La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a dos patrulleros del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por su responsabilidad en la muerte de un joven y las graves heridas causadas a manifestantes durante las protestas sociales de 2021 en Bogotá.

Según los informes oficiales, la decisión recae sobre Gonzalo Moreno Gordillo y Álvaro José Guerra Ríos, cuyos actos vulneraron los principios de legalidad y proporcionalidad en el manejo de disturbios.

Sanción tras la muerte de Cristian David Castillo

El proceso disciplinario más relevante concluyó con la destitución e inhabilidad por doce años del patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, al que la Procuraduría responsabilizó por la muerte de Cristian David Castillo de la Ossa.

De acuerdo con el fallo, Moreno accionó un fusil lanzagranadas en dirección horizontal, lo que produjo el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza del joven mientras transitaba cerca del Portal de Suba, en Bogotá, la noche del 22 de junio de 2021.

El informe forense determinó que el proyectil fue disparado de forma directa y no en trayectoria parabólica, como exigen los protocolos para este tipo de armas, según la Procuraduría.

Ni las cámaras de seguridad ni el testimonio del entonces comandante de la Primera Sección del Esmad, capitán Mauricio Patiño, respaldaron la existencia de una orden superior para el uso del fusil lanzagranadas. El capitán dejó constancia formal de que nunca impartió instrucciones para disparar el arma asignada a Moreno.

La Fiscalía calificó la conducta como una falta “gravísima dolosa”, pues el patrullero disponía de plena capacidad de autodeterminación en el momento de los hechos. El joven Cristian David Castillo, de 26 años, falleció a las 12:38 a. m. del 23 de junio tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la ambulancia que lo trasladaba al hospital.

El contexto de las protestas y el caso de Suba

El fallecimiento de Castillo ocurrió durante uno de los episodios de mayor tensión del paro nacional de 2021, en medio de manifestaciones contra la reforma tributaria impulsada por el entonces presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Las movilizaciones en Bogotá se concentraron en varios sectores, incluido el Portal de Suba, donde se produjeron enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.

De acuerdo con el testimonio de Edward Castillo, padre de la víctima, el joven no participaba activamente en las protestas ni formaba parte de la llamada “primera línea”. Trabajaba junto a su padre en una ferretería y, al momento de los hechos, se dirigía en bicicleta hacia su residencia tras su jornada laboral.

El padre señaló en declaraciones recogidas por Rutas del Conflicto que su hijo estaba reuniendo recursos para ingresar a una universidad privada, ya que no había logrado acceder a la educación superior pública.

“Se debe frenar esta masacre contra los jóvenes que reclaman sus derechos”, reclamó el padre de Cristian a medios locales en su momento.

Destitución por lesiones a manifestantes

El segundo caso de destitución e inhabilidad, en este caso por 16 años, se relaciona con el patrullero Álvaro José Guerra Ríos, integrante del Esmad en la misma época. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento determinó que Guerra Ríos excedió el uso de la fuerza durante los disturbios del 5 de mayo de 2021, también en la localidad de Suba.

Durante la intervención policial, dos mujeres resultaron gravemente heridas y una de ellas perdió un ojo debido al impacto de un proyectil. El fallo disciplinario señaló que el patrullero transgredió los límites legales y vulneró los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que constituyó una “falta gravísima, a título de dolo”.

Implicaciones y proceso disciplinario

Ambos fallos son de primera instancia y podrán ser apelados ante la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con el ente de control, las decisiones buscan garantizar la responsabilidad individual de los agentes estatales en el manejo de la protesta social y la protección de los derechos humanos.

El Ministerio Público subrayó que las sanciones se basan en videos, testimonios, necropsias e informes de laboratorio que permitieron esclarecer la responsabilidad disciplinaria de los uniformados.

“Las pruebas obrantes en la actuación permiten establecer que el disciplinado fue quien incurrió en la falta disciplinaria que, al momento de los hechos, contaba con la capacidad de autodeterminarse conforme a dicha comprensión”, precisó el fallo.

Cinco años después de que circuló en redes sociales el video donde un agente del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) dispara contra una madre y su hija durante las protestas en Suba, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá identificó al presunto responsable.

El patrullero Álvaro José Guerra Ríos fue señalado como autor del disparo que en 2021 dejó sin un ojo a Sara Valentina Cárdenas. El funcionario enfrenta actualmente un proceso disciplinario, según confirmó la Procuraduría en un documento oficial citado por Noticias Uno.

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“Recibimos un documento oficial de la Procuraduría, declaración que confirma que el proceso disciplinario contra el investigado, Álvaro José Guerra Ríos”, informó Sandra Pérez, madre de la joven afectada, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

La evidencia clave fue un video presentado en audiencia, donde se observa claramente la agresión y que permitió identificar al uniformado, explicó Pérez. El proceso disciplinario también contempla la declaración de varios policías que participaron en el operativo y de un experto en armas de letalidad.

El proceso disciplinario contra Álvaro José Guerra Ríos avanza, aunque las víctimas expresan inquietud por la protección de sus derechos durante las audiencias.

“Durante las audiencias, nuestro apoderado fue silenciado, impidiendo intervenir para garantizar nuestra defensa y protección como víctimas. Desde el exilio pedimos que nos escuchen”, reclamó la madre de la joven ante Noticias Uno.

El caso sigue en una etapa decisiva y la familia espera que la identificación del uniformado tenga consecuencias reales.

El día que todo cambió: relato de los hechos en Suba

El 5 de mayo de 2021, Sara Valentina Cárdenas salió junto a su madre y su hermana en una jornada que parecía rutinaria. Tras un almuerzo familiar, la adolescente regresó a casa y, por la noche, decidió salir con su madre al centro comercial Plaza Imperial.

El establecimiento ya estaba cerrado, y al retornar se detuvieron a observar una manifestación pacífica en la vía pública entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Suba. Así lo narró Sandra Milena Pérez en una entrevista para la Fiscalía, en la que relató que las detonaciones policiales se produjeron de manera sorpresiva.

La intervención del Esmad se intensificó y madre e hija buscaron refugio en un callejón. Allí fueron alcanzadas por tres agentes, que las intimidaron y agredieron verbalmente. “Vi que habían tres de ellos ahí al frente de mi mamá y yo les gritaba que por favor no le hicieran nada, que no estábamos haciendo nada”, relató Sara Valentina.

De pronto, un agente apuntó con un arma larga y realizó un disparo. Sara recibió el impacto de un proyectil en su rostro, mientras su madre resultó herida en varias partes del cuerpo.

El golpe en el ojo izquierdo de la joven provocó una lesión irreversible. “De un momento a otro sentí un ardor horrible en mi ojo izquierdo que yo no podía, que yo me lo tapaba y yo lo traté de abrir y yo decía: ‘no veo nada’”, contó la afectada a Noticias Uno. El diagnóstico médico confirmó la pérdida total de visión y la necesidad de una reconstrucción ocular para fines estéticos.

Los especialistas en Noruega informaron recientemente a Sara Valentina que será necesario retirar su globo ocular izquierdo y colocar una prótesis, debido al riesgo de atrofia y complicaciones adicionales.

El patrón de violencia y las estadísticas del paro nacional

El caso de Sara Valentina Cárdenas se registró en un contexto documentado de violencia policial. Según el informe Tiros a la vista de Amnistía Internacional, la plataforma Grita de la ONG Temblores reportó 103 víctimas de lesiones oculares entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, lo que implica que, en promedio, cada 0,81 días se registró una lesión de este tipo en el Paro Nacional. El 7,61% de las víctimas de heridas oculares fueron mujeres.

La historia de Sara Valentina ilustra el drama de los afectados por la represión policial. Tras los hechos, su madre inició denuncias en diferentes entidades estatales, lo que desencadenó una serie de amenazas y hostigamientos contra la familia.

