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Santiago Carbó, catedrático de Economía: “La vivienda y el alquiler seguirán subiendo salvo que España sufra una crisis económica provocada por la guerra”

Esther García López — Mon, 27 Apr 2026 12:59:39 +0000

La guerra que se libra en Oriente Medio tendrá consecuencias para España. “Notaremos un menor crecimiento y una mayor inflación”, reconoce Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad e investigador del Ivie. No obstante, asegura que el país cuenta con dos importantes bazas a su favor: un crecimiento superior al de otras naciones europeas y un modelo energético “mejor y más resiliente”.

-Pregunta: Durante los tres últimos años, España ha sido el país con mayor crecimiento entre las grandes economías de la UE. ¿El conflicto en Oriente Medio puede frenar esta remontada?

-Respuesta: Sí. Probablemente vamos a notar menor crecimiento y mayor inflación. España tiene un modelo productivo que ha funcionado bien en los registros del Producto Interior Bruto (PIB) y en la creación de empleo. Además, tenemos un sistema energético que es mejor y más resiliente que el de algunos de nuestros socios europeos, pero no somos inmunes al conflicto. Si no dura mucho y no se disparan en exceso los precios del petróleo, las consecuencias para nuestra economía serán menores, pero si se prolonga y se convierte en una guerra abierta serían más graves para todos los países, incluido España. El escenario central en este momento es una corrección de unas pocas décimas del PIB, sin saber si luego, en la segunda parte del año, puede haber un tirón de nuestra economía y se cumplen las predicciones que había a principios de año.

-P: ¿El conflicto irá para largo?

-R: Irán y Estados Unidos tienen mucho que perder si la guerra se alarga. Todo apunta a que, por lo que ellos dicen, quieren llegar a una solución, a un final de la guerra relativamente pronto. Pero primero se tiene que abrir un proceso de negociación y no será corto. Tenemos que estar preparados para que se prolongue al menos unas semanas, aunque la situación no sea tan cruenta como hasta ahora.

-P: ¿Está España mejor posicionada que otras economías de nuestro entorno para afrontar la crisis generada en Oriente Medio?

-R: España parte de una situación más favorable. Está creciendo más que otros países y el componente fundamental de nuestro crecimiento es el turismo. En este escenario, la llegada de visitantes internacionales puede aumentar este año porque, aunque se encarezcan el queroseno y los viajes, muchas personas no van a querer ir a países de Oriente Medio y van a cambiar esos destinos por España.

-P: En cuanto a la energía, ¿los españoles estamos abocados a sufrir subidas en vertical de la electricidad y del gas o, gracias a las renovables, el impacto será menor?

-R: Es evidente que este ha sido un año bueno para las renovables, sobre todo por las lluvias. Pero si la guerra dura mucho, podríamos sufrir un impacto en la factura de la electricidad, aunque no será tan grave como el que padecimos al inicio de la guerra de Ucrania, cuando nos llevamos buenos sustos. En este momento se ha producido un mayor reemplazo con renovables respecto a las energías con combustibles fósiles y eso nos puede ayudar. Pero no estamos totalmente protegidos. Va a depender mucho de la evolución de la guerra y, probablemente, lo notemos bastante menos que otros países.

-P: ¿Cómo valora las medidas extraordinarias que ha aprobado el Gobierno para aminorar el impacto de la subida de los carburantes, entre ellas rebajar el IVA del 21% al 10% y el impuesto sobre hidrocarburos? ¿Son suficientes? ¿Si continúa el conflicto, debería implantar otras? ¿Cuáles?

-R: Las medidas que se vinculan sobre todo a los sectores más vulnerables, como los transportistas, tienen todo el sentido. En cuanto a las medidas generalistas como la bajada del IVA para todos o del impuesto de los hidrocarburos, tienen sentido, pero no están tan focalizadas. Los precios están dando un mensaje de que se ha producido un encarecimiento y una escasez. Por ello, a la vez que se bajan los impuestos, habría que dar un mensaje de que hay que ahorrar energía para que el impacto de los precios sea menor, de que hay que consumir menos. Esto lo hacen en los países nórdicos y Alemania.

-P: Una de las principales amenazas de la guerra es que se dispare la inflación en la UE y que obligue al Banco Central Europeo (BCE) a subir los tipos de interés para atajarla. ¿Cree factible esta medida?

-R: Creo que en su próxima reunión el Banco Central Europeo no va a optar por una subida de tipos de interés. Lo que haga hasta fin de año va a depender de si la guerra continúa y de si la inflación supera un cierto umbral. Si lo supera, sobre todo la inflación subyacente, podría optar por una subida, aunque creo que no será tan elevada como la que llevó a cabo cuando estalló la guerra de Ucrania y la inflación llegó al 10% en muchos países. Ahora el BCE aguantará y no subirá los tipos en su próxima reunión.

-P: Una remontada de tipos puede empeorar uno de los principales problemas que sufre España, el de la vivienda, ya que se dispararía el euríbor, y con él las cuotas de los hipotecados a tipo de interés variable, además de encarecer el interés que cobran los bancos a los nuevos hipotecados. ¿Hasta cuánto podría subir el BCE los tipos de interés este año para mantener la inflación en su objetivo del 2% y no ahogar el crecimiento económico de la UE?

-R: Es difícil calcular cómo cerrarán los tipos de interés el año con tanta incertidumbre como hay. Creo que se van a quedar en el entorno del que están ahora, el 2%. Descarto las bajadas que podrían haberse realizado si no hubiera estallado la guerra. En cuanto al euríbor, ha subido al 2,7%, lo que impacta sobre los costes financieros de empresas y de familias. Por el momento, están descartados los recortes de tipos y las subidas dependerán de la duración de la guerra. Si dura poco, se podrá atajar la inflación en dos o tres meses. En este caso habría que contar como mucho con una subida o dos en 2026. Mi principal hipótesis es que se produzca una subida de tipos, como mucho, de un cuartillo (0,25 puntos porcentuales), hasta dejarlos en el 2,25%.

-P: ¿Los precios de la vivienda y del alquiler han tocado techo o seguirán aumentando este año?

-R: Seguirán aumentando. El recorrido al alza del precio de la vivienda no ha terminado. Irán a más porque la oferta de viviendas en venta es escasa y la demanda continúa, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. Los precios seguirán subiendo salvo que haya una crisis económica importante provocada por la guerra de Irán, que por el momento descarto. En materia de alquiler, el catalizador que impulsa su subida es el mismo: la falta de oferta. El precio de la vivienda y del alquiler pone a muchos ciudadanos en una situación muy, muy difícil, y si suben mucho más los precios, la situación será insostenible. Hasta ahora ha remontado la inflación, pero no de una manera alarmante. Quizás en unos meses, si sigue subiendo, habrá que plantear alguna medida para impedir que el coste del alquiler se dispare hasta las nubes.

-P: ¿De dónde vendría la solución al problema de la vivienda en España?

-R: Hemos perdido años para encontrar una solución. Hace tres o cuatro años se dijo que necesitábamos construir viviendas y no se construyeron las necesarias. No hay suficiente apetito político para arreglar el problema de la vivienda en España. Aunque se están aprobando iniciativas, como un nuevo plan de vivienda, hay que ver si darán los frutos deseados porque, realmente, vamos tarde, muy tarde. Es un paquete muy amplio de medidas el que se requiere, como construir en zonas tensionadas para venta y alquiler y, sobre todo, viviendas sociales, y con todos los participantes que quieran estar. No solo el sector público. Si el sector privado también quiere participar de la política pública del alquiler social, ¿por qué no? Necesitamos todos los recursos en ese sentido. También se precisa más seguridad jurídica y menos trámites burocráticos, que hasta ahora han supuesto un problema. Estamos pendientes de aprobar la ley del suelo y parece que se retrasa, lo que supone un freno muy notable.

-P: ¿Un pacto de Estado sobre la vivienda ayudaría a paliar el problema?

-R: Sí. Es necesario un acuerdo entre los principales partidos políticos a escala nacional y, desde luego, entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los que tienen que liberar el suelo para construir. Hay que tomar conciencia del problema y hacer una batería muy importante de medidas, que pasan por la construcción de vivienda para aumentar la oferta. También hay que evitar crear incentivos perversos para los propietarios con el objetivo de que mantengan sus pisos en el mercado del alquiler y no los retiren. Asimismo, es importante alinear los intereses de inquilinos y de propietarios e impulsar la seguridad jurídica. Y quizás, en algunas zonas muy tensionadas necesitamos un cierto control sobre los precios. Pero ojo, el impacto sobre los precios nunca es gratis, a veces supone que se retiren pisos del mercado.

-P: ¿El problema de la vivienda se ha politizado en España, al negarse algunas comunidades autónomas a implementar las medidas impulsadas por el Gobierno central?

-R: No es de los temas más politizados. Hay un cierto consenso, pero no hay acuerdo. Es decir, las partes coinciden en el diagnóstico, pero no hay acuerdo suficiente para acometer una política de vivienda muy activa a escala nacional ni por parte de las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que tienen las ciudades más tensionadas. Existe una visión común de que hay que hacer algo, pero en las soluciones no tanto. El problema de la vivienda requiere un consenso nacional de todos los partidos e impulsar cuanto antes medidas eficaces por el bien de los ciudadanos. Un pacto de Estado en materia de vivienda sería fundamental.

-P: ¿La animadversión de Donald Trump hacia España podría acarrear consecuencias económicas a los españoles?

-R: Nosotros tenemos una dependencia del mercado americano menor que otros países de Europa. Es verdad que exportamos a Estados Unidos vino, aceitunas, productos farmacéuticos, industriales... pero al tener una escasa dependencia, el impacto siempre va a ser menor. Estados Unidos no puede actuar contra España porque formamos parte de la Unión Europea y ese mensaje, aunque en algún momento hubo algún titubeo, se ha reforzado enormemente. Por ese lado estamos seguros. El paraguas de la Unión Europea nos ayuda frente a Trump.

España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

Noelia Tabanera — Mon, 27 Apr 2026 12:15:35 +0000

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes que España remitirá el jueves a la Comisión Europea el informe de progreso de su Plan Fiscal, el documento con el que el Gobierno rinde cuentas ante Bruselas sobre el grado de cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias en materia de reducción de deuda y déficit público.

“España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos“, ha afirmado Cuerpo ante los medios de comunicación a la salida del Invest in Spain Summit, el foro que reúne en el Teatro Real de Madrid a representantes de 75 multinacionales de 25 países. El informe incluirá una actualización del escenario económico que recoja la incertidumbre global generada por el conflicto en Oriente Próximo y sus efectos sobre las previsiones de crecimiento e inflación.

Pese a ello, el ministro ha aclarado que la presentación del jueves constituye únicamente el paso previo a la revisión del cuadro macroeconómico que antecede a los Presupuestos Generales del Estado. La actualización completa de ese escenario, precisó, no llegará hasta finales de junio. “Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa y será a finales de junio cuando veremos cómo actualizamos ese escenario macroeconómico, una vez que se reduzcan las fuentes de incertidumbre. A partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos”, ha recalcado el ministro.

Ese plazo deja apenas tres meses —con el verano por medio— para la tramitación de las cuentas públicas, lo que alimenta los pronósticos sobre una nueva prórroga presupuestaria. Las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a un crecimiento del 2,2% para 2026, lo que situaría a España como líder del PIB en la Unión Europea (UE) por quinto año consecutivo, y del 2,1% para 2027. Tras el estallido del conflicto en Irán y el encarecimiento de la energía, el Gobierno activó un plan anticrisis de 80 medidas con ayudas por valor de 5.000 millones de euros, centradas en rebajas fiscales y subvenciones a los combustibles.

Sánchez: “España es el mejor compañero de viaje”

La jornada ha arrancado con la inauguración del Invest in Spain Summit, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante los directivos de las multinacionales presentes las razones para elegir a España como destino de inversión en un entorno marcado por la guerra comercial de Trump y las turbulencias derivadas del conflicto bélico en Irán. “En tiempos de turbulencia, España es el mejor compañero de viaje“, ha afirmado el presidente en su discurso inaugural. Minutos antes, el presidente había mantenido encuentros con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que España ha generado la mitad del empleo creado en la UE, tiene garantizado el suministro energético gracias a las renovables y registra por primera vez en 60 años menos deuda que la media mundial. También aludió al freno de la economía alemana ante la competencia china y a las dificultades de la francesa.

La delegación estadounidense es la más numerosa del foro, con 19 empresas, seguida de las de China (8), Japón (7), Francia (5) y Reino Unido (4). Ese peso responde al avance de la inversión procedente de Estados Unidos en el último ejercicio, que se situó en 10.008 millones de euros —un tercio del total—, impulsada en gran parte por compromisos plurianuales de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft. En la primera edición del foro, celebrada en 2025, se movilizaron compromisos de inversión por 4.400 millones de euros, cifra que el Ejecutivo aspira a superar en esta convocatoria.

Con información de la agencia Efe

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

Noelia Tabanera — Mon, 27 Apr 2026 11:18:31 +0000

Contratos temporales, turnos variables y sustituciones que nunca acaban. Esta es la historia de Inocencia (nombre ficticio), una operaria de la empresa Corporación CLD, encargada de la gestión de residuos y limpiezas en Cataluña, pero su situación la ha vivido/vive mucha gente. En total, según la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae, encadenó 17 contratos en poco más de dos años. En su caso, siempre bajo la promesa de que su puesto solo era necesario por la ausencia temporal de algún compañero. El día que decidió reclamar lo que consideraba justo —el reconocimiento de su relación indefinida—, la respuesta de la empresa no tardó en llegar: despido laboral.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado nulo el despido de Inocencia, obligando a la empresa a readmitirla y a indemnizarla. La sentencia no solo reconoce la vulneración de derechos fundamentales, sino que obliga a la compañía a devolver a Inocencia a su puesto en las mismas condiciones previas al despido. Además, le impone el pago de los salarios que dejó de percibir desde agosto de 2023 y una indemnización de 7.501 euros por los daños morales sufridos. La resolución judicial analiza el impacto de la medida en la vida de la trabajadora, que durante más de dos años solo encontró contratos eventuales y nunca vio reconocida su necesidad permanente dentro de la plantilla. La justicia concluye que su despido fue una represalia directa tras reclamar su derecho a la fijeza laboral.

La historia de Inocencia comenzó el 11 de enero de 2021, cuando firmó su primer contrato temporal como operaria de limpieza para Cespa. En los siguientes dos años y medio, su nombre aparecía una y otra vez en nuevos documentos laborales: contratos por sustitución de vacaciones, por bajas médicas de otros trabajadores, extensiones sucesivas que nunca consolidaban su puesto. La empresa justificaba cada alta y baja alegando circunstancias de producción o la necesidad puntual de cubrir ausencias. Entre enero de 2021 y agosto de 2023. Como comentábamos anteriormente, 17 contrataciones temporales y algunas con apenas semanas de diferencia entre sí.

El 12 de septiembre de 2022, Corporación CLD asumió la plantilla por subrogación y continuó la misma práctica de contratos eventuales. En ese periodo, Inocencia fue destinada hasta en 13 ocasiones distintas a sustituir a empleados en situación de incapacidad temporal. El último de estos contratos fue ampliado en septiembre de 2022 para cubrir la baja médica de una compañera, Sonia, que se extendió hasta el verano siguiente.

El tribunal ve fraude de ley

La trabajadora, ante la perpetuidad de la temporalidad, presentó el 18 de enero de 2023 una papeleta de conciliación para reclamar el reconocimiento de su relación indefinida. La empresa no accedió a su petición. Tan solo siete meses después, el 9 de agosto de 2023, recibió la carta de despido bajo el argumento de que había finalizado la causa de sustitución por la reincorporación de la persona a la que cubría.

El conflicto pasó primero por el Juzgado Social número 2 de Barcelona, donde se declaró únicamente la improcedencia del despido, pero no la nulidad. Sin embargo, Inocencia recurrió en suplicación, y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revisó minuciosamente el caso. El tribunal detectó que la cadena de contratos eventuales era en realidad un fraude de ley, pues respondía a una necesidad continuada y no a causas temporales reales. Además, consideró que el despido se produjo como represalia tras la reclamación de fijeza, vulnerando la garantía de indemnidad protegida por la Constitución y la normativa laboral.

La sentencia del 23 de marzo de 2026 revoca la decisión previa, declara nulo el despido y obliga a la compañía a readmitir a la trabajadora en las mismas condiciones, abonar los salarios dejados de percibir y pagar 7.501 euros por daño moral. Además, la resolución señala que la empresa no justificó de forma suficiente la necesidad de extinguir el contrato, ni demostró que la situación que motivó la contratación hubiera desaparecido realmente.

Contra esta resolución todavía cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, recurso que debe prepararse en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia. Hasta entonces, el caso de Inocencia se convierte en un ejemplo de cómo la justicia laboral puede revertir el curso de una cadena de contratos temporales y sancionar la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Quiénes son los grandes tenedores de vivienda en España: bancos y fondos estadounidenses devoran la oferta de alquiler residencial

Enzo Iriarte — Mon, 27 Apr 2026 11:14:57 +0000

La guerra en Oriente Medio ha añadido un grado de presión más a la actual crisis de vivienda que afronta la ciudadanía española. El alza de precios es, a corto plazo, una de las principales consecuencias del conflicto en Irán, lo que repercute en los ciudadanos que viven de alquiler en el país. Como contramedida, el Consejo de Ministros impulsó un real decreto para prorrogar por dos años los alquileres que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Esta medida, que puede beneficiar a 1.037.603 contratos que vencen entre 2026 (632.369) y 2027 (405.234), ha sido bien recibida por la ciudadanía. Aunque por el momento hay entidades que no han aceptado esta prórroga. Este es el caso de 541 fondos de inversión y entidades financieras, que gestionan cada una más de 50 viviendas y a las que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido de la obligatoriedad de aceptar la prórroga del alquiler mediante carta.

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Estos fondos de inversión y entidades financieras reciben dentro del mercado de la vivienda el nombre de “grandes tenedores”, muy relacionado con el de “fondos buitre”. Según la actual legislación -Real Decreto Ley 11/2020-, el término de gran tenedor hace referencia a personas físicas o jurídicas que controlan más de diez inmuebles urbanos residenciales, excluyendo garajes y trasteros, o que poseen una superficie construida de 1.500 metros cuadrados destinada a uso residencial.

[La normativa española ha introducido mecanismos de flexibilidad que permiten a cada comunidad autónoma ajustar los umbrales en función de las condiciones de su mercado residencial. Por ejemplo, reducir la calificación de tenedor a cinco o más viviendas cuando se encuentren en mercados tensionados, lo que limita el alquiler al índice de referencia]

Los grandes tenedores en el mercado español

Para entender la influencia de los grandes tenedores en el mercado español del alquiler, es necesario analizar cuál es su peso dentro del parque inmobiliario. Según datos del estudio realizado por la consultora Atlas Real Estate Analytics, estos grandes tenedores acaparan más de 110.000 viviendas de alquiler y, pese a que porcentualmente representa únicamente el 5% de la oferta residencial total, su presencia en los núcleos urbanos —donde se tensionan los mercados— es notable.

El perfil de los tenedores en el mercado nacional es variado, aunque con algunas características concretas. Entre ellos figuran las grandes instituciones financieras de España y los principales fondos de inversión internacionales. A la cabeza de cada una de estas dos caras de rentistas se encuentran CaixaBank y Blackstone, que suman cerca de 41.400 viviendas alquiladas, según un informe realizado por Civio. El panorama de grandes propietarios se completa con entidades como Lazora, Axa, Vivenio Residencial, Ares, Encasa Cibeles, Témpore, Cevasa, Cerberus, Stay, Liberbank, CAMI, Grupo Ortiz, Urban View y Sabadell.

En el panorama internacional predominan los fondos estadounidenses de inversión alternativa, con Blackstone —banco de inversión de EEUU fundado en 1985— como el más prominente. Según los datos del último informe de la inmobiliaria Atlas, la entidad posee cerca de 20.000 viviendas de alquiler en España, con una presencia muy destacada en Madrid, aunque también en Cataluña, Andalucía y Valencia.

Otra firma estadounidense que aparece en los contratos de alquiler de los ciudadanos españoles es Lone Star, que participa en el mercado a través de su plataforma Servihabitat, de la que controla el 80%, ya que el 20% restante pertenece a CaixaBank. Cerberus y TPG son los otros dos fondos estadounidenses que participan en el mercado español. El primero resonó en el panorama nacional al adquirir los activos de BBVA, compuestos por inmuebles procedentes de CatalunyaCaixa, Unnim y Sabadell, controlando una cartera residencial de 2.880 viviendas en Cataluña, 2.450 en Madrid y 980 en Valencia.

Sin embargo, a principios de 2026 el fondo anunció la venta de más de 3.000 viviendas en España como parte de un cambio estratégico. Por su parte, TPG cuenta con 840 viviendas en Madrid y otras 570 en Valencia, según el mismo informe.

Los tenedores ‘made in Spain’

Pese a que los grandes tenedores suelen relacionarse con empresas internacionales, con activos financieros repartidos por todo el mundo, el mercado español cuenta con los suyos propios, entidades de ‘marca España’ que han acumulado carteras residenciales de escala significativa. El principal casero nacional, CaixaBank, acumula en Cataluña 5.060 viviendas en alquiler. En Andalucía, la entidad financiera es dueña de 7.800 viviendas, donde es el principal casero. En Madrid posee 4.770 propiedades, y es el segundo casero privado después de Blackstone, mientras que en la Comunidad Valenciana cuenta con 2.670 viviendas.

CaixaBank es el primero, pero no es el único gran tenedor español. El fondo inmobiliario Azora (Nestar) cuenta con 4.640 propiedades en la capital, otras 970 en la Comunidad Valenciana y 500 en Andalucía. Por su parte,tiene una cartera de vivienda de 2.920 propiedades en alquiler en Madrid y otras 900 propiedades en Cataluña. Otras compañías como Cevasa o Ares se centran en una sola comunidad autónoma. La primera posee 2.200 viviendas de alquiler en Cataluña, mientras que la segunda tiene 1.330 pisos en Madrid.

Blackstone y CaixaBank, los caseros de España

Por comunidades autónomas, CaixaBank y Blackstone se reparten las principales carteras del país. En Madrid, la entidad estadounidense se ha convertido en el principal casero, con 13.000 inmuebles, lo que le otorga una gran influencia sobre el mercado del alquiler madrileño. El segundo gran propietario es CaixaBank, con 4.770 viviendas, seguido por Nestar, con 4.640 propiedades. Además, pese a no ser una entidad privada, la Comunidad de Madrid posee 21.549 inmuebles, gestionados a través de la Agencia de Vivienda Social y Obras de Madrid, mientras que el Ayuntamiento de Madrid gestiona otras 7.000 viviendas.

En Cataluña, el estudio de Atlas Real Estate Analytics posiciona a CaixaBank como el mayor casero privado de la comunidad, con 5.060 viviendas. El segundo puesto es de otro fondo internacional, Cerberus, que posee 2.880 inmuebles en Cataluña, mientras que Blackstone controla los alquileres de otras 2.600 residencias. Otros actores significativos son CEVASA con 2.200 viviendas, y las entidades financieras BBVA y Banco Sabadell, con 2.450 y 2.040 viviendas respectivamente.

Para la Comunidad Valenciana, CaixaBank también se coloca como el principal propietario de vivienda en alquiler, con 2.670 residencias. El segundo actor más importante es Banco Sabadell, con 1.350 viviendas, seguido por Cerberus, con 980 viviendas. Andalucía, la segunda región en términos de concentración de viviendas en manos de grandes tenedores, solo por detrás de Madrid, también cuenta con CaixaBank como principal propietario, con 7.800 viviendas, seguida de Unicaja, con 1.800 y Banco Santander, con 1.500 propiedades.

Aunque los grandes tenedores tienen una mayor presencia e influencia en estas cuatro comunidades autónomas, en el resto del país también poseen activos inmobiliarios. En Galicia, por ejemplo, Fincas Lavandeira es propietaria de 398 viviendas alquiladas, seguida de Blackstone, con otras 337 propiedades. En las Islas Canarias, Blackstone posee 961 viviendas alquiladas, y es también el máximo casero de la región. Pese a no contar con un porcentaje amplio de la oferta nacional (5%), su presencia en los principales mercados, tensionados todos, hace que sus decisiones como rentistas influyan de manera notable en la evolución de los precios del alquiler en España.

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueña del local no quiere que se lo quede su hijo

Noelia Tabanera — Mon, 27 Apr 2026 10:02:19 +0000

En el corazón de la Puerta del Sol, la plaza más emblemática de Madrid, hay una farmacia centenaria. Está en el número 14, entre una óptica y una hamburguesería. La gestionaba Heraclio (nombre ficticio que aparece en la sentencia a la que ha tenido acceso Infobae) desde 1985. Pero el local no es suyo, sino que estaba en alquiler. Ahora, Heraclio, a sus 90 años, ha decidido jubilarse y dejar que su hijo, también farmacéutico, sea quien se encargue del negocio familiar. Pero no va a poder ser.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la extinción del contrato de arrendamiento que se mantenía vivo desde hace 41 años. ¿Por qué? La sentencia subraya que la propietaria del local ha logrado acreditar que el supuesto titular ya no ejerce su actividad y que el negocio ha sido traspasado en los hechos a su hijo y a una sociedad mercantil vinculada a la familia.

La causa que pone fin al contrato

El tribunal ha ratificado la decisión adoptada en primera instancia: el contrato de arrendamiento del local de la farmacia se extingue y debe resolverse, obligando a Heraclio a desalojar el inmueble. La resolución judicial considera que la jubilación efectiva del arrendatario y la cesión inconsentida del local a terceros constituyen causas suficientes para poner fin a una relación contractual que se remonta a los años ochenta.

Los magistrados apoyan su fallo en la documentación aportada, informes de detectives y testimonios que revelan cómo el padre apenas aparece en la botica y es su hijo, Arturo, quien dirige la actividad y figura como responsable ante las autoridades sanitarias. El impacto inmediato es la pérdida del derecho a ocupar el local para la familia, que además deberá afrontar las costas del proceso y el riesgo de lanzamiento en caso de no abandonar voluntariamente el espacio.

Desde el verano de 1985, Heraclio había firmado el contrato de arrendamiento del local, con cláusulas que prohibían la cesión o el subarriendo sin el consentimiento expreso de la propiedad. Durante años, mantuvo la titularidad formal y la gestión del negocio, pero en 1999 se jubiló y comenzó a percibir la pensión correspondiente, aunque tiempo después la suspendió para figurar como activo. Pese a esa suspensión, las pruebas aportadas en el procedimiento —incluyendo la confesión del propio arrendatario, el informe de un detective privado y las declaraciones de los conserjes del edificio— evidenciaron que Heraclio, ya con más de 90 años, acudía solo de forma esporádica a la farmacia.

El papel del hijo en la farmacia

El día a día lo llevaba su hijo, quien desde 2019 figura oficialmente como farmacéutico sustituto y, además, como administrador único de Parafarmaweb S.L., empresa dedicada a la venta online de productos de parafarmacia, que utilizaba el local como punto de venta y referencia en sus comunicaciones y redes.

La resolución administrativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de 2021 ya había dejado constancia de que el hijo, Arturo, era el director efectivo de la farmacia. El tribunal también valoró el hecho de que Parafarmaweb S.L., —con un volumen de ventas superior a 500.000 euros y domicilio social en otra dirección— utilizaba la ubicación de la Puerta del Sol como punto de entrega y referencia comercial, algo que quedó plasmado en el acta notarial incorporada al proceso.

El Juzgado de Primera Instancia nº 62 de Madrid estimó íntegramente la demanda del arrendador y declaró tanto la extinción como la resolución del contrato, en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 y del artículo 114 de la ley de 1964, al considerar que se había producido tanto la jubilación del titular como una cesión en los hechos no consentida. La Audiencia Provincial confirma ahora esa decisión y desestima el recurso de Heraclio, subrayando que la suspensión posterior de la pensión no puede considerarse una jubilación parcial ni puede servir para simular una continuidad profesional inexistente.

En su fallo, la Audiencia Provincial impone las costas del proceso de apelación al arrendatario y le advierte de la inminencia del desalojo. Tras esta sentencia, la familia pierde toda posibilidad de mantener el negocio en la ubicación histórica de la Puerta del Sol.

Queda abierta, no obstante, la vía del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La ley concede a la parte afectada un plazo de veinte días para interponerlo, siempre que acredite el depósito correspondiente. Solo una decisión del alto tribunal podría revertir una resolución que pone fin a una relación profesional y familiar con el centro de Madrid, iniciada hace más de cuarenta años.

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

Andrea de Lucas — Mon, 27 Apr 2026 07:22:19 +0000

Ha pasado casi un año. El 28 de abril de 2025, a las 12.32 horas exactamente, más de 36 millones de personas de la península ibérica —30 millones en España y 6 millones en Portugal— se quedaron sin electricidad en cuestión de segundos, y el suministro no se recuperó por completo hasta la madrugada del día siguiente. Los semáforos se apagaron, los trenes se detuvieron, las fábricas se pararon y los móviles dejaron de funcionar. Doce meses después, la factura de la luz ha subido más de un 13% para los hogares que tienen tarifa regulada. El sistema eléctrico opera bajo medidas de emergencia que han costado cientos de millones de euros en el último año, y aún no hay ningún responsable claro del peor apagón registrado en Europa en los últimos años.

Entso-e, la Asociación Europea de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad, que agrupa a las empresas gestoras de redes eléctricas del continente, encargó un análisis del suceso a casi medio centenar de expertos. Su veredicto fue que se trató del “incidente más grave en el sistema eléctrico de Europa en los últimos 20 años”, originado por “una combinación de muchos factores que interactuaron entre sí, entre ellos las oscilaciones, las deficiencias en el control de la tensión, las rápidas reducciones de potencia y las desconexiones de generadores en España”.

Un año después, tenemos una factura más cara

Pero el cambio que más han notado los consumidores ha sido el del recibo de la luz. La consultora Selecta ha calculado que el precio regulado de la electricidad ha subido un 13,2% de media como consecuencia directa de la denominada operación reforzada, la medida que adoptó Red Eléctrica de España a partir del 30 de abril de 2025 para evitar que se repitiera un colapso similar.

En la práctica, significa que Red Eléctrica puede decidir cuándo la fotovoltaica y la eólica generan menos electricidad de la que podrían y, en su lugar, pone más a trabajar a centrales nucleares y plantas de gas. El objetivo de esto es garantizar en todo momento una mayor presencia de energía síncrona en el sistema —aquella capaz de controlar la tensión de la red de forma dinámica y en tiempo real—, algo que las renovables, por su naturaleza, no pueden hacer de la misma manera.

Pero el refuerzo del sistema tiene un precio. Ahora, cada día se ponen en marcha entre 20 y 30 centrales, que cobran por prestar ese servicio de respaldo, un sobrecoste que ha recaído en el consumidor. Red Eléctrica cifra el sobrecoste acumulado hasta marzo de 2026 en 666 millones de euros. Otras estimaciones, como la de la consultora Nera Energía, lo sitúan por encima de los 1.000 millones de euros entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Mientras, PwC calcula un impacto de 920 millones de euros solo entre mayo y diciembre del año pasado.

Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuso el pasado mes de marzo en el Senado que la compensación a las eléctricas que participaron en la recuperación del suministro tras el colapso, que tuvo un coste de entre 25,2 y 42,5 millones de euros, repercutiera en los consumidores. La presidenta del organismo, Cani Fernández, explicó en su comparecencia ante la cámara alta que ese sobrecoste tiene su origen en la necesidad de fijar un precio de referencia para los dos días en los que el mercado eléctrico estuvo suspendido. En términos prácticos, la propuesta se traduce en un recargo de entre 10 y 18 céntimos por cada megavatio hora (MWh) consumido durante ese periodo.

El apagón fuerza una reforma regulatoria

A nivel regulatorio, el Gobierno y la CNMC han puesto en marcha un paquete de medidas que reconoce, implícitamente, que las normas no habían avanzado al ritmo que exigía la rápida implantación de las energías renovables. Entre los cambios en curso, figura la posibilidad de que las instalaciones renovables más modernas puedan participar en el control de tensión, algo que hasta ahora era exclusivo de las tecnologías síncronas. También se estudia armonizar los criterios técnicos con los vigentes en la Unión Europea, con el límite de tensión al que saltan los elementos de seguridad en las plantas de generación.

El Ejecutivo y Red Eléctrica han revisado además la planificación de la red de transporte, han impulsado políticamente las interconexiones eléctricas con Francia y han mejorado los nudos de conexión internos. El apagón demostró que controlar la tensión requiere una supervisión local que no se consideraba prioritaria cuando el foco estaba puesto únicamente en la frecuencia de la red.

60 expedientes, pero ningún culpable

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

El último videoclub de la provincia de Sevilla cierra tras 33 años: “Ha sido imposible mantener la actividad”

Andrea de Lucas — Sun, 26 Apr 2026 17:36:17 +0000

El último videoclub de la provincia de Sevilla ha echado el cierre tras más de tres décadas de actividad. El Videoclub Consolación, ubicado en Utrera, pone punto y final a su historia por la jubilación de su responsable, María del Rosario Lobo, y la caída imparable de la demanda de alquiler físico de películas. Un negocio que sobrevivió a la irrupción de la piratería digital y al auge de las plataformas de streaming.

El Videoclub Consolación abrió sus puertas a comienzos de los años noventa en la calle Álvarez Hazañas del municipio sevillano y, con el paso del tiempo, se trasladó a su última ubicación en la calle Santiago Apóstol. A lo largo de casi 33 años, sus estanterías acogieron cientos de títulos de películas y videojuegos, y sus instalaciones se convirtieron en punto de encuentro para varias generaciones de vecinos que hacían del alquiler de una película un ritual de cada fin de semana.

“Ha sido imposible mantener la actividad”, confesó a EFE María del Rosario, la propietaria cuya jubilación precipita el cierre del local. Pero también recordó la época dorada de su negocio: “Las colas llegaban a la acera y, sobre todo cuando llovía, era impresionante la cantidad de gente que venía a alquilar películas”.

Cuando lo digital vence a lo físico

El declive de los videoclubs como modelo de negocio es un fenómeno que comenzó hace tiempo. A partir de los primeros años del siglo XXI, una combinación de factores fue erosionando sus cimientos. La extensión de la piratería en internet permitió el acceso gratuito e ilegal a películas sin necesidad de desplazarse a ningún establecimiento. Poco después, la consolidación de los servicios de streaming como Netflix o HBO ofreció catálogos de miles de títulos accesibles desde cualquier dispositivo y a precios mensuales fijos, lo que resultó incompatible con el modelo del alquiler unitario. A ello se sumaron los elevados costes de mantenimiento de los locales físicos y la caída sostenida del número de clientes, que hicieron que la rentabilidad del sector se desplomara de forma progresiva.

Con esto, la mayoría de los videoclubs en España cerraron o se reconvirtieron. Algunos mantuvieron el nombre, pero abandonaron el alquiler para dedicarse a la venta de artículos de segunda mano u otros productos. El Videoclub Consolación optó por intentar resistir. Incorporó servicios complementarios para diversificar sus ingresos e intentó adaptarse a una clientela que, con el paso de los años, fue envejeciendo y reduciendo su frecuencia de visitas.

Cierre tras más de tres décadas de historia

Ese empeño convirtió al establecimiento utrerano en un caso singular dentro de Andalucía, donde el alquiler físico de películas había desaparecido prácticamente por completo del mapa comercial. Mientras el resto de la provincia de Sevilla perdía sus videoclubs uno tras otro, el Consolación seguía abriendo sus puertas cada día, con sus estanterías como testimonio de un formato de ocio que moldeó los hábitos culturales de toda una época.

Ahora, con el cartel de “Se traspasa o se alquila” en la puerta, y la jubilación de su responsable como detonante, este capítulo llega a su fin. La provincia sevillana pierde así su último videoclub, y con él, uno de los pocos espacios físicos que aún preservaban la experiencia de elegir una película en persona, leer la sinopsis en el reverso de una carátula y llevársela a casa bajo el brazo.

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Andrea de Lucas — Sun, 26 Apr 2026 16:07:24 +0000

Los pensionistas en España que tienen su prestación domiciliada en algunas de las principales entidades financieras del país recibirán su pensión de abril entre el miércoles 22 y el lunes 27 de este mes, según los calendarios confirmados por cada banco. La horquilla de días varía en función de la política interna de cada entidad, lo que puede suponer una diferencia de hasta casi una semana entre los primeros y los últimos que verán el dinero en su cuenta.

Y es que la pensión suele llegar antes del último día del mes, pero no es una decisión de la Seguridad Social, sino de cada entidad financiera. El organismo público abona las prestaciones a mes vencido, con arreglo a su propio calendario oficial. Son los bancos los que, por iniciativa propia y como práctica comercial, adelantan el ingreso a sus clientes pensionistas.

Por ejemplo, Bankinter y Unicaja encabezan el calendario. Sus clientes percibirán la pensión el miércoles 22 de abril. Un grupo más amplio de entidades, entre las que se encuentran CaixaBank, Santander, Banco Sabadell, ABANCA, Ibercaja y Kutxabank, ha fijado el viernes 24 de abril como fecha de ingreso. ING sitúa el abono en el sábado 25 de abril, mientras que BBVA lo tiene previsto para el lunes 27, aunque en determinados casos puede anticiparlo al viernes 24.

Para quienes tienen la prestación en un banco que no aplica este adelanto, el dinero llegará conforme al calendario oficial, sin que ello implique ningún retraso ni merma en el importe.

Qué revisar antes de dar la fecha por segura

Aunque este calendario sirve de referencia fiable para la gran mayoría de pensionistas, hay situaciones concretas que pueden alterar la fecha prevista. El primero de los factores a considerar es si el banco adelanta el pago de forma sistemática o si ajusta esa práctica cuando el día de ingreso cae en fin de semana o festivo. Algunos meses, esa circunstancia puede desplazar el abono uno o dos días.

El segundo elemento que puede retrasar el cobro es un cambio reciente de domiciliación. Cuando un pensionista traslada su prestación a una nueva entidad, el primer ingreso puede seguir procesándose con el calendario anterior o con el oficial de la Seguridad Social, hasta que la nueva domiciliación quede plenamente operativa. En esos casos, el dinero llega igualmente, pero puede hacerlo más tarde de lo esperado.

El tercer aspecto es la rapidez de cada entidad para procesar las transferencias. Así, las entidades con criterios de liquidación más conservadores pueden recibir el cargo de la Seguridad Social y no ponerlo disponible de forma inmediata.

Ante cualquier duda sobre si la fecha de este mes coincide con la habitual, lo más recomendable es consultar directamente con el banco, ya que los bancos pueden comunicar excepciones puntuales a sus clientes con antelación.

La brecha entre entidades puede superar los cuatro días

La diferencia entre cobrar el 22 de abril y hacerlo el 27 supera los cuatro días naturales. Para un pensionista que gestiona pagos recurrentes, como los recibos del hogar, cuotas de seguros o compras programadas, esa ventana puede ser importante a la hora de organizar la economía doméstica del mes.

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Diego Balverde — Sun, 26 Apr 2026 07:13:39 +0000

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

El desarrollo siempre se apoyó en tres pilares silenciosos: energía, transporte y agua. Durante mucho tiempo, el agua fue el más invisible. Estaba ahí, disponible, barata y confiable. Ese supuesto dejó de ser válido. Sequías prolongadas, sobreexplotación de acuíferos y lluvias concentradas alteraron la geografía productiva.

Hoy, la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen. Las cifras confirman el giro. Según el Banco Mundial, más del 70% del uso de agua dulce se destina a la agricultura y cerca del 20% a la industria. La OCDE advierte que la escasez hídrica puede reducir el crecimiento económico hasta en 6% del PIB en regiones expuestas. El agua dejó de ser un insumo pasivo. Se convirtió en una variable estratégica. “El mapa económico ya no se dibuja solo con rutas y puertos. También se traza con ríos, acuíferos y reservas”.

Sectores enteros empiezan a reorganizarse en función de la disponibilidad hídrica. Cultivos intensivos, industrias químicas, minería y alimentos dependen de volúmenes estables y previsibles. Ejemplos recientes lo muestran:

● Regiones agrícolas que migraron hacia cultivos menos demandantes de agua redujeron pérdidas por sequía.

● Plantas industriales con circuitos cerrados de recirculación bajaron su consumo hasta 40%.

● Centros productivos cercanos a fuentes seguras de agua atraen nuevas inversiones.

● Zonas sin planificación hídrica pierden competitividad frente a territorios con infraestructura de almacenamiento.

La FAO estima que el riego tecnificado puede aumentar rendimientos entre 15% y 25% usando menos agua. “Producir dejó de ser solo cuestión de suelo y capital. Pasó a depender de la gestión hídrica”.

Ciudades que aprenden a administrar su recurso más crítico

Las áreas urbanas concentran población y consumo. Cuando el agua escasea, se tensionan servicios, tarifas y estabilidad social. Casos concretos:

● Ciudad del Cabo logró evitar el “día cero” mediante reducción de pérdidas y control de consumo.

● Singapur reutiliza más del 40% de su agua mediante sistemas avanzados de tratamiento.

● Barcelona invierte en desalación y reutilización para reducir la dependencia de las lluvias.

● Lima desarrolla reservorios urbanos para enfrentar temporadas secas.

El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que cada dólar invertido en infraestructura hídrica urbana genera entre 2 y 4 dólares en beneficios económicos al evitar cortes y pérdidas productivas. “Administrar agua es administrar crecimiento”.

Infraestructura hídrica como base de competitividad

Canales, embalses, redes de distribución y plantas de tratamiento fueron diseñados para climas más estables. Hoy se exige otra lógica: capturar agua cuando sobra y distribuirla cuando falta. Ejemplos sectoriales:

● Parques industriales con plantas propias de tratamiento aseguran continuidad operativa.

● Puertos con sistemas de captación pluvial reducen presión sobre redes municipales.

● Zonas agrícolas con reservorios amortiguan sequías prolongadas.

● Regiones con drenajes reforzados evitan pérdidas por inundaciones.

La Agencia Europea de Medio Ambiente indica que la modernización de infraestructuras hídricas puede reducir pérdidas de red superiores al 30%. “El agua dejó de ser solo un servicio público. Se volvió un activo productivo”.

Financiamiento para el nuevo mapa del agua

El sistema financiero empezó a incorporar la variable hídrica en sus decisiones. Bancos y fondos observan consumo, fuentes y riesgos asociados. Herramientas en expansión:

● Bonos para infraestructura de captación y tratamiento.

● Créditos ligados a reducción de consumo hídrico.

● Seguros contra sequías e inundaciones.

● Fondos de inversión en tecnologías de reutilización.

En América Latina, los proyectos de riego eficiente concentran una parte creciente del financiamiento agrícola. En Medio Oriente, la desalación se financia con esquemas público-privados. En Europa, el agua se integra a los planes de inversión verde. “El capital ya no pregunta solo por rentabilidad. Pregunta por disponibilidad”.

El agua dejó de ser abundante. La escasez se volvió económica. La gestión se volvió competitiva. “El crecimiento ya no depende solo del mercado. Depende del recurso más básico”.

Que el agua redibuje el mapa del crecimiento no implica que el desarrollo se detenga. Implica que se reordena. Territorios que invierten en gestión hídrica, reutilización e infraestructura aseguran producción, atraen inversión y sostienen empleo. Los que no lo hagan enfrentarán costos crecientes y límites físicos. “El futuro no se define solo por capital o tecnología. También se define por quién sabe cuidar y administrar su agua”.

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Andrea de Lucas — Sun, 26 Apr 2026 03:00:00 +0000

La silueta de las torres de refrigeración de la Central Nuclear de Almaraz es un paisaje inconfundible en el norte de Cáceres, y su presencia ha marcado el ritmo económico y social de la comarca durante más de cuatro décadas. Para algunos, es un símbolo de progreso, estabilidad y empleo. Para otros, es el recordatorio de que aún mantenemos una tecnología que produce residuos radiactivos y que tiene fecha de caducidad. Según el calendario pactado por el Gobierno y las empresas propietarias en 2020, el cierre de Almaraz está previsto que comience el año que viene. Después, se producirá un desmantelamiento progresivo y todas las plantas españolas dejarán de estar operativas en 2035. Con este futuro cada vez más cercano, Extremadura ha ido cambiado el paisaje, y las llanuras de la provincia se han llenado de miles de paneles solares que marcan el inicio de una nueva era energética.

Ante el vacío que va a dejar la nuclear, las energías renovables se han consolidado como la gran apuesta del futuro, siendo una alternativa casi perfecta. Y, en esta ya inevitable transición, los principales operadores eléctricos del país no han querido quedarse atrás: los tres gigantes propietarios de Almaraz -Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%)- son los mismos que dominan buena parte del despliegue renovable de la región. Es decir, que la energía en Extremadura cambia de nombre, pero no de manos. Aun así, las tres pidieron una prórroga del calendario de cierre de la nuclear en octubre de 2025.

“Ahora mismo Iberdrola es la propietaria del 90% de las fotovoltaicas en la provincia de Cáceres, y Endesa de la provincia de Badajoz”, destaca a Infobae Chema González, coordinador de Energía de Adenex (Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura), y especifica que esta división se produce “porque ya lo tenían dividido así históricamente”. Además, aclara que en Extremadura hay “grandes mamotretos fotovoltaicos, algunos de ellos del tamaño de medio reactor de la central nuclear de Almaraz”, detallando que “encontramos el mismo modelo empresarial, replicado, en la fotovoltaica”. Según él, esto es un problema porque actúan solo por estrategia económica: “Lo han hecho en cualquier territorio donde les ha venido bien, por ser más barato o porque esté mejor situado con las conexiones que ellos ya tienen”.

Se espera que el Consejo de Seguridad Nuclear publique un informe técnico sobre la extensión de la vida útil de Almaraz en verano de 2026. Pero, aunque sobre el papel la clausura escalonada sea una decisión de Estado, en la práctica el debate todavía sigue abierto y afecta a centenares de familias y vecinos.

Intereses energéticos, políticos y empresariales

Patricia Rubio, ingeniera en la central y portavoz de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, defiende el papel estratégico de la instalación, porque “produce de forma continua y estable cerca del 7% de toda la electricidad que se consume en España”. En una entrevista con Infobae, Rubio también deja claro que la energía que produce “lo hace con una generación síncrona y libre de emisiones”, algo importante porque, en su opinión, “actúa como un escudo contra apagones y evita emisiones de CO2 a la atmósfera”. Asimismo, declara que “Almaraz genera vida en los pueblos, mantiene servicios, impulsa la economía local y crea oportunidades reales no solo para las generaciones actuales que vivimos allí, también para las generaciones futuras”.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) de octubre de 2025, los municipios cercanos a la central destacan por sus altos niveles de renta media, tanto por persona como por hogar, situándose por encima de la media de Extremadura -que está en 11.303 euros por habitante-. Almaraz y otros pueblos de la zona encabezan la lista.

Por su parte, Chema González afirma que “hasta ahora no hemos cambiado la política de Estado energética” y que “el calendario de cierre sigue vigente” a pesar de las dudas. Además, el coordinador de Adenex también recuerda que “se creó una legislación y normativa para desarrollar esta política, y luego Europa la ha ratificado”. Sin embargo, también advierte de la dimensión política del debate: “Desde luego, hay una oposición que está decidida a derribar al actual Gobierno. Y el PP sí ha dicho que va a apoyar todo lo que las eléctricas les propongan, incluido prolongar el calendario”.

