Una semana de hotel en España ya supera los 865 euros de media por habitación antes de sumar transporte, comidas, ocio o desplazamientos en destino. La cifra sale de trasladar a una estancia de siete noches la facturación media por habitación ocupada publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en mayo se situó en 123,7 euros diarios, un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior.

El encarecimiento también aparece en los precios. Según la Coyuntura Turística Hotelera del INE, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5% interanual en mayo, justo antes del arranque de la temporada alta. El dato supera la inflación general del mismo mes, que fue del 3,2%, y refleja que el alojamiento turístico vuelve a encarecerse a un ritmo superior al conjunto de los precios.

La subida coincide, además, con un aumento de la actividad hotelera, aunque no todos los viajeros empujan igual el sector. Las pernoctaciones crecieron un 2,5% en mayo y superaron los 36,3 millones, pero las noches de residentes en España bajaron un 0,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,7%. Es decir, los hoteles llegan al verano con más ingresos por habitación, precios más altos y un crecimiento de las pernoctaciones sostenido, sobre todo, por el turista extranjero.

Una semana de alojamiento se acerca a los 866 euros

La facturación media de 123,7 euros por habitación ocupada permite dimensionar el peso del hotel dentro del presupuesto vacacional. Con esa referencia, una escapada de tres noches equivaldría a unos 371 euros solo en alojamiento, una estancia de cinco noches superaría los 618 euros, una semana completa alcanzaría los 865,9 euros por habitación y diez noches ascenderían a 1.237 euros.

El cálculo es orientativo, porque el indicador del INE mide los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada y no el precio final de una reserva concreta. La tarifa puede variar mucho según el destino, la categoría del establecimiento, el régimen contratado, la antelación de la reserva o las fechas elegidas.

Aun así, estas cifras permiten traducir un indicador técnico a una referencia más cercana para los hogares: si solo el alojamiento de una semana ya se mueve por encima de los 865 euros por habitación, cuál será el presupuesto final una vez añadido el resto de gastos habituales de unas vacaciones.

El sector se apoya en el turista extranjero

El avance hotelero de mayo se apoyó sobre todo en los visitantes internacionales. La diferencia fue clara: las noches de los viajeros residentes en España bajaron ligeramente, mientras que las de los no residentes crecieron lo suficiente para sostener el aumento general de la actividad.

El dato no permite concluir por sí solo que los residentes estén dejando de viajar por el encarecimiento de los hoteles, pero sí muestra una brecha clara en la demanda: en un mes de precios al alza, el crecimiento vino del visitante internacional, no del turista nacional.

El acumulado del año mantiene esa tendencia, aunque con más matices. Entre enero y mayo, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 2,6% respecto al mismo periodo de 2025: las de residentes crecieron un 1,2%, frente al avance del 3,4% de las de no residentes.

Los hoteles de cinco estrellas facturan 307 euros por habitación ocupada

La subida de precios también se refleja en los ingresos por categoría. Los hoteles de cinco estrellas facturaron en mayo una media de 307,1 euros por habitación ocupada, frente a los 125,7 euros de los establecimientos de cuatro estrellas y los 94,8 euros de los de tres. Los de mayor categoría registraron, además, el mayor incremento de precios, con una subida del 6,3%.

El ingreso medio diario por habitación disponible, conocido como RevPAR, llegó a 88 euros en el conjunto del sector, con una subida interanual del 5,8%. Este indicador mide cuánto obtiene el sector por el conjunto de habitaciones disponibles, estén ocupadas o no, y completa la lectura de la facturación media por habitación ocupada.

El INE no mide beneficios empresariales, porque sus indicadores no incorporan los costes de explotación de los hoteles, pero sí refleja un aumento de los ingresos por habitación. La ocupación, sin embargo, ofrece una lectura algo más contenida: en mayo se cubrió el 61,5% de las plazas ofertadas, un 2,1% menos que un año antes, aunque en fin de semana aumentó un 1,7%, hasta el 67,9%.

Baleares lidera el encarecimiento

Por territorios, Baleares concentró en mayo algunos de los datos más destacados de la estadística hotelera. Fue la comunidad donde más subieron los precios, con un incremento interanual del 8,9%, y también la que presentó el mayor grado de ocupación por plazas, con un 73,5%. Además, fue el principal destino de los viajeros no residentes, al concentrar el 30,6% de sus pernoctaciones en mayo.

La isla de Mallorca registró más de 6,5 millones de pernoctaciones, el mayor volumen entre las zonas turísticas analizadas por el INE. En el conjunto del país, los destinos principales de los viajeros residentes fueron Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, mientras que los no residentes eligieron sobre todo Baleares, Canarias y Cataluña.

Con estos datos, los hoteles encaran la temporada alta con precios más elevados, más ingresos por habitación y una demanda internacional que vuelve a sostener buena parte del crecimiento. Para los residentes en España, el dato deja una lectura menos cómoda: el alojamiento gana peso en el presupuesto vacacional en un contexto en el que el aumento del coste de vida está condicionando buena parte de las decisiones de consumo.

Las altas temperaturas del verano convierten el aire acondicionado en un elemento casi imprescindible en muchas viviendas. Sin embargo, cuando una avería se produce en un piso de alquiler, surge una duda frecuente entre los inquilinos: quién debe asumir la reparación y qué hacer si el propietario no responde a las comunicaciones. La legislación española contempla varios escenarios y establece los derechos y obligaciones de ambas partes.

Durante una ola de calor, una avería en el sistema de climatización puede afectar de forma importante a la habitabilidad de la vivienda. En estos casos, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula qué actuaciones corresponden al arrendador y en qué circunstancias el inquilino puede intervenir para solucionar el problema.

La norma establece, con carácter general, que el propietario está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones adecuadas para el uso pactado. Esto incluye aquellos elementos que formen parte de las instalaciones del inmueble y cuyo deterioro no haya sido provocado por el arrendatario.

Por este motivo, cuando el aire acondicionado estaba instalado en la vivienda antes de la firma del contrato y la avería se debe al desgaste normal del aparato o a una incidencia técnica, la responsabilidad suele recaer sobre el propietario. La ley también deja claro que estas reparaciones no pueden utilizarse como argumento para incrementar la renta del alquiler.

La importancia de comunicar la avería

El primer paso que debe dar cualquier inquilino es informar al propietario de la incidencia en el menor plazo posible. La comunicación resulta fundamental porque la propia ley exige que el arrendador tenga conocimiento del problema antes de poder exigir cualquier actuación posterior. Un correo electrónico puede resultar útil, aunque el sistema más sólido desde el punto de vista probatorio sigue siendo el burofax.

Este mecanismo permite demostrar quién envió la comunicación, quién la recibió, cuándo se produjo la entrega y cuál era exactamente el contenido del mensaje. En caso de conflicto judicial, esta documentación puede resultar determinante para acreditar que el propietario fue informado correctamente de la avería.

Por otra parte, el artículo 21.3 de la LAU permite que el arrendatario acometa determinadas reparaciones por su cuenta cuando la urgencia de la situación lo justifique. Posteriormente, podrá reclamar al propietario el importe de los gastos asumidos, siempre que se hayan cumplido los requisitos legales. La clave está en determinar si la avería genera una incomodidad grave. No es lo mismo que el aire acondicionado deje de funcionar durante los meses de invierno que en pleno verano.

La jurisprudencia también ha respaldado en determinadas ocasiones la actuación de los inquilinos ante problemas que generaban molestias relevantes. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga confirmó en su momento que un arrendador debía asumir el coste de unas obras realizadas por su inquilino cuando estas resultaban necesarias para evitar una situación de especial incomodidad.

Eso sí, los especialistas recuerdan que sustituir el aparato o contratar una reparación sin haber informado previamente al propietario puede generar problemas. La legislación exige que exista una comunicación previa, incluso cuando la intervención tenga carácter urgente. Por ello, antes de realizar cualquier actuación conviene dejar constancia documental de la avería y de los intentos realizados para contactar con el arrendador.

La ola de calor que está azotando Francia ha dejado este martes un nuevo récord histórico para el termómetro francés. El día más caluroso jamás registrado ha oscilado entre los 39 y los 42 grados centígrados en gran parte del suroeste, y entre los 34 y los 38 más al este. Esta situación climática podría dañar los cultivos de maíz del mayor productor de granos de la Unión Europea, en plena temporada de crecimiento, y, al mismo tiempo, mermar el rendimiento del trigo en vísperas de la cosecha, según han señalado los analistas del sector agrario.

La incertidumbre en la producción de cereales ha provocado que los futuros del trigo y del maíz de Euronext subieran alrededor de un 3% este lunes, como respuesta a la creciente preocupación de que el tiempo cálido y seco pudiera dañar los cultivos en el país vecino y en otros importantes productores de cereales de la Unión Europea, lo que haría aumentar el precio de estos productos dada la reducción en la oferta.

Según informó Météo-France, se espera que esta semana algunas zonas del oeste de Francia alcancen hasta los 43 grados centígrados. Este calor extremo que registra el país podría afectar con gran intensidad a los campos de maíz no regados, provocando que la cosecha de maíz de Francia caiga por debajo de las diez millones de toneladas métricas por primera vez desde 1990 -siempre y cuando se confirmen las previsiones y no llueva de forma significativa en los próximos diez días-, según ha adelantado a Reuters Vincent Braak, responsable de análisis de cultivos de Expana.

Una teórica producción por debajo de las diez millones de toneladas contrastaría con las 13,2 millones de toneladas registradas en 2025, esto sin tener en cuenta las frecuentes restricciones de agua existentes en Francia, que afectarían al maíz de regadío. “Si estas restricciones se generalizaran, supondrían un verdadero problema (para el maíz)”, señaló a Reuters Jean-Charles Deswarte, del instituto francés de cultivos Arvalis.

El trigo caería por debajo de las 7 millones de toneladas

No solo la producción de maíz se vería afectada en Francia. Braak ha señalado que el rendimiento del trigo blando podría caer por debajo de las siete toneladas por hectárea, frente a las 7,4 toneladas por hectárea registradas en 2025, lo que situaría la producción al menos un millón de toneladas por debajo de la cosecha del año pasado, que fue de 33,4 millones de toneladas.

Según han indicado los expertos, las zonas de cultivo de trigo de desarrollo tardío del norte de Francia son las que corren mayor riesgo, ya que las altas temperaturas pueden detener el llenado del grano, reduciendo así su peso, según los analistas. “Las zonas más expuestas son aquellas que tenían el mayor potencial y que se suponía que iban a salvar el promedio nacional”, dijo Sébastien Poncelet, analista sénior de Argus Media.

El récord histórico de altas temperaturas llega tras una primera ola de calor en mayo que ya había acelerado el desarrollo de los cultivos, lo que contribuyó a un inicio precoz de la cosecha de cebada y trigo. “Lo que es seguro es que adelanta la cosecha una o dos semanas con respecto a lo habitual. Personalmente, nunca había visto algo así en la granja”, dijo el agricultor francés Cédric Benoist.

Por su parte, el servicio de seguimiento de cultivos MARS advirtió el lunes que el calor y las escasas precipitaciones podrían amenazar el potencial de rendimiento en Europa occidental y central, mientras que se espera que la ola de calor se desplace hacia el este a finales de esta semana, lo que aumentará los riesgos para el trigo menos maduro en Alemania, Polonia y la región báltica, según señaló Poncelet.

El sistema de pensiones alemán se aproxima a un momento crítico por la falta de relevo en el mercado laboral. Una comisión designada por el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha propuesta redirigir el actual sistema a un fondo “al estilo sueco”, junto con un aumento gradual en la edad de jubilación del país ante el envejecimiento de la población.

Según el informe presentado este martes por la comisión, que servirá al gobierno germano como base para aprobar en las próximas semanas la reforma de las prestaciones jubilatorias, es necesario crear un fondo inspirado en el sistema de pensiones sueco, con cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresarios que se invertirán en activos financieros como complemento al actual sistema de reparto.

Actualmente, el sistema de pensiones alemán se paga directamente con las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios al sistema y se ha visto sometido a una presión cada vez mayor a medida que la población ha ido envejeciendo y se ha reducido la proporción de trabajadores respecto a los jubilados.

Según ha declarado este martes en rueda de prensa canciller alemán, este cambio garantizará que las cotizaciones sigan siendo asumibles y que los trabajadores más jóvenes puedan contar con una pensión segura en el futuro. Además, instó a alcanzar un acuerdo rápido con sus socios de coalición socialdemócratas para adoptar todas las propuestas elaboradas por la comisión. “El uso del mercado de capitales en el régimen de pensiones obligatorio es quizás el factor clave para determinar la viabilidad y la estabilidad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones”, declaró.

Complementar la pensión con inversiones

El elemento central de la reforma avalada por el canciller pasa por incorporar gradualmente, desde 2031, un componente obligatorio financiado con capital que complementaría la pensión y que implicaría la creación de cuentas de capital individuales para los cotizantes. Para cumplir con este objetivo, la comisión ha recomendado imponer una tasa de cotización adicional del 2%, que sería abonada a partes iguales por empleados y empleadores y, siguiendo el modelo sueco, se gestionaría de manera centralizada a través de un fondo que invertirá en los mercados a partir de 2031.

“Los escandinavos lo han conseguido, y nosotros también podemos”, ha defendido Merz, para quien esta nueva pensión de capital obligatoria dará lugar a medio plazo “a un mayor nivel general de prestaciones con menores cotizaciones” y permitirá que, incluso durante una crisis financiera y económica, las pensiones puedan seguir aumentando. Además, si bien este sistema implica un aumento en la contribución, si se logra una base sólida la comisión ha destacado que el nivel de las pensiones aumentará considerablemente engrando en los años 2040 y 2050.

Junto al modelo sueco, el sistema de pensiones también verá modificada la edad de jubilación, que se ajustará gradualmente al aumento de la esperanza de vida a partir de 2031. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, esto significaría que la edad legal de jubilación aumentaría en unos seis meses, de 67 a 67,5 años, entre 2031 y 2041, dejando abierta la puerta a mayores subidas en el futuro, incluso contemplando la posibilidad de alcanzar los 70 años para 2092.

Sobre el cálculo de las prestaciones, la comisión plantea retomar el factor de sostenibilidad desde 2031 para tener en cuenta las tendencias demográficas y de empleo al calcular el valor anual de la pensión, lo que permitirá a las pensiones seguir aumentando, pero a un ritmo más lento que los salarios. “Las pensiones no se reducirán. No habrá recortes en las prestaciones de jubilación”, ha subrayado Merz, añadiendo que esto permitirá “aliviar una gran carga para la generación más joven”, que también podrá contar con una pensión estable.

Una cámara enfocando al público durante un concierto de Coldplay en Estados Unidos fue suficiente para desencadenar una crisis empresarial de alcance mundial. Las imágenes captadas por la conocida ‘kiss cam’ revelaron una supuesta relación sentimental entre la directora de Recursos Humanos de la tecnológica Astronomer, Kristin Cabot, y el consejero delegado de la compañía, Andy Byron.

La repercusión fue inmediata. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, provocaron una oleada de críticas y terminaron con la dimisión del máximo responsable de la empresa y la suspensión de la directiva implicada.

Un episodio similar a este tendría difícil encaje en España, señalan fuentes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Esto es debido a que la legislación española protege de forma especialmente estricta el derecho a la intimidad de los trabajadores, limitando notablemente la capacidad de las empresas para intervenir en cuestiones relacionadas con la vida sentimental de su plantilla.

El amor también entra en la oficina

Las relaciones sentimentales en el trabajo son mucho más frecuentes de lo que parece. Según datos de InfoJobs, el 23% de los trabajadores españoles reconoce haber mantenido una relación amorosa con una persona de su entorno laboral.

El estudio refleja además que la mayoría de empleados considera que estas relaciones pertenecen exclusivamente al ámbito privado. De hecho, un 56% opina que no existe ninguna obligación de informar a la empresa sobre una relación sentimental entre compañeros.

Incluso cuando existe una relación jerárquica, solo dos de cada diez trabajadores creen que debería comunicarse oficialmente. Además, casi la mitad de los encuestados reconoce desconocer si su empresa cuenta con algún protocolo o directriz específica sobre esta cuestión.

El límite está en la intimidad

Los expertos en derecho laboral recuerdan que las empresas no pueden sancionar a un trabajador simplemente por ocultar una relación sentimental.

En este sentido, Miguel Arenas, abogado laboralista y profesor colaborador de la UOC, explica que el derecho a la intimidad constituye una barrera legal infranqueable para cualquier intento de control empresarial sobre la vida afectiva de los empleados.

“Las personas trabajadoras no se pueden sancionar ni penalizar laboralmente simplemente por omitir información sobre su vida sentimental”, sostiene el especialista, quien recuerda que la protección del derecho a la intimidad está recogida en el artículo 18 de la Constitución española, y la jurisprudencia constitucional “rechaza explícitamente la existencia de un ‘deber genérico de lealtad absoluta’ que suponga la sumisión de la vida privada al interés empresarial”, señala Arenas.

En este sentido, prácticas habituales en otros países, especialmente en Estados Unidos, como los denominados ‘contratos de amor’ o acuerdos obligatorios para declarar relaciones sentimentales entre empleados, no tendrían cabida en el ordenamiento jurídico español.

Los riesgos de ocultar una relación

Aunque la ley protege la privacidad de los trabajadores, los especialistas advierten de que mantener una relación en secreto también puede generar consecuencias dentro de la organización.

Meritxell Beltrán, experta en recursos humanos y profesora colaboradora de la UOC, señala que el ocultamiento prolongado puede provocar un importante desgaste emocional para las personas implicadas.

“Cuando dos personas mantienen una relación en la empresa y tienen que fingir, si esta relación avanza y el fingimiento se perpetúa en el tiempo, vamos hacia un desgaste emocional, sin lugar a dudas”, explica.

Desde el punto de vista empresarial, la transparencia voluntaria puede ayudar a prevenir conflictos futuros y facilitar una gestión adecuada de determinadas situaciones, especialmente cuando existen vínculos jerárquicos o responsabilidades directivas.

Cuando uno es jefe del otro

El escenario se complica cuando la relación sentimental se produce entre personas que mantienen una relación de superioridad o dependencia laboral. En estos casos, el principal problema no suele ser la existencia de la relación en sí misma, sino la percepción que pueda tener el resto del equipo respecto a posibles favoritismos o conflictos de interés.

“La confianza de grupo se rompe, obviamente, cuando el equipo cree que la persona que da las órdenes no es objetiva porque tiene una relación sentimental con otra persona del equipo”, señala Beltrán.

Ante este tipo de situaciones, las empresas pueden verse obligadas a reorganizar equipos o reubicar funciones. No obstante, dicha actuación también está regulada legalmente y debe respetar los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Reubicar sí, pero con límites

Según explica Miguel Arenas, una empresa puede adoptar medidas organizativas cuando la convivencia laboral se vea afectada por una relación sentimental, pero no puede hacerlo de forma arbitraria. La reubicación de un trabajador solo puede realizarse dentro de su grupo profesional y respetando las titulaciones necesarias y la dignidad de la persona trabajadora.

“Si se excede este límite, se cambia el horario o se alteran cuestiones relevantes, se tiene que tramitar como modificación sustancial, lo que exige razones técnicas u organizativas probadas y otorga a quien trabaja el derecho de rescindir el contrato con indemnización”, apunta Arenas.

El problema llega cuando aparece el desamor

Los expertos coinciden en que el momento más delicado para las empresas suele llegar tras una ruptura. Lo que comienza como una relación privada puede transformarse rápidamente en un conflicto laboral con consecuencias para todo el equipo. Tensiones personales, enfrentamientos o situaciones de hostilidad pueden acabar afectando al clima de trabajo.

Según Beltrán, “muchos casos de acoso laboral se producen justo después de rupturas amorosas o de una amistad muy fuerte” y afirma que es aquí cuando “la empresa tiene que aplicar los protocolos de prevención de acoso”. Por ello, las compañías deben permanecer vigilantes y activar sus protocolos internos cuando detecten cualquier indicio de acoso o comportamiento inadecuado.

La empresa también puede ser sancionada

La legislación española no solo protege a los trabajadores frente al acoso, sino que también responsabiliza a las empresas cuando no actúan ante situaciones conocidas. Si una organización tiene constancia de una dinámica de hostigamiento derivada de una ruptura sentimental y no adopta medidas preventivas o correctoras, puede enfrentarse a sanciones importantes.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera muy grave la inacción empresarial ante este tipo de conductas cuando afectan a la salud o la dignidad de los trabajadores. Por este motivo, los departamentos de Recursos Humanos tienen cada vez más peso en la prevención de riesgos psicosociales y en la gestión de conflictos derivados de relaciones personales.

Relaciones sentimentales inevitables

Los especialistas coinciden en que las relaciones sentimentales en el trabajo son inevitables. Las largas jornadas laborales, los proyectos compartidos y la convivencia diaria favorecen la creación de vínculos personales que, en ocasiones, terminan convirtiéndose en relaciones de pareja.

Intentar prohibirlas, afirman los expertos, no solo resulta jurídicamente inviable en España, sino que además puede generar el efecto contrario: fomentar el secretismo y aumentar los riesgos para las personas y para la organización.

“Podrás intentar prohibir una relación amorosa, pero esto no evitará que se lleve a cabo, sino que se hará de forma oculta, lo cual es muy peligroso”, señala la profesora Meritxell Beltrán.

La clave, concluyen los expertos, pasa por combinar el respeto absoluto a la intimidad de los trabajadores con mecanismos de prevención, transparencia voluntaria y una adecuada gestión de los posibles conflictos que puedan surgir dentro de la empresa.

En España, morir sin testamento tiene consecuencias directas sobre cómo se distribuyen los bienes entre los familiares del fallecido. El Código Civil establece un sistema de tres partes o tercios que determina quién recibe qué y en qué proporción, con poco margen para la voluntad del difunto si no especificó sus últimas voluntades. David Jiménez, economista y abogado especializado en herencias, ha explicado en uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram (@davidjimenezabogado) cómo funciona este mecanismo y por qué hacer testamento puede marcar la diferencia para quienes quieren decidir el destino de su patrimonio.

“Si no tienes hecho el testamento, en la mayor parte de España las herencias se reparten por tercios”, advierte Jiménez. Este sistema, recogido en el artículo 806 y siguientes del Código Civil, opera como un reparto automático que se activa en ausencia de voluntad expresa del fallecido y que protege a los denominados herederos forzosos: hijos, padres y cónyuge, por este orden de prelación.

El primer tercio: la legítima estricta

El primer bloque es el tercio de legítima estricta, la porción de herencia que la ley reserva de forma inamovible a los hijos del fallecido. “En el caso de que tengas hijos, ese tercio irá a tus hijos por partes iguales”, explica Jiménez. Pero, “en el caso de que no tengas hijos, otra parte de tu herencia irá a tus padres”, señala el abogado.

Esta es la parte más blindada de la herencia. Ni el testador puede privar de ella a sus hijos, ni puede distribuirla de forma desigual entre ellos. El reparto debe ser, por imperativo legal, equitativo. Y cualquier donación en vida que reduzca esta porción puede ser impugnada judicialmente por los herederos perjudicados.

El segundo tercio: la mejora

El tercio de mejora es, en palabras de Jiménez, “una vía para mejorar a un hijo más que a otro si lo deseas”. A diferencia del anterior, este tramo no exige un reparto igualitario, pero sí limita los beneficiarios. “Tiene que ir siempre para los hijos o descendientes”, precisa el abogado.

Este tercio otorga al testador cierta flexibilidad dentro del círculo familiar más cercano. Si el fallecido no ha dejado instrucciones expresas al respecto, la ley prevé que este tramo se reparta también a partes iguales entre los hijos, diluyendo así cualquier posibilidad de beneficiar a uno sobre otro.

El tercer tercio: libre disposición

El tercio de libre disposición es el único sobre el que el fallecido tiene plena autonomía. “Es aquel que puedes dejar a quien tú quieras”, resume Jiménez. El beneficiario puede ser cualquier persona, sea o no familiar, e incluso una organización o entidad sin ánimo de lucro. Sin testamento, esta libertad desaparece por completo, ya que la ley absorbe este tramo y lo distribuye entre los herederos legítimos según el orden de prelación establecido.

¿Qué pasa con el cónyuge?

En el caso de la protección legal del cónyuge viudo, es más limitada de lo que muchos se imaginan. “La legítima del cónyuge viudo es el usufructo de ese tercio de mejora. Usufructo, nada más”, subraya Jiménez.

Esto significa que el cónyuge superviviente no recibe la propiedad de ningún bien, sino únicamente el derecho a usarlos y disfrutar de sus frutos mientras viva. La propiedad sigue siendo de los hijos. Y en ausencia de descendientes, pero con ascendientes del fallecido, el cónyuge obtiene el usufructo de la mitad de la herencia. Solo si no existen ni descendientes ni ascendientes, el usufructo se amplía a dos tercios del total.

La importancia de dejar hecho el testamento

“Por eso siempre tienes que hacer testamento si quieres mejorar a alguno de estos herederos, porque si no, en la mayor parte de España se va a repartir como acabo de decirte”, concluye Jiménez. El testamento es el único instrumento legal que permite al fallecido redistribuir el tercio de mejora según sus preferencias, asignar el tercio de libre disposición a quien considere oportuno y, en definitiva, adaptar el reparto a la realidad de su familia.

Aun así, el abogado añade que “en otros territorios forales o en Cataluña es completamente diferente”. Las comunidades con derecho foral propio —País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia, Baleares y Cataluña— aplican normas sucesorias distintas al Código Civil. En el caso catalán, la legítima de los descendientes se reduce al 25% del total de la herencia, frente a los dos tercios del derecho común. En Navarra, la libertad de testar es prácticamente absoluta, con una legítima de contenido casi simbólico.

Los puertos españoles se enfrían de cruceristas. El fuerte crecimiento que este tipo de turismo había registrado a principios de año, ha perdido velocidad en plena temporada alta. Y es que el sector encadena ya dos meses consecutivos de caídas en el número de pasajeros, coincidiendo con la repercusión internacional de varios brotes víricos detectados en barcos operados por compañías europeas.

Así lo recalcan los datos publicados por Puertos del Estado, marcando que durante el mes de mayo llegaron a los puertos españoles algo más de 1,22 millones de viajeros de crucero, una cifra un 5% inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior. Un retroceso que se suma al también experimentado en abril, cuando el descenso alcanzó el 18,2%. Además, el número de escalas también se ha reducido. En mayo atracaron en España 503 cruceros, 29 menos que hace un año; y en abril fueron 608, 72 menos que en el mismo periodo de 2025.

Entre abril y mayo, los puertos españoles recibieron alrededor de 2,45 millones de pasajeros de crucero, frente a los cerca de 2,79 millones registrados en los mismos meses de 2025, lo que equivaldría a una caída aproximada del 12%. En términos absolutos, supone la pérdida de más de 330.000 viajeros en apenas dos meses.

Este frenazo coincide temporalmente con la aparición de casos de hantavirus en un buque de una naviera neerlandesa, y de norovirus en embarcaciones de una compañía británica, episodios que generaron una importante atención mediática y que parece que ha afectado a la confianza de parte de los viajeros.

El crecimiento anual de cruceristas pierde fuerza

Pero, pese a estos descensos mensuales, el balance acumulado del año continúa siendo positivo, aunque más moderado que el observado durante el primer trimestre de 2026. Entre enero y mayo, los puertos españoles recibieron cerca de 5,2 millones de cruceristas, un incremento de apenas el 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta abril, el crecimiento era del 2,7%, mientras que al cierre de marzo el avance acumulado alcanzaba un 15,8%.

Y la evolución del número de barcos confirma la tendencia. En los primeros meses del ejercicio llegaron a España 2.100 cruceros, nueve menos que en el mismo periodo de 2025, lo que supone una reducción del 0,4%. Sin embargo, hasta abril todavía se mantenía un crecimiento del 1,3% en el número de escalas.

Barcelona resiste mientras Baleares se desploma

Aun así, el comportamiento no ha sido igual en todos los destinos. Las principales autoridades portuarias españolas siguen concentrando la mayor parte del tráfico de cruceros, aunque con diferencias marcadas entre cada una.

Barcelona, por ejemplo, continúa liderando el ranking nacional. Entre enero y mayo recibió más de 1,3 millones de pasajeros, un 5% más que hace un año. Además, fue la única de las cuatro grandes áreas portuarias españolas que logró mejorar sus cifras durante mayo, cuando contabilizó más de 503.000 cruceristas, una subida del 2,2%.

En segunda posición se encuentra Las Palmas, con 1,28 millones de viajeros y un crecimiento acumulado del 9,2%. Por detrás está Santa Cruz de Tenerife, que rozó el millón de pasajeros y registró un aumento del 11,1%.

El caso más llamativo es el de Baleares. Los puertos del archipiélago mediterráneo contabilizaron algo más de 547.000 pasajeros de crucero en los cinco primeros meses del año, lo que representa una caída del 26,2%. También ha descendido el número de barcos que hicieron escala en las islas, con un retroceso del 18,2%.

Menos pasajeros en las líneas regulares

Y el tráfico de viajeros no solo se ha resentido en el segmento de cruceros. Los pasajeros que utilizaron los puertos españoles en servicios regulares de transporte también han disminuido. Entre enero y mayo se contabilizaron 8,66 millones de usuarios en este tipo de conexiones marítimas, un 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Como consecuencia, el volumen total de pasajeros que pasaron por los puertos españoles, sumando cruceristas y usuarios en líneas regulares, cayó un 1,5%, hasta situarse en torno a los 13,8 millones de personas.

La cifra de viviendas nuevas sin vender en España se mantiene prácticamente inalterada desde 2024. Son 455.280 las viviendas de nueva construcción que aquel año se encontraban a la espera de un comprador y, en 2025, la cifra no ha experimentado prácticamente ninguna variación, lo que evidencia, por una lado, la falta de nueva construcción y, por otro, la dificultad para darle salida a estos inmuebles.

Según el análisis del Boletín anual 2025 del Observatorio de Vivienda y Suelo, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, esta estabilidad se debe a la persistencia de la sobreoferta acumulada tras la crisis financiera y a la falta de dinamismo en la salida al mercado de estos inmuebles, con una concentración geográfica clara en la costa levantina, la Comunidad de Madrid y las principales zonas turísticas del país.

Según el análisis elaborado por la cartera de Vivienda, entre 2005 y 2008 -previo al boom- el stock de vivienda nueva creció a tasas superiores al 40%, pero a partir de 2010 esta tendencia cambió y las cifras comenzaron a descender de forma progresiva, estabilizándose alrededor de las 450.000 unidades desde 2019.

El principal dato que destaca el informe es la “irregularidad territorial” en la ubicación de las viviendas de nueva construcción. Las provincias de la costa levantina, Madrid, Barcelona, las Islas Canarias y Toledo concentran la mayor parte de las viviendas nuevas sin vender. Según vivienda, esto responde a la intensa actividad inmobiliaria que caracterizó a las zonas turísticas y metropolitanas durante el periodo de expansión, donde la oferta de viviendas nuevas superó ampliamente la demanda real.

Madrid acumula la mayor parte de estas viviendas

Enfocándose en el análisis provincial, el informe señala que Madrid lidera el volumen de viviendas nuevas sin comprador, con un 13,74%, seguida de Barcelona (11,04%), Alicante (6%), Castellón (4,97%), Toledo (4,63%) y Valencia (4,05%). Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Almería y Gerona completan la lista de provincias con mayor peso en el stock estatal. En términos relativos, el stock representa porcentajes relevantes sobre el parque residencial en provincias como Castellón (5,04%), Toledo (4,74%), La Rioja (4,29%), Lleida (3,62%) y Santa Cruz de Tenerife (3,37%).

Además, el informe destaca que, aunque parte de este stock corresponde a viviendas con varios años de antigüedad, una fracción significativa ha pasado a destinarse al alquiler, un fenómeno que ha ganado peso en el contexto de incremento de la demanda arrendataria y cambios en los hábitos de tenencia. De hecho, el Ministerio señala que el parque de vivienda en alquiler ha crecido de forma sostenida durante la última década y que el alquiler representa ya un 26,4% de los hogares, según cifras de Eurostat para 2025.

Junto a la dificultad para dar salida a estas residencias en el mercado de compraventa, el ritmo de construcción también muestra signos de estancamiento. En 2025 el número de viviendas terminadas cayó un 9% respecto al año anterior, hasta las 91.896 unidades, mientras que las viviendas iniciadas alcanzaron las 137.330, el mayor registro de los últimos dieciséis años. Según Vivienda, esta paradoja refleja , el desfase entre la recuperación parcial de la actividad promotora y la absorción real de la oferta existente.

El informe indica además que este stock de viviendas sin vender condiciona también la evolución de los precios y de las transacciones inmobiliarias. Según Vivienda, aunque el precio medio de la vivienda libre alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado en 2025, superando el máximo nominal de 2007, la distribución geográfica de los precios y las operaciones presenta notables diferencias. Madrid, Baleares, Guipúzcoa, Barcelona y Vizcaya muestran los valores más elevados, mientras que en varias provincias del interior los precios apenas superan los 900 euros por metro cuadrado.

El volumen de transacciones de vivienda nueva sigue lejos de los niveles previos a la crisis de 2008. En 2025, se registraron 149.266 operaciones de compraventa de vivienda nueva, frente a más de 433.000 en 2005. La vivienda usada representa actualmente cerca del 80% de todas las operaciones, lo que ha limitado la reducción del stock de vivienda nueva a la espera de comprador. Según el documento, la absorción del excedente dependerá de la evolución de la demanda interna, la capacidad de atracción de compradores extranjeros y las políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda.

El verano ha llegado acompañado de temperaturas extremas y de un riesgo creciente de incendios forestales cada vez más difíciles de controlar. Mientras los expertos alertan de la amenaza de los llamados incendios de quinta generación, los profesionales encargados de combatirlos denuncian que siguen trabajando con plantillas insuficientes, medios limitados y una normativa de seguridad pendiente de aprobar.

Esa es la principal advertencia lanzada este martes por CCOO durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que representantes del operativo antiincendios han denunciado la falta de compromiso de las administraciones públicas para reforzar la prevención y garantizar unas condiciones laborales adecuadas.

El sindicato asegura que el retraso en la aprobación de reglamentos clave en materia de prevención de riesgos laborales, jornadas de trabajo y reconocimiento de enfermedades profesionales mantiene en una situación de vulnerabilidad a miles de bomberos forestales en toda España.

Un verano más largo y menos efectivos disponibles

La situación resulta especialmente preocupante porque, según denuncian los trabajadores, el riesgo de incendios comienza cada vez antes y se prolonga durante más meses debido al cambio climático.

Gloria Sánchez, conductora de autobomba en Geacam Castilla-La Mancha, explicó que buena parte de los dispositivos llegan tarde a la campaña de verano. Según señaló, a principios de junio menos del 44% de los recursos previstos estaban operativos en algunos territorios.

La trabajadora también denunció que muchas brigadas están funcionando con la mitad de efectivos de los que deberían tener. “Los incendios son cada vez más peligrosos y complejos, pero los recursos humanos siguen reduciéndose”, advirtió durante su intervención.

Diferencias entre comunidades y problemas estructurales

CCOO sostiene que la falta de planificación afecta a gran parte del territorio nacional. En comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha, los dispositivos se activan tarde y gran parte del personal solo trabaja durante los meses de máximo riesgo.

En otras regiones, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia, los operativos afrontan la campaña con retenes incompletos, escasez de efectivos y problemas relacionados con infraestructuras básicas y equipos de protección individual.

La situación tampoco mejora en Madrid, donde el sindicato denuncia que parte del personal continúa trabajando únicamente seis meses al año y sin una categoría profesional plenamente reconocida, una situación que ha derivado en una huelga prolongada durante más de doce meses.

Jornadas de hasta 18 horas frente al fuego

Los profesionales también denuncian la ausencia de una regulación homogénea sobre los tiempos de trabajo y descanso. Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), explicó que actualmente las condiciones dependen de cada comunidad autónoma y de cada dispositivo operativo.

Según detalló, existen intervenciones en las que los trabajadores pueden acumular más de 12 horas de actividad continuada e incluso alcanzar jornadas de hasta 18 horas en situaciones de emergencia. “No existe una regulación específica y tampoco están garantizados los descansos adecuados entre jornadas”, alertó.

Otra de las principales preocupaciones del sector es la formación. Los sindicatos denuncian que cada vez es más frecuente movilizar a los bomberos forestales para responder a otras emergencias, como inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, aseguran que muchos profesionales son enviados a estas intervenciones sin la formación ni el equipamiento necesarios para afrontar con seguridad situaciones de alto riesgo.

Martín criticó especialmente que las recientes normativas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica no hayan servido para establecer una formación mínima obligatoria. Según explicó, actualmente algunos trabajadores son considerados aptos para intervenir directamente ante el fuego tras recibir únicamente unas pocas horas de formación online.

Actuar antes de que ocurra otra tragedia

El sindicato considera que el bloqueo institucional agrava todavía más los problemas existentes sobre el terreno. En este sentido, reclama que el Gobierno impulse de forma inmediata los reglamentos pendientes y garantice la aplicación efectiva del Estatuto de los Bomberos Forestales.

Rubén Pinel, adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO, aseguró que los trabajadores siguen expuestos a llamas, humo, sustancias cancerígenas y condiciones extremas sin contar con todas las garantías legales necesarias.

“El Gobierno debe actuar y obligar a las comunidades autónomas a cumplir las normas ya aprobadas. No podemos seguir esperando mientras miles de profesionales se juegan la vida cada verano”, afirmó.

Manifestación el 29 de junio en Madrid

Ante esta situación, CCOO ha convocado una manifestación para el próximo 29 de junio a las 11.00 horas en Madrid. La marcha partirá desde el Paseo de la Castellana 63 y recorrerá distintas sedes ministeriales para exigir responsabilidades políticas y medidas urgentes que refuercen la seguridad de los operativos antiincendios.

El sindicato ha hecho además un llamamiento a organizaciones sociales, profesionales y sindicales para sumarse a una movilización que considera imprescindible. Su objetivo, aseguran, es evitar que la falta de medios, la precariedad laboral y los retrasos normativos terminen provocando una nueva tragedia en un verano que vuelve a presentarse especialmente complicado para los montes españoles.

El enfrentamiento entre Sumar y el Banco de España ha escalado un nuevo peldaño. El portavoz de Economía del grupo parlamentario en el Congreso, Carlos Martín, ha advertido este martes de que llevará a la institución ante la Audiencia Nacional si no cumple la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a facilitar información sobre los beneficios obtenidos por las entidades financieras a través de los depósitos mantenidos en el Banco Central Europeo (BCE).

La advertencia se ha producido durante la comparecencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en la Comisión de Economía del Congreso, donde presentó el informe anual correspondiente a 2025.

La controversia se remonta a una petición de información realizada por Sumar cuando el organismo estaba presidido por Pablo Hernández de Cos. El grupo parlamentario solicitó conocer los ingresos obtenidos por los bancos gracias a las facilidades de depósito del BCE, al considerar que las entidades estaban obteniendo importantes beneficios simplemente por mantener allí sus fondos.

Sumar acusa al Banco de España de incumplir el Supremo

Aunque inicialmente el Banco de España rechazó proporcionar esos datos, el Tribunal Supremo terminó dando la razón a Sumar y obligó a la institución a facilitar la información requerida.

Sin embargo, Carlos Martín denunció que el organismo busca fórmulas para evitar una entrega efectiva de la documentación. Según explicó, el Banco de España pretende que los diputados consulten los datos en una sala habilitada en su sede, en lugar de remitir el documento solicitado.

“Esto no es cumplir la sentencia, es sustituir la entrega que ordena el Supremo por una exhibición tutelada”, afirmó Martín, quien advirtió de que, si la situación no cambia, Sumar iniciará un procedimiento por incumplimiento de sentencia ante la Audiencia Nacional.

Más de 20.000 millones en España

El portavoz económico de Sumar defendió que la información solicitada es fundamental para evaluar el impacto de determinadas políticas monetarias y financieras sobre la economía real.

Además, recordó la magnitud de las cantidades en juego. Según señaló, desde 2023 las facilidades de depósito del BCE han supuesto transferencias por valor de 332.000 millones de euros al conjunto de las entidades financieras de la eurozona.

En el caso de España, Martín cifró en 20.300 millones de euros los beneficios obtenidos por los bancos gracias a este mecanismo, una cantidad que considera de enorme relevancia pública y que justifica la exigencia de máxima transparencia.

Escrivá defiende la confidencialidad de los datos

Durante su intervención inicial, José Luis Escrivá evitó pronunciarse sobre la polémica. Sin embargo, tras la insistencia del diputado de Sumar, el gobernador acabó respondiendo y defendiendo la actuación del Banco de España.

Escrivá aseguró que la institución sí está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo y que la información solicitada será accesible para los representantes públicos. No obstante, insistió en que debe hacerse bajo estrictos mecanismos de confidencialidad debido a la sensibilidad de los datos empresariales.

Según explicó, el procedimiento diseñado es similar al utilizado en las comisiones parlamentarias cuando se accede a documentación reservada, garantizando así la protección de información que calificó de “absolutamente sensible”.

Un nuevo choque por la transparencia

El gobernador también pidió a los diputados que hagan un uso “responsable” de la capacidad de acceso a información individualizada de las empresas.

“Invitamos a cualquier diputado que quiera conocer esa información a hacerlo. La tendrá disponible, ya sea en una hoja en su despacho o consultándola en el Banco de España bajo condiciones de máxima seguridad”, afirmó Escrivá.

Pese a estas explicaciones, el choque entre ambas partes sigue abierto. Mientras Sumar sostiene que la sentencia exige la entrega directa de los datos, el Banco de España considera que el acceso supervisado cumple plenamente con el mandato judicial. Una discrepancia que podría acabar resolviéndose en los tribunales.

En el mercado inmobiliario de lujo español aparecen a menudo propiedades que parecen sacadas de otra época: villas históricas con jardines centenarios, mansiones frente al mar o que fueron construidas hace años para aristócratas, diplomáticos o figuras de alto poder adquisitivo.

Una de estas exclusivas propiedades se encuentra en la costa de Barcelona, donde una villa levantada a mediados del siglo XX ha salido al mercado por 7,5 millones de euros.

Se trata de una histórica finca de más de 3.000 m2 situada en Sitges que fue construida en 1950 por encargo de Roger Tur Pallier, cónsul honorario de Francia en Zaragoza durante varias décadas.

Una villa de 1.294 m2 construidos con piscina interior y casa de invitados

La villa ofrece 1.294 m2 de superficie construida sobre una parcela de 3.006 m2 que se encuentra delimitada por tres calles, sin vecinos colindantes. La finca se sitúa en la exclusiva zona de Terramar, en el municipio de Sitges, y está a 200 metros del mar Mediterráneo.

La vivienda cuenta con dos plantas principales y un sótano, además de una casa de invitados independiente, conservando el carácter señorial de las grandes residencias mediterráneas de mediados del siglo XX.

En su interior, la villa mantiene una distribución clásica y habitual en grandes propiedades de la época. En su planta intermedia se encuentran tres luminosos salones, un despacho con biblioteca, cocina con despensa y dos baños. La planta superior concentra siete dormitorios en suite orientados al sur con terrazas privadas más una habitación doble adicional.

Uno de los espacios más singulares es su sótano. Concebido como área de bienestar, incluye piscina interior, sauna, baño turco, gimnasio, vestuarios y una sala de ocio con bodega y billar, ideal para disfrutar del tiempo libre.

La finca incluye además una casa de invitados independiente con tres habitaciones, salón, cocina y baño, así como una amplia zona de parking cubierto para varios vehículos, perfecto para acoger al servicio residente o huéspedes.

En su zona exterior, la propiedad cuenta con un jardín de amplias dimensiones rodeado de vegetación consolidada, además de una piscina al aire libre y varias zonas de descanso que aportan privacidad y refuerzan el carácter señorial de la finca en un entorno donde el suelo es especialmente cotizado.

Terramar, una de las zonas más exclusivas de la provincia de Barcelona

Terramar es uno de los barrios más exclusivos de Sitges y uno de los proyectos urbanísticos más singulares de Cataluña. Creada en 1919 por el empresario sabadellense Francesc Armengol, la zona donde se sitúa la villa nació bajo la idea de una “ciudad jardín” inspirada en los grandes desarrollos residenciales europeos de principios del siglo XX.

El barrio se concibió para atraer vecinos acomodados y convertir la localidad costera en uno de los destinos más glamurosos del Mediterráneo. Más de un siglo después, Terramar se ha consolidado como una de las zonas residenciales más cotizadas, con grandes villas rodeadas de jardines, amplias avenidas arboladas y una oferta inmobiliaria limitada que atrae tanto a compradores nacionales como internacionales.

Los sistemas de pensiones de España y Francia afrontan en la actualidad desafíos muy similares. El envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y la presión sobre las cuentas públicas obligan a ambos modelos a adaptarse, aunque lo hacen desde filosofías distintas.

Mientras España mantiene un sistema de pensiones de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas, Francia combina un esquema básico de reparto con un sistema complementario de puntos que introduce mayor flexibilidad. Las diferencias son relevantes, pero también tienen factores en común: ambos países han tenido que elevar la edad de jubilación, ajustar las carreras de cotización y revisar el cálculo de las pensiones, señalan expertos de BBVA.

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La edad de jubilación

Uno de los elementos más visibles de la comparación entre los sistemas de pensiones de ambos países es la edad de acceso a la jubilación. En España, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses este año, aunque quienes acrediten 38 años y 3 meses cotizados pueden retirarse a los 65. El calendario ya está fijado: en 2027 la edad ordinaria alcanzará los 67 años para quienes no lleguen a 38 años y 6 meses de cotización.

Francia, en cambio, parte de una edad legal más baja, aunque en proceso de aumento. Actualmente se sitúa entre los 62 y 64 años en función del año de nacimiento, tras la reforma de 2023, que eleva progresivamente el umbral hasta 2030. Sin embargo, la edad de referencia para una pensión completa sin penalización se sitúa en los 67 años.

Cotización mínima y años necesarios para cobrar el 100%

Las condiciones de acceso también muestran diferencias relevantes. En España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

Francia presenta un sistema más flexible en el acceso inicial: basta con un trimestre cotizado para generar derechos en el régimen básico. Sin embargo, para obtener la pensión completa se requieren 43 años de cotización (172 trimestres) a partir de 2027 para las generaciones más jóvenes.

Cómo se calcula la pensión en cada país

El método de cálculo también difiere. En España, la base reguladora se obtiene a partir de la media de las bases de cotización de los últimos 25 años, dividida entre 350. La reforma reciente permite optar progresivamente por los 29 mejores años, descartando los dos peores, aunque su implantación será gradual hasta 2040.

En Francia, el sistema se basa en la media de los 25 mejores años de salario, ajustados por inflación, y se complementa con un sistema de puntos (AGIRC-ARRCO), en el que los trabajadores acumulan puntos cada año según cotizaciones; al jubilarse se multiplican por un valor del punto fijado anualmente.

Bases máximas y cotización: sistemas con techos distintos

En materia de cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En cuanto a los tipos de cotización, alcanzan el 28,3% del salario bruto. La empresa cotiza un 23,6% del total y el trabajador el 4,7%. Incluye jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Adicionalmente existe el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que este año es del 0,9 % y sube gradualmente hasta alcanzar el 1,2% a partir de 2029.

En cuanto a Francia, establece un techo más bajo en el régimen básico de 4.005 euros mensuales -plafond Mensuel de la Sécurité Sociale-PMSS 2026-. Lo que supone 48.060 euros anuales. Por encima de ese umbral no se cotiza al régimen básico, pero sí al régimen complementario de puntos hasta un techo más alto (un 8-9 veces el plafond, 32.040 euros al mes).

Respecto a tipos de cotización, en Francia el Régimen básico es del 17,75% del salario bruto, del que el empleador paga el 8,55% y el trabajador, el 6,90%. A lo que se suman contribuciones complementarias AGIRC-ARRCO (por puntos) del 7,87% -empleador 4,72% y trabajador 3,15%-; para Tramo 1, hasta 4.005 euros, y 21,59% (12,95% empresa y 8,64% trabajador) para Tramo 2 (entre 4.005 y 32.040 euros). Total aproximado: 25-28% (varía según tramos de salario).

Lagunas de cotización: España protege más los periodos sin empleo

Un elemento diferencial importante es el tratamiento de los periodos sin cotización. España integra las lagunas con la base mínima vigente en ese momento, lo que suaviza el impacto de los periodos de desempleo en la pensión final.

Los primeros cuatro años, 48 mensualidades, se integran al 100% de la base mínima. A partir del quinto año, se integran al 50% de la base mínima. En el caso de mujeres trabajadoras por cuenta ajena, las lagunas a partir del quinto año también se integran al 100% de la base mínima, el sexto y el séptimo año al 80% de base mínima.

Francia, por su parte, reconoce algunos periodos sin actividad como “trimestres asimilados” (desempleo, maternidad o enfermedad), pero no tiene un mecanismo automático de relleno con base mínima como el sistema español.

Autónomos: dos modelos muy diferentes

Las diferencias entre sistemas se amplía en el caso de los trabajadores autónomos. En España, el sistema de cotización para trabajadores autónomos establece 15 tramos de rendimientos netos sobre los cuales se elige una base de cotización. El tipo total es del 31,5% (incluyendo el 0,9 % del MEI). Para 2026, la base mínima es de 653,59 euros y la máxima de 5.101,20 euros.

En Francia, los autónomos cotizan en función de sus beneficios netos, en general. En el Tipo global -vejez básica + complementaria + otras- cotiza en torno al 45% de los rendimientos netos. Además de jubilación incluye asistencia sanitaria, prestaciones familiares, maternidad, formación profesional. La parte de jubilación ronda el 17-18%.