“Me llamaron y me dijeron ‘Calladita se ve mejor’, que yo no abriera la boca, que no denunciara, que hiciera una conciliación generosa”, detalló Sandra Pérez en su testimonio ante la Fiscalía.

El acoso persistente obligó a la familia a abandonar Colombia y buscar refugio en Noruega. La salida del país estuvo marcada por obstáculos burocráticos y nuevos episodios de intimidación. Una vez en territorio noruego, la familia accedió a atención psicológica y apoyo institucional, mientras que la menor, Lina, recibió acompañamiento escolar.

La selección Colombia femenina perdió desde los tiros del punto penal ante Brasil, la final de la Copa América Femenina, y sumó su cuarto subcampeonato continental.

Pese a ello, figuras de la “Tricolor” como Linda Caicedo, delantera del Real Madrid, Daniela Arias, defensora del Corinthians de Brasil, y Katherine Tapia, portera del Palmeiras, y protagonista en las semifinales ante la selección Argentina recibió un importante reconocimiento por parte de su antiguo lugar de trabajo.

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A través de la cuenta oficial de la Policía Metropolitana de Montería en X, el miércoles 6 de agosto, Tapia se volvió a vestir con uno de los chalecos que usan los integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), -antiguo Esmad-, además de aprovechar la oportunidad para posar en la fotografía junto a uno de los camiones del cuerpo de la policía.

“¡De Policía a Portera Estrella! Conoce a Katherine Tapia, nuestra increíble arquera. Pasó de proteger las calles como agente de la Policía Nacional a ser la guardiana del arco en el fútbol profesional. ¡Su historia de perseverancia y pasión es un orgullo!“, mencionaron.

Tapia, reconocida como la mejor portera de la Copa América

La imagen de Katherine Tapia celebrando la clasificación de Colombia a la final de la Copa América Femenina 2025, tras una tanda de penaltis frente a Argentina, resume la magnitud de su desempeño en el torneo.

En ese partido, la arquera detuvo un disparo desde los once metros y fue testigo de cómo otro remate rival se estrelló en el travesaño, asegurando el pase de su selección al partido decisivo.

A partir de ese momento, la trayectoria de Tapia en la Copa América Femenina Ecuador 2025 quedó marcada por un reconocimiento inédito: la portera nacida en Lorica, Córdoba, se convirtió en la primera colombiana en recibir el galardón a la mejor arquera del certamen, según informó la Federación Colombiana de Fútbol.

El rendimiento de Tapia fue determinante en los seis partidos disputados por la selección, en los que defendió el arco durante 570 minutos y mantuvo su portería invicta en cuatro ocasiones. El promedio de goles recibidos, 0,83 por encuentro, refleja la solidez de su desempeño bajo los tres palos.

Esta es la historia de Katherine Tapia

La imagen de Katherine Tapia escoltando a los jugadores de Atlético Nacional como parte del escuadrón antidisturbios del Esmad (ahora Undmo) parece lejana frente a la realidad actual de la portera, que se convirtió en una de las figuras clave de la selección Colombia femenina.

En una etapa de su vida, Tapia no solo protegía a los futbolistas que admiraba, como Franco Armani y René Higuita, sino que cumplía turnos dobles para garantizar su seguridad en ciudades como Ibagué. A pesar de la exigencia de su labor policial, nunca abandonó su pasión por el fútbol, lo que la llevó a alternar entre el uniforme de la fuerza pública y los guantes de arquera.

La infancia de Tapia en Lorica, Córdoba, estuvo atravesada por una relación temprana y visceral con el deporte. En una entrevista con El Espectador para la sección Supercampeonas, la jugadora evocó cómo su madre la preparaba cada día para que pudiera ir al polideportivo local, aunque regresara a casa descalza y exhausta, lo que le valía castigos nocturnos.

La periodista Paula Casas relató en ese mismo reportaje las dificultades económicas y sociales que enfrentó Tapia, incluyendo el apoyo de su abuelo José Joaquín, que le compraba los implementos necesarios para entrenar, y el episodio en el que un grupo armado la retuvo en Caucasia, Antioquia, advirtiéndole que no podía transitar por esa zona.

A pesar de estos obstáculos, Tapia mantuvo su determinación de convertirse en futbolista profesional. Inicialmente, se desempeñó como defensora central y, al mismo tiempo, destacó como estudiante, logrando adelantar su graduación de bachillerato a los 14 años.

Su ingreso a la universidad estuvo marcado por un error administrativo: sus padres la inscribieron en ingeniería de sistemas en lugar de licenciatura en matemáticas en la Universidad de Córdoba.

“Mis papás compraron un pin de la universidad, pero no lo compraron para licenciatura en Matemática, sino para Ingeniería de Sistemas. Entonces, cuando yo llego el primer día de la universidad, aparezco registrada esa ingeniería de sistema. Obviamente, yo estaba, tenía 14 años, yo no sabía como, como era, como el manejo de la universidad, ni nada de esas cosas”, relató Tapia en la entrevista.

Recorrido de Katherine Tapia en el fútbol profesional

• Atlético Nacional (Colombia) 2018-2020
• América de Cali (Colombia) 2020-2021
• Santa Fe (Colombia) 2021-2022
• Santiago Morning (Chile): 2022
• Palmeiras (Brasil): 2023 - actualidad

La clasificación de Colombia a la final de la Copa América femenina ante Argentina tuvo una gran artífice: la portera Luz Katherine Tapia, que además de sellar una brillante actuación en los 90 minutos, también atajó un penal definitivo en la tanda que clasificó a la Tricolor al duelo definitivo del certamen que se celebra en Ecuador.

La actuación de Tapia en la definición por penales no fue fruto de la improvisación. La arquera preparó cada detalle junto a su entorno técnico, incorporando una estrategia poco habitual: en sus guantes, adheridos con esparadrapo, figuraban los números de las jugadoras rivales.

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Esta táctica, diseñada en colaboración con el preparador de arqueras y el analista de video de su club, el Palmeiras de Brasil, le permitió anticipar los movimientos de las ejecutantes argentinas. “Me tocó aprenderme por números. El preparador de arqueros nos dio su análisis y también acudí al analista de video de Palmeiras, que me ayudó con muchos videos”, explicó Tapia en una entrevista con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.

La presión del momento no alteró su enfoque. Tapia relató que las jueces advirtieron sobre la necesidad de esperar la revisión del VAR en cada penal, una situación que podría desestabilizar a cualquier portera. Sin embargo, la colombiana mantuvo la calma: “Las jueces nos mencionaron que esperáramos el VAR. Yo sabía que no había dejado de pisar la línea, nunca me han pitado eso. Salí a disfrutar de una”, aseguró la futbolista que consolidó su estatus como referente del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

“Me quedo con la atajada del penalti, porque es como ‘la uvita que se le pone al helado’”, sentenció la golera.

Tapia recordó su pasado como integrante del Esmad

El impacto de su actuación trascendió el vestuario. Tras el partido, René Higuita, leyenda del arco colombiano y antiguo entrenador de Tapia en Atlético Nacional, le envió un mensaje personal: “Siempre ha sido como un papá para mí, porque me entrenó en Nacional. Me escribió: ‘felicitaciones Kathe, vamos que te mereces el título. Dios te bendiga y cualquier cosa que necesites con los penaltis, solo avísame’”, contó Tapia a Blog Deportivo.

A pesar del protagonismo alcanzado, Tapia mantiene una perspectiva de humildad y pertenencia al grupo: la arquera se define como una pieza más dentro del proceso colectivo, recordando su pasado como miembro del Esmad y su rol actual en la selección: “Uno se va ganando su puesto. Acá dentro del equipo sigo en el rango de ‘patrullera’. Todas somos importantes y siempre lo hacemos en pro del país y de la selección”, dijo.

