Es oficial: la cuenta atrás para la residencia de Shakira en Madrid ha comenzado. Este viernes la cantante colombiana dará el pistoletazo de salida a la primera fecha de sus 12 conciertos en Madrid como parte de la única parada europea de su gira Las Mujeres Ya no Lloran World Tour que se celebrarán en el Iberdrola Music de Villaverde y con un espacio con nombre propio: estadio Shakira. Este recinto tendrá capacidad para más de 50.000 personas en el que actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Está previsto que sea una de las residencias musicales más ambiciosas, pero en esta ocasión no solo importa la música. Alrededor de sus conciertos se levantará Macondo Park, una ‘ciudad’ efímera de 150.000 metros cuadrados que abrirá sus puertas desde las 12.00 horas hasta medianoche.

En torno a este parque se desarrollará una propuesta cultural para celebrar la cultura latinoamericana antes de los conciertos de la cantante. Así nace ES LATINA, una suerte de ‘festival’ con ocho pabellones dedicados a la literatura, la música, la gastronomía, el arte, el cine, la danza, la moda, el universo creativo de la artista y la cultura infantil.

Todo ello ha sido seleccionado bajo la mirada de la propia cantante, según ha ido avanzado el equipo de la cantante los últimos meses y ha compartido ella misma en Instagram, al anunciar el cartel de los artistas que acompañarán a la cantante durante las 12 jornadas: de Amaia, Nathy Peluso o Guitarricadelafuente a Yerai Cortés, Jimena Amarillo o Cris Lora, entre muchos otros.

Entre otras actividades, La Biblioteca acogerá conversaciones diarias con autores y un club de lectura impulsado por Shakira; El Taller organizará exhibiciones y pasarelas de moda; y El Mercado ofrecerá gastronomía latinoamericana bajo la curaduría del chef Rafa Zafra. También habrá un Museo de Shakira con materiales inéditos sobre su trayectoria.

El día que llegará Shakira a España

Pero antes de que todo eche a andar, Shakira tiene que aterrizar en España. Según ha podido saber Infobae, está previsto que la colombiana llegue a Madrid este lunes 14 de septiembre, cuatro días antes del primero de sus 12 conciertos en la capital.

Su llegada dará paso a los últimos preparativos de una residencia que lleva preparándose meses. Desde el pasado 1 de agosto la organización monta el estadio que durante septiembre y octubre se albergará en Villaverde. “Llevo 48 años en esta profesión y nunca me he visto metido en una como esta”, reconoció Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, durante la visita de este medio al espacio Iberdrola Music. De la misma manera, Shakira vivirá en Madrid un mes: “Se va a quedar aquí más de un mes a vivir. Se convertirá en su casa y su residencia. Nunca mejor dicho”, añadió el líder de la compañía.

La primera cita con el público será el viernes 18 de septiembre y, a partir de entonces, encadenará tres fines de semana consecutivos de conciertos antes de despedirse de la capital el 11 de octubre.

No existe un consenso sobre el estatus actual de la relación entre España y Marruecos. Para algunos, como el ministro Grande-Marlaska, es un “socio leal”. Otros, como la periodista experta Sonia Moreno, lo llaman “vecino incómodo”. La crisis de Ceuta ha impulsado la segunda hipótesis. La encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER muestra que el 89% de la población le atribuye “mucha” o “bastante” culpa en la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. Pero este no es el único frente abierto entre ambos países.

Esta semana, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de nacionalidad española para los saharauis, con la consecuente reacción negativa en la prensa marroquí. En un mes, según pactaron hace unos meses, Pedro Sánchez debe recibir a Abdelmajid Tebboune, el presidente de Argelia, en una nueva Reunión de Alto Nivel. Una de las hipótesis que manejan los servicios de inteligencia, en este caso el CIFAS, sobre las razones de la “pasividad” de los agentes marroquíes en la llegada de los migrantes desde su territorio hasta Ceuta es un enfado del Gobierno por el encuentro de Sánchez con su homólogo argelino, pues Argelia es su rival tanto en la región como en la situación de los saharauis. Antes de este encuentro, Marruecos tiene que afrontar sus elecciones generales, mientras que el rey Felipe VI sigue a la espera de saber cuándo viajará a Ceuta y Melilla. Y, en medio de todo, la disputa por la final del Mundial.

Próximos obstáculos entre España y Marruecos

Pedro Sánchez anunció en julio en Argel que España y Argelia celebrarán en otoño la VIII Reunión de Alto Nivel, precedida por consultas políticas entre ambos ejecutivos. Realizó el anuncio tras reunirse con el presidente argelino y con el primer ministro, Sifi Ghrieb, durante una visita oficial que relanzó los contactos bilaterales. Sánchez situó a Argelia como socio estratégico de España y destacó su condición de principal proveedor de gas natural español en 2026, volviendo a superar a su máximo rival, Marruecos.

Por otro lado, Marruecos celebra elecciones legislativas el 23 de septiembre, en una campaña donde el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) busca reforzar su presencia parlamentaria. Fouzi Lekjaa, dirigente del PAM y ministro delegado de Presupuesto, combina la movilización territorial con la promesa de desarrollar Benslimán, sede prevista del gran estadio Hassan II. En las últimas semanas, varios ministros han reclamado la autonomía de Ceuta y Melilla. Habrá que esperar para conocer las posturas de los nuevos integrantes del Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha afirmado que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla cuando “se den las condiciones”, sin fijar fecha. La decisión se coordinará entre Gobierno y Casa Real, dada su dimensión institucional, de seguridad y diplomática. El viaje tendría especial relevancia porque Felipe VI no ha acudido allí como rey desde su proclamación en 2014. El precedente más cercano es la visita de Juan Carlos I y Sofía en 2007, que Marruecos calificó de “lamentable” y que abrió una crisis bilateral.

La última de las tensiones la protagoniza el fútbol. La final del Mundial 2030 aún no tiene sede confirmada. Marruecos sostiene que el futuro Gran Estadio Hassan II, con capacidad prevista para 115.000 espectadores, acogerá el partido decisivo. España defiende el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la FIFA desmintió que exista una decisión tomada y aseguró que resolverá las sedes “en su debido momento”. Mientras tanto, crecen las voces que exigen retirarse de la candidatura para no compartirla con el país vecino. Las palabras del diputado de Sumar, Nahuel González, sobre que aceptar una final en Marruecos sería una “humillación histórica”, cada vez las comparten más personas, de distintos partidos e ideologías.

Un nuevo análisis publicado por Epic Research, empresa vinculada a la compañía de software sanitario Epic, ha descubierto que los adultos menores de 45 años con niveles bajos de dos enzimas hepáticas presentaron mayor probabilidad de recibir un diagnóstico de cáncer colorrectal de aparición temprana. El hallazgo, difundido esta semana, se apoya en el estudio de datos de salud de más de 11.000 personas de entre 18 y 44 años en Estados Unidos.

Los investigadores midieron los valores de aspartato transaminasa (AST) y alanina transaminasa (ALT), dos enzimas hepáticas que se incluyen de forma habitual como marcador en los análisis de sangre de rutina. Según el equipo, los adultos con niveles de AST inferiores a 14 unidades por litro tuvieron un 65% más de probabilidades de recibir un diagnóstico de cáncer colorrectal precoz, en comparación con quienes registraron valores de entre 14 y 29 unidades. Con la ALT, la diferencia llegó al 68%. En sentido inverso, los niveles más altos de ambas enzimas se asociaron con una probabilidad menor de padecer la enfermedad.

Kersten Bartelt, médico e investigador de Epic Research que participó en el trabajo, explicó que el resultado es llamativo porque en la práctica clínica se suelen vigilar los niveles elevados de estas enzimas, no los bajos. Bartelt remarcó que la investigación muestra una asociación estadística, pero no fue diseñada para explicar sus causas, y los valores reducidos podrían reflejar factores como menor masa muscular o problemas nutricionales.

La cadena estadounidense CNN recogió el análisis y consultó a especialistas que no participaron en el estudio. Entre ellos, el gastroenterólogo Marc Fenster, de Episcopal Health Services en Nueva York, que señaló que el hallazgo podría ampliar el debate sobre las causas del aumento del cáncer colorrectal en jóvenes, un fenómeno que hasta ahora se había vinculado a la genética, la obesidad, la dieta y el sedentarismo, sin que ninguno de esos factores explicara por completo la tendencia. Fenster advirtió, no obstante, que el estudio no debería modificar la forma en que se examina a los pacientes ni generar alarma entre quienes presenten valores bajos de AST o ALT dentro de rangos considerados normales.

En la misma línea, el médico Daniel Sussman, del Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami, apuntó que los niveles descritos como “bajos” en el análisis suelen considerarse clínicamente normales, por lo que pidió cautela antes de interpretarlos como una señal de riesgo. Un estudio previo, publicado en el International Journal of Cancer con datos de más de 375.000 personas del Reino Unido, había encontrado una relación similar entre niveles más altos de AST y ALT y un menor riesgo de cáncer colorrectal, lo que respalda la existencia de un vínculo inverso entre estas enzimas y la enfermedad, aunque sin establecer una relación de causalidad.

El cáncer colorrectal ya es el más diagnosticado en España

Este tipo de aumento en jóvenes no ocurre solo en Estados Unidos. En España, el cáncer colorrectal se convirtió este año en el tumor con más diagnósticos nuevos, con más de 44.000 casos previstos, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). La entidad señaló también que, aunque la mayoría de los casos sigue apareciendo en personas mayores de 50 años, el ritmo de crecimiento es más rápido entre los más jóvenes.

El programa de cribado en España, según el Ministerio de Sanidad, está pensado para personas de entre 50 y 69 años, a quienes se les ofrece cada dos años una prueba sencilla que detecta sangre oculta en las heces. La cantidad de personas que se hacen esa prueba ha crecido de forma notable en la última década, del 3,4% en 2009 al 38,7% en 2023, aunque casi la mitad de la población que debería hacérsela todavía no lo ha hecho nunca, sobre todo entre personas nacidas fuera de España o de menor nivel socioeconómico.

Frente al aumento de casos en menores de 50 años, algunas sociedades médicas comenzaron a plantear la posibilidad de adelantar la edad de inicio del cribado a los 45 años, tal como ya ocurre en Estados Unidos y Australia. Sin embargo, según SEOM, todavía no hay consenso sobre esa medida, porque antes se necesita entender mejor por qué está creciendo la enfermedad en ese grupo de edad.

Las colonoscopias siguen siendo la referencia para la detección precoz del cáncer colorrectal

Los médicos consultados por CNN coincidieron en que, más allá de este tipo de hallazgos en análisis de sangre de rutina, la colonoscopia continúa siendo la herramienta más confiable para detectar el cáncer colorrectal a tiempo. Incluso las pruebas de sangre diseñadas específicamente para este fin, como la conocida como Shield, que la Sociedad Americana contra el Cáncer sumó en mayo entre sus opciones recomendadas para adultos a partir de los 45 años, no reemplazan ese examen. Si dan positivo, siempre se necesita confirmar el resultado con una colonoscopia.

Bartelt insistió en que la recomendación de fondo no cambia con este nuevo hallazgo. Seguir con los controles habituales a partir de la edad indicada, adelantarlos si hay antecedentes familiares o síntomas, y consultar cualquier duda particular con el médico de cabecera. El propio equipo de Epic Research plantea que el próximo paso será comprobar si esta relación entre las enzimas hepáticas y el cáncer colorrectal se repite en otros grupos de población y qué la explica.

El Rayo Vallecano ha empezado la Liga fuera de su estadio. A finales de julio, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso suspendió cautelarmente la concesión del campo (propiedad de la Comunidad) para acometer una serie de obras urgentes, que se prolongarán de dos a seis meses. Lo hizo tras detectar en una auditoría graves deficiencias de seguridad, mantenimiento y salubridad en sus instalaciones. Infobae ha tenido acceso al “estudio director” del proyecto del nuevo estadio para corregir las deficiencias y aumentar el aforo de 14.500 espectadores a 18.500. El plan deja claro que no se derribará el actual estadio, sino que se “modernizará”, aplicando un concepto que puede parecer contradictorio: un retorno al pasado.

“La propuesta de remodelación se basa en el concepto de ‘vuelta al origen’, donde tomamos como punto de partida la etapa entre los años 1955 y 1970″, señala el documento. Es decir, justo antes de que se inaugurara el actual estadio, que acaba de cumplir 50 años (se inauguró el 5 de junio de 1976). “Se pretende, asimismo, convertirlo en un recinto polivalente capaz de albergar otros usos en los días de no partido, que suponen un porcentaje muy elevado en el calendario, compatibles con su actividad principal como estadio de fútbol, mejorando su aprovechamiento, sostenibilidad y eficiencia”, continúa el estudio. El proyecto costaría 57 millones de euros. Si finalmente se pone en marcha este proyecto (distinto a las obras de emergencia que se están realizando ahora), los trabajos en el nuevo estadio se dividirán en cuatro fases y durarán dos años.

Al ser un edificio protegido, el estadio no se puede derribar por completo para construir uno nuevo. La propuesta, pues, “debe respetar la imagen general, conservando los elementos estructurales y arquitectónicos sin adulterar su esencia y morfología. No es viable que el Estadio de Vallecas se elimine del Catálogo de Edificios Protegidos para poder sustituir el actual por otro totalmente diferente en composición y forma”, explican desde el Ejecutivo autonómico. Lo cierto es que el estadio vallecano es muy pequeño. De hecho, los anchos actuales de las calles anexas no cumplen con las medidas mínimas exigidas; por lo tanto, la propuesta debe mejorar el plan de evacuación del edificio, con salidas más directas y diversificadas.

El objetivo es superar el aforo de 15.000 espectadores y, si es posible, llegar a los 18.500. Para ello, es necesario aunar las nuevas dimensiones del terreno de juego (incluyendo sus bandas perimetrales reglamentarias) con la capacidad que se pretende, ya que quedaría poco espacio para graderíos, ancho de pasillos y escaleras. Así que la opción más viable es elevar el vuelo de las gradas “sobre las vías públicas circundantes”. El terreno de juego ha de tener una superficie mínima de 6.650 metros cuadrados y las dimensiones de sus lados deberán ser, como mínimo, de 100 metros de largo por 65 metros de ancho. La Comunidad explica que la “opción más pragmática y realista es intervenir cuidadosamente con propuestas puntuales en la configuración actual del estadio”.

Zona comercial y actos culturales

El estudio director es claro: “Se desecha la demolición total del estadio y la ejecución de uno nuevo”. La única alternativa son actuaciones puntuales que mejoren el aforo, las evacuaciones, las dimensiones del terreno de juego y la funcionalidad de los nuevos espacios resultantes, para que en el nuevo recinto no solo haya partidos de fútbol, sino también “eventos culturales y artísticos y se generen espacios formativos y comerciales de manera que fomenten el desarrollo económico y social. La Comunidad quiere utilizar la parcela adyacente denominada ‘Arroyo del Olivar’ para la implantación de un edificio multifuncional terciario de 8.000 metros cuadrados, con un aparcamiento subterráneo de 4.000 metros cuadrados y conexión directa con el nuevo estadio”.

La nueva propuesta de modernización se basa en el concepto de “vuelta al origen”, ya que la Comunidad quiere tomar como punto de partida la etapa del estadio que había antes, entre los años 1955 y 1970. En estos años, los vestuarios no estaban en el fondo de la calle Payaso Fofó, sino en la tribuna de Arroyo del Olivar. La configuración del estadio era en forma de “0”, con graderíos en sus cuatro lados. El objetivo, para tener más aforo, es el desplazamiento del actual estadio hacia la calle Payaso Fofó para generar la nueva grada de fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz, simétrica a la existente. Ese desplazamiento necesita de la reconfiguración de la estructura de cubierta de los graderíos norte y sur.

La Comunidad insiste en utilizar el término “desplazamiento”, que no supone la invasión de la calle Payaso Fofó, ya que la grada de este fondo volará sobre la misma, por lo que no se verá alterada la dimensión del ancho de esa vía para la ocupación de personas, planteándose la misma como una gran zona peatonal en coexistencia con los vehículos, donde se reducirá de cuatro a dos carriles. “Esta actuación posibilita un incremento de aforo, adecuándose a 18.500 espectadores y la ampliación de las medidas del terreno de juego según los estándares de La Liga para campos de Primera División, con unas dimensiones de 102 metros de largo por 65,50 metros de ancho, con un espacio de bandas entre tres y cuatro metros desde los límites del terreno a las gradas”, explica el documento.

También se plantea la creación de dos nuevas gradas medias voladas en los fondos, donde se dispondrán en su coronación los nuevos videomarcadores. La imagen exterior se plantea “como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permite una visualización tamizada de la estructura de graderío existente”. Además, habrá cambio de asientos y adaptación de pasillos y escaleras, creando en uno de los fondos un nuevo túnel de carros para el acceso al terreno de juego de vehículos de gran tonelaje.

¿Fondos privados?

Para Alicia Torija, diputada de Más Madrid, el estadio de Vallecas necesita una reforma profunda. “Lo que no aceptamos es que, una vez más, el Gobierno de Ayuso confunda inversión con negocio. La Comunidad mantiene prácticamente el mismo presupuesto para Deportes que hace 15 años, pero ahora nos presenta una operación de casi 60 millones que pretende sacar adelante buscando inversores y siguiendo el modelo del ‘Movistar Arena’”.

Para el partido de la oposición, este estudio resulta bastante revelador: 36,9 millones son para el estadio y 20,18 para levantar un edificio terciario en otra parcela pública. “¿De verdad la única manera de invertir en deporte y darle al Rayo un estadio digno es poner patrimonio público al servicio del mejor postor?”, se pregunta.

Ceuta ha registrado este sábado otro día más de incidentes que ha dejado a tres detenidos, dos agentes de la Guardia Civil agredidos por migrantes y un militar con el peroné fracturado en diversos episodios relacionados con robos con violencia, lesiones, amenazas y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

Los hechos han ocurrido en dos intervenciones desarrolladas en menos de 24 horas y un robo registrado al mediodía en el centro de la ciudad autónoma; que ya se han sumado a los incidentes que se han producido en los últimos días en Ceuta a manos de los migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que los agentes destinados en la frontera afrontan situaciones de riesgo de forma cotidiana y ha reclamado refuerzos permanentes de efectivos, “no despliegues temporales que se retiran cuando baja el foco mediático”, además de “medios materiales adecuados a la realidad de la frontera, protección jurídica efectiva y acompañamiento real para todo agente agredido y el reconocimiento definitivo de la profesión de riesgo para quienes asumen, cada día, este nivel de exposición”.

Además, la AUGC ha lamentado que “se insiste desde algunos despachos en describir lo que ocurre en Ceuta como una cuestión de percepción, de sensación, de inseguridad subjetiva, pero para quienes patrullan la frontera cada noche, y para los vecinos que viven a pocos metros de ella, la inseguridad no es un matiz semántico, es un parte de lesiones, es una guardia que termina en Urgencias o es un barrio en el que a las cuatro de la madrugada pasan cosas que nadie quiere nombrar”. “El problema no es la actuación de los agentes, es el marco en el que se les obliga a actuar y estos episodios se repiten a diario, pero el guardia civil que interviene en Ceuta lo hace sabiendo que cualquier gesto suyo será examinado con lupa, mientras la agresión que ha sufrido se diluye en la estadística”, ha precisado.

Ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Uno de los incidentes, en el que dos agentes de la Guardia Civil han resultado agredidos, se ha producido en la Explanada Muelle de Poniente, cuando una patrulla ha sido requerida para prestar apoyo a una patrulla militar en la identificación de cinco varones de nacionalidad marroquí, que manifestaban su voluntad de regresar a Marruecos. Los hechos han tenido una repentina escalada de violencia cuando uno de los cinco hombres ha arremetido contra uno de los guardias civiles, propinándole un fuerte empujón en el pecho.

Por su parte, el agente ha intentado controlarlo por sí mismo, sin éxito, ya que el individuo no paraba de forcejear, oponiendo una resistencia muy enérgica, lo que ha obligado a intervenir a su compañero en su auxilio. Los tres han acabado cayendo al suelo y pese a la agresión, los dos guardias civiles han logrado reducirlo empleando, en todo momento, la mínima fuerza imprescindible, según el comunicado de la AUGC. Esta misma mañana, el agresor ha sido condenado a dos años de prisión y a la expulsión del territorio nacional, medida por la que el propio condenado ha aceptado.

El segundo episodio se ha producido esta madrugada, cerca de las 4:00 horas, cuando una patrulla militar ha identificado a un grupo de personas migrantes que se encontraba en estado de embriaguez y ha ofrecido resistencia. Uno de los integrantes del grupo ha intentado huir y ha empujado a un militar, que ha caído entre las rocas de la zona de Juan XXIII. A raíz de la caída, ha sufrido una fractura de peroné y lesiones en el hombro. Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Los presuntos responsables no han sido detenidos en el momento porque los compañeros del herido han priorizado su atención tras escucharlo gritar de dolor por la fractura, antes que la contención del grupo.

Un robo a plena luz del día

El tercero, ya hacía el medio día y a plena luz del sol, tres migrantes, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, han sido detenidos por la Policía Nacional por haber robado la compra a un hombre a su salida de un supermercado. Los hechos se han producido a las 13:30 horas cuando el hombre portaba varias bolsas de comida de un supermercado y ha sido asaltado por tres migrantes en pleno centro de la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.

La víctima, un hombre de unos 60 años, ha sido auxiliado por un grupo de ciudadanos que ha denunciado la escena, ocurrida en las inmediaciones de la biblioteca pública Adolfo Suárez. La Policía Nacional, que patrullaba por las inmediaciones, ha acudido a la zona y ha procedido a la detención de los tres migrantes, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un robo con violencia. Este robo se suma a los incidentes que se han venido produciendo en los últimos días en la ciudad.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido esta noche, en una entrevista en el programa ‘La Sexta Xplica’, que la situación en Ceuta “está lejos de la normalidad” tras la crisis migratoria. Sin embargo, también ha defendido que la sensación de inseguridad “subjetiva” que atribuye el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la población ceutí conviva con datos que, según ha dicho, “no dicen que se esté viviendo una situación de inseguridad alarmante” en la ciudad. Y ha insistido en que no hay “ningún reconocimiento de error en la cadena de mando” más allá de la “necesidad” de mejorar la seguridad frente a los denominados “ataques híbridos”.

Con información de agencias

El Ministerio de Defensa de Polonia ha seleccionado a la empresa polaca TELDAT para desplegar una solución tecnológica de la multinacional española GMV destinada a mejorar el intercambio de información de inteligencia con los países aliados. El sistema estará basado en CSD-SIERRA, una plataforma diseñada para almacenar, analizar y compartir datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de forma segura. El contrato contempla el suministro de licencias de software, el despliegue e instalación del sistema, la formación de los usuarios, el soporte de ingeniería y tres años de mantenimiento.

La adjudicación es parte del programa SAFE con el que la Unión Europea tratas de fomentar la cooperación entre países aliados y el desarrollo de tecnología de defensa europea. En este caso, el objetivo es reforzar la interoperabilidad de la defensa europea, mejorando la conexión entre Estados y ejércitos. La solución permitirá a las Fuerzas Armadas polacas trabajar con información procedente de distintos centros operativos y compartirla con aliados conforme a los estándares de la OTAN. Entre los datos que podrá gestionar se encuentran imágenes, vídeos, información de seguimiento de objetivos terrestres y productos de inteligencia elaborados por diferentes unidades.

Una plataforma para compartir información

CSD-SIERRA es la solución Coalition Shared Database desarrollada por GMV. Su función es conectar a centros operativos, mandos y analistas para que puedan acceder a información de inteligencia y distribuirla entre los integrantes de una coalición. El sistema sigue el estándar STANAG 4559 de la OTAN, que regula el intercambio de datos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La plataforma permite reunir información procedente de sensores, unidades militares y centros de mando. Después, los usuarios pueden consultar, explotar y difundir esos datos según sus permisos de acceso. El objetivo es que las fuerzas aliadas dispongan de una imagen operativa común y puedan tomar decisiones con mayor rapidez.

Según GMV, CSD-SIERRA ya está desplegado en entornos de la OTAN y ha sido suministrado a organizaciones de la Estructura de Mando y de la Estructura de Fuerzas de la Alianza. También integra datos de otros ministerios de defensa y redes multinacionales de intercambio de inteligencia. En el actual contexto de seguridad europeo, la capacidad de compartir información de manera ágil es considerada un elemento clave para las operaciones militares.

El despliegue en Polonia irá acompañado de una colaboración industrial entre GMV y TELDAT. Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento durante la 34ª Feria Internacional de la Industria de Defensa de Polonia, conocida como MSPO, celebrada del 9 al 11 de septiembre. El acuerdo establece un marco de cooperación en defensa y seguridad, especialmente en el ámbito de las capacidades interoperables para compartir información de inteligencia. TELDAT será la empresa encargada de desplegar la solución para el Ministerio de Defensa polaco. José Prieto, director de Estrategia Global y Desarrollo de Negocio de Defensa y Seguridad de GMV, señaló que el contrato refleja la confianza de los países aliados en la tecnología de la empresa. También destacó que CSD-SIERRA se ha convertido en una solución de referencia para el intercambio seguro y normalizado de inteligencia.

La Audiencia Provincial de Málaga resolvió que la vivienda familiar adquirida durante el matrimonio entre Gabriel, de nacionalidad británica, y María Consuelo, española, debe repartirse en partes iguales, aunque la propiedad figure únicamente a nombre de ella. La decisión, dictada el 19 de junio de 2026, aplicó criterios del derecho inglés para resolver la división de los bienes tras la ruptura de una pareja internacional que convivió entre Londres y España.

El tribunal confirmó la sentencia previa, que incluyó en el activo a repartir una casa de 157,51 metros cuadrados y el ajuar doméstico. Los dos bienes fueron adquiridos durante la convivencia, que comenzó en Londres en 2015, continuó en España desde 2018 y terminó con la separación de la pareja en 2024.

La causa concentró el debate en el dinero que cada parte aportó para la compra del inmueble, en la aplicación de principios de derecho inglés ante tribunales españoles y en la ausencia de un régimen económico matrimonial automático, como la sociedad de gananciales prevista en el derecho español.

Según la resolución, la escritura a nombre exclusivo de María Consuelo no impide que la propiedad sea considerada un bien compartido. La sala sostuvo que “ambos cónyuges aportaron dinero para la adquisición de lo que pretendían fuera la vivienda conyugal”, por lo que correspondía efectuar “un reparto por partes iguales”.

Los aportes y el derecho inglés

Durante el matrimonio, Gabriel transfirió 117.400 euros bajo la figura de préstamo para “mantenimiento familiar” y otros 131.000 euros como donación destinada a la adquisición de la vivienda. María Consuelo, a su vez, vendió una propiedad de su exclusiva titularidad por 126.000 euros y aportó esos fondos a la operación. La casa se compró por 240.000 euros en marzo de 2022. Para la Audiencia, las contribuciones de ambos fueron similares y se acercaron al 50% del valor del inmueble, aun cuando los fondos procedieran de operaciones con distinta calificación jurídica.

El juez valoró además que Gabriel no figurara en el título de propiedad porque carecía de residencia fiscal en España y, según se expuso en el proceso, no podía escriturar el inmueble a su nombre. La sentencia entendió que esa circunstancia formal no definía por sí sola la distribución patrimonial tras el divorcio. La sala afirmó que “la sola titularidad de la esposa respecto del inmueble no le otorga la exclusiva propiedad” porque fue adquirido durante el matrimonio con dinero procedente de ambos cónyuges.

La discusión se centró en el alcance del derecho inglés, que no establece un régimen de comunidad de bienes automático para los matrimonios. Los peritos aportados por Gabriel explicaron que los tribunales ingleses aplican el denominado “sharing principle”, que parte de un reparto igualitario de los bienes matrimoniales en los procesos de divorcio, salvo que existan circunstancias que justifiquen un criterio distinto.

Según ese informe, la vivienda conyugal tiene una consideración especial dentro de los bienes matrimoniales por su función en la vida familiar, sin que resulte determinante que esté registrada a nombre de uno solo de los esposos. Los expertos sostuvieron que, en la práctica judicial inglesa, el reparto por mitades es la solución habitual para este tipo de activos.

La Audiencia de Málaga otorgó mayor valor a esos informes y señaló que, bajo la Ley de Procedimientos Matrimoniales de 1973 de Inglaterra, el punto de partida es el reparto igualitario. El juez puede apartarse de esa proporción, pero solo si existen razones que lo justifiquen.

El fallo recogió que los peritos de Gabriel situaron en el 99% de los casos el tratamiento de la vivienda familiar como bien común debido a su papel dentro de la pareja. “Los bienes matrimoniales comprenden la vivienda conyugal, por tener una categoría especial, sea cual sea su origen”, indicaron.

La apelación de la esposa fue rechazada

La defensa de María Consuelo sostuvo que la sentencia se había basado de manera excesiva en uno de los informes periciales y que no había valorado adecuadamente la titularidad formal del inmueble ni el carácter de las transferencias efectuadas por Gabriel. La esposa argumentó que el derecho inglés no genera efectos patrimoniales automáticos por el solo hecho del matrimonio y que los fondos aportados por el esposo debían entenderse como actos de liberalidad, no como contribuciones para formar un patrimonio común.

Un abogado inglés presentado por su parte coincidió en que la legislación británica no prevé un mecanismo predeterminado para repartir los bienes. También cuestionó que una vivienda formalmente privativa de uno de los cónyuges se dividiera de modo automático a causa del vínculo matrimonial.

La defensa insistió en que los propios peritos reconocían que el sistema inglés exige analizar las circunstancias de cada caso, incluidos el origen de los recursos, los acuerdos entre las partes y la titularidad registral. La Audiencia descartó esos argumentos. Consideró que los informes sobre derecho extranjero aportados por Gabriel ofrecían una explicación fundada y racional del criterio aplicable, y rechazó que hubiera errores graves en la valoración de la prueba.

El tribunal también abordó la donación de 131.000 euros que Gabriel hizo para la compra de la casa. La resolución señaló que la condición de donación “no colacionable” no impedía tenerla en cuenta al distribuir los bienes entre ex cónyuges. La colación es una figura propia del derecho sucesorio, vinculada al reparto de una herencia, por lo que la sala entendió que no resultaba determinante para excluir esos fondos del análisis patrimonial derivado del divorcio.

Con ese criterio, la Audiencia concluyó que cada uno de los integrantes de la pareja había contribuido de manera equivalente a la adquisición de la vivienda. Por ese motivo, confirmó que el inmueble y el ajuar doméstico deben integrarse en el activo que se repartirá al 50%.

La sentencia desestimó el recurso de apelación de María Consuelo y no impuso costas a ninguna de las partes por esta instancia. La decisión no admite recurso ordinario, aunque las partes podían presentar recurso de casación o recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo dentro de los 20 días previstos por la normativa aplicable.

La disputa por la final del Mundial 2030 sumó un nuevo capítulo después de que Fouzi Lekjaa asegurara que se jugará en el Gran Estadio Hassan II, en la provincia marroquí de Benslimane. La declaración del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) se produjo en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 23 de septiembre. El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro.

De esta forma, a las tensiones entre España y Marruecos por la entrada masiva en Ceuta se suma ahora un repunte de las diferencias entre federaciones. “España será el lugar de la final del Mundial 2030 porque no puede ser de otra manera”, aseguró Rafael Louzán, el presidente de la RFEF. También entró la FIFA al cruce de declaraciones, para añadir que la decisión no está todavía tomada. La figura de Lekjaa sitúa el debate sobre el Mundial dentro de la contienda política marroquí.

La sede de la final del Mundial 2030

La FIFA todavía no anunció qué ciudad albergará la final del torneo que organizarán España, Portugal y Marruecos. La entidad prevé, además, tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, como parte de los homenajes por el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Montevideo en 1930. Tras las palabras de Lekjaa, un portavoz de la FIFA indicó a Reuters que el organismo tomará una decisión “a su debido tiempo”. La respuesta dejó sin confirmación oficial la versión difundida por el responsable de la federación marroquí.

El Gran Estadio Hassan II se levanta a unos 60 kilómetros de Casablanca, dentro de la provincia de Benslimane. El proyecto prevé una capacidad bruta de 115.000 espectadores, cifra que lo convertiría en el estadio específico para fútbol más grande del mundo. Su apertura está prevista para finales de 2027. Marruecos busca que ese recinto sea elegido para la final, aunque España también cuenta con aspiraciones para llevar el partido a Madrid.

El Mundial en la campaña marroquí con Lekjaa

Lekjaa combina la presidencia de la FRMF con el cargo de ministro delegado encargado del Presupuesto. Su presencia en los actos del PAM ha reforzado las especulaciones sobre su futuro político, a pocos días de los comicios legislativos. Ya es una cara visible en su campaña. En un acto en Marrakech acusó al Ejecutivo de haber agravado las dificultades de las familias y la precariedad entre los jóvenes.

Su participación coincide con una competencia abierta por el control del próximo gobierno, en un escenario donde el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), del actual jefe de Gobierno Aziz Akhannouch, intenta conservar su posición. La exposición política del presidente de la FRMF se apoya, además, en su peso dentro del fútbol marroquí. Durante su gestión, la selección nacional alcanzó las semifinales del Mundial de Catar 2022, la mejor actuación de un equipo africano en la historia del torneo. También participó en el proceso que derivó en la candidatura conjunta con España y Portugal para 2030. El proyecto del estadio Hassan II se transformó en una pieza central de esa estrategia.

Borja Sémper ha advertido a Marruecos de que un futuro Gobierno del PP mantendrá una posición de firmeza y que “con España no se juega”, después de que el Ejecutivo marroquí haya aludido al partido en un comunicado sobre la crisis de Ceuta. El dirigente popular ha vinculado ese mensaje con la previsión de un cambio político en España.

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP ha sostenido que un eventual Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ofrecería a Marruecos colaboración, vecindad y entendimiento, pero actuaría con “absoluta firmeza” y sin subordinación a intereses extranjeros, tras el comunicado marroquí que ha señalado al Partido Popular por la crisis de Ceuta.

El pronunciamiento de Sémper llega después de que Marruecos difundiera el 10 de septiembre un comunicado contra los “partidos históricos” españoles que, según Rabat, han instrumentalizado la crisis de Ceuta y han atribuido al reino una implicación sin pruebas. Aunque el texto no citó expresamente al Partido Popular, Génova lo interpretó como una alusión directa.

El PP respondió al día siguiente que Marruecos es responsable de lo ocurrido “por acción u omisión”, reclamó respeto a la investigación judicial abierta en España y sostuvo que la relación bilateral debe basarse en la transparencia, la reciprocidad y el respeto mutuo. También remarcó que “Ceuta y Melilla son España”.

“Un Gobierno arrodillado”

En declaraciones en Vigo, Sémper ha considerado “verdaderamente novedoso” que un país se dirija directamente a la oposición de otro Estado. Aun así, ha dicho que no le resulta extraño porque Marruecos “entiende que va a haber un cambio político en España” y que la posición de un Gobierno popular no será la del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El portavoz ha defendido una relación “cordial y de colaboración” con el país vecino, pero ha rechazado que cualquier Estado del entorno pueda aspirar a que España tenga “un Gobierno arrodillado” ante intereses de terceras potencias. También ha afirmado que Ceuta, Melilla y Canarias no están en discusión y ha calificado de “agresión a España” las reivindicaciones marroquíes sobre esos territorios.

Sémper ha mantenido que la crisis no tendrá solución mientras no regresen a Marruecos quienes entraron irregularmente en España. Según ha señalado, Rabat ha expresado su disposición a acoger a los menores no acompañados que salieron del país, una vía que el PP reprocha al Gobierno no haber aplicado.

“¿Por qué España tiene que hacer la política social marroquí?”, ha preguntado el dirigente popular. Ha defendido que esa responsabilidad corresponde al Gobierno marroquí y ha rechazado que Ceuta se convierta en un “corredor de entrada” hacia la península y la Unión Europea.

El vicesecretario del PP ha reclamado al Ejecutivo que recurra al respaldo de las instituciones europeas para garantizar esos retornos y que refuerce la seguridad en la ciudad autónoma. Ha denunciado que cerca de 30 mujeres han presentado denuncias por agresiones de contenido sexual y ha aludido al temor de familias a acudir a parques, playas o al colegio.

Críticas al Gobierno por la gestión de la crisis

Sémper ha situado en la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la única responsabilidad política asumida más de un mes después del asalto a la frontera. “Parece una broma”, ha dicho sobre la salida del asesor.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de “soberbia”, de falta de humildad y de no asumir responsabilidades. Según su relato, Sanz ha asegurado que los ministerios estaban informados de los planes para saltar la frontera, lo que, a juicio de Sémper, contradice la versión oficial del Ejecutivo.

Sémper ha reprochado a Pedro Sánchez y a sus ministros que no hayan pedido perdón ni realizado “algún mínimo gesto de humildad”. También ha criticado que el presidente presente lo ocurrido como una realidad estructural, sin ofrecer una respuesta eficaz ni un horizonte de solución.

El portavoz ha acusado al Gobierno de aceptar que Ceuta se convierta en un CETI y de tolerar que los residentes se autoconfinen en sus casas por miedo o abandonen la ciudad antes que facilitar el retorno de quienes accedieron irregularmente al país. Ha pedido a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones porque, en su opinión, el Gobierno es incapaz de resolver los problemas.

Ha caído uno de los rostros principales del narcotráfico europeo. Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de drogas, que coordinaba envíos de heroína desde Irán y Afganistán hacia Europa. Yakut permanecía fugado desde 2017 y era uno de los principales objetivos del estado turco. La operación, confirmada este viernes el ministro de Justicia, Akın Gürlek, estuvo bajo coordinación de la Fiscalía General de Estambul y contó con la participación de la Policía local, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) y las unidades antidrogas de la Dirección General de Seguridad.

“Nuestro objetivo son los capos de la droga”, afirmó Gürlek al comunicar la captura. El ministro sostuvo que Yakut dirigió la organización desde escondites ubicados dentro y fuera de Turquía durante los años en que permaneció prófugo. La estructura atribuida a Islam Yakut, además de los cargamentos de heroína hacia el mercado europeo, la relacionan, según palabras del ministro, con el traslado de drogas sintéticas desde Europa a Turquía.

Aseguró que las operaciones vinculadas a la red derivaron en la incautación de dos toneladas de estupefacientes en Turquía y otros países europeos. No detalló las fechas de los decomisos, los puntos de destino ni la composición de las sustancias confiscadas. Las autoridades turcas indicaron que Yakut transmitía instrucciones a miembros de la organización a través de ANOM y SKY ECC, plataformas de comunicación cifrada empleadas por grupos criminales y objeto de investigaciones policiales en varios países.

La búsqueda se prolongó hasta su detención este 11 de septiembre en Estambul. Por el momento, no se han desvelado más detalles. Yakut puede tener causas judiciales en otros países, al haber introducido la droga en el corazón de Europa desde Oriente Medio. El comunicado oficial no aclaró el número de presuntos integrantes de la red ni señaló si, tras el arresto, se realizaron allanamientos o nuevas detenciones vinculadas con la investigación según comunicado difundido.

Yakut se fugó en 2017

Islam Yakut, a sus 60 años, llevaba prófugo durante nueve años después de no regresar a prisión tras un permiso especial concedido en junio de 2017. El acusado había sido detenido el 21 de junio de 2009 en Estambul por un delito relacionado con drogas y recibió una condena de 17 años y seis meses de cárcel. Yakut pasó cerca de seis años en la prisión cerrada de Silivri antes de su traslado a un establecimiento de régimen semiabierto. Durante ese período, rindió exámenes de educación abierta e ingresó a la carrera de Administración Pública de una universidad privada.

Según la agencia Bianet, el detenido acudía a las evaluaciones bajo custodia de la gendarmería. Tras ser admitido en la universidad, obtuvo autorización para asistir a clases durante los días hábiles, una posibilidad prevista para algunos presos bajo regímenes penitenciarios menos restrictivos. En 2017, Yakut recibió cuatro permisos especiales y el último, concedido en junio de ese año, derivó en su fuga. No volvió al penal y la justicia lo declaró prófugo.

“Te doy tres consejos para que alargues la vida de tu turbo, porque siento decirte que seguramente te lo estás cargando”, advierte Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @talleresebenezer, en el que acumula casi 367.000 seguidores.

El turbo trabaja a más de 100.000 revoluciones por minuto y soporta temperaturas extremas, unas condiciones que convierten su mantenimiento en algo especialmente delicado. Según explica el mecánico, hay tres hábitos muy comunes entre los conductores que terminan acortando su vida útil, relacionados con la temperatura, la lubricación y la frecuencia de cambio de aceite.

Apagar el motor demasiado pronto acelera el desgaste del turbo

El primer error, según Ebenezer, consiste en apagar el motor justo después de terminar un viaje largo o al salir de la autovía para repostar. “Se va a quedar con muchísima temperatura de andar a altas revoluciones y no le va a dar tiempo de enfriarse, por lo tanto, va a seguir dilatándose y creando averías”, explica el mecánico. La razón es que, en ese momento, el turbo todavía conserva una temperatura muy elevada por el esfuerzo del trayecto, y detener el coche de forma inmediata no le permite enfriarse de manera progresiva.

Esta recomendación coincide con la que ofrecen en Diariomotor: “Es muy recomendable dejar reposar el turbo antes de quitar el contacto”, una precaución “especialmente vital tras una conducción deportiva o a velocidad sostenida en autopista, pero también en desplazamientos cortos o comunes”. El propio medio precisa los tiempos: “Con un par de minutos en el caso más exigente es suficiente, siendo la espera de un minuto en el resto de casos”, una cifra que coincide con la que maneja Ebenezer.

El segundo consejo del mecánico se centra en el eje que conecta las dos turbinas del sistema. “Cuando arranques por la mañana y cuando lo vayas a parar después de una travesía, es importante que te esperes un par de minutos para que por las mañanas le dé tiempo a lubricar, coger presión y empezar a funcionar de la forma correcta”, señala Ebenezer. Según el mecánico, ese margen de espera resulta necesario porque el eje no se detiene de manera instantánea al apagar el motor. “Cuando lo pares, que se pare con el aceite lo más refrigerado y lubricado posible, porque cuando paramos el coche, este eje sigue dando vueltas, así que más nos vale tenerlo bien lubricado y bastante frío”, precisa.

En la misma línea, Diariomotor recomienda “no subir de 2.000 rpm y pisar con tacto el acelerador” durante los primeros minutos de conducción en frío, ya que el aceite necesita tiempo para alcanzar la presión adecuada y llegar a todas las zonas del motor, incluido el turbo.

Lo recomendable es cambiar el aceite cada 15.000 kilómetros

La tercera pauta que ofrece Ebenezer se centra en el aceite. El mecánico no da prioridad a ninguna marca concreta, pero sí insiste en la importancia de emplear un producto adecuado a las características del vehículo. “Un buen aceite y a ser posible, antifricción. Me da igual la marca siempre y cuando uséis un aceite específico para el vehículo con las características que recomiendan y que sea de buena calidad”, sostiene.

En cuanto a la frecuencia de cambio, el mecánico se aleja de la costumbre habitual de esperar entre 30.000 y 40.000 kilómetros, y fija el límite en unos 15.000. “Echa un buen aceite y, cada 15.000 kilómetros aproximadamente como mucho, cambiamos el aceite. Os garantizo que eso es lo que más vida le va a dar a tu turbo”, concluye Ebenezer.

Esa cifra se ajusta a las referencias que maneja el sector para motores modernos. Según Repsol, los aceites sintéticos, los más habituales en motores turboalimentados actuales, deben cambiarse “cada 15.000 – 30.000 km”, aunque la propia compañía matiza que “en motores de gasolina con inyección directa o turbocompresor, es recomendable consultar al fabricante, ya que pueden requerir intervalos más cortos”.

Además del límite por kilometraje, existe también un tope temporal. Según recoge Mecanicautos, no conviene “sobrepasar el límite de tiempo indicado por el fabricante (habitualmente uno o dos años) aunque no se hayan alcanzado los kilómetros”, ya que el aceite se degrada con el paso del tiempo incluso si el coche apenas se utiliza.

“Mañana quiero contaros que me voy a presentar a las próximas elecciones generales”, adelantaba este viernes en una publicación de X. “La política tiene que volver a lo básico, porque solo tenemos una vida y un planeta: paz, casa, trabajo”, reivindicaba en el mismo mensaje, trasladando también la convocatoria al acto a las 12 del mediodía en el número 14 de la calle Larra.

“Las normas del sistema deben de dejar de ir contra la gente (...), no pueden ser el negocio, tienen que ser la vida”, ha reivindicado Montero. “Creo que la gente buena es más, y que la gente que está dispuesta a aportar algo para que las cosas cambien es más”, ha dicho: “Y por eso me voy a presentar a las elecciones generales”, ha anunciado, recibida por aplausos y gritos de “presidenta”.

Montero condiciona su candidatura a unas primarias abiertas a toda la ciudadanía

Irene Montero ha anunciado este sábado que está dispuesta a concurrir a las próximas elecciones generales para liderar la izquierda, aunque ha puesto como condición la celebración de unas primarias abiertas a cualquier persona, no solo a la militancia de Podemos. “Quiero ser vuestra candidata, pero no de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a la que se pueda presentar cualquier persona”, ha explicado durante el acto de presentación de su candidatura, celebrado en Madrid.

Durante su intervención, la eurodiputada ha cuestionado el funcionamiento del modelo político y económico vigente y ha esbozado los principales ejes de su propuesta electoral. “Es una tarea difícil la que tenemos por delante, pero merece la pena intentar usar la política para que la gente viva bien”, ha afirmado, en un discurso centrado en la regulación del precio de la vivienda, la reducción de la jornada laboral, la redistribución de los beneficios empresariales, una posición contraria al gasto militar y la lucha contra la emergencia climática.

El anuncio de Montero llega en un momento en el que los partidos que integran Movimiento Sumar en el Gobierno (Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns) todavía no han decidido quién encabezará su proyecto de cara a los comicios previstos para 2027. Tampoco existe una marca definitiva ni acuerdos cerrados con otras formaciones que ya comparten grupo parlamentario, como Compromís, Chunta Aragonesista o Més, centradas por el momento en las citas electorales autonómicas y locales de mayo.

La presentación de la candidatura de Podemos, celebrada al arranque del último curso de la legislatura, supone el primer movimiento visible de cara a las próximas elecciones generales. Se produce en un contexto de crecimiento de la ultraderecha y de retroceso electoral de las formaciones de izquierda que concurren de forma fragmentada: según la última encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, la suma de ambos espacios obtiene 3,8 puntos menos que en 2023, con Podemos en el 2,8% de intención de voto y Sumar en el 5,7%.

Las Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han expresado su “honda preocupación” por la decisión cautelar del Tribunal Supremo que impide votar a parte de los españoles nacionalizados mediante la llamada ley de nietos, al considerar que la medida restringe un derecho fundamental antes de que se resuelva el fondo del litigio.

El Supremo ha suspendido cautelarmente las altas de 408.262 electores en el Censo Electoral de Residentes Ausentes desde las elecciones generales de 2023, al apreciar que el aumento derivado de la ley de nietos y de una instrucción posterior puede afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral.

Las asociaciones judicial y fiscal sostienen que la suspensión tiene un efecto inmediato sobre el derecho de sufragio de personas que ya poseen la nacionalidad española. Por ello, los afectados no podrán votar hasta que haya sentencia, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados por motivos políticos.

El desacuerdo con el Supremo

La decisión responde a recursos de Vox e Iustitia Europa contra la incorporación al CERA de nacionalizados al amparo de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como ley de nietos, destinada a hijos y nietos de españoles exiliados por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El alto tribunal aprecia un “peligro fundado, real y serio” de que el incremento excepcional de inscritos altere el censo electoral y afecte a su regularidad jurídica. Los magistrados han vinculado ese riesgo a las nuevas altas producidas mediante esta vía y a la instrucción posterior que desarrolló su aplicación.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido “respetuosamente” al Tribunal Supremo que resuelva los recursos sobre la llamada ley de nietos antes de las elecciones de 2027. “El auto del Tribunal Supremo privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente”, ha afirmado Bolaños en X, donde ha compartido el comunicado de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.

Según los últimos datos oficiales, 2,4 millones de personas solicitaron la nacionalidad española por esta vía. De ellas, 544.722 obtuvieron una resolución favorable y 306 mil ya figuran inscritas como españolas.

Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales discrepan de esa ponderación. Ambas organizaciones se han alineado con el voto particular de la magistrada María Alicia Millán Herrandis, que se ha desmarcado de la medida adoptada por la sala.

La magistrada subraya que los recursos no se dirigen contra las inscripciones en el CERA, sino contra una decisión de la Junta Electoral Central. En julio, la JEC consideró que no era competente para examinar las reclamaciones planteadas sobre esas altas.

Las dos asociaciones añaden que las medidas cautelares proyectan sus efectos sobre la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia en 2022 para desarrollar la ley de nietos, pese a que ese documento no ha sido impugnado “directa ni indirectamente” en el procedimiento. A su juicio, las dudas sobre su adecuación a la ley deben tramitarse por los cauces previstos específicamente para ello.

El principal reproche se refiere a la limitación del sufragio de personas españolas por actos firmes dictados por los órganos competentes conforme a la normativa vigente. Las asociaciones señalan que los afectados no han sido parte en el proceso y que el Supremo no ha realizado un examen individualizado de cada situación.

La excepción y el derecho de voto

La excepción prevista para los descendientes de exiliados políticos también suscita objeciones. Según las asociaciones, depende de una certificación que los afectados no pueden solicitar, lo que introduce una diferencia de trato entre españoles de origen según la vía por la que accedieron a la nacionalidad y exige cautela desde la perspectiva del principio de igualdad.

La crítica se concentra en el contraste temporal entre el riesgo y el perjuicio. Mientras el peligro invocado por el Supremo se proyecta sobre procesos electorales futuros que aún no han sido convocados, sostienen, la privación del voto resulta inmediata y concreta para un número elevado de personas.

“Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso”, han defendido las dos entidades. También apuntan a que existen posiciones discrepantes en el seno de la JEC, lo que revela una controversia interpretativa que, a su entender, debe resolverse al abordar el fondo del asunto y con todas las garantías.

