Tras años de denuncias y peritajes psicológicos, la Justicia de Mendoza condenó al Arzobispado provincial y a los monjes Diego Roque Moreno (58) y Oscar Portillo (71) a pagar una multa millonaria por los daños ocasionados a N. B., quien durante años fue víctima de abusos sexuales, manipulación emocional y una profunda vulneración de su integridad en el Monasterio Cristo Orante.

El fallo judicial, al que tuvo acceso Infobae, no sólo reconoció el sufrimiento individual de la víctima, sino también la responsabilidad civil de la Iglesia como estructura que, según concluyó el juez civil Fernando Games, contribuyó a perpetuar el daño. En su sentencia, el magistrado resaltó que los hechos ocurrieron en un contexto de asimetría de poder, bajo la autoridad espiritual y formativa de los monjes, y que la respuesta de las autoridades eclesiásticas, lejos de ser adecuada, incluyó sanciones internas irrisorias y una política de ocultamiento de información hacia el denunciante.

La sentencia detalló que N.B. ingresó al monasterio siendo menor de edad, permaneció años bajo la tutela de los acusados y fue sometido a una serie de vejámenes que incluyeron desde abusos sexuales reiterados hasta el aislamiento de su familia, todo bajo el pretexto de formación religiosa. Las pericias psicológicas y psiquiátricas fueron contundentes: los abusos dejaron en la víctima secuelas graves, incluyendo un trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, ideación suicida y una incapacidad psicológica del 8 al 30 por ciento.

El juzgado rechazó los argumentos defensivos del Arzobispado y de los monjes, quienes intentaron desligar a la Iglesia de cualquier responsabilidad y presentaron los hechos como relaciones consentidas entre adultos. El tribunal fue claro: la relación estaba viciada por intimidación, temor reverencial y manipulación de conciencia, elementos que invalidan cualquier supuesto consentimiento y revelan el carácter estructural del daño.

En su resolución, el magistrado señaló que el Arzobispado de Mendoza ejercía facultades de supervisión y disciplina sobre el monasterio y sus miembros, y que la respuesta institucional frente a las denuncias incluyó la aplicación de sanciones internas y restricciones de acceso a la información por parte de la víctima en los procedimientos canónicos. El tribunal concluyó que los hechos denunciados, ocurridos en el marco de una organización religiosa, generaron una afectación relevante a la integridad personal, emocional y espiritual del denunciante.

Así, el juez Games condenó al Arzobispado de Mendoza y a los monjes Moreno y Portillo a que paguen una multa de $ 18.592.000 como reparación a la víctima.

Los hechos

El 17 de junio de 2015, N.B. se presentó ante el fallecido monseñor Carlos María Franzini y le contó que había sido víctima de abuso sexual por parte del padre Oscar Portillo, incluso desde antes de cumplir 18 años e ingresar al monasterio Cristo Orante como aspirante. Aunque habló de actos sexuales, el arzobispo minimizó el relato en un acta en la que sólo mencionó “tocamientos” y “besos”.

Desilusionado por la falta de respuestas concretas de la Iglesia, en 2018 la víctima volvió a hacer una acusación ante el Arzobispado, pero esta vez por escrito.

N.B. denunció en la Justicia penal a los monjes Diego Moreno y Oscar Portillo, a quienes acusó por abuso sexual en el monasterio Cristo Orante, ubicado en la localidad mendocina de Tupungato. Los sacerdotes fueron detenidos en 2019 con prisión domiciliaria, pero en 2022 fueron sobreseídos en primera instancia.

La víctima describió escenas concretas de abuso por parte de los dos monjes. Sin embargo, el joven y su abogado aseguraron en aquel entonces que la Iglesia no impulsó el proceso penal canónico contra Portillo, mientras que a la víctima le hicieron creer que estaban investigando a los dos sacerdotes.

En marzo de 2026, la Corte mendocina ordenó que se reabra la causa y el último 4 de junio el juez Games firmó la sentencia para el Arzobispado provincial y los monjes acusados.

El Tribunal Oral Federal 8 condenó a dos de los cuatro acusados por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero que fue asesinado en el marco de una protesta en las inmediaciones de las vías del ferrocarril Roca, en octubre del 2010.

De acuerdo al veredicto, el abogado y exjuez penal Octavio Luis Aráoz de Lamadrid recibió una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, en calidad de autor del delito de tráfico de influencias agravado. Además, se le prohibió la salida del país y hasta que quede firme la resolución deberá presentarse cada tres meses ante el tribunal.

