La medida se adoptó tras la mediación del equipo de Diálogo Social de la Alcaldía, en medio de la tensión generada por la presencia inicial de agentes antidisturbios en la plazoleta.

Según el reporte de la Secretaría Distrital de Gobierno, los uniformados se desplazaron para permitir una ruta de evacuación por la calle 24, en dirección occidental. En el lugar permaneció el Grupo de Fuerza Unificada por la Libertad Personal (Gufud), mientras la concentración continuó sin bloqueos ni hechos graves.

Videos tomados por asistentes y difundidos en redes sociales mostraron a los agentes mientras se retiraban hacia otros sectores del centro de la ciudad. El movimiento ocurrió luego de jornadas previas marcadas por roces entre manifestantes y la fuerza pública alrededor de actividades culturales y protestas en el área.

La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que sus gestores establecieron contacto con enlaces de la movilización y con el comandante a cargo del operativo. De ese diálogo surgió el ajuste del dispositivo. Además, la entidad señaló que la decisión buscó reducir la tensión en el entorno de la Biblioteca Nacional y mantener habilitada una salida segura para quienes participaban en la jornada.

El informe oficial de la entidad distrital describió la concentración como pacífica: “La manifestación continúa de manera pacífica, sin bloqueos ni incidentes. Se registra la presencia de Susana Muhamad, exconcejal y exministra”.

El plantón reclama recursos y cambios en la dirección

La movilización hace parte de una convocatoria nacional bajo la consigna “Un país que lee se defiende”. Los colectivos del libro y la lectura reclaman garantías presupuestales para bibliotecas públicas, rurales, comunitarias, populares e itinerantes, así como la continuidad de programas de lectura, escritura y oralidad.

Los participantes también exigen la salida de Julia Cristina Daza Noguera, que asumió la dirección de la Biblioteca Nacional el 1 de octubre de 2026. El nombramiento ha recibido cuestionamientos por parte de trabajadores de la entidad y de sectores editoriales, que han planteado reparos sobre su experiencia en el campo cultural y patrimonial.

Como respuesta a aquellos que han alzado su voz, el Ministerio de las Culturas indicó que Daza cumple los requisitos normativos para ejercer el cargo. En la información institucional de su posesión, la directora señaló que su gestión tendría como ejes la protección del patrimonio bibliográfico y documental, el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, la innovación digital y la proyección internacional del acervo.

La protesta ocurre además en un escenario de preocupación por la financiación de iniciativas del sector. Los convocantes han pedido que continúen las Bibliotecas Rurales Itinerantes, la Red Relata, las escuelas de mediación y los procesos de formación vinculados con la lectura. También reclaman respaldo para librerías independientes y para políticas públicas que garanticen acceso a los libros en distintas regiones.

Otra concentración en el Museo Nacional

La Secretaría Distrital de Gobierno reportó que durante el jueves también se desarrollaron actividades en inmediaciones del Museo Nacional de Colombia. Los estudiantes que participaron se retiraron y el sector quedó despejado antes de una nueva convocatoria anunciada para el viernes 23 de octubre.

“Se retiran los estudiantes que participaban en las actividades pedagógicas y la zona queda despejada. La fuerza pública refuerza preventivamente el perímetro de la infraestructura patrimonial con unidades adicionales del Undmo. No se registran incidentes y se espera el inicio de una nueva convocatoria programada para las 5:00 p. m.”, señaló.

La jornada, con expresiones previstas en Bogotá y otros territorios, mantiene en el centro del debate la continuidad de los programas públicos de lectura y el futuro de la red bibliotecaria del país.

Las manifestaciones frente al Museo Nacional de Colombia terminaron con la intervención de la fuerza pública y reavivaron la discusión sobre los límites de la protesta en el espacio público. La jornada del domingo 18 de octubre estuvo marcada por los reclamos contra el retiro de piezas históricas del recinto cultural y las dificultades para mantener habilitada la circulación por la carrera Séptima.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que las autoridades buscaron atender las concentraciones mediante el diálogo antes de recurrir a la intervención policial. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para coordinar la respuesta institucional, defendió las medidas adoptadas y aseguró que el derecho a manifestarse debe coexistir con las garantías de movilidad para el resto de los ciudadanos.

“De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total”, afirmó el funcionario al referirse a la situación registrada en uno de los principales corredores viales de la capital.

El diálogo antecedió al operativo en la carrera Séptima

De acuerdo con el reporte de Lara, la respuesta institucional se concentró en dos puntos de Bogotá: el sector de La Perseverancia y los alrededores del Museo Nacional. En ambos lugares participaron el Ministerio del Interior y la Alcaldía Mayor, aunque las circunstancias y las decisiones adoptadas fueron diferentes.

En La Perseverancia, la manifestación afectaba el acceso a una estación de Policía. El ministro sostuvo que los funcionarios agotaron la etapa de diálogo y consiguieron que los participantes se comprometieran a no ocupar completamente la vía y a mantener un carril habilitado para el tránsito. Tras ese acuerdo, los uniformados se retiraron y la concentración continuó de forma pacífica, según la versión presentada por el jefe de la cartera política.

La situación cambió frente al Museo Nacional. Mientras estuvo habilitada la ciclovía, la presencia de manifestantes no impidió la circulación. Sin embargo, cuando terminó ese espacio destinado a los usuarios de la bicicleta, un grupo mantuvo bloqueada la totalidad de la carrera Séptima.

Lara señaló que las autoridades solicitaron despejar el corredor y que durante las conversaciones también hubo llamados de dirigentes políticos para respetar el decreto 1525 y los corredores solidarios. Ante la negativa de un grupo de manifestantes a levantar el bloqueo, la Policía intervino para recuperar la movilidad. El funcionario agregó que en el lugar había menores de edad, por lo que participaron equipos del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y gestores distritales.

A través de su cuenta de X, Lara defendió el procedimiento y planteó que las autoridades debían proteger tanto a quienes participaban en la protesta como a quienes necesitaban desplazarse por la ciudad. “Ni un derecho menos para quienes protestan ni un espacio más para las vías de hecho”, escribió.

Pasadas las 5:00 p. m., la Secretaría Distrital de Gobierno informó sobre acercamientos realizados junto con la Defensoría del Pueblo para pedirles a los participantes que se ubicaran en el andén y liberaran la calzada. Según el reporte oficial, durante ese proceso se produjo un nuevo momento de tensión por el avance de los uniformados.

El retiro de piezas históricas motivó las manifestaciones

La protesta comenzó el sábado y continuó el domingo desde las 10:00 a. m., después de que fueran retiradas al menos 30 piezas de distintas salas del Museo Nacional. Los asistentes cuestionaron la decisión con pancartas, banderas y actividades artísticas, mientras colectivos culturales, activistas y dirigentes de oposición expresaron su rechazo a la medida.

Entre los elementos retirados había referencias a los movimientos feministas y Lgbt+, la Unión Patriótica, la Asamblea Constituyente de 1991 y el proceso de paz de 2016. También figuraban afiches de las candidaturas presidenciales de Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1990; un brazalete de la Alianza Democrática M-19, el tarjetón de la Séptima Papeleta y una pluma elaborada con un casquillo de bala que fue utilizada durante la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

El desmonte ocurrió el jueves 15 de octubre, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural”. El mandatario ordenó retirar de espacios públicos representaciones que considera una exaltación del terrorismo. La ministra de Cultura, Paola Holguín, respaldó la decisión y sostuvo que el museo no debe convertirse en un “instrumento de adoctrinamiento político” ni divulgar “versiones sesgadas” de la historia.

Por su parte, organizaciones culturales y museos de arte moderno cuestionaron la medida. Aunque defendieron la posibilidad de revisar los contenidos mediante investigación y debate público, rechazaron que las decisiones sobre las piezas expuestas dependan de las afinidades ideológicas de un Gobierno.

La jornada comenzó a las 10:00 a. m. y se convirtió en el segundo día consecutivo de plantones ante el recinto cultural. Allí, los asistentes llegaron con pancartas, banderas y actividades artísticas para cuestionar la decisión del Gobierno de desmontar objetos y obras de las salas abiertas al público.

Videos divulgados por participantes y medios locales mostraron el despliegue de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), antes conocida como Undmo y Esmad, y de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. En las grabaciones se observa una tanqueta que lanza chorros de agua sobre la carrera Séptima, mientras agentes intentan despejar el corredor vial.

La situación se concentró cerca de la calle 34, frente a la sede del museo. Algunos videos también registraron los gritos y la presencia de transeúntes y ciclistas en el área durante el operativo.

La concentración reunió a colectivos culturales y activistas, además de ciudadanos y dirigentes de oposición, que entonaron diferentes arengas en contra del Gobierno nacional y sus decisiones.

Pasadas las 5:00 p. m. del domingo, la Secretaría Distrital de Gobierno informó que las autoridades intentaron dialogar con los manifestantes, antes de la presencia de los uniformados: “Al momento, se presentan alteraciones al orden público, en una labor conjunta con Defensoría del Pueblo se realizó el acercamiento a los manifestantes para que se ubiquen sobre el andén y despejar la vía con el fin de no generar confrontaciones, aún así, durante esta acción, el Esmad realiza avanzada por lo que de nuevo se presentan tensiones”.

Las obras retiradas

La movilización surgió tras el desmonte de al menos 30 piezas del Museo Nacional. Entre los objetos retirados figuran referencias a los movimientos por los derechos de las mujeres y de las personas Lgbt+, campañas políticas de la Unión Patriótica (UP), el proceso de paz de 2016 y la Asamblea Constituyente de 1991.

