El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, advirtió que las reglas vigentes reducen el interés de nuevos competidores en las concesiones de distribución eléctrica porque permiten que el operador actual conserve el control si iguala la mayor oferta. Esa condición es uno de los principales aspectos que el Gobierno busca modificar antes de octubre de 2028.

En esa fecha vencen las concesiones de Elektra Noreste (ENSA), EDEMET y EDECHI, empresas responsables de distribuir electricidad en distintas zonas del país. Antes de concluir los contratos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá convocar un proceso competitivo para vender el paquete mayoritario, correspondiente al menos al 51% de sus acciones.

Rodríguez recordó que, cuando este procedimiento fue realizado entre 2012 y 2013, otras compañías no mostraron interés en participar porque conocían la ventaja que mantenían los concesionarios existentes. Bajo el modelo vigente, explicó, el titular puede conservar las acciones si presenta una oferta igual o superior a la mejor propuesta recibida durante el acto competitivo de concurrencia.

El proyecto de ley 705, presentado por el Ejecutivo, incorpora una precalificación obligatoria para todos los interesados, incluidos los operadores actuales. Los aspirantes deberán acreditar experiencia y capacidad técnica, financiera y operativa, además de demostrar su cumplimiento en otras concesiones. Solamente quienes superen esa evaluación podrán presentar ofertas por los nuevos contratos de quince años.

La propuesta también introduce un mecanismo para contener valoraciones excesivas. Si el concesionario actual coloca un precio elevado para conservar sus acciones, deberá pagar al Tesoro Nacional el diferencial establecido frente al valor justo de mercado o respecto de la segunda mejor oferta, según las condiciones contempladas en el procedimiento presentado por el Gobierno.

Rodríguez explicó que esa obligación funcionaría como un control económico para evitar que el titular coloque una valoración artificialmente elevada y desaliente a otros interesados. Si una empresa distinta presenta la mejor oferta, recibirá el paquete mayoritario; mientras que el Estado mantendrá su participación accionaria dentro de las compañías encargadas de la distribución.

La iniciativa también amplía las causas para terminar anticipadamente una concesión. Entre ellas aparecen el incumplimiento reiterado de los indicadores de calidad, la falta de ejecución de inversiones y el abandono de los proyectos de electrificación rural. También aplicaría cuando las reducciones tarifarias, multas y penalizaciones acumuladas superen el 25% de los ingresos anuales del distribuidor.

Otro cambio relevante está relacionado con la concentración de la generación. Actualmente, la ley impide solicitar nuevas concesiones cuando una empresa atiende más del 25% del consumo nacional, pero la limitación se aplica principalmente a proyectos hidroeléctricos. El Gobierno propone elevar el porcentaje al 30% e incluir también las licencias solares, eólicas y térmicas.

El secretario de Energía sostuvo que la ampliación permitiría controlar la concentración en tecnologías que no estaban desarrolladas cuando la Ley 6 fue aprobada en 1997. Según explicó, niveles elevados de participación en manos de un mismo grupo pueden afectar el funcionamiento futuro del mercado, por lo que se necesitan reglas aplicables a todas las modalidades de generación.

La propuesta recibió observaciones de AES Panamá. Edgar Ivankovic, director de Asuntos Corporativos de la empresa, solicitó que el límite sea calculado sobre la capacidad instalada de cada grupo económico y no sobre el porcentaje del consumo que abastece, debido a que este último indicador puede cambiar constantemente según las condiciones del despacho eléctrico.

Ivankovic señaló que las plantas con precios más bajos ingresan primero al sistema y, por esa razón, una empresa competitiva puede terminar atendiendo más del 30% de la demanda nacional sin controlar una proporción equivalente de la capacidad instalada. A su juicio, la redacción propuesta limitaría la competencia y podría generar presiones posteriores sobre las tarifas.

El representante de AES afirmó que, conforme a los cálculos de la compañía, la disposición podría impedirle participar en nuevas licitaciones del mercado panameño hasta 2054. También recordó que unas 70 empresas participaron en la última convocatoria, celebrada en abril, lo que utilizaron como argumento para sostener que actualmente existe competencia entre los generadores.

Además de las concesiones y la concentración, el proyecto gubernamental modifica la metodología empleada para reconocer la rentabilidad de las distribuidoras. Rodríguez explicó que las condiciones económicas del país han cambiado desde 1997 y que la fórmula debe reflejar la actual calificación financiera de Panamá, con el propósito de evitar tasas superiores a las justificadas.

La propuesta obliga igualmente a las distribuidoras a ejecutar proyectos en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. El secretario indicó que más de 58.000 familias permanecen sin electricidad y explicó que la Oficina de Electrificación Rural mantendría la planificación, mientras las empresas asumirían la responsabilidad de ampliar la cobertura.