Para el ex funcionario de la Cámara Nacional de Casación Penal, Luis Ameghino Escobar, el TOF 8 impuso una condena de 3 años de prisión condicional como partícipe necesario de tráfico de influencias agravado. Le ordenó también someterse a un cuidado de un patronato y cumplir 8 horas mensuales de trabajos comunitarios fuera de sus horarios de trabajo.

Además, el tribunal consideró que la conducta del ex vicepresidente de Belgrano Cargas, Ángel Luis Stafforini, era constitutiva de “cohecho activo agravado” en calidad de partícipe secundario, aunque se declaró la prescripción de la acción penal y resultó absuelto.

En el mismo sentido, absolvió a la ex directora suplente de Belgrano Cargas, Susana Rita Planas.

Asimismo, el veredicto fijó el decomiso de 50 mil dólares que se secuestraron en el marco de la causa y que se consideran producto del delito.

Los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez dispusieron que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 5 de agosto a las 16 horas.

El juicio

Durante el debate oral se analizó la denuncia por pago de sobornos para direccionar el expediente hacia la Sala III de la Cámara de Casación, que en el año 2010 estaba integrada por los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Liliana Catucci.

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que representa como querellante a la familia de Mariano Ferreyra, opinó que “este juicio sirvió para que salieran a la luz estos pactos subterráneos y que no quede ninguna duda sobre la necesidad de desarmarlos”.

Mientras esperan la lectura de la sentencia para evaluar eventuales planteos en Casación, destacó que “para llegar a este día la causa recorrió durante años todo el sistema federal y más de una decena de jueces se excusaron de actuar”.

Según la acusación, el dinero lo aportó la Unión Ferroviaria y lo cobró Aráoz de Lamadrid por medio de facturas por servicios que no ocurrieron. Stafforini se encargó de realizar esos pagos, mientras que Ameghino Escobar manipuló el sistema de la Oficina de Sorteos.

En este expediente también estuvieron imputados José Pedraza y el ex agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme. Ambos fallecieron antes del inicio del juicio.

El caso se inició el 12 de enero de 2011, cuando la jueza de instrucción Susana Wilma López detectó el entramado judicial a partir de una serie de escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación que tenía a su cargo.

El fiscal Marcelo Colombo había solicitado para Aráoz de Lamadrid cinco años de cárcel al acusarlo de ser coautor de tráfico de influencias agravado y partícipe necesario de cohecho pasivo.

En cuanto a Ameghino Escobar, había requerido cuatro años de prisión, mientras que para Stafforini pidió tres años de cárcel de ejecución condicional.

Para Susana Planas, en tanto, había solicitado la absolución porque la acción penal en su contra se encontraba prescripta.

Con todo, por el crimen de Mariano Ferreyra fueron condenados -entre otros- el ex secretario general de Unión Ferroviaria, José Ángel Pedraza; y los ex policías Luis Mansilla y Jorge Ferreyra.

Final de juicio

En el momento de las últimas palabras, Araoz de Lamadrid defendió su inocencia y dijo que los acusadores “construyeron una ilusión de realidad” y que “se nos obligó a nosotros a probar nuestra inocencia”.

Por otra parte, cuestionó que el proceso de este caso se haya prolongado por 15 años. Remarcó “he cargado con el estigma penal durante todo este tiempo (...) el sufrimiento de este estilo deja huellas físicas y psíquicas”.

En su exposición leída subrayó que “hemos demostrado las arbitrariedades de la destrucción y descubierto nuevas nulidades”, entre las que mencionó “la ausencia de oficiales autorizados en el allanamiento, la intervención ilegal de contrainteligencia, la falta de fundamento de las órdenes judiciales”.

A su vez, otra de las acusadas que se acercó al banquillo fue Susana Planas, quien se limitó a decir “soy inocente, totalmente inocente, gracias”.

A casi cinco meses de la desaparición y muerte de Yanina Correa, el caso mantiene una vigencia inusitada en la zona de Abasto, al oeste de La Plata.

El reclamo de sus familiares, quienes insisten en que se trata de un crimen y no de una muerte accidental, ha puesto bajo la lupa la labor de la fiscalía y la policía, así como la respuesta del sistema judicial. La familia de Correa denuncia lo que consideran intentos de encubrimiento y protección hacia los posibles responsables, mientras el expediente permanece estancado y sin personas imputadas.