El Régimen Micro-Empresario y Auto-emprendedor cotiza como un porcentaje de facturación bruta, entre el 12% y 24% según tipo de actividad. En tanto que el Régimen trabajador no asalariado (TNS): entre 35% y 45% sobre el beneficio neto. Los tramos bajos de beneficios tienen cotizaciones mínimas y exenciones parciales, con posibilidad de cotizaciones complementarias para mejorar la jubilación.

Jubilación anticipada y demorada: más flexibilidad en Francia

España permite la jubilación anticipada hasta dos años antes de la edad ordinaria de forma voluntaria, o hasta cuatro en casos involuntarios, siempre con penalizaciones. Se requiere un mínimo de 35 años cotizados. También existen modalidades por discapacidad o actividades penosas, tóxicas o peligrosas.

Francia, en cambio, ofrece mayor flexibilidad para carreras largas: quienes empezaron a trabajar muy jóvenes pueden jubilarse desde los 58 o 60 años, y existen mecanismos de reducción o bonificación según los años cotizados y la edad de inicio laboral.

Ambos países premian prolongar la vida laboral. España lo hace mediante incentivos económicos progresivos, mientras que Francia aplica una “surcote” del 1,25% por trimestre adicional trabajado.

Pensiones mínimas y máximas: España protege más el suelo

En términos de protección social, España ofrece pensiones mínimas más elevadas, que en 2026 alcanzan 1.256 euros mensuales con cónyuge a cargo. Francia complementa con ayudas como la ASPA, que garantiza alrededor de 1.000 euros mensuales para personas sin recursos.

En el extremo superior, España establece un límite máximo de 3.359 euros mensuales, mientras que Francia no tiene un tope global equivalente, lo que permite pensiones más altas en determinados casos gracias al sistema complementario.

Tasa de sustitución: España lidera en Europa

En materia de suficiencia, España ofrece una mayor tasa de reemplazo que Francia y pensiones mínimas más generosas, lo que se traduce en mejor protección del nivel de vida al jubilarse, especialmente para rentas medias y bajas. Francia, al tener un sistema mixto con un pilar complementario de puntos, depende más de la evolución del valor del punto y de la carrera individual.

Así, en tasa de sustitución, que mide la relación entre la primera pensión y el último salario, España se sitúa entre el 80% y el 85% para carreras completas, una de las más altas de la OCDE.

Francia presenta una tasa de sustitución inferior, entre el 60% y el 74%, debido a su mayor dependencia del sistema complementario y a la estructura de cálculo basada en puntos.

Sostenibilidad de los modelos

En cuanto a sostenibilidad -la suficiencia o no de las cotizaciones sociales para afrontar el pago de las pensiones, y el déficit acumulado por esa razón-, Francia dispone de un sistema más diversificado con tres pilares que le otorga mayor margen de maniobra ante tensiones demográficas.

España, con un sistema de reparto puro más generoso, enfrenta, según los expertos de BBVA, “mayores riesgos de sostenibilidad a medio-largo plazo” si no se incrementan las cotizaciones, se ajustan las pensiones, se retrasa la edad efectiva de jubilación o se desarrollan pilares de previsión social complementarias como planes de pensiones de empleo o ahorro voluntario individual para complementar la pensión pública de jubilación.

El Tribunal de Cuentas reveló el pasado mayo que en 2024 el Gobierno usó cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos que sobraban para pagar algunas pensiones, como las de clases pasivas y los complementos de pensiones mínimas, algo que PP y Vox consideran que es anómalo. Es por ello que este martes la Comisión Mixta de las Cortes ha decidido rechazar la Cuenta General del Estado de ese año.

Se trata de un documento que recoge cómo se ejecutaron realmente los gastos e ingresos del sector público durante ese ejercicio. Este pasará ahora por una votación final en el Congreso y Senado donde, si prospera este rechazo, será la primera vez en los últimos años que la Cuenta General del Estado es tumbada en el Parlamento.

El PSOE defendió que no hubo un uso irregular de los recursos y el organismo no emitió una opinión desfavorable sobre las cuentas, pero sí incluyó esa observación, sin detectar nada ilegal. PP y Vox consideran que esas prácticas, junto con la prórroga de los Presupuestos —que ya llevan tres años sin aprobarse—, justifican el rechazo a la Cuenta General, por lo que la Comisión Mixta, con mayoría de estos dos partidos, ha aprobado un dictamen en el que plantean devolver la declaración al Tribunal de Cuentas y pedir nuevos informes sobre las consecuencias de gobernar con presupuestos prorrogados.

De dónde procedía el dinero

Ese dinero procedía de fondos europeos no utilizados del “servicio 50” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa de la UE de ayudas tras la pandemia de covid-19. Según el Tribunal de Cuentas, el Gobierno consideró que esta medida “no comprometía” el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la hoja de ruta con la que España gestiona esas inversiones.

La cuestión, y lo que la oposición quiere destacar, es que el uso de estos casi 2.400 millones de euros para el pago de pensiones se debió a que el Gobierno no presentó unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024, por lo que durante todo el año siguieron en vigor los prorrogados de 2023.

El Tribunal de Cuentas considera que esta actuación se llevó a cabo con una base legal que “debería haber quedado mejor justificada”, dado que hay dudas sobre si en 2024 se podían usar los créditos sobrantes de fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias ajenas a ese servicio.

El informe del organismo, aprobado el pasado 5 de mayo, incluye varias observaciones sobre la gestión presupuestaria de aquel ejercicio. Entre ellas, se detectó la existencia de pagos “pendientes de justificación o aprobación” por 1.627,1 millones de euros que superaron los plazos establecidos o el uso de estos fondos europeos en pensiones.

Además del dictamen de la ponencia con el rechazo a la Cuenta General, la Comisión Mixta también ha votado diversas propuestas de resolución que los grupos parlamentarios han presentado al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

La posición de los principales partidos y sus propuestas de resolución

En cuanto a las propuestas de resolución planteadas, el partido que lidera Santiago Abascal pedía devolver el informe al Tribunal de Cuentas alegando varios motivos, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno o los riesgos de estas derivaciones.

Desde el PP solicitaban que el organismo fiscalizador realice en un plazo “improrrogable e inexcusable” de tres meses un informe que detalle las consecuencias que conlleva no tener Presupuestos actualizados.

Por su parte, los socialistas también registraron propuestas de resolución, pero en ninguna piden devolver la declaración al Tribunal de Cuentas ni censurar la falta de Presupuesto. Solo se limita a instar al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias detectadas en el informe, según Europa Press.

Finalmente, la Comisión Mixta ha votado a favor de las propuestas de resolución planteadas por PP y Vox, mientras que ha tumbado la medida del PSOE.

Tras haber salido adelante en la votación de este martes, tanto el dictamen de la ponencia con el rechazo a la Cuenta General del Estado como las diferentes propuestas de resolución se elevarán ahora al Pleno del Congreso y del Senado para una resolución final.

Una boda no da comienzo el día del “sí, quiero”. Para muchas parejas, empieza bastante antes: cuando toca sentarse a hacer números, calcular cuánto se puede ahorrar cada mes, qué parte podrá cubrir la familia y hasta dónde se puede estirar el presupuesto sin hipotecar otros planes. En España, casarse cuesta una media estimada de 32.355 euros y exige ahorrar durante algo más de dos años, según una encuesta realizada por Pollfish para Raisin a 1.500 personas residentes que se han casado en 2024 o 2025, o que tienen previsto hacerlo en 2026.

El tamaño de la celebración explica una gran parte del desembolso. Las bodas reúnen una media de 108 invitados, lo que deja un coste aproximado de 300 euros por persona. Sin embargo, la cantidad que los encuestados consideran razonable dar como regalo de boda se sitúa en torno a 180 euros por invitado.

La diferencia no pasa inadvertida. Si los 108 invitados aportaran esos 180 euros, la pareja reuniría unos 19.440 euros, casi 13.000 euros menos que el presupuesto medio estimado para la boda. Es decir, incluso contando con los regalos, el enlace suele exigir una combinación de ahorros propios, ayuda familiar y, en algunos casos, financiación externa.

Más de dos años de ahorro antes de subir al altar

La boda funciona, en la práctica, como un proyecto financiero de medio plazo. Las parejas encuestadas ahorran una media estimada de 25,4 meses antes de casarse, algo más de dos años. Cerca de ocho de cada diez reserva dinero durante al menos un año para pagar la celebración. Lo más habitual es ahorrar entre uno y dos años, como hace el 49%, aunque un 22% necesita entre tres y cinco años.

Ese tiempo convierte la organización en algo más que una lista de preparativos. Entre la pedida y el banquete pueden cambiar los ingresos, el alquiler, el empleo, los planes de vivienda o las prioridades de la pareja. El compromiso, por tanto, no es solo sentimental: también implica sostener durante meses una decisión económica importante.

En nuestro país, la principal vía para pagar la boda son los ahorros propios. El 82% de las parejas afirma que financia o financiará así la celebración, aunque la ayuda familiar sigue teniendo mucho peso: el 53% recibe apoyo económico de sus padres, el 19% de otros familiares o amigos y el 10% de sus abuelos. Además, el 29% cuenta con los regalos de dinero de los invitados para cubrir parte del coste. En el otro extremo, un 18% recurre a algún préstamo o crédito.

El presupuesto inicial rara vez llega intacto al banquete

Una cosa es el presupuesto que la pareja se imagina al principio y otra muy distinta es el que aparece cuando empiezan a entrar los gastos concretos. Casi siete de cada diez parejas afirma que el coste final de su boda fue o será superior al previsto. En concreto, el 50% calcula un desvío de hasta el 20%, mientras que otro 20% reconoce que el gasto superará en más de un 20% el presupuesto inicial.

El lugar de celebración, el menú, la fotografía, la música, las flores, el vestido, el maquillaje, las invitaciones o los detalles para los invitados van sumando hasta modificar la previsión inicial. Para cubrir estas partidas, un 17% de las parejas declara presupuestos de 45.000 euros o más, por encima de la media estimada.

Nueve proveedores y un catering de más de 7.000 euros

Las parejas contratan o prevén contratar una media de nueve proveedores para su boda. La fotografía es el servicio más habitual, presente en el 90% de los enlaces. Le siguen el catering, contratado por en torno al 85%; el vestido y accesorios de novia y el lugar de celebración, ambos con un 78%; y la música, DJ o entretenimiento, con un 75%.

Pero no todos los proveedores tendrán el mismo peso en la factura. El catering es la partida con mayor gasto medio estimado, unos 7.126 euros, y más de una de cada cuatro parejas supera los 10.000 euros solo en esta categoría.

El lugar de celebración también concentra buena parte del desembolso, con 3.955 euros de media, seguido del vestido y accesorios de novia, con 2.648 euros. La contratación de una wedding planner o coordinador alcanza los 2.410 euros de media entre quienes recurren a este servicio, mientras que la fotografía se sitúa en 1.282 euros.

Cuando el presupuesto se complica, el primer ajuste se lleva a cabo en el tamaño de la celebración. Más de seis de cada diez parejas reconoce haber recortado algún aspecto de la boda por motivos económicos, y la reducción de la lista de invitados es el recorte más habitual.

El otro precio a pagar por casarse

El gasto de una boda no se mide solo en facturas. También aparece en forma de estrés, conversaciones incómodas y decisiones de pareja. El 95% de los encuestados reconoce haber sentido algún nivel de estrés financiero por el coste de la boda, y el 65% afirma haber tenido algún desacuerdo económico con su pareja durante la organización.

No siempre se trata de grandes conflictos, pero sí de conversaciones muy concretas sobre dinero: quién paga qué, cuánto se acepta de la familia, cuánto se espera recuperar con los regalos, qué se considera imprescindible y qué se puede recortar. La boda obliga a poner en común prioridades económicas que quizá antes no habían aparecido con tanta claridad.

La boda dura un día, pero sus efectos económicos pueden alargarse bastante más. Casi nueve de cada diez parejas afirma que el enlace ha condicionado algún objetivo financiero, especialmente la compra de una vivienda, mencionada por el 30% de los encuestados.

Cuando alguien busca construir una casa, suele fijarse en el precio del terreno. Pero ese número es solo la punta del iceberg. Según el arquitecto y divulgador Pablo Borraz (@pbsarquitectura), detrás de esa cifra se esconden una serie de costes previos que, en muchos casos, pueden encarecer el proyecto decenas de miles de euros antes incluso de poner el primer ladrillo.

El experto explica en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que cuando alguien compra un terreno siempre mira su precio y los metros cuadrados que tiene. Sin embargo, señala, por desconocimiento casi nadie se fija en otros aspectos que “son muy importantes” y que pueden hacer que el precio se dispare.

Por ello, para Borraz “la pregunta clave que debes de hacerte es cuánto te va a costar tener el terreno listo para construir”. Dos solares diferentes que están al mismo precio y en los que se plantea colocar una vivienda idéntica, pueden tener 40.000 euros de diferencia a la hora de edificar la casa.

En la práctica, esto significa que dos parcelas con un precio de venta similar pueden acabar teniendo costes muy distintos una vez se incorporan todos los trabajos previos necesarios para poder construir. Una diferencia que, en palabras del experto, rara vez se explica con claridad en los anuncios inmobiliarios.

Los costes ‘ocultos’ de un terreno antes de empezar a construir

Uno de los principales costes ocultos al comprar un solar son los movimientos de tierra, necesarios cuando la parcela no está completamente llana. En estos casos, hay que nivelar el terreno antes de poder iniciar cualquier obra, lo que implica maquinaria especializada y un incremento significativo del presupuesto.

En terrenos con pendiente también pueden ser necesarios los muros de contención, estructuras destinadas a estabilizar el suelo y evitar desprendimientos. Este tipo de intervenciones no solo son técnicas, sino también costosas, y pueden condicionar de forma decisiva el precio final del proyecto.

Otro elemento habitual que suele ser necesario antes de edificar una vivienda son los vallados y cerramientos, que en muchos casos son obligatorios para delimitar la parcela y garantizar la seguridad durante el proceso de construcción. Aunque puedan parecer un gasto menor, forman parte de los trabajos previos que deben contemplarse.

A todo ello se suma la posible necesidad de conectar el solar a los servicios básicos, como agua, electricidad o saneamiento, si no están ya disponibles en la zona. Finalmente, en algunos casos también es necesario adaptar el acceso al terreno para permitir la entrada de maquinaria y vehículos de obra, lo que puede suponer nuevas intervenciones y costes añadidos.

En conjunto, estos factores explican por qué el precio de compra de un terreno no siempre refleja su coste real de edificación, ya que pueden condicionar de forma decisiva la inversión total antes incluso de empezar a construir.

Por todas estas razones, Borraz anima a tener siempre en cuenta que “el terreno barato no es el que directamente cuesta menos, sino el que te deja más dinero para construir la vivienda”.

Irse de vacaciones este verano supondrá para los españoles un gasto medio de 1.389 euros por persona, una cifra que supera al salario mínimo interprofesional mensual, fijado en 2026 en 1.221 euros brutos en 14 pagas. En términos de economía doméstica, el viaje concentrará en menos de dos semanas un desembolso que supera un mes de SMI, una referencia clave que afecta a cerca de uno de cada diez asalariados.

El dato procede del ‘IV Estudio de hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano’, elaborado por Oney, que también apunta a que los viajes este año serán algo más largos que los del año anterior: la estancia media será de 11 días, dos más que en 2025, y el presupuesto previsto aumentará un 3,6%, unos 50 euros más que entonces.

El reparto del presupuesto muestra dónde tendrán que gastar más los turistas: el mayor mordisco será el alojamiento, con 582 euros de media, seguido del ocio y la restauración, con 309 euros; el transporte, con unos 280 euros; y otros gastos, con 218 euros. En conjunto, el viaje saldrá por unos 126 euros diarios por persona.

Cuánto cuesta irse de vacaciones este verano

El alojamiento vuelve a ser la partida que más pesa en el desembolso vacacional. Los 582 euros previstos para dormir fuera representan cerca del 42% del gasto total. Además, esta partida sube respecto al año pasado, cuando el gasto medio en alojamiento fue de 549 euros.

También aumenta el dinero destinado al ocio y la restauración, que pasa de 286 euros en 2025 a 309 euros este verano. En esta categoría entran comidas fuera, bares, actividades, espectáculos, visitas culturales u otros consumos en destino.

El transporte, en cambio, se sitúa en torno a los 280 euros, algo por debajo de los 292 euros estimados el año anterior. Otros gastos, como compras, imprevistos o consumos no incluidos en las partidas anteriores, alcanzan los 218 euros, apenas dos euros más que en 2025.

La inflación condiciona el presupuesto de ocho de cada diez españoles

El estudio refleja una contradicción: las vacaciones serán más largas y más caras, pero llegan en un contexto de presión sobre los precios. El 78% de los españoles reconoce que la inflación y el aumento del coste de vida han influido en el presupuesto destinado a sus vacaciones de verano.

Como consecuencia, casi cuatro de cada diez encuestados aseguran que han reducido el gasto previsto. El ajuste no afecta por igual a todos los grupos. Entre los hogares con menores ingresos, el 53% recortará el presupuesto vacacional. También lo harán en mayor medida los jóvenes de 18 a 24 años, con un 51,3%; las personas no ocupadas, con un 47,9%; y las mujeres, con un 45,3%.

Pese a ese contexto, la mayoría mantiene sus planes de verano. Casi el 95% de los encuestados afirma que se irá de vacaciones, mientras que solo un 5,2% asegura que no saldrá. La playa sigue siendo el destino preferido, elegida por el 49,6%, por delante de los viajes por Europa, la montaña, la segunda residencia y los destinos fuera del continente.

Ahorros y financiación para pagar el viaje

La forma de pagar las vacaciones también muestra el esfuerzo económico que supone el viaje. El 71,2% de los españoles recurrirá parcialmente a ahorros para cubrir el gasto, mientras que el 15,6% pagará íntegramente sus vacaciones con dinero reservado previamente.

La financiación también gana peso en la planificación del verano. Cerca de cuatro de cada diez españoles, el 37%, consideran imprescindible que el establecimiento o proveedor ofrezca opciones de financiación al reservar sus vacaciones. La demanda se dispara entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza el 60,7%, y también es más elevada en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 2.000 euros, con un 46%.

El control del gasto aparece como otra estrategia para evitar problemas durante el verano. Casi la mitad de los encuestados, el 45,7%, asegura que lleva un seguimiento detallado de sus gastos. Otro 23% planifica solo los desembolsos más importantes y un 16% deja margen para imprevistos.

Aun así, los extras forman parte del verano. El 97% reconoce que realizará algún gasto adicional o inesperado durante las vacaciones. Casi la mitad destinará entre el 10% y el 25% del presupuesto a estos caprichos o imprevistos, lo que recuerda y confirma que el coste final del viaje casi nunca será el precio inicial de la reserva.

El aumento de los periodos de sequía y la escasez de agua han convertido la gestión de este recurso en uno de los principales retos para las viviendas del futuro, que deben adaptarse a un contexto climático cambiante. Más allá de la comodidad y la estética, las casas deben incorporar soluciones que les permitan responder a esta nueva situación.

El arquitecto y divulgador Juan Goñi (@juangoniarquitecto) ha avisado de que en 2026 el agua “ya no puede entenderse como un recurso infinito”, por lo que a día de hoy “diseñar una casa también significa pensar en la sequía”.

“Una vivienda bien planteada no solo debe ser cómoda, bonita o eficiente. También debe estar preparada para consumir menos y aprovechar mejor cada gota”, señala en un vídeo en su perfil de TikTok.

Para esto, recomienda varias soluciones que se pueden tomar a la hora de diseñar una casa que pueden “marcar la diferencia” entre una vivienda que consume sin control y una que cuida el agua desde su origen, sin perder el confort y la estética deseada.

Opciones para ahorrar agua en el jardín

Goñi explica que adaptar el diseño de las viviendas a los periodos de sequía permite construir casas más inteligentes, sostenibles y mejor preparadas para responder a las condiciones climáticas en las que vivimos.

Entre las medidas que se pueden tomar, el arquitecto destaca la elección en jardines de especies vegetales de bajo consumo, como plantas autóctonas y xerófitas, que requieren menos riego y se adaptan mejor a los periodos secos. También recomienda reducir las superficies de césped innecesarias, sustituyéndolas por cubiertas vegetales nativas, grava permeable o patios, alternativas que disminuyen significativamente la demanda de agua.

El arquitecto apuesta además por instalar sistemas de riego eficientes, como el riego por goteo o los programadores automáticos, que permiten ajustar el aporte hídrico a las necesidades reales y minimizar las pérdidas por evaporación.

También considera importante diseñar espacios exteriores que favorezcan la creación de sombras mediante pérgolas, aleros o vegetación estratégica. Estas soluciones contribuyen a reducir la evaporación, mantener temperaturas más suaves y optimizar el uso del agua en el conjunto de la vivienda.

Otras medidas para aprovechar y reutilizar el agua en la vivienda

Para Goñi es relevante aprovechar y reutilizar recursos alternativos mediante la reutilización de aguas grises —procedentes de duchas o lavabos—, cuando sea posible, para el riego o las descargas de los inodoros. También recomienda incorporar sistemas de recogida y almacenamiento de agua de lluvia destinados a tareas de limpieza o jardinería a través de grandes depósitos.

El arquitecto también aconseja instalar grifos y sanitarios, como lavabos o duchas, de bajo consumo, con dispositivos como reductores de caudal o sistemas de doble descarga. Estas soluciones permiten disminuir de forma significativa el uso diario de agua sin afectar al confort ni a la funcionalidad de la vivienda, ya que optimizan el consumo y evitan desperdicios innecesarios.

Todas estas medidas, además de favorecer un uso más responsable del agua, pueden traducirse en un ahorro considerable a largo plazo, tanto desde el punto de vista económico como ambiental. Muchas de ellas, además, son relativamente sencillas de incorporar, ya sea durante la construcción de la vivienda o mediante pequeñas reformas posteriores.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,631 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,265 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,435 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,751 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,633 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,715 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,645 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,735 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,46 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,448 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,578 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Tener una piscina en casa alivia los meses de más calor, pero también añade un gasto fijo que no siempre se calcula antes de comprar una vivienda o instalarla. En 2026, mantener una instalación privada de tamaño medio puede suponer un desembolso de entre 600 y 1.200 euros al año, aunque la cifra cambia mucho según el tamaño, el uso y el nivel de mantenimiento contratado.

El coste depende del tamaño, el uso, el tipo de desinfección y el estado de la instalación. Como referencia, las estimaciones de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, así como de webs especializadas en presupuestos de mantenimiento, sitúan el coste anual de una piscina privada media en esa horquilla. La cifra puede ser menor si el propietario asume parte de las tareas y mayor si contrata una empresa externa o si la piscina necesita reparaciones.

En las piscinas comunitarias, el gasto suele ser superior en términos absolutos, aunque se reparte entre los vecinos. Además del mantenimiento técnico, muchas comunidades deben asumir el coste de socorrista durante la temporada de baño, siempre que la normativa autonómica lo exija.

Agua, luz y productos: los gastos básicos

Una de las primeras partidas es el agua. No es necesario vaciar y volver a llenar la piscina cada año si el mantenimiento se realiza correctamente, pero sí hay que reponer la que se pierde por evaporación, lavados de filtro o salpicaduras. En una piscina privada de unos 50 metros cúbicos, esa reposición puede rondar los 40 o 50 euros anuales, aunque el coste real depende de la tarifa de cada municipio y del consumo total de la vivienda.

Llenar una piscina desde cero sí supone un desembolso mayor. Para una piscina mediana, el coste puede situarse aproximadamente entre 100 y 180 euros, según el volumen de agua y el precio del suministro.

La electricidad es otra partida importante. La depuradora debe funcionar varias horas al día para filtrar el agua, especialmente en verano. En una piscina privada, el gasto eléctrico puede rondar los 250 euros al año, aunque varía según la potencia de la bomba, las horas de uso, la tarifa contratada y la existencia de otros equipos, como focos, robot limpiafondos o clorador salino.

A esto se suman los productos químicos. En una piscina con cloración tradicional, el gasto en cloro, reguladores de pH, algicidas o floculantes suele situarse entre 150 y 400 euros por temporada. Las piscinas de agua salada pueden reducir parte del gasto en productos, porque el clorador genera cloro a partir de sal, pero exigen una inversión inicial y mantenimiento del equipo.

Limpieza, reparaciones y servicios externos

La limpieza también tiene coste, aunque no siempre se paga como servicio. Si el propietario se encarga de retirar hojas, limpiar fondos y cepillar paredes, el gasto se concentra en herramientas básicas, que pueden costar entre 100 y 200 euros. Si opta por un robot limpiafondos, el precio puede ir desde unos 300 euros hasta más de 1.000, según el modelo.

También hay tareas puntuales que encarecen el mantenimiento. Una limpieza profunda realizada por profesionales puede costar entre 120 y 450 euros. Cambiar la arena del filtro puede rondar los 100 euros, mientras que sustituir una bomba averiada puede situarse entre 200 y 500 euros, incluyendo material y mano de obra.

Las reparaciones son la partida más imprevisible. La aparición de grietas, fugas o problemas de impermeabilización puede elevar la factura entre 300 y 1.200 euros, según el alcance del daño. Por eso, el estado de la piscina influye tanto como su tamaño.

Gastos de las piscinas comunitarias y climatizadas

En las piscinas comunitarias, el mantenimiento suele contratarse con empresas especializadas. Estos servicios pueden oscilar entre 120 y 500 euros al mes, dependiendo del tamaño, la frecuencia de limpieza y los productos incluidos. Si además hay que contratar socorrista, el presupuesto de la comunidad aumenta durante la temporada de verano.

Las piscinas climatizadas son las más caras de mantener, porque añaden el gasto energético de calentar el agua y, en algunos casos, mayores controles sanitarios. La diferencia puede ser considerable si se usan durante muchos meses al año.

El sueño de convertirse en propietarios prevalece en los españoles, que ante los precios disparados de la vivienda se ven obligados a pedir más hipotecas y de mayor cuantía, endeudándose cada vez más. Las hipotecas sobre viviendas alcanzaron en abril las 40.010, la cifra más alta para este mes desde 2010 y un 2,3 % más que un año antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras esta nueva remontada, suman 22 meses de incrementos interanuales.

Al contrario que en la comparación interanual, la firma de préstamos hipotecarios en abril respecto a marzo cayó un 14,3%. Este descenso se explica, a juicio de los analistas inmobiliarios, por un cambio de ciclo.

“El mercado hipotecario mantiene una evolución positiva, aunque empieza a mostrar signos de moderación”, indica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Incide en que el ritmo de crecimiento interanual del 2,3% se va reduciendo y se acercar al comportamiento que registra el mercado de compraventa de vivienda, que acumula cuatro meses consecutivos de descensos y cerró abril con una caída interanual del 1,8%.

En la misma línea se ha pronunciado María Matos, portavoz de Fotocasa, para quien el mercado está entrando en una nueva fase del ciclo hipotecario con una etapa de mayor moderación. “Aunque el volumen de operaciones continúa creciendo, las entidades financieras comienzan a ajustar progresivamente sus estrategias comerciales. Es decir, el crédito continúa fluyendo, aunque ya no lo hace en las mismas condiciones que hace unos meses”, explica.

Entre enero y abril, el número de hipotecas para compra de vivienda aumentó un 7,9%, al situarse por encima de las 514.000 operaciones en esos cuatro meses, y el capital prestado subió un 19,6%.

Aumenta el capital financiado

Al ritmo que la firma de hipotecas se desacelera, se está produciendo un incremento del capital financiado. Según datos del INE, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,1% interanual en abril, hasta los 173.331 euros, mientras que el capital total prestado aumentó un 13,7%, hasta rozar los 6.935 millones de euros.

El crecimiento interanual por encima del 10% se debe a que cada operación requiere cada vez más financiación, explica el consejero delegado Equito, Robin Decaux, reconoce que, aunque el crédito “sigue acompañando”, acceder a una vivienda exige importes cada vez más elevados.

El encarecimiento de la vivienda obliga a los compradores a aumentar el volumen de financiación solicitado, incluso en aquellos casos en los que disponen de ahorros previos.

“Los precios de la vivienda siguen muy tensionados y eso provoca que cada vez más compradores necesiten recurrir a financiación para completar la operación. Muchas personas que hace cinco años podían comprar con un esfuerzo financiero moderado ahora necesitan solicitar una hipoteca más elevada para acceder a una vivienda similar”, afirma Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

También Yogi Thadhani, country manager de Finteca, reconoce que “al igual que vemos que el número de hipotecas apenas crece, vemos claramente una tendencia al alza en el importe del capital prestado. Realmente no es que se compren más casas, sino que las operaciones que se están cerrando son de mucha mayor cuantía”.

Previsiones al alza de los intereses

A pesar de que los compradores piden más dinero para financiar las operaciones, el interés que les cobran los bancos ha permanecido relativamente estable. Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio en abril fue del 2,90%, algo superior al de marzo, que fue del 2,84 %, aunque ya son 15 los meses consecutivos en los que es inferior al 3%.

Respecto al tipo de hipoteca, un 37,1% fue a tipo variable y un 62,9% a tipo fijo. Ya son ocho los meses en que las hipotecas fijas representan más del 60%. Esta preferencia indica que los compradores “siguen apostando por la seguridad de la hipoteca fija”, señala Laura Martínez, portavoz de iAhorro. Esto se debe, a su juicio, a que “las familias españolas siguen prefiriendo la estabilidad a largo plazo en un contexto global que lleva a tomar una decisión prudente como esta”.

Para Thadhani, estos datos evidencian la necesidad de protección de los consumidores en un contexto económico todavía incierto. “Que el tipo medio se haya prácticamente plantado en el 2,90% y que casi más de un 60% de los ciudadanos sigan refugiándose en el tipo fijo demuestra esa búsqueda de estabilidad a largo plazo, sobre todo en un mercado impredecible y ante el miedo por la situación macroeconómica que estamos viviendo”, afirma.

Todo apunta a que el crédito continuará fluyendo, pero no en las mismas condiciones. Los analistas prevén que las entidades financieras subirán el interés de las hipotecas tras un año de fuerte competencia comercial. Señalan que ya están adoptado una posición más prudentes, ajustando precios y condiciones para anticiparse a los próximos movimientos de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

Un nuevo ciclo más equilibrado

En este escenario, la evolución del mercado hipotecario en lo que queda de año dependerá de la política monetaria del BCE, de lo que decida hacer con los tipos de interés y sobre cómo influirán estos en el ‘precio’ de las hipotecas. “Más que a un cambio brusco, asistiremos previsiblemente a una transición gradual hacia un ciclo hipotecario más equilibrado”, vaticina María Matos.

Argumenta que el mercado se aproxima al inicio de una fase de estabilización, no tanto por un posible deterioro de la financiación, como por el alto nivel alcanzado por los precios, que está tensionando al límite la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda. Aun así, “la actividad hipotecaria seguirá manteniéndose en niveles históricamente elevados”, subraya la experta.

Por su parte, Font estima que la insuficiente oferta de vivienda seguirá sosteniendo la presión sobre los precios y limitando el acceso al mercado, lo que “previsiblemente mantendrá contenida la actividad tanto en las compraventas como en la concesión de nuevas hipotecas durante los próximos meses”.

Las olas de calor que se repiten cada verano en España han convertido el confort térmico en una necesidad para millones de hogares. Con las temperaturas disparadas durante semanas, la pregunta que se repite en muchas casas es la misma: ¿Qué es mejor para aguantar el calor, un ventilador o un aire acondicionado? La respuesta no es sencilla, ya que hay diferencias tanto en el rendimiento como en el precio final de la factura de la luz.

Por eso, los expertos de Pulso Solar Renovables han desglosado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@pulsosolarrenovables) el coste real que supone usar cada uno de estos aparatos durante un mes completo en verano. Y es que, según sus cálculos, un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces lo que gasta un ventilador convencional.

El ventilador, el aliado barato

El punto de partida del análisis es el consumo eléctrico de cada dispositivo. Un ventilador doméstico estándar consume alrededor de 60 vatios. Si se utiliza durante ocho horas al día a lo largo de un mes entero, el cálculo sería: 0,06 kilovatios multiplicados por ocho horas y por 30 días da un total de 14,4 kilovatios hora al mes.

Con el precio de la electricidad situado en torno a los 15 céntimos por kilovatio hora, esa cifra se traduce en una factura de apenas 2,16 euros al mes. Es decir, que mantener el ventilador funcionando durante ocho horas diarias todo el mes de julio cuesta, en términos eléctricos medios, poco más de dos euros.

“Un ventilador normal suele consumir unos 60 vatios. Si lo usas ocho horas al día durante todo el mes, son 14,4 kilovatios al mes. Y eso, al precio de la luz a 15 céntimos el kilovatio hora, son 2,16 euros al mes”, explican desde Pulso Solar Renovables.

El aire acondicionado: más frío, pero más caro

Pero la situación cambia mucho cuando se enciende el aire acondicionado. Un equipo doméstico convencional consume alrededor de 1.500 vatios, es decir, 1,5 kilovatios. Con el mismo patrón de uso —ocho horas diarias durante treinta días—, el consumo mensual asciende a 360 kilovatios hora.

Aplicando el mismo precio de la electricidad, los 360 kilovatios hora se traducen en una factura de 54 euros al mes. Eso supone multiplicar por 25 el coste del ventilador en el mismo período.

“Un aire acondicionado suele consumir alrededor de unos 1.500 vatios. Si lo usas también ocho horas al día, son 360 kilovatios al mes. Y eso, al mismo precio de la luz, son 54 euros al mes”, detallan los especialistas de Pulso Solar Renovables.

La comparativa es elocuente: 54 euros frente a 2,16 euros. Una diferencia de más de 51 euros mensuales por el simple hecho de elegir un aparato u otro.

Más consumo, pero también más eficacia

Ahí reside, precisamente, la trampa de la comparación directa. El ventilador no baja la temperatura de una habitación: mueve el aire y genera una sensación de frescor sobre la piel, pero el termómetro sigue marcando los mismos grados. El aire acondicionado, en cambio, sí reduce la temperatura ambiente de forma efectiva, lo que lo convierte en el único recurso realmente útil cuando el calor supera ciertos umbrales.

“Eso sí, el ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado realmente baja la temperatura de la casa”, recuerdan desde Pulso Solar Renovables. Una distinción que, en plenas olas de calor con temperaturas que superan los 40ºC, marca la diferencia entre el alivio y el agotamiento.

“Y si tienes placas solares, gran parte del aire acondicionado podría salirte prácticamente gratis durante todo el día”, señalan los expertos de la compañía. En las horas de mayor irradiación solar —que coinciden, además, con los momentos de mayor calor—, la energía generada por los paneles puede cubrir buena parte o la totalidad del consumo del equipo de climatización.

Más de 458.000 personas mayores de 52 años cobraban el subsidio por desempleo al que da acceso esa edad en 2025, casi tres veces más que las 162.318 que lo percibían en 2005. Un informe publicado por Fedea, firmado por los investigadores Fernando Pinto Hernández, Carlos Garcimartín Alférez y Miguel Ángel García Díaz, de la Universidad Rey Juan Carlos, documenta cómo esta prestación ha pasado de ser una red de seguridad a convertirse en una de las partidas estructurales del sistema de protección social español.

Los mayores de 50 años han ganado peso de forma sostenida entre quienes cobran alguna prestación por desempleo en España. En 2005 representaban el 34,8% del total de beneficiarios; en 2025 superan la mitad, con el 51,8%. El avance es todavía más pronunciado entre quienes agotan la prestación contributiva y pasan a depender de los subsidios asistenciales —ayudas de menor cuantía destinadas a quienes ya no tienen derecho al paro ordinario—, donde su cuota ha pasado del 33% al 59,5%. El dato revela que muchos de estos trabajadores no encuentran empleo ni en los años de bonanza económica.

Detrás de esas cifras hay un mercado laboral que expulsa a los trabajadores de mayor edad con más facilidad de la que los reabsorbe. El 81% del aumento neto de desempleados registrado en España entre 2005 y 2025 corresponde a personas mayores de 50 años: 546.700 de un total de 674.600, según el análisis de Fedea. Su participación sobre el total de parados pasó del 12,6% al 30,3% en ese mismo periodo.

Ese deterioro relativo se produce, además, en paralelo a una mejora del empleo en ese mismo grupo de edad. Los ocupados mayores de 50 años pasaron de 3,8 a 7,9 millones entre 2005 y 2025, y su peso sobre el total de trabajadores subió del 19,8% al 35,8%. Pero más empleo no ha significado menos paro: el número de desempleados mayores de 50 años en 2025 —791.200 personas— triplica el de 2005, cuando era de 244.500.

La explicación es en parte demográfica. España tiene hoy 12,2 millones de personas de entre 50 y 66 años —el tramo más próximo a la edad ordinaria de jubilación—, frente a los 7,8 millones de 2005. Ese grupo representa ya el 37% de la población en edad de trabajar, diez puntos más que hace 20 años, lo que el informe identifica como una señal de presión tanto sobre el mercado laboral como sobre el sistema de pensiones.

Uno de cada cuatro perceptores de ayudas por desempleo cobra este subsidio

Dentro de esos subsidios para quienes agotan el paro ordinario, el destinado a mayores de 52 años concentra el 84,1% de los perceptores mayores de 50 años. Su peso sobre el conjunto de todas las prestaciones por desempleo se ha duplicado desde 2005: del 12,5% al 25,4%. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro perceptores de algún tipo de prestación por desempleo en España cobra hoy este subsidio.

La prestación existe desde 1984 como régimen especial para trabajadores de mayor edad, pero su diseño original —cubrir la brecha entre el despido y la jubilación— ha mutado con el paso de las reformas. El informe de Fedea describe la figura actual como “híbrida”, a medio camino entre una renta de sustitución y una prestación de carácter previsional: los años en que una persona cobra este subsidio cuentan para el cálculo de su futura pensión, lo que lo convierte en algo más que una simple ayuda temporal.

El péndulo normativo: 2012 recorta, 2019 amplía

Dos reformas han marcado la trayectoria de la prestación. La aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy endureció las condiciones de acceso: subió la edad mínima de 52 a 55 años, introdujo una prueba de rentas a nivel de la unidad familiar y redujo la base de cotización del 125% al 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El efecto fue una caída del porcentaje de perceptores sobre desempleados mayores de 50 años, desde el 49,7% de promedio en el periodo 2005-2012 hasta el 30,4% en el periodo 2013-2018.

La reforma de 2019, aprobada mediante el Real Decreto-ley 8/2019 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, invirtió esa tendencia. Rebajó la edad de acceso de 55 a 52 años, suavizó la prueba de rentas —que pasó a aplicarse de forma individual y no sobre la unidad familiar—, amplió la duración máxima del cobro hasta la edad ordinaria de jubilación y elevó de nuevo la base de cotización al 125% del SMI. El promedio de perceptores sobre desempleados en el periodo 2019-2025 volvió al 47,9%.

Casi 18.000 millones de coste adicional para la Seguridad Social

La pregunta que se hace el informe Fedea es: ¿cuánto le cuesta a España la reforma de 2019? Los investigadores calculan cuántos perceptores habría habido sin ese cambio normativo y cuántos hay con él. La diferencia es llamativa: sin la reforma, el número de beneficiarios del subsidio habría bajado de 262.918 en 2018 a 214.163 en 2030; con ella, la proyección apunta a 529.880 personas ese mismo año. La reforma habrá generado, en 12 años, 315.718 perceptores adicionales.

El mayor gasto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por el pago del subsidio oscila, según las proyecciones del informe, entre los 400,5 millones de euros en 2019 y los 1.818 millones de euros en 2030 —equivalente al 0,2% del PIB—, ambas cifras en euros constantes de 2025. Acumulado entre 2019 y 2030, ese sobrecoste asciende a 15.877 millones de euros.

A esa cifra se suma el impacto sobre la Seguridad Social, que el informe desglosa en dos vías: el mayor gasto futuro en pensiones —derivado de una base de cotización más alta y de un mayor número de años computados— y la pérdida de ingresos por cotizaciones que no se recaudan mientras esas personas no trabajan. El valor presente descontado de ambos efectos asciende a 17.935 millones de euros de 2025: 9.456 millones en mayores obligaciones de pensiones y 8.479 millones en cuotas sociales no cobradas.

El documento calcula también a qué velocidad se traslada ese aumento de perceptores al gasto público. Los resultados son rápidos: la mitad del efecto total de la reforma ya se había producido en 2022, apenas tres años después de su entrada en vigor. El 80% del impacto se habrá materializado en 2026, y el 90% antes de 2030. El grueso de la factura, concluye el informe, llega en esta década y no tiene vuelta atrás sin una reforma de calado equivalente.

Este lunes, Banco Santander se ha convertido en la compañía con mayor capitalización bursátil del Ibex 35, superando a Inditex al cierre de la sesión, por primera vez desde 2018. El banco, presidido por Ana Botín, ha alcanzado un precio de 12 euros por acción, siendo un máximo histórico tras subir un 1,66%, lo que ha elevado su valor de mercado hasta los 176.242 millones de euros. Por su parte, la firma textil dueña de Zara, ha retrocedido un 1,04% durante la jornada hasta los 55,16 euros por título, con una capitalización de 171.915 millones de euros.

Este cambio en el trono del selectivo español pone fin a un largo periodo de dominio de Inditex, que ha mantenido esta posición con escasas interrupciones durante los últimos ocho años. La última vez que Santander ostentó el liderazgo fue el 4 de enero de 2018, cuando cerró con una capitalización de 90.975 millones frente a los 90.445 millones del grupo gallego. Durante los siguientes cinco meses, el banco mantuvo ese primer puesto hasta que Inditex recuperó la delantera el 17 de mayo de ese mismo año. Solo Iberdrola, entre abril y principios de junio de 2022, le arrebató la posición a Inditex.

El viento a favor de la banca

El regreso de Santander a lo más alto del Ibex es consecuencia de varios de los acontecimientos ocurridos durante los últimos cinco años, como por ejemplo el ciclo de subidas de tipos de interés que inició el Banco Central Europeo (BCE) en 2022. Durante este tiempo, las acciones del banco han acumulado una revalorización del 265%, frente al 81% registrado por Inditex en el mismo periodo. Solo en lo que va de 2026, Santander se ha revalorizado un 19%, mientras que la empresa de moda cede un 2%.

Pero no ha sido el único. El sector bancario europeo encadenó la semana pasada su quinta subida consecutiva en el índice sectorial, la mejor racha del año. Los bancos españoles se están viendo favorecidos por un entorno geopolítico de incertidumbre por el conflicto bélico y los continuos amagos de reabrir el estrecho de Ormuz, ya que, aunque la situación se normalice, la inflación tardará en retroceder a los niveles anteriores. Un escenario que es propicio para la cuenta de resultados de las entidades financieras, que obtienen mayores márgenes de interés cuando el precio del dinero es elevado.

Inditex, por su parte, atraviesa un momento más complicado. La compañía ha tenido que afrontar este trimestre el deterioro del poder adquisitivo y de la confianza de los consumidores, factores que presionan a la baja la demanda en sus mercados clave. Esa debilidad se refleja en el comportamiento de su cotización a lo largo del año.

Más allá del Ibex

La diferencia de trayectoria entre ambas compañías también se aprecia en las perspectivas que manejan los analistas. Según datos recopilados por Bloomberg, los accionistas de Santander aún tienen un potencial de revalorización cercano al 3%, frente al 7% que los expertos atribuyen a los títulos de Inditex. En cuanto a las recomendaciones, el 77,8% de los analistas aconseja comprar acciones del Santander, el porcentaje más alto de su sector, mientras que el 68,8% hace lo propio con Inditex. Ambos valores presentan una única recomendación de venta.

Y, fuera de las fronteras españolas, Banco Santander consolida su posición como el banco más valioso de Europa. En el índice Eurostoxx 50, que agrupa a las mayores compañías del continente, el grupo cántabro ocupa el sexto lugar, por detrás de ASML, LVMH, Siemens, L’Oréal y Hermès. Una posición que refleja la magnitud de la transformación experimentada por la entidad en los últimos años y que sitúa a la banca española en el mapa de los grandes referentes financieros del Viejo Continente.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado este lunes que existe “una relación clara” entre invertir en energías renovables y crecer económicamente, poniendo a España y Portugal como ejemplos de que una apuesta decidida por transformar el modelo energético puede traducirse en un mayor dinamismo del Producto Interior Bruto (PIB).

Durante su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas, Lagarde ha dejado claro que “cuando miras el crecimiento en España o Portugal, por ejemplo, y miras el precio de la electricidad en estos países y el esfuerzo que han hecho para cambiar su mix energético, es bastante obvio que hay una correlación entre los dos”.

Y los datos lo avalan, ya que, durante el primer trimestre de este año, la economía española ha crecido un 0,6%, el doble que Alemania e Italia (ambas con un 0,3%) y, por el contrario, Francia ha sufrido un descenso del 0,1%. El conjunto de la zona euro ha caído un 0,2%, aunque ese dato está distorsionado por el comportamiento atípico de la economía irlandesa —conocida por sus grandes oscilaciones estadísticas ligadas a las multinacionales— y, sin ese efecto, el bloque habría crecido un 0,3%.

Más allá del precio de la luz

De hecho, Francia le ha servido a Lagarde como ejemplo para reforzar su argumento. Según ha señalado, el país galo disfruta de precios energéticos “decentes” gracias a sus inversiones históricas en energía nuclear, pero es una ventaja que no se traduce “necesariamente” en un mayor crecimiento del PIB. Es decir, que para crecer económicamente, es importante también el tipo de apuesta tecnológica y la capacidad de reducir la dependencia del exterior.

En este sentido, la presidenta del BCE ha instado a los Estados miembros a tener en cuenta el efecto de lo que denominó “políticas activas” en el ámbito energético, orientadas a recortar la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y a recuperar lo que llamó “soberanía” energética. “Es un área en la que los legisladores pueden jugar un papel para lograr un mayor crecimiento que sería útil en todos los frentes: empleos, inversiones, política monetaria e inflación”, ha subrayado.

Unas declaraciones que ha dado Lagarde al hilo de una pregunta sobre las perspectivas de crecimiento en la eurozona. El BCE revisó a la baja sus previsiones en su última reunión, aunque de forma “ligera”, para situar el avance del PIB de la zona euro en el 0,8% en 2026, el 1,2% en 2027 y el 1,5% en 2028. La presidenta ha reconocido que la revisión es pequeña, pero deja claro que “se apreciaría tener mucho más” crecimiento, porque con él “las cosas son más fáciles” en materia de empleo, inversión y política monetaria.

El BCE sube tipos ante la presión inflacionista de Oriente Próximo

Junto al debate sobre energía y crecimiento, Lagarde también ha abordado ante los eurodiputados la inflación actual, el otro gran frente abierto para la institución. El BCE decidió a principios de este mes elevar sus tres tipos de interés oficiales en 25 puntos básicos, la primera subida desde septiembre de 2023, en respuesta al repunte de las presiones sobre los precios derivado del conflicto en Oriente Próximo y del encarecimiento de la energía.

La presidenta ha defendido esta decisión, aunque aclarando que la institución no aprecia por ahora riesgos que justifiquen una respuesta “más contundente”. “El choque es demasiado grande y no se puede pasar por algo porque podríamos poner en peligro nuestro objetivo, pero todavía no vemos expectativas de inflación ni efectos de segunda ronda que justifiquen una respuesta de política monetaria más contundente”, ha explicado Lagarde. El BCE trabaja con tres escenarios alternativos sobre la evolución del conflicto, pero en todos ellos, según la presidenta, “estaba justificado el incremento de tipos”.

Las cifras que manejan desde Bruselas apuntan a una inflación del 3% en 2026, que se moderaría hasta el 2,3% en 2027 y alcanzaría el objetivo del 2% en 2028. Lagarde ha atribuido buena parte de las tensiones actuales al encarecimiento de la energía, cuyos precios subieron alrededor de un 10% en abril y mayo. La tasa subyacente —que excluye energía y alimentos— se situó recientemente en el 2,6%, mientras que las expectativas a corto plazo sobre los precios ya superan los niveles previos al estallido de la guerra en Oriente Próximo.

La Dirección General de la Seguridad Social ha confirmado en un informe reciente que los conductores profesionales de transporte de mercancías por carretera presentan una elevada morbilidad y mortalidad, con cifras notablemente superiores a las de otros sectores laborales.

El documento, al que ha tenido acceso el sindicato CCOO, recoge datos de incapacidad temporal, fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente en el periodo 2018-2024 y concluye que estos trabajadores superan el umbral de “excepcional siniestralidad”, lo que justifica la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Según explicó CCOO, el informe de la Seguridad Social ratifica “todas y cada una” de las argumentaciones que el sindicato ha defendido en los últimos años para que se reconozca la jubilación anticipada al colectivo.

La organización sindical considera que los indicadores oficiales demuestran que el sector soporta unas condiciones laborales especialmente duras en términos de salud y riesgo.

“El colectivo de conductores de transporte de mercancías presenta niveles de morbilidad y mortalidad elevados, con una edad media avanzada y una tendencia creciente en la siniestralidad”, resume el informe oficial.

La Seguridad Social ha analizado, entre otros factores, la metodología aplicada, la población de referencia y las desviaciones respecto al total de trabajadores del país en número y duración de las bajas médicas, así como los datos de fallecimientos y reconocimientos de incapacidad.

El informe, primer paso en un proceso administrativo clave

De acuerdo con el sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, este informe es el primero que se emite dentro del procedimiento administrativo abierto para valorar la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los conductores profesionales.

El documento contiene los indicadores objetivos que respaldan la solicitud del sindicato, un proceso que CCOO sigue de cerca y en el que espera avances en los próximos meses.

La organización sindical subraya que el análisis realizado por la Seguridad Social pone de manifiesto que los riesgos laborales y la incidencia de enfermedades y fallecimientos en el sector “son muy superiores al resto de ocupaciones”. Este diferencial estadístico constituye, según CCOO, la base legal para solicitar que los conductores accedan a la jubilación de manera anticipada y con mejores condiciones económicas.

