Un día después del grave accidente de tren que ha dejado, de momento, 69 víctimas mortales, el Grupo Renfe ha licitado un contrato para apoyar psicológicamente a sus trabajadores, lo que ha bautizado como “servicio de apoyo al empleado”. Valorado en 60.439 euros, el objetivo de esta adjudicación es contar con un “servicio de apoyo psicológico integral dirigida al conjunto del personal del Grupo Renfe, orientado a la atención, acompañamiento y asesoramiento psicológico individualizado, así como a la prevención, detección e intervención en riesgos de naturaleza psicosocial”.

Renfe tiene una plantilla de 17.073 personas (datos a 31 de diciembre de 2025), según el Estado de Información No Financiera consolidado de la compañía. De ese total, 13.127 son hombres (76,89%) y 3.946 son mujeres (23,11%). La compañía ha sufrido dos víctimas mortales en el siniestro, los dos maquinistas que iban en el AVE que colisionó con la parte trasera del tren Iryo que estaba detenido en la vía. Se trata de Antonio Acedo, el maquinista que conducía el AVE, y Daniel Cabañas, otro maquinista que le acompañaba porque estaba en periodo de prácticas. “Este servicio se configura como un instrumento complementario integrado en el marco del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Renfe”, señala el pliego de condiciones técnicas del contrato.

Lo llamativo es que el anuncio de licitación es del 29 de octubre, un día después del trágico siniestro. El servicio especializado que el Grupo Renfe quiere contratar ahora pretende contribuir “de manera activa a la mejora del bienestar psicológico de las personas trabajadoras y a la identificación temprana de situaciones de riesgo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este sentido, el servicio deberá permitir desarrollar actuaciones de carácter preventivo, tanto en el plano primario, mediante el fomento de hábitos saludables y recursos de afrontamiento; como en el secundario, mediante la detección precoz de situaciones de riesgo psicosocial; y en el terciario, mediante la intervención en situaciones ya manifestadas que requieran apoyo especializado”.

Renfe opera como una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Forma parte, junto con ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), del sistema ferroviario estatal: mientras ADIF gestiona las infraestructuras (vías, estaciones, electrificación), Renfe se encarga de la operación comercial de los trenes. El Grupo Renfe se organiza en varias líneas de negocio: Alta Velocidad y Larga Distancia; Cercanías (el servicio de trenes de proximidad en las principales áreas metropolitanas españolas); Media Distancia, que conecta ciudades intermedias; Mercancías; y Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, cuya titularidad ha sido objeto de traspaso a la Generalitat en los últimos años, aunque la operación continúa en manos de Renfe mediante contrato.

Para todas las categorías

Este servicio psicológico está destinado a todas las trabajadoras del Grupo Renfe, con independencia de su categoría profesional, ubicación geográfica o sociedad de pertenencia, “garantizándose un acceso universal, voluntario y confidencial”. La disponibilidad del servicio deberá ser continua, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, garantizando la posibilidad de acceso inmediato o diferido en función de la demanda. El servicio está diseñado en dos niveles. En el primero, los especialistas que se lleven en contrato ofrecerán herramientas de autoayuda, contenidos digitales y recursos orientados a la promoción del bienestar emocional y la prevención de riesgos psicosociales. En un segundo nivel, se desarrollará la intervención psicológica directa mediante atención individualizada por profesionales cualificados “a través de los canales de videollamada y atención telefónica”. No es presencial.

Es decir, la activación de este servicio de asesoramiento psicológico se realizará a través de una plataforma digital, que requerirá la asignación de credenciales individuales (usuario y contraseña). El acceso tendrá carácter voluntario y permitirá a los beneficiarios recibir atención psicológica en relación con cualquier situación que les genere malestar o inquietud, tanto en el ámbito profesional (estrés, conflicto laboral, acoso, síndrome de burnout, entre otros) como en el ámbito personal (estado de ánimo, dificultades familiares o sociales).

El servicio solo garantizará, por tanto, la posibilidad de acceso a atención psicológica mediante canales telefónico y de videollamada, eso sí, sin limitación en el número de contactos iniciales por parte de la persona usuaria, ni en la duración de la intervención dentro de la disponibilidad establecida. No obstante, el Grupo Renfe calcula que “el número de sesiones asociadas a cada caso o suceso se establece en 6 asistencias psicológicas por usuario y motivo, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda contemplar, conforme a criterios profesionales, la necesidad de ampliación de asistencias en determinados supuestos debidamente justificados, en centros externos al servicio, sin que esto suponga un coste para Renfe”.

Este contrato está previsto que dure doce meses. Para la prestación de esta atención telefónica y por videollamada, el adjudicatario deberá disponer de un equipo integrado por, al menos, 7 psicólogos sanitarios y/o clínicos. Los profesionales adscritos al servicio deberán acreditar una experiencia mínima de 10 años. Renfe también tiene activado el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), así como el teléfono de atención a víctimas y familiares: 900 10 10 20

La investigación por el accidente de trenes ocurrido en Urda el pasado miércoles no ha hecho más que empezar. La jueza del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) será la encargada de llegar a las conclusiones y, de momento, solo hay hipótesis y la información que ha ido compartiendo el ministro de Transportes, Óscar Puente. Son muchas las preguntas que se plantean después de que el AVE Renfe y el Iryo colisionaran cerca de la estación de Urda. Un primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), al que ha accedido Infobae, apunta a que una “cadena de averías, instrucciones y acciones” provocó el choque de trenes en Urda sin que actuaran las “barreras mitigadoras”.

Este viernes, Puente ha vuelto a comparecer para aclarar dudas que rondan en la cabeza de los españoles y para insistir en que no oculta información y que los sistemas de seguridad actuaron conforme al protocolo previsto para situaciones de fallo técnico. Pero, a medida que vamos conociendo más sobre el sistema ferroviario, es lógico preguntarse cuestiones como si es habitual que falle el sistema de seguridad LZB, el que permite avisa de si hay otros trenes en el mismo tramo de vía, qué pasó con el sistema de respaldo ASFA o si todo el sistema de la alta velocidad española puede depender de una única persona que trabaje en el Centro de Regulación y Control de Atocha. Con la información aportada por el ministro, vamos a tratar de responder a estas dudas.

¿Qué provocó el accidente?

A las 8:31 de la mañana se produjo una caída del sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, por un problema de comunicación entre equipos informáticos de la central ubicada en la propia estación de Urda. Cuando el sistema cayó, todos los trenes se detuvieron y la circulación pasó a depender del Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha, bajo un protocolo de respaldo que combina el bloqueo por señalización lateral (BSL) y el sistema ASFA de anuncio de señales y frenado automático.

A las 8:36, el centro de control autorizó al AVE 2080 a reanudar la marcha con normalidad, a una velocidad muy superior a la permitida en esas condiciones, mientras había un tren de Iryo detenido por delante. A las 8:41, el centro también autorizó al Iryo 6076 a reanudar la marcha, pero el convoy no pudo arrancar y permaneció detenido ante la señal de entrada de Urda. A las 8:48, el maquinista del Iryo avisó al centro de control de que no podía moverse. El mensaje se recibió, pero no se tomó ninguna acción. El AVE, que ya había arrancado, recorrió unos 25 kilómetros y superó los 160 kilómetros por hora hasta colisionar con el tren detenido, hacia las 8:53.

¿Es habitual que falle el sistema LZB?

Según el ministro, el fallo del sistema LZB es frecuente y está contemplado en el Reglamento de Circulación Ferroviaria. En 2026 se registraron 170 incidencias de este tipo, una cifra que calificó de estable en los últimos seis o siete años y por debajo de la media de los dos años anteriores. El 75% de esas incidencias, ha explicado Puente, se debe a causas ajenas al propio sistema, como vandalismo, robo de cable, obras de mantenimiento o fenómenos climáticos. En el tramo donde ocurrió el accidente se habían producido solo 13 incidencias en todo el año, con una tasa de 0,4 por kilómetro, la mitad que en otros tramos de la misma línea.

¿Es el LZB menos seguro que el ERTMS?

Puente ha rechazado la hipótesis de que el sistema LZB sea menos seguro que el ERTMS. El ERTMS es el sistema de seguridad y control de circulación de trenes que la Unión Europea busca imponer de manera uniforme en todas las líneas ferroviarias del continente, en reemplazo de los distintos sistemas nacionales que existían hasta ahora, como el LZB alemán o el ASFA español.

El LZB opera en el 80% de la red de alta velocidad de Alemania y Austria, así como en líneas regionales de Reino Unido y en los metros de Múnich, Viena y Düsseldorf. La migración hacia el sistema ERTMS responde a exigencias de interoperabilidad del Reglamento Europeo de Redes Transeuropeas de Transporte, que fija plazos de implementación hasta 2050 según el tipo de red. El ministro ha señalado que España es el país de la Unión Europea con más kilómetros de ERTMS implementados.

¿Por qué no se completó la migración al ERTMS antes del accidente?

La instalación física del sistema en los 470 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla concluyó en junio de 2026, dentro de un contrato licitado en 2021. Puente ha negado que se haya engañado a la Unión Europea con certificados falsos, como publicaron previamente algunos medios de comunicación, y ha precisado que lo entregado fue un certificado de recepción de la colocación física del equipo.

Para su puesta en marcha falta superar dos fases adicionales: pruebas de laboratorio y el permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. El tramo Madrid-Córdoba ya completó las pruebas y se encuentra en fase de análisis, mientras que el tramo Córdoba-Sevilla las realiza durante las noches de los fines de semana. El sistema estará operativo, según el ministro, a primeros de 2027, con un retraso de doce meses respecto al plazo original. Puente ha subrayado que ni las pruebas ni las obras de migración se realizaban el día del accidente ni en las fechas previas.

¿Qué pasó con el sistema de respaldo ASFA?

El ministro ha explicado que el LZB funciona con cantones virtuales de 2,5 kilómetros que informan al tren sobre los tramos libres y ajustan la velocidad en consecuencia. Cuando el sistema cae, entra en funcionamiento el ASFA, basado en balizas físicas que marcan cantones de mayor longitud. En este caso, los dos trenes quedaron detenidos dentro del mismo cantón, por lo que el sistema no podía advertir al AVE sobre la presencia del otro convoy.

El semáforo que marcaba la detención del Iryo cambió a verde para autorizar su reanudación, lo que impidió que el ASFA alertara al AVE cuando este llegó al final del cantón

El maquinista del AVE recibió una instrucción “meta cero”, que deja constancia de la detención dentro de un cantón ocupado, mientras que al Iryo se le dio una instrucción “meta cuarenta” para avanzar hasta la siguiente señal. Minutos después, el semáforo que marcaba la detención del Iryo cambió a verde para autorizar su reanudación, lo que impidió que el ASFA alertara al AVE cuando este llegó al final del cantón, pese a que el otro tren aún no había retomado la marcha.

¿Estaba el centro de control de Atocha con falta de personal?

Puente ha rechazado esa versión con cifras. Los centros de regulación y control de Adif pasaron de 1.008 empleados en 2016 a 1.762 en la actualidad, un incremento del 60%. En el centro de Atocha específicamente, la plantilla pasó de 70 personas en 2012 a 133 en la actualidad, tras alcanzar un pico de 140 en 2025. En el momento del accidente, el centro operaba con 16 controladores en sala, en condiciones que el ministro calificó de normalidad, con el turno completo trabajando desde hacía dos horas.

¿Puede un sistema de alta velocidad depender de una persona?

Otra de las grandes preguntas que nos hemos hecho los españoles al ver que una hipótesis era el error humano era si el sistema de alta velocidad podía depender de una persona. El ministro sostuvo que la red de alta velocidad española solo opera a su velocidad máxima si cuenta con un sistema de control automático activo. Cuando el LZB falla, la línea pasa a funcionar bajo los criterios de la red convencional, con un tope de 200 kilómetros por hora, por lo que ningún tren circula a 300 kilómetros por hora bajo control manual exclusivo.

La red de alta velocidad española solo opera a su velocidad máxima si cuenta con un sistema de control automático activo

Puente ha admitido que, en última instancia, el factor humano interviene cuando los sistemas automáticos fallan, tanto en el transporte ferroviario como en el aéreo y el marítimo, aunque siempre con apoyo de pantallas de seguimiento y protocolos de actuación predefinidos, como la regla de no autorizar el avance de un tren si otro permanece dentro del mismo cantón.

El 28 de octubre, poco antes de las nueve de la mañana, el AVE 2080 de Renfe alcanzaba por detrás al tren 6076 de Iryo a la entrada de la estación de Urda, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a más de 160 km por hora. El impacto provocó que al menos 69 personas perdieran la vida. Tras más de 48 horas de dolor y conmoción en toda España, este viernes un hombre se ha abierto paso entre las cámaras que esperaban a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para lanzar un mensaje. “Me he puesto aquí en medio para que se me escuche”, ha dicho en directo. El hombre se ha identificado como Javier Barrio y ha explicado que su mujer, Carmen de Santana, viajaba en el vagón número 7, plaza 15A, del AVE. Su intervención, emitida en varias televisiones, se ha hecho viral en redes sociales. “Quiero sobre todo decir que estos muertos son los muertos de toda la sociedad, del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos”, ha afirmado: “Estamos viviendo la peor época del capitalismo con prisas”.

Este hombre da en la clave de la principal causa que ha producido el accidente ferroviario: el capitalismo, que pone por delante el beneficio económico a los derechos de la gente. “Tenemos que cambiar este mundo y hacerlo entre todos”. https://t.co/dlx6supXrh

— José Luis Aires🔻🇵🇸 (@joseluaires15) October 30, 2026

Barrio ha explicado que era el último viaje de trabajo de su mujer, a la que describió como “alta directiva de Viajes El Corte Inglés”. Y ha continuación ha puesto como ejemplo la carga de trabajo en las empresas: “El trabajo que hacían tres ahora lo hace uno nada más”. Y ha aclarado que hablaba de esa compañía porque su mujer trabajaba allí, pero que, a su juicio, ocurre en todas las empresas, en España y en el mundo.

Para explicarse, ha recurrido a una comparación histórica: “Acordaos cuando teníamos a los niños en las minas arrastrándose, cogiendo carbón. Ahora lo que tenemos son capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca, a la mayor velocidad posible”. Según él, ocurre “en todas las redacciones, en todos los trabajos”. Y ha hecho un llamamiento a “rebelarse entre todos”: “Los muertos como mi mujer de hoy y los que habrá y seguirá habiendo tienen que ver con esto”.

A la espera de la confirmación por ADN

“Aunque me veáis aquí, no paro de llorar hace dos días”, ha añadido. En estos momentos, Barrio y las demás familias de las víctimas están a la espera de los certificados de defunción oficiales, que dependen de las pruebas de ADN y que, según les han comprometido, llegarán en dos o tres días.

“Ayer entendí ya que las posibilidades eran remotísimas. La perdí ayer”, dijo sobre la esperanza de encontrar a su mujer con vida.

De las 70 denuncias de desapariciones, 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. La Benemérita aclara que no todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar.

Ese miércoles por la mañana del 28 de octubre el centro de control de Adif en Atocha funcionaba “en circunstancias de absoluta normalidad” cuando se produjo la tragedia en Urda (Toledo), según el ministro de Transportes, Óscar Puente. En la sala había 16 controladores y el operario que autorizó la marcha del AVE llevaba dos horas trabajando, como, según cree el ministro, el resto del turno que estaba con él. Ese ha sido el argumento que el ministro ha dado a quienes vinculan el siniestro con la falta de personal o el cansancio de la plantilla, una preocupación que los sindicatos ya habían trasladado a Adif en septiembre. Este viernes el trabajador del centro de control de Adif que ordenó al tren AVE reanudar la circulación con “marcha normal” se negó a declarar ante la Guardia Civil.

Pasadas más de 48 horas desde la colisión entre ambos trenes, la tragedia de Urda deja todavía muchas preguntas en el aire. El primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), al que ha accedido Infobae, avisa de que todavía es pronto para extraer conclusiones pero aporta algunas pistas. Una de ellas es que el AVE que impactó contra el tren que permanecía detenido en la vía en Toledo circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El accidente ha dejado por el momento 69 fallecidos y más de 200 heridos. Una de las grandes incógnitas es si el accidente se produce solo por un error humano o si también intervinieron fallos de mantenimiento, inversión y otros problemas estructurales que deberían haberse afrontado desde las instituciones. El informe apunta a que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”.

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“¿Hay estrés?"

Puente se adelantó a las preguntas sobre las condiciones de trabajo. “¿Hay estrés? Me lo van a preguntar ustedes", planteó en su comparecencia. Su respuesta: el operario y, en su opinión, todo el turno llevaban dos horas en sus puestos, y los trenes estaban “completamente detenidos” porque el sistema de seguridad (el ya famoso LZB) los había parado. A partir de ahí, dijo, el centro de control tomó las decisiones para reanudar la marcha.

El ministro ha insistido en que los controladores no trabajan a ciegas cuando falla el sistema automático LZB. “El ser humano no está solo con un papel y un bolígrafo”, ha añadido. Disponen de pantallas que muestran en todo momento dónde está cada tren, y Puente asegura que esos sistemas funcionaron: quienes estaban en la sala “tenían a la vista lo que estaba sucediendo”.

Tampoco deciden a su libre albedrío, ha añadido. El protocolo marca reglas que el ministro calificó de “elementales y básicas” como que:

- Si hay dos trenes en el mismo cantón, el de detrás no se mueve.

- El tren de detrás no arranca hasta que el de delante haya iniciado la marcha y superado la baliza del siguiente cantón.

- Con el LZB caído, la circulación se autoriza en “marcha a la vista”, con un máximo de 40 kilómetros por hora hasta la siguiente señal ASFA.

Puente, que evitó atribuir culpas personales, se remitió a la investigación y a esperar a que esta avance para aclarar lo sucedido: “Yo no soy juez”.

La advertencia de septiembre

Las palabras del ministro llegan menos de dos meses después de que CSIF denunciara las condiciones de trabajo en Adif. El 4 de septiembre, el sindicato alertó con un comunicado que titulaba con las palabras “luego pasan las cosas que pasan” que los trabajadores incurrían en jornadas de hasta 12 horas diarias y de hasta cinco noches seguidas.

La queja afectaba a los departamentos de circulación e infraestructuras, que según CSIF reúnen unos 9.000 de los 12.000 empleados de Adif. El sindicato comparaba a estos trabajadores con “controladores aéreos, pero con los trenes”, aunque no especificaba si eran específicamente los controladores de Atocha.

“Adif mantiene gráficos de trabajo infames que obligan al personal a realizar jornadas de 12 horas y encadenar hasta 5 noches seguida”», afirmaba un portavoz. A su juicio, esa política multiplica el agotamiento físico y mental y compromete “gravemente la seguridad en la circulación ferroviaria”.

El portavoz precisaba que no toda la plantilla hace turnos de 12 horas; el resto trabaja nueve, pero con “una carga de trabajo brutal”. Y señalaba directamente a quienes están en los puestos de mando, que “tienen que controlar trenes que a lo mejor están a 300 kilómetros, y ellos son los responsables de lo que pasa en el tren”.

CSIF denunciaba además la supresión de pluses de toxicidad y penosidad y la falta de una retribución justa por turnicidad y nocturnidad. Por ello pedía rechazar el borrador del nuevo convenio de Adif, que en su opinión ponía en peligro “tanto la salud de la plantilla como la seguridad ferroviaria en todo el país”.

El comunicado no se refería específicamente al centro de control de Atocha, y el ministro no detalló la duración de los turnos en esa sala.

“He oído que hay poco personal”, admitía Puente al respsecto antes de dar sus cifras. Según el ministro, los centros de regulación y control de Adif han pasado de 1.008 empleados en 2016 a 1.762 en la actualidad. Él lo cifró en un incremento del 60 %, aunque las cifras que dio suponen un aumento cercano al 75 %.

En el centro de Atocha trabajaban 70 personas en 2012 y hoy son 133, según el ministro. La plantilla tocó máximo en 2025, con 140, y ha perdido siete personas por jubilaciones. Puente aseguró que están “en proceso de recuperarlas, incluso incrementarlas”.

El ministro recordó que, tras el accidente de Adamuz (Córdoba) de enero, el Gobierno pactó con los sindicatos aumentar “de manera muy importante” las plantillas de Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Concluyó que no cree correcto hablar de un servicio infradotado, aunque admitió que puede ser necesario «meter más» personal.

Puente anunció que el Gobierno revisará los protocolos, la formación, la situación de la plantilla y los sistemas de verificación de decisiones. “¿Pretendo decir con esto que no hay nada que corregir? Por supuesto que no", reconoció.

Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono este viernes al responsabilizar del accidente de Toledo al Gobierno por “no renovar un sistema de seguridad obsoleto”. El incidente que terminó en el choque de los trenes que ha provocado al menos 69 muertos comenzó con la caída del sistema LZB. Después, todo apunta a que, al retomarse la marcha, se produjeron errores de comunicación. El líder del PP ha reclamado dimisiones, señalando a Óscar Puente, ministro de Transportes, y Pedro Sánchez. “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”, ha asegurado.

Ha comenzado insistiendo en que la atención debe ponerse en las víctimas y en las explicaciones pendientes. “Las familias afectadas y la sociedad en su conjunto necesitan algo más que meras declaraciones de políticos. Necesitan respuestas a demasiadas preguntas. Necesitan alguna certeza dentro de este caos y necesitan seguridad de que se pueda hacer todo lo posible para evitar tragedias”, ha afirmado. También ha querido recordar a la exministra del PP, Fátima Báñez, cuyo fallecimiento se confirmó este jueves como una de las víctimas del accidente.

Feijóo ha convocado la comparecencia después de reunirse con 15 expertos en seguridad ferroviaria que asesoran al partido. “Son personas que llevan décadas dedicadas a la seguridad y a las infraestructuras. Son personas que conocen los sistemas, los protocolos y los riesgos. Es decir, son los que saben y en este momento solamente importa que hablen los que saben”, ha declarado.

Señalar un fallo personal es “cobarde e inmoral”

El presidente del PP ha rechazado que el siniestro pueda ser considerado la consecuencia de un error individual. Según ha sostenido, se produjo nueve meses después del accidente de Adamuz y “en la misma línea”, tras un periodo marcado por “incidencias, averías, retrasos y advertencias”. “Lamentablemente, la gente tiene razón. Lo ocurrido esta semana no puede contemplarse como un hecho aislado, ni tampoco reducirse a un fallo personal o una fatalidad inevitable”, ha dicho.

“Ante un contexto como este, la solución no es taparse los ojos y señalar a una sola persona cuando hay fallos en cadena. Eso es cobarde y es inmoral”, ha afirmado. “Y tampoco basta con gritar lo que hay que hacer, porque eso no es útil. Hay que saber hacerlo”, ha agregado. Feijóo ha reclamado responsabilidades en los tribunales y en el plano político. “España merece la responsabilidad que exige esta situación. Todas las responsabilidades: las jurídicas, que se tienen que depurar en los tribunales; las responsabilidades políticas también se dirimirán, como tarde, en las urnas”, ha sostenido, volviendo a señalar el 29-N.

Su declaración más contundente ha sido cuando se ha dirigido directamente al Gobierno como responsable: “Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz. Y al menos 69 en Toledo, porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho”. El dirigente popular ha añadido que el impacto trasciende a los fallecidos y heridos. “También ha quebrado la confianza de millones de españoles en su sistema ferroviario y no podemos ignorarlo”, ha señalado. A su juicio, la recuperación de esa confianza no dependerá “del mero paso del tiempo”, sino de identificar los fallos y las medidas necesarias. “Los mismos que estaban al frente antes del accidente de Córdoba continúan en sus puestos después del accidente de Toledo”, ha dicho. “Quien ha faltado a su deber de gestionar como exige el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Ahora bien, quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo”, ha concluido.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este viernes 48 horas después del trágico accidente ferroviario en Urda que ha dejado por el momento 69 víctimas mortales. “Por el momento, los indicios apuntan a que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control de mando de Adif”, ha afirmado al arrancar su segunda intervención desde que se produjo el accidente. Y ha añadido que están “analizando los hechos para esclarecer exactamente qué ha sucedido, cómo ha podido producirse y si existieron deficiencias en los procedimientos de control”. Aún así, ha insistido en la seguridad de la infraestructura ferroviaria.

Ha asegurado que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la cadena de errores que llevó a la colisión mortal entre los trenes AVE e Iryo a primera hora de la mañana del miércoles, falló este año en 170 ocasiones. Este sistema, ha explicado, funciona con soportes físicos (balizas, cables) y el 75% de esas incidencias se deben a problemas en esos soportes físicos (por vandalismo, robo de cable, daño como consecuencia de obras, mantenimiento o acciones meterológicas). Pero es que “la caída del LZB puede ser habitual y su fallo está regulado”, ha añadido.

El número de incidencias “puede llamar la atención al público no especializado, pero está dentro de la normalidad europea y en cifras muy estables en los últimos seis, siete años. También les digo que está por debajo de la media registrada, en concreto con respecto a los dos años inmediatamente anteriores”. Según Puente, estamos hablando de unas incidencias que “pueden estar entre las ciento cincuenta y doscientas al año”.

Además, el ministro ha explicado que la última incidencia anterior al incidente fue el 14 de octubre, lo que arroja una de las incidencias por kilómetro de 0,4, que es la mitad, por ejemplo, de la que se registra en la banda de Atocha-Puertollano o en otras bandas de la línea Madrid-Sevilla. “Por tanto, estamos, insisto, hablando de una situación de normalidad”.

Puente ha incidido en que la caída del sistema LZB es algo tan “habitual”, que “el sistema está diseñado para lidiar con ella” y está recogida en el propio Reglamento de Circulación Ferroviaria. También ha negado que el LZB sea un sistema menos seguro o menos fiable que el ERTMS. “El LZB es un medio de seguridad tan sólido y tan fiable como el ERTMS. De hecho, quiero subrayar que el LZB es el sistema que tiene en este momento el 80% de la red de alta velocidad alemana o austriaca y que además está alojado en otros países, como las líneas regionales en Reino Unido o metros de alta densidad de tráfico como el de Múnich, el de Viena o el de Düsseldorf”.

“Si es así, se preguntarán ustedes: ¿y por qué se está cambiando entonces? ¿Por qué se sustituye, si es tan bueno, por otro sistema distinto?“, ha planteado Puente sobre el hecho de que en estos momentos, en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía está implementándose desde el pasado junio y está previsto que esté operativo a principios de 2027 el nuevo sistema de seguridad ERTMS.

Porque así lo exige el Reglamento Europeo de Redes Transeuropeas de Transporte, que dice en su artículo 18 que los Estados miembros tendrán que implantar el ERTMS a más tardar el 31 de de diciembre de 2040 en red básica, 31 de diciembre de 2045 en red ampliada y, a más tardar, el 31 de diciembre de 2050 en red global.

Según el ministo, España es el país que ha implementado ya más kilómetros de ERTMS [...]. Por tanto, “España es la primera en hacer los deberes a la hora de implementar el sistema ERTMS y lleva implementados en su red de alta velocidad más kilómetros de ERTMS que ningún otro país de la Unión Europea”.

Ha explicado que el Ministerio le envió a la Unión Europea el certificado de recepción de la colocación física del ERTMS en junio del año 2026 y ahora para ponerlo en funcionamiento hay que superar dos fases: una, la fase de prueba y comprobación de laboratorio y otra, la fase de permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

La fase de de pruebas y revisión de laboratorio está superada en la línea de Madrid-Córdoba. Las pruebas están hechas y ahora está en el laboratorio, realizándose los análisis. Y el tramo restante, el de la vía Córdoba-Sevilla, se está llevando a cabo en este momento las pruebas los fines de semana por las noches.

Por ahora, Puente no va a dimitir

Ante las peticiones de dimisión, Puente ha asegurado que su “forma de asumir responsabilidades es dar la cara”: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada de esconder”,

“Siento un dolor inmenso por las víctimas y los familiares. Pero no puedo dejar que el dolor me paralice. La fatalidad existe y hay que afrontarla”.

El sistema de respaldo ASFA

Para seguir explicando el sistema, hay que entender también cómo funciona el sistema de respaldo ASFA. El sistema LZB es un mecanismo de control y frenado automático que se apoya en cantones virtuales de longitud variable de dos kilómetros y medio (es decir, tramos de vía de seguridad).

Esos cantones emiten una información al sistema que le permite decirle al tren los cantones que están desocupados e incluso ajustar la velocidad en función del número de cantones disponibles y en función del espacio que tenga el tren por delante totalmente asegurado para poder circular.

Y es el sistema el que le dice: “Puedes ir a 200 km/h de máxima, puedes ir a 250 km/h, puedes ir a, a 270 km/h, a 300 km/h, a la velocidad que sea”. Cuando el LZB decae entra en servicio el mecanismo de respaldo, que es el ASFA. Hay países que no lo tienen, pero España sí. Óscar Puente lo ha explicado así: “Pasamos en ese caso de un sistema de cantones virtuales a un sistema de cantones físicos, de balizas. Balizas que detectan el paso de un tren y, en función de si el cantón está ocupado por otro tren o no, permiten no pasar, prohíben el paso o lo permiten”.

“Por tanto, voy a insistir de nuevo en la regla básica: dos trenes nunca en el mismo cantón. Pero el ASFA no tiene cantones tan pequeñitos, tienen balizas a más distancia. En este caso concreto, los dos trenes siniestrados se detienen dentro del mismo cantón. Por tanto, el sistema ASFA, en principio, no puede avisarles de que hay un tren dentro del cantón. Pero sí hace una cosa el sistema, y esto lo comunica por radio con claridad el maquinista del tren AVE. Les da una instrucción que se llama meta cero. Meta cero significa que el último punto de detención del tren AVE se produce como consecuencia, o se le deja constancia al tren, de que lo hace con un tren dentro del mismo cantón. Meta cero, que es distinto de la instrucción que se le da al Iryo. Al Iryo el sistema le da una instrucción meta cuarenta, es decir, le permite avanzar a cuarenta hasta la señal más próxima de ASFA, que es lo que hace deteniéndose en el semáforo rojo, para que se entienda, en la señal de rojo que hay a la entrada de la estación de Urda. Por tanto, tenemos dos trenes en el mismo cantón, uno de ellos detenido en la señal de final de cantón y otro poco después de la señal de entrada del cantón. Cuando se da la instrucción al tren que va por detrás de que reanude la marcha con normalidad, teniendo un tren detenido por delante, se produce una circunstancia doblemente dramática. Y es que unos minutos después se le da salida al tren Iryo y se cambia la luz roja de delante del tren a una luz verde para que este reanude la marcha. De manera que es imposible que el sistema ASFA avise al tren AVE cuando llega al final del cantón, porque el semáforo está en verde, aunque el tren Iryio no haya reiniciado la marcha. No voy a valorar esto”.

La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) estima que el choque entre los dos trenes de alta velocidad se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, de acuerdo con el primer informe —al que ha tenido acceso Infobae— elaborado tras las 24 horas iniciales de investigación del accidente ocurrido este miércoles por la mañana en Urda (Toledo) que, al cierre de esta información, dejó 69 víctimas mortales y decenas de heridos. El organismo ha participado este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en la retirada de las conocidas como cajas negras de ambos trenes, que han quedado bajo custodia de la Guardia Civil.

Según la primera reconstrucción de AITAT, el origen del problema se produjo a las 8:31 horas, momento en que se produjo una avería en el sistema LZB, el mecanismo que regula de forma automática la circulación de los trenes de alta velocidad. A partir de ahí, ambos convoyes pasaron a operar bajo el Bloque de Señalización Lateral (BSL), un protocolo que obliga a un intercambio manual de información entre el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas para gestionar la circulación en condiciones degradadas.

El informe detalla la cadena de averías, instrucciones y decisiones operativas que, tal y como detallan los investigadores, derivaron finalmente en la colisión, sin que las barreras de seguridad previstas para este tipo de situaciones llegaran a activarse. La AITAT no ha señalado aún en qué parte concreta de esa cadena se produjo el fallo determinante, algo que corresponderá establecer en las siguientes fases de la investigación.

El impacto dejó ambos trenes volcados al pie del terraplén

La violencia del choque quedó reflejada en el resultado del accidente. El coche de cabeza del tren AVE (identificado como coche número 8) quedó empotrado contra el coche de cola del Iryo (coche número 1). Ambos vehículos acabaron volcados y girados al pie del terraplén de la vía.

El resto del tren AVE sufrió un descarrilamiento completo. Seis de sus coches, del 1 al 6 según el sentido de la marcha, permanecieron sobre la plataforma de la vía, mientras que el coche número 7 cayó por el terraplén. El coche número 3, antepenúltimo en el sentido de la circulación, quedó atravesado por un fragmento de carril deformado como consecuencia del impacto.

En el caso del Iryo, además del coche de cola, descarrilaron todos los vagones, salvo los dos primeros, numerados como 7 y 8. Por el terraplén cayeron, junto al coche 1, el penúltimo y el antepenúltimo, identificados como 2 y 3.

Acceso al puesto de control de Adif pocas horas después

La Dirección de Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios de la AITAT fue notificada del siniestro a las 9:10 horas del miércoles, más de media hora después. A partir de ahí, se movilizó a un primer equipo de tres técnicos investigadores que llegó al lugar del accidente alrededor de las 12:15 horas, para examinar el punto en el que se produjo la colisión, el estado de la infraestructura, los vehículos siniestrados y los daños ocasionados.

Y ese mismo grupo fue el que se trasladó después al Puesto Local Operativo de Urda. Mientras, un segundo equipo, integrado por el director de investigación técnica de accidentes ferroviarios y un consejero del sector ferroviario de la AITAT, se desplazó hasta el CRC de alta velocidad de Adif. Allí revisaron el puesto de trabajo del responsable de circulación y el libro de telefonemas. También visualizaron los registros de videovigilancia y escucharon las comunicaciones mantenidas en los minutos previos al siniestro.

Asimismo, los investigadores recabaron testimonios del personal de Adif presente en el centro de control y se llevaron copias de toda la documentación revisada.

Recuperación de las cajas negras

Este jueves también se han extraído los registradores embarcados de ambos trenes, equipos equivalentes a las cajas negras de los aviones, que son clave para reconstruir los últimos movimientos de los vehículos antes del impacto. La operación se ha realizado de manera conjunta entre los técnicos de la AITAT, la policía judicial y representantes de las empresas ferroviarias implicadas. Así, los equipos recuperados pasaron a quedar bajo custodia de la Guardia Civil para su análisis posterior.

Por último, la AITAT ha subrayado que su investigación se encuentra todavía en una primera fase de recogida de información sobre el terreno y de recopilación de documentación procedente de los distintos sistemas de registro, por lo que todas las hipótesis están aún abiertas. En las etapas siguientes del proceso está previsto realizar entrevistas a los implicados, inspecciones sobre otras instalaciones y material rodante, y una revisión del mantenimiento efectuado sobre la infraestructura ferroviaria afectada.

El Tribunal Supremo estudia si suspender el derecho a voto de los hijos nacionalizados por la ley de nietos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes el alto tribunal, después de que el pasado 27 de octubre el partido antiglobalista Iustitia Europa solicitara ampliar las medidas cautelares que ya dejarán sin votar a 163.020 personas con nacionalidad española residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La suspensión, acordada el pasado septiembre, afecta a quienes no hayan acreditado que descienden de españoles que sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

En una providencia fechada este 30 de octubre, a la que ha tenido acceso Infobae, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado adoptar de forma inmediata las medidas cautelarísimas solicitadas por la formación, pero ha abierto un trámite de audiencia de tres días para que las partes personadas presenten sus alegaciones. Iustitia Europea reclama que la medida que afecta a más de 163.000 nacionalizados se extienda también a los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de la anterior Ley de Memoria Histórica.

En este caso, la solicitud del partido se dirige a los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por opción, es decir, que cumplen con ciertos requisitos de vínculo familiar con España, conforme dicta el Anexo III de Memoria Democrática. “La petición persigue que esos votos puedan ser recibidos y custodiados, pero que no se incorporen al escrutinio hasta que la Administración complete la comprobación individual correspondiente”, ha escrito en un comunicado el partido dirigido por Luis María Pardo.

Más de 195.000 nacionalidades concedidas

Según los datos administrativos recogidos en la solicitud de Iustitia Europa, a 31 de julio de 2026 se habían practicado 189.678 inscripciones de nacionalidad por esta vía. La cifra ascendía a 195.872 nacionalidades concedidas a finales de agosto, a las que se sumaban otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.

La petición tiene su origen en la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de septiembre, cuando acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de las inscripciones de españoles nacionalizados al amparo de la ley de nietos.

Ahora, y con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca, la Sala ha rechazado adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas inaudita parte —que permiten al tribunal resolver inicialmente sin escuchar a las demás partes cuando aprecia una especial urgencia—. Sin embargo, el Alto Tribunal ha optado por abrir un trámite de audiencia y conceder un plazo de tres días, contados desde la notificación de la providencia, para que las partes expongan sus argumentos.

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte (66.300 vecinos), gobernado por el PP, quiere recuperar unos locales comerciales que llevan años vacíos y que en su día fueron escenario de uno de los grandes pelotazos del caso Gürtel. El Consistorio ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Caixabank, propietaria hoy de esos locales, para pagar la deuda hipotecaria que mantiene la empresa que en su día se hizo irregularmente con esos locales y que pertenecían a uno de los condenados, Ramón Blanco Balín, economista e inspector de finanzas del Estado, gran amigo en su día de José María Aznar (que le hizo directivo de Repsol) y que fue detenido como uno de los grandes cerebros financieros de la trama liderada por Paco Correa.

De hecho, Blanco Balín ya ha sido condenado en varias de las piezas de la trama (la visita del Papa a Valencia en 2006, los negocios en Arganda del Rey y en Boadilla del Monte) y espera nueva sentencia por otra pieza, por ayudar a Correa y sus socios a ocultar el dinero en el extranjero y defraudar al fisco. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla llevó este martes a su Consejo de Administración un punto del día para ser votado: pagar 600.000 euros a la Caixabank para poder recuperar la titularidad de tres fincas que albergan los 30 locales y 140 plazas de aparcamiento. Aunque el Ayuntamiento tiene el derecho de superficie, la titularidad de los locales es de la entidad financiera, que se los quedó después de que concediera un préstamo a la compañía Artas Consultoría, propiedad de Ramón Blanco Balín.

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Aunque el PP tiene mayoría en el Consejo de la EMVS (nueve miembros), este martes decidió a última hora retirar la votación de ese acuerdo extrajudicial después de que la concejala del PSOE, Alessandra del Mónaco, pidiera más tiempo para estudiar toda la documentación y amenazara a los consejeros del PP con llevarles a los tribunales si con dinero público se saldaba la deuda que un condenado por corrupción mantiene con la entidad financiera. “El asunto es complejo y queremos dar la oportunidad al resto de grupos municipales de reunirse con los funcionarios y los técnicos para que les pregunten lo que consideren oportuno”, señala un portavoz del Ayuntamiento. “Es más eficiente, constructivo y beneficioso superar el actual estado de confrontación y poner fin a la judicialización de este asunto que podría alargarse durante varios años”, señala la propuesta enviada por Caixabank.

Para entender todo este lío tan “complejo” y judicializado hay que remontarse al año 2008. En ese momento, Caja Madrid (que luego sería absorbida por Caixabank) concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros para que Ramón Blanco Balín pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red que Correa amañó en Boadilla. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. El negocio era redondo para Blanco Balín y Paco Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero, alias ‘el Albondiguilla’ (condenado a 36 años de cárcel), sacó a concurso el derecho de superficie de tres parcelas en la mejor zona del municipio, donde se iban a construir 33 locales comerciales y 140 plazas de garaje en la Avenida Siglo XXI, una de las principales arterias del municipio.

Un amaño por 99 años

La adjudicación se la llevó Rústicas MBS SL, tres años antes de los préstamos, en octubre de 2005, empresa de Blanco Balín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma suya, Artas Consultoría. Esta última gestionaría los 33 locales y los garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento un canon anual de 81.344 euros, canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. Todo un chollo para la trama, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Balín si alquilaba el espacio a su disposición? Según sus estimaciones, 1,3 millones de euros anuales, de los que había que descontar el paupérrimo canon anual que le pedía el Consistorio: 81.344 euros.

Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros. Tras conocerse el escándalo del caso en 2009, el Ayuntamiento de Boadilla (ya con Panero fuera) rescindió en octubre de 2011 el contrato con Artas Consultoría. Han pasado 15 años y los locales comerciales languidecen en una de las avenidas más comerciales de Boadilla. Para la concejala Alessandra del Mónaco “consideramos que un asunto de esta trascendencia, relacionado con las consecuencias jurídicas de actuaciones urbanísticas del pasado y con antecedentes judiciales vinculados al caso Gürtel y la presencia del ex alcalde Arturo González Panero en prisión con una sentencia de 36 años y 11 meses, debemos exigir la máxima transparencia y todas las garantías jurídicas y económicas”.

El acuerdo que quieren firmar Boadilla y Caixabank contempla que, en el caso de que la entidad financiera recupere la totalidad del importe reclamado a Blanco Balín, 4.145.553 euros, “CaixaBank quedará obligada a reintegrar a la EMSV, en el plazo de 10 días hábiles, el importe de 600.000 euros abonado por ésta. La obligación de reintegración solo aplicard en el caso de recuperación por CaixaBank del total importe reclamado”. Las dos partes, Ayuntamiento y Caixabank, se comprometen así también a piner fin al litigio que mantienen por la titularidad real de las parcelas (y por ende, de los locales) para poder inscribirlas en el registro.

“Nos encontramos ante una cuestión jurídica compleja. La situación de bloqueo jurídico y económico de los inmuebles de la Avenida Siglo XXI está generando a la EMSV un perjuicio económico, sin perspectiva de solución a corto plazo por la vía exclusivamente litigiosa. Hasta que no se cancele la inscripción registral del derecho de hipoteca constituido sobre el derecho de superficie, las fincas no están, técnica y jurídicamente, libres de cargas”, explican desde el Consistorio. Si Boadilla tuviese los locales, podría sacar su alquiler o concesión a concurso e ingresar unos fondos públicos. Ese canon de concesió sería de 300.000 euros anuales. “No nos oponemos a que se busquen soluciones que protejan los intereses municipales, pero creemos que cualquier acuerdo debe estar suficientemente justificado y garantizar la defensa del patrimonio público. Boadilla no puede pasar página de la Gürtel sin transparencia ni explicaciones. No vamos a contribuir a normalizar sus consecuencias ni a cerrar en falso este capítulo de la historia de nuestro municipio”, recalcan desde el PSOE.

El currículo empresarial de Ramón Blanco Balín, por su parte, ha sido muy ingente. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorpora a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombra su segundo y en 2002 es elegido consejero delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer). Boadilla, por su parte, fue uno de los epicentros de la trama Gürtel. Tanto, que la Audiencia Nacional abrió una pieza separada solo para investigar los tejemanejes de Correa y los suyos en este municipio madrileño. Las condenas fueron ejemplares.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2023 la condena de 36 años y 11 meses que la Audiencia Nacional impuso a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte. La sentencia también condenó al PP a pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de la red. Correa, al que se le impusieron por este caso 13 años y 6 meses de cárcel, la misma pena que a su número dos, Pablo Crespo, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su castigo a cambio de confesar los hechos. Esta pieza de Boadilla dejó 23 condenados.

Una sucesión de fallos desembocó este miércoles en la muerte, hasta ahora, de 69 personas después de que un AVE embistiera a un tren Iryo en la localidad toledana de Urda, en un viaje que comenzó en Madrid y que tenía por destino Sevilla. Pasan los días y, pese a lo “inexplicable” del suceso, tal y como compartió ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, se van esclareciendo los hechos. Para el líder de la cartera, “todo apunta a que es un fallo en el Centro de Control de mando de Adif”, ha afirmado esta mañana en una nueva comparecencia.

Las últimas informaciones conocidas a esta hora apuntan a que se ordenó seguir el protocolo equivocado tras la caída del LZB, el sistema de protección del tren que supervisa su velocidad y transmite indicaciones de circulación, “como consecuencia de un fallo de comunicación entre los ordenadores de la red”. Eran las 8.31 de la mañana y se vieron afectados 63 kilómetros de la línea.

Cinco minutos más tarde, a las 8.36, el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, el centro neurálgico para toda España, ordenó poner en velocidad normal el tren con destino Sevilla. “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”, indicó el operador, según las grabaciones a las que ha accedido la Cadena SER. La instrucción difería del protocolo previsto: marcha a la vista, es decir, conducir con un máximo de 40 kilómetros por hora, una velocidad que permite al maquinista detenerse ante cualquier obstáculo o señal de parada.

ElDiario.es ha dado a conocer sobre las 14.00 horas de este viernes que el maquinista del AVE informó al centro de que su sistema de seguridad veía la vía ocupada. Pese a ello, le dieron paso hasta que minutos más tarde el convoy de Renfe, en el que viajaban 397 personas, alcanzó al Iryo que transportaba a 146. Este viernes, este trabajador se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

¿Qué es el Centro de Regulación y Control de Atocha y cómo funciona?

El Centro de Regulación y Control (CRC) de Madrid-Puerta de Atocha es una de las instalaciones de Adif, el administrador público de las infraestructuras ferroviarias, desde las que se supervisa y coordina la circulación de los trenes. Su cometido es garantizar la gestión del tráfico, controlar los sistemas que intervienen en la circulación y gestionar las incidencias que puedan producirse durante los trayectos.

Según explica Adif en su página web, España dispone de una red de 20 Centros de Regulación y Control, de los cuales cuatro —Madrid, Antequera, Albacete y Zaragoza— están dedicados a la alta velocidad y los otros 16 a la red convencional, creados en 1992 a partir de la primera línea de AVE entre la capital y Sevilla. Estas instalaciones permiten coordinar en tiempo real los cientos de movimientos que se producen diariamente en las vías, desde las salidas y llegadas a las estaciones hasta los cruces entre trenes.

El Centro de Regulación y Control de Atocha dispone de 18 puestos de atención a la circulación ferroviaria, según las informaciones publicadas por El País y la Cadena SER. Desde estas instalaciones se supervisan los corredores Madrid-Sur y Madrid-Noroeste, además de prestar apoyo a otros centros de control.

Para desempeñar estas funciones, los centros utilizan una plataforma tecnológica denominada DaVinci, desarrollada por la propia Adif, que reúne en un mismo sistema información procedente de diferentes elementos de la infraestructura ferroviaria. Entre ellos se encuentran la señalización, las comunicaciones, el suministro de energía y los dispositivos de protección de los trenes. Así, los operadores pueden supervisar a distancia la situación del tráfico y detectar incidencias que afecten a la circulación.

Ahora bien, los sindicatos vienen reclamando mejoras en sus duras condiciones de trabajo. En declaraciones a El País, el portavoz del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Pedro Poves, habló sobre la continua presión que reciben los trabajadores. Según el responsable, el número de puestos de responsables de circulación es el mismo que en 2019, antes de la liberalización de la alta velocidad: 18.

Según informa el citado medio, en el centro trabajan alrededor de un centenar de personas y permanece operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los trabajadores realizan turnos de ocho horas y disponen de diez minutos de descanso cada dos horas y media, siempre que exista personal disponible para sustituirlos. El Debate recogió el pasado 3 de septiembre quejas de los trabajadores de circulación e infraestructuras, que aseguraban llegar a trabajar doce horas al día y hasta cinco noches seguidas. “Y saliendo todos los días y volviendo a entrar el mismo; con una carga de trabajo brutal, porque tenemos muchísimos trenes, las infraestructuras están en muy malas condiciones, y los que están en los puestos de mando tienen que controlar trenes que a lo mejor están a 300 kilómetros, y ellos son los responsables de lo que pasa en el tren”, aseguró un portavoz.

En tanto, las huelgas de maquinistas han coincidido con el accidente. Programada el 16 de octubre, el parón se convocó para este jueves 29. Ouigo ha cancelado todos sus trenes programados para el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, mientras que Renfe ha convocado dos jornadas de paro los días 10 y 12 de noviembre.

El que señalan como fundador e impulsor de Blocus ha sido detenido este viernes en Picanya, Valencia. La Guardia Civil le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se habrían coordinado estas acciones. El sospechoso difundió desde su perfil un vídeo en el que un encapuchado se autoproclamaba líder. La operación policial nace con los altercados registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron alrededor de 500 personas. Aquella jornada se produjeron saqueos en numerosos comercios y hasta 128 detenciones, muchas de ellas de menores de edad.

Los hechos investigados podrían traducirse en delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal. La investigación de la Guardia Civil apunta a que la captación de participantes comenzaba a través de vídeos publicados en TikTok y carteles elaborados con inteligencia artificial. Estos contenidos incluían códigos QR que redirigían a grupos de WhatsApp y Telegram, desde los que los usuarios eran trasladados a canales privados. Los organizadores pedían a los participantes que compartieran los enlaces en grupos de clase y otros espacios del ámbito escolar. En los grupos a los que pudo acceder Infobae se observaban mensajes como “no queréis volver a casa con Rolex, Gucci, Iphones...” o “mis informantes me dirán tiendas sin azules”.

Objetivos, cócteles molotov y vínculo terrorista

Los mensajes, según los investigadores, sugerían acudir a las concentraciones con mochilas, material escolar y pancartas, con el objetivo de presentar las movilizaciones como protestas estudiantiles. Al mismo tiempo, se instaba a vestir ropa negra y utilizar máscaras para dificultar la identificación de los asistentes. En los chats del líder intervenidos señalan posibles objetivos como joyerías, tiendas de lujo y grandes almacenes.

En la capital vizcaína, fue detenido otro joven de 20 años, presunto administrador de la cuenta de Instagram Blocus Bilbao y de un canal de Telegram. Según la Policía, en ese canal se hacían llamamientos expresos a provocar incidentes en el centro de Bilbao, se identificaban comercios y se compartían manuales para fabricar artefactos explosivos y cócteles molotov, incluidos materiales procedentes de páginas vinculadas a grupos terroristas árabes. El detenido está acusado de conspiración para cometer desórdenes públicos, conspiración para delitos contra la propiedad y pertenencia a grupo organizado.

En Valencia, la Policía Nacional detuvo primero a un menor de 17 años, presunto creador de los canales Blocus Vlc, que llegaron a reunir a más de 400 usuarios antes de ser cerrados. El joven habría dado órdenes sobre la fecha, hora y forma de los asaltos a comercios del centro, además de animar a provocar incendios para distraer a los agentes. La Fiscalía de Menores decretó su internamiento cautelar. Posteriormente fue arrestado en Alfafar un joven de 18 años, acusado de instigar a fabricar y lanzar cócteles molotov para generar caos y facilitar los saqueos. La investigación continúa abierta.

Óscar Puente no descarta el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona hasta el fin de las obras. “No le oculto que esta es ahora mismo una de las cosas que estamos valorando”, ha respondido este viernes en rueda de prensa. El ministro de Transportes ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer una cronología de los hechos que derivaron en el accidente de Urda y justificar su continuidad en el cargo, ya que ha afirmado que ni piensa dimitir ni Pedro Sánchez le ha pedido que lo haga.

“Pero no por una razón de seguridad sino por múltiples razones”, ha continuado Puente sobre la Madrid-Barcelona (Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona). Ha explicado que cuando Alemania emprende la renovación de una línea, “priva del servicio a los usuarios” hasta su conclusión, y que el modelo español “es opuesto y prima la prestación del servicio”. “Con la consecuencia -ha añadido- de que la fiabilidad, la puntualidad, la seguridad yo creo que no, se ven afectadas”.

“Es algo que nos estamos planteando, no lo oculto. No tengo ninguna duda de que si tomamos la decisión de seguir el modelo alemán habrá contestación, pero yo no sé si en esas circunstancias es la fórmula más prudente”, ha considerado el ministro, que ha estimado que las obras pasarían de prolongarse durante cinco años “a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales”. Ha admitido por ejemplo que el tramo Madrid-Calatayud “está en unas condiciones francamente mejorables”.

El LZB se ha caído 170 veces este año

En su comparecencia, Puente ha informado de que el sistema de seguridad LZB se ha caído hasta 170 veces este año, una cifra que, según ha dicho, está “dentro de la normalidad” del funcionamiento ferroviario. El ministro ha reconocido que el dato puede llamar la atención, pero ha remarcado que se ajusta a los parámetros habituales en Europa y a cifras “muy estables” de los últimos seis o siete años. Ha agregado que incluso se ubica por debajo de la media registrada en los dos años previos.

“Quiero que entiendan que los sistemas de seguridad, se llamen LZB o ERTMS, no están en el aire, utilizan soportes físicos para su comunicación, soportes físicos que se encuentran tanto en la infraestructura como en los trenes, como material embarcado, y esos soportes físicos fallan”, ha explicado. Del total de 170 incidencias, el 75% obedece a circunstancias “completamente ajenas al propio sistema”, entre ellas actos de vandalismo, robos de cable o condiciones climatológicas adversas.

El ministro ha distinguido entre una caída del sistema y una falla. Según ha precisado, en el caso del accidente el sistema no falló: se cayó, lo que provocó la detención automática de todos los trenes. “Lo que sucedió es que el sistema tuvo un problema con las comunicaciones y lo que hizo fue actuar y bloquear el tráfico de manera inmediata para evitar riesgos en la seguridad. Es decir, el LZB o el ERTMS, si no está funcionando bien, se para y garantiza la seguridad total de la circulación”.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a Mapfre a abonar 10.850,10 euros a una empresa de transporte por la pérdida total de un cargamento de vino italiano que llegó a su destino mezclado con aceite tras un trayecto internacional. La aseguradora se negó a pagar, argumentando que el remolque cisterna en el que se produjo la avería no venía incluido en la póliza.

El caso se remonta a abril de 2021. La empresa Poyo Thermo Tank S.L. trasladó desde Italia 24.118 litros de vino lambrusco rosado hasta Bodegas Ontañón S.L., en Fitero (Navarra). Al llegar, el personal de la bodega comprobó que el vino venía contaminado con restos de aceite de una carga anterior por una avería en el sistema de autolimpiado del remolque cisterna. La mercancía, por tanto, quedó inservible.

Poyo Thermo Tank indemnizó a la bodega con 10.850 euros y reclamó esa cantidad a Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., con la que tenía contratada una póliza colectiva a través de la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna). La compañía rechazó el pago al considerar que su cobertura solo alcanzaba a la cabeza tractora y no al remolque cisterna donde se originó el daño.

Dos seguros con lógicas distintas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Tudela dio la razón a Mapfre en junio de 2024, al aplicar un criterio propio de los accidentes de tráfico: si se identifica qué pieza del camión articulado causó el daño, responde la aseguradora de esa pieza. Como el fallo venía del remolque, no cubierto por la póliza, la demanda fue desestimada.

La Sección Tercera de la Audiencia revocó esa sentencia el 9 de octubre y señaló que la jueza había confundido dos seguros de naturaleza distinta. El de responsabilidad civil de vehículos cubre los daños que el vehículo causa a terceros; el de transporte de mercancías cubre lo que le pase a la carga, al margen de qué parte del vehículo haya fallado. La propia póliza de Mapfre recogía esa lógica al establecer que “la Compañía se obliga a indemnizar la destrucción, los daños materiales y desaparición de las mercancías aseguradas con ocasión o consecuencia de su transporte”.

El tribunal añadió que, según la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cabeza tractora y el remolque forman una unidad funcional inseparable a efectos de transporte, ya que la tractora por sí sola no puede trasladar ninguna carga. Exigir que cada pieza del conjunto articulado estuviera asegurada por separado, concluyó la Audiencia, llevaría a que la aseguradora nunca respondiera por la pérdida de ninguna mercancía.

La cláusula de embalaje, sin firma ni claridad

Mapfre alegaba también que la póliza excluía los daños por “embalaje o preparación insuficiente o inapropiada”, y que un remolque contaminado con aceite no era un medio apto para transportar vino. La Audiencia rechazó este argumento por dos motivos: la cláusula, tomada de las Institute Cargo Clauses del Instituto de Aseguradores de Londres, no había sido firmada por la transportista, como exige la jurisprudencia del Supremo para este tipo de cláusulas limitativas de derechos; y la avería fue un defecto mecánico del sistema del vehículo, no una decisión de embalaje de la empresa. El tribunal calificó la cláusula de “deficientemente redactada, con un ambiguo contenido y sin especial desarrollo respecto a su significado, alcance o extensión”.

La Audiencia descartó aplicar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro al apreciar una “duda racional” sobre la cobertura, dada la complejidad jurídica del caso. La condena quedó en 10.850,10 euros, más los intereses de mora procesal desde la fecha de la sentencia, con las costas de ambas instancias repartidas por mitad. El fallo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en un plazo de 20 días.

Solicitar el voto por correo no exime a los ciudadanos de la obligación de formar parte de una mesa electoral en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre. Se trata de dos trámites independientes que se rigen por normativas distintas, y una persona puede ser designada para integrar una mesa incluso después de haber pedido votar por correspondencia.

El voto por correo permite a un elector ejercer su derecho de sufragio sin necesidad de acudir de manera presencial al colegio electoral el día de la votación. Sin embargo, esta modalidad no constituye una causa de exención de las obligaciones vinculadas a las mesas electorales, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El sorteo que determina quiénes integrarán cada mesa se realiza entre los electores censados en cada demarcación, con independencia de si estos han tramitado o no el voto postal. Por tanto, un ciudadano que ya solicitó votar por correo puede recibir igualmente una notificación para desempeñarse como presidente, vocal o suplente el día de los comicios.

Los plazos de la mesa y el voto por correo

Los ayuntamientos son los encargados de celebrar los sorteos públicos entre los electores de cada mesa, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona. El proceso arranca este sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el 4 de noviembre. Cada mesa queda compuesta por nueve personas: tres titulares (un presidente y dos vocales) y seis suplentes, dos por cada cargo. Pueden ser convocados todos los electores mayores de 18 años y menores de 70 años, aunque quienes tengan entre 65 y 70 años y reciban la notificación pueden presentar su renuncia dentro de la semana siguiente. Las personas seleccionadas recibirán la comunicación oficial, junto con un manual de instrucciones, dentro de los tres días posteriores al sorteo, por lo que las primeras notificaciones comenzarán a llegar a partir del 3 de noviembre y se extenderán hasta el 7 de noviembre.

Formar parte de una mesa electoral es una obligación legal, aunque la normativa contempla determinadas excepciones. Si un ciudadano designado considera que existe una circunstancia que le impide cumplir con esta función, debe presentar una alegación ante la Junta Electoral de Zona correspondiente dentro de los plazos establecidos, independientemente de que haya tramitado o no su voto por correspondencia. El Ministerio del Interior habilitó una página web, 29neleccionesgenerales.es, disponible en castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés, en la que los ciudadanos pueden consultar las obligaciones de quienes resulten designados para una mesa, así como los motivos admitidos para solicitar la exención y los plazos para hacerlo.

El plazo para solicitar el voto por correo en España sigue abierto y vence el 19 de noviembre, a veinte días de la jornada electoral. El envío de la documentación a quienes ya lo solicitaron comenzará el 9 de noviembre, y el plazo máximo para depositar el voto en las oficinas de Correos vence el 25 de noviembre, previo al cierre de los colegios electorales el domingo 29 a las 20:00 horas.

El ministro de Defensa de Arabia Saudí, Khalid bin Salman ha comunicado en X que mantuvo una conversación con la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, para revisar la cooperación bilateral en materia militar y abordar la evolución de la seguridad regional tras los ataques de los hutíes contra el reino. El hermano del príncipe heredero Mohamed bin Salman, ha hecho lo mismo con el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y con su homólogo de Canadá, David McGuinty. También mantuvo una conversación con el secretario general de OTAN, Mark Rutte.

“Revisamos nuestra cooperación en defensa y las formas de fortalecer las relaciones saudíes-españolas”, ha señalado Khalid bin Salman en un mensaje difundido después del contacto. La comunicación incluyó un análisis de la situación regional y de los esfuerzos para preservar la estabilidad. La parte saudí no informó sobre acuerdos concretos ni sobre nuevas reuniones derivadas de los contactos. “Analizamos los esfuerzos para promover la seguridad y la estabilidad”, ha indicado.

Europa ante la situación en Arabia Saudí

La Unión Europea reclamó a los rebeldes hutíes que suspendan sus ofensivas en Yemen, los ataques contra Arabia Saudita y las acciones contra buques en el mar Rojo, y que retomen las conversaciones promovidas por Naciones Unidas para buscar una salida política al conflicto. Así lo transmitió el presidente del Consejo Europeo, António Costa, tras una conversación telefónica con Rashad al Alimi, presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, la autoridad reconocida internacionalmente. Costa expresó el respaldo del bloque europeo al Gobierno yemení y alertó sobre la profundización de la crisis humanitaria en el país. “La guerra en Yemen se está intensificando, agravando la crisis humanitaria y afectando a millones de personas”, afirmó el dirigente europeo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Las declaraciones se conocieron después de que la coalición militar encabezada por Riad comunicara la interceptación de tres misiles balísticos y cuatro drones que, según su versión, los hutíes lanzaron hacia distintas zonas de Arabia Saudita. El grupo insurgente ha incrementado desde el final de la tregua, en julio, los ataques con drones y misiles contra infraestructuras y aeropuertos saudíes. La escalada también se desarrolla en la costa occidental de Yemen, donde las fuerzas vinculadas al Gobierno yemení y los rebeldes disputan el control territorial. Los hutíes iniciaron una ofensiva el 3 de septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente y, a comienzos de octubre, la coalición liderada por Arabia Saudita anunció una operación de respuesta para recuperar las áreas tomadas por los insurgentes.

Riad acusó a Irán de impulsar la vuelta de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal Bin Farhan Al Saud, denunció ante la Asamblea General de la ONU ataques contra objetivos civiles y económicos y pidió una condena internacional a las amenazas contra el tráfico marítimo en el mar Rojo. La situación humanitaria se deterioró desde agosto. Según las estimaciones de Naciones Unidas citadas en el texto, más de 250.000 yemeníes abandonaron sus hogares a causa de los bombardeos y los asedios. Para Costa, “solo una solución política inclusiva puede traer una paz duradera a Yemen”.

La tragedia de Urda deja todavía muchas preguntas en el aire. El primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), al que ha accedido Infobae, avisa de que todavía es pronto para extraer conclusiones pero aporta algunas pistas. Una de ellas es que el AVE que impactó contra el tren que permanecía detenido en la vía en Toledo circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora. El accidente ha dejado por el momento 69 fallecidos y más de 200 heridos.

Una de las grandes incógnitas es si el accidente se produce solo por un error humano o si también intervinieron fallos de mantenimiento, inversión y otros problemas estructurales que deberían haberse afrontado desde las instituciones. El informe apunta a que “la cadena de averías, instrucciones y acciones eventualmente habrían conducido a la colisión, sin que hubiesen actuado las barreras mitigadoras necesarias”. Esta primera descripción señala a la sucesión de acontecimientos y fallos anteriores al choque y apunta también a los mecanismos diseñados para evitar incidentes y que, por tanto, deberían haber evitado la colisión.

El Iryo 6076, que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla, se encontraba detenido ante la señal de entrada E242 de la estación de Urda cuando fue embestido por el AVE 2080, que realizaba el mismo recorrido. La velocidad exacta no se conocerá hasta que se analicen los datos del registrador instalado a bordo del tren de Renfe. Por su parte, la Guardia Civil, como policía judicial, lleva a cabo su propia investigación para determinar posibles responsabilidades legales.

El tren de Iryo llevaba 147 pasajeros y cinco empleados, mientras que el AVE, 379 viajeros y siete miembros de la tripulación. Ambos convoyes tenían ocho coches. El coche de cabeza del AVE impactó contra el de cola del Iryo y ambos vagones volcaron y cayeron al pie del terraplén. El resto del tren de Renfe descarriló, con seis de sus coches sobre la vía y otro caído. Un fragmento de carril atravesó uno de los vehículos tras el accidente. En el tren de Iryo descarrilaron todos los coches salvo los dos primeros y los tres últimos también cayeron por el terraplén.

La avería del LZB y las distintas órdenes, bajo análisis

La investigación técnica se centra en dos líneas. Por un lado, en una avería del sistema LZB, el sistema encargado de regular la circulación de los trenes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Por el otro, en las instrucciones que se dieron desde control. Los investigadores deberán reconstruir la secuencia y analizar las comunicaciones entre los maquinistas y la central. Las primeras filtraciones apuntan a que el conductor, Antonio Acedo, fallecido en el accidente, no recibió la orden de “marcha a la vista”, que limita la velocidad a 40 km/h.

Un equipo de tres técnicos investigadores salió de Madrid a las 10.20 del miércoles, dos horas después del choque, y llegó al lugar del accidente alrededor de las 12.15. Allí inspeccionó el punto del impacto, la infraestructura, los trenes y los daños provocados. Después, los técnicos se trasladaron al Puesto Local Operativo (PLO) de Urda para revisar recopilar sus registros. Otros profesionales comenzaron a estudiar el punto de control de Atocha, donde tendrían que haber dado la información adecuada.

Pero estas comunicaciones se producen tras el primer error electrónico. Tres semanas antes del accidente de Urda, el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, alertó en el Senado de que las caídas del sistema LZB detenían los trenes y exigían “un tiempo considerable” para recuperar la conexión. Definió el mecanismo, implantado en la línea Madrid-Sevilla desde 1992, como “seguro, pero bastante antiguo”.