Las piezas fueron retiradas de las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y Nación” y “Fuerza, fe y sustancia”. Entre ellas se encuentran afiches de las candidaturas presidenciales de Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados en 1990; un brazalete de la Alianza Democrática M-19; el tarjetón de la Séptima Papeleta y la pluma fabricada con un casquillo de bala utilizada en la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

El retiro fue realizado el jueves 15 de octubre de 2026, después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara desde el Ministerio de Cultura una “contrarrevolución cultural”.

El mandatario ordenó sacar de los espacios públicos las representaciones que, a su juicio, constituyen una exaltación del terrorismo, y mencionó a Pizarro, excomandante del M-19 que dejó las armas y fue asesinado durante la campaña presidencial.

El Gobierno defiende una revisión de la curaduría del museo

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la decisión y aseguró que el Museo Nacional no puede funcionar como “instrumento de adoctrinamiento político” ni difundir “versiones sesgadas” de la historia. También afirmó que la institución debe respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En contraste, museos de arte moderno del país y organizaciones del sector cultural cuestionaron el retiro. En una declaración conjunta, señalaron que los guiones museográficos pueden revisarse mediante investigación, argumentos curatoriales y diálogo público, pero rechazaron que un Gobierno defina las piezas que pueden exhibirse de acuerdo con afinidades ideológicas.

Durante la protesta, Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuestionó en X la presencia de menores en las manifestaciones. La funcionaria afirmó que algunos adultos los habrían usado como protección frente a las autoridades y sostuvo que “los niños no son escudos, no son instrumentos de protesta”.

“Unos muy machitos que, para hacerse los valientes, terminaron escudándose en los niños (...) Los niños no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías”, escribió la funcionaria.

La controversia mantiene abierto el debate sobre la autonomía de las instituciones culturales, los criterios de retiro de obras y la representación de la memoria histórica en los espacios públicos de Colombia.

Los mensajes, compartidos por asistentes y usuarios que registraron la situación en video, señalaron que la intervención de la fuerza pública elevó la tensión durante una manifestación que calificaron como pacífica.

Incluso, algunos acudieron a la defensora del Pueblo, Iris María, que previamente cuestionó una presencia “excesiva” en la sede cultural de unidades de fuerza pública.

“Defensora, este fue el despliegue de la unidad antidisturbios en el Museo Nacional. Completamente excesivo. Usaron aturdidoras también”, escribió una usuaria que aseguró haber grabado imágenes del procedimiento.

Asistentes al plantón reportaron a Infobae Colombia que sobre las 8:00 p. m. aún se oían detonaciones, y que las tanquetas de la Unadi habían lanzado agua y gases para dispersar a los manifestantes.

Incluso, informaron que las tanquetas, según el reporte, estuvieron parqueadas cerca al plantón desde el inicio de la actividad de protesta.

En redes sociales se divulgó el testimonio del fotografo Jairo Páez, que mostró en video a una mujer que se atravesó a una de las tanquetas que iba a bajar hacia la carrera Séptima:

“Esto acaba de suceder hoy durante la protesta que se llevó a cabo en el Museo Nacional: una manifestación totalmente pacífica y artística a la que llegó el Esmad acompañado de un gran número de policías, sin que fuera evidente la necesidad de semejante despliegue. Allí se presentó la situación que pueden ver en este video”.

Allí, una mujer se les atravesó para detener la marcha del vehículo, que les pidió a los conductores que se detuvieran, incluso, por la eventual presencia de menores de edad.

Otra denuncia publicada en redes sociales sostuvo que las autoridades habrían destruido una muestra alternativa instalada con las obras que fueron retiradas de la programación del Museo Nacional.

“La fuerza pública intervino y destruyó la exposición alterna que se montó con las obras retiradas del Museo Nacional. ¿Qué de violento puede tener el arte?”, se leyó en una de las publicaciones que incluyó una fotografía con la muestra en el suelo.

No obstante, desde un video publicado por El Tiempo, se alcanzó a ver que, al paso de las tanquetas de la unidad antidisturbios, algunos manifestantes usaron bloques de la obra alternativa y algunos de las cajas, para tirarlas a las autoridades.

El mensaje de la defensora Iris Marín

La defensora del Pueblo, Iris Marín, informó que cerca de 500 personas se concentraron desde el mediodía frente al Museo Nacional, en Bogotá, para expresar su rechazo a las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras retiradas del recinto. Según su reporte, la manifestación transcurría de forma pacífica.

Marín recordó que la Corte Constitucional ha establecido que la ocupación del espacio público y las afectaciones a la movilidad pueden ser parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta.

En ese sentido, señaló que la obstrucción de vías no elimina, por sí sola, el carácter pacífico de una movilización ni justifica la intervención de la fuerza pública o su disolución.

La defensora expresó “preocupación” por el despliegue de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad), que, de acuerdo con su mensaje, incluyó la presencia de un vehículo lanzagua. Consideró que ese dispositivo resultaba “innecesario y desproporcionado” ante una protesta pacífica y advirtió que la cercanía de esos recursos puede elevar la tensión entre los asistentes y las autoridades.

Aunque el Decreto 1525 de 2026 permite la proximidad de unidades antidisturbios, Marín sostuvo que su uso debe evaluarse según las necesidades y las condiciones concretas de cada escenario.

“Estas afectaciones, por sí solas, no justifican la intervención de la Fuerza Pública ni la disolución de una manifestación”, afirmó.

La Policía Nacional de Colombia formalizó la creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), una dependencia que reemplaza a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y vuelve a incorporar a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) dentro de su estructura.

La medida quedó establecida en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, que redefine la organización y las funciones de la unidad encargada de intervenir ante disturbios, motines, asonadas y otros hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana. Su activación procederá cuando las capacidades policiales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas.

La exsenadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal celebró el retorno del Esmad con un mensaje en X. “Bienvenido el Esmad. Las protestas violentas no se combaten con diálogos tibios”, escribió. La política añadió: “A los encapuchados que queman, saquean y paralizan ciudades se les hace cumplir la ley. Los ciudadanos tenemos derechos. ¿Quién los defiende si a la Policía le atan las manos? Respaldo para actuar”.

La Unadi dependerá de la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía

La nueva unidad estará adscrita a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía. Su organigrama incluirá el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad), el Grupo de Seguimiento Operacional (Gusop), las Regionales Antidisturbios (Radis) y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).

Entre sus tareas estarán la coordinación de requerimientos operativos, la asesoría a mandos policiales que soliciten apoyo ante alteraciones del orden público y la gestión de personal, equipos, logística y recursos tecnológicos. La resolución también plantea el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los uniformados asignados a estas labores.

La modificación representa un cambio frente al esquema adoptado en noviembre de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando el entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios pasó a integrarse a la Undmo. Con la Resolución 03226, la Policía recuperó la denominación Unadi y reincorporó de forma expresa al Esmad en su estructura.

La reorganización mantiene las obligaciones sobre el uso de la fuerza

La decisión se conoció en medio del debate sobre el control de las manifestaciones, la preservación del orden público y los límites de la intervención policial. El artículo 37 de la Constitución Política protege el derecho de reunión y de manifestación pública y pacífica, mientras que las normas vigentes regulan el uso legítimo de la fuerza.

El retorno de la denominación Esmad no modifica las obligaciones de la Policía en materia de derechos humanos ni las reglas aplicables durante las protestas. La resolución dispone que la unidad deberá actuar bajo los parámetros constitucionales y legales, además de atender las necesidades institucionales de manera coordinada.

La Policía tendrá 90 días para ejecutar los ajustes administrativos y organizacionales necesarios para implementar la nueva estructura.

El mismo 13 de octubre de 2026, el Decreto 1525 modificó el protocolo de actuación policial en manifestaciones públicas y reguló los niveles de intervención, incluido el restablecimiento del orden mediante unidades antidisturbios. Aunque se trata de normas diferentes, ambas inciden en la respuesta de las autoridades ante las protestas.

Problemas y cuestionamientos sobre el Esmad en Colombia

El Escuadrón Móvil Antidisturbios ha sido objeto de cuestionamientos por denuncias de uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, en especial en las protestas de 2019 y el Paro Nacional de 2021.

Entre los principales señalamientos aparecen:

• Uso desproporcionado de la fuerza: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concluyó que la respuesta estatal a las movilizaciones de 2021 incluyó, en numerosos casos, fuerza excesiva y desproporcionada. También recibió denuncias sobre uso de fuerza letal.
• Lesiones y muertes en protestas: organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos reportaron casos de personas heridas y fallecidas en contextos de intervención policial. Las denuncias incluyeron lesiones oculares causadas por armas menos letales.
• Detenciones arbitrarias y presuntos malos tratos: hubo reportes de traslados por protección, detenciones sin garantías suficientes, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Violencia basada en género: Amnistía Internacional documentó denuncias de violencia sexual, amenazas, tocamientos, desnudez forzada y agresiones verbales contra mujeres y personas Lgbtiq+ durante las protestas de 2021.
• Dificultades para esclarecer responsabilidades: organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la lentitud de algunas investigaciones y la falta de sanciones suficientes frente a denuncias contra integrantes de la fuerza pública.
• Debate sobre la doctrina policial: la Cidh recomendó separar a la Policía Nacional y al ESMAD del Ministerio de Defensa, con el objetivo de consolidar un enfoque ciudadano y de derechos humanos en la gestión de la protesta social.

La Policía Nacional cambió el nombre de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Ahora se llamará Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi). De igual manera, estableció la estructura interna que tendrá la dependencia.