En materia de calidad, las distribuidoras tendrían que aplicar en las facturas los créditos derivados de incumplimientos confirmados por la ASEP. Aunque las empresas podrían recurrir posteriormente las decisiones, el cliente recibiría primero la compensación correspondiente. El Ejecutivo también propone multas de hasta $20 millones y nuevas causales para la intervención de prestadores deficientes.

El primer debate comenzó este martes en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Durante la sesión fue leído completamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y se escucharon las primeras intervenciones. Posteriormente, la comisión decretó un receso hasta el próximo martes para continuar la discusión y recibir aportes.

Por insistencia de la bancada independiente Vamos, la comisión también prohijó el anteproyecto 181, presentado por la diputada Yamirelis Chong. Esta iniciativa comparte objetivos relacionados con la calidad, las inversiones y el proceso de 2028, pero incorpora reformas adicionales para modificar otros componentes de la organización del mercado eléctrico.

El texto prohijado plantea planes vinculantes de modernización y mantenimiento, publicación periódica de indicadores de interrupciones, auditorías externas a la regulación y compensaciones automáticas por incumplimientos comprobados. También impediría participar en el siguiente proceso competitivo a concesionarios sancionados reiteradamente por faltas graves relacionadas con calidad, continuidad o inversiones obligatorias.

La propuesta de Vamos incorpora además comercializadores independientes y permitiría a ciertos clientes escoger su proveedor. La apertura comenzaría con usuarios de al menos 100 kilovatios, bajaría posteriormente a 50 kilovatios y podría extenderse a consumidores residenciales cuando existan condiciones técnicas y suficiente competencia, además de protección para la estabilidad del sistema.

También reconoce la generación distribuida, la medición neta y la posibilidad de que los usuarios produzcan electricidad mediante fuentes renovables. El documento propone una plataforma neutral para cambiar de comercializador en un máximo de 48 horas y exige separar los costos de las redes de aquellos relacionados con la venta de energía.

Antes de cerrar la sesión, varios diputados pidieron ampliar los diez minutos concedidos a cada participante durante las consultas. Argumentaron que la reforma contiene aspectos altamente técnicos que requieren explicaciones más extensas y respuestas de las autoridades. La comisión deberá decidir cómo organizar esas intervenciones cuando reanude el primer debate el próximo martes.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad Edemet, Edechi y Ensa implementar un plan de acción de cumplimiento obligatorio para corregir deficiencias en la prestación del servicio.

La instrucción también busca fortalecer la atención a los usuarios, tras el incremento de las quejas ciudadanas registradas en diferentes canales de atención.

Tan solo esta semana el diputado Jhonathan Vega denunció un presunto aumento injustificado en las facturas de energía eléctrica y pidió a los usuarios afectados quejarse ante la Asep.

Igualmente, en las redes sociales se multiplican las quejas por las grandes diferencias en el consumo, no ingesta, de la energía eléctrica, que de un mes a otro varía considerablemente hacia el alza, teniendo los mismos aparatos eléctricos y siguiendo la misma rutina.

Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Asep, informó que sostuvo reuniones con los principales directivos de Naturgy —empresa que opera Edemet y Edechi— y de Ensa, a quienes exigió la adopción inmediata de medidas correctivas y el cumplimiento de compromisos verificables para atender las deficiencias detectadas por el regulador.

“Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico", afirmó la funcionaria.

Se indicó que el plan de acción responde a los principales hallazgos identificados por la Asep durante sus labores de fiscalización e incluye medidas para atender reclamaciones relacionadas con altos consumos de energía.

A esto se le suma la falta de notificación previa al reemplazo de medidores, demoras en la atención de requerimientos formulados por la entidad reguladora, prolongados tiempos de espera en las agencias comerciales y la gestión de reclamos por daños en equipos eléctricos.

De igual manera, contempla acciones para reducir las fluctuaciones de voltaje, agilizar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de medidores que superan el período establecido por la normativa vigente, entre otras observaciones.

El cumplimiento de estas medidas, de acuerdo con la Asep, será objeto de seguimiento y fiscalización permanente, con el propósito de verificar mejoras sostenibles tanto en la calidad del suministro eléctrico como en la atención que reciben los usuarios.

El regulador advirtió que mantendrá la supervisión de los compromisos asumidos por las distribuidoras hasta constatar resultados concretos y permanentes.

El Sector Eléctrico en Panamá, según la Asep, comprende aquellas instalaciones correspondientes a la conversión de energía de la fuente primaria para ser utilizada como energía eléctrica (generación), el manejo y elevación de voltaje de dicha energía hasta llevarla a los centros de consumo (transmisión) para su entrega a los clientes que harán uso final de ella (distribución) a diferentes niveles de Tensión.