El gasto en pensiones crece y, según las previsiones publicadas por Fedea, la inversión pública pasaría del 13,1% del producto interno bruto (PIB) en 2022 al 16,9% en 2045. Así lo asegura el informe publicado con el título Valorando las reformas del Plan de Recuperación: avances parciales y crecientes desequilibrios pendientes, que sostiene que la reforma aprobada entre 2021 y 2023 reforzó la protección de los jubilados frente a la inflación, aunque no resuelve la financiación del sistema a largo plazo.

Entre 2022 y 2045, el gasto medio en pensiones de la Unión Europea subiría del 11,4% al 12,1% del PIB. Y España ampliaría la diferencia respecto de la media comunitaria, de 1,7 puntos porcentuales en 2022 a 4,8 puntos dentro de 19 años. El informe, firmado por Judith Arnal, Ángel de la Fuente y Juan Pablo Riesgo, aclara que se trata de previsiones construidas a partir de hipótesis demográficas y macroeconómicas.

El informe concluye que la reforma reforzó la protección de los pensionistas frente a la inflación al recuperar la actualización anual de las prestaciones con el índice de precios al consumidor (IPC). También derogó el factor de sostenibilidad, que vinculaba la cuantía inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida, y aprobó mejoras en las pensiones mínimas y en los complementos para reducir la brecha de género. Pero para Fedea, estas medidas elevan las obligaciones futuras del sistema sin resolver por completo cómo se financiarán.

El documento no cuestiona la finalidad de proteger a los jubilados. Su advertencia apunta al coste de esa decisión en un país donde aumentará la proporción de personas retiradas respecto de la población en edad de trabajar.

La evolución demográfica explica buena parte de la presión sobre el sistema, aunque no es el único factor. La previsión no contempla solo el impacto de una población más envejecida, con un mayor número de jubilados. También incorpora las reglas que determinan a qué edad se accede a la jubilación, cómo se fija la pensión inicial y cómo se actualiza cada año. El resultado es un incremento del gasto que, según Fedea, supera la capacidad de financiación que aportan las medidas aprobadas.

Las cotizaciones adicionales no cubrirían todo el aumento del gasto

La reforma incorporó nuevas vías de ingresos para reforzar las cuentas de la Seguridad Social. La principal es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización social adicional y temporal aplicada en España desde el 1 de enero de 2023 para reforzar el sistema público de pensiones frente a la jubilación de la generación del baby boom. Su tipo alcanzó el 0,9% en 2026 y está previsto que llegue al 1,2% en 2029.

A ese mecanismo se suman el aumento de las bases máximas de cotización por encima de la inflación y una cuota de solidaridad para los salarios que superan dichas bases. Con estas medidas, el sistema recaudaría más recursos a través de las aportaciones de trabajadores y empresas.

Sin embargo, el informe sostiene que ese refuerzo no bastará para compensar el aumento previsto del gasto. La estimación citada calcula que las medidas de ingresos aportarían una media de 1,6 puntos de PIB entre 2022 y 2050. En ese período, la subida del gasto superaría los tres puntos de PIB según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del Ageing Report 2024. La estimación de Fedea eleva ese aumento a cinco puntos, aunque el documento aclara que las metodologías no son idénticas.

La distancia entre el gasto adicional y los nuevos ingresos obligaría a buscar recursos fuera de las cotizaciones, según el documento. Fedea sostiene que esa parte deberá financiarse con transferencias del Estado, es decir, con impuestos o deuda pública.

La regla de gasto se cumple por tres décimas, pero no despeja la sostenibilidad

La reforma creó una regla para vigilar la evolución futura del sistema. Esa regla establece que el gasto en pensiones, después de restar los ingresos extra obtenidos con las nuevas cotizaciones, no debería superar una media del 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. En la primera revisión, realizada en 2026, el indicador se situó en el 13% del PIB. Por eso, la regla se cumple, aunque solo con tres décimas de margen.

Fedea advierte de que ese resultado no significa que esté resuelta la financiación de las pensiones. El 13% no es el gasto previsto para un año concreto: es una media calculada para casi tres décadas y descuenta los ingresos adicionales de la reforma. En cambio, la previsión de gasto público bruto para 2045 asciende al 16,9% del PIB.

El informe cuestiona que el cumplimiento de esa regla sea suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Si en una próxima revisión se superara el límite, el Gobierno tendría que proponer medidas, aunque la norma no determina de antemano si el ajuste se haría mediante más cotizaciones, impuestos, deuda o cambios en las pensiones.

El informe alerta sobre el coste para otras políticas públicas

El estudio sitúa el debate en la distribución futura de los recursos públicos. Si el gasto en pensiones absorbe una parte mayor del PIB, habrá menos margen presupuestario para otras áreas, como vivienda, educación y empleo.

Ese es uno de los puntos centrales del informe: la reforma protege a los pensionistas actuales, pero traslada una parte de la financiación pendiente a las próximas décadas. El coste puede recaer sobre los trabajadores a través de cotizaciones más altas, sobre los contribuyentes mediante impuestos o sobre el conjunto de la economía si se recurre a mayor deuda, dice Fedea.

Fedea concluye que el sistema necesita un acuerdo que defina cómo se financiará el aumento del gasto sin concentrar el ajuste sobre el empleo y las generaciones jóvenes. La proyección hasta 2045 no anticipa un resultado inevitable, pero dibuja el escenario que se produciría si se mantienen las reglas actuales y se cumplen las hipótesis demográficas y económicas utilizadas en el cálculo.

La degradación en la red de alta velocidad en el tramo entre Madrid y Andalucía vuelve al foco de la opinión pública tras este nuevo episodio trágico en Toledo, el segundo en menos de un año en esta misma vía junto con el de Adamuz. Mientras el Gobierno culpa a un trabajador como el único responsable, maquinistas y ferroviarios han salido al paso para denunciar que el tramo afectado por el choque acumula nueve fallos de señalización desde 2024.

Varios de esos fallos tienen que ver con el robo de cableado eléctrico y de los equipos de señalización y telecomunicaciones, elementos que son necesarios para gestionar el tráfico ferroviario a través del sistema LZB. Un informe de Adif publicado el pasado mes de junio advirtió de 409 denuncias por vandalismo en toda la red ferroviaria en apenas seis meses, un dato que superó a los balances anuales desde 2018. Tras una caída entre 2018 y 2020 —cuando el número de denuncias pasó de 206 a un mínimo de 121—, la tendencia se invirtió en 2021, con 279 denuncias. La cifra ascendió a 392 en 2022, descendió a 360 en 2023 y a 345 en 2024. En 2025 se alcanzó el máximo del periodo, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya se registró una cifra muy próxima a la del año anterior.

Desde la compañía ferroviaria señalan que la red de alta velocidad cuenta con cámaras de seguridad, vallado metálico, vigilancia privada y el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero aun así, lamentan, existen tramos especialmente “sensibles” por su aislamiento respecto de los núcleos urbanos.

Francisco Badea, experto de Certificación Ferroviaria y profesor de la Universidad de Nebrija, ha detallado que las líneas de alta velocidad resultan muy atractivas para los ladrones debido a la presencia de cientos de kilómetros de cableado, tanto de alta como de baja tensión. Asimismo, señala que para el administrador de infraestructuras resulta “materialmente inviable” blindar o vigilar de forma continua miles de kilómetros de trazado y vallado, especialmente en puntos de difícil acceso o remotos donde las labores de mantenimiento también son complejas. “Lo mucho que puedes ver es que hay una cámara y en la cámara se está viendo a una persona que evidentemente no viene con el rostro descubierto”, afirma.

Uno de los puntos sensibles de la línea Madrid-Sevilla se sitúa entre las localidades toledanas de Manzaneque y Los Yébenes. Este año, las interrupciones del servicio en estos tramos se repitieron en los meses de verano. En apenas tres meses, varios de los errores en la conexión del sistema de control fueron por robos. Adif publicó tres avisos por fallos de señalización atribuidos al robo de cable en distintos tramos de la red. El 7 de julio de 2026 informó de una incidencia entre Urda y Malagón. Antes, los días 11 y 12 de junio, comunicó dos fallos de señalización por la misma causa en el tramo Urda-Mora y Orgaz. 37 kilómetros del cableado sustraído se encontraron meses después en varias chatarrerías toledanas, tras una serie de inspecciones realizadas por la Guardia Civil.

Especialmente crítica fue la situación en 2025, cuando se llegaron a producir cinco robos simultáneos en un radio de apenas 10 kilómetros (puntos 92-850, 93-600, 101-400 y 102-200) en el mes de mayo, que obligaron a interrumpir la circulación durante horas y dejaron a miles de personas varadas en Atocha. “Cuando sube el precio del cobre, roban más”, resume un portavoz de Adif en una conversación con Infobae.

En el tramo Urda-Mora-Orgaz, en Castilla-La Mancha, la vigilancia privada de Adif y Adif Alta Velocidad corresponde a la empresa Ilunion Seguridad. Adif licitó el contrato por importe de 189,5 millones de euros para gestionar el servicio entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

Badea resalta que, en los casos de sustracción de cableado, la infraestructura cuenta con mecanismos redundantes y fiables, como el histórico sistema de corrientes en vía, que data de hace 150 años, que evitaría accidentes graves impidiendo que los trenes avancen a ciegas. “Si se roba un cable, son sistemas que ante fallos paran los trenes”, explica.

La ley para castigar a los ladrones que no llegó a tiempo por el adelanto electoral

Como consecuencia de la oleada de robos, la compañía pública reforzó la vigilancia en estos sectores enviando dos patrullas adicionales. Al mismo tiempo, el titular de Transportes, Óscar Puente, anunció que su cartera propondría una modificación del Código Penal para endurecer las penas contra los autores de los robos. En concreto, propuso una reforma del artículo 240, relativo a hurtos contra infraestructuras, para ampliar las penas hasta dos años contra los autores de robos en la infraestructura.

La propuesta estaba en fase de redacción para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. Pero la medida nunca salió del ministerio. El adelanto electoral convocado por el presidente del Gobierno hizo encallar a esta ley, que corrió el mismo destino que otros muchos proyectos de la legislatura.

El aumento del precio de la gasolina es uno de los temas que más preocupa a los conductores. Quienes utilizan el coche a diario para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o ganarse la vida al volante saben bien que cada visita a la gasolinera cuenta. Y, aunque comparar precios o cambiar algunos hábitos al conducir ayuda a contener el gasto, hay expertos que proponen ir un paso más allá.

Hay una forma de ahorrar gasolina que no depende de buscar ofertas ni de cambiar de coche: reducir la velocidad a la que circulamos. El economista austriaco Günther Fehlinger planteó en marzo de este año reducir la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora, una teoría que ha vuelto a cobrar relevancia en los últimos días.

¿Cuánto combustible se ahorraría al circular a 100 km/h?

Un dato de referencia lo ofrece Natural Resources Canada, el organismo público canadiense encargado de los recursos naturales. Según sus recomendaciones de conducción eficiente, un vehículo consume alrededor de un 20% más de combustible al circular a 120 km/h que al hacerlo a 100 km/h. La diferencia muestra cómo influye la velocidad en el gasto, aunque el porcentaje concreto varía según el vehículo y las condiciones del trayecto.

La experiencia española también permite hacerse una idea del efecto que puede tener una medida de este tipo. En 2011, el Gobierno redujo temporalmente de 120 a 110 km/h la velocidad máxima en autopistas y autovías para contener el consumo energético. Un estudio publicado en la revista académica Energy Economics analizó el impacto de aquella decisión y estimó que el consumo de gasolina descendió entre un 2% y un 3% en las provincias estudiadas.

Sin embargo, estos datos no significan que todos los conductores vayan a ahorrar un 17% de gasolina si se reduce el límite a 100 km/h. El ahorro real dependerá de cuánto se utiliza el coche, de la velocidad a la que se circule y de las características del vehículo. Además, el descenso del consumo registrado en España en 2011 refleja el efecto de aquella medida sobre el conjunto estudiado, no el ahorro individual de cada conductor.

Otros consejos para reducir el consumo de gasolina

Además de moderar la velocidad, hay otros hábitos al volante que ayudan a gastar menos combustible sin necesidad de cambiar de vehículo. Uno de los más importantes es conducir de forma suave, evitando acelerones y frenazos bruscos. Anticiparse al tráfico y mantener una velocidad lo más constante posible permite aprovechar mejor la energía del motor.

También conviene revisar la presión de los neumáticos con regularidad, ya que circular con las ruedas poco infladas aumenta la resistencia a la rodadura y el consumo. A esto se suma evitar cargas innecesarias en el maletero y retirar los cofres o portaequipajes del techo cuando no se utilizan, porque incrementan el peso o la resistencia aerodinámica.

Por último, planificar los desplazamientos puede marcar la diferencia. Agrupar varios recados en un mismo trayecto, evitar los atascos cuando sea posible y no utilizar el coche para distancias que se pueden recorrer a pie o en transporte público son medidas sencillas para reducir tanto el gasto en gasolina como el impacto de los desplazamientos en el bolsillo.

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto este jueves un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, por el vídeo publicado en redes sociales el pasado 24 de octubre junto al Guernica, de Pablo Picasso, en el interior del Museo Reina Sofía. En el citado video, Sánchez defendió el ‘No a la guerra’ ante el cuadro que el autor pintó para reflejar el horror del bombardeo ocurrido en la localidad vasca durante la Guerra Civil española por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

Denunciado por el Partido Popular, el partido alega que Sánchez realiza ante el cuadro “un balance de la actuación de su Gobierno en materia de política internacional, contraponiendo sus decisiones a las adoptadas por otros”. Por este motivo, la Junta considera que Sánchez podría haber vulnerado los artículos 50.2 y 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), relativos a la “neutralidad institucional” y a las limitaciones sobre la utilización gratuita de medios públicos con fines electorales. Por ello, además de abrirle un expediente sancionador, le ha requerido que retire el vídeo de los perfiles en redes sociales. Este ya no se encuentra disponible.

En su escrito, la defensa de Sánchez sostiene que el vídeo constituye “una reflexión sobre la posición de España en materia de política internacional, la defensa del multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y el respeto de los derechos humanos”. Asimismo, asegura que no contiene mensajes electorales, peticiones de voto ni descalificaciones a otras formaciones políticas.

De la misma manera, alegan que la utilización del Museo Reina Sofía no es competencia de la Junta Electoral Central y que su acceso y funcionamiento “se produjo conforme a sus normas de funcionamiento, sin ocasionar gastos extraordinarios ni restringir el acceso de los ciudadanos”.

Sin embargo, la JEC considera que el presidente del Gobierno aprovechó las facilidades y los medios públicos puestos a su disposición por razón de su cargo para grabar un vídeo que contiene referencias favorables a la gestión de su Ejecutivo. Así lo sostiene el organismo después de examinar un informe remitido por el director del Museo Reina Sofía el pasado 27 de octubre, en el que se aclara que la Presidencia del Gobierno no solicitó permiso para realizar una grabación, sino una visita institucional a la colección y, en particular, a la sala donde se expone el Guernica.

“La visita recibió el tratamiento reservado a las visitas protocolarias institucionales, que pueden realizarse fuera del horario de apertura al público por jefes de Estado y de Gobierno, autoridades y otras personalidades públicas. Por este motivo, no se tramitó una autorización de utilización de espacios, ni se practicó liquidación de tasa alguna, al considerar el Museo que no se había producido una cesión de espacios sujeta a dicha normativa”, escriben. Aunque el museo señala que no fue necesario contratar servicios extraordinarios ni restringir el acceso al público, la Junta considera que estas circunstancias no excluyen una posible infracción electoral.

Las declaraciones de Sánchez ante el ‘Guernica’

En cuanto al contenido del vídeo, la JEC sostiene que Sánchez sí realizó un balance favorable de las decisiones adoptadas por su Gobierno. “Cuando unos apostaban por las bombas, nosotros dijimos no a la guerra”, afirmó el presidente, que también reivindicó su negativa a elevar el gasto militar al 5% del PIB y la denuncia del “genocidio del pueblo palestino en Gaza”. El organismo electoral considera que estas manifestaciones “exceden de la exposición de principios generales de política internacional”, al incorporar valoraciones favorables de determinadas actuaciones gubernamentales y contraponerlas a las posiciones de otros actores políticos.

La Junta subraya que la ausencia de una petición expresa de voto o de referencias a otros partidos no impide apreciar una posible vulneración de la legislación electoral. Tampoco considera relevante que el vídeo se difundiera exclusivamente a través de las cuentas personales de Sánchez y no mediante los canales institucionales de la Presidencia del Gobierno.

Por todo ello, la JEC ha estimado la denuncia del Partido Popular, ha ordenado la retirada del vídeo y ha abierto un expediente sancionador al presidente. Este es el sexto expediente sancionador de Sánchez y el segundo que se le abre en este periodo electoral. El primero se tramitó tras la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, después del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso.

La segunda tasación de las joyas intervenidas a José Luis Rodríguez Zapatero en su despacho de Madrid introduce nuevos elementos en una de las líneas de investigación que rodean al expresidente del Gobierno. El informe pericial gemológico, joyero y económico encargado por el juez José Luis Calama a la joyería Yanes sitúa en 1.023.320 euros el valor de reposición del conjunto, una cifra inferior a los 1.323.915 euros que había estimado inicialmente la joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español (IGE).

Infobae ha tenido acceso al informe, de 138 páginas, entregado al juzgado el 28 de octubre. El documento examina las piezas intervenidas y aborda cuestiones que el magistrado había considerado necesario esclarecer: su composición, calidad, marcas identificativas, posible procedencia geográfica, antigüedad aproximada y valor económico.

Tres juegos concentran casi todo el valor

El informe de Yanes distribuye las piezas en cuatro lotes. Los tres primeros corresponden a los conjuntos de mayor valor, integrados cada uno por un collar, unos pendientes, una sortija y un brazalete. El cuarto reúne el resto de las joyas intervenidas, consideradas de menor relevancia económica a efectos de la tasación.

La valoración queda repartida de la siguiente manera:

• Lote 1. Esmeraldas y diamantes: 373.100 euros.
• Lote 2. Gemas rojas y diamantes: 203.000 euros.
• Lote 3. Zafiros y diamantes: 362.400 euros.
• Lote 4. Resto de las piezas: 84.820 euros.

Los tres primeros lotes suman 938.500 euros, aproximadamente el 91,7% del valor total calculado por las peritos. El resto de las joyas representa los 84.820 euros restantes.

El conjunto de esmeraldas es el más caro, seguido por el de zafiros. El informe describe las piedras preciosas de los principales lotes como naturales, aunque con tratamientos y características que condicionan su valoración. Las esmeraldas presentan una calidad que las expertas califican de muy comercial y unas características compatibles con Zambia, sin que ello equivalga a una identificación concluyente de su yacimiento. Los zafiros, también naturales, han sido sometidos a calentamiento para mejorar su color y transparencia y presentan características compatibles con explotaciones tailandesas, como las de Chanthaburi o Kanchanaburi.

Las piedras rojas del segundo lote constituyen uno de los detalles más significativos del análisis. Las peritos concluyen que no pueden denominarse rubíes, ya que se trata de corindones naturales con relleno de vidrio de plomo y no se cumple la proporción necesaria para clasificarlos como tales. El tratamiento y la composición de estas gemas, según el informe, demeritan el conjunto.

Eso no significa que las piedras sean necesariamente falsas. El dictamen distingue entre su naturaleza, los tratamientos recibidos y su calidad comercial, tres aspectos diferentes a la hora de determinar el valor de una joya. Los diamantes que acompañan a las piezas son naturales, con tallas brillantes y pesos individuales que oscilan aproximadamente entre 0,02 y 0,20 quilates. Las expertas estiman un color G-H y una pureza VS-SI.

En aquel primer informe de Ansorena destacaban un collar de oro blanco de 18 quilates con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia, valorado en 278.000 euros; un collar con trece zafiros, tasado en 220.000 euros, y una pieza con bandas de diamantes y cinco rubíes naturales, cuyo importe se situaba en 155.000 euros.

Una fabricación común y de posible origen asiático

Uno de los apartados más relevantes del dictamen es el relativo a la identificación de las joyas. Las peritos encuentran elementos comunes en los tres principales conjuntos: el metal empleado, el estilo, la aleación, el engaste y los acabados.

Esas similitudes las llevan a considerar que las piezas podrían haber sido realizadas por un mismo orfebre y fabricadas de manera simultánea. Sin embargo, advierten de que no pueden determinar el año concreto, puesto que responden a un estilo clásico y atemporal, ajeno a modas o tendencias que permitan situarlas en un periodo preciso.

La conclusión técnica es que se trata de joyas de fabricación comercial y de muy probable origen asiático. El documento menciona como posibles áreas de fabricación India, Tailandia, China o países de Asia central, entre otros, pero no identifica un país ni un taller concreto.

Las marcas tampoco permiten cerrar esa incógnita. Todas las piezas presentan un punzón rectangular de extremos redondeados, con una T mayúscula de diseño particular en el centro, el número 18 a un lado y la letra K al otro. Las expertas interpretan que el número y la letra hacen referencia a la ley del metal, oro de 18 quilates, mientras que la T podría constituir una pista para identificar al fabricante. El informe considera que una investigación internacional sobre ese punzón podría ayudar a localizar su origen. No obstante, la marca, por sí sola, no permite atribuir las joyas a una firma o a un país determinado.

Las peritos sostienen que la ausencia de una firma reconocible y las características de los punzones permiten descartar como hipótesis más probables determinados mercados con sistemas de identificación más exigentes, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos y los países árabes. En contraposición, apuntan a mercados asiáticos donde, según el dictamen, los requisitos de identificación pueden ser menos estrictos. Se trata, en todo caso, de una hipótesis técnica sobre el posible origen, no de una trazabilidad acreditada de las piezas.

La incógnita de 2007

La antigüedad es otro de los puntos que aborda el informe. Las expertas no fijan una fecha de fabricación, pero incorporan una conclusión cronológica basada en la composición del metal. Tras analizar la aleación de varias piezas, detectan un contenido de oro compatible con la ley de 750 milésimas, correspondiente al oro de 18 quilates. En la composición también aparecen cobre, níquel, zinc, rubidio, plata y germanio, además de un recubrimiento superficial de rodio.

El contenido relativamente bajo en níquel lleva a las peritos a formular una inferencia temporal. Las joyas no se habrían fabricado antes de la entrada en vigor del Reglamento REACH, el marco europeo para el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de sustancias químicas, que comenzó a regir el 1 de junio de 2007.

La hipótesis cobra relevancia por la explicación que ha ofrecido Zapatero sobre el origen de los conjuntos. El expresidente sostiene que las joyas le fueron entregadas por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al Saud, como regalo estrictamente personal durante la visita oficial del monarca a España en junio de 2007.

La posibilidad de una fabricación posterior a 2007, si llegara a acreditarse, sería relevante para reconstruir la historia de las joyas, pero el dictamen no permite dar ese extremo por probado.

Sin certificados, estuches originales ni firma reconocible

Las expertas llaman también la atención sobre una circunstancia que consideran llamativa. El informe señala que los principales conjuntos carecen de sus estuches originales, certificados de calidad y documentación que permita identificar al fabricante o a la firma comercial. “Resulta incoherente el hecho de que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección”, apuntan las peritos, que destacan que este tipo de joyas suele adquirirse en establecimientos conocidos y contar con certificados, marcas trazables y una presentación acorde con su categoría.

El documento tampoco identifica una firma de alta joyería de reconocido prestigio. Las expertas describen, además, irregularidades en numerosos engastes y una fabricación de carácter comercial. Algunas soluciones técnicas, como la utilización de varias piedras pequeñas en determinadas formas en lugar de una gema única, contribuyen a explicar la valoración asignada.

En sus conclusiones, las peritos definen la pedrería como homogénea y de calidad comercial, y señalan expresamente que las gemas rojas desmerecen el conjunto.

Desde el puesto de mando avanzado instalado en Urda, Toledo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado explicaciones sobre la seguridad ferroviaria tras trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente. “Los españoles necesitan respuestas y se están preguntando qué está pasando con la alta velocidad en España”, ha declarado. El líder del PP ha recordado que los dos accidentes ferroviarios registrados en nueve meses han dejado más de 100 fallecidos y ha sostenido que esa cifra “conlleva un cuestionamiento”.

“Vamos a respetar a los muertos, vamos a enterrarles, vamos a acompañar a sus familias, pero es evidente que tenemos que tomar decisiones”, ha afirmado. No obstante, Feijóo ha añadido que las responsabilidades políticas “no se pueden asumir una vez finalizada una investigación”. A su juicio, “no son opcionales, son imprescindibles desde el punto de vista ético y moral”. Ha defendido que la acción política debe traducirse en medidas y ha apuntado a los criterios para ocupar puestos de carácter técnico. “Para ejercer un cargo político se necesitan tres cosas: primero experiencia, segundo gestión, y lo tercero rigor”, ha indicado.

El gallego se dirigía al ministro de Transportes, Óscar Puente, con las exigencias de responsabilidad, pero ha optado por no pedir su dimisión. Se mantiene en una postura de menos confrontación política que Vox, quienes han convocado manifestaciones y han exigido renuncias y ceses, aunque sí que eleva algo el tono introduciendo las “responsabilidades”.

Crítica por “echar la culpa a operador de Atocha”

El presidente del PP ha asegurado que “la gente en España ya ha tomado una decisión en relación con la gestión ferroviaria del Gobierno de España”, tras el accidente de tren registrado en Urda. El dirigente popular ha cuestionado la reacción del ministro de Transportes y ha criticado que este miércoles se dedicara a “echar la culpa a un operador de Atocha”. A su juicio, lo ocurrido no puede despacharse con esa “frivolidad”, especialmente ante la dimensión humana y operativa del siniestro. Feijóo ha defendido la necesidad de actuar con “cabeza fría” y “respeto” ante el fallecimiento de decenas de personas. El líder del PP ha reiterado que las decisiones políticas deben atender a la gestión de los servicios públicos. También ha querido resaltar la labor de todos los implicados en rescates y ayuda, desde fuerzas y cuerpo de seguridad a los servicios médicos.

Feijóo ha señalado que ningún integrante del Gobierno se ha puesto en contacto con él desde que ocurrió el accidente. Ha añadido, no obstante, que este jueves fue recibido “cordialmente” en Urda por el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, quien le informó sobre la situación y la atención a los afectados. El balance de víctimas mortales se elevó a 69, según informó el presidente castellanomanchego tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), a la que también asistió el presidente del Gobierno. En cuanto a los heridos, 60 de las 110 personas ingresadas el miércoles ya han recibido el alta hospitalaria, mientras los equipos sanitarios continúan atendiendo a quienes permanecen bajo observación o requieren tratamiento.

La exministra de Trabajo Fátima Báñez ha muerto a los 59 años en el accidente ferroviario de Toledo. En concreto, Báñez se dirigía en el Iryo, destino Sevilla, para participar en un acto de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Su familia se trasladó a Toledo y, aunque se había hablado mucho de su posible fallecimiento, no se ha confirmado hasta este jueves en torno a las dos de la tarde.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló este miércoles que su partido seguía “sin noticias confirmadas” sobre la exministra. Pero este jueves varios miembros del Partido Popular han compartido sus condolencias y han dado el pésame. El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido ha publicado, entre otros, un mensaje en su cuenta de X. “Roto por el fallecimiento de nuestra querida amiga Fátima Báñez .Una mujer excepcional, una política brillante y la mejor ministra de Empleo que ha tenido este país. Te vamos a echar mucho de menos”, ha asegurado. Poco después la CEOE de Valladolid lo confirmaba: “Fátima, siempre hemos podido contar contigo, con tu cercanía, cariño y generosidad. Nos cuesta encontrar palabras para expresar esta tristeza”, han publicado.

Fátima, siempre hemos podido contar contigo, con tu cercanía, cariño y generosidad. Nos cuesta encontrar palabras para expresar esta tristeza. Un abrazo a tu familia, tus amigos y a todo el equipo de la @Fundacion_Ceoe. Nunca te olvidaremos. Descansa en paz. https://t.co/U9CIl2uJjX

— CEOE Valladolid (@CEOEValladolid) October 29, 2026

En una declaración desde la sede del partido, Feijóo trasladó toda su solidaridad a las víctimas y a sus familiares y ha asegurado que entiende la angustia de muchos de ellos que siguen sin conocer el paradero de sus seres queridos. “La sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros; saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”, ha señalado.

A las 8:54 horas, un AVE de Renfe alcanzó por detrás a un tren de Iryo a la altura de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia de Toledo. El choque ha provocado el descarrilamiento de al menos dos vagones del convoy de Iryo, que han caído por un terraplén, con un balance inicial de 10 fallecidos.

En los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, viajaban 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el tren de Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa en el sistema de seguridad.

La primera ministra de Trabajo

Báñez (Huelva, 1967) fue la primera ministra de Empleo y Seguridad Social y también la titular que más tiempo ha ostentado el cargo. Lo hizo cerca de siete años, de diciembre de 2011 a junio de 2018. Báñez se licenció en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (Icade) y posteriormente realizó un posgrado en Administración y Gestión de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard y un programa de Liderazgo para la Gestión Pública por el IESE Business School.

Su primer trabajo y única experiencia previa en el sector privado fue como responsable de Estrategia de una empresa familiar entre 1993 y 1997. A partir de entonces comienza su carrera en la política, primero como coordinadora de la Presidencia del PP en Andalucía. En 2000, con 33 años, ya era diputada en el Congreso, legislatura en la que ejerció como portavoz adjunta en la Comisión de Economía y Hacienda. Revalidaría su escaño en las elecciones de 2004 y en las de 2008, con el PP en la oposición (gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero).

En 2011, Mariano Rajoy gana las elecciones por mayoría absoluta y es investido presidente del Gobierno. Báñez, quien le había arropado y asesorado en los años a la sombra del PSOE, es ascendida a ministra de Empleo y Seguridad Social. Entre agosto y noviembre de 2016 lo sería también, en funciones, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La moción de censura de Pedro Sánchez en 2018 tumba al Gobierno y con él, a Báñez. En 2019, la dirigente anuncia que abandona la actividad política para incorporarse al ámbito privado.

Figura clave tras la era Zapatero

Báñez había heredado una de las carteras más complejas en un momento crítico. Rodríguez Zapatero fue derrotado por su gestión de la crisis económica, y el nuevo ejecutivo debía demostrar que sabía sacar adelante el país. El paro superaba el 22% y la Unión Europea apretaba por todos los flancos.

Como ministra, será recordada por su reforma laboral de 2012, que abarató el despido, pasando de una indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33. Se facilitó también poder echar a trabajadores por causas económicas y hasta ante previsiones de pérdidas. Las empresas ganaron poder, pudiendo modificar salarios, horarios, turnos o funciones con más facilidad, así como descolgarse de los convenios colectivos. Se creó además un contrato que ampliaba el periodo de prueba por un año, permitiendo el despido libre durante todo ese periodo.

Durante su mandato impulsó también medidas como la tarifa plana de 100 euros en cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, los contratos de emprendedores, incentivos a la contratación juvenil y programas ligados a la Garantía Juvenil. Estas políticas contribuyeron al aumento del empleo a partir de 2014, aunque buena parte de ese crecimiento se concentró en contratos temporales y salarios bajos. En materia de pensiones, aplicó el factor de sostenibilidad y el nuevo índice de revalorización, que rompía con la actualización automática conforme al IPC.

A qué se dedicaba actualmente Fátima Báñez

Una vez abandonó la política y las instituciones, en diciembre de 2019 fue nombrada consejera externa independiente de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, la compañía farmacéutica cotizada con sede en Madrid. En este puesto participa en comisiones clave como la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.

En julio de 2020 fue designada presidenta de la Fundación CEOE, el brazo social y de programas de la patronal. En ese rol ha liderado iniciativas para fomentar empleabilidad, diálogo social y formación, consolidándose como una figura relevante en la esfera empresarial española. En septiembre de 2020, Báñez se incorporó como consejera independiente de Iberdrola México, parte del grupo energético español con presencia internacional, cargo que ejerció hasta mediados de 2022.

Posteriormente, en julio de 2022, fue propuesta para formar parte del consejo de Avangrid, Inc., la filial estadounidense del grupo Iberdrola, donde aportó experiencia en liderazgo ejecutivo y relaciones institucionales. Además de sus cargos en fundaciones y consejos, Báñez ha desarrollado actividad de asesoría externa para empresas privadas. Desde aproximadamente 2020 ha trabajado como asesora externa del consejo de administración de Incarlopsa, la empresa cárnica proveedora de Mercadona, combinando esa labor con sus otras responsabilidades profesionales.

Tras la opa de exclusión de Avangrid por parte de Iberdrola a finales de 2024, Báñez dejó el consejo de esa filial estadounidense y fue redirigida por el grupo a un nuevo cargo ejecutivo: vocal externa y presidenta de la Comisión de Auditoría Interna de Iberdrola Energía Internacional, la subholding que agrupa la actividad energética del grupo fuera de España.

Actualmente, Báñez era presidenta de la Fundación CEOE, consejera independiente de Laboratorios Rovi, vocal del consejo de Iberdrola Energía Internacional y asesora en entidades privadas como Incarlopsa. En paralelo, también ha estado vinculada a otros foros y think tanks económicos vinculados a su partido, ampliando su presencia en ámbitos de debate público y empresarial.

El trágico accidente de trenes en Urda ha vuelto a situar bajo escrutinio los fallos de señalización y las decisiones de circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, diez meses después del accidente en Adamuz que se cobró la vida de 46 personas.

Un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) publicado este jueves por la Cadena Ser ya reclamó en 2024 que eran necesarias medidas técnicas ante el alto riesgo de que una decisión humana derivase en circunstancias comparables. El documento analizó un rebase indebido de una señal en rojo por parte de un tren de Renfe Alta Velocidad en un tramo equipado con ERTMS (el sistema de señalización y protección de trenes), en la estación de Cuenca Fernando Zobel.

El informe de las autoridades ferroviarias advertía de que la única barrera eficaz frente a una posible colisión dependía por completo del factor humano. Es decir, que el responsable de circulación comprobase visualmente que el cantón estaba libre antes de autorizar al tren a reanudar la marcha. La investigación recogió que un rebase de señal podría desembocar en un accidente del mismo tipo que el de Urda. Desde 2023, la CIAF ha contabilizado 15 rebases instruidos por el centro de control. El informe ha recopilado además nueve incidencias de señalización solo en el tramo de Urda desde 2024.

En el caso del último accidente ferroviario, los audios de las conversaciones en el centro de control en Atocha demuestran que un operario autorizó el rebase de una señal pese a que el tren Iryo continuaba detenido en el mismo sector, una decisión que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “inexplicable”. Así, el convoy avanzó a marcha normal durante 25 kilómetros hasta que se produjo la colisión, que por el momento ha causado 68 muertes y decenas de heridos.

Cableado robado que se encontró en chatarrerías de la zona

La sucesión de anomalías en esta línea se suma a los problemas que los avisos oficiales han comunicado sobre la infraestructura en los últimos meses, que relatan fallos de señalización y robos de cable en los tramos de Urda, Malagón, Yeles, Mora y Orgaz. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio, un robo de cableado en la comarca toledana de La Sagra provocó largos retrasos en la conexión con Andalucía, además de la de Madrid-Toledo.

En septiembre, una decena de inspecciones realizadas por la Guardia Civil terminaron con la intervención de 37 kilos de cable de cobre robado en diversas chatarrerías toledanas. El aumento de incidencias en los últimos meses ha obligado a Adif a incorporar dos patrullas de seguridad adicionales para controlar el vallado en esta zona, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.

El CEO de Iryo, Fabrizio Favara, advirtió tres semanas antes del accidente ferroviario en Urda (Toledo) que las caídas del sistema LZB (encargado de la vigilancia de las vías) provocaban la detención de sus trenes y les costaba mucho tiempo volver a arrancarlos. En una declaración en la Comisión de Investigación en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, Favara incidió en que uno de los problemas más frecuentes en sus trenes derivaba de la pérdida de conexión en el sistema, que él describió como “seguro, pero bastante antiguo” .

“Cuando se produce una pérdida de conexión entre la señalización a bordo del tren y la infraestructura en tierra, el convoy se detiene por seguridad y requiere un tiempo considerable para restablecer la comunicación y poder reanudar el servicio”.

Precisamente, la caída del LZB registrada antes del choque obligó a detener varios trenes, incluidos el AVE y el Iryo implicados. Un operario del centro de control de Adif en Atocha permitió reanudar la marcha al AVE a “marcha normal”, mientras la maquinista del Iryo comunicó al centro que su tren no podía reiniciar el sistema y permanecía inmóvil; cinco minutos después se produjo el accidente.

Mientras el Gobierno sostiene como único causante aquel error humano, que el propio ministro de Transportes calificó de “inexplicable”, la investigación también trata de determinar el motivo de la caída del sistema y por qué el Iryo quedó detenido.

El LZB, implantado en la línea Madrid-Sevilla desde 1992, es un sistema de control continuo que transmite al tren la velocidad autorizada, la distancia disponible y las restricciones de cada tramo para que reduzca la marcha o se detenga antes de alcanzar un obstáculo. Si funciona correctamente, puede accionar los frenos sin intervención del maquinista. En el caso de un eventual fallo, la instrucción la asume el centro de control de Adif en Atocha.

SEMAF sostiene que el sistema debía haberse sustituido “hace tiempo”

El secretario general del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, ha arremetido contra el Gobierno por tratar de responsabilizar de toda la tragedia al operario que estaba en el centro de control, denunciando que “la degradación de los sistemas de seguridad”, concretamente en el sistema que está actualmente funcionando, el sistema nominal, ha sido determinante en el accidente de Urda, y tendría que haber sido sustituido “ya hace bastante tiempo”.

Martín recordó que, tras lo sucedido en Adamuz, se convocaron paros para reclamar mejoras en la seguridad y se llegó a un acuerdo para implantar esas medidas. Precisamente, la huelga convocada estos días, antes incluso del accidente de Urda, se hizo porque “no se estaban cumpliendo” con lo prometido por Transportes.

El organismo ha desmentido la autenticidad de estas comunicaciones y ha recordado que la notificación de las identificaciones a los familiares se realiza exclusivamente de manera presencial y personal por parte de la Guardia Civil, nunca mediante llamadas telefónicas. Ante esta situación, ha pedido a los posibles afectados que no den veracidad ni a los mensajes de texto ni a las llamadas que reciban con ese supuesto contenido.

“Se ha tenido noticias de que familiares de las posibles víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda están recibiendo mensajes vía SMS en los que supuestamente la Guardia Civil informaría de la identificación de los cuerpos de sus familiares”, recoge la comunicación difundida por el CID, que ha trasladado la advertencia a través de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

Por el momento, el CID no ha precisado cuántos familiares han recibido estos mensajes, quién está detrás de su difusión ni si los SMS contienen enlaces, solicitudes de información personal o peticiones económicas. Tampoco ha detallado si se ha abierto una investigación específica para determinar el origen de las comunicaciones fraudulentas.

Las identificaciones continúan

La advertencia se produce mientras los equipos médico-forenses y de Policía Científica prosiguen con las autopsias y los trabajos para determinar la identidad de las personas fallecidas en el accidente. El Centro Integrado de Datos ha asegurado que estas labores continúan “ininterrumpidamente desde ayer con el mayor rigor y celeridad posibles”, en un proceso que requiere extremar las comprobaciones antes de comunicar cualquier identificación.

El CID se constituyó el miércoles, tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, puesto en marcha a raíz del siniestro ferroviario. Este dispositivo permite articular las actuaciones necesarias para el examen de los cuerpos, la recogida y el cotejo de muestras y la identificación de los fallecidos, así como la comunicación de los resultados a sus familiares.

En este contexto, la Guardia Civil mantiene el procedimiento de comunicación personal y presencial para trasladar a los allegados las identificaciones confirmadas. La advertencia difundida este jueves busca evitar que las familias confundan los mensajes recibidos con una notificación oficial en un momento especialmente delicado.

El accidente ferroviario de Urda ha dejado, según el último balance, 69 fallecidos. Mientras avanzan las labores de identificación, las autoridades han reclamado prudencia ante cualquier información que no proceda de los canales oficiales y han insistido en que las familias no deben considerar auténticas las comunicaciones telefónicas que anuncien la identificación de sus seres queridos.

El maquinista del AVE implicado en en el accidente de Toledo que ha fallecido era Antonio Acedo. Además de su labor como conductor de tren, era miembro del partido Izquierda Española. Tanto la formación como su fundador, Guillermo del Valle, han confirmado la noticia en sus redes y han mostrado su tristeza con lo sucedido. “Antonio era una persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido”, ha afirmado el partido en su emotivo mensaje. El dirigente ha explicado que conocía personalmente a Acedo y que participa en la elaboración de propuestas sobre ferrocarril para el proyecto político. Del Valle ha destacado su carácter y ha contado lo relevante que era para ellos.

Según ha relatado Guillermo del Valle, Antonio Acedo quiso incorporarse a Izquierda Española y contribuyó a preparar una parte de su programa sobre transporte. El dirigente ha descrito al maquinista como una persona “prudente, amable y ejemplar”. “Preparó buena parte de nuestro programa sobre transporte, diagnosticando sus carencias, la sobrecarga de usuarios tras la liberalización fallida, la clamorosa falta de financiación en mantenimiento y el abandono de todos estos años que se ha traducido en un deterioro demencial de las infraestructuras ferroviarias”, explica del Valle.

El dirigente sostiene que esos problemas se han acumulado durante años y reclama que se asuman responsabilidades políticas. En su mensaje, Del Valle también ha rechazado que el debate se limite a posibles fallos individuales, calificando de “intolerable” el intento de cortar en estos trabajadores las responsabilidades. “El sistema de seguridad de Alta Velocidad en España” no depende “de un trabajador concreto”, ha escrito. Horas después de su primer mensaje, Del Valle ha agradecido a los periodistas el interés y las llamadas recibidas. La cuenta de Izquierda Española ha cerrado su mensaje con sus condolencias a los seres queridos de Acedo y con un recuerdo para el maquinista fallecido.

Identidades conocidas entre los fallecidos

Conforme han pasado las horas, se han empezado a conocer las identidades de algunas de las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo, donde al menos 69 personas han fallecido. El siniestro ocurrió sobre las 8.30 horas entre Mora y Orgaz, cerca de Urda, cuando ambos trenes circulaban desde Madrid hacia Sevilla. En los convoyes viajaban 544 personas: 397 en el AVE de Renfe y 147 en el tren de Iryo.

Entre los fallecidos figura José Manuel, guardia civil que viajaba en uno de los trenes. El Instituto Armado ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros, además de expresar su apoyo a los heridos y a las familias afectadas. También ha muerto Antonio Montero Domínguez, inspector de Hacienda y especialista fiscal. La editorial Lefebvre y distintos profesionales del sector han expresado su pesar por su fallecimiento.

La Cancillería argentina confirmó además la muerte de Ana Martina Conte Grand, ciudadana argentina de San Juan que residía en Andalucía. Viajaba junto a su hermano Zacarías, que resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo. La Agrupación Deportiva Sprint comunicó el fallecimiento de la atleta madrileña Julieta Gallego. El club anunció minutos de silencio en las pistas de Paracuellos y Santa Ana. Con la confirmación de su identidad, el maquinista se una a esta triste lista.

El tren 6775 de Ouigo, que cubría el trayecto entre Murcia y Valladolid, ha quedado detenido en el túnel de Aranjuez, en la Comunidad de Madrid, tras sufrir un enganchón de catenaria. No hay daños personales. Según ha informado Ouigo España en X, la compañía coordina el envío de otro tren para efectuar el transbordo de los pasajeros y que puedan continuar el recorrido hasta Madrid. Los viajeros que tenían como destino final Segovia o Valladolid completarán el trayecto en autobús desde la capital española. El servicio entre Madrid Chamartín y Valladolid ha sido cancelado.

Los pasajeros afectados podrán solicitar un cambio gratuito de billete o la devolución íntegra del importe abonado. Además, según ha confirmado en el mensaje, la operadora ha comunicado a los viajeros que recibirán una compensación equivalente al 200% del costo del pasaje. Ouigo indicó que mantiene habilitados sus canales de atención al cliente para atender consultas sobre la incidencia. Tras la tragedia de Toledo, que ya suma 69 muertos, y la huelga de maquinistas de este jueves, los servicios de trenes en toda España está sufriendo cancelaciones y colapsos.

Una pasajera denunció en X que los viajeros que debían desplazarse desde Valladolid hacia Segovia no recibieron una alternativa de transporte tras la incidencia del tren de Ouigo. “Nos tenemos que buscar la vida”, escribe @alba_heer, en respuesta a la información difundida por la empresa. Ouigo España contestó que no dispone de un servicio alternativo para ese trayecto y remitió a los afectados al correo electrónico enviado con los detalles sobre las compensaciones y el modo de solicitarlas. La compañía reiteró sus disculpas por las molestias.

Huelga de maquinistas de 24 horas

La incidencia comunicada por Ouigo se produce en una jornada marcada por la huelga de 24 horas convocada en Renfe por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), que comenzó a las 00:01 de este jueves. El gremio reclama el cumplimiento de acuerdos pendientes sobre seguridad ferroviaria y mejoras estructurales en el sistema. La medida de fuerza se mantuvo tras el accidente ocurrido en Urda, Toledo, ante el cual Semaf expresó estar “fuertemente consternado”. El sindicato señaló que evitará pronunciarse sobre las causas del siniestro hasta que se conozcan todos los detalles de la investigación. También indicó que la prioridad es asistir a las víctimas y acompañar a sus familias.

Semaf convocó la huelga el 16 de octubre, después de que no prosperara la vía previa de la comisión de conflictos. El sindicato sostuvo que, durante una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe, comprobó que los compromisos seguían paralizados desde mayo. Entre sus exigencias figuran protocolos frente a alertas meteorológicas, una normativa para coordinar las comunicaciones en contextos de riesgo y el respeto de las interrupciones de los tiempos de conducción. También reclama soluciones técnicas para problemas de seguridad y fiabilidad del material, el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación y el mantenimiento del protocolo de atención a maquinistas implicados en arrollamientos.

Renfe respondió que parte de las demandas exceden las competencias de la empresa, como la regulación de los tiempos de conducción y algunas actuaciones de la Inspección de Trabajo. El Ministerio fijó servicios mínimos del 75% en Cercanías durante las horas punta —de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30— y del 50% en el resto de la jornada. En media distancia, el mínimo será del 65%; en alta velocidad y larga distancia, del 73%; y en mercancías, del 26%. Renfe advirtió que incluso los servicios incluidos en esos mínimos pueden sufrir alteraciones por las consecuencias operativas del accidente de Urda. Cercanías Madrid recomendó a los usuarios recurrir a medios de transporte alternativos.

Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou apenas había tenido tiempo de familiarizarse con su primer juzgado cuando el azar de las guardias la colocó ante una de las investigaciones más complejas que puede afrontar un órgano de instrucción. Sobre ella ha recaído la tarea esclarecer por qué dos trenes de alta velocidad chocaron en Urda (Toledo) y reconstruir una cadena de decisiones cuyo desenlace fue una catástrofe.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz se convirtió el miércoles 28 de octubre en la jueza instructora del siniestro ferroviario. Ortiz Tiliakou pertenece a la 74.ª promoción de la Carrera Judicial y tomó posesión de su destino el pasado febrero, después de superar un proceso selectivo que se prolongó durante años y de completar su formación en la Escuela Judicial. No es, por tanto, una jueza que haya llegado a la instrucción sin preparación previa, aunque sí una titular que se enfrenta, en los primeros meses de su carrera, a un procedimiento de una dimensión muy distinta a la de los asuntos ordinarios de su juzgado.

Nueve años hasta la toga

El camino de Ortiz Tiliakou hacia la judicatura no comenzó con su nombramiento, sino mucho antes. Una de las primeras referencias documentales que permiten seguir sus pasos se remonta a 2017, cuando figuraba entre los aspirantes admitidos a las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En 2019 ya aparecía en las relaciones de candidatos a las carreras Judicial y Fiscal. También concurrió a convocatorias posteriores, incluida la de 2021, antes de conseguir superar definitivamente las pruebas de acceso a la judicatura.

La culminación llegó con la convocatoria de 2022. En diciembre de 2023, su nombre figuraba en la relación de aspirantes aprobados, en el puesto número 17 y con una calificación de 73,37 puntos. Detrás de ese resultado había quedado una sucesión de convocatorias y años de preparación, hasta franquear el acceso a una carrera profesional en la que el ingreso exige superar un proceso selectivo especialmente competitivo.

En enero de 2024 ingresó en la Escuela Judicial, donde completó la formación necesaria para ejercer. Formaba parte de una promoción de 121 nuevos jueces, integrada por 85 mujeres y 36 hombres, una mayoría femenina que también caracteriza a las últimas incorporaciones a la Carrera Judicial.

La formación no terminó con las oposiciones. Antes de recibir un destino definitivo, los nuevos jueces atraviesan un periodo de preparación práctica que les permite conocer el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales, desde la tramitación de procedimientos hasta la dirección de actuaciones jurisdiccionales. En el caso de Ortiz Tiliakou, esa primera experiencia profesional la llevaría hasta Cantabria.

La primera experiencia, en Torrelavega

Antes de instalarse en Castilla-La Mancha, la instructora del accidente de Urda pasó por los tribunales cántabros. El 27 de junio de 2025 juró como jueza sustituta ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, después de superar la fase de prácticas tuteladas de su promoción.

A partir del 2 de julio, comenzó a ejercer en el Tribunal de Instancia de Torrelavega, donde se le asignó la plaza número 6. Su nombramiento, junto al de otra jueza en prácticas, formaba parte de la fase de refuerzo y sustitución prevista para los integrantes de la 74.ª promoción, que se extendía inicialmente hasta el 30 de noviembre de aquel año.

La experiencia en Cantabria le permitió asumir funciones jurisdiccionales antes de su incorporación definitiva a la carrera. No era todavía su primer destino como titular, pero sí una etapa en la que comenzó a desenvolverse en el ejercicio efectivo de la jurisdicción, con las responsabilidades que implica tomar decisiones judiciales y dirigir procedimientos.

El 12 de enero de 2026, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó su nombramiento como jueza titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz. El acuerdo, publicado en el BOE, la situó en su primer destino definitivo.

El 3 de febrero recibió su despacho en Barcelona, en el acto de entrega a los nuevos integrantes de la Carrera Judicial presidido por Felipe VI. Tres días después, el 6 de febrero, juró su cargo en Castilla-La Mancha.

Orgaz, una localidad toledana desde la que se atienden asuntos de su partido judicial, debía ser el lugar en el que consolidase sus primeros pasos como titular. La plaza combina competencias civiles y de instrucción penal, con las guardias que permiten atender las diligencias urgentes y las actuaciones que no pueden esperar al funcionamiento ordinario de los juzgados. Y fue precisamente esa obligación de guardia la que alteró el curso de su primer año.

Una investigación extraordinaria para una jueza recién llegada

El accidente ferroviario de Urda ha colocado a Ortiz Tiliakou ante una investigación que exige mucho más que reconstruir las circunstancias inmediatas de una colisión. El procedimiento deberá determinar cómo se produjo el choque, qué información manejaban los responsables de la circulación, qué órdenes se transmitieron y si se respetaron los protocolos de seguridad, además de esclarecer, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.

La jueza se encontraba de guardia cuando se produjo el siniestro, una circunstancia que explica que su juzgado haya asumido las diligencias. La dimensión de la tragedia obligó desde el primer momento a reforzar los medios del órgano instructor. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó que la titular de la plaza número 1 de Orgaz, Mónica Iniesta Sampayo, colaborase en la dirección y tramitación de las actuaciones, junto con otros magistrados y profesionales especializados.

Se han constituido equipos de trabajo con magistrados, letrados de la Administración de Justicia y médicos forenses, además de activar los mecanismos de coordinación para la identificación de las víctimas y la atención a sus familiares. La estructura de apoyo pretende agilizar las diligencias sin alterar las competencias de la jueza responsable de la instrucción.

Las primeras decisiones adoptadas por Ortiz Tiliakou ofrecen ya algunas claves sobre el rumbo de las pesquisas. La instructora ha acordado preservar el escenario del accidente, restringir el acceso a la zona afectada e impedir la retirada de elementos o la difusión de imágenes, con el objetivo de proteger las pruebas.

También ha ordenado la incautación y custodia de las cajas negras de los trenes siniestrados por parte de la Policía Judicial de Toledo, para su posterior análisis. Entre las diligencias figura, asimismo, la obtención de información del centro de control de Atocha sobre la circulación ferroviaria y la identificación de las personas encargadas del mando en el momento del accidente.

La Policía Judicial deberá recabar también documentación de Adif sobre los protocolos de actuación aplicables en los minutos previos, durante el siniestro y después de este. La jueza ha decretado, además, el secreto de las actuaciones, una medida que limita el acceso al contenido de la investigación y que no equivale a anticipar ninguna conclusión sobre las causas del choque.

La nueva jefa de Gobierno de Marruecos, Fatima Zahra Mansouri, participó este miércoles por la noche en una recepción oficial celebrada en el Kremlin, presidida por el mandatario ruso, Vladimir Putin, con motivo de la tercera Cumbre Rusia-África. Se trata del primer gran desplazamiento que hace al frente del Ejecutivo, tras ser elegida por el monarca el pasado mes de septiembre. La delegación enviada por Rabat también contó con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, y con el embajador de Marruecos en Rusia, Lotfi Bouchaara.

La cita en Moscú reunió a los jefes de Estado y de Gobierno, así como a las delegaciones asistentes a un foro que busca reforzar los vínculos políticos y económicos entre Rusia y los países africanos. El comunicado difundido por Rabat no precisa si Mansouri mantuvo una reunión bilateral con Putin ni detalla el contenido de eventuales conversaciones al margen de la recepción. Rusia pretende ampliar su cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la energía, la agricultura y las tecnologías.

La asistencia de Mansouri a la recepción oficial formó parte de la agenda de Marruecos en la tercera edición de la Cumbre Rusia-África, que se celebra bajo el lema “Por la paz, la seguridad y el desarrollo”. El Gobierno marroquí presentó a la líder del Gobierno como una representación del rey Mohammed VI en un encuentro que congrega a dirigentes africanos y autoridades rusas. Putin se encargó personalmente de recibirla, como al resto de invitados, dejando una imagen de ambos juntos.

Fortalecimiento del vínculo entre Rusia y Marruecos

La tercera edición del foro continúa las reuniones celebradas anteriormente en Sochi, en 2019, y en San Petersburgo, en 2023. El comunicado marroquí sitúa la nueva convocatoria dentro de la voluntad de Rusia y de sus socios africanos de extender su cooperación a distintos ámbitos. La cumbre se desarrolló con una agenda centrada en la paz, la seguridad y el desarrollo, además de las relaciones económicas, mientras Rusia mantiene su guerra en Ucrania desde 2022.

La presencia de la delegación marroquí responde a esa agenda general, aunque la información oficial no detalla los asuntos que Rabat pretende plantear en las sesiones de trabajo ni los encuentros previstos con otras delegaciones africanas o rusas. Marruecos y Rusia han mantenido contactos de alto nivel en el último mes. Los ministros Nasser Bourita y Serguéi Lavrov se reunieron en Nueva York tras la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre. Según el comunicado difundido tras la cita, revisaron las prioridades de la relación bilateral y la coordinación ante asuntos regionales, incluido el Sáhara Occidental.

El encuentro en Nueva York coincidió con el décimo aniversario de la visita oficial de Mohammed VI a Rusia, los días 15 y 16 de marzo de 2016. Aquel viaje reforzó la asociación estratégica establecida en 2002 y definió una agenda de colaboración económica, energética, agrícola, tecnológica y cultural. El Sáhara Occidental ya figuraba entonces en el diálogo bilateral. Rusia respaldó los esfuerzos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una solución política mutuamente aceptable y señaló que tenía en cuenta la posición marroquí. Los últimos comunicados no anuncian nuevos acuerdos, pero confirman la continuidad de los contactos entre Rabat y Moscú.

La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda ha comenzado por reconstruir las decisiones que se tomaron en el centro de control de Adif en Atocha durante los minutos que precedieron a la colisión. La jueza que dirige las diligencias, Aristea Afroditi Ortiz, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), ha ordenado recabar los registros de circulación de los trenes afectados, identificar a los responsables que estaban al frente del mando y reunir los protocolos que debían regir la actuación ante la incidencia que alteró el tráfico ferroviario.

La primera línea de investigación conduce así hasta quienes tenían encomendada la regulación de la circulación y las instrucciones que transmitieron cuando el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar con normalidad. La documentación requerida a Adif deberá permitir contrastar las comunicaciones entre el puesto de mando y los trenes con los datos registrados sobre sus movimientos, las órdenes impartidas y los procedimientos aplicables en una situación de funcionamiento degradado. De esa reconstrucción dependerá, en buena medida, que los investigadores puedan establecer qué información manejaban los responsables de la circulación y en qué condiciones se autorizó la reanudación de la marcha.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que desde el centro de control se había autorizado al AVE de Renfe a continuar la marcha después de la incidencia, pese a que el Iryo que circulaba por delante seguía ocupando la vía. El propio ministro calificó de “inexplicable” esa decisión, aunque la explicación definitiva de lo ocurrido y la eventual existencia de responsabilidades corresponden a las investigaciones abiertas.

Las comunicaciones y los registros, bajo examen

La instructora ha oficiado a la Policía Judicial para que acuda al centro de control de Atocha y recabe los datos relativos a la circulación en la zona del accidente, así como un informe de la comisión de investigación de Adif que identifique a las personas encargadas del control de mando en el momento del siniestro. En otra resolución, ha solicitado a la Policía Judicial de Toledo que obtenga de la compañía los protocolos de actuación correspondientes a los minutos anteriores, simultáneos y posteriores al accidente.

La documentación deberá servir para reconstruir no solo qué órdenes se transmitieron, sino también el marco en el que se adoptaron. La investigación tendrá que comprobar qué procedimiento estaba previsto para responder al fallo del LZB, qué instrucciones recibieron los maquinistas y cómo evolucionó la incidencia hasta desembocar en la colisión. La secuencia tendrá que establecerse a partir de los registros y de las declaraciones, sin que las hipótesis que circulan sobre el origen del accidente puedan sustituir el análisis de las pruebas.

En paralelo, la jueza ha ordenado la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, con vistas a su posterior análisis. A sus datos se sumarán los elementos que puedan recuperarse en la vía, cuyo examen resulta necesario para completar la reconstrucción de los movimientos y las circunstancias del impacto.

La preservación del escenario ha llevado a la instructora a prohibir el acceso de personas ajenas a un perímetro de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos, así como la retirada de cualquier elemento y la toma y difusión de imágenes de la zona afectada. La restricción deja el acceso reservado a las fuerzas de seguridad, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial, con el propósito de evitar que se alteren los vestigios antes de que puedan ser examinados.

Una investigación judicial y otra técnica

Las primeras actuaciones se desarrollan en paralelo al trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que debe esclarecer las causas técnicas del siniestro y formular, en su caso, recomendaciones para evitar que se repita. Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF ya han interrogado al operario del centro de control de Adif que regulaba el tráfico en el momento del accidente, una actuación que forma parte de las pesquisas técnicas y que no debe confundirse con las diligencias judiciales.

La causa judicial, que permanece bajo secreto de sumario, cuenta con un dispositivo extraordinario de apoyo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica para sucesos con víctimas múltiples, con la intervención del Instituto de Medicina Legal de Toledo y el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid en las tareas de identificación, recogida de muestras biológicas y análisis genéticos. La organización judicial se ha reforzado asimismo para atender las diligencias, los levantamientos de cadáveres y las necesidades de coordinación derivadas de la emergencia.

El accidente, que dejó 68 muertos, ha abierto también una disputa sobre la eventual responsabilidad penal de quienes participaron en la gestión de la circulación y de los sistemas ferroviarios. Vox ha presentado una querella contra responsables por determinar de Adif, en particular contra los operadores del puesto de mando de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha, sus superiores y quienes tuvieran atribuidas funciones sobre los procedimientos de operación degradada y la seguridad. La formación plantea posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes y solicita, entre otras diligencias, la identificación de los trabajadores que estaban de servicio y la conservación de las grabaciones y registros.

Manos Limpias ha presentado, por su parte, una denuncia contra Adif, Renfe e Iryo, además de contra las personas que pudieran resultar responsables de la gestión, supervisión o mantenimiento del material y de la infraestructura. Las iniciativas de ambas acusaciones deberán seguir su propio recorrido procesal y no suponen, por sí mismas, que exista una atribución judicial de responsabilidad.

El accidente de Toledo ya es una de las mayores catástrofes en los últimos años en España. El choque de los dos trenes ha provocado al menos 68 muertos. Las impactantes imágenes recorren los medios de todo el mundo, mientras que los mensajes de condolencias llegan desde figuras políticas, culturales o deportistas. Entre esta larga lista de pésames se ha producido el de Mohamed VI, con un mensaje dirigido a Felipe VI y Letizia.

El monarca marroquí, a través de un comunicado que también ha sido publicado en instituciones como el Consulado General en Barcelona, ha transmitido su apoyo, pidiendo que llegara también a las familias afectadas, tras la tragedia a pesar de que ambos países no pasan por el mejor momento de su relación. “En nombre del pueblo marroquí y en el mío propio, expreso, a través de ustedes, a las familias afligidas y al pueblo español, mis profundos sentimientos de compasión”, señala Mohammed VI en la carta enviada a los soberanos españoles.

Pésame tras las tensiones entre España y Marruecos

El mensaje de condolencias enviado por el rey Mohammed VI se da dos semanas después de la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla, un viaje que reactivó las diferencias históricas entre Madrid y Rabat por el estatus de ambas ciudades autónomas. Felipe VI nunca había ido a las ciudades autónomas como jefe de Estado por las consecuencias diplomáticas que podía conllevar. En noviembre de 2007, Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a Ceuta y Melilla y el Gobierno marroquí retiró temporalmente a su embajador en Madrid. Mohammed VI calificó entonces el viaje de “lamentable” y de “paso contraproducente”, al tiempo que sostuvo que suponía una “flagrante falta de respeto” al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito por ambos países en 1991.

19 años después, Rabat evitó una condena institucional directa contra la visita de Felipe VI y Letizia. El monarca marroquí no aludió expresamente al viaje en sus intervenciones públicas previas, aunque sectores políticos y medios marroquíes próximos al poder sí que han condenado la presencia de los reyes españoles en las dos ciudades de forma constante. El viaje responde a la crisis de Ceuta, alrededor de la cual ha habido muchas tensiones con el país vecino por su posible participación o la presencia de sus buques de guerra en aguas ceutíes. Durante su estancia en la ciudad autónoma, Felipe VI reafirmó la posición española sobre su soberanía al afirmar que “Ceuta es España”.

En este contexto, la comunicación de Mohammed VI tras el siniestro de Urda supone un gesto institucional hacia la Casa Real española. El soberano trasladó sus condolencias a Felipe VI y Letizia y expresó la solidaridad de Marruecos con las familias de las víctimas y con el pueblo español. No cambia las dudas sobre si Marruecos es un socio fiable ni hace que la gran parte de los expertos aseguren que el régimen alauí actúa de forma agresiva contra España con métodos como el supuesto espionaje de Pegasus o el uso de migrantes. No obstante, un pésame siempre es bien recibido.

Según confirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la primera rueda de prensa tras el accidente, el choque habría tenido lugar después de que cayera el sistema de seguridad LZB y el operador del centro de control de Adif en Atocha le comunicara al maquinista del AVE que podía retomar la normalidad en la circulación. 25 kilómetros más adelante se encontraba el tren Iryo, esperando a las puertas de la siguiente estación para proceder con seguridad tras el fallo en el sistema.

El impacto de los dos trenes ha provocado el descarrilamiento de cuatro coches, tres del tren italiano, que cayeron por un terraplén, y uno del español, que ha terminado invadiendo la vía contraria. Ante el siniestro, muchos han reclamado la dimisión del ministro y la adjudicación de responsabilidades inmediatas en el que es el segundo accidente ferroviario de 2026. Aunque por el momento solo se han hecho públicos algunos datos objetivos e hipótesis, ¿qué responsabilidades se podrían juzgar sobre estos hechos? Y sobre todo, ¿hay algún precedente que nos sirva como ejemplo?

Tres accidentes con similitudes parciales

A pesar de que el accidente más cercano que puede servir de ejemplo para este caso sea Adamuz, aún no cuenta con una resolución por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la causa principal del siniestro no correspondía a un fallo humano. Son los de Arévalo (Ávila) en 2010 y Angrois (Galicia) en 2013 los casos más cercanos y similares que podrían servir como precedente en la gestión de la seguridad, la supervisión del tráfico y la trascendencia del factor humano.