La clave, sostiene González, no está solo en la ideología, sino en los tiempos empresariales. “En 2020 se decidieron los plazos de autorización de funcionamiento de las centrales nucleares, y a Almaraz, en lugar de concederle diez años como era habitual, solo le dieron siete y ocho”, explica el coordinador de Energía. De hecho, en septiembre del año pasado, Iberdrola presentó su último plan estratégico, en el que asumía el fin de la central, aceptando en el documento el “cierre nuclear según el protocolo firmado”.

Según el análisis de González, la empresa energética ya tenía clara, por aquel entonces, su apuesta estratégica: “Sus socios, Endesa y Naturgy, prácticamente no tenían renovables entonces, y ese es el futuro energético, algo que las multinacionales saben perfectamente”. Al final, la tesis de González apunta a un reajuste interno de posiciones, más que a una guerra de tecnologías. “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro, que son las energías renovables. Iberdrola ya era entonces el número uno mundial en energía eólica, así que las nucleares en España no eran una prioridad para la empresa”, señala.

“El modelo que Iberdrola y Endesa odian”

Sin embargo, más allá del debate energético, la estructura empresarial apenas va a cambiar, pero sí afectará al empleo. El coordinador de Energía de Adenex añade que “una gran planta de este tipo [macroinstalaciones fotovoltaicas] da empleo a unas 100-50 personas durante un año, pero luego son cuatro las que llevan el mantenimiento. Pero las plantas pequeñas y de autoconsumo sí tienen mantenimiento llevado por las pymes locales. Y así el empleo se podría quedar en el territorio”.

El modelo que él propone es completamente opuesto: “Las renovables tienen que entrar en la industria que hay en Extremadura. Todos los polígonos industriales de la zona deben tener anexa una planta fotovoltaica para electrificar esa producción. Y en todos los pueblos y localidades debería haber mínimo una comunidad energética local, en los tejados, para que se beneficien las personas y las viviendas, pero también negocios, bares, escuelas y centros de salud”.

Ese escenario, sin embargo, implicaría redistribuir el poder económico. “Ese modelo es el que Iberdrola y Endesa odian, porque ven que se les va de las manos el negocio. De repente ya no es de ellos, sino del consumidor, que es el que decide cuánto gasta y de qué manera”. [Para hablar sobre esto, Infobae se puso en contacto con las compañías energéticas para conocer su opinión. Endesa y Naturgy no respondieron. Iberdrola sí contestó a este medio pero no llegó a enviar las respuestas a nuestras preguntas].

Así, si se tienen en cuenta todas las visiones y los datos actuales, hay una constante que permanece: el dominio de las grandes eléctricas. Si Almaraz continúa unos años más, serán Iberdrola, Endesa y Naturgy quienes sigan explotándola. Si cierra y el territorio se cubre de placas solares, también serán ellas, en gran medida, quienes capitalicen la transición.

Incertidumbre social y riesgos para el suministro energético

En el otro lado del debate, Patricia Rubio advierte de los riesgos de precipitar el cierre. “España no ha cumplido los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que vinculaba el cierre escalonado de la nuclear con un despliegue suficiente de renovables y un desarrollo de almacenamiento e infraestructuras, para garantizar un suministro estable”, explica, aclarando que, según ella, España no puede ahora “prescindir de Almaraz”, ya que “supondría asumir riesgos innecesarios”, como la falta de suministro eléctrico o la posibilidad de un nuevo apagón.

Y la incertidumbre no es solo técnica, sino también social. “Desde la central, vivimos la situación del cierre con incertidumbre, ya que tendría un impacto muy importante, no solo para las 4.000 familias que vivimos de los empleos directos e indirectos, que nos veríamos obligados a emigrar, sino para todo el entorno, los servicios, la economía y el desarrollo que impulsa en toda la comarca”, afirma la ingeniera.

En este sentido, el presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Fernando Sánchez, va más allá: “Cerrar Almaraz no es cerrar una instalación industrial: es alterar profundamente el equilibrio socioeconómico de toda una comarca”. Recuerda que la central “representa más del 5% del PIB extremeño”.

Debate sobre el modelo de implantación de la fotovoltaica en Extremadura

Más allá de la energía nuclear, Extremadura es hoy una potencia fotovoltaica, y el despliegue de megaparques solares ha transformado el paisaje de Cáceres y Badajoz. Entre los proyectos más destacados está la planta Francisco Pizarro, propiedad de Iberdrola, considerada una de las mayores de Europa. Junto a ella, instalaciones como Arañuelo III o Ceclavín consolidan la presencia de la compañía en la provincia cacereña. Naturgy, por su parte, ha activado varias plantas solares en los últimos años, mientras que Endesa, a través de Enel Green Power, opera complejos como la fotovoltaica Augusto en Badajoz.

Y esto es precisamente lo que critica Chema González. No censura la energía solar en sí, sino el modelo de implantación que se está llevando a cabo en Extremadura. Así, explica que “este modelo centralizado no casa bien con las renovables, que son todo lo contrario, modelos descentralizados”. “Se deberían poner donde hicieran falta, no coger un sitio grande para instalar y volcar o transportar la energía”, subraya el coordinador de energía, añadiendo que las empresas pretenden “volver a centralizar todo el tema de la energía en grandes plantas y de ahí distribuirla”.

El diagnóstico es duro. “El problema es que los gobiernos han dado prioridad a estas dos multinacionales porque iban a cerrar Almaraz, y han impedido que pymes y empresas instaladoras eléctricas pudieran trabajar en instalaciones de autoconsumo en la región. Es decir, las ha hundido en la miseria”, sentencia González.

“La transición energética no va de elegir entre blanco o negro”

Desde la perspectiva de las plataformas pronucleares, la guerra entre nuclear y renovables no existe. “La nuclear y las renovables no solo pueden convivir, sino que deben complementarse”, sostiene Fernando Sánchez. Y explica: “La transición energética no va de elegir entre blanco o negro. Va de combinar tecnologías para garantizar suministro, precios competitivos y descarbonización. Y en ese equilibrio, la nuclear es un aliado estratégico”.

En este sentido, Patricia Rubio insiste también en que lo ideal sería combinarlas, explicando que “en Extremadura somos una verdadera potencia energética. La nuclear y las renovables conviven en el territorio y se complementan de manera natural dentro del sistema eléctrico”.

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

Esther García López — Sun, 26 Apr 2026 03:00:00 +0000

Muchos hogares consideran a sus mascotas como parte de la familia, y el deseo de protegerlas tras la propia muerte genera dudas legales frecuentes. Las mascotas no pueden heredar directamente, aunque la legislación actual permite dejar instrucciones precisas para su cuidado y manutención cuando el propietario fallece.

“Durante mucho tiempo, nuestra legislación ha considerado a las mascotas simplemente como bienes, igual que cualquier otro objeto. Sin embargo, esto cambia con la reforma introducida por la Ley 17/2021, que modificó varias normas, entre ellas el Código Civil”, explica Manuel Hernández García, director y socio del bufete Vilches Abogados.

La nueva normativa implica que el bienestar animal debe contemplarse en situaciones legales como divorcios, embargos o herencias. No obstante, el Código Civil no les otorga capacidad jurídica plena, por lo que no pueden ser titulares de derechos patrimoniales ni recibir bienes o dinero en herencia. Los únicos habilitados para heredar son las personas físicas y jurídicas, lo que excluye a perros, gatos y cualquier otro animal.

Herederos no, beneficiados sí

La reforma legal trajo consigo un cambio de paradigma, pero no habilitó a los animales la posibilidad de adquirir patrimonio. El derecho de sucesiones establece que solo quienes tengan capacidad jurídica pueden recibir bienes tras el fallecimiento de una persona. Así, aunque la relación afectiva hacia una mascota se aproxime a la de un familiar, la ley mantiene la distinción: los animales no pueden figurar como herederos en un testamento.

La consecuencia de todo esto es que “no es posible dejar una casa, una cuenta bancaria o cualquier otro bien directamente a una mascota en un testamento”, afirma Manuel Hernández. Esto obliga a buscar alternativas legales si se pretende proteger a una mascota cuando el dueño ya no esté.

El proceso habitual consiste en designar en el testamento a una persona de confianza que acepte la responsabilidad de cuidar al animal. Este acuerdo debe quedar reflejado en el testamento, junto con las indicaciones sobre los cuidados, la vivienda y cualquier otra instrucción relevante.

Es fundamental que la persona designada acepte esa responsabilidad, ya que el compromiso puede durar muchos años. El testamento debe detallar quién será el responsable y bajo qué condiciones se hará cargo de la mascota.

El legado como herramienta para la manutención

Con frecuencia, el propietario también destina una cantidad de dinero específica para el mantenimiento del animal. Esta figura jurídica se denomina legado: se entrega un bien o suma de dinero a una persona, con la condición de que lo utilice para el cuidado del animal.

De este modo, aunque la mascota no reciba el dinero directamente, sí se garantiza que existan recursos destinados a cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, atención veterinaria y otros gastos.

Otra alternativa, en caso de que ningún familiar o amigo quiera o pueda hacerse cargo, es prever la entrega del animal a una organización protectora o entidad de bienestar animal. El testador puede dejar una donación a dicha organización para cubrir los gastos del cuidado.

La importancia de dejar testamento y qué incluir en él

Cuando una persona fallece sin testamento, la herencia se reparte conforme al Código Civil mediante la llamada sucesión intestada. En este escenario, la mascota pasa a formar parte del patrimonio y serán los herederos quienes decidan qué hacer con el animal.

Esta situación puede provocar que la mascota termine en manos de personas que no desean o no pueden asumir la responsabilidad, o incluso en una protectora si los herederos así lo deciden.

Por ello, los especialistas recomiendan dejar testamento con instrucciones claras sobre el destino de la mascota. Esto permite asegurar que el animal reciba cuidados adecuados y que se respeten las preferencias del propietario respecto a su futuro.

Cada caso presenta particularidades, pero existen algunos aspectos fundamentales que todo testamento debería contemplar para proteger a una mascota. En primer lugar, se debe identificar a la persona encargada de asumir la tutela del animal. Además, conviene prever qué ocurrirá en caso de que esa persona no pueda cumplir con lo acordado, y establecer los recursos económicos necesarios para la manutención.

Las indicaciones pueden abarcar también cuestiones como el tipo de alimentación, visitas al veterinario o cualquier requerimiento específico para el bienestar del animal. Estas previsiones evitan conflictos futuros y garantizan que el animal permanezca en buenas manos.

Mecanismos de control y supervisión

Existen dudas sobre cómo proceder si los herederos designados no cumplen con lo establecido en el testamento. Para estos casos, el documento puede incluir mecanismos de control, como designar a una segunda persona que supervise el cumplimiento de las condiciones o que reciba los bienes si el encargado incumple.

“Estamos de acuerdo en que estas situaciones no son las habituales, pero preverlas no está de más y aportan mayor seguridad jurídica”, subraya el director de Vilches Abogados.

Las consultas a especialistas y notarios confirman que la clave está en anticipar, mediante un testamento detallado, tanto la persona responsable como los recursos económicos y las instrucciones para el bienestar animal. Así, se asegura que el vínculo afectivo y el cuidado se mantengan más allá de la vida del propietario, dentro del marco legal vigente.

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

Enzo Iriarte — Sat, 25 Apr 2026 17:27:40 +0000

El teletrabajo ha cambiado por completo las reglas del juego a la hora de elegir dónde vivir. Ya no se trata solo de encontrar empleo, sino de buscar ciudades que ofrezcan calidad de vida, buenas conexiones y costes razonables. En este nuevo escenario, España sigue ganando protagonismo como destino preferido para trabajadores remotos, aunque con una sorpresa importante: ni Madrid ni Barcelona figuran entre las mejores valoradas del mundo.

El informe “Nómadas Digitales Holafly 2026” pone el foco en ciudades que combinan equilibrio entre calidad de vida y oportunidades profesionales. Para elaborar este ranking, se han tenido en cuenta tanto encuestas a trabajadores remotos de distintos países como el análisis de datos sobre conectividad, coste de vida o seguridad. El resultado es un listado donde predominan ciudades de tamaño medio, más accesibles y menos saturadas.

Entre las españolas, la mejor posicionada es Valencia, que alcanza el tercer puesto mundial. Su atractivo radica en una combinación difícil de igualar: buen clima, infraestructuras modernas y un coste de vida más bajo que el de las grandes capitales. Además, la ciudad ha desarrollado un ecosistema creciente de coworking y networking, lo que refuerza su imagen como destino ideal para el trabajo remoto.

En octava posición aparece Las Palmas de Gran Canaria, un clásico entre los nómadas digitales europeos. Su mayor fortaleza es el clima estable durante todo el año, acompañado de una infraestructura digital sólida. A esto se suma una comunidad internacional ya consolidada, que facilita la integración de nuevos residentes. La ciudad ha sabido explotar el equilibrio entre productividad y ocio, clave para este perfil de trabajador.

Cierra la representación española Sevilla, que ocupa el décimo puesto. La capital andaluza destaca por su estilo de vida relajado, su riqueza cultural y unos precios más competitivos. En los últimos años, además, ha crecido notablemente su oferta de espacios de coworking y eventos profesionales. Todo ello la convierte en una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan algo diferente a las grandes urbes.

Italia, el destino favorito de los trabajadores remoto

El ranking, sin embargo, está liderado por ciudades italianas. Génova ocupa el primer lugar gracias a su conectividad digital, su patrimonio histórico y un coste de vida relativamente contenido. Muy cerca se sitúa Bari, que destaca por su tranquilidad, precios asequibles y una comunidad de teletrabajadores en expansión. Ambas reflejan una tendencia clara: el auge de destinos menos masificados.

Fuera del eje España-Italia, la única excepción es Quebec, que se sitúa en cuarta posición. La ciudad canadiense sobresale por sus altos estándares de seguridad y servicios públicos, aspectos cada vez más valorados por quienes trabajan en remoto. Aunque no lidera en velocidad de internet, su estabilidad y entorno urbano compensan este factor.

Otras ciudades italianas como Catania, Florencia o Palermo también figuran en el listado, consolidando el dominio mediterráneo. En todos los casos se repiten patrones similares: costes moderados, buena conectividad y una oferta cultural atractiva. Roma, por su parte, cierra el ranking en novena posición, aportando el peso de una gran capital con amplia red de servicios.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es precisamente la ausencia de Madrid y Barcelona. A pesar de ser grandes centros económicos y tecnológicos, su elevado coste de vida y la saturación urbana juegan en su contra frente a ciudades más equilibradas. Para muchos trabajadores remotos, pagar más no compensa si existen alternativas con mejor relación entre precio y calidad.

Este cambio de tendencia refleja una transformación profunda en las prioridades laborales. Ya no se trata únicamente de oportunidades profesionales, sino de bienestar global. Factores como la seguridad, la comunidad internacional o la disponibilidad de espacios de trabajo compartido pesan tanto como el salario.

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

Enzo Iriarte — Sat, 25 Apr 2026 17:11:02 +0000

La baja laboral es una situación delicada que genera muchas dudas entre los trabajadores, especialmente cuando coincide con eventos sociales o festivos. Una de las preguntas más habituales en estas fechas es si se puede hacer vida normal mientras se está de baja, o si cualquier actividad fuera de casa puede acarrear consecuencias laborales. La respuesta, como ocurre en muchos aspectos del derecho laboral, no es tan sencilla como parece.

El abogado Juanma Lorente lo explica de forma clara al abordar una cuestión muy concreta: acudir a la Feria de Abril estando de baja. Su respuesta es tajante, pero matizada: “sí y no”. Todo depende del motivo de la baja y del comportamiento del trabajador. No existe una prohibición general de salir de casa, pero sí hay límites que pueden marcar la diferencia entre mantener el empleo o perderlo.

El punto clave está en la coherencia entre la dolencia y la actividad que se realiza. Tal y como señala el propio abogado, “si tienes un problema en la rodilla y no te puedes mover y estás en la feria bailando, pues no”. Es decir, si la conducta del trabajador contradice claramente el motivo de la baja, la empresa puede interpretar que existe un fraude o, al menos, un incumplimiento grave.

Sin embargo, no todas las bajas son iguales. En casos de ansiedad, depresión u otros problemas psicológicos, salir de casa puede formar parte del proceso de recuperación. En este sentido, Juanma Lorente apunta que “si tienes un problema psicológico y salir con tus amigos te relaja, no tendría que haber ningún problema”. Aquí entra en juego el criterio médico y la lógica terapéutica de la actividad.

La decisión puede acarrear un despido disciplinario

El problema surge cuando la empresa considera que el trabajador está actuando de forma incompatible con su situación de incapacidad temporal. En ese momento, puede iniciar un procedimiento disciplinario. Y las consecuencias pueden ser especialmente graves, ya que no se trataría de un despido cualquiera, sino de uno con importantes implicaciones económicas.

El propio abogado advierte con claridad: “te pueden despedir perfectamente”. Y no solo eso, sino que podría tratarse de un despido disciplinario, lo que implica la pérdida del derecho a indemnización. Esto convierte una decisión aparentemente trivial, como acudir a un evento festivo, en un riesgo laboral importante si no se valora correctamente la situación.

Además, hay otro factor que muchos trabajadores no tienen en cuenta: la posibilidad de ser vigilados. En determinados casos, las empresas recurren a detectives privados para comprobar si un empleado está cumpliendo con las condiciones de su baja. “Los detectives van a tener mucho trabajo”, advierte Lorente, subrayando que estas prácticas son más habituales de lo que parece.

Este tipo de controles no son ilegales, siempre que se realicen dentro de los límites establecidos. Si se demuestra que el trabajador ha actuado de forma fraudulenta o contradictoria con su baja, la empresa puede utilizar esas pruebas para justificar el despido. Por eso, no basta con pensar que “nadie te va a ver”, porque en muchos casos sí hay seguimiento.

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

Naroa Caro — Sat, 25 Apr 2026 15:37:42 +0000

Decenas de trabajadores de Glovo, junto a representantes sindicales y del comité de empresa, se han congregado en la mañana de este sábado en Valencia para exigir la suspensión inmediata del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía plantea. La firma dedicada a los envíos a domicilio ha anunciado un despido colectivo que afecta a 766 empleados, que ha tenido como respuesta una huelga que de repartidores este fin de semana y una protesta frente a la Estación del Norte de la capital valenciana.

La presidenta del comité de empresa, Annelissie Arvelaez, resume el núcleo del conflicto al recordar que “nos enfrentamos a un despido masivo en diferentes localidades de toda España”. Según Arvelaez, la empresa ya había ejecutado un ERE encubierto y mantiene una política de sanciones que deja fuera a trabajadores sin indemnización. La representante denunció que Glovo “ha desenmascarado su gestión laboral” y opera bajo un régimen disciplinario que califica como ilegal.

Los trabajadores piden un nuevo convenio colectivo

Los manifestantes reclaman un nuevo convenio colectivo que sustituya al vigente desde 2006, al considerar que no responde a la realidad actual de los repartidores. En la convocatoria, impulsada por CCOO, se han podido escuchar consignas como “Glovo atiende, el rider no se vende” y “Basta de cuentos, queremos un convenio”. El colectivo sostiene que el contrato actual lleva dos décadas obsoleto y no protege sus derechos frente a prácticas laborales que califican de opacas e impuestas.

El colectivo acusa a la empresa de mantener a los repartidores en una figura de “falsos empleados”, obligándolos a poner sus propios vehículos y teléfonos para trabajar. Los manifestantes argumentan que el régimen sancionador impuesto deja sin protección a quienes resultan despedidos por motivos ajenos a su desempeño.

La presidenta del comité ha explicado que han solicitado formalmente la actualización del convenio, así como garantías para la libre sindicalización. Los ‘riders’ denuncian que la empresa ha dificultado la participación de representantes de los trabajadores, retrasando elecciones y presionando a quienes intentan organizarse. En respuesta a la situación, CCOO ha convocado una huelga nacional durante el fin de semana. La protesta de Valencia se suma a movilizaciones realizadas en otras ciudades del país. Según el comité, la empresa se mantiene inflexible y no ha mostrado voluntad de negociar durante las reuniones celebradas a nivel nacional.

Los trabajadores afirman que la empresa ha intentado sortear el paro contratando personal de empresas de trabajo temporal, una práctica que consideran ilegal. “Nuestros compañeros han ido unidos en huelga y han vuelto a vulnerar nuestro derecho a la protesta”, afirma Arvelaez, señalando las sustituciones que consideran contrarias a la ley.

Exigencias sindicales y horizonte de negociación

El manifiesto leído al cierre de la concentración denuncia que Glovo aplica un convenio “caducado e ilegal”. Entre las exigencias principales se encuentran la suspensión inmediata del ERE, la negociación urgente de un nuevo convenio y el cese de la persecución sindical.

De acuerdo con el comunicado, la presión sindical continuará hasta que la empresa acceda a negociar y frene tanto los despidos como la imposición de sanciones disciplinarias. El movimiento de los repartidores, respaldado por CCOO, insiste en que la organización sindical y la actualización del marco laboral son indispensables para garantizar sus derechos en el sector de la mensajería.

*Con información de Europa Press

La crisis de suministro del combustible aéreo no genera problemas de abastecimiento en España, pero puede encarecer los vuelos

Naroa Caro — Sat, 25 Apr 2026 14:54:59 +0000

El repunte del precio del combustible de aviación lleva semanas generando incertidumbre en el sector aéreo europeo por su posible impacto tanto en empresas como en viajeros. Mientras las aerolíneas españolas aseguran tener garantizado el suministro de queroseno por la alta capacidad de refino en el país, compañías como Lufthansa y KLM han optado por cancelar miles de vuelos de corta distancia y reducir operaciones para contener costes crecientes.

El impacto inmediato para los viajeros es la certeza casi completa de que el aumento del carburante se trasladará a algunos trayectos, aunque con diferencias según la política de cada compañía. En el caso de España, la situación se mantiene estable gracias a la producción local y a la limitada dependencia de crudo procedente de Oriente Medio, según coinciden fuentes industriales y del Gobierno citadas por EFE.

De acuerdo con expertos del sector y representantes de compañías aéreas, el efecto sobre el precio final de los billetes es inevitable. El incremento en el coste del queroseno ya se ha traducido en los primeros ajustes: la española Volotea decidió recortar un 1% su capacidad y aplicar un recargo de hasta 14 euros por billete con el objetivo de compensar parcialmente los gastos adicionales de combustible.

Por el momento, la demanda de vuelos en España se mantiene fuerte ante la incertidumbre geopolítica y no se observan caídas notables en las reservas. Sin embargo, las aerolíneas advierten de que un conflicto prolongado en Oriente Medio o un aumento de la inflación podría afectar el poder adquisitivo de los consumidores y, en consecuencia, reducir la actividad aérea a medio plazo.

La mayoría del combustible ya está cubierto

Las aerolíneas suelen protegerse de la volatilidad del combustible mediante contratos a futuro, que cubren entre el 60% y el 80% de sus necesidades durante varios trimestres. Estas compras anticipadas se cerraron antes de la crisis a valores inferiores a 70 dólares por barril. El resto del suministro debe adquirirse en el mercado de contado, donde los precios se han duplicado recientemente, pasando de 700 dólares a más de 1.500 dólares por tonelada métrica.

España cuenta con ocho refinerías operadas por Repsol, Moeve y BP, lo que sitúa al país como el tercero de la Unión Europea en capacidad de procesamiento, solo detrás de Alemania e Italia. Además, casi el 80% de las importaciones de crudo y destilados medios proceden de América y África, minimizando la exposición directa a la crisis en Oriente Medio.

Las aerolíneas reaccionan a la falta de suministro

Lufthansa anunció la cancelación de 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre, en su mayoría de Cityline, para ahorrar unas 40.000 toneladas de combustible. KLM también suspendió 160 vuelos en mayo, cifra que representa menos del 1% de su capacidad europea, debido a la falta de rentabilidad por el alto coste del carburante.

El grupo IAG, matriz de Iberia, British Airways y Vueling, entre otras, estimaba antes del conflicto un gasto de 7.400 millones de euros en combustible para este año. Esta cifra podría verse superada si la escalada de precios persiste, según advirtió la empresa en su último informe anual. En esta línea, desde IAG reconocen que “si no se puede repercutir a los consumidores el aumento del coste del combustible, los beneficios del grupo se verán afectados”.

Tanto la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) como ACI Europa, la organización de aeropuertos, han alertado de riesgos de falta de combustible en Europa y apoyaron la propuesta de la Comisión Europea para facilitar el intercambio de queroseno entre Estados. Willie Walsh, director general de IATA, anticipó posibles cancelaciones de vuelos en Europa por escasez de carburante, fenómeno que ya se observa en algunas regiones de Asia.

La falta de combustible en otros aeropuertos puede afectar a España

Aunque la seguridad de suministro en España es mayor, el país podría verse afectado por los problemas de abastecimiento en otros mercados emisores, como el Reino Unido, principal origen de turistas hacia destinos españoles. El ministro de Industria, Jordi Hereu, ejemplificó el reto: “Podemos llenar los aviones en Málaga, Barcelona o Madrid pero también vivimos de que en Heathrow o en Hannover puedan llenar sus aviones”.

A pesar del clima de incertidumbre, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé un crecimiento de los asientos programados para el verano del 5,7%, hasta casi 260 millones. Además, España podría captar más turistas que el Mediterráneo oriental, ya que algunos destinos rivales son percibidos como menos seguros por la situación geopolítica.

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

Naroa Caro — Sat, 25 Apr 2026 13:38:46 +0000

La escalada bélica de los últimos meses no ha reducido el interés de los turistas internacionales por viajar al sur de Europa esta temporada de primavera y verano, con una demanda un 17% mayor que el año pasado. En este contexto, España encabeza las preferencias con el 14% de los viajeros europeos, seguida por Italia (11%), Francia (8%) y, en posiciones cercanas, Grecia y Portugal, ambas con el 6%. Sin embargo, la situación mundial actual sí ha afectado a otros hábitos de viaje: la mayoría planea viajes menos frecuentes y de menor duración.

La European Travel Commission (ETC) señala que, a pesar del optimismo, los europeos muestran mayor cautela a la hora de organizar sus vacaciones. El clima de incertidumbre, impulsado por el conflicto en Oriente Próximo y la inflación, ha provocado que los viajes sean más cortos y con presupuestos más ajustados.

En términos concretos, el nivel de interés por viajar es el más alto desde 2020, aunque los viajeros tienden a reducir tanto la cantidad de viajes como la duración de las estancias. El informe subraya que el 38% opta por viajes de entre 4 y 6 noches, mientras que las estancias largas, de 7 a 12 noches, han disminuido hasta el 37%.

Predominan la seguridad y el control del gasto

La seguridad se ha consolidado como el criterio principal de elección para los destinos, de acuerdo con el 22% de los viajeros consultados por la ETC. Le siguen la búsqueda de un clima agradable y estable (15%) y ofertas atractivas (14%). Esta tendencia responde a la creciente preocupación por las tensiones geopolíticas y la evolución de los precios en varias regiones con alta afluencia de turistas.

El informe detalla que la preocupación por el coste de los viajes afecta al 20% de los europeos, mientras que el impacto del conflicto en Oriente Próximo influye en el 18% de los casos, un incremento de nueve puntos respecto al año anterior. Estos dos factores explican gran parte del aumento del número de personas que citan como preferencia tener planes flexibles y presupuestos detallados.

Según el presidente de la ETC, Miguel Sanz, “lo que está cambiando es la forma en que viajan. Estamos viendo un enfoque más selectivo y centrado en la relación calidad-precio, donde los viajeros optan por estancias más cortas, planes más flexibles y presupuestos cuidadosamente gestionados”.

Jóvenes y frecuencia de viaje, claves en las nuevas tendencias

Los jóvenes entre 18 y 34 años son los principales protagonistas del repunte en el deseo de viajar. Sus intenciones de organizar escapadas han crecido de manera notable, aportando dinamismo al sector turístico europeo. En cuanto a la frecuencia de los viajes, el 39% de los europeos planea realizar solo un viaje en los próximos seis meses, cifra que supone un crecimiento del 7% respecto al año anterior. Por otro lado, el porcentaje de quienes prevén viajar al menos dos veces ha descendido, situándose en el 57%.

La tendencia a la moderación se refleja también en los presupuestos: el porcentaje de viajeros que planea gastar hasta 1.000 euros por viaje ha aumentado en cuatro puntos, mientras que quienes destinan 1.500 euros o más se han reducido en un 9%. Este ajuste indica una mayor sensibilidad al precio y un marcado interés en optimizar la relación entre lo invertido y lo recibido.

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Enzo Iriarte — Sat, 25 Apr 2026 11:56:30 +0000

El impulso a la rehabilitación urbana vuelve a situarse en el centro de las políticas públicas con una nueva convocatoria que puede suponer un importante ahorro para propietarios y comunidades. En este caso, las ayudas no solo buscan mejorar la estética de los edificios, sino también su eficiencia energética y su integración en el entorno. La iniciativa, centrada en una de las ciudades con mayor densidad urbana del país, introduce incentivos económicos muy relevantes para quienes decidan acometer determinadas obras.

El Ayuntamiento de Barcelona ha reactivado una de sus líneas de subvenciones más destacadas en materia de rehabilitación. El objetivo principal es fomentar la mejora del parque edificado y actuar sobre elementos especialmente visibles como las medianeras, esos muros que quedan al descubierto cuando desaparece el edificio colindante. Estas superficies, habituales en la ciudad, suponen un reto tanto estético como energético.

Las ayudas no se conceden para cualquier tipo de intervención. La convocatoria exige que las obras incluyan aislamiento térmico y un proyecto de integración arquitectónica. Es decir, no basta con pintar o cubrir la pared: se busca transformar esas medianeras en auténticas fachadas que contribuyan a mejorar el rendimiento energético del edificio y su apariencia urbana. Esta condición marca claramente el enfoque técnico de la subvención.

Uno de los aspectos más llamativos es el incremento de la ayuda si se incorporan nuevas aberturas. La instalación de ventanas o balcones puede elevar la subvención hasta el 50% del coste total, con un límite de 70.000 euros. Para acceder a este nivel de financiación, las nuevas aberturas deben alcanzar una superficie mínima de cuatro metros cuadrados. En cambio, si la actuación no incluye estos elementos, la ayuda se reduce al 30%, con un máximo de 30.000 euros.

Además de la cuantía base, existen varios incentivos adicionales que permiten aumentar considerablemente el importe final. Por ejemplo, la instalación de placas solares añade un 10% extra y eleva el tope en 10.000 euros. También se contemplan incrementos para proyectos de gran tamaño o que utilicen materiales específicos como aislamiento natural. Estos bonos acumulables hacen que algunas intervenciones puedan superar con creces los límites iniciales.

Ayudas disponibles solo hasta noviembre

La normativa técnica también juega un papel importante en el diseño de las obras. Uno de los requisitos más destacados es la limitación en el uso de materiales. En el caso de las aberturas, se prioriza la madera o el aluminio reciclado, mientras que el PVC queda expresamente excluido. Esta decisión responde a criterios de sostenibilidad y de integración estética con el entorno urbano, lo que obliga a planificar cuidadosamente cada proyecto.

El calendario es otro elemento clave para quienes quieran beneficiarse de estas ayudas. El plazo de solicitud se abrió tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y estará disponible hasta el 16 de noviembre de 2026. Posteriormente, los beneficiarios deberán comunicar el inicio de las obras antes del 31 de marzo de 2027. Estos plazos obligan a actuar con cierta previsión para no quedarse fuera.

En cuanto a los beneficiarios, la convocatoria es bastante amplia. Pueden solicitar la ayuda tanto propietarios como inquilinos o usufructuarios, siempre que se trate de inmuebles existentes. Sin embargo, en el caso de edificios residenciales colectivos, es imprescindible contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios. Sin este requisito formal, no es posible tramitar la solicitud.

También se establece un mínimo económico para poder acceder a la subvención. Las actuaciones deben tener un presupuesto de al menos 1.000 euros, lo que deja fuera intervenciones de escasa entidad. Este filtro busca garantizar que las obras tengan un impacto real tanto en la mejora del edificio como en el entorno urbano en el que se ubican.

En paralelo, este tipo de ayudas está impulsando un cambio en la forma de entender las rehabilitaciones. Cada vez más proyectos combinan criterios de eficiencia energética con mejoras estéticas, generando edificios más sostenibles y mejor integrados en la ciudad. Este enfoque no solo revaloriza los inmuebles, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida en los barrios donde se llevan a cabo estas intervenciones.

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Enzo Iriarte — Sat, 25 Apr 2026 11:26:23 +0000

La Generalitat Valenciana continúa la senda de la Administración central y se sienta en la mesa a negociar con los sindicatos la reducción de jornada, hasta las 35 horas semanales, a partir del 1 de enero de 2027. Este viernes, el conseller José Antonio Rovira ha presidido la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatuto y laboral, donde se ha instado a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito.

Con esta decisión del gobierno autonómico, encabezado por el popular Juanfran Pérez Llorca -sucesor de Carlos Mazón- la Comunidad de Madrid se queda sola como la administración con las jornadas más extensas para sus funcionarios, siendo la media en las distintas secciones de 37,5 horas. Para proseguir con la reducción, se deberán formar las mesas de negociación sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública.

Según adelantó la Administración autonómica, llevan meses trabajando sobre informes para determinar el coste económico de esta reducción de jornada. En este sentido, desde Hacienda han destacado que cualquier paso que se dé en este sentido “será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos”.

Además, la Agencia Tributaria de la Generalitat ha señalado que el crédito presupuestario tiene un carácter limitado y deben cumplir con la regla de gasto establecida por el Gobierno central y la Unión Europea, que fija, para 2026, un límite de crecimiento del gasto del 3,5%; siendo 3,4% para 2027 y 3,2% para 2028. El incremento este 2026 se debe principalmente a los acuerdos salariales estatales, que supone un aumento estimado del 6,5%.

CSIF pide respetar el acuerdo

El principal sindicato presente en la Mesa General, CSIF, reiteró la necesidad de respetar el acuerdo de legislatura, que prevé la implementación de la medida antes de mayo de 2027. Durante la última reunión, la organización expresó su conformidad con el calendario establecido, ya que se ajusta a los plazos pactados.

El sindicato también solicitó que se convoque cuanto antes la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Legislatura para revisar el grado de cumplimiento de lo acordado. Además, pidió que el compromiso de aplicar la medida a partir del 1 de enero de 2027 se traslade rápidamente a las distintas mesas sectoriales, con el objetivo de garantizar su ejecución en todos los ámbitos conforme a sus particularidades.

En el encuentro de este sábado también se puso de relieve la disposición del Consell para abordar la brecha salarial en los sectores de la Generalitat. Se trató la asignación de fondos del Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.

El presupuesto contempla un total de 14 millones de euros para este programa, que se repartirán a razón de siete millones en 2025 y otros siete millones en 2026. De acuerdo con el número de trabajadores en cada sector, la distribución será de hasta 5,58 millones de euros para Sanidad, hasta 4,15 millones para Educación, hasta 520.000 euros para Justicia y hasta 3,75 millones para Función Pública.

Madrid, las jornadas más largas

Antes de Valencia, la Junta de Andalucía fue la primera en reducir el horario de sus funcionarios, en 2017, beneficiando a más de 270.000 empleados públicos. Al año siguiente también se sumó a esta reducción Extremadura, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco en 2019. Por el contrario, la Comunidad de Madrid mantiene el calendario de 37,5 horas a la semana.

La comparativa con los trabajadores del sector privado es más diferenciada. Actualmente, un empleado del privado cuenta con una jornada completa de entre 37,5 a 40 horas a la semana. Durante 2025, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó negociar con los principales sindicatos y la patronal CEOE una reducción de la jornada para todos los trabajadores por cuenta ajena, pero las diferencias con Antonio Garamendi (CEOE) impidieron llegar a un acuerdo.

En septiembre de 2025, el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de la jornada llegó al Congreso de los Diputados, pero no pasó la votación por los votos negativos de PP, Vox y Junts per Catalunya. El partido catalán alegó en aquel entonces que el coste de reducir la jornada manteniendo los sueldos no sería asumible para las pequeñas y medianas empresas que representan más del 99% del tejido empresarial del país.

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Gonzalo García Crespo — Sat, 25 Apr 2026 10:20:07 +0000

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido mantener la sentencia que declaró improcedente el despido de un obrero de la construcción que fue acusado de faltar injustificadamente al trabajo, cuando en realidad no había recibido la notificación de su alta médica después de sufrir un accidente laboral. La decisión ordena su reincorporación o el pago de una indemnización de 7.830,85 euros.

El conflicto del trabajador con la compañía venía de lejos. En 2022, presentó una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo por estar empleado sin alta en la Seguridad Social, un hecho que marcó su relación con la empresa. Tiempo después sufrió un accidente laboral, tras el cual la entidad gestora declaró la responsabilidad de la empresa por la falta de medidas de seguridad, lo que supuso un incremento del 30% en la prestación temporal derivada del accidente. Y en enero de 2025, fue dado de baja por incapacidad temporal. Pero cuando llegó el alta médica, la Seguridad Social notificó a la empresa, pero tardó más días en enviarle esa comunicación al empleado.

Fue durante ese intervalo cuando la empresa interpretó sus ausencias como faltas graves, sancionándolo con el despido disciplinario. En la carta de despido, se le imputaron faltas injustificadas de asistencia y se le acusó de no justificar su ausencia ni aportar documentación. El acto de conciliación resultó sin acuerdo y el caso acabó en los tribunales.

En el juzgado de primera instancia, los jueces ya dictaron que el despido debía ser considerado improcedente porque no era culpa del trabajador el hecho de haber recibido con retraso la notificación del alta por parte de la Seguridad Social. En su apelación en segunda instancia, la empresa no puso en cuestión este tema, sino que se enfocó en disputar la antigüedad del empleado en la compañía, lo que afectaría a la indemnización que debería recibir.

El empleado gana el juicio

Según la empresa, no existía ninguna prueba documental directa que acreditara una fecha de ingreso anterior a 2023, mientras que el empleado afirmaba que trabajaba allí desde 2020. El juzgado rechazó la postura de la empresa. El tribunal explicó que la antigüedad acreditada en 2020 se sustentó no solo en la denuncia ante la Inspección de Trabajo, realizada antes de 2023, sino también en la prueba testifical y demás elementos del expediente.

El tribunal remarcó: “No tiene explicación lógica que un empleado de otra nacionalidad, sin residencia, denuncie ante la Inspección de Trabajo si no estaba efectivamente trabajando”. Para los jueces, los documentos presentados por la empresa solo acreditaban el alta en la Seguridad Social, pero no el comienzo real de la prestación de tareas.

El tribunal consideró probado que el alta médica por mejoría fue emitida el 15 de enero, pero notificada al trabajador recién el 28 de enero. Por ello, argumentan que no podía conocer su alta los días que la empresa le reprocha la ausencia. El fallo concluyó así que el despido fue improcedente, pues no hubo abandono injustificado ni mala fe, y ratificó la condena a la empresa.

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

Naroa Caro — Sat, 25 Apr 2026 09:51:24 +0000

Cada vez menos contribuyentes marcan las casillas que permiten asignar un 0,7% de la recaudación de su IRPF a la Iglesia Católica, a actividades de interés social, o a ambas opciones. La proporción, aunque todavía mayoritaria, ha caído de forma progresiva en los últimos años. La Agencia Tributaria señala que la preferencia por dejar ambas casillas sin marcar alcanzó el 39,5% en la renta de 2024, el último ejercicio analizado. Este comportamiento contrasta con el 31,5% registrado en 2007, el primer año en el que existía esta posibilidad.

Esta tendencia a la baja no impidió que en la última campaña se destinaran 968 millones de euros a la Iglesia y las actividades sociales, aunque desde 2016 se puede observar un descenso especialmente pronunciado en el número de declaraciones en las que el contribuyente escoge alguna de estas opciones.

La casilla destinada únicamente a la Iglesia Católica, por su lado, ha experimentado un descenso pronunciado desde 2007. En ese año, el 21,7% de los declarantes la seleccionó, mientras que en 2024 solo lo hizo el 10,1%. El informe de la Agencia Tributaria destaca que, en este caso, la caída ha sido más acusada a partir de 2012.

La opción de destinar el porcentaje únicamente a fines sociales también ha disminuido, aunque de manera más moderada. Pasó del 34,1% en 2007 al 29,9% en la campaña de 2024. Por otro lado, la alternativa de marcar ambas casillas inició en el 12,7% y creció hasta superar el 20% en 2015. Desde entonces, se ha mantenido en ese umbral, con un 20,5% de los declarantes en el último ejercicio.

¿Quién elige cada opción?

La relación entre nivel de ingresos y preferencias destaca en el análisis de la Agencia Tributaria: las personas con rentas bajas son las que menos marcan las casillas de la Iglesia y fines sociales. Entre quienes declaran menos de 21.000 euros anuales, más del 40% opta por no marcar ninguna opción. En contraste, solo el 21,9% de los declarantes con ingresos superiores a 150.000 euros deja ambas casillas en blanco.

De hecho, la alternativa de seleccionar ambas casillas es la más frecuente en los tramos altos de renta. El 30,3% de quienes declaran más de 150.000 euros se inclina por esta elección, mientras que en los tramos bajos la proporción es inferior a uno de cada cinco.

La casilla exclusiva de la Iglesia se escoge más a medida que aumenta la renta. Representa menos del 10% para los declarantes de menos de 30.000 euros, pero alcanza el 22,7% entre quienes superan los 150.000 euros. En cuanto a la opción de fines sociales, logra su mayor aceptación entre quienes declaran de 21.000 a 150.000 euros, donde más del 30% se inclina por este destino.

Reparto de fondos: cuánto va a la Iglesia y cuánto a fines sociales

La campaña de la renta de 2024 canalizó 401 millones de euros a la Iglesia Católica (149 millones de quienes marcaron solo su casilla y 252 millones de quienes marcaron ambas). Si se suman las aportaciones de País Vasco y Navarra, el monto asciende a 423 millones. Las actividades de interés social, por su parte recibieron 567 millones de euros: 315 millones provinieron de los contribuyentes que marcaron únicamente esa casilla, y 252 millones de quienes optaron por ambas.

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Enzo Iriarte — Fri, 24 Apr 2026 19:03:52 +0000

La llegada de la primavera no ha supuesto una alegría para los agricultores europeos. Con el inicio de la estación, los campos españoles y del resto de Europa se preparan para la siembra, con la necesidad de utilizar fertilizantes. El conflicto en Oriente Medio, iniciado el pasado 22 de febrero, ha encarecido de manera abrupta el precio de la urea, lo que complica la tarea a los agricultores, incapaces algunos de asumir este sobrecoste, lo que pone en duda la producción de maíz en 2026.

El aumento del precio del fertilizante, junto con el de la energía, se traducirá en el campo europeo en la pérdida de superficie de cultivo para el maíz. Según los analistas de Expana y Argus Media, por primera vez en este siglo la superficie dedicada al maíz en grano caerá en la Unión Europea por debajo de los ocho millones de hectáreas en 2026.

No es únicamente el aumento de costos derivados del conflicto en Irán lo que perjudica a los agricultores del bloque europeo, sino que estas consecuencias se suman a otros inconvenientes que lastran los productores desde hace tiempo, como las bajos márgenes y los riesgos de rendimientos derivados de las condiciones meteorológicas extremas del último verano en el hemisferio norte -cabe aclarar que en España el panorama es más optimistas por las precipitaciones registradas en el primer trimestre del año-.

Según los datos de Trading Economics, el precio de la urea acumula este año un alza de más del 70%, superando los 700 dólares por tonelada, el nivel más alto desde octubre de 2022. Esta subida se debe principalmente a que el conflicto de Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento del precio del gas -un insumo clave en la producción de urea- y ha restringido el flujo a través del Estrecho de Ormuz, por donde transitan un tercio de los envíos de fertilizantes del mundo.

Además, otros productores de este fertilizante, como India y Bangladesh, se han visto afectados por el cierre de plantas debido a la escasez mundial de gas natural licuado. Por su parte, China ha reaccionado ante la incertidumbre económica y comercial endureciendo las restricciones a la exportación, para asegurar el suministro interno, mientras que Rusia ha reducido los envíos de nutrientes esenciales bajo el mismo pretexto.

En España peligra la segunda cosecha

La tendencia en España continúa igual. Actualmente es momento de siembra para las segundas cosechas y los incrementos han llevado a muchos agricultores a plantearse no realizar la segunda siembra de maíz o cambiar de producto, como explica Javier Fatas, productor de cereales y miembro de la asociación COAG. Según Fatas, las regiones más afectadas son las de Aragón, Cataluña y Castilla y León.

“Habrá gente que se replantee reducir la siembra de maíz. Es una planta que necesita mucha fertilización y agua. La segunda tenemos bastante este año, pero el problema es la subida de los fertilizantes y los precios del maíz, que no llegan a cubrir los costes de producción”, explica el agricultor, señalando además que, a nivel global, existe un buen “colchón” de reservas de maíz tras la última cosecha del cono sur.

A nivel europeo, Fatas considera que la situación es similar en todos los países de la UE, donde el potencial ganadero está aportando “nutrientes necesarios” para la fertilización. Además, desde su organización han pedido contar con stocks de fertilizante en la Unión Europea para garantizar la siembra y no depender de los conflictos externos.

La situación en el resto de Europa

Este conglomerado de inconvenientes ha provocado que la superficie dedicada al maíz en grano se pueda reducir en Francia entre un 10% y un 15% este año, lo que equivaldría a una pérdida de unas 200.000 hectáreas, según las previsiones de AGPM (productores). Según los analistas, la racha de sequía vivida en el país vecino ha llevado a los agricultores a adelantar la siembra, con un 56% de la superficie del maíz en grano ya sembrada, aunque el regreso de las lluvias a comienzos de mayo será clave para el crecimiento temprano de los cultivos.

En Polonia los agricultores también hablan de reducciones dedicadas al maíz, aunque en menor media, pasando de las 1,3 millones de hectáreas de 2025 a las 1,25 millones para este año, según ha detallado la consultora Sparks Polska: “Es probable que el reciente y rápido aumento de los precios de los fertilizantes tenga algún impacto en las siembras de maíz, pero probablemente no demasiado debido a la falta de alternativas de cultivo y a la reciente fortaleza de los precios del maíz”.

En Alemania sin embargo son más optimistas, pese a los aumentos generados por el conflicto en Oriente Medio, esperan que las siembras de maíz en grano aumenten un 3,5% con respecto a 2025, alcanzando las 507.000 hectáreas, según ha adelantado la asociación de cooperativas agrícolas del país. Esto se debe principalmente a que realizaron pedidos anticipados de fertilizante, lo que ayuda a limitar el impacto de la guerra.

La CNMC abre 35 nuevos expedientes contra empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Enzo Iriarte — Fri, 24 Apr 2026 17:45:54 +0000

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la apertura de 35 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones “graves” en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025, aunque las prácticas habrían sido producidas en días distintos a este.

Estos expedientes están dirigidos en su mayoría a Endesa, mientras que el resto están repartidos entre TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja y se suman a la veintena anunciada el pasado viernes 17, que estaban dirigidos a Red Eléctrica de España (REE) -con calificación “muy grave”- y a instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad -por infracciones “graves”-.

“Desde entonces, la CNMC ha continuado con la apertura de otros procedimientos sancionadores”, ha informado la Comisión, que señala que las prácticas se habrían producido el días distintos al 28 de abril del año pasado, fecha del apagón eléctrico.

Todos los expedientes se califican como “graves”

“Las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente”, apunta la Comisión.

