Comer de menú durante la jornada laboral era una de las costumbres más repetidas entre los trabajadores, pero mantener ese hábito cada vez cuesta más para los bolsillos. En 2026, el precio medio del menú del día se sitúa en los 14,7 euros, tres euros más de lo que costaba en 2016, cuando estaba en 11,7 euros. Esto significa que, en diez años, el importe se ha encarecido un 25,6%, según la encuesta elaborada por Hostelería de España en colaboración con Edenred.

La subida se ha producido de forma progresiva, aunque durante algunos años el incremento fue más pronunciado. En 2023, por ejemplo, el precio medio alcanzó los 13,2 euros, un 3,4% más que el año anterior. Y en 2024, el coste subió hasta los 14 euros, un avance del 6,1%, mientras que en 2025 se moderó hasta los 14,2 euros, solo un 1,5% más. La última edición del estudio sitúa ahora la media nacional en casi 15 euros, un 3,5% por encima del ejercicio anterior.

Una evolución que, al final, refleja cómo la inflación y el aumento de los costes en los restaurantes han terminado trasladándose al precio que pagan los clientes. Para quienes comen fuera de casa habitualmente por motivos laborales, el encarecimiento no se limita a una diferencia puntual de unos céntimos, sino que se acumula a lo largo de las semanas y los meses.

63 euros más al mes que en 2016

El efecto de la subida se aprecia con claridad al calcular el gasto de una persona que acude a un restaurante durante los días laborables. Si se toma como referencia una media de 21 comidas al mes, pagar 14,7 euros por menú supone un desembolso de 308,7 euros mensuales. En 2016, cuando el precio medio se situaba en 11,7 euros, el mismo hábito costaba 245,7 euros. La diferencia asciende a 63 euros al mes, o 756 euros en un año completo si se mantiene esa frecuencia durante los doce meses, sin contemplar vacaciones, festivos ni jornadas en las que el trabajador coma en casa o lleve su propia comida.

No obstante, el menú del día también permite conocer de antemano cuánto costará la comida. El estudio recalca que el precio cerrado y previsible es el principal motivo por el que los establecimientos consideran que los clientes eligen esta modalidad, una razón señalada por el 34,5% de los encuestados.

La comida casera o tradicional ocupa el segundo lugar, con un 21,8% de las respuestas, mientras que la rapidez durante la jornada laboral representa el 19,3%. La relación entre calidad y precio frente a la opción de pedir platos por separado también influye en la elección, aunque con menor peso.

La subida del menú, frente al encarecimiento de los alimentos

La evolución del precio del menú del día está directamente relacionada con la subida generalizada de precios. Tal y como indican los datos de la encuesta de Edenred de hace tres años, el menú aumentó un 12,6% entre 2023 y 2016, frente al 20,6% del IPC general y el 34% de los alimentos y bebidas no alcohólicas durante ese periodo.

Un año después, el estudio de 2024 situó el incremento acumulado del menú en el 19,5%, todavía por debajo del aumento del IPC general, que alcanzaba el 23,4%, y de la subida del 39,2% registrada por los alimentos y bebidas no alcohólicas. Estas comparaciones muestran que, al menos hasta 2024, el precio medio del menú había crecido menos que esos dos indicadores.

Y ahora, el análisis de 2026 señala que el IPC general se situó en el 4,9% interanual en septiembre, mientras que los precios de restauración aumentaron un 4,3% y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,7%. Algunos productos utilizados habitualmente en las cocinas registraron incrementos superiores: los huevos subieron un 12,3%, las legumbres y hortalizas un 9,8% y la carne de vacuno un 7,9%.

A estos gastos se suma el aumento de los productos energéticos, del 21,7%, así como el de los costes laborales de la restauración, que avanzaron un 1,5% durante el primer semestre del año. Así, la facturación del sector creció un 2,7% de media hasta julio, pero la evolución de la actividad, una vez descontado el efecto de los precios, mostró un retroceso de 1,6%.

El estudio de 2024 ya reflejaba estas dificultades. El 42,3% de los empresarios encuestados afirmaba haber perdido rentabilidad durante el año, con los costes salariales, los alimentos y los suministros entre los principales factores señalados.

País Vasco, Baleares y Cataluña, entre las comunidades más caras

Además, el precio varía según la zona. La encuesta de 2026 sitúa al País Vasco a la cabeza, con 16,3 euros por menú, seguido de Baleares, con 16 euros, y Cataluña, con 15,70 euros. La Comunidad Valenciana registra una media de 15,20 euros, mientras que Navarra alcanza los 15,10 euros y Madrid se sitúa en 15 euros.

En el extremo más económico aparecen Canarias y Murcia, ambas con un precio medio de 13,5 euros. Andalucía, Asturias y Extremadura comparten una media de 14 euros. Entre ambos extremos existe una diferencia de 2,8 euros por menú, que puede resultar significativa para quienes comen fuera de casa a diario.

La distancia entre comunidades también tiene un efecto acumulado. Para una persona que acuda al restaurante 21 días al mes, la diferencia entre pagar 16,3 euros en el País Vasco y 13,5 euros en Canarias alcanza los 58,8 euros mensuales. En un año, la brecha podría superar los 700 euros si se mantuviera el mismo número de comidas cada mes.

Los datos de 2026 permiten observar que los precios no evolucionan de forma idéntica en todos los territorios. Baleares y la Comunidad Valenciana mantienen el mismo importe medio que en el ejercicio anterior, según el estudio, mientras que la media nacional registra un avance del 3,5%.

Cerca de 9,5 millones de pensionistas en España conocerán el porcentaje de subida de sus prestaciones para 2027 el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones generales, según el calendario oficial de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La coincidencia de fechas ha convertido el cálculo anual de la revalorización en uno de los asuntos más comentados de la precampaña electoral.

La ley obliga a actualizar cada año las pensiones contributivas según la evolución de los precios, sin que medie decisión discrecional del Gobierno de turno. La fórmula, recogida en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, toma como referencia la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre. Para fijar el porcentaje de 2027 se necesita el dato de noviembre, que el INE difundirá de forma preliminar el 27 de ese mes y confirmará, ya con carácter definitivo, el 15 de diciembre.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista para TVE que la subida está garantizada al margen del resultado electoral. El ministro reconoció que la publicación del dato adelantado de inflación de noviembre deja poco margen para que el Consejo de Ministros apruebe el incremento antes de los comicios generales, pero remarcó que la actualización “se va a hacer” y que el real decreto-ley podría aprobarse pocos días después de las elecciones, para pasar posteriormente por la Diputación Permanente del Congreso.

La estimación ronda el 3,5% de subida

Ningún organismo oficial ha confirmado todavía el porcentaje que se aplicará en enero de 2027. Las estimaciones disponibles, elaboradas por centros de análisis privados a partir de los datos de inflación conocidos hasta ahora, apuntan a una subida cercana al 3,5%. Funcas calculó, en la presentación de sus previsiones económicas del 15 de octubre, una revalorización del 3,6%, que supondría un coste adicional de unos 8.400 millones de euros para las arcas públicas.

La cifra definitiva dependerá de la evolución de los precios en octubre y noviembre. El último dato oficial disponible, correspondiente a septiembre, situó la inflación interanual en el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsada por los productos energéticos y el encarecimiento de los combustibles. La revalorización, sin embargo, no se calcula con el dato de un mes aislado, sino con la media de las doce tasas interanuales previas a diciembre.

El año pasado, la revalorización aplicada fue del 2,7%, calculada con el IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aquel porcentaje elevó la pensión media de jubilación hasta los 1.512,7 euros mensuales en diciembre de 2025, y supuso un incremento de unos 572 euros anuales para quienes perciben esa prestación.

Con una inflación más elevada este año, el aumento de 2027 será superior a esa cifra, aunque el importe exacto no se conocerá hasta que se publique el dato definitivo de noviembre.

La subida automática no alcanza a las pensiones más bajas

La Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas -jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares- se revalorizan de forma automática y sin necesidad de ningún trámite por parte del beneficiario. El importe actualizado se refleja directamente en la nómina de enero, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social envía posteriormente una carta individual con la cuantía definitiva.

No ocurre lo mismo con las pensiones mínimas y no contributivas, cuya subida no depende de un automatismo legal, sino de una decisión que el Gobierno de turno adopta cada año a través de real decreto. En 2026, mientras las pensiones contributivas subieron un 2,7% por aplicación directa de la ley, las mínimas se incrementaron un 7% y las no contributivas un 11,4%, porcentajes que el Ejecutivo fijó de forma expresa, según consta en el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero.

El Fondo de Reserva cerrará el año con unos 20.000 millones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este martes que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones”, cerrará 2026 con alrededor de 20.000 millones de euros, frente a los cerca de 5.000 millones con los que contaba en 2018.

El sistema, no obstante, depende cada vez más de transferencias directas del Estado. Durante el primer semestre de 2026, la Seguridad Social recibió 35.583 millones de euros procedentes de recursos ajenos a las cotizaciones sociales, lo que representa más de una cuarta parte de todos sus ingresos en ese periodo.

El gasto en pensiones contributivas y no contributivas alcanzó los 118.430 millones de euros hasta julio, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

El sistema de pensiones, arma arrojadiza de la precampaña

El debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones se reactivó el 5 de octubre, cuando el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine el reparto con la capitalización individual. Días después, el líder de la formación, Santiago Abascal, matizó esa posición: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, defendió.

La polémica se trasladó al Partido Popular la semana siguiente. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, advirtió en una entrevista que el sistema “va a petar” y pidió “ser valientes” para cambiarlo. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, respondió desde Zaragoza acusando a sus rivales de preparar, en caso de gobernar, “la carta de defunción del Estado del bienestar”.

Al día siguiente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó después el discurso de su portavoz: “Las pensiones son innegociables”, aseguró, y acto seguido se comprometió a mantener la actualización conforme al IPC, aunque abrió la puerta a una reforma para garantizar un sistema “viable” para los jóvenes.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quiso también desmentir cualquier intención de privatización: “Con Vox en un gobierno, las pensiones se van a pagar, a costa de lo que sea”. Por su parte, la secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, advirtió haciendo alusión al PP: “Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones”.

Una manifestación reclama que suban más las pensiones en 2027

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), junto a otras organizaciones de jubilados como Asjubi40, ha convocado una manifestación estatal en Madrid para el próximo 24 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la calle de Alcalá.

Los convocantes reclamarán una revalorización del 6% para 2027, más del doble de lo que estiman los analistas, y rechazarán cualquier paso hacia la privatización del sistema. A la protesta se ha sumado también la Confederación General del Trabajo (CGT), que reclama una subida equivalente del Salario Mínimo Interprofesional.

La movilización se suma al debate que, desde el anuncio del adelanto electoral el 5 de octubre, ha situado a las pensiones como uno de los ejes centrales de la precampaña.

El real decreto que fije de manera oficial el porcentaje de subida para 2027 llegará, previsiblemente, después de las elecciones, con el Gobierno ya en funciones. El Ejecutivo prevé aprobarlo en diciembre, antes de que se constituyan las nuevas Cortes Generales, cuya fecha está marcada para el 23 de diciembre.

Francia afronta una nueva señal de alarma en los mercados financieros que puede contagiar al resto de Europa. La rentabilidad de su bono soberano a diez años es del 5%, un nivel que no alcanzaba desde julio de 2002, mientras que la prima de riesgo frente a Alemania ha rebasado los 170 puntos básicos, hasta situarse en máximos desde noviembre de 2011. Este repunte refleja la creciente desconfianza de los inversores ante la situación fiscal y política del país, en un momento en que el Gobierno necesita avanzar en el ajuste de las cuentas públicas.

En concreto, el interés exigido a la deuda francesa en el mercado secundario ha llegado al 5,1415%, lo que ha elevado el diferencial frente al bono alemán equivalente hasta los 175 puntos básicos. Este movimiento encarece la financiación del Estado francés y amenaza con trasladar una mayor presión al conjunto de la economía, desde el presupuesto público hasta el crédito que reciben las empresas y los hogares.

La escalada se produce en un contexto especialmente delicado. A la subida de los precios del petróleo y a las preocupaciones inflacionistas se suman los disturbios registrados durante el fin de semana, la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante las medidas de consolidación fiscal y la expectativa de una decisión de Moody’s sobre la solvencia de la deuda francesa. Los inversores temen que la inestabilidad política dificulte la aprobación de los ajustes necesarios para contener el déficit.

Riesgo de contagio

La situación de Francia supone un riesgo para el resto de Europa, ya que las dudas sobre el país galo pueden llevar a los inversores a “exigir más rentabilidad a otros países endeudados”, advierte Manuel Pinto, analista de XTB. El experto también señala que “el contagio podría trasladarse también a bancos y empresas mediante mayores costes de financiación y pérdidas de valor en sus carteras de bonos”. Los analistas de Renta 4 Banco, por su parte, apuntan que este contagio ya se ha producido en los bonos de Italia y Bélgica.

No obstante, Pinto reconoce que volver a niveles de prima de riesgo como los registrados en 2011 no significa que Europa esté reproduciendo exactamente aquella crisis. “Ahora existen mecanismos de protección más sólidos y Francia no presenta las mismas tensiones bancarias que caracterizaron algunos de los episodios anteriores”, explica el analista.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha descartado que la situación actual de la deuda pública francesa sea preocupante: “Estamos lejos de la situación de la crisis financiera de deuda. Francia es un país con una capacidad crediticia enorme; la situación se reconducirá cuando este periodo de transición política acabe. Estamos convencidos de que no habrá problemas en la deuda pública europea más allá de que estamos en un momento volátil”, ha precisado la directiva. Aun así, ha reconocido que la volatilidad actual puede provocar un aumento de las primas de riesgo de determinados países.

La prima española se contiene

El caso de España es distinto al de Francia. Nuestro país parte de una posición económica más favorable, pero, a juicio de Pinto, debería aprovecharla para reforzar sus cuentas públicas y mejorar su capacidad de respuesta ante un eventual deterioro de la actividad.

“Crecer facilita la recaudación y puede reducir la deuda en relación con el PIB; convertir esa mejora en nuevas obligaciones permanentes, sin asegurar su financiación futura, limitaría la capacidad de respuesta ante una desaceleración”, señala el analista de XTB.

También Gloria Ortiz ha defendido que la deuda pública española mantiene una prima “muy contenida, por debajo de la francesa e italiana”. Al cierre de los mercados de este jueves, la rentabilidad del bono soberano español a diez años se situó en el 4,051%, por debajo del 4,081% registrado al cierre del miércoles. La prima de riesgo española quedó en 67,33 puntos básicos, muy por debajo de los aproximadamente 171 puntos de la francesa.

Sin alternativas para ‘comprar’ la paz social

Además del encarecimiento de la financiación, Francia afronta un problema presupuestario. El Gobierno de Emmanuel Macron dispone de poco margen para responder a las tensiones sociales mediante un aumento del gasto o una reducción de impuestos, mientras que la fragmentación política complica la aprobación de los ajustes necesarios. El país corre así el riesgo de quedar atrapado entre la necesidad de reducir el déficit y la presión para contener el malestar de los ciudadanos, sin suficiente margen fiscal para ‘comprar’ la paz social.

El aumento de la deuda puede alimentar esta dinámica. Charlotte de Montpellier, analista para Francia y Suiza de ING Research, considera que la subida de las rentabilidades refleja tanto las dudas sobre la capacidad de cualquier futuro Gobierno para aprobar reformas y medidas de ahorro como la creciente preocupación por las perspectivas económicas. “Esto crea un círculo vicioso”, sostiene la analista. Defiende que unas condiciones financieras más duras elevan el coste del crédito y debilitan unas previsiones de crecimiento que ya son reducidas.

La evolución de la deuda francesa se convierte así en una prueba para la estabilidad económica y política del país. Si el encarecimiento de la financiación se prolonga, el Gobierno tendrá más dificultades para contener el déficit y sostener la actividad económica.

Los pensionistas españoles afrontan la recta final de octubre pendientes de la fecha en la que recibirán su mensualidad. Aunque la prestación corresponde al mismo periodo para todos los beneficiarios, el día en el que el dinero aparece en la cuenta depende de la entidad financiera en la que esté domiciliada. Este mes, los ingresos se repartirán, según las previsiones, entre el jueves 22 y el lunes 26 de octubre.

La diferencia de fechas responde a la política comercial de cada entidad. Mientras algunos bancos adelantan el dinero a sus clientes antes de que finalice el mes, otros siguen un calendario diferente. Además, en octubre, el hecho de que los días 24 y 25 coincidan con el sábado y el domingo influye en la organización de los pagos de varias entidades.

Calendario de las pensiones

Los primeros ingresos están previstos para el jueves 22 de octubre, mientras que los últimos llegarán el lunes 26, de acuerdo con el calendario difundido por Finect. Estas son las fechas orientativas de abono para las principales entidades financieras:

• Jueves 22 de octubre: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.
• Viernes 23 de octubre: Banco Santander, Banco Sabadell, Ibercaja y Cajamar.
• Sábado 24 de octubre: CaixaBank e imagin.
• Domingo 25 de octubre: BBVA, ING y Kutxabank.
• Lunes 26 de octubre: Abanca, para los clientes que cumplan las condiciones de su servicio de anticipo. En este caso, quienes no reúnan los requisitos para beneficiarse del adelanto deberán atender al calendario ordinario de la entidad, que sitúa el ingreso el viernes 30 de octubre.

Estas fechas deben interpretarse como previsiones y no como una garantía de que todos los clientes recibirán el dinero a una hora determinada. Las entidades pueden experimentar incidencias operativas y el momento en que el ingreso aparece reflejado puede variar.

La diferencia entre las fechas de cobro se explica por la distinción entre el calendario oficial de la Seguridad Social y los adelantos que ofrecen los bancos. La normativa establece que las mensualidades periódicas de las pensiones deben estar disponibles para sus beneficiarios el primer día hábil del mes en que se efectúa el pago y, como máximo, el cuarto día natural, según recoge el artículo 24 del Real Decreto 696/2018, de 29 de junio.

Qué hacer si la pensión no llega en la fecha prevista

Si el ingreso no aparece el día señalado por el banco, el primer paso es comprobar el calendario de la entidad y consultar si se ha producido alguna incidencia. Un retraso puntual en la contabilización no implica necesariamente que la prestación haya dejado de abonarse.

Si ha pasado la fecha prevista y el dinero sigue sin aparecer, lo recomendable es contactar con el banco para que compruebe el estado del movimiento y descarte problemas relacionados con la cuenta o con la recepción del ingreso. Si la entidad no detecta ninguna incidencia bancaria, el pensionista puede dirigirse a la Seguridad Social para verificar la situación del pago.

También conviene comprobar que los datos bancarios estén actualizados, sobre todo si se ha cambiado recientemente de cuenta o de entidad. Mantener la información correcta ayuda a evitar problemas en la recepción de la prestación.

La calefacción puede llegar a representar hasta la mitad del consumo eléctrico de un hogar durante los meses de invierno. El descenso de las temperaturas, sumado a las pocas horas de luz natural y a un mayor tiempo de permanencia en casa, dispara la demanda de electricidad en cada vivienda. Pero no todo depende del precio de la energía; también influye la forma en la que se utilizan los equipos. Por eso, es importante saber cómo mantener el confort en casa, pero sin que la factura se dispare.

La aerotermia multiplica por cuatro el calor que genera a partir de la electricidad

Los radiadores eléctricos tradicionales generan calor a partir de resistencias que exigen un consumo elevado de electricidad. Pero la bomba de calor extrae el calor latente del aire exterior y lo transfiere al interior de la vivienda, un proceso que le permite producir más energía térmica de la que consume en forma eléctrica.

Dentro de esta tecnología, la aerotermia se posiciona como una de las alternativas más eficientes. Según explican desde Iberdrola, puede llegar a multiplicar por cuatro la generación de calor en relación con la electricidad que utiliza, lo que se traduce en un gasto considerablemente menor frente a los sistemas convencionales.

Cada grado de más en el termostato encarece el consumo hasta un 10%

Mantener una temperatura constante de entre 20 ºC y 21 ºC durante el día es suficiente para garantizar una sensación de confort en el hogar. Superar ese umbral tiene un coste directo, ya que por cada grado adicional, el consumo eléctrico puede aumentar entre un 7% y un 10%. Se trata de uno de los ajustes más sencillos de aplicar y, al mismo tiempo, de los que más impacto generan en la factura a final de mes.

Bajar la temperatura por la noche reduce el gasto sin afectar el descanso

Durante las horas de sueño, el cuerpo requiere menos calor ambiente que durante el día. Reducir el termostato a un rango de entre 15 ºC y 17 ºC, o directamente apagar el sistema de climatización, permite reducir el consumo nocturno sin comprometer el bienestar. Esta práctica, combinada con el uso de ropa de cama adecuada, evita que los equipos trabajen de forma innecesaria durante las horas en que la calefacción resulta menos relevante.

El aislamiento térmico evita que el calor generado se pierda

De poco sirve producir calor de manera eficiente si este se escapa por puertas, ventanas o paredes mal selladas. Mejorar el aislamiento térmico de la vivienda es una de las inversiones más rentables a corto-medio plazo, ya que reduce las pérdidas de temperatura y evita que los sistemas de calefacción realicen un esfuerzo adicional para compensar esas fugas. Instalar burletes en marcos de puertas y ventanas, además de bajar las persianas al anochecer, complementa esta medida y contribuye a reducir de forma directa la demanda energética del hogar.

Ventilar diez minutos al mediodía renueva el aire sin enfriar las paredes

La ventilación de los ambientes sigue siendo necesaria incluso en los meses más fríos, aunque conviene hacerla de forma estratégica. Abrir las ventanas durante unos diez minutos en las horas centrales del día, cuando el sol incide con mayor intensidad, permite renovar el aire interior sin que las paredes pierdan el calor acumulado. Aprovechar la luz solar también implica abrir persianas y cortinas durante esas horas, lo que reduce la necesidad de encender la calefacción de manera prematura.

Programar la lavadora en frío reduce el consumo del electrodoméstico

Buena parte de la energía que utiliza una lavadora se destina a calentar el agua. Optar por ciclos en frío o por los programas identificados como ECO permite reducir ese gasto sin afectar la limpieza de la ropa. Esta modificación, aplicable a la mayoría de los modelos actuales, representa un ahorro constante que se refleja en el consumo eléctrico mensual.

Regular el termo eléctrico a 45 °C evita un gasto innecesario

En los hogares que cuentan con termo eléctrico, ajustar la temperatura del agua a 45 °C resulta suficiente para una ducha confortable. Elevar esa temperatura por encima de lo necesario implica un mayor consumo eléctrico sin que exista una mejora real en el confort percibido por el usuario.

Los dispositivos en modo de espera generan un consumo fantasma constante

Los electrodomésticos y aparatos electrónicos que permanecen conectados en modo de espera, aunque no estén en uso, continúan consumiendo electricidad de forma silenciosa. Este fenómeno, conocido como consumo fantasma, suma un importe adicional a la factura que pasa inadvertido para la mayoría de los usuarios. Desconectar los equipos que no se utilizan durante períodos prolongados es una práctica sencilla que contribuye a reducir el gasto eléctrico acumulado durante los meses de invierno.

El Gobierno ha aprobado dos nuevas líneas de ayudas por 225 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda asequible y alojamiento universitario. Los fondos no se cobrarán de forma directa por inquilinos ni estudiantes: se transferirán a comunidades autónomas, universidades y entidades locales para financiar proyectos concretos.

Las medidas se articulan mediante dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, fechados el 21 de octubre y publicados este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una norma destina 180 millones de euros a cinco comunidades autónomas con municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. La otra concede 45 millones a siete actuaciones para crear unas 2.000 plazas de alojamiento universitario.

180 millones para 317 municipios con zonas tensionadas

Las ayudas para vivienda asequible se concentran en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado conforme a la Ley por el Derecho a la Vivienda.

En conjunto, la medida alcanza a 317 municipios, donde viven más de nueve millones de personas. Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para 271 municipios. Le siguen País Vasco, con 31 millones para 18 localidades; Navarra, con 13,3 millones para 21; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

El reparto se ha establecido según la población que reside en las zonas tensionadas y el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar el alquiler.

El dinero no se entregará a los inquilinos

Las subvenciones no constituyen una ayuda individual para pagar una mensualidad de alquiler ni modifican de manera automática los contratos vigentes. El Estado transferirá los recursos a las comunidades autónomas, que deberán destinarlos a actuaciones para ampliar el parque de alquiler asequible o social.

Los fondos podrán emplearse en la promoción y rehabilitación de viviendas, la compra de inmuebles para incorporarlos al parque público, la adquisición y urbanización de suelo, así como en soluciones habitacionales alternativas. También podrán financiar avales, seguros para jóvenes y mecanismos de cobertura frente al impago de rentas.

El efecto para los inquilinos dependerá de los proyectos que impulse cada administración y de los plazos de ejecución. La medida busca aumentar la oferta disponible en los municipios afectados, pero no implica una reducción inmediata de las rentas que pagan los actuales arrendatarios.

45 millones para crear alojamiento universitario

El segundo real decreto concede 45 millones de euros para construir, ampliar o rehabilitar alojamientos destinados a estudiantes, personal docente e investigador. El Gobierno calcula que los proyectos aportarán cerca de 2.000 plazas en una primera fase.

La Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones de euros, la mayor asignación. El Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha contará con 8,19 millones; la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 6,5 millones; y la Universidad de Burgos, con 5,94 millones.

También figuran la Universitat Jaume I de Castelló, con 4,45 millones de euros; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, con 2,97 millones.

Los proyectos se ubican en Madrid, Albacete, Sevilla, Burgos, Castelló, Jaén y Lleida. El destinatario de la ayuda en Lleida será el Ayuntamiento, mientras que en las otras seis ciudades los fondos se concederán a universidades públicas.

Las nuevas plazas deberán tener precios asequibles

El real decreto establece que los alojamientos financiados deberán mantener su finalidad pública y ofrecer precios asequibles. El precio máximo incluirá suministros y servicios como electricidad, agua y conexión wifi, según la regulación publicada en el BOE.

Las entidades beneficiarias tendrán un plazo de hasta seis años para ejecutar las actuaciones. Podrán pedir una prórroga de hasta tres años adicionales si resulta necesaria.

La iniciativa no supone una beca ni una prestación económica directa para universitarios. Su impacto dependerá de que los proyectos se ejecuten y de las condiciones de acceso que establezcan las entidades responsables de cada residencia.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado luz verde este jueves a una nueva ley que busca movilizar suelo público y acelerar la construcción de viviendas en la región. La iniciativa, aprobada con el respaldo del PSOE y el rechazo del PP y Vox, introduce cambios urbanísticos para ampliar el parque residencial, facilitar el desarrollo de vivienda protegida y simplificar los trámites en municipios pequeños.

El texto, tramitado como proposición de ley por el grupo socialista, pretende aprovechar terrenos e inmuebles de titularidad pública que hasta ahora podían tener otros usos previstos en el planeamiento. La nueva regulación permitirá destinarlos a vivienda protegida o dotacional, incluso cuando estuvieran reservados inicialmente para equipamientos. La medida alcanza también a edificios y parcelas pertenecientes a otras administraciones, con el objetivo de aumentar las opciones disponibles para promover vivienda.

Uno de los ejes de la norma es la creación de un parque público de vivienda social cuyo alquiler se fijará en función de los ingresos de las personas destinatarias. La ley contempla, además, una atención específica a los jóvenes y establece un patrimonio público residencial diferenciado, cuyos recursos tendrán una finalidad concreta vinculada a la política de vivienda.

Más edificabilidad para construir vivienda protegida

Entre las novedades que pueden tener un efecto directo sobre las futuras promociones destaca la posibilidad de aumentar la capacidad constructiva de determinadas parcelas destinadas a vivienda protegida. En estos casos, se podrá elevar hasta un 20% la edificabilidad, incrementar un 30% la densidad residencial y añadir hasta dos plantas a la altura prevista, sin tener que modificar previamente el planeamiento urbanístico.

La legislación incorpora asimismo los Planes de Rehabilitación Urbana, concebidos para actuar en áreas degradadas y entornos afectados por situaciones de infravivienda o por antiguos usos industriales. La intención es facilitar la recuperación de espacios deteriorados y favorecer su transformación en zonas residenciales más adecuadas.

En los municipios que afrontan el riesgo de despoblación, la norma abre otra vía para responder a la falta de viviendas. Aquellos que acrediten una necesidad residencial podrán recurrir a Planes Especiales para habilitar nuevos desarrollos de forma ordenada. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca adaptar las herramientas urbanísticas a localidades donde la escasez de oferta puede dificultar la llegada o la permanencia de habitantes.

Hernando pide a PP y Vox que faciliten el acuerdo

Durante el debate parlamentario, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha defendido que la ley debe servir para alcanzar consensos en una cuestión que afecta a toda la sociedad. El responsable autonómico ha asegurado que aspira a que sea una norma “de todos” y ha resumido su llamamiento a la colaboración política con una frase: “avanzaremos más rápido si vamos juntos”, según declaraciones recogidas por Efe.

Hernando ha pedido a los grupos de la oposición que utilicen su voto “de manera constructiva y positiva”. En su intervención, ha insistido en que, más allá de las diferencias partidistas, existen posibilidades de entendimiento: “por encima de la trinchera, existe un campo abonado para el acuerdo y para el consenso”.

El consejero también ha apelado a las personas que esperan una respuesta a sus dificultades para acceder a una vivienda. “Su voto es un aval y un halo de esperanza para quienes están esperando como agua de mayo soluciones en materia de vivienda”, ha afirmado. Finalmente, ha instado al PP y a Vox a ser “parte de la solución” y ha advertido de que, si no lo hacen, “habrán elegido ser parte del problema”.

La aprobación de la ley abre una nueva vía para movilizar suelo público, ampliar las opciones de vivienda protegida y facilitar proyectos residenciales en municipios con necesidades específicas. Su alcance dependerá de cómo se apliquen los nuevos instrumentos urbanísticos y de la capacidad de las administraciones para convertir las medidas aprobadas en viviendas disponibles.

España quiere seguir siendo una potencia turística internacional, pero con un modelo que distribuya mejor los beneficios del sector y reduzca la presión sobre los destinos más concurridos. Con ese objetivo, Turespaña ha presentado este jueves en Zaragoza su Plan Marco de Actuación 2026-2028 (PMAT), una estrategia que pretende orientar los viajes hacia territorios menos conocidos, fomentar las visitas fuera de temporada alta y atraer un turismo con mayor impacto económico y social.

La iniciativa, presentada durante la Convención Turespaña 2026, supone un cambio de enfoque en la promoción internacional del país. La prioridad ya no será únicamente atraer más viajeros, sino también influir en sus decisiones para diversificar los destinos, reforzar las experiencias de mayor valor añadido y avanzar hacia una actividad más sostenible. El documento desarrolla, desde el ámbito de actuación del organismo, los objetivos de la Estrategia España Turismo 2030.

“España afronta esta nueva etapa desde una posición de liderazgo. El reto ahora es crecer mejor: conseguir que el turismo genere más valor, que sus beneficios lleguen a más territorios y que contribuya al bienestar de residentes y visitantes”, ha señalado Miguel Sanz, director general de Turespaña, durante la presentación del plan.

El 12,7% de los turistas llega a las comunidades menos visitadas

Uno de los principales retos de la estrategia es corregir la concentración territorial de las llegadas internacionales. En 2025, las comunidades autónomas situadas fuera de los grandes destinos turísticos tradicionales recibieron solo el 12,7% de los visitantes internacionales, pese a representar casi un tercio de la población española. La cifra refleja el margen que existe para extender los beneficios del turismo a otras zonas del país.

Para cambiar esta distribución, Turespaña reforzará la promoción exterior de los denominados ‘destinos por descubrir’, con especial atención a la España Verde, los territorios del interior y las áreas menos exploradas de regiones que ya reciben un importante volumen de viajeros. La intención es dar mayor visibilidad a su oferta cultural, natural y gastronómica y convertirla en una alternativa atractiva para los mercados internacionales.

La campaña Spain is Much More servirá de apoyo a esta estrategia, mientras que la iniciativa “Think you know Spain. Think again” buscará cuestionar la imagen más habitual del país como destino vacacional. La propuesta pretende presentar una España más diversa, con experiencias singulares que permitan descubrir lugares menos conocidos y repartir las oportunidades económicas del sector.

Lujo, gastronomía y congresos para atraer turismo de mayor valor

La diversificación también afecta a los destinos que ya cuentan con una elevada demanda internacional. En estas zonas, el objetivo será reforzar su reputación, renovar los motivos para visitarlas y favorecer los viajes durante los meses de menor actividad. Programas como Spain Trusted Destination y (Re)Discover Spain buscarán impulsar esta evolución y ofrecer nuevas experiencias a quienes ya conocen el país.

Dentro de esta apuesta, el plan identifica tres segmentos prioritarios: el turismo premium, la gastronomía y el MICE, siglas que agrupan los viajes vinculados a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Son ámbitos que Turespaña considera estratégicos por su capacidad para generar valor económico, contribuir a la desestacionalización y fortalecer la imagen de España en el exterior.

La inteligencia artificial entra en la promoción turística

Otro de los cambios que incorpora el PMAT es la adaptación del marketing turístico a las nuevas herramientas digitales que utilizan los viajeros para inspirarse, comparar opciones y organizar sus desplazamientos. La inteligencia artificial ha comenzado a modificar la forma en que se descubre información sobre los destinos, por lo que Turespaña quiere mejorar la presencia de España en estos nuevos canales.

El organismo analizará cómo aparecen representados y recomendados los destinos españoles en los sistemas de inteligencia artificial e impulsará contenidos multilingües “AI Ready”, diseñados para que estas plataformas puedan interpretarlos y recomendarlos. La iniciativa puede resultar especialmente relevante para los territorios con menor notoriedad internacional, que necesitan ganar visibilidad frente a los destinos más conocidos.

La competencia turística, por tanto, ya no se limita a aparecer en los buscadores tradicionales o en las redes sociales. También pasa por formar parte de las respuestas generadas por sistemas de inteligencia artificial, que pueden influir en las decisiones de los viajeros antes de reservar un alojamiento o elegir una ruta.

Nueve programas y una nueva apuesta por el patrimonio

La hoja de ruta se estructura en cinco objetivos y nueve programas de actuación que se desarrollarán mediante planes operativos anuales. Estos documentos concretarán las medidas, los presupuestos y los indicadores con los que se evaluará su cumplimiento. La planificación también incorporará la participación de empresas, profesionales y gestores de destinos turísticos.

Por primera vez, el plan incluye de forma expresa la conservación y puesta en valor del patrimonio adscrito a Turespaña, compuesto por 102 edificios. Entre ellos figuran 100 Paradores y los palacios de congresos de Madrid y Torremolinos, un conjunto de instalaciones que el organismo quiere integrar en su planificación general.

“España Turismo 2030 marca el rumbo y el PMAT es nuestra hoja de ruta para avanzar hacia él. Es también una invitación a destinos, empresas y al conjunto del sector a trabajar juntos para que el turismo siga siendo una gran oportunidad para España, de una manera cada vez más equilibrada y sostenible”, ha concluido Miguel Sanz.

El desafío será trasladar estas prioridades a medidas concretas y lograr que la promoción internacional se traduzca en más oportunidades para los territorios menos visitados, al tiempo que España mantiene su atractivo en un mercado turístico cada vez más competitivo.

En España, quien pierde a su pareja puede cobrar una pensión de viudedad de manera indefinida. En Suecia, la ayuda suele durar 12 meses y, en Reino Unido, termina como máximo a los 18. La diferencia importa, sobre todo, para quienes dependían del sueldo o de la pensión de la persona fallecida para vivir.

Las reglas cambian mucho de un país a otro. En unos casos, se mira si la persona estaba casada; en otros, la edad, los hijos o el dinero que ya recibe. También hay países que reducen la ayuda si la persona viuda sigue trabajando o tiene otra pensión.

En España, estas prestaciones afectan sobre todo a mujeres. El 85,6% de quienes cobraban una pensión de supervivencia en 2023 eran mujeres, según Eurostat. Muchas pertenecen a generaciones que tuvieron empleos peor pagados, carreras laborales más cortas o dejaron de trabajar para cuidar de hijos y familiares.

España paga una pensión estable, aunque no todos cobran lo mismo

En España, la pensión de viudedad equivale normalmente al 52% de la base reguladora de la persona fallecida. Dicho de forma sencilla: se calcula a partir de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Ese porcentaje puede subir al 60% si quien cobra la pensión tiene más de 65 años, no recibe otra pensión pública, no trabaja y sus ingresos por alquileres, inversiones, actividad económica o ganancias patrimoniales no superan 9.442 euros al año (en 2026).

Puede llegar al 70% si tiene hijos menores de 26 años o con discapacidad a cargo, la pensión supone más de la mitad de sus ingresos y la renta media de la unidad familiar no supera el 75% del salario mínimo interprofesional. Además, la suma de la pensión y el resto de ingresos no puede exceder 27.034,40 euros anuales.

La pensión se paga, por regla general, en 14 mensualidades y no tiene una fecha de finalización. Pueden cobrarla los cónyuges y también las parejas de hecho que cumplan las condiciones exigidas. Los separados y divorciados también pueden tener derecho, aunque en esos casos hay requisitos adicionales.

La clave es que España mantiene una protección a largo plazo. Para una persona jubilada que vivía con la pensión de su pareja, esa ayuda puede ser su principal ingreso tras el fallecimiento.

Francia deja fuera a las parejas de hecho y mira los ingresos

En Francia, la pensión de viudedad es del 54% de la pensión básica que cobraba o habría cobrado la persona fallecida. La cifra es parecida a la española, pero las condiciones son más duras.

Para cobrarla hay que haber estado casado. Las parejas de hecho y las personas unidas por un PACS, una figura parecida a una unión civil, no tienen derecho a esta prestación.

También hay que tener al menos 55 años. Además, Francia revisa los ingresos de quien solicita la ayuda. En 2026, una persona que vive sola no puede superar los 25.001,60 euros brutos al año. Si vive con otra pareja, el límite asciende a 40.002,56 euros.

Esto puede dejar fuera a alguien que sigue trabajando, que cobra una pensión propia alta o que inicia una nueva convivencia.

Alemania da una ayuda de dos años a algunos viudos y viudas

En Alemania, hay dos tipos de pensión. La primera es la llamada pensión pequeña de viudedad. Equivale al 25% de la pensión de la persona fallecida y dura como máximo 24 meses.

Esta ayuda suele corresponder a quienes no tienen hijos menores, no tienen una incapacidad y aún no alcanzan la edad exigida. Para los fallecimientos ocurridos en 2026, esa edad es de 46 años y seis meses.

La segunda es la pensión grande. En general, equivale al 55% de la pensión del fallecido y puede mantenerse sin límite de tiempo. La cobran quienes superan la edad mínima, tienen una incapacidad o cuidan de hijos menores.

Alemania también reduce la ayuda si la persona viuda tiene ingresos propios. Desde julio de 2026, puede cobrar hasta 1.122,53 euros al mes sin que eso afecte a su pensión de viudedad. Por encima de esa cantidad, se descuenta el 40% de la diferencia. El límite aumenta en 238,11 euros mensuales por cada hijo con derecho a pensión de orfandad.

Además, durante los tres meses posteriores a la muerte, no se tienen en cuenta los ingresos propios.

Suecia solo cubre el primer año tras la muerte

En Suecia, la pensión vitalicia de viudedad dejó de ser la norma hace décadas. La ayuda actual está pensada para los primeros meses después de la muerte de la pareja. La llamada pensión de ajuste suele durar 12 meses. Pueden recibirla cónyuges, parejas registradas y, en algunos casos, convivientes que tenían hijos en común.

Para acceder, hay que ser menor de 66 años y haber vivido con la persona fallecida durante al menos cinco años o tener hijos menores. La cuantía depende de los derechos de pensión que hubiera generado la persona fallecida.

Aunque la ayuda pública en Suecia busca evitar un corte brusco de ingresos, no sustituye de forma permanente lo que aportaba la pareja.

Reino Unido limita la ayuda a 18 meses

En Reino Unido, la pensión vitalicia de viudedad dejó de aplicarse a quienes perdieron a su pareja a partir del 6 de abril de 2017. Desde entonces, la principal ayuda se llama Bereavement Support Payment y se dirige a quienes no han llegado todavía a la edad de jubilación estatal.

Quien no tiene hijos a cargo recibe un pago inicial de 2.500 libras y hasta 18 pagos mensuales de 100 libras. En total, puede llegar a 4.300 libras.

Si hay hijos a cargo o la mujer estaba embarazada cuando murió su pareja, la ayuda aumenta: 3.500 libras al principio y hasta 18 mensualidades de 350 libras. El máximo suma 9.800 libras.

El dinero no depende del sueldo ni de los ahorros de quien enviuda. Sin embargo, la persona fallecida debe haber cotizado lo suficiente al sistema británico. Las parejas no casadas pueden cobrar en algunos casos, sobre todo cuando tenían hijos en común.

Los cosméticos que contengan determinadas sustancias cancerígenas o perjudiciales para la salud tendrán menos tiempo para desaparecer del mercado europeo. El Parlamento Europeo ha respaldado este jueves una reforma normativa que acorta los plazos de retirada de estos productos y modifica las obligaciones de las empresas sobre el etiquetado de productos químicos y la fabricación de fertilizantes. El acuerdo, pactado previamente con los gobiernos de la Unión Europea, necesita el visto bueno formal del Consejo para completar su tramitación.

La votación ha contado con 477 votos a favor, 59 en contra y 41 abstenciones. La principal novedad afecta al calendario que deberán cumplir los fabricantes cuando determinados cosméticos queden prohibidos por contener sustancias clasificadas como cancerígenas, capaces de provocar alteraciones genéticas o perjudiciales para la reproducción. La reforma reduce de 12 a seis meses el plazo para dejar de comercializarlos y establece otros seis meses para completar su retirada, frente a los 24 meses que había propuesto inicialmente la Comisión Europea para esta segunda fase.

El objetivo es acelerar la desaparición de productos que puedan representar un riesgo para la salud, aunque el nuevo marco también incorpora periodos de adaptación. Las empresas que quieran seguir utilizando alguna de estas sustancias podrán solicitar una excepción durante los tres meses posteriores a su nueva clasificación. La autorización, si se concede, determinará las condiciones de uso y los plazos aplicables para su posible eliminación.

Reducción de los márgenes

Cuando una solicitud de excepción sea rechazada por motivos de seguridad, las compañías dispondrán de tres meses para dejar de comercializar los cosméticos afectados y de nueve meses para completar su retirada. La normativa contempla plazos más amplios en determinados casos en los que la denegación esté relacionada con la existencia de alternativas adecuadas. De este modo, el calendario dependerá de las circunstancias de cada sustancia y de la resolución adoptada.

Durante la negociación, los eurodiputados han rechazado la propuesta de la Comisión Europea de excluir de estas restricciones a las sustancias consideradas peligrosas por exposición oral o inhalación. Además, han recuperado la obligación de notificar a Bruselas los cosméticos que contengan nanomateriales antes de su introducción en el mercado, aunque la reforma elimina la antelación de seis meses que exige actualmente la normativa.

Estos cambios forman parte de una revisión más amplia de las reglas comunitarias sobre sustancias químicas y también buscan reducir cargas administrativas para las empresas. La aplicación de las nuevas disposiciones dependerá de la entrada en vigor definitiva de la reforma y de los plazos establecidos para cada obligación.

Las etiquetas digitales ganan protagonismo

La reforma no se limita a los cosméticos. Otro de sus ejes es la flexibilización de las normas de etiquetado de productos químicos, con un mayor uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a la información y reducir los costes de cumplimiento de las compañías. Según explica el Parlamento Europeo, los cambios pretenden “reducir costes y complejidad”, sin renunciar a la protección de los consumidores.

Entre las medidas aprobadas figura la posibilidad de incluir determinados datos exclusivamente en formato digital cuando se trate de envases interiores pequeños cuyas dimensiones o características dificulten incorporar toda la información de manera física.

La flexibilidad estará sujeta a condiciones: los pictogramas de peligro deberán permanecer visibles y los datos completos tendrán que estar disponibles en el embalaje exterior.

El acuerdo también fija un plazo de 15 meses para actualizar las etiquetas cuando una nueva evaluación determine que una sustancia presenta riesgos superiores a los identificados inicialmente. Por su parte, las disposiciones revisadas sobre el formato de las etiquetas, la publicidad y las ventas a distancia empezarán a aplicarse 18 meses después de la entrada en vigor de la reforma.

Cambios también para los fertilizantes

El tercer ámbito afectado es el de los fertilizantes, cuya normativa se simplifica para facilitar la actividad de los productores y agricultores europeos. La reforma pretende reducir determinados trámites administrativos, aunque mantiene obligaciones de registro más estrictas para algunas sustancias consideradas especialmente nocivas.

La intención es compatibilizar una menor carga burocrática con las garantías de seguridad para la salud y el medio ambiente. En este sentido, las medidas sobre fertilizantes se integran en el mismo paquete legislativo que los cambios en cosméticos y etiquetado químico, con el propósito de adaptar las exigencias regulatorias a las necesidades de las empresas sin rebajar las protecciones esenciales.

Con el respaldo de la Eurocámara, el acuerdo entra en la fase final de su tramitación institucional. Su aprobación formal por el Consejo será necesaria antes de completar el proceso legislativo y avanzar hacia la aplicación de las nuevas reglas.

Actualmente, muchos trabajadores están preocupados por sus pensiones futuras, preguntándose si podrán mantener su nivel de vida cuando llegue el momento de jubilarse. Y es que España se va a enfrentar en las próximas décadas a un gran cambio demográfico, teniendo en cuenta que la generación conocida como baby boom, que está a punto de llegar a la edad de jubilación, es mucho más numerosa que las cohortes que vienen detrás. Un relevo que plantea la pregunta de cómo se pueden financiar las prestaciones de un número cada vez más grande de pensionistas si la población que trabaja y cotiza no aumenta al mismo ritmo.

Una de las teorías económicas que permite entender este fenómeno es el Modelo de Generaciones Solapadas (Overlapping Generations Model, OLG), que estudia cómo se distribuyen los recursos entre personas de distintas generaciones que conviven en una misma economía. Su teórica aplicación al sistema público de pensiones ayuda a explicar por qué el envejecimiento de la población puede aumentar la presión financiera sobre las cuentas públicas y qué factores determinan su capacidad para afrontar ese desafío.

El Modelo de Generaciones Solapadas fue desarrollado por el economista francés Maurice Allais en su obra Économie et Intérêt, publicada en 1947, y adquirió más relevancia académica con el trabajo de Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, que formalizó matemáticamente algunas de sus ideas en 1958. Su planteamiento parte de la realidad de que, en una economía, conviven personas que se encuentran en distintas etapas de su vida y que, por tanto, tienen necesidades e ingresos diferentes.

El envejecimiento pone a prueba el sistema de reparto

Mientras que los jóvenes se incorporan al mercado laboral, los adultos trabajan y cotizan, y los mayores abandonan progresivamente la actividad profesional para vivir de sus pensiones, sus ahorros u otras fuentes de ingresos. Estas generaciones están conectadas económicamente, ya que las decisiones y los recursos de unas influyen en las condiciones de vida de las otras.

Una relación que es muy importante en los sistemas públicos de pensiones que funcionan mediante el modelo de reparto, como el de España. Aquí, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las empresas financian, sobre todo, las prestaciones que reciben los pensionistas actuales. Es un sistema basado en la solidaridad entre generaciones.

Por eso, la capacidad de financiar las pensiones depende, entre otras cosas, de cuántas personas cotizan, cuánto aportan y cuántos beneficiarios reciben prestaciones. Si la relación entre trabajadores y pensionistas disminuye, el sistema afronta una mayor exigencia financiera, especialmente si los ingresos por cotizaciones no crecen lo suficiente para compensarla.

El envejecimiento de la población es uno de los principales factores que explican esto. La llegada a la jubilación de la generación boomer, nacida durante la década de mayor natalidad, incrementa el número de personas que pueden empezar a comprar una pensión. Al mismo tiempo, las generaciones posteriores son menos numerosas debido al descenso de la natalidad registrado durante décadas, entre otros motivos.

Además, el aumento de la esperanza de vida puede prolongar el periodo durante el que se percibe una pensión. Y, en consecuencia, el sistema debe atender a un volumen de prestaciones que puede crecer durante años, mientras la evolución de la población activa y del empleo determinará cuánto aumentan sus ingresos.

Más empleo y mejores salarios para aliviar la presión sobre las pensiones

Aun así, que disminuya el número de trabajadores por pensionista no significa automáticamente que el sistema vaya a quebrar ni que las pensiones tengan que reducirse necesariamente. El resultado también depende de la evolución de los salarios, la productividad, el empleo y las cotizaciones sociales, así como de los recursos que puedan destinarse a financiar las prestaciones.

En este punto entra otra de las aportaciones asociadas a Samuelson, la denominada tasa de interés biológica. En un modelo simplificado de reparto, la rentabilidad implícita del sistema está vinculada al crecimiento de su base de cotización, que depende tanto de la evolución de la población que trabaja como de la productividad y los salarios.

La idea es que una economía con más trabajadores y salarios crecientes puede generar más ingresos para financiar las pensiones. Pero, si el número de cotizantes aumenta poco o disminuye, el crecimiento de los salarios y de la productividad puede contribuir a compensar esa presión demográfica. Aunque el efecto dependerá de cuánto crezcan los ingresos frente al gasto.

Desde esta perspectiva, el Modelo de Generaciones Solapadas ayuda a comprender por qué las reformas de las pensiones suelen girar en torno a varias palancas económicas. Una de ellas es aumentar el número de cotizantes mediante la creación de empleo y una mayor participación laboral. Otra consiste en mejorar los salarios y la productividad para elevar las bases sobre las que se calculan las cotizaciones.

También se puede actuar sobre la edad efectiva de jubilación, incentivando que quienes lo deseen prolonguen su vida laboral, o modificar los ingresos y gastos del sistema mediante cambios en las cotizaciones, las prestaciones y las aportaciones procedentes de los presupuestos públicos. Cada alternativa tiene efectos distributivos distintos sobre trabajadores, pensionistas y generaciones futuras.

Al final, la utilidad del modelo está en mostrar que las decisiones sobre pensiones afectan a distintas generaciones y que el equilibrio financiero depende de la relación entre los recursos disponibles y los compromisos adquiridos.

El cambio de estación trae consigo ajustes en las rutinas diarias, las horas de luz disponibles y el consumo energético de los hogares. Cada otoño, el retraso de los relojes modifica la distribución de la luz natural a lo largo del día y reabre el debate sobre la utilidad de una medida que se aplica en numerosos países europeos. Su justificación ha estado tradicionalmente vinculada al aprovechamiento de la luz solar y a la reducción del gasto eléctrico, aunque los avances tecnológicos y los cambios en los hábitos de consumo han alterado las condiciones en las que se formuló esta política.

Según el ingeniero industrial Jaime Pla, el argumento del ahorro energético que sostiene el cambio horario desde hace décadas ya no se corresponde con los datos actuales. El experto calcula que el beneficio económico real para un hogar español apenas alcanza 1,29 euros al año, una cifra que contrasta con los 300 millones de euros que durante años se repitieron como justificación oficial de la medida.

El ahorro estimado cayó de 300 millones a 1,29 euros por hogar

“Durante años nos han dicho que cambiar la hora en España ahorraba trescientos millones de euros al año, pero ese cálculo tiene más de veinte años”, afirmó el ingeniero industrial.

