Carlos Mazón cumple este domingo dos años al frente de la Generalitat Valenciana. Aunque la presión sobre su dimisión ha disminuido en cierta medida, la continuidad del dirigente autonómico del PP sigue estando en entredicho. Y es que está debilitado en su partido, acorralado por la oposición y muy cuestionado entre la ciudadanía valenciana por su gestión de la DANA que arrasó gran parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de diciembre, dejando 224 fallecidos y tres desaparecidos.

Aunque Génova trató de visibilizar una suerte de cierre de filas el pasado fin de semana en el Congreso Nacional para no opacar la reelección de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la formación, tanto dentro como fuera, son pocos los que auguran que Mazón culminará el mandato. Mucho menos los que creen que se volverá a presentar a las elecciones autonómicas, previstas para 2027. De hecho, el propio Feijóo ha rechazado aclarar en público si le va a mantener como candidato.

Mientras siga teniendo el apoyo externo de Vox, sus socios en Les Corts (primero en el Consell, hasta su salida hace un año por el pacto de Feijóo con el Gobierno en materia de inmigración), será el propio Mazón el dueño de su destino, que él mismo vinculó a la reconstrucción de Valencia. No obstante, su futuro no es ajeno al desarrollo del procedimiento judicial iniciado por la magistrada de Catarroja (Valencia) sobre la gestión de la DANA, que apunta a la Generalitat, y a la aparición de un contrincante después de que el expresident Francisco Camps anunciara esta semana que optará a presidir de nuevo el PPCV.

En un contexto incierto, y a propósito del aniversario de la designación de Mazón como jefe del Consell, cabe destacar un escenario que siempre ha sobrevolado su negativa a dimitir, en contra de la presión externa e interna. La ley que regula los derechos de los expresidentes de la Generalitat Valenciana incluye disposiciones que benefician sobremanera a quienes han ocupado este cargo, incluso en escenarios que no contemplan una legislatura completa.

Según informó en su día el diario Levante-EMV, Carlos Mazón se aseguraría una remuneración pública relevante al mantener su mandato hasta este domingo. Y es que cumplir dos años al frente del Consell le permitiría acceder a un sueldo de 75.000 euros anuales por dos años, una prerrogativa contenida en la normativa vigente. La clave radica en el artículo 4.1 de la ley 6/2002 que regula los derechos de los expresidentes de la Generalitat, donde se establece que “serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un periodo igual o superior a una legislatura completa”.

En el caso de no alcanzar el periodo de cuatro años del mandato completo, la legislación contempla una excepción: aquellos que hayan ocupado la presidencia por un periodo inferior, siempre que hayan llegado a dos años en el cargo, podrán formar parte de dicho órgano durante un periodo igual al tiempo ejercido, con un mínimo de dos años. “En los restantes casos, serán miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años”.

El premio por agotar la legislatura

De conseguir agotar la legislatura, el premio es aún mayor, ya que se garantiza un sueldo de 75.000 euros durante 15 años, dos asesores y un chófer. Esta prerrogativa es fruto de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006. Según reza en la norma, el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes “los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”.

Esta cuenta con “dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe los puestos citados tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda”.

Asimismo, dispondrá de “un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat”. Por otro lado, el Consell de la Generalitat, a través del departamento competente, “adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios”.

Si la sensación que dejó la comparecencia sobre corrupción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue la de un Ejecutivo con vida, no fue (solo) por mérito del Gobierno; también por demérito del adversario. “Vender la piel del oso antes de cazarlo es muy del PP. El oso está muy vivo. Hay que darle mérito al adversario”, resumió un ministro socialista. En Moncloa, están satisfechos por salvar el match ball de este miércoles en el Congreso, después de que el jefe del Ejecutivo rindiera cuentas sobre el caso de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de Organización designados por él mismo, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Este último, en prisión preventiva sin fianza por tráfico de influencias, cohecho e integración en organización criminal en el marco del caso Koldo.

En su intervención, Sánchez anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción con 15 medidas, que “supondrá el mayor impulso a la prevención, lucha y reparación de la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en España” y con el objetivo de “situar a nuestro país a la vanguardia del continente”. Entre las iniciativas destaca la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública independiente, el uso de Inteligencia Artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la exigencia de sistemas de Compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones o el refuerzo de los controles sobre los partidos políticos.

Aunque el presidente del Gobierno confesó que valoró la posibilidad de dimitir y convocar elecciones generales tras conocer el demoledor informe de la UCO que implicó a Santos Cerdán con el caso Koldo, situándolo al frente de la presunta trama de mordidas a cambio de contratos de obra pública, lo reconsideró porque es “un político limpio”. “Tirar la toalla nunca es una opción”, subrayó para desgracia de los populares, que han agitado en las últimas semanas el fantasma del adelanto electoral.