El sindicato recuerda que la aplicación de coeficientes reductores ya existe en otras profesiones de riesgo, como la minería o los cuerpos de seguridad, y sostiene que los datos oficiales avalan extender este beneficio a los conductores de mercancías pesadas.

“Ahora esperamos que el resto de informes constaten igualmente que se cumplen las condiciones legales”, expresaron fuentes sindicales.

Crece la presión para que el Gobierno actúe

El proceso administrativo abierto tras la publicación de este primer informe implica la elaboración de nuevos documentos técnicos y valoraciones por parte de otros organismos oficiales antes de que el Gobierno pueda tomar una decisión definitiva.

CCOO confía en que los siguientes pasos administrativos validen “el reconocimiento de los coeficientes reductores” y permitan mejorar la protección social de uno de los colectivos más expuestos a accidentes y enfermedades laborales.

La tendencia al alza en la siniestralidad del sector preocupa tanto a las organizaciones sindicales como a la administración, que reconoce la necesidad de actuar ante los datos presentados. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la demanda histórica de los conductores profesionales se traduce finalmente en una reforma de la edad de jubilación.

El informe oficial de la Seguridad Social, respaldado por los datos aportados por el INSS desde 2018, sienta un precedente relevante para el sector del transporte de mercancías, que podría ver modificadas de forma sustancial las condiciones de retiro de sus trabajadores en los próximos años.

La percepción sobre el bienestar en el trabajo no es la misma para todos. De hecho, depende sobre todo del puesto que se ocupe dentro de la empresa. Mientras que el 77% de los directivos considera que trabaja en una organización que cuida la salud mental de las personas, esa cifra cae hasta el 54% entre los empleados que no tienen a nadie a su cargo. La diferencia, de 23 puntos porcentuales, refleja una clara brecha entre quienes toman decisiones y quienes las ejecutan.

Así lo recoge el último informe de Great Place to Work (GPTW), que analiza la experiencia laboral de miles de trabajadores y directivos en España, detalla las diferencias sobre cómo se vive el trabajo desde los distintos niveles jerárquicos, y pone sobre la mesa la importancia del bienestar psicológico dentro del entorno laboral.

Los datos muestran que la percepción positiva del trabajo aumenta a medida que se asciende en la organización. Es decir, cuanto mayor es el nivel de responsabilidad, más favorable es la valoración del clima de trabajo, de las oportunidades profesionales y de las condiciones que favorecen el bienestar. Y, por el contrario, quienes ocupan posiciones sin responsabilidades de gestión son los que muestran una visión más crítica.

El cargo marca la diferencia

La salud mental se ha convertido en una preocupación empresarial. El estrés, el agotamiento emocional y la sensación de sobrecarga figuran entre los factores que más preocupan tanto a trabajadores como a departamentos de recursos humanos. Pero, pese a esto, el estudio sugiere que la experiencia diaria de estos problemas no se percibe de igual manera en todos los niveles de las empresas.

¿Y por qué ocurre esto? Los expertos apuntan a varios factores. Por ejemplo, que los puestos directivos suelen disfrutar de una mayor autonomía para organizar su trabajo, más capacidad de decisión sobre prioridades y horarios, y un mayor acceso a información estratégica. Además, suelen tener una percepción más clara de los objetivos de la empresa y de su papel dentro de ella. Todo esto puede influir en una valoración más positiva de su entorno laboral.

En el otro extremo, los empleados que ocupan posiciones operativas suelen estar más expuestos a presiones relacionadas con la carga de trabajo, la ejecución de tareas y la supervisión constante. También pueden tener menos margen para influir en decisiones que afectan directamente a su día a día, lo que repercute en su percepción del bienestar dentro de la organización.

El 80% de las depresiones laborales son responsabilidad de cómo se lidera

La clave está en quién está al mando. El análisis identifica precisamente el liderazgo como uno de los elementos más determinantes para la salud psicológica en el trabajo. La mitad de los trabajadores encuestados ha reconocido que su trabajo les ha provocado episodios de depresión, y cerca del 80% de estos casos están asociados a factores que dependen directamente de la gestión de las personas, como una carga de trabajo excesiva (46,6%), la falta de reconocimiento (10,1%) o experiencias de trato desfavorable (20,2%), según el estudio.

El informe también apunta a que las diferencias de percepción entre directivos y trabajadores pueden convertirse en un riesgo para las propias empresas. Cuando quienes lideran una organización tienen una visión más positiva que la del resto de la plantilla, existe el peligro de que determinados problemas pasen inadvertidos o se infravaloren. Una desconexión que puede afectar a cuestiones como la retención de talento, el compromiso de los empleados o la productividad.

Además, el estudio también revela que los entornos laborales donde existe una mayor confianza entre empleados y dirección presentan mejores indicadores de bienestar. En estas organizaciones, las diferencias de percepción entre distintos colectivos son menores y los trabajadores muestran niveles más altos de satisfacción, orgullo de pertenencia y compromiso.

Como conclusión, el informe destaca que la salud psicológica en las empresas no se vive igual desde todos los despachos. Mientras que una amplia mayoría de los directivos considera que trabaja en organizaciones que cuidan el bienestar de las personas, apenas algo más de la mitad de los empleados comparte esa percepción. Una diferencia que obliga a las empresas a preguntarse si realmente conocen cómo se sienten quienes sostienen su actividad cada día.

Comprar una vivienda nueva en España implica mucho más que pagar el precio anunciado. Detrás de cada operación existen impuestos, tasas y cargas públicas que elevan el coste final que afronta el comprador. Según un informe elaborado por EY para Asprima, la carga fiscal acumulada sobre una vivienda nueva puede superar los 78.000 euros, lo que representa más del 26% del precio de referencia de un inmueble valorado en 300.000 euros.

El estudio, centrado en el impacto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, pone cifras a una realidad que afecta directamente al acceso a la vivienda. La investigación concluye que una parte significativa del importe pagado por los compradores no corresponde al valor del inmueble en sí, sino a los distintos tributos que se aplican durante todo el proceso, desde la adquisición del suelo hasta la firma de la escritura.

Esta situación, advierten los autores del informe, contribuye al encarecimiento estructural de la vivienda nueva en España y dificulta el acceso a la propiedad para jóvenes y familias con menor capacidad económica.

Una factura fiscal que empieza antes de construir

El informe detalla que la carga tributaria se genera en varias etapas. La primera comienza incluso antes de que se coloque un ladrillo. En la fase de adquisición del suelo, los promotores deben asumir impuestos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), costes que posteriormente terminan integrándose en el precio final de la promoción.

A esta primera carga se suman los costes derivados de la fase de construcción. Durante el desarrollo del proyecto, las empresas promotoras deben hacer frente a una larga lista de tributos y tasas.

Entre ellos destacan el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), las tasas por licencias urbanísticas, los Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculados a determinadas operaciones, la Licencia de Primera Ocupación, diversas tasas municipales, además del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Aunque estos impuestos no son abonados directamente por el comprador, el informe señala que terminan repercutiendo en el precio final de la vivienda, incrementando el coste que finalmente debe asumir quien adquiere el inmueble.

Más de 32.000 euros en impuestos directos para el comprador

La última fase es la que afecta de forma más visible al ciudadano. En el momento de la compra, quien adquiere la vivienda debe asumir directamente una factura fiscal de 32.250 euros en una vivienda tipo de 300.000 euros.

Esta cantidad incluye principalmente el IVA correspondiente a la adquisición de una vivienda nueva y los Actos Jurídicos Documentados asociados a la escritura de compraventa. Sin embargo, el estudio subraya que esta cifra representa solo una parte del impacto fiscal total.

El resto de los costes tributarios, incluyendo el Impuesto sobre Sociedades, la plusvalía municipal y las cargas acumuladas en las etapas previas, ya están incorporados al precio de venta. De este modo, el comprador termina soportando indirectamente una carga fiscal mucho más elevada de lo que percibe a simple vista.

Una barrera para el acceso a la vivienda

La presidenta de Asprima, Carolina Roca, considera que esta situación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda nueva.

“La carga fiscal sobre la vivienda nueva se ha convertido en una barrera insostenible para quien quiere comprar su primera vivienda. El comprador asume una carga enorme sin ser consciente de que una parte muy importante de lo que paga no corresponde al valor real de la vivienda, sino a la acumulación de impuestos durante todo el proceso”, afirma.

Desde el sector inmobiliario advierten de que esta presión fiscal se produce en un contexto ya marcado por la escasez de oferta, el aumento de los costes de construcción y las dificultades de financiación que afrontan muchos compradores.

Los expertos consideran que la combinación de estos factores está dificultando cada vez más el acceso a la vivienda en propiedad, especialmente entre los jóvenes. Según las conclusiones del informe, una revisión de las cargas fiscales vinculadas a la promoción y compraventa de vivienda nueva podría contribuir a reducir los precios finales y facilitar el acceso al mercado inmobiliario para miles de familias.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado este lunes que los trabajadores pueden acogerse a los denominados “permisos climáticos” durante los episodios de calor extremo, una medida que permite ausentarse del puesto de trabajo hasta cuatro días con derecho a remuneración cuando exista un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud.

Díaz ha hecho un llamamiento a las empresas para que extremen las medidas de protección frente a las altas temperaturas y prioricen la salud de sus plantillas. “En el caso de que fuera menester, tenemos permisos climáticos para todas las personas trabajadoras de hasta cuatro días; facilitemos las medidas de hidratación, pero si no es suficiente con estas fórmulas, los trabajadores tienen los permisos climáticos. Que nadie corra riesgos”, afirmó.

Las declaraciones de la ministra llegan en plena ola de calor, con buena parte del país registrando temperaturas extremas y numerosos avisos meteorológicos activados por las autoridades.

Qué son los permisos climáticos

Los llamados permisos climáticos fueron incorporados al Estatuto de los Trabajadores tras las modificaciones normativas impulsadas después de la DANA que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana en 2024. La medida busca proteger a los empleados cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos o situaciones de emergencia que puedan poner en peligro su integridad física.

En concreto, el artículo 37.3 g) del Estatuto de los Trabajadores contempla un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente derivada de una catástrofe o de un fenómeno meteorológico adverso. Durante ese periodo, los trabajadores pueden ausentarse de su puesto sin que exista obligación de recuperar posteriormente las horas no trabajadas.

La aplicación de este mecanismo ya ha generado debate entre organizaciones empresariales y sindicatos. Algunas patronales han cuestionado su alcance en ocasiones anteriores, como ocurrió durante los episodios de fuertes vientos que afectaron a Cataluña y limitaron la movilidad de miles de personas.

Trabajo pide adaptar las jornadas

La ministra insistió en que la prioridad debe ser evitar situaciones de riesgo derivadas del estrés térmico. Por ello, reclamó a las empresas que adapten los horarios laborales y adopten medidas preventivas adecuadas para minimizar la exposición de los trabajadores al calor extremo.

“Las empresas de nuestro país pueden y deben adaptar las jornadas laborales”, subrayó Díaz, quien también animó a adelantar las horas de entrada y salida cuando sea posible para evitar los momentos de mayor intensidad térmica.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas las comunidades autónomas, excepto Canarias y la Región de Murcia, mantienen activados avisos por altas temperaturas. En numerosas zonas del país los termómetros se sitúan entre los 38 y los 42 grados, mientras que algunas áreas del País Vasco han alcanzado el nivel rojo de alerta.

La economía social, ejemplo de igualdad

Además de abordar las medidas de protección laboral frente al calor, Yolanda Díaz participó en la presentación de la Red de MujerES por la Economía Social, celebrada en Mataró, ciudad que ostenta la Capitalidad Española de la Economía Social 2026.

Durante el acto, la vicepresidenta destacó el papel de la economía social como referente en materia de igualdad de género. Según explicó, este sector presenta indicadores más favorables que la media del mercado laboral español, con una presencia mayoritaria de mujeres y una brecha salarial que apenas alcanza el 3%.

Díaz defendió que estos datos convierten a la economía social en un modelo a seguir en un contexto marcado por los desafíos sociales y políticos actuales. En su opinión, representa un “dique feminista” frente a quienes cuestionan los avances en igualdad y los derechos conquistados por las mujeres en las últimas décadas.

España se ha consolidado como la economía europea con mayor crecimiento desde los niveles precovid, con un avance del 8,5% que supera en un 40% la media de la eurozona y multiplica por 22 el aumento registrado por Alemania.

Así lo ha asegurado el Gobierno con motivo del acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación”, celebrado este lunes en Madrid. En el encuentro, se han analizado los avances alcanzados desde la puesta en marcha de este plan en 2021 y a poco más de dos meses de culminar su despliegue el próximo 31 de agosto.

En el acto han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, entre otros miembros del Ejecutivo. También ha estado presente la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la estrategia diseñada por España para canalizar los fondos europeos Next Generation con el objetivo de impulsar la recuperación económica tras la pandemia y modernizar el modelo productivo.

El ministro de Economía ha hecho hincapié en que el legado más importante del plan de recuperación es “esta nueva realidad económica y social, con un país más competitivo, más productivo, con una menor desigualdad, más innovador” y “con un PIB potencial que el Banco España estima en más del 2%”.

El Gobierno defiende que el Plan de Recuperación ha cumplido con los tres objetivos que le dan nombre:

Recuperación económica del país

En primer lugar, se ha destacado la recuperación económica experimentada por España desde la pandemia, hasta convertirse en la economía europea que más ha crecido respecto a los niveles previos a la covid. Según el Ejecutivo, el PIB ha avanzado un 8,5%, un 40% por encima de la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania.

Según ha indicado Sánchez, España es a día de hoy “uno de los motores más poderosos de la moneda única en términos de crecimiento económico”.

España, la economía europea que más recursos recibe en relación con su PIB

En el ámbito de la transformación, España se convertirá en la gran economía europea que más recursos ha recibido en relación con su PIB, con más de 60.000 millones de euros en transferencias una vez se materialice el sexto desembolso de los fondos. Además, cerca del 43%, unos 30.000 millones de euros, se han destinado a pymes y autónomos.

España solicitó este sexto y penúltimo desembolso en marzo y su llegada supondrá la entrada de 7.265 millones de euros, según Servimedia.

Sánchez ha asegurado que ya se han completado nueve de cada diez reformas comprometidas con la Comisión Europea y confía en dar continuidad a este proceso a través del futuro Fondo España Crece.

Medidas de resiliencia y prórroga del escudo social

Por último, el presidente del Gobierno ha reivindicado la capacidad de resiliencia adquirida por la economía española ante las sucesivas crisis. En este sentido, ha recordado que en los últimos meses se han movilizado 5.000 millones de euros en ayudas para paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo.

Además, ha avanzado que el próximo lunes se aprobará un nuevo real decreto-ley para prorrogar las medidas del escudo social, ante la previsión de que las consecuencias económicas del conflicto continúen durante los próximos meses.

Los gobiernos central y vasco han firmado este lunes los acuerdos de traspaso a Euskadi de dos nuevas competencias: una relativa a los seguros agrarios y otra sobre la ampliación de funciones en materia de tráfico y seguridad vial.

El acuerdo referente a Tráfico amplía el traspaso materializado en 1982, a través del que la Ertzaintza ya controlaba las carreteras del País Vasco. Ahora se incorporan competencias relacionadas con exámenes, centros de reconocimiento de conductores y de sensibilización y reeducación vial.

En el País Vasco hay una “saturación” en la realización de los exámenes de conducir, por lo que el Gobierno autonómico contemplaba este traspaso como una oportunidad para desatascar la obtención del carné. El volumen total de exámenes de conducción en la región supera los 25.000 anuales, según EFE.

Con estas nuevas competencias, ya serían un total de 12 los traspasos realizados por el Gobierno central al autonómico desde 2023, según el Portal de Normativa Vasca (Lege Gunea).

Nuevas competencias en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos

Como resultado de este acuerdo, el País Vasco pasará a gestionar los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), instalaciones privadas autorizadas para realizar las pruebas médicas y psicológicas necesarias para obtener o renovar el permiso de conducir.

Estos centros se encargan de verificar las aptitudes físicas, psicofísicas y psicológicas de los conductores mediante reconocimientos médicos, pruebas visuales, auditivas y evaluaciones psicológicas.

En la actualidad, Euskadi cuenta con alrededor de 150 centros de este tipo, que también pueden tramitar telemáticamente la renovación de los permisos ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

De este modo, el Gobierno vasco asumirá la autorización, inspección, modificación y, en su caso, sanción de estos centros, unas funciones que actualmente dependen de distintas administraciones. El objetivo de esta medida es simplificar los trámites para la ciudadanía y evitar que quienes lo necesiten tengan que dirigirse a organismos diferentes, según ha informado la Radiotelevisión Pública Vasca (EITB).

Euskadi también gestionará la organización de exámenes de conducir y personal examinador, así como la matriculación de vehículos.

Por otro lado, también se concluye el traspaso de competencias en relación a los centros de sensibilización y reeducación vial, donde se imparten los cursos para recuperar puntos o el permiso de conducir tras su pérdida. A partir de ahora, la comunidad autónoma será competente para autorizar la apertura de estos centros y gestionar todos los procedimientos relacionados con su actividad.

El País Vasco ya venía ejerciendo determinadas funciones en este ámbito desde la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, y este nuevo acuerdo consolida definitivamente esa situación.

Gestión de seguros agrarios

En materia de seguros agrarios, Euskadi cuenta con la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo económico.

Sin embargo, la gestión de los seguros agrarios combinados se encontraba centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Estado y ahora será el País Vasco quien asuma estas funciones en la región, tras el traspaso de competencias aprobado este martes.

De este modo, las ayudas para el pago de primas serían gestionadas directamente por la administración vasca, sin alterar el sistema estatal de seguros agrarios, de manera que no se modificarían las cuantías de las indemnizaciones, las mismas para todo el Estado.

Además de estas dos transferencias en materia de Tráfico y Seguros Agrarios, ambos ejecutivos trabajan para formalizar el traspaso de otras competencias pendientes. Entre ellas, destaca la gestión económica del régimen de la Seguridad Social y la gestión de los puertos de interés general.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes la V convocatoria de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión, destinadas a estudiantes con discapacidad en diferentes fases formativas. Se trata de una subvención de hasta 10.000 euros por persona destinadas a asegurar los apoyos necesarios para su proyecto formativo en condiciones de igualdad.

En esta nueva edición, el programa contará con una financiación de 5,2 millones de euros y se ha previsto una dotación adicional de 1,8 millones con cargo a los presupuestos prorrogados de 2023, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

El plazo para solicitar las ayudas comenzará este martes y estará disponible durante un mes, hasta el próximo 23 de julio. Estas subvenciones se dirigen a sufragar los gastos que hayan tenido las personas con discapacidad en su desarrollo formativo en el curso 2025-2026.

Estas ayudas permiten disponer de asistentes personales o personal de apoyo, intérpretes de lengua de signos, guías intérpretes para personas sordociegas o productos de apoyo necesarios para la mejora educativa de las personas con discapacidad.

Además, las subvenciones cubrirán servicios de fisioterapia, logopedia y otros refuerzos educativos o de autonomía, necesarios para que las personas con discapacidad tengan un desarrollo formativo más saludable y que atienda a sus necesidades terapéuticas.

Quién puede beneficiarse de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas con nacionalidad española o residencia legal en España que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, así como aquellas con capacidad intelectual límite incluidas en medidas de acción positiva para el acceso al empleo.

Estas personas deben cursar estudios en enseñanzas postobligatorias y superiores universitarias y no universitarias en el sistema educativo español. Incluye Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, estudios de idiomas y cursos de preparación para las pruebas de acceso a FP.

El programa también se dirige a aquellas personas que realicen estudios en universidades, cursos impartidos por organizaciones sociales y cursos de preparación de oposiciones para el acceso al empleo público.

Asimismo, la convocatoria favorecerá el acceso de grupos con “mayores dificultades”, como las mujeres con discapacidad —especialmente las víctimas de violencia machista—, quienes viven en entornos rurales, con capacidad intelectual límite, con grandes necesidades de apoyo, personas con trastorno del espectro del autismo y afectadas por polio o síndrome pospolio.

Cómo solicitar las subvenciones para estudiantes con discapacidad

Las ayudas para estudiantes con discapacidad se podrán solicitar desde este martes por varias vías. Según el Real Patronato sobre Discapacidad, la “opción preferente” es la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, donde se puede rellenar y envíar directamente el formulario.

También se pueden presentar a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, en cualquier oficina de registro de las administraciones públicas, o mediante el servicio ORVE en oficinas de Correos, que permite enviar la documentación de forma digital a la Administración.

En todos los casos, la solicitud debe dirigirse al Real Patronato sobre Discapacidad (DIR3: EA0042662) e indicar en el asunto “PRLI-V” junto con el nombre y DNI de la persona solicitante o beneficiaria.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de las gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,379 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,368 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,461 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,56 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,75 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,604 euros el litro

Precio mínimo: 1,307 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,795 euros el litro

Precio mínimo: 1,588 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,595 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

España se encamina hacia una nueva estructura de hogares más pequeña y solitaria. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que los hogares unipersonales serán el tipo de hogar más frecuente en 2041, con 6,7 millones, el 30,6% del total. Es decir, casi uno de cada tres hogares estará formado por una sola persona.

Sin embargo, las previsiones demográficas chocan con el mercado actual de la vivienda. Según un análisis de Idealista, alquilar un estudio medio en España exige ingresar 34.000 euros netos al año para que la renta no supere el 30% de los ingresos. El cálculo parte de un alquiler medio de 850 euros mensuales para este tipo de vivienda.

El contraste abre una pregunta económica de fondo: cómo encajará ese cambio demográfico con un mercado residencial que ya exige ingresos difíciles de alcanzar para una sola nómina. El último dato anual del INE sitúa el salario medio en 29.540,26 euros brutos por trabajador en 2024. Idealista, en cambio, calcula el ingreso neto necesario para alquilar.

No son cifras directamente equivalentes, pero la distancia es evidente: el dinero limpio necesario para arrendar un estudio supera incluso el salario medio antes de impuestos y cotizaciones.

Cuánto dinero hace falta para vivir solo en España

Vivir solo puede ser una elección, una emancipación, una separación o la consecuencia del envejecimiento. En todos los casos, concentra en una persona costes que muchas veces se reparten entre dos: alquiler, hipoteca, suministros, comunidad, alimentación e imprevistos.

El análisis de Idealista calcula que una persona sola necesita 34.000 euros netos anuales para alquilar un estudio en España sin superar una tasa de esfuerzo del 30%. Traducido a ingresos mensuales, equivale a unos 2.833 euros netos al mes si se cobra en 12 pagas, o 2.429 euros netos mensuales si se cobra en 14.

La presión se agrava en las ciudades más caras. En Barcelona, Madrid y Palma, alquilar un estudio exige ingresar 44.000 euros netos al año, según Idealista. En Valencia, la cifra se sitúa en 42.000 euros, y en San Sebastián y Vitoria, en 35.000 euros.

El alquiler no es la única barrera. Comprar un estudio exigiría, según el mismo análisis, menos ingresos anuales: 20.920 euros netos para afrontar una cuota hipotecaria estimada de 523 euros mensuales. Pero la compra tiene un obstáculo inicial mucho más difícil de salvar para muchas personas que viven solas: el ahorro previo. El portal inmobiliario estima que harían falta 47.700 euros para cubrir el 20% del precio no financiado por la hipoteca y alrededor de un 10% adicional en gastos e impuestos.

El hogar más común será de una persona

El cambio que anticipa el INE no es menor. Los hogares unipersonales pasarían de 5.620.017 en 2026 a 6.723.570 en 2041. Son 1.103.553 hogares más de una sola persona en quince años, un crecimiento del 19,6%. En ese año representarían el 30,6% del total y superarían ligeramente a los hogares de dos personas, que alcanzarían el 30,5%.

El número total de hogares también aumentaría: de 19,76 millones en 2026 a 21,94 millones en 2041, unos 2,18 millones más. La población residente en viviendas familiares crecería menos, un 8,4%, mientras los hogares aumentarían un 11,1%. Esta diferencia ayuda a explicar el fenómeno: no se trata solo de que España tenga más población, sino de que habrá más unidades de convivencia.

El propio INE advierte de que estas proyecciones no son una predicción cerrada, sino una simulación de lo que ocurriría si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales.

Pero el aumento de hogares de una persona no garantiza que haya suficientes viviendas pequeñas, asequibles y bien localizadas para quienes solo cuentan con una renta. Tampoco que vivir solo sea una opción económica posible para quienes no tienen salarios altos, ahorro previo o ayuda familiar.

La vivienda se paga mejor entre dos

El salario medio anual publicado por el INE fue de 29.540,26 euros brutos en 2024. La cifra subió un 5,3% respecto al año anterior, pero sigue por debajo del umbral neto que Idealista calcula necesario para alquilar un estudio. Además, el promedio oculta diferencias relevantes. El salario medio de las mujeres fue de 26.904,90 euros brutos, frente a 32.057,55 euros en el caso de los hombres. En sectores como la hostelería, la ganancia media anual se situó en 17.653,42 euros.

Los datos más recientes de costes laborales apuntan a una mejora nominal de los salarios, pero no resuelven por sí solos la distancia con la vivienda. En el primer trimestre de 2026, el coste salarial medio fue de 2.403,80 euros brutos por trabajador y mes, un 4,9% más que un año antes, según el INE. Aunque esta referencia es distinta al salario neto disponible, sirve para dimensionar el problema: incluso con salarios al alza, vivir solo sigue exigiendo una capacidad económica elevada.

La cuestión deja de ser solo estadística. Compartir casa, vivir en pareja o sumar rentas no debería funcionar como condición económica para acceder a una vivienda, pero el mercado se comporta cada vez más como si lo fuera.

En este sentido, las proyecciones del INE no hablan solo de cómo vivirá España dentro de tres lustros; también obligan a mirar el presente. Si el hogar más común del futuro tendrá una sola persona, la pregunta es cuántas podrán sostener una vivienda sin que el alquiler o la hipoteca absorban una parte desproporcionada de sus ingresos.

La paga extraordinaria de verano supone un balón de oxígeno para millones de trabajadores españoles. Para muchos, representa la oportunidad perfecta para financiar las vacaciones, renovar algún electrodoméstico o darse un capricho tras meses de trabajo. Sin embargo, los expertos en finanzas personales advierten de que este ingreso adicional puede convertirse en una trampa financiera si no se gestiona correctamente.

La extra se cobra entre finales de junio y mediados de julio y muchos la perciben como un dinero inesperado o una recompensa, lo que hace que “la malgasten”, señalan los expertos. Para evitarlo, recomiendan administrarla con la misma responsabilidad que cualquier otra nómina y evitar decisiones impulsivas que puedan comprometer la estabilidad económica futura de los asalariados.

“El problema no es gastar una parte en vacaciones, cenas o caprichos. El problema es hacerlo sin haber mirado antes si tenemos deudas caras, si el colchón de emergencia está cubierto o si hay un objetivo importante que llevamos meses aplazando”, apunta Cristina Casillas, experta del comparador financiero HelpMyCash. Advierte que la extra “puede desaparecer en dos semanas o puede darnos aire durante meses. La diferencia está en decidir antes de gastar”.

Lo primero es hacer cuentas

Para sacar el mayor partido de la extra, los expertos recomiendan dedicar unos minutos a revisar el estado de las finanzas personales antes de decidir el destino que la van a dar. Este sencillo ejercicio permite identificar cuáles son las necesidades más urgentes y evitar compras impulsivas que terminan generando arrepentimiento.

La pregunta clave es sencilla: ¿qué necesita ahora mismo mi economía? La respuesta marcará el camino a seguir. En algunos casos será reducir deudas; en otros, reforzar el ahorro o avanzar hacia un objetivo concreto que lleva tiempo posponiéndose.

Desde HelpMyCash recuerdan que una buena planificación no implica renunciar al disfrute. Al contrario, permite repartir el dinero de manera equilibrada para cubrir necesidades financieras y reservar una parte para el ocio sin sentimiento de culpa.

Las deudas caras, el principal enemigo a combatir

Para quienes mantienen préstamos al consumo, tarjetas de crédito con pagos aplazados o tarjetas revolving, lo primordial debería ser reducir o eliminar esas obligaciones financieras. “Amortizar debería ser la prioridad”, afirma tajante Cristina Casillas.

A su juico, “no tiene sentido dejar el dinero parado en la cuenta o gastarlo en vacaciones mientras una deuda al 15%, al 18% o al 20% sigue creciendo”. Esto se explica porque mes a mes, esos intereses se van acumulando y reducen la capacidad económica futura del consumidor.

En este escenario, amortizar deuda ofrece una rentabilidad inmediata equivalente al interés que se deja de pagar. En muchos casos, esa rentabilidad supera ampliamente la que podría obtenerse mediante productos de ahorro tradicionales.

Reforzar el colchón de emergencia

Una vez controladas las deudas más costosas, el siguiente paso debería ser fortalecer el fondo de emergencia. Un ahorro destinado a cubrir imprevistos como averías domésticas, gastos médicos, reparaciones del coche o periodos temporales de desempleo.

Los especialistas recomiendan disponer de una reserva equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos. Sin embargo, muchas familias españolas no cuentan con esa protección. Una forma rápida de conseguirla y ganar seguridad financiera es reforzar el colchón de emergencia con la paga extra. Esta estrategia también evita recurrir a créditos caros cuando surge un problema inesperado.

“Puede no ser el destino más atractivo, pero sí uno de los más útiles para cuando llega una avería, una factura inesperada o un mes complicado”, indica Casillas.

La regla 50/30/20 adaptada a la paga extra

Para quienes buscan una fórmula sencilla para gestionar bien la extraordinaria, desde HelpMyCash proponen una adaptación de la popular regla financiera 50/30/20. Según este modelo, el 50% de la paga extraordinaria debería destinarse a obligaciones financieras pendientes o al fondo de emergencia. Otro 30% puede reservarse para un objetivo concreto y previamente definido, mientras que el 20% restante puede gastarse libremente en lo que se desee.

“La clave de esta regla es que no exige ser perfecto. Te permite avanzar sin renunciar por completo a disfrutar. Ahorras, reduces presión y también disfrutas. Porque renunciar a todo suele funcionar tan mal como gastarlo todo”, advierte Casillas.

Pone el ejemplo de una persona que recibe una paga extraordinaria de 1.000 euros. Podría dedicar 500 euros a reforzar sus finanzas, 300 euros a un objetivo específico y 200 euros a ocio o vacaciones.

Un truco para evitar gastos impulsivos

Una de las medidas más efectivas para no caer en gastos superfluos consiste en mover el dinero nada más recibirlo. Los expertos recomiendan distribuir la paga extraordinaria en diferentes cuentas o destinos desde el mismo día del ingreso.

Cuando el dinero permanece mezclado en la cuenta corriente, resulta mucho más fácil que se gaste en pequeñas compras cotidianas, comidas fuera de casa, escapadas improvisadas o gastos que apenas se recuerdan unos meses después.

“Separar el dinero ayuda a decidir mejor. Se puede transferir una parte a una cuenta de ahorro, otra a amortizar deuda y otra a una cuenta para vacaciones. Lo importante es no dejar la extra a la vista esperando a ver qué pasa porque si permanece en la cuenta corriente, es más fácil que acabe diluyéndose en pequeños gastos”, incide la experta de HelpMyCash.

Pensar en el largo plazo también tiene premio

Para quienes ya tienen las finanzas saneadas, sin deudas importantes y con un fondo de emergencia consolidado, la paga extra puede convertirse en una oportunidad para invertir. Los expertos consideran que realizar una aportación puntual a productos diversificados de inversión, como fondos indexados vinculados a grandes índices bursátiles, puede ser una forma de poner a trabajar ese dinero a largo plazo.

“No se trata de complicarse ni de buscar el producto de moda. Se trata de que una parte de ese ingreso extraordinario trabaje para nosotros durante años. Eso sí, invertir solo tiene sentido si no se va a necesitar ese dinero a corto plazo y si se entiende que su valor puede subir y bajar”, subraya Cristina Casillas.

Reconoce que disfrutar de una parte de la paga extraordinaria es perfectamente compatible con una gestión responsable. El objetivo no es convertir cada euro en una obligación financiera, sino encontrar un equilibrio que permita disfrutar del presente sin poner en riesgo la estabilidad económica del futuro.

Las ejecuciones hipotecarias han vuelto al debate sobre la vivienda en España tras los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE): durante el primer trimestre de 2026, se iniciaron 6.602 ejecuciones hipotecarias, un 20,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato supone un repunte significativo que ha encendido las alarmas en el sector inmobiliario y financiero, especialmente por el impacto que tiene sobre miles de familias.

Del total de procedimientos registrados, 6.275 corresponden a fincas urbanas y 327 a fincas rústicas, y aunque estas cifras están lejos de los máximos alcanzados durante la crisis financiera de 2008, su incremento rompe con la tendencia de estabilidad observada en los últimos años.

El aumento de ejecuciones hipotecarias afecta principalmente a viviendas habituales. Así, las ejecuciones sobre inmuebles propiedad de personas físicas crecieron entre enero y marzo de 2026 un 35,8% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las iniciadas sobre residencias principales aumentaron un 38,1%. En términos absolutos, se contabilizaron 3.328 procedimientos sobre viviendas habituales, la cifra más elevada para un primer trimestre desde 2022.

El impacto social preocupa más que el dato económico

El hecho de que el incremento se concentre en viviendas habituales y no en segundas residencias, locales comerciales o inmuebles destinados a inversión añade una dimensión social preocupante. Detrás de cada procedimiento existe una familia con dificultades para hacer frente a los pagos de su préstamo hipotecario.

Sin embargo, los expertos descartan interpretaciones alarmistas. Explican que el repunte se produce en un contexto muy diferente al de la anterior crisis inmobiliaria. Actualmente, el mercado residencial atraviesa una etapa de fuerte actividad, con un elevado número de compraventas y una recuperación sostenida del crédito hipotecario.

Este repunte “es coyuntural y responde en buena medida al volumen de créditos firmados en los últimos años”, argumenta Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

En su opinión, las ejecuciones hipotecarias no pueden analizarse de forma aislada, sino en relación con la evolución del mercado hipotecario en su conjunto. “A mayor número de hipotecas concedidas, mayor es también la probabilidad estadística de que una parte de ellas termine derivando en procedimientos de ejecución”, explica Martínez.

A más hipotecas, más desahucios

Los datos del INE respaldan esta interpretación. Durante el primer trimestre de 2026 se formalizaron 131.554 hipotecas para la adquisición de vivienda, la cifra más elevada para este periodo desde hace 15 años. El dato refleja que el acceso al crédito sigue creciendo y que la financiación hipotecaria continúa siendo una pieza fundamental del mercado inmobiliario español.

Además, la evolución trimestral introduce matices importantes. Aunque las ejecuciones aumentaron un 20,1% en comparación con el primer trimestre de 2025, descendieron un 4,7% respecto al último trimestre del pasado año. Esto indica que, pese al incremento interanual, la tendencia reciente muestra ciertos signos de moderación.

La distribución geográfica también refleja que el fenómeno se concentra en las regiones con mayor actividad inmobiliaria y mayor densidad de población. Andalucía lidera las certificaciones de ejecución hipotecaria con 1.813 casos, seguida por Cataluña con 1.157.

En cuanto a viviendas afectadas, Andalucía encabeza igualmente la lista con 1.226 casas, por delante de Cataluña, con 906, y la Comunidad Valenciana, con 657. En el extremo opuesto se sitúa La Rioja, con apenas 24 casos.

Las hipotecas de la burbuja pasan factura

Uno de los aspectos más llamativos de estas cifras es que más del 40% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas durante el primer trimestre tienen su origen en préstamos concedidos entre 2005 y 2008, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.

Este fenómeno demuestra que las ejecuciones hipotecarias son uno de los indicadores más retardados del mercado inmobiliario. Los problemas económicos que derivan en un procedimiento de este tipo suelen acumularse durante años antes de desembocar en una situación de impago irreversible, señala Laura Martínez.

No obstante, los expertos insisten en que las circunstancias actuales son radicalmente distintas a las que provocaron la crisis financiera. Mientras que en 2014 se registraron 70.422 ejecuciones hipotecarias, durante todo el año 2025 la cifra fue de 14.962. La diferencia evidencia que el sistema financiero y el marco regulatorio han evolucionado positivamente durante la última década.

El papel del Código de Buenas Prácticas

Una de las principales herramientas que han contribuido a contener el impacto social de las ejecuciones es el Código de Buenas Prácticas (CBP), puesto en marcha en 2012 tras el estallido de la crisis inmobiliaria.

Este mecanismo obliga a las entidades financieras adheridas a ofrecer alternativas antes de iniciar un embargo. Entre ellas figuran la reestructuración de la deuda mediante ampliaciones de plazo, periodos de carencia o reducciones temporales del tipo de interés.

Cuando estas medidas no resultan suficientes, también pueden contemplarse quitas sobre la deuda pendiente o incluso la dación en pago, mediante la cual el propietario entrega la vivienda para cancelar completamente el préstamo hipotecario. Estas soluciones han permitido evitar procedimientos y reducir el número de familias que terminan perdiendo su vivienda.

¿Tiene la culpa el euríbor?

El repunte de las ejecuciones coincide con un cambio de tendencia en el euríbor, el principal índice de referencia para las hipotecas variables. Después de varios meses de estabilidad en torno al 2,2%, el indicador ha retomado una senda alcista y se acerca nuevamente al 3%.

A pesar de ello, los expertos descartan que esta evolución explique por sí sola el incremento de los procedimientos. Laura Martínez estima que la escalada del euríbor “no afecta tanto como para que las cuotas de los usuarios con hipoteca variable sufran una subida tan drástica como para no poder hacerse cargo de su pago”. De hecho, más del 60% de las hipotecas firmadas son fijas, por lo que una subida de los tipos de interés no afecta de manera radical a las hipotecas ya firmadas.

¿Habrá más desahucios en los próximos meses?

La ejecución hipotecaria constituye únicamente el primer paso de un proceso que, en algunos casos, puede terminar en el lanzamiento o desahucio de la vivienda. Sin embargo, los datos disponibles no apuntan a una escalada inmediata de este fenómeno.

Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante 2025 se practicaron 25.540 lanzamientos, un 11% menos que el año anterior. Esta evolución sugiere que muchas situaciones de impago encuentran soluciones antes de llegar a la pérdida efectiva del inmueble.

Los especialistas consideran que el incremento de las ejecuciones no debe interpretarse como el preludio de una nueva crisis hipotecaria. Más bien refleja situaciones puntuales de vulnerabilidad financiera en un mercado que continúa creciendo y generando actividad.

Saldo vivo hipotecario

Frente al aumento de las ejecuciones, existe otro indicador que ofrece una imagen mucho más favorable de la situación financiera de los hogares: el saldo vivo hipotecario.

Según los últimos datos del Banco de España, la deuda pendiente asociada a la adquisición de vivienda alcanzó en abril de 2026 los 521.517 millones de euros, su nivel más elevado desde 2017. Lejos de interpretarse como una señal de riesgo, los expertos consideran que este crecimiento refleja una mayor actividad económica y una recuperación sostenida de la financiación residencial.

La entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario en 2019 ha contribuido además a reforzar la protección de los consumidores, mejorar la transparencia de los contratos y elevar los estándares de solvencia exigidos por las entidades financieras.

El resultado es un mercado hipotecario más sólido que el de hace dos décadas. Las familias acceden al crédito con mayores garantías, predominan las hipotecas a tipo fijo y las entidades aplican criterios de concesión mucho más estrictos.

Por ello, aunque el aumento de las ejecuciones hipotecarias merece seguimiento y atención, los expertos coinciden en que España está hoy muy lejos de revivir una situación similar a la experimentada durante la Gran Recesión. El mercado residencial atraviesa una fase expansiva y de normalización en la que los indicadores de actividad continúan mostrando una base sólida, pese a las señales de alerta que dejan los primeros meses de 2026.

El negocio de los espetos forma parte del día a día de muchas familias de la Costa del Sol que han continuado con este legado desde hace décadas. Para Francisco ‘Kiko’ Rodríguez, propietario del restaurante Casa Kiko, ubicado en el Rincón de la Victoria (Málaga), el pescado ensartado en cañas ha sido “toda su vida” y, hoy, su principal sustento.

En su caso, el vínculo con este oficio no responde únicamente a una actividad económica, sino también a una herencia familiar. Rodríguez creció viendo cómo su abuelo, padre y tío, los tres espeteros, trabajaban frente al mar y cómo una técnica transmitida durante generaciones acabó convirtiéndose en uno de los símbolos gastronómicos más reconocibles de Málaga. Recuerda que su padre acogió su primer negocio cuando él era un niño y cómo era su vida durante esa época: “Antiguamente trabajábamos todos para todos”, señala. En su caso, ayudaban a sus padres en el restaurante sus dos hermanos mayores y unos tíos cercanos, por lo que “nunca había un camarero de fuera, siempre era la familia”.

Precisamente, su padre era quien estaba al frente de la barca preparando espetos. El propietario de Casa Kiko cuenta que detrás del bar que regentaba su familia vivía un vecino que tenía un barco. Hace años, este hombre salía a pescar por las noches y las sardinas que capturaba eran las que se espetaban en el restaurante al día siguiente, una práctica habitual en aquella época. Por la mañana, su padre colocaba las sardinas en cajas de corcho e iba “haciendo las filitas” de espetos para posteriormente echarles sal a todos antes de cocinarlos. “Mi padre hacía los espetos en cañas”, indica.

Según explica Rodríguez, el espeto “de toda la vida” ha tenido sido seis sardinas, aunque cuando el pescado es más fino pueden ser de ocho y, si es más grueso, caben cinco. En este aspecto, señala, es importante tener en cuenta que “siempre se pone un espeto por caña, que suele ser de unos 30 centímetros”. Sin embargo, “ahora, debido a la alta demanda, los bares que tienen mucho jaleo ponen dos o tres espetos en una misma caña más larga”.

Los espetos de sardinas, el motor de su negocio

El propietario de Casa Kiko también conoce en primera persona todas las dificultades que este oficio supone y cómo los malagueños más jóvenes han comenzado a perder el interés por trabajar frente a una barca y brasas encendidas durante los meses de verano. Él mismo nunca pudo desempeñar el papel de espetero por motivos de salud, por lo que su trayectoria profesional ha estado más vinculada a la gestión del restaurante que al trabajo junto a las brasas.

Tras más de 20 años con su propio negocio, el restaurante Casa Kiko, Rodríguez afirma que el mayor reclamo, tanto entre turistas como los propios malagueños, es el espeto de sardinas, el tradicional. “Si no tuviéramos espetos, no vendrían tantos clientes”, asegura.

Pero las sardinas, aunque son la principal imagen de esta gastronomía tradicional de la Costa del Sol, no son el único pescado que se prepara ensartado en una caña a pie de playa. También se puede encontrar bacalao en espeto, dorada o merluza, entre muchos otros.

Rodríguez admite que a día de hoy “han cambiado mucho las cosas” —la forma de trabajar en un restaurante frente al mar ya no es la misma que cuando comenzó—, pero la popularidad de esta comida se hace evidente cada fin de semana. Entre sábado y domingo, el negocio llega a vender entre 500 y 600 espetos.

El empresario destaca que lo mejor de este trabajo “es ver la satisfacción que tiene el cliente al decir lo buenas que están las sardinas espetadas”. Sin embargo, considera, en muchas ocasiones solo se valora el resultado final, y no las dificultades a las que se enfrenta el espetero, quien trabaja frente a brasas encendidas a pleno sol, soportando el calor y el humo constante.

Un oficio en peligro de relevo

Precisamente, una de las principales preocupaciones de Rodríguez es la falta de relevo generacional en este oficio. Asegura que cada vez resulta más difícil encontrar espeteros, debido a la dureza del trabajo diario, especialmente por las altas temperaturas que desprenden las brasas. “Lo peor de los espetos es cómo quema la candela, eso te abrasa”, indica.

Casa Kiko ha contado durante su trayectoria como negocio con varios espeteros, generalmente familiares o amigos cercanos con experiencia en el oficio. Pese a ello, Rodríguez reconoce que actualmente encontrar a una persona que quiera trabajar frente a una barca “es muy raro”. “El oficio se está perdiendo”, asegura, pese al éxito constante de los espetos entre los clientes.

Esto se debe a que, entre otras dificultades, cuando un espetero comienza en el oficio, “los primeros días sale con heridas. Cuando lleva un mes trabajando, se le habitúan las manos, la piel y la cara, y ya después comienza a trabajar con normalidad”. “Hasta que te adaptas a la candela, te estás quemando”, añade.

No obstante, pese a las duras condiciones del trabajo y a la incertidumbre del relevo generacional en el oficio, para Rodríguez los espetos “han sido toda su vida”, una tradición que ha vivido de cerca desde la infancia y que forma parte de su identidad, así como de muchos otros malagueños.

Uno de los inmuebles históricos más singulares del centro de Sevilla se ha reinventado. La Real Casa de la Moneda, el antiguo edificio del siglo XVI donde se acuñó parte de la riqueza llegada de América, estrena una segunda vida como complejo de diez apartamentos turísticos de lujo, con tarifas que arrancan desde los 180 euros por noche los más baratos.

El proyecto, impulsado bajo la marca Real Casa de la Moneda Deluxe Apartments, ha transformado el interior del inmueble sin alterar su fisonomía exterior. La intervención ha preservado la fachada original, el paso de carruajes con sus bóvedas, el artesonado de madera, los muros de ladrillo visto —conocidos como muros capuchinos—, los balcones con balaustradas de hierro, las tejas originales y las carpinterías de madera. Todos estos elementos figuran bajo protección patrimonial y han sido rehabilitados con técnicas tradicionales y materiales de procedencia local.

La oferta se articula en dos tipos de alojamiento. Seis apartamentos de entre uno y tres dormitorios en las plantas inferiores, y cuatro áticos dúplex de cuatro dormitorios con terrazas privadas en las plantas superiores. Cada unidad lleva el nombre de un monumento o lugar representativo de la ciudad: Real Alcázar, Archivo de Indias, Torre de la Plata, Fábrica de Tabaco, La Maestranza, Torre del Oro, La Giralda, La Caridad, Casa Pilatos y Los Venerables. Además, tres de los cuatro áticos disponen además de piscina privada en terraza, con vistas sobre la trama urbana histórica de la capital andaluza.

Servicios de hotel en un apartamento histórico

Desde el punto de vista del servicio, el establecimiento adopta un modelo que se sitúa entre el apartamento turístico y el hotel boutique. Cuenta con recepción disponible las 24 horas, desayuno continental —con un coste adicional de 11,45 euros por persona— y opciones de cena a través de servicio de catering o cocinero privado.

El diseño interior apuesta por espacios amplios y luminosos, con distribuciones que priorizan la entrada de luz natural. La paleta cromática se basa en tonos del mortero de cal, con colores suaves que buscan transmitir calma y calidez. La decoración mezcla piezas de artesanía y elementos de autor: vajillas pintadas a mano con técnicas centenarias, macetas elaboradas por alfareros del barrio de Triana, vasijas antiguas, espejos de anticuario y una selección de fotografías históricas del siglo XIX de Sevilla.

El edificio, que se ubica en la calle Habana, en pleno casco histórico, permite divisar monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como la Catedral, el Archivo de Indias y el Real Alcázar. El propio entorno sonoro del inmueble —donde aún se escucha el paso de coches de caballos bajo el arco de entrada— forma parte de la experiencia que el proyecto quiere ofrecer.

El establecimiento ya opera y acepta reservas a través de su web oficial, donde ofrece un descuento del 10% sobre la tarifa base para reservas directas. Los precios arrancan desde 180 euros por noche en los apartamentos de menor capacidad y llegan hasta superar los 500 euros por noche en los áticos dúplex con terraza y piscina privada.

La lista de la compra está cada vez más cara, pero no todos los alimentos han subido de la misma manera. Los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de mayo de 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que algunos productos acumulan alzas de hasta el 16% en los últimos doce meses, con las legumbres verdes, las hortalizas de fruto y los huevos a la cabeza de los encarecimientos más pronunciados.

En concreto, las legumbres verdes —judías y guisantes, habas, tirabeques, pochas frescas o brotes de soja, entre otras— han registrado la mayor subida de toda la cesta de la compra, siendo un 16,3% más caras que en mayo de 2025. Las hortalizas cultivadas por su fruto, una categoría que agrupa tomates, pepino, calabacín, berenjena, pimiento o maíz dulce, les siguen de cerca con un alza del 15,2% en el mismo periodo.

El tercer puesto del podio del encarecimiento lo ocupan los huevos, cuyo precio ha subido un 13,7% en el último año. Una escalada que llega después de varios meses de presión sobre este producto, convertido en termómetro habitual del coste de la alimentación básica para muchas familias españolas.

El pescado y los productos del mar, también al alza

Más allá de frutas y verduras, el mar no ha evitado la presión de la inflación. El pescado fresco, refrigerado o congelado acumula un encarecimiento del 9,7% en los últimos doce meses, de acuerdo con los datos del INE. Además, la casquería —hígado, mollejas, riñones, sesos o criadillas— ha subido un 7,7%, mientras que los preparados de marisco se han encarecido un 6,1%.

Por otro lado, los cítricos frescos —naranjas, limones, limas, mandarinas y pomelos— también han subido, situándose un 5,7% más caros que hace un año. El pescado seco, salado, en salmuera o ahumado cierra este grupo de alzas con un incremento del 5,4%.

Lo que sí ha bajado: frutas tropicales y sandía

Frente a este panorama de subidas, algunos productos han ido a contracorriente. Las frutas tropicales —aguacates, plátanos, piñas, mangos, papayas, chirimoyas o dátiles— protagonizan la caída más llamativa, siendo un 18,2% más baratas que en mayo del año pasado. Otras frutas frescas, como melones, sandías, kiwis o uvas, también han bajado de precio, en este caso un 9%.

El azúcar de caña y de remolacha se ha abaratado un 3,5%, y los aceites vegetales —recuperados tras el fuerte ciclo alcista de años anteriores— cedieron un 2,5%. Las patatas y otros tubérculos también han registrado una ligera caída del 2,2%.