En este caso, todos los expedientes abiertos han contado con la calificación de “graves”, casi todos por presunta infracción del artículo 65.8 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE), por “incumplimientos del art. 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave”, según ha detallado la organización en un comunicado.

Solo el expediente de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), participada por Endesa e Iberdrola, está abierto con una infracción “grave” recogida en el artículo 65.34 de la LSE, por “ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”.

Sin embargo, la CNMC ha recordado en su comunicado que “los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”.

“La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación”, añade el organismo, que informa de que estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas.

La sanción a Red Eléctrica

Estos nuevos 15 expedientes se anuncian una semana después de la sanción de la CNMC a otras grandes energéticas, con Red Eléctrica a la cabeza. En aquel momento, la Comisión alegó haber detectado como resultado de las investigaciones del cero eléctrico “diversos indicios de incumplimiento”, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas", por lo que había iniciado un proceso para “investigar formalmente esos indicios”, aunque no había detallado las empresas.

Junto a Red Eléctrica fueron sancionadas compañías como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol o la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II. En su anuncio, la CNMC consideró que el apagón tuvo “un origen multifactorial”, y, al igual que en esta ocasión, aclaró que estos expedientes “no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”.

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

Noelia Tabanera — Fri, 24 Apr 2026 16:57:14 +0000

Los repartidores de Glovo van a protagonizar este fin de semana una huelga nacional convocada por Comisiones Obreras (CCOO) para protestar contra lo que el sindicato califica como “abuso laboral” tras el proceso de laboralización de los riders y contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que amenaza a 750 trabajadores en toda España. La paralización arranca este viernes a las 20.00 horas y se extenderá a lo largo de todo el sábado 25 de abril. El domingo, la protesta se concentrará en el tramo de las 12.00 a las 16.00 horas.Además, hay previstas concentraciones este sábado enfrente de cuatro establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald’s en las localidades de Parla, Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada (Madrid)

CCOO denuncia que Glovo pretende “normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías”, pese a años de conflicto por el modelo de contratación de la empresa y al proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. “La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de trabajadores”, denuncian desde Comisiones Obreras.

El sindicato, que ostenta la mayoría sindical en las elecciones realizadas en Glovo, lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales de los riders pese a la “ofensiva constante” de la dirección. Sostiene que el ERE encubre un intento de externalizar la plantilla a través de las llamadas “flotillas”. Se refiere así a empresas subcontratadas que realizan las mismas funciones que los repartidores directos de Glovo, pero bajo convenios laborales distintos y con condiciones inferiores.

Carlos Rodríguez, delegado de CCOO en el Comité de Empresa de Glovo Álava, ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press que en algunos casos estas empresas ya emplean a trabajadores que fueron despedidos previamente por Glovo. “La diferencia es que les aplican otro convenio y van sacando todo el personal de la empresa madre”, han apuntado Rodríguez.

El representante sindical también ha informado de que el sindicato presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo en todas las provincias con comité de empresa de Glovo, al considerar que las flotillas se utilizan para “minimizar el efecto de la huelga”. Desde Álava, CCOO contabiliza más de 50 despidos desde las últimas elecciones sindicales, en el marco de lo que califica como un “ERE encubierto” extendido durante meses a escala estatal.

Piden la renuncia del ERE

Entre las exigencias del paro figuran la renuncia al ERE, el cese del régimen sancionador que CCOO considera “ilegal y represivo”, la negociación de un convenio colectivo propio acorde a las condiciones laborales actuales, y el fin de los obstáculos a la organización sindical. El convenio vigente data de 2006 y, según el sindicato, se aplica sin negociación con los comités de empresa.

CCOO también ha apelado a la ciudadanía para que durante los días de huelga evite realizar pedidos a través de Glovo como gesto de solidaridad con los trabajadores. “No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad”, ha afirmado el sindicato.

“No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta"

La huelga es el punto de llegada de una escalada de movilizaciones que comenzó en varias provincias en febrero. Hace una semana, cerca de un centenar de riders convocados por CCOO se concentraron frente a la sede de Glovo en Madrid para protestar por las mismas razones.

Por su parte, Glovo justificó los despidos como una medida para “evitar su cierre”, tras asegurar que tuvo que reducir su servicio en varias provincias españolas, aunque de momento lo mantiene en 800 localidades del país. La compañía ha evitado por ahora hacer comentarios sobre la huelga.

Hace menos de un año, Glovo pasó a contratar directamente a sus repartidores —más de 14.000, según sus propios datos— para adaptarse a la ley que prohíbe el uso de falsos autónomos como repartidores desde 2021. CCOO estima, no obstante, que al menos otros 20.000 trabajadores están contratados en flotas de “empresas pantalla”, y aguarda a que la Seguridad Social le comunique el dato real de afiliados, cifrado en unos 30.000.

Glovo, fundada en España, pertenece al grupo alemán Delivery Hero desde 2022 y opera en 23 países. El año pasado, la Comisión Europea multó a ambas compañías con 329 millones de euros por formar durante cuatro años un cártel en el reparto de comida y otros productos.

Con información de Europa Press y Efe

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

Noelia Tabanera — Fri, 24 Apr 2026 15:58:22 +0000

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la puesta en marcha de una ayuda económica destinada a las familias que contraten a empleadas del hogar en la región, una iniciativa que pretende facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral y que, además, busca impulsar la contratación regulada de este colectivo. Según ha detallado Ayuso, la medida estará dirigida específicamente a quienes necesiten apoyo en el cuidado de menores y dependientes en el ámbito doméstico.

Las familias de la Comunidad de Madrid podrán acceder a una subvención de hasta 4.000 euros si cumplen los criterios establecidos. El programa está destinado a personas titulares de un hogar que contraten a una empleada encargada del cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 años con discapacidad. También podrán beneficiarse quienes tengan a cargo familiares de hasta segundo grado que presenten una discapacidad igual o superior al 50% o algún grado de dependencia reconocido.

El periodo subvencionable comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, y se admitirán las contrataciones realizadas tanto en ese intervalo como con anterioridad. Para quedar incluidos, la renta per cápita familiar no debe superar los 30.000 euros y será necesario cumplir el resto de requisitos publicados.

Qué requisitos deben cumplir las familias

De acuerdo con la información proporcionada por la Comunidad de Madrid, uno de los requisitos principales es residir y estar empadronado, tanto el titular del hogar como, en su caso, su pareja o cónyuge, en la misma vivienda en la que resida el menor o familiar dependiente. La vivienda debe estar situada dentro de la Comunidad de Madrid. Además, en los casos en que la contratación se dirija al cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 con discapacidad, los progenitores deben estar trabajando a jornada completa, bien por cuenta ajena o propia.

Existen, no obstante, excepciones a esta exigencia laboral. No será necesario tener una jornada completa si los progenitores presentan una discapacidad igual o superior al 33%; si la familia se encuentra en situación monoparental, en cuyo supuesto el progenitor podrá estar trabajando a tiempo parcial o beneficiarse de una reducción de jornada; o si se trata de una familia numerosa, permitiendo igualmente que uno de los progenitores realice una jornada parcial o con reducción de jornada.

El procedimiento exige estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el caso de profesionales colegiados, se requerirá también estar al día en el pago de cuotas de la mutualidad profesional. Ni el titular ni su pareja deben estar en excedencia o reducción de jornada, y ninguno de los progenitores, tutores o responsables legales del menor beneficiario puede hallarse en situación de permiso por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento durante el periodo subvencionable. Se requiere, asimismo, no mantener deudas con la Comunidad de Madrid, salvo que estén oficialmente garantizadas. Estas condiciones han sido confirmadas por la presidenta madrileña en el anuncio realizado sobre la nueva ayuda.

La medida, según la versión oficial de la Comunidad de Madrid, introduce modificaciones en los criterios para adaptarse a los diferentes tipos de familias que precisan contratar personal doméstico. El objetivo declarado es facilitar la labor de cuidados cuando se cumplen todas las obligaciones señaladas, dentro del periodo fijado para la solicitud de subvenciones.

Idealista, Fotocasa y Pisos.com anticipan un cambio de ciclo en el mercado de la vivienda: qué pasará con los precios

Noelia Tabanera — Fri, 24 Apr 2026 11:44:55 +0000

El sector de la vivienda en España ha mostrado indicios de estar afrontando un cambio de ciclo después de un periodo de máximos históricos, según han señalado Fotocasa, Pisos.com e Idealista tras analizar los más recientes datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas plataformas especializadas han coincidido en que, pese al mantenimiento de una demanda activa, se observan señales claras de ajuste y estabilización en el mercado.

La compraventa de viviendas en febrero ha descendido un 0,5% respecto al mismo mes del año pasado, sumando un total de 59.689 operaciones. El ajuste ha afectado tanto a la vivienda nueva como a la usada, con una mayor caída del 1,6% en las nuevas, hasta las 13.808 transacciones. Sin embargo, el grueso del mercado, casi el 77 %, corresponde a viviendas de segunda mano, que descendieron un 0,2% hasta alcanzar 45.881 operaciones, según el INE. Estos movimientos reflejan una ralentización tras varios ejercicios de fuerte crecimiento y una coyuntura marcada por la escasez de oferta, que sigue elevando los precios y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y las personas con menos recursos.

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La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha descrito el contexto actual como una fase de “normalización tras los máximos del pasado ejercicio”, una tendencia derivada del dinamismo que el sector registró en 2025. Matos, según declaraciones recogidas por Europa Press, ha alertado de que el mercado se halla “a las puertas de un cambio de ciclo impulsado por el mercado hipotecario”, dada la evolución de las entidades financieras hacia posiciones más prudentes. Según Matos, esto podría suponer una moderación paulatina en el ritmo de concesión de hipotecas en los meses venideros.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha subrayado que los ajustes detectados en febrero han sido moderados, mientras la demanda continúa mostrando solidez y el nivel de actividad permanece elevado. Font ha apuntado que la oferta limitada, combinada con una demanda firme, refuerza las presiones al alza sobre los precios en el corto plazo. Para Font, el sector mantiene cotas altas de actividad en términos acumulados, pese a la tendencia de ajuste que se observa.

Desde Idealista, su portavoz Francisco Iñareta ha matizado que, aunque la estadística “parece indicar un techo en el volumen de operaciones”, todavía resulta prematuro asegurar un cambio definitivo de tendencia. Iñareta ha explicado que algunos segmentos de la demanda están abandonando el mercado debido a los altos precios y a un entorno de incremento de los tipos de interés, factores que podrían influir en la evolución del sector en un futuro próximo.

Descensos de compraventas en nueve comunidades

El INE ha constatado que, tras el crecimiento del 11,5 % en la compraventa de viviendas registrado en 2025 —con 714.237 unidades, la cifra más alta desde 2007—, la tendencia actual refleja un descenso acumulado del 2,8 % durante los dos primeros meses del año. Si se compara con enero, febrero ha introducido un ligero repunte del 3,8% en términos mensuales, con un protagonismo especial de la vivienda usada, que creció un 4,5% intermensual.

Respecto a la distribución geográfica, nueve comunidades autónomas han experimentado descensos en el volumen de compraventas en febrero: Región de Murcia (-14,8%), La Rioja (-12,5%), Galicia (-12%), Cantabria (-10,9%), Asturias (-7,6%), Extremadura (-4,9%), Comunidad Valenciana (-4,7 %), Baleares (-4,4 %) y Madrid (-3%). En contraste, Navarra (18,7%), Canarias (7,9%) y Cataluña (5,7%) han liderado los incrementos interanuales.

En cuanto a los diferentes regímenes, la vivienda libre ha concentrado cerca del 94% de las transacciones, con 55.938 operaciones y sin variaciones respecto a febrero de 2025. Por el contrario, la vivienda protegida ha sumado 3.751 compraventas, lo que supone una reducción del 7,9 % en términos interanuales, según datos del INE recogidos en virtud del convenio de colaboración con los Registros de la Propiedad.

La cifra que cambia el diagnóstico

Desde Fotocasa han destacado que el nivel de actividad se mantiene muy próximo a las 60.000 operaciones mensuales, lo que se traduce en una estabilización en las cotas más elevadas del ciclo reciente. De cara a los próximos meses, la evolución del sector dependerá, en gran medida, de factores como el euríbor y los tipos de interés, presionados por la situación en Oriente Medio, así como del techo alcanzado por los precios, que pone en jaque la capacidad de acceso para una parte creciente de la demanda.

La combinación de una oferta limitada y una demanda robusta sigue anticipando, según han concluido desde Pisos.com, una tendencia alcista de los precios a corto plazo.

Con información de Europa Press y Efe

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Gonzalo García Crespo — Fri, 24 Apr 2026 09:30:55 +0000

La aldea privada de Lantero, ubicada en el occidente de Asturias, ha salido al mercado inmobiliario como una de las ofertas más singulares de España: cuenta con acceso exclusivo al río Navia y se anuncia por 690.000 euros, según el portal Idealista y la agencia Veri Corral Inmobiliaria. La finca, situada en la parroquia de Serandinas, concejo de Boal, integra más de 6,3 hectáreas de terreno, un embarcadero propio y edificaciones tradicionales, en un enclave natural atractivo.

La propiedad comprende dos viviendas, dos hórreos —estructuras típicas del norte peninsular utilizadas tradicionalmente para guardar grano, alejadas de la humedad y de los animales—, una ermita dedicada a San Ramón y un embarcadero privado. Todo el conjunto está pendiente de rehabilitación, permitiendo un margen amplio de adaptación para proyectos que van desde el turismo rural hasta proyectos residenciales en plena naturaleza.

El enclave estuvo habitado hasta principios de los 2000 y mantiene la configuración típica de las aldeas asturianas. La edificación principal, los hórreos y la ermita suman más de 600 metros cuadrados construidos, todos en piedra, con cubiertas de madera y pizarra fieles a la arquitectura de la comarca Eo-Navi.

La ubicación y el entorno natural que rodean la propiedad de Lantero

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Noelia Tabanera — Fri, 24 Apr 2026 06:00:00 +0000

El Gobierno ha notificado a 541 empresas con un volumen de gestión superior a 50 viviendas en alquiler cada una la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de arrendamiento, conforme a lo establecido por el Real Decreto-ley 8/2026. Así lo ha hecho mediante una carta enviada este viernes, insistiendo en la obligatoriedad de estas medidas para los contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que el inquilino solicite formalmente la extensión de su contrato y en las mismas condiciones que las vigentes.

Según recoge el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se han enviado comunicaciones a inmobiliarias, fondos de inversión y entidades financieras responsables, en conjunto, de más de 50.000 viviendas en régimen de alquiler distribuidas por España. Un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC apunta que el 61% del mercado del alquiler nacional está controlado por multiarrendadores particulares o personas jurídicas. Por el contrario, el denominado pequeño casero, con una sola vivienda en alquiler, solo gestiona el 39% de las unidades en arrendamiento.

La misiva, firmada por el Director General de Consumo, Daniel Arribas, detalla que el Real Decreto-ley 8/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, incorpora medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional, incidiendo especialmente en el sector de la vivienda habitual. En concreto, la disposición obliga a los grandes tenedores a aceptar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, a computar en plazos anuales, para contratos cuya caducidad esté comprendida en el periodo señalado. El arrendador deberá mantener las condiciones existentes y la renovación quedará supeditada únicamente a la solicitud puntual del arrendatario.

Qué implica la nueva obligación de prórroga

La comunicación de la cartera que dirige Pablo Bustinduy destaca que esta exigencia busca reforzar la estabilidad para los arrendatarios. Por otro lado, el documento recuerda también que la cuota de propietarios que gestionan múltiples viviendas resulta especialmente notable en grandes áreas urbanas.

Los datos del estudio conjunto entre Consumo y el CSIC reflejan que la concentración de viviendas en manos de multiarrendadores supera el 60% en ciudades como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%). A nivel nacional, las personas que perciben ingresos por alquiler de vivienda habitual representan el 4,9% de la población, mientras que los inquilinos suponen el 20,8%.

La carta remitida este viernes recomienda a las empresas establecer de manera inmediata todos los procedimientos internos necesarios para asegurar el cumplimiento escrupuloso de la medida. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 exige máxima diligencia en la aplicación de las disposiciones, reiterando la obligación legal que impone el Real Decreto-ley 8/2026 para el sector profesional y corporativo del alquiler en España.

Una medida condenada al fracaso en el Congreso

Esta medida forma parte de un plan del Gobierno de España que busca atenuar los efectos derivados de la crisis económica vinculada al conflicto en Oriente Medio sobre los arrendatarios y reforzar lo que denomina el “escudo social y la protección a los trabajadores y trabajadoras”. Así lo expresó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ahora, esta prórroga debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, donde se espera que decaiga. No obstante, según el Ejecutivo, la prórroga se aplicará incluso si la norma no recibe el aval parlamentario, siempre que los arrendatarios hayan realizado la solicitud conforme al procedimiento y en el periodo establecido en el real decreto.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reconoció que el decreto ley afronta “muchas dificultades” para salir adelante, en vista de las posiciones adoptadas por distintos grupos parlamentarios. Rodríguez remarcó que “va a ser muy complicado” que el Congreso apruebe la norma, sobre todo “observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas”. Según la ministra, Junts “no está por la labor”, mientras que PP y Vox mantienen posturas igualmente contrarias. No obstante, Rodríguez ha añadido que no descarta seguir negociando, afirmando: “Nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos”.

Qué se sabe sobre el rechazo de Junts

El distanciamiento entre Junts y Sumar se ha agravado tras una serie de acontecimientos recientes. Junts ha decidido suspender cualquier contacto con Sumar hasta que se produzca una disculpa pública, después de que Yolanda Díaz calificara a Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, de “racista y clasista”. Las fuentes cercanas a Junts han dejado claro que, mientras no haya rectificación por parte del equipo de Díaz, mantendrán bloqueadas las comunicaciones y rechazarán cualquier negociación, añadiendo: “Si quieren aprobar algo en el Congreso, que vayan a buscar al PP”.

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

Esther García López — Fri, 24 Apr 2026 03:00:00 +0000

Los fondos europeos Next Generation EU, diseñados como respuesta de la Unión Europea a paliar la crisis económica provocada por la pandemia, han tenido un impacto significativo en el crecimiento de la economía española, aunque inferior al volumen de recursos movilizados. Estas ayudas explican entre el 10% y el 14% del avance del Producto Interior Bruto (PIB) español en el periodo 2021-2025, según recoge un estudio elaborado por Funcas y Afi.

En términos cuantitativos, esto se traduce en una aportación de los fondos de entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales del nivel del PIB español en esos cuatro años. Un resultado que refleja el impacto neto en el PIB del gasto acometido a cuenta del programa europeo.

España ha sido uno de los principales beneficiarios de los fondos Next Generation EU. De los 160.000 millones de euros asignados entre transferencias y préstamos, “el Gobierno solo ha solicitado la cuarta parte de los préstamos disponibles, de modo que la asignación efectiva asciende a 103.000 millones”, recoge el informe.

Estos recursos se han canalizado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que combina reformas estructurales e inversiones previamente acordadas con Bruselas y cuyo calendario de ejecución se extiende hasta agosto de 2026.

A finales de 2025, España había recibido 71.366 millones de euros, de los cuales se había comprometido algo más del 80% (57.395 millones), lo que equivale al 3,4% del PIB de 2025, y gastado en términos de Contabilidad Nacional el 55% (cerca de 39.000 millones).

Un desfase de 14.000 millones aún sin ejecutar

La diferencia entre los desembolsos y los compromisos se acerca, por tanto, a los 14.000 millones: esta brecha aproxima los recursos ya disponibles, pero que están aún pendientes de ser comprometidos, o ejecutados, por las administraciones. Representa el volumen de fondos que el programa deberá absorber hasta agosto de 2026.

La diferencia entre los fondos comprometidos (3,4% del PIB) y su impacto en el avance del PIB (entre 1,4 y 2,1 puntos) se produce en todos los países y se explica por el efecto sustitución entre financiación pública y privada: “Algunas inversiones financiadas por el programa se hubieran producido incluso sin esa ayuda, es decir, con recursos de las propias empresas”, señalan los expertos.

Más inversión pública y menos impulso empresarial del esperado

Aunque los recursos destinados a España han sido elevados, el efecto transformador sobre la economía española no ha alcanzado todavía su máximo potencial. El análisis apunta a que los fondos han servido principalmente para sostener la inversión pública, mientras que el impulso a la inversión empresarial ha sido más limitado de lo previsto.

Este comportamiento se refleja en los datos agregados: a finales de 2025, la inversión empresarial seguía 3,3 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia en términos reales, aunque se aprecia una ligera recuperación reciente.

Mejora la productividad, pero poco

En cuanto a la productividad, muestra una evolución moderada. España ha sido el único de los grandes países europeos en el que la productividad por hora ha mejorado, con un avance adicional de 0,4 puntos, frente a las caídas registradas en Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, este crecimiento sigue siendo reducido en comparación con el volumen del estímulo recibido.

Los expertos atribuyen parte de estas limitaciones a la complejidad del propio programa. La magnitud del plan y el corto plazo para su ejecución han generado tensiones en la capacidad de gestión y en la coordinación entre administraciones.

La tasa de resolución de las convocatorias se sitúa en torno al 60%, lo que evidencia dificultades tanto en la tramitación como en el diseño de algunos instrumentos de ayuda. Esto genera un desfase entre la disponibilidad de fondos y su transformación en inversión real.

Además, la estructura de gobernanza multinivel añade complejidad: el Estado gestiona cerca del 60% de los fondos, las comunidades autónomas el 25% y las entidades locales el 15%, con importantes diferencias en capacidad de ejecución entre territorios.

Concentración empresarial y sectorial del impacto

El informe también señala que la estructura empresarial española condiciona el impacto de los fondos. Las grandes empresas, que representan solo el 0,4% del tejido empresarial, concentran casi el 46% de los recursos del PRTR, mientras que las microempresas, que suponen casi el 90% del total, reciben alrededor del 10%.

Esta concentración responde a la naturaleza de los proyectos financiados, que requieren gran capacidad de inversión, pero limita el efecto de arrastre sobre el conjunto del tejido productivo.

Sectores clave, pero sin efecto homogéneo

En términos sectoriales, los fondos se concentran principalmente en manufacturas, información y comunicaciones y construcción, que acumulan más del 60% del total. Sin embargo, esta distribución no siempre coincide con los sectores más dinámicos de la economía española.

El estudio apunta a que la intensidad del estímulo no se traduce de forma proporcional en inversión privada adicional, lo que sugiere que los fondos no están apoyando los sectores más pujantes, donde reside la ventaja comparativa de la economía española.

Un impacto que irá más allá de 2026

Aunque el programa Next Generation EU tiene un horizonte de ejecución hasta el tercer trimestre de 2026, su impacto económico se prolongará en el tiempo. La adenda de simplificación aprobada en diciembre de 2025 prevé la utilización de instrumentos financieros cuya actividad se extenderá hasta 2036.

Esto abre la puerta a un efecto más dilatado en el tiempo, pero también refuerza la necesidad de mejorar el diseño institucional y la coordinación administrativa para maximizar su capacidad transformadora.

El sexto pago de fondos de recuperación llegará en verano

En cuanto a la recepción de nuevos fondos europeos, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, señaló este jueves que espera la aprobación del sexto desembolso por parte de la Comisión Europea a lo largo del mes de mayo para que, durante junio y julio, vea luz verde definitiva del Consejo de la UE y se reciban fondos en torno al verano.

Durante su comparecencia este jueves ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para dar cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, Cuerpo ha manifestado que “encaramos ya la recta final de este Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento de los hitos y objetivos tenemos que finalizar antes de finales de agosto del año 2026”.

Evaluar el sexto desembolso

En este contexto, el Gobierno solicitó formalmente en marzo el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos.

España recibirá estos recursos una vez finalizadas las comprobaciones de 78 hitos y objetivos acordados con la Comisión -69 correspondientes a transferencias no reembolsables y 9 de préstamos-.

Según subrayó Cuerpo, “España, que lidera en materia de transferencias recibidas con 55.000 millones, tenemos pendientes ahora evaluar ese sexto desembolso por parte de la Comisión Europea, cuya evaluación positiva supondría que habríamos adquirido más de 60.000 millones en desembolsos”.

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

Andrea de Lucas — Thu, 23 Apr 2026 19:38:48 +0000

El acceso a la vivienda en las grandes urbes españolas es un problema cada vez más grande. En ciudades como Sevilla, el precio de la vivienda ha marcado un nuevo récord, situando el valor medio en 2.790 euros por metro cuadrado, tras una subida del 9,1% en el último año. Esta tendencia al alza ha alcanzado también a la provincia, donde el promedio supera ya los 1.900 euros por metro cuadrado, lo que obliga a quienes están interesados en comprar a buscar alternativas más asequibles fuera del núcleo urbano.

Pero, para todos aquellos que desean adquirir una vivienda, Constantina se ha posicionado como un enclave que destaca por sus bajos precios para comprar vivienda en la provincia andaluza. El precio medio en este municipio, a unos 80 kilómetros al norte de la capital sevillana, ronda los 493 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista, una cifra que está muy por debajo de los valores de Sevilla ciudad y otras poblaciones del entorno metropolitano.

Así, comprar una casa de 80 metros cuadrados en Constantina puede suponer un desembolso de apenas 39.000 euros. Para quienes buscan oportunidades todavía más económicas, en la localidad hay inmuebles disponibles desde 20.000 euros, aunque estos suelen necesitar grandes obras de rehabilitación. Para entrar a vivir sin necesidad de reformas, la oferta comienza en torno a los 30.000 euros.

Naturaleza y patrimonio

Constantina cuenta con poco más de 6.000 habitantes y está enclavada en el corazón del Parque Natural Sierra Morena. El municipio está rodeado de dehesas, riberas y paisajes kársticos, lo que lo convierte en un destino apreciado por quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Además, la localidad ostenta un rico legado histórico que se remonta a tiempos celtas, pasando por la presencia romana y la influencia árabe. El pueblo conserva varios monumentos y enclaves catalogados como Bien de Interés Cultural. Entre los más destacados figuran el castillo almohade del siglo XII, la iglesia de Santa María de la Encarnación y el Monasterio de las Hermanas Jerónimas, conocido por su repostería artesanal.

La Ribera del Huéznar, con sus cascadas y pozas, el conjunto geológico del Cerro del Hierro y rutas como la de los Castañares o la Vía Verde enriquecen la oferta paisajística y turística del municipio.

Oportunidades fuera de la capital

El crecimiento del precio de la vivienda en la provincia de Sevilla ha sido especialmente pronunciado, con un incremento anual del 16%. Mientras, localidades de interior como Constantina mantienen valores considerablemente más bajos, lo que abre una ventana de oportunidad para quienes desean invertir antes de que se produzcan futuras subidas.

Y es que la diferencia entre las zonas más caras y las más baratas es cada vez mayor. En el área metropolitana, los precios superan en muchos casos los 1.300 euros por metro cuadrado, lo que limita el acceso a la vivienda en propiedad para gran parte de la población.

Este desequilibrio impulsa la demanda hacia las localidades rurales y de tamaño medio, donde la oferta sigue siendo amplia y los precios todavía permiten la compra sin necesidad de recurrir a grandes préstamos hipotecarios.

Otros municipios asequibles en la provincia de Sevilla

Aunque Constantina encabeza el listado de municipios con precios más bajos, existen otras localidades en Sevilla donde adquirir una vivienda es más económico que en la capital y su entorno a la redonda.

En Marchena, el precio medio se sitúa en torno a los 797 euros por metro cuadrado. Este municipio es conocido por su centro histórico y su arraigada Semana Santa.
Por su parte, Lora del Río alcanza los 877 euros por metro cuadrado y destaca por la celebración de la romería de Nuestra Señora de Setefilla, una de las más tradicionales de la provincia.
Carmona, con sus murallas y vestigios romanos, tiene un valor medio de 1.114 euros por metro cuadrado.
Utrera, cuna del flamenco y la tradición taurina, se mantiene en 1.295 euros por metro cuadrado.
La Rinconada, con su patrimonio arqueológico, en 1.316 euros el metro cuadrado.
Alcalá de Guadaíra ofrece viviendas a un promedio de 1.539 euros por metro cuadrado, siendo conocida por su castillo y los molinos del río Guadaíra.

Denuncian a Uber Eats y Deliveroo por “trata de seres humanos” en Francia: los repartidores alegan “un sistema de explotación”

Enzo Iriarte — Thu, 23 Apr 2026 18:31:03 +0000

La Fiscalía de París ha recibido una denuncia penal por trata de seres humanos presentada por diversas asociaciones francesas de apoyo a repartidores de las plataformas estadounidenses Uber Eats y británica Deliveroo. Estas entidades han solicitado que la justicia investigue posibles prácticas abusivas que, según sus denuncias, configurarían un “sistema de explotación” laboral en el sector del reparto a domicilio, según ha informado la prensa local, en base a datos de Le Parisien y Sudouest.

Los colectivos impulsores de la denuncia, entre los que destacan Maison des livreurs, colectivo local de repartidores de Burdeos, y Maison des coursiers, colectivo local de repartidores de París, argumentan que los repartidores vinculados a estas empresas soportan condiciones especialmente duras. Han contado con el respaldo de las asociaciones Amal y Ciel, ambas centradas en la defensa de los derechos laborales de repartidores migrantes y trabajadores precarios en el país.

Su abogado, Thibault Laforcade, sostiene que la documentación aportada coincide con la definición legal de “trata de personas con fines laborales”. Señalan que la iniciativa representa una acción jurídica inédita a escala global; aunque las plataformas ya han afrontado demandas sobre la relación laboral o el uso del algoritmo, es la primera vez que se busca una condena por explotación de la vulnerabilidad de los trabajadores.

La acusación se basa tanto en testimonios de repartidores como en informes institucionales, de organizaciones independientes y de la ONG internacional de acción médica humanitaria Médicos del Mundo, junto a otros centros de investigación. El objetivo es evidenciar ingresos insuficientes, jornadas de trabajo prolongadas -en torno a 63 horas semanales por 1.480 euros brutos al mes, según un estudio elaborado en 2025- y una dependencia económica que afecta especialmente a los trabajadores inmigrantes.

Qué denuncian las asociaciones francesas

Las asociaciones denunciantes insisten en que los repartidores en Francia enfrentan un desequilibrio contractual. Los representantes legales sostienen que, tras dos años de investigación junto a otros tres abogados y diversos especialistas, existe material jurídico suficiente para considerar que la “trata de seres humanos está claramente caracterizada”. Laforcade explica que la demanda pretende limitar lo que califica como un “sistema infernal” y poner de manifiesto que los derechos de los repartidores son equivalentes a los de cualquier ciudadano.

Entre los elementos probatorios citados figuran tanto testimonios de trabajadores de todo el país como informes de entidades independientes y organismos públicos, que alertan sobre condiciones laborales precarias dentro del sector de las plataformas digitales de reparto.

La denuncia también subraya la opacidad en la asignación de pedidos y determinación de tarifas por parte de los algoritmos de las plataformas, lo que repercute negativamente en los repartidores más vulnerables. Además, se ha enviado un requerimiento formal a Uber Eats, paso previo a la posible presentación de una acción colectiva por discriminación.

Tanto Uber Eats como Deliveroo han negado las acusaciones. Uber Eats sostiene que la “denuncia carece de fundamento”. Deliveroo rechaza que su modelo operativo pueda asimilarse a ninguna forma de explotación, según declaraciones recogidas por los medios mencionados.

100.000 repartidores en Francia

Según la demanda, entre 70.000 y 100.000 personas trabajan como repartidores para Uber Eats y Deliveroo en Francia. Laforcade expresa que su objetivo es que esta acción judicial motive a juristas de otros países a explorar alternativas legales equiparables, con la intención de “construir algo más colectivo”.

El equipo legal es consciente de que judicializar estas prácticas no supondrá cambios inmediatos en las condiciones de los repartidores. Sin embargo, confían en que una eventual condena en Francia “sería observada en otros lugares del mundo e incluso podría servir para empezar a frenar esta especie de maquinaria infernal que son las plataformas”, según Laforcade.

La UE prohibirá los servicios marítimos al petróleo ruso por la guerra de Ucrania pese al riesgo de desabastecimiento por la crisis energética

Enzo Iriarte — Thu, 23 Apr 2026 16:20:27 +0000

La guerra entre Rusia y Ucrania, que tomó mayor intensidad con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha convertido en la actualidad en una guerra de trincheras, con ambos bandos luchando por ganar o recuperar zonas muy acotadas. En este escenario, desde la Unión Europea se han aprobado más de una decena de paquetes sancionadores para debilitar al Kremlin, como el embargo de activos financieros o aranceles a sus exportaciones.

Tras más de cuatro años de conflicto, este jueves la UE ha sentado las bases legales para vetar los servicios marítimos relacionados con el crudo y los productos petrolíferos rusos dentro del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Para aplicarlo han asegurado que se coordinarán con los países que integran el G7, según han asegurado desde el Consejo de la UE y la Comisión Europea.

Así, el paquete sancionador incluye "sanciones económicas severas y de múltiples niveles, dirigidas a sectores clave" que alimentan la guerra de Rusia contra Ucrania, así como la inclusión en la lista negra de hasta 120 nombres. Según ha detallado la UE, 36 nuevos sancionados están relacionados con la explotación, la extracción, el refinado y el transporte de petróleo, en concreto la “flota fantasma” que ayuda a que la exportación de crudo ruso esquive restricciones, y se incluye en la lista a una importante aseguradora marítima.

Además, la Comisión ha adelantado la sanción de otros 46 buques (elevando el total hasta los 632), así como la introducción de controles obligatorios de diligencia debida para la venta de buques cisterna y se prohíbe prestar servicios de mantenimiento a buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y a los rompehielos rusos.

En este sentido, la UE ha hecho hincapié en que a, partir de enero de 2027, será ilegal prestar servicios de GNL a entidades rusas o que sean propiedad de ciudadanos u operadores rusos. También, dentro del nuevo paquete de sanciones, se prohibirán las transacciones con dos puertos rusos -Murmansk y Tuapse- y con la terminal petrolera del puerto de Karium en Indonesia, utilizados para eludir el límite máximo impuesto al precio del petróleo ruso.

Restricciones militares, financieras y económicas

La Comisión ha destacado que su preferencia es esperar al G7 y a los socios de esa coalición para imponer el veto, aunque en última instancia el bloque podría decidir seguir adelante por su cuenta. Esta aclaración la han realizado aludiendo a la idea que prevalece en el G7 de que, mientras las condiciones del mercado energético no sean favorables y puedan llevar al desabastecimiento, no se da el contexto para avanzar hacia la prohibición de esos servicios marítimos a Rusia.

Además de las sanciones marítimas relacionadas con el comercio de productos petrolíferos, el nuevo paquete de sanciones incluye otras medidas financieras, militares y económicas. En este sentido, la UE tiene pensado vetar las transacciones con otros 20 bancos rusos y ha sancionado a cuatro instituciones financieras de terceros países por eludir las medidas restrictivas.

En el aspecto militar, la UE ha sancionado a 58 empresas y personas implicadas en el desarrollo y fabricación de material militar, como drones, y han incluido en la lista negra a 16 entidades con sede en China, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia que han suministrado productos de doble uso o sistemas de armas al complejo militar-industrial ruso.

En lo que respecta al comercio, la Unión ha activado por primera vez su mecanismo contra la elusión de sanciones, prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y de aparatos de radio a Kirguistán, donde existe un alto riesgo de que estos productos sean reexportados a Rusia. Además, ha impuesto prohibiciones a la importación de metales, productos químicos y minerales por un valor superior a 530 millones de euros.

Golpe a los bancos: la Justicia europea les prohíbe cobrar intereses sobre seguros y otros costes ligados a créditos al consumo

Esther García López — Thu, 23 Apr 2026 15:18:48 +0000

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia clave que limita la forma en que los bancos pueden calcular los intereses en los créditos al consumo. En su fallo, la corte con sede en Luxemburgo establece que las entidades financieras no pueden aplicar intereses sobre cantidades destinadas a cubrir costes asociados al préstamo, como seguros u otros gastos, sino únicamente sobre el dinero efectivamente puesto a disposición del cliente.

La decisión supone un cambio relevante en la interpretación de las normas europeas sobre crédito al consumo y puede tener impacto en la forma en que se estructuran millones de préstamos en toda la Unión Europea.

El pronunciamiento del tribunal se produce a raíz del caso de un ciudadano polaco que contrató un préstamo personal. En dicha operación, una parte del importe del crédito se destinó al pago de un seguro de crédito considerado voluntario.

Sin embargo, el banco no solo aplicó intereses al dinero recibido directamente por el consumidor, sino también a la prima del seguro, lo que incrementó el coste total del préstamo. El afectado decidió recurrir ante la justicia de su país, que finalmente elevó una consulta al tribunal europeo para aclarar la legalidad de esta práctica.

Qué pueden y no pueden cobrar los bancos

El caso ha servido al TJUE para fijar un criterio general aplicable a toda la Unión Europea. En su resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclara que el llamado “tipo deudor” solo puede aplicarse sobre el “importe total del crédito” efectivamente entregado al consumidor.

Esto excluye de la base de cálculo aquellas cantidades que no llegan al cliente porque se destinan directamente al pago de costes asociados al préstamo.

Entre estos costes se incluyen seguros, comisiones u otros gastos obligatorios o vinculados a la concesión del crédito. Según el tribunal, aplicar intereses sobre esas cantidades supone cobrar al consumidor por un dinero que nunca ha recibido. El fallo señala que esta práctica no es compatible con la normativa europea de protección al consumidor en materia financiera.

La banca podrá ajustar los tipos de interés

No obstante, la sentencia también deja margen de actuación a las entidades financieras. El tribunal aclara que el hecho de que estos costes no puedan integrarse en el importe del crédito a efectos de cálculo de intereses no impide que los bancos los incorporen en su modelo de precios.

Es decir, las entidades pueden, por ejemplo, establecer un tipo de interés más elevado para compensar la inclusión de seguros u otros servicios asociados al préstamo, siempre dentro del marco legal y con transparencia.

El objetivo, según el tribunal, es evitar prácticas opacas que dificulten al consumidor entender el coste real de su financiación.

Más transparencia en el mercado de crédito

El TJUE subraya que esta interpretación de la normativa europea responde a un doble objetivo. Por un lado, facilitar el desarrollo de un mercado interior de crédito al consumo más homogéneo en toda la Unión Europea. Por otro, reforzar la capacidad de los consumidores para comparar ofertas de distintos bancos.

En este sentido, el tribunal destaca la importancia de la tasa anual equivalente (TAE) como indicador clave para que los usuarios puedan conocer el coste real de un préstamo y tomar decisiones informadas.

La resolución refuerza así la tendencia europea hacia una mayor protección del consumidor financiero, especialmente en un contexto en el que los productos de crédito incluyen cada vez más elementos asociados que pueden encarecer su coste final de forma poco transparente.

Si tu empresa pide un ERE, esto es lo que debes hacer: conoce qué es y cuáles son tus derechos

Enzo Iriarte — Thu, 23 Apr 2026 15:07:16 +0000

Cuando una empresa atraviesa dificultades económicas o necesita reorganizar su estructura, puede recurrir a mecanismos legales que afectan directamente a su plantilla. Uno de los más relevantes es el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Este procedimiento genera muchas dudas entre los trabajadores, especialmente sobre qué implica exactamente, cuándo se aplica y qué derechos tienen quienes se ven afectados por esta situación.

El ERE es un procedimiento regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores que permite a las empresas llevar a cabo un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esto significa que no se trata de decisiones individuales, sino de una medida que afecta a un número significativo de empleados. Entre las razones más habituales se encuentran las pérdidas económicas, la caída de ingresos o la necesidad de reorganizar la actividad empresarial.

Para que se considere un despido colectivo, deben cumplirse ciertos umbrales. En empresas con menos de 100 trabajadores, el ERE debe afectar al menos a diez personas. Si la plantilla está entre 100 y 300 empleados, debe implicar al 10% de los trabajadores. En compañías de mayor tamaño, con más de 300 empleados, el mínimo se sitúa en 30 personas. Este criterio es clave para diferenciar un ERE de despidos individuales o disciplinarios.

Uno de los aspectos más importantes para los trabajadores es conocer sus derechos laborales. En caso de verse afectados por un ERE, tienen derecho a una indemnización mínima de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Sin embargo, en la práctica, esta cuantía suele mejorarse durante la negociación colectiva. Además, los empleados también tienen derecho a solicitar la prestación por desempleo si cumplen los requisitos establecidos.

Negociaciones previas entre empresa y sindicatos

Otro elemento fundamental del proceso es el llamado periodo de consultas. Se trata de una fase de negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores que tiene como objetivo intentar evitar o reducir los despidos, así como mitigar sus consecuencias. Este periodo tiene una duración máxima de 30 días naturales, o de 15 días en empresas con menos de 50 empleados, y es obligatorio antes de ejecutar cualquier despido colectivo.

Durante este tiempo, ambas partes deben negociar de buena fe. Se pueden plantear alternativas como recolocaciones, planes de formación o medidas de acompañamiento. En empresas de más de 50 trabajadores, además, es obligatorio ofrecer un plan de recolocación externa a través de empresas especializadas. Este punto es clave, ya que puede marcar la diferencia en el impacto real del ERE sobre los empleados afectados.

La empresa también tiene una serie de obligaciones formales. Debe comunicar su intención de iniciar el procedimiento tanto a la plantilla como a los representantes legales de los trabajadores. En un plazo de siete días -ampliable a quince- debe constituirse la comisión negociadora. A partir de ese momento, comienza oficialmente el proceso, que debe incluir documentación detallada como una memoria explicativa, datos económicos y criterios de selección de los trabajadores afectados.

Una vez finaliza el periodo de consultas, la empresa debe comunicar su decisión a la autoridad laboral. Si hay acuerdo, se aplican las condiciones pactadas. Si no lo hay, la empresa puede imponer su decisión final, aunque esta puede ser impugnada judicialmente. Es importante tener en cuenta que, si pasan 15 días desde la última reunión sin comunicación oficial, el procedimiento caduca, lo que obliga a reiniciarlo si la empresa quiere continuar.

Cuándo se hacen efectivos los despidos

También es relevante saber cuándo se hacen efectivos los despidos. La ley establece que deben pasar al menos 30 días desde el inicio del periodo de consultas hasta que la empresa pueda notificar individualmente los despidos. Este margen busca garantizar que el proceso se desarrolle con todas las garantías legales y que exista un tiempo real para la negociación.

En algunos casos, el ERE puede estar motivado por causa de fuerza mayor, como una catástrofe o una situación extraordinaria. En estos supuestos, la autoridad laboral debe verificar la existencia de dicha causa en un plazo de cinco días. Si se confirma, los efectos del despido pueden retrotraerse al momento en que se produjo el hecho que originó la situación.

No hay que confundir un ERE con un ERTE. Mientras que el primero implica la extinción definitiva del contrato, el segundo supone una suspensión temporal o una reducción de jornada. En el caso del ERTE, el trabajador mantiene su vínculo con la empresa y puede reincorporarse una vez finaliza la situación que lo motivó.

Unos 6 metros cuadrados por casi 500 euros: el anuncio ilegal de una inmobiliaria de París

Andrea de Lucas — Thu, 23 Apr 2026 14:58:59 +0000

El acceso a una vivienda digna es un problema que persiste. Los precios de los alquileres están cada vez más altos, y no solo en España, sino que es una tendencia que se repite en muchos lugares fuera de nuestras fronteras. Y las zonas más tensionadas, como ocurre aquí, son las de las grandes ciudades. A veces, incluso, llegando a situaciones algo surrealistas e incluso ilegales. Así ha sido el caso de un anuncio de alquiler en París, por el que una inmobiliaria ofrecía un piso de una sola habitación y apenas seis metros cuadrados a cambio de 438 euros mensuales.

Según informó el digital Le Parisien, la publicación procedía de una agencia reconocida en el V distrito parisino, y fue denunciada por presentar un contrato civil, una fórmula legal que no suele utilizarse para vivienda habitual. Esta modalidad contractual suele reservarse para usos muy concretos, como aparcamientos, oficinas o almacenes, lo que permite esquivar tanto la regulación de precios como la protección de los inquilinos prevista en la ley de arrendamientos urbanos.

Al analizar el anuncio, destacan varias irregularidades. Una de las más visibles es que el contrato, al estar regido por el código civil, excluye al futuro inquilino de acceder a las Ayudas Personales para la Vivienda (APL) del país galo. Además, la fianza solicitada duplicaba el límite legal para contratos convencionales, ascendiendo a 876 euros frente al máximo de un mes de renta estipulado por la normativa.

“El anuncio ilegal proviene de una agencia reconocida”

En Francia, la legislación establece que una vivienda digna debe contar con, al menos, nueve metros cuadrados habitables. El espacio ofertado (6,21 metros cuadrados) se queda muy por debajo de ese umbral, lo que lo convierte directamente en una oferta ilegal. El propio senador parisino del Partido Comunista Francés, Ian Brossat, comentó esta oferta en sus redes sociales: “Una habitación de 6 metros cuadrados a más de 400 euros en París. No, no está soñando: es ilegal. Y sin embargo se ofrece en alquiler”.

El caso ha sido muy mediático en el país vecino, además, porque la oferta provenía de una agencia inmobiliaria de prestigio, y no de una simple plataforma de anuncios. “Lo que resulta especialmente chocante es que el anuncio ilegal proviene de una agencia reconocida (...). Se trata de una agencia establecida en la vía pública, que precisamente debería recordar a los propietarios sus obligaciones”, subrayó Brossat.

Contratos civiles para viviendas

La estrategia de utilizar un contrato civil permite a los propietarios evitar el tope de alquiler fijado por la ciudad de París y deja sin cobertura legal al inquilino en materias como la solicitud de ayudas o la limitación de fianza. Y el mismo anuncio lo especificaba: “Contrato código civil, no elegible para las APL”.

La diferencia entre “superficie en planta” (12,51 metros cuadrados) y “superficie habitable” (6,21 metros cuadrados) se explica por el techo bajo en parte de la estancia, lo que deja fuera una porción del espacio a efectos legales. Esto provoca que el precio real por metro cuadrado supere los 70 euros, el doble del límite de referencia incrementado que rige en París para este tipo de inmuebles.

El senador Brossat presentó la denuncia ante la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF), organismo encargado de vigilar la legalidad en las relaciones de consumo y que ya había sido alertado previamente de prácticas similares.

La DGCCRF, que ya investigaba prácticas comparables tras una alerta presentada en febrero por la Brigada Asociativa Inter Inquilinos (BAIL), ha confirmado que los contratos civiles utilizados para viviendas principales constituyen una desviación de la normativa. En respuesta a la denuncia anterior, la directora general del organismo señaló que “un contrato así puede ser reclasificado por un juez”, abriendo la puerta a posibles sanciones para los propietarios que recurran a estas argucias legales.

En cuanto a la agencia responsable del anuncio, Century 21 Olympierre, Le Parisien intentó obtener una declaración, pero no recibió respuesta. Poco después de la consulta del medio, el anuncio fue retirado de la plataforma.

El hambre por el ladrillo se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 93% hasta marzo y alcanza los 6.300 millones de euros

Esther García López — Thu, 23 Apr 2026 14:35:43 +0000

La inversión inmobiliaria en España ha arrancado 2026 con con fuerza, al alcanzar los 6.300 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 93% respecto al mismo periodo de 2025. En concreto, el volumen transaccionado entre enero y marzo supera en un 103% la media de los últimos diez años, consolidando un cambio de ciclo en el sector.