Según detalló, la llegada de la iluminación LED y de electrodomésticos más eficientes cambió por completo la ecuación energética de los hogares. Estas tecnologías permiten reducir el consumo eléctrico en comparación con equipos antiguos, por lo que el ahorro potencial asociado a modificar los horarios de luz natural tiene hoy un peso menor en el gasto doméstico.

El cambio de hora dos veces al año ya no supone un ahorro relevante para las familias españolas. Según estimó Jaime Pla, el beneficio económico actual por hogar es de apenas 1,29 euros anuales, el equivalente a 18 céntimos al mes. La causa principal es la generalización de la tecnología LED y de aparatos eléctricos más eficientes, que redujeron el peso de la iluminación en la factura.

“A día de hoy, con los nuevos aparatos eléctricos y la tecnología LED, se estima que el cambio de hora ahorra solamente 1,29 euros al año, o lo que es lo mismo, dieciocho céntimos al mes”, precisó el ingeniero.

El debate, además, no se limita a cuánto cuesta encender las luces. El consumo energético también depende de la climatización, los horarios laborales, el tiempo que las personas pasan en casa y las condiciones meteorológicas. Por eso, el efecto de adelantar o retrasar los relojes puede variar según la estación, la ubicación geográfica y las costumbres de cada hogar.

Un calefactor encendido cinco mañanas anula el ahorro

Pla ilustró lo insignificante de esa cifra con un ejemplo doméstico que cualquier hogar puede reproducir en pleno otoño. Bastaría un uso puntual de calefacción para borrar de un plumazo ese ahorro teórico. “Basta con encender un calefactor una hora durante cinco mañanas para gastarte ese ahorro entero”, señaló.

La comparación pone el foco en el peso que puede tener la calefacción eléctrica durante los meses fríos. Su consumo depende de la potencia del aparato y del tiempo de funcionamiento, de modo que utilizarlo repetidamente puede representar un gasto superior al ahorro anual atribuido al cambio horario. El aislamiento de la vivienda y la temperatura seleccionada también influyen en la factura.

Una mujer de Sevilla de 45 años ha presentado una demanda contra su padre biológico, un empresario de 90 años propietario de más de 100 viviendas repartidas entre Andalucía, Madrid y Londres. La reclamación llega dos años después de que un juzgado reconociera en una sentencia que la mujer, nacida de una relación extramatrimonial, es la hija biológica del hombre, un fallo que el progenitor nunca aceptó de manera voluntaria y que no se ha traducido hasta ahora en ningún beneficio económico para su hija.

El abogado que representa a la mujer, Fernando Osuna, especialista en representar a los hijos ilegítimos de millonarios, como Julio Iglesias o Carlos Baute, ha explicado a la Agencia EFE que su clienta padece una incapacidad laboral total reconocida por la Seguridad Social y percibe unos 700 euros mensuales, una cifra que apenas le alcanza para cubrir sus gastos básicos. La madre de la demandante murió hace más de 30 años, y desde entonces la mujer asegura haber crecido sin apoyo económico ni afectivo por parte de su padre.

La demandante destaca que viene siguiendo de cerca desde hace tiempo la situación patrimonial de su padre, y que una parte significativa de las propiedades que antes pertenecían al empresario ya figuran a nombre de sus tres hijos nacidos de su matrimonio, un dato que la mujer considera clave para las acciones legales que prepara, según su abogado.

El letrado sostiene que los hijos del empresario habrían promovido maniobras patrimoniales para evitar que su hermana pudiera beneficiarse de la fortuna familiar. Estas acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales en caso de que se presenten demandas formales por la vía civil.

El reconocimiento judicial de la paternidad

La sentencia que declaró al empresario como padre biológico de la mujer llegó hace casi dos años. Sin embargo, ese reconocimiento no implicó para la demandante el acceso a ningún beneficio patrimonial inmediato. El derecho español equipara en materia hereditaria a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, lo que en teoría habilita a la mujer a reclamar tanto una pensión de alimentos en el presente como su legítima en una futura herencia. Sin embargo, ambas vías responden a procedimientos legales distintos y requieren trámites independientes.

Paralelamente al litigio por la pensión de alimentos, la demandante mantiene contactos con entidades inmobiliarias y sociedades de inversión con el objetivo de vender sus derechos hereditarios como expectativas, bajo el argumento de que pronto se convertirán en derechos consolidados. La viabilidad de ese tipo de operaciones depende, sin embargo, de la naturaleza jurídica de cada transacción. Una expectativa de heredar mientras el titular del patrimonio sigue con vida no equivale, en términos generales, a un derecho ya consolidado. El ordenamiento jurídico español contempla, de todas formas, mecanismos de protección para los herederos forzosos, entre ellos la posibilidad de computar las donaciones realizadas en vida a efectos de calcular la legítima y de reducirlas si perjudican los derechos de otros legitimarios.

Osuna ha intervenido en otros procesos de filiación y disputas hereditarias con notoriedad pública. Entre sus casos previos figuran litigios contra el cantante Julio Iglesias, el torero Manuel Benítez, El Cordobés, el músico Rafael Ruiz, integrante del grupo Los del Río, y el fallecido aristócrata José Leoncio González de Gregorio y Martí.

Los bancos de la Unión Europea deberán reembolsar de inmediato el dinero sustraído en operaciones de pago no autorizadas, incluso si consideran que el cliente facilitó el fraude por negligencia grave. Si la entidad quiere recuperar el importe, tendrá que reclamarlo después y probar cómo se equivocó el usuario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado este criterio en una sentencia dictada el 15 de octubre. La resolución interpreta la normativa europea sobre servicios de pago y España tendrá que seguir esta doctrina. Su aplicación puede elevar el dinero que la banca deberá adelantar en un mercado donde las estafas en pagos alcanzaron 4.200 millones de euros en 2024.

El fallo no establece que los bancos deban asumir de forma definitiva todos los fraudes: primero, la devolución al cliente; después, si la entidad sostiene que hubo fraude, actuación deliberada o negligencia grave, deberá acreditar esa circunstancia y reclamar el dinero por la vía correspondiente.

El reembolso debe llegar, como máximo, al siguiente día hábil

La decisión precisa que el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe de una operación no autorizada de inmediato y, a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en que detectó el movimiento o recibió la notificación del afectado.

La única excepción contempla los casos en los que el banco tenga motivos razonables para sospechar que el propio cliente cometió un fraude. Para aplazar el reembolso, la entidad debe comunicar esas sospechas por escrito a la autoridad nacional competente.

El TJUE diferencia esa situación de una posible negligencia de la víctima. Que un cliente haya introducido sus claves en una página falsa, facilitado un código recibido por SMS o incumplido de otra forma sus deberes de seguridad no permite al banco bloquear de entrada el reintegro.

La entidad podrá reclamar el importe posteriormente, pero le corresponderá demostrar que el usuario actuó de forma fraudulenta, deliberada o con negligencia grave. El tribunal añade que el uso de claves o de mecanismos de autenticación reforzada no prueba por sí solo que el cliente autorizara la operación ni que incumpliera sus obligaciones de seguridad.

Un fraude de 705 euros llevó el caso ante la justicia europea

El litigio se originó en Polonia. Una mujer puso a la venta un artículo en una plataforma de subastas y recibió un enlace de un supuesto comprador. La dirección la llevó a una web que imitaba la de su banco, donde introdujo sus datos de acceso a la banca electrónica.

El autor del engaño obtuvo además un código de confirmación enviado por SMS y transfirió 3.000 eslotis polacos, unos 705 euros, desde la cuenta de la víctima. La mujer denunció la operación al banco y a la policía al día siguiente.

PKO BP, la entidad involucrada, rechazó inicialmente el reembolso porque consideraba que la clienta había incurrido en negligencia grave al no proteger sus credenciales. El tribunal europeo concluyó que esa apreciación no permite al banco eludir su deber de devolución inmediata.

El fraude europeo creció un 17% en un año

El alcance económico de esta doctrina se mide en un contexto de incremento del fraude. El último informe conjunto del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) cifra en 4.200 millones de euros el valor de los pagos fraudulentos detectados en el Espacio Económico Europeo durante 2024. El volumen subió un 17% frente a los 3.500 millones registrados en 2023.

Las transferencias concentraron 2.500 millones de euros del fraude informado por las entidades, mientras que los pagos con tarjetas emitidas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo sumaron 1.300 millones. El reporte también contabilizó 19,6 millones de operaciones fraudulentas, un 10% más que el año anterior.

La sentencia no permite calcular qué parte de esos 4.200 millones deberá ser adelantada por las entidades, porque incluye distintos tipos de estafas y no todas se encuadran en una operación no autorizada. Pero sí traslada a los bancos la carga financiera inicial en los casos cubiertos por el fallo.

Fuentes financieras consultadas por Cinco Días estimaron que el impacto potencial de las reclamaciones en España podría aproximarse a 1.000 millones de euros.

Para seguridad de los clientes, se recomienda avisar al banco cuanto antes, conservar mensajes y justificantes, y dejar constancia escrita de la reclamación cuando son víctimas de estafa. La devolución, no obstante, dependerá de que se trate de una operación que el usuario no autorizó.

Las protestas de camioneros que afectan a Italia desde hace una semana han provocado escasez de combustible de aviación en al menos siete aeropuertos del sur del país. Cinco de ellos han avisado a las aerolíneas de las dificultades de suministro, y los aeródromos de Crotone y Reggio Calabria se han quedado directamente sin existencias de queroseno, según ha confirmado la agencia de control del tráfico aéreo ENAV, que ha recomendado a los pilotos reabastecerse en el aeropuerto de origen.

En Nápoles-Capodichino, las autoridades aeroportuarias han informado de una “disponibilidad limitada del carburante Jet A1” y han pedido a los pilotos que, si es operativamente posible, embarquen queroseno adicional antes de llegar, según reporta Corriere della Sera. En Brindisi, la empresa Carboil no puede entregar cantidades por encima de lo ya programado, mientras que en Bari la situación es más compleja para Wfs y Air BP, ambas con problemas para cubrir la demanda habitual de sus clientes. En Palermo, Carboil también ha reportado restricciones en el suministro, y en Salerno la sociedad gestora ha trasladado a las aerolíneas la necesidad de organizar sus repostajes para evitar depender del abastecimiento local.

Este mismo jueves, la aerolínea Wizz Air ha confirmado verse afectada. “Las carencias de carburante registradas en algunos aeropuertos están determinando limitaciones operativas que podrían repercutir en los vuelos desde y hacia Italia”, ha señalado la empresa, que ha instado a las autoridades a intervenir con urgencia para restablecer la regularidad del suministro.

Los supermercados del sur han reportado estantes vacíos

El impacto de los bloqueos se ha extendido a la cadena de distribución de alimentos. La cadena Conad ha informado de grandes cantidades de productos perecederos, entre ellos fruta, verdura, leche y carne, varados en camiones y almacenes sin poder llegar a destino, según recoge Reuters. Se han registrado estantes vacíos en supermercados de Campania, Sicilia, Calabria y Puglia, con faltantes de pasta fresca, quesos envasados y carnes.

El fenómeno no se ha limitado al sur del país: los mercados mayoristas de Bolonia, Milán, Verona y Turín han registrado caídas de entre el 40% y el 50% en el ingreso de mercancía procedente de las regiones meridionales, según la asociación Federdistribuzione, cuyo presidente, Carlo Alberto Buttarelli, ha estimado pérdidas de varios millones de euros diarios en el sistema de distribución.

La industria de pasta y mozzarella también ha resultado afectada

La falta de entrega de insumos ha interrumpido la producción de pasta en varias fábricas y, en Campania, la elaboración de mozzarella de búfala, porque la leche fresca no ha podido procesarse a tiempo. Asociaciones industriales de Campania y Puglia, junto con filiales de Confindustria en Nápoles, Bari y Barletta-Andria-Trani, han advertido en un comunicado conjunto que sus empresas están al borde del colapso por la falta de insumos.

La compañía de alimentos congelados Gias, con sede cerca de Cosenza y 400 empleados, ha informado de que detendrá la producción si la protesta continúa, lo que dejará sin actividad a entre 200 y 300 trabajadores, según ha indicado su presidenta, Gloria Tenuta, a la agencia ANSA.

El origen del reclamo es el encarecimiento del gasóleo

Los camioneros iniciaron sus protestas la semana pasada en el sur de Italia como continuación de movilizaciones previas de agricultores y pescadores. El reclamo central es el encarecimiento del gasóleo, que ha aumentado cerca de un tercio desde el inicio de la guerra con Irán, además de un pedido de tarifas de transporte más altas para compensar el incremento de costes operativos.

El ministro de Transporte, Matteo Salvini, se ha reunido con asociaciones de transportistas en Milán y ha anunciado una partida de 480 millones de euros en ayuda para los camioneros. Tras ese encuentro, el Comité Siciliano de Transportistas ha decidido suspender su protesta. Sin embargo, los camioneros de Calabria y otras regiones del sur mantienen los bloqueos, al menos hasta una nueva reunión prevista para el 27 de octubre en el Ministerio de Transporte.

El Ministerio del Interior ha identificado a más de 1.300 personas

El Ministerio del Interior, a cargo de Matteo Piantedosi, ha puesto en marcha un operativo para identificar a los responsables de los cortes de carretera, considerados ilegales cuando impiden el paso de camiones mientras permiten la circulación de coches particulares. Hasta el miércoles, las autoridades habían identificado a 1.339 personas, habían denunciado a 71 y habían aplicado 242 multas administrativas. Además, ha dispuesto escolta policial para 500 vehículos de transporte solo en Campania, con el fin de garantizar las operaciones de carga y descarga mientras continúan las negociaciones con el sector.

Muchos trabajadores desconocen si el sueldo que cobran es realmente el que les corresponde y dudan sobre cuándo pueden exigir una subida sin que la empresa se la niegue por simple decisión unilateral. La legislación laboral española prevé, sin embargo, tres supuestos concretos en los que el aumento salarial no depende de la voluntad del empleador, sino que se activa de forma automática por ley o por convenio.

Así lo explica el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, que distingue esos tres escenarios de cualquier otra negociación salarial, que queda sujeta por completo al acuerdo entre las partes.

El salario mínimo marca un piso que arrastra el sueldo real

Existen situaciones en las que una subida salarial se produce de forma automática, sin necesidad de reclamar nada. Ocurre cuando aumenta el salario mínimo interprofesional o el mínimo fijado por el convenio colectivo para una categoría determinada, y el trabajador cobraba por debajo de ese nuevo umbral. En ese escenario, el sueldo sube solo porque la referencia legal se movió hacia arriba.

“Cuando el sueldo mínimo me afecta y sube”, resume Benito Barrionuevo al describir el primer supuesto. Esto también se aplica si se sube el salario mínimo de mi convenio colectivo para mi categoría y yo estoy por debajo, automáticamente, con esa subida, sube mi sueldo, explica el abogado.

Hacer funciones de una categoría superior también obliga a pagar más

El segundo supuesto afecta a quienes desempeñan en la práctica un puesto distinto al que figura en su contrato. El abogado pone un ejemplo concreto para ilustrarlo.

“Si yo estoy en sueldo de la categoría que me ha puesto la empresa, pero en realidad realizo funciones superiores”, plantea Benito Barrionuevo, “por ejemplo, sale que soy ayudante de cocina, pero soy cocinero, también tengo derecho a que me suban el sueldo si cobro menos de lo que cobra un cocinero según mi convenio colectivo”.

La clave, según el letrado, no está en el nombre del puesto que figura en la nómina, sino en las tareas que realmente se ejecutan día a día. Si esas funciones corresponden a una categoría mejor pagada dentro del convenio, el trabajador puede exigir la diferencia salarial correspondiente.

El convenio colectivo puede pactar subidas automáticas

El tercer supuesto depende de lo que cada convenio colectivo haya negociado previamente entre empresa y representación sindical. Si el texto del convenio incluye una cláusula de subida automática, esa condición se vuelve obligatoria para la compañía.

Benito Barrionuevo cita un caso concreto para explicar este mecanismo: “El convenio colectivo de Mercadona preveía hace unos años que a todos los trabajadores se les iba a subir el sueldo al IPC”. En ese ejemplo, el propio convenio ataba los aumentos salariales a la evolución del índice de precios al consumo, sin que cada trabajador tuviera que negociarlo de forma individual.

Negociar es la única vía fuera de estos tres casos

Agotados los tres supuestos, el abogado es claro respecto al resto de las situaciones. “Fuera de ahí, para conseguir un aumento, tendrás que negociarlo con la empresa”, advierte Benito Barrionuevo.

Eso significa que, al margen del salario mínimo, de las funciones realmente desempeñadas o de una cláusula específica del convenio colectivo, no existe una vía legal automática para forzar una subida de sueldo. La mejora salarial queda entonces sujeta a la capacidad de negociación de cada trabajador con su empleador, sin respaldo normativo que la garantice por sí sola.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,969 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,169 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,545 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,839 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,657 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,875 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,025 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,075 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,035 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,806 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,959 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,028 euros el litro

Precio mínimo: 1,905 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Pregunta: ¿El problema de la vivienda en España tiene solución a corto y medio plazo? ¿Qué medidas deberían llevarse a cabo para resolverlo? ¿Es necesario un pacto de Estado?

Respuesta: Claramente, se necesita un pacto de Estado y reconocer que el problema tiene muchas causas y que no existe una solución mágica. Para que los jóvenes puedan comprar una vivienda, es necesario que haya más suelo urbanizable, que los planes urbanísticos se tramiten con mayor agilidad y que se reduzca al máximo la burocracia relacionada con la construcción de casas.

Pero esto no es lo único que hay que intentar. También se podría abordar el problema por la vía fiscal. Tenemos dos problemas adicionales que constituyen cuellos de botella para el sector. En primer lugar, ya no tenemos suficientes trabajadores especializados. Desde la crisis de 2008 se produjo una desbandada de personas que trabajaban en la construcción, porque prácticamente desapareció. Desde entonces, los oficiales de primera y de segunda son una ‘rara avis’. Hay que empezar a formar a personas para que sepan construir.

También se ha producido un encarecimiento de los materiales. Por todo ello, no basta con decir que hay que buscar viviendas vacías para solucionar el problema. La solución depende de las tres administraciones —central, autonómica y local— y de su cooperación. Tienen que colaborar para que la iniciativa privada pueda satisfacer las necesidades de la población, con el apoyo de la iniciativa pública.

P: ¿En España se ha politizado el tema de la vivienda?

R: El problema de la vivienda se ha politizado absolutamente, porque, además, se ha usado para polarizar a la opinión pública, y esto es muy peligroso. El Gobierno, que lleva ocho años en el poder y podría haber tomado medidas para tratar de solucionar el problema, ha adoptado, sin embargo, medidas populistas que lo han empeorado. Es decir, ha provocado que quienes querían poner sus casas en el mercado del alquiler dejaran de tener incentivos para hacerlo.

Esto ha generado que en muchas ciudades desaparezcan los pisos en alquiler. Darse golpes de pecho presumiendo de que se ha controlado el crecimiento de los alquileres mediante un control de precios, cuando al mismo tiempo eso ha reducido el número de propietarios que alquilan sus viviendas, no es de recibo, no es admisible.

La vivienda se ha politizado porque constituye una bandera electoral muy importante y, además, servía para tapar lo que yo creo que han sido errores en las políticas aplicadas. Es decir, se ha tratado de ocultar esos errores señalando como culpables a los fondos buitre y a los grandes tenedores. Creo que los datos que conocemos y los informes que se han elaborado desmienten esa explicación.

Por su parte, la oposición, que gobierna en comunidades autónomas y ayuntamientos, también podría haber sacado terreno al mercado para construir y urbanizar, y tampoco lo he visto. Parece que las tres administraciones —central, autonómica y local— no están intentando dar una solución seria al problema de la vivienda.

Macroeconomía vs finanzas personales

P: España es el país europeo que más ha crecido en los últimos cuatro años. Sin embargo, muchas familias no llegan a fin de mes. ¿A qué se debe esta contradicción?

R: En el crecimiento de España ha tenido un papel muy importante el incremento de la población extranjera y del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Este es uno de los grandes éxitos de nuestra economía: absorber mucha mano de obra, aunque, en general, se trata de trabajadores con salarios muy bajos. Es verdad que esto contribuye al producto interior bruto: hay más consumo y más actividad económica. Sin embargo, la participación por trabajador, es decir, lo que cada trabajador se lleva, y la productividad, entendida como la cantidad de producto que se genera por hora trabajada, apenas han cambiado. Y eso sí es un baldón para nuestra situación económica.

Además, hemos gastado mucho dinero de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que se podría haber invertido de forma más productiva. El problema de que la mejora económica en España no se vea reflejada en los bolsillos de los ciudadanos es que ese crecimiento no se basa en la generación de valor añadido ni en que cada trabajador sea capaz de producir más. Somos más trabajadores, pero producimos lo mismo que antes.

P: ¿Por qué los beneficios, en muchos casos históricos, que están obteniendo muchas empresas no se reflejan en subidas salariales para los trabajadores?

R: El problema de la economía española en términos salariales es una cuestión de productividad. Hay sectores en nuestra economía en los que resulta complicado incrementarla. Son actividades muy importantes, como la hostelería, los servicios de almacenamiento o el turismo, que aportan al país unos ingresos equivalentes al producto interior bruto de Hungría. Para mejorar la productividad, necesitamos invertir más en bienes de capital y en formación.

Un aumento de la productividad debería reflejarse en una subida de los salarios. En los sectores en los que se produce más, los trabajadores aportan más y deberían, por lo tanto, recibir una mayor parte de los ingresos que obtienen las empresas. Lo que ocurre es que hemos registrado una llegada muy importante de trabajadores extranjeros. La competencia que se ha producido entre trabajadores, muchos de ellos sin contrato o trabajando de forma irregular, ha generado un efecto de depresión salarial.

P: ¿Cómo puede afectar a esta situación la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno?

R: Una regularización masiva como la que se ha realizado ayudará a que los sindicatos puedan defender mejor los derechos de los trabajadores. Yo, que soy un economista bastante liberal, siempre he abogado por un nivel alto de sindicación, debido a que el poder de mercado de trabajadores y empresarios, obviamente, no es el mismo. Es bueno que los trabajadores se agrupen en sindicatos para tener mayor poder de negociación dentro de sus respectivos sectores.

En esa interlocución entre empresarios y sindicatos, las condiciones salariales y el reparto de los ingresos —lo que los economistas llamamos distribución de la renta— pueden ser más justos y corresponderse con lo que aporta cada uno.

Los famosos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros todavía tienen que ser convalidados en la Diputación Permanente. En esta ocasión, ya que la composición de los partidos es distinta a la del Congreso de los Diputados -y no hay dependencia de Junts-, es más sencillo que salgan adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV y el resto de fuerzas de izquierda. Pero solo uno, el primero, el que engloba el grueso de medidas. El segundo, el que solo incluye las prórrogas obligatorias del contrato de alquiler (Real Decreto-ley 28/2026), genera más reticencia en los partidos. Según un informe de Fedea, si se convalidara finalmente, la indemnización que tendría que pagar un propietario por no renovar un contrato de alquiler podría ser de 15.500 euros en un caso representativo de inquilinos que lleven entre 10 y 12 años.

El decreto convierte el alquiler de vivienda habitual en un contrato de prórrogas sucesivas obligatorias de cinco años (siete si el propietario es una persona jurídica). El arrendador solo puede recuperar la vivienda al término de cada período, con seis meses de preaviso, y debe pagar al inquilino una indemnización equivalente al mayor de estos dos importes: doce mensualidades de renta o una mensualidad por cada año de residencia, calculada sobre el valor superior del rango que fija el sistema estatal de referencia de precios.

El informe de Fedea, firmado por los economistas Fernando Pinto Hernández y Santiago Calvo, detalla cómo evoluciona ese coste según la antigüedad del inquilino en la vivienda. Para una residencia de 10 o 12 años, la indemnización se mantiene en los 15.500 euros citados, el mínimo legal de doce mensualidades. A partir de los 15 años de residencia, la cifra empieza a crecer: asciende a 19.406 euros, el equivalente a 17,3 meses de renta efectiva. Con 20 años de residencia, el importe llega a 25.875 euros, unos 23 meses de renta.

El informe compara esta indemnización con el coste de un despido improcedente en el ámbito laboral. En la primera renovación del contrato, el pago equivale a 73 días de renta por año de residencia, más del doble de los 33 días que marca la ley para el despido improcedente de un trabajador. Los autores describen el mecanismo como “un coste de despido con un suelo independiente de la antigüedad”, porque el mínimo de doce mensualidades se aplica desde el primer año, sin importar cuánto tiempo lleve el inquilino en la vivienda.

No todos los propietarios pagarán la cifra completa

La obligación de indemnizar no es absoluta. El decreto contempla varias excepciones que eximen al arrendador de ese pago. No corresponde indemnización si el propietario, siendo persona física, necesita la vivienda para sí mismo o para familiares directos; si el inquilino no ha habitado el inmueble durante más de seis de los últimos doce meses; si dispone de otra vivienda adecuada en el mismo municipio; o si ambas partes firman un nuevo contrato.

La excepción de mayor alcance, según el análisis de Fedea, es la que permite al propietario ofrecer un nuevo contrato de al menos cinco años (siete si es persona jurídica) con una renta que respete los límites del artículo 17.6 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que en la práctica limita el incremento a la renta anterior actualizada. Si el inquilino rechaza esa oferta, el arrendador tampoco debe pagar la indemnización.

Para el propietario que simplemente quiere seguir alquilando la vivienda, esta salida convierte la indemnización en algo distinto a un coste de salida: funciona como un tope a la renta que puede cobrar en la renovación. Los 15.500 euros y las cifras superiores representan, según los autores del informe, el coste máximo que asumiría quien quiera vender la vivienda libre de ocupantes, destinarla a otro uso sin acreditar necesidad propia, o cambiar de inquilino para fijar una renta de mercado.

Quién asumiría el coste si se aplica la norma

El informe advierte de que el efecto de la medida no se repartiría de forma homogénea entre los propietarios. El 76% de los arrendadores personas físicas en España tiene una sola vivienda alquilada, mientras que quienes poseen once o más inmuebles apenas representan el 2,4% del parque arrendado por particulares. Para los contratos ya vigentes, la indemnización, las prórrogas obligatorias y el límite del 2% a las actualizaciones de renta operarían como una transferencia de una sola vez desde los propietarios actuales hacia los inquilinos actuales, según el documento.

El RDL 28/2026 tiene su entrada en vigor prevista para el 15 de noviembre, condicionada a que antes lo apruebe la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que ejerce las funciones de control parlamentario mientras las Cortes permanecen disueltas tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Este decreto es, en realidad, la segunda versión de una norma que el Pleno del Congreso ya había rechazado el 2 de octubre, por 184 votos frente a 166, cuando se llamaba RDL 27/2026.

Según los anuncios de voto conocidos hasta ahora, el RDL 28/2026 contaría con menos apoyos que su norma hermana, el RDL 29/2026, que agrupa medidas fiscales y de oferta de vivienda. La sesión de la Diputación Permanente en la que se decidirá el futuro de ambos decretos estaría prevista para el 12 de noviembre, un día después de una huelga general convocada en torno a la vivienda.

El ciclo expansivo que impulsó a la economía española tras la pandemia pierde fuerza. El crecimiento se aproxima a su ritmo tendencial, mientras persisten dos de sus principales debilidades estructurales: la insuficiente respuesta de la oferta de vivienda y el estancamiento de la productividad. Según el informe Descomposición del ciclo económico en España hasta el cuarto trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio sobre el Ciclo Económico en España de Fedea, el producto interior bruto (PIB) por persona en edad de trabajar retornaría a su tendencia, cercana al 1% anual, en el último trimestre de este año.

El documento combina datos observados hasta el segundo trimestre de 2026 con proyecciones de BBVA Research, que prevé un crecimiento del PIB del 2,6% este año y una moderación hasta el 2,1% en 2027. El diagnóstico apunta a una normalización del ciclo económico, pero también a las dificultades de la economía española para sostener su crecimiento a largo plazo sin mejoras de productividad.

La demanda sostiene el crecimiento mientras la oferta resta

Tras la ralentización de los tres últimos trimestres de 2023, cuando el crecimiento interanual se situó entre 0,7 y 0,9 puntos porcentuales por debajo de su tendencia, la economía recuperó dinamismo en 2024. Durante ese año, las tasas de crecimiento llegaron a situarse entre 0,6 y 1,4 puntos por encima de la tendencia, en el momento de mayor intensidad del ciclo expansivo iniciado en el segundo trimestre de 2021.

El modelo macroeconómico EREMS, utilizado por los autores para descomponer la evolución del PIB en perturbaciones de oferta, demanda y crédito, refleja una posterior pérdida de impulso. Durante los tres últimos trimestres de 2025, el crecimiento se situó apenas 0,2 puntos por encima de su promedio histórico, una desviación que se mantuvo en los dos primeros trimestres de 2026. El informe prevé una ligera recuperación en el tercer trimestre, hasta 0,3 puntos por encima de la tendencia, antes de que el componente cíclico vuelva a ser neutro al cierre del año.

Detrás de esta moderación se encuentra un desequilibrio persistente entre los factores que impulsan la actividad y los que la limitan. Durante 2025 y la primera mitad de 2026, la demanda y el crédito compensaron las contribuciones negativas de la oferta. En el segundo trimestre de este año, ambos factores aportaron conjuntamente 1,3 puntos al crecimiento del PIB por persona en edad de trabajar, frente a los 1,1 puntos que restó la oferta.

La previsión para finales de año apunta a una contribución de 0,4 puntos de la demanda y el crédito, frente a una aportación negativa de 0,4 puntos de la oferta. Esta compensación explica el retorno del componente cíclico a su nivel neutro. El mismo patrón aparece en el consumo, la inversión y el empleo, que crecieron por encima de su tendencia entre 2025 y 2026 con un respaldo fundamental de la demanda y el crédito, mientras la oferta actuaba como freno.

La vivienda refleja el desequilibrio entre demanda y oferta

El mercado residencial concentra una de las principales contradicciones del ciclo económico. Mientras la demanda de vivienda se ha convertido en uno de los motores del crecimiento, la oferta no ha respondido con la misma intensidad.

Entre las perturbaciones negativas de oferta, el capital residencial fue el factor más desfavorable para el crecimiento en el segundo trimestre de 2026, con una contribución de -1,3 puntos. Su efecto negativo había aumentado de forma sostenida desde comienzos de 2024, coincidiendo con la fase de mayor intensidad del ciclo expansivo.

Según los autores, el repunte de la inversión residencial no se había traducido, al menos hasta ese momento, en un aumento del parque de viviendas acorde con la productividad histórica del sector. Al mismo tiempo, la demanda de vivienda aportó 1,4 puntos al crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2026.

La productividad española mantiene su brecha con Europa

Más allá de las oscilaciones del ciclo, el informe identifica una debilidad de mayor recorrido: la dificultad de España para converger en productividad con las principales economías europeas.

La comparación con Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia muestra que la productividad española representaba el 73,5% de la media del grupo entre 2008 y 2013. Entre 2020 y 2025, esa proporción apenas había avanzado hasta el 73,6%.

La práctica ausencia de convergencia resulta especialmente significativa porque, durante ese periodo, la productividad de las economías de referencia también registró un crecimiento moderado, con una media anual del 0,6%. Ni siquiera el mayor dinamismo de la economía española en 2024 consiguió modificar sustancialmente la distancia relativa.

Menos margen fiscal para afrontar los retos de 2027

El informe advierte de que, de cara a 2027, la progresiva desaparición de los fondos europeos extraordinarios y la necesidad de consolidación fiscal reducirán el margen de actuación de las políticas públicas. Esta limitación llega en un momento en el que España necesita reformas e inversiones capaces de elevar su productividad.

El reto, por tanto, va más allá de prolongar el actual crecimiento. La economía española se aproxima al final de su impulso cíclico, mientras mantiene dificultades para ampliar su capacidad productiva y cerrar la brecha de productividad con Europa. Sin avances en estos ámbitos, la convergencia en renta per cápita registrada durante los últimos años difícilmente podrá consolidarse a largo plazo.

Suecia se ha convertido en uno de los referentes internacionales en materia de pensiones gracias a un modelo que busca conciliar dos objetivos: ofrecer ingresos suficientes a los jubilados y evitar que el gasto comprometa la sostenibilidad financiera a largo plazo. Su fórmula combina un sistema público de reparto, una parte obligatoria de capitalización individual y prestaciones complementarias ligadas al empleo, según recoge el estudio ‘Suecia: el arte de equilibrar pensiones generosas y sostenibles, a través de un sistema multipilar’, elaborado por Fernando Martínez-Cue y publicado por el Instituto Santalucía.

La principal diferencia respecto a otros modelos europeos está en cómo se distribuyen las cotizaciones y se calculan las prestaciones. El sistema sueco no depende exclusivamente de las cotizaciones de los trabajadores actuales para financiar las pensiones futuras, sino que incorpora también ahorro individual y planes vinculados a la actividad laboral. En tanto que España mantiene un sistema de pensiones de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.

La combinación de estos pilares ha situado al país entre los sistemas mejor valorados del mundo. No obstante, su funcionamiento también se apoya en decisiones que afectan directamente a la edad de jubilación y a la cuantía de las prestaciones, con el objetivo de responder al envejecimiento de la población. También en España se ha tenido que elevar la edad de jubilación hasta los 67 años para dar viabilidad al sistema.

Cómo se reparte la cotización para la pensión

Uno de los elementos centrales del modelo es la aportación destinada a la pensión nacional sueca. Cada trabajador cotiza un 18,5% de sus ingresos pensionables, distribuido entre dos mecanismos distintos: un 16% se destina a la denominada pensión de ingresos, que funciona mediante cuentas nocionales, y el 2,5% restante se dirige a una pensión de capitalización individual.

Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

En materia de cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En cuanto a los tipos de cotización en España, alcanzan el 28,3% del salario bruto. La empresa cotiza un 23,6% del total y el trabajador el 4,7%. Incluye jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Adicionalmente existe el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que este año es del 0,9 % y sube gradualmente hasta alcanzar el 1,2% a partir de 2029.

Cuentas nocionales

En el sistema sueco, las cuentas nocionales registran las aportaciones de cada trabajador en una cuenta virtual, aunque el dinero no se acumula físicamente en ella. Las cotizaciones de los empleados en activo financian las prestaciones de los pensionistas actuales, mientras que los derechos registrados sirven para calcular la futura pensión de cada cotizante.

El segundo componente introduce una lógica diferente. La parte de capitalización individual permite invertir las aportaciones en instrumentos financieros para generar un ahorro destinado a la jubilación. De este modo, la prestación final combina derechos calculados dentro del sistema público de reparto con el resultado de la inversión individual.

Las pensiones de empresa, un complemento decisivo

Suecia cuenta además con sistemas de pensiones ocupacionales vinculados al empleo, establecidos principalmente mediante acuerdos de negociación colectiva entre sindicatos, empresas y organizaciones patronales.

La extensión de estos planes es uno de sus puntos fuertes: aproximadamente nueve de cada diez trabajadores por cuenta ajena están cubiertos por una pensión ocupacional. Estas prestaciones complementarias permiten elevar los ingresos disponibles durante la jubilación y reducir la dependencia exclusiva de la pensión pública.

La edad de jubilación y la esperanza de vida condicionan la pensión

La sostenibilidad financiera constituye otro de los pilares del sistema sueco. Según el informe, el modelo incorpora mecanismos automáticos para ajustar las prestaciones a la evolución demográfica y económica, incluida la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida para las personas nacidas a partir de 1966.

La cuantía de la pensión también depende de la edad a la que se accede a la jubilación, de la esperanza de vida del grupo de población correspondiente y de la tasa de crecimiento nacional. En términos generales, retrasar la retirada del mercado laboral permite acumular más derechos y repartir la prestación prevista durante un periodo de cobro más corto.

El sistema contempla, además, un mecanismo automático de equilibrio financiero. Si las previsiones indican que los recursos disponibles serán insuficientes para cubrir las prestaciones comprometidas, la revalorización anual puede reducirse. Con ello se pretende evitar que los desequilibrios se acumulen y terminen amenazando la estabilidad del modelo.

El sexto mejor sistema de pensiones del mundo

Los resultados sitúan a Suecia entre los países mejor valorados en materia de jubilación. El Mercer CFA Institute Global Pension Index de 2025 le otorgó 78,2 puntos, suficientes para alcanzar el sexto puesto mundial. En el apartado de sostenibilidad obtuvo 76,3 puntos, mientras que en adecuación de las prestaciones consiguió 76,8.

Los datos de la Agencia Sueca de Pensiones correspondientes a 2024, recogidos en el estudio, ofrecen otra referencia relevante: los nuevos jubilados con ingresos medios recibieron una pensión total equivalente a alrededor del 70% de su último salario. El cálculo incluye tanto la pensión nacional general como la prestación ocupacional, frente al 64% registrado en 2022.

Para el conjunto de nuevos jubilados de entre 63 y 70 años, la mediana de la tasa de sustitución alcanzó el 73%. La diferencia por sexos, sin embargo, persiste: fue del 73% para los hombres y del 68% para las mujeres. Si se considera únicamente la pensión nacional general, la proporción se situó entre el 53% y el 59% del salario final para las personas con ingresos medios.

En tasa de sustitución España gana a Suecia, al situarse entre el 80% y el 85% para carreras completas, una de las más altas de la OCDE.

El retraso de la jubilación eleva los ingresos

El aumento de la tasa de sustitución respecto a 2022 se explica principalmente por las reformas que elevaron las edades de jubilación. Estas modificaciones favorecieron que parte de los trabajadores prolongara su vida laboral, acumulara más derechos y comenzara a cobrar la pensión más tarde.

La experiencia sueca muestra así una de las principales vías para reforzar la sostenibilidad de los sistemas públicos: combinar distintas fuentes de ingresos con reglas que adapten las prestaciones a la evolución económica y demográfica.

Sin embargo, sus resultados dependen también de la trayectoria laboral, los salarios, la cobertura de los planes ocupacionales y la edad elegida para retirarse. El modelo ofrece una referencia internacional, aunque trasladarlo a otros países exige tener en cuenta las diferencias entre sus mercados de trabajo y sus estructuras de protección social, indica el informe.

Un vecino de Puente Genil, en Córdoba, ha denunciado un presunto fraude tras recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Este caso deja al descubierto una estafa telefónica que utiliza la nueva numeración de llamadas comerciales apenas unos días después de su entrada en vigor en España.

Según informó Cordópolis, la persona que llamó se hizo pasar por un empleado de Iberdrola y logró obtener los datos bancarios del denunciante. La información está atribuida por ese medio a la Policía Local de Puente Genil.

El episodio se ha producido después de que el 17 de octubre entrara en vigor el uso obligatorio del rango 400 para determinadas llamadas con fines comerciales. La medida pretende que los consumidores sepan, antes de responder, que la comunicación tiene un propósito de venta o captación de clientes.

Un número que comienza por 400 no acredita la identidad de quien llama

El uso de un número con esa numeración puede generar una sensación de seguridad, pero el prefijo 400 no garantiza que la llamada sea legítima. La Policía Local ha advertido que los delincuentes pueden aprovecharlo para aparentar que contactan en nombre de una empresa conocida.

Este tipo de engaño se conoce como vishing. Consiste en llamadas en las que una persona suplanta la identidad de una compañía de electricidad, una entidad bancaria, una operadora telefónica o cualquier empresa con la que la víctima pueda tener relación. El objetivo es obtener datos personales, claves, información de tarjetas o códigos de verificación.

En el caso difundido desde Puente Genil, el supuesto empleado de Iberdrola habría conseguido los datos bancarios del vecino. No hay información pública sobre cargos, transferencias u otras operaciones posteriores que permitan determinar si existió un perjuicio económico.

La recomendación ante una llamada inesperada es no proporcionar datos sensibles. Las empresas pueden realizar contactos comerciales, pero una petición de claves, contraseñas, códigos enviados por mensaje o información bancaria debe activar las alertas.

El nuevo sistema separa la publicidad de la atención al cliente

Desde el 17 de octubre, las empresas obligadas por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela deben utilizar números de nueve cifras que comiencen por 400 para realizar llamadas comerciales. La numeración está destinada a facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones.

Los números 400 son unidireccionales. El usuario puede recibir una llamada desde esa numeración, pero no devolverla. La medida busca evitar fraudes relacionados con llamadas perdidas o con el intento de que el consumidor contacte con números desconocidos.

Esta serie numérica tampoco está habilitada para gestiones de atención al cliente. Las consultas sobre un contrato, las reclamaciones, las averías o las incidencias deben realizarse mediante números gratuitos 800 y 900, números geográficos o determinados números cortos. La normativa prohíbe el uso de numeración móvil para esos servicios.

Qué hacer si una llamada parece sospechosa

Si una persona afirma llamar desde una eléctrica, un banco o una compañía telefónica, la opción más segura es terminar la conversación y contactar por iniciativa propia con la empresa. Para ello, conviene utilizar el número incluido en una factura, la aplicación oficial o la página web corporativa.

También se recomienda no confiar solo en el identificador que aparece en la pantalla. Los sistemas de suplantación pueden mostrar una numeración que parezca vinculada a una empresa o a una llamada comercial autorizada.

Si ya se facilitaron datos bancarios, el afectado debe llamar de inmediato a su banco, pedir el bloqueo de tarjetas u operaciones que puedan estar comprometidas y revisar los movimientos de la cuenta. También es aconsejable guardar el número desde el que se recibió la llamada, la fecha, la hora y cualquier mensaje relacionado.

Los usuarios que reciban llamadas comerciales desde una numeración distinta de la permitida pueden presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciar el hecho ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El sector del aceite de oliva afronta semanas decisivas. Las cooperativas alertan de que la caída de los precios en origen y el bloqueo de las compraventas están poniendo en peligro los ingresos de los agricultores, mientras el Ministerio de Agricultura mantiene pendiente la activación de un mecanismo para retirar temporalmente parte de la producción. Consideran que la intervención debería haberse puesto en marcha al comienzo de la campaña para evitar un deterioro mayor de las cotizaciones.

La reclamación la ha encabezado Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España y director general de Dcoop. Durante las jornadas técnicas nacionales celebradas este miércoles en Ciudad Real, el responsable ha expresado su malestar por la falta de avances, pese a que el ministro de Agricultura, Luis Planas, había anunciado que se daban las condiciones necesarias para activar la norma de comercialización.

“No entendemos el retraso, la verdad”, ha lamentado Sánchez de Puerta, en declaraciones recogidas por Europa Press, que considera que esperar a disponer de nuevas previsiones de producción ha perjudicado al sector. Agricultura planteó aguardar hasta noviembre para confirmar el volumen de la cosecha, pero las cooperativas defienden que la decisión debía haberse tomado antes, cuando empezaba la campaña.

Un mecanismo para frenar la caída de los precios

La herramienta que reclama el sector está contemplada en la normativa comunitaria y permite regular temporalmente la oferta cuando existen desequilibrios en el mercado. Su aplicación facilitaría la inmovilización de una parte del aceite producido para reducir la presión de la oferta y favorecer una evolución más estable de las cotizaciones.

“Creíamos que era mucho mejor haberlo hecho en octubre cuando empezaba la campaña”, ha señalado el representante de Dcoop. A su juicio, anticipar la medida habría contribuido a contener el descenso de los precios en origen en un momento especialmente delicado para los productores.

El retraso llega, además, cuando las expectativas de una cosecha abundante están condicionando las decisiones de compra. Los operadores temen que el aceite continúe abaratándose y aplazan sus operaciones a la espera de mejores condiciones, una dinámica que agrava la falta de actividad comercial.

El mercado se paraliza ante las expectativas de nuevas bajadas

Sánchez de Puerta ha descrito un escenario en el que las previsiones bajistas están frenando las transacciones, incluso cuando compradores y vendedores necesitan dar salida a sus existencias. “Cuando hay un mercado a la baja, nadie compra, porque todo el mundo piensa: ¿para qué voy a comprar hoy si mañana aspiro a que pueda estar más barato?”, ha explicado.

La falta de operaciones añade incertidumbre a la evolución de las cotizaciones y complica la planificación de las explotaciones, que necesitan ingresos suficientes para afrontar sus costes. Ante esta situación, el dirigente ha recomendado prudencia a los productores y ha cuestionado que se cierren ventas en un mercado sin compradores dispuestos a operar. “En estas circunstancias donde no hay quien compra, no debería de haber nadie vendiendo”, ha manifestado.

Para evaluar la evolución del mercado, las cooperativas consideran imprescindible seguir los datos mensuales de comercialización, tanto en España como en las exportaciones. Estas cifras permitirán comprobar si la demanda absorbe la producción disponible y si las operaciones recuperan el ritmo necesario para estabilizar los precios.

Una cosecha mayor, pero con más presión sobre el agricultor

Las perspectivas de producción explican parte de la preocupación. España afronta la campaña 2026-2027 con una previsión de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, un 23% más que en la campaña anterior, según el primer aforo del Ministerio de Agricultura.

El incremento previsto también será significativo en las principales regiones productoras. Andalucía podría alcanzar los 1,26 millones de toneladas, un 29% más, mientras que Castilla-La Mancha, segunda comunidad productora del país, espera obtener 152.500 toneladas, un aumento del 10%.

Sin embargo, una cosecha mayor no garantiza mejores resultados económicos. Si el incremento de la oferta coincide con una demanda insuficiente y los precios continúan descendiendo, los agricultores pueden encontrarse con mayores volúmenes de producción, pero con ingresos menos favorables por cada kilo de aceite comercializado.

El olivar tradicional, el más expuesto

La presión sobre las cotizaciones afecta de manera desigual a los distintos modelos de explotación. Los olivares intensivos y en seto suelen alcanzar mayores niveles de productividad, mientras que las explotaciones tradicionales de secano afrontan costes que han aumentado considerablemente durante los últimos años.

Esta diferencia deja a los productores tradicionales en una posición más vulnerable cuando el precio del aceite baja. Sus menores rendimientos dificultan repartir los costes entre una mayor cantidad de producción, lo que reduce el margen disponible para mantener la actividad.

Sánchez de Puerta ha advertido de que la combinación de cosecha abundante, descenso de los precios y costes elevados configura una “tormenta perfecta” para numerosos agricultores. El sector espera ahora que el Ministerio concrete si activará el mecanismo de regulación y cuándo lo hará, una decisión que las cooperativas consideran clave para evitar que la nueva campaña se traduzca en otra pérdida de rentabilidad para el campo.

Pero sus afirmaciones no son del todo ciertas. En realidad, un ticket de un pedido de comida no otorga derechos sobre una vivienda ajena, ni impide automáticamente que la Policía intervenga, ni que un juez acuerde el desalojo. Todo depende de las circunstancias de cada caso, especialmente si el inmueble constituye la vivienda habitual de una persona o se trata de una casa que no está habitada.

De hecho, aunque Feijóo haya dicho que “no puede ser que la ley ampare al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y pague su hipoteca”, la legislación española sí contempla mecanismos para proteger a los propietarios y recuperar la posesión de los inmuebles, aun cuando los procedimientos no siempre se resuelven con la misma rapidez.

Allanamiento de morada y qué ocurre si entran en tu vivienda habitual

El ordenamiento jurídico español distingue entre diferentes conductas que se suelen agrupar bajo la palabra “okupación”, aunque sus consecuencias legales no sean iguales. La primera distinción que debe hacerse es entre el allanamiento de morada y la usurpación de un inmueble. Es decir, que entrar sin autorización en la vivienda en la que reside una persona no es lo mismo que ocupar un piso vacío que no constituye morada de nadie. Y tampoco son idénticas las actuaciones que pueden llevarse a cabo para recuperar el inmueble.

El artículo 202 del Código Penal regula el delito de allanamiento de morada, que castiga con penas de prisión de seis meses hasta cuatro años de máxima a quien, sin habitar en ella, entre en una morada ajena o permanezca en ella contra la voluntad de su morador. La norma protege la inviolabilidad del domicilio y la intimidad de quienes lo habitan. Aquí lo importante es la relación de la vivienda con la vida privada de sus moradores y las circunstancias concretas de los hechos.

Si una persona vuelve del supermercado y descubre que alguien ha entrado sin permiso en su domicilio, puede llamar a la Policía o a la Guardia Civil y denunciar lo ocurrido. Los agentes deberán valorar la situación y las pruebas disponibles. Cuando existen indicios de un delito flagrante, los agentes pueden actuar de inmediato sin esperar a que termine un procedimiento judicial de desahucio.

Sin embargo, no todos los casos se resuelven en el momento. La actuación dependerá de las circunstancias, de la información que puedan comprobar los agentes y de si existen elementos que permitan acreditar la comisión del delito. Si los hechos no están claros y no se puede llegar a una conclusión inmediata, puede ser necesaria la intervención judicial.

Una vivienda vacía plantea otro escenario

Algo distinto ocurre cuando se trata de una vivienda que no constituye morada. En estos casos puede entrar en juego el artículo 245.2 del Código Penal, que castiga con una multa de tres a seis meses a quien ocupe sin autorización un inmueble ajeno que no constituya morada o permanezca en él contra la voluntad de su titular.

Aquí el bien jurídico no es el mismo. Mientras que el allanamiento afecta a la inviolabilidad de la morada, la usurpación protege la posesión y el disfrute pacífico del inmueble. Por eso, no basta con afirmar que alguien ha entrado en una casa, sino que hay que determinar qué tipo de inmueble es, cómo se produjo la entrada y qué circunstancias concurren.

Cuando se trata de una vivienda vacía, la recuperación de la posesión puede exigir actuaciones judiciales, y el tiempo necesario dependerá de las pruebas, la identificación de los ocupantes, las circunstancias del procedimiento o de las decisiones que adopte el juzgado, entre otros factores.

Pagar un recibo tampoco da derecho a quedarse en la vivienda

Y, en el caso de que lo que se pague en la vivienda sean los recibos de luz, gas o agua, tampoco convertiría una ocupación ilegal en legítima. Abonar las facturas del propietario o contratar los suministros a nombre del ocupante no equivale a disponer de un contrato de alquiler ni acredita, por sí solo, que exista autorización para residir en el inmueble.

La Fiscalía General del Estado, en su Instrucción 1/2020 publicada en el Boletín Oficial del Estado, abordó esta cuestión y recuerda que para apreciar el delito de usurpación debe concurrir la ausencia de un título jurídico que legitime la posesión, entre otros requisitos, además de contemplar la posibilidad de solicitar el desalojo cautelar cuando existan indicios sólidos de delito. Por tanto, pagar los suministros no constituye a ese título ni impide automáticamente que se solicite el desalojo.

En el caso de que exista un contrato de alquiler u otra autorización válida y surja después un conflicto entre las partes, la relación jurídica deberá analizarse para determinar el procedimiento adecuado para recuperar la vivienda. Pero ni los recibos de suministros ni el justificante de un pedido de comida garantizan al ocupante que pueda permanecer durante años en el inmueble.

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha sembrado las dudas sobre si la subida salarial de los funcionarios prevista para 2027 se llevará a cabo y, si es así cuándo, se aprobará si antes o después de los comicios. Para solventar la duda, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo cumplirá el acuerdo alcanzado con los sindicatos y que los empleados públicos volverán a ver aumentar sus nóminas a partir del próximo 1 de enero. Sin embargo, ha evitado precisar si la medida se aprobará antes o después del 29 de noviembre.

“Corresponderá al Gobierno anunciarlo cuando proceda”, ha afirmado López, que ha defendido la vigencia del pacto firmado con las organizaciones sindicales. El ministro ha insistido en que el compromiso adquirido incluye nuevas mejoras retributivas durante los próximos ejercicios y que el calendario acordado sigue en pie.

