Miles de personas han acudido a la playa de Samil para presenciar una exhibición conjunta de las capacidades de los tres Ejércitos, la UME y la Guardia Civil. La demostración incluye simulaciones de combate, operaciones anfibias, rescates de emergencia y maniobras acrobáticas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y la Patrulla ASPA. Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en redes sociales el compromiso de los militares “al servicio de la ciudadanía y la paz”. “Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad”, ha afirmado en X.

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El programa oficial arrancó el viernes con una revista naval en la ría de Vigo, presidida por el Rey Felipe VI a bordo del Buque de Acción Marítima Audaz. El monarca, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pasó revista a dotaciones de la Armada y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El público pudo observar el despliegue de buques como el portaeronaves Juan Carlos I, el Castilla y varias fragatas, así como la participación de embarcaciones de la Guardia Civil, entre ellas la Duque de Ahumada y la Río Luna.

Novedades del ejército y debut de la princesa Leonor

El desfile de este sábado presenta como gran novedad al VCR 8x8 Dragón, un blindado que simboliza la modernización del Ejército de Tierra tras años de retrasos y dificultades técnicas. Tres unidades del Dragón recorren hoy las calles de Vigo junto al nuevo vehículo terrestre sin conductor Alano, diseñado en España y capaz de transportar 650 kilos con control remoto o autonomía. Su incorporación supone un avance relevante en la capacidad operativa de las fuerzas terrestres y responde a una necesidad de actualización tecnológica, aunque los retrasos han generado dudas y polémicas alrededor.

El acto central incluye honores a los Reyes y la Princesa Leonor, que, por primera vez, está presente en la tribuna junto a sus padres. La participación de la Princesa, próxima a terminar su formación militar, le da un carácter especial a la edición de este año. El despliegue de medios y personal convierte a Vigo en el centro de atención nacional durante la jornada. El izado de bandera y los saludos protocolarios entre la Casa Real y las distintas figuras presentes, como los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, han dado comienzo al desfile. Como es habitual, las diferentes unidades realizan su paso y saludan a Felipe VI al pasar por su tribuna.

Su nombre es El Garzo. Una gran finca de 2,4 millones de metros cuadrados situada a 23 kilómetros de la capital. Un pequeño pulmón verde que limita con el embalse de El Pardo por este y con la carretera de A Coruña por el oeste, a la altura del barrio de Las Matas, en el municipio de Las Rozas. Un trozo de naturaleza desconocido para el gran público y que muy pocos utilizan para pasear, correr, montar en bici o hacer una pequeña excursión hacia los arroyos que lo cruzan. Un paraje que en su época fue utilizado por el almirante Carrero Blanco para cazar. En una de sus sendas, junto a la laguna del Bosquillón, se puede descubrir un destartalado y abandonado vagón de madera color vino donde el presidente del Gobierno franquista se apostaba para disparar a las aves.

Hoy pertenece a la Comunidad de Madrid. La finca la gestiona desde hace relativamente poco el ente público Planifica Madrid (el antiguo Arpegio). La propiedad tiene un alto valor ecológico. Está catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), integrado en la Red Natura 2000, el principal instrumento de conservación de la naturaleza de la Unión Europea. También es ‘zona T’ del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es decir, actúa como paraje de protección y “transición” del monte de El Pardo, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. En su interior hay seis almacenes, un pequeño aparcamiento, un pinar de 32.000 metros cuadrados y zonas de cultivo que equivalen a 333 campos de fútbol.

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Debido a este alto nivel de protección medioambiental, la Comunidad de Madrid, que hace años intentó ponerla a la venta, sabe que es muy difícil que El Garzo pueda tener una salida en el mercado. Tampoco hay previsto ningún proyecto promovido por la Administración. En teoría, el grado de protección de ‘zona T’ del parque regional permite la práctica deportiva y recreativa. Planifica Madrid adjudicó en marzo de 2026 su seguridad a la empresa privada Ariete Seguridad, una firma que administra Silvia Cruz, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón. El contrato, de 211.000 euros por un año, exige a Ariete la seguridad durante las 24 horas del día los 365 días del año.

La finca El Garzo proviene de las cesiones de patrimonio que hizo el extinto Instituto Nacional de la Vivienda (INV), cerrado en 1977, a la Comunidad de Madrid. Años después, el Gobierno regional sumaría 85 hectáreas más, por las que pagó 261.000 euros. En 2012, el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre intentó levantar en la mitad de los terrenos un proyecto faraónico para construir un gran campo de golf, la pasión deportiva de la entonces presidenta regional.

Pero las duras críticas de los partidos de la oposición (IU, PSOE y UPyD), el rechazo de las asociaciones ecologistas y el fracaso a la hora de buscar un inversor privado (al que se le reclamaban 35 millones de euros) hicieron que el proyecto acabara en el dique seco. Luego, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes encargó a finales de 2015 tasaciones para conocer el valor de los terrenos. Una los cifró en 6,5 millones de euros y otra en 7 millones.

Al ser terrenos protegidos, es casi imposible que un comprador privado pueda hacer nada en ellos. Así que la Comunidad de Madrid, con cuentagotas, hace pequeñas inversiones para mantener la finca. En febrero de este año, por ejemplo, se gastó 12.705 euros para el acondicionamiento paisajístico del entorno de la casa del guardia. Diversos estudios han confirmado la presencia de especies protegidas en peligro de extinción como el topillo de cabrera, que cuenta con varias colonias en la zona.

La finca también sirve de ecosistema para aves y reptiles, y es visitada y utilizada como comedero y cazadero por especies que anidan en El Pardo, como el buitre negro y el águila imperial ibérica. Su flora es también muy diversa: matorral mediterráneo, encinares, retamares, jarales, tomillares, praderas y retazos de bosques de ribera.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha anulado una sanción de 200 euros impuesta a un conductor cuyo vehículo tenía la ITV caducada y estaba estacionado en la vía pública. La resolución rechaza la práctica de multar la mera presencia de autos sin la inspección técnica vigente si no están en circulación.

El magistrado fue categórico en su fallo: “Es ilegal multar por algo que no es sancionable”. Así, confirma que la obligación de tener la ITV al día es permanente, pero la consecuencia punitiva “solo se activa cuando se hace uso del vehículo en la vía pública”.

Cualquier conductor multado en circunstancias similares podrá recurrir amparándose en este fallo, ya que la sentencia fija un precedente jurídico en el ámbito de Oviedo. El criterio del juzgado aclara que la simple inmovilidad del coche no constituye una infracción, despejando dudas sobre la aplicación del artículo 76 de la Ley de Tráfico, que únicamente sanciona la circulación sin ITV en vigor.

El juzgado enfatizó: “Estacionado no es circular. Por tanto, no procede multa”. Así, desmonta el razonamiento de ciertos cuerpos policiales que interpretaban la caducidad de la ITV como infracción aunque el vehículo permaneciera quieto en la calle.

Sancionar a un vehículo inmóvil, ¿es ilegal?

La polémica por la ITV caducada se reavivó con la sentencia ovetense, que pone fin a una práctica habitual en la capital asturiana y señala que “sancionar un vehículo inmóvil carece de cobertura legal”. El magistrado recordó el principio de tipicidad del artículo 25.1 de la Constitución Española, el cual impide castigar comportamientos no tipificados expresamente como infracción.

La sentencia de Oviedo deja claro que para que exista sanción debe haber circulación efectiva, no solo el hecho de estar aparcado. Este criterio, ya respaldado en otras ocasiones por diferentes jueces, ahora adquiere mayor relevancia, pues zanja el error recurrente de algunos agentes al interpretar que la inmovilidad también es infracción.

El fallo judicial representa un alivio para quienes, por olvido o falta de recursos, mantienen su vehículo estacionado con la ITV vencida. No obstante, la ley sigue exigiendo que la inspección técnica esté vigente y advierte que circular sin ella sí es motivo de sanción. Además, mantener un coche con la ITV caducada en la vía pública podría conllevar otras obligaciones, como retirarlo a un espacio privado.

La decisión del juzgado ha reabierto el debate sobre la interpretación de las normas de tráfico por parte de la policía local y el Ayuntamiento de Oviedo. Suárez hizo un llamamiento para que “cesen el uso indiscriminado y arbitrario de las sanciones de tráfico como método de recaudación”, defendiendo que “las sanciones deben reservarse para situaciones excepcionales, cuando se hayan agotado otras vías menos punitivas”.

El mensaje final de la sentencia es inequívoco: “La obligación de tener la ITV vigente es permanente, pero la consecuencia punitiva solo se activa cuando se hace uso del vehículo en la vía pública”. Así, el juzgado ovetense traza la línea entre lo que puede ser sancionado y lo que no, protegiendo a los conductores frente a interpretaciones excesivas de la normativa de tráfico.

“Este ejercicio es crucial para nosotros, para asegurarnos de que estamos listos para nuestra perspectiva nacional. Hoy en día, se trata cada vez más de operar juntos, lo que significa que tenemos que ser interoperables”, explica el comandante de la Brigada de Kainuu, general de brigada Ari Laaksonen. La combinación de operaciones aéreas y terrestres, con participación de drones, helicópteros y aviones de ala fija, supone un reto técnico y logístico para los mandos y las unidades desplegadas.

Combates simulados en el bosque

Se desarrolla en los densos bosques de la región de Kainuu, un entorno que exige máxima adaptación y coordinación entre los participantes. Las tropas aliadas realizan maniobras simultáneas en tierra y aire, empleando helicópteros Chinook estadounidenses para insertar unidades en zonas designadas, mientras tanques y vehículos todoterreno superan obstáculos naturales y avanzan en formación.

Las imágenes difundidas por el mando militar muestran a soldados desembarcando de aeronaves, asegurando posiciones, construyendo escondites y participando en simulacros de combate y fuego enemigo bajo condiciones de alta exigencia. Además, las operaciones incluyen la construcción de posiciones defensivas camufladas, el avance conjunto de infantería y blindados, y el uso de guerra electrónica y simulación de minas, lo que ofrece escenarios realistas y complejos diseñados para perfeccionar la respuesta ante situaciones de conflicto.

Para muchos reclutas finlandeses, Northern Star 26 supone la fase final y más desafiante de su servicio militar, una evaluación práctica de las capacidades individuales y colectivas adquiridas durante meses de instrucción. “El ejercicio Northern Star 26 es una combinación de tropas. Es un ejercicio nacional para los reclutas, y en esta ocasión hay una fuerte presencia de las fuerzas aliadas y amigas”, señala Laaksonen, comandante de la Brigada de Kainuu. El general destaca la participación relevante de tropas británicas y estadounidenses en la fase de planificación, junto con unidades italianas, francesas, polacas y húngaras, y califica como “muy gratificante” la coordinación multinacional lograda en esta edición.

Northern Star 26 representa un paso clave para la OTAN en su estrategia de defensa colectiva en el norte de Europa. La integración de fuerzas aliadas en territorio finlandés responde a la necesidad de garantizar la operatividad conjunta en situaciones reales de amenaza. Por tanto, el ejercicio pone el énfasis en la interoperabilidad, desde la llegada y despliegue de las unidades, la ejecución de maniobras coordinadas entre diferentes naciones y ramas militares, hasta el posterior redespliegue de las tropas a sus países de origen, consolidando la capacidad de respuesta aliada.

El Día de las Fuerzas Armadas reunirá a cerca de 4.000 efectivos de distintos cuerpos militares y de seguridad en Vigo. La Avenida de Samil será el escenario del desfile principal. El evento se organizará con unidades a pie, motorizadas y aéreas, a lo largo del recorrido comprendido entre la Rúa Arganzada y la Rúa do Rio. Durante la jornada se llevarán a cabo los actos protocolarios habituales, que incluyen honores a los Reyes, izado de bandera, homenaje a los caídos y salto paracaidista a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

Además, será el primer año que esté la princesa Leonor presente junto a sus padres. La jornada ofrecerá una demostración aérea con 70 aeronaves, entre ellos Eurofighter, F-18, AV8B+ Harrier, además de la participación de la “Formación Mirlo”, que pintará los colores de la bandera nacional en el cielo. EN total, participarán 30 aeronaves de caza, 16 de transporte y 25 helicópteros. En el apartado motorizado, el despliegue contará con 109 vehículos y 32 motos.

En medio de este día de celebración, también habrán militares que aprovechen la fecha como un altavoz para sus reivindicaciones. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha denunciado con un comunicado que los actos oficiales y la exhibición de material contrastan con la ausencia de avances en los problemas que afectan al personal militar. La Asociación Profesional de Suboficiales (Asfaspro) ha trasladado la “triste realidad” que viven los militares en la actualidad, exigiendo mejoras salariales y reconocimiento académico de la formación recibida.

Reivindicaciones de los militares

ATME subraya que, pese al incremento del presupuesto de Defensa, con España superando ya el 2% del PIB, las mejoras reales para los militares no se han materializado. La organización denuncia que el Gobierno destinó 679 millones de euros en 2025 para aumentos retributivos y plantillas, pero el propio Ministerio de Defensa reconoció que parte de esos fondos cubrían subidas salariales previas, lo que, en palabras de la asociación, evidencia una falta de transparencia y alimenta el malestar entre los efectivos.

Entre las principales demandas, ATME insiste en el reconocimiento de la profesión militar como de riesgo, algo que a priori está en marcha, y la aprobación de una ley única de carrera militar. “La situación profesional del personal militar continúa marcada por unas malas retribuciones, la precariedad, la temporalidad y la ausencia de reformas estructurales”, añade ATME en su comunicado. Según la asociación, “para garantizar salarios dignos, serían necesarios más de 1.100 millones de euros anuales adicionales”, una cifra que sitúa en contraste con los elevados gastos en programas de armamento.

La organización advierte que la falta de reformas, junto a la ausencia de una reserva de plazas efectiva tras los 45 años y la no homologación de la formación militar, incrementa la dificultad para retener y captar personal en las Fuerzas Armadas. “El descontento entre los militares es creciente, especialmente entre la tropa y marinería, que no percibe mejoras pese al aumento histórico del presupuesto”, señala la asociación.

La imputación del expresidente Zapatero y las investigaciones judiciales sobre el PSOE, junto a la falta de presupuestos, han reconfigurado el tablero político en el Congreso. Socios parlamentarios y oposición presionan a Pedro Sánchez para que convoque elecciones anticipadas o se someta a una cuestión de confianza, pero, de momento, se descarta la vía de la moción de censura por falta de apoyos suficientes.

PP y Vox mantienen su dureza contra el Gobierno. El partido de Santiago Abascal exige una moción de censura inmediata, mientras el PP prefiere esperar porque no ha logrado convencer a ninguno de los socios de investidura del PSOE. El PNV ha sido la opción que más ha endurecido su posición, mientras que Junts lleva más de un año como parte de la oposición en la mayoría de las ocasiones, pero sigue negándose a una moción que tenga a Vox como integrante.

Presión de los aliados

En la Cámara, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, exigió a Pedro Sánchez otra fórmula. “No hay una moción de censura sobre la mesa y solo cabe pedirle a Sánchez que adelante los comicios o se someta a una cuestión de confianza”, declaró Valido. La dirigente situó al Gobierno en un “momento crítico” que agrava la desafección de la ciudadanía, de manera que propuso que el presidente se sometiese a la opinión de los parlamentarios.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, afirmó el pasado fin de semana que “la legislatura ha llegado a su fin” y que el “interés general demanda elecciones generales este año”. Pero Esteban descartó una moción de censura y señaló al “bloqueo” parlamentario y la falta de presupuestos como motivos para ese cambio de rumbo. Desde Junts, Míriam Nogueras reiteró que la “línea roja” de su formación es Vox y que no facilitarán ninguna vía que permita la llegada de la extrema derecha al poder. “Se habla de cuestión de confianza, se habla de elecciones. Nosotros ya lo hemos puesto encima de la mesa”, sostuvo Nogueras.

La izquierda marca distancia

En el bloque progresista, se mantiene la estrategia de pedir explicaciones, pero sin ir más allá. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, pidió a Sánchez comparecer en el Congreso por los casos de corrupción que afectan al PSOE. “El silencio le servía a Rajoy y la derecha. No podemos seguir dando vergüenza”, afirmó Rufián. Pedro Sánchez hablará en el Congreso sobre los casos que envuelven al partido a finales de junio.

Desde EH Bildu, Arnaldo Otegi advirtió sobre el riesgo de un adelanto electoral que habilite un Gobierno de PP y Vox, y defendió que los casos de corrupción deben ser combatidos sin que ello implique una operación política. Y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado la situación del Gobierno de “insostenible”, aunque descarta apoyar una cuestión de confianza o moción de censura, aludiendo a que la alternativa “no puede ser la corrupción del PP”. Podemos, desde que hace más de un año, cuando decidió pasar al Grupo Mixto, es la principal voz crítica desde la izquierda.

Mientras tanto, desde Sumar, Lara Hernández defendió la continuidad del Gobierno y recalcó que la coalición ha logrado avances legislativos y que la prioridad es “resolver los problemas de la gente”. El PSOE mantiene una defensa cerrada de Zapatero que aleja a algunos de sus socios, pero Sánchez ha descartado totalmente un próximo adelanto electoral. Al menos, de momento.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado aplazar su comparecencia fechada al próximo 9 de junio, según ha podido saber RTVE y elDiario.es. El motivo, según citan las fuentes, se debe a que a Camacho le coincide con otro señalamiento de un juzgado distinto.

El miércoles se dio a conocer que Peinado había convocado a la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez a comparecer en una “audiencia preliminar”, donde debía “comparecer personalmente” junto a su asesora de la Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el auto se obligaba a los tres a presentarse o “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

El magistrado había señalado ese día para que las partes personadas se pronunciaran sobre la conveniencia de abrir juicio oral, un procedimiento que, a su juicio, debe tramitarse por la vía del tribunal del jurado. En su resolución, Peinado recordaba que los delitos atribuidos a los investigados —malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida—, así como las penas a las que podrían enfrentarse, podrían incentivar “alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la Justicia”.

Otro juicio ese mismo día

Sin embargo, tras la notificación de Camacho la situación cambia. El argumento del abogado es que tiene otro juicio ese mismo día en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo desde el pasado mes de marzo, tal y como ha notificado elDiario.es. Además, el día 10 de junio también tiene señalado el arranque de un nuevo juicio oral.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 317 páginas, concluye que la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se constituyó conforme a los procedimientos internos de la institución. No obstante, los agentes aprecian indicios de posibles irregularidades en la contratación de empresas para el desarrollo de una plataforma informática, en particular de Deloitte Consulting y Making Science Group.

Según la UCO, la adjudicación a Deloitte se articuló mediante expedientes administrativos que habrían servido para otorgar una “apariencia de legalidad” a contrataciones que, a juicio de los investigadores, no respetaron la normativa aplicable. El informe sostiene que las adjudicaciones estaban decididas de antemano, que la consultora comenzó a prestar servicios antes de la formalización de los contratos y que las condiciones económicas se ajustaron a acuerdos previos entre la empresa y la cátedra. Además, los agentes consideran que las solicitudes de ofertas pudieron haberse simulado, limitando la concurrencia de otros posibles licitadores. En cuanto a Making Science Group, la UCO señala que la contratación se realizó sin expediente administrativo y que el pago fue autorizado una vez ejecutados los trabajos.

El informe también destaca que no se siguieron los procedimientos internos de la Complutense para registrar la propiedad intelectual del software ni para tramitar la inscripción de la marca y el dominio de la plataforma. Según los investigadores, los recursos empleados en estas gestiones procedían de fondos privados vinculados a Gómez.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado hoy el Barómetro de Opinión correspondiente al mes de mayo. Los encuestadores llevaron a cabo el trabajo de campo entre el 3 y el 18, en plena campaña para los comicios autonómicos de Andalucía y antes de que trascendiesen los últimos desarrollos en los casos ‘Plus Ultra’ y ‘Leire Díez’ que afectan al PSOE.

En ese momento acaparaba la atención mediática el brote de hantavirus andes a bordo del crucero MV Hondius, que llegó a Tenerife el 10 de mayo y cuyos pasajeros internacionales fueron repatriados, llegando los 14 españoles al hospital Gómez Ulla de Madrid.

El Barómetro de Opinión de mayo no recoge lo último del PSOE

También la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje de Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy - estaba en curso y la del ‘caso mascarillas’ - que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama - recién finalizada.

Un día después del final del trabajo de campo de los encuestadores, el 19 de mayo - dos después de las elecciones andaluzas -, trascendía que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había citado como investigado al expresidente socialista Zapatero, señalado como líder de una presunta trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió un préstamo estatal de 53 millones de euros durante la pandemia del coronavirus.

Los resultados de este Barómetro no reflejan, por tanto, estas últimas informaciones sobre el PSOE. Tampoco entra en juego, por el mismo motivo, la entrada a la sede central socialista en Ferraz por parte de agentes de la UCO este miércoles, 27 de mayo, para requerir información en el marco del ‘caso Leire Díez’, quien presuntamente estaría implicada en una estrategia para obstaculizar investigaciones judiciales contra el partido.

El PSOE y Pedro Sánchez siguen siendo favoritos

Teniendo esto en cuenta: los resultados reflejan una consolidación del liderazgo del PSOE. En mayo, el PSOE alcanza un 28,5% en intención directa de voto y un 30,9% en la suma de voto y simpatía. En la estimación sobre voto válido, el PSOE registra un 36,2% en mayo, mientras que en abril este porcentaje fue del 36,4%, el mejor dato de los últimos seis meses. La diferencia con el Partido Popular (PP) se mantiene estable: en mayo, el PP obtiene un 24,9%, frente al 23,6% de abril. Es decir: El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación.

VOX ocupa el tercer lugar, alcanzando en mayo un 16,2% en estimación de voto, frente al 14,7% de abril. Sumar obtiene un 5,7% en mayo, una cifra prácticamente idéntica al 5,8 % de abril, que marcó su peor registro de la legislatura. Podemos, tras su ruptura con Sumar, se sitúa en un 2,5 % en ambos meses.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, obtiene un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no supera el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

El análisis señala que la fragmentación a la izquierda del PSOE, junto con la escasa transferencia de apoyos hacia el PP, mantiene al bloque progresista como opción dominante. El 29,4% de los encuestados en mayo señala a Pedro Sánchez como preferido para la presidencia del Gobierno, mientras que Feijóo obtiene un 13,8% y el Santiago Abascal un 9,3%. Un 20,5% rechaza todos los nombres propuestos de la política actual.

Las valoraciones de los líderes nacionales no muestran grandes cambios entre abril y mayo. Pedro Sánchez (PSOE) obtiene un 4,59 sobre diez, Feijóo (PP) un 3,74, Yolanda Díaz (Sumar) un 4,25 y Santiago Abascal un 2,93. En cuanto a la confianza personal, un 35,8% expresa mucha o bastante confianza en Pedro Sánchez y un 18,7% en Feijóo.

“Los ciclistas, en jaque: la nueva normativa publicada por el BOE retira su presencia en los arcenes de las carreteras”. “Adiós a los ciclistas por carretera”. “El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial”... Estas noticias, publicadas en el último día y medio por los medios de comunicación, son el equivalente a aquello que dijo Mark Twain: “Las noticias sobre mi muerte han sido exageradas”. Y es que ni la normativa es nueva ni los ciclistas desaparecerán de las carreteras españolas.

La modificación del Reglamento General de Carreteras, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de octubre, sí permite a la Dirección General de Carreteras reducir o eliminar los arcenes en tramos de la red estatal, pero no con el objetivo de expulsar a los ciclistas, sino de protegerlos para que no circulen por la misma zona que los coches, impulsando la construcción de carriles bici separados del tráfico.

Dice la ley: “El Ministerio de Trasportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, impulsará iniciativas de movilidad ciclista en el ámbito de las carreteras del Estado, compatibilizando la ejecución de infraestructuras que permitan el desarrollo de una red continua y segura que facilite la movilidad urbana, periurbana e interurbana, así como la colaboración con el resto de las administraciones públicas competentes para garantizar la coherencia de las políticas en la materia. (...) En carreteras multicarril y carreteras convencionales con una intensidad media diaria reducida en las que se considere especialmente conveniente incluir un itinerario ciclista o dar continuidad a uno ya existente, para la ejecución de vías ciclistas adyacentes a las carreteras del Estado podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes, justificando que no se perjudican las condiciones de seguridad viaria o la adecuada explotación de la carretera”.

La nueva regulación responde a la necesidad de reducir la siniestralidad: el 90% de las muertes de ciclistas se producen en accidentes con vehículos motorizados. Por ello, el BOE establece que el Estado podrá reducir o eliminar los arcenes en determinados tramos de su red para instalar carriles bici, siempre que se preserve la seguridad vial, la funcionalidad de la carretera y la continuidad de las rutas ciclistas existentes. El proceso requiere un informe técnico previo del Ministerio de Transportes que acredite que la obra no compromete la seguridad ni afecta a la circulación general.

Qué implica la normativa para los ciclistas

En la práctica, la reforma implica que los ciclistas deberán abandonar los arcenes en aquellos tramos donde se construyan carriles bici señalizados como obligatorios. En estas zonas, la circulación en bicicleta por la calzada quedará restringida, y los usuarios deberán utilizar exclusivamente la vía segregada.

Este cambio normativo no supone una prohibición generalizada del uso del arcén: la obligación de circular por él se mantiene en las carreteras donde siga existiendo y sea transitable. Además, la aplicación de la norma será progresiva, ya que la transformación de los arcenes no se hará simultáneamente en toda la red, sino según lo determinen los estudios técnicos y las necesidades de cada tramo.

Un operativo de la Guardia Civil para incautar una plantación de marihuana en Murcia acabó con un agente herido después de que un individuo disparara desde dentro, como adelantó El Español y ha confirmado Infobae. La bala impactó en una puerta y los cristales estallaron, chocando contra el agente. El registro, realizado este jueves en torno a las 7 de la mañana, era parte de una operación más grande que continúa en marcha, de manera que todavía no se conocen muchos detalles.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que el agente fue herido de forma leve, de manera que ya ha sido atendido y no se enfrentas a lesiones graves. El individuo que efectuó el disparo ha sido detenido, bajo el posible cargo de tentativa de homicidio. Está previsto que en las próximas horas se ofrezcan más datos sobre el alcance de la operación y los arrestos realizados.

En los últimos años, España ha experimentado un preocupante aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, especialmente en lo que respecta al uso de armas y la peligrosidad de los narcos hacia las fuerzas de seguridad. Este fenómeno se observa de manera más dramática en zonas como el Campo de Gibraltar, la Costa del Sol y otras áreas de entrada y distribución de droga, donde las organizaciones criminales desarrollan cada vez mayores capacidades ofensivas.

Un informe de la Presidencia del Gobierno indica una “mayor agresividad hacia los agentes”, evidenciando que los narcotraficantes ya no dudan en embestir vehículos o embarcaciones policiales y recurren al “uso de armas de guerra” en sus operaciones. Esto se refleja en sucesos recientes, como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha pilotada por narcos arrolló su embarcación. Hace un mes, otros dos agentes murieron al chocarse mientras perseguían a una narcolancha.

Las fuerzas de seguridad han reportado un incremento en la incautación de armas entre las redes de narcotráfico, que incluyen pistolas, fusiles y armas automáticas. Los narcos demuestran capacidad para equiparse con armamento de alto calibre e incluso embestir directamente a los agentes durante persecuciones, como se señala en los informes oficiales. El propio Departamento de Seguridad Nacional reconoce la existencia de “más de 600 embarcaciones tipo ‘go-fast’” —las llamadas narcolanchas— operando en aguas españolas en tan solo un año, muchas de ellas armadas y dispuestas a enfrentamientos.

La intensificación del armamento disponible para los narcos y su creciente agresividad representan hoy uno de los mayores desafíos para las fuerzas policiales en España, incrementando exponencialmente el riesgo para los agentes y exigiendo respuestas integrales en materia de seguridad y recursos, tanto humanos como materiales.

Una notificación de las autoridades de Andorra sobre una mujer de Campobello di Mazara que invertía en propiedades de lujo desencadenó una de las mayores operaciones contra el blanqueo de capitales vinculados a la mafia siciliana. La Dirección Antimafia del Distrito de Palermo y la Guardia di Finanza coordinaron un despliegue internacional con más de 150 agentes y la colaboración de cuerpos policiales de Europa y Oriente Medio.

La actuación permitió incautar bienes, empresas y activos financieros por más de 200 millones de euros. La operación, que abarcó Italia, Andorra, Gibraltar, las Islas Caimán, Luxemburgo, Suiza, Líbano, Mónaco y España, rastreó la ruta del dinero procedente del narcotráfico y dirigido a las arcas de Matteo Messina Denaro, el capo fallecido en 2023. España resultó ser uno de los puntos clave de su imperio.

Blanqueo de capitales en España

En España, la operación identificó un punto estratégico de la red. La Costa del Sol, con especial incidencia en Marbella, Málaga, Benahavís y Puerto Banús, vuelve a ocupar los titulares por su facilidad para blanquear dinero. Según la Guardia di Finanza, la red utilizaba empresas offshore y sociedades pantalla para canalizar fondos ilícitos hacia inversiones inmobiliarias y turísticas de alto valor.

En total, fueron incautadas 22 propiedades de lujo, entre ellas complejos turísticos, así como carteras de valores y participaciones accionariales. Además, se identificaron cinco empresas en territorio español, dos en Gibraltar y una en las Islas Caimán, empleadas principalmente para el lavado de dinero y la gestión de activos. La colaboración con la Policía Nacional permitió llevar a cabo registros, interceptaciones y análisis informáticos en busca de criptomonedas y fondos ocultos.

La investigación también reveló la posesión de más de 12 kilos de oro y participaciones en una entidad financiera libanesa, ampliando el alcance del entramado delictivo. El uso de drones y escáneres térmicos permitió localizar cavidades ocultas donde se almacenaban pruebas y bienes de alto valor.

El legado de Messina Denaro

Matteo Messina Denaro, nacido en Castelvetrano, Sicilia, en 1962, fue hijo de un histórico jefe mafioso y asumió el liderazgo del clan local de la Cosa Nostra tras la caída de los grandes capos. Vinculado estrechamente a Salvatore “Toto” Riina, participó en los atentados de 1993 en Florencia, Roma y Milán, responsables de 10 muertes. Considerado uno de los criminales más buscados de Italia y Europa por numerosos asesinatos y su implicación en el narcotráfico internacional, permaneció prófugo durante 30 años hasta su detención en 2023 en Palermo.

Messina Denaro falleció meses después bajo custodia por un cáncer, dejando tras de sí un imperio construido sobre el blanqueo de capitales y la reinversión de fondos ilícitos a escala internacional. Las investigaciones evidencian cómo su red consolidó cientos de millones de euros a través de operaciones en varios continentes y su impacto sigue siendo objeto de nuevas indagaciones. Las autoridades recalcan la importancia de continuar por este camino para desarticular por completo las estructuras financieras de la mafia, con el habitual lema de la lucha contra el narcotráfico: seguir el rastro del dinero.

Una mujer nacida en Honduras y residente en El Salvador ha conseguido la nacionalidad española tras un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó una denegación administrativa previa. El tribunal reconoció que la solicitante demostró tanto su origen sefardí como el vínculo legal con España, conforme a lo establecido en la Ley 12/2015.

El tribunal de primera instancia no consideró suficiente la documentación presentada

El caso comenzó con la solicitud de nacionalidad española presentada por la interesada. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública denegó el trámite, argumentando que la documentación presentada no resultaba suficiente ni adecuada para demostrar la ascendencia sefardí exigida por la normativa

Frente a esta negativa, la solicitante interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Durante el proceso judicial, se analizaron en profundidad los documentos aportados. Entre ellos figuraban un certificado rabínico expedido en Estados Unidos, un informe universitario elaborado por especialistas de una universidad norteamericana y avales de entidades judías radicadas en El Salvador.

La jueza de primera instancia consideró que estas pruebas no reunían las condiciones exigidas por la ley, al estimar que no procedían de organismos españoles ni contaban con el aval de la Federación de Comunidades Judías de España.

Sin embargo, la Sala Undécima de la Audiencia Provincial revisó la valoración inicial y se pronunció sobre la naturaleza y validez de la documentación extranjera. El tribunal puso especial atención en el carácter de los certificados y en la legitimidad de las instituciones emisoras; y se tuvo en cuenta la existencia de informes académicos sobre linajes sefardíes y de avales emitidos por organizaciones judías internacionales.

No se exige aval de instituciones españolas si la documentación es legítima

El fallo de la Audiencia Provincial concluye que los documentos aportados cumplen con los requisitos legales previstos en la Ley 12/2015. El tribunal destaca la validez formal y material tanto del certificado rabínico como del informe universitario, que identifica a la solicitante como descendiente de varias familias sefardíes. Se resalta también la importancia de los avales emitidos por entidades judías reconocidas en el país de residencia, en este caso, El Salvador.

La sentencia subraya que la ley exige dos elementos fundamentales para acceder a la nacionalidad española por carta de naturaleza: la acreditación del origen sefardí y la demostración de un vínculo especial con España. De acuerdo con el tribunal, “estas conclusiones avalan, frente a lo que dice la juez a quo, la validez formal y material de los documentos aportados, que se acomodan a las exigencias legales referidas y acreditan la condición de sefardí originaria de España de la demandante".

Así, el fallo considera que, cuando la documentación presentada responde estrictamente a las exigencias legales, no corresponde solicitar pruebas adicionales ni exigir el aval directo de las instituciones españolas, siempre que las autoridades emisoras sean legítimas y reconocidas en el país de residencia.

La resolución cita jurisprudencia reciente que autoriza la valoración conjunta de distintos documentos, siempre que estos cumplan con los requisitos exigidos. En el caso analizado, los jueces consideran que la solicitante presentó toda la documentación relevante. Además, se destaca que la mujer ya acreditaba dominio del idioma español y conocimiento de la Constitución y de la realidad sociocultural de España, aspectos que no han sido objeto de objeción en el proceso.

La sentencia deja sin efecto el rechazo administrativo previo y reconoce el derecho de la solicitante a obtener la nacionalidad española, obligando a la administración a tramitar su expediente. Además, impone a la administración demandada el pago de las costas procesales y la devolución del depósito judicial realizado para recurrir.

Es en este contexto, el de las redes sociales, donde nace una figura central en el debate político virtual: el ‘troll del Estado’. Tratar de marcar su origen en el calendario es difícil, aunque Iago Moreno, sociólogo experto en cultura digital, considera que esta figura existe desde que las redes sociales se volvieron el altavoz de las protestas ciudadanos. “A partir de ahí ha habido quienes han intentado apropiarse de eso, hurtarlo y utilizarlo en contra de las protestas civiles”, señala a Infobae.

La definición de troll del Estado es compleja. Para Moreno se trata del reclutamiento por parte de estados liberales o autoritarios de cuentas dedicadas al acoso, que son utilizadas para censurar o silenciar objetivos en la sociedad civil.

Detrás del ‘nickname’ -el nombre de usuario- el sociólogo explica que no hay personas concretas sino infraestructuras: “Puede haber un funcionario público que entienda que son gajes del oficio y se deje utilizar en esas estrategias, personas que son forofas de cierta ideología y se prestan para colaborar en estas estructuras de acoso o puede simplemente haber servicios profesionalizados que se amparan en la impunidad”.

Un ejemplo claro sobre cómo funcionan estas infraestructuras al servicio de la política es lo ocurrido en Filipinas, donde un partido ultraconservador, como el del expresidente Rodrigo Duterte, utilizó al colectivo LGTB para sus intereses políticos: “Para poder manipular digitalmente las conversaciones reclutaron a los activistas LGTB, porque son quienes más experiencia tenían en truncar votaciones digitales en Miss Universo, y de repente te encontrabas activistas pro Miss Universo y LGTB trabajando en infraestructuras de odio ultraconservadoras”.

La relación entre partidos políticos y trolls

Moreno señala que la relación entre los partidos políticos y los trolls es estrecha, llegando incluso a diluirse la diferencia entre ambos. En los casos en los que los trolls se usan como herramienta de guerra híbrida, es decir, un país interviniendo en la conversación de otro para minar sus fuerzas militares, políticas o económicas, lo que hay es directamente el Estado. Pero cuando se trata de reprimir a la sociedad civil, lo que nos encontramos son intentos de partidos de usurpar el Estado y sus medios para intereses particulares.

“Detrás de las redes de trolls hay empresas públicas que conceden sueldos que en realidad se van a pagar este tipo de estratagemas, funcionarios del estado que dedican una parte muy importante de su agenda a prestar sus servicios a estas infraestructuras y, en paralelo, lo que vemos es una apropiación por parte de los partidos de las estructuras del Estado”, explica el sociólogo.

El sociólogo considera que las acciones de los trolls no se basan en un simple ataque desorganizado, sino que el objetivo central de estas infraestructuras es silenciar, censurar y apartar de la conversación pública. Para ello es central el uso de la desinformación, aunque también aclara que otras veces el motor de estos usuarios puede ser el simple odio: “Cuando vuelcas el odio sobre una persona, la estás difamando. Estás llamando a la violencia contra ella”.

Además, estos “enjambres” presentan una “motivación compartida”, que es la de suprimir de la vida pública a una comunidad, a un periodista incómodo, a una persona que vive libremente su sexualidad o a un inmigrante, simplemente por expresar su punto de vista, por lo que el sociólogo considera que sus acciones son “coordinadas y compartidas”.

El odio enriquece a los dueños de las redes sociales

Ante el “trabajo” de los trolls del Estado, los dueños de las redes sociales -el campo de batalla de estos actores políticos- prefieren no actuar, ya que, según el experto en cultura digital, se benefician de este trabajo: “El único modelo que persiguen las plataformas es uno en el que el odio más visceral que pueden desplegar los trolls es rentable. Las operaciones de odio y acoso coordinado convulsionan las redes, generan más datos, más interacción y más dinero en los bolsillos de los dueños de las plataformas”.

Moreno pone en entredicho la calidad moral de personajes como Elon Musk o Mark Zuckerberg y considera que sería ingenuo pensar que este modelo vaya a cambiar si no hay una regulación muy fuerte de estas plataformas como mercados y como agentes políticos que cada vez median más en procesos sociales de nuestro entorno, desde unas elecciones a simplemente la reflexión colectiva en una emergencia nacional.

Por el momento, Moreno señala que en Europa no hay llegado de manera deliberada estos ejércitos de trolls, sino que lo que existe son malas prácticas que nos recuerdan cómo comenzó esta serie de operaciones en otros países. “Lo que sí vemos en Europa son casos en los cuales, sea por un pragmatismo mal entendido, por falta de regulación de las redes o por la sangrante impunidad de las malas prácticas en la política, hay actores que están normalizando reclutar cuentas que se dedican al acoso y al hostigamiento”.

Respecto a la respuesta social ante el crecimiento de los trolls, el sociólogo destaca que es necesario entender que “nadie va a ser libre si no lo son el resto de sus iguales y nunca va a haber libertad de expresión si uno no puede ejercerla sin miedo al acoso, sin miedo a la censura y sin miedo a la violencia”.

Por ello, la respuesta ciudadana tiene que ser de “solidaridad” con las personas que no tienen la misma libertad que nosotros para expresarse, “porque están sometidas a la vigilancia de agentes que les acosa e increpa”. Además, Moreno señala que es necesario “exigir que las plataformas, que cada vez amasan más poder y riqueza, tengan que rendir cuentas ante la gente con la que se han lucrado, pero a la que también le han generado esta serie de agravios”.

Renfe necesita modernizarse en la gestión de sus relaciones laborales. La empresa pública, dedicada al transporte ferroviario de personas y mercancías, quiere invertir 205.700 euros para implementar nuevas aplicaciones informáticas que “den respuesta a las nuevas necesidades de la Dirección General de Organización y Talento de Renfe Operadora” en dos ámbitos concretos: la gestión de elecciones sindicales y la gestión de posibles huelgas que los trabajadores convoquen. Renfe tiene actualmente más de 16.000 empleados.

Las últimas elecciones sindicales en Renfe se celebraron en marzo de 2023. Cinco sindicatos obtuvieron representación: Semaf, CCOO, UGT, CGT y SF Intersindical. Lo que busca Renfe es una aplicación que le ayude a mejorar la validación de las candidaturas y los requisitos de los representantes de los delegados sindicales que se presenten a los comicios internos.

Y, sobre todo, que le ayude a gestionar el censo de votantes, ya que “se genera un volumen muy elevado de incidencias relacionadas con reclamaciones, motivadas por diversas causas como fecha de Antigüedad incorrecta, no aparecer el censo, o categoría laboral mal indicada”. La memoria del contrato asegura que “estas incidencias deben gestionarse individualmente, lo que implica una carga administrativa considerable”.

Algunos de los sindicatos consultados aseguran que Renfe los ha informado sobre la licitación de este contrato. Un portavoz de Semaf, el sindicato mayoritario, señala que en los últimos diez años unos 5.300 maquinistas se han incorporado a Renfe, mientras que otros 4.200 han abandonado la compañía por baja o jubilación. “Es una categoría con mucha movilidad geográfica. Es lógico que pueda haber incidencias sobre sus datos cuando hay elecciones”.

Hay que tener en cuenta que en Renfe los comicios internos se realizan por centro de trabajo, por provincia. “Tampoco teníamos información sobre este contrato, pero una vez consultado los pliegos vemos que sí se justifica su licitación, porque permitirá ahorrar trabajo en estos procesos. Estamos a favor de toda medida que fomente una mayor participación de los trabajadores”, explican desde CGT.

La nueva aplicación también debe ser capaz de, una vez que terminen las elecciones sindicales, actualizar el sistema que contabiliza la “Bolsa de Vales Horas” y el “Crédito Adicional al Estatuto”. La bolsa se refiere a las horas de representación que recibe cada sindicato en función de los representantes obtenidos, horas que no solo pueden disfrutar los delegados sindicales, sino cualquier trabajador de la compañía. Y el crédito distribuye las horas sindicales para que no interfieran en el trabajo diario de los delegados sindicales.

Huelgas y servicios mínimos

El contrato también quiere mejorar la aplicación para gestionar las posibles huelgas que se celebren dentro de la empresa pública, que son relativamente frecuentes. “Los usuarios de la Corporación que gestionan las huelgas tienen un menú central que llama a los distintos procesos implicados. “Revisar los botones obsoletos y retirarlos del menú”, dice someramente el pliego de condiciones técnicas. Renfe también quiere mejorar la gestión de los servicios mínimos. En la actualidad, el programa que existe “registra los servicios, opera sobre una única tabla y existen problemas de bloqueo cuando varios usuarios concurren en el proceso de actualización”.

En cuanto a los datos de participación en huelgas, estos se obtienen grabándolos en una tabla. “Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo para alimentar los mismos datos. Además, se debe continuar usando la transacción actual para el mantenimiento de los datos que no vengan por fichero. Existe otro informe de participación de huelgas por turnos, colectivos y provincias que tiene la misma problemática. Se realizará un nuevo programa de carga de un fichero externo”. Hasta ahora Renfe nunca había licitado un contrato de este tipo, pero los sindicatos consultados señalan que el “coste es asumible”.

Pedro Sánchez guardó cinco días de reflexión en abril de 2024 una vez el juez Juan Carlos Peinado determinó la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del Gobierno dejó en el aire su dimisión (“no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta”) y terminado ese periodo, se dirigió a los españoles para anunciar que continuaba, pero no para quedarse de brazos cruzados: “O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará el futuro, condenándonos como país”.

“Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. (...) Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible: mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías, que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España”, proclamó.

La materialización llegó en julio, cuando Sánchez explicó en el Congreso de los Diputados el Plan de Acción por la Democracia, consistente en 31 medidas. El Consejo de Ministros lo aprobó en septiembre. Según el propio Gobierno, ya se han desarrollado 27 de ellas. Entre otras, contempla un registro de medios de comunicación, con información sobre su propiedad o financiación; una nueva Ley de Publicidad que topa en un 35% la cifra de negocio con instituciones de estos medios o plataformas o una reforma del derecho de rectificación que por primera vez señala a los influencers.

El auto de Pedraz

Anunciadas pero no implementadas, la obligatoriedad de debates antes de unas elecciones, también de un debate sobre el estado de la Nación cada año (el último fue en 2022) o una ley de lobbies estandarizable con la europea, norma que vuelve a la actualidad con motivo de la investigación sobre la actividad profesional de José Luis Rodríguez Zapatero. Son avances que implican a los poderes ejecutivo y legislativo y también a los medios, como establece el propio espíritu del plan en su redacción, coherentes con el compromiso del presidente y alineados con los países de nuestro entorno.

Pero a nadie escapa que lo que más urgencia corría a Sánchez, por eso su parón, por eso su enfado, era frenar las causas contra el PSOE y contra su persona o su entorno, viéndolo como una campaña orquestada para tumbar al Gobierno con jueces, policías y periodistas a su servicio. Un rotundo auto de Santiago Pedraz este miércoles revela la puesta en marcha ya antes del Plan de Acción por la Democracia de una grave operación desde el corazón de Ferraz, liderada por el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Solo entre abril y mayo se reunió 39 veces con la militante Leire Díez.

Según el auto, Cerdán encargó a Díez la coordinación y ejecución de actuaciones para “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”. Pedraz constata una retribución a Díez de 4.000 euros mensuales con cargo al partido, pagos que señalan al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. La formación habría abonado más de 180.000 euros a la red, al engranaje de las cloacas socialistas.

La reunión clave

Pedraz no señala a Sánchez, pero sí un hecho detonante que tiene a Sánchez como protagonista, precisamente el ya recordado de sus cinco días de reflexión. Leire Díez llevaba tiempo llamando a la puerta del PSOE y nadie le hacía caso, hasta abril de 2024: “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”, figura en un manuscrito de Díez. David Sánchez, hermano del presidente, también resultó imputado esa primavera, lo que tuvo a Ferraz a pleno rendimiento en la tarea de tratar de contrarrestar la catarata de noticias al hilo.

La reunión fundamental, valora Pedraz, tiene lugar el 26 de abril. Al encuentro asisten Cerdán, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano -jefe de gabinete de Sánchez en Ferraz entre 2014 y 2018- y por último Ion Antolín, responsable de Comunicación del partido. En la víspera, Díez había enviado un mensaje a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI: “Me voy de urgencia a Madrid. (...) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”. Una empleada de Ferraz gestionó y remitió a Díez en billete de avión de vuelta a su residencia. Hubo más viajes después.

Las actuaciones presuntamente encargadas a Díez van más allá de una simple labor de información. Según el auto de Pedraz, la red habría ofrecido contraprestaciones a funcionarios públicos a cambio de actuaciones favorables, recabado información clasificada como secreta para usarla en beneficio propio e intentado influir sobre cargos públicos para obtener resoluciones acordes a sus intereses. El magistrado menciona también un intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, a quien se le habrían ofrecido 50.000 euros para que negara haber entregado dinero en efectivo en la sede de Ferraz.

La reacción de Sánchez

Entre los objetivos figuraban jueces, fiscales y mandos de la UCO, incluida la instructora del caso ERE, por el que Zarrías fue condenado. Es por todo esto que este miércoles, agentes de la UCO entraron en Ferraz, donde pasaron 13 horas. El juez les encomendó recabar el contenido íntegro de los correos de Cerdán, Antolín y Fuentes, volcar la estructura completa de la red informática del partido, examinar los libros contables de 2024 y 2025 y recoger los datos de control de acceso al edificio. En paralelo, agentes registraron el domicilio de Cerdán en su pueblo en Navarra, de donde salieron con cajas y maletas.

Mientras la UCO indagaba en Ferraz, Sánchez estaba en el Roma. Allí, admitió la “gravedad” de lo conocido y garantizó “total colaboración” con la justicia, pero escurrió el bulto. El secretario general del PSOE encapsuló lo ocurrido en los nombres de Santos Cerdán y Leire Díez, recordando que el partido ya actuó contra ellos. “Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, zanjó. Dijo lo mismo al ser preguntado por la actual gerente o por su exjefe de gabinete y acto seguido volvió al punto de partida, asegurando que hay demasiadas fake news.

Clama el PSOE contra aquellas palabras de José María Aznar en las que llamaba a derribar a Sánchez por tierra, mar y aire: “El que pueda hacer que haga”. Aseguran que fue el pistoletazo a toda serie de maniobras sucias. Lo cierto es que ninguna de ellas está descrita en un sumario, como sí las que vinieron tras el “pongamos fin a este fango de la única manera posible” de Sánchez.

Hoy, sabemos que del amago de renuncia de Sánchez surgió a la luz pública una batería de medidas enfocadas a la transparencia y el buen gobierno y que a la sombra, se inició una reacción más activa y virulenta dispuesta a combatir el supuesto fango con más fango. Los implicados, poco hábiles si entre sus planes también estaba el de no ser descubiertos, han ido dejando miguitas, pudiendo trazarse una línea de acción en una precisa cronología. Lo conociera o no, Sánchez no asume responsabilidad. Ni por el caso Zapatero ni por este va a convocar elecciones antes de 2027: “No respondería al interés general”.

“Leire se creyó el personaje, pero es una flipada”, señala una de las personas imputadas (que pide anonimato) en la causa abierta por el juez Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional, que investiga una supuesta trama de corrupción urdida para “desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”, es decir, para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y policías. “Quiso hacer méritos ante el PSOE y el PSOE la dejó hacer por si encontraba algo interesante”, resume la misma fuente.

Para ello, no dudó en buscar apoyos dentro de la Guardia Civil para conseguir información comprometida contra el teniente coronel Antonio Balas (jefe de la unidad de delincuencia económica de la UCO). Incluso, según ha podido saber Infobae, otros miembros de esta trama, también imputados por el juez, mantuvieron reuniones con agentes del CNI para que les ayudaran en sus pesquisas. La investigación de la Audiencia Nacional revela que Leire mantuvo reuniones con dos guardias civiles, salpicados en otras causas de corrupción, para intentar captarlos y que formaran parte de las ‘cloacas socialistas’.

El sumario refleja dos citas que Leire Díez mantuvo en marzo de 2025 con el comandante Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’. La militante socialista le ofreció costear su defensa y “colocarlo en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían”, a cambio de que la ayudara a “intentar desmontar a la Guardia Civil” y le “pasara” información del fiscal Grinda y de mandos de la UCO, entre otros. Leire le ofreció incluso que Villalba declarara ante la Policía Nacional como testigo protegido para declarar contra mandos de la Benemérita.

El problema es que Villalba confeccionó actas sobre lo hablado y se fue a contarlo a sus compañeros de los Servicios de Información de la Guardia Civil y estos a sus compañeros de la UCO. “Leire confirma que todas las filtraciones que se están produciendo del caso [el de Koldo y Ábalos] vienen de la UCO directamente. Que ha hablado en diferentes encuentros con la directora de la GC [Guardia Civil], pero que la misma no se entera de lo que ocurre en la GC y no da crédito de dónde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano”, recogió Villalba en sus notas. Notas que reflejan que Leire pecó de indiscreción y que se vanagloriaba de manejar mucha información comprometida.

Reuniones con la directora de la Guardia Civil

Que Leire mencionara la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, hizo saltar todas las alarmas dentro de la UCO. ¿Por qué? Porque una de las líneas de investigación del juez es lo que el propio magistrado ha definido como “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO”. Pedraz da a entender en su auto que Leire llegó a reunirse con González para convencerla de que existía una especie de “UCO patriótica” que, por motivos ideológicos, se la tenía jurada al PSOE. Lo cierto es que el DAO de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, el número 1 del Cuerpo, ordenó abrir dos informaciones reservadas contra mandos de la UCO en pleno estallido de distintos casos de corrupción que afectaban a dirigentes del PSOE y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

El motivo de esas investigaciones internas es que se habían filtrado a la prensa las conversaciones privadas entre Ábalos y Pedro Sánchez. En una intervención inédita, agentes de la UCO ordenados por el juez Pedraz, y encabezados por el teniente coronel Antonio Balas, irrumpieron este miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre estos procesos sancionadores. Entre los afectados varios generales del Cuerpo. “Lo que ha pasado es algo inédito. Insólito. Y muy preocupante. Como dos personajes de película de Torrente como Leire y Santo Cerdán han conseguido provocar un cisma en la cúpula de una institución tan seria como la Guardia Civil”, señalan fuentes de la UCO.

La investigación judicial también revela que Leire y un abogado próximo al PSOE, Jacobo Teijelo (también imputado) se vieron las caras en diciembre de 2024 con el capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, investigado en otra causa distinta sobre fraude en el sector de los hidrocarburos. El magistrado desvela que uno de los presentes grabó esa cita y que el audio evidencia que el capitán facilitó datos de la “estructura” de la UCO y sus miembros, pese a que “se trata de información calificada como secreta porque así lo reconoce él mismo”. “Estoy cometiendo un delito de revelación de secretos”, afirma Yepes, según recoge el auto judicial. Yepes formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022 y ha denunciado ante la Audiencia Nacional que varios compañeros de esta unidad fabrican pruebas y cobran mordidas. La UCO cree que Yepes, defendido por Jacobo Teijelo, está dirigido por las cloacas socialistas para “enmierdar” a sus compañeros. Yepes ha sido imputado por la Audiencia Nacional. El juez Pedraz no cree a Yepes.

Tres miembros de la UCO

Y en todo este lío, cómo no, el CNI, los servicios secretos españoles. En la famosa reunión en la que Leire, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo tuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn (huido en Dubai) había tres miembros del CNI. Dos de ellos ya han admitido ante sede judicial ser colaboradores del CNI. Uno acudió a la reunión de parte de Hamlyn y los otros dos fueron invitados por Teijelo, ya que la reunión se produjo en su despacho. Fue en esa famosa reunión donde se grabó a Leire diciendo que necesita trapos sucios contra el jefe de la UCO Antonio Balas. Hamlyn es un empresario peculiar, está imputado por fraude fiscal y una de sus empresas ‘custodia’ desde sus depósitos en Gijón parte de las reservas petrolíferas del Estado.

¿Qué hacían tantos colaboradores del CNI en esa reunión? Algunos de ellos estaban ayudando a las cloacas socialistas. Según ha podido saber ese diario, la UCO ya conoce todo estos datos. “Leire es como un jugador de parchís. Se come uno y cuenta 20. Decía que estaba en muchas cosas, que tenía muchos contactos, muchas influencias, mucho poder, pero vendía la moto para intentar conseguir la información que le interesaba”, explica uno de los imputados. El juez Pedraz está convencido de que Leire le ‘vendió’ a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que era capaz de boicotear casos judiciales que perjudicaban al PSOE y Cerdán “habría puesto a su disposición la estructura” del PSOE a través de pago camuflados en facturas falsas.

Las ‘fantasías’ de Leire se han llevado por delante, de momento (imputación judicial mediante) a Santos Cerdán, al ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías (que contrató laboralmente a Leire), a la actual gerente del PSOE Ana Fuentes (por camuflar supuestamente con facturas falsas los pagos a Leire), al empresario Javier Pérez Dolset, a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y al capitán de la UCO Juan Sánchez Yepes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este jueves el primer informe elaborado con la nueva herramienta INTegraSS que realiza proyecciones sobre la evolución del mercado laboral. Entre sus resultados más destacados, el análisis prevé un descenso progresivo del peso de la jubilación anticipada —que pasará del 31,7% en 2024 al 20,6% en 2070— frente a un aumento significativo de la jubilación demorada, que crecerá del 4,2% al 26,6% en el mismo periodo.

Esta estimación se daría como resultado de varios factores, entre los que destacan la incorporación progresiva de incentivos económicos a quienes deciden retrasar su jubilación, una mayor estabilidad en las carreras contributivas o el aumento de la esperanza de vida. No obstante, la jubilación ordinaria continuaría siendo la más habitual, pasando del 64,1% en 2024 y 52,8% en 2070.

El informe prevé también una “fuerte disminución del paro”, que se situaría en un 6,9% en 2050 y en el 6,4% en 2070, cuatro puntos porcentuales por debajo del dato actual. Esta caída estaría motivada, por la mejora progresiva de las tasas de ocupación, sobre todo en los grupos de más edad, como entre 65 y 74 años, y de la calidad del empleo creado.

Además, el envejecimiento del mercado laboral también influirá en las tasas de participación. Concretamente, en el tramo de 65 años y más, esta se elevará del 11,8% (2024-2030) al 20,6% (2050-2070).

La tendencia de las jubilaciones anticipadas y demoradas en los próximos años

El informe de INTegraSS prevé que la jubilación contributiva anticipada, la posibilidad de acceder a la pensión pública antes de la edad legal ordinaria, reduzca su peso en el sistema español en los próximos años, pasando del 31,7% en 2024 al 23,6% en 2050 y al 20,6% en 2070.

Por su parte, se espera que la jubilación demorada, la opción voluntaria de retrasar el retiro laboral más allá de la edad legal ordinaria, crecerá en un 22,4% de cara a 2070, pasando del 4,2% que suponía en 2024, al 26,6 para casi 50 años después. Este dato se situaría en el 24,3% en 2050.

Estas tendencias observadas están condicionadas por varios factores. Principalmente influyen las reformas normativas de los últimos años, que han endurecido las penalizaciones para quienes optan por jubilarse antes de la edad legal (67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización). También medidas como los incrementos porcentuales en la pensión o el pago único que incentivan la retirada más tardía del mercado laboral.

A esto se suma, según el informe, una mayor estabilidad de las carreras laborales que permite que más personas alcancen la edad ordinaria de jubilación, sin necesidad de recurrir a la anticipada, así como una mayor longevidad y un mejor estado de salud en edades avanzadas que facilitan la permanencia en el mercado laboral más tiempo.

Este avance en la ocupación de los tramos de mayor edad no solo modifica la composición de la fuerza laboral, sino que también repercute en la capacidad productiva agregada y en la base de cotización del Sistema.

“A medida que se amplía la participación de las personas entre 65 y 74 años, el mercado de trabajo se adapta a una estructura demográfica más envejecida, contribuyendo a mitigar parcialmente el efecto negativo derivado del descenso de la población en edad de trabajar”, señala el estudio.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con más de 200.000 euros a una paciente que se sometió a una mastectomía bilateral con reconstrucción mamaria inmediata y acabó sufriendo graves secuelas físicas y psicológicas tras una operación para la que, según concluye la Sala, no recibió la información adecuada ni prestó un consentimiento válido. La sentencia aprecia una vulneración de la lex artis médica por defecto de consentimiento informado y por las decisiones adoptadas durante la intervención quirúrgica.

La resolución, dictada por la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima parcialmente el recurso presentado por la paciente contra el silencio administrativo de la Comunidad de Madrid ante la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada tras la operación practicada en mayo de 2023 en el Hospital Universitario de Getafe.

Una reconstrucción distinta de la que había aceptado

La mujer reclamaba inicialmente 202.346,96 euros por los daños derivados de la intervención, una cantidad vinculada a las secuelas físicas, funcionales y psicológicas que atribuyó a la reconstrucción mamaria realizada tras detectársele un carcinoma ductal. Según sostuvo en la demanda, había sido informada de que la reconstrucción se efectuaría mediante expansores mamarios, pero finalmente se le implantaron prótesis definitivas en la misma operación sin haber firmado un consentimiento específico para esa técnica.

El eje del procedimiento gira alrededor de esa diferencia entre lo que la paciente entendía que iba a realizarse y la intervención finalmente practicada.

La sentencia recoge que la mujer firmó un consentimiento informado relativo a la colocación de expansores mamarios, una técnica reconstructiva en dos tiempos que permite adaptar progresivamente los tejidos antes de implantar las prótesis definitivas. Sin embargo, durante la cirugía se optó por una reconstrucción inmediata mediante la implantación directa de prótesis subpectorales.

El tribunal considera acreditado que no existió un consentimiento específico y suficientemente informado para ese cambio de técnica, pese a tratarse de procedimientos distintos desde el punto de vista funcional, estético y de riesgos asociados.

La Comunidad de Madrid defendía que la actuación médica se ajustó a la lex artis y argumentaba que el consentimiento firmado por la paciente ya contemplaba la posibilidad de modificar el procedimiento durante la operación en función de los hallazgos intraoperatorios. Además, sostenía que la reconstrucción inmediata evitaba una segunda intervención quirúrgica y reducía el impacto emocional derivado de la pérdida mamaria.

Sin embargo, la Sala recuerda que el derecho a la información sanitaria constituye un elemento esencial de la autonomía del paciente y que, en procedimientos quirúrgicos de esta naturaleza, el consentimiento debe ser específico, claro y suficientemente detallado.

El peso de la cirugía “satisfactiva”

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la importancia que concede al componente estético y reconstructivo de la intervención.

El tribunal recuerda la doctrina del Tribunal Supremo que distingue entre medicina curativa y cirugía satisfactiva. En la primera, señala, el deber principal del médico consiste en poner todos los medios razonables para tratar la enfermedad; en la segunda, el resultado adquiere una relevancia mucho mayor y aumenta la obligación de información al paciente sobre riesgos, alternativas y consecuencias.

La Sala considera que la reconstrucción mamaria inmediata tras la mastectomía no puede analizarse exclusivamente como una actuación puramente curativa, ya que incorpora un evidente componente reconstructivo y estético que exige extremar las garantías del consentimiento informado.

En ese contexto, otorga especial relevancia a la pericial aportada por la demandante, elaborada por un especialista en oncología médica, que cuestionó tanto la técnica empleada como la ausencia de una explicación adecuada sobre las alternativas reconstructivas existentes.

El informe señalaba que la técnica utilizada —la implantación inmediata de prótesis subpectorales— estaba asociada a mayores riesgos de dolor crónico, deformidades dinámicas y problemas funcionales, especialmente en una paciente que ya había sido sometida anteriormente a una cirugía de aumento mamario.

También reprochaba que no se valorara suficientemente la opción de una reconstrucción en dos tiempos mediante expansores tisulares, alternativa que, según la pericial, podía ofrecer un mejor control de las complicaciones y de los resultados estéticos.

Secuelas físicas y psicológicas

La paciente denunció haber sufrido importantes secuelas tras la operación, entre ellas dolor severo, deformidades mamarias, problemas de cicatrización y un deterioro psicológico que afectó gravemente a su vida cotidiana, social y sexual.

El dictamen de valoración del daño corporal aportado al procedimiento cifraba las secuelas en una discapacidad del 75% y cuantificaba la indemnización total en algo más de 202.000 euros, de los cuales cerca de 189.000 correspondían a secuelas permanentes y el resto a lesiones temporales.

La aseguradora del Servicio Madrileño de Salud, RELYENS Mutual Insurance, rechazó esas conclusiones y sostuvo que la asistencia sanitaria había sido correcta. Según defendió, la técnica utilizada era adecuada dadas las circunstancias clínicas de la paciente y los resultados finales también estuvieron condicionados por el abandono prematuro del seguimiento médico por parte de la propia afectada.

La compañía intentó además limitar su eventual responsabilidad alegando la existencia de una franquicia de 15.000 euros pactada con el SERMAS en la póliza de seguro. Pero el tribunal rechaza aplicar esa limitación porque la aseguradora no acreditó que no se hubiera superado ya el límite máximo anual previsto en el contrato.

Vulneración de la autonomía de la paciente

La sentencia insiste en que el consentimiento informado no constituye una mera formalidad burocrática, sino una garantía esencial del derecho del paciente a decidir libremente sobre su tratamiento.

La Sala recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que considera que la ausencia o insuficiencia de consentimiento informado no solo supone una infracción de la lex artis, sino también una lesión de derechos fundamentales relacionados con la integridad física y la libertad personal.

En este caso, el tribunal aprecia precisamente esa vulneración porque la paciente aceptó una intervención concreta y terminó siendo sometida a otra distinta sin haber recibido información suficiente sobre sus riesgos, alternativas y consecuencias.

La resolución también destaca que el componente reconstructivo y estético de la operación obligaba a extremar la información proporcionada, especialmente en una cirugía con impacto directo sobre la imagen corporal, la vida sexual y el bienestar psicológico de la paciente.

Este miércoles 27 de mayo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, donde permaneció durante unas 12 horas tras acudir con un requerimiento de información por orden del juez Santiago Pedraz en una causa que investiga presuntos pagos irregulares relacionados con el ‘caso Leire Díez’. Pedraz también ha ordenado a la UCO que recopile información sobre los movimientos internos y la actividad registrada en la sede central del PSOE, además de ampliar el acceso a las comunicaciones electrónicas y los documentos contables vinculados a la investigación.

También hoy comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Junto a él, se juzga a otros diez investigados, entre ellos el exsecretario del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Hace poco más de una semana, la UDEF llevó a cabo un registro, ordenado por el juez José Luis Calama, del despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’. El magistrado le atribuye el papel de presunto líder de una estructura estable y jerarquizada destinada a obtener beneficios mediante gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 accedió a una ayuda estatal de 53 millones de euros. Zapatero deberá comparecer ante el juez los días 17 y 18 de junio.

Voces críticas del PSOE piden elecciones y rechazan la tesis de la conspiración

El exdiputado Odón Elorza ha reclamado elecciones generales ante la acumulación de investigaciones judiciales y la incapacidad del Gobierno para aprobar presupuestos. “Resistir más es abrasarse”, ha advertido, al tiempo que descartó que el miedo a “la derechona” sea justificación válida para agotar la legislatura.

El también exdiputado Eduardo Madina ha rechazado la tesis de la conspiración y pide a los militantes que imaginaran el escenario inverso: “Lo que pensaríamos si pasara en el PP, se parece bastante a lo que tenemos que pensar”. A estas críticas se sumaron las de Emiliano García-Page, contrario a la “bunkerización” del Gobierno, y Felipe González, quien abogó por convocar elecciones en 2026.