Mayo dispara las frutas y desploma las verduras de temporada

En términos mensuales, la comparativa entre mayo y abril de 2026 muestra movimientos bruscos propios de la estacionalidad agrícola. Las otras frutas frescas -melones, sandías, kiwis- han sido los alimentos que más han subido de precio en este mes, con un alza del 11,9% respecto a abril. Las frutas tropicales han avanzado un 8,1%, las bayas frescas un 4,2% y los cítricos un 4%.

En el lado opuesto, las hortalizas cultivadas por su fruto han sido las que más bajaron en mayo frente al mes anterior, con un desplome del 14,4%. Las legumbres verdes también cedieron terreno en ese periodo mensual, con una caída del 13,4%, lo que refleja la alta volatilidad de estas categorías según la época del año.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.

Los trabajadores autónomos llegan a la jubilación con una pensión muy inferior a la de los asalariados, aunque retrasen mucho más su salida del mercado laboral. La pensión media de jubilación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se situó en enero de 2026 en 1.054,4 euros al mes, frente a los 1.724,1 euros del Régimen General, según los datos de pensiones en vigor de la Seguridad Social correspondientes a ese mes. La diferencia alcanza los 669,7 euros mensuales y, calculada en 14 pagas, supera los 9.300 euros al año: en concreto, 9.375,8 euros menos para un jubilado procedente del RETA.

Ese desfase marca el dinero disponible cada mes para afrontar vivienda, suministros, alimentación, cuidados o ayuda familiar en una etapa en la que la pensión suele convertirse en el principal ingreso. El ‘Observatorio Social de las Personas Mayores 2026′ de CCOO, publicado en junio y basado en datos de la Seguridad Social para este apartado, añade otra clave: los autónomos se retiran más tarde que los asalariados, pero esa prolongación de la vida laboral no elimina la distancia económica entre ambos regímenes.

Los autónomos retrasan mucho más la jubilación

Según el informe de CCOO, con datos de Seguridad Social sobre las nuevas altas de jubilación registradas en 2025, la jubilación demorada representó el 31,1% de las altas en el RETA, frente al 6% registrado en el Régimen General. Es decir, esta modalidad fue más de cinco veces más frecuente entre los trabajadores por cuenta propia que entre los asalariados.

Este retiro tardío permite seguir trabajando más allá de la edad ordinaria y puede mejorar la pensión final. Aun así, las nuevas altas de 2025 muestran que la distancia entre regímenes se mantiene también entre quienes accedieron a esta modalidad: la pensión media fue de 1.839,87 euros mensuales en el Régimen General y de 1.029,96 euros en el RETA. La diferencia alcanza en este caso los 809,91 euros al mes.

La brecha también aparece entre quienes se jubilaron con edad ordinaria en 2025. En este grupo, la pensión media fue de 1.698,98 euros mensuales en el Régimen General y de 1.052,35 euros en el RETA, una distancia de 646,63 euros al mes el pasado año.

Casi las mismas jubilaciones demoradas entre autónomos y asalariados

El peso de los autónomos en el retiro tardío también se observa en números absolutos. El informe de CCOO recoge 308.276 altas de jubilación en el Régimen General y 64.267 en el RETA. Aun así, las jubilaciones demoradas fueron casi las mismas: 20.863 en el Régimen General y 20.013 entre los autónomos.

El cálculo permite dimensionar la desproporción. El RETA representa alrededor del 17% de las altas de jubilación, pero concentra cerca del 49% de los retiros tardíos. Es decir, hay muchos menos autónomos entrando en la jubilación, pero casi tantos autónomos como asalariados del Régimen General retrasando su retiro.

La Seguridad Social comunicó que en 2025 hubo 375.324 nuevas altas de jubilación en el conjunto del sistema. De ellas, 104.655 fueron anticipadas, el 27,9%, y 270.622 se produjeron con edad ordinaria, el 72,1%. La jubilación demorada alcanzó el 10,9% de las altas.

Menos jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia

Ese patrón también se aprecia en la jubilación anticipada. Según los datos recogidos por CCOO, el 32% de las altas del Régimen General fueron anticipadas, frente al 13,4% en el RETA. En cifras absolutas, se registraron 93.566 altas anticipadas en el Régimen General y 8.615 entre los trabajadores autónomos en 2025.

También aquí se mantiene la distancia en las cuantías. La pensión media de las jubilaciones anticipadas fue de 1.826,34 euros en el Régimen General y de 1.257,34 euros en el RETA, una diferencia de 569 euros al mes. La diferencia se mantiene, por tanto, incluso entre quienes accedieron a la jubilación anticipada, una opción que exige cumplir determinados requisitos de cotización.

La clave está en cómo se construye la pensión durante la vida laboral. El informe de CCOO recuerda que las prestaciones reflejan las trayectorias profesionales previas: cuanto más extensa y sólida es la carrera de cotización, mayor es la protección al jubilarse.

Tener una empresa valorada en 1.000 millones de dólares sin salir a bolsa no es fácil. A escala global, existen algo más de 1.300 compañías que pueden presumir de este logro, de las que cinco se encuentran en territorio español. Estas empresas son conocidas como ‘unicornios’, un término acuñado en 2013 por la inversora de Silicon Valley Aileen Lee y que, en España, pertenece a las ‘startups’ Perk (antes TravelPerk), Jobandtalent, Cabify, Recover y Factorial.

El término de empresa unicornio lo acuña Lee en un artículo en el que, tras analizar cerca de 60.000 startups tecnológicas (privadas) fundadas entre 2003 y 2013, identificó únicamente 39 compañías que habían alcanzado una valoración superior a los 1.000 millones de dólares en rondas de financiación privadas -ya sea mediante inversión de capital riesgo, fondos soberanos, inversores estratégicos o combinaciones de capital y deuda, pero que aún no ha salido a cotizar en un mercado regulado-, subrayando así lo extraordinario que era entonces este tipo de proyectos, capaces de crecer a gran velocidad en poco tiempo.

En la última década, el salto en el número de empresas que superan la marca de los 1.000 millones de dólares ha sido destacado, pasando de las 39 registradas por Lee en 2013 a las 498 en 2019 -pandemia- y las 1.361 contabilizadas en 2023 por el Hurun Research Institute, que se encarga de registrar estas compañías con su Índice Global de Unicornio. Este salto supone un aumento del 175% desde la pandemia hasta 2023, con una valoración acumulada de 4,3 billones de dólares, principalmente por el auge de sectores como el fintech, el software como servicio, el comercio electrónico o la inteligencia artificial.

Los últimos datos del informe Hurun (2025) contabilizan 1.522 empresas unicornio en el mundo. En cuanto a la distribución geográfica, gran parte de estas startups se concentran en pocos países, siendo Estados Unidos el epicentro del fenómeno ya que alberga casi la mitad de los unicornios mundiales. El segundo gran polo de generación de empresas valoradas en 1.000 millones de dólares es China, con empresas que compiten en sectores que van desde la inteligencia artificial hasta los vehículos eléctricos. El tercer Estado con más unicornios es India, destacando en áreas como fintech, comercio B2B o movilidad.

España, sede de cinco unicornios

El ecosistema español de startups ha logrado posicionarse como el principal referente del sur de Europa, aunque sigue por detrás de los grandes polos del norte. Ciudades como Barcelona y Madrid concentran la mayoría de las empresas de alto crecimiento. Esta concentración geográfica responde a la presencia de talento, universidades y acceso a inversores, si bien existen iniciativas destacadas en otras regiones.

En los últimos años, el auge del sector se ha visto impulsado por rondas de financiación cada vez mayores. Empresas como Jobandtalent y TravelPerk han cerrado operaciones de cientos de millones, lo que ha permitido a varias compañías superar el umbral necesario para ser consideradas unicornios. Sin embargo, la cifra exacta de unicornios españoles varía según la fuente y la definición empleada, ya que algunos listados incluyen empresas ya cotizadas o adquiridas, mientras otros se centran solo en startups privadas.

Tomando la definición más estricta, el listado de Failory identifica cinco unicornios españoles relevantes y privados en 2026: Perk (TravelPerk), Jobandtalent, Cabify, Recover y Factorial. Estas empresas se distinguen por operar en sectores diversos como viajes de negocios, empleo temporal, movilidad urbana, sostenibilidad textil y gestión de recursos humanos. La selección refleja la variedad y fortaleza del sector tecnológico nacional, tanto en modelos de negocio B2B como B2C.

Cada una de estas compañías presenta propuestas innovadoras: Perk facilita la gestión de viajes corporativos; Jobandtalent conecta empresas con trabajadores temporales; Cabify compite en movilidad urbana; Recover apuesta por el reciclaje textil; y Factorial centraliza procesos de recursos humanos en la nube. Este grupo de empresas simboliza el avance del emprendimiento tecnológico en España y su consolidación como hub regional, aunque el ecosistema también ha dado lugar a otros unicornios, algunos ya adquiridos o salidos a bolsa, que contribuyen a fortalecer la narrativa de crecimiento sostenido.

Perk, de gestor de viajes a empresa global

Perk surgió en Barcelona con la finalidad de simplificar la gestión de viajes de negocios a través de una plataforma digital integral. La herramienta permite a las empresas reservar y controlar todos los desplazamientos de sus empleados, integrando vuelos, hoteles y alquiler de coches en un único sistema, mientras facilita el cumplimiento de políticas internas y la supervisión de gastos. El modelo SaaS, basado en suscripciones corporativas, le ha permitido crecer rápidamente y captar clientes a nivel internacional.

En enero de 2022, alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una Serie D ampliada que elevó su valoración a más de 1.000 millones. Posteriormente, la compañía fue incluida en el ranking de Multiples.vc como una tecnológica española valorada en unos 2.700 millones de dólares y con ingresos estimados en 300 millones. La empresa opera en un sector que mantiene un volumen elevado de gasto empresarial a escala global. Además, muchas compañías siguen migrando desde modelos tradicionales hacia soluciones digitales y la demanda de mayor control, sostenibilidad y bienestar para los empleados refuerza la relevancia de las funcionalidades avanzadas que ofrece la empresa.

A pesar de su consolidación, Perk enfrenta desafíos importantes como el aumento de la competencia, la aparición de grandes actores tecnológicos y la necesidad de mantener rentabilidad ante inversores más exigentes. El futuro de la compañía dependerá de su capacidad para integrar nuevos servicios, expandirse internacionalmente y sostener una experiencia de usuario superior, todo mientras equilibra crecimiento y eficiencia financiera en un mercado cada vez más competitivo.

Jobandtalent, el negocio del trabajo temporal

De ser un portal de empleo, fundado en 2009 en Madrid, a convertirse en una plataforma digital que conecta empresas con trabajadores temporales. Jobandtalent integra en su modelo procesos de selección, contratación y gestión de pagos, y en ciertos mercados la compañía actúa incluso como empleador, asumiendo parte de la gestión contractual de los trabajadores. Esta transformación la ha posicionado en el centro de la digitalización del trabajo flexible, especialmente en sectores como logística, manufactura y comercio electrónico.

La expansión internacional de la empresa ha sido notable, operando en seis países europeos y tres americanos, y prestando servicio a más de 1.300 clientes corporativos como DHL, IKEA y Sainsbury’s. En los primeros nueve meses de 2021, ayudó a más de 100.000 personas a encontrar empleo temporal, lo que refleja su capacidad de intermediación a gran escala, según destaca su web. Su plataforma digital permite escalar el servicio en diferentes mercados y adaptarse a las necesidades de grandes compañías que requieren plantillas flexibles.

El acceso a rondas de financiación de gran magnitud ha sido clave en el crecimiento de Jobandtalent. En 2021, la compañía alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una Serie E de 500 millones de dólares, liderada por Kinnevik y con participación de SoftBank, que situó su valoración en 2.350 millones de dólares. Antes de esta ronda, ya había superado el umbral de los 1.000 millones, consolidándose como un unicornio tecnológico español.

El modelo de Jobandtalent enfrenta retos regulatorios y sociales vinculados a la economía de plataformas, ya que debe equilibrar la flexibilidad y escalabilidad con la protección de los derechos laborales. Según análisis de Multiples.vc, su éxito futuro dependerá de mantener el crecimiento internacional, cumplir con las exigencias regulatorias y mejorar la rentabilidad, en un contexto donde los inversores esperan resultados sólidos y sostenibles en el largo plazo.

Cabify, pionero en su modelo de negocio

Cabify se ha consolidado como una de las empresas tecnológicas españolas más reconocidas, con presencia en España, Portugal y varios países de América Latina. Desde sus inicios en Madrid, la empresa ha apostado por una experiencia centrada en el usuario, compitiendo con gigantes globales como Uber. Su modelo de negocio se basa en la intermediación digital, gestionando viajes personales y corporativos mediante una app y aplicando comisiones por cada trayecto.

La expansión internacional de la española ha sido mediante Maxi Mobility, su empresa matriz, que le ha permitido adaptarse a contextos regulatorios diversos. La compañía ha tenido que afrontar desafíos legales en España, donde el marco de las licencias VTC es complejo, y en América Latina, donde la volatilidad económica y la seguridad representan retos adicionales.

En enero de 2018, Cabify alcanzó oficialmente el estatus de unicornio tras una Serie E de 160 millones de dólares, lo que situó su valoración en 1.400 millones de dólares. Posteriormente, otra ronda elevó su valoración a 1.490 millones, consolidando su posición como una de las startups más valiosas del ecosistema español. Actualmente, la empresa se enfrenta a una competencia intensa y una presión regulatoria creciente, además de la necesidad de avanzar hacia modelos de transporte más sostenibles, por lo que ha empezado a integrar vehículos eléctricos e híbridos y a impulsar soluciones de movilidad compartida.

Recover, el unicornio de la industria textil

El cuarto unicornio español entrelaza tecnología, sostenibilidad y un sector tradicional. Recover se ha destacado por su enfoque en la economía circular, especializándose en la producción de fibra de algodón reciclada y mezclas de fibras sostenibles a escala industrial. La empresa transforma residuos textiles, principalmente prendas de algodón desechadas, en fibras de alta calidad, ofreciendo así una alternativa a la fibra virgen y contribuyendo a la reducción del impacto ambiental de la industria textil global.

El modelo de Recover responde a la necesidad urgente de soluciones sostenibles en el sector textil, permitiendo reincorporar fibras recicladas en procesos industriales, lo que ayuda a marcas de moda a cumplir con sus metas de sostenibilidad y regulaciones ambientales. Aunque la empresa tiene raíces en el reciclaje textil tradicional, su reconversión en una startup de materiales avanzados y su capacidad para captar inversiones la han impulsado hacia la expansión internacional y la innovación tecnológica.

Recover figura en listados como el de Failory entre las startups españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares, aunque no existe información pública sobre la ronda específica que la convirtió en unicornio. Su principal desafío es adaptarse a la evolución de las regulaciones ambientales y responder a las expectativas de rentabilidad de sus inversores, todo mientras refuerza su narrativa de sostenibilidad y su capacidad de escalar el modelo de economía circular en un mercado global y altamente competitivo.

Factorial, una startup para pymes

El último unicornio español es Factorial, que ha sabido posicionarse dentro del sector SaaS gracias a su plataforma de gestión de recursos humanos que automatiza tareas clave como registro de tiempo, nóminas y selección de personal. Su enfoque está dirigido a pequeñas y medianas empresas, ofreciendo soluciones sencillas que facilitan la administración y reducen errores, respondiendo a una demanda muy extendida en el mercado global de pymes.

La compañía, fundada en 2016 en Barcelona, ha experimentado un crecimiento acelerado, reflejado tanto en el aumento de su equipo como en la expansión internacional. Además, ha reforzado su oferta mediante adquisiciones estratégicas, como la compra de Codegram, y ha construido un modelo de negocio basado en suscripciones que le permite contar con ingresos recurrentes y predecibles.

No fue hasta 2022 cuando adquirió la denominación de unicornio, tras cerrar una Serie C de 120 millones de dólares liderada por Atomico, que valoró la empresa en 1.000 millones. Esta operación, junto a la participación de fondos como GIC y otros inversores previos, la consolidó como una de las startups más prometedoras del ecosistema SaaS enfocado en recursos humanos para pymes.

Las rebajas de verano de 2026 ya han empezado en España en varias tiendas, aunque el calendario no es igual para todas las marcas. Algunas firmas han adelantado sus descuentos a la segunda quincena de junio, con campañas ya activas en sus webs o establecimientos, mientras que otras arrancarán en los próximos días.

En muchas cadenas, además, la fecha cambia según el canal: los descuentos suelen llegar primero a la web y a la aplicación móvil y después a las tiendas físicas. Por eso, una misma marca puede activar primero los descuentos online y abrir después la campaña en los locales.

El 1 de julio sigue funcionando como una fecha tradicional para muchos consumidores, pero ya no marca de forma única el inicio de las rebajas. Desde la liberalización de los periodos comerciales, cada firma puede decidir cuándo aplicar sus descuentos y durante cuánto tiempo, siempre que cumpla la normativa de precios e información al consumidor.

Qué tiendas ya tienen rebajas de verano 2026

Entre las primeras marcas en activar sus descuentos está Bimba y Lola, que tiene rebajas disponibles online, en tiendas propias y en El Corte Inglés desde el 11 de junio hasta el 30 de agosto de 2026, o hasta fin de existencias, según recoge la propia web de la firma.

También han comenzado ya las rebajas en Cortefiel y Pedro del Hierro, ambas del grupo Tendam. Las dos firmas muestran descuentos activos en sus webs, con promociones en artículos de la colección primavera-verano 2026 que se prolongan hasta el 31 de agosto, según las condiciones comerciales publicadas por la compañía.

Scalpers también ha adelantado su campaña. La firma muestra rebajas de hasta el 50% en su web y en tiendas desde el 18 de junio y hasta el 31 de agosto de 2026. H&M, por su parte, ya tiene activa en su web española una sección de rebajas de verano con descuentos de hasta el 50% y sus promociones en tienda comenzaron el 20 de junio.

Cuándo empiezan en Mango, Zara y El Corte Inglés

Mango concentra el inicio de sus rebajas de verano en la semana del 22 de junio. Varios calendarios comerciales sitúan el inicio de la campaña este lunes 22, con posibles promociones anticipadas para clientes registrados y despliegue posterior en tiendas físicas.

En el caso de Inditex, las previsiones apuntan a la última semana de junio. Las rebajas de Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties suelen arrancar primero en app y web y después en tiendas físicas. Los calendarios publicados por medios especializados sitúan el inicio entre el 24 y el 26 de junio, según la marca y el canal de venta.

Parfois también tiene una fecha confirmada: sus rebajas online comienzan el 24 de junio a las 19:00 horas y se prolongan hasta el 31 de agosto de 2026.

Por su parte, El Corte Inglés ya tiene activa su página de Rebajas 2026, con descuentos en moda, tecnología, deportes, hogar, belleza o electrodomésticos. En cuanto al arranque fuerte de la campaña de verano, varias guías comerciales lo sitúan en torno al 26 de junio, aunque el grupo ya muestra promociones y páginas específicas de descuentos.

Hasta cuándo duran las rebajas de verano

No hay una fecha única de finalización. Muchas campañas se alargan hasta finales de agosto o hasta fin de existencias, aunque los mayores descuentos suelen concentrarse en las últimas semanas, cuando queda menos variedad de tallas, modelos y productos.

Durante las rebajas, los consumidores mantienen los mismos derechos que en el resto del año. El precio rebajado debe mostrarse junto al anterior y la referencia del descuento debe ser el precio más bajo aplicado durante los 30 días previos. Además, conviene conservar el ticket o justificante de compra y revisar las condiciones de devolución, especialmente en tienda física.

En las compras online también se mantiene el derecho de desistimiento de 14 días naturales, salvo en las excepciones previstas por la normativa, como productos personalizados o determinados artículos precintados que no puedan devolverse por razones de higiene una vez abiertos.

La banca española se enfrenta a una transformación sin precedentes por el avance de la inteligencia artificial (IA), con proyecciones que sitúan la destrucción de empleo en una horquilla de entre 4.000 y más de 25.000 puestos de trabajo hasta 2035, según la manera en la que se implante dicha tecnología. Porque la incógnita, más que si llegará o no el cambio, es a qué velocidad será capaz el sector de reconvertir el talento que ya tiene.

Y desde las instituciones europeas ya han lanzado avisos. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), advirtió esta semana en la XIX Cumbre COTEC Europa celebrada en Venecia sobre los riesgos que la IA plantea para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, más allá del debate sobre el empleo.

Así lo recalca un artículo del director del Área Financiera y de Digitalización de Funcas, Francisco Rodríguez, en el que traza tres escenarios posibles de aquí a 2035. En el más moderado, la pérdida de empleo se situaría entre 4.000 y 8.000 puestos. El escenario central, considerado el más probable, apunta a una destrucción de entre 12.000 y 23.000 empleos, lo que equivale a entre el 7% y el 14% de las plantillas actuales. Y en el caso de una adopción masiva e intensiva de la tecnología, la cifra superaría los 25.000 trabajadores afectados.

Nuevos perfiles, viejos retos

Rodríguez subraya que la IA no actúa de forma uniforme sobre el sector, sino que desplaza las tareas más repetitivas y rutinarias, pero al mismo tiempo genera y amplía la demanda de nuevos perfiles técnicos -científicos de datos, ingenieros de software, expertos en ciberseguridad bancaria y especialistas en experiencia de usuario digital- que, sin embargo, no bastan para compensar del todo el empleo que se pierde.

La banca española ya gestionó la desaparición de más de 100.000 empleos en los años anteriores, una cifra muy superior a cualquiera de las proyecciones actuales. Ahora, el verdadero desafío, según el análisis de Funcas, es la velocidad a la que habrá que reconvertir las competencias. Es decir, que la IA avanza más rápido que los mecanismos tradicionales de reciclaje profesional.

Los sindicatos aún no ven el impacto

Pero, pese a la contundencia de las proyecciones, los sindicatos del sector financiero no detectan por ahora señales de destrucción de empleo directamente atribuibles a la IA. Javier de Dios, responsable de Sector Financiero de CCOO, ha explicado a EFE que las entidades aseguran no haber implantado herramientas de IA que afecten a la empleabilidad, y que no hay procesos activos de reducción de plantillas. Lo que sí se mantiene son las salidas pactadas y las prejubilaciones, una vía que los bancos han utilizado históricamente para ajustar sus estructuras de personal.

En datos concretos, en el Banco Santander, algo más de 1.200 empleados se acogieron a prejubilaciones el año pasado; en Sabadell, unas 400 personas se adhirieron a su plan de prejubilaciones; y en BBVA, cerca de 750 trabajadores optaron por bajas voluntarias solo en el primer trimestre del año.

Entre la calma y la incertidumbre

Los máximos responsables de las principales entidades del país matizan el impacto a corto plazo, aunque ninguno descarta que el panorama cambie en el futuro. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ya sostuvo que en el corto y medio plazo la transformación digital lleva al banco a emplear más personal, no menos, aunque admitió que a largo plazo la ecuación podría invertirse.

Héctor Grisi, consejero delegado del Santander, apuntó que la entidad apuesta por el reciclaje profesional y el refuerzo de la atención al cliente como estrategia de transición, sin descartar que en el futuro la plantilla necesaria sea menor. En la misma línea, Carlos Torres, presidente del BBVA, reconoció que la IA tendrá un impacto enorme en el empleo del sector, aunque aclaró que eso no implica necesariamente una reducción de puestos de trabajo.

Marc Armengol, consejero delegado del Sabadell, anticipó que los procesos que concentran más mano de obra requerirán una transformación profunda de principio a fin, mientras que en las áreas donde la IA tenga menos penetración el reto será formar a los empleados para que sepan utilizarla. Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, optó por un enfoque más optimista: la tecnología, en su visión, no viene a reemplazar al talento humano, sino a potenciarlo.

*Noticia elaborada con información de EFE.

Amancio Ortega ha recibido uno de los permisos clave para cerrar una de sus mayores inversiones internacionales fuera del ladrillo. La Comisión Australiana de Competencia y Consumo, conocida como ACCC por sus siglas en inglés, ha anunciado que no se opondrá a la compra de Qube, un gigante australiano de puertos y logística, por parte de un consorcio liderado por Macquarie Asset Management en el que también participa Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex.

La operación valora Qube en unos 11.600 millones de dólares australianos, alrededor de 7.000 millones de euros al cambio actual, y permitirá a Pontegadea quedarse con cerca del 15% de la compañía. La inversión de Ortega supera los 1.000 millones de euros y se enmarca en una compra conjunta con Macquarie, que lidera el consorcio, y UniSuper, uno de los grandes fondos de pensiones australianos.

El visto bueno de competencia no significa que la adquisición esté cerrada de forma definitiva. La operación ya cuenta con el respaldo de los accionistas de Qube, pero aún necesita otras autorizaciones, entre ellas las vinculadas a inversión extranjera en Australia y Nueva Zelanda, además del trámite judicial correspondiente en Nueva Gales del Sur. Si no hay retrasos, el calendario previsto sitúa el cierre de la operación durante el verano.

Qué es Qube, la empresa australiana en la que entra Ortega

Qube no es una compañía conocida para el gran público en España, pero tiene una posición relevante en un sector básico para cualquier economía: el movimiento de mercancías. La empresa presta servicios de logística, puertos, transporte por carretera y ferrocarril, carga marítima, contenedores e infraestructuras vinculadas a la importación y exportación.

Dicho de forma sencilla, Qube participa en una parte del engranaje que permite que los productos entren, salgan y se muevan dentro de Australia. Su actividad se extiende también a Nueva Zelanda y el sudeste asiático, dos zonas conectadas con el comercio marítimo y las cadenas internacionales de suministro.

La compañía divide su negocio entre logística e infraestructuras, por un lado, y puertos marítimos, por otro. Esta última parte incluye actividades como el manejo de contenedores, la carga de grandes volúmenes y la participación en Patrick Terminals, uno de los principales operadores de terminales de contenedores de Australia.

Por eso, la inversión no se parece a la compra de un edificio de oficinas, un hotel o un centro comercial, que han sido durante años algunas de las operaciones más reconocibles de Pontegadea. En este caso, Ortega entra en una empresa ligada al comercio exterior y a infraestructuras que suelen tener una demanda más estable a largo plazo.

Una inversión que va más allá del ladrillo

La compra del 15% de Qube encaja en la estrategia de diversificación que Pontegadea ha acelerado en los últimos años. El grupo inversor de Ortega sigue teniendo en Inditex su gran fuente de ingresos y en el inmobiliario uno de sus pilares tradicionales, pero ha ido incorporando participaciones en sectores como la energía, las telecomunicaciones, los aparcamientos y las infraestructuras logísticas.

La operación australiana no llega sola. En 2025, Pontegadea acordó la compra del 49% de PD Ports, una compañía británica de puertos y logística, a Brookfield Asset Management. Aquella inversión ya supuso la entrada del grupo en el negocio portuario y sirve ahora como antecedente directo de la compra de Qube. La diferencia es que la operación australiana tiene una escala muy superior y coloca a Pontegadea dentro de un operador con presencia en una región estratégica para el comercio marítimo.

También en los últimos meses, el grupo ha seguido moviéndose en activos vinculados a la logística inmobiliaria. Según publicó Cinco Días esta semana, Pontegadea ha comprado el centro logístico que Lactalis, la mayor productora de lácteos del mundo, tiene en Oshawa, Canadá, por unos 115 millones de euros.

Aunque se trata de un activo inmobiliario, su función vuelve a conectar con una de las líneas que más peso está ganando en las inversiones del fundador de Inditex: almacenes, transporte, distribución e infraestructuras necesarias para mover mercancías. La lectura de fondo es que Ortega está utilizando parte de los dividendos de Inditex para reforzar una cartera cada vez menos dependiente del inmobiliario tradicional.

Casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja otra jornada semanal, o más, sin cobrar por ello. No se trata de empleo remunerado, sino de cuidados: el 18,7% de los ocupados de 18 a 74 años que atienden a una pareja o familiar dependiente dedica al menos 40 horas a la semana a esas tareas, según el módulo de conciliación de la EPA de 2025 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La magnitud del dato se entiende mejor al compararlo con una semana laboral ordinaria. Para quienes además trabajan a jornada completa, esa dedicación puede equivaler a semanas de unas 80 horas: una parte remunerada y otra dedicada al cuidado, sin salario ni reconocimiento económico directo.

El módulo del INE analiza las responsabilidades de cuidado de hijos, nietos, pareja y familiares dependientes, así como los cambios laborales que hacen las personas ocupadas para poder conciliar. En este caso, la carga más intensiva aparece vinculada al cuidado de familiares enfermos, con discapacidad o de edad avanzada.

Una doble jornada que pesa más sobre las mujeres

La dedicación extrema a los cuidados afecta a hombres y mujeres, pero no con la misma intensidad. Entre las mujeres ocupadas con familiares dependientes, el 20,6% dedica 40 horas semanales o más a esas tareas. Entre los hombres, el porcentaje baja al 16,2%.

La diferencia también aparece cuando cuidar obliga a tocar el empleo. El 82% de los hombres ocupados con responsabilidades familiares no realizó ningún cambio laboral para conciliar, frente al 67,3% de las mujeres. Dicho de otro modo: ellas ajustan con más frecuencia su vida laboral cuando las necesidades familiares chocan con el trabajo.

El ajuste más desigual es la reducción del tiempo de trabajo. El 8,9% de las mujeres ocupadas con responsabilidades de cuidado redujo su jornada o sus horas laborales para poder conciliar, frente a solo el 0,9% de los hombres. Esa decisión tiene un efecto inmediato sobre los ingresos, pero también puede arrastrar consecuencias a medio y largo plazo: menos salario, menor progresión profesional y una base de cotización más baja.

Cuidar también modifica la relación con el empleo

La doble jornada no siempre implica salir del mercado laboral, pero sí condiciona la forma de trabajar. Casi uno de cada cuatro ocupados con responsabilidades de cuidado hizo algún cambio laboral para conciliar, según el INE. El 74,6% no modificó nada en su empleo, lo que implica que el 25,4% sí tuvo que ajustar alguna condición laboral.

El cambio más frecuente fue adaptar la jornada sin reducir el número de horas, una opción señalada por el 9,8% de los ocupados con responsabilidades familiares. Otro 4,9% redujo el tiempo de trabajo, ya fuera pasando de jornada completa a parcial, disminuyendo el número de horas u otras fórmulas similares. Además, el 2,1% cambió de puesto de trabajo o de empresa.

El peso de las 40 horas o más de cuidados también varía según la situación profesional. Entre quienes trabajan por cuenta ajena y cuidan de familiares dependientes, el porcentaje alcanza el 19,4%, frente al 14,7% de los trabajadores por cuenta propia.

Más de un tercio dedica al menos 20 horas semanales a cuidar

La intensidad de los cuidados varía mucho, pero no se limita a casos aislados. Entre los ocupados con responsabilidad de cuidado de pareja o familiares dependientes, el 23,4% dedica entre cinco y menos de diez horas semanales a esas tareas. Otro 20,2% dedica entre diez y menos de veinte horas; el 11,6%, entre veinte y menos de treinta; y el 6,1%, entre treinta y menos de cuarenta.

En conjunto, el 36,4% de los ocupados que cuidan de familiares dependientes dedica al menos 20 horas semanales a esas tareas, según cálculo propio a partir de los datos del INE. Es decir, más de un tercio suma a su empleo una dedicación equivalente, como mínimo, a media jornada laboral.

A esa carga se suman las dificultades propias del trabajo remunerado. Los principales obstáculos para conciliar son los horarios impredecibles o difíciles, señalados por el 11,1% de los ocupados con responsabilidades de cuidado, y las jornadas largas, citadas por el 9,8%.

Por sectores, las dificultades no son exactamente las mismas. La jornada larga pesa más en la construcción, donde el 13,3% de los ocupados con responsabilidades de cuidado la señala como principal obstáculo para conciliar, y en la agricultura, con el 12,4%. En cambio, en la industria y los servicios, el problema más citado son los horarios impredecibles o difíciles, mencionados por el 11,7% en ambos casos.

La diferencia apunta a dos formas distintas de choque entre empleo y cuidados: jornadas que se alargan demasiado y horarios que cambian o resultan difíciles de encajar con la atención a familiares dependientes.

El cambio climático ya no es solo una cuestión ambiental. Su impacto se deja sentir cada vez con más fuerza en la economía doméstica de millones de familias españolas. El aumento de las temperaturas, la proliferación de noches tropicales y la prolongación de los veranos están elevando el uso del aire acondicionado y, con ello, el gasto energético de los hogares.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el verano climatológico actual dura alrededor de cinco semanas más que en la década de los años 80. La agencia ya había advertido de que los veranos en España se han ido alargando aproximadamente diez días por década durante los últimos 40 años.

Esto significa que los españoles afrontan actualmente cerca de 40 días más de calor veraniego que generaciones anteriores, una realidad que está transformando tanto los hábitos de consumo energético como el presupuesto familiar.

Más calor, más consumo y facturas más elevadas

La situación podría agravarse en los próximos meses. Las previsiones de AEMET apuntan a que el verano de 2026 será más cálido de lo habitual en todo el territorio nacional, con una elevada probabilidad de registrar temperaturas por encima de la media durante junio, julio y agosto.

Además, el inicio de la temporada estival ya está marcado por episodios de calor intenso. En diversas zonas del país, los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 40 grados, obligando a muchos hogares a recurrir al aire acondicionado durante más horas al día para mantener unas condiciones mínimas de confort.

Un sobrecoste para las familias

En este contexto, la plataforma de ahorro e inversión Raisin ha cuantificado en un informe el impacto económico que tiene el calentamiento del clima sobre los hogares españoles.

Tomando como referencia un precio medio de la electricidad de 0,1507 euros por kilovatio hora y un consumo aproximado de 2,5 kWh para un aparato de aire acondicionado doméstico, cada hora de funcionamiento supone un coste cercano a los 0,38 euros.

De acuerdo con los cálculos de Raisin, si una vivienda utiliza el aire acondicionado durante ocho horas diarias a lo largo de esos 40 días adicionales de calor que hoy registra España respecto a los años 80, el gasto extra anual alcanza los 120,56 euros por hogar.

La cifra adquiere una dimensión mucho mayor cuando se traslada al conjunto del país. Considerando los aproximadamente 19,3 millones de hogares existentes en España, el sobrecoste agregado derivado de este fenómeno superaría los 2.300 millones de euros anuales.

Las noches tropicales agravan el problema

Los expertos subrayan que no todos los hogares tienen el mismo consumo ni utilizan el aire acondicionado con idéntica intensidad. Sin embargo, la tendencia refleja una realidad cada vez más evidente: la climatización se está convirtiendo en un gasto estructural para millones de familias.

Uno de los factores que más está impulsando este aumento del consumo eléctrico es la proliferación de las llamadas noches tropicales, aquellas en las que la temperatura mínima no desciende por debajo de los 20 grados centígrados.

Este fenómeno, cada vez más frecuente en numerosas regiones españolas, impide que las viviendas se refresquen durante la noche y obliga a mantener encendidos los sistemas de climatización durante más tiempo. Como consecuencia, el consumo eléctrico aumenta y la capacidad de ahorro de las familias se reduce.

El aire acondicionado ya no es un lujo

Marta Pinedo, directora de Raisin España, recuerda que el aire acondicionado ha dejado de ser un elemento asociado al confort para convertirse en una necesidad durante los episodios de calor extremo.

“Cuando las temperaturas se disparan, el aire acondicionado no es un lujo. Además, a diferencia de otros electrodomésticos, no puede utilizarse únicamente en las horas más económicas, ya que se necesita precisamente cuando hace más calor, coincidiendo muchas veces con las franjas de mayor coste eléctrico”, señala. Ante este escenario, desde la entidad recomiendan revisar periódicamente los gastos recurrentes del hogar y buscar alternativas que permitan optimizar el ahorro.

La combinación de inflación energética y calentamiento climático amenaza con seguir incrementando los costes domésticos en los próximos años, convirtiendo el impacto económico del cambio climático en una preocupación cada vez más presente para millones de familias españolas.

Las empresas creadas en España a partir de 2013 han mostrado una capacidad superior para generar empleo en sus primeros años de vida. Según el Informe Anual 2025 del Banco de España, estos nuevos negocios triplican su plantilla en siete años, mientras que los surgidos a comienzos de siglo solo lograban duplicarla en ese mismo periodo. ¿Por qué ocurre esto? Según el supervisor, este salto se debe a un entorno más propicio para la reasignación eficiente de recursos tras la crisis financiera global. Además, las empresas fundadas después de 2013 presentan una productividad un 7% superior en su primer año respecto a las más antiguas.

Este fenómeno marca un cambio en la dinámica del tejido empresarial español, pero no logra borrar la brecha que separa a las compañías nacionales de las europeas en términos de crecimiento. Veamos los datos. En primer lugar, tanto en España como en las principales economías de la Unión Económica y Monetaria (UEM), las empresas arrancan con un tamaño similar: emplean a unas dos personas de media en su primer año. La disparidad aparece con el paso del tiempo. Cinco años después de su creación, la empresa española promedio llega a 12,2 empleados, mientras que la media en el resto de la UEM alcanza los 20,1 trabajadores. El informe explica que esta diferencia no se debe a la fase inicial de la empresa, sino a su menor capacidad de expansión.

La consecuencia directa se refleja en la productividad agregada. El informe señala que las compañías grandes contribuyen más al crecimiento de la productividad, ya que lideran los avances de eficiencia en sus sectores. España cuenta con un número menor de grandes empresas, lo que limita el potencial del tejido productivo para elevar la productividad de la economía en su conjunto.

Sobreviven menos empresas

El documento también observa que la tasa de supervivencia de las nuevas empresas ha caído. Un 52% de las compañías nacidas en 2000-2001 seguían activas cinco años después, frente a un 43% de las surgidas en el periodo 2013-2014. El Banco de España interpreta este descenso como una señal de mayor exigencia en el mercado: solo prosperan las empresas más productivas y las menos eficientes abandonan antes el mercado.

En el entorno europeo, la brecha de productividad acumulada entre España y la UEM se redujo del 12% en 2013 al 8% en 2025. El informe advierte que para igualar a los socios europeos sería necesario mantener durante 20 años tasas de crecimiento de productividad superiores a las actuales. El peso de las microempresas —menos de diez empleados— en el empleo total ha caído en España del 41% al 35% desde 2013, aunque sigue estando ocho puntos por encima de la media del área del euro.

La productividad de España frente a la de Alemania o Francia

El estudio del Banco de España compara la productividad de las empresas españolas con las de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Las diferencias son más marcadas en los extremos: la productividad de las microempresas españolas es un 19% inferior a la de sus equivalentes europeas, y la de las grandes empresas, un 13% menor. Las medianas empresas presentan una brecha más ajustada, del 5%. Desde 2013, la distancia se ha reducido: en las pymes, el diferencial bajó del 12% al 5%; en las microempresas, de 21% a 19%; y en las grandes, de más del 18% al 13%.

El informe atribuye a las grandes empresas el 42% del crecimiento de la productividad total entre 2013 y 2023, aunque solo representan el 0,14% del número total de compañías. Estas empresas concentran el 33% del empleo y generan el 41% del valor añadido, lo que amplifica el impacto de cualquier mejora o deterioro en su productividad sobre el conjunto económico.

Respecto al ritmo de convergencia, las empresas fundadas a partir de 2013 tardan unos cinco años en alcanzar la productividad de las ya establecidas. Las que iniciaron su actividad antes de ese año mantenían una brecha negativa tras ese mismo periodo. El informe indica que la productividad de las empresas creadas entre 2014 y 2019 aumentó en cinco años unos 24 puntos porcentuales más que la de las firmas ya existentes. A partir del quinto año, estas nuevas empresas empiezan a aportar de forma positiva al crecimiento de la productividad agregada, y el Banco de España prevé que su contribución aumente conforme ganen peso en el tejido empresarial nacional.

El documento señala que el avance logrado en los últimos años aún no ha sido suficiente para cerrar la distancia con Europa. Persisten limitaciones ligadas, entre otros factores, al peso elevado de las microempresas y a ciertas ineficiencias regulatorias. El Banco de España concluye que, para consolidar estos progresos y acercarse a los niveles europeos, será clave mantener un entorno que favorezca la innovación, la expansión de las empresas más productivas y la eficiencia en la asignación de recursos.

El sector hotelero español prepara dos demandas colectivas contra Booking.com por las llamadas cláusulas de paridad, unas condiciones contractuales que durante dos décadas impidieron a los establecimientos ofrecer precios más bajos en sus propias páginas web o en plataformas competidoras. Las acciones, lideradas por dos despachos distintos, agrupan ya a miles de empresas y gestionan reclamaciones de millones de euros.

El punto de partida legal es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 19 de septiembre de 2024, que confirmó que las cláusulas de paridad, tanto las amplias como las estrechas, infringen el derecho de competencia de la Unión Europea. Esas cláusulas, vigentes desde 2004, obligaban a los hoteles a no ofrecer sus habitaciones a un precio inferior al publicado en Booking.com en ningún otro canal, lo que, según los demandantes, eliminó la competencia entre plataformas e infló artificialmente las comisiones, que rondaban el 20%. La compañía puso fin a esa práctica el 30 de junio de 2024, fecha límite impuesta por Bruselas tras designarla gatekeeper bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA).

El frente principal en España lo encabeza CCS Abogados, el despacho elegido por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Según la web oficial de la acción, sobrecostebooking.com, pueden adherirse hoteles, casas rurales y alojamientos turísticos con licencia que hayan operado con Booking, pero las viviendas de uso turístico quedan excluidas. El proceso funciona con honorarios a éxito (es decir, solo se cobra si hay indemnización) y, en caso de que la demanda no prospere, CCS asume todos los costes, incluida una eventual condena en costas. 

Jaime Concheiro, socio director del despacho, precisó a Cinco Días que el proceso ya agrupa a unas 1.400 empresas, entre ellas algunas de las grandes cadenas del país: una sola tiene 10.000 habitaciones. La presentación formal de la demanda no se producirá antes de 2027, ya que la ley exige un intento de resolución extrajudicial previo. CCS trabaja en alianza con el bufete alemán SGP Schneider Geiwitz, que litiga contra Booking desde 2013 y que obtuvo la sentencia del TJUE de 2024.

Las hoteleras españolas se rebelan contra Booking

En paralelo, el despacho Eskariam, junto a Regula, impulsa su propia acción colectiva. Según el comunicado que la firma publicó en abril de 2026, la financiación de 50 millones de euros obtenida de Victory Park Capital le permite sostener litigios de larga duración frente a grandes multinacionales. La iniciativa agrupa ya a más de 750 establecimientos con reclamaciones superiores a los 200 millones de euros, cifra que podría alcanzar los 400 millones si se incorporan los 580 hoteles en fase de adhesión. El inicio de la litigación está previsto para septiembre u octubre de 2026, una vez concluida la temporada alta.

Sin embargo, las iniciativas no se limitan a España. La Stichting Hotel Claims Alliance (SHCA), una fundación neerlandesa que canaliza la macrodemanda europea de más de 15.000 hoteles, denunció que Booking había bloqueado el acceso de los establecimientos a sus facturas históricas sin previo aviso. El 1 de mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de Ámsterdam autorizó a la SHCA a preservar esas pruebas, y el 4 de mayo un oficial judicial ejecutó la medida en la sede de la compañía. HOTREC, la asociación europea del sector, calificó el bloqueo de intento de obstaculizar las reclamaciones y anunció que también solicitó la declaración de ejecutivos de Booking ante el tribunal para aclarar qué ocurrió con esa documentación.

Las demandas avanzan en los tribunales

Ese procedimiento europeo, que arrancó formalmente el 31 de enero de 2026 y fue registrado ante el tribunal el 6 de mayo, sirve de referencia para los abogados españoles: su evolución puede condicionar tanto la estrategia pericial en España como la posibilidad de ampliar las demandas para incluir el abuso de posición dominante, lo que elevaría el importe de las reclamaciones. La estimación preliminar de la SHCA sitúa la recuperación potencial en hasta el 30% o más de las comisiones totales pagadas a Booking desde 2004, más intereses.

Por su parte, Booking.com rechaza las demandas. La compañía sostiene que el TJUE “en ningún caso declaró ilegales dichas cláusulas” y que lo que el tribunal confirmó es que deben evaluarse “de manera individualizada, caso por caso”. “Consideramos que estas demandas carecen de fundamento y que hablar de hipotéticos daños futuros, cuando no existe ninguna resolución judicial firme que los avale, carece de sentido”, señala la empresa en declaraciones recogidas por Cinco Días. Además, la compañía ya ha apelado la condena dictada en diciembre de 2025 por el Tribunal Regional de Berlín, que ordenó indemnizar a 1.099 hoteles alemanes por la aplicación de las mismas cláusulas desde 2013.

Derribar un tabique en casa sin el permiso del ayuntamiento puede derivar en multas de entre 300 y 300.000 euros (o incluso 600.000 en casos muy excepcionales) la paralización inmediata de la obra y, en los casos más graves, la obligación de restituir el inmueble a su estado original. La legislación urbanística española no deja margen: ningún derribo interior, sea o no estructural, puede ejecutarse sin al menos una licencia de obra menor.

Según recoge Idealista News, el trámite mínimo exigible es una comunicación previa o declaración responsable ante el organismo de urbanismo del ayuntamiento correspondiente. La distinción entre obra menor y obra mayor determina la complejidad del proceso: tirar un tabique no portante suele encuadrarse como obra menor, mientras que la demolición de un muro de carga exige licencia de obra mayor con proyecto técnico firmado por un arquitecto, cuyo coste ronda entre los 3.500 y los 8.000 euros según datos de plataformas del sector.

La cuantía de las multas varía según la gravedad de la infracción y la normativa de cada ayuntamiento. A efectos orientativos, una infracción leve, como una obra menor sin comunicación, puede sancionarse con entre 300 y 3.000 euros. Las infracciones graves, como ejecutar una obra mayor sin licencia, se mueven en una horquilla de 3.001 a 30.000 euros. Las muy graves, que afectan a suelo protegido o al patrimonio, pueden alcanzar los 600.000 euros, y en algunos supuestos de especial protección, hasta los 3.000.000 euros, según la legislación estatal y autonómica aplicable.

La reforma puede paralizarse

Cuando el ayuntamiento detecta una obra ilegal por inspección propia o denuncia de un vecino, las consecuencias no se limitan a la sanción económica. La administración puede ordenar la paralización inmediata de los trabajos y exigir la legalización de la intervención. Si la obra no es legalizable por incumplir la normativa urbanística, la orden puede ir más lejos: la demolición corre a cargo del propietario infractor. Esta obligación, además, se transmite con la propiedad: quien adquiera un inmueble con obras ilegales hereda el problema.

Otro riesgo que pasa desapercibido es el de la cobertura del seguro del hogar. Las pólizas excluyen de forma expresa los daños producidos durante obras que requieren licencia administrativa. Un siniestro ocurrido en el transcurso de una reforma sin permiso puede dar lugar a la denegación de la cobertura por parte de la aseguradora.

Prescripción de la sanción

Los plazos de prescripción de las infracciones urbanísticas varían de forma considerable según la comunidad autónoma. El plazo general estatal se sitúa en cuatro años desde la finalización de la obra, pero varias autonomías lo han ampliado. En Madrid, una modificación legal en vigor desde diciembre de 2024 extendió el plazo a seis años. Baleares fija ocho años para infracciones graves y muy graves. Aragón, Navarra y Castilla y León llegan a los diez años, y Galicia establece quince para las infracciones muy graves. En suelo protegido, zonas verdes y espacios libres, las infracciones no prescriben nunca.

Un matiz que la normativa deja claro es el hecho de que que prescriba la sanción económica no equivale a que la obra quede legalizada. La construcción sigue en situación de “fuera de ordenación”, lo que puede generar problemas al vender el inmueble o al solicitar la cédula de habitabilidad. Pedir una licencia incorrecta, como solicitar una de obra menor cuando correspondía una de obra mayor, también puede acarrear sanción. Idealista advierte de que los ayuntamientos pueden imponer multas en estos casos, con independencia de que el propietario haya intentado regularizar la situación.

Los más de 9 millones de jubilados españoles tienen dos meses del año marcados en rojo por el impulso que supone para sus finanzas. Cada junio y cada noviembre, los pensionistas reciben un ingreso doble en su cuenta bancaria. La paga extraordinaria de las pensiones equivale a una mensualidad completa y su cálculo depende de un mecanismo establecido por la Seguridad Social que no todos los beneficiarios conocen con exactitud.

El sistema público de pensiones en España distribuye las prestaciones contributivas en 14 mensualidades al año: 12 pagas ordinarias y dos extraordinarias. La cuantía de cada paga extra no es un importe fijo ni uniforme, sino que equivale exactamente a la mensualidad ordinaria que percibe cada beneficiario. Quien cobra 1.200 euros al mes recibe esos mismos 1.200 euros como paga extra; quien cobra la pensión media de jubilación, fijada en 1.572 euros en 2026, recibe esa misma cantidad de forma adicional en cada uno de los dos meses señalados.

La fórmula para calcular la paga extra

Cuando la pensión se reconoce dentro de uno de esos periodos, la Seguridad Social aplica una fórmula de proporcionalidad: el beneficiario genera una sexta parte de la paga extraordinaria por cada mes incluido en el periodo de devengo. Además, basta con haber tenido reconocida la prestación un solo día dentro de un mes para que ese mes compute en el cálculo.

Un ejemplo concreto: si a una persona se le reconoce la pensión el 8 de marzo, habrá acumulado el derecho correspondiente a marzo, abril y mayo, tres de los seis meses del periodo. El resultado es aproximadamente la mitad de la paga extraordinaria junto con la mensualidad ordinaria de junio. A partir del siguiente periodo de devengo, si mantiene la condición de pensionista, percibirá la paga completa.

¿Cuándo se genera el derecho a cobrarla?

