“Fuera, fachos, fuera”, cantaba la turba que ingresó con intenciones de echar del salón y del edificio a Godoy y Visconti.

En uno de los videos grabados por oyentes de la charla, se observa a uno de los militantes de izquierda increpando a los legisladores. “La Ley de Financiamiento Universitario la tienen que aplicar. Son enemigos de la universidad pública, la quieren destruir. ¿Qué hacen acá? Fuera, fachos, fuera. Quieren destruir este espacio", vociferó el intruso en la clase de Derecho Constitucional del profesor Darío Luna.

Los carteles tenían consignas relacionadas con el tema que se trataba en la charla, pero también había otros con reclamos salariales y hasta con un mensaje que se suele dedicar a los integrantes de la última dictadura militar: “Como a los nazis les va a pasar. A donde vayan, los iremos a buscar”.

Incluso, en uno de los videos se ve cómo, mientras uno de los expositores intenta emitir un mensaje por sobre el griterío, una de las manifestantes se dirige directamente hacia donde estaba la conexión para desenchufarle el micrófono, acabando con cualquier atisbo de respuesta a las agresiones.

Eran integrantes de la agrupación política universitaria La Marea, compuesta por militantes del MST en el FIT-Unidad.

“En el fondo, lo que están buscando es sacar todavía menos votos. En el Chaco nos pasó, los piqueteros nos decían por dónde teníamos que caminar, qué teníamos que pensar, qué teníamos que estudiar. Gracias a Dios logramos el cambio, espero que acá también se pueda lograr. Por eso los piqueteros en Chaco están presos, porque no se pueden coartar los derechos de los otros estudiantes”, expresó Godoy, aún dentro del aula, antes de abandonar la facultad ubicada en Constitución.

Luego, en su cuenta de X, publicó: “¡Había estudiantes que, estando o no de acuerdo con nosotros, querían escuchar y debatir! ¿Pero qué podemos esperar de los que no creen en la democracia?“.

Visconti, por su parte, se manifestó también en sus redes sociales: “Esto no es militancia. Es intolerancia y violencia de la izquierda. Y no lo podemos naturalizar. La universidad pública tiene que ser un espacio de libertad”.

No fueron los únicos que condenaron el escrache. Javier Milei, aprovechó la publicación de los videos del ataque para volver a criticar al periodismo.

Patricia Bullrich, senadora nacional y ex ministra de Seguridad, desafió: “Fascistas. Intolerantes. Si a la izquierda no le gusta, rompen todo. Aprendan a vivir en democracia y a bancarse las ideas y personas que votó la mayoría del país”.

Otro que se pronunció en X fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, y lo hizo con una ironía: “Diálogo y coso...”, escribió, acompañando un video del ataque.

Otro senador, Joaquín Benegas Lynch, fue en el mismo sentido de sus compañeros de partido: “Vergüenza en la UBA. Una vez más la izquierda mostrando lo que es: violenta y totalitaria. A estos chicos, pichones de dictadores, deberían expulsarlos de la Universidad”.

La cuenta de la Juventud Nacional Libertad Avanza también dejó un mensaje: “La izquierda en la UBA cruzó un límite. Interrumpieron y bloquearon una clase del docente Luna solo por la presencia de Gino Visconti y Juan Cruz Godoy. La universidad es para debatir ideas, no para silenciar al que piensa distinto”.

Este joven, de remera amarilla y con la frase (Somos Libres), mostró una diana, el blanco al que se tiran dardos (también se pueden disparar balas o flechas, según el caso) representado con anillos concéntricos para puntuar y bajo el título “Tiro al facho”.

La particularidad de este dispositivo artesanal es que en el objetivo central (o “mosca”, como se dice en la jerga) no había un número, sino una foto con la cara del presidente de la Nación, Javier Milei. A su alrededor, estaban los rostros del dictador Jorge Rafael Videla; el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; y el del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Tirale un tiro a Milei”, expresó en su video de denuncia el joven mientras intentaba filmar el “juego” que habían montado en Medicina, mientras le salían al cruce varios integrantes del grupo de izquierda. “Defendemos derechos humanos acá. Todos los derechos humanos defendemos”, decía a cámara una joven que increpaba a quien filmaba la escena.

