Estos desastres se repiten semana por semana y pueden comprometer en pocas horas los avances construidos durante décadas, interrumpir servicios esenciales y afectar el empleo y la competitividad. Y lo que comenzó a verse como un problema humanitario, también es ahora un asunto de la estabilidad fiscal. Según proyecciones de la CEPAL, el próximo ciclo de El Niño podría generar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y un incremento de la pobreza en 4,8 millones de personas. Granados recordó que el huracán Melissa, que sacudió durante días a Jamaica el pasado 2025, “se llevó por delante el 40% del PIB en apenas una tarde”.

“Tenemos miles de casos, ha llegado la hora de plantearse una discusión de fondo. No es solamente el problema de los hogares, sino para las propias infraestructuras que se hicieron hace décadas, advirtió este martes Sergio Díaz-Granados Guida, el presidente ejecutivo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Madrid. CAF ha convocado en la capital a representantes públicos, organismos internacionales y empresas para aumentar la inversión en la preparación y atención de estas emergencias, que seguirán llegando, “pero con cada vez más intensidad”, aseguraron desde la institución.

1.000 millones de dólares para apoyar a los países de la región

En vísperas de la cumbre, CAF anunció la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a apoyar a los países de la región en la preparación y respuesta ante estos desastres. Una inversión que, subrayan desde la institución, necesita de la colaboración entre los gobiernos regionales y una alianza público-privada. En esta línea, el organismo anunció la creación de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, un mecanismo que servirá como apoyo para la captación de inversiones y que tendrá al frente a una presidenta española: la actual secretaria general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virgina Barcones.

Los expertos congregados en la cumbre coincidieron en el mismo diagnóstico del territorio: no se trata solo de una agenda humanitaria. Es una agenda de desarrollo, de competitividad y sostenibilidad fiscal que necesita mirar al largo plazo. Economías como la peruana, consideradas como una de las más estables en los últimos años, se exponen a perder el 70% de su biomasa pesquera. Chile, otra economía resiliente, también podría sufrir un gran impacto en el valor de sus exportaciones, que en el 85% dependen de sectores que son intensivos en agua. Cabe recordar que este país arrastra una megasequía de 16 años.

Gonzalo Delacámara, economista especializado en la gestión económica de recursos naturales, explicó que la inversión en resiliencia es una oportunidad rentable. “Por cada dólar invertido se generan 4″, explicó. Albert Ramdim, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, añadió también la necesidad de que los países de la región cuenten con una regulación homogénea. “Muchos de estos riesgos tienen lugar simultáneamente en distintas partes del país y más allá de sus fronteras”, explica.

“Se trata de trabajar desde la prevención para dar una respuesta que consiga que un riesgo no se convierta en una gran catástrofe. Vamos a seguir teniendo grandes catástrofes naturales y el hecho diferencial es cómo las abordamos”, sentenció Barcones.

La Real Fuerza Aérea británica ha empleado por primera vez en una misión operativa dentro del espacio aéreo de Reino Unido un dron Protector RG1 para vigilar la actividad naval rusa. El aparato aportó más de 10 horas de cobertura de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre el canal de la Mancha. Así lo ha explicado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado al que ha accedido Infobae. La operación consistió en un despliegue de buques y helicópteros de la Marina Real en el canal de la Mancha, el mar del Norte y las aguas al oeste de Escocia, a los que se unió el ‘Protector’.

Entre finales de septiembre y mediados de octubre, las fuerzas británicas siguieron los movimientos de varios navíos rusos en zonas de interés para la seguridad marítima del país. Desde hace meses, el ejército de Reino Unido ha intensificado su actuación contra los buques del Kremlin. La vigilancia de la Marina sobre movimientos rusos aumentó un 25 % durante los siete primeros meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El Gobierno británico ha anunciado además una inversión de 330 millones de libras durante cuatro años para proteger infraestructuras submarinas críticas, reforzar la vigilancia del lecho marino y desarrollar capacidades de guerra antisubmarina. El plan, denominado Atlantic Bastion, prevé coordinar buques de guerra, aviones de patrulla y sistemas autónomos para responder a la actividad submarina rusa en el Atlántico Norte. Londres ha fijado también una senda de aumento del gasto militar: 298.000 millones de libras en los próximos cuatro años y el objetivo de destinar el 3 % del producto interior bruto a defensa en 2030.

Más medios contra los buques rusos

Entre el 1 y el 14 de octubre, el destructor HMS Dauntless, de la clase Tipo 45, y el patrullero de altura HMS Tyne vigilaron el tránsito de la fragata rusa Neustrashimy por el canal de la Mancha. El buque navegaba junto a embarcaciones mercantes asociadas. Durante ese periodo, el Protector RG1 realizó sus primeras salidas operativas dentro del espacio aéreo británico. El comandante de ala Sam Haley, jefe del Escuadrón XIII, afirmó que las misiones mostraron la capacidad del sistema para ofrecer vigilancia continuada en apoyo de la seguridad marítima. El comandante Neil Skinner, al frente del HMS Dauntless, señaló que el seguimiento de la fragata contribuyó a mantener el conocimiento de la situación marítima en torno a las islas británicas.

La operación incluyó también a helicópteros Merlin desplegados desde la estación aeronaval de Culdrose hasta el aeropuerto de Glasgow Prestwick dentro de la Operación Iceblast. Entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre, esos helicópteros rastrearon al Viktor Leonov, un barco ruso de recopilación de inteligencia de la clase Vishnya, cerca de las Hébridas Exteriores. El navío se encontraba en las proximidades de unidades de la OTAN que participaban en el ejercicio multinacional Strike Warrior, con más de 2.000 militares de seis países.

El HMS Tyne volvió a ser movilizado entre el 11 y el 14 de octubre para seguir al Aleksandr Shabalin, un buque de desembarco ruso de la clase Ropucha. La embarcación atravesó el canal de la Mancha junto al carguero MV Energy-2 y el remolcador Proton, en dirección al Báltico. Un helicóptero Wildcat del Escuadrón Aéreo Naval 815 apoyó el seguimiento desde el aire.

Giro histórico en el Sáhara Occidental. Rusia ha usado su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para tumbar el plan estadounidense que favorece el dominio marroquí. La decisión supone terminar con la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Moscú argumenta que el texto puesto sobre la mesa amenazaba con revertir todo el proceso de paz.

Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, ha facilitado a Infobae la primera postura de la institución. El mensaje es claro: recordar que cualquier solución pasa de forma obligatoria por su pueblo. En este sentido, han recalcado que la única salida real es permitir que los saharauis ejerzan su derecho a la autodeterminación y la independencia, advirtiendo de que cualquier plan impuesto está abocado al fracaso.

El Frente Polisario exige que España asuma responsabilidades en el Sáhara Occidental

Aprovechando la convocatoria electoral, el representante ha lanzado una exigencia al nuevo Gobierno que surgirá el 29-N. Le pide que asuma su responsabilidad histórica con el Sáhara, derivada “de su condición de potencia administradora del territorio”. Desde la delegación ven urgente que España se implique para que los saharauis puedan decidir su futuro en libertad, algo que, desde los años 60, exige la ONU al Estado español. En 2022, Pedro Sánchez cambió la postura oficial española sobre el Sáhara Occidental para aceptar el plan marroquí como la solución “más factible” y “base de las negociaciones”. Todo apuntaba a que el texto propuesto por EEUU y apoyado por el régimen de Mohamed VI saldría adelante, pero Rusia ha parado el proceso.

El comunicado, firmado por el propio Arabi, sostiene que cualquier solución al conflicto es “indisociable del pueblo del Sáhara Occidental”. El documento añade que toda propuesta impuesta sin contemplar ese requisito quedará descartada como solución definitiva. Arabi calificó de “impostergable” que Madrid adopte un papel activo que, “sobre la base del Derecho Internacional, permita al pueblo del Sáhara Occidental ejercer de manera efectiva su legítimo derecho a la autodeterminación”. El Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui reconocido por la ONU, reiteró además su disposición a acatar cualquier decisión sobre el futuro del territorio, con una condición expresa: que sea “tomada libremente por el pueblo del Sáhara Occidental”, sin imposiciones externas.

Rusia sostiene que la propuesta estadounidense podría haber “revertido todo el proceso” de paz

Rusia defiende su decisión en el Consejo de Seguridad con el argumento de que la resolución bloqueada “podría haber revertido todo el proceso de resolución de las cuestiones relativas al Sáhara Occidental”. Con ese veto, el mandato de la MINURSO queda sin prórroga aprobada, lo que deja un vacío en la supervisión internacional sobre el territorio en disputa.

El texto bloqueado por Rusia había sido presentado por Estados Unidos, obtuvo 11 votos a favor y planteaba algo más que una simple prórroga: convertir el plan de autonomía marroquí en la única base de negociación y cambiar el nombre de la misión de MINURSO a MINUSO, eliminando la letra “R” de referéndum. Tras ese veto, Rusia presentó a su vez una contrapropuesta de prórroga técnica, que fue rechazada por el veto de Estados Unidos.

Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, defendió en un comunicado oficial la decisión de su país al sostener que “las modalidades finales para un arreglo deben ser aceptables tanto para Marruecos como para el Frente Polisario” y que “los intentos de imponer soluciones unilaterales (...) no conducirán a nada”. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, respondió que la resolución bloqueada “habría puesto al Sáhara Occidental en una senda real hacia la paz”.

El representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Omar, agradeció el veto ruso al considerar que el texto estadounidense “habría socavado el libre ejercicio por parte del pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia”. Omar celebró la jornada, considerada “un día histórico para el pueblo saharaui”. Para el Frente Polisario, el texto impulsado por Washington se apartaba de los principios del derecho internacional al despojar al conflicto de su carácter de disputa por descolonización, lo que habría legitimado la “ocupación ilegal” marroquí y sentado “un peligroso precedente para la paz y la seguridad a nivel regional e internacional”.

También Rabat celebra, en un comunicado, que no se renueve MINURSO. Marruecos ve en ello “un avance de gran envergadura y un paso significativo hacia el cierre definitivo de la cuestión del Sáhara marroquí en las Naciones Unidas”. El comunicado añade que “se espera que la presencia de la misión en las provincias meridionales del Reino, en particular su personal, vehículos, equipos y símbolos, cese en los próximos días”.

Christine Lagarde ha eligido un vídeo para comunicar que dejará la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) el 7 de febrero de 2027. Pero, antes de que el anuncio sobre su salida anticipada concentrara la atención, las vendas que llevaba en el rostro abrieron interrogantes en las redes sociales.

La funcionaria explicó luego que se había sometido a “una pequeña cirugía” a comienzos de semana. “Solo para evitar cualquier comentario en las redes sociales: las vendas en mi rostro se deben a una pequeña cirugía”, ha escrito Lagarde, quien recomendó seguir las indicaciones médicas y realizar controles de piel con regularidad.

La presidenta del BCE no explicó qué le hicieron. Por su recomendación de revisar la piel con frecuencia, podría estar relacionado con un problema en la piel, pero no dio más detalles. Su aclaración buscó despejar las especulaciones que surgieron a partir de las imágenes difundidas junto con el mensaje en el que confirmó que dejará el cargo antes de completar su mandato.

La explicación coincidió con un anuncio de alto impacto para la política monetaria europea. Lagarde informó a sus colegas que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venciera formalmente su mandato de ocho años, el 31 de octubre de ese año.

“Ha sido un gran orgullo servir a esta institución”, escribió al comunicar su decisión. También agradeció a quienes la acompañaron “en este camino durante los últimos siete años”.

La salida anticipada de la funcionaria, de 70 años, había sido objeto de versiones durante los últimos meses. Su nombre había aparecido asociado a la agenda electoral de Francia, cuyas elecciones presidenciales están previstas para abril de 2027, y a la posibilidad de asumir la presidencia del Foro Económico Mundial, con sede en Davos.

En febrero, el Financial Times había informado que Lagarde evaluaba dejar el banco antes de las elecciones francesas para permitir que el presidente Emmanuel Macron, que no puede buscar un tercer mandato consecutivo, participara en el acuerdo político para elegir a su reemplazante junto con otros líderes europeos.

La propia Lagarde había admitido la posibilidad de una salida antes de tiempo. En una entrevista reciente con el diario francés La Croix, sostuvo: “Si me retiro antes de tiempo, será solo por algunos meses. No va a cambiar el mundo”.

El reemplazo en el BCE y otros cambios en la cúpula

El sucesor de Lagarde será designado por el Consejo Europeo a través del procedimiento previsto en el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entre los nombres que circularon como posibles candidatos figuran Klaas Knot, ex titular del banco central de los Países Bajos, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España.

Su partida se suma a otros relevos previstos en la cúpula del BCE. Isabel Schnabel, responsable de las operaciones de mercado, dejará el organismo el 3 de enero de 2027 para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista jefe, Philip Lane, tiene previsto abandonar su puesto en mayo de ese año.

Lagarde asumió la presidencia del BCE el 1 de noviembre de 2019, después de haber dirigido el FMI y de haber sido ministra de Economía de Francia. Su gestión atravesó la pandemia de covid-19 y el ciclo de subas de tasas de interés que el banco inició en 2022 para contener la inflación de la zona euro.

La decisión sobre su sucesor será ahora uno de los principales movimientos institucionales de Europa antes de las elecciones francesas de 2027.

Reino Unido y Polonia han acordado desarrollar misiles de defensa aérea y tecnologías contra drones para reforzar su capacidad militar conjunta en el flanco oriental de Europa. El objetivo declarado por ambos gobiernos es “disuadir las amenazas rusas”, según el Ministerio de Defensa británico. El acuerdo, denominado Plan de Defensa de Varsovia, contempla cooperación en tierra, mar, aire, ciberseguridad e industria militar. Prevé la producción conjunta de armamento, la protección de infraestructuras críticas y un aumento de las maniobras defensivas en el mar Báltico.

El secretario británico de Defensa, Wes Streeting, presentó este martes en Varsovia la primera fase de colaboración junto a su homólogo polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz. El plan se inscribe en el marco del tratado bilateral de seguridad y defensa que ambos países firmaron a comienzos de año. Londres y Varsovia aseguran que la iniciativa contribuirá en gran medida a reforzar la seguridad europea y la capacidad de respuesta de la OTAN.

Misiles, respuesta ante drones y colaboración naval

Uno de los ejes del acuerdo será la fabricación y el desarrollo de una nueva generación de misiles de defensa aérea. Reino Unido y Polonia también trabajarán en el diseño de drones y de sistemas destinados a neutralizarlos, con el objetivo de proteger a la población y a instalaciones estratégicas. El comunicado explica que es una respuesta al aumento de las incursiones de drones en Reino Unido y Europa y plantea una cooperación técnica para afrontar ese tipo de amenazas. Los dos gobiernos buscan desarrollar herramientas que permitan detectar, seguir e interceptar aparatos no tripulados que puedan afectar a aeropuertos, instalaciones militares, redes energéticas u otros servicios esenciales.

La ciberseguridad también forma parte del plan. Ambos países prevén reforzar su capacidad para proteger infraestructuras militares y civiles frente a ataques hostiles y mejorar la resistencia de sus sistemas digitales. La colaboración se extenderá al ámbito naval. Las fuerzas británicas y polacas aumentarán su actividad defensiva en el Báltico mediante ejercicios y mecanismos de coordinación regional. El propósito es proteger las rutas marítimas y las líneas de comunicación consideradas esenciales para la seguridad de la zona.

Cooperación industrial y misiones militares

El pacto también da un papel central a las empresas de defensa de ambos países. BAE Systems, del Reino Unido, y el grupo polaco PGZ ampliarán su capacidad de producción de munición de gran calibre. Quieren acercar sus procesos de adquisición militar para facilitar nuevos contratos conjuntos. Polonia ya ha recurrido a la industria británica para su sistema de defensa aérea Narew, suministrado por MBDA UK. La nueva etapa busca profundizar ese vínculo comercial e industrial, con programas de formación, educación especializada y movilidad laboral entre las compañías de los dos países.

Otra de las áreas previstas es el intercambio de experiencias sobre fragatas. Reino Unido desarrolla el modelo Tipo 31, mientras que Polonia construye los buques Miecznik a partir de un diseño común. La cooperación pretende aprovechar esa base compartida para mejorar las capacidades navales de ambas armadas. Los ejércitos de los dos países mantendrán su participación en maniobras como Steadfast Defender, Polish Dragoon y Joint Warrior. Esos ejercicios incluirán prácticas vinculadas a la guerra electrónica, la defensa antimisiles y la lucha contra drones. Reino Unido y Polonia preparan además un ejercicio de la Coalición de Voluntarios (grupo de apoyo a Ucrania) que tendrá lugar en territorio polaco el próximo mes con miles de militares implicados.

Europa sigue preparándose para la posibilidad de una guerra. Más de 2.500 militares de Francia y Reino Unido participaron en el ejercicio ‘Rhino Titan’ en el Centro de Entrenamiento de Sennelager, en Alemania. Según explican desde el Ministerio de Defensa británico, las maniobras reunieron durante siete semanas a tropas, aeronaves y unidades de apoyo para ejecutar una de las mayores operaciones aerotransportadas de las dos últimas décadas. La actividad puso a prueba a los soldados ante amenazas de drones y guerra electrónica. Las fuerzas británicas y francesas ensayaron operaciones coordinadas de despliegue rápido con el objetivo de preparar una respuesta ante un supuesto conflicto que implique a la OTAN.

El comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general Alexis G. Grynkewich, avisó hace 10 días, en el Foro de Seguridad de Varsovia, que la Alianza está preparada para responder a cualquier agresión contra su territorio. Su “teoría de la victoria” plantea bloquear un ataque inicial, frenar la ofensiva y, si persiste, destruir las fuerzas y sistemas que la sostengan. Grynkewich descartó que el conflicto sea “inminente o inevitable”, pero defendió la necesidad de estar preparados. “Si somos atacados, estamos listos para luchar esta misma noche”, afirmó. Ejercicios como este despliegue ponen más fichas sobre esta apuesta por el rearme europeo.

Drones, guerra electrónica y saltos en paracaídas

Unos 600 paracaidistas realizaron saltos a baja altura desde cuatro aviones A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF). Los militares descendieron en varias oleadas durante un único ejercicio táctico, con tropas y material especializado. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que “las amenazas que afrontamos en el siglo XXI requieren una aproximación actualizada y moderna a la guerra”. También sostuvo que las maniobras con Francia y el apoyo de Alemania demostraron que los aliados pueden “desplegar capacidad aerotransportada de gran alcance allí donde sea necesaria para defender el territorio de la OTAN”.

La 16.ª Brigada de Asalto Aéreo, la Fuerza de Respuesta Global de las Fuerzas Armadas británicas, encabezó el despliegue del Reino Unido en el ejercicio Rhino Titan. Durante las maniobras, la unidad se enfrentó a una fuerza adversaria que empleó drones de reconocimiento y ataque, además de recursos de guerra electrónica. El 1.er Batallón de los Fusileros Reales Gurkhas asumió el papel de enemigo. El brigadier Ed Cartwright, comandante de la brigada, afirmó que sus tropas afrontaron “un desafío realista para defender territorio de la OTAN” y sostuvo que ese escenario representa “lo que encontraríamos en el campo de batalla moderno”.

El dispositivo incluyó al 1.er Batallón del Regimiento Real Irlandés, que probó una nueva función de reconocimiento ligero y ataque. También participaron el grupo de combate del 3.er Batallón del Regimiento de Paracaidistas británico y una compañía del 3.er Regimiento de Paracaidistas de Infantería de Marina francés. Tres helicópteros Chinook de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) dieron apoyo a las operaciones, entre ellas el traslado por aire de una estación de recepción médica. Cartwright destacó que las maniobras permitieron demostrar “la estrecha asociación con la RAF”, que calificó como esencial para la capacidad de la brigada de ejecutar operaciones aéreas.

Rhino Titan forma parte de la Fuerza de Tarea Aerotransportada Conjunta, que integra capacidades del Ejército y de la RAF para trasladar a larga distancia efectivos, suministros y equipos especializados ante amenazas emergentes. El segundo comandante de la Fuerza de Movilidad Aérea, el capitán de grupo Jim Rycroft, afirmó que el ejercicio mostró cómo ambas ramas pueden “generar y desplegar potencia de combate con rapidez, alcance y escala”. La Fuerza de Movilidad Aérea dispone de aviones A400M, C-17 Globemaster y Voyager para realizar transporte estratégico y táctico, reabastecimiento en vuelo y traslado de personal.

Hace un mes, desde la Moncloa ya trasladaban su esperanza sobre que la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre fuese una edición inédita. En aquel momento, el clima social y político de Madrid, sede del encuentro, era completamente distinto, ya que el adelanto electoral no se había producido. Con el 29-N poco más de 20 días después, este evento podría ser la última gran cita internacional de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Por tanto, el Ejecutivo aspira a proyectar al mundo la imagen de España como anfitriona de la “gran cita del multilateralismo”, en palabras del ministro Albares, con la presencia de algunos de los principales líderes.

La última cumbre de la Comunidad Iberoamericana, celebrada en Cuenca, Ecuador, fue muy decepcionante. Solo cuatro jefes de Estado acudieron, mientras que el resto de países, entre ellos España, enviaron a vicepresidentes o ministros de Exteriores en su lugar. Por ello, tanto Gobierno como Casa Real (presiden juntos el evento) quieren darle un giro de 180º y contar con la asistencia del máximo número de líderes internacionales. “Es muy importante”, deslizaban desde el entorno del presidente.

No es ninguna novedad que los dos pesos pesados más cercanos a Pedro Sánchez son Claudia Sheinbaum, presidenta de México con la que se ha mejorado la relación en los últimos meses, y Lula da Silva, líder de Brasil que se juega el cargo este domingo contra Flávio Bolsonaro. Por el contrario, Javier Milei ha dejado claro esta semana que no tiene la mejor de las opiniones de su homólogo español, al calificarlo de “impresentable dictador” durante un acto en Madrid. La decisión que tome cada uno de ellos -que, en varios casos, se retrasará hasta el último momento- determinará el éxito o fracaso de la convocatoria.

Mensaje de multilateralismo y apoyos clave en el aire

José Manuel Albares ha defendido que la Cumbre Iberoamericana de Madrid debe reforzar la posición conjunta de los 22 países de la comunidad ante un escenario internacional marcado por divisiones. Durante la presentación del Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará los días previos a la cita, Albares afirmó que una mayoría de los líderes ya confirmó su asistencia, aunque evitó precisar nombres. “Iberoamérica tiene que ser un actor clave” en el nuevo orden global, sostuvo.

Claudia Sheinbaum resolverá “en los próximos días” si viajará a Madrid para participar en la Cumbre, según confirmó el canciller Roberto Velasco. “Todavía lo estamos definiendo”, declaró el funcionario al ser consultado. Las fuentes de la Moncloa consideraban especialmente importante que acudiera la mexicana. Según explican, el trabajo diplomático de los últimos meses, con el partido del Mundial que compartieron Felipe VI y Sheinbaum como imagen más representativa, ha sido clave para acercar ambos países y ha aumentado las opciones de que esté presente el próximo día 4.

La cumbre tendrá entre sus ejes la cooperación, la inclusión social, la transformación digital y el desarrollo sostenible. Entre los confirmados, están el presidente de Chile, José Antonio Kast; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Ecuador, Daniel Noboa. Lula, que ha mostrado una clara sinergia con Sánchez en el pasado, aportaría un claro impulso internacional a la cita si logra ganar las elecciones y, por tanto, viajar a Madrid.

Posibles ausencias muy relevantes

Argentina es uno de los miembros con más peso histórico y su presidente uno de los rostros más conocidos. Javier Milei estuvo en la capital española hace apenas unos días y aprovechó para mostrar su enorme rechazo al ejecutivo español. Con quien sí se reunió es con Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y peso pesado del PP. Ayuso le pidió personalmente al líder argentino que acudiera en noviembre a la cumbre, devolviendo la invitación que Milei le hizo a su país, a pesar de que depende del gobierno nacional de Pedro Sánchez. Para trasladar el mensaje de multilateralismo es clave contar con perfiles menos afines, como sería el caso de Milei o es el del chileno Kant.

Otra de las figuras más conocidas y con mayores diferencias con el presidente español es Nayib Bukele. La asistencia del mandatario salvadoreño parece prácticamente descartada después de que se comprometiera a no abandonar su país salvo en contadas ocasiones. Un compromiso similar adquirió Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, por lo que su presencia también está en el aire. A ellos se suma el caso de Delcy Rodríguez, antigua número dos de Nicolás Maduro y al frente de Venezuela tras la intervención de Donald Trump. Su nombre añade un elemento de especial interés a la cita en Madrid, ya que ha sido vinculada a informaciones sobre posibles casos de corrupción en España relacionados con el exministro José Luis Ábalos. Su eventual asistencia se convierte así en otra de las incógnitas de la cumbre.

El Frente Polisario ha amenazado con retirarse por completo del proceso de paz de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Si el Consejo de Seguridad aprueba “sin ningún cambio sustancial en su contenido” el último borrador planteado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, los representantes saharauis podrían levantarse de las negociaciones. Este escrito, que adelantó Ignacio Cembrero en El Confidencial, encaminaría todo hacia el plan de autonomía marroquí. EEUU ya ha apoyado abiertamente que Marruecos tenga el control absoluto de la región.

La advertencia del Frente Polisario la realizó este jueves Sidi Mohamed Omar, representante ante las Naciones Unidas y coordinador con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Envió una carta a la Embajadora Aglaia Balta, actual Presidenta del Consejo de Seguridad, como informó Sáhara Press Service. El diplomático sostuvo que el texto en discusión vulnera la legalidad. “El borrador socava el derecho inalienable de nuestro pueblo a la libertad y la independencia”, afirmó Mohamed Omar. El delegado añadió que ese punto constituye una línea roja para el movimiento saharaui y para la población que representa. “Nos veremos obligados a retirarnos por completo de todo el proceso de paz”, declaró.

El Frente Polisario exige seguir resolución de 1991

El representante del Frente Polisario reclamó que el proceso político sobre el Sáhara Occidental mantenga el marco aprobado por el Consejo de Seguridad en 1991 y advirtió que cualquier modificación unilateral de ese esquema afectaría la búsqueda de una salida al conflicto. Según expuso el diplomático en una carta, la MINURSO nació a partir de la resolución 690 del Consejo de Seguridad, tras un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario dentro del Plan de Arreglo elaborado por la ONU y la entonces Organización de la Unidad Africana.

Omar sostuvo que ese antecedente impide alterar el mandato de la misión para adaptarlo a la posición de Rabat. A su juicio, una decisión de ese tipo pondría en riesgo los esfuerzos internacionales orientados a la descolonización del territorio, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. El representante saharaui afirmó que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Marruecos en el Plan de Arreglo no puede utilizarse como argumento para limitar el derecho de la población saharaui a decidir el estatus del territorio.

En el texto, Omar cuestionó cualquier intento de validar la adquisición de territorios mediante el uso de la fuerza. Señaló que esa vía no permitiría una solución acordada ni estable y, por el contrario, elevaría la tensión en la región. El diplomático defendió que el proceso debe conducir a una salida “justa, duradera y definitiva”. También recordó que el Frente Polisario, según su posición, aceptó concesiones desde el inicio de las negociaciones bajo mediación de las Naciones Unidas. Omar instó a los actores con influencia sobre las partes a intervenir para preservar el diálogo político. Consideró que la continuidad de las conversaciones resulta necesaria para evitar un agravamiento de la situación de seguridad regional. La carta sostiene que el marco de paz promovido por la ONU representa una herramienta central que se debe mantener.

Pasan las semanas y las imágenes impactantes de las calles francesas aumentan, lo que ha llevado a Emmanuel Macron a establecer un toque de queda en varias ciudades. Edificios ardiendo, cargas policiales o el lanzamiento de objetos roban el protagonismo a los manifestantes que quieren mostrar su enfado de manera pacífica. La violencia de una parte de los asistentes se ha extendido a otros países de Europa, como Italia, donde Meloni ha optado por desplegar al ejército en Milán. España ha llevado su propio proceso. Mientras las exigencias de mejoras en educación han encabezado la mayoría de protestas, las acampadas y manifestaciones españolas —donde la educación también ha tenido su peso— han estado lideradas por la vivienda. El detonante del desahucio de Maricarmen inició unas movilizaciones que continúan hasta hoy.

Además, a diferencia de otros países, hasta ahora, la violencia ha tenido un paso testimonial. Los detenidos se cuentan por cientos en Europa, incluso miles en Francia, mientras que en España apenas se cuentan unas pocas decenas. No obstante, con el 29-N en el horizonte y el reflejo de otros lugares circulando por medios y redes, también se ha producido algún episodio violento en los últimos días. El pasado miércoles, protestas en A Coruña contra el acto de Santiago Abascal derivaron en cargas policiales contra los manifestantes, al igual que ocurrió en la Universidad Complutense de Madrid durante una manifestación en favor de la educación pública.

Con este clima social de contexto, resulta interesante girarse a observar lo que recogen las encuestas electorales y cómo puede estar afectando. En Francia, el último sondeo de Ifop-Fiducial da como clara ganadora a Marine Le Pen, que se dispara junto a su partido de ultraderecha tras los disturbios. El efecto Flanco Radical (Radical Flank Effect), desarrollado por el autor Herbert H. Haines, explica que cuando las marchas tornan en violentas, pueden tener el efecto contrario al esperado y fomentan el discurso que desacredita las quejas y defiende la ley y el orden. Esta idea es habitualmente defendida por los partidos de la ultraderecha europea, incluido Vox.

Le Pen se dispara en las encuestas

Según la encuesta de Ifop-Fiducial divulgada por Le Figaro, LCI y Sud Radio, Le Pen es la clara favorita de las presidenciales francesas de 2027. El estudio se realizó entre la noche del pasado sábado y el lunes, durante los disturbios del 17 de octubre. La presidenta de la Agrupación Nacional (RN) reuniría entre el 34% y el 38% de los votos en la primera vuelta, lo que implica una mejora de uno a dos puntos respecto de la medición anterior. Después, se impondría en todos los escenarios de segunda vuelta.

Le Pen es la única figura que mejora tras los acontecimientos recientes y que afianza su perfil como referente del orden. Las opciones de izquierda han bajado, mientras que los candidatos de la derecha tradicional aparecen más rezagados. El exministro del Interior Bruno Retailleau, de Los Republicanos, sumaría entre el 5% y el 7,5%, mientras que David Lisnard, alcalde de Cannes y fundador de Nouvelle Énergie, llegaría como máximo al 7%.

“Esto ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”

Santiago Abascal denunció este jueves en Burgos lo que definió como una “violencia organizada desde el Palacio de la Moncloa” contra los actos de su partido. El dirigente afirmó que esos grupos buscan “acosar los actos de Vox” y para acosar a las personas que quieren escucharnos” e impedir la difusión de propuestas. “Me gustaría poder explicar nuestro programa con tranquilidad”, declaró públicamente. Sus palabras siguieron a los incidentes en A Coruña, donde simpatizantes acudieron a escucharlo y grupos de jóvenes protestaron contra su presencia con consignas antifascistas.

El miércoles, en una entrevista con Iker Jiménez en Horizonte, Abascal calificó de “absolutamente intolerable” que haya personas “embozadas por la calle”. El líder de Vox responsabilizó al Gobierno, las delegaciones gubernamentales y el Ministerio del Interior. Sostuvo que existe una “estrategia totalmente planificada” y que “esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno”.

Este mismo discurso es el que ha empleado Le Pen en Francia. Atribuyó los disturbios a grupos de la izquierda radical y acusó a dirigentes vinculados a Jean-Luc Mélenchon de justificar la violencia. La líder de Agrupación Nacional sostuvo que los saqueos, destrozos y ataques contra las fuerzas de seguridad “volvieron a empañar” las protestas convocadas en defensa del poder adquisitivo. Afirmó que demandas sociales “legítimas” quedaron “secuestradas” por sectores que, a su juicio, buscan alterar el orden público. “Consideran el orden como opresión y el desorden como un derecho”, escribió Le Pen en su cuenta de X. También apuntó contra las políticas del presidente Emmanuel Macron, a las que calificó de “tóxicas”, y prometió proteger a los ciudadanos de “la violencia de la extrema izquierda” si llega al poder.

El Reino Unido ampliará su apoyo militar defensivo a Arabia Saudí con el despliegue de cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). Según explica el Ministerio de Defensa británico, lo hará para proteger el espacio aéreo saudí frente a ataques de drones y misiles atribuidos a los hutíes. Londres también enviará un avión de transporte A400M y asesores militares en respuesta a la escalada de la violencia en la región.

La decisión supone una ampliación de la cooperación defensiva que el Gobierno británico ya mantenía con Riad. Los aviones de combate efectuarán misiones aéreas defensivas destinadas a contribuir a la protección de ciudades y de infraestructuras nacionales consideradas críticas ante posibles ataques desde el aire. Según el anuncio británico, los Typhoon no participarán en bombardeos ni en otras operaciones ofensivas contra los hutíes. Su cometido se limitará a tareas de defensa aérea, con el objetivo de ayudar a interceptar amenazas.

“Los continuos ataques de los hutíes contra nuestro aliado, Arabia Saudí, son absolutamente despreciables”, ha afirmado el secretario de Defensa británico, Wes Streeting. “El ataque contra el aeropuerto de Riad, en particular, demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los hutíes para escalar la situación en la región”, ha declarado para explicar la decisión de dar un paso más en la implicación británica en el conflicto.

El refuerzo británico incluye un A400M de la RAF para trasladar material de defensa dentro de Arabia Saudí y asesores militares para colaborar con los oficiales saudíes. El Ministerio de Defensa no ha detallado ni la cifra de efectivos ni el calendario de llegada. La cooperación previa ya contemplaba el envío de sistemas de defensa aérea, pero ahora añade a sus propios cazas. Reino Unido también extenderá el apoyo de reabastecimiento en vuelo para las operaciones defensivas saudíes, incluidas las dirigidas contra objetivos militares hutíes en Yemen.

Situación en Arabia Saudí

El conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen ha registrado una escalada militar desde el fin de la tregua en julio. Los insurgentes intensificaron desde entonces sus ataques con drones y misiles contra infraestructuras estratégicas y aeropuertos saudíes, con decenas de víctimas civiles. El ataque contra el aeropuerto figura entre los episodios de mayor impacto. La escalada también ha agravado la crisis humanitaria. La ONU estima que más de 250.000 yemeníes huyeron de sus hogares desde agosto por los bombardeos y el asedio.

Arabia Saudí acusa a Irán de alentar el recrudecimiento de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores saudí denunció ante la Asamblea General de la ONU “ataques flagrantes” contra objetivos civiles y económicos en la región y pidió a la comunidad internacional que condene a los hutíes por las amenazas a la navegación comercial en el mar Rojo. Como respuesta, la coalición liderada por Riad lanzó una contraofensiva de gran escala en apoyo del Ejército yemení en frentes como Taiz y el estrecho de Bab al-Mandab. Según el texto, las operaciones destruyeron más de un centenar de objetivos militares hutíes.

La Policía portuguesa ha desalojado durante la madrugada del martes las acampadas pacíficas por la vivienda instaladas en Lisboa y Oporto contra la crisis de la vivienda. La operación ha dejado varias detenciones en la capital, donde los agentes han retirado por la fuerza a los manifestantes que se resistieron a abandonar el lugar.

Las protestas, como las que continúan en la madrileña Puerta del Sol, reclaman más vivienda pública, alquileres asequibles, el fin de los desalojos sin alternativa habitacional y límites a la compra de inmuebles por fondos buitre. El movimiento también exige retirar la reforma de los arrendamientos impulsada por el Gobierno, que contempla mayor flexibilidad contractual y procedimientos de desahucio más rápidos.

El ministro portugués de Administración Interna, Luís Neves, ha defendido la intervención afirmando que “la ley está para cumplirse”. Neves ha sostenido que el derecho de manifestación es respetado, aunque insistió en que las concentraciones debían ajustarse a la legislación vigente.

Según la agencia EFE, la intervención de la Policía de Seguridad Pública comenzó alrededor de las 06:00 hora local, después de un ultimátum lanzado por el gobierno para desmontar las tiendas. Una información del diario portugués Publico ha relatado que los agentes rodearon la acampada con escudos y perros, ordenando por megafonía que abandonasen las plazas.

55 detenidos y dos heridos en Lisboa

En Lisboa, los manifestantes llevaban desde el sábado en la plaza del Rossio, donde formaron un cordón humano y corearon consignas antes de que el Cuerpo de Intervención avanzara contra ellos. Algunos participantes denunciaron agresiones policiales. Tras el desalojo, se trasladaron a la plaza de Figueira, celebraron una reunión y anunciaron que volverán a la plaza esta misma tarde, según han confirmado los diarios locales. El desalojo se ha saldado con 55 detenidos y dos heridos.

En Oporto, los agentes acudieron a la plaza de Dom João I, ocupada durante 10 días por personas que protestaban por la falta de vivienda asequible. Aunque inicialmente se resistieron, los participantes retiraron las tiendas después de recibir la advertencia de que serían detenidos; la noche anterior, 35 participantes habían votado mantener la acampada.

Mientras tanto, en Madrid, la acampada que comenzó con apenas 30 tiendas encara ya su tercera semana, congregando cerca de 1.250 tiendas, sin visos de retirada, como mínimo, hasta la huelga general convocada el 11 de noviembre. La Comunidad de Madrid ha tratado de boicotearla con varios recursos judiciales contra la Delegación del Gobierno, pero todos ellos han sido rechazados.

La investigación por el asesinato de un agente de policía en Bélgica ha derivado en la detención de tres sospechosos en Almería, donde presuntamente se preparaban para abandonar España con destino a Marruecos. Nordine El Talbi, de 41 años, fue asesinado la pasada noche del 12 de octubre. El fiscal de Bruselas, Julien Moinil, anunció el 18 de octubre la detención de seis sospechosos el pasado domingo. Los arrestos en España los realizaron con la colaboración de la Guardia Civil, como ha podido confirmar Infobae. Los tres detenidos en territorio español tenían antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas y figuraban con órdenes internacionales de detención, según ha adelantado Europa Press.

El policía murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención en Jette, municipio de Bruselas. El agente inspeccionaba un automóvil robado a mano armada en Tubize, localidad situada al sur de la capital belga. A partir de ese hecho, la investigación se amplió fuera de Bélgica y derivó en un operativo coordinado con Francia y España. Los arrestados son cinco adultos y un menor de edad, todos residentes de Bruselas. Dos de ellos fueron capturados en Bélgica y continúan privados de libertad, mientras que un tercero fue interceptado en una estación de París cuando, según las autoridades, trataba de abandonar Francia. “Los otros tres sospechosos fueron interceptados en Almería cuando se disponían a huir a Marruecos”, declaró Moinil.

Sospechosos serán extraditados a Bélgica

Los tres detenidos en España eran conocidos por la Fiscalía belga debido a antecedentes en causas vinculadas al narcotráfico. Sobre ellos pesaban órdenes internacionales de detención, según la información divulgada por las autoridades de Bélgica. Pese a los arrestos, los investigadores todavía deben establecer qué papel tuvo cada sospechoso en el homicidio del policía y si todos participaron de forma directa en los hechos ocurridos en Jette.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional, órgano que deberá tramitar la solicitud de extradición presentada por Bélgica. La Fiscalía no detalló la fecha en que podría concretarse el traslado de los arrestados ni especificó las acusaciones que se imputan a cada uno dentro de la causa. El procedimiento abierto en Francia sigue una vía similar. El hombre localizado en una estación de París quedó bajo jurisdicción de la Fiscalía francesa después de que Bélgica activara una Orden Europea de Detención para requerir su entrega. El fiscal de Bruselas, Julien Moinil, indicó que este sospechoso también era conocido por su oficina por antecedentes relacionados con delitos de drogas.

La Fiscalía de Bruselas destacó el apoyo recibido de España y Francia para localizar a los investigados. Moinil afirmó que los equipos movilizados trabajaron “día y noche” en la búsqueda, el intercambio de información y la coordinación de las capturas en varios países. La causa permanece abierta y no se difundieron detalles sobre las pruebas reunidas ni sobre la secuencia completa del ataque. Los investigadores deberán analizar los elementos recogidos, las comunicaciones entre los sospechosos y las declaraciones que puedan aportar durante las diligencias judiciales.

El fenómeno de protestas en Europa está llegando a niveles históricos. Francia se ha convertido en el foco principal, con manifestaciones pacíficas mezcladas con graves disturbios que no se veían en décadas. En Bélgica, los detenidos se cuentan por cientos, mientras que en Italia, el ejecutivo ha decidido desplegar soldados en Milán. España continúa con la acampada de Sol por la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre, con todo dentro de los márgenes pacíficos. Este lunes, su sumó un nuevo país a la oleada de protestas: Marruecos.

Profesores de Rabat han tomado las calles de la ciudad y se han dirigido al Parlamento, provocando la respuesta policial. Así lo han contado pocos medios marroquíes, como Aabbir, que recoge en su canal de Youtube varios vídeos de los manifestantes. En los últimos dos años existe un claro repunte de la movilización social en Marruecos. A finales de 2025, el grupo Gen Z 212 lideró el auge de las protestas por la falta de servicios públicos. En este caso, los protagonistas son maestros de educación preescolar que reclaman su incorporación a la función pública y mejoras salariales.

En su cuenta de X, Morocco News ha cubierto más de 30 minutos de protestas en los que se puede ver el avance de las fuerzas del orden, equipadas con escudos antidisturbios. Varios manifestantes se acercan a los micrófonos para gritar sus demandas, mientras que en varias partes de las imágenes tienen que salir corriendo de los policías. Hace cuatro días, cuatro personas fueron encarceladas por manifestarse, aunque era con el asunto más tenso para Rabat: demandaban la independencia del Sáhara Occidental.

Primeras propuestas del Gobierno

Coincidiendo con esta oleada de protestas, la jefa del Gobierno marroquí, Fatima Ezzahra El Mansouri, presentó este lunes ante el Parlamento un programa para la legislatura que combina metas de estabilidad fiscal, ampliación de las ayudas sociales, incentivos a la inversión privada y planes dirigidos a reducir el desempleo juvenil. El Ejecutivo sostiene que lograrán un crecimiento económico medio del 5% anual. También fijó como objetivo limitar el déficit público al 3% del producto interno bruto (PIB) y reducir la deuda hasta cerca del 62% del PIB en 2031.

Entre las medidas para los hogares contadas, destaca una ayuda automática para cubrir las facturas de electricidad de hasta 100 dírhams (9,12 euros) mensuales en viviendas habituales. A su vez, las transferencias sociales directas subirán de 500 a 1.000 dírhams mensuales al final del mandato, según los ingresos de cada familia. El programa incluye una reforma de las pensiones. La pensión mínima legal llegará de forma gradual a 3.000 dírhams mensuales y las viudas podrán recibir el 100% de los derechos de jubilación de su cónyuge fallecido, frente al 50% vigente.

Desde 2027, el Gobierno buscará capacitar a 100.000 jóvenes por año y facilitar el primer empleo a otros 100.000. En educación, la meta es que el 80% de los alumnos alcance los conocimientos básicos antes de 2031 y erradicar el abandono escolar para 2030. El plan contempla además 100.000 viviendas nuevas o rehabilitadas en áreas rurales. Una de las primeras promesas de El Mansouri fue la subida del salario mínimo, algo que ya aseguró su predecesor, Aziz Akhannouch, ya aseguró pero no llegó a implementar.

Cuando el narcotráfico empezó a expandirse, un grupo de italianos y estadounidenses trató de imponer un orden y dotar al negocio de una estructura. Los grandes capos siempre han sido aquellos capaces de transformar sus actividades ilegales en auténticas empresas, con una organización y un funcionamiento propios de cualquier negocio legal. Hace casi 70 años, nombres como Lucky Luciano, Joseph Bonanno o Frank Carrol se reunieron en un hotel de Palermo para organizar el tráfico de drogas entre Italia y Estados Unidos. Entre el 12 y el 16 de octubre de 1957, el Hotel delle Palme albergó un encuentro entre los principales líderes mafiosos.

Esta historia circuló en medios y entornos del crimen o la policía durante décadas, pero tardaría años en llegar a una cámara oficial. En el año 2000, la Comisión Parlamentaria Antimafia italiana, a través de la pluma del senador Giovanni Russo Spena, reconstruyó aquellos días en su informe sobre el caso Impastato. El documento cuenta lo negociado en aquella reunión clandestina a partir de investigaciones, informes policiales, procedimientos judiciales y declaraciones posteriores de mafiosos colaboradores de la justicia. Siete décadas después sigue sirviendo para entender los pilares del narcotráfico.

Rostros conocidos y una reunión clandestina

Russo Spena recoge a lo largo de sus 125 páginas de informe el análisis del investigador Umberto Santino. Según relató este experto, el hotel recibió a los referentes de la Cosa Nostra siciliana y de la mafia italoamericana. Entre los asistentes llegados desde Estados Unidos figuraban Lucky Luciano, deportado y residente en Italia; Joseph Bonanno, conocido como Joe Bananas; Francesco Garofalo, llamado Frank Carrol en Estados Unidos, y Joseph Palermo, relacionado con la familia Lucchese. La nómina siciliana incluía a Giuseppe Genco Russo, Gaspare Magaddino, los hermanos Greco, Luciano Liggio, los hermanos La Barbera y Gaetano Badalamenti, jefe mafioso de Cinisi.

Para Russo Spena, el encuentro no puede entenderse sin la reunión de Apalachin, celebrada un año antes en Nueva York, en la residencia de Joseph Barbara, otro de las caras principales de la mafia italoamericana, llamado Joe The Barber. Allí se sentaron las bases de lo que luego se llevaría a cabo en Sicilia. El informe atribuye a la cumbre dos asuntos centrales. El primero era la reorganización del tráfico internacional de drogas. El segundo punto era la creación de una estructura de coordinación en Sicilia, inspirada en la comisión mafiosa estadounidense. Hombres como Luciano o Frank Costello ya habían creado en la ‘Gran Manzana’ un núcleo de mafiosos que se reunían para solventar disputas y evitar -cuando lo conseguían- baños de sangre.

Dos objetivos: narcotráfico y orden

La revolución de Fidel Castro cerró la gran base logística que la mafia utilizaba en Cuba y el Caribe. Eso obligaba a rediseñar las rutas de traslado de estupefacientes, especialmente hacia Estados Unidos. En ese nuevo esquema, Sicilia adquiría una posición estratégica por su ubicación en el Mediterráneo y por sus conexiones aéreas y marítimas. En otras palabras: buscaban reemplazar las rutas caribeñas por un circuito en el que Sicilia funcionara como punto de paso, recepción, transformación y envío de droga. Esto implicaba una red importante de proveedores, transportistas y reparto en Estados Unidos. El hotel recibió a los principales mafiosos entre los que habían representantes de los distintos ‘sindicatos’.

El segundo objetivo era superar la fragmentación de las distintas cosche o familias mafiosas de Sicilia. La idea era adoptar un modelo parecido al de la mafia estadounidense: una comisión coordinadora que permitiera resolver conflictos internos, ordenar los negocios comunes y evitar guerras entre grupos. El texto explica que, inicialmente, se formó un organismo provincial palermitano y que después se consolidó una estructura de mando más estable: la futura Comisión de Cosa Nostra, conocida popularmente como la “Cúpula”.

Toda reconstrucción en base a testimonios tiene lagunas. Tommaso Buscetta, antiguo integrante de Cosa Nostra y luego colaborador de justicia, confirmó un encuentro entre mafiosos de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, sostuvo que se celebró en el restaurante Spanò, frente al mar, y no en el Hotel delle Palme. También negó que el narcotráfico hubiera sido parte de la agenda y afirmó que Bonanno planteó, sobre todo, la formación de una comisión.

El general Sir Roly Walker, jefe del Ejército de Reino Unido, afirmó que el país deberá prepararse para una “conversación franca” sobre los riesgos para la seguridad nacional y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que combatir en una guerra. Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge Force News. El jefe militar se dirigió a los soldados para anticipar que necesitarán respaldo político y social si se les ordena intervenir en un conflicto.

“No lo sabían, pero nuestra nación va a necesitarlos”, dijo Walker. El general señaló que durante años el país evitó considerar un escenario en el que sus tropas debieran entrar en combate. La preocupación en Europa por las amenazas a la seguridad regional y la capacidad de los ejércitos para responder ante un conflicto de gran escala han crecido las últimas semanas. Walker no detalló qué amenaza concreta motivó su advertencia, aunque planteó que el debate sobre defensa deberá involucrar a toda la sociedad. Según Walker, los ciudadanos deberán aceptar que el refuerzo de la seguridad nacional implique cambios y “sacrificios”.

El discurso del general puso el foco en la relación entre las Fuerzas Armadas y la población. Walker sostuvo que la defensa del país no puede quedar limitada a la actividad de los soldados. “Después, pedirán a esos ciudadanos, para quienes no necesariamente estamos en el centro de sus preocupaciones, que también desempeñen un papel en la defensa y la seguridad de este país”, expresó. El militar reconoció que las prioridades cotidianas de una parte de la población pueden estar alejadas de las cuestiones de defensa, pero cree que esto tendrá que cambiar. “Necesitan entender qué hacemos por ellos”, dijo Walker.

