desempeño de sus funciones.

Además, la Sala descarta que existiera una causa que justificara la conducta. No hay prueba de que el supuesto incidente con el perro ocurriera en el momento de los hechos ni de que fuera necesario utilizar material del hotel para resolverlo.

Revés al criterio del juzgado

El Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró había considerado inicialmente el despido improcedente, al entender que la conducta podía encajar en una falta grave sancionable de forma menos severa. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia corrige ese enfoque. Considera que la sentencia de instancia se apoyó en hechos no suficientemente acreditados —como la supuesta urgencia derivada del vómito del perro— y que no valoró adecuadamente el reconocimiento de los hechos por parte de la trabajadora.

Con estos argumentos, el TSJ estima el recurso de la empresa, revoca la sentencia anterior y declara procedente el despido disciplinario, con todas las consecuencias legales inherentes a esa calificación.

La velocidad máxima en autopistas españolas, históricamente fijada en 120 km/h, empieza a erosionarse de forma silenciosa. Sin reformas legales de gran calado ni anuncios de alcance general, la realidad sobre el asfalto apunta en otra dirección: cada vez más tramos limitan la circulación a 100 km/h. Una cifra que, lejos de ser coyuntural, se abre paso como referencia en la gestión del tráfico y la seguridad vial.

La Dirección General de Tráfico (DGT), junto a administraciones autonómicas, ha ido avalando en los últimos meses esta rebaja en puntos concretos de la red viaria. No se trata de una decisión uniforme, sino de una suma de actuaciones que, vistas en conjunto, dibujan una tendencia. Autopistas como la AG-55 en Galicia, la AP-8 en el País Vasco o la AP-7 en Cataluña han incorporado ya estos límites reducidos en determinados tramos, siempre bajo el mismo argumento: reducir la siniestralidad.

La velocidad deja de ser una cifra fija

Si hay un territorio donde este cambio de paradigma resulta más evidente es Cataluña. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha desplegado sistemas de velocidad variable en varios corredores, introduciendo una lógica dinámica en la regulación del tráfico. Los límites ya no son inmutables: se ajustan en función de la meteorología, la congestión o las incidencias.

Este modelo permite alternar entre 120 y 100 km/h —e incluso descender por debajo de ese umbral— con el objetivo de anticiparse a situaciones de riesgo. No se trata únicamente de reaccionar ante el accidente, sino de evitarlo. La tecnología, en este caso, actúa como aliada de una política de prevención que busca suavizar la circulación y reducir los picos de velocidad.

Aunque desde la DGT no se ha planteado oficialmente una reforma general del límite máximo en autopistas, la reiteración de estas medidas en distintos puntos del país introduce un elemento de debate difícil de obviar. La pregunta ya no es si pueden aplicarse los 100 km/h, sino en qué condiciones podrían consolidarse.

Más allá de la seguridad: clima y energía

El debate, además, trasciende las fronteras españolas. En Europa, la discusión sobre los límites de velocidad ha adquirido una dimensión distinta, vinculada a los objetivos climáticos. Alemania es uno de los ejemplos más recientes. Allí, el incumplimiento de las metas de reducción de emisiones de CO₂ ha provocado un revés judicial al programa de protección climática del Gobierno federal, al considerar que no alcanzará sus objetivos.

En ese contexto, organismos como la Agencia Federal Alemana del Medio Ambiente han señalado que la reducción de la velocidad en autopistas podría tener un impacto directo en la disminución de emisiones. La organización DUH (Ayuda Ambiental de Alemania) ha formalizado esta idea en una propuesta concreta: limitar a 100 km/h la velocidad en autopistas, con margen para elevarla a 120 km/h en horario nocturno, además de establecer restricciones más severas en otros tipos de vías.

La discusión no se limita al plano medioambiental. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha introducido un nuevo elemento en el debate al recomendar una rebaja generalizada de los límites de velocidad como medida para reducir el consumo de combustible. La propuesta se enmarca en un contexto internacional marcado por tensiones en el suministro energético y recuerda, en su planteamiento, a las decisiones adoptadas durante la crisis del petróleo de los años setenta.

Según la AIE, una reducción de apenas 10 km/h puede traducirse en un descenso significativo del consumo global de carburante. La recomendación incluye fijar límites de entre 100 y 110 km/h en autopistas, acompañados de otras medidas como el impulso del teletrabajo o restricciones puntuales en las grandes ciudades.

España, por ahora, se mantiene al margen de estos argumentos en su política de tráfico. Las decisiones adoptadas hasta la fecha responden fundamentalmente a criterios de seguridad vial. Sin embargo, la convergencia entre las medidas nacionales y las recomendaciones internacionales dibuja un escenario en el que la velocidad deja de ser únicamente una cuestión de circulación para integrarse en un debate más amplio, donde confluyen seguridad, sostenibilidad y eficiencia energética.

La proposición de ley de Junts per Catalunya para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos y que contempla sanciones de hasta 20.200 euros para los reincidentes ha encallado este martes en el Congreso con los votos en contra de PSOE, Sumar, Podemos y Vox. En total, la votación se ha saldado con 7 votos a favor, 327 en contra y 13 abstenciones.

El debate en la Cámara Alta ha resucitado después de fracasar la ofensiva anterior del partido de Santiago Abascal, que presentó una norma muy similar contra el uso de esta prenda con una exposición que criminalizaba también a las personas que la llevaban: el texto hablaba de “la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista” que pretenden “imponer las costumbres islamistas en el espacio público”.

La propuesta de Junts, en esencia, también abarca la misma cuestión, que abarca las prendas que cubran “total o sustancialmente” el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma menciona expresamente el niqab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara. También señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, “en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación”.

A diferencia de la norma de Vox, la iniciativa de Junts no recoge sanciones (la de Vox contemplaba multas de hasta 20.000 euros para reincidentes), pero sí incluye excepciones para casos de salud “debidamente acreditados”, exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas o tradicionales, “cuando no concurra riesgo para la seguridad pública”.

Podemos dice que no es un problema real y el PSOE se abre al debate “con rigor”

“No podemos defender que en nuestras calles haya personas invisibilizadas con una práctica que es esclavitud. Algunos nos dirán que somos racistas; nos da igual. Los derechos humanos, la dignidad de las personas, la igualdad entre hombres y mujeres son más importantes”, ha defendido en su intervención el diputado de Junts, Josep Pagès.

Desde Podemos han censurado la exposición de motivos de Junts, argumentando que no responde a ningún tipo de urgencia, ni a una demanda social, “ni a un problema existente en nuestras calles”, sino a la “tentación de abrir debates identitarios que generan ruido y que acaban señalando a colectivos vulnerables, como son las mujeres musulmanas”, censuró la diputada morada, Noemí Santana.

El PSOE, por su parte, adelantó también su sentido de voto argumentando que la medida solo situaba el foco en la mujer y ofrecía soluciones simples a problemas profundos. Y en este sentido, desde la bancada socialista han abrazado la idea de traer el debate, siempre que se “aborde desde el rigor”, matizaron fuentes del PSOE consultadas por Infobae.

Sumar sopesó su abstención, pero no arriesgó

El voto de Sumar estuvo en el aire a pocas horas de producirse la votación. En plena negociación para sacar adelante el decreto de alquileres, que depende del voto de Junts, sectores de Sumar sopesaron abstenerse en la tramitación. Hay que recordar que este decreto, que tanto le costó convencer a los socialistas para aprobar en Consejo de Ministros, debe convalidarse en la Cámara Baja antes del 19 de abril.

“No está cerrado el sentido del voto”, mantuvo la portavoz del grupo, Verónica Barbero, en una rueda de prensa en la mañana de este martes. Más tarde lanzaría otro anzuelo el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez: “Junts quiere hablar de seguridad; no hay mayor forma de quitar el burka que garantizando que no se disparen los precios”, afirmó el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez.

Tras una reunión a puerta cerrada, la coalición plurinacional decidió finalmente no tragar con el sapo y anunció su rechazo a la norma antes de debatirla en Pleno. Hay que recordar que, desde su anuncio, Sumar ha considerado la medida “retrógrada” y que criminaliza a las mujeres.

El exsubsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, ha detallado en el Tribunal Supremo cómo, en plena emergencia sanitaria de marzo de 2020, la primera orden de compra de mascarillas del Ministerio de Transportes pasó de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos, tras una indicación que, según su testimonio, le fue trasladada por el entonces asesor ministerial Koldo García en nombre del ministro José Luis Ábalos.

Gómez García, que ocupó el cargo entre junio de 2018 y agosto de 2024 —cuando fue cesado tras la auditoría en el Ministerio—, ha explicado que la decisión inicial partía de una estimación técnica de necesidades: cuatro millones de mascarillas para cubrir quince días o, alternativamente, ocho millones para un mes. “Por prudencia”, ha señalado, se preparó una orden inicial de cuatro millones. Sin embargo, cuando esta iba a ser remitida para su publicación, recibió la indicación de que debía elevarse a ocho millones. “Era ocho millones o nada”, ha asegurado que le transmitió Koldo García, a quien ha reconocido como interlocutor habitual en nombre del ministro.

La secuencia temporal, según su declaración, se produjo el 20 de marzo de 2020: a las 20.00 horas se firmó una primera orden por cuatro millones de unidades, y a las 20.38 horas se formalizó una segunda orden que duplicaba la cantidad.

Del despacho ministerial a Puertos del Estado

El exsubsecretario ha situado el origen de la operación en el 19 de marzo de 2020, cuando el ministro le convocó a su despacho en pleno estado de alarma y le indicó que era necesario adquirir mascarillas de forma urgente. A partir de ese momento, Gómez García reunió a su equipo y propuso canalizar la compra a través de Puertos del Estado, al considerar que este organismo contaba con mayor capacidad logística para una operación de esa magnitud.

El departamento elaboró entonces un borrador para dotar de cobertura jurídica a la adquisición mediante un procedimiento de emergencia. En ese momento, según ha precisado, aún no existía ninguna oferta concreta sobre la mesa y se estaba definiendo únicamente el tipo y la calidad del material a adquirir.

Al día siguiente, el 20 de marzo, se produjo un punto de inflexión. “Sobre las dos de la tarde, Koldo vino a mi despacho con una oferta”, ha declarado. Se trataba de una propuesta de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama. Gómez García ha explicado que la recibió en mano, la escaneó a través de su secretaria y ordenó remitirla de inmediato a Puertos del Estado para su tramitación.

“Es la única oferta que tuve en ese momento”, ha afirmado, subrayando que llegó antes incluso de que se publicara la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, tras hacerse pública la operación, otras empresas remitieron propuestas alternativas, algunas con precios inferiores, pero el contrato ya estaba adjudicado.

Indicaciones y comunicaciones durante la emergencia

Durante su comparecencia, el exsubsecretario ha reconocido que su relación operativa era más directa con el ministro y su jefe de gabinete que con el resto de asesores, aunque ha admitido que Koldo García le trasladaba indicaciones “del ministro”. En este sentido, ha señalado que recibió instrucciones para continuar con la contratación inicialmente acordada pese a la aparición de ofertas más económicas. “No queda más remedio”, ha asegurado que le indicó el propio Ábalos en un mensaje.

Además de la operación a través de Puertos del Estado, Gómez García ha relatado que se le encomendó impulsar una segunda compra mediante otra entidad pública, Adif. En este caso, se replicó el procedimiento de emergencia y se fijó una adquisición de cinco millones de mascarillas, aunque el exalto cargo ha reconocido no recordar con precisión los motivos de esa cifra ni los destinatarios finales del material.

Según ha explicado, en aquellos días existía una “gran escasez” de tapabocas y las que llegaron al Ministerio de Transportes fueron de las primeras en distribuirse en España, destinadas tanto al personal del propio ministerio como a transportistas.

Responsabilidades, contactos y hechos posteriores

Gómez García ha insistido en que la decisión de compra correspondía al ministro, como autoridad competente durante el estado de alarma, y ha negado haber intervenido en la elección del proveedor más allá de canalizar la oferta recibida. También ha rechazado haber recibido comisiones o ventajas económicas a cambio de adjudicar el contrato a Soluciones de Gestión.

Asimismo, ha negado haber sido objeto de amenazas por parte de Koldo García y ha enmarcado todas las actuaciones en el contexto de excepcionalidad de la pandemia, defendiendo que se actuó con rapidez ante la urgencia sanitaria.

El exsubsecretario ha reconocido también contactos posteriores con el exministro, incluyendo una reunión en 2024 en la que le facilitó documentación pública para una querella contra un periodista, que entregó a través de Koldo García en un sobre del ministerio.

En paralelo, ha señalado que tras la detención de Koldo y el estallido del caso se celebró una reunión interna en el Ministerio, ya bajo la dirección de Óscar Puente, en la que él mismo propuso la realización de una auditoría sobre los contratos de mascarillas, si bien no participó en su elaboración.

Durante su declaración, Gómez García ha mantenido que las compras realizadas por el Ministerio de Transportes se situaron entre las más económicas dentro del conjunto de las administraciones públicas, en un momento de urgencia, escasez de suministros y presión operativa de los primeros días de la pandemia.

El Gobierno ha firmado este martes, 14 de abril —el 95.º aniversario de la Segunda República— la resolución que abre la puerta a la disolición de la Fundación Francisco Franco, creada en 1976 para preservar la memoria del dictador. Se trata del último trámite administrativo previo a su extinción, cuya decisión depende de un juez.

De este modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitará de forma “inminente” su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa vigente sobre fundaciones, tras dar por concluido el proceso administrativo. Así lo ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este martes, quien ha defendido que el expediente remitido a la Justicia es “sólido” y está jurídicamente fundamentado.

“Vamos a enviar al juez un expediente que demuestra que la Fundación debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”, ha señalado Urtasun en rueda de prensa convocada precisamente para anunciar los avances del procedimiento. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura. Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria”, ha añadido.

Un proceso que ha durado dos años

En abril de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que iba a extinguir dicha fundación. “Nosotros no ilegalizamos la Fundación, lo que hacemos es extinguirla. Esta Fundación rememora y vanagloria a alguien que no tiene ningún sentido en una democracia”, dijo durante una entrevista en Cadena SER.

Tres meses más tarde empezaron los trámites, cuando el Ministerio de Cultura comenzó a recopilar información a través del Protectorado Estatal de Fundaciones. A partir de ese momento, se solicitaron informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como a la Abogacía del Estado y a expertos en derecho constitucional, con el fin de determinar si concurrían causas legales para su extinción.

Además, los informes analizan los contenidos difundidos por la entidad, especialmente en su página web y en sus comunicaciones públicas, donde se detecta un discurso sistemático de glorificación del régimen franquista. Según estas conclusiones, la fundación articula un relato que mezcla memoria familiar, nacionalismo y mitificación histórica para exaltar la dictadura y deslegitimar a quienes sufrieron la represión.

Los documentos concluyen que la fundación no solo no persigue fines de interés general, como exige la ley, sino que desarrolla actividades contrarias al mismo. La fundación realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco, y además lo hace con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo”, recoge el cartera ministerial.

Con la firma de la resolución, el Ministerio de Cultura culmina el proceso previo y traslada el caso a la Abogacía General del Estado, que será la encargada de formalizar la demanda ante los tribunales.

Durante más de un año, miles de conductores circularon por una carretera del oeste de la India convencidos de estar cumpliendo con el pago reglamentario de peajes cuando, en realidad, alimentaban una estafa cuidadosamente diseñada. No fue un fallo puntual ni un engaño improvisado: fue una operación sostenida en el tiempo, con apariencia institucional y un grado de verosimilitud suficiente como para pasar inadvertida durante aproximadamente dieciocho meses.

El escenario de los hechos se sitúa en el estado de Gujarat, en el tramo que conecta Bamanbore con Kutch. Allí, en un terreno ocupado antaño por una fábrica de cerámica hoy abandonada, un grupo organizado levantó en 2023 una infraestructura que replicaba con precisión casi quirúrgica un peaje oficial. No se trataba de una mera simulación rudimentaria, sino de una instalación completa: barreras operativas, señalización vial coherente, cabinas de cobro y, sobre todo, personal que desempeñaba su papel con la naturalidad de quien lleva años en el oficio.

La ingeniería del engaño

La clave del éxito residía en la comprensión del comportamiento del conductor medio. Los responsables de la trama no interrumpían el flujo natural del tráfico de manera abrupta, lo reconducían con sutileza. Mediante desvíos estratégicamente situados, los vehículos eran apartados de la vía principal y dirigidos hacia este peaje paralelo, ubicado a escasos kilómetros de la estación oficial.

Una vez allí, todo encajaba. El entorno resultaba familiar, los procedimientos eran reconocibles y el cobro se realizaba sin estridencias. A ese marco de normalidad se sumaba un elemento decisivo: el precio. Las tarifas eran, aproximadamente, la mitad de las oficiales. En un contexto donde el transporte por carretera supone un coste significativo, especialmente para camioneros, el incentivo económico operaba como un poderoso argumento.

Pero la operación no se limitaba al atractivo del ahorro. Los estafadores introdujeron un componente emocional que reforzaba la legitimidad del cobro: aseguraban que los ingresos se destinaban a la construcción de templos en una localidad cercana. De este modo, el conductor no solo pagaba menos, sino que además creía participar en una causa de carácter casi altruista. La estafa, así, adquiría una dimensión moral que contribuía a desactivar cualquier atisbo de sospecha.

Un negocio sostenido en el tiempo

Según recoge el diario italiano La Stampa, el volumen de ingresos alcanzado por la red fue considerable. Durante meses, la instalación registró una actividad constante, con miles de rupias recaudadas a diario y una cifra acumulada que se eleva a decenas de millones. Camiones de gran tonelaje y vehículos particulares atravesaban el peaje sin cuestionar su autenticidad, en una rutina que terminó por consolidar el fraude como un sistema estable.

Mientras tanto, el peaje oficial experimentaba una merma progresiva de tráfico difícil de explicar. La anomalía existía, pero carecía de una causa evidente. Ese desfase entre la realidad y su interpretación fue, precisamente, uno de los factores que prolongaron la vida de la estafa. Nadie parecía sospechar que, a escasos kilómetros, operaba una infraestructura completamente ilegal que competía de facto con la red pública.

La intervención policial no se produjo hasta aproximadamente un año y medio después del inicio de la actividad. Fue entonces cuando las autoridades lograron identificar el montaje, desmantelar la instalación y detener a los implicados, incluidos los responsables de la organización y quienes participaban en la operativa diaria simulando funciones públicas.

El eco tardío de una historia insólita

Si el retraso en la detección ya resulta llamativo, no lo es menos el desfase en su difusión. Aunque la estafa fue descubierta en 2025, no ha sido hasta bien entrado 2026 cuando el caso ha irrumpido con fuerza en redes sociales, donde ha generado una mezcla de asombro, ironía y, en algunos sectores, una inquietante admiración.

Numerosos usuarios han puesto el acento en la audacia del plan, llegando a calificar a sus autores como “ingeniosos” o incluso “genios del crimen”. Este tipo de reacciones, más cercanas al entretenimiento que al análisis, han convivido con otras que subrayan la gravedad de lo ocurrido: una operación ilícita capaz de sostenerse durante meses a plena luz del día, en un entorno regulado y bajo supervisión administrativa.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que entra en vigor este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros. En una intervención en el Congreso, el líder de la oposición ha criticado que el Gobierno no haya permitido el debate de la norma en el Congreso y ha acusado al Ejecutivo de “regalar papeles por el mero paso del tiempo” y de no calcular su impacto económico.

“Se está haciendo sin ningún tipo de previsión de coste. Sin que nadie haya explicado quién se hace cargo”, ha denunciado. Feijóo se ha referido al baile de cifras que existe sobre el rango de posibles beneficiados por la regularización automática: el Gobierno estima que afectará a 500.000 personas, mientras que los sindicatos policiales elevan el número a más de un millón.

También ha criticado que la ley sea “injusta” porque, según él, no se demuestra de manera fehaciente la ausencia de antecedentes penales de los solicitantes, a pesar de que el Gobierno acabó rectificando y eliminó la posibilidad de que los solicitantes la acrediten mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía. “España no puede convertirse en el país donde romper las normas sale más rentable que cumplirlas”, ha subrayado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tomó la delantera de la ofensiva popular contra la ILP, avanzando que recurriría la norma porque produciría un “colapso” de los servicios madrileños. “Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales”, recalcó en la Asamblea de Madrid.

La respuesta del PSOE a la valoración de Feijóo ha llegado a través del portavoz del grupo en el Congreso, Patxi López, quien ha acusado al líder popular de “dar una lección magistral de bulos”. “La medida afecta a personas que ya están viviendo y trabajando aquí [...] Es una ley justa”, ha reivindicado.

Feijóo dice que trabajará para liberar España del “Orbán del sur”

Más allá de la regularización, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido al último auto del juez Peinado que procesa a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida). En este contexto, ha proclamado que no es “aceptable” tener “un presidente del Gobierno con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción sin que el presidente “dimita”, y ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus “señalamientos” a los jueces que investigan al entorno de Sánchez.

El líder del PP ha intentado en todo momento hacer un paralelismo entre la situación a la que Viktor Orbán llevó a Hungría en sus 16 años de gobierno y la “degradación” que vive España desde que gobierna Sánchez. “Yo cumpliré con mi deber moral de denunciar la degradación a la que Sánchez está sometiendo a España y cumpliré con mi deber político de reconstruir todo lo que ha arrasado”, ha garantizado.

Feijóo ha asegurado que trabajará para liberar a los españoles del “Orbán del sur” -aunque en realidad es Vox quien comparte grupo con el partido húngaro en Europa-; y ha pedido a los grupos del PP en el Congreso y el Senado que “se preparen” para la recta final de la legislatura, en la que espera que venga “la traca final de la degradación”.

Desde 2012, Gómez ha participado como codirectora en cursos y másteres relacionados con la captación de fondos y la transformación social. Por estas actividades, percibió 40.000 euros en una década, de los cuales 8.000 corresponden a los años anteriores a que su marido accediera a la presidencia. En 2020, asumió la codirección de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), una función por la que no recibió retribución directa, según han confirmado varios testigos.

Los ingresos de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid fueron limitados, con un saldo total de 21.000 euros en cuentas del BBVA y una retribución máxima de 15.000 euros anuales por los dos másteres que impartía, al no ser funcionaria del centro.

El magistrado propone que sea un jurado popular quien valore los hechos y, en un extenso auto, desarrolla la hipótesis de que Gómez habría utilizado su posición para obtener ventajas profesionales y económicas, aunque la investigación - que ha incluido el análisis de las cuentas bancarias de Gómez, la revisión de sus ingresos y la investigación de denuncias sobre supuestas cuentas en la República Dominicana y Turquía - no ha hallado pruebas concluyentes que respalden estas acusaciones.

Corrupción en los negocios

El juez Peinado sostiene que la captación de fondos para la Cátedra TSC no respondía a un sistema de patrocinio universitario convencional, sino que podría haber encubierto una retribución a cambio de ventajas en futuras adjudicaciones públicas.

La financiación inicial de la cátedra vino de entidades como Reale Seguros, Fundación la Caixa, Indra, Google y Telefónica , con aportaciones que sumaron más de 250.000 euros destinados al desarrollo de un software de acceso gratuito para empresas. No se ha podido demostrar que las compañías colaboradoras hayan obtenido ventajas ni un trato preferente en concursos públicos.

Apropiación indebida

El auto recoge la sospecha de que Begoña Gómez podría haberse apropiado de fondos privados que captaba para la cátedra, integrándolos en su patrimonio personal. Sin embargo, la investigación patrimonial no ha encontrado rastro de esta apropiación, y tanto la Fiscalía como la defensa han confirmado que todas las donaciones se ingresaron en cuentas de la universidad y no en cuentas personales de Gómez. La Fiscalía ha reiterado, en este sentido, que no se han hallado pagos sospechosos ni irregularidades en el proceso de financiación.

Tráfico de influencias

Otra de las acusaciones clave se basa en una carta de apoyo firmada por Gómez para una unión temporal de empresas vinculada al empresario Carlos Barrabés, presentada en procesos de licitación pública. Este tipo de cartas, idénticas a otras 32 firmadas por responsables institucionales, se consideran para la acusación una muestra de posible trato de favor, aunque el propio informe inicial de la Guardia Civil descartó la existencia de tráfico de influencias. La investigación de estas adjudicaciones ha pasado a la Fiscalía Europea, que no imputa a Gómez y la ha citado únicamente como testigo.

Malversación de caudales públicos

El juez también sostiene la posible existencia de un delito de malversación por el uso de la figura del asistente de la esposa del presidente, una práctica habitual en la Moncloa y en anteriores gobiernos. La persona que desempeñaba esa labor, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada a tareas relacionadas con la cátedra, aunque según los cálculos de la defensa, este tiempo se reduce a unas pocas horas anuales. Por otra parte, la jurisprudencia existente solo considera responsables del delito de malversación a quienes tienen capacidad de decisión sobre los fondos públicos (y no a sus beneficiarios), condición que no concurriría ni en Gómez ni en su asistente.

El auto, de 39 páginas, también procesa a Cristina Álvarez y a Carlos Barrabés, aunque en el caso de este último solo por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por otro lado, el juez ha archivado el delito de intrusismo profesional, que atribuía a Gómez por firmar documentos técnicos a petición expresa de la universidad.

El procedimiento sigue su curso tras la decisión de Peinado, quien ha dado cinco días a las partes para presentar sus escritos de calificación. El auto ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, que aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados.

La Comisión Europea ha trasladado este martes su preocupación ante la posibilidad de que Europa se enfrente a problemas de suministro de combustible para aviones en los próximos meses. El aviso llega en un momento de incertidumbre en los mercados energéticos internacionales, marcado por la prolongación de la guerra en Irán y la consiguiente volatilidad en los flujos de hidrocarburos.

Durante una comparecencia ante los medios, la portavoz de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, explicó: “Actualmente no hay indicios de escasez de combustible en la Unión Europea, pero podrían producirse problemas de suministro en un futuro próximo, especialmente en lo que respecta al combustible para aviones”. Itkonen subrayó que la situación es motivo de especial seguimiento dentro del Ejecutivo comunitario, y añadió: “Esa sigue siendo nuestra principal preocupación”.

Las principales aerolíneas europeas piden medidas urgentes a Bruselas

Las principales aerolíneas europeas han trasladado a Bruselas una batería de propuestas para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán sobre el sector aéreo. La asociación Airlines for Europe (A4E), que agrupa a compañías como Lufthansa, Air France-KLM, Volotea, Ryanair y easyJet, ha solicitado la aplicación de medidas extraordinarias ante el riesgo de que la crisis energética termine afectando a la operativa de los vuelos en el continente.

El documento presentado ante la Comisión Europea recoge la petición de una supervisión reforzada del suministro de combustible para aviones y la suspensión temporal del mercado de carbono. Junto a estas demandas, las aerolíneas reclaman la eliminación de algunos impuestos sectoriales y una revisión de la normativa sobre reservas estratégicas de petróleo. El texto señala que, en la actualidad, estas reservas no contemplan un porcentaje específico para el combustible aeronáutico, lo que, según la agrupación, incrementa la vulnerabilidad del sector en escenarios de crisis.

El Consejo Internacional de Aeropuertos Europa (ACI) ha alertado de que, en caso de mantenerse las interrupciones actuales en el estrecho de Ormuz, la escasez de combustible para aviones podría volverse “sistémica” en un plazo de tres semanas. Las aerolíneas consideran que, de llegar a ese punto, la conectividad aérea dentro de Europa y hacia destinos internacionales quedaría en entredicho, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías.

En el mismo escrito, Airlines for Europe propone a la Comisión Europea la posibilidad de realizar compras conjuntas de queroseno, siguiendo el modelo adoptado para el gas natural tras los recortes rusos de 2022. Esta fórmula no se ha utilizado hasta ahora en el caso del combustible de aviación. Las aerolíneas han pedido también aclaraciones legales sobre la gestión de los ‘slots’ aeroportuarios, con el objetivo de que los cierres del espacio aéreo por conflictos sean aceptados como motivo justificado para no utilizar dichas franjas horarias, evitando así sanciones.

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha confirmado la recepción de estas demandas y ha adelantado la presentación de un paquete de medidas para el próximo 22 de abril, con el propósito de mitigar los efectos de la guerra de Irán en los mercados energéticos. Por el momento, no se ha precisado si el plan incluirá acciones específicas para garantizar el abastecimiento de combustible para la aviación.

El astillero Freire Shipyard ha celebrado en Vigo la botadura de la Embarcación de Apoyo a Buceadores A22 ‘Proserpina’. Este buque refuerza la capacidad de la Armada española para la protección y vigilancia del fondo marítimo en un contexto internacional marcado por la persistencia de amenazas rusas. Está previsto que la Armada pueda emplearlo este mismo 2026.

El A22 ‘Proserpina’ integra tecnología avanzada que permite realizar misiones prolongadas en aguas nacionales y brindar apoyo a operaciones de buceo a gran profundidad. Sus sistemas mejoran la eficacia de inspecciones, reparaciones y formación, y refuerzan la protección de infraestructuras críticas como cables submarinos y conducciones energéticas, elementos esenciales para la economía y las comunicaciones.

Hace una semana, Reino Unido logró interceptar un submarino ruso que amenazaba con dañar su infraestructura. En este contexto, la llegada del ‘Proserpina’ fortalece la posición de la Armada española en la protección del fondo marino, aportando más seguridad ante riesgos que pueden tener consecuencias internacionales. El buque se convierte así en una herramienta clave para la defensa de los intereses estratégicos de España y la estabilidad del entorno marítimo europeo.

El buque ‘Proserpina’

Con una eslora de 32,9 metros, autonomía de 500 millas náuticas y espacio para 15 tripulantes, el A22 ‘Proserpina’ es un buque equipado con tecnología avanzada para apoyar operaciones subacuáticas. Cuenta con sistemas de posicionamiento dinámico, sonar de barrido lateral, vehículos autónomos y cámaras hiperbáricas, lo que permite realizar inspecciones, reparaciones y formación en aguas profundas con seguridad y precisión.

El ‘Proserpina’ está pensado para apoyar a la Escuela Militar de Buceo y facilitar las prácticas y misiones de buceadores especializados. Está dotado de un vehículo dirigido a distancia (ROV) que puede bajar hasta 900 metros y un vehículo autónomo subacuático (AUV) que alcanza 300 metros. Estas herramientas amplían la capacidad del buque para proteger y reparar infraestructuras clave bajo el mar, como cables o tuberías.

La llegada del A22 ‘Proserpina’ aporta a la Armada española nuevas capacidades técnicas y operativas para afrontar los retos del entorno marítimo actual. Con esta unidad, la institución mejora su preparación ante amenazas bajo el agua y fortalece su labor en la defensa de infraestructuras clave y recursos nacionales, en un escenario internacional marcado por la creciente complejidad y los riesgos emergentes en este escenario.

Acto de botadura

El acto, presidido por los directores del astillero, Marcos y Guillermo Freire, y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, congregó a numerosas autoridades civiles y militares. El buque sustituye a la veterana Proserpina y representa un avance en la modernización de las unidades auxiliares de la flota nacional.

Durante la ceremonia de botadura, el Almirante General Antonio Piñeiro destacó que la ‘Proserpina’ simboliza la colaboración activa entre la Armada y la industria naval española, y subrayó la importancia de su misión. “Apoyar a la Escuela Militar de Buceo en la formación de nuestros especialistas” y garantizar la seguridad de infraestructuras esenciales en un entorno cada vez más desafiante, son las funciones que le ha encomendado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado los recursos de apelación presentados por dos miembros de una empresa de desokupación condenados a 11 años de prisión y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que en septiembre del año pasado les declaró autores de un delito de asesinato en grado de tentativa tras una violenta agresión ocurrida en Arona a un hombre al que iban a desalojar y a su hija.

Además de la cárcel, la Sala ratifica la inhabilitación absoluta, las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima durante 21 años, la libertad vigilada posterior y la indemnización fijada en favor de los perjudicados, 250.000 euros para el hombre por las lesiones sufridas y 1.000 a su hija.

El conflicto nace por una vivienda ocupada en la localidad aronera de Chayofa, donde los acusados querían que la víctima la abandonara y, según la sentencia, ya habían ido días antes a presionarlo para que se marchara. La propia resolución dice que el afectado les respondió algo como “¿ustedes otra vez aquí?, creí que había quedado todo arreglado”, lo que encaja con una tensión previa por ese inmueble.

“Desokupación violenta”

La sentencia apunta a que los acusados, según la Guardia Civil, actuaban en relación con la gestión de ese tipo de viviendas y de su “okupación y desokupación violenta”, y que el lesionado estaba ocupando la casa y se negaba a abandonarla.

También se menciona que uno de los testigos explicó que la víctima vivía en una de esas viviendas pagando 300 euros al mes, y que los acusados habrían ido a recuperar o controlar el inmueble por la fuerza.

Según los hechos probados, ambos procesados actuaron de común acuerdo, y en la tarde noche del 14 de febrero de 2023, atacaron por sorpresa a la víctima cuando salía de una vivienda ocupada, golpeándole en la cabeza con una barra de metal y continuando la agresión cuando ya estaba en el suelo e indefenso. La sentencia describe lesiones de extrema gravedad, con riesgo vital, varias intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y psíquicas relevantes. Apunta además el fallo que los acusados también golpearon a la hija del lesionado, cuando ésta, testigo de los hechos, intentó que cesaran su agresión.

El “dolo homicida”

Tras la primera condena, la defensa de los dos autores pretendió desacreditar las identificaciones y sostuvo que la prueba era insuficiente, aludiendo a contradicciones en los relatos y a la supuesta falta de pruebas directas. Reclamaron que ni el reconocimiento policial ni la rueda de acusados cumplían garantías de imparcialidad, porque “el único con tatuaje era el procesado”.

Sobre ese punto, el tribunal ha aclarado que la jurisprudencia permite la condena por medios indiciarios, siempre que la suma de los indicios apunte de manera clara a la autoría, negando que hubieran errores graves o valoración arbitraria de los testimonios. Sobre las diferencias en las declaraciones de las víctimas, los jueces consideran esperable que con el paso del tiempo se produzcan “diferencias anecdóticas, pero no en lo esencial”.

También cuestionaron el grado de “dolo homicida” (intención de matar), afirmando que se trató de un caso de lesiones graves pero no de intento de asesinato, a lo que el TSJ ha respondido que “la brutalidad, la zona de los golpes y la utilización de un objeto letal muestran claramente un peligro concreto de muerte, que los atacantes aceptaron”.

“Una violencia desmedida”

Otro de los puntos que han tenido que tratar los magistrados es la calificación de tentativa de asesinato y no delito de lesiones graves. Explican que este caso entra en el primer supuesto por el modo sorpresivo, violento y planificado del ataque, en el que las víctimas no tuvieron posibilidad de defenderse. El objeto utilizado, la intensidad, el número de golpes y el estado de indefensión fueron decisivos para agravar la pena.

Los magistrados describen el ataque como “de una violencia desmedida, reiterada y dirigida a zonas especialmente vulnerables del cuerpo”, resaltando que los agresores tenían antecedentes de amenazas y búsqueda activa de desalojar la vivienda, “por lo que buscaron asegurarse el resultado, que era sacar a la víctima por la fuerza”.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, ha anunciado este martes la suspensión del acuerdo de defensa con Israel, según información de la AFP. Este acuerdo incluye el intercambio de equipamiento militar y de investigación tecnológica. “En vista de la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, ha dicho Meloni, de acuerdo con la agencia de noticias italiana Ansa.

La suspensión de la renovación del acuerdo - caducó el 13 de abril, un día antes de que Meloni haya anunciado esta decisión - no ha trascendido hasta este martes; y el mismo lunes la prensa italiana daba por hecho que se renovaría automáticamente. También el 13 se ofrecía el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, a acoger las negociaciones entre Líbano e Israel, calificando de “inaceptables” los ataques de las FDI contra la población civil.

Meloni ha instado a EEUU e Irán a “seguir adelante” con las negociaciones de paz para poner fin a la guerra y “hacer todo lo posible para reabrir el estrecho de Ormuz”, un corredor, según la mandataria, “fundamental no solo para el suministro de combustible, sino también de fertilizantes”. Una fuente diplomática citada por la AFP ha confirmado esta suspensión, explicando que “habría sido políticamente complicado el mantenerlo vigente”.

Meloni endurece su postura respecto a Israel

Tras el “ataque preventivo” lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, la postura del Gobierno italiano ha venido endureciéndose en cuanto a su relación con Tel Aviv. En marzo, durante una comparecencia ante el Senado, la primera ministra Giorgia Meloni expresó su rechazo a la muerte de varias niñas en la escuela Shajare Tayebé en Minab, en el sur de Irán. La jefa del Ejecutivo calificó el suceso como una tragedia y reclamó el esclarecimiento de responsabilidades, subrayando que “debe protegerse la seguridad de los civiles y los niños”.

Meloni situó este ataque, en el que según diversos informes murieron decenas de niñas de entre siete y doce años, dentro de una serie de intervenciones unilaterales por parte de Estados Unidos e Israel, actuaciones que, en sus palabras, se desarrollan “al margen del derecho internacional”.

En su intervención, la primera ministra estableció una comparación entre la invasión rusa de Ucrania y la ofensiva actual contra Irán, alertando sobre una “crisis estructural del sistema internacional” y el riesgo de colapso del marco común global. En ese contexto, Meloni fue clara al señalar que Italia no respalda estas acciones ni pretende implicarse: “No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra”.

La tensión entre Italia e Israel ha ido en aumento durante las últimas semanas, después de que el gobierno italiano acusase a las FDI de lanzar disparos de advertencia contra un convoy de fuerzas italianas emplazadas en Líbano en el marco de la misión de paz de las Naciones Unidas, tras lo cual Italia convocó al embajador israelí en protesta por el incidente, que provocó daños en al menos un vehículo pero se pudo resolver sin heridos. Para Israel, el que el ministro de Asuntos Exteriores italiano calificase de “inaceptables” los ataques israelíes sobre la población civil libanesa supuso también motivo para convocar al embajador de Italia en Israel.

El acuerdo de defensa Italia-Israel

Entre los objetivos del acuerdo figuran facilitar la importación, exportación y tránsito de material militar y de defensa entre ambos países; la creación de programas conjuntos de educación y formación; el intercambio de servicios médicos militares; y la organización de actividades deportivas militares bilaterales. Para avanzar en estos objetivos, el memorándum promueve la celebración de reuniones institucionales de alto nivel, la organización de visitas, debates, consultas, reuniones y la participación en conferencias, charlas y cursos militares, así como el intercambio de información y publicaciones educativas. El acuerdo fomenta, además, el intercambio de datos técnicos y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación e innovación tecnológica.

En los últimos dos años y medio, la colaboración entre Italia e Israel ha atravesado un periodo de tensión, en un contexto marcado por la intensificación de la agresión israelí en Gaza después de los sucesos del 7 de octubre de 2023. De hecho, el último mes de mayo un grupo de diez expertos en derecho constitucional e internacional - entre ellos Ugo Mattei, Fabio Marcelli y Domenico Gallo - presentó una solicitud formal ante la Presidencia del Consejo de Ministros, el Tribunal Constitucional y los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores para pedir la suspensión de la renovación del memorándum.

Los firmantes de la petición argumentaron que la falta de acceso público a los detalles sobre la aplicación concreta del acuerdo podría suponer una vulneración de varios artículos de la Constitución italiana, incluidos los relativos al derecho a la información y a los derechos fundamentales. También pusieron en duda la continuidad del acuerdo a la luz de los informes sobre infracciones del derecho internacional y humanitario atribuidos a Israel.

En este sentido, recordaron los procedimientos en curso en la Corte Internacional de Justicia, que ha valorado como plausible la comisión de genocidio contra el pueblo palestino, así como la opinión emitida por el tribunal en julio de 2024 que declaró ilegal la ocupación israelí de territorio palestino y fijó el 17 de septiembre de 2025 como plazo para su desmantelamiento. Además, hicieron referencia a las órdenes de arresto dictadas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha rechazado la petición de una mujer para mantener el alquiler de renta antigua de una vivienda en San Sebastián en la que vivió durante más de 68 años. La sentencia ratifica así el desalojo decidido por el Juzgado de Primera Instancia y fija que debe abandonar el inmueble.

La mujer había residido en el inmueble prácticamente desde su nacimiento en 1956, en un contexto en el que el contrato original se vinculaba a generaciones anteriores de su familia. La vivienda, por tanto, no solo constituía su residencia habitual, sino también el escenario de una larga historia personal y familiar que se proyectaba sobre la interpretación jurídica del contrato.

El punto de inflexión se sitúa en 1989, cuando se formaliza un nuevo contrato de arrendamiento entre la inquilina y el entonces propietario, que incluía una referencia a una duración indefinida.

La extinción del contrato

Aquí nació la controversia, ya que para la arrendataria, aquella cláusula reflejaba la voluntad de mantener un vínculo estable y duradero, en línea con el régimen de renta antigua que históricamente había protegido a los inquilinos. Sin embargo, la evolución normativa tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/1985, que introdujo mayor libertad en la fijación de la duración de los contratos, abrió la puerta a interpretaciones distintas sobre su alcance.

Décadas después, tras el fallecimiento del propietario original y de su heredera, el inmueble pasó a manos de un nuevo titular que, según consta en la sentencia, desconocía en gran medida los detalles históricos del arrendamiento. En un breve periodo de tiempo, este heredero se encontró gestionando un patrimonio inmobiliario recibido recientemente y adoptó la decisión de poner fin a la relación contractual. Para ello, notificó a la inquilina su voluntad de no continuar con la prórroga del contrato, fijando como fecha de finalización el 1 de julio de 2024.

La prórroga no era obligatoria

La reacción de la arrendataria fue inmediata. En su defensa, sostuvo que el contrato no podía considerarse extinguido, alegando que la duración indefinida pactada debía interpretarse como una manifestación de voluntad de someterse a un régimen equiparable a la prórroga forzosa.

Además, invocó la existencia de una continuidad histórica del arrendamiento desde contratos anteriores, así como diversas subrogaciones familiares que, a su juicio, reforzaban su derecho a permanecer en la vivienda. Esta visión chocaba frontalmente con la postura del propietario, que defendía la vigencia de la normativa posterior a 1985 y la inexistencia de una cláusula expresa que garantizara dicha prórroga obligatoria.

El litigio llegó así a los tribunales, donde en primera instancia se estimó la demanda de desahucio por expiración del plazo contractual. La resolución consideró acreditado que el contrato había finalizado conforme a la normativa aplicable y que la arrendataria no había demostrado ni la existencia de una prórroga forzosa ni las subrogaciones alegadas. Lejos de zanjar el conflicto, esta decisión dio paso a un recurso de apelación en el que la inquilina insistió en su interpretación de los hechos y en la existencia de un error en la valoración jurídica realizada.

De este modo, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que ha validado la doctrina del Tribunal Supremo de España tras el cambio de leyes en 1985 y 1994. El fallo subraya que solo la mención expresa y sin dudas de la prórroga forzosa mantiene ese derecho, por lo que la simple referencia a “duración indefinida” no alcanza este término.

“La conclusión de duración y sometimiento a la prórroga forzosa debe ser clara y terminante, de modo que pueda extraerse tal conclusión, sin ningún género de dudas de sus cláusulas”, explica la sentencia.

Una delegación de la NASA ha visitado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, para conocer de cerca el funcionamiento del sistema de emergencias del archipiélago. El interés de la agencia espacial estadounidense se enmarca en su programa Artemis, que contempla la exploración lunar y el regreso de misiones tripuladas, con posibles escenarios de amerizaje en el Atlántico.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, recibieron a los representantes de la NASA junto al director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, y el responsable de la sala operativa en Tenerife, José María Yanes. Durante la visita, el equipo médico de la agencia norteamericana, encabezado por J.D. Polk (director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA), Sharmi Watkins (subdirectora médica del Centro Espacial Johnson), Gary Beven (jefe de Medicina Espacial) y Travis Houser (responsable de Coordinación de Contingencias), conoció los recursos técnicos y humanos disponibles para la gestión de emergencias.