Concretamente, Arévalo y Toledo comparten semejanzas en la colisión entre los convoyes. En el municipio abulense, un tren de mercancías impactó contra otro detenido ante la señal luminosa (semáforo) a la entrada de la estación por un fallo técnico en las pruebas del enclavamiento. El problema fue que la señal avanzada mostró vía libre pese a estar el cantón ocupado. Por su parte, en el de Toledo, la colisión ha ocurrido tras la caída del sistema LZB cuando, en lugar de aplicar la ’marcha a la vista’ (40km/h) por normativa, el centro de control de Atocha autorizó al maquinista de Renfe a reanudar la marcha con normalidad. El tren de alta velocidad recorrió en 17 minutos los 25 kilómetros que le separaban del Iryo.

En cambio, Angrois fue un descarrilamiento por exceso de velocidad, al acceder un tren Alvia a la curva de A Grandeira a 179 km/h en un tramo limitado a 80 km/h. En este accidente también hubo un problema en los sistemas de supervisión continua, pues el ERTMS no se encontraba activo debido a problemas previos de incompatibilidad entre el software. Así, la seguridad se transfirió a la intervención humana. La distracción del maquinista ante una llamada del interventor del tren, 100 segundos antes de la tragedia, se fijó como la causa coadyuvante.

En todos ellos, las consecuencias humanas marcan una clara brecha. Mientras que en Arévalo el accidente de mercancías causó un fallecido, los siniestros de viajeros en Angrois y Toledo dejaron 80 y al menos 64 víctimas mortales, respectivamente.

¿Qué dictan las resoluciones judiciales de Angrois y Arévalo?

En el accidente de Angrois, el maquinista fue condenado a cumplir dos años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Mientras tanto, el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif fue absuelto al considerar que su actuación cumplió los estándares normativos aplicables. Sin embargo, en las últimas semanas la Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido cautelarmente la entrada a prisión de Francisco José Garzón Amo, mientras el Gobierno resuelve su solicitud de indulto.

Por su parte, en Arévalo, pese a que la Audiencia Provincial halló indicios de imprudencia del alto cargo de Adif por autorizar el tráfico durante la realización de pruebas, la retirada de la acusación particular de la familia tras un acuerdo y la falta de acusación por parte de la Fiscalía dejaron como único acusador a la acusación popular ejercida por el sindicato Semaf. No obstante, conforme a la ‘doctrina Botín’ fijada por el Tribunal Supremo, no había causa que justificase sentarlo en el banquillo. De este modo, tan solo se juzgó al jefe de obras y al jefe de circulación de la zona.

Las resoluciones de estos accidentes se dictaron conforme al Código Penal, concretamente los artículos 142 y 152, que hablan de delitos como homicidio y lesiones por imprudencia grave. Asimismo, en materia de responsabilidad civil, los artículos 109 y 116 regulan la obligación de reparar los daños y perjuicios causados por el delito, mientras que el artículo 120 establece la responsabilidad civil subsidiaria de las empresas y entes titulares de los servicios o vehículos por las acciones de sus dependientes. Debido a ello, en Angrois se declaró la responsabilidad civil de Renfe y del maquinista, fijándose indemnizaciones superiores a 22 millones de euros asumidas por la aseguradora QBE.

En cuanto a las normativas internas, el marco regulatorio ferroviario obliga tanto a Adif (como gestor de infraestructura) como a Renfe (como empresa ferroviaria) a implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS). Esta normativa interna exige realizar evaluaciones de riesgo continuas, controlar la capacitación del personal y aplicar las reglas del Reglamento de Circulación Ferroviaria para garantizar la seguridad de los trenes tanto en explotación normal como degradada. Su incumplimiento puede desembocar en la retirada de las habilitaciones del personal involucrado.

Carlos Mazón sigue ocupando un escaño en Les Corts Valencianes, aunque hace casi un año que dejó de presidir la Generalitat. Es una presencia discreta en el Parlamento autonómico, pero con una trascendencia que va más allá de la política. Mientras conserve su condición de diputado, el expresidente permanece aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Un privilegio procesal que determina qué tribunal puede investigarlo y que, a medida que se aproximan las próximas elecciones autonómicas, amenaza con convertirse en una de las principales incógnitas de su futuro.

El calendario electoral y el judicial empiezan a cruzarse. El Partido Popular debe decidir cómo afronta las elecciones autonómicas de 2027, con una dirección renovada en Valencia y una etapa política que aspira a dejar atrás la gestión de la DANA. Mazón, mientras tanto, se enfrenta a una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué lugar le reserva su partido y qué ocurrirá con su situación judicial si deja de ser diputado.

Según adelanta El Independiente, el PP no prevé incluir a Carlos Mazón en sus listas para las elecciones autonómicas de 2027, una decisión que podría marcar el final de su etapa en Les Corts Valencianes y abrir un nuevo escenario en torno a su aforamiento. El diario apunta, no obstante, a la posibilidad de que el partido mantenga al expresidente en la Diputación Permanente para prolongar su condición de diputado hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Mazón dimitió como presidente de la Generalitat en noviembre de 2025, después de que su gestión de la catástrofe, las explicaciones sobre aquella jornada y la presión de las víctimas erosionaran su posición política. Su salida abrió una nueva etapa en el PP valenciano, que quedó bajo una gestora presidida por Juanfran Pérez Llorca. La sucesión permitió al partido sostener el Consell, pero no borró el coste político de la tragedia.

Ahora, con las próximas listas en el horizonte, el expresidente ocupa un espacio cada vez más difícil de encajar. Su presencia podría reabrir el debate sobre las responsabilidades políticas de la emergencia en plena campaña electoral. Pero su eventual exclusión tampoco resuelve por sí sola qué hacer con un dirigente que conserva un acta parlamentaria y cuya situación judicial sigue bajo escrutinio.

La posibilidad de que el PP aparte a Mazón de la primera línea no implica necesariamente que vaya a desaparecer de la política. Una eventual recolocación en el Senado, en otra responsabilidad institucional o en un puesto orgánico permitiría al partido alejarlo de la contienda valenciana sin exigirle una retirada completa. Por ahora, sin embargo, no hay una decisión acreditada sobre un destino alternativo. Tampoco está demostrado que exista una negociación para ofrecerle un escaño en la Cámara Alta. Su futuro puede depender tanto de la estrategia de Génova como de la voluntad del propio Mazón, cuya continuidad en las listas y sus aspiraciones no deben darse por resueltas sin una confirmación expresa.

El escaño que lo mantiene fuera de Catarroja

La relevancia judicial de esa decisión se entiende al retroceder al origen de la causa. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora de la investigación sobre la gestión de la DANA en Catarroja, elevó el 24 de febrero de 2026 una exposición razonada al TSJCV al apreciar indicios de una posible responsabilidad penal de Mazón.

La magistrada apuntó a una “absoluta negligencia” en la gestión y coordinación de la emergencia y a un posible nexo causal entre esa actuación y las muertes producidas por la falta de avisos. Entre los elementos que examinó figuraban las comunicaciones de José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón, con la exconsellera Salomé Pradas durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó por unanimidad, el 16 de marzo, asumir la investigación. Consideró que la exposición razonada no contenía un fundamento sólido y objetivo para atribuirle un delito y que no se habían acreditado indicios suficientemente consistentes sobre una eventual intervención del expresidente en el envío de la alerta Es-Alert. Los magistrados también descartaron que su conducta pudiera encajar, con los elementos aportados, en un homicidio imprudente por comisión por omisión. La resolución subrayó que la responsabilidad penal no podía derivarse únicamente del cargo que ocupaba ni de una valoración política o moral de su comportamiento.

El rechazo no supuso el cierre de la causa de Catarroja, que continuó respecto de otros investigados. Tampoco convierte en inevitable una futura imputación de Mazón. La eventual aparición de nuevas pruebas podría alterar el escenario, pero el pronunciamiento del TSJCV constituye un precedente que cualquier nueva actuación deberá tener en cuenta.

Qué cambiaría si pierde el aforamiento

El aforamiento no es una protección frente a cualquier investigación, sino una regla que determina el órgano judicial competente. El artículo 23 del Estatuto de Autonomía atribuye al TSJCV la competencia sobre la responsabilidad penal de los diputados autonómicos en los términos previstos legalmente. Si Mazón deja de ser parlamentario y no conserva otro título de aforamiento, la eventual causa correspondería, en principio, a los tribunales ordinarios competentes.

Eso abriría la posibilidad de que la jueza de Catarroja volviera a intervenir, pero no implicaría que pudiera imputarlo automáticamente. La pérdida del escaño no aporta indicios nuevos ni elimina los argumentos jurídicos con los que el TSJCV rechazó investigarlo. La eventual reapertura de esa vía dependería de las pruebas disponibles, del alcance de la resolución anterior y de las reglas procesales aplicables.

El calendario añade otra incógnita. La disolución de Les Corts prevista para las elecciones de 2027 podría situar el momento decisivo antes incluso de la votación. El mandato parlamentario y el régimen de prerrogativas no deben confundirse, sin embargo, con la mera convocatoria electoral. El Estatuto y el Reglamento de la Cámara regulan la finalización del mandato y el funcionamiento de la Diputación Permanente, cuyo papel resulta determinante para interpretar el escenario.

Según la información de El Independiente, el PP contempla la posibilidad de mantener a Mazón en ese órgano hasta la constitución de las nuevas Corts, lo que prolongaría su aforamiento. La viabilidad de esa fórmula dependerá de las reglas de composición y designación y de la situación efectiva de su escaño. No es, por ahora, una garantía de continuidad ni una decisión formalmente adoptada.

Una cuenta atrás que no resuelve la causa

La instrucción de la DANA, prorrogada hasta abril de 2027, coincide ya con el tramo previo a las elecciones. La jueza mantiene abiertas diligencias y sigue reconstruyendo las decisiones adoptadas durante una emergencia que dejó 230 víctimas mortales. El proceso judicial y la disputa política avanzan así sobre calendarios distintos, pero cada vez más próximos.

Para el PP, la incógnita es cómo cerrar la etapa de Mazón sin reabrir las heridas de la catástrofe en plena campaña. Para el expresidente, la cuestión es si conservará un lugar en la política valenciana o si su salida de Les Corts terminará por modificar también el escenario judicial.

Dos años después de la DANA, su escaño sigue siendo mucho más que una posición parlamentaria. Es el vínculo que mantiene a Mazón dentro de una institución de la que ya salió su principal responsable político y, al mismo tiempo, la pieza que puede determinar dónde se dirime una eventual investigación penal.

Con todo tan polarizado, el trágico accidente de tren en Toledo (que al cierre de esta información se había cobrado al menos 68 vidas) va a agitar sin duda la próxima campaña electoral y cambiar mucho los planes que habían diseñado los partidos políticos que tanto se juegan el 29 de noviembre. Si el PSOE y el resto de formaciones de izquierda vieron en el ‘efecto Maricarmen’ (el desahucio de la vecina de Madrid) y la bandera de la vivienda lo que necesitaban para movilizar a sus votantes y a los indecisos, ahora el siniestro de dos trenes chocando en un suceso “inexplicable” va a conllevar movimientos de expectativas y esperanzas.

“Esto lo cambia todo. Seguramente en los próximos días Óscar Puente tenga que abandonar el ministerio y veremos si renuncia a su puesto por la circunscripción Valladolid”, explica un alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, que cree que ya es imposible “remontar” esta campaña. “Es triste decirlo, pero el accidente mejora y apuntala nuestros objetivos electorales”, remarca una fuente del PP de Madrid muy comprometido con la campaña de Feijóo. “El PSOE llegó al poder hace muchos años por unos trenes [en alusión a los atentados del 11-M] y se irán por culpa de otros trenes”, señala, en relación a este siniestro y al de Adamuz (en Córdoba), que en enero de este año dejó otros 46 muertos en la misma línea del AVE a Sevilla. Para los populares, “esto ya es la puntilla y el fin de toda esperanza electoral para el PSOE”.

Y es que si el PP y Vox veían en la migración (crisis de Ceuta) y los casos de corrupción del PSOE su filón para enfocar la campaña, los socialistas y sus hipotéticos socios (Frente Amplio) creían que la política de vivienda, sus iniciativas sociales (como la defensa de las pensiones) y el miedo a la ultraderecha (“la involución del país”, en boca del presidente Sánchez) equilibraba las tornas y hacía que hubiera “partido” y todo estuviera por decidir de cara al 29-N, a pesar de que todas las encuestas dan un futuro Gobierno de PP y Vox. “Pero ahora con muertos de por medio... todo cambia y empeora mucho”, coinciden en señalar varias fuentes del PSOE consultadas.

El PSOE asume que tendrá que replantear su campaña, y que, aunque ahora habrá unos días de “cierta tregua” y “luto” para atender a los familiares de las víctimas y los heridos y ahondar en la investigación, saben que la derecha “explotará” el accidente todo lo que pueda. Alberto Nuñez-Feijóo hizo este miércoles una comparecencia exigiendo una investigación gubernamental y judicial “inmediata” y “sin interferencias”. Como todo detalle cuenta ya, el líder del PP no aceptó preguntas y colocó un crespón negro a su espalda. El presidente andaluz, José Moreno Bonilla, no quiso perder su oportunidad y también hizo su comparecencia exigiendo también al Gobierno central “transparencia, rigor y verdad” tras el accidente ferroviario y reclamando una “inmediata revisión de todas las vías férreas en Andalucía y muy especialmente de la línea de alta velocidad que conecta con Madrid”.

Querella de Vox

Por su parte, Vox ha presentado este mismo miércoles ante el juzgado de guardia de Orgaz (Toledo) una querella criminal contra los responsables de Adif, la entidad pública que administra las infraestructuras ferroviarias, “y en particular contra el operador u operadores del puesto de mando de circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha de los tres tras el fallo LZB”, lo que supuestamente provocó que colisionaran el AVE y un tren de Iryo. El estado y la inversión de las infraestructuras no estaban en los temas y planes de campaña de los partidos. Este nuevo siniestro lo cambia todo a un mes de las elecciones. “Somos una nación herida”, señaló Feijóo.

Pedro Sánchez, que se desplazó a Urda (Toledo), el lugar del grave accidente ferroviario, sabe que la tragedia marcará ahora gran parte de la campaña. “El objetivo es esclarecer lo sucedido, por qué ha ocurrido” para llegar “hasta el final” y dirimir si ha habido “negligencias” y “fallos”. Sí las ha habido, ha recalcado, “se sabrá”. Sánchez ha mencionado también el accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) y ha reconocido que “no es asumible” que el país sufra dos graves accidentes de alta velocidad en un mismo año. En ese “no asumible” muchos ven el epitafio político de Óscar Puente. “Entre 2011 y 2017, la inversión y el mantenimiento ferroviario cayeron un 55,8% con el PP. Entre 2018 y 2024, esa inversión aumentó un 128,2% con Sánchez”, recuerdan desde el PSOE, quizás pensando ya en nuevas estrategias y en que el relato de lo sucedido va a ser clave.

El Frente Amplio también debe reenfocar su campaña. Después de la alianza de Podemos y Esquerra, sus expectativas no eran buenas, por eso creen que deben distanciarse claramente del PSOE tras la tragedia. Este miércoles, a través de un comunicado difundido pasadas las 16.30 horas, la alianza de izquierdas mostró su “consternación” y “tristeza” ante el accidente y exigió que en el Ejecutivo se asuman “responsabilidades políticas”, una apelación que mira directamente a Puente. “La gravedad de este terrible suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido: es inadmisible la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año”, ha señalado la alianza liderada por Ada Colau. Una fuente de Más Madrid, miembro de esta coalición, asegura que la dimisión del ministro de Transportes es inevitable.

La tarde del 29 de octubre de 2024, mientras el agua anegaba municipios enteros de Valencia, las autoridades autonómicas trataban de coordinar una respuesta a una emergencia que desbordaba los medios disponibles. El mensaje masivo que debía advertir a la población de la gravedad de la situación no llegó a los teléfonos móviles hasta las 20.11 horas. Para entonces, el barranco del Poyo ya se había desbordado y la riada había convertido calles, garajes y plantas bajas en trampas mortales.

Dos años después, aquella secuencia de decisiones continúa bajo investigación judicial. La causa abierta en Catarroja no ha determinado todavía las responsabilidades penales por la gestión de la emergencia que dejó 233 muertos. La jueza Nuria Ruiz Tobarra trata de reconstruir qué sabían los responsables autonómicos, cuándo lo supieron y qué hicieron con esa información. En el centro de las pesquisas están la demora del Es-Alert, las decisiones adoptadas durante la reunión del Cecopi y las comunicaciones que mantuvieron los integrantes del Gobierno valenciano en las horas críticas.

La investigación tiene dos protagonistas procesales: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, su número dos en el área de Emergencias. Ambos están investigados por su actuación durante la catástrofe. Carlos Mazón, que presidía la Generalitat aquella jornada, quedó fuera de la causa principal después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara la petición de la instructora para investigarlo. La magistrada, sin embargo, continúa recabando pruebas y ha conseguido que la reconstrucción de aquella tarde avance por una vía que ya no depende únicamente de las versiones ofrecidas por los responsables políticos.

Reconstruir una tarde decisiva

La instrucción comenzó con una pregunta aparentemente sencilla, pero de enorme complejidad jurídica: si las autoridades responsables de gestionar la emergencia podían haber adoptado medidas que evitaran algunas de las muertes. Para responderla, la jueza debía reconstruir la sucesión de acontecimientos y determinar qué información llegó a cada responsable, qué competencias tenía y cuánto margen de actuación conservaba cuando la situación empeoró.

La investigación se ha centrado en buena medida en el funcionamiento del Cecopi, el centro de coordinación que reunió a los responsables de las distintas administraciones durante la emergencia. La hora de su constitución, las propuestas que se debatieron y la redacción del mensaje de alerta se convirtieron en piezas fundamentales para establecer cómo se respondió al riesgo.

Uno de los hallazgos relevantes llegó en diciembre de 2025, cuando la jueza obtuvo el primer borrador del Es-Alert que se había descartado aquella tarde. A diferencia del mensaje que finalmente se envió, aquel texto incluía una orden de confinamiento de la población. La alerta definitiva, remitida a las 20.11 horas, se limitó a recomendar que se evitaran los desplazamientos.

La diferencia entre ambos mensajes dio una nueva dimensión a la investigación. Ya no se trataba únicamente de explicar por qué la alerta había llegado cuando las inundaciones estaban en marcha, sino también de esclarecer por qué se descartó una formulación que contemplaba una medida de protección más restrictiva. La instructora ha examinado la intervención de Pradas en la elaboración del aviso y las decisiones tomadas durante la reunión de coordinación.

Las advertencias previas y las comunicaciones del entorno de Mazón

A medida que avanzaron las pesquisas, la reconstrucción dejó de limitarse a las horas del Cecopi y se extendió a los días anteriores a la catástrofe. La investigación trata de esclarecer qué advertencias habían recibido las administraciones y si la información disponible permitía anticipar la magnitud del temporal.

El 19 de octubre de 2026, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, declaró ante la jueza que el 112 había enviado al Ayuntamiento avisos sobre el riesgo meteorológico los días 25 y 28 de octubre de 2024. Según su testimonio, el municipio había activado su plan local de inundaciones antes de la jornada de la tragedia. La declaración aporta un nuevo elemento para contrastar las advertencias recibidas por las autoridades locales con la información que manejaban los responsables autonómicos.

La cuestión es especialmente relevante porque la Generalitat y los dos exaltos cargos investigados han sostenido que la falta de información procedente de organismos estatales dificultó la respuesta. La instrucción, sin embargo, ha incorporado distintas comunicaciones que permiten examinar qué avisos circularon y qué decisiones se tomaron a partir de ellos. El testimonio de Silvent obliga a precisar qué información se transmitió, a quién llegó y si resultaba suficiente para adoptar medidas adicionales.

Otro de los frentes de la causa son los mensajes intercambiados entre Pradas y José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete de Mazón. Entre ellos figura una comunicación en la que Cuenca escribió a la exconsellera: “Salo, de confinar nada”. El mensaje se produjo mientras se debatían las medidas que debían adoptarse para proteger a la población. Cuenca ha defendido que sus comentarios no constituían órdenes vinculantes, mientras que la investigación trata de aclarar su contexto y el posible alcance de las indicaciones transmitidas desde Presidencia.

Las comunicaciones de Cuenca siguen siendo una de las incógnitas que la jueza quiere despejar. La magistrada ha mantenido las gestiones para intentar recuperar los mensajes de WhatsApp del día de la riada, una información que podría ayudar a completar la secuencia de contactos entre el entorno del presidente y los responsables de Emergencias. La obtención de esos datos no está garantizada, pero la instructora considera que todavía existen vías que merece la pena agotar.

La jueza aprecia indicios de que algunas muertes podrían haberse evitado

La evolución de la instrucción ha llevado a la magistrada a formular conclusiones cada vez más concretas sobre la actuación de los responsables de Emergencias. En un auto del 14 de octubre de 2026, la jueza sostuvo que existían claros indicios de que algunos fallecimientos en la pedanía valenciana de La Torre podrían haberse evitado si Pradas y Argüeso hubieran ejercido sus funciones. La resolución puso el foco en los errores relacionados con el conocimiento de sus competencias y con la elaboración del Es-Alert.

La magistrada debe examinar las circunstancias de cada fallecimiento y establecer si existe una relación causal entre las decisiones investigadas y el resultado. En una causa de esta naturaleza, la gravedad de la tragedia no sustituye la obligación de probar los elementos de cada posible delito. El análisis judicial debe precisar qué podía hacer cada responsable, qué omitió y qué consecuencias tuvo esa conducta.

El intento de investigar a Mazón y la decisión del TSJCV

La investigación llegó hasta Carlos Mazón el 24 de febrero de 2026, cuando la jueza elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que valorase investigarlo por su actuación durante la DANA. La magistrada consideró que existían indicios de una posible negligencia en la gestión y coordinación de la emergencia y puso el foco en las comunicaciones mantenidas por su entonces jefe de gabinete con Pradas, así como en la ausencia del presidente de los centros de decisión durante las horas críticas. Mazón conservaba su condición de diputado autonómico y, por tanto, estaba aforado ante el tribunal superior valenciano. Era ese órgano, y no el juzgado de Catarroja, el competente para decidir si los indicios expuestos justificaban abrir una investigación contra él.

El TSJCV rechazó por unanimidad asumir la causa el 16 de marzo y mantuvo su decisión el 27 de abril. Los magistrados entendieron que los hechos descritos por la instructora no proporcionaban un fundamento sólido y objetivo para atribuir al expresidente un delito. También consideraron que su cargo no lo convertía automáticamente en garante penal de la seguridad de los ciudadanos y que no había indicios suficientemente sólidos de su participación directa en la decisión de enviar el Es-Alert.

Una causa que seguirá abierta en 2027

El 14 de septiembre, la jueza acordó prorrogar la instrucción seis meses más a partir del 30 de octubre de 2026, con el apoyo de la Fiscalía. La magistrada justificó la decisión por la complejidad de la causa, la gravedad de los hechos y la necesidad de practicar nuevas diligencias. Quedan declaraciones de perjudicados y testigos, informes médico-forenses y gestiones para intentar recuperar las comunicaciones de Cuenca.

La prórroga sitúa el siguiente horizonte procesal en abril de 2027, aunque no significa que la investigación vaya a concluir necesariamente en esa fecha. La jueza deberá valorar las pruebas pendientes y decidir si procede cerrar la instrucción, acordar nuevas diligencias o avanzar hacia la siguiente fase del procedimiento.

Dos años después de la DANA, la investigación ha permitido reconstruir parte de la cadena de decisiones que precedió al envío del Es-Alert, incorporar testimonios sobre las advertencias previas y examinar las comunicaciones entre los responsables autonómicos. También ha delimitado las posiciones judiciales sobre Pradas, Argüeso y Mazón, aunque sus situaciones procesales son distintas. Lo que todavía no ha establecido es una conclusión definitiva sobre quién debe responder penalmente por la gestión de la emergencia.

Los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Atocha de Adif y el maquinista del AVE de Renfe accidentado en Urda revelan que el convoy recibió la orden de reanudar la circulación con normalidad tras el fallo del sistema de seguridad LZB. “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”, indicó el operador, según las grabaciones a las que ha accedido la Cadena SER.

La emisora ha difundido este miércoles la transcripción de la conversación, que comenzó a las 8:31, cuando el conductor comunicó un fallo de bloqueo parcial y confirmó que el tren estaba detenido.

Cinco minutos después, el centro de control autorizó la marcha, una instrucción que, según la SER, difería del protocolo previsto para esos casos, que establecía una circulación “a la vista” y con un máximo de 40 kilómetros por hora.

La orden llegó tras varios minutos de dudas

La grabación recoge varios minutos de dudas y consultas internas en el centro de control de Adif, después de que el maquinista del tren 2080 avisara de que se había producido una caída de la central de Urda. El operador le indicó inicialmente que esperara mientras valoraban cómo proceder ante la incidencia.

La orden definitiva quedó registrada a las 8:36. El controlador pidió al maquinista que desconectara y volviera a conectar el LZB, el sistema de seguridad que había fallado, y le comunicó que podía continuar “al amparo del BSL con marcha normal”.

El AVE circulaba unos 25 kilómetros por detrás del tren de Iryo, que se encontraba detenido en la vía. La autorización para recuperar la marcha ordinaria se emitió sin que se hubiera comprobado que el convoy que iba por delante se hubiese alejado a una distancia suficiente para evitar una colisión.

La maquinista del Iryo avisó cinco minutos antes de que el tren no podía avanzar

Los audios difundidos incluyen también dos comunicaciones entre la maquinista del Iryo y el centro de control. A las 8:41, la conductora informó de una pérdida de transmisión y comunicó que estaba detenida ante la señal de entrada de Urda.

El operador le transmitió la misma pauta que al AVE: desconectar y volver a conectar el sistema y reanudar el trayecto con “marcha normal”. Sin embargo, a las 8:48, la maquinista volvió a llamar para advertir de que no podía restablecer el LZB y que continuaba parada.

“No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB. Y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada”, señaló la conductora. El controlador respondió que volviera a llamar si persistía el problema, sin que conste en esas grabaciones una orden dirigida al AVE para detenerse o reducir su velocidad.

Cinco minutos después de esa última comunicación se produjo el choque entre ambos trenes. El accidente ha dejado por el momento al menos 68 muertos.

Quedan 32 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este miércoles se publican en el BOE las listas al Congreso y al Senado, aunque la proclamación definitiva no llegará hasta el 3 de noviembre. Las encuestas auguran una mayoría absoluta del bloque PP-Vox, que cerró un pacto de candidaturas al Senado para hacer frente al pacto PSOE-Frente Amplio. Para Podemos, esta concentración de alianzas en dos grandes bloques es “bipartidismo 2.0”.

La precampaña avanza en un clima social marcado por la tensión. El sábado 24 de octubre, una convocatoria difundida por perfiles anónimos vinculados a la plataforma Blocus derivó en saqueos y disturbios sin reivindicación política en el centro de Barcelona. El lunes hubo otra tanda en Bilbao. El Partido Popular y Vox atribuyen la responsabilidad al Gobierno y a la “extrema izquierda”, y los de Abascal, en la línea de ACOM —que lo llamaba “intifada”—, también al “islamoizquierdismo”. Distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con la plataforma y señalan, a su vez, a la ultraderecha como posible responsable.

La agenda de precampaña de este miércoles ha sido suspendida por todos los partidos excepto Vox tras el choque entre dos trenes en Toledo.

Madrid guarda cinco minutos de silencio en Cibeles por las víctimas del accidente de Toledo

Más de dos centenares de personas se congregaron en la plaza de Cibeles para secundar el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que convocó cinco minutos de silencio en memoria de las 64 víctimas mortales y los 107 heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario de Toledo. El acto, presidido por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, reunió a representantes de todo el espectro político madrileño, entre ellos la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo y las socialistas Reyes Maroto y Mar Espinar.

El silencio, roto por aplausos al inicio y al final, estuvo marcado por la emoción de figuras como la delegada de Hacienda municipal, Engracia Hidalgo, próxima a la exministra Fátima Báñez, desaparecida en el siniestro. A escasos metros, una veintena de personas convocadas por el sindicato Solidaridad exhibió una pancarta con el lema “Óscar Puente, dimisión”.

La jueza instructora decreta el secreto de sumario y prohíbe el acceso a la zona del accidente de Urda

La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz, Toledo, ha dictado este miércoles una providencia que prohíbe el acceso a cualquier persona ajena en un radio de dos kilómetros alrededor del siniestro ferroviario de Urda, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia a Europa Press. Solo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los equipos de salvamento y sanidad y el personal judicial cuentan con autorización para permanecer en la zona.

La resolución también prohíbe retirar cualquier elemento del lugar, así como tomar o difundir imágenes, con el objetivo de preservar las pruebas. Además, la jueza ha ordenado la incautación de las cajas negras de los trenes siniestrados y ha requerido a la Policía Judicial personarse en el centro de control de Atocha para recabar datos sobre la circulación y los protocolos de actuación. Finalmente, ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones.

La Policía carga contra manifestantes en la protesta frente al Ministerio de Transportes en Madrid

Agentes de la Policía han empleado gas pimienta y han protagonizado cargas contra parte de los manifestantes congregados frente al Ministerio de Transportes este miércoles en Madrid, una manifestación organizada por Falange. Los antidisturbios han aislado a un grupo de personas del resto de la concentración y han acordonado la zona en un intento de contener la protesta y frenar el aumento de la tensión.

Feijóo visitará este jueves el puesto de mando avanzado del accidente de Urda

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este jueves el puesto de mando avanzado habilitado tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que ya suma al menos 68 fallecidos. Lo hará acompañado del presidente popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y ofrecerá declaraciones a la prensa en torno a las 12:45 horas, un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudiera a la zona.

En una comparecencia previa en Génova, Feijóo exigió una investigación “inmediata” y otra judicial “sin interferencias”, además de una revisión “completa e independiente” de toda la red ferroviaria. Evitó entrar en responsabilidades políticas porque “no es el día”, aunque remarcó que “la serenidad no es silencio”. El dirigente también señaló que su partido vive la tragedia “en carne propia”, a la espera de noticias sobre la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes.

Las instituciones de la Unión Europea bajan sus banderas a media asta tras el accidente de Urda

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han decidido mantener sus banderas a media asta desde este miércoles como gesto de “solidaridad europea” con España, tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que ha dejado al menos 68 fallecidos. La medida se extenderá hasta el próximo fin de semana en los tres organismos comunitarios.

Según confirmaron fuentes del Ejecutivo comunitario a Europa Press, las enseñas frente a los edificios de la Comisión permanecerán así hasta la medianoche del 1 de noviembre. El Consejo de la UE, por su parte, prolongará la medida hasta las 8:00 horas del domingo, en una decisión coordinada con la delegación española.

En el caso de la Eurocámara, las banderas comunitarias y españolas ondearán a media asta hasta la medianoche del 31 de octubre en sus sedes de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, así como en sus oficinas de Madrid y Barcelona.

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Vox se querella contra los responsables de Adif por el accidente ferroviario de Toledo

El partido Vox ha presentado una querella por homicidio y lesiones imprudentes contra los operadores y responsables del Puesto de Mando de Circulación de Atocha que autorizaron la reanudación de la marcha tras un fallo del sistema LZB, ocurrido minutos antes del choque ferroviario de Urda, Toledo, que ha dejado más de 60 muertos.

El escrito, al que ha tenido acceso Infobae y ha sido presentado ante el Juzgado de Ordaz en ejercicio de la acción popular, también apunta a los superiores jerárquicos del turno y a los responsables de Adif encargados de definir y supervisar el procedimiento de operación en situaciones degradadas.

El partido de ultraderecha ha solicitado al juzgado que requiera a Adif la identificación de los implicados, los registros de comunicaciones y el procedimiento vigente para fallos del sistema de señalización.

Frente Amplio renuncia a presentar candidatos al Congreso en Ceuta y Melilla

La coalición de izquierdas Frente Amplio, integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes, no ha inscrito candidaturas propias al Congreso de los Diputados en Ceuta ni en Melilla para las elecciones del 29 de noviembre, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Las dos ciudades autónomas se suman a Teruel como las únicas circunscripciones sin lista de la coalición, decisión tomada para no dispersar el voto de izquierda.

En Ceuta sí compite Podemos, además de PP, PSOE, Vox, Se Acabó la Fiesta y Frente Obrero. En Melilla concurren las mismas fuerzas, sin los morados, pero con Escaños en Blanco.

Fuentes de la coalición han explicado a EFE que en Ceuta su referencia es Ceuta Ya, que tampoco presenta candidatura. Para el Senado, Frente Amplio sí participa junto al PSOE a través del Senado de Progreso.

El PP se suma al minuto de silencio por las víctimas del choque de trenes en Toledo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará a las 20:00 horas en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del choque ferroviario de Toledo, que ya suma 68 muertos y decenas de heridos. El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control, que habría autorizado la marcha “contra la normativa”.

Feijóo encabezará el acto ante el Ayuntamiento de Madrid junto a Miguel Tellado, Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo. “La serenidad no es silencio”, ha afirmado el dirigente, aunque reconociendo que este es “el momento del respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares”.

Otros dirigentes del partido guardarán el minuto en distintas ciudades españolas, entre ellas Logroño, Málaga, Valladolid y Bruselas.

El PSOE manda un email a sus trabajadores para que abandonen Ferraz por seguridad

Según ha podido saber Infobae, el PSOE ha mandado un mail a todos los trabajadores de Ferraz para que abandonen la sede por seguridad por si hay nuevas convocatorias de grupos de ultraderecha. Ha pedido que se marcharan antes de las 18.00 horas.

/espana/2026/10/28/pedro-sanchez-promete-responder-con-contundencia-si-se-demuestran-fallos-en-el-sistema-de-seguridad-no-es-asumible-para-espana-dos-accidentes-de-tren-en-un-mismo-ano/

En vídeo: imágenes de dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario

Ouigo suspende todas sus circulaciones entre Madrid y Andalucía al menos hasta el 2 de noviembre

Ouigo ha suspendido todas sus circulaciones de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía al menos hasta el lunes 2 de noviembre, incluido, según ha informado en un comunicado. La compañía ha tomado esta decisión tras la afectación en las vías del accidente que ha tenido lugar este miércoles en Urda (Toledo). Todos los viajeros han sido informados a través del email asociados a la reserva y se les ha garantizado el reembolso íntegro de sus billetes.

*Información elaborada por Europa Press.

/espana/2026/10/28/feijoo-exige-una-investigacion-gubernamental-y-judicial-sobre-el-accidente-ferroviario-debemos-saber-que-pasa-con-las-infraestructuras/

SEMAF mantiene la huelga del 29 de octubre pese al accidente de Renfe e Iryo

El sindicato de maquinistas SEMAF ha expresado su consternación por el accidente registrado esta mañana en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y ha enviado sus condolencias a las víctimas, aunque aclara que todavía desconoce la situación de los maquinistas que iban en la cabina del convoy de Renfe.

La organización ha evitado pronunciarse sobre las causas del siniestro hasta conocer los detalles con precisión, para no caer en especulaciones mientras continúa la atención a los afectados.

Pese al contexto, SEMAF ha confirmado que mantiene la huelga convocada para este jueves, 29 de octubre, en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria. El sindicato adelantó que estudia nuevas medidas de presión y pidió a los maquinistas extremar las precauciones en sus funciones.

Frente Amplio exige una auditoría independiente tras el accidente

La coalición Frente Amplio ha difundido un comunicado en el que lamenta el accidente ferroviario registrado en Urda y Los Yebenes y traslada su pésame a las víctimas y sus familiares. El texto también incluye un mensaje de apoyo a los servicios técnicos desplazados a la zona y a los trabajadores de la red ferroviaria.

La formación ha calificado de “inadmisible” que se repita un siniestro de esta magnitud en la red de alta velocidad dentro de un mismo año y reclamó una auditoría independiente sobre el estado de la infraestructura. El comunicado exige, además, que se asuman “responsabilidades a todos los niveles”, tanto técnicas como políticas.

Frente Amplio anunció que canceló sus agendas hasta nuevo aviso en solidaridad con los afectados por el accidente.

Adelante Andalucía pide la dimisión de Óscar Puente: “La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador”

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido la dimisión del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que por el momento le ha costado la vida a 68 personas.

“Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador. Y lo pensamos también mucha gente de izquierdas”, ha señalado en una publicación en su cuenta oficial de la red social ‘X’. En esta línea, García ha recordado el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 46 personas el pasado mes de enero. “Dos veces la línea de Andalucía en un año”, ha remarcado.

“La prioridad es el cariño y apoyo a las víctimas”, ha destacado el portavoz de Adelante. El partido ha suspendido todos sus actos programados para este miércoles.

*Información elaborada por Europa Press.

En vídeo: Pedro Sánchez promete depurar responsabilidades

Pedro Sánchez, desde el lugar del accidente: “Hoy toda España está de luto”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una rueda de prensa desde el puesto de mando de Toledo, donde se ha producido el accidente ferroviario durante la mañana de este miércoles. Desde allí, ha asegurado que “hoy toda España está de luto”.

“Toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y los heridos que aún permanecen hospitalizados”, ha continuado diciendo el presidente. Después, ha asegurado que la principal prioridad del Ejecutivo son “las víctimas, sus familiares y el encontrar al mayor número de personas vivas y atender desde el punto de vista material y psicológico”.

En cuanto a las causas del siniestro, Sánchez ha asegurado que “si ha habido fallos, se responderá con total contundencia”. “Hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad”, pero, según ha explicado, “todo indica que el origen de los dos accidentes nada tiene que ver”.

Por último, ha aclarado que “se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas, y con total contundencia para recuperar la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”. Además, ha decretado tres días de luto oficial.

Pedro Sánchez se desplaza a la zona del accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a la zona del accidente ferroviario y, desde allí, dará una declaración institucional en los próximos minutos.

/espana/2026/10/28/la-guardia-civil-interroga-al-operador-de-adif-al-que-se-le-atribuye-el-fallo-de-comunicacion-por-el-accidente-de-toledo/

/espana/2026/10/28/oscar-puente-ve-inexplicable-que-el-centro-de-control-de-atocha-permitiera-la-reanudacion-de-la-marcha-del-ave-renfe-tras-el-fallo-del-sistema-lzb-se-tomo-la-decision-con-luz-roja/

Puente dice que la decisión de reanudar el AVE por el centro de control es “inexplicable”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la decisión de que el AVE reanudara la marcha “con normalidad” y que posteriormente ha provocado el accidente con el tren Iryo es “inexplicable”.

Primeras declaraciones de Óscar Puente: “Es un accidente verdaderamente inverosímil”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido desde el centro de mando que está durante este miércoles gestionando las consecuencias del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, a las puertas del municipio de Urda. Sus primeras palabras han sido de “consternación”, “por las víctimas y sus familias, estamos completamente devastados”.

Después, ha asegurado que un accidente de estas características, “por alcance”, es muy difícil que se produzca debido a las características de la red ferroviaria española. “Es un accidente verdaderamente inverosímil”, ha asegurado, añadiendo que hay que investigar “qué ha podido suceder para que este incidente se haya producido”.

Ayuso suspende la presentación de los presupuestos madrileños tras el accidente de tren

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pospuesto este miércoles la presentación de los presupuestos regionales para centrar la atención política en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que, según las últimas informaciones, supera los 60 fallecidos. “Toda nuestra atención está centrada en ayudar a paliar los efectos de este devastador accidente”, ha afirmado tras una reunión de crisis en la ASEM112.

La región ha desplegado un puesto sanitario avanzado en Atocha, donde ya ha atendido a once heridos, y puso a disposición los hospitales La Paz, Getafe y 12 de Octubre, con 922 camas disponibles. También envió un helicóptero y habilitó atención psicológica para familiares. Ayuso trasladó su “solidaridad, cariño y apoyo” a las víctimas y aseguró que la Comunidad “va a estar a su lado en todo momento”.

El Gobierno responsabiliza al centro de control de haber autorizado la marcha en contra de la normativa

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirmaron a Europa Press que el centro de control de Adif en Atocha autorizó la reanudación normal de la circulación “contra la normativa” vigente, minutos antes de que un AVE colisionara contra un tren Iryo en Urda, Toledo. El choque dejó al menos 46 muertos.

A las 8:32 horas falló el sistema de seguridad LZB, lo que provocó la parada de seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. Ocho minutos después, el operador autorizó reanudar la marcha de todos los convoyes, una decisión que, según las fuentes, contraviene la normativa: solo debía permitirse circular a la vista, a 40 kilómetros por hora como máximo. El AVE, sin embargo, retomó la marcha con normalidad y alcanzó los 200 kilómetros por hora. A esa velocidad impactó contra el Iryo, que permanecía detenido en la vía, a las 8:53 horas.

El Ministerio sitúa el error humano del operador como la principal línea de investigación del accidente, que interrumpió la circulación entre Madrid y Andalucía sin previsión de reapertura.

*con información de Europa Press

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El número de fallecidos en el accidente de Toledo sube a 64

Al menos 64 personas ha fallecido en el accidente ferroviario de Urda, según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha elevado, así, la cifra de 30 personas fallecidas que previamente había adelantado.

*información de EFE

/espana/2026/10/28/iberia-fija-un-precio-maximo-de-99-euros-en-todos-los-vuelos-a-andalucia-tras-el-choque-de-trenes-en-urda/

Abascal afirma que el Gobierno “ha destruido absolutamente todo” tras el accidente de Urda

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha dicho hoy que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “no debería ni haberse presentado a la reelección”, porque considera que el Gobierno “ha destruido absolutamente todo”, también las infraestructuras. Abascal se pronunció así en un acto de precampaña celebrado este miércoles frente a la grúa de piedra de Santander, que comenzó con un mensaje de pésame a los familiares de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y un abrazo a los heridos y a los españoles que deban viajar en tren.

El líder de Vox, arropado por simpatizantes que en algunos momentos insultaron a Sánchez, dijo sentir “rabia” hacia “un Gobierno que es una organización criminal”. “Ya puedo decirles que no vamos a creer ninguna de las explicaciones de este Gobierno, que aún no ha dado explicaciones ni de Adamuz, ni del apagón, ni de otras muchas tragedias”.

Abascal reiteró que su partido no suspenderá sus actos electorales pese al accidente de los trenes en Toledo, que ha causado 31 muertos según las últimas cifras disponibles. “Estamos acostumbrados a que algunos con las tragedias quieran suspender las campañas electorales y convertir a los políticos en plañideras en funerales. Los políticos tenemos la responsabilidad de dar soluciones y alternativas”, opinó. El resto de formaciones políticas, incluido el PSOE de Sánchez, sí cancelaron sus actividades de precampaña previstas para la jornada.

*con información de Europa Press

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Los médicos madrileños suspenden la huelga del jueves y el viernes por el accidente de Urda

El Comité de Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid trasladará a la Consejería de Sanidad su decisión de suspender las jornadas de huelga previstas para los días 29 y 30 de octubre, ante “la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en Urda, por respeto a las víctimas y sus familias”. La medida llega después de que los médicos y facultativos madrileños, que protagonizaban este miércoles una concentración frente a la sede de la Consejería, conocieran la noticia de la colisión entre dos trenes y guardaran un minuto de silencio por las víctimas.

El comité, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional, recordó en un comunicado que los servicios mínimos establecidos para la jornada de huelga de este miércoles garantizan una cobertura del 100% en urgencias y emergencias, por lo que la respuesta asistencial quedaba asegurada. Los profesionales médicos han asegurado, además, que mantienen su disposición para colaborar ante cualquier necesidad extraordinaria que pudiera surgir, “como ya han demostrado en otras situaciones de especial gravedad”.

El comité hizo también un llamamiento a la colaboración ciudadana para contribuir, en la medida de las posibilidades de cada persona, a la respuesta ante la tragedia. En ese sentido, animó a la población a informarse a través de los canales oficiales sobre los puntos de donación de sangre habilitados durante la jornada y en los días sucesivos, siempre atendiendo a las necesidades que indiquen los servicios sanitarios y de emergencia.

Los representantes del colectivo trasladaron además su apoyo y reconocimiento a los servicios de coordinación, emergencias y atención sanitaria de Castilla-La Mancha, así como a los de las demás comunidades autónomas que colaboran en la respuesta al accidente, entre ellas la Comunidad de Madrid. “En estos momentos de profunda consternación, nuestra solidaridad está con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por esta tragedia”, remarcó el comité en su comunicado.

Este miércoles arrancaba el primero de los cuatro bloques de paros de 72 horas convocados hasta diciembre por el colectivo médico madrileño, que reclama mejoras laborales ante el bloqueo de la negociación con la Consejería de Sanidad. Tras la suspensión de las jornadas del jueves y el viernes, el calendario de huelga se retomará entre el 4 y el 7 de noviembre.

*información de EFE

La RFEF suspende los 24 partidos de la Copa del Rey previstos para este miércoles

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decretado la suspensión de los 24 partidos de la Primera Eliminatoria de la Copa del Rey-Mapfre programados para la tarde-noche de este miércoles, en respuesta al accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). La decisión, adoptada tras una reunión de urgencia del organismo, afecta a la totalidad de los encuentros restantes de esa ronda, después de que los 18 primeros ya se hayan disputado el martes.

“Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy miércoles”, ha indicado la Federación en un comunicado publicado en su página web.

La RFEF ha precisado que “en próximas fechas, informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados”. El organismo, presidido por Rafael Louzán, ha vuelto a expresar su pesar por lo ocurrido: “La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de esta desolador accidente”.

Entre los encuentros aplazados figuraban los de varios clubes de LaLiga EA Sports, entre ellos el Valencia CF, el Real Betis, el Deportivo Alavés, el RC Celta y el Levante UD, todos con partido programado para esa jornada frente a equipos de categorías inferiores. La ronda incluía además cruces como el del CD Tenerife ante el Badajoz, el Real Oviedo frente al Numancia y el Granada CF contra el Cieza. Por el momento, los partidos previstos para el jueves se mantienen en el calendario, a la espera de que la Federación confirme si también sufrirán modificaciones en las próximas horas.

*con información de Europa Press

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La consejera de Castilla-La Mancha confirma la evacuación de todos los heridos tras el choque de trenes en Urda

Esther Padilla, consejera portavoz de Castilla-La Mancha, ha asegurado que los equipos de emergencia han completado el rescate de las víctimas con vida tras el choque entre un tren AVE y un convoy de Iryo en Urda (Toledo). Según ha declarado a Antena 3, “todos los heridos están fuera de los vagones y se va a proceder a la extracción de cadáveres”, ha explicado Padilla, quien ha precisado que las labores priorizaron primero la atención a los heridos.

Las consejerías de Sanidad de todas las comunidades autónomas se han puesto a disposición de Castilla-La Mancha para colaborar con la emergencia. Padilla ha pedido además que quienes estén en condiciones de donar sangre se acerquen a los hospitales de la región.

*con información de Europa Press

/espana/2026/10/28/vox-no-acepta-la-tregua-politica-tras-el-accidente-ferroviario-en-toledo-y-apunta-sin-pruebas-al-mantenimiento-de-las-vias-abascal-dara-dos-mitines/

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El Gobierno de Castilla-La Mancha eleva a un mínimo de 30 los fallecidos en el choque de trenes de Urda

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado a un mínimo de 30 los fallecidos tras el choque entre el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076, registrado este miércoles en la localidad toledana de Urda, según han confirmado fuentes del Ejecutivo regional.

*con información de EFE

Meloni, von der Leyen y la presidenta del Parlamento Europeo trasladan su apoyo a España tras el accidente de Urda

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha mostrado “profundamente consternada” por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). “Acompaño en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas mortales ante la irreparable pérdida de sus seres queridos, y deseo una pronta y total recuperación a los heridos”, ha expresado Metsola en un mensaje compartido en redes sociales y escrito en español.

La presidenta de la Eurocámara ha querido además agradecer de forma expresa la labor de los servicios de emergencia “que trabajan incansablemente en el lugar del siniestro” y ha cerrado su mensaje con una muestra de cercanía hacia el conjunto del país: “España está en mi pensamiento y mi corazón”.

También ha trasladado su apoyo Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una publicación de X: “Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas”. “Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor”, ha apuntado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en otra declaración compartida en redes sociales.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también se ha pronunciado este miércoles sobre el “dramático accidente ferroviario” de Urda, cuyo balance de al menos diez fallecidos ha sido confirmado por la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. “En estos momentos difíciles, el Gobierno italiano está junto a España y el pueblo español tras el trágico accidente ferroviario cerca de Toledo”, ha señalado la mandataria en redes sociales, antes de añadir: “Mis pensamientos, y los de todo nuestro Gobierno, están con las familias de las víctimas, los heridos y todos aquellos que trabajan incansablemente en las labores de rescate”.

*con información de Europa Press

/espana/2026/10/28/jesus-pasajero-del-ave-herido-tras-el-choque-de-trenes-en-toledo-he-visto-imagenes-que-no-se-me-van-a-olvidar/

Ayuso suspende el Consejo de Gobierno que iba a aprobar los Presupuestos de Madrid para 2027 por el accidente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido el Consejo de Gobierno que tenía previsto aprobar los Presupuestos regionales de 2027, con el fin de centrar su trabajo “únicamente en servir a los afectados” por el accidente ferroviario de alta velocidad registrado en Urda (Toledo). La mandataria autonómica ha trasladado la decisión a través de sus redes sociales, tras el impacto entre un AVE y un tren de Iryo en la línea Madrid-Sevilla, ocurrido alrededor de las 8.55 horas en esa localidad toledana.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico, el Consejo de Gobierno para aprobar finalmente las cuentas regionales se trasladará a este viernes, aplazamiento que refleja la prioridad otorgada a la gestión de la emergencia. También Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha suspendido su agenda del miércoles y la reunión del Consejo de Gobierno que iba a aprobar el presupuesto autonómico de 2027.

La Comunidad de Madrid ha enviado ocho dotaciones del Summa y otras ocho del Cuerpo de Bomberos regional hacia Toledo, en apoyo al dispositivo ya desplegado por las autoridades castellanomanchegas. Además, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha habilitado un puesto de atención psicosocial para víctimas y familiares en la estación de Atocha, pensado para quienes aguardan noticias sobre los pasajeros afectados por el accidente.

*con información de Europa Press

La UME se desplaza a Urda para colaborar en las tareas de emergencia

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra de camino a Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo organizado tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad, según ha confirmado el Ministerio de Defensa a Europa Press. Defensa ha precisado que la unidad está próxima a llegar a la localidad con los medios necesarios para sumarse a las tareas de emergencia. Al despliegue se suma también el Equipo de Grandes Catástrofes de la Guardia Civil.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha informado de que el tren de Iryo accidentado viajaba con 147 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE transportaba a 397 personas. En declaraciones a varios medios a lo largo de la mañana, la consejera ha confirmado este dato, aunque por el momento se desconoce el número exacto de pasajeros afectados por la colisión.

Hasta la zona se han trasladado numerosas unidades de bomberos y ambulancias para reforzar el operativo. Renfe, por su parte, ha activado el Plan de Asistencia a Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF) y ha habilitado un teléfono de atención, el 900 10 10 20, para quienes busquen información sobre sus allegados.

*con información de Europa Press

Las organizaciones agrarias suspenden la tractorada en Madrid por el accidente de Urda

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones han decidido suspender la tractorada que habían convocado para este miércoles en Madrid, a raíz del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo). Los organizadores han señalado a EFE que ninguno de sus miembros viajaba en los trenes implicados en la colisión, aunque sí había agricultores desplazándose en otros convoyes con destino a la capital cuyo tráfico se vio interrumpido por el siniestro.

Las mismas fuentes han confirmado que la marcha prevista se sustituirá por una concentración con cinco minutos de silencio, en señal de respeto y solidaridad con las víctimas, en el momento en que lleguen a Madrid los tractores que ya avanzaban hacia el centro de la ciudad. Por el momento, las acciones reivindicativas quedan aplazadas.

La protesta, convocada bajo el lema “Por un campo con futuro”, preveía la participación de unos 500 tractores distribuidos en cinco columnas que habían partido desde distintos puntos del país. Con la movilización, los agricultores pretendían reclamar un mayor apoyo institucional ante la subida de los costes de producción del sector.

*con información de EFE

Adif investiga la causa del accidente mientras Iryo cancela todos sus servicios al sur

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, analiza todos sus sistemas y la secuencia de los hechos en torno al accidente entre dos trenes de alta velocidad registrado esta mañana en Urda (Toledo), que ha costado la vida a un número aún indeterminado de personas. Fuentes de Adif han explicado a EFE que, de momento, no se ha identificado la causa de la colisión entre un convoy de Renfe y otro de Iryo, ocurrida a la altura de esa localidad toledana.

Iryo ha activado sus protocolos de emergencia y ha cancelado todos sus servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha hacia el Corredor Sur, según ha anunciado en un comunicado oficial. La empresa ha señalado que trabaja “en colaboración estrecha con las autoridades competentes” para la gestión de la situación, aunque no ha facilitado más detalles sobre lo ocurrido ni ha dado previsión de restablecimiento de la circulación.

El corte de la circulación ha generado también consecuencias en destino. La estación de Santa Justa, en Sevilla, donde tenían previsto llegar los trenes accidentados, registra a media mañana largas colas de pasajeros en los puntos de información y ante los paneles que anuncian la suspensión del servicio. Por megafonía se informa a los viajeros de que la circulación permanece interrumpida “debido al alcance de dos trenes hasta nuevo aviso”. La incertidumbre se extiende entre quienes tenían previstas salidas a lo largo de la mañana y aguardan noticias sobre la reanudación del servicio.

*con información de EFE

Abascal mantiene su agenda electoral pese al accidente de Urda

El presidente de Vox, Santiago Abascal, mantendrá su agenda electoral prevista para este miércoles pese al accidente ferroviario de Urda (Toledo), al considerar que el “luto” ya se utilizó tras el siniestro de Adamuz (Córdoba) para “acallar” las denuncias de su partido sobre las infraestructuras.

En declaraciones a Antena 3, Abascal ha explicado que el departamento jurídico de Vox ya se ha personado para pedir que se protejan las pruebas, como ocurrió, según ha dicho, hace diez meses en Adamuz, accidente que dejó 41 fallecidos y derivó en una querella de su partido contra directivos de Adif.

“No nos vamos a prestar a utilizar el luto para acallar las denuncias”, ha afirmado, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sí ha suspendido su agenda. Abascal ha añadido que “lo que otros sí deberían hacer es suspender sus bailecitos y sus chistes sobre Renfe, que son un verdadero insulto a los españoles”.

El líder de Vox tiene previsto viajar este miércoles a Santander y Valladolid.

El portavoz del Sindicato Ferroviario considera “muy raro” el accidente

El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, considera “muy raro” el accidente ocurrido a primera hora de la mañana a la altura de la estación de Urda (Toledo). En declaraciones a Antena 3, Escudero ha explicado que en ese tramo no existe parada comercial, que la circulación se supervisa en tiempo real y que los trenes cuentan también con información actualizada sobre el estado de la vía, de modo que, ante cualquier obstáculo, como la presencia de otro convoy, el sistema debería detenerlos automáticamente. “Es muy raro”, ha insistido.

Según los primeros indicios que maneja el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un AVE de Renfe habría alcanzado por detrás a un tren de Iryo, lo que provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último convoy.

El ministro Óscar Puente, que tenía previsto inaugurar este miércoles el World Infrastructure Forum (WIF) en Madrid, se ausentó del acto poco después de haber entrado, a raíz de la noticia del accidente. Se encuentra ya, según ha informado con una publicación de X, en el centro de control H24 (el máximo organismo de control y supervisión del tráfico ferroviario en España) “tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido”.

*con información de EFE

El Gobierno habla de “tragedia importante” por un “choque de alto impacto”, sin más información

La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha confirmado el número de fallecidos en el choque de trenes registrado este miércoles en Toledo, aunque ha admitido que el Gobierno trabaja con la idea de que se trata de “una tragedia importante” en declaraciones al programa Hoy por Hoy de la SER.

García ha calificado el accidente como un “choque de alto impacto” y ha insistido en que el Ejecutivo sigue de cerca la evolución de los hechos mientras los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno en la zona del siniestro, ocurrido entre dos trenes de alta velocidad a la altura de la estación de Urda, en Toledo.

Pedro Sánchez está en contacto con Óscar Puente y García-Page por el choque de trenes

Tras cancelar toda su agenda prevista para este miércoles, el presidente del Gobierno ha expresado consternación en una publicación de X en la que también ha asegurado estar en contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente; y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

García-Page cancela su agenda y se desplaza a Urda tras el choque de trenes

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cancelado la agenda prevista para este miércoles y se desplaza hacia Urda (Toledo) tras el accidente registrado entre dos trenes de pasajeros. A través de un mensaje publicado en X, el dirigente regional ha señalado que sigue “con atención y preocupación” la evolución del accidente ferroviario, ocurrido a las 8.54 horas en la estación de esa localidad toledana, donde dos trenes colisionaron por alcance y dos vagones cayeron por un terraplén.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha activó a las 9:15 horas de este miércoles el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de Emergencia, Situación Operativa 1, para la provincia de Toledo. El dispositivo busca coordinar los recursos autonómicos disponibles ante la magnitud del siniestro, que ha dejado cortada la línea de tren entre Madrid y Andalucía.

Según ha precisado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se han movilizado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, Orgaz, en Toledo, y Villarrobledo, en Albacete. A ellos se suman numerosos medios sanitarios y helicópteros medicalizados desplegados en la zona del accidente.

Las mismas fuentes del 112 han indicado que varias comunidades autónomas han ofrecido su colaboración para reforzar el operativo de emergencia desplegado en Urda. El dispositivo continúa activo mientras se desarrollan los trabajos en el lugar de la colisión y se evalúa el alcance real del accidente.

*con información de agencias

Todos los partidos cancelan sus agendas de precampaña por el choque de trenes en Toledo salvo Vox, que mantiene sus actos

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de la mañana de este miércoles a la altura de la estación de Urda, en la provincia de Toledo. El accidente, ocurrido a las 8:54 horas, provocó que dos vagones cayeran por un terraplén, según informaron a EFE fuentes del servicio de emergencias 112. El suceso ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, tal y como confirmaron Renfe y Adif a través de sus redes sociales, y ha desencadenado la cancelación en cadena de la agenda política prevista para la jornada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el primero en reaccionar y canceló su participación en la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026, acto que tenía previsto presidir en el Ministerio de Sanidad. Según explicaron fuentes de Moncloa a Europa Press, el resto de ministros comenzó también a cancelar los actos programados para este miércoles, a medida que llegaba más información sobre la magnitud del siniestro.

El Partido Popular (PP) adoptó una decisión similar y canceló la totalidad de sus actos de precampaña en el conjunto de España. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, se encontraba en Barcelona concediendo una entrevista a La Vanguardia cuando su equipo lo interrumpió para comunicarle lo sucedido. Feijóo abandonó la sala de inmediato y, minutos después, el partido confirmó la suspensión de toda la jornada.

El dirigente popular trasladó su reacción a través de un mensaje en X, en el que se mostró “muy preocupado” por las informaciones que llegaban desde Toledo. Según Feijóo, lo prioritario en ese momento era “atender a las víctimas y acompañar a sus familias”. El líder del PP dedicó también unas palabras a los equipos desplegados sobre el terreno: “Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno”.

También Frente Amplio ha decidido suspender todos los actos de precampaña previstos por sus candidatos para este miércoles. La candidata de la coalición a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha señalado que sigue con “mucha preocupación” las informaciones sobre el siniestro y ha trasladado su “solidaridad con las personas afectadas”.

A través de un mensaje en redes sociales, Colau ha enviado también su “apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno”. En la misma línea se ha pronunciado la cuenta oficial de Frente Amplio en X, desde donde han insistido en que siguen “con enorme preocupación las noticias del accidente ferroviario en Toledo”. “Toda nuestra solidaridad con las personas afectadas y nuestro apoyo a los servicios de emergencia”, ha apostillado la candidatura.

El líder de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, también se ha pronunciado sobre el accidente y ha afirmado que sigue con “preocupación” la situación en Urda. Maíllo ha trasladado la solidaridad de su organización con los pasajeros afectados y su apoyo a los servicios públicos desplazados hasta la zona. El dirigente ha hecho además un llamamiento a la cautela: “Es el momento de ser prudente y atender solo a la información proveniente de organismos oficiales”.

*con información de EFE y Europa Press

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Ada Colau propone un impuesto disuasorio del 10% para frenar la acumulación de viviendas

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha planteado este miércoles, en entrevista en Cadena Ser, la creación de un impuesto a empresas y personas físicas destinado a impedir la acumulación de vivienda en España, con un tipo del 10% sobre el valor de cada piso, salvo que los inmuebles se destinen a alquiler asequible y estable.

El gravamen se aplicaría a las empresas desde la primera vivienda en propiedad, mientras que a las personas físicas se les exigiría a partir de la cuarta casa, siempre que el valor acumulado de sus propiedades supere los 800.000 euros. Colau sitúa la vivienda como la “máxima prioridad” de su campaña. Según la candidata, el impuesto “disuasorio” hará que “no salga a cuenta especular”, al tiempo que respetará a los pequeños propietarios.

De acuerdo con las estimaciones de Frente Amplio, la medida afectaría a todos los fondos de inversión que operan en el país y a 737 empresas privadas con 50 o más viviendas en alquiler. También repercutiría sobre 262.000 multipropietarios con cuatro o más casas, un grupo que representa el 1,3 % de quienes poseen vivienda en España y que se concentra en el 10 % de la población con mayor renta.

La coalición de izquierdas prevé excepciones para las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro, pues considera que su tenencia de inmuebles responde a fines distintos de la especulación. El objetivo declarado del tributo es que ninguna persona en el país pueda acumular más de tres viviendas. Desde la candidatura insisten en que “todo el mundo tiene derecho a una casa y nadie a acumular más de tres”, y sitúan como prioridad facilitar el acceso a la primera vivienda e “impedir el acaparamiento de las mismas en pocas manos”. Según Frente Amplio, la medida contribuirá además a ampliar la oferta de alquiler y de vivienda en propiedad a precios accesibles, lo que favorecerá una bajada de precios.

El impuesto iría acompañado de una inversión de hasta el 1% del producto interior bruto (PIB) destinada a ampliar el parque público de vivienda mediante construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles, financiada en parte con la recaudación del propio tributo. Esta cifra ya figuraba en las propuestas de Sumar, tanto en su programa electoral como entre sus prioridades para los Presupuestos Generales del Estado.

*con información de Europa Press

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La cercanía de Frente Amplio al PSOE frustró la candidatura unitaria con Podemos, según Rufián y Montero

La candidata de Podemos, Irene Montero, y el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, han asegurado que el fracaso de la unidad con Frente Amplio se debió a la cercanía de la coalición al PSOE y al pacto alcanzado entre ambas formaciones para el Senado. Así lo explicaban anoche Gabriel Rufián e Irene Montero en La Revuelta.

“Se intentó, pero esto no iba de que todos estuviéramos en el PSOE o muy cerquita del PSOE, sino de que hay muchísima gente muy progresista y muy consciente de lo que va a pasar si no se frena (a PP y Vox) que no quiere votar al PSOE”, ha explicado Rufián, que en el primer mitin celebrado en tándem con Montero expresaba el objetivo de “someter al PSOE por su izquierda”.

“Lo hemos intentado. Y al final ha habido una cosa que no nos ha permitido ponernos de acuerdo, que es fundamentalmente el pacto con el PSOE”, ha señalado Montero. Pese a ello, Rufián ha defendido que quiere que el PSOE vuelva a gobernar “controlado y sometido por formaciones como Podemos, ERC, Bildu, BNG, Compromís o Frente Amplio”.

El candidato de ERC, tras lamentar no haber sido “capaces” de articular una candidatura de unidad “mucho más simple” a la izquierda del PSOE, ha lanzado un llamamiento a los votantes: “Que voten a quien quieran, pero que voten izquierda y voten progresismo, porque lo que viene es salvaje”.

Rufián ha dejado claro que sigue siendo independentista, aunque ha defendido que esa postura no es incompatible con que “a todo el mundo le vaya bien” en España. Montero, por su parte, ha defendido el derecho de Cataluña a decidir su futuro. El único punto de discrepancia entre ambos durante la entrevista ha sido la inmigración, que Rufián ha calificado de “reto” en una consideración que Montero no ha compartido.

*con información de EFE

El Gobierno confía en entregar hoy al Supremo la lista de los 163.020 afectados por la suspensión de voto

El Gobierno confía en cumplir el plazo fijado por el Tribunal Supremo para entregar, antes de las 15:00 de este miércoles, una lista con la identidad de las 163.020 personas nacionalizadas por la llamada ley de nietos afectadas por la suspensión de su derecho a voto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).

Fuentes del Ejecutivo consultadas dejan claro que el requerimiento se va a cumplir en plazo. Reconocen que, desde el principio, se advirtió de la dificultad de reunir la información en un tiempo tan ajustado, pero subrayan que eso no implicó en ningún momento transmitir el mensaje de que no se iba a cumplir. Las mismas fuentes añaden que el proceso ha sido muy complejo debido a la brevedad del plazo, aunque aseguran que se han adoptado todas las decisiones necesarias para satisfacer la petición del Supremo.

*con información de EFE

La consellera de Interior de la Generalitat comparece en el Parlament por los disturbios de Barcelona

Núria Parlon, consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, comparece este miércoles en la Comisión de Interior del Parlament para dar explicaciones sobre los disturbios registrados el pasado sábado en el centro de Barcelona. La comparecencia está fijada a las 16 horas, según adelanta Europa Press.