Las asociaciones confían en que el procedimiento, de tramitación preferente, se resuelva con la mayor rapidez posible y antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral, incluidas las elecciones de 2027. Reclaman además a las administraciones implicadas información clara y accesible para quienes ven suspendido su derecho de voto y piden que el censo y las personas afectadas no se conviertan en objeto de confrontación partidista.

Marruecos también tiene un historial de emplear la presión migratoria como herramienta de negociación diplomática con España. En mayo de 2021, unas 8.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta después de que las autoridades marroquíes relajaran los controles fronterizos, en lo que se interpretó como una represalia por la decisión española de acoger en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Presuntos “actores de información prorrusos” propagaron bulos en los días posteriores a la entrada masiva

La directora del centro, que reúne a expertos de 35 países de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), apuntó que “aún es prematuro” considerar lo sucedido como una amenaza híbrida de Marruecos contra España.

Tiilikainen sí se refirió a la actividad detectada tras el cruce masivo de los días 30 y 31 de julio. “Hay indicadores de una amplificación coordinada de contenido” relacionado con Ceuta “por parte de actores de información prorrusos”, afirmó, en línea con la posición sostenida por el Ejecutivo español. Añadió que “las autoridades ucranianas han identificado lo que han descrito como una campaña de información rusa” y que “la Comisión Europea ha confirmado que está examinando la actividad online” vinculada al episodio.

Según su análisis, lo ocurrido “parece coincidir, en líneas generales, con patrones documentados anteriormente en los que actores extranjeros amplifican sucesos de gran carga emocional para profundizar las divisiones políticas, socavar la confianza en las instituciones y reforzar narrativas sobre el supuesto fracaso de la gobernanza europea”.Por el momento, la posible responsabilidad rusa se sostiene en “indicadores” y en una “similitud” con ciertos “patrones”, sin que existan pruebas concluyentes.

Cruce de acusaciones entre Madrid, Moscú y Tel Aviv

Las declaraciones de Tiilikainen se producen semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también señalara el 31 de agosto a Rusia, Israel y una “internacional reaccionaria” como posibles responsables de la entrada de entre 72.000 y 80.000 personas, según distintas cifras de órganos oficiales españoles, en la ciudad autónoma.

En una entrevista en la Cadena SER, y ante la pregunta de si la crisis podía interpretarse como un “castigo” relacionado con la posición de su Gobierno respecto a Gaza, Sánchez remitió a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). “Es muy riguroso” en este asunto, afirmó, y explicó que ese servicio “ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la inmigración irregular, que divide, fractura y polariza a las sociedades europeas”.

“Por lo tanto, no lo estoy diciendo yo, sino el Servicio de Acción Exterior de la CE. A partir de ahí es evidente que si Rusia e Israel se meten a desinformar sobre esta cuestión no será porque les preocupa la migración en España o en Europa sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Rusia en Ucrania”, expuso el presidente.

Fuentes comunitarias citadas por la agencia EFE matizaron después esas palabras: el SEAE había identificado “intentos por parte de Rusia de sacar partido” de la crisis, pero descarta que exista prueba alguna de que la entrada masiva hubiera sido provocada por actores estatales extranjeros. “No disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros”, indicaron esas fuentes.

El propio Sánchez quitó peso a la tesis de la participación rusa el 3 de septiembre al matizar que, si bien los servicios de inteligencia detectaron “indicadores suaves de coordinación” en los llamamientos en redes sociales, “ninguno ha podido determinar” si detrás de ellos había perfiles sociales asociados a movimientos de protesta marroquíes o a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel. “Digo de momento”, remarcó el presidente, quien añadió que lo que sí resultó evidente es que “hubo mafias y comerciantes que aprovecharon y alimentaron la situación”.

La actividad rusa se detectó una vez estalló la crisis

La actividad vinculada a Rusia se identificó a partir del 30 de julio, cuando el cruce masivo ya se había producido. El portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, confirmó el 6 de agosto que Bruselas había detectado “canales, en particular rusos” que comenzaron a amplificar la situación desde esa fecha.

Un ejemplo documentado por la organización de verificación Maldita.es fue la difusión, por parte de la red de propaganda rusa Pravda, de una fotografía de 2025 presentada de forma falsa como reciente, en la que aparecían ministros del Gobierno español en una celebración en la embajada de Marruecos.

Sánchez volvió sobre este asunto el 3 de septiembre ante el Congreso de los Diputados, donde resumió la distinción temporal entre el origen de la crisis y la posterior campaña de desinformación: “Lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista”.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, respondió con dureza a las palabras del presidente español. “Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada”, escribió Sa’ar, quien añadió que “seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país”. Por su parte, el Kremlin negó cualquier vínculo con lo ocurrido en la frontera. El portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, respondió con brevedad ante la radiotelevisión pública rusa RBC: “No. Nada que ver”.

Ceuta ha registrado este 12 de septiembre una noche de enfrentamientos que dejó ocho detenidos y dos heridos por arma blanca, mientras un juzgado ha ordenado prisión preventiva para dos migrantes marroquíes acusados de agredir a militares. Los hechos estuvieron relacionados con robos con violencia, lesiones, amenazas y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

El episodio con más detenidos ocurrió en la explanada de la playa del Chorrillo, donde cinco personas fueron arrestadas por el robo violento de teléfonos móviles a tres migrantes marroquíes. Una de las víctimas sufrió heridas de arma blanca y permanece hospitalizada; otra tuvo una lesión leve en una mano y la tercera salió ilesa. Además, en las naves del Tarajal, la Policía Nacional detuvo a otras tres personas tras un enfrentamiento en el que un menor de 17 años fue amenazado con aerosol de pimienta y una pistola de aire comprimido. Además, varias peleas entre migrantes asentados en la zona dejaron a una persona con una herida de arma blanca en el costado.

Por su lado, los dos migrantes que han entrado en prisión preventiva han quedado a la espera de juicio después de no reconocer los hechos, según fuentes judiciales citadas por la agencia. Uno está acusado de embestir contra un militar de Regulares durante una huida y causarle una luxación de hombro y daños en un codo; la Fiscalía solicita seis años de cárcel y 4.587 euros por las lesiones. El segundo detenido se encontraba en las naves del Polígono Industrial del Tarajal cuando, según la acusación, utilizó aerosol de pimienta contra dos legionarios. Los militares sufrieron lesiones leves y la Fiscalía pide cuatro años de prisión por atentado, además de multas por los dos delitos de lesiones.

342 migrantes atendidos y 11 hospitalizados

Por otro lado, Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) contabilizó 342 asistencias y 11 hospitalizados en Ceuta durante los dos últimos días, mientras mantiene un dispositivo sanitario especial para responder al aumento extraordinario de la demanda asistencial.

A las 09:00 de este sábado, el Hospital Universitario de Ceuta disponía de 204 camas: 107 estaban ocupadas, el 52,4%, y 97 permanecían libres. Los pacientes migrantes ingresados se distribuían entre Obstetricia, Neonatología, el Área Quirúrgica y Hospitalización Médica. Durante el último día se registraron 226 atenciones en Atención Primaria y 116 en Atención Especializada, además de 20 traslados en ambulancia. Según el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Plan de Catástrofes Externas del hospital permanece activo desde el 31 de julio en su Nivel 1, mientras que el dispositivo especial funciona desde el 30 de julio con personal de plantilla y profesionales contratados.

“El Ingesa agradece el esfuerzo y la profesionalidad de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario, cuyo trabajo está permitiendo ofrecer una respuesta rápida, coordinada y eficaz, garantizando tanto la atención a las personas asistidas como el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la ciudad”, ha destacado la entidad a la Agencia EFE.

Con información de agencias

La marcha de la ANC se celebró bajo el lema “Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència” (“Estoy, estamos, por el presente y por el futuro, independencia”). La movilización comenzó a las 17:14 desde la plaza de la Catedral, con una docena de tractores al frente, y desde el cruce de la calle de Casanova con la Gran Vía. Ambos recorridos confluyeron en la plaza de Catalunya, donde se instaló el escenario para los discursos finales.

También hubo movilizaciones en Girona y Amposta, en Tarragona. A la convocatoria acudieron representantes de los partidos independentistas, en un contexto marcado por las diferencias dentro del movimiento soberanista y por el crecimiento de Aliança Catalana, la formación ultraderechista que lidera Sílvia Orriols y que ya supera a Junts y se situaría como segunda fuerza del Parlament, por detrás del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC), según un sondeo de Sigma Dos para El Mundo publicado el 10 de septiembre.

La participación repuntó respecto al mínimo registrado en 2025

La cifra de 45.000 asistentes en Barcelona supera los 28.000 que la Guardia Urbana contabilizó en la Diada de 2025. Aquel dato fue el más bajo desde el inicio del procés, con 41.500 participantes en el conjunto de Catalunya. Las movilizaciones independentistas alcanzaron su mayor asistencia en 2014, cuando congregaron a 1,8 millones de personas. Las convocatorias se mantuvieron en torno al millón de asistentes durante el referéndum de 2017 y al año siguiente. Después, la participación descendió: 540.000 personas en 2016, 108.000 en 2021 y el mínimo de 28.000 personas en 2025.

Durante las ofrendas florales ante el monumento a Rafael Casanova, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió preservar la unidad de Catalunya y rechazar los discursos de odio. El secretario general de Junts, Jordi Turull, responsabilizó a Illa de alimentar la polarización.

Los Mossos detuvieron a 18 personas en varios puntos de Barcelona

Los principales incidentes se produjeron por la tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, junto a la avenida Diagonal. Allí, el grupo neonazi Núcleo Nacional había convocado una concentración bajo el lema “Catalanidad es Hispanidad”. Cerca de un millar de manifestantes antifascistas, convocados por la Organización Juvenil Socialista, acudieron a la zona a modo de contra.

Los Mossos desplegaron cordones para separar a ambos grupos y utilizaron defensas de forma puntual después de que algunos asistentes intentaran superar las líneas policiales. Según la información difundida por la policía catalana, hubo lanzamientos de piedras, botellas, objetos pirotécnicos y pintura.

Los incidentes se trasladaron después al paseo de Sant Joan y al entorno del Arc de Triomf. En esa zona ardieron contenedores y otros elementos del mobiliario urbano. La policía detuvo allí a 17 personas, nueve de ellas menores de edad.

También hubo tensión en la plaza de Catalunya, tras una movilización de Aliança Catalana a la que asistió Orriols. Un grupo de activistas intentó rebasar el dispositivo policial. Fuentes de los Mossos explicaron a EFE que los antidisturbios protegieron “a la diputada Orriols”. En ese punto fue detenido otro menor. Nueve agentes resultaron heridos leves durante el conjunto de los disturbios.

Pedro Sánchez ha manifestado en numerosas ocasiones que, por salvaguardar las relaciones con el vecino africano y evitar una escalada innecesaria, trabajaría exclusivamente con “hechos probados”. De encontrarlos —prometió en el Congreso—, se actuaría “en consecuencia”. El presidente ha concedido, eso sí, que “la gendarmería (marroquí) permitió el cruce de frontera. Y después lo controló. ¿A qué se debió la falta de control? ¿Hubo incapacidad o inacción?”.

Sin embargo, establecer si existió, en efecto, incapacidad o inacción por parte de Marruecos —y, más allá de eso, determinar cualquier grado de responsabilidad por lo ocurrido— exige recorrer una cadena de pruebas que hoy parece seguir incompleta, tanto en el terreno como en el ciberespacio donde se gestó la convocatoria.

Una magnitud que exige facilitación, y una omisión que tiene nombre jurídico

Lorenzo Gabrielli, investigador sénior del Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Inmigración de la Universidad Pompeu Fabra, sitúa los cruces informales hacia España dentro de un patrón de “por lo menos 30 años” en el Mediterráneo, agravado por la externalización del control migratorio hacia terceros países como Marruecos, algo que considera “en cierto modo sorprendente” y “bastante poco normal”.

Lo que no encaja en este patrón, señala, es la magnitud de las llegadas en un plazo tan corto; y que, dado “el tipo de control que Marruecos tiene sobre el territorio y de las personas”, le resulta difícil creer que el episodio ocurriera “sin que el Estado de Marruecos se haya dado cuenta”: se inclina por una facilitación pasiva —el “saber que esto está pasando y dejarlo pasar”— más que por una instrucción activa.

Esa hipótesis coincide con lo que documenta el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), entregado en la Audiencia Nacional: la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes fue “cuando menos de total permisividad”, sin “ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo” durante los días 30 y 31 de julio.

Esta facilitación pasiva es, precisamente, lo que Andrea Cocchini, profesor de Derecho Internacional Público y de la Unión Europea de la Universidad de Navarra, identifica como la vía jurídica con mejor sustento de todo el caso: la diligencia debida.

Este concepto no exige demostrar que el Estado marroquí planificó la operación, sino algo distinto: que, conociendo lo que ocurría, no empleó los medios razonables a su alcance para impedirlo. Cocchini cita como fundamento la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú (1949): “Un Estado tiene la obligación de no permitir, a sabiendas, que su territorio sea utilizado para realizar actos contrarios a los derechos de otros Estados”.

A partir de ese antecedente, sostiene su propia valoración del caso: “Como mínimo, se puede decir con cierta seguridad que hubo falta de diligencia debida por parte de Marruecos, porque en cualquier caso un Estado tiene que evitar daños transfronterizos a otros”. Se trata, en todo caso, de una interpretación jurídica del experto, no de una conclusión judicial ni de un hecho jurídicamente establecido.

Según Cocchini, la prueba de esa omisión no requeriría necesariamente un documento adicional al que ya describe el CENIF: ”Se deduciría de la propia inacción. Por el hecho mismo de que no han hecho nada. Eso creo que es bastante objetivo, ¿no?”.

Es decir, la misma relajación del despliegue en la frontera que Gabrielli menciona como elemento necesario para el suceso y que el CENIF documenta de forma independiente sobre el terreno, sería, en el marco que propone Cocchini, un indicio directo de la infracción, aunque su valor probatorio definitivo dependería de su incorporación y evaluación en un proceso judicial o diplomático.

A esta obligación, según el profesor, cabría sumar una “violación del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado”. Un principio que, explica, aparece desarrollado en la Resolución 2625 de 1970 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que prohíbe a los Estados intervenir, de forma directa o indirecta, en los asuntos internos o externos de otro, y extiende esa prohibición a “cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado”.

De la omisión a la autoría directa: por qué el guiado activo exige otro tipo de prueba

El informe del CENIF no se limita a describir pasividad. Añade la presencia de posibles agentes marroquíes de paisano que habrían dirigido el flujo de personas hacia Ceuta, un hallazgo que desplazaría el caso de la omisión a la autoría directa, y que exigiría un marco jurídico distinto al de la diligencia debida.

Cocchini distingue esta hipótesis, “bastante más exigente en términos de prueba”, de la anterior, y recurre al proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional (2001) para separar dos escenarios. El primero, el artículo 4, se aplicaría sin más complicación si se confirma que esos agentes de paisano son, en efecto, funcionarios marroquíes: sus actos, sin matices, “se consideran actos del Estado”. El segundo, el artículo 7, resuelve lo que a primera vista podría funcionar como excusa: si esos agentes actuaron más allá de sus instrucciones, el Estado sigue respondiendo, siempre que hayan actuado revestidos de su condición oficial, es decir, como parte de la policía marroquí (o el órgano correspondiente). “La policía marroquí, independientemente de una intención, de una dirección por parte del Gobierno central marroquí, podría tener responsabilidad porque sus órganos han actuado más allá de sus competencias o incluso contraviniendo las instrucciones”, explica Cocchini.

Pero todo ese razonamiento jurídico depende de una premisa que ni Cocchini ni el propio informe policial pueden dar por resuelta: que esas personas sean, efectivamente, agentes estatales. El problema pasa a ser entonces confirmar que esos individuos pertenecen a las fuerzas de seguridad marroquíes, lo que exigiría la colaboración de las autoridades del país o el acceso a información obtenida por canales sensibles y potencialmente confidenciales, que probablemente no se haría pública para proteger esas fuentes.

Y aun si se estableciera el vínculo, quedaría pendiente un segundo nivel de prueba para determinar la naturaleza concreta del posible delito: acreditar que esos agentes actuaron siguiendo directrices oficiales, algo que también dependería de inteligencia reservada. Es el mismo tipo de obstáculo —identidad primero, instrucción después— que reaparece, en una forma distinta, en la reconstrucción de la campaña digital.

El mismo problema de identidad, trasladado al ciberespacio

Todo el episodio comenzó, aparentemente, con la difusión masiva de bulos en redes sociales. Juan Caballero, investigador del Instituto IMDEA Software, experto en malware, cibercrimen y métodos de atribución de ataques, describe una brecha equivalente a la de los agentes de paisano, pero ahora en su versión digital: “Se puede hacer una atribución en la que básicamente llegues a qué cuentas en redes sociales parecen ser las primeras que originaron esta campaña de desinformación”. Pero “llegar a esas cuentas no quiere decir que lo hayas atribuido: tienes una cuenta, pero todavía lo que necesitas es saber quién es el dueño”. Ni siquiera un teléfono móvil es prueba irrefutable, advierte: “Puede ser robado, temporal, registrado a un tercero o a una identidad falsa”.

Es exactamente el tipo de vacío que Cocchini describe para el artículo 8 del proyecto de la CDI, el escenario aplicable cuando quienes actúan no son agentes estatales, sino particulares, como podrían ser los administradores anónimos de los grupos digitales.

Ese artículo exige demostrar “control efectivo” del Estado sobre esos actores, un estándar fijado por la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos (1986): “Se tiene que demostrar que el Estado, a través de sus funcionarios oficiales, ha tenido un control sobre todos y cada uno de los actos delictivos cometidos. No es suficiente con un apoyo general”. El problema técnico que describe Caballero —saber quién es el dueño de una cuenta— es apenas el primer peldaño de un problema jurídico todavía más alto: incluso identificando al dueño, haría falta probar que actuó bajo instrucciones o un control estatal concreto, no solo que compartía objetivos con algún gobierno.

La reconstrucción documental de esa campaña ilustra la magnitud de ese vacío de identidad. El CENIF registró una escalada de mensajes en los grupos de WhatsApp que monitorizó: de 344 el 28 de julio a 1.341 el día 29 y un pico de 1.974 el 30 de julio; de los números de teléfono identificados, el 90,8% tenía prefijo marroquí, y apenas un 2,7% del total correspondía a líneas argelinas.

Maldita.es, en un análisis sobre 1.171 publicaciones en árabe de 727 usuarios únicos entre el 8 y el 31 de julio, documentó que al menos 215 cuentas de Facebook publicaron el mismo bulo sobre una sentencia del Tribunal Supremo el 30 de julio, con horas de diferencia entre sí, pero no identifica ningún indicio de injerencia extranjera concreta.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH) confirmó el mismo origen, de forma independiente, y un análisis del experto en ciberseguridad Marcelino Madrigal detectó comportamientos automatizados —una cuenta de X con 157.000 seguidores emitiendo 74 mensajes idénticos, 13 grupos de subtítulos reutilizados en TikTok— sin hallar una convocatoria única, ni tampoco la identidad de quienes administraban los 16 grupos de WhatsApp donde, según Madrigal, se concentró la coordinación más operativa: rutas, precios de traslado y horarios.

En términos de Caballero, todo esto es la parte “fácil” de la pesquisa: la detección de una coordinación, satisfecha por las cuatro reconstrucciones. Lo que ninguna logra es identificar al dueño de los canales operativos, y por tanto, ninguna alcanza siquiera el punto de partida que exigiría el artículo 8 de Cocchini. Ese vacío deja abierta la pregunta de si el componente digital de la investigación podrá, en algún momento, superar el umbral de detección para llegar a una atribución.

Un difusor identificado no es lo mismo que un administrador identificado

Dentro de ese vacío de identidad existe una excepción parcial, y conviene precisar exactamente qué resuelve y qué no. Youssef Belhaissi, con 1,3 millones de seguidores en Facebook, experiodista de la cadena pública Al Aoula y responsable de comunicación en la Delegación Interministerial de los Derechos Humanos marroquí, fue de los primeros en viralizar el bulo sobre la sentencia del Supremo.

Su identidad y su cargo oficial están documentados, algo que no ocurre con ningún administrador de los grupos de WhatsApp que coordinaron la logística del cruce. Pero esa distinción es clave: Belhaissi amplificó un mensaje ya existente, no es la fuente que activó la coordinación operativa que describe Madrigal ni el origen del grupo que documenta el CENIF. Resolver su identidad no resuelve, por tanto, el problema central de la atribución de la campaña; resuelve solo uno de sus fragmentos, y ni siquiera el más determinante.

Consultado por este caso, Cocchini considera que, en principio, permitiría analizar la conducta bajo el artículo 4, el más simple de los tres: “Tal vez podría considerarse, siempre de acuerdo a este proyecto, como un órgano del Estado”. Pero precisa que esa calificación no basta por sí sola para constituir un ilícito: “¿Constituye hecho ilícito la difusión de esos bulos por parte de este señor? Ahí no lo sé. Ahí es más difícil, ¿no?”.

El experto señala, sin embargo, un supuesto concreto en el que sí sería un hecho ilícito: que esos mensajes se hubieran redifundido en representación del Gobierno marroquí, un escenario que, en su opinión, podría equipararse a una declaración estatal formal. “Podría considerarse como una declaración propia del Estado marroquí, como si fuera una declaración hecha durante una entrevista en la radio, o un escrito en su papel oficial de representante de ese órgano”, explica. Sin embargo, “debe probarse que el funcionario no actuó a título personal, sino en el ejercicio formal de sus funciones gubernamentales o bajo mandato expreso de la estructura de comunicación del Estado”.

Cocchini advierte, además, sobre el salto probatorio que exigiría pasar de identificar a una persona a atribuir el hecho al Estado: “Vincular una cuenta a una identidad concreta no equivale a probar que actuó siguiendo instrucciones oficiales. Hace falta algo más que el estándar del artículo cuatro y siete de ese proyecto: probar que actúa en el ejercicio formal de sus funciones y que el mensaje respondía a una directriz coordinada de política estatal”.

El caso de Belhaissi, entonces, no es un ejemplo de un problema resuelto, sino la ilustración más clara de que, incluso cuando el problema técnico de la identidad desaparece, el problema jurídico de la atribución sigue completamente en pie.

La desinformación como posible coerción

Cocchini sitúa la campaña digital dentro de un marco jurídico más amplio que el de la mera atribución técnica: el del principio de no intervención. Sería ilícita “si utiliza esa desinformación masiva como elemento de coerción, destinado a desestabilizar el orden público o a coaccionar procesos soberanos de otro país”.

El especialista descarta que hubiera coerción cibernética directa —“no hay una campaña de hackeo [...] sobre los sistemas electorales online de España”—, pero considera que sí podría existir una forma indirecta: “Esa campaña de desinformación ha causado ese elemento de coerción representado por la entrada masiva que desestabiliza el orden público en España”.

Esto exigiría probar una cadena de dos pasos —que la campaña contribuyó al movimiento migratorio, y que ese movimiento constituyó coerción sobre España—, pero el eslabón más frágil de toda la hipótesis es el mismo que atraviesa el resto del caso, tanto en el terreno como en redes: “El elemento problemático aquí es probar que esa campaña de desinformación fue causada, promovida por órganos estatales”.

Lo que ata a las tres líneas de evidencia

La intuición de Gabrielli, el análisis documental del CENIF sobre el terreno y la reconstrucción digital de Maldita.es, el CNDH y Madrigal describen elementos de coordinación y de pasividad cuya explicación sigue abierta, sin que ninguna de ellas permita, por sí sola, establecer quién dirigió el episodio.

Es el mismo obstáculo que Caballero resume para el ciberespacio y que Cocchini traduce en dos artículos distintos del derecho internacional: saber que algo ocurrió de forma coordinada no equivale a saber quién lo dirigió, y saber quién lo hizo no equivale a probar bajo qué instrucciones actuó. Ese límite se agrava por un factor ajeno a la reconstrucción de los hechos: buena parte de la prueba depende de investigaciones policiales y fuentes de inteligencia. Si esas fuentes de inteligencia no fuesen utilizables, “habría poco margen de que pudiera prosperar la acusación”.

La vía de la diligencia debida sigue siendo, en la interpretación de Cocchini, la que exige menos pasos para sostener una eventual responsabilidad internacional. La vía de la autoría directa, tanto en el terreno como en el ciberespacio, depende de resolver primero una identidad y después una instrucción, y ninguna de las fuentes disponibles ha logrado cerrar públicamente esa cadena completa hasta ahora. Que exista o no esa información es otra cuestión, pero es pertinente destacar lo que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, declaró a RTVE un par de días después de la entrada masiva: “Si hay un país al que el CNI conoce bien, es Marruecos”.

El Real Decreto 518/2026 convierte en obligación legal lo que hasta ahora era un gesto de cortesía al volante: desde el 1 de octubre, los conductores españoles deberán abrir un pasillo central en autopistas y autovías cada vez que una retención detenga o ralentice el tráfico a paso de peatón, para que ambulancias, bomberos y policía puedan avanzar sin esperar a que cada vehículo maniobre al escuchar una sirena.

El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio y publicado en el BOE, modifica el Reglamento General de Circulación e introduce además nuevas reglas para circular con nieve, restricciones al adelantamiento y un paquete de obligaciones específicas para los motoristas. El incumplimiento de la mayoría de estas normas constituye una infracción grave sancionada con 200 euros.

La mecánica del nuevo protocolo varía según el número de carriles disponibles. Con dos carriles por sentido, los vehículos del carril izquierdo deben aproximarse al borde izquierdo de la calzada y los del carril derecho deben desplazarse hacia la derecha, de modo que el corredor quede abierto en el centro. Con tres o más carriles, el pasillo debe formarse entre el carril más a la izquierda y el inmediatamente contiguo: quienes circulen por la izquierda se pegan a ese costado y el resto se desplaza hacia la derecha. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los conductores deberán abrirse hacia los lados, de forma que dejen un ‘pasillo’ central de acceso entre carriles que permita el paso de vehículos de la policía y de los servicios de emergencia.

La clave, según la normativa, es actuar desde el momento en que empieza a formarse el atasco, sin esperar a ver una ambulancia por el retrovisor. Cuando los coches ya están completamente detenidos y demasiado juntos, algunos conductores pueden quedarse sin espacio para apartarse.

El modelo viene de Alemania y Austria

El sistema está inspirado en el corredor de emergencia que se aplica desde hace años en países como Alemania y Austria. Allí, los conductores comienzan a apartarse en cuanto el tráfico pierde fluidez, incluso cuando todavía no se aproxima ningún vehículo prioritario. El objetivo es reducir el tiempo que necesitan los equipos de emergencia para llegar hasta un accidente. En una retención, una ambulancia puede perder varios minutos intentando avanzar entre coches detenidos, especialmente cuando los conductores no disponen de espacio para maniobrar.

El Real Decreto 518/2026 incorpora otra prohibición que también entra en vigor el 1 de octubre. Cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías, quedará terminantemente prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril situado más a la derecha.

Los motoristas son el colectivo con mayor número de cambios. El más difundido es la posibilidad de circular por el arcén derecho en atascos, aunque con condiciones estrictas: el tramo debe estar previamente habilitado y señalizado para ello, la circulación debe estar detenida, la velocidad máxima es de 30 km/h y solo se permite en fila de a uno. Circular fuera de esas condiciones o en tramos no autorizados constituirá una infracción grave de 200 euros.

Los motoristas deberán llevar también un chaleco reflectante de alta visibilidad entre los accesorios del vehículo, aunque no estarán obligados a tenerlo puesto durante la conducción, salvo en los casos que ya contemplaba la normativa anterior.

La Audiencia Provincial de Málaga retiró el uso exclusivo del domicilio familiar a Salvadora y su hija menor al considerar acreditado que ambas no viven en esa vivienda desde hace más de nueve meses. La resolución, dictada el 15 de junio de 2026, mantuvo el resto de las medidas acordadas tras la ruptura de la pareja, entre ellas la custodia de la menor a cargo de la madre y el régimen de visitas del padre, Eulogio.

La sala aceptó de forma parcial el recurso presentado por Eulogio, copropietario del inmueble, quien cuestionó que la vivienda continuara asignada a Salvadora y a la niña pese a que ambas residían en la casa de la abuela materna. El tribunal concluyó que la atribución del uso del domicilio familiar no puede mantenerse cuando la vivienda dejó de cumplir su función de alojamiento habitual de la menor.

Según consta en la sentencia, la madre reconoció durante el procedimiento que continuaba viviendo en el domicilio de su propia madre. Aunque expresó su intención de regresar a la vivienda familiar, no precisó una fecha para hacerlo. Para la Audiencia, esa situación suponía reservarse el uso del inmueble en perjuicio del otro copropietario.

“El hecho de que la madre manifieste que continúa viviendo en casa de su madre, aunque pretenda volver al domicilio familiar sin precisar plazo, equivale a reservarse el uso en perjuicio del coproprietario”, señaló el tribunal. La sala recordó que la protección del domicilio familiar busca asegurar la necesidad de habitación de los hijos menores, no preservar una asignación abstracta del inmueble cuando esa necesidad ya está cubierta en otro lugar.

La custodia seguirá a cargo de la madre

La decisión deja sin efecto exclusivamente la atribución del uso de la vivienda. La custodia de la niña seguirá a cargo de Salvadora, mientras que Eulogio mantendrá un régimen amplio de comunicación y estancias con su hija. El padre podrá verla los martes y jueves, además de los fines de semana alternos, los días festivos y los períodos de vacaciones.

El régimen incluye la distribución de las vacaciones de invierno, verano y Semana Santa, así como otras fechas especiales. La sentencia prevé un sistema para resolver posibles desacuerdos entre los progenitores: en los años impares tendrá prioridad uno de ellos para elegir los períodos vacacionales y en los pares, el otro.

La resolución también establece que las decisiones relevantes sobre la menor deberán ser tomadas de forma conjunta. Entre ellas figuran un eventual cambio de residencia, la elección o modificación de colegio, los tratamientos médicos que excedan la atención ordinaria y las actividades extraordinarias. Las cuestiones rutinarias y las situaciones de urgencia podrán ser resueltas por el progenitor que esté con la niña en ese momento.

El tribunal rechazó, en cambio, el pedido de custodia compartida formulado por Eulogio y respaldado por la Fiscalía. El padre había sostenido que no existían elementos para afirmar que esa modalidad resultara perjudicial para la menor y argumentó que ambos progenitores habían asumido responsabilidades similares durante la convivencia.

La sala consideró que no quedó probado un reparto equilibrado de las tareas de crianza antes de la separación. La sentencia indicó que Salvadora asumió “la mayor parte del tiempo” el cuidado de la menor, una conclusión que se apoyó en testimonios incorporados al juicio y en manifestaciones del propio padre.

La jueza sostuvo que la declaración de Eulogio no bastaba para demostrar que la custodia compartida respondiera al interés de la niña. “La declaración del padre no alcanza para demostrar que la custodia compartida sea lo mejor para la menor, más aún cuando él mismo reconoció que nunca asistió a reuniones escolares ni realizó seguimiento educativo”, expuso la magistrada.

Las dudas sobre el padre

La Audiencia también valoró la disponibilidad laboral de Eulogio. El padre había alegado que su condición de trabajador autónomo le permitía organizar su tiempo para atender las necesidades diarias de la niña. Sin embargo, el tribunal entendió que no aportó pruebas suficientes para respaldar esa posibilidad.

Entre los elementos analizados, la sentencia menciona testimonios según los cuales, durante algunos días de visita, la recogida de la menor quedaba a cargo de la abuela paterna. También se señaló que la niña acompañaba con frecuencia a su padre en una furgoneta mientras él realizaba tareas vinculadas con su actividad laboral.

El fallo tuvo en cuenta además que, durante la convivencia, Eulogio comenzaba su jornada de trabajo a las cinco de la madrugada. A ello se sumó que, durante un ingreso hospitalario de cinco días de la menor, el padre no la visitó. La resolución calificó de “excusas insustanciales” las explicaciones que ofreció para justificar esa ausencia.

Para la sala, esos hechos impiden considerar que existiera una corresponsabilidad parental previa a la ruptura que justificara el establecimiento de una custodia compartida. Por ese motivo, confirmó la custodia materna y el régimen de estancias concedido al padre.

El resto de las medidas económicas se mantienen sin cambios. Eulogio deberá abonar una pensión alimentaria de 200 euros mensuales. Los gastos extraordinarios de la menor deberán ser acordados entre ambos progenitores, salvo en casos de urgencia. Si no existe consenso y el gasto no está cubierto por la sanidad pública o por un seguro privado, será necesaria autorización judicial.

La Audiencia no impuso costas a ninguna de las partes al entender que el resultado del recurso fue parcialmente favorable para ambos. La sentencia no admite recursos ordinarios, aunque las partes podrán presentar un recurso de casación o por infracción procesal ante el Tribunal Supremo, dentro de los requisitos y plazos previstos por la ley.

La Audiencia Provincial de Málaga anuló la sentencia que había atribuido la custodia de un niño a su madre en España al determinar que el menor tiene su residencia habitual en Tánger, Marruecos, y que, por ese motivo, los tribunales españoles carecen de competencia para resolver el conflicto.

La decisión, firmada el 9 de junio de 2026 por la Sección Sexta de la Audiencia, revocó el fallo emitido en octubre de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Marbella. El tribunal declaró la nulidad de las actuaciones iniciadas en España por la madre, Bibiana, contra el padre, Maximo, en relación con la guarda y custodia de su hijo, Justino, de seis años.

La causa se centró en definir qué país debe intervenir en la disputa. La madre sostuvo que el niño residía con ella en España, mientras que el padre afirmó que tanto ella como el menor vivían desde hacía años en Marruecos y que la vivienda familiar en Marbella funcionaba como una segunda residencia.

La Audiencia consideró acreditado que el menor vivía la mayor parte del tiempo en Marruecos. El elemento central fueron los recibos y certificados del colegio de la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE), situado en Tánger, que registraban la asistencia del niño desde 2021.

La residencia del menor

Según la resolución, “desde 2021 el menor está escolarizado en Tánger”. Los jueces también tuvieron en cuenta certificados policiales de entradas y salidas del país, que reflejaban una presencia limitada del niño en España. En 2022, el menor pasó en territorio español los dos meses de verano y otros 38 días durante el resto del año. En 2023, además de julio y agosto, estuvo 28 días adicionales. Para la sala, esos períodos no demostraban que España fuera el centro de su vida cotidiana.

La madre había presentado contratos de alquiler en Málaga para sostener que el niño tenía su residencia efectiva en esa ciudad. El tribunal concluyó que esos documentos no probaban una permanencia estable y que podían corresponder a estancias por vacaciones o motivos laborales.

También valoró que Bibiana no aportó pruebas de actividad económica, declaraciones tributarias, propiedades o cuentas bancarias en España. A criterio de los magistrados, esos datos reforzaban la conclusión de que el núcleo de vida de la familia estaba en Marruecos. Bibiana, abogada y de nacionalidad marroquí, inició el proceso en 2023. Solicitó que la guarda y custodia del niño, junto con las decisiones administrativas vinculadas a su vida cotidiana, quedaran bajo su responsabilidad.

Además, reclamó una pensión alimenticia de 5.000 euros mensuales y propuso que los gastos extraordinarios del menor se distribuyeran en un 70% a cargo del padre y un 30% a cargo de ella. En su planteo sostuvo que afrontaba sola los costos de manutención y escolaridad.

Maximo respondió que la madre y el niño tenían domicilio en Tánger. Presentó documentación escolar y constancias policiales para demostrarlo. También señaló que existía un procedimiento paralelo en Marruecos para definir las medidas relativas a la relación entre padres e hijo, por lo que entendía que el asunto debía resolverse allí.

La Fiscalía respaldó inicialmente la competencia de los tribunales españoles. Esa posición fue aceptada por el juzgado de Marbella, que había dictado la sentencia anulada. La Audiencia Provincial modificó ese criterio tras revisar el conjunto de pruebas incorporadas al expediente.

La defensa de la madre alegó que el niño mantenía vínculos familiares y escolares en Málaga. Los jueces descartaron esa afirmación al señalar que un instituto de la ciudad confirmó que el menor “nunca ha estado matriculado ni ha asistido” a ese centro.

La competencia judicial

La resolución examinó un episodio incluido en la demanda sobre el cumpleaños del menor, celebrado en junio de 2023. Bibiana había situado el festejo en España, pero la Audiencia entendió que los datos del expediente apuntaban a Marruecos.

El tribunal señaló que el padre no podía abandonar ese país desde julio de 2022 y que los niños presentes en la celebración eran compañeros del colegio de Tánger. Para los magistrados, ese hecho contradecía la versión de que la vida social y escolar del menor se desarrollaba de forma principal en Málaga.

La sala también descartó que la nacionalidad española del niño, los procesos previos por filiación o las autorizaciones de viaje pudieran modificar la decisión. La competencia, recordó, depende de la “residencia habitual” del menor, no de su pasaporte, lugar de nacimiento o de la existencia de actuaciones judiciales anteriores.

España y Marruecos forman parte del Convenio de La Haya en materia de protección de menores. La Ley Orgánica del Poder Judicial española establece que los tribunales pueden intervenir en este tipo de causas cuando el niño tiene su residencia habitual en España.

La sentencia definió ese concepto como una noción propia del derecho internacional privado, que debe interpretarse de acuerdo con el contexto y con el objetivo de proteger el interés superior del menor. Para la Audiencia, la presencia del niño en España era “meramente ocasional”. La madre había pedido que se aplicara el denominado foro de necesidad, una vía excepcional que permite la actuación de los tribunales españoles cuando no existe otra jurisdicción disponible para proteger derechos esenciales.

Los magistrados rechazaron ese argumento porque la justicia marroquí no se negó a intervenir sobre el fondo del conflicto. Según el fallo, el proceso abierto en Marruecos permanecía disponible para analizar las medidas relativas al niño y, por tanto, no existía una situación de desprotección ni una necesidad absoluta de acudir a España.

La Audiencia ordenó la nulidad de todas las actuaciones realizadas en Marbella dentro del proceso de custodia. También impuso a la madre las costas de la primera instancia, aunque no estableció costas en la apelación. La resolución podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo de España mediante un recurso de casación o uno extraordinario por infracción procesal, dentro de un plazo de 20 días.

La digitalización de los documentos de tráfico ha permitido que los conductores puedan llevar en el teléfono móvil el permiso de conducción, la documentación del vehículo y los datos de la inspección técnica.

La aplicación miDGT ofrece desde 2020 una alternativa al formato físico, aunque su uso durante un control depende de que el dispositivo permita abrirla y mostrar la información requerida.

El permiso digital tiene la misma validez dentro de España que el documento físico, pero el conductor debe poder exhibirlo cuando un agente lo solicite. Por ese motivo, una avería del teléfono, la falta de batería o un fallo de la aplicación pueden derivar en una sanción administrativa, aun cuando el carné se encuentre vigente.

Cuando falla la aplicación

El permiso de conducción digital de miDGT puede dejar a un conductor sancionado si no logra mostrarlo durante un control de tráfico, aunque esté vigente, porque su validez jurídica depende de que el móvil y la aplicación permitan exhibirlo ante el agente.

El artículo 3.2 del Reglamento General de Conductores, aprobado mediante el Real Decreto 818/2009, obliga a llevar consigo el permiso o licencia y a mostrarlo cuando lo solicite un agente. La norma no contempla excepciones por falta de cobertura, batería o datos móviles.

La aplicación permite desde 2020 llevar en el móvil el permiso de conducción, el permiso de circulación y la información de la ITV con la misma validez que los documentos físicos. La Dirección General de Tráfico (DGT) reiteró ese criterio en octubre de 2025, al responder a una usuaria sobre la vigencia de una autorización provisional sin la tarjeta física.

La aplicación genera además un código QR que permite a los agentes comprobar la autenticidad de la información y posibles limitaciones sobre el permiso. Ese código se actualiza de forma periódica, por lo que una captura de pantalla no sirve como sustituto permanente de la aplicación.

El Reglamento obliga a “estar en posesión y llevar consigo su permiso o licencia de conducción”, con independencia del soporte utilizado. Si el teléfono se apaga, la aplicación se bloquea o no puede cargar por ausencia de cobertura, el conductor no puede acreditar en ese momento que lleva el documento exigido.

Los agentes pueden consultar los sistemas informáticos de la DGT para comprobar la identidad del conductor y la vigencia de su permiso, una verificación habitual en carretera y en los controles de la Guardia Civil. Para ello, el afectado debe poder identificarse, por ejemplo, con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las sanciones según cada caso

Llevar el DNI, o conservar también el permiso físico, evita que un problema técnico complique esa comprobación. El documento de identidad no sustituye al carné digital, pero permite al agente verificar en la base de datos si la persona cuenta con una autorización válida para conducir.

Cuando esa consulta confirma que el permiso está en vigor, no exhibirlo suele quedar en una infracción leve con una sanción de alrededor de 10 euros. La aplicación que no funciona no anula el permiso, pero impide demostrarlo de forma inmediata.

Si el conductor no puede acreditar la titularidad del carné o existen sospechas fundadas sobre la autenticidad del documento, la infracción continúa siendo leve, aunque la multa puede ascender a 100 euros.

La situación cambia cuando el problema no es técnico, sino la vigencia del permiso. Circular con el carné caducado constituye una infracción muy grave, castigada con 500 euros e inmovilización del vehículo.

Conducir sin haber obtenido nunca el permiso o después de haber perdido la totalidad de los puntos deja de ser una infracción administrativa. El artículo 384 del Código Penal lo tipifica como delito contra la seguridad vial y contempla penas de multa o prisión de hasta seis meses.

La circulación con nieve en carreteras de alta capacidad contará desde este otoño con una norma específica sobre el uso de los carriles. El cambio forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno, que incorpora nuevas obligaciones para situaciones de meteorología adversa y refuerza las reglas destinadas a garantizar el paso de los servicios de emergencia.

El Gobierno prohibirá adelantar con nieve en la calzada de autopistas y autovías desde el 1 de octubre de 2026, siempre que las condiciones dificulten la circulación. La reforma busca despejar los carriles de la izquierda para el paso de emergencias y máquinas quitanieves.

El Real Decreto 518/2026, cuya entrada en vigor se ha fijado para el 1 de octubre de 2026, obliga a todos los vehículos a ocupar el carril más a la derecha cuando la nieve dificulte la circulación en autopistas y autovías; en calzadas con tres o más carriles por sentido admite también el carril inmediatamente contiguo.

La nueva prohibición

La norma transforma en prohibición expresa una recomendación ya contemplada en el Reglamento General de Circulación. La restricción no se activa por la mera presencia de nieve visible, ya que debe afectar de forma efectiva a la circulación por el estado de la calzada. Por tanto, será aplicable en episodios en los que la acumulación de nieve, la pérdida de adherencia o la reducción de la capacidad de la vía obliguen a modificar la forma de conducir.

Los conductores no podrán adelantar a otros coches, camiones, autobuses que todavía estén autorizados a circular ni a las propias máquinas quitanieves. Los carriles situados a la izquierda deberán quedar libres para evitar retenciones, permitir las labores de retirada de nieve y facilitar la intervención de los vehículos de emergencia.

La modificación se incorpora al artículo 32 del Reglamento General de Circulación, dedicado a los carriles de emergencia. La obligación de circular por la derecha se aplicará a todos los vehículos afectados por la situación de nieve, con la excepción prevista para vías de tres o más carriles por sentido.

En una autovía o autopista de dos carriles, la consecuencia práctica será que todos los vehículos deberán concentrarse en el carril derecho, sin utilizar el izquierdo salvo que sea necesario para dejar espacio a los servicios prioritarios.

El incumplimiento se considera una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros. La sanción se reduce a 100 euros si se abona dentro del plazo de pago reducido. La medida no implica, por sí sola, la retirada de puntos del permiso de conducción, aunque los agentes podrán sancionar otras conductas si concurren infracciones adicionales, como velocidad inadecuada o incumplimiento de una señalización concreta.

La Ley de Tráfico incluye estas conductas en su artículo 76.c, que califica como grave “incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación”.

Los cuatro niveles por nieve

La reforma es parte de un Real Decreto que también modifica otros apartados del Reglamento de Circulación, entre ellos las exigencias para adelantar en autovía y para rebasar a ciclistas fuera de poblado. La Estrategia de Seguridad Vial 2030 fija como objetivo reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves respecto a los datos de 2019.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aplica un código de cuatro niveles de dificultad por nieve. El nivel verde se activa cuando comienza a nevar y limita la velocidad a 100 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en el resto de carreteras; además, los camiones deben circular por el carril derecho y no pueden adelantar.

En el nivel amarillo, cuando la nieve empieza a cubrir la calzada, los camiones tienen prohibida la circulación y turismos y autobuses no pueden superar los 60 km/h. El nivel rojo obliga a los turismos a llevar cadenas o neumáticos de invierno y fija un máximo de 30 km/h, mientras que autobuses, camiones y vehículos articulados no pueden circular. El nivel negro supone el cierre total de la vía.

La prohibición de adelantar en autopistas y autovías se suma a este dispositivo para dejar libres los carriles de la izquierda y facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves y el paso de los vehículos de emergencia.

Las nuevas declaraciones de Vivas llegan después de la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras la polémica por los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previos a la llegada de migrantes a la ciudad autónoma.

Sanz sostiene que trasladó al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, la información que recibió el 29 de julio, mientras que el delegado niega haber tenido conocimiento de esos contactos.

El presidente ceutí ha señalado que el CNI no le informó de ninguna previsión sobre una entrada masiva y ha calificado de “extrañísimo” el conflicto de versiones dentro de la Delegación. Para Vivas, las discrepancias entre Pérez Triano y quien hasta este viernes era su jefe de Gabinete “dejan al Gobierno en muy mal lugar y a la imagen de España en el exterior”.

La alerta de Vivas antes de la entrada masiva

La renuncia de Sanz se produjo después de que el delegado del Gobierno le solicitara que dejara el puesto. El hasta ahora jefe de Gabinete justificó su decisión por la “evidente incompatibilidad” entre su versión y la de Pérez Triano sobre los avisos del servicio de inteligencia. Sanz recibió mensajes del CNI por WhatsApp y mantuvo el 29 de julio una conversación telefónica de alrededor de 11 minutos con un agente, un día antes de la entrada masiva de migrantes.

Vivas ha explicado que el 27 de julio participó en una reunión en la Delegación del Gobierno en la que planteó medidas ante la situación que atravesaba Ceuta. Según su relato, reclamó “activar la emergencia nacional y el mando único” por la continuidad de la presión migratoria en la frontera.

El presidente de la ciudad autónoma ha relatado que su petición no encontró respaldo entre los asistentes. “Cuando dije eso me ponían cara rara. Se lo puedo asegurar como diciendo: este hombre qué está diciendo aquí, no es para tanto”, ha declarado ante los periodistas.

También aseguró que ese mismo día contactó con Moncloa. Vivas afirmó que habló con el jefe de Gabinete y que recibió el mensaje de que debían estar tranquilos. Según su versión, le pidieron además que no llamaran más porque “se estaban poniendo muy pesados”.

El líder del Ejecutivo ceutí no ha precisado qué medidas concretas se tomaron después de ese contacto. Sí ha insistido en que había advertido de la necesidad de reforzar la respuesta institucional ante una situación que, a su juicio, requería una dirección centralizada.

Dudas sobre los avisos del CNI

Pérez Triano asegura que no conocía los mensajes del CNI recibidos por Sanz ni la conversación telefónica que este mantuvo con un agente del servicio de inteligencia. El jefe de Gabinete, en cambio, defiende que informó personalmente al delegado de los datos que le fueron trasladados el 29 de julio.

Vivas ha evitado afirmar de forma rotunda quién dice la verdad, pero ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que el delegado no hubiera tenido noticia de una comunicación de esa naturaleza. “Es muy poco probable que no tuviera conocimiento y, si es así, algo falla porque no saben calibrar la importancia de las cosas que tienen entre manos”, ha sostenido.

El presidente de Ceuta ha señalado que no cuestionaría un informe del CNI, con independencia del formato por el que llegara. “Yo jamás cuestionaría informes del CNI, vengan en un sobre lacrado o por otro procedimiento, eso no es bueno para España”, ha manifestado.

A su vez, se ha referido a la explicación de Pérez Triano de que trasladaba las alarmas a sus superiores. Vivas considera que, si esa fue la actuación del delegado, las posibles responsabilidades no deberían quedar limitadas a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. “La responsabilidad la tienen los cargos a los que transmitía las mismas y no respondieron”, ha afirmado el presidente ceutí.

Vivas ha reclamado “claridad y transparencia” para despejar las dudas sobre la gestión de la crisis. El presidente de la ciudad autónoma ha sostenido que quedan “muchísimas incógnitas” sobre la información disponible antes de la entrada masiva y sobre las decisiones adoptadas por las instituciones competentes.

En ese sentido, ha señalado que Ceuta se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional. El objetivo, según ha explicado, es que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades que puedan derivarse de la difusión de documentación desclasificada del CNI y de los avisos previos a la crisis migratoria. “Deberían decir la verdad y esto se aclare porque es muy grave”, ha concluido Vivas.

Los consulados se encuentran en una situación crítica para atender el volumen de trabajo en un momento en el que el censo de españoles en el exterior crece a pasos agigantados, una situación que se ha agravado con la llegada de una avalancha de expedientes tras la entrada en vigor de la ley de nietos. La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunciaron que la normativa se había diseñado sin margen de tiempo y sin tener en cuenta la carencia de medios, y la respuesta del Gobierno ha sido tratar de solventar este atasco monumental con más contratos temporales en el exterior y con prórrogas que se estiran más allá de los límites legales vigentes en España.

Teniendo en cuenta los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, los consulados deben atender a unos tres millones y medio de españoles para llevar a cabo la gestión de tareas ordinarias como inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios o pasaportes. A este número se le añade otra gran cantidad de personas extranjeras que solicitan cada año la nacionalidad española por los distintos cauces que ofrece la legislación española. Por poner un ejemplo, desde la entrada en vigor de la ley de nietos, hasta 2,4 millones de extranjeros han solicitado la nacionalidad por esta vía (solo en el Consulado General en Buenos Aires se acumularon más de 640.000 solicitudes).