Así quedó establecido en la Resolución 02336 del 13 de octubre de 2026, por medio de la cual “se define la estructura orgánica de la Unidad Nacional Antidisturbios, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con el documento expedido por la Policía, la dependencia tendrá la siguiente estructura orgánica interna:

• Subcomando Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad)
• Grupo Seguimiento Operacional (Gusop)
• Regional Antidisturbios (Radis)
• Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

“La Unidad Nacional Antidisturbios es la dependencia de la Subjefatura Nacional del servicio de policía, encargada de brindar apoyo a las diferentes unidades policiales en la atención de escenarios de aglomeración de personas en manifestaciones públicas, asimismo, interviene en situaciones de alteración del orden público que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, tales como motines, disturbios, asonadas y otras conductas violentas o delictivas derivadas de estas, cuando las Capacidades institucionales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas”, precisa el documento.

Cuando el Esmad pasó a ser la Undmo

No es la primera vez que se establece un cambio en el nombre de la dependencia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la Policía Nacional expidió la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, mediante la cual “se define la estructura orgánica de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones”. Por medio de ese documento, el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) pasó a ser la Undmo.

En esa resolución, la estructura orgánica que se estableció fue la siguiente:

• Subcomando Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Sudmo)
• Grupo Seguimiento Operacional (Gusop)
• Regional Diálogo y Mantenimiento del Orden (Redmo)
• Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden (Gudmo)

La Unadi, sus dependencias y sus funciones

Ahora, la Udmo pasará a ser la Unadi porque, en las consideraciones de la Resolución 02336 de 2026 se indica que, cuando las capacidades disponibles sean insuficientes o puedan verse desbordadas en medio de hechos violentos derivados de escenarios de aglomeración de personas, “se sustenta la necesidad de redefinir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) por la Unidad Nacional Antidisturbios, con el objeto de actualizar su misionalidad, alcance y funciones, orientadas a la intervención en situaciones de alteración a la convivencia y seguridad ciudadana”.

La Unadi tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar las necesidades de la unidad para la atención de escenarios de aglomeración de personas en manifestaciones públicas y en situaciones de alteración del orden público.
2. Asesorar al mando institucional y a las unidades policiales en la atención de manifestaciones y alteración del orden público.
3. Fomentar el fortalecimiento de la calidad de vida y clima laboral de los funcionarios adscritos a la unidad.
4. Presentar a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía las necesidades de personal y adquisición de material logístico y medios tecnológicos.
5. Desarrollar las actividades de la comunicación pública, para contribuir al logro de los objetivos de la unidad.

Con respecto a las dependencias de Unadi, la resolución establece las funciones que deben cumplir:

• Subcomando Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad): es una dependencia de la Unadi. Se encarga de supervisar y controlar las actividades operativas y administrativas, orientadas al cumplimiento de metas de la unidad.
• Grupo Seguimiento Operacional (Gusop): es una dependencia del Sunad. Su labor se centra en hacer trazabilidad al despliegue operacional. Entre sus tareas está soportar tecnológicamente el desarrollo de los procedimientos ejecutados por los escuadrones móviles antidisturbios.
• Regional Antidisturbios (Radis): es una dependencia del Sunad. Su trabajo se enfoca en orientar y supervisar la actuación de los escuadrones móviles antidisturbios.
• Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad): es una dependencia de la Radis. Se encarga de ejecutar actividades operativas en la atención de escenarios de aglomeración de personas y de alteración del orden público que puedan afectar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, como “motines, disturbios, asonadas y otras conductas”.

La exsenadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal respaldó el protocolo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para permitir una eventual intervención de la Fuerza Pública en universidades ante hechos de vandalismo o terrorismo. La medida, expuesta por el mandatario el 13 de septiembre, parte de que la autonomía universitaria no puede prevalecer sobre las normas de orden público.

La propuesta busca establecer en qué circunstancias las autoridades podrán ingresar a los campus y distinguir las movilizaciones protegidas por el derecho a la protesta de los episodios violentos.

Cabal cuestionó la autonomía universitaria con expresiones dirigidas contra sectores de izquierda. Afirmó que los comunistas “se inventaron la tal autonomía universitaria para colonizar y llenar las aulas de guerrilla, prostitución y jíbaros vendiendo droga”.

La exsenadora sostuvo que Colombia es el único país en el que está vedado el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades. Al mencionar el homicidio de una joven en la Universidad del Atlántico, expresó: “Así mataron a una joven en la Universidad del Atlántico y nada pasó. ¡Que entre el Esmad y saque a los vagos degenerados que se roban los cupos!”.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó durante su alocución presidencial que “lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable”. Señaló que su Gobierno respetará y garantizará la protesta pacífica ejercida dentro de la Constitución y la ley.

El jefe de Estado diferenció esas expresiones de “el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra pública y la población civil”, conductas que, según dijo, no constituyen protesta y deben ser enfrentadas de forma decidida por el Estado.

El protocolo nacional tendrá como objetivo separar las manifestaciones que integran el ejercicio legítimo de la protesta de las situaciones en las que se produzcan hechos violentos. El mandatario insistió en que la autonomía de las instituciones de educación superior no equivale a una excepción frente a las reglas de orden público.

La senadora de Salvación Nacional Sara Castellanos apoyó la iniciativa y sostuvo: “La autonomía universitaria jamás puede convertirse en inmunidad para vandalizar, destruir o aterrorizar”. Agregó que las aulas deben destinarse al estudio y al debate, y no a “esconder delincuentes detrás de una capucha”.

Castellanos también respaldó al jefe de Estado al plantear que quien cometa delitos debe responder ante la justicia. Su pronunciamiento se sumó a las reacciones surgidas tras el anuncio del protocolo.

El presidente Abelardo De La Espriella anuncia un protocolo para el ingreso policial a las universidades

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para que la Policía Nacional pueda ingresar a las universidades cuando se preparen actos vandálicos o terroristas. La medida busca diferenciar la protesta pacífica de hechos de violencia, peligro, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público.

La decisión, explicó el mandatario, pretende proteger a los estudiantes, a la Fuerza Pública y al Estado. También advirtió que las universidades públicas no pueden convertirse en refugios para la violencia ni en lugares destinados a preparar ataques, almacenar elementos para agredir o atacar a ciudadanos y policías.

Durante una alocución televisada el domingo 13 de septiembre, De la Espriella sostuvo que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público” y calificó de inaceptable lo que ocurre en algunas instituciones.

Aseguró que su Gobierno garantizará la protesta ejercida dentro de la Constitución y la ley, pero afirmó que el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la población civil “no son protestas”.

El presidente ordenó establecer un protocolo nacional para definir cuándo las autoridades podrán intervenir. Según explicó, la Policía será la primera autoridad operativa y podrá actuar desde las universidades cuando se preparen actos vandálicos o terroristas.

“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad”, afirmó De la Espriella, quien agregó que quienes utilicen una institución para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública serán perseguidos incluso dentro de los campus.

La convocatoria a marchas y paros en noviembre

La exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, rechazó que los manifestantes sean calificados como terroristas urbanos y anticipó movilizaciones para noviembre. “No son solo los estudiantes universitarios los que saldrán a las marchas o los paros. También estaremos miles de colombianos junto a ellos”, afirmó.

Herrán añadió: “No somos ni seremos terroristas urbanos, somos ciudadanos que ejerceremos nuestro derecho a la protesta. En noviembre es la convocatoria. Siempre en defensa de la democracia, la vida y las libertades”.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada pidió al Ministerio de Defensa revisar el Decreto 003 de 2021 al sostener que la norma sobre uso de la fuerza en manifestaciones terminó por limitar la reacción de las autoridades ante hechos de violencia, bloqueos y ataques contra policías.

La solicitud plantea revisar la conveniencia del decreto que reguló el uso de la fuerza durante las manifestaciones porque, según la congresista, la norma tuvo buenas intenciones, pero en muchos casos restringió la capacidad de respuesta oficial.

Posada formuló esa petición después de conversaciones con alcaldes y gobernadores y la extendió a las reglas sobre lugares de protesta, gestores de convivencia y actuación del antiguo Esmad.

“Actualmente los alcaldes y gobernadores no pueden limitar el lugar donde se realizarán las protestas, lo cual permite que los manifestantes bloqueen vías principales y carreteras fundamentales para la circulación de las personas. Esto no tiene sentido. Una protesta no tiene por qué detener el funcionamiento de las ciudades y mucho menos tapar corredores viales esenciales para el suministro de bienes y servicios”, indicó Posada

La congresista del Centro Democrático señaló que hizo la solicitud “después de conversaciones con alcaldes y gobernadores” y que la planteó “con total respeto a su autonomía”. A su juicio, la norma “en muchos casos terminó limitando la reacción de las autoridades para contener fuertes escenarios de violencia”.

Posada sostuvo además que, bajo ese esquema, los policías “llevan la peor parte” y que la ciudadanía debe esperar horas para que se levanten los bloqueos. Su planteamiento apunta a que el Estado pueda intervenir antes en episodios que afecten la movilidad o escalen en violencia.

Cuestionamientos a los bloqueos y al margen de acción de alcaldes y gobernadores

La legisladora cuestionó que, según su lectura del decreto, alcaldes y gobernadores no puedan limitar el lugar donde se realizan las protestas. Esa situación, afirmó, permite bloqueos en vías principales y carreteras fundamentales para la circulación de las personas.

También rechazó que una manifestación detenga el funcionamiento de las ciudades o cierre corredores viales para el suministro de bienes y servicios. Por eso propuso que los mandatarios territoriales puedan impedir protestas en zonas de circulación clave.

“Una protesta no tiene por qué detener el funcionamiento de las ciudades y mucho menos tapar corredores viales esenciales para el suministro de bienes y servicios (sic)”, señaló la senadora del Centro Democrático.

