La ampliación del tamizaje neonatal en Colombia marcó un giro relevante en la forma en que el sistema de salud busca anticiparse a enfermedades congénitas que, sin una detección temprana, pueden tener consecuencias graves. Con una nueva resolución, el Ministerio de Salud estableció la obligatoriedad de seis pruebas adicionales para todos los recién nacidos en el país, una decisión que apunta a fortalecer la prevención desde las primeras horas de vida.

Hasta ahora, el programa nacional contemplaba de manera general una sola prueba metabólica obligatoria. Con el nuevo lineamiento, ese alcance se amplía de forma significativa, además del hipotiroidismo congénito, que ya hacía parte del esquema, se incorporan exámenes para identificar fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y defectos de la hemoglobina. En total, serán siete pruebas obligatorias que deberán practicarse a todos los recién nacidos, sin distinción.

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El tamizaje neonatal no es un concepto nuevo para la medicina, pero sí lo es su aplicación integral. Así lo explicaron Ana María Urueña-Serrano, especialista en Cuidado Intensivo Pediátrico, e Ignacio Manuel Zarante, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica, en una publicación de El Espectador en enero de 2025. Allí recordaron que este tipo de examen consiste en una prueba de laboratorio que se realiza mediante una muestra de sangre del cordón umbilical o, preferiblemente, del talón del recién nacido, entre las 24 y 72 horas posteriores al parto.

“El objetivo del uso de un test de screening no es diagnóstico, sino como una de las actividades de prevención secundaria que pretenden detectar precozmente un determinado trastorno o enfermedad en su periodo de latencia, presintomático o subclínico, y siempre con el fin de mejorar su pronóstico; es decir, el de brindar un tratamiento oportuno”, señalaron los especialistas. La clave, entonces, no está solo en identificar una posible condición, sino en hacerlo a tiempo para evitar daños irreversibles.

Ese enfoque es el que, según el Ministerio de Salud, orienta la nueva resolución. En un comunicado oficial, la entidad señaló que el tamizaje no se limita a la toma de la muestra. “Uno de los puntos clave de la norma es que el tamizaje no se limita a tomar la muestra, sino que garantiza todo el proceso de atención. Esto incluye la información clara a las familias, la toma de la muestra de sangre mediante una punción en el talón del bebé entre las 48 y 72 horas de nacido, la repetición de la prueba cuando sea necesario, la entrega oportuna de resultados y, en caso de confirmarse alguna enfermedad, la remisión inmediata a especialistas para iniciar tratamiento y seguimiento temprano”, precisó la cartera de Salud.

La resolución también ratificó que el tamizaje neonatal debe entenderse como un derecho integral, que abarca cuatro componentes, visual, auditivo, cardiopatías congénitas complejas y endocrino-metabólico. Con ello, se busca evitar que el acceso a estas pruebas dependa de factores como el lugar de nacimiento, el tipo de aseguramiento o la capacidad de pago de las familias.

En términos de financiación, el Ministerio recordó que estas pruebas serán cubiertas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En la práctica, esto implica que las EPS deberán garantizar su realización a través de su red de prestadores, sin trasladar costos adicionales a los usuarios. La intención es que el fortalecimiento del programa no se quede en el papel, sino que tenga un impacto real y homogéneo en todo el territorio nacional.

La implementación, sin embargo, supone retos operativos importantes. Ampliar el número de pruebas implica mayor capacidad de laboratorio, personal entrenado, sistemas de seguimiento eficientes y canales claros de comunicación con las familias. El propio ministerio fijó una meta gradual, al cierre de 2026, al menos el 79% de los recién nacidos en Colombia deberán haber accedido al tamizaje de las seis nuevas enfermedades incluidas en la resolución.

“No nos rodeaba el océano, pero sí la muerte. La muerte que seguía cayendo de lo alto en aquellos copos tenues, fosforescentes, aquella nevada de pesadilla que de un golpe había borrado casi toda la vida de la gran ciudad”, le cuenta Juan Salvo al historietista casi al principio de El Eternauta. Ese relato fantástico situado en Buenos Aires sobre un fenómeno que nunca ocurrió podría aplicarse —solo cambiando la palabra “nieve” por “gas”— a lo que realmente sucedió en la ciudad india de Bophal entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de diciembre de 1984. Cuando una nube tóxica de isocianato de metilo invadió como un asesino invisible la ciudad que dormía, murieron más de siete mil personas en apenas unas horas, pero otras casi 500.000 quedaron afectadas para siempre. Muchas de ellas, incluso, todavía no habían nacido, porque además de matar rápido, el gas se convirtió en un fantasma siniestro que sigue asolando a la ciudad y su gente.