En julio de 2024, época en la que la selección nacional hizo su participación en los Juegos Olímpicos de París, el Ministerio del Deporte publicó una nota en la que entrevistó a Tapia, que rememoró con cariño su paso por la institución policial, ahora llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

“El deporte a mí me ha cambiado la vida drásticamente, porque antes de ser deportista yo trabajaba en la Policía Nacional. El deporte te da la oportunidad de poder estudiar, de poder tener una vida saludable, de tener tiempo con tu familia, de compartir con ellos; son muchas cosas que han logrado cambiar mi vida. Antes defendía los colores de la Policía Nacional, el escudo, porque era del Esmad: me ponía ese uniforme y sentir esa adrenalina es lo mismo estar acá en la cancha”, confesó la jugadora.

Con la clasificación asegurada tras el 5-4 en la tanda de penales, la Selección Colombia ya orienta su preparación hacia la final del sábado, a la espera de conocer si el rival será Brasil o Uruguay. Tapia lo resume con claridad: “El equipo ya cambió el chip hoy, en zona de recuperación, listas para la final del sábado, esperando si será Brasil o Uruguay”.

En el puente Carlos Ramírez París, ubicado en el barrio San Mateo en Cúcuta, Norte de Santander, se presentaron fuertes enfrentamientos entre la comunidad y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, es decir, el antiguo Esmad, de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Los enfrentamientos entre las partes se dieron porque jóvenes pintaron murales en el citado puente, lugar donde la Alcaldía de Cúcuta ya había advertido que no se podía.

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El conflicto comenzó el domingo 26 de enero de 2025, cuando líderes comunitarios intervinieron los murales del puente con mensajes como ‘Las cuchas tienen razón’, mostrando su apoyo a las madres en la comuna 13. Además, se pintaron mensajes a favor de la población desplazada del Catatumbo.

Desde ese día, el puente se volvió un lugar de constante disputa, debido a que cada día un nuevo grupo borraba los murales para dar otro mensaje. Los hechos desataron un enfrentamiento que culminaron en una crisis de orden público en la zona.

La Alcaldía de Cúcuta emitió un comunicado en donde aclaró que la intervención no contaba con la autorización de las autoridades pertinentes.

“Es importante aclarar que no se recibió ninguna solicitud formal ante las secretarías de Gobierno, Tránsito ni de Planeación Municipal para llevar a cabo esta acción”, se lee en el comunicado.

Además, la administración de Jorge Acevedo condenó lo ocurrido y calificó la intervención en el puente Carlos Ramírez París como una alteración indebida de una obra pública financiada con recursos municipales.

“Reiteramos nuestro compromiso de proteger el patrimonio público y su preservación. Recordamos a la comunidad que es indispensable cumplir con los procedimientos legales establecidos para garantizar la correcta planificación y cuidado de la ciudad”, precisó el comunicado.

Por los enfrentamientos entre las autoridades y jóvenes que se presentaron este miércoles 29 de enero, Juan Camilo Pérez, consejero municipal de juventud, manifestó lo siguiente: “Es preocupante cómo en Cúcuta el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos se ve cada vez más instrumentalizado. Portar un chaleco no puede ser excusa para incitar al enfrentamiento con actitudes desafiantes y agresivas. Respeten el ejercicio”.

A estos hechos, se suma el caso de intolerancia en la ciudad de Cali. En videos compartidos por usuarios, se ve el momento en el que un hombre saca un arma de fuego, al parecer, para amenazar a artistas que se encontraban pintando el mural ‘Las cuchas tienen razón’ en una pared de la ciudad.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó lo sucedido, y les solicitó a las autoridades que capturen a la persona, afirmando que el hombre tiene “tiene una mentalidad paramilitar”.

“Este individuo debe ser capturado cuanto antes. La mentalidad paramilitar, ahora en Cali, que quiere asesinar la diferencia: el fascismo colombiano no quiere que se diga que en Medellín hubo una matanza de centenares de jóvenes por órdenes oficiales. Espero de @PoliciaColombia acción inmediata”, manifestó Gustavo Petro.

Según la Fundación Diego Felipe Becerra, los hechos ocurrieron en el puente de la Luna. “En la jornada del día de hoy en el marco de la Pinta en el puente de la Luna. Un sujeto armado llegó con la intención directa y de forma violenta apuntó a diferentes artistas que se encontraban en el lugar”, indicó la fundación.

Por tal motivo, hizo un llamado a todo el territorio nacional para proteger de la vida y libertada de expresión. La Fundación Diego Felipe Becerra manifestó que realizar este tipo de actos nunca pueden costar la vida de las personas.

“Hacemos un llamado NACIONAL por la protección de la vida, el derecho a la memoria colectiva y a la libertad de expresión. ¡Pintar, nunca más nos puede costar la vida!”, puntualizó la fundación.

Acab Colombia también denunció lo sucedido a través del siguiente mensaje: “Este personaje fue capturado por la comunidad en Cali en el sector de la Luna, se encontraba vandalizando los murales que se realizaron el día de ayer Domingo en apoyo a las madres de la comuna 13 de #medellin al parecer es un escolta o policía”.

Bogotá se prepara para acoger una muestra cinematográfica que explora el conflicto y la paz, con un enfoque en la vida después de la guerra, con la inauguración del ciclo “Que haiga paz”, en la Cinemateca.

Esta iniciativa, en colaboración con la Comisión de la Verdad, reúne películas de diversas partes del mundo, incluidas producciones de Palestina, Siria e Irak. Este evento se llevará a cabo del 11 al 22 de diciembre del 2024.

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Entre las proyecciones destacadas se encuentra una película de Forensic Architecture que ofrece un análisis detallado del caso de Dylan Cruz, un joven que murió el 23 de noviembre de 2019 tras ser herido por un proyectil lanzado por un agente del Esmad en Bogotá.

La película utiliza evidencia visual y una reconstrucción en 3D basada en imágenes de ocho cámaras para examinar los eventos que rodearon su muerte.

El ciclo busca no solo recordar los conflictos, sino también reflexionar sobre la resistencia cotidiana de los pueblos y su derecho a existir.

Las películas seleccionadas abordan temas de guerra y paz, “ofreciendo una mirada profunda a las experiencias de las comunidades afectadas por conflictos prolongados”, según se explica en la cuenta de Instagram de Tercer Cine.

La muestra es parte de un esfuerzo más amplio para fomentar el diálogo y la comprensión sobre las complejidades de la paz y la reconciliación. Los organizadores esperan que el evento sirva como un espacio para la reflexión y el aprendizaje, permitiendo a los asistentes explorar diferentes perspectivas sobre la vida después de la guerra.

La programación completa del ciclo estará disponible para consulta, ofreciendo a los interesados la oportunidad de planificar su asistencia a las diversas proyecciones y actividades que se desarrollarán durante estos días en la Cinemateca de Bogotá.

La película de Dylan Cruz

Plano Negativo, el estudio colombiano de Forensic Architecture, presentará un análisis visual contra-forense sobre el caso de Dilan Cruz el próximo 19 de diciembre a las 6 de la tarde en la Cinemateca de Bogotá. Este evento, que se llevará a cabo en la Sala 3, es de entrada libre, aunque se requiere reclamar una boleta en taquilla.

El análisis se centra en las imágenes capturadas antes del disparo que acabó con la vida de Dilan Cruz, donde se le ve lanzando granadas lacrimógenas.

Estas imágenes, junto con el guante que usaba para recogerlas, fueron utilizadas por la Fiscalía General de la Nación como justificación para el uso de la fuerza por parte del Esmad.

La presentación busca evaluar esta afirmación y discutir las implicaciones políticas del régimen de análisis de imágenes implementado por el estado colombiano en casos de violencia estatal.