En la parte final de su intervención, Walker pidió a los 700 militares reunidos en Catterick que tengan presente que el respaldo de la población será decisivo si el país entra en guerra. “Para hacer lo único que ustedes hacen y que nadie más puede hacer, que es llevar la lucha al enemigo”, concluyó. El mensaje del jefe militar anticipa una mayor presencia de la defensa en la agenda política británica.

Inversión y apuesta por la defensa de Reino Unido

Reino Unido ha situado la defensa entre sus prioridades ante el deterioro de la seguridad en Europa y el temor a que un conflicto de mayor escala exija reforzar sus capacidades militares. En las últimas semanas, el Gobierno británico ha vinculado ese esfuerzo a inversiones en inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos, con la guerra de Ucrania como fuente de información operativa. A finales de septiembre, Londres abrió a 12 empresas el acceso a una base de datos ucraniana con más de seis millones de registros militares para desarrollar modelos de inteligencia artificial destinados a enjambres de drones.

El material reúne imágenes y videos obtenidos por aeronaves no tripuladas en el frente. Los sistemas deberán permitir que grupos de drones ejecuten tareas de vigilancia, abastecimiento o detección de objetivos pese a interferencias electrónicas o falta de navegación satelital. La base contiene registros de tanques, artillería, defensas antiaéreas, tropas, vehículos y drones. El proyecto, bajo la Asociación de Inteligencia Artificial entre Reino Unido y Ucrania, quedó a cargo de la Fuerza de Tarea de Entrega Rápida de Inteligencia Artificial (RAID). La intención es trasladar lecciones del frente a las Fuerzas Armadas británicas y permitir que menos militares controlen más aparatos por aire, tierra y mar.

Las Naciones Unidas ha reafirmado el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y la independencia. El texto, votado en el 81º período de sesiones en la Cuarta Comisión, aborda la cuestión del territorio dentro del programa de Pueblos Coloniales. De esta forma, la iniciativa sitúa de nuevo al Sáhara Occidental en el marco de los territorios pendientes de descolonización. Así, vuelvo a mostrar su apoyo a la resolución 1514, aprobada el 14 de diciembre de 1960. Estados Unidos e Israel fueron los únicos dos países que votaron en contra de la resolución, aprobada con 152 votos a favor y siete abstenciones. Brunéi Darussalam, Camerún, Francia, Honduras, Liberia, Maldivas y Reino Unido optaron por abstenerse.

El proyecto no introduce cambios en el proceso político ni concreta una vía para resolver el conflicto. Mantiene que cualquier acuerdo debe respetar los principios de Naciones Unidas y reafirma que el pueblo saharaui tiene derecho a determinar su futuro. Esa posición contrasta con la resolución 2797, aprobada hace un año, que asumía la autonomía marroquí como “base de las negociaciones”.

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El primer punto reafirma de forma expresa el “derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y la independencia”. La referencia a la independencia recupera uno de los principios centrales de la declaración de descolonización de Naciones Unidas. No obstante, el texto no precisa cómo se ejercería ese derecho: no fija un calendario, no menciona una consulta ni propone un estatus para el territorio. La cuestión seguirá bajo examen de los órganos de Naciones Unidas encargados de la descolonización y deberá volver a la Asamblea General en su próximo período de sesiones.

La ONU mantiene la mediación del proceso

La Asamblea General ha respalsado los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y de su enviado personal para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para facilitar el proceso político. La resolución señala que el objetivo es alcanzar una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable”. El documento no detalla reuniones, propuestas ni avances recientes en esa mediación. Tampoco identifica plazos para una eventual negociación ni define los contenidos de la salida política que promueve. Su formulación se limita a avalar la continuidad de los contactos bajo los auspicios de Naciones Unidas. El texto encarga al Comité Especial de Descolonización que continúe con el análisis de la situación y presente un informe ante la Asamblea General durante su próximo período de sesiones. Así, la cuestión del Sáhara Occidental conservará su seguimiento institucional al menos hasta la siguiente reunión anual.

Tras la votación, el representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, Sidi M’hamed Omar, sostuvo que la decisión confirma que el Sáhara Occidental sigue considerado un territorio pendiente de descolonización. A su juicio, la referencia expresa a la libre determinación y a la independencia muestra que los cambios políticos relacionados con la propuesta marroquí de autonomía no han alterado su estatus dentro del sistema de la ONU. También afirmó que la resolución responde a los intentos de abordar el conflicto fuera de ese marco jurídico.

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) ha propuesto una tasa de 200.000 dólares por viaje, unos 180.000 euros, para todos los buques con bandera española que operen en el comercio marítimo estadounidense y ha planteado restricciones a la importación de varias categorías de productos procedentes de España.

La medida aún no está aprobada, aunque el organismo ha abierto un período de comentarios públicos para definir la respuesta que aplicará y ha anunciado que ofrecerá al Gobierno español la posibilidad de una audiencia antes de adoptar una decisión definitiva.

La propuesta alcanza a todos los barcos bajo bandera española, con independencia de la carga que transporten. La FMC no ha detallado cuántas embarcaciones ni cuántos trayectos anuales quedarían afectados por el eventual recargo.

La investigación comenzó en diciembre de 2024

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos inició su investigación en diciembre de 2024, después de recibir denuncias sobre prácticas restrictivas en puertos españoles contra determinados buques estadounidenses.

El expediente se centró en barcos que trasladaban carga dentro del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de Estados Unidos (Marad), una iniciativa que prevé la disponibilidad de naves mercantes para necesidades estratégicas y comerciales del país.

La investigación coincidió con las restricciones españolas a buques relacionados con cargamentos de uso militar destinados a Israel. En septiembre de 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez prohibió el atraque en puertos españoles y la entrada en el espacio aéreo nacional de barcos y aeronaves que transportaran armas o combustible militar con ese destino, según Reuters.

Según la FMC, su investigación halló “pruebas concluyentes” de que España denegó el acceso a puertos a barcos de bandera estadounidense. El organismo sostiene que esas decisiones generaron condiciones desfavorables para el transporte marítimo vinculado al comercio exterior de Estados Unidos.

La comisión señala que el caso afecta a la previsibilidad de las rutas, a los costes operativos y a la cadena internacional de suministro marítimo. También vincula el expediente con su mandato de promover las exportaciones estadounidenses y mantener una flota mercante disponible para fines comerciales y de seguridad nacional.

La FMC evalúa limitar importaciones de sectores españoles

El segundo eje de la propuesta prevé limitar la importación de determinados bienes españoles. Las categorías mencionadas por la FMC incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, azúcar y productos de confitería.

La autoridad estadounidense no ha precisado qué partidas arancelarias quedarían alcanzadas ni el mecanismo que utilizaría para restringir el ingreso de esos productos. Tampoco ha definido si las limitaciones consistirían en cupos, prohibiciones, requisitos adicionales u otra medida comercial.

La inclusión de la categoría de aceites y grasas podría afectar al aceite de oliva español, aunque la FMC no ha identificado productos específicos ni empresas involucradas. Las eventuales restricciones también tendrían impacto sobre sectores fabricantes de cerámica, cosmética, piedra natural y alimentos elaborados.

La FMC ha solicitado comentarios de empresas, organizaciones y particulares sobre el alcance de las dos medidas. El período de consulta servirá para evaluar las consecuencias que tendría la tasa sobre los buques españoles y las restricciones sobre las importaciones.

El organismo ha indicado que invitará a España a una audiencia. El procedimiento no establece por ahora una fecha para la decisión final ni garantiza que las dos medidas propuestas entren en vigor en los términos anunciados.

La investigación aborda las consecuencias comerciales de las restricciones portuarias españolas. La FMC considera que puede adoptar medidas de respuesta cuando concluye que un país extranjero aplica condiciones perjudiciales o discriminatorias para el transporte marítimo de Estados Unidos.

Reacción del Gobierno

El Gobierno español ha sostenido que las tasas y restricciones comerciales planteadas por Estados Unidos contra los buques con bandera española exceden el ámbito bilateral y corresponden a la relación entre Washington y la Unión Europea. Por ese motivo, asegura que defenderá los intereses comerciales españoles de forma coordinada con Bruselas.

Según Europa Press, fuentes gubernamentales han indicado que Moncloa analiza las conclusiones de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC), que atribuye a España un trato discriminatorio contra embarcaciones con bandera estadounidense. El Ejecutivo señala que mantiene su compromiso con una relación económica y comercial sólida con Estados Unidos, al que considera un aliado estratégico.

El Gobierno buscará proteger los vínculos comerciales dentro del marco europeo y evitar una escalada que afecte a las empresas españolas y a las relaciones económicas entre ambas partes. España podrá presentar alegaciones durante el proceso abierto por la FMC antes de que el organismo adopte una resolución definitiva.

La policía francesa ha detenido este lunes a un joven de 14 años como sospechoso de un tiroteo en el instituto Joseph-Lakanal, en la comuna de Aubagne (sur de Francia). El menor habría herido al director del centro escolar y a una de sus profesoras.

Según ha indicado el departamento de policía de Bouches-du-Rhône, en el sur de Francia, a Associated Press, el menor, de 14 años, habría acudido a clase con un arma de fuego, con la que habría herido a dos miembros del claustro.

Los trabajadores de la escuela fueron alcanzados por munición utilizada en escopetas de calibre 12, precisó la policía. El prefecto de Bouches-du-Rhône, Jacques Witkowski, ha asegurado a Le Figaro que el adolescente no era conocido por hechos de delincuencia ni por radicalización.

Por el momento, se desconocen los motivos por los que el sospechoso habría actuado de este modo. Tampoco está claro que el suceso esté relacionado con el movimiento de protestas de alumnos de secundaria que ha sacudido a Francia durante varias semanas.

Cinco disparos contra el director y una profesora

Según ha informado la cadena de televisión BFMTV, el menor efectuó cuatro o cinco disparos. La cadena televisiva ha informado de al menos cuatro detonaciones y ha precisado que la docente recibió el impacto de un disparo que rebotó.

Witkowski ha relatado que el sospechoso disparó contra el director, que recibió una descarga de perdigones de caza en los muslos y la parte baja de la espalda. Después, según el prefecto, volvió a disparar contra la profesora, alcanzada por un perdigón en el muslo, y efectuó un tercer tiro en un pasillo antes de ser interceptado.

La Fiscalía de Marsella ha abierto una investigación por tentativa de asesinato y el fiscal de la República se ha desplazado al lugar. Los bomberos han atendido a los dos trabajadores heridos, cuyo pronóstico vital no está comprometido.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, y la ministra delegada de Enseñanza y Formación Profesional y Aprendizaje, Sabrina Roubache, tienen previsto desplazarse a Aubagne durante la tarde. Geffray ha calificado lo ocurrido de “acto inadmisible” y ha afirmado en la red social Twitter (ahora X) que el suceso “da testimonio una vez más del desarrollo de una violencia desbocada en nuestra sociedad”. “Ante este nuevo ataque, el Ministerio de Educación Nacional estará, como siempre, unido y fuerte, junto a una comunidad educativa profundamente golpeada”, ha agregado.

El presidente Emmanuel Macron, por su parte, ha alabado “la sangre fría y la reacción ejemplar del equipo educativo, que permitió evitar lo peor”. “Al director y a la profesora heridas esta mañana en un colegio en Aubagne, a los alumnos y a los padres conmocionados, les envío mi plena solidaridad y mi total apoyo”, ha expresado en sus redes sociales.

Un incendio ha destruido por completo el mercado cubierto más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges, situado en el barrio de Le Marais y fundado en 1615. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Paris Centre, Ariel Weil, coincidiendo con las declaraciones del teniente coronel Pierre de Bouvier: “El mercado ha quedado completamente destruido. No queda nada”, ha sentenciado a primera hora de este lunes.

El fuego comenzó durante la madrugada del domingo al lunes. Según ha informado Le Monde, la inmensidad de las llamas obligó a movilizar a unos 150 bomberos y medio centenar de vehículos de emergencia, que recibieron el aviso sobre las 4.15 de la mañana. El incendio ha arrasado aproximadamente 1.000 metros cuadrados, provocando el derrumbe parcial de la estructura metálica del edificio.

Pese a la magnitud del suceso, no se han registrado víctimas mortales. Un bombero sufrió un malestar leve durante la intervención, según recoge la agencia AFP. Las autoridades tampoco han identificado todavía el origen de las llamas, aunque han confirmado que el incendio ha quedado controlado y no existe riesgo de que se propague a otros inmuebles.

Más de cuatro siglos de historia

El Marché des Enfants Rouges abrió sus puertas en 1615, durante el reinado de Luis XIII, y desde entonces se había convertido en uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la capital francesa. Su peculiar nombre, que significa “mercado de los Niños Rojos”, procede de los uniformes de ese color que vestían los huérfanos acogidos en un antiguo hospital cercano, que permaneció abierto hasta 1772.

Situado en el tercer distrito de París, el recinto fue incluido en el inventario de monumentos históricos franceses en 1982. Durante más de cuatro siglos, sus instalaciones acogieron puestos de alimentación y comercios tradicionales que, con el paso del tiempo, fueron incorporando establecimientos de restauración y propuestas gastronómicas internacionales.

🇫🇷🚒 Un incendie spectaculaire a détruit, sans faire de victime, le marché historique des Enfants rouges, situé dans le Marais à Paris. 17 commerces sont partis en fumée, provoquant une vive émotion dans ce quartier touristique de la capitale ⤵️ https://t.co/fSk7Mum5YE

— Agence France-Presse (@afpfr) October 12, 2026

De hecho, el mercado se había consolidado como uno de los destinos gastronómicos más reconocidos de la ciudad, tanto para los vecinos del barrio como para los turistas. Hace unos meses fue nombrado como el quinto lugar en la lista de los 12 mejores mercados del mundo con los Food & Wine’s Awards.

No es la primera vez que este histórico mercado se enfrenta a la amenaza de desaparecer. Según recoge el propio Ayuntamiento de París en su página web, en la década de los noventa el recinto cerró debido a su deterioro y las autoridades llegaron a estudiar un proyecto para demolerlo y construir un aparcamiento en su lugar. Sin embargo, omerciantes y residentes del barrio se organizaron para impedir su desaparición y llegaron incluso a pasar las noches frente al edificio para protegerlo. Finalmente, el mercado fue rehabilitado por la arquitecta Florence Bougnoux y reabrió sus puertas en el año 2000.

“Rusia está probando hasta dónde puede llegar sin provocar una respuesta directa de la OTAN. Es decir, dónde está realmente el límite”. Así explica el coronel Alfredo Rodríguez qué significa exactamente el repunte de ataques híbridos rusos sobre Europa. La ofensiva del Kremlin se ha hecho notar en varios países aliados en las últimas semanas. Letonia ha denunciado la entrada de personas encapuchadas a través de la frontera de Bielorrusia, mientras que Lituania ha reforzado militarmente la frontera y Alemania ha criticado la supuesta autoría rusa del sabotaje del aeropuerto de Leipzig.

La realidad es que la guerra de Ucrania no parece cerca de concluir, por lo que Rusia no está cambiando su enfoque por considerar cerrado el frente principal. Se trata de una puesta a prueba. “Está tensando la cuerda para comprobar hasta dónde puede hacerlo sin que se rompa”, explica el coronel. Según este experto, la estrategia es impulsar la presión de la conocida como “zona gris”. Evitar el conflicto militar convencional, pero hacer daño desde dentro a través de ciberataques, interferencias GPS, drones o presiones migratorias. Es decir, como explica precisamente la doctrina Gerasimov, acuñada por el general ruso del mismo nombre, ataques híbridos.

Para este tipo de operaciones, Rusia cuenta con una importante cantidad de posibilidades. Algunas informaciones han buceado en la posibilidad de que aproveche sus buques de la flota fantasma que navegan habitualmente por el Mediterráneo para dirigirse directamente a una potencia europea. Sin embargo, como explica Alfredo Rodríguez, existen al menos cinco escenarios más probables por cuestiones logísticas, geográficas y del impacto que puede tener. La región de Kaliningrado, Narva en Estonia, el Báltico, la frontera bielorrusa y el corredor de Suwałki son las zonas “especialmente sensibles”.

Kaliningrado, el último bastión ruso

Kaliningrado es un enclave ruso situado entre Polonia y Lituania, a orillas del mar Báltico. En 1945, al final de la II Guerra Mundial, pasó de Alemania al control soviético, tras la división de Prusia Oriental en Potsdam. Es una región rusa que quedó separada del resto del país desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. El territorio alberga la Flota rusa del Báltico y posee valor militar estratégico por su ubicación junto a países de la Unión Europea y la OTAN.

Este miércoles, Lituania anunció que movilizará militares para reforzar la vigilancia en su frontera con el enclave ruso de Kaliningrado, tras detectar “señales” de una posible movilización en Rusia. El ministro del Interior, Martynas Katelynas, informó que solicitó el apoyo del Ejército para los guardias fronterizos. La decisión se produce una semana después de que varias embajadas rusas advirtieran sobre la posibilidad de un ataque con “todo su arsenal” si la OTAN aislara Kaliningrado. Moscú sostuvo que defendería el enclave con todos sus recursos, incluidas armas nucleares en ese supuesto.

La región rusoparlante de Estonia

En marzo, una campaña difundida por canales prorrusos en Telegram, VKontakte y TikTok promovió la creación de una supuesta “República Popular de Narva”. Se trata de una ciudad estonia fronteriza con Rusia y de mayoría rusohablante. Los mensajes incluyeron mapas, banderas, emblemas y llamados a organizarse contra las autoridades de Estonia, con referencias a sabotajes y defensa armada. La Policía de Seguridad de Estonia calificó las publicaciones como una campaña de desinformación destinada a generar confusión y dividir a la sociedad. La iniciativa imita la estrategia con la que Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, acabaron autoproclamándose independientes de Ucrania.

A finales de septiembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) publicó un escenario hipotético sobre una incursión rusa en Narva. El informe sostuvo que Moscú podría combinar agentes infiltrados, propaganda separatista y apoyo con drones desde territorio ruso, sin intentar una invasión a gran escala. Según el análisis, el objetivo sería provocar una crisis que pusiera a prueba el Artículo 5 de la OTAN, dividiera a los aliados y desviara recursos destinados a Ucrania.

Amenaza sobre el Báltico

Rusia ha intensificado su guerra híbrida en el Báltico mediante incursiones aéreas y sabotajes. El 3 de octubre, un dron bielorruso obligó a desplegar cazas y cerrar el aeropuerto de Vilna. Pocas semanas antes, la OTAN derribó en Lituania un dron ruso con explosivos militarizados, mientras que en Letonia interceptó aparatos desviados por guerra electrónica rusa. Precisamente el Ejército del Aire español ha tenido un papel activo en estas defensas. Además, interferencias electromagnéticas que buscan desorientar a la navegación civil o los sospechosos cortes en cables submarinos elevan las posibles amenazas en esta región.

Tensiones en la frontera

También crece la tensión en la frontera de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania. Los gobiernos de la Unión Europea responsabilizan al régimen de Aleksandr Lukashenko, aliado de Rusia, de facilitar la llegada de migrantes para desestabilizar la región. Varsovia, Riga y Vilna denunciaron intentos de cruces coordinados, daños en las vallas fronterizas y actividades sospechosas cerca de sus infraestructuras. Al escenario hay que sumar maniobras del Ejército bielorruso junto a la frontera y, como respuesta, el refuerzo militar lituano.

Un corredor de 100 kilómetros

El corredor de Suwałki es una franja estratégica de 100 kilómetros que separa Polonia y Lituania y que, a su vez, conecta Bielorrusia con Kaliningrado. Su captura por Rusia aislaría por tierra a los países bálticos y permitiría al Kremlin una conexión directa con el militarizado enclave ruso. Hace algo menos de un mes, Bielorrusia inició unas maniobras militares de cuatro días cerca del corredor. Minsk desplegó unidades mecanizadas y carros de combate. El Gobierno negó planes ofensivos, pero la OTAN se mantuvo alerta.

Las bases aéreas francesas han participado en una nueva edición del ejercicio ‘Basex’, diseñado para evaluar su capacidad de mantener las operaciones militares en escenarios de crisis. Durante casi 10 días, los militares se enfrentaron a simulaciones de intrusiones, amenazas con drones, incidentes químicos y biológicos, ataques informáticos y actos de terrorismo. Los escenarios exigieron activar los centros de gestión de crisis, reforzar la protección de las zonas sensibles y garantizar la continuidad de las misiones pese a las alteraciones en la seguridad, las comunicaciones o la disponibilidad de las instalaciones.

De esta manera, el ejercicio parte de un supuesto de crisis múltiples, en el que las amenazas pueden combinarse y comprometer la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas. El objetivo es comprobar que las bases pueden seguir operativas incluso cuando parte de sus recursos o infraestructuras quedan fuera de servicio. Las maniobras, coordinadas por el Mando Territorial del Ejército del Aire y del Espacio francés (CTAAE), se desarrollaron de forma simultánea en distintas instalaciones del país entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre.

Coordinación entre bases ante una crisis

El CTAAE dirigió las maniobras desde Burdeos para coordinar a las distintas instalaciones y facilitar los recursos necesarios cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta de una sola base. Durante las pruebas, los militares tuvieron que actuar ante paquetes sospechosos, accesos no autorizados, manifestaciones hostiles y posibles atentados. También practicaron la respuesta a incidentes NRBQ —nucleares, radiológicos, biológicos y químicos—, el traslado de aeronaves a otras ubicaciones y ataques con drones.

Cada situación exigió procedimientos específicos, como controlar los accesos, atender al personal afectado o reorganizar la actividad aérea. El entrenamiento también incluyó a militares que no pertenecen a unidades especializadas en la protección de instalaciones. La intención era reforzar la preparación de todo el personal y comprobar que conoce los protocolos de actuación ante una emergencia, incluidos los ataques digitales y las campañas de desinformación. La base aérea 116, conocida como LCL Papin, incorporó además a reservistas operativos que trabajaron junto a los militares en activo.

Un ataque químico con drones

Uno de los escenarios más exigentes simuló un ataque con drones que provocaba la dispersión de sustancias tóxicas en la base 116. Los equipos tuvieron que delimitar la zona afectada y establecer un perímetro de exclusión para evitar que la contaminación se extendiera. Los militares que se encontraban en el área fueron identificados, aislados y trasladados a un espacio seguro, donde recibieron atención especializada. El resto del personal permaneció fuera del perímetro para evitar nuevas exposiciones y permitir que la instalación siguiera funcionando.

La prueba combinó la detección de una amenaza aérea con la aplicación de los protocolos de emergencia química. El reto consistía en controlar la situación sin paralizar toda la base y mantener las tareas de las unidades que no se habían visto afectadas. Según la información difundida, las maniobras sirvieron para evaluar la respuesta del personal, la actuación de los equipos especializados y la coordinación entre los responsables de gestionar la crisis.

La Operación Trigger X se desarrolló entre el 22 de junio y el 5 de julio. Según explica el comunicado de Interpol, parte del arsenal intervenido estaba vinculado a conflictos pasados o aún activos en los Balcanes, Europa oriental y Nagorno Karabaj. En Armenia, Kirguistán y Tayikistán se decomisaron o entregaron voluntariamente armas de la época soviética. Las fuerzas de seguridad interceptaron además a 15 personas sujetas a notificaciones internacionales, entre ellas cinco fugitivos buscados con alertas rojas a sus espaldas. Las autoridades de Georgia detuvieron a una persona reclamada por Turquía bajo sospecha de asesinato.

Dos camiones con más de 1.000 escopetas

Una de las principales incautaciones se produjo en el paso fronterizo de Lesovo, entre Bulgaria y Turquía. Los agentes de aduanas interceptaron dos camiones que transportaban más de 1.000 escopetas de uso militar. Harald Arm, director ejecutivo de Capacidades Policiales de Interpol, señaló que la operación puso de manifiesto “el elevado riesgo de que armas utilizadas en conflictos armados sean desviadas hacia canales del crimen organizado, donde se emplean para cometer otros delitos”. “Estas incautaciones demuestran la importancia de una acción internacional coordinada para identificar rutas de tráfico, desmantelar redes criminales y evitar que las armas de fuego ilícitas lleguen a quienes buscan utilizarlas con fines delictivos”, añadió.

En el puesto fronterizo búlgaro de Kapitan Andreevo, las autoridades hallaron 73 pistolas falsificadas dentro de un camión que transportaba piezas de automóviles hacia Europa occidental. 23 de ellas estaban ocultas bajo el colchón del conductor. Las actuaciones se extendieron a Serbia, donde se produjo la mayor incautación individual de granadas: 68 artefactos traficados desde Bosnia y Herzegovina, dentro de un total de 268 decomisados durante la operación. La policía localizó también un taller clandestino destinado a transformar pistolas de gas y de fogueo en armas de fuego. El registro concluyó con una detención y la intervención de pistolas, componentes de armas y 280 cartuchos de nueve milímetros.

20 lanchas para tráfico de migrantes

La operación también incluyó intervenciones contra las redes dedicadas al tráfico de migrantes. En Bulgaria, las autoridades decomisaron 20 botes neumáticos que aparecían registrados como colchones hinchables y tenían como destino declarado un país de Europa occidental. La información de inteligencia relacionó el envío con organizaciones criminales dedicadas al traslado ilegal de personas. Los botes tenían como posible destino los cruces clandestinos del canal de la Mancha.

Las autoridades interceptaron a cinco migrantes en Macedonia del Norte. La policía fronteriza serbia detuvo a otra persona cerca de la frontera con Hungría, que llevaba un rifle automático y varios cartuchos. Además del armamento y las embarcaciones, los agentes intervinieron cocaína, marihuana, cigarrillos falsificados, productos textiles sin declarar y alimentos no declarados ante las autoridades aduaneras.

Italia ha aprobado este jueves la reforma electoral promovida por el Gobierno de Giorgia Meloni, que concede un aumento de los diputados a la lista o alianza que alcance al menos el 42% de los votos. La norma le asignará 70 escaños adicionales en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado a la coalición vencedora que supere ese umbral. Según el ejecutivo de Meloni, permitirá reforzar la estabilidad de los Ejecutivos. También establece un método de lista abiertas en el que los votantes elegirán tres nombres entre varias opciones.

El texto fija un límite de 220 diputados y 113 senadores extra para la fuerza que acceda al beneficio. Si ninguna lista o coalición obtiene el 42% de los sufragios, no habrá prima de mayoría y se repartirán los escaños de forma proporcional entre los partidos que superen la barrera mínima del 3%. Tras la votación, la dirigente italiana ha asegurado que el nuevo sistema ampliará el poder de los votantes. Según expresó en redes sociales, los ciudadanos podrán elegir el partido, la coalición, el programa, el candidato a primer ministro y a sus propios parlamentarios.

La oposición cuestiona el mecanismo

Los partidos opositores han rechazado la reforma y han cuestionado, sobre todo, el sistema de prima de mayoría. Sus dirigentes sostienen que el mecanismo puede alterar la proporcionalidad de la representación parlamentaria y han planteado dudas sobre su constitucionalidad. Las voces críticas han bautizado la iniciativa como “Melonellum”, en alusión a Meloni, y acusaron al Gobierno de diseñar una ley electoral destinada a consolidar su poder. El oficialismo ha respondido que las reglas se aplicarán a cualquier coalición que alcance el porcentaje exigido, sin distinción de signo político.

La primera ministra también ha aprovechado la aprobación para reivindicar la unidad de su alianza. “Estamos unidos, cohesionados y decididos a cumplir los compromisos asumidos con los ciudadanos”, ha afirmado tras la sesión parlamentaria. La votación en la Cámara, donde el texto fue aprobado sin nuevas modificaciones (tras cambios realizados en el Senado), ha dejado la reforma en condiciones de entrar en vigor conforme a los procedimientos previstos por el ordenamiento italiano.

Listas abiertas y elegir hasta tres candidatos

Además del sistema de prima de mayoría, la ley prevé la introducción de listas abiertas. Los votantes podrán señalar hasta tres candidatos dentro de una nómina de seis nombres que aparecerán en la papeleta electoral. Meloni ha defendido esta modificación como una forma de ampliar la participación ciudadana. La primera ministra afirmó que los electores recuperarán capacidad de decisión sobre la composición del Parlamento, ya que podrán intervenir de manera directa en la selección de los representantes de cada fuerza.

La reforma busca modificar un esquema que ha sido criticado por dar demasiado poder a los partidos. La jefa del Gobierno ha sostenido que la iniciativa “favorece la estabilidad y la coherencia parlamentaria de cualquier gobierno, independientemente de su orientación política”. También ha afirmado que quien gana una elección debe contar con condiciones para gobernar y que los legisladores deben rendir cuentas ante quienes los eligieron.

Las fronteras rusas atraviesan uno de los momentos más tensos desde que comenzó el conflicto con Ucrania tras la invasión de 2022. Polonia denunció el impacto de un dron a dos kilómetros de su país mientras Letonia ha sufrido un aumento de las entradas de migrantes desde Bielorrusia. Ante este escenario, algunos países mueven ficha. Lituania ha confirmado que movilizará militares en la frontera con el enclave ruso Kaliningrado. Así lo ha confirmado Martynas Katelynas, ministro del Interior de Lituania, que ha anunciado en sus redes que el Ejército reforzará la vigilancia de los agentes fronterizos.

Los países europeos han manifestado que la amenaza del Kremlin llega desde su propio territorio, desde Bielorrusia, su aliado fundamental, y desde Kaliningrado, un territorio ruso situado en el corazón de Europa. Hace una semana, varias embajadas de Rusia difundieron un comunicado en el que advirtieron sobre una posible escalada militar si países de la OTAN intentaran aislar a Kaliningrado del resto de su país.

Lituania moviliza al Ejército

El mensaje del ministro del Interior alude al incidente ocurrido el día anterior en la frontera de Letonia (la entrada de individuos encapuchados) y a una posible movilización en Rusia. “Las señales de que Rusia podría anunciar una movilización, tomamos medidas preventivas adicionales”, señala la publicación. Según el texto, solicitó al ministro de Defensa, Robertas Kaunas, que las unidades del Ejército lituano para que “ayuden a los guardias fronterizos a proteger la frontera con la región de Kaliningrado”.

No obstante, Katelynas ha aclarado que un ataque abierto sigue lejos. “Quiero decirlo con claridad: la situación en la frontera lituana está tranquila por el momento y no hay motivos para el pánico”, indicó en su mensaje. El texto añadió que “el despliegue de soldados es una decisión preventiva, para estar preparados y evitar incidentes similares”. “Nuestra frontera está protegida. Seguimos la situación en la región. Lituania está preparada”, concluyó.

Tensión entre OTAN y Kaliningrado

El comunicado de las embajadas rusas plantea un escenario hipotético en el que Moscú consideraría amenazada la conexión con ese enclave y sostiene que Rusia podría emplear “todo su arsenal”, incluidas armas nucleares, para defenderlo. También afirma que, en una eventual confrontación, existiría riesgo de ataques preventivos contra centros de decisión de los países de la Alianza. La OTAN rechazó que sus acciones sean una amenaza contra Rusia. Su secretario general, Mark Rutte, declaró que el presidente ruso, Vladímir Putin, “sabe que nunca podrá vencer”. La Alianza mantiene desde hace años una atención especial sobre Kaliningrado.

El enclave quedó bajo control soviético tras la derrota de la Alemania nazi en 1945 y la posterior división de Prusia Oriental, formalizada en la Conferencia de Potsdam. Tras la disolución de la Unión Soviética, Kaliningrado quedó separado del resto de Rusia y rodeado por Polonia y Lituania, ambos miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Su ubicación, con salida al mar Báltico, le permite a Rusia proyectar fuerzas militares en la región. Allí se encuentra la Flota rusa del Báltico. A la vez, depende de rutas terrestres, ferroviarias y marítimas sujetas a controles europeos. Las sanciones impuestas tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 restringieron parte del tránsito hacia Kaliningrado. La Unión Europea permite el transporte ferroviario civil y de mercancías bajo supervisión, mientras que mantiene prohibido el traslado de material militar.

Marruecos avanza en la renovación de sus medios aéreos y terrestres militares con la incorporación futura de cazas F-16 Block 72 y un nuevo lote de tractores y remolques destinados al transporte de vehículos blindados. Los anuncios, difundidos por empresas estadounidenses vinculadas a los contratos, apuntan a ampliar la capacidad de despliegue de las unidades marroquíes.

El primer F-16 Block 72 destinado a las Fuerzas Reales del Aire completó su vuelo inaugural, según informó Lockheed Martin, el martes 6 de octubre. La aeronave continuará ahora con su programa de ensayos antes de ser entregada a Marruecos. La compañía indicó que incorpora aviónica renovada, sensores actualizados y mejoras en los sistemas de misión. También señaló que el modelo cuenta con cambios orientados a elevar la seguridad y la fiabilidad de la plataforma.

Oshkosh Defense anunció un pedido de 50 tractores HET A1 y 50 remolques MN573, que permitirán trasladar carros de combate, vehículos de recuperación y sistemas de artillería autopropulsada. El contrato fue gestionado por Optimum Vehicle Logistics, distribuidor de vehículos y equipos logísticos estadounidenses para Marruecos. Las empresas no comunicaron el valor de la operación ni las fechas previstas para las entregas.

El caza continúa el avance de EEUU en Marruecos

Marruecos ya cuenta con aviones F-16 y C-130 Hercules, además de radares y helicópteros Black Hawk. Lockheed Martin también participa en un proyecto industrial en territorio marroquí a través de Maintenance Aero Maroc, responsable de un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en Benslimane. La instalación tendrá más de 8.000 metros cuadrados y, en una primera etapa, estará enfocada en trabajos de mantenimiento pesado y modernización de los C-130.

El proyecto contempla una posible expansión hacia otras aeronaves, entre ellas el F-16. De esta forma, el caza, además de suponer un nuevo medio para el ejército marroquí, significa un paso más en la entrada de la industria estadounidense en el país vecino. Desde hace años, ambos países han mejorado sus relaciones hasta convertirse en socios fiables, lo que también tiene resultados a nivel industrial.

50 tractores HET A1 y 50 remolques especializados

Por otro lado, la otra compra corresponde a un conjunto de 100 unidades de transporte pesado. Estos sistemas están concebidos para mover vehículos de gran peso sin que deban recorrer largas distancias por sus propios medios. Esa capacidad reduce el desgaste mecánico de los blindados y facilita el traslado de unidades entre bases, zonas de entrenamiento y áreas de despliegue. Pat Williams, director de programas de Oshkosh Defense, señaló que el segundo encargo responde a la demanda de medios de movilidad preparados para misiones militares. El acuerdo incluye repuestos, asistencia técnica y capacitación para la operación de los equipos.

Los remolques MN573 proceden de una colaboración con Broshuis BV, fabricante neerlandés especializado en plataformas de carga. La empresa produce remolques multiextensibles, semirremolques de plataforma baja, modelos planos y equipos portacontenedores para aplicaciones civiles y militares. Con los nuevos cazas y los vehículos de transporte pesado, Marruecos amplía dos áreas diferentes de sus fuerzas armadas. Por un lado, la a disponibilidad de medios de combate aéreo y, por otro, la capacidad logística para desplazar sus plataformas terrestres de mayor tonelaje.

La maniobra forma parte del Ejercicio Strike Warrior, unas operaciones de entrenamiento en Escocia que movilizan a más de 2.000 efectivos de Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Alemania, Noruega y Estados Unidos. El despliegue abarca las Islas Occidentales, los accesos noroccidentales, Galloway, la región de Borders y el mar del Norte. La operación se enmarca en una prueba dirigida por comandos que busca ensayar la capacidad aliada para responder a crisis en el Alto Norte y el Atlántico Norte, dos zonas claves para la OTAN.

Fuego naval desde los acantilados de Cabo Wrath

Una de las operaciones incluidas en Strike Warrior contó con la participación de miembros de la 148.ª Batería de Observación Avanzada de Comandos, una unidad integrada por especialistas de la Armada y del Ejército británicos. Su cometido incluye las tareas de reconocimiento y la dirección de fuego naval desde posiciones situadas tras las líneas enemigas. Los efectivos se aproximaron a la costa en botes inflables de asalto y establecieron un puesto de observación en los acantilados de Cabo Wrath. Desde allí transmitieron indicaciones para que el buque portugués NRP Dom Francisco de Almeida dirigiera sus cañones contra posiciones identificadas como enemigas.

La secuencia combinó capacidades submarinas, movimientos anfibios, observación avanzada y apoyo de artillería naval. El objetivo consistía en comprobar la coordinación entre unidades de distintos países y ramas militares en un escenario que simula una respuesta ante una amenaza en el Atlántico Norte. La presencia de fuerzas de seis países permite ensayar procedimientos comunes entre contingentes aliados. El entrenamiento se extiende por distintos puntos de Escocia y sus aguas próximas. La salida desde un submarino alemán refleja además la participación multinacional prevista en estas maniobras.

Coordinación inédita en casi 30 años

El oficial de operaciones de la 148.ª Batería, cuya identidad no se ha divulgado por razones operativas, afirmó que el ejercicio ha permitido reunir recursos y capacidades que su unidad no coordinaba desde hace décadas. “Este nivel de complejidad y coordinación de recursos operativos no se había alcanzado en la 148.ª Batería en casi 30 años”, señaló el mando militar.

“Queríamos demostrar a nuestros socios de la Fuerza de Comandos del Reino Unido, la Defensa del Reino Unido en general y la comunidad de Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN el tipo de misiones que estamos preparados para ejecutar contra futuras amenazas”, afirmó, según recoge el comunicado oficial. La operación desarrollada en Cabo Wrath resume ese planteamiento: una infiltración desde el mar, un desembarco en embarcaciones ligeras, la instalación de un punto de observación y la coordinación de fuego desde un buque aliado, todo ellos con varios países implicados.

La Fiscalía Federal de Alemania ordenó este martes la detención de August Hanning, antiguo presidente del Servicio Federal de Inteligencia, y de su exjefe de gabinete, Manfred D., por sospechas de espionaje, obtención de secretos de Estado y tentativa de traición. La investigación sitúa a Manfred D. como la persona que habría entregado documentos reservados a Hanning, quien presuntamente los empleó en actividades privadas y los trasladó en parte a representantes de servicios de inteligencia extranjeros.

Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la Oficina Federal de Policía Criminal en los distritos de Bad Tölz-Wolfratshausen, en Baviera, y Steinfurt, en Renania del Norte-Westfalia. Las autoridades también registraron los domicilios de los dos sospechosos en esas zonas y en Berlín. Hanning fue presidente del Servicio Federal de Inteligencia, conocido en Alemania como Bundesnachrichtendienst (BND), entre diciembre de 1998 y noviembre de 2005. Después fue secretario de Estado en el Ministerio Federal del Interior hasta noviembre de 2009.

Manfred D. trabajó primero como jefe de gabinete de Hanning durante su etapa al frente del BND. Más tarde fue su asistente parlamentario en Interior. Entre marzo de 2012 y marzo de 2026, regresó al servicio de inteligencia como jefe de gabinete de varios de los sucesores de Hanning en la presidencia del organismo, una función desde la que tuvo acceso a información confidencial.

Uso privado de la información y contacto extranjero

Según las órdenes de detención, ambos habrían alcanzado un acuerdo en la primavera de 2010. La Fiscalía sostiene que Manfred D. entregaba de forma continuada información reservada del BND a Hanning a cambio de dinero, con un total cercano a los 2.000 documentos. El antiguo director de la Inteligencia alemana habría utilizado esos datos para sus actividades de consultoría privada. Buena parte de ese material estaba clasificado para uso exclusivamente interno del BND. Entre los documentos había información relativa a informes de inteligencia para el poder ejecutivo, que reúnen periódicamente a altos cargos de los ministerios federales y de diferentes organismos de seguridad en la Cancillería Federal.

La Fiscalía atribuye a Hanning los delitos de espionaje traidor, obtención de secretos de Estado, tentativa de traición y espionaje. En el caso de Manfred D., la acusación se centra en la complicidad en tentativa de traición y espionaje traidor. El comunicado describe una secuencia concreta en la salida de la información. El espionaje entra de lleno por una segunda acusación. Supuestamente, en al menos un caso, elaboró un análisis destinado a un oficial de un servicio de inteligencia extranjero a partir de los documentos proporcionados por su antiguo colaborador.

Las autoridades no han determinado si ese análisis llegó finalmente a su destinatario. Tampoco han identificado al servicio de inteligencia extranjero cuyo oficial iba a recibirlo. La causa recoge además que Hanning mantuvo durante años una relación estrecha con un representante de otro servicio de inteligencia. Según la Fiscalía, el exresponsable del BND le trasladó información de carácter político que se basaba parcialmente en los documentos que Manfred D. le habría suministrado.

La investigación se abrió a raíz de un registro practicado en el domicilio de Hanning por la Fiscalía de Hamburgo en septiembre de 2025. Aquella diligencia formaba parte de una causa contra Christina Block y otras personas. La Fiscalía Federal asumió las indagaciones a comienzos de mayo de 2026. Desde entonces, trabaja junto al Servicio Federal de Inteligencia y la Oficina Federal de Policía Criminal. Los dos detenidos comparecerán este martes ante el juez instructor del Tribunal Federal de Justicia. El magistrado les comunicará formalmente los cargos y resolverá si deben ingresar en prisión provisional.

Crece la presión internacional sobre Marruecos por los casos de espionaje. Esta vez es el turno de Amnistía Internacional. El organismo ha denunciado que las autoridades marroquíes emplean un sistema de vigilancia digital y física para seguir, desacreditar y perseguir a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Según el informe Empezamos por la sentencia. Dentro de la maquinaria de vigilancia de Marruecos, la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) habría utilizado programas espía, escuchas, grabaciones clandestinas, seguimiento de ubicaciones y redes de informantes.

La organización sostiene que estas prácticas no se limitan a obtener información. Los datos privados recogidos habrían alimentado campañas de desprestigio en medios afines al Estado y redes sociales. El objetivo, según el documento, sería intimidar a las personas críticas y reducir el espacio para la disidencia. Para poner nombre y una fuente fiable a este sistema de presión, han recogido el testimonio de Safir, presentado como exmiembro de la DGST. “Hay leyes escritas, pero no se aplican. Hay leyes que nadie respeta. No les importan las autorizaciones ni las órdenes judiciales”, afirma. “A veces incluso se pueden redactar los documentos a posteriori, hacer las cosas al revés. Hay impunidad total. Empezamos por la sentencia”, reconoce.

Pegasus, teléfonos infectados y control

El informe sitúa el uso del programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, entre las piezas más relevantes del sistema denunciado. En España es un viejo conocido. El Gobierno reconoció que los teléfonos de Pedro Sánchez, presidente, y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, fueron infectados. Además, fue un día después de un viaje a Ceuta, frontera de Marruecos. Sin embargo, nunca han señalado directamente al país vecino. Tampoco ha logrado un recorrido judicial por, según el juez Calama, “falta de colaboración de Israel”.

Amnistía asegura haber documentado el uso de esta herramienta por parte de autoridades marroquíes entre 2017 y 2021, “y posiblemente más tarde”, pese a los desmentidos oficiales. Uno de los casos destacados es el del historiador y defensor de derechos humanos Maâti Monjib. Según el informe, agentes de inteligencia lo describieron como “una prueba” o “un conejillo de indias” al seleccionarlo como uno de los primeros objetivos de Pegasus en 2017. Para el activista, la vigilancia buscaba un efecto que fuera más allá de su caso. “Golpea a los grandes y los pequeños tendrán miedo”, afirma, parafraseando un proverbio marroquí. Monjib fue indultado en 2024, pero Amnistía asegura que las campañas contra él continuaron en internet.

La organización indica que Pegasus puede acceder a llamadas, mensajes, contactos, ubicación, cámara y micrófono de los dispositivos infectados. También diferencia entre los ataques de “un clic”, mediante enlaces maliciosos; de “cero clics”, sin intervención de la víctima; e infecciones a través de redes de telecomunicaciones. Amnistía incluye entre sus equipos de espionaje otros medios como los captadores IMSI (dispositivos espía que simulan ser una antena de telefonía móvil), localizadores GPS, herramientas de extracción de datos y cámaras ocultas. También recuerdan que siguen vigentes los métodos tradicionales, como el seguimiento en las calles.

Campañas de difamación y acoso judicial

La segunda parte de la estrategia denunciada es la difusión de información íntima para dañar la imagen de activistas y periodistas. Amnistía afirma que, en varios casos, datos obtenidos mediante vigilancia aparecieron después en Chouf TV, Barlamane y Le360, citados como medios políticamente próximos a las autoridades. La organización aclara que no pudo verificar de forma independiente el origen de todos los materiales publicados. Considera, no obstante, que la naturaleza de algunas imágenes, vídeos y comunicaciones privadas plantea “graves motivos de preocupación” sobre posibles filtraciones desde los aparatos estatales.

Las mujeres, en especial defensoras de derechos humanos o familiares de figuras críticas, habrían sido objeto de campañas de contenido sexual. El informe une estas campañas a procesos penales, detenciones y condenas que, según Amnistía, se produjeron sin las debidas garantías. Activistas saharauis y participantes del movimiento Hirak El Rif figuran entre los colectivos más afectados. Amnistía pidió explicaciones a las autoridades marroquíes un mes antes de publicar el informe, pero asegura que no recibió respuesta. La organización reclama la liberación de quienes estén encarcelados por ejercer sus derechos, la suspensión de la vigilancia contra la sociedad civil y una investigación independiente sobre la DGST.

Este miércoles, varias embajadas de Rusia lanzaron un comunicado, adelantado por Reuters, que ha elevado el miedo a un ataque contra Europa. “Rusia estaría dispuesta a usar todo su arsenal, incluidas las armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país. En tal escenario, el riesgo de un enfrentamiento armado es alto, con la probabilidad de que Rusia realice ataques preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza ya en la fase inicial del conflicto”, recita el escrito.

Pone una situación hipotética en la que existe una amenaza desde la Alianza Atlántica, pero la mención a estar dispuestos a atacar a Europa ya es un importante paso adelante. La OTAN no tardó en responder. El secretario general, Mark Rutte, ha asegurado que “Putin sabe que nunca podrá vencer”, mientras que, según adelantaba la agencia de noticias, la Alianza comunicó a Moscú que sus actuaciones no suponen ninguna amenaza contra Rusia. La OTAN vigila Kaliningrado desde hace años. El Kremlin controla este enclave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La disposición de bandos internacionales con la Guerra Fría de por medio convirtió esta zona en los ojos y brazos de Rusia dentro de sus rivales europeos.

Historia y evolución del último bastión ruso en Europa

Tras la derrota de la Alemania nazi en 1945, el antiguo territorio de Prusia Oriental fue repartido entre Polonia y la Unión Soviética. La conferencia de Potsdam formalizó esa división. Parte del territorio de la URSS se unió a lo que más adelante sería Lituania. En ese proceso, la ciudad de Kaliningrado y los territorios cercanos quedaron bajo administración de Moscú. Desde entonces, ocupa una posición central en su estrategia militar y política. Este territorio albergue la Flota rusa del Báltico y Moscú lo considere un punto de apoyo para proyectar fuerzas en una región dominada por OTAN. La relevancia del enclave aumentó después de la disolución de la Unión Soviética.

La incorporación de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania a la Unión Europea dejó a Kaliningrado separado del resto de Rusia y rodeado por países europeos. Su ubicación ofrece ventajas evidentes por su salida al Báltico y capacidad de vigilar -o atacar- a sus rivales, pero también cuenta con una fragilidad logística. Las conexiones terrestres y ferroviarias con Rusia atraviesan Lituania y Polonia. El acceso marítimo, a su vez, depende de la ruta que cruza el golfo de Finlandia. Por tanto, su abastecimiento es complejo por las sanciones y controles europeos. Desde que invadió Ucrania en 2022, los países bálticos han insistido en limitar el transporte hacia el enclave.

Según las Directrices sobre Tránsito de la Comisión Europea, de 2022, no existe una prohibición para el transporte ferroviario de mercancías desde Rusia a Kaliningrado. Bruselas aclara que las sanciones prohíben el tránsito por carretera, pero permiten los trenes civiles y de mercancías si se controlan los “flujos inusuales” para evitar el contrabando. El material militar sigue bajo veto absoluto, pero Rusia ha encontrado rutas alternativas, como los aviones que esquivan el espacio europeo volando encajonados sobre el golfo de Finlandia o los transbordadores ferroviarios marítimos que mueven blindados y misiles pesados por aguas internacionales desde el puerto ruso de Ust-Luga. Estos últimos son enormes buques con carriles preparados para el transporte.

Una semana después de las elecciones, Marruecos espera la decisión de Mohamed VI. El monarca tiene que escoger dentro del Partido de Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de los comicios, quién será el nuevo jefe de Gobierno. El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, otra alternativa ha cogido fuerza en los últimos días. Se trata de Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinadora general del partido que se convertiría en la primera mujer de la historia en liderar el ejecutivo marroquí. La norma no obliga a que el elegido sea el presidente de esa organización política. Por eso, aunque El Mansouri aparece como una de las principales candidatas por ser quien ha liderado el partido a la victoria, la decisión dependerá del rey.