Mientras tanto, las plantillas fijas se han mantenido prácticamente intactas desde el año 2000, cuando el número de españoles en el exterior rondaba aproximadamente los 1,2 millones de personas. Pablo Puertas, delegado de CSIF del personal laboral de España en el exterior, denuncia en una conversación con Infobae que el grueso de los refuerzos de las plantillas que el Gobierno aprobó para descongestionar los consulados fue por la vía de la temporalidad y “un año después” de su entrada en vigor. “La ley de nietos afecta en todo el resto de trabajo consular, pero no puedes poner a toda la plantilla a resolver expedientes porque tiene que seguir funcionando como consulado”, añade.

Décadas de contratos temporales

En 2025, Exteriores anunció la contratación de 657 efectivos, un 43% más que el año pasado, pero todos ellos temporales. En el consulado general de España en Buenos Aires, que cuenta con más de cien trabajadores, el número de temporales roza ya la treintena.

CSIF denuncia que, en más de un centenar de casos, los contratos del personal en el exterior se han estirado más allá de lo que permite la legislación laboral española. Según ha podido saber Infobae, no se trata de prórrogas de un año. En los consulados españoles en Portugal, Túnez, Japón, Francia, Chile, Grecia, EEUU y Egipto hay trabajadores que llevan encadenando estos contratos desde hace más de dos décadas.

El artículo 70.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece un periodo máximo de tres años para cubrir una plaza de forma estable. Y en el caso del personal laboral temporal, que puede ser contratado por necesidades concretas de producción, el límite máximo es de seis meses, prorrogable hasta un año.

¿Cómo se justifica esto? Alberto Virella, presidente de la ADE, explica que el ministerio intenta jugar con dos normas aplicables: por un lado, aplica las leyes laborales locales cuando las normas son más laxas que en España. En otros casos, recurre a la legislación española cuando se da el caso contrario. Lo que se aplica desde hace muchos años es el principio de coste cero. Hacienda y Función Pública solo autoriza la creación de una nueva plaza en la plantilla exterior si se elimina otra existente o si esta se traslada entre oficinas.

Virella añade además que las plazas vacantes del personal laboral en el exterior son difíciles de cubrir debido a los salarios “extremadamente bajos” que fija Hacienda en las oficinas consulares. Una precariedad que, según el diplomático, ha provocado una fuga de profesionales con experiencia hacia otras oficinas de la Administración española en el extranjero que ofrecen mejores condiciones, como por ejemplo las oficinas comerciales dependientes de la Secretaría de Estado de Comercio.

De Palco en Cuba a Ineco en Argentina

En los consulados con mayor carga de trabajo, la cartera que dirige José Manuel Albares ha externalizado parte de sus servicios. En países como Cuba, donde hay más de 169.000 inscritos en el registro consular de La Habana, se adjudicó un contrato a Palco, una empresa pública del régimen cubano, por un valor de 1.131.295 euros para acelerar la resolución de expedientes.

En el consulado de Buenos Aires, el Gobierno estaría ultimando un contrato con la empresa pública española Ineco para colaborar en la gestión, como así avanzó el senador del PSOE, César Mogo. Cabe recordar que ese contrato todavía no figura en el BOE y Exteriores no se ha pronunciado sobre ello.

El Grupo Parlamentario Vox registró el pasado 4 de junio una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados instando a Exteriores a aclarar este asunto, que deberá responder antes del 23 de agosto, fecha límite según dicta el reglamento de la Cámara Baja.

En cuanto al futuro de la ley, la polémica se centra ahora en el posible efecto de este aumento de españoles sobre el resultado en las próximas elecciones generales de 2027. La tramitación de los expedientes sigue su curso sin cambios, pero el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del derecho a voto de estos beneficiados a la espera de resolver los recursos presentados por Vox y Iustitua Europa. La suspensión provocó, por un lado, la reacción negativa del Ejecutivo, que salió en tromba a denunciar el “auténtico despropósito” de decisión. En cuanto a la oposición, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para alimentar la idea de que el Gobierno trata de sabotear las elecciones, pese a que el voto CERA favoreció a los populares en 2023.

Madrid, 11 sep (EFE).- La número dos de Podemos, Irene Montero, va a oficializar este sábado en un acto del partido su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas “lo más amplia posible” y presentará los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades.

Fuentes de Podemos informan de que Montero aprovechará el acto del sábado en Madrid, bajo el nombre de ‘Paz, casa, trabajo’, para avanzar con un proyecto de candidatura que ya anunció hace más de un año, durante otro encuentro del partido celebrado en abril de 2025.

Además, la actual eurodiputada de Podemos presentará el sábado los principales ejes de su candidatura para las generales con cinco prioridades: precios justos para la vivienda, trabajar menos para vivir mejor, bajar el coste de la vida, defender la paz y luchar contra la emergencia climática.

El objetivo es articular una candidatura “nítidamente de izquierdas” que aspira a ser “lo más amplia posible”, según señalan las mismas fuentes de Podemos, que no concretan con qué otros partidos u organizaciones estarían dispuestos a concurrir en las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Por el momento, Podemos mantiene su veto al partido Movimiento Sumar, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que está en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes.

La formación morada lleva tiempo alentando la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien por su parte se ha ofrecido en varias ocasiones a liderar las izquierdas pese a no contar con el beneplácito de su propia formación. EFE

El rey Felipe VI ha asistido este viernes al acto organizado en la Base Naval de Rota, en Cádiz, por el 25º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La ceremonia recordó a las víctimas de los ataques y reunió a autoridades civiles y militares de España y Estados Unidos en una instalación que alberga presencia naval de ambos países. Felipe llegó al recinto acompañado por una representación institucional española y estadounidense, entre los que estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Le recibieron el embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Rota, José Javier Ruiz, y el almirante de la Flota, José Enrique Delgado. También estuvieron presentes la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, además de otras autoridades civiles y militares de los dos países.

La conmemoración se celebró en la base gaditana, uno de los principales puntos de cooperación militar entre España y Estados Unidos. La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio. No obstante, aunque en ocasiones se debate sobre un supuesto traslado del ejército de EEUU a Marruecos, Rota sigue siendo un enclave fundamental donde ambos países invierten muchos millones de euros.

Ceremonia en Rota del 11-S

El programa comenzó con el desfile de la Guardia de Honor y la interpretación de los himnos nacionales de España y de Estados Unidos. A continuación, aeronaves de la Armada Española y de la Marina estadounidense realizaron un sobrevuelo sobre la base. El acto incorporó elementos propios de las ceremonias militares de recuerdo. Tras el inicio, se celebró una ofrenda floral en la que Felipe VI y el embajador estadounidense depositaron sendos lazos sobre las coronas.

Las coronas fueron portadas por representantes del Cuerpo de Bomberos y de la Marina de Estados Unidos. La presencia de los bomberos aludió a los equipos de emergencia que participaron en las labores de rescate tras los ataques de 2001. La ceremonia incluyó una invocación religiosa y una lectura conmemorativa dedicada al 11 de septiembre. También intervinieron el comandante de las Actividades Navales de Estados Unidos en España y el embajador Benjamin León. El protocolo concluyó con la “Última Alarma”, los toques de campana, la bendición y el toque de silencio.

Felipe VI ya acudió al homenaje de 2001

Esta es la segunda vez que Felipe VI participa en un homenaje en la Base Naval de Rota por los atentados del 11-S. Su primera asistencia tuvo lugar pocos días después de los ataques, cuando era príncipe de Asturias. El 16 de septiembre de 2001, Don Felipe acudió a una ceremonia celebrada también en la base para recordar a las víctimas. Aquel acto se organizó en los días posteriores a los atentados terroristas contra Estados Unidos.

La presencia del Rey en Rota, 25 años después, enlaza ambos homenajes y subraya la continuidad de este recuerdo institucional en una base con personal español y estadounidense. La ceremonia de este viernes reunió de nuevo a representantes de los dos países en torno a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un ciudadano de origen marroquí sobre el que pesaba una prohibición de entrada en España derivada de una condena firme por terrorismo yihadista dictada en 2015. El arresto se produjo durante un control desplegado en la ciudad autónoma, según adelantaba EFE. El hombre fue localizado en la tarde del jueves junto a su hermano en uno de los dispositivos de vigilancia que permanecen activos tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Los agentes comprobaron su identidad y constataron que existía una sentencia firme que vetaba su acceso al territorio nacional. La resolución judicial estaba vinculada a su condena por delitos de terrorismo yihadista en Barcelona. Tras la verificación, la Guardia Civil procedió a su arresto y lo trasladó a dependencias de la Policía Nacional. Allí se iniciaron los trámites para formalizar la denegación de entrada en España. La actuación prevé la expulsión del detenido a Marruecos, una vez que concluyan las gestiones administrativas correspondientes. No han trascendido más detalles sobre la condena ni sobre las circunstancias en las que el hombre llegó hasta el control en el que fue identificado, de manera que no es seguro que entrara el 30 de julio.

Nueva noche de disturbios en Ceuta

El número de detenidos por diferentes motivos sigue creciendo. La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado esta madrugada una de las peores noches de incidentes con varios incendios en distintos puntos de la ciudad, que se han saldado con 42 chabolas que los migrantes habían construido para pasar la noche, hasta 8 vehículos y 4 contenedores calcinados, según han informado a EFE. La sucesión de incendios ha obligado a los bomberos a desplegarse durante varias horas en diferentes zonas de la ciudad para poder atender las emergencias que han mantenido en alerta tanto a los efectivos de seguridad como a numerosos vecinos.

El episodio de mayores dimensiones se ha producido en las inmediaciones de las naves del Tarajal, donde el fuego ha afectado a 42 chabolas construidas por migrantes. El fuego se declaró cerca de la medianoche en uno de los asentamientos donde permanecen muchos de los migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado en una zona de naves industriales y fueron los propios vecinos los que alertaron a emergencias.

Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no se han registrado heridos, en tanto se investiga si el origen del fuego podría ser alguna de las fogatas del campamento. Las llamas han calcinado los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores. Otro de los incendios de mayor alcance se ha registrado en las inmediaciones del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde varios vehículos han quedado afectados por las llamas. El fuego ha obligado a la intervención de los Bomberos para evitar que las llamas pudieran propagarse a otros vehículos o elementos próximos.

El jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión tras la polémica por la difusión de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con la entrada masiva del 30 de julio. Sanz asumió la Jefatura de Gabinete en febrero de 2025, tras ejercer como asesor de la Delegación del Gobierno. Sustituyó a Rafael García.

La renuncia se produce después de que trascendiera que Sanz recibió mensajes del CNI por WhatsApp y mantuvo, el 29 de julio, una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia. El contacto tuvo lugar un día antes de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Sanz asegura que informó al delegado, y Triano lo niega

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado que desconocía tanto los mensajes como la llamada entre su jefe de Gabinete y el agente del CNI. “No fue nada más que un intercambio de información”, declaró al ser preguntado por el asunto. Pérez Triano ha descartado, por el momento, dejar el cargo.

Sanz sostiene que sí avisó al delegado del Gobierno y justifica su renuncia por la “evidente incompatibilidad” entre su versión y la del propio delegado. En un comunicado, afirma que el 29 de julio transmitió personalmente al delegado la información recibida por escrito a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El delegado, en cambio, ha declarado en distintos medios que no recibió esos datos.

Triano le pidió este jueves que dimitiera. Sanz había sido jefe de gabinete durante los últimos cuatro años, con los dos anteriores delegados del Gobierno, Cristina Pérez y Rafael García.

*en ampliación

El suavizante da un tacto sedoso a la ropa, pero más allá, tiene aplicaciones para mejorar el olor en una estancia o incluso evitar que la superficie de un mueble acumule suciedad. Aplicado con un paño de microfibra, se convierte en un aliado para eliminar el polvo de muebles, espejos y pantallas y evitar que vuelva a acumularse con la misma rapidez. Así lo explican Julia y Natalia, expertas en limpieza y organización del hogar, conocidas en redes sociales como @oganizadediez.

Las especialistas, que suman miles de seguidores gracias a sus consejos prácticos para el mantenimiento doméstico, detallan en sus publicaciones ocho aplicaciones distintas del suavizante que no tienen relación con el lavado de prendas. “El suavizante no solo sirve para dejar tus prendas suaves en la colada, gracias a sus propiedades, es un aliado brutal para combatir el polvo, las arrugas y los malos olores”, afirman Julia y Natalia.

Cómo aplicar el suavizante en las superficies del hogar

El truco consiste en humedecer un paño de microfibra con unas gotas de suavizante y pasarlo por muebles, espejos y pantallas de televisores u ordenadores. Según las expertas, este método resulta especialmente útil en aquellas superficies donde el polvo reaparece casi de inmediato después de limpiarlas.

“Ayudará a eliminar la electricidad estática y evitará que el polvo se adhiera rápidamente”, aseguran Julia y Natalia. La explicación se relaciona con la composición del propio producto los agentes suavizantes reducen la carga electrostática de las superficies, uno de los principales factores que atrae y retiene las partículas de polvo en el aire.

Este fenómeno resulta habitual en pantallas de televisores, monitores y muebles de melamina o plástico, materiales que tienden a acumular electricidad estática con mayor facilidad que otros. Al neutralizar esa carga, la superficie repele el polvo durante más tiempo y prolonga el efecto de la limpieza.

Otros usos del suavizante en la limpieza del hogar

Más allá del cuidado de superficies, Julia y Natalia recomiendan también preparar un ambientador textil casero con una parte de suavizante, dos partes de agua tibia y un chorrito de alcohol en un atomizador, para rociarlo sobre cortinas, tapicerías y alfombras.

El producto también facilita el planchado. Un spray con una parte de suavizante por cada diez de agua, aplicado sobre la ropa antes de pasar la plancha, ayuda a reducir las arrugas más rebeldes. Para el calzado, una mezcla de agua y suavizante en atomizador permite neutralizar los malos olores acumulados, especialmente en verano.

En armarios y cajones, las expertas sugieren empapar bolsas de algodón o discos desmaquillantes con suavizante y colocarlos en los rincones para mantener un aroma agradable durante semanas. También recomiendan añadir un tapón de suavizante al cubo de la fregona para devolver brillo a los suelos de parqué o laminados y disimular las marcas de rozadura.

El producto sirve además para eliminar manchas de cera de la ropa, mediante una mezcla de una parte de suavizante con dos de agua tibia aplicada directamente sobre la mancha, y para despegar papel pintado antiguo de las paredes, gracias a su capacidad para disolver el pegamento sin dañar el yeso.

Madrid celebra el Gran Premio de Fórmula 1 de España desde este viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre en el circuito Madring, junto a Ifema. El evento prevé recibir a cerca de 345.000 asistentes durante las tres jornadas, que podrán entrar y salir del recinto de 8:00 a 20:00 horas (aunque una parte de los asistentes vinculada a entradas especiales, actividades corporativas y eventos privados podrá permanecer allí hasta las 23:00 horas). Por ello, la movilidad en la capital se verá afectada en estos días.

El Ayuntamiento ha diseñado dos coronas de movilidad y tres zonas de protección para ordenar los desplazamientos. La recomendación oficial es utilizar el transporte público y evitar los vehículos privados en las áreas afectadas.

El área más restringida funcionará entre el 11 y el 13 de septiembre alrededor del circuito. Su perímetro incluye Vía de Dublín, Camino de Sintra, la vía de servicio de la M-11, Ribera del Sena, Ribera del Loira y varios accesos de Hortaleza y Barajas. También forman parte de esa zona la avenida de Alejandro de la Sota, la avenida de las Fuerzas Armadas, Francisco Umbral, Antonio López Torres, Tomás Redondo, Vía de los Poblados, la M-40 y la avenida del Consejo de Europa. A ese perímetro no podrán acceder vehículos privados sin acreditación, ni quienes pretendan aparcar en las inmediaciones, los taxis y vehículos de transporte con conductor fuera de los recorridos autorizados, los repartidores sin pase ni los trabajadores que no dispongan de autorización.

La corona exterior tendrá un esquema distinto. Allí habrá puntos de vigilancia y regulación para filtrar la circulación, establecer desvíos o aplicar medidas adicionales si aumentan la congestión o las necesidades de seguridad. Los controles se ubicarán en la avenida de Logroño, la M-11, la M-12, la R-2, la M-40, la glorieta de Aníbal González y varias avenidas próximas al recinto ferial. En ese escenario, podrían cerrarse carriles de incorporación desde los kilómetros cinco, seis y siete de la M-40. También podrían verse afectados los enlaces desde la M-11, incluida la salida cinco hacia el aeropuerto y la salida siete en sentido Madrid. El acceso desde la M-12 hacia la vía de servicio de la M-11 figura entre los puntos que pueden sufrir limitaciones.

La avenida de las Fuerzas Armadas, tanto en dirección norte como sur, podrá registrar cortes preventivos. Las conexiones entre la zona urbana de Hortaleza, la M-40, la avenida de los Andes y la calle Silvano también están incluidas en la planificación.

El Ayuntamiento ha advertido que los mandos policiales podrán ampliar las restricciones a otros viales cercanos si las condiciones de movilidad lo requieren.

Las Cárcavas contará con controles para los residentes

El barrio de Las Cárcavas tendrá una zona específica de protección vecinal. La Policía Municipal instalará puntos de control para preservar el acceso de los residentes y evitar que los desplazamientos vinculados a la carrera se trasladen a las calles interiores.

Los vecinos podrán entrar con vehículos acreditados. También tendrán permitido el paso el transporte público habitual, los servicios esenciales, las asistencias domiciliarias y los taxis o vehículos de transporte con conductor que lleven a personas que puedan demostrar que viven en el barrio. Los proveedores imprescindibles necesitarán una autorización diaria. Los organizadores distribuyen las acreditaciones mediante cartas dirigidas a los residentes. Habrá otra zona de protección para oficinas, hoteles, restaurantes, comercios y el Club de Golf situados cerca de Ifema. En esos sectores, los accesos dependerán de las autorizaciones, reservas de aparcamiento o pases habilitados.

En cuanto al transporte público, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid pondrá en marcha cinco servicios especiales gratuitos durante el Gran Premio. Los recorridos estarán atendidos por 49 autobuses para facilitar las llegadas y salidas de los asistentes. La línea MR1 conectará el entorno del estadio Metropolitano con Valdebebas y tendrá una parada en Ifema. El servicio circulará cada cinco minutos entre las 7.30 y las 21.00. La MR2 unirá Canillejas con Feria de Madrid sin paradas intermedias. Su frecuencia será de siete minutos durante la misma franja horaria.

La MR3 conectará Ifema y Valdebebas. Operará cada 10 minutos durante las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada, mientras que entre las 8.00 y las 20.30 reducirá su intervalo a cuatro minutos. La MR4 enlazará Plaza de Castilla y Valdebebas. La MR5 partirá desde Ifema hacia la avenida de América y circulará en un único sentido a partir de las 17.00.

Marruecos rompió su silencio este jueves. El país vecino apenas se había pronunciado sobre la crisis de Ceuta, hasta que hace unas horas decidió responder a las acusaciones de “pasividad” o incluso participación en la entrada masiva del 30 de julio. A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores, ha cargado contra los “partidos históricos” de España por las acusaciones sobre su supuesta implicación. Por el contrario, evita mencionar de forma expresa al Gobierno español y cuestiona las críticas dirigidas contra Rabat sin pruebas que, a su juicio, acrediten la participación de sus autoridades.

Junto a las declaraciones cruzadas sobre su papel en la ciudad autónoma, ayer se producía un nuevo episodio en el Congreso de los Diputados que no ha encajado bien en la prensa cercana al régimen marroquí. Este septiembre, tras meses de pelea, se ha aprobado la ley de nacionalidad española para los saharauis, que representaban casi la totalidad de apátridas del país. Esto no iba a pasar desapercibido entre los diarios marroquíes. Le360 lanza esta mañana en portada un artículo donde ha afirmado que “el colonialismo vuelve a resultar útil” para España por esta ley.

Respuesta al PP de Marruecos

El comunicado oficial marroquí acusa a fuerzas políticas españolas (sin mencionarlo el principal señalado es el PP, que ya ha emitido su respuesta) de dejarse llevar por una dinámica en la que “la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. Rabat responde al debate abierto tras los intentos de entrada de migrantes en Ceuta y pregunta: “¿Por qué se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?”.

El Gobierno español ha sostenido que no hay pruebas que vinculen a Rabat con el episodio del 30 de julio. Marruecos pide esclarecer las circunstancias, identificar responsabilidades y evitar que los hechos se repitan. El texto cuestiona asimismo por qué España no ha devuelto a los migrantes irregulares cuando Marruecos se ha comprometido a recibirlos y por qué los menores no acompañados siguen separados de sus familias. Rabat rechaza ser “peón preelectoral” o “chivo expiatorio” ante las elecciones de 2027. Frente a las críticas, reivindica la Declaración Conjunta de 2022, la cooperación policial y lazos comerciales con España.

Reacción a la ley de saharauis

El medio marroquí Le360 presenta la proposición de ley aprobada por el Congreso para facilitar la nacionalidad española a saharauis y sus descendientes como una medida con “carga política evidente” frente a Marruecos. El texto cuestiona que la iniciativa se defina como una “reparación histórica” y sostiene que España usa su pasado colonial para dar un pasaporte europeo. Además, consideran que, durante el debate de su aprobación, se emiten ataques verbales a Marruecos, por afirmaciones como la de Tesh Sidi, diputada saharaui de Sumar, que sostiene que votar en contra es “estar del lado de Marruecos”.

Le360 destaca que la norma permitirá solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes nacieron en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977, sin residencia en España, y a sus hijos de primer grado. A juicio del medio, esa fórmula crea una “categoría hereditaria”. El artículo subraya que la concesión exige jurar fidelidad al rey español y obediencia a la Constitución española. Reprocha al PSOE haber cambiado su posición aunque también resaltan que la medida puede servir como salida de los campamentos de Tinduf.

El PP ha respondido este viernes al duro comunicado de Marruecos con otro comunicado. El país vecino quiso referirse a la crisis en España consecuencia de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 y 31 de julio, aún sin resolver, mostrando su enfado con quienes le responsabilizan. La nota de Rabat es inequívoca y no hace referencia al Gobierno, sino a la oposición. De hecho, abraza la versión de Pedro Sánchez, la de que “ningún dato, hecho o informe demuestra la implicación”.

Por contra, critica a “partidos históricos” que, “a pesar de su dilatada experiencia en el gobierno, han caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso han señalado a Marruecos, esta última llegando a sostener que si ella fuera la presidenta de la nación, rompería las relaciones.

“El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón preelectoral. Tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos. La proximidad geográfica es un hecho inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”, augura y zanja Rabat.

El comunicado del PP

Pero el PP no da un paso atrás: “Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión”, defiende en el escrito que ha difundido. “La defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable. La ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia”, proclama el partido.

Génova pide “el máximo respeto a las instituciones españoles y a la investigación judicial actualmente en curso en nuestra Nación”, ya que “corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan”. Ante esto -añade el PP-, “ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento”.

“España y Marruecos -continúa el comunicado- comparten una frontera y una responsabilidad común en su gestión. Precisamente por ello, y con más motivo a la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno de España, lo ocurrido en Ceuta exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías verificables de que hechos similares no volverán a producirse”.

Por último, el PP, que en unos meses puede alcanzar la Moncloa, anticipa “la voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos”. Con un pero: “Esta relación solo puede asentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados”. Por último, un recordatorio: “Ceuta y Melilla son España”.

El Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE) ha convocado este viernes concentraciones de cinco minutos en los centros de trabajo y una retirada de firmas en las informaciones emitidas durante la jornada.

La protesta llega después de que el órgano denunciara que la Dirección de Informativos intervino para que el Telediario 1 no incluyera una información sobre el malestar interno por la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La 1.

La Dirección impidió que se emitiese una pieza que recogía el malestar del Consejo por la entrevista a Sánchez

Según el Consejo, los responsables de los telediarios impidieron que la primera edición del informativo, que se emite a las 15:00 horas, hiciera referencia al comunicado que los representantes de los trabajadores habían difundido el martes.

El Consejo de Informativos considera que la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía realizarse desde los Servicios Informativos de TVE y con los medios propios de la corporación pública. Basa esta postura en el Mandato Marco de RTVE, que fija como objetivo que la producción de los programas informativos e institucionales sea íntegramente interna. A juicio del órgano, ese criterio debe aplicarse a una entrevista al jefe del Ejecutivo sobre la actualidad política.

La entrevista se emitió en el plató de Mañaneros 360, un programa producido por RTVE en colaboración con la productora privada La Cometa TV, y fue realizada por Esther Palomera y Jesús Cintora. El Consejo sostiene que los Servicios Informativos de la corporación debían asumir ese trabajo y trasladó esa posición en un comunicado al que se adhirieron varias asociaciones de periodistas.

La previsión era que el Telediario 1 recogiera ese comunicado. Sin embargo, el Consejo denuncia que la Dirección evitó su emisión. El texto no apareció en la edición de las 15:00 horas, una decisión que provocó una protesta en Torrespaña, la torre de telecomunicaciones de Madrid.

El Telediario 2, presentado por Pepa Bueno a las 21:00 horas, sí informó sobre el asunto. También lo hicieron los boletines posteriores del Canal 24 Horas. Aun así, el Consejo mantuvo la convocatoria de movilizaciones para este viernes.

En su comunicado, el órgano de representación pide a los trabajadores que se concentren ante cada centro de trabajo y que retiren sus firmas de las piezas informativas. La medida busca protestar por la “injerencia”, así como por “la falta de recursos, personal y los problemas de todas las áreas y la externalización de la información”.

La Dirección pidió disculpas “por las formas” tras el incidente

El Consejo de Informativos se reunió con la Dirección de Informativos después del altercado. Durante ese encuentro, los responsables trasladaron su posición sobre el comunicado relativo a la entrevista a Sánchez y pidieron disculpas “por las formas”.

También reconocieron “los problemas que están teniendo en la organización y en la comunicación del trabajo”, según el Consejo. El presidente de RTVE, José Pablo López, comunicó al órgano su “voluntad de diálogo y de buscar soluciones a estos problemas en una próxima reunión”. El comunicado concluye con el mensaje: “Seguiremos informando. Mañana protesta y no firmes tu trabajo”.

Por su parte, el director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, Roberto Lakidain, publicó varios mensajes en redes sociales sobre el Consejo de Informativos. “No hay precedente en la historia de la televisión en España, está sucediendo en TVE. Un órgano de participación de los trabajadores (el consejo de Informativos de TVE) instrumentaliza el principio de representación para sus particulares intereses”, escribió.

En otro mensaje, dirigido al responsable del Consejo, Óscar Nieto, afirmó: “Sois de lo peor que le está sucediendo (hiriendo) a TVE. Luego ya (cerca pero luego) están los de la derecha y la ultraderecha. Sois el mejor alimento de la prensa del fango. El mejor combustible para sostener la guerra que quiere machacar el éxito de CRTVE”.

El Gobierno ha trasladado a las instituciones comunitarias su objetivo de reforzar la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Europea y de situar a ambas ciudades “en el corazón de Europa”. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, cerró el miércoles 9 de septiembre en Bruselas dos jornadas de contactos centrados en la seguridad fronteriza, la representación institucional y la relación económica de los territorios con la Unión.

La visita coincidió con el anuncio del comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, sobre una aportación de 114,7 millones de euros para Ceuta solicitada por España. Albares había planteado esa petición durante una reunión celebrada el martes con el responsable europeo, con el propósito de reforzar la seguridad en la frontera ceutí y acelerar los procedimientos abiertos para recuperar la normalidad.

El Ejecutivo trata de situar la situación de Ceuta y Melilla dentro de un debate más amplio sobre la respuesta europea ante los desafíos en sus fronteras. Albares defendió ante la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, que la Unión debe otorgar la misma relevancia a las amenazas y retos de cada frontera para responder con “solidaridad y unidad”. Para ello, ponen el foco en los “desafíos” que supone la frontera sur.

Unión Aduanera o región ultraperiférica

Una de las prioridades expuestas por Albares en la capital comunitaria fue la integración económica y comercial de las dos ciudades autónomas. El ministro mantuvo una reunión con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, en la que analizaron las opciones para favorecer la incorporación de Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera. El encuentro abordó también fórmulas para que la normativa comunitaria reconozca la especificidad geográfica de ambos territorios. Para esto, la fórmula mencionada por el propio Pedro Sánchez en el Congreso es la categoría de región ultraperiférica, como es el caso de las Islas Canarias. Sin embargo, esto no está garantizado.

La agenda de Albares incluyó una reunión con representantes del Comité Europeo de las Regiones, institución en la que España pretende impulsar una presencia permanente de Ceuta y Melilla dentro de la delegación española. La iniciativa aspira a dar continuidad a la participación de ambas ciudades en los debates territoriales de la Unión, para conseguir mayor altavoz. La petición de representación se suma al objetivo de ampliar el acceso de Ceuta y Melilla a las políticas comunitarias.

Las “amenazas” del Sur para la seguridad europea

Albares también se reunió con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, para abordar los retos de la frontera sur europea y la cooperación de España y la Unión Europea con la Vecindad Sur. El ministro incidió en la necesidad de impulsar la estabilidad y la cooperación con el norte de África. Ese planteamiento tendrá presencia en la próxima edición del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, según trasladó Exteriores. Al hablar de cooperación, es difícil no pensar en las polémicas generadas por la entrada masiva de Ceuta. La mayoría de partidos o los informes de la Policía Nacional apuntan a “pasividad” de los agentes marroquíes, lo que choca directamente con la colaboración.

Ante Kallas, el ministro subrayó que las distintas fronteras europeas afrontan amenazas y desafíos que requieren una respuesta común. La posición española reclama que la Unión aplique un criterio de solidaridad entre territorios ante esas situaciones. Tras las reuniones en Bruselas, el Gobierno reafirmó su intención de continuar el trabajo con las instituciones comunitarias para ampliar la presencia de Ceuta y Melilla en el proyecto europeo y avanzar en su participación en las políticas e instrumentos de la Unión.

Si dentro de unos meses Alberto Núñez Feijóo se convierte en presidente del Gobierno de España, uno de los primeros viajes que tendrá que hacer, si no es el primero, es a Marruecos. Felipe González fue quien comenzó la tradición de que Rabat fuera el primer destino oficial de los presidentes españoles, una visita que fue imitada después por José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El motivo no era otro que llevarse todo lo bien que se podía con el reino de Mohamed VI por cuestiones geográficas, de seguridad, control migratorio y lazos económicos, independientemente del partido que gobernara. Ahora, el líder popular, si llega a Moncloa, tendrá una labor importante: coser las relaciones con un país vecino que este jueves le acusó de haber caído en un “atolladero” donde la “retórica populista e irracional se impone al sentido común”.

Tanto Rabat como la prensa marroquí se han posicionado al lado de Pedro Sánchez, al que, según el PP, Marruecos “tiene atado de pies y manos”. El presidente español no ha querido señalar a Marruecos en ningún momento como responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, defiende que no hay pruebas pese a que hay informes que apuntan a una probable actuación “negligente” y “pasiva” del país vecino durante el 30 y 31 de julio. Uno de los periódicos de mayor difusión en el país, Le360, tras la desclasificación de los 40 informes reservados sobre la crisis migratoria, alaba su gestión: La teoría del “chantaje” se agota y Sánchez mantiene intacta su posición sobre Marruecos, titulaba este martes; incluso en las primeras líneas atacaba a “la extrema derecha”.

El comunicado emitido por Marruecos este jueves, lejos de hacer temblar al Gobierno, coloca a Sánchez en una posición en la que es aplaudido por cumplir con el juego diplomático y, en contraposición, muestra su enfado con la oposición. Y más en concreto con el PP, al que no ha hecho falta que mencionaran para saber que a él se refería: “Marruecos lamenta que ciertos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en instrumentalizar al reino para sus propios fines. Resulta particularmente preocupante que partidos históricos, a pesar de su dilatada experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”.

En riesgo las relaciones España-Marruecos

Electoralmente puede ser una buena noticia para Feijóo (el discurso antimigración como arma política que tan bien está funcionando en Europa), pero puede ser muy arriesgado si llega a Moncloa. El líder popular va con todo contra Pedro Sánchez; incluso ha visto la crisis en Ceuta como una oportunidad para captar a votantes socialistas de cara a las próximas elecciones de 2027. “Tenemos aquí una oportunidad”, aseguró una fuente en Génova a Infobae. Pero si llega al poder, las relaciones entre ambos países pueden quedar comprometidas. Si echamos la vista atrás, el propio Mariano Rajoy priorizó la diplomacia —aunque más silenciosa que la de Sánchez— y consolidó Rabat como un socio estratégico esencial para España por la lucha contra el yihadismo y el control de los flujos migratorios. Y es que lo que está en juego es la integridad territorial que tanto defiende el PP.

Una de las primeras tareas de Feijóo como presidente sería reconducir esta relación, que Marruecos ya ha dejado claro que puede romperse. Especialmente para no condicionar a Ceuta y Melilla. El dirigente gallego tendría que viajar a Rabat, como todos los presidentes, y enfrentar esa reunión. Aunque, por otro lado, ya tiene buena relación con algunos de los enemigos de Sánchez, como Estados Unidos o Israel, un punto a favor, según José María Aznar.

Para el expresidente del Gobierno la entrada masiva de migrantes en julio se debe a haber “enajenado la amistad de aliados relevantes”. En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, también ha apostado por normalizar nuevamente la relación con Israel. En sus palabras, “en las democracias los gobiernos son pasajeros, pero los intereses nacionales son permanentes”, ha recalcado el expresidente, para quien “olvidar ciertas nociones preliminares de geografía e historia es un lujo que no nos podemos permitir”. Se refiere a Israel, pero podría valer también con Marruecos.

El madrileño Museo del Prado, la mayor pinacoteca de España, tiene un problema. El pasado 7 de agosto tuvo que adjudicar con carácter de emergencia un contrato negociado sin publicidad para rehabilitar la escalera de Goya y varios espacios “subyacentes” del edificio Villanueva. Esta escalera es uno de los principales accesos del museo. La institución ha tenido que desembolsar 214.403 euros tras detectar “una situación alarmante” que puede suponer “un grave riesgo para las personas y para la conservación del monumento y de los bienes culturales que alberga”. Y todo porque el arquitecto Rafael Moneo, que hizo obras en el año 2009 en el museo, aunque detectó el problema, lo solucionó temporalmente con unas chapas metálicas para evitar los efectos de unas goteras.

El Museo detectó que el problema era grave cuando apareció repentinamente una “importante filtración en el falso techo del núcleo de aseos situado en el lado este de la escalera de acceso a la puerta de Goya Alta”, uno de los accesos al edificio Villanueva, que alberga muchas de las colecciones y es Bien de Interés Cultural. Tras detectar estas goteras, los técnicos tuvieron que desmontar las luminarias empotradas en el falso techo y realizar una inspección ocular a través de los huecos resultantes. Lo que se encontró fue una chapa metálica ondulada con un alto grado de corrosión, lo que estaba provocando que el agua se filtrara a través de esta chapa.

El siguiente paso fue hacer catas sencillas en el falso techo para “conocer el alcance y extensión de la corrosión”, explican desde el Museo. Lo que se observó fue una “afección generalizada” en la cara inferior de la chapa, que se encuentra apoyada en el forjado de la escalera. Los técnicos buscaron entonces documentación sobre la composición de este forjado. No encontraron nada, pero sí unas obras que se ejecutaron en 2009 bajo la dirección del arquitecto Rafael Moneo. Unas obras muy importantes que ampliaron la pinacoteca.

Moneo plasmó por escrito en un informe que “a causa de unas infiltraciones de agua de lluvia que proceden de la escalera de acceso a la puerta de Goya Alta, que solo se pueden evitar levantando, impermeabilizando y recolocando los peldaños de la escalera, se ha tomado la decisión de colocar una bandeja de chapa metálica en los baños con una pendiente del 1% que conduce el agua a un canalón y al saneamiento”. La presencia de humedad en los muros también llevó al equipo de Moneo a “colocar una lámina impermeable de PVC entre la pared y el chapado de piedra. Esta misma solución se ha considerado la más idónea para proteger de las infiltraciones de lluvia los dos baños, por ese motivo es necesario tender en las bóvedas un mortero reparador y el acabado de yeso”.

Fallo estructural

Han pasado los años y esa solución temporal no ha servido. Una vez inspeccionado el techo, “se observó una situación alarmante en relación con la estructura portante del conjunto constructivo que conforma esta parte de la edificación, oculto a la vista”, reza la memoria justificativa del contrato. “Se puede afirmar que hay una alta probabilidad de fallo estructural de la perfilería de acero, lo cual ocasionaría la caída de todo el conjunto de las sucesivas capas existentes sobre los núcleos de aseos, lo que supone un grave riesgo para las personas y para la conservación del monumento y de los bienes culturales que alberga”. Las obras eran necesarias “para paliar esta situación de riesgo en los núcleos de aseos”.

El Museo también necesita conocer si el riesgo se extiende al resto de espacios situados bajo la escalera: taquillas y vestíbulo de acceso. Por eso es “técnicamente necesario acometer con inmediatez unas obras consistentes en la demolición completa de los falsos techos de los núcleos de aseos y de las bandejas de chapa metálica ondulada y su estructura de soporte, y la realización de catas profundas, tanto en el interior como en el exterior, para determinar la composición constructiva y estructura portante de las diferentes partes de la escalera, adoptando las medidas necesarias de apeo, apuntalamiento y protección para garantizar la estabilidad estructural de la escalera”. En lo que va de año 2,2 millones de personas han visitado el Museo, cifra que se cerró en 3,5 millones en 2025.

Los trabajos durarán ahora seis meses. Las obras comprenden las intervenciones mínimas indispensables “para paliar la situación de riesgo estructural existente debido al deficiente estado de los elementos que componen la estructura sustentante de la escalera, particularmente en relación a los perfiles sustentantes de acero de las mesetas laterales y los tramos de escalera adyacentes”, señala el pliego del contrato. Una frase que no tranquiliza mucho a los visitantes. Hay que “apear la estructura de esta zona para evitar su posible colapso”, así como realizar nuevas catas de inspección para conocer, “dado su uso público”, la composición y estado de servicio de la estructura de todo el volumen de la escalera.

La Audiencia Provincial de Alicante avaló el pasado enero el desahucio de una inquilina de renta antigua tras más de 50 años de residencia en una vivienda de Petrer. El tribunal rechazó el recurso de Mercedes y confirmó la resolución que la obliga a dejar el piso en el plazo de un mes para que lo ocupe el hijo de la propietaria, Camila.

La sentencia, dictada el 20 de enero de 2026, ratificó el fallo emitido en mayo de 2025 por el Tribunal de Instancia de Elda. La propietaria había solicitado la recuperación del inmueble al alegar que su hijo necesita una vivienda ante su situación laboral temporal y la falta de recursos para alquilar otra.

El caso enfrenta los derechos derivados de un contrato de renta antigua, con una mensualidad de 35 euros, y la posibilidad de que el dueño recupere el inmueble cuando acredita una necesidad propia o de familiares directos.

Camila presentó documentación sobre la situación laboral y académica de su hijo, además de certificados de propiedad y discapacidad. Las magistradas concluyeron que esas pruebas permitían justificar la necesidad invocada para recuperar el piso.

El criterio de la Audiencia

La resolución aplicó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que regula parte de los contratos de alquiler firmados antes de las reformas posteriores. Esa normativa permite la resolución del arrendamiento cuando el propietario demuestra que necesita la vivienda para sí mismo o para determinados familiares.

La Audiencia sostuvo que la necesidad del hijo de la propietaria quedó probada en el proceso. También recordó que la doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que, ante este supuesto, no corresponde comparar la situación personal y económica del inquilino con la del arrendador.

El fallo citó esa línea jurisprudencial al señalar que, cuando chocan ambos intereses, deben prevalecer los del propietario que acredita una necesidad legalmente prevista. Según la sentencia, la función social de la propiedad debe atender con prioridad las necesidades de su titular.

Mercedes sostuvo durante el proceso que el piso constituye su único hogar y que no tiene alternativas habitacionales. Aportó fotografías, informes privados y testimonios con el objetivo de demostrar que Camila no reside en Petrer y que dispone de otras opciones dentro del mismo edificio.

La defensa también cuestionó la necesidad alegada por la propietaria y denunció un supuesto abuso de derecho. Mercedes afirmó que no se valoró parte de las pruebas presentadas y objetó la admisión de documentos que, a su juicio, habían sido incorporados fuera de plazo.

La Audiencia Provincial rechazó esos argumentos. Explicó que la legislación procesal civil permite presentar documentación adicional cuando responde a cuestiones surgidas durante el juicio. Añadió que la parte que apela puede solicitar de nuevo determinadas diligencias probatorias en segunda instancia.

Las magistradas indicaron que la negativa a practicar una prueba en primera instancia no anula por sí misma el procedimiento, porque la ley prevé mecanismos para plantearla otra vez durante la apelación. También descartaron que la sentencia de Elda presentara defectos formales por no incluir una relación separada de hechos probados, una exigencia que no rige para las resoluciones civiles.

La antigüedad no evitó el desalojo

El tribunal reconoció que Mercedes es la residente con más años de permanencia en el edificio, compuesto por un local comercial en la planta baja y dos viviendas. Un informe de la Policía Local de Elda fue incorporado al expediente para determinar quiénes ocupaban las distintas unidades.

La inquilina había alegado su avanzada edad y sus recursos limitados para frenar el desahucio. También señaló que la propietaria contaba con otras viviendas en el inmueble. La Audiencia concluyó que esas circunstancias no modifican el criterio aplicable si el arrendador acredita la necesidad de recuperar el piso.

La sentencia señaló que la legislación de renta antigua no exige valorar la situación del inquilino cuando el propietario prueba la necesidad familiar. Asimismo, recordó que el orden de preferencia previsto en la ley de 1964 concede prioridad a las familias numerosas frente a las personas solas, incluso cuando estas últimas llevan más tiempo en el inmueble.

La resolución impuso a Mercedes las costas del juicio y de la apelación. El tribunal aplicó el criterio general por el cual quien pierde el litigio asume los gastos procesales, al no apreciar circunstancias excepcionales que justificaran otra decisión.

Mercedes podrá presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo si cumple los requisitos procesales. Para ello deberá constituir un depósito de 50 euros, salvo que tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita.

El fallo no menciona medidas de realojamiento ni asistencia pública para la inquilina. El caso vuelve a exponer la situación de los contratos de renta antigua, que conservan alquileres bajos para residentes de larga data, aunque permiten el desalojo si el propietario acredita una necesidad familiar conforme a la ley.

Los viajes en vehículo eléctrico exigen planificar las paradas de recarga y prever incidencias que pueden alterar el recorrido. Ante la falta de un punto operativo o una autonomía menor de la prevista, algunos accesorios pueden ofrecer una solución temporal.

El cargador portátil con enchufe Schuko se ha convertido en una solución de emergencia que puede evitar quedarse sin batería en un contexto en el que los fallos de los puntos de recarga y la cobertura irregular en zonas rurales siguen alimentando la ansiedad de autonomía.

Un hilo publicado en X por un usuario llamado José Antonio, identificado como @joseantonio_qr, ha reabierto ese debate con un caso concreto: tras pedir asistencia en carretera, logró conectar el coche a una toma convencional cercana y elevar la batería del 2 % al 8 % mientras esperaba la grúa, un margen que evitó que el acumulador cayese a niveles críticos.

El usuario presentaba su advertencia en términos tajantes: “Nunca, nunca, salgáis de viaje en vuestro coche eléctrico sin esto. Os puede salvar el culo”. El objeto al que se refiere es el cargador ocasional con enchufe monofásico doméstico, un accesorio que muchos conductores dejan en el garaje cuando ya tienen instalado un punto fijo de recarga tipo wallbox.

Una carga de emergencia fuera de casa

La expansión de la movilidad eléctrica ha cambiado por completo las rutinas de repostaje y la planificación de los desplazamientos por carretera. Aun así, el despliegue de la infraestructura pública de carga rápida avanza de forma gradual en España y convive con incidencias técnicas, estaciones fuera de servicio y carencias en determinadas áreas rurales.

La experiencia relatada por José Antonio ha servido para reforzar una idea compartida entre usuarios con experiencia en este tipo de vehículos, y es que el cable Mennekes, pensado para postes públicos de corriente alterna, y el cargador Schuko deberían viajar siempre en el maletero.

Una amplia mayoría de conductores que reaccionaron al mensaje en X coincide en que ese adaptador aporta una red de rescate básica. La razón es sencilla, ya que permite aprovechar cualquier toma de pared convencional en una situación de apuro.

Desde el punto de vista técnico, el cargador portátil monofásico con toma Schuko no está diseñado para sustituir las recargas habituales. Funciona en corriente alterna con una potencia que suele moverse entre 2,3 kW y 3,7 kW, equivalentes a entre 10 y 16 amperios, por lo que la recarga de la batería resulta mucho más lenta que en otros sistemas.

Esa limitación es precisamente la que define su papel, pues no sirve para una carga rápida, pero sí como herramienta de emergencia. Su valor reside en la compatibilidad con la red eléctrica disponible en lugares como restaurantes, alojamientos rurales, talleres mecánicos o estaciones de servicio.

Precauciones al usar un enchufe doméstico

La AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, insiste con frecuencia en una precaución básica: las tomas domésticas empleadas deben estar en buen estado y contar con toma de tierra adecuada. Someter una conexión convencional a cargas prolongadas sin la protección necesaria puede provocar sobrecalentamientos en la línea.

Esa advertencia no elimina su utilidad en carretera. En una emergencia, disponer de esta opción permite ganar unos kilómetros de autonomía para llegar a un cargador más potente o mantener operativos los sistemas auxiliares del coche hasta la llegada de la asistencia.

En ese equilibrio entre tecnología y previsión práctica se sitúa el mensaje de fondo: mientras la red de alta potencia sigue ampliándose y busca mayores niveles de fiabilidad, la sencillez de un enchufe Schuko tradicional continúa siendo una de las soluciones más versátiles y accesibles para un conductor de coche eléctrico.

El Gobierno publica este miércoles cerca de 40 documentos e informes reservados sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando unas 72.000 personas accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma, a nado o a pie por el espigón del Tarajal. El conjunto de material, que se difunde a través de la web de la Presidencia del Gobierno, reúne análisis elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La ministra portavoz, Elma Saíz, avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen “nada que esconder”.

El Ejecutivo insiste en que ninguno de esos informes recoge pruebas que acrediten una actuación deliberada de las autoridades marroquíes para propiciar o impulsar las entradas masivas registradas en la frontera, a pesar de que la Audiencia Nacional investiga la participación de “agentes no uniformados” marroquíes que habrían actuado como guías y “dinamizadores” del flujo de personas. Así lo ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista concedida este miércoles al programa Mañaneros 360 de TVE, donde sostuvo también que los documentos únicamente reflejan un aumento en los cruces irregulares, sin que existiera ningún indicio previo de un episodio migratorio de la escala que finalmente se produjo.

/espana/2026/09/09/la-desclasificacion-de-los-informes-de-ceuta-revela-como-defensa-y-distintos-organos-de-la-guardia-civil-valoraron-de-forma-diferente-la-actuacion-de-marruecos-en-apenas-50-minutos/

El delegado del Gobierno en Ceuta sostiene que los mensajes del CNI no fueron una alerta formal

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha defendido la actuación del Ejecutivo y negado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hubiera emitido una alerta formal sobre la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio. Según ha afirmado, los mensajes intercambiados el 29 de julio fueron una comunicación informativa, no un informe de alerta.

Pérez Triano ha señalado que el CNI reconoció que no anticipó “la magnitud y naturaleza” de lo sucedido, algo que ha calificado como un fenómeno inusual. También ha asegurado que se reforzaron los efectivos en la ciudad ante el aumento de los intentos de entrada durante las semanas anteriores, aunque ha sostenido que no era posible prever la llegada de tal cantidad de personas.

El CNI admite que no anticipó la “magnitud y naturaleza” de la entrada masiva en Ceuta

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reconoce que trasladó información sobre una campaña en redes sociales que llamaba a asaltar la valla de Ceuta, aunque no previó “la magnitud y naturaleza” de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos el 30 de julio.

Fuentes del organismo citaron, tras la difusión de documentos desclasificados, una nota de “alerta temprana” dirigida a los servicios de inteligencia marroquíes y contactos mantenidos el 29 de julio con la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil.

Sumar responsabiliza a Marruecos de la entrada masiva en Ceuta y pide revisar la relación con Rabat

La coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha responsabilizado a las autoridades marroquíes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Tras la publicación de los informes de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, ha sostenido que los documentos evidencian que Marruecos “bajó los brazos”.

Barbero ha evitado valorar la actuación del Gobierno y ha calificado de fallida la política de externalización de fronteras de la Unión Europea. A su juicio, esa estrategia permite que terceros países “chantajeen” a los Estados europeos. Sumar ha reclamado revisar las relaciones con Rabat y trasladar a la Península a los migrantes que aún permanecen en Ceuta para analizar cada caso con garantías.

Rufián cree que los informes evidencian que el CNI “va en contra del Gobierno”

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sostenido que los informes desclasificados sobre la crisis migratoria en Ceuta evidencian que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “va en contra” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado por si los documentos respaldan la tesis de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre los avisos previos del CNI, Rufián ha respondido que reflejan que “hay una parte del Estado que va en contra del Gobierno”. “El Gobierno no controla una parte de su Estado. Gobierna sí, pero no manda”, ha afirmado.

Vox pide llevar a Sánchez al Supremo por “traición” y delitos contra la seguridad del Estado

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reclamado llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su Ejecutivo ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de “traición y contra la seguridad del Estado”.

Buxadé ha pedido respaldar la iniciativa de Vox para activar el artículo 102 de la Constitución, que regula la exigencia de responsabilidad criminal a los miembros del Gobierno. En los casos de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones, la propuesta requiere el apoyo de una cuarta parte del Congreso y la aprobación por mayoría absoluta.

¿Qué más esperan los indecisos y complacientes en unirse a la iniciativa de @vox_es de aplicar el #102CE y llevar al TS por traición y delitos contra la seguridad del Estado a #SánchezTraidor y su banda de malhechores? https://t.co/ZHTvE6mrvR

— Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) September 9, 2026

El PNV ve “preocupantes” para el Gobierno los informes sobre la crisis de Ceuta

La portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que el contenido de los informes publicados sobre la crisis de Ceuta resulta “preocupante para el propio Gobierno”. A su juicio, los documentos refuerzan la versión de los grupos parlamentarios que apuntan a una posible implicación de Marruecos en la llegada masiva de migrantes.