Parlon había pedido este lunes a las plataformas de mensajería masiva que cerraran los grupos que, en sus palabras, “incitan” a los jóvenes a delinquir y a actuar con violencia. Este martes, Telegram bloqueó una de las cuentas que precisamente había promovido los disturbios en la capital catalana.

*con información de Europa Press

El BOE publica las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones del 29 de noviembre

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este miércoles el listado de candidaturas que partidos, coaliciones y agrupaciones de electores presentaron ante las juntas electorales provinciales antes de la medianoche del lunes. La publicación reproduce las listas exactamente como se registraron, pero ninguna de ellas es firme todavía: las juntas electorales tienen ahora la última palabra sobre quién figurará finalmente en las papeletas del 29 de noviembre.

A partir de hoy arranca un proceso con plazos estrictos. Las juntas electorales cuentan con dos días para detectar y notificar posibles irregularidades en las candidaturas, ya sea por denuncia de otras formaciones o por revisión de oficio. Los partidos afectados dispondrán entonces de 48 horas desde esa notificación para corregir los defectos señalados. Cerrado ese trámite, las juntas tienen de plazo hasta el próximo lunes para proclamar las listas que cumplan los requisitos, y el BOE las publicará ya con carácter definitivo el 3 de noviembre.

Entre los aspectos que las juntas deberán fiscalizar figura el cumplimiento de la paridad de género, exigencia que se aplica por primera vez en unas elecciones al Congreso de los Diputados con el nuevo formato de alternancia estricta entre hombres y mujeres.

Las juntas también tendrán que verificar el sistema de avales que la ley reserva a los partidos, federaciones y coaliciones que no lograron escaño en ninguna de las dos cámaras en las elecciones anteriores. La norma les exige reunir las firmas de, como mínimo, el 0,1 % del censo electoral en cada circunscripción donde pretendan concurrir, con una restricción adicional: ninguna persona puede avalar más de una candidatura con su firma. Las agrupaciones de electores enfrentan, por su parte, un umbral más exigente: necesitan el respaldo de al menos el 1 % del censo de la circunscripción correspondiente para poder presentarse.

/espana/2026/10/27/asi-estan-las-encuestas-para-el-29-de-noviembre-pp-y-vox-mantienen-la-mayoria-absoluta-el-psoe-gana-terreno-y-la-izquierda-fragmentada-no-logra-remontar/

Este miércoles, el PSOE ha ordenado a sus trabajadores, tanto de la sede federal en la madrileña calle Ferraz como de las del resto del país, que abandonen las instalaciones del partido antes de las 18 horas ante la previsión “de concentraciones y los posibles problemas de seguridad”. Según ha podido saber Infobae, la instrucción ha sido remitida a través de un comunicado interno y aclara que la medida se extiende a todo el territorio nacional.

La decisión se ha tomado desde la Comisión Ejecutiva Federal, con el objetivo de “preservar la seguridad de trabajadores, trabajadoras, militantes y cargos orgánicos”. En el mensaje, firmado por la secretaria de Organización y portavoz socialista, Rebeca Torró, se pide a los responsables de cada sede “trasladar esta indicación” y actuar “con la máxima diligencia y responsabilidad”.

Un mensaje que se ha enviado el mismo día en el que se ha producido el trágico accidente ferroviario de Toledo entre un AVE y un Iryo, el segundo siniestro en la alta velocidad en lo que va de año. Por el momento, hay 68 personas fallecidas y 76 heridos hospitalizados.

Puente da explicaciones y atribuye el accidente a un error humano

Desde el Gobierno han tratado de dar explicaciones sobre lo ocurrido en la línea Madrid-Sevilla. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido pasadas las dos de la tarde desde el centro de control de Adif, en la estación de Atocha de Madrid, explicando que sobre las 8.30 horas se ha producido un fallo en el sistema LZB, el dispositivo que controla automáticamente la distancia entre trenes y los frena en caso de peligro.

Este fallo mantuvo parados a seis trenes de la línea que conecta la capital con Andalucía, que circulaban por un tramo de 63 kilómetros. “Se paran todos los trenes del tramo”, ha relatado el ministro, “y a partir de ahí, con los trenes detenidos y sin el sistema LZB, entra a tomar el mando el centro de control, desde Atocha”.

Sin señalar directamente a responsables individuales, Puente sí ha confirmado que se trató de un error humano cometido desde el centro de control. “Era un tren que tenía que detenerse, no podía reanudar la marcha con normalidad”, ha afirmado.

“Se tomó la decisión de reanudar con luz roja”

“A las 8:36 se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”, ha explicado Puente, que ha planteado la pregunta de forma directa: “¿Es esto correcto?”. Él mismo respondió que no, que el convoy debía permanecer detenido.

“A pesar de eso, se autoriza al AVE siniestrado que reanude la marcha; entre las 8:36 y 8:56, el tren recorre un lapso de 25 kilómetros con el Iryo detenido, alcanzando una velocidad que desconocemos, pero que puede ser de 200 kilómetros, y acaba impactando con el Iryo, con el resultado que ustedes conocen”, ha continuado explicando el ministro durante su comparecencia.

Puente ha sido contundente al describir la decisión que originó la tragedia. “Se tomó la decisión de reanudar con luz roja”, ha sentenciado, agregando que “en el centro de control tuvieron tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron”.

Además, al ser preguntado sobre su posible dimisión, el ministro se ha declarado “absolutamente devastado” por las consecuencias del accidente, aunque descarta por el momento dar ese paso. Así, el ministro ha asegurado que su prioridad actual es “esclarecer” lo ocurrido y “tratar de resolverlo”. “Estoy tratando de esclarecer esto y nada más. No estoy pensando en mí”, ha concluido.

Sánchez promete una respuesta “con total contundencia” si se confirman fallos de seguridad

Minutos después, ha sido el presidente del Gobierno el que ha hablado ante los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado en Urda. Desde allí, Pedro Sánchez se ha comprometido a esclarecer por completo las causas del accidente, confirmando que “si ha habido negligencias, se sabrá y, si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia”.

Junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, Sánchez ha calificado de inasumible que España registre dos siniestros de gravedad en su red de alta velocidad en el mismo año, en referencia al accidente de enero en Adamuz, Córdoba. Todo apunta, según ha indicado, que ambos sucesos no guardan relación entre sí, aunque ha remarcado que esa conclusión corresponde a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, a la justicia y a las investigaciones internas de Renfe y Adif.

Además, el presidente ha anunciado que el Ejecutivo declarará tres días de luto oficial a partir de este jueves, y ha trasladado su apoyo a los familiares de los fallecidos, detrás de los cuales “hay mucho dolor”. También ha destacado la coordinación entre el Gobierno central, el autonómico y los ayuntamientos de la zona en la respuesta a la emergencia.

La llegada del frío, la lluvia, la niebla y las primeras nevadas modifica las condiciones de circulación en las carreteras españolas. Durante estos meses, la visibilidad se reduce, el asfalto pierde adherencia y aumenta la importancia del mantenimiento del vehículo.

En ese contexto, las infracciones relacionadas con el alumbrado, los neumáticos, la visibilidad y el cumplimiento de la señalización específica pueden acarrear multas de 200 euros.

La normativa de tráfico obliga a los conductores a adaptar su comportamiento al estado de la vía, la meteorología y las condiciones del vehículo. El Reglamento General de Circulación establece que la velocidad debe permitir detener el coche dentro del campo de visión disponible, una obligación que cobra especial relevancia ante lluvia intensa, placas de hielo, nieve o niebla.

Las luces son obligatorias cuando la visibilidad disminuye

El uso incorrecto del alumbrado figura entre las conductas más habituales durante el invierno. Los vehículos deben llevar encendidas las luces entre la puesta y la salida del sol, en túneles y pasos inferiores. También es obligatorio utilizar el alumbrado cuando la niebla, una nevada, la lluvia intensa o las nubes de polvo y humo reduzcan de forma sensible la visibilidad.

La luz antiniebla delantera puede emplearse en esas circunstancias, mientras que la trasera queda reservada para situaciones especialmente adversas, como niebla espesa, lluvia muy intensa o una nevada fuerte. Activarla sin que exista una causa que lo justifique puede deslumbrar a los vehículos que circulan detrás.

Circular sin el alumbrado reglamentario constituye una infracción grave. La sanción prevista para las infracciones graves es de 200 euros, según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La misma cuantía puede aplicarse si el vehículo presenta fallos en dispositivos obligatorios de iluminación o señalización.

Cadenas, neumáticos y visibilidad ante la nieve

Las cadenas no son obligatorias de forma general en todos los desplazamientos invernales, pero sí lo son cuando una señal o una restricción específica impone su uso en un tramo afectado por la nieve. En esos casos, los conductores deben disponer de cadenas o de neumáticos aptos para circular bajo esas condiciones, conforme a lo que determine la señalización de la vía.

Ignorar esa obligación puede derivar en una denuncia de 200 euros e incluso en la inmovilización del vehículo si sus condiciones comprometen la seguridad. Además, desde el 1 de octubre, el Reglamento General de Circulación prohíbe adelantar en autopistas y autovías cuando la nieve dificulta la circulación. Los vehículos deben utilizar el carril derecho y dejar libres los situados a la izquierda para facilitar el paso de los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves.

El estado de los neumáticos también resulta determinante. Circular con cubiertas que no cumplen las condiciones técnicas exigidas, con desgaste excesivo o una presión inadecuada, puede considerarse una infracción grave. La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque la adherencia sobre suelo mojado disminuye antes de alcanzar ese límite.

El conductor debe mantener en todo momento un campo de visión suficiente. Por ese motivo, circular con el parabrisas cubierto de hielo, nieve o vaho, o con las escobillas en mal estado, puede derivar en una sanción si impide controlar adecuadamente el vehículo. Antes de iniciar la marcha, conviene retirar el hielo de los cristales y comprobar el funcionamiento de la ventilación, la luneta térmica y los limpiaparabrisas.

La matrícula también debe permanecer legible. La legislación obliga al conductor a verificar que las placas no presentan obstáculos que dificulten su lectura e identificación. La acumulación de barro, nieve o suciedad puede ser sancionada con 200 euros.

El abrigo voluminoso no figura como una infracción autónoma, aunque puede impedir que el cinturón quede correctamente ajustado o limitar los movimientos del conductor. Si afecta al uso adecuado del cinturón o a la capacidad de control del vehículo, la conducta puede ser objeto de sanción.

La Policía Judicial del Instituto Armado ha abierto actuaciones para reconstruir la secuencia que derivó en la colisión. De este modo, los agentes responsables de la investigación han mantenido una primera conversación con el trabajador de Adif encargado de la gestión para esclarecer los hechos. Por el momento, Óscar Puente ha reconstruido los datos objetivos del suceso. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el ministro de Transportes ha indicado que a las 8:30 de esta mañana se ha producido un fallo en el sistema LZB, una herramienta que monitoriza la distancia de los trenes de una misma vía y que los frena en caso de emergencia.

Ante la caída del sistema, los seis trenes que circulaban en la línea Madrid-Sevilla se paralizan a la espera de que el centro de control de Atocha tomase el mando. Pocos minutos después, a las 8:36 horas, “se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”, afirma Puente. Tras recorrer una distancia aproximada de 25 kilómetros, el tren de Renfe, “alcanzando una velocidad que desconocemos”, aclara el ministro, termina chocando con el Iryo.

Según el ministro, esta decisión va “contra la normativa”, pues ante esta situación tendría que haber retomado la circulación en marcha a la vista y no con normalidad. Es bajo este contexto que ha tenido lugar el interrogatorio del operador del centro de control de Atocha. No obstante, la investigación se encuentra en una fase inicial y todavía no permite determinar todos los detalles del accidente. Los agentes deberán reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si intervinieron otros factores.

Ascienden a 68 víctimas mortales

El último balance del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que el accidente ha causado 68 muertes, una cifra que lo sitúa entre los siniestros ferroviarios con mayor número de víctimas en España. El choque ha ocurrido, además, nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 46 fallecidos. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida hasta nuevo aviso.

Adif ha habilitado puntos de atención para afectados y familiares en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita. También se han difundido los teléfonos de asistencia de Renfe, 900 10 10 20, y de Iryo, 900 001 403.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha confirmado que tan solo 901 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos han acreditado su condición de descendientes de exiliados y “certificada por los cónsules”, según confirma EFE. La cifra surge tras la revisión de 163.355 expedientes en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Supremo.

Esta noticia llega después de que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia hayan entregado las listas con las identidades de todos los nacionalizados a través de esta normativa, cuyo derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre se encuentra cautelarmente suspendido. Recordemos que los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares tenían hasta esta tarde a las 15:00 para entregar todos los nombres para poder aplicar la suspensión cautelar del voto en el censo. El Supremo acompañó este requerimiento de un apercibimiento explícito, advirtiendo de que el incumplimiento podía acarrear multas coercitivas de 1.000 euros o la apertura de diligencias por responsabilidad penal.

Menos del 0,06% del electorado en los comicios de 2023

La revisión de las solicitudes ha sido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha autorizado la contratación de asistencias técnicas para completar la labor consular dentro de los plazos establecidos. Los trabajos en las oficinas diplomáticas comenzaron tras un primer telegrama enviado desde el Ministerio de Justicia el pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la notificación del auto del Tribunal Supremo que acordó la suspensión cautelar del voto exterior. Tras analizar minuciosamente el conjunto de los 163.355 expedientes tramitados, únicamente 901 personas han logrado validar documentalmente ante los consulados la acreditación de descendientes directos de exiliados políticos o ideológicos.

El origen de la causa se encuentra en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la instrucción que otorgaba la presunción de exilio entre 1936 y 1955 sin prueba documental individual. El listado remitido eleva la cifra inicial de 163.020 votantes a un total de 163.355 inscritos. Como paso previo, el Ministerio de Justicia ya había aportado a la Oficina del Censo Electoral una primera nómina de 76.600 personas registradas en el sistema digital DICIREG. Dada la presencia de datos de carácter sensible, la Abogacía del Estado ha solicitado a los magistrados que declaren la información como reservada con el objetivo de resguardar la privacidad de los ciudadanos y evitar un uso indebido de los padrones por parte de las acusaciones.

Desde el punto de vista del proceso electoral, el Gobierno estima que la incidencia real en los comicios será muy inferior al volumen total de la lista, al figurar en ella menores de edad y personas fallecidas. Así, de acuerdo con las pautas de participación del censo exterior, la repercusión efectiva se limitaría a menos de 14.000 votos distribuidos en 52 circunscripciones, lo que representa menos del 0,06% del electorado en los comicios de 2023. Asimismo, la suspensión decretada afecta únicamente al Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). Aunque Iustitia Europa ha pedido ampliar la medida al Censo de Electores Residentes en España (CER), los nacionalizados que viven en el país mantienen intactos sus derechos electorales.

Con la fecha límite de las elecciones generales fijada para el 29 de noviembre, el procedimiento judicial se encuentra a la espera de las siguientes determinaciones del alto tribunal con los listados ya en su poder. Desde el Ejecutivo se subraya que los criterios y procedimientos aplicados son idénticos a los implantados con la Ley de Memoria Histórica de 2007. La resolución definitiva del Tribunal Supremo determinará si este colectivo de ciudadanos podrá ejercer finalmente su derecho al sufragio.

Los dos trenes, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, transportaban a 544 pasajeros: 397 en el AVE 2080 y 147, entre ellos un bebé, en el Iryo 6076. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, que habría autorizado la marcha del AVE pese a que el Iryo permanecía detenido en la vía tras una falla previa del sistema de seguridad. El accidente ha obligado a suspender la circulación entre Madrid y Andalucía.

Los expertos entrevistados a esta hora coinciden en pedir prudencia, pero también en que “teóricamente, es un accidente imposible”. Uno de los que lo ha dicho es Óscar Carballo, del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en TVE, quien tras expresar sus condolencias a los afectados, ha explicado: “La línea tiene un sistema de seguridad y comunicación muy bueno que vigila la velocidad y el frenado de los trenes si rebasan una señal en rojo, si hacen algo raro”.

“Entre dos trenes tiene que haber dos cantones”

“Es un sistema totalmente automático -ha continuado Carballo-. No da órdenes al maquinista sino que toma las riedas y frena automáticamente el tren si va a hacer alcance al siguiente. La vía está dividida en trozos, en cantones, y entre un tren y otro tiene que haber dos cantones libres. Si un tren se pasara y se acercara demasiado, frenaría automáticamente”, ha enfatizado el técnico, para quien, por todo lo anterior, “es imposible que haya un alcance en una línea de alta velocidad”.

En los mismos términos se ha expresado Francisco Cárdenas, responsable de UGT-Renfe Catalunya, este en la Cadena SER: “Es un accidente que teóricamente es imposible. Los sistemas de frenada son de kilómetros para las velocidades a las que llegamos en la alta velocidad y nunca deberíamos llegar a chocar con el otro tren. Incluso con una distracción, el tren te para automáticamente”.

Martín Perea, ingeniero de Caminos especializado en transportes, ha subrayado en declaraciones a la agencia Europa Press que el servicio ferroviario en España cuenta con varios sistemas de seguridad “en general redundantes”. “Que un tren de alta velocidad alcance a otro era algo totalmente impensable hasta este momento”, ha coincidido con Carballo y con Cárdenas.

El sistema LZB

Perea ha explicado que en la línea Madrid-Sevilla existía desde su inauguración el sistema LZB, redundante con el ASFA. El sistema ASFA, “el más sencillo”, consiste en un mecanismo de aviso conectado a señalizaciones concretas. Así, cuando hay un semáforo, una señal o un cambio de aguja, “avisa al tren y puede tomar el control del frenado, por ejemplo”.

En el AVE tradicional, por ejemplo, en la línea Madrid-Sevilla, este sistema estaba asociado al sistema alemán LZB, que consiste en un cable que envía señales electromagnéticas a los trenes para evitar alcances o permitir su detención ante un aviso en un punto de la línea. “Es un sistema complejo, en el que se calcula o se fija de manera previa cuál puede ser la distancia máxima entre dos trenes para que el frenado (no derive) en un alcance”, ha incidido.

El experto ha explicado que el último sistema que se ha implantado en las líneas AVE -aunque en la Madrid-Sevilla su implementación estaba “más retrasada”- es el ERTMS, “el más avanzado”. Este depende de una serie de balizas que transmiten información cuando el tren pasa por encima de ellas. Estas balizas no están expuestas a posibles cortes de suministro eléctrico.

“A lo mejor lo sabe el ministro”

Además de estos, existen otros sistemas. Por ejemplo, el dispositivo de hombre muerto, que obliga a los maquinistas a pulsar un pedal cada cierto tiempo. Si no lo pulsan, se asume que han podido sufrir algún percance, por lo que el tren se pararía. Esa parada sería detectada y su posición, transmitida a otros trenes por el ERTMS y el LZB.

Para el ingeniero de Caminos, “no ha funcionado nada, esa es la hipótesis, y no se puede decir otra cosa”. “No sé en qué estado se encuentran los sistemas de señalización, aviso y detección en este momento de la red. ¿Lo sabe alguien? No lo sé, a lo mejor lo sabe el ministro. Esto es un disparate. Esto es un auténtico disparate. Es un despropósito y se está pagando con muertos”, ha lamentado.

(Con información de Europa Press)

Sánchez ha dicho que “no es asumible” para un país como España tener dos accidentes ferroviarios —el de este miércoles y el del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba)— y se ha comprometido a reforzar la seguridad para recuperar la confianza en el sistema ferroviario. Según ha explicado, todo apunta a que las causas de ambos accidentes no guardan relación entre sí, aunque ha matizado que esa determinación no le corresponde a él, sino a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, a justicia y a las investigaciones internas que adelantan Renfe y Adif.

“Si debemos reforzar aún más la seguridad para volver a construir la confianza en nuestro sistema de alta velocidad, se hará, porque lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, ha indicado junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

El jefe del Ejecutivo asegura que “toda España está de luto” y ha adelantado que se van a declarar tres días de luto oficial a partir de este mismo jueves.

Agradecimiento a la coordinación interinstitucional

De igual manera, Sánchez ha trasladado todo su apoyo a los familiares de los fallecidos, detrás de los cuales, ha dicho, “hay mucho dolor”, deseando también una pronta recuperación a los heridos que permanecen hospitalizados. También ha destacado la profesionalidad de los equipos de emergencias que están actualmente trabajando en el lugar del accidente desde primeras horas.

Además, ha puesto en valor la coordinación entre el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y los ayuntamientos de la zona, a quienes ha agradecido su respuesta inmediata ante la emergencia. El presidente ha extendido su reconocimiento a otras comunidades autónomas y diputaciones provinciales que, según ha indicado, se volcaron para colaborar en la atención de la tragedia.

¿Qué ha ocurrido?

Este miércoles, un AVE y un Iryo han colisionado poco antes de las nueve de la mañana en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, entre las localidades toledanas de Yébenes y Urda. El impacto ha provocado el descarrilamiento de cuatro vagones, que han caído por un terraplén. El balance actual asciende a decenas de víctimas mortales y varios heridos, mientras las causas del choque todavía permanecen bajo investigación. La circulación en toda la línea de alta velocidad que conecta la capital con Andalucía está suspendida.

Urda ha habilitado un pabellón municipal para atender a los afectados. Renfe e Iryo, por su parte, han activado líneas telefónicas de asistencia a familiares, 900 10 10 20 y 900 001 403, respectivamente, a las que se suma el teléfono del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, 900 122 112.

“Ante dramas como este, España reacciona como una nación unida en lo bueno y en lo malo”, ha afirmado Feijóo, para después matizar que los españoles “merecen respuestas”. “Es imprescindible una investigación gubernamental y judicial, con todos los medios y sin interferencias. Una nación herida debe obtener la confianza de que este país puede volver a funcionar”, ha señalado en una comparecencia sin preguntas.

El líder del PP ha evitado entrar en señalamientos directos, como sí ha hecho el líder de Vox, pero sí ha cuestionado el estado de las infraestructuras ferroviarias. “España tiene derecho a saber qué está pasando, en qué estados se encuentran las vías y el sistema de seguridad, qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron. Los españoles tienen derecho a una revisión de toda la red ferroviaria y a saber en qué se gastó el dinero”, ha sostenido.

El jefe de la oposición ha cancelado sus actos de precampaña previstos para hoy, si bien ha adelantado que estará presente en el minuto de silencio frente a los ayuntamientos convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias. “Con dolor, solidaridad y exigencia. Deseo que los heridos evolucionen favorablemente y que las víctimas descansen en paz”, ha sentenciado.

Sánchez asegura que “se va a llegar hasta el final” para saber las causas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que se va “a llegar hasta el final” para saber las causas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro) que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y añadió: “Si ha habido negligencias, se sabrá”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que el choque se produjo por una instrucción “errónea” de un operario del centro de control de Adif en Atocha. Relató que cerca de las 8:30 se produjo un fallo de comunicación entre los ordenadores que provocó la caída del sistema de control LZB, encargado de supervisar la circulación en la red de alta velocidad. La incidencia afectó a 63 kilómetros de vía y obligó a detener seis trenes como medida de seguridad.

Puente añadió que, tras la caída del sistema, el centro de control asumió la gestión de la circulación. Pese a la existencia de una señalización roja en el sistema, condiciones que, de acuerdo con el protocolo, impiden que reanudara la marcha, el centro de control autorizó al convoy a continuar. El ministro afirmó que el AVE llegó a recorrer 25 kilómetros hasta el momento de la colisión, mientras el tren de Iryo seguía detenido.

La exministra de Trabajo y Economía Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, permanece en paradero desconocido tras el trágico accidente ferroviario en Toledo. La patronal CEOE adelantó en un mensaje en redes sociales que la exministra viajaba en el convoy de Iryo que fue arrollado por un tren AVE.

Báez se desplazaba a Sevilla para participar en la celebración anual del Día de la Empresa, organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que preside Javier González de Lara. Fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Desde ese cargo impulsó la polémica reforma laboral de 2012, que abarató el despido, rebajando la indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33.

Preguntado por esta cuestión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a decir que “todavía no tiene noticias confirmadas” sobre el estado de la exministra popular. La CEOE también ha sostenido en un mensaje en X que permanecía a la espera de conocer información contrastada, ante las informaciones de varios medios de comunicación que han apuntado a su muerte.

Óscar Puente relata la cronología de los hechos

Según la versión oficial de los hechos, confirmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la colisión se ha producido alrededor de las 8:53 de la mañana, entre un tren AVE, con matrícula 2080, y un Iryo, con matrícula 6076, en medio de las localidades de Urda y Los Yébenes. Alrededor de las 8:30 horas se produjo una caída del sistema de control LZB, que se encarga de la vigilancia de la red de alta velocidad, por un fallo de comunicación de los ordenadores. El apagón afectó a un tramo de 63 kilómetros, que derivó en la detención de seis trenes por seguridad.

En ese momento, la instrucción la asume el centro de control de ADIF en Atocha. Puente ha detallado que, en ese momento, aparecía la instrucción “meta 0” y una señal roja que impide el paso, por lo que, según el protocolo, “el convoy no debía avanzar”. Pese a esas condiciones, un operario del centro de control informó al tren AVE que continuara su recorrido de manera “normal”, una circunstancia que el ministro ha calificado de inexplicable y una decisión errónea.

Puente ha indicado que entre las 8:36 y el momento del impacto, el tren recorrió 25 kilómetros con el sistema caído mientras el tren de Iryo permanecía todavía detenido, alcanzando una velocidad teórica que pudo rondar los 200 kilómetros por hora antes de chocar contra él. “Hubo tiempo para constatar el error y no lo resuelven”, ha añadido. El balance de víctimas asciende a 68, más un volumen de heridos que supera las 50 personas, según las autoridades.

En torno a las 8:30 horas de la mañana se ha producido un fallo en el sistema LZB, el dispositivo que controla automáticamente la distancia entre trenes y los frena en caso de peligro. En ese momento, seis trenes de la línea Madrid-Sevilla que estaban en un tramo de 63 kilómetros se quedan sin funcionar. “Se paran todos los trenes del tramo —cuenta Puente— y a partir de ahí, con los trenes detenidos y sin el sistema LZB entra a tomar el mando el centro de control, desde Atocha”, apunta.

Puente no ha señalado directamente a responsables, pero sí confirma el error humano y que se toma desde el centro de control de Atocha. “Era un tren que tenía que detenerse, no podía reanudar la marcha con normalidad”, asevera, respecto al AVE Renfe (AVE 2080), que llevaba a bordo 397 pasajeros.

En el momento en el que se ha producido el fallo en el sistema LZB, el centro de control se pone en contacto con los trenes detenidos y “a las 8:36 se toma la decisión de que el tren que impacta con el Iryo reanude la marcha con normalidad”, señala. “¿Es esto correcto?“, pregunta. Y él mismo responde que el tren tenía que detenerse y que ”no podía reanudar la marcha con normalidad”.

“Se tomó la decisión de reanudar con luz roja”

“A pesar de eso, se autoriza al AVE siniestrado que reanude la marcha entre las 8:36 y 8:56 el tren recorre un lapso de 25 kilómetros con el Iryo detenido, alcanzando una velocidad que desconocemos, pero que puede ser de 200 kilómetros, y acaba impactando con el Iryo, con el resultado que ustedes conocen”, afirma el responsable de Transportes. Así, señala al operario que toma la decisión. “Se tomó la decisión de reanudar con luz roja”, sentencia. Y ha agregado: “En el centro de control tuvieron tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron”.

“En el centro de control tuvieron tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron”

En estos casos, cuando falla el sistema LZB, el mando de control se convierte en responsable y la marcha, según la normativa, tiene que disminuir y aplicarse lo que se conoce en el lenguaje ferroviario como “marcha a la vista”, que implica que la velocidad no puede superar los 40 kilómetros por hora para poder reaccionar si algo ocurre. El propio Puente ha contado que el centro de control dio varias órdenes “equivocadas” y que fue uno de los maquinistas de los trenes parados quien avisó al control de que no podía reanudar la marcha normal.

Sobre la persona que ha dado el visto bueno a la reanudación de la marcha del AVE, Puente ha asegurado que está identificada y sometida a lo que la investigación determine. “No hemos hablado con él, entiendan la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que esto puede tener”, ha añadido. En estos momentos, le está interrogando la Guardia Civil.

Al ser preguntado por su posible dimisión, Puente ha dicho estar “absolutamente devastado” por el accidente que ha dejado y ha asegurado que de momento no se plantea dimitir porque su objetivo es “esclarecer” todo lo ocurrido y “tratar de resolverlo”. “Estoy tratando de esclarecer esto y nada más. No estoy pensando en mí”, ha zanjado.

Un antiguo sargento de la Gendarmería Real marroquí que entró a nado en Ceuta el pasado 30 de julio ha señalado ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a las autoridades de su país por su papel en la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. El testigo, que ya había declarado ante la Policía Nacional, ha ratificado su relato y ha identificado a responsables marroquíes a los que sitúa en las inmediaciones de la frontera durante los acontecimientos.

La comparecencia se ha celebrado este miércoles en una nueva ronda de interrogatorios sobre la entrada masiva, en la que también han declarado otros dos ciudadanos marroquíes que cruzaron a Ceuta aquel día y dos policías españoles. Según fuentes jurídicas, los reconocimientos fotográficos realizados por los testigos han permitido señalar a distintas autoridades administrativas y mandos policiales marroquíes cuya presencia en la zona trata de esclarecer la investigación.

El antiguo gendarme, identificado como Hicham E. B., ha reconocido, entre otros, a quien ha señalado como el ‘bacha’ de Castillejos, al que aseguró haber visto en una rotonda próxima al hotel Senator, cerca de la frontera, alrededor de las diez de la mañana. Según su declaración, el responsable administrativo hablaba por teléfono, conversaba con agentes y realizaba indicaciones con las manos. El testigo también ha identificado a un responsable policial.

Los reconocimientos se apoyan en las fotografías incorporadas a las diligencias policiales, en las que aparecen personas a las que los investigadores sitúan durante el avance de los migrantes hacia la frontera. La identificación de estos cargos constituye uno de los elementos de la investigación, aunque no acredita por sí sola que participaran en la organización del cruce ni permite atribuirles órdenes o actuaciones concretas.

Un interrogatorio marcado por la tensión

Los tres ciudadanos marroquíes han comparecido ante Tardón antes de los dos policías españoles que han cerrado la jornada. Los dos primeros se han ratificado en los testimonios que prestaron ante la Policía Nacional, mientras que la declaración del último de los migrantes ha transcurrido con mayores dificultades.

Según ha podido saber Infobae tras consultar fuentes jurídicas, la jueza ha interrumpido en varias ocasiones el interrogatorio de este tercer testigo, en el que se han planteado dudas sobre la credibilidad de su relato y sobre los motivos por los que decidió entrar en España. El declarante ha centrado parte de su intervención en material fotográfico relacionado con las personas que se encontraban en la zona durante la llegada masiva, pero la comparecencia ha terminado sin que el interrogatorio pudiera desarrollarse con normalidad.

Los dos agentes españoles han declarado a continuación. Sus testimonios se incorporan a las diligencias sobre la actuación policial durante el cruce y la respuesta de los cuerpos de seguridad españoles ante la llegada de miles de personas a la frontera.

El jefe fronterizo contactó con su homólogo marroquí antes de la entrada masiva

Las declaraciones de los dos policías españoles han aportado nuevos detalles sobre las comunicaciones entre ambos lados de la frontera y las decisiones adoptadas durante la llegada masiva. El responsable policial de la frontera de Ceuta ha explicado ante María Tardón que mantuvo contacto con Mustafa, jefe de la Policía fronteriza marroquí, quien le trasladó que la situación era de normalidad.

Según fuentes jurídicas, el mando español también ha relatado que consultó a sus superiores la posibilidad de cerrar la frontera ante lo que estaba ocurriendo, aunque la Delegación del Gobierno no llegó a plantear esa medida. En su relato, las autoridades marroquíes estaban colaborando y la situación que le había trasladado su homólogo no apuntaba a una alteración de la normalidad. Al mando español también le llamó la atención la ausencia de migrantes subsaharianos entre quienes llegaban a la frontera.

La jornada se ha completado con la declaración de un segundo policía, un sargento, cuyo testimonio se suma al del responsable fronterizo.

Un informe de la empresa alicantina Golden Owl sostiene que la red identificada como Blocus combina la captación en redes sociales con grupos privados de mensajería para preparar saqueos, ocultar sus planes y extender sus convocatorias a distintas ciudades españolas. El estudio sitúa los primeros mensajes vinculados con esta marca en Madrid, antes de los disturbios del 24 de octubre en Barcelona, y describe después un cambio de lenguaje en Telegram tras la exposición pública de los chats.

La investigación, elaborada a partir de más de 10.000 elementos localizados en siete plataformas, reconstruye una estructura que, según sus autores, se apoya en TikTok e Instagram para atraer participantes, y en canales de Telegram y WhatsApp para trasladar las conversaciones a entornos con menor visibilidad. El informe no identifica a las personas que están detrás de los perfiles, pero afirma haber documentado una red de cuentas que se crean, se renombran o se reutilizan durante unos días para difundir convocatorias vinculadas a una ciudad y una fecha.

Según Golden Owl, la actividad de la marca comenzó en Madrid el 8 de octubre, cuando una cuenta de TikTok convocó a los jóvenes a reunirse los días 10 y 11 en Sol. La movilización no tuvo el resultado esperado pero quedó como antecedente de la activación posterior en Barcelona.

De los carteles a los grupos privados

El informe describe una secuencia repetida en varias cuentas: carteles y vídeos difundidos en abierto, códigos QR o llamados a escribir por mensaje directo y, después, el acceso a grupos privados. En esos espacios, según la investigación, se concretaban horarios, vestimenta, puntos de encuentro y mensajes dirigidos a los participantes.

Golden Owl sostiene que las publicaciones abiertas mezclaban referencias a la educación pública, la precariedad o un “futuro mejor” con imágenes de incendios, locales saqueados y enfrentamientos con la policía. La firma identifica carteles con formatos similares para Barcelona y Madrid, con cambios en la ciudad, la fecha o la consigna, y los atribuye a una misma infraestructura gráfica.

Esa identidad visual incluía carteles con diseños compartidos, referencias recurrentes a una corona e imágenes generadas mediante inteligencia artificial. La investigación sostiene que esos materiales adaptaban las fechas, las localidades y las reivindicaciones a cada convocatoria, mientras mantenían elementos comunes.

El informe también señala que parte de la difusión quedó en manos de cuentas con un público mayor que el de los perfiles organizadores. Algunos vídeos relacionados con los disturbios alcanzaron cientos de miles de reproducciones. Para Golden Owl, la red no funciona como una organización tradicional con dirigentes o portavoces reconocibles, sino como una marca sostenida por perfiles de corta duración, materiales gráficos y grupos cerrados.

Del saqueo al lenguaje en clave

Uno de los principales hallazgos del estudio se refiere al canal de Telegram asociado a Blocus-BCN. Golden Owl afirma que el grupo pasó de unos 690 miembros a 1.376 en alrededor de 20 horas, entre la tarde del 25 de octubre y el mediodía del 26. Durante ese período, el historial anterior dejó de estar visible y los mensajes más directos fueron reemplazados por expresiones aparentemente ajenas a una movilización.

Antes de esa eliminación, el canal contenía conversaciones sobre concentraciones, comercios de alto valor, posibles vías de reventa de artículos sustraídos, incendios de contenedores y agresiones contra agentes, según el informe. La investigación reproduce mensajes que planteaban la comunicación de ubicaciones con poca antelación, desplazamientos rápidos entre distintos puntos y la dispersión del grupo después de cada acción.

Tras la purga del canal, el administrador habría fijado un mensaje que hablaba de reunirse para “tomar un matcha” y recibir ubicaciones de parques para “hacer yoga”. Para Golden Owl, esas referencias constituían un lenguaje en clave que reemplazaba el plan expuesto antes en el grupo. El estudio asegura que el chat comenzó a mostrar como primer mensaje visible el número 11.579, por lo que calcula que unos 11.500 mensajes y eventos dejaron de estar disponibles.

La actualización publicada el 26 de octubre también recoge que el administrador anunció la creación de un grupo “filtrado”, después de advertir que la policía ya estaba dentro del canal principal. En esa misma actualización, Golden Owl registró menciones a establecimientos concretos de Barcelona y Terrassa, además de conversaciones sobre herramientas para romper escaparates, armas y medidas para protegerse de los gases lacrimógenos.

Madrid, Barcelona y una red con presencia en 18 localidades

El informe sitúa una primera fase de actividad en Madrid a comienzos de octubre. Después, según Golden Owl, el 19 de octubre se activaron, reciclaron o renombraron varias cuentas vinculadas con la marca en Barcelona para impulsar la convocatoria del día 24 en plaza de Cataluña.

La noche de los disturbios en la capital catalana, varias cuentas comenzaron a publicar carteles para Madrid. Los anuncios no coincidían por completo en los horarios y los lugares, aunque apuntaban a concentraciones en Sol y plaza de España durante Halloween. Golden Owl incorpora además una ruta difundida en uno de los carteles por el centro de la capital y mensajes que derivaban a los interesados a conversaciones privadas.

El análisis atribuye a la red indicios de actividad en 18 localidades de 11 comunidades autónomas. Entre las ciudades con convocatorias fechadas, el documento menciona Barcelona, Madrid, Bilbao, Terrassa, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Santander y Pamplona. También identifica cuentas o grupos asociados a Asturias, Badalona, Elche, Alicante, Algeciras y Murcia.

Golden Owl sitúa los riesgos más inmediatos en Barcelona y Madrid para el 31 de octubre. El informe menciona además una convocatoria en Terrassa para el 2 de noviembre y una campaña nacional para el 30 de noviembre en 12 ciudades. El documento asigna distintos niveles de confianza a sus referencias territoriales según el material disponible en cada caso.

Vínculos europeos y mensajes de represalia

La investigación también señala referencias a protestas o movilizaciones en Francia, Italia, Albania y Bélgica, además de publicaciones vinculadas con una convocatoria prevista para el 31 de octubre en ciudades de Alemania. Golden Owl considera que la coincidencia de fechas, diseños y mensajes justifica mantener la observación sobre esos vínculos.

El informe, sin embargo, señala que esos elementos no prueban la existencia de operadores comunes, una coordinación con organizaciones extranjeras ni una dirección desde fuera de España. La empresa tampoco identifica a las personas que controlan las cuentas españolas ni establece la existencia de patrocinadores.

La investigación incluye un apartado sobre cuentas de X que, después de los disturbios de Barcelona, difundieron mensajes contra migrantes y llamados a ejercer violencia contra participantes en los altercados. Golden Owl diferencia esas publicaciones de la red Blocus y afirma que no encontró elementos que acrediten una coordinación operativa entre ambas.

El estudio señala que algunas de esas cuentas figuraban en los registros de transparencia de X como localizadas en Francia, Ecuador o Uruguay. Para la empresa, la coincidencia entre nuevas convocatorias y la circulación de mensajes de represalia añade un riesgo de enfrentamientos en torno a las fechas anunciadas.

La propia compañía Telegram informa que es una plataforma que apoya el derecho a la libertad de expresión y protesta pacíficas; sin embargo, los llamados a la violencia y los daños a la propiedad están explícitamente prohibidos y se eliminan cuando se descubren.

El accidente de tren registrado este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo ha dejado 30 muertos, confirmados hasta el momento por fuentes oficiales. El choque se produjo cuando un tren AVE de Renfe colisionó por alcance contra un convoy de la compañía italiana Iryo, ambos en servicio entre Madrid y Sevilla por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

La colisión se ubica entre Los Yébenes y Urda

El punto exacto del accidente se sitúa entre los municipios de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, con mayor cercanía al entorno de la estación de esta última localidad. El impacto se registró en el punto kilométrico 118 de la vía, un dato confirmado tanto por Renfe como por Iryo en sus comunicados oficiales. El AVE habría alcanzado por detrás al tren de la compañía italiana, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén adyacente a la infraestructura.

Las empresas ferroviarias confirmaron el trayecto afectado

Iryo precisó en un comunicado que el servicio siniestrado era el número 6076, que cubría el trayecto Madrid-Sevilla. “Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118”, informó la compañía, que aseguró haber activado “todos los protocolos de emergencia” en coordinación con las autoridades competentes. Por su parte, Renfe comunicó la interrupción de la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía como consecuencia del siniestro.

La investigación apunta por ahora a un posible error del sistema

La circulación ferroviaria permanece cortada en ambos sentidos mientras los servicios de emergencia continúan con las tareas de rescate y atención a los pasajeros afectados. Las causas exactas del accidente están pendientes de determinación, aunque las primeras informaciones disponibles apuntan a la posibilidad de un error de sistema como factor desencadenante. Efectivos de la Guardia Civil, entre los primeros en llegar al lugar del siniestro, describieron un escenario de gran destrucción en la zona del impacto. El operativo de emergencia continúa desplegado sobre el terreno mientras avanza la identificación de las víctimas y la investigación oficial de lo ocurrido.

Luis Sáenz de Tejada ha admitido este miércoles que pudo utilizar la expresión “eliminar” al referirse a la jueza Beatriz Biedma en una conversación con Cintia Rocho, aunque sostiene que hablaba de “apartarla de un procedimiento judicial” y no de causarle daño. El exmagistrado, que ha comparecido como investigado ante el juez Santiago Pedraz en la causa sobre las presuntas maniobras contra la magistrada que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha ofrecido esa explicación a los periodistas a su salida de los juzgados, al tiempo que ha negado rotundamente todas las acusaciones.

“Ni me acuerdo si está dicho o no, pero en su caso sería en el chat”, ha afirmado cuando le han preguntado por las referencias a eliminar a Biedma. Sáenz de Tejada ha insistido en que la expresión estaría relacionada con su propia causa judicial, en la que, según su relato, su letrada consiguió apartar a la magistrada por enemistad manifiesta y por otras actuaciones que le atribuye.

“Yo dije eliminar en el proceso judicial”, ha insistido. Posteriormente, ha explicado que se refería a que la jueza fue “eliminada, expulsada, apartada de una causa judicial” y ha sostenido que ese precedente habría dado lugar a represalias contra él. El exmagistrado ha asegurado que la expresión está “totalmente fuera de contexto”.

La Guardia Civil incorporó a sus pesquisas el testimonio de Cintia Rocho, quien atribuyó a Sáenz de Tejada comentarios sobre la necesidad de “eliminar” a Biedma y otras expresiones que interpretó como una posible amenaza física contra la magistrada. El investigado rechaza esa versión y niega haber mantenido contacto con ella.

Reconoce que entregó documentación a Leire Díez

El exmagistrado también ha reconocido que remitió documentación sobre sus denuncias a Leire Díez, aunque ha negado haberse coordinado con la exmilitante socialista para presentar escritos o actuar contra Biedma. Según ha explicado, lleva desde 2013 denunciando presuntas irregularidades judiciales en Badajoz y ha acudido durante estos años a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo General del Poder Judicial.

“Yo le mandé y si ella lo puede mover, como si se lo doy yo a usted, se lo puede hacer llegar al rey”, ha explicado. Sáenz de Tejada sostiene que compartía sus denuncias con periodistas, políticos y otras personas para darles difusión y que los contactos con Díez respondían a esa práctica. También ha negado que ella le indicase acudir a la Fiscalía General.

Preguntado por el origen de su relación con la exmilitante socialista, ha señalado al empresario Joaquín Parra, a quien atribuye la creación del grupo de WhatsApp en el que participaban, entre otros, Díez y Javier Pérez Dolset. “Fue el señor Parra”, ha respondido al ser preguntado por el chat, antes de matizar que era quien tenía interés en conseguir su ayuda.

Sáenz de Tejada ha asegurado que Parra acudía a él para pedirle colaboración por cuestiones relacionadas con el Club Deportivo Badajoz y que fue quien le presentó primero a Dolset y, posteriormente, a Díez. Sobre el empresario, condenado en la causa de los hidrocarburos, ha afirmado que no puede asumir responsabilidad por las actuaciones que este pudiera desarrollar al margen de esos contactos.

El investigado ha rechazado haber recibido un encargo de Díez para actuar contra Biedma, tanto directamente como a través de terceras personas. “Lo niego rotundamente”, ha reiterado.

Niega el seguimiento a la magistrada

Sáenz de Tejada también ha vuelto a negar el supuesto seguimiento en coche denunciado por la jueza, quien manifestó que un vehículo blanco se puso en paralelo al suyo cuando regresaba del aeropuerto de Badajoz el pasado 8 de octubre. El exmagistrado sostiene que se encontraba a unos 450 kilómetros, acompañado de familiares, y asegura que cuenta con tres testigos y pruebas de geolocalización y grabaciones para acreditar su versión.

Biedma ha denunciado una campaña de desprestigio y ha trasladado a Pedraz su preocupación por su seguridad y la de sus hijas. El exmagistrado, por su parte, ha calificado la causa de “montaje” y ha sostenido que la investigación busca desacreditar a quienes denuncian presuntos casos de corrupción en Badajoz y vincularlos al PSOE en plena campaña electoral. También ha anunciado nuevas acciones legales contra quienes, a su juicio, han difundido acusaciones falsas.

Sáenz de Tejada ha enmarcado su enfrentamiento con Biedma en las denuncias que mantiene desde hace más de una década contra actuaciones judiciales en Extremadura. Entre ellas, ha mencionado una condena contra una magistrada de Badajoz que, según sostiene, demostraría sus denuncias de prevaricación judicial. Esas afirmaciones forman parte de su versión y no acreditan por sí mismas las acusaciones que dirige contra la jueza.

España vive un segundo accidente mortal en la red de alta velocidad en menos de un año, después del trágico episodio en Adamuz que se saldó con decenas de víctimas el pasado enero. De nuevo, el trágico episodio ha tenido lugar en la línea de Madrid-Andalucía, aunque esta vez a la altura de Toledo, donde se ha producido una colisión entre un tren Ave y un Iryo que ha derivado en el descarrilamiento de uno de los trenes.

Las primeras reacciones, con la información llegando a cuentagotas, han llegado a través de las redes. Candidatos, líderes regionales e instituciones han decidido aparcar la trifulca política para trasladar su solidaridad con las víctimas y familiares. Todos menos Vox, que ha sido el único partido que ha decidido entrar al choque contra el Gobierno al considerar que ya se utilizó el “luto” por el Adamuz para “acallar” sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras. La formación de Santiago Abascal ha decidido seguir adelante con los dos mítines que tenían previstos, en Valladolid y en Santander, para “denunciar la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”.

“Lo que algunos deberían suspender no es la campaña electoral, sino sus bailes y sus chistes sobre la Renfe”, ha censurado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su intervención en Santander, entre gritos de “Pedro Sánchez, hijo de puta” por parte de un sector del público.

Desde Vox apuntan directamente a la falta de mantenimiento de las vías, pese a que la investigación que está llevando a cabo el Ministerio de Transportes maneja como primera hipótesis un posible error humano tras fallar el sistema automático de señalización. “Hemos denunciado durante mucho tiempo con frases muy duras que en España se estaba gastando en porquerías el dinero del mantenimiento de las vías, y ahora nos encontramos con otro accidente sin saber qué ha pasado en el anterior”, denunció a primera hora de la mañana el líder de Vox, Santiago Abascal, en una intervención para el programa Espejo Público de Antena 3.

El portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox, Rodrigo Alonso, que acudía esta mañana de miércoles a la manifestación de agricultores de Madrid, también ha arremetido contra el Ejecutivo, acusándole de “destinar el dinero para prevenir accidentes a mordidas del Partido Socialista”.

El Gobierno y los candidatos al 29N suspenden sus actos

El presidente del Gobierno ha cancelado su intervención en una cumbre sobre obesidad y ha asegurado sentirse consternado por el trágico episodio en Toledo. “Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, ha afirmado el presidente. El resto de miembros del Gobierno también han cancelado sus actos, a la espera de conocer más información sobre el accidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puentes, que se enteró minutos antes de realizar una intervención en un foro internacional, ha asegurado que permanece en el puesto de control de Adif desde las 9:40 de la mañana “tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido”. Se espera que comparezca a lo largo de la mañana para aportar más detalles sobre el accidente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha escrito en redes para informar de la movilización de recursos por parte del ministerio, en coordinación con todas las instituciones competentes. “Estoy trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar”.

En cuanto al resto de líderes políticos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la cabeza de lista de los partidos del Frente Amplio, Ada Colau, han cancelado sus actos porque lo prioritario, han dicho, es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. “Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno”, han escrito en sendos mensajes en X. “Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencias y estemos atentas a la información oficial”, ha pedido la líder de Podemos, Irene Montero.

La UE expresa su solidaridad: “Hoy Europa llora con vosotros”

La cascada de reacciones también se extiende a las autoridades comunitarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado en las redes sociales la solidaridad de la UE con las víctimas del trágico accidente. “Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas”, ha indicado la dirigente germana en redes sociales. “Hoy Europa llora con vosotros”, ha concluido.

“Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor”, ha apuntado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo en otra declaración compartida en redes sociales. Costa ha dicho recibir “con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo”, al tiempo que ha querido poner en valor el trabajo de los servicios de emergencias, a los que ha agradecido su asistencia a las víctimas.

Un alcance entre dos trenes en Toledo ha provocado un nuevo desastre ferroviario que a mediodía de este miércoles ha dejado al menos 30 muertos. Pasadas las 9 de la mañana, conocíamos el accidente producido entre Mora y Orgaz y Urda, cerca de Los Yébenes que, según anunciaba Adif, provocaba la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Varios vagones de uno de los trenes, un Iryo, cayó a un terraplén, lo que ha provocado las numerosas víctimas. Más de 500 pasajeros viajaban entre los dos trenes. Según el presidente regional, García-Page, los fallecidos hasta ahora contados serían 24 del AVE y seis del Iryo.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó en TVE que el AVE de Renfe transportaba a 147 personas, entre ellas un bebé, mientras que el tren de Iryo llevaba a 397 pasajeros. Se ha habilitado el teléfono 900 101 020 para atender a todos los afectados. El portal Train Tracker 24 refleja que el AVE 02080 permanece parado a la altura de estas localidades toledanas. Salió a las 08:00 de Atocha, Madrid, y se dirigía a Sevilla, cuando a la 08:54 se ha producido el accidente. El tren tenía que llegar a la estación de Santa Justa a las 10:39 de la mañana, en una línea habitual como es la que conecta las comunidades de Madrid y Andalucía.

Las causas del accidente aún se desconocen. Entre las hipótesis figuran un posible fallo humano, ya sea del maquinista o del responsable de regular el tráfico ferroviario, y un fallo temporal del sistema de señalización automática que controla la distancia entre trenes y activa el frenado de emergencia. Según fuentes citadas por la Cadena SER, el maquinista habría recibido autorización para continuar la marcha pese a una señal en rojo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó a las 9:15 el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), en fase de emergencia y situación operativa 1. El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 movilizó a los grupos de intervención y al Puesto de Mando Avanzado, desde donde se coordina la respuesta y se toman las decisiones operativas. Después, hemos conocido que la UME se ha desplegado a través del cuartel de Torrejón, mientras que distintos efectivos de la Guardia Civil se han unido al rescate. Emiliano García-Page, canceló su agenda y se trasladó a la localidad, mientras sigue los hechos “con atención y preocupación”. Se han movilizado varios hospitales, entre los que se encuentra el 12 de Octubre, al que el Instituto Armado trasladan a los heridos.

Tragedia en medio de la campaña electoral

Pedro Sánchez ha expresado su consternación por el grave accidente y asegura que mantiene contacto permanente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. “Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas”, ha señalado.

Tanto Sánchez como el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, han cancelado sus agendas para centrarse en el accidente. “Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno”, ha señalado el candidato popular en X. Santiago Abascal ha sido el único dirigente que mantuvo los actos de precampaña. Vox sostiene que continuará con sus críticas al PSOE, al que acusa de ser el responsable del desastre de Adamuz que dejó 46 muertos. “VOX seguirá denunciando la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”, afirma el partido.

El portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, calificó de “muy raro” el accidente. En declaraciones a Antena 3, explicó que el tramo no cuenta con parada comercial, que la circulación se controla en tiempo real y que los trenes reciben información actualizada sobre el estado de la vía. Tras conocer lo ocurrido, el ministro Óscar Puente abandonó el acto de inauguración del World Infrastructure Forum en Madrid y se trasladó al centro de control H24 para recabar información sobre el accidente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista publicada este miércoles en el podcast Keep It Cutre que su mujer, Begoña Gómez, presentó una denuncia contra el PP por suplantación de imagen a raíz de un vídeo elaborado con inteligencia artificial que la formación difundió hace unos días y en plena precampaña para el 29N.

“Mi mujer hoy ha presentado una denuncia por suplantación de imagen, porque al final lo que está haciendo el PP es utilizar las mismas técnicas que los acosadores contra los menores, y un partido que aspira a gobernar lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores”.

El vídeo del PP imita a otro publicado previamente por el PSOE, en el que Sánchez reivindicaba su orgullo por ser “zurdo” con motivo de la visita a Madrid del presidente argentino, Javier Milei. En la versión de los populares, generada con IA, aparece Begoña Gómez asegurando que es “zurda” porque consiguió una cátedra gracias a que su marido es “presidente del Gobierno”.

La frase completa, recogida en el vídeo, dice así: “Si tener una cátedra gracias a que mi marido es presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda”. Junto a ella figuran otras recreaciones con la imagen y la voz del exministro José Luis Ábalos, que afirma ser de izquierdas porque consume prostitución y cobra “comisiones ilegales”, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se declara “zurdo” porque “esconde joyas”. El PP ha respondido a la noticia de la denuncia en su contra con una publicación de X cargada de ironía.

El PSOE también estudia acciones legales

Sánchez aprovechó la entrevista para contestar también a la carta que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, había enviado pidiendo que la inteligencia artificial no se empleara con “usos vejatorios” durante la campaña. El presidente aseguró que desde el PSOE no recurren a esta tecnología en la contienda del 29N y cargó contra el PP por el contenido difundido, extendiendo el reproche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de haber “validado” estas prácticas.

Cuando Aimar Bretos quiso, en entrevista en Cadena Ser, sacar un comentario a Feijóo respecto de los vídeos publicados por su partido —“Lo de la IA ya lo llevan otros, ¿no?“, respondía el periodista a que Feijóo se declarase “analógico”—, el líder de los populares solo dijo que sí, y que “el que lleva esto en el PP es bueno”.

El PSOE también está estudiando acciones legales. Preguntada por esta cuestión, la portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, respondía que “el Partido Socialista lo que tiene que hacer es lo que considere oportuno” en una entrevista en Antena 3 en la que dijo que el PSOE quiere “judicializar la política, como dicen ellos, cuando lo han criticado en tantas ocasiones”.

Muñoz defendió el uso de la IA, cada vez más frecuente en las redes sociales del partido. “Ahora están sorprendidos porque hemos llegado a un punto en el que jugamos con las mismas armas y decimos lo que consideramos oportuno”, ha afirmado Muñoz. No consta que ningún otro partido haya utilizado la IA para generar avatares de sus adversarios políticos realizando declaraciones comprometedoras y confesando presuntos delitos.

Un juez rechazó un día antes una querella similar

Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz inadmitió a trámite una querella parecida presentada por la exmilitante socialista Leire Díez, actualmente investigada por sus presuntas maniobras en la sombra contra jueces, fiscales e investigadores.

Díez atribuía al PP delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y de suplantación de identidad digital por la publicación de ese mismo vídeo, en el que su imagen pronuncia la frase: “Si haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, sí soy zurda”. El auto del magistrado fue tajante: “Procede inadmitir a trámite la querella interpuesta por cuanto los delitos que se atribuyen al querellado no figuran entre los supuestos tasados atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional”.

Es decir, el juez no entra a valorar si los hechos denunciados son ciertos, sino que rechaza directamente la querella porque la Audiencia Nacional no tiene competencia para juzgar esos delitos. Al tratarse de un tribunal con atribuciones limitadas por ley a una lista cerrada de materias (como terrorismo o crímenes contra la Corona), y no figurar entre ellas las calumnias, los atentados contra la integridad moral o la suplantación de identidad digital, la causa debería dirimirse ante los juzgados ordinarios correspondientes.

La denuncia de Begoña Gómez se centra en que el vídeo, además de recrear su imagen y su voz mediante inteligencia artificial, traslada falsamente que asume los cargos que le atribuye el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga su actividad al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. El PP no ha retirado el vídeo de sus perfiles en redes sociales.

Iustitia Europa ha vuelto a acudir al Tribunal Supremo para intentar ampliar el alcance de la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la denominada ‘ley de nietos’ de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que extienda las restricciones a quienes, después de adquirir la nacionalidad española y figurar inscritos como residentes en el extranjero, trasladaron su domicilio a España y pasaron a formar parte del censo electoral nacional. Al mismo tiempo, reclama suspender temporalmente los efectos electorales de la totalidad de los electores que obtuvieron la nacionalidad por el Anexo III de la Ley de Memoria Democrática y que figuren tanto en el censo de residentes en España como en el del exterior.

El escrito, presentado este miércoles por la vía de las medidas cautelarísimas inaudita parte —que permiten al tribunal resolver inicialmente sin escuchar a las demás partes cuando aprecia una especial urgencia—, plantea dos actuaciones distintas. Por un lado, pide localizar a los electores procedentes del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que ahora están inscritos en el Censo Electoral de Residentes en España (CER) y suspender sus efectos electorales hasta completar la comprobación individual de sus expedientes. Por otro, solicita que esa suspensión se aplique a todos los nacionalizados por el Anexo III que figuren en cualquiera de los dos censos, mientras la Administración determina su procedencia familiar y la vía por la que sus progenitores obtuvieron la nacionalidad.

El vacío que quiere cubrir la formación

El CER es el Censo Electoral de Residentes en España, en el que figuran los electores españoles que tienen su residencia habitual en territorio nacional. Es el censo en el que se inscribe, con carácter general, quien reside en España y desde el que se ejerce el derecho al voto en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas, conforme a las reglas específicas de cada convocatoria.

El CERA, por su parte, es el Censo Electoral de Residentes Ausentes, que reúne a los españoles que viven habitualmente en el extranjero y están inscritos como residentes en los registros consulares. Ambos forman parte del censo electoral, que es único para los procesos electorales, aunque la adscripción de los electores y las modalidades para ejercer el sufragio varían en función de su residencia.

La distinción resulta determinante para entender el nuevo movimiento judicial. Las medidas cautelares acordadas por el Supremo el 10 de septiembre y mantenidas el 12 de octubre se centraron en las inscripciones y los efectos electorales vinculados al CERA. Sin embargo, según sostiene Iustitia Europa, una persona comprendida en el colectivo afectado puede dejar de figurar en ese censo si regresa a España, causa baja como residente en el extranjero y se incorpora al CER.

Iustitia Europa considera que ese tránsito puede generar una vía para que electores afectados por las resoluciones anteriores vuelvan a desplegar efectos electorales sin haber completado las comprobaciones exigidas por el Alto Tribunal. Por ello, reclama que se reconstruyan sus movimientos censales y que se suspenda provisionalmente el sufragio de quienes estén individualmente comprendidos en el colectivo afectado.

Una identificación cruzada entre el censo, el padrón y los registros consulares

Para localizar a esos electores, la formación pide al Supremo que requiera de inmediato a la Oficina del Censo Electoral (OCE) y al Instituto Nacional de Estadística (INE), con la colaboración de Exteriores y de los órganos registrales y consulares, una identificación nominal e individualizada. La operación debería determinar cuándo se produjo el alta inicial en el CERA, la fecha y la causa de la baja, el momento de la inscripción padronal y de la incorporación al CER, así como la circunscripción electoral correspondiente y el estado de comprobación del expediente de nacionalidad.

El escrito sostiene que esa reconstrucción es técnicamente posible porque la Oficina del Censo Electoral conserva un histórico de los movimientos e intercambios de información que permite recuperar la situación de un elector en fechas determinadas. Los consulados remiten periódicamente las altas, bajas y modificaciones de sus registros y la OCE incorpora esos movimientos a la base de datos electoral.

No obstante, la documentación administrativa citada por la formación refleja las dificultades que está encontrando la Administración para completar las comprobaciones ordenadas por el Supremo. De un primer envío de 2.392 registros, 1.571 correspondían al supuesto concreto afectado por las medidas cautelares. De estos, 1.278 fueron localizados en el censo vigente, mientras que otros 293 no pudieron ser encontrados.

Además, un fichero acumulativo de 17.914 registros remitido el 20 de octubre contenía errores que, según el informe de la OCE reproducido en el escrito, impedían garantizar su fiabilidad. En paralelo, la Oficina obtuvo información de DICIREG sobre 76.600 personas que habían adquirido la nacionalidad por el supuesto examinado, de las cuales 38.188 fueron localizadas en el censo electoral vigente para los comicios del 29-N.

El documento recoge asimismo que, a 21 de octubre, Exteriores había trasladado a la OCE 31.390 expedientes, aproximadamente el 19,2% del colectivo de 163.020 personas cuya comprobación había sido ordenada, y que se habían expedido 91 certificaciones. En ese momento, 58 oficinas consulares habían finalizado el examen de los expedientes, otras 29 habían remitido datos parciales y las restantes continuaban con la revisión.

Son cifras correspondientes a los informes incorporados a la pieza cautelar y a las fechas que estos reflejan, no un balance actualizado a este miércoles. Iustitia Europa las utiliza para argumentar que la revisión del colectivo exige una nueva operación de contraste, esta vez para identificar también a quienes han pasado del CERA al CER.

La fragata F-112 ‘Roger de Lauria’ completó este martes su salida de los astilleros de Navantia en Ferrol, donde se convirtió en la segunda unidad de la clase F-110 que toma contacto con el mar. El buque continuará ahora su construcción junto al muelle antes de afrontar los ensayos previos a su entrega a la Armada, prevista para 2029. La operación se produjo con cuatro meses de adelanto respecto al programa pactado con el Ministerio de Defensa. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, destacó que las futuras fragatas deberán reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas ante los desafíos vinculados a la seguridad marítima. El almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, definió el programa como un proyecto nacional para responder a un escenario geoestratégico más exigente.

A partir de ahora, el barco recibirá los sistemas de combate, sensores, equipos de comunicación y el resto de los elementos necesarios para iniciar las pruebas de puerto y, después, las de navegación. Con 145 metros de eslora y 18 metros de manga, la nueva unidad forma parte del plan para construir cinco fragatas F-110. La serie comenzó con la F-111 ‘Bonifaz’, que fue botada en septiembre de 2025 y se encuentra todavía en fase de montaje. Cuatro de los cinco buques encargados ya están en proceso de ejecución en Ferrol.

Descendiente del almirante que da nombre al buque

La escritora Almudena de Arteaga fue la madrina de la fragata y protagonizó uno de los momentos centrales de la ceremonia. La elección no fue casual: la autora es descendiente directa de Roger de Lauria, el almirante de la Corona de Aragón cuyo nombre recupera el nuevo buque. Tras la bendición del capellán castrense Vicente Hernández Chumillas, la F-112 descendió por la grada al son del himno de España, interpretado por la Unidad de Música del Tercio Norte. Antes de cortar la cinta que dio paso a la maniobra, Arteaga deseó a la fragata una navegación segura y pidió que sus futuras misiones contribuyan a la paz y la seguridad.

“Que la mar te sea propicia, que tus misiones fortalezcan la paz y la seguridad de todos”, expresó la madrina. También se dirigió a los futuros integrantes de la dotación, para quienes reclamó prudencia, fortaleza y acierto en el servicio. Roger de Lauria, nacido en 1245 y fallecido en 1305, fue una de las figuras navales de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón. Sus campañas pasaron por lugares como Malta, Nápoles y las islas Formigues, en el marco de la disputa por Sicilia y el sur de Italia.

Capacidades de la serie F-110 de la Armada

La F-112 pertenece a un programa de cinco fragatas que incluirá también las unidades ‘Menéndez de Avilés’, ‘Luis de Córdova’ y ‘Barceló’. Las entregas se extenderán hasta 2032, según la planificación del programa. Las F-110 están diseñadas como plataformas de escolta con capacidades antisubmarinas, antiaéreas y antisuperficie. Su perfil prioriza la localización y seguimiento de submarinos, una tarea para la que dispondrán de sensores acústicos y sistemas que reducen el ruido emitido por el propio barco.

Estos buques convivirán con las fragatas F-100 de la clase ‘Álvaro de Bazán’. Las F-100 cuentan con el sistema AEGIS y están especializadas en defensa aérea, mientras que las F-110 ampliarán las opciones de la Flota en la lucha antisubmarina y la protección de fuerzas desplegadas. El programa incorpora además el Gemelo Digital, una réplica virtual destinada a facilitar el mantenimiento, el adiestramiento de las dotaciones y la gestión de los sistemas durante la vida útil del barco. La serie también prevé el uso de impresoras 3D para fabricar determinados repuestos a bordo.

Navantia emplea el desarrollo de las F-110 como base para digitalizar parte de su actividad en Ferrol. La transformación incluye una nueva fábrica de bloques y procesos industriales conectados con las necesidades de construcción y sostenimiento de los buques. La ‘Roger de Lauria’ permanecerá en el muelle del astillero durante los próximos trabajos de integración. Tras las pruebas de mar y la certificación de sus equipos, pasará a formar parte de una Armada que busca reforzar su presencia en operaciones nacionales.