Vox pide en el Parlamento de La Rioja condenar los “escándalos de corrupción” del Gobierno y exige elecciones

El grupo parlamentario de Vox en La Rioja ha registrado una proposición no de ley para debatir en pleno la condena de los “sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno personal de Pedro Sánchez”. El portavoz Ángel Alda ha denunciado “la mayor trama de corrupción política, moral y económica de nuestra historia” y reclama elecciones generales inmediatas. “El tiempo y las innumerables fechorías del Gobierno de Pedro Sánchez muestran claramente cómo lo peor de Pedro Sánchez está siempre por llegar”, ha afirmado.

Los socios de Gobierno de ERC, Compromís, BNG y Podemos también exigen la comparecencia de Sánchez en el Congreso

ERC, Compromís, BNG y Podemos se han sumado este jueves a las peticiones de comparecencia del presidente ante el Congreso para que dé explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

Sánchez pide comparecer en el Congreso para explicar los escándalos judiciales que afectan al PSOE

Pedro Sánchez ha solicitado comparecer ante el pleno del Congreso para dar explicaciones sobre la situación política derivada de las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE, incluido el caso de la exmilitante Leire Díez. La petición llega tras las presiones tanto de la oposición como de sus propios socios de Gobierno, que reclamaban explicaciones al presidente. La comparecencia servirá también para informar sobre los resultados del próximo Consejo Europeo de Bruselas.

Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso tras las últimas investigaciones del PSOE

Susana Díaz exige al PSOE querellarse contra Leire Díez y “toda esta pandilla” para defender “su honradez”

La senadora socialista Susana Díaz ha reclamado al PSOE ir más allá de la colaboración con la justicia y actuar “con contundencia”: “Tenemos que querellarnos contra esta impresentable y toda esta pandilla, porque es la única manera de cortar lo del ‘The one’”, ha afirmado este jueves en Onda Cero, en referencia a la expresión que habría usado Santos Cerdán para aludir a quien le daba órdenes.

La exlíder del PSOE-A ha defendido “un ejercicio importante de limpieza y de transparencia” en la contabilidad del partido y advirtió de que no querellarse “genera sombras de duda”. “Todo el que tenga que caer, que caiga, pero se salve el partido”, señaló.

Sobre las elecciones, se ha mostrado contraria a un “superdomingo” que solape los comicios municipales y autonómicos de 2027 con los generales, al considerar que el debate nacional ahogaría la gestión local de alcaldes y presidentes autonómicos.

El delegado del Gobierno en Canarias rehúsa pronunciarse sobre la aparición del jefe de la Policía Nacional en el sumario de Plus Ultra

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha declinado hacer declaraciones sobre la presencia en el sumario del caso Plus Ultra del jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Jesús María Gómez Martín, a quien la jueza Esperanza Collazos señaló por presuntamente haber recibido “favores y gratificaciones” de la trama. Pestana se limitó a responder “no” ante las preguntas de los periodistas.

/espana/2024/11/28/la-vida-de-david-el-hermano-de-pedro-sanchez-musico-su-sueldo-de-55000-en-la-diputacion-de-badajoz-y-por-que-ha-sido-imputado/

/espana/2025/05/19/del-contrato-a-la-investigacion-claves-del-caso-del-hermano-de-pedro-sanchez/

El PSOE niega cualquier implicación en las conductas investigadas tras el registro de la UCO en Ferraz

Tras el registro de la Guardia Civil en su sede federal, el PSOE afirmó este jueves que “no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas mencionadas que se podrían desprender del auto conocido ayer”, en referencia a la orden del juez Santiago Pedraz que permitió a agentes de la UCO acceder al edificio de Ferraz.

El perito del caso Plus Ultra ratifica en el Senado que las cuentas de la aerolínea “se maquillaron”

Pedro Martín Molina, perito judicial que evaluó las cuentas de Plus Ultra en 2021, ha afirmado ante la comisión del Senado que la aerolínea “no tenía solvencia ni liquidez” y que la SEPI “no tendría que haber concedido” los 53 millones de euros. Denunció además transferencias a un “paraíso fiscal” y aseguró que había “motivos que no fueran económicos para ese rescate”.

/espana/2026/05/28/el-juicio-por-la-contratacion-de-david-sanchez-en-la-diputacion-de-badajoz-se-aplaza-tras-el-choque-entre-defensas-y-fiscalia-por-la-prescripcion-y-las-nulidades/

El presunto testaferro de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Martínez, ficha a la abogada que defendió a la mujer de Bárcenas

Julio Martínez Martínez, empresario considerado “figura visible” de la presunta trama de tráfico de influencias del caso Plus Ultra y señalado como “lugarteniente” de Zapatero, ha contratado a la abogada María Dolores Márquez de Prado tras la renuncia de su anterior letrado por “diferencias irreconciliables”.

Márquez de Prado, exfiscal de la Audiencia Nacional durante más de 17 años, ya representó a Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, en el caso Gürtel.

La fiscal apoya la prescripción del delito de David Sánchez y defiende la imparcialidad de la jueza instructora

La fiscal del caso que investiga al hermano de Pedro Sánchez, Begoña García Boró, ha respaldado la tesis de la defensa de David Sánchez al considerar que el delito de aceptación de nombramiento ilegal “debe prescribir al año” por tratarse de “un delito leve”, y ha pedido excluirlo del juicio oral que arrancó en la Audiencia Provincial de Badajoz.

La fiscal también ha apoyado una nulidad parcial respecto al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, al entender que se produjo “una acusación sorpresiva y extemporánea” que vulneró “el derecho fundamental a la defensa”.

Sobre la jueza instructora, Beatriz Biedma, García Boró ha defendido su “imparcialidad y objetividad” y rechaza las “sospechas que se han querido introducir”.

/espana/2026/05/28/el-psoe-niega-haber-participado-en-la-presunta-trama-encabezada-por-leire-diez-y-santos-cerdan-somos-los-primeros-interesados-en-esclarecer-todas-las-cuestiones/

Abascal acusa a Sánchez de hacer “lo imposible, lo ilegal y lo inmoral” para no convocar elecciones

El líder de Vox advirtió este jueves de que el presidente del Gobierno hará “lo imposible, lo ilegal y lo inmoral” para “perpetuarse en el poder” y le acusó de querer “evitar que los ciudadanos puedan votar en libertad”, tras el rechazo de Sánchez a adelantar las elecciones.

Lastra defiende al PSOE en el ‘caso Leire Díez’ y descarta elecciones anticipadas

Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias y exvicesecretaria general del PSOE, ha afirmado que su partido “no tiene nada que esconder” y que mantiene “una total colaboración con la justicia” en todo lo relacionado con el ‘caso Leire Díez’, que vuelve a señalar al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, a quien ha calificado de “profesional del engaño que engañó a todo el mundo”. Sobre las elecciones anticipadas reclamadas por el PNV, Lastra ha rechazado la posibilidad, asegurando que el Ejecutivo de Sánchez gobernará “hasta el último día”.

Sumar advierte al PSOE de que “se equivoca” si no se toma en serio la evolución del caso Leire Díez

Dirigentes de Sumar han advertido al PSOE de que “se equivoca” si no toma en serio la evolución del caso Leire Díez y han reclamado al partido que reaccione, ponga su “casa en orden” y acelere la aprobación de medidas sociales para afrontar la crisis política. La coportavoz de los Comuns y diputada de Sumar, Aina Vidal, ha criticado que el PSOE “no está respondiendo como debería” y ha señalado que “parece que se está tomando un poco a broma” una situación que considera grave.

“Creo que deberían salir de forma mucho más contundente, creo que deberían dar explicaciones y creo que además nos las merecemos”, ha afirmado en declaraciones a La Sexta, calificando de “desatino” que sean los partidos aliados y el socio minoritario quienes parezcan más preocupados que los socialistas.

Vidal ha subrayado que la izquierda alternativa es “incompatible” con la corrupción y “no la van a permitir”, defendiendo la necesidad de desplegar medidas anticorrupción comprometidas tras el caso Koldo. En este sentido, ha insistido en que, aunque el PP haya convertido las investigaciones en una “especie de circo” dentro de su campaña contra el Ejecutivo, los socialistas deben ser “muy claros” porque “no es la primera ni la segunda” vez que afrontan polémicas por presuntos escándalos en sus filas. Vidal ha defendido que la legislatura tiene viabilidad y que aún quedan medidas relevantes por aprobar que interesan al electorado de la coalición, por lo que ha urgido al PSOE a impulsarlas conjuntamente.

Por su parte, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha asegurado que la legislatura llegará hasta el final y ha respondido al PP, que reclama a los socios del PSOE que retiren su apoyo al Gobierno, que “no van a permitir ni aceptar ningún chantaje entre fascistas o corruptos”. En declaraciones a TVE, Hernández ha reclamado al PSOE que actúe con contundencia ante comportamientos en el entorno del partido que considera “absolutamente inaceptables” en términos éticos. Ha pedido al socio de coalición que “salga a dar explicaciones, ponga orden en su casa y colabore en seguir protegiendo y defendiendo al Gobierno de coalición”.

Hernández ha criticado la actitud del PP, asegurando que “se le debería caer la cara de vergüenza” por su historial de corrupción, y ha instado al PSOE a “ponerse al frente de esta crisis y ejercer el verdadero liderazgo que tiene en el propio Gobierno”.

*con información de Europa Press

Vox reclama la comparecencia de García-Page para que aclare si “la trama de corrupción” llega a C-LM

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha reclamado este jueves la comparecencia de Emiliano García-Page ante las Cortes regionales para que aclare “si la trama de corrupción que asedia al Gobierno de Pedro Sánchez y a la sede del PSOE en Ferraz tiene ramificaciones o afecta a las instituciones de Castilla-La Mancha”.

Moreno ha recalcado la gravedad de los últimos acontecimientos judiciales, que “incluyen la imputación de ministros, familiares directos del presidente del Gobierno y de un expresidente como Zapatero”. Ante este panorama, Vox considera “intolerable el silencio cómplice del socialismo castellanomanchego” y exige a García-Page que ofrezca explicaciones.

En un comunicado, Vox Castilla-La Mancha ha recordado que ya en 2025 denunció que “el PSOE de García-Page había transferido la cantidad de 415.000 euros directos a los fondos de Ferraz, con quien comparte el mismo CIF”. Según la formación, “los castellanomanchegos tienen derecho a saber si el dinero de esta región ha servido para alimentar la red de influencias, mordidas y comisiones ilegales que investigan los tribunales”.

Por todo ello, Vox ha reiterado su petición de una convocatoria inmediata de elecciones generales. “España y Castilla-La Mancha no pueden seguir siendo rehenes de una banda mafiosa. Urge devolver la palabra a los españoles para conformar un gobierno limpio que recupere la seguridad en los barrios, defienda los servicios públicos y garantice la soberanía nacional”, ha concluido Moreno.

Un perito del caso Plus Ultra atribuye el rescate a cambios de criterio contables

El presidente de Martín Molina Abogados y Economistas, Pedro Martín Molina, quien ejerce como perito en el contexto del ‘caso Plus Ultra’, ha cuestionado este jueves en el Senado la liberación de los 34 millones de euros restantes del rescate a la aerolínea, fondos que permanecían bloqueados y que finalmente se entregaron en 2021. Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI, Martín Molina ha asegurado que “los cambios de criterio contable pudieron influir en que Plus Ultra cumpliera los requisitos exigidos para acceder a las ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales”.

El perito ha mostrado su “sorpresa” por el hecho de que una de las vistas en las que intervino no fuera grabada. “Por mi experiencia como perito forense en todos los juzgados de España, no ha dejado nunca de grabarse una intervención de un perito”, ha declarado, añadiendo que le resultó especialmente llamativo que no se registraran “las dos horas de interrogatorio de la pericial”. Según ha explicado, en una segunda comparecencia posterior, “las partes ya conocían previamente mi informe y mi intervención anterior, lo que modificó el desarrollo del interrogatorio”.

Martín Molina también ha señalado que le llamó la atención que la decisión de liberar los 34 millones de euros se produjera mientras la jueza titular estaba de vacaciones y fuese adoptada por un magistrado sustituto. “Entonces, bueno, son casualidades de la vida, como en su momento decía”, ha ironizado.

En relación a la actuación de la fiscal María Luisa Llop, ha recordado que inicialmente apoyó junto a la jueza la paralización del pago, aunque finalmente el rescate se desbloqueó con el magistrado sustituto. “El motivo no lo sé, porque tampoco es objeto de mi pericia”, ha precisado.

A propósito de los criterios contables, Martín Molina ha insistido en que su informe pericial tenía como objetivo comprobar si Plus Ultra cumplía lo exigido por la normativa europea para acceder al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas. “Una de las principales conclusiones de mi informe era que la aerolínea estaba en crisis a 31 de diciembre de 2019 y que, sin apoyo estatal, podía encontrarse en situación de insolvencia actual”, ha señalado. Ha detallado que analizaron distintos escenarios contables vinculados a préstamos participativos, provisiones y operaciones financieras que “alteraban sustancialmente el resultado final de las cuentas”.

“Dependiendo de cómo se interpretaran determinados elementos contables, Plus Ultra podía o no cumplir los requisitos establecidos por el reglamento europeo”, ha explicado. En la sesión, varios senadores hicieron referencia a conversaciones intervenidas por la UDEF en las que se hablaba de un posible “maquillaje contable” de las cuentas de la compañía. Martín Molina ha evitado asumir directamente ese término, aunque ha admitido que “las decisiones contables adoptadas pudieron ser utilizadas para ello”.

*información de Europa Press

/espana/2026/05/28/puente-senala-una-operacion-para-desestabilizar-al-gobierno-y-acusa-al-pp-de-tener-informacion-privilegiada/

Rufián no sabe si “hay cloacas” en el PSOE, pero sí que “hay jueces que mienten” y “políticos que roban”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este jueves que no descarta que pueda hablarse de “cloacas del PSOE” y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso para ofrecer explicaciones “detalladas” y “con nombres y apellidos” sobre las últimas investigaciones judiciales. “La gente merece una izquierda que no dé vergüenza”, ha afirmado.

Rufián, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha cuestionado la estrategia de Sánchez de resistir y no convocar elecciones: “¿Se conforman con resistir? Convendría que gobernaran”. Ha insistido en la necesidad de una comparecencia del presidente en la Cámara Baja para evitar propuestas que “luego no llegan a ningún sitio”. “Esto es lo que pide todo el mundo. El silencio solo le servía a Mariano Rajoy, ergo le servía a la derecha”, ha apuntado.

El portavoz republicano ha reconocido la existencia de “un golpismo mediático, judicial y policial” y “muchas ganas” contra el PSOE. “No sé si hay cloacas en ese partido, pero sí sé que hay jueces que mienten, políticos que roban y gente que se creía que eran agentes de la CIA”, ha añadido. Rufián ha advertido que recurrir a “excusas” para no dar explicaciones provoca consecuencias: “Lo mejor para que no pase es tener tu casa limpia”.

En su intervención, ha remarcado que la ciudadanía merece algo mejor y ha subrayado: “Para empezar, una izquierda que no dé vergüenza. La gente de izquierda somos otra cosa. Al final lo que importa es lo que somos nosotros. Y no podemos seguir dando vergüenza”. Rufián considera que muchos ciudadanos han perdido la confianza en los políticos de izquierda y se muestran “terriblemente decepcionados”. “Lo que libra a este Gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. Todo el mundo sabe lo que es Feijóo y Abascal”, ha señalado, advirtiendo que no basta con argumentar que otros son peores.

Sumar “tomará las decisiones” necesarias ante la “vergüenza” por las causas judiciales que involucran al PSOE

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha manifestado este jueves su “vergüenza” por las causas judiciales que afectan al PSOE y ha anunciado que su formación “tomará las decisiones que sean menester al respecto”, sin concretar aún ninguna medida. Díaz ha hecho estas declaraciones en el evento Working for Diversity de la Federación Estatal LGTBI+, donde se ha referido tanto al caso Leire Díez, que implica a la gerente socialista, como al caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país, venga de donde venga. La política no es que los expresidentes del Gobierno se llamen como se llamen hagan lo que estamos viendo, presuntamente, que parece que todos hacen”, ha afirmado Díaz, quien ha reivindicado una “política de calidad”. No va a comentar sumarios ni autos judiciales porque, en su opinión, sería “una gran irresponsabilidad”. “Dejemos trabajar a los tribunales. Y, por supuesto, mi organización política tomará las decisiones que sean menester al respecto”, ha insistido.

Díaz también considera una “vergüenza” que haya pasado un año desde la investigación al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el caso Ábalos “y no se hayan tomado medidas en este país” contra la corrupción. Finalmente, ha emplazado a todas las formaciones políticas, y en particular al PP, a que se adopten medidas de forma inmediata: “Emplazo a todas las formaciones políticas que parece que están tan preocupadas por la corrupción a que tomemos medidas sin que pase un minuto más”.

Feijóo apela a la “responsabilidad democrática” de los socios de Gobierno para “hacer todo lo posible” para echar al Ejecutivo “podrido” de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado este jueves su compromiso de “hacer todo lo posible para cambiar” lo que ha calificado como el Gobierno “podrido” e “indecente” de Pedro Sánchez. Feijóo ha instado a los socios parlamentarios del PSOE a tomar una decisión y les ha planteado que el “carrusel delictivo protagonizado” por el Ejecutivo “exige algo más que abstenerse del problema”. “Los socios de Sánchez tienen que decidir qué pesa más, si su conveniencia política o su responsabilidad democrática”, ha declarado durante un acto en Leganés para conmemorar el tercer aniversario de las elecciones autonómicas y municipales de 2023.

Feijóo ha querido subrayar “la diferencia entre un Gobierno bloqueado y apestado por la corrupción” y “un conjunto de políticos decentes, los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular”. Ha afirmado que los responsables territoriales del PP “no tienen ningún problema de corrupción y no lo van a tener porque es el sello” de su partido. “Os lo puedo asegurar”, ha remarcado.

El líder del PP ha lamentado que, en su opinión, la imagen de España en el exterior sea la de “un nido de corrupción organizada internacional”, lo que, según ha advertido, afecta a la “reputación” del país. Feijóo ha concluido que el Gobierno “entero” está “atrapado por una dinámica completamente indecente y completamente insostenible”.

*con información de Europa Press

Elma Saiz descarta convocar elecciones y subraya que la hoja de ruta del Ejecutivo llega hasta 2027

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este jueves la importancia de “dejar trabajar a la Justicia” y ha subrayado la “colaboración total” del Ejecutivo con el sistema judicial. Saiz ha puesto en valor la “estabilidad” como elemento clave de la acción de Gobierno y ha descartado ser partidaria de un adelanto electoral, recordando que las próximas elecciones generales están previstas para 2027.

En declaraciones a los medios en Málaga, Saiz ha respondido a preguntas sobre las investigaciones judiciales en torno al PSOE, ha insistido en que “la colaboración con la Justicia” es “muy importante” y ha señalado que el Gobierno mantiene una política de “tolerancia cero con la corrupción”. “El Gobierno ha puesto encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción con medidas concretas”, ha resaltado Saiz, quien también ha reconocido el impacto de estas situaciones en la confianza ciudadana: “Soy muy consciente de que, efectivamente, la ciudadanía se desafecta y se aleja de la política”, aunque ha defendido el papel de la política “para dar respuesta a los desafíos de la gente”.

Saiz ha insistido en que “es el tiempo de colaboración con la Justicia y de respetar el trabajo de la Justicia”, y ha subrayado que no se trata de “un eslogan vacío, es una realidad”. Sobre quienes reclaman elecciones anticipadas, ha reivindicado la estabilidad del Gobierno como “herramienta fundamental” para el crecimiento del país y ha destacado la creación de empleo, el avance en energías renovables y el impulso de políticas sociales, como el “Plan de acción social del clima” y la política migratoria.

La ministra ha explicado que el Ejecutivo tiene una “hoja de ruta muy clara que va hasta el 2027” y que el objetivo es mantener la confianza de la ciudadanía para seguir avanzando en “un país que crece, en el que se reducen las brechas de pobreza y se mejora la vida de la gente”. Asimismo, ha contrapuesto la estabilidad del Gobierno español con la de otros países europeos y ha recalcado el carácter dialogante del Ejecutivo, que “busca acuerdos y mayorías” para impulsar sus políticas.

Finalmente, Saiz ha reivindicado la gestión económica y social del Gobierno y ha resaltado el “paquete de ayudas de 5.000 millones de euros” para afrontar los efectos de la guerra, el mayor en la Unión Europea, y ha reiterado que la estabilidad es la clave para “seguir haciendo política que responda a los desafíos de la ciudadanía”.

*con información de Europa Press

Barbón (PSOE) defiende la “tolerancia cero contra la corrupción” y asegura que su formación es “limpia y digna”

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha reafirmado este jueves su postura de “tolerancia cero contra la corrupción” durante el pleno de la Junta General del Principado. Barbón ha respondido así a una pregunta de la portavoz de Vox, Carolina López, quien le interpeló sobre los recientes casos de corrupción. El dirigente socialista ha defendido que el PSOE no se limita a un grupo de dirigentes, sino que es una organización “limpia y digna” integrada por millones de votantes y miles de militantes.

Barbón ha señalado que el partido ha expulsado a responsables implicados en investigaciones, como el exsecretario de Organización Santos Cerdán, y ha animado a Vox a revisar el sumario judicial para comprobar que no existía una relación estrecha entre Cerdán y la Federación Socialista Asturiana. “Tendría amigos en Asturias y contactos en Asturias, pero les animo a que lean precisamente el sumario cuando se refiere a Adriana Lastra y al socialismo asturiano”, ha indicado, asegurando que sus relaciones con Cerdán eran “las justas”.

El presidente asturiano también ha abordado las informaciones sobre supuestas irregularidades financieras en la organización, relacionadas con la intervención de la UCO en Ferraz, aclarando que la investigación judicial “está relacionada con una supuesta trama para intervenir en los procesos judiciales, no por financiación ilegal”. Además, ha insistido en el respeto a la presunción de inocencia en el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha recordado que no está imputado por su gestión al frente del Gobierno.

Barbón ha subrayado que la corrupción le resulta repugnante y ha equiparado su rechazo a la corrupción con su postura frente a los discursos que niegan la violencia machista o atacan los derechos del colectivo LGTBI. “Igual que tengo tolerancia cero contra los que niegan los crímenes machistas, la tengo contra aquellos que son unos racistas y unos xenófobos”, ha apuntado.

Lobato (PSOE) descarta un “hundimiento” del partido, pero pide “investigar”, “dar explicaciones” y “pedir disculpas”

El senador del PSOE y exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, ha descartado un “hundimiento” del partido, si bien reconoce que la formación atraviesa una etapa “delicada”. “Estamos abochornados”, ha admitido en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Lobato ha señalado que, a pesar de la situación actual, el partido cuenta con “150 años de historia” y ha pasado por diferentes etapas. “Yo hundimiento no veo para nada, estamos en un partido con 150 años de historia, claro que tiene diferentes etapas y creo que ahora es un momento delicado”, ha explicado.

El senador ha manifestado que su preocupación principal no es el requerimiento de la UCO, sino la “reacción” del partido ante la situación. “Cómo debe reaccionar un partido político y cómo debe ser absolutamente proactivo en esa colaboración con la justicia y en esa investigación también interna”, ha afirmado. En este sentido, ha pedido al PSOE “transparencia proactiva”, así como “investigar”, “dar explicaciones” y “pedir disculpas” por las actuaciones que se están conociendo. “Quienes formamos parte del partido estamos abochornados ante algunas de las actuaciones que se están conociendo”, ha reiterado.

Lobato ha advertido que, si se confirman las informaciones sobre las personas que ocuparon altos cargos y la posible utilización de fondos del partido para interferir en el Estado de derecho, la situación sería “muy preocupante”. “Lo más grave en política es tratar de influir sobre el Estado de Derecho”, ha alertado. Sobre la decisión del Gobierno de rescatar a la aerolínea Plus Ultra, Lobato considera que fue “legítima” y “bien tomada”, aunque ha instado al Ejecutivo a ser “proactivo” y abrir una investigación “en profundidad” que incluya al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo

Al ser preguntado por si tenía sospechas de posibles irregularidades dentro del PSOE cuando acudió al notario en 2024 tras recibir un correo con los datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Lobato ha explicado que “a veces son molestos quienes cuestionan cosas o dudan sobre que algo tenga encaje ético o legal”. Ha añadido que la “verticalización” en los partidos dificulta la diversidad de opiniones y la autocrítica.

Finalmente, sobre el juicio a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha señalado que espera que “funcione el Estado de Derecho”, confiando en que “esto es un país serio” y que los acusados tienen derecho a defenderse. “Espero que se defienda y que las acusaciones planteen sus argumentos y que se decida en justicia, es lo que tenemos todos los socialistas que defender siempre”, ha concluido.

*con información de Europa Press

Marlaska expresa su apoyo a la directora de la Guardia Civil y a las fuerzas de seguridad y vuelve a acusar al PP de “instrumentalizarlas”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado este jueves su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha defendido la labor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras la intervención de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

En declaraciones a los medios en Granada, Grande-Marlaska ha destacado la diferencia entre el Ministerio del Interior que dirige y el que existía en etapas de gobiernos anteriores, particularmente durante el mandato del PP y a propósito del juicio que se celebra estos días sobre el ‘caso Kitchen’. “A diferencia de otros gobiernos, de otros ministerios del Interior, este Ministerio del Interior, este Gobierno de España, lo que hace es trabajar en parámetros de legalidad, respaldando en todo momento el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no utilizando nunca a éstas, sino dándoles todos los medios necesarios para garantizar lo que son: profesionales neutrales y una pieza fundamental de las sociedades democráticas”, ha subrayado.

El ministro ha insistido en que “hay una diferencia absolutamente sustancial entre este Ministerio de Interior, este Gobierno y otros gobiernos, los del Partido Popular, en cuanto a la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y ha recalcado que en “modo alguno” recurre a su “utilización o instrumentalización”.

Sobre la posible relación de la directora general de la Guardia Civil con Leire Díez, exmilitante socialista imputada en la investigación, Grande-Marlaska ha negado cualquier encuentro. “La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, ni Leire ni cualquier otra, en términos de ningún tipo”, ha afirmado. Además, ha defendido que González es “una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento al trabajo de la Guardia Civil, y vinculada exclusivamente a dotar a la Guardia Civil de los medios necesarios y precisos para que haga su trabajo con la tranquilidad necesaria, y en los términos de neutralidad”. “En esos parámetros es en los que se ha ocupado y se ocupa la directora de la Guardia Civil en todo momento, a diferencia de otros momentos históricos y de otros gobiernos como los del PP”, ha dicho.

Por último, el ministro ha querido trasladar a la sociedad un mensaje de confianza en las instituciones y en los tres poderes del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, subrayando que existen mecanismos de control para evitar desviaciones. “Seamos pacientes, (estemos) tranquilos, porque los instrumentos de control para todos los poderes del Estado funcionan, y ya se verá si hay algo que haya ocurrido que no debió de ocurrir en cualquiera de los poderes del Estado”, ha declarado. “Estamos en una democracia fuerte y solvente, donde todos estamos sujetos y sometidos al control que corresponde en la sociedad democrática”, ha concluido.

*con información de Europa Press

Illa expresa respeto por la Justicia pero advierte que no es “ingenuo”. “Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es”

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha expresado este jueves su respeto a la labor judicial, aunque ha matizado que no es “ingenuo”. “Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es”, ha dicho. Durante la inauguración del II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, celebrado en el Hotel Grand Marina, lla ha afirmado: “Creo en la dignidad, aunque sea difícil; en la Justicia, aunque cueste; en la gente, aunque en determinados momentos muchos todavía miren hacia otro lado”. El jefe del Ejecutivo catalán y primer secretario del PSC ha reivindicado que la “fuerza” de los socialistas no reside en ocupar responsabilidades institucionales, sino en unas “convicciones” y unos “valores” que, ha recordado, cultivan desde hace 140 años.

El abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

El abogado y catedrático Bernardo del Rosal ha dejado de representar a Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero y señalado como “figura visible” en la investigación judicial sobre un supuesto tráfico de influencias que salpica al expresidente del Gobierno. La renuncia, motivada por “diferencias irreconciliables” en la estrategia de defensa, ya ha sido comunicada al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, José Luis Calama, según confirman fuentes jurídicas citadas por EFE.

Tras esta decisión, Martínez deberá buscar un nuevo abogado para su defensa. Hasta ahora, no ha comparecido ante el magistrado, aunque figura en el sumario como uno de los investigados clave dentro de la trama que examina la Audiencia Nacional. En la causa, directivos de la aerolínea Plus Ultra lo describen como “lacayo” de Zapatero y lo sitúan como su “lugarteniente” en la red bajo sospecha.

Las anotaciones recogidas en las agendas personales de Martínez, incautadas por la Policía, contienen numerosas referencias a altos cargos y empresas estatales venezolanas, entre ellas CVM, PDVSA y CVG, todas relacionadas con actividades extractivas de recursos naturales, como petróleo, gas, oro, níquel o carbón.

El funcionamiento de la trama, según la instrucción, se habría apoyado en los contactos de Zapatero, mientras que Martínez habría actuado como interlocutor habitual de los clientes, ejecutor de instrucciones directas del expresidente y encargado de canalizar los fondos captados hacia el entorno de Zapatero.

Ayuso descarta la moción de censura y señala a Sánchez como “el epicentro” de “todos los casos de corrupción” del PSOE y la Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado como “el mayor ataque a la democracia que hemos vivido” la sucesión de investigaciones judiciales y registros policiales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, mencionando la imputación del expresidente Zapatero, el registro de la UCO en la sede del PSOE, y el inicio del juicio al hermano del presidente en Badajoz. Durante su intervención en el foro La España vertebrada, organizado por El Mundo, Ayuso ha dicho que las últimas informaciones y la actuación de la Guardia Civil apuntan a que el PSOE “trató de desactivar las causas que afectan al Gobierno a través de una persecución a jueces, fiscales y la UCO”.

“Sánchez es corrupción”, ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha defendido que, ante lo que considera “corrupción de Estado”, solo cabe una cuestión de confianza y la convocatoria de elecciones generales. Ayuso ha descartado la opción de una moción de censura articulada por el Partido Popular junto a Vox y formaciones nacionalistas, pese a los rumores sobre posibles movimientos de Alberto Núñez Feijóo en esa dirección. “Lo coherente sería presentar una moción de confianza y ver qué hacen socialistas como Emiliano García-Page”, ha sugerido, en referencia a las críticas internas en el PSOE.

Respecto a la negativa del presidente del Gobierno de adelantar elecciones, Ayuso ha señalado que “no pueden llevarnos a elecciones, porque con un proceso completamente garantista, sin enredos y en igualdad de condiciones, la corrupción de Estado que representa el sanchismo está desahuciada”. La presidenta madrileña ha destacado la acumulación de investigaciones y procesos que afectan al Ejecutivo central: “Lo que estamos viviendo no se ha visto en Occidente: tenemos el primer presidente imputado, Zapatero; a la vez que la primera dama y el hermano del presidente son procesados; y tenemos el primer fiscal general del Estado condenado, como lo está la televisión pública de todos. Por lo mismo: por manipulación”.

Esta situación, en su opinión, es insostenible y obliga a España a pasar por las urnas para frenar el desgaste institucional y la quiebra del Estado de derecho: “Por muchísimo menos y hace tiempo, España debería haber ido a unas elecciones generales. Nosotros no lo haremos porque la corrupción no va a echar a Sánchez del poder: le ata”. Según su diagnóstico, el presidente del Gobierno es “la X que une todos los casos de corrupción que sobrevuelan en estos momentos al PSOE y a Moncloa”: “Es el epicentro de todo”. “El sanchismo”, ha dicho también, está condicionado por Zapatero, a quien considera el “padrino” y quien “borra las escenas del crimen”. Es “el primero” que está cuando “hay que pactar con Bildu, estar con Puigdemont o hacer según que negocios abriendo puertas a China o algunas dictaduras”.

“Cuando acabó como presidente, acabó con un prestigio evidentemente poco elevado y, buscando donde tener su suerte, encontró y se cebó con un país que estaba sufriendo un éxodo como el de Venezuela. ¡Anda que no hay países, podría haber sido Noruega, anda que no había lugares del mundo de empezar una vida y unos negocios! Tuvo que elegir una dictadura bolivariana chavista donde tienen a la gente sumida en la pobreza”, ha dicho. En este sentido, ha cargado contra Sánchez por “blanquear una dictadura y decir que el último proceso electoral fue limpio y puro”. “Cuando hablan de pedir perdones, más nos tocaría a nosotros pedírselo al pueblo de Venezuela por haber tenido semejante dirección al frente. Me da mucha vergüenza”, ha añadido. “Han pasado tanto tiempo coqueteando con dictaduras y con narco estados estos años que ya no disimulan sus intenciones y han aprendido de los gigantes. La tortura informativa y los escándalos, esa consecución de escándalos, es la herramienta perfecta para la impunidad política”, ha sostenido.

Habrá “una contestación desconocida desde Madrid” ante lo que considera concesiones del Gobierno central y un avance del “chavismo puro” con el objetivo de “desestabilizar la democracia”. Acusa al Ejecutivo de protagonizar “un golpe del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial”. “Y si para ello tienen que hacer todo, pues lo harán. Pero también les digo y les prometo una contestación desconocida desde Madrid”, ha asegurado.

Ayuso ha criticado que el propósito del Gobierno es “eternizarse, amnistiarse y forrarse”, además de “cambiar el modelo territorial y el modelo de Estado sin importarles nada, ni la convivencia entre españoles, ni entre regiones”. Según su análisis, cualquier denuncia desde Madrid se interpreta como una posición contraria al pueblo de Cataluña o del País Vasco, mientras que, en su opinión, las fuerzas independentistas persiguen abiertamente “imponer en España una república federal plurinacional”.

De acuerdo con Ayuso, el Gobierno es “populista y totalitario” y actúa “contra la empresa, contra la separación de poderes y removiendo un pasado escrito por ley a conveniencia de unos pocos”. “No van a dudar en quemar las calles y en utilizar a los sindicatos que han estado cómplices, callados, todos estos años”, ha dicho.

La dirigente regional considera que “están colonizando todo, cada rincón del Estado, todas las empresas públicas y privadas” y prevé que, a medida que avance la legislatura, la situación puede agravarse. Respecto a la movilización social, Ayuso apuesta por concentraciones “útiles, que funcionen”, en lugar de manifestaciones que “desmoralicen y acaben dividiendo”.

Ha terminado expresando su deseo de que “todo salga a la luz y que de una vez por todas se desmorone la corrupción de Estado y la carcoma que está sufriendo España” y reivindicando a la Comunidad de Madrid como “refugio ante totalitarios, políticas liberticidas y todos aquellos que odian lo español desde dentro y desde fuera”.

La confianza de los socios con el Gobierno está “bajo mínimos”, pero no está sobre la mesa retirar apoyos

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reconocido este jueves que la confianza de los socios en el Gobierno “está bajo mínimos” y ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que acuda al Congreso a dar explicaciones sobre la supuesta trama en el PSOE para frenar investigaciones judiciales. Ibáñez ha advertido al jefe del Ejecutivo que “se guarde el humor para otros momentos” porque “España no está para fiestas”, en referencia a la rueda de prensa que Sánchez ofreció en el Vaticano, donde bromeó con que no iba a convocar elecciones “por interés partidista”.

Ibáñez ha diferenciado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra de la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz, en el marco del caso de la exmilitante socialista Leire Díez, que ha supuesto la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y de la gerente del partido, Ana María Fuentes. A su juicio, “esto es otra cosa” que requiere “explicaciones contundentes”. “El auto incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada y por tanto entiendo que el señor Pedro Sánchez ya tarda en venir al Congreso”, ha señalado.

Preguntado sobre si la operación para desactivar investigaciones contra el PSOE pudo haber sido organizada por Cerdán por su cuenta, Ibáñez ha afirmado que, de momento, solo se sabe que ese equipo actuó como “Pepe Gotera y Otilio” y que “tampoco consiguieron demasiadas cosas más allá de minar la calidad democrática y la confianza en el PSOE, que, ahora mismo, por parte de los socios está bajo mínimos”. Sobre el respaldo al Ejecutivo, Ibáñez ha admitido que “no hay otra cosa encima de la mesa”, aunque ha pedido cautela: “Primero hay que conocer los hechos porque desgraciadamente en este país tenemos demasiada historia para que las cosas luego parezcan lo que no eran, así que cautela”. Ha reconocido que desconoce si se trata de “las cloacas del PSOE”, pero ha asegurado: “Lo que sé es que huele muy mal y tienen que venir a explicar por qué”.

Por su parte, Àgueda Micó, diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, ha reclamado explicaciones al PSOE para “saber todo lo que está pasando de verdad”, considerando que “el tema es grave”, aunque ha matizado que no parece un caso de ‘cloacas’ como el que, en su opinión, afectó al PP. Micó se ha mostrado contrariada con la comparecencia de Sánchez el miércoles y le ha pedido ser “más proactivo”, impulsando medidas ante la situación actual de su partido. Ha añadido que no considera que esta investigación sea un caso de ‘lawfare’.

Desde el grupo Sumar, la dirigente de los Comuns y portavoz adjunta Aina Vidal ha afirmado que el PSOE “evidentemente” tendrá que dar explicaciones sobre el alcance de esta causa. A su vez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado las informaciones conocidas de “enormemente graves” y ha señalado que la situación del Ejecutivo se ha vuelto “absolutamente insostenible”.

*con información de Europa Press

Junts considera “grave” la situación e insta al PSOE a “salir del búnker” y convocar elecciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha señalado este jueves que las causas judiciales que afectan al PSOE “no son ningún invento”: “Nos parece grave”, ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio al ser preguntada sobre si existe una relación entre estas investigaciones y el hecho de que tanto el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hayan sido interlocutores de Junts y del expresidente catalán Carles Puigdemont.

En ese sentido, Nogueras ha afirmado que el independentismo ha sido víctima de “lawfare”, un fenómeno que, en sus palabras, ocurre cuando “se inventan pruebas y situaciones”, pero ha remarcado que en este caso existen “indicios claros” de presuntos delitos. “Son temas que existen. No hay ningún invento en las pruebas que están saliendo. La sombra de la corrupción en la izquierda española y en la derecha española ha estado siempre. El reino de España se debate toda la vida entre la corrupción del bloque de derechas y el de izquierdas”, ha declarado.

En relación a una posible moción de censura promovida por el Partido Popular, Nogueras ha afirmado que no han sido sondeados por la formación de Alberto Núñez Feijóo para apoyar esa vía, y ha recordado que “el mismo PP está pidiendo elecciones”.

Nogueras también ha recordado que preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué “argumento democrático” le quedaba para no adelantar los comicios, sin obtener respuesta. Además, ha lamentado que el paquete de medidas contra la corrupción anunciado por Sánchez tras la imputación de Santos Cerdán, y anteriormente la del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, haya quedado solo en un “anuncio”. “No se ha acabado haciendo”, ha señalado, e insta tanto al PSOE como al PSC a “salir del búnker” y afrontar la situación.

*con información de EFE

El PSOE defiende que la Justicia debe decidir sobre la supuesta financiación irregular del partido

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido que será la Justicia quien deba pronunciarse “en base a su investigación y a las pruebas” sobre las informaciones relativas a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. López ha criticado que se opine sobre estos hechos “sin tener ninguna prueba ni ningún conocimiento”. Así lo ha señalado en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la posibilidad de que el PSOE hubiera organizado una “cloaca” para actuar contra jueces, periodistas o fiscales. “Supongo que en un Estado de Derecho eso lo tendrá que decir la Justicia en base a su investigación y a las pruebas”, ha reiterado. En la misma línea, Montse Mínguez, portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, ha hecho un llamamiento a la “colaboración con la Justicia” al ser preguntada sobre el caso.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la importancia del “respeto” al funcionamiento de la Justicia y de la “presunción de inocencia” tras las últimas imputaciones en el denominado ‘caso Leire’. Planas ha acusado al Partido Popular de mantener una estrategia de “ruido” político desde la moción de censura de 2018. “Desde el Gobierno y el PSOE tenemos muy claro que hay que respetar los actos judiciales, aunque se pueda estar o no de acuerdo con ellos”, ha afirmado. “Forma parte del ‘abc’ del funcionamiento democrático y constitucional de un país y, al mismo tiempo, también la presunción de inocencia de las personas que están implicadas en los procesos judiciales”.

El ministro ha recordado que la moción de censura de junio de 2018 se produjo después de que el PP fuera condenado por beneficiarse “a título lucrativo”, lo que ha calificado como “probablemente la red de corrupción más importante de nuestra democracia”. Según Planas, “a partir de ahí se constituyó un Gobierno del cual me honro en formar parte desde el 7 de junio de 2018. Y cuatro días más tarde, quien había perdido el poder estaba ya reclamándolo, con o sin elecciones”.

Planas ha defendido que “se trata de mantener el rumbo del país y pensar en los intereses de España y no en los intereses propios” y ha advertido de que la alternativa política supondría, a su juicio, recortes en servicios públicos y derechos sociales. Además, ha reivindicado la agenda del Gobierno y ha destacado que “España mantiene un crecimiento económico del 2,4 por ciento, cuenta con más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y registra la cifra de paro más baja desde 2008”.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial Y Memoria Democrática, no “resta relevancia” a las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, pero considera que se está haciendo “show” para generar un escándalo. Sobre las declaraciones del presidente autonómico socialista García-Page, quien esta mañana afeaba las “bromas” de Pedro Sánchez en Roma - decía en la COPE que “el país está para cualquier cosa menos para un intento de ironía, un conato de ironía, porque no llega ni a serlo, obviamente” y que “habida cuenta de las extraordinarias encuestas del CIS, lo mejor para España sería ”convocar" elecciones" -, Torres ha invitado al castellanomanchego a hablar, compartir y decir “las cosas donde procede, que es dentro de nuestra casa”. Torres confía “plenamente” en que Zapatero “va a ser capaz de demostrar su inocencia” cuando declare.

*con información de EFE y Europa Press

El PP “no renuncia” a la moción de censura, pero no tiene los números y considera que “la pelota” no está en su tejado, sino en el de los socios

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha señalado este jueves que la formación “no renuncia a ningún escenario”, asegurando que utilizará todas las herramientas que permite el Estado de Derecho para ofrecer una alternativa de gobierno a los ciudadanos. En una entrevista en Telecinco, Sémper ha respondido en estos términos al ser preguntado sobre la posibilidad de que el PP promueva una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque ha reconocido que actualmente el PP no dispone de la mayoría necesaria, ya que los socios que respaldan al Ejecutivo han manifestado que no facilitarán esa opción.

El dirigente popular ha insistido en que lo que España necesita son elecciones y un presidente “que esté a la altura de las circunstancias, que disuelva las Cortes y dé la palabra a los españoles”. En referencia a los casos que afectan al PSOE, Sémper ha calificado la situación como “el Watergate del Partido Socialista”. Además, considera “extraordinariamente grave” lo que está ocurriendo y ha destacado que, mientras se conocía la imputación de la gerente del PSOE, Sánchez afirmaba que las cuentas del partido eran “escrupulosas”. Según sus palabras, lo que está saliendo a la luz es que el PSOE habría creado una estructura “supuestamente financiada con facturas falsas para acosar a jueces, a policías, a guardias civiles y a periodistas que investigan supuestos casos de corrupción”.

Sémper ha descartado que el PP promueva una moción de censura con el único objetivo de forzar elecciones inmediatas. “España no está para golpes de efecto”, ha señalado, defendiendo que la propuesta de su partido se basa en “la racionalidad y la sensatez”, tras ocho años de gobierno de Sánchez “con sobresaltos”. El portavoz ha asegurado que el PP no hará “cosas extrañas” y que actuará “a la altura de las circunstancias”, utilizando “las herramientas que nos ofrece el Estado de Derecho” y sin renunciar a ningún escenario.

El portavoz popular ha reconocido que, ante la falta de una mayoría suficiente para cambiar al Ejecutivo, el Gobierno de Sánchez permanece “paralizado, sin enviar proyectos de ley al Congreso ni impulsar nuevas iniciativas”. Al mismo tiempo, desde la dirección del PP se ha intensificado la presión sobre el PNV tras sus recientes críticas al Ejecutivo. “¿Qué van a hacer?”, han planteado.

En paralelo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha declarado en RNE que la “pelota para un cambio de gobierno no está en el tejado” de los populares. Gamarra ha emplazado al PNV a definir su posición después de que hayan pedido elecciones en 2026 o hayan retado al PP a presentar una moción de censura. Según sus palabras, los nacionalistas vascos deben decidir si retiran su apoyo a Sánchez o si “se tragan toda esa corrupción” mientras gobiernan con el PSOE en el País Vasco. “Esto es lo que hay”, ha resumido.

Gamarra ha añadido que el PP trabajará “día a día para retratar a todos aquellos que no quieren darle la palabra a los españoles” y ha recordado que, aunque les faltan “cuatro votos” para la moción, si “salen las cuentas”, la impulsarán. La dirigente ha criticado a todas las formaciones que respaldan al Gobierno - Sumar, Podemos, PNV, ERC y Junts - por ser responsables de que Sánchez siga en la Moncloa pese a los casos judiciales que afectan al PSOE.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido al PP que rompa todos los pactos que mantiene con el PSOE en cualquier nivel institucional y ha asegurado que su formación apoyaría “cualquier moción de censura” contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo. “No es el momento de seguir manteniendo pactos con el Partido Socialista después de conocer todo lo que han hecho durante este tiempo, porque es el momento, entendemos nosotros, de no mantener equidistancia ni pactos con la corrupción ni con la mafia, que es lo que es el Partido Socialista”, ha declarado en La2Cat y Ràdio 4.

Garriga ha señalado que Vox no comprende cómo Junts, ERC y el resto de socios pueden “seguir manteniendo a un gobierno corrupto”, al que acusa de ser capaz hasta de sobornar para perseguir a jueces y fiscales. Ha recordado que Vox ha presentado dos mociones de censura “sabiendo que probablemente no iban a obtener el apoyo”, pero que era “un deber y una obligación moral”. Para Garriga, “creo que es el momento de perseguir y trabajar por el bien común, de restablecer la dignidad de las instituciones pisoteadas por este Gobierno y no es el momento del cálculo partidista y de la aritmética parlamentaria”.

*con información de EFE

El PNV da la legislatura por terminada y defiende convocar elecciones, pero no contempla una moción de censura

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que “la legislatura ha llegado a su fin” y considera que el “interés general” exige la convocatoria de elecciones generales a lo largo de este año. En declaraciones a los medios, Esteban ha precisado que la potestad para disolver las Cortes y adelantar los comicios corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha dejado claro que en el PNV no barajan la opción de una moción de censura: “No la contemplamos”. El dirigente vasco ha descrito la situación actual como una legislatura “bloqueada”, sin posibilidad de aprobar presupuestos y con el debate político afectado por “cada vez más casos judiciales”. “No es responsable hacer como el avestruz”, ha dicho.

*con información de EFE

/espana/2026/05/27/19-de-septiembre-de-2024-la-investigacion-a-un-broker-peruano-que-queria-mover-toneladas-de-oro-de-venezuela-a-dubai-es-el-origen-de-los-problemas-judiciales-de-zapatero/

Coalición Canaria y UPN ven “difícil de creer” que Pedro Sánchez no tuviese conocimiento del ‘caso Leire Díez’

Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria, ha puesto en duda que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, desconociera los hechos investigados. “La posibilidad siempre existe”, concede, “pero es difícil de creer”, ha afirmado la diputada, quien ha señalado que la situación del PSOE “empeora por días” y que se ha superado “el umbral del asombro máximo”. Valido ha demandado explicaciones tanto a los máximos responsables del partido como al propio presidente. Al referirse a la rueda de prensa de Sánchez desde Roma, Valido ha dicho que son “declaraciones a las que ya están acostumbrados” y que el presidente “da la impresión de estar lejos de la realidad”: “Le falta información o tiene demasiada”, considera.

Desde UPN, Alberto Catalán ha expresado dudas sobre la posibilidad de que en el PSOE se tomen decisiones sin el conocimiento del líder. “No se hace nada sin que el número uno, el presidente, lo sepa”, ha sostenido el diputado, quien ha asegurado que Sánchez “vive en el mundo de los ‘yuppies’, alejado de la realidad”. Catalán también ha calificado de “incomprensible” que el presidente no haya convocado elecciones tras la aparición de nuevas informaciones sobre el caso y ha criticado a los socios del Ejecutivo por mantener su apoyo en este contexto.

*con información de Europa Press

Comuns pide explicaciones y defiende que, aunque haya “un ataque por tierra, mar y aire” contra el Gobierno, “se tiene que investigar la posible corrupción”: “No es excusa”

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha indicado este jueves que el Gobierno no debe “resistir para aguantar, sino para hacer política”, reiterando que la línea roja de Sumar para mantener su apoyo al PSOE es ”si se demuestra una presunta financiación ilegal del partido”, ha subrayado.

Vidal se ha pronunciado en estos términos durante una entrevista en La2Cat y Ràdio 4, donde ha sido consultada por la intervención de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE. En referencia a la situación del partido socialista, Vidal ha afirmado: “Ya se pueden espabilar, porque algunos les estamos sacando las castañas del fuego y aguantando lo indecible”.

Sobre la estabilidad de la coalición de Gobierno, ha negado que esté en peligro, aunque ha instado a los socialistas a ofrecer explicaciones “ante las informaciones muy graves” que han trascendido recientemente.

Preguntada sobre si las noticias recientes responden a una posible estrategia coordinada para desestabilizar al Ejecutivo, Vidal ha manifestado: “Hay un ataque por tierra, mar y aire” contra el Gobierno, aunque ha matizado, igual que hacía Urtasun en La Hora de La 1, que “eso no es excusa”: “Se tiene que investigar la posible corrupción”.

*con información de Europa Press

Video: El juez del ‘caso Leire Díez’ ubica la “trama” para “desestabilizar” causas sobre PSOE a partir del periodo de reflexión

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, mantiene abierta una investigación sobre una supuesta estructura dedicada a influir en procesos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno. Según detalla en un auto, el objetivo habría sido “desestabilizar de forma sistemática” las causas abiertas. El magistrado sitúa como “punto de inflexión” el periodo en que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció un tiempo de reflexión en abril de 2024, tras conocerse la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

*información de Europa Press

Sumar exige al PSOE explicaciones y “limpieza” pero descarta elecciones anticipadas

En entrevista en La Hora de La 1, Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, ha dicho que “las informaciones que aparecieron ayer (...) son graves” y que el PSOE “tiene que dar mayores explicaciones”, que las dadas ayer fueron “absolutamente insuficientes”, y que pide al partido socialista “que reaccione” y que “tome las medidas que tenga que tomar”.

“Todos somos conscientes”, ha dicho, de que “evidentemente hay una operación general para derribar al Gobierno” y de que “la solución a todo lo que está pasando no puede ser que lleguen al gobierno los de la Gürtel en coalición con la extrema derecha, que sabemos que no van a solucionar nada en este aspecto porque, entre otras cosas, han votado consistentemente en contra de todas las medidas anticorrupción que hemos presentado en el Congreso de los Diputados”. “Ahora, también le digo”, ha matizado: ninguna de estas cuestiones puede ser “excusa para no dar la cara, para no dar explicaciones, y para no tomar las medidas que hay que tomar”.

“Limpieza en su acción institucional y en su acción pública” es lo que exigen desde Sumar “a todas las formaciones”. “La corrupción cero en política sí existe, y tiene que ser un objetivo a alcanzar”, ha dicho, añadiendo que en la mayoría de países de la UE “no hay estos niveles de casos de corrupción en investigaciones judiciales”. Pone su propia formación como ejemplo: “Nuestro espacio político ha demostrado que se puede gobernar, porque hemos gobernado (...) y nunca jamás nadie se ha visto afectado por un caso de corrupción”.

“Las elecciones no nos las va a convocar el señor Aznar con un vídeo en redes”, ha dicho también. “Lo que tenemos que hacer de aquí al final de la legislatura es hacer que este año que nos queda le valga la pena a la gente”, objetivo con el cual en Sumar están tratando de “garantizar la prórroga de alquileres, sacar adelante el registro horario, seguir blindando la Sanidad pública frente a los recortes del Partido Popular en las CCAA”. Para que esto sea posible, ha añadido, “el partido socialista tiene que reaccionar y tiene que dar explicaciones a la ciudadanía”.

“No se atreve el señor Feijóo a presentar una moción de censura simplemente porque no tiene los números”, ha dicho. Según el ministro, esto se debe a que “todo el mundo es consciente” que “los de la Gürtel, los de la Kitchen, ahora con la extrema derecha bajo el brazo” no van a solucionar los “graves casos” que afectan al PSOE. Y porque la “gran mayoría de ciudadanos españoles” no quiere “que el señor Feijóo y Vox conviertan España en una franquicia de Donald Trump”.

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Video: Las claves de la investigación a Zapatero por el rescate a Plus Ultra

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha publicado los autos que justifican su negativa a suspender la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, y lo ha hecho con el argumento de que la medida afecta a un “sustrato humano” que trasciende la mera consideración económica.

Los magistrados ya habían adelantado su posición en la vista del pasado viernes, en la que rechazaron las peticiones de Vox y la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Ahora, según los autos a los que ha tenido acceso Infobae, el Tribunal sostiene que en el real decreto impugnado “subyace un interés público especialmente cualificado no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”.

Ese interés público se apoya, según los magistrados, en razones humanitarias, de derechos humanos —con especial énfasis en la protección de los menores—, económicas, demográficas y culturales. En concreto, el decreto busca, a juizio de la Sala, permitir “la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales”.

Los efectos económicos y sociales que defiende el tribunal

Los magistrados también respaldan el decreto por sus consecuencias prácticas sobre el conjunto del Estado. “La incorporación plena al sistema administrativo y económico fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación tributaria y contribuye a un mercado laboral más transparente y eficiente”, argumentan en los autos. A esto, añaden que la medida “permite garantizar a las personas extranjeras el ejercicio efectivo de sus derechos y prevenir situaciones de explotación laboral”.

Además, la Sala advierte que una suspensión cautelar habría perjudicado a terceros, en concreto a los propios solicitantes, quienes habrían quedado “en la situación de irregularidad administrativa, pugnando con el interés público perseguido, con todo lo que ello entraña, humana, social y económicamente”.

El voto particular que habla de “amnistía administrativa”

A pesar de esta decisión, no todos los magistrados la han compartido. En concreto, los jueces Wenceslao Olea y Fernando Román han emitido un voto particular en el que se muestran favorables a la paralización cautelar del decreto. Su argumento principal es que los procedimientos de regularización previstos en varias disposiciones “incorporan un régimen singular que, en términos de técnica jurídica, presenta rasgos propios de una amnistía administrativa”.

Los propios magistrados disidentes explican que “a quienes soliciten dichas regularizaciones y cumplan las condiciones previstas en la norma, se les concede la autorización, incluso en aquellos supuestos en que existan órdenes de expulsión o devolución pendientes de ejecución”.

Desde su punto de vista, “resulta indiscutible que una norma reglamentaria no puede producir tales efectos, menos aún cuando ello entra en tensión con normas de rango superior, como los Reglamentos de la Unión Europea”. Por ello, consideran que “esta sola circunstancia habría exigido un examen más detenido antes de denegar la medida cautelar solicitada”.

Hazte Oír y otras asociaciones, fuera del proceso

El Tribunal también ha resuelto sobre las otras tres entidades que habían pedido la suspensión, que fueron: Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y Libertad y Justicia. Las tres se han quedado fuera del proceso al inadmitirse sus recursos “por falta de legitimación activa”, al considerar el Supremo que su naturaleza y función no les habilita para impugnar el decreto.

El proceso de regularización permite a personas en situación irregular que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, acrediten una estancia continuada de al menos cinco meses y no tengan antecedentes penales, solicitar la residencia legal. El real decreto entró en vigor el 16 de abril y el plazo para presentar solicitudes finaliza el 30 de junio. Hasta ahora se han registrado más de 549.000 peticiones, de las cuales 91.505 ya han sido admitidas a trámite con concesión de autorización provisional.

Alemania y Países Bajos han anunciado un refuerzo clave en la estructura de mando militar aliado en el Báltico con el objetivo de responder a compromisos de la OTAN. El 1GNC asumirá la autoridad sobre tropas aliadas y nacionales posicionadas en estos países, ampliando la capacidad de coordinación y reacción ante posibles amenazas en la región.

La integración de este segundo cuartel general táctico, que se suma al ya existente Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE), eleva la cohesión operativa de la Alianza Atlántica y acorta los tiempos de respuesta previstos en el nuevo Modelo de Fuerzas, definido en la cumbre de Vilna de 2023. Hasta la fecha, el MNC NE era el único responsable de la coordinación en esta zona considerada estratégica para la seguridad europea. La incorporación del 1GNC responde, además, a la necesidad de aumentar las unidades disponibles y reforzar la disuasión frente a potenciales acciones de Rusia.

Según detalló el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, la integración del 1GNC constituye “un ejemplo exitoso de cooperación multinacional”. Pistorius subrayó que en su sede trabajan efectivos de 16 países, lo que permite un modelo de interoperabilidad diaria y refuerza la naturaleza multinacional de la defensa europea. Esta ampliación de la estructura de mando fue recogida también por Frankfurter Allgemeine Zeitung, que destacó la importancia del compromiso germano-neerlandés en el contexto actual de seguridad en Europa.

Mando en caso de guerra y hasta 50.000 militares

La función principal del I Cuerpo Alemán-Neerlandés será liderar entrenamientos, maniobras y actividades preparatorias en coordinación con los elementos aliados desplegados en Estonia y Letonia. En caso de conflicto, el 1GNC asumirá el mando principal para la defensa del flanco oriental de la Alianza. Este cuartel general dispone de experiencia acreditada en misiones de gestión de crisis, destacando su actuación en la ISAF en Afganistán en 2003, 2009 y 2013, así como su participación en la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN durante siete años entre 2005 y 2024.

Creado en 1995, el 1GNC alterna la jefatura entre Alemania y los Países Bajos. La responsabilidad del mando permanece actualmente en manos alemanas, con previsión de traspaso a los Países Bajos a partir de 2028. Además de los dos países fundadores, otras 14 naciones de la OTAN aportan personal a la estructura del cuartel general, que está capacitado para coordinar hasta 50.000 efectivos en situaciones de paz, crisis o conflicto.

Compromiso y futuro de la defensa europea

La decisión, de acuerdo con los comunicados oficiales de los ministerios de Defensa de Alemania y los Países Bajos, pone de manifiesto la voluntad de ambos países de asumir mayor responsabilidad en el ámbito de la defensa europea. Este nuevo despliegue refuerza el vínculo político-militar entre ambos estados y lleva el compromiso de la OTAN con la seguridad de los países bálticos a un nivel operativo superior.

El refuerzo de la estructura de mando en Estonia y Letonia, junto a la interoperabilidad diaria de sus integrantes, busca consolidar la respuesta de la OTAN ante posibles escenarios de crisis en el este de Europa. El acuerdo será uno de los ejes de la próxima cumbre de la Alianza en La Haya, donde se definirán los avances del nuevo Modelo de Fuerzas y la estrategia de defensa colectiva para los próximos años.

La reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este jueves en Chipre ha tenido dos temas centrales: la invasión rusa de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. A su llegada, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha señalado que el bloque no debe caer en la trampa de Rusia al debatir quién representaría a Europa en posibles negociaciones futuras, y que las negociaciones son un esfuerzo de equipo.

En está línea, ha destacado que, en estas negociaciones, Europa no será neutral, sino que estará del lado ucraniano: “No podemos ser mediadores, no podemos ser neutrales tratando a ambas partes de igual manera, porque hemos estado claramente del lado de Ucrania. Cualquier acuerdo de paz debe reconocer plenamente la soberanía, la independencia y el derecho de Ucrania a elegir sus propias alianzas”.

En esta línea, la representante europea ha sentenciado que la estrategia de Moscú es “una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no. No caigamos en esa trampa. Las negociaciones son siempre un esfuerzo de equipo. Por eso el fondo es mucho más importante que el quién”.

Albares rebaja el debate

A la reunión en Chipre también ha asistido José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, que ha rebajado el debate sobre la posibilidad de designar un enviado especial de la UE para negociar con Rusia el fin de la guerra en Ucrania, asegurando que “lo importante no es el nombre” sino el enfoque y que los Veintisiete hablen “con una sola voz”.

Albares ha asegurado que la reflexión sobre el posible formato de representación europea en unas eventuales conversaciones con Moscú se encuentra todavía en una fase “muy incipiente”, y ha recalcado que cualquier paso deberá coordinares previamente con Ucrania, después de que en los últimos días hayan surgido especulaciones sobre distintos nombres para asumir ese papel.

El ministro también ha admitido que ha escuchado los nombres que se barajan para representar a la Unión Europea en unas eventuales negociaciones con Rusia -como la excanciller alemana Angela Merkel o el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi- pero ha señalado que ninguno de esos nombres “ha estado ni de cerca ni de lejos en la mesa” de negociación, ya que, por el momento, la conversación es muy incipiente para designar un enviado especial.

En esta línea, Albares ha puesto como ejemplo a la representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas, que a su parecer puede ser una de las representantes. “No podemos salir cada uno en una dirección distinta con buena voluntad, pero con Veintisiete diciendo lo que cada uno quiera. Tenemos que tener o una plataforma de países o simplemente nuestras instituciones”, ha añadido.

En todo caso, ha aseverado que la Unión Europea debe hacer “lo que quiera Ucrania”, no olvidando que “es un país soberano, con un gobierno elegido democráticamente”, y que “son ellos quienes deben decirnos qué hacer”. “Si nos animan a tener voz ante Rusia, creo que es lo correcto”, ha concluido.

La sesión, celebrada este jueves, ha reunido a los abogados de los once investigados, a los representantes de las siete acusaciones populares y a la fiscal del caso, Begoña García Boró. Sobre la mesa han quedado asuntos de calado: desde la posible prescripción del delito que se atribuye a David Sánchez hasta la nulidad parcial de actuaciones respecto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo.

Ha sido el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, quien ha anunciado la suspensión temporal del juicio al término de la jornada. El magistrado ha explicado que las cuestiones planteadas requieren “estudio” y “maduración” antes de que el tribunal adopte una decisión. La sala volverá a reunirse el lunes, 1 de junio, a las 9.30 horas para resolver esas cuestiones previas y decidir si el juicio continúa en los términos previstos.

Si no hay cambios, las declaraciones testificales arrancarán ese mismo lunes y se prolongarán durante tres jornadas, en sesiones de mañana y tarde. Después llegarían los interrogatorios de los acusados y, finalmente, los informes de las partes. El calendario, no obstante, sigue pendiente de lo que decida ahora el tribunal.

Antes incluso de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, la sala ha despejado uno de los asuntos que sobrevolaban la vista: la recusación presentada por algunas defensas. Los abogados cuestionaban la imparcialidad del tribunal, aunque el presidente ha rechazado esa petición al considerar que no se había aportado ninguna causa nueva respecto a las ya analizadas anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El presidente de la sala ha sido especialmente contundente en este punto. Ha defendido la imparcialidad de la sala y ha asegurado que el tribunal actúa únicamente bajo “el imperio de la ley”, una afirmación con la que ha tratado de zanjar las dudas planteadas por algunas defensas sobre el desarrollo del procedimiento.

La clave del debate: si el presunto delito de David Sánchez ha prescrito

Buena parte de la sesión ha girado alrededor de una cuestión concreta: si el delito de aceptación de nombramiento ilegal atribuido a David Sánchez puede seguir juzgándose o, por el contrario, ya ha prescrito.

La posición de la fiscal ha resultado especialmente relevante porque ha respaldado el argumento de la defensa del hermano de Pedro Sánchez. Según ha expuesto García Boró, el delito que se le atribuye está castigado únicamente con una pena de multa de tres a ocho meses y, por tanto, debe considerarse un delito leve cuya prescripción se produce al año.

La representante del Ministerio Público sostuvo además que el propio escrito de acusación separa claramente la conducta atribuida a David Sánchez del resto de delitos investigados en la causa, como la prevaricación administrativa o el nombramiento ilegal. A su juicio, la acusación sitúa a David Sánchez exclusivamente como autor del delito de aceptación del nombramiento y no como participante en las decisiones administrativas previas.

Ese matiz es importante porque, según ha argumentado la fiscal, no existe una conexión material suficiente entre ambos hechos como para entender que forman parte de una misma continuidad delictiva. “Son dos supuestos diferentes, si bien uno consecuencia de otro”, ha resumido durante su intervención.

Con ese razonamiento, García Boró ha defendido que el delito atribuido a David Sánchez debería quedar fuera del juicio por haber prescrito, una tesis que ahora tendrá que valorar la Audiencia Provincial.

Las defensas también han cuestionado la forma en la que se ha desarrollado la investigación judicial, llegando a hablar de una posible “investigación prospectiva”. La fiscal ha rechazado de plano esa interpretación y defendido tanto la legalidad de las diligencias practicadas como la actuación de la jueza instructora, Beatriz Biedma. También ha avalado la incorporación al procedimiento de los correos electrónicos analizados durante la instrucción.

La situación de Gallardo y la “acusación sorpresiva”

Otro de los focos de la jornada ha estado en la situación procesal de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, especialmente en relación con la supuesta creación de un puesto para Luis Carrero, exasesor de Moncloa.

En este punto, la fiscal ha vuelto a coincidir parcialmente con la defensa. García Boró ha considerado que existe un problema procesal porque Gallardo no habría sido investigado formalmente por esos hechos concretos antes de que aparecieran recogidos en el escrito de acusación.

Según ha explicado, aunque el exdirigente provincial sí declaró durante la instrucción, nunca lo hizo específicamente en calidad de investigado por la creación de ese puesto. Para la fiscal, eso supone una “acusación sorpresiva y extemporánea” que habría limitado su derecho de defensa.