Durante la inauguración de la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise), celebrado en León, el titular de Función Pública ha recordado que el acuerdo abarca cuatro años y establece incrementos escalonados hasta 2028. “Eso es lo que acordamos con los sindicatos. Quiero recordar que hicimos un acuerdo a cuatro años, era 2025, 2026, 2027, 2028, por lo tanto, para el año que viene se aplicará esa subida”, ha apostillado.

Un incremento que puede alcanzar el 5%

La subida prevista para el próximo ejercicio será del 4,5% fijo, pero el aumento total podría llegar al 5% si se confirma el componente adicional ligado a la inflación de 2026. Ese medio punto extra forma parte de las condiciones pactadas para este año y depende de que el índice de precios de consumo (IPC) iguale o supere el incremento fijo del 1,5% ya aplicado a los salarios públicos.

Según las previsiones recogidas en el acuerdo, ese escenario parece probable. De cumplirse, el 0,5% adicional se abonaría durante el primer trimestre de 2027 y tendría efectos retroactivos. De este modo, los trabajadores públicos recibirían el ajuste correspondiente a 2026 una vez iniciado el próximo año, además del incremento previsto para 2027. La suma de ambos conceptos situaría la mejora salarial del próximo ejercicio en el 5%.

La confirmación del compromiso se produjo después de que el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se reuniera este martes con CSIF, CCOO y UGT. En ese encuentro, el departamento trasladó a las organizaciones sindicales que la subida del 4,5% desde el 1 de enero de 2027 se mantiene conforme a lo acordado en noviembre. La reunión sirvió para ratificar el calendario retributivo, en un momento en el que los sindicatos reclaman garantías sobre su cumplimiento.

Así se repartirán las subidas hasta 2028

El pacto salarial suscrito por el Gobierno y los representantes de los empleados públicos contempla un aumento acumulado del 11% entre 2025 y 2028. La distribución se diseñó para repartir la mejora a lo largo de cuatro ejercicios e incorporar una parte variable condicionada por la evolución de los precios.

En concreto, el acuerdo fijó una subida del 2,5% para 2025 y un incremento fijo del 1,5% para 2026, al que puede añadirse el medio punto vinculado al IPC. Para 2027 está previsto un aumento del 4,5%, mientras que en 2028 se aplicará otro 2%. La suma de los porcentajes pactados alcanza el 11%, aunque el importe definitivo que perciba cada trabajador dependerá de las condiciones de aplicación y de los ajustes que correspondan.

Para más de tres millones de empleados públicos, la cuestión inmediata será comprobar cómo se reflejarán estas cantidades en las nóminas y cuándo se abonará el componente pendiente de 2026.

Recuperar las pagas extra recortadas en 2020

Por su parte, ocho organizaciones sindicales han reclamado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre que incluyan en sus programas electorales la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias recortadas a los empleados públicos desde 2010. Los sindicatos exigen, además, compromisos concretos sobre los plazos y las modificaciones normativas necesarias para hacer efectiva esta medida.

La petición se ha formalizado mediante una carta firmada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el sindicato independiente ANPE y el Sindicato Unificado de Policía.

En el escrito, las organizaciones recuerdan que la eliminación de esta parte de las pagas extraordinarias se aplicó en 2010 como una medida excepcional para hacer frente a la crisis económica. Sin embargo, 16 años después, consideran que el recorte se ha convertido en permanente, pese a que las circunstancias que motivaron su adopción han cambiado.

Los sindicatos subrayan que la recuperación de estas retribuciones no debe entenderse como una mejora salarial ni como un privilegio, sino como la restitución de una parte del salario que continúa recortada. A su juicio, esta situación ha contribuido a una importante pérdida de poder adquisitivo entre los empleados públicos durante los últimos años. Por ello, reclaman a los partidos que aclaren su posición sobre esta reivindicación y que, si respaldan la recuperación, concreten cuándo y cómo la llevarían a cabo.

Cuando bajan las temperaturas, encender la calefacción supone, como cada año, añadir un gasto más al presupuesto de los hogares españoles. Calentar una vivienda puede costar hasta 1.283 euros este invierno, según una estimación de Roams para una casa unifamiliar -ubicada en el interior penisular- con calefacción de gas y una tarifa del mercado libre.

La diferencia entre familias puede superar los 1.000 euros. Un piso de la zona mediterránea con calefacción eléctrica y tarifa regulada tendría un gasto estimado de 245 euros en el mismo periodo, que abarca desde la segunda mitad de octubre hasta finales de marzo.

La cifra dependerá de dónde se viva, del tipo de vivienda, de la energía utilizada y del contrato. El estudio sitúa el gasto medio en 741,61 euros para los hogares con calefacción de gas y en 511,83 euros para los que usan sistemas eléctricos. Son cálculos elaborados con consumos medios y precios de referencia.

Vivir en una casa del interior de España eleva el gasto

El tipo de vivienda explica parte de la diferencia en el desembolso final. El gasto medio estimado de calefacción con gas ronda los 421 euros en los pisos y se acerca a 779 euros en las viviendas unifamiliares, un 84% más. En los sistemas eléctricos, el cálculo pasa de unos 252 euros en los pisos a 552 euros en las casas unifamiliares.

También influye el clima. La clasificación empleada en el estudio sitúa a la zona continental como la de mayor gasto medio: 697 euros para quienes se calientan con gas y 488 euros para los hogares con electricidad. En la zona atlántica, las cifras bajan a 599 y 416 euros, respectivamente; en la mediterránea, a 504 y 304 euros.

La diferencia refleja que los hogares de las provincias interiores necesitan más energía para mantener una temperatura confortable durante los meses fríos. A ello se suma que una vivienda unifamiliar suele requerir más calefacción que un piso, aunque el resultado final depende también del aislamiento y de los hábitos de cada hogar.

La tarifa contratada es clave

La tarifa contratada es otro de los elementos que cambian la factura estimada. El precio del consumo de gas utilizado en el cálculo es de 0,050427 euros por kWh en el mercado regulado y de 0,08588 euros por kWh en el libre.

La diferencia se aprecia, sobre todo, en un piso de la zona interior. Con IVA, el gasto estimado sería de 524,04 euros con la tarifa regulada, frente a 797,50 euros con una oferta del mercado libre. Son 273,46 euros más por el mismo consumo de calefacción.

En una vivienda unifamiliar de la zona atlántica, la diferencia sube a 433,28 euros: de 839,92 euros en el mercado regulado a 1.273,20 euros en el libre, según el estudio de Roams.

En electricidad, la brecha entre las opciones analizadas es menor. La estimación sitúa el gasto medio de la tarifa regulada en 502,12 euros y el de una tarifa estable del mercado libre en 521,54 euros.

La estimación no sustituye a la factura de cada hogar

El cálculo utiliza consumos medios de calefacción recogidos en los informes SPAHOUSEC I y II del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). También incorpora precios de energía, términos fijos e impuestos aplicados en las tablas.

La factura real puede alejarse de esas referencias. Los metros de la vivienda, su aislamiento, las horas de uso, la temperatura elegida, la potencia contratada y las condiciones particulares de cada tarifa determinarán cuánto terminará pagando cada familia durante el invierno.

La propuesta incluye bonificaciones en el impuesto sobre la renta durante los primeros cuatro años de cotización, una “hucha hogar joven” con ventajas fiscales, avales de hasta el 100% del valor de la primera vivienda y una rebaja del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA para compradores de hasta 40 años.

Feijóo ha asegurado que un joven que compre una vivienda de 250.000 euros “tras cinco años de trabajo” podría ahorrar hasta 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos para formalizar la hipoteca. El líder del PP ha definido ese conjunto de incentivos como “la mayor ayuda de la Hacienda pública española en la historia democrática de nuestro país”.

Incentivos para renovar contratos de alquiler

El líder popular ha planteado deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que renueven sus contratos de alquiler por un plazo de hasta tres años, siempre que las subidas de renta queden por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Según ha expuesto, el propietario recibiría un incentivo en el impuesto sobre la renta y el inquilino podría desgravar una parte de la renta en función de sus ingresos.

Feijóo ha defendido que la medida tendría carácter transitorio, hasta que el aumento de la construcción permita aliviar la falta de oferta. “Es compatible dar seguridad jurídica a los propietarios y proteger al inquilino”, ha afirmado durante su intervención en Sevilla.

Desahucios ejecutados en 48 horas

El presidente del PP también ha prometido que, si gobierna, los ocupantes ilegales de viviendas “estarán fuera en 48 horas”. Feijóo ha justificado la medida “por razón de justicia” y ha afirmado que “no puede ser que la ley ampare al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y paga su hipoteca”.

El dirigente popular ha vinculado esa propuesta con el mercado del alquiler. “Cuando el propietario se siente seguro, alquila y se fía del inquilino”, ha sostenido. “Más seguridad supone más pisos en alquiler y más pisos en alquiler supone mejores precios para los inquilinos”, ha asegurado.

Promete llevar a cabo tres leyes en los primeros 100 días

Feijóo ha asegurado que remitirá al Parlamento tres proyectos legislativos durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno: una ley del suelo, una ley contra la okupación y una reforma de la ley de propiedad horizontal. “Cien días, tres proyectos legislativos”, ha defendido.

El líder del PP ha afirmado que esas iniciativas ya están preparadas y ha acusado a la Mesa del Congreso de impedir la tramitación de una ley antiocupación aprobada por el Senado. También ha anunciado que la primera Conferencia de Presidentes de su mandato tendría como único punto del orden del día un plan nacional de vivienda, con participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este sentido, el dirigente popular ha ligado ese compromiso a la ejecución de sus medidas. “Si dentro de cuatro años no lo he cumplido, no me voten ustedes”, ha declarado.

El PP atribuye la crisis de vivienda a la falta de oferta

Para aumentar la oferta residencial, Feijóo ha anunciado una modificación urgente de la ley del suelo y ha defendido que se simplifiquen los trámites urbanísticos. Su propuesta contempla instaurar el silencio administrativo positivo para determinados permisos: “Aquel ayuntamiento que no dé una licencia en 90 días se entiende concedida”, ha asegurado.

El líder del PP ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del deterioro del acceso a la vivienda. Según su diagnóstico, en España se crean 240.000 hogares cada año, mientras se finalizan menos de 100.000 viviendas nuevas, una diferencia que, a su juicio, ha dejado “un déficit acumulado cercano a un millón de viviendas”.

Feijóo ha cifrado en un 45% el incremento del precio de los alquileres y en un 74% la subida del coste de compra. “La vivienda en España ha subido un 31% más de lo que han subido los salarios”, ha afirmado. También ha cuestionado que el Ejecutivo haya incrementado la recaudación fiscal, recibido fondos europeos y elevado la deuda pública sin impulsar, según ha sostenido, más vivienda pública.

El acto, celebrado en el restaurante Abades Triana, también ha servido para confirmar que Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, encabezará la candidatura popular al Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Con estas cifras sobre la mesa, la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán elevó su objetivo de crecimiento del beneficio neto ajustado para todo 2026 a al menos el 10%, frente al más del 8% que manejaba hasta ahora. La compañía apunta así a cerrar el año con ganancias récord de alrededor de 6.900 millones de euros, por encima del récord de 6.231 millones de euros que había alcanzado en 2025. Iberdrola se propone además mantener ese ritmo de crecimiento anual medio del 10% en el beneficio neto ajustado durante los próximos cinco años.

Las redes impulsan el resultado operativo

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 11.890,6 millones de euros al cierre de septiembre, un 7,5% más, con la aceleración del negocio de redes como principal motor. Sin el efecto del tipo de cambio, que restó 36,1 millones de euros, ese Ebitda ajustado habría crecido un 7,8%.

En términos reportados, sin embargo, el Ebitda cayó un 0,7%. Pesaron el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, por 530 millones de euros, y la venta de los contadores inteligentes en Reino Unido, por 382 millones de euros, ambos registrados en 2025. Los ingresos del grupo en los nueve meses sumaron 34.405 millones de euros, frente a los 31.871 millones del mismo periodo del año anterior, un incremento del 8%.

Inversiones por encima de 10.000 millones de euros

Iberdrola elevó sus inversiones un 13% hasta los 10.087 millones de euros entre enero y septiembre. Cerca del 75% de ese monto se destinó a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, los tres mercados prioritarios de su estrategia de electrificación.

Las redes concentraron el grueso del esfuerzo inversor: 6.277 millones de euros, un 28% más, que equivalen al 62% del total invertido por la compañía. Como consecuencia, los activos regulados de redes (RAB) crecieron un 14%, hasta los 56.000 millones de euros, con un avance del 31% en el segmento de transporte.

Más de 3.000 megavatios nuevos en renovables

El área de Generación y Clientes recibió 3.600 millones de euros de inversión, de los cuales 3.257 millones se dirigieron a energías renovables. Esos recursos se concentraron principalmente en eólica terrestre y marina, con más del 80% del total repartido entre Estados Unidos, Reino Unido, Europa continental y Australia.

Con ese impulso, Iberdrola sumó unos 3.300 megavatios instalados en los últimos doce meses, dentro de un plan que contempla llegar a 15.000 megavatios nuevos para 2030.

La combinación de mayor inversión en redes, crecimiento en renovables y la plusvalía por la salida de México explica el nuevo objetivo de la compañía: cerrar el año con un beneficio neto ajustado cercano a los 6.900 millones de euros, una cifra que superaría el récord alcanzado en 2025.

La noticia de que los dirigentes del PP se están planteando desinvertir el dinero que el Estado tiene en empresas que cotizan en el Ibex 35 si gana las próximas elecciones —publicada por ABC— puede beneficiar a las empresas y a los inversores, señalan los analistas, pero siempre que la desinversión sea selectiva, gradual y transparente basada en criterios económicos y estratégicos verificables y no en compromisos políticos.

Actualmente, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, mantiene participaciones en Telefónica (10%), Indra (28%), Redeia (20%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), IAG (2,52%) y Talgo (7,8%). A estas se suman otras participaciones estatales como las canalizadas a través del FROB o de Enaire.

Sin embargo, no todas estas compañías serían candidatas a una desinversión por parte del Estado. Ebro Foods, IAG o Talgo podrían serlo por operar en mercados competitivos, mientras que la medida plantearía más dificultades en empresas como Telefónica, por su importancia en las telecomunicaciones y la seguridad nacional. Algo similar sucede con Indra, por su vinculación con Defensa, y con Redeia y Enagás, por su papel en infraestructuras energéticas esenciales. Además, en Redeia existe una obligación legal de mantener una participación pública mínima del 10%. Airbus también constituye un caso particular por los acuerdos accionariales con Francia y Alemania, que dificultarían una salida unilateral del Estado español.

Por ello, si finalmente el nuevo Gobierno optara por desinvertir en estas cotizadas, la operación debería analizarse caso por caso. “No tendría que ser una privatización indiscriminada, sino de una revisión empresa por empresa, distinguiendo las participaciones de naturaleza esencialmente financiera de aquellas que responden a intereses estratégicos justificados”, afirma Antonio Castelo, analista de iBroker. El experto incide en que “la incógnita es conocer qué empresas considera realmente prescindibles el PP, qué porcentajes estaría dispuesto a vender y cuáles mantendría bajo alguna forma de participación pública”.

El papel “intervencionista” de la SEPI

Los analistas recuerdan que, en los últimos años, la SEPI ha asumido un papel “cada vez más intervencionista” en las decisiones estratégicas y los nombramientos de las cotizadas en las que participa. Como ejemplo, citan la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra al frente de Telefónica. Estas actuaciones “introducen incertidumbre política que los inversores pueden penalizar mediante mayores primas de riesgo y menores valoraciones bursátiles”, sostiene Castelo.

Por ello, el analista considera necesario distinguir entre proteger los intereses estratégicos del país y participar directamente en la gestión empresarial. En este sentido, afirma que “el Estado dispone de instrumentos regulatorios y legales para defender esos intereses sin necesidad de convertirse sistemáticamente en accionista”.

En la misma línea se pronuncia Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo y doctor en Economía. Reconoce que hay sectores estratégicos que requieren una “supervisión especial”, pero eso no significa que el Estado “deba ser accionista”. A su juicio, se puede garantizar el interés general mediante una regulación adecuada sin necesidad de participar en el capital.

Ingresos cercanos a los 6.000 millones

La desinversión también permitiría al Estado obtener ingresos extraordinarios, aunque los analistas advierten de que su impacto presupuestario sería limitado. Los recursos obtenidos podrían destinarse a reducir la deuda pública o a financiar otras prioridades, si bien habría que tener en cuenta tanto el precio de venta como los dividendos futuros que dejarían de percibirse.

Para Guivernau, sería “una oportunidad para mejorar la eficiencia económica y reducir la deuda pública”. El economista defiende que el Estado tiene miles de millones de euros invertidos en empresas que pueden funcionar perfectamente sin participación pública. La venta de esas acciones permitiría “liberar recursos, reducir el coste de la deuda y favorecer que las decisiones empresariales respondan a criterios de rentabilidad y competitividad, en lugar de a intereses políticos”.

Javier Cabrera, analista de XTB, sostiene que la venta de las acciones no generaría un capital “reseñable” para las arcas públicas ni modificaría sustancialmente el presupuesto español.

“Groso modo, y si nos fijamos en las acciones en posesión de la SEPI, tenemos un valor de algo más de 12.000 millones de euros. Sin embargo, si quitamos del cálculo el valor de la participación en Airbus, que es muy improbable su venta, hablamos de casi 6.000 millones. Además, si la SEPI pone en venta esas acciones, es posible que tenga que hacerlo con descuento en el caso de algunas empresas. Por ello, eliminando a Airbus de la ecuación, esto no cubriría ni el incremento previsto en pensiones para el 2027, que se estima en unos 8.400 millones de euros según cálculos de Funcas”.

Beneficios para las empresas y los accionistas

El impacto de una eventual desinversión sería desigual dependiendo de cada compañía. Guivernau considera que, a corto plazo, una venta importante de acciones podría generar “cierta” presión sobre las cotizaciones. Sin embargo, una salida ordenada del Estado podría atraer nuevos inversores y favorecer una gestión empresarial más independiente. En palabras del economista: “Para las compañías significaría una mayor orientación hacia la rentabilidad, la competitividad y la creación de valor, aunque esos resultados dependerían también de la calidad de su gestión”.

Castelo también defiende que una retirada ordenada podría aumentar el capital flotante, mejorar la liquidez y reforzar la percepción de independencia empresarial. No obstante, advierte que “ventas precipitadas o de grandes paquetes accionariales podrían presionar temporalmente las cotizaciones, especialmente si los inversores exigen descuentos para absorberlos”.

El analista de iBroker también reconoce los riesgos asociados a la retirada de un accionista estable como el Estado. Su salida podría facilitar operaciones corporativas no deseadas o la entrada de inversores con intereses contrarios a los estratégicos del país.

Por su parte, Cabrera advierte que la desinversión podría tener un efecto negativo sobre las cotizaciones, aunque su impacto variaría según la empresa. “En las empresas donde el peso de la SEPI es mayor podemos esperar un mayor impacto en bolsa”, afirma.

Un balance favorable

Pese a estos riesgos, los analistas coinciden en que la medida planteada por el PP puede resultar favorable en términos generales, siempre que el Estado mantenga participaciones en aquellas empresas donde existan razones estratégicas suficientemente justificadas, como la defensa, la seguridad nacional o determinadas infraestructuras críticas. En las compañías que compiten en mercados abiertos, sostienen que las decisiones deberían responder fundamentalmente a criterios de rentabilidad, eficiencia y creación de valor, evitando interferencias políticas que puedan perjudicar al conjunto de los accionistas.

En este sentido, Castelo defiende que “el Estado debe ser, ante todo, un regulador eficaz y garante del interés general, no un accionista que condiciona la gestión empresarial según las prioridades del Gobierno de turno. Y cuando decida mantener una participación, debería justificar su coste, sus objetivos y los resultados que espera obtener”, recalca.

Cabrera, por su parte, subraya que se trata de una medida que puede aportar transparencia o transmitir un mensaje favorable a una economía con menos intervención estatal, aunque cree que “hay otras formas más eficaces de hacerlo”.

Guivernau también opina que la propuesta tiene argumentos económicos favorables, siempre que se ejecute a precios adecuados y sin precipitación: “No tiene demasiado sentido mantener recursos públicos inmovilizados en empresas que pueden financiarse y competir por sí mismas”.

España cuenta con una ventana de oportunidad histórica para atraer inversión industrial, según el análisis del economista José Carlos Díez. En su cuenta de X, Díez sostiene que “Alemania está perdiendo competitividad industrial y España tiene una oportunidad histórica”, una posibilidad que atribuye a los menores costes laborales y energéticos españoles. El economista acompaña ese diagnóstico de dos advertencias: “Nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”.

El planteamiento de Díez encuentra respaldo en un estudio de la aseguradora de crédito Coface. Según ese análisis, la producción manufacturera española ya superó los niveles registrados antes del conflicto en Ucrania, mientras Alemania e Italia continúan por debajo de esa referencia. La economista Laurine Pividal, autora del estudio, explicó que los costes laborales por hora en la industria española se situaron en 2025 un 43% por debajo de Alemania y un 40% por debajo de Francia, una diferencia que “permite a España seguir siendo especialmente competitiva” al compensar el déficit de productividad del país frente a sus vecinos europeos.

El informe de Coface matiza, sin embargo, que esa ventaja resulta frágil: entre 2022 y 2025 los costes laborales españoles aumentaron un 14%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras la productividad avanzó a un ritmo cercano al 4%. La diversificación hacia sectores de alto valor añadido, como el farmacéutico y la electrónica, junto con la menor dependencia del gas gracias al despliegue renovable, explica buena parte de la resiliencia industrial española frente a Alemania e Italia, ambas más expuestas a la automoción y la metalurgia.

La industria alemana atraviesa un ajuste estructural

El trasfondo del diagnóstico de Díez se apoya en el deterioro que atraviesa la base industrial alemana. Un estudio del Instituto Ifo, y recogido por Reuters, documentó que la industria alemana perdió 496.000 puestos de trabajo entre 2019 y finales de 2025, una caída del 7,1% concentrada sobre todo en la automoción, la metalurgia y la maquinaria, los tres sectores que durante décadas sostuvieron el liderazgo exportador del país.

Joachim Ragnitz, director gerente del Ifo, atribuyó ese ajuste a la pérdida de competitividad frente a China y advirtió de que los nuevos empleos generados en el sector servicios no compensan la pérdida de valor añadido industrial. “La economía puede mantener elevados niveles de ocupación y, simultáneamente, perder parte de su potencial de crecimiento”, señaló el experto. Esa transformación estructural es, en términos de Díez, lo que abre una posibilidad concreta para que España capte inversión que antes se dirigía al mercado alemán.

La red eléctrica, el obstáculo que señala Díez

La advertencia del economista sobre la falta de capacidad eléctrica coincide con datos recientes sobre el estado de la red española. Red Eléctrica comunicó el 1 de octubre que había concedido 18,52 gigavatios de capacidad de acceso a la red de transporte para nuevas demandas, de los cuales 11,05 gigavatios correspondían a instalaciones aún sin poner en servicio. En el segmento industrial, la compañía registraba 5.838 megavatios de capacidad adjudicada frente a 4.346 megavatios ya operativos, una diferencia que mide la distancia entre el permiso otorgado y la planta que efectivamente produce.

Un informe del Foro Industria y Energía y la consultora Opina 360, divulgado en septiembre, ofrece una radiografía más amplia del problema: el 86,5% de las subestaciones de acceso a la red española está saturado, lo que deja apenas 826 nudos libres de los 6.127 que operan en el sistema. La capacidad disponible cayó 282 megavatios en seis meses, hasta 7.118,6 megavatios, pese a que el Real Decreto-ley 7/2026 introdujo en marzo un mecanismo para penalizar a los promotores que reservan capacidad sin iniciar actividad.

El problema ya genera consecuencias concretas. En la III Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunitat Valenciana, celebrada el 14 de octubre, Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO Logística), denunció que “hay proyectos que han abandonado implantarse en España porque no les podemos garantizar plazo eléctrico, no les podemos garantizar potencia”. Según los datos expuestos en ese encuentro, nueve de cada diez solicitudes de acceso y conexión a la red son rechazadas en la Comunidad Valenciana, donde el 91% de los nudos analizados está saturado.

Un plan de inversión busca destrabar la expansión de la red

Frente a ese diagnóstico, el Gobierno español prepara una ampliación de la infraestructura eléctrica. El Ejecutivo presentó una propuesta de inversión de más de 17.000 millones de euros para modernizar la red de transporte, una cifra 3.400 millones superior a la primera versión del plan y más del doble de los 8.200 millones previstos en la planificación vigente. El proyecto contempla 6.700 kilómetros de nuevas líneas y busca atender la acumulación de solicitudes de proyectos industriales, tecnológicos y de vivienda.

Coface apunta además a una posible ventana adicional hacia el final de la década: Alemania podría eliminar en 2030 las subvenciones que actualmente otorga a las industrias con alto consumo energético, un cambio que, combinado con la inversión española en infraestructura eléctrica, podría reforzar la posición competitiva de España. En paralelo, Díez propuso en otra publicación identificar y acompañar a los empresarios españoles innovadores, sin necesidad de subvenciones directas, una idea que suma a la discusión sobre competitividad industrial una dimensión que ya no se limita a comparar costes, sino a la capacidad de cada país para ejecutar los proyectos que esos costes podrían atraer.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de los combustibles en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,939 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,545 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,839 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,885 euros el litro

Precio mínimo: 1,667 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,025 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,879 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,004 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,899 euros el litro

Precio mínimo: 1,575 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,905 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,857 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,899 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Cobrar el salario mínimo interprofesional no garantiza recibirlo íntegro a final de mes si trabajas recogiendo aceituna. “Lo que se aplica es salario día”, explica José Hurtado, secretario general de CCOO Industria Andalucía.

En los contratos temporales de hasta 120 días con la misma empresa, el mínimo legal asciende a 57,82 euros brutos por día, pero una semana de lluvia puede dejar el salario mensual por debajo de 900 euros antes siquiera de descontar transporte, alquiler o cotizaciones.

Una persona que completara 20 jornadas cobraría 1.156,40 euros brutos. Si una semana laborable de cinco días se pierde por la meteorología y solo logra trabajar 15 jornadas, la cifra baja a 867,30 euros, antes de descontar transporte, alquiler o cotizaciones. “Cobran cuando trabajan, cuando no trabajan, no cobran”, resume Hurtado.

Las organizaciones agrarias han advertido de dificultades para reunir cuadrillas durante la recolección. CCOO sostiene que esa dificultad está ligada a campañas cortas, ingresos inestables y pocas ayudas para quienes deben desplazarse.

Menos protección para quienes enferman o se lesionan

La irregularidad de las jornadas no solo condiciona la nómina de cada mes. También puede reducir la protección de quienes enferman o sufren una lesión durante la campaña.

Hurtado sostiene que una persona que no haya acumulado suficiente cotización antes de una baja puede recibir una prestación muy reducida. “Si no tiene las cotizaciones de los 120 días, lo mismo empieza a cobrar cuatro o cinco euros por día de baja”, afirma.

Según CCOO, depender de jornadas cortas y discontinuas dificulta acumular cotización suficiente para recibir una prestación por incapacidad temporal que permita sostener los ingresos durante una baja, a diferencia de otros empleos de mayor duración y con ingresos mensuales más estables.

El salario mínimo ha reducido las diferencias entre categorías

Hurtado sitúa otro problema en los convenios provinciales del campo. En provincias como Córdoba, Málaga o Sevilla, la campaña de aceituna queda bajo convenios generales que también regulan otras tareas agrícolas, desde la siembra hasta la recolección de productos distintos.

“El salario mínimo interprofesional se ha comido, de forma generalizada, todas las categorías”, sostiene. Según CCOO, las tablas salariales no siempre distinguen de forma suficiente entre un peón de recogida y un trabajador que maneja vibradores u otra maquinaria. Esa falta de diferenciación dificulta atraer perfiles cualificados, explica el representante sindical.

Por su parte, Jaén cuenta con un convenio más ligado al olivar y con salarios superiores, recuerda Hurtado, mientras que en otras provincias se aplica el convenio general del campo.

El fijo discontinuo puede funcionar como una “bolsa de empleo”

El contrato fijo discontinuo debería aportar continuidad a quienes regresan cada campaña a la misma explotación. Para ello, CCOO defiende que el llamamiento siga reglas claras, como la antigüedad.

Hurtado considera que esta figura se ha “contaminado” en parte del sector. “El fijo discontinuo en lo que se ha convertido es como en una bolsa de empleo”, afirma. Según el sindicato, si no existe un orden de llamamiento definido, el contrato puede operar como una lista de trabajadores de la que la empresa elige en función de sus necesidades en cada campaña.

“Cuanto más flexible sea el llamamiento, menos sentido tiene el fijo discontinuo”, añade. CCOO alerta de que esa flexibilidad puede reducir la seguridad de quien espera volver a trabajar al año siguiente, pese a tener un contrato fijo.

Buscar vivienda “para un mes y medio” corre por cuenta del trabajador

La duración limitada de la campaña añade otro obstáculo para quienes se desplazan. Hurtado calcula que la recogida suele ofrecer contratos “de un mes o, como mucho, un mes y medio”. Quien llega desde otra provincia debe asumir el viaje, el combustible y, en muchos casos, el alquiler temporal.

“Si alguien se tiene que desplazar de una provincia a otra, pues tiene que ser por sus propios medios”, señala el responsable sindical. “El empresario no tiene obligación de cubrirle dónde vivir en el periodo de la campaña”.

Esta realidad contrasta con la Orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO). Este modelo regula la contratación colectiva de personas que no residen en España y, en los programas de migración circular, obliga a la empresa a garantizar alojamiento durante todo el periodo de actividad.

Esa garantía no se extiende a quienes ya viven en España y se desplazan desde otra provincia para recoger aceituna durante unas semanas. Hurtado compara esta situación con la vendimia francesa: “Por eso se va la gente a Francia, en vendimia, porque se le pone vivienda y se le pone un salario que está por encima del nuestro”.

La ruptura con una pareja violenta no siempre termina cuando se pone fin a la relación. Para algunas madres que crían solas, también supone perder la vivienda compartida y empezar a rotar por alojamientos temporales: la casa de un familiar, una habitación realquilada, una pensión o un hotel de emergencia. Esta precariedad habitacional de las familias monomarentales se analiza en un estudio reciente de Esade que identifica las separaciones en contextos de violencia entre los detonantes más frecuentes de la pérdida de vivienda.

La investigación, elaborada con Fundació Hàbitat3 y Fundació Habitatge Social, recoge 48 entrevistas a mujeres que sostienen solas sus hogares. Entre todas tienen 86 hijos. El trabajo no permite calcular cuántas madres atraviesan esta situación en el conjunto de Cataluña o España, pero describe cómo se cruzan la precariedad laboral, los cuidados, la violencia machista, la migración y la falta de vivienda asequible.

La mayoría de las entrevistadas no pasan de la vivienda compartida directamente a la calle. Antes pasan por una cadena de soluciones temporales que evita el desamparo más visible, aunque no garantiza un hogar seguro. El estudio denomina a esa realidad como sinhogarismo oculto: familias que no figuran necesariamente en los recuentos de personas sin hogar, pero encadenan estancias sin contrato, recursos de emergencia y convivencias forzadas.

Sin casa y sin margen para pagar un alquiler

La separación puede suponer también la pérdida de la aportación económica de la pareja, asumir sola el cuidado de los hijos y buscar una vivienda en un mercado que exige ingresos estables, fianzas y garantías. El informe recoge que la violencia aparece en una parte significativa de los relatos, a través de agresiones denunciadas, violencia económica y emocional o experiencias de estigmatización en los servicios públicos.

El problema se agrava cuando la madre depende de empleos con salarios bajos o jornadas irregulares. Solo una de cada tres entrevistadas tenía un contrato formal. El 66,7% estaba fuera del empleo regulado: el 33,3% se encontraba en paro, el 31,3% trabajaba en la economía informal y el 2,1% estaba en situación de incapacidad.

Los sectores a los que acceden muchas de ellas -limpieza, cuidados, servicio doméstico, hostelería y comercio- suelen ofrecer horarios incompatibles con la entrada y salida del colegio. Una madre sola no puede ampliar jornada si no dispone de una escuela infantil, actividades extraescolares o una red familiar que se haga cargo de sus hijos. La conciliación, por tanto, condiciona los ingresos y, con ellos, la posibilidad de mantener un alquiler.

La presión del mercado deja poco margen. El informe sitúa el precio medio del alquiler en Barcelona en 1.087 euros mensuales en 2025 y calcula que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compra o alquiler ronda el 46% de la renta familiar, muy por encima del 30% considerado asumible.

Las habitaciones y pensiones ocultan una crisis que no aparece en la calle

Las experiencias recogidas por Esade muestran un patrón repetido: una vivienda perdida tras una ruptura o un impago, una estancia con familiares o amistades, una habitación realquilada, una pensión, un hotel pagado por los servicios sociales o un recurso de urgencia. Después puede llegar un piso de alquiler social o, si no hay alternativa, una okupación.

La calle aparece como una amenaza, pero rara vez como el desenlace definitivo. No significa que exista una solución estable, sino que las madres despliegan estrategias para proteger a sus hijos. Algunas aceptan alojamientos sin contrato, comparten espacios reducidos o prolongan convivencias que querían dejar atrás. Otras intercambian cuidados por un techo.

El impacto alcanza a los menores. La incertidumbre sobre el siguiente domicilio dificulta sostener la escolarización, conservar amistades y organizar la vida diaria. El informe recoge casos de mujeres que, ante la falta de empleo y vivienda, enviaron temporalmente a sus hijos a vivir con los abuelos.

La situación se inserta en un problema más amplio. El 43,8% de los hogares monomarentales de Cataluña vive bajo el umbral de pobreza, el equivalente a unas 119.900 familias, según datos de Save the Children citados en el estudio. Además, el 34,7% de los menores de 18 años de la comunidad está en riesgo de pobreza.

El alquiler social aporta estabilidad, pero el problema vuelve cuando termina el contrato

El estudio no cuestiona la utilidad de los programas de vivienda social. Las mujeres entrevistadas describen la llegada a un piso con apoyo como un punto de inflexión: facilita recuperar rutinas, mejorar el rendimiento escolar de los hijos, buscar empleo con menos urgencia y establecer vínculos con el barrio.

El problema aparece al final. Los contratos de estos programas son temporales y, en algunos casos, se revisan cada año. La incertidumbre sobre la renovación se mantiene incluso cuando la familia ha estabilizado su situación. El informe concluye que falta una política específica que conecte el acompañamiento social con una vivienda asequible y permanente.

El salto al mercado inmobiliario privado resulta inasumible para buena parte de las participantes. La vivienda de protección oficial exige ingresos mínimos que pueden dejar fuera a quienes tienen un solo salario y personas a cargo.

En este sentido, el estudio propone revisar los umbrales de ingresos para acceder al alquiler protegido, adaptar las ayudas a hogares con una sola persona perceptora de renta y menores a cargo, y flexibilizar los requisitos para quienes viven en habitaciones sin contrato o en situaciones de okupación.

Al final de esta cadena de precariedad está la okupación

La okupación forma parte del estudio porque permite observar las formas de exclusión que quedan fuera de los circuitos institucionales. No se presenta como una decisión ideológica, sino como una salida de supervivencia para algunas mujeres que ya han pasado por impagos, habitaciones, pensiones o recursos de emergencia.

Los datos del Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones de Barcelona citados en el informe reflejan que el 87,4% de los casos de okupación atendidos correspondía a hogares con menores, frente al 35,9% de media en la ciudad. Casi la mitad de esos hogares eran monomarentales.

Una habitación, una pensión o un piso social temporal pueden frenar la emergencia y dar a una familia un margen para recomponerse. Pero el problema reaparecerá siempre al final del contrato: sin una vivienda asequible a la que ir después, la inestabilidad dejará huella en sus vidas.

El Gobierno mantiene su compromiso de aumentar un 4,5% el sueldo de los empleados públicos en 2027, tal y como recoge el acuerdo salarial firmado en 2025, aunque todavía no ha concretado cuándo se aplicará la subida. Así lo han trasladado este martes los sindicatos CCOO, UGT y CSIF tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, en la que el Ejecutivo ha expresado su intención de cumplir lo pactado.

El acuerdo establece una subida fija del 2,5% para 2025 y un incremento del 1,5% para 2026, al que se suma otro 0,5% variable en función de la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Para 2027, el incremento previsto es del 4,5%, también de carácter fijo.

Pero, pese a la confirmación, las organizaciones sindicales reclaman al Ejecutivo que concrete el calendario para hacer efectiva la subida. CCOO ha exigido al Gobierno que diga cuándo aprobará el incremento, mientras que UGT y CSIF consideran que debería hacerlo antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Los sindicatos reclaman desbloquear otras medidas pendientes del acuerdo

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido que el Ejecutivo pueda avanzar en otras medidas incluidas en el acuerdo y ya negociadas, como la revisión de los complementos de residencia e insularidad. Unas compensaciones que son importantes para facilitar la cobertura de puestos de trabajo en determinados territorios.

Por su parte, CCOO ha reclamado que se cumplan todos los compromisos pendientes, entre ellos la eliminación de la tasa de reposición (el mecanismo que condiciona la incorporación de nuevos trabajadores públicos a las bajas registradas) y la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior. El sindicato también pide implantar la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario, así como completar los procesos de estabilización del empleo público que todavía siguen pendientes. El objetivo, según han señalado, es evitar nuevos retrasos que prolonguen la precariedad y la incertidumbre de miles de trabajadores.

CSIF exige medidas contra la temporalidad y mejoras en las condiciones laborales

CSIF también ha situado entre sus principales demandas la actualización de las indemnizaciones por residencia antes de que termine el año. Además, el sindicato ha informado de que el Ministerio de Función Pública trabaja en una reforma destinada a definir el abuso de temporalidad en el empleo público y establecer sanciones por incumplimiento, incluido el cese de los gestores responsables.

Asimismo, la organización sindical reclama suprimir la tasa de reposición, mejorar el mutualismo administrativo y avanzar en la promoción interna de los empleados públicos. A estas medidas se suma también la actualización de los permisos y de las condiciones de conciliación.

De este modo, aunque el Gobierno ha reafirmado su intención de respetar la subida salarial prevista para 2027, los sindicatos mantienen la presión para que se concrete su aprobación y se desbloqueen otras medidas del Acuerdo Marco. La fecha de aplicación del incremento del 4,5% sigue, por ahora, sin determinar.

*Noticia elaborada con información de agencias.

Desde marzo de 2025, la Seguridad Social reconoce que quienes donan un órgano o un tejido en vida deben recibir una prestación económica equivalente al 100% de la base reguladora durante el tiempo que dure su baja laboral. La medida, incluida en una ley aprobada a finales de 2024, crea una situación especial de incapacidad temporal pensada específicamente para proteger a estas personas mientras reciben asistencia sanitaria y no pueden trabajar.

La norma que da origen a esta prestación es la Ley 6/2024, de 20 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día siguiente. En su preámbulo, el texto establece la necesidad de configurar un supuesto especial de incapacidad temporal por contingencias comunes para quienes ceden de forma altruista un órgano o un tejido con el fin de salvar la vida o mejorar la salud de otra persona.

Según explica la propia norma, el propósito es otorgar a estos donantes la cobertura más amplia posible, reconociendo así el gesto solidario que supone someterse a una intervención quirúrgica sin que exista un beneficio médico directo para quien dona.

Cuánto tiempo cubre la situación especial de incapacidad temporal

Además, la protección no se limita al día de la operación. Por un lado, comprende los días previos a la intervención, necesarios para la preparación médica de la cirugía y, por otro, el tiempo transcurrido desde el ingreso hospitalario hasta que la persona recibe el alta por curación. De este modo, la baja cubre todo el proceso, desde los estudios y trámites previos hasta la recuperación posterior al transplante.

Esta amplitud de plazos responde a que la donación de órganos o tejidos en vida suele requerir pruebas médicas, análisis y una preparación específica antes de la cirugía y también de un periodo de recuperación que varía según el tipo de donación realizada.

En qué consiste la prestación económica

En estos casos, a diferencia de la incapacidad temporal común, donde el porcentaje de la base reguladora varía según los días de baja transcurridos, en este caso el pago equivale al 100% de la base reguladora desde el primer día, sin reducciones durante ninguna fase del proceso.

Asimismo, no se exige un periodo mínimo de cotización previo para acceder a esta prestación, un requisito que sí existe en otras situaciones de incapacidad temporal. Esta condición facilita que cualquier trabajador que decida donar un órgano o un tejido pueda acogerse a la cobertura, con independencia de su antigüedad laboral o del tiempo que lleve cotizando.

El subsidio se abona desde el mismo día en que comienza la baja, sin el plazo de espera habitual en otras contingencias. El pago corre a cargo de la entidad que gestione la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes de cada trabajador, ya sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina o la mutua colaboradora con la Seguridad Social correspondiente.

Un reconocimiento al carácter altruista de la donación

La Seguridad Social enmarca esta medida dentro del esfuerzo por reforzar las garantías de quienes participan en procesos de donación en vida, una práctica que en España se asocia principalmente a trasplantes de riñón y, en menor medida, de hígado.

Al tratarse de intervenciones voluntarias que no responden a una enfermedad propia del donante, el organismo ha considerado necesario equipararlas a una categoría especial dentro del sistema de protección social, con una cobertura económica completa que evite que el aspecto económico suponga un obstáculo para quienes desean donar.

Mike Satterlee es un joven de 19 años que, en tan solo un año, construyó un negocio que facturó alrededor de 700.000 euros brutos en 2025. Su empresa se llama CruiseCup, se dedica a la fabricación de recipientes aislantes para bebidas y su fama despegó gracias a que uno de sus productos se hizo viral en redes sociales en agosto de 2025, tres meses después de que Satterlee terminara el instituto.

En ese momento, la empresa estaba en un almacén de Clifton Park, en el estado de Nueva York, y funcionaba con 60 impresoras 3D distribuidas en unos 279 metros cuadrados. Además, para cubrir toda la demanda acumulada, se necesitaban aproximadamente seis semanas de producción a máximo rendimiento.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el llamado tactical reloader (recargador táctico), una especie de recipiente en forma de botella en la que puedes guardar al mismo tiempo dos latas de 350 mililitros, una encima de la otra, y cuyo diseño —con aperturas superior e inferior— permite consumir las dos latas, e incluso introducir una nueva por la apertura de abajo. Y además las mantiene frías.

El mes que este producto salió al mercado, CruiseCup facturó 100.000 dólares, un 60% más que el mejor resultado mensual que el joven había logrado con sus proyectos anteriores.

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De un curso de diseño a una impresora comprada con ahorros

Pero su historia empresarial empezó mucho antes. Satterlee aprendió a utilizar una impresora 3D durante su primer año de secundaria, en una clase de Dibujo y Diseño orientada a la ingeniería. En septiembre de 2022 compró su primera impresora por unos 500 dólares, con dinero reunido a través de regalos de Navidad, cumpleaños y emprendimientos anteriores.

En junio de 2023 lanzó su primer proyecto formal, Solefully, desde el sótano de la casa de sus padres. Se trataba de pequeños accesorios decorativos para zapatos Crocs que, según sus propias estimaciones, generaron cerca de 250.000 dólares en ventas durante 2024. El crecimiento del negocio lo llevó a alquilar un almacén en noviembre de ese año, por el que tuvo que pagar 3.600 dólares mensuales para instalar más impresoras.

Y, mientras pensaba en otros proyectos, Satterlee notó que los adaptadores universales para portavasos de coches generaban más interés en redes sociales que los accesorios para calzado. Estos adaptadores, diseñados para alojar bebidas de distintos tamaños, también ofrecían márgenes de ganancias superiores. De ahí nació CruiseCup, que en pocos meses superó en ventas a Solefully, cerrando definitivamente en junio de 2025. Después, a pocos meses de su graduación, Satterlee decidió no ir a la universidad para dedicarse por completo a la empresa.

Una producción que combina plástico y acero

La idea de la botella para dos latas surgió durante el verano de 2025, mientras Saterlee revisaba publicaciones de la competencia en Instagram. Según la documentación citada por CNBC Make It, la empresa tiene dos solicitudes de patente pendientes de aprobación vinculadas a ese diseño.

A día de hoy, CruiseCup cuenta con 160 impresoras y dos trabajadores. Los modelos de plástico se fabrican en Estados Unidos, mientras que las versiones de acero inoxidable se compran a un fabricante chino al que contratan a través de internet. El crecimiento de la compañía es innegable y, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la venta de productos impresos en 3D en esa plataforma ha aumentado un 112%.

“Todos los días me despierto y me entusiasma ir a trabajar”, declaró Satterlee a CNBC Make It. “Ni siquiera lo considero un trabajo. Amo lo que hago, amo construir cosas, y eso hace que ni siquiera sienta que estoy trabajando. Simplemente es divertido”.

La hucha de las pensiones vuelve al centro del enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha reclamado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “un poco más de rigor” al hablar de la Seguridad Social y ha contrapuesto la situación del Fondo de Reserva durante los gobiernos populares con la previsión de que alcance alrededor de 20.000 millones de euros al cierre de 2026.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha defendido la gestión del actual Ejecutivo y ha recordado que, bajo los gobiernos del PP, las pensiones llegaron a subir un 0,25%, mientras que la denominada hucha de las pensiones quedó prácticamente vacía. Según ha señalado, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se redujo entonces hasta situarse en apenas 5.000 millones de euros.

La portavoz no ha limitado sus críticas a las cifras. En una intervención dirigida al presidente de los populares, ha cuestionado la autoridad de Feijóo para advertir sobre los problemas financieros del sistema público y ha señalado que “Para hablar de agujeros en el bolsillo de los pensionistas y en las cuentas de la Seguridad Social, desde luego es un especialista el señor Feijóo”.

Revalorización de las pensiones

Frente a las advertencias del PP sobre el futuro de las prestaciones, la ministra ha reivindicado el compromiso del Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. El Ejecutivo defiende que las pensiones se actualicen conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), una medida que vincula a la protección de los ingresos de quienes dependen de estas prestaciones.

En ese contexto, la previsión de que el Fondo de Reserva alcance los 20.000 millones de euros al finalizar 2026 se ha convertido en uno de los principales argumentos de Saiz para defender la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.

Las promesas de Feijóo a los pensionistas

La controversia llega después de que Feijóo presentara este lunes doce promesas que se compromete a cumplir si llega a la presidencia del Gobierno tras las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Entre ellas, el dirigente popular ha incluido su disposición a revalorizar las pensiones cada año y a garantizar que las generaciones jóvenes puedan heredar el sistema público.

Otras de sus prioridades son defender la soberanía nacional y la integridad territorial, con un refuerzo de las fronteras, recuperar la calidad de la democracia y el respeto a la separación de poderes y a la judicatura, un Estado más limpio y más ligero, para lo cual se promoverá una auditoría de cada euro y se recortarán los ministerios, altos cargos y asesores; construir al menos un millón de nuevas viviendas y “ordenar” la inmigración, entre otros compromisos.

Feijóo pretende situar las pensiones entre las prioridades de la propuesta política del PP, en un momento en que la sostenibilidad financiera del modelo y su capacidad para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida ocupan un lugar destacado en la discusión pública.

Sin embargo, el debate se ha visto condicionado por la polémica desatada la semana pasada por Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. La dirigente popular generó controversia al advertir de que el sistema “va a petar”, una expresión que ha alimentado el intercambio de reproches entre ambas formaciones.

Las empresas españolas pagan un alto precio por sustituir a los trabajadores de más edad. El coste que afrontaron por reemplazar a los profesionales mayores de 45 años ascendió a 27.037 millones de euros en 2025, según un recoge un informe elaborado por Talengo, firma especializada en liderazgo y gestión del talento. El estudio advierte de una tendencia creciente a prescindir de empleados sénior para rejuvenecer las plantillas, una estrategia que puede terminar erosionando el conocimiento acumulado dentro de las organizaciones.

La factura se repartió entre los distintos grupos de edad y categorías profesionales. Los trabajadores de entre 45 y 54 años representaron un coste de sustitución de 14.973,4 millones de euros, mientras que reemplazar a los mayores de 55 años supuso otros 12.063,2 millones. La diferencia también resulta significativa según la responsabilidad del puesto: los profesionales sin cargos directivos generaron 2.181,4 millones de euros en costes, frente a los 24.845,2 millones correspondientes a quienes tenían equipos a su cargo. De esta última cantidad, 3.524,4 millones se atribuyeron a la alta dirección.

El problema, según Talengo, va más allá de un ejercicio concreto. Entre 2020 y 2024, el coste acumulado de reemplazar a estos profesionales superó los 136.000 millones de euros. La firma considera que las decisiones empresariales orientadas a reducir gastos inmediatos pueden acabar generando desembolsos mucho mayores, especialmente cuando afectan a puestos que requieren experiencia, formación específica y un conocimiento profundo del funcionamiento interno de las compañías.

Más de 1,1 millones de despedidos mayores de 45 en cuatro años

“Las empresas están siguiendo una tendencia que les ha costado un precio alto en el pasado y es tomar decisiones mirando las cifras solo a corto plazo», advierte Vivian Acosta, socia de Talengo, en declaraciones recogidas por Europa Press. En su opinión, el contexto económico lleva a muchas compañías a recortar costes de plantilla y a poner el foco en los salarios más elevados, que suelen corresponder a trabajadores con más años de trayectoria. Sin embargo, también son quienes poseen el conocimiento especializado de la empresa. “Así que se están descapitalizando”, sostiene Acosta, que califica esta tendencia de “imparable”.

Las cifras de despidos respaldan la preocupación de los expertos. Entre 2020 y 2024, las empresas prescindieron en España de 1.138.519 trabajadores mayores de 45 años, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra equivale al 14,30% de los ocupados de esa edad y al 5,10% del total de personas con empleo en el país. Solo en 2024 se produjeron alrededor de 272.000 despidos de profesionales sénior.

El grupo más castigado fue el de los trabajadores de entre 45 y 54 años, con 642.761 salidas durante el quinquenio, el 56,45% del total. El informe sitúa a partir de 2022 una aceleración: aquel año se superaron los 200.000 despidos y, en los tres años siguientes, el número de profesionales sénior echados aumentó más de un 20%. El fenómeno afecta a un colectivo que tiene un peso considerable en el mercado laboral: según la Encuesta de Población Activa del INE, los mayores de 45 años representan el 50,70% de las personas ocupadas en España.

Sustituir a un trabajador sénior puede costar hasta cuatro veces su salario

No todos los despidos terminan con la contratación de otra persona. Aunque no existe una cifra exacta sobre cuántos puestos desaparecen definitivamente, los datos manejados por sindicatos y analistas legales especializados en despidos colectivos apuntan a que alrededor del 10% de las posiciones amortizadas no vuelven a ocuparse. El 90% restante sí se reemplaza, con unos costes que pueden ser elevados.

Según los baremos del Human Capital Index y de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM), sustituir a un trabajador puede costar entre la mitad y cuatro veces su salario bruto anual.

La cuantía depende de la experiencia y los conocimientos del profesional que abandona la empresa, así como de las características del puesto. A la contratación se suman la búsqueda de candidatos, la selección, la formación y el tiempo necesario para que la nueva incorporación alcance el nivel de desempeño requerido.