Las críticas a los gestores de convivencia

Posada pidió revisar la figura de los gestores de convivencia exigidos en las marchas para promover el diálogo. Aunque reconoció la intención de esa medida, afirmó que ha sido inútil, costosa para las entidades territoriales y que expone a jóvenes sin protección a sufrir ataques durante las protestas.

Con base en ese argumento, propuso revisar la conveniencia de esa figura dentro del decreto.

“Sugerimos que los mandatarios territoriales puedan impedir las protestas en las zonas de circulación clave de las ciudades (sic)”, aseveró la congresista.

El pedido de una reacción más rápida de la Fuerza Pública

Sobre el Esmad, la senadora afirmó que hoy solo puede actuar cuando la protesta “se salió de control y hay fuertes escenarios de violencia”. A su juicio, esa restricción muchas veces no tiene sentido en casos de bloqueos de carreteras o de vías principales, en los que esa unidad debería intervenir de inmediato para garantizar la circulación de los vehículos.

También sostuvo que el Esmad no puede quedar sin margen de reacción mientras algunos manifestantes destruyen locales comerciales e infraestructura pública. En esa línea, pidió que el articulado permita contener la violencia desde su inicio y habilite una respuesta rápida de la fuerza pública cuando esté bajo ataque.

La congresista añadió que la promoción del diálogo no debe convertirse en un mecanismo de sabotaje y dilación para la actuación oficial, en especial si hay agresiones directas contra uniformados. En su planteamiento, la regulación debe resguardar el derecho a la manifestación pacífica sin amparar bloqueos, destrucción de las ciudades y ataques contra policías.

A vísperas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, el ministro de Defensa saliente Pedro Arnulfo Sánchez se pronunció sobre las medidas desplegará todas las capacidades disponibles para blindar la ceremonia.

Incluso, no descartó que la fuerza pública pueda intervenir ante bloqueos o disturbios que se llegaran a presentar durante el acto oficial en la capital del Valle del Cauca.

El jefe de cartera, en declaraciones a La FM, recalcó que existe posibilidad de que, en medio de las movilizaciones convocadas por sectores de oposición al presidente electo, se pueden registrar pasos restringidos en corredores estratégicos como la vía al aeropuerto o en disturbios previos a la investidura.

Ante ello, Sánchez marcó una diferencia entre el derecho a la manifestación y las acciones que alteren el orden público, por lo que advirtió la posible intervención de uniformados adscritos a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), conocidos anteriormente como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“La respuesta no es de que uno quiera o no quiera, la respuesta es de lo que uno debe hacer. Si eso incluye el empleo de la UNDEMO, pues se empleará de acuerdo a los protocolos establecidos. Hay la garantía de emplear todas las capacidades que sean necesarias según cada evento”, indicó el ministro saliente al citado medio de comunicación.

A su vez, Pedro Sánchez sostuvo que, aunque la amenaza sigue vigente, los riesgos identificados fueron mitigados mediante inteligencia y control territorial. Añadió que existe una reserva de fuerzas especiales lista para responder de inmediato si surge una situación extraordinaria durante la jornada.

“Nos comprometemos a emplear todas las capacidades que sean necesarias en el marco de la Constitución y la ley”, agregó.

Plan de seguridad para la posesión presidencial

Por otra parte, el ministro saliente de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, recalcó el dispositivo que se tendrá en Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El dispositivo incluirá más de 11.000 integrantes de la fuerza pública para garantizar el orden y la tranquilidad de la ciudadanía ante el acto oficial que se desarrollará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Sánchez, en declaraciones a La FM, señaló que el plan de seguridad fue construido durante varias semanas entre la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades regionales. El despliegue no se limitará al sitio de la ceremonia, sino que cubrirá puntos estratégicos de la ciudad con un esquema de protección en profundidad.

A ese componente se suman aeronaves, vehículos blindados, sistemas antidrones, drones de vigilancia, unidades de Infantería de Marina sobre el río Cauca y grupos especializados de inteligencia.

El ministro sostuvo que la prevención depende de anticipar amenazas y afirmó que las autoridades ya realizan allanamientos y seguimientos. “La clave siempre será la prevención y la clave de la prevención será la inteligencia”, mencionó el jefe de cartera.

Vale mencionar que el ministro ya había advertido de una amenaza con explosivos en Cali antes de la posesión presidencial, luego de que el presidente saliente Gustavo Petro también lanzara su alerta para el acto público.

“Aquí yo creo que más que decir la cantidad es que hay una amenaza con explosivos allá, allá en Cali (...) lo que tenemos en este momento, ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza de explosivos y ya con el esquema de inteligencia, las capacidades, determinaremos qué cantidad sería”, declaró Sánchez a Blu Radio.

Sobre los posibles responsables, Sánchez señaló a las disidencias de alias Iván Mordisco y al “cartel del terrorismo” del ELN. Al ser consultado por la posibilidad de que la amenaza fuera dirigida a la ceremonia, el funcionario respondió: “Muy seguramente, o sea, porque es un evento trascendental”.

El ministro agregó que esos grupos “tienden a mostrar poder en eventos de este tipo” y que una posesión presidencial aumenta la exposición del acto. Esa lectura es la que sostiene el refuerzo extraordinario del dispositivo de seguridad en el suroccidente del país.

Como parte del componente preventivo, sigue vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien entregue información que permita impedir acciones terroristas. El ministro pidió a la ciudadanía usar las líneas telefónicas dispuestas o acudir a unidades militares y de Policía para comunicar datos relevantes.

El nuevo ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Mora, anunció que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella buscará derogar decretos clave de la política de Paz Total implementada en los últimos años.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Noticias RCN, Mora afirmó que la nueva administración tiene la intención de restablecer plenamente las capacidades de la fuerza pública para garantizar la seguridad y recuperar el control de territorios que, según sus palabras, “hemos perdido” en tres décadas.

Según indicó el general, la decisión de dejar sin efecto estos decretos responde a una directriz política del presidente. “Es una disposición política del presidente, ya van a cesar”, apuntó Mora durante la entrevista.

El funcionario explicó que entre las normas a derogar figura el decreto 003, que eliminó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y restringió el uso de herramientas por parte de la fuerza pública dentro del proceso de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). “Seguramente se van a derogar una serie de decretos que también le ataban las manos a los miembros de la fuerza pública”, manifestó.

El general Mora remarcó que el ejercicio de la fuerza se realizará siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes nacionales e internacionales.

“La fuerza se ejerce dentro del marco de los derechos humanos y del DIH”, sostuvo, reafirmando el compromiso del gobierno con la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

Ante inquietudes de sectores jóvenes que temen un posible endurecimiento de las medidas frente a la protesta social, el titular de Defensa diferenció entre manifestaciones pacíficas y actos violentos.

“Una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta”, aclaró. Mora subrayó que la protesta es un derecho cuando se desarrolla dentro del marco constitucional y sin afectar los derechos de otros ciudadanos. “Hay que permitirla”, expresó en entrevista con Noticias RCN. No obstante, advirtió que las acciones violentas serán enfrentadas con la fuerza pública, siempre bajo los principios del derecho y la protección de las garantías fundamentales.

El funcionario negó que el regreso del Esmad implique represión indiscriminada. “Aquí no va a haber represión, aquí no va a haber una serie de circunstancias que los enemigos de la autoridad, de la institucionalidad, de la ley y del orden, pues es la excusa que quieren sacar”, señaló.

Insistió en que la misión del Ministerio de Defensa será actuar conforme a la Constitución, la ley y el respeto por los derechos de los colombianos.

Tras lo anterior, la representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, expresó fuertes críticas tras el anuncio de Espriella sobre la posible derogación del decreto que reemplazó al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

“Este anuncio demuestra su inclinación por la violencia estatal y política contra el pueblo colombiano”, señaló la congresista a través de sus redes sociales.

Carrascal defendió el proceso de transformación institucional que se llevó a cabo durante la administración de Gustavo Petro.

Según la representante, el cambio de enfoque en el manejo de la protesta social y las órdenes claras dadas a la fuerza pública para respetar los derechos ciudadanos “salvaron vidas y fortalecieron el Estado de derecho”.

La parlamentaria argumentó que bajo esta política se priorizó el respeto a la movilización y se reforzaron las garantías constitucionales. Respaldando sus afirmaciones, la congresista citó cifras publicadas por Temblores ONG, organización dedicada al seguimiento de casos de violencia estatal.

De acuerdo con estos datos, en comparación con el periodo del gobierno de Iván Duque, el uso de la fuerza disminuyó un 58% y las intervenciones contra manifestaciones bajaron un 68%. “Cientos de vidas se salvaron”, enfatizó Carrascal.

En su declaración, la representante alertó que la llegada de la “ultraderecha” al poder puede convertirse en “una nueva fuente de inseguridad y un peligro para los derechos y libertades constitucionales, incluyendo la vida misma”.

Por último, Carrascal subrayó que la protección de la protesta pacífica constituye un pilar fundamental para la democracia y advirtió sobre los riesgos de retroceder en las garantías ciudadanas.

El general en retiro Jorge Eduardo Mora López fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como ministro de Defensa Nacional.

El anuncio fue dado por el futuro mandatario nacional en sus redes sociales oficiales, con el propósito de recuperar la autoridad del Estado, fortalecer la moral de la fuerza pública y restablecer el control territorial en las regiones más afectadas por la violencia, así como un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas Militares y de Policía.

El nombramiento generó diferentes reacciones en el país. Algunos resaltaron la llegada del oficial retirado a la cartera de seguridad, manifestando la necesidad de detener la ofensiva de los grupos armados ilegales. No obstante, hubo otros que lo criticaron, al considerar que su llegada podría generar temores en la población civil.