James Polk trasladó el interés de la NASA por la capacidad de coordinación ante un posible amerizaje de una cápsula espacial entre Canarias y África. Polk señaló que “además de garantizar la seguridad de las personas a bordo de la nave, se debe asegurar también a los que naveguen en buques y barcos que estén próximos a la zona de amerizaje”.

Una zona estratégica para el apoyo sanitario en el programa Artemis

La delegación de la NASA también acudió al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, ofreció un recorrido por los recursos de atención a emergencias, como las unidades de Cuidados Intensivos, Traumatología, Radiología, Reanimación y la cámara hiperbárica. Goya explicó que el HUC atiende a una población de 470.000 personas y es centro de referencia en trasplante renal y cirugía cardíaca, entre otros servicios. Rafael Martín, gerente del hospital, informó de la capacidad del centro, con cerca de 900 camas, 21 quirófanos y más de 7.000 profesionales.

La cámara hiperbárica, gestionada por IMETISA, es un recurso estratégico para tratar casos de descompresión, tanto en buceadores como en posibles situaciones derivadas de reentradas espaciales o fallos en la cabina. Néstor Sánchez, gerente de IMETISA, comentó que el equipo acumula más de 2.000 horas de experiencia clínica y ha atendido más de 400 emergencias en los últimos quince años. La medicina hiperbárica, según explicaron desde el centro, permite administrar oxígeno puro a presión superior a la atmosférica, aumentando la presencia de oxígeno en el organismo, técnica clave ante enfermedades por descompresión.

La delegación estadounidense también conoció los recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tanto terrestres como aéreos, entre los que se encuentran helicópteros, un avión medicalizado y una red de ambulancias. Noemí González, directora médica del SUC, explicó los avances en electromedicina y la capacidad de respuesta en situaciones críticas.

El acuerdo alcanzado entre la NASA y el Servicio Canario de la Salud contempla que los hospitales de referencia de Tenerife, el HUC y La Candelaria, se conviertan en “zona de referencia” en el Atlántico para el apoyo sanitario en caso de contingencias durante misiones espaciales. Además de los hospitales, el SUC y Salvamento Marítimo formarían parte del dispositivo de apoyo sanitario ante un posible rescate de astronautas en el Atlántico.

Durante la visita, se celebró una sesión científica en la que los responsables de los servicios implicados y la delegación de la NASA analizaron aspectos de la medicina aeronáutica y las necesidades en situaciones de emergencia internacional. El recorrido continuará en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde la delegación inspeccionará los servicios de Urgencias, UVI y Traumatología, con la previsión de celebrar una charla sobre medicina aeronáutica.

James D. Polk, director médico de la NASA, subrayó la relevancia de Canarias para las misiones espaciales, recordando que la cápsula Artemis II, en caso de incidencia, habría amerizado en las proximidades del archipiélago. Polk hizo hincapié en la necesidad de prever todos los escenarios, ya que “nuestros cohetes son naves muy sofisticadas y delicadas y a veces las cosas no funcionan como uno tiene previsto. Hay que preverlo todo de antemano”. Así, y según ha destacado Adasat Goya, el archipiélago canario será un punto estratégico para el apoyo sanitario de emergencia a las próximas misiones tripuladas del programa Artemis.

Pedro Sánchez confirma que iniciará un “diálogo estratégico” con China que supondrá un total de 19 acuerdos. El presidente del Gobierno ha comparecido tras su reunión con Xi Jinping. El líder chino ha destacado que tanto su país como España están “en el lado correcto de la historia” y ha celebrado que hayan conseguido fortalecer la relación entre ambos países en los últimos años.

Sánchez ha resaltado cómo han mejorado las relaciones entre los dos países en los últimos años. Ha asegurado que China debe ver a España y a Europa como un “socio” con el que invertir. Por ello, han llegado a 10 acuerdos de índole económico, que incluyen tanto importaciones como exportaciones con el gigante asiático.

El presidente ha concluido su discurso recordando que “España es un país profundamente europeísta”, y que para defender el continente es fundamental abordar acuerdos con China. Sánchez ha señalado que pide al líder chino la involucración de la administración de Xi Jinping en el orden internacional, defendiendo su papel clave en la búsqueda de la paz en Oriente Medio.

En lo referente al procesamiento de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se ha limitado a decir que “lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, sin entrar en detalles. “Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada”, ha sentenciado.

La defensa del papel internacional de China

Sánchez ha asegurado que en todos sus encuentros con China ha denunciado la “violación de la soberanía nacional” y la amenaza contra Europa que supone la guerra iniciada por Putin. También ha puesto sobre la mesa la “guerra ilegal” iniciada por Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, junto a una “respuesta” que también va contra el derecho internacional por parte de Irán.

Pedro Sánchez ha reivindicado la posición coherente de España en política exterior, basada en el respeto a la legalidad internacional y la defensa de un sistema multilateral que, según sus palabras, “no está siendo respetado hoy”. Sánchez insiste en la necesidad de proteger un orden global “donde no prospera la ley del más fuerte y, por tanto, la ley de la selva”, y considera que esto es fundamental para países como España y el conjunto de Europa, y que China debe tener un papel activo.

El presidente español ha advertido de que la legalidad internacional está siendo “atropellada” y llama a que los responsables de las violaciones no queden impunes. “Así se construye el orden internacional, no a base de impunidad, sino de legalidad”. Por ello, ha defendido Sánchez la importancia del papel de China ante los conflictos globales y señala que ha pedido a Pekín “mayor esfuerzo diplomático para resolver los conflictos”.

En relación a la guerra en Ucrania, explica que ha transmitido a las autoridades chinas que no solo está en juego la integridad territorial de un país, sino también la estabilidad del proyecto europeo. “Se me antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación más allá de China”, apunta. Sánchez considera clave la implicación de China para frenar la escalada bélica y evitar que la clase media europea y española sufra las consecuencias de la inestabilidad global.

El submarino ‘Galerna’ ha partido desde la base de la Flotilla de Submarinos en Cartagena (Murcia) para integrarse, por primera vez, en la operación ‘Noble Shield’ de la OTAN. Según informó el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), este despliegue marca la primera participación del buque en una misión internacional de seguridad marítima de la Alianza y refuerza el papel de España en la protección del Mediterráneo.

Durante el próximo mes, la tripulación del submarino ‘Galerna’ operará en estas aguas estratégicas. Este despliegue marca la segunda vez en que un submarino español participa en esta misión, tras la intervención del ‘Isaac Peral’. El Ministerio de Defensa ha destacado que “España reafirma así su compromiso con una misión clave para garantizar la libertad de navegación en zonas de especial interés geopolítico”.

El ‘Galerna’ en una misión OTAN

La integración del ‘Galerna’ refuerza la voluntad de España de mantener una aportación visible en las operaciones aliadas y supone un nuevo avance en la modernización de la Armada, fortaleciendo la posición nacional en la defensa europea y atlántica. La operación ‘Noble Shield’ se ha consolidado como una de las principales acciones de la OTAN para garantizar la vigilancia y seguridad en el Mediterráneo, gracias a la presencia constante de unidades aliadas y a la coordinación entre distintas fuerzas nacionales.

El equipo del ‘Galerna’ sigue un plan de adiestramiento riguroso, adaptado a las exigencias de operar en un entorno internacional y en una plataforma submarina. Además, esta salida supone un hito para la Flotilla de Submarinos de Cartagena, que amplía su experiencia operativa. Según Defensa, la participación en ‘Noble Shield’ es fruto de una preparación continua y de la incorporación de nuevas capacidades técnicas y humanas, y servirá para mejorar la capacidad de respuesta en futuros escenarios.

Así es el submarino

El submarino ‘Galerna’ (S-71), buque insignia de la clase S-70 de la Armada española, representa una de las piezas clave de la Flotilla de Submarinos. El ‘Galerna’ dispone de un desplazamiento de 1.490 toneladas en superficie y 1.750 en inmersión, una eslora de casi 68 metros y una autonomía de hasta 9.000 millas en inmersión a 9 nudos, o 45 días de operación. Su propulsión se basa en dos motores diésel de 3.600 caballos y un motor eléctrico principal, permitiendo velocidades máximas de 12 nudos en superficie y 20,5 en inmersión.

El armamento principal está compuesto por cuatro tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, capaces de disparar torpedos filoguiados F-17 y L-5 antisubmarinos, así como minas MCC-23D. Además, cuenta con armamento ligero para autodefensa cuando navega en superficie o se encuentra atracado, lo que eleva su capacidad ofensiva y de amenaza.

Las misiones del “Galerna” incluyen la protección de fuerzas navales, la obtención de inteligencia, el reconocimiento y la alerta temprana, así como la defensa de los espacios marítimos y la infiltración de equipos de operaciones especiales. El submarino también puede realizar minado ofensivo y servir de plataforma de adiestramiento tanto para su dotación como para otras unidades. Entre sus principales sensores destacan los sónares activos y pasivos, antenas de comunicaciones, radares y periscopios.

El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Burgos ha resuelto el conflicto surgido en el seno de una familia a raíz de la desheredación de una nieta por parte de su abuela, declarando nula la cláusula del testamento que dejaba sin herencia a Raquel (nombre ficticio), nieta de la fallecida Sacramento, y reconociendo así su derecho a la parte legítima de la herencia.

El conflicto tiene su origen en las acusaciones de distanciamiento por parte de la abuela desde la muerte del padre de Raquel en 1997. El eje del caso fue determinar si existió abandono y maltrato psicológico, las únicas causas por las que la ley permite desheredar a un heredero forzoso, según el artículo 853.2 del Código Civil.

La abogada de la nieta reclamó que que la desheredación era injusta, argumentando que no tuvo posibilidad de mantener contacto con su abuela tras la muerte de su propio padre, ya que entonces tenía solo 8 años.

Sostuvo además que nunca recibió intentos reales de acercamiento de parte de Sacramento durante su infancia y adolescencia. Añadió que la falta de relación fue resultado de decisiones y disputas ajenas, principalmente derivadas del difícil divorcio de sus padres y la posterior ruptura de la familia paterna.

Con estos fundamentos, exigió que se anulara la cláusula testamentaria y se reconociera a Raquel el derecho a la “legítima estricta”, es decir, la parte mínima de la herencia que nadie puede quitar a un descendiente salvo con una razón prevista por ley.

Un “daño psicológico evidente”

Por su parte, los herederos de Sacramento se opusieron a la demanda y justificaron la desheredación. Alegaron que Raquel abandonó a su abuela y que, desde que cumplió la mayoría de edad, nunca buscó restablecer el lazo perdido tras la muerte de su padre.

Recordaron que Sacramento cedió una vivienda al matrimonio de los padres de la actora y que, tras el divorcio, el vínculo se llenó de desencuentros. La familia señaló que la madre de Raquel obstaculizó todo tipo de contacto, a tal punto que incluso Adela, tía de la nieta, tuvo que iniciar juicio para recuperar una vivienda.

Los codemandados pusieron el foco en el comportamiento pasivo de Raquel, que durante 26 años no retomó la comunicación. Sostuvieron que esto provocó “daño psicológico evidente” en Sacramento. También enfatizaron que la joven ni siquiera asistió al funeral de su abuela ni de su tía.

El texto de la disposición testamentaria rezaba lo siguiente: “Deshereda a su nieta DOÑA Raquel, hija de Gabino, con arreglo al artículo 853.2 del Código Civil […] por haberla abandonado y no existir relación o trato alguno entre ellas.”

Sin embargo, la representación de Raquel insistió en que el vínculo roto tenía raíces en la infancia, algo que no puede ser responsabilizado a quien era menor de edad. Además, puso de relieve que Sacramento tampoco intentó renovar los lazos familiares.

No hubo acercamientos de la abuela

La sentencia ha puesto el foco en que la ley permite desheredar solo ante maltrato físico, injuria grave o abandono injustificado con efectos dañinos, y siempre evaluando las pruebas y el origen del distanciamiento.

El fallo explica que “no toda falta de relación afectiva o de trato familiar puede ser enmarcada, por vía interpretativa, en las causas de desheredación establecidas de modo tasado por el legislador. Es preciso ponderar y valorar si la falta de relación es imputable al heredero y ha provocado un menoscabo con entidad suficiente”.

La magistrada considera probado que, aunque el testamento manifestaba voluntad de desheredar, el alejamiento no fue responsabilidad exclusiva de la nieta. El distanciamiento se originó a raíz del fallecimiento de su padre y los conflictos entre su madre y la familia paterna, cuando Raquel era menor de edad.

La sentencia destaca además que no hubo esfuerzos de Sacramento para restablecer el contacto tras la mayoría de edad de la nieta, y que las pruebas reunidas permitieron concluir que no existió maltrato en los términos que exigen los artículos 850 y 853 del Código Civil.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha autorizado el embargo de bienes del Estado español en territorio estadounidense tras el impago de indemnizaciones a empresas afectadas por los recortes en las ayudas a las energías renovables.

Esta decisión judicial responde a una larga disputa internacional que comenzó en 2010, cuando los gobiernos españoles de la época redujeron las primas e incentivos que habían ofrecido a inversores en proyectos solares y eólicos. Muchas empresas extranjeras, que habían aportado grandes cantidades de dinero convencidas por esas ayudas, se vieron sorprendidas por la modificación de las reglas del juego y llevaron el caso a tribunales internacionales.

La sentencia de Washington autoriza la búsqueda y embargo de activos públicos españoles en todo el país

Esos recortes retroactivos de las ayudas que habían sido prometidas a inversores provocaron decenas de demandas internacionales bajo el amparo del Tratado de la Carta de la Energía (ECT), un acuerdo internacional que protege las inversiones extranjeras en el sector energético.

Los tribunales arbitrales han fallado mayoritariamente a favor de los inversores y, hasta el momento, España acumula más de 27 laudos firmes en su contra. La mayoría de estos laudos, que suman miles de millones de euros si se cuentan intereses y costas, siguen sin abonarse.

La última resolución judicial en Estados Unidos se enmarca en el llamado Caso Watkins, uno de los procedimientos más avanzados en este conflicto. El tribunal, presidido por la jueza Beryl A. Howell, dictó el pasado 10 de abril una sentencia en la que autoriza a los acreedores a buscar y embargar bienes estatales españoles en territorio norteamericano.

Esta sentencia se apoya en el impago de 93 millones de euros, una cifra que incluye la condena principal los intereses acumulados y los costes judiciales. El origen de esta cifra está en un laudo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversores (Ciadi), que condenó a España a indemnizar a los inversores perjudicados por los cambios normativos. El proceso ha sido liderado por Blasket Renewable Investments, con el apoyo legal del despacho King & Spalding.

El Gobierno español ha intentado, a través de sus servicios jurídicos, frenar la ejecución del laudo y anular los requerimientos de información cursados por los acreedores a bancos, empresas y organismos que mantienen relaciones económicas con el Estado. El tribunal estadounidense, por su parte, ha rechazado estos intentos al considerar que ha pasado un tiempo suficiente desde la condena sin que España haya pagado ni ofrecido garantías.

Por ello, la jueza Howell autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, lo que permite ampliar la ejecución a nivel nacional y facilita la localización de activos en diferentes jurisdicciones. La corte, además, respalda expresamente el uso de mecanismos de descubrimiento de activos, como la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas privadas y terceros que puedan tener vínculos económicos con España.

El Mundial de 2026 y la selección española, en el punto de mira

La atención de los acreedores está dirigida ahora hacia la actividad de la selección española de fútbol y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre todo de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, la resolución supone “un paso decisivo” en la ejecución de los laudos arbitrales internacionales.

Los acreedores consideran que tanto la RFEF como la selección forman parte del Estado español a efectos legales en este procedimiento, por lo que los ingresos que puedan recibir en Estados Unidos pueden ser considerados activos estatales susceptibles de embargo.

Las empresas afectadas han anunciado la puesta en marcha de procedimientos de rastreo de bienes relacionados con la operativa de la selección en el Mundial, lo que incluye transacciones con Adidas, Hilton, Baylor School y la propia FIFA. Estas operaciones están siendo analizadas por los acreedores, que pueden reclamar el embargo de pagos o cobros vinculados a estos contratos, dificultando el margen de maniobra financiera del Estado español. De hecho, la sentencia permite a los acreedores emitir notificaciones judiciales a bancos y socios comerciales para localizar e identificar cualquier activo embargable.

El conflicto de las renovables acumula ya más de 2.300 millones de euros en laudos impagados, una cifra que crece con los intereses y costas judiciales y que amenaza con traducirse en más embargos de activos públicos en distintos países. La resolución del tribunal estadounidense se interpreta como un endurecimiento en la fase de ejecución, permitiendo a los acreedores pasar de la simple identificación de bienes al embargo efectivo para el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente. El procedimiento abierto en Estados Unidos podría servir como referencia para otros países donde también se reclaman pagos pendientes por parte del Estado español.

La Audiencia Nacional ha confirmado la entrega de un ciudadano rumano a las autoridades de su país de origen para cumplir una condena de un año y dos meses de prisión, a pesar de que la defensa solicitó que se cumpliera en España porque su situación personal era equiparable a la de un residente legal.

El caso se remonta al pasado 2 de junio de 2025, cuando el Tribunal de Brașov condenó a este hombre por incumplir una orden de protección, cometer agresión y otros actos de violencia, sin detallar los hechos específicos.

El 27 de junio de 2025, el Tribunal de Brașov, en Rumanía, emitió la orden europea de detención y entrega a las autoridades españolas. Tras conocerse la resolución del tribunal rumano, el hombre solicitó que la condena se cumpliera en territorio español. Se apoyó en el artículo 48.2 de la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales, que permite a los residentes legales llevar una condena de otro país si pueden demostrar un fuerte vínculo con España y un tiempo de residencia estable.

Según explica el despacho de abogados Ayuela Jiménez en una publicación en su blog, en el caso del traslado de condenas proferidas por un Estado de la Unión Europea, la competencia recae directamente en los órganos judiciales, sin mediación del Ministerio de Justicia. No obstante, este trámite solo podrá tener lugar cuando exista un convenio bilateral o multilateral en el país de condena que permita tal traslado,

Solo demuestra que haya residido en España durante un año

Y en este sentido, el tribunal español analizó los documentos presentados por la defensa, entre ellos, certificados de empadronamiento, NIE, número de la Seguridad Social, apertura de cuenta bancaria y el contrato de arrendamiento a nombre de la pareja del reclamado. Pero todos ellos, ha apuntado la Audiencia Nacional en la sentencia, fueron obtenidos apenas un año antes de conocerse la resolución.

La Audiencia Nacional ha concluido que estos documentos no acreditaban un grado de integración suficiente en España. La residencia del reclamado solo puede constatarse a partir del año 2025, un año antes de conocerse la resolución. Y esto, ha recaldado el magistrado, no permite equiparar su situación a la de un nacional español.

La sentencia es firme, no cabe recurso adicional, y las costas procesales de esta segunda instancia se declaran de oficio. Tras la notificación, el expediente será remitido al Juzgado Central de Instrucción para su archivo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la sanción de 45 días sin sueldo que la empresa NH Hoteles España SA aplicó a un recepcionista que se quedó dormido en distintas ocasiones durante su turno. El fallo determina que las faltas atribuidas estaban prescritas y no justificaban una sanción tan grave.

El origen del litigio se sitúa en la relación laboral mantenida durante años entre un trabajador que desempeñaba funciones de recepcionista y la empresa hotelera para la que prestaba servicios desde octubre de 2007. Su actividad se desarrollaba en el marco del convenio colectivo de hostelería de la provincia de A Coruña.

Durante el primer semestre de 2024, la organización del trabajo en el turno de noche implicaba la realización de tareas de cierre del día, control de reservas, atención a clientes y labores de supervisión y seguridad del establecimiento. En ese contexto, la jefatura de recepción remitió un correo electrónico al personal de dicho turno a mediados de junio solicitando la verificación de determinadas facturas. La respuesta del trabajador, aludiendo a una elevada carga de trabajo en jornadas recientes, motivó que la responsable revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel.

Reclinado en la silla con los pies sobre la mesa

A partir de esa comprobación, la empresa constató una serie de episodios ocurridos entre abril y junio de 2024 en los que el empleado aparecía en actitud de descanso durante su jornada laboral. Las imágenes reflejaban distintas situaciones en las que permanecía con la cabeza apoyada o reclinado en la silla, en algunos casos con los pies sobre la mesa, durante intervalos de tiempo variables en la franja final del turno nocturno. Algunos de estos episodios tuvieron lugar en zonas no visibles al público, mientras que al menos uno se produjo en el área de recepción accesible a los clientes.

Como consecuencia de estos hechos, la empresa decidió imponer una sanción disciplinaria. Mediante comunicación escrita de 18 de julio de 2024, calificó la conducta como constitutiva de una infracción muy grave vinculada a la deslealtad o abuso de confianza y a la disminución continuada del rendimiento laboral. La medida adoptada consistió en la suspensión de empleo y sueldo durante cuarenta y cinco días, argumentando la reiteración de los comportamientos y su incidencia en el funcionamiento del servicio.

El trabajador reaccionó frente a la sanción iniciando los mecanismos legales de impugnación. Tras la presentación de la correspondiente papeleta de conciliación en agosto de 2024, que concluyó sin acuerdo, interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social de Santiago de Compostela. En su reclamación sostenía que los hechos no eran ciertos en los términos descritos o, en todo caso, carecían de la entidad suficiente para justificar la sanción impuesta, subrayando además la ausencia de perjuicios concretos derivados de su conducta y cuestionando su encaje en las tipificaciones previstas en la normativa aplicable.

El juzgado de instancia desestimó la demanda en abril de 2025, avalando la actuación empresarial. Consideró acreditados los episodios descritos y entendió que constituían una vulneración de la buena fe contractual, encuadrable en las infracciones muy graves previstas en el convenio colectivo. La resolución valoró especialmente la reiteración de las conductas y la forma en que se produjeron, estimando proporcionada la sanción impuesta en atención a su gravedad.

Las faltas muy graves y la prescripción

Frente a esta decisión, el trabajador formuló recurso de suplicación ante el TSX de Galicia. Este tribunal analizó la forma en la que se debían calificar los hechos y para ello utilizó el convenio colectivo de hostelería que permite tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. En este caso la empresa optó por la calificación máxima, basada en el “fraude, deslealtad o abuso de confianza”.

Sin embargo, para los magistrados los hechos juzgados no alcanzan tal gravedad. Solo uno de los episodios ocurrió a la vista de posibles clientes (el 14 de junio de 2024 en el “front” de recepción), mientras que el resto fue en zonas no accesibles. Señalando también que, aunque quedarse dormido implica cierto abandono de funciones, no hubo pruebas de un perjuicio real y las tareas no cumplidas no figuraron en la carta de sanción.

Además, el tribunal ha determinado que los episodios pueden considerarse faltas leves o, a lo sumo, una grave por abandonar tareas más de 30 minutos de forma injustificada, pero nunca como una conducta continuada “muy grave”.

El otro punto clave de la resolución ha sido la prescripción: la ley establece que para imponer sanciones leves o graves hay plazos de 10 y 20 días, respectivamente, desde que la empresa tiene conocimiento de los hechos. La empresa revisó las cámaras el 15 de junio de 2024 y notificó la sanción el 18 de julio. Según el tribunal, ese plazo se excedió ampliamente para cualquiera de las posibles faltas menores, y por eso ya no era posible aplicar ninguna sanción.

Xi Jinping ha elogiado a Pedro Sánchez, situando a China y a España “en el lado correcto de la historia” frente a la “ley de la selva”. Los presidentes se han reunido este martes en el Gran Palacio del Pueblo, asegurándose defensores de un derecho internacional “gravemente socavado”. Se trata del cuarto viaje de Sánchez a este país en cuatro años. Ambos han destacado que la relación atraviesa su mejor momento histórico. “Los hechos demuestran que la profundización de la cooperación bilateral corresponde a los intereses de ambos pueblos”, ha dicho Xi.

“Tanto China como España tenemos principios y abogamos por la justicia, y estamos dispuestos a estar del lado correcto de la historia”, ha resaltado Xi, que aboga por “salvaguardar juntos el verdadero multilateralismo y defender la paz y el desarrollo globales”. “Para que juntos -ha añadido-, España y China puedan contribuir a aportar soluciones a las distintas tensiones comerciales que existen y a las dificultades y complejidades geopolíticas del mundo actual, a las guerras, a los desafíos medioambientales y sociales que afectan al mundo”.

Sánchez ha respondido: “Quiero que sepa -a Xi- que España va a estar a la altura del desafío histórico que se plantea, que va a ser valiente, claro y predecible, y va a trabajar siempre por el entendimiento entre naciones”.

Xi ha tenido también palabras de aprecio hacia los reyes, recordando la visita de Felipe VI y la reina Letizia el pasado noviembre y revelando que pudo intercambiar impresiones con ellos, a los que a través de Sánchez envía un saludo y sus mejores deseos. El presidente español ha afirmado que don Felipe y doña Letizia “guardan con mucha gratitud esa visita”.

Terminada la reunión, y antes de una rueda de prensa de Sánchez, Xi ha ofrecido un almuerzo al que también ha asistido su mujer, Begoña Gómez -procesada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida- y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Encuentro con inversores

En su segunda jornada en China y antes de su reunión con Xi, Sánchez ha mantenido un encuentro en Pekín con una decena de inversores para ofrecer España como destino de sus negocios, priorizando los que generan valor añadido creando empleo local y alianzas estratégicas.

Uno de los objetivos declarados por el presidente, planteado en una intervención en la Universidad de Tsinghua, es avanzar hacia un reequilibrio en la relación económica con China tanto en comercio como en inversiones. El intercambio comercial bilateral es de unos 60.000 millones de euros, impulsado en gran medida por el aumento de las importaciones, ya que el déficit comercial de España con China es de unos 40.000 millones de euros.

Por ello, Sánchez defiende que las autoridades chinas abran el país a productos de otros países, algo que considera una prioridad para España y para la Unión Europea. Los inversores con los que se ha visto el presidente del Gobierno son representantes de las empresas Changan Motors, SAIC Motors, Ming Yang Smart Energy Group, Hithium, Junan Yuneng New Energy Battery Material, DataCanvas, EHang, Gotion High-Tech, Tianqi Lithium y XPeng.

(Con información de EFE)

De las sesiones que ya se han llevado a cabo en el juicio por el caso Koldo ya han declarado el hermano de Koldo, Joseba García, y la que fue su mujer durante 24 años, Patricia Uriz. Ambos han llevado sus relatos en la dirección de conseguir cimentar la defensa del acusado y acercarse a su absolución.

Y es que la abogada del exasesor de José Luis Ábalos, Leticia de la Hoz, es también la representante legal de sus dos familiares en la causa que se está siguiendo en la Audiencia Nacional, lo que ha supuesto algún enfrentamiento con el magistrado titular, Andrés Martínez Arrieta. “Hay que diferenciar la defensa de su cliente con lo que tiene relación con este proceso”, le ha espetado en más de una ocasión.

El primero en declarar fue Joseba García, que, según el auto de apertura de este juicio, habría sido el encargado de recoger dos pagos en efectivo de 10.000 dólares que el empresario Víctor de Aldama entregó a Koldo como compensación por su implicación en la compra fraudulenta de mascarillas.

Los viajes a República Dominicana

En su declaración explicó que sí realizó dos viajes a la República Dominicana, pero ninguno para la recogida de estos supuestos pagos. En el primero fue simplemente para conocer a una mujer, su actual pareja, que en ese momento se estaban conociendo y era la primera vez que se veían.

Aldama, al enterarse de que viajaba al país, le pidió como favor si podía recoger “una documentación”, según su versión, que necesitaba. De esta manera hizo un viaje desde Santo Domingo, su destino, y Punta Cana, para quedar con una mujer que no conocía que le entregó un sobre. No lo abrió, porque no tiene esa costumbre, según explicó, pero reiteró en más de una ocasión que solo se trataba de documentación.

El segundo viaje fue solamente por una oportunidad de negocio que tenía con Pitayas y quería comprobar si realmente podría ser posible. Una versión que choca directamente con lo declarado por Aránzazu Granell, empleada de Pronalab, una empresa vinculada a un socio de Aldama, que la semana pasada indicó que sí entregó esos dos sobres con dinero. Aunque existe este choque entre las dos declaraciones, la estrategia del hermano está clara: echar por tierra toda la acusación que versa sobre los presuntos pagos en efectivo que habría realizado Aldama a Koldo a cambio de sus servicios.

Los pagos en efectivo del PSOE

Joseba también relató que fue en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres que, según su versión, contenían dinero en efectivo. “Solo he estado dos veces allí, que recuerde, y no he estado más veces”, explicó. Lo hizo como petición de su hermano y añadió que siempre tenía que acreditarse, enseñando su DNI y explicando por qué estaba allí. “Yo contaba con quién había quedado, con Celia, creo que se llamaba” y ahí cogía el dinero.

Sobre este proceso también ha hablado Uriz este lunes. Y es que estos pagos en efectivo que provenían de Ferraz eran devoluciones de gastos que habían adelantado en viajes, comidas, etc., y que se devolvían en efectivo. Sin embargo, ha indicado que siempre tenían que presentar el ticket como justificante. “Ferraz era muy rígido. Koldo siempre me decía que si no había ticket, no intentara ni pasarlo”, ha relatado. Esto significaría que ninguno de los pagos que se estarían investigando del PSOE serían fraudulentos.

También ha aprovechado la oportunidad para justificar el dinero en efectivo que encontraron los agentes de la UCO en la vivienda de Koldo. Según su versión, en el armero que tenía el exasesor en su vivienda guardaban dinero en efectivo: 13.000 euros que le pertenecían a ella y otros 11.000 euros que guardaban "para gastos, posibles reparaciones, para poder hacer frente a varias cosas". No pertenecientes al dinero que habría recibido el acusado por las comisiones en la compra de mascarillas.

Su último punto de defensa ha sido en torno a los mensajes de WhatsApp que habría compartido con Koldo, la base de toda la acusación en este caso. “No reconozco esos whatsapps, no encajan en mi manera de escribir y no hay nada que implique esa contestación mía”, ha explicado.

Para justificarse, ha relatado cómo muchas veces Koldo le podía enviar hasta 200 mensajes y ella ir respondiendo uno a uno en diferentes tandas, o que como su expareja tenía varios móviles, empezaba la conversación en uno y la terminaban en otra, por lo que estarían “fuera de contexto”. Tanto en esta declaración como en la de Joseba, la letrada Leticia de la Hoz ha aprovechado la oportunidad para denunciar que ninguno de los representados ha tenido acceso a sus dispositivos desde que fueron requisados, lo que, según su versión, les impide realizar su defensa de forma satisfactoria.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz, con el tránsito marítimo reducido a mínimos históricos y sometido a control selectivo por parte de Irán, ha alterado de forma abrupta el equilibrio del comercio energético global y ha reactivado la preocupación internacional por la vulnerabilidad de los grandes corredores marítimos. Europa, altamente dependiente de esta vía para el suministro de petróleo y gas procedente del Golfo, se encuentra entre las regiones más expuestas a cualquier disrupción prolongada del tráfico.

En las últimas semanas, el paso de buques —que en condiciones normales supera el centenar diario— se ha desplomado hasta cifras residuales, en algunos momentos limitadas a apenas una decena de embarcaciones autorizadas, en un contexto de militarización, ataques y despliegue de minas navales.

La crisis, enmarcada en la escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha transformado uno de los principales cuellos de botella del comercio mundial en un punto de fricción geopolítica de primer orden. A la práctica paralización del tráfico se suma la pretensión iraní de imponer tarifas al tránsito de buques, una iniciativa que choca con el derecho internacional, pero que evidencia hasta qué punto el control físico del paso puede traducirse en capacidad de presión económica. El resultado inmediato ha sido un encarecimiento del transporte marítimo, el desvío de rutas y la incertidumbre sobre la estabilidad de los flujos energéticos hacia Europa y Asia. En el caso europeo, esta situación ya se traduce en mayores costes energéticos, presión sobre la inflación y una creciente preocupación por la seguridad del abastecimiento.

La inquietud en torno a Ormuz está revalorizando otros puntos clave del mapa marítimo y, especialmente, aquellas infraestructuras que permiten no solo canalizar el tráfico, sino también regularlo y monetizarlo. Entre ellas destaca el Canal de Estambul, el ambicioso proyecto impulsado por Turquía que vuelve a cobrar relevancia en un momento en el que la seguridad de las rutas tradicionales se percibe cada vez menos garantizada. Para Europa, la existencia de una infraestructura de este tipo en su entorno geográfico ofrecería una vía adicional para gestionar flujos marítimos en un momento de inestabilidad global.

Una infraestructura paralela al Bósforo

El denominado Canal de Estambul es una vía artificial proyectada en la parte europea de la ciudad, concebida para conectar el mar Negro con el mar de Mármara a lo largo de aproximadamente 45 kilómetros. Su trazado discurriría en paralelo al estrecho del Bósforo, uno de los pasos naturales más transitados del mundo, por el que cruzan cada año decenas de miles de buques, incluidos petroleros y grandes cargueros.

El proyecto, promovido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, fue presentado en 2021 como una iniciativa transformadora para la economía turca. Ankara sostiene que el canal permitiría reducir la congestión en el Bósforo, minimizar los riesgos de accidentes en una ciudad densamente poblada y reforzar la seguridad del tráfico marítimo en una de las zonas más sensibles del planeta desde el punto de vista logístico.

Las estimaciones sitúan su coste en torno a los 23.400 millones de euros, de los cuales aproximadamente 14.000 millones corresponderían a la construcción del canal en sí y unos 9.400 millones al desarrollo urbanístico previsto en sus márgenes. Además de la excavación de la vía navegable, el plan contempla la creación de nuevas áreas residenciales, infraestructuras de transporte y zonas logísticas, lo que convertiría el proyecto en una operación de gran escala con implicaciones económicas y territoriales.

En términos operativos, el canal se plantea como una ruta capaz de absorber una parte significativa del tráfico actual del Bósforo, con capacidad para el paso de decenas de buques diarios, incluidos petroleros. Su diseño responde a la necesidad de ofrecer una alternativa más previsible y gestionable frente a un estrecho natural sometido a fuertes limitaciones operativas y regulatorias.

El límite de los estrechos naturales

El elemento diferencial del Canal de Estambul no reside únicamente en su función logística, sino en su naturaleza jurídica. El Bósforo, al igual que el estrecho de Ormuz, está sujeto a normas internacionales que garantizan el derecho de paso en tránsito. En el caso turco, la Convención de Montreux de 1936 establece la libre navegación para buques civiles, lo que impide a Ankara imponer peajes más allá de ciertos costes asociados a servicios.

Esta limitación es precisamente la que el nuevo canal permitiría sortear. Al tratarse de una infraestructura artificial, Turquía podría establecer un sistema de tarifas para el tránsito, replicando el modelo de grandes arterias comerciales como el Canal de Suez o el Canal de Panamá, ambos convertidos en fuentes clave de ingresos para Egipto y Panamá, respectivamente.

La diferencia entre estrechos naturales y canales artificiales se ha convertido en un punto central del debate internacional, especialmente a raíz de las tensiones en Ormuz. La posibilidad de que Irán trate de imponer tarifas —con cifras que, según diversas informaciones, podrían alcanzar hasta dos millones de dólares por buque— ha generado preocupación entre organismos internacionales, que advierten de que una medida de ese tipo vulneraría el marco jurídico vigente y sentaría un precedente de amplio alcance.

Ormuz como catalizador estratégico

Aunque el Canal de Estambul no constituye una alternativa geográfica al paso por Ormuz, ya que este último es imprescindible para la salida de hidrocarburos del Golfo Pérsico, la relación entre ambos escenarios se sitúa en el plano estratégico. La inestabilidad en uno de los principales nodos críticos del comercio energético mundial está impulsando una reconsideración global de cómo se gestionan las rutas marítimas y qué margen tienen los Estados para ejercer control sobre ellas.

En ese sentido, el interés por infraestructuras como el canal turco responde a una lógica compartida: la búsqueda de corredores que no solo faciliten el tránsito, sino que permitan intervenir en él desde el punto de vista económico. Mientras los estrechos naturales limitan esa capacidad, los canales artificiales la amplían.

Para Europa, altamente dependiente de las rutas que conectan Asia y Oriente Medio con el Mediterráneo, este cambio de enfoque tiene implicaciones directas. La volatilidad en Ormuz, junto con las disrupciones en otras vías estratégicas, está obligando a reconsiderar tanto la seguridad del suministro como la arquitectura del tráfico marítimo. En este contexto, el Canal de Estambul podría ofrecer a Europa una herramienta indirecta para ordenar mejor los flujos en su entorno próximo, reducir la congestión en el acceso al mar Negro y ganar margen de maniobra en la gestión de rutas comerciales clave. En ese marco, el Canal de Estambul aparece como una infraestructura que, sin sustituir rutas críticas, podría desempeñar un papel relevante en la regulación del tráfico en el acceso al continente y en la configuración de nuevas dinámicas logísticas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la demanda de un trabajador marroquí en situación irregular que reclamaba salarios a una empresa alegando que había trabajado para ella sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La Sala concluye que no logró acreditar ni siquiera de forma indiciaria la existencia de la relación laboral, pese a que la empresa no compareció al juicio.

El caso parte de la demanda interpuesta por un hombre identificado como Arsenio, que sostenía haber prestado servicios para la mercantil Spatium Refur, S.L. y para un particular durante un periodo no concretado, sin haber sido dado de alta ni haber percibido las cantidades pactadas.

El trabajador acudió a los tribunales reclamando diferencias salariales y denunciando una situación de empleo irregular. Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró desestimó su demanda al considerar que no existía prueba suficiente de la relación laboral. Esa decisión es la que ahora confirma el TSJ de Cataluña.

La empresa no acudió al juicio… pero eso no basta

Uno de los argumentos centrales del recurso era que la empresa demandada no se presentó al juicio, por lo que, a juicio del trabajador, debía considerarse admitida la relación laboral por aplicación de la llamada ficta confessio.

Sin embargo, el tribunal desmonta esa tesis. Recuerda que la ley no obliga automáticamente al juez a dar por ciertos los hechos por la mera incomparecencia de la parte demandada. Se trata de una facultad, no de una imposición.

La sentencia insiste en que esa posibilidad solo puede aplicarse cuando existen hechos concretos, precisos y verosímiles, y siempre en el contexto de una valoración conjunta de la prueba. No basta con que la empresa no comparezca para tener por acreditada una relación laboral que no ha sido respaldada por ningún otro elemento.

En este caso, la Sala avala el criterio del juzgado: la ausencia de la empresa no suple la falta de prueba por parte del demandante.

La clave: no aportó ninguna prueba

El punto determinante del fallo es la absoluta ausencia de prueba. El tribunal subraya que el trabajador no aportó ningún elemento que permitiera acreditar, ni siquiera de forma indiciaria, que hubiera prestado servicios para la empresa.

No presentó testigos, ni fotografías, ni grabaciones, ni denuncias ante la Inspección de Trabajo, ni ningún otro medio probatorio que pudiera sostener su versión. Tampoco documentación indirecta que permitiera situarle en el entorno laboral o acreditar su estancia en España durante el periodo alegado.

La Sala va más allá y rechaza de forma expresa la idea de que un trabajador en situación irregular carezca de medios para probar su relación laboral. Enumera, de hecho, diversas vías de prueba accesibles incluso para personas sin papeles: certificados de empadronamiento, cartillas sanitarias, testimonios, imágenes, actas notariales o denuncias administrativas.

El problema, concluye, no es la imposibilidad de probar, sino que en este caso el demandante no utilizó ninguno de esos instrumentos.

No existe “prueba diabólica”

El trabajador sostenía que exigirle acreditar la relación laboral era imponerle una “prueba diabólica”, es decir, imposible de cumplir en su situación. El tribunal rechaza tajantemente ese argumento. Recuerda que el ordenamiento ofrece múltiples mecanismos para acreditar una prestación de servicios, incluso en contextos de economía irregular.

La sentencia insiste en que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos, y que esa exigencia no desaparece por el hecho de tratarse de un trabajador sin autorización de residencia o trabajo. En este sentido, la Sala recalca que no se puede presumir la existencia de una relación laboral sin ningún respaldo probatorio, ya que ello supondría vaciar de contenido las reglas básicas del proceso.

Con estos argumentos, el Tribunal Superior de Justicia desestima íntegramente el recurso y confirma la sentencia de instancia, absolviendo a la empresa de todas las pretensiones del demandante.

La obligatoriedad de la baliza V-16, en vigor en España desde el 1 de enero de 2026, ha cruzado este jueves una frontera que hasta ahora no había traspasado: la de los tribunales. Lo ha hecho a raíz de una demanda presentada en los Tribunales de Instancia de Madrid por la firma especializada en recursos de multas Pyramid Consulting, que impugna una sanción concreta vinculada a este dispositivo luminoso y solicita, además, que el asunto sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mediante una cuestión prejudicial.

El movimiento supone la apertura del primer frente judicial con vocación europea contra el actual esquema normativo y sancionador de la V-16. No se trata, según subraya el propio despacho en su escrito, de un recurso de carácter abstracto o doctrinal, sino de un procedimiento anclado en un caso real que pone en cuestión la consistencia jurídica de una obligación que, hasta la fecha, se había dado por asentada tanto en el plano político como en el técnico.

La demanda sitúa el foco en la arquitectura legal que sustenta la imposición de sanciones, desplazando el debate desde la conveniencia del dispositivo —ligado a la seguridad vial— hacia la solidez del procedimiento que ha permitido su implantación obligatoria. Ese desplazamiento, de lo técnico a lo jurídico, introduce un nuevo marco de discusión con potencial recorrido más allá del caso concreto.

El principio de confianza legítima entra en escena

Uno de los ejes argumentales del recurso pivota sobre la posible vulneración del principio de confianza legítima, una figura consolidada en el derecho administrativo europeo. Pyramid Consulting sostiene que las declaraciones públicas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apuntaban a la existencia de un periodo de adaptación en la aplicación de la norma.

Ese margen transitorio, sin embargo, no se habría materializado en la práctica sancionadora, siempre según la tesis de la demanda. La empresa argumenta que los conductores pudieron haber interpretado —a la luz de esas manifestaciones— que la exigencia del dispositivo se aplicaría de forma progresiva, una expectativa que, a su juicio, habría sido defraudada por la actuación administrativa.

En términos jurídicos, la eventual quiebra de la confianza legítima podría afectar a la validez de las sanciones impuestas en esa fase inicial de implantación, al entenderse que los ciudadanos actuaron bajo una previsión razonable inducida por la propia Administración.

El recurso introduce así un elemento de fricción entre el discurso público y la praxis administrativa, un terreno especialmente sensible en el ámbito sancionador, donde la exigencia de seguridad jurídica adquiere una relevancia capital.

La dimensión europea del conflicto

Más allá del plano interno, la demanda incorpora un segundo vector de alcance comunitario que podría resultar determinante. El escrito plantea si la regulación de la baliza V-16 debe considerarse un reglamento técnico en el sentido del derecho de la Unión Europea, lo que implicaría la obligación de haber sido notificado previamente a la Comisión Europea.

De no haberse producido dicha notificación, la normativa española podría verse afectada por un vicio de nulidad, un escenario que, hasta ahora, no había sido objeto de pronunciamiento judicial. Con ese objetivo, Pyramid Consulting solicita que el caso sea elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a fin de que sea esta instancia la que dirima la cuestión mediante el mecanismo de la cuestión prejudicial.