La representante del Ministerio Público ha sostenido que nadie puede llegar a juicio sin haber adquirido previamente la condición formal de investigado respecto a los hechos que se le imputan. Por ello, ha pedido una “nulidad parcial” del auto de apertura de juicio oral en todo lo relacionado con esa acusación concreta.

La fiscal también ha salido en defensa de la magistrada instructora frente a las sospechas planteadas por algunas defensas sobre su imparcialidad. García Boró ha asegurado no tener “ninguna duda” sobre la objetividad de Beatriz Biedma y ha dicho no entender las sospechas introducidas “en este momento procesal”.

Mientras tanto, el procedimiento queda ahora pendiente de una decisión clave de la Audiencia Provincial de Badajoz. El tribunal deberá resolver en los próximos días si parte de las acusaciones decae antes siquiera de entrar en el fondo del asunto o si, por el contrario, el juicio continúa íntegramente tal y como estaba previsto.

El PSOE ha salido a contener el impacto político del auto judicial conocido este miércoles y que sitúa a varios dirigentes y personas vinculadas al entorno socialista en una presunta trama destinada a influir en investigaciones judiciales sensibles para el partido y para el Gobierno. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha negado de forma tajante cualquier implicación orgánica del PSOE en los hechos que investiga la Audiencia Nacional y ha asegurado que la formación no ha “ordenado, amparado ni cooperado” en ninguna conducta delictiva.

La reacción del partido ha llegado apenas un día después de conocerse el contenido de la resolución judicial, en la que aparecen imputados el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante socialista Leire Díez y la gerente federal del partido, Ana María Fuentes, entre otros nombres. El auto, de 50 páginas, dibuja una supuesta estructura organizada que, según el juez instructor, habría tratado de desactivar o desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, a miembros del Ejecutivo y al entorno del presidente del Gobierno.

“El PSOE es el primer interesado en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso”, ha escrito Torró en un mensaje publicado en X. La dirigente socialista ha pedido esperar a que se levante el secreto de sumario para analizar “en profundidad todos los detalles” antes de ofrecer más explicaciones. Mientras tanto, ha insistido en trasladar una imagen de colaboración institucional: “Respeto absoluto a la Justicia y máxima colaboración”.

El núcleo de la investigación

La resolución judicial sitúa el origen de la trama en un grupo bautizado como “Hirurok”, palabra vasca que significa “nosotros tres”, integrado inicialmente por Leire Díez, Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso. Según el instructor, el grupo habría operado desde al menos 2021 utilizando contactos políticos y administrativos para influir en decisiones públicas y obtener beneficios.

El juez considera que Santos Cerdán se incorporó posteriormente a esa estructura en un escalón jerárquico superior, asumiendo un papel estratégico dentro de las actuaciones investigadas. El auto sostiene que el entonces secretario de Organización del PSOE habría coordinado parte de las operaciones y facilitado recursos políticos y logísticos para sostener la actividad del grupo.

La investigación da un salto a partir de abril de 2024, coincidiendo con la apertura de distintos frentes judiciales que afectaban al entorno del Gobierno. Entre ellos, la causa del ‘caso Koldo’, las diligencias abiertas contra Begoña Gómez y la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El auto sitúa un momento clave el 26 de abril de 2024, en plena crisis política tras la carta pública de Pedro Sánchez anunciando un periodo de reflexión sobre su continuidad. Según la resolución, ese día se celebró una reunión en la sede socialista de Ferraz en la que participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y varios responsables del PSOE, entre ellos el propio Santos Cerdán.

Para el juez, aquella reunión marcó “el punto de inflexión” de la supuesta operación. Desde entonces, sostiene, comenzó una estrategia coordinada para intentar desacreditar investigaciones judiciales y actuaciones policiales que pudieran perjudicar políticamente al PSOE o al Gobierno.

Ferraz, pagos y logística

Uno de los aspectos más delicados del auto es el que afecta directamente a la estructura del partido. El instructor sostiene que parte de la actividad investigada se apoyó en medios materiales y humanos del PSOE. La resolución menciona reuniones celebradas en Ferraz, desplazamientos gestionados por empleados del partido y supuestos pagos canalizados a través de sociedades interpuestas.

Según el auto, Leire Díez habría comenzado a recibir pagos de 4.000 euros mensuales a partir de junio de 2024 mediante sociedades vinculadas a personas investigadas. Posteriormente, esos pagos habrían continuado mediante contratos y facturas que el juez considera presuntamente simulados.

En ese punto aparece el nombre de Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE, a quien la investigación atribuye la firma de órdenes de encargo utilizadas para justificar algunos de esos pagos. El auto sostiene que esas operaciones buscaban “romper la trazabilidad” de los fondos y ocultar el origen del dinero.

La resolución también recoge mensajes y conversaciones interceptadas en las que Leire Díez se presenta como una persona colocada “al frente” de determinadas actuaciones por el PSOE y se define como “mano derecha de Santos”.

Ofrecimientos a fiscales y mandos policiales

El auto dedica buena parte de su contenido a describir supuestos intentos de influir sobre fiscales, mandos de la Guardia Civil e investigados en distintas causas judiciales. El juez sostiene que el grupo buscaba obtener información reservada, desacreditar a responsables policiales y fiscales o incluso alterar testimonios.

Entre los episodios que describe la investigación figura un supuesto ofrecimiento al fiscal José Grinda para que facilitara información o actuara en determinadas causas judiciales a cambio de contraprestaciones económicas y profesionales.

También aparecen reuniones con mandos de la Guardia Civil en las que, según el auto, se habría tratado de obtener información sensible sobre la UCO y sus investigaciones. El instructor menciona además conversaciones sobre posibles pagos a testigos para modificar declaraciones judiciales, entre ellas la de Carmen Pano, vinculada a la entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE.

En su declaración, el exministro —para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión— ha recalcado que nunca ordenó ninguna acción para obtener datos confidenciales del extesorero. También ha subrayado que no tuvo conocimiento de que Bárcenas poseyera información sensible ni recibió avisos sobre ello por parte de compañeros del PP. Solo ha respondido las preguntas de su abogado y del tribunal. “La verdad nos hace libres”, ha asegurado en su declaración.

Debate sobre la autenticidad de los mensajes

Durante la sesión, el tribunal ha puesto el foco en los mensajes de texto atribuidos a Jorge Fernández Díaz y enviados supuestamente a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. En dichos mensajes se informaba sobre el clonado de los dispositivos electrónicos de Luis Bárcenas y los avances en la obtención de información relevante, hechos que la investigación sitúa en octubre de 2013.

Fernández Díaz ha negado la autoría de estos textos, alegando que “jamás” pudo enviar mensajes sobre una operación cuya existencia desconocía. Según su declaración, tampoco le parecía lógico que el ministro informara al secretario de Estado sobre cuestiones operativas, defendiendo que corresponde al “número dos” informar al “número uno”.

Por su parte, Martínez presentó ante notario los mensajes para certificar su recepción, aunque el perito informático propuesto por la defensa del exministro ha advertido de posibles “indicios de manipulación” y ha asegurado no poder garantizar que Fernández Díaz fuera realmente el emisor. El tribunal también ha repasado el contexto de los mensajes, que coinciden con el clonado de dispositivos de Bárcenas en una cafetería de Madrid, según confirmaron agentes policiales implicados.

Negación de pagos y desconocimiento de los fondos

El exministro, además, ha rechazado cualquier vinculación con la gestión o autorización de pagos provenientes de fondos reservados. Estos fondos, según los investigadores, se habrían utilizado para retribuir a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, por su papel como confidente policial. Fernández Díaz ha insistido en que no firmó ningún documento ni participó en la gestión de esos recursos, resumiendo su implicación con un “nada de nada”.

Tampoco reconoció indicaciones hacia el comisario José Luis Olivera para presionar al inspector Manuel Morocho, encargado de la investigación de la trama Gürtel. Fernández Díaz ha reiterado que solo conoció a Morocho durante el desarrollo de este proceso judicial. Además, ha restado credibilidad a los mensajes atribuidos a él, argumentando que nunca ha utilizado la letra “K” en sus comunicaciones, ni entonces ni en la actualidad.

La Audiencia Nacional ha decidido anular la resolución que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu en el conocido ‘caso Nummaria’. A raíz de esta decisión, el órgano judicial ha ordenado la celebración de un nuevo juicio a cargo de un tribunal distinto. Según la sentencia dictada por la Sala de Apelación, citada por Europa Press, también se modifica la condena impuesta al asesor fiscal y responsable del despacho, Fernando Peña.

El tribunal argumenta que la resolución recurrida no fundamenta de manera lógica la absolución de Duato y Bernardeu. Precisa, además, que sus competencias no permiten revocar el juicio de culpabilidad recogido en la sentencia recurrida ni dictar una condena en esta fase del proceso. La actriz está acusada de defraudar 1,9 millones de euros a Hacienda entre 2010-2017.

En la sentencia de la Audiencia Nacional, el tribunal reconoce que Ana Duato declaró íntegramente sus ingresos ante Hacienda, aunque solo tributó como rendimientos del trabajo por el 40% y calificó el resto como renta vitalicia, aplicando así una reducción fiscal del 60%. Sin embargo, la Sala considera que no quedó acreditado que la actriz fuera consciente de estar quebrantando la normativa tributaria al acogerse a la estructura fiscal propuesta por el despacho Nummaria.

Sentencia sobre Ana Duato

El escrito señala la ausencia de pruebas directas que demuestren el dolo, es decir, la voluntad de cometer fraude fiscal, y sostiene en su fallo que la condición de “simple actriz” —ajena a los detalles técnicos—, así como su confianza en asesores fiscales, permitía albergar una duda razonable acerca de la intencionalidad del delito. La sentencia alude, además, a la ausencia de ocultación deliberada de ingresos y asienta la absolución en el principio “in dubio pro reo”, resolviendo la duda existente en favor de la acusada.

La decisión de la Audiencia Nacional de anular la absolución de Ana Duato y de Miguel Ángel Bernardeau obedece, explica la Sala de Apelación, a que el tribunal de instancia prescindió de argumentos suficientemente lógicos y detallados sobre la culpabilidad de la actriz. El auto sostiene que la motivación del fallo carece de un hilo razonable entre los hechos admitidos (la canalización de rendimientos a través de sociedades y la ficticia renta vitalicia) y la conclusión de que Duato no tenía conocimiento del fraude.

Según el recurso, la propia acusada firmó contratos fundamentales y se benefició de una reducción fiscal del 50%, careciendo la sentencia, a juicio de la Sala revisora, de una explicación detallada que justifique cómo pudo ignorar el carácter instrumental de la empresa Gaumukh. Por este motivo, y ante la obligación de una motivación reforzada, la Audiencia Nacional ha ordenado repetir el juicio con un tribunal distinto, reiterando que las propias cuotas defraudadas sobrepasan el umbral penal y que debe emitirse un nuevo fallo, esta vez con la exigencia de fundamentar explícitamente la existencia o no de dolor.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado una operación para “derribar al Gobierno” y ha criticado la doble vara de medir de los jueces en los casos que salpican al PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. En declaraciones a la salida del pleno del Congreso, Puente ha asegurado que el PSOE no va a “consentir” ni “tolerar” estas prácticas, ni se van a “doblegar” ante los intentos de “perturbar la democracia” con métodos que van contra ella.

El ministro se ha referido a la acumulación de casos de corrupción por hechos que, según él, no se investigan. Puente ha insistido en que los requerimientos de la Guardia Civil en la sede del PSOE relacionados con pagos del partido a las cloacas para interferir en procesos judiciales no son registros. Y en este sentido, se ha mostrado atónito por las 12 horas que duró la operación en la calle Ferraz.

En este contexto, el ministro socialista ha acusado al PP de saber con antelación esta información y para poder utilizarla contra el Gobierno en la sesión de control en el Congreso. “Esto ha sucedido en el día de ayer y esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un Gobierno”, ha manifestado.

Puente ve a Zapatero como un “particular” e Illa señala que las actuaciones judiciales “no son casualidades”

Sobre las revelaciones policiales que apuntan a Zapatero como líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, Puente ha insistido en que el expresidente se dedica a hacer “más o menos” lo que hacen el resto de presidentes del Gobierno en España y el mundo. “Sin embargo, a Zapatero lo someten a una investigación en la que parece prescindirse de que es un ciudadano particular. No es un cargo público. Este es un elemento esencial”, ha afirmado.

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, también ha deslizado la idea de que esta acumulación de actuaciones judiciales, concretamente la investigación a Zapatero, no son “casualidades”: “Ingenuos tampoco somos”, se ha limitado a decir en la inauguración del II Fòrum Prensa Ibérica per la Pau i la Seguretat a Europa.

Feijóo reta a los aliados de Sánchez para tumbar al Gobierno con una moción de censura

Mientras el Gobierno trata de tapar los innumerables frentes que sacuden al socio minoritario, el líder de la oposición sigue retando al PNV y Junts per Catalunya a dar un paso al frente y sumarse a una moción de censura.

El líder del PP todavía no está dispuesto a impulsar la iniciativa en el Congreso ante la falta de apoyos, pero sí insiste en que hará “todo lo posible para cambiar” al Gobierno “podrido” e “indecente” que preside Pedro Sánchez. El líder del PNV, Aitor Esteban, ha rechazado sumar sus votos para facilitar un Gobierno de PP y Vox, pero sí ha pedido por primera vez un adelanto electoral porque ve la legislatura “agotada”. El presidente del Gobierno reconoció esta tensión en un acto este miércoles, pero reiteró que su intención es gobernar hasta 2027 “por sentido común”.

Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tenían dos contratos formalizados con la multinacional tecnológica Huawei en la sede de su empresa What The Fav. Así consta en el acta de entrada y registro de la empresa ubicada en Madrid, que tuvo lugar la semana pasada y que se ha conocido este lunes tras publicarse el sumario del caso Plus Ultra, en el que Zapatero figura como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno en 2021.

Así, durante el registro practicado por los agentes en las oficinas de la sociedad el pasado martes, los investigadores localizaron diversa documentación mercantil y contractual, entre ella dos acuerdos suscritos con Huawei. El sumario no detalla por ahora el contenido concreto de esos contratos, aunque uno estaba compuesto por 15 folios y otro por 49.

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Además de esto, el acta de registro recoge la localización otros dos contratos de prestación de servicios relacionados con la empresa “Oro Azul” y otro “relativo a actuaciones ede emergencia social en America Latina”.

La empresa What The Fav, públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports, aparece citada en varios apartados del sumario, aunque no por haber recibido directamente dinero de Plus Ultra, sino por su relación con Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la causa por ser la firma que asesoró a la aerolínea en su rescate, y de la que es dueño Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero.

La sociedad constituye un “elemento finalista” de toda la trama

En concreto, Calama destaca que la consultora habría remitido 490.780 euros para el propio Zapatero y 239.755 euros a Whathefav entre junio de 2020 y diciembre de 2025. En las facturas intervenidas, estos pagos se justificaban bajo el concepto genérico de “servicios agencia”, sin detallar en ningún momento las prestaciones reales que se estaban realizando

Además, según la UDEF, las cuentas personales de ambas recibieron transferencias procedentes de cuentas vinculadas a la empresa por importes superiores a los 447.000 euros entre 2021 y 2025. Laura habría recibido 247.191,06 euros y Alba, 199.904,25 euros.

Sin embargo, uno de los informes de la policía determina que Sergio Sánchez Benítez, el titular del 25% de Análisis Relevante y colaborador de Zapatero, redactaba informes de asesoría para dicha empresa y, una vez escritos, se los enviaba a la sociedad de las hijas. El papel de Whathefav. consistía teóricamente en realizar ajustes y labores de maquetación sobre esos informes ya elaborados, para después distribuirlos a una lista de clientes que había sido validada previamente por su padre. “Esta secuencia evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena perativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”, menciona el informe.

La investigación policial concluye que la sociedad de sus hijas se perfila como un “elemento finalista” y un “centro de redistribución” de los flujos económicos de toda la red. “La documentación intervenida, los correos electrónicos analizados y los flujos económicos detectados permiten afirmar que esta mercantil no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado”, afirma el auto con fecha a 18 de mayo de 2026.

El nombre de Jesús María Gómez Martín, el comisario de Barajas que estuvo a pie de pista durante la llegada de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, ha emergido ahora en el sumario del ‘caso Plus Ultra’ vinculado a una supuesta cadena de favores, gratificaciones y gestiones relacionadas con “negocios con procedencia ilícita” en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Así consta en varios autos judiciales incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso Infobae, donde la investigación sitúa al actual jefe superior de Policía de Canarias dentro del círculo de relaciones que orbitaba alrededor del empresario venezolano Danilo Diazgranados y del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La referencia al comisario aparece en conversaciones de WhatsApp intervenidas por la Policía al abogado Miguel Palomero, considerado por los investigadores uno de los enlaces utilizados para articular contactos políticos, empresariales y administrativos vinculados al rescate de Plus Ultra. Los mensajes, incorporados al Auto 365/2026 del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y posteriormente remitidos a la Audiencia Nacional, describen cómo Diazgranados utilizaba a Palomero para gestionar “sus asuntos económicos en España, incluidos favores y gratificaciones, entre otros al Comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín”.

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La investigación da un paso más y conecta directamente el nombre del mando policial con operaciones desarrolladas en otro aeropuerto madrileño. Según recoge literalmente el sumario, “con la intermediación del Comisario Jesús María Gómez Martín, habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid, se realizaran negocios con procedencia ilícita”.

Ese fragmento aparece además ligado a una conversación fechada el 4 de mayo de 2021 en la que los investigadores sitúan a Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El auto añade que de ahí surge “la sugerencia en la conversación de 4 de mayo de 2021, con Koldo García Izaguirre, mano derecha del ministro de Transportes y obras públicas”.

Los chats del grupo “DANILO-ESPAÑA”

La aparición de Gómez Martín en el sumario no se produce de forma aislada. Su nombre aparece dentro de una batería de conversaciones intervenidas a Miguel Palomero durante un registro practicado el 24 de octubre de 2024. Los investigadores analizan especialmente un chat denominado “DANILO-ESPAÑA”, donde aparecen referencias constantes al empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano, a Julio Martínez Martínez —considerado uno de los hombres de confianza de Zapatero dentro de la trama— y a una figura identificada como “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”. Según la investigación, detrás de esos alias se encontraría el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El auto judicial sostiene que Díazgranados mantenía “una relación personal y económica con alguien denominado ‘Zorro’ o ‘Z’ o ‘ZZZZ’, quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero”.

La documentación judicial añade que esas conversaciones “ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, por parte de una organización jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia”.

Dentro de esa estructura, la UDEF interpreta que Gómez Martín habría actuado como una figura útil para determinadas gestiones vinculadas al tránsito aeroportuario y a operaciones desarrolladas en Cuatro Vientos. El sumario no concreta cuáles eran exactamente esos “negocios con procedencia ilícita”, aunque sí vincula el nombre del comisario a favores, intermediaciones y contactos gestionados desde el entorno empresarial investigado.

La investigación también destaca que, durante los registros practicados en la sede de Plus Ultra, los agentes localizaron una tarjeta de visita a nombre de Jesús María Gómez Martín con un número manuscrito en el anverso, extremo que el auto incorpora como uno de los indicios documentales de la relación entre algunos de los investigados y el mando policial.

Ábalos, Koldo y la red de influencias

Las conversaciones analizadas por la Policía conectan además toda esta operativa con el entorno político del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. En otro de los chats incorporados al sumario, fechado el 23 de marzo de 2020, uno de los investigados plantea directamente “tocar a Ábalos” para avanzar en determinadas gestiones relacionadas con Plus Ultra. Semanas después, el 4 de mayo de 2020, Miguel Palomero asegura haber hecho un “approach a la mano derecha del ministro”, expresión que la UDEF identifica directamente con Koldo García Izaguirre.

Los investigadores sostienen que esos mensajes reflejan la existencia de una auténtica “cadena de favores y gratificaciones” dentro del entramado investigado, incluyendo referencias a funcionarios públicos, mandos policiales y personas con capacidad de influencia política o administrativa.

El sumario incorpora además otra conversación especialmente sensible fechada el 30 de diciembre de 2020. Según el auto judicial, el empresario peruano Felipe Baca, también investigado en la causa, encargó a Palomero repartir cantidades de dinero con la finalidad de “cuidar a jueces, policías y funcionarios”.

La UDEF considera que el conjunto de conversaciones intervenidas permite inferir “delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos”, así como otras actuaciones vinculadas al “tránsito aeroportuario” y a “regalos a personas que ostentan posiciones de poder”.

El comisario del ‘Delcygate’

La aparición del nombre de Gómez Martín en el sumario resulta especialmente delicada por su papel durante el conocido episodio de Delcy Rodríguez en Barajas. En enero de 2020, siendo comisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, participó en la gestión de la llegada de la entonces vicepresidenta venezolana pese a las sanciones europeas que pesaban sobre ella.

El propio Gómez Martín relató posteriormente en el Senado, durante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, que acompañó a Koldo García a pie de pista aquella noche mientras José Luis Ábalos subía al avión de Delcy Rodríguez. En esa comparecencia aseguró además que nunca vio a Víctor de Aldama en el aeropuerto y que su función se limitó a permanecer junto a Koldo durante la operación.

Ahora, años después de aquel episodio en Barajas, el sumario del ‘caso Plus Ultra’ vuelve a colocar su nombre dentro de una investigación judicial que analiza pagos, favores, influencias políticas y posibles negocios ilícitos desarrollados alrededor del entorno empresarial y venezolano vinculado a la trama.

El sistema de pensiones español afronta el desafío de financiar la jubilación de la generación más numerosa de su historia, el baby boom. El primer informe elaborado con la nueva herramienta INTegraSS, presentada por el Gobierno el pasado mes de abril, prevé que el gasto en prestaciones de este tipo alcance su punto máximo en 2049 y representará el 15,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe, publicado este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anticipa una serie de tendencias de cara a los próximos años. Entre ellas, se prevé que tras alcanzar este pico de gasto en pensiones en 2040, el sistema se estabilice y descienda al 14,2% del PIB en 2070, más cercano al 12% actual.

Asimismo, se prevé que el número de pensiones aumente de los actuales 11 millones a 17,7 millones en 2050 y que la pensión media registre un crecimiento anual del 2,8%.

Este cálculo del gasto en pensiones en porcentaje al PIB es algo inferior al obtenido en la evaluación de otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que proyectó en su último examen de 2025 un gasto del 16,1% del PIB, ocho décimas más, para 2050. Según el ministerio competente, esto se debe a que el sistema INTegraSS “puede adaptarse rápidamente a nuevos escenarios y necesidades”.

El impacto de la generación ‘baby boom’ en el mercado laboral y las pensiones

Según la proyección del Gobierno, la proporción de población en edad de trabajar subirá del 76,6% actual al 77,4% en 2030, y desde ese punto caerá hasta situarse cerca del 71% en 2050. “A partir de 2036, la población activa iniciará un descenso gradual. Esta fase descendente responde principalmente al retiro progresivo de las cohortes más numerosas del baby boom”, anticipa el informe.

Esto supondrá que el gasto en pensiones en porcentaje sobre el PIB seguirá una trayectoria marcada por la transición demográfica situándose su valor promedio en el 14% del PIB entre 2022 y 2050. No obstante, alcanzará un máximo del 15,3% en 2049.

La mejora de la actividad económica generará una reducción de las pensiones con complementos a mínimos, que rebajarán su peso relativo desde el 22% en 2024 hasta el 14% en 2070. Destacarán, sin embargo, las pensiones contributivas, que concentrarán el 97% del gasto en los últimos años de la proyección realizada por el Gobierno.

Además, el informe estima que en los próximos años la brecha salarial en las pensiones por cuestión de género se reducirá del 31,1% en 2024 al 10,1% en 2070, como efecto de la mejora de la participación y de los salarios de las mujeres en el mercado de trabajo.

INTegraSS prevé que el paro descienda al 6,9% en 2050

El modelo de proyección de INTegraSS anticipa también una “fuerte disminución del paro”, que se situaría en un 6,9% en 2050 y en el 6,4% en 2070, frente al 10,83% actual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta caída estaría motivada, según el ministerio, por la mejora progresiva de las tasas de ocupación, sobre todo en los grupos de más edad, y de la calidad del empleo creado.

Las tasas de participación crecerán por dos vías: el aumento de la ocupación entre las mujeres y la continuidad de las personas con más edad en el mercado laboral. Concretamente, en el tramo de 65 años y más, la tasa de ocupación se elevará del 11,8% (2024-2030) al 20,6% (2050-2070).

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado haber conocido una operación ilegal contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha sostenido en el juicio que “jamás” escuchó al excomisario José Manuel Villarejo hablar de actuaciones fuera de la ley. El acusado en el caso Kitchen ha vinculado su relación con el mando policial a canales de información que, según su versión, se movían entre avisos de inteligencia, comentarios sin valor y datos que debían remitirse a la Fiscalía.

Martínez, número dos de Interior entre 2013 y 2016 con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, ha admitido que Villarejo le habló del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como presunto confidente de la trama, pero ha rebajado ese contenido a informaciones de “escasísima relevancia” sobre el estado emocional de la familia de Bárcenas, las personas próximas a su mujer, Rosalía Iglesias y extremos que, según ha dicho, ya habían aparecido en la prensa.

El ex alto cargo también ha asegurado que no tuvo “ningún motivo” para pensar que el comisario Enrique García Castaño hubiese hecho “nada ilegal nunca”, pese a que este agente reconoció durante la instrucción haber entrado en un local de la mujer del extesorero y haber recibido instrucciones políticas para buscar discos duros de Bárcenas. En sala, Martínez ha negado la máxima, afirmando que es “fantasía, algo absolutamente falso”.

Martínez ha situado el origen de su relación con Villarejo en 2012, cuando era jefe de gabinete del ministro Díaz y este le instó a escuchar la información que transmitiese este agente, que tenía el aval de ser una persona “fiable” por parte de Juan Cotino, que había sido director general de la Policía.

Sobre Villarejo, García Castaño y Bárcenas en el caso Kitchen

A partir de ese momento, Martínez ha descrito a Villarejo como un comisario con relaciones en la judicatura que hablaba con naturalidad de sus contactos y de su actividad. Un rasgo que, siempre según su versión, le generó confianza. Ha añadido que, cuando pasó a la Secretaría de Estado, comprobó esa red de vínculos y siguió recibiendo de él informaciones de naturaleza muy distinta.

Entre ellas, ha mencionado asuntos de inteligencia, datos que podían abrir investigaciones, noticias que aún no se habían publicado y también “puros chascarrillos”. En uno de los pasajes más concretos de su comparecencia, ha resumido así su forma de expresarse: “Hablaba tanto, a veces en clave, utilizaba apodos, reconozco que a veces ni siquiera le entendía bien”.

Martínez ha mantenido además que, cuando Villarejo le trasladó información con posible interés penal, le instó a ponerla en conocimiento de la Fiscalía. En ese contexto, ha dicho que le puso en contacto con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Colinas y que incluso concertó una reunión con el CNI cuando el comisario le habló de información relacionada con Bárcenas, en un momento que ha definido como el “salto cualitativo” al saberse que el extesorero tenía cuentas en Canadá y Estados Unidos.

Sobre tres grabaciones con Villarejo incorporadas a la causa, el exsecretario de Estado ha afirmado que no las recuerda, aunque tampoco las ha negado. Su tesis ha sido la misma: el comisario no le trasladó nada irregular “porque no lo hizo nunca”, aunque hablaba en voz baja, encadenaba asuntos distintos y en ocasiones le “aturdía un poco”.

Noticia con información de EFE

Los españoles trabajaron en 2025 un promedio de 36,3 horas semanales, cuatro décimas por encima de la media de la Unión Europea, situada en 35,9 horas, y lejos de países como Países Bajos o Alemania, que no alcanzaron las 34. En el caso de los autónomos, España se situó como el tercer Estado miembro donde trabajaron más, 43,1 horas habituales semanales.

Así lo recoge un informe publicado este miércoles por Eurostat que muestra que la media de horas reales trabajadas cada semana por los empleados a tiempo completo y parcial cayó una hora respecto a 2015, cuando se situaba en 36,9 horas.

Entre los Estados miembros europeos, las semanas laborales más largas se registraron en Grecia (con un promedio de 39,6 horas), Bulgaria y Polonia (ambas con 38,7) y Lituania (38,4).

En el lado opuesto, Países Bajos presentó la semana laboral más corta de la UE (31,9 horas), seguidos de Dinamarca y Alemania (ambas con 33,9) y Austria (34,0).

Por sectores, las jornadas laborales más largas se dieron entre los trabajadores cualificados en agricultura, silvicultura y pesca (42 horas semanales reales), los directivos (40,6) y las fuerzas armadas (39,4). Por el contrario, las más cortas se observaron en las actividades de los hogares como empleadores (27,1 horas), la educación (31,8 horas) y las artes, el entretenimiento y la recreación (32,7 horas).

Los autónomos normalmente trabajan más horas que las personas asalariadas

Los trabajadores por cuenta propia españoles se sitúan en el tercer puesto europeo entre los que más tiempo dedican a la semana a su labor, con 43,1 horas semanales. Este dato sitúa a España solo por debajo de Grecia (46,3 horas semanales) y Bélgica (43,2 horas), y muy igualado a Polonia (43).

Las semanas laborales promedio más cortas para este tipo de autónomos se volvieron a registrar en Países Bajos (32,1 horas), Dinamarca (34,1 horas) y Alemania (34,6 horas).

Además, Eurostat observó una tendencia en ciertos países como Chipre, Letonia, Estonia, Lituania o Rumanía, en la que los autónomos contaron en 2025 con jornadas laborales más breves que la de los empleados por cuenta ajena.

La posición de España por jornada parcial y completa

España registró un 40,1% de personas que trabajaron el año pasado entre 40 y 44,5 horas semanales, por encima de la media de la UE lo que la sitúa cerca de la media de la UE, situada en un 37,6%.

Sin embargo, el porcentaje de quienes trabajan en tramos cortos (menos de 25 horas) es inferior a la media europea, lo que refleja una menor incidencia del trabajo a tiempo parcial que en estados como los Países Bajos, Alemania o Austria. En este aspecto, España queda en una posición intermedia, con un 13,1% de su mercado laboral ocupado a tiempo parcial.

La estadística incorpora además otra distinción: no todo empleo parcial responde a la misma lógica. Puede ser una fórmula voluntaria asociada a la conciliación o a salarios suficientes con media jornada, pero también puede reflejar situaciones en las que el trabajador querría ampliar su horario y no puede hacerlo.

El 45,7% de los empleados a tiempo parcial en España querría trabajar más horas, el tercer porcentaje más alto de la UE, detrás de Rumania, con un 62,3%, e Italia, con un 51%.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la nulidad del despido de un mozo de almacén en un obrador industrial poco después de que iniciara una baja médica, al entender que se vulneraron sus derechos fundamentales. La sentencia ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador, abonarle los salarios dejados de percibir y pagarle una indemnización de 7.501 euros por daños morales.

En septiembre de 2024, Braulio comenzó a trabajar con un contrato indefinido como mozo de almacén y jefe de turno de logística en una industria de pan y bollería. Su jornada era de 40 horas semanales, con un salario anual de 23.300 euros más variables, y estaba sujeto al Convenio Colectivo de Fabricación, Venta y Distribución de Pan de Cantabria. A lo largo de los meses siguientes, la empresa documentó supuestos incumplimientos en las funciones asignadas, señalando una reducción en el rendimiento y una negativa a realizar tareas como el manejo de la carretilla retráctil o la carga de camiones, que el trabajador consideraba ajenas a su categoría y formación.

El 27 de enero de 2025, Braulio inició una baja médica. Durante ese mes, disfrutó además de varios días de vacaciones. Tras comunicar por WhatsApp que seguía de baja, la empresa le notificó la apertura de un expediente disciplinario el 6 de febrero de ese mismo año, imputándole incumplimientos graves y una disminución voluntaria de su rendimiento. Al día siguiente, Braulio presentó alegaciones, argumentando que las tareas reclamadas no correspondían a su puesto y que la decisión de sancionarle respondía realmente a su situación de incapacidad temporal. Ese mismo mes, recibió la carta de despido por falta muy grave.

“Cercanía” entre el inicio de la baja médica y el despido

El intento de conciliación previo al juicio no prosperó y el caso llegó al Juzgado de lo Social de Santander, que emitió una sentencia en diciembre de 2025 declarando la nulidad del despido. La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ahora ha confirmado íntegramente la decisión. Frente a este fallo, la empresa aún puede interponer recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, en un plazo de 10 días hábiles tras la notificación.

El juez entendió que la cercanía entre el inicio de la baja médica y el despido es un indicio de discriminación, por lo que invirtió la carga de la prueba y declaró nulo el despido. La empresa, además, ha sido condenada a pagar las costas procesales y a perder la consignación depositada para recurrir.

La Audiencia Provincial de Valencia ha resuelto que una mujer de 65 años reciba una pensión compensatoria sin límite de tiempo por parte de su exmarido, tras más de cuarenta años de matrimonio con una gestión conjunta del patrimonio y los negocios familiares. Esta decisión modifica el criterio fijado por el juzgado de primera instancia, que había limitado la pensión a dos años.

La situación se originó a raíz de la separación de una pareja que compartió la administración de diversas actividades económicas a lo largo de su vida en común. Al producirse el divorcio, la mujer solicitó una pensión compensatoria, alegando que no podía reincorporarse al mercado laboral y que su posición económica resultaba inferior a la de su expareja, quien ya está jubilado y percibe una pensión mensual de 1.625,75 euros.

La pensión no tendrá límite de temporal

En la primera sentencia, el tribunal reconoció el derecho de la mujer a recibir una pensión mensual de 480 euros durante dos años, así como a seguir residiendo en la vivienda familiar hasta la división de bienes. Su exmarido recurrió la sentencia, pidiendo eliminar la pensión o que, en caso de mantenerse, el importe fuese de 300 euros mensuales.

Por su parte, la mujer solicitó un aumento a 600 euros y el reconocimiento del carácter indefinido de la prestación. Argumentó que su edad y la falta de estudios superiores hacían inviable encontrar un nuevo empleo y que sus años cotizados no le permiten acceder a una jubilación contributiva suficiente.

Tras examinar la prueba documental, el tribunal concluyó que la mujer había quedado sin ingresos tras dejar de trabajar en el negocio familiar. Se acreditó que la cotizó veinte años y medio a la Seguridad Social durante el matrimonio, cantidad insuficiente para alcanzar una jubilación contributiva completa, que exige un mínimo de 38 años y seis meses. La sentencia señala: “Sin conocer el importe exacto de dicha prestación resulta imposible saber si, con la misma, superará el desequilibrio económico”. Por ese motivo, la pensión compensatoria se establece sin límite temporal y solo podrá revisarse o extinguirse si cambian las circunstancias económicas, conforme al artículo 100 del Código Civil.

El fallo descarta que la pensión tenga como objetivo igualar los patrimonios de ambas partes. Su finalidad es corregir el desequilibrio económico derivado de la ruptura. El tribunal indica que, a la edad que tenía la mujer en el momento del divorcio, no se considera probable que pueda acceder nuevamente al mercado laboral, especialmente por la ausencia de formación superior.

La sentencia establece que la pensión deberá abonarse desde la fecha en que se dicta la sentencia de divorcio definitiva y no desde la presentación de la demanda. Así lo recoge el texto: “El derecho a percibir la pensión compensatoria nace de la sentencia que es constitutiva del derecho a percibirla”. Mientras se resuelve la liquidación de la sociedad de gananciales, la mujer podrá seguir usando la vivienda familiar. La pareja es cotitular de varios inmuebles urbanos y rurales, cuyo reparto queda pendiente hasta que se complete la separación de bienes.

El acceso de la beneficiaria a una jubilación contributiva permanece incierto, ya que depende tanto de los años cotizados como del importe de la futura prestación. La sentencia no impone costas procesales a ninguna de las partes y deja abierta la posibilidad de revisar la pensión en caso de que las circunstancias económicas de cualquiera de los dos cambien en el futuro.

El paso de Bad Bunny por Madrid entre el 30 de mayo y el 15 de junio tendrá un impacto estimado de unos 200 millones de euros en la capital, un fenómeno que beneficiará directamente a la hostelería, ocio, alojamiento, transporte y demanda aérea, según las previsiones de diferentes organizaciones vinculadas a estos sectores.

Tras dos conciertos celebrados en Barcelona la semana pasada, el cantante puertorriqueño aterrizará ahora en la capital española con una ambiciosa residencia de 10 conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano como parte de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Para este evento musical se han vendido unas 500.000 entradas en Madrid, de las que aproximadamente 300.000 corresponderían a público procedente de fuera de la ciudad, según datos de la organización empresarial Noche Madrid.

La patronal subraya además que la programación durante varios días facilita la llegada de visitantes y distribuye el impacto más allá de un único fin de semana. Este modelo, consideran, “debería marcar un precedente en la organización de grandes giras internacionales” al combinar conciertos al aire libre con impacto económico en otros sectores de la ciudad.

Un efecto de entre 14 y 28 millones de euros en hostelería

Los conciertos de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano tendrán un impacto de 14 y 28 millones de euros en bares, restaurantes y cafeterías, según ha estimado Hostelería de Madrid.

El nivel de gasto de los asistentes (mayoritariamente público jóven latino e hispanohablante) puede oscilar entre los 20 y 40 euros diarios en establecimientos de restauración de servicio rápido y tique medio y medio bajo.

El día con más reservas en restaurantes será este sábado, con un 23% del total, fecha que coincide con el primer concierto del artista. Una semana más tarde, el 6 de junio, las reservas llegan al 12%, según previsiones de la plataforma The Fork.

Los barrios de Malasaña, Chueca y Tribunal lideran la demanda de reservas en Madrid en estos días, concentrando el 10% del total, con un ticket medio de 26 euros. Seguidos de estos, el Barrio de Las Letras y la zona de Atocha/Jerónimos, reunirán el 8% de las reservas y una previsión de gasto medio de 31 euros.

Asimismo, el ocio nocturno también se verá beneficiado por el fenómeno Bad Bunny. Noche Madrid estima que los clubs, bares de copas y discotecas tendrán un impacto económico de 25 millones de euros, en torno a un 15% del total de la celebración de la gira en la ciudad.

Los hoteles madrileños alcanzarán una ocupación media del 81,82% en esos días

Ante esta oleada de visitantes, muchos hoteles de Madrid han activado planes especiales para atender la alta demanda generada por los conciertos de Bad Bunny. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) prevé una ocupación media del 81,82% entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo también con la visita del Papa León XIV.

Los mayores niveles de ocupación se alcanzarán el sábado 6 de junio, con un 87,18%, seguido del domingo 7 de junio, con un 85,35%, y del viernes 5 de junio, con un 83,30%.

En cuanto al perfil de los visitantes, en este caso, donde muchas personas también acudirán a Madrid desde distintos países para la visita de León XIV, el viajero internacional representará el 58,5% del total, frente al 41,5% de viajeros nacionales. La mayoría procedentes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

El paso de Bad Bunny dispara la movilidad ferroviaria y aérea

La visita de Bad Bunny a Madrid también ha tenido un fuerte impacto en la movilidad ferroviaria y aérea, procedente de personas que acuden a la capital española con motivo de la gira del cantante puertorriqueño.

La plataforma Trainline ha registrado importantes incrementos en las reservas de tren hacia Madrid desde ciudades como Albacete (+138%), Girona (+113%), Tarragona (+111%), Málaga (+41%), Alicante y Murcia (+39%), Barcelona y Valencia (+35%).

Además, un análisis de Amadeus Hospitality detectó que, tras la venta de entradas para los conciertos en mayo de 2025, las reservas de vuelos para esas fechas dispararon en cuestión de semanas.

En el caso de Madrid, las reservas aumentaron un 413% la semana del 23 de junio de 2025 en comparación con los días previos, mientras que en Barcelona se incrementaron en un 1517% de reservas en las fechas que salieron las entradas, respecto a la semana anterior.

Los vuelos nacionales hacia la capital han aumentado un 35,27% interanual. Mientras que las reservas internacionales también muestran un crecimiento notable, especialmente desde Corea del Sur, Brasil y Estados Unidos.

Las investigaciones sobre el caso Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero han situado a Simón Leendert Verhoeven, un empresario neerlandés residente en Mallorca, como pieza central de una supuesta red internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Suiza y Venezuela. Verhoeven es, presuntamente, un gestor de sociedades pantalla utilizadas para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, actualmente bajo investigación desde 2021.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Verhoeven empleó al menos tres sociedades —Allpa Wira Trading UK, Wailea Invest LTD y Valerian Corporation— para formalizar contratos de préstamo con la compañía aérea. Aunque el empresario declaró en Ginebra que los préstamos fueron devueltos en su totalidad, no aportó detalles sobre la devolución, según fuentes judiciales. El magistrado José Luis Calama, a cargo de la instrucción, emitió una orden internacional de detención contra Verhoeven en marzo de 2026, por presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

En medio de las indagaciones se procedió al registro de su vivienda en Mallorca. Lo encontrado allí resultó ser toda una colección. Los agentes incautaron dos lingotes de oro —de 100 y 50 gramos— junto a relojes exclusivos de marcas reconocidas y varias piezas de joyería. Entre la documentación intervenida figura una factura de 43.560 euros emitida a favor de Kaimana Capital, empresa administrada por el abogado Miguel Palomero de Juan, también investigado en la causa.

El registro en su vivienda en Mallorca

El 22 de octubre de 2024, la UDEF llevó a cabo el registro en el domicilio de Simon Verhoeven. Este procedimiento tenía como objetivo principal la intervención de efectos de alto valor relacionados presuntamente con los hechos delictivos de la trama de Plus Ultra. Durante el registro, lo encontrado superó incluso lo que se podía esperar, demostrando los altos niveles económicos en los que se movían los implicados en la trama.

Se incautaron valiosos relojes de reconocidas marcas como OMEGA, Patek Philippe, Longines, Baume Mercier y Montblanc, los cuales estaban debidamente identificados con sus números de serie correspondientes, facilitando su rastreo y vinculación a posibles delitos económicos o de receptación. Además de relojes, se encontraron piezas de joyería, como anillos, gargantillas, pendientes y pulseras de metales preciosos y piedras, así como dos lingotes de oro identificados con su peso y número de serie, lo que refuerza la sospecha de blanqueo de capitales o enriquecimiento ilícito.

Adicionalmente, el 22 de noviembre de 2024, en el marco de una Orden Europea de Investigación, se entregaron dispositivos electrónicos, incluidos discos duros y tarjetas de memoria, hallados en registros vinculados a otras personas investigadas. Estos soportes de almacenamiento están siendo analizados por laboratorios forenses especializados, como el EC3 de Europol y la Unidad de Ciberdelincuencia, en busca de información relevante para la causa.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para afrontar un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal vinculados a su contratación como alto cargo de la Diputación. La vista, que se prolongará hasta el 4 de junio, reúne a doce acusados y acumula peticiones de condena de hasta tres años de prisión.

La causa tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias presentada en 2024. La jueza Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, abrió diligencias ese año y en abril de 2025 procesó a once personas. En septiembre, la Audiencia Provincial rechazó los recursos de los acusados y confirmó el procesamiento al apreciar “indicios suficientes” sobre el “presunto carácter delictivo de las conductas imputadas”. La decisión fue firme y no admitió recurso.

Las penas solicitadas

Las acusaciones populares -Manos Limpias, PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum- reclaman para David Sánchez una condena de tres años de prisión y una multa de 32.400 euros. La petición de pena se desglosa en dos tramos: año y medio de cárcel por la supuesta adjudicación irregular de sus puestos en la Diputación, y otro año y medio por haber presuntamente ejercido su influencia para colocar en la institución al exasesor de Moncloa, Luis María Carrero.

Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Extremadura, afronta la misma petición de pena que David Sánchez, más inhabilitación de entre doce y quince años. Para Carrero, las acusaciones solicitan un año y medio de prisión. Los nueve acusados restantes son ex altos cargos de la institución pacense: Francisco Martos, actual alcalde de Castuera; Manuel Candalija, director del Área de Cultura; Emilia Parejo; Félix González; Cristina Núñez; Juana Cintas Calderón; Elisa Moriano; Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz; y el propio Carrero.

La Fiscalía, por su parte, no formula acusación. Considera que la creación del puesto de coordinador de conservatorios “no respondía al objetivo señalado de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez” y que el procedimiento se llevó a cabo “con estricta observancia de la legalidad”. Todas las defensas piden la absolución.

Qué se juzga

El núcleo del juicio gira en torno a tres momentos distintos. El primero, en 2016, cuando según las acusaciones se creó ad hoc el puesto de coordinador de los conservatorios de música de la Diputación para que lo ocupara David Sánchez. El cargo le fue adjudicado en junio de 2017, nueve meses después de que se pusiera en marcha el procedimiento de creación, y coincidiendo con el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE tras las primarias de ese año. Según el auto de procesamiento, los criterios de valoración de los currículos se fijaron de modo que se puntuaban más alto los méritos “que sabían que concurrían en David Sánchez”. Una de las candidatas declaró ante la jueza que ni siquiera fue entrevistada, pues asumió que el puesto ya estaba adjudicado.

El segundo episodio se sitúa en 2022: sin mediar concurso alguno, el puesto fue “modificado” para adaptarse a las preferencias personales del músico y rebautizado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La instructora Biedma concluyó que la operación se impulsó para darle una “apariencia de legalidad” a lo que las acusaciones califican de “flagrantemente ilegal”. El tercer episodio que el tribunal deberá examinar es la contratación en diciembre de 2023 de Carrero, quien se dirigía a David Sánchez como “hermanito” y llegó a compaginar durante meses su labor como asesor en la Presidencia del Gobierno con su trabajo en la Diputación.

Las acusaciones sostienen que David Sánchez “apenas sí acudió a su puesto de trabajo” desde su contratación. Durante su excedencia entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 nadie le sustituyó, careció de despacho fijo hasta mayo de 2024 -fecha en que arrancó la investigación judicial- y dos profesoras de los conservatorios asumieron sus funciones. En su declaración ante la jueza instructora en enero de 2025, el acusado afirmó hasta en diez ocasiones no recordar detalles de su trabajo en la institución. Según un documento oficial de la Diputación remitido a la Audiencia Provincial, David Sánchez percibió un total de 340.572 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025 por el desempeño de sus cargos.

El papel de Pedro Sánchez

Aunque el presidente del Gobierno no figura entre los acusados, su nombre aparece con frecuencia en el auto de procesamiento. La jueza Biedma señaló la “capacidad para influir” que Pedro Sánchez tenía sobre los cargos del PSOE involucrados en la creación del puesto para su hermano. El diputado de Cultura de Badajoz Ricardo Cabezas -también acusado- declaró ante la instructora que Pedro Sánchez le comentó tras un mitin en 2017 que su hermano David era músico. El procedimiento de creación de la plaza coincidió temporalmente con la dimisión del presidente como secretario general del PSOE en octubre de 2016 y su regreso al cargo en mayo del año siguiente.

Cómo se desarrollará el juicio

El juicio arranca este jueves, pero las dos primeras jornadas -28 y 29 de mayo- se reservarán íntegramente para el planteamiento de cuestiones previas: las alegaciones de las defensas sobre supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. Un trámite que no frenará el avance del proceso, pero que los letrados de los acusados podrán emplear como base para un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Las sesiones comenzarán cada día a las 10:00 horas.

A partir del 1 de junio arrancarán los interrogatorios de los acusados. David Sánchez será el primero en sentarse ante el tribunal, seguido de Gallardo y los demás procesados. Entre los días 3 y 4 de junio desfilarán 42 testigos, entre ellos los directores de los conservatorios de música de Badajoz, una candidata que denunció no haber sido entrevistada en el proceso de selección, tres peritos que emitieron informes sobre la legalidad de la contratación y nueve agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación. El proceso será juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado popular, dado que el delito de prevaricación administrativa está expresamente excluido de ese procedimiento.

Según el calendario fijado por la Audiencia, la declaración de David Sánchez está prevista para el 4 de junio, último día del calendario oficial, aunque fuentes jurídicas consideran difícil que los plazos se cumplan y apuntan a que el acusado podría terminar declarando la segunda semana de junio.

Los registros en Ferraz y el auto judicial conocido este miércoles sobre la trama protagonizada por Leire Díez han terminado de dibujar algo que hasta ahora aparecía disperso entre sumarios distintos, declaraciones cruzadas y piezas separadas. Lo que refleja la resolución del juez es cómo varias de las causas que en los últimos meses han ido golpeando al entorno del PSOE empiezan a conectarse entre sí a través de los mismos nombres, las mismas derivadas y, sobre todo, los mismos intereses.

Porque el ‘caso Leire Díez’ no surge de la nada ni funciona como una trama independiente. El auto la sitúa como una pieza más dentro de un entramado donde terminan apareciendo el ‘caso Koldo’, la trama de hidrocarburos, Víctor de Aldama, Carmen Pano, Santos Cerdán, las investigaciones sobre Begoña Gómez y hasta las diligencias que afectan al hermano del presidente del Gobierno. Todo acaba tocándose.

La primera conexión aparece precisamente en el punto donde empieza a desmoronarse políticamente el ‘caso Koldo’. La detención de Koldo García y del empresario Víctor de Aldama en febrero de 2024 abrió una crisis que terminó alcanzando al exministro José Luis Ábalos y convirtió una investigación sobre contratos públicos en una amenaza directa para el PSOE. Pero a medida que avanzaba la investigación empezó a repetirse constantemente el mismo nombre: Víctor de Aldama.

Porque Aldama no sólo aparecía vinculado al ‘caso Koldo’. También empezaba a emerger en las investigaciones sobre fraude de hidrocarburos, en operaciones empresariales bajo sospecha y, posteriormente, en las declaraciones relacionadas con supuestas entregas de dinero en Ferraz. Su figura terminó funcionando como una especie de puente entre distintas causas que, hasta entonces, parecían separadas.

Ahí es donde la trama de hidrocarburos deja de ser un procedimiento aislado. Según el auto, el entorno de Leire Díez consideraba prioritario actuar sobre esa causa porque entendía que una eventual nulidad en las investigaciones de hidrocarburos podía acabar afectando también a piezas relacionadas con Koldo y Aldama. Es decir, la conexión entre ambos casos no era sólo personal, por la presencia del empresario, sino también estratégica.

La resolución sitúa en ese punto a Jacobo Teijelo, abogado relacionado con varias de las personas investigadas y a quien, según el juez, Leire Díez habría encargado directamente la denominada “línea hidrocarburos”. El objetivo, siempre según la investigación, era intentar debilitar judicialmente esa pieza porque cualquier grieta podía terminar trasladándose después al caso Koldo.

De Carmen Pano a Ferraz

Y en mitad de esa conexión aparece Carmen Pano. La empresaria entra de lleno en el tablero cuando declara haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Otra vez emerge Aldama como figura de fondo. Y ahí es donde las distintas derivadas empiezan a encajar definitivamente unas con otras: Koldo conecta con Aldama; Aldama conecta con hidrocarburos; hidrocarburos conecta con Carmen Pano; y Carmen Pano conecta directamente con Ferraz.

El auto va todavía más allá. Según el juez, antes de una nueva declaración judicial de Pano se produjeron conversaciones entre Leire Díez e Ismael Oliver sobre la posibilidad de “negociar” con ella. Las frases recogidas en la resolución son especialmente explícitas: “Esta se vende. Debemos saber comprar”.

Es en ese momento cuando el caso deja de parecer una sucesión de investigaciones separadas y empieza a tomar forma la idea de una red de intereses comunes alrededor de varias causas sensibles para el PSOE.

El siguiente salto se produce cuando las investigaciones empiezan a acercarse directamente al entorno del presidente del Gobierno. El auto sitúa un punto de inflexión en abril de 2024. Primero llega la imputación de Begoña Gómez. Después, la carta de Pedro Sánchez anunciando sus cinco días de reflexión. Y en medio de aquella crisis política se celebra, según la investigación, una reunión clave en Ferraz.

En ese encuentro participan Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y varios dirigentes socialistas, entre ellos Santos Cerdán. El juez considera que esa reunión marca el inicio de una estrategia coordinada para actuar sobre las distintas causas judiciales que empezaban a amenazar al partido y al entorno del Gobierno.

La conexión final: jueces, UCO y el entorno de Sánchez

Y es precisamente ahí donde todas las piezas terminan uniéndose. Porque el auto ya no habla únicamente del ‘caso Koldo’ o de hidrocarburos. También menciona actuaciones relacionadas con fiscales, miembros de la UCO y jueces instructores que llevaban investigaciones sensibles para el PSOE. Entre las causas que preocupaban al grupo aparecen expresamente las diligencias sobre Begoña Gómez y el procedimiento judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La resolución describe una supuesta estructura donde abogados, empresarios, intermediarios y personas vinculadas al PSOE actuaban simultáneamente sobre distintos frentes: intentando obtener información sensible, desacreditar investigaciones, influir sobre testigos o intervenir en estrategias judiciales.

Y en todas esas derivadas vuelven a aparecer prácticamente los mismos nombres. Leire Díez como figura operativa. Santos Cerdán como supuesto enlace político. Aldama como conexión entre Koldo e hidrocarburos. Carmen Pano como vínculo con Ferraz. Javier Pérez Dolset en la parte relacionada con audios, fiscales y operaciones de información. Jacobo Teijelo e Ismael Oliver en las maniobras jurídicas y económicas.

Por eso el ‘caso Leire Díez’ ha adquirido tanta dimensión política en apenas unas horas. Porque el auto no presenta una única trama independiente, sino el punto donde varias causas que llevaban meses avanzando en paralelo empiezan a cruzarse definitivamente entre sí.

La presión política y judicial en torno al PSOE comenzó a ebullir durante la primavera del 2024. La detención de Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en febrero de ese mismo año —a la que después se sumaría la imputación del exministro José Luis Ábalos— fue solo el inicio de una crisis que el partido no ha logrado cerrar. Apenas dos meses después, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era denunciada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que terminó con el propio líder del Ejecutivo tomándose cinco días de reflexión tras las investigaciones judiciales abiertas contra ella.

Fue precisamente bajo ese contexto, según el auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz notificado este miércoles, cuando se produjo una primera reunión conocida en la sede del PSOE en la calle Ferraz. El encuentro, celebrado el 26 de abril de 2024 y encabezado por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, está considerado en el escrito judicial como “un punto de inflexión” en una presunta trama destinada a “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Sánchez, donde Cerdán sería el líder y la exmilitante socialista Leire Díez la supuesta coordinadora.

Junto a Cerdán, se encontraba Díez; Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, amigo personal y expresidente de Correos, donde trabajó Leire como directiva; el empresario Javier Pérez Dolset, estrecho colaborador de Díez, e Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE. “Me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, le escribió la llamada ‘fontanera del PSOE’ a Vicente Fernández, con quien mantenía relación desde 2019, cuando ella trabajaba en ENUSA y él presidía la SEPI.

Según el auto, los investigados interpretaron que Sánchez hizo referencias indirectas a sus actuaciones durante la comparecencia en la que anunció que seguiría al frente del Gobierno tras sus días de reflexión. Leire Díez llegó a comentar a Fernández que “el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”, mientras que Juanma Serrano dijo a Leire: “Mira el jefe cómo cita lo de los audios”.

Ese mismo día, tras finalizar el encuentro en Ferraz, una empleada administrativa del PSOE, Covadonga San Pedro Pascual, remitió a Leire Díez por WhatsApp la reserva de un billete de avión para regresar a su residencia habitual. “Esto pone de manifiesto dos cuestiones: la participación de empleados con funciones administrativas que habrían adquirido el billete y gestionado el mismo en favor en este caso de Leire y, por otro lado, la asunción del coste del billete por parte del partido”, apunta el escrito.

Esto ocurrió hasta cuatro veces: “Cuatro veces en las que se habría gestionado y abonado un determinado viaje que, además, tenía como finalidad llevar a cabo algún tipo de actuación relacionada con los hechos que se investigan”.

Leire, la coordinadora de la trama

La Guardia Civil la sitúa como una pieza clave dentro de esa supuesta estructura. De acuerdo con la investigación, la exmilitante socialista habría actuado bajo la dirección de Santos Cerdán y con el respaldo de varios colaboradores encargados tanto de la logística como de la financiación de las actuaciones. El grupo habría desplegado una estrategia dirigida a influir en procedimientos judiciales mediante reuniones con fiscales, mandos de la Guardia Civil e investigados en distintas causas, además de recabar información sensible sobre jueces y miembros de la Unidad Central Operativa (UCO).

El escrito judicial sostiene también que parte de la actividad se habría sufragado con recursos vinculados al PSOE. Los investigadores detallan pagos presuntamente destinados a Leire Díez de 4.000 euros mensuales canalizados a través de sociedades interpuestas, además de viajes, reuniones y apoyo logístico gestionado desde Ferraz.

La resolución recoge igualmente varias conversaciones intervenidas por la Guardia Civil que, según el juez, evidenciarían el nivel de coordinación interna del grupo. En una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa, Javier Pérez Dolset llegó a afirmar que, tras la imputación de Begoña Gómez, “el Presidente ya dijo, que se limpie todo”, a lo que Leire Díez respondió: “Límpiese”, antes de que el empresario rematara la frase con un “Límpiese, sin límite”.

En otro de los pasajes recogidos en el auto, Leire Díez habría resumido la prioridad de la estrategia con una frase que los investigadores consideran especialmente reveladora: “El Presidente”, añadiendo después que “sin eso no hay nada más”.

La investigación apunta también a una intensa actividad en la sede de Ferraz. Según el magistrado, entre abril de 2024 y abril de 2025 se celebraron al menos 22 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez en dependencias del partido, además de otros 17 encuentros fuera de la sede cuya localización no ha podido determinarse.

Leire Díez intentó recabar pruebas incriminatorias contra uno de los fiscales anticorrupción más importantes de este país, José Grinda González, que desde finales del año trabaja en Bolivia. La bautizada como ‘fontanera’ del PSOE recurrió a un ex alto cargo del Gobierno venezolano, Nervis Villalobos, para que una menor que había denunciado al fiscal por un delito sexual acudiera a la sede socialista para relatar su caso. Leire le dijo a la joven que “estaba preparando cosas contra el tiparraco” (en alusión a Grinda), una joven que incluso se llegó a reunir con Santos Cerdán, ex secretario de Organización.

Esta información aparece en el auto de la Audiencia Nacional que avaló este miércoles el requerimiento de documentación y registro de la sede socialista en la calle Ferraz. El juez Santiago Pedraz ha imputado al propio Cerdán y a la gerente del partido, Ana Fuentes, por ordenar pagos y la elaboración de facturas falsas que financiaron el trabajo de Leire, que, según el magistrado, montó una estructura para boicotear procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y a familiares de Pedro Sánchez (los de su mujer y hermano). También están siendo dos abogados muy próximos al PSOE, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, un ex capitán de la UCO y el empresario Javier Pérez Dolset.

El auto, que se centra en muchas de las estrategias de Cerdán y Leire para desbaratar los procedimientos judiciales que salpican al PSOE, se detiene también en el episodio del fiscal Grinda. Un episodio oscuro en el que hay que poner contexto. Grinda es un fiscal que se ha ganado muchos enemigos durante su carrera. “Grinda lo tiene que pagar” ha dicho Leire de él en una grabación. “A Grinda hay que matarlo”, le comentó María Dolores de Cospedal al comisario Villarejo en otra grabación. La mafia rusa ha intentado asesinarlo. También la mafia georgiana. Grinda ha llevado importantes causas en España, una de ellas llevó al banquillo de los acusados a Pérez Dolset, amigo de Leire, víctima de Villarejo y que asegura que le crearon cuentas falsas en el extranjero. Una causa, la de Dolset, que lleva muchos años sin avanzar.

Leire sabía que una joven llamada Miriam había denunciado a Grinda por un delito contra la intimidad sexual. Los hechos se remontan al año 2009. La madre de la chica, que entonces tenía 15 años, denunció ante la Guardia Civil que su hija “había establecido contacto con una persona por Internet, a través de Messenger, quien por medio de una cámara le había mostrado vídeos de contenido pornográfico y le había pedido que se desnudara”. Se supone que ese adulto era Grinda. El caso fue sobreseído provisionalmente en 2013 y terminó siendo archivado de forma definitiva en 2017 al considerarse prescrito el delito. Grinda quedó exonerado.

Un asunto que llegó al Constitucional

La joven intentó reabrir el caso, pero la Audiencia Provincial de Jaén (provincia donde se denunciaron los hechos) le denegó el acceso al expediente completo de la investigación contra el fiscal. ¿Por qué? La Fiscalía argumentó que existían “riesgos” de que las copias de las actuaciones terminasen siendo divulgadas “con el propósito” de lesionar “la dignidad” del fiscal por unos hechos de los que había sido exonerado, según publicó el periodista Alberto Sierra en The Objective. La joven recurrió entonces al Tribunal Constitucional, que en septiembre de 2022 falló que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva. El tribunal señaló que nunca le fue notificada a la joven el archivo de la investigación contra el fiscal, por lo que nunca pudo oponerse al cierre de la causa.

En toda esta historia es cuando entra el abogado Ismael Oliver (que fue uno de los primeros letrados contratados por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos). La Audiencia Nacional acusa ahora a Oliver de canalizar pagos, a través de su despacho, para financiar las ‘cloacas’ de Leire. Dinero que procedía del PSOE. Oliver fue también el abogado de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez. Villalobos ha estado investigado en varias causas de corrupción. Y el fiscal en algunos de esos casos era Grinda. El auto de juez Pedraz señala, sin dar más detalles, que Leire intentó ayudar al abogado Oliver para que su cliente Villalobos obtuviera la nacionalidad española. Se menciona una reunión producida en la sede del PSOE el 25 de octubre de 2024 “con el número tres del partido”, en alusión a Cerdán.

En ese pacto para beneficiar a Villalobos, aparece la joven Miriam, que al parecer el abogado Oliver puso en contacto con Leire como favor por el otro favor (la nacionalidad de Villalobos). Los mensajes incautados a Leire reconocen que Miriam se reunió con Cerdán y que Leire no solo se lo agradeció a Oliver, sino también al propio Nervis (que aparece con el nombre de Gerardo) por facilitar el encuentro con la joven que denunció a Grinda. Este fiscal no solo era ‘enemigo’ de Dolset, sino que Leire y su grupo lo consideraban un “medio para obtener información que afectase al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón”. Desde el PSOE siempre han considerado a Luzón un fiscal muy próximo al PP.

El auto del juez Santiago Pedraz relata que la trama liderada por Leire y Cerdán intentó que Grinda archivara varias causas que él investigaba o que aportara información sobre Luzón, ofreciéndole para ellos 300.000 euros. En una de las agendas intervenidas a Leire, aparece una anotación que recoge: “300 euros para ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor”. Pedraz señala que este ofrecimiento económico le llegó a Grinda el 27 de octubre de 2025 a través de un conocido periodista catalán. Grinda denunció semanas después este intento de soborno. El auto no afirma que el dinero llegara a abonarse. El juez Pedra ha pedido a la UCO que recabe del PSOE todos los gastos que haya podido asumir (viajes hospedajes) a favor de la joven Miriam.

La investigación al expresidente José Luis Zapatero por su presunta gestión en el rescate de Plus Ultra ha vuelto a poner el foco en el negocio de los grupos de presión. Y sobre todo, en la línea que separa su actividad de la corrupción y el tráfico de influencias. Los lobbies son organizaciones que se dedican de forma profesional a influir en la Administración Pública en representación de los intereses sectoriales. Generalmente, se les asocia con el mundo empresarial y las grandes corporaciones. Pero también se les vincula con las puertas giratorias, como se conocen los traspasos entre el sector público y privado.

En España hay una larga lista de altos cargos políticos que han acabado en cargos de grandes corporaciones, como el exministro de Defensa Pedro Morenés (actual presidente del Grupo Amper) o el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (director general del Banco de Pagos Internacionales).

En el historial figuran incluso dos presidentes del Gobierno: Felipe González, que tuvo un puesto de consejero en Endesa; y José María Aznar, asesor externo de esta misma eléctrica. La legislación española prohíbe a los altos cargos de la Administración desempeñar cualquier otra actividad con otra remuneración hasta los dos años posteriores al cese de su cargo.

Lagunas legales y falta de control que eviten el “pelotazo”

El problema de la legislación española radica en las lagunas en su regulación, la falta de transparencia y la falta de control. Una realidad que ya ha denunciado en varias ocasiones la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Esto dificulta que se eviten los clásicos pelotazos, esto es, intentos de influir en decisiones de los políticos mediante sobornos.

Se han sucedido varios intentos para regularlo. El último de ellos fue el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 2021.

La norma concretó por primera vez qué se entendía como “grupo de interés”, refiriéndose a cualquier persona física, jurídica o agrupación —incluidas plataformas, foros y redes— que, sin importar su forma o estatuto jurídico, realice actividades de influencia sobre el personal público, ya sea en nombre propio o de terceros.

Como novedad, también incorporaba la creación de un registro obligatorio de inscripción para estos “lobistas” sujeto a un código de conducta, muy similar al que disponen las instituciones de la UE. Las personas físicas deberán especificar si han trabajado antes para la Administración o el sector público, de forma que no podrán realizar esta labor profesional en ninguna de las materias sobre las que prestaron servicios en los dos años posteriores a su cese en el cargo. Lo importante de la norma es que también tiene en cuenta la trazabilidad de las reuniones entre empresarios, altos cargos y diputados, debiéndose dejar constancia de quién se reúne con quién, las aportaciones formuladas y el propósito de cada contacto.

En el cajón del Congreso por las críticas de los socios y la oposición

Sin embargo, la norma encalló por el adelanto electoral en 2023, quedando en el cajón de la Mesa del Congreso, donde acaban paralizadas muchas iniciativas a la espera de su votación final. Hubo que esperar hasta 2025, dos años después, para que el PSOE rescatase la propuesta.