También han asumido un riesgo. Los pactos son aquello que se niega en campaña y se produce después si los votos no han alcanzado. En unas generales tan excepcionales como estas se ha invertido el orden y pasadas las urnas, ya habrá tiempo de romper la tregua y marcar territorio. Pero se da la particularidad de que el Senado, además de una proporcionalidad muy distinta a la del Congreso -que sin duda buscan optimizar-, da mayor poder al votante, al punto que puede expresar si aprueba o reprueba esta operación de bloques. Conviene recordar que al contrario que el sobre blanco, el sepia no necesariamente debe contener un menú cerrado al gusto de Génova o Ferraz y sus aliados instrumentales.

Así reparte escaños el Senado

El Senado reparte sus escaños por un mecanismo que premia sobremanera al partido más votado en cada circunscripción, una característica que explica los movimientos de PSOE-Frente Amplio y PP-Vox. Si en la Cámara Baja ordena el sistema proporcional D’Hondt, la Alta funciona con listas abiertas y un reparto mayoritario que, en la práctica, suele dejar tres de los cuatro senadores de cada provincia peninsular para la fuerza ganadora y uno solo para la segunda, con independencia de la distancia de votos entre ambas. Así, izquierda y derecha han hecho un cálculo simple: presentándose unidos, concentran los apoyos y aspiran a maximizar el número de representantes.

El mecanismo de votación es lo que marca la diferencia con el Congreso. En lugar de elegir una lista cerrada de partido, cada votante puede marcar hasta tres nombres en la papeleta de su provincia, que pueden pertenecer a formaciones distintas. Los cuatro candidatos con más votos individuales obtienen el escaño, sin que medie ningún cálculo de proporcionalidad entre partidos. Este diseño, vigente desde la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, buscó diferenciar al Senado del Congreso dándole un carácter de representación territorial y personal, y no partidista. La consecuencia práctica es que la segunda fuerza en una provincia rara vez logra más de un senador.

Fue la izquierda -Senado de Progreso- la que actuó primero, y la derecha la que ha reaccionado. En palabras de Alberto Núñez Feijóo, “una respuesta esperada ante una coalición de desesperados para controlar la cámara”. Pero estos segundos han tenido menos margen, ya que el plazo para registrar coaliciones se había cerrado, por lo que jugaron con las cartas que restaban y optaron por un pacto de retirada selectiva de candidaturas. El acuerdo afecta a 23 de las 60 circunscripciones del país, con el objetivo de alcanzar los ansiados tres quintos de la Cámara Alta, mayoría reforzada que permite un margen de maniobra casi absoluto.

Por qué el voto puede deshacer los pactos

Pero el votante tiene la última palabra. La razón es sencilla: como se ha mencionado, en el Senado no se vota a un partido, se vota a personas, una por una. En cada provincia hay cuatro puestos en juego y la papeleta muestra los nombres de todos los candidatos agrupados visualmente por partido, pero cada casilla es independiente. El votante puede marcar hasta tres nombres, y esas tres cruces pueden ir a cualquier candidato, sin importar de qué partido sea. El votante puede elegir candidato por candidato, con la posibilidad de meter en su selección a nombres de distintos partidos, y esto es lo que puede romper los pactos cerrados.

Cuando el PSOE y Frente Amplio arman una lista conjunta, o cuando el PP retira a sus candidatos para dejarle paso a uno de Vox, lo que hacen es ordenar nombres en una papeleta. Pero esa papeleta llega igual a manos del votante, que no está obligado a respetar ese orden ni esa alianza. Un simpatizante de izquierda puede votar al PSOE pero descartar a un candidato concreto de Frente Amplio y marcar en su lugar a otro nombre, aunque sea de otro partido. El acuerdo cerrado por los dirigentes se deshace en el momento en que esa persona marca su papeleta.

En el Congreso esto no ocurre porque el voto va a una lista cerrada: el elector elige un partido y entran los candidatos en el orden que ese partido decidió, sin posibilidad de alterarlo. Ahí un pacto entre partidos se traduce de forma automática en escaños. En el Senado, en cambio, el pacto depende de que millones de personas, cada una por su cuenta, voten exactamente como el partido les pide. Si una parte relevante del electorado mezcla nombres o no agota sus tres votos, el resultado final puede ser distinto al que buscaban los partidos al pactar.

En el caso del acuerdo entre PP y Vox, esto exige además una coordinación entre electorados distintos: en las 14 provincias donde Vox solo presenta un candidato, sus votantes deberán repartir sus otros dos votos entre los aspirantes del PP para que la estrategia conjunta funcione, un nivel de disciplina electoral que ninguno de los dos bloques ha puesto a prueba hasta ahora en una convocatoria general.

Julián Ramírez de Arellano, bilbaíno de 68 años pero vecino actualmente de un pueblo de Cádiz, asegura que ostenta un curioso récord: mientras que algunos medios especializados le presentan como el primer cazador español en abatir a los ‘siete grandes’ animales de África con un arco tradicional, él señala que seguramente sea el primero en el mundo en conseguir esta marca: cazar un león, un elefante, un búfalo, un rinoceronte, un hipopótamo, un leopardo y un cocodrilo. “No conozco a nadie más que lo haya hecho”, afirma con orgullo. Julián, “fotógrafo de la BBC”, como se define, es decir, “de bodas, bautizos y comuniones”, ha cumplido esta especie de sueño tras abatir a un leopardo en Mozambique.

Aunque la caza siempre es un asunto polémico (con sus defensores y detractores), Julián explica a Infobae que todos los animales que ha cazado han sido trofeos en reservas autorizadas y con los permisos en regla. “Además, todo lo he hecho con la colaboración de los poblados y las tribus de las zonas seleccionadas, dejando la carne para que la utilizara la gente que vivía allí. La carne del elefante se distribuyó entre poblados, el cocodrilo también lo comieron allí. El hipópotamo se despiezó y se repartió. Solo me he traído a España la piel para disecar del león y el leopardo”, relata. Un objetivo, el de cazar a los ‘siete grandes’, que comenzó hace 18 años.

Todo comenzó cuando participó hace muchos años en una competición en Madrid organizada por un grupo que se llamaba ‘Flecha Negra’, cuando la caza con arco tradicional no estaba muy asentada en España. Quedó primero y ganó un safarí para ir a África. “Allí me enteré que algunos cazadores perseguían lo de abatir los ‘cinco grandes’ y yo me propuse ampliarlo a los ‘siete’ e incluir el hipopótamo y el cocodrilo, algo que no había hecho nadie. Me encabezoné hace 18 años y ya lo he conseguido”. Julián Ramírez es el primer cazador arquero cualificado por la Federación Española de Caza, un arma, el arco tradicional, con el que ha ganado dos campeonatos del mundo.

Julián, que no es cazador por tradición familiar, descubrió hace muchos años el arco tradicional cuando lo descubrió en unos grandes almacenes. El arco tradicional es, sencillamente, un arco simple. No lleva elementos de puntería, es un arco curvo desmontable. “Es intuitivo. Apunto a ojo. Sin estabilizadores. Hecho generalmente con maderas tropicales y fibra. Un arco ligero, no llega al kilo de peso”, señala. Las flechas son de carbono camufladas en madera, con pluma natural, que es realmente lo que estabiliza la flecha. “Las puntas de caza dependen del animal. Son todas de cuchillas, El peso de la flecha es importante. Si tiras una flecha muy ligera llega antes, pero no tiene peso para profundizar en el animal”.

El más difícil, el leopardo

Julián rememora que los primeros ejemplares que cazó fueron el búfalo y el cocodrilo. El primero lo abatió con el tiro más lejano, unos 33 metros, y el segundo, con el tiro más cercano, a 13 metros. Para ello ha tenido que realizar muchos viajes a países africanos. “El cocodrilo lo cazé en Sudáfrica; el elefante y el leopardo en Zimbabue, y por ejemplo, el hipopótamo y el leopardo en Mozambique, los dos últimos”. El bilbaíno asegura que este felino, el leopardo, ha sido el más complicado. “Lo intenté tres veces, pero es un animal muy esquivo”. Sitúa al cocodrilo como la presa más asequible, si se puede usar ese término cuando se trata de estos ejemplares tan peligrosos. “Disparas detrás del brazo donde la piel es más fina. Lo localicé en una loma en un pantano y estábamos a la misma altura”.

La verdad es que el negocio, el de la fotografía, le ha debido ir muy bien porque han sido muchas expediciones a África. “No te creas, es más caro cazar en España. He tenido la suerte de que en este proyecto (como lo llama, el de cazar los ‘siete grandes’) me han acompañado distintos patrocinadores que me han apoyado. El primer safarí solo me costó 3.000 euros por abatir siete especies con todo incluido. Una semana de expedición”. ¿Tu vida ha corrido peligro?, se le pregunta. “Todos son difíciles. Son animales críticos. El hipópotamo estaba en el agua. Fueron horas y horas de espera. Es un animal muy territorial”.

“El elefante fue chungo. Nos metimos en una manada de hembras con crías y cuando me di cuenta... salimos pitando por patas y uno de los machos nos atacó en dos ocasiones. El búfalo también hizo una carga. Al no llevar elementos de puntería, es complicado tirar desde mucha distancia. Son animales muy críticos, y no puedes fallar para herir al animal, que entonces se vuelve muy peligroso. El elefante fue abatido a 29 metros. El resto, a menos de 25 metros”, señala orgulloso. Julián tiene dos hijos y asegura que no han heredado la tradición.

Y es que la caza es, tras el fútbol y el baloncesto, el tercer deporte en España con mayor número de licencias federativas, según el último ‘Estudio del impacto económico, social y ambiental de la actividad cinegética en España’ realizado en 2025 por la consultora Deloitte para Fundación Artemisan. Estamos hablando de 330.423 deportistas federados en el territorio nacional. Si hablamos solo de licencias de caza, la cifra supera las 800.000.

La Asamblea Nacional francesa ha elaborado un informe sobre la expansión de las amenazas híbridas que resumen aquellas acciones que buscan debilitar a un país sin llegar a una guerra abierta. El documento, resultado de 10 audiencias celebradas entre mayo y junio de 2026 por la Comisión de Defensa, alerta de que Francia vive en un “estado de alerta permanente” ante ciberataques, sabotajes, campañas de desinformación, espionaje y presión económica. En los últimos días, algunos expertos, e incluso el propio Macron, han apuntado a supuestos movimientos híbridos de “potencias extranjeras” por los disturbios desarrollados en las últimas semanas en París o Marsella, aunque todavía no esté confirmado.

El presidente de la comisión, Jean-Michel Jacques, resume el diagnóstico con una frase contundente: “No estamos en guerra, pero ya no estamos realmente en paz”. Según el informe, la confrontación ya no se limita al campo de batalla ni a las fronteras. Puede producirse a través de un cable submarino, una red informática, una empresa estratégica, una infraestructura energética o una campaña viral en redes sociales. El texto sitúa a Rusia como uno de los principales actores de esta estrategia, especialmente desde la invasión de Ucrania. También señala riesgos vinculados a China, por sus intentos de captación tecnológica y presión económica, y a Irán, acusado de recurrir a intermediarios de la criminalidad organizada para actuar contra objetivos israelíes o judíos en territorio francés.

Ciberataques, drones o desinformación

El informe recoge datos que reflejan la intensidad de la presión en el ámbito digital. La Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información, la Anssi, contabilizó más de 8.600 violaciones de datos en 2026, un 45% más que el año anterior. Francia sufriría una media de 10 ciberataques diarios contra infraestructuras críticas. Los ataques no afectan únicamente a ministerios o instalaciones militares. Hospitales, ayuntamientos, empresas, operadores de telecomunicaciones y pequeños proveedores industriales se encuentran también entre los objetivos. El informe destaca que las filtraciones de datos han crecido con fuerza y que los delincuentes utilizan la amenaza de publicar información robada para obtener dinero o generar desconfianza.

La amenaza también tiene una dimensión física. La comisión cita sobrevuelos de drones sobre instalaciones militares o industriales sensibles, actos de sabotaje y operaciones de reconocimiento. Estos hechos pueden servir para probar defensas, identificar fallos o medir el tiempo de reacción de las autoridades. En el plano informativo, los diputados alertan de campañas que no siempre pretenden convencer a la población de una versión concreta, sino confundirla.

La investigadora Christine Dugoin-Clément explicó ante la comisión que la evolución va “del falso a la duda” y de la duda a la pérdida total de confianza en cualquier información. Las herramientas de inteligencia artificial agravan este problema. Permiten fabricar imágenes, vídeos o audios falsos cada vez más creíbles, además de generar miles de mensajes automatizados para dar una falsa impresión de consenso en redes sociales. El organismo Viginum, creado en 2021 para detectar injerencias digitales extranjeras, ha identificado operaciones atribuidas a redes prorrusas dirigidas contra intereses franceses y procesos electorales.

Coordinación nacional para evitar daños a largo plazo

Francia sostiene que ha reforzado sus capacidades desde 2017. El país creó el Mando de Ciberdefensa, el Comcyber, y posteriormente un mando específico del Ministerio del Interior para perseguir la ciberdelincuencia, además de Viginum. La respuesta, sin embargo, no puede ser únicamente militar o tecnológica. El informe plantea una movilización más amplia que incluya a ministerios, fuerzas de seguridad, jueces o ciudadanos. Así, la Comisión de Defensa también reclama mejorar la preparación ciudadana, por lo que ha difundido la guía Tous responsables (“Todos responsables”), con recomendaciones para afrontar crisis graves.

La defensa nacional, según el texto, empieza “en la robustez de las redes, la seguridad de las instalaciones y la vigilancia de los territorios”. Los territorios de ultramar ocupan un lugar especial en este análisis. Su dependencia de suministros externos, cables submarinos y conexiones marítimas los convierte en espacios especialmente vulnerables. Francia teme que puedan ser objeto de campañas de influencia, presiones económicas o maniobras destinadas a cuestionar su soberanía. El mensaje final del informe es claro: la guerra híbrida exige resistencia en el tiempo. Francia no se prepara solo para responder a un ataque puntual, sino para evitar que la acumulación de incidentes, filtraciones, campañas de odio o sabotajes termine debilitando las capacidades del país.

Félix Bolaños y José Manuel Albares afrontan las últimas horas del plazo que les ha dado el Tribunal Supremo para identificar a los 163.020 nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ cuyo derecho al voto está suspendido cautelarmente de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Alto Tribunal ha exigido a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Asuntos Exteriores que entreguen antes de las 15.00 horas de este miércoles la relación nominal de los afectados, una información que la Administración todavía no había facilitado cuando el tribunal lanzó su ultimátum, pese a conocer el número exacto de electores sobre los que recae la medida.

El último balance incorporado a la causa, con datos del 21 de octubre, reflejaba las dificultades para completar la identificación. Hasta esa fecha se habían revisado 31.390 expedientes, el 19,3% de los 163.020 electores afectados, y los consulados habían expedido únicamente 91 certificados que acreditaban la condición de descendientes de exiliados. La cifra de expedientes examinados dejaba otros 131.630 pendientes de revisión, aunque ese cálculo no permite determinar cuántos ciudadanos están ya identificados ni cuántos podrían recuperar el derecho a votar.

La diferencia entre los registros disponibles y la relación que reclama la Justicia se ha convertido en el principal obstáculo para ejecutar la resolución. El Gobierno asegura que ha remitido a la Oficina del Censo Electoral los nombres de unos 76.000 expedientes digitalizados, pero ese conjunto incluye nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que no necesariamente figuran entre los electores afectados. En él hay menores de edad y personas cuya inscripción en el censo no estaba completada el pasado 1 de agosto, fecha de referencia para las elecciones del 29-N.

Una lista que no sale de los registros informáticos

La dificultad para identificar a los afectados reside en que la Administración no dispone de una base de datos que permita cruzar automáticamente todas las inscripciones y determinar quién obtuvo la nacionalidad por cada una de las vías contempladas en la normativa. La información disponible tampoco permite distinguir de forma inmediata entre quienes adquirieron la nacionalidad por los supuestos previstos en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y quienes lo hicieron al amparo de la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia el 25 de octubre de 2022.

Esta última amplió los supuestos para acceder a la nacionalidad y estableció una presunción de exilio para determinados emigrantes españoles. El Supremo considera que esa interpretación excedió lo previsto legalmente, lo que dio origen a la controversia sobre la participación electoral de los nacionalizados por esta vía.

Según explicó el ministro de Justicia, su departamento entregó el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral los nombres de unos 76.000 expedientes digitalizados, correspondientes a los procedimientos incorporados a este sistema desde mediados de 2024. Sin embargo, la mayoría de los expedientes de los afectados no estarían disponibles en ese formato. Para reconstruir la información, los consulados deben localizar los asientos registrales y comprobar individualmente las anotaciones que permitan conocer la vía por la que se concedió la nacionalidad.

La Abogacía del Estado ya había advertido al Supremo de las dificultades materiales de la operación. La Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares había calculado que revisar cada expediente podía llevar una media de 20 minutos. Con ese ritmo, el cumplimiento de los requerimientos anteriores ya se consideraba prácticamente inviable para algunas de las oficinas con mayor volumen de inscripciones, incluso antes del adelanto electoral.

Dieciséis consulados concentran más del 80% de los casos

El grueso del trabajo se concentra, además, en un reducido número de oficinas. Según los datos trasladados al procedimiento, 16 consulados acumulan alrededor de 142.000 inscripciones, más del 80% de los casos afectados por la suspensión. Entre las sedes que afrontan mayores dificultades figuran las de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Mendoza.

La distribución territorial y las condiciones de trabajo explican parte de los problemas. Exteriores ha señalado circunstancias estructurales, como el volumen de solicitudes, y otras coyunturales, entre ellas los cortes de electricidad, la falta de combustible o los efectos de desastres naturales, que dificultan las comprobaciones.

El balance consular cerrado el 21 de octubre recogía que 58 oficinas habían completado el examen de los expedientes y cumplimentado los ficheros correspondientes, mientras otras 29 habían remitido información parcial. Las 85 restantes todavía no habían incorporado sus datos a esos ficheros, aunque el departamento sostenía que estaban trabajando en la revisión.

Refuerzo de personal y trabajo durante el fin de semana

Tras el ultimátum judicial, Exteriores ha tratado de acelerar la revisión. El departamento autorizó las solicitudes de refuerzo planteadas por los consulados, puso a disposición de estas oficinas al personal de las embajadas y ordenó priorizar la tarea, incluso durante el fin de semana. También suspendió permisos y vacaciones para concentrar recursos en la identificación de los afectados.

El ministro José Manuel Albares reconoció las dificultades de completar el proceso en el margen concedido, pero defendió que el Servicio Exterior estaba volcado en el cumplimiento de las resoluciones. El Ejecutivo sostiene que la revisión exige comprobaciones manuales que no pueden sustituirse por una extracción informática de los datos.

El Supremo amenaza con multas y posibles responsabilidades penales

El Alto Tribunal ha elevado la presión sobre el Ejecutivo al dirigir su requerimiento directamente a Bolaños y Albares. Hasta ahora, las peticiones de información se habían canalizado a través de la Junta Electoral Central y la Abogacía del Estado. En los autos notificados el 23 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo reprochó a la Administración que conozca el número de afectados, pero no haya facilitado sus identidades.

Por ello, el Supremo ha apercibido a los ministros de que, si no entregan la documentación antes de las 15.00 horas de este miércoles, podrá imponerles multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables hasta la completa ejecución del fallo. También contempla deducir testimonio de particulares para que se examinen eventuales responsabilidades penales, además de otras responsabilidades patrimoniales.

El voto exterior, pendiente de la depuración del censo

El requerimiento a los ministros se produce, además, cuando ya ha comenzado el calendario para el voto de los residentes en el extranjero. El Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que la documentación electoral incluya una advertencia sobre el carácter provisional de la inscripción de los afectados por la Ley de Memoria Democrática.

La Sala también ha establecido que, una vez recibida la relación nominal, se excluya del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los afectados que no dispongan del certificado consular exigido, y ha fijado instrucciones para la custodia y el recuento de los votos que puedan recibirse de electores que finalmente no figuren en la relación válida.

El problema es que la identificación no solo condiciona la elaboración de las listas, sino también la organización del voto y la seguridad del escrutinio. En un proceso electoral adelantado, con los plazos ya en marcha, la depuración del censo se ha convertido en una carrera contrarreloj que enfrenta al Supremo con las limitaciones administrativas que el Gobierno lleva semanas alegando.

Quedan 33 días para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este lunes cerró el plazo para que los diferentes partidos presentasen sus candidaturas. Este miércoles se harán públicas en el Boletín Oficial del Estado, si bien la lista definitiva de las listas no llegará hasta el 3 de noviembre. Todas las encuestas menos el CIS auguran una victoria holgada de PP-Vox, con el primero perdiendo votos a favor del segundo.

Continúa a plena marcha la precampaña, con un clima social excepcionalmente tensionado entre protestas y una serie de disturbios sin reivindicación política en Barcelona y Bilbao de los cuales Vox responsabiliza al “islamoizquierdismo” (ACOM se refería a ello como “intifada”) y el PP a la “extrema izquierda”; mientras distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con Blocus, la plataforma anónima que difundió la convocatoria en otras redes sociales y cuyo origen todavía investigan los Mossos d’Esquadra.

Este martes, Alberto Núñez Feijóo es entrevistado por Rafa Latorre en Más de uno de Onda Cero a las 09:00; y a las 12:00 del mediodía presentará la candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre, acompañado de Díaz Ayuso y de Álvarez de Toledo. Santiago Abascal celebra un acto de precampaña en Zamora a las 19:00. También este martes se aprueba la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la DANA Adam en la comarca de La Safor en el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Interor asegura que no recibió alertas que anticipasen la “magnitud” de la entrada masiva en Ceuta

El Ministerio del Interior no recibió ninguna “alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa” que “anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud” de lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, según se desprende de un informe al que ha tenido acceso EFE.

Con este informe, Interior ha dado respuesta a la petición de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular de inmigrantes en la ciudad autónoma, y en el que se pone de manifiesto que la información recibida por el Ministerio “antes de los días 30 y 31 de julio exponía circunstancias que eran conocidas -previa o paralelamente-”.

Además, Interior expone que, en el marco de las reuniones internas para abordar el fenómeno migratorio que se celebran puntualmente, “no se detectaron situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en el territorio de Ceuta”.

Adriana Lastra acusa a Vox de querellarse contra ella sin tener en cuenta la fecha de su cese

La cabeza de lista por Asturias al Congreso de los Diputados y vicesecretaria general de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE, Adriana Lastra ha salido al paso este martes del anuncio de Vox de presentar una querella contra ella por los incidentes registrados durante el acto de Santiago Abascal en Avilés el pasado 21 de octubre.

La exdelegada del Gobierno ha exigido a la formación que “rectifique inmediatamente” la afirmación de que ejercía las funciones de delegada del Gobierno durante aquel acto, porque su cese había sido acordado por el Consejo de Ministros el 20 de octubre y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 21.

“Vox ha decidido acusarme públicamente sin molestarse siquiera en comprobar un dato tan elemental como la fecha de mi cese. No estamos hablando de una interpretación política, sino de un hecho que puede comprobar cualquiera consultando el Boletín Oficial del Estado”, ha dicho la socialista. Lastra considera “especialmente grave” que la formación utilice los incidentes para atribuirle responsabilidades sin explicar qué decisiones concretas le imputa.

(Europa Press)

Vox se querella contra Adriana Lastra por “falta de protección” en un mitin en Avilés

Vox ha presentado una querella contra la exdelegada del Gobierno en Asturias y exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, por “falta de protección” en el mitin que el líder de la formación, Santiago Abascal, dio el pasado miércoles, día 21, en Avilés.

El escrito presentado por Vox ante el Tribunal de Instancia de Avilés se dirige también contra la actual delegada del Gobierno, Cecilia Pérez, contra los promotores de la contramanifestación vinculada a Asturies Antifascista, el Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, y contra los autores materiales de los desórdenes públicos que tuvieron lugar.

Esta formación mantiene que la Delegación del Gobierno permitió que siguiera adelante una contramanifestación convocada a escasos metros y media hora antes del acto de Abascal, sin modificar su ubicación ni su horario, pese a conocer los “graves disturbios” ocurridos esa misma mañana en A Coruña durante otro acto de partido.

(Efe)

/espana/2026/10/27/policias-y-guardias-civiles-se-encierran-en-la-secretaria-de-estado-de-seguridad-por-la-jubilacion-el-gobierno-pone-fin-a-la-negociacion-por-las-elecciones-del-29-n/

Rafael Lemus (PSOE), de número uno al Senado por Badajoz a quedarse fuera de la lista

El ex secretario provincial del PSOE de Badajoz entre 2012 y 2025, Rafael Lemus, ha pasado en apenas dos semanas de ser propuesto para encabezar la lista de su partido al Senado para las elecciones generales del 29N, a ser relegado al número tres y, finalmente, a quedarse fuera de ella tras el acuerdo de los socialistas con el Frente Amplio.

El Comité Provincial del PSOE aprobó el pasado 14 de octubre en Badajoz las candidaturas al Congreso y al Senado por esta provincia, con Lemus como número uno para la Cámara Alta. Sin embargo, la propuesta pacense fue corregida por el Comité Federal de Listas del PSOE, que le relegó del puesto uno al tres en lugar del entonces todavía delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que pasó a encabezar la candidatura, ratificada el 17 de noviembre por el Comité Federal del PSOE. Tras el acuerdo de los socialistas con Frente Amplio para ir juntos en la mayoría de circunscripciones en una coalición denominada Senado de Progreso, Lemus se ha quedado ahora fuera.

El exsenador socialista (2015-2026) ha criticado este martes a la dirección regional de su partido por no comunicarle su exclusión de la lista. “Joaquín Macías -IU- me ha llamado para comunicarme que me sustituirá en la lista al Senado. Un gesto que le honra y que no ha tenido la dirección regional de mi partido para anunciarme mi salida”, ha señalado Lemus en sus redes sociales.

(Efe)

Vox expulsa a los concejales del Ayuntamiento de Valencia Badenas y Herrero, que pasan a no adscritos

Vox ha comunicado a los concejales del Ayuntamiento de València Juanma Badenas y Cecilia Herrero su expulsión de la formación, según han confirmado fuentes del partido a Europa Press. De esta decisión se dará cuenta en el pleno municipal del próximo viernes, en el que la secretaria general dará cuenta de la condición de los dos ediles como no adscritos, según figura en el orden del día de la sesión.

El propio Badenas ha publicado un vídeo en redes sociales en el que asevera que deja de ser militante de Vox “por decisión del partido”. “Finalmente ha sucedido”, ha expuesto en una publicación en la que repasa su trayectoria. Fuentes de la formación han detallado a Europa Press que la expulsión es el resultado del expediente que le abrió el Comité de Garantías y que ha adoptado esta decisión.

Fuentes del equipo de gobierno local han señalado que el gobierno municipal “mantiene su compromiso con los valencianos y garantiza la continuidad y la estabilidad de la acción de gobierno” y como prueba afirman que el presupuesto del consistorio de 2027 se someterá a aprobación en el mismo pleno del 30 de octubre en el que se tomará conocimiento del pase de los dos ediles de Vox a concejales no adscritos.

Elma Saiz exige “responsabilidad” a los responsables políticos ante los actos violentos

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado “con total rotundidad” los actos violentos registrados en Cataluña y País Vasco al tiempo que ha exigido “responsabilidad” a los responsables políticos, a los que ha pedido “estar a la altura”. En declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Efe, antes de participar en el II Congreso Nacional de Red de Líderes que se celebra en Pamplona, Saiz ha manifestado que al Gobierno le “preocupa la violencia” y la condena “sin ningún tipo de matiz y sin ningún tipo de apellidos”.

“Los responsables políticos tenemos que ser responsables, estar a la altura, combatirla y dejar también que trabajen las fuerzas y cuerpos por el Estado y, por supuesto, en este caso por Cataluña y por Euskadi, los mossos y ertzainas, para que hagan una investigación y se actúe con total contundencia”, ha aseverado al tiempo que ha exigido “responsabilidad a todos los responsables políticos en sus declaraciones”.

Frente Amplio define sus referentes en Madrid, Barcelona y provincias andaluzas para el Senado

Las listas de Frente Amplio al Senado han estado marcadas por la renuncia a tres circunscripciones de Lleida, Girona y Tarragona, tras un acuerdo con el PSC en esta comunidad, y con la definición de algunos referentes de la candidatura en las listas conjuntas con los socialistas en la mayoría de circunscripciones.

Este martes saltaba la sorpresa cuando los Comuns anunciaban que retiraban a sus candidatos en todas las circunscripciones, salvo en Barcelona, y favorecían a la lista del PSC en el resto de las circunscripciones, que se comprometen por su lado a apoyar en el Parlamento catalán a un senador de designación autonómica que plantee la formación de Ada Colau, la candidata a la Moncloa por Frente Amplio.

Por otro lado, han trascendido ya varios nombres de candidatos a la Cámara Alta como es el caso de la edil de L’Hospitalet de Llobregat Laura Alzamora como candidata de Frente Amplio por Barcelona. También en la capital, la referente de Frente Amplio en la candidatura conjunta con el PSOE en la capital, bajo la marca ‘Senado de progreso’ será la parlamentaria autonómica de Más Madrid, María Acín.

PSOE, Frente Amplio y otras formaciones de izquierda llegaron a un acuerdo de coalición para presentar listas conjuntas a más de 40 circunscripciones al Senado, que como tónica general reserva el segundo puesto de las candidaturas a representantes del nuevo proyecto político de los partidos del ala del socio minoritario.

(Europa Press)

Francina Armengol defiende la jubilación anticipada de las ‘kellys’ “en los casos que sea necesario”

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha mostrado su apoyo a la reivindicación de las camareras de piso para lograr una anticipación en su edad de jubilación “en aquellos casos que sea necesario”.

La representante de la Cámara Baja se ha sumado a esta petición durante su intervención en las jornadas ‘Coeficientes reductores: una deuda histórica con las camareras de pisos’, organizadas este martes y miércoles por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Calvià.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Armengol ha indicado que las camareras de piso son el “mayor ejemplo” de la necesidad de la lucha de las mujeres por unas condiciones de trabajo “dignas” y que se reconozcan las enfermedades laborales.

La dirigente de los socialistas baleares ha señalado que este martes ha podido compartir con las ‘kellys’ una jornada de reivindicación, porque ha afirmado que “juntas lograron metas históricas” en Baleares aunque ha reconocido que “aún queda mucho por lograr”.

(Europa Press)

/espana/2026/10/27/zapatero-entrego-al-estado-un-reloj-de-esmeraldas-otro-de-marmol-y-una-artesania-de-oro-y-plata-que-le-regalo-el-rey-saudi-pero-no-las-joyas-de-13-millones-euros/

Esther Muñoz (PP) pide a Sánchez que garantice el orden, la seguridad y la libertad en España: “Si no es capaz, que dimita”

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, “que garantice el orden, la seguridad y la libertad en España” y, “si no es capaz, que se vaya ya, que dimita”.

Ester Muñoz ha visitado Zaragoza este martes, acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, y la candidata del PP al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Rocío Dívar.

“En el PSOE se enfadan cuando nos reímos de que Sánchez baila, pero es que puede bailar lo que quiera, pero lo que se espera de un presidente serio es que se tome en serio su país”, ha expresado Muñoz, para afearle que “no es serio estar bailando en un mitin mientras una ciudad española como es Bilbao estaba ardiendo”.

(Europa Press)

IU encabeza 29 candidaturas de Frente Amplio al Congreso y Sumar seis

IU encabeza un total de 29 candidaturas de Frente Amplio al Congreso en las próximas elecciones generales, entre ellas todas las circunscripciones de Castilla-La Mancha y Extremadura y casi la totalidad de Andalucía y Castilla y León, mientras que el partido Movimiento Sumar lidera en seis listas.

Según la información facilitada por ambas formaciones, a falta de conocer las listas completas y los casos de Ceuta y Melilla, IU encabeza en todas las provincias de Castilla-La Mancha, en las de Extremadura, así como en Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.

IU también lidera en prácticamente todas las provincias de Andalucía y de Castilla y León, excepto en Cádiz y Valladolid, además de en Guipúzcoa y Álava.Por su parte, Movimiento Sumar tiene cabezas de lista en Cádiz, Valladolid y Vizcaya y en tres de las cuatro provincias gallegas: A Coruña, Pontevedra y Lugo. En el caso de Ourense, el cabeza de cartel pertenece a la formación Recortes Cero.

Por otra parte, en Madrid el cabeza de lista es Emilio Delgado, de Más Madrid, y en Cataluña representantes de los comunes o personas vinculadas a este partido lideran mayoritariamente las listas de Frente Amplio al Congreso, como ocurre con Ada Colau, candidata a la Presidencia del Gobierno y número uno por Barcelona. Más allá de estos casos, hay otros territorios en los que no se ha presentado solamente Frente Amplio al Congreso, sino dentro de coaliciones más grandes junto a otros partidos de izquierdas.

(Efe)

Tellado (PP) atribuye al Gobierno la “responsabilidad política” de los disturbios en Bilbao

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha condenado los disturbios registrados la noche del lunes en Bilbao y ha atribuido su autoría a “auténticos fascistas y delincuentes de extrema izquierda”. El dirigente responsabilizó al Gobierno central de lo ocurrido, al que acusó de no haber sabido “anticiparse” a los hechos y de intentar “minimizar” su gravedad. La comparecencia tuvo lugar en la plaza San Pedro, del barrio de Deusto, junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la portavoz municipal y candidata al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, tras recorrer la calle Lehendakari Aguirre, donde aún permanecían varios vehículos calcinados.

Tellado ha detallado que la jornada dejó coches particulares destruidos por el fuego, daños en contenedores y mobiliario urbano, además de agresiones contra vecinos que intentaron frenar los disturbios. El dirigente ha trasladado la “condena rotunda” de su partido y ha expresado solidaridad con los bilbaínos que, en sus palabras, “sufrieron el miedo por la violencia extrema”, así como con quienes fueron golpeados por plantar cara a los agresores.

Feijóo acusa a Sánchez de generar “tensión” porque sabe que “pierde”

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de generar “tensión” porque sabe que va a perder las elecciones generales. “Saben que están perdiendo y cuanto más pierden más tensión crean. Eso es lo que está ocurriendo”, ha sentenciado Feijóo en un acto del PP en el ‘Espacio Jorge Juan’ para presentar la candidatura de Madrid para las generales.

En su discurso, Feijóo ha señalado que la paz social es un “tesoro democrático” que hay que preservar porque costó mucho construirla “y hoy hay quien juega con ella”. Por eso, ha garantizado que será “implacable con los violentos, con los que queman, con los que saquean y con los que impiden la libertad de los demás”. “La ley se cumplirá siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Y digo para todos, empezando por el Gobierno”, ha garantizado.

/espana/2026/10/27/feijoo-presenta-con-ayuso-la-lista-del-pp-en-madrid-para-el-29-n-y-calienta-su-visita-a-la-zona-cero-de-los-disturbios-en-barcelona-seremos-implacables-con-los-violentos/

Feijóo dice que esta “adiestrado para gobernar las vacas flacas” y que tapará los “agujeros” de Sánchez si gobierna

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que está “adiestrado para gobernar las vacas flacas” tras la gestión de gobiernos “irresponsables” como ha hecho en el pasado en su trayectoria política. Dicho esto, ha indicado que si llega al Palacio de la Moncloa tapará “tres agujeros” creados por Pedro Sánchez", en referencia a precios, impuestos y corrupción.

“Estoy especialmente adiestrado para gobernar las vacas flacas”, ha aseverado Feijóo en un acto en el ‘Espacio Jorge Juan’ para presentar a los candidatos del PP de la lista por Madrid en las generales, junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada y número dos en la lista, Cayetana Álvarez de Toledo.

Feijóo ha señalado que la cesta de la compra ha crecido “un 44%” y que el precio de la vivienda “ha subido un 33% más que los salarios” mientras Hacienda “bate récords de recaudación”. A su entender, un Gobierno “nunca ha tenido tanto dinero y, sin embargo, los servicios nunca han funcionado peor”.

Europa Press

/espana/2026/10/27/la-jueza-tardon-exige-al-gobierno-desclasificar-los-informes-del-cni-sobre-ceuta-en-15-dias/

El Govern se personará como acusación particular tras los disturbios del sábado en Barcelona

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciado que la Generalitat se personará como acusación particular y ejercerá las acciones penales y civiles correspondientes tras los disturbios del sábado en Barcelona, que dejaron 130 detenidos y saqueos en una treintena de establecimientos. El Gabinete Jurídico también asumirá la defensa de los Mossos d’Esquadra afectados.

Paneque ha asegurado que el Govern actuará “con todo el peso de la ley” y ha señalado que, de los 130 detenidos, 76 son menores. Los Mossos investigan quién organizó las convocatorias, aunque “hace falta tiempo” para esclarecerlo. La consellera ha anunciado además actuaciones de la Fiscalía de menores para estudiar la responsabilidad de padres y tutores, y ha defendido regular las plataformas de mensajería usadas para organizar los disturbios, “incluso a nivel europeo si hace falta”.

*con información de Europa Press

Puigdemont pide estar “preparados” para aprovechar las “crisis” de España 

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha afirmado este martes que una de las lecciones que deja el procés para el independentismo es la necesidad de estar “preparados” para aprovechar las crisis que, a su juicio, “España genera”, además de subrayar que la unidad y el control de las instituciones son claves para el movimiento.

El líder de Junts ha hecho estas declaraciones en un mensaje publicado en la red social X con motivo del noveno aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), aprobada el 27 de octubre de 2017. “Hace nueve años, el Parlament de Catalunya aprobaba la declaración de independencia. Una mayoría parlamentaria democrática y legítima tomaba una decisión legítima y democrática, en cumplimiento del resultado del referéndum del 1 de octubre”, ha recordado Puigdemont.

El expresidente catalán ha hecho un balance de la situación actual del movimiento independentista, “fragmentado y debilitado” nueve años después de la declaración. En paralelo, ha sostenido que España “no está mejor, sino peor” pese a los esfuerzos dedicados a combatir el independentismo, y ha situado al país en “una división extrema” marcada por “una confrontación entre bloques que va en aumento”.

En ese contexto, Puigdemont ha insistido en diferenciar los conflictos internos españoles de los objetivos del independentismo catalán: “Las querellas españolas no son las nuestras y solo nos interesan si las podemos utilizar para nuestro objetivo”, ha señalado.

El líder de Junts ha resumido el aprendizaje de la última década en dos ideas. La primera, que “sin unidad política y social y sin control de las instituciones” no existe un camino posible para el movimiento independentista. La segunda, que incluso en los momentos más complicados, “España genera crisis que tendríamos que estar preparados para aprovechar”, ha concluido Puigdemont.

El PNV advierte que “votar al PP es votar a la ultraderecha” por el pacto con Vox

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha advertido este martes en Bilbao que “votar al PP es votar a la ultraderecha”, en referencia al acuerdo alcanzado entre los populares y Vox para la Cámara Alta, por el que el Partido Popular (PP) renuncia a presentar candidatura propia al Senado por Guipúzcoa.

Vaquero ha intervenido en la tradicional ofrenda floral que el PNV dedica cada año al lehendakari José Antonio Agirre, donde ha señalado que esa cesión a favor del partido de Santiago Abascal “demuestra lo poco que le importa nuestro pueblo, lo poco que les importa Euskadi”. Frente a ese pacto, ha reivindicado el modelo del PNV, “firme en los principios” pero “abierto al diálogo y al acuerdo”: “Dialogar no es renunciar a nuestras convicciones, es defenderlas democráticamente”.

El acto ha reunido a varios cargos del partido, entre ellos el presidente del EBB, Aitor Esteban, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

*con información de Europa Press

El Gobierno considera una “barbaridad” que el PP le señale por los disturbios y pide responsabilidad

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este martes al PP que actúe con responsabilidad y que deje de fomentar el odio, al considerar una “barbaridad” que varios dirigentes del partido culpen al Ejecutivo de los disturbios registrados en Cataluña y en Euskadi.

Saiz ha abierto la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con una condena a los “actos vandálicos y violentos” vividos en Barcelona y Bilbao: “En democracia la violencia no tiene cabida”, ha afirmado. Ante las preguntas de los periodistas sobre quién podría estar detrás de esa violencia, ha preferido no especular y ha pedido dejar trabajar a las fuerzas de seguridad del Estado, a los Mossos d’Esquadra y a la Ertzaintza. “Ante estos hechos, los líderes políticos lo que tenemos que tener es responsabilidad y nunca fomentar el odio”, ha subrayado.

La acusación del PP se pronunciaba horas antes en un mitin en Madrid, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que el Gobierno sabe que “ha perdido la calle” y por eso busca alterarla: “Cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo”, declaró. En la misma línea se pronunció la número dos del PP en la lista al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, quien afirmó: “Era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su ‘kale borroka’”. Para Saiz, esas palabras son “una barbaridad” y “una irresponsabilidad”.

*con información de EFE

María Acín, de Más Madrid, será la candidata de Frente Amplio al Senado por Madrid junto al PSOE

La diputada de Más Madrid en la Asamblea, María Acín, ocupará el segundo puesto de la candidatura conjunta “Senado de Progreso” por la circunscripción de Madrid, según ha informado la formación en redes sociales. La lista, encabezada por el candidato del PSOE, Antonio Hernando, se enmarca en el pacto alcanzado entre socialistas, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda en numerosas circunscripciones, con el objetivo de maximizar el resultado electoral y disputar la mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Acín preside actualmente el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea y ejerce como portavoz de la formación en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, además de vicepresidenta de la Diputación Permanente. Su trayectoria parlamentaria se ha concentrado en las políticas de movilidad y transporte público. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también cursó un máster en Ecología, y cuenta además con un máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Desde Frente Amplio han subrayado que la presencia de Acín en la lista visibiliza “la apuesta por el feminismo y la defensa de una movilidad sostenible y del transporte público como herramienta para combatir la desigualdad territorial”. Con esta incorporación, la coalición de izquierdas completa su estrategia en Madrid de cara a las elecciones generales, en una de las circunscripciones clave para el reparto de escaños en el Senado.

*con información de Europa Press

El Gobierno destina 201 millones de euros a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 201 millones de euros en ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles sobre suelos públicos, a través de la sociedad estatal Casa 47. La medida pone en marcha un modelo de colaboración público-privada que, según el Ejecutivo, mantiene el control sobre precios y condiciones de alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que el objetivo es “acelerar la construcción” del parque de vivienda asequible. Las viviendas tendrán alquileres estables de hasta 75 años, con rentas limitadas al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, tanto en alquiler como en hipoteca. “Casa 47 pone los suelos, el Ministerio pone las ayudas y exigimos a los promotores que lo que se construya sea asequible de verdad”, ha resumido la ministra.

El mecanismo, basado en concesiones administrativas con subvenciones de hasta el 60% de la inversión, financiará una treintena de proyectos en zonas como Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. El modelo se apoya en cambios normativos recientes, entre ellos la consideración de la vivienda asequible como servicio de interés económico general desde diciembre de 2025.

Casa 47, creada hace un año, ha activado ya más de 7.000 viviendas en toda España y prevé sumar 1.500 adicionales antes de que termine el año.

*con información de agencias

/espana/2026/10/27/feijoo-presenta-con-ayuso-la-lista-del-pp-en-madrid-para-el-29-n-y-calienta-su-visita-a-la-zona-cero-de-los-disturbios-en-barcelona-seremos-implacables-con-los-violentos/

Un referente vecinal lidera la alianza entre PSOE y Frente Amplio al Senado por Ceuta

El PSOE de Ceuta ha pactado con Frente Amplio una candidatura conjunta al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, encabezada por el independiente Abdelah Abdelah Mustafa, referente del movimiento vecinal en la ciudad autónoma. El hasta ahora candidato socialista, José Miguel Romero, ha cedido su lugar en la lista en un movimiento que ambas formaciones han presentado como parte de un acuerdo replicado en otras 45 provincias.

La portavoz de la Gestora socialista, Sandra López Cantero, ha definido el acuerdo como un intento de “materializar un gran frente de progreso” frente al programa de la derecha y la ultraderecha, que considera “especialmente nocivo para Ceuta”, según publica el PSOE en su portal web. Romero, por su parte, ha defendido su decisión como un gesto de utilidad política: “Dar este paso no significa marcharme, sino sumar desde donde más útil soy en estas elecciones”.

Mustafa ha aceptado el liderazgo con un mensaje centrado en la cohesión social. “Ceuta no quiere odio, ni señalamientos, ni exclusión”, ha afirmado el nuevo candidato, quien ha cerrado su intervención con un llamado directo: “Es la hora de la gente”.

Ayuso y Álvarez de Toledo cargan contra Sánchez en el acto de presentación de listas en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que “el sanchismo está destruido” que Pedro Sánchez pretende “comprar las elecciones” del 29 de noviembre mediante “engaños” y el uso de los medios públicos”.

La número dos del PP en la lista de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha ido más allá al acusar a Sánchez de “legitimar la violencia” tras los disturbios de Barcelona y Bilbao, que atribuye a la amnistía y a la conversión de Bildu en “socio referente del Gobierno”.

Feijóo, por su parte, ha prometido reconstruir el país “piedra a piedra” desde su “suelo moral”. Ayuso ha cerrado el acto con un elogio a la trayectoria del candidato popular, al que ha contrapuesto con Sánchez por “ganar a través del convencimiento” y por su capacidad para “aunar tantas sensibilidades” dentro del partido.

No se pronunciaron propuestas a lo largo de la totalidad del acto, que, además de la presentación de las listas, sí dio bastante protagonismo a las críticas e insultos al presidente del Gobierno.

Podemos critica el “bipartidismo 2.0″ que representan los pactos PSOE-Frente Amplio y PP-Vox

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó este martes de “bipartidismo 2.0” tanto el pacto entre PP y Vox como el alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio para el Senado. “Es más de lo mismo. Y creo que el principal causante de la mayoría de problemas que tiene este país, que es el bipartidismo, no va a ser parte de la solución”, declaró en una rueda de prensa en el Congreso.

Según Belarra, lo que necesita el país es “una izquierda que esté dispuesta a defender derechos” y a democratizar la sociedad, una alternativa que, a su juicio, representa el tándem electoral formado por Irene Montero y el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, tras el acuerdo de colaboración alcanzado entre ambas formaciones. Preguntada sobre si hará campaña en territorios donde Podemos ya ha pactado con Frente Amplio, como la Comunidad Valenciana junto a Compromís, Belarra evitó entrar en detalles y volvió a remitirse al tándem con Rufián.

*con información de EFE

El PSOE ve una “coalición fraudulenta” en el pacto entre PP y Vox para el Senado

El PSOE considera que el pacto alcanzado entre el Partido Popular (PP) y Vox para la Cámara Alta constituye una “coalición fraudulenta”, al incluir en seis listas de los populares a candidatos “independientes” que han ocupado cargos públicos con la formación de Abascal, un extremo que Vox niega.

Fuentes socialistas señalan que el pacto, anunciado el lunes, demuestra que la derecha está “muy nerviosa” ante la coalición de izquierdas en el Senado y constituye una prueba más de que PP y Vox “son lo mismo”, algo que, según estas fuentes, ambos partidos exhiben ahora “sin complejos”.

Pese a esta valoración, el PSOE confía en que su propia coalición con Frente Amplio le reporte buenos resultados en la Cámara Alta y descarta que el acuerdo de sus rivales condicione el desenlace de las elecciones, tanto en el Senado como en el Congreso. Fuentes del partido inciden en que, al margen del movimiento de sus adversarios, continúan “muy animados” y centrados en obtener el mejor resultado posible en ambas cámaras.

*con información de EFE

Junts estaría dispuesto a facilitar un Gobierno socialista si Pedro Sánchez da un paso al lado

La candidata de Junts per Catalunya a las elecciones generales, Miriam Nogueras, se ha abierto este martes a facilitar la investidura de un Gobierno del PSOE tras el 29 de noviembre, siempre que el actual presidente, Pedro Sánchez, se aparte de la carrera y los socialistas acepten medidas que beneficien a Cataluña.

“Sánchez tuvo su oportunidad y es evidente que la ha dejado perder”, ha afirmado Nogueras en una rueda de prensa al ser preguntada por las negociaciones que podrían abrirse después de los comicios. La dirigente ha añadido que “en algún momento el PSOE tendrá que decidir si es más importante Pedro Sánchez que el partido, que llegar a consensos y avanzar”. Es Junts quien condiciona un posible consenso con el PSOE a la ausencia de Pedro Sánchez en el partido.

Nogueras ha recordado que su formación ya había reclamado al presidente del Gobierno que diera un paso al lado antes de la convocatoria electoral, en una propuesta que bautizaron como la “vía Starmer”, en referencia a la renuncia del ex primer ministro británico Keir Starmer, que dio paso a un sucesor de su mismo partido. “Dar pasos al lado a veces son cosas que terminan beneficiando a todos. En el Reino Unido les ha ido lo suficientemente bien”, ha sostenido la candidata de Junts.

Entre las condiciones que su formación pondría sobre la mesa para negociar una investidura alternativa a un Gobierno del PP y Vox, Nogueras ha situado el concierto económico para Cataluña. “Aparcando a Cataluña no hay votos de Junts”, ha advertido la dirigente, que ha reivindicado así el papel de su partido en la legislatura anterior: “En 2023 ya dejamos claro que éramos quien frenaba a toda esta gente”.

Pese a dejar la puerta abierta a una negociación, Nogueras ha criticado que se cargue sobre un único partido la responsabilidad de la gobernabilidad del país, ya que, según ha lamentado, se pone toda esa carga en una formación “catalanista, soberanista e independentista”.

*con información de EFE

Sumar queda fuera de las listas de Frente Amplio al Congreso y Senado en Castilla-La Mancha

Ningún representante de Sumar figurará en las candidaturas de Frente Amplio por Castilla-La Mancha para las elecciones generales del 29 de noviembre, ni en la lista al Congreso ni en los cinco puestos de número dos pactados con el PSOE para el Senado. Las candidaturas quedan integradas únicamente por Izquierda Unida (IU) y Verdes Equo.

El coordinador de Sumar en la región, Jesús Plaza, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que “algunos cargos” de IU incumplieron los acuerdos alcanzados para confeccionar las listas y presentaron candidaturas propias ante las juntas electorales “de manera unilateral”. Plaza reivindicó que su formación tenía propuestas “preparadas” y acuerdos “cerrados” que finalmente no se respetaron.

El coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, admitió “dificultades” durante el proceso. No obstante, precisó que el acuerdo territorial estaba cerrado desde hacía tiempo y que fueron las negociaciones a nivel estatal las que terminaron por alterar el resultado final.

A pesar del desencuentro, ambos dirigentes descartaron que el episodio ponga en riesgo la relación entre las dos formaciones: Plaza y Mellado mantendrán una campaña conjunta bajo el paraguas de Frente Amplio y en que lo sucedido no compromete la posibilidad de concurrir unidos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

*con información de agencias

Izquierda y derecha se cruzan acusaciones sobre quién organizó los disturbios de Barcelona y Bilbao

Varios partidos de izquierda sostienen que la ultraderecha podría haber coordinado los graves altercados registrados en Barcelona y Bilbao, aunque las investigaciones policiales aún no han arrojado ninguna conclusión.

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, acusó a las derechas de intentar instrumentalizar las protestas violentas para “debilitar” las movilizaciones por la vivienda y los derechos civiles. Pidió investigar quién administra las cuentas de TikTok donde se organizan los disturbios y a quién benefician.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostró más cauta y no descartó la implicación de policías infiltrados, grupos de extrema derecha o jóvenes movidos por un “profundo malestar” frente al fracaso del bipartidismo. La dirigente denunció además que el PP, Vox y varios medios usan estos episodios para “criminalizar” las protestas pacíficas, como las movilizaciones por la vivienda o la huelga general del 11 de noviembre.

El diputado Alberto Ibáñez, de Compromís, consideró que “este caos beneficia a las derechas” y atribuyó los disturbios de Barcelona, Bilbao y los previstos en Valencia el día 31 a “un movimiento vinculado a posiciones de extrema derecha” que busca generar caos y un vacío de poder.

Vox responsabiliza al “islamoizquierdismo” (ACOM se refería a ello como “intifada”) y el PP a la “extrema izquierda”; mientras distintas organizaciones antifascistas y sindicatos rechazan toda implicación con Blocus, la plataforma que difundió la convocatoria.

*con información de EFE y Europa Press

La Revuelta adelanta la emisión de la entrevista a Irene Montero y Gabriel Rufián a martes

Gabriel Rufián e Irene Montero serán esta noche los invitados de La Revuelta, después de que el programa adelantara la cita, inicialmente prevista para el miércoles. La comparecencia llega cinco días después de que Pedro Sánchez pasara por el mismo plató y arrastrara una cuota de pantalla cercana al 34%, el mejor resultado en la historia del programa de La 1.

Broncano, presentador del programa, anunció el lunes por la noche la visita de los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Podemos, que acudirán juntos en lugar de hacerlo por separado, como ha sido la tónica en la ronda de entrevistas electorales previas al 29 de noviembre.

Comuns retira sus candidaturas al Senado en Girona, Lleida y Tarragona en un pacto con el PSC

Comuns ha anunciado la retirada de sus candidaturas al Senado en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona, en virtud de un acuerdo alcanzado con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. A cambio, la formación socialista se compromete a designar a un senador a propuesta de los Comunes.

Ambas formaciones han explicado los términos del acuerdo este martes en un comunicado conjunto, donde justifican la decisión por la necesidad de hacer frente al Partido Popular (PP) y a Vox en la Cámara Alta. El objetivo que persiguen es alcanzar una mayoría progresista en el Senado.

Al renunciar a presentar candidatura propia en las tres provincias, Comuns se asegura representación en el Senado a través del senador que el PSC propone designar. El acuerdo se enmarca en la estrategia que ambos partidos vienen articulando para disputar el control de la Cámara Alta en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Lluïsa Moret, portavoz del PSC, defendió el acuerdo con Comuns como respuesta al pacto entre PP y Vox, al que acusó de ceder a los postulados de extrema derecha. “Ellos pactan para que Vox avance y nosotros pactamos para que avance Cataluña”, afirmó.

*con información de EFE

Mitin de Feijóo con Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta la candidatura por Madrid para las elecciones generales en un acto en el que intervendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la candidata número dos por Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo

POR FIN: Feijóo y Díaz Ayuso presentan la candidatura por Madrid para las elecciones del 29N https://t.co/P8GotN4I69

— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 27, 2026

Bilbao calcula en 55.000 euros los daños de los disturbios

Treinta y ocho contenedores quemados, un banco destruido y cinco coches calcinados fue el saldo que dejaron los incidentes registrados el lunes en el barrio de Deusto, en Bilbao, durante las protestas contra un acto del agitador Vito Quiles que finalmente no se celebró. El alcalde, Juan Mari Aburto, cifró este martes el perjuicio en torno a los 55.000 euros.

Aburto detalló los daños durante la ofrenda floral del PNV al lehendakari José Antonio Agirre. Según el recuento municipal, un grupo de encapuchados quemó los contenedores y el mobiliario urbano de la avenida Lehendakari Agirre, además de los cinco vehículos afectados. El alcalde adelantó que el Ayuntamiento buscará reclamar los 55.000 euros a los responsables de los hechos. El regidor lamentó que varios propietarios de los coches calcinados no pudieron usarlos para ir a trabajar esta mañana y les trasladó su solidaridad.

*con información de Europa Press

IU se queda con 29 cabezas de lista al Congreso y Sumar con seis

Izquierda Unida (IU), como principal organización estatal del Frente Amplio, encabezará 29 circunscripciones, entre ellas siete provincias de Andalucía, las dos de Extremadura, las cinco de Castilla-La Mancha y ocho de Castilla y León. Movimiento Sumar liderará Cádiz, Vizcaya, Valladolid, A Coruña, Pontevedra y Tenerife; los Comuns mantendrán las cuatro candidaturas catalanas y la Chunta Aragonesista (CHA) se queda con Zaragoza y Huesca, tras renunciar a presentarse en Teruel para concentrar el voto progresista en el PSOE, una decisión que generó fricciones con IU.

En Madrid, la lista la encabeza Más Madrid con Emilio Delgado y Tesh Sidi, seguidos por el edil Eduardo Fernández Rubiño, el referente de IU Toni Valero y la coordinadora de Sumar Verónica Barbero. En Cataluña, los Comuns sitúan a Ada Colau como número uno por Barcelona junto al ministro Ernest Urtasun. En Baleares y la Comunidad Valenciana se cerraron listas de unidad con Podemos, mientras en Canarias la coalición concurre bajo la marca Unión del Pueblo Canario.

*con información de Europa Press

/espana/2026/10/27/evitar-supermercados-y-grandes-cadenas-hasta-el-11-de-noviembre-asi-es-la-huelga-de-compras-que-se-suma-al-reclamo-de-la-vivienda/

Almeida anuncia una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno en Madrid por su “inacción” con la acampada de Sol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento interpondrá una denuncia penal contra el dimitido delegado del Gobierno, Francisco Martín (por su presunta “inacción” ante la acampada que este lunes cumplió un mes instalada en la Puerta del Sol de Madrid), una vez agotado el plazo administrativo en curso. El anuncio se produjo durante el Pleno de Cibeles, en respuesta a una pregunta de la concejala de Vox, Arantxa Cabello, que reclamó al Consistorio que actuara con mayor contundencia para desmantelar la acampada.

Almeida ha defendido que el Ayuntamiento actúa dentro de sus competencias, como demuestran, según ha dicho, “las más de 200 sanciones” impuestas y el requerimiento administrativo enviado a la Delegación del Gobierno. “Por pura coherencia jurídica tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol”, ha explicado. “El Ayuntamiento está haciendo todo lo posible. Les puedo garantizar que, si este Ayuntamiento tuviera competencias, me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal a desalojar la acampada de Sol”, ha asegurado.

Ha defendido que el Ayuntamiento está actuando dentro del ordenamiento jurídico y acusado a Martín de haber sido un “comisario del sanchismo” que ha actuado, a su parecer, “contra la Comunidad” y como “una persona absolutamente sectaria que sobra en la política”. También le ha afeado que haya dimitido, según su versión, por no ir en listas: “Cuando uno es delegado del Gobierno tiene que estar a la altura de las responsabilidades institucionales y si él fuera delegado del gobierno y no fuera un comisario político, no se tendría que ir porque no le colocan en las listas”, ha señalado sobre esta “rabieta impropia pero que caracteriza a esta persona”.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha recordado que el 29 de septiembre se remitió un requerimiento formal a Martín para que actuara contra la acampada, cuyo plazo de respuesta expira esta semana. “Un minuto después de que termine ese plazo este Ayuntamiento se irá a los tribunales por la vía administrativa y también por la vía penal”, ha advertido.

*con información de Europa Press

La Junta de Portavoces de Bilbao condena los disturbios

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Bilbao ha condenado este martes los “graves disturbios” que el lunes “sembraron las calles bilbaínas de violencia”, así como los gritos de “¡Gora ETA militarra!” (Viva ETA militar) que, dicen, se escucharon durante las protestas y que, según la declaración aprobada, “retrotraen a los tiempos del terror”.

La declaración, respaldada por PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Bilbao, condena los “graves disturbios” protagonizados por “grupos violentos” y aboga por “la defensa de la democracia desde el reconocimiento al diferente, utilizando la fuerza del diálogo y la palabra para resolver cuantas cuestiones se planteen en nuestra sociedad”. El texto también condena de forma explícita los gritos proferidos durante los incidentes en referencia a la banda terrorista ETA.

EH Bildu no ha firmado el documento conjunto, aunque ha emitido un comunicado propio en el que expresa su “más absoluto rechazo” a los disturbios. La declaración de la Junta de Portavoces concluye con un mensaje de solidaridad hacia los comerciantes y propietarios de vehículos dañados, así como hacia el conjunto de la sociedad bilbaína, que “tuvo que soportar la sinrazón de la violencia”.

*con información de Europa Press

/espana/2026/10/27/iustitia-europa-pide-al-tribunal-supremo-suspender-tambien-el-derecho-al-voto-a-los-hijos-de-los-nacionalizados-por-la-ley-de-nietos/

Unai Sordo (CCOO) pide esclarecer quién promueve los disturbios y denuncia un intento de “desestabilizar” las democracias europeas

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este martes que se esclarezca quién promueve las movilizaciones violentas registradas en los últimos días y ha denunciado un “intento poco maquillado de desestabilizar” las democracias y “a todos los países de la Unión Europea por parte de fuerzas extranjeras”.

“Están tratando de desestabilizar las democracias a través de la irrupción de populismos de extrema derecha y movilizaciones que a veces no son tales”, ha afirmado Sordo ante los medios de comunicación, antes de participar en una asamblea de trabajadores preparatoria de la huelga general del 11 de noviembre.

El dirigente sindical ha condenado “taxativamente, sin matiz alguno” los incidentes registrados el lunes en Bilbao y ha reclamado “transparencia” para determinar “quién es esta gente, quién les convoca y cómo se vinculan entre sí”: “Es muy importante que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado analicen quiénes son esas personas, cómo se han vinculado entre ellas, tanto digitalmente como físicamente; y quién está detrás de esa convocatoria”, ha dicho.

Sordo ha distinguido esos episodios de las movilizaciones impulsadas por su organización en torno a la vivienda y otras demandas sociales, incluida la huelga general del 11 de noviembre, que, según ha subrayado, “son y van a ser movilizaciones pacíficas y cívicas”. “España da siempre un ejemplo de civismo cuando sale a protestar por cuestiones sociales o políticas a la calle”, ha concluido.

*con información de EFE

/espana/2026/10/27/feijoo-defiende-el-pacto-con-vox-al-senado-es-una-respuesta-esperada-ante-una-coalicion-de-desesperados-para-controlar-la-camara/

EH Bildu rechaza los disturbios de Bilbao y advierte de que la violencia favorece al “bloque reaccionario”

EH Bildu ha reiterado este martes su “más absoluto rechazo” a los disturbios registrados el lunes en Bilbao tras la convocatoria contra el acto del “agitador” ultraderechista Vito Quiles, finalmente suspendido, y ha advertido de que la violencia solo beneficia al “bloque reaccionario”.

En un comunicado, la formación ha condenado los “comportamientos de carácter violento y antisocial” registrados tras las movilizaciones y ha trasladado su solidaridad “a todas las personas afectadas”. “Somos antifascistas, y precisamente por ello, consideramos que la respuesta al fascismo y a la ultraderecha debe desarrollarse exclusivamente por vías pacíficas y democráticas”, ha asegurado, añadiendo también que las actuaciones que “derivan en violencia o vandalismo terminan favoreciendo los intereses del bloque reaccionario”.

La formación ha puesto en valor, en cambio, las movilizaciones pacíficas del lunes, en las que, según el comunicado, participaron “centenares de personas” junto a diversos movimientos sociales, y ha reclamado “sumar mayorías democráticas y amplias” frente a los discursos de odio como vía para enfrentar al fascismo.

*información de Europa Press

Feijóo promete recuperar el agravante por taparse la cara en disturbios y endurecer penas si se convocan por redes

Feijóo se ha comprometido este martes a recuperar el agravante de las penas cuando se cometan disturbios con la cara tapada y a incrementarlas cuando las convocatorias se difundan por redes sociales, en referencia a los actos vandálicos registrados en Barcelona y Bilbao. “Vamos a actuar. Yo tengo que ser el garante del orden público en las calles”, ha afirmado en una entrevista en Onda Cero recogida por EFE.

Feijóo ha recordado que ese agravante se eliminó en 2022 por un acuerdo entre el PSOE y Podemos, y ha anunciado su restitución con estas palabras: “Este agravante lo vamos a volver a poner y vamos a incrementar las penas cuando este tipo de disturbios y de actos violentos se convocan a través de redes sociales”. El líder del PP ha cargado además contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de estar “desaparecido” y de preocuparse solo por “haber ido en las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre”.

Frente Amplio considera “una chapuza” el pacto entre PP y Vox para el Senado

La coordinadora general de Movimiento Sumar y candidata de Frente Amplio, Verónica Barbero, considera “una chapuza” y “bastante caótico” el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para la Cámara Alta, cerrado en 23 provincias. En declaraciones a RNE, ha defendido que ambos partidos llegan “a rebufo” frente a la estrategia de su propia coalición: “Les hemos pillado a pie cambiado. Evidentemente les vamos a ganar”.

Barbero ha denunciado que el Senado “no puede seguir secuestrado por fuerzas que solo pretenden utilizarlo para crear comisiones y obtener dinero”, una crítica que ha extendido también al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su juicio, la Cámara Alta funciona “al servicio de una determinada organización política o, en este caso, parece que quieren aspirar a dos”, lo que calificó de “un problema para la democracia de España”.

Preguntada si la misma crítica podría aplicarse al pacto de su propia coalición en el Senado, Barbero lo ha rechazado al sostener que “las finalidades sí que cuentan”: su objetivo, ha explicado, es intervenir en el mercado de la vivienda y lograr que la Cámara Alta funcione “al servicio de la gente y de los territorios, y no al servicio de una minoría de élites representadas por el PP y Vox”.