Plano Negativo es una iniciativa que surgió tras la colaboración de Forensic Architecture con la Comisión de la Verdad en Colombia, que resultó en la exposición “Huellas de Desaparición”.

Este estudio está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, como arquitectas, diseñadores, antropólogos, abogadas y artistas visuales, quienes trabajan en conjunto con organizaciones sociales colombianas en casos de violencia política y ambiental.

La presentación promete ofrecer una perspectiva crítica sobre cómo se construyen y utilizan las narrativas visuales en contextos de violencia estatal, y cómo estAS pueden influir en la percepción pública y en los procesos judiciales. La participación de Forensic Architecture, un centro de investigaciones visuales de la Goldsmiths University de Londres, añade un enfoque internacional y metodológico riguroso al análisis.

Este evento es una oportunidad para que el público conozca de cerca el trabajo de Plano Negativo y reflexione sobre el papel de la imagen en la construcción de la verdad y la justicia en contextos de conflicto. La entrada es gratuita, pero se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar en la sala.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente conocida como Esmad, se encuentra desplegada en la zona para controlar la situación. Las autoridades confirmaron el cierre de la calle 13 con carrera 100 en ambos sentidos, y solicitaron a los ciudadanos utilizar rutas alternas para evitar mayores congestiones.

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En respuesta a los disturbios, Metrocali suspendió el servicio en las estaciones de Univalle y Buitrera, siguiendo instrucciones de la Policía Nacional. Esta medida fue comunicada oficialmente a través de la cuenta de X de la entidad.

El impacto de los disturbios se extendió a otras áreas de la ciudad, según el reporte de algunos internautas, se presenta un tráfico monumental en la avenida Cañasgordas y sectores de Ciudad Jardín. Usuarios en redes sociales expresaron su frustración por los largos tiempos de espera, mencionando que el trayecto desde el semáforo de la Babilla hasta Jardín Plaza ha tomado hasta 40 minutos. Como medida de precaución, el centro comercial Unicentro cerró sus puertas sobre la avenida Pasoancho, buscando proteger a sus visitantes y empleados ante la situación de orden público que se vive en la zona.

Las autoridades locales esperan que la situación se normalice pronto y que la movilidad en el sector pueda restablecerse a la brevedad. Mientras tanto, se mantiene la presencia policial para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar nuevos incidentes.

Bloqueo en avenida Pasoancho altera servicios MIO por disturbios

Es de agregar que, Metrocali informó sobre cambios en las rutas de los buses del sistema de transporte MÍO debido al bloqueo que se registra en la avenida Pasoancho, al sur de la capital del departamento de Valle del Cauca. Las modificaciones afectan a varias rutas, incluyendo la E21, E27 y P21E, en ambos sentidos de circulación.

En el caso de la ruta E21, que opera en dirección sur-norte, los buses, tras pasar por el sector de Universidades, giran a la derecha en la Calle 16, luego a la izquierda en la Carrera 80, continúan hasta la Calle 5, donde giran a la derecha para retomar su recorrido habitual en Capri. En sentido contrario, la ruta E27 modifica su trayecto después de atender Capri, girando a la izquierda por la Carrera 80, luego a la derecha por la Calle 25, y continuando hasta Univalle, donde retoma su ruta original.

Por su parte, la ruta P21E presenta dos variantes. La primera, tras pasar por Universidades, toma la Calle 16 hacia la derecha, sigue por la Carrera 85C hacia la izquierda, avanza por la Carrera 86 hasta la Calle 13, donde gira a la derecha para retomar su recorrido en la intersección de la Calle 13 con la Carrera 83. La segunda variante, después de la intersección de la Carrera 80 con la Calle 10A, realiza un retorno en la Carrera 80 con la Calle 5, sigue por la Carrera 80, gira a la derecha en la Calle 25, continúa hasta la Carrera 99, donde gira a la derecha y retoma su recorrido en Universidades.

Metrocali instó a los usuarios a mantenerse informados y atentos a las actualizaciones del servicio debido a estas modificaciones temporales en las rutas.

En el quinto aniversario de la muerte de Dilan Cruz, su hermana Denis Cruz expresó en redes sociales su frustración por la falta de justicia en el caso.

“Y bueno, hoy oficialmente son 5 años de impunidad por el caso de mi hermano Dilan cruz. Que te puedo decir, la justicia de este país cada día duele un poquito más”, escribió en su perfil personal de X, antes Twitter, reflejando el dolor persistente de la familia.

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La muerte de Dilan ocurrió durante las manifestaciones del 23 de noviembre de 2019 en Bogotá, cuando fue impactado por un proyectil disparado por el policía Manuel Cubillos Rodríguez.

La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en abril de 2024, sancionando a Cubillos con una multa de 14 millones de pesos, hecho que se desconocia hasta que el 23 de noviembre del 2024, El Espectador lo diera a conocer. Este fallo, que aún no se ha hecho público, ha sido criticado por la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, quien considera que calificar el acto como una “falta grave” y no “gravísima” contribuye a la impunidad y desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

“Al ente de control le parece que disparar un arma y matar a una persona en medio de una protesta no es una falta gravísima, sino una falta “grave”, apenas meritoria de una multa. Este tipo de acciones estatales que llevan a la impunidad son una de las razones más graves de la desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad”, afirmó la política colombiana en su cuenta de x, antes Twitter.

Sánchez, en sus redes sociales, exigió seriedad de los organismos de control y justicia para Dilan Cruz y otras víctimas de la brutalidad policial. La concejala también denunció la falta de transparencia en el proceso y la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades.

El caso de Dilan Cruz se ha convertido en un símbolo de las protestas sociales en Colombia, que en 2019 se intensificaron en respuesta a diversas demandas sociales y políticas. La muerte del joven en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, tras ser herido en las manifestaciones, generó una ola de indignación y llamados a la justicia.

La sanción impuesta a Cubillos ha sido vista por muchos como insuficiente, considerando la gravedad del hecho. La calificación de la Procuraduría como “falta grave a título de culpa grave” ha sido objeto de debate, ya que muchos esperaban una sanción más severa.

La familia de Dilan Cruz y sus defensores continúan luchando por justicia, en un contexto donde la confianza en las instituciones se ve constantemente cuestionada. La conmemoración de estos cinco años resalta la necesidad de un sistema judicial que responda adecuadamente a los casos de abuso de poder y garantice la protección de los derechos humanos.

Informe revela disparo directo a Dilan Cruz en protesta en Bogotá

Un informe, del febrero 12 del 2024, de Forensic Architecture, una organización británica especializada en análisis forense, ha revelado que el capitán Manuel Cubillos, miembro del Esmad, habría disparado directamente contra el estudiante Dilan Cruz durante una manifestación en el centro de Bogotá en noviembre de 2019.

Este hallazgo podría cambiar el rumbo de la investigación sobre la muerte del joven, según informó El Reporte Coronell.

El análisis, realizado por un equipo de la Universidad de Londres, utilizó programas avanzados de reconstrucción visual para recrear digitalmente la escena del disparo. Se basó en material de video proveniente de cámaras de vigilancia, teléfonos celulares y medios de comunicación que capturaron el momento en que Dilan Cruz cayó al suelo. La metodología incluyó la sincronización geotemporal de las imágenes para estudiar la interacción entre los movimientos de Cruz y el capitán Cubillos.

Desde el incidente, el capitán Cubillos ha sostenido que su intención era dispersar la manifestación y que no apuntó directamente al joven de 18 años. Sin embargo, el nuevo informe sugiere lo contrario, lo que plantea dudas sobre la reconstrucción de la escena realizada por la Fiscalía General de la Nación.

El caso de Dilan Cruz ha sido un tema de gran controversia en Colombia, generando protestas y debates sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones.

La muerte de Cruz, quien fue impactado por un proyectil no letal, provocó una ola de indignación y demandas de justicia por parte de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos.