Según informó el portal 0221, la historia de Yanina, una mujer de 30 años y madre de tres hijos, se instaló en la agenda pública a fines del año pasado, cuando su familia reportó su desaparición.

El hallazgo de restos humanos el 3 de enero, en un descampado cercano a su domicilio, intensificó la atención sobre el caso. Más de un mes después, el 16 de febrero, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Correa, prolongando la angustia de sus allegados y ampliando las demandas por una investigación exhaustiva.

El impacto del caso no solo radica en el dolor familiar, sino en la serie de irregularidades y demoras que, según sus hermanos, han marcado la investigación. Germán y Jésica Correa y Angélica Bastida relataron que hasta la fecha “no hay ninguna persona investigada” y sostienen que existe una intención de proteger a los responsables de la muerte de Yanina. La persistencia de estas sospechas ha llevado a la familia a reclamar una y otra vez ante la fiscalía, aunque sus pedidos no han tenido respuesta directa, sino apenas contactos con secretarías administrativas.

El expediente, encabezado por el fiscal Patricio Barraza, continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Los hermanos de Correa, junto a la Asociación Miguel Bru —representados por su presidenta Rosa Bru—, exigen que se investigue como homicidio. Bru calificó como llamativa la “lentitud judicial” y el “maltrato a la familia”, enfatizando que ni siquiera han recibido el certificado de defunción, documento imprescindible para que los hijos de Yanina puedan ser formalmente puestos bajo la guarda de sus tíos.

En palabras de la familia, el caso de Yanina Correa se encuentra paralizado, sin avances sustantivos y sin ningún sospechoso formalmente investigado. Aseguran que han sufrido situaciones de hostigamiento y amenazas, algunas de ellas vinculadas a fuerzas de seguridad.

Germán denunció que una funcionaria de Seguridad le envió mensajes para disuadirlos de hacer protestas frente a la comisaría, con el objetivo de “meter miedo a nuestra familia y a quienes nos apoyan”. Otro hermano habría sido amenazado verbalmente por un efectivo policial, quien le advirtió que podían “armarle una causa” si continuaban reclamando públicamente.

La familia sostiene que desde el inicio de la búsqueda hubo irregularidades en la labor policial. Denuncian que la escena del hallazgo de los restos no fue correctamente preservada y que allí encontraron restos óseos, vísceras y pertenencias personales de Yanina, incluida ropa dañada. Desestiman la hipótesis de la fiscalía y la DDI, que apunta a una muerte accidental posiblemente vinculada al consumo de sustancias y la posterior exposición del cuerpo a animales.

Dos personas aseguran haber visto a Yanina ingresar al descampado junto a un hombre en bicicleta, quien más tarde salió solo del lugar. La familia denuncia que estos testimonios fueron desacreditados y no constan en el expediente judicial. Según relatan, la fiscalía argumentó que los testigos “pudieron haberse confundido”, descartando así la posibilidad de investigar la presencia de terceros en el lugar de los hechos.

Los hermanos de Yanina señalan también inconsistencias en el estado de los restos hallados. Sostienen que el nivel de descomposición no corresponde al tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo, y remarcan que faltaban partes del cuerpo como las manos. También afirman que los huesos “no presentaban signos normales de descomposición”, lo que alimenta la sospecha de una manipulación o intervención posterior.

La demora en los estudios de ADN es otro punto de conflicto. Los restos fueron encontrados el 3 de enero, pero el análisis genético se realizó semanas después en la ciudad de Junín. Una de las hijas de Yanina debió trasladarse hasta allí para completar el procedimiento. La confirmación oficial llegó recién el 16 de febrero, prolongando la incertidumbre y el dolor de la familia.

La fiscalía argumenta que faltan peritajes antropológicos, pero la familia sostiene que esa explicación es insuficiente y que el certificado debería haberse emitido meses atrás.

Los hermanos de Yanina también centran sus acusaciones en el entorno de la joven, especialmente en su última pareja, a quien señalan como una de las últimas personas que la vio con vida. Según relatan, durante varios días no se supo nada de él y, aunque luego declaró, nunca se secuestró su teléfono móvil ni volvió a ser citado en profundidad.

La familia, acompañada por la Asociación Miguel Bru, reitera su pedido para que la causa avance, se revise el accionar policial, y el expediente sea investigado como homicidio. Reclaman además que su abogado pueda acceder a todas las actuaciones y que se ponga fin a lo que consideran maniobras de encubrimiento y dilación.