La Seguridad Social establece dos periodos de devengo diferenciados. La paga extraordinaria de verano se genera entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo, mientras que la paga de Navidad cubre del 1 de junio al 30 de noviembre. Para percibir el importe íntegro, el beneficiario debe haber tenido reconocida la pensión durante la totalidad del periodo correspondiente. Si el alta se produce a mitad del periodo, el importe se ajusta de forma proporcional.

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional quedan fuera de este sistema. La normativa establece que estas prestaciones se distribuyen en 12 mensualidades, con las cuantías extraordinarias ya integradas de forma prorrateada en cada pago mensual. El resultado práctico es una mensualidad ordinaria más elevada, pero sin el ingreso puntual adicional que sí reciben otros pensionistas en junio y noviembre.

El impacto de la revalorización de 2026

La paga extra de verano de 2026 incorpora la subida del 2,7% aprobada para las pensiones contributivas conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Para quien percibe la pensión media de jubilación, eso representa un ingreso adicional de 1.572 euros de una sola vez. En el extremo superior, los beneficiarios de la pensión máxima, fijada en 3.359,60 euros brutos mensuales, verán acreditados en junio un total de 6.719,20 euros entre la mensualidad ordinaria y la paga extraordinaria. Las pensiones mínimas, por su parte, han experimentado una subida del 7,07%, con incrementos de hasta el 11,4% para las prestaciones con cónyuge a cargo.

La llegada del verano trae consigo uno de los ingresos más esperados del año para millones de pensionistas españoles. La paga extra de junio, que forma parte del sistema de 14 mensualidades de la Seguridad Social, comenzará a abonarse en las próximas semanas y llegará además con una subida derivada de la revalorización de las pensiones aprobada para 2026.

Aunque la Tesorería General de la Seguridad Social tiene previsto realizar el pago oficial entre los días 1 y 3 de julio, la realidad es que la mayoría de entidades financieras adelantan habitualmente el ingreso varios días. Por ello, muchos jubilados podrán disponer de este dinero antes de que finalice el mes de junio.

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La paga extraordinaria de verano está contemplada en la Ley General de la Seguridad Social y corresponde a una de las dos gratificaciones adicionales que reciben anualmente los beneficiarios de pensiones contributivas. La segunda se abona en noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

A diferencia de lo que muchas personas creen, esta paga no constituye un complemento adicional a la pensión, sino que forma parte del importe anual reconocido al beneficiario. En la práctica, quienes perciben una pensión distribuida en 14 mensualidades reciben en junio una cantidad equivalente a una mensualidad ordinaria.

Qué pensionistas cobrarán la paga íntegra

Los jubilados que hayan estado cobrando su pensión durante todo el periodo de devengo recibirán la paga extraordinaria completa. Para la de verano, dicho periodo abarca desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, por lo que es necesario haber tenido reconocida la prestación durante esos seis meses. Además, este año la cuantía será superior a la percibida en 2025 gracias a la revalorización del 2,7% aplicada a las pensiones contributivas. La actualización responde al mecanismo de actualización vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).

No obstante, quienes comenzaron a cobrar su pensión durante el periodo de devengo no percibirán la paga completa. En estos casos, la Seguridad Social calcula la cuantía de forma proporcional al tiempo durante el cual el beneficiario ha generado ese derecho. Por ejemplo, una persona que obtuvo el reconocimiento de su pensión durante el mes de marzo solo habrá acumulado tres meses de devengo. Si su pensión mensual asciende a 1.600 euros, la paga extraordinaria rondaría los 800 euros en lugar de la mensualidad completa.

Tampoco tendrán derecho a cobrar esta paga los pensionistas cuya prestación haya comenzado después del 31 de mayo de 2026. Estos beneficiarios deberán esperar hasta la siguiente campaña de pagas extraordinarias para recibir el abono correspondiente.

Cuando abona la paga extra cada banco

Existen determinadas prestaciones que no incluyen pagas extraordinarias independientes. Es el caso de algunas pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional. En estas situaciones, las dos pagas extraordinarias se encuentran prorrateadas entre las doce mensualidades ordinarias del año.

Respecto a las fechas de cobro, cada entidad bancaria aplica su propia política de adelanto. Como suele ocurrir cada año, algunos bancos realizarán el ingreso varios días antes de recibir formalmente la transferencia de la Seguridad Social.

Entre las entidades que tradicionalmente adelantan antes el pago figuran Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros, que previsiblemente efectuarán el ingreso alrededor del 22 de junio. CaixaBank acostumbra a abonar las pensiones el día 24 de cada mes, independientemente de que coincida con festivos o fines de semana.

Por su parte, BBVA, Banco Santander, Ibercaja, Banco Sabadell, ING, Kutxabank, Cajamar y Abanca suelen realizar el ingreso el 25 de junio. De esta forma, millones de pensionistas podrán disponer de la paga extraordinaria varios días antes del calendario oficial previsto por la Tesorería General de la Seguridad Social.

El estudio holandés Woonpioniers ha construido en las dunas de Ouddorp, en la isla de Goeree-Overflakkee (Países Bajos), una vivienda modular prefabricada que se instala en un solo día y cuya estructura respeta al milímetro la topografía de una de las zonas naturales más protegidas del país. La parcela se ubica dentro de la red Natura 2000, que impone restricciones de emisiones de nitrógeno, alteraciones mínimas del terreno y plazos de obra condicionados por las temporadas de nidificación de las aves locales. Para cumplir con esas exigencias, el arquitecto Wouter Bak y su equipo optaron por fabricar el edificio íntegramente en taller y reducir al máximo la intervención sobre el suelo arenoso.

La vivienda, bautizada Duinhuis (Casa de las dunas), se compone de tres módulos de madera independientes conectados por una cocina central de planta pentagonal con paredes de vidrio de altura completa. Cada módulo se sitúa a una cota diferente, de modo que el conjunto sigue la pendiente natural de la duna en lugar de modificarla. “La colocación de los tres módulos se determinó con los propietarios en función de las vistas”, explicó Bak a el medio local Bouwwereld. “Los frentes de las casas de madera tienen una fachada acristalada, cada una con una perspectiva distinta”, añadió.

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Diseñada con el entorno en mente

La distribución responde también a criterios de orientación solar. El dormitorio principal corona la cresta de la duna y recibe la luz desde el amanecer. El salón se sitúa en el nivel más bajo, orientado hacia el sol de la tarde. En el lado norte se agrupan dos habitaciones de huéspedes con camas empotradas, un estudio y un baño con acceso directo al exterior. Un sistema de puertas ocultas permite aislar cada módulo por completo o abrir el conjunto en un único recorrido continuo, según recoge Idealista News. La cocina actúa como eslabón entre los tres volúmenes. Con puertas correderas a ambos lados, permite la ventilación cruzada y convierte el sonido del entorno en parte de la experiencia interior, tal como describe la web de Woonpioniers.

La fase de construcción en obra se redujo a un solo día. Los tres módulos llegaron a la parcela en transporte nocturno con escolta y se ensamblaron como las piezas de un rompecabezas, según detalló Bouwwereld. Para no alterar el suelo, la estructura se elevó sobre pilotes de acero hincados mediante un sistema de vibración controlada. Las obras de cimentación arrancaron en septiembre de 2024 y la entrega se produjo en diciembre del mismo año. La superficie construida es de 101 metros cuadrados brutos y 80 metros cuadrados netos, con un volumen total de 300 metros cuadrados.

Materiales naturales y colaboración en la construcción

Los materiales priorizan la integración con el paisaje y la sostenibilidad. Las fachadas, cubiertas y marcos de ventanas se revistieron con madera termotratada que, con la exposición a la salinidad y los vientos del Mar del Norte, adquirirá progresivamente un tono gris plateado. El aislamiento es de fibra de cáñamo y lana de madera. El diseño integra paneles solares empotrados y canalones ocultos para preservar la limpieza visual del conjunto, con impermeabilización mediante láminas de acero internas, según Idealista News.

Los clientes, Artine y Willem, participaron activamente tanto en las decisiones de diseño como en los trabajos de prefabricación en taller, junto al equipo de la constructora Bouwpioniers (la rama constructora de Woonpioniers fundada en 2023). El interiorismo corrió a cargo de ART10, las estructuras las supervisó IB Vreeswijk y las instalaciones, ADEK.

Bouwwereld señala que Woonpioniers trabaja en la conversión de Duinhuis en una tipología replicable, con variantes como Indigo, Sprout y Haybarn, adaptables a diferentes parcelas y orientaciones. El proyecto funciona además como banco de pruebas del modelo design-build del estudio, que integra diseño y construcción bajo una misma dirección.

La relación comercial con China ha sido uno de los puntos centrales en la cumbre que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Bruselas, donde los líderes han pedido a la Comisión Europea explorar nuevas medidas de defensa comercial para proteger los intereses del bloque frente a las prácticas desleales de Pekín, aunque, a su vez, han abogado por mantener un “diálogo constructivo” con los socios económicos que permita reducir dependencias y reforzar la autonomía estratégica de la Unión.

Ante este reclamo, la Comisión Europea ha abierto la puerta a la imposición de derechos compensatorios a los automóviles híbridos chinos, según informó este viernes el diario alemán Handelsblatt, con información de altos responsables de la Unión Europea y fuentes del sector automovilístico.

Los aranceles surgen como medida para frenar el creciente déficit comercial del bloque con China y su fuerte dependencia de la segunda economía más grande del mundo en lo que respecta a tierras raras y otros suministros críticos. En este sentido, el objetivo de la CE es imponer derechos compensatorios adicionales a los vehículos de fabricantes chinos como BYD, Chery y SAIC.

La línea de imponer aranceles al comercio chino no es seguida por todo el bloque. Países como España o Alemania se muestran más cautelosos y abogan por el diálogo con Pekín para evitar una guerra comercial como la vivida recientemente con el gobierno estadounidense de Donald Trump. España ha pedido mantener una relación pragmática con Pekín y se opone a posiciones duras que puedan tener consecuencias negativas para la economía comunitaria.

Sobre esta cuestión, el presidente Pedro Sánchez se posicionó a favor de “tender puentes” y no tensiones comerciales con “potenciales aliados” como China a su llegada a Bruselas este jueves. “Europa lo que necesita son amigos”, afirmó, advirtiendo que ya hay bastante fragmentación y enfrentamiento en la política global.

La Comisión Europea estudiará dos líneas de actuación

Del otro lado, un grupo cada vez más mayoritario liderado por Francia, Italia y Países Bajos han reclamado “nuevos mecanismos” más contundentes y ágiles que las herramientas con las que ya cuenta la UE en materia comercial -el bloque impone aranceles a vehículos eléctricos importados fabricados en China desde 2024-, como las contramedidas arancelarias o el mecanismo anticoerción.

En este contexto, tras una cena de trabajo celebrada este jueves, fuentes europeas han indicado a Europa Press que los líderes reunidos han coincidido en la necesidad de mantener la “unidad” entre los 27 en política comercial y el “diálogo” con el exterior, sin descuidar que “la competencia leal a nivel mundial exige igualdad de condiciones”. Por ello, han pedido a la Comisión dos líneas de trabajo. La primera, enfocada en posibles medidas de defensa comercial y, la segunda, centrada en un “diálogo que dé resultados”.

En concreto, han encargado a Bruselas “desarrollar y, en su caso, complementar el conjunto de herramientas en materia de defensa comercial y política industrial, para garantizar que la UE disponga de todos los instrumentos necesarios para defender sus intereses y reducir riesgos” y un “diálogo que debe dar resultados” para defender los intereses económicos y de seguridad de la Unión.

La guerra en Oriente Medio provocó una escalada abrupta de los precios del combustible que, tras la firma del Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán el pasado miércoles, ha recuperado los precios preguerra. Durante estos tres meses en los que el Estrecho de Ormuz ha permanecido cerrado o con el tráfico marítimo ralentizado, distintos sectores europeos alertaron de la falta de combustible para sectores clave, como la agricultura y ganadería, el sector servicios -junto con el transporte- y la aviación turística.

Ante esta situación, Bruselas planteó la reapertura del comercio de carburantes con Rusia, con quien terminó sus relaciones comerciales como medida de presión tras el inicio de la guerra de Ucrania, el pasado 24 de febrero de 2022. Este planteo ha sido rechazado desde la oficina del comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen.

“La prohibición impide a las empresas comercializar o vender Gas Natural Licuado (GNL) ruso a terceros países, ya que no es relevante si dicho GNL está destinado a la UE o no”, han señalado en una carta a la que ha tenido acceso Reuters y que iba dirigida a Poten and Partners, una empresa de corretaje marítimo y asesoría en materia de GNL.

Poten and Partners no es la única compañía que ha dirigido sus dudas sobre el comercio con Moscú. Aunque la Unión votó a favor de dejar de importar gas ruso para 2027 como respuesta a la guerra del Kremlin contra Ucrania, varias empresas con sede en el bloque comunitario europeo que tienen contratos a largo plazo para el GNL ruso han señalado que esas normas, junto con otras sanciones contra el país presidido por Vladimir Putin, no dejaban claro si las compañías podrían derivar esos cargamentos hacia compradores fuera de la UE.

La carta del comisario de Energía de la UE deja clara la respuesta: “La transferencia de GNL ruso por parte de operadores de la Unión, independientemente del destino final, está prohibida en el contexto de la prohibición del GNL”. Esta situación pone en jaque a empresas energética de la Unión que tienen contratos a largo plazo con Moscú, como la española Naturgy, la francesa TotalEnergies y la alemana SEFE, que esperan importar este año más GNL ruso que el año pasado, cuando Europa importó 14,94 millones de toneladas métricas del proyecto Yamal LNG, situado en el Ártico occidental de Rusia.

Las empresas responden a la carta de Bruselas

La reacción de las empresas energéticas a la carta de la Unión no se ha hecho esperar. Desde TotalEnergies, que posee una participación del 20% en Yamal, comunicaron que, de prohibirse la comercialización del gas ruso fuera de la UE, se plantearía vender su participación. Patrick Pouyanné, director general de la compañía, señaló a principios de junio que necesitaba respuestas de las autoridades comunitarias ya que él había recibido asesoramiento jurídico contradictorio.

Por su parte, la española Naturgy advirtió en su informe anual de 2025 que la prohibición de importación afectaría a 10.950 millones de euros en compromisos de compra de gas ruso. Además, el consejero delegado, Manuel García Cobaleda, señaló en febrero que las sanciones de la UE estaban diseñadas para permitir a las empresas invocar la “fuerza mayor”, lo que las exime de la obligación de cumplir con sus contratos de compra.

La nueva empresa de Bertín Osborne, Española de Telefonía, ha debutado en el mercado rodeada de polémica. La compañía, vinculada a la imagen del cantante y presentador, ha sido denunciada por Facua-Consumidores en Acción por una serie de presuntas irregularidades que, según la organización, vulnerarían hasta cinco normativas diferentes relacionadas con los derechos de los consumidores.

La asociación ha presentado denuncias ante varios organismos públicos, entre ellos la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, la Secretaría de Estado de Digitalización y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según Facua, las supuestas infracciones afectan a ámbitos tan diversos como la publicidad, la contratación de servicios, la protección de datos personales y la información obligatoria que deben ofrecer las empresas en internet.

La campaña de lanzamiento de la compañía ha estado protagonizada por Bertín Osborne bajo el eslogan Las cosas bien hechas, las cosas a derechas. Sin embargo, la organización de consumidores sostiene que la realidad es muy distinta y considera que la empresa ha iniciado su actividad acumulando incumplimientos básicos que afectan directamente a los usuarios.

Publicidad bajo sospecha

Uno de los principales motivos de la denuncia está relacionado con la promoción de la denominada tarifa España. La compañía anuncia una oferta de llamadas ilimitadas nacionales y 25 GB de datos móviles por 7,50 euros al mes, calificándola como un “precio imbatible”.

Facua considera que esta afirmación podría inducir a error a los consumidores, ya que existen en el mercado operadores que ofrecen prestaciones similares e incluso superiores por un coste menor. Según la asociación, algunas tarifas equivalentes pueden encontrarse por cinco euros mensuales, lo que situaría la propuesta de Española de Telefonía como una de las más caras dentro de ese segmento.

Por este motivo, la organización entiende que la empresa podría estar incurriendo en publicidad engañosa y competencia desleal, al trasladar un mensaje comercial que no se correspondería con la realidad del mercado.

Falta de transparencia contractual

Otra de las cuestiones que ha despertado preocupación entre los defensores de los consumidores es la ausencia de información contractual en la página web de la compañía. Facua asegura que los usuarios no pueden consultar las condiciones completas de los servicios antes de contratar.

Además, la organización denuncia que tampoco se informa adecuadamente sobre el derecho de desistimiento, una garantía legal que permite cancelar determinados contratos en un plazo de 14 días desde su formalización. Esta información es obligatoria en las contrataciones realizadas a distancia y constituye uno de los pilares de la protección al consumidor en el ámbito digital.

La asociación considera que esta carencia impide a los potenciales clientes conocer con exactitud las condiciones de la oferta y limita su capacidad para tomar decisiones informadas antes de contratar un servicio.

Atención al cliente en el punto de mira

Las críticas también alcanzan al sistema de atención al cliente habilitado por la operadora. Según Facua, los números de contacto disponibles en la web no son gratuitos, ya que corresponden a una línea móvil y a un número geográfico con prefijo de La Rioja.

La legislación vigente en materia de telecomunicaciones establece que las compañías deben disponer de canales gratuitos para atender consultas, incidencias o reclamaciones relacionadas con sus servicios. La asociación entiende que la empresa estaría incumpliendo esta obligación legal.

Un aspecto llamativo señalado en la denuncia es que, al establecerse la llamada, una inteligencia artificial recibe al usuario con la expresión “viva España”, una característica que ha generado numerosos comentarios en redes sociales desde el lanzamiento de la compañía.

Protección de datos y privacidad

La asociación también ha puesto el foco en la gestión de los datos personales de los usuarios. Según explica, la web solicita información personal para tramitar consultas comerciales, pero remite a una supuesta política de privacidad que no puede consultarse correctamente.

Al pulsar sobre el enlace correspondiente, los usuarios no acceden a ningún documento informativo, lo que impediría conocer aspectos esenciales como la finalidad del tratamiento de los datos, los derechos de acceso, rectificación o supresión, así como las vías para ejercerlos.

La asociación considera que esta situación podría vulnerar tanto la legislación española de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, motivo por el que ha trasladado el caso a la Agencia Española de Protección de Datos para que lo investigue.

Una web sin aviso legal

Entre las irregularidades detectadas también figura la ausencia de un aviso legal completo. Aunque la página identifica a la sociedad mercantil que opera la marca comercial e incluye su número de identificación fiscal, no informa sobre su domicilio social.

Esta información es obligatoria para cualquier empresa que preste servicios a través de internet y permite a los usuarios conocer quién se encuentra detrás de una actividad económica y dónde puede dirigirse en caso de conflicto.

Facua sostiene que esta omisión constituye una nueva vulneración de la normativa sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.

Mientras las denuncias siguen su curso, la organización de consumidores asegura que continúa analizando la actividad de la compañía y advierte de que podría dar a conocer nuevas irregularidades en los próximos días. El caso amenaza con convertirse en uno de los estrenos empresariales más controvertidos de los últimos años dentro del sector español de las telecomunicaciones.

Los ahorradores españoles vuelven a encontrarse ante una oportunidad financiera que, según los expertos, la mayoría sigue desaprovechando. La intensificación de la llamada ‘guerra comercial’ entre bancos para captar clientes podría permitir a los hogares ganar hasta 570 euros adicionales al año, siempre que trasladen sus ahorros a productos mejor remunerados, según calculan en Kelisto.es.

El problema es que ese potencial beneficio convive con una realidad muy distinta: la mayor parte del dinero sigue estancado en cuentas que apenas ofrecen rentabilidad. En España, solo el 17,6% de los hogares dispone de cuentas no utilizables para pagos, es decir, productos específicos para ahorrar. Esto significa que más de 16 millones de hogares no tienen su dinero separado de su operativa diaria.

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En la práctica, esto provoca que una gran parte del ahorro permanezca ‘dormido’ en cuentas que apenas generan intereses, en un momento en el que el mercado bancario ha cambiado de forma significativa por el alza de tipos de interés llevada a cabo por parte del Banco Central Europeo y la creciente competencia entre entidades tradicionales y digitales.

El dinero parado en cuentas corrientes pierde rentabilidad

El Banco de España estima que los hogares españoles mantienen un saldo medio de alrededor de 8.000 euros en sus cuentas habituales de pago. Sin embargo, la remuneración media de estos depósitos apenas alcanza el 0,15% TEDR (Tipo Efectivo de Definición Restringida), lo que se traduce en unos 12 euros brutos al año por ese capital.

Este escenario contrasta con las nuevas ofertas que han comenzado a proliferar en el mercado. Actualmente, el interés de las cuentas remuneradas más competitivas se sitúan entre el 2,5% y el 3,5% TAE, aunque con diferencias importantes en condiciones, límites de saldo y duración de las promociones.

La diferencia es especialmente relevante en términos prácticos. Pasar de una rentabilidad del 0,15% a otra cercana al 3% puede multiplicar por más de veinte los intereses obtenidos, convirtiendo lo que antes eran apenas unos euros en varios cientos de euros anuales.

Hasta 570 euros más al año según el saldo

El impacto económico varía en función del ahorro acumulado. Los expertos de Kelisto ponen un ejemplo: para un hogar con 8.000 euros, el salto de rentabilidad puede suponer hasta 228 euros adicionales al año. En el caso de familias con 20.000 euros, la diferencia se eleva hasta los 570 euros brutos anuales frente a los apenas 30 euros que generarían en una cuenta estándar.

El contexto macroeconómico también juega a favor de este cambio. El BCE ha elevado sus tipos oficiales hasta el 2,25%, lo que ha permitido a las entidades ampliar sus márgenes para remunerar el ahorro. Sin embargo, no todos los bancos trasladan ese incremento de forma automática a los clientes.

En los últimos meses, entidades como Revolut, Trade Republic, Bankinter, Openbank o Banco Sabadell han lanzado ofertas con rentabilidades que llegan hasta el 3,51% TAE en algunos casos, especialmente dirigidas a nuevos clientes.

Este movimiento confirma dos tendencias: por un lado, la intensificación de la competencia entre bancos tradicionales y plataformas digitales; por otro, la apertura de una nueva etapa en la que el ahorro vuelve a ser un producto estratégico para atraer usuarios.

Además de los intereses, las entidades también compiten con incentivos adicionales como bonificaciones por domiciliar nóminas, promociones en efectivo o ventajas vinculadas al uso de tarjetas y servicios digitales.

“La pregunta ya no es únicamente cuánto paga una cuenta, sino qué recibe realmente el cliente a cambio de permanecer en una que apenas remunera sus ahorros. Si no existen servicios, ventajas o condiciones que compensen la diferencia, comparar y mover el dinero deja de ser una decisión sofisticada: se convierte en una medida básica para proteger el valor del ahorro”, señala Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas personales de Kelisto.

Inflación: el enemigo silencioso del ahorro

Más allá de la rentabilidad nominal, los expertos advierten de otro factor clave: la inflación. Con un incremento previsto cercano al 4%, el poder adquisitivo del dinero puede deteriorarse incluso si permanece en una cuenta bancaria.

“Ante el panorama de guerra comercial de los bancos, la clave ya no está únicamente en conseguir un ingreso adicional —que, por sí solo, ya es un argumento de peso y puede servir para darse un capricho o afrontar algún gasto imprevisto—. La cuestión es mucho más profunda: evitar que la inflación vaya erosionando silenciosamente el valor de los ahorros", incide Ruiz.

Según estimaciones de Kelisto, mantener 8.000 euros sin invertir ni rentabilizar durante un año con una inflación del 2% supone perder capacidad de compra equivalente a más de 150 euros. En un horizonte de cinco años, la pérdida puede superar los 750 euros.

Este fenómeno refuerza la idea de que el dinero no solo debe mantenerse seguro, sino también generar rendimiento para no perder valor con el paso del tiempo.

“Comparar es clave”: la visión de los expertos

“¿Por qué renunciar a 228 o incluso 570 euros al año?”, señala Pedro Ruiz, que insiste en que muchos productos bancarios son muy similares en su estructura, por lo que la principal diferencia está en la rentabilidad.

El experto explica que, a diferencia de otros sectores donde la elección depende de factores emocionales o de marca, en el caso del ahorro bancario la decisión debería basarse casi exclusivamente en criterios económicos, siempre que se cumplan condiciones básicas como la seguridad del dinero y la ausencia de comisiones.

Ruiz también advierte de que la clave no está solo en el tipo de interés anunciado, sino en las condiciones reales del producto: duración de la promoción, límites de saldo o requisitos de vinculación.

“Comparar, revisar las condiciones y buscar una remuneración competitiva no es solo una forma de obtener un ingreso extra, sino una herramienta para evitar que los ahorros pierdan valor año tras año”, explica el portavoz de Finanzas de Kelisto.

Cómo actúa la nueva guerra bancaria

La entrada de nuevos actores digitales en el sector bancario ha acelerado la competencia. Estos bancos operan con estructuras más ligeras, lo que les permite ofrecer rentabilidades más agresivas durante periodos promocionales.

Sin embargo, las ofertas no siempre son tan simples como parecen. Algunas solo se aplican durante unos meses o están limitadas a un máximo de saldo remunerado, lo que puede reducir el beneficio real para el cliente. Por ello, los expertos recomiendan analizar siempre el retorno efectivo anual, más allá del porcentaje publicitado.

La importancia de mover el dinero

En este contexto, la inercia es el mayor enemigo del ahorro. Mantener el dinero en la misma cuenta corriente durante años sin revisar alternativas implica, en muchos casos, renunciar a rentabilidad sin ser consciente de ello.

“Los bancos ya han empezado a mover ficha; ahora les corresponde a los ahorradores decidir si quieren seguir conformándose con unos pocos euros al año o hacer que las entidades compitan de verdad por su dinero”, incide Ruiz.

El auge de ofertas más rentables por parte de la banca refleja un cambio estructural en la relación entre bancos y clientes. El ahorro deja de ser un producto pasivo para convertirse en un campo de competencia directa entre entidades.

Para los hogares, esto abre una oportunidad clara: mejorar la rentabilidad de su dinero sin asumir riesgos adicionales, siempre que se tomen decisiones informadas. Esto es debido a que el dinero que no se mueve ni se optimiza pierde valor. Y ahora, los bancos están dispuestos a pagar por él.

Un informe de la Fundación Economía y Salud advierte de que España necesita una reforma estructural urgente de la incapacidad temporal, un sistema que solo en 2025 generó un gasto de 33.000 millones de euros y que coloca al país como el de mayor incidencia de bajas laborales del mundo. El documento, elaborado a partir de una jornada celebrada en marzo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, reúne las conclusiones de economistas, juristas, médicos, sindicatos y representantes de mutuas, y reclama un acuerdo político comparable al que en su día reformó el sistema de pensiones.

El informe señala que la incapacidad temporal padece los mismos males que amenazaban las pensiones antes de aquel consenso: crecimiento insostenible del gasto, fragmentación institucional, incentivos mal alineados y un marco normativo que no responde a la realidad del mercado laboral del siglo XXI. El gasto en incapacidad temporal se ha duplicado desde 2019 y ha crecido más de un 60% en la última década, con cerca de un millón de trabajadores ausentes cada día y más de 377 millones de jornadas perdidas al año.

La arquitectura del problema, según los expertos reunidos por la Fundación Economía y Salud, tiene un nudo central: quien certifica la baja no asume su coste. Los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas emiten los partes médicos, pero la factura la pagan la Seguridad Social y las empresas. Esa disociación genera, en palabras del informe, “un sistema de incentivos perverso” en el que quien reconoce la prestación carece de motivación para controlar su duración, y quien la financia tiene escasa capacidad para intervenir.

Un sistema sanitario saturado

A esa disfunción de gobernanza se suma la presión que la gestión burocrática de las bajas ejerce sobre la atención primaria. Según el documento, en algunos centros hasta tres cuartas partes del tiempo de consulta se destina a tareas administrativas vinculadas a la incapacidad temporal, lo que reduce la capacidad resolutiva del médico y deteriora la calidad asistencial. Las listas de espera en especialidades como traumatología prolongan artificialmente los procesos: la baja se convierte en una sala de espera del propio sistema sanitario.

Además, el informe identifica la salud mental como el nuevo epicentro de la crisis. Las bajas por causas psiquiátricas crecieron un 175% en la población general y un 375% entre los menores de 35 años en la última década. Hoy, uno de cada tres procesos prolongados de incapacidad temporal tiene origen en trastornos mentales, y cerca del 80% de quienes llevan más de 545 días de baja por esa causa no accede a una incapacidad permanente, por lo que debe reincorporarse tras año y medio de ausencia sin mecanismos de retorno gradual.

Precisamente, la ausencia de figuras intermedias entre la baja total y la jornada completa es una de las carencias más señaladas. Países como los Países Bajos, el Reino Unido y los países nórdicos disponen desde hace décadas de sistemas de reincorporación progresiva que reducen la duración de los procesos y previenen recaídas. En España, esa figura es prácticamente inexistente en el ordenamiento jurídico. El informe plantea también revisar situaciones que el marco actual no resuelve: un teletrabajador con una lesión que le impide desplazarse pero no trabajar desde casa, o un trabajador en pluriempleo cuya baja afecta solo a una de sus actividades, quedan hoy atrapados en una lógica de todo o nada.

Las recomendaciones de los expertos

Las propuestas del documento se articulan en tres horizontes temporales. A corto plazo, los autores reclaman la simplificación normativa y la digitalización integral de los procesos. A medio plazo, proponen reformar la gobernanza, rediseñar los incentivos y crear unidades especializadas de gestión. El horizonte más ambicioso contempla el desarrollo de sistemas predictivos basados en inteligencia artificial y la consolidación de un modelo de salud laboral interoperable entre administraciones.

En concreto, los expertos reclaman en el capítulo de gobernanza actualizar el Real Decreto 1299/2006 sobre enfermedades profesionales por quedar obsoleto ante los riesgos psicosociales emergentes, homogeneizar los baremos de recuperación óptima entre comunidades autónomas y reforzar las plantillas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con 300 inspectores adicionales y más psicólogos. El horizonte que describen es un sistema “público en universalidad, privado en agilidad”, con mutuas financiadas por cotizaciones y con capacidad de atención sanitaria plena para los trabajadores, pero sin recortes a la protección ni merma de los derechos adquiridos.

Otro eje de reforma pasa por la interoperabilidad de los sistemas de información sobre incapacidad temporal. Hoy, un inspector del INSS o un facultativo de una mutua no puede acceder a la historia clínica del servicio público de salud. El informe reclama que esa información fluya entre administraciones, con pleno respeto a la normativa de protección de datos y sin que los registros clínicos salgan del ámbito de la sanidad pública. El documento propone además la creación de un Observatorio de la IT con participación multidisciplinar, capaz de hacer un seguimiento riguroso y homogéneo de datos, causas y resultados en todo el territorio.

En 2022, la inteligencia artificial (IA) generativa irrumpió en el mercado de trabajo prometiendo transformar las dinámicas laborales de todo el mundo. Cuatro años después, solo una de cada cinco empresas admite utilizar estas tecnologías, pero su efecto en el empleo comienza a notarse. El 44% de las grandes empresas españolas prevé reducir puestos de trabajo asociados a tareas repetitivas en los próximos tres años por la adopción de inteligencia artificial, mientras los universitarios se consolidan como el grupo laboral con mayor exposición ocupacional a la IA generativa, según el informe anual del Banco de España publicado este jueves.

La institución documenta así dos frentes simultáneos de transformación del mercado laboral. Por un lado, la automatización de tareas rutinarias que ya planifican las empresas más grandes. Por otro, la exposición de los trabajadores más formados a una tecnología que, a diferencia de oleadas previas de automatización, replica tareas cognitivas complejas y no solo manuales.

De momento, solo el 89% de las empresas declara que la IA no ha tenido efectos significativos sobre su plantilla en los últimos tres años, y solo el 6% afirma haber reducido empleo. Pero las proyecciones a tres años dibujan un escenario diferente: las grandes empresas anticipan cambios de mayor calado que las pequeñas y medianas, con el 44% esperando recortes en puestos rutinarios frente al 83% de pymes que no prevé alteraciones en ese tipo de empleo.

Aumenta el riesgo para el trabajador formado

Sin embargo, la IA generativa no automatiza solo cadenas de montaje o tareas administrativas elementales. Su capacidad para producir texto, código, imágenes y contenido analítico la convierte en una tecnología que puede replicar o asistir tareas cognitivas no rutinarias, las mismas que han protegido históricamente a los trabajadores más cualificados frente a la automatización.

El Banco de España constata que los jóvenes españoles de entre 20 y 28 años con estudios universitarios son el grupo con mayor exposición ocupacional a la IA generativa, muy por encima de quienes tienen ESO, Bachillerato o FP media. La FP superior ocupa una posición intermedia, pero también elevada. Además, la exposición crece con el tamaño de la empresa: es notablemente mayor en firmas de 250 o más empleados, precisamente las que más han avanzado en la adopción.

Los datos actuales no muestran todavía un impacto negativo en las contrataciones de jóvenes universitarios. La exposición media de los recién contratados con estudios superiores no ha variado desde 2022, cuando irrumpió la IA generativa en el mercado. El informe advierte, no obstante, que los efectos sobre el empleo de estas tecnologías tienden a materializarse con retraso y que los posibles impactos pueden requerir más tiempo para reflejarse en los datos agregados.

Productividad sí, empleo todavía no

El uso de tecnologías de IA en las empresas españolas se duplicó entre 2021 y 2025, del 8% al 20%, según la Encuesta sobre el Uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). En las grandes empresas, la adopción supera ya los dos tercios. El Banco de España señala que ese ritmo de expansión ha venido acompañado de una reducción generalizada de los obstáculos percibidos, especialmente entre las pymes, con descensos en la percepción de costes, incertidumbre legal y falta de personal cualificado.

Las empresas que han adoptado IA ya perciben mejoras de eficiencia. Más del 25% declara haber obtenido ganancias de productividad en los últimos tres años, con mayor intensidad entre las grandes. El 61% de las grandes empresas prevé aumentos de productividad por esta vía en los próximos tres años, frente al 27% de las pymes. El informe del Banco de España atribuye esta diferencia, en parte, al estado menos desarrollado de adopción en el segmento de menor tamaño.

La institución describe esta dinámica como una curva en J: los costes de adopción (inversión tecnológica, formación, reorganización interna) se materializan de forma inmediata, mientras que los beneficios sobre la productividad llegan de forma gradual.

Una brecha que puede agrandarse

La inteligencia artificial no llega igual a todas las empresas, y esa asimetría preocupa al Banco de España. Las adoptantes son más grandes, más intensivas en capital y con plantillas más cualificadas. Si esa concentración se consolida, la tecnología podría ampliar las diferencias de productividad entre grandes empresas y pymes en lugar de reducirlas, con efectos sobre la eficiencia asignativa del conjunto de la economía.

Las empresas que ya han incorporado estas tecnologías presentan un perfil diferenciado del resto. Tienen de media un 17 % más de capital por trabajador, una participación del trabajo en el valor añadido 4 puntos porcentuales inferior y una proporción de trabajadores altamente cualificados 8 puntos mayor que las no adoptantes. La IA entra, ante todo, donde ya hay más talento y más capital.

Las altas temperaturas que se están registrando en buena parte de España no solo están alterando la vida cotidiana y elevando el consumo energético, sino que también están obligando a revisar cómo se desarrollan algunos trabajos. En un contexto marcado por episodios de calor cada vez más intensos y prolongados durante los meses de verano, las condiciones ambientales en el puesto laboral han adquirido una relevancia creciente tanto desde el punto de vista sanitario como legal.

Mientras España se prepara para enfrentarse a la primera ola de calor del verano, las empresas deben empezar a adaptarse a las importantes consecuencias de este fenómeno en el ámbito laboral: trabajar bajo temperaturas extremas no solo es peligroso para la salud, sino que está expresamente prohibido por la normativa española.

Así lo advierte el abogado Sebastián Ramírez en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas), que recuerda que la legislación vigente establece umbrales térmicos concretos según el tipo de puesto. En espacios industriales, el margen legal va de los 14 a los 25 grados. En oficinas, el rango se amplía ligeramente, entre los 17 y los 27 grados. Cualquier temperatura fuera de esos límites obliga a la empresa a intervenir.

Más allá de una cuestión de comodidad, el control térmico en el entorno laboral forma parte de las obligaciones preventivas que deben asumir las empresas para garantizar la seguridad y la salud de sus plantillas. La exposición continuada al calor puede provocar fatiga, pérdida de concentración, deshidratación y un aumento del riesgo de accidentes, especialmente en actividades que requieren esfuerzo físico o el uso de maquinaria.

Qué dice la ley sobre el calor en el trabajo

La normativa española regula tanto el calor extremo como el frío en el entorno laboral. Todo trabajador tiene derecho a unas “garantías climáticas” mínimas para desarrollar su actividad “de una forma normal y cómoda”, según explica Ramírez.

Estas condiciones no afectan únicamente a oficinas o instalaciones industriales. El marco normativo contempla que los espacios de trabajo deben reunir unas condiciones ambientales adecuadas para que la actividad pueda desarrollarse sin comprometer el bienestar ni la seguridad de quienes la realizan. Cuando las temperaturas se sitúan fuera de los rangos establecidos, la empresa debe adoptar medidas correctoras que permitan recuperar unas condiciones compatibles con el trabajo.

La responsabilidad de garantizar esas condiciones recae sobre el empleador. Si las temperaturas superan (o no alcanzan) los umbrales fijados, “tiene que ser controlado por la empresa”, subraya el letrado. Entre las actuaciones que pueden aplicarse figuran la adaptación de horarios, la mejora de los sistemas de ventilación o climatización, la reorganización de tareas y el refuerzo de las pausas cuando las condiciones ambientales lo exijan.

El caso particular del trabajo al aire libre

La norma reconoce que hay situaciones donde el control térmico es prácticamente imposible. El trabajo en exteriores es el ejemplo más claro, y Ramírez lo admite sin rodeos: “Es muy difícil, por ejemplo, en trabajos al exterior, controlar esto”. Sectores como la construcción, el mantenimiento urbano, la agricultura o determinados servicios logísticos son especialmente sensibles a los episodios de calor intenso, ya que gran parte de su actividad depende de las condiciones meteorológicas y de la exposición directa al sol.

Ante esa realidad, el abogado enumera tres medidas preventivas básicas para quienes trabajan bajo el sol: respetar los tiempos de descanso, mantener una hidratación constante y extremar la precaución en todo momento. El objetivo es reducir el riesgo de golpes de calor y lo que el propio Ramírez llama “situaciones infortunadas”.

Su mensaje final es directo: “Estas temperaturas para trabajar en el exterior son duras, así que lo mejor es protegerse”. En paralelo, el aumento de estos episodios de calor extremo está llevando a que empresas y trabajadores presten cada vez más atención a la organización de las jornadas y a las medidas preventivas aplicadas durante los periodos de calor intenso.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en distitnas ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,375 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,395 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,642 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,712 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,583 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,725 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,399 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,545 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,685 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,645 euros el litro

Precio mínimo: 1,319 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,745 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,605 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Mientras muchas localidades europeas buscan fórmulas para frenar la pérdida de habitantes, un pequeño municipio italiano ha decidido recurrir a una medida cada vez más popular en el país. Se trata de Norma, un pueblo medieval de la región del Lacio que ha puesto en marcha un programa de casas por un euro con el objetivo de recuperar viviendas abandonadas, revitalizar su casco histórico y atraer nuevos residentes.

La iniciativa forma parte de los conocidos proyectos de “Casas por 1 Euro”, impulsados en distintos municipios italianos afectados por el envejecimiento de la población y la emigración hacia grandes ciudades. Aunque el precio de compra es meramente simbólico, los interesados deben asumir posteriormente los costes de rehabilitación de los inmuebles, así como los gastos administrativos y notariales asociados a la operación.

Norma se encuentra en los montes Lepini, en la provincia de Latina, y está considerada una de las localidades con mejores vistas de toda la región del Lacio. Desde su privilegiada ubicación domina la llanura Pontina y conserva un importante patrimonio histórico que las autoridades locales quieren preservar mediante la llegada de nuevos vecinos e inversiones.

La despoblación se ha convertido en uno de los principales desafíos para muchos municipios italianos. La falta de oportunidades laborales y la concentración de servicios en las grandes áreas urbanas han provocado que numerosos pueblos pierdan habitantes de forma constante durante las últimas décadas, dejando decenas de viviendas vacías y numerosos edificios en estado de abandono.

El Ayuntamiento pretende recuperar inmuebles que llevan años desocupados y devolverlos al mercado. La intención es que las viviendas vuelvan a tener uso residencial y contribuyan a mantener vivo el centro histórico del municipio. Además, espera que la llegada de nuevos residentes impulse la actividad económica y favorezca el desarrollo de sectores como el turismo o el comercio local.

Qué requisitos deben cumplir los compradores

A pesar de que el precio de adquisición es de solo un euro, el programa establece una serie de obligaciones para quienes deseen participar. Los futuros propietarios deben presentar un proyecto de rehabilitación detallado que demuestre la viabilidad de las obras y el compromiso de restaurar adecuadamente la vivienda.

Además, todos los gastos relacionados con la compra correrán por cuenta del comprador. Esto incluye los honorarios notariales, las tasas de registro, la transferencia de la propiedad y los trámites de inscripción catastral necesarios para formalizar la operación.

Los participantes también deberán informar al Ayuntamiento del inicio y la finalización de las obras, respetando los plazos establecidos en cada expediente. El incumplimiento de estos compromisos puede derivar en sanciones o en la pérdida de las garantías previstas por el programa. Otro de los requisitos consiste en constituir una garantía financiera, generalmente mediante una póliza específica cuyo importe suele situarse entre los 1.000 y los 5.000 euros. Esta cantidad se devuelve una vez que las obras han sido completadas.

El programa de viviendas por un euro continuará expandiéndose durante 2026 y estará presente en 14 regiones italianas. Aunque Sicilia, Calabria y Cerdeña concentran buena parte de las ofertas disponibles, también existen oportunidades en territorios como Toscana, Piamonte, Las Marcas o el propio Lacio, donde municipios como Norma confían en que estas iniciativas sirvan para devolver actividad y población a algunos de los rincones más históricos del país.

El absentismo laboral continúa creciendo en España y ya se ha convertido en uno de los principales desafíos para empresas y administraciones. Durante 2025, la tasa media anual alcanzó el 7,68%, el nivel más alto registrado hasta la fecha, lo que supone que cada día entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo. De ellas, alrededor de 1,27 millones se encontraban de baja médica, según los datos recogidos en el último informe elaborado por Adecco.

La evolución de este fenómeno refleja una tendencia al alza que se ha consolidado en los últimos años. El estudio señala que el absentismo ha dejado de ser una circunstancia puntual para convertirse en un problema de carácter estructural, con consecuencias directas sobre la productividad, la organización de las plantillas y la capacidad de las empresas para cubrir determinados puestos de trabajo.

Los datos muestran además que el último trimestre de 2025 cerró con una tasa del 7,88%, el porcentaje trimestral más elevado de toda la serie histórica. Este incremento confirma la preocupación existente en el mercado laboral ante una realidad que afecta cada vez a más sectores y que obliga a replantear las políticas de salud y bienestar dentro de las organizaciones.

Carlos Arcas, director de Adecco, ha advertido de que el absentismo ya no puede analizarse como una cuestión aislada. Según ha explicado, su impacto alcanza al conjunto de la economía y condiciona la forma en la que las empresas planifican sus recursos humanos, gestionan sustituciones y afrontan los costes derivados de las ausencias prolongadas.

El principal factor detrás de este aumento es el crecimiento de las bajas por incapacidad temporal, que durante 2025 alcanzaron una tasa del 5,97%, 0,29 puntos porcentuales más que en 2024. Entre las causas más relevantes aparecen el envejecimiento de la población trabajadora, el incremento de los problemas relacionados con la salud mental y la prolongación de muchos procesos médicos.

Crece la aparición de enfermedades profesionales

Como consecuencia de esta situación, cada trabajador pierde de media 10,9 horas de trabajo al mes. El informe destaca que este fenómeno obliga a las compañías a considerar la salud laboral como un elemento estratégico y no únicamente como una cuestión administrativa vinculada a la gestión de bajas y ausencias.

Otro de los aspectos que preocupa a los expertos es el aumento de las enfermedades profesionales. Durante el pasado año, este tipo de patologías con baja laboral crecieron un 6,16%, impulsadas principalmente por problemas relacionados con movimientos repetitivos, sobreesfuerzos físicos y posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo. Más del 80% de estas enfermedades tienen su origen en agentes físicos asociados al desempeño laboral. La industria manufacturera concentra una parte importante de estos casos, lo que ha llevado a reclamar medidas preventivas más eficaces para reducir la exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo continuado.

Según el análisis, una parte significativa del absentismo está vinculada directamente a las condiciones físicas de determinados empleos. Por ello, los especialistas consideran prioritario reforzar las estrategias de prevención, especialmente en aquellas actividades donde el esfuerzo corporal tiene un peso determinante en la jornada laboral.

Por sectores, la industria registra la tasa más elevada de absentismo, con un 8,34%. Los servicios, por su parte, presentan el mayor crecimiento interanual, con un incremento de 0,47 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. La construcción se mantiene por debajo de ambos sectores, aunque también registra niveles significativos, con una tasa del 6,54%. Existen además actividades concretas que superan ampliamente la media nacional. Es el caso de las actividades postales y de correos, donde el absentismo alcanza el 13,28%, una cifra que prácticamente duplica el promedio registrado en el conjunto del mercado laboral.

Los expertos apuntan que las mayores tasas suelen concentrarse en sectores con una elevada exigencia física y con menores posibilidades de flexibilidad organizativa. Esta combinación dificulta la cobertura de vacantes, incrementa la rotación de personal y genera tensiones adicionales en los equipos de trabajo.

El aumento continuado de las ausencias también tiene efectos económicos. Las empresas se ven obligadas a recurrir con mayor frecuencia a contrataciones temporales para cubrir sustituciones, mientras que los costes laborales asociados a estas situaciones continúan aumentando. Al mismo tiempo, la dificultad para encontrar trabajadores disponibles en determinadas actividades está modificando la forma en la que muchas compañías diseñan sus estrategias de gestión de plantillas y planificación de recursos humanos.

La llegada de junio supone un alivio económico para millones de pensionistas en España. Junto a la mensualidad ordinaria, la mayoría de beneficiarios del sistema reciben la correspondiente paga extra de verano, lo que se traduce en un ingreso doble que ayuda a afrontar gastos extraordinarios o planificar las vacaciones. Sin embargo, no todos los pensionistas perciben este abono adicional en estas fechas.

La Seguridad Social ha informado de que el ingreso de la paga extraordinaria de verano comenzará a realizarse a partir del 22 de junio, aunque la fecha exacta puede variar en función de la entidad bancaria y retrasarse hasta el día 26. Como ocurre cada año, millones de beneficiarios verán reflejado en sus cuentas un importe equivalente al de una mensualidad adicional.

No obstante, existe un colectivo que no cobrará ninguna cantidad extraordinaria este mes ni tampoco en noviembre. Se trata de los pensionistas que tienen reconocida una prestación derivada de accidente laboral o enfermedad profesional. Aunque a simple vista pueda parecer una desventaja frente al resto de pensionistas, la explicación se encuentra en la forma en la que estas prestaciones son abonadas a lo largo del año.

La normativa establece que las pensiones originadas por contingencias profesionales no se distribuyen en 14 pagas, sino en 12 mensualidades. Esto significa que las cantidades correspondientes a las dos pagas extraordinarias se encuentran ya integradas dentro de cada una de las mensualidades ordinarias que perciben estos beneficiarios.

En la práctica, el dinero de las pagas extra no desaparece ni se pierde. Lo que ocurre es que se reparte de forma proporcional entre los doce pagos del año. Como consecuencia, los pensionistas afectados reciben una cuantía mensual más elevada, pero no experimentan el incremento puntual de ingresos que sí perciben otros beneficiarios durante los meses de junio y noviembre.

Por el contrario, las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones en favor de familiares suelen abonarse en 14 mensualidades, siempre que no procedan de accidente laboral o enfermedad profesional. En estos casos, los beneficiarios reciben dos pagas extraordinarias completas cada año, una durante el verano y otra coincidiendo con la campaña navideña.

Cómo se genera la paga extra

La percepción íntegra de una paga extraordinaria también depende del tiempo durante el cual el beneficiario haya tenido reconocida la pensión. Para cobrar la paga de junio completa es necesario haber sido pensionista durante todo el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo. Del mismo modo, la paga extraordinaria de noviembre o diciembre se genera entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Cuando el derecho a la pensión nace dentro de esos periodos, la cuantía extraordinaria se calcula de forma proporcional al tiempo transcurrido desde el reconocimiento de la prestación.

La Seguridad Social aplica para ello una fórmula sencilla. El beneficiario genera una sexta parte de la paga extraordinaria por cada uno de los meses incluidos dentro del periodo de devengo. Además, basta con haber tenido reconocida la pensión durante un solo día de un mes concreto para que ese mes compute a efectos del cálculo.

Por ejemplo, una persona a la que se le reconozca la pensión el 8 de marzo no tendrá derecho a una paga extraordinaria completa en junio. En ese supuesto, habrá generado el derecho correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, por lo que percibirá aproximadamente media paga extraordinaria junto con la mensualidad ordinaria.

A partir del siguiente periodo de devengo, siempre que mantenga la condición de pensionista, ya podrá cobrar las pagas extraordinarias completas en las fechas previstas por la Seguridad Social. Esta circunstancia afecta especialmente a quienes acceden por primera vez a una prestación contributiva y esperan recibir un importe doble durante su primer verano como pensionistas.

