El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior tras las acusaciones de Estados Unidos en su contra.

Imágenes que muestran la camioneta del funcionario fueron compartidas a través de redes sociales por el medio local Los Noticieristas el 26 de mayo, misma fecha en la que el gobernador con licencia acudió para comparecer al lugar.

El material muestra diversos vehículos en el sitio, entre ellos una camioneta de la Policía Federal Ministerial de la FGR.

Acudió sin acompañamiento jurídico

Poco después de las 3:00 de la tarde y en cuenta de X, Inzunza confirmó su asistencia a declarar y además agregó que no llevó algún acompañamiento jurídico, pues se describió como “abogado de sí mismo”.

“Es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”

Cabe recordar que el propio Inzunza publicó en sus redes sociales, el pasado 23 de mayo, que ya había recibido un citatorio para comparecer ante las autoridades.

"Atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso", escribió.

También agregó que no aprovecharía de la inmunidad con la que cuenta y que confía en instituciones mexicanas.

Las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Mientras que el 29 de abril pasado las autoridades de EEUU publicaron las acusaciones en contra de 10 personas, entre ellas Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De manera específica, Inzunza es acusado en EEUU de:

• Conspiración para la importación de narcóticos
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

En caso de que el hombre sea hallado culpable recibiría una pena mínima de 40 años prisión y una máxima de cadena perpetua, según aparece en los registros del Departamento de Justicia estadounidense.

Tras las acusaciones en contra de Inzunza, el funcionario no se presentó a la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República el 6 de mayo pasado, aunque días antes había asegurado que sí acudiría al recinto.

Además de Inzunza y Rocha Moya, otros de los funcionarios que acudieron a declarar en la FGR son el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Zaavedra; el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil y Marco Antonio Almanza Avilés, quien fuera exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa.

En su mensaje, escribió: “Salgan corriendo de este despacho”. Y criticó que “hoy agarra el teléfono un personaje, por decir algo, si no haces lo que quiere te dice por tercera vez, si le contestas te cuelga el teléfono”.

La reseña fue rematada con una advertencia para otros usuarios: “Salgan corriendo de aquí a otro despacho, será mejor por bien de ustedes, gracias”, sugiriendo no sólo una mala experiencia, sino una recomendación explícita de evitar dicho servicio legal.

Este tipo de reseñas en línea, particularmente cuando son tan contundentes y se hacen de manera pública, suelen impactar la imagen de los estudios jurídicos pequeños o medianos, al quedar registrados de forma visible en buscadores y plataformas de reseñas.

Frente a la reseña crítica difundida por Enrique, Diana, fundadora del despacho en cuestión y figura activa en TikTok bajo el usuario @atilalegal, decidió responder con una explicación detallada que se volvió tan comentada como la queja original.

Su intervención no se limitó a una simple defensa, sino que buscó esclarecer con precisión lo sucedido durante la llamada que provocó el conflicto.

Según el relato de Diana, quien ofició de portavoz del estudio, fue su compañero Sergio quien atendió inicialmente el teléfono. Enrique solicitó de inmediato hablar directamente con ella, pero le informaron que en ese momento estaba ocupada con otros asuntos laborales. Luego, Nacho tomó el relevo en la llamada y repitió el mensaje: que ella no podía atenderlo y que él podía ayudar en su lugar.

La insistencia del cliente fue notoria: “No, no, tiene que ser con Diana”, citó ella en su video, enfatizando que, a pesar de la reiteración de que no estaba disponible, Enrique no aceptó continuar el diálogo con otro miembro del equipo.

Ante esta negativa, Nacho le habría dicho: “Lo mismo que te va a decir Diana, te lo voy a decir yo”, a lo que Enrique habría respondido con tono elevado y, finalmente, colgando la llamada.

Diana concluyó su respuesta con un mensaje que apeló a la lógica organizativa de su lugar de trabajo: “Como es mi despacho, evidentemente lo gestionamos como mejor me parece a mí”. Reforzó que tanto ella como sus compañeros están calificados para atender consultas legales y que resulta inviable que ella atienda todas las llamadas de forma directa.

La defensa del funcionamiento interno del despacho

En su respuesta, Diana aprovechó la ocasión no solo para replicar la reseña, sino para explicar cómo suelen operar. Subrayó que, al tratarse de un estudio jurídico con alta carga de trabajo, las llamadas entrantes pueden ser atendidas indistintamente por diferentes miembros del equipo, y no siempre por ella.

“Cuando llamas, muchas veces agarro el teléfono yo, otras veces Sergio, otras veces Nacho”, aclaró.

Según su postura, esta organización no es una casualidad ni una falla operativa, sino una necesidad derivada de la dinámica propia del despacho. Remarcó que su equipo está plenamente capacitado: “Todas las personas de mi equipo son personas que conocen la Ley de Segunda Oportunidad al milímetro”.

Con ello intentó legitimar no solo la intervención de sus colaboradores en la atención a clientes, sino también el criterio de que estos puedan gestionar consultas de forma autónoma, sin depender de su presencia directa.

Crítica al comportamiento del cliente

Más allá de defender su modelo de atención y a los miembros de su equipo, Diana aprovechó su intervención pública para cuestionar directamente la actitud de Enrique durante la llamada. Según su reconstrucción de los hechos, el cliente mostró una falta de respeto desde el inicio al exigir hablar exclusivamente con ella y desestimar cualquier intento de ayuda por parte de sus colaboradores.

Narró que, ante la negativa de pasarle directamente con ella, Enrique alzó el tono y manifestó: “Acá es lo que yo diga, no lo que digan ustedes”, actitud que fue interpretada por el despacho como autoritaria e inapropiada.

En ese sentido, Diana puntualizó que nadie externo al estudio puede dictar cómo se organiza internamente: “En ningún caso nadie de fuera va a venir al despacho a decirme cómo gestionar a mi equipo”.

La abogada remarcó además valores que considera esenciales para cualquier interacción profesional, al afirmar que los interlocutores deberían ser “educados, respetuosos y entender cómo funciona una empresa”.