El gas venenoso provino de un escape que se produjo en la planta de insecticidas que la empresa estadounidense Union Carbide tenía a un kilómetro de la ciudad. “La tragedia de Bophal” sigue siendo el mayor desastre provocado por una industria en la India. Hay quienes dicen que fue un accidente, pero en realidad fue el resultado de un cóctel en el que se combinaron de manera letal la irresponsabilidad deliberada de una empresa multinacional y la inacción de un Gobierno que en lugar de proteger a sus ciudadanos prefirió mirar hacia otro lado, tentado por las inversiones y la corrupción.

Cuando la muerte flota

Fue esa combinación siniestra la que provocó que esa madrugada la nube tóxica que se originó en la planta Union Carbide invadiera Bhopal. Nadie avisó a la ciudad que dormía mientras el viento llevaba hacia ella el gas que sembraría la muerte. Al entrar en contacto con el aire, el isocianato de metilo comenzó a descomponerse en varios gases extremadamente tóxicos —fosgeno, metilamina, soda cáustica y cianuro de hidrógeno—, que formaron una nube letal que, al ser más densa que el aire atmosférico, recorrió toda la ciudad casi al ras del suelo.

Los habitantes comenzaron a sentir un fuerte ardor en los ojos hasta llegar al punto de no poder ver y otros se desmayaron, mientras que muchos corrían desesperadamente hasta quedarse sin aire en los pulmones. Miles de personas y decenas de miles de animales murieron casi inmediatamente, asfixiados por la nube tóxica, mientras otros trataban desesperadamente de escapar de la ciudad, en una evacuación desordenada que provocó decenas de accidentes. La gente moría en la calle y en las casas, en medio de horribles convulsiones, vómitos de sangre y otros dolorosos síntomas. Ninguna de las víctimas de ese primer momento alcanzó a saber qué era eso que flotaba en el aire y las estaba matando. Muchos más murieron en los días siguientes.

Los hospitales no tardaron en colapsar, mientras las autoridades del Gobierno local quedaron prácticamente paralizadas, sin saber qué medidas tomar. Entre los que llegaron por sus propios medios o alcanzaron a ser trasladados a los centros de salud, un gran porcentaje murió allí a causa de hemorragias internas ante la mirada impotente de los médicos y enfermeros. El personal de salud no sabía cómo tratar a las víctimas porque, cuando se produjo el escape, ni la empresa ni el Gobierno indio les informaron qué productos se almacenaban en la fábrica ni qué gas era el que se había escapado. De haberlo sabido tampoco habrían podido hacer mucho, porque al carecer de información previa sobre los tóxicos que usaba la empresa no había en los hospitales antídotos ni otros medicamentos para contrarrestar sus efectos. Recién horas después el Gobierno estatal declaró el estado de catástrofe. Ya era tarde, muy tarde.

Una bomba de tiempo

La planta de Bhopal venía siendo denunciada por afectar el medio ambiente desde 1969, cuando comenzó a verter residuos químicos en el subsuelo, contaminando pozos de agua y acuíferos. Union Carbide sabía los daños que estaba causando, porque tenía estudios sobre la toxicidad del terreno con resultados alarmantes que nunca dio a conocer para evitar el cierre de la planta y el pago de las indemnizaciones por daño ambiental. Esa irresponsabilidad empresarial también era evidente en el funcionamiento cotidiano de la fábrica, con tareas de mantenimiento prácticamente nulas y personal al que casi no se le daba capacitación para reducir los costos. Nadie controlaba en serio a la empresa ni tomaba medidas para que modificara esa situación porque Carbide era una de las compañías más poderosas de India, con fuertes vinculaciones en el Estado y fluidas relaciones con los Gobiernos que se sucedieron desde que desembarcó en el país.