Ese fue el caso del presidente Gustavo Petro que, en una extensa publicación en su cuenta de X, rememoró que el general (r) Mora López fue uno de los altos oficiales que salieron en el primer remezón militar, registrado en septiembre de 2022.

“Serán dirigidos por alguien al que saqué del ejército por las acusaciones de cobrarle dinero a los viáticos e ingresos que ganaban sus subalternos”, expuso Petro en sus redes sociales.

El actual mandatario nacional emitió sus críticas al nuevo funcionario, recordando que el 20 de julio será la fecha en la que hará su despedida oficial de las Fuerzas Militares.

Regreso del Esmad

Posteriormente, se refirió a una de las declaraciones de Mora López en la que no descartó la derogatoria del decreto que creo la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) en reemplazo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”, indicó Mora en diálogo con Noticias RCN.

Ante ello, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del decreto adoptado tras el estallido social de 2021, y consideró que el cambio de las unidades policiales fue, en su visión, para generar una nueva concepción en la sociedad colombiana.

“Hablan de cambiar el UNDEMO por el ESMAD, no es un cambio de nombre, sino de concepción. El ESMAD no se hizo para capturar criminales sino para actuar en el conflicto social”, recalcó el jefe de Estado.

A su vez, el mandatario colombiano reveló que esta modificación redujo los intereses de violencia en el territorio colombiano, por lo que un posible regreso del Esmad, para Petro, se consideraría como una amenaza a la ciudadanía.

“Yo bajé, como ningún gobierno, la violencia del estado contra la población civil en conflicto, porque soy un demócrata y respeto los derechos humanos. La amenaza que se lanza es contra la población civil no contra los delincuentes. Es contra la juventud y el campesinado y con la reforma tributaria contra toda la gente trabajadora”, subrayó.

Otras críticas hacia Abelardo de la Espriella

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a algunas de las medidas que están siendo analizadas por la Corte Constitucional. Una de ellas fue la Reforma Pensional que, pese a ser sancionada en 2024, sigue siendo evaluada por el alto tribunal que definirá su viabilidad o anulación.

Frente a ello, el mandatario colombiano hizo un llamado a las altas cortes para que se garantice la viabilidad de la normativa o, de lo contrario, se replicarían situaciones similares a algunos países de la región.

“Si la corte constitucional no da paso a la reforma pensional será también contra la vejez como en Argentina. Y finalmente, si acaban con el estado en su componente social, será contra el mismo empresariado que apoyó a Abelardo”, mencionó.

Así mismo, no descartó sumarse a la iniciativa del senador Iván Cepeda de declararse en desobediencia civil pacífica, al considerar que el futuro presidente colombiano tendría poder sobre las tres ramas del poder en Colombia.

“La respuesta es resistencia activa y cuando el pueblo decida, desobediencia civil, es el autoritarismo casi totalitario, por el poder hasta ahora conseguido por Abelardo en las Cortes y el Congreso, lo que viene. Es el fascismo lo que viene y con el fascismo no se trata sino que se le derrota”, alertó.

También, reiteró en sus denuncias sobre posibles irregularidades en las jornadas electorales donde el líder del movimiento Defensores de la Patria habría sido favorecido en las mesas de votación en el exterior.

“No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida, y tramitados por la empresa que yo mismo denuncié públicamente pero que ya la misma justicia en sentencia plena del consejo de estado había ordenado remover desde el año 2018”, denunció.

Por último, el presidente Gustavo Petro se refirió al encuentro que sostuvo con la bancada oficialista, donde mostró las pruebas que corroborarían sus hipótesis y que se incluirían en una demanda que busca la nulidad de la credencial a Abelardo de la Espriella.

“La humanidad conocerá los hechos porque lo sucedido en Colombia ha sucedido ya en otros países, incluso europeos, y seguirá sucediendo. Estamos no solo ante la inminencia del fascismo en Colombia sino ante quizás el mayor ataque a la democracia mundial desde la época de Hitler”, puntualizó.

El ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, confirmó que el próximo Gobierno derogará el decreto que creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y restablecerá el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

La noticia, revelada por Mora en entrevista con Noticias RCN, provocó una reacción inmediata de sectores vinculados al petrismo, que calificaron la medida como un regreso a la represión policial y la confrontación con la protesta social.

El giro en la política de orden público

Según informó el medio citado, Jorge Eduardo Mora, general en retiro y futuro jefe de la cartera de Defensa en el gobierno de Abelardo de la Espriella, declaró que se eliminará el marco normativo que dio origen a la Undmo, decisión adoptada por la administración de Gustavo Petro tras el estallido social de 2021.

El ministro designado afirmó: “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública, el 003 que acabó con el Esmad y prácticamente dejó sin herramientas, dentro del marco de los derechos humanos e internacional humanitario, la aplicación de la fuerza”.

El reemplazo de la antigua unidad antidisturbios por la Undmo fue una de las primeras acciones del presidente Petro, que buscó modificar la respuesta institucional frente a las manifestaciones y priorizar el diálogo con los manifestantes. Ahora, el equipo de gobierno entrante sostiene que esa transformación redujo las capacidades operativas de la fuerza pública y limitó la acción frente a disturbios y hechos violentos.

El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana

Además del regreso del Esmad, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, adelantó que el 7 de agosto firmará el decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. De acuerdo con declaraciones recogidas por Noticias RCN, la iniciativa busca fortalecer la coordinación entre autoridades locales, la Policía Nacional, la reserva de veteranos y el sector empresarial en las grandes ciudades.

Mora explicó que el objetivo es “comprometer más la acción de los líderes y las autoridades locales en su relacionamiento directo con la Policía y los estamentos de seguridad”, y detalló que se implementarán herramientas como la judicialización exprés y la agilización de los procesos de extinción de dominio.

El proyecto fue respaldado por algunos alcaldes, aunque otras voces lo compararon con las antiguas Convivir, estructuras de seguridad comunitaria muy polémicas en los años noventa.

Reacciones del petrismo y el debate sobre la fuerza pública

La respuesta del petrismo no tardó en llegar. La senadora María José Pizarro Rodríguez, del Pacto Histórico, expresó su rechazo al anuncio del regreso del Esmad mediante un mensaje en su cuenta de X.

“En este gobierno con Gustavo Petro, nosotros desde el progresismo, trabajamos codo a codo, sin odio y con inmenso respeto por la fuerza pública para que recobrara la confianza ciudadana y su dignidad. Con este anuncio, pretenden regresarlos a la represión y violencia sin cuartel”, escribió la congresista.

El movimiento Defensores de la Patria —afín al presidente electo—, por su parte, comunicó que a partir del 7 de agosto comenzará el desmonte de la política de Paz Total, impulsada por el gobierno saliente.

Según el noticiero mencionado, el futuro ministro de Defensa criticó esa política y sostuvo que “se retrocedieron casi 30 años en el tiempo”, haciendo énfasis en la necesidad de recuperar las capacidades operativas de la fuerza pública.

Mora precisó que la fuerza pública ejercerá sus funciones “dentro del marco de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, y diferenció entre protesta social pacífica y manifestación violenta:

“Una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta. Cuando la protesta social está dentro del marco constitucional y respetando los otros derechos de los otros ciudadanos y personas, pues hay que permitirla. Si esa protesta social pasa a una manifestación violenta, a atentar contra los otros derechos de los colombianos, pues evidentemente hay que aplicar la fuerza, pero se aplica dentro del marco de los derechos humanos”, afirmó en la entrevista.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a dos patrulleros del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por su responsabilidad en la muerte de un joven y las graves heridas causadas a manifestantes durante las protestas sociales de 2021 en Bogotá.

Según los informes oficiales, la decisión recae sobre Gonzalo Moreno Gordillo y Álvaro José Guerra Ríos, cuyos actos vulneraron los principios de legalidad y proporcionalidad en el manejo de disturbios.

Sanción tras la muerte de Cristian David Castillo

El proceso disciplinario más relevante concluyó con la destitución e inhabilidad por doce años del patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, al que la Procuraduría responsabilizó por la muerte de Cristian David Castillo de la Ossa.

De acuerdo con el fallo, Moreno accionó un fusil lanzagranadas en dirección horizontal, lo que produjo el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza del joven mientras transitaba cerca del Portal de Suba, en Bogotá, la noche del 22 de junio de 2021.

El informe forense determinó que el proyectil fue disparado de forma directa y no en trayectoria parabólica, como exigen los protocolos para este tipo de armas, según la Procuraduría.

Ni las cámaras de seguridad ni el testimonio del entonces comandante de la Primera Sección del Esmad, capitán Mauricio Patiño, respaldaron la existencia de una orden superior para el uso del fusil lanzagranadas. El capitán dejó constancia formal de que nunca impartió instrucciones para disparar el arma asignada a Moreno.

La Fiscalía calificó la conducta como una falta “gravísima dolosa”, pues el patrullero disponía de plena capacidad de autodeterminación en el momento de los hechos. El joven Cristian David Castillo, de 26 años, falleció a las 12:38 a. m. del 23 de junio tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

El contexto de las protestas y el caso de Suba

El fallecimiento de Castillo ocurrió durante uno de los episodios de mayor tensión del paro nacional de 2021, en medio de manifestaciones contra la reforma tributaria impulsada por el entonces presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Las movilizaciones en Bogotá se concentraron en varios sectores, incluido el Portal de Suba, donde se produjeron enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.

De acuerdo con el testimonio de Edward Castillo, padre de la víctima, el joven no participaba activamente en las protestas ni formaba parte de la llamada “primera línea”. Trabajaba junto a su padre en una ferretería y, al momento de los hechos, se dirigía en bicicleta hacia su residencia tras su jornada laboral.