En los puestos ocupados por trabajadores sénior, ese periodo de adaptación puede prolongarse entre 18 y 24 meses, según las estimaciones de Talengo. Durante ese tiempo, la empresa debe asumir los costes de incorporación mientras el nuevo empleado adquiere el dominio de las tareas y los conocimientos específicos que exige el puesto. La consultora recuerda, además, que los mayores de 45 años ocupan más del 40% de los puestos críticos de las compañías españolas, según el informe Brújula del talento sénior 2026, elaborado por EY.

Ahorrar en salarios vs conservar el talento y la experiencia

La sustitución de perfiles con responsabilidades elevadas puede disparar aún más la factura. “Los costes de reemplazo de este grupo de profesionales se multiplican. Al coste de la búsqueda, normalmente realizada a través un ‘headhunter’, se unen planes de formación y desarrollo que pueden oscilar entre los 30.000 y los 50.000 euros y hasta cuatro veces su salario en concepto de adaptación hasta que la persona domina todas las claves del puesto y puede ofrecer lo mejor de sí, algo que puede tardar en conseguir hasta dos años”, señala el informe.

La distribución de los puestos directivos también ayuda a dimensionar el alcance del fenómeno. Dentro de esta categoría, el 85% corresponde a mandos intermedios, el 14% a integrantes de comités de dirección y el 1% a posiciones de alta dirección, como consejeros delegados o miembros de consejos. La pérdida de profesionales experimentados puede afectar, por tanto, a funciones clave para la gestión cotidiana y la toma de decisiones.

La lógica parece sencilla. Sobre el papel, si hay más viviendas disponibles y la demanda se mantiene estable, los precios deberían moderarse, pero la realidad del mercado inmobiliario es más compleja. La ubicación de los inmuebles, el poder adquisitivo de quienes buscan casa, la presión de la demanda y las características de cada barrio pueden determinar que la construcción de nuevos edificios no tiene por qué traducirse en alquileres más asequibles. Esta relación entre oferta, demanda y precios conecta directamente con las ideas del economista británico Alfred Marshall, una de las figuras más relevantes de la escuela neoclásica, que estudió cómo interactúan estas fuerzas para determinar el valor de los bienes.

Marshall (1842-1924) desarrolló buena parte de sus ideas en Principios de economía, publicado en 1890. Su trabajo contribuyó a sistematizar el análisis económico moderno y a explicar que los precios no dependen de un único factor, sino del encuentro entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que los productores ofrecen. Aplicado a la vivienda, este planteamiento ayuda a comprender por qué aumentar el número de inmuebles disponibles puede contribuir a contener los precios, pero también por qué ese efecto no siempre es suficiente para resolver los problemas del acceso a una casa. En su escrito, él mismo destaca que “el precio de la vivienda nunca ha bajado mucho, salvo cuando una localidad está siendo abandonada por sus habitantes”.

Y una investigación de las investigadoras Karen Chapple y Taesoo Song, de la Universidad de California, profundiza en una de las limitaciones que explicaba Marshall y cómo afecta a la vivienda en la actualidad. El punto de partida del estudio es una crisis inmobiliaria en la que la demanda de alojamiento supera la oferta disponible en numerosos barrios urbanos.

Por qué construir más no garantiza una vivienda asequible

Cuando muchas personas compiten por un número limitado de viviendas, los propietarios pueden exigir precios más elevados, especialmente en zonas donde existe una fuerte presión para vivir. En teoría, construir nuevos inmuebles permite absorber parte de esa demanda. Quienes buscan alojamiento pueden instalarse en las viviendas ya terminadas en lugar de competir por los pisos disponibles. Esto podría hacer disminuir la presión sobre el parque residencial, y los residentes tendrían más posibilidades de permanecer en su entorno.

Pero el proceso no funciona de manera idéntica en todas partes. La construcción puede atraer a nuevos habitantes con mayor capacidad económica, transformar los servicios y la actividad comercial del barrio y aumentar el atractivo de la zona. Si esa transformación genera más demanda, los precios de las viviendas antiguas también pueden seguir aumentando.

Así, el problema no está solo en cuántas viviendas se construyen, también en dónde, qué hogares pueden permitírselas y qué ocurre con quienes ya viven en la zona. Una mayor oferta puede aliviar parte de la presión del mercado sin eliminar las barreras económicas.

El efecto varía según la presión inmobiliaria

Para estudiar estos efectos, Chapple y Song analizan datos sobre construcción residencial y movimientos de los hogares durante la década de 2010. Su investigación se centró en dos ciudades californianas con mercados inmobiliarios tensionados, pero con diferentes niveles de presión sobre los precios.

Los resultados muestran que construir viviendas destinadas al mercado libre tuvo efectos generalmente modestos sobre la salida y la llegada de hogares con ingresos bajos. En Los Ángeles, donde las tensiones inmobiliarias eran menores que en San Francisco, la nueva construcción se relacionó con una ligera reducción de la probabilidad de que los hogares con menos recursos abandonaran sus barrios.

Sin embargo, en San Francisco el efecto fue distinto. La construcción de viviendas de mercado podía aumentar tanto la llegada de nuevos residentes como la salida de los hogares con menores ingresos. En los mercados más tensionados, la oferta adicional no siempre conseguía compensar la presión inmobiliaria que soportaban quienes ya vivían en el barrio.

Y las autoras también observaron que los efectos dependían del volumen de construcción. Los resultados más relevantes aparecían cuando se levantaban al menos 100 viviendas en un área de barrio durante un periodo de tres años. Aun así, los efectos eran limitados y podían perder intensidad con el paso del tiempo.

Pero esto no significa que construir más vivienda sea contraproducente. La investigación también aclara que aumentar el parque residencial puede contribuir a aliviar las presiones inmobiliarias, pero no garantiza que los hogares vulnerables puedan permanecer en sus barrios.

El Govern balear eliminará la carga fiscal autonómica sobre la primera compra de vivienda de los jóvenes de hasta 36 años, según ha anunciado este martes la presidenta, Marga Prohens, durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament.

La medida forma parte de un paquete que combina rebajas tributarias, avales públicos, ayudas directas y nuevas actuaciones residenciales ante las dificultades de acceso a una vivienda en Baleares. El Ejecutivo regional también prevé destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible a políticas de vivienda.

Los compradores de hasta 36 años quedarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando adquieran su primera vivienda. Las personas de entre 36 y 40 años tendrán una reducción del 50% en ambos gravámenes.

La medida amplía una bonificación que estaba vigente en Baleares desde 2023. Hasta ahora, la exención total en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se limitaba a los menores de 30 años, mientras que los compradores de hasta 36 años pagaban la mitad.

Las hipotecas tendrán una rebaja del 50% en un impuesto autonómico

La exención total anunciada para la compra de la primera vivienda no se aplicará a los créditos hipotecarios. En estos casos, el Govern prevé reducir a la mitad el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los menores de 36 años y las personas con discapacidad.

Además, el Ejecutivo creará una deducción autonómica en el IRPF para las cuentas de ahorro joven destinadas a reunir dinero para adquirir una primera vivienda.

El impuesto turístico podrá financiar medidas de vivienda

El Ejecutivo balear modificará la ley para destinar parte de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible a medidas de vivienda.

Por ahora, el Govern no ha precisado qué cuantía del impuesto turístico se destinará a esta finalidad ni cuándo llevará al Parlament el cambio legislativo.

La presidenta anunció además dos promociones para trabajadores públicos desplazados: 80 viviendas para profesionales sanitarios en Ibiza y 40 para docentes destinados en Formentera. Ambas actuaciones se dirigen a empleados que deben trasladarse a estas islas para cubrir plazas de servicios públicos.

El plan HabitaIB 4+4 prevé 100 medidas hasta 2031

El nuevo Plan Estratégico de Vivienda, denominado HabitaIB 4+4, reunirá 50 medidas aprobadas y actuaciones activadas desde 2023. A esa base se añadirán otras 50 propuestas para el periodo 2027-2031.

El documento movilizará 3.000 millones de euros y aspira a llegar a 87.000 ciudadanos. El Govern prevé presentarlo antes de que termine el año.

Entre las líneas previstas figuran nuevas promociones de vivienda pública, ayudas a la promoción de vivienda protegida y subvenciones para rehabilitar inmuebles vacíos que se incorporen al alquiler asequible. Estas ayudas estarán dirigidas a residentes que acrediten que han vivido al menos cinco años en las islas.

El plan incluirá un registro de solares sin edificar y otro de edificios inacabados u obsoletos para impulsar su transformación en viviendas. El Ejecutivo también pondrá en marcha un programa piloto de alojamiento para personas mayores en situación de exclusión residencial.

Aumentan los fondos de los avales públicos para la Nueva Hipoteca Joven

La Nueva Hipoteca Joven es un programa del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por el que la Administración pública avala una parte de la hipoteca. El objetivo es que los bancos puedan financiar hasta el 100% del precio de compra, frente al 80% habitual.

El aval puede cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda para jóvenes de hasta 40 años, además de otros colectivos. Para acceder al programa, la vivienda debe ser la residencia habitual del comprador, que debe acreditar al menos cinco años de residencia en Baleares y no ser propietario de otra casa, salvo las excepciones previstas.

El fondo destinado a estos avales pasará de 30 a 45 millones de euros. El cambio busca atender más solicitudes dentro del programa.

Más ayudas para comprar vivienda y una bonificación mayor en Sucesiones

El Govern también ampliará el presupuesto de las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años que compren una vivienda. En este caso, se trata de una subvención destinada a cubrir parte del coste de adquisición, distinta del aval hipotecario. El anuncio no ha concretado los requisitos, el precio máximo de los inmuebles ni el calendario de la próxima convocatoria.

Por último, en materia de sucesiones, Prohens ha anunciado que la bonificación del impuesto ascenderá al 75% para las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos cuando la persona fallecida no tenga descendencia directa.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio de licitación de las obras de urbanización de las Fases 1 y 2 del proyecto Nuevo Barrio Campamento, en Madrid. El contrato tiene un valor estimado de casi 95 millones de euros y abre un plazo de tres semanas para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para la llamada Operación Campamento, hasta las 13:00 horas del 10 de noviembre.

La publicación formaliza el proceso que el Consejo de Ministros había autorizado el pasado 29 de julio, cuando dio luz verde a la celebración del contrato por un importe de 94.889.179,37 euros, 114,8 millones de euros con impuestos incluidos. Aquella aprobación representaba un paso administrativo previo; el anuncio de hoy constituye la convocatoria vinculante que da inicio al proceso de selección de la constructora.

Un procedimiento abierto con el precio como único criterio

La licitación se tramita bajo un procedimiento abierto en el que el criterio de adjudicación es exclusivamente el precio, con una ponderación del 100%. Las empresas candidatas deben acreditar la clasificación G6-6, correspondiente a obras viales sin cualificación específica para contratos superiores a cinco millones de euros, y presentar sus propuestas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las obras tendrán una duración prevista de 28 meses. La apertura del sobre con la oferta económica se realizará de forma electrónica, en acto privado, el mismo 10 de noviembre a las 14:00 horas. Los licitadores estarán obligados a mantener su propuesta durante seis meses tras la presentación.

Las obras habilitarán cerca de 4.000 viviendas

El contrato cubre la urbanización de las Fases 1 y 2 del ámbito, ubicadas al sur de la autovía A-5, además de las conexiones exteriores necesarias para garantizar su funcionalidad. Según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en julio, estas dos primeras fases permitirán poner a disposición de la ciudadanía cerca de 4.000 viviendas asequibles, dentro de un proyecto total que contempla la construcción de 10.700 viviendas.

Nuevo Barrio Campamento se levanta sobre la mayor bolsa de suelo del suroeste de Madrid, en terrenos que permanecieron varias décadas en desuso tras el abandono de la actividad militar. El proyecto incluye alrededor de 365.000 metros cuadrados de zonas verdes y 442.000 metros cuadrados de equipamientos y servicios públicos.

El rol de Casa 47 en el desarrollo del proyecto

Casa 47, propietaria de casi el 98% de los terrenos del ámbito, es la entidad que impulsa la licitación de las obras de urbanización. La compañía aprobó en junio una aportación económica de 140 millones de euros a la Junta de Compensación, entidad administrativa que representa al conjunto de propietarios del suelo, destinada a sufragar los gastos necesarios para el desarrollo del área.

Casa 47 gestionará el ciclo residencial completo del proyecto, desde la urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y administración posterior de las viviendas, que pasarán a integrar de manera permanente el parque estatal de vivienda asequible.

Próximos pasos del proceso

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas el 10 de noviembre, la Junta de Compensación procederá a la evaluación de las propuestas recibidas. La solvencia técnica de las empresas se acreditará, según el pliego de cláusulas administrativas, a la compañía que obtenga la mejor puntuación, una vez le sea requerida esa documentación. Cualquier recurso contra el procedimiento deberá presentarse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante.

El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) presentó una denuncia contra Idealista y Fotocasa ante la Dirección General de Consumo por “presuntas prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa e incumplimiento de la normativa de información al consumidor” en los anuncios de viviendas catalogadas como ocupadas. La organización sostiene que ambos portales inmobiliarios agrupan bajo etiquetas comerciales idénticas situaciones jurídicas completamente distintas, desde contratos de alquiler en vigor hasta procesos de ejecución hipotecaria.

Tras un “exhaustivo muestreo” de los anuncios publicados en ambas plataformas, UGT identificó cómo estas crean, clasifican y promocionan categorías como “ocupadas”, “ocupadas ilegalmente”, “sin posesión” o “no visitables”. Según el sindicato, estas etiquetas reúnen bajo un mismo rótulo comercial realidades legales que no tienen relación entre sí.

El documento señala que, dentro de la sección “ocupadas ilegalmente”, las plataformas ofrecen inmuebles como “oportunidad para inversores” o directamente como “casas con bicho”. UGT también detectó viviendas incluidas de forma simultánea en hasta tres categorías distintas: “ocupadas ilegalmente”, “alquiladas con inquilinos” o “nuda propiedad”, una superposición que, a su juicio, confunde al consumidor sobre la situación real del inmueble.

Inquilinos con derechos vigentes, etiquetados como ocupantes ilegales

El punto más sensible de la denuncia recae sobre los casos en los que viviendas con contratos de alquiler vigentes aparecen rotuladas como “ocupadas ilegalmente”. UGT menciona específicamente a personas mayores con usufructos vitalicios y a inmuebles inmersos en procedimientos de ejecución hipotecaria, situaciones en las que los ocupantes mantienen un derecho legal de permanencia que, según el sindicato, las plataformas omiten o distorsionan.

A este problema se suma, de acuerdo con el muestreo sindical, la presencia de datos esenciales inexactos o sin verificar: superficie, número de habitaciones, planta o ubicación del inmueble. En algunos anuncios, además, las imágenes publicadas no corresponden con la vivienda real ofertada.

“No solo es jurídicamente falso e induce a error al comprador”, afirma UGT sobre la práctica de presentar a inquilinos o personas en conflicto judicial como okupas, sino que además “estigmatiza” a familias trabajadoras y vulnerables, a las que, según el sindicato, “se coloca en una posición de delincuencia y persecución social cuando ellas cumplen con su parte del contrato” y ejercen derechos que les permiten permanecer en la vivienda de forma legal.

En su denuncia, UGT solicita la apertura “inmediata” de diligencias previas de investigación contra Idealista y Fotocasa. El sindicato reclama, además, que se exija a ambas empresas detallar los criterios técnicos y la documentación que requieren a los anunciantes antes de catalogar un inmueble como “ocupado”. Las otras dos peticiones apuntan a trasladar las actuaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las autoridades de supervisión del reglamento europeo, así como a la adopción de medidas sancionadoras que corrijan estas conductas comerciales.

Las plataformas, señaladas como responsables de un discurso estigmatizante

La denuncia de UGT se produce en un contexto de creciente vigilancia regulatoria sobre los portales inmobiliarios. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió en octubre un expediente sancionador contra un gran portal del sector por presuntas prácticas comerciales desleales, el primero de este tipo dirigido directamente contra una plataforma y no contra los anunciantes particulares. Las infracciones graves en materia de consumo pueden acarrear multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

UGT advierte sobre “el impacto social de estas prácticas” y sostiene que este tipo de anuncios busca “fomentar un discurso que justifique la acción posterior, que no es otra que expulsar al inquilino de su hogar para vender el inmueble” y “expulsar a personas de sus domicilios”.

El sindicato concluye que ambas plataformas son “responsables de fomentar este discurso” y que, “con su aparente neutralidad, no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia las personas a las que estigmatiza como okupas”. La denuncia queda ahora en manos de la Dirección General de Consumo, que deberá decidir sobre la apertura de diligencias.

El informe de Marsh y el CFA Institute, que en su decimoctava edición analiza 55 sistemas de ingresos para la jubilación, mide tres dimensiones con distinto peso: adecuación (40%), sostenibilidad (35%) e integridad (25%). España obtiene 83 puntos en adecuación, 33 en sostenibilidad y 74,3 en integridad, lo que le vale el puesto 38 en esta última categoría.

La puntuación global retrocedió medio punto respecto a los 63,8 de 2025. El estudio atribuye ese descenso al aumento del gasto en pensiones como proporción del producto interior bruto (PIB) y a la desaceleración del crecimiento económico real medio de los últimos siete años. El sistema ofrece una sólida protección mínima a las personas mayores con menos recursos y mantiene tasas de sustitución netas elevadas (el porcentaje que cubre la pensión pública en comparación con el último salario), según destaca el documento, que también valora positivamente la regulación y la información que reciben los afiliados.

Entre las debilidades, el informe señala la baja cobertura de los planes de pensiones individuales y de empleo de carácter voluntario. Para corregirlo, propone ampliar esa cobertura mediante mecanismos de afiliación automática, prolongar la participación laboral a edades avanzadas y exigir que una parte de las prestaciones se perciba como renta periódica en lugar de capital.

Las pensiones, protagonistas inesperadas de la precampaña

El informe se conoce apenas semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. Desde entonces, el debate sobre la viabilidad del sistema público ha ganado protagonismo frente a otros temas de campaña, como la vivienda.

La portavoz parlamentaria del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, advirtió en un pódcast grabado antes del anuncio electoral que el sistema “va a colapsar” y que había que “ser valientes” para cambiar el modelo. Tras la convocatoria de elecciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó ese discurso y aseguró que “el sistema público de pensiones es un sistema que no voy a cuestionar en ningún caso”, comprometiéndose a mantener la actualización conforme al índice de precios al consumo (IPC).

Un movimiento similar se produjo en Vox, cuyo portavoz económico, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine reparto y capitalización individual. Su líder, Santiago Abascal, salió después a desmentir cualquier intención de privatización: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, afirmó en declaraciones recogidas por ABC.

Frente a estas posiciones, el PSOE y Sumar defienden la continuidad del sistema público de reparto y las reformas aprobadas desde 2021, que restablecieron la revalorización con el IPC e introdujeron el mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad para salarios altos como vías de financiación adicional.

La cita en la calle y el consenso técnico pendiente

El cruce político coincide con la convocatoria de una manifestación estatal el próximo 24 de octubre en Madrid, impulsada por organizaciones de pensionistas que reclaman una subida del 6% para 2027 y rechazan cualquier paso hacia la privatización del sistema.

Más allá de la disputa electoral, existe cierto consenso técnico sobre la necesidad de ajustes en el sistema de pensiones español. Según datos de Fedea, el desequilibrio del sistema rondó los 70.000 millones de euros en 2025, y las proyecciones oficiales anticipan que el gasto en pensiones podría llegar al 17% del PIB hacia 2050, frente al 12% actual. El próximo Gobierno que surja de las urnas del 29 de noviembre afrontará ese desafío sin que, hasta ahora, ninguna de las principales formaciones haya detallado con precisión en qué consistirían sus reformas.

En España hay 3 millones de trabajadores en situación de pobreza laboral, de los cuales 770.000 lo son por el coste de la vivienda, según un informe de Oxfam Intermón publicado este martes. El estudio, titulado Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral, revela que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza una vez pagada la renta.

El documento se ha dado a conocer en plena crisis del acceso a la vivienda, convertida en eje central del debate político de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas por el presidente Pedro Sánchez tras el rechazo del Congreso a dos decretos para contener los precios del alquiler.

La pobreza laboral se duplica al descontar los gastos de vivienda

Oxfam Intermón calcula que el 11,48% de los trabajadores se encuentran en pobreza laboral con datos de 2024, unos 2,2 millones de personas, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en un hogar unipersonal o 25.663 euros en uno con dos adultos y dos menores. Al descontar el alquiler, la hipoteca o el IBI, otras 770.000 personas caen por debajo de ese umbral y la tasa se eleva al 15,49%.

El problema se ha cronificado: pasó del 11,64% en 2022 al 11,48% en 2024, pese a que el PIB creció más de un 6% en ese periodo. A ese ritmo, España tardaría 59 años en converger con la media europea, del 8,2%.

Los inquilinos de mercado y migrantes, los más expuestos

Entre quienes alquilan a precio de mercado, la tasa de pobreza laboral pasa del 19,35% antes de pagar la vivienda al 34,08% después, casi el doble. Entre los hipotecados, la tasa después de gastos es del 10,22%, y del 7,95% entre quienes ya liquidaron su vivienda. Seis veces más personas están expuestas a alquileres de mercado que a rentas protegidas, señala el informe, en un contexto de oferta escasa: el Banco de España estima un déficit acumulado de 750.000 viviendas en el país.

La pobreza laboral alcanza el 31,4% entre los extranjeros de fuera de la Unión Europea, frente al 8,7% de los españoles. Es mayor también entre los trabajadores a jornada parcial (20,62% frente al 10,38% de jornada completa) y los autónomos (21,69% frente al 10,26% de asalariados). El empleo doméstico y de cuidados (27,48%), la agricultura y pesca (26,24%) y la hostelería (21,17%) registran las tasas más altas. En los hogares con hijos el riesgo aumenta: roza el 40% en familias numerosas y alcanza el 29,6% en monoparentales.

Madrid, Cataluña y Murcia, las más afectadas por la vivienda

Andalucía tiene la tasa de pobreza laboral más alta antes de vivienda (17,65%), seguida de la Comunidad Valenciana (16,95%) y Extremadura (16,54%). Al sumar el coste habitacional, es Madrid donde más sube el indicador, del 7,29% al 12,73%, seguida de Cataluña (del 7,9% al 12,8%) y Murcia (del 15,37% al 20,23%). Entre quienes alquilan a precio de mercado, el efecto se agrava en Castilla y León, donde la tasa llega al 50,68%, y en Castilla-La Mancha, al 48,69%.

De cara a las elecciones, la organización propone blindar por ley las actualizaciones del salario mínimo interprofesional y reforzar las políticas activas de empleo para los parados de larga duración. Considera que los decretos de vivienda no resuelven el problema estructural, aunque “alivian el sufrimiento de millones de personas”. “Una política de vivienda efectiva debe permitir no solo conservar un techo, sino vivir dignamente debajo de él”, concluye el informe.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,015 euros el litro

Precio mínimo: 1,685 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,915 euros el litro

Precio mínimo: 1,545 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,125 euros el litro

Precio mínimo: 1,839 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,944 euros el litro

Precio mínimo: 1,667 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,034 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,129 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,895 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,875 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,693 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,534 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,7 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,849 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,955 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,877 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,027 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, planteó en una entrevista con el diario ABC publicada este domingo un cambio de rumbo radical para el papel del Estado en el tejido empresarial español: si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre, el futuro gobierno limitaría la presencia pública en el capital de empresas privadas a tres ámbitos concretos: defensa, seguridad nacional y servicios públicos esenciales. Es decir, apuesta por la privatización. La fórmula, ya tiene un antecedente reciente a miles de kilómetros de distancia: el programa de desnacionalizaciones impulsado por Javier Milei en Argentina, la conocida como Ley de Bases.

“Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada”, afirmó Nadal en declaraciones al citado diario. Según el dirigente popular, la función de las empresas públicas o la presencia del Estado en compañías de capital mayoritariamente privado solo se justifica “cuando hay una relación con el sector de la Defensa y la Seguridad Nacional, o porque se presta un servicio público esencial que tiene que estar en manos o bajo control del Estado”. Como ejemplo de esta última categoría mencionó Red Eléctrica, el operador de la red eléctrica nacional.

Queda en duda si se incluye a Correos —no se menciona en la entrevista—, que presta el servicio postal universal, una obligación establecida por ley que garantiza el reparto de correspondencia en todo el país, incluidas zonas rurales o de baja densidad donde la actividad no sería rentable para un operador puramente comercial. Bajo esta lógica, y pese a tener competidores como SEUR, MRW o DHL, encajaría en la categoría de “servicio público esencial” que Nadal menciona como excepción, de forma similar a como cita el caso de Red Eléctrica. Sin embargo, no hizo mención sobre esta empresa que el PP ha puesto en duda en los procesos electorales y sobre la que Isabel Díaz Ayuso ha alimentado el fraude del voto por correo.

Los casos de Telefónica e Indra

Al PP el caso que más le indigna es el de Telefónica. Recordemos que esta empresa se privatizó de forma progresiva entre 1995 y 1999, durante el mandato de José María Aznar. Y el 20 de diciembre de 2023, el Estado volvió al capital de la compañía, cuando el Consejo de Ministros ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10%. Para Nadal, esa intervención fue “injustificada”, dado que la compañía compite con operadores como Orange, Vodafone o MásMóvil.

El episodio más destacable para Nadal se produjo el 17 de enero de 2025, cuando Presidencia del Gobierno llamó a la Moncloa a José María Álvarez-Pallete, entonces presidente ejecutivo de Telefónica, para comunicarle su cese y colocar en su lugar a Marc Murtra, hasta ese momento presidente de Indra. La operación se completó después de que el Ejecutivo creara un nuevo capítulo presupuestario para dotar los 2.285 millones de euros necesarios para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tomara una participación del 10% en la operadora.

El Gobierno también reforzó su posición en Indra con el objetivo de ganar peso en el sector industrial de la defensa, entró en el capital de Talgo tras vetar varias opciones privadas de compra y tomó posiciones en Duro Felguera con la intención de dar estabilidad a un proyecto empresarial que, cinco años después, continúa sin resolverse. A esto se suma la decisión de posponer la venta de la participación estatal en CaixaBank y la oposición del Ejecutivo a la fusión entre Sabadell y BBVA.

“Hay que preguntar qué es y qué no debe ser una empresa pública, y en nuestra opinión una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público”, sostuvo Nadal en la misma entrevista. El vicesecretario de Economía adelantó además que, de llegar al Gobierno, el PP cambiaría el perfil de las personas designadas al frente de las empresas públicas del grupo SEPI, aunque aclaró que no modificaría el sistema de nombramientos regulado por ley.

Las empresas españolas que podrían verse afectadas

La revisión planteada por el PP pone en el punto de mira un conjunto amplio de participaciones estatales, que se dividen en dos categorías: posiciones minoritarias en empresas cotizadas y compañías de propiedad íntegra o mayoritaria del Estado.

Entre las participaciones minoritarias en cotizadas, gestionadas principalmente por la SEPI, figuran Telefónica (10%), Indra (27,99%), Redeia (20%), Enagás (5%), Airbus (4,12%), Ebro Foods (10,36%), Talgo (7,8%), IAG (2,52%), Enresa (20%) e Hispasat (10,32%). A través de otros vehículos, el Estado controla también el 51% de Aena mediante Enaire, el gestor público de la navegación aérea, y el 18,1% de CaixaBank mediante BFA Tenedora de Acciones, bajo el Ministerio de Economía. El valor conjunto de las participaciones del Estado en el Ibex 35 y en el mercado continuo ronda los 50.000 millones de euros, según cálculos del diario Expansión.

A ese grupo se añaden las empresas de propiedad estatal plena, que no cotizan en bolsa y forman el núcleo histórico del sector público empresarial. La SEPI posee el 100% de ocho compañías: Correos, Navantia, RTVE, la Agencia EFE, Hunosa, Mayasa, Sepides y Cofivacasa. A ellas se suman otras sociedades mayoritarias o controladas, como Tragsa, Enusa, Ensa, Mercasa, Cetarsa y Saeca, esta última con una participación del 20% según su propio registro de empresas participadas.

Desde el PP defienden que la posición del partido sobre este asunto no implica que exista todavía una decisión firme de vender participaciones en empresas como Telefónica, Duro Felguera, Talgo o CaixaBank si Feijóo forma gobierno tras las elecciones. El debate se centra, por ahora, en fijar los criterios que delimitarán dónde debe o no estar presente el Estado como accionista, antes de avanzar hacia decisiones concretas de desinversión.

Lo que Milei ya puso en marcha en Argentina

El proyecto original de Milei contemplaba privatizar más de 40 empresas públicas, pero el Congreso argentino limitó esa autorización a solo ocho compañías en la Ley de Bases, aprobada en junio de 2024.

Hasta septiembre de 2026, el programa acumulaba operaciones cerradas por 1.081 millones de dólares: la venta de la metalúrgica IMPSA por 27 millones, la adjudicación de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue por 700 millones, la venta de Citelec, controlante de la transportista eléctrica Transener, por 356 millones, y la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por donde circula el 80% del comercio exterior del país. También se adjudicaron más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a privados, sin subsidios del Tesoro.

No todos los procesos tuvieron el mismo resultado: la licitación de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa aeroportuaria, quedó desierta tras tres postergaciones. El caso más complejo es el de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor distribuidora de agua del país, con el 90% en manos del Estado. La apertura de sobres, prevista para el 27 de agosto, se postergó hasta el 15 de septiembre; el esquema prevé que al menos el 51% vaya a un operador estratégico, con una recaudación estimada de 500 millones de dólares.

Las leyes argentinas también impusieron límites: Nucleoeléctrica Argentina solo puede privatizarse de forma parcial, manteniendo el Estado el control, y en Yacimientos Carboníferos Río Turbio el sector público debe conservar al menos el 51% del capital. Ambas privatizaciones, junto a la de SOFSA, no tienen fecha definida.

La cuenta atrás para las elecciones generales ha comenzado. Con la cita con las urnas prevista para el 29 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez dispone de seis semanas -con seis reuniones ordinarias del Consejo de Ministros- para avanzar en las iniciativas que todavía quiere sacar adelante. La primera cita será este martes, 20 de octubre, día en el que se va a aprobar un paquete de mejoras de las prestaciones sociales, nuevas medidas para las familias y una inversión de 45 millones de euros para ampliar el alojamiento universitario asequible.

Así, el calendario deja otros cinco Consejos de Ministros antes de las elecciones (previstos para los días 27 de octubre y 3, 10, 17 y 24 de noviembre). Oficialmente, la campaña electoral comenzará el próximo 13 de noviembre, por lo que las últimas reuniones se celebrarán con la disputa electoral ya en marcha. La intención, según adelantó El País, es llevar a estas reuniones iniciativas con efectos concretos para distintos colectivos, aunque no todas las reformas pendientes podrán aprobarse dentro de este calendario.

Más protección social para mujeres, familias y menores

Este martes en concreto, el Consejo de Ministros tendrá como uno de los principales asuntos un real decreto-ley impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre las medidas previstas figura la ampliación de la protección para las mujeres que sufran patologías asociadas a la menopausia y para las víctimas de violencia de género. En ambos casos, la prestación por incapacidad temporal será del 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y del 75% a partir de entonces.

El paquete también modificará las condiciones de acceso a la pensión de viudedad para las parejas de hecho. El que haya hijos en común será suficiente para acreditar la relación a estos efectos, una cuestión que hasta ahora había puesto trabas a algunas personas solicitantes. Además, se abrirá un plazo de 12 meses para revisar las solicitudes que hubieran sido rechazadas por este motivo.

Otra de las novedades afectará a las familias que cuidan de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Los dos progenitores podrán percibir la prestación correspondiente de manera simultánea o alterna. La protección también podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando se cumplan los requisitos de dependencia de grado III o discapacidad severa.

Asimismo, el decreto incluirá mejoras para las víctimas del terrorismo y los huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género. Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas tendrán una cuantía mínima equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales, actualmente 2.442 euros mensuales, lo que supone un aumento del 36% respecto al mínimo anterior. Para los huérfanos de víctimas de violencia machista, se establecerá también ese umbral en las prestaciones contributivas, mientras que las no contributivas podrán alcanzar hasta esa misma cantidad.

A estas medidas se sumará la ampliación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que triplicará el anticipo máximo por beneficiario, de 100 a 300 euros, y extenderá su duración. El objetivo es reforzar la protección de los menores cuando uno de sus progenitores incumple la obligación de pagar la pensión alimenticia.

Pero la aprobación del real decreto-ley no cerrará su recorrido jurídico. Al haberse disuelto las Cortes por la convocatoria electoral, el texto tendrá que someterse a convalidación de la Diputación Permanente del Congreso dentro del plazo legal, al igual que ocurrió con los decretos de vivienda rechazados en el Congreso el pasado 2 de octubre.

45 millones para alojamiento universitario y un nuevo estatuto estudiantil

La agenda del martes incluirá también una inversión de 45 millones de euros para impulsar cerca de 2.000 plazas de alojamiento asequible para universitarios mediante siete proyectos. Una medida que busca responder a las dificultades que afrontan los estudiantes que deben trasladarse a otra ciudad para continuar su formación, sobre todo por el encarecimiento de los alquileres y la limitada oferta residencial.

La iniciativa contempla alojamientos con habitaciones y espacios comunes, como bibliotecas y salas de estudio, con tarifas asequibles y servicios básicos incluidos. Entre los proyectos beneficiarios figuran los de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Universidad de Burgos, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Lleida.

Además, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituirá al vigente desde 2010. La norma actualizará los derechos del alumnado e incorporará garantías relacionadas con la salud mental, la prevención del acoso y el ciberacoso, la conciliación entre estudios y trabajo y la adaptación de los exámenes para quienes tengan dificultades de aprendizaje, como dislexia, TDAH o discalculia.

El texto también reforzará el derecho a la desconexión digital, los sistemas de tutoría y la protección de las movilizaciones estudiantiles. Las universidades deberán desarrollar medidas para facilitar la conciliación, entre ellas opciones de matrícula a tiempo parcial o la suspensión temporal de los estudios.

La subida del SMI pendiente para noviembre, y las pensiones para diciembre

Más allá de los acuerdos anunciados para este martes, el Gobierno todavía tiene cosas en el tintero. Entre ellas, la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha el procedimiento para determinar la subida y ha expresado su intención de que pueda aprobarse antes de las elecciones generales.

La cifra definitiva no está cerrada. Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado un incremento de al menos el 7%, que elevaría el salario mínimo hasta unos 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas -actualmente situado en 1.221 euros brutos anuales en 14 pagas, 17.094 euros anuales-. Otras estimaciones sitúan la posible subida en torno al 5%, aunque el porcentaje final dependerá de las recomendaciones de los expertos y de las decisiones que adopte el Gobierno.

Aunque el calendario es ajustado. Díaz ha pedido a la comisión de expertos que presente su propuesta de subida del SMI antes de que termine octubre o, como máximo, a principios de noviembre. A partir de ese informe, el Gobierno abrirá la negociación con sindicatos y patronal con el objetivo de aprobar el incremento antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Por otro lado, la revalorización de las pensiones también es uno de los temas pendientes, pero su aprobación no está prevista para los Consejos de Ministros que quedan antes de las elecciones. El Gobierno ha señalado que la actualización para 2027 se abordará en diciembre, una vez se conozca el dato de inflación necesario para calcular el incremento.

La legislación establece que las pensiones contributivas se revaloricen conforme al IPC medio del periodo de referencia, por lo que el porcentaje definitivo no puede darse por cerrado en octubre. El Ejecutivo podrá tramitar la medida después del 29 de noviembre, incluso con el Gobierno en funciones, aunque el real decreto-ley también deberá someterse a la convalidación de la Diputación Permanente.

Reforma del registro horario, medida que aún podría salir

En el terreno laboral, otra de las iniciativas pendientes es la reforma del registro horario. El Ministerio de Trabajo lleva meses preparando cambios para reforzar el control de la jornada y combatir las horas extraordinarias no remuneradas. La reforma todavía podría aprobarse antes de las elecciones, aunque no hay un acuerdo confirmado por el momento. Una de las vías que ha planteado el Gobierno es aprobar los cambios mediante real decreto, lo que permitiría evitar la convalidación parlamentaria que exige un real decreto-ley.

Otras reformas, como el Estatuto del Becario o los cambios en la legislación sobre prevención de riesgos laborales y despidos, tienen más dificultades por la disolución de las Cortes. La convocatoria electoral ha interrumpido el recorrido parlamentario ordinario de las iniciativas pendientes, aunque eso no significa que todas queden descartadas. Su futuro dependerá de la fase en que se encontraban y de las alternativas legales.

Sacar dinero, realizar una transferencia o resolver una gestión bancaria en persona se ha convertido en una tarea más complicada para miles de habitantes de la España rural. Desde el máximo de septiembre de 2008, cuando el país contaba con algo más de 45.000 sucursales, han desaparecido el 63%, lo que supone cerca de 28.000 oficinas menos.

Pese a este retroceso, la desaparición de una sucursal no siempre implica quedarse sin acceso al efectivo. Los cajeros desplazados, las oficinas móviles, los agentes financieros, Correos y determinados comercios han contribuido a cubrir parte del vacío. Según los datos del Observatorio de Inclusión Financiera del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), al cierre de 2025 España disponía de 83.964 puntos de acceso a servicios financieros si se contabilizan todas estas alternativas.

La brecha, sin embargo, continúa existiendo. En total, 2.072 municipios carecían de cualquier punto de acceso físico a servicios bancarios, aunque se trata de localidades con una media de apenas 142 habitantes. En ellas reside una parte reducida de la población española: el 0,6%, según el observatorio. La cifra refleja una mejora respecto a años anteriores, pero también evidencia las dificultades que persisten en los territorios más despoblados.

El cerrojazo de oficinas pierde velocidad, pero la red sigue menguando

Durante 2025, la reducción de sucursales fue más moderada que en etapas anteriores. Las entidades cerraron 276 oficinas y dejaron la red en 17.101 sucursales en todo el país. Aun con esta disminución, España mantiene la tercera red de oficinas bancarias más densa de la Unión Europea, según los datos presentados por Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE.

La evolución de los cajeros también muestra una tendencia menos pronunciada a la baja. El número aumentó en 138 unidades durante 2025, aunque el balance acumulado desde 2008 sigue siendo negativo: la red ha perdido el 30% de sus terminales. Pese a ello, España conserva una densidad de cajeros un 16% superior a la media europea.

Ello hace que el 3,21% de la población viva en municipios sin oficina bancaria, pero el porcentaje cae al 2,23% si se incluyen los cajeros. Con las oficinas móviles, los agentes financieros y los servicios de Correos, la proporción continúa descendiendo hasta situarse en el 0,6% cuando se contabilizan también cajeros privados, establecimientos y comercios.

Castilla y León concentra las mayores dificultades

El mapa territorial revela que el problema no se distribuye de manera uniforme. Castilla y León encabeza la clasificación autonómica, con un 5,6% de su población residente en municipios sin puntos de acceso a servicios financieros. Navarra ocupa el segundo lugar, con el 4,84%, seguida de Aragón, donde el porcentaje alcanza el 2,43%.

Por provincias, las diferencias son aún más llamativas. Zamora presenta la situación más desfavorable: el 21% de sus habitantes vive en municipios sin ningún punto de acceso financiero. En Salamanca, la proporción asciende al 15,3%, mientras que en Cuenca alcanza el 8,4%. Estas cifras muestran cómo la dispersión territorial y el reducido tamaño de muchas localidades complican la prestación de servicios presenciales.

La dimensión del problema no depende únicamente de la existencia de una oficina. Para las personas mayores o para quienes tienen dificultades con las herramientas digitales, disponer de un cajero cercano o de un servicio móvil puede resultar determinante. Por eso, medir la inclusión financiera exige observar no solo cuántas sucursales sobreviven, sino también qué alternativas funcionan y hasta qué punto son accesibles para los vecinos.

Cajeros móviles y oficinas itinerantes, las soluciones más eficaces

Las medidas adoptadas en los últimos años han permitido reducir la exclusión financiera. Según Maudos, al finalizar 2025 había 1.058 municipios menos excluidos que en 2021 y la población afectada había disminuido un 55%. Además, solo quedaba un municipio de más de 2.000 habitantes sin ningún punto de acceso a servicios bancarios, de acuerdo con los datos presentados por el investigador.

Entre las iniciativas con mejores resultados figuran los cajeros desplazados. En municipios de más de 500 habitantes que carecían de sucursal, esta fórmula habría permitido recuperar el acceso a servicios financieros para 417.000 personas. Las oficinas móviles ocupan el segundo lugar, con 300.000 personas beneficiadas, según las cifras expuestas por el responsable del IVIE.

El uso de otras alternativas, no obstante, plantea interrogantes. Enrique Alberola, coordinador del grupo de Inclusión y Salud Financiera del Banco de España, ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que se están analizando las razones por las que Correos Cash, el servicio que permite obtener efectivo a través de la red postal, tiene una utilización reducida.

Una de las posibles explicaciones es que el procedimiento comienza por teléfono, pero después requiere consultar un enlace web recibido por SMS, un paso que puede dificultar el acceso a quienes tienen menos habilidades digitales.

La educación financiera entra en el debate

Más allá de la infraestructura, el sector bancario reclama reforzar los conocimientos económicos de la población. María Abascal, directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), ha defendido que la inclusión financiera no depende exclusivamente de tener una sucursal, un teléfono de atención o una aplicación, sino también de saber utilizar los servicios disponibles.

Por ello, ha pedido que los programas electorales incorporen una hora obligatoria de educación financiera en los colegios. La propuesta busca que los estudiantes adquieran herramientas para comprender cuestiones cotidianas como las cuentas bancarias, los préstamos, el ahorro o la gestión del dinero.

Heredar una vivienda en un mercado inmobiliario marcado por los elevados precios puede parecer una oportunidad difícil de rechazar. Sin embargo, recibirla no significa necesariamente obtener un patrimonio libre de cargas. Si el fallecido todavía estaba pagando una hipoteca, la deuda puede acompañar al inmueble y convertir una herencia aparentemente ventajosa en un compromiso financiero de largo recorrido.

Los gastos tampoco terminan con el préstamo pendiente. El heredero debe tener en cuenta los impuestos asociados a la sucesión, los posibles recibos impagados y las cargas que puedan afectar a la propiedad. Por eso, los expertos del comparador financiero HelpMyCash recomiendan recopilar toda la información disponible antes de tomar una decisión que puede tener consecuencias económicas importantes.

La clave está en no precipitarse. Antes de aceptar una vivienda hipotecada, conviene conocer cuánto dinero queda por devolver, comprobar si existen mecanismos para cancelar la deuda y valorar las distintas alternativas legales que contempla la normativa española, señalan los expertos.

Consultar al banco y averiguar cuánto queda de hipoteca

El primer paso consiste en ponerse en contacto con la entidad financiera con la que el fallecido contrató el préstamo. El objetivo es conocer el capital pendiente, las condiciones de financiación y el tiempo que resta para terminar de pagar la vivienda. También resulta fundamental comprobar si las cuotas se abonaban con normalidad o si existían mensualidades impagadas.

Para acceder a esa información, el heredero debe acreditar su condición o su interés legítimo. Entre los documentos necesarios figuran el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y una copia autorizada del testamento. Si no existe testamento, será necesario tramitar la declaración de herederos correspondiente.

Una vez acreditada la legitimación, la entidad debe facilitar la documentación bancaria pertinente. Según HelpMyCash, el heredero puede solicitar información sobre los productos contratados por el fallecido, incluidos los préstamos y las hipotecas, así como el certificado de posiciones. Estos datos permiten calcular el alcance real de la deuda y evaluar si la vivienda resulta asumible.

Comprobar las cargas y buscar un posible seguro de vida

La deuda hipotecaria no es el único riesgo que puede esconder una vivienda heredada. Antes de decidir qué hacer con ella, también conviene comprobar si existen embargos, usufructos, servidumbres u otras cargas registrales que puedan limitar su uso o afectar a su valor.

Para ello, se puede solicitar una nota simple en el Registro de la Propiedad. Además, es recomendable pedir a la comunidad de propietarios un certificado que detalle si hay cuotas pendientes o derramas sin pagar. Estas obligaciones pueden incrementar el coste de recibir el inmueble y deben incluirse en el cálculo económico de la operación.

Hay otra comprobación que puede marcar la diferencia: averiguar si el fallecido tenía contratado un seguro de vida vinculado a la hipoteca. Si la póliza cubre el fallecimiento y se cumplen sus condiciones, la aseguradora puede abonar el capital asegurado para cancelar total o parcialmente el préstamo. Para investigar si existía una póliza, se pueden revisar los recibos bancarios o consultar el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento del Ministerio de Justicia.

Aceptar, renunciar o proteger el patrimonio propio

Una vez reunida toda la información, llega la decisión más importante. El heredero puede aceptar la herencia, renunciar a ella o aceptarla a beneficio de inventario. Cada opción tiene consecuencias distintas y conviene estudiar las cifras antes de elegir.

Aceptar supone recibir los bienes y asumir las obligaciones hereditarias que correspondan. En el caso de una vivienda hipotecada, el préstamo no desaparece automáticamente por el fallecimiento del propietario. La situación deberá resolverse conforme al contrato, a las condiciones de la sucesión y, cuando proceda, a la cobertura de un seguro.

La renuncia, por su parte, implica perder el derecho a recibir los bienes de esa herencia. La tercera alternativa, la aceptación a beneficio de inventario, permite que las deudas hereditarias se satisfagan con el patrimonio de la herencia, de modo que, si se cumplen los requisitos legales, el patrimonio personal del heredero queda protegido frente a esas deudas. Este mecanismo exige seguir el procedimiento y los plazos previstos por la ley.

Los impuestos y gastos que también hay que calcular

Incluso cuando la vivienda resulta económicamente viable, recibirla puede generar una factura adicional. Entre los costes que deben revisarse figuran el impuesto sobre sucesiones y donaciones, cuya aplicación depende de la normativa autonómica; la plusvalía municipal, cuando corresponda, y los gastos notariales y administrativos.

La decisión no debe basarse únicamente en el valor de mercado de la casa. Para saber si compensa aceptar la herencia, hay que comparar el valor del inmueble con la hipoteca pendiente, las posibles cargas, los impuestos y los demás gastos. Solo después de realizar ese balance será posible determinar si la vivienda representa una oportunidad patrimonial o una obligación difícil de asumir, subrayan los expertos.

La recogida de aceituna vuelve a afrontar dificultades para reunir cuadrillas en el campo andaluz. Las organizaciones agrarias alertan de falta de mano de obra, mientras que los sindicatos sostienen que el empleo agrario ha perdido atractivo por su dureza, su escasa duración y la incertidumbre sobre los ingresos finales.

Para los jornaleros que se desplazan a otra provincia, aceptar una campaña de uno o dos meses supone asumir el coste del transporte y, en muchos casos, buscar una vivienda de alquiler por un periodo muy corto. A esos gastos se suma la incertidumbre de la meteorología: cuando llueve no se puede recoger, y si no se puede recoger, no hay jornada ni salario. CCOO advierte de que esos días tampoco cuentan para la cotización.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ya atribuyó durante la pasada campaña el retraso de la recolección tanto a las lluvias como a la escasez de trabajadores. La organización afirmó que la falta de personal y el coste de recoger la aceituna caída al suelo habían convertido esa labor en “económicamente inviable” para parte de las explotaciones.

La lluvia deja al jornalero sin salario y sin cotización

Vicente Jiménez, responsable estatal del Sector Agrario de CCOO, reconoce que las campañas agrícolas tienen problemas para reunir personal: “De un tiempo a esta parte, es verdad que hay una falta de mano de obra”, afirma.

El dirigente sindical relaciona esa dificultad con las condiciones del empleo. La recolección se realiza a la intemperie, con frío, lluvia o pendientes, y depende de que el tiempo permita salir al campo. “Día que trabajan, día que cotizan y día que cobran”, explica, y añade: “Si llueve, pues no trabajan”.

La consecuencia afecta a la planificación de los ingresos. Un trabajador puede tener un contrato para la campaña, pero no sabe cuántos días acabará trabajando ni cuánto podrá cobrar al final del mes.

En este sentido, CCOO cuestiona el sistema de cotización por jornadas reales y propone que el empleo agrario avance hacia un modelo con mayor protección social: “El trabajador agrario debería dejar de cotizar por jornadas reales y debería ser igual que un trabajador fijo y debería cotizar todos los días”, plantea Jiménez.

UGT calcula que el jornal puede quedar en 57,50 euros netos

Para Emilio Terrón, secretario del sector agrario de FICA UGT, la falta de trabajadores está ligada a las condiciones que ofrecen parte de las explotaciones: “La falta de trabajadores y trabajadoras del campo se encuentra fundamentalmente en las condiciones que se ofrecen por parte de los empresarios”, asegura.

Terrón sostiene que el salario se sitúa en muchos casos en el mínimo interprofesional y denuncia que algunas tareas se abonan por producción. “Lo que se ofrece es el salario mínimo puro y duro y, además, en algunas explotaciones, ni eso, sino que la recolección o la pagan por kilos, o la pagan por cajas, o la pagan por espuerta”, afirma. La espuerta es un recipiente usado para transportar aceitunas, por lo que el pago depende de cuántos capazos llena cada jornalero.

El representante de UGT cifra en 62,39 euros brutos diarios el salario de una persona fija discontinua y estima que, después de las cotizaciones, las retenciones y el coste del desplazamiento, el ingreso neto puede rondar los 57,50 euros. Se trata de un cálculo sindical que puede variar según la provincia, la categoría profesional, los complementos y la distancia hasta la finca.

Terrón sostiene que, cuando los trabajadores encuentran una oportunidad en otra actividad, abandonan el campo. Una idea que comparte con el representante sindical de CCOO, quien sitúa entre las alternativas la hostelería, el comercio, la construcción, la industria o los almacenes, donde los contratos suelen durar más tiempo. “La gente prefiere seis meses en la hostelería, en el comercio o en la construcción, que estar cada día mirando el cielo”, señala Vicente Jiménez.

El alojamiento y el transporte condicionan a quienes se desplazan

La vivienda es otro de los factores que hacen del trabajo en el campo una actividad cada vez menos atractiva. Jiménez advierte de que encontrar un alquiler por uno o dos meses resulta difícil y caro. “Si tiene que desplazarse de otra provincia para trabajar y encima tienen que pagar los alojamientos, eso es un impedimento”, explica.

CCOO reclama que “las ofertas de empleo que se hagan garanticen un alojamiento y garanticen y paguen parte del desplazamiento, si no el desplazamiento entero”, sostiene Jiménez.

La mecanización acorta las campañas y reduce el empleo

El modelo de cultivo también ha cambiado. Jiménez señala que la extensión del olivar intensivo y la mecanización reducen la necesidad de mano de obra en algunas fincas y concentran la recogida en menos días. “Los agricultores lo que están haciendo es poner olivar intensivo, que se coge con máquina y demanda menos mano de obra”, afirma.

Ese proceso puede generar una paradoja: se necesitan cuadrillas en momentos muy concretos, pero cada vez hay menos empleo suficiente para sostener a una persona durante buena parte del año. “La mecanización y la digitalización están llegando y cambiando el perfil a que todo dure cada vez menos”, añade el responsable de CCOO.

Ambos sindicatos defienden el contrato fijo discontinuo frente a la contratación por días. Sin embargo, coinciden en que esa fórmula no retiene a los trabajadores si otros sectores ofrecen más meses de empleo o mejores condiciones. “Si yo soy fijo discontinuo de esta empresa, pero me llama otro sector y me está ofreciendo condiciones mejores, pues dejo el contrato de fijo discontinuo y me voy a otro sector”, explica Terrón.