La banca española vuelve a situarse entre las más rentables del continente. Las entidades financieras nacionales cerraron el primer trimestre de 2026 con una rentabilidad sobre recursos propios (RoE) del 18,5%, un nivel que las convierte en las segundas más rentables de Europa, solo por detrás de Croacia, según el último informe trimestral de riesgos publicado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El dato coloca a España muy por encima de la media europea, que se situó en el 10,5%, y refleja la fortaleza que sigue mostrando el sector financiero nacional tras varios años beneficiándose del entorno de tipos de interés elevados y de una mejora sostenida de la calidad de sus balances.

La diferencia es especialmente llamativa si se compara con las principales economías de la eurozona. Mientras la banca española registró una rentabilidad del 18,5%, las entidades alemanas se quedaron en el 8% y las francesas en apenas el 6,3%, ambas por debajo del umbral del 10% que los analistas consideran una referencia clave para medir la capacidad de generar valor para los accionistas.

España consolida su liderazgo financiero

El ranking elaborado por la EBA muestra que únicamente cinco países lograron superar el 15% de rentabilidad durante los tres primeros meses del año. Croacia encabezó la clasificación con un 21,3%, seguida por España con un 18,5%.

Tras ellas aparecen Lituania, con un 16,1%; Portugal, con un 16%; y Rumanía, con un 15,2%. Italia se quedó muy cerca de ese nivel, al registrar una rentabilidad del 14,9%.

Estos resultados consolidan el protagonismo de los bancos del sur de Europa dentro del nuevo escenario financiero europeo. Tras años marcados por la crisis financiera, la reestructuración del sector y los bajos tipos de interés, muchas entidades han conseguido reforzar sus cuentas y mejorar significativamente su capacidad para generar beneficios.

La EBA destaca que, en términos generales, la banca europea mantiene niveles sólidos de rentabilidad. La media ponderada del sector alcanzó el 9,9% durante el primer trimestre, una cifra que sigue considerándose positiva en comparación con la última década.

Los beneficios seguirán altos pese a una ligera desaceleración

De cara a los próximos años, las previsiones de las propias entidades apuntan a una ligera moderación de los beneficios, aunque sin cambios bruscos en la tendencia.

Según el informe, los bancos europeos esperan que la rentabilidad media se sitúe en torno al 9,8% durante este año. Posteriormente, la EBA prevé una recuperación gradual hasta alcanzar el 10,3% en 2027 y el 11,2% en 2028.

El organismo considera que el sector mantiene una posición sólida para afrontar un entorno económico más complejo, marcado por la incertidumbre geopolítica y por una posible normalización de los tipos de interés en los próximos ejercicios.

Uno de los principales focos de atención sigue siendo el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, la autoridad bancaria europea considera que la exposición directa de las entidades financieras de la Unión Europea a la región es relativamente reducida.

La exposición a Oriente Medio sigue siendo limitada

La EBA calcula que los bancos europeos tenían una exposición de unos 130.000 millones de euros a Oriente Medio a finales de 2025, una cifra que representa menos del 0,5% del total de sus activos.

Los Emiratos Árabes Unidos concentran la mayor parte de esa exposición, con alrededor de 55.000 millones de euros. Les siguen Arabia Saudí, con 23.000 millones, y posteriormente Baréin e Israel, con aproximadamente 8.000 millones cada uno.

Por nacionalidades, los bancos franceses son los más expuestos a la región, con unos 61.000 millones de euros. A bastante distancia aparecen los alemanes y los españoles, ambos con cerca de 19.000 millones, mientras que las entidades italianas acumulan unos 14.000 millones.

No obstante, el informe advierte de que la inestabilidad geopolítica sí puede afectar indirectamente a la economía europea. Sectores como el transporte, la industria pesada o determinadas actividades manufactureras son especialmente vulnerables a posibles interrupciones energéticas o a nuevas subidas del petróleo y del gas.

La morosidad cae en España mientras sube en Alemania y Francia

Otro de los indicadores que refuerzan la buena salud de la banca española es la evolución de la morosidad. Los créditos dudosos o morosos en el conjunto de la Unión Europea se mantuvieron en niveles históricamente bajos durante 2025. A cierre de año representaban el 1,82% del total de préstamos concedidos por las entidades.

Sin embargo, la evolución no fue homogénea entre países. Mientras los bancos alemanes registraron un incremento del 6% en los créditos morosos y los franceses un aumento del 4%, España logró reducirlos un 8% durante el mismo periodo. Italia, por su parte, registró una caída aún mayor, del 12%.

En el caso español, la tasa de morosidad se situó en el 2,5% durante el primer trimestre de 2026. Esto supone una décima menos que al cierre de 2025 y dos décimas menos que un año antes.

Los datos analizados por la EBA proceden de una muestra de 163 bancos pertenecientes a 30 países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, entre los que figuran diez entidades españolas. El resultado confirma que la banca nacional atraviesa uno de sus momentos más sólidos de los últimos años y se mantiene como una de las referencias de rentabilidad dentro del sistema financiero europeo.

Madrid Nuevo Norte empieza a tomar velocidad. La promotora Crea Madrid Nuevo Norte prevé sacar al mercado a finales de este año los primeros suelos residenciales y terciarios de Las Tablas Oeste, uno de los ámbitos que abrirán la transformación urbanística más ambiciosa de la capital en las últimas décadas.

El anuncio supone un paso decisivo para un proyecto que lleva años gestándose y que aspira a redefinir el norte de Madrid. Según explicó el consejero delegado de la compañía, José Ignacio Morales, la urbanización de la zona comenzará “en breve”, lo que permitirá activar la comercialización de parcelas destinadas tanto a vivienda como a actividades económicas.

La previsión es que los promotores inmobiliarios interesados puedan comenzar a comercializar las futuras viviendas durante el primer semestre de 2027. Si los plazos se cumplen y los desarrollos avanzan con rapidez, las primeras llaves se entregarán a finales de 2029.

Una oportunidad en una zona con poca oferta residencial

El ámbito de Las Tablas Oeste contará con suelo para unas 741 viviendas, de las cuales alrededor de 300 estarán destinadas a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV), reforzando así la oferta de vivienda pública dentro del proyecto.

Además, el desarrollo incluirá cerca de 123.000 metros cuadrados de uso terciario, destinados a oficinas, servicios y actividad económica. La combinación de vivienda y empleo es uno de los pilares sobre los que se sustenta el modelo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

José Ignacio Morales destacó durante su intervención que las futuras promociones residenciales se levantarán en una ubicación especialmente atractiva para compradores e inversores. “Se trata de viviendas situadas en una ubicación extraordinaria, en una zona donde actualmente existe muy poca oferta residencial”, señaló.

La escasez de suelo disponible en algunas de las áreas más consolidadas de Madrid ha elevado la expectación sobre este proyecto. El crecimiento demográfico, la presión de la demanda y la falta de vivienda nueva han convertido cualquier nuevo desarrollo en una oportunidad muy esperada por el sector.

Uno de los mayores proyectos urbanísticos de Madrid

Desde Crea Madrid Nuevo Norte insisten en que el proyecto debe entenderse como mucho más que una simple operación inmobiliaria. La compañía lo define como una transformación urbana e infraestructural destinada a cambiar la configuración del norte de la capital durante las próximas décadas.

La actuación contempla la creación de nuevos espacios residenciales, zonas empresariales, infraestructuras de transporte, áreas verdes y equipamientos públicos que buscan integrar barrios actualmente separados por las vías ferroviarias y mejorar la conexión entre distintas zonas de la ciudad.

Por ello, la puesta en marcha de Las Tablas Oeste representa solo el inicio de un desarrollo mucho más amplio que marcará la evolución urbanística de Madrid durante los próximos años.

El interés de los promotores por estos primeros suelos se da prácticamente por descontado dentro del sector. La combinación de una ubicación estratégica, la limitada oferta de vivienda nueva y la dimensión del proyecto convierten estas parcelas en uno de los activos inmobiliarios más atractivos del mercado madrileño.

La vista puesta en 2029 y en una ciudad transformada

En el ámbito financiero, Morales recordó que el proyecto se ha impulsado hasta ahora íntegramente con recursos propios y sin subvenciones públicas. No obstante, la compañía se encuentra actualmente a la espera de incorporar financiación externa para continuar avanzando en las siguientes fases del desarrollo.

La prioridad de la promotora es mantener el calendario previsto y consolidar el avance de las obras para que Madrid Nuevo Norte deje de ser una promesa sobre el papel y se convierta progresivamente en una realidad visible para los ciudadanos.

El objetivo final es ambicioso. Según explicó el consejero delegado, la aspiración es que dentro de una década las principales actuaciones estén muy avanzadas o completadas, consolidando una nueva centralidad urbana en el norte de Madrid.

Con la salida al mercado de los primeros suelos y el inicio de la urbanización de Las Tablas Oeste, el proyecto entra ahora en una nueva etapa. Una fase clave que servirá para medir el interés real de los promotores y que marcará el comienzo de la construcción de las primeras viviendas de uno de los desarrollos urbanísticos más esperados de España.

Los conductores españoles reciben un respiro inesperado en pleno verano. El precio del diésel ha vuelto a bajar esta semana y ya se sitúa en su nivel más bajo desde principios de marzo, impulsado por la desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

La reducción llega después de que ambos países hayan confirmado la firma de un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo. Como primer gesto de acercamiento, Irán ha anunciado la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos ha comunicado el levantamiento del bloqueo naval.

La noticia ha sido recibida con optimismo por los mercados energéticos, que durante los últimos meses habían reaccionado con fuertes subidas ante el temor a una interrupción del suministro mundial de petróleo.

El diésel toca mínimos de marzo

Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el precio medio del litro de diésel se ha situado esta semana en 1,592 euros, lo que supone una caída del 1,42% respecto a la semana anterior. Se trata del precio más bajo registrado desde la primera semana de marzo y consolida la tendencia bajista iniciada tras el anuncio del acercamiento entre Washington y Teherán.

La cifra contrasta con los 1,883 euros por litro que llegó a alcanzar el gasóleo antes de la entrada en vigor de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para contener el impacto de la crisis energética derivada de la guerra en Irán.

La gasolina también se ha sumado a esta tendencia. El precio medio del litro de gasolina sin plomo de 95 ha descendido un 1,4% durante la última semana y se sitúa en 1,50 euros por litro, su nivel más bajo desde la tercera semana de abril.

La tregua alivia la presión sobre el petróleo

Los expertos señalan que la reapertura del estrecho de Ormuz ha sido clave para relajar los temores sobre el suministro mundial de crudo. Esta vía marítima concentra una parte fundamental del comercio internacional de petróleo y cualquier alteración en su funcionamiento suele traducirse en fuertes movimientos en los mercados.

Durante los últimos meses, el conflicto en Oriente Próximo provocó una escalada de precios que llevó a los carburantes a encadenar cerca de diez semanas consecutivas de subidas. La tensión geopolítica disparó el precio del barril de petróleo y obligó a muchos gobiernos a intervenir para evitar un impacto aún mayor sobre consumidores y empresas.

En España, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de marzo una batería de medidas extraordinarias, entre ellas la reducción del IVA de los carburantes al 10%, la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea y ayudas específicas para transportistas y agricultores.

Estas medidas, vigentes en principio hasta el próximo 30 de junio, contribuyeron a contener una espiral alcista que amenazaba con trasladarse a toda la economía a través del encarecimiento del transporte y de los costes logísticos.

Llenar el depósito sigue costando más que hace un año

Pese al descenso registrado en las últimas semanas, los precios actuales continúan siendo más elevados que los del año pasado. Con las tarifas actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta alrededor de 87,56 euros. Esto supone un desembolso de 12,7 euros más que hace doce meses, cuando el mismo repostaje rondaba los 74,8 euros.

Los conductores de vehículos de gasolina también pagan más que hace un año. Llenar un depósito medio cuesta actualmente unos 82,5 euros, frente a los 80,3 euros de hace un año, una diferencia de aproximadamente 2,2 euros.

No obstante, los carburantes siguen lejos de los máximos históricos alcanzados durante el verano de 2022. En aquel momento, la gasolina llegó a superar los 2,14 euros por litro, mientras que el diésel alcanzó los 2,10 euros.

España mantiene precios más bajos que Europa

Otro aspecto destacado es que los carburantes en España continúan siendo más baratos que en gran parte del continente europeo. El precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,50 euros por litro, claramente por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza los 1,804 euros, y de la eurozona, donde ronda los 1,84 euros.

La misma situación se repite con el diésel. Mientras en España el litro cuesta de media 1,592 euros, en la Unión Europea el precio medio alcanza los 1,804 euros y en los países de la eurozona se eleva hasta los 1,86 euros.

Aunque la bajada actual supone un alivio para millones de conductores, los expertos recuerdan que la evolución de los carburantes depende de numerosos factores, desde el precio internacional del petróleo hasta la fiscalidad, los costes logísticos o los márgenes comerciales.

Por ello, el comportamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán durante las próximas semanas será determinante para saber si esta tregua se traduce en nuevas bajadas en los carburantes o si el alivio resulta solo temporal.

Las pensiones de incapacidad permanente cuentan con una regulación específica dentro del sistema de prestaciones contributivas de la Seguridad Social. A diferencia de lo que ocurre con otras ayudas como la jubilación o la viudedad, existen determinados supuestos en los que una persona puede acceder a esta prestación incluso sin estar dada de alta en la Seguridad Social en el momento en que se produce el hecho causante.

Aunque pueda parecer una excepción llamativa, la normativa contempla esta posibilidad para los casos más graves de incapacidad. Eso sí, el acceso a la pensión no es automático. Los solicitantes deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con el grado de incapacidad reconocido, el origen de la lesión o enfermedad y, en algunos casos, los años de cotización acumulados a lo largo de su vida laboral.

La clave reside en distinguir entre las incapacidades derivadas de contingencias comunes y aquellas originadas por contingencias profesionales. Dependiendo de la causa que haya provocado la pérdida de capacidad laboral, los requisitos exigidos por la Seguridad Social pueden variar de forma significativa.

En el caso de las contingencias comunes, es decir, cuando la incapacidad permanente deriva de una enfermedad común o de un accidente no laboral, la normativa permite acceder a la prestación aunque el trabajador no esté dado de alta. Sin embargo, esta posibilidad queda reservada únicamente para los grados más elevados de protección: la incapacidad permanente absoluta y la gran incapacidad.

Para estos supuestos, la Seguridad Social exige acreditar un periodo mínimo de cotización. En concreto, el solicitante debe haber acumulado al menos 15 años cotizados a lo largo de su trayectoria laboral. Además, una parte de ese periodo debe ser relativamente reciente, ya que al menos tres de esos años tienen que encontrarse dentro de los diez inmediatamente anteriores al momento en que se produce el hecho causante de la prestación.

Incapacidad permanente por contingencia profesional

La exigencia de estos requisitos responde al carácter contributivo de la ayuda. Aunque la persona no se encuentre trabajando ni en situación de alta, la Administración entiende que existe un vínculo suficiente con el sistema si se ha mantenido una carrera de cotización prolongada y relativamente cercana en el tiempo.

La situación cambia cuando la incapacidad permanente tiene su origen en una contingencia profesional, como puede ser una enfermedad profesional o un accidente laboral. En estos casos, la Seguridad Social también puede reconocer la pensión a una persona que no esté dada de alta, siempre que se demuestre que la lesión o la patología que ha provocado la incapacidad se encuentra directamente relacionada con la actividad profesional desarrollada.

Según explican especialistas en derecho laboral y Seguridad Social, cuando el origen es profesional no resulta necesario acreditar un periodo mínimo de cotización para acceder a la prestación. Lo determinante es probar que la enfermedad o lesión ha sido causada efectivamente por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional reconocida.

Otro aspecto importante es determinar qué significa exactamente no estar dado de alta en la Seguridad Social. Existen diversas situaciones en las que una persona puede encontrarse fuera de alta sin que ello implique necesariamente una desvinculación definitiva del sistema.

Entre los casos más habituales figuran quienes han dejado de trabajar y no perciben prestaciones por desempleo, quienes ya no renuevan la demanda de empleo o quienes han finalizado una situación asimilada al alta. También pueden encontrarse en esta situación los trabajadores que disfrutan de una excedencia voluntaria o aquellos que realizan actividades que no están integradas en ninguno de los regímenes de la Seguridad Social. En estas circunstancias, la situación administrativa del trabajador puede generar dudas sobre su acceso a determinadas prestaciones, aunque cada supuesto requiere un análisis individualizado.

Las freelancers en España, profesionales que trabajan por cuenta propia y ofrecen servicios por proyecto o por horas, fijan tarifas por hora un 28,1% más bajas que los hombres, según un estudio global de Remitly elaborado a partir de más de 58.000 perfiles de la plataforma Upwork. La diferencia equivale, en términos anuales, a trabajar 103 días sin cobrar respecto a ellos.

El informe sitúa la tarifa media de las freelancers en nuestro país en 41,87 dólares por hora, frente a los 58,23 dólares de los hombres. La distancia es de 16,36 dólares por cada hora. Convertido a euros, tomando como referencia el último tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo, ellas cobran unos 36,12 euros por hora y ellos 50,24 euros. La diferencia ronda, por tanto, los 14,11 euros por hora.

La equivalencia se obtiene al aplicar la brecha del 28,1% al conjunto del año: sobre 365 días, ese porcentaje representa 102,6 días, que redondeados equivalen a 103. Por eso, la diferencia entre las tarifas medias de mujeres y hombres freelance en España equivale a que ellas trabajen sin remuneración hasta el 13 de abril.

España ocupa el puesto 11 entre los países con mayor brecha

España aparece como el undécimo país con mayor brecha entre los incluidos en el estudio. Está por detrás de Tailandia, Hungría, Bangladesh, Malasia, República Checa, Sri Lanka, Rumanía, Túnez, Georgia y Emiratos Árabes Unidos. El resultado deja a España por encima de la media global y de varias economías europeas de su entorno.

La mayor diferencia se registra en Tailandia, donde las mujeres freelance cobran un 51,7% menos por hora que los hombres. En el extremo contrario figura Croacia, con una brecha del 0,3%. Entre los países europeos del entorno, España queda por encima de Portugal, con un 22,5%; Italia, con un 20,8%; Reino Unido, con un 15,4%; Alemania, con un 11,2%; y Francia, con un 10%.

La comparación permite medir mejor el alcance del dato español. En un mercado en el que cada profesional fija y negocia sus propias tarifas, una diferencia sostenida por hora puede afectar de forma directa a lo que se ingresa por un encargo, a la jornada laboral o a una cartera estable de clientes.

Una diferencia superior a la media global

En el conjunto del estudio, Remitly calcula que las mujeres freelance fijan tarifas un 19% inferiores a las de los hombres: 31,33 dólares por hora frente a 38,66 dólares. Convertido a euros, equivale a 27,33 euros por hora para ellas y 33,72 euros para ellos, 6,39 euros menos por cada hora trabajada. La distancia española, por tanto, queda claramente por encima del promedio internacional.

Por sectores, la mayor diferencia aparece en finanzas y contabilidad, donde las mujeres cobran un 26,1% menos por hora que los hombres. Después se sitúan administración y soporte, con un 23,6%; legal, con un 21,4%; ventas y marketing, con un 19,6%; servicios de inteligencia artificial, con un 19,4%; desarrollo e IT, con un 17%; redacción y traducción, con un 16,5%; y diseño y creatividad, con un 9,3%.

El servicio con mayor distancia de tarifas en España

En España, el servicio freelance con mayor brecha detectada por Remitly es el análisis financiero. En esta actividad, la diferencia entre las tarifas de mujeres y hombres alcanza el 44,3%. El dato encaja con la tendencia general del informe, que sitúa finanzas y contabilidad como la categoría con mayor diferencia entre freelancers a nivel global.

El estudio no mide salarios de plantilla ni ingresos anuales reales, sino tarifas horarias publicadas por trabajadores freelance en Upwork, una plataforma internacional que conecta a profesionales con clientes y empresas que contratan servicios por proyecto o por horas. Por eso, sus resultados deben leerse como una comparación de precios declarados dentro de la plataforma, no como una fotografía completa del trabajo por cuenta propia en España.

El Banco de España cifra en 750.000 unidades el déficit de vivienda acumulado entre 2021 y 2025 en el país, según se desprende del informe anual publicado por el organismo este jueves. La cifra supone además un incremento del 25% respecto al cálculo que el propio organismo realizó en 2024, cuando estimó el desfase en 600.000 inmuebles. En cuanto a la distribución geográfica, la mitad del déficit habitacional acumulado se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, las zonas con mayor presión demográfica y económica del país.

La brecha se explica porque España genera 240.000 nuevos hogares al año, mientras que las viviendas terminadas en 2025 no llegaron a las 92.000 unidades, un volumen un 9% inferior al crecimiento bruto del parque registrado el año anterior. El déficit español equivale al 3,7% del total de hogares residentes en 2025, frente al 1,5% de Italia y una situación de equilibrio en Francia. Alemania fue la única gran economía donde la producción de viviendas superó la creación de nuevos hogares en ese período. La propia institución había estimado en mayo de 2025 una horquilla de entre 400.000 y 450.000 unidades faltantes, pero al ampliar el período de análisis hasta finales de ese año, la cifra asciende a 750.000.

El propio Banco de España advierte de que la tendencia no apunta a una mejora. “Ese déficit va a aumentar. La oferta de vivienda nueva reacciona de manera contenida al auge de los precios, y el auge de la demanda residencial no se ha acompañado de una aceleración en los desarrollos de suelo ni en la gestión urbanística: el incremento en el número previsto de viviendas en áreas en desarrollo fue “nulo o muy limitado” entre 2019 y 2025 en las seis grandes ciudades españolas.

La capacidad del parque construido es especialmente reducida en las provincias con mayor actividad económica, con ratios de disponibilidad máxima del 14% en las cinco provincias con menor holgura: Madrid, Barcelona y las tres del País Vasco. El organismo alerta además de un “efecto expulsión” que ya condiciona los flujos migratorios y el mercado laboral, al determinar dónde pueden permitirse vivir los trabajadores más que dónde se encuentra el empleo.

Jóvenes e inmigrantes, los más afectados

A diferencia del boom inmobiliario de principios de siglo, los indicadores de riesgo para la estabilidad financiera no apuntan a la acumulación de desequilibrios macrofinancieros pese al fuerte encarecimiento. La proporción de hipotecas para adquisición de vivienda habitual concedidas con mayor riesgo se mantiene en niveles limitados, y la vulnerabilidad financiera agregada de los hogares se sitúa en un nivel históricamente reducido.

La tasa de hogares propietarios de su vivienda habitual se ha reducido desde la crisis financiera de 2008, con un trasvase hacia el mercado del alquiler que afecta sobre todo a jóvenes y a nuevos residentes nacidos fuera de España. La compra de vivienda por parte de los jóvenes se ha reducido de forma notable en las dos últimas décadas, en una proporción mayor que la caída de su peso demográfico. Los jóvenes no emancipados que desean acceder a una vivienda en propiedad difícilmente pueden hacerlo sin apoyo familiar, mientras que quienes optan por el alquiler deben destinar una proporción elevada de su renta, especialmente en las grandes ciudades.

Compras de extranjeros y turismo, el problema en la costa

Las adquisiciones de vivienda por parte de ciudadanos no residentes entre 2021 y 2025 supusieron el 7,4% del total de compraventas, por encima del 3,8% registrado en el boom de 2007. Su impacto es especialmente intenso en determinadas zonas: el 33,3% de las compraventas en la provincia de Alicante correspondió a no residentes, seguida de Málaga con el 27,9%, las Islas Baleares con el 23% y Tenerife con el 20,3%. En Madrid y Barcelona, el peso fue muy inferior, con el 1,6% y el 2,2% respectivamente. A esto se suma el peso de las viviendas turísticas, que representan el 1,5% del parque total pero alcanzan en torno al 10% del conjunto del mercado del alquiler, con especial concentración en zonas costeras y centros urbanos turísticos.

El 89% de los españoles tiene previsto viajar este verano, pero las vacaciones de 2026 se planifican con más atención al gasto que en años anteriores. Así lo refleja el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR) en su 17ª edición, que radiografía los hábitos y comportamientos del turista nacional a partir de encuestas a cerca de un millar de viajeros y a profesionales de más de 5.000 agencias de viajes distribuidas por todo el territorio nacional.

Tres de cada cuatro españoles ya tienen decidido que viajarán este verano, aunque esa cifra desciende respecto al 82% registrado en la misma fecha del año anterior. El dato refleja una normalización de las expectativas tras varios ejercicios de fuerte dinamismo turístico, en un contexto de mayor incertidumbre económica y geopolítica. Las ganas de viajar permanecen, pero los viajeros dedican más tiempo a comparar alternativas, analizar precios y optimizar cada decisión.

España vuelve a ser el destino preferido. Dos de cada tres viajeros con destino ya decidido optarán por un enclave nacional, frente a algo más de un tercio que elegirá el extranjero. Los destinos internacionales registran una ligera pérdida de peso respecto a 2025, situándose en niveles similares a los observados antes de ese año. Dentro de España, la costa mediterránea lidera las preferencias, seguida por la costa andaluza, el norte peninsular y los archipiélagos canario y balear. La proximidad, la diversidad de oferta y una mayor percepción de certidumbre explican buena parte de esta tendencia, según el informe.

En el exterior, las capitales europeas lideran las preferencias, aunque las agencias perciben una pérdida de impulso en segmentos internacionales. Los viajes de larga distancia registran las peores perspectivas dentro de la oferta internacional, tras varias temporadas con resultados positivos. Los profesionales del sector relacionan esta evolución con factores económicos y geopolíticos que continúan influyendo en la percepción del riesgo asociada a determinados mercados.

El gasto destinado a viajar deja de crecer

El presupuesto medio previsto para las vacaciones se sitúa en 737 euros por persona, prácticamente la misma cifra que en 2025. Es la primera estabilización tras varios años de incrementos consecutivos. Los intervalos entre 500 y 2.000 euros concentran la mayor parte de las respuestas. El alojamiento sigue siendo la partida más elevada, seguido de la restauración y el transporte. Los hombres declaran un gasto medio algo superior al de las mujeres, y el presupuesto aumenta de forma progresiva con la edad de los turistas: los mayores de 65 años presentan la previsión más elevada de todos los segmentos analizados.

Entre quienes no tienen previsto viajar, los motivos económicos vuelven a ser la principal barrera: más de la mitad señala razones vinculadas al presupuesto disponible, con el incremento de los precios como factor más mencionado. Esta circunstancia afecta con especial intensidad a los viajeros de entre 50 y 64 años.

Desde el lado de la intermediación, ObservaTUR recoge una visión más prudente que en campañas anteriores. Las agencias detectan una ralentización en el ritmo de reservas respecto al verano de 2025 y anticipan una mayor concentración de las contrataciones en fechas próximas a la salida por parte de los turistas.

Impulso a la financiación y se acorta la duración

Casi la mitad de los viajeros consideraría recurrir a algún tipo de financiación si se ofrecen condiciones atractivas, una cifra que mejora la registrada el año anterior. La predisposición a pagar las vacaciones a plazos es especialmente elevada entre los más jóvenes y disminuye con la edad. La tarjeta de crédito es la fórmula preferida, seguida de las soluciones ofrecidas por agencias de viajes y turoperadores, y de los sistemas de pago fraccionado integrados en plataformas de compra online. El informe apunta que la financiación se percibe cada vez más como una herramienta de flexibilidad antes que como una señal de dificultad económica.

La duración de las vacaciones también refleja ese ajuste. Más de la mitad de los viajeros disfrutará este verano de una semana o menos, una modalidad que gana peso respecto al año anterior. Los viajes de más de dos semanas quedan como opción minoritaria. Las agencias, por su parte, detectan un fortalecimiento de las escapadas y estancias cortas frente a los desplazamientos más prolongados, en línea con lo que declaran los propios viajeros.

España sigue teniendo en el turismo una de sus grandes fuentes de ingresos del exterior, pero su economía ya no vende fuera solo hoteles, playas y buen tiempo. Hay otra parte menos visible que también gana terreno: las empresas que prestan servicios a clientes de otros países. En 2025, el superávit de los servicios no turísticos creció un 34,4%, hasta 43.000 millones de euros, según el informe Internacionalización Ibérica. España y Portugal en la economía mundial. 2025, elaborado por el Observatorio de Internacionalización Ibérica AUXADI Nebrija.

La palabra superávit puede sonar técnica, pero la idea es sencilla: España cobró del extranjero por esos servicios más dinero del que pagó fuera por actividades similares. El conjunto del sector servicios dejó un saldo positivo de 113.500 millones de euros, un 13,3% más que el año anterior. El turismo siguió siendo la partida principal, con 70.500 millones, aunque las demás actividades crecieron con mucha más fuerza.

Ese tirón contrasta con la evolución de las mercancías. Las exportaciones españolas de bienes crecieron solo un 0,7% en 2025, hasta 387.092 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 4,6%, hasta 444.146 millones. En la práctica, España compró al exterior muchos más bienes de los que vendió, lo que elevó el déficit comercial hasta unos 57.000 millones de euros, un 42% más que un año antes.

Qué servicios vende España al exterior

Cuando el informe habla de servicios no turísticos no se refiere a hoteles, restaurantes o viajes, sino a actividades que muchas veces quedan fuera del relato habitual sobre la economía española. Incluye, por ejemplo, el transporte internacional, las telecomunicaciones, los servicios informáticos, la consultoría, la ingeniería, los servicios empresariales y los vinculados a la propiedad intelectual, como licencias.

Traducido a ejemplos concretos, puede ser una empresa tecnológica española que vende software a una compañía extranjera, una consultora que asesora a clientes de otros países, una ingeniería que participa en un proyecto internacional, una firma que cobra por derechos de uso o una compañía de transporte que presta servicios ligados al comercio mundial.

El informe señala que ese crecimiento se dio en casi todos los subsectores. El transporte internacional se benefició del repunte del comercio de mercancías y de la actividad logística. Las telecomunicaciones y los servicios informáticos crecieron por el impulso de la digitalización. También aumentaron los servicios empresariales y los vinculados a la propiedad intelectual, donde entran actividades como consultoría, ingeniería o a cobros por royalties.

Una ayuda frente al frenazo de la exportación de mercancías

La importancia de estos ingresos está en que ayudan a compensar la debilidad de las ventas de bienes. España mantiene un déficit elevado en mercancías, porque importa más productos de los que exporta, pero el dinero que entra por los servicios permite cubrir parte de ese desequilibrio.

Dentro de los servicios no turísticos, también hubo diferencias. La excepción fueron los financieros y de seguros, que redujeron su saldo hasta 2.300 millones de euros, un 44% menos. El informe atribuye ese descenso, entre otros factores, a indemnizaciones excepcionales en seguros y a mayores pagos por rentas de inversión al exterior.

Aun así, el buen comportamiento del conjunto de los servicios permitió que las cuentas exteriores de España siguieran en positivo. La balanza por cuenta corriente, que resume los principales cobros y pagos del país con el resto del mundo, cerró 2025 con un saldo favorable equivalente al 2,9% del PIB, unos 48.700 millones de euros.

El turismo sigue siendo una pieza central de los ingresos que España obtiene del exterior. Pero los datos muestran que la economía española también vende otras cosas que se ven menos: tecnología, logística, asesoramiento, ingeniería y servicios profesionales. El tópico del sol y la playa no deja de tener peso, pero la foto del sector exterior español empieza ahora a ser más amplia.

La posibilidad de practicar deporte sin salir de casa cada vez gana más protagonismo en muchas viviendas exclusivas. Desde gimnasios privados hasta pistas de tenis, pádel o espacios diseñados para mantener una vida activa sin necesidad de desplazarse. En ocasiones, estas instalaciones van un paso más allá y se integran en entornos únicos, donde realizar una actividad se convierte casi en una experiencia en sí misma.

Este es el caso de una villa de más de 600 m2 situada frente al Mar Cantábrico que ha salido a la venta por 2,3 millones de euros. La vivienda se encuentra en Gijón (Asturias) y ha llamado la atención de numerosos compradores por sus vistas, ubicación y espacio.

Sin embargo, uno de los elementos más destacados de esta villa en Asturias es una pista de tenis privada situada sobre un acantilado en primera línea frente al mar que convierte este espacio en algo más que una simple instalación deportiva.

Una villa frente al mar de más de 600 m2 y nueve habitaciones

La villa se sitúa en La Providencia, una zona residencial de Gijón, y destaca por su cercanía al centro y a la playa de San Lorenzo, junto con un entorno de naturaleza y tranquilidad.

La vivienda posee más de 600 m2 de superficie y se distribuye entre nueve habitaciones y seis baños, según el anuncio publicado en Idealista. El inmueble está planteado para acoger a una familia numerosa, invitados frecuentes o simplemente disfrutar de los espacios del entorno.

Además de la pista de tenis, el exterior de la villa cuenta con una piscina, solárium, área para barbacoa y zona chillout que se comunica con el interior de la vivienda a través de un pasadizo subterráneo, un detalle que refuerza el carácter único de la propiedad y su diseño pensado para combinar privacidad y conexión con la naturaleza.

En la parte posterior de la casa se puede encontrar un garaje con capacidad para tres vehículos, un espacio seguro y funcional para el estacionamiento sin alterar la estética ni la integración de la villa en el paisaje costero.

Se trata de una vivienda ideal para deportistas que busquen relajarse frente al mar sin perder su ritmo de vida activo, combinando descanso y actividad física en un mismo lugar.

La Providencia, una de las zonas más exclusivas de Gijón

La Providencia, en Gijón, es una de las zonas residenciales más exclusivas de la costa asturiana. Situada sobre un sistema de acantilados que mira directamente al Cantábrico, este enclave se ha consolidado como un área de alto valor paisajístico y urbanístico, especialmente por su cercanía al mar.

En las últimas décadas, La Providencia ha experimentado un desarrollo progresivo de viviendas unifamiliares y propiedades de alto nivel, muchas de ellas diseñadas para integrarse en la pendiente del terreno y aprovechar al máximo la orientación al mar.

Además de su valor residencial, la zona destaca por su entorno natural y sus espacios para el ocio al aire libre. Senderos costeros, miradores y áreas verdes lo convierten en un lugar muy apreciado tanto por residentes como por quienes buscan disfrutar de la costa gijonesa desde una perspectiva más tranquila y exclusiva.

España cerró 2025 con 27.099.556 viviendas, casi 95.000 más que un año antes, pero todavía mantiene 452.670 casas nuevas sin vender. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) reflejan una contradicción del mercado residencial: el parque sigue creciendo, aunque de forma moderada, mientras el excedente de obra nueva apenas se reduce en un contexto marcado por la tensión de precios y las dificultades de acceso a la vivienda.

El stock de vivienda nueva sin vender bajó en 2.610 unidades respecto a 2024, lo que supone un descenso del 0,57%, según la estadística del MIVAU. La cifra vuelve a caer después de dos años sin absorción, aunque lo hace de forma muy limitada. El dato no significa que esas viviendas estén necesariamente vacías ni que puedan resolver por sí solas la falta de oferta disponible, ya que su utilidad depende de dónde estén, cuánto cuesten y si responden a la demanda real de los hogares.

El parque residencial, por su parte, avanzó un 0,3% en el último año. Del total de viviendas contabilizadas en 2025, 19.571.428 eran principales, es decir, utilizadas como residencia habitual, mientras que 7.528.128 eran no principales. La composición también cambió respecto al año anterior: las viviendas principales aumentaron en 293.371 unidades, mientras que las no principales se redujeron en 198.580.

Dónde se concentra el excedente de obra nueva

El reparto territorial muestra que el excedente de obra nueva no se distribuye de forma homogénea. Más del 60% del stock nacional se concentra en solo cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Cataluña encabeza la lista, con 85.478 viviendas nuevas sin vender; seguida de Andalucía, con 68.897; la Comunidad de Madrid, con 66.627; y la Comunidad Valenciana, con 62.632.

La evolución respecto al año anterior deja diferencias relevantes. El stock aumentó en Baleares, Madrid, Aragón, Canarias, Cataluña y Andalucía, mientras que cayó en el resto de comunidades o se mantuvo en cero.

En términos relativos, el mayor incremento se registró en Baleares, donde el excedente creció un 9,52%. En volumen, la subida más destacada fue la de la Comunidad de Madrid, que pasó de 62.545 viviendas nuevas sin vender en 2024 a 66.627 en 2025, un 6,53% más. Cataluña también elevó su stock, con un avance del 2,38%.

En sentido contrario, las mayores reducciones autonómicas se dieron en Murcia, donde el stock bajó un 12,21%; Galicia, con un descenso del 11,76%; y Comunidad Valenciana, donde cayó un 8,43%. Esta última comunidad mantiene, pese al ajuste, una de las bolsas más elevadas del país, con más de 62.000 viviendas nuevas pendientes de venta.

La lectura provincial vuelve a mostrar una fuerte concentración territorial. Barcelona suma 52.286 viviendas nuevas sin vender; Alicante, 25.131; Sevilla, 22.447; Castellón, 21.838; Toledo, 20.823; y Santa Cruz de Tenerife, 18.788. La estadística provincial del MIVAU incluye también a la Comunidad de Madrid, por su carácter uniprovincial, con 66.627 unidades pendientes de venta.

Por qué el stock no resuelve por sí solo el acceso a la vivienda

El peso del excedente se entiende mejor al compararlo con el tamaño del parque residencial de cada territorio. En el conjunto de España, las viviendas nuevas sin vender representan el 1,67% del parque, pero ese porcentaje es mucho mayor en algunas provincias. Castellón alcanza el 4,85%; Toledo, el 4,67%; La Rioja, el 4,17%; Lleida, el 3,67%; y Santa Cruz de Tenerife, el 3,46%.

Ese contraste ayuda a explicar por qué la existencia de casi medio millón de viviendas nuevas sin vender no resuelve de forma automática los problemas de acceso. Madrid y Barcelona tienen un volumen elevado en términos absolutos, pero su peso sobre el parque provincial se sitúa cerca del 2%. En cambio, las provincias que presentan un excedente proporcionalmente mayor, no siempre coinciden con los mercados donde la demanda residencial presiona con más fuerza.

El ministerio introduce, además, un matiz metodológico relevante para interpretar los datos territoriales. La estadística no mide todo el volumen real de viviendas nuevas sin vender en cada comunidad, sino la evolución acumulada desde 2004.

Por eso, cuando una autonomía aparece con stock cero, no debe leerse como si no hubiera ninguna vivienda nueva pendiente de venta, sino como que el excedente no ha crecido respecto al año de referencia o se ha reducido desde entonces. En esa situación figuran Navarra, Cantabria y Extremadura.

La serie histórica permite situar el dato actual en perspectiva. El máximo se alcanzó en 2009, tras el pinchazo de la burbuja, con 649.780 viviendas nuevas sin vender. Desde entonces, la cifra se fue reduciendo de forma gradual, aunque el ritmo de absorción se ralentizó desde 2019. En 2025 vuelve a bajar, pero lo hace de forma muy limitada.

Los Estados Miembros de la Unión Europea han respaldado este miércoles una propuesta para permitir un apoyo extraordinario a los agricultores afectados por el aumento del precio de los fertilizantes, como respuesta al aumento del coste de la energía y de otros recursos agrícolas a raíz de la crisis en Oriente Próximo.

Las medidas planteadas tienen como objetivo ayudar a los agricultores a “gestionar estos desafíos, continuar con sus actividades de producción y contribuir a un suministro estable de alimentos” en toda la UE.

La propuesta inicial fue presentada el pasado 12 de junio por la Comisión Europea dentro de un paquete más amplio de medidas para hacer frente al impacto de la crisis de Oriente Próximo en el mercado agrícola.

Según el Ejecutivo comunitario, los costes de los fertilizantes siguen situándose muy por encima de los niveles previos a la crisis y continúan ejerciendo presión sobre la rentabilidad y la liquidez de las explotaciones agrícolas en toda la UE.

Tras el acuerdo alcanzado entre los Veintisiete, el Consejo de la UE iniciará ahora las negociaciones con el Parlamento para llegar a un “acuerdo rápido” que permita a los gobiernos de los Estados miembros activar las ayudas de forma inmediata una vez entren en vigor.

Medidas dentro de la PAC para aliviar la crisis de los fertilizantes

Estas medidas formarían parte de una serie de enmiendas legislativas sobre la Política Agraria Común (PAC), de ahí la necesidad de tramitación parlamentaria.

En el caso de entrar finalmente en vigor, el acuerdo permitirá a los Estados miembros conceder subvenciones temporales y específicas a los agricultores más afectados por el aumento del coste de los fertilizantes en los últimos meses.

Además, se incluye la posibilidad de adelantar los pagos de la PAC en 2026 para mejorar la liquidez de las explotaciones, junto con la opción de establecer condiciones más favorables para esos anticipos directos, de forma que los agricultores dispongan antes de esos recursos para hacer frente a sus necesidades a corto plazo.

Por último, se contempla dar mayor flexibilidad a los Estados miembros para decidir cómo repartir las ayudas directas en 2027, adaptándolas a la situación de cada país y a las necesidades del sector agrícola, con el objetivo de hacerlo más resistente ante futuras crisis.

Se prevé que todas estas medidas se financien con los presupuestos existentes de la PAC y están concebidas como una respuesta temporal a la situación actual del mercado.

La Comisión tramita 540 millones de la reserva agrícola para ayudas de emergencia

Además de estas medidas concretas, la Comisión Europea planteó también el pasado viernes movilizar un total de 540 millones de euros de la reserva agrícola de la PAC en ayudas de emergencia para apoyar a los agricultores afectados por la subida de los costes de los fertilizantes. Esta cantidad puede ser complementada con fondos nacionales de los Estados miembros para aumentar el apoyo.

Esta iniciativa se tramita por una vía diferente a las medidas relacionadas con la PAC. Se deberá someter a votación de los Estados miembros en el Comité de Organización Común de los Mercados. Si los países la aprueban, esta movilización presupuestaria quedaría aprobada a finales de julio.

La Cámara de Comercio de Bolonia ha lanzado un programa para ofrecer a jóvenes graduados hasta 10.000 euros destinados a cubrir gastos de alquiler, en un intento por frenar la salida de talento de una ciudad donde el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes inician su vida laboral. La iniciativa, presentada el 16 de junio, es la primera de este tipo en Italia y moviliza un fondo total de un millón de euros para beneficiar a 333 personas.

El programa articula dos instrumentos financieros complementarios. El primero es una subvención a fondo perdido de 3.000 euros, aportada directamente por la Cámara de Comercio. El segundo es un préstamo a tasa cero de hasta 7.000 euros adicionales, disponible hasta el 30 de junio de 2027, sin garantías personales, sin gastos de gestión ni de instrucción, y reembolsable en un plazo de cinco años. El único compromiso que se exige al beneficiario es la apertura de una cuenta corriente con domiciliación del salario en alguno de los cuatro bancos locales que suscriben el protocolo: Banca di Bologna, Emil Banca, Bcc Felsinea y Banca di Imola.

Según informa Il Resto del Carlino, el presidente de la Cámara de Comercio, Valerio Veronesi, explicó así la lógica detrás de la iniciativa: “Es difícil traer de vuelta a los jóvenes si salen de nuestro circuito económico. Queremos darles la posibilidad de ver el primer año de trabajo de manera positiva”. Veronesi subrayó que la suma combinada de subvención más préstamo está pensada para cubrir, en gran medida, el coste de un año de alquiler en la ciudad.

El presidente de Emil Banca, Gian Luca Galletti, fue más allá en su diagnóstico. “El plan estratégico del municipio apunta al descenso demográfico y al cambio climático, pero el primero se agrava precisamente cuando una parte de los jóvenes abandona la ciudad”, declaró en declaraciones recogidas por Il Resto del Carlino.

Requisitos para acceder a la ayuda

Para acceder al programa, los solicitantes deben ser graduados recientes de la Universidad de Bolonia o haber completado un programa ITS Academy de la región de Emilia-Romaña, con el título obtenido en los seis meses anteriores a la solicitud. Además, deben contar con un contrato laboral indefinido o de duración determinada de al menos 12 meses en una empresa de Bolonia, firmado entre el 1 de marzo y el 16 de octubre de 2026. Según precisó el Corriere di Bologna, las solicitudes podrán presentarse entre el 15 y el 16 de octubre, y los incentivos se asignarán con prioridad a las candidatas femeninas, por orden cronológico de recepción hasta agotar el fondo disponible.

La Cámara de Comercio ha publicado la iniciativa en su sitio web institucional bo.camcom.gov.it con el anuncio destacado en portada. El texto completo de la convocatoria no estará disponible hasta la apertura del plazo de solicitudes en septiembre, de acuerdo con el calendario del programa. Además, Italia trabaja en paralelo en otras medidas habitacionales: el gobierno nacional prepara un subsidio de hasta 500 euros mensuales durante un año para padres separados o divorciados que abandonen el hogar familiar, también orientado a aliviar el impacto del alquiler en situaciones de vulnerabilidad económica.

En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, cada vez más personas buscan fórmulas para reducir el coste total de la compra de un inmueble sin necesidad de renegociar condiciones ni asumir riesgos adicionales. La hipoteca sigue siendo uno de los compromisos económicos más importantes para muchas familias y, aunque gran parte de la atención suele centrarse en conseguir un tipo de interés competitivo al firmarla, también existen estrategias posteriores que pueden modificar de forma significativa el importe total que se acaba pagando con el paso de los años.

Dentro de esas alternativas, algunas propuestas se apoyan en pequeños cambios en la organización de los pagos y no requieren contratar nuevos productos financieros ni realizar grandes desembolsos puntuales. La clave está en entender cómo funciona la amortización de una hipoteca y el impacto que tiene reducir el capital pendiente cuanto antes.

Natalia Lara, asesora financiera explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@_laranat) que “hay una forma de recortar años de la hipoteca y ahorrarte miles de euros en intereses, sin hacer ninguna locura, sin cambiar de banco, sin refinanciar nada. Es supersimple. Vas a coger tu cuota mensual y la vas a dividir en dos. Vas a pagar esa cantidad cada quince días en lugar de la cuota entera cada mes”.

Cambios en el esquema de pago

La propuesta se basa en una lógica matemática sencilla: al dividir la cuota mensual en dos pagos quincenales, el calendario acaba generando un efecto acumulativo a lo largo del año. Aunque aparentemente el importe abonado en cada momento sea menor, el resultado final modifica el ritmo de devolución del préstamo. “Pero ¿qué consigues con esto? Pues que en vez de doce pagos al año, estás haciendo el equivalente a trece, un pago extra al año que va íntegro a reducir el capital”.

Este punto es especialmente relevante porque en una hipoteca convencional, sobre todo durante los primeros años, una parte importante de cada cuota se destina al pago de intereses y no tanto a disminuir la deuda principal. Cuando se consigue reducir antes el capital pendiente, también disminuye la cantidad sobre la que el banco calcula los intereses futuros.

Recortar años del préstamo

La asesora subraya además que el destino de ese esfuerzo adicional es determinante para que el efecto sea mayor: “Y cuando le dices al banco que lo destine a la amortización del capital, no a reducir la cuota, sino a acortar el plazo, los años empiezan a desaparecer”.

La diferencia entre reducir cuota o reducir plazo suele generar dudas entre quienes amortizan anticipadamente. En el primer caso, se rebaja el importe mensual, pero se mantiene la duración del préstamo. En el segundo, la cuota permanece prácticamente igual, aunque el objetivo pasa a ser terminar de pagar antes y reducir el coste financiero total. “Un pago extra al año sin notarlo, sin grandes sacrificios. Dependiendo de tu hipoteca, puedes llegar a recortar entre cinco y ocho años de plazo y ahorrarte decenas de miles de euros en intereses”.

Antes de aplicar una estrategia de este tipo, conviene revisar las condiciones concretas del contrato hipotecario y comprobar si existen comisiones por amortización anticipada o limitaciones operativas para realizar pagos adicionales. También resulta útil calcular el impacto real según el tipo de interés, el capital pendiente y los años restantes, ya que el beneficio potencial puede variar de forma considerable entre una hipoteca y otra.

Muchos propietarios con una vivienda en alquiler pagan más impuestos de lo que deben en su declaración de la renta, al declarar todos los ingresos obtenidos por el arrendamiento en lugar del rendimiento neto. Según el economista y divulgador, José María Páez (@josemariapaez) se trata del “error más frecuente” entre caseros al presentar sus cuentas ante la Agencia Tributaria.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, el experto explica que cuando un propietario alquila su vivienda “no tributan los ingresos, lo que tributa es el beneficio” real una vez descontados los gastos deducibles. Declarar solo lo cobrado por la renta, sin aplicar esas minoraciones, eleva el impuesto por encima de lo que marca la normativa fiscal.

La deducción que más se pasa por alto permite restar cada año el 3% del valor de la construcción, con exclusión del suelo, y puede rebajar la base imponible entre 2.000 y 5.000 euros, una cantidad que el contribuyente debe calcular e introducir por su cuenta en la declaración.

Qué gastos se pueden deducir de alquilar una vivienda

La lista de gastos que pueden restarse en la declaración de la renta es más amplia de lo que muchos arrendadores creen. Entre ellos, los más básicos son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los gastos de comunidad pagados por el propietario y diversos seguros del hogar. Todos ellos permiten reducir el rendimiento obtenido por el arrendamiento antes de calcular cuánto se debe tributar.

También son deducibles los intereses de la hipoteca de la vivienda si se compró con financiación o de otros préstamos relacionados con la adquisición o rehabilitación del inmueble, así como los gastos destinados a reparaciones y conservación. En este último caso, quedan excluidas las obras de ampliación o mejora que supongan un incremento del valor de la vivienda.

Entre los seguros que se pueden deducir figuran el del hogar, el de impago de alquiler y el de responsabilidad civil, siempre que sean abonados por el propietario y no por el inquilino.

La amortización de la propiedad, el ahorro más relevante

Sin embargo, el gasto deducible más importante por el alquiler de una vivienda en la declaración de la renta y que la mayoría de propietarios olvida es la amortización del inmueble.