El planteamiento se produce en un contexto en el que la Comisión Europea ha respaldado expresamente la posición española. Bruselas ha señalado que la normativa comunitaria no se opone a la obligatoriedad del dispositivo y ha destacado los avances de España en materia de seguridad vial, hasta el punto de calificar al país como un “campeón” en este ámbito por su tasa de siniestralidad inferior a la media europea.

Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha recordado que no existe una regulación armonizada sobre este tipo de dispositivos, lo que permite a los Estados miembros establecer sus propios sistemas de señalización de emergencias al amparo de la Convención de Viena sobre Circulación Vial.

Sin embargo, ese aval institucional no ha disipado por completo las dudas. En el Parlamento Europeo, eurodiputados de distintas formaciones, entre ellos representantes del Partido Popular y Vox, han cuestionado aspectos como el coste del dispositivo, su obligatoriedad circunscrita a los conductores españoles o las incertidumbres jurídicas que, a su juicio, rodean su implantación.

Es precisamente en ese espacio de controversia donde se inserta la estrategia legal ahora desplegada. Más allá de la sanción concreta que da origen al procedimiento, el objetivo de fondo es forzar un pronunciamiento del TJUE que arroje luz sobre la validez del itinerario normativo seguido en España.

De prosperar esta iniciativa, la baliza V-16 dejaría de ser un elemento normativo aparentemente consolidado para quedar sometida al escrutinio del derecho europeo. Un eventual pronunciamiento en ese sentido podría reconfigurar el marco sancionador vigente y reabrir un debate que, tras el respaldo de Bruselas, parecía haber quedado definitivamente encauzado.

La UE no pudo contenerse para descorchar el champán cuando, a escasos votos de acabar el escrutinio, comprobó que la salida del ogro de la UE era inevitable. “Hungría es más Europa”, celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La dirigente germana era plenamente consciente de que se había despojado de un gobernante aliado del máximo rival de la UE y que, durante los últimos años, bloqueó sistemáticamente decisiones trascendentales del bloque: concretamente, 21 de los 48 vetos. En lo que respecta a la guerra de Ucrania, Budapest ha bloqueado todas las resoluciones conjuntas y trató de sabotear la renovación de las sanciones a Moscú por su invasión y el préstamo de 90.000 millones de euros para ayudar Kiev.

Pero el éxtasis de las elecciones no debería nublar la vista de Bruselas ni de los húngaros. Porque el legado que ha dejado Orbán es un sistema corrupto que durante más de una década ha beneficiado al entorno directo y familiar del propio primer ministro ultranacionalista. Y que fue diseñado, precisamente, para que los tentáculos de su partido, el Fidesz, se perpetúen en las instituciones públicas.

En los medios, la organización Reporteros sin Fronteras denunció que el exmandatario húngaro ha comprado los medios de comunicación a través de una red de “oligarcas” vinculados al gobierno para construir “un verdadero imperio mediático sometido a las órdenes de su partido”. El partido de Orbán controla aproximadamente el 80% de los recursos del mercado mediático húngaro. Incluso el propio sistema electoral que este domingo acabó con su gobierno estaba diseñado para perpetuarle en el poder.

La zanahoria para conseguir todos los “superhitos”

No está claro cuál es el plan de Magyar, un candidato que, no hay que olvidar, viene del orbanismo. Pero la UE ya le pone la zanahoria para comenzar a hacer cambios: 17 millones de euros en fondos europeos que Bruselas creó en la pandemia del covid y que congeló a Budapest por su deriva antidemocrática.

Las primeras promesas de la campaña de Magyar ya fueron encaminadas a lograr los objetivos que condicionan el desbloqueo de esos fondos. La UE los llama “superhitos” y tienen que ver con la libertad de contratación pública, la independencia judicial y la libertad académica, entre otros. El informe de 2025 elaborado por organizaciones de la sociedad civil húngara indicó que una de las condiciones sigue pendiente, mientras que nueve todavía se consideran cumplidas parcialmente.

La Comisión Europea ha insistido en que no liberará ningún fondo hasta que Hungría cumpla con estas reformas. En una comparecencia este lunes, Magyar afirmó que “restaurará el estado de derecho y los controles y equilibrios” y sugirió limitar los mandatos a dos consecutivos, como ya hacen países como EEUU.

Pero el tiempo corre en su contra. Porque si quiere desbloquear el primer fondo, de 10.000 millones de euros asignados a Hungría en el marco de los Next Generation, deberá implementar esos cambios antes del 31 de agosto, que es cuando caducan. Hungría tiene un poco más de margen, hasta después de 2028, para solicitar los 7.000 millones de euros congelados restantes, cuyo desembolso depende de pagos independientes de la Unión Europea dirigidos a las regiones más pobres y regulados bajo criterios distintos.

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha cuestionado este lunes el último informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al considerar que contiene interpretaciones técnicas que “no se ajustan” a la realidad. El directivo ha advertido de que, aunque el documento es exhaustivo, se adentra en un ámbito de “elevada complejidad técnica” que puede dar lugar a lecturas erróneas, en referencia a las conclusiones trasladadas por la Unidad Central Operativa (UCO) a la jueza que instruye el caso.

En una comparecencia centrada en la evolución de la investigación, Marco de la Peña ha puesto el foco en cómo el informe policial vincula una anomalía detectada en el sistema de señalización con una rotura del carril producida 22 horas antes del siniestro que costó la vida a 46 personas. El presidente de Adif ha rechazado que exista evidencia concluyente en ese sentido y ha insistido en que dicha interpretación se basa en conjeturas.

El papel del circuito de vía en el sistema ferroviario

El núcleo de la discrepancia reside en la interpretación de una caída de tensión registrada a las 21.46 del 17 de enero en el circuito de vía del tramo afectado. Según la Guardia Civil, esa perturbación eléctrica —aunque no alcanzó el umbral necesario para activar una alerta automática— sería compatible con una discontinuidad en el carril y permitiría situar en ese momento el origen del fallo estructural.

A partir de ese dato, los investigadores sostienen que transcurrieron exactamente 21 horas y 57 minutos entre la rotura de la vía y el accidente, un intervalo que, en su opinión, habría permitido una intervención correctiva si la señal hubiera sido interpretada dentro de un marco operativo adecuado.

Frente a esta lectura, Marco de la Peña ha reiterado que el circuito de vía no está diseñado para detectar fracturas en el carril. Ha subrayado que su función principal es localizar trenes y garantizar la seguridad de la circulación, no identificar anomalías estructurales en la infraestructura. “Solo es fiable para detectar dónde están los trenes, no para detectar anomalías en las vías”, ha afirmado, calificando como “accesoria” la utilización de este sistema con ese fin.

El presidente de Adif ha insistido en que la única forma de detectar este tipo de fallos es mediante inspecciones regulares de la vía a través de técnicas de auscultación, y ha recalcado que el sistema ferroviario no contempla los circuitos de vía como una herramienta válida para ese cometido.

Divergencias técnicas en la investigación

Aunque ha reconocido que la caída de tensión detectada es compatible con “roturas iniciales o parciales o fisuras”, Marco de la Peña ha subrayado que no constituye en ningún caso una prueba concluyente de que estas se produjeran. Ha explicado que este tipo de variaciones pueden deberse a múltiples factores, desde la humedad en el terreno hasta la presencia de elementos externos, como una piedra en el sistema.

En este sentido, ha defendido que “no hay ninguna prueba” que permita afirmar que el carril estaba roto en ese momento y ha recalcado que serán las pruebas de laboratorio aún pendientes las que determinen el estado real de la infraestructura. “Eso de que el carril estaba roto no lo puede saber nadie [sin esas comprobaciones]”, ha señalado.

Asimismo, ha destacado que no se generó ninguna alerta automática porque la tensión registrada se mantuvo por encima del umbral establecido y que, en todo caso, el sistema no está configurado para detectar fallos estructurales de este tipo debido a la limitada fiabilidad de estas señales eléctricas como indicador.

Marco de la Peña ha respaldado su postura apelando al consenso técnico internacional, al asegurar que “no hay debate en el mundo ferroviario” sobre las limitaciones de los circuitos de vía en este ámbito. También ha señalado que el fabricante del sistema, Hitachi, ha trasladado verbalmente a Adif que el informe de la Guardia Civil no recoge adecuadamente su criterio técnico.

El máximo responsable del gestor ferroviario ha rechazado además que el accidente esté relacionado con deficiencias en el mantenimiento de la red. “Afirmo que no ha habido problemas de mantenimiento”, ha indicado, al tiempo que ha defendido que la compañía actuó conforme a los protocolos establecidos.

El accidente, ocurrido el 18 de enero, implicó el descarrilamiento de un tren de Iryo y su posterior colisión con un Alvia de Renfe, en uno de los siniestros más graves registrados en la red ferroviaria española en los últimos años. La hipótesis principal sigue apuntando a una rotura de carril como causa desencadenante, mientras la investigación judicial y técnica continúa abierta y pendiente de nuevos informes periciales que permitan esclarecer con mayor precisión la secuencia de los hechos.

Junto a Pujadas —quien en el momento de los hechos ostentaba la concejalía de Cultura— deberán declarar ese mismo día la presidenta, el tesorero y un vocal de la colla festiva de los Blaus, entidad organizadora del acto a través de uno de sus subgrupos, los denominados Blaucops. La decisión judicial, avanzada por la Cadena SER y confirmada por la agencia EFE, devuelve a primer plano un episodio que desde su origen ha tensionado el ámbito político local y ha suscitado una notable reacción en el entorno de los cuerpos policiales.

De la sátira festiva al reproche judicial

El origen de la causa se sitúa en la tarde del 27 de agosto de 2024, en la plaza de Can Trullàs, uno de los escenarios habituales de la Fiesta Mayor de Granollers. Bajo el título “Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana”, el taller proponía una actividad participativa que incluía, entre otros elementos, la simulación del lanzamiento de artefactos incendiarios contra un muñeco ataviado con indumentaria policial.

La escenificación, concebida por sus promotores como una propuesta festiva de carácter paródico, fue recibida de manera muy distinta por diversos sindicatos policiales, que no tardaron en presentar denuncias ante la Fiscalía. A su juicio, los hechos podían encajar en delitos de injurias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como en conductas susceptibles de ser calificadas como desórdenes públicos agravados.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación, aunque acordó su archivo al constatar la existencia de un procedimiento judicial ya en marcha en el juzgado de instrucción número 3 de Granollers. Este órgano optó inicialmente por decretar el archivo provisional de la causa, al no apreciar en ese momento elementos suficientes para su continuación.

La Audiencia corrige el archivo

El curso del procedimiento cambió de forma sustancial meses después, cuando la Audiencia Provincial estimó el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y ordenó reabrir la investigación. En su resolución, el tribunal consideró que concurrían indicios de relevancia penal que hacían necesario profundizar en la instrucción, especialmente en lo relativo a posibles delitos de injurias a instituciones del Estado y alteración del orden público en un contexto festivo.

Es en este marco en el que se inscribe la citación ahora acordada, que alcanza tanto a responsables políticos como a integrantes de la organización del acto. La inclusión de Pujadas en la causa responde a su condición de concejal de Cultura en el momento de los hechos, área desde la que se coordinan y supervisan buena parte de las actividades incluidas en la programación de la Fiesta Mayor.

Desde el Ayuntamiento de Granollers se ha insistido en mantener la misma línea argumental que ya se sostuvo tras conocerse los hechos. Fuentes municipales recalcan a EFE que el consistorio considera el taller como un “acto desafortunado y aislado”, subrayando que no responde al espíritu general de unas fiestas que, desde 1983, se han caracterizado por un modelo participativo basado en la implicación de entidades locales.

En ese sentido, las mismas fuentes apuntan a la “singularidad y personalidad” de la Fiesta Mayor como rasgos definitorios de un evento que combina tradición, creatividad y un elevado grado de autogestión por parte de las colles. No obstante, reconocen implícitamente el impacto negativo que generó la actividad ahora investigada.

Pujadas, por su parte, comparecerá ante el juez con el propósito de ofrecer las “explicaciones pertinentes”, según trasladan desde el entorno municipal, en un momento en el que el foco judicial se desplaza desde la mera valoración de los hechos hacia la eventual atribución de responsabilidades.

Tras la polémica inicial, los Blaus difundieron un comunicado en el que lamentaban “la interpretación” que se había hecho del taller. En dicho texto, la entidad defendía que en ningún caso existió voluntad de ofender a los cuerpos de seguridad ni de incitar a la violencia, enmarcando la actividad dentro de los códigos expresivos propios de la cultura festiva local, donde la sátira y la provocación han tenido tradicionalmente un espacio reconocido, aunque no exento de controversia.

Durante la sesión celebrada este lunes en la Audiencia Nacional, uno de los agentes principales ha vinculado los alias de ‘El Asturiano’ y ‘El Barbas’ al expresidente del Gobierno y del Partido Popular. El agente, identificado por el número 111.470, ha precisado que estos nombres fueron empleados por varias de las personas implicadas en el dispositivo de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para hacerse con documentación que guardaba del caso Gürtel que podía comprometer al partido.

“La persona a la que denominan ‘El Asturiano’ es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces. Es un dato que está muy claro”, ha relatado el inspector en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

“El Asturiano” tenía capacidad de cesar a altos cargos

El informe de los investigadores data de 2018 y apuntaba que, de las conversaciones intervenidas, “se colige” que la operación Kitchen “habría tenido resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, (con conocimiento del “Asturiano” y del “Largo”)”.

Del “Asturiano” se decía, en un primer momento, que tenía capacidad de cesar a altos mandos policiales, como el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ha dicho el responsable policial. Y en este sentido, conocer quién se escondía detrás del “Asturiano” es una de las claves de la investigación.

En unas declaraciones recogidas por ElDiario.es, el agente ha reconocido que al principio hubo dudas sobre la identidad real porque este apodo podía vincularse a otros implicados como el entonces titular de Interior.

La primera evidencia: una conversación entre Villarejo y Ana Rosa Quintana

Una de las primeras evidencias que apuntan al expresidente llegó a los investigadores a través de una conversación entre el comisario José Manuel Villarejo y la presentadora Ana Rosa Quintana. En esta conversación, este se refería tanto a la operación Kitchen como a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. Además, aclaraba que “El Asturiano” es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy”.

En el escrito que presentó la Fiscalía también aparece el apodo “Barbas” en el sumario, aunque en una de sus declaraciones el acusado Sergio Ríos aseguró que el término “asturiano” era como el excomisario se refería al exdirigente del PP, Francisco Álvarez Cascos.

Sin embargo, ha indicado que siempre tenían que presentar el ticket como justificante. “Ferraz era muy rígido. Koldo siempre me decía que si no había ticket, no intentara ni pasarlo”, ha explicado.

Ha relatado como antes de las elecciones, tanto Ábalos como Koldo “dedicaban muchas horas extra haciendo campaña”. Por esta razón, tenían muchos gastos y, aunque algunos ya estaban pagados de antemano, otros no y tenían que adelantarlo ellos mismos. Ha indicado que normalmente eran “comidas, gasolina, café, viajes, hoteles, si no los había cogido Ferraz”.

Como algunos pagos provenían del Ministerio de Transportes y otros del Partido, Koldo “tenía dos sobres para poder gestionarlo”. “Había veces que los viajes eran del Ministerio, pero también hacía labores de secretario del PSOE. El Ministerio solo pagaba lo suyo, por lo que Koldo tenía que diferenciar esos gastos para saber quién tenía que pagarlo”, ha agregado.

“Billetes de todo tipo”

Preguntada por la abogada de Koldo y que también la representa a ella en otra de las piezas de, caso Koldo sobre cómo se devolvía ese dinero, sobre Transportes ha explicado que se le entregaba cada ticket y lo gestionaban las dos secretarías. En cuanto a Ferraz, “se hacía una hoja de Excel con todos los gastos y se metían todos los tickets en un sobre que se pasaban a Ferraz”. Ella los recogía, se los pasaba a Koldo y “lo gestionaban ellos”.

Estos pagos siempre eran en “efectivo” y normalmente era una vez al mes, con todos los tickets acumulados. Hubo meses que se juntaron dos, no sé si alguna vez llegaron a tres", ha agregado. “Se juntaban y se pasaba a Ferraz, que solo pagaba si tenía los tickets. Alguna vez se perdió un ticket y se quedó sin cobrarlo”, ha relatado.

Dentro de los sobres había “billetes de todo tipo”. “A veces era un sobre que se veía, pero eran sobres cerrados que ponía la cantidad”. El sobre ella se lo entregaba a Koldo y los pagos a Ábalos este se lo pasaba a su secretaría y lo depositaba en su despacho. Sobre el propio dinero de su expareja, “lo abría, me lo daba y yo lo guardaba”.

Las palabras del Pontífice vienen motivadas por las últimas acusaciones del presidente Donald Trump, que este domingo consideraba que el primer papa estadounidense debería “dejar de complacer a la izquierda radical”. Para Trump, el papa León XIV “es débil ante la delincuencia y nefasto en materia de política exterior”, valoración que hace tras los múltiples llamados del católico a la paz en Irán.

“No quiero un Papa que considere aceptable que Irán posea un arma nuclear”, escribió en la red social Truth Social. El dirigente norteamericano considera que está haciendo “exactamente aquello” para lo que fue elegido en las urnas. Así, considera que el papa no está haciendo “muy buen trabajo”. Sus mensajes contra el máximo representante de la Iglesia han culminado con una imagen, creada con inteligencia artificial, en la que Trump se muestra como Jesucristo curando a los heridos.

Tras estos ataques, León XIV ha contestado este lunes que no desea “entrar en un debate” con el presidente estadounidense, pero que “el Evangelio es claro” y “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra“.

“No, no tengo miedo de la administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso existe la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado, como algunos están haciendo. Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, ha expresado el Pontífice.

Feijóo pide respeto para León XIV

El enfrentamiento entre el presidente norteamericano y el Pontífice no ha dejado indiferente a la derecha española. Desde sus redes sociales, Alberto Núñez-Feijóo ha pedido respeto para León XIV. Ante los ataques de Trump, el presidente del Partido Popular ha defendido el cristianismo como un “faro ético y moral para millones de personas en el mundo, que no merece ser tomado a broma”.

“El Papa León XIV es un referente para los católicos que debe ser escuchado y respetado. Los españoles lo haremos el próximo mes de junio, cuando tendremos el honor de recibirlo en una visita histórica”, ha añadido.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que el proceso penal seguirá adelante contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su asesora María Cristina Álvarez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Por su parte, también viene incluido el empresario Juan Carlos Barrabés, referente a los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, acordando el sobreseimiento respecto al delito de intrusismo profesional.

“Se concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas, a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”, indica en el mismo escrito.

También ha aprovechado el auto par solicitar nuevas pruebas. Esto es un requerimiento a Lefebvre-El Derecho S.A. para que aporte las facturas de los servicios prestados para la cátedra de transformación social competitiva. “En cuanto a los informes periciales indicados, pueden aportarse dentro de los plazos procesales”, añade.

La acusación contra Begoña Gómez

La acusación unificada sostuvo que desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, su esposa, Begoña Gómez, expandió rápidamente su red profesional y de influencia, especialmente tras asumir la dirección del IE África Center y su papel en el Máster de Fundraising en la Universidad Complutense (UCM).

Según la acusación, Gómez contrató a su amiga María Cristina Álvarez con salario público para asistirla tanto en actividades profesionales como privadas. Desde 2018, Álvarez Rodríguez habría cobrado 361.423,40 euros brutos desde su cargo en la Moncloa.

La pieza central de la causa es la creación y control de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la UCM. La investigación indica que la esposa de Sánchez registró a su nombre tanto la marca TSC como el dominio web transformatsc.org, emprendiendo la constitución de una sociedad con idéntico nombre en noviembre de 2023. El desarrollo del software de la Cátedra, según la acusación, fue financiado y trabajado con medios públicos y privados Indra, Telefónica, Google y Reale Seguros aportaron un total que supera los 300.000 euros, mientras que la Universidad Complutense cifró el daño patrimonial en al menos 108.765,79 euros.

María Cristina Álvarez Rodríguez estuvo implicada en la gestión y seguimiento de los proyectos vinculados al software de la cátedra y participó representando a la Cátedra TSC, usando el correo institucional de la Moncloa para esas tareas, lo que según la acusación permitía darle “apariencia institucional al proyecto y aumentar el peso de las peticiones”.

Por su parte, Juan Carlos Barrabés Cónsul, empresario tecnológico, habría colaborado en la creación y asesoría de la cátedra y recibido cartas de recomendación desde la dirección del máster firmadas por Gómez, beneficiando a sus empresas en licitaciones públicas.

Las defensas solicitan el cierre del expediente

El fiscal solicitó el archivo de la causa por falta de pruebas fehacientes en etapas anteriores, aunque admitió que el expediente contaba ahora con una “imputación jurídicamente articulada” para ser evaluada en juicio. Se remite a alegaciones ya presentadas que “tras casi dos años de instrucción, sí que existe un relato fáctico y una imputación jurídicamente articulada”.

Por su parte, las defensas de los tres investigados solicitaron el cierre inmediato del expediente, subrayando que los hechos no constituyen delito o que, en caso de haber existido irregularidades, no caen bajo los tipos penales imputados.

El abogado de Gómez sostiene que la acusación “omite hechos relevantes” que descargarían a su representada. Asegura que la cátedra era gratuita, que la financiación nunca entró en su patrimonio y que las cartas de apoyo fueron meros procedimientos habituales en proyectos universitarios.

Sobre el supuesto intrusismo, resaltó que “no ha aparecido ni uno solo de los elementos que sustenten dicho delito”, pues fue la propia UCM la que le indicó a Gómez firmar los pliegos. También negó apropiación indebida, indicando que los dominios y marcas no constituyen bienes muebles sujetos a ese delito: “El término Transformación Social Competitiva fue creado por la Sra. Gómez para dar nombre a la Cátedra. La marca no ha sido registrada, sí los símbolos distintivos de esta”, argumentó.

La defensa de Álvarez añadió que no existe normativa específica que delimite funciones del asistente del cónyuge presidencial, y que el poco tiempo dedicado a tareas privadas no afectó sus obligaciones públicas. Resaltó que de 21 reuniones solo apareció en tres, y en el periodo vacacional anual. También remarcó la inexistencia de pruebas de perjuicio para la UCM derivado de la actuación de su defendida.

Un hombre nacido en Marruecos y residente en Tárrega, Lleida, podrá conservar la nacionalidad española que le fue concedida en 2022. La Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para anular la resolución administrativa que le otorgaba la nacionalidad por residencia, a pesar de que la Administración reconoció haber cometido un error en el proceso.

El expediente se abrió en 2015 y permaneció abierto durante años, con requerimientos administrativos y una tramitación prolongada. Finalmente, el 14 de junio de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública le concedió la nacionalidad. Sin embargo, meses después, la propia Administración detectó un error: no aportó los certificados DELE y CCSE del Instituto Cervantes —requisitos que la ley establece para acreditar la integración en la sociedad española— en el momento de formalizar la solicitud.

La Abogacía del Estado recurrió a la vía del recurso de lesividad, un procedimiento excepcional que permite a la propia Administración revisar y anular actos firmes favorables a particulares cuando se considera que lesionan el interés público.

El 25 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros declaró formalmente lesiva para el interés público la concesión de la nacionalidad, lo que abrió la vía a un recurso contencioso-administrativo presentado en abril del mismo año. El proceso judicial se desarrolla en rebeldía del demandado, que no comparece, y finaliza en marzo de 2026 con la desestimación de las pretensiones de la Administración.

Reconoce el error, pero matiza que no era obligatorio

El tribunal ha decidido que no hubo una violación grave de la ley ni una razón clara para anularla, porque las reglas sobre la integración social no eran obligatorias cuando se pidió la nacionalidad. Por eso, no hay razones suficientes para anular la decisión que benefició al solicitante.

El fallo de la Audiencia Nacional no es firme. La sentencia ha informado expresamente de la posibilidad de interponer recurso de casación ante la misma Sala, en el plazo de 30 días desde la notificación, y previa consignación del depósito preceptivo. De este modo, el recorrido judicial podría continuar si la Abogacía del Estado decide presentar dicho recurso, manteniéndose la incertidumbre sobre el desenlace definitivo del caso.

El Gobierno ha calificado de “sinrazón” el último órdago del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con imponer este lunes un bloqueo de todos los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz como respuesta a la suspensión de las negociaciones de paz.

En una entrevista para TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado que la Administración estadounidense haya dado un paso más “en esta sinrazón” y ha criticado que, desde el inicio de la guerra, “han querido meter al mundo entero en una deriva”. Y en este contexto, ha expresado su preocupación máxima en la suspensión de las negociaciones de paz durante el alto el fuego “porque es mucho lo que tenemos en juego”. “Quedan ocho días de alto el fuego y hacemos una apuesta para que las vías diplomáticas continúen”, ha expresado la titular de Defensa, aunque reconoce la fragilidad de las conversaciones.

La tensión en la región es máxima porque la fragilidad del alto el fuego entre EEUU e Israel es evidente. El mismo día en el que se decretó, Israel llevó a cabo un ataque sin precedentes en el Líbano, país vecino de Irán que Tel Aviv rechaza incorporar en el alto el fuego. En este territorio hay desplegados 10.000 cascos azules, de los cuales 650 son españoles. Y en el marco de los últimos ataques israelíes, hasta tres cascos azules indonesios han muerto. Robles, que ha reconocido que la situación en esta región es “complicada”, porque, denuncia, “se han llenado los caminos por donde pasan los convoyes de artefactos explosivos”.

Precisamente, uno de los cascos azules españoles que viajaba en esos convoyes, en el sur de Líbano, fue detenido y apartado a la fuerza durante más de una hora por parte de una patrulla del Ejército israelí, sin motivo aparente y a pesar de que la ONU disponía de las autorizaciones para circular por ese territorio.

“Se vulneraron todos los derechos de esta persona. Al cabo de una hora o un poco más, estuvo en una situación muy difícil, privado de libertad, arrebatado de sus compañeros con violencia. Es un episodio que vulnera cualquier norma de respeto a un convoy de NU”, ha denunciado la ministra. Y en este sentido, ha pedido al gobierno de Benjamin Netanyahu respeto a los soldados “que están en una misión de paz” amparada por Naciones Unidas.

Espera retomar la misión en Irak en mayo

Otro de los puntos calientes está en Irak, donde la OTAN pidió a sus aliados retirar todas las tropas por la escalada bélica en Oriente Medio y las posibles consecuencias en los países vecinos. La ministra de Defensa ha explicado que están esperando al mes de mayo para, en contacto con el Gobierno iraquí, ver si se puede retomar la misión en este país.

Robles ha explicado que ahora mismo ya no hay militares españoles en este país. No obstante, ha señalado que se están planteando que la misión en Irak, conocida como NMI, se pueda volver a retomar. La citada misión cuenta con el apoyo del gobierno iraquí y el mando de la misma es de un Teniente General español.

La ministra ha calificado de “durísima y peligrosísima” la evacuación de los 200 o 300 militares que estaban en dos zonas diferentes de Irak. Ha añadido que “no fue solo una evacuación complicada, difícil, en medio de ataques cruzados de misiles”, sino que además supuso salvar la vida de unas 1.200 o 1.300 personas.

“Cuando te lo cuentan, realmente da escalofríos ver en qué situación tuvieron que evacuar, cómo muchas veces trataban de salir de Bagdad y no era posible por el cruce que había de misiles”, ha exclamado la ministra, quien ha trasladado su “orgullo” por la labor que han realizado estos militares y la que llevan a cabo los 4.000 militares españoles que hay en misiones de paz en el mundo.

Por ello, ha recalcado que la duele cuando oye comentarios como el de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, comparando la detención de un militar español en Israel con un control de la Guardia Civil y critica que no se tenga la “generosidad de reconocer la labor de los militares españoles”.

Noticia con información de agencias

La magistrada María José Moreno Díaz del Juzgado de Instrucción N° 18 de Sevilla ha resuelto que existen pruebas suficientes para iniciar un juicio abreviado contra el agitador Vito Quiles y la empresa EDA TV Consulting SL por los delitos de calumnias e injurias contra Rubén Sánchez García, secretario general de FACUA.

En un auto, que ha adelantado la Agencia EFE y al que ha tenido acceso Infobae, la magistrada acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado y de esta manera da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa, en la que se señala la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

El escrito se basa en más de veinte mensajes, videos y publicaciones realizados por Quiles entre febrero y septiembre de 2022. En todos los casos, lo acusa de haber impulsado en redes sociales, y mediante el canal de YouTube de EDA TV, una campaña contra Sánchez, a quien responsabilizaba del cierre de sus propias cuentas de X, antes Twitter.

“Vejar, ofender y vilipendiar”

Según la jueza, el objetivo de estos mensajes era “vejar, ofender y vilipendiar” a Sánchez ante la opinión pública, llevándolo al extremo de atribuirle ‘actividades nocturnas al menos inmorales’ o afirmar que tendría una relación con “una trama criminal de abusos a menores tutelados” en Valencia y Baleares. En palabras textuales del expediente, esto equivale a lanzar la sospecha de que su rival sería un “pederasta”.

Las publicaciones más delicadas incluyeron mensajes como: “Vamos a contar qué relación tiene tu chiringuito FACUA con la trama de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares y por qué me acusas a mí de ser un acosador de menores cuando tú estás encubriendo a violadores de izquierdas”. En otra publicación, Quiles afirmó que Sánchez “es sospechoso de acercarse más de la cuenta a menores”.

Otro de los episodios tuvo lugar en un programa emitido en el canal de Youtube de EDA TV en el que, acompañado por Bertrand Ndongo, el procesado sostuvo “que son criminales, pero de redes sociales, son auténticos criminales, son auténticos delincuentes pero que actúan en las redes sociales. Son personas que van contra la libertad de prensa, que atentan contra derechos que recoge la Constitución española… estos son una banda organizada de criminales”.

Por esta, y otras publicaciones realizadas por plataformas vinculadas oficialmente a EDA TV, la jueza consolida la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa. El expediente cita, entre otras, la difusión en YouTube el 15 de febrero de 2022 y la persistente presentación de Quiles como reportero de EDA TV en todas las redes sociales y emisiones.

Excedieron “por mucho” los derechos de libertad de prensa y expresión

Para la jueza, todas estas acusaciones “sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante” transformaron la disputa en una venganza impulsada por el cierre de las cuentas del acusado en Twitter, por lo que establece que los mensajes excedieron “por mucho” los derechos de libertad de prensa y expresión, y que el ánimo de venganza llevó al querellado a “afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros” conductas delictivas o inmorales para perjudicar a Sánchez.

Destaca especialmente que la gravedad de los hechos radica en “lanzar acusaciones extremadamente graves sin prueba alguna”, y que el objetivo fue “denostar” e incluso “hacer creer a terceros que el querellante es un pedófilo”.

Por esta razón, el fallo autoriza, de manera inmediata, que la parte acusadora presente su escrito de acusación formal o pida el cierre del proceso. También habilita la solicitud de pruebas adicionales, aunque sólo si son imprescindibles. Si la acusación formal avanza, el caso pasará a juicio oral contra Vito Quiles por los delitos de calumnias e injurias, con responsabilidad civil subsidiaria para EDA TV Consulting SL.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado el estado del actual Gobierno de Pedro Sánchez como “vegetativo”, al considerar que enfrenta serias dificultades para gestionar y que existe un “bloqueo al presupuesto”, así como a gran parte de la labor legislativa. En una entrevista con el diario ABC, García-Page ha achacado esta parálisis legislativa al control ejercido por partidos minoritarios, que a su juicio ha generado “un cerrojazo absoluto”.

Page ha sido especialmente crítico con los socios independentistas de Pedro Sánchez, en especial con sus pactos alcanzados con Junts per Catalunya o el proyecto de financiación autonómica acordado con ERC.

El Ejecutivo confía en que el retorno del líder separatista catalán facilite reabrir el diálogo con la formación independentista, lo que permitiría alcanzar consensos clave en torno al nuevo reparto de recursos para las regiones. Y sobre la posible vuelta del ex presidente catalán, el presidente castellanomanchego prevé que sucederá antes de las próximas elecciones generales: “Lo gordo ya lo hizo el Tribunal Constitucional con la ley de amnistía y el propio TC ha dicho que antes del verano estará la sentencia”.

El barón castellanomanchego se ha referido también al delicado momento que vive la formación, salpicada por un reguero de casos de corrupción que afectan a miembros del partido y que él tacha de “atroces” e incluso “macarrónicos”. Sobre este asunto ha asegurado que, aunque algunas finanzas del PSOE pudieron haberse usado “para blanquear”, niega cualquier financiación irregular dentro de la formación política.

Sobre su posible liderazgo del PSOE en 2027: “Tengo que despejar muchas incógnitas”

Preguntado acerca de sus intenciones para presentarse en la lista del PSOE para revalidar la Junta en 2027, García-Page no ha querido cerrar la puerta, pero sí ha asegurado encontrarse en un proceso personal y familiar de reflexión, y señaló que todavía tiene “que despejar muchas incógnitas”. “Tiene que llover mucho políticamente en España para tomar esa decisión”, ha añadido.

El dirigente socialista ha detallado que su futuro político dependerá de motivos "de índole más personal“, y no tanto de factores políticos. García-Page ha explicado que debe evaluar ”muchos factores” antes de definir su posición, subrayando que “la vida pública y la privada son difíciles de compatibilizar”.

El dirigente socialista ha asegurado que vive su actividad política “con más ilusión que nunca”, aunque ha aclarado que no se considera “imprescindible”; sí ha reconocido, eso sí, que es consciente de que “es relevante quién es el candidato en mi tierra”. Al margen de su continuidad en la primera línea, el presidente regional ha precisado que abandonar funciones institucionales no implica dejar de participar en la política. “La política no la dejaría”, ha afirmado.

Deja el regreso del emérito en manos de la Corona

El barón castellanomanchego también se ha referido a otras cuestiones que han suscitado mucha división en la política española, como es el eventual regreso del rey emérito Juan Carlos I a España.

En su opinión, no existe inconveniente para que retorne, aunque sí ha puntualizado que cualquier decisión debería “ser para ayudar a la Corona”. Y en este sentido, ha querido diferenciar entre la figura personal de Juan Carlos I, a la que ha calificado como “muy reprobable” en determinados aspectos, y su desempeño como monarca.

Acompañado de su esposa, Begoña Gómez, se ha reunido con rectores de la Universidad de Tsinghua, en el que, ante medio millar de estudiantes, tomó la palabra para subrayar que sin la colaboración de las grandes potencias, como China, no se puede conseguir un sistema multilateral equilibrado. La petición llega después de que este fin de semana hayan fracasado las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar un acuerdo que suponga el cese definitivo de la guerra.

Sánchez propone “una relación basada en el respeto mutuo”

En clave económica, el presidente español ha pedido al gigante asiático que “se abra” para que Europa “no tenga que cerrarse” y ha pedido cerrar el actual déficit comercial entre la Unión Europea (UE) y China que a su juicio “no es equilibrado” y solo el año pasado aumentó un 18% y para España supone el 74% del total.

Esta diferencia entre importaciones y exportaciones resulta “insostenible” en el medio y largo plazo por los “movimientos aislacionistas y los agravios y el dolor social que provoca”, ha indicado, reclamando más apertura económica. Por tanto ha pedido cooperar para “construir conjuntamente una economía globalizada que genere prosperidad compartida”.

“La contribución de Europa es y será esencial y, por tanto, les pido humildemente que también ustedes lo vean así. Que no incurran en el error de Matteo Ricci y os dejen engañar por los mapas, porque Europa puede parecer pequeña en un mapamundi, pero en realidad es todo lo contrario”, ha insistido Sánchez.

“La propuesta de España es clara: construir una relación basada en el respeto mutuo. Un respeto que nos permita cooperar en todo lo posible. Competir en lo que sea necesario. Y gestionar nuestras diferencias cuando estas resulten inevitables. España defiende esta visión. Lo hace en Madrid. Lo hace en Bruselas. Y lo hará donde haga falta”, ha añadido.

El timo del asfalto ha sido motivo de alerta por parte de la Guardia Civil, que ha detectado recientemente su aparición en la ciudad de Zaragoza. Esta estafa consiste en que falsos operarios, actuando en grupo, se acercan a viviendas particulares o pequeñas empresas ofreciendo pavimentaciones a precios muy bajos, con el pretexto de que les ha sobrado material de una obra cercana. La víctima suele ser presionada para tomar una decisión inmediata y, tras abonar un adelanto o la totalidad en efectivo, los estafadores desaparecen o dejan una obra mal ejecutada.

¿En qué se basa el método de engaño? Este consiste en ofrecer un trabajo de asfaltado a cambio de un pago rápido y la falsa promesa de inmediatez. En muchos casos, los afectados reciben una factura que aparenta ser legítima, pero cuyos datos resultan ser inventados. La Guardia Civil ha reclamado a quienes sufran o detecten este tipo de estafas que lo denuncien lo antes posible. ASEFMA y el Ayuntamiento de Fuenlabrada han advertido de que en las carreteras españolas existe un déficit de 225 millones de toneladas de asfalto, lo que puede contribuir a que este fraude resulte más verosímil, tal como recoge el medio Demócrata.

Cómo funciona el timo del asfalto y a quién afecta

Las víctimas más frecuentes de este fraude son propietarios de viviendas unifamiliares, chalés, caminos interiores, fincas o pequeños negocios situados en áreas que requieren reparaciones rápidas en sus accesos o aparcamientos. El gancho que utilizan los estafadores se fundamenta en la urgencia y la oportunidad: se presentan sin previo aviso en domicilios o negocios, aseguran tener asfalto sobrante de otra obra y proponen realizar una reforma a precios muy por debajo del mercado, siempre exigiendo una decisión inmediata.

Tal y como ha explicado la Guardia Civil en su perfil de TikTok, los delincuentes insisten en que la oferta es única y limitada en el tiempo, presionando para que se acepte el trabajo en ese mismo momento. Si la persona accede, los resultados suelen limitarse a dos opciones: los supuestos operarios desaparecen tras recibir el dinero, o ejecutan una obra de pésima calidad, y en ocasiones entregan una factura con datos falsos, dando la apariencia de una empresa que en realidad no existe.

Además, las personas que aceptan pagos en efectivo sin respaldo documental —sin contrato, presupuesto, identificación del profesional ni factura válida— se quedan prácticamente sin defensa frente a una posible estafa. Por ello, los estafadores seleccionan a las víctimas entre quienes pueden percibir una reforma exprés como una buena ocasión y donde la urgencia juega a favor del engaño. Esta circunstancia, sumada al déficit global de asfalto en España, ayuda a que la trama resulte especialmente convincente para propietarios que desconocen el precio real y las condiciones habituales del asfaltado.

Claves para identificar el fraude y evitar convertirse en víctima: “Desconfía de ofertas inesperadas”

Las recomendaciones de la Guardia Civil, difundidas tanto en su nota oficial como a través de su perfil de TikTok, insisten en tres reglas para evitar caer en el timo del asfalto. La primera consiste en desconfiar de cualquier oferta de pavimentación que llegue sin previo aviso, con presión para decidir de inmediato y bajo la excusa de aprovechar material sobrante. La segunda advierte contra cualquier adelanto de dinero o aceptación de trabajos en los que no exista presupuesto, identificación profesional ni factura legal. Y, la tercera insta a denunciar de forma inmediata tanto si se ha sido víctima directa como si se detecta que los estafadores están intentando actuar en la zona.

“Consiste en que varias personas se presentan en nuestra vivienda sin previo aviso y nos ofrecen realizar un trabajo de asfaltado a un precio muy reducido en comparación con el precio del mercado”, ha expuesto la Guardia Civil en su canal en TikTok. “Argumentan que tienen material sobrante de una obra que acaban de realizar y para no desperdiciarlo, pueden realizar el trabajo de asfaltado de una manera muy rápida. Una oferta única y limitada en el tiempo. Buscan que decidas rápido. Te piden un adelanto y desaparecen. O peor aún, realizan el trabajo con un resultado pésimo debido a la mala calidad del producto. Además, pueden llegar a entregarnos una factura simulando ser una empresa real, pero que los datos resultan ser falsos”, explica en el vídeo.

La recomendación clave es no tomar decisiones precipitadas y comprobar siempre la legalidad de la empresa antes de contratar cualquier obra. En palabras de la propia Guardia Civil en TikTok: “Desconfía de ofertas inesperadas, no tomes decisiones con prisas, nunca pagues por adelantado y verifica que se trata de una empresa legal antes de contratar los servicios. Y si has sido víctima de esta estafa, comunícalo a la Guardia Civil y denuncia”.

La Audiencia Nacional ha confirmado el rechazo a la solicitud de asilo presentada por una mujer de nacionalidad peruana que denunció ser víctima de violencia de género por parte de su ex pareja. La decisión ha sido tomada tras concluir que las instituciones peruanas ofrecían protección real en este tipo de casos.

El conflicto tiene su origen en la solicitud de protección internacional que presentó la mujer el 8 de septiembre de 2022, en el que aseguraba se víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su ex marido desde hace años.

En este escrito relataba que el abuso comenzó 15 años después de casarse, en un matrimonio de más de 30 años. Describió episodios de golpes, amenazas de muerte con arma blanca, expulsiones de su hogar y el consumo habitual de alcohol y estupefacientes por parte de su agresor.

Perú tiene medidas contra la violencia de género

De esta manera, pidió asilo, en base a la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 y la Ley española 12/2009, pidiendo subsidiariamente protección por razones humanitarias, al considerar que no podía regresar a su país sin exponerse a un riesgo grave. Según sostiene, en 2018 denunció a su ex pareja, pero recibió una respuesta policial mínima: solo tomaron la denuncia, sin generar ninguna protección.

Tras nuevas amenazas en 2019, se refugió en la casa de una integrante de su iglesia, regresando luego al hogar por no poder subsistir económicamente. En 2020, la situación se tornó “insoportable”, razón por la que escapó finalmente a España.

La afectada afirmó además que las amenazas de su ex pareja no terminó con su viaje a España y presentó como prueba una captura de pantalla de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, el Ministerio del Interior denegó esta petición. Argumentó que aunque la violencia de género es un problema grave en Perú, las autoridades han impulsado leyes y acciones para combatirla.

Según datos oficiales citados en la resolución, en 2021 se registraron 140.833 casos de violencia familiar en Perú, un 43% más que en 2020, y 146 casos de feminicidio (diez más que el año anterior). Estos datos muestran una problemática extendida, pero la postura oficial fue que las instituciones peruanas sí actúan y cuentan con legislación para responder a estos abusos.

No existe un riesgo concreto

De esta manera, la mujer llevó su caso a los tribunales. En su demanda citó recientes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpretan que las mujeres pueden integrar un “grupo social determinado” a efectos del asilo cuando sufren violencia por su género. Referenció el fallo C-621/21, que amplía la protección y reconoce la pertenencia a ese grupo solo por razón de sexo.

Los jueces han reconocido esta doctrina, pero destacan que debe probarse que el país de origen no brinda protección eficaz. Han considerado, igual que Interior, que Perú, aunque enfrenta una grave situación y altos índices de violencia contra la mujer, sí tiene un sistema legal activo desde 2015 y colabora con tratados internacionales.

Por esta razón la Audiencia Nacional ha acabado fallando en contra de conceder el asilo a la solicitante, al sostener que no hay evidencia de que la mujer enfrente un riesgo concreto de tortura, tratos inhumanos o violencia generalizada al regresar a Perú. También ha descartado la opción de residencia por motivos humanitarios por no acreditar una situación de extrema vulnerabilidad. La Sala además le ha impuesto las costas judiciales, con un tope de 1.000 euros.