Jornadas declaradas por debajo de las trabajadas

UGT señala que las altas en la Seguridad Social son hoy más habituales que en otras campañas, pero denuncia posibles irregularidades en la declaración posterior de las jornadas reales. Terrón explica que las empresas pueden mantener al trabajador de alta durante el mes y, después, comunicar un número de peonadas inferior al efectivamente trabajado. “Hay una denuncia que se viene dando ya desde hace muchos años, que es la no declaración de la jornada real”, afirma.

El representante sindical advierte de que esa práctica puede afectar a la cotización de los jornaleros y a su capacidad para reunir los días necesarios para acceder a prestaciones.

UGT denuncia además falta de registro horario y el impago de horas extraordinarias. “Lo que brilla por su ausencia es el registro horario”, afirma Terrón, quien sostiene que las horas extra “por supuesto, no se pagan”. En este contexto, el sindicato reclama reforzar la presencia de la Inspección de Trabajo durante las campañas agrícolas.

La imagen de los políticos con una pensión vitalicia al margen del resto de los ciudadanos sigue instalada en el debate público. Sin embargo, el sistema actual es distinto del que existía hace más de quince años. Desde la reforma de 2011, diputados y senadores están sujetos, con carácter general, a las normas ordinarias de la Seguridad Social o al régimen que les corresponda por su trayectoria profesional. Aun así, algunas prestaciones del modelo anterior continúan vigentes para quienes ya habían adquirido ese derecho.

Los datos de febrero de 2026 permiten medir el alcance de esa herencia. Un total de 106 personas cobraban entonces la denominada pensión parlamentaria, con un coste aproximado de 124.000 euros al mes. A ellas se sumaban 35 exparlamentarios y 48 cónyuges viudos que percibían complementos de ingresos, cuyo desembolso mensual conjunto rondaba los 70.000 euros. Se trata de un colectivo reducido y en retroceso, pero suficiente para mantener abierta la discusión sobre las condiciones económicas de quienes han ocupado un escaño.

La reforma que cambió las reglas

El punto de inflexión llegó en 2011, cuando se derogó el régimen especial de pensiones parlamentarias. La medida no tuvo efectos retroactivos, por lo que no eliminó automáticamente los derechos reconocidos con anterioridad. De este modo, quienes cumplían los requisitos del sistema antiguo pudieron conservar las prestaciones que ya habían generado.

Antes de ese cambio, el Reglamento de Pensiones Parlamentarias de 2006 contemplaba una ayuda complementaria para antiguos diputados que hubieran permanecido al menos siete años en el cargo y reunieran determinadas condiciones de edad y jubilación. El objetivo era cubrir la diferencia entre el límite máximo de la pensión pública y las demás prestaciones que recibiera el beneficiario.

La cuantía dependía del tiempo pasado en el Parlamento. Quienes acumulaban entre siete y nueve años de mandato podían recibir un complemento equivalente al 80% de esa diferencia; el porcentaje ascendía al 90% para quienes habían permanecido entre nueve y once años, y alcanzaba el 100% a partir de once años. El acceso estaba sujeto, además, a requisitos específicos de edad y derecho a jubilación.

Cuánto cobran los parlamentarios actuales

La situación de quienes llegaron al Congreso o al Senado después de la reforma es diferente. Su jubilación se calcula conforme a las reglas generales de la Seguridad Social o, cuando corresponda, al régimen de Clases Pasivas. No existe para ellos un complemento parlamentario automático por el mero hecho de haber ocupado un escaño.

Durante el mandato, las Cámaras asumen las cotizaciones que corresponden a los parlamentarios, de acuerdo con su situación profesional. Si proceden del Régimen General o de una mutualidad alternativa, la cotización se articula conforme a ese encuadramiento; en determinados casos de funcionarios públicos, el Congreso se hace cargo de la cuota correspondiente al régimen de Clases Pasivas.

La normativa también establece límites a la percepción simultánea de determinadas prestaciones públicas durante el ejercicio del cargo. Según el artículo 158.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, diputados y senadores no pueden cobrar retribuciones por su función que resulten incompatibles con las asignaciones o pensiones que les correspondan. Al abandonar el escaño, el derecho a la pensión puede restablecerse conforme a las reglas aplicables.

Indemnizaciones y ayudas que siguen vigentes

La desaparición de la pensión parlamentaria no significa que todos los exdiputados queden excluidos de cualquier compensación económica al dejar el cargo. Quienes hayan permanecido al menos dos años pueden tener derecho a una indemnización por cese equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato —o fracción superior a seis meses—, con un máximo de 24 mensualidades. Esta compensación es incompatible con otras retribuciones o percepciones públicas o privadas.

También sobreviven algunas medidas transitorias destinadas a evitar que determinados antiguos parlamentarios queden sin cobertura suficiente para acceder a la jubilación. En concreto, la Cámara puede mantener el alta en la Seguridad Social de quienes hayan tenido mandatos inferiores a siete años, tengan al menos 55 años al cesar y carezcan de actividad profesional, hasta que completen el periodo mínimo de cotización exigido.

A estas disposiciones se suman ayudas para cónyuges viudos e hijos menores de 25 años en supuestos concretos. Las Cortes cuentan, además, con una póliza de accidentes para diputados y senadores que contempla riesgos como el fallecimiento accidental o la incapacidad permanente. Por su parte, las aportaciones al plan de previsión social complementario de las Cámaras permanecen suspendidas desde el 25 de enero de 2012.

El resultado es un sistema con dos realidades distintas: la de los parlamentarios actuales, sujetos en términos generales a las normas ordinarias de jubilación, y la de un grupo cada vez menor que conserva derechos adquiridos bajo la regulación anterior.

“Los parlamentarios actuales están plenamente integrados en el marco ordinario de la Seguridad Social, y la Cámara asume el coste de la cotización, pero sin reglas de cálculo propias. La llamada ‘pensión vitalicia’ es en realidad un vestigio de un régimen jurídico ya derogado, cuyo colectivo beneficiario se reduce progresivamente”, señalan expertos en pensiones de BBVA.

España mantiene una de sus señas de identidad más reconocibles: los bares. Con un establecimiento por cada 175 habitantes, el país lidera por su densidad hostelera en Europa y por una cultura que resiste al avance del ocio digital. La cerveza sigue siendo la bebida más consumida en estos locales, pero el futuro del sector depende cada vez más de ofrecer experiencias que van más allá de sentarse a tomar algo. La Generación Z está acelerando ese cambio y reivindica tres elementos esenciales: autenticidad, gastronomía y encuentro físico.

Según el informe The Future Role of Bars in Europe, elaborado por Heineken y Edelman, el 96% de los españoles echaría de menos los bares si desaparecieran. Además, el 81% considera estos establecimientos el espacio más importante para la interacción humana. Los datos reflejan que, pese a la expansión de las redes sociales y las plataformas digitales, compartir una mesa continúa siendo una parte fundamental de la vida cotidiana.

El peso de estos locales también se refleja en las cifras empresariales. Los datos del Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en el estudio, sitúan a España por delante de mercados como Francia y Reino Unido en densidad de bares. Esta red de establecimientos convierte a la hostelería en un elemento central de la economía y de las relaciones sociales, especialmente en barrios y municipios donde los bares funcionan como puntos de encuentro habituales.

La Generación Z impulsa una nueva forma de ir al bar

Los jóvenes están cambiando las prioridades de la hostelería, recoge el informe. Señala que el 33% de la Generación Z, integrada en la muestra por personas de entre 18 y 34 años, acude a los bares con frecuencia, frente al 12,5% de la media nacional. Esta diferencia convierte a los consumidores jóvenes en un grupo relevante para el futuro del sector, que debe adaptarse a sus expectativas sin perder los rasgos que distinguen al modelo español.

A diferencia de una visión centrada exclusivamente en las bebidas, los motivos para salir están cada vez más vinculados a la experiencia. La diversión es una razón para acudir a un bar para el 55% de los encuestados y la comida para el 52%, mientras que el consumo de alcohol se sitúa en el 32%. Entre los jóvenes, la gastronomía adquiere todavía más importancia: el 60% la considera clave para asegurar el futuro de estos establecimientos, ocho puntos por encima de la media española y 18 más que entre los jóvenes de otros países europeos.

Esta transformación no implica que los bares pierdan su identidad, sino que amplían su propuesta. Las tapas, las cartas cuidadas, las terrazas y los ambientes informales ganan peso frente a un modelo basado únicamente en el consumo de bebidas. Para los negocios, la oportunidad consiste en convertir la visita en una experiencia completa, capaz de atraer clientes durante más horas y generar actividad en distintas franjas del día.

El ‘tardeo’ gana terreno y abre nuevas oportunidades

Uno de los fenómenos que mejor ilustra este cambio es el ‘tardeo’, una fórmula de ocio que adelanta los encuentros sociales a la tarde y que ha ganado popularidad en España. Según los datos de Google Trends recogidos en el estudio, el interés de búsqueda por este término se ha multiplicado por 32 desde 2015. La tendencia abre nuevas posibilidades para los establecimientos, que pueden ampliar sus horarios de actividad y aprovechar momentos que tradicionalmente tenían menor afluencia.

La evolución del consumo también favorece una hostelería más flexible. El 58% de los españoles afirma sentirse cómodo en un bar sin beber alcohol, mientras que el 61% considera que las opciones sin alcohol o 0,0 contribuyen a crear espacios más acogedores. Entre los jóvenes, este último porcentaje alcanza el 73%, lo que apunta a una mayor aceptación de alternativas que permiten participar en la vida social sin necesidad de consumir bebidas alcohólicas.

En este contexto, la cerveza conserva una posición destacada. De acuerdo con datos de Cerveceros de España correspondientes a 2025, representa el 44% de la cuota de consumo de bebidas en la hostelería y el 17,5% del consumo general de bebidas en el país. Su peso sigue siendo relevante, aunque las nuevas preferencias obligan a los establecimientos a diversificar su oferta y responder a clientes que valoran tanto la calidad de la comida como las opciones disponibles para acompañarla.

La autenticidad, el principal activo de los bares españoles

La adaptación del sector también plantea un desafío económico: mantener la rentabilidad en un mercado donde los consumidores buscan propuestas diferenciadas. La cultura de la tapa, las terrazas, el ocio diurno y las bebidas sin alcohol aparecen como vías para atraer públicos distintos y reforzar la actividad de los establecimientos más allá de las horas punta tradicionales.

En esta línea, Alfonso Saiz, director de Ventas a Hostelería de Heineken España, destaca la capacidad de resistencia del sector y defiende que su futuro estará ligado a la identidad de los locales. Según el directivo, la hostelería española se apoya en “la autenticidad, la gastronomía y el encuentro físico”, elementos que considera fundamentales para mantener su papel como red social.

Una persona que haya cotizado 30 años puede cobrar en 2026 una pensión de jubilación mínima de 888,70 euros al mes si convive con su cónyuge, pero este no depende económicamente de ella. La cuantía puede subir a 936,20 euros mensuales para quienes viven solos y a 1.256,60 euros si el cónyuge está a cargo.

Esas cantidades se abonan en 14 pagas y corresponden a la jubilación ordinaria de personas con 65 años o más. Sin embargo, tener 30 años cotizados no garantiza por sí solo el cobro de una de esas cifras. La pensión final depende de las bases de cotización de cada trabajador, de la edad a la que se retire y de si cumple con los requisitos para acceder al complemento a mínimos.

Con 30 años cotizados se cobra el 85,18% de la base reguladora

La Seguridad Social calcula la pensión de jubilación a partir de la base reguladora y del tiempo cotizado. En 2026, los primeros 15 años dan derecho al 50% de esa base.

A partir del año decimosexto, se suma un porcentaje por cada mes adicional cotizado. Durante este año, los primeros 49 meses añaden un 0,21% por mes y los siguientes un 0,19%.

Con 30 años de cotización, una persona acumula otros 15 años después de completar el período mínimo exigido. El resultado es que le corresponde el 85,18% de la base reguladora.

La operación es la siguiente: el 50% inicial por los primeros 15 años, más 10,29 puntos por los primeros 49 meses extra y otros 24,89 puntos por los 131 meses posteriores. La suma alcanza el 85,18%.

Ese porcentaje no se aplica al último sueldo. Se calcula sobre la base reguladora, que reúne las bases de cotización utilizadas por la Administración para fijar la prestación.

La pensión mínima cambia según la situación familiar

Las cuantías mínimas de jubilación en 2026 no varían por haber cotizado 15, 30 o más años. Se fijan según la edad del titular y su situación familiar.

Una persona con 30 años cotizados que se retire a su edad ordinaria tendrá derecho, si cumple los requisitos para percibir el complemento a mínimos, a estas cantidades mínimas:

• 1.256,60 euros mensuales y 17.592,40 euros al año, con cónyuge a cargo.
• 936,20 euros mensuales y 13.106,80 euros al año, para una unidad económica unipersonal.
• 888,70 euros mensuales y 12.441,80 euros al año, con cónyuge no a cargo.

El cónyuge se considera a cargo cuando convive con el pensionista y depende económicamente de él. Si hay convivencia, pero no existe esa dependencia económica, se aplica la cuantía para cónyuge no a cargo.

Por tanto, la respuesta a cuánto es la pensión mínima con 30 años cotizados depende de la situación personal.

El complemento a mínimos no se concede de forma automática

La pensión inicial se obtiene al aplicar el 85,18% a la base reguladora. Si el resultado queda por debajo de la cuantía mínima que corresponde al pensionista, puede tener derecho al complemento a mínimos.

Este complemento permite elevar la pensión hasta el importe mínimo establecido, aunque exige cumplir determinadas condiciones económicas. En 2026, los ingresos anuales distintos de la propia pensión no pueden superar los 9.442 euros para quienes no tienen cónyuge a cargo.

En el caso de los pensionistas con cónyuge a cargo, el límite de ingresos conjuntos se sitúa en 11.013 euros anuales. También es necesario residir en España para cobrar este complemento cuando la pensión se haya causado desde el 1 de enero de 2013.

El complemento no es consolidable. Puede reducirse o eliminarse si cambian las rentas del pensionista, la situación económica del cónyuge o la residencia habitual.

Con 30 años cotizados, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses

En 2026, solo pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización. Como una carrera de 30 años no alcanza ese umbral, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses.

Quien decida retirarse antes podrá acceder a la jubilación anticipada si cumple los requisitos de esa modalidad, aunque la pensión se reducirá mediante coeficientes aplicados en función de los meses de adelanto y del total de años cotizados.

Desde 2026, para calcular la base reguladora, la Seguridad Social compara dos fórmulas y aplica la más favorable. Una de ellas toma las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los últimos 304 meses anteriores a la jubilación y divide el resultado entre 352,33. La otra mantiene el cálculo con los últimos 25 años de cotización.

Los herederos pueden recibir algo más que dinero, una vivienda o propiedades. Una sucesión también puede incluir préstamos, impuestos pendientes u otras obligaciones que el fallecido no hubiera saldado. En este sentido, la abogada Lucía Menéndez ha explicado en un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok cómo funciona la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, una vía para conocer los bienes y las deudas que deja una persona en su herencia sin poner el pelirgo ekl patrimonio del heredero.

En su explicación, Menéndez plantea una situación habitual: “Imagina que tu padre fallece y sabes que ha dejado algo de dinero y una casa, pero también sospechas que puede haber dejado alguna deuda, pero no sabes de cuánto”.

La duda aparece cuando el heredero desconoce el alcance real de esas obligaciones. “Dices: ‘Claro, acepto la herencia y después voy a tener que pagar yo las deudas’”, señala la letrada. La respuesta depende de la modalidad de aceptación elegida y de los trámites que se realicen ante notario.

En España, la aceptación pura y simple de una herencia puede hacer que el heredero responda de las cargas pendientes también con su patrimonio personal. Por eso, antes de tomar una decisión, resulta necesario conocer tanto los bienes como las deudas que integran la sucesión.

El inventario permite separar los bienes personales de la herencia

La abogada aclara que para situaciones en las que la sucesión viene acompañada de deudas, “existen las herencias a beneficio de inventario”. Su finalidad es elaborar un inventario completo del patrimonio que dejó la persona fallecida.

“Explicado de manera muy sencilla, es hacer un inventario de los bienes y activos y un inventario de los pasivos y deudas”, afirma Menéndez. En ese listado deben constar, por un lado, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones u otros derechos. Por otro, préstamos, facturas, créditos fiscales y cualquier otra deuda conocida.

El Código Civil establece que cualquier heredero puede aceptar a beneficio de inventario, incluso si la persona fallecida que hizo testamento, conocida legalmente como testador, hubiera intentado impedirlo. La declaración debe realizarse ante notario y requiere un inventario fiel y exacto, sujeto a formalidades y plazos legales.

Las deudas se pagan hasta donde alcance la herencia

La clave de este procedimiento es que protege al heredero frente a un posible desequilibrio entre activos y deudas. “Si los activos superan a las deudas, aceptaremos la herencia y, si no, la rechazaremos”, aconseja Menéndez.

Sin embargo, el beneficio de inventario también ofrece otra posibilidad: aceptar la herencia sin que las deudas alcancen el patrimonio particular de quien hereda. El artículo 1023 del Código Civil dispone que el heredero solo queda obligado a pagar las cargas hereditarias “hasta donde alcancen los bienes de la misma”.

Esto implica que los acreedores pueden reclamar frente a los bienes y derechos que formen parte de la herencia, pero no sobre el dinero, la vivienda o los ingresos propios del heredero, siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos para acogerse a este régimen.

Cuidado con omitir bienes o incumplir los trámites

La aceptación a beneficio de inventario exige precisión. La normativa prevé la pérdida de ese beneficio si el heredero excluye de forma consciente bienes, derechos o acciones que debían figurar en el inventario.

También puede haber consecuencias si se venden bienes de la herencia antes de pagar las deudas y los legados sin autorización o sin respetar las condiciones fijadas. Por eso, Menéndez advierte: “Si vas a recibir una herencia, es muy importante saber qué hay detrás, no solo de bienes, sino de pasivos”.

La letrada concluye que, sin esa revisión previa, “después podrías responder con tu patrimonio personal”. La intervención de un notario y el análisis de la documentación disponible permiten determinar qué opción se ajusta a cada caso.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,729 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,569 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,009 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,087 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,925 euros el litro

Precio mínimo: 1,629 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,069 euros el litro

Precio mínimo: 1,89 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,108 euros el litro

Precio mínimo: 1,798 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,889 euros el litro

Precio mínimo: 1,667 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,048 euros el litro

Precio mínimo: 1,909 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,115 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,875 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,2 euros el litro

Precio mínimo: 1,865 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,984 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,074 euros el litro

Precio mínimo: 1,688 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,919 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,829 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,998 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,859 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,028 euros el litro

Precio mínimo: 1,859 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

El mercado del aceite de oliva comienza la campaña 2026-2027 con un volumen de reservas que será determinante para la evolución de los precios en los próximos meses. España cerró el ejercicio anterior con 356.914 toneladas de existencias, una cifra que, sumada a las previsiones de cosecha, mantiene abierto el debate sobre la posibilidad de retirar parte de la producción para evitar un exceso de oferta.

Los datos, difundidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y correspondientes al cierre del 30 de septiembre de 2026, sitúan la producción final de la campaña anterior en torno a 1,3 millones de toneladas. Las ventas alcanzaron un volumen similar, aunque el aceite almacenado al término del ejercicio constituye ahora una referencia clave para calcular la disponibilidad del producto.

Andalucía volvió a concentrar la mayor parte de la producción nacional, con 978.551,9 toneladas, seguida a distancia por Castilla-La Mancha, que registró 139.056,9 toneladas. El reparto de las reservas finales refleja, además, que una parte importante del aceite permanece almacenada en las almazaras y en las instalaciones de la industria envasadora.

Medidas ante la caída de los precios

De las existencias contabilizadas al cierre de septiembre, 175.744,57 toneladas estaban en las almazaras, mientras que la industria envasadora acumulaba 145.407,53 toneladas a granel y 32.884,41 toneladas envasadas. A estas cantidades se sumaban otras 2.877,59 toneladas declaradas por la fundación Patrimonio Comunal Olivarero.

La atención del sector se centra ahora en determinar si la cantidad de aceite disponible permitirá activar el mecanismo de ajuste de la oferta durante la nueva campaña. Los productores han solicitado su puesta en marcha ante la “preocupante” caída de los precios en origen registrada en las últimas semanas, una evolución que contrasta con el aumento de los costes de producción durante el último año.

La industria, sin embargo, mantiene sus reservas sobre esta herramienta. Sus representantes consideran que la retirada de aceite no resolvería necesariamente los problemas del mercado y plantean dudas sobre cómo debería gestionarse la producción almacenada cuando llegue el momento de reincorporarla a la comercialización.

La cosecha podría crecer un 23% en España

Las primeras estimaciones de aforo apuntan a una producción de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva en España durante la campaña 2026-2027. De confirmarse esta previsión, el volumen aumentaría un 23% respecto al ejercicio anterior. A esa cosecha se añadirían las cerca de 357.000 toneladas procedentes de las existencias de enlace.

La combinación de una mayor producción prevista y el aceite almacenado de la campaña anterior convierte el cálculo de la disponibilidad total en un elemento central para evaluar el equilibrio entre oferta y demanda. Sin embargo, la previsión de cosecha todavía deberá contrastarse con la evolución real de la campaña y con los datos definitivos de comercialización.

El Gobierno aún no ha decidido si aprobará la norma de comercialización del aceite para este ejercicio. La herramienta está contemplada en un decreto de 2021, basado en el artículo 167 bis de un reglamento europeo, que permite establecer mecanismos de retirada cuando una sobreoferta pueda desestabilizar el mercado.

La retirada exige superar un umbral de existencias

Para activar este mecanismo, las existencias iniciales y las estimaciones de producción de la campaña deben alcanzar o superar el 120% del nivel medio registrado durante las seis campañas anteriores. El cumplimiento de este requisito será determinante para que el Ejecutivo pueda aplicar la medida.

La norma busca ofrecer una respuesta ante situaciones de exceso de oferta que puedan presionar a la baja las cotizaciones. No obstante, su posible aplicación también abre interrogantes sobre la duración de la retirada, la gestión del aceite de oliva almacenado y su posterior vuelta al mercado.

En España se ha producido un cambio en la forma en que las compañías gestionan sus finanzas. La empresa mediana ha reducido su nivel de deuda del 47% de sus activos al 7% en un plazo de tres años. Ese ajuste coincidió con una caída de la inversión, la devolución de préstamos y deudas, y un aumento de la liquidez, según un estudio del Banco de España que analiza la evolución de las sociedades no financieras entre 2007 y 2024.

El informe estudia casi un millón de empresas con al menos un año de información posterior a su máximo nivel de endeudamiento. Describe un patrón extendido: durante el período de reducción de deuda, las compañías disminuyeron sus pasivos y elevaron su liquidez, mientras la inversión perdió peso. “Estos resultados muestran que, durante el proceso de desapalancamiento, las empresas priorizan la reducción de los pasivos y el refuerzo de la liquidez, en detrimento de la inversión productiva”, explica el texto. No obstante, el propio informe advierte que su análisis es descriptivo y no permite determinar hasta qué punto el ajuste respondió a restricciones de crédito o a decisiones propias de las empresas.

La evolución quedó reflejada en los indicadores de inversión. La proporción de empresas con inversión positiva bajó del 62% cuando tenían su mayor nivel de deuda al 46% después de reducirla. La formación bruta de capital fijo, un indicador de la inversión en maquinaria, instalaciones y otros activos duraderos, descendió del 0,8% de los activos a valores nulos.

Menos préstamos pendientes y más dinero disponible

El ajuste no solo redujo el peso de la deuda. El 31% de las empresas analizadas terminó sin ninguna deuda pendiente. Y el 54% llegó a tener más dinero disponible, en caja o en el banco, del que debía a sus acreedores. El informe llama a esa situación “deuda neta negativa”.

El dinero disponible de la empresa mediana pasó de representar el 5% al 8% de sus activos. Para el Banco de España, esto demuestra que las empresas no solo pagaron deudas: también guardaron más efectivo para estar mejor preparadas ante imprevistos y acceder con más facilidad a financiación en el futuro. Entre las grandes empresas, el aumento fue menor, del 1,6% al 2,4%, y esa diferencia también se nota en las decisiones de inversión.

Las pymes redujeron más deuda y reforzaron su liquidez

En las pymes, el porcentaje de compañías que invirtieron cayó del 61% al 46%, mientras que entre las grandes empresas descendió del 86% al 82%. La diferencia muestra que las pymes priorizaron con más fuerza guardar dinero en vez de invertir, mientras reducían su deuda.

La explicación tiene que ver con cómo se financia cada tipo de empresa. Las pymes dependen casi por completo de los bancos: en su momento de mayor deuda, los préstamos bancarios representaban el 26% de sus activos, y la deuda con otros acreedores era prácticamente inexistente. Las grandes empresas, en cambio, reparten más su financiación: la deuda bancaria representaba el 16% de sus activos, y la deuda con otras fuentes, el 13%.

Pagar los préstamos fue, de hecho, la forma más común de reducir la deuda. Las pymes bajaron su deuda total en un 73% durante el proceso analizado, frente al 60% de las grandes empresas.En las grandes empresas, además de pagar deuda, otra vía importante fue usar sus propios recursos, como ganancias acumuladas o aportaciones de los accionistas.

Ganar más al pagar menos intereses

El ajuste financiero tuvo otra consecuencia: las empresas ganaron más dinero en relación con lo que tenían. El retorno sobre activos, un indicador que compara los beneficios con el total de recursos de una empresa, pasó del 0,2% al 2% en la empresa mediana.

La mejora se debió a dos factores: las empresas vendieron más o gastaron menos en su actividad principal, y pagaron menos intereses por sus deudas. Los gastos en intereses y otros costos financieros bajaron del 0,8% al 0,3% de los activos. Al deber menos dinero, las empresas destinaron menos ingresos a pagar intereses, lo que dejó más margen para mejorar sus ganancias.

Las empresas con más riesgo de no poder pagar sus deudas fueron las que más redujeron su endeudamiento. Aquellas con una probabilidad de impago superior al 3% bajaron su nivel de deuda 34 puntos porcentuales más que las empresas con menos riesgo.

El estudio también encontró diferencias según el tipo de empresa. Las compañías jóvenes y las de sectores como energía, comunicaciones, comercio y hostelería redujeron su deuda con más rapidez. En cambio, cuando el dinero prestado se había usado para comprar maquinaria o inmuebles, el proceso de pago de esa deuda fue más lento.

El acceso al crédito no explica todo el cambio

Una parte del ajuste coincidió con momentos difíciles para conseguir financiación. Las empresas llegaron a su nivel más alto de deuda, sobre todo, en dos momentos: en 2008, al inicio de la crisis financiera global, y en 2020, durante la pandemia. En ambos casos, muchas recurrieron a préstamos y otras fuentes de dinero, aunque por razones distintas.

Aun así, el Banco de España señala algo llamativo: incluso las empresas que podían seguir pidiendo créditos a los bancos optaron por reducir su deuda. El estudio no puede determinar con precisión cuánto de ese comportamiento se debió a que los bancos prestaban menos dinero, y cuánto fue una decisión propia de las empresas.

Todo apunta a que, además de las posibles dificultades para conseguir crédito, las empresas también decidieron por su cuenta pagar deudas y guardar más dinero disponible para reducir riesgos futuros. Lo que el informe no puede confirmar es si ese cambio permitirá, más adelante, que las empresas vuelvan a invertir con la misma fuerza que antes.

Aunque todavía no ha pasado Halloween, muchos ya tienen la mirada puesta en Navidad. Diciembre es uno de los meses con mayor gasto per cápita del año porque, entre comidas familiares, regalos y lotería, el desembolso medio por consumidor puede alcanzar los 1.300 euros durante las fiestas, según los cálculos de la Asociación Española de Consumidores (AEC) en 2025.

Ante esto, hay ciertos gastos que hay que vigilar y varias recomendaciones a seguir para evitar que las celebraciones terminen por desequilibrar las cuentas domésticas. La alimentación, según Domestica tu Economía, encabeza la lista de partidas que más se disparan en diciembre, teniendo en cuenta además que los precios aumentan más cada año. En conjunto, hay siete alimentos típicos en estas celebraciones, entre ellos el cordero, el redondo de ternera, el jamón ibérico y las ostras, que registran precios máximos justo antes de las navidades.

Pero a la cesta de la compra se le suman otros gastos tradicionales, como los regalos, que representan la segunda gran partida del presupuesto navideño, con una inversión media estimada de 566 euros por persona, según la AEC. El ocio añade otros 226 euros per cápita, mientras que la lotería, con el Sorteo Extraordinario de la Navidad como gran protagonista, suma 96 euros adicionales al gasto medio de cada consumidor.

Elaborar un presupuesto con partidas separadas

Frente a esto, lo mejor es llevar un consumo responsable. El primer paso recomendado consiste en elaborar un presupuesto detallado antes de que comiencen las compras, con partidas separadas para comida, regalos, desplazamientos, ocio y lotería. Esta planificación permite conocer de antemano los límites de gasto en cada apartado y reduce el riesgo de sobrepasarlos.

Confeccionar una lista previa de las compras previstas complementa esta estrategia. El ejercicio facilita calcular el presupuesto con mayor precisión y actúa como barrera frente a las compras impulsivas, uno de los principales enemigos de la economía doméstica en estas fechas.

Utilizar un comparador de precios y no fiarse de todos los descuentos

La comparación de precios entre distintos establecimientos y plataformas online continúa siendo una de las herramientas más eficaces para ahorrar. Internet ofrece numerosos comparadores capaces de rastrear el coste de un mismo producto en diferentes tiendas, lo que permite identificar la opción más conveniente antes de cerrar cualquier compra.

Los expertos en consumo también recomiendan desconfiar de los grandes descuentos, muy comunes en esta época del año. Diciembre concentra una intensa actividad comercial, por lo que las rebajas verdaderamente significativas son poco frecuentes. Ante una oferta que parezca demasiado atractiva, conviene verificar la fiabilidad del vendedor para descartar posibles fraudes.

Evitar los créditos rápidos y elegir bien los juguetes

La tradición de intercambiar regalos y reunir a la familia en torno a la mesa genera una presión de consumo difícil de esquivar. Pero recurrir a créditos rápidos para cubrir gastos que superan las posibilidades reales del bolsillo es una decisión financiera poco recomendable en estas fechas. Este tipo de financiación suele conllevar intereses elevados que, a la larga, transforman el recuerdo de las celebraciones en un problema económico prolongado.

En cuanto a la elección de los juguetes para los más pequeños de la casa, la OCU aconsejó priorizar la adecuación a la edad del menor por encima del precio. Un regalo pensado para estimular el aprendizaje y el entretenimiento del niño resulta más útil que uno caro que termine olvidando al poco tiempo, lo que convierte ese gasto en dinero malgastado.

Comprar siempre en sitios web de confianza

El auge de las compras digitales añade también un factor adicional de riesgo durante la temporada navideña. La proliferación de páginas fraudulentas obliga a extremar la precaución al elegir dónde comprar por internet. Optar por plataformas reconocidas y de confianza reduce la posibilidad de convertirse en víctima de una estafa, un riesgo que puede transformar un ahorro aparente en una pérdida económica mayor.

El combustible no para de subir, pero no es solo como consecuencia del aumento del precio del petróleo, sino que el gasto que un conductor se deja en la gasolinera cada vez que va a repostar esconde muchos más costes. Por eso, el experto en automoción Máximo Sant ha desglosado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@garaje.hermetico) los componentes reales del precio de la gasolina, asegurando que el crudo apenas representa una mínima parte del total que paga el consumidor.

Sant parte de una premisa que contradice la percepción habitual, y es que “el crudo, el petróleo, es más barato de lo que imaginas. Lo caro son los impuestos”. El primer eslabón de la cadena es la compra del petróleo en origen que, según el cálculo de Sant, ese componente cuesta “más o menos 70 céntimos de euro”, 0,7€ por litro, una cifra que equivale a alrededor del 35% del precio total que paga el consumidor en la gasolinera. Después, el experto subraya que esta cifra es menor de lo que suele suponerse, pese a que el petróleo suele señalarse como el principal responsable de las subidas en el surtidor.

El segundo paso de la cadena es el traslado del crudo desde los yacimientos hasta las refinerías, a menudo situadas a miles de kilómetros de distancia. Sant explica que ese transporte se realiza en superpetroleros que, por su gran capacidad de carga, generan una economía de escala que abarata el proceso. “Como es una economía de escala, porque los petroleros son enormes, esto cuesta poquísimo. Cuesta tres céntimos por litro, aproximadamente 1,5%”, detalla el experto.

Refinado, el proceso que convierte el petróleo en combustible

Tras la llegada del crudo a su destino, comienza la fase de refinado, el proceso industrial que convierte el petróleo en gasolina, diésel u otros derivados. Esta etapa requiere grandes instalaciones, por lo que su impacto en el precio es mayor que el del transporte marítimo. “Eso es caro. Es caro porque las refinerías son caras”, señala Sant, aunque matiza que la escala de producción contiene el impacto final: “Esto supone otros más o menos 26 céntimos de euro, 0,26€, un 13%”.

Una vez refinado el combustible, hay que trasladarlo hasta las estaciones de servicio mediante oleoductos y camiones cisterna, además de incorporar el margen comercial de la propia gasolinera. En España, esta función la realiza una compañía llamada Exxon. Según el desglose de Sant, “el llevarlo, que en España lo hace una empresa que se llama Exxon, con los oleoductos y camiones cisterna, más el beneficio, supone otros más o menos 0,11 euros, es decir, un 5,5% del precio total”.

“El Estado se lleva el 90%, o sea, 90 céntimos de euro”

Sumados los cuatro componentes anteriores, el litro de combustible alcanza un coste aproximado de 1€ antes de impuestos. A partir de ese punto, Sant identifica el verdadero origen de la diferencia entre ese valor y el precio que paga el conductor en la gasolinera. “Hasta aquí ya tienes el depósito desde el pozo de petróleo convertido en combustible en tu gasolinera y ha costado alrededor de un euro por litro. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el resto?”, planteó el experto antes de referirse a la carga fiscal.

El tramo final del precio corresponde íntegramente al Estado, que según los cálculos expuestos recauda cerca de 90 céntimos por cada litro vendido. “El Estado se lleva el 90%, o sea, 90 céntimos de euro, casi entre el 45%-50% en impuestos”, afirma Sant.

“Un impuesto sobre otro impuesto”

El especialista puso el acento en un mecanismo fiscal que, según explica, resulta especialmente llamativo: la existencia de dos tributos superpuestos sobre el mismo producto. El primero es el impuesto de hidrocarburos y el segundo, el IVA, fijado en el 21%. La particularidad señalada por Sant es que ese segundo impuesto no se aplica únicamente sobre el precio base del combustible, sino también sobre el propio impuesto de hidrocarburos.

“Lo más alucinante, el mayor robo, es que te cobran dos impuestos, el impuesto de hidrocarburos y luego un impuesto del 21% de IVA. Pero ese 21% te lo cobran sobre todo lo que te he dicho y sobre el propio impuesto de hidrocarburos. Un impuesto sobre otro impuesto”, explicó el experto, quien remarcó que ese esquema debería estar prohibido: “Eso teóricamente no se puede hacer, pues te lo hacen”.

Como resultado de esta estructura, Sant concluye que el precio final en el surtidor, que ronda los dos euros por litro según el tipo de combustible, responde en una proporción cercana a la mitad a la carga impositiva. “Por eso, cuando vas a repostar, tu gasolina cuesta más o menos, depende de la gasolina, dos euros el litro, y la mitad de lo que estás pagando son impuestos”, cierra su explicación el especialista.

-Pregunta: El acceso a la vivienda es hoy uno de los principales problemas de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, por delante de la inmigración o la política. ¿Cómo valora el real decreto aprobado en esta materia? ¿Contribuirá a mejorar el acceso a la vivienda?

-Respuesta: La vivienda es un problema económico importante para España porque condiciona el crecimiento y la productividad. Si los trabajadores no pueden desplazarse allí donde las empresas los necesitan, se limita la actividad económica. A esto se suma la dimensión humana: muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes por el coste de la vivienda y muchos jóvenes no pueden emanciparse. Estamos, por tanto, ante un problema económico y social de primer orden.

Lo que está claro es que no vamos a resolverlo a corto plazo, porque faltan muchas viviendas. El Banco de España estima que existe un déficit acumulado de unas 750.000. Hasta que se construyan las necesarias, pueden adoptarse medidas transitorias, pero debemos pensar, sobre todo, en el medio y largo plazo. No podemos permitir que dentro de cinco o diez años sigamos hablando del mismo problema.

Es cierto que hay que tomar medidas inmediatas, como algunas de las incluidas en el decreto, para facilitar el acceso a la vivienda y establecer determinadas garantías. Pero debemos encontrar un equilibrio porque la protección social no puede recaer exclusivamente sobre los propietarios; el Gobierno también tiene mucho que hacer. Lo fundamental es empezar a trabajar con una perspectiva de largo plazo para aumentar la construcción. Y aquí nos encontramos con un primer obstáculo derivado de que las competencias están repartidas entre la Administración central, las comunidades autónomas, responsables también del parque público, y los ayuntamientos, que tienen competencias urbanísticas y de desarrollo.

En este escenario, la vivienda debe salir del debate partidista, especialmente en un contexto como el actual, con elecciones a la vista. Necesitamos un pacto de Estado. No podemos limitarnos a poner parches ni aprobar nuevos decretos cada año para responder a las urgencias. Hay distintos niveles de la Administración implicados y, con independencia del color político de cada uno, debemos acordar una hoja de ruta que permita construir viviendas lo antes posible.

-P: ¿Cuáles son los principales obstáculos para conseguirlo?

-R: El mayor problema es que la anterior crisis inmobiliaria destruyó una parte importante del sector de la construcción. En este momento, aunque todas las administraciones estuvieran de acuerdo, hubiera suelo disponible y se concedieran las licencias necesarias, no tendríamos suficiente personal especializado para construir todas las viviendas que hacen falta.

Por eso, también debemos reconstruir el sector de la construcción para que, cuando las administraciones alcancen un acuerdo, exista capacidad para empezar a levantar viviendas. En cuanto al decreto, es cierto que incluye algunas medidas positivas, pero debemos trabajar con una perspectiva de medio y largo plazo.

-P: ¿Qué medidas deberían adoptar el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de vivienda? ¿Hay solución a corto o medio plazo?

-R: Los ayuntamientos deben agilizar la concesión de licencias y buscar suelo que puedan poner a disposición de las comunidades autónomas y del Gobierno para construir vivienda pública. Es necesario estudiar cómo reducir los plazos, garantizando siempre la seguridad jurídica.

Las comunidades autónomas, por su parte, tienen competencias en materia de vivienda y una responsabilidad importante en el parque público. Deben estudiar cómo facilitar la construcción de viviendas, tanto para la venta como para el alquiler asequible, de manera que las familias con menos recursos puedan acceder a ellas en condiciones más favorables.

El Gobierno también debe contribuir con medidas que impulsen la inversión y refuercen el tejido productivo necesario para construir viviendas. Por todo ello, insisto en que la vivienda requiere un pacto de Estado que coordine las actuaciones de las tres administraciones.

-P: ¿Cree que lograrán ponerse de acuerdo y respaldar ese pacto de Estado?

-R: Sería lo ideal, pero lo veo complicado con la situación política actual. Incluso después de las elecciones, independientemente del resultado, considero difícil que los partidos alcancen un acuerdo. En cualquier caso, desde el Consejo General de Economistas nos ofrecemos a las tres administraciones para ayudar a buscar consensos. La vivienda tiene una importancia económica y social vital y merece un esfuerzo compartido.

Salarios, productividad y empleo

-P: Las grandes empresas de sectores como la energía o la banca han obtenido beneficios récord en los últimos años. ¿Por qué ese aumento no se está traduciendo en una mejora de los salarios?

-R: Es cierto que los beneficios han aumentado en algunos sectores, pero también hay empresas que han atravesado dificultades. La situación geopolítica ha encarecido la energía, lo que afecta a numerosas actividades y se refleja en las cuentas de resultados y, posteriormente, en la evolución de los salarios. El incremento de los beneficios no ha sido homogéneo.

A muchas empresas les ha ido bien en los últimos años, pero para subir los salarios de forma sostenida es necesario aumentar la productividad. A menudo nos fijamos en las grandes compañías energéticas, eléctricas o financieras, cuando la mayor parte del tejido empresarial español está formado por pequeñas y medianas empresas. Su gran reto es ser más productivas. Una mayor productividad permite pagar mejores salarios y, al mismo tiempo, ganar competitividad tanto en el mercado nacional como en los internacionales.

-P: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional antes de las elecciones. ¿Cómo valora la propuesta?

-R: Hay que reconocer que el salario mínimo interprofesional ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y eso es positivo. Sin embargo, estas subidas deben ir acompañadas de mejoras en la productividad. El salario, en cierta medida, debe reflejar el valor que aporta el trabajador a la empresa.

Si se actúa únicamente sobre una palanca —la subida salarial— sin mejorar las condiciones que permiten a los trabajadores aportar más valor, pueden surgir problemas. Debemos actuar en ambos frentes: proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, ayudarles a ser más productivos para que las empresas puedan pagarles mejores salarios.

-P: ¿Qué balance hace de la reforma laboral aprobada en 2022? ¿Qué efectos ha tenido sobre el empleo y el mercado de trabajo?

-R: No creo que el crecimiento del empleo en España se explique únicamente por la reforma laboral, sino también por las condiciones que se han dado para generar nuevos puestos de trabajo. En cualquier caso, la evolución del empleo ha sido muy positiva y hay que reconocerlo. La creación de puestos de trabajo ha permitido que muchas familias dispongan de más capacidad económica para consumir, aunque siguen afrontando dificultades relacionadas con la vivienda y la inflación.

Ahora debemos centrarnos en cómo crear empleo de mayor calidad, que proporcione más estabilidad y productividad. Ese es el reto, sin dejar de avanzar también en la creación de puestos de trabajo. En definitiva, la reforma laboral ha contribuido a la generación de empleo y ha mejorado algunas condiciones laborales, pero tenemos que seguir trabajando para elevar su calidad.

La crisis del acceso a la vivienda se ha convertido en el centro del debate político a las puertas de las elecciones generales anticipadas del próximo 29 de noviembre. La decisión de Pedro Sánchez de adelantar la cita con las urnas llegó después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno para intentar aliviar el problema. Un fracaso parlamentario que se produjo en plena movilización social, con cientos de personas acampadas en la madrileña Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que falleció en el hospital días después de verse obligada a irse de la casa en la que vivió durante más de siete décadas y tras años de lucha con el fondo buitre que la compró.

Pero la vivienda no es el único escenario que ha cambiado en nuestro país en los últimos años. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, la economía española ha evolucionado y los principales indicadores dibujan un balance con luces y sombras. España tiene más personas trabajando, un salario mínimo y unas pensiones más altas, y la economía ha recuperado el terreno perdido durante la pandemia. Sin embargo, los precios han acumulado grandes subidas y el coste de la vivienda se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para las familias.

Más empleo y menos paro, pero no para los jóvenes

El mercado laboral es uno de los ámbitos en los que los datos muestran una evolución favorable. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), España pasó de unos 19,34 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2018 a cerca de 22,78 millones en el mismo periodo de 2026. Son, aproximadamente, 3,44 millones más de personas ocupadas. Y la tasa de paro también se redujo durante este intervalo, del 15,28% al 9,87%.

Otro de los cambios más relevantes se ha producido en la temporalidad. En el segundo trimestre de 2018, alrededor del 27% de los asalariados tenía un contrato temporal; y en el mismo trimestre de 2026, la proporción rondaba el 15%. La reforma laboral aprobada a finales de 2021 contribuyó a impulsar la contratación indefinida. En 2022 se registraron más de siete millones de contratos de este tipo y en 2023 se firmaron otros 6,62 millones, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Aun así, los contratos registrados no equivalen al número de personas que han conseguido un empleo estable, ya que una misma persona puede firmar varios contratos. La tasa de temporalidad de la EPA mide la situación de los asalariados en un momento determinado.

Además, la mejora tampoco ha eliminado todos los problemas del mercado laboral. El paro juvenil continúa por encima del conjunto de la población. La tasa de desempleo de los menores de 25 años pasó del 34,6% en el segundo trimestre de 2018 al 23,77% en el mismo periodo de 2026. Aunque supone una caída de casi 11 puntos porcentuales, la proporción de jóvenes activos que no encuentran trabajo sigue siendo elevada.

El SMI sube un 66%, pero la inflación y el riesgo de pobreza limitan la mejora

Por su parte, los ingresos mínimos legales también han aumentado. El salario mínimo interprofesional (SMI) ha pasado de 730,90 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2018 a 1.221 euros en 2026. El incremento nominal es del 65,9%. Uno de los saltos más importantes se produjo en 2019, cuando el mínimo legal aumentó hasta los 900 euros al mes. La evolución posterior ha elevado la referencia salarial para los trabajadores que cobran el SMI, aunque esto no significa que todos los empleados hayan recibido un incremento equivalente.

En salarios medios, la cifra ha pasado de unos 1.923 euros al mes en 2018 a los 2.400 euros mensuales registrados en el primer trimestre de 2026. Pero, para valorar la mejora de su capacidad de compra, hay que tener en cuenta también cuánto han subido los precios. Además, las pensiones también han seguido una trayectoria ascendente, pasando de 1.083,67 euros de media en junio de 2018 a 1.572,80 euros en junio de 2026. Son 489,13 euros más al mes, un incremento nominal del 45,1%.

Durante estos años se han sucedido varios episodios inflacionistas. La recuperación tras la pandemia, los problemas en las cadenas de suministro y la crisis energética derivada de la invasión rusa en Ucrania han presionado los precios, especialmente durante 2021 y 2022. Y aunque la inflación puede moderarse, eso no significa que los productos vuelvan a costar lo mismo que antes, sino que, en general, suben a un ritmo menor.

La alimentación es uno de los ejemplos más claros. Según el cálculo realizado con la serie del INE, los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas han aumentado un 41,5% entre junio de 2018 y marzo de 2026. Así, una cesta de la compra que hace ocho años costaba 100 euros, ahora sería de 141,50 euros.

En datos, el Índice de Precios de Consumo (IPC) interanual se situaba en el 2,3% en junio de 2018, mientras que en septiembre de 2026 el indicador adelantado del INE apuntaba a una tasa del 4,9%. Es decir, que el encarecimiento acumulado de los productos básicos reduce el margen disponible para otros gastos y afecta de manera desigual a los hogares. Quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación y a otros bienes esenciales tienen menos capacidad para absorber nuevas subidas.

Frente a esto, los indicadores sociales ofrecen otra perspectiva del balance. En 2025, la tasa AROPE —que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— se situó en el 25,7% de la población, frente al 26,2% de 2018. El descenso apunta a una mejora moderada, pero también muestra que aproximadamente una de cada cuatro personas en el país continúa en riesgo de pobreza o exclusión social. Asimismo, el 8,5% de los españoles declaró en 2025 que llegaba a fin de mes con mucha dificultad, frente al 9,1% registrado en 2024.

La vivienda se encarece hasta un 74% desde 2018

Si hay un ámbito en el que la evolución de los precios ha agravado las dificultades cotidianas, es el de la vivienda. Según las series históricas de Idealista, el precio medio anunciado del alquiler en España pasó de 10,40 euros por metro cuadrado al mes en junio de 2018 a 15,20 euros en junio de este año, una subida aproximada del 46,2%. Para una vivienda de 80 metros cuadrados, aplicar esos precios medios supondría pasar de 832 euros mensuales a 1.216 euros. Son 384 euros más cada mes, sin contar otros gastos asociados a la vivienda.

La compraventa, por su parte, ha seguido una trayectoria alcista mayor. El precio medio anunciado pasó de 1.680 euros por metro cuadrado en junio de 2018 a 2.914 euros en junio de 2026. El aumento es de 1.234 euros por metro cuadrado, aproximadamente un 73,5% más. Para un inmueble de 80 metros cuadrados, la diferencia entre ambos valores equivaldría a casi 98.720 euros.

Y los datos oficiales del INE dejan claro que las subidas continúan. En el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de Vivienda registró un aumento interanual del 12,2%, un 7,4% en la vivienda nueva y un 12,9% en la usada. En comparación con el trimestre anterior, el incremento fue del 3,4%.

En este escenario también es importante la comparación con los ingresos para entender el problema. Aunque tanto el SMI como el salario medio han aumentado, esa subida no garantiza que todos los trabajadores puedan acceder hoy más fácilmente a una vivienda. El resultado depende de la evolución salarial de cada hogar, de dónde viva, de si alquila o tiene una vivienda en propiedad y de cuánta proporción de sus ingresos destina a este gasto.

La deuda pública baja del 100% del PIB, pero supera los 1,7 billones de euros

Por último, la evolución de las cuentas públicas también refleja el impacto de los acontecimientos que han marcado estos ocho años. La pandemia obligó a desplegar medidas extraordinarias para sostener las rentas, el empleo y la actividad económica. Después, la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania llevó al Gobierno a aprobar nuevas medidas para amortiguar la subida de los costes energéticos y proteger a hogares y empresas.

Según el Banco de España, la deuda pública equivalía al 97,1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 y alcanzó el 100,7% al cierre de 2025. El endeudamiento aumentó sobre todo durante la crisis sanitaria, cuando la caída de la actividad coincidió con un incremento de las necesidades de financiación. El dato llegó a superar el 124% del PIB en marzo de 2021.

Desde entonces, el peso de la deuda sobre el tamaño de la economía ha descendido progresivamente. En julio de 2026 se situó en el 99,9% del PIB, por debajo del umbral del 100% por primera vez desde la pandemia. Pero, en ese mismo mes, el volumen de deuda alcanzó aproximadamente 1,744 billones de euros, un 3,8% más que un año antes.

La deuda en relación con el PIB sirve para medir cuánto debe un país en comparación con lo que produce en un año. Si la economía crece más rápido que la deuda, esta representa una parte menor de la riqueza generada, aunque el dinero que debe el Estado siga aumentando. Por eso, la reducción de este indicador desde los máximos de la pandemia no significa que España deba menos dinero, sino que su economía ha crecido en relación con la deuda acumulada.

Un billete puede pasar de una mano a otra en cuestión de segundos. En ese tiempo, quien lo recibe suele mirarlo, palparlo o inclinarlo para comprobar alguno de sus elementos de seguridad. Son gestos cotidianos, casi automáticos, que ahora forman parte de una línea de investigación del Banco de España para estudiar cómo perciben las personas el dinero en efectivo.

La institución desarrolló junto con el Laboratorio de Neurociencia y Economía Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia, LabLENI, una metodología denominada Neurocash. Su objetivo es observar qué sucede cuando un usuario se enfrenta a un billete: dónde fija la vista, qué características toca, cuánto esfuerzo necesita para localizar una señal de autenticidad y qué reacciones emocionales pueden aparecer durante esa comprobación.

La idea es obtener información que una encuesta convencional no siempre permite recoger. Una persona puede decir que un billete es fácil de reconocer o que confía en sus medidas de seguridad. Pero esa respuesta no refleja necesariamente si tuvo dudas, si necesitó concentrarse mucho o si encontró intuitiva la forma de comprobarlo.