Las explicaciones del líder del Ejecutivo, aunque “insuficientes”, le permiten asegurar la continuidad de la legislatura, algo que hace apenas un mes era casi inviable. Pese a las críticas, los socios del Gobierno confirmaron que seguirán sosteniendo el Ejecutivo, aunque advirtieron de que revisarán su apoyo si el caso Koldo escala, esto es, si hay indicios de “financiación irregular” del PSOE. En el marco de este análisis, Moncloa destaca otro aliciente que ha contribuido a superar la prueba de fuego: la actitud rupturista del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, contra los aliados parlamentarios de Sánchez, especialmente contra el PNV.

La intervención de Feijóo no dejó títere con cabeza, ya que su estrategia pasa –según reconocen en Génova– por retratar al Gobierno y a quienes le sostienen de cara a una eventual contienda electoral, prevista por ahora para 2027. El dirigente gallego no solo cargó contra el presidente del Gobierno; también contra Sumar, PNV, ERC y, por supuesto, EH Bildu. Solo Junts y Vox quedaron fuera de sus interpelaciones. “¿Pero ustedes [a la bancada socialista] no tienen nada que decir? ¿De verdad? A mí de los diputados del PSOE no me extraña. Si son todos de la lista de Super Santos Cerdán. Le deben el puesto. De Bildu confieso que tampoco. Al fin y al cabo, robar es aún menos grave que matar", comenzó.

Sobre Sumar, recordó que “la semana pasada estaban ustedes muy enfadados”. “¿Cómo están hoy? Mire que tenemos muchas expectativas en ustedes. Sí, sí, la esperanza de los hombres y de las mujeres españolas es que el partido del señor Ábalos y el partido del señor Errejón arreglen todo esto. ¿Qué podría salir mal?“, espetó el dirigente gallego desde la tribuna de oradores. También, dedicó unas palabras a ERC: “En el Código Penal se incluirá el delito de referéndum ilegal. Ya sé que usted está muy satisfecho de negociar con ETA, lo entiendo. Carol Rovira pactó con ETA que no se asesinase a nadie en Cataluña, lo entiendo perfectamente”, señaló.

Sin tregua al PNV, su potencial socio

Si bien, llamó especialmente la atención las críticas al PNV, uno de los pocos partidos del arco parlamentario que, en un determinado momento, podría posicionarse al lado del PP, como hizo en el pasado. “Y señores del PNV. ¿Han revisado los motivos por los que apoyaron la moción de censura en 2018? Uno no sabe bien si es que viven subyugados o subvencionados. Aunque estoy seguro de que se sabrá. De lo que no hay duda es que quién les ha visto y quién les ve. Miren, déjense de milongas porque esto no va de “o Sánchez o la ultraderecha”. Esto va de “Sánchez o de decencia”. Lo que hoy se dirime aquí no es pugna ideológica, sino una pugna moral. Allá ustedes. Yo tengo muy claro dónde estoy: del lado de la decencia. Y los españoles lo saben, igual que saben dónde están ustedes y lo demostrarán en las urnas, se pongan como se pongan", señaló.

Su intervención desplazó el foco a otro lado, pasando Sánchez y la delicada situación del Gobierno a un segundo plano. Sumar, ERC, PNV y EH Bildu descargaron sus principales críticas en Feijóo, contribuyendo a arrinconar al líder de la oposición y cerrando el paso a cualquier opción de desbancar a Sánchez a través de la herramienta de la moción de censura. “Veníamos a un pleno más duro de lo que nos hemos encontrado y es gracias a Feijóo, que obliga a los grupos a tomar posición” contra el bloque de PP y Vox, rematan en Moncloa.

En lo que afecta a Sánchez, estas voces aseguran que toman nota de las advertencias lanzadas por los grupos, especialmente por el PNV, que marcó más distancias con el Gobierno. En concreto, la portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, señaló que Sánchez tiene en su mano cuatro alternativas: “Detallar lo sucedido para perimetrar las actividades delictivas y lograr armar una mayoría en torno a una propuesta, plantear una cuestión de confianza, dimitir sin disolver la Cámara o convocar elecciones”.