Este concepto permite deducir el 3% del valor de la vivienda cada año por la depreciación que sufre el inmueble con el paso del tiempo. En la práctica, puede suponer una reducción de entre 2.000 y 5.000 euros al año en la base imponible, dependiendo de cada inmueble y del valor atribuido al suelo. Se trata de un ahorro significativo que no se debe pasar por alto.

Este concepto no figura automáticamente en el borrador que facilita la Agencia Tributaria, sino que el casero tiene que hacer la operación e incorporarla manualmente para que produzca efecto fiscal.

En este sentido, Páez recomienda que “si alquilas y nunca has calculado tu amortización, hoy es un buen día para empezar” a hacerlo, para evitar pagar más impuestos de lo obligado en la declaración de la renta.

Hay compras que duelen menos si se hacen en el momento oportuno. Una lavadora, un televisor, una aspiradora o unos muebles de jardín pueden cambiar bastante de precio según el mes del año, hasta el punto de que esperar unas semanas puede suponer una gran diferencia para el bolsillo.

Un análisis de Klarna sobre la evolución mensual de los precios en España durante 24 meses, entre abril de 2024 y marzo de 2026, apunta que algunas categorías habituales del hogar registran variaciones de hasta el 47% entre el mes más caro y el más barato.

La conclusión principal es sencilla: no todos los descuentos llegan en Black Friday, rebajas o Navidad. Cada producto tiene su propio calendario. Febrero, marzo, abril, octubre y diciembre aparecen como los meses clave para quienes tienen pendiente renovar algún producto del hogar o adelantar compras de cierto importe.

El calendario mes a mes para comprar más barato

El primer mes señalado en el análisis es febrero. Según los datos recopilados, es el momento más barato para sustituir una aspiradora. Las aspiradoras verticales pueden llegar a costar un 37% menos que en sus picos de precio, mientras que los robots aspiradores ofrecen un margen de ahorro cercano al 35%. En estos últimos, la diferencia entre los meses más caros y los más económicos puede superar los 100 euros.

En esta categoría, esperar al otoño no siempre sale a cuenta. Septiembre marca el pico de precio en los robots aspiradores, mientras que octubre y noviembre son los meses más caros para las aspiradoras verticales.

Marzo aparece como el mes más conveniente para comprar televisiones y lavavajillas. En el caso de los lavavajillas, el ahorro potencial ronda el 12%, con precios medianos que bajan de unos 352 euros en enero a unos 311 euros en marzo. Enero, por tanto, sería el peor momento para comprar este electrodoméstico, según el análisis.

Abril, por su parte, concentra la mayor diferencia de todo el calendario. Es el mejor momento para renovar muebles de jardín y exterior, justo cuando empiezan a prepararse terrazas, balcones o patios para la primavera. Enero, en cambio, aparece como el mes menos recomendable para este tipo de compra.

El margen de ahorro es considerable: los precios medianos pasan de unos 333 euros en enero a alrededor de 175 euros en abril, lo que supone una diferencia aproximada del 47%. Julio también aparece como una segunda opción interesante para el consumidor, con precios más contenidos que en otros momentos del año.

Octubre es el mes más favorable para comprar lavadoras. La particularidad está en que noviembre registra el pico más alto del año pese a coincidir con Black Friday, una campaña que suele asociarse a grandes descuentos en tecnología y productos del hogar. La diferencia ronda el 12%, con precios medianos que pasan de unos 376 euros en noviembre a unos 331 euros en octubre.

Este dato rompe una idea bastante extendida: que noviembre es siempre el mejor momento para comprar cualquier producto caro. En algunas categorías, como las lavadoras, adelantarse un mes puede resultar más barato.

Diciembre cierra el calendario con juguetes y consolas. En ambas categorías, es el mejor momento para comprar, ya sea por las promociones propias de la temporada navideña o por el arrastre de las ofertas de noviembre. En juguetes, enero también puede ofrecer oportunidades por las liquidaciones posteriores a las fiestas.

En el lado contrario, junio es el mes menos recomendable para comprar juguetes y también uno de los peores para adquirir consolas, junto con agosto. La diferencia entre el mes más caro y el más económico ronda el 27% en juguetes y el 12% en consolas, con variaciones que pueden alcanzar los 60 euros.

El análisis dibuja una especie de calendario doméstico para planificar compras grandes con algo más de margen. Comparar precios sigue siendo importante, pero también lo es elegir el momento y no fiarse solo de las campañas más conocidas. En productos de cierto importe, esperar al mes adecuado puede reducir notablemente el desembolso.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,385 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,405 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,659 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,655 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,725 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,598 euros el litro

Precio mínimo: 1,229 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,465 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,497 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,545 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,685 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,744 euros el litro

Precio mínimo: 1,405 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,524 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,6 euros el litro

Precio mínimo: 1,4 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,684 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

El empleo cuesta más en España, aunque esa subida no se traduce automáticamente en más poder adquisitivo para los trabajadores. El coste laboral por trabajador aumentó un 4,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 3.278,01 euros al mes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste salarial también creció un 4,9%, hasta los 2.403,80 euros mensuales.

El dato puede llevar a una lectura rápida: si el coste laboral sube casi un 5% y los salarios brutos también avanzan a ese ritmo, los trabajadores deberían vivir mejor. Pero no necesariamente. El coste laboral mide lo que paga una empresa por tener contratado a un trabajador, no el dinero limpio que llega a la cuenta cada mes ni la capacidad real de compra de los hogares.

Entre lo que paga la empresa y lo que nota el trabajador en el bolsillo hay varios pasos: cotizaciones sociales, descuentos en la nómina, IRPF e inflación. Por eso una subida del coste laboral o del salario bruto no equivale siempre a que el poder adquisitivo mejore.

Qué incluye el coste laboral

Lo principal es diferenciar qué mide cada indicador. El coste laboral total es todo lo que una empresa asume por cada trabajador. No solo incluye el salario, sino también otros costes asociados al empleo. En el primer trimestre de este año, esos 3.278,01 euros mensuales se dividieron en dos grandes bloques: 2.403,80 euros de coste salarial y 874,21 euros de otros costes.

El coste salarial se aproxima a la remuneración bruta: salario base, complementos, pagas extraordinarias y otros pagos salariales. Pero no es el salario neto, es decir, no es la cantidad que el trabajador recibe finalmente en su cuenta bancaria. Antes de llegar ahí, de la nómina se descuentan las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y el IRPF, que varía según salario, situación familiar, contrato y comunidad autónoma.

Dentro de los otros costes, que no llegan como salario al empleado, el INE incluye principalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social a cargo de la empresa, además de otras percepciones no salariales. En el primer trimestre, estos costes aumentaron un 4,8%, mientras que las cotizaciones obligatorias crecieron un 4,5%.

El Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), también publicado por el INE, apunta en la misma dirección. El coste por hora trabajada subió un 4,9% anual en el primer trimestre en la serie corregida de calendario y estacionalidad. En la serie original, el avance fue del 5,3%. Además, el coste por hora efectiva, recogido en la ETCL, aumentó un 5,4%, hasta los 24,88 euros.

Por qué cobrar más no siempre significa vivir mejor

La segunda diferencia está en el poder adquisitivo. Para saber si un trabajador vive mejor, no basta con mirar cuánto sube el salario bruto. Hay que comparar esa evolución con los precios. Si la nómina sube y la cesta de la compra, la vivienda, el transporte o los servicios también lo hacen, la mejora puede diluirse.

El IPC se situó en mayo en el 3,2% anual, según el INE, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,0%. Eso significa que los precios siguen creciendo a un ritmo relevante en la primera mitad del año. En paralelo, la subida salarial pactada en convenio hasta mayo se aproximaba al 3%, según la estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo. Es decir, las revisiones salariales pactadas de forma colectiva avanzan, de media, por debajo del aumento del coste salarial que reflejan las estadísticas empresariales.

La comparación ayuda a entender la distancia entre el dato empresarial y la vida cotidiana. El coste salarial medio sube un 4,9%, mientras las subidas pactadas en convenio se sitúan en torno al 3% y los precios avanzan un 3,2%. No todos los trabajadores tienen la misma revisión salarial, ni todos están cubiertos por las mismas condiciones, ni todos destinan su sueldo a los mismos gastos.

No obstante, en términos generales, cuando la subida salarial apenas alcanza a la inflación, el trabajador no gana capacidad de compra: solo pelea por no perderla.

Un ejemplo simplificado ayuda a entenderlo. Si un salario bruto de 1.500 euros sube un 3%, el aumento sería de 45 euros brutos al mes. Esa cantidad todavía tendría que pasar por las cotizaciones del trabajador y el IRPF antes de convertirse en salario neto. Y, si los precios han subido más que ese porcentaje, como ocurre con una inflación del 3,2%, el efecto práctico puede quedar casi neutralizado: se cobra más sobre el papel, pero no necesariamente se llega más holgado a final de mes.

El sector también marca cuánto se nota en el bolsillo

La evolución del coste laboral tampoco es igual en todas las actividades. Según el ICLA, el sector educativo registró la mayor subida anual del coste laboral por hora, con un 9,1%. Le siguieron otros servicios y la construcción, con un 7,3% en ambos casos. En el extremo contrario, la hostelería aumentó solo un 1,8% y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, un 2,0%.

Estas diferencias impiden leer la media como si describiera a todos los trabajadores por igual. Una subida intensa en unos sectores puede convivir con avances mucho más limitados en otros más precarios, donde el coste laboral apenas crece.

Además, el efecto final sobre cada nómina depende también de la jornada, el convenio aplicable, los complementos salariales y la parte variable de la remuneración. Por eso dos trabajadores pueden quedar dentro de una misma media laboral y, aun así, notar realidades económicas muy distintas en su día a día.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso, en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha explicado que el Ejecutivo quiere “ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego” y ha pedido al principal partido de la oposición que facilite la convalidación del decreto cuando llegue a la Cámara Baja. El Gobierno asegura que ya está en contacto con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para preparar la norma.

El anuncio llega cuando todavía se está desescalando parte del paquete aprobado en marzo por la misma crisis. Aquel real decreto ley rebajó temporalmente impuestos sobre carburantes, electricidad y gas, y activó medidas de apoyo para amortiguar el golpe sobre hogares, autónomos y empresas.

El Gobierno prepara nuevas medidas

El decreto aprobado en marzo movilizó más de 5.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Entre sus principales medidas figuraban la reducción del IVA del combustible, la electricidad y el gas del 21% al 10%, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para determinados colectivos, incluidos profesionales del ámbito agrario.

El plan anterior también incorporó bonificaciones y exenciones vinculadas a la rehabilitación energética, la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En el ámbito empresarial, el real decreto ley incluyó mecanismos de apoyo para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, como la industria electrointensiva, así como medidas de flexibilización temporal de contratos de suministro eléctrico y de gas.

El nuevo paquete se prepara en un contexto todavía abierto. El Ejecutivo no ha detallado por ahora qué medidas incluirá el real decreto ley que prevé aprobar el 30 de junio. Sánchez ha vinculado su contenido a la evolución de la tregua y al impacto que pueda tener la situación en Oriente Medio sobre la economía española. La prioridad, según ha defendido en el Congreso, será proteger a los hogares y al tejido productivo si persisten las tensiones sobre los precios energéticos, el transporte o las cadenas de suministro.

La Moncloa recoge en la agenda oficial de este miércoles una reunión del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con representantes del sector agroalimentario para analizar medidas frente al impacto de la guerra de Irán. El encuentro forma parte de los contactos del Gobierno con sectores afectados antes de cerrar el contenido definitivo del decreto.

La aprobación en Consejo de Ministros no será el último paso. Al tratarse de un real decreto ley, la norma deberá ser convalidada posteriormente por el Congreso de los Diputados. Por eso, Sánchez ha aprovechado la sesión de control para pedir el apoyo del PP y reprochar a Feijóo que su partido haya votado en contra de medidas anteriores. “Eso es lo que está haciendo este Gobierno, gobernar para la gente”, ha defendido el presidente.

El nuevo decreto llegará justo cuando vencen varias de las medidas aprobadas en marzo. El Gobierno deberá decidir si mantiene parte de esas ayudas, si recupera algunas de las que ya se han retirado o si aprueba nuevas medidas según evolucione la guerra en Irán y su efecto sobre los precios.

Les Corts convalidan este miércoles el decreto ley del Consell que modifica la regulación de los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC, y del taxi en la Comunidad Valenciana. La norma permite de forma provisional que las VTC domiciliadas en la autonomía realicen trayectos urbanos durante un máximo de dos años, una medida que ha reabierto el choque entre el taxi y plataformas como Uber y Cabify.

La clave del conflicto está en que estos vehículos podrán competir por viajes dentro de una misma ciudad, hasta ahora más vinculados al taxi: desplazamientos al hospital, salidas de estaciones o aeropuertos, ocio nocturno o servicios pedidos a través de una aplicación. El sector denuncia que el decreto acerca en la práctica el funcionamiento de las VTC al suyo, pero sin imponerles las mismas obligaciones de servicio público.

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Las asociaciones representativas del taxi han convocado una concentración ante Les Corts para pedir la retirada de la norma. En un comunicado conjunto, critican que el decreto autorice el servicio urbano para 2.004 VTC, suprima los 15 minutos mínimos de precontratación y deje para después el estudio técnico que, a su juicio, debería haberse realizado antes de permitir la actividad.

Qué cambia con el nuevo decreto

El cambio principal es que las VTC podrán realizar transporte urbano de personas viajeras en la Comunidad Valenciana hasta que la Generalitat elabore un estudio técnico sobre oferta, demanda, movilidad, tráfico, espacio público y sostenibilidad. En todo caso, esa habilitación no podrá superar los dos años desde la entrada en vigor del decreto.

Hasta ahora, una de las fronteras entre el taxi y las VTC estaba en la contratación previa. En la Comunidad Valenciana se exigía un tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación del servicio y su prestación. Esa espera separaba a las VTC del taxi, que puede ser solicitado de forma inmediata, recogido en una parada o parado en la calle.

El decreto elimina esa barrera temporal. Aunque mantiene la prohibición de captar clientes en la vía pública, circular buscando viajeros o estacionar en zonas de alta demanda para atraer usuarios, el taxi considera que la supresión de los 15 minutos permitirá a las VTC trabajar “de facto desde la inmediatez”.

La norma diferencia entre las VTC que ya existen y las que estaban pendientes. Las 2.004 autorizaciones ya concedidas podrán operar en ciudad de forma provisional, mientras que las más de 4.000 nuevas solicitudes quedan paralizadas hasta que se estudie el impacto de la medida.

Esa congelación también se aplica al taxi: no se concederán nuevas licencias en las áreas de prestación conjunta, salvo para vehículos adaptados. El Consell presenta esta pausa como una forma de ordenar el sector mientras analiza el equilibrio entre ambos modelos.

Por qué protestan los taxistas

El taxi rechaza el decreto por razones de procedimiento y de fondo. Las asociaciones aseguran que no han podido participar en la elaboración de la norma y critican que el Consell permita a las VTC entrar en el mercado urbano antes de analizar sus efectos sobre el tráfico, la contaminación, el espacio público y la viabilidad económica del taxi.

La queja más comprensible para los usuarios está en la precontratación. Para los taxistas, los 15 minutos funcionaban como una separación real entre dos modelos distintos. Sin esa espera, sostienen, las plataformas podrán competir por la demanda inmediata sin estar sometidas a las mismas condiciones que el taxi, como tarifas reguladas, licencias municipales, turnos u obligaciones de prestación.

El comunicado del sector también critica que no se fije cuántas VTC pueden trabajar al mismo tiempo en cada municipio, área de prestación o provincia. Su temor es que los coches de plataforma se concentren en las zonas y franjas más rentables, mientras el taxi mantiene obligaciones vinculadas al servicio público.

Las asociaciones advierten además de que la norma abre un “futuro incierto” para las 9.216 familias que, según sus datos, viven del taxi en la Comunidad Valenciana. La cifra incluye al conjunto de personas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Más oferta para el usuario, más presión para los trabajadores

Para los ciudadanos, el efecto más inmediato puede ser una mayor disponibilidad de vehículos para moverse por la ciudad, especialmente en momentos de alta demanda. Más VTC autorizadas para operar en trayectos urbanos pueden traducirse en más opciones en las aplicaciones y menos espera en determinados servicios.

El problema, según el taxi, está en el medio plazo. El sector sostiene que una mayor presencia de plataformas privadas puede debilitar un servicio regulado con tarifas y obligaciones públicas.

El Consell defiende que el decreto busca ordenar la convivencia entre ambos sectores, adaptar la normativa autonómica al contexto jurídico actual y dar seguridad a una actividad que lleva años marcada por recursos, restricciones y cambios normativos. La norma incorpora además sanciones para las VTC que operen fuera de las condiciones permitidas, capten clientes sin contratación previa o circulen buscando viajeros.

El envejecimiento de la población, el creciente déficit del sistema público de pensiones y la ausencia de reformas estructurales que garanticen su sostenibilidad apuntan a que los jóvenes de hoy tendrán que retrasar en el futuro su edad de jubilación si quieren percibir pensiones similares a las que cobran actualmente sus abuelos.

Esta es una de las conclusiones de Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y profesor de Economía Financiera y Actuarial en la Universitat de València, que analiza en esta entrevista los desafíos del sistema público de pensiones, desmonta algunos mitos sobre su sostenibilidad y asegura que la solución para garantizar las pensiones a largo plazo sería llevar a cabo una reforma que implantara el sistema de cuentas nocionales en España.

-Pregunta: El Gobierno español aprobó en 2021 la reforma de las pensiones con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Cómo valora esta reforma y cuáles son sus luces y sus sombras?

-Respuesta: La medida más relevante fue la revalorización de las pensiones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Es positiva para los pensionistas porque asegura que sus ingresos se mantengan actualizados, pero genera tensiones en el sistema público debido a que, aunque haya menos ingresos, habrá que seguir pagando y revalorizando las pensiones cada año. Esto añade más presión a un sistema que ya tiene problemas.

-P: ¿Esta revalorización en función del IPC puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España?

-R: Crea más tensión. El sistema afronta un déficit alto y ajustar las pensiones al IPC incrementa el gasto, y más con la llegada a la jubilación de la generación del baby boom. Todo ello generará una tensión añadida al sistema. ¿Hasta cuándo puede responder? No se sabe. Estamos en déficit desde hace mucho tiempo y parece que asumimos que no es demasiado importante mientras se puedan pagar las pensiones, pero esto es un error.

-P: La hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social) cerró marzo con más de 15.000 millones de euros, su máximo desde hace diez años. ¿Cómo valora este dato? ¿Es suficiente para garantizar la viabilidad del sistema?

-R: Es una añagaza. Lo que se ha hecho es aumentar las cotizaciones a través del mecanismo de equidad intergeneracional, lo que supone mayor coste para las empresas y menor salario neto para los trabajadores. Pero ese dinero no retribuye al futuro jubilado: va a la hucha para usarla en años de déficit, aunque ya estamos en déficit. Es un invento que aparentemente puede parecer que está muy bien, pero para mí es un engaño.

-P: Organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE consideran que las pensiones españolas están entre las más generosas de Europa y que dan a los jubilados mucho más de lo que han cotizado a la Seguridad Social en su vida laboral. ¿Nuestro sistema público de pensiones puede permitirse ser tan dadivoso?

-R: De momento se están pagando las pensiones, pero con un déficit que ya es muy importante. La tasa de reemplazo, que es la relación entre la pensión y el último salario, está en España alrededor de un 80%. Es decir, la pensión cubre un 80% de lo que esa persona recibía cuando trabajaba, mientras que en países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, el porcentaje es de entre el 40% y 50%. Nuestro sistema está pagando más en pensiones de lo que recibe. En concreto, los pensionistas reciben un 60% más de lo que han cotizado y esa generosidad por algún sitio tiene que explotar. Si hay muchos afiliados y pocos pensionistas no pasa nada, pero si empieza a reajustarse esa relación, que es lo que ha pasado en los últimos años en España, aparece un déficit en el sistema que nos indica que no hay un equilibrio de caja.

-P: ¿Para conseguir ese equilibrio deberían bajarse las pensiones, sobre todo las más altas? ¿Se podría hacer?

-R: No tendría sentido tocar las ya concedidas, porque los jubilados han planificado su vida en torno a ellas. Lo que habrá que hacer es una nueva reforma que limite el crecimiento del gasto: recorte de pensiones, retraso de la edad de jubilación, revalorizaciones menores al IPC o cuantías iniciales más bajas. Ninguna fórmula es popular, pero si no se hace, el sistema puede estallar. Cuando un país dedica mucho a pensiones, recorta en sanidad o educación. Habrá que tomar medidas y estoy convencido de que se hará.

-P: ¿Cree que los políticos españoles tienen la suficiente capacidad y determinación para impulsar una reforma que podría resultar impopular entre los futuros jubilados y tener un coste electoral en las siguientes elecciones?

-R: Solo será posible con un pacto amplio. En 2011 se hizo una reforma dura, con retraso de la edad de jubilación y pensiones iniciales más bajas. Fue impopular, pero se mantuvo porque era necesaria. Ahora conocemos bien el gasto futuro, pero los ingresos son una incógnita. Se han recortado pensiones antes y se mantuvieron. Confío en que pueda repetirse.

-P: El buen comportamiento del empleo en España ha elevado los ingresos por cotizaciones. ¿Esta situación es sostenible?

-R: Puede ser un espejismo. Si llega una crisis económica, caerán los afiliados y las cotizaciones, y el déficit, que ya es de 30.000 millones, aumentará. El sistema es demasiado generoso y habría que cambiarlo de alguna manera, habría que revertirlo.

-P: Los analistas dicen que entre los grandes perdedores de la reforma de las pensiones se encuentran los más jóvenes, que tendrán que cotizar más para recibir pensiones menos generosas. ¿Esto es así? ¿Los jóvenes cuando se jubilen cobrarán menos pensión que la que reciben ahora sus abuelos o recibirán sus padres? ¿Existe alguna fórmula para evitarlo?

-R: Es difícil preverlo. Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: los pertenecientes a la generación del baby boom se están jubilando y los que han nacido después son muchos menos. Solo una fuerte entrada de inmigrantes podría aliviarlo, pero no sabemos cuántos llegarán ni cuánto tiempo se quedarán. Hay mucha incertidumbre sobre los ingresos.

-P: ¿Cuántos cotizantes necesita ahora el sistema por cada pensionista?

-R: Ahora estamos en 2,2 cotizantes por pensionista, que es casi el límite de sostenibilidad. Deberíamos estar siempre por encima de dos.

-P: ¿Hasta cuándo se tendría que aumentar la edad de jubilación en España para hacer sostenible el sistema público de pensiones?

-R: Aumentar la edad de jubilación es una medida que habría que tomar. Los jóvenes van a cobrar una pensión más alta que la que se recibe ahora en términos reales, no en términos nominales, pero van a tener una esperanza de vida mayor, con lo cual, si no se ajusta la pensión o hay algún otro mecanismo que ajuste por ese incremento de la esperanza de vida, el sistema va a tener más problemas. Eso no se está haciendo y hay que tenerlo en cuenta, porque no se puede mantener la misma fórmula sabiendo que la esperanza de vida va a aumentar. Si no recalculamos esa pensión, el sistema se va a encontrar con problemas. Por ello, si queremos mantener las pensiones altas en el futuro, lo normal es que se retrase la edad de jubilación para compensar la mayor esperanza de vida.

-P: ¿La población inmigrante se convertirá en la garante de las pensiones de los españoles?

-R: Va a ayudar porque son nuevos cotizantes, nuevas cotizaciones que van a poder permitir pagar un mayor porcentaje de las pensiones. Pero tendrían que entrar el doble de los que están entrando. Un informe de la AIReF señala que muchos de los inmigrantes que vienen, no se quedan muchos años porque se encuentran con problemas de acceso a la vivienda. Hay mucha rotación, lo que es negativo. Por un lado, la llegada de inmigrantes es positiva porque aumentan las cotizaciones, pero a su vez están generando pensiones que en el futuro habrá que pagarles. Con ello lo que se está haciendo es diferir el problema unos años. Como nuestro sistema de pensiones es tan generoso y entrega un 60% más de las cotizaciones que recibe, cada vez que entra un nuevo afiliado, sea inmigrante o no, lo que hace es que aumenta la deuda implícita del sistema.

-P: Para recapitular, ¿Cuáles son los principales problemas del sistema público de pensiones español y cuál es la solución?

-R: El primer problema y fundamental es la generosidad de las pensiones. Le siguen el déficit estructural, la falta de reformas de calado y un sistema poco equitativo. Como hay un problema estructural de las pensiones habría que hacer una reforma estructural de amplio calado como implantar un sistema de cuentas nocionales, que es de reparto, como el que tenemos en España, pero mucho más transparente, más eficiente y más sostenible. Para que se lleve a cabo esta reforma tendrían que ponerse de acuerdo los partidos políticos.

-P: ¿En qué consiste el sistema de cuentas nocionales?

-R: Es un sistema de reparto, como el nuestro, pero de aportación definida. Cada trabajador tiene una cuenta virtual donde se anotan sus aportaciones y unos intereses ficticios. Al jubilarse, la pensión se calcula dividiendo ese fondo entre la esperanza de vida. Es más transparente, incentiva a seguir cotizando y se ajusta automáticamente. Para mí es el modelo ideal.

-P: Todo hace pensar que a medio plazo las pensiones en España no serán tan generosas como hasta ahora. ¿Esto ‘obliga’ a los futuros jubilados que no quieran perder poder adquisitivo cuando se retiren a contratar productos de ahorro que les ayuden a mantener su nivel de vida?

-R: Yo siempre recomiendo a los trabajadores que no confíen solo en una fuente de ingresos, sea pensión pública o cualquier otra cosa. Me da lo mismo que el producto sea un plan de pensiones, un fondo de inversión, un depósito, letras del Tesoro o bonos del Estado... Pero hay que ahorrar, porque eso significa que vas a tener un colchón en el momento de que te jubiles. Además, cuanto antes empieces a ahorrar, mejor.

-P: ¿El futuro de las pensiones públicas está asegurado en España?

-R: Sí está asegurado, pero no en qué cuantía. O se hace una reforma, o los jóvenes, además de tener una pensión, tendrán que pagar la deuda generada por la actual generosidad del sistema.

-P: ¿Las pensiones de los que ahora son jóvenes serán más bajas de las que cobran ahora sus abuelos?

-R: Las pensiones que cobren los jóvenes de ahora no serán inferiores a las que cobran en este momento a sus abuelos, pero tendrán que retrasar la jubilación, lo que supone cobrar la pensión durante menos años.

El gasto de los hogares en huevos ha superado los 1.650 millones de euros en 2025, con un alza del 22,7% que refuerza su peso como alimento básico en España y consolida a la vez el giro del mercado hacia sistemas de producción sin jaulas, según el VI Observatorio del Consumo de Huevo en España 2025 de Inprovo.

El estudio sitúa el consumo doméstico en 438 millones de kilos, un 2,8% más que el año anterior y un 15% más que en 2022, con una media de cerca de nueve kilos por persona al año y presencia del producto en el 97% de los hogares españoles. Además, la factura anual creció en unos 300 millones de euros respecto a 2024, en un contexto inflacionario en el que las familias siguieron comprando más huevos en volumen. El gasto medio por hogar se situó en 7,3 euros al mes y 88 euros al año.

Ese avance ha elevado el peso del huevo en la cesta de la compra hasta el 1,46% del gasto total en alimentación y bebidas del hogar. La proporción supone un incremento del 19% en dos años, de acuerdo con el observatorio presentado este miércoles por Inprovo.

La interprofesional atribuye el crecimiento del consumo a una mayor frecuencia de compra, a la incorporación de más hogares compradores y al aumento de la población. El informe precisa que las familias compran huevos más de una vez cada 15 días. Los hogares con personas adultas, jubiladas y familias con hijos de 17 a 30 años son los grupos en los que más aumenta la demanda, tanto por número de compradores como por cantidad adquirida.

La directora de Inprovo, María Luz de Santos, ha señalado que el huevo “sigue siendo una de las fuentes de proteína más accesibles para los hogares, con un precio especialmente competitivo dentro de la cesta de la compra”. Al mismo tiempo, ha añadido que “cada vez más consumidores lo perciben como un ‘superalimento’ por su valor nutricional y su versatilidad, un cambio impulsado por una información más rigurosa que ha ayudado a desterrar falsas creencias y a consolidar su consumo”.

Los huevos libres de jaula ya rozan la mitad del mercado

El cambio más visible en la oferta está en los sistemas alternativos a la jaula. En 2025, los huevos de gallinas sueltas en gallinero, camperas y ecológicas ya representan el 45% del volumen y el 46% del valor de los huevos envasados. Dentro de ese bloque, los huevos de gallinas sueltas en gallinero son el principal motor de crecimiento. En los últimos cinco años han triplicado su peso y en 2025 han ganado 2,4 puntos de cuota frente al ejercicio anterior.

La producción en jaula, en cambio, acumula una caída de 16 puntos de cuota en el último lustro. En paralelo, el número de gallinas alojadas en sistemas alternativos se ha duplicado en cinco años y ya supone cerca del 40% del censo nacional. La transformación también se aprecia en la estructura de las explotaciones. Casi el 80% de las granjas incorpora ya sistemas alternativos de cría, según el informe.

De Santos ha vinculado el contexto inflacionista a la situación geoestratégica global y al impacto de la gripe aviar en los censos europeos. Sobre ese punto, ha admitido que ha habido “cierta incidencia” en España, aunque con más intensidad en otros países de la Unión Europea, y ha señalado que España encadena ya cuatro meses sin focos.

La empresa española Gases & Welding ha iniciado una acción internacional contra Guinea Ecuatorial tras perder el control de su compañía local y ver confiscados todos sus activos industriales y societarios sin compensación. Según la notificación oficial enviada el pasado 10 de marzo, la compañía acusa al Estado africano de expropiar su empresa gasística sin abonar indemnización alguna, luego de dos décadas de inversión y desarrollo de infraestructura en el país.

De acuerdo con los documentos presentados por Gases & Welding y su equipo legal, el conflicto comenzó cuando las autoridades de Guinea Ecuatorial bloquearon el acceso de la compañía a sus propias instalaciones, quedándose con todos los bienes y recursos de la firma. La empresa, representada por el bufete internacional PBX International Law, sostiene que el gobierno vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones firmado entre España y Guinea Ecuatorial, lo que abre la puerta a un arbitraje internacional bajo el amparo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).

La llegada de la empresa a Guinea Ecuatorial se remonta a 2004, cuando instaló la primera planta de separación de aire del país, dedicada a la producción de oxígeno y nitrógeno líquidos. Esta infraestructura marcó un hito industrial, facilitando el acceso a insumos estratégicos para la industria y la salud en la región.

Posteriormente, en 2015, el propio gobierno invitó a la compañía a participar en la creación de Gas Guinea S.A., una sociedad conjunta con la empresa estatal Sonagás S.A., destinada al almacenamiento, envasado y distribución de gas doméstico e industrial. Este proyecto permitió que, por primera vez, los hogares y empresas de la región continental contaran con un suministro regular de gas.

Sin embargo, la relación entre ambas partes dio un vuelco casi una década después, con los embargos del Ejecutivo a la empresa gasística. Pablo Parrilla, socio de PBX International Law y abogado de la empresa afectada, calificó el caso como “una de las confiscaciones más significativas que haya sufrido un inversor español por parte del Estado guineano, en el marco de inversiones estratégicas en una industria esencial”.

Una expropiación “sin recibir un solo euro”

La denuncia sostiene que Guinea Ecuatorial violó varios principios básicos del derecho internacional de inversiones, entre ellos el trato justo y equitativo, la plena protección y seguridad, y la prohibición de medidas arbitrarias o discriminatorias. El punto más grave, según la demanda, es la expropiación sin indemnización, práctica que contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado africano.

Actualmente, el conflicto se encuentra en la fase de negociaciones amistosas, un paso previo obligatorio antes de recurrir a instancias internacionales. Si no se alcanza un acuerdo, Gases & Welding llevará el caso a arbitraje ante el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial especializado en la resolución de controversias entre inversores extranjeros y Estados.

La situación de la empresa española no es aislada. Según han explicado los abogados, Guinea Ecuatorial enfrenta otro arbitraje internacional con un inversor suizo (Shefa Gold SL). Una reclamación que supera los 862 millones de euros (1.000 millones de dólares). Los expertos advierten que la acumulación de laudos arbitrales adversos podría comprometer la financiación externa del país, así como la capacidad de la empresa estatal Sonagás para acceder a préstamos, líneas de crédito bilaterales o apoyos multilaterales, incluidas operaciones del Banco Mundial.

La abogada Nicolás E. Bianchi, socia del bufete que representa a la compañía española, explicó que el proceso iniciado busca restituir los derechos de la empresa y obtener una compensación por la expropiación sufrida. Según Bianchi, la pérdida afecta no solo a la firma demandante sino también al desarrollo futuro de la industria gasística de Guinea Ecuatorial y a la confianza de los inversores extranjeros en el país.

La notificación de controversia enviada por Gases & Welding destaca que, tras invertir durante dos décadas en el desarrollo industrial y energético de Guinea Ecuatorial, el resultado ha sido la confiscación de todos sus activos “sin recibir un solo euro” de compensación.

El Ayuntamiento de Burguillos, un municipio sevillano de poco más de 7.000 habitantes, mantiene una dura batalla judicial con el fondo estadounidense KSAC Europe Investments por una deuda que supera los 28 millones de euros. El conflicto ha escalado en los últimos meses después de que el fondo reclamara nuevas sanciones económicas contra el alcalde y los concejales del equipo de gobierno por negarse a suscribir un préstamo que, según el Consistorio (PP), resulta imposible de asumir sin poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio.

El origen de esta disputa se remonta a la quiebra de la sociedad municipal Burguillos Natural durante anteriores mandatos del Partido Socialista Obrero Español. Una sentencia dictada en 2017 condenó al Ayuntamiento a realizar aportaciones al capital de dicha empresa por valor de más de 13,5 millones de euros. Con el paso de los años y la acumulación de intereses legales, la cantidad reclamada ha terminado superando los 28 millones, una cifra que multiplica varias veces el presupuesto anual del municipio (5,4 millones de euros).

La deuda acabó en manos de KSAC Europe Investments después de que el fondo adquiriera el crédito en una subasta por alrededor de siete millones de euros. Desde entonces, ambas partes mantienen un prolongado enfrentamiento judicial sobre la forma en que debe ejecutarse el pago. Mientras el fondo exige el cumplimiento íntegro de la sentencia, el Ayuntamiento sostiene en varios comunicados que las condiciones planteadas conducirían al colapso económico de la administración local.

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, ha defendido que el Consistorio nunca se ha negado a pagar la deuda, sino que rechaza hacerlo mediante una operación financiera que considera inviable. Según el regidor, el Ayuntamiento ya ha abonado más de 4,2 millones de euros, ha puesto patrimonio municipal a disposición judicial y ha presentado varias propuestas para resolver el conflicto, incluida una oferta por el importe íntegro del principal de la deuda, cifrado en 13,5 millones de euros.

La batalla judicial entre el Ayuntamiento y KSAC

Uno de los episodios más controvertidos del procedimiento se produjo cuando el juzgado encargado de ejecutar la sentencia impuso multas coercitivas al alcalde y a seis concejales por no respaldar la formalización de un préstamo superior a 28 millones de euros. Las sanciones ascendían inicialmente a diez euros diarios para cada uno de los cargos públicos afectados.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía terminó anulando dichas multas. En sus resoluciones, el alto tribunal consideró que no existía un requerimiento personal previo dirigido a los concejales y que tampoco se había especificado qué conducta concreta debía realizar cada uno de ellos para evitar las sanciones. Además, recordó que las decisiones adoptadas en un pleno forman parte del funcionamiento democrático de las instituciones y que no puede castigarse a representantes públicos por el sentido de su voto sin una habilitación legal expresa.

La decisión judicial fue celebrada por el equipo de gobierno municipal. Delgado aseguró entonces que siempre había confiado en que el recurso prosperaría y destacó especialmente el alivio que la resolución supuso para los concejales afectados y sus familias. Según explicó, las multas estaban generando una importante preocupación personal entre vecinos que habían asumido responsabilidades públicas para intentar resolver una situación heredada.

Pese a la resolución del TSJA, el conflicto está lejos de finalizar. Apenas unas semanas después de conocerse la resolución, el fondo KSAC volvió a dirigirse al juzgado para solicitar nuevas medidas coercitivas. Entre ellas, reclamó sanciones de 50 euros diarios para el alcalde y los concejales que no colaboren activamente en la contratación del préstamo necesario para satisfacer la deuda.

Recortar servicios públicos para pagar la deuda

Desde el Ayuntamiento han interpretado esta petición como una nueva maniobra de presión. El gobierno local sostiene que aceptar un crédito de más de 28 millones de euros obligaría a destinar cerca de la mitad del presupuesto municipal anual al pago de la deuda durante más de una década. Según sus cálculos, ello implicaría recortes drásticos en servicios públicos esenciales, incrementos fiscales y una situación de asfixia financiera para el municipio.

La controversia también ha reabierto el debate político sobre la gestión económica desarrollada durante años anteriores. El actual ejecutivo municipal sostiene que heredó una situación extremadamente compleja, con obligaciones financieras que llegaron a superar los 67 millones de euros. Mientras el procedimiento judicial sigue avanzando en los tribunales, la corporación local insiste en que continuará defendiendo una solución que permita afrontar la deuda sin comprometer el futuro de los vecinos ni la continuidad de los servicios municipales que presta el Ayuntamiento.

La brecha entre volar barato y volar caro en Europa nunca ha sido tan amplia. Wizz Air lidera por tercer año consecutivo el ranking de aerolíneas europeas más asequibles elaborado por AirAdvisor, con unos ingresos medios por asiento-kilómetro disponible (RASK, por sus siglas en inglés) de 4,33 céntimos de euro en 2025. En el extremo opuesto, la compañía regional noruega Widerøe registró un RASK de 32 céntimos, lo que supone una diferencia de 27,67 céntimos entre la más barata y la más cara del continente. Tomando como referencia la distancia media de un vuelo europeo —1.157 kilómetros, según datos de Eurocontrol—, esa brecha puede traducirse en un ahorro de hasta 350 euros por pasajero y trayecto.

El estudio de AirAdvisor analiza 23 aerolíneas europeas divididas en tres categorías: compañías de gran volumen (rutas internacionales), aerolíneas nacionales principales (fuerte presencia en su mercado doméstico) y operadoras regionales (operan principalmente dentro de su país y son un poco más pequeñas). La métrica RASK —ingresos totales de pasajeros divididos entre los kilómetros de asiento disponibles— permite comparar el coste real del billete más allá del precio base, al incorporar partidas adicionales como el equipaje facturado, la selección de asiento y otros servicios opcionales. AirAdvisor precisa que Volotea, Air Europa y LOT quedaron excluidas del estudio por no disponer de datos financieros publicados en el momento de su elaboración, mientras que Turkish Airlines fue incluida por su presencia en los datos de tráfico europeo de Eurocontrol.

La principal conclusión del informe es que nueve aerolíneas redujeron sus tarifas de 2024 a 2025, frente a solo cinco que las subieron, una tendencia que beneficia directamente al viajero. Los incrementos registrados fueron, en la mayoría de los casos, marginales. Las bajadas, en cambio, fueron en algunos casos muy pronunciadas.

Ryanair, la mayor mejora del año

Entre las aerolíneas de gran volumen, Ryanair protagonizó la reducción más pronunciada de todo el ranking: su RASK cayó de 8,43 céntimos en 2024 a 5,56 céntimos en 2025, un descenso de 2,87 céntimos por kilómetro que, en el vuelo medio europeo, equivale a un ahorro superior a 33 euros por pasajero respecto al ejercicio anterior. AirAdvisor señala que, salvo el descenso de easyJet —que pasó de 7,70 céntimos a 5,21 céntimos—, las bajadas del resto de aerolíneas fueron mínimas. Ryanair, easyJet y Wizz Air controlan conjuntamente el 84% del mercado de bajo coste europeo, según datos de OAG de 2025.

Wizz Air, pese a mantener el liderazgo general, fue la única de las grandes aerolíneas de bajo coste que incrementó su RASK, aunque de forma leve: subió de 4,17 a 4,33 céntimos. Esa ligera alza no compromete su posición de liderazgo, dado que easyJet, la segunda más barata de su categoría, se sitúa casi un céntimo por encima. La distancia entre Wizz Air y el resto de las aerolíneas de gran volumen es tan amplia que, incluso con la subida, nadie se acerca a sus niveles de precio.

En el extremo más caro de la categoría de gran volumen se encuentran KLM (8,37 céntimos), Lufthansa (8,45 céntimos), Air France (8,50 céntimos) y British Airways (8,88 céntimos). De estas cuatro, KLM, Air France y British Airways fueron las únicas que vieron subir sus tarifas respecto a 2024, con incrementos de entre 0,07 y 0,38 céntimos por kilómetro.

Las nacionales, lideradas por Finnair

En la categoría de aerolíneas nacionales principales, Finnair ocupa el primer puesto con un RASK de 6,22 céntimos en 2025, una mejora sustancial respecto a los 7,97 céntimos de 2024. Le sigue Norwegian Air Shuttle con 6,80 céntimos, TAP Portugal con 6,96 céntimos e Iberia con 7,08 céntimos. AirAdvisor subrayó que Finnair es más de 2 céntimos más barata que la aerolínea nacional más cara de su categoría, lo que puede suponer un ahorro de hasta 23 euros en el vuelo medio europeo.

Vueling (7,49 céntimos) y SAS (7,58 céntimos) ocupan posiciones intermedias en este grupo, mientras que Brussels Airlines (7,97 céntimos), Aer Lingus (8,07 céntimos), Swiss (8,30 céntimos), Aegean Airlines (8,39 céntimos) y Austrian Airlines (8,50 céntimos) cierran la clasificación. SAS fue la única aerolínea de este grupo que registró una subida de tarifas respecto al año anterior, aunque mínima: de 7,50 a 7,58 céntimos.

Las regionales, con Widerøe como caso extremo

El segmento regional presenta la mayor disparidad interna de todo el ranking. Transavia lidera con un RASK de 6,64 céntimos, seguida de Eurowings con 7,82 céntimos e ITA Airways con 8,36 céntimos. Widerøe, con sus 32 céntimos, opera en una dimensión de costes completamente distinta: sus vuelos son, en promedio, 4,8 veces más caros que los de Transavia. La compañía noruega opera principalmente rutas domésticas dentro de Noruega y hacia destinos seleccionados en Europa, lo que explica en parte su estructura de costes, al cubrir conexiones a localidades remotas con baja demanda y sin competencia directa de aerolíneas de bajo coste.

AirAdvisor advirtió que el precio no es el único factor a considerar al elegir compañía. Sobre Eurowings, el informe señala que en 2025 registró una de las mayores tasas de vuelos con retraso de al menos 60 minutos de todo el continente, con un 19,13% de sus operaciones afectadas. Al ser una aerolínea con base en la Unión Europea, los pasajeros tienen derecho a reclamar compensaciones por retraso al amparo de la normativa comunitaria.

El rango total de RASK entre las 23 aerolíneas analizadas osciló entre 4,33 y 32 céntimos de euro, una amplitud que AirAdvisor calificó de enorme y que refleja la profunda segmentación del mercado aéreo europeo entre operadoras ultralow cost, compañías de bandera y aerolíneas regionales con modelos de negocio muy distintos. Cuatro de las aerolíneas incluidas en el ranking —Transavia, Eurowings, Turkish Airlines, Brussels Airlines, Aer Lingus, Swiss, ITA Airways y Widerøe— no figuraban en la edición anterior del estudio, por lo que no se dispone de datos comparativos de 2024 para esas compañías.

El mercado del alquiler sigue consolidándose como una de las inversiones favoritas de los pequeños propietarios en España. En un contexto de incertidumbre económica y con la vivienda convertida en uno de los activos más demandados, cada vez más inversores buscan fórmulas para maximizar la rentabilidad de sus inmuebles.

Según un estudio elaborado por pisos.com con datos de mayo de 2026, alquilar una vivienda por habitaciones ofrece una rentabilidad media del 7,77%, superior al 7,23% que genera el alquiler tradicional de un piso completo de 90 metros cuadrados. La diferencia puede parecer modesta, pero en determinadas ciudades supone varios puntos porcentuales adicionales de beneficio para los propietarios.

Esta tendencia está impulsando un cambio de estrategia entre muchos dueños de viviendas, que optan por dividir sus inmuebles y alquilar cada estancia por separado para incrementar ingresos y reducir riesgos.

El alquiler por habitaciones gana terreno

La principal ventaja del alquiler por habitaciones es la diversificación del riesgo. Si uno de los inquilinos abandona el inmueble, el propietario continúa recibiendo ingresos del resto de ocupantes, algo que no ocurre cuando toda la vivienda está alquilada a una única persona o familia.

Según explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, esta flexibilidad se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta modalidad. Además, permite adaptar mejor los precios a la demanda existente en cada mercado local.

Los datos muestran que, en términos generales, la estrategia funciona. La rentabilidad media nacional es superior cuando se alquilan habitaciones, aunque existen importantes diferencias entre ciudades.

Tarragona y Sevilla, las más rentables en alquiler tradicional

Si se analiza el alquiler convencional, las ciudades más rentables para invertir son Tarragona, con una rentabilidad del 7,97%, seguida de Sevilla (7,80%), Jaén (7,45%), Huesca (7,36%) y Ávila (7,33%).

También destacan Castellón de la Plana, Segovia, Barcelona, Murcia y Córdoba, todas ellas con retornos cercanos o superiores al 7%. Estas cifras sitúan a estas capitales entre las más atractivas para quienes buscan ingresos estables mediante el alquiler residencial tradicional.

En el lado opuesto aparecen algunas de las ciudades más tensionadas del mercado inmobiliario español. Donostia-San Sebastián ofrece una rentabilidad del 3,85%, seguida de Girona (4,37%), Palma de Mallorca (4,40%), Cádiz (4,56%) y Pamplona (4,61%). Málaga, Bilbao o A Coruña tampoco logran superar el 5%.

Huelva y Lugo rozan el 10% de rentabilidad por habitaciones

El panorama cambia radicalmente cuando el inmueble se alquila por habitaciones. En este caso, varias ciudades se acercan a una rentabilidad de dos dígitos. Huelva lidera el ranking nacional con un retorno del 9,80%, seguida muy de cerca por Lugo (9,73%), Lleida (9,40%) y Ávila (9,02%). También destacan Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Castellón de la Plana, Almería, Jaén y Huesca.

Estas ciudades presentan una combinación especialmente favorable para los propietarios: precios de compra relativamente moderados y una fuerte demanda de habitaciones por parte de estudiantes, trabajadores temporales y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda completa.

La situación contrasta con la de grandes mercados como Madrid o Barcelona, donde el elevado precio de adquisición reduce considerablemente la rentabilidad final.

Barcelona y Madrid, entre las habitaciones más caras de España

Más allá de la rentabilidad, el informe refleja enormes diferencias en los precios del alquiler entre unas ciudades y otras. Barcelona se sitúa como la capital más cara para alquilar una habitación, con un precio medio de 646 euros mensuales. Le siguen Madrid (622 euros), Palma de Mallorca (617 euros), Valencia (616 euros) y Donostia-San Sebastián (547 euros).

Por el contrario, las habitaciones más económicas se encuentran en Badajoz, donde el precio medio apenas alcanza los 211 euros al mes. Cáceres, Burgos, Palencia y Córdoba completan la lista de las ciudades más asequibles.

La brecha es tan grande que, según Ferrán Font, “alquilar el piso compartido completo en Barcelona supone un desembolso de 23.256 euros al año. En Palencia, Huelva o Zamora, alquilar una vivienda entera para una sola persona cuesta menos de 8.000 euros anuales, de modo que con lo que se paga en un único año en la capital catalana se cubrirían casi tres años de alquiler de un piso completo en cualquiera de esas tres ciudades”.

Cuando alquilar el piso entero sale más rentable

Aunque la tendencia general favorece al alquiler por habitaciones, existen excepciones significativas. En varias capitales españolas la rentabilidad del alquiler tradicional supera claramente a la del alquiler compartido. Es el caso de Sevilla, donde el alquiler convencional genera un retorno del 7,80% frente al 5,38% del alquiler por habitaciones.

La misma situación se repite en Barcelona, Madrid, Burgos, Segovia o Las Palmas de Gran Canaria. En estos mercados, los elevados costes de gestión y la estructura de la demanda hacen que alquilar la vivienda completa siga siendo una opción más rentable para muchos propietarios.

Esto demuestra que no existe una fórmula universal y que la estrategia óptima depende en gran medida de las características de cada mercado local.

No todo es rentabilidad

Los expertos advierten de que el porcentaje de rentabilidad no debe ser el único criterio a la hora de invertir. “La rentabilidad sobre el papel no lo es todo. Un piso compartido implica más rotación de inquilinos, más mantenimiento y una gestión mucho más intensa que la de un alquiler tradicional, y ese esfuerzo también debe entrar en la cuenta antes de decidir dónde y cómo invertir”, advierte Ferran Font.

A pesar de ello, los datos confirman que el alquiler por habitaciones se ha convertido en una de las fórmulas más rentables del mercado inmobiliario español y en una alternativa cada vez más utilizada por quienes buscan maximizar el rendimiento de sus inversiones en vivienda.

La economía española seguirá mostrando una notable fortaleza en 2026 pese a la creciente incertidumbre internacional. BBVA Research mantiene su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,4%, una cifra que permitirá a España continuar entre las economías más dinámicas de la zona euro gracias al empuje del consumo privado, el dinamismo de las exportaciones de servicios y el buen comportamiento del turismo.