Esta cifra representa cerca de un tercio de toda la inversión registrada en 2025, según datos de la consultora CBRE, lo que anticipa un ejercicio especialmente dinámico si se mantiene este ritmo en los próximos meses.

Tras estos resultados, el primer trimestre de 2026 se convierte en el tercero más elevado de toda la serie histórica, solo por detrás de los picos registrados en 2018, cuando el mercado alcanzó cifras récord.

Vuelven las grandes operaciones

Uno de los factores clave que han impulsado la escalada ha sido el regreso de las grandes operaciones. En apenas tres meses se han cerrado 18 transacciones superiores a los 100 millones de euros, frente a solo cuatro en el mismo periodo del año anterior, lo que evidencia una mayor confianza del capital institucional.

Este repunte también se refleja en el origen de la inversión. El capital nacional lidera con el 50% del total, seguido por inversores internacionales, especialmente de Canadá (12%) y Estados Unidos (11%), que vuelven a mirar a España como un destino atractivo.

Por zonas geográficas, el protagonismo vuelve a recaer en los grandes mercados urbanos. Madrid y Barcelona concentran el 73% de toda la inversión, consolidándose como los principales polos de atracción para los inversores. A bastante distancia se sitúa la Comunidad Valenciana, que capta cerca del 6% del total, mientras que otras regiones mantienen una presencia más limitada en el reparto del capital.

Este patrón confirma la preferencia del mercado por ubicaciones consolidadas y con alta liquidez, en un contexto de mayor selectividad por parte de los inversores.

El residencial lidera la atracción de capital

Por segmentos, el denominado ‘living’ se posiciona como el gran protagonista del inicio de año. Este ámbito, que incluye vivienda en alquiler, residencias de estudiantes o soluciones flexibles, concentra el 36% de la inversión total, con más de 2.250 millones de euros. El crecimiento en este segmento ha sido especialmente intenso, con un aumento del 98% respecto al año anterior, reflejando la fuerte demanda estructural de vivienda en España.

En segundo lugar se sitúa el retail, con 1.370 millones de euros y un crecimiento del 40%. Destacan especialmente los centros comerciales, que concentran más de la mitad del volumen invertido en este segmento.

El sector de oficinas también ha protagonizado un notable repunte, con 869 millones de euros invertidos, lo que supone un incremento del 900% y el mejor inicio de año desde 2018.

Hoteles y sectores sanitarios

Por su parte, el segmento hotelero mantiene su atractivo con 696 millones de euros, impulsado en gran medida por destinos turísticos como Islas Baleares, que concentran el 30% de la inversión.

Otros sectores como el sanitario (healthcare) también ganan protagonismo, con 646 millones tras multiplicar por seis su volumen, mientras que el industrial y logístico y los activos alternativos completan un mapa cada vez más diversificado. Todo apunta a que 2026 podría convertirse en uno de los años más activos de la última década para el inmobiliario español.

España, el destino europeo preferido para la inversión inmobiliaria en 2026

El incremento en la inversión se produce después de que España se haya situado por primera vez como el país más atractivo de Europa para la inversión inmobiliaria, alcanzando el primer puesto del ranking continental en 2026. España ha pasado de no figurar en el listado en 2021, a entrar por primera vez en 2022 en séptima posición; escalar al cuarto puesto en 2024; alcanzar el segundo lugar en 2025 y culminar ahora en la primera posición.

Así lo confirma el European Investor Intentions Survey 2026 de CBRE, que recoge las perspectivas de casi 700 inversores con base en Europa en un contexto en el que la confianza del inversor continúa fortaleciéndose y aumentan las expectativas de actividad de inversión. Por detrás de España, se encuentran Reino Unido en segundo lugar, mientras que Polonia mantiene su tercera posición.

Casi la mitad de los inversores cross‑border seleccionan España como su principal destino por potencial de retorno, apoyado en la fortaleza de su economía, una fuerte demanda residencial y la escasez de oferta en determinados segmentos, lo que presiona al alza rentas y absorción.

Por segundo año consecutivo, España vuelve a ser el único país con dos ciudades situadas entre las cinco más atractivas de Europa para los inversores internacionales. El informe sitúa a Madrid en el segundo puesto, por detrás de Londres, consolidando su atractivo gracias a su tamaño de mercado y dinamismo económico. Barcelona está en el cuarto puesto, mientras que Lisboa ocupa la octava posición en el ranking.

El plan de Castilla-La Mancha para salvar la ganadería extensiva: “Está en peligro de extinción”

Enzo Iriarte — Thu, 23 Apr 2026 14:06:54 +0000

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este jueves un plan de cinco puntos para salvar la ganadería extensiva, apostando por un modelo que combina “tradición, competitividad y sostenibilidad”. La estrategia, desarrollada junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y con el visto bueno de las asociaciones agrarias y el colegio de veterinarios, está “viva” y se desarrollará “en virtud de la realidad”, según ha detallado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Según ha señalado el consejero, este plan de cinco puntos se ha elaborado para reconocer el papel social de los ganaderos, que son “esenciales” para fijar población, generar empleo y mantener vivos sus pueblos. “No en vano la ganadería constituye un pilar estratégico dentro del sector primario, con una contribución relevante al PIB regional agrario de un 4%”, ha señalado.

Martínez Lizán ha destacado también que, desde el apartado económico, pretenden reforzar los más de 184 millones de euros con los que cuenta el sector ganadero y que proceden de fondos europeos, la Administración general del Estado y fondos propios de la comunidad autónoma. A esta cuantía se le suman otras ayudas, como la de extensificación avícola, con casi 12 millones de euros, o los 48,5 millones para la incorporación de jóvenes al sector.

Cinco ejes de actuación y 40 medidas

Desde el gobierno autonómico han destacado que plan no pretende finalizar con el modelo intensivo, sino que “reconoce su complementariedad y promueve su convivencia equilibrada”. No tiene porqué haber dicotomías entre la ganadería intensiva y la extensiva porque son compatibles y todas son importantes, pero en la extensiva es donde hemos visto mayor incidencia en la desaparición progresiva de este tipo de ganado y por lo tanto tenemos que intentar apoyarla”, ha señalado el consejero.

Según los datos de Castilla-La Mancha, en el territorio participan más de 10.000 explotaciones de ganadería, de los que 5.600 han pedido ayudas vinculadas al pasto en la PAC, lo que puede indicar que el porcentaje de explotaciones vinculadas a la ganadería extensiva está por encima del 50%. Por ello, la estrategia, articulada en cinco ejes y con 40 medidas, combina modernización, sostenibilidad ambiental, sanidad animal, innovación y valorización de los productos.

El primer eje es la mejora de la competitividad, con medidas para reforzar la viabilidad económica de las explotaciones. El segundo es la sostenibilidad ambiental, donde se reconoce a la extensiva como una herramienta clave de gestión del territorio, fomentando el pastoreo como medida de conservación, prevención de incendios y protección de la biodiversidad.

El tercer eje gira en torno a la sanidad animal, priorizando la prevención y el control de enfermedades mediante una mejor comunicación en el sector. El cuarto, formación I+D+i, apuesta por la profesionalización y la innovación a través de la colaboración con centros de investigación. El último eje, comercialización y promoción, está orientado a mejorar la rentabilidad de los ganaderos con la diferenciación y promoción de los productos de origen extensivo.

Las reacciones del sector

Desde el sector ganadero han valorado positivamente el proyecto, aunque con algunas puntualizaciones. La presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto, ha apuntado que la organización ya presentó hace tres años a la Consejería un plan de ganadería que incluía no solamente la extensiva, sino también la intensiva y semi intensiva. “Un plan bastante más ambicioso que lo que vamos a ver hoy”, ha dicho.

Además, ha lamentado que la ganadería extensiva se encuentra “en peligro de extinción” y “no es rentable”, lo que conlleva falta de relevo generacional y falta de mano de obra. En esta línea, han pedido que esta estrategia vaya acompañada de un “presupuesto fuerte” para hacer frente a problemas como enfermedades, que la PAC no esté orientada a este tipo de ganadería o los costes de producción cada vez más elevados.

Por su parte, el secretario de la Asociación Nacional de Ganaderos de Raza Manchega (Agrama), Roberto Gallego, se ha mostrado “muy a favor” del reconocimiento y la puesta en valor “que se le puede dar” a la ganadería en extensivo. “Entendemos que esto sobre todo redunda en una protección y en una ayuda a las razas autóctonas”, ha añadido.

El PSOE quiere blindar la vivienda protegida y exige más controles tras las dudas sobre adjudicaciones en ciudades gobernadas por el PP

Esther García López — Thu, 23 Apr 2026 14:04:28 +0000

El PSOE ha dado un paso más en el Congreso al registrar una proposición no de ley con la que pretende endurecer los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida. La iniciativa llega en un contexto de creciente tensión política en torno al acceso a la vivienda y busca blindar de forma permanente el carácter público de este tipo de inmuebles.

El Grupo Socialista justifica esta medida en la “preocupación social” generada por distintos procesos de adjudicación de vivienda de protección oficial en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Entre los casos señalados figuran ciudades como Alicante, Málaga, Alzira o Logroño.

Según los socialistas, estas actuaciones “erosionan la confianza ciudadana” y evidencian la necesidad de reforzar las garantías públicas en un ámbito especialmente sensible.

Procedimientos claros y evitar irregularidades

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la implantación de procedimientos de adjudicación “claros y objetivos”. El PSOE plantea que el acceso a la vivienda protegida se rija estrictamente por criterios de transparencia y concurrencia pública, priorizando a los solicitantes inscritos en registros oficiales y respetando el orden establecido.

El objetivo es evitar arbitrariedades y asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan. Para ello, se propone reforzar los registros públicos de demandantes, considerados una herramienta clave para ordenar la demanda y garantizar la equidad en el reparto.

Además, el texto incluye el impulso de nuevos mecanismos de supervisión y control, así como herramientas de vigilancia institucional que permitan detectar posibles irregularidades en tiempo real y corregirlas con mayor agilidad.

Blindaje permanente frente a la especulación

Otro de los puntos más relevantes de la proposición es el blindaje de la vivienda protegida para impedir que pierda su carácter social con el paso del tiempo. El PSOE plantea que todas aquellas viviendas construidas o adquiridas con ayudas públicas, beneficios fiscales o en suelo público mantengan de forma permanente su régimen de protección.

Esto implica que no podrán descalificarse mientras el suelo conserve su naturaleza pública, cerrando así la puerta a que estos inmuebles acaben en el mercado libre y sean objeto de especulación.

Asimismo, la propuesta insiste en que estas viviendas deben destinarse exclusivamente a residencia habitual, salvo en casos excepcionales previstos por la normativa, como situaciones de emergencia o necesidades temporales, siempre bajo autorización administrativa.

Auditorías y revisión del suelo público

La iniciativa socialista va más allá del control en la adjudicación y propone una revisión profunda del sistema. Entre las medidas planteadas se encuentra la elaboración de un inventario detallado del parque público de vivienda y del suelo disponible con potencial residencial.

También se contempla la realización de auditorías sobre las adjudicaciones y la venta de suelo público llevadas a cabo en los últimos tres años. El objetivo es identificar posibles irregularidades y establecer mecanismos correctores que refuercen la confianza en la gestión pública.

Con este paquete de medidas, el PSOE busca situar el debate sobre la vivienda en el centro de la agenda política, en un momento en el que el acceso a un hogar asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en España.

La inteligencia artificial impulsa la productividad: el 67% de los trabajadores percibe la IA como una aliada para mejorar en su empleo

Andrea de Lucas — Thu, 23 Apr 2026 14:00:59 +0000

La inteligencia artificial ha entrado en nuestras vidas para quedarse, hasta tal punto que ya se ha introducido en el mercado laboral. Las empresas han ido cambiando su funcionamiento interno para hacer un hueco a la IA, que ha pasado de ser un experimento a convertirse en una pieza central del día a día de los trabajadores. Y es que, según el último Informe Workmonitor 2026, elaborado por Randstad Research, más de seis de cada diez compañías aseguran que la IA ha permitido a sus plantillas trabajar con mayor eficiencia.

El estudio, que recoge la opinión de más de 26.000 profesionales y 1.225 empresarios en 35 mercados, revela que la implantación de la IA está incrementando la productividad, no solo desde la perspectiva de los directivos, sino también de los propios trabajadores. Además, sitúa a España a la cabeza de Europa en cuanto a percepción positiva del impacto de la tecnología en el trabajo diario.

Diferencias en la percepción de los beneficios de la IA

Aunque la mayoría de las compañías reconoce que la inteligencia artificial ha supuesto un avance en su rendimiento, el análisis pone sobre la mesa una brecha entre lo que perciben los empleadores y lo que sienten los empleados respecto a las ventajas de esta transformación. El 63% de las empresas afirma haber visto aumentar su productividad gracias a la IA, mientras que el 67% de los trabajadores en España considera que la tecnología contribuye a mejorar su desempeño.

Y, al compararnos con otros países europeos, solo Portugal se acerca a los niveles de percepción positiva que se registran en España. Allí, el 60% de los trabajadores nota mejoras en su productividad por la IA. Italia y Grecia siguen la estela, mientras que Alemania, Bélgica, Países Bajos y Francia presentan porcentajes más bajos.

En cuanto a la visión de los empleadores, la situación es más variada. Portugal y Países Bajos destacan con un 70% de empresas que han mejorado su productividad gracias a la IA. Italia y Francia también presentan cifras elevadas, mientras que España se mantiene en una posición destacada, superando ampliamente a Bélgica.

Pero no todo es optimista. Una gran parte del talento percibe que el beneficio real de la IA recaerá más en las empresas que en los propios empleados. De hecho, casi la mitad de los trabajadores cree que la adopción de estas tecnologías favorecerá principalmente a las organizaciones, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar la comunicación y la transparencia interna.

En cuanto al impacto real de la inteligencia artificial en el entorno laboral en España, el informe indica que la mayoría de empresas y trabajadores coincide en que la IA ya ha transformado la productividad, aunque persisten dudas sobre la distribución justa de esos beneficios y sobre el futuro de ciertos roles profesionales.

Formación en IA, la clave para la adaptación

La implantación de la IA en los procesos y tareas diarias ha generado una fuerte demanda de formación específica en este campo. Un 65% de los profesionales consultados a nivel global considera que su empresa debería invertir más en el desarrollo de habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Y es que los trabajadores quieren acompañamiento para adaptarse a un entorno en el que la tecnología cambia con rapidez.

En España, hay mucha confianza en el propio dominio tecnológico. El 73% del talento afirma sentirse capaz de utilizar las últimas herramientas digitales. Sin embargo, esa seguridad no elimina la necesidad de actualizarse de forma continua. La inversión en formación, por tanto, se percibe como un elemento esencial para manejar nuevas tecnologías y para fortalecer la seguridad y el compromiso en un contexto donde lo digital gana terreno día a día.

El director general de Randstad Enterprise en España, Oriol Mas, subraya la importancia de este proceso de acompañamiento: “Estamos avanzando hacia una fase de mayor madurez de la inteligencia artificial en las empresas. Todos disponemos de herramientas de una gran potencia en clave de acceso al conocimiento y la productividad. Ahora el reto es acompañar al talento en esta transición”.

Preocupación ante la desaparición de empleos

El avance acelerado de la inteligencia artificial no solo genera expectativas, sino también inquietudes entre los trabajadores. El 34% de los profesionales consultados a nivel global teme que su empleo desaparezca en los próximos cinco años debido al impacto de la IA. Esta preocupación se intensifica si se observa que seis de cada diez empleadores españoles creen que la inteligencia artificial afectará a entre el 50% y el 100% de las tareas dentro de sus organizaciones. La transformación del trabajo parece inevitable.

Lejos de resignarse, más de la mitad del talento global se muestra proactivo y busca fórmulas para asegurar su posición y mantener su empleabilidad. Desde Randstad no anticipan una sustitución masiva de personas por máquinas, sino una redefinición de los puestos y las funciones, donde la colaboración entre capacidades humanas y tecnología será crucial.

Para Oriol Mas, la clave está en “invertir en formación, comunicar con transparencia y rediseñar los modelos de colaboración para cerrar la brecha de confianza. Más allá de disponer de una nueva herramienta, hay que transformar nuestra forma de trabajar, crear casos de uso concretos”.

Lo que tienes que tener en cuenta si vas a comprar una vivienda alquilada

Naroa Caro — Thu, 23 Apr 2026 11:11:34 +0000

Comprar una vivienda que ya está alquilada puede parecer una operación atractiva desde el punto de vista del inversor, ya que el inmueble genera ingresos desde el primer día y evita el proceso de búsqueda de inquilinos. Sin embargo, detrás de esta aparente ventaja existen implicaciones legales, económicas y prácticas que conviene entender del todo antes de tomar una decisión. En este tipo de compraventa, el elemento central no es solo el inmueble, sino también el contrato de arrendamiento asociado. Esto convierte la operación en algo diferente a la compra de una vivienda libre, ya que el comprador no adquiere únicamente un activo físico, sino también una relación contractual en vigor.

El primer aspecto clave es que el contrato de alquiler no desaparece con la venta. El nuevo propietario se subroga en los derechos y obligaciones del anterior arrendador. Esto significa que debe respetar íntegramente las condiciones pactadas (duración, renta y cláusulas establecidas) y que el inquilino puede permanecer en la vivienda.

Este principio está recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que protege la continuidad del inquilino incluso cuando la propiedad cambia de manos. En la práctica, esto implica que el comprador no puede modificar el alquiler ni recuperar la vivienda para uso propio hasta que finalice el contrato, salvo supuestos muy concretos.

Derechos del inquilino antes y después de la venta

Otro elemento relevante es el derecho de adquisición preferente del inquilino, conocido como derecho de tanteo. En caso de venta, el arrendatario tiene prioridad para comprar la vivienda en las mismas condiciones que un tercero. Además, dispone de un plazo legal para decidir si ejerce ese derecho. Este aspecto legal obliga al vendedor a comunicar formalmente la intención de venta y respetar los plazos establecidos. Si no se cumple correctamente este procedimiento, la operación puede ser impugnada, generando inseguridad jurídica para el comprador.

Más allá del marco legal, la compra de una vivienda alquilada impone limitaciones prácticas importantes. El comprador no puede disponer libremente del inmueble mientras dure el contrato. Esto significa que no podrá residir en él ni modificar su uso hasta que finalice el arrendamiento. También pueden surgir dificultades en la gestión del inmueble, como la realización de visitas o inspecciones, que dependen del consentimiento del inquilino. Estas restricciones reducen la flexibilidad del propietario y condicionan su capacidad de actuación.

Quién es el inquilino: perfil y riesgos

Desde el punto de vista financiero, una de las principales ventajas es la obtención inmediata de rentas. No es necesario buscar inquilino ni asumir periodos de vacancia inicial. Sin embargo, esta ventaja debe analizarse con cautela. Es fundamental comprobar si la renta actual está alineada con el mercado. En algunos casos, el alquiler puede estar por debajo de los precios actuales, lo que limita la rentabilidad durante años si el contrato no permite actualizaciones. Por tanto, el inversor debe evaluar no solo el ingreso inmediato, sino su sostenibilidad a medio y largo plazo.

Para ello, el perfil del inquilino es un factor determinante. Su historial de pagos, estabilidad económica y comportamiento previo influyen directamente en la seguridad de la inversión. Un inquilino cumplidor aporta estabilidad, mientras que posibles incidencias pueden generar problemas de gestión y rentabilidad. Por ello, resulta esencial analizar la solvencia del arrendatario antes de cerrar la operación, así como revisar el historial del contrato y posibles incidencias previas.

Además, aunque la vivienda ya esté ocupada, el estado del inmueble no debe pasarse por alto. El mantenimiento, el uso y la antigüedad pueden afectar a su valor real y a los costes futuros. En ocasiones, la imposibilidad de realizar inspecciones detalladas puede generar incertidumbre adicional, pero es esencial tomar las medidas posibles para asegurarse de que el uso habitual de la vivienda por parte de los inquilinos no ha causado perjuicios al inmueble.

Ser autónomo es factor de riesgo en España: los trabajadores por cuenta propia tienen una mayor tasa de pobreza que la de los asalariados

Noelia Tabanera — Thu, 23 Apr 2026 09:58:51 +0000

¿Qué es ser pobre? La respuesta a esta pregunta suele ir seguida de un depende de con quién te compares. Pero no es exactamente así. A día de hoy hay una cifra: si en un año has recibido menos de 11.217 euros, estás en el umbral de pobreza. Es lo que se conoce como renta disponible equivalente. Si esta cifra baja hasta los 7.478, la situación es de extrema pobreza. Son datos del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del ministerio de Hacienda, que ha publicado un análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza.

Este documento examina cómo se distribuyen la renta y la pobreza entre los hogares españoles entre 2017 y 2023. La desigualdad de la renta ha disminuido de forma sostenida: los hogares con menos ingresos han visto crecer su renta real más que los hogares más ricos, y la brecha entre los extremos de la distribución de ingresos se ha reducido notablemente. No obstante, en este artículo nos centraremos en la brecha existente entre los trabajadores por cuenta propia y los de cuenta ajena.

Ahí va la principal conclusión: los hogares en los que el ingreso principal proviene de trabajadores autónomos o por cuenta propia presentan tasas de pobreza mucho más elevadas que aquellos sustentados por asalariados. La diferencia entre ambos grupos es notable. La tasa de pobreza en los hogares con ingresos empresariales asciende al 31,04%, mientras que en los hogares asalariados es del 19,79%.

No se trata solo de un mayor número de hogares pobres, sino de una brecha que se ensancha cuando se analizan los niveles de pobreza extrema y la profundidad de la carencia económica. En los hogares de trabajadores autónomos, la pobreza extrema afecta al 16,96%, frente al 9,65% en los asalariados. Además, la intensidad de la pobreza —es decir, la distancia media de los ingresos respecto al umbral mínimo— es del 12,57% en los primeros y del 8,36% en los segundos. “Esta brecha indica que quienes dependen principalmente de ingresos empresariales o de actividades económicas enfrentan una mayor vulnerabilidad y están más expuestos tanto a la incidencia como a la profundidad de la pobreza”, indica el informe.

La protección social beneficia a asalariados

Estas cifras dejan claro que los hogares con trabajadores por cuenta propia soportan una vulnerabilidad mucho mayor frente a la pobreza. La explicación de esta diferencia está en varios factores. Por un lado, los ingresos de los autónomos suelen ser más inestables que los de los asalariados, con fluctuaciones sensibles según el ciclo económico, el sector de actividad y la demanda de servicios. Por otro, la cobertura del sistema de protección social es mucho más limitada para quienes trabajan por cuenta propia: el acceso a prestaciones contributivas, subsidios por desempleo y otras ayudas públicas es más difícil o, en muchos casos, inexistente.

La situación se agrava si se considera la relación de los hogares autónomos con el sistema de prestaciones. En los primeros deciles de renta, es decir, en los hogares con menores ingresos, la proporción de la renta que proviene de prestaciones públicas es significativa en los asalariados, pero mucho más limitada en los trabajadores por cuenta propia. Esto significa que la capacidad del sistema de protección para reducir la pobreza es mucho menor entre los autónomos, que dependen casi exclusivamente de su actividad económica para mantener el nivel de vida.

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

Gonzalo García Crespo — Thu, 23 Apr 2026 09:36:30 +0000

En situaciones de bajas laborales prolongadas, puede darse alguna confusión sobre cuándo tiene que volver un empleado a su puesto de trabajo. Y esa confusión puede tener graves consecuencias para los empleados... y para las empresas. Ahora, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha considerado que una compañía no justificó el despido de un trabajador, a quien extinguió el contrato por supuestamente faltar a su puesto sin justificación, y ha ordenado que le ofrezca la reincorporación o el pago de una indemnización de más de 22.000 euros.

El caso comenzó cuando la empresa despidió al empleado después de seis días de ausencias al trabajo que, según la compañía, permanecían injustificadas, lo que constituía una “falta grave” y permitía aplicar un despido directo. Hasta aquí parece una situación sencilla con una resolución rápida. Pero las cosas eran más complicadas.

Y es que el trabajador llevaba tiempo de baja, y estaba inmerso en el proceso burocrático de solicitar la incapacidad permanente. Dos semanas antes de su despido, la Seguridad Social le denegó esta solicitud. El problema es que no se lo comunicó al trabajador, pero la empresa sí se enteró de ello. Por ello, presionó al empleado para que aclarase si iba a volver o no, exigiéndole respuesta en 24 horas por correos electrónicos certificados. Ante la falta de respuestas, formalizó el despido, acusando al trabajador de no reincorporarse tras la supuesta notificación de la Seguridad Social.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cuándo se termina efectivamente la suspensión del contrato por incapacidad, señala que la obligación de volver al trabajo solo surge tras la notificación oficial de la resolución de la Seguridad Social al trabajador, no desde el momento en que la empresa se entera de ello.

En palabras del fallo, “solo a partir de ese momento el trabajador debe incorporarse a su puesto de trabajo y, por tanto, solo entonces tendrá derecho a cobrar el salario”. Este principio protege al empleado de demoras administrativas que no le son atribuibles. Y es que la notificación efectiva se produjo 10 días después de que fuera despedido, por lo que los jueces consideraron que en ese momento el trabajador seguía protegido por la baja laboral.

No leyó los correos de la empresa

El expediente deja en claro los tiempos y las notificaciones: el hombre llevaba casi dos años de baja, y al agotarse la prestación, el INSS denegó su petición de incapacidad permanente y lo notificó a la empresa. La compañía presionó al trabajador mediante actas y correos para que volviera a su trabajo, pero este no los leyó. Y la notificación oficial de la Seguridad Social, en la que se le indicaba que debía reincorporarse, no le llegó hasta después de que ya hubiera sido despedido. “No puede verse perjudicado el trabajador por la demora en dicha notificación imputable a la entidad gestora, ni por la información errónea acerca de la notificación de la resolución”, señala el fallo.

Como resultado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó que no hubo “incumplimiento grave y culpable” y que la empresa actuó de manera apresurada al despedirlo antes de la notificación oficial de baja médica.

Por eso, ordenó ofrecerle la reincorporación o, en su defecto, una compensación económica de 22.385,94 euros, además de pagarle 62,14 euros diarios por los días no trabajados entre el despido y la decisión judicial.

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

Naroa Caro — Thu, 23 Apr 2026 09:24:08 +0000

El precio del combustible ha dado un respiro a los conductores al anotar bajadas esta semana, tras varias alzas consecutivas: el precio medio del litro de gasóleo se ha reducido un 4,1% y se sitúa en 1,807 euros, mientras que el precio de la gasolina también ha bajado un 2,31%, alcanzando los 1,516 euros. Este descenso en ambos carburantes rompe la tendencia de subidas registrada por el diésel desde el estallido del conflicto en Irán y las recientes tensiones en Oriente Próximo, mientras que la gasolina acumula ya tres semanas a la baja.

Los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, citados por Europa Press, muestran que la reciente caída en los precios vuelve a colocar el coste del diésel por debajo de los niveles previos a la entrada en vigor de las medidas fiscales del Gobierno el pasado 22 de marzo. En aquel momento, el litro de gasóleo rozaba los 1,883 euros.

Esta disminución responde en parte a las rebajas fiscales impulsadas por el Ejecutivo, que incluyeron la reducción del IVA al 10% para gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como una bajada al mínimo permitido del impuesto especial sobre hidrocarburos. A estas medidas se sumaron ayudas específicas para transportistas y el sector agrícola, con el objetivo de atenuar el efecto del encarecimiento del petróleo, agravado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, la fuerte subida del crudo había contrarrestado el efecto de la iniciativa hasta que el alto al fuego en Irán ha comenzado a moderar los precios por barril.

Actualmente llenar un depósito medio cuesta 99,38 euros en el caso del diésel, lo que supone un incremento de 21,61 euros respecto al año anterior. Para los conductores con vehículos de gasolina, el repostaje se traduce en un desembolso de 83,38 euros, apenas 1,1 euros más que hace doce meses.

Factores que influyen en el precio de los carburantes

El precio final de los carburantes en España responde a una combinación de elementos: la cotización específica de cada producto, la evolución del crudo internacional, la fiscalidad vigente, los costes logísticos y los márgenes comerciales. Además, la relación entre el precio del crudo y el coste en los surtidores no es inmediata, sino que suele producirse con cierto retraso.

Aunque la escalada de precios desde el inicio del conflicto en Irán ha sido motivo de preocupación en los mercados internacionales y entre los consumidores, los valores actuales permanecen muy por debajo de los máximos históricos registrados en el verano de 2022, cuando la gasolina llegó a 2,141 euros el litro y el diésel a 2,1 euros.

El precio en España sigue por debajo de la media europea

Pese a las subidas, tanto la gasolina como el diésel en España continúan por debajo de la media comunitaria. La gasolina sin plomo 95 se mantiene por debajo de los 1,827 euros que marca la media de la Unión Europea y de los 1,89 euros de la eurozona. El diésel, por su parte, también resulta más barato que los 2,007 euros de la media europea y los 2,167 euros del área euro.

Este diferencial sitúa a los conductores españoles en una posición menos gravosa respecto a otros países del entorno, a pesar de que el impacto de las crisis internacionales y las fluctuaciones del mercado siguen condicionando el bolsillo de los consumidores.

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Naroa Caro — Thu, 23 Apr 2026 07:38:11 +0000

Las operaciones de compraventa de viviendas en España descendieron un 0,5% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta situarse en un total de 59.689 transacciones, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El registro confirma la ralentización en la actividad de este sector observada el mes anterior, pero el ritmo en el que cae el número de operaciones también se ha reducido de forma notable desde la bajada del 5% de enero.

La caída interanual en la cifras de compraventa durante febrero se explica tanto por el descenso de operaciones sobre viviendas usadas, que retrocedieron un 0,2% hasta 45.881 transacciones, como a la disminución registrada en el segmento de las viviendas nuevas, que bajaron un 1,6%, cerrando el mes con 13.808 operaciones.

En detalle, el 93,7% de las viviendas transmitidas en el mercado correspondió a viviendas libres, mientras que solo el 6,3% fueron protegidas. Las operaciones sobre viviendas libres se mantuvieron estables, con 55.938 compraventas, cifra idéntica a la del año anterior, pero el segmento de vivienda protegida descendió un 7,9%, quedando en 3.751 transacciones.

Avance del 3,8% entre enero y febrero

En la comparación mensual, la compraventa de viviendas muestra una recuperación frente a enero, con un incremento del 3,8%. Este repunte se ha reflejado en ambos segmentos: las transacciones de viviendas nuevas crecieron un 1,7%, mientras que las usadas avanzaron un 4,5%. El dato sugiere que, pese al retroceso en la comparativa anual, la actividad inmobiliaria puede comenzar a presentar señales de dinamismo al inicio de 2026.

Sin embargo, el retroceso de las compraventas en los dos primeros meses del año sitúa el incremento acumulado en apenas un 2,8%, una cifra muy inferior al impulso registrado en 2025, cuando el sector alcanzó un crecimiento del 11,5% y sumó 714.237 operaciones, el mayor nivel desde 2007. Esta ralentización coincide con un contexto de oferta limitada y precios en ascenso, lo que dificulta especialmente el acceso a la vivienda para jóvenes y personas con menores recursos.

Murcia pierde casi un 15% y en Navarra se vende un 18,7% más

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

Naroa Caro — Thu, 23 Apr 2026 06:23:45 +0000

Cada año, la campaña de la renta vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones financieras de millones de contribuyentes. Entre plazos, borradores y posibles deducciones, es habitual que surjan dudas sobre hasta qué punto el proceso garantiza que todo esté correctamente declarado. La creciente digitalización y la asistencia ofrecida por la Administración han simplificado muchos trámites, pero también han generado ciertas percepciones erróneas sobre el alcance de ese acompañamiento.

Javier Avial, asesor financiero, advierte sobre un error frecuente: “Mucha gente piensa que por hacer la declaración de la renta en Hacienda ya está todo perfecto. Y ojo, porque esto no es así.” Esta idea, bastante extendida, se apoya en la confianza en el sistema y en la figura del funcionario, pero no siempre refleja cómo funciona realmente el proceso.

El experto subraya una confusión común sobre el papel del funcionario: “El funcionario de Hacienda no revisa tu vida ni comprueba si todo está bien por su cuenta. Él hace la declaración con la información que tú le das. Punto.” En la práctica, esto significa que la Administración actúa como intermediaria técnica, no como un auditor que verifique de forma independiente todos los datos del contribuyente. El borrador o la ayuda presencial pueden facilitar el trámite, pero no sustituyen la revisión exhaustiva de la información personal y fiscal.

Pedir ayuda a un técnico no siempre es suficiente

En un video publicado en su perfil de TikTok (@javier.avial.asesores), Avial recalca que cualquier omisión o error al aportar los datos puede tener consecuencias directas. “Si tú dices algo mal, si se te olvida un dato o si no mencionas una deducción, él lo va a poner tal cual”, insiste. Este aspecto resulta especialmente relevante en un contexto donde existen múltiples fuentes de ingresos, deducciones autonómicas o situaciones personales que pueden afectar al resultado final. La falta de actualización o de conocimiento puede traducirse en pagar más de lo debido o, por el contrario, en cometer errores que deriven en sanciones.

La clave, según el asesor, es la responsabilidad exclusiva del contribuyente sobre la veracidad de la declaración presentada. “La responsabilidad de la declaración es únicamente tuya, aunque te la haya hecho Hacienda”, advierte. Este principio, recogido en la normativa fiscal, implica que delegar la confección del documento no exime de posibles consecuencias si la información es incorrecta o incompleta. Por ello, revisar cada apartado con detenimiento se convierte en una práctica esencial.

La responsabilidad es del contribuyente

Si existen errores, pagos en exceso o deducciones no aplicadas, nadie notificará al contribuyente de forma proactiva. Avial advierte: “Si hay un error, si falta algo o si has pagado de más, no van a venir a avisarte.” Esta realidad pone de relieve la importancia de adoptar una actitud activa, revisando los datos fiscales, contrastando la información y, en caso necesario, recurriendo a asesoramiento especializado independiente.

El especialista es contundente: “Si hay una revisión de la propia Agencia Tributaria, el responsable sigues siendo tú.” Este escenario puede implicar requerimientos de información adicional, comprobaciones o incluso sanciones si se detectan irregularidades. Por ello, comprender el funcionamiento del proceso y asumir un papel más consciente en la gestión fiscal resulta fundamental para evitar problemas futuros.

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

Enzo Iriarte — Thu, 23 Apr 2026 05:30:00 +0000

El tomate, uno de los alimentos más consumidos en la mesa de los españoles, ha simbolizado en los últimos meses la reducción de las exportaciones agrícolas españolas a la Unión Europea frente a los productos procedentes de Marruecos. Históricamente, España se ha posicionado como el principal suministrador de este alimento dentro del bloque comunitario, pero, en la última década, ha ido menguando su peso y viendo cómo Marruecos ganaba mercado, ocupando ahora ese primer lugar como exportador de tomate para la UE.

Desde la asociación agrícola Fepex han alertado de la caída en la producción nacional de tomate para consumo en fresco, al tiempo que el marroquí se introducía en el mercado europeo. Juan Jesús Lara, presidente del Comité de Tomate de Fepex, ha destacado que, desde 2022, España perdió su lugar como principal exportador en la UE. “Las exportaciones de tomate de Marruecos a la UE desde 2012, cuando entró en vigor el protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación, han aumentado hasta 2025 un 52%“, ha señalado.

Según el experto, en los últimos diez años, las compras comunitarias de tomate marroquí han crecido un 34% -mismo porcentaje que han disminuido las ventas españolas a la UE-. Además, ha señalado que el retroceso español “no es fruto del azar ni una falta de competitividad”, sino que se produce en un contexto en el que a los agricultores comunitarios se les exige cumplir con normas laborales, sociales, medioambientales y fitosanitarias cada vez más estrictas, “mientras que los productos importados de terceros países acceden al mercado europeo sin estar sujetos a esas mismas obligaciones”.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el comercio agroalimentario y pesquero entre los 27 y Marruecos da un saldo positivo para el país africano. En 2024, la UE exportó a Marruecos 6,5 millones de toneladas por un valor de 3.795 millones de euros, mientras que importó dos millones de toneladas por un valor de 5.212 millones, lo que deja un balance positivo de 1.417 millones para Marruecos.

Además, entre 2022 y 2024, la Unión Europea importó desde Marruecos tomates frescos o refrigerados por un total de 2.795 millones de euros. A nivel internacional, el tomate es el principal producto que exporta el Reino de Marruecos, mientras que los principales destinos de sus productos son España (25,1% de sus exportaciones en 2024), Francia (21,5%), Reino Unido (9,5%), Alemania (9,3%) e Italia (4,9%).

El Sáhara, la clave de este ‘sorpasso’

En esta disputa exportadora juega un papel clave el Sáhara, ya que es una de las zonas productoras de tomate que utiliza Marruecos para aumentar su volumen de exportación. Según ha detallado Lara, la CE ha “desvirtuado” dos sentencias clave del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2024 que reconocían al Sáhara Occidental como un territorio distinto de Marruecos, por lo que excluían al tomate producido en el Sáhara de las ventajas arancelarias del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos y obligaban a indicar claramente su origen en el etiquetado.

Sin embargo, la Comisión, en negociación directa con Marruecos, ha permitido que estas producciones se beneficien de las ventajas arancelarias y ha modificado la normativa de etiquetado, “privando al consumidor de transparencia y vulnerando principios básicos del derecho comunitario”. Desde Fepex alertan de que esta situación se replicará en el resto de hortalizas, ya que Marruecos tiene previsto aumentar la superficie de regadío en el Sáhara Occidental, lo que incrementará su producción en un 1.000%, siendo la UE su principal destino.

A esta situación se suma la denuncia del “agujero negro informativo en las estadísticas oficiales de la UE” hecha desde COAG. Según ha explicado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de la organización agraria, en lo que va de campaña, “no aparecen datos fiables sobre el volumen importado”, observando en las estadísticas oficiales una reducción de importación, algo que, a su juicio, “no obedece a la realidad de la presencia del tomate en los mercados europeos”.

Según ha detallado Góngora, el propio comisario de Agricultura de la UE ha confirmado a la organización que “los datos no demuestran la realidad”, ya que los Estados miembros no están aportando la información sobre el volumen importado de tomate marroquí, ni tampoco del Sáhara. “Esto ahonda en la competencia desleal que Marruecos genera sobre los agricultores europeos. Algo intolerable y que obedece a la línea que la UE lleva en los últimos años, un proceso de liberalización comercial que destroza nuestras explotaciones”, ha lamentado.

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Andrea de Lucas — Thu, 23 Apr 2026 05:30:00 +0000

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas estructurales y sociales en España. Los precios desorbitados y la falta de oferta asequible están asfixiando financieramente a miles de familias que destinan gran parte de sus ingresos al pago del alquiler mensual. Y, en medio de este crítico escenario, ha empezado a surgir el relato de que el mercado se sostiene gracias al “pequeño propietario”, ese ciudadano de a pie que, con el esfuerzo de toda una vida, logró comprar una segunda residencia para complementar su nómina o su pensión. Pero nada más lejos de la realidad. Un análisis del Ministerio de Consumo, en colaboración con el CSIC y con datos del 2023, demuestra que el negocio inmobiliario está controlado mayoritariamente por personas y entidades que acumulan varias propiedades.

Cuando se suma el peso de las empresas, los rentistas, fondos de inversión y el parque de titularidad pública, la balanza se inclina hacia el lado de los grandes propietarios. Según señala la investigación, “alrededor del 60% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores y personas jurídicas”, lo que deja a la figura del pequeño propietario en una posición claramente minoritaria frente a los grandes actores del sector, ya que el propietario de un único inmueble “controla menos del 40% de las viviendas alquiladas” en nuestro país. Un ecosistema corporativo e institucional que gestiona más de medio millón de inmuebles.

Según estimaciones del Informe Anual 2023 del Banco de España, las empresas, fondos de inversión y otras asociaciones gestionan unas 223.552 viviendas, lo que supone aproximadamente un 8% del total. A esto hay que sumar el parque público y social, que aporta unas 300.000 viviendas. En total, las personas jurídicas y las entidades públicas aglutinan alrededor de 523.552 inmuebles, representando un 17% del mercado de arrendamiento. El resto, un 43%, pertenece exclusivamente a particulares físicos que acumulan más de dos viviendas. Cabe destacar que, al analizar el grueso del mercado que está en manos de particulares, el estudio se basa en las deducciones del IRPF para vivienda habitual, lo que significa que la radiografía excluye por completo el alquiler turístico o de locales.

Pocos caseros, muchos pisos y máxima concentración

El análisis también destaca que, si se pone la lupa únicamente sobre las personas físicas y se excluye a las grandes empresas, la estadística sigue desmontando la narrativa tradicional del pequeño arrendador. Así, subraya que “más de la mitad del alquiler particular en España ya está en manos de multiarrendadores”. En concreto, el 52,8% de los pisos ofrecidos por particulares pertenece a rentistas que gestionan carteras de dos o más inmuebles.

Una disparidad que se hace aún más evidente si se contrastan quiénes son los actores sociales de este mercado. Frente a un volumen de inquilinos que supera el 20% de la población nacional, apenas un reducidísimo 5,7% de los adultos españoles percibe rentas derivadas de alquilar una vivienda. Además, este fenómeno es mucho más pronunciado en los grandes núcleos urbanos y en las áreas con mayor atractivo turístico. Quienes acaparan estas carteras inmobiliarias tienden a concentrar su lugar de residencia (y el pago de sus impuestos) en las grandes urbes y zonas más tensionadas.

Un factor a tener en cuenta es que el informe clasifica la información en función de la residencia fiscal del declarante, y no según dónde se encuentran físicamente los inmuebles arrendados. Esto significa que, cuando los resultados muestran un alto porcentaje de multiarrendadores en una ciudad determinada, en realidad está contabilizando la cartera de propiedades de los rentistas que tributan en esa zona, con independencia de si sus viviendas están ubicadas en esa misma ciudad o repartidas por otras regiones.

Así, Las Palmas de Gran Canaria presenta la mayor concentración: el 64,9% de los caseros que tributan en la ciudad son multiarrendadores, frente a un 35,1% que dispone de un único inmueble. Un panorama de acumulación que se repite entre los rentistas residentes en regiones como Santa Cruz de Tenerife, donde el porcentaje se sitúa en un 64,6%, y en Palma de Mallorca, que alcanza el 63,1%. Por su parte, entre los arrendadores que viven en metrópolis como Barcelona y Madrid, los multiarrendadores representan el 60,8% y el 56,4%, respectivamente.

Valencia (55,0%) y Málaga (51,6%) también muestran mayorías claras para los acaparadores de pisos. La única gran ciudad analizada que no sigue esta tendencia es Sevilla, donde el rentista con un solo inmueble todavía representa una ligera mayoría del 53,2%. En la investigación se han quedado fuera el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, ya que el estudio se basa en los datos de la Agencia Tributaria y solo incluye los territorios del Régimen Fiscal Común.

Un crecimiento que beneficia al que más tiene

Y, lejos de corregirse, esta dinámica de desigualdad se ha ido acelerando en los últimos años. Entre 2016 y 2023, el parque total creció considerablemente, pasando de 1.900.883 inmuebles a 2.570.845 viviendas en esos siete años, pero los frutos de esa expansión no se repartieron por igual. El análisis detalla que “los pequeños caseros (con una sola vivienda) aumentaron su parque un 30,4%, mientras que los multiarrendadores lo hicieron un 39,9%”. El auge del alquiler ha servido, sobre todo, para engordar las carteras de quienes ya tenían un colchón inmobiliario sólido, lo que les ha permitido ampliar su patrimonio mucho más rápido que al resto.

Al final, el estudio destaca que el aumento de la oferta no ha supuesto una democratización de la vivienda, sino que ha consolidado un mercado que funciona cada vez más bajo una gran concentración. El pequeño casero sigue existiendo, pero su papel es cada vez más residual.

España blinda el queroseno, pero la dependencia de otros aeropuertos y el encarecimiento de los vuelos pueden afectar al turismo

Esther García López — Thu, 23 Apr 2026 03:00:34 +0000

El suministro de queroseno para la aviación está garantizado en España este verano lo que sitúa al país en una posición más sólida que la mayoría de socios de la Unión Europea. Esta ventaja se explica porque solo importa alrededor del 20% del combustible que consume, frente a economías como Alemania, Reino Unido o Francia, mucho más dependientes del exterior. Además, España cuenta con una elevada capacidad de refino que le permite transformar petróleo en combustible de aviación a gran escala, hasta el punto de que más del 80% del queroseno utilizado en sus aeropuertos se produce en el país.

Todo ello hace que “nuestra situación a corto plazo es muy positiva, en el sentido de que tenemos reservas de queroseno”, afirmó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Reconoce que España se encuentra en una “posición privilegiada” frente a otros países europeos. Y es que nuestro país cuenta con ocho refinerías, operadas por Repsol, Moeve y BP, lo que le permite responder con rapidez a la demanda.

Esta ventaja competitiva hace que España no tenga problemas de aprovisionamiento de combustible de aviación, sino todo lo contrario. “Tiene plena capacidad para afrontar el suministro energético del transporte aéreo”, ha asegurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Incidió en que España está “a tope” en materia de refino de combustibles de aviación y tiene una capacidad de almacenamiento muy fuerte, lo que permite garantizar que habrá queroseno suficiente para el verano.

Impacto sobre el turismo

La escasez de combustible y su encarecimiento en otros países pueden acabar impactando en el turismo español —uno de los pilares de la economía— debido a la “interdependencia” con aeropuertos internacionales, tal y como ha reconocido Hereu. “Nosotros podemos llenar los aviones en Málaga, Barcelona o Madrid, pero también vivimos de que en Heathrow o Hanover puedan llenar los aviones de queroseno”, ha señalado.

En este contexto, varias aerolíneas, como KLM o Lufthansa, han optado por suspender vuelos en las próximas semanas, no por falta de queroseno, sino porque su elevado coste no hace rentables muchas rutas. Una decisión que podría extenderse a otras compañías con operaciones en España. A este riesgo se suma el encarecimiento de los billetes de avión, un factor que amenaza con frenar la llegada de turistas en los próximos meses.

Por el momento, Hereu considera que las previsiones para los próximos meses son buenas. “Los datos hasta ahora no nos llevan a una gran preocupación”, ha señalado, y reconoce que las plazas reservadas para venir a España han aumentado.

“La verdad es que hasta ahora las previsiones son positivas. Esto no significa que no estemos encima día a día viendo lo que será la evolución en los próximos meses”, ha matizado el ministro, que ha garantizado que el Gobierno trabajará para proveer de energía al transporte aéreo, al turismo y al resto de actividades.

Los efectos positivos del conflicto

Frente al riesgo de la escasez y el encarecimiento del queroseno y la subida de los billetes de avión que pueden reducir la movilidad a nivel global, existen factores que, tras la guerra en Oriente Medio, benefician al turismo español, entre ellos el desplazamiento de la demanda desde las áreas más próximas a la zona del conflicto hacia España.

En este escenario, España se consolida como destino refugio para turistas internacionales que huyen de los países afectados por el conflicto. Este fenómeno no es nuevo; ya se produjo durante la Primavera Árabe de 2011, cuando la inestabilidad en varios destinos competidores provocó el desvío de millones de viajeros hacia España.

En algo más de un mes, ya se percibe una reorientación del turismo desde el Mediterráneo oriental hacia el occidental, lo que se ha traducido en un desplazamiento de flujos de viajeros desde destinos como Turquía o Egipto hacia países como España, Italia y Grecia.