*información de EFE

El alcalde de Bilbao pide que “todo el mundo” se posicione en contra de los disturbios

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV), ha expresado su deseo de que “por unanimidad, todo el mundo” condene los disturbios registrados este lunes en la ciudad, tras convocar para este martes una Junta de Portavoces municipal. En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha confiado en que los hechos no se usen con fines partidistas para “echarlo en cara al adversario político” y ha reclamado “el tiempo de la política” frente a “el tiempo de la confrontación”. Los disturbios se produjeron después de una protesta por la visita prevista del ultraderechista Vito Quiles, finalmente suspendida.

El alcalde ha evitado señalar responsables y ha remitido esa cuestión a la investigación en curso, aunque ha revelado indicios de conversaciones en el metro del tipo “vamos a ir a Deusto, vamos a coger unas piedras y vamos a enfrentarnos a la policía”. Ha admitido que se escucharon “gritos que retrotraían a los tiempos del plomo en las calles de Bilbao”, aunque ha insistido en mantenerse “muy prudente” ante la falta de “datos concretos”.

Según Aburto, la vía más afectada fue la avenida Lehendakari Agirre, recién reformada, donde las barricadas provocaron daños y se “saquearon tiendas”. El alcalde ha descrito la jornada como “un anochecer absolutamente espeluznante” y ha admitido “alguna similitud” entre algunos grupos y los disturbios de Barcelona o Francia, aunque como “simple intuición”.

*con información de Europa Press

Frente Amplio presenta sus listas al Congreso, sin Yolanda Díaz ni Mónica García como candidatas

Las candidaturas de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre arrojan una profunda renovación frente a las que presentó Sumar en 2023, con solo diez diputados de la pasada legislatura que repiten en las nuevas listas al Congreso. La coalición, que obtuvo entonces 31 escaños, reducidos a 27 tras la ruptura con Podemos, sitúa como principales referentes a la aspirante a la Presidencia, Ada Colau; y al cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado.

Del Ejecutivo, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, es el único ministro del ala minoritaria que repite, como número dos por Barcelona. Renuncian a presentarse la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, candidata de Sumar en 2023, la ministra de Sanidad, Mónica García, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, portavoz de campaña de la coalición.

Entre quienes sí repiten figuran Verónica Barbero, Tesh Sidi y Toni Valero en Madrid; Esther Gil de Reboleño en Cádiz; Lander Martínez en Vizcaya, y Enrique Santiago en Sevilla. Los dos diputados de Compromís, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, buscan revalidar su escaño bajo la marca Compromís-Frente Valenciano.

Quedan fuera de las listas respecto a 2023 los coportavoces de los Comuns Gerardo Pisarello y Aina Vidal —cuya salida se produjo con un 30% de votos en contra en el órgano de dirección del partido—, además de Félix Alonso, Eloi Badia y Candela López. Tampoco repiten varios diputados de la cuota de Sumar, Podemos y Más Madrid, entre ellos Rafael Cofiño, Txema Guijarro y Alda Recas.

En Galicia, Xosé Lois Piñeiro y Gloria Alonso encabezan las listas por A Coruña y Pontevedra. IU aporta varias cabezas de lista en Andalucía, entre ellas el activista de la Flotilla Rafael Borrego en Málaga, además de dos exdirigentes de Podemos incorporados a esa misma candidatura. Cierran de forma simbólica la lista por Madrid el pintor Antonio López y la ecologista Inés Sabanés.

*con información de agencias

/espana/2026/10/27/broncano-agradece-a-pedro-sanchez-su-record-de-audiencia-y-anuncia-una-nueva-tanda-de-politicos-en-la-revuelta-gabriel-rufian-e-irene-montero/

El Gobierno de Euskadi sugiere que los disturbios de Bilbao podrían seguir “referencias extranjeras” o consignas de “grupos organizados vascos”

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha planteado como hipótesis que “grupos organizados vascos” puedan estar detrás de los disturbios del fin de semana en Bilbao, que dejaron 19 detenidos y tres personas investigadas por la quema de coches y contenedores y asaltos a comercios, tras un acto de Vito Quiles finalmente cancelado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Zupiria ha explicado que 11 de los 19 arrestados son menores de edad, la mayoría sin antecedentes y de nacionalidad española, y que no le consta que haya habido heridos. “Los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la ‘kale borroka’”, ha señalado, por lo que, a su juicio, “cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de ”grupos organizados vascos”.

El consejero ha hablado de un “clima de agitación” en Euskadi, con “movimientos extremistas que cuestionan permanentemente la legitimidad de las instituciones” y jóvenes “animados” por sucesos similares en otros lugares. Ha apuntado que, más allá de la convocatoria ligada al acto de Quiles, “había gente preparada y dispuesta a usar la violencia estuviera o no estuviera” el influencer ultraderechista.

*con información de EFE

Vox condiciona un futuro pacto con el PP a la “prioridad nacional” y a recortar ministerios

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha adelantado las exigencias de su partido ante un eventual gobierno de coalición con el PP tras el 29 de noviembre: la aplicación de su “prioridad nacional” y un recorte drástico de la estructura ministerial.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Buxadé ha explicado que esa “prioridad nacional” se plantearía en línea con lo ya aplicado en los gobiernos autonómicos donde ambas formaciones gobiernan juntas, y la ha definido como “una idea política de sentido común” que, a su juicio, garantiza el Estado del bienestar. Ha matizado, no obstante, que su planteamiento no afecta al “extranjero que reside, trabaja y contribuye” ni comete delitos ni depende de ayudas públicas.

El dirigente de Vox asegura, en contra de las valoraciones de expertos, que ese sistema social “está en una situación de colapso” por la escasez de recursos públicos, lo que reclama, según ha dicho, nuevos criterios de reparto distintos al actual, que ha resumido como “el último que llega se lo lleva”.

En paralelo, ha reclamado una reducción “brutal” de los ministerios y del conjunto del aparato administrativo heredado del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber disparado la contratación pública mediante “dedazos” sin precedentes. Para Buxadé, resulta insostenible que la administración se haya multiplicado mientras los ciudadanos “sufren para llenar la cesta de la compra”, por lo que defiende una revisión completa de los departamentos ministeriales que distinga, en sus palabras, “quién ha hecho cosas buenas y quién ha hecho cosas malas”.

*con información de Europa Press

Francisco Martín deja la Delegación del Gobierno en Madrid

El hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha confirmado este martes su renuncia al cargo que ocupaba desde hacía algo más de tres años. En un mensaje publicado en la red social X, ha agradecido la confianza depositada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha hablado de “un camino repleto de avances importantes, muchos de ellos ahora amenazados”.

Martín ha reconocido aciertos y errores durante su gestión, aunque ha defendido que el proyecto en el que ha participado, centrado en “la paz, el progreso, la igualdad y la justicia social”, “merece y debe continuar”, pese a las dificultades que ha encontrado al desplegarlo en la Comunidad de Madrid.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este martes su salida junto al cese de Pilar Trinidad como subdelegada, mientras el Consejo de Ministros tiene previsto nombrar en la misma jornada a su sustituto. Martín presentó su dimisión el domingo, según confirmaron entonces fuentes socialistas, en medio de la polémica por el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol, las críticas a la actuación policial en las protestas por la educación y su exclusión de las listas del PSOE para el 29 de noviembre.

/espana/2026/10/27/asi-estan-las-encuestas-para-el-29-de-noviembre-pp-y-vox-mantienen-la-mayoria-absoluta-el-psoe-gana-terreno-y-la-izquierda-fragmentada-no-logra-remontar/

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”

Continúa a plena marcha la precampaña, en un clima social marcado por las protestas y un fin de semana de disturbios en Barcelona y Bilbao sin reivindicación política de fondo. Vox atribuye los hechos al “islamoizquierdismo” —término que ACOM había vinculado previamente a una supuesta “intifada”—, mientras el PP apunta a la “extrema izquierda” como responsable.

Sobre este asunto se pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin preelectoral en Salamanca celebrado este domingo, alegando que Sánchez y la izquierda se resisten “con violencia” a abandonar el poder tras el episodio en Barcelona.

/espana/2026/10/25/las-medidas-que-exigen-los-agentes-de-la-guardia-civil-de-cara-a-las-elecciones-del-29-n-mas-medios-contra-el-narcotrafico-y-eliminar-los-cargos-a-dedo/

/espana/2026/10/24/el-gobierno-trabaja-a-contrarreloj-para-evitar-la-multa-del-supremo-y-entregar-las-listas-de-los-163020-afectados-por-la-ley-de-nietos-refuerza-su-personal-en-los-consulados/

/espana/2026/10/24/frente-amplio-presenta-su-plan-de-pensiones-jubilacion-a-los-65-anos-y-cuantia-minima-igual-al-smi/

/espana/2026/10/27/feijoo-recluta-a-9-consejeros-autonomicos-y-vox-incluye-a-un-poeta-y-a-la-exjefa-de-prensa-de-ortega-smith-como-independientes-al-senado-asi-quedan-las-listas-definitivas-para-las-elecciones-generales/

Una jueza de Barcelona que tomó declaración a varios detenidos por los disturbios del 24 de octubre ha concluido que la concentración convocada a través de Blocus estaba “vacía de contenido, con el único fin de saquear los establecimientos de la zona de conflicto”. La magistrada acordó, entre otras medidas cautelares, prohibir a algunos investigados acudir a manifestaciones ante el riesgo de que participen de nuevo en hechos similares.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, corresponde a una de las juezas de guardia que atendió a parte de los 51 mayores de edad detenidos por su presunta relación con los incidentes. La resolución impone medidas que van desde comparecencias periódicas ante el juzgado hasta la prohibición de acudir a movilizaciones.

La decisión judicial se conoce mientras los Mossos d’Esquadra investigan quién está detrás de las convocatorias difundidas bajo la marca Blocus, que ha vuelto a anunciar concentraciones para próximos días en Barcelona y otras ciudades. La red había utilizado perfiles de TikTok y grupos de Telegram y WhatsApp para difundir mensajes vinculados con protestas estudiantiles y sociales.

Actos de violencia contra los Mossos

En uno de los autos, la magistrada atribuye a dos detenidos un presunto delito de desórdenes públicos. Según la resolución, ambos habrían participado en “actos de violencia graves” mediante el lanzamiento de piedras, adoquines y otros objetos contra agentes de las unidades antidisturbios desplegados en la zona.

La jueza sostiene que la intervención policial tenía como objetivo controlar la situación y evitar robos y saqueos en los comercios. A su juicio, las conductas investigadas “superan la lícita protesta ciudadana” y encajan en el delito de alteración grave de la paz pública previsto en el Código Penal.

La prohibición de acudir a manifestaciones se apoya, según el auto, en la violencia ejercida por el grupo que se concentró en el centro de Barcelona. La resolución considera que el carácter de la protesta no justificaba los hechos posteriores y señala que la convocatoria habría servido como “excusa” para cometer saqueos.

Los disturbios se produjeron en el entorno de plaza de Cataluña y derivaron en ataques contra comercios, daños en mobiliario urbano, incendios y enfrentamientos con los Mossos. El balance policial dejó 130 detenidos, entre ellos 72 menores de edad, además de daños en 23 establecimientos y decenas de intervenciones de los bomberos por fuegos.

La investigación sigue abierta sobre los organizadores

La magistrada también tiene en cuenta que los perfiles asociados a la convocatoria del 24 de octubre continuaron difundiendo llamamientos para concentraciones posteriores. Ese elemento, según razona, aconseja limitar la asistencia de algunos detenidos a manifestaciones para evitar una eventual repetición de comportamientos de naturaleza similar.

Blocus utilizó consignas inspiradas en los Lycées indignés, una referencia a las movilizaciones estudiantiles en Francia. Sin embargo, la jueza distingue entre el derecho a la protesta y los hechos atribuidos a los investigados, que sitúa fuera de ese marco por la violencia y los saqueos registrados durante la jornada.

Un informe publicado por la empresa alicantina Golden Owl sostiene que la red vinculada con Blocus combinó perfiles públicos en redes sociales con canales privados de mensajería. El estudio describe carteles y vídeos para atraer participantes, además de grupos de Telegram y WhatsApp donde, según la compañía, se compartían datos sobre puntos de encuentro, vestimenta y acciones posteriores.

Golden Owl también afirma que el principal canal de Telegram asociado a Barcelona eliminó miles de mensajes después de que parte de su contenido se hiciera público. La firma señala que el grupo sustituyó mensajes directos por referencias a “matcha” y “yoga” y anunció la creación de un espacio “filtrado”.

La investigación judicial continúa para determinar quién administraba los perfiles y grupos desde los que se difundieron las convocatorias. Para el próximo sábado, Blocus ha vuelto a llamar a concentrarse en plaza de Cataluña.

Representantes de sindicatos de la Policía Nacional y de asociaciones de la Guardia Civil se han encerrado este martes por la tarde de manera indefinida y pacífica en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid, tras el fracaso de la reunión que debía cerrar un acuerdo sobre jubilación anticipada para ambos cuerpos.

El encuentro, al que acudieron representantes de las organizaciones profesionales y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, terminó sin acuerdo. Según han publicado distintos sindicatos en sus cuenta de X, el Ministerio del Interior ha comunicado que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre pone fin a la mesa de negociación sin posibilidad de cerrar los compromisos pendientes.

La protesta cuenta con el respaldo de Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), así como de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, ASESGC, APC, IGC y AEGC por parte de la Guardia Civil. En un comunicado conjunto difundido a través de redes sociales, los convocantes señalan que llevan “casi un año de reuniones y promesas”. “Necesitamos compromisos concretos y soluciones”, aseveran.

Las negociaciones entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil buscaban avanzar en dos frentes vinculados a la jubilación: por un lado, la aplicación de coeficientes reductores del 0,20 por cada año de servicio efectivo, que permitirían adelantar el retiro hasta cinco años, desde los 59, con la menor pérdida posible de poder adquisitivo; por otro, una mejora de las pensiones de quienes están en el Régimen de Clases Pasivas, con una propuesta que elevaría la cantidad hasta los 39.000 euros anuales para el grupo C1 y a la pensión máxima para el grupo A2. A esto se sumaba una tercera demanda pendiente, el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo, figura de la que ya gozan las policías locales y autonómicas.

El Ministerio del Interior tenía previsto entregar una propuesta final el próximo 12 de noviembre, fecha que quedó invalidada tras el anuncio del adelanto electoral realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese al intento de adelantar el encuentro para evitar que los comicios bloquearan el proceso, la reunión de este martes terminó con la comunicación de que la mesa de negociación quedaba cerrada sin acuerdo.

#ÚltimaHora en #UnidadDeAcción: 🚨 MADRID, ES EL MOMENTO DE DAR UN PASO AL FRENTE 🤝 POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL, UNIDOS POR UNA JUBILACIÓN DIGNA. Tras romperse las negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad, representantes sindicales y de asociaciones profesionales permanecen en un ENCIERRO PACÍFICO E INDEFINIDO EN LA SES, para exigir una solución a nuestra jubilación. Llevamos casi un año de reuniones y promesas. Necesitamos compromisos concretos y soluciones. 📢 COMPAÑEROS DESTINADOS EN MADRID: acudid a respaldar esta movilización, de forma pacífica y con absoluto respeto. 📍 Secretaría de Estado de Seguridad. Calle Amador de los Ríos, Madrid. 📅 HOY, 27 DE OCTUBRE DE 2026. 🫡 Por quienes están dentro. Por quienes siguen de servicio. Por quienes se jubilarán mañana. ¡QUE SE ESCUCHE NUESTRA REIVINDICACIÓN: JUBILACIÓN DIGNA PARA POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL! 📲 Comparte este mensaje en tus grupos. Que llegue a todos los compañeros. #JubilaciónDignaYa 🔵 JUPOL · SUP · UFP 🟢 AUGC · JUCIL · ASESGC · APC · IGC · AEGC

— JUPOL (@JupolNacional) October 27, 2026

El mensaje difundido en redes pide a los agentes destinados en Madrid que respalden la movilización “de forma pacífica y con absoluto respeto”. “Por quienes están dentro. Por quienes siguen de servicio. Por quienes se jubilarán mañana”, apuntan. El encierro se produce frente al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y se mantiene de manera indefinida mientras continúa el llamamiento a sumarse a la protesta en Madrid.

El reclamo histórico de la profesión de riesgo

Además de la jubilación anticipada, las organizaciones reivindican desde hace tiempo el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, una figura jurídica de la que ya disfrutan los cuerpos de policía local y autonómica. Los representantes sostienen que esta diferencia de trato deja a los agentes estatales en desventaja frente a sus pares de otras administraciones, pese a estar expuestos a los mismos riesgos en sus intervenciones.

Las organizaciones convocantes confían en que, con independencia del resultado de las elecciones del 29 de noviembre, el próximo Gobierno retome las negociaciones y lleve a término las medidas pendientes de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un trámite que consideran imprescindible para garantizar la efectividad jurídica de cualquier acuerdo futuro.

El avance de la electrónica, los sistemas de control de emisiones y la sobrealimentación ha modificado los hábitos de conducción y mantenimiento que durante años se han transmitido entre propietarios de vehículos. Varios consejos habituales para cuidar coches antiguos pueden resultar contraproducentes en los modelos actuales, según ha advertido el experto en automovilismo Máximo Sant.

“La tecnología ha cambiado y consejos que eran buenos para los coches antiguos no lo son para coches nuevos”, sostiene Sant. Su advertencia apunta a conductas que todavía persisten, desde acelerar antes de apagar el motor hasta dejarlo encendido varios minutos en invierno o recurrir a aceites más densos cuando el vehículo acumula muchos kilómetros.

Los automóviles actuales incorporan componentes que requieren pautas de uso específicas. El turbo, el filtro de partículas, la válvula de recirculación de gases de escape y determinados sistemas de transmisión condicionan la forma de arrancar, circular y realizar el mantenimiento.

Hábitos que dañan el motor

Una de las costumbres que cuestiona el especialista es el acelerón justo antes de apagar el coche. Durante años, algunos conductores lo han asociado con una forma de “limpiar” el motor o de evitar problemas posteriores al detenerlo. Sant explica que esa práctica puede tener el efecto contrario en vehículos equipados con turbo.

“La tecnología ha cambiado y consejos que eran buenos para los coches antiguos no lo son para coches nuevos”, remarca el experto en automovilismo. En los motores sobrealimentados, un aumento brusco de revoluciones antes de cortar el encendido puede afectar la vida útil del turbo, en especial cuando el vehículo no dispone de una válvula eléctrica.

El componente continúa girando durante unos instantes después de que el conductor apaga el motor. Por eso, Sant plantea que el acelerón no ofrece una ventaja mecánica y puede someter al sistema a un esfuerzo innecesario.

El uso de lubricantes más espesos en motores con muchos kilómetros también forma parte de los consejos que el especialista aconseja. La idea de que un aceite de mayor densidad puede compensar el desgaste interno del propulsor aún aparece en recomendaciones informales, aunque Sant señala que puede causar inconvenientes en los autos actuales. “Hoy día no. Va a quemar ese aceite y va a producir hollín y carbonilla que puede perjudicar al filtro de partículas y a la válvula EGR”, explica.

El filtro de partículas y la válvula de recirculación de gases de escape, conocida como EGR, forman parte de los mecanismos destinados a controlar emisiones. La acumulación de residuos puede perjudicar su funcionamiento y derivar en reparaciones que no se corrigen con un cambio de aceite. La recomendación, según el planteo de Sant, es utilizar el lubricante indicado por el fabricante para cada motorización y respetar los intervalos de mantenimiento establecidos para el vehículo.

Arranque y revoluciones

Otro hábito extendido consiste en dejar el coche al ralentí durante varios minutos antes de iniciar la marcha en jornadas frías. Sant ha sostenido que esa espera prolongada no resulta conveniente porque, en esa condición, el motor trabaja con un exceso de gasolina. El especialista recomienda esperar apenas entre cinco y diez segundos tras el arranque. Después, aconseja comenzar a circular de forma suave, sin exigir el motor durante los primeros minutos.

El arranque en frío requiere una conducción progresiva, no una espera prolongada con el vehículo detenido, de acuerdo con la explicación del experto. Esa pauta permite que los distintos elementos mecánicos alcancen su temperatura de funcionamiento mientras el automóvil avanza sin aceleraciones bruscas.

Sant también se ha referido a la costumbre de circular a muy bajas revoluciones con una marcha larga. Esa práctica ha sido frecuente en antiguos motores diésel atmosféricos, donde los conductores han buscado reducir el consumo de combustible.

En coches modernos, esa forma de conducción puede perjudicar el embrague bimasa y las transmisiones. El motor puede trabajar forzado cuando recibe una demanda de aceleración sin contar con las revoluciones necesarias para responder con suavidad. El experto sintetiza su criterio con una indicación dirigida a los propietarios de vehículos: “Coge el manual de tu coche y sigue el mantenimiento que te recomienda el fabricante”.

Un presidente del Gobierno puede recibir una botella de vodka, un machete con funda de piel o hasta un ladrillo procedente del derribo de una cárcel y entregarlos al patrimonio público. Eso es lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero con los obsequios institucionales que recibió durante sus ocho años en La Moncloa, entre los que figuran algunos de los presentes más insólitos de su etapa al frente del Ejecutivo. Las joyas que atribuye al rey de Arabia Saudí, cuyo valor se ha cifrado inicialmente en 1,3 millones de euros, no aparecen, sin embargo, en el inventario.

La relación oficial de regalos de las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011, al que ha tenido acceso Infobae, recoge desde piezas de artesanía y recuerdos institucionales hasta objetos ceremoniales y obras conmemorativas, como un tricornio de gala de la Guardia Civil, una menina realizada por personas en régimen de privación de libertad o una escultura de bronce de Don Quijote y Sancho Panza. El documento incluye, además, presentes de dirigentes extranjeros como Álvaro Uribe, Recep Tayyip Erdogan, Muamar el Gadafi o el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz Al Saud.

El archivo, formalizado el 1 de marzo de 2012, acredita la incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de una serie de bienes recibidos como regalos institucionales por la Presidencia del Gobierno durante los dos mandatos de Zapatero. Los objetos quedaron adscritos al Ministerio de la Presidencia, con destino a la decoración de dependencias oficiales, en cumplimiento de dos órdenes del Ministerio de Hacienda de enero de aquel año.

El inventario ha llegado ahora a la Audiencia Nacional después de que el juez José Luis Calama reclamara a Patrimonio del Estado la relación de esos bienes, en el marco de la pieza separada abierta por las joyas halladas en el despacho del expresidente durante la investigación del ‘caso Plus Ultra’. El documento permite contrastar los regalos institucionales que sí fueron incorporados al patrimonio público con las alhajas que Zapatero sostiene que recibió a título personal del monarca saudí y que no aparecen en el acta.

Los otros regalos saudíes que sí llegaron al patrimonio público

Las joyas que Zapatero atribuye al rey saudí no son los únicos obsequios procedentes de la familia real de Arabia Saudí que recibió durante su etapa en La Moncloa. El inventario recoge otros presentes de la monarquía saudí que fueron incorporados al patrimonio público, entre ellos un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, atribuido al rey Abdalá y fechado el 19 de junio de 2007, coincidiendo con su visita oficial a España.

La relación incluye también un reloj de sobremesa sobre una peana de mármol con la figura de un ciervo, entregado por el entonces príncipe heredero saudí el 5 de junio de 2008, así como una representación de una escena del desierto, con una palmera, una jaima y figuras humanas, elaborada en oro y plata sobre una base de mármol y jade. Esta última pieza, fechada el 16 de julio de 2008, también figura como regalo del monarca saudí.

De una vasija de oro y mercurio a una menina elaborada por presos

Entre los presentes más singulares figura una vasija metálica dorada que el inventario describe como elaborada con una aleación de oro y mercurio. La entregó el entonces ministro turco de Asuntos Exteriores, Abdullah Gül, el 3 de marzo de 2006. De Turquía llegó también una jarra y una bandeja de plata regaladas por el entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, durante una visita el 22 de abril de 2009.

El inventario recoge asimismo una carabela de plata con piedras de coral y una espada de plata labrada procedentes de Argelia, además de una cimitarra de plata del presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, un incensario de plata de Omán y una silla de montar vinculada al entonces líder libio, Muamar el Gadafi.

Entre los obsequios de mandatarios extranjeros figuran también una escultura de bronce con las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, regalo del entonces presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, en noviembre de 2008, y un sombrero artesanal del entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe. La relación incluye, además, un águila de madera con tres plumas de plata, regalada por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y una caja de cristal con una representación de la mano de Fátima, entregada por la entonces ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni.

Otro de los regalos que más llaman la atención por su procedencia es el ladrillo del derribo de la cárcel de Carabanchel, entregado a Zapatero el 22 de diciembre de 2010 por Ángel Martínez Sanjuán, entonces presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. El objeto, procedente de la demolición de la prisión madrileña, quedó incorporado al patrimonio público junto al resto de los obsequios institucionales.

En la misma relación aparecen dos regalos del entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev: una botella de vodka decorada, fechada el 3 de agosto de 2008, y un machete con funda de piel, registrado el 3 de octubre de ese mismo año. Ambos figuran entre los presentes recibidos por Zapatero en Moscú.

El catálogo incluye, además, objetos mucho más modestos, como figuras de barro, placas conmemorativas, bandejas, jarrones y recuerdos de viajes. La variedad de los presentes refleja el carácter heterogéneo de los obsequios recibidos en el contexto de las relaciones institucionales, aunque el documento no constituye necesariamente una relación de todos los regalos que pudieron llegar a manos del expresidente durante su etapa en La Moncloa.

La ausencia de las joyas abre la vía a investigar una posible malversación

El inventario permite reconstruir parte de los obsequios institucionales que recibió Zapatero durante sus ocho años en La Moncloa, pero no resuelve la incógnita de si las joyas que atribuye al rey saudí fueron un regalo personal o si, por las circunstancias en las que se entregaron, debieron incorporarse también al patrimonio público. Esa distinción centra ahora la investigación de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, si las alhajas fueron entregadas al expresidente durante su mandato en el marco de las relaciones institucionales, podrían haber adquirido la consideración de bienes públicos. En ese escenario, su falta de incorporación al patrimonio estatal podría constituir un presunto delito de malversación, según el planteamiento del Ministerio Público.

Anticorrupción invoca el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno, aprobado en 2005 por el Ejecutivo de Zapatero, que establecía limitaciones a la aceptación de regalos y contemplaba que los obsequios de mayor significación institucional se incorporasen al patrimonio público. La Fiscalía considera que el valor atribuido a las joyas excedería el de una atención de cortesía habitual y ha pedido que se investigue esta posible responsabilidad.

La defensa de Zapatero sostiene que las joyas fueron un obsequio personal del monarca saudí y trata de acreditar su procedencia ante la Audiencia Nacional. Para ello, el expresidente se dirigió, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, al jefe de Protocolo de la Corte Real y anunció posteriormente su intención de solicitar cooperación judicial internacional. El magistrado, sin embargo, ha rechazado la petición de comisión rogatoria.

Arropado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la número dos de la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, el líder popular ha lanzado varias promesas electorales. Esta última semana ha tocado la de recuperar la ley y el orden: “Vivir tranquilo es que una mujer pueda volver a casa sin temor, que tu casa sea tuya, que tu comercio amanezca y que el escaparate esté entero. La paz costó mucho construirla. Quien gobierne tiene que apagar el fuego, no arrojar gasolina”, ha reiterado Feijóo.

Feijóo ha insistido en vincular los disturbios a una maniobra electoral de Pedro Sánchez y los partidos de la izquierda alternativa, subrayando que “lo que no pueden ganar, lo quieren romper”. “Quien amenaza porque va a perder solo merece perder para que gane la mayoría. España no se va a dejar intimidar. A partir del día 30 habrá orden. Seremos implacables con los violentos. La ley se cumplirá siempre”, ha sentenciado.

Ayuso acusa a Sánchez de querer “comprar las elecciones” y el Gobierno responde

En la misma línea se refirió minutos antes la número dos de la lista madrileña, quien ha sostenido que “la vuelta a la violencia no era casualidad”, sino el resultado de una política “que señala a media España como enemiga y fascista”. La regidora madrileña iría más allá, en línea con la teoría del pucherazo con la que el PP arrancó la campaña: “El sanchismo está destruido y solo quiere intentar comprar unas elecciones”, ha aseverado.

“Debemos ser generosos con una forma de ver el mundo que se defiende desde la mirada liberal de la vida. Pero solo desde las ganas, desde la ilusión y estando en plena forma se puede alcanzar el poder. No se hereda, se conquista y se hace con ganas”, ha expresado la regidora madrileña.

Las reacciones del Gobierno han llegado a través de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha reprochado al PP que “fomente el odio” con estas acusaciones. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Saiz ha pedido “responsabilidad” a los líderes políticos ante los actos violentos y, sin citar expresamente al jefe de la oposición, le ha recordado que “nunca” se puede “fomentar el odio” con incidentes de este tipo. “Es una barbaridad”, ha añadido.

La lista de Feijóo para disputar los 37 escaños de Madrid

Feijóo ya tiene confeccionado a su escuadrón para pelear por los 37 escaños que reparte Madrid. El PP difundió la lista completa para el Congreso de los Diputados, que estará encabezada por el líder popular, seguido de Álvarez de Toledo y el portavoz del PP, Borja Sémper.

También incorpora miembros de su guardia pretoriana, entre ellos Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo; y Mar Sánchez, mano derecha del líder del PP desde hace 30 años. El resto lo componen varios vicesecretarios del PP, entre ellos Alma Ezcurra, Jaime de los Santos y Juan Bravo, y varios regidores madrileños. Este último grupo podría desatar el runrún el 29N. ¿Es legal que un alcalde sea diputado al mismo tiempo? Sí, pero no está bien visto en los estatutos internos del PP, en los que se estableció que era incompatible compaginar ambos cargos.

Feijóo y Abascal, tándem en el Senado

Más llamativa ha sido la estrategia de los populares en la Cámara Alta. El acto en Madrid tiene lugar al día siguiente de que Feijóo y Santiago Abascal sellasen un pacto histórico para frenar la dispersión de voto en el Senado y contraponer la alianza entre el PSOE y Frente Amplio, que concurrirán bajo una única lista. La fórmula de la derecha es distinta: Vox aceptó no presentarse en seis provincias y limitarse a presentar un candidato de tres posibles en 14 territorios, mientras el PP se borrará de tres provincias y se comprometerá a incorporar a candidatos independientes propuestos por Vox allá donde la extrema derecha no compita.

Feijóo, que califica la alianza entre socialistas y el nuevo Sumar como una “coalición de desesperados”, defiende su pacto con la extrema derecha como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio”.

El Tribunal Supremo ha condenado a seis meses de prisión y suspensión de sueldo a un brigada de la Armada por ocultar a sus superiores que derramó al menos 3.000 litros de combustible de aviación en una fragata, pero le ha retirado la obligación de indemnizar al Estado con 2.895 euros. La Sala de lo Militar ha concluido que el suboficial cometió un delito de deslealtad al negar ante el jefe de su servicio que hubiera existido una incidencia durante el trasiego del combustible.

El brigada era el responsable directo de la recepción y gestión del combustible y los aceites en la fragata de la Armada. El buque embarcó el pasado 13 de enero de 2025 21.700 litros de JP5 en la base naval española de Rota, en Cádiz, para afrontar su calificación operativa. Un día después, a las 12:00 horas, se llevó a cabo una recirculación obligatoria para conservar el combustible en condiciones adecuadas. En el primer trasiego, el tanque de almacén perdió 5.800 litros en el primer trasvase por un error de alineamiento. Esa tarde hubo otro movimiento hacia otro de los tanques y, al día siguiente, el nivel de ese depósito pasó del 67% al 43% de su capacidad: otros 1.450 litros menos.

Como consecuencia del derrame, parte de este combustible cayó en el mar. El resto quedó en el interior del buque y, según relata la sentencia, el brigada ordenó a dos subordinados que retiraran el líquido con cubos y lo vertieran en el tanque de aguas oleosas, un depósito que tienen los barcos destinado al almacenamiento temporal de aguas contaminadas.

La condena no es por el error, sino por ocultar el incidente

La condena no ha respondido al error técnico que causó la pérdida del carburante, ya que fue absuelto anteriormente por el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña al no apreciar el elemento subjetivo exigido para ese delito. El Supremo ha situado el delito en la conversación con el capitán de corbeta, jefe del Servicio de Energía y Propulsión.

El capitán preguntó al brigada si había existido alguna novedad con el JP5, si se había producido una pérdida y cuáles eran las existencias a bordo. El militar respondió que no había ocurrido nada, negó la merma y afirmó que el buque conservaba todo el combustible cargado en Rota. Para el Supremo, esa versión fue “una consciente y mendaz traición a la verdad” sobre un asunto del servicio.

Los magistrados sí han corregido la condena económica. La pérdida de combustible procedía del derrame anterior, no de la información falsa que completó el delito de deslealtad, por lo que ha quedado fuera de la causa. La mentira podía generar responsabilidad civil si hubiera causado un perjuicio directo, ha zanjado el tribunal. Las costas han quedado declaradas de oficio.

La familia Martínez-Bordiú Franco va a poner en venta este martes en Madrid 689 objetos procedentes del Pazo de Meirás, entre ellos retratos de Francisco Franco, muebles antiguos, piezas religiosas, armas, vajillas y una fotografía dedicada por Juan Carlos I al dictador. Los precios de salida van de 20 a 5.000 euros.

La subasta, a cargo de Magna Art Auctions, está prevista para los días 27 y 28 de octubre en su sede de la calle Núñez de Balboa. La casa de subastas ha anunciado sesiones desde las 17:00 y también ha habilitado el seguimiento en línea.

El catálogo reúne bienes que permanecían en el inmueble de Sada, en A Coruña, hasta que el Pazo de Meirás pasó a titularidad estatal en 2020, tras una resolución judicial. El Ministerio de Cultura ha indicado a Europa Press que las piezas ofrecidas son aquellas que el Estado no reclamó durante el procedimiento de recuperación del edificio.

Una fotografía de Juan Carlos I dedicada a Franco

Entre los lotes figura una imagen del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, con marco de plata y una inscripción manuscrita fechada en 1970. La dedicatoria dice: “Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto”.

La fotografía, identificada como el lote 457, tiene un precio inicial de 200 euros. Fue tomada un año después de que Franco designara a Juan Carlos como su sucesor a título de rey.

También se ofrece un fotomontaje de la concentración de la Plaza de Oriente del 1 de octubre de 1975, en el que aparecen Franco, Carmen Polo y los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Su precio de salida es de 500 euros.

El catálogo incluye, además, una fotografía familiar de Franco junto a su esposa y su hija, tasada desde 80 euros; un grabado realizado por Ismael Blat, por 100 euros, y un retrato militar con una base de 300 euros.

La pintura más cara

La obra con el precio inicial más alto es “San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera”, un óleo atribuido al círculo de Luis Tristán. La puja comienza en 5.000 euros.

Entre los lotes valorados en 4.500 euros figuran un bargueño asturleonés del siglo XVII, realizado en madera de nogal y otras maderas frutales; una pintura atribuida al italiano Gaetano Chierici y el cuadro “Amanecer rosado”, del argentino Benito Quinquela Martín.

La venta también incorpora una pareja de consolas de estilo Carlos III y un bureau Luis XVI, ambos con una base de 3.750 euros. Una escultura de plata de San Rafael, con una inscripción de homenaje a Franco fechada en 1943, sale desde 3.000 euros.

En otro lote se agrupan ocho espingardas procedentes de Marruecos, datadas entre los siglos XIV y XX, con un precio inicial de 2.500 euros. Hay también dos armaduras toledanas incompletas, tasadas desde 500 euros.

Asociaciones piden revisar la procedencia de los bienes

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha reclamado a las administraciones que comprueben si algunos bienes pueden ser de dominio público o estar sujetos a protección patrimonial.

La entidad ha planteado dudas sobre la procedencia de objetos que podrían haber estado en el pazo antes de que la propiedad fuera utilizada por la familia Franco, en particular durante la etapa de la escritora Emilia Pardo Bazán y sus herederos.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado para intentar frenar la venta. El portavoz de la CRMH, Carlos Babío, ha sostenido que hay piezas que no pertenecerían a la familia Franco y ha solicitado que las administraciones actúen para defender el interés público.

El director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha afirmado que la operación cuenta con las garantías necesarias y con supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia. La Consejería de Cultura gallega ha señalado que seguirá el proceso para determinar si existe algún elemento cuyo interés aconseje adquirirlo.

El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Ramón Gaitán, ha asegurado este martes ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que había advertido a la Secretaría de Estado de Seguridad de la posibilidad de que las entradas de inmigrantes aumentaran durante los días previos a la crisis migratoria de finales de julio. El responsable del Gobierno de Juan Jesús Vivas sostiene que trasladó su preocupación directamente a la secretaria de Estado, Aina Calvo, dos semanas antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos y que, pese a ello, la situación no recibió la importancia que merecía.

Según fuentes jurídicas, Gaitán ha relatado durante su declaración como testigo que mantuvo una reunión con Calvo el 16 de julio para advertirle del riesgo de una avalancha migratoria. De acuerdo con su versión, la alto cargo valoró los datos que le presentó como una situación propia de “un verano más”, en una ciudad acostumbrada a soportar una presión migratoria sostenida.

Un primer aviso el 16 de julio y un nuevo contacto diez días después

La primera advertencia que el consejero sitúa ante la jueza se produjo el 16 de julio, durante su encuentro con la secretaria de Estado de Seguridad. En esa reunión, según su relato, le trasladó su inquietud por la evolución de las llegadas y la posibilidad de que el fenómeno fuera a más en los días siguientes. El encuentro no se habría traducido en medidas concretas, siempre de acuerdo con la versión del testigo.

Gaitán volvió a contactar con Calvo el 26 de julio, esta vez a través de WhatsApp. El consejero le comunicó que la situación se estaba complicando. Según fuentes jurídicas, la respuesta que recibió fue que en el Ministerio eran conscientes de lo que estaba ocurriendo y que estaban trabajando en ello.

Los contactos se prolongaron durante las jornadas siguientes. El responsable de Presidencia y Gobernación ha explicado que se produjeron nuevas comunicaciones y reuniones con distintos departamentos de la Administración central, incluida Presidencia del Gobierno. En los encuentros de los días 27 y 28 de julio, la Ciudad Autónoma pidió un refuerzo de efectivos para hacer frente a la presión migratoria.

Interior rechazó instalar una barrera de boyas con redes sumergidas

Los tres consejeros del Gobierno de Ceuta que han declarado este martes ante la jueza le han trasladado que el Ejecutivo central descartó la posibilidad de instalar una barrera de boyas con redes bajo el agua para frenar las entradas a nado desde Marruecos. Según los testimonios de los responsables autonómicos, la propuesta no salió adelante por el riesgo de que los migrantes quedaran atrapados en la estructura. La medida pretendía reforzar la contención en el entorno del Tarajal, uno de los puntos por los que se produjo la entrada masiva del 30 de julio.

La cuestión resulta especialmente relevante por el momento en el que se planteó la instalación de elementos físicos en la frontera marítima. El Tribunal Supremo dictó el 8 de julio una sentencia que impedía aplicar el rechazo en frontera a las personas que accedían a nado a Ceuta, al no existir un elemento de contención física que permitiera encajar esos cruces en el procedimiento previsto para las entradas irregulares. Al día siguiente, el 9 de julio, Interior ya contemplaba colocar una barrera flotante para prolongar en el mar el espigón fronterizo del Tarajal.

La instalación de este tipo de elementos, de hecho, llevaba semanas sobre la mesa. Sobre el 9 de julio Interior comenzó a estudiar una barrera flotante que prolongara el espigón y sirviera como elemento disuasorio. La estructura contemplada inicialmente sobresaldría entre 30 y 70 centímetros del agua y tendría una parte sumergida de hasta un metro. Pese a ello, los trabajos no arrancaron hasta el 1 de agosto, cuando ya se había producido la entrada masiva.

La cuestión de los medios de contención volvió a aparecer en las comunicaciones de los días previos a la crisis. Según la documentación del CNI, el 28 de julio el Gobierno consultó al Tribunal Supremo qué podía considerarse un elemento de contención fronterizo y si ese concepto podía incluir unas boyas que delimitaran la frontera marítima. La duda tenía una implicación directa sobre el procedimiento que podían aplicar los agentes a quienes intentaran acceder a la ciudad a nado.

Finalmente, Interior anunció el 1 de agosto el comienzo de la instalación de una barrera neumática de 500 metros en el espigón del Tarajal, combinada con una primera línea de boyas de contención proporcionadas por la Armada. El dispositivo se desplegó después de los hechos y tenía como objetivo dificultar el acceso a la playa y dar cumplimiento a la sentencia del Supremo. La diferencia entre esa infraestructura y la alternativa con redes sumergidas a la que se han referido los consejeros será relevante para precisar qué propuesta se descartó, cuándo se hizo y qué motivos se dieron para ello.

La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha reclamado este martes al Consejo de Ministros la desclasificación de la totalidad de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vinculados a la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La magistrada ha fijado un plazo máximo de 15 días naturales para que el Ejecutivo cumpla con la medida.

En el auto al que ha tenido acceso Infobae, Tardón solicita que se hagan públicas “todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos” ocurridos esos días. La petición incluye de manera específica la documentación relacionada con “la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha”.

Además, la jueza ha reclamado el listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas correspondientes al 27 y al 30 de julio, identificadas con las referencias C/10266/27-07-2026 y C/10481/30-07-2026. La solicitud incluye cualquier otra comunicación remitida con posterioridad a esa fecha, indicando también la hora exacta de envío y certificación de su recepción efectiva por parte de los destinatarios.

Según el auto, esta documentación permitirá establecer qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de la entrada masiva prevista para el 30 de julio, además de determinar qué decisiones se adoptaron o se omitieron a partir de esa información.

Desclasificación “con carácter urgente”

La resolución establece que la desclasificación debe producirse “con carácter urgente y, en todo caso, en el plazo de quince días naturales” desde que el Consejo de Ministros reciba la solicitud. Todo el material desclasificado se incorporará a la pieza separada que permanece bajo secreto de sumario dentro de la causa.

Tardón sostiene que la información reclamada “es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado”, ya que esta se vio comprometida precisamente durante los hechos que se investigan, y que determinar la autoría de ese ataque a la seguridad nacional constituye el objeto central de la causa. La magistrada añade que la eventual clasificación de la documentación “no constituye un obstáculo jurídico absoluto” que impida al órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos.

Antecedentes de una desclasificación parcial

El pasado 8 de septiembre, el Consejo de Ministros ya acordó una desclasificación parcial de la documentación del CNI y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), que incluyó tres escritos del servicio de inteligencia, un informe del CIFAS y comunicaciones mantenidas con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Guardia Civil.

El propio Ejecutivo reconoció entonces que no toda la documentación podía hacerse pública, debido a que parte de ella afecta a información especialmente protegida o incorpora elementos procedentes de servicios de inteligencia extranjeros.

La jueza ha reclamado también a otros organismos documentación relacionada con la crisis, entre ellos al Estado Mayor de la Defensa, al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interrogará este miércoles a tres ciudadanos marroquíes que entraron en Ceuta durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. La magistrada quiere escuchar como testigos a quienes cruzaron la frontera en una de las jornadas más críticas de la crisis, en una investigación que busca esclarecer cómo se desarrolló la entrada masiva y si existió una actuación coordinada desde Marruecos.

Los tres están citados a las 10.00 horas por videoconferencia, antes de las declaraciones de los policías que también comparecerán mañana en el marco de la misma causa. Según fuentes jurídicas, los ciudadanos marroquíes habían acudido voluntariamente a declarar ante la Policía Nacional antes de que se acordara su comparecencia judicial. La instructora incorpora así a las diligencias el testimonio de personas que vivieron la entrada desde el lado de quienes cruzaron la frontera.

La causa, abierta por un presunto delito contra la paz e independencia del Estado, busca reconstruir cómo se produjo la llegada masiva, qué información manejaban las autoridades antes de los hechos y qué respuesta desplegaron los distintos organismos. En sus resoluciones, Tardón ha apuntado que la entrada no habría sido un episodio espontáneo, sino un proceso organizado en el que la finalidad migratoria habría servido de cobertura para generar una presión extraordinaria sobre la frontera.

La Policía apunta al guiado de los migrantes por agentes marroquíes

Uno de los aspectos que examina la magistrada es la actuación de las fuerzas marroquíes. En declaraciones incorporadas a la causa, responsables políticos de Ceuta y mandos policiales han descrito comportamientos de agentes del país vecino que, según sus testimonios, habrían facilitado o no impedido los cruces.

El principal indicio sobre este extremo es un informe de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional. El documento sostiene que agentes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, habrían participado en el guiado de los migrantes hacia determinados puntos de acceso a Ceuta. Según el análisis policial, algunos efectivos habrían dado indicaciones para que quienes intentaban cruzar a nado se dirigieran hacia el espigón del Tarajal.

El informe describe una situación de “permisividad policial” en el lado marroquí y sostiene que no se detectaron intentos serios de dispersar o alejar a la multitud del perímetro fronterizo. También recoge imágenes y testimonios sobre individuos que, sin formar aparentemente parte de la masa, habrían actuado como gestores del flujo, orientando a los migrantes hacia zonas concretas.

La Policía interpreta estos elementos como indicios de que la entrada respondió a un patrón organizado y no a una movilización espontánea. El documento plantea que el objetivo habría sido colapsar el sistema de control fronterizo y reducir la capacidad de respuesta española. No obstante, el informe no identifica una autoría concreta ni acredita por sí mismo que el Gobierno marroquí ordenara la operación. El Ministerio del Interior sostuvo que el análisis policial no atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la crisis.

Las declaraciones sobre la pasividad de las fuerzas marroquíes

Los indicios recogidos por la Policía coinciden parcialmente con los relatos de testigos que han comparecido ante Tardón. El inspector jefe de la Policía Nacional en Ceuta Lorenzo Juan Fages aseguró que había observado a agentes marroquíes, uniformados y de paisano, haciendo gestos para facilitar el avance de las personas hacia territorio español. Según su declaración, algunos individuos conducían a los migrantes hacia la zona del espigón mientras los agentes permanecían en las inmediaciones.

El teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo también relató que la noche anterior a la entrada masiva se había informado de la presencia de seis embarcaciones marroquíes frente a Ceuta, entre ellas patrulleras e interceptoras.

Los responsables políticos ceutíes han ofrecido, por su parte, relatos sobre la actitud de los agentes del país vecino. La consejera Nabila Benzina ha descrito este martes la presencia de efectivos marroquíes que, según su versión, no estaban tratando de frenar los cruces. El portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, ha contado que había observado a personas recogiendo flotadores utilizados por quienes llegaban a Ceuta y devolviéndolos hacia Marruecos, donde volvían a emplearse.

José Luis Calama , magistrado de la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí. La medida buscaba que la Casa Real saudí aclarara el origen y confirmara que las joyas con rubíes, esmeraldas y zafiros halladas en su despacho eran un regalo del rey Abdulá.

En su auto, Calama apunta que la comisión rogatoria “carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia”, y recuerda que Zapatero dispone de “medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma”. “No se ha adoptado medida cautelar alguna que limite su libertad de movimientos o le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado”, afirma en el auto al que ha podido acceder Infobae.

Zapatero solicitó esta comisión rogatoria para acreditar que las joyas le fueron entregadas por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando era presidente del Gobierno. Por ello, Calama considera que esta comisión rogatoria “no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva”, sino a “construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado”.

La Fiscalía pidió, además, ampliar la investigación contra el exmandatario por un posible delito de malversación de caudales públicos, previsto en el artículo 432 del Código Penal. Esa solicitud será resuelta en una resolución separada.

El argumento de la defensa

La representación procesal de Zapatero, a cargo del procurador Granizo Palomeque, realizó la petición el 23 de septiembre de 2026. Según la versión del expresidente, los tres juegos de joyería —compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros— le fueron entregados personalmente por el entonces monarca de Arabia Saudí, Abdulá bin Abdulaziz Al Saud, durante la visita oficial que este realizó a España en junio de 2007, cuando Zapatero ejercía la presidencia del gobierno.

La defensa sostuvo que su cliente aceptó las piezas por deferencia hacia el soberano extranjero y que las conservó desde entonces junto a otras joyas de origen familiar y regalos de terceros, sin utilizarlas ni conocer su valor económico. Sobre esa base, pidió que el juzgado recabara una certificación oficial de la Corte Real saudí que respaldara esa versión.

El expresidente afirmó haber enviado dos comunicaciones a la Jefatura de Protocolo saudí a través de la embajada de ese país en Madrid. No aportó, sin embargo, ninguna constancia de que esos escritos hubieran sido efectivamente presentados o remitidos.

La posición de la fiscalía

El Ministerio Fiscal se opuso a la comisión rogatoria en su informe del 8 de octubre de 2026 y aportó un elemento que el juez consideró central: el acta de recepción en el Patrimonio de la Administración General del Estado de los obsequios institucionales recibidos durante las dos presidencias de Zapatero, entre 2004 y 2011.

Ese documento registra que el rey Abdulá entregó en la visita de junio de 2007 un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas. Con ocasión de otro viaje al año siguiente, obsequió un reloj de sobremesa y un objeto de artesanía en oro y plata sobre base de mármol y jade. Sin embargo, las joyas investigadas no figuran en ese inventario oficial.

La Fiscalía señaló, además, que el monarca al que la defensa atribuye el regalo ya falleció, lo que hace imposible obtener su testimonio directo.

A partir de esos elementos, el fiscal entendió que la versión del investigado “viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”. Con ese argumento, solicitó que la investigación se ampliara para incluir el delito de malversación.

Las razones del rechazo judicial

Calama construye su negativa sobre varios pilares. El primero es la ausencia total de corroboración externa de la hipótesis de la defensa: la visita del rey Abdulá en 2007 está acreditada, pero no hay ninguna constancia documental de que en esa oportunidad entregara las joyas.

El segundo pilar es el Código de Buen Gobierno aprobado por el propio gobierno de Zapatero mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005. Ese texto establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. El magistrado señala que esa norma, dictada bajo la presidencia del investigado, acredita que conocía las obligaciones aplicables a ese tipo de bienes.

El tercer elemento refiere a las joyas en sí mismas. El auto indica que resulta razonable inferir que unos juegos con rubíes, esmeraldas y zafiros presentan “una relevante entidad patrimonial” apreciable incluso sin conocimientos especializados. Desde esa perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en poder de Zapatero “sin conciencia de su valor material” es considerada incompatible con las características objetivas de las piezas.

El cuarto punto es la condición física de las joyas al momento del allanamiento: no estaban en sus estuches originales ni tenían certificados de autenticidad, documentación de procedencia ni ningún elemento identificativo asociado habitualmente a bienes de ese valor. El juez advierte que esa circunstancia difícilmente es compatible con la tesis de que se trataría de un regalo institucional de un jefe de Estado destinado al patrimonio público.

Por qué el juez descarta la rogatoria

La resolución distingue con precisión el alcance de la cooperación judicial internacional. Ese instrumento, explica el magistrado, está destinado a obtener pruebas sobre hechos que ya cuentan con algún grado de sustento objetivo, no a generar ese sustento desde la nada.

Acordar la comisión rogatoria en esas condiciones, razona el auto, implicaría que cualquier manifestación unilateral de un investigado, por inverosímil que fuera, obligara al juzgado a desplegar actuaciones potencialmente complejas y dilatorias, incluso fuera del territorio nacional.

El juez descartó también que el rechazo vulnere el derecho de defensa. Señaló que Zapatero no tiene ninguna medida cautelar que restrinja su libertad de movimientos y que, dado que fundamenta su versión en la relación institucional que mantuvo con la Corte Real saudí durante su presidencia, dispone de medios directos para gestionar personalmente esa confirmación ante las autoridades del reino.

Contra el auto pueden interponerse recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en el plazo de cinco días, en forma conjunta o por separado.

El Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) estudia emprender acciones legales contra el de Baños de Montemayor (Cáceres) después de que este último pagara el traslado y cinco noches de alojamiento de una familia que había protagonizado un conflicto por una presunta okupación en unos apartamentos turísticos de la localidad extremeña.

La historia comenzó el pasado 30 de septiembre, cuando un matrimonio y sus dos hijos llegaron a los Apartamentos Turísticos La Plazuela, en Baños de Montemayor, para una estancia de siete días que debía concluir el 7 de octubre. Sin embargo, llegado ese momento, la familia no abandonó el establecimiento y alegó disponer de un supuesto contrato de alquiler de siete años que le permitiría permanecer en el inmueble, un documento cuya existencia niega la propietaria, que sostiene que el acuerdo alcanzado era únicamente el de una reserva turística.

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Lo que inicialmente era una disputa entre los okupas y los responsables del alojamiento terminó convirtiéndose en un conflicto que alteró la convivencia en una localidad de unos 700 habitantes del norte de Cáceres. Los propietarios denunciaron problemas de convivencia, pérdidas económicas por las reservas que tuvieron que cancelar y dificultades para recuperar el inmueble, mientras que parte de los vecinos se sumó a las protestas frente al establecimiento, con caceroladas y concentraciones que aumentaron la presión para encontrar una solución.

Durante aquellos días, el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, encabezado por la alcaldesa Nieves del Vado (PP), intervino para tratar de poner fin a una situación que se había enquistado, en unas gestiones en las que también participó la Guardia Civil y que coincidieron con la contratación, por parte de los propietarios, de una empresa especializada en desokupaciones. La solución llegó el 20 de octubre, cuando la familia abandonó finalmente los apartamentos y emprendió un viaje que terminaría abriendo un nuevo frente, esta vez entre dos ayuntamientos.

Un taxi hacia Mataró y cinco noches de alojamiento

La salida del inmueble se produjo con un desplazamiento hasta Mataró que, según la versión de la alcaldesa extremeña, eligieron los propios okupas porque aseguraban tener allí familiares o conocidos. El Ayuntamiento de Baños de Montemayor asumió el coste del taxi y de cinco días de alojamiento, un desembolso que Del Vado ha justificado como parte de la solución negociada para resolver el enfrentamiento con los propietarios.

La regidora ha explicado que el dinero salió de una partida municipal de contingencias y ha defendido que la intervención permitió recuperar el apartamento y poner fin a las protestas que se habían sucedido durante las jornadas anteriores. Según su relato, los okupas llegaron a solicitar cerca de 1.000 euros adicionales para manutención, una petición que asegura haber rechazado y tras la que, sostiene, amenazaron con regresar al establecimiento si no recibían esa cantidad.

La alcaldesa también ha explicado que esperaba que, una vez en Mataró, la familia pudiera acudir a los servicios sociales municipales en caso de necesitar asistencia, aunque no hubo una coordinación previa con el Ayuntamiento receptor. Fue precisamente esa falta de comunicación la que abrió un segundo frente cuando el caso trascendió públicamente. El alcalde de Mataró, David Bote, conoció por los medios de comunicación que su municipio había sido el destino de una familia cuyo traslado y alojamiento había financiado otro consistorio, sin que el suyo hubiera participado en las gestiones ni recibido información sobre la operación.

El alcalde cuestiona el uso de fondos públicos

Bote ha reprochado a Baños de Montemayor que resolviera el conflicto facilitando el desplazamiento de los okupas a otra ciudad sin advertirlo previamente y ha defendido que las administraciones no pueden afrontar este tipo de situaciones trasladando sus consecuencias a otros municipios. El regidor socialista cuestiona tanto el procedimiento seguido como la utilización de recursos públicos para sufragar el viaje y la estancia, y ha anunciado que sus servicios estudian posibles acciones legales.

Entre las vías que se han planteado figura la posibilidad de acudir al Tribunal de Cuentas para que examine el desembolso. El alcalde ha precisado que las eventuales iniciativas se dirigirían contra el Ayuntamiento de Baños de Montemayor, no contra la alcaldesa a título personal.

La polémica gira ahora en torno a la justificación del gasto y a las circunstancias en las que se tomó la decisión de trasladar a la familia. Para determinar si existe alguna irregularidad será necesario conocer el expediente administrativo, la autorización del desembolso y las facturas, así como la justificación de su finalidad pública. La utilización de una partida de contingencias, como sostiene la alcaldesa, no acredita por sí sola que el pago fuera irregular ni que estuviera debidamente justificado.

Mientras los dos ayuntamientos intercambian reproches, los propietarios también han denunciado desperfectos, suciedad y la desaparición de un televisor, además de las pérdidas económicas por las reservas canceladas durante los días en los que no pudieron disponer del alojamiento. El caso ha incorporado también afirmaciones sobre supuestos episodios similares protagonizados por los okupas en otros puntos de España, aunque esas referencias no permiten dar por acreditados otros casos sin documentación que los respalde.

El poeta gaditano Enrique García Maiquez; el exvicepresidente de Vox en Valencia, José Luis Aguirres, y tres periodistas, entre ellos Alba Moreno, excolaboradora de Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, figuran entre los seis candidatos independientes elegidos por Vox para las listas del PP al Senado.

Este partido ha registrado la relación de sus candidatos a las elecciones generales, entre los que figuran los seis que concurren como independientes a la Cámara Alta, tras un acuerdo con Vox, en sus listas al Senado por Gran Canaria, Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Mallorca.

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Entre ellos están el escritor y poeta Enrique García Maiquez, que se presenta en la lista popular por Cádiz; el exdiputado autonómico valenciano José Luis Aguirre, que concurre por Valencia; y también Alba Moreno, que figura en la candidatura por la isla de Gran Canaria.

Completan esta relación de candidatos independientes el director de Comunicación de la fundación Disenso, Miguel Rovira, en la lista por Castellón; la exjefa de prensa de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Belén Bordils, por Mallorca; y Yeray Suárez, vinculado al partido en Canarias y que concurre por Gran Canaria, según las listas dadas a conocer por el PP este lunes.

Vox ha presentado como independientes a 20 personas vinculadas al partido. En cuanto a Baleares, Vox no presentará a nadie en Ibiza ni Menorca, pero Belén Bordils irá de número dos por Mallorca -seguida de Jordi Aguiló y Nerea García como suplentes- y Vicente Tur encabezará la lista de Formentera -con Carolina Tur como suplente-.

Una fórmula que repiten en el archipiélago canario, donde no se presentarán en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma, para concurrir con Alba Moreno de número dos con Yeray Antonio Suárez y María Cristina Aguado de suplente. José Francisco García será el número dos por Tenerife, seguido de Isis María Luque y David Fernández como suplentes.

Es el resultado del acuerdo anunciado este lunes con el PP por el que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza presentarse en esas seis provincias y a cambio los ‘populares’ rechazan presentarse en otras tres.

Finalmente, por la provincia de Cádiz, Enrique García será el número tres con María del Carmen Salas de primera suplente y Agustín Jiménez de segundo.

Una fórmula con la que buscan rentabilizar al máximo el voto para hacer frente al acuerdo entre el Partido Socialista y el Frente Amplio, que presentará una sola candidatura con el fin de terminar con la mayoría absoluta que ha regido la Cámara Alta durante esta legislatura.

Feijóo incorpora a 11 representantes públicos de nueve ejecutivos autonómicos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reclutado a nueve consejeros autonómicos para las listas electorales de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo que obliga a los presidentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y La Rioja a remodelar sus Gobiernos regionales.

Feijóo ha buscado rodearse de perfiles con amplia experiencia de gestión por si consigue llegar al Palacio de la Moncloa y, con ese objetivo, ha decidido incorporar a sus candidaturas a 11 representantes públicos de nueve ejecutivos autonómicos (de los cuáles nueve son consejeros) y a 236 alcaldes, seis de ellos de capitales de provincia.

En concreto, el líder del PP ha fichado a la consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia (Congreso); a la consejera Educación de Castilla y León, María Pardo (Congreso); a la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana, Elena Albalat (Congreso); y a la conselleira de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García (Congreso).

También forman parte de las listas el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo (Congreso); la consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa (Congreso); el consejero de Educación de La Rioja, Alberto Galiana (Congreso); e Consejero de Urbanismo y Transportes de Ceuta, Rafael Martínez Peñalver (Congreso); el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria; y Luis Venancio Martínez Abad (Senado).

Con estas incorporaciones, tienen que hacer remodelaciones en sus Gobiernos regionales Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana), Fernando López Miras (Murcia) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid). También el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, deberá realizar una crisis de gobierno tras la salida de uno de sus consejeros para ocupar un escaño en las nuevas Cámaras de la XVI legislatura, que se constituirán el 23 de diciembre.

Enrique Santiago irá número en la lista de Frente Amplio por Sevilla

Otra de las novedades que se ha sabido a última hora de este lunes antes de que se cerrar el plazo es que Ee líder del PCE y diputado de IU Enrique Santiago irá como número uno en la lista de Frente Amplio por Sevilla al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, según han informado a EFE fuentes de su formación.

Santiago ha ejercido como portavoz de IU dentro del grupo parlamentario Sumar en la actual legislatura tras las elecciones generales de 2023, en las que se presentó como candidato por Córdoba.

En cambio, en las elecciones del próximo 29 de noviembre será el cabeza de lista por Sevilla para el Congreso en la candidatura de la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio e impulsada por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno es Ada Colau, que va como número uno por Barcelona al Congreso, y la lista madrileña está encabezada por Emilio Delgado y Tesh Sidi, ambos de Más Madrid, seguidos por el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha asumido ante la Audiencia Nacional la responsabilidad de abrir la valla fronteriza durante la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. El mando ha defendido ante la jueza María Tardón que la decisión fue exclusivamente suya, sin que ningún superior le ordenara hacerlo, y ha asegurado que actuó para evitar que las personas que se agolpaban en la frontera se echaran al mar y trataran de acceder nadando a la ciudad autónoma.

Según fuentes jurídicas, Lobo ha explicado que el exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, no le dio instrucciones operativas durante la crisis. El teniente coronel ha sostenido que se limitó a informarle de lo que estaba ocurriendo, mientras que las decisiones sobre cómo responder a la llegada masiva de personas desde Marruecos las adoptó él mismo sobre el terreno.

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La comparecencia de Lobo se ha producido el mismo día en que ha declarado como testigo el inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Fagés, con quien el teniente coronel protagonizó una discusión por la apertura del acceso fronterizo.

Fagés ha ofrecido una versión sobre la preparación y respuesta policial que dibuja un escenario de falta de instrucciones y de ausencia de un dispositivo extraordinario ante la magnitud de lo ocurrido. Según fuentes presentes en su declaración, el inspector jefe ha asegurado que no recibió órdenes sobre cómo actuar, ni durante la jornada de la entrada masiva ni en los días previos, y que tampoco participó en reuniones de coordinación o planificación para afrontar una eventual avalancha.

La discusión por la apertura de la frontera

La decisión de abrir la cancela se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la actuación de las fuerzas de seguridad. Mientras Lobo ha defendido que permitir el paso era la opción necesaria para evitar que la multitud se arrojara al mar, Fagés ha explicado ante la magistrada que las instrucciones que defendía eran diferentes.

El inspector jefe ha relatado que, cuando se produjo la entrada masiva, se aproximó con sus hombres a la valla para tratar de contener la llegada de personas desde Marruecos. Su testimonio sitúa la intervención policial en un escenario en el que, según su versión, no existían directrices previas sobre cómo responder a una situación de esas características.

El despliegue marroquí la noche anterior

Miguel Lobo ha explicado también ante la jueza Tardón que la noche anterior a la entrada masiva de migrantes en Ceuta detectó el despliegue de seis embarcaciones de la Armada marroquí frente a la frontera. El mando de la Guardia Civil interpretó aquel movimiento como un refuerzo de la seguridad y se lo trasladó al entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. “Han reforzado, a ver si estamos más tranquilos esta noche”, le comentó, según fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.

Las embarcaciones que identificó eran dos interceptoras, dos patrulleras y otras dos de menor tamaño. Lobo ha relatado que informó al delegado de este movimiento, aunque ha asegurado que no recibió de él ninguna indicación operativa y que las decisiones sobre cómo responder a la entrada masiva de migrantes, entre el 30 y el 31 de julio, fueron exclusivamente suyas.

Reino Unido y Polonia han acordado desarrollar misiles de defensa aérea y tecnologías contra drones para reforzar su capacidad militar conjunta en el flanco oriental de Europa. El objetivo declarado por ambos gobiernos es “disuadir las amenazas rusas”, según el Ministerio de Defensa británico. El acuerdo, denominado Plan de Defensa de Varsovia, contempla cooperación en tierra, mar, aire, ciberseguridad e industria militar. Prevé la producción conjunta de armamento, la protección de infraestructuras críticas y un aumento de las maniobras defensivas en el mar Báltico.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz. El plan se inscribe en el marco del tratado bilateral de seguridad y defensa que ambos países firmaron a comienzos de año. Londres y Varsovia aseguran que la iniciativa contribuirá en gran medida a reforzar la seguridad europea y la capacidad de respuesta de la OTAN.