La operación comenzó a gestarse a partir de indicios recabados en la carpeta judicial que orienta la Fiscalía Regional Nº5 de Rafaela, encabezada por Carlos Vottero. Los investigadores, tras seguir pistas que relacionaban al joven ahora detenido con el adolescente de 15 años, autor de los disparos en el colegio, organizaron un despliegue en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe. El arresto se produjo en la vía pública, sobre la banquina, mientras el joven circulaba por la zona.

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó la detención en conferencia de prensa y subrayó la participación articulada de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía regional, la Policía Federal, y la presencia del gobernador de Santa Fe.

Coudannes explicó que la investigación, atravesada por la colaboración entre fuerzas provinciales y nacionales, explora la hipótesis de conexiones que “trascienden las fronteras de Santa Fe”, con posibles ramificaciones internacionales en análisis.

La audiencia imputativa, prevista para los próximos días, será el momento en el que los vínculos entre ambos menores quedarán expuestos formalmente. Según el director provincial de Investigaciones, Rolando Galfrascoli, “la relación surge a partir de las tareas investigativas” y será presentada en detalle ante la Justicia y los abogados defensores. Galfrascoli detalló que el operativo fue “un trabajo articulado, en conjunto y limpio”, reconociendo la dificultad que implicó el terreno y la incertidumbre sobre la reacción del joven seguido.

El adolescente de 16 años, considerado punible por la legislación vigente, quedó detenido bajo la figura de encubrimiento. La investigación sostiene que habría tenido conocimiento previo del ataque perpetrado por el otro menor en la institución educativa, hecho que terminó con la muerte de Ian Cabrera, de 13 años, y dejó a ocho estudiantes heridos.

El vínculo entre ambos adolescentes es parte central de la causa, que permanece bajo secreto de sumario y en la que se intenta determinar el grado de planificación y si existieron instigadores externos.

La investigación judicial cuenta entre sus elementos principales con la escopeta utilizada en el ataque, las municiones correspondientes y un kit para atentados, hallado en el domicilio del autor material, tras un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina.

En la vivienda se secuestraron, además, un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH”, término en inglés vinculado simbólicamente a la masacre escolar de Columbine, ocurrida en Colorado en 1999. Estos objetos, junto con los registros de actividad en redes sociales del tirador, forman parte del material que los investigadores analizan para reconstruir el contexto y las motivaciones del hecho.

La suspensión de clases en la escuela Mariano Moreno se mantendrá mientras la institución permanezca bajo custodia judicial, un recurso indispensable para preservar la escena primaria del crimen y permitir el desarrollo de todas las diligencias periciales solicitadas por la Fiscalía.

La medida, según explicó Virginia Coudannes, está directamente vinculada al avance de la investigación, y el regreso a las aulas será determinado por el Ministerio de Educación de Santa Fe una vez que se considere agotada la recolección de pruebas.

Respecto al autor material del ataque, de 15 años, la causa judicial no persigue una sanción penal debido a su edad, ya que el nuevo Régimen Penal Juvenil aún no se encuentra en vigencia. El joven permanece alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo la supervisión de su madre, mientras la investigación se centra en esclarecer el entorno que pudo haber influido en la planificación del ataque. El fiscal Luis Schiappa Pietra aclaró en conferencia que “no tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”.

La investigación pone especial énfasis en los vínculos virtuales y la actividad en redes sociales del adolescente, donde participaba en comunidades cerradas con mecanismos complejos de comunicación y ocultamiento de identidades. Los investigadores buscan determinar si estos lazos virtuales pudieron facilitar la preparación del ataque o si existieron instigadores externos con responsabilidad directa o indirecta.

El arresto del segundo menor y las medidas tomadas en torno a la causa reflejan la coordinación entre las fuerzas provinciales y nacionales, así como la prioridad otorgada al esclarecimiento de los hechos.

Los operativos realizados, lejos de limitarse a la detención física, forman parte de una estrategia integral de investigación que incluye la custodia de domicilios de los implicados y la preservación de la escena del crimen hasta completar el proceso judicial.

Por el momento, la instrucción judicial y las tareas de peritaje continúan bajo la órbita de la Fiscalía Regional Nº5 de Rafaela, mientras la causa sigue sumando elementos para determinar la magnitud y el alcance de los hechos ocurridos en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el nuevo apresado, un menor de 16 años, fue esposado cuando circulaba por la ruta nacional N° 11, a la altura de la localidad santafesina de Nelson.