El sector turístico: entre el optimismo y la incertidumbre

Ante la nueva situación internacional, el sector turístico español es optimista respecto a la llegada de visitantes. Así, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) espera un escenario favorable para la primavera y el verano de 2026, con una evolución “positiva” del sector, aunque condicionada por un entorno de incertidumbre geopolítica.

Aseguran que las perspectivas macroeconómicas continúan siendo favorables para el turismo, apoyadas en el alto nivel de empleo y la estabilidad del euríbor, que estimulan la capacidad de consumo. No obstante, subrayan que el conflicto en Oriente Medio introduce un elemento de “incertidumbre” que podría afectar a la economía europea si se prolonga en el tiempo.

“Una intensificación del conflicto podría impactar negativamente en el turismo si se producen tensiones en el suministro energético, encarecimiento del combustible, cierres de espacios aéreos o un deterioro de la estabilidad económica”, advierten.

Jorge Marichal, presidente de CEHAT, estima que “aunque las perspectivas para los próximos meses son positivas, no podemos perder de vista el actual escenario internacional, marcado por una elevada incertidumbre geopolítica que puede afectar directamente a la actividad turística”.

En la misma línea se pronuncia José Manuel Fernández Terán, socio responsable de Turismo, Transporte y Logística en PwC, quien anticipa “una primavera y un verano positivos, con una estabilidad y fortaleza del sector que se plasmará en una ligera mejora frente a los resultados del año pasado, siempre y cuando el conflicto no se alargue, ya que podría acarrear impactos negativos”.

Argumenta que esta mejora se observa gracias a la apuesta clara de los turistas europeos por España, tal y como refleja su crecimiento en la primera parte del año, su intención de viajar a nuestro país durante los próximos meses y la mejora en las previsiones de conectividad aérea internacional con respecto al año pasado.

Más turistas en el primer trimestre

La buena evolución del sector ya se ha visto en el primer trimestre del año. España recibió cerca de 22,4 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y marzo, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2025, con 1,2 millones de llegadas adicionales, según datos de Turespaña.

Solo en marzo, en pleno conflicto, las llegadas de extranjeros a los aeropuertos españoles ascendieron a 8,6 millones, lo que supone un incremento del 6,6% respecto al mismo mes de 2025.

La unión hace la fuerza

Ante la subida de precio de los combustibles, la Comisión Europea ha presentado una serie de recomendaciones en materia de energía entre las que destacan medidas de coordinación como explorar la posibilidad de que los Estados miembros de la UE puedan compartir queroseno.

“La Comisión coordinará con los Estados miembros, los proveedores de combustible y el sector de la aviación el abastecimiento alternativo de queroseno y propondrá medidas para optimizar su distribución entre los Estados miembros con el fin de garantizar su disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos”, ha señalado la CE en un comunicado.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, señaló que “estamos preparados para emprender más acciones si la situación empeora”. El Ejecutivo comunitario quiere crear un Observatorio de Combustible para tener una fotografía más clara de la situación en los Veintisiete.

“Se establecerá para seguir la producción, importaciones, exportaciones y niveles de reservas de combustibles de transporte en la UE”, indican desde la CE. Esto permitirá identificar rápidamente posibles escaseces y, en caso de liberación de reservas de emergencia, “orientar medidas específicas para mantener un reparto equilibrado del combustible”, indica el Ejecutivo.

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Enzo Iriarte — Wed, 22 Apr 2026 15:55:53 +0000

Elegir una salida profesional dentro de las fuerzas de seguridad del Estado es una decisión que cada vez despierta más interés, especialmente entre quienes buscan estabilidad laboral y buenas condiciones económicas. En este contexto, la Guardia Civil se presenta como una de las opciones más completas, no solo por su variedad de funciones, sino también por las distintas especialidades a las que se puede acceder y los salarios asociados a cada una de ellas.

Uno de los destinos más conocidos es el de Seguridad Ciudadana, donde los agentes realizan labores de patrullaje y atención directa al ciudadano. Se trata de la base operativa del cuerpo y uno de los primeros destinos para muchos guardias civiles. En este caso, el sueldo suele oscilar entre los 1.800 y los 2.100 euros mensuales, dependiendo de factores como la antigüedad o los complementos específicos del puesto.

Otra de las ramas más visibles es la de Tráfico, encargada de la vigilancia en carreteras y la gestión de accidentes. Estos agentes desempeñan un papel clave en la seguridad vial, lo que también se traduce en una retribución algo superior. Según los datos compartidos, los salarios en esta especialidad se sitúan entre los 2.000 y los 2.300 euros al mes, consolidándose como una de las opciones más demandadas.

El Seprona, centrado en la protección del medio ambiente, es otra alternativa para quienes buscan un trabajo más vinculado a la naturaleza. Sus funciones incluyen la vigilancia de espacios naturales y la investigación de delitos ecológicos. En este caso, el sueldo mensual se mueve entre los 1.900 y los 2.200 euros, una cifra similar a otras unidades, pero con un enfoque profesional muy diferente.

Para quienes prefieren entornos más técnicos o específicos, existen unidades como el Servicio Marítimo, donde los agentes operan en embarcaciones. Aquí los salarios aumentan ligeramente, situándose entre los 2.200 y los 2.500 euros mensuales. Algo similar ocurre con la especialidad de montaña, dedicada a rescates en entornos complicados, donde los ingresos pueden alcanzar los 2.600 euros al mes.

La especialización se remunera

Más especializada aún es la unidad de GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), enfocada en intervenciones bajo el agua. Este tipo de trabajo requiere formación adicional y gran preparación física, lo que se refleja en su salario: entre 2.300 y 2.700 euros mensuales. Es una de las áreas más exigentes dentro del cuerpo.

En el ámbito de la investigación destaca la Policía Judicial, encargada de resolver delitos y colaborar con jueces y fiscales. Sus salarios suelen situarse entre los 2.100 y los 2.400 euros al mes. Muy relacionada está la especialidad de Información, centrada en inteligencia y lucha antiterrorista, con sueldos que pueden llegar a los 2.600 euros mensuales.

Las llamadas Unidades Especiales representan uno de los niveles más altos de exigencia dentro de la Guardia Civil. Se trata de grupos altamente preparados para intervenciones complejas, y sus salarios lo reflejan: entre 2.500 y 3.000 euros al mes. No todos los agentes pueden acceder a estas posiciones, ya que requieren superar pruebas físicas y técnicas muy exigentes.

Otra opción interesante es el Servicio Aéreo, donde los agentes trabajan con helicópteros y otras aeronaves. Este tipo de destino combina tecnología, formación técnica y responsabilidad, con sueldos que oscilan entre los 2.400 y los 2.800 euros mensuales, dependiendo del puesto concreto y la experiencia acumulada.

Más allá de las cifras, uno de los aspectos que más valoran quienes optan por esta carrera es la estabilidad laboral, junto con beneficios como pagas extraordinarias y la posibilidad de promoción interna. Estas condiciones convierten a la Guardia Civil en una opción atractiva para quienes buscan una trayectoria profesional sólida y con múltiples caminos de desarrollo dentro de un mismo cuerpo.

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

Andrea de Lucas — Wed, 22 Apr 2026 15:31:52 +0000

El mapa de los salarios en Europa muestra una gran desigualdad entre los distintos países. Mientras que algunas regiones registran sueldos cercanos a los de Estados Unidos, en otras apenas superan la mitad, según los últimos datos de Eurostat y la OCDE para 2024.

De más a menos, el país que lidera el ranking europeo es Luxemburgo, donde el salario medio anual a tiempo completo asciende a unos 83.000 euros. Además, el pequeño Estado centroeuropeo se coloca entre los países con mejores cifras salariales a nivel mundial.

¿Y cuál es su secreto? El sistema de indexación salarial del país, que ajusta automáticamente los sueldos a la inflación. De este modo, Luxemburgo garantiza que los empleados mantengan su capacidad de compra frente a las subidas de precios. Pero también influyen otros factores, como la presencia de sectores bien remunerados y un entorno económico estable que atrae talento internacional.

Diferencias notables en Europa

De acuerdo con el informe de Eurostat, hay grandes diferencias entre el oeste y el este de Europa. Mientras que en Luxemburgo los trabajadores perciben sueldos que superan los 80.000 euros, en Bulgaria la media no llega ni a los 16.000 euros anuales.

Después, el segundo puesto en el ranking lo ocupa Islandia, con una renta media anual que supera los 77.000 euros. Este país nórdico destaca por contar con una cobertura sindical que protege a cerca del 90% de los trabajadores, lo que refuerza el peso de la negociación colectiva en las conversaciones sobre los salarios.

Por encima de los 70.000 euros al año también se sitúan Suiza y Dinamarca. Ambos países, además de su elevado nivel de desarrollo, cuentan con sistemas de bienestar sólidos y políticas sociales encaminadas a garantizar la estabilidad económica de sus ciudadanos.

Grandes economías, sueldos intermedios

Aunque pueda sorprender, las principales economías del continente no figuran en los puestos más altos de la clasificación salarial. Alemania y Francia presentan salarios medios de 53.791 y 43.790 euros, respectivamente. Cifras que se quedan muy lejos de los países nórdicos y centroeuropeos. Esto demuestra que la magnitud de la economía no siempre se traduce en mayores sueldos para los trabajadores.

En el sur de Europa, países como España, Italia y Portugal muestran salarios medios en torno a los 30.000 euros anuales. Estas cifras son consecuencia, en parte, de las dificultades económicas acumuladas tras la crisis de la deuda y las políticas de ajuste implementadas en la última década. Aunque son sueldos que permiten un nivel de vida aceptable, están muy alejados del promedio registrado en otros Estados europeos.

Europa oriental: salarios bajos, costes de vida ajustados

En el extremo opuesto de la clasificación lo ocupan los países de Europa oriental. Bulgaria cierra el ranking, con un salario medio anual de 15.387 euros. Por encima figuran Grecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, con sueldos que no alcanzan los 20.000 euros.

Una diferencia que se explica, entre otras cosas, por el proceso de transición económica que vivieron tras la caída del bloque soviético. Además, muchos de estos países han basado su desarrollo en políticas de atracción de inversión internacional mediante la oferta de costes laborales bajos.

Sin embargo, los salarios nominales no cuentan toda la historia. El coste de vida en los países con sueldos más reducidos suele ser sensiblemente inferior al de los países más ricos. El precio de alquileres, servicios y alimentación en lugares como Bulgaria o Rumanía es mucho más bajo que en Suiza o Dinamarca. Por tanto, aunque las diferencias en cifras brutas son llamativas, el poder adquisitivo real de los ciudadanos puede ser menos desigual que lo que sugieren los datos.

El coste de vida y el poder adquisitivo, la otra cara de la moneda

En los países de mayor renta, como Suiza o Dinamarca, el coste de la vivienda y los servicios básicos es muy superior al promedio europeo. Por esto, el nivel de vida real puede verse ajustado pese a los altos salarios. Y al contrario, en naciones con sueldos bajos, la menor presión sobre los precios de bienes y servicios permite a los trabajadores mantener una calidad de vida aceptable dentro de su contexto local.

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

Esther García López — Wed, 22 Apr 2026 15:08:15 +0000

España atraviesa una creciente brecha entre el coste de la vida y los ingresos de los trabajadores. Así lo denuncia la Unión Sindical Obrera (USO), que advierte de que los precios han subido muy por encima de los salarios en los últimos años, generando una situación “asfixiante” para miles de familias.

Según un informe elaborado por la consultora Syndex para el sindicato, el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció un 18,4% entre 2021 y 2025, mientras que los salarios apenas aumentaron un 17,3%. La diferencia es aún más acusada en productos básicos como la alimentación, que se encareció un 45,3% en ese mismo periodo.

Este desfase ha provocado una pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre los colectivos más vulnerables, que dedican cada vez más recursos a cubrir necesidades esenciales.

Una brecha que no deja de crecer

Si se amplía la perspectiva, los datos reflejan que desde 2008 hasta 2025, los salarios han subido un 31,6%, por debajo del aumento de la inflación (37,1%) y muy lejos del encarecimiento de los alimentos, que se han disparado un 54,3%.

El impacto de esta evolución se deja notar con fuerza en los hogares con menos ingresos. Según el informe, el 20% más pobre destina ya el 60% de su presupuesto a vivienda, suministros y alimentación, frente al 40% que dedican los hogares con mayores rentas. Esta diferencia refleja una creciente desigualdad económica y una menor capacidad de ahorro para amplias capas de la población.

Desde USO advierten de que el problema se ha agravado especialmente entre 2021 y 2025, coincidiendo con el repunte inflacionario tras la pandemia. Para quienes se incorporaron al mercado laboral en esos años, el coste de la vida resulta especialmente difícil de asumir. “El gasto básico se ha disparado y no deja margen”, denuncian desde el sindicato.

En este contexto, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, advierte de que “las máquinas nos están sustituyendo y, al mismo tiempo, se trata a las personas también como máquinas: que no tienen necesidades, que no merecen ocio, que sólo, de nuevo, viven para trabajar”, según recoge Europa Press.

Inflación acumulada y presión constante

Desde USO subrayan que la inflación no ha sido homogénea en el tiempo. “Incluso fijándonos únicamente en el IPC general, la asfixia de los hogares es clara, ya que ha sido desigual en el tiempo. Los precios han subido de forma contenida hasta 2021, pero la mitad de esa inflación acumulada desde 2008 se concentra en los últimos cinco años. Y estamos a las puertas de otro periodo hiperinflacionario”, señaló Pérez.

Además, muchas de las subidas más intensas se produjeron en 2022, con picos superiores al 10% en algunos momentos. Aunque posteriormente la inflación se ha moderado, lo hace sobre una base de precios ya elevada. Esto significa, según USO, que el coste de la vida sigue siendo alto y que la presión sobre los hogares no ha desaparecido.

Menos margen para vivir

El aumento del gasto no se traduce en una mejora de las condiciones materiales de vida, sino una “alteración sobrevenida de los patrones de consumo”, según el informe. Sus autores estiman que el gasto medio por hogar alcanzó los 26.510 euros en 2024, un 18,7% más que en 2016, pero este incremento responde a un cambio forzado en los patrones de consumo.

Las familias destinan ahora más recursos a alimentación, vivienda y suministros, mientras reducen partidas como ropa, ocio o equipamiento del hogar. En otras palabras, gastan más, pero viven peor, reconoce Joaquín Pérez: “Hoy se vive peor que hace dos décadas y peor que hace cinco años”, sostiene y alerta de una pérdida generalizada de calidad de vida.

El impacto de esta situación es especialmente duro en los hogares con menos ingresos y en aquellos formados por una sola persona. En estos casos, los gastos fijos representan una carga mucho mayor. En la última década, el gasto de los hogares unipersonales ha aumentado más de un 24%, y cerca de un 27% si hay menores a cargo. La imposibilidad de repartir costes agrava la presión económica.

Desde el sindicato denuncian que vivir solo se ha convertido en un factor de riesgo económico, cuestionando incluso el acceso a derechos básicos como la vivienda o el ocio.

La vivienda, el principal factor de desigualdad

Uno de los factores que más contribuye a esta situación es el encarecimiento de la vivienda. Según el informe, el precio del metro cuadrado ha pasado de 8 euros en 2008 a cerca de 15 euros en 2026, lo que supone un aumento de más del 80%. Si se analiza el periodo más reciente, entre 2015 y 2025, el incremento roza el 99%, con un fuerte impacto tanto en el alquiler como en la compraventa.

Para USO, la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad y en un obstáculo creciente para acceder a una vida digna, especialmente entre jóvenes y personas sin propiedad.

Ante este escenario, USO ha anunciado movilizaciones con motivo del Día Internacional del Trabajo. El sindicato volverá a celebrar su acto central en Madrid, con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad.

La protesta partirá desde la zona de Delicias y finalizará en la plaza de Las Cortes, donde se espera la participación de miles de personas procedentes de distintas comunidades autónomas. El objetivo, según ha explicado Sara García, es reivindicar la “humanización del empleo” y denunciar una situación económica que, a juicio del sindicato, está deteriorando las condiciones de vida de la mayoría social.

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Enzo Iriarte — Wed, 22 Apr 2026 15:06:17 +0000

La guerra en Oriente Medio ha sacado a relucir cómo la dependencia de los combustibles fósiles importados puede tensionar las diferentes economías del mundo. En el caso de la Unión Europea, las consecuencias del aumento en el precio de los carburantes no han sido iguales para todos, perjudicando más a los Estados que no cuentan con producción de energías renovables.

“Las guerras actuales solo confirman lo que la emergencia climática ya nos advertía con urgencia: abandonar el gas y el petróleo es una prioridad inaplazable. Una apuesta decidida por la suficiencia, la eficiencia y un sistema 100% renovable es la única garantía de bienestar y seguridad, tanto climática como geopolítica, para las próximas generaciones“, ha señalado la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, al presentar el informe Energía para vivir Mejor, encargado por la ONG.

El informe de Greenpeace, basado en un estudio elaborado por el Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad Tecnológica de Sídney, demuestra que España y Portugal podrían cumplir con su parte del Acuerdo de París y alcanzar emisiones netas cero diez años antes que los planes de la UE, reduciendo un 39% el consumo energético y con 100% renovables en 2040.

Suficiencia, eficiencia y 100% renovables

Para alcanzar las emisiones cero en 2040, la ONG detalla que sería necesario un modelo energético “suficiente, eficiente y 100% renovable”, que se puede alcanzar con “un cambio de paradigma”, que consistiría en pasar de la “economía del derroche” a la “economía de lo que de verdad importa” para el bienestar de las mayorías, reduciendo la demanda energética total un 39% sin nucleares, dentro de los límites del presupuesto de carbono y sin apagones.

En esta línea, Greenpeace hace hincapié en que debemos plantearnos qué servicios son necesarios para una vida digna y cuáles nos llevan a superar los límites de CO2, así como la necesidad de proveer los mismos servicios usando menos energía y recursos y cubrir el 100% de la demanda con fuentes renovables, sin nucleares, gas o petróleo.

Respecto a la descarbonización, tildada de “herramienta de paz, libertad, bienestar y respeto de los límites planetarios”, la ONG la presenta como un punto clave del informe. “Actualmente, el sistema depende de importaciones de combustibles fósiles y uranio de países controlados por el colonialismo y los abusos de Donald Trump y Vladimir Putin, entre otros”, señala. Siguiendo su modelo energético, apuntan, es posible abandonar el carbón para 2030, la nuclear en 2035 y el gas y petróleo en 2040.

Las demandas de Greenpeace al Gobierno

Desde la ONG han reclamado que todo el proceso se base no solo en eficiencia tecnológica, sino en el principio de “suficiencia”, que prioriza la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población reduciendo el derroche y el sobreconsumo, para garantizar la justicia social y el cumplimiento de los límites planetarios.

La organización exige una serie de medidas concretas, como impulsar la electrificación de la economía con energías renovables, garantizar el acceso a la energía y la vivienda digna, priorizar el transporte público sobre el coche y el avión particular, y descarbonizar la industria y el sector digital con criterios de suficiencia. Además, solicitan la priorización del reciclaje de minerales frente a la extracción minera y la minimización del uso de hidrógeno “verde” y biocombustibles, limitando su producción a criterios estrictamente sostenibles.

Por último, Greenpeace proponen la creación de un “Contrato Social Verde” que reoriente todas las políticas y presupuestos estatales hacia el bienestar y la sostenibilidad, suprimiendo las subvenciones a actividades nocivas y exigiendo un Parlamento Ciudadano Permanente para supervisar el proceso. La organización concluye que esta transición urgente no solo es viable, sino esencial para que “la energía sirva para vivir mejor”, colocando la protección del planeta y la justicia social en el núcleo del nuevo modelo energético.

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

Esther García López — Wed, 22 Apr 2026 14:07:52 +0000

España cerró el ejercicio 2025 con una mejora en sus cuentas públicas al situar el déficit en el 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone una reducción de ocho décimas respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2007. Los datos, actualizados por Eurostat, confirman que el país ha cumplido con el objetivo fijado por la Comisión Europea, que establecía un límite del 2,5%.

Este ajuste permite a España cerrar por primera vez desde 2018 con un déficit por debajo del 3%, una barrera clave dentro de las reglas fiscales europeas. La mejora refleja el esfuerzo de consolidación fiscal en un contexto económico todavía marcado por la incertidumbre internacional y las tensiones inflacionarias de los últimos años.

Además, el dato español se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea, que mantuvo su déficit en el 3,1% del PIB en 2025, así como también por debajo del registrado por la zona euro, donde el desequilibrio alcanzó el 2,9%.

España mejora frente a otros países de la UE

El comportamiento de España contrasta con el de la mayoría de países del bloque comunitario, donde prácticamente todos registraron déficit. Solo un reducido grupo de Estados logró cerrar el ejercicio con superávit, entre ellos Chipre, Dinamarca, Irlanda, Grecia y Portugal.

Por el contrario, los mayores desequilibrios negativos se concentraron en países como Rumanía, Polonia, Bélgica y Francia, con déficits que superan ampliamente el 5% en algunos casos. Este escenario evidencia la heterogeneidad fiscal dentro de la Unión Europea.

En este contexto, el resultado español refuerza su posición relativa, aunque no elimina los desafíos estructurales que arrastra la economía en materia de sostenibilidad fiscal.

La deuda baja en porcentaje, pero crece en volumen

En paralelo a la reducción del déficit, la deuda pública española también experimentó una ligera mejora en términos relativos. En 2025 se situó en el 100,7% del PIB, frente al 101,6% del año anterior, lo que supone la menor ratio desde 2019.

Sin embargo, esta mejora porcentual convive con un aumento en términos absolutos. El volumen total de deuda alcanzó los 1,69 billones de euros, superando los 1,62 billones registrados en 2024 y marcando el nivel más alto de la serie histórica.

Este fenómeno responde en parte al crecimiento económico, que reduce el peso relativo de la deuda, pero también pone de manifiesto que el endeudamiento sigue siendo uno de los principales retos de la economía española.

España, entre los países más endeudados

A nivel europeo, la ratio de deuda pública también aumentó ligeramente. En el conjunto de la Unión Europea alcanzó el 81,7% del PIB en 2025, mientras que en la zona euro se elevó hasta el 87,8%. En cifras absolutas, la deuda comunitaria suma más de 15 billones de euros.

Dentro de este escenario, España se mantiene entre los países con mayor nivel de endeudamiento. Junto a Grecia, Italia, Francia y Bélgica, supera ampliamente el umbral del 60% del PIB establecido por las normas fiscales europeas.

En el extremo opuesto se sitúan países como Estonia, Luxemburgo o Dinamarca, que presentan ratios significativamente más bajas, lo que refleja una mayor capacidad de maniobra fiscal.

Retos a medio plazo

La evolución de los datos confirma que España avanza en la reducción del déficit, pero sigue enfrentándose a importantes desafíos en materia de deuda. La combinación de crecimiento económico, control del gasto y estabilidad financiera será clave para consolidar esta tendencia en los próximos años.

Además, el contexto europeo y global, marcado por posibles cambios en la política monetaria y nuevas tensiones económicas, podría influir en la capacidad del país para seguir reduciendo su endeudamiento.

Pagar con el móvil o con tarjeta: qué es más seguro, cómo protege tus datos y qué ocurre si te roban

Andrea de Lucas — Wed, 22 Apr 2026 13:42:37 +0000

Cada vez es más común pagar con el móvil o con un reloj inteligente. Pero aún muchos dudan de la eficacia y la seguridad de los métodos digitales de pago. ¿Conviene más pagar con el móvil o con tarjeta bancaria? La respuesta tiene que ver, además de con la comodidad del usuario, con la privacidad de los datos personales y el peligro de ser víctimas de posibles fraudes. Para quienes no saben qué dispositivo utilizar, los expertos de Roams han analizado las diferencias entre ambas opciones para aclarar qué alternativa ofrece más protección al usuario.

Según la explicación, emitida en su perfil de TikTok (@roams_vip), la clave está en cómo se gestionan los datos bancarios durante el proceso de pago y en el nivel de exposición ante posibles amenazas. Y un aspecto fundamental es qué información se comparte con los comercios y qué barreras existen frente a terceros.

“Puede parecer lo mismo, pero no lo es en absoluto”, advierten los especialistas de Roams. El pago con tarjeta física, que sigue siendo habitual en supermercados, tiendas y restaurantes, implica que el cliente “está dando al comercio el número real de su tarjeta, siempre el mismo cada vez que paga”. Esto conlleva una exposición directa de los datos bancarios en cada transacción, lo que puede facilitar el acceso a terceros no autorizados si la información es interceptada.

El riesgo se incrementa porque “muchas veces la transacción se realiza sin necesidad de meter el PIN”, según el equipo de Roams. Esta facilidad, pensada para agilizar el proceso de compra, puede convertirse en una vulnerabilidad si la tarjeta cae en manos ajenas. Los expertos insisten en que esta mecánica deja una puerta abierta tanto para el robo físico como para el acceso fraudulento a los fondos.

Las claves de la seguridad en el pago móvil

La alternativa de pagar con el móvil supone un cambio importante en el modo en que se protegen los datos bancarios. “Cuando pagas con el móvil ocurre algo muy distinto, que es que el número de tu tarjeta se codifica por un número alternativo que cambia en cada compra”, explican desde Roams. El sistema emplea la llamada tokenización: en lugar de transmitir el número real de la tarjeta, genera un código único para cada operación. De esta manera, “ni el establecimiento ni nadie conoce el número real de tu tarjeta bancaria”.

Esta distinción marca la diferencia en la lucha contra el fraude digital y el robo de datos. “No quiero decir que el comercio te la vaya a liar; me refiero más bien a los hackers y otros facinerosos que circulan por la red”, puntualizan los expertos. En caso de un ciberataque o de una filtración de datos por parte del comercio, el token no permite realizar operaciones adicionales, por lo que la tarjeta original permanece protegida.

Y es que la seguridad del pago con el móvil va más allá de la barrera digital, ya que el propio dispositivo añade un paso extra de autenticación en cada compra. “El móvil te obliga a desbloquearlo para hacer cualquier pago. Tu huella, tu cara, tu PIN”, enumeran los portavoces de Roams. Este doble factor de seguridad refuerza la protección ante robos físicos, ya que un tercero necesitaría superar la autenticación biométrica o conocer el código de desbloqueo para efectuar pagos.

Mayor protección frente a robos y pérdidas

La diferencia también se aprecia en los casos de pérdida o sustracción de los dispositivos. “Si te roban la tarjeta, pueden hacer muchas compras sin tener que meter el PIN”, advierten los expertos. El límite de compras contactless sin PIN, aunque varía según el banco, puede alcanzar cifras que suponen un perjuicio considerable para el titular. En cambio, “si te roban el móvil, es más complicado, sobre todo si tienes el desbloqueo por huella o con tu cara”.

Aagesen asegura que España tiene un suministro “muy positivo” de queroseno a corto plazo y reservas “sólidas” de petróleo

Enzo Iriarte — Wed, 22 Apr 2026 12:59:36 +0000

El suministro de combustible de aviación para España “a corto plazo es muy positivo”, ha asegurado la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a pesar de que el conflicto en Oriente Próximo no parece tener una fecha de finalización cercana y de que las aerolíneas y aeropuertos han advertido de la falta de queroseno a medio plazo.

Tras finalizar este miércoles la cumbre Diálogos de Petersberg sobre el Clima en Berlín, la ministra señaló ante los medios de comunicación que España cuenta con reservas tanto de queroseno -combustible para aviones- como de distintos productos derivados del petróleo debido a una infraestructura del sector que, con un total de ocho refinerías, “permite tener una base sólida y dar respuesta de forma rápida a esa demanda”.

Según ha detallado la ministra, muchas de las refinerías que se encuentran trabajando en territorio español “operan para maximizar la generación de queroseno sabiendo que a veces esos destilados medios vienen de fuera”. Aún así, en el caso específico del queroseno, Aagesen apuntó a que España solamente importa el 20% del total que consume, mientras que en otros países, como Alemania, Inglaterra o Francia, esa cantidad importada de esos productos destilados medios es mayor y “viene de terceros países que dependen del Estrecho de Ormuz, y por lo tanto es una situación más compleja”.

Por otra parte, la ministra también añadió que ya se liberaron cuatro días de las reservas estratégicas acordadas por parte de los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE), quedando disponibles 8,3 días adicionales, que se llevarán a cabo cuando se identifique “el mejor momento” para ello.

“Creemos que todavía no ha llegado el momento para ello”, dijo, añadiendo que existía un plazo de 90 días para esa liberación de reservas y que el Gobierno trabaja con Cores y el sector para identificar ese momento oportuno. Además, consideró que lo que hay que hacer es “seguir trabajando” para que se produzca el cese de hostilidades y se alcance “una solución al conflicto dialogada y diplomática”.

El apagón, “totalmente inédito”

En la misma intervención, la vicepresidenta tercera ha asegurado que es importante mejorar la supervisión tras el apagón del 28 de abril de 2025 ya que, tanto el informe de la CNMC, el de la red de expertos de los operadores a nivel europeo y el que ellos remitieron coincidían en que se disponían de todas las herramientas necesarias para que no ocurriese un apagón y, aun así, ocurrió.

“Fue totalmente inédito, inesperado y los propios operadores europeos se han puesto la misión de actualizar los procedimientos a la vista de que situaciones como el apagón pueden ocurrir”, ha explicado la ministra. Por ello, Aagesen ha defendido la importancia de la supervisión de todos los operadores, que son muchos y muy numerosos, y que cada día trabajan en el sistema eléctrico.

Asimismo, ha añadido que ante un evento tan complejo e inesperado, las respuestas simplistas no valen, ya que generan ruido, desinformación y desafección por parte de la ciudadanía y por parte de los propios sectores industriales. También ha subrayado que las energías renovables no fueron el problema y que no es cierto que hubiese una falta de inercia ni que la existencia de más parque nuclear hubiese solventado el problema.

La presión sobre el mercado de alquiler sigue al alza: el precio medio alcanza los 1205 euros y ya hay 141 interesados por anuncio

Naroa Caro — Wed, 22 Apr 2026 12:31:59 +0000

La oferta de viviendas disponibles en el mercado no alcanza para aliviar la presión sobre la demanda y los precios. Según los datos actualizados del último Barómetro del Alquiler, correspondiente al primer trimestre de 2026 y elaborado por el Observatorio en esta materia de la Fundación Alquiler Seguro, el precio medio mensual de los contratos en España escala hasta los 1205 euros, mientras que el número de solicitantes no muestra signos de descenso.

El análisis, promovido por la inmobiliaria con investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense de Madrid, cifra en un 5,1% la subida del coste promedio de las rentas de alquiler en España desde los 1.184 euros en los que se situaba el pasado año. La presión del mercado, medida como el número de inquilinos interesados por cada inmueble en un periodo de 10 días, escala también hasta los 141 demandantes por anuncio desde los 135 de 2025.

La evolución de la oferta, por su parte, tampoco parece aliviar la tensa situación del inmobiliario: el estudio contabiliza un total de 669.529 viviendas disponibles para alquilar en el primer trimestre de este año, un 2,1% menos que en 2025. Pese al empeoramiento de la oferta, esta caída evidencia una ralentización en el ritmo en el que el mercado pierde inmuebles, en comparación con la caída del 4,8% registrada el año anterior. Los aumentos de los precios y la presión también muestran una tendencia a la estabilización, con incrementos inferiores a las fuertes subidas interanuales anotadas desde 2021.

La presión aumenta en Cataluña y País Vasco

Por provincias, Barcelona lidera en cuanto a presión, con 453 personas interesadas por vivienda disponible. En su conjunto la comunidad de Cataluña anota una alta presión con 368 inquilinos por inmueble, las provincias de Lleida (58 demandantes), Tarragona (93) y Girona (109) registran situaciones menos tensas. Este aumento en la presión coincide con una reducción en la oferta hasta los 79.456 inmuebles disponibles, una tendencia que Alquiler Seguro ha achacado en informes anteriores a la activación de zonas tensionadas en la comunidad autónoma.

Destacan también las subidas en el índice que mide cuántas personas compiten por cada vivienda en alquiler en el País Vasco, con Guipúzcoa sumando 58 demandantes adicionales, Vizcaya 57 y Álava 40. La comunidad en su conjunto, que había logrado reducir hasta el 113 el índice de presión el pasado año, vuelve ha experimentar un repunte hasta los 168 demandantes por vivienda. Mientras, los precios en la región ascienden hasta los 1.339 euros y la oferta queda en 7.740 tras un fuerte recorte desde las 8.705 disponibles en 2025.

Subida de precios y diferencias regionales

Por lo general, el incremento del precio del alquiler en 2026 se mantiene por debajo del registrado el año anterior. A pesar de ello, un total de 12 provincias ya superan los 1.000 euros mensuales de media. En la franja más alta se encuentran Baleares, con una media de 1.676 euros, Barcelona (en los 1.644 euros de promedio) y Madrid (1.606 euros), consolidándose como las zonas más costosas para acceder a una vivienda en alquiler.

En términos de variación porcentual, el mayor encarecimiento del alquiler del primer trimestre de 2026 corresponde a Ceuta con un 11,7%, seguido de Palencia (9,8%) y Melilla (9%). En el otro extremo, los valores más bajos del país se localizan en Zamora (590 euros), Ciudad Real (586 euros) y Teruel (533 euros).

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Naroa Caro — Wed, 22 Apr 2026 11:46:27 +0000

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo paquete de medidas diseñado para paliar el impacto energético de la guerra en Irán que contempla la reducción de impuestos sobre la electricidad y la coordinación del reabastecimiento de los almacenes de gas de los Estados miembros durante el verano, según informa Reuters.

A diferencia de la respuesta adoptada en 2022, cuando la crisis del gas ruso derivó en topes a los precios y en gravámenes a los beneficios extraordinarios de las energéticas, la estrategia actual descarta intervenciones de ese tipo. La Comisión apuesta por modificar la normativa para que la electricidad tenga una carga fiscal menor que el gas, y permitirá a los Gobiernos nacionales eliminar los impuestos sobre la electricidad para industrias y hogares vulnerables.

Bajo el nombre AccelerateEU, Bruselas propone un conjunto de medidas que, más allá de la rebaja fiscal a la electricidad, incluye la activación bonos energéticos y tarifas sociales por parte de los Estados miembros, a los que se les permitiría incluso imponer prohibiciones temporales a los cortes de suministro en hogares vulnerables, instrumentos ya previstos en el marco europeo.

La guerra ya ha costado 24.000 millones a los europeos

Los líderes de la Unión Europea analizaran durante el Consejo informal que se celebra esta semana en Chipre el plan, que busca dotar a los gobiernos de herramientas legales para adaptar las medidas a sus realidades nacionales frente a la actual crisis energética. Según cifras oficiales, el aumento de los combustibles fósiles y las importaciones energéticas ha supuesto ya un sobrecoste de 24.000 millones de euros para la Unión Europea (UE) en apenas 52 días.

La Comisión Europea presentará en mayo propuestas legislativas concretas para modificar las normas fiscales. Sin embargo, estos cambios necesitarán el respaldo unánime de todos los países de la UE, lo que complica su aprobación.

En la rueda de prensa de presentación de las medidas, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha asegurado que desde Bruselas están preparados “para emprender más acciones si la situación empeora“. Ribera remarca también que ”la energía no puede utilizarse como instrumento de dominación ni de guerra“, y sostiene que acelerar la transición energética se ha vuelto “importantísimo” para fortalecer la seguridad económica y energética de la Unión Europea, así como para disminuir la dependencia exterior.

Coordinación de suministros compartidos

Otra de las sugerencias que destaca del paquete en materia de energía es la posibilidad de que los Estados miembro compartan queroseno para afrontar eventuales problemas de abastecimiento. El Ejecutivo comunitario detalla que coordinará con los Gobiernos nacionales, proveedores de combustible y el sector de la aviación el acceso a fuentes alternativas de queroseno, además de proponer medidas para optimizar su distribución y asegurar la disponibilidad en todas las regiones y aeropuertos de la Unión Europea.

Para evitar una repetición de la carrera de compras de gas vista en el verano de 2022 y no llegar a nuevas escaladas en los precios, la Comisión Europea también propone coordinar con los Estados miembro el llenado de los almacenamientos subterráneos antes del invierno. Bruselas también impulsa el uso de la flexibilidad ya existente en la normativa sobre almacenamiento y no descarta ajustar los objetivos de llenado según la evolución del mercado, con el fin de prevenir tensiones innecesarias. Entre las novedades, destaca la creación de un observatorio europeo de combustibles, encargado de vigilar producción, importaciones, exportaciones y niveles de reservas, especialmente de queroseno y diésel.

Al mismo tiempo, la Comisión alerta sobre la alta dependencia exterior en sectores como el combustible de aviación y destaca la necesidad de anticipar cuellos de botella y mejorar la distribución entre países para asegurar el suministro. Además, prevé revisar la normativa sobre reservas de petróleo y reforzar el seguimiento de la capacidad de refino en la Unión Europea, ante la reducción y concentración de esta industria en los últimos años.

El ladrillo se resquebraja: la construcción en España sufre una de las mayores caídas de la UE, un 10,2% el último año

Esther García López — Wed, 22 Apr 2026 11:26:41 +0000

La actividad del sector de la construcción en España registró en febrero un fuerte retroceso del 10,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, un dato que sitúa al país como el segundo con mayor caída de toda la Unión Europea. Este descenso contrasta con la media comunitaria, que se limitó a una bajada del 2%, lo que refleja una desaceleración mucho más intensa en el mercado español.

Según los datos publicados por Eurostat, solo Polonia presentó un peor comportamiento, con un desplome del 13,7%. En el conjunto de la eurozona, la contracción fue más moderada, con una caída del 1,9%, lo que refuerza la idea de que el ajuste en España está siendo especialmente acusado.

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A cierta distancia se sitúan otras grandes economías europeas como Francia, donde la producción cayó un 3,5%, y Alemania, con un descenso del 2,5%. También registraron cifras negativas Dinamarca (1,9%), Bélgica (0,9%) y Portugal (0,7%), aunque con caídas mucho más moderadas.

Frente a estos retrocesos, otros países europeos mostraron una evolución muy diferente. Es el caso de Eslovenia, que lideró los incrementos con un crecimiento del 24,1%, seguida de Rumanía (15,6%) y Eslovaquia (8,2%). Este contraste evidencia una Europa a distintas velocidades en el ámbito de la construcción.

Construcción de edificios, la que más retrocede

El descenso generalizado en la Unión Europea estuvo impulsado por la caída de todos los segmentos del sector. La construcción de edificios fue la más afectada, con bajadas del 7,2% en el conjunto de la UE y del 8,1 % en la eurozona. Por su parte, las obras de ingeniería civil retrocedieron un 2,7 % y un 1,9 %, respectivamente.

Las actividades especializadas también registraron ligeros descensos, del 0,5% en la UE y del 0,1% en la eurozona, confirmando una tendencia de debilidad generalizada en el sector, que atraviesa un momento de ajuste tras años de crecimiento desigual.

Leve respiro mensual

En términos mensuales, sin embargo, el panorama muestra algunos signos de estabilización. En febrero, la producción en la construcción cayó un 0,1% en la Unión Europea y un 0,2% en la eurozona, lo que supone una desaceleración en el ritmo de caída respecto a enero.

En este contexto, España logró romper con tres meses consecutivos de descensos al registrar un aumento del 1,4% respecto al mes anterior. Este repunte sugiere un posible cambio de tendencia a corto plazo, aunque todavía insuficiente para compensar la fuerte caída interanual.

A nivel sectorial, la construcción de edificios y la ingeniería civil experimentaron ligeros avances mensuales tanto en la UE como en la eurozona. Sin embargo, las actividades especializadas continuaron en terreno negativo, lo que refleja que la recuperación del sector sigue siendo parcial y desigual.

Menos trabajadores y más mayores

La caída interanual del sector de la construcción coincide con un un grave problema generacional: el 90% de los trabajadores tiene más de 30 años. Las cifras son contundentes. De las 1.530.002 personas ocupadas actualmente en el sector, apenas 164.898 tienen menos de 30 años (10,8%), mientras que el 67,2% se sitúan entre los 30 y los 54 años, y el 22% restante superan los 55 años, por lo que podrían jubilarse a lo largo de la próxima década.

Estos datos reflejan que mientras la construcción avanza hacia una transformación tecnológica sin precedentes, su fuerza laboral se hace mayor y no encuentra relevo generacional suficiente. A ello se suma la falta de trabajadores cualificados, lo que constituye una seria amenaza tanto para solucionar los problemas de vivienda como para construir y asegurar un adecuado mantenimiento de las principales infraestructuras que necesita España.

Esta situación también visibiliza un problema estructural. La escasez de jóvenes interesados en el sector coincide con un momento de cambio profundo, donde la digitalización, la sostenibilidad y la innovación están redefiniendo la actividad constructiva. Sin embargo, el sector no logra atraer el talento necesario para liderar esta transición.

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Naroa Caro — Wed, 22 Apr 2026 09:08:13 +0000

El grupo de aerolíneas Lufthansa ha decidido cancelar 20.000 vuelos de corta distancia hasta el próximo mes de octubre. Con esta medida, la compañía alemana busca ahorrar unas 40.000 toneladas de queroseno en medio del fuerte incremento del precio del combustible, que se ha duplicado desde el inicio de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero. Según ha explicado Lufthansa en un comunicado, el recorte representa una reducción del 1% en la capacidad de transporte de pasajeros durante la temporada de verano.

La mayoría de las rutas suspendidas pertenecen a la filial regional Cityline, que ha dejado de operar por completo, y afectan principalmente a trayectos “no rentables” desde los aeropuertos de Fráncfort y Múnich en Alemania. Entre las rutas canceladas se encuentran los vuelos desde Fráncfort hacia las ciudades polacas de Bidgostia y Resovia, así como a la noruega Stavanger, según detalla la compañía.

Mientras reduce vuelos en Alemania, Lufthansa ha anunciado la expansión de rutas en Zúrich, Viena y Bruselas para optimizar su oferta en estos aeropuertos estratégicos. El grupo, que incluye además a Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings y la italiana ITA Airways, ha asegurado que el suministro de combustible estará garantizado para las próximas semanas y confía en poder mantener los vuelos programados para el verano.

La compañía ha informado de que hasta finales de mayo se cancelarán 120 vuelos adicionales y que los cambios han sido comunicados a los pasajeros afectados. Además, se revisará la planificación de rutas a medio plazo y se esperan nuevas actualizaciones sobre la red de vuelos del grupo a finales de abril o principios de mayo.

Europa no espera cancelaciones masivas

El anuncio de Lufthansa llega después de que ayer el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, afirmase que no se prevén cancelaciones masivas de vuelos este verano en la Unión Europea pese al encarecimiento del queroseno. En declaraciones a los medios este martes, explicó que el mercado está gestionando la presión provocada por el cierre del estrecho de Ormuz y no existen señales de desabastecimiento en el corto plazo. Además, detalló que las rutas recientemente suspendidas, como las de KLM o filiales de Lufthansa, se cancelaron por la falta de rentabilidad y no por problemas de suministro.

Sin embargo, Tzitzikostas advirtió de que el escenario podría cambiar si no se alcanza pronto una solución diplomática al bloqueo de Ormuz, advirtiendo sobre “consecuencias catastróficas”. La Unión Europea refina el 70% del queroseno que utiliza y la mitad de sus importaciones proviene del golfo Pérsico, por lo que mantiene reservas estratégicas listas para ser usadas si la situación empeora. Además, recordó que la legislación europea garantiza compensaciones económicas a los pasajeros afectados por cancelaciones, salvo en situaciones de fuerza mayor, aunque aclaró que el encarecimiento del combustible no entra en esa categoría.

Las aerolíneas españolas tienen el suministro “garantizado”

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también ha descartado la posibilidad de cancelaciones masivas en España por problemas de abastecimiento. El presidente de la patronal, Javier Gándara, aseguró este martes que el suministro está “garantizado” y que los ajustes recientes obedecen a decisiones comerciales, no a restricciones de queroseno, a pesar de la inquietud generada por la guerra en Irán. Sobre el posible aumento en el precio de los billetes ante esta situación, Gándara señaló que cada compañía establece sus propias estrategias, y que medidas como la aplicación de recargos por operadoras como Volotea, reflejan la autonomía legítima de los operadores ante la situación del mercado.

En paralelo, las aerolíneas españolas han incrementado en un 6% su oferta de plazas de cara a la temporada alta, con lo que alcanzan cerca de 260 millones de asientos disponibles entre abril y octubre. Esta ampliación responde tanto al aumento del interés turístico en el país como a la absorción de parte del tráfico que se desvía de regiones impactadas por conflictos internacionales.

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Naroa Caro — Wed, 22 Apr 2026 07:43:52 +0000

La convivencia en pisos compartidos exige normas explícitas desde el principio. Estas reglas, que suelen aparecer ya en la publicación del anuncio, buscan evitar conflictos posteriores y dejar claro qué hábitos o compañías se toleran. Los hábitos personales o la presencia de animales de compañía pueden ser algunos de los puntos más conflictos y que más dificulten encontrar una vivienda para compartir. Según los datos de Idealista, las personas que alquilan habitaciones prefieren a inquilinos fumadores antes que a quienes llegan con una mascota. Solo el 8% de los anuncios acepta animales, frente al 10% que admite fumadores en casa.

En Girona, el 36% de las habitaciones ofertadas permiten inquilinos con mascotas. Santa Cruz de Tenerife alcanza el 32%, mientras que en San Sebastián, Tarragona, Palma, Cádiz y Bilbao, la proporción oscila entre el 20% y el 27%. Málaga es el gran mercado con mayor apertura a los animales, con una tasa del 14%. Por debajo del 10%, la situación cambia: en Sevilla y Barcelona, solo el 9% de los anuncios admite animales. En Madrid, la cifra desciende hasta el 5% y en Valencia apenas roza el 3%, de acuerdo con la información de Idealista. Teruel y Segovia son los lugares más restrictivos, con solo el 2% de habitaciones aptas para mascotas. Lugo, Albacete, Zamora y Lleida comparten una tasa mínima del 3%.

Esto significa que, en ciudades como Girona o Santa Cruz de Tenerife, es mucho más sencillo encontrar alojamiento compatible con animales de compañía. En cambio, en puntos como Teruel o Valencia, la búsqueda para quienes tienen mascota se complica de forma considerable.

Qué provincias tienen mayor tolerancia a los fumadores

En Melilla, la posibilidad de que un fumador sea aceptado como inquilino es del 30%, el porcentaje más alto de toda España. Cáceres sigue con el 25%, y después aparecen Lleida (18%) y una serie de ciudades donde la tasa se sitúa en el 17%, como Lugo, Zamora y Granada.

En grandes ciudades, la permisividad también es variable: tanto en Barcelona como en Sevilla, el 14% de las habitaciones se ofrecen a fumadores. Palma (13%), Málaga (12%) y Alicante (10%) les siguen. En San Sebastián y Bilbao, la proporción desciende al 9% y 7%, respectivamente. Por el contrario, en Valencia únicamente el 3% de los anuncios acepta fumadores, convirtiéndose en la capital más restrictiva para este colectivo. Madrid y Las Palmas de Gran Canaria apenas llegan al 6%, según Idealista.