Los resultados preliminares difundidos por el Ministerio del Interior otorgaron al PAM 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La formación ya entró en el actual Gobierno, junto a la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ahora ha lgorado 66 bancas, y el Partido Istiqlal, con 65. Ninguna formación alcanzó por sí sola los 198 diputados necesarios para controlar la mayoría absoluta, algo que ya se da por prácticamente imposible. Por tanto, lo más probable es que se repita esta alianza, con un cambio en la jerarquía.

De alcaldesa a primera mujer jefa de Gobierno

Nacida en Marrakech en 1976, El Mansouri, de 50 años, es abogada y se incorporó a la política tras la creación del PAM en 2008. Un año después alcanzó proyección nacional al convertirse en la primera mujer elegida como alcaldesa de Marrakech. Se mantuvo hasta 2015 al frente de la ciudad y retomó ese cargo después de las elecciones de 2021. Después, fue designada ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política Urbana durante el gobierno de Aziz Akhannouch. En 2024, asumió el papel central en la conducción del PAM.

La posible designación de El Mansouri tendría un impacto mundial. Sería la segunda mujer en liderar un gobierno en el mundo árabe, después de la Najla Bouden, que estuvo al frente de Túnez entre 2012 y 2023. La dirigente ha buscado destacar por su trabajo partidario y de gestión local, sin poner el foco en su condición de mujer. También rechazó definirse como una “mujer de hierro” y se describió en otras ocasiones como una “activista libre”, según recoge The New Arab.

Repetición de alianza en el Gobierno

El PAM ha dejado abierta la posibilidad de negociar con todas las fuerzas políticas para formar gobierno. La previsión más lógica es que repita la coalición de estos últimos años, con RNI y el Partido Istiqlal. En 2021, el RNI logró su primera victoria, lo que impulsó a Aziz Akhannouch al poder. El descontento social por la inflación y los problemas de empleo o sanidad no han renovado la confianza en el actual líder. El nombramiento de Mohamed VI desencadenará las negociaciones definitivas, en medio de un clima de desapego social de la clase política. La abstención creció hasta un 62% de la población, con especial falta de participación entre los más jóvenes y reduciendo la participación desde el 50% de 2021 al 38% de este 2026.

Según informó la propia El Mansouri, no cierran la puerta a ningún partido, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ). No obstante, Abdelilá Benkirán, líder del PDJ, descartó integrar un Ejecutivo encabezado por el PAM y anticipó que su formación permanecerá en la oposición. Tras unas elecciones desastrosas en 2021, el PDJ recuperó terreno, pasando de 13 a 54 escaños.

El papa León XIV continúa este domingo su viaje por Francia con una visita al santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Es el tercer jefe de la Iglesia católica que visita la gruta y el santuario de Lourdes como papa, después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. El pontífice ya había estado allí a los 19 y a los 29 años, cuando aún era Robert Francis Prevost.

La ciudad, de unos 13.600 habitantes, se decoró con los colores amarillo y blanco del Vaticano para recibir al pontífice. También bautizó un puente con el nombre del papa y exhibió su retrato en comercios y restaurantes. Un papa en Lourdes “es el Santo Grial, es como si llegara Dios”, asegura Anne-Marie Mazars, de 56 años, a la agencia AFP. Mazars es una de las cientos de miles de personas que se han trasladado a la localidad para recibir al papa. Junto a ella se encuentra su amiga Jackie Belloc, de 59 años, quien lleva un tatuaje de un rosario en el hombro izquierdo. “Cuando vemos el enorme entusiasmo, nos decimos que la fe católica no está perdida en Francia. Está renaciendo”, añade Xavier Courau, un estudiante de 16 años que ha llegado desde Burdeos con cerca de un centenar de alumnos.

Unas 150.000 personas acudieron desde el alba a la pradera del santuario para asistir a la misa. Familias, grupos religiosos y peregrinos avanzaban con sillas plegables mientras los altavoces difundían cánticos. El encuentro ocurre un día después de la misa multitudinaria celebrada en París: el Vaticano ha calculado que 800.000 personas participaron el sábado en la ceremonia religiosa de los Campos Elíseos. Un día antes, otros 80.000 jóvenes recibieron al pontífice en el Estadio de Francia. Todos los diarios dominicales franceses han amanecido con imágenes de la visita en sus portadas. Entre los titulares destacaron: “Feliz como un papa en Francia”, “Que la alegría perdure” y “Día de concordia”.

La agenda de León XIV este domingo

León XIV también se ha reunido hoy en Lourdes con los obispos franceses, en el siguiente punto oficial de su agenda. En el encuentro, les pidió “perseverar” en la prevención y reparación de las agresiones sexuales a menores. “En los últimos años, han afrontado con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores (...) Es necesario perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia”, aseguró ante la Conferencia Episcopal Francesa en un encuentro a puerta cerrada, según el Vaticano.

León XIV ha recibido este domingo a siete víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia francesa. El encuentro ocurre después de años de revelaciones que afectaron a instituciones religiosas francesas. Las siete personas invitadas al encuentro han advertido en un comunicado que “dialogar no significa avalar” y que “ser recibidas no significa renunciar” a sus “exigencias”. Además, los colectivos de víctimas han criticado que no fueran recibidos por el jefe de la Iglesia católica. El formato elegido ya había generado reparos antes de la llegada del pontífice a la ciudad de peregrinación.

La Iglesia en Francia afronta desde hace años denuncias de agresiones sexuales cometidas en su seno. Un informe encargado en 2021 por obispos y monjas estimó que hasta 330.000 menores pudieron haber sido víctimas desde 1950. El entonces papa Francisco expresó su “inmenso dolor” ante esas conclusiones e instó a la institución francesa a “emprender un camino de redención”. Las denuncias también alcanzaron al difunto abate Pierre, conocido por su lucha contra la exclusión, y a colegios católicos.

El lunes, León XIV cerrará su viaje en Metz, ciudad del noreste de Francia disputada con Alemania durante las dos guerras mundiales. Allí pronunciará un discurso sobre la paz y la Unión Europea ante mandatarios del bloque.

Con información de AFP

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) ha sido esta semana el ganador de las elecciones de Marruecos y, cuando Mohamed VI anuncie la figura elegida, será por ello la formación de la que forme parte el jefe de Gobierno. Pero hace tres años, ocupaba titulares por un motivo muy distinto: dos políticos de su cúpula fueron detenidos por su vínculo con el caso de narcotráfico del ‘Escobar del Sáhara’. Otros partidos lo han empleado como arma política, llegando incluso a reprochar a Fouzi Lekjaa, el principal favorito a primer ministro, que se uniese a la formación.

El Tribunal de Apelación de Casablanca dictó el pasado mes de junio condenas de 12 y 10 años de prisión contra los exdiputados marroquíes Abdenbi Bioui y Said Naciri, respectivamente, según informaron EFE y medios locales. Ambos pertenecían al PAM. Naciri fue integrante de la coalición de Gobierno y presidió el club Wydad de Casablanca. Bioui, también exparlamentario del PAM, desarrolló actividades en el sector de la construcción y ocupó la presidencia del Consejo de la Región Oriental de Marruecos.

En 2019, Marruecos detuvo a un ciudadano de Mali por narcotráfico. Haj Ahmed Ben Brahim, apodado “el Pablo Escobar del Sáhara”, consolidó una red de tráfico de drogas. Como explican Raquel Barras y David García en un estudio de la Universidad Complutense, en las últimas dos décadas las rutas de entrada de droga a Europa han cambiado. El conocido como ‘Paralelo 10′ se ha convertido en una puerta fundamental. Se trata del recorrido que hacen las mafias de estupefacientes desde países latinoamericanos, como Colombia o Brasil, hacia el Sahel. Organismos africanos de esta región, en ocasiones relacionados con la financiación del terrorismo, transportan la mercancía hacia el norte del continente para hacerla llegar a Europa. Aquí es donde entra Ben Brahim, uno de los nombres principales de este método.

La investigación policial acorraló al “Pablo Escobar” en 2019. Según relatan medios como The New Arab, pasó por una cárcel de Mauritania por asuntos de drogas y, al obtener la libertad, voló a Casablanca, donde no esperaba ser detenido al aterrizar por una orden internacional de arresto de la Interpol. Desde entonces, cumple una pena de 10 años en Marruecos. Estando en prisión, quiso vengarse de los que veía como traidores que no frenaron la operación contra él ni le ayudaron. Por ello, como informó el semanario marroquí TelQuel, presentó en 2021 varias denuncias contra personalidades marroquíes, a quienes acusó de apropiarse de bienes de su propiedad y de mantener vínculos con actividades de narcotráfico. Entre ellas se encontraban Abdenbi Bioui y Said Naciri.

Según señalaron agencias como EFE, citando fuentes judiciales, los exdiputados fueron piezas clave en la red de narcotráfico. El tribunal de Casablanca determinó que Bioui, expresidente de la región Oriental, utilizó su empresa constructora para facilitar la logística. Por su parte, Naciri, expresidente del club Wydad, aprovechó sus conexiones institucionales para el blanqueo de dinero, la protección de bienes ilícitos y la falsificación de documentos. Su silencio tras la detención del cerebro de la operación les costó la venganza posterior.

Tras la investigación, el PAM informó que suspendía el papel de ambos dentro de la formación. En un comunicado, la directiva reiteró “la gran confianza del partido en la independencia del poder judicial y su compromiso de brindar todas las garantías legales”. A su vez, la organización rechazó el uso del caso para perjudicar a sus integrantes y anunció “procedimientos legales y judiciales contra quienes intenten dañar la reputación del partido” mediante campañas de difamación, asegurando que esto no frenaría la defensa de sus valores ni su labor política. Dos años después, este 2026, la Justicia los condenó a penas de cárcel. Su partido, con ellos ya fuera de escena, ha ganado las elecciones.

Acusación de un rival político contra el PAM

Abdelilah Benkirane, líder del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) de Marruecos y primer ministro hace una década, lanzó duras acusaciones contra el PAM hace un mes, cuando arrancaba la campaña para estas elecciones. Lo calificó de “partido corrupto” durante una intervención en la que cuestionó la trayectoria de esa fuerza política y de algunos de sus dirigentes. “Sea quien sea el jefe de Gobierno, quien quiera que sea, el problema es Autenticidad y Modernidad”, afirmó Benkirane. “Basta con ver quién está en la cárcel, quién está acusado de narcotráfico”, dijo el ex primer ministro.

El ex jefe de Gobierno también apuntó contra los cambios en la conducción del PAM. “Vean también cuántos secretarios generales ha tenido Autenticidad y Modernidad. Yo ni siquiera puedo enumerarlos a todos”, dijo. Para Benkirane, esa situación refleja un problema estructural dentro del partido: “Eso significa que es ingobernable, que no se puede gestionar”. Después, añadió que los líderes de la formación persiguen intereses personales, “porque todos los que están allí quieren beneficiarse, quieren enriquecerse, quieren acumular”. Durante sus mítines, Benkirane arremetió contra Fouzi Lekjaa, ministro de Presupuesto antes de ser la cara visible del partido, reprochándole haberse unido a un partido “que reúne a corruptos”.

Tres días después de las elecciones legislativas marroquíes, en medio de la resaca de la victoria del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), la Fiscalía abrió una investigación por un posible caso de escándalo electoral en un colegio de Tánger. La agencia oficial MAP informó de la detención de un hombre que llevaba una bolsa con papeletas de votación dentro de la escuela Al Qods, habilitada como centro de votación.

El incidente estalló tras la difusión de un vídeo en redes sociales. La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tánger ordenó abrir diligencias para esclarecer el origen de los documentos electorales, las circunstancias en las que llegaron al recinto y las eventuales responsabilidades penales. El fiscal decidió que el sospechoso permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. Desde entonces, cinco personas han sido arrestadas en relación con los hechos, según la información difundida por medios marroquíes.

Este sábado, el diario oficialista marroquí Le360 confirmó una información adelantada en España por The Objective sobre la posible implicación del alcalde de Tánger y dirigente del PAM, Mounir Laymouri. La Justicia ha emitido una orden nacional de búsqueda contra él para interrogarle por lo sucedido y confrontar su versión con la de uno de los detenidos. Laymouri, además de pertenecer al PAM, habría tenido responsabilidades en la campaña electoral de la formación. Según el medio marroquí, uno de los investigados mencionó al alcalde durante su declaración ante los investigadores. Esa referencia llevó a agentes de la Policía Judicial a acudir al domicilio del regidor para localizarlo y organizar un careo con el sospechoso, también vinculado al mismo partido.

Los agentes no lograron contactar con Laymouri por teléfono ni localizarlo en su vivienda. Las autoridades comprobaron después que el alcalde había abandonado Marruecos el jueves por la noche con destino a España. La orden de búsqueda se mantiene mientras la investigación trata de determinar su relación con los documentos electorales irregulares hallados en la escuela Al Qods. Por el momento, España no se ha pronunciado y se desconoce dónde se puede encontrar en estos momentos.

Victoria del PAM en las elecciones

La victoria del PAM con 97 escaños abre un nuevo escenario en Marruecos, donde Mohamed VI tendrá que elegir a uno de sus miembros como jefe de Gobierno. En lo referente a España, supondrá otro panorama en dos principales asuntos sensibles: la reivindicación de Ceuta y Melilla y la organización del Mundial de 2030. El PAM mantiene la posición oficial marroquí sobre las dos ciudades autónomas, aunque suele emplear un tono más diplomático que otras fuerzas. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, miembro del partido, aseguró recientemente que la autonomía marroquí sobre ambas “está sobre la mesa” y defendió una solución mediante el diálogo.

La formación tiene además vínculos estrechos con el entorno de la Corona. Fue fundada en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo de infancia de Mohamed VI y actual asesor del Gabinete Real. La designación del próximo jefe de Gobierno también puede influir en la disputa por la final del Mundial 2030. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, figura entre los favoritos a ser Primer Ministro y defiende que el partido decisivo se juegue en Marruecos. La FIFA aún no ha anunciado la sede. Por el momento, se desconoce si el supuesto escándalo de votos puede provocar un giro de última hora.

Marruecos y Rusia han reafirmado su voluntad de profundizar su asociación estratégica durante una reunión celebrada el 25 de septiembre en Nueva York entre los ministros de Exteriores de ambos países, Nasser Bourita y Serguéi Lavrov. El encuentro se produjo dentro de la Semana de Alto Nivel de la ONU. Según el comunicado sobre la reunión, los dos responsables diplomáticos analizaron las prioridades para reforzar las relaciones entre ambos países. También abordaron la coordinación de sus posiciones ante asuntos regionales como la cuestión del Sáhara Occidental.

La cita ha tenido lugar 10 años después de la visita oficial del rey Mohamed VI a Rusia, celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2016 por invitación del presidente ruso, Vladímir Putin. Aquel viaje derivó en la firma de una declaración para profundizar la asociación estratégica que ambos Estados habían establecido en 2002. El documento de 2016 calificó aquella visita como un paso en el fortalecimiento de la “larga amistad” y la cooperación bilateral. Moscú y Rabat mejoran ahora sus relaciones sin que los vínculos marroquíes con Estados Unidos.

Importancia del Sáhara Occidental en la reunión

La reunión de Nueva York recuperó uno de los asuntos que ya figuraban en el documento de 2016, el Sáhara Occidental. Lavrov y Bourita reafirmaron su compromiso con una coordinación de política exterior que favorezca la resolución de los conflictos regionales por medios políticos y diplomáticos, conforme a los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La última resolución de la ONU, la 2797, establece el plan marroquí como “base de las negociaciones”.

Hace una década, Rusia expresó su apoyo a los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU y del entonces enviado personal del secretario general para alcanzar una solución política mutuamente aceptable. El documento señalaba que Moscú tenía en cuenta la posición de Marruecos y rechazaba cualquier intento de acelerar el proceso político o modificar los parámetros fijados por las resoluciones del Consejo de Seguridad.

La declaración de 2016 incluía también referencias a Siria, Libia, Yemen, Palestina, Oriente Medio y el Sahel. Rusia y Marruecos defendían entonces la solución política de las crisis, el respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y el papel central de Naciones Unidas. En Nueva York, los ministros volvieron a situar esos principios como base de su diálogo. El comunicado no detalló nuevos acuerdos ni proyectos concretos tras la reunión, pero confirmó que ambas partes pretenden mantener la coordinación en este asunto.

Acuerdos firmados en 2016

La asociación estratégica reforzada fijó una agenda de cooperación que abarcaba la economía, el comercio, la inversión, la agricultura, la pesca, la energía, el turismo, la tecnología y las infraestructuras de transporte. En el ámbito agrícola, el acuerdo contemplaba simplificar trámites aduaneros mediante un “corredor verde” y crear empresas conjuntas vinculadas a la pesca marina. En energía, las dos partes expresaron su intención de ampliar su colaboración en el suministro de gas natural licuado, las infraestructuras gasistas o la construcción y explotación de instalaciones.

El texto también citó proyectos relacionados con el uso civil de la tecnología nuclear, la aviación, la navegación por satélite, los productos farmacéuticos, los equipos médicos y la industria química. Además, recogió el compromiso de impulsar intercambios educativos y culturales, fortalecer los contactos entre administraciones locales y desarrollar la cooperación en el ámbito religioso. Una década después reafirman todos estos acuerdos.

La primera parada del viaje ha tenido como escenario el Palacio del Elíseo, donde el papa enfocó su discurso en los riesgos de la tecnología sin control moral, en un momento en el que crece el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la necesidad de regular su desarrollo. “Si hemos de evitar perder nuestra humanidad en medio de un paraíso de las máquinas que invade y condiciona nuestra vida cotidiana, existe una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético”, afirmó el papa, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

No es la primera vez que el pontífice se enfoca en este tema. Ya había dedicado en mayo su primera encíclica, Magnifica Humanitas, a la inteligencia artificial, que pidió “desarmar” para “impedirle el dominio sobre lo humano”.

Macron coincidió con la visión del papa y, en su propio discurso en el Elíseo, defendió la creación de una organización internacional que regule los modelos más avanzados de esta tecnología. “La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo. La revolución digital debe impulsar y no encadenar”, sostuvo el mandatario francés.

Críticas a la eutanasia y la gestación subrogada

El pontífice también dirigió su discurso contra prácticas que considera desviaciones científicas sin control ético. Así, condenó “las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos” y “la oferta de una muerte programada”, en referencia a la eutanasia. “La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano”, sentenció. El cuestionamiento llega después de que Francia aprobara en julio el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos, tras haber sido el primer país en inscribir el derecho al aborto en su Constitución.

Además, el papa pidió a Francia sostener un rol activo en la escena internacional. “Ante los rumores de guerra y las diversas crisis que afligen a nuestro mundo, Francia está llamada a seguir siendo una infatigable defensora de la paz y del multilateralismo, particularmente dentro de nuestra querida Europa”, expresó León XIV.

Tras el Elíseo, el papa visitó la sede de la Unesco, cuya titular lo definió como un “socio indispensable” en el debate sobre inteligencia artificial. Después recorrió 2,5 kilómetros en su papamóvil hasta la catedral de Notre Dame, donde se convirtió en el primer papa en inspeccionar las obras de renovación tras el incendio de 2019. La jornada del viernes cerrará con una vigilia en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, con la asistencia prevista de 80.000 jóvenes de entre 17 y 35 años.

El viaje de León XIV se produce en momentos en que solo alrededor del 5% de los 69 millones de residentes de Francia acude regularmente a misa, de acuerdo con una encuesta del año pasado. Pese a esa caída, los bautismos de adolescentes y adultos crecen desde hace cinco años. El papa visitará París, Lourdes y Metz.

Marruecos tiene un ganador. Como era de esperar, el PAM (Partido de la Autenticidad y Modernidad) ha logrado el máximo número de escaños en unos repartidos comicios. Así lo ha anunciado Abdelouafi Laftit, ministro del Interior, al hacer públicos los resultados provisionales. En las próximas horas o días, Mohamed VI nombrará el jefe de Gobierno, que tendrá que ser un miembro de este partido. Todas las miradas están sobre Fouzi Lekjaa, el presidente de la federación de fútbol.

Hay un dato que resulta tan importante como el hecho de cómo se han resuelto las votaciones: la escasa participación del 38,08% de la población. Por tanto, seis de cada 10 marroquíes no han acudido a las urnas. Este porcentaje supone una preocupante caída desde los comicios de 2021, cuando votó en torno a la mitad de la población con derecho. Hacía casi dos décadas que no se registraba una cifra tan baja. El enfado social, especialmente intenso entre los jóvenes, adelantaba que este escenario era muy probable.

Marruecos reparte sus escaños

El PAM ha ganado las elecciones legislativas para la Cámara de Representantes con 97 escaños, según los resultados provisionales difundidos por el ministro del Interior. La mayoría absoluta queda muy lejos, al elevarse hasta lo 198 escaños. Esta formación se considera liberal y modernizadora, con posiciones políticas que combinan elementos liberales, conservadores y de carácter nacionalista marroquí. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ha gobernado la última legislatura, quedó en segunda posición, con 66 diputados, seguida por el Partido Istiqlal obtuvo 65. El Partido Justicia y Desarrollo (PJD) logró 54 escaños.

A continuación se situaron el Movimiento Popular, con 29 representantes; la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26; el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), con 19, y la Unión Constitucional (UC), con 17. El Movimiento Democrático y Social (MDS) y la Alianza de la Izquierda obtuvieron ocho escaños cada uno. El Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) y el Partido de la Equidad lograron dos representantes, mientras que el Partido Nuevo Demócrata (PND) y el Partido Unidad y Democracia (PUD) consiguieron un escaño cada uno.

Descontento social que lleva a no votar

Al dirigirse a los marroquíes, Abdelouafi Laftit ha confirmado la participación de un 38% de la población. Las elecciones se han celebrado dentro de un clima de evidente malestar social, especialmente entre los jóvenes. La baja inscripción en el censo limita el alcance representativo de los resultados. En 2021, alrededor de 2,8 millones de ciudadanos de entre 18 y 24 años no figuraban como electores y al menos siete millones de personas en edad de votar permanecían fuera del registro. A falta de números oficiales, los resultados de 2026 adelantan cifras más abrumadoras.

Parte de ese descontento se articula en torno a Gen Z 212, una red coordinada principalmente a través de Discord, que ha promovido protestas por el paro, el coste de vida y las carencias en sanidad y educación. La frustración también se refleja en la presión migratoria hacia Ceuta, que para muchos jóvenes aparece como una salida ante la falta de oportunidades. Todo este contexto ya apuntaba a una realidad que se ha materializado con los recuentos. El 60% de los marroquíes no quieren saber nada de políticos, elecciones y votación.

Desde hace meses, palabras como ‘rearme’ o ‘escalada’ se leen habitualmente en la prensa cuando se refieren a la guerra de Rusia y Ucrania o a su posible extensión a otros países de Europa. Las últimas semanas se han empleado con argumento: Suecia y Alemania han realizado ejercicios en el Báltico, cazas españoles han vigilado aviones rusos sobre este mar, mientras un misil del Kremlin impactó a dos kilómetros de la frontera de Polonia, a lo que han respondido reforzándose militarmente. Donald Tusk, primer ministro polaco, aseguró en su Parlamento que “el plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania”. La misma advertencia que está utilizando el presidente francés, Emmanuel Macron, la última semana.

El Instituto de Estudios de Guerra (ISW), un organismo estadounidense que elabora informes y estudios de conflictos, ha tratado de exponer cómo sería una ofensiva rusa sobre un país de la Unión Europea (UE). Concretamente, el supuesto objetivo sería Estonia. A través de mapas, textos e ilustraciones, ha explicado las principales zonas sensibles o cuál sería el alcance que podría tener el Kremlin. El instituto aclara que “una invasión rusa a gran escala de un estado de la OTAN es extremadamente improbable”, pero advierte que esta “no es la única opción de Putin para escalar convencionalmente”.

Según expone el think tank, Rusia “podría llevar a cabo operaciones terrestres limitadas utilizando drones de alcance táctico y operativo contra uno o más estados de la OTAN, no con el propósito de conquistarlos o apoderarse de territorio, sino con el objetivo de romper la Alianza”. Los ataques híbridos son una realidad y tienen este mismo objetivo. Injerencias rusas como el sabotaje al aeropuerto de Leipzig (Alemania les acusó directamente) buscan desestabilizar desde dentro, pero, por el momento, Rusia no se ha atrevido a hacerlo a través de las armas.

Así sería la incursión del Kremlin en Estonia

El ISW plantea un escenario hipotético en el que Rusia podría lanzar una incursión limitada en Narva, ciudad estonia situada en la frontera oriental de Europa. El análisis pretende examinar cómo podría desarrollarse un ataque de baja escala, qué efectos políticos buscaría Moscú y cuáles serían las dificultades para responder con rapidez. La hipótesis arranca con el complejo escenario que vive esta ciudad. Está habitada mayoritariamente por rusohablantes y, desde hace meses, vive una intensa campaña de propaganda por parte de canales rusos en redes sociales. Como avisó en su momento el portal Propastop, desde principios de marzo se han difundido mensajes que muestran mapas y símbolos separatistas y que llaman a realizar sabotajes y protestas.

El supuesto plan comenzaría con agentes rusos ya presentes en Narva ocupando edificios públicos, zonas cercanas al puente fronterizo y el paseo ribereño, mientras expanden la idea de “opresión” sobre los rusos. Concretamente, el ISW apunta al Museo de Narva y al Ayuntamiento. Tras esto, proclamarían una supuesta “República Popular de Narva” y solicitarían protección a Moscú bajo el argumento de que la población rusa de Estonia sufre una persecución. El Kremlin negaría una invasión directa y alegaría que actúa para defender a ciudadanos rusos. “La situación en Narva es un asunto interno”, sería uno de los ejes de esa narrativa, según el estudio.

Entonces, Rusia apoyaría a los grupos armados con drones de visión en primera persona (FPV), municiones merodeadoras y aparatos de largo alcance desplegados desde su propio territorio, con capacidades de hasta 60 kilómetros de distancia. Para ello, también podrían activar estaciones repetidoras en el Báltico. El propósito sería dificultar el avance de fuerzas estonias hacia la ciudad, situada a unos 40 kilómetros de la base militar de Jõhvi. El informe considera que Moscú buscaría evitar un despliegue terrestre amplio, que podría restar recursos a la guerra en Ucrania y provocar una respuesta militar más contundente de la OTAN. Las ilustraciones del estudio, que abren este artículo, reflejan cómo se daría este despliegue de drones y sus alcances.

Entre los posibles objetivos rusos, el ISW menciona la intención de crear una crisis que cuestione la aplicación del Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva. También apunta a “fracturar la alianza” entre Estados Unidos, Europa y los países bálticos, además de desviar recursos que estén destinados a Ucrania. El documento advierte que una ofensiva limitada podría generar dudas políticas sobre cómo debe ser la respuesta contra Rusia. Otro efecto podría ser aumentar el apoyo en Europa a los partidos euroescépticos y hostiles a la OTAN.

Marruecos vive días intensos. Sus elecciones durante este miércoles y la amenaza de una nueva entrada masiva en Ceuta para la que, según el ministro español Albares, se han preparado policialmente. Horas antes, su ministro de Exteriores, Nasser Bourita, se ha encargado de dar el discurso en el debate de la Asamblea General de la ONU. El interés principal en España era observar si se producía una mención a la crisis de Ceuta, pero no se ha dado. El Sáhara Occidental, el cambio climático o la lucha contra los grupos armados han protagonizado sus palabras.

Mientras Bourita estaba en la Sala Verde, Pedro Sánchez concedió una entrevista a la CNN que ha dejado un importante titular. El presidente del Gobierno ha mencionado por primera vez que han exigido “respuestas” a Rabat por su “fallo en el control fronterizo”. Hasta el momento, el Ejecutivo español había mantenido una postura de socio que no quiere señalar a su país vecino. Sí que afirmó en el Congreso hace 20 días que había que repensar la estrategia, pero no como una responsabilidad única de Marruecos. Por el momento no se ha producido respuesta desde el gobierno marroquí, que tiene la mirada en las urnas que decidirán sus nuevos integrantes.

Defiende su soberanía del Sáhara Occidental

Bourita ha presentado el conflicto del Sáhara como una cuestión encaminada hacia una resolución bajo soberanía marroquí como única salida. En paralelo, reclamó sanciones contra los Estados que, según afirmó, financian, protegen o arman a organizaciones no estatales implicadas en conflictos. No menciona en ningún momento al Frente Polisario, presente en la Asamblea General como legítimo representante saharaui, pero, desde hace años, lo considera un grupo terrorista y acusa a Argelia de estar detrás. De hecho, Bourita sí que ha hecho referencia a los campamentos de Tinduf, Argelia, donde residen miles de saharauis. “No se puede permitir que se use a la población de los campamentos como rehenes desde hace décadas”, ha asegurado.

El titular de Exteriores marroquí ha señalado que la cuestión del Sáhara Occidental atraviesa, a su juicio, un “punto de inflexión histórico”. En ese apartado, mencionó la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, cuya adopción situó en octubre, y sostuvo que el marco de la autonomía bajo soberanía de Marruecos constituye la base para cerrar el conflicto. “No hay solución fuera de este marco”, ha concluido Bourita ante la Asamblea General. Bourita defendió el dominio marroquí con los proyectos de desarrollo en el territorio, en áreas como infraestructuras, educación superior, sanidad y aeropuertos. También indicó que los habitantes de esos territorios participarían al día siguiente en las elecciones legislativas de Marruecos.

Medidas contra los “grupos armados no estatales”

El ministro ha situado la lucha contra los “grupos armados no estatales” entre los tres asuntos que, según dijo, requieren una atención prioritaria de la comunidad internacional. Los otros dos fueron el cambio climático y los desafíos regionales en Oriente Medio y África. Bourita ha sostenido que estas organizaciones han incrementado su capacidad para amenazar la seguridad de los Estados, controlar corredores marítimos y atacar instalaciones en distintos países. Según ha afirmado, más de 200 millones de personas viven en áreas controladas o disputadas por grupos armados, mientras que más de 130 organizaciones han sido clasificadas como partes en conflictos. El jefe de la diplomacia marroquí ha relacionado a esos grupos con “milicias separatistas”, organizaciones terroristas, redes criminales y mercenarios. “Hay que encarar a estos grupos con firmeza”, ha sentenciado.

Sobre el cambio climático, Bourita ha señalado que Marruecos se ha fijado el objetivo de reducir hasta un 53 % sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2026 y 2035. También ha defendido las inversiones en presas, desalación, reutilización de aguas residuales y gestión hídrica para afrontar la escasez de agua. En materia internacional, ha reiterado el respaldo marroquí a un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital y ha pedido respetar el alto el fuego en Gaza y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, lo que choca con sus acuerdos habituales con Israel en materia de defensa.

Llegó el momento de que los marroquíes acudan a las urnas. Tras una corta campaña con decenas de partidos, varios de ellos afrontan una carrera final para conocer de qué formación saldrá el nuevo jefe de Gobierno. Mohamed VI elige a dedo dentro del partido ganador la figura que liderará el nuevo ejecutivo. Además, tiene poder absoluto para escoger a los ministros de Interior, Defensa, Exterior y Asuntos Religiosos. Los comicios, por tanto, sirven para establecer el partido del primer ministro y el reparto del Parlamento. En esta ocasión, el voto joven puede ser crucial.

Hay que partir de una realidad electoral muy distinta a la de España. El censo registrado para votar es muy inferior a las personas en edad de ejercer el derecho. Es decir, una enorme cantidad de marroquíes no votan, especialmente entre los jóvenes. No obstante, son precisamente los debutantes en unas elecciones los que más interés por un cambio político han manifestado. Desde hace meses, el movimiento conocido como Gen Z 212 ha organizado manifestaciones y protestas contra la situación laboral, económica y social del país. Se trata de un grupo coordinado a través de redes sociales, principalmente Discord, y que representa a los nacidos en la generación Z.

A un contexto de enfado social cada vez más extendido se añade la cuestión migratoria. La entrada masiva en Ceuta del 30 de julio demostró que miles de marroquíes sueñan con abandonar su país, aunque suponga poner en peligro sus propias vidas. En un día, aunque no todos fuesen de Marruecos, entraron en España 80.000 personas. De hecho, para el mismo día de las elecciones, este 23 de septiembre, está prevista una nueva convocatoria para cruzar a la ciudad autónoma. Según el ministro Albares, Marruecos “tomará las medidas necesarias” para evitar que vuelva a suceder.

Falta de participación y el enfado social

En 2021, los observadores del Consejo de Europa alertaron sobre la baja inscripción electoral entre los jóvenes marroquíes. Unos 2,8 millones de personas de entre 18 y 24 años no figuraban en el censo. En total, al menos 7 millones de ciudadanos en edad de votar no estaban registrados. De hecho, señalaron que votó en torno a la mitad de la población que podía hacerlo. Esta participación tan baja dificulta que el resultado refleje los problemas del país. Además, los jóvenes han sido los encargados de denunciarlos en los últimos meses pero muchos no acudirán a los colegios electorales.

Esto responde, en parte, a la gran cantidad de jóvenes que no votan porque se encuentran viviendo en las calles o malos entornos o porque tienen una situación muy alejada de la inscripción en un censo. Pero para encontrar motivos que les hagan decidir no ir a votar, basta con leer el grupo de Discord que coordina sus protestas. Algunos usuarios aseguraban los días previos a las elecciones que “es una pérdida de tiempo” y que ningún partido lo va a cambiar. “Todavía no he escuchado hablar a alguien que me haga pensar: este hombre es culto”. Otro joven lamenta que, mientras los partidos hacen campaña, las “calles se ensucian” y se producen “actos vandálicos”. Mientras uno reflexiona que solo con promesas de “dinero y comida” consiguen votos, en otros países “avanzan”. Finalmente, uno concluye que “no sirve de nada votar”.

El descontento es evidente y no solo en aplicaciones de mensajería. Estos grupos online no son más que coordinadores, donde de verdad se ve su impacto es en las calles. Hace casi un año, Marruecos vivió protestas juveniles contra el deterioro de la sanidad y la educación públicas. Las movilizaciones derivaron en disturbios y choques con las fuerzas de seguridad en ciudades. El detonante fue la muerte de ocho mujeres tras cesáreas en un hospital de Agadir. Los manifestantes cuestionaron la inversión para el Mundial de 2030 frente a las carencias de hospitales y escuelas. El movimiento exigió reformas, medidas contra la corrupción y garantías para la libertad de expresión.

Más reciente que aquellas protestas es el movimiento Haraga. Bajo este lema, que significa “los que queman”, en referencia a deshacerse de los documentos o a “quemar (cruzar) la frontera”, miles de jóvenes se lanzaron por vía terrestre y marítima hacia Ceuta. Ante la difusión del falso mensaje sobre que la frontera estaba abierta y que recibirían visados en España, miles de marroquíes preferían probar suerte en las calles de Ceuta antes que seguir con su vida en Marruecos.

Pedro Sánchez llega a Nueva York varios temas en el punto de mira. El control de la IA frente a los tecnoligarcas, la defensa de su sistema económico o el migratorio y la defensa del multilateralismo son sus principales balas. Tras aterrizar en Estados Unidos, los primeros encuentros según su agenda han sido la reunión con Antonio Guterres, secretario general de la ONU que afronta el final de su mandato, y una reunión precisamente en apoyo a las relaciones multilaterales.

El presidente del Gobierno ha iniciado a su participación en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas con una intervención en el Evento Partners for Multilateralism (P4M), organizado por el presidente del Consejo Europeo junto a los líderes de Canadá y de Kenia. Habitualmente al debate de la Asamblea General de la ONU, cuyo objetivo teórico es poner en común y buscar soluciones diplomáticas con todos los países, le rodean otra serie de eventos que marcan alianzas y movimientos geopolíticos.

No es casualidad que el líder canadiense, que ha firmado recientemente un acuerdo de alianza con la Unión Europea frente a su guerra comercial con EEUU, convoque a otros jefes de Estado a un encuentro por el multilateralismo. Además, Sánchez recibió una invitación de Trump para asistir a la recepción anual que se celebra durante la Semana de Alto Nivel. Sin embargo, fuentes de su Gobierno indicaron que no acudirá por motivos de agenda, como ya ocurrió en la pasada edición.

Sánchez ha dado un discurso centrado en la unión ante lo que considera que son intentos por desmantelar el orden basado en reglas. El presidente ha afirmado que, con frecuencia, se crean “coaliciones de países afines” que avanzan en círculos reducidos para buscar soluciones a problemas urgentes, sin contar con la mayoría de actores. “La respuesta a un mundo fragmentado no puede ser más fragmentación” porque la paz, ha dicho, “no nace de estrechar el círculo de la confianza, sino de ampliarlo”. En su intervención, también ha puesto en valor que “España mantiene un firme compromiso con el multilateralismo” mediante su rechazo a las guerras y la apuesta por la diplomacia,

Sánchez ha mostrado su respaldo a unas instituciones multilaterales “más inclusivas y más legítimas”, que den voz “a quienes han sido históricamente relegados”. Y, dentro de esta defensa de los organismos internacionales, en su otro evento del día ha puesto en valor el trabajo de Antonio Guterres. Los dos líderes subrayaron la necesidad de preservar el papel central de Naciones Unidas como principal espacio de diálogo, cooperación y búsqueda de soluciones compartidas ante los desafíos globales. También coincidieron en la importancia de reforzar la cooperación internacional, en un contexto de polarización atravesado por las guerras en Ucrania, Gaza y Oriente Próximo.

Previsión del plan IA

El presidente presentó antes de partir hacia Estados Unidos en el Complejo de la Moncloa el Plan IA360, una hoja de ruta para los próximos 12 meses con medidas destinadas a impulsar la adopción de la inteligencia artificial en España. La iniciativa incluye acciones sobre desarrollo tecnológico, formación, gobernanza y empleo. Según explicó el Ejecutivo, el plan busca que la incorporación de esta tecnología contribuya a la actividad económica y a la capacitación de profesionales, con medidas orientadas a reforzar la seguridad, la confianza de los usuarios y la protección de colectivos vulnerables, en particular los menores.

Advirtió sobre los riesgos de una expansión de la inteligencia artificial sin controles públicos y con una alta concentración empresarial y geográfica. “Afrontamos un serio problema sobre cómo vamos a vivir y a convivir” con esta tecnología, afirmó. El presidente sostuvo que la autorregulación de las compañías no ofrece garantías suficientes. “Si hay algo que la historia demuestra es que la autorregulación no funciona y que los incentivos de unos pocos que controlan estas industrias punteras nunca van a estar alineados con el interés general”, señaló. Sánchez pidió “actuar con urgencia” ante lo que definió como una posible “IA desregulada, opaca, en estampida y en manos de unos pocos”. También alertó de que su concentración “en unas cuantas compañías y un puñado de países” podría afectar a la democracia.

Mientras el Gobierno español y la Comisión Europea tratan de separar la avalancha migratoria en Ceuta de las relaciones diplomáticas con Marruecos, el Parlamento Europeo ha decidido elevar el tono contra Rabat y amenaza con congelar acuerdos que ya entran en su fase final. La resolución que salió adelante en Estrasburgo el pasado jueves calificó los hechos del 30 y 31 de julio como “una invasión” y planteó la responsabilidad de Marruecos.

Y aunque el texto no tenía efectos más allá del plano político (ni comerciales ni diplomáticos), una posición más crítica de los eurodiputados hacia Marruecos compromete la reforma del tratado comercial entre la UE y Marruecos, el acuerdo que la Comisión Europea y los Veintisiete firmaron en 2025 y que queda pendiente de ser ratificado por el Parlamento Europeo.

La reforma incluye el comercio con los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí a través de dos disposiciones. La primera incluye la preferencia arancelaria para las frutas y hortalizas originarias de la antigua colonia española; y la segunda incorpora un mecanismo de etiquetado que no distingue a los productos saharauis de los originarios marroquíes.

También propone un intercambio de información anual en el Comité de Asociación, un órgano encargado de vigilar la aplicación del pacto, para evaluar cómo llegan a la población saharaui los beneficios atribuidos a la relación comercial y pesquera. Según datos de la Comisión Europea, las importaciones de la UE desde Marruecos superaron el año pasado los 5.200 millones de euros anuales, mientras que las exportaciones comunitarias hacia el país magrebí rondan los 3.800 millones de euros.

La Eurocámara tiene la última palabra, con un PPE enfurecido

En los últimos años, Marruecos se ha labrado la posición de socio prioritario para la Unión Europea en materia comercial, de lucha contra el terrorismo y control migratorio. El acuerdo llegó fruto de un constante —y muy discreto— intercambio de cartas entre las autoridades comunitarias y la monarquía alauí, sobre todo a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estableció que el consentimiento del pueblo saharaui sobre un acuerdo comercial no siempre debía expresarse de forma directa.

La Comisión y los Estados miembros dieron luz verde al acuerdo y desde entonces se encuentra en funcionamiento provisional, ya que para su implementación definitiva debe ser ratificado por la Eurocámara. Y en estos momentos, tras el estallido de la crisis de Ceuta, la votación se prevé muy ajustada, y seguramente fracasaría en caso de producirse hoy.

Especialmente, sabiendo que el Partido Popular Europeo (PPE), la primera familia política de la UE, ya ha superado el tabú de sumar mayorías alternativas con la extrema derecha europea, y que la delegación española, encabezada por la eurodiputada Dolors Montserrat, presiona para que Marruecos rinda cuentas por “acción u omisión” durante la avalancha migratoria.

El PP evita hablar de una ruptura de los acuerdos comerciales, pero entre líneas viene implícito que la formación no está dispuesta a avanzar en esta relación a sabiendas de que la opinión pública mira con especial atención todo lo que atañe a la monarquía de Mohamed VI. Desde el lado de los socialistas, el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, el alemán Bernd Lange, también criticó duramente el oscurantismo en las negociaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen y su decisión de aplicar el tratado a la espera de un pronunciamiento de la justicia europea.

A todo esto se le suma la presión de las organizaciones de agricultores europeos, que ya han criticado enérgicamente el acuerdo por “socavar la equidad del mercado”, normalizar la administración marroquí sobre el territorio y facilitar la explotación de sus recursos. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), consideran que esta medida prioriza la estabilidad diplomática con Rabat a costa de la supervivencia de las explotaciones familiares españolas.

El Boeing 787-9 de Vietnam Airlines que el 15 de agosto cubría la ruta entre Múnich y Hanói levantó vuelo con apenas 91 metros de pista por delante, después de que su velocidad descendiera dos veces durante la carrera de despegue. El avión regresó al aeropuerto alemán casi dos horas más tarde, con daños en la parte inferior trasera del fuselaje y cuatro neumáticos del tren principal inutilizados.

El episodio afectó al vuelo VN34, que transportaba a 271 pasajeros y 16 tripulantes. Todos aterrizaron sin lesiones, pero la secuencia abrió una investigación para determinar por qué el avión necesitó casi toda la pista 26L de Múnich, de unos 4.000 metros, antes de despegar.

La Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes Aéreos, conocida como Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), encabeza las pesquisas. El organismo deberá establecer si la situación se originó en un fallo técnico, un problema de frenado, un cálculo equivocado de rendimiento o algún otro factor de la operación.

Sin margen para abortar

La información preliminar de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam indica que el 787-9 sufrió una primera pérdida de aceleración cuando había recorrido aproximadamente la mitad de la pista. El descenso de velocidad duró cerca de dos segundos.

El avión recuperó después la aceleración y alcanzó V1, la velocidad de decisión que define el punto a partir del cual, salvo una emergencia grave, un despegue debe continuar. Ese parámetro se calcula antes de cada vuelo en función del peso de la aeronave, la configuración, la meteorología y las condiciones de la pista.

Poco después, los pilotos detectaron un segundo descenso de velocidad. Para entonces, según la reconstrucción inicial de las autoridades vietnamitas, ya no quedaba distancia suficiente para una interrupción segura de la maniobra. La tripulación llevó el empuje de los motores al máximo y mantuvo el despegue. El inicio de la rotación ocurrió a unos 91 metros del final de la pista, una distancia que refleja el escaso margen que tenía el aparato para levantar la nariz y abandonar el suelo.

Las imágenes grabadas desde el aeropuerto muestran que la aeronave siguió por la pista más allá del punto habitual de despegue. También se observa una nube de polvo detrás del avión, en la zona posterior a la superficie asfaltada. Durante la rotación, la sección trasera inferior del Boeing golpeó la superficie. Este contacto, denominado tail strike en la terminología aeronáutica, dejó marcas de rozamiento en el fuselaje y daños en el revestimiento exterior de la aeronave.

Los registros preliminares también señalaron indicios de una frenada iniciada a unos 200 metros del extremo de la pista. La investigación deberá precisar si esa acción formó parte de una respuesta de los pilotos ante las anomalías de velocidad, si obedeció a un problema técnico o si intervino otro elemento.

Un comandante con experiencia en el aeropuerto de Múnich explicó a Corriere della Sera que las comunicaciones entre los integrantes de la cabina serán una parte relevante de la investigación. “Hablamos de un aeropuerto con una pista larga; nunca es necesario utilizarla por completo”, afirmó.

Las hipótesis que analiza la investigación

Entre las hipótesis que deberán ser analizadas figura un posible error en la introducción del peso de la aeronave en el ordenador de a bordo. Ese dato determina, entre otros parámetros, las velocidades necesarias para despegar. Los dos pilotos realizan el cálculo de forma independiente y después comparan los resultados para detectar discrepancias.

Por ahora, ninguna autoridad ha atribuido oficialmente el incidente a una falla de los motores, los frenos, los sistemas de vuelo, la carga de datos operativos o la actuación de la tripulación.

Tras el despegue, el avión recibió avisos vinculados a un posible contacto del fuselaje con el suelo y a una baja presión en los neumáticos. La tripulación notificó la situación al control aéreo, interrumpió el trayecto hacia Hanói y decidió volver a Múnich. Como el aparato llevaba combustible para una ruta de larga distancia, permaneció en el aire cerca de dos horas para reducir su peso antes del aterrizaje. El Boeing realizó dos pasadas a baja altura, que permitieron observar desde tierra el estado del tren de aterrizaje.

Finalmente, aterrizó en la pista 26R. La inspección posterior detectó cuatro neumáticos dañados en el tren principal: tres del lado izquierdo y uno del derecho. También confirmó las marcas longitudinales en la parte inferior trasera del fuselaje.

El avión no pudo abandonar la pista por sus propios medios. El aeropuerto cerró temporalmente esa zona y derivó las operaciones a la otra pista mientras retiraban la aeronave. Vietnam Airlines sostuvo que sus pilotos “siguieron todos los procedimientos requeridos y aterrizaron sin incidentes en el aeropuerto de Múnich”. La compañía añadió que los pasajeros y los tripulantes se encontraban a salvo.

La BFU recuperó el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina. Ambos equipos fueron trasladados a Braunschweig, donde los investigadores revisarán variables como la aceleración, la velocidad indicada, el empuje de cada motor, la configuración del aparato, las alertas y cualquier actuación relacionada con el sistema de frenado.

Hace seis años, Estados Unidos anunció que impulsaba los Acuerdos de Abraham en el que distintos países árabes reconocían el Estado de Israel. Uno de ellos fue Marruecos que, a cambio, consiguió el respaldo en su autonomía sobre el Sáhara Occidental. Este miércoles, para conmemorar aquella firma, estos tres países se reunieron y confirmaron varios avances en su alianza, entre los que se encuentra la elevación de relaciones entre Marruecos e Israel a nivel de embajada.

El encuentro estuvo protagonizado por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y el representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. Los tres se reunieron bajo el marco de la declaración tripartita del 22 de diciembre de 2020. Así, en medio de acusaciones sobre Marruecos de su supuesta participación en la entrada masiva en Ceuta por gran parte de la clase política española, el régimen de Mohamed VI recuerda su fortalecimiento internacional.

El propio Waltz presentó la cita como una muestra de la continuidad de los Acuerdos de Abraham. “Los escépticos se equivocaron. Seis años después, han superado todas las pruebas y hoy en Nueva York lo demostramos otra vez”, sostuvo el diplomático estadounidense. Sa’ar señaló que el entendimiento busca llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa. “La amistad entre los pueblos marroquí y judío tiene raíces profundas en la historia y un rico legado”, afirmó el israelí. El documento fija una agenda que incluye seguridad, comercio, inversión o tecnología. También anunciaron que promoverán visitas de alto nivel durante los próximos meses.

Elevación de las relaciones Marruecos - Israel

Marruecos e Israel han decidido ofrecerse mutuamente embajadas de pleno derecho e intercambiar embajadores, lo que es el principal avance político de la declaración. Los confirmaron que adoptarán las medidas necesarias para concretar el cambio de estatus y proceder al intercambio de embajadores, aunque el texto no precisó un calendario para la apertura formal de las sedes.