El padre señaló en declaraciones recogidas por Rutas del Conflicto que su hijo estaba reuniendo recursos para ingresar a una universidad privada, ya que no había logrado acceder a la educación superior pública.

“Se debe frenar esta masacre contra los jóvenes que reclaman sus derechos”, reclamó el padre de Cristian a medios locales en su momento.

Destitución por lesiones a manifestantes

El segundo caso de destitución e inhabilidad, en este caso por 16 años, se relaciona con el patrullero Álvaro José Guerra Ríos, integrante del Esmad en la misma época. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento determinó que Guerra Ríos excedió el uso de la fuerza durante los disturbios del 5 de mayo de 2021, también en la localidad de Suba.

Durante la intervención policial, dos mujeres resultaron gravemente heridas y una de ellas perdió un ojo debido al impacto de un proyectil. El fallo disciplinario señaló que el patrullero transgredió los límites legales y vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que constituyó una “falta gravísima, a título de dolo”.

Implicaciones y proceso disciplinario

Ambos fallos son de primera instancia y podrán ser apelados ante la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con el ente de control, las decisiones buscan garantizar la responsabilidad individual de los agentes estatales en el manejo de la protesta social y la protección de los derechos humanos.

El Ministerio Público subrayó que las sanciones se basan en videos, testimonios, necropsias e informes de laboratorio que permitieron esclarecer la responsabilidad disciplinaria de los uniformados.

“Las pruebas obrantes en la actuación permiten establecer que el disciplinado fue quien incurrió en la falta disciplinaria que, al momento de los hechos, contaba con la capacidad de autodeterminarse conforme a dicha comprensión”, precisó el fallo.

Cinco años después de que circuló en redes sociales el video donde un agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) dispara contra una madre y su hija durante las protestas en Suba, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá identificó al presunto responsable.

El patrullero Álvaro José Guerra Ríos fue señalado como autor del disparo que en 2021 dejó sin un ojo a Sara Valentina Cárdenas. El funcionario enfrenta actualmente un proceso disciplinario, según confirmó la Procuraduría en un documento oficial citado por Noticias Uno.

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“Recibimos un documento oficial de la Procuraduría, declaración que confirma que el proceso disciplinario contra el investigado, Álvaro José Guerra Ríos”, informó Sandra Pérez, madre de la joven afectada, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

La evidencia clave fue un video presentado en audiencia, donde se observa claramente la agresión y que permitió identificar al uniformado, explicó Pérez. El proceso disciplinario también contempla la declaración de varios policías que participaron en el operativo y de un experto en armas de letalidad.

El proceso disciplinario contra Álvaro José Guerra Ríos avanza, aunque las víctimas expresan inquietud por la protección de sus derechos durante las audiencias.

“Durante las audiencias, nuestro apoderado fue silenciado, impidiendo intervenir para garantizar nuestra defensa y protección como víctimas. Desde el exilio pedimos que nos escuchen”, reclamó la madre de la joven ante Noticias Uno.

El caso sigue en una etapa decisiva y la familia espera que la identificación del uniformado tenga consecuencias reales.

El día que todo cambió: relato de los hechos en Suba

El 5 de mayo de 2021, Sara Valentina Cárdenas salió junto a su madre y su hermana en una jornada que parecía rutinaria. Tras un almuerzo familiar, la adolescente regresó a casa y, por la noche, decidió salir con su madre al centro comercial Plaza Imperial.

El establecimiento ya estaba cerrado, y al retornar se detuvieron a observar una manifestación pacífica en la vía pública entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Suba. Así lo narró Sandra Milena Pérez en una entrevista para la Fiscalía, en la que relató que las detonaciones policiales se produjeron de manera sorpresiva.

La intervención del Esmad se intensificó y madre e hija buscaron refugio en un callejón. Allí fueron alcanzadas por tres agentes, que las intimidaron y agredieron verbalmente. “Vi que habían tres de ellos ahí al frente de mi mamá y yo les gritaba que por favor no le hicieran nada, que no estábamos haciendo nada”, relató Sara Valentina.

De pronto, un agente apuntó con un arma larga y realizó un disparo. Sara recibió el impacto de un proyectil en su rostro, mientras su madre resultó herida en varias partes del cuerpo.

El golpe en el ojo izquierdo de la joven provocó una lesión irreversible. “De un momento a otro sentí un ardor horrible en mi ojo izquierdo que yo no podía, que yo me lo tapaba y yo lo traté de abrir y yo decía: ‘no veo nada’”, contó la afectada a Noticias Uno. El diagnóstico médico confirmó la pérdida total de visión y la necesidad de una reconstrucción ocular para fines estéticos.

Los especialistas en Noruega informaron recientemente a Sara Valentina que será necesario retirar su globo ocular izquierdo y colocar una prótesis, debido al riesgo de atrofia y complicaciones adicionales.

El patrón de violencia y las estadísticas del paro nacional

El caso de Sara Valentina Cárdenas se registró en un contexto documentado de violencia policial. Según el informe Tiros a la vista de Amnistía Internacional, la plataforma Grita de la ONG Temblores reportó 103 víctimas de lesiones oculares entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, lo que implica que, en promedio, cada 0,81 días se registró una lesión de este tipo en el Paro Nacional. El 7,61% de las víctimas de heridas oculares fueron mujeres.

La historia de Sara Valentina ilustra el drama de los afectados por la represión policial. Tras los hechos, su madre inició denuncias en diferentes entidades estatales, lo que desencadenó una serie de amenazas y hostigamientos contra la familia.

“Me llamaron y me dijeron ‘Calladita se ve mejor’, que yo no abriera la boca, que no denunciara, que hiciera una conciliación generosa”, detalló Sandra Pérez en su testimonio ante la Fiscalía.

El acoso persistente obligó a la familia a abandonar Colombia y buscar refugio en Noruega. La salida del país estuvo marcada por obstáculos burocráticos y nuevos episodios de intimidación. Una vez en territorio noruego, la familia accedió a atención psicológica y apoyo institucional, mientras que la menor, Lina, recibió acompañamiento escolar.

La selección Colombia femenina perdió desde los tiros del punto penal ante Brasil, la final de la Copa América Femenina, y sumó su cuarto subcampeonato continental.

Pese a ello, figuras de la “Tricolor” como Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, Daniela Arias, defensora del Corinthians de Brasil, y Katherine Tapia, portera del Palmeiras, y protagonista en las semifinales ante la selección Argentina recibió un importante reconocimiento por parte de su antiguo lugar de trabajo.

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A través de la cuenta oficial de la Policía Metropolitana de Montería en X, el miércoles 6 de agosto, Tapia se volvió a vestir con uno de los chalecos que usan los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), -antiguo Esmad-, además de aprovechar la oportunidad para posar en la fotografía junto a uno de los camiones del cuerpo de la policía.

“¡De Policía a Portera Estrella! Conoce a Katherine Tapia, nuestra increíble arquera. Pasó de proteger las calles como agente de la Policía Nacional a ser la guardiana del arco en el fútbol profesional. ¡Su historia de perseverancia y pasión es un orgullo!“, mencionaron.

Tapia, reconocida como la mejor portera de la Copa América

La imagen de Katherine Tapia celebrando la clasificación de Colombia a la final de la Copa América Femenina 2025, tras una tanda de penaltis frente a Argentina, resume la magnitud de su desempeño en el torneo.

En ese partido, la arquera detuvo un disparo desde los once metros y fue testigo de cómo otro remate rival se estrelló en el travesaño, asegurando el pase de su selección al partido decisivo.

A partir de ese momento, la trayectoria de Tapia en la Copa América Femenina Ecuador 2025 quedó marcada por un reconocimiento inédito: la portera nacida en Lorica, Córdoba, se convirtió en la primera colombiana en recibir el galardón a la mejor arquera del certamen, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

El rendimiento de Tapia fue determinante en los seis partidos disputados por la selección, en los que defendió el arco durante 570 minutos y mantuvo su portería invicta en cuatro ocasiones. El promedio de goles recibidos, 0,83 por encuentro, refleja la solidez de su desempeño bajo los tres palos.

Esta es la historia de Katherine Tapia

La imagen de Katherine Tapia escoltando a los jugadores de Atlético Nacional como parte del escuadrón antidisturbios del Esmad (ahora Undmo) parece lejana frente a la realidad actual de la portera, que se convirtió en una de las figuras clave de la selección Colombia femenina.

En una etapa de su vida, Tapia no solo protegía a los futbolistas que admiraba, como Franco Armani y René Higuita, sino que cumplía turnos dobles para garantizar su seguridad en ciudades como Ibagué. A pesar de la exigencia de su labor policial, nunca abandonó su pasión por el fútbol, lo que la llevó a alternar entre el uniforme de la fuerza pública y los guantes de arquera.

La infancia de Tapia en Lorica, Córdoba, estuvo atravesada por una relación temprana y visceral con el deporte. En una entrevista con El Espectador para la sección Supercampeonas, la jugadora evocó cómo su madre la preparaba cada día para que pudiera ir al polideportivo local, aunque regresara a casa descalza y exhausta, lo que le valía castigos nocturnos.

La periodista Paula Casas relató en ese mismo reportaje las dificultades económicas y sociales que enfrentó Tapia, incluyendo el apoyo de su abuelo José Joaquín, que le compraba los implementos necesarios para entrenar, y el episodio en el que un grupo armado la retuvo en Caucasia, Antioquia, advirtiéndole que no podía transitar por esa zona.