Sin embargo, el crecimiento no será homogéneo en todo el territorio. El último informe del servicio de estudios de BBVA dibuja una España a dos velocidades, con las comunidades del sur y del arco mediterráneo liderando el avance económico, mientras que buena parte del norte industrial y exportador afrontará un escenario más complejo marcado por el encarecimiento de la energía, la desaceleración de la demanda europea y la persistencia de tensiones en el comercio internacional.

A corto plazo, además, España se beneficiará del denominado ‘efecto refugio’ en el turismo. La inestabilidad provocada por la guerra en Oriente Medio está desviando parte de los flujos turísticos hacia destinos considerados más seguros, una circunstancia que favorecerá especialmente a Madrid, Baleares, Canarias y Cataluña.

La Comunidad Valenciana lidera el crecimiento económico

Entre las regiones con mejor comportamiento destaca la Comunidad Valenciana, que se convertirá en la autonomía con mayor crecimiento de España en 2026 al registrar un avance del 3%.

Según BBVA Research, las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la DANA seguirán impulsando la actividad económica, favoreciendo tanto la inversión pública como la privada. Este efecto permitirá a la región situarse claramente por encima de la media nacional.

También sobresalen Madrid y Baleares, con crecimientos previstos del 2,7% y del 2,6%, respectivamente. Ambas comunidades se verán beneficiadas por el tirón del turismo internacional, el auge de las exportaciones de servicios y la creciente demanda asociada a actividades de alto valor añadido.

Andalucía se situará igualmente entre las economías más dinámicas del país, con un crecimiento estimado del 2,6%, impulsada tanto por el sector turístico como por las medidas de apoyo puestas en marcha tras las borrascas registradas durante los primeros meses del año.

El consumo sostiene el avance del centro y sur peninsular

El informe destaca el papel que seguirá desempeñando el consumo privado como uno de los principales motores de la economía española. La mejora del empleo, el crecimiento de la población activa y el mantenimiento de una demanda interna relativamente sólida permitirán que varias regiones del centro y sur mantengan ritmos de crecimiento superiores a la media nacional.

Murcia y Castilla-La Mancha registrarán un avance del 2,5%, mientras que Cataluña y Canarias crecerán un 2,4%, en línea con el conjunto de España.

Por su parte, Extremadura mejora sus perspectivas hasta el 2,1% gracias a unos indicadores económicos recientes más favorables de lo esperado.

En conjunto, estas comunidades seguirán beneficiándose de una estructura económica más orientada hacia los servicios, un sector que continúa mostrando una mayor capacidad de resistencia frente a las turbulencias internacionales.

El norte industrial acusa el impacto de la crisis europea

La situación será distinta para las regiones con un mayor peso de la industria y las exportaciones de bienes. Así, BBVA Research advierte de que el encarecimiento de la energía, la persistencia de problemas en las cadenas globales de suministro y la debilidad económica de los principales socios comerciales europeos pesarán sobre la actividad durante los próximos meses.

Las previsiones reflejan este deterioro. Navarra y La Rioja crecerán apenas un 1,8% en 2026, mientras que Asturias y País Vasco avanzarán un 1,9%. Cantabria alcanzará un crecimiento del 2,1% y Galicia del 2,2%, todas ellas por debajo de la media nacional.

La entidad señala que la caída de las exportaciones y la menor producción industrial explican buena parte de esta pérdida de dinamismo, especialmente en aquellas comunidades con una fuerte orientación manufacturera y exportadora.

Aragón y Castilla y León resisten mejor de lo esperado

No todas las regiones del norte evolucionarán de la misma forma. El mejor comportamiento de las ventas al exterior respecto a lo previsto hace unos meses ha permitido revisar al alza las perspectivas de Aragón y Castilla y León. Ambas comunidades crecerán un 2,2% durante 2026, una cifra inferior a la media nacional, pero superior a la de otros territorios industriales.

Esta evolución demuestra que las exportaciones continúan siendo uno de los principales factores diferenciales entre regiones y seguirán desempeñando un papel clave para sostener el crecimiento en aquellas economías con una mayor orientación internacional.

Aun así, el contexto seguirá siendo complejo debido a la incertidumbre sobre la evolución de la economía europea y el impacto de los conflictos geopolíticos sobre los costes energéticos.

Desaceleración en 2027

Aunque el escenario para 2026 sigue siendo favorable, el informe también contiene una advertencia de cara al futuro. BBVA Research ha rebajado tres décimas su previsión de crecimiento para 2027, situándola en el 2,1%. La revisión responde al deterioro del contexto internacional y a la aparición de varios factores que podrían limitar el avance de la economía española.

Entre ellos destacan el encarecimiento de la energía y de otras materias primas estratégicas, unos tipos de interés más elevados de lo previsto, la caída de la confianza de consumidores y empresas y el aumento de la incertidumbre sobre la política económica.

Además, el progresivo agotamiento de algunas medidas extraordinarias de apoyo fiscal reducirá parte del impulso que ha sostenido la actividad durante los últimos años.

Las exportaciones podrían salvar parte del crecimiento

A pesar de este escenario menos favorable, BBVA espera que las exportaciones de bienes recuperen protagonismo en 2027. El repunte previsto de la demanda exterior permitirá que algunas comunidades del norte mantengan tasas de crecimiento superiores a la media nacional. País Vasco y Navarra podrían alcanzar un crecimiento del 2,4%, mientras que Aragón y Galicia avanzarían un 2,3%.

Asimismo, Cantabria y La Rioja crecerían un 2,2%, beneficiadas por la recuperación de las exportaciones y por las oportunidades derivadas del aumento previsto del gasto en defensa en Europa.

En paralelo, Madrid y Cataluña seguirán encontrando apoyo en las exportaciones de servicios, mientras que Canarias y Baleares podrían perder parte del impulso turístico extraordinario registrado en 2026 conforme se normalicen los flujos internacionales.

El empleo seguirá siendo el gran soporte de la economía

El mercado laboral continuará siendo uno de los principales pilares del crecimiento económico español. BBVA prevé que el empleo aumente un 2,3% en 2026 y un 2,2% en 2027, apoyado por la inmigración y por una mayor participación de la población en el mercado de trabajo.

La Comunitat Valenciana volverá a liderar la creación de empleo, con un incremento del 3,4%, seguida por Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, todas ellas con avances del 2,8%.

En contraste, las regiones del norte mostrarán una evolución más moderada. Navarra, Castilla y León y La Rioja registrarán los menores incrementos de empleo, reflejando la menor fortaleza de sus economías y el impacto de la desaceleración industrial.

Estados Unidos e Irán firmarán este viernes el Memorándum de Entendimiento que, a priori, pondrá fin al conflicto en el Golfo Pérsico. El anuncio de este acuerdo ha influido positivamente en los precios del combustible, donde el barril de Brent -petróleo- ha bajado este miércoles hasta los 78 dólares, marcando mínimos de cuatro meses. La apertura del Estrecho de Ormuz al comercio marítimo también favorecerá a la bajada de otros imputs como los fertilizante o los plásticos, que derivan del petróleo y el gas natural.

Sobre los fertilizantes, los agricultores y ganaderos españoles se han mostrado aliviados por el acuerdo, que influirá en la bajada de los precios de la urea, aunque, a su vez, han permanecido cautelosos con los tiempos de normalización. “No podemos dar falsas esperanzas de que mañana los precios van a volver a una situación de preguerra. Esta vuelta no va a ser de golpe, sino progresiva y a diferentes velocidades según los distintos sectores”, ha indicado Gonzalo Corrales, representante de Unión de Pequeños Agricultores ante la Unión Europea.

Corrales ha considerado que el precio del fertilizante no bajará con la misma celeridad que subió en los primeros meses de conflicto -a diferencia del gasóleo, para el que estima una bajada más rápida- sino que serán necesarios “por lo menos dos meses”, no desde la firma del acuerdo, sino desde que operadores, aseguradoras, petroleros y navieras retomen su trabajo en el estrecho.

Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también se han mostrado satisfechos con el preacuerdo. “Cualquier noticia que sea estabilizar un poco el mapa mundial es positiva”, ha considerado Javier Fatas, Responsable de Cultivos COP en la asociación. Al igual que Corrales, el agricultor ha augurado una bajada “mucho más lenta de lo que fue la subida, marcada por los precios a futuro, la bolsa de Chicago y se basará en la normalización del tráfico marítimo”.

Las promesas de Europa se quedan en “literatura”

Sobre las consecuencias de escalada del precio de los fertilizantes químicos en los cultivos, el agricultor ha señalado que dentro de cada producción estas dependerán de la estructura de suministro con la que cuente cada explotación. “No es lo mismo una agricultor que está en una cooperativa y ya tiene esos fertilizantes apalabrados por dos meses que el que va por ese fertilizante al mercado libre cuando ha habido una subida”, ha considerado.

Además, la escalada de precios ha condicionado la siembra de algunas explotaciones, como en el maíz, que su siembra ha dependido de si el abono -urea- ya lo tenían contratado en sus cooperativas con tiempo o lo estaban apalabrando a última hora. Por su parte, Corrales, que también considera el maíz como uno de los cultivos más afectados, ha indicado que, a nivel europeo, el impacto más directo lo han sufrido los países de la cuenca mediterránea, donde la dependencia de las importaciones de Oriente Medio es mayor.

Respecto a las promesas de ayuda de la Unión Europea, como la presentación del Plan Europeo de Fertilizantes, Corrales ha señalado que se han quedado en “literatura”, ya que se tratan de medidas que a corto plazo “no solucionan la situación actual, porque hasta que se pongan en marcha esos 500 millones no estarán solucionando nada a corto plazo”, por lo que ha propuesto “un plan mucho más ambicioso de diversificación de fuentes”.

Desde COAG, han criticado que la Unión no haya “ido contra la especulación de esos productos desde un primer momento”. “Entendíamos que había stocks de estos productos y lo que se pedía es que la Unión Europea usara los mecanismos que tiene a su alcance para regular estas subidas”, ha explicado Fatas. Además, el agricultor ha señalado que muchas veces las ayudas que se dan a productores son aprovechadas pro las grandes empresas, que con las subidas terminan llevando ese dinero a sus cuentas de resultados.

En este sentido Fatas ha indicado que los agricultores y ganaderos españoles han aprendido con el conflicto que deben “pedirle a la Administración que tenga la capacidad de regular estos movimientos de precios cuando hay acontecimientos geopolíticos, que no simplemente se solucione con compensar una parte de la influencia de la subida de precios, sino que desde un primer momento se busque un sistema de control”, así como crear un stock mayor en Europa para tener la capacidad de “amortiguar las subidas que vienen con los conflictos”.

La Comisión Europea (CE) ha lanzado un mensaje claro al sector financiero: Europa necesita bancos más grandes y fuertes para competir en un escenario global cada vez más exigente. Así lo ha comunicado la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, que ha defendido las fusiones transfronterizas entre grandes entidades europeas como una vía para acelerar la integración de los mercados de capitales y reforzar la autonomía económica de la Unión.

Durante su intervención en el Foro Europeo de Competencia celebrado en Bruselas, la exministra española aseguró que la creación de un mercado financiero verdaderamente integrado es una de las tareas más urgentes para mejorar la competitividad europea y financiar los desafíos de las próximas décadas.

Según Ribera, unos mercados de capitales más profundos permitirían movilizar el ahorro europeo, facilitar el acceso a la financiación de las empresas innovadoras y reducir la dependencia de fuentes de capital externas.

“Somos buenos inventando y tímidos a la hora de crecer”

La vicepresidenta comunitaria advirtió de que Europa no tiene un problema de talento o innovación, sino de capacidad para transformar sus ideas en grandes proyectos empresariales capaces de competir a escala global.

“Somos buenos inventando, pero somos tímidos a la hora de crecer”, resumió Teresa Ribera, que atribuyó esta situación a la fragmentación del mercado único europeo más que a una falta de competencia, según recoge Europa Press.

En este sentido, insistió en que las empresas europeas difícilmente podrán rivalizar con gigantes estadounidenses o asiáticos mientras sigan operando en un mercado fragmentado. A su juicio, la escala empresarial depende tanto del tamaño de las compañías como del tamaño del mercado en el que desarrollan su actividad.

Un cambio en las reglas de las fusiones

Teresa Ribera también justificó la revisión que Bruselas está llevando a cabo sobre las normas que regulan las fusiones empresariales. Según explicó, el objetivo no es suavizar los controles sobre la concentración económica, sino adaptar los criterios de análisis a una realidad económica muy diferente a la de hace dos décadas.

Defendió una visión más amplia de las operaciones corporativas, incorporando factores como la innovación, la resiliencia, la capacidad de inversión o las ganancias de eficiencia.

Este enfoque resulta especialmente relevante en sectores estratégicos para la autonomía europea, como las telecomunicaciones, los servicios en la nube, la inteligencia artificial o las infraestructuras satelitales.

La soberanía tecnológica entra en juego

Más allá del sector financiero, Ribera vinculó la necesidad de integración económica con el reto de la soberanía tecnológica europea. La vicepresidenta de la CE alertó sobre la creciente concentración de poder tecnológico e informativo en manos de un reducido número de grandes compañías globales.

A su juicio, esta situación no solo afecta a la competencia económica, sino también a cuestiones relacionadas con la democracia, la cohesión social y la seguridad estratégica de la Unión Europea.

“Europa no puede seguir siendo próspera si se vuelve tecnológicamente dependiente”, advirtió. A su juicio, el control externo de tecnologías críticas puede comprometer la capacidad de decisión y la soberanía del continente.

El desafío de construir gigantes europeos

La Comisión Europea considera que la integración de los mercados financieros y digitales será determinante para que Europa mantenga su peso económico en las próximas décadas.

Por ello, Bruselas apuesta por combinar la política de competencia, la innovación, la estrategia industrial y el mercado único dentro de una misma hoja de ruta.

Teresa Ribera defendió además la aplicación estricta de la normativa europea de mercados digitales para garantizar que los nuevos actores puedan competir en igualdad de condiciones y evitar que los líderes tecnológicos actuales condicionen el futuro de la innovación.

En el actual contexto internacional, Europa quiere reducir su dependencia económica y tecnológica del exterior y para lograrlo está dispuesta a replantear algunas de las reglas que durante años han limitado la creación de grandes grupos empresariales y financieros capaces de competir a escala global.

Los sistemas públicos de pensiones de España y Alemania, dos de las mayores economías de la Unión Europea, afrontan desafíos similares derivados del envejecimiento de la población, los cambios demográficos y la presión sobre el mercado laboral. Sin embargo, sus modelos de protección social presentan diferencias profundas tanto en la forma de financiación como en los resultados que ofrecen a los jubilados.

Ambos países se encuentran en el centro del debate europeo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pero mientras España destaca por la generosidad de sus prestaciones, Alemania lo hace por la estabilidad estructural de su modelo a largo plazo, señalan fuentes de BBVA.

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El sistema alemán tiene un valor histórico clave al ser pionero. Fue en la antigua Prusia donde el canciller Otto von Bismarck impulsó a finales del siglo XIX el primer sistema moderno de pensiones y Seguridad Social del mundo, basado en un esquema de reparto que sentó las bases de los modelos actuales en Europa.

Hoy, Alemania sigue siendo la primera economía del continente, con un mercado laboral altamente productivo, salarios elevados, fuerte competitividad empresarial e innovación tecnológica. Este entorno ha permitido desarrollar un sistema de pensiones con una estructura más diversificada que el español.

España, por su parte, comparte con Alemania el reto del envejecimiento poblacional, pero parte de una estructura económica distinta, más dependiente del empleo de menor productividad media y con una mayor presión sobre el sistema público de reparto.

Más pensiones en España y más ajuste en Alemania

En términos de prestaciones a los jubilados, el sistema español destaca por ofrecer una de las tasas de reemplazo más altas del mundo, lo que significa que los jubilados mantienen un porcentaje elevado del salario que tenían durante su vida laboral.

Esto permite que muchos pensionistas españoles conserven un nivel de vida relativamente cercano al de su etapa activa, lo que sitúa al sistema como uno de los más generosos dentro de la Unión Europea.

En cambio, en Alemania la pensión pública supone en muchos casos una caída significativa del nivel de ingresos tras la jubilación. Esto obliga a los ciudadanos a complementar su pensión estatal con ahorro privado o planes de pensiones de empresa, conocidos como betriebliche Altersversorgung.

El modelo alemán se apoya así en un sistema de tres pilares: pensión pública, ahorro empresarial y ahorro privado, lo que reduce la dependencia exclusiva del Estado.

Edad legal de jubilación ordinaria y periodo mínimo cotizado

La edad legal de retiro es distinta en ambos países. En España es ahora de 66 años y 10 meses y con 38 años y 3 meses cotizados se puede acceder a los 65 años.

Sin embargo en Alemania es de 67 años para los nacidos a partir de 1964. Los nacidos en 1960, se podrán jubilar a la edad ordinaria en 2026 con 66 años y 4 meses. En tanto que los nacidos posteriormente la edad de retiro aumenta dos meses por cada año. En 2026, se puede acceder a la jubilación sin penalizaciones con 45 años de cotización a los 64 años y 8 meses.

También cambia en ambos sistemas el periodo mínimo cotizado para tener derecho a pensión. En España se necesitan 15 años, de los cuales al menos 2 deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. En Alemania se exigen 5 años como mínimo.

Años cotizados para recibir el 100% de la pensión

También varía entre ambos países el requisito para recibir el 100% de la pensión de jubilación. En España se establecen 36 años y 6 meses en 2026. A partir de 2027, 37 años. Con 15 años se cobra el 50% de la base reguladora y cada mes adicional suma porcentaje hasta el 100%.

En Alemania son necesarios 45 años para acceder a la pensión sin penalizaciones a los 64 años y 8 meses en 2026. La pensión “estándar” se calcula con 45 años. Si se jubila con menos años cotizados, se aplican deducciones.

En tanto que la base máxima de cotización en España es de 5.101,20 euros al mes en 2026, lo que supone 61.214,4 anuales. En Alemania es de 8.450 euros al mes y 101.400 euros al año en Estados del Oeste y 7.450 euros al mes o 89.400 euros anuales en el Este.

Jubilación anticipada

Optar por adelantar el retiro tiene consecuencias distintas en ambos países. En España, la jubilación voluntaria puede solicitarse hasta 2 años antes de la edad ordinaria de retiro con coeficientes reductores en función del número de meses de adelanto y del periodo de cotización acumulado.

La jubilación involuntaria puede pedirse hasta 4 años antes de la establecida, con menores penalizaciones. Requiere al menos 35 años cotizados. También existen modalidades por discapacidad o actividades de naturaleza penosa, tóxicas o peligrosas.

En Alemania, también se puede pedir el retiro voluntario pero los jubilados sufrirán penalizaciones. Así, podrán pedirla pero asumiendo penalizaciones los que tengan 35 años cotizados y podrán hacerlo a partir de los 63 años. Sufrirán un descuento del 0,3% por cada mes de adelanto de la edad “regular”.

Sin experimentar recortes, la podrán pedir personas con 45 años cotizados, desde los 63 a los 65 años, dependiendo del año de nacimiento. La edad se eleva progresivamente hasta 2031. Las personas con un grado de discapacidad severa reconocido pueden acceder a la jubilación anticipada con 35 años cotizados, hasta dos años antes de la edad ordinaria y sin penalización.

Pensión media

En España la pensión media fue en abril de 1.569,70 euros al mes. Mientras que en el caso de trabajadores por cuenta ajena del Régimen General ascendió a 1.729,6 euros mensuales.

La pensión media de los jubilados alemanes ronda los 1.600 euros brutos mensuales. Así, un ciudadano con salario medio -51.944 euros al año- que haya cotizado 45 años recibiría una pensión bruta aproximada de 1.913 euros al mes.

Generosidad frente a sostenibilidad

Estas cifras reflejan que el principal contraste entre ambos sistemas de pensiones se encuentra en su equilibrio entre suficiencia y sostenibilidad. España ofrece pensiones públicas más elevadas en relación con los ingresos previos, pero lo hace a costa de una mayor presión financiera sobre el sistema.

El gasto en pensiones en España se sostiene en gran medida gracias a transferencias y a un creciente endeudamiento estructural, lo que genera dudas sobre su viabilidad a largo plazo en un contexto de envejecimiento acelerado.

Alemania, en cambio, ha optado por un modelo más ajustado en prestaciones, pero con mecanismos de corrección automáticos, como factores de sostenibilidad, que permiten adaptar el sistema a la evolución demográfica y económica.

El sistema germano, aunque criticado por ofrecer pensiones públicas más reducidas en comparación con los salarios previos, se considera más sólido desde el punto de vista financiero.

El país destina alrededor de una cuarta parte de su presupuesto federal al sistema de pensiones, lo que refleja la magnitud del reto demográfico. Sin embargo, la estructura diversificada del sistema ayuda a repartir el riesgo entre el Estado, las empresas y el ahorro individual.

Además, la cultura del ahorro y la planificación financiera en Alemania ha permitido que los ciudadanos complementen sus ingresos de jubilación de manera más estable que en otros países europeos.

España: pensiones más altas hoy y mayor incertidumbre mañana

En el caso español, la principal fortaleza del sistema es también su mayor debilidad. La elevada tasa de reemplazo garantiza que los jubilados actuales mantengan un nivel de vida relativamente alto, pero incrementa la presión sobre las cuentas públicas.

El sistema depende en gran medida de la evolución demográfica, lo que lo hace más vulnerable al envejecimiento de la población y a la reducción de la base de cotizantes.

A ello se suma un nivel de endeudamiento creciente asociado al sistema de pensiones, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad futura sin reformas estructurales.

Dos modelos enfrentados ante un mismo futuro demográfico

A pesar de sus diferencias, tanto España como Alemania comparten el mismo desafío: cómo mantener sistemas de pensiones viables en sociedades cada vez más envejecidas.

El modelo español prioriza la suficiencia de las prestaciones para los jubilados actuales, mientras que el alemán apuesta por la estabilidad del sistema a largo plazo, aunque implique mayores esfuerzos de ahorro individual. En la práctica, ambos modelos reflejan una misma disyuntiva europea: garantizar pensiones dignas hoy sin comprometer la capacidad de financiarlas mañana.

Un estudio elaborado por Informa D&B, filial de Cesce, revela que 35.276 sociedades en España se pueden calificar como empresas zombis, un 27% menos que en 2023. Sin embargo, esto supone que cerca del 3% del total de compañías activas en el país entran en esta categoría, que describe negocios que llevan años abiertos, pagan sus cuentas mes a mes y mantienen a sus empleados, pero arrastran deudas que nunca logra saldar. Una empresa zombi no crece, no innova y no tiene capacidad real de mejorar su situación. Sobrevive porque el banco le sigue renovando los préstamos y porque cerrar generaría más problemas de los que resuelve, pero los ingresos que genera no alcanzan para devolver lo que debe ni para invertir en nada nuevo.

En concreto, el término “empresa zombi” designa a aquellas sociedades que generan ingresos suficientes para pagar sus costes operativos y los intereses de su deuda, pero son incapaces de amortizar el capital de esa deuda o de destinar recursos a crecer. El estudio de Informa D&B aplica criterios precisos: se trata de firmas activas con más de diez años de existencia y una ratio de cobertura de intereses negativa durante dos ejercicios consecutivos. Quedan excluidas las holdings, las entidades financieras y las pertenecientes a grupos empresariales.

Estas compañías sobreviven, en gran medida, porque los bancos prefieren refinanciar antes que asumir pérdidas contables, y porque entornos de tipos de interés bajos reducen la presión sobre su deuda. El resultado es que los recursos financieros, laborales y materiales quedan bloqueados en organizaciones que no los aprovechan de forma productiva, frenando el dinamismo del tejido empresarial en su conjunto. El dato del 49% de las empresas identificadas en 2025 que permanece en la misma situación ilustra que el problema no remite de forma simple.

El covid impulsó su crecimiento

El origen del repunte reciente hay que buscarlo en la crisis sanitaria. El volumen de empresas zombi se incrementó un 19% entre 2021 y 2022 como consecuencia directa del impacto del Covid-19, antes de iniciar su tendencia a la baja en 2023. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, señaló que las cifras “han mejorado notablemente respecto a 2023”, aunque reconoció que el descenso se produce tras ese crecimiento previo. Un 5% de las más de 35.600 sociedades que existían en 2025 ya ha cesado su actividad, de forma oficial o no.

Por tamaño, el fenómeno afecta de forma abrumadora a las microempresas, que concentran el 81% de los casos. Las pequeñas empresas representan cerca del 10%, las medianas un 5% y las grandes casi el 4%. Este último dato rompe la idea de que el problema es exclusivo de los negocios más pequeños.

Por sectores y regiones

El desglose sectorial revela que construcción y actividades inmobiliarias acumula el mayor volumen, con el 31% del total, del que un 24% corresponde únicamente al segmento inmobiliario. Le sigue comercio, con un 19%, y servicios empresariales, con un 14,5%. En el extremo opuesto, industrias extractivas apenas alcanza el 0,27%, mientras que educación, energía y sanidad se sitúan por debajo del 2%.

Geográficamente, la mitad de estas sociedades se concentra en tres comunidades:  Madrid acumula el 20,5% del total, Cataluña el 18% y Andalucía el 11%. Valencia suma el 10%, Galicia el 7% y el País Vasco algo más del 5%. La distribución refleja, en buena parte, el peso económico relativo de cada territorio dentro del mapa empresarial español.

Cuando pensamos en hacer una reforma en casa, lo primero que nos viene a la cabeza es cambiar espacios para que sean más cómodos, modernos o funcionales. Sin embargo, antes de ponernos manos a la obra es importante contar con información precisa de la vivienda para evitar imprevistos, como medidas que no cuadran o costes extra durante el proceso.

Para prevenir situaciones de este tipo tras una reforma, el arquitecto y divulgador Juan Goñi (@juangoniarquitecto) ha puesto el foco en el uso de escáneres 3D, “una tecnología que te permite generar un gemelo digital del estado actual de tu vivienda”.

“La mejor reforma empieza con los mejores datos de estado actual y si hay malos datos puede que haya un buen proyecto pero que no cuadre con la realidad física de la casa” señala el experto en un vídeo publicado en sus perfiles de TikTok e Instagram.

Por qué realizar un escáner 3D antes de una reforma

Goñi explica que muchas reformas en casa empiezan con una idea clara, pero sin información precisa del estado real de la vivienda y, ahí “es donde aparecen los problemas”. Desconocer estos datos puede dar lugar a medidas que no cuadran, instalaciones que no estaban previstas o costes innecesarios.

En este aspecto, escanear una vivienda con un sistema 3D antes de reformarla “permite obtener una imagen mucho más fiel del espacio”, según el experto. A través de esta herramienta se pueden conocer datos relevantes de la casa como sus dimensiones, alturas y distribución, así como irregularidades que puedan haber, elementos ocultos u otros condicionantes técnicos.

Cada vez más estudios, tanto de arquitectura como de interiorismo, están implantando esta técnica para las reformas ante los buenos resultados que genera. “Es espectacular”, apunta Goñi.

“Antes de reformar, escanea. Tu proyecto, tu presupuesto y tu tranquilidad lo van a agradecer”, concluye el arquitecto.

Aplicaciones móviles para hacer reformas en casa

Aunque la mejor opción antes de una reforma es contratar un servicio profesional que realice un escáner 3D para tener una precisión milimétrica de la vivienda, actualmente existen también alternativas más accesibles para quienes no cuenten con un amplio presupuesto o quieran realizar pequeños cambios en su vivienda.

Existen distintos programas de simulación, mencionados por Fotocasa, que sirven para hacer una reforma virtual y que facilitan mucho el trabajo a la hora de planificar obras, diseñarlas y visualizarlas en conjunto para tomar la mejor decisión.

Entre ellas, podemos encontrar aplicaciones como ColorSmart, que permite ver cómo quedará un color en las paredes de la casa y ofrece una estimación del precio de la reforma teniendo en cuenta el número de litros de pintura necesarios.

También existen programas que permiten crear proyectos en 3D desde cero antes de una reforma, pudiendo personalizar las alturas de las paredes o colocar puertas, ventanas, muebles, objetos y decoración. Una de ellas es Home Design 3D.

Aquellos que busquen reformar no solo el interior de la vivienda, sino también el jardín o terraza, cuentan con alternativas como iScape, disponible solo en los dispositivos Apple. A través de ella, se pueden tomar medidas exteriores, diseñar y compartir el proyecto

El Consejo de Ministros autorizó este martes invertir 719 millones de euros en un consorcio público-privado que prevé desarrollar un gran centro de datos avanzado de inteligencia artificial (los conocidos como “gigafactorías”) de gran escala. El proyecto permitirá a España participar en una convocatoria de financiación de la Comisión Europea para este tipo de infraestructuras.

Con esta operación, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la ‘SEPI Digital’ pasará a formar parte del accionariado del consorcio encargado del proyecto que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea.

Banco Santander, ACS y Telefónica, son los tres inversores privados principales del proyecto y controlarán de forma conjunta el 47% del capital de esta sociedad, según recoge Europa Press. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99%, mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial

España concurrirá en este proceso europeo con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid), donde se alojaría este centro de datos avanzado o gigafactoría.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado en un comunicado que el objetivo de esta inversión es dotar a España y a Europa de capacidad propia de cómputo avanzado, reducir dependencias tecnológicas y asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial se hace bajo reglas europeas.

Qué es una gigafactoría de IA

Una gigafactoría de IA es una gran infraestructura tecnológica e industrial donde se entrenan y operan los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

Frente a los centros de datos convencionales, optimizados para tareas más comunes (como servicios de nube y almacenamiento de datos), son instalaciones especializadas en aportar la capacidad de cálculo que necesita la nueva generación de IA.

Las gigafactorías cuentan con cientos de miles de GPU, unos procesadores de gran potencia que permiten entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial avanzados. Estas infraestructuras se utilizan tanto para enseñar a la IA a realizar tareas complejas como para poner en funcionamiento modelos ya desarrollados, como los sistemas de generación de texto o reconocimiento de imágenes.

España ya cuenta con dos AI Factories vinculadas a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, ambos con financiación del Gobierno de España.

La Comisión Europea financiará cinco proyectos que permitan desarrollar IA avanzada

Esta convocatoria se enmarca en la iniciativa InvestAI de la Comisión Europea, con un fondo específico para financiar gigafactorías. A través de esta, se busca seleccionar y apoyar cinco proyectos en distintos Estados miembros para crear grandes infraestructuras que permitan desarrollar IA avanzada dentro de la UE.

La convocatoria se encuentra en fase de presentación de propuestas, por lo que varios Estados miembros están preparando candidaturas o explorando proyectos, al igual que España. Entre ellos, Francia o Alemania.

Actualmente, la mayor parte de los centros que tienen la potencia necesaria para entrenar grandes modelos de IA están en manos de grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y de China.

Por este motivo, tanto España como la UE quieren reforzar su propia capacidad tecnológica, para no depender tanto de otros países en materia de procesamiento de datos e inteligencia artificial.

La carta de despido puede firmarse días después de recibirla, pero una cláusula de renuncia de acciones incluida en ese documento puede cerrar para siempre la puerta a cualquier reclamación judicial. Esta es una de las advertencias que lanza Enrique Díaz, abogado laboralista, en un video publicado en su perfil de TikTok (@aboga.dog) sobre los tres errores que, según su experiencia, se repiten sistemáticamente en los primeros minutos tras un despido y que terminan costando dinero.

El plazo para impugnar un despido en España es de 20 días hábiles desde la fecha en que se produce. Pasado ese tiempo, la acción caduca de forma definitiva, sin importar cuánta razón tenga el trabajador. Es el margen legal más corto y menos conocido del derecho laboral ordinario, y su desconocimiento es, según Díaz, uno de los errores más frecuentes y más caros.

Firmar el mismo día, el primer error

La urgencia del momento suele llevar al trabajador a estampar su rúbrica sin leer. El abogado es directo sobre el primer fallo: firmar la carta de despido en el momento en que se entrega. “Tu firma no es obligatoria”, advirte. “Puedes recibirla, leerla, incluso pedir tiempo para revisarla y posteriormente firmarla si es que quieres hacerlo”, explica.

Díaz aclara que firmar no equivale automáticamente a estar de acuerdo, pero añade una excepción que cambia la situación. “Si en esa carta de despido viene una cláusula de renuncia de acciones y tú firmas, estás renunciando a poder reclamar en el futuro”, advirtió el letrado. Esa cláusula no siempre es fácil de identificar a primera vista. Puede aparecer redactada en términos técnicos o al final del documento, precisamente donde la atención del lector ya ha decaído. Por eso insiste en leer el texto “de principio a fin” antes de tomar cualquier decisión.

El finiquito, un documento que casi siempre llega mal calculado

El segundo error es no revisar el finiquito con la atención que merece. Díaz enumera los conceptos que deben aparecer obligatoriamente: parte proporcional de las pagas extras, días de vacaciones no disfrutados y, cuando proceda, la compensación por falta de preaviso. El problema, según el abogado, no es solo que alguno de esos conceptos falte. “Es muy habitual, por desgracia, que si alguno de estos conceptos está incluido, que muchas veces no lo está, esté mal calculado”, señala.

Un error en el cálculo de las vacaciones no disfrutadas o en la parte proporcional de una paga extra puede suponer una diferencia económica considerable, especialmente en contratos de larga duración. La recomendación de Díaz es comparar el finiquito con el contrato, las nóminas y el convenio colectivo aplicable antes de estampar la firma.

El plazo que pocos conocen y que no admite excepciones

El tercer error es asumir que hay tiempo de sobra para actuar. Díaz es tajante: “El plazo para impugnar el despido es de veinte días hábiles desde la fecha en que se produce”. Y la consecuencia de ignorarlo no tiene vuelta atrás. “Pasado ese plazo, la acción caduca y ya no vas a poder reclamar por mucha razón que tengas”, advierte el letrado.

Veinte días hábiles equivalen, en la práctica, a menos de un mes natural. Un período que se acorta todavía más si el trabajador tarda en buscar asesoramiento legal, en reunir documentación o simplemente en asumir lo que ha ocurrido. Los tres errores comparten una misma raíz: actuar por impulso o por desconocimiento en un momento de presión emocional tras el despido. La recomendación del abogado es la misma en los tres casos: frenar, leer y, antes de firmar cualquier cosa, consultar con un profesional.

El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de ley que busca adaptar las normas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la economía digital. La reforma incluye medidas para simplificar algunos trámites fiscales para las empresas que venden productos y servicios por internet en distintos países de la Unión Europea.

Este proyecto de ley transpone parcialmente la directiva europea del IVA en la era digital (ViDA, por sus siglas en inglés). A través de esta norma comunitaria, los Estados miembros deben tomar medidas para reforzar el papel de las plataformas digitales en la gestión y recaudación del IVA y luchar contra el fraude en este ámbito.

La norma aprobada por el Gobierno comenzará ahora su tramitación en el Congreso. Si sale adelante, los cambios incluidos en esta primera fase entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.

Según explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado, la transposición de la directiva ViDA se realizará en varias fases, siendo esta la primera, y se espera que las medidas más relevantes estén listas para 2028 y 2030.

Cambios en el IVA digital

El proyecto normativo aprobado este martes incluye modificaciones de carácter técnico con las que se prevé actualizar la Ley 37/1992 del IVA para adaptarla parcialmente a las nuevas normas europeas sobre el impuesto en la economía digital.

Esta transposición de la directiva europea ViDA se inscribe dentro del Plan de Acción del IVA, un proyecto de la Comisión Europea que busca modernizar el sistema del impuesto en la UE y adaptarlo a la economía digital.

El proyecto de ley plantea ampliar el sistema que permite gestionar el IVA de forma simplificada en operaciones con países de fuera de la UE. Con ello, se busca incluir más servicios prestados a consumidores que no residen en el territorio comunitario.

Además, introduce nuevas obligaciones para las empresas que no estén establecidas en la UE. Estas deberán nombrar a un representante si quieren solicitar la devolución del IVA en operaciones de comercio electrónico gestionadas a través de estos sistemas especiales de ventanilla única.

Por último, la norma también propone ajustes técnicos para mejorar el funcionamiento de los sistemas actuales con el objetivo de permitir a las empresas declarar el IVA de forma más sencilla cuando operan en varios países de la UE.

La directiva europea que reduce trámites fiscales para vendedores digitales

La directiva europea ViDA, en la que se basa este proyecto de ley, busca modernizar el sistema del IVA en la UE para adaptarlo a la economía digital. Para ello, plantea tres grandes cambios.

En primer lugar, pretende reforzar la lucha contra el fraude en las operaciones entre países de la UE, introduciendo un sistema de información digital más rápido y basado en facturas electrónicas.

También quiere reducir la burocracia para las empresas, de forma que no tengan que registrarse en varios países distintos para pagar el IVA, sino que puedan hacerlo a través de un único registro en su país de origen.

Por último, la norma da más responsabilidad a las plataformas digitales, como las de alquiler de viviendas turísticas o transporte de pasajeros, que en algunos casos deberán encargarse de gestionar y recaudar el IVA.

Comisiones Obreras (CCOO) e Inditex cerraron este martes un acuerdo sobre retribuciones y condiciones sociales con vigencia entre 2026 y 2028, que incluye subidas salariales anuales, la actualización de ayudas sociales existentes y la incorporación de nuevas prestaciones para la plantilla del gigante textil fundado por Amancio Ortega, según informó el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

El núcleo del pacto es la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), el complemento retributivo propio del grupo. CCOO ha anunciado que ese concepto subirá un 4% cada año hasta 2028, con sus mínimos de 600 y 1.000 euros incluidos en esa misma progresión. A ello se añade un 4% de atrasos correspondientes a 2025, lo que eleva el incremento acumulado al 12% a lo largo de los tres ejercicios del acuerdo.

El texto modifica también el cálculo del precio por hora para los contratos a tiempo parcial. Según Europa Press, la nueva fórmula mejora de forma directa la GIFI en las provincias donde se aplique la jornada del convenio del sector Arte Textil y Ramas (ARTE) o donde la jornada anual sea inferior a 1.826 horas.

Mejoras también en otras prestación

Las ayudas sociales ya existentes y la compensación por trabajo en domingos y festivos subirán más de un 12% a lo largo de la vigencia del acuerdo, con incrementos del 4% en 2026, otro 4% en 2027 y un 4% adicional en 2028, de acuerdo con el comunicado del sindicato recogido por Europa Press.

El acuerdo incorpora un bloque de nuevas prestaciones que no figuraban en el marco anterior. CCOO detalla ayudas por matrimonio o pareja de hecho; por estudios universitarios, formación profesional o grado superior del propio trabajador; y una prestación específica para enfermedades poco comunes o de especial gravedad. A estas se suman una compensación de 0,30 euros por hora para el trabajo remoto en la modalidad Big Store y la posibilidad de acceder a préstamos personales a interés 0%.

En materia de licencias y permisos, Europa Press recoge dos compromisos concretos: la creación de un grupo de trabajo para negociar la homogeneización de la regulación de vacaciones, licencias y permisos entre las distintas cadenas del grupo, y el mantenimiento transitorio de la normativa actualmente más favorable para cada trabajador mientras esa negociación avanza.

El acuerdo que se renueva

El pacto presentado este martes entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de este año y actualiza el acuerdo colectivo estatal firmado el 9 de febrero de 2023 entre Inditex, CCOO y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, que supuso la creación de la propia GIFI. Aquel texto estableció por primera vez una garantía de ingresos anuales fijos por grupos de antigüedad (desde 18.000 euros para trabajadores con menos de 18 meses en la empresa hasta 24.500 euros para quienes desempeñaban tareas de responsabilidad) y fijó una revalorización anual ligada al IPC. El convenio de 2023 también recuperó el incentivo de dependientas, eliminado durante la pandemia, y lo elevó a 1.000 euros brutos, o 600 euros para jornadas inferiores a 24 horas semanales. El nuevo acuerdo de 2026 desvincula esa progresión del IPC y la sustituye por subidas fijas del 4% anual.

Albert Corrieri tiene 104 años y ha decidido llevar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una reclamación que arrastra desde la Segunda Guerra Mundial. El francés exige 43.200 euros por las horas que trabajó de forma forzosa en Alemania entre 1943 y 1945, cuando fue enviado al país dentro del Servicio de Trabajo Obligatorio impuesto por el régimen colaboracionista de Vichy, según informa BFM Business.

La cantidad que reclama responde a un cálculo concreto: 10 euros por hora trabajada durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 1943 y el 15 de abril de 1945. Corrieri fue destinado, entre otros lugares, a una fábrica química de Ludwigshafen y sostiene que nunca recibió remuneración por aquellos trabajos.

El caso llega ahora a Estrasburgo después de que la justicia administrativa francesa rechazara su petición. La Corte Administrativa de Apelación de Marsella desestimó en 2025 su solicitud de indemnización al considerar que la legislación francesa de posguerra ya permitió compensar los perjuicios sufridos por las personas obligadas a trabajar en territorio enemigo.

“Fui reducido a la condición de esclavo”

Corrieri trabajaba como fontanero en un restaurante del Puerto Viejo de Marsella cuando fue enviado a Alemania con 20 años. El traslado se produjo en el marco del Servicio de Trabajo Obligatorio, un sistema creado por el régimen de Vichy para responder a las exigencias de mano de obra de la Alemania nazi.

El francés fue internado en un campo y destinado a tareas físicas especialmente duras. Según el relato recogido por BFM Business, cargaba vagones de carbón para contribuir a la maquinaria de guerra nazi y también trabajó en una planta química. Durante ese periodo resultó herido en un brazo en los bombardeos aliados.

“Fui reducido a la condición de esclavo”, declaró Corrieri en una rueda de prensa organizada en el despacho de su abogado. El centenario aseguró que fue obligado a realizar “los trabajos más duros bajo la amenaza de las armas”, durante seis días a la semana y jornadas de diez horas, “sin percibir ni un solo céntimo de remuneración”.

“Considero que Francia tiene una deuda conmigo”, añadió.

Una reclamación económica y judicial

La reclamación de Corrieri no se limita a una reparación simbólica. El anciano pide el pago de las horas que asegura haber trabajado sin cobrar. Sin embargo, los tribunales franceses han rechazado ya su demanda.

La Corte Administrativa de Apelación de Marsella se basó en la ley del 14 de mayo de 1951, relativa al estatuto de las personas obligadas a trabajar en país enemigo. Según la jurisdicción administrativa, esa norma permitió indemnizar “los perjuicios de toda naturaleza” causados a las víctimas del Servicio de Trabajo Obligatorio, incluidos, en su caso, los daños económicos.

El conflicto está precisamente ahí: Francia considera que la reparación quedó cubierta por aquella legislación de posguerra, mientras Corrieri reclama ahora una compensación concreta por las horas de trabajo forzoso que, según sostiene, nunca le fueron pagadas.

Su abogado, Michel Pautot, defiende que el caso va más allá de una reclamación individual: “Esta lucha supera su persona. Se trata de hacer reconocer la esclavitud moderna de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó, según el medio francés.

Pautot considera que el Estado francés debería haber creado un fondo de indemnización para los supervivientes como Corrieri, que ya son muy pocos. En palabras del letrado, personas como Albert “se cuentan con los dedos de una mano”.

El abogado también representaba a Erpilio Trovati, otro antiguo trabajador del Servicio de Trabajo Obligatorio, pero esa acción judicial quedó extinguida tras su fallecimiento el pasado otoño.

Ahora, el caso de Corrieri queda en manos del TEDH. Su defensa insiste en que el margen de tiempo es cada vez menor. “A sus 104 años, Albert está en el gran crepúsculo de su vida”, advirtió Pautot, que considera que el tribunal europeo es ya “la última esperanza” para obtener una reparación.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en diferentes ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,849 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,647 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,359 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,59 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,735 euros el litro

Precio mínimo: 1,515 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,685 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,409 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,754 euros el litro

Precio mínimo: 1,624 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,605 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,385 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,321 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,789 euros el litro

Precio mínimo: 1,46 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,529 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,715 euros el litro

Precio mínimo: 1,625 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

La decisión de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra que mantienen desde el pasado 28 de febrero tendrá consecuencias directas para el bolsillo de los españoles. El pacto supondrá la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del mundo, cuyo cierre durante más de 100 días provocó una escalada sin precedentes en el precio del petróleo y, a su ritmo, de los combustibles, el transporte, la cesta de la compra y los billetes de avión y barco. Un encarecimiento que han terminado asumiendo los consumidores.

La firma del Memorando de Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, prevista para el próximo viernes 19 de junio en la localidad suiza de Bürgenstock, traerá consigo una bajada “paulatina” de algunos de los precios que se dispararon durante el conflicto, según anticipan los analistas.

Aunque los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos, el documento contempla “el levantamiento inmediato del bloqueo naval y la reapertura del estrecho de Ormuz durante 60 días sin peajes”. Esta recuperación del tránsito de buques comerciales, incluidos los petroleros, será el pistoletazo de salida para que se reduzca la presión sobre los precios de los combustibles y, a su calor, de los productos que más se han encarecido durante los meses de la guerra.

No obstante, la normalización no será inmediata. “Se espera que transcurra un tiempo antes de que los buques puedan navegar cómodamente por el estrecho debido a la presencia de minas y otros riesgos, lo que podría mantener una prima de riesgo en el mercado petrolero durante meses, si no más tiempo”, advierte Libby Cantrill, responsable de Políticas Públicas de PIMCO.

Las primeras caídas de precio tras el anuncio de acuerdo

Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP, considera que aunque el marco negociador sigue “pareciendo frágil a todas luces”, los incentivos de ambos países para cerrar definitivamente el conflicto son tan grandes que parece improbable una vuelta a la guerra.

“Los mercados del petróleo y del gas podrán, pues, normalizarse gradualmente. La fuerte caída del precio del barril de petróleo Brent transmite un cierto optimismo del mercado y parece lógica”, explica Horvitz.

El experto sostiene además que la zona euro será una de las grandes beneficiadas por este nuevo escenario, después de haber sido una de las regiones más golpeadas por la crisis energética.

A su juicio, la moderación de los precios de la energía “debería tranquilizar a los bancos centrales en lo que respecta a las perspectivas de inflación”. Esto permitiría al Banco Central Europeo mantener los tipos de interés estables durante los próximos meses, una circunstancia que podría beneficiar a los hipotecados con préstamos a tipo variable que verían como la subida del euríbor puede desacelerarse e, incluso, frenar.

Los mercados ya han comenzado a reaccionar. El barril de Brent para entrega en agosto cotizaba este martes por debajo de los 80 dólares por primera vez desde el 3 de marzo, tras registrar una caída del 3,79%.

Los cereales también bajan

El anuncio del acuerdo también ha tenido un impacto inmediato sobre las materias primas agrícolas. Los precios internacionales del maíz, el trigo y la soja han registrado fuertes descensos y se sitúan en mínimos de los últimos meses.

Según explica a Efe el secretario general de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (Accoe), José Manuel Álvarez, el mercado internacional sigue “bajo presión” y la tendencia bajista se ha intensificado tras conocerse el principio de acuerdo entre Washington y Teherán.

“El factor más determinante ahora es la geopolítica: el anuncio de un acuerdo inicial para reabrir el estrecho de Ormuz ha hundido el precio del petróleo, y como los cereales suelen seguir esa tendencia por su relación con los biocombustibles, también han caído con fuerza, tocando mínimos de varios meses en maíz, trigo y soja”, afirma Álvarez.

El operador europeo de mercados bursátiles Euronext de París abrió el martes la jornada con caídas del 1,75% del trigo, hasta cotizar a 199,75 euros la tonelada en los contratos más cortos. Mientras que el maíz retrocedió el 3,25%, hasta los 209,5 euros la tonelada. También la Bolsa de Chicago registró caídas del 2,25% en el maíz, del 10% en la soja y del 5,5 % en el trigo.

De trasladarse estas reducciones a la cadena de producción, los consumidores españoles podrían beneficiarse de un abaratamiento de productos básicos de gran consumo, como el pan y otros alimentos elaborados con cereales.

¿Continuarán las ayudas anticrisis?

La proximidad del final de la guerra también reabre el debate sobre la continuidad de las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno español al inicio del conflicto y cuya vigencia expira el próximo 30 de junio. Unas medidas que contribuyeron a frenar la subida de precios.

Los sindicatos han pedido al Gobierno “precaución” a la hora de retirar unas ayudas que han contribuido a contener la inflación. “Los efectos de la guerra aún pueden durar y retirar las medidas antes de tiempo puede llevar a efectos económicos indeseables”, ha asegurado Unai Sordo, secretario general de CCOO.

A su juicio, “hay que ser muy prudente porque estamos en manos de auténticos majaras y perturbados internacionales y yo no me acabo de fiar de la concreción del acuerdo y de la actitud que Israel vaya a tener respecto al mismo”.

La patronal comparte esa cautela y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han tenido un impacto “muy importante” para contener la inflación.

Por ello, recomienda al ejecutivo “esperar” a comprobar si el acuerdo se consolida antes de tomar decisiones. De momento, considera que estas medidas son las adecuadas.

“Coincido con el vicepresidente Carlos Cuerpo en que hay que estar viendo cada día cómo se tiene que gestionar el asunto (...) Tenemos que ver exactamente si esto es un final o no, ver cómo evoluciona, y en función de eso tendremos que decir qué es lo que tiene que ser necesario”, estima el presidente de la patronal.

El impacto de la guerra tardará en desaparecer

Pese al optimismo de los mercados, los expertos advierten de que la firma del memorando no supondrá una reducción inmediata y significativa de los precios.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, recuerda que los efectos de la guerra sobre la producción mundial de petróleo seguirán presentes durante algún tiempo. “Es un elemento que va a estar con nosotros cierto tiempo”, señala.

Según explicó, la producción mundial sigue situándose aproximadamente un 15% por debajo de los niveles previos al conflicto y los inventarios permanecen en mínimos.

Por ello, aunque el conflicto se reconduzca y los precios lo reflejen con cierta rapidez: “No es seguro que los mercados sean capaces de capturar suficientemente las disrupciones en la oferta” ni tampoco el tiempo que va a tardar en restaurarse la producción, estima Escrivá.