Por otro lado, Marruecos e Israel trabajarán para restablecer los vuelos directos antes de fin de año, con conexiones operadas por aerolíneas de ambos países. También prevén cerrar antes de finales de 2026 un tratado de protección recíproca de inversiones y otro para evitar la doble imposición, buscando ampliar el comercio bilateral. Otros compromisos que incluyó la declaración es profundizar la cooperación en finanzas, innovación, desarrollo, seguridad alimentaria, energía, agua, agricultura y tecnología.

La agenda inmediata se concentrará en la vuelta de los vuelos, el proceso de apertura de embajadas y la negociación de los acuerdos económicos previstos para 2026. Israel quiso destacar la relación entre la monarquía marroquí y la comunidad judía de origen marroquí, presente en el país africano y en el exterior, en particular en Estados Unidos e Israel. Las partes presentaron esos vínculos históricos como uno de los fundamentos de la ampliación de las relaciones bilaterales.

El texto ratificó el respaldo de Washington y Jerusalén a la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Ambos gobiernos apoyaron el plan de autonomía de Rabat, que describieron como una propuesta “seria, creíble y realista” para resolver la disputa territorial. Los firmantes sostuvieron que una solución permitiría impulsar la estabilidad y la integración económica en África. La ONU, que celebra el debate anual de la Asamblea General la próxima semana, ya se alineó con esta propuesta como base de negociaciones.

Mike Waltz afirmó que el entendimiento confirma la vigencia de los Acuerdos de Abraham frente a los desafíos regionales. Gideon Sa’ar, por su parte, sostuvo que el pacto contiene medidas concretas para profundizar los vínculos y aseguró que las autoridades de ambos países buscarán ponerlas en práctica. Así, esta triple alianza continúa consolidándose en el panorama internacional.

El Partido Popular, de la mano de Vox, apunta al acuerdo de asociación de la UE con Marruecos como respuesta del bloque comunitario ante la avalancha migratoria en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, aunque eso ponga en jaque lazos empresariales que mueven 23.000 millones de euros al año. ¿El motivo? Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Santiago Abascal —que pertenece en la Eurocámara a la familia política Patriotas por Europa— acusan a Rabat de “promover una invasión” y de no querer colaborar en la estabilización de la crisis.

La última vez que oímos hablar de un acuerdo de asociación fue hace un año, cuando España y varios países presionaron a Bruselas para romper relaciones con Israel a raíz de sus bombardeos en la franja de Gaza, aludiendo a una vulneración del artículo 2 del acuerdo. Este tipo de acuerdos definen la base jurídica de las relaciones entre la UE y terceros países. El texto firmado con Marruecos es el Acuerdo Euromediterráneo, que data del año 2000.

La petición de revisión debe ser formalizada por la Alta Representante y, posteriormente, el Consejo (los Veintisiete) debe decidir por unanimidad si suspender o no el Acuerdo de Asociación. Esto, llevado a la práctica, es algo prácticamente imposible de llevar a cabo porque ni siquiera el propio Gobierno de España apoya esta opción. El Gobierno ha evitado referirse a la posible autoría, por acción u omisión, de Rabat e insiste en que su ayuda está siendo fundamental en la recepción de migrantes.

Marruecos, principal socio y cliente de la UE

Para entender la importancia de esta decisión, hay que recordar que la UE es el principal socio comercial y cliente de Marruecos: el intercambio de bienes en 2025 ascendió a los más de 65.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. La UE es también el mayor inversor extranjero en Marruecos. Sin ir más lejos, a través del BEI, anunció el pasado mes de julio una inversión de 365 millones de euros en Marruecos para reforzar la seguridad y la resiliencia de su red ferroviaria y sus autopistas, con el objetivo de mejorar la conectividad entre Europa y África e impulsar el desarrollo económico.

La propia presidenta del BEI definió entonces a Marruecos como un socio estratégico para la institución y aseguró que la asociación estaba entrando en “una nueva fase”. Dentro del marco financiero 2021-2027 y de la iniciativa Global Gateway, la Unión Europea prevé movilizar entre 8.100 y 8.400 millones de euros en Marruecos mediante subvenciones, préstamos e instrumentos financieros.

España es el país europeo con mayor relación comercial

El golpe económico resonaría con mayor fuerza en España, cuyo comercio bilateral es masivo comparado con otros socios: actualmente existen más de 1.000 empresas consolidadas (más de 350 empresas españolas instaladas en el país) y mueve un volumen comercial de 22.500 millones de euros (26.000 millones si se incluyen servicios), con un superávit para España de 3.000 millones de euros, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Comercio.

¿Qué exportamos más a Marruecos? Según los registros del Observatorio de Complejidad Económica, las mayores exportaciones españolas al mercado marroquí fueron petróleo refinado (1,42 millones de euros), piezas y accesorios para vehículos de motor (1,2 millones), motores de encendido por chispa (518 millones) y alambre de cobre (685 millones).

Un golpe a la industria automotriz y textil

La Cámara de Comercio de Ceuta ya ha cifrado en más de 33 millones de euros las pérdidas directas desde el inicio de la crisis y en plena temporada turística. En este contexto, una ruptura de los lazos comerciales afectaría a la cadena comercial y, por la parte española, conllevaría que las empresas con presencia en ese país enfrentasen mayores represalias o dificultades operativas.

Por ejemplo, las plantas españolas de automovilísticas europeas como Renault mantienen vínculos con los polos industriales de Tánger y Kenitra, donde también trabajan proveedores como Gestamp, Antolín, CIE Automotive y Ficosa. En este sentido, sus nueve centros de producción en territorio marroquí ensamblan cerca de 395.000 vehículos al año. La fábrica de Tánger produce modelos como el Dacia Sandero, superventas del mercado español, además del Jogger y la Renault Express.

Las exportaciones de vehículos fabricados en España hacia Marruecos crecieron cerca de un 30% el año pasado, alcanzando los 600 millones de euros, según un informe de ANFAC. Marruecos, por su parte, produce más de 700.000 vehículos anuales y destina el 90% al exterior, siendo España el destino de una quinta parte de esas exportaciones.

También pasaría factura a la industria textil. Empresas como la gigante Inditex tienen uno de los clústeres de producción y aprovisionamiento más importantes en Marruecos, concentrando más de 200 proveedores directos y cientos de fábricas asociadas. Otras, como El Corte Inglés y Mango, han externalizado gran parte de su producción a ciudades como Tánger. Para Marruecos, esta industria representa cerca del 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

La relación hispano-marroquí también incluye el gasoducto que cruza el Estrecho, las interconexiones eléctricas y de fibra óptica, y la red logística formada por los puertos de Algeciras y Tánger Med.

Primer examen a la respuesta europea

Antes de apretar el botón nuclear comercial, este jueves llegará la primera prueba para comprobar hasta qué punto está dispuesta la respuesta europea con una votación en la Eurocámara promovida por el PPE. Se trata de una resolución que reclama a Marruecos asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, además de subrayar que las reclamaciones de Ceuta y Melilla pronunciadas por varios ministros marroquíes no tienen cabida.

El resultado, más allá de su alcance, se trata de un gesto con un alto valor político. De hecho, el lobby marroquí en Bruselas ya ha desplegado toda su maquinaria para tratar de influir en la votación. Así lo expuso la diputada del PNV, Ohiane Agirregoitia, que confirmó la recepción de un email en el que Marruecos se comprometería a readmitir a los migrantes que cruzaron a Ceuta.

La última votación similar se remonta a 2021, cuando los eurodiputados votaron una resolución que responsabilizaba a Marruecos del asalto a la valla de Melilla. Cabe matizar que, a diferencia de la votación del jueves, el posicionamiento del Parlamento Europeo estaba respaldado por el Ejecutivo español.

El norte de África vive meses intensos. Marruecos afronta sus elecciones mientras las polémicas por la entrada masiva en Ceuta sigue acaparando titulares. A su lado, Argelia mueve fichas. En la última semana, ha llegado a acuerdos con Estados Unidos, Níger o Mali, mientras que ha anunciado su ruptura diplomática con Emiratos Árabes Unidos. En julio, un día después de la final del Mundial, Pedro Sánchez viajó a Argelia para reunirse con su presidente Tebboune. Según acordaron, el próximo mes de octubre se volverán a ver en Madrid, con muchos asuntos nuevos que tratar.

Argelia es uno de los principales exportadores de gas de todo el mundo, y ocupa la primera posición en el caso de importación en España. Precisamente este recurso económico es una de sus batallas abiertas con Marruecos. Ambos cuentan con proyectos de importantes gasoductos. Además, la inversión en defensa no hace más que crecer, superando el 8% del PIB y con intención de seguir aumentando el porcentaje.

Nueva relación con EEUU

Estados Unidos y Argelia avanzan en el refuerzo de su relación bilateral con una nueva ronda de contactos de alto nivel. El asesor principal del presidente Donald Trump para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, concluyó esta semana pasada su visita a Argel tras reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune, y otros miembros del Gobierno. Boulos destacó el carácter estratégico de la relación durante su encuentro con Tebboune y aseguró que Argelia es “un socio cercano”.

Los principales objetivos señalados, sin entrar en muchos detalles, son reforzar la seguridad regional y ampliar las oportunidades económicas entre ambos países, apuntando al sector de la energía. Estos encuentros han servido a EEUU para mantener una posición de alianza con las distintas potencias norteafricanas. En los últimos años ha apostado por establecer vínculos con Marruecos, con ejercicios militares o venta de armamento, pero no por ello han querido renunciar a relacionarse con Argelia.

Acuerdos en África y ruptura con EAU

Argelia ha realizado varios movimientos relevantes en África en las últimas semanas. Por un lado, ha estrechado lazos con Mali. Este lunes, el primer ministro, Sifi Ghrieb, aterrizó en Bamako, donde el primer ministro y jefe del Gobierno de Mali, Abdoulaye Maïga, le esperaba. La elección del momento no es una casualidad. Desde hace meses, el grupo terrorista, vinculado a Al-Qaeda, JNIM, realiza ataques y control varios puntos del país. Hace pocos días, Mali anunció que había matado a “decenas de terroristas”. Este lunes, varias agencias como Sana.Sy apuntan a un nuevo ataque que ha asesinado a cerca de 50 militares. La expansión del terrorismo en el Sahel preocupa a todos los países del entorno, lo que ha impulsado nuevos acuerdos en materia de seguridad.

Ghrieb ha afirmado que su visita abre “una nueva etapa” en las históricas relaciones entre Argelia y Mali, basadas en fraternidad, solidaridad y buena vecindad. También ha propuesto reforzar la coordinación frente a los desafíos de seguridad y terrorismo. En medio de una escalada de inestabilidad, Argelia trata de mostrarse como un socio. Algo similar ha hecho en Níger. Una semana antes, conocíamos la noticia de que el gobierno argelino había decidido enviar cuatro cazas Su-30MKA, un avión cisterna Il-78 y un transportador Il-76 para ayudar al ejército de Níger a frenar una ofensiva tras un golpe de Estado militar.

Mientras Argelia intenta tejer mejores relaciones en su continente y posicionarse como un sólido apoyo de algunos de sus vecinos, rompe relaciones con otros países. Argelia terminó con las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos tras acusar a Abu Dabi de “acciones hostiles” e injerencia regional. Dio 48 horas al embajador emiratí para acatar la medida y, posteriormente, cerró su espacio aéreo a aeronaves de EAU. Las diferencias señaladas como motivos son supuesta injerencias en temas regionales como el Sáhara Occidental y sus vínculo con Israel y EEUU en los ataques abiertos contra Irán.

Suecia afrontaba unas nuevas elecciones con la seguridad como un eje central de la campaña. Según la encuesta de la firma Novus, que elabora el índice “Los temas más importantes para los votantes”, la ley y el orden y la delincuencia es la mayor preocupación. En la mayoría de países de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. Sin embargo, en la nación nórdica han sido los socialdemócratas los que han endurecido su postura y logrado la victoria en los comicios.

El resultado dejó a la formación de Magdalena Andersson como la más votada. Los datos preliminares otorgaban al bloque de centroizquierda 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 de la coalición de derechas del primer ministro Ulf Kristersson. La disputa electoral transcurrió después de años de debate sobre los tiroteos, la presencia de bandas en zonas urbanas y la captación de menores por parte de redes delictivas. Los socialdemócratas buscaron responder a ese escenario con un programa que combinó sanciones más duras, nuevas facultades para el Estado y medidas de prevención.

El 31 de agosto, Andersson y la responsable de política judicial del partido, Teresa Carvalho, presentaron una ofensiva contra el crimen organizado con siete propuestas. El plan incluyó una ley contra la mafia, mayores penas para delitos económicos graves, confiscación de activos y un programa nacional destinado a familias que viven en contextos de riesgo. “Usaremos toda la fuerza de la sociedad contra las bandas que están destruyendo Suecia”, afirmó Andersson al anunciar la iniciativa. La dirigente sostuvo que la respuesta debía alcanzar a los jefes de las organizaciones, sus fuentes de financiación y los mecanismos con los que incorporan a niños y adolescentes.

Una ley para perseguir a los jefes de las bandas

La primera medida planteó la creación de una ley sueca contra la mafia. La norma buscaría establecer responsabilidad penal colectiva para integrantes de estructuras criminales y ampliar el uso de testigos de la fiscalía en las investigaciones. El programa también propuso extender las posibilidades de aplicar medidas restrictivas sobre delincuentes vinculados con bandas. La formación no detalló en el comunicado cuáles serían esas medidas, pero las presentó como parte de una estrategia para limitar la capacidad operativa de los grupos criminales. También anunciaron la ampliación hasta los menores de al menos 14 años de las penas por delitos de sangre.

Carvalho definió el problema en términos institucionales. “El crimen organizado es el enemigo del Estado sueco y del pueblo sueco”, afirmó. La dirigente añadió que el partido aspiraba a elevar “de forma drástica” la presión sobre una delincuencia que, según sostuvo, amenaza al sistema. La economía ilegal ocupó otro lugar en el paquete. Los socialdemócratas propusieron elevar las penas y reforzar la Autoridad contra los Delitos Económicos. El objetivo era convertirla en una Autoridad contra el Crimen Organizado, denominada MOB. La propuesta incluyó el decomiso de los bienes de delincuentes y la creación de un fondo de confiscación. Esos recursos se destinarán a barrios afectados por la criminalidad y a iniciativas que refuercen la seguridad.

Cortar el reclutamiento de adolescentes

El programa dedicó dos de sus siete puntos a prevenir la incorporación de menores a las bandas. Los socialdemócratas plantearon detectar a jóvenes que se aproximen a entornos delictivos y asignarles un acompañante. El anuncio también contempló también el uso de vigilancia electrónica en los casos que las autoridades consideren necesarios. La segunda iniciativa de prevención prevé un programa nacional para familias en situación de riesgo. La medida apunta a niños y adolescentes que crecen en hogares con antecedentes penales o en circunstancias complejas.

La agenda de seguridad permitió a los socialdemócratas disputar un tema que suele favorecer a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa. En Suecia, la formación de Andersson colocó la lucha contra las bandas entre sus prioridades electorales sin renunciar a medidas de intervención social sobre los menores y sus familias. Un resultado inusual en los últimos años.

Este martes se ha confirmado una nueva amenaza para la Alianza Atlántica. El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, ha confirmado que los drones rusos volvieron a alcanzar territorio de la OTAN. El dirigente ha explicado que la situación escaló durante la pasada noche, cuando cazas interceptaron y derribaron un dron sobre Lituania .“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los soldados que vigilan día y noche para defender a nuestra población”, ha señalado.

“Durante mi reciente visita a Ucrania, fui testigo de la devastadora realidad que los ucranianos soportan cada día, bajo la amenaza constante de drones y misiles rusos”, ha afirmado el jefe de Gobierno en un mensaje difundido en redes sociales. Los países bálticos denuncian desde hace meses el acercamiento de la amenaza rusa. Uno de los últimos sucesos más graves ha sido el ataque sobre un tren en Ucrania a dos kilómetros de la frontera con Polonia.

El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, se reunió en Kiev con su homólogo ucraniano, Oleksiy Koretskyi, para abordar la cooperación bilateral, precisamente con énfasis en defensa y drones. Lituania destacó la experiencia de Ucrania en esa industria y planteó proyectos conjuntos para reforzar la seguridad europea. También trataron el respaldo a la infraestructura energética ucraniana, objetivo de ataques rusos durante el invierno. Con el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, analizó el proceso de reformas y la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

Ataque cerca de Polonia

El ataque ruso con drones contra un tren de pasajeros que cubría la ruta Kiev-Varsovia elevó la alarma en Polonia al producirse cerca de la frontera polaca. El convoy, con 206 pasajeros, fue alcanzado en su locomotora en Volinia, a dos kilómetros del límite. No hubo heridos, pero el servicio sufrió una demora de seis horas. Hubo un segundo impacto cerca del paso de Dorohusk-Yagodyn, que dañó una gasolinera y provocó un incendio que afectó camiones. El Gobierno polaco reaccionó desplegando aviones de combate, alertando a residentes fronterizos y reforzando la vigilancia. Donald Tusk, primer Ministro de Polonia, afirmó que un dron cayó a solo 800 metros de la frontera y advirtió que la ofensiva podría intensificarse.

Kiev sostuvo que Moscú atacó infraestructura ferroviaria, energética y civil del oeste ucraniano. Rusia confirmó operaciones contra la red ferroviaria, aunque alegó que se empleaba para trasladar carga militar europea. La explicación rusa contrasta con que el objetivo alcanzado era un tren civil y con la vulnerabilidad de las rutas que conectan Ucrania con sus vecinos.

Varsovia interpreta que los ataques cercanos buscan crear caos logístico y exponen infraestructura de un aliado de la OTAN. Ahora, Lituania se une a estas denuncias, en su caso, con un dron que ha violado su espacio aéreo, al igual que ha pasado anteriormente en Polonia o Letonia. Para los países bálticos, cada incursión plantea además interrogantes sobre la capacidad de disuasión y respuesta de la OTAN. Precisamente estas últimas semanas se han producido conversaciones entre Rusia y EEUU para buscar resolución al conflicto.

Ha caído uno de los rostros principales del narcotráfico europeo. Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de drogas, que coordinaba envíos de heroína desde Irán y Afganistán hacia Europa. Yakut permanecía fugado desde 2017 y era uno de los principales objetivos del estado turco. La operación, confirmada este viernes el ministro de Justicia, Akın Gürlek, estuvo bajo coordinación de la Fiscalía General de Estambul y contó con la participación de la Policía local, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) y las unidades antidrogas de la Dirección General de Seguridad.

“Nuestro objetivo son los capos de la droga”, afirmó Gürlek al comunicar la captura. El ministro sostuvo que Yakut dirigió la organización desde escondites ubicados dentro y fuera de Turquía durante los años en que permaneció prófugo. La estructura atribuida a Islam Yakut, además de los cargamentos de heroína hacia el mercado europeo, la relacionan, según palabras del ministro, con el traslado de drogas sintéticas desde Europa a Turquía.

Aseguró que las operaciones vinculadas a la red derivaron en la incautación de dos toneladas de estupefacientes en Turquía y otros países europeos. No detalló las fechas de los decomisos, los puntos de destino ni la composición de las sustancias confiscadas. Las autoridades turcas indicaron que Yakut transmitía instrucciones a miembros de la organización a través de ANOM y SKY ECC, plataformas de comunicación cifrada empleadas por grupos criminales y objeto de investigaciones policiales en varios países.

La búsqueda se prolongó hasta su detención este 11 de septiembre en Estambul. Por el momento, no se han desvelado más detalles. Yakut puede tener causas judiciales en otros países, al haber introducido la droga en el corazón de Europa desde Oriente Medio. El comunicado oficial no aclaró el número de presuntos integrantes de la red ni señaló si, tras el arresto, se realizaron allanamientos o nuevas detenciones vinculadas con la investigación según comunicado difundido.

Yakut se fugó en 2017

Islam Yakut, a sus 60 años, llevaba prófugo durante nueve años después de no regresar a prisión tras un permiso especial concedido en junio de 2017. El acusado había sido detenido el 21 de junio de 2009 en Estambul por un delito relacionado con drogas y recibió una condena de 17 años y seis meses de cárcel. Yakut pasó cerca de seis años en la prisión cerrada de Silivri antes de su traslado a un establecimiento de régimen semiabierto. Durante ese período, rindió exámenes de educación abierta e ingresó a la carrera de Administración Pública de una universidad privada.

Según la agencia Bianet, el detenido acudía a las evaluaciones bajo custodia de la gendarmería. Tras ser admitido en la universidad, obtuvo autorización para asistir a clases durante los días hábiles, una posibilidad prevista para algunos presos bajo regímenes penitenciarios menos restrictivos. En 2017, Yakut recibió cuatro permisos especiales y el último, concedido en junio de ese año, derivó en su fuga. No volvió al penal y la justicia lo declaró prófugo.

Hay una nueva frontera física en Europa. Esta semana, Finlandia ha terminado de levantar una valla de 200 kilómetros en su frontera con Rusia para reforzar el límite terrestre más largo de la OTAN con un país al que Helsinki acusa de intensificar los ataques híbridos y de utilizar la inmigración como instrumento de presión.

Se trata de la primera barrera física que el país nórdico construye en la frontera rusa, a diferencia de otros países europeos como España. La obra, que demandó tres años de trabajo y una inversión de 356 millones de euros, se suma por tanto a la red de vallados que blinda el espacio de la Unión Europea (UE) y que ya supera los 2.000 kilómetros de extensión total.

Finlandia sostiene que la necesita: pretende reforzar la vigilancia y contener entradas irregulares después de que más de 1.300 migrantes sin visado llegaran a su frontera oriental en 2023.

La obra cubre 200 de los 1.340 kilómetros que el país comparte con Rusia. El proyecto arrancó después de que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia alterara el entorno de seguridad finlandés y empujara al país nórdico a abandonar décadas de no alineamiento militar para entrar en la OTAN en abril de 2023. Ese mismo año, Finlandia cerró su frontera terrestre con Rusia, salvo una breve reapertura en diciembre.

Tras momentos de máxima tensión, ahora la situación se define, según la ministra del Interior, Mari Rantanen, “tranquila pero tensa”.

“Hoy está tranquila pero tensa, y en realidad no sabemos qué pasará mañana. Puede cambiar muy rápido y por eso necesitamos estar muy preparados”, añadió Rantenen en declaraciones recogidas por Euronews en un acto con medios celebrado el lunes cerca del paso fronterizo de Nuijamaa, en el sureste del país.

El proyecto también reviste, según la responsable de Interior, gran importancia a nivel europeo, “ya que Finlandia, como Estado miembro del espacio Schengen en su frontera exterior, es responsable de la seguridad de las fronteras europeas. Sin una vigilancia fiable en las fronteras exteriores, no existen las condiciones necesarias para la libre circulación”.

Cómo es la valla de Finlandia con Rusia

La infraestructura metálica mide 4,5 metros de altura, se ha levantado por tramos y está equipada con cámaras y sensores. La mayor parte del trazado se concentra en el sureste de Finlandia, donde se localiza el principal punto de presión sobre la frontera, pero también con tramos más pequeños hacia el norte, en las zonas donde el tránsito transfronterizo era mayor. Incluye caminos de patrulla, un sistema de vigilancia con cámaras y sensores, y una franja despejada de 25 metros de ancho a cada lado.

El coste de construcción asciende a 356 millones de euros y el mantenimiento anual se sitúa entre dos y tres millones de euros, de acuerdo con las autoridades fronterizas finlandesas, que también aseguran que este coste supone 22 millones menos de lo estimado.

Para la Guardia de Fronteras finlandesa, la barrera física sigue teniendo utilidad incluso con el avance de los drones que podrían pasar por la frontera rusa. El responsable del proyecto, Erkki Matilainen, ha afirmado a Euronews que continúa siendo “la mejor solución para el control de multitudes”. “La valla fronteriza oriental es necesaria en la actual situación de seguridad. Sin ella, no es posible controlar la migración instrumentalizada de manera eficaz y creíble”, aseguraba el jefe de la Guardia Fronteriza finlandesa, el vicealmirante Markku Hassinen.

Sin embargo, hay que tener en cuenta las proporciones comparándola con otras vallas que otros países europeos han erigido frente a sus vecinos. Con sus 200 kilómetros, la valla finlandesa cubre apenas el 15% de la línea fronteriza completa con Rusia.

Extensa por kilometraje, se trata de una proporción baja si se compara con otros vallados europeos: la barrera de Ceuta, por ejemplo, cubre la totalidad del perímetro de la ciudad autónoma española, unos 8 kilómetros, mientras que la de Melilla se extiende por 13 kilómetros, también sobre la totalidad de su frontera con Marruecos.

Ceuta y Melilla concentran, con apenas 21 kilómetros combinados, algunas de las estructuras más elevadas del continente: entre 6 y 10 metros de altura según el tramo, más del doble que la valla finlandesa. Ambas cuentan con mallas antiescalada, peines metálicos superiores y cámaras optrónicas nocturnas capaces de detectar movimiento a larga distancia, un nivel de tecnología similar al instalado por Finlandia, aunque con un enfoque distinto: mientras las vallas españolas buscan impedir el ingreso de personas migrantes, la barrera finlandesa apunta a la vigilancia y disuasión frente a lo que Helsinki describe como amenazas híbridas provenientes de Rusia.

Finlandia pide apoyo europeo

Rantanen ha señalado que la valla podría ampliarse y ha reclamado más apoyo económico de la Unión Europea para los Estados situados en la frontera oriental del bloque. “Lo que necesitamos especialmente es financiación de la UE para los Estados miembros orientales, de modo que proyectos como este puedan ser sufragados”, ha señalado a Euronews.

En la segunda mitad de la pasada semana, Helsinki ha propuesto prorrogar su Ley de Seguridad Fronteriza hasta finales de 2028. La norma permite, en circunstancias excepcionales, restringir la recepción de solicitudes de asilo en zonas limitadas de la frontera cuando se considera amenazada la soberanía o la seguridad nacional.

Finlandia ya recibió 17 millones de euros de fondos comunitarios para adquirir drones y vehículos no tripulados resistentes a interferencias en los sistemas de navegación satelital, destinados a reforzar la vigilancia tanto en la frontera terrestre como en el golfo de Finlandia.

La ley ha generado controversia porque expertos en derecho sostienen que podría vulnerar las obligaciones internacionales de Finlandia en materia de derechos humanos y la normativa comunitaria. Según Euronews, otros países del flanco oriental de la OTAN y de la Unión Europea también han levantado barreras similares en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

Una avería en el sistema de gestión de vuelos de NATS ha provocado este martes la cancelación de más de 400 vuelos en el Reino Unido y retrasos en los principales aeropuertos del país, con especial impacto en Londres y efectos también en Dublín. Aunque el espacio aéreo ha permanecido abierto y las llegadas no han sufrido alteraciones, la empresa ha advertido que la recuperación de la operativa llevaría tiempo.

En Heathrow, el mayor aeropuerto británico, se han cancelado alrededor de 100 vuelos y otros 367 han sufrido retrasos. En Gatwick, unos 250 vuelos han registrado demoras, lo que equivale a cerca del 31 % de las operaciones previstas, de acuerdo con los datos de seguimiento citados por la publicación.

El fallo ha afectado sobre todo a los vuelos de salida. NATS, el proveedor privado que gestiona el control aéreo británico, ha indicado que el problema se ha localizado en el sistema que procesa los planes de vuelo y que sus ingenieros trabajan “con urgencia” para restablecer el funcionamiento normal “lo antes posible”.

Iberia cancela los vuelos a Londres

La incidencia ha alcanzado a Heathrow y Gatwick, pero también a Stansted, Luton, Mánchester y Birmingham, en Inglaterra, así como a Edimburgo, Glasgow y Aberdeen, en Escocia. Por el momento, Heathrow colabora con NATS para resolver la incidencia. Por su parte, la plataforma Flightradar24 ha señalado además que las llegadas y salidas se estaban regulando en los aeropuertos incluidos en la región de información de vuelo de Londres a causa de este problema técnico.

El aeropuerto de Edimburgo ha advertido en la red social X de que el fallo podía afectar a sus operaciones. El de Dublín ha informado de que tanto vuelos de salida como de llegada vinculados a sus instalaciones también estaban sufriendo alteraciones.

Del mismo modo, las operadoras British Airways y EasyJet han confirmado interrupciones en sus operaciones. La segunda ha precisado que los retrasos ya se estaban extendiendo a otros países europeos y ha anunciado que ofrecerá cambios de vuelo, reembolsos, comida y alojamiento a los pasajeros afectados cuando sea necesario.

Por su parte, Iberia ha comunicado que cancela los vuelos que tenía previstos para lo que queda de la jornada del martes con origen y destino Londres como consecuencia del problema técnico relacionado con el control aéreo. Además, ya se ha puesto en contacto con los clientes afectados para informarles de la situación, según recoge EFE.

NATS ha insistido en que “los vuelos siguen despegando y el espacio aéreo está abierto, pero la recuperación llevará algún tiempo”. Ese mensaje apunta a una afectación prolongada pese a que no se ha ordenado el cierre del tráfico aéreo.

El gran fallo de 2023

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, ha confirmado que los técnicos habían identificado el problema y estaban trabajando para solucionarlo. “Sé que esto es frustrante para los pasajeros y lo siento”, comentaba.

El episodio remite al gran fallo registrado en agosto de 2023, cuando un problema en el procesamiento automático de los planes de vuelo dejó en tierra a miles de pasajeros. Aquel colapso costó a las aerolíneas más de 100 millones de libras, equivalentes a unos 135 millones de dólares, en reembolsos e indemnizaciones.

Tras aquella crisis, el regulador británico de aviación pidió a NATS que revisara sus planes de contingencia. El nuevo fallo reabre el foco sobre la capacidad de respuesta del sistema en uno de los espacios aéreos con más tráfico de Europa.

Rusia ha ordenado este lunes el cese de actividad del Consulado General de Alemania en San Petersburgo y, con ello, expulsa a todos sus empleados, que deben abandonar el territorio ruso antes del 18 de septiembre. La medida, anunciada por el Ministerio de Exteriores ruso, también afectará a los institutos Goethe presentes en el país, la principal red pública encargada de difundir la cultura alemana en el exterior, cuyo personal deberá abandonar Rusia antes del 13 de septiembre.

Una decisión que responde directamente a dos acciones previas del Gobierno alemán. Por un lado, el cierre del consulado ruso en Bonn, previsto para el 18 de septiembre, y la rescisión del contrato que sostenía el funcionamiento de la Casa de Rusia en Berlín, un centro dedicado a la promoción de la ciencia y la cultura rusa en la capital alemana.

“Han sido las autoridades alemanas las que han provocado una nueva escalada”

La cartera que dirige Serguéi Lavrov ha comunicado la decisión al encargado de negocios de Alemania en Moscú, Bernd Finke, mediante una nota oficial en la que atribuye el origen de la disputa a Berlín. Según el comunicado, las medidas responden “a raíz de las acciones hostiles de la parte alemana para cerrar el Consulado General de Rusia en Bonn y la Casa Rusa de la Ciencia y la Cultura en Berlín”.

Después, el texto añade que “han sido precisamente las autoridades alemanas las que, una vez más, han provocado una nueva escalada en las relaciones bilaterales” y sostiene que la responsabilidad por las consecuencias de este nuevo episodio recae por completo en el Gobierno alemán. La nota diplomática ha sido entregada de forma oficial al personal de la embajada germana en la capital rusa.

Además del consulado de Alemania, los institutos Goethe funcionan en varias ciudades rusas, entre ellas Moscú, San Petersburgo y Ekaterimburgo, y su cierre implica el fin de una de las pocas vías institucionales de intercambio cultural que aún permanecían activas entre ambos países pese al deterioro de las relaciones bilaterales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Un ataque frustrado con drones en Leipzig desata la crisis diplomática

El intercambio de represalias diplomáticas se remonta a un episodio ocurrido el pasado mes de agosto en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este de Alemania. Allí, las autoridades alemanas frustraron un ataque con drones cargados de explosivos y hallaron varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos parados en la terminal.

Actualmente, el aeropuerto de Leipzig funciona como un punto neurálgico para el envío de armamento, como el destinado a la guerra en Ucrania, lo que explica el interés que ese tipo de infraestructuras despierta como blanco de acciones de sabotaje. Desde que comenzó la ofensiva rusa contra territorio ucraniano, Alemania ha registrado un aumento sostenido de avistamientos de drones sobre instalaciones militares e infraestructuras consideradas críticas para la seguridad nacional, un fenómeno que las autoridades germanas vinculan con actividades de reconocimiento previas a posibles ataques.

Noticia elaborada con información de agencias.

Alternativa por Alemania (AfD), el partido de extrema derecha del país, ha ganado este domingo en las elecciones estatales de Alta Sajonia con una amplia diferencia con el resto de formaciones políticas, al obtener el 44% de los votos, y 39 escaños en el Parlamento regional, cuando la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario son 42, según los resultados recogidos por las cadenas públicas ARD y ZDF. “Hemos hecho historia”, ha afirmado el principal candidato de la AfD, Ulrich Siegmund, tras conocerse estos resultados.

Un resultado que deja muy atrás a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la formación de centroderecha que lidera el canciller Friedrich Merz, que ha registrado un mínimo histórico con el 17,4% de los votos, una pérdida significativa en comparación con las elecciones estatales de 2021. Sin embargo, al no alcanzar la AfD la mayoría absoluta en el parlamento estatal necesaria para gobernar en solitario, la ultraderecha necesitaría conformar un gobierno de coalición entre el resto de fuerzas políticas.

Un reparto de escaños que no sirve para la mayoría absoluta

Así, AfD ha conseguido 39 escaños, cifra que les coloca a las puertas de los 42 asientos que se requieren para hacerse con la mayoría absoluta en el parlamento regional. En segundo lugar quedaría CDU, que se quedaría con alrededor de 15 representantes. El tercer puesto se ha repartido en un empate técnico entre tres formaciones: el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (9,2%), La Izquierda (8,6%) y Los Verdes (8,9%), que le hace lograr nueve bancas cada uno.

Más atrás se ubica la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), con el 5,1%, seguida del Partido Liberal Demócrata (FDP), con apenas el 2,5%, por debajo del umbral del 5% que exige la ley para acceder a representación parlamentaria.

Tras el “histórico” resultado de los comicios sajones, la líder del partido, Alice Weidel, ha emplazado al canciller alemán, Freidrich Merz, a convocar elecciones anticipadas de inmediato y propiciar así su reemplazo “antes de Navidad”. “Tenemos un 44% aquí. Es un mandato claro para gobernar. También vamos a gobernar a nivel federal”, ha resaltado.

Por su parte, desde España también han llegado las primeras reacciones. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al partido ultraderechista AfD en la red social X. “Felicidades a Alice Weidel y a Ulrich Siegmun por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa”, ha expresado. En cambio, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha valorado la victoria electoral de AfD como una “tragedia”. “Me da pena por Alemania y por Europa”, ha lamentado.

El programa de Siegmund

Con 35 años, posturas prorrusas y una amplia proyección en redes sociales, Siegmund propone un endurecimiento de las políticas migratorias, la eliminación de la obligatoriedad escolar y una revisión de los contenidos históricos que reduzcan el espacio dedicado al nazismo en las aulas. “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, sostuvo.

En caso de gobernar en solitario, la AfD plantea impulsar una “ofensiva de deportaciones y remigración”. Además, el programa del partido contempla una asignación económica por nacimiento destinada a niños con al menos uno de sus padres con pasaporte alemán, junto con la prohibición de exhibir banderas del arcoíris en los establecimientos educativos públicos.

Noticia elaborada con información de agencias.

La ultraderecha alemana busca una victoria histórica este domingo en la región de Sajonia-Anhalt, un estado federado del este del país donde Alternativa por Alemania (AfD) aparece al frente de los sondeos.

Los colegios electorales han abierto a las 8:00 de este domingo, en una jornada que seguirán con mucha atención todos los partidos alemanes. El resultado puede determinar si la fuerza liderada en la región por Ulrich Siegmund consigue su primer gobierno estatal y accede por primera vez al poder. La votación pone bajo presión a la coalición federal del canciller Friedrich Merz y al gobierno regional encabezado por el conservador Sven Schulze. También la Unión Europea vigila la situación en medio de una gran expectativa, ante el temor del ascenso de otro partido antieuropeísta en un país que es uno de los principales pilares de la UE.

Cerca de 1,7 millones de personas están llamadas a votar hasta las 18.00 hora local para elegir a los diputados regionales. La AfD lidera las encuestas, aunque su posibilidad de formar gobierno dependerá de la distribución final de escaños y de que otros partidos superen el umbral electoral. Los comicios se desarrollan en un ambiente de polarización y de inquietud entre los residentes extranjeros, pues AfD ha prometido políticas muy duras contra los migrantes. La región cuenta con unos 2,14 millones de habitantes y Magdeburgo, la capital, es su ciudad más poblada.

La AfD llega con una ventaja de 18 puntos sobre la CDU

El último sondeo para la cadena pública ZDF da a la AfD un 41% de intención de voto, frente al 23% de la Unión Cristianodemócrata (CDU). La formación de izquierdas Die Linke obtendría el 11,5%, el Partido Socialdemócrata (SPD) el 8,5% y Los Verdes el 6%. La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y el Partido Liberal (FDP) quedarían fuera del Parlamento regional, con 4% y 3%.

Ese escenario no garantizaría por sí solo una mayoría absoluta a la AfD. El partido podría alcanzarla si el SPD y Los Verdes no superaran el 5% requerido para ingresar en el Parlamento, una hipótesis que las encuestas no anticipan.

Siegmund, de 35 años, prorruso y con una fuerte presencia en redes sociales, plantea endurecer la política migratoria, eliminar la escolarización obligatoria y revisar los contenidos de historia, reduciendo la enseñanza de la época del nazismo: “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, ha declarado.

Si gobernara sin socios, AfD propone una “ofensiva de deportaciones y remigración”. Su programa incluye además una ayuda económica por nacimiento para niños con al menos un progenitor con pasaporte alemán y la prohibición de banderas arcoíris en escuelas públicas.

Actualmente, la CDU, el SPD y el FDP integran la actual coalición regional, que llegó al poder con Schulze como primer ministro. El dirigente conservador asumió el cargo en enero. La CDU descarta acuerdos tanto con AfD como con Die Linke. Una eventual alianza entre conservadores, socialdemócratas y verdes tampoco reuniría mayoría absoluta de escaños: esa fórmula necesitaría apoyos puntuales de Die Linke para sostener un gobierno en minoría.

La presencia de BSW en el Parlamento añadiría otra dificultad a las negociaciones. Su fundadora, Sahra Wagenknecht, se ha manifestado contra una reelección de Schulze. Ese bloqueo podría abrir la puerta a que Siegmund acceda al poder.

Las primeras estimaciones se conocerán tras la finalización de la votación. El desenlace mostrará si el aislamiento político de AfD puede impedir que su triunfo en las urnas se traduzca en el control del gobierno regional.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido a la Unión Europea de que no aceptará la incorporación de nuevas lenguas oficiales vinculadas a futuras ampliaciones mientras el catalán, el euskera y el gallego no obtengan ese mismo estatus, un pulso político con el que Madrid eleva la presión sobre sus socios ante un expediente bloqueado desde 2023.

La posición española se expondrá el 22 de septiembre en el próximo Consejo de Asuntos Generales, después de que el Ejecutivo haya pedido incluir la cuestión de las “lenguas oficiales y ampliación”. Será la primera vez que la oficialidad de catalán, euskera y gallego regrese a la mesa desde julio de 2025. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han trasladado a la agencia Europa Press que “no es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego”. El departamento enmarca esa condición en el debate sobre futuras adhesiones, ya que la entrada de nuevos países implicaría sumar más idiomas a las 24 lenguas oficiales actuales.

España pidió formalmente en agosto de 2023 que el catalán, el euskera y el gallego pasaran a ser lenguas oficiales de la UE. La iniciativa fue consecuencia del acuerdo con Junts para recabar su apoyo a la nueva legislatura.

Para sacar adelante la medida hace falta la unanimidad de los Veintisiete, un requisito que hasta ahora no se ha alcanzado. El Gobierno ha evitado forzar una votación al constatar que no disponía de los apoyos necesarios para impedir un rechazo formal. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido en distintas ocasiones que la oficialidad acabará llegando y que es cuestión de tiempo.

“España apoya el proceso de ampliación”

Este jueves, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, había dejado entrever esa nueva condicionalidad respecto a la ampliación. Exteriores insiste, al mismo tiempo, en que “España apoya firmemente el proceso de ampliación” y en que reconocer nuevas lenguas oficiales tiene una relación estrecha con el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea.

En julio de 2025, la propuesta española chocó con el rechazo de una decena de socios, con Alemania al frente. Desde entonces no han trascendido cambios de posición entre los países que mantenían reservas y, de hecho, el Ministerio de Exteriores alemán reiteró el pasado mayo, tras un encuentro entre Albares y su homólogo germano, que seguía teniendo dudas.

El principal obstáculo ha sido desde el inicio la exigencia de unanimidad, agravada por las reticencias jurídicas y por el temor de varios socios a que el caso español abra la puerta a reclamaciones similares de otras lenguas minoritarias en la UE. Esa prevención ha marcado las negociaciones desde que Madrid activó el expediente.

Para responder a esas objeciones, el Ejecutivo se ha comprometido a asumir el coste adicional de la medida, que la Comisión Europea sitúa en torno a 132 millones de euros al año tomando como referencia el precedente del gaélico. También ha ofrecido una aplicación parcial una vez reconocida la oficialidad, con la intención de reducir la carga administrativa. La propuesta trasladada por el Gobierno en la primavera de 2025 prevé que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales de forma parcial a partir de 2027. En esa primera fase solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, equivalentes al 3% del total de actos jurídicos de la anterior legislatura.

Alemania ha señalado este martes de manera oficial a Rusia como la responsable del ataque con drones bomba ocurrido el pasado 4 de agosto contra el aeropuerto de Leipzig, un episodio que tenía como blanco aviones de carga ucranianos. Aunque la sospecha sobre el papel de Moscú estaba en el aire, el ejecutivo federal ha preferido no pronunciarse hasta contar con elementos que sostuvieran la acusación.

“Los componentes de los drones son los mismos que se utilizan en acciones híbridas contra intereses ucranios. Se trata de un conocimiento técnico y profesionalidad de los autores que conocemos”, ha declarado en rueda de prensa Alexander Dobrindt, ministro del Interior alemán, desde Berlín. Además, ha afirmado que “el Gobierno alemán llega a la conclusión de que Rusia es la responsable del ataque del 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig”.

Además, Dobrindt ha continuado diciendo que Alemania no considera Leipzig “un incidente aislado, sino que lo vemos en conjunto con otras acciones híbridas”, y aclara que “Alemania no está en guerra”, detallando que el país constituye un “objetivo diario” de estos ataques “híbridos” atribuidos a Moscú.

En la misma comparecencia ante los medios, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, ha enumerado una serie de medidas concretas en respuesta al ataque. Entre ellas, está el cierre del consulado general de Rusia en Bonn, previsto para el 18 de septiembre, y la rescisión del contrato con la Casa de Rusia, con sede en Berlín. El ministro de Exteriores también ha informado que el embajador ruso será convocado formalmente para expresarle el rechazo del Gobierno alemán.

Asimismo, Wadephul ha adelantado que su cartera impulsará ante la Unión Europea una nueva lista de sanciones dirigidas a ciudadanos rusos señalados por su presunta participación en operaciones híbridas. Y anunció un endurecimiento de los controles fronterizos que se aplicarán a los ciudadanos rusos que intenten entrar en Alemania.

La UE y la OTAN respaldan a Alemania frente a la amenaza rusa

Tras la confirmación oficial por parte de Alemania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado la “plena solidaridad” de la Unión Europea con el país alemán tras el “ataque híbrido” registrado en el aeropuerto alemán, y ha advertido que este tipo de acciones “no quedarán sin respuesta”. Por su parte, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha asegurado que la Alianza seguirá reforzando su capacidad “para disuadir y defender a todos los aliados frente a cualquier amenaza, incluidas acciones malintencionadas como las observadas en Leipzig”.

Unas declaraciones que llegan días después de que las autoridades alemanas informaran de que el pasado 14 de agosto se halló un dron en un campo del estado federado de Sajonia-Anhalt, zona que limita con el extremo occidental del aeropuerto y que se trataría del tercer aparato descubierto por la zona desde el día del intento de atentado. Junto al dron, también hallaron una sustancia que, según sus estimaciones, podría ser 50 gramos de hexógeno, un explosivo militar de alta potencia. Este descubrimiento, según explicó la cadena pública alemana WDR, sugería que el plan original de los autores pudo haber contemplado un atentado de mayor alcance que el que se había estimado en un primer momento.

La bomba que no llegó a detonar

Justo antes de la medianoche del 4 de agosto, un empleado del aeropuerto de Leipzig/Halle descubrió un dron cargado con explosivos que sobrevolaba el espacio entre dos aviones de carga Antonov An-124 de la aerolínea ucraniana Antonov Airlines. Según un informe policial clasificado citado por los medios de comunicación públicos de Alemania, una de esas aeronaves transportaba la munición militar y había llegado poco antes desde Francia con un tanque cargado de combustible para aviones.

En ese momento, un robot artificiero retiró el detonador del artefacto, cuyo mecanismo de disparo, según fuentes de inteligencia estadounidenses citadas por ABC News, había quedado desconectado, lo que evitó la detonación. El sistema de sensores de defensa antidrones del aeropuerto, catalogado como infraestructura crítica en Alemania, no llegó a detectar el aparato, que según las cámaras de seguridad permaneció varias horas en el lugar antes de ser hallado.

El hallazgo obligó a suspender el tráfico aéreo y provocó que un avión de carga de DHL procedente de Marsella, que se aproximaba a la pista, tuviera que ascender de nuevo; poco después, la aeronave colisionó con lo que las autoridades creen que fue un segundo dron y debió realizar un aterrizaje de emergencia en Hanóver, a unos 250 kilómetros, con daños menores.

Noticia elaborada con información de agencias.

La Policía Nacional detuvo a un ciudadano francés que se encontraba en búsqueda y captura por las autoridades galesas por un presunto delito de secuestro, agresión sexual, extorsión ligada al tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, el pasado sábado 29 de agosto en el paso fronterizo entre Melilla y Marruecos. Las autoridades españolas interceptaron al acusado en Beni Enzar cuando intentaba entrar en España desde el reino magrebí, tal y como ha podido saber Europa Press.

Durante el control de documentación, los agentes consultaron las bases de datos policiales y detectaron una orden internacional de búsqueda y detención con fines de extradición emitida por Francia. Tras identificar la requisitoria, los policías verificaron su vigencia a través de los mecanismos de cooperación internacional. La confirmación permitió concretar el arresto y activar el procedimiento previsto para este tipo de solicitudes judiciales.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2023

Según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Melilla, la orden francesa está vinculada a una investigación por hechos ocurridos en octubre de 2023 en la localidad de Dole, en el este de Francia. La causa se refiere a la presunta retención contra su voluntad de dos jóvenes por parte de varios individuos.

La hipótesis de los investigadores sitúa el caso en un contexto de extorsión relacionado con el tráfico de drogas. Durante el tiempo que permanecieron privadas de libertad, las dos víctimas habrían sufrido agresiones físicas. Una de ellas también habría sido víctima de una agresión sexual, de acuerdo con la información trasladada por la Policía Nacional.

Francia busca a otros posibles implicados

Aunque después de tres años han conseguido dar con uno de los implicados en lo sucedido en Dole en 2023, las autoridades francesas siguen manteniendo abierta la investigación para localizar a otros presuntos participantes. Además de este hombre, la policía ya había realizado otras detenciones en varios sospechosos dentro del caso.

Después del arresto, los agentes comunicaron al ciudadano francés los motivos de la detención y los derechos que le corresponden. A continuación, iniciaron las actuaciones para ponerlo a disposición de la autoridad judicial competente. El procedimiento continuará dentro de los trámites de extradición solicitados por Francia, que deberá formalizar su reclamación ante la Justicia española.

Cómo fue la reapertura de Beni Enzar días antes

El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, reabrió sus puertas de forma gradual el sábado 1 de agosto a las 10:30 horas tras permanecer clausurado durante un total de 36 horas debido a la fuerte presión migratoria en la ciudad autónoma. El cierre se había iniciado el jueves por la noche, cuando se registraron intentos de entrada ilegal de migrantes en la zona después de la crisis migratoria del 30 de julio en Ceuta.

Durante este periodo de bloqueo, unas 2.000 personas y alrededor de 600 vehículos pertenecientes a la Operación Paso del Estrecho (OPE) quedaron completamente atrapados en las inmediaciones. La reapertura terrestre se llevó a cabo en fases estrictas debido al contexto migratorio en la ciudad autónoma vecina. Bajo este contexto, un mes después los agentes fronterizos han dado con el hombre que se encontraba en busca y captura en Francia.

La nueva y moderna comisaría de policía francesa de Amiens (Somme) lleva apenas ocho meses en funcionamiento, pero ya se ha convertido en el escenario de una crisis sanitaria. Tal y como han denunciado los agentes, hay un grave error en la fontanería que ha causado la intoxicación de al menos diez funcionarios.