Esto incluye también todo el aspecto reglamentario para que este servicio de utilidad pública sea prestado en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia.

Como autoridad reguladora de este servicio público, corresponde a la Asep plantear todo el marco normativo para que el servicio sea prestado conforme a los objetivos establecidos en la Ley Marco del Sector y demás legislación vinculada que garantice a los clientes un servicio adecuado.

La labor de fiscalización de las actividades de los agentes que prestan cada una de las tareas establecidas, es crucial para garantizar la prestación del servicio y pasa por aspectos tarifarios, fijando ingresos para los sectores monopolísticos (transmisión y distribución) y verificando que se cumplan las reglas en los sectores abiertos a la competencia (generación). De igual manera, de acuerdo con la Asep, se establecen normativas para promover el uso eficiente de la energía y las energías renovables, conforme a la legislación vigente.

La Empresa de Distribución de Energía Eléctrica del Noreste de Panamá (ENSA) notificó a la ciudadanía sobre interrupciones programadas del servicio eléctrico para los días 3 y 4 de abril de 2026, en coincidencia con la celebración de la Semana Santa. Estas suspensiones temporales, anunciadas oficialmente, tienen como objetivo permitir labores de mantenimiento preventivo y mejoras en la red eléctrica en distintos sectores del país, con la intención de garantizar un suministro más estable y seguro para los usuarios.

De acuerdo con la información difundida por ENSA, los cortes de luz impactarán principalmente a sectores de la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito. Para este día, las áreas programadas para los trabajos abarcan Altos de Tocumen y Tocumen, y San Antonio. En San Miguelito, la comunidad de José Domingo Espinar y Villa Guadalupe también experimentará cortes. Para el 4 de abril se prevé la suspensión del servicio en San Miguelito, específicamente en Belisario Porras y Cerro Batea, nuevamente entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

ENSA ha insistido en que la programación de estas labores se realiza en fechas de alta relevancia religiosa, por lo que recomienda a los usuarios planificar sus actividades con antelación, especialmente aquellos que participarán en procesiones, viacrucis u otras actividades familiares propias de la Semana Santa.

La empresa aconseja a la población tomar previsiones para minimizar el impacto de los apagones. Entre las recomendaciones figuran desconectar equipos eléctricos sensibles, mantener cargados los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, así como estar atentos a los canales oficiales de comunicación de ENSA para actualizaciones sobre el servicio. La compañía recuerda que estas interrupciones son necesarias para mantener la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, y que los trabajos se realizan con el fin de prevenir fallas mayores en el futuro.

Contexto: cortes de luz en marzo y explosión de transformador

Los apagones programados de abril se suman a una serie de interrupciones no programadas registradas en marzo, las cuales generaron preocupación entre los usuarios por su impacto en la vida cotidiana y las actividades económicas. Uno de los incidentes más relevantes ocurrió tras la explosión de un transformador en una planta termoeléctrica, lo que provocó un corte de energía de varias horas en sectores del área metropolitana y zonas aledañas. Este evento evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y la necesidad de redoblar los esfuerzos de mantenimiento preventivo.

Según reportes de ENSA y medios locales, durante marzo se registraron al menos tres apagones de magnitud considerable, afectando a miles de hogares y comercios. Además de la explosión del transformador, otras interrupciones estuvieron asociadas a fallas técnicas en líneas de alta tensión y condiciones climáticas adversas que complicaron las labores de reparación.

ENSA ha reiterado a través de comunicados y sus redes sociales que siguen “trabajando para asegurar que la energía llegue de manera confiable a todos los hogares de nuestros clientes. Por eso debemos realizar mantenimientos preventivos”. La empresa ha puesto a disposición de los usuarios el calendario de trabajos y los sectores afectados, con el propósito de transparentar el proceso y reducir molestias entre la población.

De igual forma, la distribuidora enfatiza la importancia de que los usuarios consulten frecuentemente los canales oficiales para conocer posibles cambios en los horarios o áreas de afectación, ya que los trabajos pueden modificarse en función de las condiciones técnicas del sistema.

Perspectivas

La realización de cortes programados en días de alta demanda y relevancia social como la Semana Santa pone de manifiesto los retos que enfrenta el sistema eléctrico panameño. Las autoridades y empresas del sector insisten en que el mantenimiento preventivo es clave para evitar situaciones críticas como las vividas en marzo, cuando eventos imprevistos como la explosión de un transformador evidenciaron la fragilidad de la red.

Mientras tanto, los usuarios se preparan para afrontar estas interrupciones, con la expectativa de que las labores programadas contribuyan a un servicio más estable y confiable en el mediano plazo.