En la sanidad madrileña, la privatización de servicios se viste como modernidad y eficiencia de los recursos. El hospital público de Getafe, que atiende a 242.700 vecinos, ha decidido externalizar el servicio de anestesia previo a una operación quirúrgica o a una prueba que requiere sedación. En la mayoría de los centros sanitarios, un facultativo llama al paciente que va a necesitar anestesia para informarle de las condiciones y aclarar todas las dudas. El de Getafe acaba de contratar a la empresa Tucuvi Care para que su asistente de IA, llamado LOLA, gestione el servicio de consulta telefónica con estos pacientes.

“LOLA interactúa con los pacientes para recopilar datos clínicos. Mantiene conversaciones similares a las humanas en cualquier idioma y tiene la capacidad de detectar signos sutiles de deterioro de la salud”, explica la empresa. Tucuvi fue fundada por María González Manso, de 31 años, un referente en el sector del emprendimiento tecnológico y la salud digital. Ingeniera biomédica de formación, creó esta ‘startup’ con su socio Marcos Rubio para intentar cambiar las reglas del juego en el seguimiento de pacientes crónicos gracias a la inteligencia artificial conversacional. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso va a pagar 45.000 euros por este servicio.

“El aumento en la actividad quirúrgica y de pruebas complementarias con sedación, así como la necesidad de optimizar los recursos disponibles en los hospitales, requieren una reorganización eficiente de la consulta preanestésica”, explican desde el Hospital Universitario de Getafe, donde se realizan aproximadamente unas 15.400 intervenciones anuales y 9.167 procedimientos con sedación, con una estructura de consulta preanestésica basada exclusivamente en anestesistas. “Este modelo genera una elevada carga asistencial y limita la disponibilidad de los especialistas para otras actividades críticas, como la actividad quirúrgica y la sedación”.

Para mejorar la eficiencia del circuito preanestésico, el hospital de Getafe optó por la implantación de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que automatice la fase inicial de evaluación de los pacientes. La IA se encargará de realizar una primera clasificación de riesgo anestésico (ASA I, II y III) mediante entrevistas automatizadas, que posteriormente serán validadas por un profesional sanitario. “Esto permitirá una distribución más eficiente de los recursos y una optimización del proceso preanestésico”, insisten desde Sanidad.

Para Sanidad, todo son ventajas

Desde el centro aseguran que todos son ventajas: se reducen los tiempos de espera preanestésica mediante la automatización de la primera; se mejora la accesibilidad de los pacientes a la intervención quirúrgica; hay menos carga de trabajo para los anestesistas, que pueden ampliar su tiempo para actividades críticas; aumentan las cirugías y pruebas a realizar; hay una identificación temprana de pacientes con necesidades complejas; mejora la atención; se reducen las listas de espera; y se reducen los desplazamientos de los pacientes.

El número de consultas telefónicas que se prevé realizar con este contrato es de 10.900, correspondiente al número de pacientes quirúrgicos del Hospital de Getafe, excluyendo al servicio de oftalmología. “El asistente virtual deberá mantener una conversación empática y con fluidez natural. Se debe permitir al usuario expresarse libremente, sin necesidad de seguir una conversación rígida, mediante el uso de tecnologías de comprensión de lenguaje natural. El sistema deberá ser capaz de reformular, confirmar, clarificar y adaptar su discurso según el nivel de comprensión del usuario. Deberá estar preparado para gestionar interrupciones, repeticiones, silencios o pausas largas sin interrumpir la conversación”, señalan las condiciones del contrato.

Según un estudio hecho por la misma empresa en la Fundación Jiménez Díaz, del Grupo Quirón, con el uso de IA se pueden ahorrar seis días de trabajo de anestesista al mes, para dedicarlos a otras funciones médicas. “Sistemas como el LOLA de Tucuvi se utilizan para automatizar tareas repetitivas y de bajo valor clínico, como llamadas de seguimiento o recogida estructurada de información preoperatoria”. Lo cierto es que este sistema cumple la regulación sanitaria y está diseñado para integrarse en procesos clínicos reales. Habrá que ver con el paso de los meses si los objetivos propuestos se han cumplido y no empeora la atención que recibe el paciente. Y, sobre todo, no reduce la plantilla del centro.

El juicio por la pieza separada de los contratos de mascarillas del denominado ‘caso Koldo’ entra esta semana en una fase de mayor densidad probatoria en el Tribunal Supremo, tras unas primeras sesiones que han servido para acotar el perímetro del debate y anticipar las principales líneas de confrontación entre acusaciones y defensas.

La vista oral ha arrancado con un bloque de testimonios centrado en el entorno personal y relacional del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, en el que han aflorado, sin entrar aún en el detalle de las adjudicaciones, indicios sobre contrataciones en el sector público sin actividad efectiva y referencias a entregas de dinero en efectivo. Un arranque que, más que aportar certezas concluyentes, ha permitido introducir los elementos estructurales del relato acusatorio y anticipar el terreno sobre el que pivotará el juicio.

A partir de este lunes, sin embargo, el procedimiento se adentra en un plano distinto: el de quienes, desde posiciones técnicas, empresariales o institucionales, pueden aportar contexto directo sobre cómo se gestaron y ejecutaron los contratos de emergencia en los primeros compases de la pandemia.

El perímetro empresarial

La sesión del lunes concentra un elenco de testigos que dibuja, por sí mismo, el ecosistema empresarial que rodea la causa. Comparecerán perfiles vinculados tanto al suministro de material sanitario como a otras actividades económicas que han aparecido tangencialmente en la investigación.

Entre ellos figura Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, relacionado con operaciones de compra de mascarillas en el momento más crítico de la crisis sanitaria. Junto a él, declararán Claudio Rivas Ruiz-Capillas y Manuel Salles Carceller, ambos asociados a investigaciones en el ámbito de los hidrocarburos, cuya presencia apunta a la posible interconexión de intereses empresariales más allá del objeto inmediato del procedimiento.

Especial atención suscita la comparecencia de Javier Serrano Costumero, situado por la instrucción en la órbita de Víctor de Aldama y vinculado a un núcleo empresarial que habría operado de forma coordinada. Su testimonio puede resultar relevante para delimitar el alcance de esa red de relaciones y su eventual proyección en las adjudicaciones investigadas.

En paralelo, el tribunal escuchará a perfiles de naturaleza técnica, como Josefa Pérez García, experta senior en Ineco, cuya declaración puede contribuir a reconstruir los procedimientos internos seguidos por las entidades públicas dependientes del Ministerio de Transportes en un contexto de contratación excepcional.

No menor interés presenta la comparecencia de Patricia Úriz Iriarte, expareja de Koldo García y vinculada al PSOE, cuya contratación en Transportes se inscribe en una de las líneas que ya emergieron en la primera semana: la eventual utilización de estructuras públicas para la incorporación de personas del entorno personal de los investigados.

La primera jornada de esta semana se completará con la declaración de Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras e investigado en otra pieza del caso, cuya comparecencia introduce un elemento de conexión entre distintas derivadas de la investigación.

El nivel institucional

Será, no obstante, a partir del martes cuando el juicio adquiera una dimensión más propiamente institucional. La entrada en escena de altos cargos y responsables públicos permitirá descender al funcionamiento interno de la Administración en un momento de presión extraordinaria sobre los mecanismos de contratación.

Entre los citados figura Víctor Francos Díaz, así como Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. A ellos se suma el actual presidente de Adif, Pedro Luis Marco de la Peña, junto a otros responsables del ente, llamados a explicar los circuitos administrativos y el grado de control existente en las adjudicaciones.

En esa misma jornada comparecerá el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, cuya intervención puede aportar contexto sobre las investigaciones desarrolladas en paralelo, así como Manuel Contreras Caro, presidente de la constructora Azvi, empresa que incorporó como asesores a Koldo García y a su entorno.

El miércoles concentrará algunas de las declaraciones más relevantes desde el punto de vista político-administrativo. Entre ellas, la de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, cuyo papel durante los meses en los que se formalizaron los contratos resulta central para entender la cadena de decisiones.

Junto a ella declararán varios ex altos cargos del Ministerio de Transportes y de organismos dependientes, entre ellos el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, así como responsables de áreas clave como organización, inspección o gestión.

El tribunal afronta así una semana en la que el juicio comienza a desplazarse desde los indicios periféricos hacia el núcleo operativo de los hechos investigados, en un tránsito que obligará a contrastar las versiones ofrecidas hasta ahora con la realidad administrativa de unas adjudicaciones realizadas bajo el paraguas de la urgencia, pero sometidas —según sostienen las acusaciones— a lógicas ajenas al interés público.

Este domingo se han celebrado elecciones en Hungría, y todo apunta a que el Parlamento del país cambia de manos. Por el momento, con el 96% de los votos escrutados, los resultados otorgan a la formación Tisza, liderada por Péter Magyar, alrededor de 138 escaños; frente a los 54 diputados que obtendría Fidesz-KDNP, la coalición de Viktor Orbán. Así, el hasta ahora opositor estaría en condiciones de alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios (133 escaños) necesaria para impulsar fuertes cambios en el modelo político instaurado por Orbán durante los 16 años en los que ha sido primer ministro.

El Parlamento, compuesto por un total de 199 diputados y cuya mayoría absoluta se sitúa en los 100 escaños, se completaría con el partido de ultraderecha Mi Hazánk (Movimiento Nuestra Patria), que ha superado el umbral necesario para obtener representación, y por el momento contaría con siete escaños.

Los colegios electorales han cerrado a las siete de la tarde, hora local, con una participación especialmente alta, en unos comicios considerados los más relevantes desde la caída del comunismo en 1989. A las 18.30 horas, apenas media hora antes del cierre de los colegios electorales, había votado el 78,8% del censo, superando ampliamente el récord anterior registrado en las elecciones de 2002, cuando se alcanzó el 73,5%, según la Comisión Electoral húngara.

El reto interno al dominio de Orbán

El actual primer ministro Orbán acumula dos décadas al frente de la política del país, sumando su primer mandato entre 1998 y 2002. Durante todos estos años, el dirigente ha consolidado el proyecto de su partido, Fidesz, y un modelo que numerosos analistas han descrito como una democracia iliberal. Sin embargo, por primera vez en años, su liderazgo afronta un desafío interno con posibilidades reales de traducirse en una derrota electoral, según las encuestas.

El principal rival que ha irrumpido en el escenario político es Péter Magyar, hasta hace poco un miembro poco conocido dentro del propio Fidesz. Su salto a la primera línea se produjo en febrero de 2024, cuando difundió una grabación en la que la entonces ministra de Justicia, Judit Varga —que también fue su esposa— hacía referencia a supuestas interferencias del Gobierno en un caso de corrupción.

A raíz de este escándalo político, la crisis se amplió hasta provocar la dimisión de varias figuras de alto nivel, entre ellas la entonces presidenta del país, Katalin Novák, tras la polémica generada por un indulto concedido a una persona condenada por encubrir abusos sexuales a menores. Magyar intensificó sus acusaciones contra el partido gobernante y capitalizó el descontento interno.

Ese impulso inicial ha terminado por consolidarse en el tiempo, hasta situarlo como el principal aspirante a desbancar a Orbán en las elecciones celebradas este domingo, según los sondeos independientes.

Expectación en la Unión Europea ante el resultado electoral

Además, el interés por estos comicios trasciende las fronteras húngaras. En el seno de la Unión Europea existe una especial atención al resultado, ya que Orbán ha mantenido en los últimos años una posición diferenciada dentro del bloque comunitario, especialmente en relación con Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, lo que ha marcado tensiones políticas recurrentes con Bruselas.

*Noticia elaborada con información de EFE.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha sumado a la celebración de la victoria del líder opositor conservador Péter Magyar y su partido, Tisza, en las elecciones legislativas del domingo en Hungría. Sánchez ha querido expresar, a través de su cuenta en la red social X, que “hoy ganan Europa y los valores europeos“, atribuyendo especial relevancia al resultado de los comicios, según recoge la Agencia EFE.

Con más del 80% de los votos escrutados, los últimos datos otorgan a la oposición 137 de los 199 escaños en el Parlamento, lo que supera la mayoría de dos tercios requerida. Esta cifra deja al partido oficialista Fidesz, liderado por el ultranacionalista Viktor Orbán —al mando del país desde 2010—, con solo 55 escaños. La formación Nuestra Patria, identificado como de extrema derecha, ha alcanzado el 5 % de los votos hacia las 22.10 hora local (19.55 GMT), logrando así 7 escaños en la Cámara.

La reacción internacional ha sido inmediata. El presidente Sánchez ha extendido sus felicitaciones a la población húngara y ha tildado estas elecciones de “históricas”. Además, Sánchez ha manifestado su disposición para trabajar junto a Magyar por “un futuro mejor para todos los europeos”, según su publicación en redes sociales.

En la esfera diplomática, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha transmirido en X su felicitación tanto a Magyar como al pueblo húngaro, y ha asegurado que se trabajará por “una UE fuerte y unida en torno a sus valores democráticos”. Por parte de los partidos de coalición del Gobierno español, la celebración se ha focalizado en la derrota de Viktor Orbán. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado en Bluesky que el resultado electoral representa el fin de un “proyecto autoritario en Europa”.

La oposición española coincide con Sánchez y califica la victoria de Péter Magyar como “gran noticia”

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y de la oposición en España, también ha celebrado el resultado en la red social X, calificando como “gran noticia” el triunfo de un partido europeísta. Feijóo considera que la victoria da motivos para el optimismo entre quienes apoyan la democracia liberal y el Estado de Derecho. De esta manera, se sumaba a los distintos líderes europeos que han felicitado al candidato conservador. “Quienes creemos en la democracia liberal, el Estado de Derecho y la necesidad de ayudar a Ucrania tenemos motivos para el optimismo”, ha continúado el líder de la oposición.

En contraste, Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, ha lamentado en X la pérdida de lo que describe como “la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista”. Del mismo modo, Abascal ha defendido el legado de Orbán, a quien atribuye “una Hungría mucho mejor de la que recibió”. Sin embargo, ese legado que menciona el líder de ultraderecha podría estar en juego con la promesa electoral de Péter Magyar de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría con una nueva constitución.

Las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría han dado una victoria contundente a Péter Magyar, que tras 16 años desbancará a Víktor Orbán del poder. Abogado nacido en Budapest en 1981, Magyar ha logrado situar a su partido, Tisza-Partido Respeto y Libertad, con una ‘supermayoría’ en el Parlamento.

Para entender la trayectoria política de Péter Magyar hay que retroceder a una fiesta celebrada en el año 2005 en la que él y Judit Varga se conocieron. Se casaron al año siguiente y acabaron teniendo tres hijos. Cuando la carrera de Varga despegó en Bruselas –donde asumió cargos relevantes en instituciones europeas–, Magyar decidió dar un paso atrás en su desarrollo profesional y se dedicó durante un tiempo a su familia.

Más tarde, ocupó puestos técnicos en el Ministerio de Exteriores, la representación de Hungría ante la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de Hungría y la dirección del Centro de Préstamos Estudiantiles. Su trayectoria dentro de la administración coincidió con el crecimiento político de Varga, que llegó a ser ministra de Justicia con Orbán, convirtiéndose en una figura clave del gobierno de Fidesz.

La separación de la pareja se produjo en un contexto de tensión política. Tras su divorcio, Varga acusó públicamente a Magyar de violencia doméstica y chantaje, acusaciones que Magyar negó. Él sostuvo que su exesposa estaba siendo utilizada políticamente en su contra.

El punto de inflexión llegó en febrero de 2024 por el escándalo provocado por un indulto presidencial firmado por la presidenta Katalin Novák y Varga que benefició a un funcionario condenado por encubrir abusos sexuales a menores. La polémica provocó la dimisión de Novák y de Varga y abrió una crisis institucional en el gobierno húngaro.

Magyar aprovechó el momento y decidió hacer públicas sus denuncias sobre el funcionamiento interno del sistema. Convocó a la prensa y difundió un audio grabado durante su matrimonio en el que Varga, ministra de Justicia en el momento de la grabación, relataba la existencia de presiones dentro del Ejecutivo para modificar documentos y proteger a funcionarios en casos de corrupción. Este paso no solo afectó a la propia Varga, sino que puso bajo la lupa la gestión de Fidesz y la relación entre el poder político y la justicia.

Esto puede considerarse el verdadero principio de la carrera política de Magyar. Aprovechó la repercusión mediática y el clima de descontento tras el escándalo para asumir el liderazgo del grupo Tisza-Partido Respeto y Libertad, un partido ya existente pero hasta entonces marginal. Desde ese momento, Magyar articuló su discurso en torno a la denuncia de la corrupción y la defensa de reformas institucionales. Sigue siendo, a día de hoy, el pilar principal de su campaña.

Conservador, nacionalista, proeuropeo, y cauto

Péter Magyar, que tomó las riendas de Tisza a solo cuatro meses de las elecciones europeas de 2024, logró situar al pequeño partido conservador como segunda fuerza en los comicios, con el 29,6% de los votos y solo por detrás de Fidesz. Desde que obtuvo el escaño como eurodiputado, la mirada de Magyar estaba puesta en la victoria en estas elecciones parlamentarias. Pero tal vez no esperaba que lograría una victoria tan clara.

En el terreno ideológico, Magyar se presenta como conservador y proeuropeo, rechaza el liberalismo clásico y descarta la represión en materia LGTB, aunque tampoco sacaría la bandera. Sobre la guerra en Ucrania, ha afirmado: “El gobierno de Tisza será verdaderamente un gobierno de paz, a diferencia de Fidesz. No enviará soldados ni armas a ningún conflicto, y desde luego no habrá servicio militar obligatorio”.

Entre sus principales propuestas figuran reformas orientadas a desbloquear cerca de 18.000 millones de euros en fondos europeos retenidos por Bruselas por cuestiones vinculadas al Estado de derecho: defiende que hacerlo podría impulsar la economía húngara en al menos un 1%, lo que supondría 800.000 millones de forintes adicionales para el presupuesto. El partido también defiende una política exterior claramente alineada con la Unión Europea y la OTAN, plantea como objetivo que Hungría alcance la independencia energética respecto a Rusia en 2035 y tiene la intención de convocar un referéndum entre la población húngara sobre si apoyar o no la entrada de Ucrania en la Unión Europea. “Hungría volverá a ser un aliado orgulloso y fiable de la OTAN”, dijo Magyar en uno de sus mítines. “Hungría volverá a ser un miembro de pleno derecho de la UE”.

Magyar ha optado por un equilibrio entre la promesa de transformación y el respeto a ciertas líneas rojas del electorado húngaro. Aunque reconoce el derecho de Ucrania a integrarse en la Unión Europea, rechaza una adhesión precipitada y mantiene una postura firme en política migratoria, en línea con la defendida por Fidesz. Este posicionamiento busca sumar tanto a votantes moderados como a sectores descontentos con el actual gobierno, sentimiento sobre el cual Magyar basa gran parte de su campaña.

Lejos del foco institucional, el jefe del Ejecutivo recorrió este domingo el Palacio de Verano, uno de los complejos imperiales más emblemáticos del país asiático, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La visita, de carácter estrictamente privado y no incluida en la agenda oficial de Moncloa, trascendió a través de grabaciones realizadas por ciudadanos presentes en el recinto.

En esas imágenes se observa a Sánchez junto a su esposa acompañados por miembros de su equipo y bajo la supervisión de personal de seguridad chino. Con indumentaria informal y gafas de sol, el presidente paseó por los jardines que rodean el gran lago artificial que articula el conjunto monumental, un espacio que durante siglos funcionó como residencia estival de la corte imperial.

No fue la única incursión en el patrimonio histórico de la ciudad. Apenas unas horas antes, tras aterrizar en Pekín, Sánchez y Gómez se adentraron en los tradicionales ‘hutong’, los antiguos barrios de callejuelas estrechas y viviendas de baja altura que configuran la memoria urbana de la capital, hoy en retroceso frente al avance de la modernización. En ese recorrido visitaron la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, dos estructuras levantadas en el siglo XIII que durante siglos marcaron el ritmo cotidiano de la ciudad como sistema oficial de medición del tiempo.

Este viaje supone la cuarta ocasión en la que Sánchez se reúne con Xi Jinping en apenas cuatro años, si bien introduce un matiz significativo: por primera vez, las autoridades chinas han otorgado al desplazamiento la categoría de visita oficial, un reconocimiento protocolario reservado a líderes internacionales de primer nivel y que evidencia la voluntad de Pekín de subrayar la relevancia de la relación bilateral.

Ciencia e inversión

La agenda institucional se desplegará a partir de este lunes con un marcado acento en la cooperación académica, científica y económica. Sánchez abrirá la jornada con una intervención en la Universidad de Tsinghua, uno de los centros de referencia del país, donde se dirigirá a estudiantes de diversas disciplinas y mantendrá un diálogo con especialistas en relaciones internacionales.

El itinerario continuará en la Academia China de Ciencias, escenario de una exposición dedicada a los principales proyectos conjuntos entre España y China en ámbitos de alta especialización. La colaboración entre ambos países se ha consolidado en campos como la astronomía —con iniciativas como la misión Smile para analizar la interacción entre el Sol y la Tierra—, así como en áreas vinculadas a los aceleradores de partículas, las ciencias marinas o la investigación agroalimentaria.

En ese mismo marco, la Universidad de la Academia China de las Ciencias distinguirá al presidente español con una cátedra honoraria, un reconocimiento que en el pasado ha recaído en figuras de la talla de Paul Nurse, David Gross o Samuel Ting, todos ellos premios Nobel, lo que sitúa el gesto en un plano de alto valor simbólico.

Sin embargo, más allá de la vertiente académica, el trasfondo económico ocupará un lugar central en las conversaciones. El Ejecutivo aspira a consolidar la presencia empresarial española en el mercado chino, tradicionalmente complejo, al tiempo que busca atraer inversiones hacia España, en un contexto en el que el déficit comercial continúa ampliándose a favor del gigante asiático.

En esa línea, Sánchez visitará el parque científico y tecnológico de Xiaomi, donde se reunirá con su consejero delegado, Lei Jun. El encuentro incluirá un recorrido por las instalaciones en las que la compañía exhibe sus desarrollos en sectores que van desde la automoción hasta la telefonía móvil y la domótica, reflejo de la diversificación tecnológica del grupo.

La agenda se completará en los días siguientes con reuniones con inversores, empresas innovadoras y representantes institucionales europeos, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, Jens Eskelund, en un intento de reforzar los vínculos económicos en un escenario global cada vez más competitivo.

La ex vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido citada para el 16 de abril a comparecer en la comisión de investigación en el Senado que investiga sobre las anomalías en la SEPI, en plena precampaña a las elecciones andaluzas.

El Grupo del PP en el Senado, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha acusado a Montero de ser la “directora de esa sucursal” y el “nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista”.

Los populares rechazan que esto sea una maniobra para perjudicar la campaña electoral de Montero y defienden que el plan de trabajo de la comisión, planteado en febrero, ya contemplaba que el interrogatorio a la exministra de Hacienda fuese uno de los primeros. “En ese momento, en febrero, María Jesús Montero dijo que no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta. Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas, no”, subrayan fuentes del PP.

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

Los rescates a Plus Ultra y Air Europa y los “números rojos” de Correos

El grupo popular anunció que la investigación se centrará en cuestiones como la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rescate a Air Europa, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las cuentas de Correos, y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. “No se si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, critica el PP.

La comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de otra investigación similar —esta vez judicial— de la Audiencia Nacional, que tiene a la SEPI bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El enfoque también está en las operaciones de Plus Ultra y en por qué se le consideró una “empresa estratégica”. Los investigadores están analizando la influencia política y el impacto que pudieron ejercer diferentes actores en las decisiones tomadas en años pasados, tanto del Estado como de fuera del país.

Noticia con información de agencias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado improcedente el despido de un trabajador del Grupo La Birra es Bella SL y ha ordenado a la empresa pagarle 5.272,80 euros de indemnización, o bien que vuelva a su puesto con el pago de los salarios caídos. La decisión evalúa el uso de cámaras de seguridad y el derecho del trabajador tras ser acusado de consumir una cerveza sin autorización durante su turno.

El hombre prestaba servicios como ayudante de camarero desde marzo de 2021. La relación se desarrolló con normalidad hasta septiembre de 2024, cuando la empresa decidió extinguir el contrato tras considerar que el empleado había incurrido en una conducta sancionable durante su jornada laboral.

Los hechos que desencadenaron el conflicto se sitúan el 14 de septiembre de 2024. Según la empresa, el trabajador fue captado por cámaras de videovigilancia fuera de la barra, en la zona destinada a los clientes, consumiendo una cerveza sin haberla abonado. Esta conducta, además de producirse presuntamente dentro del horario de trabajo, contravenía las normas internas del establecimiento, que prohibían expresamente el consumo de alcohol por parte de los empleados.

Estuvo de baja médica

A partir de estos hechos, la empresa comunicó el despido disciplinario del trabajador el 18 de septiembre de 2024. El empleado, que había estado previamente en situación de incapacidad temporal entre junio y principios de septiembre de ese mismo año, impugnó la decisión empresarial ante la jurisdicción social.

En su demanda, alegó que el despido vulneraba sus derechos fundamentales, al entender que podía existir un componente discriminatorio vinculado a su estado de salud, y solicitó la declaración de nulidad. De manera subsidiaria, interesó que se declarara la improcedencia de la extinción contractual, además de reclamar cantidades salariales pendientes.

El asunto fue examinado inicialmente por el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid, que dictó sentencia en mayo de 2025. En esa resolución se rechazó la nulidad y la improcedencia del despido, aunque sí se estimó parcialmente la demanda en lo relativo a cantidades adeudadas, condenando a la empresa al pago de una suma económica por conceptos pendientes.

Disconforme con ese pronunciamiento, el trabajador interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Madrid. En su recurso cuestionó la valoración de la prueba realizada en instancia, especialmente la grabación de videovigilancia, cuya calidad e idoneidad para identificarle y acreditar los hechos discutía. Asimismo, puso en duda la validez de dicha prueba desde la perspectiva del derecho a la intimidad y la normativa sobre protección de datos, alegando que no había sido informado previamente de la existencia de cámaras.

Los empleados no fueron informados de las cámaras

Este tribunal ha abordado el debate sobre la proporcionalidad y legalidad de la videovigilancia en el trabajo, recordando que, según la normativa europea y española, los empleadores solo pueden instalar cámaras si advierten previamente a los trabajadores y siempre que exista un motivo legítimo justificado.

Según la jurisprudencia europea solo admite la videovigilancia encubierta ante “sospechas razonables de graves irregularidades”, y nunca como una medida rutinaria o sin motivos sólidos.

En este caso, la sala ha señalado que “no hay ningún hecho probado que exprese si las cámaras de videovigilancia eran visibles, ni si los empleados conocían su instalación previamente”, lo que impide sostener que la grabación fuera una justificación válida y suficiente para un despido con causa. De esta manera, la empresa debe elegir entre pagar una indemnización de 5.272,80 euros —equivalente a casi cuatro veces el salario mensual del trabajador— o bien reincorporar al trabajador y abonar los sueldos desde la fecha del despido.

Los cazaminas de la Armada española figuran entre las capacidades navales que cobrarían un papel clave en un escenario como el que se dibuja en el estrecho de Ormuz tras el minado de esta vía estratégica por parte de Irán, aunque por el momento no hay previsión de un despliegue español en la zona.

La tensión en torno a este paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo mundial se ha intensificado en las últimas semanas. Tras semanas de bloqueo del estrecho por parte de Irán, este jueves la Guardia Revolucionaria iraní publicaba mapas con trayectos específicos para evitar “posibles colisiones con minas navales”, confirmando así la existencia de artefactos explosivos en el canal.

Horas después de esta advertencia, funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaban que Irán habría perdido el rastro de parte de los artefactos desplegados y no tendría una idea clara de su ubicación exacta. El minado se habría llevado a cabo mediante fuerzas descentralizadas, con pequeñas embarcaciones operando sin una cadena de mando plenamente definida, lo que habría derivado en una distribución irregular y difícil de cartografiar.

Las mismas fuentes han calificado la operación como prácticamente aleatoria, lo que incrementa la peligrosidad de la zona y complica cualquier intento de reapertura segura de la vía marítima. En estas condiciones, el tránsito por el estrecho se ha visto severamente limitado —a pesar de llevar semanas restringido—, hasta el punto de que algunos buques solo contemplan la opción de desviarse por aguas iraníes, donde Teherán habría planteado la imposición de peajes millonarios como parte de sus condiciones de negociación.

A esta situación se añade la limitada disponibilidad de medios especializados para abordar el problema: aunque Estados Unidos ha iniciado ya operaciones de desminado con buques desplegados en la zona, la capacidad específica de guerra de minas sigue siendo reducida sobre el terreno, mientras que Irán no cuenta con capacidades claras para retirar los artefactos que ha sembrado. En este contexto, unidades como los cazaminas españoles adquieren una relevancia potencial evidente, aunque no esté prevista su intervención en el actual conflicto.

El Estado Mayor de la Defensa ha difundido recientemente imágenes del cazaminas ‘Tambre’, integrado en una misión de la OTAN, que ilustran con claridad la naturaleza de su cometido. “Detectar, clasificar e identificar para mantener seguras las rutas marítimas”, resume el mensaje oficial publicado en la red social X. Durante su integración en el Grupo Naval Permanente de Medidas Contra Minas número 2, el buque emplea sonar para localizar contactos en el fondo marino y vehículos submarinos como el Pluto para verificar si se trata de artefactos explosivos.

España dispone de seis cazaminas de la clase Segura —“Segura” (M-31), “Sella” (M-32), “Tambre” (M-33), “Turia” (M-34), “Duero” (M-35) y “Tajo” (M-36)— encuadrados en la 1ª Escuadrilla de Medidas Contra Minas, con base en el Arsenal de Cartagena. Construidos entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000, estos buques fueron concebidos específicamente para hacer frente a una amenaza tan discreta como determinante: la guerra de minas.

Una capacidad diseñada para escenarios como Ormuz

El minado del estrecho de Ormuz sitúa en primer plano la función de estos buques, cuya misión esencial es garantizar el acceso seguro a puertos y rutas marítimas. En un entorno estrecho, congestionado y de altísimo valor estratégico, la presencia de minas navales puede paralizar el tráfico en cuestión de horas y desencadenar un impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

Los cazaminas de la clase Segura presentan características particularmente adecuadas para operar en este tipo de escenarios. Su construcción en fibra de vidrio reduce la firma magnética, minimizando el riesgo de activar minas sensibles a este tipo de señales. Equipados con sonares de alta definición, pueden rastrear el fondo marino con precisión y discriminar entre objetos inofensivos y posibles amenazas.

Una vez localizado un contacto sospechoso, entran en acción vehículos submarinos no tripulados como el Pluto Plus o el Mine Sniper, que permiten aproximarse al objetivo, obtener imágenes y confirmar su naturaleza. Solo tras esa identificación se procede, en su caso, a la neutralización mediante cargas controladas, evitando el contacto directo con el artefacto.

Se trata de una operativa necesariamente lenta y meticulosa. Cada objeto debe ser analizado de forma individual, lo que implica que la limpieza de una zona minada puede prolongarse durante días o incluso semanas, especialmente en un entorno como Ormuz, donde la densidad del tráfico —ahora reducido por el bloqueo iraní del estrecho— y las condiciones geográficas añaden complejidad a la intervención.

Preparación sin despliegue previsto

Pese al incremento de la tensión en la zona, no existe en estos momentos previsión de participación española en el Estrecho de Ormuz. No obstante, la presencia del “Tambre” en agrupaciones navales permanentes de la OTAN refleja el nivel de preparación de estas unidades y su capacidad para integrarse con rapidez en operaciones multinacionales.

Su eventual despliegue dependería de decisiones políticas y se produciría previsiblemente en el marco de una misión internacional con carácter defensivo, orientada a garantizar la libertad de navegación. En ese contexto, los cazaminas desempeñarían una función previa y esencial: asegurar que las rutas están libres de amenazas antes de restablecer el tránsito seguro de buques comerciales y militares.

En paralelo, el Ministerio de Defensa ha activado un programa de modernización dotado con 135 millones de euros para prolongar la vida operativa de estos seis buques hasta al menos 2027. La actualización de sus sistemas de detección, de sus vehículos submarinos y de sus capacidades de mando y control responde a la necesidad de mantener vigente una capacidad que, pese a su bajo perfil mediático, resulta crítica en escenarios donde la amenaza permanece oculta bajo la superficie.

Ferraz lleva semanas con la maquinaria electoral a pleno rendimiento para tratar de despertar al electorado absentista que tanto ha lastrado al partido en los comicios autonómicos. Pedro Sánchez espera que su crítica enérgica contra Donald Trump, que tanto peso internacional le está otorgando, también le dé rédito en clave nacional. Por contra, se espera que la condescendencia e incluso el vasallaje de cierto sector de la política, siguiendo esta tesis, podría penalizarlos electoralmente.

Sin embargo, la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia, realizada entre el 23 de marzo y el 8 de abril, nos dice que la tónica dominante en otros países de Europa no llegaría a ser así en España. Al menos respecto a Vox, que ni siquiera la guerra interna desatada en la calle Bambú, entre Abascal y sus críticos, parece pasarle factura. Así, mientras el PSOE y PP descenderían ligeramente sus votos, la formación de Santiago Abascal conseguiría duplicar su resultado obtenido en 2023.

Y este resultado son malas noticias para la izquierda. Porque, pese al leve retroceso del partido de Feijóo en beneficio de Vox, ambas fuerzas sumarían una holgada mayoría absoluta si ahora se celebrasen elecciones: un total de 194 escaños, de los que 130 corresponderían al PP y 64 a Vox.

El PSOE se queda corto, pero la debacle es a su izquierda

Paralelamente, el hundimiento en la izquierda sería de dimensiones prácticamente inéditas. Según el sondeo de Ipsos, el PSOE cosecharía un 28,4% de los votos –tres puntos menos que en las últimas generales–, un resultado similar al del naufragio del 2011 y solo por encima del umbral de supervivencia del 2015 o el 2016. La estimación en escaños que le otorga a los socialistas es de 117 diputados, frente a los 121 que tienen actualmente. Pero sus opciones de gobernar se verían lastradas, esencialmente, por el desastre que se dibuja a su izquierda.

De no conseguirse la reconciliación entre Podemos y la coalición Sumar, el resultado que le da esta encuesta es de apenas siete escaños para los socios de coalición minoritarios e implicaría la desaparición de los de Ione Belarra.

Y en el caso de que finalmente cuajara, el cómputo de diputados podría elevarse a 17, pero sin capacidad de alterar la abrumadora mayoría absoluta conservadora. De hecho, según la encuesta, la desmovilización a la izquierda del PSOE se evidencia en el porcentaje de voto estimado para Sumar (5,8%), que contrasta con el 12,3% que obtuvo la candidatura de Yolanda Díaz en el 2023. Y si se añade la estimación de Podemos (1,8% del sufragio), la caída del conjunto de ambas fuerzas es de casi cinco puntos.

La fortaleza de Vox: la fidelidad de su votante

El dato que mejor explica el horizonte electoral de la encuesta es la radiografía sobre la fidelidad y los trasvases de voto. Como es sintómatico del resto de encuestas, Vox exhibe la mayor fidelidad electoral (con más de un 85% de sus votantes que repetirían el sufragio del 2023). A continuación, pero casi 15 puntos por debajo, se sitúa el PP, con una fidelidad del 71% y un 9% de indecisos.

Y más abajo aún, aparece el PSOE, cuyo índice de fidelidad es del 64%, aunque su tasa de indecisos alcanza al 11% de sus votantes de hace casi tres años. En cuanto a la izquierda alternativa, menos de la mitad de los votantes de Sumar repetirían ahora su voto y solo uno de cada diez optaría por Podemos.

La batalla catalana con Aliança Catalana de por medio

La encuesta de La Vanguardia también analiza la batalla particular por la hegemonía independentista entre Esquerra y Junts, aunque en esta ocasión el partido de Junqueras se impondría con más claridad, tanto en votos como en escaños. La proyección de las estimaciones daría ocho diputados a ERC (uno más que ahora) y cinco a Junts (dos menos que en el 2023).

El resultado de Esquerra podría tener un culpable, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se ha posicionado como el personaje político mejor valorado. Rufián cosecha una nota de 4,5 y aparece como el dirigente que se sitúa más cerca del aprobado. De hecho, obtiene mejor nota entre los votantes del PSOE que Salvador Illa o el propio Pedro Sánchez.

En medio de esta pugna, ha aparecido un nuevo contendiente, aupado por la ola nacional-populista que recorre Europa: Aliança Catalana. El grupo de Sílvia Orriols lograría irrumpir en la Cámara Baja con dos escaños y se nutriría de uno de cada diez votantes de Junts y de los nuevos electores.

Una mujer de 37 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en Pamplona tras precipitarse desde la terraza de su vivienda en la tercera planta de un edificio en el barrio de San Jorge. La Policía Municipal ha detenido a un hombre por quebrantamiento de una orden de alejamiento y trata de esclarecer si la caída fue accidental o si concurren circunstancias que vinculen al arrestado con lo ocurrido.

Los hechos se produjeron en torno a las 4:30 horas en el número 4 de la calle Sanduzelai, en el domicilio en el que residía la víctima, de origen nicaragüense, junto a otras personas. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y sanitarios tras recibir el aviso, si bien los servicios médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

El hombre detenido, de origen argelino, mantenía una relación previa con la víctima y tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a ella. Su arresto se produjo en el propio inmueble por un presunto delito de quebrantamiento de condena, a la espera de que avance la investigación sobre su eventual implicación en los hechos.

Una secuencia bajo investigación

La reconstrucción de lo ocurrido en los minutos previos a la caída se ha convertido en el eje de las pesquisas. Según las primeras indagaciones, la mujer se precipitó desde una altura correspondiente a una tercera planta cuando, al parecer, intentaba descolgarse desde la vivienda utilizando una sábana. Este extremo, no obstante, forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores y está siendo contrastado con las declaraciones de los testigos y las pruebas recabadas.

Un vecino localizó a la víctima en el suelo, junto al portal del edificio, en un momento en el que ya se había activado el dispositivo de emergencias. La escena, acordonada poco después por la Policía, fue objeto de una inspección técnica detallada.

Varios testimonios recogidos en el entorno del inmueble apuntan a que, antes de la caída, se produjeron gritos en el interior de la vivienda. Según estos relatos, se habría registrado una discusión entre la mujer y el hombre posteriormente detenido, que se habría iniciado en el exterior del domicilio y continuado en su interior, donde también se escucharon llantos. Estas manifestaciones, sin embargo, están siendo sometidas a verificación dentro de la investigación en curso.

Diligencias en curso

La Policía Municipal ha asumido la instrucción de las diligencias y ha procedido a la toma de declaración de las personas que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de acontecimientos. La presencia del detenido en el domicilio, pese a la existencia de una orden de alejamiento, constituye por sí misma un elemento relevante en la investigación.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia que deberá determinar las causas exactas de la muerte y aportar datos clave para esclarecer las circunstancias de la caída.

De forma paralela, agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional han llevado a cabo una inspección técnico-policial en la vivienda y sus inmediaciones, en busca de indicios que permitan sostener o descartar las distintas hipótesis abiertas.

Las pesquisas permanecen abiertas y se centran en dilucidar si la precipitación se produjo en un contexto estrictamente accidental o si estuvo condicionada por factores externos, en un escenario marcado por la existencia de una medida judicial de protección que, en el momento de los hechos, habría sido vulnerada.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la petición de un carpintero, y titular de su propia empresa, para que se le reconozca una incapacidad permanente parcial después de sufrir un accidente laboral. El tribunal ha sostenido que, a pesar de las graves lesiones sufridas, la pérdida de capacidad laboral estimada no alcanza el 50% exigido legalmente para los trabajadores autónomos.

Según consta en las actuaciones, el accidente afectó a su mano izquierda y dio lugar a un prolongado proceso de incapacidad temporal que se extendió durante varios meses, con intervenciones quirúrgicas, tratamiento rehabilitador y seguimiento médico especializado.

Tras recibir el alta médica en marzo de 2022, los servicios de valoración determinaron la existencia de secuelas permanentes, consistentes principalmente en limitaciones funcionales en los dedos de la mano lesionada, acompañadas de cicatrices, rigidez articular y pérdida de sensibilidad.

A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolvió en marzo de 2023 que dichas lesiones no alcanzaban el grado de incapacidad permanente, calificándolas como lesiones permanentes no incapacitantes y reconociendo únicamente una indemnización a tanto alzado.

Limitaciones funcionales relevantes

Disconforme con esta resolución, el trabajador formuló reclamación previa en vía administrativa, que fue desestimada meses después, lo que dio paso a la interposición de la demanda judicial. El Juzgado de lo Social competente examinó el caso y, tras la celebración del juicio, dictó sentencia en enero de 2025 desestimando íntegramente la pretensión del demandante y confirmando los criterios de la entidad gestora.

En el relato de hechos probados se recogía que el afectado, diestro, había sufrido una lesión grave en el segundo dedo de la mano izquierda, con afectación tendinosa que requirió cirugía y posteriores tratamientos. Las pruebas médicas evidenciaron una evolución lenta y la persistencia de limitaciones funcionales relevantes, entre ellas anquilosis parcial de las articulaciones del dedo, cicatrices retráctiles y dificultades en la movilidad y la destreza manual. Estas secuelas incidían especialmente en tareas que requerían precisión o fuerza manual, habituales en el desempeño de su actividad profesional.

Asimismo, se constató que el trabajador estaba integrado en el régimen especial de trabajadores autónomos en el momento del accidente, al ser socio y administrador de una empresa del sector de la carpintería. Este elemento resultó determinante en la valoración posterior del caso, dado que la normativa aplicable a este colectivo establece requisitos específicos para el reconocimiento de determinados grados de incapacidad.

No alcanza el umbral exigido

Frente a la sentencia de instancia, el demandante interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Cataluña, insistiendo en que las limitaciones derivadas del accidente reducían de forma significativa su rendimiento laboral y afectaban a tareas esenciales de su profesión, lo que, a su juicio, debía dar lugar al reconocimiento de una incapacidad permanente parcial.

Este tribunal ha resuelto el recurso de suplicación confirmando, en lo esencial, el criterio adoptado en la instancia, aunque ha introducido una matización puntual en el relato fáctico. La Sala aprecia la existencia de un error en la redacción del hecho probado relativo a la supuesta extinción de la relación laboral en 2019, al no constar acreditado dicho extremo en las actuaciones, por lo que acordó su corrección.

Sin embargo, más allá de esa modificación formal, el tribunal ha rechazado el resto de las pretensiones del recurrente. En su análisis, ha considerado que las limitaciones funcionales derivadas del accidente, aun siendo relevantes y generando una cierta dificultad en el desempeño de tareas propias de la carpintería, no alcanzaban el umbral exigido para el reconocimiento de una incapacidad permanente parcial en el régimen especial de trabajadores autónomos.

La Sala pone el acento en el porcentaje de disminución del rendimiento laboral, que, según la valoración probatoria asumida por el órgano de instancia, se situaba por debajo del mínimo requerido del 50% para este colectivo. Asimismo, ha tenido en cuenta que el trabajador, en su condición de autónomo y administrador de su propia empresa, disponía de cierto margen de organización y adaptación de sus tareas, lo que incidía en la valoración global de su capacidad laboral residual.

Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial. La prioridad inicial fue contener las llamas y asegurar la estructura del edificio para evitar daños mayores.

Durante el operativo, los bomberos centraron sus esfuerzos en el rescate de una mujer con movilidad reducida que se encontraba en la primera planta. Tal como han detallado desde el Consorcio, “los bomberos han rescatado a una mujer que se encontraba en la primera planta, con movilidad reducida, utilizando capucha de rescate”. La intervención requirió especial cuidado, ya que la víctima fue evacuada inicialmente a la terraza como medida de seguridad mientras se controlaba el incendio. Posteriormente, “ha sido trasladada a la calle con seguridad, siendo revisado su estado por los medios sanitarios”, han añadido.