A pesar de estos obstáculos, Tapia mantuvo su determinación de convertirse en futbolista profesional. Inicialmente, se desempeñó como defensora central y, al mismo tiempo, destacó como estudiante, logrando adelantar su graduación de bachillerato a los 14 años.

Su ingreso a la universidad estuvo marcado por un error administrativo: sus padres la inscribieron en ingeniería de sistemas en lugar de licenciatura en matemáticas en la Universidad de Córdoba.

“Mis papás compraron un pin de la universidad, pero no lo compraron para licenciatura en Matemática, sino para Ingeniería de Sistemas. Entonces, cuando yo llego el primer día de la universidad, aparezco registrada esa ingeniería de sistema. Obviamente, yo estaba, tenía 14 años, yo no sabía como, como era, como el manejo de la universidad, ni nada de esas cosas”, relató Tapia en la entrevista.

Recorrido de Katherine Tapia en el fútbol profesional

• Atlético Nacional (Colombia) 2018-2020
• América de Cali (Colombia) 2020-2021
• Santa Fe (Colombia) 2021-2022
• Santiago Morning (Chile): 2022
• Palmeiras (Brasil): 2023 - actualidad

La clasificación de Colombia a la final de la Copa América femenina ante Argentina tuvo una gran artífice: la portera Luz Katherine Tapia, que además de sellar una brillante actuación en los 90 minutos, también atajó un penal definitivo en la tanda que clasificó a la Tricolor al duelo definitivo del certamen que se celebra en Ecuador.

La actuación de Tapia en la definición por penales no fue fruto de la improvisación. La arquera preparó cada detalle junto a su entorno técnico, incorporando una estrategia poco habitual: en sus guantes, adheridos con esparadrapo, figuraban los números de las jugadoras rivales.

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Esta táctica, diseñada en colaboración con el preparador de arqueras y el analista de video de su club, el Palmeiras de Brasil, le permitió anticipar los movimientos de las ejecutantes argentinas. “Me tocó aprenderme por números. El preparador de arqueros nos dio su análisis y también acudí al analista de video de Palmeiras, que me ayudó con muchos videos”, explicó Tapia en una entrevista con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

La presión del momento no alteró su enfoque. Tapia relató que las jueces advirtieron sobre la necesidad de esperar la revisión del VAR en cada penal, una situación que podría desestabilizar a cualquier portera. Sin embargo, la colombiana mantuvo la calma: “Las jueces nos mencionaron que esperáramos el VAR. Yo sabía que no había dejado de pisar la línea, nunca me han pitado eso. Salí a disfrutar de una”, aseguró la futbolista que consolidó su estatus como referente del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

“Me quedo con la atajada del penalti, porque es como ‘la uvita que se le pone al helado’”, sentenció la golera.

Tapia recordó su pasado como integrante del Esmad

El impacto de su actuación trascendió el vestuario. Tras el partido, René Higuita, leyenda del arco colombiano y antiguo entrenador de Tapia en Atlético Nacional, le envió un mensaje personal: “Siempre ha sido como un papá para mí, porque me entrenó en Nacional. Me escribió: ‘felicitaciones Kathe, vamos que te mereces el título. Dios te bendiga y cualquier cosa que necesites con los penaltis, solo avísame’”, contó Tapia a Blog Deportivo.

A pesar del protagonismo alcanzado, Tapia mantiene una perspectiva de humildad y pertenencia al grupo: la arquera se define como una pieza más dentro del proceso colectivo, recordando su pasado como miembro del Esmad y su rol actual en la selección: “Uno se va ganando su puesto. Acá dentro del equipo sigo en el rango de ‘patrullera’. Todas somos importantes y siempre lo hacemos en pro del país y de la selección”, dijo.

En julio de 2024, época en la que la selección nacional hizo su participación en los Juegos Olímpicos de París, el Ministerio del Deporte publicó una nota en la que entrevistó a Tapia, que rememoró con cariño su paso por la institución policial, ahora llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

“El deporte a mí me ha cambiado la vida drásticamente, porque antes de ser deportista yo trabajaba en la Policía Nacional. El deporte te da la oportunidad de poder estudiar, de poder tener una vida saludable, de tener tiempo con tu familia, de compartir con ellos; son muchas cosas que han logrado cambiar mi vida. Antes defendía los colores de la Policía Nacional, el escudo, porque era del Esmad: me ponía ese uniforme y sentir esa adrenalina es lo mismo estar acá en la cancha”, confesó la jugadora.

Con la clasificación asegurada tras el 5-4 en la tanda de penales, la Selección Colombia ya orienta su preparación hacia la final del sábado, a la espera de conocer si el rival será Brasil o Uruguay. Tapia lo resume con claridad: “El equipo ya cambió el chip hoy, en zona de recuperación, listas para la final del sábado, esperando si será Brasil o Uruguay”.

En el puente Carlos Ramírez París, ubicado en el barrio San Mateo en Cúcuta, Norte de Santander, se presentaron fuertes enfrentamientos entre la comunidad y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, es decir, el antiguo Esmad, de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los enfrentamientos entre las partes se dieron porque jóvenes pintaron murales en el citado puente, lugar donde la Alcaldía de Cúcuta ya había advertido que no se podía.

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El conflicto comenzó el domingo 26 de enero de 2025, cuando líderes comunitarios intervinieron los murales del puente con mensajes como ‘Las cuchas tienen razón’, mostrando su apoyo a las madres en la comuna 13. Además, se pintaron mensajes a favor de la población desplazada del Catatumbo.

Desde ese día, el puente se volvió un lugar de constante disputa, debido a que cada día un nuevo grupo borraba los murales para dar otro mensaje. Los hechos desataron un enfrentamiento que culminaron en una crisis de orden público en la zona.

La Alcaldía de Cúcuta emitió un comunicado en donde aclaró que la intervención no contaba con la autorización de las autoridades pertinentes.

“Es importante aclarar que no se recibió ninguna solicitud formal ante las secretarías de Gobierno, Tránsito ni de Planeación Municipal para llevar a cabo esta acción”, se lee en el comunicado.

Además, la administración de Jorge Acevedo condenó lo ocurrido y calificó la intervención en el puente Carlos Ramírez París como una alteración indebida de una obra pública financiada con recursos municipales.

“Reiteramos nuestro compromiso de proteger el patrimonio público y su preservación. Recordamos a la comunidad que es indispensable cumplir con los procedimientos legales establecidos para garantizar la correcta planificación y cuidado de la ciudad”, precisó el comunicado.

Por los enfrentamientos entre las autoridades y jóvenes que se presentaron este miércoles 29 de enero, Juan Camilo Pérez, consejero municipal de juventud, manifestó lo siguiente: “Es preocupante cómo en Cúcuta el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos se ve cada vez más instrumentalizado. Portar un chaleco no puede ser excusa para incitar al enfrentamiento con actitudes desafiantes y agresivas. Respeten el ejercicio”.

A estos hechos, se suma el caso de intolerancia en la ciudad de Cali. En videos compartidos por usuarios, se ve el momento en el que un hombre saca un arma de fuego, al parecer, para amenazar a artistas que se encontraban pintando el mural ‘Las cuchas tienen razón’ en una pared de la ciudad.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó lo sucedido, y les solicitó a las autoridades que capturen a la persona, afirmando que el hombre tiene “tiene una mentalidad paramilitar”.

“Este individuo debe ser capturado cuanto antes. La mentalidad paramilitar, ahora en Cali, que quiere asesinar la diferencia: el fascismo colombiano no quiere que se diga que en Medellín hubo una matanza de centenares de jóvenes por órdenes oficiales. Espero de @PoliciaColombia acción inmediata”, manifestó Gustavo Petro.

Según la Fundación Diego Felipe Becerra, los hechos ocurrieron en el puente de la Luna. “En la jornada del día de hoy en el marco de la Pinta en el puente de la Luna. Un sujeto armado llegó con la intención directa y de forma violenta apuntó a diferentes artistas que se encontraban en el lugar”, indicó la fundación.

Por tal motivo, hizo un llamado a todo el territorio nacional para proteger de la vida y libertada de expresión. La Fundación Diego Felipe Becerra manifestó que realizar este tipo de actos nunca pueden costar la vida de las personas.

“Hacemos un llamado NACIONAL por la protección de la vida, el derecho a la memoria colectiva y a la libertad de expresión. ¡Pintar, nunca más nos puede costar la vida!”, puntualizó la fundación.

Acab Colombia también denunció lo sucedido a través del siguiente mensaje: “Este personaje fue capturado por la comunidad en Cali en el sector de la Luna, se encontraba vandalizando los murales que se realizaron el día de ayer Domingo en apoyo a las madres de la comuna 13 de #medellin al parecer es un escolta o policía”.

Bogotá se prepara para acoger una muestra cinematográfica que explora el conflicto y la paz, con un enfoque en la vida después de la guerra, con la inauguración del ciclo “Que haiga paz”, en la Cinemateca.

Esta iniciativa, en colaboración con la Comisión de la Verdad, reúne películas de diversas partes del mundo, incluidas producciones de Palestina, Siria e Irak. Este evento se llevará a cabo del 11 al 22 de diciembre del 2024.

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Entre las proyecciones destacadas se encuentra una película de Forensic Architecture que ofrece un análisis detallado del caso de Dylan Cruz, un joven que murió el 23 de noviembre de 2019 tras ser herido por un proyectil lanzado por un agente del Esmad en Bogotá.

La película utiliza evidencia visual y una reconstrucción en 3D basada en imágenes de ocho cámaras para examinar los eventos que rodearon su muerte.

El ciclo busca no solo recordar los conflictos, sino también reflexionar sobre la resistencia cotidiana de los pueblos y su derecho a existir.