Vaquero también ha cuestionado que el Ejecutivo no hubiera interpretado de forma adecuada la información recibida de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad. El PNV analizará los documentos antes de fijar una posición más detallada.

La Moncloa sostiene que el CNI no alertó de una entrada masiva en Ceuta

La Moncloa ha respondido a las críticas al Gobierno tras la difusión de 40 informes previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. El Ejecutivo afirma que las comunicaciones remitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio no advertían sobre una llegada masiva a la ciudad autónoma.

Según el comunicado, la convocatoria en Facebook para entrar en Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono de Marruecos ya era conocida por otras instituciones y no se interpretó como un indicador de escala ni de probabilidad. La Moncloa ha añadido que el CNI no emitió una alerta formal y se limitó a trasladar la información mediante un mensaje y una breve llamada al Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil.

/espana/2026/09/09/los-informes-desclasificados-sobre-la-entrada-masiva-en-ceuta-corroboran-la-version-de-robles-frente-a-la-de-marlaska-y-la-de-pedro-sanchez/

Ester Muñoz acusa al Gobierno de una “mentira de Estado”

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de una “mentira de Estado” tras la publicación de los informes sobre los avisos previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La dirigente ha cuestionado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había sostenido que no existió una alerta previa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Tenían la información, son responsables directos de la invasión de Ceuta y de los fallecidos”, afirmaba Muñoz. También ha destacado los informes de la Guardia Civil de principios de julio, que reclamaban más medios ante el riesgo de accesos irregulares por mar, y ha acusado al Ejecutivo de “dejación de funciones dolosa”. Por último, ha vuelto a pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez.

Almeida se suma a las críticas del PP al Gobierno

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha sumado a las críticas del Partido Popular contra el Gobierno tras la publicación de los documentos desclasificados sobre la crisis migratoria en Ceuta. El dirigente sostiene que el Ejecutivo conocía las alertas previas sobre la entrada masiva de migrantes.

“Lo sabían y no hicieron nada. ¿Por qué?”, ha escrito Almeida en su cuenta de X. Su mensaje sigue la línea de otros dirigentes del PP, que responsabilizan al Gobierno por su respuesta ante los avisos recogidos en los informes.

Lo sabían y no hicieron nada. ¿Por qué? https://t.co/NWWs3kt3HB

— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 9, 2026

La jueza Tardón admite al Estado como acusación particular por la entrada masiva en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular en la causa que investiga la entrada masiva irregular de migrantes en Ceuta a finales de julio. La magistrada considera que el Estado puede ser perjudicado por unos hechos que podrían constituir un ataque contra la soberanía nacional.

En un auto dictado este jueves, Tardón señala que no solo Ceuta y sus habitantes pudieron ser víctimas directas de lo ocurrido, sino también el Estado español. La resolución apunta a posibles delitos cometidos desde el extranjero que habrían afectado a la integridad territorial, la seguridad exterior, la defensa nacional y la estabilidad del Estado de Derecho.

*Con información de EFE.

El CENIF alertó el 30 de julio de intentos de trasladar migrantes ocultos en vehículos a la Península

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) avisó el 30 de julio, en plena entrada masiva de migrantes en Ceuta, de posibles intentos de llegada a la Península de personas ocultas en vehículos procedentes de la ciudad autónoma. A las 14.37, el organismo pidió reforzar las inspecciones en los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el puerto de Ceuta.

Según la nota informativa, los migrantes podían ocultarse en vehículos de conocidos que viajaban hacia la Península. El aviso se difundió a través de la Operación Minerva 2026, el dispositivo de control fronterizo coordinado por la Policía Nacional y Frontex en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa.

Ayuso pide la dimisión de Sánchez y cuestiona la desclasificación de los informes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado en un mensaje a través de la red social X que Pedro Sánchez no hizo “nada” para evitar la crisis migratoria en Ceuta, pese a las alertas previas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Policía Nacional. La dirigente ha reclamado la dimisión del presidente y le ha reprochado su actuación con una alusión a su intercambio con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de control al Gobierno.

“Sí es un perro con dueño. ¡Dimisión!”, ha escrito Ayuso, en referencia a la frase de Sánchez: “A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo”. La presidenta madrileña también ha cuestionado la publicación de documentos desclasificados y vinculado su crítica con los resultados del último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA): “Con la comprensión lectora al nivel de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), desclasifica documentos que le inculpan”.

CNI y Policía Nacional avisaron de la invasión y Sánchez no hizo nada.

Con la comprensión lectora al nivel de la LOMLOE, desclasifica documentos que le inculpan.

Sí es un “perro con dueño”. ¡Dimisión!

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 9, 2026

/espana/2026/09/09/la-policia-nacional-paso-de-incidencia-relativa-a-alertar-de-riesgo-muy-alto-los-cruces-de-migrantes-a-nado-en-ceuta-en-un-dia/

/espana/2026/09/09/las-conversaciones-de-whatsapp-entre-el-cni-con-la-delegacion-del-gobierno-y-la-guardia-civil-los-dias-previos-a-la-entrada-masiva-de-migrantes-a-ceuta/

/espana/2026/09/09/desclasificacion-de-los-informes-de-ceuta-el-pp-culpa-a-sanchez-y-a-marlaska-de-la-invasion-de-migrantes-estamos-ante-el-episodio-mas-grave-de-la-democracia/

Defensa niega que el CNI recibiera un informe de la CIA: “La mentira no se puede utilizar para desprestigiar al CNI”

El Ministerio de Defensa ha rechazado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hubiera recibido un informe de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El departamento ha difundido un comunicado en la red social X en el que critica las afirmaciones realizadas en sede parlamentaria.

“La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI, que nunca ha recibido informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta, como se ha afirmado en sede parlamentaria aprovechando la inmunidad de ese marco.”

La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI, que nunca ha recibido informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta, como se ha afirmado en sede parlamentaria aprovechando la inmunidad de ese marco. pic.twitter.com/X8rhMbOhsl

— Ministerio Defensa (@Defensagob) September 9, 2026

La Guardia Civil ya alertó el 8 de julio del riesgo de más entradas a nado en Ceuta y Melilla

La Guardia Civil alertó el 8 de julio, tres semanas antes de la entrada masiva en Ceuta, de que una sentencia del Tribunal Supremo podía elevar la presión migratoria sobre la ciudad autónoma y Melilla. El informe advertía de un posible “efecto llamada” hacia los accesos a nado, después de que el fallo descartara aplicar el rechazo en frontera a las personas interceptadas en el mar.

El documento señalaba que estos casos debían tramitarse mediante expedientes individualizados de devolución, con asistencia letrada, intérprete y la posibilidad de solicitar protección internacional. Ante ese escenario, proponía reforzar el Servicio Marítimo de Ceuta, los equipos subacuáticos en Melilla y los sistemas de vigilancia costera, además de modificar la Ley de Extranjería para ampliar el rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima.

El PP responsabiliza al Gobierno de la entrada masiva en Ceuta

El Partido Popular ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha sostenido que el Ejecutivo estaba advertido por los informes de inteligencia y no actuó.

Los documentos desclasificados por el Gobierno indican que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó el 29 de julio sobre posibles intentos de entrada durante la Fiesta del Trono de Marruecos, tras detectar llamamientos en redes sociales. Muñoz afirma que Marlaska disponía el 30 de julio de cinco guardias civiles y cuatro buceadores en la zona fronteriza, y reclama la convocatoria de elecciones.

El Ejército de Tierra avisó a las 12:00 del día 30 sobre una “entrada masiva” “muy probable”

El Regimiento de Guerra Electrónica nº32 (REW32), integrado en el Ejército de Tierra, avisó el 30 de julio a las 12.00 del día del asalto, de una “entrada masiva” “MUY PROBABLE” al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)

Albares dice que los satélites de Frontex tampoco detectaron señales previas de la entrada masiva en Ceuta

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en Bruselas que los medios satelitales y de vigilancia de Frontex no detectaron, en los días previos, indicios de la entrada masiva de migrantes que se produjo en Ceuta el 30 y 31 de julio.

Tras una visita de dos días a la capital europea, donde se ha reunido con la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y los comisarios Maroš Šefčovič y Dubravka Šuica, Albares sostiene que ha habido un “paso decisivo” para reforzar el anclaje de Ceuta y Melilla en las instituciones comunitarias. El ministro ha anunciado además que hablará este jueves con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, después de que ambos no pudieran reunirse el miércoles en Bruselas.

/espana/2026/09/09/el-cni-advirtio-a-delegacion-de-gobierno-de-ceuta-de-un-llamamiento-por-redes-para-asalto-por-valla-y-mar-hay-180000-seguidores-para-que-te-hagas-a-la-idea-del-alcance/

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas avisó en un informe el día 30 sobre la posible actuación “negligente” y “pasiva” de las autoridades marroquíes

El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) alertó a las 13.00 del día del gran salto de un “caos migratorio” en la frontera. El informe atribuyó la situación a la pasividad o negligencia de las autoridades marroquíes, aunque descartó que hubieran impulsado activamente la entrada de migrantes. Sin embargo, tampoco descartan que Marruecos intentara explotar la situación generada en Ceuta como beneficio para sus intereses estratégicos.

/espana/2026/09/09/desclasificacion-de-los-informes-de-ceuta-las-fuerzas-armadas-avisaron-al-gobierno-el-30-de-julio-de-una-probable-actuacion-negligente-y-pasiva-de-marruecos/

Las propuestas del Gobierno ante el incremento de accesos irregulares los días previos

Ante el riesgo de incremento de los accesos irregulares por vía marítima por el posible efecto llamada, el Ministerio del Interior propuso reforzar el Servicio Marítimo Provincial, los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y la vigilancia costera tanto en Ceuta como en Melilla.

Por otro lado, propuso también impulsar una modificación legislativa de la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 4/2000, “sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incorporando expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro), garantizando en todo caso el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional”, según se lee en uno de los documentos.

El Gobierno publica los documentos desclasificados

Tal y como estaba previsto para este miércoles, el Gobierno ha publicado los documentos desclasificados sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Ángel Víctor Torres, sobre Marruecos: “La relación se tiene que modificar”

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado como un hecho “inédito y que no había pasado nunca antes” la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. “Esto no puede volver a pasar”, afirmó el ministro durante su comparecencia, y ha agregado que, “por eso, lógicamente, [Marruecos] es un país vecino con el que la relación se tiene que modificar”.

Ángel Víctor Torres cifra en 4.962 los migrantes que abandonaron Ceuta voluntariamente

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la clave para agilizar el retorno a Marruecos o a sus países de origen de los migrantes que permanecen de forma irregular en Ceuta pasa por acelerar la construcción de centros de acogida temporal, donde puedan ser filiados mientras se tramitan los procesos de retorno o las solicitudes de asilo. “Si queremos agilizar las devoluciones, tenemos que acelerar las ubicaciones”, ha insistido el ministro.

Torres también ha actualizado las cifras del operativo: 4.962 migrantes abandonaron Ceuta de manera voluntaria y cerca de 300 personas fueron expulsadas. En paralelo, ya se realizaron 1.217 triajes de adultos.

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Clima tenso en Ceuta en la vuelta al cole

La vuelta a clases en Ceuta se dio este martes bajo un “clima de ansiedad”, según reconoció la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La jornada registró una asistencia del 75% del alumnado, mientras que el cuerpo docente se presentó en su totalidad.

“Es cierto que la asistencia en colegios no es regular, sino que en unos colegios hay más afluencia que en otros dependiendo de la zona, pero los equipos directivos, los docentes, están muy concienciados, muy preparados”, ha explicado Tolón este miércoles en declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados.

La ministra ha remarcado la necesidad de retomar la actividad escolar como paso hacia la estabilidad de la ciudad autónoma: “Los niños tienen que volver a su rutina educativa porque así volverán también un poco a la normalidad”, ha asegurado.

El Senado reprueba a cinco ministros por “irresponsabilidad” en la crisis de Ceuta

El pleno del Senado, con mayoría del PP, ha reprobado este miércoles mediante una moción conjunta a cinco ministros del Gobierno —Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad— a quienes responsabilizó por “irresponsabilidad” en el manejo de la crisis migratoria de Ceuta.

La votación, prevista para la tarde, cuenta con el respaldo mayoritario del PP. Durante el debate plenario, la portavoz del grupo, Alicia García, ha afirmado que esos cinco ministros, junto al resto del gabinete, “corean y aplauden” al presidente Pedro Sánchez, a quien ha calificado como “el Nerón de Tiktok, que se graba mientras Ceuta arde”.

“El 30 de julio tuvieron que elegir: Ceuta o Marruecos. Eligieron Marruecos”, afirmó García sobre los ministros reprobados: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

Bruselas destina 115 millones para reforzar la frontera en Ceuta y acelerar las deportaciones

La Comisión Europea ha anunciado el desbloqueo de 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, donde permanecen varios miles de los migrantes que entraron de manera irregular desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. El organismo también garantizó la disposición de Frontex para reforzar su apoyo operativo en la ciudad autónoma.

“La situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores. Desde el primer día, la Comisión ha respaldado firmemente a las autoridades españolas en la gestión de la situación y les ha ofrecido su apoyo. Hoy anunciamos un apoyo europeo concreto adicional para atender las necesidades urgentes sobre el terreno. Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer en la zona deben ser repatriados”, ha explicado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado para anunciar la decisión de Bruselas.

El Gobierno defiende una Europa “que no solo mire al este” y reivindica solidaridad con “la frontera sur”

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos, ha defendido este miércoles una Europa “que no solo mire al este” y también sea “solidaria” con la frontera sur del continente pues, según ha recordado, España tiene en Ceuta y Melilla el “único” límite terrestre con África.

“Defendemos una Europa que sea capaz de combinar firmeza y cooperación. Eso requiere la solidaridad y el apoyo que España siempre ha dado a sus socios y que espera de sus socios cuando hablamos de la frontera sur”, ha reclamado Sampedro durante su intervención en la presentación del Informe de estado de la Unión Europea 2026, elaborado por la Fundación Alternativas.

Así, el secretario de Estado ha defendido que la ampliación de la UE ya no puede entenderse solo como “una cuestión de posibilidad interna”, sino como “una herramienta geopolítica” y una “inversión geoestratégica” en seguridad y prosperidad, en línea con la “reunificación europea” reclamada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Europa Press

La tesis del Gobierno sobre Ceuta

La tesis del Gobierno, más de un mes después del suceso, sigue siendo la misma: “Mafias de tráfico de personas” propiciaron la difusión de bulos en internet que tergiversaban la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que prohibía la expulsión en frontera de los migrantes que accedieran de forma irregular a España a nado, para asegurar que la frontera estaba abierta. El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), sin embargo, descarta que esas organizaciones tuvieran capacidad para orquestar un movimiento migratorio de tal magnitud.

Garamendi (CEOE): “Lo de Ceuta es un problema de soberanía nacional y la responsabilidad de España”

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido hoy en Ceuta que la crisis que atraviesa la ciudad es un “problema de soberanía nacional” y ha subrayado que la responsabilidad hay que pedírsela “a España”.

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, recogidas por Efe, y acompañado por la presidenta de los empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, el líder empresarial ha señalado que la entrada de “casi la misma población que hay en Ceuta -unos 85.000 habitantes- no puede volver a pasar, porque es un atentado contra la soberanía y nadie me convencerá de lo contrario”.

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La Guardia Civil ha difundido a través de su cuenta de X una alerta dirigida a quienes realizan actividades en la montaña ante la reducción de las horas de luz. El mensaje pone el foco en dos aspectos, como son calcular con precisión la duración de la salida y contar con iluminación propia en caso de que el recorrido se prolongue más de lo previsto.

“El reloj de la montaña no perdona los errores de cálculo”, señala el mensaje. La frase resume el sentido de la advertencia que hace referencia a que una planificación imprecisa puede dejar a los excursionistas sin margen para terminar el itinerario con luz natural.

La Guardia Civil subraya que los días son “visiblemente más cortos”. Esa referencia sitúa el aviso en un período en el que el horario de salida adquiere mayor importancia. La reducción de la luz diurna obliga a ajustar la previsión de cada actividad y a evitar cálculos que dependan de que todo se desarrolle según lo previsto.

Calcular el regreso

El texto no detalla qué tipo de recorridos abarca la advertencia. Aun así, se dirige de forma general a quienes acuden a la montaña, desde personas que realizan rutas a pie hasta quienes afrontan actividades que requieren más tiempo o atraviesan zonas con menor visibilidad.

La expresión “errores de cálculo” puede comprender una salida iniciada demasiado tarde, una duración prevista que no contempla el regreso o una estimación que no considera las pausas y el ritmo real de los participantes.

La principal instrucción de la publicación es clara: “Planificar el itinerario para finalizar siempre con luz diurna no es una sugerencia; es un protocolo de autoprotección”.

Con esa formulación, la Guardia Civil presenta el final de la ruta antes del anochecer como una pauta de seguridad. No plantea la luz natural como una cuestión de comodidad ni como un detalle secundario de la preparación. La sitúa dentro de las decisiones que cada persona debe tomar para reducir su exposición a una situación de riesgo.

La referencia a un “protocolo de autoprotección” también traslada la responsabilidad de la preparación a quienes salen a la montaña. La advertencia apunta a decisiones previas: elegir la hora de inicio, conocer el tiempo disponible y evitar que la caída de la tarde sorprenda al grupo durante el recorrido.

La advertencia se produce después de un año de intensa actividad para los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. En 2025 realizaron 1.210 rescates, 14 más que el año anterior, la cifra más alta de su historia. La mitad de las intervenciones tuvo lugar en los Pirineos.

Luz propia ante imprevistos

El segundo elemento destacado por la Guardia Civil es el material de iluminación. El cuerpo pide no confiar “únicamente” en los dispositivos móviles y señala que una linterna frontal con baterías de repuesto es “equipo obligatorio, no opcional”.

El mensaje establece una diferencia entre llevar un teléfono y disponer de una linterna frontal. El móvil puede contar con una función de iluminación, pero la Guardia Civil advierte que no debe ser la única alternativa. La luz del dispositivo queda planteada como un recurso insuficiente si una persona debe avanzar en la oscuridad o afrontar una demora durante la actividad.

A diferencia del teléfono, la linterna frontal está destinada a alumbrar el camino y permite mantener las manos libres. El aviso añade, además, la necesidad de contar con baterías de repuesto, una previsión que evita depender de una única carga.

El cierre del mensaje retoma la dimensión preventiva: “La montaña siempre estará ahí y tu seguridad es lo primero. Prepárate adecuadamente”. La frase plantea que una salida puede aplazarse o adaptarse si las condiciones de tiempo y luz no ofrecen un margen suficiente. El aviso, en definitiva, pide que el itinerario y el material se definan antes de salir, con el regreso durante el día como referencia.

Marruecos se ha pronunciado sobre la crisis en Ceuta y la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El país vecino está molesto, pero no menciona al Gobierno de España, que en todo momento ha tratado de defender que no hay pruebas contra Rabat, sino a los “partidos históricos”, en referencia al PP pero sin mencionarlo explícitamente. El texto dice que, pese a “su dilatada experiencia en el gobierno”, ha “caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. El reino de Mohamed VI se pregunta por qué “se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, a cargo de Naser Bourita, defiende en el texto su relación con España y sostiene que la asociación bilateral atraviesa una etapa definida por el entendimiento político, los vínculos económicos y la coordinación en seguridad. Sobre los hechos ocurridos el 30 y 21 de julio, piden un “examen exhaustivo para esclarecer sus circunstancias, identificar injerencias, denunciar manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no se repitan”.

Pero aun así, se pregunta: “¿Por qué no se ha deportado a los migrantes irregulares, dado que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a recibirlos? ¿Y por qué se mantiene a los menores no acompañados separados de sus familias, a pesar de los reiterados llamamientos de Marruecos para su retorno?”. El comunicado subraya que las respuestas a estas preguntas no deben buscarse en Marruecos, sino en las partes interesadas españolas pertinentes.

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia”

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia. Estos excesos, donde el discernimiento cede ante el pensamiento simplista y el análisis objetivo ante la acusación, forman parte de una estrategia de miedo perjudicial para todos”, apuntan.

Incluso señalan la situación preelectoral de España, que el año que viene tendrá que ir a las urnas. “El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón preelectoral. Tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos. La proximidad geográfica es un hecho inmutable”, sentencia.Y agrega: “Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”.

Marruecos, sobre la cooperación policial

La posición marroquí remite a la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022, acordada tras el encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según el texto, ese acuerdo estableció un marco de diálogo permanente y respeto mutuo, con el objetivo de encauzar las diferencias entre ambos países sin medidas unilaterales.

El comunicado subraya el peso del intercambio comercial y de la cooperación policial. Marruecos afirma que España es su principal socio económico, mientras que el país magrebí ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales españoles fuera de la Unión Europea. También atribuye a la coordinación en seguridad la desarticulación de redes terroristas y criminales, así como la prevención de riesgos en la frontera.

Noticia en ampliación

El sindicato CSIF ha anunciado que llevará ante la Justicia, el Defensor del Pueblo y la Comisión Europea la gestión de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado 30 de julio, al entender que pudo haber una “dejación de funciones” del Estado y reclamar un plan extraordinario y estable para la ciudad.

Miguel Borra, presidente nacional del sindicato, ha confirmado este jueves en Ceuta que la organización ya prepara acciones jurídicas en España y ante la Unión Europea, además de una queja formal ante el Defensor del Pueblo, mientras tiene cerradas reuniones la próxima semana en Bruselas con el embajador español, miembros de la Comisión y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes.

Borra, en declaraciones a los medios en su visita a la ciudad autónoma, ha reconocido que todavía no sabe “cómo ni en qué formato” se articularán esas iniciativas, pero sí ha avanzado que pondrán en conocimiento de las autoridades judiciales lo que considera una “dejación de funciones por parte del Estado” en relación con la crisis migratoria, a la que ha llegado a calificar de “invasión”.

La sobrecarga de los servicios públicos

El sindicato ha precisado que las acciones se centrarán en “actuaciones u omisiones concretas del Gobierno con posibles responsabilidades respecto a la obligación legal” de las administraciones responsables, tanto en España como ante las instituciones comunitarias.

Durante su visita a la ciudad autónoma, Borra ha mantenido reuniones con delegados sindicales y empleados públicos de los sectores afectados para conocer de primera mano sus demandas y la situación en la prestación de servicios a la ciudadanía.

El presidente de CSIF también ha recorrido algunos de los puntos que el sindicato considera más expuestos de la crisis: la playa de El Trampolín, la antigua fábrica de Guano, las naves del Tarajal, Loma Colmenar y Príncipe Alfonso. Tras ese recorrido, ha asegurado sentirse “sinceramente impresionado” por lo que ha visto.

En sus declaraciones, ha puesto el foco en la sobrecarga de los trabajadores públicos. Ha citado el caso de policías locales que están doblando turnos y, además, deben asumir tareas familiares cotidianas porque sus parejas e hijos menores “no se atreven” a hacerlas solos, como salir a comprar.

Borra ha extendido ese reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local, sanitarios, docentes, trabajadores sociales y empleados de emergencias. A su juicio, todos ellos “están superados y hartos”, pero siguen afrontando la situación con profesionalidad en condiciones “extraordinariamente difíciles”.

Un plan estable para Ceuta

La delegación del sindicato viajará la próxima semana a Bruselas para trasladar la situación a las instituciones europeas. Allí prevé reunirse con el embajador español, con distintos miembros de la Comisión Europea, con diplomáticos y con responsables de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes para recabar apoyo para Ceuta.

La petición central de esa ofensiva política y sindical es un “plan extraordinario y estable para Ceuta”. Borra ha explicado que ese esquema debería incluir refuerzos en sanidad, servicios sociales y educación, medios adecuados para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protocolos de emergencias, medidas de prevención de riesgos laborales y mecanismos claros de coordinación entre administraciones.

El dirigente sindical también ha reclamado un plan de reactivación económica, el mantenimiento de los servicios públicos y la recuperación de la imagen de la ciudad. Su tesis es que Ceuta “no es una cuestión local, ni siquiera solamente una cuestión de España”, sino un asunto que debe asumir la Unión Europea.

En ese mismo diagnóstico, Borra ha cuestionado qué información existía antes de la entrada masiva y por qué no se anticipó la respuesta. Se ha preguntado quién debía actuar, con qué medios y qué mecanismos de coordinación estaban preparados, al tiempo que ha recordado que el Estado tiene la obligación de proteger la frontera y de disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para hacerlo.

Esa falta de previsión ha servido al presidente de CSIF para sostener que “el Estado tiene las costuras al aire”. Ha situado esa fragilidad en sanidad, educación, seguridad y también en la empresa privada, y la ha atribuido a plantillas demasiado limitadas, de modo que cuando surge una carga de trabajo sobrevenida “se nota” de inmediato.

Como respuesta adicional, el gabinete de atención psicosocial de CSIF quedará a disposición de todos los afiliados de Ceuta. Borra ha advertido de que la preocupación del sindicato no se limita a quienes están ahora en plena “vorágine”, sino también a los próximos meses, cuando podrían aparecer bajas laborales y agotamiento entre los trabajadores.

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la ley que permitirá recuperar la nacionalidad española a los saharauis que la perdieron en 1977, después de la retirada de España del entonces Sáhara Español, y facilitará el acceso a sus descendientes.

El proyecto ha obtenido el respaldo del Gobierno y sus aliados parlamentarios, la abstención del Partido Popular (PP) y el voto en contra de Vox, en una sesión marcada por la crisis migratoria en Ceuta y las críticas a la relación con Marruecos. Ahora deberá ser tratado por el Senado antes de su entrada en vigor.

La norma alcanza a las personas nacidas antes del 29 de septiembre de 1977 que tuvieron nacionalidad española y puedan acreditar esa condición mediante documentación oficial. También contempla mecanismos para sus descendientes.

Los hijos podrán solicitar la nacionalidad durante cinco años

Los descendientes directos en primer grado de quienes recuperen la nacionalidad podrán iniciar el trámite durante los cinco años posteriores a la concesión a su progenitor.

Para los nietos y sus hijos, la ley establece la vía de la carta de naturaleza, que queda bajo decisión del Consejo de Ministros y no exige acreditar residencia en España.

El texto también reduce de 10 a dos años el período de residencia legal requerido para que el resto de los ciudadanos saharauis puedan pedir la nacionalidad. El mismo plazo se aplica a nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, además de los sefardíes.

Según cálculos de Sumar, fuerza que impulsó la iniciativa, la norma podría beneficiar a cerca de 100 mil saharauis. La estimación incluye a unas 50 mil personas que tenían documento español antes de 1977 y a una cifra similar de hijos directos.

Críticas al giro sobre el Sáhara Occidental

La votación ha estado atravesada por cuestionamientos al giro que el Gobierno de Pedro Sánchez realizó en 2022 respecto de Sáhara Occidental. Ese año, España consideró que el plan de autonomía planteado por Marruecos era la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto territorial.

El PP ha justificado su abstención en diferencias con el mecanismo previsto para otorgar la ciudadanía. Su diputado Pedro Muñoz ha sostenido que las concesiones deberían requerir dos años de residencia, salvo en los casos ya previstos por la legislación española. A la vez, ha criticado el cambio de postura de Sánchez sobre la cuestión saharaui.

Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han cuestionado la política exterior del Gobierno en este asunto. Representantes de EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Junts y Podemos han reprochado que España haya dejado de respaldar la autodeterminación del pueblo saharaui.

Vox es el único bloque que ha votado en contra. Tanto esa formación como el PP han expresado reparos sobre los documentos que permitirán demostrar la antigua nacionalidad española, aunque los populares han optado finalmente por no rechazar el texto.

Tras la aprobación en el Congreso, si la Cámara Alta aprueba el proyecto sin modificaciones, la ley quedará lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará entonces en vigor.

La crisis de Ceuta eleva la tensión con Marruecos

La iniciativa llega al Senado en plena crisis en Ceuta y en un momento de tensión política y diplomática con Marruecos. El Gobierno difundió el miércoles 9 de septiembre 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, ocurrida el 30 de julio.

Entre ellos figura una alerta del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) enviada el día anterior a los servicios de inteligencia marroquíes, a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y a la Guardia Civil. El aviso advertía sobre convocatorias en redes sociales para cruzar la frontera por mar y a través de la valla durante la Fiesta del Trono de Marruecos.

Los documentos recogen mensajes vinculados a grupos de WhatsApp y Facebook que reunían a cerca de 180 mil usuarios. También señalan que los organizadores buscaban aprovechar que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían concentradas en los actos por la celebración. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que esas comunicaciones no anticipaban la dimensión que alcanzó la llegada de personas a Ceuta.

El Tribunal Supremo no se ha limitado a suspender los efectos electorales de una parte de los españoles que adquirieron la nacionalidad al amparo de la llamada ‘ley de nietos’. Los autos completos hechos públicos ahora revelan que la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestiona también, aunque de forma provisional y dentro del análisis propio de las medidas cautelares, el criterio utilizado por el Ministerio de Justicia para interpretar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Los magistrados de la mayoría sostienen expresamente que el crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) producido durante los últimos años sobre la base de la interpretación proporcionada por la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) de 25 de octubre de 2022 “no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta”. La Sala vincula esa apreciación a la existencia de un “aparente buen derecho” que justifica, en esta fase cautelar, las medidas adoptadas.

El pronunciamiento no supone, por tanto, una declaración definitiva de ilegalidad de la instrucción. El Supremo está resolviendo en este momento sobre la petición de medidas cautelares planteada en los recursos y deja para la sentencia posterior el análisis de fondo. De hecho, los propios autos sitúan la cuestión dentro de una “controversia jurídica seria y fundada”, tanto respecto de la interpretación de la norma como de las competencias con las que se dictó la instrucción.

La decisión había sido adelantada esta semana únicamente en su parte dispositiva, sin que se conocieran todavía los razonamientos completos de los seis magistrados que integran la Sala. La publicación de los autos permite conocer ahora por qué el tribunal considera que existe un riesgo suficiente para intervenir cautelarmente en el CERA.

El Supremo entra en la instrucción de 2022

El punto de partida del procedimiento era un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) de julio de 2026. Tanto Vox como Iustitia Europa habían recurrido contra la actuación de la JEC en relación con el CERA y con las inscripciones derivadas de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

En el procedimiento de Vox, el auto toma como referencia una cifra de 2.708.083 inscritos, frente a 2.333.056 en 2023, lo que supone un incremento de 375.027 personas. El Supremo destaca además un ritmo de crecimiento mensual situado entre 10.000 y 16.000 inscripciones.

En el procedimiento de Iustitia Europa aparecen cifras distintas, correspondientes a la documentación aportada en ese recurso: a 1 de julio de 2026 el CERA ascendía a 2.736.522 personas, frente a los 2.328.260 registrados en 2023. El incremento era de 408.262 personas, con aumentos especialmente destacados en Madrid y Barcelona.

La Sala considera que este crecimiento tiene un carácter excepcional y puede generar dudas sobre la transparencia del censo y sobre la confianza en los procesos electorales. El auto llega a hablar de un “peligro fundado, real y serio” de que se produzca un perjuicio grave para la objetividad y transparencia del proceso electoral.

El razonamiento no atribuye, sin embargo, todo el incremento del CERA a las nacionalizaciones de la Ley de Memoria Democrática. Lo que hace el tribunal es utilizar la evolución del censo como uno de los elementos para valorar el riesgo que, a su juicio, justifica la adopción de las medidas cautelares.

“El Supremo se está adelantando al fondo del asunto”

La decisión no fue unánime. La magistrada María Alicia Millán Herrandis considera que la mayoría del Supremo ha ido demasiado lejos al adoptar estas medidas cautelares. Su argumento es sencillo: el recurso que estaba estudiando la Sala se dirigía contra un acuerdo de la Junta Electoral Central de julio de 2026, no contra la instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó en 2022 para aplicar la Ley de Memoria Democrática.

Esa instrucción, recuerda la magistrada, fue dictada cuatro años antes por otro órgano y no había sido recurrida en este procedimiento. De hecho, la propia Junta Electoral Central había sostenido que no tenía competencia para revisar cómo se había concedido la nacionalidad, ya que esa cuestión correspondía a otros órganos de la Administración.

Por eso, Millán Herrandis considera que la mayoría ha terminado tomando medidas que afectan directamente a esa instrucción de 2022 aunque formalmente no sea el objeto del recurso. En su opinión, el Supremo está entrando ya en una cuestión que debería resolverse cuando se dicte la sentencia sobre el fondo del caso, y no al decidir unas medidas provisionales.

La magistrada tampoco comparte que exista un riesgo suficientemente grave como para justificar la suspensión. Recuerda que el acuerdo de la Junta Electoral Central que se recurrió no cambia por sí mismo el censo, no incorpora nuevos electores ni elimina a ninguno. Por tanto, sostiene que el perjuicio que alegan los recurrentes no procede directamente de ese acuerdo, sino de otras actuaciones administrativas.

También discrepa de la idea de que permitir votar a una persona que ya tiene reconocida la nacionalidad española pueda considerarse un daño irreparable. Para Millán Herrandis, ejercer el derecho de sufragio es precisamente una consecuencia normal de tener reconocida la nacionalidad, por lo que no puede convertirse por sí mismo en el perjuicio que justifique una medida cautelar.

Su discrepancia llega además al argumento utilizado por la mayoría para considerar que existe una base jurídica suficiente para intervenir de forma cautelar. La magistrada sostiene que el hecho de que varios vocales de la Junta Electoral Central defendieran una interpretación diferente de la ley demuestra que existe un debate jurídico, pero no que haya una ilegalidad evidente. A su juicio, la mayoría está enfrentando un riesgo futuro para unas elecciones que todavía no se han celebrado con una consecuencia inmediata: impedir temporalmente que ciudadanos que ya tienen reconocida la nacionalidad puedan votar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este jueves un paquete de cien medidas para el curso 2026-2027 durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en la Asamblea de Madrid. El anuncio, que duplica el número de iniciativas presentadas el año pasado, ha incluido desde la mayor ampliación del Metro de Madrid de los últimos años hasta la puesta en marcha de un servicio experimental de taxis y coches sin conductor, en un discurso que se extendió entre hora y media y dos horas.

Entre los anuncios de mayor repercusión figura la puesta en marcha de un proyecto piloto de vehículos con conducción autónoma que arrancará en el último trimestre de 2026 en la capital y en Alcobendas. Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, en la que participarán empresas desarrolladoras de software, operadores de flotas, compañías de VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) y representantes del sector del taxi, durante un periodo inicial de dos años prorrogable.

Según ha explicado el Gobierno regional, la medida convertirá a Madrid en la primera región de Europa con un proyecto de este tipo y no implicará la concesión de nuevas licencias de taxi ni autorizaciones de VTC. El objetivo declarado es reducir la siniestralidad vial mediante tecnologías de conducción autónoma, que ya registran experiencias en más de 20 ciudades del mundo, con más de 20 millones de viajes y unos 322 millones de kilómetros recorridos en vías públicas.

La línea 6 de Metro abrirá toda la noche los fines de semana

En materia de transporte, Ayuso ha anunciado la mayor expansión de la red de Metro de los últimos años, con 32 nuevos kilómetros de vía subterránea. La Línea 10 se prolongará 6,5 kilómetros desde Puerta del Sur hasta Móstoles, con al menos seis estaciones nuevas; la Línea 11 llegará desde La Fortuna hasta Leganés como parte de la futura gran diagonal, y la Línea 1 se extenderá hasta Las Tablas mediante un túnel de 1,5 kilómetros con dos estaciones adicionales. La consejería prevé que estas obras culminen hacia el año 2034.

La presidenta anunció además que la Línea 6, conocida como la Circular y la más utilizada de la red con 430.000 usuarios diarios, funcionará las 24 horas durante los fines de semana una vez culmine su proceso de automatización, previsto para el primer semestre de 2027. El servicio operará sin conductor de forma ininterrumpida desde el inicio de la actividad del viernes hasta el cierre del domingo, y las labores de mantenimiento se realizarán en la madrugada del domingo al lunes. A esto se sumó el anuncio de una tarifa única de 1,50 euros para el billete sencillo en la Zona A.

Vivienda, natalidad y reconstrucción tras los incendios,

En el capítulo de vivienda, el Ejecutivo regional prevé la construcción de unas 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en Madrid, Alcorcón, Boadilla del Monte, Brunete y Colmenar Viejo, de las que 600 se destinarán a los sectores más vulnerables a través de la Agencia de Vivienda Social. La Comunidad aspira a alcanzar las 70.000 viviendas protegidas durante la legislatura y sentar las bases para otras 280.000 en los próximos 15 años, además de elaborar su primer mapa regional de inmuebles deshabitados.

En políticas de natalidad, Ayuso amplió la ayuda de hasta 14.500 euros por nacimiento a las madres de hasta 35 años. No obstante, es solo para quienes pasen a tener un tercer hijo y ser familia numerosa, no para las que necesitan ayuda para tener el primero. La medida se incorporará a la Estrategia de Natalidad 2027-2031. En este sentido, ya se aprobó la polémica ley que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, lo que permitirá considerar a las familias que esperan un tercer hijo como numerosas desde la semana 15 de gestación.

Buena parte del paquete de medidas se dirigió a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el gran incendio de este verano. La Comunidad de Madrid invertirá 4,9 millones de euros para reparar más de 130 kilómetros de las 13 carreteras regionales afectadas, según confirmó el Gobierno regional. Las intervenciones se realizarán en la M-501, M-505, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541 y M-855, en tramos de las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Santa María de la Alameda, Colmenar del Arroyo, Valdemaqueda, Peralejo, Fresnedillas de la Oliva, Valdemorillo y Chapinería.

Los trabajos, adjudicados con carácter de emergencia, incluyen la renovación de la señalización vertical, la recuperación de las marcas viales, la rehabilitación del asfalto dañado por el tránsito de vehículos pesados de los servicios de emergencia, la sustitución de elementos de balizamiento y sistemas de contención, y labores de limpieza y retirada de restos en márgenes y cunetas.

Sanidad, educación y empleo completan el paquete de anuncios

En sanidad, la presidenta ha confirmado la construcción de la Ciudad de la Salud, un campus biosanitario que integrará el Hospital La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros. Ayuso confirmó además un nuevo incremento salarial para médicos y enfermeras por guardias, noches y festivos a partir de 2028, con una dotación de 38 millones de euros anuales, que permitirá que una guardia en día laborable pase de 424,83 a 566,61 euros. A esta mejora se sumará, desde 2027, una partida de casi 5 millones de euros anuales para las prolongaciones de jornada del personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

En materia de seguridad, Ayuso anunció un nuevo decreto que permitirá a los ayuntamientos delegar en el Gobierno regional la totalidad o parte del proceso de oposiciones para el ingreso de nuevos agentes de Policía Local y Municipal, en el marco de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid. La medida busca reforzar sobre todo a los municipios con menos recursos administrativos, en una región que cuenta con 110 cuerpos policiales y más de 10.700 efectivos.

Frontex ha confirmado nuevos despliegues dentro de sus funciones de protección de Europa. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas anunció el 4 de septiembre el primer despliegue de un buque patrullero en el Canal de la Mancha, una zona donde se registran travesías de migrantes en pequeñas embarcaciones sobrecargadas rumbo al Reino Unido. El elegido es un español.

El patrullero de altura Duque de Ahumada, de la Guardia Civil, comenzó a operar frente a la costa de Francia dentro del dispositivo de búsqueda y rescate coordinado por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Gris-Nez. Este despliegue permanecerá activo durante el mes de septiembre y supone retirar el buque de las costas de Ceuta y cercanas a Marruecos, donde permanecía desde la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

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Según Frontex, el Duque de Ahumada permanecerá en la operación hasta finales de mes, cuando será relevado por el patrullero Río Segura, también de la Guardia Civil. De esta manera, el Instituto Armado juega un papel protagonista durante estos primeros meses de misión. La agencia prevé la llegada de embarcaciones aportadas por otros Estados miembros de la Unión Europea durante los próximos meses.

Despliegue en Ceuta en 2027 y falta de reemplazo

Por el momento, según ha podido saber Infobae, Frontex no tiene previsto sustituir el Duque de Ahumada en Ceuta. Si bien Bruselas confirmó el envío de más agentes y medios de la agencia a la ciudad autónoma, esto no se traduce en un barco que reemplace el de la Guardia Civil. Este buque está financiado tanto por España como por la Unión Europea, de manera que participa en misiones nacionales e internacionales.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, trasladó a Europa la petición de contar con el ‘Duque’ todo el próximo año en aguas españolas. El ministro pidió, en su comparecencia en el Congreso, esta medida extraordinaria que dejaría al barco fuera de sus obligaciones internacionales pero permitiría un refuerzo en Ceuta.

Función Duque de Ahumada en el canal

Las autoridades nacionales mantendrán la responsabilidad sobre las tareas de seguridad y búsqueda y rescate dentro de sus aguas. Frontex no participará en operaciones de interceptación marítima, según precisó la agencia, y limitará su aporte a la vigilancia y a la transmisión de información para las operaciones francesas de rescate. Las travesías por el Canal de la Mancha se realizan con frecuencia en embarcaciones precarias y con exceso de pasajeros. Frontex advirtió que los cambios repentinos de las condiciones marítimas elevan el riesgo para quienes intentan cruzar esa ruta.

La misión del navío consiste en detectar, verificar y seguir embarcaciones pequeñas en alta mar para enviar información a las autoridades francesas. Frontex señaló que el despliegue busca ampliar el conocimiento de la situación marítima y facilitar decisiones operativas más rápidas. “Una mayor concienciación se traduce en decisiones más rápidas, una mejor coordinación y una mayor protección de las vidas”, afirmó Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex, en el comunicado. El organismo europeo ya opera desde 2021 un avión de vigilancia sobre el Canal de la Mancha. La incorporación del patrullero permitirá sumar presencia marítima al monitoreo aéreo en el área comprendida entre Francia, Bélgica y el Reino Unido.

Pasar la noche dentro de una caravana, una autocaravana o una camper no equivale a acampar, siempre que el vehículo permanezca correctamente estacionado y no extienda elementos fuera de su perímetro. Esa es la diferencia que ha precisado el Ministerio del Interior ante una de las dudas habituales entre quienes viajan o residen de forma temporal en este tipo de vehículos.

La norma permite estacionar una autocaravana en la vía pública bajo las mismas condiciones que se aplican al resto de los vehículos. El hecho de que haya personas dentro, incluso durante la noche, no transforma por sí mismo el estacionamiento en una acampada. La situación cambia cuando se instala cualquier elemento que ocupe espacio exterior o cuando el vehículo deja de ajustarse a las condiciones propias de una plaza de aparcamiento.

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La distinción tiene efectos prácticos. Aparcar fuera de las condiciones previstas para el estacionamiento puede derivar en sanciones de entre 2.000 y 3.000 euros, según la normativa aplicable y las ordenanzas que rijan en cada municipio.

El Reglamento General de Circulación equipara las autocaravanas al resto de vehículos

La modificación reciente del Reglamento General de Circulación establece que las autocaravanas pueden estacionar dentro de las ciudades como cualquier otro vehículo. A la hora de ocupar una plaza de aparcamiento, la regulación ya no diferencia entre una caravana, una camper o un turismo.

El vehículo debe respetar las señales, las marcas viales y las normas de estacionamiento de la calle en la que se encuentre. También debe ajustarse a las dimensiones de la plaza y no invadir zonas destinadas a otros usos. En esas circunstancias, el conductor puede permanecer en el interior y dormir sin que esa permanencia se considere acampada. La norma parte de un criterio físico: el vehículo continúa estacionado si no rebasa su propia proyección en el suelo. Es decir, debe mantenerse dentro del espacio que ocupa cuando está cerrado y preparado para circular.

Esta cuestión afecta tanto a los desplazamientos por carretera como a las paradas en núcleos urbanos. Una autocaravana puede detenerse durante la noche en una plaza permitida, siempre que no incumpla las reglas de tráfico, las restricciones horarias o las limitaciones específicas establecidas en ese lugar.

Toldos, sillas y ventanas abiertas pueden convertir el estacionamiento en acampada

El Ministerio del Interior diferencia el estacionamiento de la acampada por el uso que se hace del espacio exterior. Dormir dentro del vehículo no supone un problema si todo permanece en su interior. En cambio, desplegar accesorios fuera de la carrocería implica otra situación.

Instalar un toldo, sacar mesas o sillas, colocar objetos junto a la puerta o abrir ventanas que sobresalgan del lateral del vehículo son conductas que pueden considerarse propias de una acampada. También se incluye el uso de patas, soportes o zancos que se apoyen en el suelo para nivelar o fijar la autocaravana.

En esos casos, el vehículo deja de limitarse a ocupar una plaza de estacionamiento. La ocupación se extiende a una parte de la vía pública que queda fuera de su perímetro. Para realizar esas actividades, es necesario acudir a zonas autorizadas, como campings, áreas de pernocta habilitadas o espacios que permitan expresamente la acampada.

La diferencia no depende de que el vehículo tenga personas en su interior, de que sus ocupantes cocinen o de que permanezcan varias horas en el mismo lugar. El elemento que determina la situación es la ocupación exterior y el cumplimiento de las reglas de estacionamiento.

Los ayuntamientos pueden limitar las zonas y el tiempo de estacionamiento

El Tribunal Supremo ha avalado que los ayuntamientos regulen los lugares destinados a la acampada y limiten el estacionamiento prolongado en determinadas zonas. Cada municipio puede establecer restricciones sobre dónde se puede aparcar, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones.

Estas normas locales pueden afectar a calles concretas, zonas costeras, espacios naturales, áreas próximas a centros urbanos o lugares con problemas de circulación y aparcamiento. También pueden existir señalizaciones que prohíban la presencia de determinados vehículos o que fijen un tiempo máximo de estancia.

La modificación del Reglamento General de Circulación no elimina esa capacidad municipal. La novedad consiste en que las restricciones deben aplicarse con criterios iguales para todos los vehículos y no pueden basarse únicamente en que se trate de una autocaravana, una caravana o una camper.

Antes de estacionar, conviene revisar la señalización de la zona y las ordenanzas locales. Si el vehículo permanece dentro de la plaza, respeta las normas de tráfico y no despliega elementos hacia el exterior, dormir en su interior no se considera acampada. Si se instala mobiliario, se extiende un toldo o se ocupa espacio fuera del vehículo, la actividad debe trasladarse a un área habilitada para ello.

La Fiscalía suiza ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que no ha localizado ninguna cuenta vinculada a Kingsfield Consulting Corp en UBS y Crédit Agricole, dos entidades bancarias con presencia en Suiza, después de realizar las comprobaciones solicitadas por España. Según consta en el escrito al que ha tenido acceso Infobae, la sociedad tampoco aparece como titular económica o beneficiaria de ninguna cuenta ni consta que dispusiera de poderes para operar sobre ellas.

La respuesta llega precisamente desde uno de los países que están en el origen de la investigación que ha terminado colocando a José Luis Rodríguez Zapatero bajo la lupa judicial. Suiza no aparece ahora por casualidad en la causa. Las pesquisas internacionales sobre una presunta trama de blanqueo de capitales de origen venezolano fueron las que pusieron sobre la mesa información que posteriormente llegó a manos de la Justicia española y terminó desembocando en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.

En concreto, la investigación parte de actuaciones desarrolladas en Francia y Suiza. La Fiscalía de Ginebra investigaba una presunta organización internacional dedicada al blanqueo y, en el marco de esa investigación, aparecieron referencias a personas relacionadas con el entorno de Plus Ultra. Esa información fue trasladada a España mediante los mecanismos de cooperación judicial internacional y sirvió de punto de partida para que el juez Calama retomara una investigación que acabaría ampliándose hasta alcanzar al expresidente del Gobierno.

Ahora, más de dos años después de aquellas primeras conexiones internacionales, es la propia Fiscalía suiza la que devuelve información al juez español. Y lo hace para comunicarle que una de las vías bancarias que se estaban explorando no ha dado resultado: tras consultar a UBS y Crédit Agricole, no ha encontrado a Kingsfield Consulting Corp vinculada a ninguna cuenta en las condiciones que se investigaban.

Suiza, en el origen de la investigación sobre Plus Ultra

El papel de Suiza en esta causa viene de lejos. No se trata simplemente de que el juez Calama haya enviado ahora una petición a las autoridades helvéticas para intentar localizar dinero. La cooperación con Suiza forma parte del propio recorrido que siguió la investigación hasta llegar al rescate de Plus Ultra y, posteriormente, a Zapatero.

El juez ha venido tirando de esa vía internacional para reconstruir el posible recorrido del dinero y comprobar las conexiones financieras que aparecen alrededor de la aerolínea y de las personas investigadas. En mayo, de hecho, el magsitrado ya había solicitado información a las autoridades suizas sobre un banco situado en Zúrich que aparecía en las pesquisas sobre el supuesto blanqueo relacionado con los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra.

Aquella petición y la que ahora acaba de recibir respuesta forman parte de una misma lógica: seguir fuera de España las huellas financieras que puedan ayudar a esclarecer qué ocurrió con el dinero y qué relaciones existían entre las distintas personas y sociedades que aparecen en la investigación. Y es ahí donde aparece Kingsfield Consulting Corp.

El nombre de esta sociedad figura en la documentación que maneja el juzgado y llevó al juez Calama a pedir a las autoridades suizas que comprobasen su posible rastro bancario. La pregunta era, en esencia, si la sociedad había tenido presencia financiera en las entidades examinadas. La respuesta que acaba de llegar desde Suiza es que no.

Las autoridades helvéticas no han encontrado a Kingsfield como titular económica de una cuenta, pero tampoco como beneficiaria o como persona o entidad autorizada para operar sobre ella. La comprobación, por tanto, iba más allá de buscar simplemente una cuenta a nombre de la sociedad: también se rastrearon otras posibles formas de vinculación bancaria.

Tras realizar las comprobaciones solicitadas, la Fiscalía suiza comunica que da por cerrada la asistencia judicial correspondiente. La respuesta ya ha llegado al juzgado del juez Calama y ha sido incorporada a las diligencias previas mediante una diligencia de ordenación dictada este 10 de septiembre.