Según pudieron determinar los investigadores, en una causa que encabeza el fiscal regional Carlos Vottero, el menor tenía vinculo con G.C. (15), el tirador, y quedó detenido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque.

Ante esta nueva detención, esta tarde, desde las 14, funcionarios provinciales ofrecerán una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, donde comunicarán los últimos avances en el expediente.

El caso y los avances en la investigación

En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, una de las primeras víctimas que se cruzó con el tirador. Fue en uno de los baños de la planta baja del establecimiento, el lugar elegido por el atacante para preparar la escopeta que le robó a su abuelo.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. En total, ocho chicos resultaron heridos durante el episodio.

G.C. fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces está alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre. Por su edad, es inimputable: el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.

Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, este medio logró corroborar que los investigadores ya pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo, y trabajan sobre la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación. Ahora se enfrentan a la incógnita de si fue un plan solitario o si contó con influencias externas. Para responderla, se centran principalmente en el rol de los vínculos virtuales que tenía el adolescente y su actividad en diferentes redes sociales.

Los funcionarios encontraron una dificultad: detectaron que el tirador formaba parte de comunidades “muy cerradas” donde la forma de comunicarse entre usuarios es “mucho más compleja” de lo que acostumbran, según definieron. Además, contarían con mecanismos de ocultamiento de identidades que le ponen trabas a la tarea de identificar a otros posibles involucrados o instigadores.

Por eso, uno de los principales objetivos en el expediente es rastrear estos contactos del adolescente, revisar mensajes y determinar si existieron más actores con responsabilidad directa o indirecta en la preparación del ataque.

Entre los elementos de interés que tiene la causa, las autoridades cuentan con la escopeta utilizada para el hecho, las municiones, y el kit para atentados que encontraron en la casa del tirador en un allanamiento realizado por la PFA. En la vivienda, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.

Con respecto a qué temperamento adoptar con el tirador, los fiscales remarcan que su situación legal está condicionada por su edad. Por esta razón, la causa se centra más en esclarecer el contexto y las motivaciones del hecho que en la búsqueda de una sanción penal. “No tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”, dijo el viernes en una conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.

En relación al establecimiento educativo, la escuela permanecerá cerrada unos días más bajo custodia judicial. La decisión radica en que es un lugar clave para la investigación penal por ser la escena primaria del crimen.

En este contexto, hasta tanto no se culminen todas las diligencias necesarias y el Ministerio Público de la Acusación considere que no quedan peritajes o pruebas por recolectar, la institución no será habilitada para retomar la actividad normal.

El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco, un joven de 20 años oriundo de la localidad neuquina de Cutral Co, partió de su hogar para cumplir con el servicio militar obligatorio, también conocido como “colimba”. De origen humilde, profesaba la fe evangelista y dedicaba parte de su rutina a la lectura de la Biblia. Había obtenido un número alto en el sorteo de su clase, lo que determinó su obligación de realizar la conscripción. A pesar de que los cálculos médicos reglamentarios sobre su estatura, peso y perímetro torácico debían haberlo exceptuado, un oficial determinó que se encontraba apto. Su destino asignado fue el Grupo 161 de Artillería de Montaña, emplazado en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén.

A los pocos días de su ingreso, sus padres, Francisco y Sebastiana, viajaron al cuartel para visitarlo durante su primer franco. Al presentarse en la guarnición, un soldado les informó que su hijo no se encontraba allí y que había sido declarado desertor. Les dijeron que se había escapado del cuartel para abandonar la “colimba”.

Según los registros castrenses, el conscripto había desaparecido el 6 de marzo, tan solo tres días después de haberse incorporado como soldado al Ejército Argentino. Resultaba inverosímil para su familia que el joven se hubiera dirigido a otro sitio. Por consiguiente, quince días después del ingreso oficial, el padre radicó la denuncia por la desaparición. La familia descartó de plano la hipótesis de la deserción impulsada por los mandos superiores y emprendió de inmediato una intensa búsqueda.

Un mes después de su desaparición, hace 32 años, el 6 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Carrasco fue hallado a 700 metros de las instalaciones del cuartel militar. El descubrimiento se produjo sorpresivamente durante un segundo rastrillaje efectuado en la zona y el cadáver se encontraba oculto en el interior de un baño abandonado.