Al parecer, desde que se inauguró el edificio en enero, los grifos estuvieron conectados directamente al sistema de recogida de aguas pluviales, mientras que el agua potable se desviaba para abastecer las cisternas de los inodoros. Debido a esta confusión de las empresas encargadas de la obra, el pasado jueves 27 de agosto las autoridades cortaron el suministro de agua en todo el complejo.

Además, cada persona que entraba al edificio podía leer los nuevos carteles que se colgaron para prevenir, tanto a los oficiales como a los ciudadanos: “¡Alerta! Agua no potable”. El protocolo de emergencia que habían activado prohibía expresamente beber, ducharse, lavarse las manos o limpiar cualquier objeto. A cambio, los agentes han distribuido desde entonces botellas de agua mineral y gel hidroalcohólico entre los trabajadores y los asistentes.

“Parece una locura, pero le tocó a la comisaría”

La alarma se hizo pública cuando el sindicato policial Un1té reportó que al menos diez agentes habían enfermado gravemente, sufriendo fuertes dolores de estómago, diarreas y un cansancio extremo que se prolongaba durante tres o cuatro días. Stéphane Fievez, secretario sindical, ha manifestado para la cadena TF1 Info que “estamos enfadados porque se podrían haber evitado unos diez casos. Eso es lo que hemos registrado hoy, pero quizá haya más”.

Fievez también ha advertido de que el impacto sanitario podría ser mucho mayor, dado que las instalaciones son públicas y las transita gente ajena al cuerpo todos los días. Todas las sospechas de los agentes se confirmaron al recibir un análisis de laboratorio que se hizo sobre el agua. Los resultados mostraron niveles alarmantes de contaminación bacteriana, presumiblemente de Escherichia coli. Este descubrimiento ha generado preocupación, ya que el pasado mes de febrero se realizó un control rutinario que no detectó anomalías.

Sin embargo, los trabajadores del centro llevaban semanas quejándose de que el agua salía “turbia y amarillenta”, una situación que se agravó notablemente durante la ola de calor de junio, cuando el flujo del grifo adquirió una preocupante tonalidad marrón. La explicación técnica de esta negligencia es tan absurda como real: “Se produjo una inversión de las válvulas entre la de recuperación de agua de lluvia, que alimenta el sistema de descarga del inodoro, y la válvula de la red de agua potable. Parece una locura, pero le tocó a la comisaría”, lamenta Fievez.

Ante la gravedad del asunto, la Prefectura de Somme emitió un duro comunicado responsabilizando directamente a las constructoras encargadas de la obra: “Esta situación inaceptable, debida al incumplimiento de las empresas implicadas, es objeto de las diligencias pertinentes y se han puesto en marcha las medidas necesarias para restablecer lo antes posible un suministro de agua apta para el consumo”, aseguraban, como recoge Actu17.

La desinfección total de la red de cañerías del edificio está programada para comenzar mañana, martes 1 de septiembre, tras una reunión de crisis celebrada el viernes 28 de agosto. “Los resultados deberían estar disponibles en un plazo de entre 24 y 48 horas, y será una empresa de auditoría la que dé o no su visto bueno para reabrir la red de agua”, ha detallado el secretario sindical.

Hasta el momento, los equipos han rescatado a 250 personas, de las cuales 242 fueron halladas con vida. En concreto, a bordo viajaban 267 personas, compuestas por 259 pasajeros y 8 tripulantes. Aún permanece sin localizarse a 23 individuos, y tanto los equipos de búsqueda y rescate como el apoyo de la República de Turquía se mantienen activos en los operativos, con la esperanza de hallar con vida al resto de los desaparecidos.

Las autoridades de la zona han detenido al capitán y a otros siete miembros de la tripulación de la embarcación, según ha informado la Agencia EFE. “Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se ha iniciado de inmediato una investigación para determinar las causas de este desastre”, ha afirmado Ünal Üstel, primer ministro turcochipriota. “Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás”.

Las imágenes del accidente

Tal y como ha informado el medio local Kibris, la embarcación comenzó a hundirse a unos seis kilómetros de la costa, por causas que todavía son desconocidas, si bien la CNN ha relatado que el barco, al intentar virar, ha comenzado a hacer agua por la proa, partiéndose en dos por la parte delantera. El vuelco ocurrió poco después de que el ferry partiera del puerto de Kyrenia, en el norte de Chipre, con destino al puerto turco de Tasucu.

Imágenes emitidas por la televisión turca mostraban el ferry volcado en el agua, con personas vistiendo chalecos salvavidas sobre el casco naranja. El clima era soleado y se veían varias embarcaciones en la zona para prestar asistencia. “En estos momentos, nuestra principal prioridad es el rescate de los pasajeros y la tripulación. Estamos siguiendo de cerca este desafortunado incidente y brindando todo el apoyo posible a las labores de búsqueda y rescate. Expreso mis condolencias a los pasajeros, la tripulación y a nuestra nación”, escribía al poco tiempo el vicepresidente de Turquía, Cevdet Yılmaz, en un mensaje en X.

La República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, que ha estado dividida desde 1974. Ankara ocupó esa parte de la isla ese año en respuesta a un golpe de Estado grecochipriota orquestado por Atenas que buscaba la unión con Grecia. En la actualidad, cuenta con conexiones aéreas y marítimas regulares con Turquía.

“Se están realizando todos los preparativos necesarios para una respuesta rápida por parte de los servicios de rescate y de salud”, ha señalado el Ministerio de Salud de la RTNC en un comunicado difundido por la agencia AFP. El organismo agregó que los hospitales del territorio habían sido alertados para que puedan proporcionar cualquier atención médica que pueda ser necesaria.

“Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido jamás”. Así se ha pronunciado el primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, al hablar del hundimiento del ferri con 260 pasajeros y ocho tripulantes frente a las costas del norte de Chipre. Mientras las labores de búsqueda y rescate de las víctimas siguen, el mandatario ha informado también de la detención del capitán y el resto de miembros a cargo de la embarcación.

“Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, se ha iniciado de inmediato una investigación para determinar las causas de este desastre. El capitán del barco y siete miembros de la tripulación han sido detenidos”, ha afirmado, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE. Si bien aún no se han determinado las causas del accidente, un pasajero rescatado ha declarado a medios locales que oyó una explosión en la proa antes de que volcara el ferri: “La parte delantera explotó, intentaron dar la vuelta. Y las ventanas laterales estallaron. El barco empezó a llenarse de agua”.

El buque Filojet, un catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora perteneciente a la empresa turca Filo Denizcilik, había zarpado del puerto de Girne (Kirenia en griego) con rumbo a Turquía cuando se topó con una fuerte tormenta. A las 12.10, hora local, se recibió la primera llamada de socorro. Las operaciones de rescate comenzaron inmediatamente, pero la embarcación terminó volcando y sumergiéndose en una zona de 500 metros de profundidad, lo que ha dificultado la labor de los equipos de emergencia. Por el momento, se ha rescatado a 200 personas, con heridas de distinta gravedad, y se han encontrado ocho cuerpos sin vida.

Una isla partida en dos

Chipre permanece dividida desde 1974, cuando la invasión militar turca (tras un golpe de Estado impulsado por la junta militar griega) consolidó la partición del territorio. El sur está controlado por la República de Chipre, de mayoría grecochipriota, que cuenta con reconocimiento internacional e integra la Unión Europea. En contraste, el norte se autodeterminó como la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Ankara, de la cual depende económicamente. Ambos sectores permanecen separados por la Línea Verde, una franja desmilitarizada bajo el control operativo de las Naciones Unidas.

Las negociaciones de paz para reunificar la isla permanecen bloqueadas. La República de Chipre y los organismos internacionales exigen un único Estado federal con igualdad política, respetando el marco normativo europeo. Por su parte, la postura respaldada por Turquía exige el reconocimiento de la soberanía de dos Estados independientes antes de reiniciar diálogos oficiales, algo inadmisible para los grecochipriotas. Esta distancia ideológica mantiene congelado el proceso de paz.

A pesar de los desacuerdos políticos, ambos sectores mantienen un pragmatismo cotidiano mediante la apertura de varios puntos de control que permiten el tránsito libre de ciudadanos y turistas. Sin embargo, la tensión geopolítica latente sigue condicionada por la explotación de yacimientos de gas en el Mediterráneo oriental y la presencia de tropas turcas.

Un tiroteo en Aarau, en el norte de Suiza, ha dejado una mujer muerta y al menos cinco heridos durante una fiesta rave celebrada en el hipódromo de la ciudad, mientras la policía mantiene una búsqueda abierta para localizar al autor o a los autores y esclarecer qué ocurrió de madrugada. La joven fallecida era de nacionalidad italiana, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano en un comunicado.

“Una mujer de 22 años murió a causa de sus heridas. Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron hospitalizados. Tienen heridas de leves a graves”, anunció en X la policía del cantón suizo de Argovia, cerca de la frontera alemana.

La rave anual Aarauer Rave reunió a más de 3.500 personas entre las 15.00 del sábado y las 2.00 del domingo, y los disparos se produjeron poco después de las 2.30, según ha informado el medio suizo Blick, citando a la policía cantonal de Argovia. Testigos dijeron a ese diario que los disparos se produjeron en plena fiesta y que, tras confundir inicialmente el ruido con fuegos artificiales, muchas personas buscaron refugio en un gimnasio cercano. Según el periódico, uno de los testigos habló de “disparos en ráfaga”.

La policía local ha precisado este domingo que algunas de las personas heridas se encuentran graves y que el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que entregue cualquier vídeo o fotografía del incidente.

La primera versión oficial, trasladada por la portavoz policial Vanessa Rumpold, se limitó a confirmar que hubo “varios disparos contra un grupo numeroso de personas”, sin concretar entonces si había víctimas mortales. Poco después de las 7.00, otro portavoz, Pascal Wenzel, describió la situación como “especial”, antes de la confirmación del fallecimiento.

Qué se sabe del tiroteo en la rave de Aarau

Según la reconstrucción publicada por Blick, los disparos se registraron en el hipódromo de Aarau, donde se celebraba ese evento anual de música techno. Un testigo citado por el diario habló de “ráfagas de disparos”, y un vídeo difundido en la web del medio recoge varias detonaciones sucesivas.

La policía cantonal de Argovia ha acordonado amplias áreas de la localidad y ha reforzado su presencia también fuera del municipio como medida de precaución. Las autoridades han pedido además que se evite la zona de Aarauer Schachen mientras continúa la operación. Como parte de ese dispositivo, la piscina de Aarau permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El diario suizo ha señalado que en el operativo participan el Elemento Cantonal de Intervención en Catástrofes de Argovia y un helicóptero Súper Puma del Ejército suizo.

Por el momento, la policía no pudo indicar cuántos sospechosos permanecían prófugos ni qué tipo de armas de fuego fueron utilizadas. Las autoridades lanzaron un amplio operativo para encontrar a los presuntos responsables y señalaron que habían reforzado su presencia más allá de Aarau “como medida de precaución”.

Un país con muchas armas y pocos tiroteos

Suiza figura entre los países europeos con una de las tasas más altas de posesión de armas. Aun así, los tiroteos violentos son poco frecuentes en el país.

En 2019, el país aprobó una normativa más restrictiva sobre el control de armas. El ataque de Aarau se ha producido al norte de Zúrich, en una ciudad que durante la noche acogía a miles de asistentes a una fiesta que debía terminar a las 2.00 del domingo.

La Comisión Europea ha afirmado este domingo que “respeta la decisión del pueblo islandés” tras el referéndum en el que los islandeses rechazaron reanudar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea. Bruselas ha añadido que “Islandia sigue siendo un socio cercano de la Unión Europea”, pese al resultado, y que la colaboración continuará a través de mecanismos como el Espacio Económico Europeo.

El resultado definitivo de la votación, celebrado el sábado, pero revelado este domingo, ha mostrado que el “no” se impuso con un 52,8% de los votos frente al 47,2% del “sí”, alejando cualquier posibilidad de reiniciar las conversaciones de adhesión en el corto plazo. Esta consulta contó con la participación de más del 80% del electorado, según ha confirmado este domingo por la tarde la primera ministra Kristrún Frostadóttir, quien describió la jornada como “un triunfo de la democracia”.

La decisión islandesa implica que el país no reanudará las negociaciones de acceso a la UE durante la actual legislatura, que se extiende hasta 2028. Pese a ello, la primera ministra no prevé que el tema se recupere en un futuro próximo, pues los islandeses no pueden estar votando lo mismo “cada dos o tres años”. El referéndum fue impulsado por el gobierno de centroizquierda como parte de su programa, tras años de debate en los que nunca antes se había dado voz directa a la ciudadanía. A pesar de que la consulta no tiene carácter vinculante, el Ejecutivo reiteró su compromiso de acatar el veredicto popular. “Quiero ser absolutamente clara: este gobierno no retomará las negociaciones de adhesión durante esta legislatura”, ha declarado.

Desde el Consejo Europeo, António Costa hizo hincapié en que “la UE respeta plenamente la decisión democrática del pueblo islandés” y subrayó la confianza y cercanía en la relación bilateral, especialmente a través del Espacio Económico Europeo.

“Es vital que la gente se haya pronunciado”

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, por su parte, destacó la elevada participación: “Estoy muy orgullosa del resultado, tuvimos a más del 80% del país votando. Eso es muy bueno para Islandia. Es muy importante, es vital que tanta gente se haya pronunciado”.

El referéndum se celebró en un ambiente marcado por el debate sobre la soberanía nacional, el control de los recursos naturales —con especial atención a la pesca— y el coste de la vida, que ha subido considerablemente en el país en los últimos años. Durante la campaña, la pesca fue uno de los temas centrales, ya que representa cerca del 40% de las exportaciones de Islandia y es considerada un pilar de la economía local. “No somos Europa continental, somos una isla y hemos sobrevivido gracias a la pesca muchos años. Es una cuestión emocional para nosotros”, ha explicado Frostadóttir.

La mandataria también valoró la relación actual con la Unión: “La gente está contenta con el Espacio Económico Europeo, con la actual relación con la UE. Ésa es la lección que extraemos, vamos a continuar reforzando esa relación”.

El rechazo de Islandia a seguir adelante con el proceso de adhesión supone un golpe para Bruselas, que se había mostrado dispuesta a encontrar “soluciones creativas” en temas sensibles como la pesca. Para la UE, la posible incorporación de Islandia —un país próspero y estratégicamente ubicado en el Atlántico Norte— habría significado reforzar su presencia en el Ártico.

Con información de agencias

Islandia ha votado este sábado en referéndum para decidir si arranca el proceso de adhesión a la Unión Europea. Y la decisión ha sido: No. En un recuento que ha durado toda la madrugada de este domingo, a la pregunta “¿Debe Islandia reanudar las negociaciones de adhesión con la Unión Europea?”, el 52,8% de los votantes respondió “no” y el 47,2% “sí”, con el escrutinio ya finalizado. Un resultado muy ajustado, pero que cierra la puerta a la integración del país en la UE.

Para un país de solo 394.324 habitantes, que se convertiría en el Estado miembro de la UE con menos población, las implicaciones eran mucho mayores de lo que su tamaño haría pensar: la nación nórdica ocupa una posición estratégica en el Atlántico Norte y el Ártico y está ya altamente alineada con las reglas europeas gracias al Espacio Económico Europeo (EEE) y a su participación en el espacio Schengen. Sin embargo, aunque es miembro fundador de la OTAN, carece de ejército permanente y su defensa descansa en un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Su posición entre Groenlandia y Reino Unido la coloca además en el estratégico corredor GIUK, clave para controlar los movimientos navales entre el Ártico y el Atlántico Norte. Protegerse bajo el paraguas de la UE en un mundo en plena escalada belicista fue uno de los principales motivos para impulsar el referéndum. El otro ha sido económico: la inflación y el coste de la vida, que se han disparado en el país. Para el sector proeuropeo, unirse a la UE ayudaría a estabilizar la economía.

El país, sin embargo, llegó muy dividido a la votación, como han mostrado los resultados. Reikiavik y su área metropolitana concentraban el apoyo a retomar las conversaciones con Bruselas, mientras que las zonas rurales eran más reacias, especialmente por el temor a perder capacidad de decisión sobre sectores clave como la pesca. El resultado asesta un duro golpe a Bruselas, que había estado deseosa de dar la bienvenida a un nuevo miembro rico y que parecía dispuesta a llegar a compromisos con Islandia en cuestiones delicadas para facilitar su adhesión.

Un proceso paralizado

Islandia solicitó el ingreso a la Unión Europea en 2009, con la crisis económica que sacudió el país de trasfondo, pero paralizó la petición cuatro años más tarde en medio de un clima adverso por las divisiones internas, la crisis del euro y el conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.

En 2015, el Gobierno conservador de entonces comunicó a Bruselas que Islandia ya no era candidata, pero la Comisión Europea considera que nunca se produjo una retirada formal de la candidatura. La coalición de tres partidos encabezada por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, que gobierna desde 2024, incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

Se estima que un récord de 273.000 ciudadanos han llegado a las urnas de los colegios electorales de toda Islandia para decidir si el país debe volver a sentarse con Bruselas y reabrir las negociaciones para entrar en la Unión Europea. La elevada movilización, de hecho, comenzó mucho antes de que abrieran los colegios. Más de 63.000 personas habían votado anticipadamente, una cifra equivalente a cerca de una cuarta parte del electorado islandés.

El resultado ha estado muy ajustado. Durante la noche, a las 2:00 de la mañana en España, los primeros resultados, que venían de la capital, daban una ligera ventaja al “sí”. Pero, a medida que se han contabilizado los votos de las zonas rurales, el “no” ha ido cobrando ventaja, hasta imponerse finalmente.

Uno de los tres españoles desaparecidos por las inundaciones de Nepal ha sido localizado con vida, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene a otros dos en paradero desconocido en una catástrofe causada por la crecida del río Bhotekoshi que ha dejado centenares de muertos y ha complicado la búsqueda por la destrucción de accesos y comunicaciones.

La Junta de Turismo de Nepal ha indicado en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles incluidos en la lista de desaparecidos ha sido hallado, aunque no ha precisado su identidad ni las circunstancias.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que no consta ningún fallecido español y ha pedido a familiares y amigos de personas que hayan estado en la zona afectada que contacten con los teléfonos de emergencia del ministerio. El departamento ha añadido que la Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario de España en Nepal y el Consulado General de España en Pekín siguen la situación y realizan gestiones con las autoridades locales.

Qué se sabe de los españoles

La publicación nepalí de un listado oficial de turistas desaparecidos o fuera de contacto incluía a tres ciudadanos españoles: dos mujeres vinculadas a un grupo de senderismo y un hombre. Ese registro, actualizado varias veces por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Nepal, recoge identidades, nacionalidades y, en algunos casos, números de pasaporte o carné de identidad, además de referencias sobre las zonas en las que se encontraban. Una de esas personas es la que ha sido localizada, a la espera de más detalles.

En la última actualización de ese listado figuran 644 personas desaparecidas de 35 países. La mayoría son de India, con 178 casos, seguidos de 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel.

A ese grupo se suman más de 300 residentes que tampoco han sido hallados en Nepal. China, por su parte, ha informado de 558 desaparecidos en la zona de la región autónoma del Tíbet afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin detallar nacionalidades ni identidades. Las cifras globales del desastre han seguido aumentando. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha elevado a 538 cadáveres el número de cuerpos hallados tras la riada en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de rescate buscan a 937 personas reportadas como desaparecidas en territorio nepalí.

Entre los más de 930 desaparecidos en Nepal figuran 105 funcionarios, 228 residentes locales y el grupo de 644 personas sin localizar que incluye a 517 ciudadanos extranjeros y 127 nepalíes residentes en el exterior. En el lado chino, las autoridades han elevado a cinco los fallecidos en el condado tibetano de Gyirong y han mantenido en 558 la cifra de desaparecidos.

La amenaza de nuevas crecidas súbitas, el colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de decenas de puentes y carreteras están frenando el avance de los cerca de 15.000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce arrasado.

El excomandante militar serbobosnio Ratko Mladic, apodado el ‘carnicero de Bosnia’, ha fallecido a los 83 años en el centro de detención de La Haya, donde cumplía una condena a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La noticia ha sido confirmada este jueves por la radio y televisión estatal serbia, RTS. Este exgeneral dirigió a las fuerzas serbias de Bosnia durante la guerra de 1992-1995.

El caso de Mladic se convirtió en símbolo de la violencia extrema vivida durante la guerra en la antigua Yugoslavia, un conflicto que dejó un saldo de aproximadamente 100.000 víctimas mortales y desplazó a 2,2 millones de personas entre 1992 y 1995. El episodio más recordado es la masacre de Srebrenica, donde las fuerzas bajo el mando de Mladic ejecutaron a unos 8.000 musulmanes bosnios, principalmente hombres y adolescentes, en una zona que las Naciones Unidas había declarado protegida.

Mladic consiguió fugarse, pero finalmente fue detenido en Serbia en 2011 tras 16 años prófugo. El exgeneral fue sentenciado a cadena perpetua en 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, tras ser hallado culpable de genocidio y otros delitos graves cometidos durante el asedio de Srebrenica. “El destino me puso en una posición para defender mi país que ustedes, potencias occidentales, habían devastado con la ayuda del Vaticano y la mafia occidental”, afirmó en su audiencia de apelación en 2020.

Mladic supervisó un asedio de la capital bosnia, Sarajevo, durante más de tres años, con sus francotiradores y proyectiles de artillería, matando a miles de hombres, mujeres y niños en las calles y en sus casas. Un video de Srebrenica lo muestra tranquilizando a un niño musulmán de 12 años poco antes de que sus soldados masacraran a miles de civiles. Más o menos al mismo tiempo, se le ve regresando a una Srebrenica desierta y diciendo a la cámara: “Le regalamos esta ciudad al pueblo serbio”.

Peticiones de liberación y estado de salud

En los últimos meses, Mladic había sufrido varios accidentes cerebrovasculares, lo que llevó a sus familiares y a funcionarios serbios a solicitar su liberación por motivos humanitarios. Sin embargo, el tribunal de La Haya rechazó esas peticiones y el excomandante permaneció bajo custodia hasta el final de su vida.

La noticia de su muerte marca el desenlace de uno de los procesos judiciales más significativos contra los responsables de los crímenes cometidos en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El liderazgo militar de Mladic integró una tríada de poder junto al expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic, todos juzgados por su papel en el conflicto. Aunque era venerado por sus hombres, el exempleado de prensa del ejército yugoslavo Ljubodrag Stojadinovic lo describió una vez como “narcisista, engreído, vano y arrogante”, según cuenta este jueves la agencia AFP.

El nombre de Mladic quedó asociado para siempre a la matanza de Srebrenica, considerada la peor masacre en Europa desde 1945. Este caso se transformó en punto de referencia para la justicia internacional, que sentó precedente en la persecución de crímenes de lesa humanidad y genocidio en el continente europeo.

Al menos una víctima mortal y tres heridos en un ataque con una espada dentro del colegio Brinell en la ciudad sueca de Fagersta. La policía sueca ha confirmado que una persona murió y tres resultaron heridas después de que un atacante armado con una espada entrara en una escuela secundaria en la ciudad de Fagersta, en el centro de Suecia.

El jefe de la policía local, Tommy Alriksson, declaró a los periodistas que una persona fue hallada muerta después de que la policía entrara en la escuela y tras haber disparado y detenido al agresor. Alriksson añadió que, además del fallecido, tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Los dos heridos graves son jóvenes de entre 12 y 17 años. Uno se encuentra en cirugía de urgencia, aunque ambos estaban en condición estable, ha explicado el director regional de Sanidad, Jonas Cederberg. Una tercera persona, cuyo estado aún no fue determinado, estaba siendo trasladada al hospital.

El diario Aftonbladet aseguró que el atacante recibió un disparo en la pierna por parte de los agentes de policía y ya ha sido detenido.

“Un atacante armado con una espada entró en Brinellskolan e hirió a varias personas”, informó el municipio de Fagersta en un comunicado, añadiendo que el agresor fue detenido por la policía.

La policía afirmó haber recibido los primeros avisos sobre el ataque poco después de las 12H00 GMT.

Durante la intervención policial, varios otros centros educativos de la zona fueron confinados como medida preventiva.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha explicado que aún no saben “qué hay detrás del acto” y ha pedido a la ciudadania dejar trabajar a la policía para esclarecer las causas del suceso.

An 18-year-old armed with a machete has wounded multiple people at a school in Fagersta, Sweden. Police have shot the suspect, who was previously sentenced to 25 hours of youth community service for assault at another school. pic.twitter.com/qn5SdmPZ3y

— S🕊️🇸🇪 (@8bdrssss) August 21, 2026

“Ha ocurrido un grave incidente hoy en Fagersta en una escuela, justo después de las vacaciones de verano. Hay informes de personas heridas. Todavía no sabemos qué hay detrás del acto, pero sabemos que la policía está trabajando con gran intensidad”, escribía.

La radiotelevisión pública SVT indicó que ambulancias, patrullas y un helicóptero policial se encontraban en el exterior de la escuela, que tiene 447 alumnos, en una ciudad de unos 12.000 habitantes.

El ayuntamiento ha pospuesto tambiénuna rueda de prensa prevista para las 17:00 porque “una operación de rescate” seguía en curso. La líder de la oposición socialdemócrata Magdalena Andersson escribió en X que se trataba de “terribles noticias”, y añadió: “Cuando la violencia tiene lugar en una escuela, sé que afecta a todo nuestro país. Toda Suecia está con Fagersta en este momento tan difícil”.

La reciente crisis migratoria en Ceuta ha vuelto a poner en primer plano las tensiones fronterizas entre España y Marruecos. El trasfondo de estos conflictos remite a una doctrina con profundas raíces históricas y políticas. El concepto de “Gran Marruecos” ha marcado la política exterior del país y continúa generando tensiones en el norte y oeste de África. Esta idea, surgida en los años 20 del siglo pasado, sostiene que el actual Marruecos tiene una continuidad histórica con los imperios y dinastías que gobernaron el Magreb, lo que justificaría reclamaciones territoriales más allá de sus fronteras reconocidas.

La disputa por el Sáhara Occidental y la relación complicada con los países vecinos tienen su raíz en esta visión expansionista. La realidad es que el gobierno actual y la monarquía bajo Mohamed VI no tiende a hablar directamente del “Gran Marruecos”. El antecesor en el trono, su padre Hassán II, sí era más directo en las intenciones expansionistas. En los últimos años, las reclamaciones se han centrado en el Sáhara Occidental. No obstante, sí que se encuentran recientes declaraciones de figuras como el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, que ha asegurado que sigue “sobre la mesa recuperar Ceuta y Melilla”.

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El principal ideólogo fue Allal El Fasi, líder del partido entonces independentista, bajo protectorado español y francés, Istiqlal, quien durante la primera mitad del siglo XX defendió que Marruecos debía recuperar territorios vinculados históricamente con dinastías anteriores. El Fasi propuso un vínculo entre el Marruecos moderno y antiguos poderes como el Sultanato benimerín, entre el 1121 a 1269, y el Imperio almohade, entre los años 1244y 1465.

Según esta visión, el “Gran Marruecos” abarca el territorio actual del país, el Sáhara Occidental y Mauritania al completo, zonas de Argelia, el norte de Mali, y los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, junto a las plazas de soberanía española en el litoral africano (Peñón de Vélez de la Gomera, Islas Alhucemas (Islote de Alhucemas, Isla de Mar e Isla de Tierra), Islas Chafarinas (Isla de Isabel II, Isla del Congreso e Isla del Rey) e Islote de Perejil).

La versión oficial marroquí ha utilizado argumentos históricos y religiosos, como la existencia de lazos de vasallaje entre tribus saharauis y el sultán, el cobro de impuestos y la administración religiosa compartida. Estas tesis fueron presentadas por el gobierno de Hassan II ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 1975, en el proceso sobre el futuro del Sáhara Occidental. Según aseguraba el monarca, Marruecos defendió que “la población autóctona había mostrado lealtad al sultán”.

Disputas regionales y acercamiento al Sáhara

Tras la independencia de Marruecos en 1956, la política expansionista se consolidó. El conflicto territorial con Argelia desembocó en la “guerra de las arenas” en 1963, donde Rabat intentó controlar la región de Tinduf, donde están los campamentos saharauis, y otras zonas limítrofes. La disputa por el Sáhara Occidental se intensificó en 1975, cuando la CIJ reconoció relaciones de lealtad religioso-cultural, pero rechazó que constituyeran soberanía territorial.

El rey Hassan II reinterpretó el fallo y organizó la Marcha Verde, una movilización de más de 350.000 personas hacia el Sáhara Occidental, para imponer el control sobre el territorio. España se lo cedió a Marruecos, comenzando sus enfrentamientos con el Frente Polisario. Durante décadas, los ejecutivos españoles mantenían su defensa de que los saharauis eligieran sobre su futuro, pero en 2022 Pedro Sánchez cambió y aceptó la postura marroquí. Estados Unidos también la he dado su apoyo a Marruecos y a España le han seguido el resto de europeos. Así, en 2025, se unió la ONU, con la resolución 2797, donde lo aceptan como “base de las negociaciones”.

Alemania ha confirmado la aportación de 50 millones de euros para reparar el Nuevo Confinamiento Seguro de la Central Nuclear de Chernóbil, dañado en febrero de 2025 tras un ataque con un dron ruso, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania. El anuncio se produjo tras una reunión en Kiev entre el primer viceprimer ministro ucraniano y titular de Energía, Denys Shmyhal, y el ministro federal de Medio Ambiente y Seguridad Nuclear de Alemania, Karsten Schneider. El acuerdo contempla que la contribución de Alemania se canalice mediante la Cuenta de Cooperación Internacional para Chernóbil (CCICh), fondo destinado a administrar recursos internacionales para la seguridad nuclear en la zona.

Durante la visita a la central, la delegación alemana recorrió la infraestructura del Nuevo Confinamiento Seguro y evaluó los daños ocasionados por el ataque. Los representantes también visitaron la nueva planta solar instalada en el área industrial del complejo, iniciativa orientada a diversificar la generación energética en Chernóbil. Finalmente, la delegación participó en una ceremonia en memoria de los liquidadores y trabajadores implicados en la respuesta al desastre de 1986.

El Nuevo Confinamiento de Chernóbil fue construido para aislar los restos radiactivos del reactor accidentado, pero en febrero de 2025 resultó dañado tras un ataque ruso con dron, lo que incrementó la alarma internacional respecto a la estabilidad de las infraestructuras nucleares ucranianas y la urgencia de garantizar su protección ante el conflicto bélico en curso, intensificando el debate sobre la seguridad energética en Europa.

Cooperación internacional para la seguridad nuclear

El proyecto de reconstrucción del arco de Chernóbil se ha convertido en uno de los mayores retos de seguridad nuclear en Europa. La restauración de la estructura de confinamiento, conocida como el “arco”, es considerada fundamental para la seguridad nuclear de Ucrania y del conjunto del continente, por lo que constituye una preocupación compartida por las autoridades ucranianas, alemanas y diversas organizaciones internacionales.

El coste total estimado para la reparación ronda los 500 millones de euros, según cálculos iniciales del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. De acuerdo con el Gobierno de Ucrania, la Comisión Europea, Estados Unidos y el Reino de Noruega han manifestado su intención de sumarse a la financiación para la reconstrucción de la estructura.

El Ministerio de Energía de Ucrania subrayó la rápida respuesta de Alemania, valorando esta decisión como un paso clave para la seguridad nuclear continental y la prevención de riesgos de contaminación tanto para Ucrania como para el resto de Europa. Las autoridades ucranianas señalaron que la inversión alemana se gestionará a través de mecanismos multilaterales, reforzando el compromiso europeo con la protección de infraestructuras nucleares en el país.

La restauración del confinamiento, según la cartera de Energía, se considera prioritaria para evitar posibles fugas radiactivas y contribuir a la estabilidad de la región. La cooperación entre Ucrania y Alemania, junto al respaldo de otros socios internacionales, marca una nueva etapa en la defensa de instalaciones críticas frente a los riesgos derivados del conflicto con Rusia y los ataques a objetivos estratégicos.

La liberación de Yann Vézilier, oficial de inteligencia de Francia, tras un año en prisión en Malí, marca un nuevo episodio en África Occidental. Un indulto presidencial firmado por el general Assimi Goïta, presidente de la transición en Bamako, ha terminado con el retorno a París del agente acusado de cooperar para dar un golpe de Estado. Alrededor del caso surge un tercer país protagonista con la supuesta mediación silenciosa de Marruecos.

Yann Christian Bernard Vézilier dejó la cárcel y fue expulsado de Malí el pasado 13 de agosto, según el comunicado oficial del Gobierno de Transición. El episodio inició en el verano de 2025, cuando el segundo secretario de la Embajada de Francia en Bamako fue arrestado por las autoridades malienses. La justicia de Malí lo acusó de atentar contra la seguridad del Estado y lo condenó a 20 años de reclusión criminal.

El comunicado oficial, firmado por el ministro de Administración Territorial y Descentralización, general de brigada Issa Ousmane Coulibaly, especifica que el indulto no cuestiona los hechos probados por la justicia y se concede bajo la condición de la expulsión inmediata de Vézilier. El texto destaca el compromiso con la paz y el diálogo, así como con los valores tradicionales malienses. Además, en uno de sus párrafos aparece el agradecimiento a un “país hermano”, por su mediación decisiva.

Marruecos, el “hermano” mediador

Según adelantó Intelligence Online, la mediación de Marruecos resultó clave para destrabar una situación que inquietaba a los servicios de seguridad franceses. El medio Le360, considerado como un portal cercano a los intereses del gobierno marroquí, ha asegurado que este “hermano” es Marruecos, apoyándose en esta información.

Según este periódico, bajo la dirección de Yassine Mansouri, jefe de la Inteligencia marroquí, movilizó sus influencias ante las autoridades malienses y logró negociar una salida favorable. Este desenlace refuerza el rol de Marruecos como actor estratégico en el Sahel, según apuntan desde el país norteafricano. Le360 recuerda que el Reino ya había facilitado la liberación de funcionarios franceses detenidos en Burkina Faso, lo que motivó una llamada de agradecimiento del presidente Emmanuel Macron al rey Mohammed VI a fines de 2024.

Reacción francesa y repercusiones

El Gobierno de Francia realizó un comunicado en los últimos días para celebrar la liberación de Yann Vézilier y su regreso al país tras doce meses de cárcel. En un comunicado emitido el 13 de agosto, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia calificó el retorno como un “alivio para el Ministerio y para todos sus compañeros”. La operación demuestra la tensión existente entre Francia y la junta militar de Malí, país que mantiene una relación tensa con socios occidentales y donde la presencia de agentes de inteligencia extranjeros es vigilada de cerca.

Por otro lado, también es un nuevo ejemplo de la pérdida de influencia que sufre el país europeo en África. Desde hace años, muchas de sus misiones, incluida precisamente Mali donde estaba desplegado junto a España, han cerrado por la desconfianza desde los ejecutivos africanos, que han apostado por otros colaboradores, como China o Rusia.

La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha dado munición a la línea antiinmigratoria en Europa, que se ha subido a la cresta de la catástrofe para reivindicar la mano dura frente a la Europa abierta de Pedro Sánchez. Evitar una nueva “invasión” como la ocurrida el 30 de julio es el principal argumento de varios líderes para pedir que la UE acelere la puesta en marcha de los polémicos centros de deportación externos, una iniciativa que Meloni presentó hace dos años como una “solución innovadora” a la crisis migratoria en Europa.

La propuesta no es nueva, ya que bebe de la abanderada años antes por el gobierno británico de Rishi Sunak, que trató, sin éxito, de llevar buques con migrantes a Uganda para que el país africano acogiese a los migrantes y gestionase sus procedimientos de asilo. Su viabilidad, además, también está en entredicho: dos años después de su anuncio, el proyecto no ha logrado despegar debido a numerosas dudas legales planteadas por los tribunales del país (por el alto riesgo de violaciones de derechos humanos), pendientes aún de resolución por parte del Tribunal de Justicia Europeo.

Pero todo eso no ha sido un obstáculo para sus defensores, quienes insisten en que es una forma eficaz de frenar el tráfico ilegal de personas. En un artículo publicado el lunes por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el líder de los populares europeos, Manfred Weber, defendió las expulsiones de “los migrantes que no tienen derecho a permanecer deben abandonar Europa, sin peros ni excepciones”. Y en este sentido, planteó ofrecer a países de fuera de la Unión vínculos comerciales más estrechos, cooperación económica y vías de migración legal a cambio de aceptar esos centros.

Weber presentó el caso de Ceuta como prueba de que la cooperación con países africanos puede funcionar. En su tribuna, concretó que Marruecos readmitió de inmediato a personas que habían cruzado y que nadie pudo seguir viaje hacia el espacio Schengen. Un argumento que se tambalea por su propio peso, ya que fue la propia pasividad de Rabat —que recibe cientos de millones de euros de Europa para controlar la migración— la que permitió que la entrada masiva se produjera sin apenas oposición.

España, aislada en la oposición a los campos de deportación

Los campos de deportación ya han conquistado a la gran mayoría de gobiernos europeos, entre ellos, uno liderado por una socialdemócrata, la danesa Mette Frederiksen. A excepción de Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda (esta última, por ostentar la presidencia rotativa del Consejo Europeo), 19 líderes firmaron una carta en la que instaron a avanzar “con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”.

Y así está siendo. La Eurocámara aprobó antes del verano el texto del Reglamento de Retornos, que incorporaba, entre otras cosas, los centros de deportación externos. Estos, según rezaba el texto, podrían ser financiados por la UE dentro del próximo presupuesto de 2028, actualmente en fase de discusión y que podría llegar a aprobarse a finales de este año.

Según las nuevas normas será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno -a excepción de los menores no acompañados- a los denominados “centros de retorno” que estén situados en el territorio de un país que acepte acogerlos en base a un acuerdo con un Estado miembro. La UE asegura que los acuerdos “solo podrán firmarse con países de fuera de la Unión que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución”. Las reglas incluyen la condición de que las autoridades nacionales informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su entrada en vigor”.

En cuanto al ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen, la idea también enamora. El comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ya se ha referido en numerosas ocasiones a esta cuestión y ha mantenido que sería una propuesta “voluntaria” y que estaría sujeta a salvaguardias.

Entre los países que se barajan ya como anfitriones de centros de retorno fuera del bloque estarían Ruanda y Uzbekistan, según adelantó Político a finales de junio. El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis fijó a grandes rasgos el calendario: “Nuestro objetivo es cerrar los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026 para que estén operativas a partir de 2027”.

El CIDOB (Barcelona Center for International Affairs) ya aseguraba en su momento que los precedentes permiten especular que la puesta en marcha de esos centro “no será fácil”. Los tribunales griegos detuvieron la mayor parte de los retornos previstos bajo el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía; la justicia británica paralizó la entrada en vigor del centro en Ruanda con el argumento de que los “refugiados genuinos” corrían el peligro de ser retornados a sus países de origen. Y los jueces italianos han hecho imposible desplegar los protocolos rápidos en materia de asilo y expulsión que exige el funcionamiento del centro de Meloni en Albania.

El precio también es otro aspecto que tendrán que explicar los Gobiernos que se intenten sumar a esta línea: el CIDOB afirma que se calcula que la construcción del centro británico en Ruanda costó 370 millones de libras y que el coste ascendía a 20.000 libras por persona deportada. Las cifras también son astronómicas en el caso del centro en Albania: se calculaba una inversión total de 800 millones y un coste de 297 euros al día por cada solicitante de asilo alojado, lo que equivale a 10 veces más que si la acogida se hubiera hecho en Italia.

Músculo a Frontex

Otra idea sobre la mesa es la ampliación de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, Frontex, hasta los 50.000 efectivos operativos. El planteamiento pasa por que trabajen junto a las fuerzas nacionales y supervisen si los Estados miembros cumplen las normas comunitarias de control de fronteras. Actualmente, el cuerpo permanente de Frontex cuenta con más de 2 000 agentes del cuerpo, según datos de la Comisión Europea.

La UE también debate sobre la ampliación de las competencias de Frontex en los próximos años, en un momento en el que las amenazas híbridas, entre las que también se incluye la migración, están en aumento. Y en el centro del debate está la de Defensa, exclusiva de los Estados, y que implicaría que el cuerpo europeo adquiriese sistemas de drones y antidrones para la vigilancia de las fronteras.

En todo caso, los siguientes pasos en la política migratoria en Europa los marcará el Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio y que pretende, a través de un único modelo homogeneizado, otorgar más control en frontera, procedimientos de asilo más rápidos y un mecanismo obligatorio de reparto o compensación económica entre los Veintisiete, que evitará que un país, como le ha pasado a España, tenga que afrontar una emergencia solo.

Los Mossos d’Esquadra investigan la agresión que sufrió el pasado 12 de agosto un joven italiano de 21 años a la salida de una discoteca en la zona del parque del Fòrum, entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. Nicola Maggiotto, vecino de Asolo, en la provincia italiana de Treviso, permanece ingresado en la UCI del Hospital del Mar en coma inducido después de recibir un fuerte golpe en la cabeza durante un enfrentamiento con un grupo de desconocidos. Su estado es estable, según la prensa italiana, aunque su pronóstico es reservado por las lesiones cerebrales que presenta.

Todo ocurrió poco después de las diez de la noche, cuando Maggiotto y sus amigos abandonaban el local y se dirigían hacia una parada de taxis próxima. El grupo, formado por jóvenes italianos de unos 20 años, había pasado el día en la zona de ocio del Fòrum. Lo que estaba siendo un viaje de vacaciones terminó de forma abrupta a las puertas de la discoteca Sea Sea Beach, cerca de Port Fòrum.

La policía catalana recibió el aviso sobre las 22:25 horas. Cuando llegaron las patrullas, los presuntos agresores ya habían abandonado el lugar. Una ambulancia trasladó a Maggiotto al Hospital del Mar, mientras que uno de sus amigos tuvo que recibir asistencia médica por lesiones leves en la cara. El padre del joven, que viajó inmediatamente a Barcelona junto a su esposa, presentó posteriormente una denuncia ante los Mossos.

La investigación continúa abierta y los agentes de la comisaría de Badalona están tratando de reconstruir qué sucedió exactamente durante los minutos previos a la agresión. Para ello han tomado declaración a varios testigos, entre ellos los amigos de la víctima, y han revisado las cámaras de seguridad de la zona.

Una conversación que terminó en pelea

La versión que han contado los amigos de Maggiotto a los medios italianos sitúa el origen del incidente en un encuentro casual con otro grupo de jóvenes. Según su relato, eran entre diez y quince personas y ambos grupos comenzaron hablando con normalidad. Lo hicieron en inglés y español, entre el ambiente propio de una noche de fiesta.

Giuseppe Siben, uno de los amigos de Maggiotto, ha explicado al diario Corriere della Sera que llegaron a hablar incluso del Mundial y de la victoria de España. El joven asegura que la situación cambió cuando los otros chicos se dieron cuenta de que eran italianos. Aun así, Siben matiza que no considera que la nacionalidad de los jóvenes fuera necesariamente el motivo de la agresión.

En algún momento, Maggiotto se quedó unos metros por detrás del resto de sus amigos y comenzó a discutir con uno de los integrantes del otro grupo. Según el relato de Siben, ambos llegaron a enfrentarse mientras el resto permanecía alrededor. Fue entonces cuando se produjo el golpe que dejó al joven inconsciente. Siben asegura que vio a otro miembro del grupo correr hacia Maggiotto por detrás y propinarle un fuerte puñetazo en la nuca. El joven cayó al suelo y perdió el conocimiento.

A partir de ahí, el relato de los testigos sitúa a varios integrantes del grupo atacando a Maggiotto cuando ya estaba tendido en el suelo. Siben asegura que se lanzó a ayudar a su amigo y que también recibió golpes. Llegó a perder el conocimiento y, según su testimonio, un tercer integrante del grupo tuvo que intervenir para intentar reanimarlos.

Los amigos sostienen que los agresores dejaron de golpearles y huyeron cuando escucharon las sirenas de los vehículos policiales. La investigación de los Mossos deberá determinar ahora si esta secuencia se corresponde con lo ocurrido y quiénes fueron exactamente las personas que participaron en el ataque.

Sin robo y con la investigación todavía abierta

Una de las primeras cuestiones que tratan de aclarar los investigadores es el motivo del enfrentamiento. Por el momento, la hipótesis del robo no parece encajar con lo sucedido: los jóvenes italianos no denunciaron que les hubieran quitado dinero, teléfonos móviles u otras pertenencias.

Los Mossos también intentan determinar si hubo algún intercambio de insultos o amenazas antes de la pelea y qué papel tuvo cada una de las personas presentes. Las declaraciones de los amigos de Maggiotto constituyen una de las principales vías para reconstruir los hechos, aunque los investigadores deberán contrastarlas con las imágenes de las cámaras y con el resto de testimonios.

El padre del joven ha descrito el ataque ante la prensa italiana como un “golpe cobarde” y ha explicado la angustia con la que está viviendo la hospitalización de su hijo. Según su relato, una enfermera del Hospital del Mar le preguntó incluso si creía en Dios y le trasladó que las próximas horas serían importantes para conocer cómo evolucionaban los traumatismos.

Maggiotto, aficionado al rugby y a las artes marciales, continúa ingresado en la UCI mientras sus familiares esperan su evolución. Sus amigos, que fueron quienes avisaron a la familia tras la agresión, han regresado ya a Italia después de permanecer junto a él durante las primeras horas de hospitalización.

Según Rai News, el Consulado italiano en Barcelona está prestando asistencia a la familia de Maggiotto y al otro joven italiano que resultó herido.

Ulrich Siegmund tiene 35 años, una sonrisa permanente y una afición por las viejas motocicletas de la Alemania del Este. En campaña recorre Sajonia-Anhalt a lomos de una Simson KR 51/1 de 1975, la misma que compró para desplazarse a su primer periodo de formación como comerciante. A su alrededor se forman caravanas de cientos de ciclomotores, muchos de ellos modelos fabricados en la antigua República Democrática Alemana. Los simpatizantes le esperan con banderas, camisetas con su rostro y una petición que hasta hace poco habría parecido improbable: “nuestro ministro-presidente”. Siegmund firma prendas, se hace fotografías, recuerda nombres y bromea con los asistentes. En uno de sus actos, la cola para estrecharle la mano se prolongó durante horas.

Es una imagen muy alejada del estereotipo del dirigente de extrema derecha. Y precisamente ahí reside buena parte del fenómeno Ulrich Siegmund. El candidato de Alternativa para Alemania (AfD) a las elecciones regionales del próximo 6 de septiembre se ha convertido en uno de los políticos más populares de su formación mientras vende un programa considerado radical incluso dentro de un partido situado en la extrema derecha alemana. La revista Der Spiegel lo ha presentado como “el hombre más peligroso de Alemania”, mientras la posibilidad de que la AfD consiga gobernar por primera vez un estado federado ha convertido su candidatura en un asunto de alcance nacional.

Siegmund no nació en la Alemania dividida. Llegó al mundo en octubre de 1990, tres semanas después de la reunificación, y creció en Tangermünde, una pequeña localidad de unos 10.000 habitantes de la región de Altmark. Su padre es ingeniero y su madre murió años después en un accidente de equitación. Su hermano Michael también participa en la política municipal. En casa, cuenta Siegmund, aprendió dos principios que todavía repite: que nada cae del cielo y que no hay que creerse todo lo que cuentan.

Antes de dedicarse a la política, su trayectoria fue la de un joven empresario. Estudió psicología del consumidor, trabajó en marketing y recibió formación empresarial en Pekín. Posteriormente creó en Berlín la compañía “Berlin duftet”, dedicada a la comercialización de fragancias para espacios, con productos diferenciados según el género. Su perfil profesional ayuda a explicar una de las características que más destacan quienes han seguido su ascenso: Siegmund parece más un vendedor que un político tradicional.

Un antiguo compañero de la AfD lo resume de forma gráfica: “Puede venderte cualquier coche, aunque no siempre sepa cómo funciona”. La frase apunta a una de las preguntas que rodean su trayectoria: si su principal talento consiste en haber transformado posiciones políticas radicales en un producto que puede ser presentado ante una audiencia mucho más amplia.

Del joven de la CDU al dirigente de la AfD

Su primera afiliación política no fue a la AfD, sino a la CDU. Entró en el partido de Angela Merkel en 2008, cuando tenía 18 años. Por entonces ya buscaba hacerse un hueco en la política local, aunque no consiguió hacerse con uno de los puestos que pretendía. Su trayectoria cambió seis años después, cuando se incorporó a la AfD. La formación era entonces muy diferente de la actual. Había nacido en torno al rechazo al euro y a posiciones económicas liberales y todavía no se había convertido en la principal fuerza de la extrema derecha alemana. Siegmund siguió esa evolución desde dentro. En 2016 consiguió un escaño en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt y, con el tiempo, fue adquiriendo cada vez más peso dentro del partido.