No se tuvo que excarcelar a los agentes

En cuanto a los ocupantes del vehículo policial implicado, no fue necesario realizar labores de excarcelación. No obstante, los efectivos sí tuvieron que intervenir para retirar el coche siniestrado, un vehículo híbrido, supervisando todo el proceso para evitar riesgos adicionales derivados de su sistema de propulsión.

Desde el propio Consorcio han querido trasladar también un mensaje de apoyo tras lo ocurrido, señalando que “desde aquí, nuestros ánimos a los compañeros de la Policía Nacional tras la situación vivida”, en referencia al impacto emocional y operativo de un incidente de estas características.

A estas palabras se han sumado desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) que en su cuenta de X, antes Twitter, han escrito que desean “una pronta recuperación a los policías heridos y lamentamos profundamente los daños ocasionados en la vivienda”. “Desde el SUP ponemos nuestro Gabinete Jurídico a vuestra disposición para todo lo que necesitéis”, han añadido, aprovechando la ocasión para solicitar que en el Cuerpo son “una profesión de riesgo”.

Las licitaciones de defensa cerraron diciembre de 2025 con un volumen cercano a los 21.000 millones de euros adjudicados en el acumulado anual, un registro inédito hasta la fecha que, sin embargo, no se ha trasladado todavía con la misma intensidad al gasto efectivo. Así lo recoge un informe de BBVA Research, que dibuja un escenario de impulso en la contratación pública acompañado de una ejecución presupuestaria más gradual.

El contraste no es menor. Mientras la actividad contractual alcanza máximos, los datos de los Presupuestos Generales del Estado muestran que la aceleración del gasto en defensa ha sido, por ahora, contenida. El cambio de ritmo comienza a apreciarse a partir de mayo de 2025, cuando se observa una cierta intensificación en las obligaciones reconocidas, aunque todavía lejos de reflejar plenamente el volumen de adjudicaciones registrado en los meses finales del año.

Esta divergencia responde en buena medida a los propios tiempos administrativos y productivos de la industria de defensa, donde el desfase entre la licitación, la adjudicación y la ejecución real del gasto es estructural. Los grandes programas, por su complejidad técnica y su duración, diluyen en el tiempo el impacto económico inmediato de los contratos.

El impulso de la OTAN

El aumento de la actividad en este ámbito no puede entenderse al margen del contexto geopolítico. El compromiso de España con los objetivos de la OTAN ha actuado como catalizador de este proceso. El plan de defensa impulsado por el Gobierno, dotado con cerca de 10.500 millones de euros, busca precisamente acelerar la inversión para alcanzar el umbral del 2% del PIB en gasto militar.

Según el análisis de BBVA Research, este esfuerzo permitirá cumplir con ese objetivo en 2025, aunque introduce una cautela relevante: alcanzar ese nivel no equivale necesariamente a consolidar una senda sostenida de crecimiento en el tiempo. El propio informe apunta a que el impulso podría tener un carácter más puntual si no se acompaña de una estrategia estructural a medio plazo.

En paralelo, el incremento del gasto en defensa se perfila como un factor de estímulo económico. Las estimaciones recogidas en el documento sugieren que este podría aportar varias décimas al crecimiento en los próximos ejercicios, en línea con el papel contracíclico que tradicionalmente se atribuye al gasto público en sectores estratégicos.

Una industria extendida más allá de lo militar

El análisis trasciende la visión más inmediata de la defensa como un sector aislado. La fotografía que emerge es la de un ecosistema industrial mucho más amplio, en el que la fabricación de armamento o vehículos militares constituye solo el núcleo visible.

A su alrededor gravita una red de actividades que incluye desde la producción de componentes electrónicos y maquinaria hasta servicios avanzados como telecomunicaciones, ingeniería o investigación y desarrollo. Esta capilaridad explica que el impacto económico del gasto en defensa se multiplique al considerar los efectos indirectos.

De hecho, el informe estima que, al incorporar estos sectores asociados, el peso del gasto en defensa podría ampliarse de forma notable dentro de la economía. En el ámbito de la producción manufacturera, pasaría de representar en torno al 1% a alcanzar cifras cercanas al 11%, mientras que en términos de valor añadido empresarial podría llegar hasta el 16%.

No obstante, este potencial expansivo convive con ciertas limitaciones estructurales. España presenta una menor especialización en la industria de defensa que otros países europeos y mantiene una dependencia significativa de insumos importados. Este doble factor reduce la capacidad de capturar plenamente los beneficios derivados del incremento del gasto, especialmente en comparación con economías como la alemana o la francesa.

Geografía del gasto: ganadores y rezagados

Uno de los elementos más reveladores del informe es la desigual distribución territorial de estos efectos. Lejos de extenderse de manera homogénea, el impacto del aumento del gasto en defensa tiende a concentrarse en determinadas comunidades autónomas.

País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña destacan como los principales polos beneficiados. La razón estriba en su mayor densidad empresarial en sectores vinculados, tanto directa como indirectamente, a la defensa. Son territorios con una base industrial sólida o con un ecosistema de servicios avanzados capaz de absorber la demanda generada por los nuevos contratos .

La especialización productiva introduce, además, matices en esa distribución. Las regiones con un tejido industrial más desarrollado captan el impulso a través de la producción de bienes, mientras que aquellas con mayor peso en servicios avanzados lo hacen mediante actividades como la I+D, la ingeniería o las telecomunicaciones.

En el lado opuesto, el sur peninsular y Canarias aparecen sistemáticamente en la parte baja de los indicadores. La menor presencia de empresas vinculadas a estos sectores y una limitada capacidad para beneficiarse de los efectos indirectos sitúan a estas regiones en una posición de desventaja relativa.

El factor empleo y la estructura empresarial

El reparto territorial también se refleja en el empleo. Madrid y varias comunidades del norte concentran el mayor porcentaje de trabajadores en empresas ligadas a la defensa, lo que refuerza la correlación entre especialización productiva y capacidad de captación del gasto.

Por sectores, la industria aeronáutica y la fabricación de armas y municiones aglutinan cerca de la mitad del importe adjudicado en los contratos analizados, mientras que otras actividades como las telecomunicaciones, la informática o la fabricación de componentes desempeñan un papel creciente dentro de la cadena de valor .

El resultado es una industria de defensa que actúa como vector de actividad para múltiples ramas económicas, pero cuyo impacto final depende, en gran medida, de la estructura previa del territorio. Allí donde existe una base industrial consolidada o un ecosistema tecnológico desarrollado, el gasto encuentra canales de transmisión más eficaces. Allí donde no, su efecto se diluye.

Los partidos que integran la coalición Sumar protagonizarán su segundo encuentro para avanzar en la refundación de la alianza de las izquierdas el próximo 19 de abril, en Sevilla.

Según adelantan fuentes de la coalición, está previsto que intervengan los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García y Ernest Urtasun; además del candidato a la Presidencia de la Junta y líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la cabeza de lista por Cádiz, Esperanza Gómez.

El evento tendrá lugar en plena precampaña andaluza, donde Sumar y Podemos alcanzaron un acuerdo in extremis para concurrir juntos el 19 de mayo con el nombre de ‘Por Andalucía’. Sumar quiere aprovechar el tirón de este acuerdo, aunque no está previsto que intervenga en el acto ningún representante de la formación morada.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogió el pasado mes de febrero el acto de presentación de este nuevo proyecto, que recibió el nombre de ‘Un paso al frente’ y contó con la asistencia de más de 300 personas. El evento estuvo marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos, aunque sí se hizo un llamamiento a aglutinar al resto de fuerzas.

Irene Montero sí estuvo presente en el acto de Gabriel Rufián

Podemos insiste en distanciarse de la marca Sumar y apuesta por una ruptura con la línea del Gobierno de coalición. Y aunque hasta ahora se ha mantenido alejado de estas conversaciones, sí estuvo presente la eurodiputada Irene Montero en el acto de Gabriel Rufián en Barcelona sobre la unidad de las izquierdas.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso también está agitando el avispero de una candidatura única de cara a las próximas elecciones generales. En aquella charla, Montero y Rufián defendieron la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y apostaron por que sus respectivas formaciones sean el motor de confluencias electorales en España y Cataluña.

Pero su proyecto, por el momento, no cuenta con el beneplácito de su propia formación. Tampoco de Podemos, que subrayó que basar todo en el mero “cálculo electoral” solo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE.

Desde Sumar han evitado valorar los comentarios sobre el liderazgo de este proyecto, pero valoraron positivamente el acercamiento de Podemos, asegurando que “todo suma” en la construcción de una candidatura de unidad para hacer frente a la extrema derecha.

“Es un paso más, en definitiva, de un diálogo constructivo que lo que busca es construir un proyecto político ganador que sea capaz de ilusionar y que sea capaz de plantarle cara a esa ofensiva de la extrema derecha y la derecha que se viene encima”, sentenció la co-coordinadora de Sumar, Lara Hernández.

La Global Sumud Flotilla ha aplazado su salida hacia Gaza prevista para este domingo debido a las adversas condiciones meteorológicas en el Mediterráneo, donde se esperan tormentas y fuertes vientos entre el lunes y el martes. La misión, que había congregado en el Moll de la Fusta de Barcelona a decenas de embarcaciones y centenares de participantes internacionales, no cancela su recorrido, pero retrasa su travesía a la espera de una ventana de navegación más segura, previsiblemente en los próximos días.

Según han explicado los organizadores, los barcos sí abandonarán este domingo el puerto barcelonés, aunque no pondrán rumbo inmediato a Sicilia, primera escala prevista del itinerario. En su lugar, se dirigirán a otro punto de la costa catalana donde permanecerán a resguardo hasta que el estado del mar permita retomar la ruta con garantías.

La expedición, considerada una de las mayores flotillas humanitarias organizadas hasta la fecha, reúne a participantes de 70 países con el objetivo declarado de denunciar el bloqueo sobre Gaza, transportar ayuda y situar el conflicto palestino en el foco internacional. En total, está previsto que participen alrededor de un millar de personas distribuidas en varias decenas de embarcaciones.

Una misión que mantiene sus objetivos

Pese al retraso, los impulsores han insistido en que la finalidad de la flotilla no se ve alterada. Durante los actos previos al embarque, distintos participantes han subrayado el carácter político y humanitario de la iniciativa, que busca, según sus palabras, ir más allá de la entrega de ayuda.

Entre las voces presentes, se ha reivindicado la necesidad de romper el bloqueo sobre Gaza y de cuestionar la respuesta de la comunidad internacional ante la situación en Palestina. Los discursos han coincidido en señalar la inacción de gobiernos e instituciones como uno de los motivos que impulsan la movilización civil.

Testimonios personales han marcado también la jornada. Una maestra palestina refugiada en Noruega ha relatado la experiencia de exilio de su familia, originaria de Gaza, describiendo una realidad marcada por la violencia recurrente. En su intervención, ha destacado tanto el impacto del conflicto como las redes de solidaridad que persisten entre la población palestina.

En la misma línea, distintos activistas han defendido que la actuación directa de la sociedad civil responde a lo que consideran una falta de respuesta efectiva por parte de los estados. Han sostenido que iniciativas como esta flotilla buscan llenar ese vacío y ejercer presión internacional.

También han participado representantes de organizaciones humanitarias y medioambientales, que han vinculado la situación en Gaza con problemáticas globales más amplias, desde los derechos humanos hasta los modelos económicos predominantes. En sus intervenciones, han señalado que el conflicto no puede abordarse de forma aislada.

Refuerzo logístico para corregir errores

La salida de esta flotilla se produce meses después de una misión similar organizada en septiembre de 2025, que fue interceptada antes de alcanzar la costa gazatí. En aquella ocasión, varias embarcaciones y sus tripulaciones fueron devueltas a sus países de origen, lo que impidió completar el objetivo inicial.

A diferencia de aquella expedición, en esta ocasión se ha reforzado el dispositivo técnico y logístico con la incorporación de embarcaciones y personal especializado en asistencia marítima, sanitaria y operativa. El objetivo es evitar incidencias que en el pasado obligaron a algunas naves a abandonar la ruta antes de tiempo.

Desde la organización se ha señalado que la misión se desarrolla en un contexto más complejo, tanto por la situación en Oriente Medio como por las condiciones propias de la navegación en primavera. Aun así, han defendido que la iniciativa se ajusta al derecho internacional y han reiterado su intención de alcanzar la franja de Gaza, con una previsión de llegada a principios de mayo.

El Tribunal Supremo ha obligado a una aseguradora a indemnizar a un pasajero por las secuelas que le dejó un accidente que no fue provocado por el conductor del coche, sino por la persona que viajaba de copiloto.

La historia que llevó a este fallo se remonta a una noche de fiesta en Gandía, Valencia. Ocurrió en la madrugada del tres de julio de 2016, cuando Argimiro (nombre ficticio) viajaba como ocupante en el asiento trasero de un Ford Focus conducido por Víctor Manuel. Junto a ellos se encontraba Victoriano, que ocupaba el asiento del copiloto. El trayecto, iniciado después de que la cuñada del conductor le pidiera trasladar a ambos pasajeros —eran clientes de un pub en el que ella trabajaba—, tenía como único propósito llevarlos de fiesta a otro establecimiento. El conductor apenas conocía a sus acompañantes.

La noche había avanzado y los dos pasajeros, Argimiro y Victoriano, presentaban claros síntomas de embriaguez. Durante el trayecto por la carretera de Sequía del Rey, a la altura de la discoteca Wonderwall en Gandía, surgió una discusión acalorada entre ambos ocupantes por no ponerse de acuerdo sobre el siguiente destino.

En un momento de máxima tensión, Victoriano agarró el volante y lo giró bruscamente a la derecha, impidiendo al conductor reaccionar a tiempo. El vehículo salió de la vía y colisionó violentamente contra el muro perimetral de la discoteca. La víctima, que no intervino en la discusión ni tuvo responsabilidad alguna en la maniobra que provocó el siniestro, resultó gravemente herida.

“Si no paras aquí, nos matamos todos”

El atestado de la Guardia Civil de Tráfico dio lugar a dos procedimientos penales en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía. Las primeras diligencias fueron archivadas, pero en las segundas, la Policía Nacional intervino ante la posible comisión de delitos contra la seguridad del tráfico, lesiones y daños atribuidos a Victoriano. El Ministerio Fiscal llegó a acusar formalmente al copiloto, señalando que, tras gritar la frase “si no paras aquí, nos matamos todos”, agarró sorpresivamente el volante y efectuó un volantazo con fuerza y a gran velocidad. Pese a la gravedad del relato, el proceso penal fue finalmente archivado de forma provisional, sin que consten más actuaciones judiciales sobre los hechos.

Debe indemnizar a la víctima aunque la responsabilidad recae en otro pasajero

Desde el primer momento, Argimiro reclamó la indemnización íntegra a Zurich Insurance PLC, compañía aseguradora del vehículo de Víctor Manuel. La aseguradora se opuso a abonar la totalidad de la suma, alegando que la responsabilidad no podía recaer completamente sobre ella, ya que el accidente había sido originado por la intervención de otro ocupante. Este argumento llevó a que las instancias previas reconocieran solo el 25% del daño reclamado, limitando la responsabilidad de la aseguradora a una cuarta parte del daño.

Así, Algimiro decidió elevar esta cuestión al Supremo. El Alto Tribunal ha estimado su recurso y ordenó a la aseguradora abonar la totalidad de la indemnización por los daños sufridos como ocupante en el siniestro.

La sentencia estableció que, en casos de accidente de tráfico, el seguro obligatorio debe cubrir íntegramente a los ocupantes que no hayan tenido ninguna intervención causal en el accidente, incluso si la responsabilidad recae en otro pasajero y no en el conductor. La aseguradora deberá pagar 20.590,11 euros, la suma reconocida por las secuelas, los días de perjuicio personal y la intervención quirúrgica derivada del siniestro, más los intereses legales correspondientes.

La decisión del Supremo ha eliminado la reducción de la cuantía que se aplicó en las etapas anteriores y también ha desestimado el argumento de la aseguradora que decía que la víctima tenía que reclamar a quien causó el accidente. Además, el tribunal ha rechazado la exclusión de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, al considerar que Zurich no ofreció justificación válida para el retraso en el pago y no presentó oferta motivada alguna en los tres meses siguientes al accidente.

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, cumple en 2026 medio milenio de vida. Miles de asuntos pasan por este organismo. Si un ciudadano o una empresa reclama una indemnización por el mal funcionamiento de la Administración, el Consejo de Estado debe emitir un dictamen, no vinculante pero que pesa mucho en la decisión final. También, por ejemplo, si una persona quiere rehabilitar un título nobiliario porque cree que le pertenece. El Consejo tiene un presidente elegido por el Gobierno (hoy es la ex ministra Carmen Calvo), nueve consejeros y un secretario. Los consejeros son nombrados de por vida, llamados “permanentes”.

La presidenta Calvo tiene una retribución bruta anual de 97.323,72 euros. Pero los consejeros tienen rango de Secretario de Estado, por lo que perciben un salario de 134.446,24 euros, según los últimos datos publicados de 2026. También cuentan con derecho a secretaria y coche oficial, con chófer. Todos tienen un reconocido perfil jurídico y una larga trayectoria. Forman parte del Consejo, por ejemplo, la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega o el ex jefe de la Casa del Rey Alberto Aza. Los nueve consejeros y la presidenta suman entre todos 789 años de edad, con una media de 79 años. Hay uno, José Luis Manzanares Samaniego, que tiene 96 años.

Para ayudarles en su trabajo, principalmente reunirse y aprobar los informes, cuentan con un equipo de 32 Letrados del Estado, 64 funcionarios del Subgrupo A1, del Subgrupo A2, del Subgrupo C1 y del Subrgrupo C2. También con 13 funcionarios eventuales y nueve catalogados como personal laboral. Según la última memoria disponible, el organismo gasta 11,4 millones de euros al año en salarios.

El carácter vitalicio de estos consejeros es una excepción. “¿Cómo llegó la democracia a crear una figura vitalicia solo comparable a la monarquía?”, se pregunta el periodista y escritor Rafael Méndez, que disecciona esta institución en su libro ‘Los dueños del Estado’ (Península) y recuerda que fue en la Transición cuando se decidió que estos cargos fueran vitalicios, una condición que había eliminado Franco. Méndez señala que “hay consejeros que se han muerto en el cargo. Y además hay un dicho: jamás enferman y rara vez mueren, porque tienen una longevidad tremenda”.

Para cuidar su salud, y la de todos los trabajadores de la institución, el Consejo está licitando actualmente un contrato para contar “con un servicio de asistencia profesional médica”, en concreto en la “especialidad de medicina general y de familia”. El servicio consistirá en la asistencia de un facultativo “que pasará consulta un día a la semana y durante tres horas, todos los martes del año, en horario de 10 a 13 horas. En caso de no ser posible alguno de esos días, se pasará la consulta a otro día acordado por el Consejo de Estado con la suficiente antelación”, explica la memoria justificativa del contrato.

60 euros por hora de consulta

El único mes en el que no habrá consultas será en agosto. El contrato, por un año, está valorado en 14.312 euros, aunque con las sucesivas prórrogas, tres, el coste se puede ir a los 57.200 euros. El Consejo de Estado está dispuesto a pagar un máximo de 60 euros por hora de consulta. “El adjudicatario realizará todas aquellas funciones que le habilita su titulación: consulta médica; valoración, diagnóstico y tratamiento de patologías comunes; seguimiento de enfermedades crónicas; control y seguimiento de factores de riesgo; programas de prevención de enfermedades prevalentes”, señala el pliego.

El personal beneficiario de este servicio será todo aquel que desempeñe sus funciones en este organismo. “Asimismo, el adjudicatario deberá atender aquellas eventuales urgencias que se pudieran producir con personas que se encontraran en el edificio”. Un portavoz del Consejo señala a Infobae que este nuevo contrato es una renovación de un servicio que se viene prestando en la institución desde el año 2012, aunque en el portal del contratante del Consejo no aparece ningún contrato previo a este. Sí hay, en cambio, un contrato de servicio de enfermería que se formalizó en junio de 2025 por un año, y por valor de 12.722 euros, que no requería la presencia de un médico.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una pena de prisión de 16 meses de prisión por dos delitos contra la integridad moral a un hombre que se hizo pasar por agente de la Policía Local y de la Guardia Civil para requerirle a dos menores que le enviaran vídeos de contenido sexual.

La Sala le impone además una pena de multa de 2.880 euros como autor de dos delitos de quebrantamiento de medida cautelar ya que cometió los hechos cuando sobre él pesaba una medida cautelar de prohibición de alejamiento y comunicación respecto de las víctimas.

También deberá indemnizar con 1.500 euros a cada uno de los menores por los daños morales que les generó con su comportamiento. No podrá comunicarse por ningún medio ni acercarse a menos de 500 metros de ellos por un tiempo de 16 meses, a contar a partir del cumplimiento de la pena de prisión.

“Con deseo de satisfacer sus turbios deseos sexuales”

El primero de los hechos ocurrió el 5 de junio de 2023 sobre las 19:30, cuando el acusado, “con deseo de satisfacer sus turbios deseos sexuales”, según describe el fallo, contactó con el primero de los menores, en ese momento de 15 años, por Instagram.

Se hizo pasar por miembro de la Policía Local y le requirió que “le enviara vídeos en los que apareciera el menor golpeándose en los testículos y un video en el que el menor simulase encontrarse en una barrera de futbol agarrándose los testículos”, todo bajo la amenaza de que si no lo hacía, “compartiría otro vídeo que tenía” del menor. La víctima, sin embargo, se negó a compartir este vídeo

En esta misma línea, en el periodo de tiempo comprendido entre las 21:40 horas del día 20 de junio y las 12:00 horas del día 21 de junio, actuando de nuevo con “el ánimo de satisfacer sus turbios deseos sexuales, contactó con el otro menor, esta vez simulando ser un agente de la Guardia Civil.

Sabía que no podía comunicarse con los menores

En este caso le explicó a la víctima que le podía ayudar en el juicio que tenía pendiente con el propio acusado, “requiriéndole para que le enviara los vídeos de contenido sexual en los que aparecía el menor, advirtiéndole que en caso de no hacerlo iría a por él”.

También le instó a “realizar un nuevo vídeo y a que se lo enviase, afirmándole que si no lo hacía sería peor o que tendría que pagarle un total de 190.000 euros si perdía el juicio que tenía pendiente con el acusado”. “Pese a dicha conducta, el acusado no logró su propósito debido a la negativa del menor”, reza la sentencia.

Durante la comisión de ambos hechos, el hombre actuó con el conocimiento de que tenía prohibido acercarse o comunicarse por ningún medio con las dos víctimas en función de dos autos dictados por sendos juzgados de Instrucción, concluye la jueza ponente. La sentencia, fruto de un acuerdo entre las partes en las que mostraban su conformidad con los hechos, la calificación delictiva y las penas, no se puede recurrir.

La investigación comenzó tras detectarse, durante los últimos años, la comisión de hurtos en joyerías de toda España con un “modus operandi” muy característico. Una pareja de mujeres accedía al establecimiento joyero y se interesaba por diversos productos, momento en el que el empleado les exponía los productos, normalmente en mantas de joyería.

En ese momento, con “una habilidad extraordinaria y aprovechando el descuido del trabajador al no poder prestar atención a tanto producto”. según describe la Policía, sustraían una de las mantas oculta en algún pañuelo o bolso, abandonando el establecimiento con total tranquilidad y sin despertar sospechas.

Actuaban como “fantasmas”

Tras un exhaustivo análisis de casos similares de los últimos años, los agentes detectaron un hurto similar, cometido en el año 2012 en Zaragoza, en el que se detuvo a una ciudadana italiana con unas características físicas que coincidían plenamente con una de las autoras de los hechos más recientes.

Con ese dato, los agentes abrieron un canal permanente de cooperación policial con la Polizia di Stato de Italia y, gracias al intercambio de información ente ambos Cuerpos, se tuvo conocimiento que actualmente esa mujer formaba parte de un peligroso grupo criminal especializado en la comisión de robos en joyerías por toda Europa.

A partir de ese momento, el objetivo de la investigación fue localizar y detener a los integrantes del grupo criminal. Sin embargo, esto se convirtió en un verdadero reto, porque los autores actuaban como auténticos “fantasmas”, sin dejar ningún rastro.

En las joyerías, durante los hurtos, evitaban manipular o tocar objetos para no dejar huellas y empleaban prendas a modo de disfraz para dificultar o evitar su identificación. Tampoco se registraban en hoteles y cambiaban de vehículo y de teléfono en cada viaje a España desde Italia, haciendo campañas delictivas de 4 o 5 días.

Para ello recorrían cientos de kilómetros hasta llegar a la localidad donde se encontraba la joyería objeto del delito y, tras perpetrar el mismo, recorrían nuevamente largas distancias hasta llegar a la ciudad seleccionada para pernoctar. Esta práctica perseguía una única finalidad, evitar que se les relacionase con el hecho criminal.

21 robos por toda España

Analizada la información facilitada por Italia, los investigadores descubrieron un dato de especial interés: cada vez que se producía un hurto en una joyería, en una localidad situada a una distancia de entre 100 y 400 kilómetros del lugar de las comisión delictiva, se hospedaba un ciudadano italiano que podría ser uno de los consortes de la principal investigada.

Con el análisis de esta nueva información, los agentes fueron detectando nuevos hechos delictivos cometidos por los investigados y se emitió una Orden Europea de Investigación para que, por parte de las autoridades italianas, se procediera a la localización de los investigados en aquel país.

Finalmente, el pasado día 30 de marzo, se detectó la presencia en España de los cuatro investigados con la clara intención de perpetrar nuevos hechos delictivos. Los agentes pusieron en marcha un dispositivo y, al día siguiente, se logró la detención de todos ellos en Palencia. Entre sus pertenencias, los detenidos portaban prendas de las utilizadas durante la comisión de los delitos precedentes así como 4.000 euros en efectivo. Además se realizó una diligencia de entrada y registro en el domicilio de uno de los principales encartados en Italia.

De esta manera, los agentes han podido constatar la presunta implicación de los detenidos en 21 hechos delictivos por toda la geografía española, alguno de ellos cometido hace diez años. Concretamente se han esclarecido hechos cometidos en diferentes localidades de Asturias, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Almería, Albacete, Badajoz, Alicante, Sevilla, Castellón y Granada.

La guerra en Ucrania no cesa desde 2022 y la OTAN se arma a su lado de la frontera europea para repeler una posible expansión de Rusia. Oriente Medio supera ya el mes de ataques cruzados entre Irán y el bloque de Estados Unidos e Israel. El contexto global no invita a rechazar aspirantes a soldados. Las potencias europeas tratan de atraer a sus jóvenes con nuevos servicios militares. Francia ofrece 800 euros mensuales a los voluntarios, mientras que en Alemania elevan la paga hasta los 2.600 euros.

Sin embargo, la realidad es que los occidentales están perdiendo el interés en unirse al ejército. El presidente del Observatorio de Vida Militar, Mariano Casado, advirtió en el Congreso de los Diputados sobre la preocupante falta de personal en las Fuerzas Armadas. “La situación del reclutamiento es preocupante porque cada vez se presentan menos candidatos por plaza convocada”, dijo. Lo cierto es que ha caído drásticamente, pasando de 27 aspirantes por plaza en 2013 a solo 4 en 2024.

En estos momentos, España tiene 117.000 efectivos militares. Su compromiso con la OTAN fija el objetivo para 2030 en 130.000 profesionales. Con este margen de tiempo, los números no salen. Según el CIS, solo el 29% de los españoles estaría dispuesto a luchar por su país, y se trata de una respuesta dentro de un supuesto escenario bélico. La dificultad para encontrar españoles que apuesten por la vida militar abre la puerta a miles de extranjeros dispuestos a hacerlo. No obstante, unirse a las Fuerzas Armadas de otra nación plantea desafíos innegables. ¿Cómo es estar dispuesto a jugarse la vida por un país donde no naciste?

El crecimiento de los extranjeros en el Ejército

Esta realidad es relativamente reciente. En el siglo pasado no era tan habitual encontrar en un ejército a alguien nacido en otro país. Pero hay precedentes. La Legión Extranjera Francesa, ya presente en el siglo XIX, se llevó la fama de estas unidades específicas que aceptaban personas fugadas de otros países sin hacer muchas preguntas. El Reino Unido ha permitido históricamente el alistamiento de ciudadanos de países de la Commonwealth, como Canadá o Australia. Y antes de la dictadura de Franco, España adoptó el modelo francés con la Legión, aceptando extranjeros entre 1920 y 1939. El fin de la Guerra Civil frenó esta posibilidad.

Pero para la apertura definitiva hay que viajar hasta 2002, cuando bajo el gobierno de José María Aznar se aprobó la entrada de personas de países con un pasado común con España, lo que incluía a la mayoría de latinoamericanos y a Guinea Ecuatorial. Esta historia se ha trazado de forma paralela a los procesos de nacionalidad. La Ley 32/2002, de 5 de julio, que modifica la anterior de 1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, permitió por primera vez el acceso de los extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. Desde aquel momento y hasta el día de hoy, para entrar en la escala de oficiales es imprescindible la nacionalidad española.

Sin embargo, esa reforma dejó fuera a otras nacionalidades debido a “tensiones territoriales”, especialmente con Marruecos, a pesar de que es la principal comunidad extranjera residiendo en España. En aquel momento, España mantenía su postura a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, entre otros debates diplomáticos en los que chocaba con el régimen marroquí. En el presente, los marroquíes siguen sin poder ingresar al Ejército, aunque sí que existen muchos soldados de origen marroquí, pero nacidos en España.

En ese momento, la situación de falta de relevo en el Ejército recuerda a la actualidad. “Muchos jóvenes españoles se engancharon profesionalmente en otros sectores, especialmente el de la construcción”, señala José Pablo Martínez, por lo que cada vez menos optaban por las Fuerzas Armadas como salida laboral. Los extranjeros permitieron solucionar parte del problema. Desde 2002, la presencia de inmigrantes en las Fuerzas Armadas españolas experimentó un auge rápido, superando el 10% del personal en 2005 debido a la falta de reclutas nacionales.

Sin embargo, la crisis económica y las nacionalizaciones masivas con los nuevos procesos revirtieron la tendencia. Actualmente, su representación ha caído al 5%. El último documento de estadística de personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas, de 2024, cifra en 2.525 los oficiales nacidos en el extranjero, aunque al tener nacionalidad española no cuentan como inmigrantes. En tropa y marinería, según el Observatorio de Vida Militar, es donde se concentran la mayoría, con un total cercano a los 4.000.

En 2011, el PP se comprometió a conceder la nacionalidad a todos los soldados que cumplieran dos años de servicio a través de la ‘carta de naturaleza’, cuenta José Pablo Martínez, experto del Real Instituto Elcano. Según el artículo 21 del Código Civil, este método permite dar la documentación española a casos concretos. Desde aquella promesa electoral, los militares extranjeros suelen recibir la nacionalidad a los dos años. El ‘regalo’ del gobierno de Rajoy no tiene un carácter legal para todo este colectivo, sino que exige estudiar cada caso. Por ello, muchos siguen el camino habitual, que desde 2015 permite solicitar la nacionalidad a personas de los países con pasado común.

Del extendido “compañerismo” a los casos de racismo

El compañerismo y el respeto mutuo son los pilares de la integración. Yinoly, infante de marina nacida en Manizales, Colombia, resume su experiencia de manera muy positiva. “Lo de ser extranjera y servir a España es como vivir entre dos orgullos. Para mí es una responsabilidad doble, porque como colombiana represento mi esencia. Nunca olvido de dónde vengo ni quién soy y así honro mis raíces”. Para ella, servir en el Ejército español implica “entregar cada día lo mejor al país que un día me abrió la puerta y confió en mí”.

La experiencia de Enrique Escudero, brigada del Ejército del Aire, representa otra realidad. Nació en Madrid, pero su familia paterna es vasca y mantiene lazos con México. “Ingresé al ejército tras acabar los estudios y representar a España es un orgullo”, comenta. Escudero destaca la importancia del apoyo entre compañeros, sobre todo en los momentos más duros, y comparte una anécdota reciente en Turquía. “Trabajábamos con estadounidenses y, de repente, un compañero resultó ser de República Dominicana. Eso me hizo ver que personas de distintas partes servimos juntos en muchas fuerzas armadas. El compañerismo supera los orígenes y las banderas”, relata el profesional.

No obstante, no todas las historias tienen finales felices o caminos rodeados de un buen recibimiento. En los pasillos de los cuarteles, las historias de discriminación también han sido una realidad. Los casos que han salido a la luz en los últimos años han revelado un patrón recurrente.

Desde 2020, cuando se expulsó a un militar por realizar saludos neonazis, las Fuerzas Armadas han ejecutado varias purgas y condenas severas contra el racismo. El país se conmocionó en 2021 con el asesinato de Younes Bilal a manos de un exmilitar que gritaba “¡no quiero moros aquí!”. La justicia ha endurecido su respuesta ante el acoso interno para erradicar estas conductas de las unidades. En 2024, un sargento fue encarcelado por humillar a una soldado extranjera diciéndole “vete a tu país, no sirves para nada”. En 2025, el Supremo condenó a un cabo de la Legión que llamaba “sudaca de mierda” a un subordinado y le amenazaba con un “tiro en la cabeza”. Y un soldado del Regimiento “Palma” 47 fue sentenciado por ataques que mezclaban racismo y machismo, tildando a sus compañeras de “putas extranjeras” y “negras asquerosas”.

Esta no es la experiencia de los militares entrevistados por Infobae. “Nunca me he sentido parte externa. Siempre me he sentido parte de lo que hacíamos y parte de lo que defendíamos y defendemos”, asegura la sargento Susan Acuña. Al igual que ella, otros entrevistados resaltan la integración que han vivido desde que llegaron al ejército.

Países con historia en común

El sargento Diego Fontenla Pérez, nacido en Argentina y criado en una familia militar, descubrió su vocación desde pequeño. A los 13 años inició su formación en un liceo militar y, tras mudarse a España con 17, decidió seguir la carrera en el Ejército de Tierra. “Sentí el orgullo de representar a España”, afirma sobre sus destinos en Ceuta, Tenerife y Toledo.

La lista de orígenes que permiten unirse al ejército en España responde a los nexos históricos. Las naciones latinoamericanas que hace siglos, tras la conquista española, pertenecieron al imperio, forman la mayoría de opciones. La cultura similar, los habituales antecedentes familiares y, especialmente, la facilidad de compartir idioma, hizo que, ante la necesidad de aumentar el número de soldados, se optara por los solicitantes nacidos allí. Además, la migración latinoamericana es la más numerosa en España.

De esta forma, los países que forman este grupo son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Este último es la excepción dentro de la mayoría latinoamericana, pero la razón es la misma: Guinea Ecuatorial fue territorio español hasta que logró su independencia en 1968.

Diego Fontenla relata la historia de su abuelo, como ejemplo de este pasado común al que señala la presencia de extranjeros en las Fuerzas Armadas. “Mi abuelo, Néstor Fontenla Quinteiro, nace en Cuspetriño, Pontevedra, junto a tres hermanos”, detalla el sargento. “En julio de 1936 lo recluta el Ejército Nacional” y se ve envuelto en la Guerra Civil española, explica el sargento. Tras el conflicto, decide marcharse a Argentina con su familia. “Cuando hablábamos de la guerra, se ponía bastante triste y cambiaba de tema enseguida”, reconoce Fontenla. Casi un siglo después, su nieto regresó a España y se unió al ejército, pero en un contexto totalmente distinto. “Uno nunca olvida de dónde viene, pero el uniforme te une a quienes te rodean, más allá de las fronteras”.

Las elecciones autonómicas en Andalucía están programadas para el próximo 17 de mayo y, a falta de la publicación de las listas oficiales - lo que sucederá antes del 15 de abril -, ya se conocen los candidatos de los cinco grupos que conforman el Parlamento autonómico: el Partido Popular Andaluz (PP-A), Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A), Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Los cinco candidatos principales a la presidencia de Andalucía

Juanma Moreno (PP): aspirando a la reelección

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, vuelve a presentarse como candidato del Partido Popular Andaluz. En las elecciones de 2022, el PP obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento autonómico, con victorias en el 72% de los municipios y en todas las capitales de provincia.

Moreno ha expuesto públicamente su estrategia basada en la “vía andaluza” y en ampliar el respaldo electoral. En una intervención ante la dirección de su partido, declaró: “Necesitamos el mayor respaldo social posible para no depender de nadie; para que nadie nos intente condicionar, y para que nadie nos pueda bloquear”.

María Jesús Montero (PSOE): relevo en la candidatura socialista

El PSOE andaluz presenta a María Jesús Montero, quien el pasado 25 de marzo se despedía de su ministerio y de la vicepresidencia del Gobierno, como candidata a la presidencia de la junta. Su trayectoria incluye cargos en los gobiernos autonómicos de Chaves, Griñán y Susana Díaz, además de su papel en el Ejecutivo central. El PSOE obtuvo 30 escaños en las elecciones de 2022 bajo el liderazgo de Juan Espadas.

Manuel Gavira (Vox): designación como cabeza de lista

Manuel Gavira, actual portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, ha sido elegido como candidato de la formación por el Comité Ejecutivo Nacional. Gavira ha ejercido como secretario de la mesa del Parlamento en la primera legislatura con representación de Vox y, posteriormente, como portavoz del grupo. Vox ha señalado a Santiago Abascal como figura de referencia nacional en la estructura del partido.

Antonio Maíllo (Por Andalucía): continuidad y experiencia

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, repite como candidato de Por Andalucía, coalición que representa “una alternativa a la izquierda del PSOE” e integra siete partidos: Izquierda Unida (IU), Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana, Alianza Verde y, finalmente, también Podemos tras haber llegado a un acuerdo con Izquierda Unida y Sumar. “La incorporación de Podemos refuerza este proyecto común y demuestra que Por Andalucía es el espacio para el entendimiento y la confluencia de las izquierdas en nuestra tierra. La coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible", explicaban desde la coalición tras las negociaciones.

José Ignacio García (Adelante Andalucía): trayectoria en el Parlamento

José Ignacio García, diputado por Cádiz, lidera la candidatura de Adelante Andalucía. Su actividad política se inició tras el 15M y participó en la creación de Podemos en Andalucía junto a Teresa Rodríguez. García ha impulsado Adelante Andalucía desde 2018 y ha ocupado escaño en dos legislaturas consecutivas: de 2018 a 2021 y de 2023 hasta la fecha, aunque con un paréntesis entre 2021 y 2023 cuando dimitió para asumir una plaza como orientador educativo. En 2023 regresó al Parlamento al ocupar el escaño de Teresa Rodríguez tras su renuncia. En marzo de 2024 fue elegido portavoz y líder del partido y en marzo de 2025 candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El PP volvería a ganar, PSOE en segundo lugar y Vox apenas tres puntos por debajo

Por el momento, las encuestas apuntan a una victoria del Partido Popular en los comicios del 17 de mayo, aunque sin garantía de mayoría absoluta y con un escenario abierto a pactos. Los últimos sondeos, difundidos el Día de Andalucía, muestran a Vox y al PSOE prácticamente igualados en estimación de voto, con la formación de Santiago Abascal a menos de tres puntos porcentuales de los socialistas.

De acuerdo con el estudio realizado por Sigma Dos para El Mundo, el PP de Juanma Moreno obtendría un 40,4% en intención de voto y entre 53 y 55 escaños. Esta proyección solo permitiría al partido revalidar la mayoría absoluta - establecida en 55 diputados - en el escenario más favorable, lo que de cualquier manera supondría una pérdida de entre tres y cinco escaños respecto a su representación actual. El mismo sondeo otorga al PSOE-A, liderado por María Jesús Montero, un 20,8% en intención de voto, lo que se traduciría en 24 a 27 escaños, por debajo de los 30 que mantiene en la actualidad. Vox, por su parte, incrementaría su presencia en el Parlamento andaluz hasta los 20 o 21 escaños, gracias a un 18% en intención de voto, frente a los 14 actuales.

En cuanto a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE, el sondeo de Sigma Dos señala que Por Andalucía alcanzaría un 9,2% de los votos, logrando entre cinco y siete diputados, mientras que Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, alcanzaría entre dos y cuatro escaños con un 6,9% de respaldo.

La encuesta elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y de Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica coincide en que el Partido Popular mantendría la primera posición, con un 38,5% de respaldo y una horquilla de entre 50 y 53 escaños, aunque sin lograr la mayoría absoluta, lo que implicaría una pérdida de entre cinco y ocho escaños respecto a 2022. Según este sondeo, PSOE y Vox empatarían con un 20% del voto y entre 23 y 27 escaños cada uno, situando a los socialistas como segunda fuerza, pero con una reducción de entre tres y siete escaños y una caída de 3,8 puntos porcentuales respecto a hace cuatro años.

Por Andalucía, según GESOP, conservaría cinco escaños o perdería uno, con un 6,2% del voto total, mientras que Adelante Andalucía podría mantener los dos escaños de 2022 o duplicar su representación hasta cuatro, con un 5,5% de respaldo.

Viktor Orbán ha sido primer ministro de Hungría durante 16 años seguidos. Un total de veinte años —incluyendo su primer mandato, entre 1998 y 2002— de democracia iliberal húngara al frente de Fidesz. Ahora, sin embargo, de entre las filas de su propio partido ha surgido quien, según las encuestas, podría acabar expulsándole del Parlamento.

Péter Magyar era un miembro más bien desconocido de Fidesz hasta febrero de 2024, cuando difundió un audio en el que Judit Varga, su entonces esposa y ministra de Justicia, explicaba la injerencia del Gobierno en un caso de corrupción. Cuando Varga y Katalin Novák —entonces presidenta del país— se vieron forzadas a dimitir por un escándalo relacionado con un indulto que Novák otorgó a una persona condenada por encubrir abusos infantiles, Magyar publicó el audio y denunció la corrupción del partido. Dos años después, el impulso que le supuso esta trama le ha llevado a superar a Orbán en las encuestas independientes realizadas de cara a las elecciones de este domingo, 12 de abril.

Más allá de lo que podría suponer para Hungría –después de tres lustros de Fidesz–, en la Unión Europea también hay mucha expectación por estos comicios, ya que Orbán ha encarnado la perspectiva no anti-rusa dentro del bloque desde que la invasión de Ucrania desvencijó las relaciones político-económicas con Rusia.

Orbán veta sanciones y préstamos a Ucrania

El 23 de febrero de este año, un ataque ucraniano con drones impactó contra una estación de bombeo rusa que abastecía el oleoducto Druzhba, que a su vez proporciona crudo a países de Europa del Este, principalmente a Hungría y Eslovaquia. El flujo de petróleo por este canal llevaba suspendido desde enero, y esto ya había supuesto un enfrentamiento de ambos países contra Ucrania por considerarlo un “chantaje político” relacionado con el rechazo húngaro y eslovaco a una posible incorporación de Ucrania a la Unión Europea.

Como respuesta a esto, Hungría vetó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia —habría sido el vigésimo, de haberse aprobado— y el préstamo de 90.000 millones de euros que la UE había acordado conceder a Ucrania en diciembre de 2025, lo que llevó al bloque a volver a poner sobre la mesa lo que Kaja Kallas llama “plan A”: destinar en su lugar los intereses generados por los activos rusos congelados.