En el primer operativo de búsqueda, que había transitado por ese mismo lugar exacto quince días antes, no se había reportado ningún hallazgo inusual. El cuerpo se hallaba con el torso desnudo y vestía únicamente un pantalón que superaba en varios talles sus medidas.

Según los peritos forenses, esa prenda evidenciaba la clara decisión de vestirlo precipitadamente para descartar el cadáver. Junto a los restos, hallaron unos borceguíes, una camisa y un reloj roto que no marcaba la hora ni el día.

Los jefes de la guarnición militar intentaron inicialmente endilgar la causal del deceso al viento helado y a las bajas temperaturas de Zapala. Incluso, uno de los oficiales superiores declaró públicamente ante la prensa que el cuerpo no evidenciaba ningún signo de violencia.

Sin embargo, los peritajes forenses echaron por tierra de manera contundente las afirmaciones castrenses. El cuerpo del joven exhibía múltiples e innegables signos de haber sido sometido a torturas y a una brutal paliza. Los exámenes revelaron que había sido asesinado a golpes, presentando diversas costillas fracturadas, un pulmón perforado y el ojo izquierdo destrozado.

Los forenses determinaron que había fallecido un mes antes, y el proceso de momificación indicaba fehacientemente que el cadáver de la víctima había permanecido oculto durante varios días en un lugar oscuro y seco, para luego ser trasladado al sitio donde finalmente fue descubierto.

La investigación judicial determinó que la muerte constituyó la derivación extrema de unas prácticas institucionalizadas y arraigadas en el servicio militar. Esas modalidades de adiestramiento se centraban en el abuso, los malos tratos y la humillación constante para disciplinar a los conscriptos.

Apenas ingresó al Ejército, Carrasco fue recibido con un fuerte y extenuante ejercicio de castigo físico colectivo, conocido popularmente en la jerga militar como el “baile”. En su segundo día en el regimiento, se vio imposibilitado de levantarse de la cama debido a los agudos dolores generados por el feroz castigo padecido la jornada previa. Como una medida de represalia ante su inasistencia, al día siguiente se le ordenó desempeñarse obligatoriamente como cuartelero, exigiéndole que procediera a ordenar minuciosamente y a limpiar a fondo toda la cuadra.

Durante aquella jornada, la autoridad a cargo era el subteniente Ignacio Canevaro, quien sometió a Carrasco a un intenso “baile” punitivo por al menos veinte minutos ininterrumpidos. Otros dos soldados antiguos (apenas mayores que Carrasco), Víctor Salazar y Cristian Suárez, colaboraban activamente con sus superiores y procedieron a esconderle de forma deliberada el lampazo que el joven debía utilizar para limpiar.

La agresión alcanzó niveles de suma crueldad cuando Canevaro ordenó a los soldados Suárez y Salazar que “corrigieran” la conducta del conscripto tras encontrarlo deambulando. Los golpes le provocaron un severo hemotórax derivado del hundimiento de sus costillas y además le destrozaron el ojo izquierdo con el palo del lampazo. Ellos fueron las últimas personas que lograron verlo con vida.

El entramado de ocultamiento sumó posteriormente numerosas capas de encubrimiento institucional, abarcando la falsificación de documentos médicos y la intervención sistemática de los aparatos de inteligencia. Todo se ventiló en dos juicios que se hicieron por el Caso Carrasco.

El trabajo elaborado por el médico legista Alberto Brailovsky en la causa Carrasco II arrojó contundente luz sobre los eventos ocurridos inmediatamente después de la paliza. Brailovsky demostró de forma concluyente que, tras la agresión perpetrada, el joven soldado no falleció en el acto, sino que logró sobrevivir agonizante durante un período estimado entre 48 y 60 horas.

Durante ese lapso, Carrasco permaneció cautivo y oculto, siendo rudimentariamente atendido en el hospital del cuartel bajo una identidad falsa. El deceso se produjo a causa de un paupérrimo diagnóstico inicial y a la aplicación de un tratamiento negligente.

A raíz de la paliza, el joven sufrió una masiva hemorragia interna conjugada con una contusión pulmonar traumática que derivó en insuficiencia respiratoria severa; el peritaje sostuvo que de haber recibido atención médica adecuada habría sobrevivido.