Misiles, respuesta ante drones y colaboración naval

Uno de los ejes del acuerdo será la fabricación y el desarrollo de una nueva generación de misiles de defensa aérea. Reino Unido y Polonia también trabajarán en el diseño de drones y de sistemas destinados a neutralizarlos, con el objetivo de proteger a la población y a instalaciones estratégicas. El comunicado explica que es una respuesta al aumento de las incursiones de drones en Reino Unido y Europa y plantea una cooperación técnica para afrontar ese tipo de amenazas. Los dos gobiernos buscan desarrollar herramientas que permitan detectar, seguir e interceptar aparatos no tripulados que puedan afectar a aeropuertos, instalaciones militares, redes energéticas u otros servicios esenciales.

La ciberseguridad también forma parte del plan. Ambos países prevén reforzar su capacidad para proteger infraestructuras militares y civiles frente a ataques hostiles y mejorar la resistencia de sus sistemas digitales. La colaboración se extenderá al ámbito naval. Las fuerzas británicas y polacas aumentarán su actividad defensiva en el Báltico mediante ejercicios y mecanismos de coordinación regional. El propósito es proteger las rutas marítimas y las líneas de comunicación consideradas esenciales para la seguridad de la zona.

Cooperación industrial y misiones militares

El pacto también da un papel central a las empresas de defensa de ambos países. BAE Systems, del Reino Unido, y el grupo polaco PGZ ampliarán su capacidad de producción de munición de gran calibre. Quieren acercar sus procesos de adquisición militar para facilitar nuevos contratos conjuntos. Polonia ya ha recurrido a la industria británica para su sistema de defensa aérea Narew, suministrado por MBDA UK. La nueva etapa busca profundizar ese vínculo comercial e industrial, con programas de formación, educación especializada y movilidad laboral entre las compañías de los dos países.

Otra de las áreas previstas es el intercambio de experiencias sobre fragatas. Reino Unido desarrolla el modelo Tipo 31, mientras que Polonia construye los buques Miecznik a partir de un diseño común. La cooperación pretende aprovechar esa base compartida para mejorar las capacidades navales de ambas armadas. Los ejércitos de los dos países mantendrán su participación en maniobras como Steadfast Defender, Polish Dragoon y Joint Warrior. Esos ejercicios incluirán prácticas vinculadas a la guerra electrónica, la defensa antimisiles y la lucha contra drones. Reino Unido y Polonia preparan además un ejercicio de la Coalición de Voluntarios (grupo de apoyo a Ucrania) que tendrá lugar en territorio polaco el próximo mes con miles de militares implicados.

Alrededor de 39 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 29 de noviembre. Los votantes que no puedan acudir a su colegio electoral el día de las elecciones generales podrán ejercer el sufragio mediante el voto por correo. Pero atención: una vez que la Oficina del Censo Electoral (OCE) acepte la solicitud, las personas inscritas en esta lista no podrán votar de forma presencial el día de los comicios, incluso si finalmente no envían su voto por correo.

Podrán pedir el voto por correo cualquier ciudadano inscrito en el censo electoral residente en España que prevea que no podrá acudir personalmente a la mesa que le corresponda el 29 de noviembre, ya sea porque tenga programado un viaje, por motivos de trabajo o por estar viviendo en otra ciudad. También podrán tramitarlo los españoles que residan habitualmente en el extranjero, pero se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral.

Cabe recordar que los electores residentes fuera de España que permanezcan en el exterior no deben recurrir a este procedimiento. Para estas situaciones se debe utilizar el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), al que deberán acudir para recibir la documentación electoral sin necesidad de presentar una solicitud previa.

Plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones generales

El trámite para pedir el voto por correo se abrió el pasado 6 de octubre y finalizará el jueves 19 de noviembre, incluido; mientras que el voto deberá depositarse en una oficina de Correos antes del 25 de noviembre, dentro del horario habitual de atención. La entrega se efectuará por correo certificado y es importante conservar el justificante.

La petición para votar por esta modalidad se puede solicitar en cualquier oficina de Correos, de forma presencial, o por internet, a través de la página oficial que habilita Correos.

Los documentos que debes llevar

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que el elector debe acreditar su identidad con cualquiera de los documentos admitidos, siempre que presente el original, incluya fotografía y permita identificarlo sin dudas. Es decir, serán válidos el pasaporte, el permiso de conducir o la tarjeta de residencia originales.

La normativa también permite que otra persona solicite el voto por correo en nombre del elector cuando una enfermedad o discapacidad le impida acudir a una oficina de Correos. Para ello, deberá presentar una autorización notarial o consular y el certificado médico que acredite esa situación.

En la modalidad presencial, el elector tendrá que comunicar una dirección postal para recibir las papeletas, sobres y certificados. Esa dirección puede ser distinta a la del domicilio habitual, como un lugar de trabajo o un apartado postal. La Oficina del Censo Electoral prevé comenzar el envío de la documentación a partir del 9 de noviembre y la entrega será personal y requerirá que el destinatario acredite su identidad. Si no se encuentra en el domicilio indicado, Correos te dejará un aviso para recoger la documentación en la oficina indicada.

La fecha límite para votar por correo para las elecciones del 29-N

Una vez recibida la documentación, el elector deberá seleccionar la papeleta, introducirla en el sobre de votación y preparar el envío dirigido a su mesa electoral junto con el certificado de inscripción en el censo. En ningún caso deberás introducir tu DNI.

Correos recuerda que, si el elector no puede acudir personalmente a enviar el voto, puedes autorizar a otra persona. Para ello, deberá aportar una autorización firmada, una copia de su documento de identidad y la identificación de la persona autorizada. El último día para votar, según los plazos electorales, es el 25 de noviembre.

Iustitia Europa ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda también los efectos electorales de los nacionalizados por la llamada ‘ley de nietos’ que figuran en el Anexo III de la instrucción de 25 de octubre de 2022. El partido político presidido por Luis María Pardo pretende extender así las medidas cautelares que ya afectan a 163.020 electores del extranjero a los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de la anterior Ley de Memoria Histórica.

La formación mueve ahora ficha para tratar de cerrar esa brecha, señalada por el diario El Mundo este lunes, y reclama que se identifique a este colectivo. Solicita, además, que los sufragios puedan recibirse, pero permanezcan separados y bajo custodia, sin incorporarse al escrutinio hasta que concluya la comprobación de la situación electoral de cada afectado.

Una petición que va más allá de los hijos de los 163.020 afectados

La iniciativa se apoya en la relación entre las distintas vías de acceso a la nacionalidad que contempla la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, firmada por Sofía Puente. En concreto, el apartado 1.b) reconoce el derecho de opción a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes se les hubiera reconocido previamente la nacionalidad española de origen al amparo de esa misma disposición o de la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica.

Según los datos administrativos que recoge el escrito, a 31 de julio de 2026 constaban 189.678 inscripciones practicadas por esta vía. A 31 de agosto, el Gobierno cifraba en 195.872 las nacionalidades concedidas conforme al Anexo III, además de otras 134.405 solicitudes aprobadas que estaban pendientes de inscripción. Estas cifras, sin embargo, no permiten conocer cuántos de esos ciudadanos están incorporados al censo electoral que se utilizará en las elecciones del 29-N ni cuántos son hijos de personas afectadas por la suspensión cautelar. Tampoco significa que todos los nacionalizados por esta vía tengan cuestionada su situación.

De hecho, el propio Iustitia Europa reconoce en su escrito que la inclusión en el Anexo III no permite dar por acreditada, por sí sola, la existencia de una irregularidad. La formación sostiene que es necesario reconstruir documentalmente la relación entre progenitores e hijos y comprobar por qué vía adquirió la nacionalidad cada uno.

Aunque su petición principal abarca a la totalidad de los electores del Anexo III incorporados al CERA, el partido plantea subsidiariamente una medida más limitada: suspender los efectos electorales de aquellos cuyo progenitor se encuentre comprendido en las cautelares anteriores, además de determinados supuestos en los que la Administración no haya podido determinar a tiempo el antecedente jurídico de la nacionalidad.

La instrucción que amplió el alcance de la ley

La controversia se remonta a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, que abrió una vía para que los descendientes de españoles exiliados pudieran optar a la nacionalidad española. El conflicto judicial se centra especialmente en la instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que estableció una presunción de exilio para los españoles que hubieran abandonado el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, siempre que acreditaran su salida mediante la documentación prevista.

Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo al considerar que la interpretación administrativa podía exceder los supuestos contemplados por la ley y permitir el reconocimiento de nacionalidades sin acreditar las circunstancias exigidas para acogerse a ella.

La Sala Tercera acordó en septiembre medidas cautelares sobre las inscripciones censales vinculadas al colectivo afectado. La suspensión alcanza tanto a determinadas nuevas inscripciones como a los efectos electorales de quienes ya figuraban en el censo, con las excepciones previstas judicialmente para quienes acrediten las condiciones establecidas por el tribunal.

El Supremo mantuvo las cautelares frente al recurso del Gobierno y defendió la necesidad de preservar la fiabilidad del censo electoral, mientras que la Abogacía del Estado advirtió de las dificultades materiales para identificar a los afectados en el plazo disponible.

El principal investigado permanecía fugado desde marzo de 2026, cuando logró abandonar su domicilio en una urbanización de lujo de Madrid antes de ser arrestado en una primera fase de la operación. Finalmente fue localizado el pasado 8 de octubre en Tánger gracias a la cooperación policial y judicial entre España y Marruecos. Está en prisión en el país africano y se trabaja ya en su extradición a España. Según la investigación, la red introducía mensualmente grandes cantidades de droga a través de las costas españolas. Desde allí, el hachís era trasladado principalmente a Madrid, donde era almacenado en viviendas y naves antes de su reparto a otros puntos del país y a distintos destinos europeos.

Narco fugitivo localizado en Tánger tras siete meses

La operación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. En 2025, los agentes detectaron que los responsables de la organización utilizaban plataformas de mensajería encriptada para comunicarse y coordinar la entrada de los cargamentos. La Policía atribuye a Juan Carlos T. B. la dirección de toda la logística de la estructura: desde los contactos y negociaciones con proveedores marroquíes hasta la organización de los transportes marítimos y por carretera. También habría controlado la compra de vehículos e inmuebles utilizados para guardar la droga, así como a los encargados de recogerla, custodiarla y distribuirla.

En diciembre, los investigadores localizaron uno de los primeros almacenes de la organización en una vivienda del barrio madrileño de Las Tablas. En ese inmueble fueron intervenidas más de 2,1 toneladas de hachís. La red utilizaba casas de alquiler y propiedades ubicadas en urbanizaciones residenciales como “guarderías” de droga, con el objetivo de pasar desapercibida y facilitar el reparto posterior de las partidas. En marzo de este año se produjo una primera operación contra la cúpula de la organización.

Varios de sus integrantes fueron arrestados, pero el presunto líder consiguió escapar. A partir de entonces, la investigación se centró en la red de proveedores, transportistas y personas encargadas de mantener los puntos de almacenamiento activos. Tras meses de seguimiento, la Policía consiguió ubicarlo en la ciudad marroquí de Tánger. La detención se ejecutó el 8 de octubre en virtud de una orden internacional.

Siete almacenes y toneladas de hachís

La investigación ha permitido desmantelar siete puntos de almacenamiento de droga situados en Madrid, Guadalajara y Valencia. Además de la vivienda de Las Tablas, los agentes localizaron a finales de junio dos nuevos inmuebles: uno en las afueras de Madrid, con más de 960 kilos de hachís y más de 12 kilos de cogollos de marihuana, y otro en Sanchinarro, donde fue incautada una tonelada de hachís. Uno de los mayores golpes se produjo en una nave industrial de Silla, en Valencia. Allí los agentes hallaron 4,6 toneladas de hachís que, según la investigación, iban a ser trasladadas a Madrid.

El balance total incluye 10.800 kilos de hachís, más de 21 kilos de marihuana, dos armas largas, cuatro armas prohibidas, 25 vehículos y 15 relojes de lujo. Los agentes también intervinieron cerca de 466.000 euros. Los arrestos se han producido en siete provincias. Del total de 86 detenidos, 65 fueron localizados en Madrid. La Policía apunta también que la red disponía de un sistema para introducir los beneficios del narcotráfico en el circuito legal. Entre las fórmulas detectadas figuran créditos obtenidos con testaferros, facturas falsas emitidas desde empresas pantalla, compraventas de inmuebles y vehículos de lujo.

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado el martes con Rafa Latorre en Onda Cero, una entrevista relevante al ser la primera tras el acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado en las elecciones generales. La precampaña también habla de los disturbios en Barcelona o Bilbao, con los que la derecha cree poder desgastar a Pedro Sánchez, achacándolos a la ultraizquierda y a la política migratoria del Gobierno.

Núñez Feijóo valora el pacto con Vox como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio y ante una coalición de desesperados -en referencia a Senado de Progreso- en la que desaparecen las siglas del PSOE y donde el PSOE pretende una fusión por absorción de toda la izquierda para controlar la cámara. Había dos posibilidades: permitir que lo hiciera o responder”.

El líder de la oposición quita hierro al hecho de no presentar candidato por circunscripciones como Guipúzcoa, antepone el fin mayor y asegura eso sí que este movimimiento no se habría planteado de no haberlo hecho antes la izquierda. “Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber: poner fin a esta etapa de indecencia y decadencia en España. (...) Lo demás, es instrumental”, ha zanjado.

Los disturbios

Acto seguido, Núñez Feijóo se ha reivindicando, recordando que cuando llegó al PP, este no era primera fuerza en España y “hoy lo es”, y que lo que no quiere ahora es lamentar que pueda faltar un solo escaño el 29 de noviembre: “El que ponga una piedra a la rueda del cambio político asumirá su responsabilidad”. Ha hablado con Abascal pero que “han sido los equipos los que han buscado los puntos de encuentro”.

En relación con los episodios de violencia estos últimos días en distintas ciudades, ha lamentado “lo que ha pasado en lugares tan tranquilos como La Coruña, y lo que se ha extendido a Barcelona, a Madrid, ayer a Bilbao”. “Que el presidente del Gobierno tarde dos días, ¡dos días!, en pronunciarse y que el ministro del Interior esté desaparecido. Todo eso, Rafa, se acabó“, ha defendido el gallego.

Latorre le ha preguntado por Sol. Cómo sería con él como presidente. Y ha respondido que “la acampada no cumple los parámetros que exigen la libertad de circulación, la libertad de empresa y la salubridad mínima en las calles de madrid”. “Entiendo, por tanto -ha resumido-, que esa acampada debería ser levantada. Libertad de expresión sí, lo que no quiere decir que uno pueda manifestarse donde quiera”.

Marruecos

Sobre Marruecos -“¿cómo habría actuado?“, ha planteado Latorre-, Núñez Feijóo ha expuesto que desde los días 26-27 ya había información del CNI referida a movimientos en el entorno de la frontera, al llamamiento por redes al asalto o sobre la Fiesta del Trono que se celebraba a apenas 25 kilómetros de Ceuta. ”Oiga, se llama a Marruecos el día 28-29 y se dice ‘esto hay que pararlo’“, ha contestado.

“Y si no hay respuesta -ha continuado- es mi obligación desplegar al Ejército en la fontera porque le corresponde velar por la integridad territorial. Y esto es lo que haría. Estoy convencido que si desde el día 26 estamos intercambiando opinión, Marruecos reaccionaría. Pero es que además, desde la invasión en 2021 hubiésemos tenido tiempo para ordenar, protocolizar y garantizar que esto no volviera a ocurrir”.

Núñez Feijóo promete que “levantará las alfombras” con Marruecos o con las cuentas públicas porque “es imposible transitar por ellas sin tropezarte”. Promete también bajar los impuestos “porque los españoles no llegan a fin de mes”. Para ello, “recortaré -ha dicho- gasto de administración, de burocracia, de altos cargos. He leído que había en Moncloa un tipo que se dedicaba a hacer chistes. Es un chiste en sí mismo”.

Aborto

Latorre ha referido la entrevista a Núñez Feijóo en la Cadena SER para profundizar sobre esa reforma del aborto de la que habló. “Lo importante no es lo que diga la opinión sincronizada -ha cortado Núñez Feijóo-, lo importante es lo que yo firmo, (...) y yo he firmado que las mujeres en mi país tendrán los mejores servicios sanitarios cuando quieran ejercer la interrupción voluntaria del embarazo, y que buscaré para aquellas que duden por motivos económicos, todos los incentivos para que sean madres”.

“Lo he firmado y yo no cambio de opinión, yo no soy Sánchez”, ha apostillado, lo mismo que sobre la eutanasia, materia en la que ha reiterado que su foco está en garantizar “una vida digna”. Es por esto que, ha enfatizado, “la desesperanza con la que viven los jóvenes” es una de sus “obsesiones”.

El concepto ‘Blocus’ se ha propagado como la pólvora por medios y redes sociales. Investigaciones como la desarrollada por Newtral desvelaron los grupos de Telegram y cuentas de TikTok que, a partir de nombres relacionados con esta idea, convocan a jóvenes para luchar “unidos” contra el “sistema”. Las empresas han cerrado chats y usuarios, pero es muy sencillo crear nuevos y volver a la carga. El último grupo de Telegram, Blocus-BCN-2, según ha observado este medio, ha superado los 2.000 miembros en apenas unas horas. Según trasladan los líderes, el objetivo es volver a actuar en Barcelona durante la noche de Halloween.

Los llamamientos se centran, en un principio, en demandas de educación orientadas a un perfil más joven. Mientras que las manifestaciones pacíficas que se viven desde hace semanas están lideradas por asociaciones universitarias o sindicales, las revueltas de los últimos días en Barcelona y Bilbao están protagonizadas por adolescentes (72 de los 128 detenidos en la capital catalana son menores). Además, en el grupo más reciente ya se hacen proclamas dirigidas a los saqueos: “No queréis volver a casa con Rolex, Gucci, Iphones...”.

Ni siquiera puede demostrarse que los creadores de los grupos sean los mismos o simplemente se ha generado una moda que empuja a jóvenes descontentos a impulsar sus propios chats para llamar a quemar las calles. Líderes de otros países como Emmanuel Macron ya han apuntado a la supuesta implicación de “potencias extranjeras” para fomentar el desorden o buscando un rédito político. Madrid, por el momento, ha esquivado el problema. En los últimos días también se impulsó en TikTok una convocatoria en la capital que siguiera los pasos de las anteriores. En los mensajes reconocieron “haber perdido esta vez”, refiriéndose a que tuvieron que cancelar el pasado 25 de octubre una revuelta en Madrid por el refuerzo de seguridad, pero aseguran que “no ha acabado aquí”.

Nuevo grupo con más de 2000 miembros

El nuevo canal de Telegram, identificado como Blocus-BCN-2, ha difundido mensajes que instaban a sus seguidores a incorporar nuevos miembros y a replicar la convocatoria en otras redes sociales y grupos de mensajería. “Hay que crecer este como el otro”, señaló uno de los mensajes publicados. La cuenta pidió a sus integrantes que difundieran el contenido entre conocidos y en canales de WhatsApp: “Pasar a amigos de amigos, que se corra la voz, que hay otro grupo” o “reenviar esto, comentarlo en TikTok, en Twitter, en todos los lados”.

El mensaje más relevante es el que explica la organización del próximo día. Plantea una reunión inicial y afirma que la información posterior se comunicaría por un chat privado. Además, pidió a los participantes que llevaran “ropa negra y máscaras Halloween”. El canal sostuvo que necesitaba “ser un buen grupo para que salga bien”. “Tenemos que estar todos unidos contra este Gobierno que nos roba”, sostiene. En otro mensaje, los administradores se burlan del cierre de una comunidad previa: “Los medios se pensaban que cerrando un grupo nos iban a parar”. Si siguen el ejemplo anterior, Telegram cerrará este grupo, pero resulta difícil seguir el rastro a todos los que puedan organizarse.

Un trabajador que llevaba ocho años dedicado a labores de poda de encinas cayó desde unos 3,5 metros de altura cuando la rama sobre la que se encontraba se partió bajo su peso. El hombre estaba utilizando una motosierra y llevaba puesto un arnés de seguridad, pero había enganchado el sistema anticaídas a la misma rama que estaba cortando. La madera estaba podrida por dentro, aunque su aspecto no permitía advertirlo a simple vista.

Más de diez años después del accidente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al empresario para el que trabajaba a indemnizarlo con 85.598,89 euros, más los intereses legales. La Sala de lo Social ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que había exonerado al empleador al considerar que el siniestro se debió exclusivamente a la negligencia del operario.

La resolución, fechada el 27 de mayo de 2026, reconoce que el trabajador actuó de forma imprudente al apoyarse y anclarse a la misma rama que pretendía podar. Sin embargo, concluye que esa conducta no elimina la responsabilidad de la empresa, que incumplió sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. La indemnización se reduce un 30% por la actuación del accidentado, mientras que el 70% restante se atribuye al empresario.

Un arnés enganchado a la rama que estaba cortando

El accidente ocurrió el 29 de enero de 2016, cuando Jesús —nombre que figura en la resolución judicial— realizaba trabajos de poda en una finca de la provincia de Córdoba. El empleado, contratado como talador, accedió a la cruz de una encina con una escalera metálica y, una vez arriba, se desplazó hasta situarse de pie sobre una de las ramas que pretendía cortar.

Llevaba consigo una motosierra pequeña, de unos 3,5 kilos, y disponía de un sistema anticaídas compuesto por arnés, cuerda y anclaje. En esta ocasión, sin embargo, lo había sujetado a la misma rama sobre la que se encontraba.

Mientras trabajaba, escuchó un crujido. La rama cedió y el operario cayó al suelo desde una altura aproximada de 3,5 metros. Perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado por sus compañeros, que lo trasladaron al Hospital de Peñarroya-Pueblonuevo.

El accidente le provocó un politraumatismo, fracturas vertebrales, diversas fisuras y un golpe en el bazo. Entre las secuelas acreditadas figuran la extirpación del bazo, material de osteosíntesis en la columna vertebral, dolores postraumáticos con compromiso radicular y un trastorno depresivo mayor reactivo leve. También sufrió secuelas estéticas, entre ellas cicatrices quirúrgicas y cojera. El trabajador terminó con una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Sin evaluación de riesgos ni formación preventiva

La investigación de la Inspección Provincial de Trabajo y del Centro Provincial de Riesgos Laborales puso el foco en las condiciones en las que se desarrollaba la poda. La empresa no había documentado un plan de prevención de riesgos laborales ni una evaluación de los peligros derivados del trabajo en altura y del estado de los árboles.

Tampoco acreditó que hubiera impartido al trabajador formación e información sobre prevención, incluida la utilización correcta de los equipos de protección individual. El informe de la Inspección advertía de que el arnés no debía haberse enganchado a la misma rama sobre la que se encontraba el operario y que estaba siendo podada.

Los técnicos apuntaron, además, a la necesidad de valorar métodos de trabajo más seguros, como el empleo de plataformas elevadoras, así como a la falta de supervisión y de procedimientos preventivos.

La propia investigación identificó entre las causas inmediatas del accidente el hecho de “enganchar el arnés de seguridad a una rama supuestamente en condiciones, que realmente resultó podrida en su interior”. También señaló como condición peligrosa trabajar con riesgo de caída desde un apoyo inestable y difícil de valorar.

El informe recomendaba inspeccionar los árboles antes de comenzar las tareas, evitar caminar sobre las ramas y recurrir a plataformas o sistemas de elevación que ofrecieran protección colectiva.

De la culpa exclusiva a la concurrencia de responsabilidades

El Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba desestimó la demanda en enero de 2024. Consideró que el empresario había puesto a disposición del trabajador los equipos necesarios para la poda y que el accidente se produjo por una actuación negligente del propio empleado, que no comprobó el estado de la rama antes de apoyarse en ella.

La vía penal también había quedado cerrada años antes. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo acordó en junio de 2018 el sobreseimiento provisional de las diligencias, al entender que no estaba debidamente justificada la comisión del delito investigado. La Audiencia Provincial de Córdoba confirmó después esa decisión, sin perjuicio de las acciones civiles o laborales que pudieran corresponder.

El trabajador recurrió la sentencia social y el TSJA le ha dado ahora parcialmente la razón. La Sala considera que la imprudencia del empleado fue relevante, pero no exclusiva, y que la empresa tampoco había cumplido con las obligaciones preventivas que le correspondían. “No puede negarse la clara imprudencia del trabajador al anclarse a la misma rama que podaba con la motosierra”, recoge la resolución. A continuación, el tribunal advierte de que esa conducta “no niega la responsabilidad empresarial”, dado que el empleador no había elaborado un plan de prevención, evaluado los riesgos ni formado al operario.

Los magistrados recuerdan que el empresario tiene el deber de organizar el trabajo en condiciones seguras y que las medidas preventivas deben contemplar también los descuidos e imprudencias no temerarias que puedan cometer los trabajadores.

Por ello, la sentencia rechaza que pueda atribuirse toda la responsabilidad al accidentado. “La culpa de la víctima no rompe el nexo causal que proviene del agente externo —en este caso los incumplimientos de la empresa—, salvo cuando el daño se ha producido de forma exclusiva por una actuación culposa imputable a la víctima”, sostiene.

El trabajador había reclamado 122.284,13 euros por las lesiones temporales, las intervenciones quirúrgicas, las secuelas físicas y estéticas y el perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida. La Sala aplica una reducción del 30% por la concurrencia de culpas y fija la indemnización en 85.598,89 euros, con los intereses previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tres institutos demoscópicos han hecho públicas sus estimaciones de voto, con el Partido Popular como primera fuerza y la suma con Vox por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños en los tres casos. Las tres encuestas reflejan una ligera caída del PP, una leve subida del PSOE en dos de los tres casos y una posición estable o en ascenso de Vox respecto de las ediciones anteriores.

PP y Vox superarían los 205 escaños pese a la caída de los populares, según NC Report

La encuesta de NC Report para La Razón, realizada entre el 22 y el 24 de octubre, otorga a los populares un 32,9% de los votos y entre 141 y 143 diputados. El PSOE se quedaría en el 25,8% y entre 100 y 102 escaños, mientras Vox alcanzaría el 19% y una horquilla de 64 a 66 representantes. La entrega anterior del mismo instituto, publicada a comienzos de octubre, daba al PP un 34,1% y entre 146 y 148 escaños, al PSOE un 25% y al 18,2% a Vox. Entre ambas mediciones, el PP pasa de 146-148 a 141-143 escaños, el PSOE sube del 25% al 25,8% y Vox también, del 18,2% al 19%.

Este sondeo refleja un trasvase de votos entre ambos partidos de derecha. Los populares retendrían solo al 81,9% de quienes les votaron en 2023, mientras que un 13,5% de ese electorado —en torno a 1,10 millones de personas— se decantaría ahora por Vox. El movimiento inverso resulta menor. Pese a ganar diputados respecto a 2023, el PP quedaría dos décimas por debajo de su resultado de aquel año, mientras Vox sumaría 1,56 millones de votos adicionales, con una fidelidad del 88,9% entre su electorado.

El Frente Amplio que lidera Ada Colau obtendría el 6,6% de los votos y entre 8 y 9 escaños, muy por debajo del 12,3% y los 31 diputados que logró Sumar en 2023 con Podemos, que lograría ahora el 2,6% y un escaño, y Adelante Andalucía, con el 1,3% y tres escaños, concurriendo por separado. ERC y Junts obtendrían entre siete y ocho diputados cada uno; EH Bildu, entre seis y siete; el PNV, entre cuatro y cinco; y el BNG, entre uno y dos. El estudio anticipa una abstención del 50% entre los votantes de 18 a 29 años, frente al 29,7% entre los mayores de 64, y sitúa la participación general en el 68,43% entre los residentes en España, por debajo del 71% registrado en 2023.

El PP pierde seis escaños en dos semanas, pero mantiene 29 diputados de ventaja sobre el PSOE según el último sondeo de SocioMétrica

La encuesta de SocioMétrica para El Español da al PP 135 escaños (32% de los votos) y una ventaja de 29 diputados sobre el PSOE, que se quedaría en 108 (27%). Junto a Vox, con 63 escaños (18,6%), y UPN, la derecha alcanzaría los 200 diputados, con una probabilidad de mayoría absoluta que el instituto cifra en el 99%. La entrega anterior de SocioMétrica, publicada el 11 de octubre, atribuía al PP 141 escaños con el 32,6% de los votos, al PSOE 104 escaños con el 26,2% y a Vox 64 escaños con el 18,8%. Entre ambas mediciones, el PP cae de 141 a 135 escaños, el PSOE sube de 104 a 108 y Vox baja de 64 a 63.

El Frente Amplio caería hasta los 6 escaños, frente a los 31 que obtuvo Sumar en 2023, y Podemos, ya separado de Ada Colau y aliado con ERC, se quedaría sin representación, frente a los 2 escaños que el mismo instituto le atribuía en su sondeo del 11 de octubre.

Vox recorta distancia al PP en el sondeo de Sigma Dos del 26 de octubre

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo, publicado el 26 de octubre, sitúa al PP en el 30,6% de los votos y entre 125 y 131 escaños. El PSOE obtendría el 26,1% y entre 103 y 109 diputados, y Vox, el 19,9% y entre 66 y 69 representantes. La entrega anterior de Sigma Dos, del 19 de octubre, daba al PP un 31,5% y entre 132 y 137 escaños, al PSOE un 25,3% y entre 101 y 106 escaños, y a Vox un 19,5% y entre 65 y 68 escaños. Entre ambas mediciones, el PP pasa de 132-137 a 125-131 escaños, el PSOE de 101-106 a 103-109 y Vox de 65-68 a 66-69. El Frente Amplio sumaría el 7,4% y entre 10 y 12 escaños, frente al 8,1% y entre 12 y 14 escaños de la entrega del 19 de octubre, mientras Podemos se mantiene en 1 escaño con el 2,8% de los votos.

ERC obtendría entre 8 y 9 escaños, Bildu entre 7 y 8, y Junts entre 6 y 7, todos ellos en torno al 1,2% del voto. Adelante Andalucía lograría entre 2 y 3 representantes, el PNV entre 4 y 5, y el BNG se quedaría en 2 diputados. Cierran el reparto Compromís, con entre 2 y 3 escaños, y Coalición Canaria, con 0 o 1 escaño, según el 0,4% de intención de voto que le atribuye el estudio.

Los tres institutos coinciden en mantener al PP como primera fuerza y en otorgar a PP y Vox una suma de escaños por encima de la mayoría absoluta, aunque con una tendencia compartida respecto a sus entregas anteriores: el PP pierde apoyo en los tres sondeos, mientras el PSOE lo recupera en dos de ellos y Vox se mantiene estable o al alza en todos los casos, salvo en SocioMétrica, donde retrocede de 64 a 63 escaños. En el bloque a la izquierda del PSOE, la división entre Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía se traduce en los tres sondeos en un número de escaños muy inferior a los 31 que obtuvo Sumar en 2023, sin que ninguno de los institutos consultados anticipe una recomposición de ese espacio antes del 29 de noviembre.

El Partido Popular ha encontrado en las protestas violentas en Barcelona un filón para movilizar a su electorado en un momento crítico en la campaña, monopolizada por una ola de manifestaciones sociales que están haciendo remontar a la izquierda en las encuestas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado los disturbios con la negativa de la izquierda a abandonar el poder y acusa sin pruebas al presidente del Gobierno de pretender incendiar las calles “tras perderlas en las urnas”.

La condena es unánime en las filas populares, si bien hay discrepancias sobre quién los ha instigado. Desde el ala dura del PP y en Vox los vinculan además con la inmigración irregular, pese a que la mayoría de los detenidos poseen la nacionalidad española y las causas todavía están por determinar. Pero ¿para qué escoger una línea cuando puedes combinar las dos? “Aprovecharemos para que sea nuestro camino”, afirman fuentes de Génova 13 consultadas por Infobae, que avanzan que el líder del PP insistirá en ambas ideas durante toda la semana.

El plato fuerte llegará este miércoles, cuando el líder del PP se desplace a Barcelona para reunirse con el cabeza de lista Xavier García Albiol, el alcalde del PP que encadena mayorías absolutas gracias a un discurso que relaciona la inmigración con la inseguridad en las calles. “No será un simple mitin político”, adelantan desde Génova.

Porque además de intervenir en el acto con sus militantes, el líder de los populares mantendrá distintas reuniones con personas afectadas por los disturbios, “que han perdido todo, sus negocios”, subrayan desde el PP. A lo largo del día, Feijóo recorrerá la ‘zona cero’ de los altercados que se saldaron con 130 detenidos y quince policías heridos. El número uno del PP por Barcelona tachó los disturbios de “guerra híbrida” y no ha tenido reparo en apuntar contra las “personas que o vienen del Magreb o son de segunda generación de personas que vinieron del Magreb” como los principales instigadores.

El PP aprovechará para anunciar una serie de reformas encaminadas a facilitar la acción policial, para que sea “contundente y con garantías”, y, asimismo, que las detenciones tengan consecuencias “jurídicas efectivas”. El propio Feijóo se refirió a ello el pasado domingo, cuando prometió que “plantaría cara” a los violentos cuando llegase al poder.

En Madrid con la línea dura del PP

Un día antes, el candidato del PP comenzará a caldear el ambiente en un acto en Madrid donde presentará la lista en esa circunscripción para el Congreso de los Diputados y el Senado. Según confirman desde el PP, allí estará arropado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la número dos del PP en la lista de la capital, Cayetana Álvarez de Toledo, dos exponentes de la línea dura del PP.

La regidora madrileña ha emprendido una guerra legal contra las diversas manifestaciones sociales que han estallado en la capital durante la precampaña, a las que vincula con la izquierda. Ayuso pidió incluir a los acampados en Sol como “terroristas”, al tiempo que su Gobierno emprende recursos legales para desalojarlos por la fuerza.

La dirigente popular ha sido una de las principales dirigentes territoriales que han tomado parte en la campaña: fue también una de las primeras en agitar la bandera del pucherazo al inicio de la precampaña. La número dos por Madrid, por su parte, ha reivindicado a Feijóo como la solución para que el Estado garantice el orden.

Misión: revertir el bajón en las encuestas

En las filas populares se muestran confiados de que el 29N lograrán, con Vox, una mayoría más que holgada en el Congreso de los Diputados: la mayoría de los sondeos les otorga alrededor de 200 diputados. Pero la campaña electoral podría hacerse larga para el PP, que encadena tres semanas a la baja en su proyección electoral. No es uno, sino cinco los sondeos publicados este lunes que muestran que el bloque de PP y Vox podría dejarse decenas de representantes en apenas dos semanas.

Y todo es, en parte, por la bajada del PP. La encuesta elaborada por NC Report para La Razón rebajó 1,2 puntos la estimación de voto respecto al estudio elaborado a comienzos de este mismo mes (alrededor de cinco diputados menos). En la misma línea ha ido otro elaborado por Sigma Dos para El Mundo, que recorta un 2,6% su previsión, además del de GAD 3 para ABC, Imop para El Confidencial o GESOP para el periódico.

Han sido muchos años de batalla judicial. Pero este lunes 26 de octubre por fin se celebró la vista definitiva para determinar si una ex alumna del British Council, uno de los colegios más elitistas de Madrid, sufrió acoso dentro del centro y esta situación de estrés le provocó el desarrollo de un trastorno de la alimentación, en concreto una anorexia nerviosa. Lo más llamativo de la sesión celebrada este lunes en el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón es que la perito que aportó el centro educativo reconoció que ese acoso “desencadenó” esta enfermedad en la joven. Su familia demandó a la Fundación British Council y a cuatro de sus profesores por acoso contra la menor.

La familia reclama una indemnización por daños y perjuicios de 35.489 euros contra la institución y los cuatro profesores. Durante el juicio han declarado varios testigos, dos peritos (entre ellos el prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera) y todo un ejército de abogados. De hecho, el British Council, que vendió su centro de Pozuelo a Inspired Education Group, contrató a diez abogados para que defiendan sus intereses. La familia de la joven tuvo que acudir a la vía civil después después de que a un juez de lo penal se le pasara el plazo de un año para instruir la querella criminal que los padres pusieron contra el centro y sus profesores por los presuntos delitos de acoso y lesiones. El juicio fue suspendido cuatro veces por la huelga que hubo de secretarios judiciales. Y después se pasó inexplicablemente el periodo de instrucción, que es de un año, y se tuvo que archivar.

Lo que piden ahora los padres es lo que jurídicamente se conoce como culpa extracontractual (una relación de causalidad entre esa acción y el daño). Por un lado, la familia establece el perjuicio por el daño físico osteomuscular y sufrimiento psicológico derivado de la anorexia nerviosa (padecida a raíz de la situación vivida con los codemandados) en la cantidad de 22.575,25 euros. Por otro, al padecer la menor un trastorno adaptativo persistente o crónico, que debe ser considerado como secuela, la valoración atribuida asciende a 12.913,77 euros.

La perito aportada por el centro educativo, una psicóloga, declaró textualmente este lunes que el supuesto acoso sufrido por la alumna “desencadenó” la anorexia nerviosa. Esta perito destacó que ella no es médico ni psiquiatra, pero que basó su evaluación en los informes que a su vez realizaron dos psiquiatras de un hospital de Quirón, pero que nunca examinó a la menor ni que nunca tuvo una consulta con ella. El siguiente paso es que el tribunal dicte sentencia. Todo empezó en el curso escolar 2021/2023, cuando Mónica tenía 13 años. Una amiga de la joven, también estudiante del centro, empezó a recibir entonces mensajes acosadores por parte de dos compañeras de clase.

Mensajes vejatorios

“Uso condón, porque si no, pregúntale a tus padres, sale una aberración como tú”; “tienes menos neuronas que una rata, rata de cloaca”; “lávate el coño, cada vez que pasas cerca de mí huele a pescado”, “vete a Inglaterra, que aquí nadie te quiere”; “eres una vergüenza para la raza humana”; “vete a Júpiter y muérete por el camino”... imposible reproducirlos todos. Los padres de esta chica llegaron a recopilar 405 mensajes vejatorios y lo pusieron en conocimiento de la dirección del centro e incluso pusieron una denuncia en la Policía Nacional. Al ver, bajo su punto de vista, que el British Council no tomaba medidas (se inició una investigación que concluyó en una semana) decidieron cambiar a su hija de centro educativo.

Mónica se quedó entonces sin una de sus mejores amigas. Pero decidió no quedarse de brazos cruzados y pidió explicaciones a sus profesores. Estos le pidieron que se olvidara del tema. La investigación interna había dictaminado que no había pasado nada grave con la chica que recibió tantos mensajes vejatorios, que se trataba simplemente de un caso puntual, no de un acoso continuado. “Lógicamente, tal proceder sorprendió a la menor [Mónica], que no alcanzaba a entender como ante unos hechos de semejante gravedad, la estrategia adoptada por el colegio era la pasividad, la desidia y una suerte de pacto de silencio a todas luces inadmisible”, reza la demanda que puso su familia, que asegura que antes las quejas de su hija el centro ideó una estrategia para que su hija, una alumna que empezaba a ser molesta, dejara el centro.

La dirección empieza entonces a trasladar a los padres de Mónica que el comportamiento de su hija había empeorado, y puso como ejemplos que en una clase de educación física la menor “había pasado de forma inapropiada el balón a sus compañeras” (concretamente a las que estaban involucradas en el presunto caso de acoso escolar), o que Mónica “ha mirado mal a estas compañeras”, lo que podría ser objeto de sanciones mucho más graves por parte del British Council. Poco después, el centro comunicaba a los padres de Mónica que abría formalmente una investigación interna contra su hija por un presunto supuesto de acoso. ¿Qué había hecho Mónica?

Según la directora de Secundaria, Mónica “había llevado a cabo miradas de desprecio, había utilizado un vocabulario inapropiado con las dos alumnas que estuvieron involucradas en los hechos y las había acusado de ser ‘acosadoras’”. Como sanción, Mónica fue expulsada un día. El asunto no quedó aquí. El centro siguió señalando a la joven de haber tenido, de nuevo, “un comportamiento inadecuado con otras compañeras de clase al haberlas acusado de acoso escolar, haber utilizado gestos y actitudes de desprecio hacia ellas”, lo que constituía un comportamiento contrario al Código de Conducta de la institución.

Sanciones y expulsiones

La gota que colmó el vaso llegó en marzo y abril de 2022, cuando Mónica era sacada de sus clases, incluso en mitad de un examen de francés, para ser llevada a reuniones con oros profesores “con el fin de reiterarle que debía olvidar lo sucedido con su amiga. Todo ello, hasta en quince ocasiones”, señala la demanda. Mónica volvió a ser sancionada después con otra expulsión de cuatro días y el cambio de clase. La joven empezó entonces a tener secuelas físicas y psíquicas.

La familia ha aportado al juzgado un informe pericial del prestigioso psiquiatra Jóse Cabrera, que ha determinado que “la menor ha sufrido un acoso vertical por parte de algunos de sus profesores, que dicho acoso ha provocado una situación de estrés agudo que ha desembocado en un trastorno de anorexia nerviosa, y que esta ha acusado un grave trastorno musculo-esquelético del cual la paciente ha tardado en recuperarse parcialmente más de un año”. Cabrera ha declarado como testigo.

Además, debido al acoso, la menor “tiene como secuela un trastorno adaptativo persistente”. Los padres también han aportado los informes médicos del hospital que ha tratado a su hija. Al terminar el curso escolar en el verano de 2022, la familia de Mónica decidió que abandonara el British Council. La demanda civil no solo se dirige contra el centro educativo, sino contra la Directora de Secundaria, el Director de Primera y Secundaria, la Jefa de Estudios y la directora del colegio. El juicio se ha desarrollado, además, en una nueva etapa para el centro. En abril de 2025, el British Council anunció la venta del colegio a Inspired Education Group, un grupo internacional que gestiona centros privados. El cambio de propietario no altera las cuestiones que se discuten en el procedimiento.

Las fragatas ‘Navarra’ y ‘Cristóbal Colón’ se encuentran en medio de un despliegue en el Atlántico oriental y el Mediterráneo que combina vigilancia, disuasión, adiestramiento y diplomacia de defensa. Ambas unidades están integradas en la Agrupación Naval Permanente número 2 de la OTAN, conocida como SNMG-2. Al frente del grupo naval viaja el comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, embarcado en la ‘Navarra’. En una entrevista publicada por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el mando subraya la proyección exterior de los buques españoles: “Nuestros barcos y dotaciones son unos magníficos embajadores de la marca España”.

La actividad a bordo mantiene un ritmo constante. “Un barco de guerra en la mar, y en particular una fragata, no para nunca”, afirma el comandante. Las dotaciones deben atender las misiones operativas, mantener el nivel de alerta durante las 24 horas y aprovechar los periodos de menor exigencia para realizar ejercicios de adiestramiento. Las condiciones meteorológicas pueden añadir dificultades a una navegación que ya exige adaptarse a cometidos cambiantes.

Nápoles y Split completan la proyección internacional

Las escalas previstas en Nápoles, en Italia, y Split, en Croacia, completan la dimensión operativa de la navegación. Para la Armada, las visitas a puerto sirven para representar a España, mostrar sus capacidades, fortalecer los vínculos con otros países y proyectar la imagen de las Fuerzas Armadas en el exterior. En Nápoles, la presencia de las fragatas permitió reforzar la interacción de la Armada con aliados de la OTAN. La ciudad alberga uno de los cuarteles generales conjuntos del Mando de Operaciones de la Alianza, el JFC. La parada en Split tiene como eje el apoyo a la industria de defensa y la proyección internacional de las capacidades españolas relacionadas con el ámbito naval.

El comandante destaca que la aportación española se apoya en las capacidades técnicas de los buques y sus sistemas de armas, así como en la preparación de las tripulaciones. “Nuestro mayor valor” reside en “la profesionalidad, preparación y calidad humana de nuestras dotaciones”, sostiene, al tiempo que señala el prestigio que mantienen entre los aliados. Mira Calvo defiende que la seguridad española también se construye fuera de sus fronteras, en zonas donde surgen factores de inestabilidad que pueden derivar en amenazas para los intereses nacionales. A su juicio, los despliegues internacionales acreditan el compromiso de España con los socios mediante el aporte de fuerzas y capacidades.

Tres operaciones OTAN y maniobras con siete países

La misión cuenta con la participación en tres operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): Sea Guardian, Noble Shield y Neptune Strike. Cada una tiene objetivos y relaciones de mando propios, una circunstancia que, según Mira Calvo, obliga a coordinar con precisión las capacidades de ambos buques y las tareas asignadas en cada fase de la navegación. La operación Sea Guardian ocupa un lugar central por su vinculación con el conocimiento del entorno marítimo en el Mediterráneo. El mando explica que disponer de información analizada permite anticipar amenazas y adoptar decisiones. La misión puede abarcar tareas de seguridad marítima, lucha contra el terrorismo, libertad de navegación o protección de infraestructuras críticas.

La integración en la SNMG-2 permitirá a las fragatas trabajar con unidades navales de siete países. Para el comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, esa cooperación aporta un valor añadido al despliegue porque favorece el conocimiento mutuo y la capacidad de actuación conjunta con las Marinas aliadas. Durante Neptune Strike 26.4, las unidades españolas pondrán a prueba sus capacidades en la defensa de grupos de combate de portaaviones y en operaciones ofensivas de largo alcance. Además, participarán en el ejercicio Mare Aperto, organizado por la Marina de Italia, que contará con más de 20 buques, tres submarinos y alrededor de 30 aeronaves militares.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo llamó “el mayor incendio de nuestra historia”. El pasado 22 de julio un fuego que empezó en Almorox (Toledo) se fusionó con otro foco nacido en Burgohondo (Ávila) y convirtió la Sierra Oeste madrileña en un escenario de fuego que la región no conocía hasta la fecha. Solo en Madrid se quemaron casi 25.000 hectáreas. Fueron 15 días de incertidumbre, miedo y miles de vecinos desalojados. De hecho, el Gobierno regional tuvo que pedir ayuda al Ejecutivo central, que declaró la emergencia nacional. Afortunadamente, no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Pero los ganaderos de la zona sí se vieron gravemente afectados.

Encarna Martín, 58 años, tiene una explotación ganadera en la localidad de Navas del Rey, donde se quemó casi el 100% de su suelo forestal. Encarna perdió por el fuego 16 machos de la cabra del Guadarrama (también llamada Guadarrameña), una raza caprina autóctona de España que se encuentra en peligro de extinción. “Se quemaron literalmente. Luego murieron muchas hembras intoxicadas o por las heridas de las ubres. He perdido unos 300 litros de leche diarios. La verdad es que el incendio fue brutal. Lo hemos pasado muy mal. Esto no es solo un negocio, los animales forman parte de tu vida. Y, de momento, las ayudas de la Comunidad de Madrid no ha llegado”, explica Encarna, que afirma con orgullo que ella, sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos han sido cabreros.

Lo que sí ha hecho el Ejecutivo autonómico es hacer un primer balance de los animales muertos y heridos en las explotaciones ganaderas de Madrid: 138 ejemplares fallecidos y 188, heridos. El municipio más castigado ha sido Navas del Rey: con 37 cabras y ovejas muertas y 104 que resultaron heridas. En Colmenar de Arroyo los ganaderos afectados son de carne bovina: 27 muertos y 42 heridos. También Cenicientos ha tenido 22 ovejas muertas y en San Martín de Valdeiglesias los ganaderos han perdido 44 animales. En relación con la fauna silvestre, “no se dispone de un recuento general de animales heridos o fallecidos”, explican desde el Gobierno regional, que sí explica que en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente se atendieron dos buitres leonados y un águila calzada por lesiones asociadas al fuego. También ingresó un milano negro fallecido.

El Gobierno regional reconoce expresamente que estas cifras no son exhaustivas, puesto que proceden de comunicaciones voluntarias y algunas explotaciones no concretaron el número de animales afectados. Para Marisa Escalante, diputada de Más Madrid, “326 animales heridos o muertos son motivo más que suficiente para tomarse en serio la protección animal durante las emergencias. Y lo más preocupante es que la propia Comunidad reconoce que son muchos más los que podrían haberse visto afectados. No podemos seguir improvisando cada vez que hay un incendio. Necesitamos un protocolo que establezca quién rescata a los animales, cómo se evacúan y quién los atiende”.

Gastos veterinarios

En Colmenar de Arroyo quieren ser más discretos. Allí hay dos importantes ganaderías que tienen toros bravos y vacas para carne, como Las Quintas y La Finca, que han perdido ejemplares, muchos de ellos ahogados por intoxicación. José Manuel Quintas Hernández es concejal de Medio Ambiente de este municipio y familiar de una de las explotaciones afectadas. “Aquí se quemó el 40% del término municipal. El fuego avanzó muy rápido y muchos animales salvajes se vieron afectados”. La Comunidad de Madrid articuló un encargo de emergencia para la atención de los animales de las explotaciones ganaderas afectadas, que comprende la asistencia clínica, las visitas veterinarias, los medicamentos y tratamientos necesarios y, en su caso, la retirada de cadáveres.

Para los animales de compañía, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid pusieron en marcha un dispositivo extraordinario y gratuito, integrado por centros y profesionales adheridos voluntariamente y por veterinarios itinerantes. No se formalizaron convenios específicos con clínicas u hospitales veterinarios, sino una colaboración operativa extraordinaria con el Colegio, que ha cubierto las necesidades detectadas por el momento. “La estimación presupuestaria inicial para la atención clínica veterinaria y el bienestar de los animales fue de 50.000 euros, integrada en el encargo de emergencia, y los recursos destinados han superado esa cantidad. El coste definitivo dependerá de la valoración completa de las necesidades y de los servicios efectivamente prestados y justificados”, explican desde la Comunidad.

Encarna, la cabrera de Navas, asegura que “de momento la Comunidad solo nos ha ayudado trayendo heno, que no sirve para nuestro tipo de cabra. Los lobos también me mataron 20 ejemplares antes del verano y todavía no me han pagado la indemnización. La Comunidad no está cumpliendo”, que rememora aquellos días con mucho pesar. “Se me quemaron tres camiones, una hormigonera, el generador eléctrico... Mi explotación tenía más de 600 animales y hoy sigo perdiendo cabras por las heridas de aquellos días. Ese fuego no fue normal. Si no salimos… nos mata". Ante esta situación, Más Madrid ha registrado la Proposición No de Ley 310/2026 para que la Comunidad de Madrid apruebe un ‘Protocolo de Emergencia, Evacuación, Rescate y Atención de Animales’.

“La iniciativa propone crear una Red Madrileña de Emergencias y Protección Animal, coordinada por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con participación de los servicios veterinarios, ayuntamientos, cuerpos de emergencias, explotaciones ganaderas y entidades de protección animal. Entre las medidas planteadas figuran la elaboración de un censo georreferenciado de instalaciones con animales, la disponibilidad de vehículos y transportes adecuados, la habilitación de alojamientos temporales, equipos veterinarios de emergencia y sistemas de identificación y reunificación de los animales evacuados”, explica la diputada Escalante.

Indemnizaciones

El artículo 53.2 de la ‘Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid’ establece que el Gobierno regional debe resarcir a los propietarios por los daños ocasionados durante las actuaciones de extinción de incendios. Además, el Gobierno de Ayuso anunció el pasado 10 de agosto nuevas medidas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios, que establecen indemnizaciones por los animales muertos a consecuencia de los fuegos. También anunció ayudas extraordinarias para instalaciones, maquinaria y pérdidas de producción agrícola y ganadera. El 2 de septiembre la Comunidad autorizó un gasto de 6 millones de euros para “financiar ayudas de emergencia para pequeñas y medianas empresas afectadas por los incendios forestales”. Varios ganaderos consultados, que han pedido no ser citados, aseguran que estas ayudas por animal muerto o herido no han sido aún reguladas ni cuantificadas.

Las calles de Bilbao han sufrido esta tarde la violencia de radicales y graves altercados perpetrados por encapuchados que han quemado contenedores y vehículos y han asaltado comercios. Diecinueve personas, entre ellos muchos menores, han sido detenidos por la Ertzaintza esta noche y otras tres están siendo investigadas. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado que en la ciudad había convocadas manifestaciones y actos de protesta contra un acto de Vito Quiles que finalmente no se ha celebrado, pero los altercados que se han producido después estaban “perfectamente preparados, y eso es un motivo de alarma y de preocupación”.

Entre los detenidos se encuentran siete menores de edad, tres jóvenes de 18 años y otro de 19, mientras que los ocho restantes aún se encuentran en proceso de investigación y las otras tres personas investigadas son un menor de 17 años y dos jóvenes de 22, según ha informado la Ertzaintza.

Los altercados, que han provocado numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad, se han producido tras una concentración de varios miles de ‘antifascistas’ que protestaban frente a la Universidad de Deusto por un acto convocado para las siete de la tarde en el que iba a intervenir Quiles. Después de que el propio Quiles anunciara la cancelación del acto en sus redes sociales una media hora antes “por razones de seguridad” y tras disolverse sobre esa hora la concentración, varios cientos de radicales se han desplazado a la próxima avenida Lehendakeri Aguirre, donde han incendiado una motocicleta de la Policía municipal y decenas de contenedores de basura que habían desplazado al centro de la calzada, y después han lanzado piedras contra los agentes y la comisaría de la Ertzaintza en el barrio de Deusto.

Esta escoria violenta de descerebrados y fanáticos sobran en nuestra sociedad. Llevan horas quemando Bilbao, contenedores, coches, locales… Todo mi apoyo y solidaridad con los vecinos valientes que han intentado pararlos para evitar que quemen su calle y han sido agredidos. La más rotunda condena. Esto no va a quedar impune. Lo tienen que pagar muy caro.

— Carlos García (@carlosdavidgf) October 26, 2026

Poco antes, un contenedor de obra ha sido incendiado por los encapuchados en la calle Francesc Maciá, próxima a Lehendakari Aguirre, y han lanzado cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.

Posteriormente, los disturbios se han trasladado a la Plaza de Euskadi, junto al puente de Deusto, y el centro de la ciudad, donde los radicales han incendiado alrededor de media docena de vehículos y de nuevo numerosos contenedores. El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su “profunda preocupación” por estos altercados “intolerables” e “inaceptables” protagonizados por grupos de radicales, a los que ha dicho: “Ya basta. No los queremos en nuestro país”.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha calificado de “espeluznantes” los altercados protagonizados esta tarde por radicales en la ciudad, de quienes ha dicho que “no son antifascistas; son auténticos fascistas”. Aburto ha condenado “con rotundidad” los altercados y ha hecho hincapié en que “quienes han bebido en fuentes de violencia actúan con violencia”.

El alcalde, en declaraciones distribuidas por el Ayuntamiento, ha considerado a los autores de los altercados una “cuadrilla de embajadores del fascismo, la violencia y el terror” y ha dicho que hay grupos que “no necesitan que nadie venga provocarlos -en referencia al acto del Vito Quiles-; se valen por sí solos para sembrar la violencia en la calle”. Aburto ha dicho que quiere “oir hoy alto y claro a esas voces que mas de una vez se han manifestado contra el fascismo para que valoren estos actos espeluznantes, y ha expresado su solidaridad con los comerciantes a los que han saqueado sus tiendas, a quienes han visto arder sus vehículos y a los ciudadanos de Bilbao que han tenido que aguantar una tarde absolutamente horrorosa”.

Parecido a otros movimientos violentos de Europa

También el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, se ha referido a estos hechos en declaraciones a ETB, donde ha opinado que “da la impresión de que alguien está queriendo emular movimientos violentos que vistos en otras partes de Europa”, y ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a “algo que creíamos olvidado” y que la sociedad vasca “no está dispuesta aceptar”.

“Yo no sé si habrá algún grupo local que se haya podido sumar a la organización de estos incidentes, pero creo que expreso el sentir mayoritario de la sociedad vasca cuando digo que esto es inaceptable, que estamos asistiendo a algo que creímos olvidado, con este violencia, y que no estamos dispuestos a aceptar”, ha asegurado.

A su juicio, se vive “un momento de agitación en toda Europa, también en el Estado español y en Euskadi”. “Ante de esto, por una parte, debemos exigir que la Ertzaintza actúe de acuerdo a la Ley y consiga detener a las personas que provocan estos incidentes y ponerlas en manos de la justicia, pero también todos debemos tener un compromiso claro de condena a este tipo de actos violentos y tener muy claro que no hay fin que justifique el uso de la violencia”, ha subrayado.

Bingen Zupiria ha apuntado que “hoy es un buena demostración” de ello. “Ha habido grupos que, después de provocar incidentes en la zona de la Universidad de Deusto, y en las cercanías de la ertzain-etxea de Bilbao, se han acercado al centro de la ciudad, a la zona de Indautxu y han saqueado algunos comercios familiares, no de grandes marcas”, ha indicado.

Nuestra más enérgica condena de los altercados protagonizados hoy en Bilbao por radicales que hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar. En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena.

— Partido Popular Vasco (@PPVasco) October 26, 2026

El titular de Seguridad ha manifestado que se tendrá que analizar “la dimensión de los daños” que se han causado en los incidentes “y ver de qué manera se puede dar una respuesta” a los afectados.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Rio Pereda, ha manifestado, en un mensaje en X distribuido por la oficina de prensa del partido, el “rechazo absoluto” de la coalición a los “lamentables hechos” que han tenido lugar en Bilbao, tras las ejemplares respuestas populares, pacíficas y democráticas de hoy”.

Desde el sindicato CNT han afirmado que aún no pueden afirmar quién está detrás de los incidentes, pero sí saben “que ni las organizaciones antifascistas convocantes y organizadoras de la respuesta al acto del provocador, ni nuestra militancia, han tenido nada que ver con ellos. Esto es muy preocupante”, han asegurado.

Información elaborada con información de Europa Press

Los sondeos siguen dando algunas pistas, sin que ninguno deje de negar una mayoría absoluta y hasta holgada de la suma PP-Vox, si bien coinciden también en que Alberto Núñez Feijóo está perdiendo escaños y Pedro Sánchez los está recuperando, con Santiago Abascal como principal beneficiado, multiplicando por dos el número de escaños respecto a 2023. El debate, violencia aparte, sigue girando en torno al salario mínimo, las pensiones o la ley de nietos, de la que se esperan novedades esta semana.

EH Bildu condena los disturbios en Bilbao tras la protesta contra Vito Quiles

EH Bildu expresó su “rechazo absoluto” a los altercados registrados en Bilbao, donde manifestantes radicales quemaron contenedores e incendiaron vehículos tras disolverse una concentración contra el agitador Vito Quiles, quien finalmente suspendió su acto por motivos de seguridad.

El lehendakari, Imanol Pradales, confirmó al menos 14 detenidos. La portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río Pereda, calificó lo ocurrido de “lamentables hechos” tras “las ejemplares respuestas populares, pacíficas y democráticas” previas, y aseguró que “la izquierda soberanista no comparte esas actuaciones y se solidariza con la población afectada”.

Bolaños alerta de intentos “muy evidentes” de erosionar la credibilidad de las instituciones

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, advirtió en la apertura del curso de las Reales Academias, presidida por el rey Felipe VI, que existen intentos “muy evidentes” de erosionar la credibilidad de las instituciones “porque las personas que legítima y democráticamente las ocupan no coinciden con tus ideas”. Señaló además el riesgo de la desinformación: “Una mentira se propaga 20 veces más rápido que una verdad en las redes sociales”. Pese a ello, defendió que la Constitución “se cumple por todas y cada una de las fuerzas políticas” que actúan dentro de ella.

Manuel Aragón advierte del riesgo para la democracia por el “abandono” del consenso político

El jurista Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, alertó en la inauguración del curso de las Reales Academias, presidida por el rey Felipe VI, de que unas elecciones libres no bastan para sostener la democracia si los poderes públicos no respetan sus formas. Señaló el abandono del consenso como el principal riesgo actual y pidió que los partidos no traten a sus rivales como “enemigos a los que hay que destruir, sino como adversarios con los que hay que discutir”. Advirtió además sobre la “muy grave erosión” de ciertas instituciones y el riesgo de polarización social.

PP y Vox esperan sumar entre 125 y 140 senadores tras su pacto electoral

El PP y Vox calculan obtener entre 125 y 140 de los 209 senadores en juego el 29 de noviembre, tras cerrar un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas. Vox renuncia a competir en seis provincias, donde el PP cederá un puesto a un candidato independiente propuesto por Abascal, y presentará un único candidato en otras 14. A cambio, el PP no se presentará en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. Según fuentes de la negociación, ambos partidos esperan ganar entre once y doce senadores adicionales, mientras Vox podría sumar hasta diez escaños nuevos gracias al pacto.

Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en un mitin de precampaña en Gijón su intención de reformar la Constitución en la próxima legislatura para proteger el sistema público de pensiones. “También vamos a blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC”, ha afirmado ante los asistentes al acto, celebrado en el Recinto Ferial Luis Adaro.

El anuncio se ha producido en el marco de la precampaña electoral, en un acto en el que también participaron el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y la candidata al Congreso, Adriana Lastra.

Gamarra pide en Soria un Gobierno “que devuelva la decencia” frente al “abandono” del sanchismo

La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha visitado este lunes Soria para pedir “un Gobierno que devuelva la decencia” y ha denunciado el “abandono” sufrido por la provincia durante “ocho años de sanchismo”.

Acompañada de los candidatos Tomás Cabezón y Benito Serrano, ha criticado que el dinero público se destinara a “mordidas o prostitutas” mientras Soria lleva “año y medio sin tren”. Gamarra también ha acusado al Gobierno de favorecer a “Bildu o los independentistas” en detrimento de la financiación diferenciada prometida a Soria, asegurando que con el PP “será una realidad”.

El pintor Antonio López e Inés Sabanés cerrarán de forma simbólica la lista de Frente Amplio por Madrid

El pintor Antonio López y la exdiputada Inés Sabanés cerrarán simbólicamente la lista de Frente Amplio por Madrid al Congreso, en penúltimo y último lugar, respectivamente. La coalición ha destacado que ambos aportan “prestigio en el ámbito de la ecología política y las artes plásticas”. Sabanés representa “el aval histórico de la ecología política madrileña” y López reivindica “la libertad artística y la inversión cultural”. No es la primera candidatura simbólica del artista, que ya se presentó con Recortes Cero en 2024. La lista está encabezada por Emilio Delgado y Tesh Sidi, de Más Madrid.

Ada Colau pide a Sánchez, Feijóo y Abascal un pacto para una campaña “sin IA vejatoria”

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha escrito una carta dirigida a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para proponer un “compromiso firme para no usar y no promocionar el uso vejatorio de la IA” contra adversarios políticos. “¿Cómo vamos a decirles a nuestros hijos e hijas que no utilicen la IA para suplantar identidades de sus compañeros cuando eso se convierte en un uso común en campaña electoral?”, ha planteado.

En el escrito, publicado en el perfil de X de Frente Amplio (@Frente_Amplio_), Colau ha defendido también que se puede competir “con confrontaciones incluso duras en el tono”, pero advierte que “no necesitamos humillar y mentir para convencer”.

Ester Muñoz celebra el pacto del PP con Vox en el Senado: “Estamos muy contentos”

La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, ha defendido desde León el acuerdo alcanzado con Vox para lograr una mayoría en el Senado en las elecciones del 29 de noviembre. “Estamos muy contentos”, ha afirmado, señalando que la reacción de la izquierda confirma que “hemos acertado”.

Muñoz ha acusado además a los partidos de izquierda de “diluir sus siglas en una amalgama” ante los “malos pronósticos” electorales. La portavoz, cabeza de lista al Congreso por León, ha realizado estas declaraciones durante la presentación de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado en esa provincia.

Senadores por designación autonómica: el PP ya suma 23 antes del 29-N, frente a 19 del PSOE

De los 266 escaños del Senado, solo 208 se elegirán en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que los 58 restantes los designan los parlamentos autonómicos según los resultados de anteriores comicios regionales. Con este reparto, el PP parte con 23 senadores, el PSOE con 19 y Vox con 5.

El resto se distribuye entre Junts, ERC, BNG, PNV, EH Bildu, Geroa Bai, Compromís, Más Madrid y Coalición Canaria. Estos números podrían variar el próximo año, cuando se celebren elecciones autonómicas en gran parte del territorio. Además, PP y Vox pactaron no competir entre sí en nueve circunscripciones.

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El PP remodela los gobiernos de Galicia y Madrid por el cierre de listas para el 29-N

La confección de las listas del PP para las elecciones generales ha provocado cambios en los gobiernos autonómicos de Galicia y Madrid. En Galicia, Fabiola García deja la Consellería de Política Social para ser candidata al Congreso; la reemplaza Ángeles Vázquez, mientras Nicolás Vázquez Iglesias se incorpora al Ejecutivo gallego.

En Madrid, el consejero Carlos Novillo también será candidato y da paso a Jorge Rodrigo, sustituido a su vez por José María García Gómez. Además, José Antonio Sánchez dejará su cargo para competir por el PP y será reemplazado por Ángel San Gregorio. Es la segunda remodelación de Isabel Díaz Ayuso en la legislatura.

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Frente Amplio presenta a Rebeca Martín y Mónica Rossi como candidatas por Huelva al Congreso y al Senado

Frente Amplio designó a Rebeca Martín Sánchez, profesora y militante de Izquierda Unida, como cabeza de lista al Congreso por Huelva, al frente de una candidatura que integra también a Verdes Equo, Sumar y otras formaciones de izquierda. Por su parte, Mónica Rossi, concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, representará a la coalición en la lista conjunta al Senado junto al PSOE, denominada Senado de Progreso.