Neurocash intenta completar esa imagen. Según el Banco de España, la metodología estudia la atención visual, la percepción del tacto y la interacción de las personas con el efectivo. También busca identificar respuestas conscientes e inconscientes ante sus características.

El objetivo no es decidir por sí solo cómo será un futuro billete en euros. El Banco de España puede aportar estudios, herramientas y evidencia al trabajo común del Eurosistema, pero el diseño final corresponde al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

Qué puede revelar la mirada ante un billete

La atención visual es una de las dimensiones que contempla Neurocash. Saber qué parte de un billete llama primero la atención o qué detalles pasan inadvertidos puede ayudar a estudiar cómo se relacionan los usuarios con el efectivo.

Un billete debe transmitir información de forma rápida. Debe permitir que una persona reconozca su valor y que pueda comprobar algunos de sus rasgos de seguridad sin conocimientos especializados. La percepción visual interviene en ambos procesos.

El documento del Banco de España sitúa el análisis de la voz dentro de este marco más amplio. Los autores explican que las señales procedentes de la mirada, el tacto y otras respuestas fisiológicas pueden complementarse para conocer mejor la reacción de las personas ante el diseño del efectivo.

No se trata de que una única señal determine si un billete funciona o no. La intención es reunir distintos indicadores y compararlos con las respuestas directas de los participantes. De esa forma, una institución puede conocer no solo lo que una persona declara sobre un billete, sino también cómo reacciona durante una prueba.

La voz podría aportar señales de duda, esfuerzo o confianza

El Documento Ocasional 2618 del Banco de España se centra en una posible ampliación de Neurocash: el reconocimiento de emociones en el habla. La propuesta consiste en analizar respuestas orales dadas por participantes durante una prueba. En vez de limitarse a elegir una opción en una pantalla, podrían responder a preguntas sobre lo que han visto o tocado. Después, un modelo informático examinaría aspectos de la voz como el tono, el ritmo, la intensidad, las pausas o la calidad vocal.

El interés no estaría solo en las palabras. También importaría la forma de expresarlas. Los autores plantean que algunos cambios en la voz pueden aportar información sobre reacciones afectivas y cognitivas sutiles. Según los autores, el análisis podría aportar señales adicionales sobre el esfuerzo mental que exige una tarea o la sensación de seguridad que transmite un billete.

El informe evita presentar esta tecnología como un detector infalible de emociones. Sus autores advierten que no existe un modelo universal para interpretar la voz. Los resultados dependen del idioma, de la calidad de las grabaciones, de las condiciones en que se realizan las pruebas y de los datos con los que se entrenan los sistemas.

Qué necesita una persona para confiar en un billete

El documento tampoco comunica la puesta en circulación de un nuevo billete ni ofrece resultados de un experimento concluido con ciudadanos. Es una revisión sobre el reconocimiento de emociones en el habla y una propuesta para incorporar esa herramienta a Neurocash.

Los autores también plantean que un uso futuro de estas tecnologías requeriría precauciones. Mencionan la necesidad de proteger la privacidad, pedir consentimiento a los participantes, informar con claridad sobre el tratamiento de las grabaciones y vigilar posibles sesgos.

La investigación parte de una pregunta sencilla: qué necesita una persona para entender y confiar en un billete. La respuesta, según este enfoque, puede estar en lo que dice sobre él, pero también en dónde mira, cómo lo toca y en las señales que deja su voz al intentar evaluarlo.

El cobro de una pensión no impide siempre acceder al subsidio para mayores de 52 años, aunque la compatibilidad depende del tipo de prestación, de la actividad laboral anterior y de los ingresos mensuales del solicitante. La norma general establece que el subsidio por desempleo no puede coincidir con prestaciones contributivas económicas de la Seguridad Social, salvo si estas eran compatibles con el trabajo que originó el derecho a la ayuda.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) exige, además, que la persona esté desempleada o trabaje a tiempo parcial, mantenga la inscripción como demandante de empleo y reúna los requisitos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva de jubilación, excepto la edad. También debe haber cotizado por desempleo al menos seis años durante su vida laboral.

La viudedad y algunas incapacidades pueden ser compatibles

Entre las pensiones que pueden coexistir con el subsidio figura la pensión de viudedad. Esta prestación no impide por sí misma solicitar o conservar la ayuda para desempleados mayores de 52 años, siempre que el beneficiario mantenga el resto de las condiciones exigidas.

También puede existir compatibilidad con una pensión de incapacidad permanente parcial. Esta situación reconoce una disminución del rendimiento profesional, pero no impide continuar en el empleo. Por ello, puede combinarse con prestaciones por desempleo si se cumplen las condiciones legales.

La situación cambia en el caso de la incapacidad permanente total. Esta pensión inhabilita para ejercer la profesión habitual, pero permite desarrollar una ocupación distinta. Si la actividad laboral que generó el subsidio era compatible con la incapacidad reconocida, el beneficiario podría percibir ambas cantidades, siempre que no pierda la condición de desempleado ni incumpla el límite de rentas.

La jubilación parcial también puede abrir la puerta a la compatibilidad, dado que se vincula a una reducción de jornada y al mantenimiento de una actividad laboral. La posibilidad concreta depende de cómo se haya generado el derecho al subsidio y de la situación de alta o desempleo de la persona afectada.

La cuantía de la pensión cuenta para el límite de rentas

Cobrar una pensión compatible no implica percibir automáticamente el subsidio. El importe de esa prestación se considera renta propia y el SEPE lo tiene en cuenta al evaluar el derecho a la ayuda.

Para acceder al subsidio, y conservarlo, el solicitante debe acreditar que sus ingresos mensuales no superan el 75% del salario mínimo interprofesional, sin incluir la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias. La obligación se mantiene durante toda la vigencia de la prestación.

El SEPE revisa ese requisito a través de la declaración anual de rentas, que el beneficiario debe presentar cada 12 meses. Si una pensión, un alquiler, intereses bancarios u otros ingresos elevan las rentas por encima del tope, el subsidio puede suspenderse o extinguirse, según el caso.

La entidad incluye entre las rentas computables las pensiones y prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, públicas o privadas. Por eso, resulta necesario informar cualquier modificación económica que se produzca durante el cobro de la ayuda.

El subsidio para mayores de 52 años tiene como límite la edad ordinaria que permita acceder a la pensión contributiva de jubilación. Cuando llega ese momento, la ayuda se extingue y la persona debe solicitar la jubilación si reúne los requisitos.

La Junta de Andalucía publicó este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una nueva oferta de empleo público que reparte 431 plazas de los cuerpos superiores A1 y A2, correspondientes a las vacantes acumuladas durante 2024 y 2025. El sistema de selección es de oposición pura, sin fase de concurso, un formato que determina la plaza exclusivamente a partir de la nota obtenida en los exámenes. El plazo de inscripción se abrió el martes 14 de octubre y se extiende hasta el 27 de octubre.

Del total convocado, 337 corresponden al Subgrupo A1: 251 para Administración General y 86 para Gestión Financiera. Las 94 restantes pertenecen al Subgrupo A2 y se reparten entre Trabajo Social (56 plazas), Educación Social (20), Turismo (ocho), Enfermería (cinco) e Ingeniería Técnica en Topografía (cinco). A esta cifra se suman 85 plazas adicionales que nutrirán la bolsa de empleo, de las cuales 67 corresponden al A1 y 18 al A2. La Consejería de Inteligencia Artificial, Administración Local y Función Pública confirmó además la aplicación de un 20% de plazas extra sobre las aprobadas, tal como permite la normativa autonómica de función pública, lo que eleva el cómputo total por encima de las 500 vacantes según el detalle de distintas convocatorias previas.

Sueldos de hasta 46.000 euros anuales sin exigir el B1 de inglés

Las retribuciones brutas anuales de entrada para el Subgrupo A1 oscilan entre 40.000 y 46.000 euros, mientras que las del Subgrupo A2 se ubican entre 29.500 y 35.000 euros. Los puestos incluyen una jornada laboral de 35 horas semanales y la posibilidad de teletrabajo entre dos y tres días según el perfil del cargo. El requisito de acceso exige contar con titulación universitaria acorde al cuerpo al que se postula.

Uno de los aspectos que distingue a esta convocatoria es la ausencia del requisito del nivel B1 en idiomas, una condición que la Junta analiza todavía con los sindicatos para definir el calendario de su futura implementación. Esta decisión amplía el número de aspirantes que pueden competir por las plazas, al eliminar una barrera que sí se exige en otros procesos selectivos de la administración pública.

Cómo inscribirse y qué documentación se requiere

Las solicitudes deben presentarse de manera exclusivamente electrónica, a través de la sede de empleo público de la Junta de Andalucía o de su página web institucional. El trámite exige completar el formulario de la convocatoria, seleccionar la especialidad correspondiente, indicar el turno de participación, adjuntar la documentación requerida y abonar las tasas antes de registrar la solicitud. La oferta contempla, además, una reserva de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Las pruebas no se realizarán antes de diciembre

La Junta aún no fijó una fecha concreta para los exámenes, aunque adelantó que no se celebrarán antes del 1 de diciembre de 2026. Las pruebas tendrán lugar en Sevilla. Para el Subgrupo A1, el proceso selectivo consta de dos ejercicios eliminatorios: un primer examen tipo test y un segundo ejercicio en el que los aspirantes deberán desarrollar por escrito uno de dos temas propuestos y defenderlo oralmente ante el tribunal.

Quienes aprueben las fases eliminatorias del examen sin alcanzar una plaza fija podrán integrar de forma automática la bolsa de selección de personal funcionario interino, siempre que hayan manifestado previamente su voluntad de formar parte de ella y señalado las provincias de su interés. Esta vía constituye, para buena parte de los aspirantes, una alternativa de incorporación al empleo público mientras se resuelven los resultados definitivos de la oposición.

Podemos y Frente Amplio no lograron cerrar un acuerdo electoral global para las elecciones generales del 29 de noviembre y competirán por separado en la mayoría del territorio español, con la excepción de Canarias y la Comunidad Valenciana. Detrás de la ruptura hay pequeñas diferencias programáticas acumuladas y choques en el Congreso de los Diputados a lo largo de la legislatura, que terminaron por cristalizar en un bloqueo territorial centrado en Madrid y Cataluña.

El Frente Amplio, la coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comuns, todavía no ha presentado su programa electoral definitivo para el 29 de noviembre. Las posiciones conocidas del espacio surgen de las trayectorias de sus partidos integrantes durante la legislatura, no de un documento cerrado. Podemos, en cambio, ya adelantó sus cinco prioridades económicas de la mano de su candidata, Irene Montero.

En vivienda, Podemos plantea una intervención directa sobre el mercado del alquiler: limitar por ley las rentas para que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos a pagar alquiler, reforzar la protección frente a desahucios y restringir las compras de vivienda sin fin residencial. El Frente Amplio, a través de Sumar, propone en cambio invertir el 1% del producto bruto interno (PBI) durante una década en construcción y rehabilitación de vivienda, además de beneficios fiscales para quienes arrienden a precios sociales.

En materia fiscal, ambos espacios coinciden en reclamar mayor progresividad, aunque con instrumentos distintos. Podemos propone aumentar la contribución de las grandes empresas y gravar los beneficios empresariales extraordinarios. El Frente Amplio defiende un impuesto permanente a las grandes fortunas y una reforma del impuesto de Sociedades que evite que las pymes carguen con mayor peso tributario que las grandes corporaciones.

La diferencia más visible aparece en salarios y jornada laboral. Podemos fijó cifras concretas: un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.800 euros mensuales y una jornada de 35 horas semanales. El Frente Amplio mantiene la intención de subir el SMI por encima del índice de precios al consumo (IPC) y reordenar el tiempo de trabajo, sin una cifra ni un calendario cerrados para esta campaña.

El decreto Maricarmen expuso el distanciamiento entre ambos espacios

El episodio más reciente que ilustra la distancia entre ambas formaciones ocurrió en torno al llamado decreto Maricarmen, bautizado así tras el desahucio y fallecimiento de una mujer de 87 años en Madrid el 23 de septiembre. El Gobierno aprobó dos reales decretos-ley de vivienda después de una negociación entre el PSOE y Sumar que se prolongó durante toda una noche.

Las medidas incluían la ampliación de la protección frente a desahucios hasta 2030, la prórroga de contratos de alquiler, la prohibición de compra de vivienda por fondos de inversión hasta 2028 y la renovación automática de los contratos. Sumar negoció directamente el contenido de los decretos y aceptó su división en dos textos, además de concesiones a Junts como bonificaciones fiscales para propietarios.

Podemos, en cambio, calificó la norma de insuficiente. La secretaria general del partido, Ione Belarra, la definió como “una tomadura de pelo” y advirtió que, si el Ejecutivo aprobaba un “parche”, pediría su retirada. Pese a las críticas públicas, Podemos terminó votando a favor de la convalidación.

Madrid y Cataluña, los territorios que bloquearon el pacto

Las negociaciones para una candidatura única se extendieron hasta la medianoche del 16 de octubre, cuando venció el plazo legal para registrar coaliciones. El Frente Amplio ofreció a Podemos puestos de salida “prioritarios” en Madrid y Cataluña, además de una portavocía del grupo parlamentario y reparto equitativo de recursos, pero Podemos respondió con una contrapropuesta que excluía expresamente esos dos territorios y planteaba pactos solo en otras comunidades. El bloqueo se explica por el pacto de Podemos con ERC en Cataluña, que incluye campaña conjunta entre Montero y Rufián, y por la exigencia de la formación morada de que Montero encabezara la lista en Madrid, algo que el Frente Amplio no aceptó. A esto se sumó el rechazo de Izquierda Unida a cerrar acuerdos territoriales que Podemos consideraba ya avanzados, como en Galicia.

El resultado dejó solo dos territorios con unidad entre ambos espacios, Canarias y la Comunitat Valenciana, mientras que en el resto del país, incluidos Madrid y Cataluña, competirán por separado. Montero liderará la candidatura de Podemos en Madrid y mantendrá la alianza con Rufián en Cataluña, mientras el Frente Amplio presentará a Ada Colau y Emilio Delgado. Rufián calificó el desenlace de “espectáculo dantesco”, y el Frente Amplio lamentó: “Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido”.

Más del 50% de las empresas prevé reducir sus ofertas para perfiles junior, aunque sin recurrir a despidos directos. La inteligencia artificial está cambiando así las reglas del mercado laboral: los puestos existentes se mantienen, pero hay menos oportunidades para quienes buscan su primer empleo. “La inteligencia artificial no está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”, explica Gloria Martínez, Global Head of Marketing en Tendios, plataforma española especializada en licitaciones públicas con IA.

Una de las razones detrás de este fenómeno es que reducir nuevas contrataciones resulta más sencillo que despedir. “Para una empresa es bastante más fácil no abrir una vacante que despedir a alguien”, señala Martínez, que recuerda los costes económicos, legales y reputacionales de un despido. En cambio, dejar de contratar pasa más desapercibido, aunque limita progresivamente el acceso al mercado laboral.

Además, las empresas tienden a retener a sus profesionales experimentados, que conocen el negocio, los clientes y los procesos internos. La IA puede automatizar tareas, pero todavía no sustituye fácilmente ese conocimiento. Un estudio de Stanford y el King’s College de Londres, basado en datos de 41 países, sitúa a España entre los mercados donde, en multinacionales que adoptan IA, disminuye el peso relativo de los puestos junior, aunque el empleo total siga creciendo.

Según sus resultados, la adopción de IA generativa se asocia con un aumento del 3,3% del empleo total, pero con una caída del 2,5% en el empleo junior y un crecimiento del 6,7% en los puestos sénior. La IA, por tanto, no reduce necesariamente el tamaño de las plantillas, pero puede cambiar quién tiene más oportunidades de entrar en ellas.

Qué trabajos están cambiando con la inteligencia artificial

Giulia Miazzo, HRBP Manager en PayFit, matiza que no todos los empleos junior están desapareciendo: están cambiando aquellos que concentran tareas automatizables. En general, la transformación depende menos de la antigüedad del profesional que de las funciones que desempeña.

En ingeniería, por ejemplo, la IA ya genera buena parte del código. El trabajo evoluciona hacia el diseño de sistemas y la integración de herramientas. En recursos humanos, la automatización de documentos permite dedicar más tiempo a las personas y a las relaciones laborales.

La atención al cliente es uno de los ámbitos donde el cambio puede reducir directamente la necesidad de personal. Miazzo lo explica con un ejemplo: si una IA responde a las primeras consultas y solo deriva los casos complejos a los especialistas, “eso te reduce la necesidad de personas que trabajen en ello”.

El cambio también se refleja en las habilidades que buscan las empresas. El Barómetro de Talento Digital 2026 sitúa el pensamiento crítico y el criterio profesional como prioridades para el 39,6% de las organizaciones encuestadas, frente al 2,4% que menciona la programación. En paralelo, el Foro Económico Mundial señala que el 69% de los empleadores consultados planea contratar profesionales con competencias para diseñar y mejorar herramientas de IA. El reto para los jóvenes será combinar conocimientos técnicos con capacidad para interpretar, cuestionar y validar los resultados de estas herramientas.

Tres perfiles profesionales que ganan demanda

En paralelo a los puestos tradicionalmente relacionados con primeros empleos que pierden peso relativo, Martínez identifica tres perfiles con oportunidades crecientes. Los primeros son los ingenieros de inteligencia artificial, profesionales que implementan e integran IA en los procesos empresariales. “La demanda realmente está por encima de la oferta de estos perfiles”, afirma, debido a lo reciente de esta especialización.

Además, ganan terreno los go-to-market engineers, que son especialistas que aplican IA a ventas, marketing y atención al cliente para automatizar tareas comerciales, mejorar la prospección y personalizar las comunicaciones. Por último, destaca a los expertos jurídicos en inteligencia artificial: perfiles que ayudan a las empresas a adaptarse a la regulación europea, incluido el Reglamento de IA de la UE (EU AI Act).

La programación tampoco desaparece, pero evoluciona. Según Martínez, las empresas no contratarán necesariamente grandes cantidades de nuevos programadores: esperarán que los profesionales sepan verificar y supervisar el código generado por IA.

Cómo cambia la carrera profesional de los jóvenes

El modelo tradicional de empezar con tareas repetitivas para ganar experiencia pierde fuerza a medida que esas funciones se automatizan. “Lo típico del empiezo por abajo ahora no nos va a valer con la IA”, advierte Martínez.

Su propuesta es que los perfiles junior aprendan a supervisar estas herramientas junto a profesionales sénior. Para ello, las empresas deben considerar su contratación una inversión, no solo un coste. “Si realmente cortamos la base, dentro de diez años no tendremos los seniors que necesitamos”, alerta, al comparar el desarrollo del talento con una cantera deportiva. La formación también cambia de valor. Martínez cuestiona que acumular títulos sea suficiente y destaca la combinación de conocimiento sectorial, relación con los clientes y dominio práctico de la tecnología.

Los maquinistas del sindicato Semaf convocaron una huelga de 24 horas en Renfe para el 29 de octubre, que afectará a todo el personal de conducción de las empresas del grupo ferroviario estatal español. El paro, fijado de 00:01 a 23:59 horas, se producirá un día antes de las movilizaciones anunciadas por el sindicato en Ouigo, el operador francés de alta velocidad, y en vísperas de un puente.

Semaf ha convocado la huelga después de que la reunión de este viernes con el Ministerio de Transportes, Adif, la AESF y Renfe no diera resultados. El encuentro se produjo en el marco de la Comisión de Conflictos que ambas partes constituyeron el 5 de octubre, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los compromisos firmados en febrero, cuando el sindicato había desconvocado otra huelga a cambio de un paquete de mejoras en seguridad ferroviaria. Según Semaf, esos compromisos siguen sin aplicarse: continúan pendientes los nuevos protocolos ante emergencias meteorológicas, la contratación de maquinistas, la atención a quienes sufren arrollamientos y las soluciones para mejorar la fiabilidad del material rodante.

“Todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo”, señaló el sindicato en un comunicado. La organización también ha cuestionado la “lentitud burocrática” de las administraciones y sostuvo que “si hay voluntad, son capaces de aprobar cualquier norma legal en cuestión de semanas”.

Las reivindicaciones de los maquinistas

Semaf pide que se cumplan los compromisos firmados, a los que considera “vitales para transformar el sistema ferroviario y hacerlo mucho más seguro”. Entre los reclamos figura “asegurar la actuación frente a emergencias climáticas y riesgos en la vía”, con protocolos “reales y vinculantes” ante alertas meteorológicas y una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo, de manera que nunca se anteponga la urgencia por circular a la seguridad.

El sindicato también exige “desterrar la búsqueda automática de culpables en la cabina” mediante la implementación efectiva de la Cultura Justa en caso de accidentes, además de vigilar que seguridad y condiciones laborales “vayan de la mano”. Entre otros puntos, Semaf reclama soluciones técnicas definitivas a los problemas de fiabilidad del material rodante, una aplicación correcta de las interrupciones en los tiempos de conducción para evitar “agravios comparativos entre compañeros en la misma situación”, y que no se modifique el protocolo de atención a quienes sufren un arrollamiento.

Paros también en Ouigo durante noviembre y diciembre

La huelga en Renfe se suma a otra convocatoria de Semaf en Ouigo, que contempla seis jornadas de protesta coincidentes con los próximos puentes. En el caso de la operadora francesa, el sindicato convocó paros de 24 horas los días 30 de octubre y 2 de noviembre, antes y después de la festividad de Todos los Santos, además de paros parciales el 6 y el 9 de noviembre, coincidentes con el puente de la Almudena en Madrid, y el 4 y el 8 de diciembre, durante el puente de la Constitución.

El Congreso ha dado luz verde a la continuidad de las ayudas fiscales a los combustibles y de otras medidas destinadas a contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio. La Diputación Permanente ha respaldado el decreto ley del Gobierno con los votos favorables de PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, mientras que Vox ha votado en contra y Junts se ha abstenido.

La decisión permite mantener en vigor un conjunto de medidas que el Ejecutivo comenzó a aprobar en marzo para amortiguar el encarecimiento de la energía. El paquete, integrado por este decreto y otros dos anteriores, supone un esfuerzo presupuestario superior a los 12.000 millones de euros, según ha explicado el Gobierno.

La votación se ha celebrado en la Diputación Permanente porque las Cortes están disueltas por el adelanto electoral. Como ocurre con todos los decretos leyes, la norma debía someterse a convalidación parlamentaria en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación por el Consejo de Ministros. Sin ese respaldo, habría quedado derogada.

La guerra mantiene el petróleo cerca de los 100 dólares

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la necesidad de mantener las medidas ante la persistencia de las tensiones internacionales y su impacto sobre los precios. El Ejecutivo esperaba que las consecuencias económicas del conflicto remitieran en junio, pero la prolongación de la guerra ha frustrado esas previsiones.

“Por desgracia, la guerra se ha prolongado e incluso intensificado en muchos aspectos durante estos últimos meses”, ha afirmado Cuerpo durante su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, según recoge Europa Press. El ministro ha señalado que el barril de Brent continúa en el entorno de los 100 dólares, una evolución que mantiene la presión sobre los costes energéticos.

Cuerpo también ha relacionado el encarecimiento de la energía con la evolución de los precios en España. Según los datos expuestos por el ministro, dos puntos del incremento del 4,9% de la inflación registrado en septiembre correspondieron a la subida de los precios energéticos. El Gobierno sostiene que mantener las medidas resulta necesario para limitar el impacto sobre los hogares y las empresas.

El butano tendrá un precio máximo de 19,55 euros

Uno de los puntos destacados del decreto es la recuperación de mecanismos de protección que ya se utilizaron durante la fase más intensa de la guerra en Ucrania. La norma establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027, frente a los 18,84 euros fijados como precio máximo vigente en el momento al que se refiere el texto.

El objetivo es evitar que las variaciones del mercado energético repercutan de forma abrupta en el coste de este combustible doméstico. El decreto contempla que los posibles déficits derivados de la limitación de precios se recuperen mediante el sistema habitual.

La norma también limita la repercusión de las cotizaciones del gas natural en la Tarifa de Último Recurso (TUR). El peso de la cotización del gas en su fórmula de cálculo solo podrá aumentar un 35% respecto al valor vigente, lo que sitúa el incremento final de la tarifa en torno al 15%. En las siguientes revisiones trimestrales, la subida máxima de la cotización quedará limitada al 15% hasta que se recupere el déficit generado y se restablezca el equilibrio del sistema.

La rebaja del IVA de la luz dependerá de los precios

El decreto mantiene, además, un mecanismo para reducir la fiscalidad de la electricidad y el gas si se produce un nuevo repunte de los precios. Si el IPC de septiembre de 2026 supera en un 15% el registrado en el mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas bajará del 21% al 10%, mientras que el impuesto especial sobre la electricidad se reducirá del 5,1% al 0,5%.

La rebaja del IVA de la electricidad se aplicará a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios y a los beneficiarios del bono social, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma. La reducción del IVA también alcanzará al gas natural, las briquetas, los pellets y la madera para leña.

El paquete incluye asimismo medidas para reforzar las reservas de gas natural licuado de cara al invierno y ampliar el sistema de certificados de ahorro energético. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir la exposición de los consumidores a nuevas subidas y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles problemas de suministro.

Ayudas al transporte, al campo y a la pesca

El decreto prorroga también las ayudas dirigidas a los sectores más afectados por el encarecimiento de los carburantes, entre ellos el transporte profesional por carretera, el sector agrario y la pesca. Para el transporte terrestre, la norma contempla devoluciones parciales del impuesto sobre hidrocarburos de cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre.

Las medidas se extienden al transporte marítimo y ferroviario. En el ámbito agrario, se mantiene hasta el 31 de diciembre la ayuda al gasóleo agrícola, con una bonificación de 20 céntimos por litro, así como la compensación destinada a los armadores de pesca.

Como novedad, el Gobierno incorpora una línea de apoyo al ferrocarril de mercancías que contempla una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel. La norma mantiene, además, las medidas de protección del empleo: las empresas que reciban estas ayudas no podrán despedir a sus trabajadores en los términos previstos por el decreto.

La CNMC estudiará los precios de la energía y los alimentos

El texto incluye dos nuevos encargos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El primero consiste en analizar cómo se forman los precios en los mercados mayorista y minorista de la energía, con especial atención al funcionamiento de la distribución y la comercialización a lo largo de toda la cadena de valor.

El segundo estudio se centrará en la cadena alimentaria. El Gobierno solicita a la CNMC recomendaciones para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas en este ámbito.

Con la convalidación parlamentaria, el Ejecutivo mantiene su estrategia de respuesta a la crisis energética, que combina rebajas fiscales condicionadas, límites a determinadas tarifas y ayudas sectoriales. La evolución del conflicto en Oriente Medio y de los precios internacionales determinará la presión que estas medidas deban seguir amortiguando en los próximos meses.

La economía española crecerá este año más de lo previsto, aunque el avance no se repartirá por igual entre las comunidades autónomas. La Comunitat Valenciana, Madrid, Andalucía y Murcia figuran entre las regiones con mejores perspectivas para 2026, según el último informe de BBVA Research, que eleva en dos décimas su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,6%, impulsada por el consumo de los hogares, la creación de empleo y las exportaciones de servicios.

El servicio de estudios del banco mantiene, sin embargo, una previsión más moderada para 2027: el producto interior bruto (PIB) aumentará un 2,1%, medio punto menos que en 2026. El encarecimiento de la energía, una inflación superior a la esperada y unos tipos de interés elevados podrían frenar el gasto de las familias y la inversión empresarial, mientras que el progresivo agotamiento de los fondos europeos del Plan de Recuperación limitaría otro de los motores recientes de la actividad.

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Las diferencias territoriales también cambiarán de un año a otro. Si en 2026 el consumo y los servicios favorecerán especialmente a las comunidades del centro y el sur, en 2027 la recuperación de las exportaciones de bienes dará un mayor impulso a buena parte del norte industrial. El turismo, por su parte, seguirá contribuyendo al crecimiento, aunque perderá fuerza en los archipiélagos.

Valencia, Madrid y el sur tiran de la economía en 2026

La Comunitat Valenciana encabezará el crecimiento regional este año, con un avance previsto del 2,9%, apoyado, entre otros factores, por las ayudas destinadas a la reconstrucción tras la dana. Madrid, Andalucía y Murcia alcanzarán el 2,8%, mientras que Castilla-La Mancha llegará al 2,7%. Cataluña, con una previsión del 2,6%, se situará en línea con la media española.

El dinamismo de las exportaciones de servicios, tanto turísticos como no turísticos, beneficiará especialmente a Madrid y Cataluña. En el centro y el sur peninsular, el consumo privado y el comportamiento de las exportaciones de bienes contribuirán a sostener la actividad. La combinación de estos factores explica que varias comunidades superen el promedio nacional en un ejercicio en el que España mantendrá un crecimiento sólido.

En el extremo contrario, las regiones del norte avanzarán, en general, a un ritmo más contenido. La debilidad de la demanda europea, el encarecimiento de la energía y el menor dinamismo de las exportaciones de bienes y de la producción industrial limitarán el crecimiento de Asturias y La Rioja, ambas con un 1,9%; Navarra, con un 2%; Cantabria, con un 2,1%; País Vasco, con un 2,2%, y Galicia, con un 2,3%. Aragón crecerá un 2,6%, mientras que Castilla y León se quedará en el 2,5%. Extremadura, por su parte, registrará un 2,1%, afectada por la menor actividad agraria e industrial.

El turismo pierde impulso en las islas

Aunque el sector turístico continuará creciendo, las perspectivas son más moderadas para Baleares y Canarias. El encarecimiento de estos destinos y las dificultades para ampliar la capacidad del sector, con niveles de ocupación elevados y obstáculos para repartir la actividad durante todo el año, podrían limitar el gasto de los visitantes extranjeros.

Con estas condiciones, Baleares crecerá un 2,4% en 2026 y Canarias un 2,1%, en ambos casos por debajo de la media nacional. La evolución del turismo será también determinante en 2027, cuando la normalización de los flujos hacia destinos competidores afectados por la guerra en Oriente Medio podría reducir parte del impulso que han recibido las islas.

El norte industrial ganará terreno en 2027

El escenario previsto para el próximo año apunta a un cambio en el mapa del crecimiento. BBVA Research mantiene su estimación para España en el 2,1%, pero espera que la recuperación gradual de las exportaciones de bienes favorezca especialmente a las comunidades industriales del norte. La mejora dependerá, en parte, de que se vayan resolviendo los problemas que afectan al comercio internacional.

País Vasco y Navarra liderarán el crecimiento regional en 2027, con un 2,4%, seguidos de Galicia, con un 2,3%, y Aragón, La Rioja y Cantabria, con un 2,2%. Asturias crecerá al mismo ritmo que España, mientras que Castilla y León se quedará en el 1,9%. Cataluña, con un 2,3%, seguirá beneficiándose de las exportaciones de servicios no turísticos y de la mejora de las ventas de bienes al exterior. Madrid avanzará un 2,1%, en línea con el conjunto nacional.

En cambio, las comunidades del centro y el sur afrontarán una desaceleración más acusada por la moderación del consumo y de la inversión. Andalucía crecerá un 2,1%, mientras que Murcia registrará un 1,9% y Castilla-La Mancha y Extremadura, un 1,8%. En la Comunitat Valenciana, el crecimiento se reducirá al 1,8%, a medida que pierdan fuerza las ayudas extraordinarias destinadas a la reconstrucción tras la dana. Baleares y Canarias también moderarán su avance hasta el 1,9%.

El empleo seguirá creciendo, pero a menor ritmo

La creación de puestos de trabajo continuará sosteniendo la economía española, aunque perderá intensidad en 2027. BBVA Research prevé un crecimiento del empleo, medido por la Encuesta de Población Activa (EPA), del 2,4% en 2026 y del 2% el próximo año. La inmigración y el aumento de la participación de la población española en el mercado laboral seguirán contribuyendo al avance.

Por comunidades, Murcia registrará el mayor crecimiento del empleo en 2026, con un 4,1%, seguida de la Comunitat Valenciana, con un 3,4%; Castilla-La Mancha, con un 3,2%, y Andalucía y Baleares, ambas con un 3%. En el otro extremo, Asturias apenas crecerá un 0,2%, La Rioja un 0,3% y Navarra un 0,4%.

Para 2027, las previsiones sitúan a Navarra a la cabeza, con un crecimiento del empleo del 2,4%. Aragón, Madrid y País Vasco alcanzarán el 2,3%, mientras que Andalucía y Cantabria llegarán al 2,2%. Castilla y León tendrá el avance más limitado, con un 1,1%, seguida de Baleares y Extremadura, con un 1,7%. La moderación de la demanda interna y del turismo pesará sobre el mercado laboral de estas últimas regiones.

Los analistas de BBVA Research dibujan dos etapas en la evolución de la economía española: un 2026 apoyado en el consumo, el empleo y los servicios, y un 2027 en el que las exportaciones industriales cobrarán más importancia. La principal incertidumbre seguirá estando en el entorno internacional y en su efecto sobre los precios, los tipos de interés y la capacidad de gasto de hogares y empresas.

La vivienda, tanto nueva como usada, se encareció un 14,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. La cifra supera en 8,8 puntos a la inflación general, de acuerdo con el informe de Tinsa. El acumulado de los primeros nueve meses del año se sitúa en el 14,9%. Pese a la magnitud de la subida, la tasadora señala que el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda se modera desde junio.

Frente a agosto, el precio avanzó un 0,7% en septiembre. Las islas lideraron ese repunte mensual, con un incremento del 2,2%.

La costa mediterránea lidera las subidas interanuales

Por zonas, la costa mediterránea registró en septiembre el mayor encarecimiento interanual, del 17,2%. Le siguieron las áreas metropolitanas, con un 16,6%, y las islas, con un 15,2%. Las capitales y grandes ciudades se revalorizaron un 13,4% en el mismo período. El resto de municipios cerró la tabla con un alza del 10,4%.

La jerarquía cambia al observar el acumulado desde enero. Según Tinsa, las islas encabezan la subida en lo que va de año con un 8,8%, seguidas por la costa mediterránea, con un 16,7%, y las áreas metropolitanas, con un 16,4%. Las capitales y grandes ciudades suman un 14,7% desde comienzos de año. El resto de municipios acumula un 10,3%.

Todas las zonas superan el umbral de alerta europeo

Las tasas interanuales resultan “contundentes” en todos los grupos analizados, según explicó Cristina Arias, jefa de Estudios de Tinsa. La responsable subrayó que los incrementos superan no solo a la inflación, sino también a un límite fijado por Bruselas. “Tasas interanuales contundentes en todos los grupos, por encima de la inflación y superiores al umbral del 9% nominal establecido por la Comisión Europea para la vigilancia ante posibles desequilibrios macroeconómicos”, explicó Arias en el comunicado de la tasadora.

Ese umbral del 9% funciona como indicador de alerta temprana dentro de los mecanismos de supervisión macroeconómica de la Unión Europea. Ningún segmento del mercado español queda hoy por debajo de esa referencia.

Arias vinculó la presión sobre los precios con el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Los salarios pierden capacidad de compra por el repunte inflacionista derivado de la guerra en Oriente Medio, de acuerdo con el análisis de la firma.

La brecha con la burbuja de 2007 se cierra por zonas

El informe de Tinsa compara también los precios actuales con los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007. En términos nominales, todos los grupos analizados superan ya aquellos niveles, con una excepción. La costa mediterránea y el resto de municipios son las únicas categorías que todavía no recuperan sus máximos históricos en valores nominales. El resto del mercado ya los dejó atrás.

Las islas muestran la revalorización más marcada frente a esos máximos, con un 27,8% por encima. Es también el territorio que más se acerca a los niveles de 2007 cuando se descuenta la inflación: la distancia real es del 13%. El resto de zonas permanece a más de 30 puntos porcentuales de esos máximos en términos reales.

*Con información de agencias

Sin embargo, no todos los productos han subido al mismo ritmo. Los huevos registraron un incremento interanual del 12,3% en septiembre, mientras que las legumbres y hortalizas aumentaron un 9,8% y la fruta, un 9,6%. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, también repuntó hasta el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024.

A pesar de estas subidas, el Ministerio de Economía señaló que, desde el inicio de la guerra en Irán, la inflación acumulada de los alimentos había retrocedido un 0,4%. Este dato introduce un matiz en la evolución de los precios, ya que la fotografía mensual muestra un nuevo repunte.

España registra una mayor subida de los alimentos que Francia e Italia

La comparación con otros países europeos ayuda a entender la evolución de los precios en España. Según los datos de agosto de Eurostat, los alimentos se encarecieron un 2,3% interanual en el país, una tasa solo superada por Chipre, con un 3,8%.

La subida española contrasta con la registrada en otras grandes economías europeas. En Francia e Italia, los precios de los alimentos aumentaron un 1,1%, mientras que en Alemania apenas avanzaron un 0,2%. En el otro extremo, Suecia registró una caída del 6,2% y los Países Bajos, un descenso del 1%. En Bélgica, por su parte, los precios se mantuvieron estables.

La guerra en Irán y el precio de la gasolina afectan al supermercado

Estas diferencias se produjeron durante un verano marcado por el encarecimiento de la energía asociado al conflicto en Oriente Medio. En este contexto, el Gobierno español aprobó un tercer Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que entró en vigor el 1 de octubre.

Una de las principales preocupaciones es que este encarecimiento energético se traslade a los precios de los alimentos. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encargó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el seguimiento de toda la cadena alimentaria. “Desde el inicio de la guerra en Irán los precios de los alimentos de momento han bajado, pero hay que estar alerta”, afirmó Cuerpo en declaraciones a RNE. El ministro recordó que, en el caso de la guerra en Ucrania, el encarecimiento energético tardó entre ocho y doce meses en reflejarse en la cesta de la compra, por lo que consideró necesario anticiparse a ese efecto.

Cuerpo vinculó directamente el repunte del IPC en septiembre con el encarecimiento del crudo y el gas derivado del conflicto en Oriente Medio, y señaló que la evolución futura de la inflación dependerá en buena medida de cómo avance esa guerra. El ministro remarcó, de todos modos, que las medidas adoptadas por el Gobierno desde el 20 de marzo han conseguido amortiguar en torno a la mitad del impacto del shock energético sobre los precios de consumo en España.

Los ciudadanos de Marruecos se han convertido en la nacionalidad extranjera que más viviendas compra en España durante el primer semestre de 2026, con 4.960 compraventas, por delante de las 4.541 firmadas por ciudadanos de Reino Unido, según las datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado. El adelantamiento pone fin a casi dos décadas de dominio británico en este indicador.

Los compradores marroquíes representan ya el 8% del total de operaciones de extranjeros en España. La diferencia de 419 viviendas confirma una tendencia que ya se venía estrechando: en el segundo semestre de 2025, Reino Unido conservó la primera posición por apenas 24 operaciones, y en el balance global ese año, los británicos terminaron con 10.925 viviendas adquiridas por 10.829 de los marroquíes.

Caída generalizada de la demanda extranjera

El liderazgo marroquí se produce en un contexto de retroceso general del mercado inmobiliario entre foráneos. Entre enero y junio de 2026, los extranjeros realizaron 62.327 compraventas de vivienda libre, un 13% menos que en 2025, el mayor descenso interanual desde 2020. Las operaciones de extranjeros representan el 18,3% del total de compraventas del país, frente al 19,2% de 2025 y el 20,3% de 2024.

La contracción ha sido más intensa entre los no residentes, cuyas compraventas caen un 18%, afectadas en parte por el fin de las golden visa. Los residentes extranjeros reducen sus compras un 9,7%. Los descensos más pronunciados se registran entre rusos (-26,2%), chinos (-26,1%) y estadounidenses. Colombia (7,4%) y Venezuela (10,2%) son las únicas nacionalidades que aumentan sus adquisiciones.

Dos perfiles de comprador opuestos

El 98,7% de las adquisiciones realizadas por ciudadanos marroquíes, es decir 4.897 de las 4.960 operaciones, corresponde a personas que ya residen en España. Se trata de un colectivo numeroso: según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 910.001 marroquíes con documentación de residencia en vigor en España, la comunidad extranjera más numerosa del país.

El perfil británico es prácticamente el inverso: el 52,6% de sus 4.541 compraventas, 2.388 operaciones, corresponde a no residentes. Esta diferencia se traduce también en el precio pagado por metro cuadrado. Los compradores marroquíes abonan una media de 801 euros por metro cuadrado, el importe más bajo entre las nacionalidades analizadas por el Notariado, mientras que los británicos pagan 2.730 euros.

Murcia y Navarra concentran el mayor número de marroquíes

El reparto territorial de las compras marroquíes muestra una fuerte concentración en el interior y el sureste peninsular. Los compradores de Marruecos lideran las operaciones de extranjeros residentes en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, donde representan el 36,1% de ese segmento; Navarra (34,3%); La Rioja (25,1%); Aragón (23,7%); Castilla-La Mancha (21,7%), y Extremadura (20,2%).

Su presencia también es notable en Andalucía, donde concentran el 19,4% de las compraventas de extranjeros residentes, y en Cataluña, con el 11,2%. Se trata de un patrón distinto al de otras nacionalidades, como la italiana o la británica, cuya demanda se concentra en el litoral mediterráneo y los archipiélagos.

Los compradores de EEUU son los que más pagan

Tras marroquíes y británicos, los italianos ocupan la tercera posición en el primer semestre de 2026, con 4.109 operaciones (6,6% del total), seguidos de los rumanos, con 3.974 compraventas (6,4%), y los alemanes, con 3.907 (6,3%). En conjunto, estas cinco nacionalidades concentran el 34,6% de las operaciones de compraventa de vivienda realizadas por extranjeros en España.

El panorama cambia entre los extranjeros no residentes, el segmento vinculado a segundas residencias e inversión. Allí destacan los ciudadanos neerlandeses, con el 12,6% de las operaciones, seguidos de alemanes (11,8%), británicos (10,4%) y polacos (8,1%). Los compradores de Estados Unidos pagan el precio más alto por metro cuadrado entre todas las nacionalidades, con una media de 3.948 euros.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, reportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,125 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,579 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,829 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,029 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,935 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,055 euros el litro

Precio mínimo: 1,737 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,155 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,667 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,859 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,155 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,905 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,075 euros el litro

Precio mínimo: 1,895 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,704 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,965 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,893 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,899 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Los precios en España subieron en septiembre 1,2 puntos porcentuales más que en el promedio de la zona euro, la brecha más amplia desde agosto de 2022, según el último informe trimestral del Banco de España. Ese indicador, conocido como diferencial de inflación, mide la diferencia entre el ritmo de encarecimiento de los productos en un país y el de sus vecinos que comparten la misma moneda.

La cuestión es que, cuando dos países usan la misma moneda, como ocurre entre España y el resto de la zona euro, una inflación más alta en uno de ellos encarece sus productos en términos relativos frente a los del otro. El diferencial de inflación es, justamente, esa diferencia: cuánto más (o menos) suben los precios en un país respecto al promedio de sus socios monetarios.

En febrero de este año, antes del estallido de un nuevo conflicto en Oriente Próximo, esa brecha era de apenas 0,6 puntos porcentuales. Para septiembre, se había duplicado hasta 1,2 puntos, el nivel más alto desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los precios de la energía en toda Europa. En el caso de la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como energía y alimentos frescos, la brecha pasó de 0,6 a un punto porcentual, su valor más alto desde septiembre de 2006.

El punto de partida de esta ampliación coincide con el bloqueo del estrecho de Ormuz, a finales de febrero, que interrumpió cerca de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado y disparó los precios de la energía en los mercados internacionales. El precio del gas en el mercado español pasó de unos 30 euros por megavatio hora a finales de febrero a 78 euros en septiembre, más del doble.

Pero, pese a este origen común para toda Europa, el impacto no fue igual en todos los países. El Banco de España señala que el componente energético tuvo, de hecho, un comportamiento cambiante a lo largo del año: en febrero era casi nulo (es decir, el precio de la energía en España subió casi al mismo ritmo que en el resto de la zona euro), se volvió negativo en mayo gracias a rebajas fiscales más agresivas aplicadas en España que en otros países, y volvió a sumar a la brecha en agosto y septiembre, a medida que esas rebajas se fueron retirando.

Los servicios, el verdadero motor del diferencial

Sin embargo, la energía no es el principal responsable de la brecha de inflación entre España y la zona euro. El informe atribuye a los servicios casi la mitad del diferencial total: su aporte pasó de 0,3 puntos porcentuales en febrero a 0,6 puntos en septiembre. Detrás de este número está el turismo y la hostelería, sectores con más peso en el gasto de los españoles que en el del resto de la zona euro y cuyos precios suben a mayor velocidad. A estos factores se suman, con menor impacto, los alimentos y los bienes industriales no energéticos, que también aportaron de forma positiva al diferencial en los últimos meses, de acuerdo con el documento.

El Banco de España advierte de que mantener esta brecha en el tiempo tiene consecuencias económicas concretas. “La persistencia de diferenciales positivos, especialmente cuando se extienden a los servicios y a otros componentes de la inflación subyacente, podría erosionar gradualmente la competitividad de la economía española frente a sus principales socios comerciales”, señala el informe.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si España compite con países como Italia, Grecia o Portugal por los mismos turistas europeos, si los precios de la hostelería y los servicios turísticos en España suben más rápido que en esos países, un turista que antes elegía España podría optar por un destino donde su dinero rinda más.

El organismo agrega que, en una unión monetaria como la zona euro, corregir esa pérdida de competitividad exigiría una moderación más intensa de los precios y los costes internos en el futuro.

Lo que viene en los próximos meses

Las proyecciones del Banco de España anticipan que la inflación general en España se mantendrá por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo durante todo el horizonte de previsión. El organismo calcula una media anual del 3,9% para 2026 y del 3,7% para 2027, cifras que superan ampliamente las registradas el año pasado.

El propio informe prevé que la inflación se sitúe en torno al 5% hacia fin de año, una vez descontado el efecto moderador de las rebajas fiscales a la energía vigentes. A comienzos de 2027, la inflación tendría un nuevo repunte por el fin de esas rebajas y de los descuentos al transporte público, antes de iniciar una trayectoria descendente apoyada en la moderación de los precios energéticos y en el efecto estadístico de los fuertes incrementos registrados en 2026.

El consumo privado se situó como uno de los apoyos de la economía española durante 2026, pero parte de ese impulso se financió con una reducción del ahorro de los hogares. Según las previsiones de Funcas, el gasto de las familias creció un 1,2% en el segundo trimestre, mientras la tasa de ahorro descendió seis décimas, hasta el 11% de la renta disponible bruta.

El fuerte avance del consumo contrasta con el comportamiento del primer trimestre, cuando había aumentado un 0,3%. La aceleración se produjo en un contexto de subida de precios y de encarecimiento del crédito, dos factores que condicionarán la capacidad de las familias para mantener ese ritmo de gasto durante los próximos trimestres.

La institución prevé que la economía española crezca un 2,5% en 2026, sin cambios respecto a su cálculo anterior. El consumo de los hogares contribuye a sostener esa expansión, aunque el PIB perderá vigor en la segunda mitad del año: tras avanzar un 0,7% entre abril y junio, crecería un 0,5% en el tercer trimestre y un 0,4% en el cuarto.

El ahorro baja, pero permanece en niveles elevados

La caída de la tasa de ahorro refleja que los hogares dedicaron una proporción mayor de sus ingresos al consumo. Pese a ello, el 11% de la renta disponible continúa por encima de los niveles históricos, de acuerdo con el informe. Funcas también destaca que las familias mantienen un endeudamiento reducido, una condición que les proporciona capacidad para absorber parte de la subida de precios y de los tipos de interés.

Ese margen explica por qué el consumo ha mantenido su fortaleza pese al deterioro del escenario inflacionario. El informe no plantea que los hogares hayan agotado su ahorro, aunque sí advierte de que el gasto reciente se apoyó en una menor acumulación de recursos.

Las previsiones para los próximos años parten de que esa tendencia continuará. El escenario central incorpora un descenso adicional de la tasa de ahorro, lo que implica que los hogares aumentarían su gasto ligeramente por encima del crecimiento de su renta disponible. Ese comportamiento permitiría sostener la demanda interna, pero dejaría a las familias con un colchón menor ante una nueva subida de precios o un deterioro del mercado laboral.

El IPC llegó al 4,9 % en septiembre

La presión sobre los presupuestos familiares aumentó durante el verano. La inflación pasó del 3,2% registrado en el segundo trimestre al 4,9% en septiembre, impulsada por los productos energéticos, en especial los combustibles, y por los alimentos no elaborados. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, alcanzó el 3,1% ese mes.

Funcas prevé que los precios se moderen en los últimos meses del año, aunque se mantendrían por encima del 4% bajo determinados supuestos. Para el conjunto de 2026, calcula una inflación media del 3,7%, cinco décimas más que en su estimación de julio. La previsión para 2027 también subió cinco décimas, hasta el 3,1%, mientras que para 2028 se espera una tasa del 2,5%.

El aumento del coste de vida afecta de forma directa a la capacidad de compra de los hogares. La persistencia de la inflación en los servicios añade presión, al tiempo que el alza de los combustibles y de los alimentos repercute sobre los gastos cotidianos.

Los tipos más altos añaden presión a las familias

El encarecimiento del dinero constituye otro límite para el consumo. El Banco Central Europeo elevó la facilidad de depósito al 2,5% en septiembre, y Funcas parte de la hipótesis de dos aumentos adicionales hasta el 3%. El euríbor a 12 meses, que rondaba el 2,8% en junio, llegó al 3,25% en septiembre.

La subida de los tipos afecta a quienes deben renovar una hipoteca a interés variable, solicitar crédito o afrontar pagos vinculados a financiación. También puede frenar decisiones de compra de mayor importe, desde una vivienda hasta bienes duraderos.

Funcas anticipa que el consumo privado y la inversión crecerán a un ritmo inferior al observado entre 2023 y 2025. La demanda interna aportaría tres puntos al PIB en 2026, pero su contribución bajaría a 2,1 puntos en 2027 y a dos puntos en 2028.

El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha trastocado los planes de trabajadores con más de 40 años cotizados que quieren jubilarse anticipadamente sin sufrir recortes en su pensión y de jubilados con una larga carrera de cotización que han pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que acabe con los coeficientes reductores que penalizan sus pensiones.

El Congreso aprobó en septiembre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos que plantea eliminar los coeficientes reductores de las pensiones para quienes acrediten carreras de cotización de 40 años o más. La iniciativa contempla, además, que la reforma pueda beneficiar a personas que ya estén jubiladas, que tendrían la posibilidad de solicitar un nuevo cálculo de su prestación conforme a las reglas que se establezcan.

La propuesta salió adelante con 178 votos a favor, entre ellos los del PSOE; 136 abstenciones, incluidas las del PP, y 33 votos en contra, correspondientes a Vox. Sin embargo, la aprobación de su toma en consideración no implica que la reforma haya entrado en vigor ni garantiza que termine convirtiéndose en ley.

Cerca de un millón de afectados

En este contexto, la Asociación de Jubilados Anticipados con 40 o más años Cotizados (Asjubi40) registró la pasada semana un escrito en el Congreso para reclamar un decreto ley que acabe con los coeficientes reductores de la edad de retiro para las personas con largas carreras de cotización que opten por la jubilación anticipada. La organización considera que la convocatoria electoral no debería dejar en suspenso una reivindicación que afecta, según sus estimaciones, a casi un millón de pensionistas.

Asjubi40 pide en su escrito que se valore “de forma extraordinaria” la utilización de un decreto ley que elimine las penalizaciones y entiende que la propuesta está amparada en la “extraordinaria y urgente necesidad” que demanda el decreto.