Las maniobras fraudulentas orquestadas en el interior del hospital castrense incluyeron diversas acciones ilícitas y totalmente irregulares. Se destacaron la minuciosa confección de múltiples recetas médicas completamente adulteradas que fueron emitidas exclusivamente entre las jornadas del 6 y el 9 de marzo de 1994, el registro oficial de profesionales médicos que acudieron para tratar supuestas patologías menores sin encontrarse de guardia, y finalmente la inverosímil creación de la historia clínica apócrifa de una paciente femenina inexistente que fue asentada bajo el ficticio nombre de María Gómez.

De manera alarmante, la adulterada ficha médica oficial del conscripto Carrasco registró fraudulentamente la aplicación de una dosis de vacuna antitetánica en la fecha exacta del 8 de marzo, es decir, dos días después de la fecha establecida por los mandos militares como el día de su muerte.

Dicha receta farmacéutica fue deliberadamente expedida a nombre del individuo Orlando Costa, quien en realidad recibió la inoculación profiláctica transcurridos varios días. Sumado a esas graves falsificaciones de documentos, los peritos detectaron un incremento injustificado en el consumo interno de pastillas de formalina, un potente elemento químico desinfectante empleado habitualmente en dependencias hospitalarias. Las estadísticas evidenciaron que, pasando de un promedio de diez pastillas entre enero y febrero, la cifra ascendió al insólito número de 400 pastillas empleadas únicamente durante el mes de marzo.

Es indispensable señalar que, por efecto de ese asesinato se terminó el servicio militar obligatorio en Argentina. En el mes de agosto del año 1994, impulsado por el clamor frente a la conmoción nacional que generó el asesinato, el entonces presidente Carlos Menem procedió a firmar el decreto número 1537, que disponía formalmente el fin de la conscripción.

Cuando el primer mandatario tomó aquella trascendental decisión, las estadísticas oficiales demostraban contundentemente que un 30 por ciento del total de los adolescentes obligados a presentarse a cumplir con el riguroso chequeo médico en los cuarteles decidía evadir sus responsabilidades legales.

Con esa medida llegaba a su fin un vetusto sistema de reclutamiento forzado de civiles instaurado originalmente en 1901 y reglamentado por el ministro Pablo Riccheri, cerrando casi un siglo de la comúnmente llamada “colimba”.

En lo atinente al entramado judicial, la causa penal principal avanzó hacia las posteriores condenas de los responsables directos. El 31 de enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén dictó su sentencia condenatoria y determinó jurídicamente que el subteniente Ignacio Canevaro era el autor material legalmente responsable del delito de homicidio simple, decidiendo en consecuencia condenarlo a quince años de prisión efectiva. Paralelamente, los ex soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez fueron sentenciados a cumplir una pena de diez años de encierro carcelario por haber incurrido en el mismo ilícito. Al sargento Carlos Sánchez se le impuso una pena de tres años de prisión como encubridor. Todas esas sentencias fueron luego revisadas y ratificadas por la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

A lo largo de los años subsiguientes, el intrincado desarrollo del expediente judicial atravesó múltiples dilaciones procesales y resoluciones polémicas que mantuvieron vivo el debate en la sociedad.

El 23 de noviembre del año 2000, los ex soldados condenados Salazar y Suárez obtuvieron el beneficio procesal de la libertad condicional. El 4 de febrero de 2004, el subteniente Canevaro logró recuperar su libertad de manera anticipada tras haber cumplido las dos terceras partes de su condena carcelaria. En relación a las responsabilidades estrictamente vinculadas al ocultamiento, el 13 de junio de 2005 se anunció la prescripción de la causa judicial encargada de investigar el encubrimiento agravado por parte de las altas jerarquías militares.

Como consecuencia directa de esa prescripción legal, la decena de militares procesados resultaron sobreseídos definitivamente, sin que jamás se llevaran a cabo las correspondientes audiencias públicas. Finalmente, el 2 de marzo de 2006, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender al juez Rubén Caro, quien tuvo el caso en sus manos al principio, por mal desempeño de sus funciones, aunque cuatro meses más tarde decidió ratificarlo en su cargo jurisdiccional, clausurando así el caso.

El asesinato de Carrasco terminó con la “colimba”, que era una combinación de acciones a las que indefectiblemente eran sometidos los conscriptos: correr, limpiar, barrer. Algo que quedó en el pasado. Luego de un crimen que aún es recordado.