El informe de Forensic Architecture podría tener implicaciones significativas para el caso, ya que cuestiona la narrativa oficial y sugiere posibles errores en la investigación inicial. Este desarrollo subraya la importancia de las tecnologías avanzadas en la búsqueda de la verdad y la justicia en casos de violencia estatal.

La ofensiva dejó a cientos de personas muertas, por lo que el Estado de Israel decidió responder con violentas arremetidas en la franja de Gaza para defender sus intereses y dar de baja a los responsables de este acto terrorista.

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Como un gesto de solidaridad, miles de colombianos salieron a las calles de la capital del país de manera pacífica mostrando su apoyo a Israel y a Palestina. Sin embargo, en horas de la tarde, se presentó una situación violenta en la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en la zona de Quinta Paredes, en Bogotá.

Al lugar llegaron varios manifestantes que abogan por el Estado Palestino para demostrar su rechazo al conflicto en el Medio Oriente y a las acciones del país norteamericano liderado por Joe Biden, que ha sido un actor clave en el conflicto brindando apoyo a Israel.

A los protagonistas de la movilización se sumaron unos encapuchados, que empezaron a violentar las rejas del recinto diplomático. Ante esta situación, que representa una amenaza para las relaciones diplomáticas entre Colombia y el país norte americano, la Policía Metropolitana desplegó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para controlar la situación y llevar ante la justicia a los responsables.

En los videos compartidos en redes sociales se ve a más de 200 manifestantes intentando ingresar al punto de trabajo diplomático, usando la fuerza y brutalidad contra la Policía de Bogotá, que intenta mantenerlos a raya para evitar que afecten las instalaciones.

Sin embargo, reprimir los actos violentos fue una tarea compleja, puesto que se dedicaron a vandalizar la fachada de uno de los parqueaderos del lugar. Además, iniciaron fogatas con las que amenazaron prender fuego a la embajada.

En el lugar de los hechos también se registraron decenas de personas alejadas de los enfrentamientos, quemando banderas de Estados Unidos, coreando arengas a favor del pueblo palestino y levantando pancartas en las que tachaban a Israel de perpetuar la guerra en Medio Oriente, que afecta a millones de gazatíes que fueron arrastradas al conflicto en contra de su voluntad.

Los manifestantes por medio de consignas pidieron a la Organización de Naciones Unidas y la Organización del Tratado del Atlántico (Otan) tomar medidas para llegar a una resolución clara del conflicto. Además de solicitar con vehemencia sanciones para Israel y sus aliados políticos por “causar un genocidio en Palestina”.

Según el informe preliminar presentado por las autoridades, también se registraron desmanes en la carrera 13 con calle 60, donde los violentos dañaron varias fachadas de entidades bancarias. Como medida de seguridad, la Alcaldía de Bogotá desplegó sus unidades de diálogo para intentar disuadir a los manifestantes. Sin embargo, estos no aceptaron frenar sus arremetidas, lo que obligó a los dueños de los establecimientos a cerrar sus negocios hasta que se garantice la seguridad en la zona.

Frente a las violentas protestas en contra de la Embajada de Estrados Unidos en Colombia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán no se ha pronunciado, ni ha implementado medidas para asegurar la integridad de los habitantes del sector y garantizar la movilidad en la ciudad, ya que el sistema integrado de transporte está realizando cierres viales para evitar daños en las estaciones de TransMilenio.

Esta semana, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), anteriormente conocida como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), inició la aplicación a sus integrantes de la prueba Broda.

Esta evaluación tiene como objetivo medir el estado de salud mental de los funcionarios, algo esencial para quienes desempeñan labores de alto riesgo y estrés.

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La prueba BrodaA es una herramienta diseñada para evaluar las escalas clínicas, de comportamiento y de autorregulación emocional del personal. Los responsables de operar armas menos letales, como el fusil lanzagases, la lanzadora de munición esférica y el sistema eléctrico Venom, son los principales destinatarios de esta evaluación.

La implementación de la prueba tuvo lugar en Bogotá, siguiendo las directrices del instructivo denominado “Parámetros para la Aplicación, Calificación, Seguridad y Custodia de la Batería Predictiva en Riesgo Psicosocial”. Este procedimiento busca prever posibles riesgos psicosociales y garantizar el bienestar integral de los operadores.

El examen evalúa aspectos críticos como la autorregulación emocional y el comportamiento en situaciones de alto estrés. Estos elementos son fundamentales para el diagnóstico preventivo de la salud mental en operadores de armas menos letales.

La encargada del Grupo de Atención Preventiva en Salud Mental del Undmo, teniente Marlyn Julieth Castillo Tarazona explicó que “la implementación de la prueba Broda nos permite identificar riesgos antes de que se materialicen y dar una respuesta preventiva adecuada, garantizando el bienestar físico y mental de nuestros funcionarios”.

Con los resultados de esta prueba, se pretende optimizar la capacidad de respuesta y la estabilidad psicológica de los uniformados, promoviendo una intervención temprana en caso de identificar factores de riesgo. En la capacitación de nuevas instrucciones para el antiguo Esmad, se enfatiza la necesidad de privilegiar el diálogo y mostrar tolerancia frente a agresiones verbales durante las protestas.

Declaraciones de la teniente Marlyn Castillo

La teniente explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de proporcionar herramientas de apoyo psicológico a los uniformados. “Quienes están expuestos a situaciones que pueden afectar su desempeño y bienestar emocional”, indicó Castillo.

La aplicación de la prueba BRODA representa un avance significativo en la atención integral de los miembros del UNDMO y un paso adelante en la profesionalización del manejo del orden público. Este enfoque holístico prioriza la salud mental en un entorno altamente demandante, lo que a su vez podría transformar positivamente el comportamiento y la eficacia operativa del cuerpo policial.

El traslado de enfoque hacia la salud mental y el bienestar de los uniformados podría marcar el inicio de un cambio significativo en la dinámica policial. Parece ser una respuesta adecuada a las críticas y demandas de mejorar la gestión del orden público en el país. La estrategia podría ayudar a reducir los niveles de tensión y violencia que a menudo caracterizan los enfrentamientos durante las manifestaciones.

La evaluación de salud mental no solo se ve como una medida de control, sino también como una herramienta de mejora continua para el antiguo ESMAD. Los resultados obtenidos permitirán desarrollar mejores estrategias de intervención y apoyo, adaptadas a las necesidades específicas de los uniformados. Esto podría impactar positivamente tanto en su desempeño como en su calidad de vida, lo que redundaría en un mejor servicio a la comunidad.

La aplicación de la prueba BRODA en el Undmo se perfila como una innovación relevante en la seguridad pública del país, enfatizando la prevención y el bienestar integral de quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden en situaciones difíciles y potencialmente peligrosas. En años anteriores no se implementaban dichas capacitaciones, lo que se quiere lograr es estar preparados ante cualquier situación de orden público con el fin de evitar la violencia entre los ciudadanos.

La ciudadana aseguró que regresaría al peaje y, de nuevo, llegaron funcionarios de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), para atender la situación y normalizar el orden público. Ante la presencia de las autoridades, la ciudadana mostró su indignación, exigiendo respuestas al presidente de la República, Gustavo Petro, y a los mismos uniformados presentes.

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“Estoy harta de que en esta maldita ciudad y que en este departamento no tengamos derecho. Presidente, ¿por qué, si aquí votamos por este gobierno del cambio, aquí se nos manda una, y otra, y otra vez, al Esmad para ejercer violencia ilegítima del Estado?”, cuestionó la politóloga.

Luego, se dirigió a un subintendente que se encontraba presente en el lugar, pregunto las razones por las cuales estaría violentando sus derechos, a pesar de que su manifestación se ha basado en el simbolismo y la resistencia. Mencionó a la Corte Constitucional, que reconoce el derecho a la protesta y a la realización de manifestaciones públicas.