La asociación incide en que la convocatoria electoral no puede convertirse en “una coartada perpetuar el agravio comparativo que sufren cerca de un millón de pensionistas en España”.

Requisitos exigidos

La disolución de las Cortes y el final anticipado de la legislatura pueden dejar sin recorrido las iniciativas que permanecían en tramitación, entre ellas la proposición de Podemos. Si el Gobierno no atiende la petición de Asjubi40, la medida no podrá darse por aprobada y su futuro dependerá de los procedimientos parlamentarios que correspondan tras las elecciones.

Incluso si la reforma sale adelante, no todos los trabajadores que hayan cotizado durante cuatro décadas podrán beneficiarse automáticamente de ella. La jubilación anticipada está sujeta a requisitos de edad, años cotizados y cuantía de la pensión resultante, además de las condiciones específicas que finalmente establezca la norma.

La edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de acuerdo con el calendario de la reforma de las pensiones aprobada en 2013. En 2026, la edad legal es de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. Quienes alcancen ese periodo de cotización pueden jubilarse a los 65 años.

Ese calendario también determina cuándo se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria. En 2026, pueden hacerlo desde los 64 años y 10 meses quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses, mientras que quienes alcancen o superen ese periodo pueden adelantar el retiro hasta los 63 años.

Además, es necesario acreditar al menos 35 años de cotización, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos pueden acogerse a esta modalidad. En determinados supuestos, también pueden computarse hasta 12 meses del servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino.

Existe otra condición económica: una vez aplicados los coeficientes reductores, la pensión resultante debe superar la cuantía mínima que correspondería al trabajador a los 65 años, atendiendo a sus circunstancias familiares. Si no se cumple este requisito, no se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

Cómo se calcula el recorte de la pensión

La Seguridad Social aplica coeficientes reductores a quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria. La reducción depende de cuántos meses se adelante el retiro y del periodo total cotizado: cuanto mayor sea el adelanto, mayor puede ser el recorte, aunque las penalizaciones también varían según la carrera de cotización.

En la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores pueden ir del 2,81% cuando se adelanta un mes la jubilación hasta el 21% cuando se anticipa el retiro el máximo permitido de dos años, en los supuestos correspondientes.

Es precisamente este recorte el que Asjubi40 quiere eliminar para quienes hayan cotizado al menos 40 años. Por ahora, sin embargo, la supresión de las penalizaciones sigue siendo una reivindicación pendiente y su aplicación dependerá de que la iniciativa legislativa prospere o de que el Gobierno decida aprobar un decreto ley antes de las elecciones.

Los empleados del sector financiero se han concentrado este jueves ante las sedes de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Abanca y Unicaja en seis ciudades españolas para exigir la apertura inmediata de negociaciones sobre sus condiciones laborales. La convocatoria, impulsada por CCOO, reclama garantías ante el avance de la inteligencia artificial en el sector, subidas salariales por encima del IPC y una reducción de la carga de trabajo que, según el sindicato, arrastra las plantillas desde hace años.

Las protestas se han desarrollado en Madrid, Valencia, Valladolid, A Coruña, Tenerife y Málaga, con recorridos de entre 45 minutos y dos horas frente a las oficinas centrales de las entidades. Una segunda jornada de movilizaciones está prevista para el 4 de noviembre en Barcelona, Sevilla, Murcia, Albacete, Zaragoza y Bilbao.

El calendario de protestas no es casual. El convenio colectivo que regula las condiciones de los empleados de banca vence el 31 de diciembre de este año, y la negociación del siguiente arrancará en marzo de 2027. CCOO quiere llegar a esa cita con compromisos ya cerrados, no con la negociación recién empezada.

La banca gana más y emplea a menos personas

El argumento central de CCOO es un contraste: mientras los seis grandes bancos españoles acumularon más de 36.000 millones de euros de beneficio en 2025 y superaron los 20.000 millones solo en el primer semestre de este año, el empleo en el sector se ha reducido un 40% desde los máximos de 2008. En el mismo periodo, cerca del 63% de las oficinas bancarias han cerrado sus puertas.

Esa combinación de menos personal y más beneficios se traduce, según una encuesta interna de CCOO entre 46.000 trabajadores, en una sobrecarga que afecta a casi toda la plantilla. El 96,9% de los empleados de oficinas y el 93,1% de los de servicios centrales señalan un aumento crítico de su volumen de trabajo en los últimos tres años. Más del 80% asegura que el clima laboral actual perjudica su salud física o mental.

Buena parte de esa presión está ligada a los objetivos comerciales. Según la misma encuesta, el 64,4% de los gestores comerciales admite sentirse presionado para vender productos hasta el punto de poner en riesgo las normas de protección al consumidor.

Qué pide el sindicato para los próximos años

Las reivindicaciones de CCOO se concentran en cuatro bloques. El primero es salarial: un incremento del 7% para 2027 y del 4% anual entre 2028 y 2030, con una cláusula que active revisiones adicionales si la inflación supera esas cifras. El sindicato pide además mejorar los salarios de entrada, reducir las desigualdades retributivas dentro de las entidades y que la retribución variable sea justa, transparente y negociada con la representación sindical.

El segundo bloque afecta a la jornada y la conciliación. CCOO propone reducir la jornada anual de las actuales 1.650-1.700 horas a 1.600 horas sin recorte salarial, ampliar el teletrabajo hasta tres días semanales y avanzar hacia fines de semana de tres días al menos una vez al mes.

El tercer eje es el empleo: el sindicato reclama relevo generacional con creación de puestos de trabajo, además de eliminar la presión comercial y reducir las cargas de trabajo que, según denuncia, soportan las plantillas.

El cuarto bloque es la inteligencia artificial. El sindicato quiere intervenir en cómo se integran los algoritmos en la actividad bancaria y en la gestión de personal, con el objetivo de que su implantación no se traduzca en nuevos recortes de empleo sin negociación previa. La petición se apoya en el precedente reciente: la reducción del 40% de la plantilla del sector ya se ejecutó sin que, según CCOO, existiera una negociación equivalente sobre sus consecuencias.

Un conflicto que se prolonga desde la primavera

Las concentraciones de hoy no son el primer episodio de este pulso laboral. El 27 de marzo, los empleados de CaixaBank protagonizaron una huelga, y el 3 de junio hubo concentraciones en varias ciudades españolas. CCOO no descarta convocar un paro parcial de dos horas en la primera quincena de diciembre si la patronal no abre antes los espacios de negociación que reclama: los Observatorios de Banca y Ahorro y la Comisión Paritaria de Rurales.

Por ahora, la Asociación Española de Banca no ha respondido públicamente a estas demandas. El sindicato enmarca además esta campaña en un calendario reivindicativo más amplio, que incluye la huelga general convocada para el 11 de noviembre en torno a salarios, la vivienda y las condiciones de vida de los trabajadores.

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación de las ordenanzas fiscales de 2027 con una rebaja de impuestos que permitirá a los contribuyentes ahorrar 31,2 millones de euros respecto a este año, según informa el consistorio en una nota de prensa. La principal medida será una nueva reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), mientras que la tasa de gestión de residuos se mantendrá prácticamente estable, con un recibo medio previsto de 143 euros. La propuesta para 2027 incluye, además, cambios en el cálculo de la tasa de basuras, nuevas bonificaciones y modificaciones técnicas en otras siete ordenanzas municipales.

Tras la reducción del IBI prevista para el año que viene, el tipo general pasará del 0,414% al 0,4%, “el mínimo permitido por la legislación”, señala el comunicado. Según las estimaciones municipales, la rebaja beneficiará a 2,27 millones de recibos, tanto residenciales como comerciales, industriales y de oficinas.

El Ayuntamiento calcula que el recibo medio del IBI urbano para una vivienda con un valor catastral de 135.134 euros será de 540 euros en 2027. La reducción alcanzará a 1,53 millones de inmuebles residenciales, además de 93.546 inmuebles comerciales, 30.363 oficinas, 10.704 locales industriales y 9.129 establecimientos de ocio y hostelería. El Consistorio destaca que el 79% de las viviendas de la capital tiene un valor catastral inferior a 150.000 euros.

También se mantendrán las bonificaciones de hasta el 90% del IBI para familias numerosas, en función del valor catastral de la vivienda. Esta medida beneficia a unas 37.000 familias y supondrá, según las previsiones municipales, un ahorro de 16 millones de euros durante 2027. En la mayoría de los casos, la bonificación se aplica automáticamente, sin necesidad de solicitarla.

La tasa de basuras seguirá en torno a los 143 euros

La otra gran partida de las ordenanzas fiscales será la tasa de gestión de residuos. El Ayuntamiento aprobará una nueva ordenanza para introducir criterios adicionales en el cálculo de la cuota, con el objetivo declarado de mejorar la equidad y la seguridad jurídica del sistema.

La principal novedad será la incorporación de la calidad de la separación de residuos a la tarifa por generación. Se tendrán en cuenta cinco fracciones: resto no reciclable, envases de plástico, metal y brik, residuos orgánicos, papel y cartón, y vidrio. La información procederá de los datos recopilados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

La cuota seguirá combinando una tarifa básica, vinculada al valor catastral del inmueble, y otra por generación, que considera la cantidad de residuos, el número de personas empadronadas y la calidad de la separación en cada uno de los 131 barrios de Madrid. Con estos criterios, el Consistorio prevé que el recibo medio se sitúe en 143 euros en 2027, prácticamente la misma cantidad que en 2026.

Quiénes estarán exentos y qué bonificaciones se mantienen

La tasa de basuras afectará a unos 1,7 millones de inmuebles. No tendrán que abonarla los garajes y trasteros vinculados a viviendas, los solares ni los edificios en estado de ruina. Los garajes industriales destinados íntegramente a uso residencial también podrán quedar exentos si se presenta la correspondiente declaración responsable.

Las familias numerosas podrán acceder a reducciones similares a las del IBI, calculadas según el valor catastral y la categoría del título familiar. Además, quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción mantendrán una bonificación del 100%. El Ayuntamiento estima que estas medidas beneficiarán a más de 37.000 familias y supondrán un ahorro conjunto de 5,4 millones de euros.

Las viviendas vacías y los locales sin actividad solo abonarán la tarifa básica por disponibilidad del servicio, siempre que acrediten anualmente esa situación. El propietario será el responsable del pago de la tasa, aunque podrá repercutirla en el inquilino cuando corresponda. Asimismo, los contribuyentes podrán acogerse al sistema de Pago a la Carta, que permite reducir la cuota un 5%, con un ahorro máximo de 15 euros.

Otras rebajas fiscales que seguirán vigentes

La propuesta municipal mantiene las bonificaciones aprobadas en ejercicios anteriores, entre ellas las de hasta el 95% en la plusvalía por herencias de la vivienda habitual y del local de negocio a favor de familiares directos, así como los incentivos fiscales para empresas que inicien actividad o creen empleo.

También seguirán vigentes la rebaja del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo se sitúa en el 3,75%, las bonificaciones por instalar puntos de recarga eléctrica y sistemas de energía solar, y la reducción del 95% del IBI para los comercios centenarios.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a seis portales inmobiliarios por no incluir datos que son obligatorios en ofertas de alquiler publicadas en zonas tensionadas, donde la normativa exige que los futuros inquilinos puedan conocer los límites aplicables a la renta antes de contactar con el anunciante.

La asociación presentó las denuncias a Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Yaencontré y Milanuncios ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como ante los organismos de Consumo de Euskadi, Cataluña y Galicia. Según Facua, los anuncios analizados no incorporaban, en la mayoría de los casos, información necesaria para determinar si el precio ofrecido se ajusta a la regulación vigente, actualizada hace unos días con el nuevo decreto de vivienda.

Entre los datos ausentes figuran el tipo de renta que corresponde a cada vivienda dentro de las áreas declaradas como mercados residenciales tensionados. Además, en parte de las publicaciones falta la indicación sobre si el propietario tiene la consideración legal de gran tenedor. La organización sostiene que solicitará actuaciones contra decenas de agencias inmobiliarias responsables de anuncios que, a su juicio, tampoco respetan estas obligaciones.

Barcelona, la ciudad con mejores datos

La revisión de Facua consistió en 102 ofertas de viviendas en alquiler localizadas en seis municipios incluidos en la declaración de zona de mercado residencial tensionado. El reparto fue de 30 anuncios en Barcelona, 20 en San Sebastián, 15 en A Coruña, 14 en Bilbao, 13 en Santiago de Compostela y 10 en Barakaldo.

El resultado más favorable dentro de la muestra fue el de Barcelona, donde solo cuatro anuncios reunían los requisitos que la asociación considera obligatorios. En los otros 26, faltaba información obligatoria.

En Bilbao, San Sebastián, A Coruña, Santiago de Compostela y Barakaldo, Facua afirma que ninguno de los anuncios seleccionados incluía todos los elementos exigidos por el nuevo marco legal. La asociación no plantea que la revisión represente la totalidad de la oferta existente en esas ciudades, aunque utiliza los resultados como base para sus denuncias administrativas.

Condiciones en alquileres temporales y de habitaciones

El cambio normativo está recogido en el artículo 20 del Real Decreto-ley 29/2026, aprobado el pasado 6 de octubre. La disposición establece que la publicidad, promoción y oferta de inmuebles destinados al arrendamiento debe proporcionar datos veraces y comprensibles, sin ocultar aspectos que puedan alterar la decisión de quien busca vivienda.

Una de las novedades es que el concepto de vivienda habitual comprende también las fórmulas de alquiler temporal y el arrendamiento de habitaciones. Por eso, los anuncios de estas modalidades publicados en zonas tensionadas deben incorporar la misma información que se reclama para los contratos de vivienda completos.

Es decir, que una persona que busca una habitación o un alquiler por meses debe poder consultar, antes de iniciar la negociación, los límites de precio que correspondan al inmueble y las condiciones legales que afectan a la oferta. La obligación alcanza a los anuncios difundidos por particulares, agencias y plataformas digitales cuando se trate de alquileres sometidos a la regulación.

El objetivo de estas exigencias es que el precio anunciado pueda contrastarse con el máximo permitido en cada área declarada tensionada. Sin esa referencia, el interesado tiene menos herramientas para comprobar si la cantidad solicitada se encuentra dentro de los márgenes previstos por la ley.

Índice de referencia, renta máxima y condición de gran tenedor

Entre los elementos que deben aparecer en las publicaciones, está el índice de referencia del alquiler aplicable en la zona. Un indicador que sirve de base para determinar la actualización anual de la renta en los contratos afectados por la regulación.

Los anuncios también deben reflejar el límite máximo de renta aplicable a la vivienda y explicar qué norma y qué criterios permiten fijarlo. De ese modo, el futuro inquilino puede conocer el precio reclamado por el arrendador y también el marco que permite evaluar si esa cantidad es conforme a la regulación.

Además, la legislación contempla que se incluya el número, código o denominación identificativa de la unidad arrendada cuando corresponda. A esto se suma la necesidad de informar si el propietario es un gran tenedor, una condición que puede implicar obligaciones específicas dentro de las normas sobre vivienda.

Desde Facua consideran que estas referencias no constituyen un elemento accesorio de la publicidad. Para la asociación, se trata de datos que permiten calcular el coste real del alquiler, identificar las reglas aplicables y valorar si procede continuar con el proceso de contratación.

La ausencia de estos datos puede impedir que los usuarios detecten un posible exceso sobre los límites de renta antes de contactar con una inmobiliaria o un particular, según la organización.

Luis de Guindos, exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía con el Partido Popular, ha reclamado recuperar el consenso político y social sobre las pensiones para evitar que su futuro quede condicionado por los intereses partidistas y los calendarios electorales. El economista ha defendido que la reforma del sistema público debe abordarse mediante acuerdos amplios y duraderos, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones y preservar la estabilidad social.

De Guindos ha definido las pensiones públicas como la “columna vertebral del Estado del bienestar”, durante un encuentro empresarial organizado por Cajamar en Murcia, y ha insistido en que “se tienen que mantener a futuro”, recoge Europa Press. A su juicio, la importancia del sistema exige recuperar un marco de entendimiento entre las principales fuerzas políticas y los agentes sociales, similar al que permitió alcanzar acuerdos en el Pacto de Toledo.

De Guindos formó parte del Ejecutivo del Partido Popular que impulsó en 2013 el Factor de Sostenibilidad y limitó la revalorización anual de las prestaciones al 0,25%. En su intervención, ha defendido la necesidad de desvincular las decisiones sobre las pensiones de la confrontación política.

La necesidad de un entendimiento institucional

El economista ha insistido en que los periodos electorales no son el escenario adecuado para abordar el futuro de las pensiones y ha advertido del riesgo de que esta cuestión se convierta en un instrumento de disputa entre partidos.

Considera que llegar a un acuerdo en este tema es importante y ha recordado que el Pacto de Toledo permitió que las dos principales formaciones políticas y los interlocutores sociales acordaran propuestas destinadas a garantizar la capacidad efectiva de las pensiones. En esta línea, ha expresado su añoranza por una etapa de mayor entendimiento institucional: “Echo de menos esa España después de ocho años fuera”.

Europa, entre la competencia global y los riesgos financieros

Más allá de las pensiones, De Guindos ha analizado la situación económica europea y ha descartado que el continente se encamine necesariamente hacia una recesión. También ha valorado el comportamiento del mercado laboral comunitario, que, en sus palabras, “se está portando bien”, aunque ha advertido de que el encarecimiento de la energía introduce un componente de incertidumbre.

El exministro ha identificado tres grandes desafíos para la Unión Europea: redefinir su relación transatlántica con Estados Unidos en materia de defensa, afrontar la competencia industrial de China y contener la fragmentación política interna. Sobre la capacidad de Europa para competir en el escenario internacional, ha advertido de que “ninguna nación de la Unión Europea tiene capacidad para competir en el actual contexto con Estados Unidos y China” sin una integración compartida.

En el terreno financiero, ha recordado que un banco central “no es todopoderoso” y que la política monetaria no puede solucionar por sí sola los problemas estructurales de la economía.

Entre los riesgos que ha señalado figura el posible repunte de los tipos de interés en los mercados de deuda soberana, en un contexto marcado por el aumento de las emisiones públicas, la elevada demanda de capital vinculada a la inteligencia artificial y la fragmentación del comercio mundial.

La vivienda y la productividad, las debilidades de España

Sobre España, ha destacado la capacidad de adaptación de la economía, que, en su opinión, tiene una capacidad de reacción “sorprendente”. Ha atribuido parte de ese dinamismo al esfuerzo exportador de las empresas y a la solvencia del sistema bancario, aunque ha advertido de que el crecimiento depende en gran medida del aumento de la población.

De Guindos ha señalado que dos tercios del crecimiento económico español proceden del incremento de la población y de la inmigración, que considera “indispensable”, mientras que el tercio restante responde a mejoras de productividad. A su juicio, esta composición limita el avance de la renta per cápita y de los salarios reales netos de impuestos.

El exministro también ha situado la vivienda entre los principales obstáculos para el desarrollo económico. La falta de oferta, ha advertido, “puede llegar a ser un factor limitante para el crecimiento de la economía”. Además, ha señalado que la combinación de precios inmobiliarios elevados y salarios dificulta que los trabajadores puedan desplazarse a los lugares donde las empresas necesitan cubrir puestos.

En cuanto al mercado del alquiler, ha apuntado que este segmento representa alrededor del 20% del parque de vivienda en España, frente al 30% en Europa. También ha criticado el efecto de la regulación sobre la oferta: “Ha restringido la oferta de alquiler y la consecuencia clara es aumentos del nivel de precios”. Para mejorar la productividad, De Guindos ha defendido un marco legal estable, independencia institucional y estabilidad presupuestaria.

El Estado pondrá a la venta el próximo mes de noviembre 10 lotes de inmuebles vinculados a tres históricos narcotraficantes gallegos, entre ellos los dos pisos de Sito Miñanco en el centro de Pontevedra y el edificio en construcción que Marcial Dorado dejó iniciado en A Illa de Arousa. El conjunto tiene un precio de salida superior a 2,7 millones de euros.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), dependiente del Ministerio de Sanidad, celebrará la subasta presencial los días 18 y 19 de noviembre en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid. La convocatoria reúne 26 lotes en toda España, con un valor de salida de más de 7,4 millones de euros.

Los inmuebles proceden de procedimientos de decomiso vinculados a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, una de las principales figuras del narcotráfico gallego; a Marcial Dorado, excontrabandista y narcotraficante de A Illa de Arousa; y a Manuel Abal Feijóo, Patoco, narcotraficante vinculado a Portonovo que murió en un accidente de moto en 2008.

Dos pisos de Miñanco salen a la venta en el centro de Pontevedra

El lote de mayor valor entre los inmuebles vinculados al entorno de Miñanco es un chalé de Sanxenxo, pero la subasta incorpora además dos pisos situados en calles céntricas de Pontevedra.

Uno de ellos está en el número 7 de Loureiro Crespo, frente al Hospital Provincial y en la esquina con Víctor C. Mercadillo. La vivienda, de más de 90 metros cuadrados, tiene tres dormitorios, dos baños, trastero y plaza de garaje. El precio de salida de la primera subasta es de 265.907,75 euros.

El segundo piso se encuentra en el número 26 de Benito Corbal, en la zona peatonal de la ciudad. Tiene 72 metros cuadrados, tres habitaciones y trastero. Su precio inicial asciende a 224.872,40 euros.

La convocatoria incluye otros dos inmuebles relacionados con la estructura patrimonial de Miñanco. Uno es una vivienda unifamiliar adosada en la urbanización O Rial de Vilagarcía de Arousa, situada en una parcela de 531 metros cuadrados y con una superficie útil de 219,31 metros cuadrados. Saldrá a puja por 213.058,25 euros.

El otro es una casa en Rial-Adina, en Sanxenxo, construida sobre una parcela de 2.710 metros cuadrados. El inmueble dispone de sótano, planta baja, primera planta y bajo cubierta, y tiene un precio de salida de 437.449,32 euros.

El edificio de 15 viviendas de Dorado supera el millón de euros

El lote más caro de los vinculados a los narcotraficantes gallegos está en O Xufre, en A Illa de Arousa. Se trata de un terreno de 1.322 metros cuadrados sobre el que se levanta un edificio en construcción asociado a Marcial Dorado.

El proyecto contempla un sótano para garajes y trasteros, una planta baja destinada a locales comerciales, dos portales, dos plantas de pisos y un ático, con 15 viviendas en total. La ficha de la subasta sitúa el grado de avance de la obra en el 63,73%.

El Estado ha fijado un precio de salida de 1.094.959,07 euros para este lote. Si queda desierto en la primera convocatoria, el importe bajará a 985.463,16 euros en una segunda subasta.

También volverán a salir a la venta los diez locales comerciales vinculados a Dorado en una galería de la avenida Mestre Mateo de Santiago de Compostela. El lote, que incluye inmuebles con acceso desde Rosalía de Castro, parte de 315.711 euros tras no encontrar comprador en convocatorias anteriores.

Un antiguo pub en Portonovo y cuatro fincas vinculadas a Patoco

El paquete incluye además tres lotes vinculados a Manuel Abal Feijóo, conocido como Patoco. El primero es un semisótano comercial de 84,6 metros cuadrados en la calle A Marina, esquina con Méndez Núñez, en Portonovo, que funcionó como pub. Sale a subasta por 51.452,40 euros.

Los otros dos lotes agrupan cuatro fincas rústicas de la provincia de A Coruña. Dos están en Ordes: una parcela de 33 áreas y otra de 3,4 hectáreas, con un precio conjunto de salida de 56.670,98 euros. Las otras dos se sitúan en la parroquia de Abellá, en Frades, y salen por 53.025,54 euros.

Los fondos obtenidos con la enajenación de los bienes decomisados se destinan a programas de prevención de adicciones y a la lucha contra el narcotráfico.

Vox levantó la libre sobre el futuro de las pensiones en España tras unas declaraciones del diputado José María Figaredo, que en una entrevista afirmó que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado” y apoyó un modelo mixto, con una parte pública y otra privada.

Ahora ha sido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, la que ha abierto la puerta a una posible reforma del sistema público de pensiones si su partido llega al Gobierno. Aunque ha asegurado que las prestaciones se seguirán abonando “a costa de lo que sea”, la dirigente ha evitado comprometerse con un modelo concreto y ha defendido que será necesario examinar las cuentas públicas antes de determinar qué cambios podrían aplicarse.

Las declaraciones de Millán, recogidas por Europa Press, se producen en plena precampaña electoral, en medio de un debate político sobre la sostenibilidad de las pensiones. La portavoz ha insistido este jueves en el Congreso en que el sistema, tal como está diseñado actualmente, “no funciona”, por lo que no descarta modificaciones si Vox alcanza el Ejecutivo.

Vox condiciona los cambios a las cuentas del Estado

“Aquí no se puede descartar nada, porque tampoco somos ilusos ni se puede engañar a la gente (...) habrá muchas cosas que habrá que cambiar, pero el sentido en el que se tendrán que cambiar lo sabremos con mayor acierto cuando lleguemos y veamos cuáles son las cuentas reales del Estado”, ha señalado Millán durante una rueda de prensa en el Congreso.

Con estas palabras, la portavoz ha evitado concretar qué reformas impulsaría su partido o si respaldaría un sistema mixto como el sugerido por Figaredo. Millán ha defendido, al mismo tiempo, que garantizar las pensiones debe ir acompañado de oportunidades para los jóvenes.

Vox sostiene así que la protección de los actuales pensionistas y las perspectivas de las nuevas generaciones deben abordarse conjuntamente, aunque Millán no ha precisado cómo se articularía esa garantía en una eventual reforma.

Críticas al Gobierno por la gestión de los servicios públicos

Millán ha dirigido también sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de poner en riesgo los servicios públicos. La portavoz ha cuestionado que, pese a la recaudación récord, los ciudadanos afronten un encarecimiento de la cesta de la compra, problemas en el transporte ferroviario y dificultades de acceso al empleo para muchos jóvenes.

“Esa es la gestión pública que hace el Gobierno del dinero de todos los españoles, con lo cual, como ustedes comprenderán, este Gobierno no nos va a decir a los demás cómo se tiene que gestionar ningún sistema público”, ha sentenciado.

El debate sobre las pensiones se intensifica en la precampaña electoral, con declaraciones de Vox y del PP que cuestionan la viabilidad del actual sistema público de pensiones. Por ahora, Vox garantiza que mantendrá el pago de las prestaciones si gobierna, pero deja sin concretar qué cambios introduciría para reformar el sistema y cómo financiaría esas modificaciones.

Un trabajador autónomo de la construcción de 47 años recibirá 68.456,66 euros por las lesiones y secuelas que sufrió en un accidente de circulación, después de que la Justicia condenara a Línea Directa Aseguradora a abonar la indemnización, de la que deberán descontarse las cantidades ya pagadas. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae, también impone los intereses de demora previstos en la Ley de Contrato de Seguro.

La resolución fue dictada el 1 de julio por la plaza 37 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona, que estimó de forma parcial la demanda presentada por el afectado. El accidente ocurrió el 1 de marzo de 2021 y la aseguradora no discutió la responsabilidad del vehículo que tenía cubierto, aunque sí cuestionó el alcance de los daños y la cuantía reclamada. El fallo no describe la mecánica concreta del siniestro ni precisa si el hombre conducía, viajaba como acompañante o se encontraba en otra situación. El litigio se centró en las consecuencias físicas que padeció tras el accidente y en el cálculo de la compensación.

El albañil sufrió fracturas en ambas muñecas y una luxación escafosemilunar, una lesión que afecta a los huesos de la articulación. La afección tuvo una mayor incidencia en la muñeca derecha, que correspondía a su mano dominante.

El tratamiento incluyó dos intervenciones quirúrgicas, rehabilitación y un período prolongado de recuperación. A pesar de la evolución posterior, el tribunal dio por acreditadas limitaciones persistentes de movilidad, pérdida parcial de fuerza y dolor residual, especialmente en la muñeca derecha.

La sentencia reconoce tres días de perjuicio grave, vinculados a la estancia hospitalaria, y 295 días de perjuicio moderado. Este último concepto se aplica a los períodos en los que la víctima no puede realizar una parte relevante de sus actividades habituales, entre ellas el trabajo.

La resolución también fija siete puntos de secuelas funcionales. Cuatro corresponden a la limitación de la muñeca derecha; dos, al dolor y la artrosis en esa misma articulación; y uno, al dolor residual en la muñeca izquierda. A ello se suman tres puntos por perjuicio estético debido a las cicatrices de las operaciones. Por estos conceptos, el juzgado estableció 12.099,24 euros en concepto de secuelas. La cantidad incluye 8.729,89 euros por las limitaciones funcionales y 3.369,35 euros por las cicatrices.

La incapacidad para su oficio fue un factor central

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció al trabajador una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Esta figura no implica que una persona no pueda desempeñar ningún empleo, aunque acredita que no puede continuar con las tareas propias de su oficio.

La magistrada tuvo en cuenta que el demandante trabajaba como autónomo en el sector de la construcción y realizaba labores de albañilería y encofrado. Su actividad exigía el uso continuado de ambas manos, fuerza, carga de peso y movimientos repetidos de las muñecas.

El tribunal concluyó que las lesiones alteraron de forma relevante su desempeño laboral y parte de sus actividades cotidianas. Por este motivo, le reconoció 28.000 euros por perjuicio moral derivado de la pérdida de calidad de vida.

La demanda solicitaba 45.000 euros por este apartado. La sentencia, sin embargo, consideró que la limitación era moderada y no grave. Para llegar a esa conclusión, valoró los estudios biomecánicos y un informe de detectives aportado por la aseguradora.

Según esos elementos, el hombre mantenía movilidad residual en las muñecas, conservaba parte de su fuerza, se desplazaba con normalidad, manipulaba objetos y había retomado parcialmente alguna actividad. El juzgado señaló que no constaba dependencia de terceras personas ni una pérdida de autonomía para las actividades esenciales de la vida diaria.

El lucro cesante se calculó sobre los ingresos declarados

Otro de los puntos de discusión fue el lucro cesante, es decir, la pérdida de ingresos vinculada a la incapacidad. El afectado reclamaba una cifra basada en los salarios previstos en el convenio de la construcción, pero el tribunal rechazó ese método.

La sentencia tomó como referencia los rendimientos netos que figuraban en sus declaraciones fiscales de 2020 y 2021. El dictamen actuarial presentado por la demandada situó los ingresos netos relevantes en 10.149,90 euros y destacó que en 2020 había declarado rendimientos negativos de actividad económica.

Con esos datos, y conforme al baremo aplicable a una persona de su edad con incapacidad permanente total e ingresos inferiores a 12.000 euros, el juzgado fijó 9.307 euros por lucro cesante.

La resolución también rechazó conceder una suma adicional por perjuicio excepcional. Consideró que las lesiones, aunque relevantes, ya quedaban compensadas mediante las partidas por días de recuperación, intervenciones, secuelas, perjuicio estético, pérdida de calidad de vida y reducción de ingresos.

La aseguradora deberá pagar intereses por la demora

Además de la indemnización, Línea Directa Aseguradora deberá afrontar los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. El juzgado entendió que no existía una causa justificada que eximiera a la compañía de ese pago.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Cada parte deberá asumir las costas causadas a su instancia, mientras que los gastos comunes se repartirán por mitades.

El interés inversor por España ha ganado fuerza en las últimas semanas. Bank of America la sitúa como la bolsa europea con mayor respaldo entre los gestores para el próximo año, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos resalta su crecimiento, su posición geográfica y sus infraestructuras como factores de atracción para las empresas extranjeras.

La encuesta de octubre de Bank of America sitúa a la bolsa española como la preferida para los próximos 12 meses, mientras el Gobierno de Donald Trump describe al país como “especialmente atractivo” para la inversión extranjera directa pese a los choques del mandatorio con el Ejecutivo socialista, al que ha llegado a calificar como un “aliado terrible” y una “causa perdida”.

Los dos análisis miden fenómenos distintos. El sondeo de Bank of America recoge el posicionamiento previsto por gestores respecto de los mercados bursátiles europeos. El informe estadounidense analiza condiciones más amplias para que empresas extranjeras instalen negocios, compren activos o desarrollen proyectos en España. Aun así, ambos documentos coinciden en varios elementos que hacen de España un destino a tener en cuenta para la inversión.

El 28% de los gestores europeos apuesta por sobreponderar la bolsa española

Un 28% neto de los gestores consultados por Bank of America afirmó que sobreponderaría la renta variable española en los próximos 12 meses. Es el registro más alto desde mayo de 2018 en la encuesta europea de gestores de fondos de la entidad.

Detrás de España aparecen Alemania y Suiza, ambas con un 16% neto de sobreponderación. Los encuestados también mostraron una preferencia por la periferia de la eurozona: un 31% la eligió frente al 19% que se inclinó por el núcleo formado por Alemania y Francia.

La preferencia por España se explica, en parte, por el deterioro de la percepción sobre Francia. Un 56% neto de los gestores dijo que infraponderaría la bolsa francesa, el peor registro de la serie. El 63% señaló la sostenibilidad de las cuentas públicas francesas y el ciclo electoral previsto para 2027 como el principal riesgo político para la renta variable europea.

El contraste entre ambos países no implica necesariamente flujos inmediatos de capital desde París hacia Madrid. Refleja, en cambio, una orientación de las carteras de gestores europeos en un horizonte de 12 meses, dentro de un escenario marcado por las dudas fiscales y políticas en Francia.

Washington destaca el crecimiento, las infraestructuras y la posición geográfica

El Departamento de Estado de EEUU, dirigido por el secretario Marco Rubio, publicó a fines de septiembre su informe sobre el clima de inversión en España. El documento sostiene que el país resulta “especialmente atractivo” para la inversión extranjera directa por la diversificación de la economía y por las oportunidades en actividades de mayor valor añadido.

El análisis destaca que España fue la economía de mayor crecimiento entre los principales países de la Unión Europea. También subraya su ubicación entre el Atlántico y el Mediterráneo, que convierte al país en una puerta de acceso de las empresas estadounidenses al mercado único europeo.

El informe menciona la disponibilidad de profesionales cualificados en sectores determinados, un mercado interno amplio, costes de energía relativamente bajos y una red de infraestructuras que incluye la mayor red ferroviaria de alta velocidad de Europa, puertos y telecomunicaciones. También señala que la legislación permite, por regla general, que los inversores extranjeros posean hasta el 100% de empresas españolas, sujeto a mecanismos de control y a restricciones en sectores específicos.

Para el Departamento de Estado, la apertura al capital y el marco jurídico han contribuido a la llegada de inversiones extranjeras en sectores de alta tecnología. Ese diagnóstico coincide con el mayor interés de los gestores por el mercado español, aunque parte de fundamentos y plazos diferentes.

El informe alerta por la burocracia, los decretos y la inseguridad regulatoria

El documento estadounidense incluye una lista extensa de factores que, a su juicio, pueden afectar la confianza empresarial. Entre ellos figuran la carga fiscal, el aumento de los costes laborales y energéticos, la lentitud de permisos y licencias y las diferencias regulatorias entre comunidades autónomas.

El Departamento de Estado advierte que en algunos sectores una empresa debe comprender hasta 17 conjuntos de normas regionales. Según el informe, esa fragmentación puede dificultar la integración del mercado interno y reducir la previsibilidad para los inversores.

También cuestiona el uso creciente de mecanismos legislativos de emergencia. El texto sostiene que la aplicación de decretos, sin procesos de consulta pública, puede tomar por sorpresa a compañías que deben adaptar sus operaciones a nuevas reglas.

Las críticas abarcan la contratación pública. El informe apunta que algunos procedimientos pueden carecer de transparencia o sufrir demoras sin una explicación clara. Además, plantea que la prioridad otorgada a las ofertas de menor coste puede limitar la evaluación de criterios como calidad, fiabilidad o experiencia.

El Gobierno prometió el pasado mes de enero movilizar unas 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores. Nueve meses después, ninguno de los 15.510 registros identificados como patrimonio rústico estatal publica una referencia catastral completa, el dato que permitiría localizar cada parcela en el Catastro, según el informe ‘Antes de movilizar la tierra’, elaborado por el Servicio de Estudios de Cocampo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida el 14 de enero de este año: “Hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que analizaremos para valorar su aptitud para la actividad agraria y, en su caso, ponerlas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales”, afirmó entonces. La propuesta se enmarcó en un paquete de medidas para atajar el que el propio Sánchez calificó como “gran obstáculo” para la incorporación de jóvenes al sector agrario: el acceso a la tierra.

Las fincas se pondrían a disposición de los interesados a través de Tierra Joven, una plataforma digital cuyo despliegue, según prometió entonces el presidente, comenzaría “de manera inmediata”. “No vamos a tardar meses en hacerlo”, añadió, en referencia al real decreto que debía regular su funcionamiento en los primeros meses de este año. Nueve meses después, ese decreto no se ha aprobado y no consta públicamente que la plataforma haya entrado en funcionamiento.

Ningún registro tiene una referencia catastral completa

El informe de Cocampo analiza la información pública disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. De los 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, 15.510 figuran con la etiqueta “Patrimonio del Estado” en el campo denominado “Uso”. Ninguno de esos registros incluye un identificador catastral estructurado de 14 o 20 caracteres, el código único que permite consultar directamente un inmueble en el Catastro.

Sin ese código, la alternativa es un sistema más antiguo y menos preciso: el par de polígono y parcela, que solo indica en qué sector del término municipal se encuentra el terreno y qué número tiene dentro de ese sector, sin garantizar que ese número sea único o esté actualizado. El informe de Cocampo comprobó cuántos de los 15.510 registros permiten reconstruir, al menos, ese dato mínimo a partir del texto publicado por la Administración.

El resultado es desigual. En 9.855 casos, el 63,5% del total, el par de polígono y parcela aparece de forma explícita. En otros 2.108 registros (13,6%) puede deducirse a partir del formato del texto, aunque no esté escrito de forma directa. En los 3.547 restantes, el 48,7%, la identificación falla en distintos grados: en 888 (5,7%) la información es parcial, múltiple o contradictoria, y en 2.659 (17,1%) no existe ningún dato catastral aprovechable. En conjunto, 3.547 registros, el 22,9% del total, no permiten reconstruir ni siquiera ese par mínimo con claridad suficiente.

Ni siquiera cuando el par de polígono y parcela aparece de forma clara queda garantizada la identificación de la finca. El propio informe advierte de que esa información no permite comprobar de forma automática que la numeración siga vigente, que conduzca a una única parcela o que esa parcela coincida realmente con la finca registral que el Estado dice poseer.

Fincas de escaso tamaño para la actividad agraria

Más allá de la dificultad para localizarlas, el tamaño de los inmuebles cuestiona su utilidad para instalar a un nuevo agricultor o ganadero. La superficie mediana de los 15.510 registros es de 0,416 hectáreas. El 76,4% tiene menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30.

El propio informe recoge que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ya había planteado esta duda el día posterior al anuncio de enero, al advertir de que una parte de las fincas podría ser terreno de secano, de escasa utilidad para la explotación agraria.

Tierra Joven, la plataforma que debía estar lista en meses

Desde el anuncio de enero, el Gobierno solo se ha pronunciado una vez sobre el avance de Tierra Joven. El 27 de febrero, un mes y medio después de la presentación inicial, una nota de prensa de La Moncloa ya no mencionaba el real decreto ni ninguna fecha de lanzamiento: se limitaba a señalar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabajaba en la creación de la plataforma a través del Grupo de Trabajo de Movilización de Tierras Agrarias Infrautilizadas.

Desde esa actualización de febrero hasta la publicación del informe este 14 de octubre, no se han emitido nuevos comunicados oficiales sobre el estado de Tierra Joven.

Un problema que no nace en enero

La dificultad para localizar las fincas del Estado no es un caso aislado. Responde a un problema más amplio que arrastra España desde hace más de una década: la falta de coordinación entre el Catastro, que describe la forma y los límites físicos de cada parcela, y el Registro de la Propiedad, que certifica quién es su dueño. Cuando ambas descripciones no coinciden, identificar con exactitud dónde empieza y dónde termina una finca se vuelve mucho más difícil, algo que afecta tanto al patrimonio público como a las fincas privadas.

La Ley 13/2015 creó un mecanismo para resolver ese desajuste: la coordinación gráfica, un proceso mediante el cual el Registro incorpora la cartografía exacta del Catastro para cada finca. Once años después de su aprobación, ese proceso avanza con lentitud. Según los datos de la Dirección General del Catastro que recoge el informe, solo 1.476.595 parcelas aparecían coordinadas a 27 de septiembre, sobre un total de 52,86 millones de parcelas rústicas y urbanas que gestiona el organismo. Es decir, apenas el 2,79% del total, según cálculos de Cocampo.

El ritmo de coordinación ha crecido con fuerza en los últimos años: las fincas coordinadas pasaron de 606.371 en 2021 a 1.327.316 en 2025, un aumento del 118,9%. Aun así, ese avance no resuelve de golpe el enorme volumen de fincas que arrastran descripciones desactualizadas desde hace décadas, como ocurre con buena parte del patrimonio rústico del Estado.

Cuando la Administración saca una finca al mercado para venderla o cederla, sí suele publicar su referencia catastral completa: el informe de Cocampo ha identificado 11.576 referencias de este tipo en procedimientos publicados entre 2012 y 2026. Eso demuestra que el Estado sabe identificar sus fincas con precisión cuando lo necesita. La pregunta que deja abierta el informe es por qué ese mismo nivel de detalle no se ha aplicado todavía a las 17.000 fincas que Sánchez prometió movilizar hace nueve meses.

El responsable económico ha reconocido que la publicación del dato adelantado de inflación de noviembre, prevista para el viernes 27 de ese mismo mes y clave para fijar el incremento, deja poco margen para que el Consejo de Ministros apruebe el incremento antes de los comicios. Según explica, las fechas dificultan que el Ejecutivo adopte la decisión antes de la votación, que se celebrará apenas dos días después de conocerse ese indicador.

Ante esa situación, Cuerpo ha trasladado un mensaje de calma a los pensionistas. La actualización, señala, se aplicará aunque la norma se tramite después de la cita electoral. “Esa actualización se va a hacer”, ha manifestado el ministro, que precisa que el Real Decreto-ley podría aprobarse pocos días después de los comicios y pasar después por la Diputación Permanente del Congreso.

Cuerpo plantea aprobar la subida del SMI antes del 29 de noviembre

El Gobierno también confía en anunciar y acordar el incremento del Salario Mínimo Interprofesional antes de las elecciones, aunque la fecha dependerá de las conclusiones de la comisión de expertos.

El titular de Economía ha recordado ante TVE que el SMI acumula un aumento del 66% en los últimos años. Según indica, ese avance lo ha situado en torno al 60% del salario medio, en línea con las recomendaciones europeas. El ministro ha añadido que los próximos incrementos deberán preservar el poder adquisitivo de quienes cobran esta renta. La definición de la cuantía, no obstante, continúa pendiente de los trabajos del comité de expertos.

El ministro rechaza las críticas del PP al sistema de pensiones

Durante la entrevista, Cuerpo ha respondido a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, quien afirmó que el sistema público de pensiones “no funciona y va a petar”. El vicepresidente primero califica esas palabras de “alarmistas e infundadas”.

“Estamos acostumbrándonos a este tipo de mensajes alarmistas que pretenden generar una sensación de incertidumbre en la población y que luego los datos se empeñan en negar”, afirma Cuerpo, citando críticas similares sobre el crecimiento económico, la reforma laboral y la solución ibérica por parte de los populares.

Cuerpo ha defendido la sostenibilidad del sistema a partir de las medidas incorporadas en la reforma de 2021, como el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a los 65 años y el aumento de los ingresos procedentes de las cotizaciones a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, el ministro ah acusado al PP de no lanzar propuestas concretas para garantizar la sostenibilidad del modelo.

Comprar una vivienda o alquilar un piso implica adelantar una cantidad de dinero que no siempre es fácil recuperar. Las discrepancias entre propietarios, compradores e inquilinos son habituales cuando una operación inmobiliaria se frustra o termina un contrato de alquiler. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, el abogado Miguel Benito Barrionuevo aborda estas situaciones y señala las dificultades que pueden surgir al intentar recuperar cantidades que, en determinadas circunstancias, corresponden legalmente al consumidor.

Las arras son una cantidad que el comprador entrega como señal al formalizar un acuerdo de compraventa. Aunque el 10% del precio es una referencia frecuente, no constituye una cuantía obligatoria en todos los contratos. Además, las consecuencias de perderlas o recuperarlas dependen de lo pactado y de la naturaleza de las arras.

Cuando se trata de arras penitenciales, el artículo 1454 del Código Civil contempla que el comprador pueda desistir perdiendo la cantidad entregada y que el vendedor pueda hacerlo devolviéndola duplicada. No obstante, esta consecuencia no se aplica automáticamente a cualquier señal.

Barrionuevo explica que el problema aparece cuando el vendedor se niega a cumplir con esa obligación. “En la vida real, cuando es culpa del vendedor, te ponen alguna excusa y te dicen que no te lo van a pagar”, señala.

Cuándo se pueden recuperar las arras

En ese escenario, el comprador puede acudir a los tribunales o negociar la devolución de la cantidad inicial sin reclamar el doble. La primera opción exige asumir los costes y los tiempos del procedimiento, mientras que la segunda permite disponer antes del dinero para buscar otra vivienda.

“Ahí el comprador tiene dos opciones”, plantea el letrado. Una consiste en iniciar “un procedimiento judicial sin el 10% que ya ha pagado”. Según Barrionuevo, una sentencia favorable puede tardar “tres o más años”.

La presión económica condiciona la decisión de muchos afectados. “Más del 90% de compradores que necesitan ese dinero para encontrar una casa aceptan y ahí se acaba todo”, asegura. De este modo, recuperar el importe adelantado puede convertirse en una prioridad frente a continuar reclamando una compensación superior.

Algunos inquilinos compensan la fianza con el último alquiler

El segundo problema afecta a quienes terminan un arrendamiento y no consiguen recuperar el depósito. “En el despacho hay muchos casos de propietarios que no quieren devolver esa fianza cuando le han dejado el piso en buenas condiciones”, dijo el abogado.

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece, con carácter general, una fianza equivalente a una mensualidad de renta para el alquiler de vivienda habitual. Además, el saldo que deba restituirse genera intereses legales si transcurre un mes desde la entrega de las llaves sin que se haya devuelto.

Ante una posible disputa, algunos arrendatarios optan por dejar pendiente la última mensualidad para compensarla con el depósito. Barrionuevo describe esta práctica como “No devolver la fianza y amortizarla con el último mes de alquiler”.

Sin embargo, ambas cantidades no son automáticamente intercambiables: dejar de pagar la renta puede generar una reclamación del propietario. Si existe desacuerdo, cada parte tendrá que acreditar sus pretensiones ante el juzgado. “En el juzgado se compensan las deudas y ahí se queda todo”, sostuvo Barrionuevo.

El estado de la vivienda puede cambiar el resultado del juicio

La documentación resulta especialmente relevante en estos conflictos. Conservar el contrato, los justificantes de pago, las comunicaciones con el propietario y fotografías del inmueble al entrar y salir puede ayudar a acreditar el estado de la vivienda y las cantidades pendientes.

El Código Civil establece que el inquilino debe devolver el inmueble como lo recibió, salvo el deterioro derivado del paso del tiempo o de causas inevitables. Por eso, la existencia de daños atribuibles al arrendatario puede alterar el resultado de una reclamación.

Barrionuevo advierte sobre ese riesgo: “Esto no te va a funcionar si devuelves el piso hecho unos zorros”. Y añade: “Te van a ganar en un juicio y además vas a tener que pagar las costas”. La diferencia entre el desgaste ordinario y los desperfectos imputables al inquilino puede ser determinante al valorar las pruebas presentadas por ambas partes.

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 2,089 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,149 euros el litro

Precio mínimo: 1,769 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 2,019 euros el litro

Precio mínimo: 1,589 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,239 euros el litro

Precio mínimo: 1,839 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,097 euros el litro

Precio mínimo: 1,779 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,945 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,745 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,869 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,899 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,049 euros el litro

Precio mínimo: 1,759 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,139 euros el litro

Precio mínimo: 1,799 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,159 euros el litro

Precio mínimo: 1,889 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,979 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,059 euros el litro

Precio mínimo: 1,709 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,915 euros el litro

Precio mínimo: 1,595 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,075 euros el litro

Precio mínimo: 1,845 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,888 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,109 euros el litro

Precio mínimo: 1,969 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,918 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,068 euros el litro

Precio mínimo: 1,929 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Pregunta: El futuro de las pensiones en España se ha convertido en uno de los principales temas de la precampaña electoral y que más polémica está suscitando. Algunos miembros del PP han señalado que el actual sistema “va a colapsar”, mientras que desde Vox han asegurado que es un “zombi” y que “está quebrado”. ¿Es sostenible el actual sistema público de pensiones a medio y largo plazo o está quebrado, como apuntan desde Vox?

Respuesta: El sistema público de pensiones va a seguir funcionando. Es un sistema de reparto y, en los próximos años, con la jubilación de la generación del baby boom, se incrementará el número de pensionistas y el sistema sufrirá tensiones. Pero hay que trasladar un mensaje de confianza: el sistema público de pensiones no está quebrado va a seguir existiendo. Otra cuestión es que sean necesarios determinados ajustes, debido a la bonanza de las prestaciones de nuestro sistema, que es más generoso que el de otros países de nuestro entorno. Hay que buscar un punto de equilibrio. Yo traslado un mensaje de confianza, aunque este deba matizarse y, en algún momento, sea necesario tomar decisiones al respecto. Esas decisiones deberían centrarse más en la generosidad de las prestaciones que en los ingresos del sistema, para no hacer recaer una carga mayor sobre las generaciones jóvenes o sobre quienes están trabajando.

P: Siguiendo con las próximas elecciones generales, algunos partidos recogen en sus programas electorales propuestas para rebajar los impuestos. ¿Puede España permitirse estas rebajas? ¿Qué efectos tendrían sobre las cuentas públicas, la economía y los ciudadanos?

R: En tiempos electorales es muy fácil recurrir a los eslóganes, y el de la rebaja de impuestos vende mucho. Más allá de bajar o subir los impuestos, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestro sistema tributario. Tenemos que recaudar mejor, de modo que quizá podamos ingresar más sin incrementar la carga sobre los ciudadanos e incluso mejorarla. Nuestro sistema tributario presenta deficiencias que debemos tratar de solventar para seguir recaudando los recursos que necesita el Estado. Al final, los impuestos son recursos que se ponen a disposición de las tres administraciones —central, autonómica y local— para que puedan prestar servicios.

Tenemos que ver cómo hacerlo: si ampliando las bases imponibles, simplificando el sistema tributario y dotándolo de una mayor seguridad jurídica para que no sea tan cambiante... También debemos analizar por dónde se nos están escapando recursos que, al final, no acaban en las arcas del Estado. Todo ello permitiría mejorar la recaudación sin que disminuyeran los ingresos públicos.

P: ¿Otro de los retos de España es la consolidación de las cuentas públicas?

R: Sí. Existen desequilibrios entre los ingresos y los gastos públicos, aunque es cierto que se han corregido significativamente. Tenemos una deuda pública importante y, de alguna forma, debemos establecer una senda de consolidación fiscal que permita equilibrar las cuentas a medio plazo y reducir sustancialmente la deuda pública. No me preocupa tanto el volumen de deuda pública, pero, si en este momento surgiera una necesidad extraordinaria como la que se produjo durante la pandemia —algo que esperamos que no ocurra—, la capacidad de las administraciones públicas para hacerle frente estaría algo más debilitada debido al actual nivel de endeudamiento.