Los grupos políticos avalaron su tramitación en el Congreso, pero la gran mayoría de ellos no han ocultado las discrepancias con una norma que consideran “poco ambiciosa”. Primero, por el rango de cobertura, ya que no incluye, por ejemplo, a los partidos políticos o a los sindicatos.

Segundo, las reservas sobre el organismo encargado de fiscalizar a estos grupos. En este sentido, Sumar, Bildu, el PP y Vox enmendaron la ley en 2025 para que sea un organismo independiente y no la Oficina de Conflictos de Interés, adscrita al Gobierno.

El estallido del caso Zapatero ha llevado al socio minoritario a reclamar otras lagunas que habrían pasado desapercibidas en el texto, como es la figura del expresidente del Gobierno y el resto de altos cargos, figuras a las que no se les aplica ninguna regulación especial. El ala socialista, ocupada por intentar sofocar el incendio del caso Plus Ultra, no se ha mostrado dispuesta a resucitar este debate.

El abogado Miguel Palomero aparece como una figura clave en el sumario judicial de la causa Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional y que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una trama organizada de tráfico de influencias. Entre los 4.000 folios del juez Calama, a los que ha tenido acceso Infobae, aparece su nombre en varios momentos. Por un lado, supone un nexo entre el rescate público de la aerolínea y el caso Koldo; por otro, se le ha identificado como una parte intermediaria dentro de la estructura internacional que presuntamente negociaba de forma ilícita con petróleo y oro venezolano.

El informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2024 sobre los miembros residentes en España de esta red internacional atribuyó a Palomero un rol de realizador de funciones operativas relacionadas con sociedades españolas controladas por los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu y otras pertenecientes al empresario venezolano Danilo Alfonso Díazgranados.

Palomero mantenía también una relación profesional directa con Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, a través de la que el abogado le habría facilitado contactos políticos e institucionales para agilizar la ayuda pública a la compañía y diseñado estrategias para frenar las investigaciones judiciales relacionadas. Además, según el auto dictado por el juez José Luis Calama el pasado 3 de marzo, Reyes vendría actuando como “cliente” de la organización ilícita.

Esta estructura internacional, de la que supuestamente Palomero ejercía de intermediario, entre otras funciones, controlaba “grandes cantidades de dinero de distintas procedencias ilícitas, y que estas, según la investigación de la Fiscalía francesa, eran invertidas en bolsa, siendo posteriormente reintegradas como lícitas a sus clientes, actuando como un pseudobanco”, recoge el auto.

Las presuntas actividades de Palomero dentro de la estructura internacional

El abogado español presuntamente actuaba dentro de la red internacional como una figura intermediaria para el blanqueo de capitales, la distribución de sobornos y el tráfico de influencias. Operaba con varias sociedades que formaban parte del entramado investigado. En 2019 creó Kaimana Capital, una empresa que vendió a Enrique Baca y a Marie Caroline Boyer (ambos relacionados con la red) y estos, posteriormente, a Romaine Bruere, detenido en Francia. La matriz de esta compañía se llamaba Bluecap Corp, estaba radicada en las Islas Mauricio y, según las autoridades, mantendría un rol preponderante en el “blanqueo de capitales”.

Dentro de la organización, Felipe Baca supuestamente suministraba “importantes cantidades ilícitas de dinero en metálico a Palomero que este posteriormente reintroducía en el mercado” y, a su vez, el abogado utilizaba una amplia red de contactos, entre los que estaba Rodolfo Reyes, para llevar a cabo esta actividad.

Conversaciones con Danilo Díazgranados

La Policía Nacional registró en octubre de 2024 el despacho de Palomero e intervino su teléfono móvil. En el dispositivo se identificaron conversaciones entre este y Díazgranados a través de un chat denominado ‘Danilo-España’ en el que se citaba a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”, ahora identificado como José Luis Rodríguez Zapatero, en referencia al expresidente del Gobierno, con quien “tendría una relación personal y económica”, según los documentos judiciales.

Además, según el juez, en estas conversaciones intervenidas se “evidencia la existencia de favores y gratificaciones que permiten inferir la comisión de delitos de tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos”. También otros chats que muestran indicios de la “comisión de un delito de corrupción en los negocios a través de distintos contactos de alto nivel”, destinados a facilitar las operaciones de la trama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación por orden del juez Santiago Pedraz, en una causa por presuntos pagos irregulares vinculados al ‘caso Leire Díez’. La misma operación ha incluido el registro del domicilio del exsecretario de Organización Santos Cerdán en Milagro (Navarra), de donde los agentes han salido con seis mochilas, dos maletas y dos cajas de cartón.

Unos hechos que se han producido ocho días después de que otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, registrara el despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’. El magistrado lo imputa como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada” para obtener beneficios a través de gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 recibió una ayuda estatal de 53 millones de euros. Zapatero comparecerá ante el juez los días 17 y 18 de junio.

/espana/2026/05/27/sumar-defiende-la-continuidad-del-gobierno-de-coalicion-por-una-larga-lista-de-logros-conseguidos-con-el-psoe/

La Audiencia Nacional sitúa en la jornada de reflexión de Sánchez el inicio de una presunta trama para “desestabilizar” causas judiciales del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha situado en abril de 2024 el arranque de una presunta trama orientada a “desestabilizar” causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, con un antes y un después en el periodo de reflexión que Pedro Sánchez abrió tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez, según ha informado Europa Press.

El auto sostiene que el 26 de abril de 2024 se celebró en la sede socialista de la calle Ferraz una reunión convocada por Santos Cerdán a la que asistieron Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. Para el magistrado, ese encuentro marcó el inicio operativo del grupo y su objetivo fue proteger intereses del partido y del Ejecutivo, según recoge la agencia de comunicación.

Pedraz atribuye a Cerdán un “papel superior” dentro de esa estructura y sostiene que habría encomendado a Díez la coordinación y ejecución de actuaciones que el instructor considera “penalmente relevantes”. El auto afirma que esas maniobras perseguían alterar de forma “sistemática y continuada” procedimientos judiciales o actuaciones policiales con impacto directo o indirecto en los intereses socialistas.

El magistrado vincula ese momento con la secuencia abierta el 24 de abril de 2024, pocos días después de que el juez Juan Carlos Peinado incoara diligencias contra Gómez. Ese día, recuerda el instructor, Sánchez difundió su “Carta a la Ciudadanía” y se concedió un periodo de reflexión que terminó el 29 de abril con su decisión de seguir al frente del Ejecutivo.

Buruaga, tras la entrada de la UCO en Ferraz: “Todos los caminos conducen a Roma, y Roma es Pedro Sánchez”

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que “el círculo se está cerrando” tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE y que la única salida a “esta espiral de corrupción socialista” es que “España vote”. La dirigente del PP ha enumerado los casos que rodean al Ejecutivo —Zapatero, Koldo, Ábalos, Cerdán, Leire Díez o Begoña Gómez— y sentenció: “Cuando España aún está en shock con el escándalo de Zapatero, resulta que desayunamos con la UCO entrando en la sede del PSOE”.

Un violinista, un nuevo afiliado y hamburguesas: la otra cara de la jornada de la UCO en Ferraz

Mientras los agentes de la UCO trabajaban en el interior de la sede del PSOE, la calle Ferraz ha sido este miércoles escenario de momentos bastante anecdóticos. Un violinista ha interpretado la melodía del Titanic a las puertas del edificio y varios ciudadanos se acercaron a gritar consignas contra Pedro Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska. No han faltado tampoco gestos de apoyo: un hombre anunció a los medios que acudía a afiliarse al partido, y a las 13.30 horas alguien repartió hamburguesas entre los periodistas apostados en la puerta.

Quién es Javier Pérez Dolset, el empresario tecnológico imputado en el caso Leire Díez

Javier Pérez Dolset es un empresario del sector tecnológico y de contenidos digitales con una larga trayectoria judicial: la Audiencia Nacional lo investiga desde su detención en 2017 por presuntos delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias.

Su nombre aparece en el auto del juez Santiago Pedraz por su relación con Leire Díez, con quien reconoció haber colaborado en diversas investigaciones. Ambos mantuvieron varias reuniones, la primera de ellas en la sede del PSOE en 2024. El partido llegó a costearle un viaje a Zaragoza para que se reuniera junto a Díez.

Este miércoles, la UCO ha registrado la sede del PSOE en Ferraz en el marco del ‘caso Leire Díez’

La UCO abandona Ferraz tras 12 horas de registro mientras varios manifestantes rodean la sede del PSOE

Los agentes de la UCO han abandonado la sede federal del PSOE en Ferraz tras 12 horas de trabajo para recopilar documentación por orden del juez Santiago Pedraz en la causa por presunta financiación irregular vinculada a Santos Cerdán, Leire Díez y la gerente del partido, Ana María Fuentes. Los cinco vehículos salieron a la calle en dirección prohibida para evitar a una treintena de manifestantes apostados en la esquina con Marqués de Urquijo. La Policía Nacional reforzó el dispositivo de seguridad con siete furgones.

/espana/2026/05/27/quien-es-carmen-pano-la-empresaria-que-llevo-90000-euros-a-la-sede-del-psoe-y-a-la-que-la-trama-de-leire-diez-habria-ofrecido-dinero-para-cambiar-su-declaracion/

Vox pide la comparecencia de Illa en el Parlament por la “financiación de la campaña del PSC” en 2024

El partido de ultraderecha ha pedido este miércoles la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament de Cataluña tras el requerimiento del juez Santiago Pedraz a la UCO de documentación sobre la campaña del PSC en las elecciones catalanas de 2024. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha interpelado directamente al dirigente socialista: “¿Quién te pagó o a quién pagaste durante la campaña, Salvador?”, y exigió elecciones ante lo que calificó de “gravísimo” que las investigaciones apunten a “posibles irregularidades vinculadas a contratos de propaganda”.

Bustinduy rechaza las críticas del PP sobre corrupción

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que no acepta “ni media lección” sobre causas judiciales de José María Aznar, Alberto Núñez Feijóo ni del PP, porque “en esta materia no tienen ninguna lección que dar”. El ministro de Sumar ha reclamado “transparencia absoluta, rigor absoluto y diligencia absoluta” en todas las investigaciones y advierte de que “no va a ser el señor Aznar el que decida cómo funciona la democracia española”.

La UCO, en Ferraz desde las 8.30 h de este miércoles

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llevan más de diez horas en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Tras su llegada a las 8.30 horas, tuvieron que esperar hora y media a que un responsable del partido les permitiera el acceso. El requerimiento de documentación se extendió a la primera planta, donde se ubica Administración; la quinta, compartida por Organización y Gerencia; y el departamento de Informática, en un edificio contiguo que alberga también las oficinas de las Juventudes Socialistas.

La abogada de Koldo niega haber ofrecido 50.000 euros a un testigo para cambiar su declaración

La letrada Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, ha negado rotundamente haber ofrecido 50.000 euros a Carmen Pano para modificar su testimonio ante el juez Santiago Pedraz. “Es completamente falso e infundado que este despacho o la letrada Leticia de la Hoz hayan ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical”, señaló en un comunicado.

El auto de Pedraz la señala de forma indiciaria como intermediaria del ofrecimiento, basándose en conversaciones de Leire Díez en las que esta habría dicho: “Esta se vende. Debemos saber comprar”. De la Hoz anunció que solicitará la exención del secreto profesional para aportar pruebas ante la autoridad judicial y se puso a “total disposición” para colaborar con la investigación.

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En vídeo: el sumario del caso Plus Ultra sitúa al expresidente Zapatero como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada”

Quién es Gaspar Zarrías, el exdirigente socialista andaluz imputado en el caso Leire Díez

Gaspar Zarrías, exsecretario de Estado y exdiputado del PSOE, fue condenado a nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE, aunque el Tribunal Constitucional anuló esa condena en 2024. El auto del juez Pedraz apunta a que una sociedad suya canalizó cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Leire Díez.

Sumar admite sentirse aliviado al descartarse la hipótesis de financiación irregular del partido

Sumar ha reconocido su malestar ante el avance del caso Leire Díez, pero también dice sentirse aliviado al alejarse la hipótesis de una financiación irregular del PSOE tras la entrada de la UCO en Ferraz. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha admitido esta mañana en el Congreso que no le gusta “lo que estoy viendo en la política española”.

Además, el socio minoritario del Ejecutivo ha exigido al PSOE más transparencia. “Cada día que pasa y cada nueva información que conocemos hacen más necesarias estas explicaciones. La transparencia no puede ser opcional”, han advertido fuentes de la formación a Europa Press. Por su parte, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado también una reunión bilateral entre los dos socios del Gobierno para analizar la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE y el PP cruzan acusaciones en el Congreso sobre la independencia judicial mientras la UCO entra en Ferraz

El Congreso ha acogido este miércoles un tenso debate sobre el estado de la Justicia en España en el que el PSOE ha cuestionado la independencia judicial en casos que afectan al PP, mientras este partido y Vox acusaron al Gobierno de atacar a jueces y deteriorar el Estado de Derecho.

El diputado socialista Artemi Rallo contrapuso el trato “exquisito y cálido” otorgado a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en el juicio de la ‘Kitchen’ con las “insólitas e inauditas” causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, y lanzó una pregunta al aire: “Independencia o prevaricación judicial. Esa es la cuestión”.

La diputada del PP Macarena Lorente replicó que cada vez que una investigación “se acerca peligrosamente al corazón político del sanchismo” aparecen “las presiones, los ataques a los jueces o los ceses a juezas molestas para su corrupción”. El diputado de Vox Ignacio Hoces acusó al Ejecutivo de “presionar a un juez, degradar la Fiscalía, colonizar instituciones” y convertir el Poder Judicial en una prolongación de su proyecto político.

El auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Infobae sostiene que la investigación judicial contra Begoña Gómez, abierta en abril de 2024, fue el detonante que llevó al PSOE a prestar atención a Leire Díez y su entorno. Según la tesis del instructor, la red investigada llevaba tiempo intentando aproximarse al núcleo del poder socialista, pero fue la presión política generada por el caso de la esposa del presidente lo que abrió esa puerta.

Azcón pide la dimisión de Sánchez tras la entrada de la UCO en Ferraz

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE. “No puede ser que los socialistas permitan que se degrade la imagen de nuestro país”, ha afirmado. Además, también ha advertido de que “cada día que pasa va a generar una noticia que empequeñece a la anterior”.

El PSC dice que ha reunido “toda la información” requerida por el juez del caso Leire sobre su campaña electoral de 2024

El PSC afirmó este miércoles haber recopilado “toda la información” sobre su campaña en las elecciones al Parlament de 2024 que el juez Santiago Pedraz requirió al PSOE en el marco del caso Leire Díez. El partido aseguró que ha actuado “con total transparencia” y que el auto judicial no incluye “ninguna información que vincule la campaña electoral catalana con los hechos investigados”.

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La hermana de la secretaria de Zapatero, investigada en el caso Plus Ultra, dice que afronta la situación “con tranquilidad absoluta”

Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio (Madrid), se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por presunta prevaricación urbanística y medioambiental. A la salida, la regidora se ha referido también a su hermana María Gertrudis, secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez del caso Plus Ultra atribuye un “papel operativo esencial” en una presunta red de tráfico de influencias. “No es investigada ni imputada a día de hoy. Con tranquilidad absoluta”, ha respondido Antonia Alcázar a los periodistas sobre cómo afronta su familiar la situación.

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En vídeo: Rueda urge elecciones generales y acusa a Sánchez de vivir “en una realidad paralela”

Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán y se llevan mochilas, maletas y cajas

Ocho agentes de la UCO salieron a las 15:00 horas de la vivienda del exdirigente socialista Santos Cerdán, en la localidad navarra de Milagro, con seis mochilas, dos maletas y dos cajas cargadas en tres vehículos. El registro, realizado en presencia de Cerdán, se prolongó desde primera hora de la mañana con las persianas bajadas. Diez minutos después de la salida de los agentes, Cerdán ha abandonado su domicilio en coche. La diligencia se enmarca en la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez para obstaculizar procedimientos judiciales.

El juez de la Audiencia Nacional investiga si el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez, conocida como ‘fontanera del PSOE’, para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” que tiene abiertas Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y el hermano de este, David Sánchez, investigado por prevaricación y tráfico de influencias. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Infobae que se ha dado a conocer este miércoles.

Según el auto al que ha tenido acceso Infobae, el juez Pedraz sitúa el origen de la presunta trama investigada en el periodo de reflexión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó en abril de 2024 tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Para el magistrado, ese momento constituyó el “punto de inflexión” a partir del cual se habría articulado una estructura destinada a “desestabilizar de forma sistemática y continuada” los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo.

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Óscar López dice no creer “en las coincidencias” tras el envío de la UCO a la sede del PSOE

El ministro Óscar López ha reaccionado con “tranquilidad absoluta” al envío de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a la sede del PSOE en el marco del caso Leire Díez, aunque no ha ocultado tampoco sus suspicacias sobre el momento elegido: “Cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias”, ha declarado ante los periodistas.

Sumar mantiene su apoyo al Gobierno, pero fija la financiación ilegal del PSOE como línea roja para romper la coalición

Sumar sigue en el Gobierno pese a la acumulación de casos judiciales que afectan al PSOE, aunque con reservas. “Vamos a estar para gobernar, pero no cualquier cosa”, ha advertido una representante del espacio este miércoles, en alusión a las investigaciones como la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por Plus Ultra o el requerimiento de la UCO en la sede socialista por el caso Leire.

Fuentes del partido han señalado a EFE que la información judicial llega “con cuentagotas” y reclaman más explicaciones al PSOE. La financiación ilegal es la única línea roja que, de cruzarse, llevaría a Sumar a retirar su respaldo.

El portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha ido más allá y exige al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de Vox, Santiago Abascal, que explicaran “qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de los Estados Unidos”. “Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles”, ha declarado a su llegada al hemiciclo.

El Senado reprueba al Gobierno con los votos del PP, Vox y UPN por los casos de corrupción

El Senado ha aprobado este miércoles una moción de reprobación al Gobierno por su gestión ante los escándalos de corrupción, con 146 votos a favor del Partido Popular (PP), Vox y UPN, frente a 98 noes y 13 abstenciones. La iniciativa, registrada tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, insta al Ejecutivo a asumir responsabilidades políticas e iniciar un cambio de gobierno.

La senadora del PP Pepa Pardo ha ironizado sobre que “el faro moral de la izquierda” se hubiera lucrado “del hambre” del pueblo venezolano. El PNV se abstuvo pese a reconocer que el Gobierno genera “descrédito y desconfianza”, mientras que Junts ha reprochado al PP que les asocie al sanchismo: “Si Sánchez aguanta tanto, no es por Junts, es por ustedes mismos”, ha afirmado Eduard Pujol.

Tellado acusa a los socios de Sánchez de ser “cómplices necesarios” de la corrupción del PSOE

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular (PP), ha calificado a los socios de investidura de Pedro Sánchez de “cómplices necesarios de todas estas corruptelas” tras la imputación de la gerente del PSOE en el marco del caso investigado por la Audiencia Nacional. “Todos los partidos que apoyan a Sánchez son cómplices necesarios de todas estas corruptelas. Ese es el retrato de la situación actual”, afirmó en una entrevista en La Sexta.

Tellado ha descrito al presidente del Gobierno como líder de “una organización criminal” y señala que la legislatura está “finiquitada”. Sobre una posible moción de censura con PNV o Junts, respondió que “las estrategias no se cuentan, se ejecutan”.

Sánchez se reafirma en su respaldo a Zapatero tras conocer el auto del juez: “Todo mi apoyo”

Iván Redondo: “Pedro Sánchez puede ganar las elecciones de 2027; España está bastante más empatada de lo que parece”

El analista político Iván Redondo ha afirmado que Pedro Sánchez tiene opciones reales de ganar las próximas elecciones generales de 2027, pese a los casos judiciales que rodean al presidente del Gobierno. “España está bastante más empatada de lo que parece”, señaló en Los Desayunos de La Portada, en Badajoz. Redondo cifró el bloque de la derecha en 12 millones de votos y apuntó que el PSOE tiene pendiente movilizar un millón de votantes de izquierda y recuperar 700.000 que en 2023 optaron por el centroderecha. Descartó elecciones anticipadas en 2026 y cualquier moción de censura.

Pérez Llorca (PP) dice seguir con “muchísima preocupación” la situación

El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado sentir “hastío” ante la situación que atraviesa el PSOE debido a los diversos escándalos de corrupción que afectan al Gobierno de España. Así lo señala este miércoles en declaraciones a los medios tras participar en un acto de El Confidencial en Valencia.

Pérez Llorca asegura que sigue los últimos acontecimientos “con muchísima preocupación” y expresa el cansancio social ante la sucesión de escándalos que salpican al Ejecutivo central. No obstante, pide “dejar trabajar a la justicia antes de sacar conclusiones”.

El jefe del Consell considera que las noticias conocidas son “muy preocupantes”, aunque confía en que los jueces saquen sus primeras conclusiones en los próximos días y cree que es entonces cuando se podrán valorar los hechos. Pérez Llorca recuerda que esta semana ha destacado por las incautaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el inicio del juicio al hermano del presidente del Gobierno y los registros en las sedes del PSOE. Aun así, insiste en la importancia de esperar los avances judiciales antes de emitir valoraciones definitivas.

*con información de Europa Press

El PP de Madrid pide a los socios de Gobierno que decidan “con urgencia” si mantendrán su apoyo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha instado a los socios políticos de Pedro Sánchez a decidir “con urgencia” si mantendrán su apoyo al presidente ante lo que describe como “hedor de la corrupción”. Así lo ha expresado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la Real Casa de Correos.

García Martín, que también ejerce como portavoz del Ejecutivo autonómico, ha dirigido su mensaje directamente a los socios parlamentarios del Gobierno central, pidiéndoles que decidan si seguirán respaldando “a una presunta trama corrupta que ha convertido el Palacio de La Moncloa y la sede del PSOE en la calle Ferraz en la cueva de Alí Babá”. Según el consejero, “ya no hay excusas” y se pregunta si los socios continuarán moviendo sus “líneas rojas”.

Sobre la actuación de la UCO en la sede central del PSOE, ha dicho que la trama se habría “urdido” por el entorno de Sánchez para “reventar desde dentro todas y cada una de las instituciones”. García Martín sostiene que “la sombra de la corrupción se ha hecho mucho más alargada” y que el registro en Ferraz amplía esa “crónica de la corrupción” con una supuesta trama para boicotear procedimientos judiciales.

El portavoz autonómico considera que “el hedor de la corrupción del sanchismo ya es absolutamente insoportable” y sostiene que la ciudadanía “no aguanta nada más”. Reclama la convocatoria “urgente” de elecciones para “poner fin a la legislatura más corrupta de la democracia”.

Vox insta al PP a presentar una moción de censura: “Ante este Gobierno no cabe equidistancia”

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha instado este miércoles al Partido Popular a romper todos los acuerdos con el PSOE y a presentar una moción de censura en el Congreso. En su opinión, “ante este Gobierno no cabe equidistancia, solo oposición frontal”.

El dirigente de Vox sostiene que su formación hace “todo lo que está en sus manos” para intentar que caiga el Ejecutivo socialista, al que califica de “mafia” y “organización criminal”. Sin embargo, recuerda que Vox no cuenta con los diputados suficientes para presentar una moción de censura, por lo que apela directamente al PP de Alberto Núñez Feijóo: “Lo que pedimos y exigimos es que quienes puedan hacer, que hagan”. Además, manifiesta que Vox está a la espera de que “salgan pruebas concluyentes” sobre una presunta financiación irregular del PSOE, formación a la que tilda de “organización criminal y corrupta”.

Belarra (Podemos) ve “insostenible” la situación del Gobierno pero descarta una moción de censura

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advierte que la situación del Gobierno “alcanza un nivel absolutamente insostenible” ante las sospechas de corrupción que afectan al PSOE. Belarra considera que la reciente comparecencia del presidente Pedro Sánchez pone de manifiesto la “delicada” situación en la que se encuentra el Ejecutivo.

Pese a este contexto, descarta la posibilidad de una moción de censura o una cuestión de confianza, argumentando que “la solución a la corrupción del PSOE no puede ser la corrupción del PP”, formación a la que acusa de utilizar “las cloacas del Estado” contra Podemos. Según Belarra, “el PP es parte del problema” y apuesta por que la izquierda alternativa refuerce su apoyo a las movilizaciones sociales.

En los pasillos del Congreso, la dirigente de Podemos ha respondido así a preguntas sobre la imputación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes, y el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, en la causa relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez.

Belarra señala que los acontecimientos judiciales complican de forma significativa la situación para el Gobierno y expresa su incomprensión ante la defensa de Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, lo que, a su juicio, revela que el futuro político del presidente está “atado” al del exmandatario, imputado en el caso Plus Ultra.

La líder de Podemos sostiene que, ante este escenario, la única salida posible pasa por una respuesta social similar a la que se vivió en 2011 con el surgimiento del 15M. Asegura que la actual primavera es la “más caliente” en materia de movilizaciones desde la llegada de Sánchez al Gobierno y califica de “error” haber confiado en el PSOE para avanzar en derechos sociales.

Belarra concluye que obligar a la ciudadanía a elegir entre la corrupción del PSOE y la del PP es un “error catastrófico” que ya se cometió en el pasado. En su opinión, la salida pasa por fortalecer una alternativa a los dos grandes partidos y consolidar una izquierda fuerte. Considera que tanto la moción de censura como la cuestión de confianza son “caminos fallidos”.

El PP señala que no es “habitual” pedir requerimientos a partidos

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señala este miércoles que no es “habitual” que un partido político reciba requerimientos judiciales como el que ha afectado al PSOE y recuerda que entre los imputados en la investigación de la Audiencia Nacional figura Santos Cerdán, ex número dos de la formación.

En una entrevista en Cuatro, Gamarra ha respondido a Pedro Sánchez, quien desde Roma ha insistido en que se trata de “un requerimiento” y no de “un registro”. Para la dirigente del PP, estas medidas no son lo habitual “en democracia y en un Gobierno limpio”, y considera que la situación es insostenible, con indicios e investigaciones que, a su juicio, “superan la gravedad de lo conocido hasta ahora”.

Gamarra afirma que Sánchez “no es ajeno” a la actuación judicial en Ferraz, porque ostenta la secretaría general del PSOE, y califica su comparecencia desde Roma de “nuevo ejercicio de cinismo absoluto”. Sugiere que el presidente intenta “esconderse” detrás del Papa y aplazar explicaciones sobre los últimos escándalos.

Preguntada por posibles contactos del PP con PNV o Junts para explorar una moción de censura, Gamarra lo niega y recalca que su partido quiere actuar “de manera responsable”, apelando a los socios del PSOE para que decidan si mantienen el apoyo al Ejecutivo. Considera que si esas formaciones quisieran, podrían “poner fin a la legislatura”.

En el Senado, el PP utiliza su mayoría absoluta para alargar otros seis meses la comisión de investigación sobre las ramificaciones del ‘caso Koldo’, que lleva ya más de dos años en funcionamiento y ha acogido a 106 comparecientes, entre ellos Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el debate, el senador popular Alejo Joaquín Miranda alude al registro en Ferraz y acusa al PSOE de atacar la comisión y alimentar bulos: “Al final ha resultado que el fango estaba en Ferraz”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusa al PP de no contar “toda la verdad” sobre la actuación de la UCO y de renovar la comisión fuera de plazo, además de mantener un ritmo bajo de comparecencias en los últimos meses. El PP ha sumado en paralelo otra comisión centrada en la gestión de la SEPI y las últimas comparecencias se han focalizado en personas vinculadas al entorno de Zapatero y en el ‘caso Plus Ultra’.

Marlaska acusa al PP de “utilizar a la Policía y a la Guardia Civil” para investigar al PSOE: “Saben demasiado, y me preocupa”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este miércoles al Partido Popular de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para investigar a rivales políticos durante su etapa de gobierno, y sostiene que ahora, desde la oposición, siguen empleando esas estrategias incluso cuando él es el responsable del Ministerio. “Parece que saben demasiado, y me preocupa”, señala dirigiéndose a los diputados populares durante la sesión de control en el Congreso.

El ministro defiende que el Gobierno ha actuado “por el conjunto de la sociedad española” desde el inicio de la legislatura, destacando la puesta en marcha de los ERTE durante la pandemia y la protección de empresas estratégicas y del empleo, siempre “bajo el principio de legalidad”. Además, subraya que durante su gestión se ha incrementado el número de agentes, mejorado sus condiciones y reforzado las infraestructuras y medios. “No vamos a utilizar a la Policía ni a la Guardia Civil para investigar a nuestros rivales políticos”, insiste Grande-Marlaska, y garantiza la neutralidad y el respeto al Estado de Derecho.

Grande-Marlaska afirma que es “un honor” formar parte del Gobierno y trabajar bajo la dirección de Pedro Sánchez, a quien considera víctima de “ataques absolutamente injustos”. Añade que, en un Estado de Derecho como España, todos acabarán reconociendo la injusticia de dichos ataques.

El Gobierno de García-Page tiene un “nudo en el estómago” por la investigación que afecta al PSOE

La portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, reconoce este miércoles que el Gobierno regional, presidido por Emiliano García-Page, tiene un “nudo en el estómago” tras el requerimiento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Durante una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, Padilla expresa la “preocupación y desasosiego” que genera la situación y confiesa la “inquietud” ante la incertidumbre sobre el alcance de la investigación.

Padilla lamenta que el partido esté afrontando “un caso tras otro” a nivel nacional y traslada su “enorme preocupación” así como una “decepción” en caso de que los hechos se confirmen. Ha pedido dejar trabajar a la Justicia y confía en que todo se resuelva “con la mayor rapidez” y que los implicados tengan oportunidad de defenderse “con la mayor solvencia”.

“La inquietud, y si me permiten casi el nudo del estómago, es inevitable cada vez que oímos, leemos o vemos cualquier noticia desagradable, como la que hemos escuchado esta mañana”, reconoce Padilla.

Respecto a la postura del presidente regional, Emiliano García-Page, sobre un posible adelanto electoral o la convocatoria de una cuestión de confianza, Padilla recuerda que García-Page viene defendiendo esa idea desde el último Comité Federal del PSOE. “Si lo pensábamos hace un año, con menos asuntos encima de la mesa, pues imagínense ahora”, apunta la portavoz, que advierte que tanto la preocupación como las voces que apoyan esa propuesta crecen tanto dentro como fuera del partido.

Preguntada por la posibilidad de adelantar el Comité Federal previsto para finales de junio, Padilla afirma que la decisión está “en manos” de la dirección de Ferraz, aunque considera que “va a aportar poco”. A su juicio, “hay que hablar cuanto antes” y considera que el Comité Federal debería haberse celebrado “inmediatamente después de los procesos electorales” de este año, aunque matiza que la fecha de ese encuentro “es lo que menos” le preocupa en este momento.

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A Yolanda Díaz no le “gusta nada” lo que está “viendo en la política española”

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha preguntado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuál sería su límite para abandonar el Ejecutivo. Díaz respondió que su “límite es contra ustedes”, en referencia al Partido Popular, recordando el rechazo de este grupo a la reforma laboral y a decretos que revalorizaban las pensiones. La vicepresidenta ha acusado al PP de no preocuparse por la corrupción, señalando que votaron en contra de la propuesta de Sumar para crear una agencia específica de prevención.

Díaz reconoce, a la vez, que no le “gusta nada” lo que está viendo “en la política española”, si bien no le corresponde valorar si los hechos atribuidos a Zapatero son delictivos, ya que esa decisión compete a los jueces. Además, ha criticado que expresidentes de distintos partidos hayan aprovechado su posición para hacer negocios, reprochando además al PP su respaldo a manifestaciones en las que, según sus palabras, se vitoreaba a figuras vinculadas a tramas de corrupción.

Maíllo (IU) pide que “se investigue todo lo que se tenga que investigar”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha defendido este miércoles la necesidad de investigar a fondo todos los casos en los que haya indicios de irregularidad, tanto en el entorno del exconsejero andaluz Gaspar Zarrías como en las diligencias que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Maíllo sostiene que “se investigue todo lo que se tenga que investigar” y considera inevitable que, más pronto que tarde, los socios de la coalición de Gobierno - PSOE y Sumar - celebren una reunión bilateral para analizar la situación.

Durante su comparecencia ante los medios en el Parlamento andaluz, Maíllo ha respondido a preguntas sobre la investigación relacionada con Zapatero y la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE en el contexto del denominado ‘caso Leire’.

El líder de IU ha explicado que este procedimiento se vincula a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Apunta a la existencia de “supuestas mordidas y utilización de instituciones públicas para enriquecimiento privado”. Maíllo insiste en que la investigación debe avanzar y sostiene que “sería un escándalo decir que no se investigara”.

Respecto al clima interno del Ejecutivo, Maíllo afirma que IU y Sumar mantienen un contacto y análisis constantes sobre la situación. Subraya que Zapatero no pertenece al actual Gobierno, y aclara que si se demostrase financiación irregular en el PSOE, la situación sería otra: “No vamos a hablar de lo que no hay”.

Prohens da por terminada la legislatura y reclama elecciones anticipadas

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, da por concluida la legislatura tras el registro realizado este miércoles en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Prohens ha pedido la convocatoria inmediata de elecciones y ha subrayado que “la legislatura ha acabado, que den la voz ya a los ciudadanos, que dejen de secuestrar la democracia y que convoquen elecciones hoy mismo”.

La dirigente autonómica se ha pronunciado así después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accediera a la sede del PSOE en el marco de una investigación ordenada por la Audiencia Nacional dentro del llamado ‘caso Leire Díez’. Prohens ha señalado que, tras las informaciones sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la intervención de la UCO no solo se ha producido en Ferraz, sino también en sedes territoriales, en el contexto de una investigación sobre una presunta trama de financiación ilegal.

Prohens ha criticado la actitud del PSOE y ha afirmado que, si una situación similar se hubiera producido en el Partido Popular, ella no habría podido participar en la presentación de una exposición en la Llotja, acto en el que ha estado acompañada del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Según la presidenta, el Gobierno no gobierna desde hace meses y ha cuestionado si en este momento algún miembro del Ejecutivo está pendiente de los problemas de los ciudadanos o si, por el contrario, solo están preocupadosw por el alcance de la investigación policial.

La presidenta balear ha reclamado al presidente Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas y ha descartado que el PP promueva una moción de censura. A su juicio, corresponde a los partidos que facilitaron la investidura de Sánchez, como el PNV y Junts, posicionarse ahora.

El portavoz de Zapatero lo desvincula de “lo que hiciera Julio Martínez”

Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz autorizado de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha pronunciado sobre la relación del expresidente con el empresario Julio Martínez Martínez, también investigado en el caso Plus Ultra. En una entrevista en Telecinco, Arroyo ha dicho que Zapatero “no es responsable de lo que hiciera Julio Martínez” ni de la agenda que mantuviera, limitando la responsabilidad del exlíder socialista a las facturas emitidas a su empresa, Análisis Relevante.

El comentario surge tras la aparición de la agenda del empresario, en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vinculado a Martínez con un contrato adjudicado por el Gobierno a la compañía china Huawei, valorado en 400.000 euros. En esas anotaciones también figuran referencias a la excarcelación de presos políticos y a la supuesta pertenencia al CNI de dos ciudadanos vascos detenidos en Venezuela.

Arroyo recalcó que Zapatero no tiene responsabilidad alguna ni sobre la procedencia del dinero de Julio Martínez ni sobre los apodos que pudieran usar empresarios venezolanos al referirse a él. “Si mi pana, a mí no sé qué”, ironizó Arroyo, quien aseguró que Zapatero considera que estas conexiones son “un inmenso error”.

*con información de Europa Press

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La fiscal superior de Madrid abre expediente a dos fiscales de Madrid que aparecen mencionadas en conversaciones de investigados por el caso Plus Ultra

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha iniciado un expediente gubernativo dirigido a Pilar Rodríguez, fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, fiscal destinada en la Audiencia Nacional. La decisión se produce tras la denuncia presentada por Iustitia Europa y está motivada por la aparición de ambas fiscales en conversaciones de investigados en el caso Plus Ultra. Según el decreto firmado por Lastra, al que ha tenido acceso Europa Press, la queja se remitirá también a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

La UDEF incluyó en uno de sus atestados del caso relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra varios fragmentos de conversaciones en las que los implicados mencionan a funcionarios judiciales. En esas conversaciones, el abogado Miguel Palomero comenta al exdirectivo de la aerolínea, Rodolfo Reyes, que consultará “cómo es la juez del 15”, en referencia a la magistrada Esperanza Collazos, y añade que “la fiscal jefa es amiga”.

El abogado advierte: “Hay que cortar esto”, a lo que Reyes responde “absolutamente”, sugiriendo que contacte con “Julio” Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, para frenar la investigación: “Y lo cortamos”. Palomero propone entonces “hacer un Kitchen Gabinet”.

Santiago Abascal llama a “detener y juzgar” a “la mafia” de Pedro Sánchez

Santiago Abascal, líder de Vox, ha pedido este miércoles “detener y juzgar” a “la mafia” de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, extendiendo esta acusación a todos los que, según sus palabras, “les defienden y justifican”.

En un vídeo difundido en su cuenta de X, Abascal señala la frecuencia con la que aparecen informaciones vinculadas a “la mafia” del actual presidente del Gobierno y del expresidente, y reclama: “Hay que detenerlos y hay que juzgarlos” para “recuperar una España decente”.

Abascal advirtió de que quienes defienden o justifican a Sánchez y Zapatero, tanto en ámbitos nacionales como internacionales, lo hacen porque “forman parte de la misma mafia”. “Basta”, escribió en la red social.

La cuenta oficial de Vox en X también se pronunció sobre el registro en la sede socialista, señalando que “ninguna democracia seria resiste que la sede del partido en el Gobierno sea registrada por la Guardia Civil”.

El PSOE transmite tranquilidad tras la intervención de la UCO y dice que el PP está “jugando con las cartas marcadas”

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de tranquilidad tras la intervención de la UCO en la sede socialista de la calle Ferraz. En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Mínguez subrayó la disposición del partido a facilitar toda la información solicitada y diferenció la actitud del PSOE de la del Partido Popular: “El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones”.

Mínguez ha asegurado que “aquí no existe destrucción de pruebas” y que cualquier información requerida será entregada a las autoridades. La portavoz socialista lamentó lo que calificó como una “campaña de desprestigio y linchamiento” político y mediático orquestada por la derecha, y señaló que se busca convertir titulares en grandes noticias. “Al final es lo que hace tiempo que se está buscando. Yo ya hice un tuit hace una semana en que dije que no pararán y es que no pararán. Pero también tengo que deciros que a los socialistas tampoco nos doblegarán”, afirmó.

Comentó que tuvo conocimiento de la operación de la UCO a través de los medios en los pasillos del Congreso y que, a su llegada, los diputados del PP ya contaban con un argumentario preparado. “Hay unos determinados políticos y concretamente el Partido Popular que está jugando con las cartas marcadas”, apuntó.

Sobre la colaboración con las autoridades, Mínguez recordó que “hace unos meses” también se requirió información al PSOE y en esa ocasión se aportaron excels mensuales y cuentas que, según su versión, cuadraban. Criticó que “se está acusando a todo el mundo de corrupto cuando todavía no hay sentencia alguna”.

Preguntada por la continuidad de la legislatura, defendió que “claro que vale la pena” mantenerla, argumentando que el Gobierno ha sacado adelante 64 leyes. Respecto a la aprobación de los Presupuestos para 2026, reconoció la dificultad de poner de acuerdo a 10 partidos políticos, pero insistió en que las cuentas, prorrogadas desde 2023, son “un documento vivo” que ha permitido adaptarse a las necesidades que han ido surgiendo. Mínguez concluyó que la legislatura seguirá su curso pese al “ruido mediático muy sucio” que, según ella, intenta tapar otros asuntos, en alusión a los casos de presunta corrupción en el Partido Popular.

Junts pide que Illa explique los contratos con empresas chinas vinculadas a Zapatero

El grupo parlamentario de Junts ha solicitado la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament catalán. La petición busca que Illa explique y aclare los contratos del Govern con empresas chinas, a raíz de informes policiales que apuntan a presuntas actuaciones del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En el comunicado difundido este miércoles, Junts pide a Illa que detalle todas las posibles actuaciones relacionadas con contratos públicos en Cataluña que puedan haberse visto afectadas por estos hechos.

El grupo de Carles Puigdemont considera que resulta especialmente relevante que Illa aclare la relación institucional y contractual entre el Govern y Huawei, especialmente después de la adjudicación a esta compañía de la gestión y el despliegue de infraestructuras de fibra óptica para servicios públicos esenciales en Cataluña.

Junts recuerda que en octubre de 2025 advirtió sobre la formalización de un contrato por valor de 127 millones de euros entre el Govern y Huawei, alertando de que este acuerdo permitiría la venta de datos de la ciudadanía catalana en un contexto en el que la Unión Europea ha recomendado a los Estados miembros limitar los vínculos con esta empresa.

Además, el grupo parlamentario señala que existen informes policiales en los que se apunta que Zapatero habría negociado una comisión del 3% por la construcción del Hard Rock en Vila-Seca y Salou. Por este motivo, Junts demanda la máxima transparencia y que la comparecencia de Illa se produzca con urgencia.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abandone su agenda internacional y se centre en ofrecer explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Durante una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Nogueras ha planteado la pregunta de si Sánchez piensa esperar “a que haya una posible moción encima de la mesa” para dar respuesta a la situación, al tiempo que descartó cualquier contacto con el PNV para apoyar una moción de censura, una opción que, según afirmó, “no está encima de la mesa”.

Nogueras también reprochó a Feijóo la dinámica de enfrentamiento político y le recordó los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular, criticando que se señale a Junts, “un partido catalanista”, como responsable del rumbo político nacional. A su juicio, tanto Feijóo como Sánchez “tienen el botón” para decidir sobre la gobernabilidad.

Podemos lamenta que la imputación de Zapatero ha decepcionado al votante progresista

Ione Belarra, portavoz de Podemos, ha dirigido críticas directamente al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. Según Belarra, la decepción entre los votantes progresistas se ha hecho patente tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde se requirió información en el marco del caso Leire instruido por el juez Santiago Pedraz. “Imagínese cómo se siente una persona progresista, cómo de decepcionada, cómo de triste cuando ve que hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja, cuando ve que la UCO entra en Ferraz. En la enorme decepción que han provocado ustedes”, señaló Belarra.

La dirigente de Podemos se dirigió también a quienes protagonizaron las movilizaciones del 15M y sostuvo que para lograr avances en sanidad o educación pública resulta necesario “volver a hacer política en primera persona”. Además, advirtió que cuando la política queda en manos del actual Gobierno, “ya sabemos lo que hay: rearme y ahora también corrupción”.

Vox promete “echar” al Ejecutivo y hacer que “responda política y penalmente”

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, intervino en la sesión de control al Gobierno para plantear al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la situación de las familias que atraviesan dificultades para llegar a fin de mes. Durante su intervención, Millán aludió a la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede del PSOE y habló de la “desbordante corrupción del Gobierno”.

Según la diputada de Vox, la dimisión del Ejecutivo sería “una salida demasiado digna” y anunció que su formación trabajará “para echarles y para que responda política y penalmente de todo el daño que está haciendo a los españoles”. Millán sostuvo además que Carlos Cuerpo no actúa como un “tecnócrata neutral”, sino que “participa del manoseo institucional”.

El vicepresidente primero evitó responder a las acusaciones de Vox y centró su intervención en la situación económica del país. Carlos Cuerpo destacó la confianza internacional en la economía española y, frente al argumento de que los datos macroeconómicos no repercuten en la vida cotidiana, defendió la mejora de indicadores como la subida de salarios, el incremento de hogares que logran llegar a fin de mes y la reducción del paro juvenil.

El Ejecutivo resta gravedad a la imputación de Zapatero y acusa al PP de provocar un “escándalo prefabricado”

El Gobierno considera desproporcionada la repercusión pública de la investigación judicial que afronta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes del Ejecutivo sostienen que la reacción mediática y política ante su imputación responde a lo que definen como un “escándalo prefabricado por el PP”.

El Ejecutivo pone énfasis en la necesidad de respetar los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia. “Hay indicios, pero no existe ninguna prueba documental que vincule a Zapatero con una actividad ilegal”, argumentan fuentes del entorno presidencial, convencidas de que esta situación se diluirá con el tiempo. “Esto pasará, porque cuando no hay proporción, el humo dura lo que dura y luego se lo lleva el viento”, añaden. Insisten en que una investigación no supone una condena.

El Gobierno también se ha referido al próximo inicio del juicio por prevaricación y tráfico de influencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Las fuentes consultadas reiteran su confianza en la inocencia de Sánchez y llaman a esperar el desarrollo judicial. Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado al PP que evite introducir “elementos de duda con respecto a la utilización de los fondos europeos”, unas ayudas diseñadas, según sus palabras, para “modernizar” y “elevar el crecimiento potencial” de la economía española.

Durante la sesión de control al Gobierno, el diputado del PP Juan Bravo acusó al Ejecutivo de haber “fracasado” en la gestión de los fondos europeos y de no utilizarlos para transformar la economía, sino para “financiar el circo”. Bravo instó al Gobierno a “devolver la palabra a los españoles” y criticó la llegada de la UCO a la sede socialista de la calle Ferraz, además de cuestionar la ausencia de presupuestos y calificar el balance gubernamental como negativo.

En otro momento del debate, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Gobierno y al PSOE de protagonizar un “estercolero de corrupción” y vinculó al partido con prácticas ilegales, citando informes policiales, supuestos amaños de contratos y financiación ilegal. De Olano dirigió sus críticas hacia el propio Cuerpo y se refirió al expresidente Zapatero, a quien acusó de distintas irregularidades. Ante estas palabras, Carlos Cuerpo decidió no responder, calificando el intercambio como un “diálogo absurdo”.

El vicepresidente primero insistió en la importancia de reforzar los mecanismos preventivos y la transparencia en la gestión pública, así como en mantener una “tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal”. Subrayó también su respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de convertir el Gobierno en una “banda de saqueadores” y de crear un “relato moral” para justificar los pactos con los socios de investidura. Muñoz cuestionó la integridad del Ejecutivo y preguntó a los aliados parlamentarios si no les avergüenza mantener su apoyo ante los casos de corrupción expuestos en las investigaciones judiciales.

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Puente: “Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cuestionó la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE, calificando la intervención como “un simple requerimiento de información”. Puente, integrante de la Ejecutiva Federal socialista, criticó que se utilice el término “registro” para describir la presencia de los agentes en la sede de la calle Ferraz y planteó dudas sobre la necesidad de que la UCO acudiera personalmente para solicitar documentación.

En un mensaje publicado en X, Puente expresó: “Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante”.

Rufián advierte que una financiación ilegal en el PSOE implicaría la convocatoria de elecciones generales

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, declaró este miércoles que, de confirmarse una financiación ilegal en el PSOE, su partido consideraría esa situación una “línea roja” y solicitaría la convocatoria de elecciones generales. Rufián ha realizado estas afirmaciones en los pasillos de la Cámara Baja, tras conocerse la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE. El dirigente de ERC subrayó que las investigaciones de este tipo suelen extenderse y sostuvo que, en el momento actual, “no sabemos qué es cierto o qué es campaña”.

Feijóo vuelve a pedir elecciones anticipadas: “No queda más remedio”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se refirió este miércoles a los registros de la UCO en la sede central del PSOE en el marco de una investigación sobre presunta financiación ilegal, señalando que “no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata”.

Al llegar al Congreso, Feijóo reiteró su intención de impulsar un cambio de Gobierno y pidió a los socios parlamentarios que retiren su apoyo al actual Ejecutivo. El líder del PP cuestionó la continuidad del Gobierno tras los registros y planteó: “¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?”.

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La coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, defiende la continuidad del Gobierno de coalición tras el registro de la UCO en la sede del PSOE durante 12 horas este miércoles y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra la semana pasada, de acuerdo a lo que recoge Europa Press. “Claro que sí, ¿por qué no?”, respondió. Hernández sostiene que “estamos sacando adelante medidas muy concretas”.

En una entrevista concedida en La Noche en 24h de TVE, programa conducido por Javier Fortes, Hernández ha asegurado que en casi tres años de legislatura han logrado “una larga lista de logros”. Además, la coordinadora de Sumar ha reclamado que el PSOE “dé las herramientas” para seguir gobernando. También ha subrayado que un adelanto electoral es una “prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno”.

La dirigente ha pedido en antena que “la corrupción desaparezca” y que se resuelva “el problema de la vivienda”, al sostener que ese es el interés de su formación y del conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, sobre la imputación de Rodríguez Zapatero, Hernández afirma que en el auto “hay actuaciones que no son ni política ni éticamente aceptables para un expresidente”. La coordinadora ha opinado que “enriquecerse o engrosar las cuentas bancarias a costa de influencia política” no debe formar parte de la ética de ningún dirigente.

Los intereses de la legislatura que aun están pendientes mantienen el Gobierno de coalición intacto, por el momento

Hernández ha señalado como “línea roja” una “financiación irregular del Partido Socialista” y ha asegurado que Sumar ya está pidiendo explicaciones al PSOE. En paralelo, ha afirmado que las investigaciones abiertas “no tienen nada que ver” con su formación y que están “absolutamente limpios” en materia de corrupción. Por su parte, el Ejecutivo mantiene una defensa cerrada respecto a Zapatero. El mismo mensaje trasladan los aliados más estables del Gobierno en el Congreso, que reclaman “prudencia” hasta que el mismo expresidente dé explicaciones en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio.

El deterioro político, aun así, ya se nota entre los socios. El temor en esos partidos es que una recta final agónica de la legislatura acabe penalizando a quienes sostengan hasta el último momento al Ejecutivo socialista, y por eso todos han elevado la exigencia pública de explicaciones. Mientrastanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de capitalizar ese nerviosismo con la idea de una moción de censura “instrumental”, aunque no tiene los votos.

La presión del PP busca sobre todo al Partido Nacionalista Vasco y a Junts per Catalunya, dos formaciones que han expresado malestar por la acumulación de causas judiciales y por los compromisos de legislatura aún pendientes. La formación vasca llegó a sostener esta semana que era “irresponsable” prolongar la legislatura más allá de 2026. En el caso de Junts, sigue pendiente el retorno de Carles Puigdemont, que aún no se ha materializado pese a que la ley de amnistía fue avalada hace meses por el Tribunal Constitucional y por el Abogado General de la Unión Europea.

Pese al malestar, esos partidos no creen que el procedimiento judicial haya “traspasado las líneas rojas”, tal y como publicó ayer Infobae, que justificarían una ruptura. Esos límites siguen siendo los mismos que ya fijaron cuando estalló el caso Cerdán: una implicación directa del Gobierno o la aparición de indicios de financiación irregular.

El fiscal anticorrupción José Grinda se ha situado de nuevo en el centro de la actualidad mediática después de que se conozca que la llamada “fontanera” del PSOE, Leire Díez, también recababa información sobre él, además de investigar, presuntamente, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y Víctor de Aldama. Una maniobra que amplía el foco más allá de los investigadores de la UCO y alcanza a uno de los responsables de causas de corrupción de mayor recorrido político. Los nuevos audios recogen que Díez no solo tenía en su punto de mira al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, sino también a Grinda, responsable de la causa sobre la trama del 3 % del ya extinto partido Convergència Democràtica de Catalunya.

Además, Díez pronunció varias veces el apellido del fiscal en esas grabaciones. En una de ellas plantea su interés por aclarar “el tema Grinda” y dice que le llama la atención que el asunto “caiga en Rosana y no en Grinda”. Esa referencia apuntaba a su extrañeza por que en el caso del empresario Hamlyn ejerciera la acusación pública la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó y no la Fiscalía Anticorrupción, donde estaba Grinda.

El empresario de los audios con Díez, Javier Pérez Dolcet, se mostró dispuesto a colaborar con informaciones sobre José Grinda, aunque exigió a la “fontanera” una garantía por escrito de los beneficios que obtendría a cambio de facilitar ese material.

Las otras investigaciones de corrupción de José Grinda: el 3% de Convergència y Puigdemont

José Grinda González fue uno de los impulsores del caso 3% contra Convergència Democràtica de Catalunya, cuando Artur Mas estaba al frente de la formación, y también de la causa contra Carles Puigdemont por Aigües de Girona. Grinda figura además entre los responsables del caso que acabó con el cierre de la Banca Privada de Andorra. La causa del 3% giraba en torno al amaño de contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales que equivalían a ese porcentaje. El escándalo sigue lastrando a los herederos naturales de la antigua Convergència, hoy situados en el espacio de Junts per Catalunya.

Buena parte de la trayectoria de Grinda se ha dado dentro de la Fiscalía en investigaciones sobre mafias rusas y otros episodios de crimen organizado. Entre esos procedimientos cita la Operación Emperador, uno de los casos con los que consolidó su perfil dentro de Anticorrupción.

El intento de silenciar al fiscal anticorrupción, en vano

El fiscal anticorrupción José Grinda denunció que recibió una oferta para archivar causas, como el caso 3 % y aportar información comprometedora sobre su jefe, Alejandro Luzón, a cambio de un destino en el extranjero y de neutralizar una demanda en su contra. La denuncia se situaba en el centro procedimientos de corrupción y crimen económico que el propio fiscal ha impulsado durante años.

La oferta, trasladada el 27 de febrero de 2025 en una reunión en Madrid, incluía tres posibles destinos en el extranjero, el pago del triple de la cantidad reclamada por la autora de una demanda contra Grinda y la exigencia de cerrar investigaciones como Pujol-Draco, Aigües de Girona, ZED, Banca Privada de Andorra, Banco de Madrid, Duro Felguera y Caranjuez.

Fue entonces cuando Grinda remitió un escrito a su superior, Luzón, en el que relató que un periodista de su confianza, Pere Rusiñol, le trasladó una propuesta atribuida a terceros. En ese documento, el fiscal sostuvo que la oferta estaba presentada como avalada por “las más altas instituciones o personas del Estado” y que Rusiñol le comentó que entendía que detrás podía estar alguien a quien conocía como “Leire”. Grinda explicó también que, además de archivar causas, se le reclamaba revelar supuestos “secretos de actuaciones delictivas” de Luzón que condujeran a su destitución y aclarar el origen de la investigación sobre Sandro Rosell, así como sus visitas al CNI.

El para entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría hecho llegar a la periodista Patricia López, amiga de la llamada ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez, un presunto pago de 20.000 euros como una “campaña de publicidad” gestionada por el Director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, para impulsar la difusión de grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo y otras informaciones relacionadas con distintas causas judiciales que, según la investigación, eran utilizadas por la trama para desacreditar actuaciones policiales y judiciales sensibles para los socialistas.

Así lo detalla el auto del juez magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz conocido este miércoles. Según se recoge, el dinero habría servido para financiar la difusión de estas informaciones en una trama que apunta que Cerdán era el presunto líder de una trama dedicada a proteger al PSOE de todas sus causas judiciales abiertas, que contaba con Díez en su “coordinación y ejecución” de las actuaciones desplegadas para intentar desacreditar investigaciones policiales y judiciales sensibles para el partido.

El auto sostiene que la ya exmilitante socialista, en colaboración con el empresario Pérez Dolset y la periodista y amiga Patricia López, fallecida el pasado mes de diciembre, “había desarrollado ciertas actividades que tenían por objeto la injerencia en diversos procedimientos judiciales”. Dentro de esa estrategia, la investigación atribuye un papel “preponderante” al digital Crónica Libre, constituido en abril de 2022 y dirigido por López.

Según el escrito, el pago, previsiblemente en mayo de 2024, habría sido articulado “por el partido” a través de Grupo Crónica Libre SL bajo la apariencia de una campaña publicitaria. El juez sostiene que Santos Cerdán habría dado la orden para canalizar ese dinero y que el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, fue el encargado de gestionarlo. De hecho, el auto reproduce un mensaje enviado presuntamente por Antolín a Patricia López en el que le comunicaba: “La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K”.

“La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo”

El auto recoge además que Leire Díez mantenía anotaciones intervenidas por la Guardia Civil en las que vinculaba la “creación de un periódico” con una denominada “Operación PSOE”. El objetivo, según se recoge en el auto, sería “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno”.

Por todo esto, el escrito recoge que Cerdán tendría un “rol superior” y que como Secretario de Organización del PSOE habría puesto “a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”, que “desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada”, facilitando personal, dependencias de Ferraz para celebrar reuniones y gastos logísticos como viajes o alquileres de vehículos para algunos de sus miembros.

Además de las informaciones atribuidas a Crónica Libre, el auto describe otras actuaciones mediáticas vinculadas a la estrategia de los investigados, entre ellas la difusión nacional de denuncias contra la UCO y campañas dirigidas a desacreditar a mandos policiales y fiscales relacionados con investigaciones que afectaban al PSOE. Según el auto, esas actuaciones buscaban incluso hacer germinar el término ‘UCO patriótica’.

Según la investigación, la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez venía de años atrás y se enmarcaba en un grupo denominado HIRUROK —“nosotros tres” en euskera— integrado por Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso Egurrola. La UCO sostiene que esta estructura, inicialmente investigada por presuntas adjudicaciones irregulares y cobro de comisiones, habría evolucionado después hacia una red destinada a proteger al PSOE y al entorno del Gobierno de las investigaciones judiciales abiertas, utilizando para ello recursos del partido, campañas mediáticas y actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y mandos policiales.

Carmen Pano pasó durante años desapercibida fuera de determinados círculos empresariales vinculados a la intermediación mercantil y al sector energético. Su nombre apenas tenía presencia pública hasta que decidió identificarse como la persona que, según su versión, trasladó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz por indicación del empresario Víctor de Aldama. Desde entonces, la empresaria se ha convertido en una figura central en una de las derivadas más sensibles del ‘caso Koldo’ y de la investigación sobre el fraude de hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional.

Su irrupción en el foco político y judicial se produjo después de que trascendiera la existencia de un testimonio anónimo que hablaba de dos bolsas con dinero entregadas en la sede socialista de Madrid. Fue entonces cuando Pano decidió dar un paso al frente y asumir públicamente el relato. Según ha sostenido en distintas declaraciones, ella misma trasladó el dinero en octubre de 2020 y lo hizo siguiendo instrucciones directas de Aldama, considerado por los investigadores uno de los principales articuladores de la trama.

La empresaria ha mantenido esa versión tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. Su relato describe un traslado de efectivo en dos entregas de 45.000 euros transportados en bolsas debido al peso del dinero. También asegura que, al llegar a Ferraz, se identificó en recepción diciendo que acudía “de parte de Víctor de Aldama” y que posteriormente fue enviada a la segunda planta, donde un hombre recogió las bolsas. Pano sostiene además que aquellos hechos quedaron reflejados en un acta notarial que estaría dispuesta a aportar ante la Justicia.

Del ámbito mercantil al centro del ‘caso Koldo’

Antes de verse envuelta en una de las investigaciones más delicadas de los últimos años, Carmen Pano desarrolló su actividad en el ámbito privado, especialmente ligada a pequeñas sociedades mercantiles y operaciones de intermediación comercial. Uno de los nombres que más aparece asociado a ella es el de Have Got Time, una empresa que administraba junto a su hija Leonor González y que ha acabado bajo el foco de las pesquisas judiciales.

Según el relato de la propia empresaria, esa sociedad se utilizó para distintas operaciones vinculadas al entorno empresarial de Aldama. Entre ellas figura la compra de un chalé en La Alcaidesa, en Cádiz, realizada en 2021. Pano asegura que aquella adquisición se efectuó “por orden de Aldama” y que ella misma ejecutó la operación a través de Have Got Time.

El inmueble terminó adquiriendo relevancia dentro de la investigación después de que apareciera vinculado al entorno de Claudio Rivas, propietario de Villafuel y otro de los nombres clave de la trama de hidrocarburos. Según distintas declaraciones incorporadas al procedimiento, el chalé habría sido utilizado por el exministro José Luis Ábalos y su familia durante periodos vacacionales, aunque la titularidad real estaría relacionada con el círculo empresarial investigado.

La empresaria también ha situado su figura como pieza de conexión dentro de la red de contactos que rodeaba a Aldama y Claudio Rivas. Pano asegura que fue ella quien presentó a ambos empresarios y quien mantuvo durante años una relación profesional continuada con el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’. Esa posición le habría permitido participar en distintas gestiones y operaciones relacionadas con el sector de los hidrocarburos, ahora bajo investigación por un supuesto fraude millonario a la Agencia Tributaria.

El traslado de las bolsas y la investigación judicial

El episodio de las bolsas con dinero en Ferraz es el elemento que terminó colocando a Carmen Pano en el centro de la actualidad política y mediática. Su versión ha sido ratificada posteriormente en sede judicial y ha adquirido aún más relevancia después de que otras declaraciones incorporadas a la causa apuntaran en la misma dirección.

Entre ellas destaca la del chófer Álvaro Gallego, también investigado en la causa y encargado del desplazamiento hasta la sede socialista. Según su testimonio, él mismo vio fajos de billetes dentro de las bolsas que transportaba Pano. En su declaración judicial relató que la empresaria “cruzó la calle y volvió sin la bolsa” y describió cómo el dinero iba colocado en una bolsa transparente dentro de otra de color marrón.

Gallego aseguró además que el efectivo procedía de un emisario relacionado con Claudio Rivas, extremo que refuerza las conexiones entre la supuesta entrega de dinero y la trama empresarial investigada por la Audiencia Nacional. Tanto Carmen Pano como su hija Leonor González están siendo investigadas en la causa sobre el fraude de hidrocarburos junto a otros empresarios y personas vinculadas al entorno de Aldama.

La investigación judicial sostiene que parte de los movimientos económicos analizados podrían haber estado relacionados con la obtención de licencias para operar en el sector energético. En ese contexto, algunas declaraciones apuntan a que determinados pagos o entregas de dinero buscaban influir en cargos públicos y facilitar intereses empresariales vinculados a la trama.

El nombre de Carmen Pano ha vuelto a adquirir protagonismo después de que el juez Santiago Pedraz incluyera en un reciente auto indicios de que una supuesta organización vinculada a Leire Díez intentó ofrecerle 50.000 euros para modificar o condicionar su declaración judicial. Según la resolución, el ofrecimiento habría sido canalizado a través de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García.

El magistrado sostiene que la empresaria se encontraba citada para volver a declarar cuando varios de los investigados comenzaron a hablar sobre la necesidad de “negociar” con ella. El auto reproduce conversaciones intervenidas en las que se afirmaba que “esta se vende” y que “debemos saber comprar”, expresiones que el instructor relaciona con el supuesto intento de alterar el contenido de su testimonio.

La figura de Carmen Pano ha quedado así situada en uno de los puntos de mayor sensibilidad de la investigación: el cruce entre las presuntas entregas de dinero, las relaciones empresariales del entorno de Aldama y las maniobras que ahora investiga la Audiencia Nacional para intentar influir en declaraciones judiciales vinculadas al caso.

La resolución judicial sitúa el origen de esta actuación en las declaraciones realizadas por Pano en el marco del llamado ‘caso hidrocarburos’. La empresaria aseguró tanto ante la Policía como posteriormente en distintas instancias judiciales que trasladó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz en octubre de 2020 por orden del empresario Víctor de Aldama. Según su versión, el dinero se entregó en dos bolsas con 45.000 euros cada una.

Pedraz sostiene ahora que la organización investigada puso el foco sobre ella cuando supo que iba a comparecer nuevamente ante el juez. El auto describe que, días antes de esa declaración judicial, el abogado Ismael Oliver, también investigado en la causa, contactó con Leire Díez para advertirle de la importancia de aquella comparecencia y plantear la necesidad de “negociar” con Pano. El magistrado reproduce parte de los mensajes intervenidos: “Es importante y si queréis lo negocio yo”, trasladó Oliver. “Negócialo. Si puedes, hazlo”, respondió Díez, según la resolución.

A partir de ahí, el instructor considera que ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de “comprar” a la empresaria. “Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge literalmente el auto sobre aquella conversación. El juez añade que, “del conjunto de elementos obrantes en la causa”, se desprende “de forma indiciaria” que llegó a materializarse un ofrecimiento económico de 50.000 euros canalizado a través de Leticia de la Hoz Calvo, abogada de Koldo García.

Horas después, la letrada ha negado en un comunicado haber realizado dicha oferta económica a la empresaria. “Es completamente falso e infundado que este despacho o la letrada Leticia de la Hoz hayan ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical”, señala el escrito de la abogada.

La investigación sobre la presunta trama

El auto de Pedraz va más allá del episodio relacionado con Carmen Pano y dibuja el funcionamiento de una supuesta organización que, según el magistrado, estaba dirigida por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez. El juez sostiene que el grupo habría desarrollado actuaciones encaminadas a “desestabilizar” procedimientos judiciales y actuaciones policiales que pudieran afectar a intereses del Gobierno o del partido.

La resolución describe una estructura en la que también aparecen el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Ismael Oliver, el letrado Jacobo Teijelo y otros investigados. Según el instructor, la presunta organización habría intentado obtener información reservada, influir en investigaciones judiciales y ofrecer contraprestaciones económicas o profesionales a distintos actores relacionados con causas abiertas.

En ese contexto, el magistrado considera que el asunto de Carmen Pano formaba parte de una de las líneas prioritarias de actuación vinculadas al llamado frente de “hidrocarburos”, una estrategia que la investigación relaciona directamente con el ‘caso Koldo’. Pedraz sostiene que el grupo entendía que una eventual nulidad en procedimientos relacionados con el fraude de hidrocarburos podría tener repercusiones posteriores sobre otras causas de mayor impacto político.