Para 1984, la seguridad de los tanques donde se almacenaba el isocianato de metilo era casi inexistente. En el momento del accidente la instalación albergaba tres tanques de MIC líquido, E-610, E-611 y E- 619, que por normas de seguridad no debían llenarse con más de 30 toneladas —el 50 por ciento de su capacidad— de MIC presurizado con gas nitrógeno inerte.

La empresa tampoco cumplía con ese requisito. En octubre de 1984 el tanque E-610 que contenía 42 toneladas de MIC líquido perdió la capacidad de contener la presión del nitrógeno, lo que significaba que no se pudieron bombear las 42 toneladas de MIC líquido que contenía. Los intentos de restablecer la presión del nitrógeno resultaron infructuosos, por lo que se suspendió la producción de MIC y partes de la planta se cerraron por mantenimiento. Entre los sectores que salieron de funcionamiento se encontraban la torre de antorcha —necesaria para quemar el gas— que tenía una tubería corroída. Con la torre fuera de servicio, la producción no podía reanudarse, porque era imposible quemar el gas, una medida indispensable para evitar que se dispersara por la atmósfera.

Pese a eso, Unión Carbide no demoró en seguir produciendo sus plaguicidas, para lo cual utilizaba el gas de los dos tanques restantes. A principios de diciembre la mayoría de los sistemas de seguridad relacionados con el almacenamiento de MIC funcionaban mal y muchas válvulas y líneas estaban en pésimas condiciones. Por si fuera poco, varios lavadores de venteo y la caldera habían quedado fuera de servicio.

La causa del desastre

El desastre se desencadenó cuando se estaban realizando tareas de limpieza con agua a presión que, por fallas en el mantenimiento en los tanques entró —junto con cristales de cloruro sódico, restos de metal y otras impurezas— en contacto con el gas almacenado en el tanque 610, lo que provocó un incremento en la temperatura que derivó en un exceso de presión que, a su vez, abrió las válvulas de seguridad. Eso fue lo que liberó el gas tóxico a la atmósfera. Así y todo, el desastre se pudo haber evitado si hubiesen funcionado el sistema de refrigeración del tanque y el catalizador de gases previo a la salida al exterior, pero estos dos mecanismos estaban desactivados para ahorrar costos.

A esas fallas técnicas se sumó el factor humano, debido a la falta de capacitación de los empleados. Cuando los instrumentos mostraron que la presión del tanque era excesiva, dieron por hecho —sin comprobarlo— que esa lectura era falsa porque los instrumentos no funcionaban bien.

A las 11.30 de la noche del 2 de diciembre, los trabajadores del área cercana al tanque comenzaron a sentir los efectos del gas y empezaron a buscar una fuga. La encontraron 15 minutos después, pero cuando le avisaron al supervisor les respondió que solucionarían el problema después de hacer la pausa para el té de las 0.15. A esa hora, precisamente, la reacción en el tanque 610 se disparó hasta alcanzar un estado crítico, con parámetros de temperatura y presión fuera de toda escala. Uno de los empleados que había quedado de guardia vio cómo se agrietaba una losa de cemento cuando la válvula de alivio de presión se abrió de golpe.

Durante la hora que siguió se escaparon 30 toneladas de gas a la atmósfera y los trabajadores, impotentes y desesperados, evacuaron la planta y huyeron en dirección contraria al viento para evitar que el gas mortal los alcanzara. El viento se dirigía hacia el peor de los lugares, la ciudad de Bhopal, pero a nadie se le ocurrió avisar.

Cómplices para la impunidad

La planta no volvió a funcionar y quedó como fantasmal testimonio del crimen ambiental que había provocado, mientras todo el entorno quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarían muchos años en desaparecer. Union Carbide y el Gobierno indio, que asumió de manera hipócrita —cuando ya no tenía remedio— la representación de las víctimas, cerraron en 1989 un acuerdo extrajudicial por el que la empresa pagó 470 millones de dólares. El 93% de las 500.000 personas que recibieron compensaciones obtuvieron 327 euros.

El 7 de junio de 1999, el tribunal indio que juzgaba este desastre condenó a ocho directivos de Union Carbide a dos años de prisión y a abonar una multa de 8.900 euros, lo que fue tomado por la opinión pública como una verdadera burla frente a la tragedia causada por el gigantesco escape de gas letal.