Su transformación política se hizo especialmente visible durante la pandemia de coronavirus. Quien le había conocido en sus primeros años parlamentarios describe a un político poco llamativo que comenzó a expresarse de forma mucho más radical. Siegmund cuestionó públicamente la gestión de la pandemia y utilizó las redes sociales para denunciar lo que consideraba una pérdida de confianza en los medios de comunicación y las instituciones. Sus vídeos le permitieron ganar una audiencia considerable en TikTok y contribuyeron a convertirlo en uno de los dirigentes de AfD con mayor capacidad para conectar con públicos ajenos a los circuitos políticos tradicionales.

Esa capacidad de comunicación es hoy uno de sus principales activos. Siegmund tiene cientos de miles de seguidores en TikTok y ha construido una imagen deliberadamente próxima: aparece en fábricas, participa en actividades de campaña, habla con empresarios y convierte una simple salida en motocicleta en un acontecimiento político. En sus actos utiliza un lenguaje coloquial y llama a los asistentes por su nombre. Según Spiegel, una de sus mayores habilidades es precisamente recordar los nombres de las personas que conoce, una forma de hacer que cada interlocutor tenga la sensación de ser reconocido.

La estrategia contrasta con la dureza de sus posiciones. La AfD de Sajonia-Anhalt, que tiene a Siegmund como candidato principal, está clasificada como organización de extrema derecha por la Oficina regional para la Protección de la Constitución. En su programa electoral, la formación sitúa la llamada “remigración” en el centro de sus propuestas migratorias. Correctiv ha documentado que 18 de las 156 páginas del programa aprobado por el partido están dedicadas a inmigración y “remigración”.

Siegmund ha defendido públicamente medidas de endurecimiento de la política migratoria y ha llegado a hablar de una gran ofensiva de deportaciones. Durante la campaña, sin embargo, el término “remigración” ha desaparecido en buena medida de sus intervenciones públicas, mientras su discurso se centra en expresiones como el control de la inmigración. Correctiv interpreta ese cambio como una estrategia para ampliar su base electoral.

Los hombres que le rodean

Pero si hay un elemento que explica mejor por qué la figura de Siegmund genera inquietud dentro de la propia AfD, no es solamente su trayectoria personal, sino las personas que ha colocado a su alrededor. Entre sus colaboradores se encuentran Patrick Harr y Laurens Nothdurft, ambos vinculados en el pasado a la Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), una organización neonazi que fue prohibida por el Ministerio del Interior alemán en 2009. Es más, la HDJ figura en la lista de organizaciones incompatibles con la afiliación a la AfD. Nothdurft ha defendido que informó a los órganos competentes del partido sobre sus actividades y afiliaciones durante su juventud.

Harr ocupa un puesto de confianza junto a Siegmund como portavoz y gerente parlamentario del partido en Sajonia-Anhalt. Nothdurft trabaja para el grupo parlamentario y ha representado jurídicamente a Siegmund. Otro antiguo miembro de la HDJ, Felix Willer, hermano de Nothdurft, también trabaja para la formación. Correctiv sostiene, a partir de testimonios obtenidos dentro de la AfD, que Harr tiene una influencia considerable sobre la línea política del dirigente.

Es precisamente este entorno el que alimenta las reservas dentro de la dirección nacional de la AfD. El temor no se centra necesariamente en que Siegmund sea incapaz de ganar las elecciones. Al contrario: su éxito electoral es la principal razón por la que la formación lo necesita. El problema aparece en el escenario posterior. Una victoria convertiría a un dirigente de uno de los sectores más radicales del partido en jefe de un Gobierno regional, con capacidad para nombrar ministros, controlar áreas de la Administración y participar en el Bundesrat.

Siegmund asegura que ya tiene preparado el 95% de su futuro gabinete. Su intención es recurrir fundamentalmente a personas de su confianza, una decisión que dentro de la AfD genera preocupación por la radicalidad y la falta de experiencia de algunos de los posibles integrantes. El riesgo para el partido es doble: una entrada en el poder demasiado abrupta podría provocar una crisis interna, pero un Gobierno de AfD en Sajonia-Anhalt también serviría como banco de pruebas para una futura llegada de la formación al poder en otros estados y, eventualmente, a nivel federal.

Mientras tanto, su campaña sigue pareciendo más una gira que una carrera electoral convencional. Las caravanas de Simson permiten conectar con una parte de la población que identifica aquellas motocicletas con la antigua Alemania oriental y con una época que recuerda de forma idealizada. En una de esas salidas llegaron a reunirse más de 400 vehículos. Siegmund encabezó la marcha sobre su modelo de 1975, el mismo que utilizaba cuando todavía no había entrado en política.

A pocas semanas de las elecciones, el hombre de la Simson sigue recorriendo Sajonia-Anhalt entre barbacoas, actos familiares, fábricas y caravanas de motos. Y detrás de esa campaña de proximidad se encuentra un partido que, por primera vez, se prepara para comprobar qué ocurre cuando deja de limitarse a hacer oposición y tiene que empezar a gobernar.

Un Renault 5 TL de 1982 ha pasado de estar olvidado durante más de cuatro décadas en una granja francesa a venderse por 53.711 euros en una subasta. El coche llevaba 43 años sin moverse y conservaba únicamente 12 kilómetros en el cuentakilómetros, los que había recorrido desde el concesionario hasta la casa de su primera propietaria. Cuando fue descubierto, seguía acompañado de parte de la documentación original, las matrículas que nunca llegó a estrenar y hasta un segundo juego de llaves.

El hallazgo se produjo en enero de 2026 en Laives, una localidad del departamento francés de Saône-et-Loire. El vehículo había permanecido guardado desde poco después de su compra, en octubre de 1982, y su existencia salió a la luz en el marco de una sucesión. La casa de subastas Aguttes se encargó posteriormente de llevarlo a una venta de automóviles de colección celebrada en París el pasado 15 de marzo.

La estimación inicial estaba muy lejos del precio que acabaría alcanzando: entre 5.000 y 10.000 euros. La puja, sin embargo, se disparó hasta los aproximadamente 47.000 euros antes de gastos y terminó en 53.711 euros para el comprador, una vez añadidos las comisiones y los impuestos.

La historia de este Renault 5 no empieza con un coleccionista ni con un modelo especialmente exclusivo. Empieza con una mujer que compró un coche nuevo sin tener todavía carné de conducir.

Comprado nuevo y guardado nada más llegar a casa

La propietaria, identificada como Madame M., compró el Renault 5 en octubre de 1982 en el concesionario Renault Sodirac de Chalon-sur-Saône. Pagó alrededor de 40.000 francos por un Renault 5 TL de cinco puertas, equipado con un motor de 1.108 centímetros cúbicos y cambio manual de cuatro velocidades. La carrocería era de color azul pizarra metalizado.

El coche fue trasladado hasta su domicilio de Laives y acabó guardado en una de las dependencias de la propiedad. Allí permaneció mientras su dueña obtenía finalmente el carné. Pero, según la información recopilada por Aguttes, nunca llegó a sentirse cómoda conduciendo y apenas utilizó el coche. La batería quedó desconectada y el Renault 5 pasó a formar parte del paisaje de la granja. Y así siguió durante 43 años.

El cuentakilómetros se quedó detenido en 12 kilómetros. Esa cifra corresponde al corto trayecto que hizo el coche después de salir del concesionario y llegar a casa de su propietaria. Desde entonces, no volvió a circular.

Lo llamativo es que el tiempo no borró las huellas de aquel primer día. Cuando el coche fue localizado, todavía conservaba las placas provisionales con las que había salido del concesionario. También aparecieron en el maletero las matrículas definitivas que nunca llegaron a colocarse, además de documentación relacionada con la compra, los libros del vehículo y un segundo juego de llaves.

La propia matrícula provisional se convirtió en una pequeña cápsula del tiempo. El Renault 5 había salido del concesionario con la placa 9105 WWA 71, destinada entonces a tener una vigencia de apenas 15 días. Más de cuatro décadas después, seguía allí.

El coche, además, no había sido restaurado para aparentar que estaba nuevo. Simplemente había permanecido apartado del exterior durante décadas. Al retirarse el polvo acumulado, los responsables de la venta encontraron una carrocería sin corrosión. En el interior sí había algunas señales del paso del tiempo, como restos de moho en determinados elementos de plástico, pero el estado general era excepcional para un vehículo que llevaba tanto tiempo inmóvil. Los neumáticos tuvieron que ser inflados para poder sacar el coche de la granja.

De posible coche para desguace a pieza de colección

El descubrimiento se produjo después del fallecimiento de la propietaria, cuando la vivienda y sus dependencias quedaron vinculadas a una sucesión. La Renault 5 permanecía en el interior de la granja, rodeada de polvo y de objetos acumulados durante años.

Raphaël de Serres, especialista en vehículos de colección vinculado a Aguttes, recibió el aviso de que allí podía haber un coche antiguo. Lo que encontró inicialmente no parecía una pieza extraordinaria. De hecho, el vehículo llegó a estar destinado a acabar en el desguace.

La situación cambió cuando pudieron comprobar qué había detrás de aquella capa de suciedad. El coche no solo era un Renault 5 de 1982: prácticamente no había circulado, conservaba sus elementos originales y mantenía la documentación que permitía reconstruir su historia desde el momento en que fue comprado. Esa combinación terminó convirtiéndolo en un ejemplar especialmente atractivo para los coleccionistas. No por tratarse de una versión rara, sino precisamente por lo contrario.

El Renault 5 fue uno de los modelos más populares de Renault. La marca francesa llegó a fabricar más de cinco millones de unidades desde su lanzamiento en 1972, por lo que la rareza de este ejemplar no está en el número de coches producidos, sino en el estado en el que ha llegado hasta nuestros días.

No es un coche deportivo, ni una edición limitada, ni una unidad especialmente potente. Es un Renault 5 TL convencional de cinco puertas que, por una circunstancia casi accidental, quedó apartado de la circulación cuando apenas acababa de salir del concesionario.

Aguttes lo incluyó como uno de los lotes de su Venta de Primavera, celebrada el 15 de marzo en el Espace Champerret de París. La casa de subastas había calculado que podría venderse por entre 5.000 y 10.000 euros. La previsión se quedó corta. Más de diez compradores mostraron inicialmente interés y la puja terminó concentrándose entre dos participantes. Uno de ellos intervino por teléfono. La cantidad siguió aumentando hasta alcanzar aproximadamente los 47.000 euros antes de gastos, muy por encima de la valoración inicial. Con las comisiones y los impuestos, el precio final ascendió a 53.711 euros, más de cinco veces la estimación máxima con la que había llegado a la venta.

Gibraltar no es, hoy por hoy, un destino habitual para los migrantes que parten desde el norte de África rumbo a Europa. Aunque existen casos de personas que alcanzan sus aguas o desembarcan en el Peñón, se trata de un fenómeno puntual y muy alejado en volumen de las llegadas a la costa española. La geografía, el reducido tamaño del territorio y, sobre todo, una política migratoria especialmente restrictiva explican que Gibraltar resulte mucho menos atractivo que España para quienes atraviesan el Estrecho.

Pero el escenario acaba de cambiar. La entrada en vigor del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar ha eliminado los controles en la verja con España y ha abierto una incógnita que, por ahora, los expertos consideran demasiado reciente para poder responder: si el nuevo funcionamiento de la frontera puede convertir en el futuro al Peñón en una vía alternativa para entrar en España y, desde ahí, continuar hacia otros países europeos.

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Para Javier Verdú, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, la respuesta a por qué Gibraltar apenas aparece en el mapa migratorio está, en buena medida, en el propio mapa. El Estrecho separa África de Europa por apenas unos kilómetros y ofrece una costa española extensa, con playas y zonas de difícil vigilancia. “Es imposible controlar todo el Estrecho”, advierte el profesor.

La tecnología y el despliegue policial no bastan para cerrar por completo ese espacio. Verdú pone como ejemplo las motos acuáticas utilizadas para trasladar migrantes: cuando son detectadas, apunta, “están ya en la costa”. El resultado es que el Estrecho sigue siendo uno de los principales corredores de entrada irregular hacia Europa.

Pero una cosa es cruzar el Estrecho y otra muy distinta intentar alcanzar Gibraltar. “El Peñón es una roca que se va afilando conforme llega al sur, a Punta de Europa”, describe Verdú. Esa configuración hace más complicada la llegada por mar. “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”, añade.

Y hay algo todavía más importante: Gibraltar no es el destino que buscan los migrantes. “Gibraltar no es el lugar que desean los flujos migratorios africanos que se dirigen hacia Europa”, afirma el profesor. Quienes atraviesan el Estrecho suelen tener la mirada puesta bastante más al norte. España es, para muchos, una primera etapa de un viaje que continúa hacia Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica, donde pueden tener familiares, contactos o expectativas laborales. “España es un país de tránsito. Muy pocos vienen con la idea de quedarse en España”, recalca.

Por eso, alcanzar el Peñón no ofrece las mismas posibilidades que llegar directamente a territorio español. “Si se encuentran en Gibraltar tienen un problema”, resume Verdú.

Cuando una patera acaba en el Peñón

Eso no quiere decir que Gibraltar sea completamente ajeno a las llegadas irregulares. Las autoridades han registrado en los últimos años varios episodios, principalmente protagonizados por ciudadanos marroquíes. Algunos fueron localizados en kayaks o pequeñas embarcaciones al sur de Punta de Europa; otros acabaron en aguas gibraltareñas después de que sus embarcaciones sufrieran problemas.

En marzo de 2026, la Royal Gibraltar Police detuvo a cinco personas que se encontraban en una pequeña embarcación localizada a unas 0,5 millas náuticas de Rosia. Los agentes habían acudido después de detectar que el barco parecía estar en dificultades. Los cinco fueron acusados de encontrarse en Gibraltar sin un permiso válido.

Hay también antecedentes de cruces deliberados. En otro episodio, tres hombres marroquíes fueron interceptados en un kayak a unas 2,5 millas náuticas al sur de Europa Point. Ninguno llevaba documentación válida.

Para Verdú, sin embargo, estos casos no permiten hablar de una ruta consolidada. “Puede llegar, pero como accidentalmente”, plantea. Una embarcación puede desviarse durante la travesía o terminar en aguas controladas por Gibraltar después de sufrir una avería y necesitar asistencia. La diferencia no es menor. Una cosa es que Gibraltar aparezca en el recorrido y otra que los migrantes lo elijan como destino.

Los propios datos de las autoridades gibraltareñas indican a que existe cierta preocupación por el uso del Peñón como puerta hacia España. La Royal Gibraltar Police informó de que en el segundo semestre de 2024 se rechazó la entrada a 37 personas porque se creía que pretendían utilizar Gibraltar para acceder a la Unión Europea sin la documentación necesaria. El 75% eran marroquíes. En 2025, hasta la fecha de aquel balance, habían sido rechazadas otras diez personas por el mismo motivo, cinco de ellas marroquíes.

Pero el fenómeno sigue siendo muy pequeño frente a las rutas de entrada a España. Y hay una razón más para que Gibraltar resulte poco atractivo: su legislación. “La normativa de Gibraltar es muy estricta”, subraya Verdú. El Immigration, Asylum and Refugee Act considera delito que un extranjero desembarque o intente desembarcar ilegalmente desde una embarcación o aeronave sin la autorización correspondiente. La pena puede alcanzar los seis meses de prisión.

El profesor pone el acento en las consecuencias que puede tener para alguien que llega de forma irregular. “Quedarían, en principio, a disposición de la autoridad judicial”, señala. Y el tribunal puede acordar su permanencia bajo custodia mientras se articula su salida: “Podría incluso determinar la entrada en prisión provisional hasta que se prevea un mecanismo de expulsión”. Es precisamente lo contrario de lo que busca alguien que pretende continuar viaje hacia el norte de Europa.

La verja cambia, pero no todo

El escenario tiene ahora una novedad. Desde el 15 de julio se aplica provisionalmente el nuevo acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar. El pacto modifica el funcionamiento de la frontera terrestre con España y permite una circulación mucho más fluida entre ambos lados. Al mismo tiempo, establece controles vinculados al espacio Schengen en los puntos de entrada y mantiene los requisitos migratorios para acceder a Gibraltar.

La posibilidad de que alguien intente aprovechar ese nuevo escenario es precisamente lo que Verdú pide observar. “Habrá que ver cuál es el efecto futuro y habría que observarlo con atención”, reflexiona. La hipótesis es sencilla: que una persona consiga alcanzar Gibraltar y trate después de cruzar hacia España aprovechando el nuevo funcionamiento de la frontera.

Pero el profesor pone freno a cualquier conclusión precipitada. El acuerdo acaba de empezar a aplicarse y, a su juicio, todavía no hay perspectiva suficiente. “No ha habido un margen de tiempo suficiente como para sacar ninguna conclusión medianamente solvente”, resalta.

De hecho, el propio Gobierno de Gibraltar ha salido al paso de la idea de que el nuevo sistema pueda utilizarse para entrar en España sin los documentos necesarios. Tras la aparición de informaciones y comentarios en redes sociales sobre esta posibilidad, las autoridades insistieron en julio en que quien necesite un visado debe obtenerlo antes de viajar y que Gibraltar no puede utilizarse para eludir los requisitos migratorios británicos o del espacio Schengen.

La crisis migratoria de Ceuta ha añadido un elemento más a esta ecuación. Para Verdú, sin embargo, no se trata de que España pueda simplemente trasladar parte de esa presión a Gibraltar. El territorio, explica, no tiene capacidad ni incentivos para convertirse en receptor de grandes flujos. “Es un sitio con una población muy reducida, un territorio minúsculo, con severos problemas de vivienda y alojamiento”, señala. Tampoco aprecia una necesidad de mano de obra que pueda favorecer la llegada de inmigrantes. “No existe ninguna necesidad de mano de obra”, precisa, porque el mercado laboral está ampliamente cubierto por trabajadores transfronterizos, principalmente españoles.

“Gibraltar no va a asumir nunca una cuota de inmigración irregular”, sentencia el profesor. Tampoco cree que el endurecimiento del discurso español sobre las devoluciones vaya a modificar esta realidad. Verdú cuestiona que pueda devolverse a todos los migrantes que han llegado a Ceuta, especialmente a los procedentes del África subsahariana. La falta de acuerdos de readmisión con algunos países, la ausencia de documentación y los procedimientos de protección internacional complican, a su juicio, esas expulsiones. “Es simplemente retórica”, valora sobre el mensaje de que se devolverá a todos. En su opinión, buena parte de los migrantes subsaharianos no podrá ser devuelta a sus países de origen en las condiciones planteadas.

Mientras tanto, las rutas migratorias siguen adaptándose a los controles. “Los flujos nunca se detienen, simplemente se desvían”, considera Verdú. Cuando una vía se hace más difícil, los movimientos pueden buscar otros corredores, desde el Mediterráneo central hasta Canarias.

En el Estrecho, además, el profesor destaca el papel de las redes de tráfico de personas. Una vez que los migrantes alcanzan la costa norte, expone, suelen disponer de teléfonos y contactos para continuar el viaje. “Cuando llegan, todos tienen normalmente números de teléfono, a quien llamar y contactar”, relata. Da igual que hayan llegado en patera, pesquero, pequeña embarcación o moto acuática. El viaje no termina necesariamente al pisar tierra. “Eso significa que la mafia controla gran parte del negocio de tráfico de personas”, destaca.

Gibraltar queda, por ahora, al margen de ese circuito principal. Es más difícil de alcanzar por mar que la costa española, no es el destino que buscan quienes quieren continuar hacia el norte de Europa y su legislación ofrece poco margen a quien entra irregularmente. Lo que ha cambiado es la frontera terrestre con España. Si esa nueva configuración convierte algún día al Peñón en una escala útil para los flujos migratorios es una pregunta que, de momento, sigue abierta. Para Verdú, simplemente hay que observarla. “Eso sería un elemento a tener en cuenta y estudiar en el futuro”, remata.

Un segundo tren ha descarrilado este viernes en Inglaterra en menos de 24 horas, esta vez en Essex, al sureste del país, sin que se hayan registrado heridos. El convoy se salió de las vías en torno a las 14:12 al sur de la estación de Wickford. El accidente contrasta con el ocurrido el jueves en East Sussex, donde 20 personas necesitaron atención médica, dos de ellas por lesiones graves.

El convoy afectado pertenece a Greater Anglia y cubría un servicio entre Southend y Londres cuando se produjo el accidente. Los vagones de la parte trasera fueron los que descarrilaron y quedaron fuera de las vías, pero ninguno volcó, según las imágenes difundidas por los medios británicos. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta la zona del accidente, mientras que la Policía de Transporte británica (BTP) confirmó que no se habían registrado víctimas. La Rail Accident Investigation Branch (RAIB) ha iniciado las pesquisas para determinar qué provocó el descarrilamiento.

El incidente ha provocado importantes alteraciones en el tráfico ferroviario de la zona, con las conexiones entre Wickford y Southend Victoria afectadas y cancelaciones y retrasos en los servicios de Greater Anglia. Las autoridades mantienen parte de la infraestructura cerrada mientras se llevan a cabo las labores de investigación y se retiran los vagones que se salieron de la vía.

El accidente del jueves se saldó con 20 personas heridas

El descarrilamiento de Essex se produjo menos de 24 horas después de otro siniestro ferroviario ocurrido el jueves cerca de Lewes, en East Sussex, al sur de Inglaterra. En este caso, un tren de la compañía Southern, con unos 150 pasajeros a bordo, se salió de las vías cuando cubría el trayecto hacia Eastbourne tras partir de la estación londinense de Victoria.

El convoy estaba formado por ocho vagones y fueron los tres de la cola los que descarrilaron y terminaron volcados a un lado de las vías, según informaron los medios británicos. La Policía de Transporte declaró el suceso como un incidente grave y desplegó un amplio dispositivo de emergencia para evacuar a los pasajeros.

El balance inicial fue de once personas con lesiones, aunque posteriormente ascendió a 20 pasajeros que necesitaron atención médica. De ellos, 18 fueron dados de alta, mientras que dos sufrieron lesiones graves y fueron trasladados a centros hospitalarios. Según la última información facilitada por la Policía de Transporte británica, ambos presentan heridas graves, pero no mortales.

Dos descarrilamientos en plena ola de calor

Los dos descarrilamientos se han producido con menos de un día de diferencia y en plena ola de calor en Reino Unido. Los termómetros alcanzaron los 38,1 grados este jueves en un parque de Londres. Las elevadas temperaturas han puesto bajo vigilancia a la red ferroviaria británica, ya que el calor extremo puede afectar a las vías, pero las autoridades no han establecido por ahora ninguna relación entre las condiciones meteorológicas y los dos accidentes.

Las investigaciones deberán determinar si existe algún elemento común entre ambos sucesos o si se trata de incidentes independientes. John Whitehurst, jefe ejecutivo de Greater Thameslink Railway, aseguró a la BBC que los descarrilamientos son un fenómeno “increíblemente excepcional” y señaló que, aunque los dos se han producido durante los días más calurosos del año, no parece existir por el momento una relación con las altas temperaturas.

Los menores de 15 años de Francia podrán seguir utilizando las redes sociales después de que el Consejo Constitucional haya tumbado este viernes la ley que prohíbe su acceso al considerar que vulneraba de forma desproporcionada su libertad de expresión. Además, el organismo ha dado luz verde a la ley de eutanasia, al reconocer a los adultos que padecen enfermedades incurables el derecho a la muerte asistida.

La ley, impulsada por el Gobierno de Emmanuel Macron, pretendía prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La medida, cuya entrada en vigor estaba prevista para el próximo 1 de septiembre, tenía un gran alcance y podía afectar no solo a las principales plataformas sociales, sino también a determinadas funciones de sitios como YouTube, como los canales compartidos y los comentarios, así como a aplicaciones de mensajería y a determinados videojuegos en línea.

El Consejo Constitucional considera que la disposición suponía una vulneración de la libertad de expresión y comunicación que “no resulta adaptada, necesaria ni proporcionada”, según recoge AFP. Los magistrados reconocen, no obstante, “la exigencia constitucional de protección del interés superior del menor”, pero advierten de que la prohibición era demasiado amplia y podía aplicarse a servicios cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores “no están acreditados”.

Tras conocer la decisión, Macron ha encargado al primer ministro, Sébastien Lecornu, que reelabore la ley con una “redacción jurídicamente robusta” que permita sacar adelante la prohibición. El Ejecutivo deberá trabajar “a la mayor brevedad posible” y tener en cuenta tanto el dictamen del Consejo Constitucional como el marco europeo. La Presidencia francesa ha asegurado que la “determinación” del jefe del Estado para sacar adelante esta reforma “de aquí a la primavera de 2027″ se mantiene intacta.

La decisión francesa se enmarca en un debate internacional creciente sobre cómo limitar el acceso de los menores a las redes sociales y protegerles de sus riesgos. Australia se convirtió a finales de 2025 en el primer país en prohibir estas plataformas a los menores de 16 años, mientras que en España, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende elevar también a los 16 años la edad mínima de acceso y exigir a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad.

Francia da luz verde al derecho a la ayuda a morir

La segunda gran reforma es la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, validada este viernes por el Consejo Constitucional. La Asamblea Nacional aprobó definitivamente el texto el 15 de julio de 2026, después de que las diferencias entre diputados y senadores impidieran alcanzar un acuerdo en la comisión mixta. El presidente del Senado recurrió posteriormente la ley ante el Consejo Constitucional, que este 14 de agosto ha dado su visto bueno al texto, aunque ha señalado que algunas disposiciones requieren aclaración.

La ley reconoce el derecho a la ayuda médica para morir cuando se cumplen cinco condiciones acumulativas: ser mayor de edad; tener nacionalidad francesa o residencia estable en Francia; padecer una enfermedad grave e incurable en fase avanzada o terminal; sufrir de forma constante e insoportable; y mantener la capacidad de expresar una voluntad libre e informada.

Una vez aseguradas estas condiciones, la ayuda puede prestarse de dos formas: mediante suicidio asistido, si el paciente puede administrarse por sí mismo la sustancia, o mediante eutanasia, cuando necesita que se la administre un profesional sanitario.

Con la validación constitucional, Francia se incorpora al grupo, todavía reducido, de países que permiten alguna modalidad de ayuda médica para morir, aunque con un modelo propio y requisitos específicos. La decisión acerca a Francia a países como España, Bélgica y Países Bajos, pero las condiciones y modalidades autorizadas no son idénticas en todos ellos.

El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España por los problemas que, según Rabat, se están produciendo en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes. El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado este miércoles a EFE que su departamento está analizando esta posibilidad y ha reclamado a España que cumpla “con seriedad” los procedimientos acordados entre ambos países.

“Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España”, ha declarado Ouahbi. El ministro explica que los problemas surgen en la fase final del proceso, cuando España ya ha detenido a una persona reclamada por Marruecos y se prepara su entrega, pero esta no llega a materializarse.

Según su relato, el procedimiento comienza con la detención de la persona reclamada. Una vez comprobada su identidad y fijada una fecha para el traslado, Marruecos envía a agentes de seguridad para hacerse cargo de ella y trasladarla a territorio marroquí. El problema, denuncia Ouahbi, es que en algunas ocasiones esos agentes llegan a España y se encuentran con que la entrega finalmente no se produce.

“Nos dicen que la persona se encontraba en libertad”, ha explicado el ministro, que considera “incomprensibles” estas situaciones. Ouahbi no ha detallado qué casos concretos tiene en mente ni cuántas personas reclamadas por la Justicia marroquí se habrían visto afectadas por estas circunstancias.

La queja del Gobierno marroquí se centra, por tanto, en operaciones de extradición que, según su versión, llegan a una fase avanzada y terminan frustrándose cuando ya se ha organizado el traslado. El ministro ha defendido que Marruecos aplica el mismo procedimiento cuando son las autoridades españolas las que solicitan la entrega de una persona y ha asegurado que su país sí cumple con esas solicitudes. “Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles”, ha afirmado.

La advertencia de Rabat

Ouahbi ha elevado el tono de su reclamación al señalar que Marruecos no está dispuesto a seguir movilizando a sus agentes para operaciones de entrega que finalmente no se llevan a cabo. El ministro ha puesto como ejemplo los casos en los que, después de organizarse el traslado, se comunica a los agentes marroquíes que la persona ya no está disponible para ser entregada.

“No podemos enviar a nuestros agentes para recibir a las personas cuya entrega se solicita y que luego no se produzca con el argumento de que no se presentaron a la hora prevista para la salida del avión desde el aeropuerto”, ha explicado.

Para Rabat, este tipo de situaciones pone en cuestión el funcionamiento de los mecanismos de cooperación entre ambos países. Por eso, el Ministerio de Justicia marroquí está estudiando si debe suspender la aplicación del acuerdo de extradición, aunque el ministro no ha anunciado que la decisión esté tomada ni ha concretado qué procedimiento seguiría el Gobierno marroquí para hacerla efectiva.

La advertencia de Ouahbi se extiende también a los procedimientos de repatriación. El ministro ha asegurado que Marruecos tampoco está dispuesto a aceptar lo que considera incumplimientos en este ámbito y ha relacionado ambas cuestiones con la necesidad de que España respete los mecanismos acordados.

“Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos”, ha afirmado.

Marruecos cuestiona la política migratoria española

En la misma entrevista con EFE, Ouahbi ha ampliado sus críticas a la gestión migratoria española y ha cuestionado que España acepte y regularice a personas que llegan irregularmente mientras Marruecos trata de impedir su salida del país. “Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación”, ha lamentado.

El ministro sostiene que esta aparente contradicción genera dificultades para las autoridades marroquíes, especialmente porque algunos migrantes interceptados por Marruecos cuestionan los controles al considerar que España terminará aceptándolos. “¿Por qué nos paráis si España nos acepta?”, ha asegurado que le preguntan algunos de los inmigrantes subsaharianos detenidos por las autoridades marroquíes.

Ouahbi ha insistido en que Marruecos y España no están en contra de la inmigración, sino que deben establecer unas reglas comunes para gestionarla. “Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos”, ha señalado.

A su juicio, los dos países no pueden mantener políticas migratorias contradictorias mientras comparten frontera. “No puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras”, ha defendido. El ministro ha planteado incluso que ambos países deberían decidir conjuntamente si quieren aceptar los flujos migratorios o rechazarlos. “Este asunto debe resolverse desde la raíz”, ha afirmado.

“Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?”, ha planteado.

Ouahbi ha relacionado estas discrepancias con los intentos de entrada irregular en España y ha cuestionado la necesidad de que los migrantes recurran a vías peligrosas si finalmente pueden ser admitidos en territorio español. “Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar?”, ha preguntado.

Estas declaraciones se producen después de la avalancha migratoria registrada en Ceuta, cuyo punto álgido se situó el pasado 30 de julio, cuando entraron en España decenas de miles de personas. Marruecos ya había atribuido entonces parte de esa presión migratoria al denominado efecto llamada que, según su versión, habría provocado la sentencia del Tribunal Supremo español publicada el 8 de julio sobre las devoluciones en caliente de personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a territorio español.

Las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, sobre Ceuta y Melilla han encontrado este miércoles una respuesta prácticamente unánime desde la ciudad autónoma: las dos ciudades son españolas y su soberanía no está sobre la mesa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aprovechado su visita a Ceuta para lanzar el mensaje más contundente: “Tiene que quedar muy claro, Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y a Melilla no se las toca”.

Robles ha pronunciado estas palabras durante una visita a la ciudad en la que se ha reunido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación después de la entrada masiva del pasado 30 de julio. La ministra ha garantizado además que el Ejército continuará desplegado en Ceuta como elemento de “disuasión” y ha asegurado que lo ocurrido entonces “no puede volver a ocurrir”.

“Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera”, ha advertido la titular de Defensa, que ha vuelto a señalar a las mafias como responsables de buena parte de la presión migratoria y ha asegurado que frente a ellas caerá “todo el peso de la ley”.

El mensaje de Robles llega apenas unas horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, respondiera también a las palabras de Ouahbi. Fuentes del departamento han dejado claro a ABC que “la españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda” y han recordado que ambas ciudades “forman parte de la integridad territorial de España reconocida internacionalmente”.

“La integridad territorial de España ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”, han añadido desde Exteriores, en referencia a las afirmaciones del ministro marroquí, que aseguró en una televisión de su país que Rabat plantea “en cada reunión” con España la cuestión de la soberanía de las dos ciudades autónomas, que considera propias.

“Ceuta es España”

Juan Jesús Vivas se ha sumado a la respuesta y ha rechazado las declaraciones de Ouahbi sin rodeos. El presidente de Ceuta ha considerado que las reivindicaciones marroquíes sobre la ciudad y Melilla “no tienen ningún fundamento” y ha insistido en una idea que ha repetido varias veces durante su comparecencia: “Ceuta es España”.

Para Vivas, esa pertenencia no admite discusión y se sustenta en “la historia”, “el derecho” y, por encima de todo, en la voluntad de quienes viven en la ciudad. “Lo quieren los ceutíes. Todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llaman”, ha afirmado.

El presidente autonómico también ha tratado de rebajar cualquier sensación de inquietud entre la población después de las declaraciones del ministro marroquí. “No hay miedo, ninguno”, ha asegurado. A su juicio, el discurso de Rabat sobre Ceuta y Melilla como territorios “ocupados” no es nuevo, sino una posición que Marruecos mantiene desde hace años.

La diferencia ahora, según Vivas, es el contexto en el que se producen estas palabras. La crisis del 30 de julio, ha defendido, ha permitido comprobar el respaldo que existe hacia Ceuta tanto dentro de la ciudad como en el resto de España. “Estamos encontrando adhesiones de todos los partidos políticos, de toda la sociedad española a título institucional, a título personal, afirmando: estamos con vosotros y Ceuta es España”, ha señalado.

Por eso, lejos de considerar que las declaraciones de Ouahbi debilitan la posición de la ciudad, Vivas cree que terminan reforzándola. “Constatan lo que siempre ha dicho Marruecos, pero a nosotros y al resto de los españoles nos fortalece”, ha apuntado.

Ceuta pide que el 30 de julio no quede en una crisis migratoria

Juan Jesús Vivas ha reclamado que la entrada masiva de personas en la ciudad no se analice exclusivamente desde la perspectiva migratoria. A su entender, lo ocurrido debe ser considerado también como una cuestión relacionada con la integridad territorial de España. El presidente ceutí ha asegurado que se ha conseguido que el Gobierno y “todo el mundo” reconozcan lo sucedido como una “vulneración” y un “ataque a la integridad territorial de España”. A partir de ahí, considera que esa valoración debe tener consecuencias a la hora de diseñar la relación futura con Marruecos.

Vivas ha sido prudente, sin embargo, a la hora de atribuir responsabilidades concretas a las autoridades marroquíes. Ha reconocido que no dispone de información suficiente para determinar qué papel desempeñaron en la organización o el desarrollo de la entrada masiva. Sí ha considerado “imposible” que Marruecos no supiera que se estaba preparando un movimiento de esas características. “Yo creo que es imposible que Marruecos no se hubiera enterado de lo que se estaba organizando”, ha afirmado.

El presidente ceutí ha reclamado analizar qué necesita Ceuta y qué necesita España para impedir que una situación semejante vuelva a producirse. Su principal petición pasa por reducir la dependencia respecto a Marruecos en aquellos ámbitos que considera esenciales para la ciudad. “Nada de lo que sea vital para Ceuta dependa de Marruecos”, ha defendido, en referencia tanto al modelo económico como al funcionamiento ordinario de la frontera y a la gestión de la presión migratoria.

Marruecos no da por terminada su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado que Rabat sigue planteando la cuestión ante España y que mantiene una estrategia a largo plazo para recuperar las dos ciudades autónomas. “Este asunto sigue sobre la mesa. Cada vez que nos reunimos con los españoles planteamos la cuestión”, ha recalcado en una entrevista con la cadena Asharq News.

Ouahbi ha explicado que la política de Marruecos pasa por mantener la reivindicación sin esperar una solución inmediata. “Nuestra política respecto a este asunto es de largo aliento”, ha matizado el ministro, antes de precisar cuál es el objetivo de esa estrategia: “Seguimos reivindicando nuestros territorios y queremos resolver el problema mediante el diálogo”.

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La respuesta ha llegado después de que el periodista le preguntara si la cuestión de Ceuta y Melilla podía volver a abrirse y si Marruecos contemplaba recuperar la soberanía sobre las dos ciudades. Ouahbi ha evitado hablar de plazos o de un mecanismo concreto para hacerlo, pero tampoco ha rebajado la posición de Rabat.

“Nosotros nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta”

La entrevista se ha producido además casi dos semanas después de la crisis migratoria que sufrió Ceuta, con la situación de los menores marroquíes que permanecen en la ciudad como uno de los asuntos que Madrid y Rabat tienen ahora mismo sobre la mesa. Es precisamente en este contexto cuando Ouahbi ha querido responder a una de las cuestiones que más se han planteado durante la crisis: si Marruecos utiliza la inmigración masiva como una herramienta de presión frente a España.

El ministro ha rechazado de plano que Rabat emplee la presión migratoria para conseguir concesiones políticas, económicas o territoriales. Ouahbi ha defendido que Marruecos mantiene buenas relaciones tanto con España como con la Unión Europea y que no necesita recurrir a la inmigración para defender sus intereses. “Nosotros nunca hemos utilizado esta cuestión como una herramienta y no tenemos intención de hacerlo”, ha negado.

Su crítica se dirige, en cambio, a lo que considera una contradicción en la política migratoria europea. Ouahbi ha cuestionado que España pida a Marruecos que frene las salidas irregulares mientras, una vez que los migrantes alcanzan territorio español, algunos pueden acceder a una situación legal o a mecanismos de protección. “¿Quieren combatir la inmigración irregular o simplemente lanzar consignas que contradicen lo que hacen en la práctica?”, ha cuestionado.

El ministro ha insistido en que Rabat necesita saber qué pretende exactamente España antes de comprometerse a impedir las salidas. En este sentido, ha planteado como contradictorio que se reclame a Marruecos el control de las salidas irregulares mientras las personas que consiguen llegar a España pueden acceder a los procedimientos previstos por la legislación española. “No pueden pedirme que impida la inmigración irregular y, cuando una persona migra irregularmente a España, ustedes le conceden una situación legal allí”, ha reprochado.

Su planteamiento pasa por ordenar la inmigración y establecer canales oficiales y procedimientos comunes. Para Ouahbi, no basta con pedir a Marruecos que controle sus fronteras: España y el resto de países europeos deben participar en una estrategia coordinada que determine qué ocurre antes, durante y después de una entrada irregular.

El ministro ha advertido además de que la inmigración irregular es solo una parte del problema. A su juicio, detrás de estas rutas pueden operar redes que se aprovechan de la vulnerabilidad de quienes intentan llegar a Europa. “Lo que se esconde detrás de la inmigración irregular es más peligroso que la propia inmigración irregular”, ha advertido, antes de enumerar la trata de seres humanos, la explotación sexual de menores, las violaciones y el tráfico de órganos.

Los menores migrantes no acompañados

La inmigración lleva a Ouahbi directamente al otro gran asunto que ha abordado en la entrevista: los menores marroquíes que permanecen en España. El ministro ha reclamado su regreso a Marruecos y ha defendido que deben volver junto a sus familias. “No renunciamos a nuestros niños. Queremos y exigimos que nuestros niños regresen a Marruecos”, ha reclamado.

Ouahbi ha insistido en que estos menores no deben ser contemplados únicamente como personas que han entrado irregularmente en España. En su discurso, son también víctimas de quienes, según sostiene, los engañan y se aprovechan de su vulnerabilidad. El ministro ha defendido que cualquier solución debe tener en cuenta su condición de menores y su vínculo con sus familias.

A partir de ahí, su argumento adquiere un componente más político. Ouahbi ha rechazado que los niños marroquíes puedan permanecer en España para cubrir necesidades demográficas del país y ha defendido que Marruecos no tiene que asumir ese papel. “No somos un Estado destinado a resolver el problema demográfico de ningún otro país”, ha sentenciado.

El ministro ha vinculado además el regreso de los menores con su concepción de la familia y con la identidad cultural marroquí. Ha defendido que un niño debe crecer junto a su familia y ha rechazado que sea separado de ella para recibir una educación basada en valores que considera diferentes de los de Marruecos. “No podemos arrancarlo de su familia para educarlo conforme a valores, una moral o unas creencias diferentes de los valores, la moral y las creencias marroquíes”, ha defendido.

El pasado 31 de julio, la ciudad de Ceuta, de apenas 84.000 habitantes, se vio sobrepasada por la entrada masiva y repentina de 72.000 personas desde Marruecos. Las autoridades españolas y marroquíes han atribuido la tragedia a una interpretación malintencionada de una sentencia del Supremo, que, aprovechada por bandas criminales y amplificada en las redes y medios locales, condujo a una marea humana hacia la frontera con el enclave español.

Desde Moncloa se ha evitado responsabilizar al gobierno de Marruecos pese a que la UE paga a Rabat cientos de millones de euros precisamente para que gestione el control migratorio. Sin embargo, una de las pocas voces autorizadas en Europa que sí ha cargado contra el reino de Mohamed VI ha sido el excomisario europeo de Comercio, Thierry Breton, quien denunció que detrás de la tragedia se escondía una “operación híbrida” por parte de Rabat. Es decir, una acción coordinada por un Estado que combina medios militares, informativos, cibernéticos y migratorios por debajo del umbral del conflicto abierto, con el fin de debilitar a un adversario sin darle un motivo para la guerra. “Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio cumple todos los requisitos”, aseveró el francés.

Los expertos académicos debaten sobre si es correcta la terminología militarista para referirse a la cuestión de Ceuta, pero sí coinciden en que la coerción migratoria no es nueva en Marruecos, quien ya ha levantado en pasadas ocasiones la mano cuando considera lesionados sus intereses. La última de ellas fue en 2021, cuando las autoridades marroquíes facilitaron el acceso de 10.000 migrantes en Ceuta. Ahora, un informe de los servicios secretos españoles confirmó que Marruecos no planificó la avalancha migratoria, pero sí la permitió y sacó provecho político para colocar en primera plana en la agenda mediática su reivindicación histórica con los enclaves españoles de Ceuta y Melilla.

Pese al trágico coste humano que conllevan estas avalanchas humanas, las conclusiones que el Estado marroquí podría llevarse son las de una Europa que no fue capaz de cerrar filas y que acabó incluso enfrentada con España cuando esta pedía auxilio. Cabe matizar que, operativamente hablando, sí se superó la prueba de seguridad en el espacio Schengen, ya que ningún migrante consiguió acceder a la península (Ceuta y Melilla están excluidas del tratado).

El test migratorio ruso

El ejemplo perfecto de la instrumentalización de la migración con fines políticos es Rusia —y su país satélite Bielorrusia—, que ha utilizado a las personas para desestabilizar a los países fronterizos de la UE como Polonia, Finlandia o los países bálticos. El Instituto Finlandés de Asuntos Exteriores (FIIA) recuerda que Rusia dirigió, a través de los lazos entre funcionarios rusos y las bandas criminales –que actuaron como intermediario–, a 72.000 personas a los pasos fronterizos del norte de Noruega y Finlandia entre 2015 y 2016, con el objetivo de evaluar cómo respondían ante esta crisis. Un examen, recuerda el investigador Jyri Lavikainen, que sirvió de proyecto piloto para la ocupación de Crimea, la gran operación híbrida exitosa en Europa.

Salvando las distancias, algunos académicos han trazado paralelismos entre aquella operación híbrida y los métodos de ataque no convencionales con los que Rabat presiona a España. “Ceuta entrará en la historia de la guerra híbrida como la segunda más exitosa después de la anexión de Crimea por Rusia en 2014″, afirmó el investigador, el experto del Centro de Estudios de Geopolítica y Seguridad lituano, Dionis Cenușa, quien añadió que es probable que hasta las próximas elecciones en 2027, España sea sometida repetidamente a diversas formas de guerra híbrida.

El experto matizó, no obstante, que en Crimea, una reivindicación histórica para Rusia, se utilizaron además otras herramientas. La península ucraniana fue. Moscú recurrió a los llamados “hombrecillos verdes”, soldados sin insignias ni banderas rusas que ocuparon instalaciones institucionales y puntos estratégicos ucranianos.

La llegada de los hombres “educados”

Llegaron en febrero de 2024 vistiendo uniformes rusos, portando armas rusas y conduciendo camiones con matrícula rusa. Pero cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre aquellos hombres, Putin negó tajantemente que fueran soldados, calificándolos de “unidades locales de autodefensa” o simplemente “hombres educados” -terminología que sirvió para crear la imagen de un soldado libertador en lugar de un invasor-. Su afirmación acabaría desmontándose a los pocos meses, cuando el líder ruso felicitó a los oficiales por la exitosa ocupación rusa.

La presencia de tropas rusas sin identificación pretendía generar confusión y retrasar la reacción de la comunidad internacional. Al actuar sin distintivos, estos efectivos dificultaron distinguir entre fuerzas locales y elementos externos, lo que complicó la respuesta de Ucrania y pospuso tanto la condena como las medidas de otros países. Esta ambigüedad facilitó que Rusia consolidara su control sobre Crimea con rapidez y escasa oposición, ya que la falta de claridad sobre la identidad de los soldados favoreció la idea de un conflicto interno en lugar de una invasión extranjera.

Saadeddine Al Othmani, primer ministro de Marruecos entre 2017 y 2021, ha vuelto a reivindicar Ceuta y Melilla como ciudades marroquíes y ha asegurado que ambas están “ocupadas” por España. Lo ha hecho en plena crisis migratoria en Ceuta, cuando la llegada masiva de personas desde Marruecos ha vuelto a colocar la frontera entre ambos países en el centro de la relación bilateral, y casi seis años después de que sus palabras sobre las dos ciudades provocaran un encontronazo diplomático con Madrid.

“No, esto no es una cuestión de opinión. Están ocupadas de hecho”, ha respondido el antiguo jefe del Gobierno marroquí al ser preguntado por si mantiene la posición que defendió en 2020. “Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes”, ha añadido. Después ha dejado claro que no presenta esa reivindicación como una postura personal: “Esto cuenta con un consenso nacional”. Y, ante la confirmación del periodista, ha rematado: “Por cierto, también es la posición del Estado marroquí”.

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Las declaraciones las ha realizado el viernes en una entrevista en el programa ‘Madar Al-Ghad’, del canal Al Ghad. La conversación ha girado alrededor de la crisis migratoria de Ceuta, pero el entrevistador ha llevado a Al Othmani directamente a un asunto que ya protagonizó una de las etapas más tensas de las relaciones entre Madrid y Rabat durante su mandato.

En diciembre de 2020, cuando todavía era primer ministro, Al Othmani afirmó que Ceuta y Melilla eran “marroquíes como el Sáhara” y que algún día tendría que reabrirse la cuestión de su soberanía. Sus palabras llegaron pocos días después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y provocaron la reacción del Gobierno español. Madrid convocó a la embajadora marroquí, Karima Benyaich, para pedir explicaciones y trasladó a Rabat que esperaba de sus socios respeto a la “soberanía e integridad territorial” española.

Aquel episodio no desembocó entonces en una ruptura de las relaciones. Al Othmani matizó que no era el momento de abordar con España la cuestión de Ceuta y Melilla porque la prioridad de Rabat era resolver el conflicto del Sáhara Occidental. Ahora, casi seis años después, ha recuperado aquella reivindicación y ha empleado un lenguaje especialmente contundente: no solo ha dicho que las ciudades son marroquíes, sino que ha afirmado que están “ocupadas de hecho” por España.

Para justificar esa consideración, ha recurrido incluso a la historia de Ceuta. Ha mencionado a Qadi Iyad, juez y teólogo nacido en la ciudad y enterrado en Marrakech, y ha recordado que el enclave fue el hogar de distintos ulemas y figuras religiosas marroquíes. La referencia histórica le ha servido para reforzar la idea de que la reivindicación de Ceuta forma parte, según sostiene, de un consenso nacional.

Paro, Generación Z y una “huida colectiva”

El ex primer ministro ha descrito la llegada masiva a Ceuta como un fenómeno con varias dimensiones. Primero ha hablado de una cuestión humanitaria y de otra relacionada con el desarrollo económico. Y en ambas ha colocado en el centro a los jóvenes marroquíes. Al Othmani ha hablado de la denominada Generación Z y del malestar que, según ha explicado, existe entre una parte de esos jóvenes ante sus perspectivas de futuro. El desempleo ocupa un lugar destacado en su diagnóstico. Ha citado una tasa del 13% y ha asegurado que, especialmente entre los jóvenes, se trata de una cifra sin precedentes en Marruecos en los últimos 25 años.

Su argumento no es que Marruecos carezca de crecimiento económico. Al contrario, ha reconocido el “gran esfuerzo de desarrollo” realizado por el país y ha destacado su evolución económica. El problema, según ha defendido, está en que esa riqueza no se reparte de manera suficiente entre todos los sectores de la población. “No hemos llegado todavía a un nivel de distribución justa de las riquezas” que permita que todos se beneficien de los resultados económicos, ha sostenido. “Este es el debate hoy en Marruecos”, ha añadido.