Ayuso acudirá, además, con una presión añadida: la polémica por la compra de un ático valorado en 6,3 millones de euros por parte de su Gobierno continúa persiguiendo a la líder madrileña.

Un “ataque sin precedentes” de Marruecos contra España

Ayuso ha comenzado su intervención hablando sobre Ceuta, una “crisis de Estado” que, según ha dicho, “atenta contra nuestra soberanía”. Ha responsabilizado directamente a Sánchez de lo ocurrido en la frontera con Marruecos y ha afirmado que la situación “afecta de lleno” a los madrileños.

Considera que Marruecos atacó a España “sin resistencia alguna”, en lo que ha descrito como un “abandono deliberado de la integridad del territorio” y una “pasividad cómplice” del Gobierno. Para la presidenta madrileña, lo ocurrido “no es solo un problema sanitario ni solo migratorio, es mucho peor”: un “ataque sin precedentes” contra la integridad de España.

Ayuso ha sostenido que los informes desclasificados este miércoles “inculpan” a Sánchez, al que acusa de haber dejado que sucediera “premeditadamente” pese a las “advertencias previas”. A su juicio, el Gobierno “ha llegado muy tarde y sin capacidad para ser ejecutivo”, con ministros “completamente irrelevantes”. Ha acusado además a Marruecos de ejercer un chantaje sobre el presidente, “No puede ser más traidor”, ha añadido.

Califica de amenaza la regularización migratoria “descontrolada e inhumana” impulsada por el Gobierno, a la que vincula con un “efecto llamada”, y ha asegurado que “antes de la invasión, el Gobierno había decidido abrir el grifo” migratorio para ampliar su base electoral.

Ayuso reivindica la gestión de su Gobierno

La presidenta autonómica ha asegurado que Madrid “ayuda” a otras comunidades, “como por ejemplo en la sanidad o con los incendios forestales”, y que “el 97%” de su programa electoral “ya está cumplido o en ejecución”.

Ha dedicado parte de su intervención a los incendios de la Comunidad de Madrid, asegurando que “8 de cada 10 incendios se apagan en pocas horas”. Ha repasado las hectáreas y municipios quemados, las personas desalojadas y los daños del fuego declarado en la sierra norte, “el peor de la historia” de la región, y ha reivindicado tanto la respuesta de su Gobierno ante la emergencia como las medidas de reconstrucción, que ha calificado de “inédita”, con una partida de 3 millones de euros.

Isabel Díaz Ayuso ha mencionado el ático, entre risas de la oposición, al celebrar que Madrid haya puesto a la venta “varios inmuebles públicos” para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. “Desde los primeros días instalamos más de 110 contenedores, maquinaria ligera y pesada para estos trabajos. Ya se han retirado 1.235 contenedores de escombros y 3.300 de residuos forestales”, ha explicado, y ha añadido que “esta reconstrucción es inédita por su precisión y ambición. Y por todo lo que está por venir”.

Entre las medidas anunciadas, ha situado como “la primera gran reforma en materia de infraestructuras” la ampliación de la M-501, la “Carretera de los Pantanos”, con un nuevo tramo entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa que beneficiará a las 50.000 personas que la usan a diario. También ha anunciado “ayudas específicas para aumentar la capacidad hotelera” y otras actividades turísticas, deportivas y agroalimentarias en la zona afectada, y ha concluido asegurando que “veremos brillar de nuevo la Sierra Oeste”.

Ayuso advierte a los cónsules de embajadas que su gestión de la ley de Memoria Democrática “puede acabar en tribunales”

Ayuso también ha centrado parte de su discurso en los cónsules de las embajadas implicados en la conocida como “ley de nietos”, normativa que facilita la obtención de la nacionalidad española a descendientes de exiliados. En este sentido, ha querido recordarles que “no pueden incurrir en ilegalidad alguna” por “presiones”.

Sus palabras llegan después de que el Tribunal Supremo (TS) acordase suspender de forma cautelar el derecho al voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad a través de la “ley de nietos”, a menos que demuestren que sus familiares padecieron exilio.

La dirigente madrileña ha sostenido que es necesario permanecer “muy atentos” a las decisiones y valoraciones de los cónsules de las embajadas, avisando de que deben tener “claro que esto puede acabar en tribunales, ellos y su ministerio. No nos pidan que nos callemos”.

Ayuso presume del “éxito” del Gran Premio de España de F1

Ayuso ha querido hacer mención al despliegue que la región ha hecho por el Gran Premio de España de Fórmula 1: “El mundo mira a Madrid, ahora más que nunca, gracias entre otras cosas al rotundo éxito organizativo, deportivo y económico del Gran Premio de España de Fórmula 1. Esto ha sido posible desde una mirada liberal de la empresa, las inversiones y la excelencia”. Como ha defendido, se trata del resultado del esfuerzo coordinado de más de 10.000 profesionales, técnicos y empresas de la región, a quienes ha querido expresar su “más sincero agradecimiento”.

Según la presidenta, este evento consolida a la región y a la capital “como el lugar para las grandes citas internacionales”. Solo este año, asegura que el impacto económico de estos acontecimientos alcanzará los 3.000 millones de euros, con la llegada de competiciones de la talla de la NFL y, en un futuro próximo, la final de la Champions League 2027, el EuroBasket 2029 o el Mundial de Fútbol 2030.

“Ya apoyamos formalmente la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Mundiales de Policía y Bomberos 2031, un reconocimiento justo a la labor de quienes protegen nuestras vidas. Nuestra capacidad organizativa es extraordinaria. Madrid brilla al acoger simultáneamente acontecimientos tan dispares como conciertos multitudinarios o la histórica visita de Su Santidad el papa León XIV”, ha dicho.

Todo ello está englobado en una estrategia para hacer crecer el sector turístico de toda la región. “Esta vitalidad alimenta de forma directa a un sector turístico que emplea a más de 300.000 personas y que en 2025 generó una cifra récord de más de 21.000 millones de euros”, ha asegurado.

Las 100 medidas de Ayuso

El Gobierno regional madrileño anunció un amplio paquete de medidas para los próximos años. En transporte, destaca la expansión del Metro con 32 nuevos kilómetros hacia Las Tablas, Móstoles y Leganés, una inversión de 1.050 millones en la Línea 10, la Línea 6 operativa las 24 horas los fines de semana, tarifa única de 1,5 euros en la Zona A desde octubre, y un servicio pionero en Europa de coches y taxis autónomos.

En vivienda y política social, se construirán 3.000 viviendas de alquiler asequible, se lanzará el proyecto Kilómetro Cero contra la exclusión social, se ampliarán las ayudas a familias numerosas y se crearán nuevos centros para jóvenes y mayores, además de reforzar la atención a personas dependientes y víctimas de violencia.

En educación y empleo, se implementará una Tarjeta Virtual Educativa, se reforzará la formación en Educación Infantil, y se lanzará un Plan Industrial de más de 850 millones junto a nuevas ayudas para autónomos y pymes.

En deporte, cultura y turismo, se incrementarán las ayudas a deportistas de élite, se creará la Casa del Cine en homenaje a Carlos Saura, y se pondrán en marcha nuevos centros de innovación turística y descuentos culturales para jóvenes.

España da un nuevo paso en su despliegue contra la piratería. El 60º contingente del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Orión ha iniciado su despliegue en Yibuti dentro de la operación naval europea Atalanta, después de asumir el relevo del personal que integró la rotación anterior desde junio. El cambio de mando mantiene la presencia ininterrumpida de España en una misión centrada en la vigilancia marítima y la seguridad de las rutas del océano Índico.

El teniente coronel Eladio Daniel Leal Mozo toma la jefatura del destacamento español, en sustitución del comandante Miguel Antonio Castro Arjona, que estuvo al frente del 59º contingente. La nueva rotación operará con una aeronave D.4 VIGMA, destinada a misiones de reconocimiento y vigilancia marítima en la región del Cuerno de África. El acto de relevo se celebró el 10 de septiembre en las instalaciones españolas de la Base Aérea francesa 188 Colonel Massart, en Yibuti. Estuvo presidido por el contralmirante Francisco Javier Vázquez Sanz y contó con la asistencia de la dotación de la fragata Numancia, además de representantes civiles y militares de los países desplegados en la zona.

El D.4 VIGMA reforzará la vigilancia marítima

El nuevo contingente asumirá las operaciones aéreas del DAT Orión durante el periodo entre monzones, una fase en la que España mantiene un avión de vigilancia marítima en Yibuti. El aparato D.4 VIGMA permitirá ejecutar tareas de observación sobre las rutas marítimas de una zona que incluye el golfo de Adén, la cuenca somalí y el mar Rojo. El 59º contingente había desarrollado su misión durante el periodo monzónico, desde el pasado mes de junio. Durante algo más de tres meses, sus integrantes centraron parte de su actividad en la cooperación con países aliados, la adaptación de los equipos y la mejora de las instalaciones que utiliza el destacamento.

Estas tareas buscaban garantizar que el avión de vigilancia marítima pudiera operar de forma inmediata tras su llegada a Yibuti. La adecuación de medios e infraestructuras forma parte de la continuidad operativa del dispositivo español, que combina recursos navales y aéreos dentro de la misión de la Unión Europea. La fragata Numancia participa también en Atalanta, junto con el avión del DAT Orión. En conjunto, España aporta en la actualidad alrededor de 350 militares a la operación, según los datos facilitados sobre el despliegue.

España mantiene su presencia desde 2008

España participa en la operación EUNAVFOR Atalanta desde su puesta en marcha en 2008 y, de acuerdo con la información difundida sobre el relevo, es el único país de la Unión Europea que ha mantenido una presencia continuada durante toda la misión. Atalanta tiene entre sus objetivos la protección de las rutas marítimas internacionales frente a la piratería y otros actos delictivos, así como la escolta y protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas que navegan por la zona.

El Consejo de la Unión Europea aprobó a finales de 2024 la prolongación del mandato de la misión hasta el 28 de febrero de 2027. La extensión abarca un área de operaciones que se ha ampliado con los sucesivos mandatos. En la actualidad, esa zona comprende el golfo de Adén y países próximos, incluido el puerto y la ciudad de Mascate, en Omán; la cuenca somalí; el mar Rojo, y los golfos de Suez y Aqaba.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha aprovechado la apertura del año judicial para poner negro sobre blanco el malestar de la cúpula judicial con las acusaciones de lawfare que se vienen lanzando desde el ámbito político. Y lo ha hecho delante del rey y con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentado entre los asistentes. Perelló no ha mencionado a Pedro Sánchez ni al Gobierno, pero el destinatario de su mensaje resultaba difícil de obviar: ha advertido de la “extraordinaria gravedad” que tienen las acusaciones generalizadas de que jueces y tribunales dictan sus resoluciones por motivos políticos y no jurídicos.

La presidenta del Supremo ha marcado así una línea roja en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. “Las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no jurídicas es una imputación de extraordinaria gravedad”, ha señalado durante su intervención. No se trata, ha explicado, de una crítica más a una resolución judicial. Atribuir a un juez que actúa movido por intereses políticos puede llegar incluso a imputarle una conducta delictiva.

Perelló ha puesto el acento, además, en quién formula esas acusaciones, porque una cosa es cuestionar una sentencia o discrepar de la actuación de un magistrado y otra muy distinta convertir esa discrepancia en una descalificación personal de quien la firma. En ese segundo escenario, ha advertido, el daño deja de afectar únicamente al juez señalado y alcanza a la propia función jurisdiccional.

La consecuencia, según la presidenta del CGPJ, es también institucional: se resiente la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si quienes alimentan ese discurso ocupan responsabilidades institucionales, el problema adquiere todavía mayor dimensión. “La gravedad es mayor”, ha afirmado Perelló, antes de lanzar una advertencia especialmente contundente: este tipo de acusaciones “no es admisible” y puede terminar convirtiéndose en un elemento de “presión” sobre jueces y tribunales.

El mensaje llega en plena escalada de tensión entre el Gobierno y determinados órganos judiciales. Una relación complicada desde el comienzo de la legislatura y que se ha ido enrareciendo a medida que distintas causas y resoluciones han afectado al entorno del presidente del Gobierno, al PSOE o a decisiones políticas impulsadas por el Ejecutivo.

Desde Moncloa se ha interpretado en numerosas ocasiones la actuación de los tribunales como parte de una estrategia de desgaste contra Pedro Sánchez. La tesis no se ha limitado ya a los procedimientos que afectan directamente al presidente o a su familia. El choque se ha extendido a aquellas decisiones judiciales que, aunque no tengan como protagonistas a dirigentes socialistas, cuestionan de algún modo el relato mantenido por el Gobierno.

Del caso de Ceuta a la ‘ley de nietos’

El último pulso tiene varios frentes. Uno de ellos es la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. En este procedimiento, la actuación de la Policía y la investigación judicial dirigida por la magistrada María Tardón han puesto sobre la mesa elementos que no encajan con la versión oficial defendida desde Moncloa, que desde el primer momento ha desvinculado a Marruecos de la avalancha.

La cuestión ha vuelto a alimentar el debate político sobre el supuesto lawfare y sobre el papel de los jueces cuando sus investigaciones ponen en cuestión una explicación oficial. Es precisamente en este tipo de escenarios donde las palabras de Perelló adquieren mayor relevancia: la presidenta del Supremo ha defendido que se pueda criticar una decisión judicial, pero considera que presentar de forma generalizada a los jueces como actores políticos traspasa una frontera distinta.

Algo parecido ha ocurrido con la reciente decisión de la Sala Tercera del Supremo sobre la denominada ‘ley de nietos’. El tribunal ha adoptado una medida cautelar que deja fuera del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los descendientes de españoles residentes en el extranjero que no acrediten que son hijos, nietos o bisnietos de exiliados o represaliados.

La decisión ha provocado una reacción inmediata del Gobierno. El Ejecutivo ha cuestionado que descendientes de españoles que ya han obtenido la nacionalidad puedan verse privados del derecho a votar por no cumplir las condiciones establecidas en la resolución cautelar. De nuevo, una decisión judicial ha terminado convertida en un asunto de fuerte carga política.

Es el contexto en el que Perelló ha decidido elevar el tono. No ha entrado en el contenido de ninguna de estas causas ni ha defendido una resolución concreta. Su intervención ha ido a una cuestión más de fondo: la necesidad de preservar la autoridad de los tribunales y la independencia de los jueces frente a las acusaciones de actuar por motivos políticos.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de un ciudadano argelino solicitante de asilo para permanecer en España mientras se resuelve su recurso contra el Ministerio del Interior, que decretó su expulsión. El hombre, internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros, alegó que abandonó Argelia en busca de trabajo ante la precariedad laboral y los bajos salarios que ofrece su país de origen.

El Ministerio del Interior rechazó la solicitud el pasado 3 de agosto por la vía acelerada, alegando que los hechos expuestos no guardaban relación con los requisitos para obtener el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. El ciudadano argelino pidió revisar aquella decisión, pero la Dirección General de Protección Internacional desestimó ese reexamen dos días después.

Fue entonces cuando el migrante decidió presentar un recurso ante la Audiencia Nacional acompañado de una petición cautelarísima. La defensa sostuvo que la expulsión, de ejecutarse antes de una respuesta judicial sobre el fondo, podía causar un perjuicio de imposible o muy difícil reparación, por lo que solicitó que se le permitiera seguir en España hasta que se emitiera una sentencia firme.

No hay indicios de persecución

Los magistrados examinaron este caso bajo el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un país donde pueda sufrir persecución, tortura, tratos inhumanos o graves riesgos para su vida y libertad.

El auto ha señalado que las dificultades laborales y económicas de Argelia (donde el salario mínimo es de aproximadamente 135 euros al mes) no constituyen, por sí solas, una causa para reconocer la condición de refugiado. La protección internacional exige indicios de peligro para la vida, la libertad o la integridad de la persona por razones como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas.

La Audiencia Nacional también ha tenido en cuenta que este ciudadano residía en España desde 2023 de forma irregular y que no pidió asilo hasta su ingreso en el centro de internamiento. La Sala entiende que esa demora resulta incompatible con el temor de retorno que alegó para frenar la expulsión. La existencia de vínculos familiares en España tampoco ha modificado esa valoración, aunque el tribunal admite que esos lazos pueden tener relevancia dentro de un expediente de extranjería (la vía ordinaria).

La resolución, dictada el 10 de agosto de 2026, se ha limitado a la medida urgente solicitada y no resuelve todavía el fondo del recurso contencioso-administrativo contra el rechazo de asilo. La Sala acordó valorar el asunto por la especial urgencia de la posible expulsión, denegó la suspensión y no impuso costas.

Contra este auto no cabe recurso alguno. El procedimiento principal permanece pendiente de la decisión que adopte la Audiencia Nacional sobre la impugnación de Luis Manuel contra la negativa del Ministerio del Interior a reconocerle protección internacional.

La patrullera Río Guadiana, adscrita al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, llegó durante la noche del 9 de septiembre a las Islas Chafarinas para incorporarse al dispositivo de seguridad desplegado en el archipiélago, como ha confirmado la Delegación del Gobierno de Melilla. En medio de la crisis de Ceuta, que más de 40 días sigue enfrentando grandes dificultades, el Instituto Armado aumenta la vigilancia de la otra ciudad autónoma.

El despliegue amplía los medios disponibles de la Guardia Civil en una zona situada frente a la costa norte de África. Según informó la Delegación del Gobierno en Melilla, las actuaciones podrán desarrollarse, cuando sea necesario, en “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”, lo que choca con algunos apuntes hechos desde CNI o Policía Nacional sobre supuesta falta de cooperación marroquí en la entrada masiva en Ceuta.

La Guardia Civil reclama desde hace meses, más a partir del 30 de julio, un refuerzo estable de medios humanos, materiales y tecnológicos para proteger las fronteras de Ceuta y Melilla ante la presión migratoria y la actividad de redes de tráfico de personas. La Asociación Unificada de Guardias Civiles advierte de que estas ciudades se usan también como plataforma para salidas marítimas hacia la Península, por lo que considera urgentes más patrulleras, vigilancia terrestre, apoyo aéreo y herramientas de detección.

Refuerza el control en Melilla con la Río Guadiana

La incorporación de la patrullera Río Guadiana al dispositivo de seguridad de las Islas Chafarinas aumenta la capacidad de la Guardia Civil para patrullar las aguas próximas, controlar la navegación, detectar embarcaciones y atender incidencias en el entorno del archipiélago. El buque permitirá mantener una presencia marítima durante periodos prolongados en esta zona del mar de Alborán, frente a la costa marroquí. La distancia respecto a otros puntos de apoyo y las condiciones del mar pueden condicionar las operaciones, por lo que la disponibilidad de una patrullera de altura amplía las opciones de respuesta.

La embarcación podrá desarrollar labores de inspección y vigilancia durante varios días sin necesidad de escalas frecuentes. También podrá intervenir en actuaciones que exijan desplazamientos a distintos puntos de las aguas cercanas a las islas. La Río Guadiana entró en servicio en 2006 y está preparada para desempeñar misiones de vigilancia, inspección e intervención marítima. Tiene una eslora de 25 metros y capacidad para albergar hasta 10 tripulantes.

La patrullera dispone de sistemas de navegación, comunicaciones e intervención, además de un pañol de buceo destinado a actuaciones específicas. Su equipamiento incluye una embarcación auxiliar semirrígida de tipo RIB, que puede alcanzar velocidades próximas a los 30 nudos y facilita las aproximaciones a otras embarcaciones. El sistema de propulsión está formado por dos hidrojets Hamilton, accionados por dos motores Caterpillar de 1.400 caballos de potencia cada uno. A estos se suma un motor adicional de 800 caballos. Con esta configuración, puede alcanzar una velocidad aproximada de 30 nudos y cuenta con una autonomía de unas 680 millas náuticas.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha considerado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio ha puesto de manifiesto las consecuencias que tiene haber “enajenado la amistad de aliados relevantes”, al tiempo que ha apostado por normalizar nuevamente la relación con Israel.

Aznar ha sido el encargado de presentar a la encargada de negocios israelí y máxima representante de su país a falta de embajador desde 2024, Dana Erlich, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha reivindicado que Israel es un “aliado clave” para España.

“Hace días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis”, ha sostenido el antiguo presidente, en aparente referencia a Israel pero también a Estados Unidos.

Aznar pide recuperar la relación con Israel

Para Aznar, “Israel es la línea de defensa más oriental de Occidente, y España es Occidente”, por lo que considera que “España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel, la que nunca debió dejar de tener con un aliado estratégico” al margen del “prejuicio económico o el oportunismo ventajista”.

“En las democracias los gobiernos son pasajeros, pero los intereses nacionales son permanentes”, ha recalcado el expresidente para quien “olvidar ciertas nociones preliminares de geografía e historia es un lujo que no nos podemos permitir”.

Aznar se ha mostrado muy crítico con la postura mantenida por el Gobierno tras el ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023, que ha calificado de “acción terrorista de intención genocida”.

En este sentido, ha recalcado que “criticar el Gobierno de Israel es perfectamente legítimo” como también lo es “cuestionar su manera de conducir las operaciones militares”. “Pero tachar a Israel de estado genocida es antisemitismo puro y duro. Repetir consignas del tipo Palestina libre desde el río al mar es antisemitismo. Y si se ignora el significado de semejante grito, antisemitismo del más bobo, que es el antisemitismo inconsciente”, ha subrayado.

Asimismo, ha cuestionado la utilidad del reconocimiento del Estado palestino decidida por el Gobierno en mayo de 2024. “Mientras Israel libraba una guerra contra una organización terrorista dueña de Gaza, algunos optaron por una política declarativa y creyeron que hablar de un Estado palestino podía ser visto como una gran contribución a la paz”, ha señalado.

Sin embargo, en su opinión, “las declaraciones no cambian la situación sobre el terreno y lo que abriría una expectativa real de paz en la región es lograr de forma definitiva que Hamás y cualquier otro satélite terrorista queden descartados del futuro de Palestina”.

“Si se quiere que algún día sea viable un verdadero Estado palestino, la victoria definitiva de Israel sobre Hamás y el resto de ‘proxy’ de Irán es la única apuesta realista para que eso ocurra”, ha remarcado el expresidente.

La Fiscalía General del Estado es contundente. El narcotrafico “representa la mayor amenaza proveniente del entorno del crimen organizado y la delincuencia grave”. España es un lugar estratégico, un país “clave en las rutas marítimas globales”. Por las costas andaluzas entra el hachís que se cultiva en Marruecos y por los puertos entra la mayor parte de la cocaína suramericana que luego inunda los mercados europeos. Pero faltan medios. Así lo denuncia la última memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2025, presentada este jueves tras la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía propone adaptar la estructura judicial y sus capacidades para la lucha especializada contra la actual delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas. “El desarrollo de esta línea de acción debe partir de la consciencia de que una acción eficaz contra el narcotráfico no se logra con el incremento de las incautaciones y detenciones, sino que es necesaria una decidida y adecuada acción judicial para acabar con la condena de los culpables”, destaca la Fiscalía Especial Antidroga dirigida por Rosa Ana Morán. No basta siquiera con conformarse “con el enjuiciamiento de los detenidos, que suelen ser los responsables de los escalones más bajos del narcotráfico”.

Esta Fiscalía especial destaca que una “investigación adecuada” no debe centrarse únicamente en la explotación de operaciones con entradas y registros simultáneas, ni termina con las noticias de la incautación de kilogramos de sustancia ilícita y un número alto de detenidos, “sino que requiere de capacidades de inteligencia, tiempo de investigación, uso de técnicas especiales, medidas de investigación tecnológica y complejas investigaciones de operaciones financieras y grandes patrimonios que requieren especialización”. Y todo esto se consigue con más medios. Y con los que hay ahora no es suficiente.

Esta especialización es imprescindible ante la creciente complejidad de los procedimientos judiciales. “La única especialización en esta materia, sin embargo, se centra en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, lo que es notoriamente insuficiente. Incluso la Fiscalía Especial Antidroga tiene un despliegue territorial incompleto, ya que solo cuenta con 31 delegados, frente a cualquier otra unidad especializada de la Fiscalía General, que tiene delegados en todas las fiscalías provinciales”, denuncian desde Antidroga. Y eso que en 2025 ese número de delegados creció de 28 a 31, al nombrarse nuevos puestos en Zaragoza, Toledo y Badajoz.

No basta con la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional sigue instruyendo los casos más graves y complejos (los que tienen grandes conexiones internacionales) o aquellos que son imposibles de investigar en el partido judicial competente (corrupción de funcionarios en el territorio a investigar). Además, “la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia como la Sala de lo Penal están sobrecargadas”, lo que provoca que sus instrucciones y enjuiciamiento se alarguen durante años. “El resultado directo es la absoluta ineficacia, la pérdida de sentido en el enjuiciamiento de hechos de una década anterior y la automática reducción de las penas por la aplicación directa de la atenuación de dilaciones indebidas”.

Pero más allá de la Audiencia Nacional no hay especialización alguna en los órganos judiciales territoriales y su sobrecarga permite observar, no solo en poblaciones pequeñas, sino también en las grandes capitales, “reticencias reiteradas a asumir la investigación de organizaciones criminales, sabido que normalmente son largas, con muchos implicados y precisan medidas de investigación especiales o tecnológicas que requieren un control estrecho por parte del órgano judicial”, señala la memoria.

La situación de sobrecarga de los juzgados no garantiza la respuesta en tiempo eficaz para este tipo de investigaciones, recalcan desde Antidroga. “En resumen, una buena parte de las posibles investigaciones de organizaciones criminales dedicas al narcotráfico se frustran por la inadecuada o tardía respuesta de los órganos judiciales”. Esta llamada de atención sobre la lentitud de las investigaciones afecta también a la insuficiencia de los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “tanto desde el punto de vista de la dotación de aquellos instrumentos técnicos e informáticos avanzados para que puedan ser utilizados en las investigaciones, como humanos, ya que se detectan retrasos notables en el volcado de los dispositivos incautados, fuente imprescindible para el conocimiento de los hechos y la prueba en juicio oral de los delitos imputados”.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína en 2025, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dependiente del Ministerio del Interior. Fue presentada hace unas semanas y revela que las incautaciones de hachís son las únicas que subieron (un 29%). La Fiscalía, por su parte, asegura que la inadecuada respuesta judicial “se produce por la sobrecarga de las Audiencias Provinciales y el alargamiento de la fase intermedia hasta llegar al enjuiciamiento”.

Escasez de funcionarios

Varios delegados provinciales (de Barcelona, de Islas Baleares y de Galicia) han alertado del estancamiento de las causas en las Audiencias Provinciales. “Sufren la mayoría de estos órganos un exceso de causas para señalamiento, escasez de funcionarios, falta de fechas y salas para las vistas de forma que los señalamientos se alargan indefinidamente”, señala la memoria. Para dejar constancia más clara, la delegada de Antidroga en las Islas Baleares estima que las causas sin preso (imputados en libertad) serán enjuiciadas en la Audiencia Provincial en 2030, mientras que las que tienen preso esperan un periodo de unos dos años.

La Fiscalía aporta posibles soluciones: la urgente necesidad de un cambio de la organización judicial en dos ámbitos. El primero dirigido a reforzar la Audiencia Nacional ante su situación de sobrecarga y redefinir sus competencias para acoger en este órgano centralizado y especializado los delitos realmente más complejos y con relevante dimensión internacional. “Se trata también de evitar el traslado tardío a la Audiencia Nacional de investigaciones realizadas en el territorio que se remiten cuando la investigación se complica y finalmente se comprueba o sugiere alguna conexión con el territorio de una provincia limítrofe”.

El segundo cambio, que Antidroga lleva proponiendo desde 2022, pasa por la especialización de órganos jurisdiccionales territoriales en materia de delincuencia organizada. Esto permitiría la creación de secciones de instrucción especializadas en zonas afectadas en materia de delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas. Algo que todavía no se ha implementado. Por último, es necesaria una nueva regulación de los agentes encubiertos y una definición legal completa de las operaciones encubiertas. “Esta normativa debe permitir actuaciones de los agentes con la suficiente cobertura y su debida protección, garantizando el derecho de la defensa, pero sin poner en riesgo la identidad y seguridad de quienes se prestan a estas funciones no exentas de peligros y que requieren el reconocimiento y la debida protección por el Estado para el que trabajan”.

En 2025 hubo menos procedimientos judiciales por droga que en 2024, sobre todo en las provincias que cuentan con delegado de la Fiscalía Antidroga, salvo en las provincias de Guipúzcoa y Castellón, donde el incremento (76,39% y 65,56% respectivamente) es grande y se aleja del resto de esta situación. El resto de los porcentajes de incremento de causas por tráfico de drogas se da en provincias sin delegado, como el llamativo crecimiento de Segovia, en el que el aumento es del 54,17%, en Cuenca del 48,15%, en Córdoba del 45,35%, en León del 34,29%, en Soria del 30,77%, en Lugo del 21,31% y en más del 10% en otras provincias sin delegación como Ourense, Salamanca, Valladolid, Jaén o La Rioja, “lo que abunda en la idea de la necesidad de seguir aumentando el número de delegados”, concluye la Fiscalía Antidroga.

El programa europeo de lanzadores ha situado al Miura 5, el cohete desarrollado por la empresa española PLD Space, entre los vehículos llamados a ampliar la capacidad de Europa para acceder al espacio. La Agencia Espacial Europea (ESA) ha firmado con la compañía un contrato de 158,9 millones de euros dentro del European Launcher Challenge, una iniciativa destinada a respaldar nuevos servicios de lanzamiento. Este jueves, Pedro Sánchez visitó las instalaciones de la compañía en Elche.

El acuerdo permitirá a PLD Space acceder a financiación a medida que cumpla los hitos fijados por la ESA. El Miura 5 deberá realizar un lanzamiento orbital antes de 2028, una de las condiciones exigidas a los participantes del programa para acreditar su capacidad operativa. El vehículo sucederá al Miura 1, el demostrador tecnológico que PLD Space lanzó desde España en 2023. La empresa prevé que el nuevo lanzador despegue desde el Centro Espacial de la Guayana Francesa, y transporte cargas de hasta 540 kilos.

La financiación europea llega después de que un comité de evaluación de la ESA examinara las propuestas técnicas y financieras de las compañías seleccionadas. Además de la compañía española, el European Launcher Challenge ha suscrito contratos con las empresas alemanas Rocket Factory Augsburg e Isar Aerospace. La ESA busca ampliar los servicios europeos de lanzamiento y reforzar la autonomía de acceso al espacio. El contrato de PLD Space está financiado principalmente por España, con una contribución de Alemania.

Un lanzador de dos etapas con cinco motores

El Miura 5 es un cohete reutilizable de dos etapas, diseñado, fabricado y operado por PLD Space para el mercado de los pequeños satélites. Su configuración contempla misiones dedicadas, en las que un cliente contrata el vuelo completo, y lanzamientos compartidos, que agrupan varias cargas útiles en una misma misión. La primera etapa mide 26,3 metros y contará con cinco motores Teprel-C, con un empuje de 190 kilonewtons cada uno. La segunda etapa tendrá 12,1 metros de altura y utilizará un motor Teprel-C Vacuum, con un empuje de 75 kilonewtons.

El sistema está previsto para alcanzar órbitas bajas terrestres, incluidas las ecuatoriales, polares y heliosíncronas. Con una etapa adicional, denominada Kick-Stage, el vehículo también podrá dirigirse a trayectorias geoestacionarias y lunares, según la información facilitada por la empresa. PLD Space plantea una capacidad de hasta 30 misiones anuales desde tres puertos espaciales. Entre ellos figura el Centro Espacial Guayanés, desde donde partirá el lanzador para sus misiones orbitales.

El desarrollo del Miura 5 ha avanzado durante 2026 con el ensamblaje de su segunda etapa y la validación del sistema de presurización de los tanques. En junio, PLD Space informó de que esa segunda etapa había comenzado su campaña de calificación tras integrar la aviónica, las estructuras, el sistema de alimentación de propelente y el sistema de control de reacción. La empresa prevé que esa fase continúe con ensayos de compatibilidad electromagnética. Después, la etapa regresará a las instalaciones de Elche para incorporar el motor y prepararse para una prueba estática en Teruel.

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder protección internacional a un hombre que asegura que fue reclutado por la fuerza en el Ejército de la República Saharaui cuando tenía 16 años y que decidió escapar cuatro años después para no volver a las filas militares. Llegó a España y pidió asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero Interior rechazó su solicitud. Ahora, la Justicia confirma esa decisión: entiende que las duras condiciones que relató durante su etapa en el Ejército, el temor a tener que regresar a él y la situación general de su país no encajan, por sí solas, en los supuestos que permiten obtener el estatuto de refugiado.

El relato que llevó al hombre hasta los tribunales comienza cuando todavía era menor. Según contó en su solicitud, a los 16 años le obligaron a alistarse en el Ejército de la República Saharaui para luchar contra Marruecos. La guerra, explicó, comenzó en 2020, precisamente el año en el que empezó a plantearse seriamente la posibilidad de marcharse. La enfermedad de su madre, que situó en marzo o abril de aquel año, terminó de reforzar esa decisión.

No llegó a combatir. Su cometido, siempre según su versión, fue otro: construir muros, excavar zulos y levantar infraestructuras destinadas a la defensa. Trabajos especialmente duros que, aseguró, se desarrollaban con una remuneración muy baja y en un ambiente de malos tratos. Él mismo describió aquellas condiciones como “casi un régimen de esclavitud”.

Quiso marcharse junto a su madre. Consiguió incluso algún permiso, pero, según relató, las exigencias para que regresara al Ejército continuaron. Finalmente, en 2020 decidió no volver. Para abandonar el país obtuvo un pasaporte falso de Mauritania y emprendió la salida. Su miedo, explicó a las autoridades españolas, era sencillo: regresar significaba exponerse a tener que incorporarse otra vez al Ejército o a la guerra. “Busca la paz”, resumió su relato.

Interior rechazó su petición y la Audiencia Nacional respalda ahora esa decisión

La primera respuesta llegó del Ministerio del Interior el 4 de julio de 2024. La Administración denegó la solicitud de protección internacional y, cinco días después, rechazó también el reexamen planteado por el interesado. El argumento central era que lo contado no demostraba un temor fundado de persecución por ninguno de los motivos que contempla la normativa de asilo: raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, género u orientación sexual.

Interior puso además el foco en un aspecto concreto del relato: el hombre no había afirmado que hubiera sido obligado a combatir ni a realizar acciones militares defensivas en sentido estricto, sino que había relatado principalmente las malas condiciones de trabajo que sufrió dentro del Ejército. Tampoco consideró suficientemente explicada la etapa que transcurrió entre su salida de las filas militares en 2020 y su posterior salida del país como para apreciar una persecución individual.

La defensa llevó entonces el caso ante la Audiencia Nacional. Solicitó que se reconociera su derecho a que la petición de protección internacional fuese admitida y, como alternativas, pidió que se autorizase su entrada y permanencia en España mientras se resolvía un procedimiento sobre su eventual condición de apátrida o que se le permitiera permanecer por razones humanitarias. El Estado reclamó que se mantuvieran las decisiones de Interior.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución fechada el 13 de julio de 2026, dan la razón a la Administración. La cuestión no está, según explican, en determinar si la situación que describe el solicitante fue dura, sino en si esa situación reúne las características exigidas para activar la protección internacional. Y ahí es donde el caso se queda corto, a juicio de la Sala.

El derecho de asilo no funciona como una protección general frente a cualquier circunstancia adversa que pueda encontrarse una persona al regresar a su país. La condición de refugiado exige que exista un temor fundado de persecución conectado con determinados motivos protegidos. La resolución recuerda que esa persecución puede proceder incluso de actores que no sean el propio Estado, pero en ese supuesto también debe acreditarse que las autoridades del país no pueden o no quieren proteger eficazmente al afectado.

En este caso, los jueces no encuentran ese vínculo. El hombre había puesto sobre la mesa las condiciones sufridas en el Ejército y, durante el procedimiento judicial, también la situación económica y social del país. Pero la Audiencia Nacional considera que ninguno de esos elementos aparece relacionado con una persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, ideología política, pertenencia a un grupo social, género u orientación sexual. Por eso concluye que los hechos invocados quedan fuera de los supuestos previstos por la Convención de Ginebra y la legislación española de asilo.

Tampoco ve acreditado un riesgo grave si regresa

La otra vía que intentó la defensa era la protección subsidiaria. Se trata de una figura distinta del estatuto de refugiado que permite proteger a una persona cuando su regreso puede exponerla a determinados daños graves, como la pena de muerte, la tortura o los tratos inhumanos o degradantes, o amenazas graves contra su vida o integridad física derivadas de una situación de violencia indiscriminada en un conflicto.

Tampoco por ahí prospera el recurso. La Audiencia Nacional considera que no han quedado acreditadas esas circunstancias en el caso concreto. La documentación incorporada al procedimiento, señala, no permite apreciar una situación de violencia generalizada ni un conflicto interno en los términos necesarios para conceder esta protección.

Quedaba una última posibilidad: permitirle permanecer en España por razones humanitarias. Esta alternativa tiene un margen distinto al del asilo y puede atender a circunstancias excepcionales de carácter personal, incluso cuando no estén directamente vinculadas a los motivos clásicos de persecución. Pero también aquí la resolución exige que esas circunstancias sean alegadas y acreditadas.

Y eso es precisamente lo que, según los jueces, no ocurre. La mera referencia a las condiciones de trabajo que sufrió en el Ejército y a las dificultades generales de su país no basta para justificar una autorización de permanencia por razones humanitarias. La Sala recuerda que esta vía está pensada para situaciones excepcionales y no puede convertirse en una alternativa automática cuando no se cumplen los requisitos del asilo o de la protección subsidiaria.

Hay un procedimiento que sigue su propio camino. El hombre había solicitado también el reconocimiento de la condición de apátrida y, según recoge la resolución, ese expediente estaba siendo tramitado de forma independiente. También se encontraba pendiente la cuestión de su permanencia en España mientras se resolvía esa solicitud. La Audiencia Nacional deja claro que ese procedimiento no queda resuelto por su decisión sobre el asilo.

Copernicus y Galileo

Antes de entrar en el anuncio, Von der Leyen ha repasado lo que Europa ya tiene funcionando en órbita. Ha hablado primero de Copernicus, el sistema europeo de observación de la Tierra, y ha recordado su papel durante el verano: “Mientras los equipos de emergencia de toda Europa y más allá corrían a responder a los incendios forestales, el sistema Copernicus de Europa estuvo ahí para ayudar. Nuestros satélites proporcionaron datos casi en tiempo real para rastrear los incendios y dirigir la ayuda donde se necesitaba”.

Ha añadido que ese mismo sistema ha apoyado la respuesta a las inundaciones de Nepal y que permite a los científicos seguir cada día el avance del cambio climático, desde el deshielo del Ártico hasta la selva amazónica, con datos que, según ha remarcado, son gratuitos y abiertos para todo el mundo.

Ha hablado después de Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, que, según sus palabras, “es usado por más de 4.500 millones de dispositivos en todo el mundo”. Guía coches y aviones, da la hora exacta que necesitan los sistemas financieros y las redes eléctricas, y ayuda a los servicios de emergencia a localizar personas. Ha anunciado que se reforzará con una nueva constelación de satélites en órbita baja.

Von der Leyen ha recuperado también la historia detrás de Galileo, propuesto hace más de 25 años, cuando algunos se preguntaban por qué Europa necesitaba su propio sistema si ya existía el GPS. Los líderes europeos de entonces, ha dicho, entendieron que hay capacidades demasiado importantes como para depender de otros. Ha sostenido que Europa se enfrenta ahora a una decisión parecida, con la economía espacial global a punto de triplicarse de aquí a 2035, de unos 630.000 millones de dólares actuales a 1,8 billones.

Tres frentes de trabajo para no perder terreno en el espacio

Para no perder terreno, ha planteado tres frentes de trabajo. El primero pasa por actuar como una sola Europa, uniendo a la Comisión, la Agencia Espacial Europea y los gobiernos nacionales para generar una demanda conjunta que sirva de sostén a lanzadores como Ariane 6 y Vega-C; ha puesto como ejemplo que ese mismo fin de semana una empresa alemana, con 10 millones de euros del Consejo Europeo de Innovación, ha lanzado el primer cohete comercial al espacio desde suelo continental europeo.

El segundo consiste en invertir a gran escala, con el fondo Cassini, que moviliza 2.000 millones de euros en capital de riesgo para empresas espaciales europeas; el nuevo fondo Scaleup Europe, de 5.000 millones; y una propuesta de 131.000 millones de euros para defensa, seguridad y espacio en el próximo presupuesto plurianual.

El tercero busca convertir el tamaño del mercado europeo en ventaja, con un mercado único de comunicaciones por satélite, la nueva Ley Espacial de la Unión Europea y cambios en las normas de fusiones que permitan operaciones como la que preparan Airbus, Thales y Leonardo bajo el nombre de Bromo.

El Escudo Espacial responderá a interferencias, ciberataques y a la guerra en Ucrania

Sobre seguridad, ha mencionado las interferencias en señales de navegación, los ciberataques a redes satelitales y el papel de los satélites en la guerra de Rusia contra Ucrania. Ha anunciado la ampliación de IRIS2, la constelación de comunicaciones seguras, a más de 350 satélites, con primeros lanzamientos desde 2029, y ha presentado el Escudo Espacial como la pieza que reunirá vigilancia orbital, defensas contra interferencias y respuesta conjunta ante amenazas, con el argumento de que ningún país puede levantar esas capacidades por su cuenta.

Macron plantea un horizonte de diez años para que Europa envíe astronautas al espacio en sus propias naves

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido este jueves que Europa desarrolle, en el plazo de una década, su propia capacidad para enviar astronautas al espacio, dentro de un esfuerzo más amplio por fortalecer el sector espacial del continente.

La petición llegó durante la cumbre espacial internacional celebrada esta semana en París, un evento al que varias empresas estadounidenses, entre ellas SpaceX y Blue Origin, dieron la espalda. “Queremos que Europa afirme su ambición en el vuelo espacial tripulado”, ha declarado el mandatario. “Nuestro programa espacial europeo sigue siendo frágil y debemos redoblar nuestros esfuerzos”.

El presidente francés ha marcado una serie de hitos que espera que Europa alcance en los próximos diez años. “Dentro de dos años, quiero ver la primera cápsula de carga europea, Nyx, acoplarse a la Estación Espacial Internacional; dentro de cinco años, el primer módulo de alunizaje europeo, Argonaut, posarse sobre la superficie lunar”, ha afirmado. “Y dentro de diez años, a la primera cápsula tripulada europea despegar desde Kourou con astronautas europeos y de otras naciones a bordo”, ha añadido, en referencia al puerto espacial europeo situado en la Guayana Francesa.

El año pasado, la Agencia Espacial Europea logró un presupuesto récord de 22.100 millones de euros para financiar sus programas durante los próximos tres años. Europa ha buscado en los últimos años una mayor independencia en el espacio, pero nunca ha enviado una misión tripulada propia, y hasta ahora ha dependido de los cohetes y las cápsulas de Rusia y Estados Unidos.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la continuación del procedimiento con jurado popular solo por los delitos de tráfico de influencias y malversación contra Begoña Gómez y malversación contra María Cristina Álvarez, mientras que no seguirá para Juan Carlos Barrabés. Descarta los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida y revoca las medidas cautelares, devolviéndole el pasaporte.

Esta decisión establece un nuevo rumbo para la investigación sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que involucra a la esposa del presidente del Gobierno. Según el auto, la Sección 23ª de la Audiencia Provincial desestima varias acusaciones, pero Gómez no se libra de enfrentarse a un jurado popular.

Retirada de cargos y medidas cautelares

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido excluir del proceso principal a Juan Carlos Barrabés Cónsul tras no hallar pruebas de que se beneficiara irregularmente en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la Cátedra. Los magistrados eliminan los cargos de corrupción en los negocios, apropiación indebida y administración desleal para todas las personas investigadas. Mantiene abierta la posibilidad de que la investigación continúe por la vía penal ordinaria para esclarecer si hubo irregularidades en las adjudicaciones a empresas vinculadas al entorno de Barrabés.

El tribunal también levanta las medidas cautelares personales que pesaban sobre Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, entre ellas la prohibición de salir del país, la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado y la retirada del pasaporte. Los jueces consideran que ambas han mostrado suficiente arraigo y colaboración con la justicia, eliminando el riesgo de fuga y destacando que han respondido a todos los requerimientos judiciales durante el proceso sin incidentes.

Begoña Gómez y su asistente, únicas procesadas

El auto judicial confirma que el proceso seguirá exclusivamente contra Begoña Gómez Fernández, directora de la cátedra, y su asistente, María Cristina Álvarez Rodríguez. La sala aprecia indicios de que Gómez Fernández habría aprovechado su vínculo de pareja con el presidente del Gobierno para impulsar la creación de la cátedra, captar financiación de grandes empresas y orientar la gestión de fondos y recursos a su favor, actuando en beneficio propio.

En cuanto a la malversación, el tribunal señala que ambas habrían desviado recursos, en especial un software de certificación empresarial, hacia fines privados, causando un perjuicio al patrimonio de la UCM. La investigación se centra en el uso de recursos públicos, tanto económicos como personales, en proyectos de carácter privado fuera del ámbito académico y del servicio a la universidad.

Respecto a la asistente, el auto indica que asumió funciones que iban más allá de su puesto en la Presidencia del Gobierno, participando activamente en la gestión de proyectos cuya titularidad resultó privada. La sala ordena repetir la fase intermedia del proceso para ajustarla a los nuevos hechos y, por ello, limita la acusación a tráfico de influencias y malversación para Gómez, y a malversación para Álvarez Rodríguez. Además, la investigación separada sobre contratación pública vinculada al caso sigue su curso.

El contrato de limpieza de Almería (205.000 habitantes) está enfangando el clima laboral de la empresa Acciona, que gestiona este servicio desde hace años. La multinacional dirigida por la familia Entrecanales acaba de despedir a varios trabajadores que había expedientado previamente (como ya publicó Infobae), todos afiliados al sindicato CCOO. El motivo del despido, según ha podido saber este diario, es lo que ya se conoce dentro de la compañía como la “trama de los enchufes de familiares y amigos”. El sindicato CGT ha pedido a la compañía el censo exacto de la plantilla para saber exactamente quién compone el equipo, qué funciones hace cada empleado y determinar así qué vínculos familiares y de amistad existen entre varios de los trabajadores. “Llevamos pidiendo este censo desde el año 2023″, explica un portavoz de CGT.

Los problemas empezaron cuando Acciona decidió despedir a Javier Minguez, su delegado en Servicios Urbanos en Andalucía y Levante. Una subordinada le había denunciado por acoso y la investigación interna conllevó otro tipo de irregularidades. El ya exdirectivo fue denunciado por una de sus subordinadas a través del canal interno de ‘compliance’ de la empresa. La denuncia fue investigada por Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil fichado hace años por Acciona. Pero esa denuncia por acoso albergaba algo más. Esa investigación interna permitió constatar que varios familiares de este directivo, entre ellos su mujer, estaban trabajando para la UTE que gestiona el servicio de limpieza, pero que no iban a trabajar. Es decir, percibían un salario pero sin desempeñar sus funciones.

Esa investigación inicial que acabó con el despido del directivo llevó a nuevas pistas. “Era un secreto a voces”, explican desde CGT. Había un sistema de enchufes para colocar a familiares y amigos en la contrata municipal, sin tener que desarrollar ninguna función laboral. “La empresa ha investigado incluso si alguno de los despedidos cobraba por enchufar a determinadas personas”, explican varios empleados consultados por este diario. Acciona no ha hecho ningún comentario tras las peticiones de información de Infobae. “Aquí se venden y compran puestos de trabajo. Lo saben desde la empresa y desde el Ayuntamiento de Almería, que es quien paga por el servicio”, explican las mismas fuentes.

A mediados de mayo de este año, el Consistorio almeriense (gobernado por el PP) adjudicó a Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de servicio público de limpieza viaria y de playas, contrato adjudicado por un periodo siete años y un coste anual de 27.392.261 euros. La verdad es que Acciona ya lleva gestionando este servicio desde el año 2014 en UTE con otra empresa, La Generala. Ahora, Acciona lo hará en solitario tras ganar el contrato a otras cinco firmas que también se presentaron a la licitación. Los despedidos son un importante jefe de servicios y una técnico del departamento de administración. Incluso hubo una denuncia cuando se decidió contratar a la cuñada del exalcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, actual consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Pacheco fue regidor entre 2015 y 2022. Antes fue concejal de Urbanismo y portavoz del Consistorio entre 2011 y 2015. La cuñada sigue en la contrata.

Recursos Humanos

Fuentes no oficiales de la empresa señalan a este diario que Acciona ha tenido que trasladar a Almería a nuevos responsables de Recursos Humanos para poner orden entre la plantilla de la contrata municipal. Responsables que estarían estudiando exigir reclamaciones económicas a los despedidos. “Conviene recordar quién sostiene de verdad este servicio. Mientras se investigan presuntas nóminas sin trabajo efectivo, la plantilla que cada día sale a la calle viene denunciando falta de medios, exceso de cargas y condiciones penosas, especialmente durante los meses de más calor. Un peón de limpieza viaria en este servicio no cobra ninguna fortuna: cobra un salario digno por un trabajo duro. El escándalo no está nunca en lo que cobra quien madruga para limpiar la ciudad. El escándalo está en quien, presuntamente, cobraba sin hacerlo”, explica un portavoz de la CGT.

Desde CGT recuerdan que los tribunales han condenado a Acciona Servicios Urbanos por vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical de CGT en este servicio, “obligándola a cesar en su conducta antisindical, a entregar la información que venía ocultando a esta representación e indemnizar a nuestra organización. Una resolución que, a día de hoy, la empresa todavía no ha cumplido en su totalidad. Esa misma conducta de oscurantismo es la que explica por qué, durante años, ha resultado tan difícil fiscalizar desde dentro lo que ocurría en la gestión del servicio”.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas, ha pedido al Ayuntamiento de la capital almeriense a que dé a conocer “toda la verdad” sobre el caso que afecta a la empresa Acciona, sobre todo después de que “se descubriese una presunta trama de trabajadores fantasmas contratados en la empresa entre los que supuestamente estaban familiares del responsable y cobraban sin trabajar”. Además, el portavoz de VOX también ha insistido en conocer si “desde el Gobierno del Partido Popular se ha reclamado a Acciona los salarios que se habían cobrado de manera indebida a los familiares que estaban contratados o al responsable de la empresa en Almería que fue despedido por estos hechos”.