El máximo responsable del desastre, el directivo norteamericano a cargo de la planta, Warren Anderson, quedó impune hasta su muerte. Pocos días después de la fuga de gas, se fugó él mismo del país hacia los Estados Unidos para nunca regresar.

Desde 1999 se han realizado muchos estudios independientes sobre el agua contaminada y los datos fueron de suma gravedad: el mercurio ha superado hasta seis millones de veces los límites de seguridad; el tricloroetileno, un compuesto que afecta al desarrollo de los fetos, más de cincuenta veces; y continuaba detectándose la presencia de isocianato de metilo en la leche materna de las mujeres.

Hoy, a un kilómetro de la fábrica de Union Carbide está la clínica Chingari, que en español significa “chispa”. Allí hay centenares de personas en rehabilitación que todavía sufren las consecuencias de la fuga de gas. Muchos son niños y jóvenes, nacidos después de la tragedia con problemas genéticos. “Los efectos del veneno siguen presentes todavía. Aquellos que nacieron justo después del desastre han crecido y se han casado. Hay niños de segunda e incluso de tercera generación con diferentes discapacidades consecuencia del accidente. Y el Gobierno no hace nada”, explicaba hace dos años Rashida Bee, una de las directivas de la clínica. Y terminó con una reflexión que muchos comparten en Bhopal: “Los que murieron en aquel momento tuvieron suerte. Los supervivientes mueren poco a poco”.

La serie de Netflix

Como El Eternauta, la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, la tragedia de Bhopal también tiene una serie producida por la plataforma Netflix. Fue estrenada en 2023, se llama Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984 y fue creada y dirigida por Shiv Rawail.

La trama de la miniserie gira en torno a tres empleados de los ferrocarriles de India y un ladrón, que ante la aparición de una nube de gas mortal en Bhopal arriesgan sus vidas para salvar las vidas de decenas de pasajeros que esperan la llegada de un tren mientras en los andenes de la estación y en otras partes de la ciudad el fluido venenoso mata a personas que sufren horribles convulsiones como si fueran insectos.

Como se dijo al principio, la diferencia entre una y otra serie, es que El Eternauta es ficción pura mientras que, “basada en hechos reales” como se advierte a los espectadores de Los trabajadores del ferrocarril: La historia no contada de Bhopal 1984, la producción india reconstruye paso a paso el horror de un desastre trágicamente real.

La desigualdad en el acceso a pruebas de cribado neonatal entre distintas comunidades españolas provocó que el Congreso analice una nueva iniciativa destinada a establecer criterios uniformes en toda España. En este contexto, el debate parlamentario giró en torno a la toma en consideración de una proposición legislativa que pretende modificar el sistema de detección precoz de enfermedades congénitas en recién nacidos, según informó el medio original.

La sesión plenaria abordó una proposición de ley presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que recibió respaldo mayoritario de los distintos grupos parlamentarios. No obstante, representantes de varias bancadas puntualizaron la necesidad de revisar el texto y anticiparon la presentación de enmiendas en fases posteriores, según detalló la fuente consultada. El objetivo central de la propuesta radica en reforzar el programa nacional de cribado neonatal, asegurando que las pruebas diagnósticas, entre ellas la conocida “prueba del talón”, se realicen con los mismos estándares en todas las regiones.

Durante el debate, la diputada socialista Inés Plaza argumentó que esta medida representa una de las políticas de salud pública con mayor impacto, al poder identificar afecciones graves antes del desarrollo de síntomas y posibilitar el tratamiento precoz, lo que evita secuelas de larga duración. Además, Plaza remarcó que estas pruebas resultan especialmente significativas para detectar enfermedades poco frecuentes, dándose la situación en la actualidad de que la protección que ofrecen no es homogénea en todas las comunidades.

Según publicó la fuente, el Sistema Nacional de Salud cuenta a día de hoy con un catálogo de doce patologías incluidas en la cartera básica de servicios, aunque algunas comunidades autónomas han incrementado esta cifra y cubren hasta cuarenta enfermedades mediante el cribado neonatal. Esta diferencia motiva desigualdades en el acceso a la protección sanitaria de los recién nacidos, circunstancia que la diputada socialista calificó como inadmisible y que el proyecto normativo pretende corregir mediante un mecanismo obligatorio de revisión periódica y evaluación.