En esta línea, voces del ala socialista del Ejecutivo enmarcan esta suerte de órdago en la “idiosincrasia territorial” y la competencia de esta formación con el PP en el País Vasco. “Pero es una muestra de que están en nuestro bloque”, agregan en Moncloa para referirse a la dura respuesta de Vaquero a Feijóo. Y es que, la portavoz jeltzale dedicó íntegramente su tiempo de réplica al dirigente popular, después de que este acusara a Sánchez de ser “partícipe a título lucrativo de la prostitución”, en alusión a las informaciones que relacionan los negocios de su suegro, una serie de locales de ambiente gay en Madrid, con prostíbulos. En concreto, la dirigente del PNV señaló que el líder popular demostró “una educación política impropia de alguien que aspira a ser el presidente del Gobierno” al cruzar “líneas rojas” por haber mencionado “a familiares” de diputados.

Apenas un mes después de que estallara el caso Cerdán tras el demoledor informe de la UCO y pese al ingreso en prisión provisional del exnúmero 3 del PSOE, el Gobierno respira hoy más tranquilo que ayer después de la comparecencia del presidente del Gobierno. “Sabíamos el partido que queríamos jugar, y lo hemos jugado muy bien. Hemos conseguido responder a todo aquello que se nos exigía”, sostienen fuentes de Moncloa acerca de un estado de ánimo que aseguran haber trasladado al PSOE: “Hemos levantado el ánimo, los grupos del partido están eufóricos”, zanjan estas voces.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dado un nuevo paso en su estrategia de derribar a Pedro Sánchez, al acusarle este miércoles de ser “partícipe a título lucrativo de la prostitución”, en alusión a las informaciones que relacionan los negocios de su suegro, una serie de locales de ambiente gay en Madrid, con prostíbulos. De esta manera, el dirigente gallego ha respondido a las palabras del líder socialista, en las que ha recordado que “el único que ha tenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted”.

En la réplica del líder de la oposición al presidente del Ejecutivo, durante su comparecencia extraordinaria en el Pleno del Congreso para rendir cuentas por el caso de corrupción que afecta al PSOE, Feijóo le ha reprochado que “ha tenido el cuajo de compararse conmigo”. “Pero ¿con quién está viviendo usted, pero de qué prostíbulos ha vivido usted? ¿Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución? ¿Y ahora quiere ilegalizar su biografía? Allá usted, no se compare conmigo", ha asegurado visiblemente enfadado.

Posteriormente, fuentes populares han incidido en que, a tenor de la información publicada, “Sánchez se fue a Moncloa dejando atrás el piso en Somosaguas, enfrente de La Finca (Pozuelo), que pagó Sabinano Gómez, padre de Begoña Gómez, con el dinero conseguido por las ‘saunas’”. Siempre según estos medios, en algunos de estos locales se ejercía la prostitución. “Se acabó la piedad con este señor. Se acabó”, han agregado voces de Génova. De hecho, desde el PP han retado al Gobierno y al PSOE a “negar que el piso en el que vivió Pedro Sánchez hasta que se fue a Moncloa en 2018 lo pagara el padre de Begoña Gómez con el dinero” de los negocios que regentaba, deslizando que se lucró de prácticas ilegales.

Ya en el pleno, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, y el portavoz socialista, Patxi López, han criticado estas palabras de Feijóo, acusándole de traspasar una nueva “línea roja” al hablar de los familiares. En este caso, del padre de Begoña Gómez, que murió el año pasado. Según la dirigente jeltzale, el líder popular ha demostrado “una educación política impropia de alguien que aspira a ser el presidente del Gobierno” al cruzar “líneas rojas” por haber mencionado “a familiares” de diputados.

Su relación con Marcial Dorado

Después, el portavoz del PSOE ha contestado más tarde a Feijóo para llamarle “indecente” por sus palabras hacia Sánchez. López le ha reprochado, además, que se fotografiara con un narcotraficante en los años en los que “miles de jóvenes morían en Galicia por culpa de la droga”, en alusión a las imágenes de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado en un yate. El propio dirigente popular reconoció durante la campaña de las elecciones del 23 de julio que, cuando conoció a Dorado, sabía que era “contrabandista”.

En este sentido, tanto desde Ferraz como desde Moncloa han ahondado en este argumento. “El problema es que Sánchez no tiene una foto en una sauna, el que tiene una foto con un narco es él”, agregan voces socialistas. Desde el Gobierno critican además este nuevo movimiento de Feijóo, que supone dar un paso más para “hacer caer” a Sánchez. Para el Ejecutivo, no está justificado que la oposición utilice a los familiares para arremeter contra un dirigente político. Con ello, creen que Feijóo ha abierto “una nueva mazmorra”.

En la primera intervención de la mañana, Sánchez ha admitido en varias ocasiones su error al nombrar a Cerdán y a Ábalos e incluso ha admitido que llegó a considerar su dimisión. Pero rápidamente bajó el soufflé de la oposición: “Era la opción más sencilla, pero tras pensarlo con mi entorno cercano consideré que tirar lo toalla no era una opción. Por eso quiero decirle a los ciudadanos que no voy a tirar la toalla y que voy a continuar”.