Los cruces verbales continuaron, con acusaciones de incitación a la violencia y exigencias de que las cámaras no grabaran los rostros de los manifestantes. Por su parte, el jefe de Estado compartió el video en sus redes sociales bajo una escueta frase: “Civilización o barbarie. Fin”.

Qué dijeron desde La Marea

Desde el sitio oficial de la agrupación estudiantil de izquierda dieron su versión de los hechos. Una de sus representantes denunció a cámara, luego de clavar un dardo en la fotografía de Milei: “A los fachos, ni cabida. Hoy, un militante libertario nos vino a patotear durante nuestra intervención reivindicando la memoria, la verdad y la justicia de los más de 140 desaparecidos de nuestra facultad“, sostuvo con vehemencia.

En el video se ve, desde la cámara de uno de los miembros de La Marea, cómo discute el joven que filmó la escena con las integrantes del centro universitario. “Hace 50 años, los milicos quisieron cerrar las universidades, y hoy el ajuste de Milei, también. Por eso necesitan borrar la historia. Pero nosotros somos su revancha y, por cada compañero, hoy vamos a seguir peleando, porque están más presentes que nunca y no pudieron barrer sus banderas. Este 24 de marzo movilizá con nosotres (sic) y este sábado sumate a la visita guiada a la ESMA con sobrevivientes de la dictadura“, dijo a cámara.

Con el cántico “olé, olé, olé, olá, adonde vayan los iremos a buscar”, consigna repetida en cada marcha en contra de la dictadura, las mujeres le cantaban al joven libertario, también en claro signo de provocación.

Los estudiantes aprovecharon la ocasión para invitar a sumarse a la marcha del 24 de marzo, fecha en que se recuerdan los 50 años del golpe de Estado de 1976. Además, convocaron a una visita guiada a la ESMA junto a sobrevivientes del terrorismo de Estado, como parte de las actividades para reivindicar la memoria, la verdad y la justicia.

La intervención finalizó con consignas que remiten a la búsqueda de justicia y la continuidad de la militancia estudiantil, en un contexto de creciente debate sobre el rol de la educación pública y la memoria histórica en la sociedad argentina.

El episodio reflejó las tensiones que persisten en el ámbito universitario frente a los reclamos de memoria y derechos humanos, así como el rechazo explícito a posturas negacionistas o autoritarias.

En un expediente donde se discute la prescripción de la acción penal contra Milagro Sala, acusada de instigar en 2009 un escrache contra el exgobernador Gerardo Morales, la Corte Suprema de Justicia desestimó este martes un recurso de queja presentado por el exmandatario radical, quien había denunciado a la dirigente social por amenazas coactivas y daño agravado. Con esta decisión, el tribunal de origen deberá dictar una sentencia declarando la extinción de la causa contra la dirigente social por el paso del tiempo.

Si bien la Justicia federal de Jujuy le había impuesto a la militante jujeña una condena de tres años de prisión en suspenso por daño agravado, el expediente siguió activo. Y es que, según las actuaciones, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Jujuy había rechazado el 4 de junio de 2021 un planteo de la defensa de Sala para declarar prescripta la acción penal en su contra por ilícitos que le endilgaron tras lo ocurrido el 16 de octubre de 2009, donde el entonces exsenador nacional Morales se aprestaba a dictar, junto al titular de la entonces AGN Leandro Despuy, una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Allí se desató luego una violenta protesta con escaramuzas, insultos y huevazos.

La activista jujeña, conocida por su liderazgo al frente de la organización social Túpac Amaru, apeló esa resolución ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que, por mayoría, revocó en 2021 lo resuelto por el tribunal jujeño y ordenó devolver el expediente al tribunal de origen dictar una nueva sentencia “conforme a derecho”. Además, extendió su decisión a los otros dos activistas imputados en la causa (Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López).