“¿Por qué ninguno de ustedes es capaz de oponerse a hacer violencia ilegítima del Estado? No nos vamos a rendir. Y me da mucha pena, pero lo volveré a hacer, porque es mi derecho, y estoy harta, harta, de vivir sin derechos”, sostuvo la ciudadana.

Aseguró que alzará su voz hasta que la Policía Nacional decida ponerse del lado de la ciudadanía y respaldarla en sus derechos constitucionales y fundamentales.

En otra publicación, Solís denunció que las autoridades de la Undmo le quitaron al teléfono a un manifestante y golpearon a algunos de los asistentes. Además, indicó que al peaje llegaron más de 40 unidades de la unidad. “Nos van a masacrar en Papiros”, aseveró.

Luego, compartió un video en el que se evidencia una discusión entre los presentes y las autoridades. “Por favor, por favor, escúchenme”, dijo la politóloga, estando rodeada de uniformados. Luego, en medio de empujones y jalonazos, la ciudadana cayó al suelo y tuvo que ser protegida por algunos ciudadanos y agentes de derechos humanos.

“La vida en Colombia no vale nada. @petrogustavo. No importa en qué gobierno leas esto. El Atlántico es tierra de nadie, territorio mafioso y sin derechos Criminales @Pliniocg y @veranodelarosa”, indicó Solís en X.

La agresión sexual por parte de una patrullera

En medio de la manifestación que llevó a cabo la politóloga en el peaje en cuestión el 16 de septiembre, una patrullera de la Policía Nacional habría tocado sus partes íntimas para doblegarla y lograr que entrara a una patrulla en calidad de detenida. Así lo denunció en sus redes sociales.

“Denuncio acoso sexual por la policía, quien tocó mi vagina y pellizcaba mis glúteos para obligarme a entrar al vehículo”, escribió.

Luego, compartió un video de lo sucedido, en el que quedó grabado cómo, estando rodeada de varios integrantes de la Undmo, la mujer policía la habría agredido sexualmente. “¡Me están agarrando, la policía me pellizca, la policía me está agarrando mis partes íntimas!”, gritó Solís en ese momento. En ese momento, un uniformado interfirió entre la persona que estaba filmando y la ciudadana, para que no quedaran captados los hechos.

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó que utilizó la fuerza legítima para hacerle frente a las manifestaciones de un grupo de ciudadanos el viernes 13 de septiembre en las instalaciones de la Universidad de Antioquia (UdeA).

A través de sus redes sociales el mandatario local dejó, con firmeza, su posición respecto a los desmanes en el interior de las instituciones de educación superior.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, informó que al mediodía del viernes un grupo de encapuchados sembró el terror en el interior de la UdeA.

Según estableció el mandatario local, no se trató de una manifestación pacífica. Por el contrario, de acuerdo con la información que reveló, los encapuchados habrían hecho uso de explosivos artesanales y otras prácticas que ponen en riesgo a la comunidad académica.

Los hechos se reportaron hacia el mediodía, cuando el grupo de manifestantes además intentó, de acuerdo con Gutiérrez, salir y bloquear las calles en inmediaciones del claustro.

Fue entonces cuando se ordenó la intervención de la Policía Nacional, con apoyo especial de un grupo de integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

El alcalde de Medellín dijo que puso orden con la fuerza legítima

Con apoyo de una tanqueta, los integrantes de esa unidad hicieron frente a las manifestaciones que adelantaban quienes serían estudiantes de la universidad.

“Al medio día tuvimos conocimiento del accionar al interior de la Universidad de Antioquia de unos encapuchados, intimidando, reteniendo personas y detonando explosivos. Intentaron salir a la calle, bloquear vías e intimidar a ciudadanos”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

En su mensaje, el mandatario local aseguró que no era una protesta pacífica y que él no permitirá las alteraciones de orden público. Además, cuestionó a quienes están detrás de las capuchas, señalándolos de delincuentes.

Fico Gutiérrez aseguró que lo único que hacen esas personas es atemorizar a la ciudadanía con los actos de “violencia” que ejecutan durante las manifestaciones. Además, dejó claro que utilizará las herramientas e instancias necesarias para hacerle frente a las vías de hecho.

“De manera inmediata y en articulación con Personería y Policía activamos el protocolo. Hemos procedido con la fuerza legítima del Estado para con autoridad y orden garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, que no puede verse perturbada por quienes mal utilizan la supuesta protesta, porque ni es social ni es pacífica, y lo único que hacen es generar terror a través de violencia y vías de hecho”, añadió en el mensaje que publicó en X.

Para finalizar, enfatizó en que quienes adelantan ese tipo de acciones “no son estudiantes”, los señaló de delincuentes y aseguro que deben responder por sus actos.

“No son estudiantes, no ejercen el derecho a la protesta… son delincuentes que deben responder por sus actos”, finalizó el alcalde de Medellín en su publicación.

Suspendieron la jornada académica

Debido a las alteraciones de orden público, la institución anunció a través de sus canales oficiales la suspensión de la jornada académica.

“Importante. Fueron suspendidas las actividades académicas, culturales, deportivas y administrativas en Ciudad Universitaria, Campus Medellín. Estaremos informando sobre el restablecimiento del ingreso a través de los medios institucionales”, dice el mensaje publicado en las redes sociales de la institución de educación superior.

Así mismo, la situación provocó el cierre de la calle Barranquilla, contigua a la universidad, donde hicieron presencia las autoridades para retomar el orden y garantizar la libre movilidad de los ciudadanos en esa zona de la capital de Antioquia. Por el momento se desconoce cuáles eran las motivaciones de la protesta.

La propuesta del Gobierno nacional de aumentar del precio del diésel en $1.904, incrementando el costo promedio del combustible a $11.360 por galón, generó indignación entre el gremio de trasportadores de carga, que no aceptó la medida y aseguró que esta haría imposible desempeñar sus laborales sin obtener perdidas.

En ese sentido, el gremio solicitó al Estado colombiano dar marcha atrás y mantener la tarifa de este combustible. Sin embargo, la actual administración hizo caso omiso, lo que desembocó en un paro nacional que cumple cuatro días de manifestaciones en las principales vías y ciudades del país.

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Ante el caos de movilidad, el Gobierno nacional autorizó a los mandatarios locales de los 153 municipios de 21 departamentos afectados, utilizar a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) para dispersar a los camioneros y restablecer la movilidad en las zonas bloqueadas.

En su primera etapa, con la intervención en Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el Valle del Cauca, se lograron desbloquear varias carreteras estratégicas para el transporte de víveres y la movilidad de los colombianos. Sin embargo, desde el sector de la oposición le recordaron al presidente de la República, Gustavo Petro, que antes de estar al mando del país refutaba con indignación este tipo de medidas.

Una de las que increpó al gobernante fue la senadora de la República por el Partido Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en su cuenta de X publicó un duro mensaje por la gestión de la actual administración frente a los bloqueos del gremio de transportadores de carga. “¿A Petro y a Bolívar ahora si les parece importante el uso de ESMAD -UNDMO?”, se puede leer en el mensaje.

A su vez, la congresista aseguró que al jefe de Estado le ha quedado grande la tarea de gobernar al país. “Una cosa era incendiar este país y alentar vándalos, otra muy diferente gobernar, asunto que no han podido”.

También criticó las medidas propuestas al sector por parte del Gobierno, en las que buscaban defender los intereses de los pequeños camioneros. Además, publicó un video en el que mostraba las condiciones en las que estaban los camioneros, “Petro, estos no son los millonarios empresarios de flotas de tractomulas, son propietarios de pequeños camiones”, resaltó.

Así las cosas, aseguró que lo único que hace el Gobierno Petro es “calumniar, rotular y perseguir”. Igualmente, le pidió al primer mandatario implementar soluciones reales para corregir los daños hechos a los transportadores de carga.