Acciona también decidió en enero de este año prescindir de otro de sus directivos, Francisco Javier López Buciega, director de Acciona Servicios Urbanos y quien había firmado precisamente con el Ayuntamiento de Almería mejoras en este contrato. Este directivo comunicó a sus subordinados en un correo interno que dejaba la empresa tras pactarlo con Acciona y también había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas irregulares. Ahora está imputado en el ‘caso Leire’. Acciona también está siendo investigada en el ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas y ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de Organización del PSOE.

El Ayuntamiento madrileño de Las Rozas (99.500 habitantes) lleva desde el año 2007 buscando soluciones para controlar la población de jabalíes que se aventuras en sus urbanizaciones y calles. Los animales campan a sus anchas en zonas como Monte Rozas, Punta Galea y El Cantizal. Hay que tener en cuenta que este municipio cuenta con unos 29 kilómetros cuadrados de áreas forestales, de las que la mayoría se concentran entre el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el parque regional del Curso Medio del Guadarrama. La última solución del Consistorio, gobernado por el PP, es poner en marcha un concurso de ideas para que se presenten ‘startups’ y empresas tecnológicas aporten “soluciones innovadoras” para “mejorar el seguimiento y control poblacional de jabalíes en Las Rozas”.

Un portavoz del Ayuntamiento admite que es difícil “cuantificar” la población que ha hecho de las zonas residenciales de Las Rozas parte de su hábitat. Una de las empresas públicas del Consistorio, Las Rozas Innova, ha decidido, junto con el Área de Sanidad, dar respuesta a esta necesidad: saber cuántos de estos peligrosos mamíferos hay para poder controlar la población. Para ello, un jurado valorará las propuestas presentadas y premiará las tres mejores con 3.000 euros para el proyecto ganador, 2.000 euros para la segunda propuesta mejor valorada y 1.000 euros para la tercera. La empresa que gane tendrá luego un presupuesto de 44.000 euros (sin IVA) para desarrollar su proyecto piloto durante un año.

“Por proporcionar contexto del reto”, explican desde Las Rozas, Innova, “el municipio, rodeado de espacios naturales, cuenta con una importante población de jabalíes. La proximidad entre las zonas forestales y las urbanas, unida a la renaturalización de los terrenos debido al abandono de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y a la disponibilidad de alimento en la ciudad, provoca que ejemplares de jabalíes se adentren en las zonas pobladas”. Esto está provocando “incidentes que afectan a la seguridad, la convivencia y la salud pública”. Ángel Álvarez, portavoz del PSOE en la localidad, señala que los jabalíes “venían a beber al jardín que había debajo de mi casa. Todos los jardines están hocicados en la zona de Punta Galea, por ejemplo. La gente se para y hace fotos”.

Para el PSOE, este concurso “es otra ocurrencia” para darle algo de contenido a la empresa pública Innova. “A ver si sacan algún proyecto que revierta realmente en los ciudadanos, porque lo que hacen no tiene retorno para los vecinos. Vamos a ver si este concurso lo tiene. También quisieron hacer una residencia de estudiantes para el campus de la UNED, pero encargaron un informe privado que les dijo que no tenía sentido hacer una residencia para una universidad que imparte los cursos a distancia. En fin, es todo un despropósito. No saben qué hacer con Las Rozas Innova”, señala el edil Álvarez. El presupuesto de Las Rozas Innova revela que se gastan 2,1 millones en salarios (datos de 2025) y 169.700 euros en publicidad y propaganda.

Contrato de 315.000 euros para cazarlos

Para Carlos Arnal, portavoz de Más Madrid, el problema de los jabalíes no es tan relevante como dicen. “Llevo 17 años viviendo aquí y nunca he visto ninguno. Los jabalíes no son nuestros, se mueven por otros municipios como Majadahonda y Torrelodones”. En cuanto al concurso, “son encargos que hace el Ayuntamiento para que Las Rozas Innova haga algo. Esa empresa pública es un chiringuito y un mamoneo para colocar a ciertas personas vinculadas al alcalde José de la Uz. Ahora se han gastado 300.000 euros para montar un estand en el Mobile World Congress de Barcelona y no sé qué pintamos ahí”.

El Ayuntamiento de Las Rozas formalizó en diciembre de 2023 el último contrato para el control y gestión sanitaria “de las poblaciones de fauna silvestre sinantrópica”, entre ellos los jabalíes. El servicio, formalizado en 315.000 euros, tenía un plazo de ejecución de dos años prorrogables otros cinco. Entonces el Consistorio explicó que la densidad media de seis ejemplares por kilómetro cuadrado en condiciones normales se supera ampliamente en determinadas zonas del municipio, por lo que los animales acceden en su búsqueda de agua y comida a zonas urbanas.

Las causas de este comportamiento son diversas; por una parte, la variedad de su dieta omnívora, que permite a los jabalíes alimentarse de semillas, frutos, raíces, tubérculos, insectos, roedores, incluso carroña y basuras orgánicas; por otra parte su comportamiento gregario, que le hace sentirse más seguro en el seno de un grupo donde existen individuos responsables que emiten el aviso de alarma en caso de peligro; y, por último, sus hábitos higiénicos que le llevan a mantener una serie de revolcaderos donde desparasitan y cuidan su piel. Las Rozas reconocía en 2023 un “aumento de la población sin control natural, debido a la falta de depredadores naturales y a la desaparición de actividades agropecuarias tradicionales”. Los jabalíes se cazan con jaulas y se han instalado vallas cinegéticas para proteger ciertas zonas residenciales.

Ahora, desde Las Rozas Innova se observa “una tendencia al alza en muchos municipios españoles, donde la superpoblación y la adaptación de los jabalíes dan lugar a interacciones más frecuentes entre personas y fauna silvestre, incluyendo accidentes de tráfico y daños materiales, lo que obliga a las administraciones a adoptar estrategias de gestión más complejas. “Actualmente, se aplican diversas medidas para gestionar la población de fauna silvestre, entre las que se incluye la captura selectiva mediante jaulas equipadas con sensores, alertas GSM y monitorización remota”.

Sin embargo, estas jaulas tienen sus limitaciones. “Solo son eficaces durante los periodos en los que escasean las fuentes de alimento naturales en las zonas silvestres, ya que los jabalíes se acercan a las zonas urbanas en busca de comida. Por lo tanto, su eficacia depende de la época del año, las condiciones meteorológicas y la ubicación, y tienden a capturar más animales jóvenes”. Por eso se lanza este concurso “que permita la mejora de este servicio en base a propuestas innovadoras y tecnológicas”. El objetivo es encontrar soluciones que permitan “reducir de forma significativa los incidentes relacionados con la presencia de jabalíes en entornos urbanos, disminuyendo así los riesgos para la seguridad pública y el número de intervenciones de emergencia. Se pretende avanzar hacia un modelo de gestión más preventivo, que permita anticipar situaciones de riesgo y minimice la necesidad de intervenciones reactivas”.

Las desclasificaciones están de máxima actualidad. Pedro Sánchez anunció la publicación de un dosier con todos los informes sobre la entrada masiva en Ceuta hechos entre el 1 de julio y el 1 de agosto, y este miércoles la web de La Moncloa lo lanzó. Hay dudas que no quedan resueltas, principalmente la supuesta implicación de Marruecos y si los avisos previos demostrados eran suficiente para mejorar la preparación ante la llegada de migrantes.

En medio de esta publicación, hay quien se acuerda de asuntos cuyos documentos no han llegado a ver la luz por la Ley de Secretos Oficiales. Este es el caso uno con una relación directa por tener a Marruecos como uno de los protagonistas: la Marcha Verde. Este jueves, el Congreso de los Diputados aprueba la ley de nacionalidad para los saharauis, que perdieron su condición de españoles en 1976, cuando terminó el plazo para solicitar mantenerse como españoles después de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos.

En 1975, el rey Hassán II lanza la movilización de civiles que acaba provocando la salida de los españoles. Francisco Franco estaba enfermo y cerca de fallecer, lo que hizo que el régimen encontrara como la mejor opción la entrega a Marruecos del territorio entonces controlado por España. Aquel movimiento no fue una sorpresa o una improvisación. Semanas antes la diplomacia movía sus hilos en la sombra. Aunque estas conversaciones y documentos no son públicos, desclasificaciones de Estados Unidos y filtraciones de Wikileaks han desvelado datos de aquellas reuniones.

Conocimiento de Estados Unidos de la Marcha Verde

La crisis de la Marcha Verde aceleró las negociaciones entre España y Marruecos en los últimos días del franquismo, mientras el entonces príncipe Juan Carlos asumía de forma interina las funciones de jefe de Estado por la enfermedad de Franco. Los cables, enviados desde las embajadas estadounidenses en Madrid y Rabat entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1975, describen una combinación de presión con personas, negociaciones reservadas y el temor de las autoridades españolas a un enfrentamiento con Marruecos.

El 30 de octubre, un informe desde Rabat, señaló que altos funcionarios españoles esperaban que Estados Unidos interviniera para frenar la marcha impulsada por el rey Hassan II. Así lo comunicó el representante de EEUU en Marruecos, Robert G. Neumann, al Secretario de Estado, Henry Kissinger (y en copia a sus embajadas en Madrid, Argel y la ONU). La embajada estadounidense, sin embargo, evaluó que el monarca marroquí difícilmente abandonaría el plan. “Hassan no se dejará disuadir de seguir adelante con sus planes”, indica un cable de la embajada.

El mismo documento sostuvo que la movilización había superado la capacidad de control político. Según el análisis diplomático, “la marcha ha cristalizado el nacionalismo marroquí latente” y había creado un clima que restringía el margen de maniobra. El cable también advirtió que los participantes sumaban “cientos de miles” y que, una vez concentrados en la frontera, la presión para avanzar aumentaría.

España buscó una negociación directa con Marruecos

Cinco días antes de las conversaciones entre Rabat y Washington, el 25 de octubre, el ministro secretario general del Movimiento en España, José Solís Ruiz, explicó a diplomáticos estadounidenses que el Gobierno español había decidido abrir una vía bilateral ante la posibilidad de un choque en el entonces Sáhara español. Según el cable, el dirigente franquista sostuvo que una multitud civil “de cientos de miles”, una vez movilizada, no podría detenerse con facilidad y podía derivar en “un episodio desastroso” entre las fuerzas españolas y los participantes marroquíes.

Tras reunirse con el rey Hassan II en Rabat, afirmó que España podría abandonar el Sáhara y consideró preferible una fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí, según explica el embajador de EEUU en España a Kissinger. Solís también transmitió la preocupación española por una eventual falta de apoyo de Estados Unidos ante un conflicto, postura que Washington negó. En sus conversaciones con el padre del actual monarca Mohamed VI, el delegado elegido por Franco habría recibido la certeza de Hassán II de que el asunto de soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla quedaría suspendido hasta más adelante, comparándolo con Gibraltar como una situación que se tendría que abordar en algún momento.

El 30 de octubre, otro cable indicó que la gravedad del conflicto saharaui era uno de los motivos por los que España no podía permanecer sin un jefe de Estado operativo. Al día siguiente, Juan Carlos I asumió las funciones de forma temporal conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de 1967, mientras Franco permanecía gravemente enfermo. El 2 de noviembre, Juan Carlos viajó al Sáhara para lo que un alto funcionario español describió ante la embajada estadounidense como un “acto de presencia”. España intentó los métodos diplomáticos, pero también advirtió que no negociaría con el “lo tomas o lo dejas” y que, de seguir sin acuerdo, defenderían el Sáhara. Llegaron a diseñar el plan ‘Operación Marabunta’, pero finalmente la presión ganó y España se retiró. El 14 de noviembre firman el acuerdo de Madrid definitivo.

Una de las revelaciones es un aviso del CNI fechado el 29 de julio, un día antes del episodio: a las 13:52 horas, comunicó a la Delegación del Gobierno en Ceuta que circulaban convocatorias en redes sociales para intentar el acceso a la ciudad, tanto por la valla como por mar, difundidas a través de grupos con alrededor de 180.000 seguidores. Un minuto después trasladó la misma información a una unidad de la Guardia Civil. Esta última, en un informe separado, había registrado un “incremento reseñable” en las entradas a nado la semana previa: 279 casos entre el 20 y el 26 de julio, frente a 84 la semana anterior.

Un informe de la Guardia Civil fechado el 30 de julio recoge seis hipótesis sobre la actuación de las fuerzas marroquíes: desbordamiento y sorpresa operativa, reducción de efectivos por la Fiesta del Trono, cambio de actitud para evitar medidas represivas, intervención de un actor externo y connivencia de las autoridades marroquíes, esta última situada en quinto lugar por probabilidad. Otro documento de la misma fuerza calificó de “muy poco probable” que la Corona marroquí utilizara la inmigración contra España, y de no probable que el paso masivo hubiera sido consentido o incentivado deliberadamente por las autoridades del país vecino.

La documentación de la Policía Nacional describe, en una fase de los hechos, “escasa actividad de contención” por parte de efectivos policiales y militares marroquíes, junto con la difusión de imágenes de miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes durante las concentraciones previas al cruce. Los informes policiales señalan además como cuestión pendiente la identidad de quienes convocaron o organizaron los llamamientos difundidos en redes sociales.

“Cacofonía política y mediática española”

Uno de los periódicos de mayor difusión en Marruecos, Le360, con ediciones también en inglés, francés y español, muy pendiente de esta crisis, se ha pronunciado sobre la desclasificación de una forma crítica: ‘Caso Ceuta: cuando los documentos que debían arrojar luz aumentan la confusión’, titula. La pieza, firmada por la periodista Faiza Rhoul, explica que “la publicación, presentada como un ejercicio de transparencia, no tardó en alimentar interpretaciones divergentes”, imponiéndose en los medios de comunicación españoles “dos versiones”, una contra Marruecos y otra contra la gestión de Pedro Sánchez.

Da cuenta Rhoul de que el Gobierno remitió a la agencia EFE una aclaración destinada a fijar su versión de los documentos, como también hizo el propio presidente en la red social X. Para el Ejecutivo, no había una sola estimación sólida que pudiera anticipar lo que solo horas más tarde sucedería. Defiende que si el CNI hubiera considerado un riesgo real e inminente, se habrían activado protocolos proporcionales a la amenaza. Esto mismo expresó el ministro José Manuel Albares ante sus colegas europeos.

Así, concluye el texto, “la jornada terminó así como había comenzado, con una nueva voz incorporándose a la cacofonía política y mediática española en torno a Ceuta” y “los mismos documentos que debían esclarecer qué se sabía y cuándo se sabía alimentaron, apenas publicados, relatos enfrentados sobre Marruecos, los servicios de inteligencia y la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Conducir implica tomar decisiones constantes sobre la velocidad, las distancias, las maniobras y la convivencia con el resto del tránsito. Cada aceleración, frenada o cambio de dirección tiene efectos sobre el propio vehículo, los pasajeros y los demás usuarios de la vía.

Bajo esa premisa, Garaje Hermético ha planteado cinco criterios para identificar a un buen conductor, con el foco puesto en la anticipación, el control del vehículo y el respeto por los demás. La cuenta cuestiona una idea extendida entre quienes se ponen al volante: que la mayoría considera que conduce bien.

Tras su experiencia “conduciendo, haciendo millones de kilómetros” y dando cursos, el experto sostiene que la capacidad al volante no depende de circular rápido, sino de priorizar la seguridad, la empatía y el dominio del coche.

Anticipación, suavidad y atención al vehículo

El primer rasgo es la anticipación. Para Garaje Hermético, quien conduce de forma competente no se limita a mirar el vehículo que tiene delante, sino que “mira dos o tres o cuatro coches antes”. La intención es ampliar el campo de atención para detectar con antelación frenadas, incorporaciones o cambios de trayectoria que puedan obligar a modificar la marcha.

También debe dejar una distancia suficiente que funcione como “colchón” ante cualquier imprevisto. Ese espacio no responde solo a una cuestión de comodidad, sino a la necesidad de contar con un margen para tomar decisiones sin movimientos bruscos.

La advertencia es directa: “Si conduces pegado al coche de delante, no eres un buen conductor”. La cuenta considera que mantener ese margen permite prever movimientos ajenos y reaccionar con más tiempo. Desde esa perspectiva, observar únicamente al vehículo inmediatamente anterior limita la capacidad de anticipar lo que ocurre unos metros más adelante.

El segundo criterio se relaciona con la manera de acelerar, frenar y girar. “Si tus pasajeros se marean, no eres un buen conductor”, afirman desde Garaje Hermético. Según su planteamiento, quien lleva el coche debe actuar de forma “suave y progresiva con todo, acelerando, frenando, girando”.

Esa conducción también exige atender al estado del vehículo. La cuenta indica que un buen conductor “entiende su coche, lee su coche, escucha su coche” y evita exigirle rendimiento cuando todavía está frío. En ese sentido, recuerda que “el aceite tarda mucho más en calentarse que el agua”.

La observación se vincula con un uso atento de la mecánica. Garaje Hermético plantea que conocer las respuestas del coche forma parte de la conducción, desde percibir su comportamiento hasta evitar acciones que, según su criterio, lo fuercen antes de que alcance las condiciones adecuadas de funcionamiento.

Coordinación, señalización y respeto en la carretera

El cuarto punto se centra en la coordinación entre las manos, los pies, el volante y el cambio. Garaje Hermético califica ese manejo como “primordial” y explica que la fluidez se percibe cuando el vehículo avanza sin movimientos bruscos: “el coche no va a tirones, es como un ballet”.

“Yo cuando me siento con alguien que veo que coordina las manos, que las mueve, que hace de punta-tacón o aunque no lo haga, que coordina muy bien los pies, el coche no va a tirones, es como un ballet. Digo: este tío sabe conducir”, señala.

El quinto rasgo apunta al uso del intermitente. La cuenta remarca que la señalización no otorga preferencia a quien pretende cambiar de carril o de dirección. “El intermitente no da prioridad”, afirma, al cuestionar a quienes “ponen el intermitente y te tiran el coche como si estuviera en un gran premio”.

La cuenta sostiene que ese gesto supera el cumplimiento de una norma. Usar el intermitente “no solo es un aviso que sirve para aumentar la seguridad, también es de caballeros”. La formulación incorpora la consideración hacia los demás como parte del comportamiento al volante. Su conclusión resume el criterio que propone para la conducción: “No se trata de ir rápido, se trata de tener empatía, educación, respeto y poner la seguridad por delante de todo lo demás”.

La guerra de versiones entre el Ministerio de Defensa e Interior por si se conocía o no la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha terminado con la publicación de 40 informes y comunicaciones sobre la situación en la ciudad autónoma antes, durante y después de lo ocurrido. El papel de Marruecos se ha convertido en uno de los puntos de fricción a raíz de la documentación conocida en las últimas semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha apostado por desvincular al país vecino de lo ocurrido, mientras que la filtración el pasado 1 de septiembre de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) apuntaba en otra dirección: atribuía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos un “guiado activo” de centenares de personas “a través del agua” con el objetivo de “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”.

Ahora, los documentos desclasificados permiten reconstruir qué valoración hicieron los distintos organismos españoles sobre la actuación de las fuerzas marroquíes mientras la entrada masiva ya estaba en marcha. En apenas 50 minutos del 30 de julio, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el Estado Mayor de la Guardia Civil y la Jefatura de Información del mismo cuerpo realizaron valoraciones diferentes sobre la actitud de Marruecos: desde considerar que había actuado de forma “negligente y pasiva” hasta estimar “poco probable” que existiera una “dejación evidente de funciones”.

Según la información proporcionada por La Moncloa, el CIFAS, órgano dependiente del Ministerio de Defensa, envió a las 13.00 horas del 30 de julio un informe clasificado donde aseguraba que consideraba “muy probable” que las autoridades marroquíes no estuvieran “favoreciendo activamente” la oleada migratoria, pero sí que hasta ese momento, hubieran actuado “de forma negligente y pasiva”.

La Fiesta del Trono como factor de riesgo

El informe tampoco cerraba la puerta a una motivación política. Aunque no establecía una relación causal, señalaba que “no se puede descartar” cierto “descontento en el Majzen” por la visita de Pedro Sánchez a Argelia a mediados de julio y contemplaba también la posibilidad de que Marruecos tratara de “explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos”.

De la misma manera, pero unos 20 minutos después, un informe sobre la presión migratoria por nadadores en Ceuta enviado en un correo electrónico por el Estado Mayor de la Guardia Civil trasladaba una valoración todavía más explícita sobre lo que estaba ocurriendo: “Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza”, recogía el documento. El cuerpo advertía además de un cambio respecto a las jornadas anteriores: “Hasta el día de ayer [29 de julio] sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada”.

Sin embargo, media hora más tarde, a las 13.50 horas, otro órgano de la propia Guardia Civil rebajaba esa hipótesis. La Jefatura de Información consideraba “muy poco probable” que la monarquía marroquí estuviera utilizando la inmigración como represalia contra España por su acercamiento a Argelia. Entre sus argumentos figuraban que los medios oficialistas marroquíes no habían criticado las nuevas relaciones entre ambos países y que aquel 30 de julio coincidía con la Fiesta del Trono, una fecha especialmente señalada para el reino alauí.

Lo que sabía la Policía antes del 30 de julio

Por esto mismo, las interceptaciones realizadas por las fuerzas marroquíes durante los días anteriores llevaban al organismo a considerar “poco probable” que la aproximación masiva al Tarajal respondiera a una “dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

Los informes elaborados por la Policía Nacional durante los días previos ya contemplaban la actitud de las autoridades marroquíes como uno de los factores que podían influir en la presión migratoria, especialmente por la celebración, el 30 de julio, de la Fiesta del Trono.

Los documentos del Grupo de Fuentes Abiertas y del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) fueron modificando su evaluación conforme se acercaba esa fecha. El 28 de julio, la Policía calificaba los cruces de migrantes a nado como una “incidencia relativa” y aseguraba que no apreciaba indicadores que apuntaran a la “organización articulada de un salto masivo o asalto violento”. Solo 24 horas después elevó el riesgo de las entradas a nado a “muy alto” tras detectar “comunicaciones internas en grupos de migrantes” que trataban de organizar entradas masivas por tierra y mar.

La Guardia Civil ha advertido a través de sus redes sociales de que dejar el coche en un taller sin una comprobación previa puede abrir la puerta a daños discutidos, uso indebido del vehículo o pérdida de objetos, y ha difundido una pauta básica para reducir esos riesgos.

La recomendación más concreta pasa por dedicar apenas unos minutos a tomar imágenes del exterior y del cuadro de mandos, con atención al kilometraje y al nivel de combustible, además de retirar los objetos personales y conservar cualquier llave o mando que no sea necesario para la reparación.

La Benemérita ha lanzado esta campaña de concienciación con un mensaje directo a los conductores: “Dejas el coche en un taller. ¿Has pensado en fotografiarlo antes?”. El objetivo es crear un hábito sencillo antes de una revisión o una avería, momentos en los que suele actuarse con prisa y se descuidan comprobaciones básicas.

Antes de entregar las llaves

Las imágenes cumplen una función probatoria. Los agentes recomiendan dejar constancia del estado exterior del vehículo porque unos pocos segundos bastan para registrar arañazos, golpes, roces o abolladuras que ya estuvieran presentes antes de la entrada en el establecimiento.

Ese registro previo permite aclarar después si una marca en la carrocería existía de antemano o si se ha producido durante la estancia en el taller. No hace falta hacer decenas de fotos ni revisar cada pieza: unas cuantas tomas desde distintos ángulos sirven para fijar el estado general y localizar mejor cualquier desperfecto.

La indicación no se limita a la chapa, también conviene fotografiar el interior si ya presenta daños en asientos, salpicadero, puertas u otras zonas del habitáculo, de forma que quede constancia de su situación antes de entregar el vehículo.

Otro punto central de la advertencia afecta al cuadro de mandos. La Guardia Civil subraya la conveniencia de inmortalizar el “kilometraje y combustible”, un dato que permite saber con qué cifra exacta entró el coche al taller y con cuánta autonomía se dejó.

Ese control resulta útil porque algunas reparaciones exigen mover el vehículo o realizar pruebas en carretera para comprobar que la avería ha quedado resuelta. Si al recogerlo aparece una diferencia, el propietario podrá identificar desde qué lectura del cuentakilómetros comenzó la intervención. La misma lógica se aplica al depósito. Comprobar aproximadamente el combustible disponible permite conocer en qué condiciones se entregó el automóvil y ayuda a detectar cualquier variación posterior.

Objetos y llaves, bajo control

El aviso también alcanza a los objetos que se dejan dentro del coche. Los agentes aconsejan retirar gafas de sol, dispositivos electrónicos, carteras, documentos importantes y cualquier pertenencia de valor antes de abandonar el vehículo en el taller.

Esa lista puede ampliarse a bolsos, cargadores y documentación que el conductor transporte de forma habitual. La recomendación reduce el riesgo de pérdida, deterioro u olvido y evita que el coche se convierta temporalmente en un espacio de almacenamiento de efectos ajenos a la reparación.

La otra precaución afecta al llavero. La Guardia Civil pide “entregar únicamente las llaves necesarias” y evitar dar el manojo completo con accesos a la vivienda, al garaje o al portal, una práctica frecuente que multiplica el problema si esas llaves se extravían. Algunos coches disponen de varios juegos, mandos adicionales o llaves electrónicas que no siempre son fáciles de sustituir. Perder una de ellas puede implicar un coste extra y más trámites para el propietario.

En determinadas marcas existe incluso una tarjeta específica para dejar en el taller cuando el coche debe permanecer allí varios días. Ese dispositivo reúne las funciones básicas para mover o utilizar el vehículo durante la reparación y permite que el conductor conserve sus llaves habituales.

Aunque los vehículos cuentan con luces y sistemas de aviso reglamentarios, el código de circulación aún recoge gestos poco habituales que pueden aparecer en situaciones excepcionales. Uno de ellos sigue despertado dudas entre los conductores por su significado y por la respuesta que exige del resto de usuarios de la vía.

Ver un pañuelo blanco asomando por la ventanilla de un coche en marcha indica una emergencia y pide al resto de conductores que faciliten el paso, pero no convierte a ese vehículo en prioritario ni autoriza a su conductor a incumplir las normas de circulación. El Reglamento General de Circulación contempla esta señal para situaciones graves en las que no se puede recurrir a otro medio.

El artículo 70 del reglamento prevé que un vehículo no prioritario pueda advertir de una urgencia con tres recursos: el avisador acústico de forma intermitente, la luz de emergencia y un pañuelo o procedimiento similar. La finalidad es obtener preferencia de paso para agilizar el trayecto, por ejemplo hacia un hospital o un centro sanitario.

Una señal para casos excepcionales

Se trata de una posibilidad legal prevista para casos extremos, como un traslado urgente cuando no da tiempo a esperar a una ambulancia. La normativa habla expresamente de “vehículos no prioritarios en servicio de urgencia”.

La base legal está en el artículo 70 del Reglamento General de Circulación. El texto establece que, si por circunstancias especialmente graves el conductor de un vehículo no prioritario se ve forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio normalmente reservado a los prioritarios, debe procurar que los demás usuarios adviertan esa situación especial.

Para ello puede usar el claxon de forma intermitente, conectar la luz de emergencia si dispone de ella o agitar un pañuelo. Esa imagen, más asociada al cine que a la conducción cotidiana, sigue estando recogida por la normativa española.

La señal sirve para comunicar una necesidad de paso preferente, no para equiparar ese coche a una ambulancia, un vehículo policial o uno de bomberos. Su sentido práctico es que los demás usuarios puedan reconocer la urgencia y apartarse con seguridad para dejar libre el carril.

Cuando un conductor se encuentra con uno de estos vehículos, debe ceder el paso de forma segura y desplazarse hacia un lateral de la vía si las condiciones lo permiten. También es recomendable avisar a los servicios de emergencia para comprobar que la situación está controlada.

La urgencia no exime de cumplir las normas

La misma norma fija el límite de esa excepción. El punto 2 del artículo 70 dice que los conductores en esta situación deberán respetar las normas de circulación, “sobre todo en las intersecciones”, mientras que los demás usuarios deben actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 69.

Eso excluye circular por encima de la velocidad permitida, saltarse semáforos, entrar en dirección prohibida o cometer cualquier otra infracción. La preferencia que se solicita al resto de conductores no altera el régimen legal del vehículo ni suspende las reglas generales de tráfico.

El reglamento también prevé control policial. En cualquier momento, los agentes de la autoridad pueden exigir la justificación de las circunstancias que motivan la circulación en situación de emergencia, a partir del punto 3 del mismo artículo.

La norma va un paso más allá con las consecuencias del uso indebido. El punto 4 señala que las infracciones de este precepto tienen la consideración de graves, de acuerdo con el artículo 65.4.c) del texto articulado citado.

El pañuelo blanco, además, no tiene un único significado fuera de este marco. En varios países de Latinoamérica se utiliza de forma informal para señalar que un vehículo averiado ha tenido que detener la marcha, aunque en ese contexto las autoridades recuerdan que no es legal dejar un trapo blanco y abandonar el coche.

Es posible que hoy Margarita Robles se sienta satisfecha. Esa frase tan odiosa del yo ya lo dije la puede decir la ministra de Defensa tranquilamente. La publicación de los informes sobre la crisis migratoria de Ceuta, ordenada por el presidente Pedro Sánchez la semana pasada, avala su versión de los hechos frente a la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí trasladó alertas concretas sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma antes de que ocurriera.

El Gobierno ha hecho públicos este miércoles unos 40 documentos fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, que incluyen notas del CNI, informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), comunicaciones de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Entre ellos figuran dos mensajes de WhatsApp que el CNI remitió el 29 de julio, un día antes del asalto, a la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil y al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.

Esos avisos no se limitaron a advertir de un aumento genérico de la presión migratoria. Los servicios de inteligencia detectaron un grupo de WhatsApp denominado “Asalto a la valla de Ceuta” y una comunidad de Facebook con más de 160.000 miembros, Ceuta Fnideq, que difundían mensajes para presentar la Fiesta del Trono marroquí, celebrada el 30 de julio, como una oportunidad para cruzar la frontera. El CNI trasladó la misma alerta ese mismo 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes, tanto a la DGST como a la DGED.

A esto se suma un documento del Regimiento de Transmisiones 32 dirigido al CIFAS que advertía: “Se valora muy probable que durante el día 30JUL26 se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del Trono en Marruecos”. Defensa sostiene además que un informe del propio CIFAS llegó al Ministerio ese mismo 30 de julio, lo que dejó apenas unas horas de margen para reaccionar.

Marlaska y Sánchez habían negado cualquier advertencia previa

La documentación contradice de forma directa las afirmaciones que Marlaska y Sánchez han repetido. El ministro del Interior ha asegurado en repetidas ocasiones que “no hubo ningún aviso de que pudiera pasar nada parecido a lo que ha acontecido”, y llegó a comparar la situación con la crisis de 2021 el pasado 4 de agosto. Sánchez, por su parte, ha sostenido tanto en entrevistas televisivas como en su comparecencia ante el Congreso que “ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo”. Frente a esas versiones, Robles mantuvo desde el principio que “el CNI realizó la labor exigible y dio información”. Hoy los documentos declasificados le dan la razón.

Ahora se entiende mejor por qué el pasado 3 de septiembre, después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, Robles no aplaudió. Estuvo hablando durante hora y media y, al finalizar, recibió la ovación de todas sus ministras menos de una. Robles permaneció callada, sentada y seria en su escaño. La imagen no pasó desapercibida.

El Ministerio de Defensa respondió en redes sociales

Y este mismo miércoles, nada más ver la luz los informes, el Ministerio de Defensa ha publicado a través de su cuenta oficial en la red social X un mensaje en el que queda claro a quiénes se dirige. “La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI”, asegura el texto, en referencia a las acusaciones que se habían vertido en sede parlamentaria sobre un supuesto informe de la CIA al organismo español. El propio Marlaska había negado ese mismo miércoles en el Congreso la existencia de tal comunicación con la agencia estadounidense.

La mentira, en política, no puede utilizarse como argumento para desprestigiar la profesionalidad de los miembros del CNI, que nunca ha recibido informe alguno de la CIA sobre la invasión en Ceuta, como se ha afirmado en sede parlamentaria aprovechando la inmunidad de ese marco. pic.twitter.com/X8rhMbOhsl

— Ministerio Defensa (@Defensagob) September 9, 2026

La jueza María Tardón, que instruye una causa en la Audiencia Nacional sobre la crisis, ya había señalado en un auto previo que el aviso emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional el 29 de julio hablaba de “riesgo extremo” y de un escenario de entradas coordinadas a nado y a través de la valla, en línea con los documentos ahora desclasificados.

Con la desclasificación de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno ha desvelado las comunicaciones directas entre el CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los tres días previos. El cuerpo de inteligencia tenía constancia del llamamiento que se había hecho en redes sociales para hacer un “asalto por valla y mar”. En los informes, se ha revelado que los foros tenían “180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance”.

Conversación entre el CNI de Ceuta con el Gabinete Delegación Gobierno en la ciudad autónoma

Lunes 27 de julio, a las 11:20

Delegación: Reunión urgente con ciudad, CNP y GC para tema nadadores.

Delegación: cuando kieras te informo

CNI: Ok

CNI: La habéis tenido ya??

Delegación: llevamos aki desde las 0930

CNI: Pues cuando tengas un rato hablamos

Martes 28 de julio, a las 10:00

CNI: Buenos días

CNI: Q tal fue la reunión de ayer??

Martes 28 de julio, a las 17:07

CNI: Imagino q habrás visto esto

(Remisión del cartel de convocatoria de la concentración «CEUTA ALZA LA VOZ» prevista para el 02.08.2026, a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público)

Miércoles 29 de julio, a las 11:18

CNI: (envío pantallazo Happy Fnideq con el texto: Algunas fuentes y medios locales informan sobre un acuerdo preliminar entre Marruecos y España que permitiría la devolución de un grupo de migrantes que actualmente reside en el centro de refugio en la ciudad de Ceuta a Marruecos. Hasta ahora, no se ha emitido ningún anuncio oficial que confirme los detalles de este acuerdo o su alcance, por lo que las noticias permanecen pendiente de la confirmación de las autoridades pertinentes.)

CNI: Buenos días

CNI: Esta es un perfil de RRSS de Castillejos

CNI: Hay algo en firme???

Miércoles 29 de julio, a las 13:52

CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h.

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas

Miércoles 29 de julio, a las 21:34

Delegación: Llamada (11 minutos)

Conversación entre el CNI de Ceuta con el la UCE-3 de la Guardia Civil

Miércoles 29 de julio, a las 13:53

CNI: Llamada sin respuesta

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

Miércoles 29 de julio, a las 13:59

UCE-3: Llamada perdida

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

Miércoles 29 de julio, a las 14:41

UCE-3: Llamada (7minutos, 38 segundos)

La Policía Nacional elaboró varios documentos los días previos a la crisis migratoria de Ceuta del 30 y 31 de julio, jornadas en las que más de 80.000 personas entraron desde Marruecos de forma irregular a la ciudad autónoma. En estos informes, elaborados por el Grupo de Fuentes Abiertas y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, se ve cómo el cuerpo pasó de calificar los cruces de migrantes a nado como una “incidencia relativa” el 28 de julio, a elevar esa misma valoración a “riesgo muy alto” apenas 24 horas después. Un giro que figura en varios de los informes desclasificados este miércoles por el Gobierno sobre qué ocurrió tanto antes como durante el asalto masivo.

Dichos expedientes fueron redactados en respuesta a una alerta del Centro Nacional contra el Crimen Organizado (CNC), emitida el 27 de julio, sobre las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo por Infracción de Ley de Extranjería, que estableció que el rechazo en frontera —el mecanismo que permite devolver de forma inmediata a quienes intentan superar elementos físicos como la valla— dejaba de ser aplicable para las personas interceptadas en el mar. En estos casos, según la sentencia, debe tramitarse un procedimiento de devolución con garantías legales, incluida la posibilidad de solicitar protección internacional.

De hecho, los propios escritos policiales advierten que este cambio en la jurisprudencia “no concede residencia ni impide la devolución”. Su uso como argumento de captación por parte de las redes de facilitación de la inmigración irregular, señalan los documentos, se basaría en la percepción de una mayor demora en el procedimiento, y no en un beneficio jurídico real.

Sin riesgo de una “organización articulada de un salto masivo o asalto violento”

La nota del 28 de julio concluye, respecto al salto de valla, que “no se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento” en torno al 30 de julio, fecha del Día del Trono en Marruecos. Esta misma frase, casi de forma literal, reaparece en el informe firmado un día después.

Sin embargo, el Día del Trono, la principal festividad nacional marroquí, aparece en los tres documentos como un factor de riesgo. Los analistas de la Policía lo vinculan a un patrón detectado en años anteriores, como una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí como mecanismo de presión política, coincidiendo además con el discurso anual del rey Mohamed VI. Los informes también recuerdan el precedente del 28 de julio de 2018, cuando más de 600 personas lograron entrar a Ceuta tras un asalto violento que dejó más de 20 agentes de la Guardia Civil heridos.

“Día 30 de julio, vamos a atacar cerca de Ceuta”

Pese a mantener esa valoración sobre la vía terrestre, el informe del 29 de julio incorpora, en su apartado de “novedades detectadas”, un dato que no aparecía en el documento emitido el día anterior. Y es el de la detección de “comunicaciones internas en grupos de migrantes en que tratan de organizar entradas masivas en la noche del 29/07/2026 utilizando las dos posibles modalidades principales de entrada (vía terrestre y entradas a nado) para provocar el mayor colapso posible”.

Los documentos incluyen capturas de un grupo de WhatsApp con 260 usuarios, cuyo nombre traduce la Policía como “los que queman las fronteras”. Entre los mensajes registrados el 28 de julio figura uno que dice, según la traducción policial: “Ataque va a ser playa, valla y bosque, día jueves es fiesta del trono”. Otro usuario del mismo grupo escribió: “Compartir la publicación. Día 30 de julio vamos a atacar (avalancha) cerca de Ceuta”. Un tercer mensaje instaba a la coordinación entre distintas células: “Cada grupo se ponga en contactos con otros grupo”.

Además, el riesgo asociado a los cruces a nado sí cambió entre ambas fechas. El 28 de julio, esta modalidad se describía como “incidencia relativa”. Un día después, el informe la reclasifica de forma explícita como de “riesgo muy alto”, respaldado con cifras concretas: 921 cruces a nado registrados en Ceuta durante el mes de julio, frente a 124 intentos de salto a la valla.

No obstante, los propios analistas de la Policía advirtieron en sus conclusiones que no podía establecerse “una relación causal directa” entre el repunte de cruces y los efectos de la sentencia del Supremo. Pero el último de los tres informes añade como nueva conclusión que “no se descartan acciones combinadas por mar y tierra”.

El 30 de julio, miles de personas cruzaron de Marruecos a Ceuta. Ya se había producido un goteo de entradas, pero ese día el caos se apoderó del espigón de El Tarajal. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llevaba unos días (desde el 27 como mínimo, según los informes que ha desclasificado este miércoles el Gobierno) advirtiendo de movimientos inusuales en redes al otro lado de la frontera.

Pero el aviso más importante se produjo el 29 de julio, un día antes. Un miembro del CNI escribió a Delegación de Gobierno de Ceuta un mensaje por WhatsApp advirtiendo que “en RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20″. Estos mensajes demuestran la línea que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido en todo momento, sobre la existencia de alertas del CNI sobre lo que podía suceder en Ceuta y que al final sucedió.

Así fue la conversación que se mantuvo a las 13:52 del mediodía de ese 29 de julio:

CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

Delegación: Sus rilas [una expresión informal que quiere decir “que tengan miedo (ellos)”]

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A las 21:34, es decir, unas siete horas después, Delegación habló con el contacto del CNI unos 11 minutos, una conversación que no ha trascendido en los informes desclasificados por el Gobierno. Ese mismo día, en paralelo y a la misma hora, el CNI avisaba a la Unidad Central Especial 3 (UCE 3) de la Guardia Civil y llamaba sin obtener respuestas, por lo que le dejaba unos mensajes.

CNI: XXXX te llamo por la situación de Ceuta.

CNI: Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono

CNI: Tenemos varios grupos en Fb y WahtsApp incentivando estas entradas.

A las 13:59, se produce una llamada perdida desde la UCE-3.

UCE-3: xxxxxx perdóname que todo este tema me ha cogido fuera y no lo tengo fácil para arreglar.

UCE-3: Estos días están XXXX que ha estado unos meses fuera y también Xxxxx

UCE-3: Me puedes llamar a mí también

A las 14:41, se produce una llamada entre ambos cuerpos que dura 7 minutos y 38 segundos.

El CNI advirtió también a Marruecos

El CNI emitió ese mismo 29 de julio a las 18:26 horas una nota informativa con una “alerta temprana” que tenía como destinatario los servicios de inteligencia de Marruecos, en los que avisaba de un posible “asalto a la valla de Ceuta” justo un día después, el 30 de julio, coincidiendo con la semana de la Fiesta del Trono en el país vecino.

“En días recientes se ha tenido conocimiento de la planificación de varias convocatorias para llevar a cabo entradas a Ceuta, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono”, advierte el CNI en esa alerta remitida a la DGST y DGED marroquí.

El CNI avisaba a la inteligencia marroquí de algunos perfiles especialmente activos, y citaba un grupo de Whatsapp de nombre “Asalto a la valla de Ceuta” cuyo administrador tenía “dos teléfonos, uno español y otro argelino”. Su nombre aparece tachado por motivos de seguridad.

También se aludía a un grupo de Facebook con el nombre Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y se advertía de mensajes en los que se invitaba a cruzar a España. “El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles”, indicaba el CNI.

La inteligencia española se refería, además, a un grupo de Facebook con el hombre Hraga Ceuta con más de 22.000 miembros, en este caso sin un día exacto para cruzar a España, aunque subrayaba que “el llamamiento sería favorable durante toda la semana”.

“Castillejos-Ceuta: toda la semana está bien para los que quieran pasar, esta es la oportunidad; que Dios os facilite”, rezaba el mensaje.

El documento del CNI remitido a la inteligencia marroquí terminaba solicitando colaboración: “En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su Servicio; se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto”.

El PP señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como “responsables máximos” de la “invasión” de migrantes al considerar que estaban avisados y no hicieron “nada”. Así lo ha expresado la portavoz popular en el Cogreso, Ester Muñoz, en la red social X, una vez el Ejecutivo ha desclasificado los informes de Ceuta, que evidencian que conocía una actitud “negligente” y “pasiva” de Marruecos ante un llamamiento a una entrada masiva en España.

Mocloa ha publicado en su web decenas de documentos trascendentes sobre la entrada de migrantes en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio en la que murieron 145 personas. Se trata de informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechados antes, durante y después del estallido de esta crisis. “No tenenos nada que esconder, actuamos con transparencia”, afirmó este martes la ministra portavoz, Elma Saiz.

“El problema no es el CNI, como ha dicho hoy Sánchez. El problema es él. Elecciones ya, los españoles tenemos derechos a elegir entre un gobierno sumiso que vende a nuestro país o a un presidente que defienda nuestras fronteras y a los ceutíes”, ha escrito Muñoz, que en un comentario posterior ha sentenciado: “Estamos ante el episodio más grave de la democracia”.

Cronología del asalto

Según se desprende de la abundante documentación desvelada, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un “llamamiento” en redes sociales para llevar a cabo un “asalto por valla y mar” a la ciudad autónoma española. El aviso llegó a través de WhatsApp el 29 de julio, un día antes de la entrada de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

“En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00 horas aprovechando la Fiesta del Trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados”, señala el mensaje enviado por un agente del CNI ubicado en Ceuta a una persona del Gabinete de la Delegación del Gobierno a las 13:52 horas. El texto forma parte de la transcripción incluida en los documentos desclasificados.

Los mensajes contradicen al Gobierno

El agente del CNI advirtió de que los grupos en redes sociales en los que se alentaba la entrada masiva contaban “con un total de 180.000” seguidores. “Para que te hagas una idea del alcance de la difusión”, añadió en el intercambio de mensajes. Su interlocutor respondió con brevedad: “Sus rilas”. Horas más tarde, a las 21:34 horas, ambos mantuvieron una conversación telefónica de once minutos de duración.

Estos mensajes contradicen la versión del Gobierno, que insistió en que “ningún informe previo” permitió prever la magnitud de los sucesos ocurridos el 30 de julio de 2021. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió por su parte que el CNI y la inteligencia militar sí aportaron información en los días previos a la crisis. La Delegación del Gobierno en Ceuta emitió entonces un comunicado para desmentir a la titular de Defensa: “Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio”.

La primera comunicación entre el CNI y Ceuta

La transcripción desclasificada muestra que el CNI en Ceuta y el Gabinete de la Delegación del Gobierno ya intercambiaban mensajes el 27 de julio. A las 11:20 horas, la Delegación del Gobierno informó al CNI de una reunión “urgente” convocada con el Ejecutivo ceutí, la Policía Nacional y la Guardia Civil “para el tema nadadores”, y le indicó que “cuando quiera le informa”.

Ese mismo día, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma emitieron un comunicado conjunto tras el encuentro en el que informaron de que más de mil personas habían entrado en Ceuta a nado durante la última semana y del colapso de los centros de acogida.

El agente del CNI preguntó si ya se había celebrado la reunión, y la institución gubernamental en Ceuta respondió que “llevan ahí desde las 09:30 horas”. “Pues cuando tengas un rato hablamos”, añadió. Ese día no volvieron a intercambiar mensajes.

Ya el martes 28, a las 10:00 horas, el agente del CNI insistió: “Buenos días, qué tal fue la reunión de ayer?”. Ese mensaje no recibió respuesta. A las 17:07 horas de la misma jornada, el miembro del servicio de inteligencia envió un mensaje con el cartel de la convocatoria de la concentración ‘Ceuta alza la voz’, prevista para el 2 de agosto, “a efectos de sus posibles consecuencias sobre el orden público”. Tampoco consta respuesta a este último mensaje.

“Te llamo por Ceuta”

El 29 de julio, el CNI se puso en contacto además con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, a las 13:53 horas, un minuto después de la comunicación con el Gabinete de la Delegación del Gobierno. Tras una llamada sin respuesta, el agente envió un mensaje: “Te llamo por la situación de Ceuta”.

“Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del Trono, tenemos varios grupos en Facebook y WhatsApp incentivando estas entradas”, agregó en el mensaje dirigido a la UCE-3.

Tras otra llamada perdida, el miembro de la unidad se disculpó e informó de que “todo este tema le ha cogido fuera” y que “no lo tiene fácil para arreglar”. Añadió que otras personas del equipo “han estado unos meses fuera”, aunque su interlocutor matizó que “se le puede llamar también”. Ambos mantuvieron finalmente una llamada telefónica de siete minutos y 38 segundos a las 14:41 horas.

El Gobierno ha desclasificado este miércoles 40 documentos trascendentes sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio en la que murieron 145 personas. Se trata de informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechados antes, durante y después del estallido de esta crisis. “No tenemos nada que esconder, actuamos con transparencia”, afirmó este martes la ministra portavoz, Elma Saiz. El resultado ya es accesible a cualquier ciudadano en la página web de Moncloa.

La finalidad de que estos informes vean la luz es, por parte del Gobierno, demostrar que no conocen indicios que apunten a que Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva. Al respecto hay muchos mensajes y en ocasiones contradictorios.

En uno de los documentos aparece un mensaje que envió el mismo día 30 el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). En él avisan: “Es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva”. No hay nada seguro, pero sí que señalan a una posible participación del país vecino. Y continúan: “Es probable que las fuerzas marroquíes incrementen su implicación a partir del 01AGO26, una vez finalizada la Festividad de Trono. Es casi seguro que el deterioro de la situación en Ceuta requerirá la activación de las Fuerzas Armadas a muy corto plazo”. Y finalmente añaden: “Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos”.

Ese mismo día, hay un correo electrónico del Estado Mayor de la Guardia Civil que avisa de lo siguiente: “Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada”. Es decir, un día antes de la entrada masiva, cuando ya se estaban produciendo algunas entradas de entorno a 200 migrantes por día, para la Guardia Civil, Marruecos colaboraba. Después, el día que entraron 80.000, se habla de la “pasividad” del país vecino.

La Jefatura de Información de la Guardia Civil no implica a Marruecos

Sin embargo, es difícil llegar a conclusiones porque poco después la Jefatura de Información de la Guardia Civil escribió: “En el mismo sentido, medios de prensa oficialistas de Marruecos no han expresado de forma crítica las nuevas relaciones de España con Argelia, considerando que no modifican la posición española con Marruecos ni sus intereses. Por lo que resulta muy poco probable que la monarquía esté utilizando la inmigración, en represalia y menos en un día tan importante para el Reino, contra los intereses de España. Lo anterior, unido a las interceptaciones de las FSM en los días precedentes, hace que resulte poco probable que la aproximación en masa que se está produciendo al Tarajal, se deba a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

La Policía Nacional cambió de opinión en dos informes

La Policía Nacional también se pronunció al respecto y también puso en duda a Marruecos. Primero, en un informe del día 28 de julio, apuntaron: “No se aprecian indicadores de inteligencia ni un aumento significativo de interacciones que apunten a la organización articulada de un salto masivo o asalto violento a los elementos físicos de contención en torno al día 30 de julio; no obstante, se mantendrá la monitorización activa de los grupos de WhatsApp y canales de mensajería detectados, al objeto de identificar de forma temprana una eventual expansión o intensificación de la movilización”. Pero al día siguiente cambió de opinión:

“Este episodio se enmarca en un posible patrón geopolítico entre el aumento del riesgo de saltos masivos durante los últimos días de julio y las principales festividades nacionales de Marruecos, especialmente el Día del Trono, celebrado el 30 de julio. Dicho patrón se fundamentaría en tres factores”. El primero de ellos era “una posible relajación temporal del control fronterizo marroquí en los días previos a estas festividades, utilizada como mecanismo de presión política”.

El segundo, “la voluntad de reforzar, coincidiendo con el principal discurso anual de Mohamed VI, la percepción de dependencia de España y de la Unión Europea respecto al control migratorio ejercido por Marruecos. Y el tercero, ”el conocimiento de esta permisividad temporal por parte de los migrantes concentrados en las proximidades de la frontera”.