La resolución también sitúa a Leticia de la Hoz como intermediaria en el supuesto ofrecimiento económico a Pano. Aunque el auto habla de indicios y no de hechos probados, el juez considera acreditado de forma preliminar que existió una maniobra para intentar alterar el contenido de la declaración de la empresaria. El instructor vincula esa actuación con un patrón más amplio que incluiría contactos con fiscales, mandos policiales y guardias civiles investigados en distintas causas.

Conversaciones y pagos bajo sospecha

El auto dedica buena parte de su contenido a describir la supuesta operativa interna de la organización investigada. Pedraz señala que Leire Díez habría coordinado distintas actuaciones y que incluso habría recibido pagos periódicos presuntamente sufragados a través de sociedades vinculadas a varios de los investigados. El magistrado menciona conversaciones en las que Díez se definía como “mano derecha de Santos” y aseguraba actuar por encargo del PSOE.

Según el juez, el grupo habría mantenido reuniones en la sede socialista de Ferraz y utilizado recursos logísticos y económicos vinculados al partido para desarrollar parte de su actividad. La investigación apunta igualmente a pagos canalizados mediante contratos y facturas supuestamente simuladas.

Dentro de esa dinámica, Pedraz considera especialmente relevante el episodio relacionado con Carmen Pano porque, a juicio del instructor, evidencia la utilización de fondos para intentar condicionar declaraciones judiciales. El auto sitúa ese movimiento después de que las manifestaciones de la empresaria sobre las entregas de dinero en Ferraz trascendieran públicamente y generaran un fuerte impacto político y mediático.

La resolución judicial sostiene que la organización investigada actuaba de manera coordinada y con una estrategia definida. El juez recoge incluso expresiones atribuidas a algunos de los investigados en las que se hablaba de “destruir el procedimiento” o de actuar “sin límite” frente a investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.

El auto forma parte de las diligencias previas abiertas en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y otros delitos vinculados a la supuesta interferencia en procedimientos judiciales.

La frase aparece perdida entre decenas de páginas de conversaciones, pagos, reuniones y supuestas maniobras para intervenir en causas judiciales sensibles. Pero el juez Santiago Pedraz la rescata y la convierte en una de las claves del caso. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. La anotación manuscrita atribuida a Leire Díez resume, para el magistrado, el momento exacto en el que la presunta estructura investigada encontró una puerta abierta dentro del PSOE.

El auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que la investigación judicial abierta contra Begoña Gómez en abril de 2024 actuó como catalizador político para activar una operativa que, según la tesis judicial, llevaba tiempo intentando acercarse al núcleo de poder socialista. No se trata únicamente de que la supuesta trama arrancara en aquellos días, sino de que, según interpreta el instructor, fue precisamente la presión generada por el caso de la esposa del presidente lo que hizo que el PSOE empezara a escuchar a Leire Díez y su entorno.

El magistrado sitúa el punto de inflexión en una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024, apenas dos días después de la carta en la que Pedro Sánchez anunció que se tomaba un periodo de reflexión tras la imputación de su mujer. Pero el foco del auto no está tanto en esos días de pausa política como en lo que ocurrió alrededor de ellos: el acceso de Leire Díez al corazón organizativo del partido y el inicio de una supuesta estrategia para actuar sobre investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Según la resolución, en aquella reunión participaron Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Ion Antolín y otros miembros de la estructura socialista. Pedraz considera que, a partir de ese encuentro, comenzó una actividad coordinada dirigida a “desestabilizar” procedimientos judiciales o actuaciones policiales con impacto político.

Pero la clave narrativa del auto no está solo en la reunión, sino en el contexto previo. El juez sostiene que Leire Díez y otros investigados llevaban tiempo intentando establecer interlocución con el PSOE y que no fue hasta la investigación contra Begoña Gómez cuando encontraron receptividad dentro del partido. Esa idea aparece condensada en la nota manuscrita incorporada a la causa y en otra conversación que el magistrado considera especialmente significativa.

“Límpiese, sin límite”

Pedraz incorpora una reunión entre Javier Pérez Dolset, Leire Díez y el fiscal Ignacio Stampa en la que, según el auto, Pérez Dolset aseguró que cuando “sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del Presidente”, desde el entorno del poder político se trasladó la necesidad de “que se limpie todo”. Leire Díez respondió entonces “límpiese” y Pérez Dolset remató la frase con un “sin límite”.

Para el instructor, ambas referencias permiten conectar el inicio de la actividad investigada con el terremoto político generado por la causa abierta contra la esposa del presidente. La investigación sostiene que aquel escenario alteró la relación entre el partido y el grupo que lideraba operativamente Leire Díez.

El auto describe cómo, antes incluso de esos hechos, ya existía una relación previa entre Santos Cerdán y algunos de los investigados. Pedraz señala que Leire Díez y Cerdán formaban parte de un entramado anterior relacionado con influencias administrativas y redes de contactos en organismos públicos.

Sin embargo, el magistrado considera que el salto cualitativo se produce en abril de 2024. Es entonces cuando, según la resolución, Leire Díez recibe el encargo de coordinar actuaciones dirigidas a intervenir sobre procedimientos judiciales y policiales sensibles para el PSOE.

De buscar interlocución a entrar en Ferraz

La resolución judicial describe además cómo la estructura del PSOE habría pasado, presuntamente, de ser un objetivo de aproximación a convertirse en soporte logístico de las actividades investigadas. El auto atribuye a Santos Cerdán la utilización de medios del partido para reuniones, desplazamientos y pagos relacionados con la operativa investigada.

Pedraz sostiene que desde abril de 2024 se celebraron al menos 22 reuniones entre Santos Cerdán y Leire Díez, muchas de ellas en la sede de Ferraz. También recoge conversaciones en las que Díez hablaba de una estrategia “perfectamente coordinada” y definía como prioridad absoluta “el Presidente”.

La investigación añade además supuestos pagos de 4.000 euros mensuales a Leire Díez mediante sociedades vinculadas a otros investigados y apunta a la existencia de notas de encargo y facturas presuntamente simuladas para canalizar fondos.

En distintos pasajes del auto, Leire Díez aparece presentándose como una persona “puesta por el PSOE” o como la “mano derecha de Santos”, insistiendo en que actuaba desde una posición informal pero conectada con la dirección socialista.

La resolución incorpora además otra frase que el juez utiliza para contextualizar el alcance político que, según la investigación, pretendía tener la operativa: “Sin eso no hay nada más”, dijo Leire Díez en referencia a la necesidad de proteger al presidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría pagado “con cargo a fondos del partido” a la exmilitante Leire Díez, conocida como ‘fontanera del PSOE’, para “atacar la correcta dirección de las investigaciones” que tiene abiertas Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y el hermano de este, David Sánchez, investigado por prevaricación y tráfico de influencias. Así consta en un auto al que ha tenido acceso Infobae que se ha dado a conocer este miércoles.

Según Pedraz, Cerdán era el presunto líder de una trama dedicada a proteger al PSOE de todas sus causas judiciales abiertas, que contaba con Díez en “la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno”. Para ello, según recoge el auto, Cerdán y Díez habrían ofrecido “remuneraciones o favores” a cambio de información o actos a funcionarios de la guardia civil, investigados y fiscales.

Ese dinero salía, presuntamente, del PSOE. El auto señala que Cerdán habría acordado pagar a Díez 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido, puesto que está “habría contado con el impulso y el soporte intelectual” de los implicados. Estos son el propio Cerdán; el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, que ofrecía su sociedad ZAÑO SOCIEDAD CONSULTORA SL. como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica; el abogado Ismael Oliver (que fue el primer letrado que defendió a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos; el también abogado de Santo Cerdán Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset, empresario y amigo de Leire Díez.

Para romper la trazabilidad del dinero y ocultar al ordenante, la trama habría diseñado un sistema de facturación falsas administradas por los abogados investigados Zarrías, Oliver y Teijelo, contando para ello con la presunta colaboración de la Directora Gerente Federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco.En esta operativa delictiva la ‘fontanera’ de Ferraz contó con la colaboración, “principalmente Pérez Dolset y de la periodista actualmente Patricia López.

Por si fuera poco, esta misma mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentó en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para solicitar un requerimiento de información y documentación porque el magistrado ha abierto una pieza separada y secreta en el caso en el que ya están imputadas la propia Díaz, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Cerdán.

Un informe policial destapa una transferencia de 20.000 euros realizada en 2020 a Whathefav S.L., la empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El pago, ejecutado por orden de Danilo Díazgranados, el financiero venezolano que aparece como una de las piezas clave, se ha desvelado a través una conversación del propio Díazgranados con el abogado Miguel Palomero. En esta, el empresario le pide que ejecute la transferencia y le dice que ya “en persona te digo quien es”, dejando entrever que se trataba de una figura conocida, relevante o, en este caso, emparentadas con un expresidente.

El informe policial identifica a las titulares de Whathefav S.L. como Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. La mercantil estaba entonces dedicada a servicios de publicidad y relaciones públicas y tenía, como administradoras solidarias, a ambas jóvenes. Uno de los puntos destacados por los agentes es la naturaleza implícitamente confidencial del destino real del dinero, al no querer desvelar la identidad por escrito.

Pago por “asesoría de mercadeo”

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) muestra una conversación de WhatsApp que resulta clave. El 24 de abril de 2020, Danilo Díazgranados, empresario investigado, indica a su colaborador Miguel Palomero que realice la transferencia de 20.000 euros a la sociedad Whathefav. Según el extracto incluido en el informe policial, Díazgranados envía por mensaje los datos bancarios. “A esta segunda [cuenta] mándale 20.000, en persona te cuento de quien es”. Poco después, Palomero pregunta el concepto que debe figurar en la transferencia y obtiene como respuesta “asesoría de mercadeo”. Finalmente, tras ajustar los detalles, ejecuta la orden.

El pago forma parte de una serie de transferencias analizadas por la UDEF dentro de las diligencias sobre presunto blanqueo y corrupción. En este mismo escrito, el cuerpo policial señala que “no consta que se hayan declarado estos pagos, tratándose, a priori, de movimientos opacos para la hacienda pública”, si bien no se refieren de forma directa a los de las hijas del socialista.

La transferencia fue realizada desde una cuenta de la que Díazgranados es titular y Palomero autorizado. El movimiento está fechado el 27 de abril de 2020, tres días después de la conversación, y tenía como destino la cuenta de la sociedad mantenía en Banco Santander. El oficio subraya la falta de respuesta respecto a la naturaleza y justificación real de este concepto, más allá de la escueta explicación de “asesoría de mercadeo” enviada por WhatsApp.

Papel de las hijas de Zapatero

Laura y Alba Rodríguez Espinosa son la principal imagen de Whathefav, la cual, según investigaciones de la UDEF y resoluciones judiciales, funcionaba como “elemento finalista” de la presunta trama. De esta manera, se investiga si la compañía estuvo implicada en la redistribución de fondos y justificación de pagos ilícitos. No obstante, por el momento, ninguna figura como imputada.

Aunque formalmente la sociedad se dedicaba a actividades de publicidad, la policía sostiene que era un vehículo instrumental para canalizar dinero entre distintas entidades. En el caso concreto de Plus Ultra, recibían informes de Análisis Relevante (empresa asociada a su padre) y los maquetaban, para después enviarlos a la aerolínea. Estos trabajos habrían llegado a suponer ingresos de hasta 447.000 euros.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acceda a los buzones de correo electrónico corporativos del PSOE de varios de sus dirigentes y exdirigentes, que examine los libros de la contabilidad del partido y que rastree los registros de acceso a su sede de Ferraz, en Madrid. Todo ello en el marco del caso Leire Díez, la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan tanto al Partido Socialista como al Gobierno de Pedro Sánchez. El auto, al que ha tenido acceso Infobae, fija un plazo de ejecución “con carácter inmediato” y abarca información desde 2021 hasta la actualidad.

Las cuentas de correo electrónico afectadas son, concretamente, las corporativas de Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-, de la actual gerente Ana María Fuentes, de Celia Rodríguez, del exresponsable de comunicación Ion Antolín y de otras direcciones vinculadas a la gerencia socialista. El magistrado ha especificado que la ordenanza implica también a las cuentas ya inactivas o deshabilitadas. “Se solicita el volcado íntegro del contenido de los respectivos buzones de correo electrónico asociados a las referidas direcciones, que incluya tanto los mensajes leídos como los no leídos que obren en los buzones correspondientes”, recoge la resolución judicial.

Y, además de los mensajes, los agentes de la UCO tienen orden de acceder a la “estructura completa de carpetas y subcarpetas y su organización departamental” de los investigados, junto con un informe detallado al respecto de las personas responsables de la estructura informática", tanto personal propio como externo, desde 2024 hasta la actualidad. En el caso de que el partido no cumpla el requerimiento, el juez deja abierta la vía de la entrada y registro en la sede de Ferraz.

Visitas, coches y viajes

El auto de Pedraz detalla la información exacta que debe recabarse sobre los accesos físicos a la sede socialista. El magistrado ha reclamado “el detalle de acceso a la sede del PSOE, detallando la fecha y hora de la visita y las personas acompañantes, el motivo de la visita, así como cualquier otra información que figure en la base de datos, libro de registro o sistema de control de acceso” de Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.

Ese rastreo de visitas se extiende a otras personas, como el empresario Joseba Antxón Alonso -vinculado a Cerdán-, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el guarda civil y exagente de la UCO Juan Sánchez Yepes, el también agente Rubén Villalba y la empresaria María del Carmen Pano. El juez también ha solicitado el “registro completo” de entrada y cuatro vehículos en el aparcamiento subterráneo de la sede, vinculados a Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

A ello se suma la petición de información sobre “todos los viajes, hospedajes, alquileres de vehículos que por parte PSOE se hayan organizado/gestionado en favor de las mismas, tanto de forma individual como conjunta con otras personas”, según recoge el auto.

La agenda de Cerdán y la contabilidad contables

El instructor también ha pedido “toda la información disponible” sobre la agenda institucional de Cerdán, incluidos “todos aquellos documentos, archivos, agendas que puedan evidenciar elementos en este sentido y que fueran gestionados por terceras personas dentro del partido”.

En el plano económico, Pedraz ha ordenado “el examen íntegro in situ de los libros de contabilidad llevados por el partido político en los ejercicios 2024 y 2025, incluyendo el Libro Diario, el Libro de Inventarios y Balances y los Libros Mayores correspondientes a dichos ejercicios”. El juez ha requerido también información sobre el procedimiento interno del PSOE para la autorización de gastos y la realización de pagos en ese mismo periodo, con la identificación de todas las personas que intervinieron en el proceso.

Sobre los vínculos del partido con los abogados Teijelo y Oliver con Zarrías, el magistrado ha solicitado los contratos suscritos entre las partes, los justificantes de pagos con las cantidades abonadas y la “identificación de las personas u órganos del partido político encargados de emitir la autorización para la formalización de la relación profesional”.

La confusión judicial que se vive en España es tal (hay tantos sumarios abiertos) que cuando seis agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron esta mañana en la sede del PSOE, en la calle Ferraz, algunos medios publicaron que se trataba de un registro en una operación sobre la financiación ilegal de los socialistas. No fue un registro como tal, sino un requerimiento de información y documentación (que también incluía el registro si los investigados no colaboraban) que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado al PSOE porque ha abierto una pieza separada y secreta en el caso en el que ya están imputadas tres personas: Leire Díaz, la conocida como ‘fontanera del PSOE’; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

Como dicen los forenses, vamos por partes. Esta causa empezó para investigar una supuesta trama de corrupción por la que fueron detenidos en diciembre la propia Leire Díez; Vicente Fernández y Antxon Alonso: Los tres, que usaban para comunicarse un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirubok’, formaron presuntamente una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales, y, para ello, contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”. En total, la investigación se centra en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones. Todos ellos fueron acusados de los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Pero durante el transcurso de estas pesquisas, la UCO ha encontrado indicios de que el PSOE pudo girar facturas falsas para financiar a lo que se conoce como cloacas socialistas, una red presuntamente liderada por Leire Díez para “desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido al Gobierno”. La Audiencia Nacional quiere profundizar ahora en esta trama, a la que se atribuyen ocho delitos y que fue impulsada desde el partido para acabar con aquellos que el PSOE considera sus enemigos, entre ellos fiscales, jueces y la propia UCO. Los delitos son organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En esta nueva operación han sido imputados Ana Fuentes, gerente del partido, el empresario Javier Pérez Dolset (amigo de Leire Díez), el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver (que fue el primer letrado que defendió a Koldo García, asesor de José Luis Ábalos). Se investigan pagos por miles de euros impulsados desde la Secretaría de Organización y la Gerencia del partido al entramado de Díez disimulados posteriormente con facturas falsas. El juez también apunta a la cooperación en la trama de Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén (de donde es Zarrías) y alto fontanero de Ferraz, mano derecha de Cerdán en Ferraz hasta su detención; y de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, amigo personal y expresidente de Correos, donde trabajó Leire como directiva.

El juez Pedraz considera que aparecen indicios que revelan la colaboración de los dos Serrano con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal. La UCO ha registrado los domicilios de Cerdán, Zarrías y Dolset. Tanto Cerdán como Zarrías están estrechamente vinculados con la ‘fontanera’. Díez trabajaba para el partido en la sombra, en colaboración con Cerdán, mientras que Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves, la tuvo a sueldo en su sociedad Zaño Consultora SL.

También un capitán de la UCO

En la causa también se investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova (que apareció en el famoso audio con Leire y Dolset buscando pruebas contra el oficial de la UCO Antonio Balas) y el guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado. Como ya publicó Infobae, Sánchez Yepes, ex capitán de la UCO que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales entre enero de 2008 y julio de 2022, ha denunciado en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que varios compañeros de la Benemérita fabricaron pruebas y cobraron mordidas de empresarios del sector de los hidrocarburos. La Audiencia instruye o juzga en estos momentos varias causas en las que operadores de productos petrolíferos (y sus directivos) están imputados por defraudar millones y millones de euros en el impuesto del IVA.

Precisamente, el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas (uno de los objetivos de las cloacas socialistas) ha encabezado el grupo de agentes que se han personado este miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil. Porque la UCO también se ha presentado en el despacho de sus superiores para recabar todos los expedientes disciplinarios e informaciones reservadas abiertas contra miembros de la Benemérita que han participado o participan en investigaciones judicializadas que afectan al PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado total colaboración con la Justicia en los requerimientos que la UCO está realizando esta mañana en la sede del partido, en varios inmuebles de altos cargos socialistas y en la sede de la Guardia Civil. Los agentes indagan, entre otras cosas, si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. El juez de instrucción ha imputado en esta causa a Santos Cerdán y la gerente del PSOE.

En rueda de prensa en Roma tras reunirse con el Papa León XIV, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que son requerimientos, “no un registro”, pero sí ha subrayado que tomarán decisiones en el momento en el que se crea necesario. “No resto ni importancia ni gravedad a la investigación, pero con la misma claridad le digo que, en el momento en el que surjan informaciones que apunten a actividades ilegales, el PSOE actuará con contundencia como siempre hemos hecho”, ha insistido.

La operación sucede en plena revelación del sumario del caso Plus Ultra, que apunta al expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, como líder de una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El jefe del Ejecutivo ha vuelto a exigir la presunción de inocencia del exlíder socialista y ha mantenido que, con las pruebas expuestas, el Gobierno no corre peligro: “No hay motivos para cambiar esa posición”, ha afirmado Sánchez, para después apuntar que “los tiempos de la Justicia no son los mismos que en los medios de comunicación o en la política”, ha añadido Sánchez.

En este sentido, ha rechazado las presiones que está recibiendo por parte de la oposición y de algunos de sus socios, entre ellos el PNV, para adelantar elecciones. “Yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés de los ciudadanos”. Y con guerras en todo el mundo y crisis, ha dicho Sánchez, “el interés es la estabilidad y la consolidación de políticas”.

IA, migración y hambruna, los temas de conversación en vísperas de su visita a España

El viaje del presidente del Gobierno se enmarca en dos contextos. El primero, para hablar de hambruna en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de la Semana de la Nutrición. Cabe recordar que España aspira a liderar este organismo con la candidatura del ministro Luis Planas. El segundo motivo, como parte de los preparativos para la visita oficial del Santo Pontífice a España durante la primera y segunda semana de junio.

El líder del Ejecutivo ha mantenido una conversación con León XIV sobre la inteligencia artificial y migración, dos asuntos sobre los que León XIV se ha mostrado con posicionamientos claros que comparten visión con el Gobierno. Precisamente, la migración es un asunto con mucho protagonismo en los viajes oficiales del Santo Pontífice. Y en España, el Papa tiene previsto viajar a Canarias y Tenerife, donde escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica. El Gobierno quiere aprovechar la “buena sintonía” que comparte en este asunto con el representante de la Iglesia católica para dar un impulso a las políticas del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno consultadas por Infobae resaltan que la visita se produce en un momento “idóneo” en relación con la situación de colaboración Iglesia-Estado. Desde el año 2018, y de manera más intensa en 2021, el Gobierno ha culminado hasta cinco acuerdos con la institución eclesiástica, entre ellos relacionados con la memoria democrática, la política fiscal y la reparación de abusos sexuales por parte de la Iglesia.

Ahora, la UCO trata de seguir la pista de posibles pagos efectuados a Leire por parte del partido. EFE ha informado que también se ha dirigido la UCO a la sede de la Guardia Civil, para buscar conexiones que puedan demostrar o descartar si desde el Instituto Armado se facilitó información a la trabajadora del PSOE. La aparición de Leire en las investigaciones se produce hace más de un año por la salida a la luz de grabaciones donde, presuntamente, buscaba influir sobre jueces, fiscales o altos cargos para favorecer el partido.

Los casos de ‘Hirurok’

Dentro de las investigaciones que hay sobre la conocida como ‘fontanera’ del PSOE, destaca la supuesta estructura que creó para cobrar comisiones ilegales a través de contrataciones públicas. Lo habría hecho junto a Vicente Fernández Guerrero, exdirector de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Joseba Antxon Alonso, empresario vinculado a Servinabar S.L.

Europa Press recogía hace meses que los tres, bajo el nombre de 'Hirurok’—“nosotros tres” en euskera- están acusados de desviar más de 700.000 euros en comisiones ilegales a través de varias operaciones con empresas públicas y privadas entre 2021 y 2023. El caso, que permanece bajo secreto de sumario, investiga adjudicaciones irregulares y pagos canalizados a través de sociedades como Mediaciones Martínez S.L.

La investigación judicial señala cinco maniobras bajo sospecha en el entorno de la SEPI. El caso más relevante es el rescate a Tubos Reunidos, en el que el grupo Hirurok habría facilitado la concesión de fondos públicos y recibido una comisión a través de Mediaciones Martínez. Otra operación bajo la lupa es la adjudicación de un contrato a Servinabar por parte de Mercasa para un informe técnico sobre el cambio de sede, que los investigadores consideran innecesario y con documentación falsa. En el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), una unión de empresas resultó beneficiada con un contrato, lo que permitió a los implicados cobrar en torno a 400.000 euros.

Las pesquisas también abarcan la intervención de Hirurok en la contratación de un despacho de abogados por parte de Enusa, así como en una ayuda pública gestionada por Sepides para la sociedad Arapellet. El juez Santiago Pedraz prorrogó el secreto de sumario, mientras sigue la investigación sobre Vicente Fernández y Antxon Alonso por supuestas comisiones en contratos públicos. Ambos fueron detenidos en diciembre y luego liberados bajo medidas cautelares. Además, Díez es investigada en Madrid por posibles maniobras para dificultar pesquisas judiciales y por un contrato vinculado a Zarrías, quien declaró que fue para una investigación periodística, según apunta EFE.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han accedido este miércoles a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez. El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa, Santiago Pedraz, ha ordenado también requerir documentación en varios inmuebles propiedad de altos cargos del PSOE, entre ellos, el despacho en Madrid del histórico exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; la casa de Santos Cerdán y el empresario Javier Pérez Dolset.

La operación, según han trasladado fuentes de la investigación a la agencia EFE, está relacionada con la causa que investiga a la exmilitante del PSOE por presuntas irregularidades en contratación pública.

El 8 de mayo, Pedraz amplió por un mes el secreto de la investigación, que también implica al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al propietario de Servinabar, Antxon Alonso, a quien se considera socio del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por supuestas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.

La investigación sostiene que los empresarios Díez, Fernández y Alonso formaron un grupo denominado Hirurok —‘nosotros tres’ en euskera— y se valieron de sus relaciones institucionales para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de la posición de cada uno y de sus contactos en empresas y organismos públicos.

Los tres fueron arrestados en diciembre bajo los cargos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Posteriormente, se les impusieron medidas cautelares, entre ellas, la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de abandonar el país.

Leire Díez está siendo investigada en otra pieza separada por ofrecer supuestos tratos entre empresarios y abogados con la Administración a cambio de información comprometida de determinados mandos de la UCO, jueces y fiscales.

Rufián recuerda que la financiación irregular es una “línea roja”

La noticia ha llegado minutos antes del comienzo de la sesión de control al Ejecutivo. El primero en reaccionar ha sido el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha emplazado de nuevo al jefe del Ejecutivo a convocar elecciones ante la situación “agónica” y “patética” que está viviendo el país. Feijóo ha indicado que viven una situación de “extrema gravedad” y ha preguntado “cuántas redadas más”, “mordidas” y “sumarios” deben conocerse para que el presidente del Gobierno dé la palabra a los españoles en las urnas. El jefe de la oposición, no obstante, hizo referencia a una operación para recabar pruebas sobre financiación irregular, hechos que no se corresponden con el sentido de la operación realizada esta mañana.

También ha sido preguntado por ello en los pasillos del Congreso el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha avisado de que si se demuestra que hubiera una caja B en el PSOE sería la “línea roja” para que su formación reclame elecciones generales “para que la gente decida”. Por el momento, el portavoz republicano ha pedido prudencia porque estas investigaciones son largas y se está en un momento en el que “no se sabe lo que es cierto y lo que es campaña”.

El sumario judicial de la Audiencia Nacional que lleva el caso por el que se ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apunta a la existencia de una red internacional de negocio relacionada con el petróleo venezolano y operaciones de compraventa de oro en la que varios de sus miembros residirían en territorio español. Entre estos nombres figuran el de los hermanos Baca Arbulo o el prestamista Simon Verhoeven.

Las autoridades de Francia y Suiza remitieron una solicitud de cooperación internacional en julio de 2024 a la Fiscalía Anticorrupción tras comprobar que varias personas investigadas en esta presunta trama por blanqueo de fondos públicos venezolanos malversados y tráfico de oro contaban con importantes inversiones en España.

A partir de esa información, la Fiscalía Anticorrupción española comenzó a investigar en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Aunque una primera causa fue archivada inicialmente por un error procesal la investigación fue posteriormente reabierta y actualmente es instruida por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

La UDEF concluyó que existían “indicios suficientes” para investigar la actividad desarrollada en España por varias personas que formarían parte de una red que ofrecía servicios financieros a personas vinculadas con el Gobierno venezolano. Estos son los perfiles más destacados de esta presunta estructura internacional:

Los hermanos Baca Arbulu y su entorno

Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu son dos empresarios de origen peruano a los que la Fiscalía Anticorrupción atribuyó los presuntos roles de “gestores ejecutivos” en la trama. También aparecen en la investigación la francesa Marie Caroline Boyer (mujer de Luis Felipe) y Gabriela Puente, asistente de los hermanos, de origen venezolano y nacionalidad española.

Luis Felipe Baca tenía una empresa llamada Bluecap Corp radicada en las Islas Mauricio que, según las autoridades francesas, mantendría un rol preponderante en el blanqueo de

capitales. Esta sociedad tenía una filial en España, Kaimana Capital, creada en 2019 por el abogado Miguel Palomero, quien vendió sus participaciones a Enrique y a la esposa de su hermano y estos, posteriormente, a Romaine Bruere, detenido en Francia.

Las autoridades suizas y francesas también vinculan a Luis Felipe con fondos desviados de programas públicos de Venezuela, con foco en el sistema de distribución de alimentos CLAP, según La Razón, y de operaciones relacionadas con la venta “ilegal” de oro venezolano a través de una empresa radicada en Emiratos Árabes llamada Noor Capital.

Según la información recogida en el sumario Baca habría sido arrestado en la isla de Aruba y posteriormente entregado a España a través de un procedimiento de extradición coordinado con Países Bajos solicitado el pasado marzo. El juez instructor decretó su puesta en libertad con prohibición de salida del espacio Schengen.

Díazgranados, el “captador” de clientes para la red internacional

Danilo Alfonso Díazgranados es un empresario venezolano con residencia en Madrid a quien se le atribuye el presunto rol de gestor ejecutivo vinculado a la “captación de clientes eventuales de la estructura”, según el informe de la Fiscalía Anticorrupción. Los documentos le relacionan con diversas sociedades como la panameña Craft Financial y Blossom Finance LTD, situada en las Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades internacionales identificaron varias conversaciones entre Diazgranados y Felipe Baca de 2022 en las que resultaron indicios de que el primero pudo facilitar a un eventual cliente en Venezuela la estructura para blanquear una importante cantidad de dinero en efectivo que había obtenido como pago de unas obras.

Las negociaciones de esta operación se llevaron a cabo a través de reuniones en un “conocido restaurante” próximo al domicilio de Díazgranados, donde este recibió el dinero.

Además, cuando la Policía Nacional registró en 2024 el teléfono móvil de Palomero encontró un chat del letrado con Díazgranados en el que se citaba a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”, ahora identificado como Zapatero.

Verhoeven, el neerlandés vinculado a sociedades pantalla y cuentas en Suiza

Simon Leendert Verhoeven, nacido en Países Bajos afincado en España, se encargaría presuntamente de la gestión operativa de sociedades pantalla vinculadas a la red y de cuentas bancarias en Suiza.

El empresario neerlandés estaría vinculado a diversas sociedades como Wailea Invest, Allpa Wira y Valerian Corporation, utilizadas presuntamente para conceder préstamos a Plus Ultra poco antes de que el Gobierno español aprobara el rescate público de 53 millones de euros.

Sobre esto, Verhoeven declaró que los préstamos a Plus Ultra “fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”, sin aportar más información sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo estas devoluciones.

Además, se le relaciona con actividades de blanqueo a una sociedad española filial de una matriz venezolana y con la venta de oro venezolano junto a Felipe Baca.

El juez Calama de la Audiencia Nacional también dictó una orden internacional de detención el pasado mes de marzo contra Verhoeven por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Los socios elevan el tono contra el Gobierno, pero ninguno está dispuesto a dejar caer al Gobierno, ni con una moción de censura ni con un adelanto electoral. La investigación del juez José Luis Calama ha sacado a la luz muchas conversaciones, amistades y dinero que apuntan a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Pero ninguna prueba, tras haberse examinado 4.000 folios de sumario, se percibe como letal para la legislatura.

Esa es la sensación que se percibe en Moncloa, según ha podido saber Infobae, donde el Gobierno mantiene una defensa sin fisuras del expresidente. También es el mensaje que trasladan los aliados más estables de Sánchez en el Congreso, quienes piden “prudencia” a la espera de conocer las explicaciones de Zapatero en la Audiencia Nacional el próximo 17 y 18 de junio. El desgaste de los socios, no obstante, está siendo evidente. Principalmente porque existe el temor de que un final agónico de la legislatura pase factura a los partidos que han apoyado hasta el último minuto al ejecutivo socialista. De ahí que todos hayan salido en tromba a pedir explicaciones al Gobierno.

Y este nerviosismo es lo que trata de aprovechar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien lleva días amagando con impulsar una moción de censura “instrumental” a sabiendas de que no salen las cuentas.

El mensaje del líder de la oposición trata de llamar a la puerta del Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, dos partidos que han mostrado su hartazgo por el elevado número de casos judiciales abiertos y los reiterados incumplimientos de los compromisos de legislatura, que el Gobierno aplaza por la dificultad de sumar mayorías. Precisamente, la formación jeltzale llegó a afirmar esta semana que era “irresponsable” alargar la legislatura más allá de 2026.

En Génova tampoco hay prisa por forzar una votación y la estrategia, mientras sigan así las tornas, es esperar a que los avances judiciales hablen por sí solos y retraten a los socios del Gobierno como los que “se comieron su corrupción”. “Toda esta corrupción les está pasando factura y se están retratando. Sus estándares éticos son incoherentes y son ellos los que están sosteniendo la corrupción de Pedro Sánchez”, expresó la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

Los socios no ven que se hayan traspasado las líneas rojas

A pesar del descontento manifestado por los socios del Gobierno, las fuentes consultadas por Infobae de estos partidos todavía no observan que la causa haya “traspasado las líneas rojas" como para decidir romper. Son las mismas, explican, que ya marcaron cuando estalló previamente el caso Cerdán: que el Gobierno se vea involucrado o que haya indicios de financiación irregular.

Al mismo tiempo, los socios se encuentran atados, precisamente, por los compromisos pendientes que dependen de la supervivencia de Sánchez. En el caso del partido independentista catalán, está la vuelta de Carles Puigdemont, que todavía no se ha consumado a pesar de que la ley de amnistía ya hace meses que fue avalada por el Tribunal Constitucional y por el Abogado General de la UE.

El PNV, por su parte, también depende de los socialistas en el gobierno autonómico en el País Vasco, donde tratan de vender una imagen de estabilidad y “centralidad” de cara a las elecciones municipales previstas dentro de un año. El PNV evita participar en la dialéctica embarrada de Madrid porque sabe que la polarización opaca su discurso territorial.

Y precisamente por entrar en vísperas de elecciones, Junts es consciente del daño electoral que provocaría derrocar al Gobierno con la ultraderecha estatal. No está “ahora mismo sobre la mesa”, apuntó la presidenta de Junts en el Parlament, Mónica Sales.

El PP desiste de la moción y presionan con un adelanto electoral

Una forma de añadir presión sin moverse es mediante la petición de un adelanto electoral. PP y Vox ya se han abonado a esta estrategia ante la imposibilidad de reunir apoyos, una propuesta a la que se han unido, entre otros, socialistas críticos como Emiliano García-Page o Felipe González. “Lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado”, ya que “llevamos ya mucho tiempo donde un escándalo tapa otro y cada vez va cogiendo más volumen”, señaló el barón castellanomachego.

Tanto PSOE como Sumar han rechazado la idea de adelantar elecciones o convocar una moción de confianza, una propuesta que, en todo caso, dependería de Pedro Sánchez, que ya ha dejado clara su intención de agotar la legislatura. La intención del Gobierno es “seguir gobernando y dialogando con todos los aliados”. “El que quiera cambiar tiene una herramienta que es la moción de censura y, por lo tanto, aquel que diga que esto se ha acabado puede pactar una moción de censura con Vox”, afirmó el portavoz socialista Patxi López, síntoma de que en las filas socialistas son conscientes de que la amenaza de ruptura queda lejana.

De momento, los trabajos tendrán que esperar. El Gobierno andaluz que preside en funciones Juan Moreno Bonilla ha decidido este martes desistir del contrato para mejorar las obras de acceso del hospital San Juan de Dios, un centro gestionado por una orden religiosa pero integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Desde el año 2003, este hospital ofrece asistencia sanitaria a 28 municipios de las provincias de Sevilla y Huelva. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el año pasado las obras para reordenar los accesos a este centro a través de la carretera A-8062, pero la empresa adjudicataria rechazó finalmente encargarse de las mismas porque el precio con el que ganó el contrato (31.889 euros) no cubría los costes.

El Ejecutivo andaluz reconoce que la empresa adjudicataria, Pavimentos Mateos, renunció a ejecutar el contrato el 6 de diciembre de 2025, pero que no fue hasta principios de mayo de este año cuando el Servicio de Carreteras de la Junta comunicó la imposibilidad material de ejecutar el contrato en los términos licitados debido “al tiempo transcurrido entre la adjudicación del contrato y la renuncia formal del contratista, la inexistencia de ejecución material y la imposibilidad de mantener el precio del contrato por el incremento extraordinario de los costes de materiales provocado por la situación bélica en el Golfo Pérsico”.

La Junta entiende que se ha producido una modificación sustancial del referido objeto del contrato, “por lo que no procede a la adjudicación del referido contrato por razones de interés publico debidamente justificadas, al no ser posible adjudicar nuevamente el contrato por el importe de licitación establecido”. Es decir, que las obras no se pueden realizar por 32.000 euros, como estaba inicialmente presupuestado. Ahora, se iniciará un nuevo expediente de contratación “con precios actualizados al mercado”, explican desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) acaba de presentar un informe que cuantifica el impacto económico del conflicto en Oriente Medio sobre las empresas del sector. Los datos son contundentes: nueve de cada diez constructoras españolas han sufrido ya un impacto de intensidad media o alta, y la mayoría reconoce incrementos de costes de hasta el 15%. El estudio dibuja un panorama en el que la espiral de precios de la energía, los carburantes y las materias primas amenaza la viabilidad de proyectos de vivienda e infraestructuras. Además, la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado está provocando retrasos, ralentización de proyectos e incluso el abandono de obras. Solo el 3% de las empresas ha conseguido renegociar los contratos firmados antes del estallido del conflicto. El 15% está en proceso de intentarlo. El 56% lo ha intentado sin éxito.

Obras de un solo mes de trabajo

En este caso concreto, la empresa encargada de estas obras decidió renunciar al contrato a principios de diciembre, cuando el conflicto entre EEUU e Irán no había comenzado. Los trabajos se tenían que ejecutar en la carretera A-8062, que une los municipios sevillanos de Bormujos y Valencina de la Concepción, y que pertenece a la Red Complementaria Metropolitana de Sevilla, carretera convencional de 4,82 kilómetros de longitud que gestiona la Junta. Su tráfico medio diario es de 36.782 vehículos. En el punto kilómetrico 0+450, margen izquierda, está el Hospital San Juan de Dios.

Las obras se centraban en una reordenación del nuevo acceso de entrada al hospital, que conllevaba el movimiento de tierras necesario para conectar la carretera A-8062 con la rotonda existente junto al hospital, diseñando un nueo firme y el pintado de marcas viales. Las obras solo iban a durar un mes. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que gestiona este centro, se define como “una institución católica sin ánimo de lucro de carácter internacional con la misión de curar y cuidar a las personas más vulnerables de la sociedad”. Atiende a una población de referencia de 303.000 personas, realizando más de 12.000 intervenciones quirúrgicas, 180.000 consultas y cerca de 10.000 ingresos hospitalarios (datos de 2024).

Hay una fecha que marca el destino de José Luis Rodríguez Zapatero: el 19 de septiembre de 2024. Ese día, El Parlamento Europeo aprobaba el reconocimiento de Edmundo González como presidente “legítimo” de Venezuela. González había ganado las presidenciales de su país, pero el régimen de Nicolás Maduro no reconoció su triunfo y le obligó a exiliarse a España. Zapatero negoció durante esos convulsos días de crisis política por la vicepresidente chavista, Delcy Rodríguez, para encontrar una solución. Zapatero no sospechaba que ese mismo día, 19 de septiembre de 2024, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF había recibido un escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiéndole ayuda para que facilitara información sobre el patrimonio en España de varias personas que estaban siendo investigadas en Francia y Suiza por blanqueo de capitales.

Se trataba de los hermanos Luis Felipe y Enrique Baca Arbulu, dos ciudadanos peruanos asentados en Madrid. De hecho, uno de ellos se acababa de comprar en marzo de 2024 un pisazo con vistas al Retiro por 3,9 millones de euros. También de la francesa Marie Caroline Boyer (esposa de Luis Felipe); de la venezolana Gabriela Puente; del venezolano Danilo Alfonso Díazgranados, un empresario que vive en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón; y del holandés Simón Leendert Verhoeven. El primero de ellos, Luis Felipe Baca, estaba siendo investigado por la Autoridad del Mercado de Valores de Francia (AMF) por el uso de información privilegiada y lavado de dinero. Las autoridades francesas habían decomisado el móvil de Baca dos años antes, en octubre de 2022. Y como se sabe en este tipo de investigaciones, el teléfono de una persona siempre es una pieza clave. En su caso, había “multitud de conversaciones a través de la aplicación Signal con socios y clientes”.

Luis Felipe Baca tenía una empresa radicada en Islas Mauricio, cerca de Magadascar, un Estado con grandes ventajas fiscales. La sociedad se llama Bluecap Corp, que tenía una filial en España, Kaimana Capital. Esta última había sido constituida por un abogado español, Miguel Palomero. Baca es una especie de bróker que gestiona patrimonios. Y entre sus clientes, cargos del Gobierno venezolano y empresarios de ese país, como Gilberto Morales Reverón, con nacionalidad española y que también acababa de adquirir un piso en Madrid valorado en 1,7 millones de euros.

Morales, golfista profesional en el pasado, es una figura “relevante”. El FBI estadounidense le investigaba por corrupción, por el presunto desvío de fondos públicos venezolanos vinculados a las subvenciones de alimentos. Morales abrió una cuenta bancaria en Madrid y empezó a recibir fondos (2,6 millones de euros) desde Alemania, Suiza y Dominica. Y como estas madejas societarias se enredan cada vez más, Morales había recibido dinero desde una empresa radicada en Islas Vírgenes Británicas a nombre de Armando Capriles, primo del líder opositor venezolano. Es decir, en esos momentos se investigaba si Baca blanqueaba para Morales.

La línea llega de Plus Ultra

A Baca no solo le investigaban en Francia, también en Suiza “por su participación en redes vinculadas al presidente Maduro para evadir las sanciones internacionales de venta de crudo”. Pero con la madeja siempre se enrolla más, Baca, junto a su esposa y Simón Verhoeven, también estableció “esquemas financieros” para la venta de oro del Banco Venezolano a través de una empresa radicada en Emiratos Árabes llamada Noor Capital. Luis Felipe Baca es la clave. En su móvil aparecían conversaciones con Danilo Alfonso Díazgranados que dejaban claro que ambos tenían inversiones en España y que ambos colaboraban en el blanqueo para terceras personas. ¿Cómo? A través de la venta de oro. Y aquí aparece un nuevo personaje: Rodolfo Reyes Rojas, empresario venezolano y accionista de referencia de Plus Ultra a través de su esposa, María Aurora López. Reyes es una de las figuras clave de la aerolínea que recibió 53 millones de euros del fondo de rescate gestionado por la SEPI.

El móvil de Baca refleja que realizó varias operaciones de lavado de dinero para Reyes. Una de ellas en julio de 2020. El teléfono recoge un correo enviado por un gerente comercial de la empresa Coyne Airways, con sede en la zona franca del aeropuerto de Dubái, solicitando una cotización para el “transporte de 5 a 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái”. Con toda esta información, la UDEF lo resume con cautela en un informe que plasmó el 18 de octubre de 2024: Rodolfo Reyes “podría ser de interés en España” porque, además de la eventual canalización de fondos hacia territorio español señalada por las autoridades francesas, se habían comprobado importantes inversiones y estructuras empresariales en nuestro país". Entre ellas, su participación en Plus Ultra. Baca y Diazgranados idearon el blanqueo para Reyes en un restaurante de Pozuelo.

¿Cómo? A través de una empresa llamada Adamas, gestionada por el holandés Simon Verhoeven. Este ya había declarado ante la Fiscalía de Ginebra que otras tres sociedades suyas habían hecho préstamos millonarios a la aerolínea Plus Ultra, y que esos préstamos habían sido “íntegramente reembolsados”. Con dinero público español: el del rescate. Después, con ese dinero, una filial de Adamas, Allpa Wira, le vendió 30 millones de euros de oro a otra sociedad de Emiratos Árabes también controlada por Baca, llamada Al Joud. De ahí el dinero viajó a una cuenta en Panamá de otra sociedad y finalmente a Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra. Dinero blanqueado.

La madeja se fue enredando cada vez más. La Policía Nacional registró en octubre de 2024 el despacho del abogado Miguel Palomero, abogado de Baca. En su teléfono móvil encontró un chat denominado ‘Danilo-España’ en el que se recogían las conversaciones del letrado con el empresario venezolano Danilo Diazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa “y un hombre de negocios cercano a Hugo Chávez”. En ese chat se cita a “alguien denominado ‘Zorro’, ‘Z’ o ‘ZZZZ”. La UDEF no sabía que había podido encontrar la primera referencia al expresidente Zapatero. Todos estos datos, resumidos, dieron origen a la denuncia de 21 páginas que judicializó la Fiscalía Anticorrupción a finales de octubre de 2024 y que está en el origen del ‘caso Plus Ultra’ y la posterior investigación a Zapatero un año después.

La Administración estadounidense había interceptado a Rodolfo Reyes años antes, en 2021, en el aeropuerto de Miami. Le retuvo y clonó su teléfono móvil en el que aparecieron referencias a Plus Ultra y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tres años después, en 2024, la Homeland Security Investigation, agencia de inteligencia estadounidense, entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en el teléfono de Reyes. Este había reenviado en julio de 2020 un mensaje de directivos de Plus Ultra en el que contaban el resultado de la reunión mantenida con los altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura [secretario de Estado] y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ”altas“ recomendaciones (...)”. A ese mensaje que él mismo reenvía, Reyes añade de su parte: “Sí, bro [sic]. Nuestro pana Zapatero detrás”. Reyes está hoy en busca y captura, el bróker Baca está imputado. Y Zapatero se ha convertido en el primer presidente del Gobierno de España investigado por un juez.

Con el paso de los días se accede a más documentos relacionados con la trama del rescate de Plus Ultra y, con ellos, se desvelan nuevos nombres involucrados. En España, la investigación comenzó tras los avisos enviados por parte de las autoridades francesas y suizas. En uno de sus escritos, la Fiscalía Anticorrupción detalla partes relevantes que incluye la UDEF en su informe. Entre todos los protagonistas, aparecen tres viejos conocidos de la justicia española.

“La Brigada de Blanqueo en su informe pone de manifiesto que algunos de los considerados “clientes” por los investigadores franceses tiene antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país", asegura la Fiscalía. Estas tres personas, de origen venezolano, serían Angelica Barrios Noriega, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Francisco Javier D’Agostino Casado. Su implicación dentro de la trama global, que incluye desde los programas de alimentos de Venezuela al negocio en Emiratos Árabes, está por determinar, pero la UDEF los considera “clientes”.

Su actividad en España va desde un juicio ganado al juez Peinado, el magistrado que desde hace meses aborda las causas que relaciona con Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, a dos detenciones a manos de la Brigada de Blanqueo a órdenes de extradición. En el caso de D’Agostino, los tentáculos estadounidenses llegan hasta su figura, a la que han investigado por supuesto robo de petróleo.

Dos figuras del régimen venezolano

Angélica Barrios Noriega es una ciudadana venezolana con pasaporte español que trabajó en la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Fue detenida en dos ocasiones por el Grupo 22 de la Brigada de Blanqueo y posteriormente extraditada a Estados Unidos. Transparencia Venezuela, organización contra la corrupción, informó hace tres meses que Suiza bloqueaba las cuentas de 37 personas presuntamente vinculadas al chavismo por posibles ingresos irregulares. Dentro de esta lista figura Barrios Noriega.

Nervis Villalobos es una personalidad sobre la que se conocen más detalles. Fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2001 y 2006, bajo el gobierno de Hugo Chávez. En 2018, se le ordenó prisión provisional en España por presunto blanqueo, meses después de una primera detención por una orden emitida por EEUU que le acusaba del cobro de sobornos vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se suspendió la extradición para que rindiera cuentas en España.

Los principales procesos judiciales de Nervis Villalobos en España incluyen el juicio del “Caso Duro Felguera”, previsto para octubre, por un supuesto negocio de comisiones y sobornos relacionados con la adjudicación del contrato de la central termoeléctrica Termocentro en Venezuela. Villalobos denunció al juez Peinado y el Tribunal Constitucional, tras darle la razón, anuló las resoluciones que lo mantenían en prisión provisional. Ahora, la UDEF lo señala como un posible beneficiario de la trama que involucra al rescate de Plus Ultra.

Empresario investigado por EEUU y en la lista Epstein

El empresario hispanovenezolano Francisco Javier D’Agostino se ha consolidado como una figura de alto perfil en España, donde reside. Casado con María Victoria Vargas, es concuñado de Luis Alfonso de Borbón. Tras años bajo el foco internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) lo retiró a principios de 2025 de su lista de sancionados al no hallar evidencias de su supuesta colaboración en la evasión de sanciones al crudo venezolano.

Sin embargo, su situación legal dio un vuelco a inicios de 2026 tras ser detenido en Italia debido a una orden de extradición vinculada a presuntas redes de tráfico de petróleo. Más allá de sus situaciones judiciales, D’Agostino destaca en el sector del ocio como promotor de la tauromaquia en Mallorca, reactivando los festejos taurinos en la isla. Su situación más polémica explotó al aparecer en documentos de la lista Epstein, con correos cruzados que lo implican en supuestas conversaciones sobre negocios.

García-Page insiste que Zapatero no puede desvincularse “del actual Gobierno”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirma que “difícilmente se puede desligar la actividad del ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero del actual Gobierno”. En una entrevista en el programa La Brújula de Onda Cero, García-Page ha abordado la imputación de Rodríguez Zapatero y la situación presente en el seno del PSOE.

García-Page ha expresado que la trayectoria del expresidente sigue vinculada al desempeño del Ejecutivo actual, y ha manifestado su deseo de que el ex presidente pueda explicar su situación. El dirigente manchego ha remarcado: “Sería de los que celebrarían que quedara clara su inocencia”. Además, ha subrayado que la acumulación de dudas sobre el partido nunca había alcanzado tal magnitud como la que se arrastra en estos momentos.

En vídeo: Aplazada la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio como investigado ‘caso Plus Ultra’

Robles descarta pronunciarse sobre un adelanto electoral y pide “confiar plenamente” en la justicia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rehusado posicionarse sobre un hipotético adelanto electoral y llamó a “seguir trabajando, dejar que el presidente tome sus decisiones y confiar plenamente y apoyar a la justicia”. Robles recalcó que convocar elecciones “corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno” y pidió respetar “la presunción de inocencia”, advirtiendo que, si alguien ha cometido un delito, “la ley es igual para todos”.

El Gobierno aguardará más de tres semanas hasta la declaración de Zapatero y mantiene su defensa pública del expresidente

El Gobierno seguirá defendiendo públicamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante más de tres semanas, hasta que este comparezca ante el juez José Luis Calama los días 17 y 18 de junio. Fuentes gubernamentales aseguran a Europa Press que mantendrán la “prudencia” y continuarán defendiendo su inocencia porque, insisten, “todavía no hay nada que pruebe su culpabilidad”. Zapatero publicó un vídeo negando los hechos tras su imputación, pero el Ejecutivo da por hecho que no volverá a hacer declaraciones públicas hasta su comparecencia judicial. El presidente Pedro Sánchez, que ya le mostró “todo su apoyo” en el Congreso, ofrecerá este miércoles una rueda de prensa en Roma tras reunirse con el Papa León XIV, donde previsiblemente volverá a respaldarle.

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Coalición Canaria exige a Sánchez que adelante las elecciones o se someta a una cuestión de confianza tras la imputación de Zapatero

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, exige al presidente Pedro Sánchez que adelante las elecciones o se someta a una cuestión de confianza, al descartar que haya “una moción de censura sobre la mesa”. Valido califica la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de “momento crítico” para el Gobierno y se suma a la posición del PNV, cuyas advertencias sobre el agotamiento de la legislatura consideró “reflexiones de sentido común”. “Lo ideal sería que en 2027 pudiéramos empezar una legislatura con presupuestos generales y donde pudiéramos atender más a los problemas de la gente que a los problemas que tienen algunos partidos”, afirma.

Puigdemont exige a Illa “menos victimismo y más explicaciones” sobre el caso Plus Ultra y el “especial interés” con China

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha respondido al president de la Generalitat, Salvador Illa, tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. En un mensaje en X, Puigdemont le reclamó “menos victimismo y más explicaciones”, en especial para saber de dónde viene “vuestro especial interés con China”. El expresident reaccionaba así a un vídeo de Illa en el que el socialista defendía la firmeza de su partido: “Ser socialista es una forma de estar en el mundo. Y es creer en la dignidad cuando es difícil, creer en la justicia cuando cuesta y creer en la gente cuando otros miran hacia otro lado”.

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El sumario del caso Zapatero revela que las empresas de su amigo Julio Martínez cobraron más de 241.000 euros de administraciones del PP

Un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario del caso Zapatero, acredita que las empresas del supuesto testaferro del expresidente, Julio Martínez Martínez, facturaron a administraciones gobernadas por el PP. La Comunidad de Madrid abonó 129.189,88 euros en 2023 y 2024, más otros 50.106,48 euros a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Junta de Andalucía, presidida por Juan Manuel Moreno Bonilla, pagó 62.307,12 euros entre 2020 y 2024. El informe de la ONIF forma parte del sumario que investiga a Martínez como presunto ejecutor de órdenes de Zapatero en la trama de Plus Ultra.

/espana/2026/05/26/la-udef-sostiene-que-las-hijas-de-zapatero-usaron-su-empresa-whathefav-para-ocultar-pagos-de-la-trama-plus-ultra-mediante-facturas-falsas/

Vox denuncia en el Senado “demasiadas sombras” en el rescate a Plus Ultra por sus “conexiones con el régimen venezolano”

El senador de Vox Fernando Carbonell ha acusado al Gobierno de permitir que “determinadas redes de influencia hayan actuado con una impunidad incompatible con una democracia sana” en torno al rescate a Plus Ultra, y denunció la existencia de “demasiadas sombras” por las “conexiones con el régimen venezolano”. El ministro Félix Bolaños ha respondido enumerando las medidas adoptadas: dos planes específicos contra la corrupción, una oficina de protección al denunciante, dos nuevas fiscalías y 700 nuevas plazas para jueces y fiscales.

El PP reta a Bolaños a incluir a Zapatero en las listas electorales del PSOE si aún confían en él

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha retado al ministro Félix Bolaños a que el PSOE lleve al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sus próximas listas electorales. “Hagan caso a Felipe González, convoquen elecciones y pongan a Zapatero de número dos”, le desafió durante la sesión de control. García recordó que Zapatero compareció en febrero en la comisión de investigación del caso Koldo, donde, a su juicio, “mintió” al negar cualquier relación con Plus Ultra, y preguntó a Bolaños si el expresidente será expulsado del partido conforme a sus propios estatutos. “¿O miente la UDEF?”, espetó, en alusión al informe policial que sustenta la imputación del expresidente.

Bolaños defiende en el Senado agotar la legislatura y pide al PP que no condene a “una persona que no ha declarado todavía”

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido en el Senado a las preguntas del PP sobre el caso Plus Ultra sin mencionar en ningún momento el nombre de Zapatero. “Este es el tiempo de la Justicia. Es cuando jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado han de hacer su trabajo, sin presiones, sin injerencias”, ha afirmado, ante las carcajadas de la bancada popular. Bolaños también ha rechazado la convocatoria de elecciones anticipadas: “El PSOE representa a esa gran mayoría de ciudadanos progresistas que quieren que España avance y eso es lo que vamos a seguir haciendo en el año y dos meses que quedan de legislatura”, zanjó.

Rufián ironiza sobre el futuro de la legislatura tras la presión del PNV a Sánchez para convocar elecciones

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido con ironía a la advertencia del PNV de que la legislatura no puede continuar hasta 2027: “Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV”. Ante el sumario del caso Plus Ultra, ha distinguido entre “lo legal” y “lo moral”, y advierte que pediría elecciones anticipadas si se probara una financiación irregular del PSOE, a la que comparó con “una Gürtel” del partido.

El sumario del caso Plus Ultra recoge conversaciones de directivos de la aerolínea en las que afirman que “Zapatero manda aquí”

El sumario del caso Plus Ultra incluye conversaciones de WhatsApp entre el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y su máximo accionista, Rodolfo Reyes, en las que ambos afirman que “Zapatero manda aquí” y bromean sobre un viaje del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela: “El tocayo y Zapatero rumbo a CCS [Caracas]. Van a vigilar la limpieza de las elecciones. Jajajaja”. Zapatero ha negado rotundamente haber participado directa o indirectamente en el rescate de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Estado en 2021. Para sustentar la imputación, la Policía Nacional y el juez José Luis Calama rastrearon 40 empresas, centenares de transacciones y 60 personas con el fin de determinar si existió un trato de favor.

Zapatero tiene 23 días para estudiar 700 archivos del caso Plus Ultra antes de declarar en la Audiencia Nacional

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dispone de 23 días para revisar cerca de 700 archivos que integran el sumario del caso Plus Ultra antes de comparecer como investigado los días 17 y 18 de junio ante la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama pospuso su declaración —prevista inicialmente para el 2 de junio— a petición de la defensa, y reservó dos jornadas ante la previsible extensión de la misma. El sumario incluye un auto de imputación de 85 páginas, dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y 1.597 folios trasladados desde el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, primer tribunal en investigar el caso.

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La empresa de las hijas de Zapatero era una “estructura artificiosa orientada a justificar pagos”

El auto del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso Infobae, apunta a Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como el eslabón final de un circuito circular de fondos entre sociedades investigadas. Entre 2020 y 2024, la compañía emitió facturas a Análisis Relevante bajo el genérico concepto “servicios agencia”, sin mayor detalle. El juez José Luis Calama concluye que la firma “interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”. La sociedad Inteligencia Prospectiva, sin actividad real pero con movimientos de 2,6 millones de euros, transfirió 561.440 euros a Whathefav, cuyos pagos terminaban en las cuentas personales de las hijas del expresidente.

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El PNV avisa de que “esta legislatura no puede seguir como está”

La portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reclamado que el presidente Pedro Sánchez disuelva las Cortes antes de que acabe el año, y califica de “irresponsabilidad completa” prolongar la legislatura. “Esta legislatura no puede seguir como está”, ha afirmado en los pasillos de la Cámara Baja, donde apuntó que “los diferentes casos judiciales que hay alrededor del Gobierno y alrededor del presidente están contribuyendo a que la crispación que hay en el Congreso sea cada vez mayor”. Vaquero también ha reprochado al Ejecutivo que gobierne “vía decreto” sin presupuestos y sin negociar con los grupos parlamentarios, en línea con lo planteado el fin de semana por el presidente del PNV, Aitor Esteban.

La UDEF señala la casa de Zapatero como el “centro neurálgico” de la trama y su despacho como sede operativa

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que la vivienda del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era el “centro neurálgico” de la trama del caso Plus Ultra, donde se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad”, mientras que su despacho en Ferraz actuaba como “centro de dirección operativo”. La Audiencia Nacional registró ese despacho el pasado 19 de mayo en busca de documentos comprometedores y halló una caja fuerte con joyas que la secretaria personal del expresidente, Gertrudis Alcázar, atribuyó a herencias y regalos de viajes. El juez Calama ha rechazado por el momento registrar la vivienda de Zapatero, pese a que la UDEF la identifica como el núcleo de la operación.

Zapatero, el directivo en la sombra de Análisis Relevante

Según el sumario al que ha tenido acceso Infobae, la UDEF sospecha que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero actuó como verdadero directivo de Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez —detenido en diciembre— que habría servido como “instrumento financiero” para ocultar el rastro del dinero del rescate a Plus Ultra. Según los investigadores, fue Zapatero quien determinaba los clientes de la firma, tal como revelan dos listados que el expresidente remitió a Martínez con las empresas destinatarias de los informes mensuales. Los propios informes, según la UDEF, los redactaba Sergio Sánchez Benítez, exdirector de Comunicación del CNI, y eran maquetados por What the Fav, la empresa de las hijas de Zapatero.

ERC pide explicaciones a Zapatero por el caso Plus Ultra, pero cuestiona los informes policiales que lo implican

Ester Capella, portavoz de ERC en el Parlament, ha reclamado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “se explique hasta el final” por su imputación en el caso Plus Ultra, aunque puso en duda los informes de la UDEF que sustentan la causa, por ser “trajes hechos a medida” similares a los usados contra los líderes del procés. Después, Capella ha subrayado que la situación del expresidente no debe “condicionar” al presidente Pedro Sánchez, quien debe primero cumplir los acuerdos con ERC antes de convocar elecciones.

El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El juez José Luis Calama ha decidido posponer la declaración de Zapatero. La comparecencia, inicialmente prevista para el 2 de junio, se celebrará finalmente los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la sede judicial.

La decisión del magistrado responde a la solicitud presentada por la defensa del expresidente, que había pedido el aplazamiento al no haber tenido acceso completo al sumario hasta el lunes. Con la nueva providencia, el juez establece dos jornadas para la declaración, atendiendo así a la petición de la defensa y en consideración a la extensión de la causa.

La Policía Nacional solicita una tasación externa para determinar el valor de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

La Policía Nacional ha decidido encargar a un experto independiente una valoración preliminar de las joyas localizadas en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, en la sede de la calle Ferraz de Madrid, durante uno de los registros realizados en la investigación del caso Plus Ultra.

Fuentes próximas al procedimiento han indicado que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enviará para su análisis las joyas, relojes, brazaletes y pulseras a un profesional ajeno al cuerpo policial. El objetivo es disponer de una estimación inicial de su valor, que servirá al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, para decidir si todas o algunas de estas piezas se mantienen como indicios en la investigación.

Según figura en el acta del registro efectuado en el despacho de Ferraz 35, la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes el pasado 19 de mayo que dichas joyas proceden en parte de una herencia de Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente, y también de algunos regalos de viajes.

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, portavoz autorizado de Zapatero, ha precisado este martes que el conjunto de joyas estaría valorado entre 30.000 y 50.000 euros. En una intervención en el programa La hora de La 1, Arroyo detalló que la caja fuerte inspeccionada por la Policía fue trasladada al despacho tras la venta de la vivienda familiar, operación con la que, según sus palabras, “se cancela la hipoteca” mencionada en el auto de imputación.

*con información de EFE y Europa Press

El Gobierno muestra confianza “plena” en la inocencia de Zapatero

El Ejecutivo ha expresado su confianza en la inocencia de Zapatero tras la publicación del sumario que ha llevado a la imputación del expresidente en el caso Plus Ultra. Desde Moncloa, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha manifestado una “confianza plena” en Zapatero, con quien dice haber trabajado y mantenido relación profesional durante más de dos décadas.

Durante una comparecencia ante los medios, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que “es el momento de que trabaje la justicia”. Saiz ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la “colaboración, el respeto absoluto y la confianza en la labor judicial”.

Respecto a la petición de adelanto electoral planteada por el PNV, Saiz ha indicado que no comparte esa posición. Ha atribuido las críticas recientes de los socios a la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales previstas para 2027. En este contexto, ha asegurado que el Gobierno mantiene su prioridad en alcanzar acuerdos y que la labor diaria del Ejecutivo se orienta en esa dirección.

Sobre la concesión del préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, que figura en el centro de la investigación judicial, Saiz ha defendido que el proceso “fue impecable, transparente y riguroso” y que “respondía absolutamente al marco regulatorio” vigente.

El PSOE invita al PP a presentar una moción de censura y descarta la petición de Page de adelantar elecciones

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha retado al PP a presentar una moción de censura, a sabiendas de estaría abocada al fracaso con la actual aritmética parlamentaria: “Lo democrático es hacer la legislatura que a uno le corresponde y el que quiera cambiar esto tiene una herramienta, que es una moción de censura con Vox”.

El PSOE ha rechazado la idea de adelantar elecciones o convocar una moción de confianza, una propuesta ha sido formulada por los partidos de la derecha e incluso dentro de sus propias filas, a través del presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García Page. El diputado socialista ha evitado valorar las palabras del barón socialista y se ha limitado a decir que la intención del gobierno es “seguir gobernando y dialogando con todos los aliados”.

El PP carga contra los socios de Sánchez por seguir apoyando al Gobierno: “Toda esta corrupción les pasa factura”

El PP considera que la relación del sumario aporta “muchas evidencias”. “Es imposible negar lo fundamental: parte del dinero del consejo de ministros concedido a una empresa extranjera acabó en el bolsillo de las hijas de Zapatero”, ha afirmado la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz.

El PP considera que las últimas informaciones de la UDEF revelan además que “esto es solo la punta del iceberg” y se ha referido a los indicios que sitúan a Zapatero como intermediario de operaciones de oro, níquel y petróleo venezolano con compradores chinos y suizos. En este sentido, ha deslizado la idea de que los negocios del expresidente estarían influyendo en la política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez. “Le hemos visto dar lecciones de moral a todos y la realidad es que era todo lo contrario. No era Bambi, era un zorro”, ha sentenciado.

Sobre la posibilidad de registrar una moción de censura, como así tanteó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Muñoz rechaza que sea una opción en este momento mientras los socios permanezcan sin moverse. “Toda esta corrupción le está pasando factura, y se están retratando. Sus estándares éticos son incoherentes y son ellos los que están sosteniendo la corrupción de Pedro Sánchez”, ha expresado.

Preguntada por el apoyo del PP a la ley de lobbies impulsada hace meses por el Gobierno y atascada en el Congreso en fase de tramitación, Muñoz ha evitado adelantar el sentido de voto de su formación, pero sí ha pedido no mezclar el trabajo de los grupos de presión con la figura del comisionista. “No hay que intentar meter a todo el mundo en el mismo saco. Los pagan a alguien para que coaccione a un cargo público. Eso es por lo que se está investigando a Zapatero”.

Illa considera que la legislatura “debe aguantar” y expresa su “confianza” con Zapatero

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha manifestado este martes su “confianza” en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse la imputación de este último en el caso Plus Ultra. Illa ha defendido que la legislatura en España “debe aguantar”, independientemente de las opiniones expresadas por el Partido Popular y Vox. “A los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos”, ha afirmado.

En una entrevista concedida a La Sexta, Illa ha llamado a la prudencia tras la decisión judicial que afecta a Zapatero. “Esto no es una selva, es un Estado de Derecho y hay una presunción de inocencia”, ha señalado. El dirigente catalán ha declarado sentirse “orgulloso” de la gestión de Zapatero durante su etapa en la Moncloa y ha criticado a quienes, en sus palabras, “lo prejuzgan con demasiada ligereza”.