Según la congresista, las políticas del Gobierno nacional deberían estar enfocadas a dejar de subsidiar delincuentes e invertir dichos recursos en las personas trabajadoras. “Los criminales que paguen, los vagos que trabajen y los ciudadanos que quieren construir país que tengan un Estado que les ayude a ser prósperos”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al paro de camioneros que ha generado tensiones en los distintos sectores del país. “No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero”, indicó el primer mandatario.

Sin reparos, la senadora de la República no dudó en salir al paso a las declaraciones del jefe de Estado. “Es la clase obrera de este país la que salió al paro y en contra suya”. Asimismo, señaló que el Gobierno Petro es el peor en la historia de Colombia.“Ni paz total, ni justicia social, ni lucha contra la desigualdad. Todo fue una enorme farsa para conseguir votos bajo engaño. Dos años del peor gobierno de la historia. Samper y Santos, aprendices al lado de Petro”, agregó.

La selección Colombia Femenina continúa haciendo historia y avanza en los juegos Olímpicos tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda en el estadio Lyon de París, Francia.

Este triunfo del equipo Tricolor femenino puso a sus jugadoras nuevamente en el radar de la prensa y de sus seguidores. Por eso, se recordó el paso de su arquera Kate Palacio por el Esmad, ahora llamado Undmo.

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Algunas de las mujeres que integran el equipo colombiano cuentan con historias personajes que pocos fanáticos del seleccionado Tricolor conocen. Por ejemplo, una de ellas trabajó en el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios).

Se trata de la arquera Luz Katherine Tapia, deportista oriunda de Lorica, Córdoba, y que antes de iniciar en el mundo del fútbol trabajaba en la Policía Nacional.

“El deporte a mí me ha cambiado la vida drásticamente, porque antes de ser deportista yo trabajaba en la Policía Nacional. El deporte te da la oportunidad de poder estudiar, de poder tener una vida saludable, de tener tiempo con tu familia, de compartir con ellos; son muchas cosas que han logrado cambiar mi vida. Antes defendía los colores de la Policía Nacional, el escudo, porque era del Esmad. Me ponía ese uniforme y sentir esa adrenalina es lo mismo estar acá en la cancha”, relató la futbolista en una entrevista publicada por el Ministerio del Deporte sobre la figura del balompié femenino.

Otra curiosidad de Katherine Tapia es que ella se convirtió en la primera mujer arquera que anotó un gol en la Liga profesional de fútbol colombiano. La deportista marcó el punto en un compromiso contra Atlético Bucaramanga, en 2020. Este hecho histórico la volvió más famosa de lo que ya era y se sumó más seguidores.

“Lo que tenemos es arquera en París”, “maquina”, “brava, gran trabajo, sigue así”, “esperanza de medalla”, “aprovecha esa vitrina”, “tremenda arquera, nos llevará lejos”, “te mereces todo 🥹 mi Tapia por ser esa linda persona que eres 👏”, “debiste seguir en la Policía”, comentan sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección Colombia en París 2024?

La selección Colombia Femenina se ha destacado por brindar excelentes resultados en cada uno de los torneos en los que ha participado. Uno de los grandes debates que han abierto es la falta de apoyo que han recibido a diferencia del equipo masculino.

En redes sociales, seguidores de las jugadoras insisten en que ellas merecen más reconocimiento y mejores compensaciones económicas por el trabajo y los resultados que desde hace tiempo han mostrado.

Si bien el debut de las jugadoras las justas deportivas de París 2024 estuvo marcado por la derrota frente al equipo local, el buen desempeño de las futbolistas mantuvo la esperanza del seleccionado que se recuperó el pasado domingo 28 de julio en el mismo estadio ganándole a Nueva Zelanda, razón por la que seguirán en competencia para definir su clasificación luego de que el gol de Marcela Restrepo pusiera a soñar al país con opción de medalla en los actuales Olímpicos.

La selección Colombia regresará a la cancha el miércoles 31 de julio en el estadio de Niza ante Canadá. El partido está programado para jugarse desde las 2:00 p. m. (hora Colombia) y definirá la clasificación de la Tricolor a la siguiente fase del torneo femenino de los Juegos Olímpicos París 2024.

“”Nuestras chicas súper poderosas dándola toda”, “felicitaciones Marce golazo y partidazo 🇨🇴🇨🇴🇨🇴♥️🙌🏾🙏🏾🤲🏾✨⚽🥰🌟💋 el equipo de Dios”, “son las massss”, “par de partidazos”, “felicitaciones a todo el equipo 👏 y full concentración para el siguiente encuentro”, “merecen mayor exposición y apoyo”, “vamos que vamos”, “nuevamente nos ponen a soñar con un triunfo”, “Vamos mis parceritas a buscar el triunfo escribieron parte de los cibernautas en las publicaciones que realizó la cuenta oficial de la selección Colombia.

Yate Bermeo es acusado de haber atropellado a cuatro agentes de la Policía Nacional adscritos al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), ahora Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) durante dichas manifestaciones.

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El incidente tuvo lugar el 23 de julio de 2023 en la avenida Pedro Tafur de Ibagué, frente a un hipermercado, mientras los agentes del Esmad intentaban despejar las vías ocupadas por manifestantes. Según los informes, un bus, supuestamente conducido por Yate Bermeo, arrolló a los uniformados, causando múltiples lesiones y un trauma craneoencefálico leve en uno de ellos. Uno de los cascos de los agentes se fracturó debido al impacto del vehículo, indicaron los investigadores, según lo difundió El Olfato.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Yate Bermeo no aceptó los cargos presentados por la fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, pero deberá seguir compareciendo en el proceso judicial. Según lo informado por los medios locales como El Nuevo Día, las protestas de los transportadores de servicio público en aquellos días elevaron la tensión, culminando en el incidente que se encuentra bajo investigación.

Las investigaciones siguen en curso para esclarecer plenamente los hechos y determinar la responsabilidad de Yate Bermeo. La labor de contención en la avenida Pedro Tafur es parte de los esfuerzos continuos de seguridad urbana en Ibagué, según afirmaron las autoridades locales.

Grave incidente de violencia en Ibagué durante protestas de transportadores

El martes 25 de julio del 2023 por la noche, cuatro policías de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udemo), antigua Esmad, fueron atropellados en Ibagué (Tolima) en medio de las protestas de transportadores. Al parecer, un conductor embistió a los uniformados con su buseta durante los disturbios.

Las manifestaciones se tornaron violentas y los policías intentaban contener a los manifestantes cuando uno de los choferes arrolló a los agentes, según se pudo observar en videos que circularon en redes sociales. La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, informó que se realizaron tres desbloqueos, se impusieron seis comparendos y se ordenó la inmovilización del vehículo involucrado. Además, los policías heridos fueron atendidos en el Instituto Nacional de Medicina Legal para evaluaciones médicas.

Las protestas fueron en rechazo a medidas del alcalde Andrés Fabián Hurtado, quien adjudicó a la firma manizaleña Infotic la gestión del recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público (SEPT). Según los transportadores, la licitación marginó a las empresas locales. José Edilson Pava, representante de los transportadores, criticó que la empresa adjudicada ha tenido problemas en Manizales y que el descuento de tarifa propuesto es superior al estimado, incrementando el costo de los pasajes.

El alcalde Hurtado defendió el proceso de adjudicación y aseguró que las protestas eran infundadas, mencionando que se habían realizado mesas de negociación y se había establecido una tarifa fija de 2.500 pesos para los pasajes. “No vamos a permitir las vías, de hecho, cualquier impedimento a la libre movilidad de los ciudadanos es un delito”, publicó en su cuenta de Twitter.

