La Defensoría del Pueblo de Panamá deberá afrontar el próximo año una brecha presupuestaria superior a $3 millones para cumplir con sus funciones básicas de protección de derechos humanos.

Así lo reconoció la propia institución ante la Asamblea Nacional, cuando la defensora del Pueblo, Angela Russo, compareció junto a su equipo de directores nacionales ante la Comisión de Presupuesto.

El monto recomendado para la entidad en 2027 asciende a $6.787.534,00.

De esa cifra, $6.583.097,00 se destinarían a gastos de funcionamiento y $204.437,00 a inversión.

Según precisó Russo, ese presupuesto cubre apenas el 68,1% de los recursos que la institución identificó como necesarios para ejecutar sus programas el próximo año.

Uno de los puntos más críticos expuestos por la funcionaria es la situación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que obtuvo apenas el 36,9% de los fondos requeridos para funcionar.

A eso se suma que el programa de Educación, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, valorado en $632.185,00, no recibió ninguna asignación dentro del presupuesto recomendado.

El renglón específico para protección de derechos humanos quedó directamente sin recursos.

La falta de fondos, de acuerdo con la entidad, limita la capacidad de la Defensoría para ampliar investigaciones de oficio, visitas de monitoreo, jornadas de capacitación, mediaciones y defensorías móviles que llegan a comunidades rurales e indígenas.

La brecha presupuestaria llega en un momento en que la institución debe asumir competencias adicionales. La Ley 504, promulgada el 18 de diciembre de 2025, incorporó en su artículo 25 la figura de un Defensor Adjunto de Derechos de Niñez.

Ese cargo auxiliará a la titular de la Defensoría en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia.

La institución remarcó que cumplir con esta nueva obligación exige condiciones presupuestarias que hoy no están garantizadas.

Russo subrayó ante los diputados que estas limitaciones se presentan en una entidad que atiende miles de consultas, quejas y orientaciones cada año.

La Defensoría también desarrolla programas de formación en derechos humanos y ejecuta acciones permanentes de supervisión y monitoreo en todo el territorio nacional.

Durante su intervención, la funcionaria defendió la gestión de los recursos públicos que maneja la institución.

“Nuestro compromiso es seguir administrando los recursos públicos con responsabilidad, transparencia y eficiencia”, manifestó Russo ante la Comisión de Presupuesto.

La defensora añadió que, pese a ese compromiso, la institución tiene el deber de exponer sus carencias reales.

“Fortalecer a la Defensoría del Pueblo significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger derechos, prevenir vulneraciones y atender a la ciudadanía, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, agregó la funcionaria.

La entidad reiteró ante los diputados de la Asamblea Nacional que mantendrá una gestión austera y orientada a resultados pese a las limitaciones señaladas.

La Defensoría planteó además que continuará impulsando acciones para ampliar su presencia territorial y fortalecer sus programas de promoción y prevención.

El objetivo declarado es sostener una atención cada vez más efectiva para la ciudadanía, incluso en el escenario de restricción financiera planteado para la vigencia fiscal 2027.

Es imperativo recordar, sostuvo la entidad, que el Estado panameño tiene el deber jurídico y moral de garantizar la vida e integridad de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, se define el marco legal nacional e internacional que ampara a las víctimas de cualquier tipo de violencia. La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 17, establece que “las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los nacionales”.