Illa ha insistido en la necesidad de que la legislatura se mantenga, argumentando que “la estabilidad es un bien para el conjunto de España”. Ha destacado que la economía española “es la que más crece de la zona de euro” y que el Gobierno actual “tiene voz” en el plano internacional, además de estar promoviendo avances en políticas sociales.

*con información de EFE y Europa Press

Urtasun considera que Zapatero “debe una explicación” a la sociedad ante el “preocupante” sumario del caso ‘Plus Ultra’

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado este martes sobre la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación. Urtasun ha afirmado que Zapatero “debe una explicación” a la sociedad después de que la Audiencia Nacional haya hecho público el contenido del sumario, que el ministro considera “preocupante”.

En un encuentro con periodistas celebrado tras la inauguración de una exposición en el Museo Arqueológico Nacional, Urtasun ha señalado que esas explicaciones deberían llegar lo antes posible. Junto a ello, ha subrayado que corresponde ahora a la justicia avanzar en la investigación.

El titular de Cultura y portavoz de Sumar ha indicado que el Gobierno debe dejar claro su compromiso con la lucha contra la corrupción y avanzar en la puesta en marcha de todas las medidas de regeneración democrática que aún están pendientes en la agenda política. Ha añadido que, a su parecer, resulta necesario reformar el estatuto jurídico de los expresidentes, una tarea en la que Sumar, a través de su grupo parlamentario, ya está trabajando. En la recta final de su intervención, ha defendido que la “corrupción cero sí existe” y ha puesto como ejemplo la trayectoria de su espacio político en los diferentes gobiernos en los que ha participado.

*con información de Europa Press

Sumar rechaza una moción de censura, pero exige al PSOE explicaciones y transparencia

Sumar ha descartado la posibilidad de una moción de censura o la salida del socio minoritario del Ejecutivo. El argumento es que, en caso de agravamientos, las responsabilidades deberían recaer en la parte socialista del Ejecutivo. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha destacado que “Zapatero no es ministro”, desvinculando así al Gobierno de la investigación y defendiendo la continuidad de la legislatura, si bien ha dicho también que “el Ejecutivo debe actuar con total transparencia y dar las explicaciones que requiera la Audiencia Nacional o la ciudadanía”.

Por su parte, Joan Baldoví, portavoz adjunto del grupo y diputado de Compromís, ha solicitado una reacción “contundente” del PSOE ante un sumario que, en su opinión, “huele muy mal”. Baldoví ha criticado que el secretario general del PSOE no haya comparecido para dar explicaciones y ha insistido en que, si la situación se agrava, deberían ser el presidente y el PSOE quienes consideren si es necesario adoptar alguna “decisión drástica”. Ha añadido que los ministros que no están afectados por casos de corrupción no deberían asumir consecuencias.

Desde Más Madrid, la diputada Tesh Sidi, integrada en el Grupo de Sumar, también ha pedido al PSOE que asuma responsabilidades y ofrezca explicaciones tras la imputación de Zapatero. Sidi considera que la legislatura puede continuar y que existe “viabilidad de gobernar” siempre que no haya implicación directa en el actual Ejecutivo.

Sidi ha añadido que “todo pinta mal, no, lo siguiente” en relación con la investigación sobre Zapatero y ha defendido que los expresidentes no deben desempeñar funciones de “lobby político ni económico”. Ha anunciado que Más Madrid presentará una propuesta legislativa sobre “empresas corruptoras”, centrando el foco en quienes facilitan el soborno.

Aina Vidal, coportavoz de los Comuns y diputada de Sumar, ha defendido la posibilidad de agotar la legislatura, aunque ha advertido que no apoyarán intereses particulares de expresidentes ni de partidos. Vidal ha insistido en que el Ejecutivo debe aprovechar el tiempo que resta del mandato para impulsar medidas y ha recordado que ya se han dado explicaciones parlamentarias sobre el rescate de Plus Ultra.

Por otro lado, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado que el sumario del caso apunta a la existencia de una trama corrupta en torno al rescate de Plus Ultra, por lo que considera necesario que el Gobierno ofrezca “las explicaciones pertinentes”. Micó ha indicado que Compromís apoyará iniciativas parlamentarias dirigidas a esclarecer los hechos y que la línea roja para mantener su respaldo al Ejecutivo sería la aparición de un caso de financiación ilegal relacionado con el PSOE.

Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra ha afirmado que la legislatura “ya estaba muerta” antes de la imputación de Zapatero, atribuyendo la situación a la falta de acción del Gobierno y al uso de recursos públicos para otros fines. Belarra considera que la respuesta a este contexto debe pasar por las movilizaciones sociales y por la construcción de una nueva izquierda centrada en la limpieza, el ecologismo, el pacifismo y la lucha contra la corrupción, con el objetivo de atraer a quienes han perdido la confianza en el PSOE.

Aznar considera que su “el que pueda hacer que haga” tiene ahora “más sentido que nunca” ante la “situación insostenible”

El expresidente José María Aznar ha compartido en redes sociales un mensaje donde recupera la expresión “El que pueda hacer que haga”, subrayando que, en su opinión, adquiere ahora “más sentido que nunca”. Aznar argumenta que la situación del país requiere de “ciudadanos responsables” y “comprometidos”, dispuestos a “actuar” y “servir” para superar lo que califica como una “situación insostenible”. El vídeo con estas declaraciones fue difundido el lunes, en el contexto de la publicación del sumario judicial sobre el rescate de Plus Ultra, que incluye la citación como investigado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el próximo 2 de junio ante el juez José Luis Calama.

Aznar ya había utilizado esta frase el 2 de noviembre de 2023, en un momento en que el PSOE mantenía negociaciones con partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, en un escenario marcado por el debate sobre la ley de amnistía. En aquella ocasión, el expresidente apuntó: “El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva”, e hizo un llamamiento a la acción ante lo que consideró que eran líneas rojas superadas y una “amenaza para la democracia”.

Vox ve a Zapatero como “la punta del iceberg” de una “enorme trama de corrupción” dependiente del Gobierno

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, sostiene que la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’ representa “la punta del iceberg” de lo que califica como “una enorme trama de corrupción” dependiente del Gobierno, y ha reclamado la convocatoria de elecciones anticipadas.

En declaraciones en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha valorado el informe de la UDEF incorporado al sumario del caso, subrayando el papel del Ejecutivo en la aprobación del rescate a la aerolínea en el Consejo de Ministros. “La corrupción que rodea a Zapatero no podría entenderse sin el actual Gobierno, y ahí está la clave de todo: todos los implicados en los casos que conocemos tienen como punto de partida a Sánchez, desde las primarias amañadas hasta el rescate de Plus Ultra”, ha afirmado. “Queremos saber hasta dónde llega y quiénes lo toleraron”, ha añadido.

Ha profundizado en sus críticas señalando que, a su juicio, “si Sánchez está rodeado de corrupción es porque la corrupción y el ecosistema que lo ha permitido no podrían entenderse sin él”, y ha acusado al Gobierno de actuar como una “banda de ladrones” al servicio de intereses propios. Rodríguez de Millán ha urgido a Sánchez a “convocar elecciones de forma inmediata” para “devolver la normalidad a España” tras los sucesivos “escándalos” que, según ella, también afectan al entorno político y personal del presidente.

Preguntada por la posibilidad de una moción de censura, ha recordado que solo el PP cuenta con la capacidad aritmética para presentarla, pero Vox no descarta esa vía. En relación directa con el caso que implica a Zapatero, la portavoz de Vox advierte de que la Justicia se enfrenta a “una red transnacional de corrupción envuelta en la bandera de la Internacional Socialista”.

Junts descarta una moción de censura

Junts acaba de cerrar la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Su portavoz en el Parlament, Monica Sales, ha invitado eso sí al presidente del Gobierno a convocar elecciones, recordando que es él quien tiene esa potestad. “La moción no está encima de la mesa”, ha zanjado. Los independentistas exigen explicaciones “inmediatas” del Ejecutivo sobre la trama que investiga la Audiencia Nacional.

Zapatero pide un aplazamiento de su declaración

José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido un aplazamiento de su declaración ante el juez José Luis Calama, prevista en la Audiencia Nacional el 2 de junio, es decir el próximo martes. El expresidente y su abogado consideran insuficiente el plazo para trabajar en su defensa dado que hasta este lunes no tuvieron acceso al sumario al completo. El tribunal tiene ahora la última palabra.

La moción de censura se diluye, toma fuerza la petición de un adelanto electoral

El PP trata de pescar en aguas revueltas aprovechando el “shock” que produjo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y reta a los socios de Sánchez a dar un paso adelante” para tumbar al Gobierno. La iniciativa cuenta ya con los votos de Vox, pero necesita de los apoyos del PNV y/o Junts per Catalunya. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha amagado con impulsar una moción “instrumental”, que vendría sujeta a la convocatoria de elecciones una vez se aprobara en el Congreso.

El mensaje fue dirigido especialmente al PNV, que ha mostrado muchas dudas sobre la inocencia de Zapatero y las declaraciones más llamativas llegaron este martes a través de Aitor Esteban, quien pidió al Gobierno no extender la legislatura más allá de 2026 ante los numerosos casos de corrupción y la parálisis legislativa que arrastra el Gobierno desde el divorcio con los de Carles Puigdemont. Los nacionalistas, por el momento, no se mueven, y rebajan las declaraciones del líder jeltzale.

Junts pide explicaciones al Gobierno, pero tampoco está dispuesto a sumarse a la moción de censura porque todavía tienen cabos por atar con el Gobierno, entre otras cosas, la vuelta de Puigdemont a España. La pasividad de los socios enfría los ánimos en la calle Bambú, que llevaba semanas presionando al PP para forzar la votación.

Vox comienza a desistir de presionar al PP con esta herramienta y comienza a decantarse por exigir un adelanto. “No renunciamos a nada, pero hay muchas armas con las que echar a este gobierno”, ha señalado la portavoz del Congreso, Pepa Millán.

El empresario neerlandés Simón Verhoeven, clave en los préstamos a Plus Ultra, ocultaba oro, relojes de lujo y joyas en su finca de Mallorca

El empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven, investigado por su vinculación con los préstamos a Plus Ultra a través de operaciones con oro y materias primas, mantenía en su residencia de Santa María de Camí (Mallorca) dos lingotes de oro, doce relojes de alta gama y una colección de joyas, según quedó registrado durante la entrada y registro realizados en octubre de 2024 en respuesta a una comisión rogatoria de Suiza.

Consta en el sumario que pesa sobre Verhoeven una orden internacional de detención con fines de extradición. Ante la Fiscalía de Ginebra, el empresario reconoció ser titular de tres sociedades - Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation -, y confirmó que utilizó estas firmas para otorgar préstamos a Plus Ultra Líneas Aéreas. Entre los documentos figura una factura de Allpa Wira Trading por una venta de oro a Al Joud Precious Metal And Stones Trading, con sede en Dubái, por un importe de 122,4 millones de dirhams, alrededor de 30 millones de euros.

Las autoridades suizas detallan que la cuenta de Allpa Wira Trading AG muestra movimientos típicos de actividades financieras vinculadas al comercio internacional de materias primas. Las pesquisas han determinado que Allpa Wira Trading AG, domiciliada en Suiza, controla la filial británica Allpa Wira Trading UK LTD, que aparece como prestamista de Plus Ultra.

Durante el registro en la finca mallorquina, los agentes localizaron dos lingotes de oro (uno de 100 gramos y otro de 50), y una docena de relojes de marcas como Patek Philippe, Baume Mercier, Longines, Montblanc, Omega, Gerald Genta y Cristophe Claret. Entre las piezas de joyería destacan una gargantilla rosa, un anillo y pendientes con formas felinas, además de un colgante dorado y más accesorios con motivos similares. Se hallaron también pulseras con piedras verdes, una colección de anillos, pendientes de diversos colores, un collar de esferas perladas, pulseras y colgantes con incrustaciones y una cadena dorada. La intervención incluyó la incautación de tres ordenadores, cuatro discos duros, tres memorias USB, documentación relativa a Kaimana Capital y un recibo de honorarios por valor de 43.560 euros.

La agenda de un empresario investigado en el ‘caso Plus Ultra’ revela referencias a un contrato público con Huawei

Durante una investigación sobre el ‘caso Plus Ultra’, la UDEF de la Policía Nacional detectó unas anotaciones en una de las agendas personales de Julio Martínez Martínez, empresario y socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El hallazgo tuvo lugar tras un registro domiciliario en el que los agentes incautaron numerosas agendas con apuntes de diversa índole.

En uno de esos cuadernos, los agentes encontraron las menciones “Huawei-100 fin de mes” y “400 contrato”, que, según la UDEF, guardan relación directa con “el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos”. Los investigadores destacan que el contrato al que alude la anotación asciende a “un valor estimado de 400.000 euros” y tiene como finalidad “la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General”.

El informe policial también recoge otra nota manuscrita: “Carbon-Huawei Visita-26 fra”. Los agentes consideran que estas referencias podrían vincularse temporalmente con la celebración de la Cumbre Global de Eficiencia Energética que tuvo lugar en Dubái los días 26 y 27 de mayo, y en la que participó la tecnológica china.

Además de las agendas, el registro en el domicilio de Julio Martínez permitió la intervención de 286.070 euros ocultos en bolsas, neceseres y diferentes muebles. También se incautaron cuatro ordenadores portátiles, catorce teléfonos móviles, nueve relojes de alta gama de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Omega y Bulgari, así como abundante documentación física.

En entrevista en Cuatro, el portavoz autorizado de Zapatero - Luis Arroyo - ha defendido que el expresidente “no es responsable de si Julio Martínez tenía dinero escondido en un calcetín”, en referencia a los más de 286.000 euros que encontró la Policía en el domicilio del empresario. Sin embargo, Arroyo precisó que el exlíder socialista en ningún momento le manifestó sentirse “decepcionado con Julio Martínez”, aunque insinuó que eso “no significa que no lo esté”.

La primera jueza del ‘caso Plus Ultra’ puso bajo la lupa al entonces jefe policial de Barajas por supuestos “favores y gratificaciones” recibidos de la red

La jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, puso el foco en el comisario de la Policía Nacional Jesús María Gómez Martín, entonces responsable del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, al inicio de las pesquisas sobre el ‘caso Plus Ultra’. El motivo: supuestos “favores y gratificaciones” que habría recibido de la red investigada.

Así consta en el sumario judicial, consultado por Europa Press, en el que se detalla que la trama contactó directamente con el comisario Gómez Martín, quien hoy ocupa la jefatura de la Policía Nacional en Canarias. Collazos, que fue la primera instructora del procedimiento antes de remitirlo a la Audiencia Nacional, también investigó posibles actividades ilícitas en el aeropuerto de Cuatro Vientos.

Las pesquisas se sustentan en conversaciones extraídas de un chat llamado Danilo-España, en el que participaban el abogado Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, señalado como intermediario de la red tras el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

Durante los registros realizados en diciembre en la sede de la aerolínea, los agentes encontraron una tarjeta de visita a nombre del comisario, con un número manuscrito en el anverso. Gómez Martín fue el mando policial presente en Barajas en 2020 durante el controvertido aterrizaje de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y abandonó ese destino en 2022 para asumir la jefatura en Canarias.

En el marco de la comisión del Senado por el ‘caso Koldo’, el comisario negó la presencia de Víctor de Aldama en Barajas durante la visita de Delcy Rodríguez: “Allí en el aeropuerto no lo vi, puede creer en la palabra de un imputado o en la palabra de un comisario de la Policía Nacional”, aseguró.

Tras su aparición en el sumario, el sindicato Jupol ha solicitado este martes su destitución como jefe de la Policía Nacional en Canarias. “Resulta especialmente llamativo que fuera ascendido tras los gravísimos hechos conocidos como el ‘Delcygate’”, ha señalado el sindicato, que al mismo tiempo ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia y su respaldo a la labor de la UDEF.

Compromís pide a Zapatero que aclare si el origen de las joyas incautadas es un regalo o una herencia

Las joyas y relojes incautados por la UDEF en el despacho de Zapatero durante su registro están protagonizando las primeras reacciones de los grupos en el Congreso. ¿Una herencia familiar, un regalo o ambas? Desde Sumar aguardan a las explicaciones oportunas que dé Zapatero el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional. En cualquier caso, Compromís ya ha exigido una regulación más estricta de la figura del expresidente del Gobierno y de su entorno cercano.

“Si esto es un regalo, o bien tienen que pasar a patrimonio nacional o bien el señor Zapatero tiene un problema gordo. No puede ser que un concejal tenga que subir al portal de transparencia un boli de Caja Rural o una gorra de Coca-Cola y luego él pueda tener una joya valorada en determinados miles de euros”, ha criticado el portavoz de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez.

La diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Micó, ha pedido además aprobar una ley para que las empresas “corruptoras” no puedan acceder a contratos con la Administración. Micó ha pedido explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra y ha reclamado al Gobierno una acción “proactiva” que evite “que esto vuelva a pasar”. “No vamos a permitir que el PSOE pretenda que le demos apoyo sin que haya acciones contundentes”, ha sentenciado.

Almeida (PP) señala a Reyes Maroto (PSOE) como “nombre coincidente en todas las tramas de corrupción”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes en el Pleno que la portavoz socialista, Reyes Maroto, es “el nombre coincidente en todas las tramas de corrupción” del PSOE. Almeida ha señalado a Maroto por defender “con firmeza” a figuras como Zapatero, Ábalos, Koldo y Cerdán, y afirmó: “Les defiende porque sabe que usted es la siguiente”. “Está usted con la de Ábalos y en la trama de hidrocarburos. Está con Zapatero y Plus Ultra. Está con Begoña Gómez y Air Europa. El nombre coincidente en todas las tramas de corrupción es Reyes Maroto”, ha dicho Almeida.

/espana/2026/05/26/el-psoe-prohibe-a-cargos-publicos-y-miembros-del-partido-aceptar-regalos-como-las-joyas-encontradas-en-la-caja-fuerte-de-zapatero/

“Zapatero sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

El portavoz autorizado de Zapatero, el sociólogo Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid, ha afirmado que el expresidente “está guardando silencio por respeto al juez”, pero recuerda que “es el presidente del ‘no a la guerra’, del matrimonio igualitario o quien afrontó la peor crisis financiera en un siglo, por lo que no es una persona que se acobarde, que se quede debajo de la mesa”, y que se defenderá. Insiste en que Zapatero está “sorprendido”, en último término por que “destripen” su vida personal, ahora con las joyas que contenía en una caja fuerte. Arroyo ha apuntado que durante el mandato de Zapatero se pusieron en marcha medidas para limitar el valor de los gastos que podían recibir los altos cargos del Gobierno.

Para Arroyo, entrevistado en ‘La Hora de La 1’ por Silvia Intxaurrondo, las conclusiones del sumario “están cogidas por los pelos, por ‘dicen que dijo’”. “Hay un informe de la UDEF brutal donde se hacen conjeturas una detrás de otra y ponen al presidente en una posición complicada”, añade el portavoz, que informa de que Zapatero “está observando y muy pendiente de poder justificar esas actividades estrictamente lícitas, todas ellas declaradas fiscalmente”. “Nadie tiene ganas, pero dadas las circunstancias, tiene ganas cuanto antes de ejercer su defensa ante el juez y explicarse”, ha dicho, puntualizando: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”. Para Zapatero, esto se trata de una cacería política.

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Pedro Sánchez, en Roma

Moncloa guarda un perfil bajo estas últimas horas en contraste con la exposición la semana pasada con el primer auto sobre Zapatero. Este martes hay Consejo de Ministros pero no estará presidido por Pedro Sánchez, que se encuentra en Roma. Será la ministra portavoz, Elma Saiz, quien se enfrente a las preguntas sobre el caso en la rueda de prensa posterior.

La agenda del residente del Gobierno hoy transcurre en Roma, primero en un encuentro con el director general de la FAO; el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos. Después, Sánchez interviene en un evento paralelo con motivo de la Semana de la Nutrición de Roma. Por último, mantiene un encuentro con representantes de empresas españolas e italianas.

Este miércoles, el papa León XIV recibirá en audiencia a Sánchez, a pocos días de su viaje a Madrid, Barcelona y Canarias. Tras la audiencia habrá declaraciones del presidente, presumiblemente sobre migración, si bien los periodistas le cuestionarán por el caso Plus Ultra.

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Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador principal de la consultora Análisis Relevante, una de las empresas que está en el epicentro del caso Plus Ultra, guardaba en su domicilio una agenda de color negro en la que contenía anotaciones sobre un posible contrato valorado de Huawei con el Gobierno valorado en 400.000 euros.

Así lo dicta el sumario instruido por el magistrado-juez José Luis Calama que se conoció este lunes. En uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los investigadores apuntan que el “lugarteniente principal y figura visible” de la red de influencias liderada por el expresidente del Gobierno escribió en su agenda denominada “Plus Ultra, Líneas Aéreas” los conceptos “Huawei -> 100 fin de mes” y “400 contrato”.

Como citan los investigadores, “consta en el BOE (ADIF) el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos, el contrato es por un valor estimado de 400.000 euros y tiene como objetivo la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General”.

Además, en distintas páginas de la agenda se mencionan conceptos como “Carbón-Huawei”, “Cabotaje interno tras Orinoco” o “Trader China”, elementos que la Policía relaciona con posibles operaciones comerciales destinadas a mover recursos naturales venezolanos a través de terceros países.

Renovación de repuestos para routers y switches

Entre las anotaciones de la agenda intervenida a Julio Martínez Martínez aparecen numerosas referencias a la situación política venezolana tras la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2025, incluyendo comentarios sobre la presión internacional y la dureza de la postura de Estados Unidos. La UDEF destaca especialmente un supuesto “PLAN 2”, que recogería una propuesta de reforma constitucional en Venezuela con medidas como una amnistía, un periodo transitorio de un año y la convocatoria posterior de elecciones locales y nacionales.

La libreta también contiene referencias a presos políticos y opositores venezolanos. Uno de los apuntes que más llama la atención de los investigadores incluye la frase “Incluir los 2 del CNI” junto a “Que EG se venga”, interpretada por la Policía como una posible referencia a la intervención de agentes del servicio de inteligencia español en la salida de Venezuela y posterior llegada a España del líder opositor Edmundo González. Además, la agenda también recoge apuntes sobre petróleo, minería y estructuras financieras vinculadas al chavismo, con referencias directas a PDVSA, la Corporación Venezolana de Minería, CARBOZULIA y operaciones relacionadas con oro, carbón y crudo venezolano.

Según la Policía, las anotaciones manuscritas “trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario”. La libreta fue intervenida durante el registro practicado en la vivienda de Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre de 2025.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan además a la consultora Análisis Relevante en el centro de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra. Según las pesquisas incorporadas al sumario, la empresa administrada por Julio Martínez Martínez habría funcionado como un supuesto “instrumento financiero” para justificar pagos mediante contratos de asesoría y ocultar el verdadero destino de parte de los fondos.

La compañía cobró a Plus Ultra por labores de consultoría relacionadas con el rescate y, paralelamente, abonó cantidades relevantes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por informes mensuales. Sin embargo, el juez José Luis Calama sospecha que esos pagos podrían encubrir en realidad el reparto de comisiones vinculadas a la operación de rescate de la aerolínea.

La Unión Europea, junto con los ejecutivos de Alemania, Noruega y Países Bajos han convocado este martes a representantes rusos después de las amenazas de Moscú de atacar objetivos en Kiev y pedir a los ciudadanos extranjeros de la capital ucraniana, incluidos diplomáticos, que abandonaran la ciudad, según ha podido saber Reuters.

La advertencia rusa hacia los residentes extranjeros llegó un día después de producirse uno de los bombardeos más intensos contra Kiev desde el inicio de la guerra. El lunes, Moscú dijo que pretendía lanzar ataques contra objetivos militares ucranianos y centros de toma de decisiones en la capital.

A raíz de las advertencias rusas, el servicio diplomático del bloque europeo convocó al encargado de negocios ruso, de acuerdo con las informaciones aportadas por el portavoz de política exterior de la Unión Europea. La portavoz Anitta Hipper ha señalado en su cuenta de X que la amenaza contra ciudadanos extranjeros y diplomáticos constituye una “escalada inaceptable” y reclamó a Moscú que dejara de atacar a la población civil.

La portavoz europea ha añadido que la delegación de la Unión permanecerá en Kiev. Además, la reacción europea se combinó con medidas aportadas por algunos Estados, como en Noruega, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, dijo que convocó al embajador ruso Nikolai Korchunov para tratar “las amenazas explícitas” contra el personal extranjero en Ucrania.

Suecia también convocó el lunes por la tarde al embajador ruso. Estocolmo dijo que lo hizo para condenar lo que describió como falsas acusaciones rusas sobre violaciones del espacio aéreo en la región nórdico-báltica y por las amenazas contra Letonia y otros países del área.

Moscú defendió ataques “quirúrgicos” en Kiev

Por su parte, Rusia amenazó con nuevos ataques sobre Kiev y los vinculó a supuestos actos “terroristas” de Ucrania, lo que provocó la respuesta diplomática inmediata de varios gobiernos europeos. La consecuencia geopolítica inmediata fue una nueva escalada en la crisis entre Moscú y capitales europeas por la seguridad del personal extranjero en Ucrania.

La respuesta rusa también se originó en Alemania, donde la embajada rusa en Berlín rechazó las críticas de la UE. En una declaración publicada en Telegram, citó al embajador Sergei Nechayev, quien afirmó que las fuerzas armadas rusas “nunca atacan deliberadamente” infraestructuras civiles ni misiones diplomáticas. Según esa declaración, Nechayev sostuvo que los ataques “quirúrgicos” contra objetivos militares en Kiev respondieron a un “monstruoso acto terrorista” atribuido a militantes del “régimen de Kiev” con drones de largo alcance.

Además, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, trasladó el lunes el mismo argumento al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando dijo que los ataques inminentes eran una respuesta a los “continuos ataques terroristas” llevados a cabo por el ejército ucraniano.

En la misma línea, Moscú justificó su respuesta a un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, bajo control ruso, donde murieron 21 personas el pasado viernes. El Ejército ucraniano negó la acusación y dijo que había atacado una unidad de comando de drones de élite en esa zona.

La investigación del ‘caso Plus Ultra’ ha terminado colocando a María Gertrudis Alcázar Jiménez, histórica secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en una posición mucho más relevante de lo que inicialmente parecía. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y varios autos incorporados al sumario, a los que ha tenido acceso Infobae, describen a “Gertru” como una pieza “operativa esencial” dentro de la estructura investigada y la sitúan en el centro de la gestión documental, la coordinación de pagos y la elaboración de facturas vinculadas al entramado empresarial que rodea al expresidente del Gobierno.

Los investigadores sostienen que buena parte de la actividad de la red organizada se articulaba desde la oficina de Zapatero en la calle Ferraz número 35 de Madrid. Y en ese núcleo operativo, según la Policía, Gertrudis Alcázar desempeñaba un papel central. “La investigación permite situar a María Gertrudis Alcázar Jiménez como una pieza operativa esencial dentro de la red organizada”, señala uno de los informes incorporados a la causa, donde se añade que actuaba como “usuaria principal” de la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com y como “nodo central de comunicación y gestión documental”.

La relevancia que la UDEF concede a Gertru va mucho más allá de funciones administrativas o de agenda. El juez José Luis Calama y los informes policiales coinciden en describir una estructura jerárquica en la que la secretaria del expresidente aparece integrada en el tercer escalón operativo de la organización, junto a Cristóbal Cano Quiles, considerado por los investigadores uno de los gestores societarios del entramado.

Según el sumario, ambos eran los encargados de “coordinar y dotar de cobertura formal la documentación que sustenta las actuaciones de la red organizada”, especialmente todo lo relacionado con pagos, facturación y movimientos económicos entre sociedades vinculadas al entorno de Zapatero.

El despacho de Ferraz como “núcleo de emisión de instrucciones”

Uno de los aspectos más delicados de los informes policiales es la descripción que hacen de la oficina de Ferraz 35. La UDEF sostiene que no funcionaba únicamente como despacho profesional del expresidente, sino como un auténtico centro operativo desde el que se emitían instrucciones relacionadas con la actividad de la trama. “La citada oficina no constituiría un mero espacio administrativo”, recoge literalmente uno de los autos judiciales, “sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas en parte a través de los distintos soportes informáticos”. Los investigadores añaden que esas comunicaciones se gestionaban “principalmente” desde los equipos utilizados por María Gertrudis Alcázar Jiménez.

La Policía sostiene que “Gertru” ejecutaba directamente instrucciones impartidas por Zapatero y que su papel resultaba fundamental para mantener la estructura documental y societaria de la red. En varios informes aparece vinculada a la denominada internamente “Finance Boutique”, expresión utilizada por algunos de los investigados para referirse a la operativa empresarial y financiera que articulaba pagos, contratos y sociedades.

“Del análisis de los correos electrónicos intervenidos se desprende que María Gertrudis Alcázar, junto con Cristóbal Cano, desempeña funciones de coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red”, señala la UDEF. Según los investigadores, ambos recibían “instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos”.

La investigación considera especialmente relevante el papel de “Gertru” en la gestión de facturas y documentación mercantil. Los agentes sostienen que la secretaria de Zapatero no actuaba como una mera intermediaria administrativa, sino que participaba activamente en la preparación de la facturación utilizada por el entramado.

Los correos sobre facturas y cantidades

Parte de esa operativa aparece reflejada en los correos electrónicos intervenidos durante la investigación. Según los informes policiales, esos mensajes muestran cómo se transmitían instrucciones precisas sobre la elaboración de facturas: conceptos que debían incluirse, periodos temporales y cantidades exactas.

La UDEF sostiene que la investigación “evidencia la transmisión sistemática de directrices sobre cómo debía articularse la facturación: conceptos a incluir, periodificación temporal y cuantías exactas”. Y añade que, siguiendo esas instrucciones, “Gertru procedía a la elaboración de las facturas”.

Para los investigadores, ese extremo resulta especialmente significativo porque, a su juicio, demostraría que los supuestos prestadores de servicios “no actuaban de manera autónoma”, sino subordinados a las instrucciones de la propia red.

Uno de los intercambios de correos que más llama la atención de la Policía refleja incluso cómo Gertrudis Alcázar consultaba directamente si debía incrementar los importes de determinadas facturas antes de enviarlas para su firma. En uno de los mensajes incorporados a la causa puede leerse: “ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”.

La interpretación que hace la UDEF de esos mensajes es especialmente dura. Según los investigadores, el intercambio de correos revela que “la facturación no respondía a una realidad económica efectiva”, sino a la necesidad de “generar un soporte documental ficticio” destinado a justificar movimientos financieros dentro de la estructura investigada.

La investigación considera que Gertru desempeñaba una función clave precisamente en esa “cobertura formal” de pagos y operaciones económicas. En ese contexto aparece vinculada a la elaboración de documentación utilizada por distintas sociedades del entramado, entre ellas Whathefav, Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.

Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador principal de la consultora Análisis Relevante, una de las empresas que está en el epicentro del caso Plus Ultra, guardaba en su domicilio una agenda de color negro en la que contenía anotaciones sobre la posible intervención en la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI), con lo que parece “corresponder con la repatriación de Edmundo González″, tal y como dicta parte del sumario del caso Plus Ultra.

La agenda, de color negro y con la serigrafía ‘PLUS ULTRA, LÍNEAS AÉREAS’, fue intervenida por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro de su domicilio de Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre. Según el análisis incorporado al sumario, las anotaciones manuscritas “trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario”, al proyectarse “sobre asuntos de Estado de máximo nivel”.

Entre las páginas analizadas aparecen referencias a la situación política venezolana tras la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2025. “Gente quiere Paz, comunidad internacional frío. USA muy duro”, escribió. En otra de las páginas se plasma “o que parece corresponder con una propuesta de reforma integral estatal que se denomina como ‘PLAN 2′“, en la que se mencionan ”propuesta de reforma constitucional" con una duración de cuatro años, “aministía”, “plazo de reforma un año”, “elecciones tras (locales y gob)”.

Los investigadores destacan especialmente varias anotaciones relacionadas con presos políticos venezolanos y con la Embajada argentina en Caracas, donde permanecieron asilados varios opositores al chavismo. En la libreta aparecen nombres como Enrique Márquez, que podría referirse al preso político venezolano y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; “Yerno: Hace mucho daño al Gobierno”, que podría ser el yerno del líder opositor de gobierno de Venezuela, Edmundo González; Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos; Leocenis García, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional a finales de 2024; o Rafael Ramírez, antiguo ministro de Hugo Chávez enfrentado posteriormente a Maduro.

Uno de los apuntes que más llama la atención de los agentes figura en la página 28 de la libreta. Allí puede leerse: “¿Cómo sería la propuesta? Incluir los 2 del CNI”, junto a otra frase: “Que EG se venga”. La UDEF interpreta estas anotaciones como una posible referencia a la intervención de agentes del servicio de inteligencia español en relación con la salida de Venezuela y posterior llegada a España del líder opositor Edmundo González, quien permanece en Madrid desde septiembre de 2024.

El contenido de la agenda también incluye numerosas referencias a operaciones petroleras, explotación minera y estructuras financieras vinculadas al aparato económico del chavismo. Entre las anotaciones aparecen menciones directas a PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A), Petrocedeño y Petro San Félix —sociedades ligadas a la petrolera estatal venezolana— así como referencias a la Corporación Venezolana de Minería (CVM), al ministro de Desarrollo Minero Ecológico Héctor Silva y a CARBOZULIA, empresa pública dedicada a la explotación de carbón.

Según el análisis de la UDEF, varias de las notas describen posibles circuitos comerciales y logísticos destinados a mover crudo, carbón y oro venezolano fuera de los canales habituales de control internacional. En distintas páginas de la agenda figuran expresiones como “Cabotaje interno tras Orinoco”, “Carbón-Huawei” -anotaciones que pudieran corresponder con la celebración de la 91 Cumbre Global de Eficiencia Energética en Dubai, donde participó la tecnológica- “Trader China” o “Emiratos”, que los investigadores relacionan con operaciones de transporte y comercialización de materias primas a través de terceros países para esquivar las sanciones impuestas al régimen de Maduro.

También consideran relevantes las anotaciones relativas al negocio del oro. En la agenda aparecen frases como “Trading gold - % - fees”, interpretadas por la Policía como posibles referencias al cobro de comisiones y porcentajes derivados de operaciones de intermediación con metales preciosos. Junto a ello, otra nota señala que “Bandes debe estar disimulado”, en aparente alusión al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), entidad estatal que habría sido utilizada, según la hipótesis policial, para canalizar pagos o movimientos financieros de forma opaca.

Además. en una de las páginas aparece la anotación “fuel oil - Nicaragua - 100.000 barriles”, mientras que en otra se menciona “Cabotaje interno”, término que los investigadores vinculan a movimientos de crudo dentro de la red fluvial del Orinoco antes de su salida hacia destinos internacionales.

La conclusión plasmada por la UDEF en el sumario es que Julio Martínez Martínez habría actuado “como representante operativo” en reuniones “del más alto nivel”, desempeñando un papel un papel de “lugarteniente principal y figura visible” de la red de influencias liderada por el expresidente del Gobierno.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero un papel clave en la supuesta estructura societaria creada alrededor del ‘caso Plus Ultra’ para mover dinero, redistribuir pagos y dar apariencia legal a operaciones económicas bajo sospecha. Los investigadores consideran que Whathefav S.L., la empresa administrada por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, habría servido para emitir “facturación ad hoc” destinada a “dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles” vinculados al entramado investigado.

Así consta en varios informes policiales y autos judiciales incorporados a la causa que instruye la Audiencia Nacional, a los que ha tenido acceso Infobae, donde la UDEF describe a Whathefav como una sociedad “instrumental” utilizada para canalizar fondos procedentes tanto de clientes externos como de otras mercantiles de la propia red.

La investigación, que inicialmente nació alrededor del rescate público de Plus Ultra, ha terminado derivando en el análisis de una compleja estructura empresarial y financiera que, según el juez José Luis Calama y la Policía, orbitaba alrededor del entorno más próximo del expresidente socialista. Y en ese esquema, la empresa de sus hijas ocupa un lugar especialmente sensible.

La Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción sostiene que Whathefav “no desarrolla una actividad empresarial ordinaria”, sino que actúa como “vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado”.

La sociedad aparece formalmente dedicada a actividades de publicidad y relaciones públicas, pero la UDEF considera que su actividad real iba mucho más allá de una agencia de comunicación convencional. Según los investigadores, la empresa habría servido como “elemento finalista” de la estructura, recibiendo dinero de distintas sociedades vinculadas a la trama y redistribuyéndolo posteriormente mediante facturación genérica y movimientos cruzados.

“En persona te cuento de quién es”

Uno de los episodios que más peso tiene dentro de la investigación aparece en el informe policial 1329/26 UDEF-BBCA, fechado el 19 de marzo de 2026. En ese documento se incorporan conversaciones de WhatsApp entre el empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano y el abogado Miguel Palomero, considerado por los investigadores uno de los nexos de la trama empresarial vinculada a Plus Ultra.

Los mensajes muestran cómo ambos pactan en abril de 2020 el envío de 20.000 euros a favor de Whathefav utilizando el concepto “Asesoría de mercadeo”. En plena conversación, cuando Palomero pregunta por la sociedad receptora del dinero, Diazgranados responde que “en persona te cuento de quién es”.

La UDEF interpreta ese intercambio como un intento deliberado de evitar dejar por escrito la identidad real de la empresa y su vinculación con el entorno del expresidente del Gobierno. Según el propio informe policial, la transferencia terminó ejecutándose el 27 de abril de 2020 desde una cuenta vinculada al empresario venezolano.

Ese pago no fue aislado. La Policía detectó posteriormente nuevas transferencias y facturación cruzada entre sociedades del entramado, especialmente con Agropecuaria Lucena, empresa vinculada a Julio Martínez Martínez, considerado por el juez uno de los hombres de confianza de Zapatero dentro de la estructura investigada.

El auto de inhibición remitido por el Tribunal de Instancia de Madrid a la Audiencia Nacional recoge expresamente que Agropecuaria Lucena realizó pagos a Whathefav por importe de 20.993,50 euros durante el ejercicio 2020. El mismo documento identifica directamente a Laura y Alba Rodríguez Espinosa como gestoras de la mercantil.

Facturas genéricas y “cobertura formal”

La tesis policial gira especialmente alrededor de las facturas emitidas por Whathefav. Según los informes incorporados al sumario, muchas de ellas utilizaban conceptos genéricos como “servicios agencia”, sin especificar trabajos concretos ni aportar documentación que acreditara una prestación real. Para los investigadores, esa dinámica resulta incompatible con una actividad empresarial normal y encaja, en cambio, con una operativa orientada a “dotar de cobertura formal” determinados movimientos económicos.

La UDEF sostiene que la empresa “dispondría de la capacidad para generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Y añade que la ausencia de detalle en los conceptos facturados, unida a la reiteración de pagos entre sociedades del mismo entorno, “revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad real”.

El juez José Luis Calama comparte parcialmente esa tesis en varios autos incorporados a la causa. En uno de ellos sostiene que Whathefav “participa en la difusión de informes elaborados por Sergio Sánchez para Análisis Relevante, sin aportar valor técnico propio”, algo que, a juicio del instructor, “evidencia una estructura instrumental”.

Según la reconstrucción policial, el esquema funcionaba de forma relativamente simple: los contactos empresariales y comerciales los habría aportado el entorno de Zapatero; los informes de consultoría los elaboraría Sergio Sánchez; y Whathefav actuaría como vehículo para maquetar, emitir y redistribuir documentación y pagos.

Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas

Uno de los aspectos que más relevancia adquiere para la UDEF es la relación directa del expresidente con las cuentas bancarias vinculadas a sus hijas. Según los informes patrimoniales incorporados a la causa, José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en varias cuentas titularidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Para la Policía, ese dato resulta especialmente significativo porque esas cuentas habrían recibido importantes cantidades transferidas desde Whathefav. El análisis financiero incluido en el sumario cifra en 247.191 euros el dinero ingresado en una cuenta vinculada a Laura Rodríguez Espinosa entre 2021 y 2025, mientras que otra cuenta asociada a Alba Rodríguez Espinosa habría recibido cerca de 200.000 euros en el mismo periodo.

Los investigadores consideran que ese flujo económico, unido a los vínculos familiares, societarios y operativos detectados durante la investigación, refuerza la hipótesis de que Whathefav actuaba como “centro de redistribución de flujos económicos” dentro del entramado investigado.

La investigación acabó desembocando en el registro policial de la sede de Whathefav, situada en la calle San Germán de Madrid. Durante la entrada y registro, los agentes intervinieron contratos, facturas, correos electrónicos, documentación mercantil y accesos a servicios de almacenamiento digital vinculados a la empresa. El acta policial recoge además la descarga de varios buzones corporativos asociados directamente a Laura y Alba Rodríguez Espinosa y a la cuenta de facturación de la sociedad.

La Audiencia Nacional mantiene actualmente bloqueadas numerosas cuentas bancarias relacionadas con la causa, incluidas varias vinculadas al entorno familiar de Zapatero, mientras la UDEF continúa analizando la documentación intervenida para reconstruir el circuito completo de pagos y sociedades investigadas.

Barcelona, 26 may (EFE).- La portavoz de ERC en el Parlament catalán, Ester Capella, ha reclamado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dé “todas las explicaciones” sobre el caso Plus Ultra, pero ha expresado su desconfianza con los informes policiales porque “no acostumbran a ser neutros” y pueden ser “trajes hechos a medida”.

En una rueda de prensa en el Parlament, Capella ha exigido que Zapatero “se explique hasta el final” por su imputación, pero ha avisado que el origen de su causa está en unos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre los que ha expresado sus dudas.

“Estamos acostumbrados a los trajes a medida que determinadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho, por ejemplo, en el caso de Cataluña, y que conllevaron sentencias condenatorias para los dirigentes del procés”, ha señalado.

Capella ha expresado su “preocupación” por la “no neutralidad de muchos de los atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que van más en la línea de reforzar sus tesis que en la de aportar pruebas objetivas y que puedan armar una acusación”.

La portavoz republicana ha pedido que Zapatero “se explique debidamente para alejar sombras de dudas sobre sus actuaciones”, pero ha opinado que su situación no debe “condicionar” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al respecto, ha señalado que el Gobierno tiene que seguir y cumplir con los acuerdos que tiene con ERC, como el relativo al nuevo modelo de financiación y la cesión de la recaudación de impuestos.

“El presidente Sánchez deberá convocar elecciones cuando agote su mandato o, en todo caso, primero que cumpla y luego, si quiere, que convoque elecciones”, ha señalado Capella, que ha descartado que ninguno de los partidos que apoyó la investidura de Sánchez pueda apoyar ahora una moción de censura. EFE

En plena crisis por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta implicación con el caso Plus Ultra, el Congreso de los Diputados ha invitado a los cuatro expresidentes del Gobierno de España al acto institucional del próximo lunes 8 de junio. Recordemos que este será un día especial, ya que el Papa León XIV dará un discurso en la cámara por primera vez en la historia del país.

Junto a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, también podrían asistir los expresidentes de las Cortes, los presidentes autonómicos y los representantes de las más altas instituciones del Estado, así como a los diputados y senadores, según confirmaron fuentes parlamentarias a Europa Press. La visita del Pontífice, que la hará en condición de jefe de Estado y no como líder religioso, tendrá una duración inferior a una hora.

Recordemos que antes de este acto, el presidente del Gobierno se reunirá con León XIV en la Numancia Apostólica española. Después, León XIV será recibido por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, y juntos se dirigirán al palacio. Una vez allí, Su Santidad saludará a los miembros de las Mesas de ambas Cámaras y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los que podrá sumarse el líder y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como jefe de la oposición.

Cómo será el acto en el Congreso de los Diputados

En el marco de la visita del Papa León XIV al Congreso, el Salón de Pasos Perdidos será escenario del tradicional intercambio de obsequios, así como de la firma del Papa en el Libro de Honor de la institución. Posteriormente, el pontífice se dirigirá al hemiciclo, donde la presidenta de la cámara y León XIV pronunciarán discursos ante los asistentes. La gran importancia de este acto, las autoridades han diseñado un operativo de seguridad estricto.

Los parlamentarios deberán presentar su carné acreditativo para ingresar al Palacio del Congreso, ya que el perímetro estará bajo una custodia reforzada que impedirá el acceso a quienes no cuenten con la debida identificación. Esta medida forma parte del conjunto de acciones aprobadas por la Mesa de la Cámara para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada. Asimismo, el listado de actuaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que todos los invitados, incluidos los parlamentarios, deberán confirmar su asistencia a la ceremonia antes del 3 de junio.

El acto en el hemiciclo reunirá a diputados y senadores, reservando espacios específicos para los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. Hasta el momento, no se ha registrado ninguna renuncia por parte de los portavoces parlamentarios. Por su parte, las tribunas de público estarán destinadas a los invitados, mientras que la sala Constitucional y la Sala Ernest Lluch serán habilitadas para que los miembros de la comitiva papal puedan seguir el desarrollo de la ceremonia desde estos espacios adicionales.

Más tarde ese mismo día, el Pontífice se reunirá en privado con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal y después dará una oración en honor a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena. Para concluir el día, León XIV tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu a las 18 horas. Este será un evento cerrado como el del Movistar Arena, y por tanto, solo podrán acudir los que sean invitados.

*Con información de Europa Press

El juez José Luis Calama, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en Madrid, dictó cuatro órdenes internacionales de detención por blanqueo y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, vinculado al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021. Según se lee en las órdenes de detención a las que ha tenido acceso Infobae, las solicitudes fueron emitidas el 17 de marzo de este año.

Las cuatro personalidades buscadas son el venezolano Rodolfo José Reyes Rojas, señalado como gestor real de Plus Ultra Líneas Aéreas desde 2017, y su esposa María Aurora López López, declarada titular formal de la compañía en febrero de 2021. También figuran el peruano Luis Felipe Baca Arbulu, con nacionalidad francesa y residencia entre Francia y España, y el holandés Simon Leendert Verhoeven, residente en Suiza.

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Las órdenes se tramitan en las Diligencias Previas 77/2024, una causa bajo secreto que el magistrado del Tribunal Central de Instancia amplió semanas después con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para la obtención de beneficios económicos.

Los cuatro delitos por los que se busca a Reyes Rojas, López López, Baca Arbulu y Leendert Verhoeven

Con la misma estructura entre las cuatro órdenes de detención emitidas por el juez Calama, Reyes, López, Baca y Leendert son buscados, según Infobae ha podido leer, por cuatro delitos: apropiación indebida, cuya pena máxima de prisión es de 3 años; tráfico de influencias, con pena máxia de cárcek de 2 años; pertenencia a organización criminal, con un máximo de ocho años de prisión; y blanqueo de capitales, con una previsión de 6 años máximo de prisión.

Según los documentos judiciales, Baca Arbulu y Verhoeven dirigían una organización que operaba como un “pseudobanco”: mezclaba fondos de origen ilícito, los invertía en bolsa y los devolvía “limpios” a sus clientes. Investigadores franceses y suizos atribuyen a Verhoeven la emisión de facturas falsas mediante tres sociedades instrumentales: Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd, a las que Reyes habría transferido parte del dinero público a cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

De acuerdo a las cuatro órdenes de detención, la “titularidad real y gestión” de la aerolínea Plus Ultra, constituida en 2011, pasó a partir de 2017 a manos del empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas y su esposa María Aurora López López, española nacida en Venezuela. Reyes Rojas era además “presunto cliente” de la organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que estaba gestioanda por Baca Arbulu y Leendert Verhoeven.

El Ejército de Tierra ha avanzado en la modernización de sus capacidades operativas mediante pruebas para evaluar la integración del dron Seeker con el sistema de mando y control Talos y el mortero embarcado Dual-EIMOS. Los ensayos se desarrollaron en la Base “Príncipe” de Paracuellos del Jarama, en Madrid, con la participación de la Brigada Paracaidista (BRIPAC).

El objetivo central fue analizar cómo la incorporación de nuevas tecnologías, como los sistemas no tripulados y los sistemas avanzados de mando y control, puede optimizar la coordinación y eficacia en operaciones militares, permitiendo una respuesta más rápida y precisa en distintos escenarios tácticos. Para ello, se ha llevado a cabo esta colaboración con GMV y Aurea Avionics.

Un dron ligero y eficaz para vigilancia táctica

El Seeker es un sistema aéreo no tripulado de categoría ligera. Con un peso de solo 3,6 kilogramos, el Seeker se despliega de forma rápida y sencilla, lo que permite a las unidades militares contar con una herramienta de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) muy flexible. Su autonomía de vuelo alcanza los 120 minutos y su alcance operativo puede llegar hasta los 15 kilómetros, lo que proporciona una cobertura suficiente para la mayoría de operaciones tácticas en entornos complejos.

La principal función del Seeker es proporcionar imágenes y datos en tiempo real a los centros de mando y a las unidades desplegadas. Durante las pruebas realizadas con la unidad, el dron demostró su capacidad para vigilar zonas de interés, localizar objetivos y enviar información crítica a los sistemas de mando, facilitando la toma de decisiones en misiones de apoyo de fuego y aumentando la capacidad de reacción ante cambios en el entorno operativo.

El Seeker permite detectar movimientos de fuerzas enemigas, identificar posiciones y aportar datos precisos para orientar el fuego de artillería. De esta forma, si se consolida su integración con otros sistemas militares se puede convertir en una herramienta esencial para mantener la superioridad táctica en el campo de batalla.

Integración tecnológica avanzada en el Ejército

Uno de los aspectos clave de las pruebas fue la integración del Seeker con el sistema de mando y control Talos, desarrollado por GMV. Talos centraliza la gestión de la artillería, permitiendo coordinar diferentes sensores y plataformas de armas. La interoperabilidad entre el dron y Talos permite que la información captada por el Seeker se transmita de forma instantánea y segura, facilitando la coordinación de las operaciones y mejorando el conocimiento situacional de los mandos.

El mortero Dual-EIMOS, fabricado por Rheinmetall, es un sistema de 81 mm montado sobre vehículo que puede recibir indicaciones precisas del dron para orientar y ajustar sus disparos. Gracias a la integración con Talos, los operadores pueden coordinar la vigilancia aérea con los fuegos de apoyo, lo que incrementa la precisión y eficacia de las misiones. Durante los ensayos, se evaluó la transmisión de datos entre plataformas, la coordinación en tiempo real y la capacidad de respuesta ante amenazas detectadas por el dron. El avance en la integración de estas tecnologías representa un paso importante en el proceso de digitalización y modernización del Ejército de Tierra.

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), con el que España adapta su legislación al Reglamento europeo de IA y fija sanciones para los incumplimientos más graves. El texto prevé multas de entre 6.000 euros y 35 millones, en función de la gravedad, para casos como comercializar o poner en servicio herramientas prohibidas.

El objetivo es garantizar un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de esta tecnología, según la formulación utilizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Para ello, el proyecto establece un marco de control sobre la inteligencia artificial, prohíbe los usos que se consideren de riesgo inaceptable y obliga a advertir cuando determinados contenidos hayan sido generados o manipulados artificialmente.

El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. El Gobierno ya aprobó un primer anteproyecto en marzo de 2025 y después lo sometió a información pública. Desde entonces, ha sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, antes de llegar de nuevo al Consejo de Ministros.

Qué usos quedan prohibidos

Uno de los puntos principales de la futura ley es la prohibición de determinadas prácticas consideradas “de riesgo inaceptable”. Entre ellas están las que utilicen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas para alterar la capacidad de decisión de un individuo, cambiar de forma importante su comportamiento y causarle un perjuicio significativo.

También se prohíbe aprovecharse de vulnerabilidades de una persona o de un grupo de personas por razones de edad, discapacidad o situación social o económica.

La norma española sigue el esquema europeo, que clasifica estas tecnologías según su nivel de riesgo. Los usos considerados inaceptables quedan prohibidos. Los de alto riesgo, en cambio, no se vetan de forma general, pero quedan sometidos a obligaciones más estrictas.

Multas de hasta 35 millones

El régimen sancionador es una de las partes más relevantes del proyecto. Las infracciones muy graves vinculadas a prácticas prohibidas podrán castigarse con multas de hasta 35 millones de euros. Si el infractor es una empresa, la sanción podrá llegar también hasta el 7% de su volumen de negocio mundial del ejercicio anterior, si esa cantidad resulta superior.

Para otras infracciones muy graves relacionadas con herramientas de inteligencia artificial consideradas de alto riesgo, las multas podrán alcanzar los 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio mundial. Las graves se moverán entre 500.001 y 7,5 millones, mientras que las leves irán de 6.000 a 500.000 euros.

El texto tiene en cuenta el tamaño de las compañías. En el caso de pymes y empresas emergentes, la regulación europea permite aplicar la cuantía menor entre el importe fijo y el porcentaje sobre facturación, para evitar sanciones desproporcionadas.

Además de las multas, se prevén otras medidas, como la retirada del mercado, la desconexión o la prohibición de una herramienta cuando haya provocado un incidente grave o suponga un riesgo inaceptable.

Contenidos creados con IA y ‘deepfakes’

Otro de los objetivos es que los ciudadanos puedan distinguir cuándo un contenido es real y cuándo ha sido generado o manipulado con IA. Esta obligación afecta a determinadas herramientas que crean o alteran imágenes, audios, vídeos o textos.

El Reglamento europeo ya recoge obligaciones de transparencia para las llamadas ultrasuplantaciones: contenidos de imagen, audio o vídeo que se parecen a personas, objetos, lugares o sucesos reales y pueden inducir a pensar que son auténticos. En esos casos, quienes los utilicen deberán informar de que han sido creados o modificados artificialmente.

El proyecto incorpora además la prohibición específica de los sistemas capaces de generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas de contenido sexual sin consentimiento. Esta medida fue impulsada por España en el debate europeo tras la polémica por la difusión de desnudos falsos de mujeres y menores creados con herramientas de IA.

La cuestión afecta de lleno a los deepfakes, una de las aplicaciones más controvertidas de la IA generativa. Pueden tener usos creativos o informativos, pero también servir para suplantar a una persona, difundir bulos, cometer fraudes o generar contenido sexual falso.

Quién vigilará el cumplimiento

La futura ley también ordena la gobernanza de la IA en España. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) tendrá un papel central en la vigilancia del cumplimiento y en la coordinación con otras autoridades competentes.

El anteproyecto ya preveía que cualquier ciudadano pudiera comunicar posibles infracciones, incluso de forma anónima. La idea es facilitar que se investiguen usos indebidos, especialmente cuando puedan afectar a derechos fundamentales o causar daños relevantes.

España creó la AESIA antes de completar la adaptación interna del reglamento europeo. Con este proyecto, el Gobierno busca encajar esa estructura nacional dentro del nuevo marco comunitario, que obliga a los Estados miembros a contar con autoridades de supervisión y con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Las administraciones públicas quedan exentas de las multas

Uno de los aspectos más discutidos durante la tramitación ha sido el trato que reciben las administraciones públicas. Varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto excluya al sector público del régimen de multas económicas.

Según el anteproyecto, cuando una administración cometa una infracción, la respuesta será una resolución que declare el incumplimiento, acompañada de un apercibimiento y de medidas correctoras. También podrán abrirse actuaciones disciplinarias o amonestaciones a los responsables, pero no se impondrán multas administrativas como las previstas para empresas u otros operadores.

Este punto es sensible porque el sector público puede utilizar sistemas automatizados en ámbitos que afectan directamente a la ciudadanía, como prestaciones, ayudas, empleo, seguridad, justicia o gestión de servicios públicos. Los críticos sostienen que dejar sin sanción económica a las instituciones puede debilitar la protección de los derechos de los ciudadanos.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que comparezca en el juzgado el próximo 9 de junio a las 11 de la mañana. La citación también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres deberán presentarse en persona por una causa en la que figuran como investigados por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

En las últimas semanas, el magistrado ha desestimado los recursos que solicitaban el cierre de la investigación y ha reiterado su propuesta de que los acusados sean juzgados por un jurado popular, una decisión adoptada tras concluir la fase de instrucción en abril. Esta propuesta está ahora a la espera de lo que resuelva la Audiencia Provincial.

Deberá acudir “personalmente” o podría ser “conducida por la fuerza pública”

Así, Peinado acuerda que los tres “acusados comparezcan personalmente” y “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública al acto de la audiencia preliminar a efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia”.

La decisión del juez se produce tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como las alegaciones presentadas por las defensas, la Fiscalía y las acusaciones populares, entre ellas la que lidera Hazte Oír, según consta en el auto fechado este lunes y consultado por Europa Press.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 317 páginas, concluye que la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue creada siguiendo los procedimientos internos de la universidad. Sin embargo, la UCO señala posibles irregularidades en la adjudicación para el desarrollo de un software, especialmente en la contratación de Deloitte Consulting y Making Science Group.

Según el documento, la contratación de Deloitte se realizó a través de expedientes administrativos que sirvieron para dar “apariencia de legalidad”, sin respetar la normativa vigente. Los investigadores sostienen que las adjudicaciones a Deloitte fueron premeditadas, que la consultora inició sus funciones antes de la formalización de los contratos y que las condiciones, incluido el precio, se ajustaron a lo pactado entre la empresa y la cátedra. La UCO advierte que las solicitudes de oferta se habrían simulado, restringiendo la concurrencia de otros licitadores. En el caso de Making Science Group, el servicio se contrató sin expediente, y el pago se autorizó después de que el trabajo ya se había realizado, según el documento.

El informe también señala que no se siguieron los protocolos internos de la UCM para registrar la propiedad intelectual del software ni para el registro de la marca o dominio de la plataforma. Los fondos empleados en estos procesos procedían del ámbito privado de Gómez.

En cuanto a la participación de Gómez, la UCO registra su presencia en talleres promocionales y recoge declaraciones que atribuyen la titularidad de la plataforma a la UCM y confirman su carácter gratuito. El informe analiza ingresos de la Fundación Instituto de Empresa y de Inmark a nombre de Gómez y examina movimientos en cuentas de la sociedad Transforma TSC, administrada por ella, sin hallar pruebas formales que vinculen esta sociedad con la cátedra universitaria.

Levantar una vivienda en solo una semana y por un precio similar al de un teléfono móvil de alta gama parece una promesa difícil de creer, pero es precisamente lo que plantea Housing Now, un proyecto de casas modulares de bambú desarrollado en Myanmar por el estudio de arquitectura Blue Temple. La iniciativa está pensada para familias desplazadas por el conflicto y por desastres naturales, y combina tres ideas sencillas: materiales locales, bajo coste y rapidez de construcción.

Según la ficha del proyecto publicada por ArchDaily, medio especializado en arquitectura, cada unidad puede construirse en una semana y tiene un coste aproximado de entre 1.000 y 1.300 dólares, una cifra que el propio proyecto compara con el precio de un smartphone. No se trata de viviendas convencionales pensadas para el mercado inmobiliario europeo, sino de casas básicas, modulares y de emergencia, diseñadas para responder a una situación extrema: la falta de alojamiento seguro para familias desplazadas en Myanmar.

Cañas de bambú para construir estructuras resistentes

La clave del sistema está en el uso del bambú. Pero no del bambú de gran diámetro, más caro y difícil de conseguir, sino de cañas más pequeñas, abundantes en los mercados locales. Blue Temple agrupa estas piezas en haces y las convierte en marcos estructurales prefabricados. Cada marco integra elementos verticales, horizontales y diagonales, de forma que cuatro piezas encajadas forman el esqueleto principal de la vivienda.

El resultado es una estructura ligera, modular y más resistente de lo que podría parecer a simple vista. El sistema permite montar suelos, paredes y cubierta sobre esa base de bambú, manteniendo un diseño adaptable a las necesidades de cada familia. La vivienda puede cambiar en cuestiones como la distribución interior, la posición de las ventanas o el acceso principal, sin comprometer la estabilidad del conjunto.

El propio estudio de arquitectura presenta Housing Now como una iniciativa creada en 2019 para responder a la crisis habitacional en zonas afectadas por el conflicto en Myanmar. El programa no solo desarrolla viviendas, sino también escuelas y clínicas de bajo coste con participación de las comunidades locales.

Una prueba real: el terremoto de Myanmar

El proyecto ganó especial visibilidad después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el centro de Myanmar en marzo de 2025. Según Blue Temple, 26 casas de bambú construidas en un campamento de familias desplazadas resistieron sin daños pese a encontrarse cerca de la zona afectada, a unos 15 kilómetros del epicentro.

La resistencia de estas viviendas no depende únicamente del material, sino también de la geometría. El entramado de bambú distribuye las cargas sísmicas y permite cierta flexibilidad ante los movimientos del terreno. Esa elasticidad es una de las razones por las que el bambú se ha ganado el apodo de “acero vegetal”: crece rápido, pesa poco y puede soportar esfuerzos importantes si se trabaja correctamente.

Un modelo abierto y replicable

Otra de las particularidades del proyecto es que no se plantea como un producto cerrado. Housing Now ha construido 79 unidades y ha distribuido 500 manuales do it yourself (DIY) para facilitar que otras comunidades puedan replicar el sistema.

Esa dimensión comunitaria es clave en la propuesta. Las familias participan en el montaje con apoyo técnico, lo que reduce costes y permite adaptar las casas al uso cotidiano. El objetivo no es levantar viviendas icónicas, sino ofrecer una solución práctica, rápida y asequible en lugares donde el acceso a materiales industriales, financiación o maquinaria pesada es muy limitado.

En este sentido, conviene entender bien el alcance del proyecto: no son casas milagro ni una solución exportable a cualquier país. Son viviendas de emergencia, diseñadas para un contexto concreto y con costes locales de Myanmar. Pero sí muestra algo importante: con diseño, materiales cercanos y participación comunitaria, la arquitectura puede ofrecer respuestas dignas incluso en escenarios de enorme precariedad.

Justo entre el límite que separa los términos municipales de las ciudades madrileñas de Las Rozas y Torrelodones hay una presa abandonada, bautizada como El Gasco, y que Carlos III empezó a construir en 1786 para intentar dar forma a un proyecto faraónico: la presa formaría parte de un canal navegable de 771 kilómetros que uniría Madrid con el Océano Atlántico. De hecho, la presa de El Gasco, de haber sido terminada, hubiese supuesto un hito en la construcción de este tipo de obras, ya que fue diseñada como la mayor del mundo en aquel momento. Tanto la presa como el canal son Bienes de Interés Cultural (BIC). Pero hay un problema. Cualquier ciudadano que quiera visitar la presa hoy no puede hacerlo.

¿Por qué? Porque para llegar a ella hay que recorrer un camino cuyo trazado cruza una finca privada, llamada La Isabela, que pertenece a la empresa Europroperty. Una firma representada por otra, Inverlasa, que pertenece al matrimonio formado por Víctor Fernando Ruiz Rubio y Rosario Lafita González-Gayarza, que tienen intereses en el sector inmobiliario y el hotelero. Víctor Ruiz fue socio fundador de la constructora Eurofinsa, que en el año 2023 entró en concurso de acreedores, en lo que fue la mayor quiebra empresarial en la España postpandemia. A través de Inverlasa tienen también el 29% del Grupo Azkoyen, una multinacional con sede en Navarra que se dedica a las máquinas expendedoras (producción y venta de máquinas de café, bebidas frías y calientes, tabaco y aperitivos); sistemas de pago; y tecnología y seguridad (software y hardware para control de acceso y registro horario).

El matrimonio Rubio Lafita llevaba ya tiempo intentando que senderistas y vecinos no atravesaran su finca, de 700.000 metros cuadrados, sobre todo los fines de semana, cuando se organizan excursiones para visitar la presa y el canal de navegación. En septiembre de 2019 el Ayuntamiento de Las Rozas declaró público el camino de La Isabela, un camino carretero que transportó en el pasado cereales desde Villanueva del Pardillo a Torrelodones. Pero los propietarios no aceptaron esta decisión y consiguieron en febrero de 2023 que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid impugnara el acuerdo municipal que había declarado público ese camino. Una decisión que fue recurrida por el Consistorio de Las Rozas, gobernado por el PP. Así que el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en febrero de 2024 desestimó la pretensiones de Las Rozas y dictaminó que el camino, en el tramo que pasa por la finca La Isabela, no podía considerarse público.

Tras la sentencia, los propietarios, que quieren que la finca se utilice para caza, colocaron bloques de hormigón para impedir el paso, incluso seguridad privada los fines de semana. La Sociedad Caminera del Real de Manzanares asegura que “cabría disputar la titularidad del camino, pero eso habría que hacerlo en un procedimiento civil y con pruebas más sólidas y que predominen sobre las que ha presentado la propiedad en el procedimiento contencioso administrativo que les han servido para conseguir que se acepte que el trazado del Camino de La Isabela es particular. El ayuntamiento de Las Rozas, que es quien podría continuar este proceso, no va a hacerlo, por lo cual asume la sentencia como firme”. Su presidenta, Eulalia Ramírez, explica que la sociedad civil ya consiguió en 2014 abrir la parte del camino que pasaba por Torreldones y que ahora supone un duro golpe que se haya cerrado la parte de Las Rozas.

deA pesar de ello, desde esta sociedad, que pertenece a la Plataforma Ibérica de los Caminos Públicos, aseguran que “estamos esperanzados” porque tanto el Consistorio de Las Rozas como el de Torrelodones (los do gobernados por el PP) están intentando encontrar una solución.