Dos magistrados del Constitucional denuncian un “fracaso” al rechazar el recurso contra la suspensión del voto de la ley de nietos

Los magistrados del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y Ramón Sáez discreparon, en un voto particular, de la decisión mayoritaria de no admitir el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto para nacionalizados por la ‘ley de nietos’, acordada por el Supremo.

Consideran que el fallo supone “graves consecuencias” y constituye un “fracaso” para proteger “el derecho fundamental de sufragio” de miles de ciudadanos, hijos y nietos del exilio, ante las elecciones del 29 de noviembre. Critican además una interpretación “formalista” que contradice la jurisprudencia del propio tribunal y “desaprovecha” una oportunidad histórica.

/espana/2026/10/26/blocus-amenaza-con-trasladar-a-madrid-los-disturbios-de-barcelona-con-dos-convocatorias-en-sol-y-plaza-de-espana-en-halloween/

Alberto Núñez Feijóo asegura en X que “una mayoría de españoles quiere cambio”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido desde su perfil de X que “una mayoría de españoles quiere cambio”, asegurando que su partido hará “todo lo que esperan” de ellos. Además, afirma que buscarán lograrlo “con altura de miras y responsabilidad”.

Además, interpreta las críticas recibidas como una señal positiva: “La reacción rabiosa de quienes quieren impedirlo demuestra que vamos en el camino adecuado”, ha publicado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.

Sánchez compara a PP y Vox con “dos colores” del mismo proyecto político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha difundido un vídeo en X en el que critica el pacto entre PP y Vox para presentar listas conjuntas al Senado en varias provincias. Con una metáfora sobre la percepción del color, Sánchez señala que, igual que “a nuestro cerebro le cuesta distinguir entre algunos tonos de azul y de verde”, hay quienes llevan años tratando de convencer de que PP y Vox “representaban proyectos muy diferentes”.

Sin embargo, afirma, “tanto las palabras como sus hechos lo dejan muy claro: dicen lo mismo, votan lo mismo y gobiernan juntos”. El presidente concluye que se trata de “dos colores y un mismo proyecto de involución”, y planteó la disyuntiva electoral: “O España avanza o avanza el pasado”.

ERC pacta con Compromís y Ara Més para confluir en Valencia y Baleares de cara al 29-N

ERC ha anunciado acuerdos con Compromís en la Comunidad Valenciana y con Ara Més en Baleares para confluir en listas conjuntas en las elecciones generales del 29 de noviembre, junto a Podemos, IU y Frente Amplio. En Valencia, los republicanos aportarán cinco candidatos repartidos entre Valencia, Alicante y Castellón.

En Baleares, la presidenta de ERC, Carme Gomilla, encabezará la lista de Ara Més, lo que podría dar a los republicanos un escaño fuera de Cataluña, algo inédito desde los años 30, según el dirigente Oriol López. Habrá actos conjuntos con el cabeza de lista Gabriel Rufián.

Tellado exige a Fran Martín explicaciones sobre la financiación de las primarias de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín —quien dimitió de su cargo ayer domingo— que aclare quién financió las primarias que Pedro Sánchez ganó en el PSOE en 2017. Martín presidió Bancal de Rosas, la asociación que gestionó las cuentas de aquella campaña, investigada por la Justicia por un posible vínculo con negocios de saunas del suegro de Sánchez.

Tellado ha calificado a Martín de “sanchista de primera generación”, considerando que, tras quedar fuera de las listas del PSOE para el 29 de noviembre, es el momento de que dé explicaciones.

Pedro Sánchez promete “cero tolerancia” ante el “vandalismo instigado desde las redes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este lunes “cero tolerancia” ante el “vandalismo instigado desde las redes” vivido este fin de semana en Barcelona, y ha trasladado su apoyo ante esos hechos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los comerciantes.

Sánchez, en un mensaje en la red social X tras los disturbios de Barcelona, ha considerado que lo sucedido en la capital catalana no es un acto de democracia, sino de “puro vandalismo instigado desde las redes”.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que hay una investigación en marcha, así como 128 detenidos que ha garantizado que responderán ante la justicia.“Este Gobierno lo tiene claro: cero tolerancia a los violentos y pleno apoyo a los agentes y a los comerciantes”, ha añadido.

Tellado reacciona a la victoria de Lula en Brasil: “A Sánchez le ha traicionado el subconsciente”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reaccionado al triunfo de Lula en Brasil afirmando que “a Sánchez le ha traicionado el subconsciente”. “Él ha querido encontrar similitudes en Lula da Silva. Y como todos recordamos, Lula fue condenado por corrupción por lo mismo por lo que se investiga a Pedro Sánchez. [Sánchez] Asoció ideas y vio en su persona a sí mismo. La condena fue revocada porque se entendió que la justicia no respetó sus derechos procesales. Fíjese en los paralelismos. Sánchez, que tenga cuidado en quién se compara. Lula parece ser hoy la aspiración de Sánchez. Lo da por perdido ahora y esperará cuatro años”, ha sentenciado.

/espana/2026/10/26/el-pp-convence-a-vox-para-que-no-se-presente-en-6-circunscripciones-para-contrarrestar-el-pacto-entre-psoe-y-frente-amplio-en-el-senado-presentara-un-candidato-en-14-provincias/

Cataluña pide a WhatsApp y Telegram que cierren chats con odio

La Generalitat de Cataluña ha apelado este lunes a las plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram que cierren los chats en los que se incita a jóvenes a sembrar el “caos” y a “desestabilizar” la paz social, como ocurrió con los disturbios del pasado sábado en Barcelona. Los Mossos pedirán a estas plataformas de mensajería que ayuden a identificar a las personas que impulsaron estos mensajes masivos mediante “identidades camufladas” y que cierren los grupos en los que se incita a los jóvenes a la violencia “sin ningún otro fin” que cometer desórdenes públicos.

Albiol ve en los disturbios un “asalto militar”

Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y número 1 del PP por Barcelona, ha calificado este lunes de “asalto militar” los disturbios registrados el sábado en Barcelona y los ha vinculado al “populismo de baja intensidad” que, a su juicio, desprenden el Govern catalán y el Ayuntamiento.

En declaraciones a los periodistas desde la plaza Catalunya, epicentro de los disturbios, Albiol ha dicho también que estos disturbios evidencian que en Cataluña existe “un problema muy serio de integración”. “Una parte importante de estos detenidos son personas que o vienen del Magreb o son de segunda generación de personas que vinieron del Magreb”, ha asegurado.

El candidato popular ha relacionado este episodio en Barcelona con “lo que ha ocurrido en Francia” y ha defendido que existe “un problema muy serio de adaptación a la sociedad de una parte de este tipo de inmigración”. Lo anterior, ha añadido, “es fruto del poco nivel de exigencia que hemos tenido cuando han llegado esas personas a nuestro país y han sido incapaces de aceptar las normas de convivencia que tenemos en España”.

Albiol, asimismo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actúa con “desprecio” hacia los comerciantes, los vecinos de Barcelona y los Mossos d’Esquadra por no haber hecho aún ninguna referencia pública a estos hechos.

(Información de EFE)

Frente amplio mantiene la incógnita

El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha mantenido la incógnita sobre el número de circunscripciones a las que se presentará la coalición con motivo del cierre para el registro de listas electorales al 29-N, que termina ester lunes, y ha afirmado genéricamente que la candidatura estará representada a lo “largo y ancho del país”.

También ha dicho, tras el acuerdo de Podemos y Ara Més en Baleares, que su candidatura jamás se va a confundir de lealtades ni “equivocar de adversarios”, porque en el Frente Amplio “cabe todo el mundo”.

Respecto a si habrá candidatura de Frente Amplio en todas las provincias en el Congreso salvo en Teruel, circunscripción a la que la Chunta Aragonesista ha renunciado para dejar todo el carril progresista al PSOE, Bustinduy simplemente ha apuntado que esta noche se cierra el plazo de candidaturas y se verá que Frente Amplio será “la opción a lo largo y ancho del país para defender el interés de las clases trabajadoras en este país”.

(Información de Europa Press)

Álvarez de Toledo: “Una remontada de Sánchez sería una bajada al infierno de España”

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, número 2 por Madrid, cree que “una remontada de Sánchez sería una bajada al infierno de España, al infierno de la división y la indecencia”. Para Álvarez de Toledo, lo que está en juego el 29-N es “dónde fijamos el listón moral de la vida pública”, por lo que pide “una mayoría fuerte” para Alberto Núñez Feijóo “para recuperar la decencia, la democracia y la esperanza”.

Pido una mayoría muy fuerte. Para recuperar la decencia, la democracia y la esperanza. Hoy en @EspejoPublico https://t.co/qTlSBpGJst

— Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 26, 2026

Feijóo: “Al Gobierno le interesa la tensión, la violencia y la trinchera”

Alberto Núñez Feijóo defiende que “al Gobierno le interesa la tensión, la violencia y la trinchera”. Son declaraciones a VozPópuli que el líder del PP ha compartido en la red social X. “El señor Sánchez lo que pretende es vencer a la mitad de España. Mi planteamiento es gobernar para la mayoría de la nación”, afirma.

Al Gobierno le interesa la tensión, la violencia y la trinchera para que no se hable de lo que ha hecho en estos ocho años ni de sus casos de corrupción. Sánchez pretende vencer a la mitad de la nación. Yo quiero gobernar para la mayoría de los españoles. https://t.co/Bnmg6zrvjI

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 26, 2026

Vox culpa a Sánchez de estar “detrás” de los disturbios

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha acusado Pedro Sánchez de estar “detrás” de los actos violentos registrados en Barcelona y A Coruña por permitirlos. “Si lo permite, porque lo permite, es porque quiere que eso se produzca”, ha dicho en una entrevista en la Cadena COPE, donde ha señalado que Sánchez “controla y tiene la responsabilidad y la competencia del orden público a través de los delegados del Gobierno”.

Exteriores avanza “a buen ritmo” para cumplir con el Supremo

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha informado de que su departamento avanza “a buen ritmo” para cumplir con el plazo impuesto por el Tribunal Supremo para facilitar la lista de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos. En caso de no hacerlo, tanto él como Félix Bolaños, titular de Justicia, se exponen a una sanción económica o una investigación penal. Entrevistado en RNE, Albares ha negado que el Supremo haga “injerencia electoral” y garantiza que cumplirá “escrupulosamente” con lo solicitado.

El Congreso retira los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas

El Congreso de los Diputados ha retirado los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas que se encuentran en la galería de retratos de la Cámara Baja, tal y como había acordado la Mesa de la Diputación Permanente el pasado 13 de octubre.

La propuesta, a iniciativa de Sumar y acordada con el apoyo del PSOE, buscaba dar cumplimiento a la Ley de memoria democrática, aprovechando que se va a reordenar la citada galería para dar mayor visibilidad al cuadro “Los comuneros de Castilla”, según informaron fuentes parlamentarias.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha celebrado la retirada de los cuadros con la que se demuestra -ha dicho- el compromiso de la Cámara con la memoria democrática, “reconociendo a las víctimas de la dictadura y contribuyendo a reparar una injusticia que ha durado demasiado tiempo”.

Los cuadros que se han a retirado son los de los presidentes Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975).

(Información en EFE)

Óscar Puente llama la atención al exdelegado en Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aunque ha criticado el momento elegido, en plena precampaña electoral, porque considera que no le beneficia a él ni tampoco al PSOE. Además, sospecha que puede haber “otras razones” más allá de que se quedase fuera de las listas electorales para las elecciones del 29 de noviembre.

El ministro defiende que todos los integrantes del PSOE están “sometidos a las decisiones que toma la organización” que unas veces les benefician personalmente y otras no, según ha indicado este lunes en un desayuno informativo de Nueva Economía.

“Hay que estar a lo que la organización en cada momento decide, no podemos enfadarnos cuando no cuentan con nosotros y alegrarnos cuando sí, porque al final estamos a disposición de la organización”, ha señalado.

(Información de Europa Press)

/espana/2026/10/25/el-delegado-del-gobierno-en-madrid-dimite-tras-quedar-fuera-de-las-listas-del-psoe-al-29-n/

/espana/2026/10/26/correos-vuelve-al-radar-de-una-posible-privatizacion-que-podria-hacer-nunez-feijoo-con-la-empresa-publica-si-gobierna/

El PP repasa las entrevistas de Sánchez

Para el PP, Pedro Sánchez solo está concediendo entrevistas a medios o programas afines. El partido repasa en un comentario en X con quién ha hablado el candidato del PSOE y por contra, con quién lo está haciendo Alberto Núñez Feijóo.

Últimas entrevistas de Pedro Sánchez: El Intermedio (La Sexta). Mañaneros (TVE). La Revuelta (TVE). El País (Prisa). Y el domingo, a Salvados (La Sexta). Feijóo fue el viernes a la Cadena SER, y este fin de semana será entrevistado en El País y en La Vanguardia. La España sin muros que defendemos también se enseña en detalles como estos.

— Partido Popular (@ppopular) October 26, 2026

/espana/2026/10/24/el-gobierno-trabaja-a-contrarreloj-para-evitar-la-multa-del-supremo-y-entregar-las-listas-de-los-163020-afectados-por-la-ley-de-nietos-refuerza-su-personal-en-los-consulados/

“El PP ha vertido muchas falsedades”

Elma Saiz ha asegurado en la SER que el PP “ha vertido muchas falsedades” en materia de pensiones, así como que el Gobierno ya ha tenido en cuenta en sus reformas “las jubilaciones de los baby boomers”, garantizando la sostenibilidad del sistema.

🗣️ @SaizElma, sobre la viabilidad de las pensiones: "El PP ha vertido muchas falsedades" "Las reformas que se han hecho ya tienen en cuenta las jubilaciones de los 'baby boomers'" 📹 https://t.co/UIaprqtqxe https://t.co/S1kquUkX7y

— Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 26, 2026

“Siempre gana la extrema derecha”

Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha pedido investigar quién está detrás de los disturbios en Barcelona, segura de que es “la extrema derecha” la que saca partido a esta violencia, que ha condenado con rotundidad en una entrevista concedida a la Cadena SER.

/espana/2026/10/24/tres-antiguos-colaboradores-denuncian-a-tesh-sidi-numero-dos-de-frente-amplio-por-madrid-por-presunto-acoso-laboral/

“Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, augura que “lo que ha pasado en Brasil, pasará en España”, refiriéndose a la victoria de Lula da Silva en segunda vuelta. “La remontada del progresismo global acaba de comenzar”, ha augurado en la red social X.

¡Gran victoria de @LulaOficial! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

/america/america-latina/2026/10/26/la-remontada-electoral-la-movilizacion-digital-y-los-desafios-del-cuarto-mandato-las-claves-de-la-historica-victoria-de-lula-en-brasil/

Otra encuesta: la izquierda no remonta

Además de la publicada por eldiario.es, El Español sale este lunes con otra encuesta, esta elaborada por SocioMétrica. Según esta, la izquierda no está remontando. Al contrario, el PP aventajaría al PSOE en 29 escaños y junto a Vox se mantendría en torno a 200, cómodamente por encima de la mayoría absoluta y lejos del descalabro.

/espana/2026/10/24/frente-amplio-presenta-su-plan-de-pensiones-jubilacion-a-los-65-anos-y-cuantia-minima-igual-al-smi/

Almodóvar llama a votar: “Nunca nos hemos jugado tanto”

Pedro Almodóvar se reconoce “muy preocupado” ante la posibilidad de que Vox entre al Gobierno tras las próximas elecciones, un panorama que define como “apocalíptico”: “Es importantísimo que vayamos a votar porque es el momento más delicado y donde más nos jugamos desde que estamos en democracia”, ha asegurado a la agencia EFE.

En una entrevista con motivo de la publicación el jueves 26 de su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones, el director de cine manchego, que nunca ha ocultado su ideario progresista, reconoce que “la situación no es buena” aunque él se imponga la “obligación de ser optimista como forma de resistencia”.

“Todos los españoles debemos estar muy preocupados. Creo que desde que existe la democracia es el momento más delicado, donde más nos jugamos y donde peor estamos en los últimos 50 años”, dice sobre las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tras las que muchas encuestas prevén un posible gobierno de coalición de PP y el partido de Santiago Abascal.

El director de cine espera que si finalmente se produce ese escenario, “al menos haya la máxima representación” de los partidos de izquierda, por lo que “es importantísimo que vayamos a votar, ya que esa es la herramienta que podemos utilizar”, ha insistido.

(Información de EFE)

/espana/2026/10/25/las-medidas-que-exigen-los-agentes-de-la-guardia-civil-de-cara-a-las-elecciones-del-29-n-mas-medios-contra-el-narcotrafico-y-eliminar-los-cargos-a-dedo/

Último día para presentar las listas

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las 0:00 horas de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales, unas listas que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 28 de octubre.

El cierre del plazo permitirá despejar algunas de las incógnitas que aún rodean la configuración de las candidaturas, entre ellas si Vox finalmente renuncia a presentarse en determinadas circunscripciones del Senado, como le ha solicitado el PP para evitar la división del voto; o cómo han quedado configuradas las listas de la coalición entre PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta.

Tras el registro de listas, las Juntas Electorales Provinciales dispondrán de los dos días siguientes para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación. Una vez completada esta revisión, las Juntas tendrán hasta el 2 de noviembre para proclamar las candidaturas.

(Información de Europa Press)

/espana/2026/10/26/el-discurso-de-la-ley-y-el-orden-entra-de-lleno-en-la-campana-electoral-pp-y-vox-salen-en-tromba-contra-el-gobierno-y-los-inmigrantes-tras-los-disturbios-en-barcelona/

Nuevo sondeo: la izquierda recorta distancia

Un nuevo sondeo para comenzar la semana. Según una encuesta del Ateneo del Dato para eldiario.es, el PP ganaría las elecciones con un 31,1% de los votos, por un 27,6% del PSOE, un 19,8% de Vox y un 6,8% del Frente Amplio, o lo que es lo mismo, una mayoría absoluta de la derecha si bien el bloque de la izquierda recorta distancia. Uno de los datos más llamativos del estudio es que un 19% de quienes apoyaron a Alberto Núñez Feijóo en 2023 hoy lo haría por Santiago Abascal.

/espana/2026/10/25/feijoo-acusa-a-la-izquierda-de-resistirse-a-abonar-el-poder-con-violencia-como-han-perdido-la-calle-quieren-incendiarla/

/espana/2026/10/24/sanchez-lee-un-poema-de-lorca-en-granada-y-acusa-a-feijoo-y-abascal-de-plantear-una-involucion-con-una-lista-interminable-de-recortes/

En concreto, Vox no presentará candidatura propia en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y en las Islas Baleares. En estas provincias, el PP se ha comprometido a incorporar en sus papeletas, con las siglas del PP, a un candidato independiente a propuesta de Vox. Tellado ha matizado que esas personas aparecerán en los primeros tres puestos en las listas. Fuentes del PP aclaran que irán marcados en la papeleta como “independientes”.

A la espera de conocer los perfiles, que se difundirán a última hora de la tarde, fuentes de la Junta Electoral explican a este periódico que el candidato que cuele Vox en la lista del PP puede ser militante del partido, ya que no se consideraría como coalición al concurrir como independiente. “Nadie está obligado a declarar públicamente su militancia”, añaden.

Los de Abascal presentarán un único candidato en las listas de Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En el resto, la formación concurrirá con “normalidad” y presentará su propia papeleta con tres candidatos. Por otro lado, el PP no se presentará en tres provincias. Una de ellas es Guipúzcoa, donde no ha obtenido representación desde hace 26 años. Las otras dos son Girona y Tarragona, donde el PP nunca ha obtenido senadores.

Una coalición para “proteger el centro derecha” en el Senado

El acuerdo busca contrarrestar el histórico pacto entre el PSOE y los partidos que forman el Frente Amplio, que concurrirán con una única papeleta en 47 circunscripciones. “Es una buena noticia. Pedro Sánchez va a perder la mayoría en el Congreso y en el Senado. Van a intentarlo por todas las vías, pero no les ha salido bien”, ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido.

Las negociaciones entre Génova y Bambú se han sucedido bajo el secretismo máximo, con información a cuentagotas. El propio líder de Vox, Santiago Abascal, reconoció que era necesario hacer “sacrificios” y prometió actuar con “altura de miras” en las autonomías para que España “no dependa de Sánchez”. Este lunes finaliza el plazo para presentar candidaturas al Congreso y al Senado. “Tenemos posiciones conjuntas, pero nos une la ansia por el cambio”, ha sentenciado Tellado.

¿Por qué se han dado pactos en el Senado que serían impensables en el Congreso? Por el propio sistema de elección de los representantes. En la Cámara Alta, la concentración de voto se premia extraordinariamente, por lo que las coaliciones son una práctica común. Cabe recordar que en la papeleta de cada circunscripción se pueden elegir hasta cuatro representantes, aunque cada partido solo puede presentar a tres candidatos. Un estudio realizado por la Plataforma de Senadores y Senadoras calculó que una alianza de izquierdas podría alcanzar los 112 senadores.

Las revueltas que el pasado sábado sacudieron el centro de Barcelona podrían tener una segunda parte en Madrid. Varios perfiles anónimos que utilizan la denominación Blocus están difundiendo convocatorias para el próximo 31 de octubre en la capital, coincidiendo con Halloween, con llamamientos que mezclan reivindicaciones educativas, estética revolucionaria y mensajes que, en algunos casos, alientan la violencia y los saqueos.

Fuentes policiales sitúan dos de las citas en pleno centro de Madrid. La primera, a las cinco de la tarde, en la Puerta del Sol; la segunda, una hora después, en la plaza de España. Ambos enclaves se encuentran a escasa distancia, en una zona de gran afluencia de peatones y comercios. Sin embargo, los anuncios que circulan por internet no coinciden plenamente en los horarios y lugares señalados, por lo que no puede darse por cerrada la organización de estas movilizaciones.

Una protesta estudiantil como reclamo

Las convocatorias dirigidas a Madrid se presentan, al menos en algunos de sus carteles, como una protesta en defensa de la educación pública. Bajo la firma de “Estudiantes por un instituto de calidad”, uno de los mensajes denuncia el deterioro del sistema educativo y reclama más recursos, mejores instalaciones y profesorado suficiente. “El sistema educativo está en decadencia y no vamos a quedarnos callados”, sostiene el texto, que anima a los jóvenes a salir a la calle para exigir “un instituto digno, con recursos, profesorado y futuro”.

El llamamiento se apoya en una estética muy distinta de la habitual en una movilización estudiantil. Una de las imágenes difundidas representa la Puerta del Sol entre barricadas y llamas. Otro cartel muestra la plaza de España en un escenario de violencia extrema, con policías antidisturbios muertos y establecimientos arrasados. Las imágenes, de carácter apocalíptico, presentan una ciudad convertida en escenario de enfrentamientos.

La convocatoria también se apoya en el lenguaje y las referencias de las protestas juveniles que se han extendido por Francia, aunque el uso de esa simbología no permite determinar por sí solo quién está detrás de los llamamientos ni cuál es su grado de coordinación.

El reclutamiento se realiza principalmente mediante perfiles de TikTok y canales de mensajería. Algunos de ellos invitan a los interesados a solicitar el acceso a grupos privados de WhatsApp o Telegram, donde se amplían las indicaciones sobre las concentraciones.

Del llamamiento en redes a los saqueos de Barcelona

El precedente que explica la preocupación policial se encuentra en lo ocurrido el 24 de octubre en Barcelona. La convocatoria, difundida inicialmente por perfiles anónimos de TikTok bajo el lema de la calidad de los institutos, congregó a centenares de jóvenes en el entorno de la plaza de Cataluña.

Lo que se presentó como una protesta estudiantil terminó derivando en graves disturbios. Los participantes vandalizaron establecimientos, saquearon comercios y prendieron fuego a elementos del mobiliario urbano, además de enfrentarse a los agentes que intervinieron para contener los incidentes.

El balance inicial comunicado por los Mossos fue de 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y 14 agentes heridos, cuatro de gravedad. Los bomberos realizaron 33 intervenciones por incendios y se contabilizaron daños en 23 comercios.

La investigación trata de esclarecer quién impulsó la convocatoria y qué estructura había detrás de ella. La comisaria jefa de los Mossos, Silvia Catà, explicó a RAC1 que la policía catalana estaba trabajando con otros cuerpos policiales europeos para rastrear la difusión de los mensajes e identificar a sus responsables.

La organización inicial a través de perfiles anónimos y el traslado posterior de los participantes a grupos de mensajería dificultan las pesquisas. En algunos de esos canales se habían compartido instrucciones relacionadas con los robos, la elección de objetivos y la forma de eludir la vigilancia policial.

Halloween, un factor añadido

La elección del sábado no parece casual. La jornada coincide con Halloween y precede al festivo de Todos los Santos, lo que previsiblemente aumentará la presencia de personas en las calles del centro de Madrid durante la tarde y la noche.

Algunos de los mensajes que circulan por redes incorporan expresamente la celebración a sus llamamientos y sugieren acudir disfrazados o con el rostro cubierto. En otros se insiste en la utilización de ropa oscura y capuchas, recomendaciones que ya aparecieron en la convocatoria que precedió a los disturbios de Barcelona.

Además de Madrid y Barcelona, se han detectado convocatorias similares en otras localidades, entre ellas Algeciras y San Pedro de Alcántara, así como mensajes que extienden los llamamientos a otros puntos del país.

Por ahora, la existencia de estos anuncios no equivale a una movilización consolidada. El principal interrogante es si los perfiles que los difunden conseguirán trasladar a la calle una convocatoria que, en Barcelona, desembocó en una oleada de vandalismo y saqueos cuyo alcance sorprendió a los propios Mossos.

El Servicio Vasco de Salud deberá indemnizar con 82.063,89 euros a un conductor de autobús al que operaron de dos dedos distintos de los previstos en una intervención quirúrgica practicada en septiembre de 2020 en el hospital de la Cruz Roja de Bilbao. La magistrada de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Bilbao considera acreditados una “falta de diligencia profesional y un error médico evidente” que provocaron un perjuicio al paciente.

El afectado, diestro, había sido diagnosticado de tenosinovitis estenosante, una dolencia conocida como dedo en resorte o en gatillo, en el tercer y cuarto dedos de la mano derecha. La afección le provocaba dolor y limitaciones en la movilidad y, después de haber recibido infiltraciones, se planteó una intervención quirúrgica para tratarla.

La operación se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2020. Sin embargo, los cirujanos actuaron finalmente sobre el segundo y el tercer dedo, en lugar de hacerlo sobre el tercero y el cuarto, como estaba previsto. El paciente denunció que nunca había consentido que le intervinieran el segundo dedo, que no presentaba alteraciones en la exploración previa y que no le generaba problemas antes de la cirugía.

Las consecuencias se hicieron patentes durante el seguimiento médico. Un año después de la operación, el conductor presentaba una pérdida de habilidad fina en los dedos y una importante rigidez en la mano. Además, el cuarto dedo, que no había sido intervenido, continuaba haciendo resorte, mientras que el segundo, sobre el que sí habían actuado los cirujanos, era el que más molestias le ocasionaba.

La afección de este último dedo, según los hechos recogidos en la información sobre el procedimiento, podía atribuirse al posible error durante la intervención.

Una operación sin consentimiento

La reclamación del paciente se articuló en torno a dos cuestiones: la falta de consentimiento informado para intervenir un dedo distinto del previsto y el deterioro de la funcionalidad global de la mano tras una cirugía que consideraba incorrectamente realizada.

En su defensa, el Servicio Vasco de Salud sostuvo que sí existió una justificación clínica para actuar sobre el segundo dedo, una decisión que, según alegó, se adoptó durante la exploración del paciente una vez sedado. La Administración sanitaria también defendió que no podía demostrarse que esa intervención hubiera tenido repercusiones sobre su estado posterior.

No obstante, reconoció que podría no haber existido una información completa al paciente y solicitó que, en caso de condena, la indemnización se limitara a 15.615 euros, una cantidad muy inferior a la finalmente fijada.

La magistrada, por su parte, considera que la documentación permite constatar que se produjo un error. El informe pericial aportado por el demandante señala que la cirugía se había planteado para tratar los dedos en los que existían síntomas de resorte, limitación y dolor, pero que terminó practicándose sobre el segundo y el tercero, una actuación que atribuye a un error del cirujano.

El dictamen también apunta que, al no tratarse de una anestesia general, se podría haber consultado al paciente antes de modificar el plan quirúrgico. “Ser operado de un dedo no previsto resulta sin duda una actuación no consentida, más allá de las consecuencias, que como se aprecia han existido”, recoge la resolución.

El dedo afectado quedó sin tratar

El error no solo habría supuesto intervenir una zona que no estaba inicialmente prevista, sino que también dejó sin tratar el cuarto dedo, que presentaba un diagnóstico de dedo en resorte. El informe pericial considera que esta circunstancia puede interpretarse como un tratamiento incompleto o inadecuado, con el consiguiente riesgo de empeorar la funcionalidad de la mano o prolongar la recuperación.

La jueza da por acreditadas la falta de cuidado y la incorrecta atención sanitaria. Entre las secuelas descritas figuran la pérdida de funcionalidad, las consecuencias estéticas, el dolor y la inflamación, aspectos que, de acuerdo con la resolución, se concretan en los informes periciales y en los evolutivos médicos.

La indemnización asciende finalmente a 82.063,89 euros, frente a los 15.615 euros que el Servicio Vasco de Salud planteó como posible compensación. La resolución, dictada por la jurisdicción contencioso-administrativa, atribuye así responsabilidad a la Administración sanitaria por una intervención en la que el paciente acabó siendo operado de un dedo distinto del previsto, con consecuencias que se prolongaron durante el seguimiento posterior.

Los altercados en Barcelona de este pasado fin de semana han servido de munición para la derecha en una nueva jornada de precampaña electoral de alto voltaje, con el telón de fondo de las protestas sociales en toda Europa.

Bajo el pseudónimo de ‘Blocus’, una plataforma de perfiles anónimos de TikTok llamó a los jóvenes a reunirse el sábado en la plaza de Catalunya de Barcelona, siguiendo la estela de las movilizaciones estudiantiles francesas, que han derivado en violencia callejera y han catapultado al partido de Marine Le Pen. Lo que comenzó como una supuesta concentración en defensa de la educación terminó con escaparates reventados, comercios saqueados, contenedores en llamas y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, mientras grupos de adolescentes se dispersaban por el centro de la ciudad. Las cifras: 128 detenidos, más de la mitad menores de edad, y 15 policías heridos. Mientras, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, compartía kilómetros con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la derecha ha salido en tromba para acusar sin pruebas al Ejecutivo y sacar a relucir el discurso xenófobo. El discurso de la ley y el orden, que se había venido intensificando desde los sucesos en Ceuta, ha entrado de lleno en la campaña electoral.

Con esta idea disparó primero el líder de Vox, Santiago Abascal, quien apuntó al inmigrante por los incidentes registrados en la ciudad condal: “Que los eduquen en su país”, escribió en un mensaje en la red social X. El líder de la extrema derecha, que vive un momento dulce en las encuestas precisamente por el tirón del discurso antimigratorio, aprovechó para arremeter contra el presidente del Gobierno y sus políticas: “De Ceuta a Barcelona, las milicias de Sánchez destruyendo todo lo que pueden”, ha añadido.

Horas después se referiría a ello su portavoz en el Parlament, Joan Garriga, quien vinculó la violencia con lo que ha denominado “islamoizquierdismo”, acusando al socialismo de “permitir que la inseguridad se extienda por Cataluña”. Desde la extrema derecha catalana, que no compite el 29-N, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, describió a los manifestantes como “inmigrantes subsidiados destruyendo Cataluña”. “No son estudiantes indignados pidiendo mejor climatización en las aulas”, escribió en la misma red social.

El PP puede pescar en aguas de Vox con Xavier García Albiol

A rebufo ha ido la derecha moderada. Primero ha sido a través de Junts per Catalunya, que equiparó los incidentes con la violencia callejera en Francia, que ya acumula el millar de detenidos: “Cataluña no puede ser un país donde unos levantan la persiana cada mañana y otros la revientan por la noche: esto no es Francia ni queremos que lo sea”, apostilló la candidata Míriam Nogueras. Después haría lo propio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculando los disturbios con una presunta negativa de la izquierda a “abandonar el poder” y su voluntad de resistir “con violencia”. “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”, ha aseverado Feijóo en un mitin en Salamanca.

Uno de los principales beneficiados de este discurso puede ser el candidato del Partido Popular por la lista de Barcelona, Xavier García Albiol. El alcalde ha encadenado mayorías absolutas con una campaña centrada en vincular inmigración y delincuencia, y su nombramiento fue el fichaje estrella con el que Génova sueña con disputar votos a Vox este 29-N. Gran parte de la campaña se juega en Cataluña, la segunda circunscripción que más escaños reparte y donde Feijóo se quedó a solo cuatro de conseguir los suficientes para quedarse con La Moncloa.

Qué se sabe de las protestas

El discurso de PP y Vox, no obstante, choca con la versión oficial. Porque ni los alborotadores venían de Francia, como así acabó confirmando la comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà; ni se conoce quién está detrás de la plataforma anónima, que acabó sorprendiendo a la propia policía autonómica. “Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad”, rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle “como en Francia”. La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o WhatsApp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico. Los Mossos todavía analizan la circulación de estos mensajes en colaboración con otros cuerpos policiales europeos.

Según una adolescente que acudió a la manifestación y a la que entrevistó el domingo la Agencia EFE, la concentración no tenía nada que ver con los estudiantes: “No iban a manifestarse, sino a delinquir”. Esta alumna de segundo de ESO de un instituto de Barcelona lamentó que los graves disturbios “están manchando el nombre” del colectivo de estudiantes y aseguró que el grueso de los que acudieron a la convocatoria “solo querían liarla”, sin ningún interés en las reivindicaciones educativas.

Nada de esto ha evitado que el tema haya saltado a la primera línea de la campaña electoral. En la diana de la derecha ha estado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El Gremio de Restauración de Barcelona también señaló al edil socialista por no evaluar correctamente el riesgo de la convocatoria y criticó que el dispositivo policial para dar respuesta a los altercados fue “insuficiente”. El alcalde ha rechazado estas críticas, defendiendo que el dispositivo fue el adecuado, aunque los disturbios se convirtieron en un “hecho muy incontrolable” por su “imprevisibilidad”.

Acciona es una de las grandes empresas españolas. Cerró 2025 con una facturación de 20.236 millones de euros y unos beneficios netos de 803 millones (un 90% más que el año anterior). Da empleo a casi 70.000 personas y tiene presencia en todo el mundo construyendo infraestructuras, generando energía y gestionando contratos de servicios, desde Australia a Canadá, pasando por República Dominicana, Filipinas, Chile, Marruecos o Catar. Y, sobre todo, en España. Aquí, en nuestro país, la empresa controlada por la familia Entrecanales lidera la obra pública junto a la ACS de Florentino Pérez. En 2025 se llevó 596 millones de euros de las Administraciones nacionales, según un análisis del perfil del contratante. Su prestigio, su reputación, su capacidad operativa y un buen trabajo de “relaciones públicas”, explican fuentes del sector, hacen que la compañía pueda presentar cifras inmejorables cuando anuncia sus cuentas.

Y esas relaciones públicas se hacen en escenarios de toda índole, como las famosas carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, que se suelen celebrar en el mes de agosto en las conocidas playas de esta localidad gaditana. Este año se festejó la 181 edición. Catalogada como Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Ayuntamiento ha pedido que la Unesco la considere Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, iniciativa que apoyan el Senado y la Junta de Andalucía. La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda organiza el evento y cada año alquila palcos VIP para que empresas y patrocinadores puedan ver las carreras desde un lugar privilegiado e invitar a sus compromisos. “Son palcos muy cotizados”, explica un empresario. Este diario ha preguntado a la Real Sociedad el coste de los mismos. Al cierre de esta información, no había obtenido respuesta.

Acciona suele alquilar un palco. Infobae ha tenido acceso al listado de invitados de la multinacional en la edición de 2024, en el que aparece un buen puñado de cargos públicos. Hay muchos responsables de los ministerios de Transportes. Por ejemplo, aparecen hasta 13 cargos de este departamento: Marcos Martín Gómez, exjefe de la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental; José María Padilla, jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en la provincia de Cádiz y Ceuta; y Salvador Fernández Quesada, exjefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es responsable del 70% de los contratos públicos adjudicados a Acciona desde el año 2017, en solitario o en unión con otras empresas, por la Administración General del Estado, según una información publicada por Newtral.

Esa información contabiliza 112 contratos por valor de 1.792 millones de euros, de los que 1.378 millones procedían de Transportes. En el listado de invitados (eso no quiere decir que finalmente acudieran al palco) aparecen también varios cargos de Puertos del Estado, un organismo que también depende de Transportes. Ahí figuran Teófila Martínez, exalcaldesa de Cádiz y hoy presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz; José Luis Ramos, expresidente del Puerto de Huelva; y Rafael Carmona Ruiz, presidente del Puerto de Sevilla. También aparecen cargos del Ministerio de Transición Ecológica (el segundo departamento del Estado en volumen de contratos a Acciona, más de 202 millones de euros).

Acciona, bajo sospecha

Por ejemplo, aparecen Joaquín Páez Landa, que fue hasta hace poco presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y Carmen Nuria Jiménez Gutiérrez (directora técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir). Acciona está en el punto de mira porque varias obras adjudicadas precisamente por Transportes cuando el ministro era José Luis Ábalos están siendo investigadas por la UCO de la Guardia Civil en el marco del ‘caso Cerdán’. Acciona, presuntamente, pagaba una mordida a cambio de esas obras, todas licitadas por Transportes o alguno de sus órganos dependientes (Adif y la Dirección General de Carreteras).

Una de esas obras bajo sospecha es la reforma del Puerto de Centenario de Sevilla, la obra civil más importante que se desarrolla en Andalucía. En el listado de invitados a la carrera también aparecen varios alcaldes andaluces: el alcalde de Sevilla José Luis Sanz Ruiz; la regidora de Torremolinos, Margarita del Cid; la de Marbella, María Ángeles Muñoz; el de la ciudad hispalense de Carmona, Juan Ávila; el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce (que ha anunciado que dimitirá tras ser investigado por agresión sexual); la alcaldesa de Granada Marifran Carazo; el regidor de Cádiz Bruno García de León; y la de Jerez, María Jose García Pelayo.

La Junta de Andalucía, obviamente, también está presente en este listado de invitados VIP. Aparecen hasta 30 personas vinculadas al Gobierno que preside Juanma Moreno Bonilla. Por ejemplo, está Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Fernández-Pacheco fue alcalde de Almería antes que consejero. Su Ayuntamiento adjudicó a Acciona el contrato de limpieza de la ciudad.

También aparecen en este listado su predecesora en el cargo, Carmen Crespo Díaz; y la consejera de Empleo y Empresa, Rocío Blanco. Completan la nómina de invitados VIP el exconsejero de Turismo Arturo Bernal (dejó el cargo en julio de este año); la sucesora de este último, la nueva consejera Patricia del Pozo Fernández; la titular de la consejería de Economía y Empleo, Carolina España; y la de la Consejería de Medio Ambiente, Catalina García.

Finalmente, están incluidos varios viceconsejeros y responsables de la Consejería de Agricultura, como Ramiro Angulo, secretario general del Agua; y Susana Benavides, directora general de Recursos Hídricos. Juan Bravo fue otro de los políticos que Acciona incluyó en su listado reservado de invitados. Fue consejero de Economía y Hacienda y hoy es diputado nacional y vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios ofrecidos en condiciones ventajosas que puedan condicionar el ejercicio de sus funciones. Es lo que regula el artículo 25 de la ‘Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno’.

Es verdad que la norma no fija una cuantía económica concreta para determinar qué regalo es admisible. Por eso, la valoración depende del contexto: un obsequio institucional o protocolario de escaso valor podría encajar en la excepción. Y, seguramente, la invitación puntual a una carrera de caballos en la que una empresa privada te ofrece consumiciones, porque estos palcos tienen catering, parece que tampoco. Pero, como señala una fuente que ha estado presente en estos palcos, un excargo político, “este tipo de invitaciones, en este caso de una multinacional que vive de las adjudicaciones, como Acciona, sí es una forma de relaciones públicas para intentar llevarse bien con determinados políticos”.

En el autocar, de la compañía Sagalés, había medio centenar de pasajeros, de los cuales varios han podido salir del vehículo tras la caída y subir hasta la carretera. Otros, sin embargo, han quedado atrapados y han tenido que ser evacuados. “Desde el primer momento, estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y nos ponemos a su disposición para facilitar toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente”, han asegurado desde la compañía de autobuses. “Nuestra prioridad en estos momentos es la atención a los pasajeros y al conductor afectados”.

Según han informado medios como la Agencia EFE, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan de emergencias por accidentes en transportes Procicat después de que, cerca de las 17:30 de la tarde, se produjera la colisión, y ha habilitado un centro de acogida en Can Ramis (Sant Celoni) para atender a las personas afectadas que necesiten asistencia. Tras las primeras horas de intervención, se desplegarán drones por la noche y se realizarán expediciones de búsqueda intensiva “para descartar la presencia de personas” cerca del vehículo. También se utilizarán perros de rastreo.

Así ha sido el operativo desplegado

Desde entonces, se han movilizado 23 ambulancias, dos helicópteros medicalizados, tres equipos conjuntos de servicios sanitarios y otros tres de apoyo psicológico. Los Mossos d’Esquadra han cerrado la circulación por la carretera en ambos sentidos entre los puntos kilométricos 3 y 25 para facilitar las tareas, mientras que el cuerpo de bomberos regional ha desplazado una veintena de efectivos, otros dos helicópteros y especialistas en rescates de montaña: “Hemos subido por tierra y con helicóptero a la gente que quedaba en el talud y seguimos con el triaje a los heridos”.

“Las primeras unidades ya están en el lugar y han iniciado la asistencia a los pasajeros”, han informado desde el SEM a los pocos minutos de conocerse el accidente. Más adelante, han añadido que uno de los heridos en estado menos grave ha sido trasladado al Hospital de Granollers, a donde también ha sido enviada otra de las personas afectadas con mayor gravedad. También el Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, el Hospital de Sant Pau y el Consorcio Corporación Sanitaria Parc Taulí han recibido pacientes derivados del accidente.

Salvador Illa Roca, presidente de la Generalitat, ha publicado también un mensaje en redes sociales asegurando que seguía “con mucha preocupación” la última hora del accidente y que estaba en “contacto permanente” con la Consejera de Interior y Seguridad Pública y la Consejera de Salud para “conocer la evolución de la situación”. “Todo mi apoyo a las personas afectadas y mi agradecimiento a los servicios de emergencia por su labor”, concluye el texto. Protección Civil ha activado varias asociaciones de voluntariado cercanas a la zona para reforzar el dispositivo de emergencia, “especialmente en la gestión de acceso al Centro de Comando Avanzado”.

Francisco Martín ha dimitido este domingo como delegado del Gobierno en Madrid después de quedar fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado fuentes del partido a las agencias Europa Press y EFE. La renuncia pone fin a su etapa al frente de la representación estatal en la capital, un puesto que asumió en marzo de 2023.

La salida del delegado se ha conocido apenas una semana después de que el PSOE dejara su nombre fuera de las listas para los comicios generales, y llega en un período de tensión política por la acampada de la Puerta del Sol y las críticas de los sindicatos policiales. Martín no figuraba entre los aspirantes socialistas al Congreso ni al Senado.

El exdelegado había adquirido visibilidad dentro del partido en julio, cuando respaldó a la concejala del Ayuntamiento de Madrid Enma López en las primarias para encabezar la candidatura socialista al consistorio en 2027. Aquel proceso interno terminó con la victoria de Reyes Maroto. Tras imponerse la exministra de Industria, López fue apartada de la dirección del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid. La concejala se refirió a Martín después de conocerse su dimisión. En un mensaje publicado en X, agradeció sus años “de buen trabajo, compromiso y entrega”. López también expresó su valoración sobre la salida del exdelegado: “Madrid pierde a un gran servidor público”, escribió la edil socialista en esa red social.

La acampada de Sol y las protestas por la educación marcaron sus últimas semanas

La renuncia llega cuando Martín estaba en el centro del debate político por la gestión de la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre y las críticas de sindicatos policiales por sus cuestionamientos a las cargas durante las movilizaciones por la educación en Ciudad Universitaria.

Desde que asumió la Delegación del Gobierno, Martín mantuvo enfrentamientos políticos e institucionales con el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso. También protagonizó disputas con el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez Almeida. Esos choques contribuyeron a definir su perfil público durante su gestión.

Militante del PSOE desde el año 2000, Martín pasó por responsabilidades técnicas y de gestión en el ámbito público y empresarial antes de asumir funciones de mayor relevancia en el partido y en la Presidencia del Gobierno.

Entre 2018 y 2020 fue director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Durante esa etapa también ocupó el cargo de consejero de Paradores. Dirigió el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental de la Presidencia del Gobierno entre 2020 y 2021. Y en 2023, Martín sustituyó a Mercedes González al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Con información de agencias

La precampaña electoral sube de decibelios mientras sus líderes enlazan mítines por toda España, a un día del cierre de candidaturas al Congreso de los Diputados y el Senado. En la carrera a las urnas no se descansan los domingos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne en Salamanca a todas sus cabezas de lista en un acto junto con el barón castellanomanchego, Alfonso Fernández Mañueco, mientras que Ada Colau y otros candidatos de Frente Amplio celebran un acto de precampaña en la localidad madrileña de Móstoles.

La capital también acogerá este domingo una manifestación convocada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta, que reclama medidas al Gobierno ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes. En Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona evalúa los daños en comercios y mobiliario urbano después de los disturbios registrados durante la protesta juvenil que el sábado alteró el centro de la ciudad y terminó con 128 detenidos.

El pacto de PP y Vox en el Senado sigue en el aire a un día del cierre de listas

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tienen hasta las 12 de la noche de este lunes para presentar sus candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las listas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado del miércoles 28 de octubre.

El cierre del plazo permitirá despejar algunas de las incógnitas que aún rodean la configuración de las candidaturas. Los ojos están puestos en las calles Génova y Bambú, donde se negocia si el partido de Abascal puede renunciar a presentarse en determinadas circunscripciones del Senado, como le ha solicitado el PP para evitar la división del voto. Pero no es lo único pendiente. También se decide cómo han quedado configuradas las listas de la coalición entre PSOE y Frente Amplio para la Cámara Alta.

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Rufián asegura que le gustaría presidir la Generalitat de Catalunya

El candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que le gustaría presidir la Generalitat de Catalunya después de que lo haga el líder de su partido, Oriol Junqueras. Así lo ha afirmado durante la presentación de su libro Cómo ganar a los fachas, celebrada junto a la periodista Àngels Barceló en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. “Oriol se lo merece, sería un extraordinario presidente. Tiene que ser presidente de mi país. Después de él, a mí me gustaría algún día presidir este país”, ha dicho Rufián.

El candidato de ERC, que estrenó este sábado su tándem con la líder de Podemos, Irene Montero, ha reconocido el “fracaso” de su propuesta para crear un frente unitario de izquierdas, aunque todavía sostiene que su planteamiento “es el futuro”. En esta línea, considera que “quizás las izquierdas deben chupar derecha y ultraderecha para que la gente se ponga las pilas”: “No quiero tener la razón la noche electoral, pero creo que quizás la tendré”, ha zanjado.

Adelante Andalucía presenta sus cabezas de lista

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha presentado este domingo a las ocho cabezas de lista de cada provincia que se presentarán a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, cargando contra la especulación de la vivienda.

Almería: Tania Ferre, profesora interina de Geografía e Historia y activista de la Marea Verde.

Cádiz: María Sánchez, ingeniera del sector del metal y activista por la vivienda.

Córdoba: Carmen Sánchez, historiadora, guía turística y activista antirracista.

Granada: María Alcantud, estudiante y divulgadora de contenidos políticos y feministas en redes sociales.

Huelva: Carmen Martín, trabajadora de ayuda a domicilio y activista por la vivienda.

Jaén: Silvia Cano, auxiliar de enfermería, dedicada a los cuidados e interesada en políticas de infancia.

Málaga: Ana Jiménez, profesora de Biología en la escuela pública, ecologista y activista de la Marea Verde.

Sevilla: Luis de los Santos, abogado especializado en derecho penal y derechos humanos.

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El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo: “El Gobierno ha tratado una invasión como una crisis migratoria”

Vox también ha estado presente en la manifestación por Ceuta en Madrid. El portavoz de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha denunciado el “abandono absoluto” al que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene sometidos a los ceutíes. Critica que el gobierno trate lo que está ocurriendo en Ceuta como una crisis humanitaria “y que su única respuesta haya sido levantar campamentos y trasladar a los inmigrantes de un lugar a otro”. “Se trata de una invasión orquestada por el Reino de Marruecos”, insisten en las filas del partido de Santiago Abascal.

En los tribunales, la causa a cargo de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón para determinar las responsabilidades y causas de la entrada masiva sigue su curso. La magistrada instructora ha citado a testificar esta semana a los consejeros del Ejecutivo de Ceuta, así como a policías y guardias civiles que vivieron de cerca la entrada masiva. Tardón considera en sus resoluciones del caso que la entrada masiva “no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó solo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta”.

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Pedro Sánchez, en una entrevista para ‘El País’: “Un Gobierno del PP con Vox no es alternancia”

Tras su paso por La Revuelta, el presidente del Gobierno ha ofrecido una entrevista al diario El País. Sánchez se ha referido a las críticas por su voluntad de revalidar una tercera legislatura. “Vox pone las ideas y el PP, la ambición de poder. En una democracia, la alternancia resulta positiva. Pero un Gobierno del PP con Vox no representa una alternancia, es una auténtica involución. Supone retroceder 40 o 50 años de golpe en debates como el aborto o la muerte digna”, ha asegurado.

El candidato socialista ha resaltado en la entrevista que su mayor error fue no ver la corrupción de José Luis Ábalos, quien fue su mano derecha y ministro de Transportes. Sánchez se ha referido también a la huelga general por la vivienda prevista para el 21 de noviembre y evita darse por aludido. “Es una huelga a favor de que las administraciones competentes pongamos soluciones a la principal preocupación y fuente de desigualdades”, ha respondido. Sobre este tema también ha aprovechado para arremeter contra PP y Vox, a quienes acusan de no querer aplicar la ley de vivienda en las comunidades donde gobiernan. Donde se aplica, como en Barcelona, “el precio de los alquileres ha bajado un 5%, mientras que en Madrid no paran de subir”, ha añadido.

Queda un día para que cierren las candidaturas. Y las encuestas indican que hay partido para la izquierda

Faltan 35 días para el comienzo de la campaña electoral y los candidatos ultiman los detalles de su estrategia. El panorama electoral que dibujan las últimas encuestas ya avisa de que hay partido. Y quien se relaje puede pagarlo muy caro.

Así lo muestra la encuesta de IMOP publicada por El Confidencial este viernes. El PP seguiría como la candidatura más votada (123 diputados) y la suma con Vox (72) elevaría la cifra de escaños a 19 por encima de la mayoría absoluta. Pero ojo, el PSOE, Frente Amplio y el resto de fuerzas progresistas recortan distancias a pasos agigantados: arrebatan doce diputados a la derecha en los últimos quince días, aunque siguen lejos de la marca de 176 representantes.

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Vivas, en Madrid: “Ceuta no ha recuperado la normalidad, hemos venido aquí a decir basta”

Miles de personas han acudido en Madrid a la llamada de las mujeres ceutíes, las ‘caballas’, en una manifestación que parte de la glorieta de Carlos V, en Atocha, para pedir que España no se olvide de la ciudad autónoma y de su situación tras la llegada masiva de migrantes a finales del pasado julio. Antes de comenzar la marcha, ha hablado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Viva, que ha acudido a la protesta y ha cifrado en 15.000 los migrantes que aún permanecen en la ciudad, lo que representa el 20% de la población habitual de ese territorio.

“Esta es una situación insostenible. Hemos venido aquí a decir basta ya. Ceuta demanda la vuelta a la normalidad, que solo se puede alcanzar con el retorno de todos los migrantes a Marruecos”, ha sostenido el dirigente ceutí en unas declaraciones a los medios. Vivas ha vuelto a ser muy crítico con Pedro Sánchez, a quien señala por no haber puesto todos los medios para normalizar el enclave español: “Ceuta no entiende, y los españoles tampoco, que el presidente del Gobierno, que estaba reconociendo que la integridad territorial de España había sido vulnerada, estuviera de vacaciones”, ha afirmado. El Gobierno de Ceuta cifró el pasado jueves en 75 millones de euros las pérdidas económicas directas registradas tras la avalancha migratoria a finales de julio y ha alertado de una caída del turismo en un 90%.

Noticia con información de agencias

Pedro Sánchez se graba corriendo con el ministro Carlos Cuerpo: “¡A por cuatro más!"

Día libre de mítines para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer se dio un baño de masas en Granada, donde recitó un poema de Federico García Lorca. No obstante, el candidato del PSOE sigue mostrándose muy activo en las redes. A primera hora de la mañana ha compartido un vídeo corriendo con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. “Vamos a darle ritmo, ¡A por cuatro más!”, alienta el presidente al titular de Economía. No es ningún secreto que el presidente no se refiere a kilómetros.

Vox y Aliança Catalana atribuyen el caos en Barcelona a la inmigración

Primeras reacciones políticas a la caótica noche del sábado en la capital catalana. Los partidos de extrema derecha Vox y la independentista Aliança Catalana han vinculado los actos vandálicos con la inmigración. “No son estudiantes indignados pidiendo mejor climatización en las aulas, son inmigrantes subsidiados destruyendo Cataluña”, ha escrito la líder de AC, Sílvia Orriols, en un mensaje en X. Las cifras oficiales aportadas por los Mossos d’Esquadra hablan de un total de 128 jóvenes detenidos, de ellos 72 menores, y 15 policías heridos, cuatro de ellos graves.

Minutos antes se refería a ello la candidata de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras: “Cataluña no puede ser un país donde unos levantan la persiana cada mañana y otros la revientan por la noche: Esto no es Francia ni queremos que lo sea”, ha agregado en la misma red social.

La Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 años en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, donde también habría golpeado a varios participantes que acudieron en defensa de la víctima. Según adelantan a El Confidencial fuentes policiales, el arrestado se introdujo en la tienda de campaña de la mujer y le restregó sus genitales contra el muslo derecho y el glúteo. Cuando dos jóvenes le recriminaron su comportamiento, respondió con varios puñetazos que les causaron lesiones.

La detención se produjo a las 6:35 horas, después de que la Policía Nacional recibiera un aviso por la presencia de un hombre que estaba mostrando una actitud agresiva en el asentamiento. Varias dotaciones de la Comisaría de Distrito Centro se desplazaron hasta la plaza, donde localizaron al sospechoso, que todavía permanecía allí, y procedieron a arrestarlo.

De acuerdo con la información publicada por El Confidencial, la joven, de nacionalidad española, manifestó su voluntad de presentar una denuncia en dependencias policiales. El detenido, de nacionalidad marroquí, ya habría protagonizado problemas anteriormente, según las fuentes policiales consultadas por el citado medio.

Se introdujo en la tienda y atacó a quienes lo recriminaron

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado al domingo. El hombre se acercó a la tienda en la que descansaba la joven, que estaba abierta, y comenzó a realizar comentarios de carácter libidinoso. A continuación, entró en el interior y restregó sus genitales contra el muslo derecho y el glúteo de la mujer.

La situación provocó la intervención de dos jóvenes que presenciaron lo sucedido y recriminaron al hombre su comportamiento. Lejos de abandonar el lugar, el sospechoso arremetió contra ellos y les propinó varios puñetazos. El altercado alertó a otros acampados, que acudieron en auxilio de los agredidos.

Durante el enfrentamiento, una tercera persona también resultó agredida, según las mismas fuentes. El episodio desembocó en la intervención policial y en el arresto del presunto agresor, que pernoctaba en una tienda situada algo apartada del resto, en las proximidades de la calle Arenal.

Una acampada que ha cambiado desde sus inicios

La acampada de la Puerta del Sol nació la noche del 26 de septiembre, tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en su vivienda. Lo que comenzó como una movilización en defensa del derecho a la vivienda fue creciendo hasta reunir, durante sus primeros días, a miles de personas y más de un millar de tiendas, con la participación de estudiantes, trabajadores y decenas de colectivos sociales.

La primera transformación llegó apenas una semana después. El 2 de octubre, coincidiendo con el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda, el Sindicato de Inquilinas anunció que parte de su militancia reduciría su presencia en la plaza para regresar al trabajo en los barrios y concentrar sus esfuerzos en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre. La organización no desapareció de la protesta, pero su menor protagonismo abrió una nueva etapa en la que otros colectivos y los propios acampados asumieron más peso en la toma de decisiones.

El asentamiento fue desarrollando una estructura propia, con asambleas, comisiones y espacios diferenciados para organizar la convivencia, el reparto de alimentos, los cuidados, la mediación y el mantenimiento. A la vez, la acampada amplió su composición: junto a quienes mantenían la reivindicación por el acceso a una vivienda digna, comenzaron a instalarse personas en situación de sinhogarismo y otras personas vulnerables, incluidas personas migrantes. Algunos de los espacios que habían quedado libres al marcharse participantes fueron cedidos a quienes necesitaban un lugar donde dormir, según han explicado los propios acampados.

La incorporación de estas personas ha planteado dificultades de convivencia y ha obligado a abordar en las asambleas cómo gestionar el campamento. Los organizadores han reconocido tensiones, también relacionadas con problemas de adicciones, pero han optado por intentar integrar a quienes llegan y promover que asuman responsabilidades en el funcionamiento del asentamiento. La acampada, por tanto, no ha dejado de estar vinculada a la reivindicación de la vivienda, aunque su realidad cotidiana sea hoy más heterogénea que en sus comienzos.

“Como han perdido la calle, quieren incendiarla”, ha afirmado el jefe de la oposición, para después exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de “pontificar” y “dar lecciones de paz”. “España no es así. Y por mucho que les pese a algunos, el 29 de noviembre lo vamos a demostrar”, ha incidido.

Feijóo ha reunido este domingo a todos sus cabezas de lista, a quienes ha descrito como “intachables e intocables”, y ha avanzado que volverá a Cataluña para protagonizar un mitin con el número uno en Barcelona, Xavier García-Albiol. “No estás solo [...] No me callaré si la convivencia de mi país se ve amenazada. Plantaré cara a los violentos si se atreven a quemar las calles”, ha agregado.

Minutos antes ha intervenido la portavoz de los populares, Ester Muñoz, quien ha censurado que el PSOE esté centrando su estrategia en el miedo a la extrema derecha. “El miedo ha cambiado de mando. Los españoles no quieren tener a un frívolo en la Moncloa que estaba de vacaciones cuando invadían su país [....] ayer estaba de baile en un mitin, y Barcelona ardiendo”, ha afirmado.

Las autoridades de Barcelona continúan investigando quién estuvo detrás de las protestas. Los Mossos d’Esquadra sospechan de cuentas de TikTok vinculadas a BlocusBarcelona que reclutaron a jóvenes. La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, ha explicado a RAC1 que la movilización se propagó desde cuentas que la policía ya monitorizaba y que no respondía al patrón de una protesta ordinaria. “No fue una manifestación como las que estamos acostumbrados”, ha afirmado, tras reconocer la sorpresa de los agentes por la “beligerancia” de los participantes.

Feijóo mantiene su promesa de construir un millón de viviendas

En su mensaje electoral, Feijóo ha reiterado su promesa de construir un millón de viviendas en España con “más suelo y menos trabas”. Sostiene que “el precio de la vivienda se baja construyendo viviendas” y ha acusado al Gobierno de hacer “muchos anuncios y pocas viviendas”. El dirigente también ha planteado que “es el momento de cambiar el contador y empezar a bajar los impuestos” y aseguró que las pensiones “se blindarán para los jóvenes”. El líder del PP ha contrapuesto la papeleta de Sánchez, que a su juicio incluye a Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire, con otra centrada en “la vivienda, los impuestos justos, la seguridad, el orden y la decencia”.

Antes de ello, el presidente del PP ha comenzado su discurso enviando “un abrazo” a las mujeres de Ceuta, que este domingo se han manifestado en Madrid contra la inacción del Gobierno y la “falta de normalidad”. “Estamos hablando de Ceuta y nuestro corazón estará siempre con Ceuta. Mi compromiso con ellas está más vigente que nunca”, ha expresado.

La convocatoria comenzó en las redes sociales y terminó con escaparates destrozados, comercios saqueados y enfrentamientos con la Policía. Detrás de la movilización que desembocó en los disturbios del sábado en Barcelona aparece una red de cuentas anónimas de TikTok que utilizó el nombre de Blocus para apelar a la calidad de la educación y llamar a los jóvenes a movilizarse en distintas ciudades españolas. En apenas unos días, sus publicaciones trasladaron la convocatoria desde los vídeos y carteles de la plataforma a grupos privados de WhatsApp y Telegram con cientos de integrantes.

Blocus no es una aplicación propia ni una plataforma independiente, sino la denominación bajo la que operaban distintos perfiles de TikTok. Se han identificado más de una veintena de cuentas vinculadas a este nombre o a identidades similares, aunque todavía no se ha establecido quién las controlaba ni si todas respondían a una misma estructura.

La actividad comenzó entre el 18 y el 19 de octubre, según Newtral, que detectó perfiles creados precisamente en esas fechas y otros con escasa trayectoria. Los primeros carteles de la convocatoria de Barcelona circulaban, al menos, desde el día 20.

El alcance de estas cuentas resultaba desigual. Muchas apenas acumulaban seguidores, pero algunas publicaciones lograron decenas de miles de visualizaciones. Uno de los perfiles llegó a publicar 59 vídeos en 48 horas, un ritmo de actividad que llamó la atención de quienes rastreaban la convocatoria.

El principal punto de encuentro digital fueron dos grupos de WhatsApp, uno de Barcelona y otro de Madrid, que contaban con alrededor de 700 participantes cada uno antes de la movilización, según los datos difundidos por Newtral. La red también disponía de otros canales y grupos vinculados a convocatorias en distintas ciudades. Estas cifras reflejan integrantes de los chats identificados, no el número de personas que acudieron finalmente a las calles.

Una red de cuentas que conducía a grupos cerrados

El funcionamiento de Blocus se apoyaba en una cadena de difusión entre plataformas. TikTok servía de escaparate para los carteles, los mensajes y los llamamientos; los códigos QR y los enlaces permitían saltar a grupos privados de WhatsApp y Telegram, donde los usuarios recibían más indicaciones y compartían información sobre las concentraciones.

Las convocatorias apelaban, al menos formalmente, a reivindicaciones educativas: más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente y una educación de calidad. Los mensajes invitaban a reproducir en España las movilizaciones que se estaban desarrollando en Francia.

Sin embargo, en algunos de los espacios privados también se difundieron instrucciones sobre vestimenta y preparación, incluidas recomendaciones de acudir de negro, cubrirse el rostro o llevar determinados elementos. Otros mensajes fueron más allá y contenían llamamientos expresos a vandalizar comercios o referencias a posibles saqueos.

La incógnita sobre sus responsables

El nombre elegido remite a los blocus de lycées, los bloqueos de institutos vinculados a las protestas estudiantiles francesas. La etiqueta también conectaba con el movimiento Lycées Indignés, en cuyo entorno se han producido movilizaciones por la situación de los centros educativos y el acceso a la enseñanza.

Los promotores de las convocatorias españolas buscaban reflejarse en ese movimiento y extender las movilizaciones a ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante o Bilbao. La referencia francesa, no obstante, no demuestra por sí misma que hubiera responsables del país vecino detrás de los perfiles españoles.

Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación para identificar a los titulares de las cuentas y reconstruir la difusión de los mensajes. La comisaria jefa, Sílvia Catà, ha explicado a RAC1 que la policía estaba “monitorizando” perfiles vinculados a Blocus Barcelona y que trabaja para averiguar quién hay detrás de la red, en colaboración con otras policías europeas.

La responsable policial ha apuntado que la convocatoria pretendía imitar las movilizaciones francesas, pero ha descartado que los detenidos procedieran de ese país. Según ha explicado, se trata de personas que viven en Cataluña.

Los Mossos distinguen la convocatoria de la organización de los disturbios

La existencia de perfiles coordinados en redes sociales no significa necesariamente que los altercados fueran obra de una estructura criminal organizada. Catà ha descrito a los participantes como personas que se agrupaban en pequeños grupos, de tres, cinco o diez individuos, y ha sostenido que no había grupos criminales detrás de los incidentes. La comisaria ha reconocido la sorpresa policial ante una dinámica que calificó de “bastante inexplicable” y que, a su juicio, no respondía a una manifestación convencional ni a una protesta orientada a reivindicar derechos.

La distinción es relevante para esclarecer el papel de Blocus. Una cosa es que existieran cuentas organizadas para captar participantes y difundir instrucciones; otra, que hubiera una dirección común de los actos violentos o una estructura estable con capacidad para planificarlos.

La cuenta que difundía la convocatoria de Blocus en TikTok fue eliminada tras los altercados, según EFE. El cierre de ese perfil no despeja, sin embargo, la incógnita principal: quién construyó la red y si su actividad respondía a una iniciativa espontánea, a varios promotores o a una estrategia coordinada.