La Comisión Europea desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, donde permanecen varios miles de migrantes que entraron de forma irregular desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo comunitario también reforzará el apoyo operativo de Frontex.

El Gobierno solicitó formalmente el 28 de agosto 10 agentes fronterizos para agilizar el triaje de las personas que seguían en la ciudad autónoma de forma irregular y también 32 millones de euros en fondos de emergencia. La petición abrió semanas de contactos entre Madrid y Bruselas para concretar las necesidades, después de que la Comisión pidiera “aclaraciones” sobre el apoyo reclamado.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se desplazó este martes a Bruselas para añadir presión y mantuvo varios encuentros con los responsables comunitarios, entre ellos el comisario del Interior y Migraciones, Magnus Brunner, a quien solicitó refuerzos y exigió al bloque una mayor contundencia política hacia Marruecos.

“Ceuta vive una situación insostenible [...] Estamos al borde del colapso”, insistió el dirigente regional en una rueda de prensa desde la capital comunitaria. Vivas reclamó también la declaración de Ceuta como frontera europea y la adecuación del Pacto de Migración y Asilo al territorio. En ese mismo día, el responsable de migraciones europeo recibió al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha recordado este miércoles que “la situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores” y ha insistido en que la prioridad es el retorno de “quienes no tienen derecho a permanecer en la zona”.

Una delegación de eurodiputados viaja a Ceuta

Vivas también se reunió con miembros del Parlamento Europeo, incluida la presidenta de la institución, la conservadora Roberta Metsola, y con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber. Fuentes del PP en la Eurocámara han avanzado que mañana se desplazará a Ceuta una delegación de eurodiputados “con el objetivo de examinar la situación en el terreno”.

Esta misión, subrayan las fuentes, “busca conocer las circunstancias concretas en las que se produjo la invasión y la permisividad o coordinación por parte de fuerzas marroquíes en los hechos”. El viaje tendrá lugar un día después de la desclasificación de documentos policiales que expondrán los avisos emitidos por los agentes fronterizos españoles los días previos a la crisis migratoria. No entrarán en este dossier, sin embargo, los documentos previos, entre ellos el documento que apuntaría a que los gendarmes marroquíes “guiaron” a los migrantes hacia la frontera desde distintos puntos del país. Por otra parte, el presidente del Gobierno recibirá esa misma tarde al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en La Moncloa.

Los motoristas ya pueden encontrarse con una nueva referencia pintada sobre el asfalto en algunas carreteras españolas, formada por pequeños círculos blancos situados junto a la línea central y presentes, sobre todo, en determinados tramos de curvas.

No están ahí para decorar la calzada ni modifican las normas de circulación. Su función es mucho más concreta: ayudar a los conductores de motocicletas a escoger una trazada más segura y evitar que se acerquen demasiado al carril contrario.

La medida forma parte de una estrategia que la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo estudiando para reducir la siniestralidad de uno de los colectivos más vulnerables de la carretera. La iniciativa, conocida como ‘guiado en la trazada’, pretende utilizar las propias marcas del pavimento como una referencia visual para que los motoristas adopten una posición más segura al afrontar las curvas.

Eso sí, hay una precisión importante: aunque la DGT ha incorporado esta solución a sus estrategias de seguridad vial, los círculos que ya se han probado sobre el terreno en España corresponden al Servei Català de Trànsit (SCT). No existe, por tanto, una implantación generalizada de estas marcas por parte de la DGT en toda la red de carreteras española.

El interés por esta medida coincide con un año especialmente negativo para los motoristas. En 2025 fallecieron 304 usuarios de motocicletas en vías interurbanas, cinco más que en 2024 y la cifra más elevada de la última década. De ellos, 232 murieron en carreteras convencionales, frente a 72 en autopistas y autovías, según el balance de la DGT.

Las carreteras convencionales son precisamente uno de los escenarios donde más sentido tiene esta estrategia. En ellas, una curva mal trazada puede terminar en una salida de vía o, todavía peor, en una invasión del carril contrario. Para un motorista, que no cuenta con la estructura de protección de un turismo, las consecuencias de un accidente pueden ser especialmente graves.

Qué significan los círculos blancos

La explicación de estas marcas es sencilla. El motorista debe evitar pisar los círculos y utilizarlos como una referencia para mantener su trayectoria alejada del eje central de la carretera. Las marcas se sitúan cerca de la línea que separa los dos sentidos de circulación. Al dejar los círculos hacia el interior de la curva, el motorista se ve guiado a realizar una trayectoria algo más abierta y a mantener una mayor distancia respecto al tráfico que circula en sentido contrario. Por eso, los círculos no funcionan como una señal convencional que obligue a detenerse, cambiar de carril o reducir la velocidad. Son una referencia visual destinada a influir en la trazada del motorista.

La estrategia no se limita a los círculos. La DGT también ha estudiado otras marcas horizontales destinadas a modificar el comportamiento de los conductores, como las líneas perpendiculares pintadas sobre el asfalto, utilizadas como referencias visuales para mejorar la percepción de la velocidad, la distancia o la trayectoria. La diferencia es que los círculos están pensados específicamente para corregir la posición de la motocicleta durante el paso por una curva. No crean un carril para motos ni establecen una nueva zona de circulación.

Cataluña ya ha puesto a prueba el sistema

En España, Cataluña se ha convertido en uno de los principales escenarios para comprobar sobre el terreno si estas marcas consiguen modificar la forma en la que los motoristas afrontan las curvas. El Servei Català de Trànsit ya realizó una primera prueba en 2019 en la carretera BV-2115, en el entorno del pantano de Foix. A partir de esa experiencia, el organismo ha continuado estudiando diferentes sistemas de guiado para las motocicletas.

En 2025 amplió las pruebas a dos nuevos tramos: la N-260, en la Collada de Toses, en el Ripollès, y la B-124, entre Sant Llorenç Savall y Calders. La primera pertenece a la red estatal y la segunda es de titularidad de la Generalitat. En ambos casos, las marcas se colocan en zonas concretas de la carretera para comprobar si ayudan a los motoristas a mantener una trayectoria más alejada del eje central.

El sistema tiene su principal precedente en Austria. Allí, el organismo de seguridad vial KFV lleva desde 2016 experimentando con diferentes marcas sobre el pavimento para comprobar su efecto sobre la siniestralidad de las motocicletas. Entre ellas están las denominadas elipses blancas, similares a los círculos que se han utilizado posteriormente en España.

Uno de los estudios más citados se desarrolló en 19 curvas consideradas de riesgo en Tirol. Según el KFV, entre julio de 2019 y finales de 2021 se registraron cuatro accidentes de motocicleta con daños personales en los puntos intervenidos y el organismo calculó una reducción del 80% de los accidentes de moto en esas curvas. El dato, sin embargo, debe interpretarse dentro de su contexto.

La experiencia de otros países también ofrece resultados diferentes. En Luxemburgo, por ejemplo, la DGT recoge que estas marcas se han instalado en 52 curvas y que el porcentaje de motoristas que circulaban por la zona considerada segura pasó del 10% al 58%. En Escocia se han utilizado otros sistemas de señalización horizontal para tratar de reducir la velocidad y mejorar la posición de las motocicletas en curvas problemáticas.

Por ahora, los círculos no constituyen una señal de tráfico de nueva aplicación general en España ni cambian las reglas que deben seguir los conductores. En los tramos donde están instalados, los coches y el resto de vehículos continúan sujetos a las mismas normas. Para los motoristas, en cambio, las marcas funcionan como una referencia adicional: deben evitar pisarlas y utilizarlas para mantener una trazada más alejada del centro de la calzada al afrontar la curva.

Antonio Narváez Rodríguez se ha convertido en uno de los nombres propios de la decisión judicial que mantiene en suspenso las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’. Su nombre figura como magistrado ponente de uno de los procedimientos que han desembocado en la medida cautelar acordada esta semana por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, aunque la resolución no corresponde a una decisión individual suya, sino al criterio adoptado por la Sección Cuarta, integrada por seis magistrados y con un voto particular.

Y ese matiz importa. En un tribunal colegiado, el ponente es el magistrado encargado de estudiar el procedimiento en profundidad, analizar las cuestiones jurídicas planteadas y preparar la propuesta de resolución que después se somete a deliberación y votación del resto de integrantes de la Sala. Es también quien redacta finalmente el auto o la sentencia conforme al criterio que haya resultado aprobado. En este caso, ese trabajo ha recaído en Narváez, un jurista cuya trayectoria resulta bastante más extensa y singular que la de un magistrado que acaba de aterrizar en el Supremo.

Porque Narváez lleva más de cuatro décadas moviéndose por las instituciones superiores de la Justicia española. Ha sido fiscal, fiscal jefe, teniente fiscal del Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional. Y, antes de llegar a la Sala Tercera del Alto Tribunal, ya había pasado por sus dependencias durante años, aunque entonces lo hacía desde la otra parte de la mesa: como miembro del Ministerio Público.

El número uno que escogió ser fiscal

La historia comienza en 1982. Antonio Narváez, nacido en Badajoz en 1958, ingresó aquel año en la Escuela Judicial como número uno de la XXVIII promoción. Un comienzo que apuntaba directamente hacia la judicatura, pero que terminó tomando otro camino. Narváez optó por incorporarse a la Carrera Fiscal y comenzó así una trayectoria que acabaría llevándole hasta algunos de los puestos de mayor responsabilidad del Ministerio Público.

Su primer destino fue la Audiencia Provincial de Córdoba. Allí fue nombrado abogado-fiscal en 1982 y dos años después ascendió a la categoría de fiscal. En 1987 llegó a Teruel para hacerse cargo de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que dirigió durante una década. Para entonces ya había dejado atrás los primeros escalones de la carrera y empezaba a perfilarse el ámbito en el que desarrollaría buena parte de su trayectoria: el Derecho público y, especialmente, la jurisdicción contencioso-administrativa.

En 1997 dio el salto a Madrid y se incorporó a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Permaneció allí diez años, una etapa que le permitió trabajar desde dentro con algunos de los grandes conflictos constitucionales que llegaban al órgano de garantías. En 2007 regresó al Tribunal Supremo, pero de nuevo como fiscal. Fue nombrado Fiscal de Sala y asumió la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Alto Tribunal.

Su ascenso dentro del Ministerio Público continuó hasta uno de los puestos de mayor responsabilidad de la institución. En 2013 fue nombrado teniente fiscal del Tribunal Supremo, el segundo escalón de la Fiscalía después del fiscal general del Estado. Para entonces, Narváez había construido ya una carrera marcada por el paso por los principales órganos jurisdiccionales del país.

Y no solo desde los despachos. Su currículo recoge también una amplia actividad docente y jurídica. Ha participado en la formación de fiscales y jueces y es autor de distintos trabajos especializados. Entre ellos figura una monografía sobre el Tribunal del Jurado publicada en 1995 y varios estudios relacionados con el Derecho electoral y la intervención del Ministerio Fiscal en los procesos electorales.

Del Ministerio Fiscal al Constitucional

El siguiente salto llegó en 2014, cuando Narváez fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. Pasó así de defender la posición del Ministerio Público ante los tribunales a ocupar uno de los doce asientos del órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes.

Su llegada coincidió con algunos de los años más convulsos de la política española reciente. Durante su casi década en el Constitucional participó en decisiones relacionadas con el desafío independentista catalán, el funcionamiento de las instituciones parlamentarias y los recursos derivados de las medidas adoptadas durante la pandemia de coronavirus.

Entre las resoluciones en las que intervino figura la sentencia sobre el segundo estado de alarma decretado durante la pandemia, así como distintos pronunciamientos sobre el funcionamiento de las instituciones catalanas y sobre derechos fundamentales. No siempre actuó como ponente: como integrante del Pleno, su papel consistía en participar en la deliberación y votación de las resoluciones que correspondían al tribunal.

Su pasado como fiscal llegó a tener también consecuencias en su etapa constitucional. En algunos procedimientos se plantearon recusaciones o abstenciones relacionadas con su intervención previa desde el Ministerio Público. Uno de ellos estuvo vinculado a un recurso de amparo promovido por dirigentes de la izquierda abertzale, que cuestionaron su participación después de que hubiera intervenido anteriormente como fiscal en un procedimiento relacionado con Sortu. El Constitucional estudió entonces el incidente.

Aquellos episodios ilustran una particularidad de la trayectoria de Narváez: buena parte de su carrera se desarrolló antes en las instituciones a las que posteriormente llegó como magistrado. Conocía desde dentro tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo y, cuando se incorporó al Constitucional, llevaba años trabajando en asuntos que llegaban precisamente a ese órgano.

El regreso al Supremo, esta vez con toga de magistrado

Narváez terminó su etapa en el Constitucional a finales de 2022. Y, en lugar de abandonar el entorno del Alto Tribunal, regresó a la Fiscalía del Supremo como Fiscal de Sala adscrito a la Sección de lo Contencioso-Administrativo.

El cambio definitivo llegó en 2025. El Consejo de Ministros formalizó su nombramiento como magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para cubrir la vacante producida tras el fallecimiento de Ángel Aguallo Avilés. Su acceso se produjo por el turno reservado a juristas de reconocida competencia, de modo que llegó a la magistratura del Supremo después de una carrera desarrollada fundamentalmente fuera de la judicatura ordinaria.

Hay algo especialmente llamativo en ese recorrido: cuando Narváez se incorporó a la Sala Tercera no necesitó familiarizarse con el edificio ni con la jurisdicción que tenía delante. Ya había trabajado durante años en la Fiscalía del Supremo y había ejercido como teniente fiscal de la institución. La diferencia era que ahora ocupaba el otro lado del tribunal.

Desde septiembre de 2025 forma parte de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Apenas un año después de su llegada, su nombre ha quedado ligado al procedimiento sobre las inscripciones electorales de los beneficiarios de la ‘ley de nietos’.

No es, además, un terreno completamente ajeno a su trayectoria. Mucho antes de convertirse en magistrado del Supremo, Narváez había dedicado parte de su actividad profesional y académica al Derecho electoral. En 2006 publicó un trabajo sobre la intervención del fiscal en los procesos electorales y, durante su etapa al frente de la sección contencioso-administrativa de la Fiscalía del Supremo, participó en la organización de actividades de formación especializada sobre esta materia.

También había estudiado el funcionamiento del Tribunal del Jurado, una figura jurídica sobre la que publicó en los años noventa. Son dos ámbitos distintos y no existe una relación directa entre aquellos trabajos y el procedimiento que ahora tiene sobre la mesa, pero forman parte de una trayectoria jurídica que ha estado durante décadas vinculada al Derecho público, los derechos fundamentales y los procedimientos ante los tribunales superiores.

Ahora, desde su asiento en la Sala Tercera y como ponente de uno de los recursos sobre la aplicación electoral de la Ley de Memoria Democrática, Narváez vuelve a aparecer en primer plano. Esta vez ya no como fiscal ante el Supremo ni como magistrado del Constitucional, sino como integrante del tribunal que debe resolver un litigio con implicaciones sobre el acceso al censo electoral de miles de ciudadanos.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 5, anuló el pasado junio una multa de 200 euros impuesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) a un conductor por saltarse una línea continua, al considerar que el sistema de cámaras utilizado para detectar la infracción no aportaba prueba suficiente. La sentencia, que ya es firme, abre la puerta a que otros conductores sancionados por el mismo motivo puedan reclamar la devolución del importe pagado.

La doble cámara no captura al coche mientras comete la infracción

El método cuestionado se basa en dos cámaras con sistema de reconocimiento de matrícula, colocadas al principio y al final de un tramo de carretera protegido con línea continua. Cuando el sistema detecta que un vehículo circula por un carril distinto al que ocupaba al inicio del tramo, la DGT interpreta que ha cambiado de carril de forma irregular y emite la sanción, sin que exista una imagen del coche en el momento concreto de pisar la línea.

El tribunal ha considerado que esa forma de proceder no permite dar por probada la infracción. Según el criterio judicial, la ausencia de una imagen que capte al vehículo sobre la línea continua deja abierta la posibilidad de que el cambio de carril se produjera por otras circunstancias del trayecto, no necesariamente relacionadas con una maniobra prohibida. El fallo establece que, si no existe una imagen del vehículo pisando la línea continua, la infracción no sería válida.

Este pronunciamiento se suma a una tendencia que los tribunales vienen aplicando desde hace años frente a los nuevos sistemas de vigilancia de la DGT. El organismo ha ido incorporando radares y cámaras con inteligencia artificial, equipos capaces de procesar un mayor número de vehículos por unidad de tiempo, lo que se traduce en un aumento del número de sanciones emitidas. Sin embargo, los juzgados anulan cada año miles de multas por defectos de forma o por fallos en el funcionamiento de estos dispositivos, lo que representa un problema recurrente para la DGT a la hora de sostener sus sanciones ante los recursos presentados por los conductores.

El caso resuelto ahora afecta de forma directa al método de doble cámara empleado para vigilar los carriles señalizados con línea continua, un sistema que, según se desprende de la sentencia, no incorpora un registro visual del instante exacto en el que se produce el cruce de la línea, sino que se limita a comparar la posición del vehículo en dos puntos distintos del recorrido.

La resolución judicial tiene un alcance que va más allá del caso concreto. Miles de conductores han sido sancionados en los últimos años con este mismo procedimiento y, en teoría, podrían iniciar un proceso judicial para solicitar la devolución del importe abonado por sanciones similares. No obstante, la mayoría de los afectados no ha ejercido ese derecho hasta ahora, debido a la complejidad que implica reclamar por la vía judicial y a que buena parte de los conductores prefiere evitar ese tipo de trámites, según recoge el citado medio.

La Audiencia Nacional ha resuelto un caso con el que probablemente se vuelva a encontrar. Quienes ingresan en España desde Marruecos con la intención de quedarse lo hacen porque de otra forma no pueden subsistir, o bien sus allegados. En una sentencia de este pasado mes de agosto, el tribunal ha ordenado la devolución de una de estas personas, que, sin más solución, ha informado de que su principal objetivo una vez pise de nuevo su país será regresar a este.

Se trata de un joven que cruzó a nado desde Castillejos, como tantos lo hicieron este verano, llegando a Ceuta. Este lo hizo el 12 de junio. Solo 24 horas después, la policía abrió diligencias por su entrada a través de un paso no habilitado. Ante las autoridades españolas, el joven explicó que necesitaba un trabajo. Pidió asilo, sin referir persecución política ni de ninguna otra índole. Había cruzado estrictamente por motivos económicos, para garantizar techo y comida a su familia.

Con tranquilidad y sin rodeos, dijo algo más: si era devuelto a Marruecos, volvería a intentar entrar en España. Aportó su documentación y aguardó el procedimiento, que se trató con carácter de urgencia por tratarse en apariencia de una solicitud “manifiestamente infundada”. El expediente pasó entonces a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, organismo en el que participa ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que en efecto no vio motivo para aprobar la demanda del migrante.

Un caso de “especial urgencia”

El Ministerio del Interior dictó resolución el 28 de julio, denegando la protección internacional, así como la subsidiaria, un amparo distinto para quienes no cumplen los requisitos del asilo pero sí enfrentan riesgos graves en su país de origen. La conclusión fue clara: no había señales de persecución ni ningún motivo que encajara en la Convención de Ginebra de 1951.

Tras la negativa, el solicitante actuó rápido. A través de su abogado, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del ministerio. En el mismo escrito pidió algo más prioritario: frenar la orden de expulsión que pesaba sobre él. Su argumento central fue el principio de no devolución. Esta regla dice que ninguna persona puede ser enviada a un país donde su vida o su libertad corran peligro. Aparece recogida en la Convención de Ginebra y también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En ese momento, el joven se encontraba en el CETI de Ceuta, a la espera de un posible retorno inminente. Por esa razón, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional reconoció que el caso tenía “especial urgencia” y resolvió con rapidez.

La resolución

El auto llegó el 17 de agosto. Los jueces no aceptaron frenar la expulsión. Explicaron que el principio de no devolución no se aplica de forma automática. Quien pide asilo debe aportar alguna señal real de riesgo en su país y en este caso no la encontraron. El propio relato del solicitante hablaba de dinero, no de miedo, y la única prueba aportada fue un documento de identidad.

La Sala añadió otro argumento: señaló que existe un interés público importante en que el asilo no se use de forma indebida. Según los jueces, esta figura legal no puede convertirse en una vía de entrada sin control al territorio español. Citaron, además, jurisprudencia previa del Tribunal Supremo, que establece que las medidas cautelares en estos casos deben basarse en una apariencia real de persecución, no en motivos económicos.

Con esta decisión, el joven puede ser devuelto a Marruecos en cualquier momento, incluso antes de que se resuelva el recurso de fondo contra la denegación de su asilo.

El Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la ‘ley de nietos’. La medida no frena los expedientes para obtener la nacionalidad española, pero sí paraliza de forma provisional el derecho a voto de las personas cuya inscripción se apoye en la presunción de exilio recogida en una instrucción del Ministerio de Justicia.

La suspensión seguirá vigente hasta que el alto tribunal dicte sentencia sobre el fondo de los recursos. Estos fueron presentados por Iustitia Europea y Vox contra la negativa de la Junta Electoral Central (JEC) a paralizar la aplicación de la norma. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se opusieron a la adopción de la medida cautelar, que finalmente ha sido estimada por la Sala.

La ‘ley de nietos’ permite solicitar la nacionalidad por descendencia de exiliados

Lo que comúnmente es llamado ‘ley de nietos’ se refiere a las disposiciones sobre nacionalidad incluidas en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. La norma abrió la posibilidad de que personas nacidas fuera de España solicitaran la nacionalidad española si eran descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella tras salir del país por motivos de exilio.

El texto legal incluye a los nacidos fuera de España “de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.

Para aplicar esa previsión, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó el 25 de octubre de 2022 una instrucción para los registros. El documento estableció una presunción general para determinadas salidas de España durante el siglo XX. “Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955″, señalaba la instrucción ahora afectada por la suspensión cautelar.

Esa presunción permitía conceder la nacionalidad sin que el solicitante tuviera que aportar documentos que demostraran de forma individual la condición de exiliado de su padre, madre, abuelo o abuela. El Supremo deberá determinar si ese criterio se ajusta a la Ley de Memoria Democrática.

El CERA reúne a los españoles que viven fuera del país y pueden votar

El Censo Electoral de Residentes y Ausentes (CERA) es el registro de los ciudadanos españoles que residen habitualmente en el extranjero y pueden participar en los procesos electorales españoles. La obtención de la nacionalidad permite, en determinadas condiciones, incorporarse a este censo y ejercer, por tanto, el derecho de voto.

La decisión del Supremo distingue entre la nacionalidad y sus efectos electorales. Los expedientes podrán llegar a término, pero la inclusión en el censo quedará suspendida para los casos vinculados a la presunción de exilio. Los magistrados indican que “se continuará la tramitación del correspondiente expediente de inscripción hasta su finalización. Una vez finalizado dicho expediente, se suspenderá la inscripción en el citado Censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento”.

Para las personas que ya estuvieran inscritas por esta vía, la resolución dispone que “se suspenderán los efectos electorales de la inscripción en dicho Censo”. Esto implica que conservarán el resultado de su expediente de nacionalidad, pero no podrán votar mientras siga vigente la cautelar.

La suspensión no alcanza a quienes hayan acreditado documentalmente el exilio de sus familiares. El Supremo precisa que “no se aplicará” a quienes “hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, sin haber aplicado la presunción”.

El tribunal también ha pedido a la Oficina del Censo Electoral que detalle cuántos expedientes se han tramitado y cuántos se acogieron a la presunción aplicada desde 2024. Además, respalda que se elaboren criterios para determinar el municipio de inscripción electoral de los nuevos votantes residentes en el extranjero.

Pedro Sánchez ha vuelto a defender públicamente a Begoña Gómez un día después de que el juez Juan Carlos Peinado celebrara la audiencia preliminar que deja la causa a las puertas de un eventual juicio oral con jurado. “Yo creo que a Begoña Gómez no se le ha hecho justicia en todo este proceso”, ha asegurado este miércoles el presidente del Gobierno durante su entrevista en ‘Mañaneros 360′ de TVE, en la que ha sostenido que su esposa está sentada en el banquillo por su condición de mujer del jefe del Ejecutivo. “No se puede llevar a Begoña Gómez al banquillo simplemente por ser mi mujer”, ha añadido.

Las palabras de Sánchez llegan apenas unas horas después del último trámite procesal previo a que el juez Peinado decida si abre juicio oral contra Gómez y su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. El magistrado celebró este martes la audiencia preliminar prevista en la Ley del Tribunal del Jurado, una vista en la que las partes expusieron sus posiciones antes de que el instructor adopte una decisión sobre la apertura del juicio. La Fiscalía y las defensas solicitaron el archivo de las actuaciones, mientras que las acusaciones populares defendieron que el procedimiento continúe.

La causa se encuentra así en la recta final de la fase de instrucción. El juez deberá dictar ahora el auto de apertura de juicio oral si considera que concurren los requisitos para ello y, en ese caso, remitir el procedimiento a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de organizar el futuro juicio con jurado. La Audiencia Provincial ya avaló en julio que el procedimiento siguiera adelante contra Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación, después de dejar sin efecto otros dos delitos que inicialmente le atribuía el instructor: corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Sánchez cuestiona que Gómez haya llegado al banquillo

El presidente ha aprovechado la entrevista para reivindicar la trayectoria profesional de su esposa y defender que su actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid comenzó antes de que él fuera elegido secretario general del PSOE y llegara a La Moncloa. “Mi esposa, como usted dice, que es Begoña Gómez, una mujer profesional que dejó su carrera profesional cuando yo en 2018 pasé a ser presidente”, ha señalado Sánchez, que ha insistido en que Gómez continuó desarrollando una actividad docente que ya había comenzado antes de que él liderara el PSOE.

A partir de ahí, el presidente ha cuestionado que la investigación haya terminado situando a su esposa ante la posibilidad de afrontar un juicio. “Espero que haga justicia y haya justicia cuando empiece este juicio”, ha afirmado. Sánchez ha defendido además que tanto Gómez como su hermano, David Sánchez, son inocentes y que ambos han acabado vinculados a procedimientos judiciales por su relación familiar con el presidente.

En el caso de Gómez, la acusación popular liderada por Hazte Oír mantiene su petición de que sea juzgada por los delitos que permanecen en la causa y reclama para ella una pena de 13 años de prisión. La Fiscalía, en cambio, ha mantenido durante el procedimiento su petición de archivo y sostiene que no existen elementos suficientes para sostener una acusación penal contra la esposa del presidente.

La defensa de Gómez también pidió ayer el archivo de la causa durante la audiencia preliminar y planteó objeciones sobre el escrito de acusación presentado por Hazte Oír. El abogado Jaime Campaner sostuvo que el documento no cumplía los requisitos exigidos para abrir un juicio con jurado porque incorporaba declaraciones de investigados y testigos e informes policiales, elementos que, según la defensa, no deberían formar parte de un escrito de estas características.

“Una operación de determinadas asociaciones ultraderechistas”

Preguntado expresamente por si considera que la investigación contra su esposa forma parte de una estrategia de lawfare o de una “guerra sucia desde la justicia”, Sánchez ha evitado dar una respuesta categórica. “No lo sé y creo que tendremos que ver exactamente qué es lo que sucede de aquí al final de todo este proceso”, ha respondido, antes de recordar que el procedimiento contra Gómez todavía no ha llegado a juicio.

El presidente sí ha cuestionado, sin embargo, el papel desempeñado por las acusaciones populares. Ha destacado que ni la Abogacía del Estado ni la Fiscalía han pedido continuar con el procedimiento por los delitos relacionados con la malversación y ha contrapuesto esa posición a la de las acusaciones populares que mantienen la petición de juicio.

“Por tanto, insisto, aquí lo que estamos es ante una operación de determinadas asociaciones ultraderechistas que lo que tratan es sencillamente de amedrentar, amenazar a todos aquellos que no piensan como ellos”, ha afirmado Sánchez. El presidente ha considerado que estas organizaciones han traspasado, a su juicio, las líneas de la crítica política al dirigir sus actuaciones contra familiares de los cargos públicos.

Sánchez ha puesto como ejemplo la situación de su esposa y ha recordado que durante el procedimiento llegó a retirársele el pasaporte, una medida que posteriormente fue anulada por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal madrileño acordó en julio levantar las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez y su asesora, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

El presidente también ha comparado el caso de su esposa con el de su hermano, David Sánchez, cuya condena todavía no es firme y que, según ha recalcado, será recurrida. “Por supuesto que vamos a recurrirlo. Por supuesto que vamos a defender la inocencia de dos personas que lo son”, ha afirmado Sánchez, antes de insistir en que ambos están siendo sometidos a procedimientos judiciales por su parentesco con él.

En el caso de Begoña Gómez, el próximo movimiento corresponde ahora a Peinado. El juez deberá decidir si dicta el auto de apertura de juicio oral después de la audiencia celebrada este martes y de las posiciones mantenidas por las partes. Si lo hace, la causa pasará a la Audiencia Provincial de Madrid para continuar su tramitación de cara a un juicio con jurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy crítico con la decisión judicial de suspender de forma cautelar el voto en el exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo”, ha señalado en una entrevista para el programa Mañaneros de TVE.

El líder del Ejecutivo ha evitado vincular la decisión con una presunta guerra sucia en los tribunales, como sí deslizaría minutos más tarde cuando fue preguntado por la jueza que investiga la crisis en Ceuta, a quien ha recordado que “es un hecho objetivo” que viene del PP. Ha optado en su lugar por arremeter contra el Partido Popular, que junto a Vox han tratado de boicotear la ley argumentando que el Gobierno trata de desestabilizar los procesos electorales a través de sus políticas migratorias. En este sentido, el presidente ha recordado que los de Alberto Núñez Feijóo, con esta ley en vigor desde 2022, ganaron el voto en el exterior, lo que permitió arrebatar a los socialistas un escaño en circunscripciones como Madrid.

“La posición del Gobierno y la Junta Electoral Central (JEC) era positiva, por lo que cabe hacerse una pregunta: ¿Por qué el PP, una ley que lleva en vigor unos cuantos años y bajo la cual se han celebrado elecciones, hoy cambia de posición?“, se ha preguntado. En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha acusado al PP de asumir planteamientos reaccionarios, sosteniendo que la ultraderecha y una derecha “cada vez más ultra” se han subido a la ola del bulo del pucherazo. “Cuestionar el sistema democrático español es de una extraordinaria gravedad [...] Hemos pedido que el asunto quede resuelto lo antes posible, y por supuesto, antes de las elecciones de 2027″, ha zanjado.

Hasta 2,4 millones de descendientes de personas obligadas al exilio tras la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, o por la persecución franquista, han solicitado la nacionalidad española a través de este cauce. De ellos, más de medio millón ya tienen el expediente aprobado y 306.000 están inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.

La decisión llegó a raíz de los recursos presentados por la asociación ultra Iustitia Europa y Vox e impide temporalmente la inscripción en el censo electoral a las personas que ya obtuvieron la nacionalidad española por esta vía. En las últimas elecciones generales, apenas votó el 10% de los más de 233.688 electores inscritos en el exterior.

El Gobierno sale en tromba contra la decisión

Minutos antes de la entrevista, se ha pronunciado en los pasillos del Congreso el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha ido más allá de estas críticas y ha asegurado que “no tiene encaje constitucional”. “Lo digo con toda esta contundencia. No entiendo cómo se pueden hurtar los derechos electorales de personas que ya tienen nacionalidad española”, ha criticado el representante de Sumar.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha asegurado a primera hora de la mañana que van a usar “todas las herramientas constitucionales” si se confirma la decisión judicial y ha avanzado que su partido, Más Madrid, pedirá al Defensor del Pueblo un informe en contra de estas cautelares. Del mismo modo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, de la parte socialista del Gobierno, añadía que la decisión del Tribunal Supremo no es “explicable ni acertada”, una afirmación secundada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien la ha considerado un “auténtico despropósito”.

Pedro Sánchez ha vuelto a respaldar públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero después de que la investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra haya entrado en una semana clave y ha confirmado que contará con el expresidente en la próxima campaña electoral del PSOE. “Yo voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales”, ha asegurado este miércoles durante una entrevista en ‘Mañaneros 360’ de TVE, después de que el expresidente y el ex consejero delegado de la aerolínea declarasen ante el juez José Luis Calama que se pactó el pago de una comisión equivalente al 1% de los 53 millones de euros concedidos por el Estado a la compañía.

El expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola declaró el lunes que “daba por hecho” que la comisión iba destinada al denominado “grupo Zapatero”, mientras que el exconsejero delegado Roberto Roselli confirmó este martes que se abonaron 530.000 euros a Julio Martínez Martínez, amigo y socio del exdirigente socialista. Ninguno de los dos, sin embargo, ha podido precisar qué gestiones realizó personalmente Zapatero para conseguir el rescate.

Sánchez reivindica el legado de Zapatero

Preguntado por si considera que Zapatero continúa siendo un “faro moral” para la izquierda y si tiene previsto contar con él en las próximas elecciones, Sánchez ha evitado inicialmente avanzar detalles sobre la campaña de 2027. “La campaña electoral será en 2027. Ya se hablará, se hablará de ello”, ha respondido. Ante la insistencia del entrevistador, el presidente ha terminado confirmando su intención de incorporar al expresidente a la campaña socialista.

Antes de llegar a ese punto, Sánchez ha reivindicado la trayectoria política de Zapatero y su legado dentro del PSOE. “Yo creo que tanto la trayectoria como el legado de José Luis Rodríguez Zapatero es muy importante para el Partido Socialista, también creo que para España”, ha señalado. El presidente ha destacado especialmente las políticas desarrolladas durante su etapa al frente del Gobierno en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Sánchez ha utilizado además ese argumento para reclamar que se respete la presunción de inocencia de su antecesor. “Creo a José Luis Rodríguez Zapatero”, ha afirmado, antes de defender que el expresidente tiene derecho a ejercer su defensa en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

La declaración se produce apenas unos días después de que el propio Sánchez ya defendiera públicamente a Zapatero y asegurara que seguía creyendo “más que nunca” en su presunción de inocencia. En aquella intervención, el presidente afirmó también que el exdirigente socialista nunca le habló del rescate de Plus Ultra y que le había trasladado que las joyas objeto de otra investigación judicial tenían un origen legal.

La cúpula de Plus Ultra confirman el pago del 1%

El respaldo de Sánchez coincide con un momento especialmente relevante de la investigación que dirige el juez Calama. El expresidente de Plus Ultra declaró el lunes que la compañía había acordado pagar una comisión del 1% en caso de que prosperara el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021. Según su versión, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y señalado como intermediario, habría reclamado ese porcentaje por labores de “acompañamiento” para conseguir la financiación. Martínez Sola reconoció que no podía concretar qué actuaciones realizó Zapatero para obtener la ayuda.

Un día después, Roberto Roselli ratificó ante el juez el contenido del escrito que había presentado previamente y confirmó el pago de 530.000 euros, equivalente al 1% del rescate, a Martínez Martínez. Según su declaración, los informes elaborados por la consultora vinculada al entorno del expresidente eran “irrelevantes” y los pagos respondían a gestiones dirigidas a conseguir la financiación pública. Tampoco pudo concretar qué intervención tuvo personalmente Zapatero en la operación.

La investigación trata de determinar si el entorno del expresidente utilizó su capacidad de influencia para favorecer la concesión de la ayuda estatal a Plus Ultra. El préstamo, concedido durante la pandemia con cargo al fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ascendió a 53 millones de euros. Zapatero ha negado reiteradamente haber realizado gestiones ante el Gobierno o la SEPI para conseguir el rescate y sostiene que los pagos recibidos de Plus Ultra estuvieron vinculados a su actividad como consultor.

En la entrevista de este miércoles, Sánchez ha insistido en que las declaraciones realizadas ante un juez forman parte de las estrategias de defensa de los investigados y ha comparado el tratamiento recibido por Zapatero con el de otros implicados en investigaciones judiciales. En concreto, ha mencionado a Víctor de Aldama, al que se ha referido como “un delincuente”, para cuestionar que algunos medios y partidos hayan dado credibilidad a sus declaraciones mientras se pone en duda la versión de un “representante público” como Zapatero.

“Hay medios de comunicación y partidos políticos que creen incluso a un delincuente, como Aldama”, ha afirmado Sánchez, antes de recordar que el empresario llegó a asegurar que había ejercido como su chófer. El presidente ha utilizado ese ejemplo para defender que Zapatero merece, en su opinión, el mismo respeto a la presunción de inocencia que cualquier otra persona investigada judicialmente.

“Yo creo en la presunción de inocencia de José Luis. Esperemos que se pueda aclarar todo y esa es mi convicción”, ha señalado Sánchez, que ha terminado confirmando que el expresidente tendrá presencia en la campaña electoral socialista de 2027.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber “desprotegido” a España por la crisis migratoria de Ceuta y le ha advertido en el Congreso de que España “se lo hará pagar” en las urnas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso marcada por el choque sobre la situación en la ciudad autónoma, Feijóo ha emplazado al jefe del Ejecutivo a adelantar los comicios ya: “Ponga fecha y nos vemos en las urnas”. Sánchez ha respondido con un lapsus al asegurar que “por supuesto que va a haber elecciones” en 2026, antes de corregirse y situarlas en 2027. El presidente cerró el intercambio con el PP con un pronóstico electoral: “Les veremos en las urnas y les volveremos a ganar”.

Feijóo también le ha acusado de no ser un “presidente libre” sino que su libertad está “condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben” de él.

“Si Marruecos canta, usted se va”, ha espetado Feijóo a Sánchez. También le ha planteado un escenario concreto sobre el control fronterizo. “Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría?”, ha interpelado a Sánchez aunque esa cuestión no ha recibido respuesta.

El jefe de la oposición ha subrayado que Sánchez “no es un presidente libre” sino que “su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando”. A su entender, su problema es que “su futuro político y procesal depende del silencio de demasiadas personas”.

Abascal le acusa de estar siendo “chantajeado” por Marruecos

El líder de Vox, Santiago Abascal, centró su intervención en Ceuta y elevó el tono contra el Ejecutivo: “Toda España sabe que el Gobierno de España está en Rabat” y que la presidencia “se le ha entregado a Marruecos”. En la misma línea, acusó a Sánchez de estar “siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su gobierno”.

Abascal añadió que el presidente estaría dispuesto a entregar Ceuta y Melilla y las Islas Canarias “si fuera necesario”. También afirmó que Sánchez “no se ha entregado solo” y que lo hizo “con toda la izquierda española”, a la que, según dijo, ha convertido “en una simple embajadora del islamismo”.

El dirigente de Vox reclamó medidas legales contra el jefe del Ejecutivo y pidió activar “urgentemente” el artículo 102 de la Constitución para llevar a Sánchez ante el Tribunal Supremo y conocer “cuántos diputados tiene Marruecos en esta Cámara”. En ese tramo de su intervención, sostuvo que a partir de ahora traicionar a España “no tendrá recompensa”.

Sánchez acusa a Abascal de ser una “amenaza para la democracia”

En su respuesta, Sánchez negó cualquier sometimiento y replicó que su Gobierno no acepta “el chantaje de ningún partido ni de ningún país” y que no tiene “nada que esconder”. Para respaldar esa posición, anunció que este miércoles se publicarán “todos los informes desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto de la crisis de Ceuta”, para que los españoles “puedan saber exactamente qué es lo que sucedió”.

El presidente también cargó contra Vox y afirmó que Abascal y su partido son “una amenaza para la democracia en España y en el conjunto de Europa”. Y acusó al líder de Vox de regodearse en “la desinformación, los bulos y los insultos” y de esparcir odio xenofobia, algo que, dijo, es “muy preocupante”.

Pedro Sánchez ha reconocido dos aspectos en los que considera que se debe mejorar tras la crisis de Ceuta. El primero es la preparación ante “ataques híbridos” y el segundo el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo ha hecho en la entrevista en Mañaneros de TVE, donde, al ser cuestionado sobre si realiza autocrítica, no se ha mostrado arrepentido por marcharse de vacaciones ni ha apuntado a Marruecos. Sánchez ha negado cualquier tipo de chantaje desde el gobierno alaui, al sostener que “no tienen nada que esconder”, y defiende que la desclasificación demostrará que no pudo prever la entrada masiva.

El presidente del Gobierno mantiene su confianza en Marruecos 40 días después del inicio de la crisis de la ciudad autónoma. El Gobierno ha reiterado que no hay pruebas que demuestren que el país vecino ha participado o permitido la entrada masiva. y que debe actuar con “prudencia”. La desclasificación pretende demostrar que no contaban con información suficiente para prevenir lo sucedido. Sin embargo, al publicarse solo los informes hechos hasta el 1 de agosto, no permitirá conocer si la Inteligencia apunta al régimen de Mohamed VI.

Sánchez también ha defendido cómo se gestionaron las horas en las que las decenas de miles de personas entraron en la ciudad y ha resaltado las órdenes y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “¿Qué hubiera hecho otro Gobierno, se hubiera liado a tiros?“, ha apuntado, añadiendo que la mejor opción era dejar que pasaran todos los migrantes e iniciar posteriormente su devolución o regularización.

Sánchez niega el chantaje y los avisos

El presidente ha insistido en que el Gobierno no actúa por ningún tipo de presión externa. Sánchez ha recordado sus posiciones en asuntos de política internacional, como Ucrania o Palestina, para defender su “valentía”. El presidente ha defendido que el Ejecutivo ha mantenido una política exterior “coherente” respecto de Marruecos y aseguró que “nunca acepta ningún chantaje”.

No obstante, si bien no eleva el tono contra el país vecino, sí que acepta los riesgos que la situación de Ceuta está demostrando, llegando a calificarlos de “ataques híbridos”. También ha apuntado a la necesidad de reforzar las fronteras de las dos ciudades autónomas, cifrando en 180 millones de euros la inversión y poniendo de ejemplo la instalación de la barrera que prolonga el espigón en Ceuta.

El jefe del Gobierno también se ha referido a una próxima visita del rey a Ceuta y Melilla, cuyas fechas serán comunicadas por el Ejecutivo y la Casa Real. “Hoy Ceuta necesita el cariño de todas las instituciones”, ha afirmado Sánchez, que consideró “más necesario que nunca” el desplazamiento del jefe del Estado a las dos ciudades autónomas. “Son informes de situación”, ha dicho para definir los informes que CNI, Policía y Guardia Civil elaboraron antes de la crisis. Por ello, ha relatado que, aunque existiesen escritos que reflejaban un aumento de las entradas durante esa semana, no se podía prever una avalancha de migrantes como se dio el 30 de julio.

La Policía Nacional ha asestado un golpe a las finanzas del narcotráfico con la operación Drahab, que desarticuló una red clandestina de blanqueo conocida como la “Banca de Dubái”. La investigación, vinculada a la incautación de cocaína en el buque Nehir, hundido por narcos en 2021 cuando estaba incautado, dejó 21 detenidos en varios países e identificó bienes y activos por unos 20 millones de euros. Entre los arrestados figura Perikles David Daremas, alias “Peri” o “Spartan”, señalado como el responsable de la red financiera y considerado por Europol un objetivo de alto valor.

Su estructura funcionaba como un “narcobanco” para organizaciones dedicadas al tráfico de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa. Sus brókeres facilitaban dinero en efectivo, operaciones con criptomonedas y mecanismos para introducir en el circuito legal beneficios procedentes de la droga. Así, conectaba el circuito económico con algunos de los principales narcos. Uno de ellos es El Tigre, Alejandro Salgado Vega, que Europol ha colocado en la lista de más buscados y cuyo nombre salpica a un antiguo alto cargo policial, de sobra conocido en el mundo de la investigación del narcotráfico.

Se trata de Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos), que permanece detenido mientras espera su sentencia tras ser acusado de colaborar con una red de narcotráfico liderada por Ignacio Toral, que habría introducido hasta 73 toneladas de cocaína en España. El expolicía habría almacenado hasta 20 millones de euros en su casa. Sánchez habría recibido pagos por facilitar “la sistemática utilización fraudulenta de las bases de datos de inteligencia criminal” en favor de la organización.

El texto sostiene que esos avisos permitían a Torán “abortar la operación o protegerse de la investigación”. La Audiencia Nacional decidió en mayo retirar el procesamiento sobre el policía mientras terminaba la investigación, pero la operación de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado) anunciada este martes introduce posibles testimonios o datos que podrían destaponar este caso.

Vínculo exjefe de la UDEF con ‘El Tigre’ y ‘Spartan’

El último escrito de los magistrados, del 13 de febrero, al que accedió Infobae, muestra que dos de los protagonistas de la operación Drahab aparecen como integrantes de la supuesta organización criminal por la que se juzga a Óscar Sánchez. ‘El Tigre’ es señalado “por su presunta participación en los hechos objeto de investigación por delitos graves de Tráfico de Drogas de Grave Daño...con previsión de penas de hasta 18 años y multas”. Desde hace años, la Udyco sitúa a Salgado Vega como el principal objetivo del narcotráfico. Lo relacionan con el caso por el que precisamente el exjefe de la UDEF acabó detenido: las 14 toneladas de cocaína incautadas en Algeciras. Desde entonces, permanece fugado, con la sospecha puesta sobre Dubái.

Por otro lado, el auto también afirma que Óscar Sánchez recibió información confidencial sobre la incautación en Algeciras de un contenedor con 13.600 kilos de cocaína, que habría remitido a Toral. Entonces, según el informe, el narcotraficante contactó con Perikles Daremas para justificar que la interceptación no obedecía a un “fallo interno” de su organización. Los jueces apuntan que Daremas, que vivía en una propiedad atribuida a Torán en Emiratos Árabes, figura como miembro del organismo criminal, encargándose del blanqueo de capitales.

El puerto de Ceuta se va a convertir en el epicentro mediático en la nueva fase de la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. El Gobierno central ha tomado el control de las instalaciones para permitir la utilización de 16.000 metros cuadrados de dominio público en el muelle de Poniente para empezar a habilitar carpas de acogida y asistencias de unas 1.000 personas. La decisión fue tomada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la negativa del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, organismo que votó en contra de la instalación de las carpas y tiendas de campaña.

Han sido semanas convulsas. El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, no quería realojar a los migrantes que deambulan por la ciudad en el puerto porque considera que es “una infraestructura crítica”. Al final se impuso el criterio del Gobierno central, que cree que en el puerto estos migrantes van a estar más controlados mientras se decide su expulsión o acogida (en función de su situación jurídica). El puerto, no obstante, sigue con su día a día. Este pasado 4 de septiembre, la Autoridad Portuaria de Ceuta, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, adjudicó un contrato para instalar los adornos que se colocarán estas Navidades en el puerto.

El contrato tiene un valor de 114.000 euros porque la empresa que ha ganado la licitación, Ilutrec Electricistas SL, se encargará de llenar “árboles, guirnaldas, microluces, cableados, protecciones y demás elementos decorativos auxiliares” durante los próximos cuatro años, con tres posibles prórrogas que llegarían hasta el año 2031. No solo en la terminal marítima, también en las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria de Ceuta, otros edificios del complejo, las columnas de alumbrado público en la avenida de Don Juan de Borbón, y en rotondas, jardineras y accesos del muelle España.

Los trabajos consistirán en una propuesta de distribución ornamental y, cuando proceda, de fotomontajes o croquis de implantación. También del transporte, montaje, conexión, fijación, pruebas y puesta en servicio de los elementos decorativos, de su mantenimiento operativo durante la campaña navideña, limitado a la reparación funcional, recolocación o sustitución puntual de componentes defectuosos y atención a avisos por averías. Y cuando acaben las fiestas, del desmontaje, transporte, embalaje, protección y almacenamiento final de los elementos al término de la campaña.

Un diseñador para interiores

Para la decoración de interiores, la Autoridad Portuaria de Ceuta exige a la empresa adjudicataria “la colaboración y asesoramiento de un diseñador/a que ejecutará el montaje de los ornamentos que pertenezcan al interior de las edificaciones, tales como la nueva terminal marítima y las oficinas centrales”. En total serán nueve personas las que formen parte del equipo que participará en este proyecto de instalación de adornos.

El puerto está controlado por la ciudad de Ceuta. Su consejo de administración (11 consejeros nombrados por Ceuta y 4 por el Gobierno central) votó en contra de ubicar allí a los migrantes, algo que en principio estaba pactado y que es importante para la estrategia de resolución del problema ceutí, ya que se habían descartado otras ubicaciones para realojar a los migrantes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no tuvo más remedio que firmar una orden al amparo del artículo 73.3 de la ley de puertos para tomar el control y autorizar al Ministerio de Inclusión a instalar las carpas. Algo muy similar a lo que se hizo en Canarias con la crisis del hantavirus, donde también hubo oposición del Gobierno canario.

Exprimir la bolsita de infusión antes de retirarla de la taza es uno de los gestos más comunes al preparar una bebida, y también uno de los que más la perjudican. Así lo advirtió el medio Directo al Paladar en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde explicó por qué este movimiento instintivo, lejos de intensificar el sabor, lo arruina por completo.

La lógica detrás del gesto parece razonable. Al apretar la bolsita con la cucharilla, se busca aprovechar hasta la última hoja de té y, con ella, más sabor. Sin embargo, el efecto real es el contrario. Ese estrujón final libera de golpe los taninos más agresivos que quedan concentrados en las hojas, y el resultado es una bebida áspera, amarga y con una sensación de sequedad en la boca que tapa los matices originales de la infusión.

El fenómeno se acentúa especialmente en el té verde, negro y rojo, variedades con mayor concentración de taninos. Las infusiones de hierbas, como la manzanilla o la tila, toleran mejor la práctica por su perfil más suave, aunque tampoco se benefician de ser exprimidas hasta el final.

La forma correcta de retirar la bolsita, según el mismo medio, consiste en dejarla escurrir por gravedad durante un segundo, sin ejercer ninguna presión. De esa manera se conservan los aromas y se evita la extracción forzada de compuestos amargos.

Otros errores frecuentes al preparar una infusión

Más allá del exprimido final, existen otras prácticas que también inciden en el resultado de la taza. Una de las más comunes es dejar la bolsita sumergida más tiempo del necesario. Según Medlineplus, remojar la bolsa en exceso no solo oscurece la infusión, sino que puede afectar el esmalte dental o irritar la garganta, además de aumentar la liberación de cafeína y taninos.