Ante el fallo del máximo tribunal penal del país, la querella encabezada por el exprecandidato a vicepresidente interpuso un recurso extraordinario federal donde, entre otros argumentos, consideró que la sentencia de Casación contenía una interpretación “arbitraria” con respecto a las reglas de la prescripción penal, la violación del debido proceso y del principio de igualdad. Este planteo fue rechazado por la Sala IV tras considerarlo improcedente por “falta de sentencia definitiva” y de “cuestión federal”.

En respuesta, el dirigente radical presentó un recurso de queja para elevar el trámite procesal ante la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente quedó desestimado con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

“El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)”, resolvieron los jueces del Máximo Tribunal al cerrar los autos caratulados como “Sala, Milagro Amalia Ángela s/incidente de recurso extraordinario”.

Los hechos de este expediente ocurrieron en el año 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Jujuy. Allí, Morales junto a Despuy (fallecido ex director de la Auditoría General de la Nación), tenían previsto realizar una exposición en la que denunciaban irregularidades en la utilización de los fondos que administraba Milagro Sala.

La dirigente recibía grandes partidas de dinero, giradas desde el Poder Ejecutivo Nacional, con el objetivo de construir viviendas sociales. La organización Tupac Amaru, dirigida por Sala, ordenaba a su vez la gestión de todo ese dinero en distintas cooperativas que construían barrios en la capital y en el interior de Jujuy. Morales, en ese momento, aseguraba que existían maniobras de corrupción en la utilización de esos fondos.

Aquel día, el dirigente radical y los expositores fueron agredidos por militantes cercanos a Sala.

Tras una serie de idas y vueltas procesales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la justicia ordinaria, y no la federal, es la encargada de tramitar la causa en la que se investiga la colocación de una serie de afiches contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner donde la tildaban de “asesina” por la falta de vacunas durante la época de la pandemia.

En rigor, el 28 de marzo de 2022 se abrió una causa a partir de la toma de conocimiento por parte de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, de un escrache público a través de afiches pegados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y reproducidos, a su vez, en medios periodísticos, con la leyenda “Culpable de 35.000 muertes. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas. Asesina”, y la imagen de la entonces vicepresidenta con un código QR que remitía a la dirección web cristinauta.org.

Ese expediente se recibió en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, donde se presentó el titular de la imprenta en la que se había impreso el material objeto de la pegatina e indicó qué vendedor había realizado la operación y quién había hecho, en efecto, el encargo. Además informó que había aportado esos mismos datos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, donde también tramitaba una causa por la colocación de carteles.

El juez federal Sebastián Casanello descartó la hipótesis de que se tratara de un delito de intimidación pública o cualquier otro que habilitara la intervención de su fuero, y declinó su competencia en razón de la materia, en favor de la justicia nacional.

Por su parte, el juez nacional también rechazó dicha atribución por entender que de las medidas de prueba que había ordenado, los hechos encuadrarían en el delito de intimidación pública, que habilita, en efecto, la intervención de la justicia federal. Además, señaló que los mensajes se referían a una funcionaria nacional, y eso justificaría la intervención federal. Así, devolvió las actuaciones al juez federal y le hizo saber que le correspondía, también, resolver los pedidos del fiscal a los efectos de que la justicia en lo penal, contravencional y de faltas se inhibiera de seguir entendiendo en otra causa relacionada, en la que se investiga el daño que se generó en las carteleras propiedad de Juan Ignacio Albistur. Esa resolución fue confirmada por la Cámara, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante.

El juzgado federal insistió en su postura y elevó el expediente a conocimiento de la Corte Suprema.

Al momento de emitir su dictamen, la Procuración General de la Nación estableció que debía ser la justicia nacional la que interviniera en las actuaciones. En esa línea, el Máximo Tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió que “corresponde dirimir el conflicto de conformidad con los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación interino, por lo que se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5″.