“No habrá dinero” mientras no se restablezcan los flujos energéticos, ha dicho Orbán al respecto. A finales de marzo se pronunció de nuevo: “Nos gustaría recibir de los ucranianos el crudo que es nuestro y que están bloqueando. No apoyaré aquí ninguna decisión que sea favorable para Ucrania (mientras) los húngaros no recibamos el crudo que nos pertenece”. Ucrania, que asegura que el oleoducto ha sido dañado por Rusia, se ha comprometido de todas maneras a encargarse de su reconstrucción. Orbán considera que los esfuerzos de reparación se están ralentizando deliberadamente.

Magyar no se ha pronunciado sobre el préstamo a Ucrania bloqueado por Orbán

El desencuentro húngaro-europeo no se limita a la cuestión rusa: bajo el mandato de Orbán, Hungría ha rechazado participar en el establecimiento de una política común de asilo migratorio, en un mecanismo de defensa compartida o en la adopción de las renovables para la consecución de una autonomía energética, por poner algunos ejemplos.

Pero lo cierto es que Orbán lleva 16 años ganando elecciones porque representa a gran parte de la población de su país, por lo que lo más probable es que la línea de Magyar, por delante en las encuestas, no diste demasiado de la de Fidesz en la mayoría de aspectos. De hecho, su campaña se ha centrado en acusar de corrupción al primer ministro y no en una agenda política concreta más allá de sacarle del Parlamento. Lo principal, en este asunto, es que es más proeuropeo que Orbán.

Según su propio manifiesto, publicado a principios de febrero, el partido de Magyar “elige Europa”, además de comprometerse a restablecer la confianza de los aliados de la UE y la OTAN con Hungría y apostar por su adhesión a la eurozona antes de 2030. No dice, sin embargo, gran cosa sobre Ucrania, más allá de expresar una oposición a que Ucrania se adhiera a la UE con demasiada prisa; y el propio Magyar ha dicho en varias ocasiones que no revertiría la política húngara actual de no brindar apoyo a Ucrania. También rechaza el pacto europeo de migración y asilo, y aunque sí expresa una intención de reducir su dependencia de Rusia, proyecta este objetivo para dentro de diez años, muy lejos del objetivo europeo para 2027.

Magyar no se ha pronunciado al respecto del último bloqueo de Orbán, pero en Bruselas se espera que el veto al préstamo dure, como mínimo, hasta después de las elecciones, pierda o no el actual primer ministro. La Comisión Europea está dejando a punto todos los mecanismos para que los pagos del préstamo empiecen a hacerse cuanto antes, porque el último obstáculo antes de poder aprobar los pagos es este veto húngaro. Si después de las elecciones el veto se levanta, el primer pago podría llegar a Ucrania en pocos días. Si, por el contrario, el bloqueo persiste, Ucrania podría quedarse sin ayuda externa a mediados de mayo, viéndose obligada a recortar servicios públicos esenciales.

Moscú y Washington arropan a Orbán, pero la UE prefiere a Magyar

En la recta final de la campaña húngara, Hungría se ha convertido en escenario de un consenso —cada vez menor— inusual entre Moscú y Washington, ambos alineados en su respaldo a Viktor Orbán y sus críticas a la Unión Europea. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que “a muchas fuerzas en Europa, a muchas fuerzas en Bruselas no les gustaría que Orbán volviera a ganar las elecciones” y acusó a la UE de favorecer a los rivales del primer ministro, a raíz de la filtración de una conversación entre Orbán y Vladímir Putin, recogida por Bloomberg. Peskov describió a Orbán como “un político muy eficaz... alguien que defiende específicamente los intereses de su propio país”.

Desde Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, durante su visita a Budapest del martes 7 de abril, denunció una supuesta injerencia de la UE en los comicios, calificándola de “realmente vergonzosa”. Vance aseguró que su presencia en Hungría tenía como objetivo “ayudar en esta campaña”, aunque matizó que Estados Unidos “trabajará con quien gane estas elecciones”. En un mitin junto a Orbán, pidió a los húngaros que no escuchen a “los burócratas de Bruselas”.

El jueves 10, el propio Trump pedía el voto para el primer ministro en un mensaje publicado en su red Truth Social. “Me sentí orgulloso de respaldar a Viktor para su reelección en 2022, y me siento honrado de hacerlo nuevamente”, recordaba, antes de hacer un llamamiento explícito: “¡Salgan a votar por Viktor Orbán! Él es un verdadero amigo, un luchador y un ganador, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección como primer ministro de Hungría. ¡Viktor Orbán nunca defraudará al gran pueblo de Hungría! ¡Estoy con él hasta el final!”, reza su publicación.

Hungría es, según el think tank EU Matrix, el país que más veces ha bloqueado decisiones mayoritarias de la UE en la última década. Legisladores europeos consultados por Euronews creen que una derrota de Orbán aliviaría las tensiones internas del bloque, especialmente tras las revelaciones sobre los contactos del ministro de Exteriores húngaro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Orbán, por su parte, acusa a la Unión Europea de debilitar la economía y la seguridad energética de Hungría: “Los de Bruselas están intentando debilitar a Hungría, nuestra economía y nuestra seguridad energética. El gobierno patriótico de Hungría no lo permitirá”, escribió en X. Mientras tanto, Péter Magyar, su principal rival, atribuye a Rusia intentos de interferencia electoral, una acusación rechazada por Moscú. Estas acusaciones cruzadas dibujan una campaña en Hungría que parece enfrentar al candidato “de” la UE y al “de” Rusia y EEUU.

En Bruselas, la mayoría de los grupos parlamentarios han mostrado su preferencia por Péter Magyar, líder del partido Tisza, y ven en él una oportunidad para desbloquear la agenda europea. Según encuestas citadas por Euronews, más de tres cuartas partes del Parlamento Europeo se posicionan en contra de Orbán.

La crítica a Orbán en la Eurocámara es transversal. El eurodiputado alemán Daniel Freund (del grupo de Los Verdes/ALE, de centroizquierda) afirma que “Orbán lleva mucho tiempo actuando como el hombre de Putin dentro de la UE. Sus constantes vetos y maniobras políticas están minando la seguridad europea”.

La presidenta del grupo Renovar Europe, Valérie Hayer, considera que “las próximas elecciones son decisivas, un impulso de ruptura para volver a una democracia libre y pluralista”. Y la eurodiputada socialista francesa Chloé Ridel ha declarado: “En un mundo ideal, me gustaría ver a mi colega socialista Klára Dobrev al frente de Hungría. Pero ahora la prioridad es deshacerse de un régimen corrupto, y por tanto echar a Orbán”. El avance de Magyar ha transformado la oposición en Hungría y ha propiciado que partidos socialistas y liberales decidan retirar sus candidaturas, llamando al voto útil.

Mientras tanto, Orbán sigue contando con el respaldo de líderes nacionalistas europeos como Santiago Abascal, Marine Le Pen y Matteo Salvini, así como de grupos de derecha en el Parlamento Europeo. Fidesz, su partido, forma parte de Patriotas por Europa y mantiene el apoyo de más de un centenar de eurodiputados. También recibe respaldo de Europa de las Naciones Soberanas y otras formaciones afines por su política migratoria y su discurso crítico con la UE.

El análisis de Chatham House subraya que el resultado de estas elecciones tendrá un impacto directo en la dinámica interna de la Unión Europea. El think tank destaca que una victoria de Magyar podría facilitar una relación más fluida con Bruselas, pero advierte que no supondría una ruptura inmediata con Moscú o ningún otro cambio drástico de la noche a la mañana. La dependencia energética de Hungría respecto a Rusia, tanto en tecnología nuclear como en suministro de gas, y la necesidad de inversiones a largo plazo para diversificar fuentes limitan el margen de maniobra de cualquier gobierno en el corto plazo. Por eso, las expectativas en Bruselas apuntan a una transición gradual hacia una política exterior y energética más alineada con los intereses de la UE.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Extremadura ya tiene nuevo secretario general. Álvaro Sánchez Cotrina se ha convertido en el primer cacereño en asumir el liderazgo regional del partido tras imponerse a Soraya Vega en las primarias celebradas este sábado.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que la candidatura de Sánchez Cotrina ha obtenido 3.572 votos, frente a los 2.529 logrados por Vega. El proceso podía movilizar a 9.366 militantes en 197 centros de votación repartidos por toda la comunidad.

Sánchez Cotrina sucede en el cargo a Miguel Ángel Gallardo, quien dimitió en diciembre de 2025 tras los malos resultados electorales del partido en las últimas autonómicas, según recoge Europa Press. Desde entonces, la formación había estado dirigida de manera provisional por una Comisión Gestora encabezada por José Luis Quintana, etapa que ahora concluye con la elección del nuevo líder regional.

Con este resultado, el PSOE de Extremadura abre una nueva etapa interna marcada por la renovación del liderazgo y el cierre de la provisionalidad, con el objetivo de reforzar la cohesión del partido y reordenar su estrategia política en la comunidad autónoma de cara a los próximos retos.

El perfil del nuevo secretario general

Álvaro Sánchez Cotrina, de 39 años, es graduado en Derecho por la UNED, diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura y cuenta con un máster como técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Ha trabajado como empleado público y, desde 2011, es alcalde de Salorino.

Durante la jornada electoral, insistió en la importancia de la unidad interna. “No va a ganar una candidatura a otra, sino el PSOE de Extremadura”, afirmó, mostrando además un tono optimista: “Veo más caras sonrientes y alegres que pesimistas y medio tristonas”. También subrayó la necesidad de sumar “la determinación de muchas generaciones”, en alusión al respaldo intergeneracional percibido durante la campaña.

El próximo 25 de abril, el PSOE de Extremadura celebrará su XVI Congreso regional en Mérida, donde se oficializará la nueva dirección encabezada por Sánchez Cotrina. Con ello se pondrá fin a una etapa de provisionalidad y se abrirá un nuevo ciclo político en la comunidad autónoma.

Vega confiaba en ganar las primarias

Soraya Vega afrontaba con optimismo las primarias del PSOE de Extremadura, en las que este sábado se medía con Álvaro Sánchez Cotrina. La candidata se mostraba convencida de su victoria y aseguraba que “hoy empezaba un tiempo nuevo en el Partido Socialista” tras votar en Herrera del Duque.

Vega destacaba una campaña “bonita” y “alegre”, marcada según señalaba, por el apoyo recibido de militantes y compañeros en distintos puntos de la región. También reivindicaba el trabajo de su equipo y de los interventores y apoderados desplegados durante la jornada electoral.

La aspirante a la secretaría general subrayaba además la necesidad de “relanzar” el partido y reforzar su conexión con la militancia y con la ciudadanía, con especial atención a los jóvenes, a quienes consideraba clave en el relevo generacional de la organización.

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras sufrir una caída por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz, en el municipio de Corduente (Guadalajara). El accidente se produjo poco después de las 15:00 horas y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias en esta zona natural del Parque Natural del Alto Tajo.

La alerta fue recibida por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que movilizó a los equipos de intervención y confirmó posteriormente el fallecimiento a Europa Press. Según la información disponible, el hombre se precipitó por la escalera que da acceso al mirador del santuario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos forestales y los bomberos del parque de Molina de Aragón, que llevaron a cabo las labores de acceso y recuperación del cuerpo en una zona de difícil orografía. El operativo se completó con la intervención de una UVI móvil, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar la muerte del hombre en el mismo lugar del suceso.

Una zona rocosa y con desnivel

El mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz se encuentra en un enclave natural de valor paisajístico, encajado entre formaciones rocosas que conforman el estrecho del río Gallo. Se trata de uno de los puntos más visitados de la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo, tanto por senderistas como por turistas, atraídos por las vistas del cañón y por la singular ubicación del santuario, integrado en la propia roca.

El acceso al mirador se realiza a través de escaleras y senderos adaptados al relieve del terreno, con tramos de fuerte desnivel, superficies irregulares y pasos estrechos que obligan a extremar la precaución. Aunque el recorrido está acondicionado para visitantes, la configuración del entorno y la proximidad de cortados naturales incrementan el riesgo.

Por el momento, las fuentes oficiales no han informado de más detalles sobre las circunstancias del suceso ni han precisado si había testigos en el momento de la caída. Tampoco han trascendido datos sobre la identidad del fallecido, más allá de su edad.

Otras caídas en miradores turísticos

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, se enmarca dentro de las caídas registradas en miradores y otros puntos elevados de interés turístico. Un ejemplo se produjo en Segovia hace justo un año, el 12 de abril de 2025, cuando un turista británico de 63 años falleció tras precipitarse desde el mirador del Acueducto.

Según las primeras hipótesis difundidas entonces y recogidas por El País, el hombre se habría sentado en el pretil del mirador y, por causas que se investigaban, habría perdido el equilibrio, cayendo al vacío. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, junto a la Policía Local y la Policía Nacional, aunque los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Este tipo de sucesos, aunque aislados, vuelve a poner el foco en la seguridad de los miradores y espacios naturales de gran afluencia turística, donde la combinación de desniveles, superficies irregulares y concentración de visitantes puede incrementar el riesgo de accidentes.

El Congreso ha aprobado una reforma legal que permite condenar con hasta cinco años de prisión a quienes transporten gasolina de forma ilegal. La medida, que modifica el artículo 568 del Código Penal, responde al fenómeno conocido como “petaqueo”, una práctica recurrente en entornos vinculados al narcotráfico, que consiste en el transporte y suministro clandestino de gasolina en garrafas realizado por embarcaciones pequeñas para abastecer a narcolanchas en alta mar

La regulación busca cortar una de las vías de suministro logístico clave para las redes criminales, especialmente en regiones del sur de España. La nueva redacción legal introduce un apartado específico que tipifica el transporte de combustibles líquidos inflamables como un delito autónomo, endureciendo las sanciones previstas. La pena para el “petaqueo” será de tres a cinco años de cárcel, según recoge el texto aprobado.

Los tribunales podrán imponer penas inferiores si la conducta se considera de menor entidad, en función de las circunstancias individuales del caso y del autor. Esta modificación refuerza la capacidad de la Justicia para actuar contra quienes abastecen, almacenan o distribuyen gasolina fuera del circuito legal. Las condenas pueden imponerse sin la necesidad de probar su vínculo con el tráfico de drogas.

El petaqueo en la diana judicial

La reforma del Código Penal elimina la obligación de que la Fiscalía o la Policía acrediten que el combustible transportado está destinado al tráfico de drogas. Basta con demostrar que se posee o traslada gasolina de manera ilegal para que se apliquen las nuevas penas, según la interpretación jurídica de la reforma. El texto subraya que “cuando la sustancia inflamable sea un combustible líquido, la pena será de tres a cinco años de prisión”, lo que supone un cambio relevante frente a la normativa anterior.

El endurecimiento de las penas obedece a la preocupación creciente por la logística que alimenta las redes de narcotráfico, donde el transporte ilegal de gasolina ha sido una constante en los últimos años. El fenómeno del “petaqueo” afecta especialmente a zonas fronterizas y a núcleos costeros del sur peninsular, donde se han detectado operativos de suministro de grandes cantidades de combustible para embarcaciones empleadas en actividades ilícitas.

Multirreincidencia y flexibilidad judicial

La reforma se enmarca en el paquete más amplio de medidas contra la multirreincidencia. Además de la modificación relativa al “petaqueo”, el legislador ha introducido mecanismos para que los jueces valoren la gravedad de cada caso y apliquen, cuando proceda, penas atenuadas. Estas novedades legales refuerzan la respuesta penal frente a los delitos menores que, por su reiteración, alimentan economías ilícitas y dificultan la labor policial.

La inclusión del “petaqueo” en el Código Penal como delito independiente supone un avance en la persecución de las actividades de apoyo logístico al narcotráfico. Con la entrada en vigor de la reforma, la justicia contará con nuevas herramientas para frenar el suministro ilegal de combustible, dificultando así el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada.

El Gobierno de Israel ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada española en Tel Aviv, Francisca Pedrós Carretero, para expresarle su protesta tras la quema de un muñeco gigante del primer ministro Benjamin Netanyahu en El Burgo, Málaga. el 5 de abril. El Ministerio de Exteriores israelí señala que el acto responde a la incitación del Ejecutivo español y lamenta el silencio de España.

La diplomática, y en estos momentos principal representante de España en Israel, ha sido llamada para recibir “una amonestación”, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Israel ha calificado el incidente, difundido en redes sociales, como “una lamentable muestra de odio antisemita” y lo ha atribuido a “la incitación del Gobierno de Pedro Sánchez”. En su comunicado, el ministerio israelí ha lamentado que “incluso ahora, el Gobierno español guarda silencio” y ha subrayado la citación de la diplomática española para expresar formalmente su protesta.

Desde la localidad malagueña han defendido que la “quema de Judas”, donde se prende fuego alguien que represente “el mal”, es una tradición. El incidente de El Burgo forma parte de una costumbre local celebrada cada Domingo de Resurrección, en la que se destruye una efigie elegida por el Ayuntamiento para simbolizar el mal. Este año, la figura seleccionada fue la del primer ministro israelí, cuya efigie, de gran tamaño, fue destruida con casi 14 kilogramos de petardos ante la presencia de vecinos y asistentes, quienes aplaudieron la acción.

El Ayuntamiento justificó la elección del personaje como una manifestación de rechazo a la violencia y a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Según portavoces municipales, la quema se concibió como un mensaje en favor de la paz, bajo consignas como “No a la guerra” y “Alto al genocidio”, en referencia a la situación en Gaza. La decisión ha generado repercusión internacional, al situar el acto tradicional en el contexto del conflicto en Oriente Medio y la condena a las acciones militares israelíes.

Relaciones rotas entre España e Israel

En los últimos meses, la relación entre España e Israel ha experimentado una tensión creciente a raíz del conflicto en Oriente Medio. Esta semana se ha elevado la tensión por la situación de los militares españoles destacados en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL). El aumento de la violencia entre Israel y Hezbolá ha colocado a los cerca de 700 soldados españoles en una situación de gran riesgo. La retención de un soldado español por parte de Israel ha sido el detonante de la “guerra diplomática”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, admitió que “los soldados pasan muchas horas protegidos en búnkeres, limitando su movilidad y afectando su bienestar emocional”. Asociaciones como AUME han recordado que “no sería la primera vez que Israel mata a uno de nuestros soldados”, evocando la muerte del cabo Francisco Javier Soria Toledo en 2015. Ante este escenario, el Gobierno español ha trasladado a la ONU “su preocupación” y ha reclamado a Israel respeto a la integridad del contingente, sin valorar de momento la retirada o cambios en el mandato internacional.

La única persona que permanece hospitalizada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha dado a luz a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde continúa ingresada. El parto se ha producido durante la jornada de este sábado y, según ha precisado la Administración autonómica, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

La paciente es la última persona que sigue ingresada a consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que dejó un balance de 46 fallecidos y decenas de heridos de diversa consideración.

Desde entonces, los servicios sanitarios han atendido a un total de 126 personas, entre ellas cinco menores, según datos recogidos por Europa Press. La evolución de los pacientes ha sido progresiva durante estos meses, con distintos niveles de gravedad y una recuperación generalizada que ha permitido el alta de la práctica totalidad de los afectados.

Hace unos días, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) proporcionó el último parte de hospitalizados y altas a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). En este informe, solo permanece una mujer ingresada en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga. El informe confirma, además, que se han tramitado 124 altas hospitalarias desde el accidente, así como un fallecimiento que elevó la cifra total de víctimas mortales a 46.

Cabe destacar que el pasado 31 de marzo la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba recibió el alta, donde había permanecido desde el siniestro. Tras ello, únicamente queda ingresada esta última paciente en el hospital malagueño.

Marta, la última menor en recibir el alta

Uno de los casos más significativos fue el alta de la última menor afectada por el accidente, Marta Jiménez, una joven de 10 años que permaneció ingresada durante 49 días en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Su evolución requirió un seguimiento continuado por parte del equipo médico debido a sus lesiones.

Tras su recuperación, fue dada de alta el 6 de marzo, y protagonizó un emotivo gesto de agradecimiento hacia los profesionales sanitarios que la atendieron durante su ingreso, interpretando una pieza musical con la viola en el propio hospital. El acto fue recibido con gran emoción por parte del personal sanitario y generó una amplia repercusión en redes sociales.

La investigación del siniestro

Las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz continúan bajo investigación por parte de los organismos competentes, que mantienen abiertas las diligencias para esclarecer lo ocurrido. El análisis de los hechos incluye tanto las circunstancias del siniestro como el estado de la infraestructura ferroviaria en el tramo afectado, así como el conjunto de factores técnicos y operativos que pudieron influir en el descarrilamiento.

De las 126 personas heridas en el trágico siniestro, la mujer que ha dado a luz este sábado en el Hospital Regional Universitario de Málaga es la única que permanece ingresada. La paciente continúa bajo atención en la UCI del centro hospitalario, donde sigue estable dentro de la gravedad y bajo seguimiento médico.

La misión de España en el sur del Líbano atraviesa uno de sus periodos más complejos desde su puesta en marcha. En medio de la creciente guerra entre Israel y Hezbolá, el contingente español mantiene su despliegue en una de las zonas más inestables. Allí, los militares españoles de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) han escoltado un convoy humanitario para garantizar el acceso de la ayuda a poblaciones vulnerables.

El objetivo era hacer llegar la ayuda a las localidades de Kawkaba, Marjayún y Kleyaa. La colaboración con autoridades libanesas y otros contingentes de la ONU ha permitido evacuar familias atrapadas en zonas de riesgo, reforzando los lazos con la población y subrayando la importancia de la presencia internacional para mantener la estabilidad mínima en la región.

Misión española en Líbano

Los militares españoles desplegados realizan patrullas a pie y en vehículos para vigilar la línea de separación entre Líbano e Israel, conocida como ‘Blue Line’. Además de estos recorridos, establecen observatorios estratégicos y coordinan actividades con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), reforzando así la supervisión del alto el fuego.

Su presencia resulta fundamental en labores humanitarias, como la evacuación de familias civiles atrapadas en zonas de riesgo o la protección y transporte de convoyes con ayuda humanitaria, garantizando que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan. Este reciente transporte ejemplifica estas funciones que asumen los españoles, junto a tropas de otros países como Italia o Indonesia.

Todas estas tareas responden al mandato de la resolución 1701 de Naciones Unidas, que pide mantener el cese de hostilidades e impedir incidentes que puedan desencadenar una escalada de tensión entre las partes enfrentadas. El trabajo diario de los soldados españoles contribuye a preservar la estabilidad en un entorno marcado por la fragilidad y el riesgo constante.

Situación de los soldados españoles

Casi 700 militares españoles desplegados en Líbano afrontan una situación de máxima tensión tras el incremento de ataques entre Israel y Hezbolá. El episodio reciente de un soldado español retenido por Israel y el lanzamiento de 160 bombas en un solo día, que provocaron más de 250 muertos, han elevado la preocupación entre familiares y asociaciones como ATME y AUME.

Estas organizaciones denuncian problemas de comunicación con familiares, carencias de material básico y el temor creciente a que un ataque afecte a los efectivos españoles. Marco Antonio Gómez, de ATME, subraya que hay familias que llevan días sin información y reporta deficiencias en las condiciones de vida de los militares. Iñaki Unibaso, secretario general de AUME, recuerda que “no sería la primera vez que Israel mata a uno de nuestros soldados”, citando el caso del cabo Francisco Javier Soria Toledo en 2015.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoce que los soldados pasan muchas horas protegidos en búnkeres, limitando su movilidad y afectando su bienestar emocional. El Gobierno ha trasladado a la ONU su preocupación y reclama respeto a la integridad del contingente, aunque por el momento no se plantea una retirada ni cambios en el mandato, que restringe el uso de la fuerza a la legítima defensa.

Teruel da un paso pionero al construir el primer astropuerto de Europa destinado a la producción, almacenamiento y mantenimiento de naves espaciales y dirigibles estratosféricos. El Ayuntamiento ha confirmado este proyecto que colocará a la provincia en una nueva posición estratégica a nivel global. La obra avanza según los plazos previstos y apunta a convertir a la capital aragonesa en referente en el sector aeroespacial europeo.

Autoridades locales, encabezadas por el consejero de Fomento en funciones y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, junto a la vicepresidenta del Consorcio y alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, supervisan el avance de los trabajos en el aeropuerto turolense. El proyecto ha sido adjudicado por un importe de 39.774.382,68 euros (sin IVA) a una UTE compuesta por Aldesa Construcciones S.A. e Industria de Infraestructuras Ideconsa S.L.

Esta construcción permitirá dotar al aeropuerto de la infraestructura necesaria para operar aeronaves capaces de alcanzar los 20.000 metros de altitud, como los dirigibles tipo HAPS. También supondrá gestionar desde Teruel el ciclo completo de fabricación, lanzamiento, aterrizaje y mantenimiento de estos vehículos.

Así será el astropuerto

El hangar y la nave de producción ocuparán 2,66 hectáreas, una superficie equivalente a cuatro campos de fútbol. El edificio, de forma rectangular y unas dimensiones aproximadas de 376,20 por 70,80 metros, incorpora en sus laterales oficinas y talleres para el ensamblaje y mantenimiento de los dirigibles estratosféricos. Frente a la fachada este se construye una plataforma de lanzamiento de 300 por 220 metros, que supone otras 6,6 hectáreas adicionales de superficie operativa.

La estructura del hangar se encuentra en fase de izado y representa la mayor actuación ejecutada hasta la fecha en el aeropuerto turolense. “Las obras van viento en popa y en plazo como se puede comprobar”, afirmó López, quien anticipó que la licitación para la puesta en marcha del complejo espacial podría lanzarse en el último trimestre de 2026, con la expectativa de que la infraestructura esté operativa en el primer trimestre de 2027.

El proyecto dotará a Europa de una nave única para la producción de dirigibles estratosféricos, capaces de operar en vuelos de gran altitud. Este desarrollo tecnológico permitirá a la región ofrecer servicios de lanzamiento, aterrizaje, control, fabricación y mantenimiento de aeronaves espaciales y reforzará la apuesta por la innovación industrial en el ámbito aeroespacial.

Teruel, referencia para la industria aeroespacial

En palabras de la alcaldesa Emma Buj, el aeropuerto se consolida como uno de los proyectos estratégicos de Aragón, impulsando la inversión y la generación de empleo. Buj puso en valor que la actividad vinculada al aeropuerto ha permitido crear mil nuevos empleos industriales en la ciudad durante los últimos años.

El astropuerto turolense será el primero de su clase en el continente europeo, una infraestructura pionera que consolida a Teruel como un enclave clave en el sector aeroespacial. Gracias a la incorporación de empresas como PLD Space, que realiza ensayos de motores para cohetes en la zona, la ciudad fortalece su posición como centro de referencia en la fabricación de alta tecnología aplicada a la industria del espacio.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir en diez años”. Durante el Consell Nacional Extraordinario del PSC, Illa ha apelado a la esperanza y al trabajo para alcanzar esta meta, repasando las principales medidas puestas en marcha desde el Govern.

La intervención ha arrancado con la referencia a la política de vivienda, con énfasis en el impulso a la construcción de pisos asequibles y el control de los precios del alquiler. Illa ha destacado que Cataluña lidera la promoción de vivienda pública en el Estado. A esta línea de actuación se suman el desbloqueo del crecimiento del aeropuerto de Barcelona y la ejecución de la estación ferroviaria de La Sagrera, destinada a ser la mayor del país. El presidente ha situado también la fabricación del primer coche eléctrico en Cataluña y la generación de empleo como ejemplos del dinamismo industrial y económico.

Durante el encuentro, Illa ha insistido en que gobernar implica tomar decisiones, diferenciando este papel de la mera deliberación. Ha defendido que la pluralidad y la diversidad refuerzan el proyecto catalán y ha remarcado la importancia de un plan a largo plazo. “Cuando tienes un proyecto a diez años y ves la pluralidad y la diversidad como una fortaleza, crees en el país y no ves amenazas en cada esquina”, ha subrayado.

Cooperación territorial y modelo de financiación

En el Consell Nacional, el presidente ha dedicado un espacio relevante a la relación entre Cataluña y otras comunidades. Ha señalado que el avance de Cataluña puede ir de la mano de regiones como Andalucía, y ha destacado la aportación de quienes emigraron desde otras partes de España a la construcción de la sociedad catalana. Illa ha sostenido que la diversidad contribuye a enriquecer la identidad de la comunidad.

El presidente ha defendido el modelo de financiación autonómica acordado como el más beneficioso para Cataluña y el conjunto de comunidades. Ha argumentado que la cooperación entre territorios refuerza la posición de cada uno de ellos y permite avanzar en cohesión social y económica. Ha reiterado que la convivencia y la pluralidad deben ser elementos centrales en la acción política.

En su intervención, Illa también ha mostrado su respaldo a María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista en Andalucía, elogiando su trayectoria y su compromiso con la gestión pública. Ha planteado que el ejemplo de colaboración entre Cataluña y Andalucía puede servir de referencia para la política autonómica.

Innovación, empleo y cohesión como ejes

A lo largo de la sesión, Illa ha alineado la estrategia del Govern en torno a la innovación tecnológica, la mejora de la educación y el refuerzo de la cohesión social. El presidente ha valorado la apuesta por sectores emergentes, la modernización de infraestructuras y la ampliación de la oferta de vivienda como pilares para el ciclo de crecimiento. La creación de empleo y la consolidación de un entorno favorable para la inversión han sido planteadas como prioridades para la próxima década.

Illa ha concluido que Cataluña se encuentra en disposición de avanzar hacia un modelo basado en la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la cooperación territorial, con la mirada puesta en alcanzar los objetivos definidos para 2034.

La Guardia Civil investiga un robo ocurrido la madrugada de este sábado en una sucursal bancaria de Montearagón, Toledo, donde se emplearon explosivos que provocaron graves daños materiales en el interior de la oficina. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha citadas por EFE, la explosión dejó el local “destrozado”, aunque no se registraron heridos.

Un testigo presencial afirmó haber visto a tres personas huyendo tras la explosión. El alcalde de Montearagón, Teodoro Jiménez, declaró a EFE que el artefacto utilizado fue “bastante potente” y provocó la destrucción de la oficina bancaria. Jiménez precisó que el robo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada de este sábado, sin dejar heridos, aunque sí importantes daños materiales y “el susto” entre los vecinos.

El alcalde ha señalado que aún no se sabe la suma robada y que los investigadores están recogiendo muestras para determinar el tipo de explosivo utilizado en el asalto. Además, fuentes de la entidad financiera informaron a EFE que solo se han producido daños materiales, que por el momento continúan siendo evaluados por personal técnico, y que la oficina permanecerá cerrada hasta nueva orden.

Noticia en ampliación.

El miedo a la guerra crece entre los españoles. El conflicto de Oriente Medio, con Estados Unidos como protagonista y bases militares europeas afectadas, ha hecho que muchas personas lo vean como una realidad mucho más cercana. Lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania y la amenaza constante de Rusia a través de drones que entran en espacios aéreos europeos o buques y submarinos en sus aguas. Todo ello lleva al cuestionamiento de si uno mismo puede acabar en una trinchera o en los escombros que deja un bombardeo.

En un supuesto escenario en el que España entra en una guerra, algo todavía lejano e improbable, los militares, como es lógico, serían los primeros en tener que responder. No obstante, conforme la guerra escalase podría ir aumentando el número de personas que son llamadas a filas, sin necesidad de que tengan algún tipo de formación militar. La incorporación obligatoria de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en España está regulada por una serie de normativas legales que fijan de manera precisa el orden, los criterios y los procedimientos en caso de movilización.

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El artículo 30 de la Constitución establece el derecho y deber de los españoles a defender España. La Ley 39/2007 de la Carrera Militar es la que determina que el llamamiento a filas sigue una cadena de prioridad, que parte de los reservistas voluntarios y solo contempla la movilización ciudadana tras agotar esa vía. El proceso, que afecta principalmente a los jóvenes de entre 19 y 25 años, requiere la intervención directa del Gobierno y la autorización previa del Congreso de los Diputados.

Voluntarios primero, obligatorios después

La legislación española regula la incorporación a filas. El artículo 123 de esta ley establece que los Reservistas Voluntarios y los Reservistas de Especial Disponibilidad —antiguos militares de tropa— tienen prioridad absoluta. Solo si estos dos colectivos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de personal, el Estado puede activar la llamada Reserva Obligatoria. Este mecanismo asegura que la movilización ciudadana solo se utilice como último recurso y en circunstancias excepcionales.

La figura del reservista obligatorio queda definida en el artículo 136 de la Ley 39/2007. Los ciudadanos españoles que podrían ser reclutados son aquellos con edades comprendidas entre los 19 y 25 años. La medida no se dirige a un grupo profesional ni social, sino a la población general dentro de ese rango de edad y sin diferencia entre sexos. Si, tras reclutar a este grupo, siguiese existiendo una necesidad, se ampliaría hasta los 45 años.

La activación de la Reserva Obligatoria está sujeta a un control político estricto. El artículo 139 de la Ley 39/2007 establece que la incorporación de civiles solo es posible tras la aprobación de un Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, que debe contar con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Esta doble garantía institucional limita la posibilidad de movilización forzosa y otorga al Parlamento la decisión final sobre la activación del mecanismo.

El desarrollo reglamentario de la reserva queda recogido en el Real Decreto 383/2011, que regula los procedimientos relacionados con la incorporación. El decreto exige que los potenciales movilizados superen reconocimientos médicos que verifiquen su aptitud física y psíquica para el servicio militar. El sistema es una herramienta preventiva, alineada con la tendencia europea hacia ejércitos profesionales y reservas voluntarias.

Pena de cárcel por no defender al país

Negarse a acudir al ejército tras un llamamiento legal en España es un delito que puede llevar a penas de cárcel. Si eres un civil convocado como reservista obligatorio y no te presentas tras la autorización oficial, puedes recibir una pena de hasta tres años de prisión y quedar inhabilitado para trabajar en la administración pública.

La única opción legal para no combatir es la objeción de conciencia, que implica un servicio civil alternativo obligatorio, como ser destinado a protección civil o un hospital. Si ya eres militar, las sanciones son mucho más duras. La deserción o la desobediencia en tiempos de guerra pueden suponer de cinco a 15 años de cárcel y la ausencia injustificada más de 24 horas puede castigarse con entre tres y 10 años de prisión.

La contratación de los artistas David Bisbal, Saiko y el grupo Hombres G para las fiestas de Torrejón de Ardoz para este próximo mes de junio ha desatado la polémica en la localidad. El coste total de los tres conciertos, según el Ayuntamiento, es de 551.691 euros. Una cifra que dista de la que afirma el PSOE de Torrejón: 2.147.595 euros.

El Partido Socialista de la localidad ha criticado que su alcalde, Alejandro Navarro, quiere “maquillar el gasto” a través de una interpretación parcial de los contratos. Su portavoz, Javier Castillo, lleva días denunciando la situación, asegurando que el Gobierno municipal está trasladando únicamente una parte del coste real, omitiendo elementos clave que “deben computarse como gasto público”.

Según ha apuntado Castillo, en marzo, cuando el Ayuntamiento anunció los conciertos, los socialistas le exigieron la publicación de los contratos, tal y como recoge la Ley de Transparencia. “Antes de hacerlo, porque la ley le obliga, filtra unos datos sesgados a un medio afín para tratar de confundiros”, asegura. Miracorredor publicó que el coste alcanzaba los 551.691 euros.

Según las tres mociones para la contratación pública a las que ha tenido acceso este medio, el valor de los conciertos varía en función del artista. En el caso de David Bisbal, previsto para el 21 de junio, el coste directo inicial asciende a 165.039,16 euros, incluyendo caché, gestión, seguros e impuestos. Para Hombres G, que tendrá lugar el 23 del mismo mes, la cifra es de 265.734,15 euros, mientras que el concierto de Saiko, el 20, se sitúa en 236.772,80 euros, cantidades que el Gobierno municipal utiliza como referencia para defender su cálculo global.

Sin embargo, los contratos aseguran que las mociones no establecen un precio cerrado por actuación, sino un modelo mixto que depende de la venta de entradas. Tal y como recogen los expedientes, cada concierto contempla la puesta a la venta de hasta 15.000 entradas para quien no sea de Torrejón, con precios que oscilan entre los 34,90 euros —en el caso de David Bisbal y Hombres G— y los 19,90 euros para Saiko, reservándose 32.000 invitaciones gratuitas para torrejoneros. Esto permitiría generar ingresos de hasta 523.500 euros en los dos primeros casos y 298.500 euros en el tercero, a los que habría que sumar el IVA correspondiente. De esta forma, pretenden recaudar hasta 1,3 millones de euros por la venta de entradas.

Los documentos muestran que el Ayuntamiento adjudicó los tres conciertos a la misma empresa, ESTRIBO, PROYECTOS Y ESPECTÁCULOS AIE, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, justificándolo por motivos artísticos conforme al artículo 168.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. En ellos se especifica claramente que “en el supuesto de que no se vendiera la totalidad de las entradas, el Ayuntamiento vendrá obligado a llevar a cabo las modificaciones presupuestarias oportunas para asumir las obligaciones que pudieran derivarse”.

“Tratan de confundir con que una parte se podría pagar con venta de entradas. Pero al margen de eso, el coste de los conciertos es el que es”, explica el portavoz socialista a Infobae. Ya en sus redes sociales, el socialista ha asegurado que el coste se maquilla “ocultando una parte importante de los gastos reales y presentando únicamente una cifra parcial que no refleja el compromiso económico total del Ayuntamiento”.

La respuesta del PP

En su argumentación, Castillo insiste en que no se están teniendo en cuenta ni los impuestos asociados a los contratos ni el sistema de financiación vinculado a la venta de entradas, elementos que, a su juicio, deben formar parte del cálculo global del gasto público. Por este motivo, el PSOE sostiene que el Gobierno local basa su cifra en el escenario más favorable, en el que se vendan todas las entradas.

El alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, ha defendido el modelo de conciertos y ha respondido a las críticas de la oposición: “Los datos son públicos, están aprobados en Junta de Gobierno y todo lo que la oposición trate de decir entiendo que es ruido buscando que se acercan las elecciones”. El regidor ha explicado que la venta de entradas permite cubrir el coste de los conciertos, de manera que, si se venden todas, como está previsto, el gasto para el Ayuntamiento se limitará al caché de los artistas más los costes del sistema de gestión. “Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para tratar de tener a los mejores artistas y que el coste sea el más reducido posible”, ha señalado.

En paralelo, el PSOE había registrado ya el pasado 6 de marzo un escrito formal dirigido al alcalde solicitando acceso a toda la documentación relativa a estas contrataciones. En ese registro de entrada, el portavoz socialista advertía de posibles irregularidades al no haberse publicado los expedientes ni aclarado si habían sido aprobados en la Junta de Gobierno Local, tal y como exige la normativa vigente en materia de contratación pública y transparencia . Entre las peticiones, el grupo municipal reclamaba copia íntegra de los contratos, las fechas de aprobación, la partida presupuestaria que financia estos conciertos y un informe jurídico en caso de que no hubieran sido validados por el órgano competente.

Ante la falta de respuesta detallada, los socialistas reiteraron su solicitud el 18 de marzo, denunciando la “nula voluntad” del Gobierno municipal de facilitar la información requerida, después de recibir como única contestación que “se está recabando la información”.

Siete personas han sido detenidas en la localidad de Nules, en Castellón, como integrantes de una red que, según la Guardia Civil, se dedicaba a la trata de seres humanos para su explotación laboral, manteniendo a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud. La operación, denominada ‘Balarama’, ha permitido liberar a las víctimas y desmantelar el entramado delictivo.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, las víctimas, en su mayoría hombres procedentes de países como Nepal, Pakistán o Senegal habían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo que prometían “condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención”. Una vez en España, las personas liberadas acumulaban una deuda impuesta por la propia red y vivían hacinadas en viviendas sin agua ni luz, sometidas a jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, sin contrato ni documentación, y con salarios inexistentes o simbólicos.

La investigación ha confirmado que la organización criminal operaba de forma jerarquizada, abarcando desde la captación en los países de origen —a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos directos— hasta la explotación en el sector agrícola en distintas comarcas de Castellón y Valencia. Las víctimas, controladas bajo amenazas, coacciones y agresiones, trabajaban principalmente en la recolección agrícola, en un clima de miedo que limitaba cualquier tentativa de huir, según ha detallado la Guardia Civil.

Cómo operaba la organización

Las condiciones de vida impuestas a los trabajadores eran extremas: los 80 migrantes rescatados convivían en cuatro viviendas propiedad del matrimonio identificado como cabecilla del entramado. Estos domicilios, localizados en Nules, no cumplían requisitos mínimos de habitabilidad y, en muchas ocasiones, carecían de luz y agua potable.

La deuda generada por el viaje y el alojamiento —organizados por la propia red— se descontaba de la supuesta remuneración, que resultaba meramente simbólica. Las víctimas, de veinte a treinta y cinco años, no disponían de ningún documento que regularizara su estancia ni de contrato laboral. Según la Guardia Civil, además de la explotación laboral, la organización dirigida por el matrimonio de origen pakistaní utilizaba empresas y estructuras legales para ocultar parte de la actividad e intentar beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de sus deberes con la Seguridad Social.

Durante la operación, tras meses de investigación coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y la Fiscalía Provincial, junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios. Siete personas han sido arrestadas; dos de ellas han ingresado en prisión por decisión judicial, mientras que las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, ha precisado la Guardia Civil en sus comunicados intermedios.

El grupo delictivo extendía su actividad por las comarcas de la Plana Baixa y L’alt Palancia (Castellón), así como por el Camp de Morvedre, Camp de Túria y l’Horta Nord (Valencia). La coordinación con entidades sociales, incluyendo Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, ha garantizado la atención a los migrantes liberados, proporcionando asistencia y protección.

*Con información de EFE y Europa Press

La presión diplomática sobre Ceuta y Melilla ha crecido en las últimas semanas. En Marruecos siempre ha existido una corriente que defiende añadir las ciudades autónomas a su país como parte de sus ambiciones expansionistas. La novedad es que esta teoría se esté expandiendo por Estados Unidos. El último en cuestionar el dominio español en el norte de África ha sido Mario Díaz-Balart, figura republicana cercana a Marco Rubio.

Ahora mismo, hablar de defenderlas militarmente todavía es precipitado. De hecho, las relaciones entre España y Marruecos han mejorado notoriamente desde 2022, cuando Pedro Sánchez reconoció la postura marroquí sobre el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones”. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que exista este riesgo. No obstante, la pretensión del ‘Gran Marruecos’, el proyecto de política exterior centrado en aumentar su territorio, incluye a Ceuta y Melilla.

En 2020, el entonces primer ministro marroquí, Saadeddine El Othmani, declaró que Ceuta y Melilla “son marroquíes como el Sáhara” y calificó ambas ciudades de “ocupadas”. El rey Mohammed VI no ha hecho declaraciones directas sobre ellas, pero en su política exterior insiste en la “integridad territorial”, incluyendo la “zona norte”. En 2023, ya con el gobierno de Akhannouch, Marruecos envió a la Comisión Europea una nota oficial defendiendo su soberanía sobre ambas, aunque el primer ministro se ha mantenido más cauteloso.

Papel dudoso de la OTAN

Si España decidiera desplegar recursos militares para defender a las dos ciudades de un ataque por parte de Marruecos o de cualquier otro país, tocaría la puerta de sus socios internacionales. Sin embargo, no todas las puertas se abrirían. El papel de la OTAN siempre ha sido dudoso, pues su tratado habla de defender los territorios “en Europa”.

El artículo 5 de la OTAN garantiza la defensa colectiva ante ataques que “tengan lugar en Europa o en América del Norte”. El artículo 6 aclara que esa protección cubre territorios en esas regiones geográficas. También incluye las “islas al norte del Trópico de Cáncer”, y antes mencionaba “los departamentos franceses de Argelia”. Ceuta y Melilla se encuentran geográficamente en África y no se mencionan como excepciones.