Comparación entre aceptación de mascotas y fumadores

En catorce capitales de provincia, la cantidad de habitaciones que permiten mascotas supera a las que aceptan fumadores. Entre ellas están Santa Cruz de Tenerife, Girona, San Sebastián, Bilbao, Tarragona, Palma, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Vitoria, Santander, Oviedo y Málaga. En Pamplona, Córdoba, Ciudad Real y Valencia, la tolerancia hacia ambas situaciones es igual. Sin embargo, en la mayoría de las capitales, la balanza se inclina en favor de los fumadores.

Melilla, Cáceres, Lleida, Lugo, Zamora y Teruel destacan como las ciudades donde la diferencia a favor de los fumadores es más evidente. Así, el mercado del alquiler de habitaciones en España muestra contrastes marcados según la ciudad y el tipo de restricción. La realidad es que, si bien existe una apertura limitada tanto para fumadores como para dueños de mascotas, la tendencia general se inclina a priorizar la aceptación de fumadores sobre la de animales en la convivencia compartida. Esto marca una pauta relevante para quienes buscan habitación y deben negociar las condiciones de su estancia.

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Naroa Caro — Wed, 22 Apr 2026 06:57:25 +0000

El mercado laboral en España refleja una creciente complejidad en la valoración del talento, donde la formación, la experiencia y la capacidad de tomar decisiones estratégicas se traducen en diferencias salariales muy significativas. En un contexto económico marcado por la digitalización, la globalización y la especialización de funciones, determinadas posiciones destacan por concentrar no solo altas remuneraciones, sino también niveles elevados de responsabilidad y exigencia. Analizar estos perfiles puede ser clave para decidirse por una especialización durante la etapa educativa o para animarse a cambiar de sector pese a ya haber iniciado la vida laboral.

El puesto mejor pagado en España, dentro del ranking elaborado por Jaime Pla, CEO de Suop, corresponde al managing director en banca de inversión, con una remuneración mensual de 25.000 euros. Esta posición representa el máximo nivel de dirección en el sector financiero, donde las decisiones estratégicas tienen impacto directo en grandes operaciones y carteras. Además de coordinar equipos multidisciplinares, este perfil participa en fusiones, adquisiciones y operaciones de financiación complejas, lo que explica tanto su elevada retribución como la necesidad de una amplia trayectoria profesional.

En el segundo lugar, el puesto de comandante de avión senior alcanza un salario de 16.000 euros al mes, según explica Pla en un video publicado en TikTok (@suopmobile). Esta función implica la máxima responsabilidad en vuelo, liderando la tripulación y garantizando la seguridad en los trayectos de los aviones más grandes. A ello se suma una formación altamente especializada, constantes evaluaciones técnicas y una presión operativa considerable, factores que convierten esta profesión en una de las más exigentes dentro del ámbito del transporte.

Más de 10.000 euros para expertos en tecnología, medicina y seguros

La tercera posición la ocupa el chief digital officer, encargado de guiar a las empresas tradicionales en su transformación tecnológica y digital. Según Pla, “se cobran 15.000 euros al mes”. Este perfil enseña a las compañías a utilizar Internet y las nuevas tecnologías para mantenerse competitivas. En un entorno donde la digitalización ya no es opcional, sino imprescindible, su papel resulta clave para redefinir modelos de negocio, optimizar procesos y mejorar la relación con los clientes y explica la remuneración ofrecida.

Los empleos en dirección médica se ubican en el cuarto puesto, con 12.500 euros mensuales. Se trata de la persona que lidera el equipo de médicos en un hospital y organiza la atención a los pacientes. Más allá de la gestión clínica, este rol también implica tareas administrativas, coordinación de recursos y toma de decisiones críticas que afectan directamente a la calidad asistencial y al funcionamiento del centro sanitario.

Cerrando el top cinco, la dirección comercial en seguros puede alcanzar los 11.000 euros al mes. Pla explica que este rol lidera a los vendedores de una aseguradora y se encarga de que “todo el mundo tenga sus papeles y pólizas en regla”. Este puesto combina habilidades comerciales con capacidad de gestión, ya que debe garantizar tanto el cumplimiento normativo como el crecimiento del negocio en un sector altamente competitivo.

Salarios altos con grandes responsabilidades

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

Enzo Iriarte — Wed, 22 Apr 2026 05:30:00 +0000

La reciente escalada de los precios del gas en la Unión Europea, desencadenada tras el inicio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos a Irán el 28 de febrero de 2026, ha hecho evidente la ventaja económica de los países que han priorizado las energías limpias. A medida que los mercados internacionales reaccionaban al corte de suministros de GNL de Catar, la composición de la generación eléctrica ha marcado claras diferencias en la respuesta de los Estados miembros.

Entre los veintisiete países de la UE, aquellos con mayor peso de fuentes renovables y nucleares en su mezcla eléctrica anticipan ahorros en la factura 58% superiores respecto a los países que mantienen una presencia más elevada de combustibles fósiles, según el último informe del centro de estudios energéticos CREA.

Solo en el presente año, las cinco naciones con mayor proporción de energía limpia -Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia y Eslovaquia- economizarán hasta 8.500 millones de euros en sus facturas eléctricas en comparación con el grupo compuesto por Polonia, Italia, Grecia, Estonia y Países Bajos, que exhiben los mix eléctricos con mayor utilización de combustibles fósiles de la Unión.

El precio del gas ha aumentado 68% en el mercado TTF holandés en apenas 48 horas tras los ataques, alcanzando los 52,8 euros por megavatio-hora, su pico más alto en dos años. Esta subida responde tanto a la reducción del suministro europeo por la salida de GNL de Catar como al incremento de la demanda competitiva en Asia, lo que derivó en una caída del 11% en los envíos de gas natural licuado estadounidense a Europa y un aumento del 100% en las exportaciones de este producto desde Estados Unidos hacia el mercado asiático durante marzo.

Expertos del CREA han señalado que esta volatilidad está vinculada a la dependencia de los combustibles fósiles. Aun con las fluctuaciones recientes, el organismo comunitario sostiene que la protección frente a la sensibilidad de precios es actualmente mayor que en la crisis de 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Qué países ahorran más en su factura

Según el estudio, con los perfiles de consumo y generación de 2025, la UE podría ahorrar 5.800 millones de euros en 2026 solo gracias al despliegue acumulado de energías limpias, al haber desplazado parte del gas en la generación durante todo el año. Esta cifra podría superarse si el precio de la electricidad no dependiera tan directamente del precio del gas en muchos estados por el mecanismo marginalista vigente.

En 2025, cada subida de 1 euro por megavatio-hora en el precio del gas se ha traducido, en promedio, en un aumento de 0,37 euros por megavatio-hora en el precio de la electricidad, lo que significa una reducción del 8% en sensibilidad respecto a 2022.

Este descenso se asocia directamente al proceso de desacoplamiento respecto al gas y al crecimiento del 14% en el peso de renovables en la generación eléctrica en la UE, en comparación con 2022. Todos los estados miembros han reducido su sensibilidad al precio del gas con respecto a 2019, en paralelo a una media del 28% de incremento en la cuota de renovables sobre el total de producción.

Entre los países con mayor avance resalta Suecia, que apenas registra un aumento de 0,04 euros por megavatio-hora en el precio de la electricidad por cada euro que sube el gas. Aunque cuenta con una de las reservas de gas menores respecto a la media europea, el 99% de su electricidad procede ya de fuentes limpias.

Contraste entre países y retos estructurales en la transición

En el bloque ibérico, España y Portugal han experimentado un crecimiento del 21% en la aportación de energía limpia desde 2022, especialmente favorecido por un avance del 74% en la solar, que en 2025 representó cerca de una quinta parte de la electricidad generada, al mismo nivel que el gas. Esta evolución ha permitido que la sensibilidad ibérica al precio del gas se reduzca en 53% durante el período, situándose en 0,089 euros por megavatio-hora de incremento por cada euro que sube el gas, el tercer dato más bajo del entorno comunitario.

En el caso de Francia, el crecimiento del 8% en la generación limpia entre 2022 y 2025 contribuyó a reducir a la mitad su sensibilidad al gas. A ello aportan tanto la importancia de la energía nuclear —que fija el precio marginal en el país— como la hidráulica, encargada de dotar de flexibilidad a la red sin requerir del gas para equilibrar el sistema.

Países Bajos constituye una excepción en el avance generalizado. Aunque aumentó un 31% su potencia renovable instalada, su dependencia estructural del gas, que continúa como principal fuente eléctrica (22% del total), ha mantenido o incluso incrementado su exposición a los cambios en el mercado gasista. La integración en el mercado europeo y su papel como “price taker” refuerzan esta exposición, ya que las fluctuaciones de mercados vecinos como Alemania impactan rápidamente en el sistema neerlandés.

El gas se mantiene como referencia en Europa

El caso de Polonia también se aparta de la tendencia mayoritaria. Aunque la cuota de energías limpias aumentó 48% anual desde 2022, el abandono paulatino del carbón se está ejecutando mediante sustitución por gas en lugar de fuentes renovables. Esta estrategia ha originado un crecimiento del 132% en la generación eléctrica a partir de gas en 2025 respecto a 2022, hasta alcanzar el 13% del mix, incrementando la sensibilidad al gas en 87%, lo que implica aumentos de 0,36 euros por megavatio-hora por cada euro que varía el gas.

La región centroeuropea enfrenta desafíos adicionales. Hungría logró un crecimiento del 13% en la generación limpia -con un crecimiento solar destacado-, pero la falta de capacidad de interconexión en la red obliga a mantener el gas para garantizar el suministro, produciendo un aumento del 22% en la sensibilidad a los precios.

En todos los casos, la persistencia del sistema marginalista que marca los precios eléctricos en Europa mantiene al gas como referencia, especialmente mientras renovables y nuclear continúan con bajos costes marginales y limitada capacidad de generación en horas punta.

El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

Esther García López — Wed, 22 Apr 2026 05:30:00 +0000

El mercado laboral global está viviendo una transformación sin precedentes. El trabajo, tal y como lo conocíamos, está desapareciendo. Los roles tradicionales se están fragmentando en microtareas que pueden ser automatizadas, externalizadas o gestionadas por sistemas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el modelo híbrido de trabajo se consolida en las oficinas, mientras emergen entornos digitales inmersivos donde los equipos colaboran con ‘colegas virtuales’ y el aprendizaje se acelera mediante herramientas gamificadas.

Así lo confirma el informe Tendencias de empleabilidad 2026, publicado por OBS Business School, y dirigido por el profesor y secretario general de Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), Josep Ginesta, que analiza hacia dónde se dirige el empleo y qué habilidades serán imprescindibles en los próximos años.

Este nuevo entorno está impulsando un cambio estructural en la forma de trabajar y aprender. Las empresas buscan modelos más ágiles, flexibles y basados en datos, mientras que la formación superior se ha convertido en un factor decisivo para acceder a mejores empleos. Según el informe, los graduados universitarios perciben salarios un 54% superiores a la media, cifra que se eleva hasta el 83% en el caso de másteres o doctorados.

La consecuencia es clara: la formación continua deja de ser una opción para convertirse en una necesidad permanente. Ya no basta con estudiar una vez, sino que el reciclaje profesional se integra como parte del propio ciclo laboral. La empleabilidad, según el estudio, depende cada vez más de la capacidad de adaptación que de la experiencia acumulada.

Cuatro grandes tendencias que cambiarán todo

El informe identifica cuatro grandes fuerzas que están redefiniendo el empleo: la transición digital, la verde, la social y la geoeconómica. Todas ellas operan de forma simultánea en un contexto global marcado por la escasez de talento, especialmente en las economías desarrolladas, donde existe un desajuste persistente entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas.

Estas transiciones no solo afectan a los sectores tradicionales, sino que impactan directamente en la creación de nuevos perfiles profesionales. Desde la ingeniería de datos hasta la gestión de sostenibilidad, pasando por la logística internacional o la ciberseguridad, el mapa del empleo se está redibujando a gran velocidad.

En este escenario, la transición digital es una de las más disruptivas. La inteligencia artificial ha impulsado la robotización en la llamada Industria 4.0, donde las tareas automatizadas crecen a un ritmo del 43% anual y duplican su capacidad cada 1,9 años. La adopción de la IA ha pasado del 55% en 2022 al 88% en 2025, lo que refleja su rápida expansión.

Pero el salto más relevante llega con la llamada IA agéntica, capaz de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma. Este avance podría provocar la desaparición de 92 millones de empleos en todo el mundo para 2030, aunque al mismo tiempo se prevé la creación de 170 millones de nuevos puestos vinculados a su desarrollo, gestión y seguridad.

El impacto no será inmediato, sino progresivo. Más que eliminar empleos de forma masiva, la IA transformará el contenido del trabajo y exigirá nuevas competencias a los profesionales.

Sostenibilidad, el nuevo eje del empleo

La transición verde también está redefiniendo el mercado laboral. La sostenibilidad ya no es un área aislada, sino un criterio transversal que afecta a todos los sectores: desde la energía hasta la construcción o la logística. Actualmente, el 20% de los trabajadores de la OCDE ya ocupa puestos vinculados a la economía verde.

En España, el 34,38% de las empresas ha incorporado políticas de sostenibilidad en el último año. Sin embargo, el informe alerta de una brecha importante: la demanda de talento verde creció un 22% entre 2022 y 2023, mientras que la formación en estas competencias solo aumentó un 12%.

Este desequilibrio está generando una oportunidad clara para perfiles especializados en sostenibilidad, ingeniería, datos y gestión. Además, sectores emergentes como la bioeconomía o la economía azul dependen tanto del desarrollo digital como de la estabilidad geoeconómica.

Envejecimiento y escasez de talento

La transición social añade otro desafío clave: el envejecimiento de la población en las economías avanzadas. En España, por cada 100 personas que se jubilan, solo entran 73 jóvenes al mercado laboral. Esta brecha ha convertido la escasez de talento en un problema estructural que afecta ya al 76% de las organizaciones.

El estudio destaca el crecimiento de la llamada economía Silver, vinculada al cuidado de personas mayores, que podría generar hasta 4 millones de empleos netos en 2030. Profesiones como enfermería, psicología, trabajo social o asistencia domiciliaria serán cada vez más demandadas.

Sin embargo, la falta de profesionales cualificados en el sector sanitario y de cuidados sigue siendo un reto crítico, lo que obliga a reforzar la formación y a considerar la movilidad laboral como una solución parcial.

Un mundo más inestable, pero con nuevas oportunidades

La transición geoeconómica refleja un cambio profundo en el orden económico global. La eficiencia ha dejado de ser el único criterio dominante, y ahora pesan más la seguridad, la resiliencia y la autonomía estratégica.

En tanto que las tensiones comerciales, la fragmentación de las cadenas de suministro y los conflictos arancelarios están obligando a las empresas a reorganizar sus modelos productivos. Este nuevo escenario podría generar hasta 5 millones de empleos netos en el mundo hacia 2030, especialmente en logística, seguridad, estrategia y gestión de riesgos.

El informe concluye que el mercado laboral del futuro no será una réplica del actual, sino un ecosistema completamente distinto. La clave, según OBS Business School, estará en la capacidad de adaptación, la formación continua y la combinación de habilidades técnicas y humanas en un entorno cada vez más automatizado, global e incierto.

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

Naroa Caro — Wed, 22 Apr 2026 03:00:00 +0000

La tasa de emancipación se encuentra en mínimos históricos en la franja de 25 a 34 años, una edad en la que tradicionalmente se espera disponer de un hogar propio y no depender del apoyo familiar para llegar a fin de mes. La suma de la precariedad laboral y el alza de la inflación ha tenido como consecuencia una pérdida de poder adquisitivo que ha lastrado especialmente la economía de los jóvenes en la última década. A la par que las nuevas generaciones se encuentran con unos sueldos que ofrecen una capacidad de consumo cada vez más limitada, otra crisis imposibilita el acceso a uno de los bienes más importantes para cualquier hogar: la vivienda. En 2025, un 48% de los españoles en este grupo de edad convivía todavía con sus padres, un porcentaje que sube al 53,7% en el caso de los hombres.

El economista Pablo García destacó este último dato en una reciente publicación en su cuenta de X (@pablogguz). La herramienta Observatorio de las Condiciones de Vida, desarrollada por el experto para visualizar datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y de Eurostat, sitúa en el 52% la tasa de emancipación para los jóvenes el pasado año, casi 15 puntos porcentuales por debajo del 66,8% registrado en 2015.

En el caso de los hombres españoles entre 25 y 34 años, la caída ha sido similar, pero se ha mantenido constantemente en cotas más bajas que la media de ambos sexos. En concreto, el porcentaje de varones viviendo fuera de casa de sus padres se ha desplomado desde el 61,2% hasta el 46,3% en los mismos 15 años. Para las mujeres, las cifras son ligeramente más positivas, quedando la tasa de emancipación en el 58% en 2025, pero se evidencia igualmente un fuerte descenso de más de 14 puntos desde el máximo del 72,7% anotado al inicio de la década pasada.

La renta sube, pero el precio de la vivienda también

Pese a que la renta disponible equivalente en este grupo de edad lleva años mostrando una trayectoria ascendente, la tasa de emancipación no ha logrado invertir su caída en picado desde su pico en 2010. Tras la recesión de 2008, la renta disponible media entre los jóvenes se hundió desde los 23.739 euros al año en 2010 hasta tocar fondo en 18.661 euros en 2014. Sin embargo, la estadística se ha recuperado paulatinamente hasta alcanzar la media de 23.660 euros anuales en 2025, pero esta mejora no se ha visto reflejada en la tasa de emancipación.

Una de las posibles explicaciones para esta falta de simetría es el encarecimiento del mercado de vivienda. En los últimos 10 años, el Índice de Precios de Vivienda acumula aumentos cercanos al 80%, mientras que los incrementos en los salarios medios han sido muy inferiores a este ritmo de crecimiento.

Mujeres y extranjeros registran tasas de emancipación más altas

Ni siquiera factores como el nivel de educación consiguen marcar diferencias relevantes en una métrica que ya refleja un problema de acceso generalizado: la tasa de emancipación entre aquellos jóvenes de entre 25 y 34 años con egresados de instituciones de estudios superiores apenas aumenta en cinco décimas de la media general hasta el 52,5%. En el caso de los jóvenes que no cuentan con titulaciones de este tipo, la tasa cae ligeramente al 51,6%.

Teniendo en cuenta también el factor del género, las mujeres mantienen tasas más altas de emancipación tanto en el caso de contar con estudios superiores (de un 55,9% frente al 48,3% de los hombres con el mismo currículum) como de no hacerlo (60,8% frente al 44,5% de los varones).

En cuanto a la procedencia, los datos del Observatorio también muestran que los nativos en este grupo de edad tienen menor posibilidad de vivir emancipados, con una tasa del 45,4%, que los nacidos en el extranjero, que alcanzan el 67,1%.

Sin embargo, estas cifras no indican necesariamente que estos colectivos se encuentren en posiciones de mayor solvencia económica. Aunque independizarse suele asociarse a progreso, los datos muestran lo contrario: cerca del 30% de los menores de 35 años emancipados se encuentra en situación de pobreza relativa, casi el triple que entre quienes siguen viviendo con sus padres, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos por el EsadeEcPol en un estudio anterior.

El análisis del think tank atribuye esta situación principalmente al alto coste de la vivienda y la precariedad laboral, que dificultan la independencia. Como resultado, la familia actúa como una red de protección económica, pero también agrava las desigualdades entre jóvenes según sus recursos, ya que aquellos que provienen de hogares con rentas más bajas se ven obligados a mantenerse por su cuenta desde edades más tempranas.

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Enzo Iriarte — Tue, 21 Apr 2026 19:28:05 +0000

Delimitar una propiedad es una de las decisiones más habituales entre propietarios, pero también una de las que más dudas legales genera. Instalar una valla entre vecinos puede parecer un trámite sencillo, aunque en la práctica está sujeto a múltiples normas que conviene conocer antes de empezar cualquier obra. La legislación en España combina disposiciones estatales con normativas municipales, lo que obliga a prestar atención a varios factores clave para evitar conflictos o sanciones.

En términos generales, la ley permite cerrar una finca, pero no de cualquier manera. La primera cuestión que debes tener clara es si la valla se ubicará dentro de tu parcela o justo en el límite con el vecino. Si la instalación se realiza dentro de tu propiedad, puedes actuar con mayor libertad, siempre respetando la normativa local. Sin embargo, si se sitúa en el lindero, pasa a ser una valla medianera, lo que implica que ambos propietarios comparten derechos y obligaciones sobre ella.

Esto tiene consecuencias prácticas importantes. Por ejemplo, cualquier modificación, reparación o cambio en esa valla deberá contar con el consentimiento de ambas partes. Además, el mantenimiento también se convierte en una responsabilidad compartida. Este punto es uno de los que más conflictos genera, especialmente cuando no existe acuerdo previo entre vecinos o cuando uno de ellos toma decisiones unilaterales sobre el cerramiento.

En cuanto al consentimiento, no siempre es obligatorio, pero sí muy recomendable. Si la valla está completamente dentro de tu parcela, no necesitas permiso del vecino. Ahora bien, si afecta al lindero o puede influir en aspectos como la luz, las vistas o la estética, lo más prudente es alcanzar un acuerdo. De hecho, en muchos casos, especialmente cuando se trata de un muro de obra, ese consentimiento puede evitar problemas legales posteriores.

La normativa también distingue entre tipos de vivienda. En edificios o comunidades de propietarios, las reglas son más estrictas. No se pueden modificar elementos estructurales ni instalar cerramientos fijos sin autorización de la comunidad, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal. En cambio, en viviendas unifamiliares existe mayor margen de actuación, siempre que la valla se construya dentro de los límites de la propiedad y no invada terrenos ajenos ni la vía pública.

Sanciones de más de 3.500 euros

Otro aspecto clave es la altura permitida. Aunque puede variar según el municipio, existen rangos orientativos. Entre vecinos, lo habitual es que las vallas tengan entre 1,5 y 2 metros, pudiendo llegar en algunos casos hasta 2,5 metros. Si la valla da a la vía pública, el límite puede ampliarse hasta los 3 metros. Aun así, es imprescindible consultar el PGOU local, ya que cada ayuntamiento puede establecer sus propios límites.

No solo importa dónde y cuánto mide la valla, sino también cómo es. Los materiales y el diseño están regulados por normativas urbanísticas que buscan garantizar la seguridad y la integración estética. Entre los materiales más habituales se encuentran el ladrillo, las estructuras metálicas, la madera o incluso soluciones vegetales como setos. En cambio, están prohibidos aquellos elementos que puedan resultar peligrosos o generar molestias, como alambres cortantes o estructuras punzantes.

Además, antes de iniciar cualquier instalación, en la mayoría de los casos será necesario solicitar un permiso administrativo. El tipo de autorización dependerá de la obra: desde una declaración responsable para vallas ligeras hasta una licencia urbanística para cerramientos más complejos. No cumplir con este requisito puede acarrear sanciones económicas importantes, incluso cuando la obra en sí cumple con el resto de condiciones legales.

Las consecuencias de ignorar la normativa pueden ser serias. Superar la altura permitida puede suponer multas de más de 3.500 euros, mientras que invadir terreno ajeno o la vía pública puede acarrear sanciones de hasta 2.000 euros. En los casos más graves, como construir sin licencia, las multas pueden alcanzar los 60.000 euros, además de la obligación de desmontar la estructura.

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

Enzo Iriarte — Tue, 21 Apr 2026 18:40:32 +0000

Recibir paquetes personales en el trabajo es una práctica cada vez más común, pero no siempre está claro si puede generar problemas con la empresa. En este contexto, el abogado Juanma Lorente ha explicado qué dice la ley sobre esta situación y en qué casos podría derivar en una sanción. Aunque pueda parecer un gesto inofensivo, lo cierto es que depende en gran medida de las normas internas de cada empresa y de cómo se haya gestionado esta práctica hasta ahora.

Tal y como señala el propio experto, la clave está en si existe o no una prohibición expresa. “Si la empresa no tiene en un decálogo de normas que poner como dirección de recogida sus oficinas está prohibido, teóricamente, no te puede decir nada”, explica. Es decir, en ausencia de una norma clara, el trabajador no estaría incumpliendo ninguna obligación, lo que refuerza el principio de seguridad jurídica en el ámbito laboral.

Sin embargo, el escenario cambia por completo si la empresa sí ha regulado esta cuestión. En ese caso, la advertencia es clara: “Si está prohibido y aun así tú lo haces, pues está claro que no estás cumpliendo con las normas de la empresa y la empresa te podrá sancionar”. Aquí entra en juego el poder disciplinario del empleador, que puede actuar si el trabajador incumple normas previamente establecidas y conocidas.

Aun así, no todo es tan automático. El propio Juanma Lorente introduce un matiz importante relacionado con el comportamiento previo de la empresa. “Si supuestamente está prohibido, pero nunca te han dicho nada y llevas dos años haciéndolo, se entenderá que la empresa lo está contemplando”, afirma. Este punto es clave, ya que abre la puerta a interpretar que existe una aceptación tácita de la conducta.

La clave: tolerancia empresarial

Este concepto, conocido como tolerancia empresarial, implica que la empresa no puede sancionar de forma repentina por algo que ha permitido durante mucho tiempo sin advertencias. De hecho, el abogado lo ejemplifica de forma muy gráfica: “No podrá aprovechar el decimoquinto paquete que llega allí para decirte: ‘esto está prohibido’”. Es decir, no se puede cambiar de criterio sin previo aviso si antes se ha permitido esa práctica.

En la práctica, esto obliga a las empresas a actuar con coherencia. Si desean prohibir el uso de sus instalaciones para recibir paquetes personales, deben comunicarlo de forma clara y previa a los trabajadores. A partir de ese momento, sí podrán exigir el cumplimiento de la norma y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Pero sin esa comunicación, la situación queda en un terreno más difuso.

Otro aspecto relevante es el impacto que esta práctica puede tener en la organización del trabajo. Aunque recibir un paquete ocasionalmente no suele generar conflictos, un uso frecuente puede alterar el funcionamiento habitual del centro de trabajo. La llegada constante de mensajeros o la acumulación de paquetes puede ser vista como un uso indebido de los recursos de la empresa.

Por eso, más allá de la legalidad estricta, también entra en juego el sentido común. Cada empresa tiene su propia cultura y nivel de tolerancia, por lo que lo que en un entorno puede ser habitual, en otro puede estar mal visto. En sectores con mayores exigencias de seguridad o control, esta práctica puede estar especialmente restringida.

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Enzo Iriarte — Tue, 21 Apr 2026 17:44:50 +0000

La guerra en Oriente Medio ha disparado el precio de la factura de la luz en muchos hogares de la Unión Europea. Los efectos inflacionistas del conflicto, que afectan de manera desigual a los Estados miembros del bloque, han sido más palpables en los países con una mayor dependencia del gas natural licuado y otras energías fósiles, frente a las naciones con mayor peso de las renovables.

Ante esta situación, sumada a la incertidumbre de la continuidad del conflicto, en una tregua que no ha logrado verdaderos acercamientos, desde la Unión Europea han advertido de que “nos encaminamos a un verano que va a ser difícil, incluso en el mejor escenario”, según el comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea, Dan Jørgensen.

El comisario ha destacado que, aunque el conflicto armado terminase esta misma tarde con la reapertura del Estrecho de Ormuz, “harían falta más de un par de años para recuperar la producción de gas”. Esto se debe a que durante el intercambio de proyectiles, Estados Unidos atacó instalaciones iraníes en Pars-Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo, que comparte el país con Qatar.

La guerra, que podría prolongarse, en el peor de los casos, durante meses o años, ha generado para el comisario “un orden mundial completamente nuevo”, que traerá “consecuencias económicas muy graves, que van más allá del sector energético”, según Jørgensen.

Además, el mandatario europeo ha insistido en que “no hay seguridad real sin seguridad energética” y se ha mantenido firme en su postura contra el intercambio comercial con Rusia -sancionada por la UE desde el comienzo de la guerra en Ucrania-: “Nunca deberíamos volver a importar ni una sola molécula (de energía) de Rusia. Nunca deberíamos volver a confiar en un país que es fundamentalmente nuestro enemigo”.

La energía renovable como solución

Respecto a la preparación de la Unión Europea a las consecuencias que acompañan los conflictos internacionales, el comisario ha asegurado que el bloque está mucho mejor preparado a nivel energético que durante el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. “En primer lugar, hemos diversificado, así que contamos con muchas otras fuentes, y en segundo lugar, y aún más importante, nos estamos alejando del gas”, ha destacado.

“Pagamos demasiado por nuestra energía en Europa, dos o tres veces más que nuestros competidores en China y Estados Unidos”, ha lamentado, haciendo hincapié en que el bloque de los 27 debe preservar su competitividad, que se encuentra actualmente bajo presión.

En este sentido, Jørgensen ha considerado que la Unión Europea necesita una mayor capacidad de generar energía limpia y aprovechar mejor la infraestructura existente e invertir más en transmisión e integración: “Estamos bastante bien interconectados, pero necesitamos estarlo aún más, no estamos aprovechando todo el potencial que tenemos”.

Por su parte, España ya ha comenzado a evolucionar hacia la energía limpia, que ocupa el primer lugar de la producción nacional, con instalaciones de autoconsumo renovable ha superado los 12.387 gigavatios hora durante el último año, lo que representa el 73,7% de toda la energía destinada al consumo propio y el 7,7% de la producción renovable total de España. Este volumen, recogido en el informe del Observatorio a partir de los datos de Red Eléctrica, señala como dato diferenciador el papel central de la solar fotovoltaica, que ha aportado10.732 gigavatios hora, el 63,8% del total de autoconsumo.

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

Andrea de Lucas — Tue, 21 Apr 2026 16:44:17 +0000

La filial española de Nestlé ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondrá la salida de 301 trabajadores en España, una cifra que representa algo más del 7% de su plantilla. La medida, comunicada este martes a los representantes de los trabajadores, se enmarca en un proceso de transformación interna con el que la multinacional busca adaptarse a los cambios del mercado de gran consumo.

La compañía cuenta actualmente con más de 4.100 empleados en España y ha justificado esta decisión por la necesidad “de cambio” y de ajustar su estructura a un entorno que considera cada vez más exigente, “marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábito en el consumidor y el avance de la marca de distribución”.

Así, la empresa pretende “avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas”, mediante la “automatización y digitalización de procesos”. El objetivo, según ha trasladado la dirección, es adaptarse “a los retos actuales del mercado”, reforzar su competitividad y garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo, concentrando esfuerzos en sus marcas consideradas estratégicas.

Nestlé pretende una negociación “transparente y respetuosa”

El ajuste afectará a distintos departamentos de la compañía, como oficinas centrales, equipos comerciales, centros logísticos y varias plantas de producción repartidas por el territorio. En concreto, los recortes alcanzarán a las instalaciones ubicadas en Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

Desde la empresa subrayan que esta decisión llega tras haber aplicado previamente medidas de contención de costes y después de revisar en profundidad su estructura operativa. Asimismo, aseguran que el proceso se desarrollará bajo criterios de diálogo con los representantes sindicales, con la intención de mantener una negociación “transparente y respetuosa”.

Este ajuste se alinea con la estrategia global del grupo, que ya anunció hace meses un recorte de miles de empleos a nivel internacional. La multinacional atraviesa un periodo de presión en sus márgenes, tras registrar caídas en sus beneficios globales del último ejercicio. En concreto, las ganancias descendieron en torno a un 17%, lo que ha impulsado a la compañía a intensificar sus planes de ahorro.

Desde la plantilla de Nestlé en la fábrica de La Penilla, ubicada en Santa María de Cayón (Cantabria), han asegurado estar “muy preocupados” por las posibles consecuencias del ajuste. Desde el comité de empresa subrayan que, tanto en esta planta —que cuenta con alrededor de 800 empleados— como en el resto de centros implicados, el número de despidos debería ser “los mínimos posibles”, especialmente teniendo en cuenta que la compañía “da beneficios”, según ha señalado a Europa Press el presidente del comité, Juan Miguel González, representante de UGT.

Los sindicatos rechazan el ajuste

Sin embargo, la filial nacional en España cerró 2025 con una evolución positiva de su negocio, impulsada tanto por el aumento de las ventas como por el crecimiento de las exportaciones. Además, realizó importantes inversiones, las más elevadas de la última década, lo que ha generado críticas desde el ámbito sindical.

Y es que los representantes de los trabajadores han sido contundentes con este anuncio. Desde UGT consideran que el ERE carece de justificación económica y lo califican de medida “desproporcionada”. El sindicato sostiene que la compañía mantiene una posición sólida en el mercado y cuestiona que se recurra a despidos en un momento en el que sigue obteniendo beneficios.

Además, UGT defiende que los empleados no deben asumir el coste de decisiones estratégicas basadas, en su opinión, en criterios puramente financieros. Por ello, ha reclamado la retirada inmediata del expediente y propone explorar alternativas que permitan reorganizar la actividad sin destruir empleo. También ha trasladado un mensaje de apoyo a la plantilla y ha advertido que defenderá cada puesto de trabajo durante la negociación.

En la misma línea se ha pronunciado CSIF, que también considera excesiva la magnitud del ajuste. Este sindicato ha anunciado que trabajará para reducir el número de afectados y mejorar las condiciones de salida, al tiempo que estudiará posibles medidas de presión junto a otras organizaciones. La mesa negociadora entre la empresa y los sindicatos se constituirá las próximas semanas.

*Noticia elaborada con información de agencias.

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

Enzo Iriarte — Tue, 21 Apr 2026 15:03:40 +0000

El Consejo de Ministros ha presentado este martes el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, rehabilitar el parque residencial y facilitar el acceso al alquiler y la emancipación para jóvenes y colectivos vulnerables. El presupuesto asignado, 7.000 millones de euros, ha recibido críticas por parte de aliados del Ejecutivo, sindicatos y opositores, pese a ser el triple que en el anterior plan de vivienda.

Según ha detallado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el 40% del presupuesto irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, mientras que otro 30% se destinará a la rehabilitación del parque con ayudas específicas y, el 30% restante, irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Tras el anuncio del Gobierno, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el sector inmobiliario, varios operadores han considerado que el impacto del nuevo plan del Ejecutivo para la que, a día de hoy, es la primera preocupación de los españoles, según el CIS, tendrá una incidencia muy limitada en el mercado y en la reducción de precios. Incluso socios como Sumar y Podemos han señalado la insuficiencia del proyecto.

Un presupuesto “muy insuficiente”

Desde Sumar, el principal socio del Gobierno, han calificado el plan de vivienda como “muy insuficiente”, por el presupuesto y su contenido, donde han destacado que no incluya medidas regulatorias ni fiscales. Además, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, ha indicado que el presupuesto es un 30% más bajo que el del periodo 2009-2012 (post boom inmobiliario), aunque ha aplaudido que el plan prohíba vender la vivienda protegida y evitar fraudes en las adjudicaciones.

En la misma línea ha ido la reacción de Unidas Podemos. En rueda de prensa, Ione Belarra ha criticado que el dinero que van a destinar las administraciones públicas en su conjunto -Estado central y comunidades autónomas-a la vivienda hasta 2030 es “el equivalente a lo que gasta España en gasto militar en apenas dos meses y medio”.

Feijóo considera el plan una “tomadura de pelo”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha reaccionado al anuncio del Consejo de Ministros, señalando que, en materia de vivienda, el Gobierno de Pedro Sánchez es “un absoluto fracaso”. “La política de vivienda, saquen los planes y prometan lo que quieran, es un absoluto fracaso”, ha considerado este martes durante un acto de su partido en Getafe (Madrid).

Feijóo ha destacado en su intervención que, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, la vivienda era “el problema número 16 de España”, mientras que hoy ha escalado hasta el primer puesto: “Tenemos un récord histórico de precios, tanto en alquiler como en vivienda nueva, y es el síntoma de la precariedad vital en la que viven hoy millones de familias españolas”.

En esta línea, el presidente popular ha cuestionado cómo va a paliar el Gobierno el actual déficit de vivienda “sin presupuestos, sin ley del suelo, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta”. “Digan lo que digan, prometan lo que prometan, hagan la propaganda que hagan, nadie va a creerles porque la realidad es que ocho años de gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo”, ha aseverado.

Buena dirección, pero impacto limitado

Por su parte, las asociaciones y sindicatos también se han pronunciado. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquilar (Asval) ha valorado que el plan supone “un paso en la buena dirección”, pero ha señalado que “su impacto será limitado si no se refuerza la ambición presupuestaria, se desarrolla un modelo sólido de alquiler asequible incentivado y se alinea plenamente con el nuevo marco europeo”.

En un comunicado, los grandes tenedores reivindican que “en muchas ocasiones” están “asumiendo de facto una función de escudo social que debería corresponder al Estado a través de un parque público suficiente y adecuado”, por lo que sostienen que “cualquier sistema de protección debe ir acompañado de mecanismos de compensación claros, efectivos y dotados financieramente, que garanticen un reparto equilibrado de responsabilidades”.

Para la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, el presupuesto del plan es “ridículo” y, en la práctica, “no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda”. Además, han incidido en que este plan, junto con la creación de Casa 47, configuran un modelo basado en la “vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada”, que “no saca la vivienda del ciclo especulativo”.

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

Esther García López — Tue, 21 Apr 2026 14:52:41 +0000

El conflicto en Oriente Medio y la negativa del Gobierno español a plegarse a las exigencias de Donald Trump ha supuesto un antes y un después en las relaciones comerciales entre España y Estados Unidos. Según los últimos datos del informe de comercio exterior publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, España ha reducido tanto sus exportaciones como sus importaciones con Estados Unidos, mientras que ha intensificado su actividad con varios países de Asia-Pacífico y otras economías emergentes.

En el caso de Estados Unidos, España exportó bienes y servicios por valor de 2.426,4 millones de euros entre enero y febrero, lo que supone un descenso del 12,1% respecto al mismo periodo de 2025. Estas ventas representan el 4% del total de exportaciones españolas, que alcanzaron los 60.646 millones de euros en el conjunto del periodo.

También las importaciones procedentes del mercado estadounidense se han reducido de forma notable. España compró productos y servicios por valor de 4.315,8 millones de euros, un 20,3% menos que el año anterior. Este volumen supone el 6,4% del total de compras exteriores del país, que ascendieron a 67.952 millones de euros.

El déficit comercial de España con Estados Unidos baja un 28,8%

Como resultado, el déficit comercial con Estados Unidos se situó en 1.889,5 millones de euros, lo que representa una mejora del 28,8% respecto al saldo negativo de 2.652,8 millones registrado un año antes.

Es decir, aunque el comercio bilateral se ha reducido, el desequilibrio entre exportaciones e importaciones ha mejorado de forma significativa para España.

Caen las exportaciones a China

La misma tendencia de ajuste se observa en el caso de China. Las exportaciones españolas al gigante asiático cayeron un 10,9%, hasta los 1.232,4 millones de euros, mientras que las importaciones descendieron un 2,2%, situándose en 7.824,6 millones.

Esto hace que el déficit comercial con China se mantiene prácticamente estable, en torno a los 6.592 millones de euros, lo que confirma el fuerte desequilibrio estructural entre ambos países.

Las ventas a Australia aumentan un 70%

Sin embargo, no todos los mercados siguen esta tendencia a la baja. El informe destaca un fuerte dinamismo en economías emergentes del sudeste asiático y otras regiones. Las exportaciones españolas a Indonesia se han multiplicado por más de tres, mientras que han crecido un 70% en Australia y un 21,5% en Sudáfrica. También se registran aumentos relevantes en Vietnam (+14,7%), Canadá (+10,6%) y Singapur (+8,6%).

En el capítulo de importaciones, España ha incrementado de forma significativa sus compras a mercados como Hong Kong (+70%) y Japón (+35%). Asimismo, destacan los aumentos en Chile (+49%), Perú (+27,7%), Canadá (+19,2%), Arabia Saudí (+14,9%) y Australia (+12,5%).

Europa, el principal destino de los productos españoles

Europa, no obstante, sigue siendo el principal destino de las exportaciones españolas, concentrando aproximadamente un tercio del total. Dentro de la Unión Europea, España mantiene un superávit comercial de 4.021 millones de euros, aunque esta cifra supone un descenso del 18% respecto al año anterior.

Por países, los mayores superávits se registran con Portugal (2.886 millones), Francia (2.816 millones) y Reino Unido (2.467 millones), consolidando a los socios europeos como el principal pilar del comercio exterior español.

En conjunto, los datos reflejan una reconfiguración progresiva del mapa comercial de España, con menor dependencia de algunos socios tradicionales y una creciente diversificación hacia mercados emergentes de alto crecimiento.

La CNMC no detecta manipulación en los precios en los combustibles, pero vigila de cerca y en tiempo real a más de 12.000 gasolineras

Esther García López — Tue, 21 Apr 2026 14:13:36 +0000

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha detectado “comportamientos anormales ni manipuladores” en los precios de los carburantes en España, en el actual contexto de incertidumbre generado por el conflicto en Oriente Medio, según ha informado este martes la presidenta del supervisor Cani Fernández.

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, Fernández respondió a las dudas sobre un posible aumento injustificado de los márgenes de beneficio en las gasolineras ante el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Irán y señaló que “lo que estamos observando son comportamientos que no son anormales ni manipuladores”.

No obstante, lanzó una advertencia a los propietarios de gasolineras: si se detectan prácticas irregulares, la CNMC actuará con contundencia. “En caso de que no se produjese una actuación normal de mercado, abriremos los expedientes que correspondan”, afirmó.

Vigilancia reforzada en un contexto crítico

Cani Fernández subrayó que el organismo está analizando el mercado de carburantes “con los cuatro sentidos”, no solo en su evolución diaria, sino también en su estructura y perspectivas futuras. El objetivo es garantizar un funcionamiento competitivo en un sector que, según recordó, tiende de forma natural al oligopolio.

En este sentido, destacó la importancia de proteger la competencia, especialmente el papel de las gasolineras independientes o de bajo coste, a las que considera clave para dinamizar el mercado y contener los precios.

La vigilancia se ha intensificado en los últimos meses como consecuencia del contexto geopolítico. A través del real decreto ley 7/2026, aprobado tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, la CNMC ha reforzado el seguimiento de precios. Esta norma obliga a los principales operadores con capacidad de refino en España —Repsol, Moeve y BP— a remitir semanalmente información detallada sobre sus costes y precios de venta.

Estos datos son analizados por la CNMC y compartidos con varios ministerios, en un intento de reforzar la transparencia y anticipar posibles distorsiones en el mercado.

Control “gasolinera por gasolinera”

Uno de los aspectos más destacados del sistema de supervisión es su nivel de detalle. Según explicó Cani Fernández, la CNMC realiza un seguimiento “gasolinera por gasolinera y producto por producto”, apoyándose en información en tiempo real de más de 12.000 estaciones de servicio en toda España.

Este control exhaustivo permite detectar rápidamente cualquier comportamiento anómalo o indicios de prácticas contrarias a la competencia. Además, el organismo mantiene una estrecha coordinación con operadores de otros mercados energéticos, como OMIE y Mibgas, para cruzar información y tener una visión más completa de la situación energética.

Fernández también avanzó que la CNMC trabaja en un informe sobre los márgenes de beneficio de los operadores de refino, cuya publicación está prevista antes del 31 de mayo de 2026, aunque reconoció que se trata de un calendario “ambicioso”.

El riesgo geopolítico y el estrecho de Ormuz

En su intervención, la presidenta del regulador se refirió también a uno de los escenarios que más preocupa a los mercados: un posible cierre prolongado del estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte mundial de petróleo.

Aunque calificó esta posibilidad como “nada halagüeña” y un escenario que “nadie desea”, Fernández apuntó que España podría estar mejor preparada que otros países para afrontar sus consecuencias, gracias a la diversificación de sus fuentes de suministro energético.

La CNMC insiste en que su principal objetivo es preservar un mercado competitivo que beneficie tanto a consumidores como a empresas. Para ello, considera fundamental mantener una vigilancia constante y una capacidad de reacción rápida ante cualquier indicio de fraude o abuso.

En un contexto de elevada incertidumbre internacional y volatilidad en los precios de la energía, el mensaje del supervisor es claro: por ahora no hay pruebas de manipulación en los carburantes, pero el control es máximo y las sanciones llegarán si la situación cambia.

Así, mientras la tensión geopolítica sigue marcando la evolución de los mercados energéticos, la CNMC mantiene el foco puesto en garantizar que los precios en las gasolineras respondan a la lógica del mercado y no a prácticas irregulares.

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

Esther García López — Tue, 21 Apr 2026 13:45:02 +0000

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha defendido este martes que la inmigración es un factor “indispensable” para sostener el crecimiento económico tanto en España como en el conjunto de Europa, aunque ha advertido de la necesidad de gestionar sus efectos para evitar tensiones en ámbitos como la vivienda.

Durante un desayuno informativo, el dirigente del BCE subrayó que más de la mitad del crecimiento de la economía española en los últimos años se explica por el aumento de la población derivado de la inmigración. Sin embargo, alertó de que este impulso no se está traduciendo en una mejora del bienestar individual, ya que el PIB per cápita permanece prácticamente estancado, según recoge Europa Press.

El vicepresidente del eurobanco insistió en que el reto no pasa por frenar estos flujos, sino por ordenarlos y optimizar su impacto. En este sentido, abogó por “maximizar los beneficios y minimizar los costes”, evitando fenómenos como la presión excesiva sobre el mercado inmobiliario o la actuación de redes ilegales.

Vivienda: aumentar la oferta es “imprescindible”

Uno de los principales problemas señalados fue la vivienda. De Guindos cree “imprescindible” aumentar la oferta y criticó que la actual regulación del alquiler esté limitando su crecimiento, lo que contribuye a elevar los precios y dificulta el acceso, especialmente para los jóvenes. Esta situación, añadió, también reduce la movilidad laboral y la eficiencia del mercado de trabajo.

De cara al futuro, Guindos advirtió de un posible choque entre las prioridades políticas y las necesidades económicas. Según explicó, un eventual endurecimiento de las políticas migratorias podría poner en riesgo el crecimiento, en un contexto en el que, además, España dejará de contar con el impulso de los fondos europeos a partir de agosto. Subrayó que “el desafío será encontrar el equilibrio” entre mantener el dinamismo económico y gestionar de forma eficaz los flujos migratorios.

Hernández de Cos, un “magnífico” candidato a presidente del BCE

Luis de Guindos también ha reconocido que el economista español Pablo Hernández de Cos sería un “magnífico” candidato para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, aunque ha subrayado que la decisión final dependerá de factores políticos y del respaldo de los gobiernos europeos.

El vicepresidente del BCE ha recordado que los nombramientos en el organismo no recaen en economistas, sino en los líderes políticos de la Unión Europea, a través del Consejo Europeo. En este sentido, pidió prudencia al valorar las quinielas, recordando que la propia Lagarde no figuraba entre las favoritas antes de ser elegida para sustituir a Mario Draghi.

Aun así, reconoció que Hernández de Cos parte con una posición destacada en la carrera. El actual director del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España cuenta con un amplio reconocimiento entre los expertos en política monetaria, que valoran su experiencia, perfil técnico y capacidad de consenso.

El candidato mejor valorado

De hecho, una reciente encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras lo sitúa como el candidato mejor valorado para asumir la presidencia del BCE en 2027. Según este sondeo, Hernández de Cos destaca especialmente en áreas como formación en economía monetaria, credibilidad internacional y capacidad para obtener apoyos dentro de la Unión Europea.

No obstante, Guindos insistió en que el resultado final dependerá de múltiples variables, entre ellas el momento político, los equilibrios institucionales y el respaldo explícito del Gobierno español, que consideró “básico” para impulsar cualquier candidatura.