Otro camino distinto

“El Ayuntamiento de Las Rozas defendió en su día que el camino de la Isabela era dominio público, pero una sentencia firme decantó que era propiedad privada. Ahora hemos aprobado la concesión de la licencia del vallado de la finca”, explica un portavoz municipal. Es decir, los propietarios pueden vallar pero deben permitir el acceso a otro camino público, el de La Carrasquilla. “Este camino discurre por el término municipal de Las Rozas, pero no llega a la Presa de El Gasco porque su paso definitivo depende de Torrelodones. Se han tenido conversaciones con el Ayuntamiento de Torrelodones para que facilite en la medida de lo posible el tramo que discurre por su término municipal para que caminantes y vecinos tengan acceso a la presa”. Desde Torrelodones confirman que esta misma semana “vamos a tener una reunión con Urbanismo de Las Rozas para conocer la situación creada tras la licencia concedida a la Isabela y buscar alternativas para el acceso a la Presa del Gasco desde ambos municipios”.

Para el grupo municipal socialista de Las Rozas, la importancia de que “el camino de La Isabela esté cortado no es solo que ya no se pueda acceder, a través de caminos públicos, al municipio de Torrelodones, si no que esta era la vía natural de acceso a la presa, que el Tribunal Supremo ha confirmado como Bien de Interés Público. Otra sentencia dice ahora que el camino público es el de La Carrasquilla, pero este permanece desaparecido por falta de uso”, señala el concejal Ángel Álvarez, que valora positivamente que “se obligue a la propiedad de la finca a dejar expedito el trazado del camino de la Carrasquilla, en su consideración de camino público histórico en el tramo que atraviesa la finca. Es necesario buscar una solución que pase por coordinarse con el Ayuntamiento de Torrelodones, la Comunidad de Madrid y los propietarios de la finca”. Es decir, si por el camino de La Isabela ya no se puede pasar porque no es público, hay que adecentar el de La Carrasquilla, que sí lo es, para poder llegar a la presa y a la localidad vecina de Torrelodones.

Miguel Díez, portavoz de Vox en Las Rozas, cree que en este asunto no solo hay que poner todo el foco en el empresario dueño de la finca La Isabela, sino en el Ayuntamiento de Las Rozas, que “está mirando de perfil. No ha recurrido la última sentencia. Hay una posible connivencia extraña. El empresario ha empezado a vallar mal pegando su valla a la de otros vecinos, sin respetar pasos públicos, y le la han obligado a retranquear el vallado. El propietario de la finca está encantado, una sentencia le ha dicho que el camino que pasa por su finca no es público y el ayuntamiento le permite poner un vallado. Pero el Consistorio no actúa como debería hacerlo. Mientras no se decida por dónde va el camino de La Carrasquilla no daría licencia para vallar. Y si hay un incendio forestal, ¿por dónde pasan los bomberos?”, se pregunta Díez. Este diario se han puesto en contacto con la empresa Europroperty, que no ha querido hacer comentarios.

Las quejas vecinales porque, de momento, no hay camino público que lleve a la presa y al canal de navegación, no son las únicas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil investiga ya tres denuncias que la Agrupación Ecologista de Torrelodones presentó a mediados de abril porque en la finca La Isabela, y en otras dos fincas limítrofes, “existen sistemas de evacuación de aguas residuales mediante pozos ciegos no estancos, siComunidan constancia de autorización administrativa de vertido ni de adecuación a la normativa vigente”. Pozos que “han supuesto, suponen y pueden suponer la infiltración directa de aguas residuales al suelo y al subsuelo, con riesgo de afección a las aguas subterráneas”. Los ecologistas denuncian que estos pozos ciegos han venido funcionando de forma continuada durante más de 20 años. “Los titulares de las fincas eran conscientes de la obligación y necesidad de cambiar los pozos ciegos por fosas sépticas desde hace años, sin que se hayan tomado medidas de adecuación a la normativa vigente”.

El martes pasado, la UDEF registró el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 y secretario general del PSOE entre el 2000 y el 2012, como parte de la investigación del caso Plus Ultra en el que está imputado por, entre otros presuntos delitos, tráfico de influencias.

103 joyas que serían “herencia” o “regalos de viajes”

En el despacho, ubicado en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz de Madrid, los agentes encontraron una caja fuerte que contenía dos discos duros, teléfonos móviles, agendas, ‘pendrives’, una veintena de carpetas y 103 piezas de joyería: anillos, collares, pulseras, pendientes, relojes y otras piezas de valor.

En declaraciones en La hora de la 1, el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo - quien también ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno - ha asegurado que las joyas están valoradas entre unos “30.000 y 50.000 euros”. Ha desmentido que fuesen regalos de Arabia Saudí “por medio millón de euros” y trasladado que Zapatero quedó “sorprendido” tras ver las fotografías de las piezas.

Las autoridades hallaron relojes de marcas como Omega, Certina, Dogma Pierre Balmain, y tres Krono con la inscripción “tus compañeros”; así como cruces doradas, brazaletes, broches, cadenas y conjuntos compuestos por piedras azules, verdes, blancas y granates. Según Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, todas ellas son “herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes”.

Algunas de las piezas podrían ser una herencia de Sónsoles Espinosa, aunque llama la atención en ese caso que, siendo efectos personales, se encontrasen en el interior de una caja fuerte en el despacho profesional de Zapatero. Según Arroyo, la caja se encontraba en Ferraz y no en el domicilio particular del matrimonio por haber sido trasladada tras la venta del hogar que compartían a la espera de que se construyese su nueva casa.

De cualquier forma, Alcázar menciona dos procedencias, no una o la otra, y la placa de uno de los collares encontrados, con la inscripción “José Luis R.Z”, indica que no todas las piezas son propiedad de Sonsoles: las joyas no heredadas serían regalos recibidos durante viajes oficiales.

Los cargos públicos no pueden aceptar regalos

El Artículo 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público deja claro que un presidente del Gobierno - y cualquier otro empleado público - “rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

El Código Penal, en su artículo 422, recoge que “la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años”. De haber recibido las joyas durante viajes oficiales de Zapatero, desde luego fueron regalos hechos “en consideración a su cargo”.

El Artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, también establece que cualquier parte de la Administración General del Estado no aceptará “para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

El fin de estas restricciones es evidente: prevenir conflictos de interés y evitar el delito de cohecho. Más allá del marco legal: el propio Código Ético y de Conducta del PSOE recoge que ningún miembro del partido “podrá aceptar regalos u obsequios, sean en efectivo o en especie, favores, viajes o servicios en beneficio propio o de su entorno, que procedan de una persona física o jurídica relacionada directa o indirectamente con su actividad política, orgánica, laboral o administrativa y pueda generar una situación de conflicto de interés, se realicen por razón de su cargo o puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta o en la de terceros, e incluso cuando estos tengan únicamente por objeto premiar la actividad debida; se incluyen en este apartado los viajes e invitaciones a actividades de ocio, deportivas y culturales que, por su valor económico o por cualquier otra circunstancia, puedan ser relevantes a efectos de un eventual conflicto de interés o tengan capacidad de influir en las decisiones que debidamente deba tomar”.

Queda claro, entonces, que cualquier regalo de valor recibido por Zapatero durante sus mandatos debía incorporarse al patrimonio del Estado, por lo que no corresponde que dichos bienes formen parte de su patrimonio personal ni permanezcan sin declarar en una caja fuerte privada.

Una ola de armamento y tecnología militar llega a Ucrania a una velocidad inédita gracias a un mecanismo de financiación desarrollado por Dinamarca. Este modelo ha pasado de ser una iniciativa experimental a convertirse en un elemento esencial en la defensa ucraniana frente a la invasión rusa. Gracias a este sistema, drones, sistemas electrónicos, morteros y municiones se producen y entregan sin demoras en el frente oriental, según explica el medio oficial de Ucrania, U24 Media.

Durante el año 2025, Dinamarca canalizó más de 2.000 millones de dólares para la industria militar ucraniana. Solo hasta el otoño, el país ya había facilitado más de 1.400 millones en ayuda, mientras que al cierre del año el Ministerio de Defensa de Ucrania comunicó un nuevo desembolso superior a los 500 millones de euros. La asistencia cuadruplicó la de 2024, cuando alcanzó los 538 millones de euros. Esta aportación ha permitido sostener el esfuerzo bélico ucraniano y reducir la dependencia de europeos.

Un mecanismo que fortalece a la industria local

El modelo danés no solo proporciona recursos, sino que estructura un proceso ágil donde Ucrania define sus necesidades, elige fabricantes nacionales capaces de cubrirlas y traslada la solicitud al gobierno danés. Un comité especializado evalúa cada petición y selecciona a las empresas que recibirán la financiación. De esta manera, Copenhague compra directamente a la industria ucraniana y se lo entrega a su aliado.

La estrategia ha permitido que fabricantes ucranianos de drones, sistemas de guerra electrónica y armas ligeras sostengan una producción constante. La regularidad de los contratos favorece la planificación de volúmenes y la gestión de entregas. Además, este mecanismo permite que otros países como Suecia, Noruega y los Países Bajos agrupen fondos bajo la coordinación de Dinamarca. Parte del dinero procede también de activos rusos congelados. El acceso a esta financiación ha dado a las empresas ucranianas la posibilidad de invertir en tecnología y ampliar sus capacidades productivas.

Integración europea y producción conjunta

El modelo fomenta la creación de alianzas internacionales y la participación de Ucrania en proyectos conjuntos de defensa con socios europeos. Estas colaboraciones permiten incorporar tecnología avanzada y compartir experiencias de combate, optimizando la respuesta ante nuevos desafíos en el campo de batalla y consolidando vínculos en la industria militar de la región.

El sector de defensa ucraniano se ha integrado en la cadena de suministros europea. Con los pedidos asegurados, los fabricantes locales adquieren componentes en el continente y desarrollan tecnología propia en colaboración con socios europeos. Este ecosistema abierto fomenta la innovación y el acceso a datos reales de combate, información que Ucrania comparte con sus aliados. Por otro lado, la cooperación ya se extiende a la producción conjunta.

En Alemania, Quantum Systems y la ucraniana Frontline han creado una empresa mixta para fabricar drones destinados al conflicto. Existen acuerdos similares en preparación con empresas de otros países, entre ellos España, como anunciaron juntos Pedro Sánchez y Zelenski hace meses. A medida que estas colaboraciones se amplían, Ucrania refuerza su posición tanto en el campo de batalla como en la industria militar europea.

La Audiencia Nacional investiga si la presunta trama vinculada al rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas y liderada, supuestamente, por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pudo intervenir en gestiones relacionadas con la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela mediante la actuación de agentes del Centro Nacional de Inteligencia.

Así lo recoge uno de los autos incorporados al sumario de las diligencias previas 77/2024, al que ha tenido acceso Infobae. En esa resolución, el juez José Luis Calama sostiene que una agenda intervenida durante los registros practicados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contiene anotaciones que “revelan una posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público”.

Entre esas notas manuscritas, el magistrado menciona expresamente “la liberación de presos en Venezuela” y “la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI) en relación con lo que parece corresponder con la repatriación de Edmundo González”.

La referencia aparece dentro de una investigación que arrancó por el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero que con el paso de los meses ha ido ampliándose hacia una trama de posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en la que está presuntamnete involucrado, como líder oculto, el expresidente Zapatero.

El nombre de Edmundo González figura literalmente en el auto judicial analizado por este medio. Su aparición dentro del sumario introduce una dimensión especialmente delicada en la causa, ya que conecta la investigación con operaciones diplomáticas y de inteligencia vinculadas a Venezuela.

El líder opositor venezolano abandonó Caracas en septiembre de 2024 después de permanecer varios días refugiado en la Embajada española. Su salida se produjo en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras recibir un salvoconducto de las autoridades venezolanas. Posteriormente solicitó asilo en España.

Una agenda de Plus Ultra con referencias políticas

La pieza clave de esta parte de la investigación es una agenda negra con la serigrafía de Plus Ultra localizada durante los registros ordenados por la Audiencia Nacional. Según el juez, las anotaciones encontradas en ese cuaderno van mucho más allá de cuestiones empresariales y contienen referencias a actuaciones políticas y diplomáticas de alto nivel.

El auto sostiene que esas notas reflejan una “posible intervención en decisiones estratégicas de carácter público” y añade que también existen “numerosas anotaciones respecto de la oposición al Gobierno de Venezuela”.

Los investigadores consideran que ese material puede ayudar a reconstruir las conexiones internacionales de la trama y el alcance real de las relaciones mantenidas por algunos de los investigados con dirigentes y empresarios venezolanos.

La investigación sitúa en el centro de la causa a Julio Martínez Martínez, considerado por la Policía una figura clave del entramado y presunto testaferro de Zapatero. En distintas piezas separadas aparecen referencias a registros domiciliarios, bloqueo de cuentas bancarias, intervención de dispositivos electrónicos y análisis patrimoniales impulsados por la UDEF.

Los registros practicados en marzo contaron con la participación de varias unidades especializadas, entre ellas Guías Caninos, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y especialistas en ciberdelincuencia, según consta en los autos incorporados al procedimiento.

Parte de las diligencias permanecieron bajo secreto durante meses y dieron lugar a la apertura de distintas piezas separadas. El juez llegó incluso a ordenar que determinados informes policiales fueran tratados con especial reserva debido a la sensibilidad de la investigación.

Del rescate aéreo a una investigación sobre influencias y blanqueo

Lo que comenzó como una investigación sobre la legalidad del rescate de Plus Ultra acabó derivando en una causa mucho más amplia sobre presuntas redes de influencia y movimientos internacionales de fondos.

En varios autos, la Audiencia Nacional sostiene que existen indicios de una “estructura estable y jerarquizada” orientada presuntamente al ejercicio ilícito de influencias y al uso de sociedades opacas para canalizar operaciones económicas.

La causa incorpora además diligencias internacionales, comunicaciones con INTERPOL y solicitudes de información financiera remitidas a distintos países. Los investigadores sospechan que parte de las operaciones analizadas podrían estar vinculadas a estructuras empresariales utilizadas para mover fondos procedentes del extranjero.

A las 12.30 de este lunes los españoles estaban pendientes de la lista de convocados de la Selección española para el mundial. Pero ese no iba a ser el único acontecimiento del día. Los periodistas esperábamos el sumario completo de la investigación del juez José Luis Calama sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Se hizo de rogar y a media tarde llegó: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas que el magistrado de la Audiencia Nacional ha entregado a las partes implicadas en el caso Plus Ultra por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El resumen de estos miles de folios sería lo que ya se conoció hace justo una semana: a Zapatero se le acusa de liderar una "trama organizada de tráfico de influencias" para obtener “beneficios económicos”. En concreto lo hizo, supuestamente, intermediando entre las instituciones públicas y la aerolínea Plus Ultra para que ésta consiguiera ayudas. Esta es la tesis que defiende el sumario. Plus Ultra fue rescatada con dinero público de la SEPI en marzo de 2021 y recibió 53 millones de euros. Según la investigación, y tal como publicó la UDEF el sábado por la noche, Zapatero estuvo detrás y se benefició de ello.

El sumario cuenta con las diligencias previas y con los informes completos que se han ido publicando. A continuación, destacaremos algunos de los puntos más importantes. No obstante, cabe destacar una cuestión: no hay pruebas claras contra Zapatero, sino indicios. El expresidente socialista no ha dejado rastro, por lo que el propio informe habla de un liderazgo invisible, aunque acreditado en las conversaciones intervenidas. Lo hacía por él su supuesto “testaferro”: Julio Martínez Martínez, empresario y “receptor y ejecutor de órdenes” de Zapatero, según la UDEF y del cual este lunes se conoció que tenía repartidos por toda su casa 286.000 euros en efectivo sin declarar.

Según uno de los documentos que este lunes entregaba el juez Calama, Julio Martínez “canalizaba los fondos de las influencias” y Zapatero y su entorno “serían los principales beneficiarios”. La estructura de esta red sería la siguiente: en la cúspide, el propio Zapatero. En segundo lugar estaría Julio Martínez Martínez, identificado como interlocutor con los clientes, ejecutor de órdenes directas del expresidente. En el tercer nivel figura María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, descrita como responsable de las gestiones diarias y de dotar de “cobertura formal” a la documentación que sustentaba los pagos.

“Zapatero manda aquí”

En total, los agentes de la Policía Nacional y el juez instructor José Luis Calama han rastreado hasta 40 empresas, centenares de transacciones de dinero y 60 personas para tratar de averiguar si existió un trato de favor en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Y aquí está una de las claves que busca el juez para justificar su imputación, en la intención: si el expresidente ejerció presión a la SEPI. En todo caso, Zapatero ha negado rotundamente haber participado directa o indirectamente en el rescate.

Su versión chocaría con las últimas conversaciones recopiladas en el sumario, que constatarían la cercanía entre los directivos de la aerolínea y el entorno de Zapatero. Una de ellas haría referencia a un desplazamiento de Zapatero a Venezuela para “vigilar las elecciones”, comentado entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el máximo accionista de la compañía, Rodolfo Reyes: “El tocayo y Zapatero rumbo a CCS [Caracas]. Van a vigilar la limpieza de las elecciones. Jajajaja”. En otra conversación de WhatsApp descubierta en el sumario íntegro sobre el rescate de la aerolínea, Martínez Sola y Reyes afirmarían que “Zapatero manda aquí”.

El papel de Análisis Relevante

Los agentes de la Policía Nacional sospechan que el presidente del Gobierno jugó un papel principal en esta trama, ejerciendo como el verdadero directivo en una de las empresas clave de la trama: Análisis Relevante. Esta empresa, propiedad del amigo de Zapatero detenido el pasado mes de diciembre, Julio Martínez Martínez —mencionado anteriormente como su supuesto testaferro—, habría actuado como brazo ejecutor. Sobre el papel, esta compañía se dedicaba a realizar informes de consultoría mensuales para varias empresas, entre ellas, Plus Ultra. Análisis Relevante llegó a pagar al expresidente por la realización de varios informes, aunque Zapatero afirmó que nunca supo quién era el destinatario final.

Para los agentes, la firma era el “instrumento financiero” para ocultar el rastro del dinero del rescate. Y Zapatero, lejos de ser un colaborador ocasional, era quien determinaba los clientes, según la UDEF.

Los investigadores apoyan su hipótesis en una conversación entre Martínez Martínez y Zapatero, en la que el expresidente remitió dos listados que detallarían qué empresas debían recibir los informes mensuales a cambio de cantidades generosas, según el contrato. También se detallan destinatarios desconocidos de los que no se sabe por qué recibieron el pago ni cuál fue el contrato correspondiente. Los archivos reciben el nombre de “LISTA AR OK.xlsx” y “DIRECCIONES EMAIL JM xlsx”, donde se detalla una lista de directivos, empresas y direcciones de correo que coincidirían, en su mayor parte, con la adoptada finalmente por la consultora.

La UDEF describe el flujo operacional y señaló a Sergio Sánchez Benítez, exdirector de Comunicación del CNI y directivo de Movistar+ como el verdadero autor de los informes, que serían posteriormente maquetados por What the Fav, la empresa de las hijas de Zapatero que actuaría como “elemento finalista” de la trama. Veamos qué quiere decir esto.

Las hijas de Zapatero “no aportaban valor propio”

Entre 2020 y 2024, Whathefav emitió facturas a Análisis Relevante bajo el concepto genérico “servicios agencia”, sin ningún detalle más. La instrucción considera que esa ausencia de concreción, unida a la reiteración de los documentos, revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad desarrollada.

El auto traza un circuito circular de fondos en el que Inteligencia Prospectiva (una de las sociedades investigadas que no tenía actividad real pero que movió más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025 y que transfirió 561.440 euros a Whathefav) inyectaba dinero tanto en Análisis Relevante como en la empresa de las hijas del expresidente. Y Análisis Relevante transfería cantidades a Rodríguez Zapatero —490.780 euros entre 2020 y 2025 a la cuenta que comparte con su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz— y a Whathefav; y Whathefav, a su vez, canalizaba pagos hacia las cuentas personales de las hijas.

Esto es lo que el juez opina de estos movimientos:“ Esta secuencia evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”. Un indicio más contra Zapatero.

La casa de Zapatero como punto “neurálgico” de la trama y las joyas del despacho

La Policía Nacional apunta al despacho de Zapatero como el centro de operaciones de la trama y la Audiencia Nacional llevó a cabo registros para tratar de hallar documentos sensibles que alimentasen su hipótesis. A la espera, todavía, de una prueba que incrimine directamente al expresidente fuera de terceros.

Allí se encontró una caja fuerte con diversas joyas que, según defendió la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar, serían de la vivienda de Zapatero y su esposa, fruto de una herencia y regalos de viajes. Los agentes también han revisado agendas, libretas, dinero en efectivo y el teléfono de la secretaria del expresidente con la esperanza de hallar conversaciones donde él esté implicado.

De acuerdo con la UDEF, los asuntos verdaderamente sensibles podrían haberse gestionado en la casa de Zapatero, la cual consideran “el centro neurálgico”. El juez Calama ha rechazado por el momento llevar a cabo un registro en esta propiedad, pero el informe lo deja claro: en la casa se daban las instrucciones de mayor “sensibilidad” mientras la oficina de Ferraz era el “centro de dirección operativo” de la trama, según los investigadores.

El protagonista del caso Plus Ultra es José Luis Rodríguez Zapatero, pero según se desprende de uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, podría haber sido José Luis Ábalos. La aerolínea trató de llegar a las ayudas públicas en la pandemia por dos vías distintas: tanto a través del ministerio de Transportes, con Ábalos a la cabeza, como por el entorno del expresidente del Gobierno. Y en este sentido llama la atención en el documento el nombre de Miguel Palomero, la persona que hace de nexo entre la trama de Plus Ultra y el caso Koldo.

Esta distinción queda clara en el informe. Para que el lector no se pierda en este entramado de nombres, empresas y estrategias, expliquemos primero cuáles son las opciones que barajó Plus Ultra para conseguir dinero público.

1. Vía Ábalos. Esta vía se articula a través de Miguel Palomero, abogado de Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, quien contacta con Koldo García Izaguirre, mano derecha del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. El objetivo era lograr una interlocución directa con altas instancias del ministerio para agilizar la tramitación de la ayuda pública. Las comunicaciones entre Rodolfo Reyes y Palomero muestran cómo este último se ofrece a “tocar” a Ábalos y reconoce que puede llegar a él a través de su contacto, un “amigo”, haciendo referencia a Koldo.
2. Vía Zapatero. De forma paralela, Plus Ultra explora el acceso a fondos públicos mediante el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esta vía se inicia con la mediación de Manuel Aarón Fajardo García, derivando después en la figura de Julio Martínez Martínez, quien junto a Fajardo conforma el segundo nivel jerárquico de una red organizada de influencia liderada por Zapatero. El informe detalla cómo esta red controla, tutela y dirige los intentos de Plus Ultra para obtener ayudas, llegando a emplear el nombre de Zapatero en gestiones ante entidades financieras y, posteriormente, canalizando los contactos hacia la SEPI.

Volvamos a Palomero. El documento recoge que el 31 de diciembre de 2020, Felipe Baca, empresario peruano y socio de Rodolfo Reyes en Plus Ultra, encargó a Palomero la entrega de 2.000 euros en efectivo a una persona identificada como “Jessica”, cuyo número de teléfono correspondía a Jesica Rodríguez García, conocida públicamente por su relación con Ábalos. Ese mismo día, Baca le encargó otros 3.000 euros en efectivo para una mujer llamada “Alejandra”, con un número de contacto de prefijo venezolano. La tormenta Filomena retrasó ambas entregas hasta los días 18, 19 y 20 de enero de 2021.

La conversación en la que Baca cursó esos encargos a Palomero comienza con una referencia a un paquete de 50.000 euros en efectivo. “Bien, hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje”, respondió Palomero al enterarse del contenido del paquete, según consta en los mensajes intervenidos y recogidos en el informe de la UDEF. La frase, que los investigadores policiales atribuyen a Palomero, adquiere un peso particular a la luz de lo que ocurriría meses después: en mayo de 2021, cuando el juzgado de instrucción número 15 de Madrid bloqueó el segundo tramo del rescate —34 millones de euros—, el mismo Palomero escribió a Reyes que “la fiscal jefa es amiga” y que “hay que cortar esto”.

Junto a los pagos a Rodríguez García y a “Alejandra”, la UDEF documenta un tercer movimiento de efectivo en ese mismo periodo. Baca encargó a Palomero la entrega de 20.000 euros a Reyes, quien, según consta en los propios mensajes, aclaró que ese dinero “no era para él” sino para “otra persona”. El informe reconoce que, en ese momento de la investigación, se desconoce quién era el destinatario final de esa cantidad.

Palomero, el hombre que unía las dos tramas

La figura de Miguel Palomero constituye el nexo más documentado entre el universo del caso Koldo y la red de influencias que la Audiencia Nacional atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fue Palomero quien, el 23 de marzo de 2020, respondió a Reyes cuando este le preguntó qué hacer “a nivel político” para acceder a las ayudas públicas: “Tocamos a Ábalos”. Semanas después, el 4 de mayo de 2020, le confirmó que habían hecho “un approach a la mano derecha del ministro", en alusión a Koldo García.

Al mismo tiempo, Palomero estaba en contacto con el entorno de Zapatero a través de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que la UDEF identifica como la “figura visible” de la red de influencias del expresidente. Los investigadores describen así las dos vías que operaron de forma simultánea y complementaria: la que llegaba al ministerio de Transportes a través de Koldo García, y la que conectaba con la SEPI a través de Zapatero.

El informe de la UDEF recoge, a través de conversaciones intervenidas en los dispositivos telefónicos incautados el 11 de diciembre de 2025, que Palomero actuó como intermediario operativo en ambas direcciones. Fue él quien organizó la comida del 8 de julio de 2020 entre los directivos de Plus Ultra —Julio Martínez Sola, Roberto Roselli y Alejandro Delgado— y quien, al día siguiente, comunicó a Reyes que había hablado con “el amigo” —identificado como Koldo García— para explicarle la situación y que “van a informar al ministro la semana que viene”.

Otros puntos de contacto con el caso Koldo

La conexión entre ambas investigaciones no se limita a la figura de Palomero. Jesica Rodríguez García aparece en los dos procedimientos judiciales como receptora de pagos de origen opaco. En el caso Koldo, ya juzgado en la Audiencia Nacional, quedó acreditado que socios de Víctor de Aldama y el propio Koldo García sufragaron durante años el alquiler de su piso en Madrid, a razón de cerca de 3.000 euros mensuales, con un total de casi 90.000 euros. El informe 1907/26 de la UDEF añade ahora que, en diciembre de 2020, la misma persona recibió 2.000 euros en efectivo de manos de Palomero, por encargo de Baca.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, señala en su auto que ese pago constituye “un fleco suelto” que apunta a una posible conexión entre las dos redes. Los investigadores de la UDEF subrayan que Jessica Rodríguez García es “conocida públicamente por su vinculación” con Ábalos, sin que el informe establezca que ella tuviera conocimiento del origen o la finalidad de los fondos.

El País publicó el 23 de mayo de 2026 que los investigadores también detectaron una tercera coincidencia entre ambas organizaciones: el uso de la palabra “café” como lenguaje en clave. En el caso Koldo, esa expresión hacía referencia a los teléfonos desechables que los miembros de la banda empleaban para comunicaciones sensibles, suministrados por el guardia civil Rubén Villalba a razón de 2.000 euros al mes. El mismo término aparece en conversaciones de la trama Plus Ultra, según el informe policial.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó el secreto de sumario del caso Plus Ultra el martes 19 de mayo y citó como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar el 2 de junio. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como “núcleo decisor y estratégico” de una presunta estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias orientada a obtener decisiones favorables de la Administración para la aerolínea, beneficiaria en 2021 de un rescate público de 53 millones de euros.

Calama imputa a Zapatero tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión al blanqueo de capitales. Según el auto, él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros: 1,52 millones para el expresidente y 423.779 euros para sus hijas Laura y Alba, a través de la empresa de comunicación Whathefav S.L., descrita como “canalizador financiero de la red”. Agentes de la UDEF registraron ese mismo día su oficina en la calle Ferraz de Madrid.

La causa no se detiene ahí. El juez Calama mantiene bajo secreto una pieza separada por un nuevo presunto delito de tráfico de influencias que amplía el foco más allá del rescate de la aerolínea. La UDEF investiga si empresas del entramado pagaron para acceder a funcionarios públicos, con ramificaciones internacionales que incluyen el rastreo de cuentas en el extranjero. Esta nueva línea, aún incipiente, podría deparar novedades en las próximas horas.

Pedro Sánchez dará este martes su primera rueda de prensa tras la imputación de Zapatero

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez viaja hoy a Roma para una agenda que terminará el miércoles con una reunión con el papa en el Vaticano y una rueda de prensa posterior, la primera desde la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, según advierte Agencia EFE.

La comparecencia llegará mientras socios de su investidura como PNV y Coalición Canaria presionan a favor del fin de la legislatura por los detalles que se van conociendo de esa investigación. La agencia de comunicación señala que el expresidente del Gobierno Felipe González ha compartido esa posición y que el Ejecutivo dijo respetarla, aunque reiteró que no la comparte y que la intención es que las elecciones sean en 2027.

Hasta ahora, Sánchez solo se ha pronunciado en público sobre la situación de Zapatero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso del pasado miércoles, cuando respondió a una pregunta del líder del PP Alberto Núñez Feijóo y expresó su apoyo al expresidente, recuerda la Agencia EFE.

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El secretario general de Comisiones Obreras habla de “crisis institucional de calado”, pero pide “contención”

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido calificada por Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), como “una crisis institucional de calado”. Sordo, sin embargo, ha pedido actuar con “contención” ante la situación, instando a la prudencia y recordando la importancia de la presunción de inocencia. La entrevista concedida a La noche en 24 horas ha sido recogida por Europa Press, que atribuye al líder sindical tanto la preocupación como la llamada a la cautela en una coyuntura que considera “compleja”.

En palabras del propio secretario general de CCOO, la “crisis institucional de calado” plantea una situación delicada para el Gobierno, que según Sordo ya se encontraba en una coyuntura caracterizada por apoyos parlamentarios inciertos. Sordo ha subrayado como dato diferenciador la derrota en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, un ejemplo que, a su juicio, ilustra la falta de una mayoría de carácter progresista suficiente para impulsar nuevas normativas en la presente legislatura.

El máximo responsable de CCOO ha reconocido que este contexto político delicado —marcado por la ausencia de mayorías parlamentarias consistentes— se veía contrarrestado, según su valoración, por la buena evolución de la economía española en términos de empleo, actividad y transformación del modelo productivo. No obstante, Sordo sostiene que la apertura del sumario al expresidente “sitúa al Gobierno en una situación delicada” por sí misma, independientemente de la situación previa del país, y considera que la propia investigación contra un presidente del Gobierno en ejercicio o retirado constituye un hecho con graves implicaciones institucionales.

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El juez Calama solicitó información a la UCO sobre mensajes de Víctor de Aldama vinculados con el caso Plus Ultra

El juez Santiago Calama, encargado del ‘caso Zapatero’, pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil información sobre la existencia de mensajes hallados en el teléfono móvil del presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, que pudieran estar vinculados con la concesión de ayuda pública a la aerolínea Plus Ultra, según informa Europa Press. La solicitud se produjo tras una noticia sobre citas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las fechas en las que se gestionaba el rescate.

En un escrito entregado al juez y al que tuvo acceso Europa Press, la UCO relata que una persona informó al exasesor ministerial Koldo García que Zapatero estaba reunido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Ese documento también recoge que el exministro de Transportes José Luis Ábalos consultó al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, por una carta que esperaba Air Europa de la SEPI en relación con otro rescate. Según la UCO, “Koldo informó a Ábalos de la reunión del expresidente y, pocos minutos después, el ministro informó a Koldo de lo que le dijo el secretario de Estado de Transportes”, y añade que el exasesor comentó a Aldama esa conversación, según ha publicado la agencia de comunicación.

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El juez Calama dicta cuatro órdenes internacionales de detención por blanqueo y tráfico de influencias

El magistrado José Luis Calama, del Tribunal Central de Instancia, dictó cuatro órdenes internacionales de detención en el marco del caso Plus Ultra contra los presuntos responsables de una red de blanqueo de capitales y tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021.

Los afectados son Rodolfo José Reyes Rojas, venezolano considerado el gestor real de Plus Ultra Líneas Aéreas desde 2017, y su esposa María Aurora López López, declarada titular formal de la compañía en febrero de 2021. Junto a ellos, las órdenes alcanzan a Luis Felipe Baca Arbulu, ciudadano peruano con nacionalidad francesa residente entre Francia y España, y al holandés Simon Leendert Verhoeven, con residencia en Suiza.

Según consta en los documentos judiciales, Baca Arbulu y Verhoeven lideraban una organización criminal que operaba como un “pseudobanco”: mezclaba fondos de origen ilícito, los invertía en bolsa y los devolvía “limpios” a sus clientes. Los investigadores franceses y suizos identifican a Verhoeven como el responsable de generar facturas falsas a través de tres sociedades instrumentales —Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd— a las que Reyes transfirió parte del rescate público a cuentas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.

Las órdenes, fechadas el 17 de marzo de 2026, se enmarcan en las Diligencias Previas 77/2024, causa que permanece bajo secreto y que el mismo juez Calama amplió semanas después con la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para la obtención de beneficios económicos.

Hazte Oír pide al juez del caso Plus Ultra que impute a la mujer y las hijas de Zapatero

La asociación Hazte Oír ha solicitado al juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, que cite como investigadas a la esposa y las dos hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya imputado en la causa desde la semana pasada.

Según el escrito, las hijas de Zapatero “figuran como administradoras solidarias y socias de la mercantil Whathefav”, calificada en el auto judicial como “elemento finalista del entramado”. Respecto a su esposa, Sonsoles Espinosa, la asociación señala que “figura como cotitular de la cuenta bancaria” a la que una empresa vinculada al expresidente “transfirió la suma de 490.780 euros entre los años 2020 y 2025”, lo que la convertiría en “beneficiaria a título lucrativo de los fondos presuntamente obtenidos mediante actividad delictiva”.

La petición se enmarca en una causa en la que el juez investiga a Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”.

Bendodo tacha a Zapatero de “muro de carga” del sanchismo

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del Partido Popular (PP), ha asegurado que “el muro de carga que sostiene al sanchismo ha colapsado” tras conocerse los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“No todos los españoles tienen 103 joyas de valor en una caja fuerte”, ha señalado Bendodo, quien exige “muchas explicaciones” y califica la situación de “triste y bochornosa para España”. El dirigente popular, que habló en València, ha pedido elecciones y describe que el Gobierno se encuentra en “estado terminal, sin presupuestos y rodeado por la corrupción”.

/espana/2026/05/25/la-udef-situa-a-zapatero-como-intermediario-de-operaciones-de-oro-niquel-y-petroleo-venezolano-con-compradores-chinos-y-suizos/

La Policía identifica a Zapatero como “Zorro” en un chat intervenido a un empresario venezolano investigado por corrupción en Francia

La Policía Nacional intervino en el despacho del abogado Miguel Palomero, implicado en el caso Plus Ultra, un chat denominado Danilo-España en el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aparece identificado como “Zorro”, “Z” o “ZZZZ”. Las conversaciones corresponden al empresario venezolano Danilo Díazgranados Mangalo, investigado por la justicia francesa. Según la juez Esperanza Collazos, el chat recoge “actos concretos a lo largo de varios años que sugieren la comisión de delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de una organización jerarquizada”. Entre ellos, la presunta influencia de Zapatero ante directivos de Repsol para que Díazgranados obtuviera la distribución de lubricantes de la compañía en Venezuela.

La Policía halló 286.000 euros en efectivo repartidos por toda la casa del empresario Julio Martínez Martínez

Los agentes de la UDEF encontraron 286.070 euros en efectivo sin declarar durante el registro del domicilio del empresario alicantino Julio Martínez Martínez, practicado el pasado 11 de diciembre de 2025. El dinero aparecía repartido por toda la vivienda: en una bolsa de viaje en el salón, en una mochila en el baño, en una caja de mudanza, en un neceser, dentro de una caja de vasos, en una cajonera e incluso en un radiador de calefacción, donde los agentes localizaron 50.000 euros. Los perros de la policía hallaron además cinco sobres con caracteres chinos que traducidos decían “diez mil” y que contenían exactamente 10.000 euros cada uno.

La UDEF atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el liderazgo de “una red organizada dedicada al ejercicio de influencias” que habría facilitado el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. Los investigadores concluyen que la llamada “vía Zapatero” fue la que “toma preponderancia y logra la consecución de los objetivos perseguidos” por la aerolínea, por encima de la “vía Ábalos”.

/espana/2026/05/25/en-la-casa-de-zapatero-se-daban-las-instrucciones-de-mayor-sensibilidad-mientras-la-oficina-de-ferraz-era-el-centro-de-direccion-operativo-de-la-trama-segun-los-investigadores/

“Ya sabemos quién es ‘La Perla’”: el PP ironiza sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

El Partido Popular ha reaccionado a las nuevas informaciones sobre el caso Plus Ultra con una publicación en X. Según el acta del registro de la UDEF, a la que ha tenido acceso Infobae, el expresidente socialista guardaba en la caja fuerte de uno de sus despachos 16 lotes de joyas con anillos, collares, pulseras, pendientes, relojes y otras piezas de valor. Sobre esto, los populares han respondido: “Ahora ya sabemos quién es ‘La Perla’“.

El Ministerio Fiscal respaldó tanto la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como los registros practicados por la UDEF, al considerar que existía “motivación suficiente” y que las pesquisas no se basaban en “meras suposiciones o conjeturas”. El fiscal describió la presunta organización como una estructura con “una actividad delictiva pluriofensiva” de “gran trascendencia económica y social”.

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La secretaria de Zapatero alega que las joyas halladas en su despacho proceden de una herencia de su esposa

Según el acta del registro de los agentes de la UDEF, al que ha tenido acceso Infobae, se encontró en el despacho del Zapatero dos discos duros, numerosas joyas y relojes guardados en una caja fuerte. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes que las joyas procedían de una herencia de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes.

Cuando, durante el registro, el abogado de Zapatero y la propia secretaria alegaron no tener la llave y los especialistas del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) se disponían a forzarla, uno de los presentes entregó finalmente la llave a los agentes. El registro, que duró cuatro horas, abarcó una oficina de cinco despachos y tres habitaciones. La caja fuerte estaba ubicada en el despacho del jefe de gabinete.

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“Zapatero aquí manda”: el sumario del caso Plus Ultra retrata al expresidente como “líder estratégico” de la presunta trama

El sumario de la investigación judicial sobre el caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso Infobae, construye a lo largo de cientos de páginas una imagen constante: la de José Luis Rodríguez Zapatero como “líder estratégico”, “núcleo decisor” y supervisor último de una organización jerarquizada. La frase más explícita aparece en un mensaje intervenido del 5 de diciembre de 2020, en el que Rodolfo Reyes escribe a Julio Martínez Sola: “Zapatero aquí manda”, en el contexto de gestiones en Venezuela para desbloquear permisos de vuelo de la aerolínea.

El juez José Luis Calama lo recoge en su auto sin rodeos: “En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”, con “el liderazgo estratégico” y el control de contactos institucionales y empresariales “de alto nivel”. Desde su oficina, según el magistrado, “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.

La UDEF sostiene que la red operaba bajo una apariencia de consultoría y asesoramiento institucional, aunque en realidad se dedicaba presuntamente a mover influencias en favor de clientes privados.

/espana/2026/05/25/lotes-de-joyas-relojes-y-agendas-esto-es-todo-lo-que-habia-en-la-caja-fuerte-y-en-el-despacho-de-zapatero/

La UDEF sitúa el domicilio de Zapatero como centro de planificación de su presunta trama

Un tercer informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional señala el domicilio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como núcleo de “planificación y dirección” de su presunta trama, donde habría canalizado “la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”. Los investigadores atribuyen al exlíder del PSOE un “liderazgo no visible” que consideran “consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada”. La UDEF concluye que la dirección de la presunta organización se habría desplazado desde su oficina hasta su casa, donde dispondría de “mayor reserva y control de la información”.

Imágenes del sumario: la Policía incautó relojes, collares, pulseras y otras joyas de la caja fuerte de Zapatero en el registro de su despacho

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Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en la caja fuerte del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la calle Ferraz 35 de Madrid, una colección de joyas y relojes, dos memorias USB, dos discos duros y carpetas con documentación relativa a empresas vinculadas al caso Plus Ultra. El registro, que duró cuatro horas, estuvo a punto de requerir el uso de técnicos especializados en apertura de habitáculos ocultos, ya que el abogado del expresidente y su secretaria, Gertrudis Alcázar, alegaron no tener la llave. Finalmente, uno de los presentes la entregó a los agentes antes de que procedieran a forzarla.

*Con información de EFE.

El juez Calama ordena recabar todos los correos electrónicos de Zapatero y sus hijas desde 2020: “El nodo central de comunicación” de la trama

El juez José Luis Calama ha solicitado el “contenido íntegro” de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como los de la cuenta “presidentezapatero”, gestionada por su secretaria y que considera “el nodo central de comunicación interna de la organización”. Desde esa dirección, según el auto, “se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red”. El juez también apunta a la empresa What The Fav, administrada por las hijas del expresidente, como una sociedad sin “actividad empresarial ordinaria” que actúa como “centro de redistribución de flujos financieros” hacia Zapatero y su entorno.

*Con información de EFE.

Rueda cree que Sánchez “se mantendrá en La Moncloa mientras pueda o se le deje”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que, en su “opinión”, Pedro Sánchez “se mantendrá” en La Moncloa “mientras pueda o se le deje”, pese a una situación que considera “cada vez más insostenible”. Rueda descarta que haya novedades sobre el calendario electoral y atribuye la parálisis del Gobierno central a la “inestabilidad” y la “imposibilidad de hacer prácticamente nada”. Sobre las declaraciones del PNV pidiendo elecciones anticipadas este año, el presidente gallego las ha recibido con escepticismo: “A ver si lo que dijo se traduce en hechos”. Además, Rueda ha subrayado que sus objetivos se centran en dar “estabilidad” a Galicia y “gestionar y gobernar”.

La Audiencia Nacional admite a Ciudadanos como acusación popular en el caso que investiga a Zapatero

La Audiencia Nacional ha admitido a Ciudadanos como acusación popular en la causa que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El partido recuerda que fue el primero en denunciar la operación en 2021, cuando calificó de irregular la ayuda a una compañía “absolutamente en quiebra” favorecida, a su juicio, por gestiones del expresidente. Ciudadanos también apunta a presuntas operaciones con Venezuela y China vinculadas a disposiciones internacionales restrictivas. La formación ha anunciado que impulsará “acciones de investigación” en el juzgado y que no parará “hasta conocer toda la verdad”.

Canarias pide a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o “dé un paso a un lado”

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello (CC), reclama al presidente Pedro Sánchez que se plantee “dar un paso a un lado o someterse a una cuestión de confianza” si su Ejecutivo es incapaz de articular los apoyos suficientes para sacar adelante los asuntos “vitales” para los ciudadanos. Cabello advierte que, si la legislatura “va a entrar en una deriva”, el Gobierno “se lo tendrá que hacer mirar”.

Además, el portavoz canario critica que el Ejecutivo central pretenda modificar la Ley de Costas por vía reglamentaria, eludiendo el Congreso: “La puerta de atrás no es la forma de dar respuesta a los retos estructurales del conjunto del Estado español y de Canarias”.

El PP alerta de que la imputación de Zapatero “compromete la imagen internacional” de España: “La primera vez que un expresidente está investigado por corrupción”

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha declarado que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra supone “un descrédito enorme de la Presidencia” y “compromete la imagen internacional de España”. “Esto no es un episodio más. No lo es para el PSOE, no lo es para el Gobierno y no lo es para España”, ha subrayado al calificar de “alarmantes” los datos del informe de la UDEF sobre Zapatero. Sémper ha recordado, además, que “quienes aprobaron el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra fueron los ministros y ministras del actual Gobierno”.

El portavoz también ha hablado sobre el juicio del jueves contra David Sánchez, hermano del presidente, por el presunto cargo en la Diputación de Badajoz: “En cualquier democracia moderna solo este episodio habría provocado la dimisión inmediata del primer ministro”.

Previamente, el secretario general del PP, Miguel Tellado, había asegurado que el informe de la UCO de la Guardia Civil “acorrala” a Begoña Gómez al detectar contratos en su cátedra de la Universidad Complutense realizados “al margen del procedimiento establecido” y de forma “premeditada”, con “indicios de apropiación indebida” por registrar a su nombre un software pagado por la universidad.

El ‘caso Plus Ultra’ pone a Zapatero ante la Audiencia Nacional el 2 de junio en el momento más delicado para el Gobierno

La investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra centra la atención política en la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. El juez José Luis Calama sostiene, a partir de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y volcados de móviles, que Zapatero operó presuntamente una “red criminal” para influir en el actual Gobierno, aunque muchas de las pistas que siguen el rastro del dinero permanecen inconexas. Desde Moncloa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que el rescate fue legal y contó con el aval de los tribunales europeos y el Tribunal de Cuentas.

Moreno Bonilla: “Lo razonable y lo sensato sería que este Gobierno no llegara más allá de la Navidad de 2026”

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido tajante al afirmar que “lo razonable y lo sensato sería que este Gobierno no llegara más allá de la Navidad de 2026”, en alusión a la debilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Moreno, que ha asistido a la entrega del Premio Europeo Carlos V que el rey entregó al Comité Europeo de las Regiones, ha argumentado que un gobierno “no puede estar absolutamente rodeado de procedimientos judiciales y de sospecha, como es el caso”. Sobre las negociaciones con Vox para la formación de gobierno en Andalucía, aseguró que aún no han comenzado y que las afrontará con “serenidad, tiempo, mesura y diálogo”.

Sumar e IU se alían con Más Madrid y los Comuns para construir una alternativa de izquierda ante la “crisis” del PSOE

Sumar, Izquierda Unida (IU), Comuns y Más Madrid han anunciado que trabajan en una candidatura electoral conjunta con el objetivo de “recuperar una agenda progresista en un momento en el que el Partido Socialista está en crisis”, según ha declarado en rueda de prensa el diputado regional de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

Los cuatro partidos, agrupados bajo el lema Un paso al frente, celebrarán el próximo sábado en Barcelona su tercer acto conjunto. Rubiño ha subrayado que están examinando “la fórmula para concurrir a las elecciones” con “ciencia, orden y método”, y que la alianza busca extenderse a otros movimientos sociales y fuerzas políticas: “Tenemos la responsabilidad y el deber de poner esa alternativa encima de la mesa”.

La secretaria de organización de IU, Eva García Sempere, ha abogado por mantener el gobierno de coalición con el PSOE y rechaza cualquier posibilidad de “abrir la puerta a la extrema derecha”. García Sempere ha reclamado además apoyos parlamentarios para sacar adelante normativas sobre expresidentes del Gobierno y limitaciones a los lobbies, y ha preguntado: “¿Dónde están las fuerzas que tendrían que empujar?”

Sobre los mensajes del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, Rubiño señaló que escucharán “todas las propuestas” de unidad. Ante los avisos de fin de legislatura del PNV y Coalición Canaria (CC), les pidió que aclaren “si prefieren que gobiernen Feijóo y Abascal”.

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Zapatero desmiente “tajantemente” haber intervenido en el rescate de Plus Ultra

Zapatero ha hablado. Lo ha hecho en voz del sociólogo Luis Arroyo, a través de quien niega “tajantemente” haber participado en el rescate de Plus Ultra o haber realizado “ningún trabajo” para la compañía, ha explicado a eldiario.es. El expresidente, según Arroyo, se encuentra “sorprendido” por las acusaciones del juez Calama y asegura que “nunca ha presionado ningún funcionario” ni pueden “atribuirle una una trama delictiva”. Zapatero atribuye la causa al “contexto político”.

Podemos insiste: “Pinta mal”

Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, ha asegurado que la investigación sobre Zapatero “pinta muy mal” y, ante esta situación, ha alertado de que cada día que pasa sin dar explicaciones crecerá la desafección entre los votantes de izquierdas.

Tras descartar que se trate de un caso de lawfare, el también secretario de Organización de Podemos ha señalado que estas conductas “no son tolerables” y son “inaceptables” en la izquierda, antes añadir que son más propias “de la derecha” y de expresidentes como José María Aznar o Felipe González.

Sánchez asegura estar tranquilo a la espera de que se conozca el sumario: “Por supuesto”

A la espera de que se conozca el sumario del caso que ha llevado a la Audiencia Nacional a citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, los periodistas han preguntado a Pedro Sánchez a la salida de la presentación del Plan Social para el Clima si estaba tranquilo. “Sí, por supuesto”, ha respondido, según recoge Efe.

Sánchez ha defendido la apuesta de su Gobierno por la sostenibilidad y ha recordado los ejes transversales que el Gobierno eligió cuando, durante la pandemia, se pusieron en marcha los fondos europeos: la energía, el social/territorial, la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, y el eje digital.

Un exministro de Zapatero, extrañado de que pudiera armar “semejante estructura” porque le considera “bastante incapaz”

César Antonio Molina, ministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, ha afirmado en una entrevista en Telecinco que le sorprende que el expresidente, a quien consideraba “bastante incapaz en el Consejo de Ministros”, haya podido, presuntamente, “armar semejante estructura”, en referencia a la presunta trama de corrupción vinculada al rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra por parte del Gobierno español con 53 millones de euros.

Molina ha aclarado que no le sorprende que “vuelva a aparecer la corrupción” en torno a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el caso Plus Ultra —en el que se investiga el rescate de la aerolínea en 2021—, sino la supuesta capacidad del expresidente para organizarlo.

Molina comparó a Zapatero con “un mal alumno que se quiere imponer a un gran catedrático” en sus discusiones con el exvicepresidente y exministro de Economía Pedro Solbes durante la crisis económica de 2008. “Él como si hablara a través de una voz divina, que yo creo que él se creía nombrado por Dios, porque si no es difícil que una persona sin ningún mérito llegue a la presidencia del Gobierno”, ha concluido el exministro.

Una empresa del caso Plus Ultra pagó 300.000 euros a otra que usó Aldama en mascarillas

La sociedad Apamate Corporate and Trust, que aparece en el caso Plus Ultra en relación a un contrato de asesoría de 120.000 euros con la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, presunto “testaferro” de José Luis Rodríguez Zapatero, pagó 300.000 euros a la empresa Deluxe Fortune, relacionada con el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y que fue utilizada para el cobro de comisiones por contratos de mascarillas.

La UDEF hace constar, “de fuentes abiertas”, la relación de Apamate con ese pago a Deluxe Fortune en uno de sus dos informes incorporados al caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente del Gobierno como presunto “líder” de una trama de tráfico de influencias. El contrato de Análisis Relevante con Apamate, cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado, le fue remitido a Martínez el 18 de octubre de 2020 por Francisco Flores.

(Con información de EFE)

Baldoví marca una “financiación ilegal” del PSOE como “línea roja” de Compromís para romper con Sánchez

Joan Baldoví ha fijado como “línea roja” de la coalición valencianista para romper con el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez que existiera una “financiación ilegal” del PSOE. En cualquier caso, sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido “prudencia” y esperar a la lectura completa del sumario y a su declaración como imputado, en la que tiene que aportar “absoluta claridad”.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes recogidas por Europa Press, preguntado por si los nuevos detalles conocidos en las últimas horas sobre los entramados empresariales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero podrían erosionar las relaciones de Compromís con el Gobierno.

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El PNV puntualiza: no apoyar a Sánchez no es apoyar a Feijóo

Joseba Díez Antxustegui, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, ha puntualizado que el hechod e que su formación no apoye “en este momento” a Pedro Sánchez no significa que tenga intención de respaldar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Las palabras este domingo de Aitor Esteban dieron lugar a especulaciones sobre una moción de censura a Sánchez. Preguntado por esto en ETB-1, el dirigente ha descartado que Esteban estuviera hablando de ese extremo.

Sí ha apuntado a la gravedad de la situación ya que el caso Puls Ultra no solo afecta al partido “sino que hay sospechas en el propio Gobierno”, lo que “pone en una situación muy difícil su continuidad”. “Pero una cosa es ser muy crítico con Sánchez -ha insistido-, que en este momento Sánchez no cuente con nuestro apoyo, y otra cosa muy diferente es hablar de una moción de censura o de impulsar otras hipótesis. Eso no va a pasar”, ha aclarado.

(Con información de EFE)

Pero sumar teme elecciones

Sumar defiende la coalición y quiere que el Gobierno llegue a término, pero sabe que no depende de ellos. El PNV pesa más. La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha planteado una gran cumbre estatal de la izquierda alternativa a la vuelta del verano para concretar “sin miedo” la construcción de un nuevo frente amplio electoral. También ha subrayado que el hecho de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se postule como posible candidato del espacio no obstaculiza ese proceso, pero le ha retado a que concrete cuál es su propuesta. Si se convocan hoy elecciones, la izquierda a la izquierda del PSOE las afronta sin proyecto.

Sumar mantiene la coalición

Lara Hernández, líder de Sumar, ha asegurado la continuidad del Gobierno de coalición PSOE-Sumar y ha defendido que tienen todavía un año para seguir sacando adelante “políticas útiles”. Así ha respondido la dirigente en desayuno informativo a las palabras este domingo de Aitor Esteban, quien dijo que sería “irresponsable” que el Ejecutivo siguiera “más allá de 2026 sin rumbo, sin una mayoría estable” y con “una agenda descontrolada y judicializada”.

“Tenemos malas noticias para ellos, porque el Gobierno de coalición progresista va a seguir adelante”, ha recalcado. Según esta, hay una operación a gran escala “sin precedentes” en la historia del país para deslegitimar al Ejecutivo surgido de las urnas en 2023. “Es una música de fondo que constantemente tenemos que estar escuchando”, ha lamentado.

(Con información de EFE)

Zapatero reclutó al jefe económico de Moncloa

Según el diario El Mundo, Zapatero reclutó al jefe económico de Moncloa como ponente de un evento para captar clientes. Cuentan los periodistas Carlos Segovia y Esteban Urreiztieta que el expresidente del Gobierno se hizo con Manuel de la Rocha para una reunión organizada por Análisis Relevante con el objetivo de captar clientes. Esta tuvo lugar el 23 de junio de 2021.

La UCO enfría los indicios sobre Begoña Gómez

Según informa la Cadena SER, la UCO ha entregado al juez Juan Carlos Peinado el informe de conclusiones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez. En este, la Guardia Civil cuestiona algunos de los indicios principales que ha reunido Peinado contra la investigada, como que la cátedra extraordinaria no siguiera lo cauces establecidos por la Universidad Complutense. La UCO, informa el periodista Miguel Ángel Campos, tampoco ha encontrado pagos opacos, comisiones o movimientos económicos ilícitos.

Zapatero sigue trabajando con su abogado

El expresidente Zapatero no concederá entrevistas, en contra de su compromiso el pasado martes, nada más conocer la imputación, pero antes de la publicación del auto. Contempla además pedir un aplazamiento de su declaración, más si este martes trasciende nueva información vía sumario. Tan solo ha salido al paso para desmentir una información sobre la cancelación de una hipoteca de 500.000 euros de una tacada.

Sigue el juicio de Kitchen

Sin abandonar la política ni la presunta corrupción, la Audiencia Nacional sigue acogiendo uno de los juicios más relevantes del año, y este lunes es una fecha relevante porque se analizarán las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo relacionadas con esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información. La Sala escuchará las conversaciones que Villarejo mantuvo con Francisco Martínez, quien en la época investigada (2013-2015) era secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior.

Sánchez hablará este lunes

El presidente del Gobierno mantiene su agenda, que este lunes prevé su presencia a las 11:00 horas en un acto en Madrid junto con los ministros Sara Aagesen, Óscar Puente e Isabel Rodríguez. Intervienen el acto de presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima. Se desconoce si harán mención al caso Zapatero bien en el estrado o en un aparte con los medios de comunicación.

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El PSOE sigue defendiendo a Zapatero: “No nos cuadra”

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró este domingo que a los socialistas “no les cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero se haya podido corromper”, por lo que seguirán defendiendo la inocencia del expresidente del Gobierno.

“De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en cinco años prácticamente”, subrayó el portavoz socialista, remarcando que “aún no se ha demostrado absolutamente nada”.

López, preguntado por los medios en Granollers, apeló al respeto del principio de presunción de inocencia y reclamó que la justicia ejerza su papel, investigue y ponga pruebas encima de la mesa. “En democracia, se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia”, zanjó.

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El PNV hace tambalear la legislatura

Aitor Esteban fue claro este domingo. Hasta la fecha, el PNV era el socio más sólido del PSOE, y fue clave para la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez. El caso Zapatero, otra gota más en el vaso, parece estar agotando la confianza de los nacionalistas: “Sería irresponsable que Sánchez siguiera más allá de 2026 sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Y el caso Zapatero lo complica aún más”, sentenció.

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La Audiencia Nacional autoriza a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF) el acceso a la cuenta de correo electrónico del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad, según el auto al que ha tenido acceso Infobae. En el marco de las investigaciones por el caso Plus Ultra, el requerimiento de la UDEF, emitido el 14 de mayo, estaba dirigido al proveedor de servicios y alojamiento de la dirección de correo electrónico Acens Technologies SLU.

Según recoge el auto judicial al que ha tenido acceso Infobae, la UDEF sostiene que la gestión de ese correo recaía en Gertrudis Alcázar, secretaria del propio expresidente. Los investigadores consideran que Alcázar habría actuado en nombre de Rodríguez Zapatero, asumiendo un papel central en el soporte administrativo y financiero de la presunta trama.

El juez encargado del caso, José Luis Calama, también ha dado el beneplácito al acceso a los mails de las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura, vinculados a la compañía Whathefav; el administrador solidario de la misma empresa, Víctor García Díaz, cesado en 2023; y otras dos personas con cuentas de correo de la compaía, Fernando Castañeda y Ana Campos. El proveedor de servicios de las direcciones de correo electrónico es, en este caso, la sociedad 10dencehispahard.

Las informaciones requeridas implican “la totalidad de los mensajes existentes en la bandeja de entrada, la bandeja de salida, los borradores, los elementos eliminados y cualquier otra carpeta o clasificación existente, sin distinción de estado de lectura o marcación”. Además, Acens Technologies SLU y 10dencehispahard deberán facilitar los metadatos para “la preservación y disponibilidad de la evidencia digital”. La solicitud recogida en el auto se entronca en el artículo 18.3 de la Constitución Española, que garantiza el secreto de las comunicaciones y necesita de resolución judicial para revocarse.

El auto judicial señala a la secretaria de Zapatero como coordinadora de facturación ficticia a través de la cuenta de correo

La investigación judicial sitúa a María Gertrudis Alcázar Jiménez al frente de la cuenta de correo presidentezapatero@presidentezapatero.com. La documentación judicial a la que ha tenido acceso Infobae atribuye a Alcázar Jiménez un papel operativo clave en la red, considerada el núcleo de coordinación y archivo de la estructura.

El procedimiento describe cómo la secretaria del expresidente Zapatero habría utilizado de manera sistemática la cuenta de correo mencionada para coordinar con Cristóbal Cano la elaboración de facturas carentes de prestación real. Un caso concreto recogido señala la consulta de Alcázar Jiménez a Cano sobre la emisión de una factura de 20.000 euros, cuestionando si debía realizarse en un solo documento o fragmentarse, así como los conceptos concretos que debían figurar.

Cano, por su parte, detalló los conceptos del presunto servicio, los periodos temporales y las cantidades. Dicho modus operandi se habría repetido, incluyendo la propuesta de “consensuar los conceptos” para nuevas facturas y la consulta sobre la posibilidad de incrementar sus importes, con Alcázar Jiménez comprometiéndose a remitir los documentos para su firma tras recibir las indicaciones.

El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, segundo teniente de alcalde, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según Europa Press. La dirección regional del partido sostiene en un comunicado que sus servicios jurídicos ya trabajan con Acosta “para conocer todos los extremos de la denuncia, analizar su contenido, estudiar la documentación existente y valorar las acciones que procedan en Derecho”, según ha publicado Europa Press.

En esa misma nota, Vox Madrid afirma que mantiene “el máximo respeto a la Justicia, a los procedimientos en curso y a todas las personas que puedan verse afectadas por este asunto”. El partido de ultraderecha ha añadido que “en un Estado de Derecho ninguna persona debe ser condenada por un titular, por una filtración o por una denuncia cuyo contenido deberá ser examinado por los órganos competentes”, tal y como recoge Europa Press.

La formación liderada por Santiago Abascal afirma que “rechaza sin matices cualquier conducta de acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada”, pero también “los juicios paralelos” y “cualquier intento de utilizar este asunto para tapar las cuestiones de fondo” planteadas por su grupo municipal sobre la gestión local, recoge la agencia de comunicación.

Vox vincula la denuncia de su portavoz al grupo socialista municipal por presuntas irregularidades con la actual denuncia de acoso

Según se lee en el comunicado, la formación de ultraderecha vincula el contexto con la “intensa labor de investigación y denuncia” sobre supuestas irregularidades en la gestión municipal, en particular en torno a la Ciudad Deportiva Municipal, y señala que Acosta fue quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación de la UDEF sobre presuntas irregularidades durante los anteriores gobiernos socialistas.

“Sin prejuzgar el fondo del asunto, Vox Madrid no descarta que esta denuncia pueda formar parte de una estrategia de intimidación o desgaste”, indican desde la formación, que pide “prudencia, respeto a los cauces legales y responsabilidad pública”, según ha recogido Europa Press.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares está encabezado por la alcaldesa del Partido Popular, Judith Piquet, cuya formación obtuvo 11 concejales en las pasadas elecciones. En el consistorio, el PP gobierna en coalición con Vox, representados por Victor Manuel Acosta, segundo teniente de alcalde y concejal de coordinación de proyectos estratégicos y europeos; María del Pilar Cruz, concejala de Familia, Infancia y Juventud; y Antonio Peñalver Martínez, concejal de Desarrollo Económico y Empleo.

El sumario del caso Plus Ultra revelado este lunes continúa aportando nueva información de una trama que lleva investigándose desde 2021. La documentación remitida por las autoridades de Francia y Suiza y ahora incorporada a las diligencias judiciales sitúa al empresario neerlandés Simón Leendert Verhoeven como una de las piezas clave de una presunta estructura internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Venezuela y Suiza. Según la Fiscalía Anticorrupción, el empresario utilizó al menos tres sociedades para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, con un presunto rol de “gestor ejecutivo” vinculado a la gestión operativa de sociedades pantallas y de cuentas bancarias en Suiza.

En concreto, la denuncia con fecha del 21 de octubre de 2024 sostiene que las sociedades Allpa Wira Trading UK, Wailea Invest LTD y Valerian Corporation formalizaron contratos de préstamo con la compañía aérea. El propio Verhoeven, nacido en Países Bajos en 1959 pero residente en Santa María del Camí de Mallorca, declaró ante la Fiscalía de Ginebra que esos préstamos “fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”, aunque, según recoge Anticorrupción, sin aportar más datos sobre cuándo y cómo se llevaron a cabo. El 17 de marzo de este año, el magistrado José Luis Calama, que instruye la causa, emitió una orden internacional de detención por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

En ese mismo escrito, Calama le define como uno de los “gestores” de “una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales”, junto al peruano Luis Felipe Baca, de la que Rodolfo Reyes, mayor accionista de Plus Ultra, es presunto cliente.

“La organización controla muy importantes cantidades de dinero, entremezclando cantidades en metálico de distintas procedencias ilícitas, que invierte en bolsa, según investigación de la Fiscalía francesa (PNF) y que reintegra ‘limpia’ a sus ‘clientes’. Esto implica desdibujar el origen del dinero, mezclando cantidades ilícitas de diversa procedencia, haciendo inversiones y teniendo siempre a disposición cantidades en metálico que entregar a los ‘clientes’ actuando como un ‘pseudobanco’, apunta el escritor firmado por Calama.

Relojes de alta gama, joyas con forma de felino y dos lingotes de oro

La magnitud de los fondos manejados por esta estructura y su poder adquisitivo quedaron patentes tras la diligencia de entrada y registro ejecutada por los agentes de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales (UDEF), el 24 de octubre de 2024. El operativo tuvo lugar en el domicilio de Verhoeven, situado en el municipio mallorquín de Santa María del Camí.

En el interior de la vivienda, los investigadores hallaron dos lingotes de color dorado, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos, junto a un extenso arsenal de alta relojería, compuesto por piezas exclusivas de marcas como Patek Philippe, Omega Speedmaster, Breguet, Gerald Genta, Christophe Claret, Montblanc y Longines.

El lujo se extendía también a una peculiar colección de joyería de diseño. Los agentes decomisaron una gargantilla dorada rosa con forma de felino, así como un anillo con la forma del cuerpo completo de este animal, unos pendientes con forma de cabeza de felino y un colgante a juego. El joyero intervenido se completaba con una pulsera plateada con piedras verdes y un conjunto de otros nueve anillos de distintos diseños. Entre los escasos documentos físicos que los agentes decidieron confiscar en el chalet mallorquín destaca una factura por importe de 43.560 euros en concepto de honorarios, con fecha de julio de 2024, emitida a favor de Kaimana Capital. Esta mercantil fue constituida y es administrada por el abogado madrileño Miguel Palomero de Juan, otro de los principales denunciados por Anticorrupción en esta causa.

*Debido a la magnitud del auto, esta es una noticia en constante actualización.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una red que, según el oficio policial al que ha tenido acceso Infobae, no solo gestionó el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros, sino que también extendió sus operaciones fuera de España. Concretamente, en materias primas venezolanas como oro, níquel y petróleo, con la participación de intermediarios chinos, suizos y venezolanos.