El tiempo de infusión recomendado varía según el tipo de té. El portal Tecológico detalló que el té verde requiere entre dos y tres minutos con agua a 75 grados centígrados, mientras que el té negro tolera temperaturas más altas, cercanas a los 95 grados centígrados, con un tiempo de infusión de tres a cinco minutos. El té blanco, por su fragilidad, necesita agua entre 70 y 80 grados centígrados y no más de cinco minutos de contacto.

La temperatura del recipiente también influye en el resultado final. El medio Hogarmania recomendó precalentar la taza o la tetera antes de verter el agua caliente, ya que un recipiente frío reduce la temperatura de golpe y altera la extracción. Otro factor señalado por Elle es el orden de preparación: conviene colocar primero las hojas o la bolsita y luego verter el agua, nunca al revés.

Respetar estas variables, temperatura, tiempo de infusión y modo de retirar la bolsita, permite obtener una bebida más equilibrada, sin la aspereza ni el amargor que produce el exceso de su uso.

España realiza una nueva misión de vigilancia sobre las operaciones y movimientos del Kremlin. La Armada, a través del patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) ‘Tagomago’, ha monitorizado el tránsito de un buque de desembarco anfibio ruso y dos mercantes por el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El buque ruso pertenece a la Flota del Báltico de la Marina de la Federación Rusa y navegaba como escolta de los dos cargueros. El despliegue del ‘Tagomago’ permitió realizar el seguimiento de la agrupación durante su recorrido por dos áreas de tránsito marítimo que concentran algunas de las principales rutas de navegación internacionales.

La unidad, con base en el puerto de Málaga, desarrolló esta misión dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que las Fuerzas Armadas mantienen en los espacios de soberanía y de interés nacional. Distintas unidades navales permanecen desplegadas durante todo el año para proteger los espacios marítimos de soberanía e interés nacional y reforzar el conocimiento sobre los movimientos que se producen en ellos.

El comandante del patrullero, el teniente de navío Miguel López Garay, explica a través de una publicación del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que este despliegue es parte clave de la actividad del ‘Tagomago’. “El veterano patrullero es una de las unidades de la Armada que con frecuencia realizan operaciones de vigilancia marítima en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, aguas por las que transitan algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo”, señaló López Garay. El comandante añadió que estas misiones contribuyen “directamente al conocimiento del entorno marítimo y a la disuasión frente a posibles amenazas en la mar”.

Papel de la Armada en la vigilancia nacional

El PVZ ‘Tagomago’ es el segundo de los 10 patrulleros de la clase ‘Anaga’, construidos en la década de los 80. Forma parte de los ocho buques dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz. La unidad está diseñada para cumplir tareas de seguridad marítima, protección y control de los espacios de soberanía e interés nacional. Su dotación está compuesta por 28 hombres y mujeres. La misión también constituyó la primera navegación para parte de la tripulación después de los relevos realizados durante el verano. Según indicó el comandante, la salida permitió integrar a los miembros que se incorporaron recientemente al buque.

La coordinación de estos operativos está a cargo del Mando Operativo Marítimo (MOM). Es el órgano de las Fuerzas Armadas responsable, en su ámbito, de planear, conducir y supervisar las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Depende del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y está al mando del almirante de Acción Marítima, el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa. Su sede se encuentra en Cartagena. Los buques de la Armada integrados en el MOM realizan las OPVD bajo control operativo del Mando de Operaciones. Desde hace años, la vigilancia de barcos procedentes de Rusia es una de las funciones clave de los militares españoles desplegados.

Este miércoles salen a la luz los documentos policiales sobre la entrada masiva de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó su desclasificación en su última comparecencia en el Congreso, donde aseguró que, tras haberlos consultado todos, constatarían que la magnitud de la avalancha migratoria era inimaginable más allá del riesgo anunciado. El Ejecutivo defiende que se trata de un acto de transparencia para “desmentir los bulos” que rodean la crisis.

Sin embargo, en ese ejercicio no entrarían los documentos de los días posteriores, en los que se podría ahondar en qué actores estuvieron detrás de la operación. Y este asunto sería muy relevante, por ejemplo, para esclarecer la autoría de Marruecos, por acción u omisión, en la operación, como así lo apuntó un informe remitido a la jueza instructora de la Audiencia Nacional que investiga las causas y responsabilidades en la crisis.

No sería la primera vez que el presidente del Gobierno expone una realidad agujereada. El Ejecutivo también mantiene enterrados documentos que arrojarían luz a episodios centrales de la historia reciente de España vinculados a las relaciones diplomáticas con Rabat. Entre ellos, destacan documentos sobre la Marcha Verde, la iniciativa del rey Hassán II que marcó el futuro de la antigua colonia española hace 50 años; todo el proceso de retirada de España de la que fue su provincia hasta noviembre de 1975 y la política secreta hacia Marruecos durante la Transición.

Y así se lo han recordado los socios de Gobierno, que denuncian que la ley que pretende renovar la normativa de secretos oficiales sigue bloqueada en el Congreso desde hace un año. La que está vigente, que data de 1968, mantiene en penumbra esta historia porque, al igual que los que incumben al franquismo o la Transición, no fija un plazo automático para desclasificar documentos y deja esa decisión en manos del Gobierno. Con la nueva normativa, los documentos considerados como “alto secreto” quedarían liberados en un plazo máximo de 60 años, mientras que los de menor grado, los “secretos”, a los 35 años, con prórroga de 10.

La norma salió del Consejo de Ministros el pasado 2025, pero desde entonces se encuentra encallada en la Mesa del Congreso, órgano controlado por la mayoría del PSOE y que puede prorrogar indefinidamente el proceso de presentación de enmiendas. El mismo destino deparó para una iniciativa paralela presentada por el PNV, que reclamó por su parte la desclasificación de crímenes del franquismo, cuyo secreto sigue amparado por la ley actual. La formación de Aitor Esteban ha sido el partido que más ha presionado para forzar la votación, pero el PSOE siempre ha alegado que no hay mayoría suficiente debido al rechazo de Junts y PP, que no tienen intención de que prospere ninguna iniciativa del Gobierno.

La exministra de Defensa Carme Chacón propuso en 2011 desclasificar 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968, que abarcaban, entre otros asuntos peliagudos, la política del Protectorado en Marruecos y las operaciones en Sidi Ifni, después de que se concluyera que su publicación ya no suponía un riesgo para la seguridad del Estado. Sin embargo, el proyecto dio un frenazo en 2012 cuando solo faltaba su aprobación en el Consejo de Ministros.

La reparación del Sáhara en plena tensión con Rabat

Más allá de esclarecer el pasado, la tensión con Marruecos ha reavivado el debate sobre la reparación histórica de los saharauis, pueblo abandonado por España y sometido al acoso de Rabat, que, al igual que Ceuta y Melilla, lo considera parte de su territorio. El socio minoritario y el Partido Popular unieron fuerzas al final del curso pasado para presionar al Grupo Socialista y acelerar la votación de la iniciativa, que busca algo tan simbólico como reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo dominio español. Con la diputada de Más Madrid Tesh Sidi a la cabeza, el PSOE accedió a desbloquear la última ponencia en comisión, lo que permitió proceder a su votación en Pleno, que se espera que llegue este mes, en plena polémica por la crisis en Ceuta.

Preguntada sobre si la tensión en Ceuta podría llevar al PSOE a replantear su posición sobre esta norma, Sidi sostuvo que los socialistas “no tienen otra opción que votar a favor”. Advirtió que un cambio de postura equivaldría a “cavar su propia tumba”, porque proyectaría la imagen de que la soberanía del Parlamento está condicionada por injerencias extranjeras.

Rafa Latorre se ha convertido en el nuevo rostro de la primera franja de ‘Más de uno’ en Onda Cero y este lunes 7 de septiembre ha estrenado además la temporada de El Hormiguero junto a Carlos Alsina, un salto que lo sitúa en el primer plano tras más de 20 años de carrera y una vida privada mantenida hasta ahora en un segundo plano.

El periodista gallego, nacido en Pontevedra el 26 de junio de 1981, ha asumido el tramo de 7.00 a 10.00 de la mañana de ‘Más de uno’ después de haber dirigido ‘La Brújula’ desde septiembre de 2022 y tras casi una década vinculado al espacio matinal de Alsina en la cadena de Atresmedia.

El relevo se produce después de que Carlos Alsina decidiera apartarse del tramo más informativo del programa. El puesto que Latorre ha dejado en el espacio nocturno lo ocupa ahora Marta García Aller, con quien ya coincidió en la sección ‘La España que madruga’.

De la prensa local a la radio nacional

En la visita de ambos periodistas a El Hormiguero, Alsina explicó el motivo de ese cambio: “Simplemente me he cansado de tener que dedicar demasiadas horas del día a pensar qué digo mañana sobre lo que ha ocurrido en la actualidad política de hoy (…) Es un cansancio mío, no es asco”. Latorre resumió su nueva situación con otra idea: “Hasta la temporada pasada estaba trasnochando en ‘La Brújula’, me encontraba fantásticamente, muy divertido, vivía bien y no veía ninguna necesidad para el cambio”.

La carrera de Latorre empezó en Diario de Pontevedra, donde fue becario, y continuó en la COPE junto a José Miguel Azpiroz. Después dio el salto a Punto Radio, donde ejerció como jefe de Sociedad, jefe de Internacional y corresponsal diplomático en los informativos, además de llegar a subdirector de ‘Protagonistas’ con Félix Madero y Luis del Olmo en 2009, cuando todavía no había cumplido los 30 años.

Latorre fue director de Contenidos del canal Non Stop People de Movistar+. También ha trabajado como subdirector del diario digital ZoomNews y en los últimos años ha firmado columnas en El Español y en El Mundo, donde mantiene desde septiembre de 2017 la columna ‘Correr la Milla’.

Su vínculo con Onda Cero comenzó en 2015 como colaborador de ‘Más de uno’. Allí participó en el resumen diario de prensa y en el bloque ‘La España que madruga’ antes de ponerse al frente de ‘La Brújula’ en sustitución de Juan Ramón Lucas, una etapa por la que obtuvo la Antena de Oro 2025 en la categoría de Radio.

En una entrevista con El Mundo explicó que su primera inclinación no fue el periodismo, sino la literatura: “No tuve vocación de periodista, quería hacer literatura, pero como esa carrera no existía, opté por Filosofía y Letras”. Después, por consejo de su madre, se decantó por Periodismo porque así “quizá encontraría trabajo”.

El propio periodista ha contado que tardó ocho años en terminar la licenciatura. Además, compaginó los estudios con sus primeros trabajos y llegó a aparcar la carrera mientras avanzaba en la radio, aunque su madre siguió insistiendo hasta que acabó todas las asignaturas.

Sus raíces familiares

Buena parte del perfil personal de Latorre arranca en Pontevedra, donde nació y creció en una familia muy vinculada a la medicina. Su abuelo, conocido como Pope, fue médico de la Marina, estuvo embarcado en el Elcano y fundó el Sanatorio Santa Rita, un centro en cuya sexta planta vivió la familia y donde nació el propio periodista.

Ese entorno marcó su relación con la muerte, como él mismo relató en El Mundo: “He tenido una relación muy natural con la muerte; en casa siempre se hablaba de la muerte”. En esa misma entrevista recordaba también las muertes de su bisabuela, de su abuelo Pope y de su abuela materna dentro del ámbito doméstico.

La tradición sanitaria familiar alcanza también a su padre, médico; a su madre, ATS; y a su hermana, fisioterapeuta. Latorre no siguió ese camino y acabó orientando su carrera hacia los medios, aunque esa procedencia familiar sigue apareciendo como uno de los rasgos más definidos de su biografía pública. En el plano personal destaca la discreción. Se sabe que está casado con la periodista Marian Viñas, a quien dedicó su libro Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido, y que la pareja tiene una hija en común.

Sobre esa faceta doméstica el periodista dejó otra confesión sobre la paternidad: “Tengo una hija pequeña y quiero conocerla, ya no siento esa tranquilidad de espíritu que sentía antes porque al final ser padre es tener miedo”. En la misma entrevista también explicaba que su mujer es creyente y que esa convivencia le ha reconciliado con tradiciones como casarse por la iglesia o bautizar a su hija.

El juez Juan Carlos Peinado ha celebrado este martes la audiencia preliminar que deja a Begoña Gómez a un paso del juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, un trámite previo a la decisión sobre su envío al banquillo que llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid recortara la causa y cuando al magistrado le quedan pocos días antes de sus vacaciones y de su jubilación.

La vista ha durado apenas media hora y se ha celebrado con más de una hora de retraso, después de que el abogado de Gómez, Jaime Campaner, haya llegado a los juzgados a las 19.15. La Ley del Tribunal del Jurado da al instructor un plazo de tres días para decidir si abre juicio oral o archiva el sumario.

Las defensas y la Fiscalía han vuelto a sostener en la audiencia que ni Gómez ni su asistente Cristina Álvarez han cometido delito, mientras que la acusación popular dirigida por Hazte Oír ha mantenido su petición de apertura de juicio y las penas que ya había anunciado: 13 años de cárcel para la esposa del presidente y seis para Álvarez.

El juez decide antes de sus vacaciones

La comparecencia de este martes ha sido la segunda de este tipo en la causa. La primera, celebrada en junio, quedó sin efecto después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara parcialmente los recursos y redujera de cuatro a dos los delitos que pueden llegar a juicio.

De acuerdo con Europa Press, tras esta vista se da por cerrada la fase de instrucción del conocido como caso Begoña Gómez, centrado en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y en las tareas desempeñadas por Álvarez en Moncloa. El magistrado debe dictar ahora el auto en el que resuelva si aprecia indicios suficientes para sentarlas ante un tribunal del jurado.

Peinado inicia este miércoles un periodo de vacaciones de diez días y se jubilará el próximo 27 de septiembre, cuando cumple 72 años. Ese calendario estrecha los tiempos para que sea él mismo quien adopte la decisión definitiva sobre la apertura del juicio antes de dejar el juzgado.

La audiencia se ha celebrado tras un pulso procesal con las defensas. El juez convocó a las partes con apenas un día de antelación y rechazó inicialmente aplazar la cita pese a las objeciones del abogado de Gómez y a la imposibilidad de asistencia de Álvarez, que se encuentra fuera de España.

Ni Gómez ni su asistente han comparecido personalmente en Plaza de Castilla, pues no estaban obligadas por ley a hacerlo y ambas han delegado su representación en sus letrados, que han pedido la absolución al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delito.

La Audiencia de Madrid recortó la causa a dos delitos

La intervención de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido determinante en la recta final del procedimiento. El tribunal dejó fuera de la causa los delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios, de modo que el eventual juicio quedaría limitado a malversación y tráfico de influencias.

Esa corrección llega al término de 29 meses de instrucción marcados por sucesivos reproches de la sala de apelación al juez. Entre ellos figuran la anulación de registros, la censura de interrogatorios a testigos que salían del juzgado como investigados y la exclusión de la causa del empresario Carlos Barrabés.

La Audiencia también ha afeado al instructor que inventara el contenido de declaraciones para justificar diligencias. En esa hemeroteca judicial figuran actuaciones como el interrogatorio en Moncloa al presidente del Gobierno o al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La acusación popular, que en un momento anterior llegó a pedir 24 años de prisión, rebajó su solicitud hasta los 13 años tras la exclusión de dos delitos. En el caso de Álvarez, mantiene la petición de seis años por malversación al sostener que ayudó a Gómez en actividades privadas mientras cobraba un sueldo público.

Los ambiciosos planes para la residencia de Shakira en Madrid se van desvelando poco a poco mientras las expectativas no dejan de crecer. A menos de diez días de arrancar la primera de las 12 noches en el llamado estadio Shakira, que se alargará hasta el 11 de octubre, ya se van conociendo más detalles de lo que será el concierto. O mejor dicho, más allá de ello.

Recordemos que la cantante colombiana ha escogido la capital española para dar rienda suelta a la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Pero no solo albergará 12shows: el espacio Iberdrola Music de Villaverde se convertirá en Macondo Park, una “ciudad efímera” de 150.000 metros cuadrados dedicada a la cultura latina.

Este ‘parque’, inspirado en la obra del escritor Gabriel García Márquez, está concebido para que los asistentes puedan llegar horas antes del concierto -está previsto que el recinto abra aproximadamente a las 12:00 durante los días de los conciertos- y recorrer este espacio dedicado a diferentes artes latinoamericanas, llamado ES LATINA.

De Amaia a Lia Kali y Yerai Cortés

Este martes, ya se conocen los artistas que pasarán por ella. Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente -que este 25 de septiembre hará su debut como actor en La bola negra, de Los Javis-, Lia Kali y Yerai Cortés son algunos de los nombres del cartel en el que Shakira ha querido reunir a una “nueva generación” de músicos españoles y latinoamericanos. A ellos se suman Aria Vega, Gale, Louta, Maro y SANTOS BRAVOS, además de talentos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi. También habrá presencia de diferentes artistas del Benidorm Fest de la mano de RTVE.

Estos artistas actuarán en la llamada Sala por Occident, dentro del Macondo Park y alrededor de la residencia. Los nombres que cada noche subirán al escenario junto a Shakira todavía no se conocen, pero la organización avanza que serán artistas “de primer nivel” y que las sorpresas se irán desvelando en los próximos días.

Además de música, el Macondo Park y el programa Es Latina también reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza a través de ocho pabellones temáticos.

Los espacios dedicados a las diferentes artes

Entre esos espacios estará La Biblioteca. Creada de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, estará dedicada a la literatura iberoamericana, especialmente a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a la propia Shakira. Contará con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la cantante.

En el pabellón dedicado a la moda, llamado El Taller, tendrá exhibiciones y pasarelas que reunirán a talento emergente español y firmas de alta costura, mientras que El Mercado llevará la gastronomía latinoamericana al recinto con una propuesta comisariada por el chef Rafa Zafra, donde se podrán degustar típicas arepas y tequeños venezolanos, además de propuestas sin gluten.

También habrá un Museo de Shakira, donde se podrá recorrer la trayectoria de la colombiana a través de materiales inéditos seleccionados por ella misma. La exposición estará dividida en tres etapas —El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina—, mientras que los más pequeños tendrán su propio espacio en Macondito y los seguidores de la artista podrán encontrarse en Club Loba.

“Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, explica Shakira sobre la idea que vertebra el proyecto. Una filosofía que también se refleja en su programación musical, distribuida prácticamente a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos.

El creador de contenido gastronómico Alfonso Ortega, conocido como Cocituber, ha denunciado una agresión en Comillas mientras grababa un vídeo y la ha vinculado a una reseña negativa publicada sobre un restaurante de la localidad, un episodio que le ha llevado a acudir al hospital y a presentar denuncia ante la Guardia Civil.

El comunicador abulense, de 43 años, ha relatado que el ataque se produjo cuando caminaba y se grababa por una calle de Comillas. Según ha contado, un hombre se le acercó por detrás, le agarró con fuerza del cuello, le insultó, le golpeó en la espalda y le tiró al suelo.

Ortega ha difundido en sus redes sociales que reconoció después al presunto agresor como un hostelero de Comillas cuyo establecimiento visitó hace aproximadamente cuatro años y sobre el que publicó una reseña negativa. El creador sostiene que ese vídeo está en el origen de lo ocurrido.

Salvado por su primo

En su relato, el comunicador ha explicado que no estaba solo en el momento del ataque. Le acompañaba su primo, que intervino para protegerle cuando, según su versión, varias personas se dirigieron hacia él. No existen imágenes del momento exacto de la agresión, pero sí un vídeo grabado inmediatamente después que el propio Ortega ha publicado. En esas imágenes se ve a su primo tratando de contener al presunto agresor, vestido de negro.

Más tarde, ya desde el hotel, el creador volvió a grabarse tras presentar, según dijo, “la denuncia en la Guardia Civil” contra “unos hosteleros de un bar de la plaza de Comillas”. Además, al final de la grabación aparecen varias personas, con los rostros pixelados, increpándole y persiguiéndole.

Ortega ha descrito el episodio con frases directas: “Han venido todos a por mí, menos mal que estaba mi primo, que me ha protegido, porque el tío me quería matar”, ha dicho el creador, que también ha asegurado haber pasado “mucho miedo”.

El comunicador ha añadido que las lesiones en el cuello fueron de consideración. “El daño en el cuello ha sido importante. Me duele muchísimo y me han hecho bastante daño, así que después de lo ocurrido he tenido que acudir al hospital para que me atendieran y realizaran el correspondiente parte de lesiones”.

Un vídeo antiguo como posible causa

El propio Cocituber ha defendido que una crítica dura no puede derivar en una agresión. En el mensaje difundido en Instagram, donde reúne más de 600.000 seguidores, ha sostenido que hace su trabajo “lo mejor que puede” y que expresa en sus vídeos lo que piensa sobre la comida y el trato recibidos.

Sobre la reseña en cuestión, ha explicado que fue “supersincera” y que no era la primera mala valoración que recibía ese negocio. Ortega afirmó que El Comidista lo mencionó y que lo vio en 2016 en El País como “el restaurante peor valorado de España”.

En esa misma explicación, el creador describió una experiencia muy negativa en el local. Afirmó que la paella estaba “muy mal”, que la tarta de manzana también lo estaba y que la hamburguesa era, a su juicio, “prácticamente incomible”.

Ese vídeo se sitúa en septiembre de 2024 y en el mismo, el creador aseguró que se trataba de un local que cambia de nombre cada año y que suele mantener puntuaciones de 1,1 o 1,2 en opiniones. En ese mismo relato, Ortega recordó: “Yo fui, la reseña fue mala, se comía fatal, estaba todo malísimo”. También sostuvo que el camarero le dijo que la tarta llevaba ocho días allí y definió la comida como “carísima e insalubre”.

La medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo sobre las inscripciones electorales de personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática ha situado el foco en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el registro que habilita el voto de los españoles que viven fuera del país, ya que hay una mayoría de nacionalizados que viven en otros países. La resolución no retira la nacionalidad concedida, pero suspende temporalmente el derecho de voto de una parte de esos nuevos ciudadanos hasta que el tribunal resuelva el fondo de los recursos.

La medida procede del recurso contencioso-administrativo 1013/2026, promovido por Iustitia Europa contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 16 de julio de 2026 sobre la incorporación al censo exterior de personas nacionalizadas por esta vía. La formación fue la primera en acudir a la Junta Electoral Central, recurrir ante el Supremo y solicitar la adopción de medidas cautelares. Posteriormente, Vox presentó un procedimiento distinto, el 1015/2026, con una petición cautelar propia.

La controversia afecta a un procedimiento con un volumen elevado de solicitudes. 2,4 millones de descendientes de personas obligadas al exilio tras la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, o por la persecución franquista han pedido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. De ellos, 544.722 tienen el expediente aprobado y 306.000 ya están inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.

Qué suspende el Supremo

El Tribunal Supremo no ha decidido todavía si las inscripciones cuestionadas se ajustan a derecho. La primera resolución cautelar corresponde al procedimiento 1013/2026, iniciado por Iustitia Europa, y se mantendrá vigente hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dicte sentencia. Vox promovió después un recurso separado, que sigue su propio cauce procesal.

La resolución divide a los afectados en dos grupos. Las personas que ya obtuvieron la nacionalidad española de origen, pero aún no fueron inscritas en el CERA, podrán completar el procedimiento administrativo. Cuando el expediente concluya, la incorporación al censo quedará suspendida.

Para quienes ya estaban incluidos en el CERA, el tribunal mantiene la inscripción, aunque deja sin eficacia electoral esa alta en las próximas convocatorias. Esto supone que seguirán constando en el registro, pero no podrán votar mientras continúe la cautelar.

La decisión contempla una excepción para quienes acrediten con una certificación consular que son descendientes de españoles de origen exiliados. La Junta Electoral Central deberá requerir esa información a los consulados y la Oficina del Censo Electoral tendrá que separar los expedientes según el supuesto que motivó la nacionalidad y la inscripción electoral.

La Ley de Nietos y el CERA

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022 y conocida de forma habitual como Ley de Nietos, introdujo varios supuestos para optar a la nacionalidad española de origen desde el extranjero. Uno de ellos se refiere a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela españoles de origen que perdieron o renunciaron a la nacionalidad a causa del exilio.

La norma contempla razones políticas, ideológicas, religiosas, de orientación sexual o de identidad sexual. También incluye otros casos, como los hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

La denominación de Ley de Nietos responde al perfil de una parte de los solicitantes, aunque el texto legal no se limita a los nietos de exiliados. Cada petición exige un expediente ante el Registro Civil o el consulado competente. El litigio abierto ante el Supremo no cuestiona por ahora la nacionalidad concedida. La discusión se centra en una fase posterior: la incorporación al registro electoral que permite participar desde el exterior.

Tener nacionalidad española no equivale a poder votar en la siguiente elección. Para participar desde otro país, una persona debe figurar como residente en el Registro de Matrícula Consular y estar incluida en el CERA. Por esa razón, los 306.000 inscritos como españoles no equivalen necesariamente a 306.000 electores del CERA ni permiten calcular cuántas personas podrían quedar afectadas por la medida cautelar.

Tampoco todos los nuevos nacionales tendrán la misma situación: algunos podrán quedar fuera de la suspensión si acreditan el exilio de sus ascendientes en los términos fijados por el auto. El CERA reúne a españoles que residen de forma habitual en el extranjero. Su inscripción permite participar, según los requisitos de cada convocatoria, en elecciones generales, autonómicas y al Parlamento Europeo.

Los electores del CERA no votan en una circunscripción exterior propia. Sus papeletas se suman al escrutinio de una provincia española. Esa adscripción hace que la incidencia de esos votos dependa de dónde estén censados los ciudadanos que viven fuera de España.

Impacto en las elecciones

El Congreso de los Diputados distribuye sus escaños por provincias. Por eso, unos miles de votos emitidos desde el extranjero pueden resultar relevantes en una circunscripción donde el último diputado se decide por un margen estrecho. Si la distancia entre candidaturas es amplia, ese mismo volumen de sufragios puede no alterar el reparto.

El CERA ya modificó el resultado en Madrid en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El recuento exterior otorgó al Partido Popular 19.006 votos y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 10.411. Ese escrutinio cambió la asignación del último escaño de la provincia.

Aun así, el efecto del voto exterior suele ser limitado. En aquellas generales, la participación del CERA rondó el 10% y se contabilizaron 233.688 sufragios. En las últimas elecciones autonómicas, el PSOE ganó el voto exterior en Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, aunque ese resultado no modificó el reparto de diputados en ninguna de esas comunidades. Tampoco alteró la composición del Parlamento catalán.

El impacto de la cautelar dependerá, por tanto, de cuántos nuevos nacionales estén ya incluidos en el CERA, de cuántos queden sujetos a la suspensión, de su participación y de la provincia a la que se adscriban. También influirá el margen entre partidos en cada circunscripción y el sentido de los votos, que no puede anticiparse por el tamaño del censo.

Un cálculo publicado por La Razón sobre las generales de 2023 apuntó que el incremento del censo exterior desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática habría podido influir en el último escaño de 14 provincias. Es una estimación basada en un escenario hipotético, por lo que no permite proyectar el resultado de una futura elección ni atribuir una ventaja automática a una candidatura.

La sentencia del Supremo determinará el alcance definitivo de las inscripciones impugnadas. Hasta entonces, la decisión puede reducir de forma temporal el electorado disponible desde el extranjero, sin que sea posible fijar todavía el número de votos afectados o su efecto sobre el reparto de escaños.

La Audiencia Provincial de Navarra ha avalado la reducción del régimen de visitas de un padre con sus dos hijos menores al considerar que el sistema anterior no estaba funcionando de forma adecuada y que, según la prueba practicada, el progenitor mostraba un desapego hacia los niños que terminaba provocándoles sufrimiento.

Entre los hechos que han llevado a esta conclusión está la dinámica que describió la hija durante el procedimiento: según su relato, después de recoger a su hermano menor, que tiene un 67% de discapacidad, el padre lo dejaba con sus abuelos para marcharse con ella a la vivienda donde residía su novia y las hijas de esta. La Sección Tercera considera especialmente relevantes tanto las manifestaciones de la menor como el informe de la psicóloga forense, que concluyó que la forma en la que se desarrollaban las visitas no favorecía una adecuada relación paterno-filial, especialmente con el hijo menor.

Los magistrados llegan incluso a señalar que, de la exploración de la niña, resultaba evidente que los hijos no eran el principal interés del padre, al primar de manera evidente su relación con su novia. La resolución considera que lo relatado por la menor no respondía a celos, despecho ni a una influencia de su madre, sino que constituía una descripción “cruda” de cómo eran sus relaciones con el progenitor. Y subraya que el hecho de que el padre dejara al menor con sus abuelos para después marcharse con su hija a casa de su pareja no parecía un comportamiento puntual, sino un patrón que se repetía en el tiempo.

La resolución, dictada el 31 de julio, estima, eso sí, una parte del recurso presentado por el padre por una cuestión distinta: elimina la visita intersemanal de los miércoles porque las nuevas circunstancias familiares y laborales habían convertido ese encuentro en una actividad difícil de cumplir y especialmente fatigosa para el menor. El resto de las restricciones acordadas en primera instancia se mantiene.

El caso parte de un divorcio de mutuo acuerdo firmado en 2021. Entonces se estableció que el padre podría estar con sus hijos fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20.00 horas, además de una tarde entre semana, los miércoles, desde las 14.00 hasta las 20.00 horas. Tres años después, la madre pidió modificar esas medidas al considerar que las circunstancias habían cambiado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tafalla le dio parcialmente la razón en abril de 2026. Sustituyó los fines de semana con pernocta por encuentros alternos de un solo día, sábado o domingo, entre las 10.00 y las 20.00 horas, y mantuvo la visita de los miércoles. Las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad quedaron sin cambios. El padre recurrió ante la Audiencia Provincial y reclamó recuperar el régimen anterior, incluidas las pernoctas, aunque aceptaba que pudieran modificarse las visitas que resultaran incompatibles con las nuevas circunstancias.

La hija relató cómo su padre dejaba a su hermano con los abuelos para irse con ella a casa de su novia

Uno de los elementos que más peso ha tenido para los magistrados ha sido precisamente lo que contó la hija durante las exploraciones judiciales. La menor fue escuchada tanto por la jueza de primera instancia como posteriormente por la propia Audiencia, y el tribunal destaca que sus manifestaciones se mantuvieron esencialmente estables en el tiempo, aunque incorporaron cambios cuando también habían cambiado los hechos.

La Audiencia considera que se trata de un relato “detallado, maduro y coherente” y rechaza que estuviera inducido por su madre. Según explica, las diferencias entre las dos declaraciones, lejos de restarle credibilidad, apuntan a que la menor estaba relatando experiencias vividas y no repitiendo un discurso previamente preparado. Para los magistrados, el relato conserva su coherencia precisamente porque incorpora las modificaciones que se habían producido en la relación del padre con sus hijos.

A partir de ese testimonio, la resolución describe una dinámica familiar que considera especialmente problemática. Según los hechos que da por acreditados, el padre recogía a Donato, su hijo menor con un 67% de discapacidad, y después lo dejaba con sus propios progenitores. A continuación, se desplazaba con María, su hija, hasta la casa donde vivía su novia junto a las hijas de esta. Es precisamente esa secuencia la que lleva a la Audiencia a apreciar que la relación de pareja estaba ocupando un lugar prioritario frente a la atención de sus hijos.

Los magistrados consideran que no se trataba de un episodio aislado. Según recoge la resolución, ese desapego hacia el padre respecto de Donato y también de María constituía “un patrón de conducta que se repetía en el tiempo”. La Audiencia apunta como posible explicación que el progenitor no quisiera imponer a su novia la presencia de su hijo, al que se refiere como un menor con un elevado porcentaje de discapacidad.

El hecho de que el niño tenga una discapacidad del 67% adquiere especial relevancia en el razonamiento de la Audiencia. Los magistrados consideran que la forma en la que se desarrollaban las visitas no estaba favoreciendo la relación entre el padre y el menor y cuestionan que recuperar el régimen anterior pudiera resultar beneficioso para los dos hermanos. De hecho, llegan a preguntarse cuál era el interés del padre en recuperar unas visitas que, si volvían a desarrollarse como hasta entonces, podían provocar “sufrimiento y afección emocional” a los niños.

La Audiencia rechaza por ello que la reducción de las visitas pueda entenderse como un castigo al padre. Su razonamiento es otro: no se le priva del contacto con sus hijos, sino que se adapta la forma de mantenerlo a las circunstancias que, según las pruebas, resultan más beneficiosas para los menores. “No es el interés del progenitor que no convive con los menores de manera habitual, el que debe primar, sino el de los menores”, sostiene la resolución.

En este punto, los magistrados consideran que la cuestión de si el padre había conseguido acreditar su deshabituación de sustancias tóxicas no es el elemento determinante de la decisión. Aunque esa cuestión había formado parte del debate y de la prueba, la Audiencia deja claro que la modificación del régimen no se fundamenta esencialmente en ella. “Prácticamente lo de menos” era, según los magistrados, si había conseguido demostrarlo: lo determinante era cómo se estaban desarrollando las relaciones con sus hijos.

El miércoles se convierte en inviable por los kilómetros y el nuevo trabajo

El padre sí consigue que la Audiencia modifique uno de los puntos de la resolución de primera instancia. Se trata de las visitas de los miércoles, cuya continuidad había defendido la madre y que inicialmente se habían mantenido. Durante el procedimiento de apelación se acreditó que el hijo menor había cambiado de centro escolar y acudía a un colegio público de educación especial situado a 38 kilómetros del domicilio familiar. Su horario lectivo terminaba a las 14.10 horas, aunque algunos días permanecía en el centro hasta aproximadamente las 16.00 horas por la comida y otras actividades. Solo los desplazamientos relacionados con el colegio suponían 76 kilómetros entre ida y vuelta.

A ese problema se añadió el cambio de empleo del padre en julio de 2025. Su nuevo puesto estaba a unos 52 kilómetros de la localidad donde tenía que recoger a su hija y su jornada laboral se extendía de las 7.00 a las 15.30 horas. En esas condiciones, no podía llegar a las 14.00 horas para recogerla a la salida del colegio.

El recorrido de los miércoles se complicaba todavía más porque el padre debía recoger primero a la niña, esperar posteriormente al menor y desplazarse después hasta su domicilio. Una vez terminada la visita, tenía que devolver a ambos niños a su domicilio familiar antes de las 20.00 horas. La Audiencia calcula que el menor podía llegar a recorrer 112 kilómetros cada miércoles para cumplir con ese régimen.

Por eso, aunque mantiene el criterio de que el régimen anterior de fines de semana no era adecuado para los niños, estima este concreto argumento del padre. Considera que la visita de los miércoles se había vuelto “complicada y difícil” y que su mantenimiento no beneficiaba ni a los menores ni al propio progenitor. Así, revoca parcialmente la resolución de abril y suprime únicamente esas visitas intersemanales, manteniendo el resto de las medidas.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado suspender de forma cautelar los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, comúnmente conocida como Ley de Nietos. La decisión responde a dos recursos independientes, presentados por Iustitia Europa y Vox, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 16 de julio, relativo a la inclusión en el CERA de personas a las que se concedió la nacionalidad española.

La primera formación en llevar esta cuestión ante la Justicia fue Iustitia Europa, que previamente había presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central y después recurrió ante el Tribunal Supremo solicitando también medidas cautelares. Posteriormente, Vox promovió su propio procedimiento y formuló una petición cautelar en los mismos términos. Las primeras medidas cautelares adoptadas por el Supremo son las correspondientes al recurso de Iustitia Europa.

La Sala ha estimado la medida cautelar solicitada mientras resuelve el fondo del asunto. La resolución, a la que ha podido acceder Infobae, contradice a la Abogacía del Estado, que este lunes pedía que se rechazara la suspensión al considerar que podía afectar al derecho de sufragio activo.

Los expedientes pendientes podrán completarse, pero la inscripción quedará en suspenso

El auto contempla dos supuestos. En el caso de las personas que han obtenido la nacionalidad española de origen mediante el derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática y todavía no aparecen en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el procedimiento de inscripción podrá continuar hasta el final. Una vez completado el expediente, la Sala establece que “se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento”.

En la práctica, esto implica que los consulados y la Oficina del Censo Electoral podrán seguir revisando las solicitudes y completando los trámites administrativos. No obstante, cuando el expediente quede resuelto, la persona no será incorporada al CERA hasta que el Supremo dicte una sentencia sobre el recurso.

La suspensión no se aplicará a todos los casos. El auto deja fuera a quienes puedan acreditar que nacieron fuera de España y que son hijos o nietos de españoles de origen que sufrieron el exilio. La excepción incluye los exilios por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, cuando el familiar perdió o renunció a la nacionalidad española.

Para que esa excepción se aplique, los encargados de los registros consulares deberán expedir un certificado que acredite esas circunstancias. La Sala ha ordenado a la Junta Electoral Central que solicite de inmediato esa documentación a los consulados. El auto precisa, además, que la excepción no alcanzará a los expedientes que se hubieran resuelto mediante una presunción incluida en la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 25 de octubre de 2022.

El Supremo suspende el derecho de voto de los ya inscritos en el CERA hasta que haya sentencia

Para quienes ya constan en el censo de residentes ausentes, el Tribunal Supremo ha acordado suspender “los efectos electorales de la inscripción en dicho censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse”, también hasta que haya una sentencia sobre el recurso. Los dos autos se notificarán en los próximos días, después de que se incorpore el voto particular de uno de los seis magistrados que integraron la Sala.

Esta parte de la decisión afecta a quienes ya fueron incorporados al CERA. Seguirán constando en el censo, pero esa inscripción no tendrá efectos en las próximas convocatorias electorales mientras se mantenga la medida cautelar. La decisión no resuelve todavía si esas inscripciones son ajustadas a derecho, una cuestión que el tribunal abordará al dictar sentencia.

El Supremo ordena clasificar los expedientes según el origen de cada inscripción

La Sala también ha ordenado a la Oficina del Censo Electoral, a través de la Junta Electoral Central, que separe los expedientes en dos grupos. Por una parte, deberá identificar los casos que proceden de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la Ley de Memoria Democrática. Por otra, tendrá que diferenciar los expedientes iniciados o aprobados a partir de la interpretación de la instrucción de octubre de 2022.

Esa separación permitirá conocer qué inscripciones derivan de personas que acreditaron directamente una situación de exilio familiar y cuáles se tramitaron con arreglo a los criterios administrativos establecidos después por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

El tribunal mantiene también lo acordado por la Junta Electoral Central el 16 de julio de 2026 sobre un informe complementario y una instrucción para la Oficina del Censo Electoral. Si ese informe aún no se ha presentado, la Junta deberá fijar un plazo de hasta 15 días para elaborarlo y entregarlo. Después contará con un máximo de 10 días para aprobar la instrucción correspondiente.

Esta medida llega un día después de las vistas celebradas el lunes 7 de septiembre en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que examinó por separado las peticiones de Iustitia Europa y Vox para suspender de forma cautelar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. La Sala ha acordado no imponer las costas del incidente. El auto señala que la decisión responde a la complejidad de las cuestiones examinadas y a las dudas jurídicas planteadas.

El Ministerio del Interior ha reconocido este martes que su equipo de comunicación elaboró un dosier de prensa en el que recoge el nombre de decenas de periodistas españoles junto con su ideología política. Según ha adelantado este martes El Confidencial, este documento incluye comentarios del trabajo de profesionales en activo, a quienes agrupa como “reconocido ‘anti-sanchista’”, “apoya al Gobierno”, “tendencia conservadora” o “es de centro derecha moderado”, entre otros apelativos.

La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska ha justificado este trabajo de su Oficina de Comunicación como una forma de dar a conocer a los periodistas en activo y los asuntos que trataban. Fuentes del Ejecutivo han insistido a Efe en que es un documento de trabajo, “sin listas negras”, y desde Interior han indicado que se trata de un documento “informativo de carácter interno”, al tiempo que han recalcado que la Oficina de Comunicación “atiende a todos los medios y periodistas, sin distinciones”.

En la misma línea, ha hablado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha asegurado que se trataba de un “documento de trabajo” de 2024 que no busca “ni señalar, ni censurar, ni acusar” a medios de comunicación o informadores. Saiz ha asegurado que el Gobierno “respeta profundamente la labor de los medios de comunicación, cree firmemente en la libertad de prensa y actúa con consecuencia todos los días”.

Críticas al Gobierno desde todo el espectro político

Las explicaciones no han convencido fuera de la Moncloa. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con la noticia en una entrevista con Antena 3. “O sea, ¿que tiene más información de los periodistas españoles que de que iba a ocurrir una invasión marroquí? Muy interesante", ha expresado.

Las críticas también han venido desde los socios de Gobierno. La diputada del grupo de Sumar Tesh Sidi ha considerado que si se confirma la existencia de los informes sería “gravísimo” y ha acusado al bipartidismo de “supervisar y revisar” qué hace el adversario en lugar de hacerse cargo de los problemas de los ciudadanos.

Incluso el PSOE ha censurado la lista. El portavoz parlamentario Patxi López ha indicado que no le gusta “absolutamente nada ninguna lista en que se clasifique a nadie, ni por su pensamiento, ni por su ideología, ni por su raza, ni por nada” y ha confiado en que desde Interior den explicaciones.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha expresado “su más enérgica condena” a lo que considera “un ataque directo a la libertad de prensa”. “En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo”, ha aseverado. La federación ha exigido a Interior “el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas” y que muestre “garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado” por su ideología política. Asimismo, pide “depuración de responsabilidades” por estos hechos.

La investigación ha permitido detener a 21 personas en distintos países e identificar bienes y activos por unos 20 millones de euros. Entre los arrestados figura el supuesto responsable principal de la red financiera, un bróker de alto valor para Europol que ofrecía financiación y servicios de blanqueo a organizaciones dedicadas a introducir grandes cargamentos de cocaína en Europa. Su nombre es Perikles David Daremas, conocido como ‘Peri’ o ‘Spartan’.

La organización enlazaba grandes cantidades de droga con dinero en efectivo o a través de criptomonedas y con estrategias para canalizar estos ingresos y hacerlos pasar por patrimonio legal. El protagonista de este sistema es el bróker detenido, pero, ¿quién ponía la droga en este negocio? Según han explicado las autoridades habían tres de los principales narcos involucrados en esta red: Burger King, Jonas Falk y El Tigre.

La red que une Dubái con los principales narcos

Según la investigación, la ‘Banca de Dubái’ funcionaba como un “narcobanco” para grandes grupos criminales. Operaba mediante brókeres repartidos por distintos países, que facilitaban dinero a las organizaciones y cobraban comisiones de entre el 5% y el 15%, entre los que se encontraba ellos se encontraba ‘Spartan’. Uno de los tres principales narcotraficantes que la Policía ha señalado es Alejandro Salgado Vega, el Tigre, uno de los fugitivos más buscados de la Unión Europea. Los investigadores lo consideran el principal objetivo de la Udyco (Unidad de Droga y Crimen Organizado). Lo sitúan fugado en Dubái y explican que creció en el entorno del crimen madrileño.

Las otras dos caras visibles de la organización son Jonas Falk, llamado el ‘Pablo Escobar’ sueco, y Carlos Humberto Arago Castaño, alias ‘Burger King’. Falk se encuentra actualmente cumpliendo condena en una prisión en Suecia. Un tribunal de Estocolmo lo sentenció a nueve años y dos meses de cárcel por narcotráfico, a pesar de haber sido absuelto de blanqueo de capitales por la justicia española. Carlos Humberto es considerado uno de los mayores capos del narcotráfico internacional. Tras liderar sofisticadas redes de envío de cocaína aliadas con agrupaciones como el Clan del Golfo, fue capturado por la DEA y autoridades internacionales en el aeropuerto de Dubái mientras intentaba viajar a Bali.

El hundimiento del buque en 2021

El origen de la causa se sitúa a finales de enero de 2021, cuando el buque Nehir realizó dos cargas de cocaína en Sudamérica y puso rumbo a Europa. El plan, según la Policía, consistía en trasladar la droga en alta mar a embarcaciones rápidas para que lancheros gallegos y asturianos la introdujeran en territorio español. A principios de febrero de aquel año, agentes del Grupo Especial de Operaciones abordaron el barco cerca de la costa y localizaron 1.835 kilos de cocaína.

Los nueve tripulantes fueron detenidos. Tras la intervención, el buque fue remolcado al puerto de Gijón. Ya estaba listo para ser revisado a fondo y, a priori, en terreno seguro. Sin embargo, el buque se hundió por una entrada de agua que, como han explicado los investigadores, habría provocado su capitán para ocultar el resto del cargamento. Más tarde se descubrió que dentro de la embarcación había otra partida de 1.650 kilos. La organización logró recuperar esa droga después de que varios de sus miembros accedieran al barco hundido en el puerto gijonés.

La defensa de Begoña Gómez ha encontrado una salida para acudir finalmente a la audiencia preliminar que el juez Juan Carlos Peinado convocó este lunes con apenas 24 horas de margen. El abogado de la esposa de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, ha comunicado al magistrado que podrá estar presente este martes si retrasa 45 minutos el comienzo de la vista, después de que se hayan suspendido las diligencias judiciales que tenía señaladas en Barcelona y haya conseguido un billete para desplazarse a Madrid.

Campaner había pedido inicialmente el aplazamiento de la audiencia porque no podía acudir al señalamiento, comunicado por Peinado con apenas 24 horas de antelación. El juez, sin embargo, decidió mantener la cita, aunque abrió la puerta a buscar otra fecha si la defensa consideraba imprescindible la presencia del abogado titular. También planteó la posibilidad de que Campaner enviase a otro letrado en su lugar, una opción que la defensa de Gómez rechazó.

Ahora, el escenario ha cambiado. El abogado ha informado de que las diligencias a las que estaba citado en Barcelona han sido suspendidas y que ha podido reservar “una plaza en el primer vuelo disponible” a Madrid. El problema es que el avión aterriza poco antes de las 18.00 horas, por lo que solicita al juez un margen de 45 minutos para poder desplazarse hasta el juzgado. La decisión está ahora en manos de Peinado.

La petición supone un giro respecto a la posición mantenida durante la mañana. La defensa había insistido en que Campaner debía estar presente porque es el letrado designado por Gómez y quien ha estudiado las actuaciones durante el plazo concedido por el juzgado. De hecho, había llegado a proponer que la audiencia se celebrase durante la semana del 21 de septiembre, antes de la jubilación del magistrado.

Peinado, por su parte, ha defendido la necesidad de mantener el señalamiento por una razón muy concreta: este miércoles comienza sus vacaciones y no regresará hasta el 18 de septiembre. En una resolución dictada este lunes, el juez explicó que, si la audiencia no se celebraba este martes, habría que buscar una nueva fecha que “no podría concretarse en este momento”. De ahí que plantease a las partes la posibilidad de recurrir a abogados sustitutos.

Una convocatoria exprés marcada por las vacaciones de Peinado

Todo este intercambio comenzó este lunes, cuando el magistrado comunicó a las partes que había fijado para las 18.00 horas de este martes una nueva audiencia preliminar en la causa contra Gómez. El aviso llegó con apenas un día de margen y provocó que las defensas pidieran que se modificase el señalamiento.

Finalmente, la defensa de Gómez ha conseguido salvar ese obstáculo. No ocurre lo mismo con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa y también procesada en la causa. Su defensa comunicó igualmente este lunes que no podía acudir a la audiencia, pero en su caso no existe una solución de última hora: Álvarez se encuentra en Miami y tiene previsto regresar a España el 28 de septiembre. Su abogado, José María de Pablo, explicó que su representada viajó a principios de septiembre para disfrutar de un crucero y acudir después a varias citas médicas. El regreso está previsto para el 28 de septiembre, un día después de que Peinado cumpla 72 años y se produzca su jubilación.

La defensa de Álvarez ha pedido igualmente al juez que aplace la audiencia para que su representada pueda estar presente. Aunque su asistencia no es obligatoria en este trámite, el letrado considera importante que pueda acudir personalmente y ha cuestionado la premura con la que se ha convocado una diligencia que requiere, a su juicio, estudio y preparación.

Vivas ha adelantado que reclamará al comisario europeo del Interior y Migraciones, Magnus Brunner, un mayor apoyo económico y logístico para acelerar los retornos de los miles de migrantes que todavía permanecen en territorio español. Desde el punto de vista estructural, Vivas también pedirá un estatus especial para Ceuta y Melilla por su condición de frontera europea en África y la adecuación del pacto de migración y asilo, en vigor desde junio, a las necesidades del territorio.

El acuerdo recoge precisamente una cláusula que permite limitar el acceso al asilo en los países que enfrentan una mayor presión migratoria. Además, estos países podrán recibir ayuda mediante la acogida de migrantes por parte de otros socios o a través de aportes económicos y materiales. “Ceuta vive una situación insostenible y por eso pedimos el apoyo de las instituciones europeas [...] Estamos al borde del colapso”, ha reiterado Vivas, para después cargar contra el Gobierno español por no haber estado a la altura “antes, durante y después” del cruce masivo.

El dirigente popular espera además que el bloque exhiba una mayor contundencia política con Rabat, a quien acusa de estar detrás de la entrada masiva por acción u omisión, como así lo sostuvieron varios informes policiales que fueron filtrados a la prensa la semana pasada. En este sentido, Vivas ha pedido al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea una declaración en la que se ponga de manifiesto “que las fronteras se deben respetar”.

Vivas subraya que Marruecos debe respetar las fronteras si quiere colaborar con la UE

“Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar: Marruecos ha utilizado dos veces el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa”, ha sostenido el dirigente ceutí. Vivas ha recordado además los informes policiales del CENIF remitidos a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que apuntan a que los gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes a la frontera. Vivas ha insistido en que no es creíble que 80.000 migrantes procedentes de distintas partes del país se dirijan a la frontera sin conocimiento de las autoridades marroquíes.

“Hay un clamor social, que se ha convertido en una causa nacional, que dice: ‘Ceuta no está en venta, Ceuta no se rinde y Ceuta se defiende’. Espero que eso también sea una causa europea porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa”, ha advertido.

Hasta ahora, la Unión Europea ha mantenido una ambigüedad estratégica respecto a Marruecos, al que aún considera un “socio fiable”. Cabe recordar que Bruselas ha pagado a Marruecos cientos de millones de euros en los últimos años para que actúe como dique de contención de los flujos migratorios.