La sucesión de Lagarde, cuyo mandato concluye en octubre de 2027, se perfila así como una decisión compleja en la que competirán también otros nombres relevantes del panorama europeo. Entre ellos figuran Klaas Knot, Joachim Nagel o François Villeroy de Galhau.

En este contexto, Guindos ha subrayado la importancia de que España mantenga su peso en el BCE, ya que su salida dejará al país sin representación directa en el órgano de gobierno de la institución.

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 12:13:03 +0000

El Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la nueva hoja de ruta del Ministerio de Vivienda para hacer frente a la crisis habitacional. Con especial atención a la creación de un parque público permanente y la adopción de medidas para frenar la especulación, el real decreto aprobado contempla un presupuesto de 7.000 millones de euros que triplica la inversión del anterior programa del Gobierno.

En la rueda posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que ante la actual situación del mercado inmobiliario “no valen parches” y tampoco existe una “varita mágica” para resolver el problema. Por ello, ha celebrado el plan aprobado como el acuerdo nacional robusto en torno a este tema que reclama la sociedad ante la falta de oferta y los precios disparados de la vivienda.

Según Rodríguez, la elaboración del plan ha contado con el mayor nivel de diálogo y colaboración hasta ahora registrado en la materia, con más de 28 encuentros y la recepción de 400 aportaciones del sector. Además, por primera vez, el Consejo de Estado ha incluido el análisis de este tipo de iniciativa en su agenda. La entrada en vigor de las medidas será inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado mediante Real Decreto, aplicándose con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año en curso.

Vivienda protegida permanentemente, ayudas al alquiler récord y cláusula “antifraude”

Una de las novedades clave es la protección indefinida de las viviendas públicas financiadas por el plan, lo que garantiza que los inmuebles adquiridos y promovidos mantendrán la calificación de protegidos de forma permanente. De este modo, se busca evitar la pérdida de parque público destinada a quienes más lo necesitan.

Entre las medidas más destacadas se encuentran las ayudas al alquiler con opción a compra para jóvenes, con viviendas protegidas de hasta 300.000 euros y subvenciones superiores a 10.800 euros para la compra o construcción de la primera vivienda en municipios con riesgo demográfico. El bono alquiler joven aumentará hasta 300 euros mensuales y se contemplan ayudas adicionales para colectivos vulnerables y situaciones de especial dificultad.

El plan también prevé ayudas a la rehabilitación estructural, accesibilidad y eficiencia energética, con cuantías que pueden alcanzar los 35.000 euros para viviendas vacías que, tras ser rehabilitadas, se destinen al alquiler asequible por al menos cinco años.

Como medida de control, se incorpora una cláusula antifraude que exigirá registros públicos y sorteos ante notario para la adjudicación de viviendas de protección oficial, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en la utilización de los fondos públicos.

Financiación y distribución del presupuesto

El esquema de financiación previsto establece que el 60% de la inversión correrá a cargo del Ejecutivo central, mientras que las comunidades autónomas asumirán el 40% restante. Estas últimas verán triplicados sus fondos disponibles para políticas públicas que aseguren la protección y asequibilidad de la vivienda en el largo plazo. Sin embargo, la mayor aportación económica desde los gobiernos regionales ha generado críticas desde la oposición, que consideran el esquema una amenaza para el principio de igualdad y autonomía regional.

La distribución presupuestaria prevé que el 40% de los fondos se destinen a aumentar de manera permanente la oferta de vivienda protegida, mientras que un 30% será asignado a la rehabilitación de viviendas existentes mediante ayudas específicas. El 30% restante se dirigirá a subvenciones centradas en la emancipación juvenil, la reducción del esfuerzo financiero para acceder a una vivienda y la intervención en zonas donde el mercado inmobiliario presenta mayores dificultades.

*Con información de agencias

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 11:53:40 +0000

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) descarta cancelaciones masivas en vuelos por problemas de abastecimiento de combustible para aviación en España, donde el suministro está “garantizado”, según ha explicado el presidente de la patronal, Javier Gándara. En una rueda de prensa celebrada este martes, Gándara ha asegurado que los recientes “ajustes” en algunas compañías responden a factores comerciales, pese a la preocupación generada por la guerra en Irán.

En esta línea, las aerolíneas españolas han incrementado en un 6% su capacidad de plazas para la temporada alta, alcanzando cerca de 260 millones de asientos entre abril y octubre. Esta expansión busca responder al fuerte interés turístico en España y también absorbe parte del tráfico desviado desde zonas afectadas por conflictos internacionales, según declaraciones de Gándara recogidas por Europa Press.

Aun así, ALA recomienda a los viajeros comprar billetes con antelación para evitar precios elevados, ya que se prevé una alta demanda. Aunque el sector observa con cautela la inflación y la incertidumbre económica, las previsiones para el verano mantienen el optimismo sobre la llegada de turistas y la normalidad operativa en los vuelos.

Hasta el 85% del queroseno necesario se produce en España

Según ALA, solo el 11,4% del crudo que alimenta las refinerías españolas proviene de las regiones afectadas por el conflicto en Oriente Medio, lo que sitúa al país en una posición ventajosa respecto a otros de Europa, que dependen en mayor medida de estos suministros. En cuanto al origen del combustible, se estima que entre el 80% y el 85% del queroseno consumido en aeropuertos españoles se produce localmente. Este dato contrasta con la situación de otros países europeos, que importan hasta el 90% de sus productos refinados debido al cierre progresivo de refinerías propias.

Además, Gándara subraya que las compañías productoras están ejecutando planes de contingencia y reforzando la producción, lo que garantiza la continuidad del suministro. Sin embargo, reconoce que el tráfico aéreo no está exento de riesgos, ya que las conexiones internacionales pueden verse afectadas por la escasez en otros países. “Los aviones van y vuelven”, ha recordado Gándara al explicar que, aunque el aprovisionamiento en España esté asegurado, la operativa aérea depende también de la situación en los destinos.

En el plano económico, se calcula que cerca del 70% de las necesidades de combustible para la temporada estival ya están cubiertas por acuerdos de cobertura previos al conflicto. El precio del combustible de aviación, que se ha duplicado tras el inicio de la crisis, impacta sobre todo a las compañías más pequeñas, que no suelen tener contratos de cobertura tan amplios como los grandes grupos. De media, este coste representa casi una tercera parte de los gastos totales de una aerolínea.

Sobre la posibilidad de repercutir el alza de precios en los billetes, Gándara ha explicado que ALA no valora las estrategias comerciales de cada empresa. Algunas, como Volotea, han optado recientemente por aplicar recargos, pero la asociación considera legítimas todas las políticas siempre que respondan a la realidad de cada operador.

Más asientos en los vuelos a costa y ciudades

Según datos difundidos por Reuters, las rutas con mayor incremento de capacidad se localizan en las regiones costeras: Alicante y Andalucía experimentarán subidas del 14% y 8% respectivamente, mientras que los aeropuertos de Madrid y Barcelona verán ampliado su número de plazas en un 8%.

No obstante, la pregunta central para la temporada alta de verano sigue siendo si la demanda real responderá al aumento de la oferta. La volatilidad del entorno internacional y la rapidez de los cambios informativos mantienen en vilo a las aerolíneas, según reconoce Gándara, que asegura que “las noticias vuelan casi minuto a minuto”.

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 09:59:21 +0000

Conocer los derechos y obligaciones como trabajador resulta fundamental para desempeñarse de manera segura y justa en el ámbito laboral. Esta información protege frente a posibles abusos y permite identificar situaciones irregulares. Además, facilita el cumplimiento de normas y responsabilidades, promoviendo un ambiente de respeto y colaboración. Estar informado contribuye a prevenir conflictos, fortalecer la negociación y garantizar condiciones laborales dignas y equitativas para todos, y para ello es necesario saber dónde se fijan estas condiciones.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada insiste en que existen tres documentos clave que todo trabajador debe manejar para conocer sus derechos laborales. Según explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips), el primero y más esencial es el Estatuto de los Trabajadores: “La norma básica y a la vez la fundamental de todos los trabajadores”. Se trata del eje del sistema laboral español, que fija los mínimos aplicables a cualquier relación laboral.

De la Calzada recalca que este estatuto es una “ley de mínimos, es decir, menos que eso no se puede regular”. Explica que si, por ejemplo, el estatuto otorga “un permiso de cinco días”, ningún convenio puede establecer menos, como sucede con los permisos por hospitalización. Para resolver la consulta frecuente sobre dónde encontrar estas normas, el abogado aclara: “La puedes encontrar en Google totalmente gratis”.

El convenio y el contrato completan los derechos y obligaciones

El segundo pilar que señala es el convenio colectivo, que regula “los derechos entre los trabajadores y las empresas de cada sector”. Estos acuerdos, negociados entre sindicatos y patronal, concretan el marco del Estatuto según actividad o territorio. Allí se fijan vacaciones, permisos, licencias, salarios, categorías profesionales y retribuciones en caso de baja. Sin embargo, si el convenio establece condiciones inferiores al estatuto, “prima el Estatuto de los Trabajadores”.

El tercer documento fundamental, muchas veces ignorado según De la Calzada, es el contrato de trabajo. “Es una vinculación contractual, no deja de ser un acuerdo de voluntades”, sostiene. En él pueden pactarse cuestiones como flexibilidad de jornada, disponibilidad o franjas horarias, introduciendo un nivel de personalización que complementa a la normativa general. Si un trabajador ha firmado ya en su contrato ciertas condiciones, después “es muy difícil negarse” ante cambios de la empresa, aclara el especialista. “¿Por qué? Porque lo has firmado”, advierte. Y pone el ejemplo de quienes reclaman por un cambio de turno partido: si se pactó en el contrato, la empresa puede exigirlo legalmente, salvo irregularidades.

La importancia de revisar todos los documentos

En la práctica, estos instrumentos interactúan en la relación laboral diaria. Muchas discrepancias surgen por desconocimiento o por interpretar uno de ellos de forma aislada. Comprender su jerarquía permite distinguir qué es obligatorio por ley, qué depende del convenio y qué se ha pactado individualmente. En sectores con alta rotación, revisar el contrato resulta especialmente relevante por el impacto de sus cláusulas en la organización del trabajo.

El acceso a estos documentos se ha facilitado con la digitalización normativa y la publicación oficial de convenios en portales públicos. Además, la divulgación jurídica ha acercado estos conceptos a trabajadores sin formación específica. La consulta de fuentes oficiales y la revisión periódica de condiciones laborales se ha convertido en una práctica habitual y necesaria en entornos profesionales diversos, especialmente ante conflictos laborales y cambios frecuentes en la organización del trabajo.

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 08:42:50 +0000

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido de que, aunque el estrecho de Ormuz reabriera de inmediato, se necesitará “mucho tiempo” para regresar a la situación previa debido a los graves daños en infraestructuras energéticas y petroleras en el golfo Pérsico. Birol explica que la normalización no depende solo de la reapertura del paso marítimo, sino de la reparación de instalaciones clave, lo que podría prolongarse hasta dos años y se desarrollaría de manera progresiva.

En una entrevista a la emisora France Inter, el representante de la AIE ha reiterado que se trata de “la mayor crisis de la historia” en materia de energía y no solo afecta al petróleo, sino también al gas, los fertilizantes y los productos petroquímicos, ampliando su impacto sobre la economía mundial. El riesgo más inmediato es un repunte inflacionario y un posible freno en la actividad económica global, que necesitarán margen temporal para recuperarse incluso si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se cierran con un acuerdo que permita el tránsito por Ormuz.

La AIE, fundada en 1974 tras la primera crisis petrolera y que agrupa a la mayoría de los países de la OCDE, observa con preocupación la evolución del conflicto, según detalla el economista turco. El proceso de recuperación será gradual y dependerá de la rapidez con la que se puedan restaurar las infraestructuras dañadas, mientras el mundo permanece atento a la evolución de los mercados energéticos y a las consecuencias económicas derivadas del bloqueo en la región.

Preocupación por los problemas de suministro

La caída histórica de la producción petrolera registrada en marzo, con un descenso de 10,1 millones de barriles diarios, ha activado las alarmas en los mercados energéticos internacionales. En su último informe mensual, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya advertía de que el impacto de la guerra en Oriente Medio no solo ha reducido la oferta global, sino que también ha forzado a los países exportadores a recurrir a sus reservas estratégicas, que están disminuyendo rápidamente.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha sido uno de los factores clave detrás de esta crisis, provocando la interrupción de 13 millones de barriles diarios de exportaciones desde el golfo Pérsico. En una entrevista concedida el pasado jueves 16 de abril a AP, Birol adelantó que Europa podría enfrentarse a problemas en sectores como la aviación, para la que cuenta con “quizás seis semanas de combustible”.

Una crisis que altera el “mapa energético” mundial

Según la propia AIE, esta crisis “va a frenar el crecimiento económico y cuanto más dure más difícil va a ser”. Las naciones con menor margen de maniobra financiera podrían verse atrapadas en “una espiral de deuda que pesará sobre las próximas generaciones”. El organismo internacional señala que las consecuencias serán especialmente severas para economías emergentes, donde el encarecimiento de la energía y el endeudamiento pueden limitar seriamente el desarrollo social y productivo. El análisis de la agencia reconoce que, en el corto plazo, Rusia ha logrado duplicar sus ingresos petroleros durante marzo, impulsada principalmente por el aumento de los precios internacionales y, en menor medida, por el crecimiento de sus exportaciones.

Además, el director de la AIE, Fatih Birol, asegura que “a largo plazo las consecuencias de esta crisis conducirán a redibujar el mapa energético”, evocando lo sucedido tras el choque petrolero de 1973, cuando muchos Estados optaron por construir centrales nucleares para reducir la dependencia de los hidrocarburos en la generación eléctrica. Así, la crisis actual podría acelerar la transición energética, con la energía nuclear y las renovables posicionándose como los grandes beneficiados, aunque también prevé un mayor uso del carbón en algunos países de Asia.

Respecto al escepticismo climático de la Administración Trump, Birol subraya que “la Administración de Trump tiene sus propias prioridades”. Sin embargo, destaca que “las renovables se desarrollan en el mundo entero por su flexibilidad económica”, más allá de las posturas políticas de cada gobierno.

Cómo declarar acciones y fondos de inversión en la declaración de la Renta 2026

Andrea de Lucas — Tue, 21 Apr 2026 07:37:38 +0000

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025 comienza el 8 de abril, y con ella vuelven las dudas habituales entre los contribuyentes, especialmente entre quienes han invertido en bolsa o en fondos durante el último año. Desde la Comisión Nacional de Mercados y Valores y el Banco de España insisten en que la fiscalidad es un elemento clave en la gestión de las finanzas personales y que, aunque suele pasar desapercibida, puede influir de forma directa en la rentabilidad final de las inversiones. Por ello, recomiendan a los contribuyentes familiarizarse con los conceptos básicos antes de presentar su declaración del IRPF.

Cuándo hay que declarar las acciones en la Renta 2026

Uno de los puntos que más confusión genera entre los inversores es el momento en el que deben tributar por sus activos. Por ejemplo, en el caso de las acciones, hay dos principales situaciones en las que se generan rendimientos.

Por un lado, cuando se venden los títulos, lo que da lugar a una ganancia o pérdida patrimonial en función de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otro, durante el tiempo en el que se mantienen en cartera, ya que pueden generar ingresos como dividendos o derechos de suscripción, considerados rendimientos del capital mobiliario.

En cambio, las fluctuaciones de valor —subidas o bajadas en bolsa— no tienen impacto fiscal hasta que no se materializa la venta. Es decir, no hay que declarar las variaciones mientras no se produzca la transmisión de las acciones.

Ventajas fiscales de los fondos de inversión

Los fondos de inversión presentan una particularidad que los convierte en una herramienta especialmente atractiva desde el punto de vista fiscal: el diferimiento del pago de impuestos. Esto significa que un inversor puede traspasar su dinero de un fondo a otro sin tener que tributar en ese momento, siempre que no retire el capital.

Este mecanismo permite ajustar la cartera de inversión sin generar un impacto fiscal inmediato, algo que no ocurre con otros productos como las acciones. Eso sí, esta ventaja no se aplica a todos los vehículos —como los ETF—, por lo que conviene revisar cada caso concreto.

Cómo reducir la factura fiscal

Existe otra cuestión especialmente relevante, y es la de la posibilidad de compensar pérdidas con ganancias. Este mecanismo permite reducir la base imponible y, por tanto, pagar menos impuestos.

En la práctica, si un inversor ha tenido pérdidas en determinadas operaciones, puede utilizarlas para compensar las ganancias obtenidas en el mismo ejercicio o incluso en los cuatro años siguientes, dentro de los límites establecidos por la normativa.

Además, también es posible compensar parcialmente estas pérdidas con los rendimientos del capital mobiliario, como los dividendos, lo que amplía las opciones para optimizar la tributación.

La importancia de los gastos y las comisiones

Otro aspecto que a menudo pasa desapercibido es el tratamiento de los gastos asociados a las inversiones. Las comisiones de compra y venta de acciones, por ejemplo, deben incluirse en el cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial, ya que afectan al resultado final.

Asimismo, ciertos gastos relacionados con la administración o el depósito de valores pueden deducirse en el caso de los rendimientos del capital mobiliario. Tener en cuenta estos detalles puede marcar la diferencia en el resultado de la declaración.

Consejos prácticos para la Renta 2026

Revisar todas las operaciones realizadas durante el año para identificar posibles ganancias o pérdidas.
Tener en cuenta los dividendos cobrados, que están sujetos a retención.
Aprovechar la compensación de pérdidas para reducir la carga fiscal.
Recordar que los traspasos entre fondos no tributan hasta el reembolso.
Consultar siempre fuentes oficiales antes de tomar decisiones con impacto fiscal.

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 07:36:34 +0000

El negocio detrás de los grandes estadios de fútbol va mucho más allá de lo que se ve en el terreno de juego. Aunque desde fuera todo parece girar en torno al partido, lo cierto es que estas infraestructuras funcionan como auténticas máquinas económicas, donde cada detalle cuenta para generar ingresos. Desde la venta de entradas hasta los patrocinios, conciertos y otros eventos, todo suma en un modelo que busca rentabilidad constante, como es el del estadio del Atlético de Madrid.

Las cuentas del madrileño Riyadh Air Metropolitano en un gran partido sorprenden por sus dimensiones. Jaime Pla, CEO del operador móvil virtual Suop e ingeniero industrial de formación, desglosa las cifras en una reciente publicación de TikTok (@suopmobile): “Por la amortización de la construcción, el estadio cuesta 700.000 euros por cada partido”. Es decir, solo por haber construido el estadio, cada partido ya arrastra un coste importante, que tiene que compensar con ganancias.

Pla detalla que, en una noche de Champions League, el recinto llena sus 70.000 asientos y requiere más de 1.300 trabajadores solo en seguridad. “En seguridad, limpieza y mantenimiento, el gasto es de 1,5 millones de euros”, subraya en el video. Detrás de cada partido hay una enorme operación en marcha para que todo funcione sin problemas y los aficionados tengan una buena experiencia.

Un gasto de gasto de hasta 2,4 millones por día

A esto se suman los costes de suministros básicos. “En luz, agua y cuidado del césped, se van 200.000 euros más”, añade Pla. Con todo, abrir el estadio para un gran partido supone un gasto total de 2,4 millones de euros. Una cifra alta, pero que forma parte del día a día de este tipo de instalaciones.

La clave, en cambio, está en los ingresos. “Por las cuotas de socios y abonos ingresan 2,1 millones de euros por encuentro”, asegura Pla. Además, la venta de entradas y todo lo que se consume dentro del estadio suma otros 2,7 millones, siempre según las estimaciones de Pla. Entre unas cosas y otras, el dinero empieza a cuadrar y superar el imponente gasto inicial que supone la amortización y el funcionamiento del estadio.

Ingresos por partidos, conciertos y patrocinios

“Por lo que el coste total es de 2,4 millones de euros. Y aun así ganan otros 2,4 millones de beneficio por cada tarde de fútbol”, afirma el experto. Es decir, no solo cubren gastos, sino que cada partido importante deja un margen bastante destacable. El estadio, en este sentido, es mucho más que un lugar donde se juega al fútbol, sino que representa un modelo de negocio de alta inversión pero también de alta rentabilidad.

Sin embargo, el modelo de ingresos no se queda ahí. Pla explica: “Entre el patrocinio de Riyadh Air (la aerolínea saudí que se mantiene como patrocinador oficial y responsable del nombre del estadio del Atlético de Madrid), el museo y los grandes conciertos cubren todas las amortizaciones y aportan al presupuesto 40 millones de beneficio neto al año”. Esto demuestra que el estadio se aprovecha durante todo el año, no solo cuando hay partidos, y que se ha convertido en un espacio multifuncional.

Quién no está obligado a hacer la declaración de la renta 2026

Andrea de Lucas — Tue, 21 Apr 2026 07:32:52 +0000

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril. Y, a medida que se acerca la fecha, cada vez más contribuyentes revisan sus obligaciones fiscales y se preguntan si deben presentar la declaración este año. Así, Hacienda ha establecido una serie de supuestos en los que, por la cuantía y la naturaleza de los ingresos, no existe el deber de cumplimentar este trámite. Esta situación afecta a quienes, por sus circunstancias personales o laborales, no están obligados a presentar la declaración.

Según la información de la Agencia Tributaria, el criterio principal se centra en el origen de los ingresos, el número de pagadores y la suma total percibida durante el ejercicio fiscal.

Límites para rendimientos del trabajo y varios pagadores

El caso más frecuente de exención corresponde a los trabajadores con un solo pagador. Si los rendimientos del trabajo —es decir, los ingresos— no superan los 22.000 euros anuales, y no existen otros ingresos relevantes, la persona no está obligada a declarar. Esta condición también aplica cuando, existiendo varios pagadores, la cantidad abonada por el segundo y los restantes no supera los 1.500 euros en total. En situaciones de prestaciones pasivas, como pensiones de la Seguridad Social, la exención se mantiene cuando la retención haya sido calculada por la propia Agencia Tributaria.

No obstante, la normativa establece un límite inferior, fijado en 15.876 euros anuales, para quienes han percibido ingresos de más de un pagador y la suma del segundo y siguientes supera el umbral de 1.500 euros. Este límite también afecta a quienes reciben pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas, así como a quienes han cobrado de un pagador que no practica retención, o cuando los ingresos están sujetos a un tipo fijo de retención.

¿Quiénes más no están obligados a hacer la declaración de la Renta en 2026?

Además, cuando se trata de rendimientos del capital, normalmente no es obligatorio presentar la declaración si la suma de los rendimientos del capital mobiliario (por ejemplo, intereses o dividendos) y de las ganancias patrimoniales no supera los 1.600 euros al año, siempre que esas cantidades hayan tenido ya retención o ingreso a cuenta.

Sin embargo, este límite tiene una excepción: no se aplica a determinadas ganancias obtenidas al vender o reembolsar participaciones en instituciones de inversión colectiva, como algunos fondos de inversión, cuando la retención no se calcula directamente sobre la cantidad que luego se integra en la base imponible del impuesto.

También hay casos en los que no es necesario presentar la declaración cuando los ingresos proceden de determinadas fuentes y son de poca cuantía. Esto ocurre, por ejemplo, si una persona obtiene rentas inmobiliarias imputadas (ingresos que Hacienda atribuye por tener una segunda vivienda que no está alquilada), rendimientos de Letras del Tesoro, subvenciones para comprar una vivienda protegida o de precio tasado, u otras ayudas públicas que generen ganancias patrimoniales.

Si la suma total de todas estas cantidades no supera los 1.000 euros al año, el contribuyente no está obligado a hacer la declaración del IRPF. En esencia, esta norma busca evitar que personas con ingresos muy pequeños procedentes de este tipo de rentas tengan que presentar la declaración.

Reglas para rentas mínimas y recomendación de revisar cada caso

Existe también una regla pensada para ingresos muy pequeños. Según esta norma, tampoco es necesario presentar la declaración cuando una persona obtiene ingresos del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de actividades económicas (siempre que no sea autónomo) o ganancias patrimoniales, y el total de todos ellos no supera los 1.000 euros al año, hayan tenido retención o no. De la misma forma, si durante el año se han tenido pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros, tampoco existe obligación de declarar.

Por otro lado, para determinar si una persona está obligada o no a declarar, los límites se aplican en orden. Primero se comprueba si se cumple alguno de los supuestos generales de exención según el tipo de renta y su cuantía. Si el contribuyente encaja en alguno de ellos, no tiene que presentar la declaración. Si en cambio sí existiría obligación, entonces se revisa la regla especial para rentas muy bajas, que puede eliminar esa obligación cuando los ingresos son especialmente reducidos.

En cualquier caso, la Agencia Tributaria recomienda analizar cada situación concreta, ya que pequeñas diferencias en el tipo de ingresos o en su importe pueden cambiar la obligación de declarar. Además, recuerda que presentar la declaración de forma voluntaria puede ser conveniente en algunos casos, incluso si no es obligatoria, porque podría dar derecho a recibir una devolución.

Hacienda vigila las ventas de Wallapop: cómo declararlas en la Renta para evitar sanciones

Andrea de Lucas — Tue, 21 Apr 2026 07:28:59 +0000

La llegada de plataformas como Wallapop ha modificado por completo el panorama de la compraventa de segunda mano. Muchos usuarios han encontrado en estas aplicaciones no solo una forma de deshacerse de objetos que ya no utilizan, sino también una vía para obtener ingresos extra. Sin embargo, la Agencia Tributaria está pendiente de las operaciones realizadas a través de estos servicios, sobre todo por el aumento del volumen de transacciones y la profesionalización de algunos vendedores.

Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea DAC7, Wallapop y otras plataformas similares están obligadas a informar a Hacienda sobre las actividades de sus usuarios. Esto implica que la Agencia Tributaria dispone ahora de información detallada sobre las ventas realizadas en estos entornos digitales, lo que, según Mapfre, supone un cambio para quienes utilizan estas aplicaciones habitualmente.

Solo se declara si hay ganancia patrimonial

En cuanto a cómo afecta esto en la declaración de la Renta en 2026, la clave reside en si las ventas generan o no una ganancia patrimonial. Cuando el precio por el que se vende un artículo es inferior al que se pagó en su día, no existe beneficio económico y, por tanto, no es necesario tributar por el IRPF. Pero si el importe obtenido supera al precio de compra, la diferencia positiva sí debe incorporarse a la declaración.

Aun así, la obligación de informar a Hacienda no se traduce automáticamente en la necesidad de pagar impuestos. La plataforma remitirá los datos del usuario a las autoridades fiscales solo si durante el año natural se han realizado 30 ventas o más, o si el total de las operaciones supera los 2.000 euros. En ambos casos, Wallapop solicitará completar los datos fiscales del usuario antes de remitir la información.

¿Y hay que declarar siempre las ventas de Wallapop en la Renta? No exactamente. Solo se debe declarar cuando se ha obtenido un beneficio, es decir, cuando el precio de venta supera el de compra. Por ejemplo, si alguien compra un teléfono móvil por 800 euros y lo vende por 400, no existe ganancia patrimonial y no hay obligación de incluir la operación en la declaración. Sin embargo, si se adquiere un mueble antiguo por 50 euros y, tras restaurarlo, se vende por 150, los 100 euros de diferencia sí deben figurar como ganancia patrimonial.

Cómo incluir las ganancias en la Renta 2026

Los beneficios derivados de la venta de artículos en Wallapop deben incluirse en la base imponible del ahorro de la declaración de la Renta. Para la campaña del ejercicio de 2025, la Agencia Tributaria prevé que estas ganancias se consignen a partir de la casilla 1624, correspondiente al apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones.

El importe a pagar se calcula aplicando los tramos del IRPF vigentes sobre la ganancia neta obtenida. Para los primeros 6.00 euros de beneficio, el tipo impositivo es del 19%. Entre 6.000,01 y 50.000 euros, el porcentaje asciende al 21%. Si la suma supera los 50.000,01 euros y llega hasta los 200.000, se aplica un 23%. A partir de los 200.000 euros, el gravamen varía entre el 27% y el 28%.

Para cumplir correctamente con la normativa, es fundamental conservar pruebas del precio de compra original, como facturas o justificantes de pago. Esta documentación permitirá acreditar ante Hacienda que no se ha generado una ganancia en caso de que el precio de venta sea inferior al de adquisición.

Otros impuestos aplicables

Por último, además del IRPF, existe un tributo que afecta a todas las operaciones de compraventa entre particulares: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Este gravamen, que recae sobre el comprador, suele fijarse en un 4% del valor del bien adquirido.

En la práctica, Hacienda no suele reclamar el pago de este impuesto en transacciones de escasa cuantía. Sin embargo, si la operación implica bienes de alto valor, como automóviles o piezas de arte, es recomendable tramitar el ITP para evitar posibles sanciones o reclamaciones posteriores.

Gastos deducibles para autónomos: qué incluir en la Declaración de la Renta 2026

Irene G. Domínguez — Tue, 21 Apr 2026 07:18:14 +0000

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancará el próximo 8 de abril de 2026 y se prolongará hasta el 30 de junio, un periodo en el que muchos trabajadores autónomos revisarán qué gastos pueden incluir en su declaración.

Aunque abundan las guías que enumeran partidas deducibles de forma genérica, la Agencia Tributaria recuerda que no basta con que un desembolso guarde alguna relación con el trabajo. Para que un gasto sea deducible, debe estar vinculado a la actividad económica desarrollada, encontrarse debidamente justificado y figurar registrado en la contabilidad o en los libros obligatorios.

La propia Agencia Tributaria advierte además de que, si se cuestiona la realidad de la operación, la factura o el justificante documental pueden no bastar por sí solos, por lo que el autónomo debe poder acreditar que ese gasto existió realmente y que estaba relacionado con la obtención de ingresos.

Qué gastos suelen ser deducibles

Entre los gastos que Hacienda admite con más claridad figuran las cuotas a la Seguridad Social, la compra de mercaderías, materias primas y otros materiales necesarios para la actividad, los gastos de personal, los servicios contratados a terceros, algunos tributos deducibles, los gastos financieros y las amortizaciones. En el caso de las cuotas del propio autónomo, la Agencia Tributaria las incluye expresamente entre los gastos del titular de la actividad.

En este grupo suelen entrar también, siempre que exista una relación directa con el negocio y se justifiquen correctamente, el alquiler del local, los servicios de gestoría, las reparaciones, la compra de material, las primas de seguros vinculadas a la actividad o determinadas amortizaciones. Además, en el régimen de estimación directa simplificada se mantiene para 2025 el 5% por provisiones deducibles y gastos de difícil justificación, con un máximo de 2.000 euros.

Trabajar desde casa no permite deducir todos los suministros

Uno de los errores más habituales es pensar que, por desarrollar la actividad desde casa, se pueden deducir íntegramente gastos como la luz, el agua, el gas, el teléfono o internet. Hacienda sí permite deducir parte de estos suministros cuando el autónomo utiliza una parte de su vivienda para trabajar, pero no sobre el total del recibo. La regla general es aplicar el 30% a la proporción de metros cuadrados destinados al trabajo respecto a la superficie total de la vivienda, aunque Hacienda admite otro porcentaje si puede acreditarse.

Ese matiz es importante porque impide deducir como gasto profesional la totalidad de facturas domésticas con uso mixto. En el caso de la telefonía móvil, además, la Agencia Tributaria precisa que la línea solo será deducible en la medida en que se utilice exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica.

Las comidas y el coche son dos de los puntos más conflictivos

Los gastos de manutención del propio autónomo también pueden deducirse, pero solo si cumplen condiciones muy concretas. Deben corresponder al propio contribuyente, producirse en el desarrollo de la actividad, realizarse en establecimientos de restauración y hostelería y haberse abonado por medios electrónicos.

A este respecto, Hacienda fija topes diarios: en España, 26,67 euros sin pernocta y 53,34 euros con pernocta; en el extranjero, 48,08 y 91,35 euros, respectivamente. Estos importes se aplican a gastos realizados en un municipio distinto del lugar de residencia y del centro habitual de trabajo.

En el caso de los coches, Hacienda no suele admitir la deducción si el vehículo se usa también para fines personales. Solo contempla excepciones en algunos supuestos concretos, como los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías, los dedicados al transporte de viajeros, a la enseñanza de conductores, a los desplazamientos profesionales de representantes o agentes comerciales o al alquiler habitual a terceros.

Fuera de esos casos, desgravar gastos como la gasolina, las reparaciones, el seguro o el propio coche es mucho más complicado.

Qué no se puede deducir en la renta 2026

La Agencia Tributaria también deja claro que hay gastos que no se pueden incluir en la declaración, aunque el autónomo los haya pagado. Entre ellos están las multas y sanciones, los recargos por pagar impuestos fuera de plazo, las pérdidas en apuestas, casino, póker o juegos similares, los donativos o regalos y los gastos relacionados con actuaciones ilegales.

De cara a esta campaña de la Renta, la clave para los trabajadores autónomos no está solo en haber pagado, sino en poder demostrar que ese gasto era real, estaba vinculado a la actividad y cumplía los requisitos fiscales para poder incluirlo en la declaración.

Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Irene G. Domínguez — Tue, 21 Apr 2026 07:13:09 +0000

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 comenzará el próximo 8 de abril de 2026 por internet y se prolongará hasta el 30 de junio, según el calendario oficial publicado por la Agencia Tributaria. Durante estas semanas, millones de contribuyentes revisarán sus datos fiscales para comprobar si el resultado final les obliga a pagar o les permite recibir una devolución.

Aunque muchos ciudadanos confirman el borrador sin introducir modificaciones, los asesores fiscales recomiendan revisar con detalle cada apartado, ya que existen deducciones y gastos que pueden reducir la factura tributaria y que a menudo pasan desapercibidos. Algunas ventajas fiscales son estatales y otras dependen de la comunidad autónoma de residencia, por lo que conviene comprobar cada caso antes de presentar la declaración.

Asimismo, es importante revisar que figuren correctamente los ingresos laborales, las deducciones familiares y los beneficios fiscales autonómicos, ya que omitir cantidades, aunque sean pequeñas, puede modificar considerablemente el resultado final.

Cuotas sindicales y colegios profesionales

Las cuotas abonadas a sindicatos pueden deducirse en la declaración de la renta como gasto vinculado a los rendimientos del trabajo. Aunque en algunos casos aparecen ya incorporadas en los datos fiscales, conviene comprobarlo, porque no siempre se trasladan automáticamente al borrador.

También pueden deducirse los pagos realizados a colegios profesionales cuando la colegiación sea obligatoria para ejercer la actividad laboral. En este caso, el límite máximo deducible es de 500 euros anuales, siempre que el pago esté directamente relacionado con la profesión desempeñada.

Gastos de defensa jurídica en litigios laborales

Otro concepto poco conocido son los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios laborales con la empresa. La normativa permite deducir este tipo de gastos cuando estén vinculados a procedimientos relacionados con despidos, reclamaciones salariales o conflictos entre trabajador y empleador.

En estos casos, el límite máximo deducible es de 300 euros al año, y es necesario conservar la documentación que acredite el gasto y su relación con el conflicto laboral.

Donativos a ONG y fundaciones

Las aportaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades acogidas al régimen de mecenazgo también permiten reducir el impuesto. Para la campaña de este año se mantiene la deducción del 80% para los primeros 250 euros donados.

A partir de esa cantidad, el porcentaje de deducción es del 40%, aunque puede elevarse al 45% cuando se dona a la misma entidad durante al menos tres años consecutivos por un importe igual o superior al del ejercicio anterior. Para aplicarlo es imprescindible disponer del certificado emitido por la entidad beneficiaria.

Deducción por maternidad y gastos de guardería

Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pueden seguir aplicando la deducción por maternidad, que alcanza hasta 1.200 euros anuales por cada hijo.

Además, existe un incremento adicional de hasta 1.000 euros por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados. Esta deducción puede cobrarse de forma anticipada mes a mes o incluirse directamente al presentar la declaración.

El alquiler: deducción estatal solo en régimen transitorio

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ya no se aplica de forma general y solo sigue vigente para quienes firmaron su contrato antes de 2015 y ya venían aplicando este beneficio fiscal en años anteriores.

Actualmente, la mayoría de las ventajas fiscales vinculadas al alquiler dependen de cada comunidad autónoma. En algunas regiones existen deducciones específicas para jóvenes, rentas bajas o determinadas circunstancias familiares, por lo que conviene revisar la normativa autonómica antes de confirmar el borrador.

Gastos médicos: solo deducciones autonómicas

Los gastos sanitarios no generan una deducción estatal general en el IRPF, aunque algunas comunidades autónomas sí permiten desgravar determinados pagos médicos si se cumplen los requisitos.

Por ejemplo, Canarias permite deducir gastos odontológicos, gafas graduadas o lentillas; Cantabria contempla tratamientos sanitarios no cubiertos por el sistema público; y la Comunidad Valenciana aplica una deducción específica para salud bucodental no estética.

Por ello, los expertos recomiendan revisar tanto las deducciones estatales como las autonómicas antes de presentar la declaración, ya que algunos gastos cotidianos pueden reducir más de lo previsto el resultado de la declaración.

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 07:11:42 +0000

Mientras la escasez de oferta tensiona el mercado inmobiliario y eleva el precio del acceso a la vivienda, el rechazo social a la acumulación de propiedades aumenta en España. Tres de cada cuatro españoles consideran ya necesario aumentar los impuestos para los propietarios con dos o más viviendas, según una consulta sobre 2.200 personas encargada por el grupo parlamentario The Left y la eurodiputada de Sumar Estrella Galán al Ateneo del Dato.

En concreto, el 29,7% señala que el recargo fiscal debe aplicarse desde la segunda vivienda, mientras que un 24,6% lo situaría a partir de la tercera, mientras que un 8,1% elegiría la cuarta como punto de inicio. El 8,3% opta por incrementar el gravamen para aquellos con más de cinco viviendas, y un 4,4% lo haría solo para los grandes tenedores que superan las diez propiedades. En contraste, un 20,7% no ve justificación para subir impuestos a quienes poseen varias viviendas independientemente del número.

Un 32% sostiene que nadie debería tener más de dos inmuebles

Aunque el debate sobre la legitimidad de los grandes propietarios se ha centrado frecuentemente en bancos o fondos buitre, la encuesta pone de manifiesto que la mayoría de la población española rechaza la acumulación excesiva de inmuebles también en manos de particulares. Un 32% opina que no hay justificación para tener más de dos viviendas y un 16,7% coloca ese máximo en tres. Además, el 10,4% limitaría la propiedad a una sola, por lo que en total casi un 60% de los encuestados considera que nadie debería tener más de tres viviendas.

La semana pasada, la última Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España revelaba que siete de cada diez hogares en España son propietarios de su vivienda habitual y uno de cada tres (33,7%) cuenta con una segunda propiedad. En la esfera política, varias propuestas para limitar la acumulación de viviendas han sido impulsadas principalmente por Sumar desde 2024, con apoyo de partidos como ERC o Bildu, planteando medidas como prohibir la compra de vivienda por parte de fondos de inversión y empresas, restringirla a personas físicas o limitar la compra de segundas propiedades con fines de inversión o especulativos.

Los votantes de derecha también apoyan las zonas tensionadas y las restricciones de compra

El estudio también explora el impacto percibido de la concentración de propiedades en el mercado. El 71,6% cree que la acumulación de viviendas reduce la oferta de alquiler habitual, una percepción que se intensifica hasta el 74,8% cuando se trata de la compra para inversión. En cuanto al papel de los intermediarios en el mercado, el 75% estima que agencias y portales inmobiliarios contribuyen al encarecimiento del acceso a la vivienda. De ellos, un tercio atribuye un peso muy alto a esta influencia, mientras que el resto considera que el impacto es considerable.

Paralelamente, el 72,1% de los encuestados considera que se debería restringir la compra de viviendas con fines de inversión, tanto para empresas como para particulares. En concreto, la mitad de la muestra (48,8%) cree que estas limitaciones deben aplicarse a ambos grupos, mientras que otros segmentos prefieren actuar solo sobre empresas (15,8%) o sobre particulares (7,5%). Las medidas regulatorias propuestas, tanto para limitar la acumulación de viviendas como para restringir la inversión especulativa, cuentan con un respaldo transversal que incluye a votantes de diferentes partidos políticos.

Por otra parte, un 68,4% apoya la limitación de los precios del alquiler en su zona de residencia. Este respaldo alcanza incluso a la mayoría de quienes se identifican con partidos conservadores como el Partido Popular (55,5%) o Vox (53,2%), y sube hasta el 76,6% entre quienes viven de alquiler. El apoyo a la intervención pública en el sector se refuerza con la demanda de un aumento significativo de la inversión en vivienda. El 82,9% de la ciudadanía respalda elevar la inversión pública hasta el 1% del PIB, lo que supondría multiplicar por diez la cantidad actual destinada a la construcción de vivienda pública en alquiler asequible y a la rehabilitación de viviendas vacías.

Si la renta sale en negativo, ¿qué significa?

Andrea de Lucas — Tue, 21 Apr 2026 07:05:39 +0000

Cada primavera, la Agencia Tributaria abre el plazo para que los ciudadanos puedan realizar su declaración de la Renta e informen sobre sus ingresos, deducciones y circunstancias personales del ejercicio anterior. Este año, la campaña para la Renta 2025/2026 comienza el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio.

En cada campaña, uno de los conceptos que más dudas genera es el resultado de la declaración: ¿qué ocurre si la renta es negativa? ¿Significa que hay que pagar, o es una buena noticia para el bolsillo?

Qué implica una declaración negativa

Cuando la declaración de la renta resulta negativa, la interpretación suele ser motivo de confusión. En términos sencillos, un resultado negativo significa que el contribuyente ha abonado más impuestos de los que le correspondían durante el año fiscal. Por tanto, la Agencia Tributaria debe devolver esa diferencia directamente a la cuenta bancaria indicada en la declaración.

Este resultado se conoce popularmente como “a devolver”. Es decir, cuando el saldo es negativo, el ciudadano puede esperar un ingreso por parte de Hacienda. Por el contrario, si la declaración es positiva, es el contribuyente quien debe abonar la cantidad pendiente al Estado.

Así, una declaración de la renta negativa es una señal de que, a lo largo del año, se han realizado pagos anticipados (retenciones o ingresos a cuenta) por encima de lo necesario, ya sea por precaución de la empresa, cambios en la situación personal o por la aplicación de deducciones no tenidas en cuenta anteriormente.

Factores que provocan un resultado negativo

El motivo principal por el que una declaración de la renta puede salir negativa es el exceso de retenciones practicadas durante el año. Muchas empresas, ante la posibilidad de cambios en el salario o en las circunstancias familiares de sus empleados, prefieren aplicar retenciones superiores a las estrictamente necesarias.

A esto se suman las deducciones fiscales, que permiten reducir la carga impositiva siempre que se cumplan ciertos requisitos. Entre las deducciones más habituales figuran las asociadas al nacimiento de hijos, la movilidad geográfica por motivos laborales, la adquisición de vivienda o incluso los gastos relacionados con el deporte o el bienestar.

Además, los cambios en la situación familiar, como casarse, tener un hijo o comprar una vivienda, suelen modificar la base imponible y pueden dar lugar a un resultado negativo en la declaración. Es frecuente que estos acontecimientos no se reflejen de inmediato en las retenciones mensuales, lo que genera un saldo a favor del contribuyente al final del año.

Proceso para recibir la devolución

El primer paso para recibir una devolución es presentar la declaración correctamente, indicando la cuenta bancaria donde se desea recibir el ingreso. Una vez enviada, Hacienda procederá a revisar la documentación y comprobar que todos los datos son correctos.

La velocidad con la que se recibe la devolución depende en gran medida de la fecha de presentación. Por lo general, quienes presentan su declaración en los primeros días de la campaña suelen recibir el ingreso en un plazo breve. No obstante, la Agencia Tributaria dispone de un plazo legal de seis meses desde el final de la campaña para realizar el pago. Si la devolución se retrasa más allá de ese plazo, el contribuyente tiene derecho a reclamar y recibirá intereses de demora fijados actualmente en el 4,06%.

Todo el proceso se desarrolla de forma telemática, y el contribuyente suele recibir notificaciones por SMS o correo electrónico informando del estado de la devolución. Una vez aprobada, el dinero se ingresa en la cuenta bancaria facilitada al presentar la declaración.

Estas son las nuevas deducciones de la Renta 2026 aplicables en cualquier comunidad autónoma

Enzo Iriarte — Tue, 21 Apr 2026 06:53:07 +0000

La campaña de la Renta 2026 incluye una serie de deducciones que pueden aplicarse con carácter general en cualquier comunidad autónoma, siempre que el contribuyente cumpla los requisitos establecidos por la normativa estatal del IRPF. Estas ventajas fiscales afectan a distintos ámbitos, como la vivienda, la inversión o la sostenibilidad, y su correcta aplicación depende, en gran medida, de identificar y completar cada casilla correcta dentro del modelo de declaración.

Una de las deducciones más conocidas es la de inversión en vivienda habitual, aunque actualmente solo se mantiene en régimen transitorio para quienes adquirieron su vivienda antes de 2013. En estos casos, los contribuyentes deben reflejar esta deducción en la casilla [547], correspondiente al tramo estatal, y en la casilla [548], para el tramo autonómico. Se trata de una ventaja que sigue vigente para determinados perfiles y que permite reducir significativamente la cuota.

Otra deducción relevante aplicable en toda España es la destinada a la inversión en empresas de nueva o reciente creación. Este incentivo busca fomentar el emprendimiento y permite desgravar parte de la inversión realizada. Para beneficiarse, es necesario consignar el importe en la casilla [653], donde se recogen estas inversiones. Esta deducción se aplica directamente sobre la cuota íntegra estatal.

Deducción de la renta 2026: el alquiler de vivienda habitual

Otra deducción estatal importante es la relacionada con el alquiler de vivienda habitual, aunque también se encuentra en régimen transitorio. Solo pueden aplicarla quienes firmaron su contrato antes de 2015. En estos casos, la deducción debe consignarse en la casilla [562], permitiendo reducir tanto la cuota estatal como la autonómica.

En los últimos años, han cobrado especial relevancia las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Estas medidas buscan fomentar el ahorro energético y la sostenibilidad. Existen varias modalidades, como la reducción de la demanda de calefacción o la mejora del consumo de energía primaria. Para aplicarlas, se deben utilizar las casillas [1655], [1656] y [1657], en función del tipo de obra realizada.

También se han incorporado deducciones relacionadas con la movilidad sostenible, como la adquisición de vehículos eléctricos o la instalación de puntos de recarga. Estas medidas, vigentes hasta finales de 2025, permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal si han realizado este tipo de inversiones. En estos casos, los importes deben reflejarse en la casilla [1678] para vehículos eléctricos y en la casilla [1679] para puntos de recarga.

Además, existen deducciones vinculadas a la protección del patrimonio histórico o a la inversión empresarial, que también pueden aplicarse de forma general en todo el territorio. Estas deducciones se distribuyen entre la cuota estatal y autonómica, por lo que es importante revisar bien cada apartado de la declaración para no omitir ninguna opción.

Deducciones generales renta 2026

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Cómo funciona la deducción del seguro del hogar en la declaración de la Renta 2026

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 06:29:58 +0000

Con el inicio de la campaña de la Renta el próximo 8 de abril, millones de contribuyentes buscan fórmulas para cerrar con el mejor saldo posible sus cuentas con Hacienda. Una de las más socorridas consiste en aplicar todas las deducciones posibles en el IRPF, para lo que es necesario conocer que gastos habituales pueden suponer un ahorro fiscal. Es el caso de los seguros del hogar, aunque es importante aclarar que no se trata de una deducción independiente, sino que se integra dentro de la deducción por inversión en vivienda habitual, según detalla la Agencia Tributaria.