Desde esa perspectiva ha explicado también lo ocurrido en Ceuta, un episodio al que los marroquíes, según ha señalado, se refieren como “la huida colectiva”. No ha presentado, por tanto, una única causa para explicar la llegada de personas a la ciudad. Al componente social y económico le ha sumado otro de carácter geopolítico que afecta directamente a España: la gestión de la frontera.

Es ahí donde la entrevista ha pasado de hablar de las condiciones de los jóvenes marroquíes a abordar las responsabilidades de Madrid y Rabat. Para Al Othmani, la seguridad y el control fronterizo no corresponden exclusivamente a Marruecos, sino que constituyen una responsabilidad compartida entre los dos países.

“Marruecos rechaza ser el gendarme de Europa”

“Marruecos rechaza ser el gendarme de Europa y encargarse gratuitamente de vigilar las fronteras”, ha afirmado. La frase condensa buena parte de su crítica a España: Rabat, según ha defendido, no está dispuesto a asumir por sí solo el coste de contener los movimientos migratorios hacia territorio español. Al Othmani ha cuestionado que España pueda adoptar decisiones que, en su opinión, “avivan” la posibilidad de nuevos movimientos migratorios y que después sea Marruecos quien tenga que asumir las consecuencias. “España toma sus decisiones como quiere”, ha señalado.

En este punto se ha referido a una resolución del Tribunal Supremo español relacionada con las devoluciones de personas que cruzan la frontera hacia Ceuta y Melilla o llegan a España. Según ha explicado, la sentencia ha impedido la devolución inmediata de estas personas, una práctica que, de acuerdo con su relato, se realizaba anteriormente en el marco de un acuerdo de seguridad.

Su conclusión ha sido que decisiones de este tipo no pueden adoptarse sin contar con la otra parte. “Cada decisión de una parte debe tener negociación y diálogo con la otra”, ha sostenido. Para el antiguo primer ministro, la frontera común obliga a España y Marruecos a compartir también las decisiones sobre su gestión.

Gianluca no se lo terminaba de creer. Antes de embarcar en Fiumicino rumbo a Barcelona, este turista italiano no pensaba que los controles anunciados entre España e Italia fueran a aplicarse de verdad y, mucho menos, que fueran a afectar a todos los pasajeros de su vuelo. Pero cuando el avión tomó tierra en El Prat, la realidad fue otra. Los viajeros fueron saliendo por filas y, apenas unos metros después de abandonar el aparato, los agentes les fueron pidiendo la documentación. “Efectivamente, nos controlaron”, contó entre risas a La Repubblica. No hubo retrasos ni problemas. Simplemente, después de años viajando entre ambos países sin pasar por un control fronterizo, los pasajeros tuvieron que volver a sacar el DNI o el pasaporte del bolsillo antes de seguir su camino.

Para Gianluca, el momento tuvo además un significado especial. Su pareja es española y sus hijos tienen doble nacionalidad, por lo que la libre circulación dentro de la Unión Europea forma parte de su vida cotidiana. También a ella le pidieron la documentación. “Como familia debemos mucho a Schengen. Mi pareja es española y nuestros hijos tienen doble nacionalidad. Hoy ha sido un salto al pasado: también le pidieron el documento a ella”, explicó al diario italiano. “Nada problemático, todo muy rápido. Sigue siendo, sin embargo, un muro ideológico que no tiene ningún sentido”.

Su vuelo desde Roma fue uno de los primeros en poner a prueba sobre el terreno el pulso entre España e Italia por los controles. Y lo que se encontraron los pasajeros fue una situación que, aunque no provocó grandes complicaciones, sí cambió por completo la salida habitual de un vuelo entre dos países del espacio Schengen: agentes esperando a pie de avión, documentos en la mano y viajeros haciendo cola para ser identificados antes de continuar hacia la terminal.

El Ministerio del Interior de España informó de que los controles afectaron durante la jornada a entre el 5% y el 10% de los viajeros. No se aplicaron, además, de la misma manera en todos los vuelos. Hubo pasajeros a los que se pidió la documentación nada más bajar del avión y otros que pudieron salir del aeropuerto sin que nadie se la reclamara.

“¿Pero qué significa Schengen?”

La escena empezaba a intuirse ya en Fiumicino, aunque no todos los viajeros que hacían cola para embarcar estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. Una mujer que esperaba para facturar un vuelo de Iberia con destino a Madrid llegó a preguntarle a su marido: “¿Pero qué significa Schengen?”. Cuando le preguntaron por los controles, quitó importancia al asunto: “No sé nada, de todas formas hay que viajar con los documentos. No cambia si los controlan”.

Para algunos pasajeros, la respuesta llegó pocas horas después, al aterrizar en España. Luca viajaba con su familia en ese mismo vuelo y relató a La Repubblica que la policía los esperaba prácticamente a pie de pista. “Nos pidieron los documentos inmediatamente, a veinte metros de la puerta del avión, en la pista. Controlaron a todos, uno por uno”, explicó. El control fue rápido. Los pasajeros no tuvieron que esperar y, según su relato, no hubo ningún problema con los agentes. “El único inconveniente que tuve fue con la maleta en las cintas, pero no tiene nada que ver con inmigración”, precisó.

Luca interpretó la decisión española como una respuesta a las medidas adoptadas por Italia y consideró que se trataba de una acción innecesaria. “Creo que España ha respondido de manera correcta a una acción inútil, hecha solo por propaganda”, afirmó. Su familia salió de las últimas del avión, pero eso tampoco les hizo perder tiempo: “Salimos los últimos, pero no esperamos”. Pese a todo, dejó una última valoración: “El mensaje, sin embargo, no es positivo”.

También hubo situaciones intermedias. El español Jorge Villoslada describió a La Repubblica como “muy extraña” la escena que se encontró en El Prat. Según explicó, la policía preguntaba a los pasajeros qué hacían en España. Él enseñó su documento y pudo continuar, mientras que quienes no llevaban documentación española fueron trasladados a una sala para ser identificados.

De Barcelona a Ibiza: no todos se encontraron con los agentes

La situación tampoco fue idéntica en todos los destinos españoles. Simone, un italiano de 27 años, llegó este viernes a Ibiza justo antes de que comenzaran allí las nuevas medidas. Él y sus amigos pudieron abandonar el aeropuerto sin enseñar la documentación. El joven da por hecho que el viaje de vuelta a Italia será distinto. “No nos pidieron los documentos. Probablemente mis amigos y yo tendremos que enseñarlos a la vuelta a Italia”, contó a La Repubblica.

A Simone le llamó la atención, sobre todo, que una situación así pueda darse dentro de Europa. “Hace un cierto efecto, me recuerda un poco a la idea de ir a Estados Unidos, a otro mundo”, explicó. Y añadió: “En cambio, estamos en nuestra casa, en Europa. Es paradójico”.

Las reglas para viajar en avión van a cambiar en la Unión Europea, pero no todavía. El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han dado luz verde definitiva a la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos, un paquete de medidas que introduce nuevas obligaciones para las aerolíneas en cuestiones tan habituales como el equipaje de mano, la elección de asiento cuando se viaja con niños, las reclamaciones o los billetes de ida y vuelta. El cambio, sin embargo, no se aplica aún: las nuevas normas entrarán en vigor y comenzarán a desplegar sus efectos una vez transcurrido el periodo previsto por la legislación europea tras su publicación oficial.

La precisión es importante porque en los últimos días se ha extendido la idea de que la nueva normativa europea ya está en vigor y que, por ejemplo, las compañías aéreas tendrán que permitir llevar gratuitamente un trolley en la cabina. No es exactamente así. El texto aprobado establece nuevos derechos para los pasajeros, pero mantiene margen para que las aerolíneas cobren por determinadas piezas de equipaje y fija un calendario de aplicación que lleva el grueso de los cambios a 2027.

El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo el 7 de julio de 2026 con 646 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones. El Consejo dio su aprobación definitiva seis días después, el 13 de julio. La reforma actualiza el marco europeo de derechos de los pasajeros, que se remonta fundamentalmente al Reglamento 261/2004 y que llevaba años pendiente de una revisión.

La propuesta original de la Comisión Europea se presentó en 2013. Desde entonces, la aplicación de las normas ha generado numerosos conflictos entre pasajeros y aerolíneas y una extensa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El nuevo texto pretende aclarar algunas de esas situaciones y establecer reglas más homogéneas.

El trolley no será gratis por defecto

Uno de los puntos que más ruido ha generado es el equipaje de mano. Y aquí conviene separar lo que se ha aprobado de lo que no. La nueva normativa no obliga a las aerolíneas a permitir gratuitamente un trolley en el compartimento superior. El derecho gratuito que queda garantizado es el de llevar un objeto personal, como un bolso o una mochila pequeña, que pueda colocarse debajo del asiento delantero. El tamaño máximo previsto es de 40 por 30 por 15 centímetros.

El equipaje que se guarda en los compartimentos superiores seguirá estando sujeto a las condiciones comerciales de cada compañía. En otras palabras, quien quiera llevar un trolley no tendrá necesariamente que pagarlo, pero tampoco podrá asumir que estará incluido gratuitamente en cualquier tarifa.

La reforma sí pone el foco en la transparencia de los precios. Las compañías aéreas y los intermediarios deberán facilitar al pasajero información clara sobre qué incluye cada tarifa y mostrar opciones que permitan comparar el precio de los vuelos teniendo en cuenta el equipaje de mano. Las aerolíneas podrán seguir ofreciendo tarifas más económicas para quienes viajen únicamente con el objeto personal gratuito. La idea es evitar una situación bastante habitual: comparar dos vuelos aparentemente similares y descubrir al final del proceso de compra que uno de ellos resulta mucho más caro cuando se añaden los servicios necesarios para viajar con un equipaje determinado.

El nuevo reglamento también introduce límites a determinados recargos que las compañías pueden aplicar durante el proceso de compra o embarque. Entre ellos están algunos relacionados con la corrección de errores en el nombre del pasajero o con la obtención de la tarjeta de embarque.

Viajar con niños será más sencillo

Otro de los cambios afecta directamente a las familias. Cuando un pasajero viaje acompañado de un menor de 14 años, la aerolínea deberá permitir que ambos se sienten juntos sin cobrar un suplemento por la selección del asiento. La medida busca acabar con una situación que se ha convertido en habitual en muchas compañías: comprar los billetes de una familia y descubrir después que, si se quiere garantizar que los padres y los hijos se sienten juntos, hay que pagar un suplemento adicional por escoger los asientos.

El nuevo marco también refuerza determinadas garantías para pasajeros con discapacidad o movilidad reducida y contempla medidas específicas para otros viajeros con necesidades particulares, entre ellos menores no acompañados y mujeres embarazadas.

La reforma no se limita, en cualquier caso, a la experiencia del pasajero dentro del avión. Uno de los bloques importantes del nuevo reglamento afecta precisamente a lo que ocurre cuando el viaje sale mal. Las aerolíneas tendrán que ofrecer información más clara sobre los derechos de los pasajeros y sobre la forma de ejercerlos. También se establecen reglas más precisas para tramitar las reclamaciones, con el objetivo de que el pasajero no tenga que enfrentarse a procedimientos distintos o poco transparentes dependiendo de la compañía o del país.

La nueva normativa mantiene el sistema de compensaciones por retrasos y cancelaciones y conserva el umbral general de tres horas de retraso para acceder a una indemnización. También mantiene las cantidades de 250, 400 y 600 euros, en función de la distancia del vuelo y de las circunstancias del caso.

Entre las novedades está la fijación de plazos más concretos para las reclamaciones. Los pasajeros dispondrán de nueve meses para solicitar una compensación y las compañías deberán responder dentro de los plazos establecidos por la nueva regulación, bien abonando la cantidad correspondiente, bien rechazando la solicitud cuando consideren que no procede o explicando los motivos por los que no existe derecho a indemnización.

El billete de vuelta ya no podrá desaparecer por no usar la ida

Hay otro cambio que afecta a una práctica conocida entre los viajeros: el denominado no-show. Hasta ahora, algunas compañías contemplaban en sus condiciones que un pasajero que no utilizase el primer vuelo de un billete de ida y vuelta pudiera perder automáticamente el segundo. Es decir, alguien que por cualquier motivo no tomase el trayecto de ida podía encontrarse con que la aerolínea cancelaba también el vuelo de regreso. Con la nueva regulación, una compañía no podrá denegar el embarque en el trayecto de vuelta únicamente porque el pasajero no haya utilizado el vuelo de ida.

Todo este conjunto de cambios, no obstante, tendrá que esperar. El Consejo señala que el reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero sus disposiciones comenzarán a aplicarse 12 meses y 20 días después de esa publicación. Por eso, aunque la reforma ya ha recibido la aprobación definitiva de las instituciones europeas, todavía no se puede hablar de un cambio efectivo en las condiciones con las que los pasajeros están volando actualmente.

La fecha exacta dependerá, por tanto, del momento en que el nuevo reglamento sea publicado oficialmente. La previsión sitúa su aplicación en 2027, pero no existe todavía un día concreto que permita afirmar que los nuevos derechos estarán operativos a mediados de un mes determinado.

España, además, se situó entre los países que votaron en contra del acuerdo en el Consejo, junto con Letonia, mientras que Austria y Finlandia se abstuvieron. La reforma salió adelante pese a esas posiciones al alcanzar la mayoría necesaria entre los Estados miembros.

A simple vista parece un pequeño camping perdido en la pradera texana. Un camino de tierra, un portón automático, catorce plataformas de hormigón y una hilera de pequeñas viviendas repartidas entre el césped. Pero quienes viven allí insisten en que no es un camping ni una urbanización al uso. Es una comunidad. En Cumby, una localidad situada a una hora al noreste de Dallas, once mujeres de entre 60 y 80 años han encontrado una forma distinta de afrontar la jubilación: vivir de manera independiente, pagar un alquiler asequible y hacerlo rodeadas de vecinas que han terminado convirtiéndose en su red de apoyo.

Detrás del proyecto está Robyn Yerian, una estadounidense de 70 años que decidió hacer algo poco habitual cuando empezó a pensar en su propia vejez. En lugar de asumir que sus ahorros no serían suficientes para afrontar el aumento del coste de la vida, optó por invertir buena parte de su plan de jubilación en crear el lugar donde ella misma quería envejecer.

Hoy cada residente paga 450 dólares al mes —unos 390 euros al cambio— por la parcela donde está instalada su tiny house. El precio incluye el agua, el saneamiento, la recogida de basura y el mantenimiento de las zonas comunes. La electricidad y el propano corren por cuenta de cada una. Pero, según reconocen quienes viven allí, lo que realmente están pagando no son unos metros cuadrados de terreno, sino la tranquilidad de saber que nunca estarán completamente solas.

Una jubilación que ya no salía de las cuentas

La idea empezó a tomar forma cuando Yerian hizo un cálculo que cada vez preocupa a más estadounidenses. Divorciada y madre de dos hijos, ya vivía en una tiny house de dos dormitorios que había comprado por 57.000 dólares dentro de otra comunidad de viviendas ligeras. Sin embargo, al ver cómo se disparaban los precios en el área de Dallas llegó a una conclusión inquietante: los ahorros que había reservado para la jubilación no le alcanzarían para mantener ese ritmo de vida.

En vez de dejar inmovilizado ese dinero, decidió convertirlo en una inversión capaz de generarle ingresos y, al mismo tiempo, ofrecerle la compañía que no garantizan las cuentas bancarias. En 2022 retiró parte de su plan de pensiones, compró por 35.000 dólares un terreno de cinco acres en Cumby —algo más de dos hectáreas— y trasladó hasta allí su propia vivienda.

La apuesta estaba lejos de ser sencilla. El terreno no disponía de electricidad, agua corriente ni ningún tipo de infraestructura. Hubo que acondicionarlo completamente, abrir accesos, instalar una fosa séptica y conectar todos los suministros básicos. Entre la compra de la parcela y las obras, la inversión alcanzó unos 150.000 dólares, cerca de 130.000 euros.

Sin embargo, el dinero no fue el mayor obstáculo. Como ocurre en muchos lugares, las tiny houses se mueven en un terreno ambiguo desde el punto de vista urbanístico y numerosos municipios no autorizan este tipo de viviendas permanentes. Para sacar adelante el proyecto, Yerian encontró una solución administrativa: registrar el terreno como un parque para autocaravanas.

Ese detalle explica el aspecto actual del recinto. Las viviendas descansan sobre catorce plataformas de hormigón de unos tres metros por nueve, equipadas con conexiones de agua, electricidad y saneamiento y preparadas con anclajes para resistir los fuertes vientos de la pradera texana.

Una parcela, una casa y una única norma

A diferencia de otras promociones inmobiliarias, Yerian no vende viviendas ni las construye para sus futuras vecinas. Lo que alquila son parcelas completamente preparadas para que cada residente llegue con su propia tiny house, encargue una nueva o incluso instale una autocaravana.

Con el tiempo, sin embargo, detectó otro problema. Algunas mujeres interesadas compartían la filosofía del proyecto, pero no podían afrontar la compra inicial de una vivienda. Para ellas adquirió una tiny house que alquila completamente equipada junto con la parcela por unos 700 dólares mensuales, alrededor de 600 euros.

Pese a la elevada demanda, asegura que nunca aumentará el precio del alquiler de las parcelas. Una decisión que ha contribuido a disparar el interés por un proyecto donde casi todo es sencillo, incluido el reglamento interno.

Las normas de convivencia caben prácticamente en una frase. Si surge un conflicto, debe resolverse hablando directamente con la otra persona. No hay espacio para rumores, bandos ni resentimientos que se prolonguen durante semanas o meses.

El resto se parece más a la vida de un pequeño pueblo que a la de una urbanización. Las residentes desayunan juntas en un espacio común al que llaman “la cocina”, mantienen un club de lectura, cuidan un huerto compartido, organizan barbacoas y acostumbran a reunirse cada tarde para comentar cómo ha ido el día antes de volver a sus casas.

Lo que realmente buscan las casi 500 mujeres en lista de espera

Pero el verdadero valor de la comunidad aparece cuando alguna necesita ayuda. Después de que una de las vecinas fuera operada de una rodilla, el resto organizó turnos para llevarla a rehabilitación, hacer la compra o prepararle la comida durante la recuperación. Según explicó Yerian a People, es habitual que unas acompañen a otras a las consultas médicas, visiten a quienes están enfermas o simplemente hagan compañía cuando alguna atraviesa un momento complicado. La escena la completan nueve perros que forman parte de la vida cotidiana del recinto.

Ese ambiente explica por qué el proyecto ha despertado un interés que supera con creces su capacidad. De las catorce parcelas disponibles, solo una permanecía libre en el momento de las últimas entrevistas concedidas por su fundadora, mientras cerca de 500 mujeres esperaban una oportunidad para entrar.

Conseguir una plaza tampoco depende únicamente del dinero. Todas las aspirantes deben desplazarse hasta Cumby para conocer personalmente tanto a Yerian como al resto de residentes. Algunas incluso han viajado en avión para mantener esa entrevista. El objetivo es comprobar que pueden desenvolverse de forma autónoma y, sobre todo, que están dispuestas a compartir una forma de vida basada en la convivencia cotidiana.

La experiencia de Cumby no es única. En Francia funciona desde 2013 la Maison des Babayagas, un proyecto impulsado en Montreuil por la activista feminista Thérèse Clerc tras quince años de trámites administrativos. El edificio alberga 25 viviendas, de las cuales 21 están reservadas a mujeres mayores de 60 años y cuatro a menores de 30 para favorecer la convivencia entre generaciones.

También han surgido otras iniciativas que recurren a las tiny houses para replantear el modo de envejecer, desde familias que instalan una pequeña vivienda en el jardín para que un familiar mayor conserve su independencia hasta comunidades en Países Bajos donde los propios vecinos construyen sus casas sobre terrenos alquilados. Proyectos distintos que parten de una misma idea: demostrar que estas viviendas ya no representan únicamente una opción para quienes buscan un estilo de vida minimalista, sino también una respuesta al reto de llegar a la vejez sin renunciar ni a la autonomía ni a la compañía.

Cuatro días después de que 22 primeros ministros europeos cuestionaran la política migratoria del Gobierno español, Bruselas ha escenificado un giro de discurso. La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea celebrada este martes ha dejado atrás el tono de reproche que dominó las primeras horas de la crisis de Ceuta para dar paso a un mensaje de respaldo a España. La regularización extraordinaria de migrantes, convertida durante el fin de semana en el principal argumento de quienes atribuían a esa medida un posible efecto llamada, apenas ha protagonizado el debate. En su lugar, los Veintisiete han puesto el foco en las redes de tráfico de personas, la desinformación difundida en redes sociales y la necesidad de reforzar la cooperación europea para evitar nuevos episodios similares.

El cambio quedó patente nada más terminar la reunión. El comisario europeo de Asuntos de Interior, Magnus Brunner, reconoció que durante las casi cuatro horas de conversaciones “no ha habido críticas reales” hacia España por la regularización aprobada meses atrás y resumió el clima del encuentro con una frase poco imaginable apenas unos días antes: hubo “total solidaridad con España alrededor de la mesa”.

El contraste con lo ocurrido durante el fin de semana resulta evidente. La carta firmada por 22 jefes de Gobierno de la Unión Europea situó a España en el centro de las críticas por su política migratoria y alimentó un debate sobre el posible impacto de la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A ese cuestionamiento se sumaron dirigentes conservadores y de la derecha europea, que interpretaron la medida como un incentivo para la inmigración irregular. Sin embargo, ese discurso perdió fuerza durante el encuentro de este martes.

El respaldo sustituye a los reproches

La intervención del ministro irlandés de Justicia e Interior, Jim O’Callaghan, encargado de presidir la reunión por la presidencia rotatoria que ejerce Irlanda del Consejo de la UE, reflejó con claridad ese cambio de posición. “La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Le felicitamos por su rápida respuesta ante la situación en Ceuta y expresamos nuestro más sentido pésame por la pérdida de vidas humanas”, afirmó.

Francia también se sumó al respaldo. Su ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que todos los Estados miembros “han elogiado la gestión española de la crisis y la cooperación con Marruecos”. El responsable francés recordó además que París mantendrá reforzados los controles en la frontera con España, vigentes desde 2015, y aplicará medidas similares en la frontera italiana. Aun así, destacó que las entradas irregulares en la Unión Europea vienen descendiendo de forma sostenida desde el pasado año.

El cambio de tono también alcanzó a Italia, uno de los gobiernos que más había endurecido su discurso durante los primeros días de la crisis. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, trasladó a España la “sincera solidaridad de Italia” y quiso desvincular los controles temporales impuestos por Roma a los vuelos y conexiones marítimas procedentes de España de cualquier enfrentamiento político con el Ejecutivo español.

Según explicó, esas restricciones obedecen exclusivamente a motivos de seguridad y de gestión de los flujos migratorios. “Se trata de una medida de carácter preventivo y organizativo, destinada a salvaguardar la seguridad nacional y la solidez de todo el sistema europeo de controles en un momento de gran presión”, sostuvo.

Piantedosi sí aprovechó su intervención para recordar la crisis migratoria que sufrió Italia en Lampedusa en 2023 y lamentó que entonces su país afrontara prácticamente en solitario aquella situación. También volvió a criticar la actuación de los barcos humanitarios de las ONG, a los que acusó de trasladar de forma sistemática a los migrantes rescatados hacia puertos italianos.

La regularización pierde protagonismo

Aunque Brunner insistió en que las regularizaciones extraordinarias siguen sin parecerle una herramienta adecuada para la política migratoria europea, reconoció que durante la reunión ningún Estado estableció una relación directa entre esa medida y la avalancha migratoria registrada en Ceuta. “Sobre la regularización, no hubo críticas reales porque no podemos ver un vínculo directo en este momento entre la medida y los incidentes de Ceuta”, explicó el comisario europeo.

Brunner matizó que este tipo de procesos “no envían una buena señal para el resto de Europa”, aunque admitió que el caso español presenta características particulares. “Entiendo que España lo hizo porque son principalmente latinoamericanos que hablan la misma lengua y tienen la misma cultura, pero la señal para el resto no es buena”, añadió.

Superado ese debate, la Comisión Europea y los ministros coincidieron en desplazar la atención hacia otros elementos que consideran determinantes para explicar lo sucedido en la frontera de Ceuta.

El foco se desplaza hacia las mafias

Ni Brunner ni la mayoría de los ministros señalaron directamente a Marruecos como responsable de la llegada de más de 70.000 personas, pese a que todas cruzaron desde territorio marroquí. El comisario europeo prefirió poner el acento en “las redes criminales de tráfico de personas y también la desinformación”, al tiempo que volvió a definir a Marruecos como un “país seguro”, condición que permite agilizar las devoluciones de migrantes.

Los Estados miembros defendieron además reforzar los mecanismos europeos de prevención para detectar este tipo de movimientos antes de que se produzcan. Entre las medidas planteadas figuran una mayor cooperación en inteligencia, el desarrollo de sistemas de alerta temprana y una vigilancia más estrecha de las redes sociales, donde durante los días previos proliferaron mensajes animando a cruzar hacia Ceuta.

En esa misma línea se había pronunciado ya el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la carta remitida a Pedro Sánchez. La dirigente comunitaria sostuvo que la situación en la frontera estaba prácticamente controlada tras las devoluciones efectuadas a Marruecos y defendió que “Europa ha superado claramente esta prueba”. “No se logró entrar en el espacio Schengen y la seguridad en la frontera se restableció con rapidez. La clave ahora es que la Unión Europea actúe”, señaló.

Brunner aprovechó también para contextualizar la crisis con los datos generales de inmigración irregular en la UE. “La migración ilegal ha caído un 55% en los últimos dos años, casi un 40% en lo que va de este”, recordó. Acto seguido, reconoció que episodios como el vivido en Ceuta tienen un impacto político que trasciende las estadísticas. “Los sucesos de Ceuta demuestran que esas imágenes dramáticas superan, de hecho, a las mejores estadísticas”, sentenció.

Marruecos está creciendo a pasos agigantados en distintas direcciones. Por un lado, una de sus grandes apuestas es mejorar su posición como puerto internacional. Por otro, se encuentra el gran proyecto del país, el Mundial 2030, para el que está construyendo varios estadios nuevos, con el gigantesco Hassan II como gran protagonista. A estos se unen las instalaciones para transportar gas a Europa o los programas que quiere ejecutar en el Sáhara Occidental, ahora que ha ganado el apoyo de la mayoría de los países.

La compañía SGTM está presente en los grandes proyectos nacionales VI y consolida su liderazgo en infraestructuras estratégicas en Marruecos. Con más de 50 años de historia, la empresa de la dinastía empresarial Kabbaj, se ha consolidado en lo más alto. Hace un año, decidieron vender un 20% y salir a bolsa. Los últimos años y los próximos grandes pasos de Marruecos no se pueden entender sin su participación. No se queda atrás el otro gigante del sector: TGCC. En su caso, supera los 35 años en el mundo y su gran baluarte es la reciente Torre Mohamed VI.

Estadios, puertos y carretera Trump

En el primer trimestre de 2026, alcanzó unos ingresos de 3.000 millones de dirhams marroquíes (280 millones de euros). En estos momentos, participa en obras emblemáticas como el puerto atlántico de Dakhla o Tánger Med y la ampliación del aeropuerto de Agadir. El primero es el proyecto con el que Marruecos pretende aprovechar su control en el Sáhara Occidental, mientras que el puerto de Tánger cuenta con una posición estratégica clave en el inicio del Mediterráneo.

SGTM también lleva a cabo la construcción del estadio Hassan II, el gigante de Casablanca que está apostando muchas fichas a conseguir la final del Mundial 2030 por encima de Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Colabora con la otra principal empresa del sector, TGCC, en la elaboración de un estadio que superará los 100.000 aficionados de capacidad.

Finalmente, se encuentra la sonada “autopista Donald Trump”. Tal y como informó el propio Trump en sus redes sociales, la carretera, que lleva varios años realizándose y que conectará a Marruecos con el Sáhara Occidental, ha sido bautizada con el nombre del presidente estadounidense. SGTM es una de las patas clave de este proyecto, con construcciones como el viaducto de Laâyoune.

Universidad y rascacielos en honor al monarca

TGCC también se extiende por varios ámbitos en la construcción. El estadio Al Barid, situado en Rabat, es la sede principal de la Unión Deportiva Touarga y fue un escenario clave para la Copa Africana de Naciones 2025. En la misma ciudad, el hotel Four Seasons Ksar Al Bahr se levanta sobre el antiguo palacio del sultán Moulay Slimane, posteriormente hospital militar. El complejo ocupa cinco hectáreas y dispone de 204 habitaciones y suites, siete restaurantes y un spa, además de espacios para eventos. La integración de elementos históricos y modernos supuso un alto reto técnico.

En Rabat, la Universidad Politécnica Mohammed VI, con 100.000 m² cubiertos, reúne residencias, escuelas y servicios de ocio, y destaca por su enfoque innovador y su diseño contemporáneo. Por su parte, el Centro Hospitalario Universitario de Agadir, aún en obras, contará con 864 camas y modernas instalaciones de diagnóstico, en una superficie de 130.000 m². La Torre Mohammed VI, en Rabat, llamó especialmente la atención con su inauguración. Alcanza los 250 metros de altura, con 51 plantas, oficinas, apartamentos y hotel.

Ceuta y Melilla son hoy los únicos territorios españoles en África, pero el mapa pudo haber sido muy diferente. En octubre de 1940, Francisco Franco aprovechó la derrota de Francia frente a la Alemania nazi para intentar ampliar la presencia española en el norte de África. A cambio de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial junto al Eje, el dictador reclamó a Adolf Hitler la cesión del Marruecos administrado por Francia, además de Gibraltar, la región argelina de Orán y una ampliación del Sáhara español. Ninguna de aquellas exigencias fue aceptada y ese proyecto terminó convirtiéndose en uno de los episodios más desconocidos de la política exterior del franquismo.

La reunión celebrada el 23 de octubre de 1940 en Hendaya, una localidad del País Vasco francés situada junto a la frontera con España, ha pasado a la historia como el encuentro en el que Franco decidió no entrar en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, detrás de aquella imagen de los dos dictadores estrechándose la mano hubo una negociación mucho más ambiciosa. El régimen franquista vio en la derrota de Francia una oportunidad para ampliar el territorio bajo influencia española y recuperar parte del protagonismo internacional perdido tras el fin del imperio colonial.

Para entender por qué Franco llegó a reclamar el Marruecos francés hay que retroceder casi tres décadas, hasta 1912, cuando Marruecos quedó dividido entre dos protectorados europeos.

Un Marruecos dividido entre Francia y España

A comienzos del siglo XX, Marruecos era uno de los últimos territorios del norte de África que mantenía formalmente su independencia. Esa situación cambió con el Tratado de Fez, firmado en marzo de 1912, por el que Francia estableció un Protectorado sobre la mayor parte del país. Pocos meses después, París alcanzó un acuerdo con España para que administrara una franja situada en el norte marroquí, con capital en Tetuán, además de una pequeña zona en el sur, en torno a Cabo Juby.

A diferencia de lo que suele creerse, España nunca incorporó ese territorio a su soberanía. El Protectorado era una figura jurídica distinta a una colonia: el Estado marroquí seguía existiendo y el sultán continuaba siendo, al menos formalmente, el jefe del país. España ejercía la administración civil y militar de la zona que le había sido asignada, pero no gobernaba todo Marruecos ni aquel territorio pasó a formar parte del Estado español.

Durante más de cuatro décadas, aquella franja del norte marroquí se convirtió en uno de los principales escenarios de la política colonial española. Allí se desarrolló la Guerra del Rif, un conflicto que dejó episodios tan determinantes como el desastre de Annual en 1921 o el desembarco de Alhucemas en 1925, considerado uno de los hitos militares de la época.

También fue el lugar donde una generación de oficiales construyó buena parte de su carrera. Entre ellos se encontraba Francisco Franco, cuya trayectoria quedó estrechamente ligada al denominado africanismo, una corriente militar que otorgaba al norte de África una importancia estratégica y política fundamental para España.

La oportunidad que Franco creyó ver tras la derrota de Francia

Cuando Alemania derrotó a Francia en junio de 1940, el equilibrio europeo cambió por completo. Con el país vecino ocupado por las tropas nazis y el régimen colaboracionista de Vichy haciéndose cargo de buena parte del imperio colonial francés, Franco interpretó que había llegado el momento de plantear una expansión territorial.

España acababa de salir de la Guerra Civil y atravesaba una situación económica extremadamente delicada. Aun así, el régimen consideró que podía negociar su entrada en la Segunda Guerra Mundial si obtenía importantes compensaciones. Entre ellas figuraba el Marruecos francés.

Las conversaciones culminaron en la entrevista de Hendaya. Franco acudió a la reunión con una larga lista de exigencias: la recuperación de Gibraltar cuando el Reino Unido fuera derrotado, la cesión del Marruecos administrado por Francia, la incorporación de la región argelina de Orán y la ampliación del Sáhara español, además de importantes suministros de alimentos, combustible y armamento para un país devastado por la guerra.

Las reclamaciones suponían modificar profundamente el mapa colonial del norte de África. Si Hitler hubiera aceptado aquellas condiciones y España hubiera entrado en la guerra, la presencia española en la región habría aumentado de forma muy significativa. Pero la respuesta alemana fue negativa.

Hitler necesitaba mantener la colaboración del régimen francés de Vichy y no estaba dispuesto a desmantelar su imperio colonial para satisfacer las aspiraciones españolas. A ello se sumaba que Alemania consideraba excesivas las exigencias planteadas por Franco en comparación con la ayuda que España podía aportar al esfuerzo bélico. Las negociaciones terminaron sin acuerdo y España permaneció oficialmente fuera de la Segunda Guerra Mundial.

Del proyecto expansionista al final del Protectorado

El escenario internacional cambió radicalmente apenas unos años después. La derrota de las potencias del Eje aceleró el proceso de descolonización y los movimientos nacionalistas comenzaron a ganar fuerza en numerosos territorios africanos. Marruecos no fue una excepción.

Tras años de creciente presión política, Francia reconoció la independencia marroquí el 2 de marzo de 1956. España hizo lo mismo pocas semanas después y el 7 de abril firmó la declaración que ponía fin oficialmente al Protectorado español.

A menudo se plantea si el régimen franquista podría haber intentado conservar aquel territorio. Desde un punto de vista estrictamente militar, España podía prolongar temporalmente su presencia, pero el contexto internacional había cambiado por completo. El Protectorado se sustentaba en acuerdos que habían perdido su razón de ser tras el reconocimiento de la independencia, el nacionalismo marroquí era cada vez más fuerte y el proceso de descolonización contaba con un respaldo creciente en el ámbito internacional. Mantener aquel sistema habría supuesto un importante coste político, económico y militar para un país que seguía inmerso en la posguerra.

La desaparición del Protectorado no significó, sin embargo, el final inmediato de la presencia española en el norte de África. España mantuvo Ceuta, Melilla, las plazas de soberanía, Ifni y el Sáhara Español, al considerar que todos ellos tenían un estatus jurídico distinto al del Protectorado. Esa decisión dio lugar a nuevas tensiones con el recién independizado Reino de Marruecos y desembocó en la Guerra de Ifni, librada entre 1957 y 1958.

La retirada española se produjo de forma escalonada durante las décadas siguientes. Cabo Juby fue transferido a Marruecos en 1958, Ifni dejó de estar bajo soberanía española en 1969 y el Sáhara Español quedó fuera de la administración de España tras los Acuerdos de Madrid de 1975.

Desde entonces, Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía han permanecido como los únicos territorios españoles en el continente africano. La reunión de Hendaya y las reclamaciones formuladas por Franco constituyen, sin embargo, el recordatorio de un momento en el que el régimen creyó posible ampliar la presencia española en el norte de África aprovechando uno de los mayores terremotos geopolíticos del siglo XX, una posibilidad que nunca llegó a superar el terreno de la negociación diplomática.

El origen del proyecto se remonta al 6 de noviembre de 2023, cuando Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria que posteriormente fue ratificado por los parlamentos de ambos países. El acuerdo permitió a Italia construir y gestionar dos centros en territorio albanés destinados exclusivamente a migrantes interceptados por las autoridades italianas en el Mediterráneo antes de que pudieran desembarcar en suelo italiano.

La iniciativa supuso un paso sin precedentes dentro de la Unión Europea. Hasta entonces, los procedimientos de protección internacional se tramitaban una vez que los solicitantes llegaban al territorio del Estado miembro correspondiente. Con el acuerdo alcanzado con Tirana, Italia pretendía trasladar esa fase inicial del proceso fuera del territorio comunitario sin renunciar al control de las instalaciones ni a la aplicación de su propia legislación.

Para ello se levantaron dos centros con funciones diferenciadas. El primero se encuentra en Shëngjin, un puerto situado en la costa albanesa donde los migrantes son desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí son trasladados al segundo complejo, ubicado en Gjadër, una antigua base militar transformada en centro de internamiento en el que se resuelven las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado y, si la resolución es negativa, se organizan las devoluciones al país de origen.

Aunque ambos recintos están situados en Albania, el Gobierno italiano los considera instalaciones bajo jurisdicción italiana. Son financiados por Roma, están gestionados por funcionarios italianos y aplican la legislación italiana, una singularidad jurídica que desde el primer momento despertó dudas entre expertos en derecho internacional y organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes.

Una pieza más de la estrategia migratoria de Meloni

Pese a la atención que ha acaparado el acuerdo con Albania, el proyecto constituye únicamente una parte de la política migratoria que Meloni ha impulsado desde que llegó al poder en octubre de 2022.

La primera ministra ha defendido de forma reiterada que el actual sistema europeo favorece la inmigración irregular porque permite que quienes consiguen llegar a las costas comunitarias permanezcan durante largos periodos de tiempo mientras se resuelven sus expedientes. Su propuesta pasa por endurecer el acceso al asilo, acelerar los procedimientos, aumentar las expulsiones y reforzar la cooperación con países de origen y tránsito para impedir que los migrantes lleguen a territorio europeo.

El ‘modelo Albania’ responde precisamente a esa filosofía. El Ejecutivo italiano sostiene que buena parte de quienes emprenden la ruta del Mediterráneo lo hacen con la expectativa de entrar en Europa y permanecer allí mientras se tramita su solicitud de protección internacional. Trasladar ese procedimiento fuera de la Unión pretende romper ese incentivo y enviar el mensaje de que acceder irregularmente a las costas italianas ya no implica entrar automáticamente en territorio comunitario.

Al mismo tiempo, el Gobierno considera que esta fórmula puede contribuir a debilitar el negocio de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, al reducir las posibilidades de que quienes pagan a las mafias logren finalmente establecerse en Europa. A ello se suma otro objetivo que Meloni ha defendido desde el inicio de su mandato: facilitar las devoluciones de quienes no cumplen los requisitos para obtener protección internacional.

Sin embargo, el sistema no está diseñado para todos los migrantes. El protocolo firmado con Albania limita su aplicación a un perfil muy concreto: hombres adultos interceptados por embarcaciones italianas en aguas internacionales, procedentes de países considerados seguros y que no presenten circunstancias de especial vulnerabilidad.

Quedan fuera de este mecanismo los menores de edad, las mujeres embarazadas, las familias con niños, las víctimas de trata y las personas con problemas médicos o situaciones personales que requieran una protección específica. Si la solicitud de asilo presentada en Albania es aceptada, el migrante es trasladado posteriormente a Italia. Si es rechazada, la intención del Ejecutivo italiano es ejecutar directamente desde territorio albanés su devolución al país de origen.

Los límites que han impuesto los tribunales

La puesta en marcha del modelo Albania, sin embargo, ha estado marcada por los obstáculos judiciales. Apenas comenzaron los primeros traslados, varios tribunales italianos empezaron a cuestionar algunos de los fundamentos jurídicos sobre los que se asentaba el sistema.

El principal punto de conflicto ha sido la utilización del concepto de “país seguro”, una condición imprescindible para aplicar el procedimiento acelerado previsto por el Gobierno. Italia sostiene que determinados Estados ofrecen, con carácter general, garantías suficientes para que las solicitudes de sus ciudadanos puedan resolverse de manera más rápida. Sin embargo, diversos jueces italianos entendieron que esa consideración no podía aplicarse automáticamente y que cada expediente debía analizarse de forma individual para comprobar si el solicitante corría un riesgo real de persecución.

Como consecuencia de esa interpretación, varios magistrados ordenaron trasladar a Italia a migrantes que habían sido enviados previamente a Albania para que sus solicitudes fueran examinadas dentro del territorio italiano.

Las discrepancias terminaron llegando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante varias cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales italianos. La justicia europea acabó fijando límites al uso de los procedimientos acelerados y reforzó las garantías que deben respetarse antes de mantener retenidos a solicitantes de asilo, una interpretación que redujo significativamente el margen de actuación previsto inicialmente por el Gobierno de Meloni.

Estas resoluciones han condicionado el funcionamiento del proyecto desde sus primeros meses. Durante largos periodos, los centros construidos en Albania han permanecido prácticamente vacíos mientras continuaban los recursos judiciales y las decisiones de los tribunales sobre la legalidad de los traslados.

A pesar de ello, la primera ministra italiana no ha renunciado a convertir este sistema en el eje de su estrategia migratoria. Al contrario, ha defendido en repetidas ocasiones que el acuerdo con Albania puede servir de referencia para otros países europeos y ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea avance hacia un modelo que permita externalizar parte de la gestión migratoria mediante acuerdos con terceros Estados.

Ese planteamiento va más allá del caso albanés. El Ejecutivo italiano también apuesta por ampliar la lista de países considerados seguros, reforzar la cooperación con Estados de origen y tránsito, incrementar las devoluciones y acelerar la resolución de las solicitudes de asilo. Buena parte de esas medidas, sin embargo, dependen del margen que permitan tanto la legislación europea como la interpretación que hagan de ella los tribunales, que hasta ahora han marcado los principales límites al desarrollo del modelo con el que Meloni aspira a transformar la política migratoria italiana y sentar un precedente para el resto de la Unión Europea.

Lejos de abrir un debate sobre el papel desempeñado por las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la crisis, ese relato ha girado en torno a tres ideas que se repiten de forma constante: las mafias de tráfico de personas como responsables de la movilización, la propagación de rumores y bulos a través de las redes sociales y la cooperación entre Marruecos y España para contener los cruces y devolver a quienes lograron acceder a la ciudad autónoma.

La diferencia resulta especialmente llamativa si se compara con la crisis de mayo de 2021. Entonces, la llegada masiva de migrantes a Ceuta derivó en una grave crisis diplomática entre Madrid y Rabat tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Las autoridades marroquíes respondieron rápidamente y defendieron públicamente su posición, convirtiendo el episodio en un conflicto político abierto. En esta ocasión, sin embargo, el Ejecutivo marroquí ha mantenido un perfil mucho más discreto y el protagonismo ha recaído, sobre todo, en la cobertura de los medios y en las escasas intervenciones de representantes institucionales.

Ese bajo perfil coincidió además con otro episodio que no pasó desapercibido en la prensa marroquí. El portal Nichane.ma ha informado de que el jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch, viajó a la isla española de Mallorca para disfrutar de sus vacaciones de verano inmediatamente después de participar en la ceremonia de la Fiesta del Trono. Según el medio, el primer ministro se desplazó en un avión privado acompañado de varios familiares y personas de su entorno mientras la crisis migratoria seguía ocupando la agenda política y mediática en España y las instituciones europeas seguían de cerca la evolución de la situación en Ceuta. El portal ha destacado igualmente que el Gobierno marroquí continuaba sin emitir un comunicado oficial sobre la crisis y ha sostenido que la gestión del episodio había estado pilotada desde el Palacio Real, una interpretación que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades marroquíes.

La principal voz institucional que sí se ha pronunciado ha sido la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich. Durante la recepción celebrada en Madrid con motivo de la Fiesta del Trono, aseguró que la situación vivida en Ceuta era “no deseada” por el Reino de Marruecos y que se había producido “fuera de su voluntad”. La diplomática atribuyó la responsabilidad exclusivamente a las “mafias criminales” dedicadas al tráfico de personas y defendió la “colaboración ejemplar” que, a su juicio, mantienen Rabat y Madrid para hacer frente a la presión migratoria. Ese mensaje es, precisamente, el que ha terminado dominando la narrativa construida durante los últimos días por buena parte de los medios próximos al poder.

Mafias, bulos y redes sociales

Aunque la crisis no ha monopolizado las portadas de la prensa marroquí con la intensidad que lo ha hecho en España, sí ha recibido cobertura en algunos de los principales diarios del país. Sin embargo, el enfoque ha sido muy diferente. Lejos de centrar el debate en las decisiones adoptadas por las autoridades marroquíes durante las primeras horas de la avalancha o en el funcionamiento del dispositivo fronterizo, medios como Hespress o Assabah sitúan el origen de la crisis en la actuación de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y en la difusión masiva de rumores a través de internet.

Hespress sostiene que las mafias aprovecharon la reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones por vía marítima para hacer creer a miles de jóvenes que existía una oportunidad excepcional para acceder a Ceuta sin ser devueltos de inmediato. Según el diario, esa interpretación comenzó a difundirse rápidamente mediante grupos de Facebook y otras plataformas digitales que terminaron funcionando como auténticos espacios de coordinación.

Las publicaciones compartían mapas de la costa, capturas de Google Maps, vídeos grabados desde distintos puntos del litoral, consejos para cruzar a nado, recomendaciones sobre el uso de aletas o flotadores e incluso información actualizada sobre la presencia policial en las playas próximas a la frontera. El periódico sostiene que ese flujo constante de mensajes terminó alimentando un efecto llamada que movilizó a miles de personas hacia Fnideq.

Una línea similar mantiene Assabah, uno de los diarios en árabe con mayor difusión en Marruecos. Entre las informaciones publicadas durante los últimos días figura el comunicado de las Juventudes del Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), el partido que lidera el primer ministro Aziz Akhannouch, en el que se alerta del peligro que representan las redes de migración irregular y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. El mensaje vuelve a señalar a las mafias como origen del problema sin abrir un debate sobre la actuación de las autoridades marroquíes antes de los cruces.

Ese planteamiento coincide, además, con la explicación ofrecida por el Gobierno español. Tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han responsabilizado públicamente a las organizaciones criminales de haber aprovechado esa resolución judicial para generar falsas expectativas entre miles de potenciales migrantes.

Cooperación con España y el trasfondo sobre Ceuta y Melilla

La cooperación entre Rabat y Madrid constituye el segundo gran eje de la cobertura. Los principales medios marroquíes concedieron un protagonismo destacado a las declaraciones de Grande-Marlaska en las que calificó a Marruecos como un “socio fiable” y aseguró que el país “no representa ninguna amenaza para Ceuta ni para el resto de España”. Esas palabras fueron elevadas a titulares propios y presentadas como prueba de que ambos gobiernos continúan colaborando estrechamente para controlar la frontera y organizar el retorno de quienes accedieron irregularmente a la ciudad autónoma.

La respuesta policial desplegada por Marruecos también ocupa buena parte del espacio informativo. Los diarios recogen el envío de unidades antidisturbios a Fnideq, el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua para impedir nuevos intentos de cruce y la detención de varias decenas de personas tras los altercados registrados en las inmediaciones de la frontera. Assabah incorporó además un componente humanitario al informar sobre los más de seiscientos migrantes atendidos en Ceuta, entre ellos varios recién nacidos, y sobre la petición de la Organización Marroquí de Derechos Humanos para esclarecer el destino de las personas desaparecidas.

Junto a ese discurso centrado en la seguridad y la cooperación, algunos medios oficialistas aprovecharon la crisis para recuperar uno de los argumentos tradicionales de Rabat sobre Ceuta y Melilla. Le360, considerado uno de los digitales más próximos al entorno del Palacio Real, informó ampliamente sobre el éxodo migratorio, pero también describió ambas ciudades autónomas como una “anomalía geográfica”. El medio sostiene que la “realidad territorial y demográfica”, marcada por la presencia de una importante población musulmana de origen marroquí, “acaba siempre por imponerse” y llega a afirmar que “la cuestión no es saber si estos enclaves retornarán a su entorno natural, Marruecos, sino cuándo y después de cuántos otros dramas”.

El debate que apenas aparece

Tan relevante como aquello que ocupa la agenda informativa es lo que prácticamente desaparece de ella. Ni las informaciones publicadas por los principales medios próximos al poder ni las escasas declaraciones institucionales conocidas hasta el momento sitúan en el centro del debate cuestiones que sí han marcado la conversación política y mediática en España. Apenas existen referencias a una posible relajación inicial de los controles fronterizos, al tiempo durante el que miles de personas permanecieron concentradas en las inmediaciones del Tarajal o a las decisiones adoptadas por las autoridades marroquíes antes de que comenzaran los cruces.

Más que negar la magnitud de lo ocurrido, la narrativa dominante desplaza el foco desde el papel desempeñado por Rabat hacia la actuación de las organizaciones criminales, la desinformación y la cooperación bilateral, dejando fuera del centro del debate la actuación inicial de las autoridades marroquíes durante la mayor crisis migratoria registrada hasta la fecha en Ceuta.