También hay que tener en cuenta que uno de los pilares del crecimiento económico de España en los últimos años han sido los fondos europeos Next Generation, cuya financiación terminará. Por lo tanto, tenemos que ver cómo consolidamos las cuentas públicas y reorientamos una parte del gasto. Esta es otra de las tareas pendientes. No se trata solo de recaudar mejor, sino también de gastar mejor, y en ello están implicadas las tres administraciones. Podemos mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público y, quizá, debamos empezar a introducir una cultura de la evaluación. Es decir, tenemos que analizar en qué estamos gastando y qué estamos consiguiendo con ese gasto. Debemos preguntarnos si alcanzamos los resultados al menor coste posible y si somos eficientes. Hay muchas cosas que hacer en el conjunto del sector público. Esta es una de las reformas pendientes y uno de nuestros retos estructurales.

P: ¿Qué consecuencias tendría para la economía española que, en las próximas elecciones generales, saliera elegido un Gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular?

R: Que salga elegido un partido de derechas o de izquierdas tiene importancia a la hora de aprobar determinadas medidas que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, en materia de política económica, España tiene que cumplir una serie de compromisos con la Unión Europea. Y menos mal que tenemos a Europa, que establece la ruta a seguir, reglas y limitaciones que hay que cumplir. Los países que forman parte de la UE tienen que encuadrar sus políticas nacionales dentro de las directrices europeas.

Por todo ello, de cara a las próximas elecciones generales no creo que existan grandes diferencias en política económica entre que gane un partido de izquierdas o de derechas. Lo que sí puede haber son diferencias en función de la estabilidad política que surja de estas elecciones, que es muy importante para el funcionamiento de la economía. Es cierto que existen matices entre ambas opciones, pero considero más importante que haya estabilidad política. La economía necesita confianza, y esa confianza, independientemente de la orientación política, depende de que quienes toman las decisiones conozcan las reglas del juego. Eso es lo que me gustaría que saliera de estas elecciones, estabilidad, más allá del color político.

P: ¿Qué consecuencias tendrá para la economía española la huelga general convocada para el 11 de noviembre?

R: En este momento España tiene problemas y somos conscientes de ellos, pero creo que una huelga general no ayudaría. Los problemas están encima de la mesa y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Si tenemos un problema con la vivienda, busquemos puntos de encuentro para empezar a recorrer el camino que traiga la solución, que no será corto, y poder ofrecer viviendas. Así evitaremos que, dentro de diez años, sigamos hablando de otro decreto fracasado.

P: ¿Cuáles deberían ser, a su juicio, las prioridades económicas del próximo Gobierno para mejorar las finanzas de los ciudadanos e impulsar el crecimiento del país?

R: Para que el crecimiento actual de España sea sólido y se mantenga en el tiempo tenemos que afrontar retos estructurales. Entre ellos destaca la vivienda por sus consecuencias sociales y económicas. Me parece una prioridad que debe liderar el nuevo Gobierno y que requiere un pacto de Estado en el que también estén implicadas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esta es, para mí, la primera prioridad.

La segunda está relacionada con la productividad. Para mejorarla hay que actuar en muchos ámbitos, como la formación y las ayudas a las empresas destinadas a la innovación, la investigación y la internacionalización, para que puedan crecer y salir al exterior.

El tercer reto sería la consolidación de las cuentas públicas mediante la mejora de los ingresos. Esto no significa necesariamente incrementarlos, sino contar con un sistema tributario mucho más justo, fiable y seguro para los ciudadanos y las empresas que, en última instancia, aportan esos recursos.

En cuanto al gasto, tenemos que empezar a revisar cómo gastan las administraciones públicas. Ese gasto debe ser mucho más eficiente y eficaz, porque las administraciones tienen que cubrir necesidades de la ciudadanía relacionadas con las pensiones, la sanidad, la asistencia social, las infraestructuras... Estamos viendo que no siempre podremos atender esas prioridades incrementando los ingresos. Lo que tenemos que hacer es reordenar y priorizar el gasto, de manera que los recursos disponibles se utilicen con mayor eficiencia para afrontar las necesidades. Esas son las tareas que le encomendaría al nuevo Gobierno.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto sobre la mesa de los partidos políticos un paquete de diez reformas para rebajar costes, facilitar el acceso a prestaciones y reducir trámites. Entre las medidas figuran dos años sin pagar cuota al iniciar una actividad, un régimen de IVA para pequeños negocios y cambios en la jubilación activa.

Las propuestas llegan a seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuya campaña se celebrará entre el 13 y el 27 de ese mismo mes. Quienes formen parte del futuro Ejecutivo deberán afrontar, entre otros asuntos, la revisión del sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Un modelo que calcula la cuota a la Seguridad Social según el rendimiento neto del negocio.

España cerró septiembre con 3.483.645 autónomos afiliados, 14.229 más que el mes anterior, según los datos recopilados por ATA a partir de la afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, el comercio perdió 763 cotizantes y la hostelería, otros 2.315. El aumento global, por tanto, no evita el retroceso de actividades donde predominan pequeños negocios y empleo por cuenta propia.

Dos años de cuota cero para iniciar una actividad

La principal medida del documento es la cuota cero durante los dos primeros años para quienes se den de alta como autónomos. ATA propone ampliar ese plazo a tres años para menores de 30 años, mujeres que retomen la actividad tras la maternidad y personas cuyos ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

La asociación también plantea una tarifa de 30 euros mensuales para estudiantes menores de 30 años que compatibilicen una actividad propia con estudios reglados o formación profesional. Para quienes ya estén incluidos en los tramos reducidos de cotización, reclama bonificaciones de entre el 15% y el 75% durante dos años, según los rendimientos declarados.

La medida responde a uno de los principales costes fijos de quien abre un negocio: la cotización a la Seguridad Social. La propuesta, sin embargo, se limita a las nuevas altas y a determinados perfiles de renta baja, por lo que dejaría fuera a autónomos con negocios ya consolidados que afrontan aumentos de alquileres, suministros o costes laborales.

El IVA franquiciado para negocios con menos de 85.000 euros de facturación

ATA pide aplicar un régimen de IVA franquiciado para los autónomos persona física que facturen menos de 85.000 euros anuales en operaciones dentro de España. El límite ascendería a 100.000 euros para actividades transnacionales.

Quienes eligieran este régimen no cobrarían IVA a sus clientes ni tendrían que presentar las cuatro declaraciones trimestrales habituales. En su lugar, harían un único trámite al año. La asociación defiende que la medida reduciría trámites y mejoraría la liquidez de pequeños profesionales y negocios.

No cobrar IVA puede simplificar la gestión de actividades que venden sobre todo a clientes particulares. En cambio, resultaría menos atractivo para quienes trabajan principalmente con empresas, ya que estas pueden descontarse el IVA que pagan en sus compras.

La propuesta se sumaría a otras peticiones fiscales de ATA, como ampliar las deducciones por gastos de difícil justificación y reconocer de forma general una deducción del 50% en conceptos como vehículo, carburante, suministros y manutención.

La jubilación activa permitiría cobrar el 100% de la pensión antes

El tercer bloque de propuestas se refiere a la jubilación activa, la fórmula que permite compatibilizar una pensión con el mantenimiento de una actividad económica. ATA reclama eliminar el año de espera para acceder a ella.

Para los autónomos sin trabajadores a cargo, plantea una compatibilidad progresiva: cobrar el 35% de la pensión el primer año, el 50% el segundo, el 75% el tercero y el 100% a partir del cuarto. Para quienes tengan al menos un empleado, socio o familiar colaborador, propone permitir el cobro íntegro desde el inicio.

Una demanda que se relaciona directamente con el relevo generacional, especialmente en el pequeño comercio y los oficios. ATA reclama contratos intergeneracionales y otras fórmulas para facilitar la transmisión de negocios cuando su titular se acerque a la jubilación.

También propone que, durante los cinco años previos al retiro, el titular pueda cotizar junto a un aprendiz o colaborador no familiar para favorecer el aprendizaje y la continuidad del negocio.

El problema del relevo generacional afecta de forma desigual según actividad y territorio: los sectores con más presencia de comercio tradicional, hostelería o actividades rurales concentran una parte importante de los negocios que necesitan esa continuidad.

Que el paro de los autónomos sea más accesible

Las medidas no se limitan a las cuotas y los impuestos. ATA solicita que el cese de actividad -la prestación que pueden cobrar los autónomos cuando dejan su negocio y que suele conocerse como su paro- se reconozca de forma automática cuando haya cierre definitivo y baja censal en Hacienda en determinados supuestos, como negocios con local, oficina, nave o explotación agraria.

La baja censal es la comunicación formal a Hacienda de que una persona deja de desarrollar una actividad económica. La organización plantea que este trámite sirva para acreditar el cierre en los casos previstos, sin obligar al autónomo a aportar más pruebas sobre la inviabilidad del negocio.

En los cierres temporales, la organización propone rebajar al 50% la caída de ingresos necesaria para acceder a la prestación. También reclama que los autónomos que agoten esa ayuda puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una protección que ahora no tienen en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados.

El documento incorpora bonificaciones del 100% de la cuota desde el primer día en casos de enfermedad grave, medidas para facilitar sustituciones durante el embarazo y la maternidad, y más apoyo para quienes deben cuidar a familiares con enfermedad grave o discapacidad. La bonificación supondría que el autónomo no pagaría su cuota a la Seguridad Social durante ese periodo.

Cotizar según los ingresos y evitar subidas ya fijadas

ATA reclama que familiares colaboradores y autónomos societarios coticen en función de sus ingresos reales, sin bases mínimas específicas. Los autónomos societarios son quienes trabajan a través de una sociedad, mientras que los familiares colaboradores desarrollan su actividad de forma habitual en el negocio de un pariente. ATA plantea que ambos paguen su cuota en función de lo que ganan, como el resto del colectivo.

También pide adelantar las devoluciones de cuotas pagadas de más. Estas se producen cuando la Seguridad Social revisa los ingresos reales y concluye que el autónomo adelantó una cantidad superior a la que le correspondía. ATA propone que el reintegro se haga antes del 31 de diciembre, en vez de esperar hasta el 31 de mayo del año siguiente.

La organización plantea además evitar subidas predefinidas hasta 2030. Pide que las cuotas se revisen cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado y mediante acuerdo con las organizaciones de autónomos, en lugar de aplicar incrementos ya fijados de antemano.

La ventanilla única y el silencio positivo para reducir trámites

A nivel administrativo, ATA propone una ventanilla única digital para concentrar trámites y ayudas, un análisis previo del efecto de cada norma sobre negocios de menos de 10 trabajadores y el silencio administrativo positivo como regla general, salvo excepciones justificadas.

El silencio administrativo positivo implica que una solicitud se considera aprobada si la Administración no responde dentro del plazo legal. No se aplicaría a todos los procedimientos, ya que hay materias que exigen una resolución expresa.

Además, la asociación plantea un derecho al error para que la primera incidencia administrativa se resuelva con un aviso y un plazo de corrección, sin sanción. La idea es que un autónomo que cometa un fallo por primera vez -por ejemplo, en una declaración o un trámite- reciba instrucciones para subsanarlo y solo sea multado si reincide.

Por último, ATA pide limitar las notificaciones a días laborables y horario comercial, y que el pronto pago de una multa no impida recurrirla, ya que actualmente, abonar una sanción con reducción suele cerrar la vía de recurso.

El campo español afronta una nueva batalla en Bruselas por el futuro de las ayudas agrícolas europeas. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha rechazado la propuesta de presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 impulsada por la presidencia irlandesa, al considerar que profundiza en los recortes planteados previamente por la Comisión Europea y pone en riesgo la Política Agraria Común (PAC). Según las estimaciones de la organización, España podría pasar de recibir unos 6.800 millones de euros anuales a contar con alrededor de 5.300 millones garantizados.

La diferencia supondría una reducción de unos 1.500 millones de euros al año, aproximadamente un 22%, en los fondos destinados al sector agrario español. UPA califica de “inaceptable” la propuesta irlandesa y advierte de que sus consecuencias irían más allá de una reducción de las ayudas directas: también afectarían a la modernización de las explotaciones, la incorporación de jóvenes al campo, las inversiones en regadío y las políticas medioambientales vinculadas al desarrollo rural.

El debate se produce mientras los Estados miembros negocian las prioridades financieras de la Unión para los próximos siete años. La propuesta de Irlanda plantea reducir el presupuesto total europeo un 8% respecto a la propuesta inicial de la Comisión de julio de 2025, lo que equivaldría a 141.000 millones de euros menos a precios de 2025. Además, supondría un recorte adicional de 108.000 millones, cerca del 6%, respecto al planteamiento de la anterior presidencia chipriota, según las cifras difundidas por UPA.

El riesgo de una PAC más débil

La principal preocupación de los agricultores es que la reducción de fondos termine debilitando una política que consideran esencial para garantizar la producción de alimentos y la actividad económica en las zonas rurales. UPA sostiene que determinados intereses económicos están poniendo las partidas agrícolas en el punto de mira para trasladar recursos a otras prioridades europeas.

“Es evidente que quieren desmantelar la política agroalimentaria para utilizar esos fondos en otras partidas como las fronteras o la defensa”, afirma la organización. Frente a esa orientación, los agricultores recuerdan que “la PAC está en la base de nuestra cadena agroalimentaria, de nuestro medio ambiente y de nuestra vertebración territorial”.

Uno de los cambios que más inquieta a UPA es la posibilidad de que los Estados miembros dispongan de mayor margen para decidir cómo distribuyen las ayudas. La organización teme que esa renacionalización genere diferencias entre países y deje a las explotaciones dependiendo de la capacidad presupuestaria y de las prioridades de cada Gobierno. Si la propuesta prospera, advierte, el resultado podría ser un retroceso en la protección común del sector agrario europeo.

Menos dinero para España y siete años de fondos congelados

El impacto para España no se limitaría a la reducción inicial de las cantidades garantizadas. Según los cálculos de UPA, los fondos quedarían congelados en euros de 2027 durante los siete años del nuevo marco financiero. Con esa fórmula, la pérdida de poder adquisitivo acumulada podría alcanzar el 12% en 2034, a medida que aumenten los costes y los precios.

La organización también alerta de que el desarrollo rural perdería una asignación presupuestaria propia. Las inversiones destinadas a jóvenes agricultores, modernización de explotaciones, regadíos y medidas ambientales tendrían que competir dentro de los planes nacionales con otras partidas, como carreteras, hospitales o fronteras. Para UPA, ese cambio reduciría la visibilidad y la protección financiera de actuaciones fundamentales para mantener la actividad agraria en el territorio.

La propuesta incluye, además, una reducción del 30% en la reserva de crisis respecto al planteamiento de la presidencia chipriota. Este instrumento sirve para responder a situaciones que ponen en dificultades a determinados sectores. Su debilitamiento, sostiene la organización, limitaría la capacidad de reacción ante nuevas perturbaciones del mercado o problemas que comprometan la viabilidad de las explotaciones.

Más ayudas para las grandes explotaciones

Otro de los puntos polémicos es la propuesta de elevar el límite máximo de las ayudas, de 100.000 a 300.000 euros. UPA considera la medida “ineficiente e ilógico” y sostiene que podría beneficiar a los grandes propietarios en detrimento de las explotaciones familiares pequeñas y medianas, que constituyen una parte esencial del tejido agrario.

La propuesta irlandesa también eliminaría la degresividad, el mecanismo que modula las ayudas a partir de determinados niveles de financiación. Para UPA, su desaparición supondría un cambio de orientación en la distribución de los recursos.

“Irlanda, en una decisión marcada por su ideología política de derechas, quiere volver a otorgar más ayudas de la PAC a los grandes tenedores de tierras. Lucharemos para que eso no ocurra”, ha señalado la organización, que considera que el cambio supondría un retroceso en la distribución de las ayudas.

UPA anuncia una batalla en Bruselas

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha advertido desde el Congreso de Agricultores Europeos, que se celebra esta semana en Estocolmo, de que la organización “dará la batalla” para modificar una propuesta que considera perjudicial para el campo español y europeo. La delegación agraria también se ha reunido con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para trasladarle sus preocupaciones.

“Trabajaremos para que los Estados Miembros responsables y razonables que piensan en la soberanía alimentaria y en el bienestar de sus ciudadanos se opongan a los que quieren cargarse la principal política de apoyo al campo”, ha declarado Cano. El dirigente no ha descartado movilizaciones si las negociaciones no corrigen el planteamiento presupuestario.

La organización espera que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno permita avances para revisar los recortes. “Necesitamos un presupuesto más fuerte. No contemplamos otra opción. Nos jugamos el futuro de la Unión Europea. Nuestro futuro”, defiende UPA.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a cinco años de prisión para un agente inmobiliario que se apropió de 53.360 euros entregados por compradores y vendedores en tres operaciones distintas. La sentencia, dictada el 20 de julio, considera probado que el acusado destinó ese dinero a fines ajenos a los acordados y que, en al menos una de las transacciones, manipuló documentación para ocultar la diferencia entre lo que había cobrado y lo que finalmente entregó a sus clientes.

El caso, resuelto por la Audiencia Provincial de Navarra el 25 de marzo y ratificado después por el TSJN tras el recurso de apelación de la defensa, reconstruye tres episodios ocurridos entre 2023 y 2024 en localidades de la Ribera navarra. En los tres, el profesional recibió sumas en concepto de arras o reserva, se comprometió a trasladarlas a sus destinatarios y, en cambio, las retuvo.

La primera operación afectó a una vivienda situada en Lodosa. Los compradores entregaron 21.000 euros como arras en la cuenta de la inmobiliaria, pero el contrato que después recibieron los tres vendedores reflejaba apenas 14.000 euros. Ante el reclamo, el agente alegó un error y firmó tres documentos en los que reconocía una deuda de 7.000 euros con cada vendedor. Pero el pago nunca llegó.

De los 12.360 euros de Viana a los 20.000 de Sartaguda

En la segunda operación, vinculada a una vivienda y un local comercial en Viana, el agente recibió 12.360 euros en arras que debía repartir entre cuatro vendedores tras la firma de la escritura. Ese día entregó a cada uno un documento de liquidación por 3.090 euros, cifra que tampoco llegó a abonarse.

El tercer episodio involucró a un cliente que había entregado 20.000 euros, en dos pagos, como reserva para otra vivienda en Lodosa. Al descubrirse que el inmueble no podía venderse con precio aplazado ni alquilarse con opción a compra, el agente ofreció como alternativa una propiedad en Sartaguda y propuso reutilizar el dinero ya entregado para formalizar un arrendamiento con opción de compra. Se comprometió a trasladar la suma al propietario, pero el pago tampoco se produjo ni el dinero fue devuelto.

Diferencia entre deudor moroso y delito de apropiación indebida

El tribunal ha tenido que distinguir entre un incumplimiento contractual, que se dirime en los tribunales civiles, y un delito de apropiación indebida, tipificado en el artículo 253 del Código Penal. Según los magistrados, el acusado no engañó a nadie para obtener el dinero, sino que lo recibió de forma legítima, en el marco de operaciones reales. El problema surgió después, cuando dispuso de esas cantidades como si fueran propias, sin destinarlas al fin pactado ni devolverlas a sus titulares.

Los jueces recordaron que, para que exista delito, no basta con un retraso en el pago, sino que es necesario que el dinero se reciba con obligación de entrega o devolución y que esa obligación se incumpla de forma deliberada, con perjuicio económico para el afectado.

La Justicia confirma la condena completa

En el caso de los 20.000 euros destinados a la vivienda de Sartaguda, la defensa argumentó que no existía perjuicio real, dado que el comprador continuaba residiendo en el inmueble y el plazo para ejercer la opción de compra ni siquiera se había cumplido. El TSJN rechazó este planteamiento, y fijó que, al tratarse de dinero, el delito se consuma en el momento en que se alcanza un “punto sin retorno”. Es decir, cuando la forma en que se dispone de los fondos revela una voluntad de no restituirlos o hace imposible recuperarlos, al menos de forma temporal. Aquí, el acusado retuvo el dinero durante más de tres años, lo que privó al comprador de su libre disposición.

Además, el contrato de arras de la operación de Lodosa, que fijaba en 14.000 euros una cantidad que en realidad había sido de 21.000 euros, incluía firmas que los compradores negaron haber estampado. Ese hallazgo llevó al tribunal a mantener, junto a la apropiación indebida, una condena por falsedad en documento privado, prevista en el artículo 395 del Código Penal.

Con todo esto, el TSJN desestimó el recurso de apelación y confirmó íntegramente la pena impuesta por la Audiencia Provincial: cinco años de prisión, una multa de diez meses a razón de tres euros diarios, inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios vinculados a la venta de inmuebles y la administración de fincas, y la obligación de devolver a los perjudicados las cantidades retenidas, con sus intereses legales correspondientes.

Las trece noches de conciertos de Shakira en Madrid han exigido un despliegue poco habitual, incluso para una gira de grandes estadios. El ingeniero industrial y empresario Jaime Pla ha calculado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que la residencia de la artista en Macondo Park ha superado los 109 millones de euros de coste total.

El experto analiza las partidas de gasto de la residencia de la cantante colombiana celebrada en el recinto temporal de Villaverde. Pla, que en sus redes asegura que “le pone números a las cosas que nadie calcula”, comienza con una descripción del espacio: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”.

El montaje de Macondo Park concentró buena parte de la inversión

El empresario sitúa en más de 37 millones de euros la construcción y posterior desmontaje del llamado Estadio Shakira, junto con la instalación del parque temático que acompañó los conciertos.

Macondo Park acogió trece actuaciones de la artista colombiana entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre. El programa inicial preveía doce citas, aunque se sumó un último concierto pocos días antes del cierre de la residencia.

El espacio incluyó propuestas de gastronomía, música, literatura, cine y moda relacionadas con la cultura latina. También contó con zonas para fotografías, una exposición de vestuarios y objetos de la cantante y una gran figura hinchable de una loba.

Más de 10.000 personas participaron en la construcción de esta ciudad temporal. La propia Shakira afirmó que el montaje se realizó “mientras Madrid dormía”.

Pantallas, luces y equipo artístico sumarían 17 millones

Pla atribuye otros 17 millones de euros a las pantallas, la iluminación y el equipo de la cantante. Los conciertos superaban las dos horas, con una treintena de canciones, cambios de vestuario y una producción visual que transformaba el escenario durante el repertorio.

El último espectáculo reunió a más de 55.000 personas y contó con invitados como Maluma, Bizarrap, Dani Martín, Beéle y Laura Pausini. “No me puedo creer que ya estemos en nuestro último concierto de esta residencia europea”, dijo Shakira desde el escenario en la despedida.

El análisis del experto contempla también 19 millones de euros para seguridad, limpieza, seguros, alquiler del terreno y marketing. A ello añade otros 11,1 millones de euros destinados a comida y merchandising.

El caché estimado de Shakira elevaría el coste a 109 millones

“Y falta la protagonista”, apunta Pla antes de estimar en 25 millones de euros el pago a Shakira por sus trece conciertos madrileños. Con todas las partidas, concluye que el coste de la residencia fue de “más de 109 millones de euros”, lo que equivale a cerca de 8,4 millones por noche.

Estas cantidades son cálculos realizados por el empresario a partir de su análisis y no cifras oficiales comunicadas por Shakira, su equipo o la organización de Macondo Park.

Pla también estima que la venta de entradas habría generado más de 123 millones de euros. La residencia superó el medio millón de localidades vendidas, con una asistencia final por encima de 700.000 personas.

Las llamadas comerciales para captar nuevos clientes tendrán que identificarse desde este sábado con números que comiencen por 400. La medida, anunciada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, busca facilitar que los ciudadanos reconozcan este tipo de comunicaciones y puedan distinguirlas de otras llamadas telefónicas. La obligación forma parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y amplía las medidas impulsadas por el Gobierno para combatir las comunicaciones no deseadas y las estafas telefónicas.

A partir de la entrada en vigor de la norma, los usuarios que reciban una llamada comercial de captación desde un número que no empiece por 400 podrán presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciar el incumplimiento ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así lo ha explicado López durante su intervención en un foro organizado por Cinco Días, en el que ha detallado las iniciativas desplegadas para reforzar la protección de los consumidores frente al uso fraudulento del teléfono.

Aunque la obligación comenzará a aplicarse este sábado, el ministro ha advertido de que algunos ciudadanos podrían empezar a recibir llamadas identificadas con el nuevo prefijo durante los días previos.

La nueva medida no debe confundirse con las reglas aplicables a los servicios de atención al cliente. En este caso, el plan del Gobierno ya establecía que las empresas debían utilizar números que comenzaran por 800 o 900, números cortos específicamente atribuidos a esa finalidad o numeraciones geográficas. Se trata, por tanto, de dos categorías distintas: una para las llamadas comerciales de captación y otra para atender consultas y gestiones de los clientes.

Más de 400 millones de llamadas bloqueadas

El uso obligatorio del prefijo se integra en el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, desarrollado en colaboración con las principales operadoras de telecomunicaciones que trabajan en España. Según los datos ofrecidos por el ministro, las medidas adoptadas han permitido bloquear hasta ahora más de 400 millones de llamadas y 32 millones de mensajes fraudulentos.

El Ejecutivo pretende así dificultar tanto las comunicaciones comerciales que incumplen las reglas como las llamadas y los mensajes utilizados para engañar a los ciudadanos. La colaboración de las compañías telefónicas resulta fundamental para aplicar los mecanismos de identificación y bloqueo. López ha agradecido expresamente la participación de Telefónica, Orange, Vodafone y Digi en el despliegue de estas iniciativas.

El Gobierno también ha reforzado los controles sobre los mensajes SMS que utilizan nombres de empresas o instituciones como identificadores del remitente. Este sistema, conocido como alias, puede facilitar la identificación de una marca, pero también plantea riesgos cuando se emplea para suplantar a una entidad legítima.

La CNMC refuerza el control de los SMS

En este ámbito, López ha destacado la puesta en marcha, el pasado 15 de septiembre, de un registro de alias por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La herramienta permite identificar a las empresas e instituciones autorizadas a utilizar esos identificadores en los mensajes que envían a los teléfonos móviles.

Desde su implantación, se han bloqueado más de seis millones de mensajes procedentes de remitentes no identificados, según los datos difundidos por el ministro. “Ahora tenemos la seguridad”, ha afirmado López al referirse a la posibilidad de comprobar que los alias corresponden a las empresas que los utilizan legítimamente.

En caso de duda sobre la autenticidad de un mensaje, los ciudadanos pueden consultar el registro de la CNMC. La iniciativa busca reducir las posibilidades de suplantación de identidad mediante SMS, una práctica utilizada en fraudes que imitan comunicaciones de bancos, compañías y organismos públicos para inducir a los destinatarios a facilitar información personal o acceder a enlaces maliciosos.

Al margen de estas medidas, el ministro también se ha referido a las advertencias de Anthropic sobre los riesgos de la inteligencia artificial. López ha defendido que el debate no debe caer ni en la ingenuidad ni en el catastrofismo, sino avanzar hacia una nueva gobernanza de estas tecnologías que permita gestionar sus riesgos sin frenar la innovación.

El sistema público de pensiones se ha situado en el centro de la batalla política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El PSOE ha acusado este miércoles al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de pretender “privatizar” las pensiones y exigir “sacrificios” a los jubilados si llega al Gobierno. Los socialistas sostienen que las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, sobre la necesidad de cambiar el modelo anticipan una política de recortes que, a su juicio, amenaza los derechos de los pensionistas.

La controversia se desencadenó el martes, cuando Muñoz afirmó que el sistema de pensiones “va a colapsar” y defendió que había que “ser valientes a la hora de tomar decisiones”. La portavoz popular también consideró que “el modelo actual hay que cambiarlo”, unas palabras que el PSOE interpreta como una señal de las intenciones del principal partido de la oposición si consigue gobernar tras los comicios.

Sin embargo, Feijóo se comprometió ese mismo día a revalorizar las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) si llega a La Moncloa. El líder del PP aseguró que “en ningún caso” cuestionará el sistema público y prometió “garantizar” el futuro de las prestaciones de jubilación para los jóvenes. Los socialistas consideran insuficientes estas garantías y reprochan al dirigente popular que prometa mantener una medida que ya está recogida en la legislación.

El PSOE acusa al PP de preparar recortes

Desde Ferraz sostienen que el PP «empieza a enseñar su verdadero modelo de pensiones» y acusan a los populares de apostar por “recortar y destruir derechos”. En un comunicado, los socialistas han advertido de quiénes, a su juicio, acabarían soportando las consecuencias de una eventual reforma: “Ya sabemos quiénes serán los primeros a los que Feijóo pedirá sacrificios: a los pensionistas”.

El PSOE también reprocha al líder popular que presente como compromiso electoral la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC, una garantía legal que, según los socialistas, el PP no ha respaldado en el Congreso. “Lleva ocho años no apoyando las subidas y ahora pretende vender como promesa lo que ya está garantizado”, señalan.

Frente a las críticas de la oposición, el partido de Pedro Sánchez reivindica la gestión del Gobierno y destaca tanto la actualización de las prestaciones como el aumento de la denominada hucha de las pensiones. Según los datos difundidos por los socialistas, el fondo de reserva ha pasado de contar con 5.000 millones de euros en 2018 a disponer de 20.000 millones en la actualidad. “Mientras ellos hablan de sacrificios, nosotros protegemos las pensiones y reforzamos el sistema público”, sostienen.

El riesgo de privatizar las pensiones

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha elevado el tono de las críticas y ha vinculado las declaraciones de Muñoz con una posible transformación del sistema público. “Que quede claro: cuando el PP dice que el sistema de pensiones necesita una reforma, habla de privatizarlo, como sus socios de Vox”, ha escrito en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Torró considera que «Feijóo y los suyos quieren sacrificar el sistema de pensiones» y ha pedido a los ciudadanos que tengan presentes estas posiciones cuando acudan a votar el 29 de noviembre.

En la misma línea, la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, ha relacionado las palabras de la portavoz del PP con los sacrificios que, según los socialistas, podrían exigirse a los jubilados. “Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones”, ha afirmado, recurriendo a una imagen con la que el PSOE trata de alertar de posibles recortes.

Los ministros socialistas cargan contra Feijóo

Las críticas también han llegado desde distintos miembros del Gobierno. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, considera que el PP “está insinuando que privatizaría las pensiones como pide Vox”. Sus declaraciones refuerzan la estrategia socialista de presentar el debate sobre la sostenibilidad del sistema como una discusión sobre su futuro carácter público.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha advertido asimismo a los posibles votantes de PP y Vox de que ambas formaciones están hablando de “cargarse” el sistema público de pensiones. “Luego que nadie se llame a engaño”, ha escrito en X.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha acusado al PP de asumir planteamientos de Vox, al que atribuye la defensa de un “sistema mixto de pensiones” y de una reforma inspirada en el modelo de capitalización de Chile. España ha cuestionado ese planteamiento y ha reconocido que las palabras de Muñoz le provocan inquietud: “A mí se me hiela un poco la sangre solo de pensarlo”, ha declarado en una entrevista en TVE.

Un nuevo producto de ahorro e inversión busca canalizar el dinero de los particulares hacia las bolsas europeas con un trato fiscal que no existía hasta ahora en España. Se trata de la cuenta Financia Europa, también llamada cuenta europea de inversión, que permite comprar y vender acciones y fondos sin tributar mientras el capital permanezca dentro del producto y que, además, deja exenta una parte de la ganancia una vez transcurridos cinco años. El Gobierno la aprobó el pasado 29 de septiembre dentro del decreto de vivienda que el Congreso tumbó días después, pero la recuperó el 6 de octubre en una nueva norma, el Real Decreto-ley 29/2026, que entró en vigor el 8 de octubre.

La cuenta funciona como un contrato de servicios de inversión entre un particular y una entidad financiera. Según detalla el portal financiero Finect, se estructura como una cuenta de valores con una cuenta de efectivo asociada, en la que únicamente pueden entrar acciones y fondos vinculados a la Unión Europea y al Espacio Económico Europeo (EEE), formado por los países comunitarios más Noruega, Islandia y Liechtenstein; mientras que se quedarían fuera los activos de Reino Unido o Suiza.

El nombre está reservado por ley, y solo los productos que cumplan todos los requisitos de la norma pueden comercializarse bajo esa denominación, que surge de la etiqueta Finance Europe presentada por España y otros seis países en 2025 y de una recomendación de la Comisión Europea dentro de la estrategia de la Unión de Ahorros e Inversiones.

Quién puede abrirla y qué límites tiene

Cualquier persona física contribuyente del IRPF puede abrir una cuenta de este tipo, pero solo una por titular, de carácter individual e intransferible. Antes de la apertura, la entidad exigirá una declaración responsable de que el cliente no posee otra cuenta similar.

El límite se fija en 150.000 euros de aportaciones pendientes de recuperar, sin tope anual. Cuando el titular retira dinero, la parte correspondiente a aportaciones ya recuperadas libera espacio para nuevas entradas. Las aportaciones deben realizarse en efectivo desde la cuenta bancaria vinculada, sin posibilidad de traspasar activos que ya se posean fuera del producto.

Ventajas fiscales

El régimen fiscal se apoya en dos mecanismos. El primero es el diferimiento, que es que las ganancias y pérdidas generadas al vender o reembolsar activos dentro de la cuenta no se declaran en el IRPF hasta que el titular retira dinero, lo que permite rotar entre una acción y un fondo cotizado sin pasar por Hacienda, algo que fuera de este producto solo existe para los traspasos entre fondos de inversión tradicionales.

El segundo mecanismo entra en juego a partir del quinto año. La ganancia correspondiente a aportaciones con esa antigüedad queda exenta al 100% hasta un máximo de 10.000 euros por contribuyente, un límite que no se recupera una vez agotado. Sobre la ganancia restante, se excluye de gravamen el 20%, mientras que el 80% restante tributa en la base del ahorro, con tipos de entre el 19% y el 30%. La ley asume que el dinero retirado corresponde primero a las aportaciones más antiguas. Si la retirada se produce antes de los cinco años, la ganancia tributa sin exención alguna. Los dividendos, por su parte, quedan fuera de este régimen especial y tributan de forma ordinaria y se ingresan directamente en la cuenta bancaria de contrapartida.

Además, el decreto crea la cuenta Financia Europa Reinversión, compatible con la general, vinculada a una exención para quien venda antes del 31 de diciembre de 2027 una vivienda vacía durante los dos años previos a entes públicos de vivienda social, con un precio inferior a 800.000 euros. La ganancia queda exenta al 100% si el precio no supera los 200.000 euros, con una exención decreciente hasta ese tipo de 800.000 euros, y la parte no exenta puede liberarse de impuestos si se reinvierte en el plazo de seis meses.

Qué activos admite y cómo se organiza

Solo pueden incorporarse dos tipos de instrumentos: acciones cotizadas de compañías con domicilio, administración central o actividad principal en la UE o el EEE, y fondos de inversión de carácter financiero (incluidos los cotizados) inscritos en el Registro de IIC Elegibles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para que un fondo acceda a este registro, debe invertir al menos el 70% de su cartera en activos del EEE, un 50% en renta variable y un 35% en renta variable del propio EEE. Quedan excluidas las SOCIMI, las SICAV, los derivados y la renta fija directa.

Internamente, la cuenta se divide en una subcuenta de valores, donde se custodian los activos, y una subcuenta operativa de efectivo que no puede superar los 1.500 euros; si ese límite se sobrepasa por ventas o reembolsos, el titular dispone de tres meses para invertir o retirar el exceso. El producto puede trasladarse de entidad una vez por año natural sin que ello cuente como retirada ni como nueva aportación, conservando la antigüedad del dinero.

Sin embargo, la cuenta todavía no puede contratarse. El decreto que la recupera debe ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, dado que las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, aunque el PNV ya confirmó su respaldo. Falta también una orden ministerial de información tributaria sin fecha prevista, la creación del Registro de fondos elegibles de la CNMV -con un plazo máximo de cuatro meses- y una orden ministerial que regule los traslados entre entidades, requisito indispensable para poder cambiar de banco o bróker con el producto ya abierto.

El Gobierno ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad a los pensionistas ante el debate político sobre el futuro del sistema público de pensiones, en plena controversia por las propuestas del Partido Popular y Vox. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá la ley y actualizará las prestaciones, como cada año, “con el mecanismo y en el momento que sea oportuno”.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Arcadi España ha cuestionado la posición del PP y su relación con las propuestas de Vox en materia de pensiones. “Estamos viendo que el Partido Popular y Vox están teniendo un intercambio de programas electorales. Yo creo que el redactor del programa electoral del Partido Popular es Vox”, ha afirmado el ministro, que considera que las declaraciones de los dirigentes populares reflejan mensajes contradictorios sobre la sostenibilidad del sistema.

El titular de Hacienda se ha referido tanto a las propuestas de Vox de avanzar hacia un modelo mixto como a las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, quien afirmó que el sistema estaba “petando” y defendió la necesidad de reformarlo. “Feijóo un día pone el sistema en duda, ayer dice que con las pensiones no se bromea y vemos a la portavoz —Ester Muñoz— diciendo que el sistema estaba literalmente ‘petando’ y que había que reformarlo”, ha señalado.

Revalorización por ley

Arcadi España ha reconocido que se le «hiela un poco la sangre» al escuchar las propuestas que atribuye a PP y Vox, especialmente por la relación que, a su juicio, establecen entre la reforma del sistema y la exigencia de sacrificios. El ministro ha situado así las pensiones entre los principales puntos de confrontación política ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Frente a las críticas de la oposición, España ha reivindicado la evolución de las prestaciones durante la etapa del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha señalado, la pensión media de jubilación ha aumentado un 43% y la denominada hucha de las pensiones se ha elevado hasta los 15.000 millones de euros. El ministro ha presentado estas cifras como muestra del compromiso del Ejecutivo con la protección de los jubilados y la continuidad del sistema público.

“Por supuesto, nosotros, como todos los años, tenemos que cumplir la ley y se hará con el mecanismo y en el momento que sea oportuno”, ha recalcado. La declaración no concreta la cuantía de la próxima subida, que dependerá de la fórmula legal de actualización y de los datos de inflación correspondientes al periodo de referencia.

Cómo se calcula la subida de las pensiones

La legislación vigente establece que las pensiones se revaloricen cada año conforme a la evolución de los precios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de sus beneficiarios. La fórmula quedó recogida en la reforma aprobada mediante la Ley 20/2021, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, y se enmarca en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

El cálculo toma como referencia el IPC interanual promedio de doce meses, desde diciembre del año anterior hasta noviembre del ejercicio en curso. Por tanto, la cifra definitiva de inflación del periodo resulta determinante para establecer el porcentaje de actualización que se aplicará a las prestaciones.

Según el calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE), el dato provisional del IPC de noviembre se conocerá el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales previstas para el día 29.

Carlos Cuerpo rechaza los mensajes “catastrofistas”

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha defendido este miércoles la viabilidad del sistema público de pensiones. En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha asegurado que el modelo español es “perfectamente sostenible” y ha criticado lo que considera contradicciones en el discurso del PP.

“Yo creo que, en ese sentido y más cuando hablamos de algo tan serio, hay que tener no sólo un diagnóstico aterrizado y una discusión seria, sino hablar con un poco de responsabilidad. Pero estamos acostumbrados a este tipo de titulares. Titulares catastrofistas, titulares que no están basados en la realidad”, ha denunciado.

Cuerpo ha reprochado a los populares que, por un lado, aseguren que mantendrán el sistema actual y, por otro, sostengan que está abocado a la quiebra y necesita una reformulación completa. El debate enfrenta dos cuestiones: la sostenibilidad financiera de las pensiones a largo plazo y las garantías sobre el mantenimiento de las prestaciones públicas.

Por su parte, Arcadi España se ha mostrado «seguro» de que, si los ciudadanos respaldan de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo presentará a principios del próximo año los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Una propiedad única en el mercado inmobiliario español, una isla privada coronada por un castillo de 1923, ha salido a la venta por 3.250.000 euros. El activo, de 10.847 metros cuadrados, está anclado en el embalse de El Burguillo, en el municipio de El Barraco (Ávila), a 80 kilómetros de Madrid, según la ficha de comercialización publicada por la agencia inmobiliaria Century 21 Homeplace.

La construcción se levantó sobre una antigua atalaya y acumula más de un siglo de historia. El inmueble ha sido sometido a una reforma integral que mantiene la arquitectura de torres almenadas y terrazas panorámicas, al mismo tiempo que incorpora sistemas de climatización y accesibilidad modernos, entre ellos un ascensor que conecta las cuatro plantas del edificio. La superficie construida alcanza los 1.000 metros cuadrados, con un área útil de 930 metros cuadrados, de acuerdo con los datos técnicos del anuncio.

Rodeada por completo de agua, la isla conserva una arboleda propia y varias calas privadas que bordean la construcción principal. Las torres almenadas del castillo y sus ventanales de suelo a techo ofrecen vistas de 360 grados sobre el embalse y la sierra de Ávila, mientras que un embarcadero privado permite el desembarco directo frente a la muralla. El entorno natural, sin construcciones vecinas ni accesos compartidos, refuerza el aislamiento geográfico que distingue a la propiedad del resto de inmuebles de lujo disponibles en España.

Once dormitorios y once baños distribuidos en cuatro plantas

El núcleo residencial lo conforman siete suites exteriores, cada una con chimenea de diseño propio y algunas con jacuzzi incorporado. A esta capacidad se añade un pabellón de fiestas con barra de bar, que puede reconvertirse en cuatro dormitorios adicionales. Esta doble funcionalidad eleva la capacidad total del conjunto hasta once dormitorios y once baños completos, según la distribución reportada por la inmobiliaria.

La ficha técnica también incluye un salón-comedor con cocina propia, almacén, garaje con capacidad para 20 plazas de aparcamiento y sala de máquinas. El certificado energético del inmueble corresponde a la categoría E, con un consumo de 291 kWh por metro cuadrado al año.

La propiedad genera su propia energía y depura su propia agua

La isla funciona de manera independiente de la red eléctrica convencional mediante un sistema de paneles solares, complementado por dos grupos electrógenos de respaldo. A esto se suma una infraestructura propia de depuración y filtración de agua, que garantiza el abastecimiento sin depender de servicios externos. Esta autonomía operativa forma parte del valor diferencial del activo frente a otras propiedades de lujo del segmento.

El acceso se realiza principalmente por vía acuática, desde un embarcadero privado, aunque la propiedad contempla también la posibilidad de habilitar un helipuerto. Durante los meses en que desciende el nivel del embalse, la isla queda conectada con tierra firme, lo que permite el acceso en vehículo hasta la muralla del castillo.

Residencia, retiro corporativo o escenario de rodajes, entre los usos posibles

Entre las aplicaciones que plantea la comercializadora figuran el uso como retiro corporativo, destino de turismo experiencial de alto nivel, escenario para eventos privados o localización para rodajes audiovisuales. Esta versatilidad de usos responde a la escasez de comparables directos en el mercado español, donde no existe otra isla privada con castillo en venta, de acuerdo con la descripción de la agencia.

La Seguridad Social reconoce una prestación vitalicia a los hijos mayores de 45 años que hayan cuidado de sus padres durante los dos años previos a su fallecimiento, siempre que acrediten convivencia y dependencia económica con el progenitor. La ayuda, denominada pensión en favor de familiares, forma parte de las prestaciones de muerte y supervivencia e incluye además a abuelas, madres, abuelos, padres, nietos y hermanos, cada uno con requisitos específicos según el vínculo.

La prestación busca proteger a quienes dependían económicamente de un familiar fallecido y quedan sin recursos tras su muerte, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). No se trata de una ayuda automática: exige cumplir de forma simultánea una serie de condiciones personales, económicas y relacionadas con la trayectoria laboral del progenitor.

Requisitos para los hijos solicitantes

Para acceder a la pensión, el hijo debe tener más de 45 años y encontrarse soltero, viudo, separado judicialmente o divorciado. También debe acreditar que convivió con el progenitor fallecido y dependió económicamente de él durante, al menos, los dos años anteriores al deceso, además de demostrar una dedicación prolongada a su cuidado.

El solicitante no puede ser beneficiario de otra prestación pública y debe carecer de medios suficientes para subsistir. La Seguridad Social fija como tope de ingresos el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cómputo anual, que en 2026 se sitúa en 17.094 euros. El organismo también verifica que no existan otros familiares con obligación legal y capacidad económica de prestarle alimentos.

La pensión en favor de familiares no se limita a los hijos mayores de 45 años. También pueden beneficiarse las madres o padres, abuelos, nietos y hermanos de la persona fallecida, siempre que hayan convivido con ella y dependido económicamente de sus ingresos durante, al menos, los dos años previos al deceso. Cada uno de estos perfiles debe cumplir requisitos específicos según su vínculo con el causante: en el caso de nietos y hermanos, por ejemplo, la pensión se extingue al alcanzar una edad máxima, salvo que exista una incapacidad reconocida, mientras que para ascendientes e hijos el derecho finaliza únicamente por matrimonio o fallecimiento del beneficiario.

Condiciones sobre el progenitor fallecido

La normativa exige además comprobar la situación del padre o la madre fallecidos en relación con la Seguridad Social. La ayuda alcanza a los hijos de personas que cobraban una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente, así como a los descendientes de trabajadores que, al morir, reunían los requisitos para obtener esas pensiones o tenían un expediente de incapacidad pendiente de resolución.

Si el progenitor estaba en situación de alta o asimilada al alta, debe acreditarse un mínimo de 500 días cotizados dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, o 15 años de cotización a lo largo de toda su vida laboral. Cuando no estaba dado de alta, se exige igualmente un mínimo de 15 años cotizados. Si ya era pensionista, no se requiere ningún periodo adicional de cotización, y tampoco se exige carencia alguna cuando la muerte se produjo por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Cuantía y forma de pago

El importe general de la pensión equivale al 20% de la base reguladora de la persona fallecida, calculada según las reglas aplicables a las prestaciones de muerte y supervivencia. Ese porcentaje puede incrementarse hasta un 52% adicional, correspondiente a la viudedad, cuando no existan cónyuge ni hijos con derecho a cobrar pensión de viudedad u orfandad, con un límite máximo del 100% de la base reguladora cuando hay varios beneficiarios.

El pago se realiza de forma mensual, con dos pagas extraordinarias en junio y noviembre, salvo en los casos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional, en los que el importe se prorratea entre las doce mensualidades ordinarias. La prestación está sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Trámite, plazos y carácter vitalicio

El derecho a solicitar la pensión no prescribe y puede pedirse en cualquier momento posterior al fallecimiento. Sin embargo, si la solicitud se presenta más de tres meses después del deceso, el cobro retroactivo queda limitado a los tres meses anteriores a la fecha de presentación. El trámite puede realizarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, por correo postal o en un Centro de Atención e Información con cita previa, y el INSS cuenta con un plazo de 90 días para resolver, aunque el tiempo medio actual se sitúa en 13 días, según los datos del propio organismo.

La pensión en favor de familiares tiene carácter vitalicio y se mantiene mientras el beneficiario siga cumpliendo los requisitos iniciales. El derecho se extingue únicamente por matrimonio o por fallecimiento del titular, y cualquier cambio en la situación económica debe ser comunicado a la Seguridad Social para que esta determine si corresponde seguir abonando la prestación.

El índice que limita la revisión anual de parte de los alquileres alcanzó en septiembre el 2,54 %, el valor más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a publicarlo en noviembre de 2024. El dato corresponde al mismo mes en que el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, desencadenó protestas por el precio de la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

El porcentaje marca el máximo que puede aplicarse a los contratos sujetos al Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Para una renta de 1.000 euros, una revisión con el índice completo supondría pagar 25,40 euros más al mes, hasta 1.025,40 euros. En un año, el incremento asciende a 304,80 euros.

La subida no se aplica de forma automática ni afecta a todos los inquilinos. El contrato debe incluir una cláusula de actualización y haber cumplido un año desde su firma o desde la última revisión. El propietario, además, tiene que comunicar la subida.

Por su parte, el Gobierno aprobó la semana pasada un límite extraordinario del 2% para determinadas revisiones sin acuerdo entre las partes, una medida que está en vigor, pero que debe convalidar la Diputación Permanente.

El IRAV alcanza su máximo desde 2024

El indicador ha aumentado siete centésimas respecto al 2,47% registrado en agosto. Su cálculo combina el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y una media ajustada con un coeficiente moderador. El resultado final es el menor de esos indicadores.

El objetivo del sistema es evitar que las revisiones anuales de los alquileres se trasladen de forma íntegra a la inflación cuando esta es más alta. En septiembre, el IPC llegó al 4,9%, seis décimas más que en agosto, mientras la inflación subyacente se situó en el 3,1%.

La diferencia entre ambas cifras es de 2,36 puntos. En un alquiler de 1.000 euros, una subida equivalente al IPC supondría 49 euros más al mes, frente a los 25,40 euros que permite como máximo el IRAV de septiembre.

Los contratos firmados desde mayo de 2023 son los que se rigen por el IRAV

El IRAV afecta, en general, a los contratos de vivienda habitual firmados desde el 25 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda. Los contratos anteriores pueden mantener cláusulas de actualización ligadas al IPC.

El propietario no puede revisar la renta cuando quiera. Debe esperar a que se cumpla una anualidad del contrato y comunicar el aumento por escrito. La nueva renta se puede exigir a partir del mes siguiente de esa notificación.

Por eso, el 2,54% publicado ahora solo afectará a quienes tengan una revisión pendiente y a quienes reciban la comunicación del arrendador en las próximas semanas.

El desahucio de Maricarmen llevó las protestas por la vivienda a Sol

La subida del IRAV de septiembre coincide con el mes que convirtió a Maricarmen en uno de los rostros de las movilizaciones por el acceso a la vivienda. La mujer fue desahuciada el 23 de septiembre de su casa de Madrid, donde había vivido durante más de 70 años.

Tres días después, una manifestación reunió a miles de personas en la capital y derivó en una acampada en la Puerta del Sol. La protesta reclamó medidas contra los desahucios, contratos más estables y una rebaja de los alquileres. La movilización tendrá su próxima cita el 11 de noviembre, cuando sindicatos y organizaciones de inquilinos han convocado una huelga general de 24 horas por la vivienda, los salarios y el coste de la vida.

Aunque uno de los principales problemas para quienes buscan piso está en el precio de los nuevos alquileres, el máximo alcanzado por el indicador añade más presión sobre los hogares que ya viven de alquiler y afrontan una actualización de su renta.

El último decreto del Gobierno fija un tope del 2%

El Gobierno aprobó el 6 de octubre el Real Decreto-ley 29/2026, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre un paquete anterior de medidas de vivienda. El nuevo texto entró en vigor el día 8 y tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente.

La norma introduce una protección temporal hasta el 31 de diciembre de 2027. Si un inquilino ya paga una renta por encima del precio máximo que marca el índice estatal de referencia para una vivienda como la suya, el casero no podrá subirle el alquiler al revisar el contrato.

Para el resto, propietario e inquilino pueden pactar una actualización. Si no llegan a un acuerdo, la renta solo podrá aumentar un 2% como máximo.

Así, con una renta de 1.000 euros, el 2% permite un aumento de 20 euros al mes, frente a los 25,40 euros del IRAV de septiembre. La diferencia es de 5,40 euros mensuales y 64,80 euros al año.

La votación del decreto está prevista para este viernes 16 de octubre. El resultado determinará si el límite se mantiene hasta finales del próximo año o si los contratos vuelven a regirse solo por las condiciones pactadas y por los topes ordinarios que correspondan en cada caso.