A las dificultades por el reglamento de la Alianza se une el distanciamiento político con Estados Unidos, principal fuerza de la OTAN, por las diferencias entre Pedro Sánchez y Donald Trump, y las cada vez más frecuentes posturas cercanas a la posesión de Marruecos de la región donde se encuentran las ciudades españolas.

Alternativa con el tratado de la UE

Desde el año 2009, el Tratado de la Unión Europea recoge una cláusula de defensa mutua que refuerza la seguridad colectiva de los Estados miembros. El artículo 42.7 establece que, en caso de que un país de la UE sea objeto de agresión armada en su territorio, los demás países deben prestarle “ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance”.

El principal límite de esta cláusula es que cada Estado puede decidir el tipo de apoyo y no necesariamente debe ser militar. En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la aplicación del artículo 42.7 es posible porque ambas forman parte de España y, a diferencia de la OTAN, el tratado no hace distinciones geográficas.

Andrius Kubilius, el Comisario Europeo de Defensa, ha destacado en los últimos meses la urgente necesidad de actualizar el artículo 42.7 ante las nuevas amenazas geopolíticas, principalmente por parte de Rusia, y ante la situación de defensa europea. Pero Kubilius señala que persisten dudas legales y subraya que la redacción actual no garantiza suficiente claridad ni fortaleza para una respuesta contundente y coordinada.

Un autobús privado de turistas que circulaba por la carretera GM-2 de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) se ha precipitado por una ladera, dejando al menos un fallecido y 20 heridos, algunos de ellos graves, según ha adelantado Cadena Ser.

El siniestro se ha producido sobre las 13:15 horas en la carretera GM-2, a la altura del kilómetro 4,5, a la salida de San Sebastián de La Gomera, en las inmediaciones del vertedero. Por el momento, se desconoce la magnitud exacta del accidente.

La última actualización del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirma el fallecimiento de un hombre a consecuencia del siniestro, además de tres heridos de carácter grave y once con lesiones de carácter moderado.

En el vehículo siniestrado viajaban 27 pasajeros británicos a bordo, ha informado la empresa de transporte Gomera Tours. De ellos, 24 eran adultos, tres menores y el chófer, según ha confirmado RTVE. El autobús turístico se desplazaba desde la localidad de Playa de Santiago, en Alajeró, hacia San Sebastián de La Gomera, donde los ocupantes tenían previsto tomar el barco con destino a Tenerife.

La Guardia Civil baraja un fallo en el sistema de frenado como principal hipótesis del accidente, según ha indicado el director insular de la Administración General del Estado, Juan Luis Navarro, en declaraciones recogidas por Efe. El conductor intentó mantener el control tras detectar una posible avería, aunque el autobús acabó precipitándose por la ladera. El vehículo llegó a frenarse parcialmente antes de salirse de la vía, lo que evitó consecuencias aún más graves.

Los servicios de emergencias se encuentran en el lugar

Según ha informado el 112 de Canarias en redes sociales, en el lugar trabajan efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Guardia Civil, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera.

Asimismo, el Servicio de Urgencias Canario ha movilizado hasta la zona un helicóptero medicalizado, tres ambulancias (dos de soporte vital avanzado), además de equipo médico del centro de salud, personal de enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de transporte sanitario no urgente.

El siniestro se ha saldado con el fallecimiento de un hombre a consecuencia del accidente. Además, dos hombres de 73 y 42 años presentan politraumatismos de carácter grave y han sido evacuados en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El resto de los heridos, hasta un total de 25, ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera, donde dos de ellos permanecen en estado grave.

“Mi apoyo a las víctimas y a sus familias”, ha expresado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). Por su parte, el Cabildo de La Gomera ha establecido medidas de regulación del tráfico en la carretera insular GM-2 tras este grave accidente, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Un accidente similar hace menos de un año

Hace menos de un año, a escasos metros del lugar del siniestro, en el kilómetro 3 de la carretera GM-2, ya se registró otro accidente de características similares, en el que falleció una mujer de 73 años y otras once personas resultaron heridas de diversa consideración.

En aquel suceso, ocurrido en mayo de 2025, un autobús de transporte regular que cubría la ruta entre Alajeró y San Sebastián de La Gomera volcó y se salió de la vía tras precipitarse desde varios metros de altura. Según la agencia Efe, los heridos fueron evacuados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que el marido de la fallecida recibió atención psicológica.

La comisión Europea ha advertido a España que debe activar el nuevo sistema digitalizado para reforzar el control de la frontera exterior de la Unión Europea “este viernes” en el límite fronterizo con Gibraltar, donde las exenciones previstas por el Tratado negociado entre Reino Unido y la Unión sólo serán aplicables una vez que este acuerdo entre en vigor, previsiblemente el 15 de julio.

De este modo, Bruselas ha respondido a una carta remitida por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a una eventual flexibilidad en la aplicación del Sistema de Entrada y Salida (EES). “Todos los Estados miembro, incluido España, tienen que desplegar el EES en todos sus cruces fronterizos a más tardar el 10 de abril”, ha aclarado un portavoz del Ejecutivo comunitario a Europa Press, añadiendo que “las disposiciones legales sobre ello están claras, incluidas las excepciones para el registro”.

El nuevo modelo de control fronterizo implementado por la Unión Europea está basado en la recopilación automática de datos biométricos de los ciudadanos no europeos que entren o salgan del espacio Schengen y comenzó a desplegarse de manera gradual en octubre de 2025, con fecha tope para estar plenamente operativo este viernes 10 de abril.

Con su implementación, las autoridades nacionales podrán identificar riesgos en tiempo real, abordar con mayor eficacia las estancias ilegales y reforzar la confianza en el espacio Schengen, según ha destacado la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en un comunicado en el que ha celebrado la aplicación plena del nuevo sistema.

El caso particular de Gibraltar

La frontera con Gibraltar presenta un caso particular, ya que el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para redefinir la relación con el Peñón tras el Brexit prevé que los residentes en ese territorio queden exentos del registro del EES, pero las fuentes comunitarias recalcan que eso ocurrirá “una vez que entre en vigor el acuerdo”. De este modo, España deberá activar el nuevo sistema control fronterizo hasta nuevo aviso de Bruselas.

Recientemente, los veintisiete dieron su respaldo político a que el Tratado sobre Gibraltar sea firmado y pueda entrar en vigor de manera provisional próximamente, es decir, sin esperar a que concluya el largo proceso de ratificación que incluye el voto del Parlamento Europeo. Además, la estimación del Gobierno español y europeo, así como del británico, es que esa aplicación provisional sea posible “a partir del 15 de julio”, aunque la fecha definitiva dependerá del ritmo en que se completen los procesos de revisión jurídica y lingüística de los textos.

En este contexto y de cara a la entrada en vigor del acuerdo provisional, las fuentes comunitarias han apuntado que se están llevando a cabo “trabajos preparatorios en España para desplegar el Sistema Europeo de Seguridad en el aeropuerto de Gibraltar, garantizando así que los controles en esta frontera de la Unión Europea cumplan plenamente con el Código de Fronteras Schengen”. Un proceso en el que el Ejecutivo comunitario “apoya” al español, concluyen las fuentes.

Durante su intervención en el European Pulse Forum celebrado este viernes en Barcelona, Sánchez ha instado a los socios comunitarios a suspender el acuerdo de asociación con Israel. “No permitamos una nueva Gaza en el Líbano”, ha advertido.

El jefe del Ejecutivo ha pedido a la UE actuar con “coherencia y empatía” frente a la situación en Oriente Próximo y ha señalado directamente a Israel por estar “atropellando y violando” varios de los artículos recogidos en el acuerdo de asociación con Bruselas, sobre todo “aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario”, ha mencionado.

Crear un ejército “mañana mismo”

Más allá de este choque diplomático, Sánchez ha aprovechado el foro organizado por la organización estadounidense de periodismo Politico y la consultora BeBartlet para trazar una hoja de ruta sobre el futuro de Europa. En ese contexto, ha defendido reforzar la autonomía estratégica de la UE y avanzar hacia una política común de seguridad y defensa, con la vista puesta en la creación de un ejército europeo “mañana mismo”, no en “dos” o “diez años”.

El presidente ha identificado tres pilares esenciales para fortalecer el bloque comunitario. En primer lugar, una mayor integración en materia de defensa. En segundo, el impulso de un mercado y un marco financiero común que favorezca el crecimiento económico. Y, por último, el refuerzo de la Europa social, poniendo el foco en problemas como el acceso a la vivienda.

Sánchez ha llamado también a “recuperar la ambición del europeísmo” frente al auge de fuerzas que cuestionan el proyecto comunitario. Frente a quienes sostienen que Europa está perdiendo peso global, ha defendido que sigue siendo una referencia en términos de bienestar ciudadano.

El objetivo, ha insistido, debe ser construir una Europa “más integrada y más soberana”, capaz de reducir su dependencia de terceros actores y de tener una voz propia en el escenario internacional. “Nuestra autonomía no es una opción, es una condición indispensable para nuestra supervivencia política, económica y social”, ha subrayado.

Con todo, el presidente ha dejado claro que esa autonomía no implica aislamiento. Al contrario, ha defendido una UE abierta al mundo, con lazos comerciales sólidos tanto con Estados Unidos como con China, y una política migratoria basada en la legalidad, la seguridad y el orden.

Finalmente, Sánchez ha reivindicado el papel de Europa como garante de estabilidad en un contexto global incierto. “Europa es confianza, predictibilidad y estabilidad”, ha afirmado, al tiempo que ha instado al bloque a “rearmarse moralmente” para seguir defendiendo la paz y el respeto al derecho internacional.

*Con información de EFE

El asesinato de David, un niño de 11 años, en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada ha conmocionado a toda la Comunidad de Madrid. El suceso tuvo lugar el jueves 9 de abril, alrededor de las 19:45 horas, cuando un joven de 23 años, con autismo de grado 3 y origen peruano, presuntamente le asestó varias puñaladas en los baños del centro cultural.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el menor se encontraba en estado crítico y fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital 12 de Octubre. Allí ingresó en parada cardiorrespiratoria y presentaba heridas graves en tórax, cuello y espalda. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

El presunto agresor fue detenido por la Guardia Civil tras un operativo de búsqueda. Mientras, la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias, ha informado Efe. El arma utilizada aún no ha sido localizada, ya que el detenido habría declarado no recordar dónde la arrojó, según el programa de Telecinco El Tiempo Justo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada decretó un día de luto oficial, con banderas a media asta en todos los edificios municipales, y convocó este viernes un minuto de silencio en la Plaza de España. La institución expresó su “más profundo pésame” a la familia de la víctima.

El detenido se relacionaba habitualmente con menores

El menor se encontraba en una clase de inglés en el centro cultural La Despernada de la localidad cuando se dirigió a los servicios, donde habría sido presuntamente abordado por su agresor, quien le asestó varias puñaladas antes de huir del lugar, según ha detallado Efe. Vecinos y personas del entorno señalan además que ambos habrían coincidido en ocasiones anteriores, aunque no mantenían una relación de amistad.

Algunos residentes han relatado supuestos episodios previos de comportamientos conflictivos por parte del detenido, incluyendo enfrentamientos con otros menores, según ha recogido El Mundo. Estas versiones también apuntan a una actitud descrita por algunos testigos como infantil o engañosa, ya que, presuntamente, el joven se presentaba ante niños y padres como si fuera menor de edad.

Por su parte, según ha confirmado la madre del detenido en declaraciones a TVE, su hijo presenta autismo de grado 3 y ha explicado al reportero que él solía relacionarse con menores porque “su cerebro es el de un niño”. Posteriormente, se ha dirigido a la madre de David para pedirle perdón entre lágrimas.

Asimismo, según el programa El Tiempo Justo, el agresor llevaba una vida solitaria, aunque era visto paseando a sus perros, y se relacionaba con frecuencia con menores. En los días previos al suceso, habría mostrado comportamientos inusuales.

Durante el minuto de silencio celebrado en la Plaza de España, decenas de vecinos, representantes institucionales y miembros de las fuerzas de seguridad se concentraron en señal de duelo. Amigos y allegados depositaron flores, velas y objetos personales en memoria de David, descrito por su entorno como un niño muy querido, buen estudiante y aficionado al fútbol, según El Mundo.

La investigación continúa abierta

La Guardia Civil mantiene activas las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. El detenido fue arrestado tras un operativo de búsqueda desplegado en la zona. Y, de acuerdo con El País, el joven habría sido trasladado a un centro psiquiátrico en Móstoles, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El arma presuntamente utilizada aún no ha sido localizada. Según el mismo programa televisivo, el detenido habría declarado no recordar dónde la arrojó tras el ataque, lo que dificulta por el momento su recuperación. La Guardia Civil continúa con la búsqueda mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

“El Estado de Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan”, ha afirmado Netanyahu este viernes en su cuenta de X, en la que ha defendido la actuación de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha descrito como “los soldados del ejército más moral del mundo”.

Como medida inmediata, Netanyahu ha anunciado la expulsión de representantes españoles del centro de coordinación de Kiryat Gat, el centro multinacional establecido a finales de noviembre en Kiryat Gat (sur de Israel) para avanzar con el plan de paz promovido por Estados Unidos. “He ordenado expulsar a los representantes de España (…) después de que España haya optado una y otra vez por oponerse a Israel”, aseguró.

Ya este mismo viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha anunciado que los representantes españoles no podrán acceder al Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza por su “sesgo antiisraelí tan flagrante”, tal y como ha recogido EFE.

“El sesgo antiisraelí del gobierno de Sánchez es tan flagrante que le ha impedido actuar de forma constructiva en la implementación del plan de paz del presidente Trump y en el CMCC, que opera bajo dicho plan”, ha escrito Saar en un comunicado.

Tras esto, ha llegado el mensaje de Netanyahu. “Quienquiera que ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que lo haga, no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región”, ha añadido este en la red social.

La escalada contra España

La decisión marca un nuevo episodio de tensión en la crisis diplomática entre España e Israel, cuyas relaciones se han deteriorado progresivamente desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí en la Franja de Gaza, duramente cuestionada por el Ejecutivo español por su impacto humanitario.

Este jueves, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, tildó a Sánchez de “completo y absoluto don nadie”. “Será recordado como el hombre cuyo rostro fue grabado por un régimen terrorista que masacró a decenas de miles de sus propios ciudadanos en un misil balístico dirigido contra civiles inocentes”, añadió sobre el líder del Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Mañaneros 360, de La 1 de TVE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de “absurdas y calumniosas” las descalificaciones lanzadas por el Gobierno israelí contra España. Albares acusó además a Israel de “intentar malograr” los esfuerzos diplomáticos en curso para contener el conflicto en la región. En concreto, señaló que las acciones militares israelíes, incluidos bombardeos en Líbano, podrían dificultar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán previstas en los próximos días. Según el ministro, estas iniciativas diplomáticas buscan frenar la escalada bélica en Oriente Próximo.

Las autoridades israelíes han comunicado la exclusión de España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el organismo internacional encargado de supervisar el alto al fuego en la Franja de Gaza. Esta decisión llega como resultado del conflicto diplomático que desde un tiempo a esta parte rige las relaciones entre España e Israel.

Esta notificación llega un día después de que trascendiese la información sobre un ‘casco azul’ español que las FDI retuvieron en Líbano - y por tanto sin ningún tipo de autoridad ni justificación con base en el derecho internacional - durante una hora, denunciando también agresiones físicas sobre las cuales no se ha proporcionado aún más información.

Sánchez tiene un “sesgo” antiisraelí, según Gideon Saar

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha explicado la decisión: “El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan”.

Entre los motivos expuestos, se incluyen “la obsesión antiisraelí del Gobierno español encabezado por Sánchez” y “los graves daños a los intereses de Israel y Estados Unidos durante la guerra contra Irán”, según fuentes recogidas por medios israelíes. La notificación oficial ya ha sido remitida a Madrid y comunicada con antelación a la administración estadounidense.

El contexto de esta exclusión se ha visto condicionado por los pronunciamientos del Gobierno de España en los últimos meses. Tanto Pedro Sánchez como varios miembros de su gabinete han manifestado críticas hacia la gestión israelí en la Franja, en especial por la intensificación de la violencia israelí tras el 7 de octubre de 2023 y la ofensiva coordinada con Estados Unidos contra Irán a finales de febrero.

El Centro de Coordinación Civil-Militar fue constituido como uno de los instrumentos principales del plan estadounidense para la estabilización de Gaza. Bajo el liderazgo del jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Bradley Cooper, el CMCC integra a representantes civiles y militares de una veintena de países. Entre sus funciones se encuentra la coordinación de la ayuda humanitaria y la supervisión del alto el fuego en el enclave, un proceso que requiere una cooperación continua entre los distintos actores internacionales.

El plan impulsado por Estados Unidos incluyó la creación de la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG). Este último organismo está formado por tecnócratas palestinos y tiene como objetivo asumir progresivamente la gestión de la franja, en paralelo a la labor desarrollada por el CMCC. El trabajo de estos órganos se desarrolla en un contexto de vigilancia internacional y bajo la presión de avanzar en la reconstrucción y la entrega de competencias a las autoridades locales.

Las organizaciones internacionales presentes en la zona siguen informando sobre dificultades para el acceso de ayuda humanitaria y sobre la persistencia de tensiones en el terreno. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado de forma reiterada la existencia de restricciones para la entrada de suministros y la continuidad de bombardeos, lo que mantiene la situación humanitaria en un estado crítico.

Aunque desde el Ejecutivo español no se ha dado respuesta a esta notificación todavía, la postura española viene definida por varios meses de declaraciones y posicionamientos públicos por parte de diversos cargos gubernamentales y dirigentes políticos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho referencia a las críticas lanzadas desde Israel, calificando las descalificaciones hacia España como “una vez más absurdas y calumniosas” (declaraciones anteriores que también calificó de esta manera motivaron la expulsión de la embajadora israelí), tras las palabras de un ministro israelí que se refirió a Pedro Sánchez como “un completo y absoluto don nadie”.

Durante una entrevista en TVE, Albares ha señalado que la actuación de Israel estaría “intentando malograr” la negociación entre Estados Unidos e Irán para buscar frenar el conflicto, al continuar con los bombardeos en Líbano en vísperas de la reunión prevista en Islamabad.

En relación a las críticas israelíes por la reapertura de la embajada española en Irán y por el posicionamiento del Gobierno ante la ofensiva sobre Líbano, Albares ha recordado que España ha condenado todas las violaciones de derechos humanos cometidas por Irán y ha respaldado las sanciones internacionales dirigidas contra Teherán.

El ministro también ha subrayado que el Ejecutivo español ha reclamado al Gobierno iraní que detenga los ataques contra países del Golfo, utilice su influencia para frenar los bombardeos sobre el Líbano y reabra el estrecho de Ormuz al tráfico internacional. En esa línea, ha recalcado que el Gobierno español denuncia con la misma contundencia tanto las vulneraciones cometidas por Irán como las maniobras de Israel en Líbano, insistiendo en que “lo que Israel está haciendo en Líbano es intentar malograr la negociación entre EE.UU. e Irán para frenar la guerra, incluso antes de que se sienten mañana en Islamabad”.

El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña (COBDC) ha lamentado las declaraciones del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián durante el acto de la izquierda celebrado el pasado jueves en Barcelona, donde aseguró que prefería “llenar TikToks que bibliotecas”, alegando que su hijo mira TikTok y no por ello “renuncia ni oculta” lo que es.

“La cultura pública merece más respeto y apoyo institucional”, ha indicado este viernes el COBDC mediante su cuenta de X. Además, la institución ha explicado que las bibliotecas no compiten con TikTok, sino que “garantizan el acceso al conocimiento, el pensamiento crítico y la igualdad de oportunidades”, lamentando las “desafortunadas declaraciones de un representante público como Rufián”.

Las declaraciones del portavoz de ERC se dieron en el marco de un acto por la unidad de los partidos de la izquierda española celebrado este jueves en el auditorio del Campus Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde acudieron más de 300 personas y en el que compartió escenario con la número dos de Podemos, Irene Montero.

En su intervención, el diputado ha reclamado a la cúpula de su partido que “lidere” la construcción de confluencias de izquierdas en Cataluña, asegurando que si está en juego su cargo se irá a su casa. Además, el dirigente a subrayado que Podemos, junto con otras fuerzas políticas, puede ayudar a estas confluencias, sin que nadie deje de ser lo que es" y que del mismo modo ERC puede hacerlo en Cataluña.

Montero defiende la unidad de la izquierda

Por su parte, Montero ha defendido formar equipo con Rufián, para relanzar una izquierda fuerte en Cataluña y España, que se “atreva” a presionar para frenar los precios del alquiler, entre otras medidas, a la vez que no ha descartado que la formación morada lidere parte de este espacio que se pretende construir con otros partidos progresistas y soberanistas.

“Creo que Podemos en España y ERC en Cataluña podemos impulsar esto. Y lo que anunciamos es que estamos dispuestos, Gabriel Rufián y yo, a hacer equipo. Es evidente que hay un camino por hacer y que no es fácil, pero hay que intentarlo y es posible conseguirlo”, afirmó la exministra de Igualdad, considerando que “hay formas de articular una cooperación y colaboración” entre distintas formaciones políticas “que pueden resultar interesante para todos”.

Por su parte, desde Sumar han considerado que el acto de Barcelona es “un paso más” en la construcción de una candidatura de unidad a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales, y en este sentido asegura que “todo suma”.

“Es un paso más, en definitiva, de un diálogo constructivo que lo que busca es construir un proyecto político ganador que sea capaz de ilusionar y que sea capaz de plantarle cara a esa ofensiva de la extrema derecha y la derecha que se viene encima”, ha señalado este viernes la líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández, asegurando que cualquier diálogo entre representantes de la izquierda es “un ejercicio sano” que tiene “mucho futuro” porque lo importante.

La Fiscalía ha reclamado al Tribunal Constitucional la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la filtración de la confesión de culpa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

El recurso presentado ante el tribunal de garantías sostiene que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz durante el proceso judicial y en la resolución final. En el escrito, se defiende que el ex fiscal general actuó cumpliendo su obligación de “informar verazmente”, utilizando datos que “ya eran conocidos”, en respuesta a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

Una valoración “sesgada e irrazonable” de las pruebas

La acusación se apoya en que la valoración de las pruebas realizadas por el Supremo habría sido “sesgada e irrazonable”, en especial en lo referente a los testimonios de periodistas que negaron haber recibido la filtración del fiscal y que aseguraron disponer del correo antes de que García Ortiz accediera a él, durante la noche del 13 de marzo de 2024. Para la Fiscalía, la sentencia no dio la importancia adecuada a estas declaraciones y que, al no hacerlo, se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del entonces fiscal general.

El recurso apunta directamente a los magistrados que firmaron la condena, acusándolos de haber hecho una interpretación del derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes que supuso “una grave coacción moral” para los informadores. El escrito denuncia “una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto”. La Fiscalía critica que, en la práctica, esta postura debilita la protección judicial de los investigados cuando los periodistas no pueden o no quieren desvelar la procedencia de sus informaciones.

Entre los elementos probatorios cuestionados, destaca la llamada de apenas cuatro segundos realizada por un periodista de la Cadena SER al móvil de García Ortiz la noche de la filtración. El periodista testificó que esa llamada no fue respondida y que saltó el buzón de voz, versión que coincide con la aportada por el propio García Ortiz, quien aseguró estar hablando con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid en ese instante. La Fiscalía recalca que este hecho es compatible con una llamada perdida y no puede considerarse prueba de una filtración directa.

El documento presentado ante el Constitucional también revisa el contexto en el que se produjo la búsqueda y el envío de los correos que incluían la confesión de González Amador. También revisa el contexto en el que se produjo la búsqueda y envío de los correos que incluían la confesión de González Amador. Para el Ministerio Fiscal, la prisa por recopilar y remitir esos documentos no se debe al propósito de filtrarlos, sino a la urgencia de desmentir un bulo atribuido al entorno de la Comunidad de Madrid. Además, se pone en duda la tesis del Supremo sobre la existencia de un “círculo reducido” de personas con acceso al correo filtrado, ya que, según el recurso, el documento circuló por varias carpetas y estuvo disponible para decenas de personas.

La sentencia se refiere a un “entorno” de García Ortiz sin concretar quiénes lo conforman

El texto del recurso objeta también la alusión a un “entorno” del acusado en la sentencia del Supremo. Para la Fiscalía, esta referencia resulta “impropia del razonamiento probatorio de una sentencia penal”, ya que no delimita en ningún momento quiénes integran ese entorno ni concretan cómo habrían tenido acceso al correo.

En el apartado de derechos fundamentales, la Fiscalía denuncia la vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, así como a un proceso justo, por el registro ordenado en el despacho del ex fiscal general. La intervención, calificada de “ilegal”, fue autorizada por el juez instructor con criterios calificados como “indiscriminados y desproporcionados”, sin valorar la sensibilidad de la información almacenada y con escasos límites temporales.

El recurso también se refiere a la nota de prensa emitida en marzo de 2024 para desmentir informaciones falsas sobre el caso. La Fiscalía considera que condenar a García Ortiz por esa comunicación vulnera el derecho a conocer la acusación y el principio de legalidad, ya que la información publicada “ya era de dominio público” y, por tanto, no se puede entender como revelación de un secreto.

El Tribunal Constitucional tendrá que decidir ahora si admite el recurso y si procede revisar la condena contra el ex fiscal general, en medio de un debate sobre los límites de la información pública, el secreto profesional y las garantías del proceso penal.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido conceder la Llave de Oro de la ciudad a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, le hará entrega de este reconocimiento el próximo viernes, 17 de abril, por su compromiso “con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal”.

“Recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores y le entregaremos las Llaves de la ciudad de Madrid”, ha anunciado este viernes el regidor, en correspondencia, ha añadido, por “su esfuerzo en nombre de tantos y tantos venezolanos, especialmente también de aquellos que viven en Madrid”. En particular, alrededor de 200.000 de los 400.000 en total que residen en España). Desde 2018, el Gobierno ha regularizado a unos 240.000.

La Llave de Madrid se entrega a todos los jefes de Estado que visiten la capital en visita oficial, así como a las personalidades que el gobierno municipal de turno considera merecen recibirla. Ha recordado Martínez-Almeida que otros poseedores son el príncipe heredero de Japón Naruhito, Carlos de Inglaterra o los papas Benedicto XVI y Juan Pablo II. Pero también, en clave venezolana, Juan Guaidó y Edmundo González.

Su agenda en Madrid

“Nosotros entendemos que la figura de María Corina Machado trasciende Venezuela para convertirse en una defensora global de la democracia y de los derechos humanos. Tiene todos los méritos para tener las Llaves de la ciudad y que quien quiera ver polémica o decir que no las merece tendrá que explicarlo”, ha replicado el alcalde, adelantándose a las críticas de la izquierda.

Será solo uno de los actos previstos por la líder opositora en España, donde se verá la próxima semana con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el de Vox, Santiago Abascal, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No lo hará, al menos de momento, con representante alguno del Gobierno. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado la predisposición de Pedro Sánchez a recibirla si es ella quien “solicita un encuentro” o pide una reunión “a cualquier otro nivel”.

A su llegada a España, María Corina Machado se reunirá primero con Edmundo González y la diáspora venezolana, con quienes protagonizarán un acto masivo en la capital.

La Audiencia Provincial de Barcelona estableció, a 9 de marzo de 2026, un régimen de custodia compartida para los hijos de una pareja de origen neerlandés y español, tras el recurso de una resolución anterior que otorgaba la custodia exclusiva a la madre. La decisión afecta de forma inmediata a la vida de los menores y a la organización familiar, modificando un sistema vigente desde la llegada de la familia a España en 2020. El fallo responde a años de litigios judiciales posteriores a la ruptura matrimonial y al recurso presentado en 2024.

La nueva sentencia introduce un cambio sustancial al dejar atrás el modelo anterior que favorecía la convivencia continuada con la madre. Así, los menores alternarán semanas completas con cada uno de los progenitores, ajustando los intercambios a su calendario escolar y a los periodos festivos. Además, el tribunal insta a los padres a mantener flexibilidad y a considerar los intereses y preferencias de los hijos, particularmente en relación con sus actividades extracurriculares.

El testimonio del hijo mayor influye en el nuevo sistema de convivencia

Durante el proceso, se valoró especialmente la declaración del hijo mayor, quien manifestó que la alternancia semanal facilitaría su rutina y expresó sentirse bien con ambos progenitores. El tribunal recogió su testimonio, aunque subrayó que la decisión debe responder al interés global de los menores y no solo a la opinión individual. Además, la sentencia anima a los adultos a contemplar ajustes que permitan a los menores mantener sus rutinas y actividades.

El tribunal fundamentó su decisión en la “buena vinculación afectiva con ambos progenitores”, constatando que no existen conflictos graves que interfieran en el bienestar de los menores. El informe psicológico sobre el hijo mayor, que apuntaba a ciertas dificultades de adaptación, fue tenido en cuenta, aunque se concluyó que los niños mostraban una integración satisfactoria en su entorno actual.

La sentencia recoge de forma literal que “no se aprecian obstáculos que impidan una equiparación completa del tiempo de estancia de los niños con cada uno de los progenitores”. Se invoca la doctrina que sostiene que la custodia compartida promueve la igualdad parental y contribuye a evitar conflictos de lealtad en los hijos.

En materia económica, la resolución establece que cada progenitor cubrirá los gastos ordinarios durante el tiempo que los menores estén bajo su cuidado. Los gastos comunes - teléfono, actividades extraescolares, transporte escolar, campamentos y seguro médico - se abonarán a partes iguales mediante una cuenta bancaria compartida, con una aportación mensual de 200 euros por progenitor, revisable en función de las necesidades de los hijos.

Además, la sentencia distingue entre gastos ordinarios, extraordinarios necesarios - como tratamientos médicos prolongados - y extraordinarios optativos, que requerirán acuerdo previo. Para los gastos excepcionales, será imprescindible la comunicación y, en algunos casos, el consentimiento de ambos.

El recurso del padre se basó en un cambio de situación económica y en que el modelo anterior no respondía al interés de los hijos. Expuso ingresos irregulares y rentas por alquileres, aunque las cifras presentadas resultaron inferiores a las estimaciones previas. La madre, en cambio, acreditó ingresos estables y un saldo bancario notable. El tribunal constató falta de claridad en la declaración de ingresos de ambos, lo que motivó la consulta a bases de datos patrimoniales y el ajuste del sistema de reparto.

Al estar ambos menores escolarizados en Barcelona y residir ambos progenitores en la ciudad, no existen obstáculos para los intercambios semanales planteados por la custodia compartida. La resolución permite revisar la cuota conjunta si no cubre adecuadamente los costes de los hijos y abre la posibilidad de recurso ante instancias superiores, revocando el modelo anterior de residencia exclusiva con la madre y adoptando un sistema de igualdad parental.

Ya ha finalizado la primera semana del juicio por el caso Koldo y durante cinco sesiones ya han desfilado por el estrado nombres como Víctor Ábalos, Jessica Rodríguez, Claudia Montes o Carmen Pano. Una semana cargada más de anécdotas y cotilleos que pasos reales en la dirección de intentar dilucidar la inocencia o culpabilidad de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Y es que, a parte de lo que se ve en los medios, estas primeras jornadas han estado marcadas también por lo que no se dice: la creciente tensión entre la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz y el fiscal Alejandro Luzón; las sonrisas de Ábalos; las expresiones de indignación de Koldo o el misterioso collar con el que Jessica estuvo jugando durante toda su intervención sin que lo pudieran captar las cámaras.

Unas anécdotas que no han hecho más que acompañar a unas testificales, que más que centrarse en el tema principal del juicio, la compra fraudulenta de mascarillas durante la pandemia, han versado principalmente sobre la vida más personal de los implicados y otras temáticas que rodean el caso.

Sí que hay que destacar una de las pocas menciones al tema de las mascarillas, con la que dio comienzo este juicio. En las declaraciones escritas de Francina Armengol y Víctor Ángel Torres, la presidenta del congreso indicó que en ningún momento fue contactado por Ábalos o su ex asesor y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aseguró que no dio “ninguna orden” durante estas contrataciones. A partir de ahí, comenzó el espectáculo.

El hijo y el hermano

La familia directa de los dos principales imputados, Ábalos y Koldo, ha sido uno de los protagonistas, sobre todo durante la primera sesión. Víctor Ábalos, primogénito del exministro, fue el primero en declarar para defender que nunca ha sido “el custodio del dinero de nadie”, contradiciendo a los informes de la UCO que marcaron la instrucción.

Explicó que nunca había hablado en clave con Koldo García: “Cuando hablábamos de café, era café de Colombia, nada más”, en referencia a la conclusión que llegaron los investigadores de que la palabra ‘café’ significaba tener que hablar por móviles desechables y no ser detectados.

Aprovechó su turno de palabra para denunciar la “brutal campaña reputacional” que ha sufrido desde que se dio a conocer este caso, llegando a tener “cero ingresos” y obligado a pasearse por los platós televisivos para ayudar a su padre desde su ingreso en prisión.

Más larga fue la declaración del hermano de Koldo, Joseba García, que, tras negarse a responder a las preguntas que no fueran de su abogada, ya que se encuentra imputado en otra de las piezas del caso Koldo, estuvo dando vueltas y vueltas sobre las mismas ideas.

Relató cómo recogió dos sobres con dinero de la sede del PSOE en Ferraz para su hermano, cómo hizo un favor a Aldama al recibir y entregarle unos documentos desde República Dominicana o el momento en el que fue parado por la Guardia Civil llevando un sobre a Ábalos, que, según su versión, fue abierto por los agentes.

También habló largo y tendido sobre su relación con Jessica Rodríguez, a la que no llegó a definir como amiga, pero sí como una persona muy cercana. “Cuando se iba de vacaciones, me dejaba las llaves de su piso para que cuidara de su gato”, aseguró.

Jessica, la amante que lo dejó todo por un ministro

Las palabras de Joseba fueron contradichas esa misma tarde por la propia Jessica Rodríguez. Según ella, solo coincidió con el hermano de Koldo en una ocasión, antes de entrar a trabajar en Ineco, que se tomaron café juntos. Esa contratación es la que la ha sentado en la silla de los testigos y no tuvo ningún problema en admitir que cobraba sin realizar ningún trabajo.

Sin embargo, en la misma línea que Joseba, sí mencionó a su gato. “Lo adopté por el Señor Ábalos”, relató, ante la mirada de incredulidad del exministro. Y es que, si hubo un punto fuerte en su declaración fue la relación de amor que ambos compartieron.

Desde que se conocieron en octubre de 2018 “fuera de Madrid”, según indicó, hasta su ruptura en noviembre de 2019, porque Ábalos no quería divorciarse de la que en ese momento era su tercera mujer, lo que Jessica no quiso aceptar. Casi un año de relación que permitió a Jessica ser contratada en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, gracias a la intermediación del exministro y tener un piso en plena Plaza de España pagado por Aldama, en el que estuvo muchos años después del fin de la relación.

“Yo creo que se sentía culpable porque me hizo cambiar toda mi vida y al final no abandonó su vida de familia”, es la razón que dio para que no dejara de cuidarla.

Claudia Montes, la ‘amiga’ que no sabía que estaba “enchufada”

Siguiendo la estela de Jessica, llegó el turno de Claudia Montes, la amiga de Ábalos también enchufada en una empresa pública, en este caso Logirail. Conoció al exministro en un mitin y de allí comenzaron lo que describió como una “amistad”. “Me culturizó mucho en temas de política”, indicó.

Su estrategia se distanció de la llevada a cabo por Jessica, ya que en todo momento defendió su trabajo en el puesto. Ella simplemente se quejó a Ábalos de que estaba trabajo, pero como “una queja entre amigos”. De allí él presuntamente empezó a mover sus hilos, pero según la versión de la testigo él nunca le dijo que estuviera “enchufada”.

De sus principales controversias, fue un expediente que estuvieron a punto de abrirle por haber faltado más de ocho días a su trabajo. Según su versión, cuando consiguió este trabajo en el proyecto de los trenes turísticos de lujo, le ofrecieron una oficina que no era “adecuada”. Era un sitio muy pequeño, donde estaba “contra la pared”.

Por esta razón estuvo una época sin acudir a su puesto, pero se defendió en que, durante sus horas de trabajo, iba a la biblioteca de Oviedo a leer libros, todos “sobre trenes”.

Las primeras menciones al PSOE

Durante estas jornadas también se ha podido escuchar, aunque en contadas ocasiones, menciones al Partido Socialista Español (PSOE). Una de las primeras fue la ya indicada por Joseba García, en la que aseguró haber ido a la sede de Ferraz a recoger los sobres de dinero para su hermano Koldo.

En esta línea, reconoció que sí era conocedor de la “mecánica habitual” de su hermano, en la etapa de asesor de Ábalos, de ir con tres sobres “atendiendo a si los gastos eran del PSOE, del Ministerio o gastos personales”. “Sí, era una manera de llevar su contabilidad o su control”, dijo.

Sobre Ferraz también ha habaldo la empresaria Carmen Pano, que una vez más ha contado su historia sobre las dos bolsas de dinero en efectivo que entregó en esta sede. Una historia que ha contado ya más de una vez en una Sala Judicial, ya que es una de las implicadas de la trama de Hidrocarburos en la Audiencia Nacional, pero que está vez ha tenido dificultades para explicar del todo.

Primero eran dos entregas de 45.000 euros sacadas por ella misma del banco tras haber recibido las pertinentes transferencias en su cuenta del empresario Claudio Rivas, pero para más adelante relatar que una de ellas se la entregó un “emisario” del propio Rivas en su casa.

También le han bailado las cantidades, ya que en la segunda entrega al parecer faltaron 10.000 euros que no ha sabido explicar si Aldama se los pidió un día antes de entregarlo, un día después, ni tampoco ha sabido relatar con exactitud cuántos viajes acabó realizando a la sede de Ferraz.

Plantearse que el ejército estadounidense se retire de Rota y Morón ha pasado de ser una predicción absurda a un escenario a tener en cuenta. Logística y económicamente es un decisión con poco fundamento, pues EEUU ha invertido auténticas millonadas en su desarrollo y mantenimiento. No obstante, cada vez hay más fuentes y personas cercanas a la administración de Donald Trump que valoran esta posibilidad.

En España, la oposición a colaborar militarmente con EEUU tiene una extensa oposición. Podemos exige el cierre de las bases, al igual que la salida de la OTAN. Cuando comenzaron los ataques estadounidenses a Irán a finales de febrero, el Gobierno prohibió a las fuerzas armadas norteamericanas emplear las bases para sus bombardeos en Oriente Medio, pero sigue sosteniendo su “compromiso” con EEUU como aliado.

Sumar ha planteado una nueva alternativa. La formación de la coalición ha defendido, a través de una PNL (Proposición no de ley) dar otro uso no militar a la cooperación en estos enclaves. Sumar ha propuesto que se “evalúe el uso de las bases militares de Rota y Morón por fuerzas extranjeras” y plantea que se empleen para “ayuda humanitaria”. Advierte que estos enclaves, “clave en la estrategia militar estadounidense”, pueden ser “objetivos en escenarios de conflicto”, de manera que defienden aprovecharlas para fines humanitarios o desarrollo tecnológico.

Retirar las bases en España

The Wall Street Journal, con citas de altos funcionarios, aseguraba este jueves que Donald Trump evalúa retirar las bases militares de Estados Unidos en Rota y Morón, en España, y trasladar a los soldados a países más “colaborativos”. Esta medida respondería al rechazo del gobierno español a participar en la guerra contra Irán y a no aumentar el gasto en Defensa. El destino probable de las tropas serían países del este de Europa, como Polonia, Rumania, Lituania o Grecia, naciones que han mostrado mayor apoyo a la estrategia estadounidense y un gasto militar más elevado.

La administración Trump considera esta reubicación como una forma de “castigo” a los socios menos alineados con sus intereses en la OTAN. La opción de cerrar las bases en territorio español o alemán tampoco está descartada. En el debate ha surgido la posibilidad de trasladar parte de la presencia militar a Marruecos, que mantiene una relación estable y positiva con Estados Unidos.

Dificultad de reemplazar Rota y Morón

El traslado de la base militar a otro país enfrenta serios obstáculos. Estados Unidos ha destinado grandes sumas a la modernización de Rota, que está preparada desde hace décadas para albergar buques de guerra. Marruecos ha mostrado disposición para recibir navíos estadounidenses, especialmente en la base de Tánger de Alcazarseguir, pero la infraestructura existente en España representa una ventaja significativa por su ubicación en una zona estratégica como el estrecho de Gibraltar y el desarrollo logrado.

El acuerdo bilateral firmado en 1988, que actualizó los Pactos de Madrid de 1953, establece que cualquier operación importante en Rota requiere la aprobación previa del Gobierno español. Esta cláusula ha provocado los roces recientes. A su vez, el personal estadounidense en la base opera bajo un régimen especial, combinando la jurisdicción de Estados Unidos, España y la OTAN, lo que añade complejidad a cualquier cambio de ubicación.

El suceso ocurrió en torno a las 19:45 del jueves, cuando el 112 de la Comunidad de Madrid recibió la alerta. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al menor en parada cardiorrespiratoria, con heridas en el tórax, el cuello y la espalda. Los sanitarios del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) lograron revertir la parada y estabilizaron al niño.

Posteriormente, lo trasladaron en helicóptero al Hospital 12 de Octubre en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció durante la noche. El Ayuntamiento confirmó su muerte mediante un comunicado, en el que expresó su “más profundo pésame a la familia del menor fallecido” y manifestó su “cercanía y compromiso” en unos momentos calificados de “enorme dolor”.

Consternación por el caso

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 23 años como presunto autor del ataque. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias y el móvil del apuñalamiento. El menor, de origen rumano, fue agredido en el centro cultural de la localidad, hecho que ha causado un fuerte impacto entre los vecinos y en la comunidad educativa y social de Villanueva de la Cañada.

Como muestra de solidaridad, el Ayuntamiento convocó un minuto de silencio a las 12:00 horas del viernes en la Plaza de España, invitando a vecinos y autoridades a participar en el acto de homenaje y respeto por la víctima. La noticia ha generado gran conmoción entre la población y ha movilizado a instituciones y representantes políticos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, transmitió sus condolencias a través de un mensaje en la red social X. “Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida”, expresó la presidenta.

La reacción institucional se sumó a las muestras de apoyo y dolor recogidas en las últimas horas tanto en Villanueva de la Cañada como en el resto de la región. El Ayuntamiento reiteró su respaldo a la familia y su compromiso para acompañarles en este proceso, al tiempo que pidió respeto y prudencia ante la gravedad de los hechos. El caso permanece bajo investigación judicial mientras la localidad se prepara para rendir homenaje al menor, en una jornada marcada por el duelo colectivo y el rechazo a la violencia.

El Gobierno de España aprobó en diciembre de 2024 la autorización administrativa de construcción para que la empresa GR Mandarín Renovables SL ponga en marcha en el municipio madrileño de Soto del Real una gran instalación fotovoltaica que, en principio, contaría con 117.264 paneles, justo en dos parcelas situadas junto al Centro Penitenciario Madrid V, famosa por acoger a muchos de los políticos y empresarios que son encarcelados por sus ‘pecados’ judiciales relacionados con la corrupción. Por sus celdas han pasado figuras tan notables como Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Jordi Pujol Ferrusola, Francisco Granados, Paco Correa, Santos Cerdán... ahora están allí, por ejemplo, el ex ministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

GR Mandarín, por su parte, pertenece a Grenergy Renovables, una empresa española de energías renovables que cotiza en Bolsa cuyo accionista mayoritario es David Ruiz de Andrés, que el último listado de la revista Forbes le colocó entre los 100 españoles más ricos, concretamente en el puesto 53 con una fortuna que supera los 400 millones de euros. La compañía, de momento, guarda silencio absoluto contra un proyecto que aunque ya tiene el aval del ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad de Madrid, no ha gustado nada al ayuntamiento más afectado, el de Soto del Real, donde se colocarán las placas.