Dos helicópteros Bell del Cuerpo de Bomberos de Grecia han colisionado en el aire este domingo en la zona de Psatha, en la región de Ática, mientras participaban en las labores de extinción de un incendio forestal al oeste de Atenas. En cada aeronave había dos personas, según ha confirmado el propio cuerpo de bomberos griego en un comunicado. Ambos helicópteros habían despegado del aeropuerto militar de Elefsina antes del accidente.

Según el medio digital griego Kathimerini, los servicios de emergencia de EKAB (sistema griego de ambulancias) han evacuado desde el punto del siniestro a los cuatro tripulantes de los helicópteros siniestrados. Se trata de dos pilotos de nacionalidades británicas y danesas, y dos coordinadores griegos que les acompañaban.

En el momento de ser rescatados, dos de ellos presentaban heridas leves, mientras que los otros dos se encontraban en estado inconsciente. Tal y como han indicado desde la Fuerza Aérea Helénica, los cuatro ocupantes han sido trasladados en ambulancia al 251.º Hospital General de Aviación (251 GNA) de Atenas. Finalmente, dos de ellos han perdido la vida.

📍 Yunanistan'da yangın söndürme operasyonundaki iki helikopter havada çarpıştı. pic.twitter.com/x1iKcmBILk

— SavunmaTR (@SavunmaTR) August 2, 2026

Tres días luchando contra las llamas en Grecia

El accidente ha ocurrido mientras los servicios de emergencias intentaban controlar un incendio forestal que lleva activo desde el viernes en la zona oeste de Ática. El fuego se declaró hace tres días en la región de Beocia, y se propagó hacia el este hasta llegar a Ática. Este domingo, las llamas han avanzado varios kilómetros hacia las inmediaciones de Megara, una ciudad que se encuentra a unos 50 kilómetros del centro de Atenas.

“Ha habido enormes daños ecológicos en nuestro municipio. Un bosque virgen, que se había regenerado tras el gran incendio de 1985, se ha perdido en gran parte”, ha recalcado el teniente de alcalde de Megara, Dimitris Vordos, en la radio griega Skai.

El fuego ya ha arrasado más de un centenar de viviendas en la zona de Porto Germeno, y casi 7.000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo han acabado reducidas a cenizas. Las violentas ráfagas de viento, de hasta 150 kilómetros por hora, han impedido a los aviones cisterna descender al mar para recargar agua, y han obligado a evacuar por vía marítima a cientos de vecinos de localidades costeras como Agios Vasileios y Porto Germeno, sin salida por carretera a causa del fuego.

“Este fuego ha creado ya su propio microclima, por lo que se crean muy fuertes vientos que cambian continuamente de dirección”, explicó a la Agencia EFE un portavoz del Cuerpo de Bomberos griego. Cerca de 500 bomberos, con más de una veintena de aeronaves, combaten las llamas mientras las autoridades emiten nuevas órdenes de desalojo para varias localidades de las montañas de Geraneia.

Por su parte, Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, ha explicado este domingo que, en los últimos años, su Gobierno ha invertido “más que nunca en reforzar Protección Civil”, pero también recalcando que “hay momentos en los que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa”.

La policía griega ya ha detenido a dos personas presuntamente vinculadas con el origen del incendio. Los arrestados habrían operado una red privada de transmisión de electricidad cuyo mal funcionamiento generó chispas que desencadenaron el fuego.

*Noticia elaborada con información de agencias.

Antes de reforzar su cooperación con Marruecos para contener la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, la Unión Europea ya había ensayado esa misma fórmula en otro de los grandes corredores migratorios del planeta. Turquía pasó a desempeñar en 2016 un papel clave en la política migratoria comunitaria gracias a un acuerdo con Bruselas que cambió la forma de gestionar la frontera oriental de Europa.

A cambio de miles de millones de euros en financiación y de una estrecha cooperación política, Ankara asumió el compromiso de impedir nuevas salidas hacia Grecia y puso en marcha un sistema de vigilancia que combina barreras físicas, tecnología, presencia militar y control permanente de las rutas migratorias. Casi una década después, mientras Ceuta vuelve a afrontar una fuerte presión migratoria y España estrecha la coordinación con Marruecos para contener las llegadas, aquel precedente vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales ejemplos de hasta dónde puede llegar la colaboración entre la Unión Europea y un país tercero para frenar los flujos antes de que alcancen territorio comunitario.

Aunque las fronteras del Egeo y del Estrecho responden a realidades geográficas y políticas muy diferentes, ambas comparten una misma filosofía: contener la migración antes de que llegue a suelo europeo mediante la cooperación con los países vecinos. La experiencia turca representa el caso más desarrollado de esa estrategia y, al mismo tiempo, el que mejor permite medir tanto su eficacia como las controversias que ha generado.

El acuerdo que convirtió a Turquía en el guardián de la frontera oriental de Europa

El origen del sistema hay que buscarlo en la crisis migratoria de 2015. Aquel año, más de un millón de personas llegaron a la Unión Europea a través de la ruta del Egeo después de cruzar desde Turquía hasta las islas griegas. La magnitud de aquel movimiento migratorio desbordó la capacidad de acogida de varios Estados miembros y obligó a Bruselas a replantear por completo su estrategia. La prioridad dejó de ser únicamente gestionar las llegadas para centrarse también en impedir que estas se produjeran.

La respuesta llegó el 18 de marzo de 2016 con la firma de la Declaración UE-Turquía, un acuerdo que marcó un punto de inflexión en la política migratoria europea. El pacto establecía que los migrantes que llegaran de forma irregular desde Turquía a las islas griegas podrían ser devueltos a territorio turco, mientras Ankara asumía el compromiso de impedir nuevas salidas hacia la Unión Europea. A cambio, Bruselas aprobó un paquete de 6.000 millones de euros destinado a financiar la atención de los millones de refugiados acogidos por Turquía y puso en marcha un sistema de reasentamiento por el que, por cada ciudadano sirio devuelto desde Grecia, otro sería trasladado legalmente desde Turquía a un Estado miembro.

Aquel acuerdo transformó el papel que Turquía desempeñaba hasta entonces. Dejó de ser únicamente un país de tránsito para convertirse en el principal filtro de la frontera oriental de la Unión Europea, una responsabilidad que obligó a reforzar de forma extraordinaria su capacidad de vigilancia y control tanto por tierra como por mar.

Así funciona el sistema fronterizo turco

El refuerzo comenzó sobre el terreno. Durante los años posteriores al acuerdo, Turquía desplegó uno de los dispositivos fronterizos más ambiciosos de la región. Levantó cientos de kilómetros de muros y barreras de hormigón en sus fronteras con Siria e Irán, reforzó distintos tramos próximos al límite con Grecia e incrementó la presencia de militares y fuerzas de seguridad en las principales rutas utilizadas por las redes de tráfico de personas. A ese despliegue se sumó la construcción de nuevas bases de vigilancia y un aumento de los controles a lo largo de toda la frontera.

Pero la principal diferencia del sistema turco no está únicamente en las infraestructuras físicas, sino en el uso intensivo de la tecnología. Satélites militares Göktürk, aviones de alerta temprana Peace Eagle, drones desarrollados por la industria nacional, radares terrestres, sensores sísmicos, cámaras térmicas y puestos avanzados de observación forman parte de una red conectada que permite detectar movimientos a varios kilómetros de distancia y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad prácticamente en tiempo real. Ese dispositivo se prolonga hasta el mar Egeo, donde la Guardia Costera mantiene patrullas permanentes para interceptar embarcaciones y realizar operaciones de rescate antes de que alcancen aguas griegas.

Sin embargo, el modelo turco no se sostiene únicamente sobre muros, patrullas o sistemas de vigilancia. El país alberga alrededor de cuatro millones de refugiados, entre ellos unos 3,6 millones de ciudadanos sirios, una circunstancia que explica buena parte del apoyo económico comprometido por Bruselas. Los fondos europeos no solo sirven para reforzar el control fronterizo, sino también para financiar programas de educación, asistencia sanitaria, empleo e integración dirigidos a esa población. La filosofía del sistema pasa precisamente por reducir la presión migratoria antes de que quienes huyen de los conflictos decidan continuar su viaje hacia Europa.

Los resultados comenzaron a apreciarse poco después de la entrada en vigor del acuerdo. Las llegadas irregulares por la ruta del Egeo descendieron de forma notable respecto a las cifras registradas durante la gran crisis migratoria de 2015, consolidando a Turquía como el principal socio de la Unión Europea en la contención de los flujos procedentes de Oriente Medio.

El espejo de Ceuta y Melilla

Aunque el escenario geográfico es muy distinto, la lógica que inspira el control de la frontera entre España y Marruecos guarda importantes paralelismos con la aplicada por la Unión Europea en Turquía. En ambos casos, el objetivo pasa por contener los movimientos migratorios antes de que alcancen territorio comunitario mediante una estrecha cooperación con el país vecino. Lo que cambia no es tanto la filosofía como la dimensión del dispositivo y el marco político sobre el que se sustenta.

En Ceuta y Melilla, la protección de la frontera descansa sobre un doble vallado que durante los últimos años ha sido objeto de un profundo proceso de modernización. La retirada de las concertinas dio paso a nuevas barreras reforzadas con cámaras térmicas, drones, sensores y sistemas de vigilancia de alta resolución capaces de detectar tanto intentos de salto como embarcaciones que se aproximan por mar. Ese despliegue tecnológico se complementa con la labor que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Nacional en los pasos fronterizos, así como con la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes al otro lado del perímetro, donde colaboran en la vigilancia de la frontera y en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.

Ahora bien, la cooperación entre Bruselas y Rabat responde a una arquitectura distinta de la diseñada con Ankara. Mientras Turquía cuenta con un acuerdo específico que articula las devoluciones, la financiación europea y los compromisos políticos entre ambas partes, la relación con Marruecos se apoya en una sucesión de instrumentos que se han ido ampliando con el paso de los años. Entre ellos figuran el convenio bilateral de readmisión firmado con España en 1992, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, la Asociación para la Movilidad y el partenariado migratorio alcanzado en 2022, que reforzó la cooperación policial, las investigaciones conjuntas contra las redes de tráfico de personas y la coordinación con agencias europeas como Frontex y Europol.

También difiere el respaldo económico de la Unión Europea. Frente a los 6.000 millones de euros movilizados para sostener el acuerdo con Turquía y atender a los millones de refugiados que permanecen en su territorio, Marruecos ha recibido más de 500 millones de euros procedentes de distintos instrumentos europeos destinados principalmente a reforzar la gestión migratoria, mejorar el control fronterizo y combatir las redes dedicadas al tráfico de personas.

Las enseñanzas y los límites del precedente turco

La experiencia de Turquía refleja que el control de una frontera exterior no depende únicamente de levantar barreras físicas. El acuerdo alcanzado con la Unión Europea se ha apoyado durante casi una década en una combinación de cooperación política, intercambio de inteligencia, financiación comunitaria, despliegue tecnológico y coordinación permanente entre las autoridades nacionales y los organismos europeos. Esa suma de factores explica la reducción de las llegadas irregulares por la ruta del Egeo tras la crisis migratoria de 2015.

En ese sentido, España podría profundizar en algunos mecanismos ya existentes con Marruecos, reforzando la cooperación policial y judicial, ampliando el intercambio de información sobre las redes de tráfico de personas y potenciando el uso de nuevas herramientas tecnológicas que complementen el trabajo desarrollado por los agentes desplegados sobre el terreno.

Al mismo tiempo, el caso turco también pone de manifiesto las tensiones que genera una política centrada en trasladar el control migratorio fuera de las fronteras de la Unión Europea. Diversas organizaciones internacionales llevan años cuestionando que Turquía pueda ser considerada un tercer país seguro por las denuncias sobre devoluciones forzosas hacia Siria y otras vulneraciones del principio de no devolución.

Del mismo modo, la gestión de la frontera entre España y Marruecos también ha sido objeto de críticas por las devoluciones en caliente y por episodios como la tragedia registrada en la valla de Melilla en junio de 2022. Por ello, cualquier evolución del esquema español debería mantener un equilibrio entre el refuerzo del control fronterizo y el respeto a las garantías jurídicas de quienes solicitan protección internacional, evitando que la eficacia en la contención de los flujos termine comprometiendo los derechos reconocidos por la legislación internacional.

La crisis migratoria de Ceuta ha servido para poner nombre a un bloque que llevaba años tomando forma dentro de la Unión Europea. Aunque la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma ha sido el detonante de la última ofensiva política materializada en una carta impulsada por Italia y respaldada por otros 21 Estados miembros para reclamar un endurecimiento de la política migratoria europea, el movimiento va mucho más allá de ese documento. La iniciativa ha sacado a la luz un grupo de países que, pese a sus diferencias geográficas, políticas e incluso ideológicas, ha ido aproximando posiciones durante la última década hasta compartir un mismo diagnóstico sobre cómo debe responder la UE a la inmigración irregular.

Ese acercamiento no se produjo de la noche a la mañana. La gran crisis migratoria de 2015 marcó un punto de inflexión y, desde entonces, el debate europeo ha cambiado de forma sustancial. Si durante aquellos años la discusión giraba en torno al reparto de solicitantes de asilo entre los Estados miembros, hoy el centro de gravedad se ha desplazado hacia otra cuestión: cómo impedir que las llegadas irregulares se produzcan. Esa evolución ha hecho que conceptos como la externalización del asilo, la cooperación con los países de origen y tránsito, el refuerzo de Frontex o los llamados movimientos secundarios dentro del espacio Schengen ganen protagonismo y explica que gobiernos muy diferentes entre sí hayan terminado compartiendo buena parte del diagnóstico y de las soluciones.

Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia forman parte de ese grupo. A simple vista cuesta encontrar un hilo conductor entre ellos. Conviven países mediterráneos que soportan una presión migratoria constante con otros situados en el norte o el este del continente que apenas reciben embarcaciones. También coinciden gobiernos conservadores, socialdemócratas, liberales y democristianos. Sin embargo, todos han ido aproximando posiciones hasta coincidir en la misma idea de que reforzar las fronteras exteriores de la Unión es la condición previa para que el resto del sistema funcione.

El consenso, sin embargo, no fue unánime. Cinco Estados miembros decidieron no sumarse a la iniciativa impulsada por Italia: España, Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo. Aunque las razones no fueron idénticas en todos los casos, sus ausencias también reflejan las distintas sensibilidades que siguen existiendo dentro de la Unión en materia migratoria.

En el caso de España, su ausencia resulta lógica al tratarse del país directamente afectado por la crisis de Ceuta y al que los firmantes expresan su respaldo para hacer frente a la presión migratoria. Francia y Portugal, por su parte, evitaron adherirse a la carta pese a mostrar públicamente su apoyo al Gobierno español y defender una respuesta coordinada desde Bruselas, una posición coherente con el estrecho vínculo que mantienen con Madrid en la gestión de la frontera suroccidental de la Unión.

Irlanda también decidió mantenerse al margen, en línea con una política migratoria tradicionalmente más prudente en este tipo de iniciativas conjuntas, mientras que Luxemburgo, uno de los Estados miembros que históricamente ha defendido un enfoque más garantista en materia de asilo y migración, completó el reducido grupo que no respaldó el documento.

De Italia a Dinamarca: el endurecimiento deja de ser una cuestión ideológica

Si hay un país que simboliza esa transformación es Italia. Durante años fue uno de los principales defensores de un mayor reparto de inmigrantes entre los socios europeos al considerar que soportaba una carga desproporcionada por su posición en el Mediterráneo central. Sin embargo, la llegada de Giorgia Meloni al Gobierno marcó un cambio de estrategia. Roma dejó de insistir en la redistribución como solución prioritaria y pasó a defender que el esfuerzo debía concentrarse en impedir que las embarcaciones alcanzaran las costas europeas.

Ese cambio de enfoque se ha traducido en acuerdos con Túnez y Libia para contener las salidas, en el pacto con Albania para trasladar parte de la gestión de las solicitudes de asilo fuera del territorio comunitario y en una defensa constante del refuerzo de Frontex y de los retornos de inmigrantes que no obtienen protección internacional. Italia ya no plantea la inmigración únicamente como un desafío humanitario, sino también como una cuestión de control fronterizo y de seguridad para el conjunto de la Unión.

Lo llamativo es que ese discurso ya no pertenece exclusivamente a gobiernos conservadores. El caso de Dinamarca ilustra mejor que ningún otro cómo ha evolucionado el debate europeo. Bajo el liderazgo de la socialdemócrata Mette Frederiksen, Copenhague ha aprobado algunas de las reformas migratorias más restrictivas de Europa occidental, endureciendo las condiciones para acceder a la residencia permanente y promoviendo la tramitación de solicitudes de asilo en terceros países. Su posición ha servido para romper una frontera política que durante años parecía clara y demuestra que el endurecimiento de la política migratoria ha dejado de responder únicamente a un eje entre izquierda y derecha.

Fronteras distintas, preocupaciones diferentes

Las razones que llevan a estos países a compartir posición, sin embargo, no son exactamente las mismas. Para los Estados mediterráneos, como Grecia, Malta, Chipre o la propia Italia, la prioridad continúa siendo contener unas llegadas que conocen de primera mano. Todos ellos forman parte de las principales rutas migratorias hacia Europa y llevan años reclamando una mayor implicación de Bruselas en la protección de las fronteras exteriores. Su experiencia durante la crisis de refugiados de 2015 y el incremento de las llegadas por el Mediterráneo han reforzado la idea de que la gestión migratoria no puede recaer únicamente sobre los países de primera entrada.

En cambio, Alemania, Países Bajos, Bélgica o Suecia observan el fenómeno desde otra perspectiva. Aunque no soportan la misma presión en sus costas, sí reciben un elevado número de solicitantes de asilo que llegan tras haber accedido previamente a la Unión Europea por otro Estado miembro. Son los llamados movimientos secundarios, uno de los conceptos que más peso ha ganado en los últimos años en las instituciones europeas y que explica buena parte del interés de estos gobiernos por reforzar las fronteras exteriores. Consideran que, mientras el acceso irregular continúe produciéndose, la presión terminará trasladándose hacia el norte del continente gracias a la libre circulación dentro del espacio Schengen.

La evolución de Suecia resume bien ese cambio. El país que durante la crisis de 2015 simbolizó la política europea de acogida ha endurecido progresivamente su legislación migratoria después de recibir uno de los mayores números de solicitantes de asilo por habitante de toda la Unión. Alemania también ha reforzado los controles en sus fronteras terrestres y el debate sobre la inmigración ocupa desde hace años un lugar central en la política nacional, mientras que Países Bajos y Bélgica han impulsado reformas para endurecer sus sistemas de asilo y acelerar las expulsiones.

El este convierte la inmigración en una cuestión de seguridad

Si el sur mira al Mediterráneo y el norte a Schengen, en Europa central y oriental la inmigración se analiza cada vez más desde una perspectiva de seguridad. Hungría abrió ese camino durante la crisis migratoria de 2015 con la construcción de vallas fronterizas y una política de tolerancia cero frente a la inmigración irregular. Polonia reforzó esa visión durante la crisis provocada por Bielorrusia en 2021, cuando Bruselas acusó al régimen de Aleksandr Lukashenko de utilizar los flujos migratorios como instrumento de presión política sobre la Unión Europea.

Ese episodio marcó también a Estonia, Letonia y Lituania, que aceleraron el refuerzo de sus fronteras y comenzaron a considerar que la protección del territorio comunitario no respondía únicamente a una cuestión migratoria, sino también geopolítica. Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía comparten buena parte de ese diagnóstico y llevan años defendiendo un mayor control de las fronteras exteriores y una política europea más exigente en materia de retornos.

Ceuta pone a España en el centro del debate migratorio europeo

La crisis de Ceuta ha terminado convirtiéndose así en mucho más que un episodio puntual en la frontera sur de Europa. Lo ocurrido en la ciudad autónoma ha situado a España en el centro del debate sobre el futuro de la política migratoria comunitaria y ha dado visibilidad a un bloque de países que llevaba años defendiendo un cambio de enfoque. Aunque los 22 Estados expresan su apoyo a las autoridades españolas para hacer frente a la presión migratoria, también consideran que la situación evidencia las carencias del actual sistema europeo y la necesidad de reforzar la protección de las fronteras exteriores.

En ese contexto, la iniciativa impulsada por Italia reclama una respuesta coordinada de Bruselas que pase por intensificar la cooperación con Marruecos, reforzar el despliegue de Frontex y agilizar los retornos de quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. Al mismo tiempo, advierte de que determinadas políticas que pueden actuar como “factores de atracción”, entre ellas la regularización de un elevado número de inmigrantes en situación irregular, pueden incentivar nuevas llegadas y poner a prueba el funcionamiento del espacio Schengen.

El episodio migratorio que ha sufrido la ciudad autónoma ha convertido la gestión española de la frontera sur en el punto de partida de una discusión mucho más amplia sobre el modelo que debe seguir la UE y ha puesto de manifiesto que una mayoría de Estados miembros comparte hoy una prioridad que hace una década no despertaba el mismo consenso: reforzar el control de las fronteras exteriores como eje de la política migratoria comunitaria.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha celebrado su su 27.º aniversario en el trono con un discurso centrado en la estabilidad del país y los avances económicos alcanzados durante su reinado. El monarca se encuentra desde hace muchos meses fuera del foco. Apenas aparece en eventos públicos y delega muchas funciones de representación en su hijo, Hassan III. En esta ocasión, ha decidido volver a mostrarse ante las cámaras y leer un discurso de 14 minutos de duración.

El monarca ha reseñado ante la nación los avances alcanzados bajo su reinado. Este aniversario se produce en un contexto internacional marcado por los recientes logros diplomáticos de Marruecos. El de mayor relevancia es el reconocimiento de su postura sobre el Sáhara Occidental como “base de las negociaciones” por parte de la ONU y la gran mayoría de los países.

Por otro lado, sus vínculos con Estados Unidos se traducen en nuevas inversiones y proyectos en suelo marroquí, en materia industrial o de defensa. Además, conforme se acerca el Mundial 2030, la clase política marroquí empuja con más fuerza por su liderazgo y para albergar la final. Estos avances se observan en realidades concretas, como el establecimiento de un centro militar estadounidense o la sede de la FIFA en África.

Estabilidad institucional frente a tensión social

Durante su intervención, Mohamed VI ha insistido en que la estabilidad de Marruecos es el principal activo del país frente a las turbulencias regionales. El jefe del Estado marroquí vinculó estos logros a una estrategia sostenida y a la eficacia de las instituciones, señalando que “desempeñan su función en un marco de armonía y complementariedad, lo que otorga la eficacia necesaria para que el Estado continúe logrando avances y enfrentando desafíos a pesar de las dificultades y limitaciones”.

En el discurso hizo hincapié en la importancia de mantener el optimismo frente a los discursos de “desesperanza y frustración”. Según los datos que ha presentado, Marruecos ha experimentado una tasa de crecimiento cercana al 4,9% en 2025 y se prevé que iguale o supere ese índice en 2026. El monarca también ha destacado la buena temporada agrícola, la consolidación del país como “polo de inversión industrial, turística y financiera” y la evolución de sectores clave como el automotriz y el aeronáutico.

No obstante, estos logros a gran escala conviven con un clima social tenso, demostrado en las protestas de la generación Z derivadas del fallecimiento de ocho mujeres embarazadas en un hospital por la falta de atención y recursos. La sociedad también se ha volcado en las críticas contra la inversión que supone el Mundial (solo el estadio Hassan II de Casablanca supera los 1.000 millones de euros) frente a otros ámbitos que consideran desatendidos.

Fortalecimiento internacional

En la última parte de la intervención, Mohamed VI se ha referido a la consolidación de Marruecos como “un actor internacional fiable, respetado y escuchado” y ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios públicos. Marruecos ha experimentado un ascenso en su escala de poder internacional. En gran parte, este crecimiento lo ha hecho de la mano de Estados Unidos, que impulsó el reconocimiento del Sáhara Occidental como región marroquí o lo ha introducido en ejercicios militares de la OTAN. En los últimos días, el reino anunció que la carretera que unirá el país con el territorio saharaui será bautizada bajo el nombre de Donald Trump.

Con España, las relaciones van mejor que nunca. En 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey para ofrecerle su apoyo a su postura sobre el Sáhara Occidental como opción “más realista” para llegar a un acuerdo. Desde entonces, ambos países han mejorado en cooperación, con intercambios entre sus cuerpos policiales o mejora de los flujos comerciales. El monarca Mohamed VI ha cerrado su mensaje con un llamamiento a preservar la unidad nacional, recalcando que “Dios no defrauda a los benefactores”.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha puesto en marcha una revisión profunda de su despliegue militar en Europa, una medida anunciada por el secretario Pete Hegseth en la última reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Bruselas. La iniciativa, confirmada este miércoles por el subsecretario de Guerra Elbridge Colby, representa el mayor examen de la postura estadounidense en el continente europeo en años, con el objetivo de trasladar responsabilidades a sus aliados y reducir así su papel e inversión.

La revisión responde a la intención de consolidar los cambios introducidos durante la administración de Donald Trump, que ha advertido desde hace meses de que la ayuda estadounidense podía reducirse. Esta postura se acentuó con las decisiones que el republicano vio como una falta de apoyo, especialmente el rechazo de España o Italia a ofrecer sus bases para los ataques a Irán. En el caso de España, miles de soldados estadounidenses entre la base de Rota en Cádiz y la de Morón en Sevilla. En el caso de la primera, se debate de forma cada vez más realista si podría ser sustituida por una base en Marruecos, aliado de EEUU. No obstante, supondría un reto económico y logístico.

Ajustes en el despliegue estadounidense

El secretario Pete Hegseth ha señalado que el examen impulsado por la administración estadounidense busca revisar el papel operativo de la OTAN y fortalecer su capacidad de respuesta, con el objetivo de avanzar hacia un modelo denominado “OTAN 3.0”. La Casa Blanca considera que este proceso debe contribuir a consolidar la alianza frente a amenazas emergentes.

Según la información oficial, la revisión analizará escenarios apoyados en criterios estratégicos y datos empíricos, adaptando la postura militar de Estados Unidos a las estrategias nacionales de seguridad y defensa fijadas para 2026. El subsecretario Elbridge Colby ha indicado que la coordinación con el general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, será clave para el desarrollo del proceso. La revisión llega en un contexto de creciente presión para que los socios europeos asuman más responsabilidades en defensa.

Presencia actual en Europa

Estados Unidos mantiene desplegados más de 50.000 militares solo en Alemania, Italia y España, según datos del Defense Manpower Data Center. En Alemania hay 36.436 efectivos, además de 11.416 civiles del Departamento de Defensa, lo que suma cerca de 49.338 personas vinculadas a la presencia estadounidense en ese país. En Italia están destacados 12.662 militares y 2.605 civiles, mientras que en España, principalmente en las bases de Rota y Morón, el contingente asciende a 3.814 militares y 497 civiles.

El presidente Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de retirar las tropas de España, decisión que intensificaría la tensión diplomática tras calificar la actitud española de “absolutamente horrible” y extender el malestar a Italia. Washington ya ha optado por reducir el número de efectivos en Alemania, con una retirada de 5.000 soldados hace unos meses. La retirada obligaría a reubicar a decenas de miles de militares y civiles, una operación compleja por el peso estratégico de estas bases en Europa.

Donald Trump anunció hace menos de 48 horas la construcción de una autopista de 1.000 kilómetros entre Tiznit y Dajla, una construcción de gran escala que cruzará el Sáhara Occidental y conectará estas dos ciudades estratégicas para Marruecos. En realidad, no es un proyecto nuevo, pues Marruecos lleva años trabajando en su avance y lo diseñó hace más de una década, pero sí que estrena nombre. La carretera recibirá el nombre del presidente estadounidense, según ha asegurado él mismo.

Dajla, antigua Villa Cisneros, es un enclave fundamental saharaui, sobre el que Marruecos consiguió el control tras la Marcha Verde en 1975 y los posteriores enfrentamientos contra el Frente Polisario. El movimiento mundial hacia aceptar la postura de autonomía marroquí facilita los proyectos de la monarquía de Mohamed VI en el Sáhara Occidental. Esta nueva infraestructura supone una inversión de 880 millones de euros y unirá varias localidades costeras hasta el ‘Puerto Atlántico’ de Dajla que Marruecos está diseñando. Según el ejecutivo alaui, la finalización está prevista para 2028.

La principal autopista de Marruecos

La autopista forma parte de la política impulsada por el rey Mohammed VI en el 40º aniversario de la Marcha Verde. En 2024, un comunicado de la región de Guelmim-Río Noun señala que “la autopista Tiznit-Dajla se inscribe en ese marco, con el objetivo de estructurar la carretera nacional n.º 1 a lo largo de 1.055 kilómetros”. Esta carretera es la que ahora ha sufrido un cambio de nombre para ofrecer el guiño al aliado estadounidense.

El acuerdo de asociación, firmado en 2015 entre los ministerios de Interior, Economía y Finanzas, Equipamiento, Transporte, Logística y Agua, junto a cuatro regiones, fijó una inversión de 8.500 millones de dirhams (en torno a 800 millones de euros). La fase de estudios concluyó entre 2016 y 2018, seguida de la adjudicación de contratos y el inicio de los trabajos en 2017. El proyecto está dividido en dos tramos principales.

La primera parte es la autopista entre Tiznit y Laâyoune, que incluye una rotonda para las ciudades de Tiznit y Klemim, y el ensanchamiento de la carretera nacional n.º 1 desde Laâyoune a Dajla, con mejoras del trazado y nuevas rotondas para localidades como Tan-Tan y Boujdour. “Permitirá reducir el tiempo de viaje, evitar interrupciones por inundaciones o acumulación de arena, y facilitar el transporte de mercancías entre el sur y los principales centros nacionales”, afirman en su escrito el gobierno regional.

El viaducto de Sakia El Hamra y contratos nacionales

Un comunicado de SGTM (Sociedad General de Obras de Marruecos) destaca una de las partes de este proyecto. Se trata de la construcción del viaducto más grande de Marruecos sobre el río Sakia El Hamra. “La estructura tendrá dos calzadas independientes de dos carriles cada una y aceras peatonales, respetando los estándares de seguridad y sostenibilidad ambiental”, explica la empresa. El puente, en ejecución desde julio de 2024, tendrá 1.648 metros de longitud, 21,4 metros de ancho y una altura de 30 metros, con un presupuesto de 1.380 millones de dirhams (330 millones de euros). Es un componente clave pues permitirá el paso de la autopista Trump.

El Gobierno de Marruecos subrayó hace unos meses el impacto socioeconómico de la autopista. El portavoz Mustapha Baitas detalló que el proyecto “ha generado 2,5 millones de jornadas laborales” y promovió la participación de 35 grandes constructoras, 15 empresas de ingeniería, 14 oficinas de topografía y cuatro laboratorios de control de calidad. Baitas puntualizó que “la autopista acorta la distancia entre Tiznit y Dakhla para todo tipo de vehículos, reduce costes y tiempos de transporte, mejora la seguridad vial y aumenta el atractivo de las provincias del sur”.

Más de 220.000 personas han sido evacuadas en el suroeste de Francia por un megaincendio forestal que ha arrasado 42.000 hectáreas, lo que le convierte en uno de los más devastadores registrados en este país desde la Segunda Guerra Mundial.

Según ha informado la delegada del Gobierno francés en el departamento de Gironda, Sophie Brocas, las llamas, que siguen fuera de control, y el viento han obligado a cerrar la autopista A63, la principal conexión entre Burdeos y la frontera española. En sentido sur-norte, la clausura de esta vía se ha producido entre la salida 17 de Liposthey y la 24, situada en Cestas; mientras que en sentido norte-sur, el cierre se ordenó entre la circunvalación de Burdeos y el cruce 23, situado en Marcheprime. Asimismo, la compañía ferroviaria SNCF también ha suspendido la circulación de trenes en el sur de la ciudad.

En una entrevista publicada por el medio francés La Tribune, el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, ha admitido que controlar el fuego llevará tiempo y que, hasta entonces, los habitantes y turistas evacuados no podrán regresar. “Otra noche difícil en el frente de los incendios forestales”, dijo Nunez en X. “La situación sigue siendo muy desfavorable”, añadió.

En otras declaraciones a la agencia AFP, el capitán de bomberos Nicolas Braz ha descrito el incendio como “errático e incontrolable” por los remolinos que genera el calor, lo que ha complicado las tareas de contención.

Francia despliega por primera vez un avión militar para ayudar en la extinción

El ejército francés ha anunciado un dispositivo sin precedentes con el despliegue de 1.500 soldados que reforzarán a los cientos de bomberos que combaten las llamas desde hace casi una semana. Y por primera vez en su historia, el Ejército ha desplegado el Airbus A400 Atlas, un avión de transporte militar que ha sido adaptado para soltar 20.000 litros de líquido retardante en un solo vuelo.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, su capacidad de descarga equivale aproximadamente a la de tres aviones Canadair, lo que permitirá aumentar la capacidad de lucha contra los grandes incendios.

La referencia histórica que manejan las autoridades sitúa la magnitud del episodio muy cerca de uno de los peores precedentes del país: en 1949, otro gran incendio devoró unas 50.000 hectáreas. La cifra total de hectáreas arrasadas en el país se sitúa en casi 100.000, según avanzó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Los expertos han vinculado estos incendios a una mayor inflamabilidad de bosques y vegetación por la sequía y por las olas de calor excepcionales encadenadas desde junio en Europa, un fenómeno que han atribuido al cambio climático.

España sigue ardiendo y la UE moviliza efectivos

En el caso español, el Ministerio del Interior ha anunciado nuevas evacuaciones a última hora del sábado por fuegos activos cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital. Las llamas cubren más de 200 kilómetros de perímetro, que afectan a unas 45.000 hectáreas y con unos fuegos “extremos” capaces de crear su propia meteorología. En total, cerca de 100.000 personas están afectadas, entre evacuadas y confinadas. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha resumido el escenario con una valoración breve ante los periodistas: “La situación es compleja”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha informado del despliegue de cinco aviones y dos helicópteros de la flota rescEU, procedentes de países como Portugal, Suecia o Alemania. Otros cuatro aviones llegaron el sábado a España para sumarse a las tareas de extinción en Madrid, Ávila y Toledo. El sistema Copernicus también está proporcionando mapas de emergencia para apoyar las operaciones en ambos países.

Reino Unido ha asumido el mando del despliegue multinacional que se realizará en Ucrania una vez finalicen las hostilidades. El teniente general Tom Bateman tomó el relevo de su homólogo francés al frente de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNF-U) durante una ceremonia celebrada en el cuartel general de operaciones en París. Este traspaso, planificado previamente como parte del liderazgo conjunto entre ambos países, llega tras la reafirmación del compromiso británico con Ucrania y la coalición internacional.

El acto de relevo contó con la presencia de altos mandos militares y diplomáticos de la Coalición, que agrupa a países europeos y socios internacionales implicados en el apoyo a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. La transferencia se produce en un contexto de ataques continuados de misiles y drones sobre territorio ucraniano, lo que aleja la posibilidad de un despliegue europeo.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, describió la nueva etapa como un signo del liderazgo que el Reino Unido ejercerá en la preparación de la paz y la reconstrucción de la seguridad nacional ucraniana. En sus palabras, subrayó la determinación de Londres de mantener el apoyo tanto en el frente militar como en la consolidación de la estabilidad a largo plazo.

Ensayos de despliegue y objetivos estratégicos

La semana pasada, la Coalición confirmó que la MNF-U realizará ejercicios militares en los próximos meses para demostrar su capacidad de actuación cuando cese el conflicto. Buscan ensayar desde el despliegue inicial hasta la coordinación logística y la regeneración de las fuerzas terrestres ucranianas. La fuerza multinacional tiene como principales objetivos la regeneración y la garantía de seguridad.

Esto implica proporcionar entrenamiento, reponer equipos y reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, la MNF-U prevé patrullar los cielos y mares ucranianos, lo que facilitaría la reanudación de vuelos comerciales y favorecería la recuperación económica y la llegada de inversión internacional. El programa también incluye la creación de un cuartel general en Kiev en cuanto la situación lo permita.

Compromiso internacional y perspectivas

El traspaso de mando entre Francia y el Reino Unido se encuadra en una estrategia de rotación y liderazgo compartido para consolidar una respuesta internacional coordinada. Todos los actores implicados insisten en que el apoyo a Ucrania no se limita al suministro de armas y formación, sino que apunta a crear las condiciones necesarias para una paz sostenible.

Las patrullas previstas y la presencia de la MNF-U en el espacio aéreo y marítimo ucraniano buscan generar confianza para que el país pueda restablecer su conectividad comercial y reconstruir su tejido productivo. Uno de los retos principales será garantizar que cualquier acuerdo de paz futuro cuente con mecanismos de seguridad eficaces y duraderos. La reciente cumbre de líderes de la Coalición de los Voluntarios reforzó el compromiso de los aliados de Ucrania con la estabilidad y la integración del país en el espacio europeo. La declaración de la fuerza como “Lista para Operar” marca un paso clave en la preparación para la reconstrucción y seguridad de Ucrania.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha documentado seis nuevos casos de municiones con uranio empobrecido tras ataques rusos en la región de Cherníhiv. Las investigaciones revelan que drones de ataque tipo “Geran-2” lanzados contra esa zona, entre abril y junio de 2026, portaban componentes radiactivos. Las autoridades han advertido que los fragmentos recuperados muestran niveles de radiación muy superiores a los permitidos y representan un riesgo directo para la salud pública y el medio ambiente.

Los hallazgos siguen sumando a la preocupación internacional por el uso de tecnología militar no convencional en el conflicto. La inteligencia ucraniana, el equipo de investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio Estatal de Emergencias han identificado estos componentes peligrosos en en misiles R-60M, adaptados para su uso mediante sistemas aéreos no tripulados.

Las pruebas impulsadas por el SBU han confirmado, mediante equipos dosimétricos y un complejo radiológico móvil automatizado, que las cabezas de combate de los misiles contenían material nuclear identificado como Uranio-235 y Uranio-238. Durante las inspecciones realizadas en los lugares impactados, los expertos han registrado niveles de radiación ambiental hasta 80 veces superiores a los habituales.

El análisis radiológico de los fragmentos reveló que el nivel de radiación gamma oscilaba entre 8,3 y 24 microsieverts por hora, cuando la normativa sanitaria establece un máximo de 0,3 microsieverts por hora. Según la documentación del SBU, esta contaminación supone una amenaza directa tanto para las personas como para el entorno.

Los especialistas han destacado que la exposición a estos niveles puede provocar daños severos en la salud de quienes manipulen o se encuentren cerca de los restos. Tras la localización y el análisis de las municiones, se llevaron a cabo operaciones integrales para neutralizarlas y proteger a la ciudadanía. Las autoridades han subrayado la importancia de actuar con rapidez para evitar la propagación de la radiactividad en las zonas afectadas.

Recomendaciones y proceso judicial

Las autoridades ucranianas han abierto un proceso penal por estos hechos bajo la acusación de crímenes de guerra, conforme al artículo 438 del Código Penal de Ucrania. El procedimiento está supervisado por la Fiscalía Regional de Cherníhiv y sigue en curso. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha reiterado su llamado a la población para que tome medidas de precaución si encuentra restos de drones, misiles u otros tipos de munición.

Ha advertido que, en ningún caso, se debe acercar, tocar ni mover los objetos sospechosos y ha instado a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia a través de los números habilitados, entre ellos el SBU, el del Servicio Estatal de Emergencias y de la Policía Nacional del país. El incidente subraya la peligrosidad del material empleado en los ataques y la necesidad de mantener los protocolos de seguridad ante hallazgos de restos bélicos. La investigación permanece abierta mientras las autoridades refuerzan las labores de neutralización y protección de la ciudadanía en las zonas afectadas. También transmite la urgencia de establecer controles más estrictos sobre el armamento utilizado en el conflicto de Ucrania.

El rostro de Infantino ha ocupado más minutos en pantalla que la mayoría de jugadores durante el Mundial. Sus viajes constantes para estar presente en el palco en prácticamente todos los partidos han sido unas de las imágenes del torneo. Desde hace muchos meses, su compadreo con Donald Trump ha sido más que visible. El presidente estadounidense y el líder de la FIFA han formado un poderoso tándem para impulsar esta edición de la copa del mundo. La última y sorprendente novedad es la información de New York Post que apunta a que Trump querría posicionarle como secretario general de la ONU.

Muchas de sus decisiones han sido ampliamente señaladas por los aficionados. Algunas que afectan a lo deportivo, como el descanso de 30 minutos en la final, y otras criticadas desde un prisma social, como los serios problemas de visados que han sufrido muchas selecciones. El Mundial ha terminado y, hasta el último suspiro, los dos presidentes estuvieron en el centro del foco, al encargarse de entregar el trofeo de campeón a España.

De esta manera, Gianni Infantino, suizo de 56 años, ha entrado de lleno en la cultura popular. Pero ¿cómo ha llegado a ocupar el trono del fútbol? Su trayectoria desvela una vida dedicada a los despachos futbolísticos, pasando por todas las grandes organizaciones y ascendiendo poco a poco hasta ser presidente de la FIFA. Su pasado cuenta hasta con un breve paso por el fútbol español.

De LaLiga a consolidarse en la UEFA

Hace varias décadas, Gianni Infantino inició una relación cercana con el fútbol español. En ese momento, Pedro Tomás, entonces presidente de LaLiga, le ofreció una beca de tres meses en Madrid para colaborar en la adaptación a las nuevas normas de fichajes. Carlos del Campo, secretario general de LaLiga en ese entonces, contó a Relevo esta anécdota. Lo recordó como alguien afable y bien integrado en la estructura española. Entre 1997 y 2000, trabajó como secretario general en el CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte).

Tras esta experiencia, Infantino comenzó una extensa carrera en la UEFA, donde permaneció durante más de 15 años. Su trayectoria comenzó en agosto de 2000 como director de la División Legal y de Licencias de Clubes, puesto que ocupó hasta 2007. Durante ese año, Infantino ejerció como CEO interino, antes de convertirse en secretario general adjunto y director de Gobernanza y Asuntos Legales. Posteriormente, fue nombrado secretario general de la UEFA, desde 2009 hasta enero de 2016.

El caso de Platini y llegada a la FIFA

El caso Platini sacudió el mundo del fútbol de arriba abajo, a pesar de que concluyó con la absolución definitiva de Michel Platini y Joseph Blatter en Suiza, después de 10 años de proceso. Ambos fueron acusados en 2015 por un pago de 2 millones de francos suizos irregular. En aquel momento, el histórico jugador francés era el presidente de la UEFA y Blatter de la FIFA. Platini estaba llamado a ser su sucesor, pero aquella acusación acabó con su trayectoria en el fútbol institucional.

Infantino fue la mano derecha de Platini, que ocupó la presidencia de la UEFA entre 2007 y 2016, lo que coincide con los mejores años del suizo en la organización. El escándalo de la FIFA dejó a los dos principales órganos del fútbol descabezados, e Infantino aprovechó el espacio. En 2016 fue nombrado presidente y comenzó su andadura con el lema de que “el fútbol vuelva a la FIFA y la FIFA vuelva al fútbol”. Una década después, su Mundial en Estados Unidos ha concluido rodeado de polémicas y marcando un cambio en el fútbol hacia el espectáculo.

Las playas francesas pueden quedar cerradas al baño de forma temporal cuando las autoridades sanitarias detectan bacterias en el agua, un problema que se agrava tras lluvias intensas o tormentas de verano y que, según franceinfo, responde tanto a vertidos y arrastres desde tierra como a la propia presión de los bañistas.

Las zonas de baño en Francia son inspeccionadas de forma periódica por las agencias regionales de salud, y el agua se analiza en busca de dos bacterias concretas: Escherichia coli y enterococos intestinales. Cuando su concentración supera el umbral establecido, se activan alertas o prohibiciones temporales de baño.

La contaminación que obliga a cerrar playas no siempre es visible a simple vista y, según la publicación francesa, sigue siendo relativamente poco frecuente. Aun así, cada año afecta a numerosos arenales y obliga a revisar el estado del agua antes de acudir a la costa en verano.

Riesgo bacteriano y presión humana

Patrick Monfort, director de investigación del CNRS en el laboratorio HydroSciences de Montpellier, ha explicado al medio que el riesgo sanitario existe cuando esas bacterias aparecen en determinadas concentraciones. Los efectos más probables son conjuntivitis o infecciones de oído.

El investigador ha precisado que los casos de gastroenteritis asociados al agua de mar son muy raros. “Para contraer gastroenteritis por agua de mar, habría que ingerir litros o que estuviera muy contaminada por los vertidos de una depuradora de aguas residuales, lo que la haría peligrosa para nadar.”

Una parte de esa contaminación procede de los propios bañistas. Monfort ha señalado que existe contaminación de origen fecal introducida por quienes se bañan, y el diario recuerda que el científico codirigió un estudio en 2021 que encontró “una relación bastante fuerte entre el número de bañistas y la cantidad de contaminación por Escherichia coli en el agua, así como la presencia de genes de resistencia a los antibióticos”.

La arena también puede actuar como vector de contaminación, un aspecto del que, según el investigador, se habla poco. En ese entorno pueden producirse cortes, infecciones o infecciones por hongos, y la arena puede intervenir en la transmisión de hongos en la piel o de estafilococos.

“Cuanta más gente haya en la playa, mayor será la probabilidad de que la arena esté contaminada”, ha afirmado Monfort. Esa presión humana no se limita al agua, sino que afecta al conjunto del entorno de baño.

Lluvias, aguas residuales y agricultura: cómo llega la contaminación a la costa

La otra gran fuente de contaminación procede del interior y llega a las playas a través de las cuencas hidrográficas, ya que según indica el investigador, puede originarse en plantas de tratamiento de aguas residuales que vierten sus desechos a los ríos o en actividades agrícolas como la aplicación de estiércol al suelo.

Esa carga microbiológica alcanza la costa durante episodios de tormenta o de lluvias intensas. A su vez, el científico describe un fenómeno de lixiviación del suelo que arrastra los contaminantes hacia el mar y eleva los niveles de contaminación microbiológica en la línea costera.

En la segunda mitad del proceso interviene también el tiempo atmosférico. El medio Franceinfo recoge que las tormentas de verano pueden multiplicar estos episodios y degradar de forma drástica la calidad del agua, hasta el punto de convertir temporalmente algunas playas en zonas no aptas para el baño.

El Ministerio de Defensa británico ha confirmado que un buque de guerra ruso, al que medios de Reino Unido lo han identificado como “Neustrashimy”, llevó a cabo un ejercicio de tiro real en aguas internacionales a unos 74 kilómetros (40 millas náuticas) al sur de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, mientras era seguido de cerca por la Royal Navy. Según ha podido saber Infobae, la maniobra se dio tras un aviso previo. No obstante, despertó inquietud por la proximidad del despliegue militar ruso a una zona de tráfico marítimo clave y a instalaciones estratégicas británicas.

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico indicó que “un buque naval ruso, seguido por la Royal Navy, realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales aproximadamente”. La fuente oficial detalló que su ejército “supervisó el ejercicio en todo momento” y que “continúa siguiendo de cerca la actividad del buque y está preparada para proteger la seguridad nacional del Reino Unido”.

El “Neustrashimy” notificó a la fragata británica HMS Tyne su intención de realizar prácticas de artillería antes de iniciar el ejercicio. “Antes de iniciar la serie de disparos, el buque ruso informó su intención de realizar una actividad de artillería y solicitó que el barco se reubicara a una distancia más segura, lo que el HMS Tyne hizo”, explica el portavoz. El Ministerio añadió que la operación rusa se llevó a cabo finalmente en aguas internacionales y se extendió durante 30 minutos.

Coincide con el relevo en Reino Unido

El nuevo secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha criticado con dureza las recientes maniobras militares realizadas por Rusia cerca de las costas británicas, al calificar el ejercicio como “irresponsable” y una muestra de provocación. “Debemos considerar los acontecimientos de ayer como una actuación teatral e irresponsable”, declaró Streeting al ser consultado por medios tras su primera reunión de gabinete junto al primer ministro Andy Burnham.

El titular de Defensa subrayó que este tipo de incidentes no resultan aislados, sino que forman parte de una estrategia reiterada por parte del gobierno ruso. “No es la primera vez que Rusia se comporta así y, francamente, es solo la punta del iceberg de las amenazas diarias a las que se enfrentan este país y nuestros aliados”, advirtió el ministro ante la prensa, enfrentándose a un asunto espionoso en sus inicios en el cargo.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, durante la operación se siguieron los protocolos habituales de seguridad marítima y la Royal Navy mantuvo vigilancia constante sobre el desarrollo del ejercicio. A pesar de ello, el ejecutivo británico no ha dudado en rechazar este tipo de maniobras, al venir de un rival como Rusia y producirse en una zona que puede suponer un peligro. El incidente ocurre en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre Reino Unido y Rusia, reforzando la preocupación de las autoridades británicas respecto a la seguridad nacional y la protección de las rutas marítimas clave.