Las películas seleccionadas abordan temas de guerra y paz, “ofreciendo una mirada profunda a las experiencias de las comunidades afectadas por conflictos prolongados”, según se explica en la cuenta de Instagram de Tercer Cine.

La muestra es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar el diálogo y la comprensión sobre las complejidades de la paz y la reconciliación. Los organizadores esperan que el evento sirva como un espacio para la reflexión y el aprendizaje, permitiendo a los asistentes explorar diferentes perspectivas sobre la vida después de la guerra.

La programación completa del ciclo estará disponible para consulta, ofreciendo a los interesados la oportunidad de planificar su asistencia a las diversas proyecciones y actividades que se desarrollarán durante estos días en la Cinemateca de Bogotá.

La película de Dylan Cruz

Plano Negativo, el estudio colombiano de Forensic Architecture, presentará un análisis visual contra-forense sobre el caso de Dilan Cruz el próximo 19 de diciembre a las 6 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Este evento, que se llevará a cabo en la Sala 3, es de entrada libre, aunque se requiere reclamar una boleta en taquilla.

El análisis se centra en las imágenes capturadas antes del disparo que acabó con la vida de Dilan Cruz, donde se le ve lanzando granadas lacrimógenas.

Estas imágenes, junto con el guante que usaba para recogerlas, fueron utilizadas por la Fiscalía General de la Nación como justificación para el uso de la fuerza por parte del Esmad.

La presentación busca evaluar esta afirmación y discutir las implicaciones políticas del régimen de análisis de imágenes implementado por el estado colombiano en casos de violencia estatal.

Plano Negativo es una iniciativa que surgió tras la colaboración de Forensic Architecture con la Comisión de la Verdad en Colombia, que resultó en la exposición “Huellas de Desaparición”.

Este estudio está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, como arquitectas, diseñadores, antropólogos, abogadas y artistas visuales, quienes trabajan en conjunto con organizaciones sociales colombianas en casos de violencia política y ambiental.

La presentación promete ofrecer una perspectiva crítica sobre cómo se construyen y utilizan las narrativas visuales en contextos de violencia estatal, y cómo estAS pueden influir en la percepción pública y en los procesos judiciales. La participación de Forensic Architecture, un centro de investigaciones visuales de la Goldsmiths University de Londres, añade un enfoque internacional y metodológico riguroso al análisis.

Este evento es una oportunidad para que el público conozca de cerca el trabajo de Plano Negativo y reflexione sobre el papel de la imagen en la construcción de la verdad y la justicia en contextos de conflicto. La entrada es gratuita, pero se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en la sala.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente conocida como Esmad, se encuentra desplegada en la zona para controlar la situación. Las autoridades confirmaron el cierre de la calle 13 con carrera 100 en ambos sentidos, y solicitaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas para evitar mayores congestiones.

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En respuesta a los disturbios, Metrocali suspendió el servicio en las estaciones de Univalle y Buitrera, siguiendo instrucciones de la Policía Nacional. Esta medida fue comunicada oficialmente a través de la cuenta de X de la entidad.

El impacto de los disturbios se extendió a otras áreas de la ciudad, según el reporte de algunos internautas, se presenta un tráfico monumental en la avenida Cañasgordas y sectores de Ciudad Jardín. Usuarios en redes sociales expresaron su frustración por los largos tiempos de espera, mencionando que el trayecto desde el semáforo de la Babilla hasta Jardín Plaza ha tomado hasta 40 minutos. Como medida de precaución, el centro comercial Unicentro cerró sus puertas sobre la avenida Pasoancho, buscando proteger a sus visitantes y empleados ante la situación de orden público que se vive en la zona.

Las autoridades locales esperan que la situación se normalice pronto y que la movilidad en el sector pueda restablecerse a la brevedad. Mientras tanto, se mantiene la presencia policial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar nuevos incidentes.

Bloqueo en avenida Pasoancho altera servicios MIO por disturbios

Es de agregar que, Metrocali informó sobre cambios en las rutas de los buses del sistema de transporte MÍO debido al bloqueo que se registra en la avenida Pasoancho, al sur de la capital del departamento de Valle del Cauca. Las modificaciones afectan a varias rutas, incluyendo la E21, E27 y P21E, en ambos sentidos de circulación.

En el caso de la ruta E21, que opera en dirección sur-norte, los buses, tras pasar por el sector de Universidades, giran a la derecha en la Calle 16, luego a la izquierda en la Carrera 80, continúan hasta la Calle 5, donde giran a la derecha para retomar su recorrido habitual en Capri. En sentido contrario, la ruta E27 modifica su trayecto después de atender Capri, girando a la izquierda por la Carrera 80, luego a la derecha por la Calle 25, y continuando hasta Univalle, donde retoma su ruta original.

Por su parte, la ruta P21E presenta dos variantes. La primera, tras pasar por Universidades, toma la Calle 16 hacia la derecha, sigue por la Carrera 85C hacia la izquierda, avanza por la Carrera 86 hasta la Calle 13, donde gira a la derecha para retomar su recorrido en la intersección de la Calle 13 con la Carrera 83. La segunda variante, después de la intersección de la Carrera 80 con la Calle 10A, realiza un retorno en la Carrera 80 con la Calle 5, sigue por la Carrera 80, gira a la derecha en la Calle 25, continúa hasta la Carrera 99, donde gira a la derecha y retoma su recorrido en Universidades.

Metrocali instó a los usuarios a mantenerse informados y atentos a las actualizaciones del servicio debido a estas modificaciones temporales en las rutas.

En el quinto aniversario de la muerte de Dilan Cruz, su hermana Denis Cruz expresó en redes sociales su frustración por la falta de justicia en el caso.

“Y bueno, hoy oficialmente son 5 años de impunidad por el caso de mi hermano Dilan cruz. Que te puedo decir, la justicia de este país cada día duele un poquito más”, escribió en su perfil personal de X, antes Twitter, reflejando el dolor persistente de la familia.

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La muerte de Dilan ocurrió durante las manifestaciones del 23 de noviembre de 2019 en Bogotá, cuando fue impactado por un proyectil disparado por el policía Manuel Cubillos Rodríguez.

La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en abril de 2024, sancionando a Cubillos con una multa de 14 millones de pesos, hecho que se desconocia hasta que el 23 de noviembre del 2024, El Espectador lo diera a conocer. Este fallo, que aún no se ha hecho público, ha sido criticado por la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, quien considera que calificar el acto como una “falta grave” y no “gravísima” contribuye a la impunidad y desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

“Al ente de control le parece que disparar un arma y matar a una persona en medio de una protesta no es una falta gravísima, sino una falta “grave”, apenas meritoria de una multa. Este tipo de acciones estatales que llevan a la impunidad son una de las razones más graves de la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad”, afirmó la política colombiana en su cuenta de x, antes Twitter.

Sánchez, en sus redes sociales, exigió seriedad de los organismos de control y justicia para Dilan Cruz y otras víctimas de la brutalidad policial. La concejala también denunció la falta de transparencia en el proceso y la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades.

El caso de Dilan Cruz se ha convertido en un símbolo de las protestas sociales en Colombia, que en 2019 se intensificaron en respuesta a diversas demandas sociales y políticas. La muerte del joven en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, tras ser herido en las manifestaciones, generó una ola de indignación y llamados a la justicia.

La sanción impuesta a Cubillos ha sido vista por muchos como insuficiente, considerando la gravedad del hecho. La calificación de la Procuraduría como “falta grave a título de culpa grave” ha sido objeto de debate, ya que muchos esperaban una sanción más severa.

La familia de Dilan Cruz y sus defensores continúan luchando por justicia, en un contexto donde la confianza en las instituciones se ve constantemente cuestionada. La conmemoración de estos cinco años resalta la necesidad de un sistema judicial que responda adecuadamente a los casos de abuso de poder y garantice la protección de los derechos humanos.

Informe revela disparo directo a Dilan Cruz en protesta en Bogotá

Un informe, del febrero 12 del 2024, de Forensic Architecture, una organización británica especializada en análisis forense, ha revelado que el capitán Manuel Cubillos, miembro del Esmad, habría disparado directamente contra el estudiante Dilan Cruz durante una manifestación en el centro de Bogotá en noviembre de 2019.

Este hallazgo podría cambiar el rumbo de la investigación sobre la muerte del joven, según informó El Reporte Coronell.

El análisis, realizado por un equipo de la Universidad de Londres, utilizó programas avanzados de reconstrucción visual para recrear digitalmente la escena del disparo. Se basó en material de video proveniente de cámaras de vigilancia, teléfonos celulares y medios de comunicación que capturaron el momento en que Dilan Cruz cayó al suelo. La metodología incluyó la sincronización geotemporal de las imágenes para estudiar la interacción entre los movimientos de Cruz y el capitán Cubillos.

Desde el incidente, el capitán Cubillos ha sostenido que su intención era dispersar la manifestación y que no apuntó directamente al joven de 18 años. Sin embargo, el nuevo informe sugiere lo contrario, lo que plantea dudas sobre la reconstrucción de la escena realizada por la Fiscalía General de la Nación.

El caso de Dilan Cruz ha sido un tema de gran controversia en Colombia, generando protestas y debates sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones.

La muerte de Cruz, quien fue impactado por un proyectil no letal, provocó una ola de indignación y demandas de justicia por parte de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos.

El informe de Forensic Architecture podría tener implicaciones significativas para el caso, ya que cuestiona la narrativa oficial y sugiere posibles errores en la investigación inicial. Este desarrollo subraya la importancia de las tecnologías avanzadas en la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de violencia estatal.