La información aparece en el marco de la sociedad Inteligencia Prospectiva SL, que la UDEF describe como un vehículo para introducir fondos extranjeros en España bajo la apariencia de ampliaciones de capital. Sus administradores eran los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, quienes figuran como clientes de la red organizada que, tal y como indican los investigadores, lideraba el expresidente del Gobierno. Y fue precisamente en los teléfonos de Julio Martínez Martínez -el lugarteniente visible de la trama y propietario de Análisis Relevante SL- donde los agentes hallaron las conversaciones que conectan a Zapatero con esas operaciones de alcance global.

“Comercialización de Amarillo”

Una de las referencias alude a la comercialización de oro venezolano. En una conversación que data del 23 de enero de 2024, Amaro Chacón traslada a Martínez Martínez un listado de proyectos de negocio en los que estaría implicada la red. Entre ellos figura el de un grupo al que los interlocutores denominan “LOS DEL DESIERTO”, cuya agenda incluía dos objetivos: “oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela” y la “Comercialización de Amarillo”. La UDEF interpreta esta última expresión como una referencia encubierta al oro.

Aun así, el documento no especifica el alcance económico de esta operación ni si llegó a materializarse, pero sí establece el patrón de funcionamiento. Para acceder a cualquiera de esos negocios con Venezuela, los potenciales compradores debían canalizar sus gestiones a través de la red y dirigirse a Zapatero mediante una carta de intenciones formal, conocida en el ámbito financiero internacional como Letter of Intent (LOI).

El yacimiento de níquel que aparece en los chats

En el mismo listado de proyectos que Amaro Chacón detalla en esa conversación de enero de 2024, aparece una referencia a la empresa Western Atlas Resources y al “Proyecto Loma de Níquel”. El oficio no desarrolla los pormenores de esta operación más allá de su mención, pero la incluye en el mismo contexto que las demás iniciativas internacionales de la red: negocios de gran escala vinculados a recursos naturales venezolanos que, según la UDEF, requerían del acceso privilegiado a altas instancias del Gobierno de Venezuela que Zapatero supuestamente proporcionaba.

Loma de Níquel es un yacimiento situado en el estado venezolano de Miranda, uno de los depósitos de ese mineral más relevantes de América Latina, que ha sido objeto de disputas entre empresas multinacionales y el Estado venezolano durante décadas.

“A la atención del Presidente Zapatero”: la carta china que encontró la policía

Y el elemento más gráfico de todo esto es un documento que los investigadores han encontrado entre los archivos de Martínez Martínez, que es una carta de intenciones del 30 de octubre de 2023, remitida por la empresa China International Cultural Technology Resources Group CO LTD y dirigida, de forma explícita, a la “Oficina del Presidente Zapatero”, en la calle Ferraz 70 de Madrid, a la atención personal del expresidente.

Tal y como recoge el oficio, esa empresa -que la UDEF describe como “un grupo estatal del Partido Comunista Chino, para la compra de materias primas”- solicitaba que se le facilitara acceso a “gobiernos, sociedades del sector público y particulares en relación a materias primas”. En las conversaciones intervenidas, Amaro Chacón explica a Martínez Martínez que ese grupo chino se reunió con él durante una visita a China y “le reiteró la decisión de entrar a operar directo sin intermediarios con compras en Cash de inmediato y sin tope de cantidades a adquirir”.

Delcy Rodríguez como llave del negocio

El oficio policial también recoge el papel que los propios investigados atribuyen a Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, a quien se refieren en las conversaciones como “La Dama”. Según Amaro Chacón, es ella quien controla la asignación de los cargamentos: “La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, se lee en uno de los mensajes intervenidos, en referencia a los buques con cargamentos de petróleo y petcoke —un derivado del refino del crudo— que formarían parte de las operaciones.

Además, la UDEF señala que la operación con los intermediarios chinos y suizos llevaba paralizada desde abril de 2023 a la espera de que alguien fuera recibido por Rodríguez y el ministro de Petróleo venezolano para formalizarla. El trader suizo Philippe Apikian, de la sociedad Swissoil Trading SA, ya se había reunido con ella en al menos dos ocasiones, según las conversaciones.

Zapatero, el intermediario que cobraba por sus contactos

La UDEF utiliza toda esta información para reforzar su tesis central sobre la naturaleza de la red atribuida a Zapatero. Los investigadores concluyen que el expresidente “dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” venezolana.

Ese acceso, según el oficio, era precisamente la mercancía que se vendía. Los clientes de la red —entre los que la UDEF sitúa a Inteligencia Prospectiva SL, que transfirió 368.258 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros al Gate Center entre 2020 y 2024— pagaban por la capacidad de Zapatero para abrir puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas.

El despacho que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la calle Ferraz número 35 de Madrid, enfrente de la sede del Partido Socialista, no funcionaba solo como una oficina, sino que, según los investigadores de la UDEF, era un “centro de dirección operativo” desde el que Zapatero canalizaba las directrices estratégicas de su presunta red de tráfico de influencias a través de un correo que gestionaba su secretaria.

Así consta en un nuevo informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional al que ha tenido acceso Infobae. En el documento se recogen las pesquisas llevadas a cabo en el marco de la operación del caso Plus Ultra y de la creación de una red de tráfico de influencias en la que Zapatero ejercería un “liderazgo no visible” que los investigadores creen que es “consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada”.

El local, ubicado en el primer piso izquierda de ese edificio, no era, a juicio de los investigadores, un mero despacho administrativo, sino que operaba como “un núcleo de recepción y emisión de instrucciones”. Desde allí se emitían instrucciones de forma sistemática a través de los equipos informáticos del personal al servicio del expresidente, principalmente a través de la cuenta de correo electrónico presidentezapatero@presidentezapatero.com. La figura central en esa transmisión de órdenes era María Gertrudis Alcázar Jiménez, conocida en los correos como “Gertru”, secretaria de Zapatero y quien, según los agentes de la UDEF, era la usuaria de esa dirección.

La casa de Zapatero, el espacio “idóneo” para instrucciones “sensibles”

Sin embargo, las instrucciones más sensibles parece ser que no se tomaban allí. Del análisis de los correos que han podido hacer hasta ahora los agentes se desprende que la emisión de facturas de la trama no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino que se articula con carácter posterior y mediante la coordinación de las partes implicadas.

Los agentes han detectado que se consulta la adaptación a conveniencia de las facturas, los conceptos a consignar o incluso los importes de las mismas. Estas instrucciones “parecen no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad, esto es la antecitada oficina, sino que también podrían ejecutarse en el marco de la esfera personal, ya que, a tenor del contenido de los correos electrónicos analizados, se infiere que no todas las instrucciones se formalizan por correo electrónico y, por tanto, se estarían usando canales de comunicación alternativos para la transmisión de las mismas”.

Esa “estructura dual” de funcionamiento que se produciría entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario se deduce del patrón logístico observado en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero. En lo atinente a la recepción de envíos, consta tanto el envío de cajas de vino a su domicilio particular como en la emisión de facturass vinculadas a la operativa investigada (las facturas emitidas por Zapatero a la sociedad Análisis Relevante) en las que figura su domicilio particular.

El domicilio se perfila, por lo tanto, como “un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilida”. Esto tiene sentido, según el juez, porque “desplazar” el núcleo de planificación y dirección del ámbito de la oficina al entorno de su domicilio permitiría disponer “de mayor reserva y control de la información”.

El auto recoge que también se deduce de la dinámica operativa observada -el uso de la oficina como canal formal de comunicación a través de ‘Gertru’, la interposición de terceros, así como la movilidad constante de Zapatero – que existía “una estructura funcional distribuida, no circunscribiéndose ese ámbito en un único espacio, sino que se fraguaría de forma complementaria en la oficina y en su domicilio.”

Los investigadores de la UDEF pidieron por ello al juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama registrar la casa del expresidente de Gobierno, así como localizar y asegurar dispositivos que permitieran confirmar los canales de comunicación a través de los que transmitía “sus órdenes”, desde correos electrónicos, telefonía u otros medios de los que dispusiera. El juez Calama decidió, sin embargo, no registrar el domicilio de Zapatero señalando que por su posición institucional era un ámbito “especialmente sensible” y que el “beneficio potencial para la investigación resulta incierto y meramente hipotético”, por la falta de indicios que permitieran prever obtener elementos probatorios relevantes, por lo que apuntó a una posible desproporción.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entró en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado martes 19 de mayo. A las 8.17 de la mañana, la secretaria del exlíder socialista y una de las investigadas, Gertrudis Alcázar, abrió la puerta de la oficina,—compuesta por cinco despachos y tres habitaciones vacías— para dar comienzo al registro.

Según el acta policial, en uno de los despachos los agentes localizaron una caja fuerte con 16 lotes de joyas, formados por anillos, collares, pulseras, pendientes, relojes y otras piezas de valor. Entre los objetos intervenidos aparecen relojes de marcas como Omega, Certina, Dogma o Pierre Balmain, además de cruces doradas, brazaletes, broches, cadenas y conjuntos de piedras azules, verdes, blancas y granates.

Como reveló la propia secretaria, la caja fuerte provenía de la vivienda de exlíder del Ejecutivo entre 2004 y 2011 y su mujer, Sonsoles, y se encontraba en el segundo despacho de vivienda. Según esta, las piezas correspondían a una herencia familiar y otras eran regalos recibidos durante viajes.

Además, en el despacho que compartían Gertrudis Alcázar y la empleada Judith Wells también fueron intervenidas 17 agendas vinculadas al expresidente, varias de ellas identificadas como “Presidente Zapatero” y fechadas entre 2020 y 2025. Los agentes requisaron asimismo 18 carpetas con documentación relacionada con distintas empresas y entidades, además de teléfonos móviles, discos duros y memorias USB.

En el despacho de Zapatero no hay “nada digno de reseñar”

Entre la documentación incautada figuran carpetas con referencias a las consultaras Kreab, Ernst & Young, Thinking Heads, Focus Social Research, Tecnocasa o conferencias y facturas asociadas a la actividad profesional del expresidente. Sin embargo, el acta policial destaca que en el despacho número tres, correspondiente a José Luis Rodríguez Zapatero, no había “nada digno de reseñar”.

De la misma manera, los agentes realizaron un volcado completo del contenido de varios ordenadores utilizados por las empleadas de la oficina. El acta recoge la intervención de correos electrónicos vinculados a cuentas del PSOE y a dominios relacionados con el expresidente, además de carpetas compartidas, archivos almacenados en OneDrive y documentación alojada en servidores internos accesibles mediante VPN.

En el sumario completo de la investigación que instruye el juez José Luis Calama atribuye a Zapatero el presunto liderazgo de una “en la red de influencia, que se deduce de las actuaciones observadas y evidencia un rol activo respecto de la planificación y supervisión en las actividades realizadas”, en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada con 53 millones de euros en 2021, durante la pandemia.

El consejero de la compañía Rodolfo Reyes el 5 de diciembre de 2020 escribió al presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola "Zapatero aquí manda”. “Los directivos de Plus Ultra son conscientes de la red de contactos e influencias que ostenta José Luis Rodríguez Zapatero, y así lo plasma Rodolfo Reyes en una conversación que mantiene con Julio Martínez Sola, haciendo expresa referencia a su influencia en Venezuela”, apunta la UDEF.

El sumario completo de la investigación judicial sobre la presunta trama de influencias vinculada a Plus Ultra, al que ha tenido acceso Infobae, deja una idea clara que se repite una y otra vez a lo largo de los informes policiales, conversaciones intervenidas y autos judiciales: para la UDEF, José Luis Rodríguez Zapatero era quien lideraba.

La frase que resume esa tesis aparece de forma literal en uno de los mensajes incorporados a la causa. “Zapatero aquí manda”, escribe Rodolfo Reyes en una conversación con Julio Martínez Sola fechada el 5 de diciembre de 2020. Los investigadores sitúan ese mensaje en el contexto de las gestiones realizadas en Venezuela para desbloquear permisos de vuelo de Plus Ultra y lo consideran uno de los indicios más explícitos del papel de autoridad que atribuían al expresidente dentro de la estructura investigada.

Pero el sumario no se sostiene únicamente sobre esa frase. A lo largo de cientos de páginas aparece una imagen constante: la de una organización jerarquizada en la que Zapatero figuraría como “líder estratégico”, “núcleo decisor” y supervisor último de las operaciones, mientras distintos colaboradores ejecutaban las gestiones, mantenían contactos o canalizaban pagos.

El propio auto judicial lo resume sin demasiados rodeos. “En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”, escribe el juez, que atribuye al expresidente “el liderazgo estratégico” y el control de los contactos institucionales y empresariales “de alto nivel”.

La resolución describe incluso cómo funcionaría esa estructura. Según el magistrado, desde la oficina de Zapatero “se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria”.

La UDEF, por su parte, sostiene que la red “liderada” por el expresidente operaba bajo una apariencia formal de consultoría, asesoramiento y representación institucional, aunque en realidad se dedicaba presuntamente a mover influencias y abrir puertas en favor de clientes privados.

“No hablo con el directo”

Uno de los aspectos que más llama la atención en la investigación es el lenguaje que utilizan los propios implicados en sus conversaciones privadas. En ellas, Zapatero aparece constantemente como la figura que decide, supervisa o autoriza.

En una conversación del 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli responde a Rodolfo Reyes cuando este le pregunta si estará “en la conversación con Zapatero”. La respuesta es breve, pero para los investigadores resulta reveladora: “No con el directo. Hablo con un lacallo”. La Policía interpreta que el “lacallo” era Julio Martínez Martínez, señalado en la causa como el principal hombre de confianza de la organización y encargado de ejecutar instrucciones directas procedentes de Zapatero.

El sumario sitúa precisamente a Martínez Martínez en el segundo escalón de la estructura. El auto judicial lo define como “lugarteniente principal y figura visible” del entramado. La UDEF sostiene además que actuaba “como receptor y ejecutor de instrucciones directas de José Luis Rodríguez Zapatero”, además de encargarse formalmente del entramado societario utilizado para mover fondos y contratos.

La investigación describe una organización con distintos niveles perfectamente repartidos. Arriba estaría Zapatero; inmediatamente debajo, colaboradores encargados de las relaciones operativas y empresariales; y en un tercer nivel, personal administrativo y societario responsable de documentación, facturación y gestión diaria.

Entre ellos aparece María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina del expresidente, a quien los investigadores atribuyen la ejecución de “las órdenes impartidas” por él.

El “Grupo Zapatero”

La expresión aparece varias veces en las conversaciones intervenidas y se ha convertido en una de las piezas clave del relato policial. Según la investigación, los implicados utilizaban internamente expresiones como “Grupo Zapatero” para referirse a la estructura de influencia que, a juicio de la UDEF, operaba alrededor del expresidente y de su círculo de colaboradores más próximos.

El mensaje más significativo está fechado el 4 de julio de 2020, apenas un día después de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el mecanismo público con el que el Gobierno articuló rescates empresariales durante la pandemia. “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello”, escribió Julio Martínez Sola en una conversación incorporada al sumario. Para los investigadores, ese mensaje reflejaba que la red vinculada al expresidente ya estaba trabajando sobre la solicitud de ayudas de Plus Ultra incluso antes de que arrancara formalmente el procedimiento.

Las referencias se repiten durante toda la investigación. “Nuestro pana Zapatero detrás”, escribe Rodolfo Reyes tras una reunión con altos cargos del Ministerio de Transportes. En otra conversación, Manuel Aarón Fajardo, identificado por la Policía como uno de los enlaces en Venezuela, es descrito directamente como “la pieza de ZP en Venezuela”.

El auto judicial sostiene que Zapatero ejercía un liderazgo “no visible formalmente”, evitando aparecer directamente en algunas gestiones, pero manteniendo el control sobre la organización y las operaciones más relevantes.

Según la investigación, su intervención no se limitaba a contactos políticos. Los agentes le atribuyen también participación en la planificación de clientes, supervisión de operaciones internacionales y creación de estructuras societarias.

El sumario recoge, por ejemplo, que era el propio Zapatero quien remitía a Julio Martínez Martínez archivos Excel con listados de clientes de Análisis Relevante, una de las sociedades investigadas. La UDEF considera que esos documentos no eran simples listados, sino “herramientas de planificación logística” dentro de la estructura. La investigación también sitúa al expresidente detrás de reuniones para crear sociedades en el extranjero destinadas presuntamente a canalizar pagos fuera de España.

A lo largo del sumario aparecen además referencias constantes a contratos de consultoría, informes de asesoramiento y sociedades vinculadas al entorno del expresidente —como Whathefav, Análisis Relevante o Gate Center— que, según los investigadores, servían para canalizar y redistribuir fondos procedentes de clientes de la red.

El documento judicial llega incluso a identificar a Zapatero y a su entorno como los “principales beneficiarios finales” de la estructura investigada.

El resultado es un sumario que sitúa a Zapatero en el centro mismo de la estructura investigada. La tesis que atraviesa toda la documentación judicial es la de un liderazgo ejercido de forma discreta, pero constante, sobre una red de intermediación política y empresarial en la que, según las conversaciones intervenidas, todos sabían quién tomaba las decisiones.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, un oficio en el que imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el liderazgo de una red organizada dedicada al tráfico de influencias que habría facilitado la concesión de los 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) otorgó en 2021 a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Según el oficio policial, los directivos de Plus Ultra recurrieron a dos vías de influencia para acceder a la ayuda pública: la denominada “vía Ábalos” y la “vía Zapatero”. La investigación concluye que fue esta segunda la que “toma preponderancia y logra la consecución de los objetivos perseguidos” por la aerolínea. El documento describe la existencia de “una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por Rodríguez Zapatero”, en la que los clientes abonarían cantidades a la estructura a cambio de las gestiones realizadas.

La estructura de la red

La UDEF traza una jerarquía de tres niveles. En el vértice, el propio Zapatero, quien ejercería un “liderazgo no visible formalmente” pero acreditado a través de conversaciones intervenidas y documentación analizada. El segundo escalón lo ocupa Julio Martínez Martínez, identificado como interlocutor con los clientes, ejecutor de órdenes directas del expresidente y titular formal del entramado societario cuyo objeto sería “la canalización de los fondos abonados por los clientes”. En el tercer nivel figura María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, descrita como responsable de las gestiones diarias y de dotar de “cobertura formal” a la documentación que sustentaba los pagos.

Las comunicaciones intervenidas ilustran la naturaleza del mecanismo. En una conversación del 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli, directivo de Plus Ultra, explicaba a un interlocutor el funcionamiento de la estructura: “Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida”. El término “finance boutique” aparece de forma recurrente en las diligencias para referirse a la red. En otra conversación, del 30 de abril de 2020, Rodolfo Reyes, presidente de la aerolínea, preguntaba a su interlocutor: “¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero… tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento?”

El papel de Zapatero

El informe policial sostiene que Zapatero no ejecutaba directamente las acciones, sino que las canalizaba a través de sus lugartenientes. Su liderazgo se acredita, según la UDEF, por tres vías: la remisión a Martínez Martínez de archivos Excel con los clientes de la sociedad Análisis Relevante; las instrucciones dictadas para la constitución de una sociedad en el extranjero en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo; y la dinámica operativa reflejada en conversaciones como la que describe que “Julio habló con ZP 11 min. Le explicó todo”.

El contacto entre Plus Ultra y la red se produjo en mayo de 2020, cuando el vicepresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, habló directamente con Zapatero. Días después, el propio Martínez Sola informaba a Reyes de que había recibido una llamada de Martínez Martínez -referido habitualmente como “el tocayo”- y que este le había facilitado el contacto del vicepresidente del Banco Santander en España, Juan Manuel Cendoya. La solicitud de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no prosperó, pero quedó documentada en una carta de intenciones en la que los directivos de Plus Ultra escribían: “Siguiendo instrucciones del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted, solicitando su ayuda para la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía”.

El expediente en la SEPI

La investigación detalla cómo, tras agotarse la vía bancaria, la red orientó sus esfuerzos hacia la obtención de ayudas del FASEE. El mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que creó el fondo, el 4 de julio de 2020, Martínez Sola trasladaba a Reyes que el “Grupo Zapatero” ya estaba al tanto: “Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos Roberto y yo con Julio Martínez.” Reyes respondía: “Solo pedimos el 5% de lo que den a Iberia y Europa.”

La red habría concertado una reunión en el Ministerio de Transportes el 22 de julio de 2020 con el secretario de Estado Pedro Saura García y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer Moreno. Tras el encuentro, Roselli informaba: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones. El papel del ministerio será únicamente ‘hablar’ bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado.” Reyes respondió escuetamente: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás.”

El 26 de febrero de 2021, días antes de que el Consejo Gestor del FASEE se reuniera para adoptar su decisión, Martínez Martínez ya felicitaba a Reyes por la inminente obtención de la ayuda: “Ya en los últimos días para conseguir el préstamo de la SEPI, muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI.” La UDEF considera que este mensaje acredita “un conocimiento previo y extra procedimental del sentido de la resolución”. El Consejo Gestor no se reuniría hasta el 2 de marzo y el Consejo de Ministros no aprobaría la ayuda hasta el 9 de marzo.

El flujo de fondos

Los pagos entre Plus Ultra y la red se canalizaron formalmente a través de contratos de asesoría suscritos con Análisis Relevante, la sociedad de Martínez Martínez. El primer pago, de 6.050 euros, se produjo el 5 de noviembre de 2020, un día después de que Roselli relatara en una conversación una reunión con “el tipo de la SEPI” en la que “el contacto” había participado “clandestinamente”. En total, Plus Ultra habría abonado a Análisis Relevante 301.290 euros entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.

El informe policial traza el recorrido posterior de esos fondos: Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero entre julio de 2020 y junio de 2025, y otros 239.755 euros a la sociedad Whathefav S.L., cuyas administradoras son las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. A estas cantidades se suman los flujos procedentes de otras entidades vinculadas a la red: el grupo Thinking Heads habría abonado a Zapatero 681.318 euros, y la organización Gate Center, de la que el expresidente preside el consejo asesor, otros 352.980 euros.

La UDEF detectó también que en febrero de 2024, Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa, adquirieron un inmueble en Madrid por 580.000 euros con una hipoteca del Banco Santander de 500.000 euros. En enero de 2025, ese préstamo fue cancelado anticipadamente mediante una transferencia de 498.000 euros.

Los contratos como cobertura formal

Un elemento central de la investigación es la caracterización de los contratos de asesoría como instrumentos para justificar pagos que, a juicio de la UDEF, no respondían a servicios reales. El análisis de correos electrónicos entre Alcázar Jiménez -“Gertru”- y Cristóbal Cano Quiles, director de administración de Martínez Martínez, revela que los conceptos y los importes de las facturas se acordaban a posteriori. En un correo del 29 de marzo de 2022, Alcázar preguntaba a Cano si debía incrementar los importes de las facturas: “Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada.”

La propuesta de actuación que la UDEF eleva al juez incluye, además de los registros en el domicilio y la oficina de Zapatero, diligencias de entrada y registro en la sede de Whathefav, en la gestoría Softgestor y en el domicilio social de Inteligencia Prospectiva S.L., sociedad a la que la policía atribuye la función de introducir fondos en España desde el extranjero. La operación policial estaba prevista para las 6:00 horas del 19 de mayo de 2026. La UDEF solicita también el bloqueo de cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas y las sociedades investigadas, con un tope de embargo de 490.780 euros sobre las cuentas personales del expresidente.

El auto del juez José Luis Calama Teixeira, firmado el 18 de mayo de 2026 en el Tribunal Central de Instancia de Madrid, describe a Whathefav SL —sociedad administrada formalmente por Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero— como un “elemento finalista y funcional” dentro de la trama de tráfico de influencias investigada, que actuaba como vehículo de redistribución de fondos hacia el entorno familiar del expresidente. Las cuentas personales de ambas habrían recibido un total de 447.095 euros procedentes de la sociedad.

El magistrado, que instruye las Diligencias Previas 0000077/2024, no atribuye a las hijas de Zapatero una participación activa en la toma de decisiones. Su papel, según el auto, era el de administradoras formales de una mercantil que, a juicio de la instrucción, no desarrollaba una actividad empresarial real sino que operaba como nodo financiero dentro de una red organizada presuntamente liderada por el expresidente.

La cuenta de Laura Rodríguez Espinosa habría percibido 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que la de Alba Rodríguez Espinosa habría recibido 199.904,25 euros entre abril de 2023 y ese mismo mes. El auto añade un elemento que el juez considera especialmente revelador: en ambas cuentas figura como autorizado el propio Zapatero, circunstancia que el magistrado valora como un indicio de “conexión operativa entre los distintos actores del entramado”.

El dinero que llegaba a esas cuentas procedía de Whathefav SL, que a su vez había recibido fondos de varias sociedades investigadas. La mayor aportación procedía de Inteligencia Prospectiva SL —una mercantil sin actividad real que movió más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025—, que transfirió 561.440 euros a Whathefav. Análisis Relevante SL, la sociedad controlada por Julio Martínez Martínez e identificada en el auto como principal receptora de pagos de Plus Ultra Líneas Aéreas, aportó otros 239.755,01 euros. A esas cantidades se sumaron 171.727 euros de Gate Center —un think tank cuyo consejo asesor preside el propio Rodríguez Zapatero— y 12.297 euros de Thinking Heads Group SL.

Cómo funcionaba Whathefav: tres puntos clave

El auto describe el funcionamiento de Whathefav en tres planos. El primero, operativo: la sociedad recibía los informes de asesoría elaborados por Sergio Sánchez —titular del 25% de Análisis Relevante y colaborador del expresidente— y se encargaba de su maquetación y distribución a los clientes. Esa lista de destinatarios la había proporcionado el propio Rodríguez Zapatero a Martínez Martínez en dos archivos Excel enviados el 6 de julio de 2021, denominados “LISTA AR OK.xlsx” y “direcciones email JM.xlsx”. El juez señala que esos archivos “no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística”.

El segundo plano es documental. Entre 2020 y 2024, Whathefav emitió facturas a Análisis Relevante bajo el concepto genérico “servicios agencia”, sin ningún detalle sobre la prestación real. La instrucción considera que esa ausencia de concreción, unida a la reiteración de los documentos, revela una falta de correspondencia entre la actividad declarada y la actividad efectivamente desarrollada, compatible con una función de cobertura formal.

El tercer plano es financiero. El auto traza un circuito circular de fondos en el que Inteligencia Prospectiva inyectaba dinero en Análisis Relevante y Whathefav; Análisis Relevante transfería cantidades a Rodríguez Zapatero —490.780 euros entre 2020 y 2025 a la cuenta que comparte con su esposa, María Sonsoles Espinosa Díaz— y a Whathefav; y Whathefav, a su vez, canalizaba pagos hacia las cuentas personales de las hijas. “Esta secuencia evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena operativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”, asegura el juez.

Contrato entre Whathefav y Análisis Relevante

El contrato que formalizaba la relación entre Whathefav y Análisis Relevante, fechado el 1 de junio de 2020 e intervenido en el ordenador de Martínez Martínez, tenía por objeto declarado “el diseño, desarrollo y ejecución de un programa de marketing para promoción y posicionamiento en el mercado”. El magistrado señala la contradicción interna del esquema: Whathefav debía promocionar la imagen de Análisis Relevante, pero era la propia Whathefav quien distribuía los informes de esa sociedad a sus clientes, sin que Análisis Relevante interviniera en ese proceso. “Las tareas ejecutadas por Whathefav SL son labores de maquetación sobre informes ya elaborados”, concluye el auto.

Para obtener las comunicaciones corporativas de la sociedad, el juez ordena la intervención de cinco buzones de correo electrónico con dominio @whathefav.com: los de laurarodriguez, albarodriguez, fernandocastaneda, victorgarcia y anacampos. La medida, que afecta al secreto de las comunicaciones protegido por el artículo 18.3 de la Constitución, queda autorizada al amparo de los artículos 588 ter a) y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El juez la considera “idónea, necesaria y proporcional”, al limitarse a buzones directamente vinculados a la actividad investigada y resultar “indispensable para el esclarecimiento de hechos de especial gravedad”.

El auto, firmado también por la letrada de la Administración de Justicia Ana Isabel Meras Santiago, fue precedido de un informe del Ministerio Fiscal de fecha 28 de enero de 2026 favorable a la práctica de las diligencias solicitadas por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BBCA).

La aerolínea española Plus Ultra ha inaugurado este fin de semana su nueva ruta regular entre Madrid y Buenos Aires en una de las semanas más delicadas de su historia. Apenas cinco días antes del vuelo inaugural, la Audiencia Nacional acordaba la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en la trama investigada alrededor del rescate público concedido a la compañía durante la pandemia.

La coincidencia de fechas ha devuelto el nombre de Plus Ultra al primer plano mediático justo cuando la aerolínea trataba de proyectar una imagen muy distinta: expansión internacional, crecimiento en Latinoamérica y una nueva conexión transatlántica cargada además de simbolismo histórico.

A las 23.22 horas del sábado 23 de mayo despegaba desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el primer vuelo regular de Plus Ultra con destino a Buenos Aires. El avión, un Airbus A330-200 matrícula EC-NUL, aterrizó en Ezeiza a primera hora del domingo tras más de once horas de trayecto. Con ello, Argentina se convertía oficialmente en el quinto destino regular de la compañía en Sudamérica.

La ruta llevaba meses preparándose. Los billetes comenzaron a venderse en noviembre de 2025 y la aerolínea ya había anunciado entonces que arrancaría la operación con dos frecuencias semanales, los miércoles y sábados, antes de ampliar progresivamente el servicio durante el verano europeo de 2026 hasta alcanzar cuatro y posteriormente cinco vuelos semanales.

La apertura de la línea formaba parte del plan de expansión diseñado por la compañía tras reforzar su flota de largo radio con nuevos Airbus A330 y reorganizar parte de su red internacional. De hecho, Plus Ultra prevé concentrar cada vez más capacidad en rutas consideradas estratégicas para la compañía, como Buenos Aires, Lima o Caracas.

Pero la inauguración de la conexión con Argentina ha quedado inevitablemente atravesada por otro asunto mucho más incómodo para la empresa: el avance de la investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI.

Del rescate polémico a la Audiencia Nacional

El llamado ‘caso Plus Ultra’ lleva años orbitando sobre la política española. Desde el momento en que el Ejecutivo aprobó la ayuda pública, la operación quedó rodeada de polémica. La oposición cuestionó que la aerolínea pudiera considerarse estratégica para el país, se puso bajo la lupa su situación financiera y comenzaron a multiplicarse las sospechas sobre posibles influencias políticas detrás del rescate.

Durante mucho tiempo, el caso permaneció en una zona difusa entre el debate político, las comisiones parlamentarias y las filtraciones periodísticas. Sin embargo, en los últimos meses la investigación judicial ha ido escalando de intensidad hasta desembocar esta semana en la imputación formal de José Luis Rodríguez Zapatero.

La resolución judicial es especialmente dura en su planteamiento. El juez sostiene que las diligencias practicadas permiten apreciar indicios de “una estructura organizada y estable” supuestamente dirigida por Zapatero para ejercer influencias ante autoridades nacionales y extranjeras.

La investigación se apoya en conversaciones intervenidas por la UDEF a directivos de la aerolínea y a empresarios relacionados con distintas sociedades supuestamente utilizadas para canalizar pagos y asesorías. En esos mensajes aparecen repetidamente referencias a la necesidad de acceder a ayudas públicas durante los primeros meses de la pandemia y a posibles contactos políticos capaces de facilitar el proceso.

En marzo de 2020, según recoge el auto, responsables de Plus Ultra hablaban ya de “llegar a las ayudas” y planteaban posibles vías de acceso al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Poco después empiezan a aparecer referencias directas a Zapatero. Uno de los mensajes incorporados a la investigación refleja cómo un directivo comenta haber conseguido “el puente con ZP”. Otro interlocutor responde que, si aquello sale adelante, “merece el pago”. La resolución también menciona contactos con personas próximas al expresidente, reuniones vinculadas al Ministerio de Transportes y conversaciones internas en las que algunos implicados daban por hecho que el respaldo político a la operación estaba encarrilado.

Un estreno transatlántico bajo la sombra del caso judicial

Mientras la investigación judicial avanza, Plus Ultra intenta sostener su expansión internacional. Y precisamente la nueva ruta con Buenos Aires concentra buena parte del relato corporativo que la compañía quiere construir para esta nueva etapa.

La conexión con Argentina tiene un fuerte componente simbólico. En 2026 se cumple el centenario del histórico vuelo del hidroavión “Plus Ultra”, la aeronave española que cruzó el Atlántico Sur en 1926 y unió por primera vez España y Sudamérica por vía aérea. La aerolínea moderna tomó precisamente ese nombre y ha aprovechado el aniversario como eje narrativo de su desembarco en Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el mercado aéreo entre España y Argentina atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su historia. Este verano llegarán a operar alrededor de 50 vuelos semanales por sentido entre ambos países con compañías como Iberia, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, LEVEL y World2Fly. En ese contexto, Plus Ultra aspira a ganar espacio en un corredor históricamente rentable y con una demanda muy elevada por motivos turísticos, empresariales y migratorios.

La paradoja es que el estreno de esa nueva etapa comercial coincide exactamente con el momento en que el caso judicial que lleva años persiguiendo a la aerolínea alcanza su punto más delicado hasta la fecha. Mientras sus aviones comienzan a aterrizar en Buenos Aires y la compañía anuncia más frecuencias y más capacidad hacia Sudamérica, la investigación sobre el rescate vuelve a colocar a Plus Ultra en el epicentro de la política española.

El caso Kitchen continúa con su octava semana de juicio en la Audiencia Nacional, donde se siguen escuchando los audios del excomisario José Manuel Villarejo para juzgar si la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, liderada por Jorge Fernández, espió al extesorero del PP, José Luis Bárcenas. Según informó Europa Press, uno de los audios reproducidos en la vista recoge una conversación entre Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en la que el comisario asegura que Bárcenas entregaba “10.000 euritos todos los meses” a Rajoy.

Las grabaciones forman parte de las pruebas de la trama Kitchen, la supuesta operación desplegada desde el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer información comprometedora al extesorero popular y obstaculizar, presuntamente, la investigación judicial sobre la caja B del PP.

Según el citado medio y las grabaciones que han podido escucharse en el juicio, Villarejo explicó a Martínez que Francisco Correa, considerado líder de la trama Gürtel, quería negociar con la Fiscalía porque disponía de abundante información sobre “El Barbas”, el sobrenombre con el que, según los investigadores, se refería a Mariano Rajoy. En ese contexto, el comisario aseguró que Bárcenas le habría confesado a Correa que entregaba dinero periódicamente al entonces presidente del Gobierno.

Durante la sesión también se reprodujeron conversaciones relacionadas con el policía Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas captado como confidente al servicio del operativo y conocido en las grabaciones como “El Cocinero”. Europa Press señala que Villarejo aseguró que era él quien se encargaba de pagarle y que ambos se comunicaban mediante teléfonos y tarjetas prepago.

“Estoy jubilado pero no estoy muerto y tengo pasta para joderles”

En esos audios, el comisario sostuvo que Ríos le había hablado de “anotaciones textuales” y de “recibos firmados” por altos cargos del PP. Villarejo defendía además la necesidad de incorporar al chófer a la Policía Nacional para “tenerle trincado” y evitar que esa “parte débil” quedara fuera de control.

Otra de las conversaciones escuchadas en la Audiencia Nacional refleja el seguimiento a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Según ha informado el medio previamente citado, Ríos detalló reuniones con abogados, pagos vinculados a un local de restauración en Madrid y hábitos cotidianos de la familia. “Sigue comiendo jamón” o “yendo a la peluquería”, comentaba el chófer, antes de concluir que, pese a la situación judicial, “sigue teniendo un nivel alto”.

Las grabaciones incluyen referencias al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, igualmente acusado en esta causa. Villarejo lo definió como “muy celoso de su poder”, “un trepa”, aunque capaz de conseguir objetivos “de una manera sutil”. Incluso llegó a afirmar, según Europa Press, que “Pino va ser para la Policía lo que ha sido Zapatero para el PSOE”.

En otro de los audios, Villarejo trasladó a varios empresarios, al comisario José Luis Olivera y al abogado Javier Iglesias el supuesto malestar de la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por determinados nombramientos policiales. El comisario aseguró además que llevaba “toda la vida haciendo favores a esta gente para el tema de la Gürtel de los cojones” y lamentó que después le hubieran “dejado tirado”.

“Estoy jubilado pero no estoy muerto y tengo pasta para joderles”, afirmó Villarejo en otra de las grabaciones reproducidas este lunes. Según Europa Press, el comisario remató su intervención asegurando que “eran todos unos chorizos” y relatando escenas en las que veía “a Rajoy delante” mientras “cada uno” recibía “el sobre”.

Ocho semanas después del arranque del juicio, la Audiencia Nacional entra ahora en una fase especialmente sensible del caso Kitchen. En las primeras semanas ya declararon varios agentes implicados en los seguimientos a la familia Bárcenas y se escucharon referencias a Rajoy bajo los alias de “El Barbas” y “El Asturiano”. Además, estaban previstas las comparecencias del propio extesorero, de su mujer Rosalía Iglesias, del expresidente del Gobierno y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, en un proceso que busca esclarecer si desde el Ministerio del Interior se organizó una operación parapolicial para sustraer información sensible sobre la financiación irregular del partido.

Con información de Europa Press

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un amplio dispositivo de movilidad en Metro y EMT con motivo de la visita del papa León XIV a la capital entre los días 6 y 9 de junio. El plan prevé un refuerzo de trenes en varias líneas de la red metropolitana, el cierre temporal de estaciones en distintos momentos de la visita y un aumento de efectivos de mantenimiento, seguridad y atención al viajero para hacer frente al incremento de desplazamientos previsto durante los actos centrales.

Las principales afecciones se concentrarán en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, donde se celebrará una vigilia con jóvenes, y en el eje de Cibeles y el centro de Madrid, escenario de la misa multitudinaria prevista para el domingo 7 de junio. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha diseñado el operativo en coordinación con la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional, que podrán modificar las medidas inicialmente previstas en función de las necesidades de seguridad y de la evolución de los acontecimientos.

El primer gran dispositivo se activará el sábado 6 de junio. A partir de las 17.00 horas, la estación de Nuevos Ministerios verá restringido parte de su acceso por la concentración prevista en la Plaza de Lima. Permanecerán cerradas las entradas más próximas a la plaza, aunque seguirá siendo posible el tránsito interior hacia las salidas del Centro Comercial, Orense y Agustín de Betancourt. La normalidad se recuperará a las 22.00 horas. Las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu, actualmente en obras, tampoco estarán operativas durante esa jornada.

Refuerzo de convoyes y personal

Metro de Madrid incrementará el servicio entre los días 6 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales repartidos en distintas líneas y franjas horarias. El refuerzo más importante llegará el domingo 7, coincidiendo con la celebración de la misa central de la visita papal, cuando circularán 55 convoyes extra para absorber el aumento de viajeros.

El sábado 6, las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 contarán con más frecuencias desde las 11.00 horas hasta el cierre del servicio. El domingo 7 se desplegará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, con incrementos de frecuencia de hasta el 100% en las horas centrales del día. Ese operativo estará activo desde el inicio de la circulación hasta las 21.30 horas.

El lunes 8 continuará el refuerzo en las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 entre las 16.30 y las 23.00 horas, con aumentos de hasta el 75% en el número de trenes. El martes 9 será la línea 8, la que conecta con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la que registre un incremento de hasta el 25% entre las 8.00 y las 11.00 horas.

La compañía metropolitana también ampliará su plantilla operativa durante esos días. El dispositivo incluirá diez técnicos adicionales de mantenimiento de trenes para garantizar el funcionamiento de la red. A ellos se sumarán 120 trabajadores más en estaciones, hasta alcanzar un total de 316 efectivos dedicados a la atención al viajero y gestión de accesos. El operativo de seguridad crecerá igualmente con 100 vigilantes adicionales, elevando la cifra total a 286 agentes desplegados en la red.

Las autoridades recomiendan a los usuarios consultar previamente el estado de las estaciones y los posibles cambios en los itinerarios antes de desplazarse, especialmente durante las horas de máxima afluencia.

Estaciones cerradas en el centro

El domingo 7 será la jornada con mayores restricciones en el suburbano madrileño. Desde el inicio del servicio y hasta las 10.00 horas permanecerán cerradas varias estaciones del centro de la ciudad. En concreto, Bilbao, Tribunal, Plaza de España, Noviciado, Ópera, Sol, Sevilla, Banco de España, Retiro, Príncipe de Vergara, Serrano, Colón y Chueca no estarán operativas para entrada y salida de viajeros, y los trenes circularán sin efectuar parada en esos puntos.

La estación de Sol tendrá un funcionamiento especial. Permanecerá abierta parcialmente y permitirá la parada de trenes entre las 6.05 y las 7.00 horas, aunque el pasillo de correspondencia con Gran Vía permanecerá cerrado.

Posteriormente, entre las 10.00 y las 14.00 horas, seguirán sin servicio las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca. Estas restricciones se adoptan para facilitar el control de accesos y garantizar la seguridad en los entornos con mayor concentración de peregrinos y asistentes a los actos religiosos.

Las medidas de movilidad no afectarán únicamente a Metro. La Empresa Municipal de Transportes reforzará también su red nocturna con 25 autobuses adicionales y adaptará el servicio diurno a los desvíos previstos por las ocupaciones de espacio público en la Plaza de Lima y en el entorno de Cibeles.

El dispositivo de EMT contempla modificaciones de recorrido y cambios de paradas en varias líneas urbanas desde el 25 de mayo, fecha en la que comenzarán algunas ocupaciones de carriles y restricciones de tráfico vinculadas a la preparación de los actos. Además, se reforzarán determinados corredores y puntos de alta demanda para equiparar las frecuencias a las de un día laborable en los momentos de mayor afluencia de viajeros.

Entre las líneas interurbanas que verán aumentado su servicio figuran la 491, 484, 571, 573 y 671, además de distintos servicios nocturnos que ampliarán su capacidad para facilitar los desplazamientos de asistentes procedentes de otros municipios de la región.

El operativo de movilidad diseñado por la Comunidad de Madrid busca responder al elevado volumen de desplazamientos previsto durante los cuatro días de visita del pontífice, especialmente en las zonas del eje Castellana-Bernabéu y del centro histórico de la capital, donde se desarrollarán los principales actos religiosos y concentraciones de fieles.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado en un informe de 317 páginas que la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue constituida siguiendo los procedimientos estipulados por la universidad. Sin embargo, el documento, que ya obra en poder del juez Juan Carlos Peinado, da relevancia a los mecanismos empleados en la adjudicación del desarrollo de un software, señalando posibles irregularidades en la contratación de las empresas responsables.

La investigación, que ha cubierto desde 2019 hasta 2024, identifica en particular que Begoña Gómez recibió desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022 un total de 17.037 euros, a los que se suman 10.157 euros en octubre de 2021, 5.090 euros en diciembre de 2022, y cuatro pagos de 9.605 euros entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, además de una transferencia de 170 euros en julio de 2023, sumando en total 42.059 euros procedentes de la UCM o su Fundación. Estos movimientos han sido verificados en la cuenta de Gómez por la UCO en el marco de la instrucción judicial.

El contenido completo del informe, al que ha tenido acceso Infobae, también abarca el análisis de una plataforma destinada a la medición del impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de la propia Gómez. La UCO ha dejado constancia de que, en lo relativo a la cátedra, esta “se nutre de diferentes colaboradores, todo ello acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común”. En paralelo, la información bancaria “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales” de la codirectora implicada.

Qué irregularidades señala la UCO en la contratación del software

No obstante, el informe sitúa el foco en la forma en que dos empresas, Deloitte Consulting y Making Science Group, resultaron adjudicatarias para el desarrollo de la citada plataforma. De acuerdo con la UCO, la contratación de Deloitte, que figuraba como patrocinadora, se instrumentó mediante dos expedientes que únicamente sirvieron de “marco administrativo para dar apariencia de legalidad”, actuando fuera de los procedimientos acordes a la normativa vigente. Los investigadores sostienen que las adjudicaciones a Deloitte fueron “premeditadas” y la consultora llegó a iniciar funciones con antelación a la formalización de los contratos.

Según la UCO, los pagos a Deloitte respondieron a un contrato menor y a un procedimiento abierto simplificado, pero la prestación real de los servicios “no guardó relación con los plazos formales de ejecución” y las especificaciones del contrato “se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio”. El informe indica que se habrían realizado solicitudes de oferta “de forma simulada o en unas condiciones que limitaron la concurrencia de otros licitadores y en beneficio de Deloitte”, lo que originó “discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados”.

En cuanto a la empresa Making Science Group, la contratación se produjo “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto”. La UCO relata que, tras detectarse esta situación y haberse prestado ya el servicio, el correspondiente pago se autorizó para evitar lo que el informe denomina un “enriquecimiento injusto” por parte de la Universidad Complutense.

No se cumplen los protocolos de la UCM con el software

Respecto a la propiedad intelectual relacionada con el software, el informe señala que el equipo gestor del proyecto no siguió los protocolos requeridos por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual. De igual forma, en cuanto al registro de la marca y la creación del dominio público de la plataforma, la UCO no dispone de pruebas que demuestren el cumplimiento del protocolo interno por parte de los responsables, entre ellos Begoña Gómez. Ambos procesos se financiaron con fondos privados de origen confirmado en “la esfera personal” de Gómez.

La UCO identifica una “vinculación” de Begoña Gómez con el desarrollo del software al haber participado “en talleres promocionales de la herramienta”, añadiendo que la plataforma es de “carácter gratuito” y que colaboradores han declarado que su propiedad recae en la UCM.

En la vertiente financiera, la unidad de la Guardia Civil ha examinado un total de 37 ingresos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, así como un cheque de 8.800 euros a nombre de Gómez, emitido por el grupo empresarial Inmark, organizaciones con las que la investigada también mantuvo relaciones profesionales.

El informe dedica especial atención a los movimientos detectados en cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, antes administrada por Gómez. Se registra que una de esas cuentas se abrió en diciembre de 2023 y se canceló en febrero de 2024, con una única entrada y salida de seis euros; mientras que la segunda sumó 26 movimientos entre abril y noviembre de 2024 y cuatro abonos: dos de 600 euros procedentes de cuentas propias y dos de 6.687,85 euros el 14 de marzo, remitidos por la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO aprecia “analogías” entre Transforma TSC —ya inactiva y con vida operativa de noviembre de 2023 a junio de 2024— y la citada plataforma, si bien no ha encontrado “elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra” y confirma que, en cualquier caso, “efectivamente llegó a mantener una actividad comercial” en ese breve periodo, según sostiene en las conclusiones de su informe dirigido al juez Peinado.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero porque no le ve con capacidad de montar la “ingeniería financiera” descrita por la UDEF en sus últimos informes, que le señalan como líder de una red de tráfico de influencias. Así lo ha afirmado en un encuentro con empresarios en Valencia, donde ha subrayado que, a pesar de estar en desacuerdo políticamente con él, la presunción de inocencia debe ser “imprescindible”.

Felipe González ha lamentado que el escándalo “nos afecta como país, como partido y como personas”, pero ha pedido respeto a su inocencia a la espera de conocer el contenido de la investigación a cargo del juez José Luis Calama. “Esta investigación lleva mucho tiempo recopilando datos y a mí me ha impresionado mucho”, ha asegurado.

En esta línea, el expresidente ha censurado las denuncias de lawfare por parte de algunos sectores de la política y ha resaltado la labor del juez instructor, reconociendo que su instrucción “cumple con todos los pasos garantistas”. “Es muy exquisito con lo que pide”, ha añadido.

Pide a Sánchez que convoque elecciones “este año”

Felipe González ha abordado también el runrún político sobre una moción de censura impulsada por el PP. Sobre este asunto, ha dicho que no emprendería una moción de censura abocada al fracaso porque “solo se hablaría de ese tema”. En su lugar, ha apoyado la petición del PNV de adelantar las elecciones generales a este 2026 y ha reivindicado el liderazgo no mercenario, “el que se ejerce por el beneficio de la población”.

A la pregunta de si cree que el Gobierno podrá acabar la legislatura, ha señalado que, “dadas las circunstancias actuales”, es “bastante difícil”, apuntando que las “opiniones que han versado últimamente por parte de algunos de sus socios demuestran la enorme debilidad” del Ejecutivo. “Por tanto, lo razonable y lo sensato sería que este gobierno no llegara más allá de las Navidades de 2026″, ha agregado.

PSOE, BNG y Sumar han cerrado un pacto sobre la ley de la AP-9 que acerca la transferencia de la autopista a Galicia. El acuerdo incluye una de las principales demandas del Parlamento gallego: que la Xunta asuma no solo la gestión de la vía, sino también su titularidad.

El texto llega a las puertas de la reunión de la ponencia del Congreso prevista para este martes, donde, salvo sorpresa, será validado para continuar después su tramitación parlamentaria. Una vez aprobada la ley, las condiciones concretas del traspaso deberán negociarse en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.

Según el pacto al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo de la ley será transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia la titularidad de la AP-9, las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y las funciones y servicios vinculados a la autopista.

La propuesta supone un cambio respecto a la posición inicial de los socialistas, que habían planteado una enmienda que evitaba incluir la titularidad. Finalmente, el acuerdo recoge esa transferencia, en línea con lo reclamado de forma unánime por el Parlamento de Galicia.

El PP no forma parte del pacto, aunque había expresado su disposición a apoyar un texto que se mantuviese fiel a lo aprobado por la Cámara autonómica. Las fuentes consultadas por la agencia sostienen que el acuerdo se cerraría con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las competencias que se incluirían en el traspaso

El texto pactado establece que la Administración General del Estado y la Xunta deberán elevar a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo para concretar las condiciones y los límites de la cesión. Ese acuerdo deberá aprobarse después mediante real decreto.

Entre las funciones que se transferirían figura la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los ya existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También se abordará la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la AP-9, de acuerdo con la normativa general de carreteras y con los pliegos que regulan la concesión.

La propuesta incluirá además la potestad sancionadora frente a posibles incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la vía. Otro de los puntos clave será la capacidad para intervenir en el régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relativo al establecimiento, actualización o supresión de tarifas y peajes, así como en la aplicación de programas de descuento.

Qué pagará el Estado y qué asumirá la Xunta

El acuerdo también fija cómo se repartirán las obligaciones económicas asociadas a la concesión. El Estado mantendrá a su cargo los compromisos derivados de decisiones adoptadas antes del traspaso, incluidas las bonificaciones, las obras previstas y las repercusiones económicas vinculadas a la concesión vigente.

Esto significa que las consecuencias de las medidas aprobadas por la Administración estatal antes de que la autopista pase a manos de Galicia seguirán recayendo sobre el Gobierno central. El texto precisa que el acuerdo de transferencia deberá garantizar que esos compromisos económicos se respeten dentro de los límites vigentes en el momento del traspaso.

La Xunta, por su parte, asumirá los costes de las decisiones que adopte una vez sea efectivo el cambio de titularidad. Esto afectará a cualquier modificación que promueva sobre el régimen económico-financiero de la concesión. El texto pactado también establece que cualquier medida impulsada por la comunidad autónoma que suponga un incremento de los compromisos económicos deberá ser asumida íntegramente por la propia Xunta.

De este modo, el acuerdo diferencia entre las obligaciones generadas antes de la transferencia, que seguirán correspondiendo al Estado, y las que se deriven de decisiones posteriores, que recaerán en la Administración gallega.

El PSOE se resiste a iniciar el proceso de suspensión de militancia a José Luis Rodríguez Zapatero tras la apertura de diligencias de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero. Ferraz mantiene una defensa sin fisuras del expresidente del Gobierno porque consideran que todavía no hay “pruebas concluyentes” que lo incriminen.

Y a la espera de conocerse el contenido íntegro de la investigación a Zapatero, en Ferraz no está previsto aplicar el artículo 90.2 de los Estatutos Federales, que dispone de forma expresa la suspensión cautelar de la militancia en casos de procedimientos penales abiertos.

A pesar de la existencia de este artículo, el PSOE introdujo en su reglamento interno varias disposiciones que han atenuado este castigo. El último Congreso Federal del PSOE el pasado diciembre de 2024 incorporó una “cláusula antilawfare”, que permite blindar a aquellos militantes citados en el banquillo si existe una causa judicial “con fines políticos”. El último en activar esta cláusula fue el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, involucrado en la causa que investiga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Ábalos y Cerdán, dos salidas forzadas

La estrategia del PSOE choca con la celeridad con la que se aplicó la máxima en los casos de importantes figuras en el partido como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, quienes, a diferencia de Zapatero, sí desempeñaban un cargo orgánico en la Ejecutiva Nacional. En el caso del exministro de Transportes y exsecretario de Organización, Ferraz consideró suficiente la detención de su exasesor, Koldo García, para abrir un expediente y lanzar un ultimátum contra el exsecretario de Organización socialista para entregar su acta de diputado “en un plazo de 24 horas”.

Por aquel entonces, Ábalos no figuraba ni como imputado ni siquiera como señalado en la causa que todavía investiga la compra irregular de material médico desde las administraciones públicas durante la pandemia. No obstante, la cúpula socialista entendió que existía una “responsabilidad política” que debía saldarse con su salida inmediata.

En cuanto a su sucesor en el cargo, Santos Cerdán, el partido apuró su respaldo político hasta el último minuto, si bien finalmente fue suspendido tras la aparición del primer informe de la UCO con su nombre. En aquel momento tampoco figuraba como imputado.

El mismo castigo se ha ido aplicando en los casos de presunto acoso sexual que ha salpicado a miembros socialistas en sus federaciones territoriales, al entenderse que se incurrieron en varias vulneraciones en el reglamento de conducta cívica y ética de los Estatutos Federales. Entre los nombres se encontraban el líder socialista en Torremolinos, Antonio Navarro; el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, y concejales de diversos consistorios.

Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, donde deberá dar las explicaciones oportunas sobre los indicios hallados por la Policía Nacional, que le apuntan como líder de una red que gestionó ayudas públicas a Plus Ultra por 53 millones de euros. El Gobierno fía su futuro a esta cita, pero entre medias se esperan nuevas revelaciones que podrían hacer estallar la legislatura.

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte de la Audiencia Nacional ha puesto el foco en sus relaciones con empresarios venezolanos que habrían participado en la operativa financiera relacionada con el rescate de Plus Ultra y en el posterior reparto de fondos.

En los documentos relativos a la investigación aparecen nombres hasta ahora desconocidos como el de los hermanos Amaro Chacón, propietarios de una consultora llamada Inteligencia Prospectiva que habría transferido un millón de euros a tres entidades cercanas a Zapatero.

También el de Francisco Flores, empresario petrolero venezolano fallecido el pasado mes de febrero responsable final de diferentes pagos destinados a esta presunta trama, o Manuel Aarón Fajardo, el nexo de Zapatero con Venezuela.

La conexión de los hermanos Amaro Chacón con el entorno de Zapatero

Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en los que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional para citar a Zapatero como imputado en el ‘caso Plus Ultra’, y a los que ha tenido acceso Infobae, mencionan en numerosas ocasiones a Guillermo y Domingo Amaro Chacón.

Los dos hermanos son hijos de Domingo Amaro, asegurador de Petróleos de Venezuela, la gran compañía estatal que desde hace décadas comercia con el crudo del país, y actualmente tendrían actividad en sectores como los seguros, la agricultura y los minerales en el país latinoamericano, según El Mundo. Nacidos en Venezuela y de origen jordano, consiguieron la nacionalidad española hace unos meses.

Los Amaro Chacón constituyeron al menos siete sociedades mercantiles entre 2020 y 2024, todas con objeto social y domicilios similares. Entre ellas destaca Inteligencia Prospectiva, una de las empresas que presuntamente habrían canalizado los pagos del chavismo venezolano a Zapatero a cambio de los fondos para el rescate de Plus Ultra.

Inteligencia Prospectiva fue constituida en enero de 2020 como una consultoría comercial. Según recoge El País, durante sus dos primeros años la empresa no tuvo ingresos ni trabajadores y, a partir del tercero, declaró un trabajador y 30.000 euros. La sociedad tuvo pérdidas hasta 2025 de 847.401,53 euros, déficit compensado con ampliaciones de capital suscritas por ambos.

Los vínculos de la empresa con figuras próximas al expresidente socialista quedan reflejados en varias operaciones. Según el auto judicial, desde esta sociedad se transfirieron un millón de euros a tres entidades del entorno de Zapatero.

Concretamente, por informes genéricos sobre el Covid y “tendencias económicas”, pagó a Análisis Relevante 380.208 euros, y a Whathefav (empresa de las hijas de Zapatero) 561.440 euros. También abonaron 266.200 euros a Gate Center, un think thank que preside el exlíder socialista, según recogen los informes de la UDEF.

Paralelamente, distintos informes de la UDEF señalan a Inteligencia Prospectiva como elemento conectivo entre actores empresariales y el Partido Comunista chino, con Zapatero supuestamente actuando como mediador ante el Gobierno venezolano en operaciones de compraventa de petróleo.

El rastreo de comunicaciones revela, por ejemplo, que Domingo Amaro Chacón mantenía contacto directo con Julio Martínez para hacer llegar mensajes y solicitudes a Zapatero, como consta en los documentos judiciales.

Francisco Flores, empresario fallecido que movió fondos a Análisis Relevante

Los informes de la UDEF mencionan en numerosas ocasiones a Francisco Flores, empresario venezolano vinculado al chavismo y dueño del grupo empresarial y la fundación ligados a la entidad Sofitasa, que falleció el pasado mes de febrero.

Asimismo, diversos medios vinculan a este empresario con una investigación seguida por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 2 en relación con una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

En el ‘caso Plus Ultra’, el sumario judicial sostiene que Flores fue el responsable de mover fondos mediante una empresa llamada Softgestor que controlaba “desde la sombra”, según El Español. Esta sociedad transfirió 145.200 euros a Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, considerado colaborador de Zapatero.

Según los informes, Martínez simuló la prestación de servicios a empresas de Flores, recurriendo a facturas duplicadas con la misma numeración y diferentes fechas.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero envió un mensaje desde su teléfono móvil a su amigo Julio Martínez Martínez el 31 de julio de 2021 que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional interpreta como una felicitación por haber logrado, a través de gestiones ante el régimen venezolano, la autorización de vuelos para la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. El mensaje, remitido desde un contacto registrado en el teléfono del empresario alicantino como “Z”, decía: “En tiempo y forma. Exitosa gestión...”

Ese mismo día, Martínez Martínez trasladó la noticia al general venezolano Juan Manuel Teixeira Díaz, entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela: “Plus Ultra me indica que los vuelos están oficialmente aprobados. Muchas gracias por su ayuda”. La secuencia de mensajes, recogida en el informe 1907/26 de la UDEF fechado el 22 de abril de 2026 y al que ha tenido acceso Infobae, constituye uno de los ejes del caso que investiga el juez José Luis Calama en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

La investigación no se limita a las gestiones que, según la UDEF, ejerció la red liderada por Zapatero para que Plus Ultra obtuviera el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. El informe policial documenta una segunda línea de actuación paralela: la intervención ante las autoridades de Caracas para garantizar que la aerolínea pudiera operar en la ruta Madrid-Caracas durante un periodo en el que ese corredor aéreo tenía un valor estratégico y económico excepcional.

El monopolio de facto en plena tramitación del rescate

Desde febrero de 2021 y hasta bien entrado ese año, el INAC había bloqueado los vuelos regulares de Iberia y Air Europa con el argumento de las restricciones pandémicas. Solo Plus Ultra operaba en la ruta entre Madrid y Caracas, un monopolio de facto que coincidió exactamente con el periodo de tramitación del rescate estatal español. Teixeira presidió el INAC entre 2020 y 2023 antes de ser designado al frente de la Sociedad de Bienes Recuperados (SBR), el organismo del régimen de Nicolás Maduro encargado de la expropiación de bienes a opositores.

El vínculo entre Martínez Martínez y Teixeira arranca en marzo de 2021, apenas seis días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate a Plus Ultra. El presidente del INAC contactó entonces con el empresario alicantino para trasladarle que la aerolínea acumulaba una deuda impagada de 258.618 dólares (222.200 en euros) con el organismo venezolano. El convenio de pago firmado entre ambas partes advertía de que el incumplimiento de los plazos acarrearía la pérdida del derecho a realizar pagos parciales y, en última instancia, la suspensión de los permisos de vuelo.

Vuelos sin autorización y una deuda sin saldar

La situación se agravó en julio de 2021, cuando el INAC detectó que Plus Ultra había comercializado vuelos en la ruta Caracas-Madrid sin contar con la autorización del organismo venezolano. “Esos vuelos no cuentan con aprobación”, advirtió Teixeira directamente al vicepresidente ejecutivo de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien respondió: “Lo sé, mi general, esperemos que sean aprobados”. El general fue más explícito aún en una comunicación posterior a Martínez Martínez: “La culpa es de la aerolínea por comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino”, y reclamó que se protegiera a los pasajeros afectados.

El 30 de julio de 2021, Martínez Martínez volvió a contactar con Teixeira para pedirle que intercediera en la autorización de un vuelo concreto de Caracas a Madrid previsto para ese fin de semana. El general respondió con dos capturas de pantalla que mostraban los únicos vuelos autorizados: “Esos son los vuelos. No hay más”. Al día siguiente, el contacto registrado como “Z” en el teléfono de Martínez Martínez enviaba su mensaje de felicitación. Horas después, el empresario confirmaba a Teixeira que los vuelos habían sido aprobados.

La intervención de Delcy Rodríguez, meses antes

El informe de la UDEF recoge también una gestión anterior, producida en febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate. Según los mensajes analizados por los investigadores, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, autorizó directamente a Plus Ultra seis vuelos regulares entre Madrid y Caracas sin necesidad de una nota diplomática de la embajada española. El mensaje que la número dos de Maduro habría trasladado a Martínez Martínez era: “Que Plus los pida directamente al INAC y diga que están autorizados por Vicepresidencia”.

Ese episodio aparece recogido en conversaciones entre directivos de Plus Ultra en las que se alude a una comida en la que Martínez Martínez les habría comunicado la autorización obtenida gracias a Delcy Rodríguez. La UDEF lo encuadra como parte del patrón de influencias que la red ejerció a favor de la aerolínea, tanto en España como en Venezuela.

El juez y la imputación de Zapatero

El juez Calama, en el auto de imputación de Zapatero de 88 páginas, califica estos hechos como tráfico de influencias y sitúa al expresidente como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. El magistrado estima que Zapatero y su entorno habrían percibido comisiones irregulares por un importe total cercano a 1,95 millones de euros.

Zapatero, citado a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, negó en un vídeo haber recibido comisión alguna de Plus Ultra. Los delitos que se le atribuyen son blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Teixeira, por su parte, abandonó la presidencia del INAC en 2023 y pasó a dirigir la SBR, el organismo con el que el régimen venezolano ha incautado más de 10.000 bienes a opositores.

España tiene hasta el próximo 7 de junio para transponer al ordenamiento jurídico estatal la Directiva (UE) 2023/970, relativa a la transparencia retributiva en las empresas europeas. El objetivo principal de esta norma es luchar contra la discriminación salarial y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE.

La norma comunitaria, adoptada en abril de 2023, establece cambios en la manera en que las compañías deberán gestionar los datos salariales y la comunicación con sus trabajadores, así como mecanismos para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

La Directiva también incluye disposiciones sobre la indemnización a las víctimas de discriminación retributiva, y sobre sanciones, incluidas multas, a los empleadores que infrinjan las normas.

Las directivas europeas son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, que deben adaptar el contenido de estas a su legislación interna en un plazo determinado. España es el país de la UE con más casos de infracción activos por no transponer directivas o por no hacerlo de forma adecuada.

Aunque por el momento la normativa no ha sido transpuesta, el Gobierno español ya ha comenzado a dar los primeros pasos. El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública previa hasta el pasado 8 de mayo el texto de un proyecto de real decreto para una futura ley de transparencia salarial adaptada a las exigencias europeas.

Actualmente, un 65% de los trabajadores españoles sospechan que cobran menos que compañeros con funciones similares dentro de su empresa, según un estudio elaborado por la firma especializada en recursos humanos SD Worx.

Obligación de dar más información retributiva a los empleados

La directiva de transparencia retributiva recoge diversas medidas que serán de obligado cumplimiento para las empresas, con el fin de mejorar el acceso a la información salarial por parte de los empleados.

La norma europea obliga a las empresas a informar a los solicitantes de empleo sobre el salario inicial o la banda retributiva de los puestos que se ofrezcan, ya sea en el anuncio de vacante o antes de la entrevista. También se impedirá que los empleadores pregunten a los solicitantes sobre su historial retributivo.

Una vez ocupen el cargo, los trabajadores tendrán derecho a pedir a sus empleadores información sobre los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de empleados que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. También los criterios utilizados para determinar la progresión profesional de los trabajadores.

Medidas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres

En los 27 Estados Miembros las mujeres perciben un salario medio por hora un 11% inferior al de los hombres, según datos de Eurostat. Para la UE, la falta de transparencia salarial es “uno de los principales obstáculos” para cerrar la brecha retributiva de género.

En este sentido, la norma establece que las compañías con más de 250 empleados deberán informar anualmente a la autoridad nacional pertinente sobre la brecha retributiva de género de su organización. En el caso de las empresas más pequeñas, esta obligación se cumplirá cada tres años. Las organizaciones con entre 100 y 149 empleados comenzarán con la misma frecuencia, pero a partir de 2031.

Si en los controles salariales se detecta una diferencia media de al menos un 5% no justificada, y no se corrige en un plazo de seis meses, la empresa deberá emprender una evaluación conjunta con los representantes de los trabajadores.

Además, según recoge la directiva europea, los trabajadores que sufran una discriminación retributiva por razón de género podrán recibir una indemnización que incluirá la recuperación íntegra de los atrasos y las primas o los pagos en especie correspondientes.