Para poder desgravar el seguro de hogar en la Renta 2026, deben cumplirse varios requisitos establecidos por Hacienda. En primer lugar, la vivienda debe ser la habitual del contribuyente, es decir, el lugar donde reside de manera permanente. Además, la deducción solo se aplica a inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2013, ya que la normativa eliminó la deducción para compras posteriores, salvo que se trate de un régimen transitorio.

Otro requisito clave es que la vivienda esté sujeta a préstamo hipotecario vigente y que el seguro esté vinculado a la hipoteca. Generalmente, estos seguros cubren riesgos básicos como incendio y daños estructurales. Solo en estas condiciones Hacienda permite que la prima pagada por el seguro se incluya dentro del cálculo de la deducción por vivienda habitual. Las coberturas opcionales, como asistencia en el hogar o daños estéticos, no son deducibles.

Hasta 1.350 euros de ahorro

La Agencia Tributaria establece que la base máxima sobre la que se calcula la deducción es de 9.040 euros al año, incluyendo tanto el pago de la hipoteca como los gastos asociados, entre ellos el seguro. El porcentaje de deducción aplicable es del 15%, lo que significa que el ahorro máximo alcanzable ronda los 1.356 euros anuales. Es importante destacar que este límite se aplica al conjunto de pagos relacionados con la vivienda, no exclusivamente al seguro.

Por ejemplo, si un contribuyente paga 8.500 euros de hipoteca y 400 euros de seguro de hogar, el total de gastos deducibles sería 8.900 euros. Aplicando el 15% de deducción, el ahorro fiscal asciende a 1.335 euros. Sin el seguro, la deducción sería menor, por lo que incluirlo puede optimizar el beneficio fiscal, siempre que cumpla los requisitos oficiales.

La deducción del seguro del hogar

El importe del seguro se declara dentro del apartado de deducción por inversión en vivienda habitual, normalmente en la casilla correspondiente a gastos y pagos asociados a la hipoteca. La Agencia Tributaria indica expresamente que las primas de seguros de incendios y de vida vinculadas a la vivienda se consideran “gastos derivados del préstamo hipotecario”, por lo que son deducibles dentro de este régimen.

Aunque la deducción general se limita a viviendas adquiridas antes de 2013, existen situaciones en las que el seguro de hogar puede ser deducible incluso en compras posteriores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la vivienda es alquilada, ya que la prima se puede incluir como gasto deducible en el IRPF del arrendador, o si el inmueble se utiliza parcialmente para una actividad económica por un autónomo, permitiendo deducir la parte proporcional del seguro.

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Naroa Caro — Tue, 21 Apr 2026 05:41:27 +0000

En los entornos laborales marcados por la exigencia constante, la competitividad y la necesidad de adaptación, no basta con cumplir tareas o acumular méritos individuales. Cada vez resulta más evidente que la forma en que se gestionan las relaciones profesionales influye directamente en el bienestar, el rendimiento y la sostenibilidad de una carrera a largo plazo. En este contexto, entender cómo interactuar con los demás dentro del trabajo pasa a ser una cuestión clave tanto para garantizar la estabilidad laboral como para hacer más llevadera la jornada semanal.

“No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas en realidad son aliados”, puntualiza Rafael Alonso, psicólogo con experiencia en recursos humanos, en una publicación sobre este tema. Alonso sostiene que la tendencia a asumir cargas ajenas y evitar conflictos puede parecer profesionalismo, pero a la larga conduce al desgaste. “He visto mil veces cómo las personas se queman en su trabajo porque intentan hacerlo todo ellas solas”, señala, apuntando a un error común: el aislamiento.

Ese aislamiento no siempre es evidente. A menudo se disfraza de compromiso o de una supuesta eficiencia individual que, en realidad, oculta la dificultad para delegar, compartir preocupaciones o establecer límites. No contar lo que molesta, aceptar tareas que no corresponden y buscar agradar a todos genera una presión constante. Según Alonso, quienes actúan así terminan fatigados mientras otros, que se apoyan mutuamente, resisten mejor el entorno laboral. “Mientras tú tiras solo, hay otras personas que sí están conectadas entre ellas, que se informan, que se cubren y que se apoyan cuando hay presión”, advierte en un video de su perfil de TikTok (@rafabienestarlaboral).

Apoyo mutuo y transmisión de información

Esta diferencia en la forma de relacionarse tiene consecuencias prácticas: quienes construyen redes internas suelen tener mayor acceso a información relevante, reciben apoyo en momentos críticos y logran distribuir mejor la carga de trabajo. Frente a ello, el profesional aislado queda más expuesto a errores, sobrecarga y desgaste emocional, incluso aunque su rendimiento individual sea alto.

Aun así, el psicólogo especialista en bienestar laboral y ex responsable de RRHH en varias empresas, marca una clara diferencia entre amigos y aliados. “Un aliado no es alguien con quien te vas a tomar cervezas. Es alguien que entiende cómo funciona el entorno y comparte contigo la visión sobre cómo deberían ser las cosas”, define Alonso.

Este matiz resulta especialmente relevante en organizaciones complejas, donde la información no siempre fluye de forma transparente y donde las decisiones pueden tener impacto más allá de lo visible. Contar con alguien que advierta de cambios, confirme intuiciones o aporte otra perspectiva puede marcar la diferencia entre anticiparse a un problema o reaccionar tarde.

Cómo hacer “aliados” en el trabajo

Para quienes se preguntan cómo construir ese tipo de relaciones, Alonso detalla tres pasos clave. El primero: compartir información útil sin excederse. Se trata de aportar datos relevantes, como advertir sobre cambios o situaciones que afectan a otros. “Así dejas de ser uno más y pasas a ser alguien en quien confiar”, apunta.

El segundo paso es apoyar en momentos de presión. Las verdaderas alianzas, enfatiza el psicólogo, surgen cuando alguien valida el trabajo de otro o lo respalda durante situaciones tensas. “Si cubres a alguien en una reunión, validas su trabajo o le respaldas cuando hay tensión, eso no se olvida”, asegura.

Por último, Alonso recomienda seleccionar cuidadosamente a los aliados. No se trata de levarse bien con todo el mundo, sino de identificar a quienes son coherentes y discretos. “Mejor dos aliados sólidos que diez relaciones superficiales”, concluye.

Comprar vivienda a ciegas, la arriesgada tendencia que crece en España: “Se adquiere sin visitarla porque el mercado expulsa a quien duda”

Esther García López — Tue, 21 Apr 2026 05:30:00 +0000

Comprar una vivienda sin visitarla se ha convertido en un riesgo que cada vez más ciudadanos están dispuestos a asumir, empujados por la escasez de oferta y la fuerte presión de la demanda. Lo que comenzó como una práctica puntual durante la pandemia, marcada por las restricciones de movilidad, ha resurgido con fuerza en el actual contexto inmobiliario.

En 2020, las compras a ciegas llegaron a representar el 6% del total, según un informe de Comprarcasa. Hoy, aunque el escenario ha cambiado, la tensión del mercado —con pocas viviendas disponibles, precios al alza y la urgencia por acceder a un inmueble— vuelve a impulsar este fenómeno.

“La presión de la demanda y la escasez de oferta están empujando a más compradores a cerrar este tipo de operaciones, una práctica que se ha normalizado en el primer trimestre del año en el mercado hipotecario español”, señalan fuentes de Trioteca.

Esta modalidad, que hace apenas dos años era anecdótica, se ha convertido en una “práctica recurrente”, reconoce Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca: “Nos encontrábamos casos puntuales de personas que habían dado arras sin ver el piso, pero hoy es una tónica demasiado habitual”.

Miedo a quedarse “fuera del mercado”

La intensa competencia por acceder a una vivienda y el temor a no lograrlo empujan a cada vez más compradores a asumir riesgos y tomar decisiones condicionadas por el miedo a perder oportunidades y quedarse fuera del mercado.

“Hay compradores que han intentado adquirir vivienda varias veces y no lo han conseguido porque llegan tarde. Después de tres o cuatro intentos fallidos, optan por comprar sobre plano o incluso sin visitar el inmueble para no perder la oportunidad”, explica Gonzalo Bernardos, profesor titular de Economía y Director del Máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la Universitat de Barcelona.

Incide en que esta presión se percibe especialmente en obra nueva, donde “prácticamente ninguna promoción llega a su finalización con viviendas disponibles”. De hecho, advierte de que algunos promotores retienen unidades para venderlas una vez finalizadas con incrementos de precio que pueden oscilar entre el 10% y el 15%, replicando estrategias propias del boom inmobiliario de hace dos décadas.

Perfil del comprador cambia: del buscador de gangas al que necesita un techo

El perfil de los compradores que adquieren casas sin verlas ha cambiado. Hace unos años era, principalmente, el de buscadores de gangas inmobiliarias que pagaban al contado o personas que conocían bien la zona e incluso el edificio en el que se encontraba el inmueble.

“La situación más habitual era la de un particular o inversor, que conocía la zona o el edificio donde se encontraba la vivienda, y deseaba aprovechar una oportunidad con un buen precio por metro cuadrado. Muchos inversores compraban por porcentaje de rentabilidad en alquiler”, recoge el informe de la red inmobiliaria.

Ahora, aunque el perfil de ‘cazagangas’ sigue vigente, ha aparecido el del necesitado de una vivienda que se ve obligado a comprar ya. Este comportamiento está estrechamente vinculado a dos factores clave: la urgencia habitacional y la incertidumbre financiera.

“Muchas personas necesitan cerrar la compra porque se les acaba el contrato de alquiler y no tienen alternativa. A eso se suma el miedo a la evolución del euríbor, que empuja a los compradores a precipitarse y a no negociar el precio”, apunta Garriga.

Dispuestos a sobrepagar

El resultado es un mercado donde los compradores no solo asumen más riesgos, también están dispuestos a sobrepagar. “La gente entra en una dinámica de pánico en la que prioriza asegurar la vivienda por encima de cualquier análisis racional”, añade el CEO de Trioteca.

Por ello, el experto advierte de los riesgos de esta tendencia y recuerda la importancia de realizar una evaluación exhaustiva antes de formalizar cualquier operación inmobiliaria.

Cómo evitar riesgos

Quienes opten por comprar sin ver deben extremar las precauciones para evitar problemas. Entre las principales recomendaciones, los analistas destacan la importancia de verificar que la información facilitada por el vendedor es correcta: desde que el inmueble no esté ocupado hasta que la superficie, la orientación o el estado coincidan con lo anunciado. Para recabar más datos, aconsejan hablar con vecinos o con el portero, así como solicitar al propietario fotos y vídeos detallados.

También resulta fundamental comprobar que toda la documentación está en regla. Para ello, es clave pedir la nota simple registral, que permite identificar al propietario y conocer si existen cargas, gravámenes o limitaciones de uso. Además, los expertos insisten en evaluar si el precio compensa el riesgo asumido, teniendo en cuenta la posibilidad de que la vivienda presente peores condiciones de las previstas.

Desde Fotocasa, aconsejan solicitar al propietario, además de la cédula de habitabilidad y la nota simple, el certificado de eficiencia energética, la escritura de compraventa, el recibo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, el certificado de Inspección Técnica del Edificio (ITE) y el de estar al corriente de pago con la comunidad y los últimos recibos pagados de los suministros.

“Todos estos documentos, especialmente la nota simple del Registro de la Propiedad, nos permitirán saber si el piso tiene cargas como hipoteca, embargos o deudas”, señalan las mismas fuentes.

Solicitar al propietario una declaración jurada ante notario es otra de las medidas clave. Este documento recoge, bajo juramento, que la información aportada es veraz y que el inmueble cumple con todos los requisitos legales y las condiciones pactadas. Su valor no es solo formal: en caso de falsedad, puede acarrear importantes responsabilidades para el vendedor, tanto penales como administrativas.

La mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que paga en impuestos

Noelia Tabanera — Tue, 21 Apr 2026 03:00:00 +0000

En España, el sistema de impuestos y prestaciones públicas —es decir, lo que los ciudadanos pagan al Estado y lo que reciben a cambio— tiene un efecto claro: redistribuir la renta. Dicho de forma sencilla, el dinero fluye desde unos hogares hacia otros a través de impuestos, pensiones, ayudas o servicios públicos. Y según el último informe de Fedea, esa redistribución es tan significativa que la mitad de los hogares españoles recibe más dinero del Estado del que aporta.

Los hogares no solo pagan impuestos como el IRPF, el IVA o las cotizaciones sociales. También reciben ingresos del sector público en forma de pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas sociales o servicios como la sanidad y la educación. Cuando se compara todo lo que un hogar paga con todo lo que recibe, si el resultado es positivo, ese hogar es beneficiario neto. Y, si es negativo, es contribuyente neto: paga más de lo que recibe.

El informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Fedea, estudia dos grandes ámbitos de la intervención pública: por un lado, las prestaciones públicas, que incluyen tanto transferencias monetarias (como pensiones de jubilación y supervivencia, subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social, ayudas al estudio, familiares y a la vivienda) como prestaciones en especie (sanidad y educación); y, por otro, el sistema fiscal, que abarca impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, cotizaciones sociales de trabajadores, autónomos y empresarios) e impuestos indirectos (IVA, ITPAJD, impuestos especiales sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad, así como el impuesto sobre primas de seguros y, de forma limitada, el IBI).

El documento divide a los hogares españoles en cinco grandes grupos según su nivel de renta (los llamados quintiles). Y el resultado es claro: los tres grupos con menos ingresos son, de media, beneficiarios netos del sistema. En cambio, los dos grupos con más renta son contribuyentes netos. Esto significa, en términos prácticos, que la redistribución afecta a una parte muy amplia de la sociedad. No se trata solo de los hogares más vulnerables: también muchas familias de renta media reciben más de lo que aportan.

“Como cabía esperar, la mayoría de beneficiarios netos se concentra en los tres primeros quintiles, y la mayoría de contribuyentes netos, en los dos últimos. Aunque también hay hogares en los primeros tramos de renta bruta que son contribuyentes netos, y hogares en los dos tramos superiores que son beneficiarios netos”, apunta el informe.

La diferencia, eso sí, es muy grande según el nivel de ingresos. En el grupo con menos renta, el saldo positivo —lo que reciben menos lo que pagan— equivale a más del 80% de su renta. Es decir, las prestaciones públicas tienen un peso enorme en sus ingresos. En el tercer grupo, ya de renta media, ese saldo positivo baja a alrededor del 15%.

A partir de ahí, la situación se invierte. En el cuarto grupo, los hogares ya pagan más de lo que reciben, aunque de forma moderada. Y en el tramo más alto de renta, el saldo negativo es mucho mayor: estos hogares aportan claramente más al sistema de lo que obtienen.

Este mecanismo no es casual. Forma parte del diseño del Estado del bienestar, cuyo objetivo es reducir las desigualdades. El informe lo confirma: la intervención pública —sumando impuestos y prestaciones— reduce la desigualdad de renta en España en cerca de un 32%.

Las pensiones de jubilación, la mayor prestación

¿De dónde viene principalmente ese efecto redistributivo? Sobre todo, de las prestaciones públicas. Las pensiones, por ejemplo, son el elemento más importante. Representan más de tres cuartas partes de todas las ayudas monetarias que reciben los hogares y son clave para reducir las diferencias de ingresos.

Según el informe, en 2023, las prestaciones monetarias públicas incrementaron su peso en la economía doméstica de los españoles. Este conjunto de transferencias —integrado por pensiones de jubilación y supervivencia, prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social y diversas ayudas específicas— creció un 6,4% respecto al año anterior. El impulso más notable vino de las pensiones de jubilación, que aumentaron un 8,2% de media, mientras que las de invalidez y supervivencia lo hicieron en un 6,9% y 6,6% respectivamente.

El grueso de las prestaciones recae sobre las pensiones, que en 2023 representaron el 77,4% del total percibido por los hogares, frente al 76,3% del año anterior. Este incremento se inscribe en una tendencia continuada, reforzada por la revalorización del 8,5% aplicada a las pensiones contributivas conforme al IPC medio de 2022. Por otro lado, las prestaciones asociadas al desempleo representaron el 10%, cifra que descendió ligeramente, favorecida por la mejoría en el empleo.

Impuestos directos e indirectos y su capacidad redistributiva

El sistema fiscal español —que incluye impuestos directos como el IRPF o las cotizaciones sociales, e indirectos como el IVA— también influye de forma clave en los ingresos finales de los hogares. En 2023, la recaudación creció un 6,7%, aunque menos que la renta de los hogares (8,2%), lo que redujo ligeramente el peso de los impuestos hasta el 35,5% de la renta bruta. Además, mientras los impuestos directos aumentaron, los indirectos descendieron.

El IRPF sigue siendo la principal herramienta redistributiva desde el lado de los impuestos, aunque su impacto se redujo ligeramente en 2023. Otros tributos, como el Impuesto sobre Sociedades, son progresivos pero tienen un efecto limitado por su menor peso. En cambio, las cotizaciones sociales tienen un comportamiento desigual: suponen una carga relativamente alta para los hogares con menos ingresos y menor para los más ricos, en parte por los límites máximos de cotización.

En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022

En conjunto, el sistema fiscal reduce la desigualdad, pero lo hace de forma moderada y menos intensa que en años anteriores. En 2023, los impuestos recortaron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022. Además, la progresividad del sistema se ve limitada por algunos impuestos indirectos y por el hecho de que los hogares con mayores ingresos soportan, en proporción, una menor carga en ciertos tributos.

Sanidad y educación

El gasto público en sanidad y educación es una de las principales herramientas de redistribución, aunque no se perciba directamente como dinero. Estas prestaciones en especie crecieron en 2023 un 5,2% de media —un 4,9% en sanidad y un 5,6% en educación— y, al sumarse a los ingresos de los hogares, dan lugar a la llamada renta disponible extendida, que aumentó un 8,4%. En términos de peso, la sanidad equivale al 8,7% de la renta bruta de los hogares y la educación al 5,2%.

El impacto de estos servicios públicos sobre la desigualdad es significativo. En conjunto, sanidad y educación redujeron la desigualdad de la renta disponible en un 10% en 2023, aunque algo menos que el año anterior.

Principio de acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para garantizar la jubilación parcial a los trabajadores de las administraciones públicas

Andrea de Lucas — Mon, 20 Apr 2026 16:49:58 +0000

El Gobierno y los sindicatos han dado un paso adelante muy esperado en el marco del diálogo social al alcanzar un principio de acuerdo que permitirá asegurar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral en las administraciones públicas. Este avance se ha producido este lunes, cuando se ha celebrado una nueva reunión entre representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Ministerio de Función Pública y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, en la que se han retomado unas negociaciones que llevaban semanas estancadas.

El encuentro, convocado tras casi dos meses sin avances, ha servido para desbloquear este asunto. Según han trasladado los sindicatos al terminar la reunión, el entendimiento alcanzado garantiza que los trabajadores laborales puedan acogerse a esta modalidad de jubilación, siempre que se cumplan determinadas condiciones relacionadas con el contrato de relevo.

En concreto, el acuerdo establece que el trabajador que sustituya parcialmente al empleado que se jubila deberá tener una relación laboral estable y a jornada completa. Esta incorporación podrá producirse bien a través de procesos selectivos ya superados o mediante una situación de interinidad hasta que la plaza se cubra de forma definitiva mediante oferta pública de empleo. Con este planteamiento, se busca dar seguridad jurídica al sistema y evitar situaciones de precariedad en los relevos.

Aprobar un real decreto-ley “sin más demora”

Este era un avance clave para reactivar el diálogo social, ya que la falta de consenso en este ámbito había paralizado el resto de negociaciones. Junto a esta cuestión, también se ha desbloqueado el mantenimiento del periodo transitorio fijado en la reforma de pensiones de 2021 para calcular las cuantías de las jubilaciones anticipadas voluntarias.

A partir de ahora, el Ejecutivo se ha comprometido a seguir trabajando en el desarrollo normativo de estos acuerdos. Desde el ámbito sindical se insiste en que estas medidas deben plasmarse cuanto antes en normas con rango suficiente. Por eso, CCOO ha reclamado que el Gobierno apruebe “sin más demora” un Real Decreto-ley que incluya todas aquellas cuestiones que ya cuentan con respaldo en la mesa de diálogo social, así como un Real Decreto para los aspectos de carácter reglamentario.

Además, el sindicato considera fundamental que el Ejecutivo garantice el respaldo parlamentario necesario para convalidar estas normas, con el objetivo de evitar retrasos en su aplicación. Entre los contenidos que, a su juicio, deberían incluirse en ese paquete legislativo figuran, además de la jubilación parcial del personal laboral, mejoras en la pensión de viudedad de las parejas de hecho y diversas medidas orientadas a optimizar la gestión de la incapacidad temporal.

Nuevas propuestas para las incapacidades temporales

Precisamente, la regulación de los procesos de incapacidad temporal ha sido otro de los temas abordados en la reunión. El Ministerio de Seguridad Social ha anunciado que remitirá próximamente una nueva propuesta a los agentes sociales con el objetivo de mejorar estos procedimientos y hacerlos más ágiles. Entre las iniciativas en estudio se encuentra la reorganización de los recursos de la Inspección Médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social para crear un equipo centralizado de valoración de incapacidades.

En paralelo, los sindicatos han planteado diferentes propuestas en este ámbito. Desde UGT se ha solicitado, entre otras cuestiones, la regulación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para determinados colectivos, como el personal del sector aéreo. Por su parte, CCOO ha planteado cambios más estructurales, como la transformación de las mutuas colaboradoras en entidades gestoras de la Seguridad Social o la introducción de mecanismos que refuercen el reconocimiento del origen laboral de determinadas patologías.

Cambios en la pensión de viudedad

Estas propuestas, sin embargo, no están exentas de discrepancias. El sindicato liderado por Unai Sordo ha mostrado su rechazo a la idea del Gobierno de ampliar las competencias de las mutuas para que puedan proponer incapacidades permanentes derivadas de contingencias comunes, al considerar que podría generar conflictos en la protección de los trabajadores.

Otro de los asuntos que están sobre la mesa es la posible modificación de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad en el caso de las parejas de hecho. En este punto, se estudia la posibilidad de flexibilizar las condiciones para aquellas personas que no puedan acreditar formalmente su relación, pero sí demuestren convivencia prolongada o tengan hijos en común con el fallecido.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.

El Gobierno llevará el martes al Consejo de Ministros su ‘megaplan’ de vivienda con ayudas récord a la compra y al alquiler

Esther García López — Mon, 20 Apr 2026 15:57:38 +0000

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una de las apuestas más ambiciosas en materia residencial de la última década. Con una inversión total de 7.000 millones de euros, el Ejecutivo triplica los recursos respecto al plan anterior y da un paso clave al blindar de forma permanente las viviendas protegidas financiadas con fondos públicos.

Se trata del primer plan diseñado bajo el paraguas de la Ley de Vivienda y pretende responder a uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a una vivienda asequible. El programa incluye medidas que abarcan desde ayudas al alquiler hasta incentivos a la compra, pasando por la rehabilitación, la regeneración urbana y el impulso de vivienda pública.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de alcanzar el máximo consenso con las comunidades autónomas, subrayando que el texto ha evolucionado en los últimos meses gracias a sus aportaciones.

Blindar la vivienda protegida

Uno de los elementos más destacados del plan es el blindaje permanente de la vivienda protegida financiada con recursos estatales. Esto significa que estas casas no podrán descalificarse con el paso del tiempo para entrar en el mercado libre, una práctica que en décadas anteriores redujo significativamente el parque público disponible.

El Ejecutivo pretende así consolidar un modelo más estable y sostenible, evitando que las inversiones públicas acaben diluyéndose. Este enfoque busca alinearse con los estándares de otros países europeos, donde la vivienda social mantiene su carácter público durante generaciones.

Además, el plan se apoya en tres pilares estratégicos ya avanzados en la Conferencia de Presidentes de junio de 2025: la protección del parque público, la corresponsabilidad financiera con las comunidades autónomas y la creación de un sistema único de información y gestión de datos.

Más dinero para construir y ampliar la oferta

El 40% del presupuesto total —unos 2.800 millones de euros— se destinará directamente a la construcción y adquisición de vivienda. El objetivo es aumentar la oferta disponible, especialmente de vivienda social y asequible, en un contexto de fuerte presión sobre los precios.

El plan también introduce incentivos para la construcción de vivienda pública en municipios pequeños. En localidades de menos de 10.000 habitantes, se podrán conceder ayudas de hasta 85.000 euros por vivienda, con el fin de combatir la despoblación y dinamizar el entorno rural.

En paralelo, se contemplan ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías de hasta 35.000 euros, siempre que estas se destinen posteriormente al alquiler asequible durante al menos cinco años. Con ello, el Gobierno busca movilizar un stock inmobiliario infrautilizado.

Reformas y eficiencia energética: el otro gran eje

La mejora del parque de viviendas existente es otro de los pilares del plan. Se establecen distintas líneas de ayudas para reformas estructurales, accesibilidad y eficiencia energética, con cuantías que varían según el tipo de actuación.

Las ayudas para intervenciones estructurales podrán alcanzar los 8.000 euros por vivienda, mientras que las destinadas a mejorar la accesibilidad llegarán hasta los 13.000 euros. En el caso de la rehabilitación energética, las subvenciones podrán alcanzar los 20.500 euros, en función del ahorro energético logrado.

Especial atención reciben los cascos históricos y edificios con valor patrimonial. En estos casos, las ayudas podrán incrementarse hasta los 30.000 euros por vivienda, reconociendo el mayor coste de este tipo de intervenciones y su importancia para la conservación del patrimonio.

Ayudas al alquiler con el foco en los jóvenes

El acceso al alquiler, especialmente para los jóvenes, ocupa un lugar central en el plan. Se establecen ayudas directas para facilitar la emancipación de menores de 35 años, con una cuantía máxima de 300 euros mensuales para viviendas completas y de 200 euros en el caso de habitaciones.

Estas ayudas estarán limitadas a un máximo del 60% del precio del alquiler, con el objetivo de equilibrar el esfuerzo público y el privado. La medida busca aliviar la carga económica de uno de los colectivos más afectados por la subida de precios.

El plan también contempla medidas para incrementar la oferta de alquiler asequible, incluyendo incentivos a propietarios que cedan sus viviendas a las administraciones autonómicas para su gestión como alquiler social durante un periodo mínimo de siete años.

Comprar vivienda en zonas rurales será más fácil

Otra de las novedades destacadas es el impulso a la compra de vivienda en municipios pequeños. Los jóvenes de hasta 35 años podrán acceder a ayudas de hasta 15.000 euros para adquirir o construir su primera vivienda en localidades de menos de 10.000 habitantes.

Esta medida no solo busca facilitar el acceso a la propiedad, sino también fomentar el arraigo y la revitalización de zonas rurales afectadas por la despoblación. Se trata de una estrategia que combina política de vivienda y cohesión territorial.

En este sentido, el plan refuerza también las actuaciones de regeneración urbana y rural, promoviendo intervenciones integrales que mejoren la calidad de vida en barrios y municipios con necesidades específicas.

Un plan abierto al consenso territorial

El Ejecutivo ha subrayado en todo momento su voluntad de alcanzar un amplio acuerdo con las comunidades autónomas, que desempeñarán un papel clave en la implementación del plan. La corresponsabilidad financiera será uno de los elementos centrales para garantizar su éxito.

Aunque el Gobierno esperaba aprobar el plan antes, la incorporación de propuestas autonómicas ha retrasado el calendario, permitiendo mejorar el texto final. La intención es que el programa tenga una aplicación homogénea, pero adaptada a las realidades territoriales.

La creación de un sistema único de información y gestión de datos permitirá, además, mejorar la transparencia y la eficacia en la ejecución de las políticas de vivienda, facilitando la evaluación de resultados.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se presenta como una herramienta clave para abordar uno de los grandes desafíos sociales y económicos del país. Con más inversión, nuevas ayudas y un enfoque estructural, el Gobierno busca cambiar el rumbo de la política de vivienda.

Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la coordinación con las comunidades autónomas, la capacidad de ejecución y la respuesta del mercado. El martes, con su aprobación en Consejo de Ministros, comenzará una nueva etapa que aspira a transformar el acceso a la vivienda en España.

La prórroga del alquiler une a los votantes de PSOE, PP, Sumar y Vox: tres de cada cuatro españoles apoya la medida

Esther García López — Mon, 20 Apr 2026 14:47:31 +0000

El debate sobre la vivienda vuelve a situarse en el centro de la agenda política en España. A pocos días de que el Congreso vote la convalidación del decreto ley que incluye la prórroga de dos años en los contratos de alquiler, una amplia mayoría de ciudadanos respalda la medida. En concreto, el 73,6% de los españoles se muestra a favor de esta ampliación, según un estudio del Ateneo del Dato financiado por el grupo de La Izquierda en el Parlamento Europeo.

El informe, encargado por la eurodiputada Estrella Galán, revela que el apoyo a la medida no solo es mayoritario, sino transversal. La encuesta apunta a que casi la mitad de los ciudadanos (48,7%) se replantearía su voto si el partido al que apoyan decidiera posicionarse en contra de esta prórroga en el Congreso.

Este posible castigo electoral afecta incluso a los partidos de la oposición. Entre los votantes del Partido Popular, alrededor de un 32% asegura que reconsideraría su voto, mientras que entre los de Vox la cifra se eleva hasta el 36%. Un escenario que añade presión a la votación prevista para el próximo 28 de abril.

La mayoría de los votantes de todos los partidos, a favor

Por su parte, los votantes de Sumar lideran el apoyo con un 91%, seguidos por los del PSOE con un 81%. Sin embargo, el dato más llamativo es que también existe una mayoría clara entre los electores del Partido Popular (65%) y Vox (60%).

Este consenso se produce en un contexto de creciente preocupación social por el precio de la vivienda. Según el estudio, el 93,4% de los encuestados considera que los alquileres son “altos” o “muy altos”, una percepción que comparten tanto inquilinos como propietarios, independientemente de su situación financiera.

De hecho, el problema trasciende perfiles: el 95,5% de los inquilinos percibe precios elevados, pero también lo hace el 92,9% de los propietarios, incluidos aquellos con hipoteca y quienes ya la han pagado. La vivienda se consolida así como una de las principales inquietudes económicas del país.

Impacto directo en la vida cotidiana

El encarecimiento del alquiler no solo es una percepción, sino una realidad que afecta directamente a la movilidad residencial. Casi la mitad de los encuestados (48,6%) afirma que ellos mismos o alguien cercano ha tenido que cambiar de vivienda en los últimos años debido a subidas de precios o a la no renovación del contrato.

Además, el 81,4% cree que, al finalizar un contrato de alquiler, el precio aumentará o directamente no se ofrecerá la posibilidad de renovarlo. Este clima de incertidumbre explica en parte el fuerte respaldo social a la prórroga planteada por el Gobierno.

La encuesta, realizada entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas, coincide con la entrada en vigor de la medida. Según fuentes de Sumar, miles de inquilinos ya habrían solicitado acogerse a la ampliación mediante burofax, lo que apunta a una alta demanda real de esta protección.

Presión política ante la votación

En este contexto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha interpretado estos datos como un claro mensaje ciudadano. A su juicio, existe un “consenso transversal” que debería reflejarse en el Congreso, y ha advertido del coste político que podrían asumir los partidos que voten en contra, según recoge Efe.

Bustinduy ha señalado que oponerse a la medida supondría alinearse con “grandes fondos financieros e inmobiliarias” en lugar de con los inquilinos. Por ello, ha instado a todas las formaciones políticas a reconsiderar su postura antes de la votación.

El ministro también ha hablado de un “clamor social” en favor de la prórroga, subrayando que el apoyo aumenta a medida que la propuesta se conoce mejor. En este sentido, confía en que la presión ciudadana termine inclinando la balanza en el Congreso.

Avalancha de solicitudes

Aunque no existen cifras oficiales sobre el número de solicitudes, el Gobierno asegura que la respuesta ciudadana ha sido masiva. Según Bustinduy, los datos indirectos —como descargas de formularios o consultas a organizaciones de consumidores— apuntan a una “avalancha” de peticiones.

El ministro ha recordado además que estas solicitudes son “válidas” y “obligatorias” para los propietarios, lo que refuerza el alcance inmediato de la medida. En un contexto de precios tensionados, la prórroga de los contratos se perfila como una herramienta clave para dar estabilidad a millones de inquilinos.

Con la votación a la vuelta de la esquina, el debate sobre el alquiler no solo marcará la agenda política, sino que podría tener consecuencias directas en el comportamiento electoral de los ciudadanos. La vivienda, una vez más, se convierte en un factor decisivo en la política española.

Ni una ni dos: estas son todas las veces que puedes cambiar el testamento y cómo hacerlo, según expertos

Andrea de Lucas — Mon, 20 Apr 2026 14:28:14 +0000

Dejar hecho el testamento es una de las decisiones legales más recomendables para evitar conflictos y asegurar que los bienes se reparten conforme a la voluntad de cada persona. Pero aún existe la idea errónea de que se trata de un trámite definitivo e inamovible. En realidad, la legislación española contempla este documento como algo flexible, pensado para adaptarse a las distintas etapas de la vida.

Lo normal es que, a medida que pase el tiempo, cambien las circunstancias personales, familiares o patrimoniales de cada uno. Matrimonios, nacimientos, divorcios o variaciones económicas pueden hacer necesario revisar lo que en su día se dejó por escrito. Por eso, según recalcan desde B&D Abogados de Herencias, es importante actualizar el testamento cuando se producen cambios relevantes, en lugar de considerarlo un documento cerrado.

Además, la ley española reconoce expresamente que el testamento puede modificarse en cualquier momento. Esto significa que la voluntad del testador no queda fijada de forma permanente, sino que puede evolucionar, para garantizar que, llegado el momento, el reparto de la herencia responda fielmente a su situación y deseos más recientes.

Cómo funciona el cambio de testamento en España

Modificar un testamento es un proceso muy sencillo y seguro. El método más habitual consiste en acudir al notario y otorgar un testamento nuevo. No es necesario presentar el documento anterior ni justificar el motivo del cambio. El nuevo testamento sustituye al anterior de forma automática, a menos que el testador indique expresamente que mantiene alguna cláusula anterior.

Existe también la posibilidad de realizar modificaciones parciales a través de un codicilo o una adición. Sin embargo, lo más aconsejable es optar por la vía del testamento completo para evitar confusiones o interpretaciones ambiguas en el futuro.

En caso de que una persona otorgue varios testamentos en diferentes momentos de su vida, la normativa española establece que solo el último documento otorgado conforme a la ley será válido en el momento del fallecimiento. Para determinar cuál es el testamento vigente, los herederos deberán solicitar el certificado de últimas voluntades, que identifica la fecha y el notario ante quien se formalizó la última voluntad.

Así, en España, la legislación no impone ninguna restricción ni límite de veces que se puede cambiar un testamento. El testador tiene la libertad de modificar su voluntad tantas veces como lo considere oportuno, siempre que esté en pleno uso de sus facultades.

Motivos más frecuentes para cambiar un testamento

Entre las causas para modificar el testamento, los cambios en las circunstancias personales y familiares son los más comunes. Esta variabilidad es la primera razón por la que el testamento suele necesitar revisiones periódicas. Además, entre otros motivos figuran el nacimiento de nuevos hijos o nietos, la disolución de una pareja, el fallecimiento de un beneficiario, la adquisición o venta de bienes, la existencia de deudas o la voluntad de incluir o excluir a determinadas personas como herederas.

Otra causa habitual es la necesidad de mejorar la protección del cónyuge viudo, sobre todo tras una nueva relación o matrimonio. También pueden influir cambios legislativos o la recomendación de un experto legal, que aconseje actualizar el documento para ajustarse a los nuevos requisitos legales.

Riesgos de no actualizar el testamento

Por el contrario, la falta de actualización puede dar lugar a que se respeten disposiciones que ya no reflejan la voluntad real del fallecido. Si, por ejemplo, una persona se divorcia o fallece uno de los herederos y no se modifica el testamento, sus bienes podrían terminar en manos de personas que ya no deberían ser beneficiarias.

En algunos casos, esta situación puede desembocar en conflictos familiares o incluso en disputas legales. Cuando el contenido del testamento no se corresponde con la realidad actual de la familia o el patrimonio, los herederos pueden verse obligados a recurrir a los tribunales para interpretar la voluntad del fallecido.

¿Existe el testamento definitivo?

Al final, por muy detallado y meticuloso que sea un testamento, no existe la posibilidad de que sea definitivo. La vida cambia, y lo que hoy parece una decisión acertada, mañana puede dejar de serlo. Por eso, lo más recomendable es revisar el documento cada cierto tiempo, especialmente tras un cambio relevante en la familia o el patrimonio.

De la cuna de Inditex a supermercado de barrio: el histórico local que albergó el primer Zara en A Coruña se convertirá en un Día

Andrea de Lucas — Mon, 20 Apr 2026 13:15:31 +0000

El lugar donde comenzó una de las historias de mayor éxito empresarial de España cambiará de aspecto para comenzar una etapa completamente distinta. El bajo comercial de la calle Juan Flórez de A Coruña, que en 1975 se convirtió en la primera tienda de Zara que abrió el gallego Amancio Ortega, dejará atrás su pasado vinculado a la moda para convertirse en un supermercado de la cadena Dia.

Un anuncio que llega tan solo unas semanas después del cierre definitivo del establecimiento, que bajó sus persianas el pasado 30 de enero. El cierre puso fin a casi medio siglo de historia en un local que marcó el inicio de una marca ahora conocida a nivel mundial, y contribuyó a situar a A Coruña en el mapa internacional del sector textil.

Además, el adiós llegó poco después de una remodelación llevada a cabo en 2025 con motivo del 50 aniversario de la compañía. Aquella intervención, planteada como un homenaje a los orígenes del grupo y a sus primeros clientes, terminó adquiriendo un carácter inesperado: el de despedida simbólica de un espacio que había trascendido su función comercial para convertirse en un icono.

Dia refuerza su modelo de proximidad

Ahora, ese mismo espacio se prepara para acoger un supermercado de proximidad. La futura tienda contará con una superficie de ventas cercana a los 300 metros cuadrados y supondrá la creación de más de una decena de empleos, todos ellos de nueva contratación. La apertura forma parte de la estrategia de expansión de Dia, que busca consolidar su modelo de comercio cercano en ubicaciones estratégicas dentro de entornos urbanos.

Con este nuevo establecimiento, la cadena reforzará su presencia en A Coruña, donde pasará a contar con ocho tiendas. A nivel provincial, la cifra ascenderá a 42, mientras que en Galicia superará el centenar de puntos de venta. La compañía destaca que esta operación responde a su intención de adaptarse a las necesidades del consumidor actual, que prioriza la cercanía, la rapidez y la facilidad en la compra diaria.

Un enclave estratégico con mucha carga simbólica

Y la elección del local no ha sido casual. Según la empresa, la ubicación reúne condiciones especialmente atractivas, tanto por su visibilidad como por su entorno residencial. En las inmediaciones se concentran numerosas viviendas, entre ellas grandes edificios como la torre Hercón, lo que garantiza una demanda constante desde el primer día de apertura. Así, el supermercado aspira a convertirse en un punto de referencia para los vecinos, ofreciendo una alternativa cómoda para el abastecimiento cotidiano.

Sin embargo, la operación no fue tan fácil como ahora parece. La compañía asegura que el proceso de adjudicación del alquiler fue disputado por varias empresas, y que su propuesta resultó finalmente elegida por su enfoque orientado al comercio de proximidad y a las nuevas dinámicas del consumo urbano.

Más allá de los datos económicos y comerciales, el cambio de uso del local tiene una fuerte carga simbólica. El espacio donde nació Zara, y con ella el grupo Inditex, deja de estar vinculado a la industria de la moda para integrarse en el día a día de los ciudadanos desde una perspectiva mucho más cotidiana. Es, en cierto modo, el reflejo de cómo evolucionan las ciudades y sus necesidades: de ser escaparate de tendencias globales a responder a demandas básicas de consumo.

La UE anuncia un aumento del 50% el control de las importaciones de alimentos: España ya vigila de cerca pimientos, mangos y espárragos

Naroa Caro — Mon, 20 Apr 2026 12:18:13 +0000

El comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, ha informado de un aumento del 50% en los controles realizados en los países de origen y más de un 33% en los puestos de entrada en España sobre los productos agroalimentarios importados a la Unión Europea (UE), con el fin de incrementar la cantidad de alimentos sometidos a revisión antes de su distribución en el mercado comunitario.

El anuncio se ha realizado tras una reunión en la que el comisario y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han dialogado con varias organizaciones agrarias en torno al refuerzo de la vigilancia sobre estos productos en los controles de entrada. En la rueda de prensa celebrada hoy en Sevilla, el ministro ha recordado que el modelo de control de frontera puesto en marcha a finales de 2024 ya ha supuesto un aumento del 7,5% en los controles físicos en el sector. Mientras, en productos como el pimiento, el mango y el espárrago, las inspecciones han subido un 80%.

Más allá de reconocer la buena colaboración con el comisario, Planas ha subrayado que el nuevo sistema centralizó la gestión bajo el Ministerio y permitió agilizar los procedimientos y mejorar la coordinación. Además, el personal destinado a los puntos de control creció un 20% en cuatro años, llegando a 581 efectivos.

España, socio “clave” para la seguridad alimentaria

El comisario europeo también ha destacado el papel de España como socio “clave de la Unión Europea” para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los estándares fitosanitarios en los productos que llegan a los consumidores europeos. Según ha detallado este lunes, la ciudadanía demanda niveles de exigencia cada vez más altos, lo que obliga a mantener una vigilancia estricta sobre los alimentos importados.

Várhelyi ha reiterado la necesidad de contar con puntos de control de entrada sólidos que aseguren el cumplimiento de los reglamentos europeos sobre productos agrícolas. En este contexto, ha anunciado que, además de aumentar un 50% las comprobaciones sobre productos procedentes de países terceros, la estrategia comunitaria pondrá el foco en reforzar los controles en aquellos lugares de origen donde se hayan detectado más incumplimientos.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha detallado que España dispone de 45 puntos de control para importaciones, distribuidos entre 30 en puertos y 15 en aeropuertos. En estos lugares, los muestreos de laboratorio han experimentado un crecimiento notable: un 24% más en frutas y hortalizas, y un 50% en plaguicidas.

Más de 78.000 millones en exportaciones agroalimentarias españolas atraviesan cada año estos puntos fronterizos, según las estimaciones compartidas por Planas. Para 2026, está previsto que los muestreos aumenten aún más, en especial sobre aquellas partidas que provienen de países donde se han detectado incumplimientos previos.

Mayor control sanitario, reclamación central del sector

La seguridad alimentaria se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones del sector, con las exigencias en este ámbito en primera línea del debate sobre el acuerdo con Mercosur. Organizaciones agrarias como ASAJA, COAG y UPA han denunciado en los últimos meses que la UE realiza inspecciones muy limitadas a productos importados, lo que consideran un riesgo para la seguridad alimentaria y una fuente de competencia desleal frente a los productores europeos.

Una de sus quejas principales es la necesidad de aplicar con mayor rigor las normas fitosanitarias, es decir, los requisitos sobre plaguicidas, enfermedades vegetales y condiciones de producción que deben cumplir los alimentos que entran en el mercado europeo. Argumentan que muchos productos de terceros países no respetan los mismos estándares ambientales o sanitarios exigidos en la UE.

Por ello, reclaman “cláusulas espejo”: que cualquier importación cumpla exactamente las mismas normas fitosanitarias y de seguridad alimentaria que la producción europea, además de aumentar inspecciones en frontera para evitar riesgos sanitarios y distorsiones de mercado.

Una empresa francesa quiere quedarse con el aceite español y estudia la compra de Deoleo, la compañía que controla la marca Carbonell

Noelia Tabanera — Mon, 20 Apr 2026 09:54:14 +0000

El grupo francés Lesieur evalúa una posible entrada en el capital de Deoleo, compañía española líder en la industria del aceite de oliva que controla un total de 29 marcas, entre ellas Carbonell (la más icónica), y Hojiblanca, Koipe, Elosúa y Giralda. Se trata de una información que ha adelantado el Corrierre della Sera, y es que Deoleo también cuenta con presencia en Italia a través de marcas como Bertolli y Carapelli. Este movimiento podría suponer un cambio relevante en la estructura de propiedad de uno de los principales actores del sector.

La capitalización de Deoleo alcanza los 160 millones de euros en la Bolsa de Madrid y la empresa opera en 68 países. De acuerdo con fuentes financieras citadas por el diario italiano, el grupo ha contratado al banco de inversiones William Blair para analizar opciones estratégicas. Además de Lesieur, la cooperativa española Dcoop y varios fondos de inversión han mostrado interés en la operación.

Deoleo distribuye anualmente 158 millones de litros de aceite y emplea a más de 600 personas. En el año 2025, la compañía volvió a registrar beneficios tras su reestructuración financiera, obteniendo ingresos por 821 millones de euros, un margen operativo de 50 millones y un beneficio neto de 20 millones de euros. Actualmente, el 57 % del capital está en manos de los fondos CVC y Alchemy.

La hoja de ruta de Deoleo

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, destacó tras conocerse los resultados de la compañía de 2025 que se corroboraba la hota de ruta marcada. “Son la prueba tangible de que EVOO-lution es la hoja de ruta adecuada y que se ha ejecutado de forma rigurosa”, manifestó. Se trata de un plan diseñado por la empresa para acelerar el crecimiento rentable y crear valor de forma sostenible y autofinanciada, fijando un objetivo claro: generar aproximadamente 32 millones de euros de Ebitda recurrente adicional para 2028, independientemente del contexto sectorial.

“Hemos sabido transformar la recuperación del consumo en valor real, protegiendo nuestros márgenes a través de la innovación y la eficiencia operativa”, añadió Valdés.

Mirando hacia el próximo ejercicio, el directivo señaló como prioridad la consolidación del crecimiento y la búsqueda continua de generación de valor a través del plan estratégico de la compañía. Entre otras mejoras operativas también puso el foco en Estados Unidos, donde la demanda de aceite de oliva experimenta un aumento pese a los aranceles impulsados durante la administración de Donald Trump.

Las opciones que barajan los fondos de Deoleo

Según fuentes financieras consultadas por Il Corriere de la Sera, los actuales fondos propietarios han encargado al banco de inversión William Blair la evaluación de posibles alternativas estratégicas, entre las que se contempla la venta de la empresa. Al interés expresado por Lesieur se suma la posibilidad de que la cooperativa andaluza Dcoop vuelva a explorar una operación de este tipo, dado que ya lo intentó en el pasado y nunca ha escondido su interés por la sociedad.

De acuerdo con esas mismas fuentes, tampoco se descarta la aparición de un nuevo socio de carácter financiero. Dentro del sector oleícola, marcado por la volatilidad y los efectos derivados de factores climáticos, la visión compartida en el sector es que una gestión de tipo industrial resultaría más adecuada para abordar los retos presentes.

El grupo francés Lesieur ya cuenta con una dilatada trayectoria en la gestión de marcas dentro del sector. El grupo Avril, al que pertenece, consolida ingresos por valor de 8.200 millones de euros y ostenta una posición destacada en el ámbito agroalimentario gracias a una cartera diversificada en la que figura también la firma italiana Costa d’Oro. Esta estructura empresarial refuerza la presencia del grupo en el mercado internacional del aceite de calidad.