Carlos Gutiérrez, director de Fenalco Tolima, indicó que las manifestaciones han causado significativas pérdidas económicas en Ibagué, con una disminución de ventas entre el 75 y 100 por ciento para el 65 por ciento de los empresarios encuestados. Gutiérrez instó a mantener el diálogo para evitar afectar la economía y el comercio local.

Los cartageneros están divididos tras conocerse un video en el que varios agentes de Policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) cargan “cual bulto e’ papa” a dos presuntos ladrones en su camioneta.

El hecho habría ocurrido a mediados de mayo del 2024, en el sector de Blas Lezo, cuando los uniformados recibieron una alerta por robo y dieron con ambos sujetos, quienes fueron identificados por al comunidad.

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Se desconoce, de momento, si se resistieron o no a la captura, pero en el video es claro como, con todo y esposas, ambos son alzados entre dos oficiales y con terror en el rostro son aventados, para dar un bote en el aire y caer de cabeza en el platón.

Una acción que fue celebrada por varios cartageneros, a pesar de violar claramente el procedimiento policial: “No le veo nada de malo, es el trato que se merecen”, “Dos problemas: el primer y más grave es que por esa manera de tratar a un presunto delincuente se pueden ir a la calle y lo segundo es que la imagen de la Policía Nacional se ve deteriorada justo en un momento en el que tratan de mejorarla”, “Si no cooperan ese es el trato especial ¿qué querían? ¿un jet 6 estrellas?”, “Al parecer algunos piensan que merecían una alfombra roja y que les dieran la mano para subir”.

En medio de un operativo, Policía empujó por un barranco a víctima de desalojo en Medellín

Al menos cinco personas resultaron heridas y un líder comunitario fue detenido en Medellín el miércoles 14 de febrero durante un operativo de desalojo en el barrio El Faro, comuna 8 (Villa Hermosa). La intervención de las autoridades estaba destinada a desalojar a diez familias que, según la Alcaldía, habían sido declaradas invasoras desde el 2017.

En el operativo participaron funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial junto con agentes de la Policía Nacional. Según se aprecia en un video divulgado por uno de los habitantes, un patrullero empujó a una mujer protestante por la ladera, acción que fue respaldada por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), antes conocida como ESMAD.

Jhonatan Medina, representante del Área Jurídica de la Mesa de Derechos, afirmó en declaraciones entregadas a RCN Radio que la protesta realizada por los habitantes fue pacífica, contradiciendo la versión de las autoridades, que alegan que fueron atacados con piedras. “La protesta fue pacífica”, sostuvo.

Las autoridades justificaron el desalojo señalando que las construcciones de al menos diez familias en la región son ilegales y agregaron que la zona es de alto riesgo y está protegida. Mientras, los afectados sostienen que poseen la documentación legal de los terrenos y que deberían ser los vendedores de dichas tierras quienes enfrenten a la justicia, ya que se presume podrían estar asociados a un grupo armado.

Durante el operativo, la Udmo intervino para proteger al patrullero implicado en el incidente, ya que los habitantes exigían respeto y cuestionaban las acciones policiales. Además, la intervención de esta unidad provocó reacciones negativas entre la comunidad, generando una serie de denuncias por haber solicitado su presencia en un contexto que, ellas aseguran, fue una protesta pacífica.

La convivencia en estos terrenos ha sido un tema de disputa desde el 2017, cuando la Alcaldía declaró invasoras a varias familias. Sin embargo, estas argumentan la legalidad de sus papeles y exigen justicia y una clarificación en la venta de los terrenos. “Si alguien debería enfrentarse a la Policía, es quien llegó a vendernos el terreno”, afirman los habitantes.

Este incidente generó múltiples denuncias desde los sectores de derechos humanos en la comuna 8, quienes alertaron sobre el posible desalojo, la presencia del ESMAD y la detención de un líder comunitario. “Denunciamos la alerta por posible desalojo en el barrio el Faro y la detención de un líder comunitario”, manifestaron los activistas.

En medio del tenso operativo, se registraron al menos cinco heridos y la detención de un líder comunitario, lo que añadió más combustible a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Los miembros de la comunidad, luego del presunto abuso policial, solicitaron una revisión de sus casos y una respuesta justa por parte de las autoridades locales.

Vecinos del barrio Mazurén en Bogotá denuncian la continua tala de árboles, pese a la suspensión legal. Residentes de este barrio, ubicado en la localidad de Suba, han vuelto a alzar la voz en contra de lo que describen como una tala indiscriminada de árboles que, afirman, sigue llevándose a cabo a pesar de las medidas legales existentes que deberían proteger el arbolado urbano.

Según reportes ciudadanos en Citytv, la mañana del 18 de enero se evidenció una nueva intervención por parte de funcionarios de la Alcaldía, junto a efectivos de la fuerza pública y agentes de la Undmo, antes Esmad, destinada a la remoción de vegetación no concluida antes del vencimiento del contrato asignado a un particular, identificado como Otilio, por un valor de $82′664.700.

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La comunidad de Mazurén ha expresado su frustración, señalando que, a pesar de un acuerdo previo con las autoridades para posponer cualquier acción de tala hasta el 15 de mayo, los trabajos se reanudaron antes de esta fecha sin cumplir con lo pactado.

Residentes, incluidos muchos ancianos pensionados que habitan el sector, autodenominados como “ciudadanos de bien”, enfatizan su descontento, subrayando cómo se ven afectados, tanto emocionalmente como en su calidad de vida, por estas acciones.

Adicionalmente, mencionan una acción de tutela con la que se habría ordenado la suspensión de toda diligencia hasta que se aportase un expediente completo sobre la medida, requerimiento al parecer ignorado por las autoridades responsables del procedimiento.

El conflicto surge en un contexto en el que la preservación ambiental en zonas urbanas cobra creciente importancia frente al desarrollo y mantenimiento de las ciudades. Los árboles urbanos son fundamentales para la calidad del aire, proporcionan sombra y son esenciales en la biodiversidad local, razones por las cuales su protección es un tema de interés general.

Fuertes lluvias provocan la caída de un árbol en el norte de Bogotá

En un incidente inesperado en Bogotá, un gran árbol cayó sobre varios vehículos en el sector norte de la ciudad, específicamente en la calle 137 con carrera 91, el pasado lunes 22 de abril. El suceso, que afectó a seis automóviles estacionados, no dejó heridos gracias a la pronta respuesta de las autoridades, incluido el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y la Secretaría de Salud, quienes acudieron rápidamente al lugar para manejar la situación.

El colapso del árbol se produjo en medio de fuertes lluvias que han azotado la región desde el 17 de abril, las cuales son consideradas por expertos como la causa principal del incidente. Este evento se suma a un período de adversidades climáticas que enfrenta la ciudad, con una serie de precipitaciones que han llegado después de una larga sequía y temperaturas elevadas. Este cambio en el clima también ha impactado los embalses locales, llevando a la implementación de un racionamiento de agua en casi todas las localidades de la capital.

Las autoridades han estado monitoreando de cerca el incremento en el nivel de lluvias, señalando que es necesario que estas superen el promedio histórico para asegurar una estabilización de los embalses y, por ende, del suministro de agua potable en la ciudad de Bogotá. Además de enfrentar el desafío climático, el incidente ha resaltado la necesidad de una gestión y planificación efectiva del arbolado urbano para prevenir futuros riesgos asociados a su caída en eventos extremos.

Este tipo de eventos recalca la importancia de la resiliencia urbana frente a los cambios climáticos y la capacidad de respuesta rápida de los equipos de emergencia para asegurar la seguridad de los ciudadanos. La eficaz actuación del Cuerpo de Bomberos y otros organismos estatales evidencia la preparación de la ciudad ante este tipo de emergencias, enfatizando la colaboración entre diferentes entidades para mitigar los impactos de estos sucesos imprevistos.