Su alcaldesa, la socialista Noelia Barrado, explica a Infobae que su Ayuntamiento presentó alegaciones en su día porque “este proyecto genera de manera directa un gran impacto visual sobre el territorio”, y en particular sobre áreas de protección del entorno como son el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la reserva de la Biosfera de las cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. El problema es que la planta cuenta con declaración favorable de impacto ambiental por parte de la Comunidad de Madrid. Los Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, de otro signo político (del PP), también presetaron alegaciones porque por su terminos municipales pasarían las infraestructuras de evacuación asociadas, los 21 kilómetros de líneas subterráneas de media tensión para extraer la energía que se produzca en la planta.

El de Colmenar, por ejemplo, argumentó que una de esas líneas de evacuación atraviesa la finca municipal Dehesa de Navalvillar en lugar de proyectarse por vías pecuarias. Se trata de una paraje de alto valor medio ambiental, ganadero y sociocultural, y que la construcción de esta línea provocaría destrozos en el pastizal, en el monte preservado, en los manantiales, en el ganado, en las especies protegidas existentes en la finca y en los yacimientos arqueológicos de la zona. GR Mandarín, en su proyecto, anuncia que la planta contaría con 152.656 paneles fotovoltaicos de 655 vatio-pico (la potencia máxima de un panel), que suman una potencia total de 99,99 MWp y de 61 inversores Ingeteam (que almacenarían la energía producida). Al final, la empresa ha decidido reducir la extensión de la planta de 108 a 77 hectáreas, reduciendo así su potencia desde los 99,99 MWp iniciales a 80 MW. Los paneles defintivos serían 117.264, y los inversores, finalmente solo 41.

Sin noticias en los municipios

El Consistorio de Tres Cantos también presentó sus alegaciones. En este caso por un tema administrativo. El Ayuntamiento de esta localidad ha alegado que no puede conceder la autorización administrativa de construcción en lo que respecta a que esta futura instalación porque ocupa bienes de dominio público y el promotor debe obtener antes la Declaración de Utilidad Pública sobre todas las infraestructuras que afectan a su término municipal y requieran de la constitución de una servidumbre sobre este tipo de espacios. “Así se lo trasladamos. No hemos vuelto a tener noticia”, explica un portavoz de Tres Cantos. “Nosotros no hemos vuelto a saber nada de ellos”, señala la regidora de Soto. “Aunque tengan la autorización del ministerio, deben solictarnos a nosotros licencias de obras, y no han tramitado nada”, concluye Noelia Barrado.

Este diario ha intentado, sin éxito, hablar con algún portavoz de Grenergy para conocer la fase del proyecto. Hay que tener en cuenta que esta nueva planta en Soto se encuadra dentro de un conjunto de nueve proyectos fotovoltaicos (en Madrid y Castilla-La Mancha) que unirían sus infraestructuras de conexión en una estación receptora que hay en Tres Cantos. Es un proyecto complejo, señalan fuentes del sector, en el que han tenido, por ejemplo, que hacer alegaciones e informes la Confederación Hidrográfica del Tajo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad (Adif-AV), el Canal de Isabel II, Madrileña Red de Gas, Red Eléctrica de España y Telefónica. “Aunque hayan obtenido la autorización administrativa de construcción, ahora necesitan los permisos municipales para construir y luego la autorización administrativa de explotación por parte del ministerio”, señalan las mismas fuentes.

La Comunidad de Madrid ya diseñó en 2023 una Estrategia de Energía, Clima y Aire que durará hasta 2030, año en el que está previsto que el 84% de la generación eléctrica sea de origen renovable. Esa estrategia incluye la puesta en marcha de un nuevo Plan de Protección del Paisaje donde se limitará a un 4% la superficie en la que se permite colocar instalaciones fotovoltaicas. El objetivo es proteger zonas agrícolas donde se localicen árboles centenarios y plantaciones vinícolas. El suelo en Soto tiene todos los permisos del Gobierno regional. Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de echar una mano a todos estos proyectos en desarrollo, aprobando el pasado 20 de marzo un plan, en forma de Real Decreto, para dar respuesta a la crisis política y bélica de Oriente Medio. Las futuras plantas fotovoltaicas, como la que se quiere construir en Soto, tienen ahora hasta 2023 para finalizar sus proyectos (antes el plazo era hasta 2028).

Casi 700 militares españoles desplegados en Líbano viven una situación de máxima tensión. El último episodio más preocupante ha sido el militar español que Israel mantuvo retenido durante una hora. Este miércoles Israel realizó el mayor ataque desde que comenzó su fuego cruzado con Hezbollá, lanzando 160 bombas que mataron a más de 250 personas. Cerca de la Blue Line, la frontera entre los dos países, se encuentra el despliegue de la FINUL, donde los centenares de españoles pasan “horas bunkerizados”, como reconoció Margarita Robles. España, junto a más de 60 países y la Unión Europea, ha condenado los ataques persistentes contra la misión en Líbano.

En medio de este escenario surgen voces críticas y familiares preocupados que reclaman más información. El estado de los militares españoles tensa la cuerda. “Hay familiares que llevan días sin saber nada”, explica Marco Antonio Gómez, de ATME (Asociación de Tropa y Marinería), que también señala problemas con el material básico, como las “camas destrozadas” en las que duermen. No obstante, el verdadero miedo cada vez más intenso es que un ataque israelí o de la milicia acabe por dañar a un español.

“No sería la primera vez que Israel mata uno de nuestros sodados”, denuncia Iñaki Unibaso, secretario general de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles), recordando el caso del cabo I Francisco Javier Soria Toledo, que murió tras recibir el impacto de un proyectil israelí en 2015. AUME centra sus exigencias en que el Gobierno continúe condenando con firmeza los ataques. Hace poco más de una semana, tres cascos azules de Indonesia, que forman parte de la misma misión de la ONU que España, murieron por el impacto de un ataque que atribuyen a Hezbolá.

“Pasan horas bunkerizados”

Los soldados pasan largas jornadas protegidos en búnkeres, lo que limita su capacidad de movimiento y su margen de intervención directa, además de afectar su bienestar emocional y su comunicación con las familias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que, aunque “se pasan muchísimas horas bunkerizados”, el contingente continúa cumpliendo con sus funciones siempre que las condiciones de seguridad lo permiten y se prioriza la protección del personal.

El despliegue de los militares españoles en Líbano está regulado por el artículo VI de la Carta de la ONU, que solo permite el uso de la fuerza en legítima defensa y les impide intervenir activamente en el conflicto. Aunque las autoridades libanesas colaboran con la misión y facilitan su labor, la presencia de Hezbolá y la cercanía de ataques israelíes complican la seguridad del contingente, obligando a extremar precauciones y a mantener una vigilancia constante ante cualquier incidente.

El Gobierno de España ha trasladado a la ONU su preocupación por la seguridad de los soldados y ha reclamado el respeto a su integridad. “No podemos aceptar que, vulnerando las normas de derecho internacional, esté ocurriendo lo que está ocurriendo”, declaró Robles. La retirada o cualquier modificación del mandato depende del Consejo de Seguridad y por el momento no se contempla. Mientras tanto, el contingente español enfrenta el reto de mantener su misión en un contexto donde el conflicto sigue escalando y las restricciones operativas permanecen.

España endurece desde este viernes los castigos penales para los ladrones multirreincidentes. La nueva ‘Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril’ se ha publicado este jueves en el BOE, por lo que las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal son ya un hecho. Se prevé, por ejemplo, “un supuesto agravado específico para la sustracción de teléfonos móviles”, señala el texto. Y es que el eje central es castigar con penas más duras la multirreincidencia en delitos leves contra el patrimonio. Ahora, quien cometa un hurto por valor inferior a 400 euros, pero que ya haya sido condenado ejecutoriamente al menos por otros tres delitos de la misma naturaleza, siendo al menos uno de ellos leve, dejará de beneficiarse del tratamiento del delito leve.

Esta conducta delictiva que hasta ahora se solía castigar con una simple multa de 1 a 3 meses, la pena aplicable pasará a ser la del hurto menos grave, que conllevaría penas de prisión de 6 a 18 meses. Están incluidos los robos de todos “aquellos dispositivos electrónicos que, por su propia naturaleza, son susceptibles de contener información personal, datos identificativos, registros de actividad y acceso a servicios bancarios o de comunicación”, señala el texto. Los legisladores han tenido en cuenta que, en el caso de los teléfonos móviles, “además de ser los objetos sustraídos con mayor frecuencia en el espacio público, su pérdida genera siempre perjuicios que exceden el valor material del dispositivo, afectando gravemente a la privacidad, a situaciones de incomunicación, a la seguridad de los datos, a la comunicación esencial y a la vida cotidiana de la víctima. Esta singularidad, así como el notable impacto social que produce, justifica un tratamiento penal específico”.

El salto es, por tanto, sustancial. De una multa de semanas se pasa a una pena privativa de libertad que puede alcanzar el año y medio. La norma modifica los artículos 22, 66 y 80 del Código Penal para precisar precisamente el tratamiento de los antecedentes por delitos leves cuando integren tipos agravados por multirreincidencia. Esta reforma, una propuesta de Junts, fue aprobado a finales de marzo en el Congreso con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV y UPN. Los últimos datos ofrecidos por el ministerio del Interior es que en 2025 se produjeron 633.888 hurtos, sin especificar el tipo, un 3% menos que en 2024.

El mismo resultado se reproduce para la multirreincidencia en las estafas leves: quien defraude menos de 400 euros pero acumule al menos tres condenas previas de la misma naturaleza, una de ellas leve, se enfrenta a la pena ordinaria de estafa, esto es, prisión de seis meses a tres años. En estos casos (robo de móviles y estafas), los antecedentes cancelados o que debieran estarlo no computan. También se modifica el tipo agravado de hurto en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas. “La reiteración de sustracciones de productos, herramientas y materiales indispensables para la actividad agraria, ha situado a estos sectores en una notable situación de vulnerabilidad”, explica la reforma.

Otra medida novedosa es la que reconoce a los Ayuntamientos su legitimación para ejercer la acción penal en los delitos de hurto. La reforma del artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “responde a la necesidad de dotar a los municipios, administraciones que padecen de manera inmediata los efectos de la multirreincidencia, de herramientas jurídicas que permitan contribuir de forma efectiva a la persecución de los delitos que afectan a la convivencia y a la seguridad vecinal”.

También el ‘petaqueo’

Bastará acreditar que el valor de lo sustraído supera los 400 euros, eliminando la exigencia anterior de probar la especial gravedad del perjuicio. Cuando se aprecia esta agravante, la pena aplicable es la del artículo 235: prisión de unos a tres años. La reforma incorpora también respuesta penal a la práctica conocida popularmente como ‘petaqueo’: el uso de combustible líquido como sustancia inflamable y que los narcos utilizan para suministrar gasolina a sus embarcaciones. Ahora podrá conllevar una pena de 3 a 5 años de prisión, frente a la pena general de 1 a 3 años prevista para el depósito o uso de sustancias inflamables en condiciones peligrosas.

La proyección internacional de Gabriel Rufián ha experimentado en las últimas semanas un repunte, con varios medios europeos poniendo el foco en su evolución política y en el papel que aspira a desempeñar en la reconfiguración de la izquierda española. El interés exterior, hasta ahora más bien tangencial y vinculado al ciclo del independentismo catalán, comienza a desplazarse hacia su perfil como actor político en el conjunto del tablero estatal.

Este cambio de mirada coincide con un momento de intensa actividad pública del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que este jueves ha participado junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero en un acto centrado en el futuro de la izquierda alternativa. La cita se ha producido en un momento de debate estratégico dentro del espacio progresista, marcado por la fragmentación electoral y la dificultad de articular posiciones comunes.

Lejos de plantear fórmulas inmediatas de alianza, el encuentro ha servido como una tentativa de agitar el debate interno y de introducir propuestas orientadas a superar la dispersión del voto. Se trata de una línea argumental que Rufián ha venido sosteniendo en los últimos meses, en la que combina una apelación al pragmatismo electoral con la reivindicación de identidades políticas diferenciadas, en un equilibrio no exento de tensiones.

La construcción de un perfil político

Es precisamente esa evolución la que ha llamado la atención de la prensa internacional. El diario francés Libération ha dedicado un extenso perfil al dirigente republicano en el que traza un recorrido que va de la confrontación política a una posición más compleja y ambivalente. El rotativo lo define como un “catalizador” y como un “unificador prolífico y realista” de la izquierda española, términos que reflejan una lectura menos unidimensional de su figura.

El artículo subraya que Rufián “se ha transformado” desde su irrupción en la política estatal en 2015. Entonces, su imagen quedó estrechamente asociada a la retórica más combativa del independentismo catalán. Hoy, sin renunciar a un estilo directo, incisivo y de fuerte impacto mediático, el periódico francés detecta en él una vocación de influencia que trasciende ese marco.

La continuidad en su escaño como portavoz parlamentario de ERC aparece en ese análisis como un elemento clave. Desde esa posición, Rufián ha consolidado una presencia política sostenida, apoyada en intervenciones de alto voltaje retórico, pero también en su participación en dinámicas de negociación vinculadas a la gobernabilidad. Esa doble dimensión es uno de los rasgos que más destacan en el retrato trazado por Libération.

El perfil no elude el contexto en el que se forjó su notoriedad. El diario sitúa su trayectoria en el ciclo del independentismo catalán, descrito como un proceso que no alcanzó sus objetivos políticos y que dejó fuera de juego a buena parte de sus principales dirigentes. En ese escenario, la permanencia de Rufián en primera línea institucional constituye, a ojos del rotativo, un elemento distintivo.

Entre la ambición y los límites

La atención internacional no se circunscribe al ámbito francés. El diario portugués Público ha abordado también su figura en términos que apuntan en una dirección similar, aunque con un énfasis particular en la ambición de su proyecto político actual. El medio luso destaca su evolución desde una posición marginal en sus inicios hasta convertirse en uno de los diputados más visibles del Congreso.

En ese recorrido, Público pone el acento en el intento de Rufián de promover algún tipo de convergencia entre las distintas corrientes de la izquierda española, un objetivo que define abiertamente como complejo. La dificultad de articular ese espacio, atravesado por diferencias estratégicas y por dinámicas competitivas, aparece como uno de los principales condicionantes de su planteamiento.

Esa tensión entre la ambición de construir puentes y los límites que impone la realidad política ha estado también presente en el acto celebrado este jueves junto a Irene Montero. La apelación a una mayor coordinación electoral convive con la constatación de que no existe, por ahora, un marco compartido que permita traducir ese diagnóstico en acuerdos concretos.

El reconocimiento se ha hecho público en el marco del evento anual ‘Nosotros, los pueblos’, una cita que toma su nombre de la fórmula inicial de la Carta de las Naciones Unidas y con la que la fundación distingue a personalidades que, a su juicio, encarnan los principios que inspiran la acción del organismo internacional.

Tras conocerse la concesión del premio, Sánchez ha reaccionado a través de la red social X, donde ha agradecido la distinción en un mensaje en el que ha querido subrayar su dimensión colectiva. El presidente ha afirmado que recibe el galardón “con honor” y ha sostenido que supone “un reconocimiento a todos los españoles” por su compromiso con la paz, la justicia internacional y la cooperación. En esa misma línea, ha añadido que España es “un gran país” y que esa es también la percepción en el ámbito de Naciones Unidas.

Un premio en el marco de ‘Nosotros, los pueblos’

El ‘Campeón por el Cambio Global’ se inscribe en los premios ‘Nosotros, los pueblos’, con los que la Fundación de las Naciones Unidas reconoce cada año a líderes políticos, sociales o institucionales por su contribución a la gobernanza global. En esta edición, la fundación ha situado el foco en el papel desempeñado por Sánchez en la promoción de políticas alineadas con los grandes ejes de la agenda internacional.

Durante la ceremonia se proyectó un vídeo con una intervención del presidente del Gobierno en la que articuló un discurso centrado en la vigencia del multilateralismo y en la necesidad de reforzarlo en un contexto internacional marcado por tensiones y desafíos compartidos. En esa intervención, Sánchez sostuvo que España seguirá “alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo”, al tiempo que apeló a intensificar los esfuerzos: “Es hora de hacer más. Y de hacerlo mejor”.

El jefe del Ejecutivo introdujo además una reflexión sobre el alcance del concepto “los pueblos”, eje simbólico del acto. Según expuso, no debe circunscribirse a quienes viven en condiciones de seguridad y estabilidad, sino que interpela de forma directa a quienes atraviesan situaciones de dificultad. “Esas son las personas para las que se creó la Organización de las Naciones Unidas”, señaló, antes de subrayar que son también quienes deberían situarse en el centro de la acción multilateral.

La recogida del galardón

El premio fue recogido en nombre del presidente por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, que asistió al acto en representación del Gobierno español.

El contenido del vídeo difundido durante la ceremonia incorporó también una apelación más amplia a la eficacia de las instituciones internacionales en el escenario actual. En el mensaje se planteaba la utilidad de los marcos de cooperación existentes ante la persistencia de conflictos, desigualdades y crisis globales. “¿De qué sirven nuestras palabras e instituciones si la injusticia continúa extendiéndose sin control por los continentes?”, se preguntaba la intervención, que hacía referencia igualmente al deterioro medioambiental y al repunte de la violencia en distintas regiones.

El discurso incidía en la distancia entre los indicadores globales y la experiencia de quienes padecen las consecuencias de esas crisis. “Los números y las estadísticas son de poco consuelo para quienes siguen sufriendo”, se señalaba, en una llamada a orientar la acción internacional hacia las personas más vulnerables.

Europa entra de lleno en el debate sobre los derechos laborales en la Guardia Civil. El Comité Europeo de Derechos Sociales deberá decidir si la legislación española vulnera la Carta Social Europea al impedir que los miembros del instituto armado puedan sindicarse, negociar colectivamente o ejercer el derecho de huelga, tras la reclamación presentada por la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL).

El caso, registrado el 3 de julio de 2025, coloca bajo la lupa un modelo jurídico que España ha sostenido durante décadas y que establece una prohibición absoluta de la actividad sindical en el cuerpo. No se trata, por tanto, de matices o limitaciones, sino de la exclusión total de estos derechos, una singularidad que ahora será examinada en el marco europeo.

Un equilibrio cuestionado

La cuestión de fondo no es nueva, pero adquiere ahora una dimensión distinta. La Guardia Civil ocupa una posición híbrida en el ordenamiento español: es definida como un instituto armado de naturaleza militar, pero desarrolla de forma ordinaria funciones policiales en el ámbito de la seguridad ciudadana, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

Esa dualidad ha servido históricamente para justificar un régimen disciplinario específico y un recorte de derechos que no afecta a otros cuerpos policiales. Sin embargo, la reclamación plantea si ese encaje jurídico sigue siendo compatible con los estándares europeos en materia de derechos sociales, especialmente cuando la actividad cotidiana del cuerpo es equiparable a la de otras fuerzas de seguridad que sí cuentan con representación sindical plena.

El debate, en última instancia, pivota sobre el alcance de las excepciones que los Estados pueden introducir en materia de libertad sindical para cuerpos armados o sometidos a disciplina militar. La Carta Social Europea permite restricciones, pero no determina de forma expresa si estas pueden llegar hasta la prohibición total.

La prohibición como eje del conflicto

El ordenamiento español opta por la solución más restrictiva. La Ley Orgánica 11/2007 establece que los guardias civiles no pueden ejercer el derecho de sindicación ni desarrollar actividad sindical en ningún caso. Esa prohibición se extiende a la negociación colectiva, al planteamiento de conflictos laborales y al derecho de huelga.

No se trata únicamente de una limitación normativa, sino de un sistema reforzado por un régimen disciplinario que contempla sanciones severas para quienes traspasen esa línea. La promoción o participación en actividades sindicales puede ser considerada falta muy grave, con consecuencias que alcanzan la expulsión del cuerpo.

Frente a este escenario, el legislador español ha articulado un modelo alternativo basado en asociaciones profesionales. Estas entidades pueden representar intereses y participar en órganos como el Consejo de la Guardia Civil, pero carecen de las herramientas propias de un sindicato: no negocian condiciones laborales, no convocan huelgas ni pueden articular conflictos colectivos en sentido estricto.

El contraste con el entorno europeo

El caso adquiere especial relevancia a la luz de la jurisprudencia europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya abordó una situación análoga en la Gendarmería francesa, concluyendo que una prohibición absoluta del derecho de asociación sindical no resultaba necesaria en una sociedad democrática, aunque sí admitía la imposición de límites.

España, sin embargo, ha mantenido una posición firme en sentido contrario. El Tribunal Supremo ha avalado la constitucionalidad del modelo vigente, apoyándose en la posibilidad que la propia Constitución contempla de limitar o incluso excluir el derecho de sindicación en cuerpos de naturaleza militar, así como en la reserva formulada al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Esta divergencia entre la doctrina europea y la interpretación nacional es, precisamente, la que ahora se somete al análisis del Comité Europeo de Derechos Sociales, en el marco de la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021 y plenamente en vigor desde entonces.

Un procedimiento con alcance más allá de lo jurídico

La reclamación se tramita a través del sistema de reclamaciones colectivas del Consejo de Europa, que permite a organizaciones representativas denunciar incumplimientos sin necesidad de agotar la vía judicial interna. JUCIL sustenta su legitimación en su condición de asociación mayoritaria del cuerpo, con más de 15.000 afiliados y presencia destacada en los órganos de representación.

El procedimiento seguirá ahora su curso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que deberá pronunciarse tanto sobre la admisibilidad como sobre el fondo del asunto. Su resolución no tendrá carácter ejecutivo inmediato, pero sí un peso determinante en el plano político y jurídico, al poder dar lugar a una recomendación formal del Consejo de Europa dirigida a España.

Lo que está en juego trasciende la discusión estrictamente corporativa. El pronunciamiento europeo obligará a confrontar dos modelos: el que prioriza la disciplina y la singularidad histórica del cuerpo, y el que exige una adaptación progresiva a los estándares europeos de derechos sociales en el ámbito de las fuerzas de seguridad.

El juez que investiga la presunta agresión sexual atribuida al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado nuevos informes de carácter psicosocial y psiquiátrico relativos a la denunciante.

Según consta en una providencia dictada por el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, el instructor ha requerido al denominado punto violeta que atendió a la mujer la remisión del informe psicosocial elaborado tras su asistencia. Dicho documento recoge la intervención realizada por distintos profesionales, entre ellos una psicóloga, una trabajadora social y una asesora jurídica, que prestaron atención a la denunciante tras los hechos que motivaron la querella.

Además, el magistrado ha solicitado el informe emitido por el médico psiquiatra que trató a la querellante en una clínica, con el objetivo de incorporar al procedimiento una valoración clínica adicional sobre su estado. La resolución judicial, a la que ha tenido acceso EFE, señala que, una vez analizada esta documentación, el juez decidirá si procede citar a declarar a los profesionales que han elaborado dichos informes.

Nuevas diligencias en la instrucción

La petición de estos informes se enmarca en la fase de recopilación de pruebas dentro de una investigación que se inició tras la admisión a trámite de la querella presentada por la inspectora contra el entonces número dos de la Policía Nacional. El juez continúa así recabando elementos que le permitan esclarecer los hechos denunciados y valorar la consistencia de los distintos testimonios incorporados a la causa.

Desde la representación legal de la denunciante, el abogado Jorge Piedrafita ha sostenido que estos informes respaldan la existencia de lesiones y refuerzan la credibilidad del relato ofrecido por su clienta ante el juez. En este sentido, considera que la documentación solicitada resulta relevante para contextualizar el impacto de los hechos denunciados y su eventual reflejo en el estado psicológico de la mujer.

Por el momento, no ha trascendido el contenido concreto de dichos informes ni la valoración que pueda realizar el instructor una vez tenga acceso a ellos. La decisión sobre una posible comparecencia de los profesionales que los firmaron queda pendiente de ese análisis.

Versiones enfrentadas y medidas rechazadas

La solicitud de estos documentos se produce semanas después de que ambas partes comparecieran ante el juez, en una jornada en la que sostuvieron relatos completamente divergentes. En su declaración, la inspectora ratificó la querella por agresión sexual presentada contra el exDAO, mientras que José Ángel González negó los hechos y atribuyó la acusación a motivaciones personales de la denunciante, llegando a calificarla de fruto de “maldad, ruindad y odio”.

Tras aquellas declaraciones, el juzgado abordó también la posible adopción de medidas cautelares. En concreto, la defensa de la denunciante solicitó que se prohibiera al investigado comunicarse con ella, una petición que fue rechazada por el juez con el respaldo del Ministerio Fiscal. La decisión ha sido recurrida por la representación de la supuesta víctima.

El procedimiento continúa, por tanto, con la práctica de nuevas diligencias orientadas a esclarecer los hechos denunciados, en un contexto en el que la valoración de pruebas documentales y periciales cobra especial relevancia. La incorporación de los informes psicosociales y psiquiátricos solicitados podría influir en el desarrollo de la instrucción, en función del contenido que reflejen y de la eventual necesidad de que sus autores comparezcan ante el juzgado para ratificarlos o ampliarlos.

La empresaria Carmen Pano ha declarado este jueves en el juicio por el caso Koldo y una vez más ha vuelto a relatar la historia en la que habría entregado dos bolsas con billetes en efectivo en la sede del PSOE, en Ferraz, a finales de 2020. Sin embargo, en esta ocasión ha sido incapaz de explicar de forma clara toda la secuencia de hechos, cayendo en una constante de contradicciones sobre las cantidades, las veces que se produjeron y la forma.

La supuesta trama estaría en que el empresario de los Hidrocarburos, Claudio Rivas, habría entregado unas sumas de dinero al PSOE a cambio de que le dieran una licencia, todo a través de la mediación del empresario Víctor de Aldama y con Carmen Pano como emisaria.

En un principio de su declaración, Pano ha indicado claramente que fueron dos entregas, cada una de 45.000 euros, aunque en ninguna llegó a contar el dinero. La primera viajó en taxi y en la segunda le llevó su amigo como chófer, Álvaro Gallego García, y en ambas tuvo que pasar por la oficina de Aldama que le indicó que él no podía ir en persona a Ferraz y sí ella le podía hacer el favor.

Sin embargo, en este momento ha llegado a declarar que el dinero provenía directamente del propio Aldama, algo que más adelante lo ha acabado desmintiendo, asegurando que el origen era Rivas. “Siempre era la misma operativa” ha relatado: Rivas le hacía una transferencia a su cuenta de la empresa, ella sacaba el dinero en efectivo, “en billetes de 50 y alguno de 100″ y los metía en una bolsa de plástico que a su vez se introducía en una “bolsa de papel tipo Zara”.

Los 10.000 euros que faltaban

El problema surgió en una de las entregas, que en un momento ha asegurado que fue la primera, pero más tarde ha aclarado que pasó en la segunda, en la que faltaban 10.000 euros. “El día anterior me dice Aldama que faltan 10.000 euros, muy enfadado”, ha indicado en primer momento para más adelante asegurar que llevó los 45.000 a Aldama y ahí le dijo que faltaba esa cantidad y fue al día siguiente al banco a sacarlo.

En este punto ha comenzado con las diferentes versiones, asegurando que en esa segunda entrega a Ferraz solo “llevó los 10.000 euros”. De esta manera, no ha sido capaz de aclarar si fueron dos o tres viajes los que tuvo que realizar a la oficina de Aldama ni a la sede del PSOE.

Ya casi al final de su declaración, a regañadientes, ha dado una nueva versión de esta segunda entrega, relatando que no recibió el dinero a través de una transferencia de Rivas, sino que un emisario suyo, un tal Lolo, se presentó en su vivienda para entregarle la bolsa con el dinero que debía llevar. Aquí ya no se sabe cuánto dinero iba en esa bolsa y si faltaba parte o no.

Según la declaración del chófer, toda esta secuencia, la entrega del dinero en su casa, el viaje a la oficina de Aldama y de ahí a Ferraz, ocurrió en el mismo día, tirando por los suelos las versiones que habría dado la empresaria.

Esta no ha sido la única contradicción que se ha vivido entre Pano y su conductor, ya que también han dado diferentes versiones sobre una reunión que mantuvo la empresaria junto a Claudio Rivas y Koldo García en el Ministerio de Industria. Gallego ha indicado que él fue el conductor de Pano, pero ella no le ha mencionado en ningún momento. “Conducía Rivas, yo iba a su lado y detrás dos técnicos de Córdoba”, ha relatado en su declaración.

Los guardias civiles perciben en 2026 una retribución que, en su escala más básica, se sitúa en una horquilla que va de los 1.650 a los 1.850 euros netos mensuales, con posibilidad de superar los 2.200 euros en determinados destinos. La cifra no es uniforme ni cerrada: responde a un sistema retributivo complejo en el que el sueldo base es solo el punto de partida de una nómina atravesada por complementos, antigüedad y variables territoriales. Todo ello queda fijado en las tablas oficiales de los Presupuestos Generales del Estado, que este ejercicio incorporan una subida del 1,5% para el conjunto de los empleados públicos.

La actualización, aplicada desde el 1 de enero, forma parte del acuerdo plurianual de la función pública y contempla además un posible incremento adicional del 0,5% vinculado a la evolución de la inflación. En términos estrictos, la mejora es lineal; en la práctica, su impacto es desigual. El salario final de un agente depende de factores que van desde el destino hasta la especialidad, pasando por la situación personal y familiar.

En la escala de Cabos y Guardias —la columna vertebral del cuerpo— el sueldo bruto mensual se mueve entre los 2.050 y los 2.300 euros si se incluyen las pagas extraordinarias prorrateadas. Esa cifra, sin embargo, rara vez coincide con el ingreso real en cuenta, condicionado por deducciones obligatorias y, sobre todo, por el peso de los complementos.

Subida salarial y arquitectura del sueldo

El incremento del 1,5% consolidado en 2026 se aplica sobre el conjunto de las retribuciones básicas y complementarias. A esta subida se añade la expectativa de un 0,5% adicional —la denominada “paguilla”— que se abonaría con carácter retroactivo si el IPCA acumulado entre 2024 y 2026 supera el umbral fijado. No es una novedad coyuntural, sino la continuidad de un esquema pactado que trata de acompasar los salarios públicos a la evolución de los precios.

Las diferencias entre escalas evidencian la jerarquía interna del instituto armado. Los Oficiales Generales alcanzan retribuciones de entre 62.000 y 68.000 euros brutos anuales, con nóminas mensuales que pueden rebasar los 4.800 euros. En la Escala de Oficiales, donde se encuadran tenientes, capitanes o comandantes, los salarios oscilan entre los 38.000 y los 52.000 euros anuales.

Por su parte, los Suboficiales —sargentos, brigadas o subtenientes— perciben entre 32.500 y 37.500 euros brutos al año. En el escalón inferior, los cabos y guardias registran ingresos anuales estimados de entre 26.500 y 31.500 euros, equivalentes a unos 1.900-2.250 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Complementos: la clave de la nómina real

Si el sueldo base dibuja el esqueleto, los complementos aportan la verdadera musculatura de la nómina. El primero de ellos es la antigüedad: cada trienio suma en torno a 32,15 euros mensuales en el grupo C1, un incremento acumulativo que adquiere relevancia con el paso de los años.

A ello se añaden el complemento de destino y el específico, que retribuyen el nivel del puesto y sus condiciones particulares. Un agente recién salido de la academia suele incorporarse con un nivel 17, punto de partida de una progresión que no siempre es lineal.

Pero es el destino el que introduce las diferencias más acusadas. En el País Vasco y Navarra, el plus de peligrosidad añade alrededor de 600 euros brutos mensuales. En Baleares y Canarias, los complementos de insularidad varían según la isla, mientras que Ceuta y Melilla concentran uno de los regímenes más favorables: a un elevado plus de residencia se suma una bonificación del 50% en el IRPF, lo que dispara el salario neto muy por encima de la media.

Las especialidades también pesan. Integrarse en unidades como Tráfico, SEPRONA, GAR o UEI implica percibir un Complemento Específico Singular más elevado, que puede oscilar entre 150 y 500 euros brutos mensuales adicionales, en función del destino y la responsabilidad.

Una carrera que empieza cobrando

El recorrido profesional en la Guardia Civil comienza con una fase formativa que, a diferencia de otros ámbitos, está remunerada. Durante su paso por las academias de Baeza o Valdemoro, los alumnos perciben el sueldo base proporcional. Tras descontar manutención y alojamiento, el importe líquido se sitúa entre los 650 y los 750 euros mensuales.

El salto se produce en el periodo de prácticas. Con un destino asignado y ya integrados en unidades operativas, los aspirantes comienzan a percibir complementos, situando su salario en cifras cercanas a las de un agente en activo: entre 1.600 y 1.750 euros netos al mes, en función de la localidad y el servicio.

Del bruto al banco: lo que realmente se cobra

La distancia entre el salario bruto y el neto se explica por una serie de deducciones estructurales. Entre ellas figuran las cotizaciones a Derechos Pasivos, que rondan los 118,50 euros mensuales para el grupo C1, y la aportación al ISFAS, en torno a 53,40 euros al mes.

El IRPF introduce la mayor variabilidad. Un agente soltero y sin hijos soporta retenciones de entre el 16% y el 19%, mientras que quienes tienen cargas familiares ven reducida esa cifra hasta el entorno del 9%-12%. El impacto es directo y perceptible.

Así, una nómina tipo de 2.150 euros brutos mensuales se traduce en unos 1.720 euros netos para un guardia civil sin cargas familiares. En ese mismo supuesto, pero con dos hijos, el ingreso puede elevarse hasta los 1.880 euros netos. La cifra final, en definitiva, no se entiende sin atender a esa suma de variables que convierten cada nómina en un caso particular.

La retención durante menos de una hora de un militar español por parte del Ejército israelí en el sur del Líbano ha desatado un agrio enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular, no tanto por el fondo del incidente como por la forma en que ha sido valorado públicamente.

El episodio, ocurrido el pasado martes en el marco de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), ha escalado este jueves al primer plano del debate político tras las declaraciones de la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Según la versión trasladada por el Ministerio de Defensa, el incidente se produjo cuando fuerzas israelíes bloquearon un convoy logístico de la FINUL que transportaba alimentos y suministros destinados al contingente indonesio desplegado en la zona. En el transcurso de esa intervención, varios efectivos fueron retenidos, entre ellos un militar de nacionalidad española.

La retención se prolongó durante “menos de una hora” y concluyó tras la “protesta más enérgica” cursada por España tanto ante Naciones Unidas como ante las autoridades israelíes. El propio comunicado de la FINUL confirmó el bloqueo del convoy, aunque sin detallar la nacionalidad de los soldados afectados.

Sin embargo, más allá de la brevedad temporal del incidente, la ministra Robles ha querido subrayar su gravedad. En declaraciones posteriores, detalló que los militares fueron objeto de “conductas agresivas” y de una “violencia evidente” por parte de un miembro del Ejército israelí, al que describió como “exaltado”, insistiendo en la necesidad de abordar lo sucedido con “prudencia” y “respeto”.

Ese llamamiento contrasta con las palabras de la portavoz popular. Preguntada por el asunto en rueda de prensa, Muñoz optó por no entrar a valorar la actuación de Israel alegando desconocer los motivos concretos de la retención. No obstante, sí se detuvo en su duración para introducir una comparación que ha marcado el tono del debate.

“La ministra dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó.

La réplica de Robles fue tajante. La ministra acusó a la dirigente del PP de incurrir en una “frivolidad” impropia de la responsabilidad política que ostenta y apeló al respeto debido tanto a los militares desplegados como a las misiones internacionales. “Por respeto, uno debería callarse”, zanjó.

Israel, Hezbolá y el tablero internacional

La cautela del PP a la hora de censurar la actuación israelí no se limita a este incidente concreto. En su comparecencia, Muñoz extendió esa misma línea argumental al conjunto de la situación en la región, marcada por la reciente escalada militar.

Ante los bombardeos sobre Beirut que han causado cientos de víctimas y la ruptura del alto el fuego impulsado con mediación internacional, la portavoz popular sostuvo que Israel no está atacando al Estado libanés como tal, sino actuando contra “un grupo terrorista financiado por Irán, Hezbolá”. “Llevamos tiempo pidiendo que se desescale la guerra”, afirmó.

Esa posición contrasta con la mantenida por la Comisión Europea, que ha condenado los ataques al considerar que constituyen “una escalada muy grave” y una amenaza para la población civil y la estabilidad regional. Bruselas ha reiterado la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y ha instado a todas las partes a implementar el alto el fuego.

España se ha alineado con esta postura a través de un comunicado conjunto con otros países europeos, en el que se hace un llamamiento explícito a la contención y al cumplimiento de los acuerdos, incluyendo el territorio libanés.

En paralelo, el Gobierno ha defendido la continuidad y utilidad de la misión de la FINUL, cuyo mandato expira en diciembre, subrayando su valor tanto operativo como simbólico. “Si no estuviera la FINUL, la situación sería mucho más grave”, ha advertido Robles, reivindicando el papel de Naciones Unidas como actor imprescindible en escenarios de alta tensión.

La OTAN como telón de fondo

El cruce político no se ha limitado al incidente en Líbano. En la misma comparecencia, Muñoz introdujo otro elemento de fricción al referirse a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual salida de su país de la OTAN.

La dirigente popular expresó su inquietud ante esa posibilidad, subrayando que la Alianza Atlántica constituye un pilar esencial para la seguridad europea. “Europa necesita que la OTAN siga en pie. Es una cuestión de defensa nacional y territorial”, sostuvo.

Al mismo tiempo, trasladó al Gobierno la responsabilidad de evitar un deterioro de las relaciones transatlánticas. “No puedes generar conflictos que pueden dejarnos sin marcos de defensa”, advirtió en alusión a la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Muñoz defendió que es posible mantener discrepancias con Washington sin tensionar el vínculo estratégico y puso como ejemplo a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También respaldó la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente pidió “sensatez” frente a declaraciones de Trump sobre Irán.

El chófer de Carmen Pano, Álvaro Gallego García, ha declarado este jueves en el juicio del caso Koldo y ha asegurado que llevó en coche a la empresaria desde su casa en Las Rozas a la oficina de Víctor de Aldama con una bolsa de billetes. Allí subió solo ella y bajó con una bolsa, que el testigo no ha sabido decir si era la misma, que llevó hasta la sede del PSOE en Ferraz.

La propia Pano ha confirmado esta información y ha añadido que ella realizó en total dos entregas en Ferraz, las dos a petición de Aldama. La primera la hizo en un taxi y la segunda acompañado de Gallego. Según su declaración, en las dos ocasiones llevó las bolsas a la oficina de Aldama en la calle Alfonso 13 y el empresario le indicó que tenía que llevarlas al PSOE. Aunque no sabía exactamente para que, imagina que tenía que ver con las licencias de Hidrocarburos que estaba intentando conseguir el socio de Aldama, imputado en la Audiencia Nacional, Claudio Rivas.

Y es que estas entregas coinciden en el tiempo con una supuesta reunión que tuvieron ella misma con Claudio Rivas y dos técnicos de Córdoba en el Ministerio de Industria. “Cuando llegamos, nos estaba esperando Koldo García que nos llevó a una sala muy grande”, ha explicado. Esta declaración ha chocado con la anterior de Gallego que ha relatado que participó en esa reunión.

Este testigo ha relatado en su turno de palabra que nunca ha trabajado como conductor y que en ese momento era pensionista, pero que llevó a Pano esa segunda vez como amigo. Ese día, que fue a finales de diciembre de 2020, estuvo en casa de la empresaria, donde un “emisario” de Rivas, un tal Lolo, según ha confirmado Paono, que le entregó una bolsa.

De allí fueron a la oficina de Aldama, en la calle Alfonso 13, donde Pano subió sola, porque él se quedó en el coche. Bajó con una bolsa que no sabe si era la misma, pero aquí pudo ver que contenía “tacos de billetes”. “No me lo dijo directamente, pero desde mi sitio podía verlo”, ha explicado. Iban en una bolsa blanca transparente dentro de otra bolsa marrón con asas.

“Aunque no me hablan lo voy viendo”

La última parada fue en la sede del PSOE de Ferraz, donde tampoco la acompañó, pero ya volvió sin ninguna bolsa. En ningún momento Pano le llegó a indicar para que era el dinero, pero, según ha explicado, por lo que vio y lo que entendió, sería una retribución por la obtención de la licencia de hidrocarburos de la empresa Villafuel, investigada en la Audiencia Nacional.

Según su conocimiento, el pago de Rivas a Aldama se realizo en varias partes y que el por lo menos participó como conductor en dos de ellas.

(Noticia en ampliación)

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el derecho de una ciudadana venezolana a obtener la nacionalidad española como sefardí, tras desestimar el recurso presentado por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La resolución ratifica íntegramente la sentencia previa que reconocía este derecho conforme a la Ley 12/2015.

La sentencia, conocida en el mes de febrero, concluye que la mujer, identificada como Mariana, cumple los requisitos exigidos para la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza, tanto en lo relativo a su origen sefardí como a su vinculación con España. En consecuencia, el tribunal acuerda desestimar el recurso interpuesto por la Administración del Estado y confirmar la resolución anterior que declaraba su derecho a la nacionalidad española.

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Uno de los elementos clave del caso ha sido la valoración de las pruebas aportadas para acreditar el origen sefardí. La sentencia destaca especialmente el certificado emitido por la Federación de Comunidades Judías de España, que reconoce expresamente que la demandante “tiene la condición de sefardí originario de España por descender de las familias que fueron injustamente expulsadas o forzadas a convertirse a la religión católica a partir de 1492”.

Aporto un informe con hasta 22 “generaciones interrumpidas” con un antepasado sefardí

El tribunal subraya además que la ley no exige que este certificado vaya acompañado de documentación adicional, lo que refuerza su valor probatorio. Frente a las objeciones de la Abogacía del Estado, la Audiencia considera acreditada esta condición de forma suficiente.

Junto a este documento, la resolución otorga relevancia a un largo informe genealógico que aportó la mujer. Según recoge la sentencia, dicho informe permite enlazar su linaje “a través de veintidós generaciones interrumpidas” con un antepasado sefardí. El texto añade que todas esas generaciones están respaldadas por documentación civil, eclesiástica o bibliográfica de reconocido prestigio.

El tribunal considera que este estudio genealógico está sólidamente fundamentado y rechaza las críticas al entender que se basan en “simples manifestaciones sin refrendo académico, ni pericial especializado”. Por ello, concluye que “el origen sefardí de la solicitante es incontestable y que el tracto genealógico es correcto”.

En cuanto al requisito de la especial vinculación con España, la Audiencia también lo da por acreditado. La sentencia señala que esta conexión se desprende de las pruebas anteriores, pero además se apoya en la pertenencia de la demandante a una asociación dedicada a la difusión de la cultura sefardí. Según el fallo, esta entidad trabaja en la “preservación del legado de los judíos descendientes de la Península Ibérica”.

El tribunal recuerda que la Ley 12/2015 exige valorar las pruebas “en su conjunto” y no de manera aislada. En este sentido, rechaza una interpretación excesivamente formalista y subraya que no es necesario aportar todos los documentos previstos en la norma si el conjunto de indicios permite acreditar la condición de sefardí.

La resolución también hace referencia al contexto histórico de la expulsión de los judíos en 1492, señalando que la dificultad para reconstruir genealogías completas es evidente tras más de cinco siglos. Por ello, defiende una valoración flexible de los medios probatorios.

En definitiva, la Audiencia Provincial concluye que la solicitante ha cumplido con todos los requisitos legales y confirma su derecho a la nacionalidad española, cerrando así un proceso judicial iniciado tras la denegación administrativa inicial.