Muy contundente se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que comenzó su intervención acusando al PSOE de operar “como una organización criminal” todos estos años: “No hizo falta ni corromperles, venían ustedes corrompidos”, ha acusado a Sánchez, que no solo se ha referido a Ábalos o Cerdán sino también a Begoña Gómez, mujer del presidente, o David Sánchez, hermano.

El plan alternativo de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al líder socialista como responsable directo en la trama, acusándole de “sostener una gran mentira”. “Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones. No es que sea la única salida decente, es que no tiene otra”, ha sentenciado.

Frente al plan de Sánchez, Feijóo ha presentado un plan alternativo, que en lugar de quince medidas plantea cinco: el refuerzo del personal y recursos de la UCO, la retirada de la leyes de Bolaños, el cese inmediato del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz; y el cambio de la estructura del Tribunal Constitucional " para evitar cualquier sombra de partidismo".

La continuidad del Gobierno no dependerá de Feijóo, ni del líder de Vox, Santiago Abascal, sino más bien de la capacidad de Sánchez para recuperar la confianza del resto de las formaciones que apoyaron su investidura. Y en este punto Ferraz no puede dar por cerrada la crisis.

Sumar celebra “un paso adelante”, el resto de socios no ponen la mano en el fuego

El plan de Sánchez propone penas más duras, la creación de una una agencia anticorrupción y generar cultura de integridad en toda la sociedad. Desde Sumar sí se han mostrado satisfechos con la intervención del líder socialista y afirman haber dado “un paso adelante” tras negociaciones intensas. Celebran que diez de las 15 propuestas fueron las planteadas por el espacio político liderado por Yolanda Díaz. Ahora, para que la legislatura pueda seguir avanzando, mantienen que “el partido socialista debe demostrar que tiene la situación de corrupción bajo control”.

Sensación agridulce para el resto de socios, que han expresado que Sánchez ha perdido una “oportunidad de cerrar la crisis”. Achacan que todavía hay dudas sobre las garantías de transparencia que eviten nuevos casos. Ninguna formación quiere poner la mano en el fuego y el mensaje que repiten es que el Gobierno seguirá, “si todo termina en Cerdán”.

Así lo ha expresado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha marcado esta misma línea roja: “si esto se queda en tres listos, usted se tiene que quedar, porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa”. Pero Rufián ha dejado la puerta abierta a pedir elecciones: “si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales [en alusión al PP] y los cutres, nosotros vamos a dejar que la gente decida”.

Rufián pidió al PSOE desistir en su estrategia del “y tú más”, pero el cruce de acusaciones entre socialistas y populares, un pleno más, ha sido inevitable, con ambas formaciones reprochándose los casos de corrupción que han salpicado en el histórico ambos partidos. También comienza a ser costumbre la salida de la Cámara del líder de Vox, Santiago Abascal, que tras su bronca intervención volvió a repetir el mismos gesto de la última sesión de control en el Congreso. En su intervención, el líder de extrema derecha también ha presentado su “plan”, reduciendo las medidas a la aplicación del Código Penal.

El PNV y Bildu también fían el futuro de la legislatura a una escalada en la crisis. La formación nacionalista ya descartó apoyar una moción de censura impulsada por el PP y Vox, pero en todo caso ha recordado a Sánchez que el problema es suyo, no de los socios del Gobierno. Si Sánchez quiere recuperar la credibilidad, el PNV cree que debe disipar las dudas que existen sobre si este caso acaba en “el trío tóxico” de Koldo García Ábalos y Cerdán o va más allá, algo que en su opinión no ha resuelto Sánchez en su discurso. La portavoz peneuvista, Maribel Vaquero, ha garantizado que su formación estudiará “con detenimiento” las propuestas de Sánchez contra la corrupción, pero ya avanza que su confianza está “en la UCI”.

Podemos pide castigar a las empresas

Podemos ha afeado que ni PSOE ni PP hayan incorporado en sus planes medidas contra las grandes constructoras. En esta línea, ha retado a ambos líderes a prohibir el acceso a las contrataciones públicas a las grandes constructoras implicadas en los escándalos de corrupción, entre las que ha destacado el papel de Acciona o Acuamed: “Suban aquí y digan que Acciona no va a volver a recibir ni un euro de dinero público”, ha reprochado.

Por su parte, Junts ha evitado posicionarse hacia un lado u otro, pero ha recordado que sus siete diputados tienen la capacidad de bloquear, modificar y condicionar cualquier medida. “Nosotros no estamos para apoyar la estabilidad de un gobierno español [...] Está en la prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura”, han sentenciado.