La proposición contiene también la actualización de normativa previa, con la inclusión formal de la Ponencia de Cribado de la Comisión de Salud Pública como órgano encargado de llevar a cabo revisiones periódicas de los programas autonómicos, conforme reportó el mismo medio. La legislación obligaría a revisar cada dos años los procedimientos con criterios precisos que contemplen calidad, viabilidad técnica y financiera, así como la equidad territorial. De este modo, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas y bajo el asesoramiento de sociedades científicas y asociaciones de pacientes, deberá supervisar la aplicación y actualización de la cartera de servicios para recién nacidos.

En el desarrollo del debate, representantes de otras formaciones comunicaron su respaldo a la iniciativa, aunque con la intención de introducir modificaciones. La diputada María Ruiz, portavoz de Vox, señaló que la descentralización del sistema sanitario constituye en su opinión la raíz de las divergencias en la cobertura del cribado neonatal, proporcionando como solución la obligatoriedad y homogeneización para todas las regiones, según recogió el medio mencionado.

Por otro lado, desde el Partido Popular, el diputado Antonio Cavacasillas coincidió en la utilidad del enfoque propuesto, aunque insistió en que cualquier nueva regulación debe acompañarse de partidas presupuestarias específicas para las comunidades autónomas. Cavacasillas advirtió de la insuficiencia de aprobar marcos normativos sin una dotación financiera clara que garantice su aplicación práctica en el funcionamiento cotidiano de los servicios de salud, según reportó la fuente.

De acuerdo con el contenido del debate, la normativa prevé mecanismos de revisión y asesoramiento que contemplan la implicación de entidades científicas, expertos en salud pública y genética, así como de organizaciones de pacientes. La tarea de actualización del panel de cribado neonatal recaería expresamente en la Ponencia de Cribado de la Comisión de Salud Pública, que tomaría en consideración tanto las recomendaciones internacionales como las características epidemiológicas propias del país.

Según el medio, la finalidad principal del proyecto normativo es mejorar la equidad en el acceso a la atención sanitaria para los recién nacidos y garantizar que la oportunidad de detección precoz de enfermedades congénitas no dependa del lugar de nacimiento. La proposición, que cuenta con el visto bueno inicial del Congreso, queda a la espera de la tramitación de enmiendas y los siguientes pasos legislativos, en los cuales se decidirán los detalles técnicos y los mecanismos de financiación que acompañarán a la futura ley.

Río de Janeiro, 12 nov (EFE).- Brasil recuperó este martes la condición de país libre se sarampión, rubeola y síndrome de rubeola congénita, que había perdido en 2019, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPAS) certificara que el gigante latinoamericano no registró ningún caso de las enfermedades en los dos últimos años.

El respectivo certificado de que Brasil consiguió abolir las tres enfermedades fue recibido hoy por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de las manos del presidente de la OPAS, el también brasileño Jarbas Barbosa, en una ceremonia en el Palacio de Planalto.

"Este diploma es resultado de la fuerza de retomada de las campañas de vacunación y de la competencia del sistema brasileño de inmunización", afirmó el líder progresista en la ceremonia.

Los esfuerzos de Brasil para volver a eliminar las enfermedades confirmaron a América nuevamente como el único continente libre de los tres males, informó la Presidencia en un comunicado.

Tras un largo período sin registros de las enfermedades, Brasil fue declarado en 2016 como país libre de sarampión. Pero entre febrero de 2018 y febrero de 2019, con un nuevo brote, el país registró 10.374 casos y 40 muertes de niños por la enfermedad, con lo que perdió la certificación.

En junio pasado Brasil completó dos años sin casos de sarampión causados por transmisión directa en el país. El último caso confirmado fue el 4 de junio de 2022 en el amazónico estado de Amapá.

Los esfuerzos del Gobierno de Lula para reforzar las campañas de vacunación en el país tras un período en que los inmunizantes fueron cuestionados en la gestión del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) permitieron que Brasil volviera a convertirse en uno de los países con mayor cobertura de vacunas en Latinoamérica, afirmó Barbosa.

La cobertura de la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, que cayó desde el 95 % en 2016 hasta el 74 % en 2021, viene recuperándose desde entonces y ya está en el 91 %, según el Ministerio de Salud. EFE