El trámite judicial ha estado marcado por sucesivas decisiones contradictorias y argumentaciones cruzadas entre los órganos involucrados. Según consignó Europa Press, tras distintos intentos de archivo y reanudaciones forzadas por la Audiencia de Valencia, la magistrada sustituta del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, además de una docena de integrantes de su antiguo equipo, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra contra una menor bajo tutela entre los años 2016 y 2017. Esta decisión judicial rompe con la postura manifestada previamente por la Fiscalía, que no apreciaba delito en las actuaciones.

El medio Europa Press detalló que la jueza adoptó esta resolución a raíz del mandato explícito de la Audiencia de Valencia, que admitió los recursos interpuestos por las acusaciones populares ejercidas por Vox, Gobierna-te y la representación de la víctima, estableciendo la obligación de dar curso al proceso ante la posibilidad de que los hechos puedan ser considerados delictivos según el criterio de las partes recurrentes.

Según publicó Europa Press, las trece personas señaladas en el auto judicial —incluyendo psicólogas, cargos intermedios de la Conselleria, una directora territorial, una directora general y una subdirectora general— se enfrentan a acusaciones de prevaricación, malversación, delitos contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores, cada uno con diferente grado según el papel atribuido durante los hechos investigados. El documento judicial, al que accedió Europa Press, impone a todos los acusados la obligación de depositar conjunta y solidariamente una fianza de 120.000 euros, advirtiendo que, si no se presenta el aval en el plazo previsto, se procederá al embargo de bienes suficientes para cubrir la cantidad señalada.

Además, la jueza establece como responsable civil subsidiaria a la Generalitat Valenciana y otorga un periodo de diez días a la defensa de los acusados para la presentación de sus escritos de alegaciones frente a las acusaciones planteadas. En este sentido, Europa Press explicó que la implicación patrimonial de la administración autonómica responde a su posición como empleadora y entidad tutelar en el momento de los hechos investigados.

El procedimiento judicial, de acuerdo con Europa Press, ha atravesado un complejo itinerario procesal. El juzgado de instrucción archivó la causa en 2024 al no detectar indicios delictivos, en línea con la postura del Ministerio Fiscal; sin embargo, ese archivo fue revocado tras los recursos interpuestos por los colectivos Vox y Gobierna-te, que consiguieron una primera reapertura ordenada por la Audiencia. El instructor argumentó entonces que actuaba bajo “imperativo legal”, conforme a las directrices superiores.

A lo largo de 2025, el órgano instructor volvió a rechazar la celebración de juicio oral y optó una vez más por el sobreseimiento provisional del caso. Ya en diciembre de ese año, se confirmó la decisión de archivo desestimando los recursos de las partes acusadoras, quienes persistieron en su estrategia legal y volvieron a acudir a la Audiencia de Valencia. Finalmente, el tribunal provincial ordenó abrir juicio oral al estimar que no podía negarse a las acusaciones esa posibilidad mientras existiera una valoración razonable de la existencia de delitos según su criterio.

Sobre este punto, la Audiencia subrayó en su auto —según recopiló Europa Press— que la declaración emitida en su momento por el juez de instrucción para motivar el sobreseimiento resultaba incompatible con sus propios argumentos y contenía una “manifiesta incongruencia”, al considerar que se contradicen los razonamientos del instructor con los hechos y valoraciones incorporadas en la instrucción.

En el trasfondo del caso, se debate la gestión interna que se habría producido en el seno de la Conselleria de Igualdad respecto a la denuncia de abusos sexuales de una menor tutelada y la respuesta administrativa y profesional del equipo directivo y técnico implicado. Según informó Europa Press, las acusaciones sostienen que existió una conducta deliberada de encubrimiento para proteger al entonces funcionario implicado, con distintos niveles de responsabilidad para cada uno de los procesados.

De acuerdo con las actuaciones judiciales, queda ahora pendiente la presentación de los escritos de defensa, el señalamiento de vistas y la evolución del proceso en la jurisdicción penal ordinaria, con una responsabilidad en discusión que abarca tanto a los funcionarios individuales como a la administración autonómica.

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos (23) salió de fiesta a un boliche de San Miguel de Tucumán para celebrar que había aprobado una materia, sin imaginar que nunca volvería a su hogar. Desde ese entonces, su padre, Alberto Lebbos, exige justicia por la tortura seguida de muerte que sufrió su hija. Un caso que, según aseguró, sigue estancado por ciertas maniobras de encubrimiento por parte del poder.

Esa noche, la estudiante había ido a bailar al boliche “Gitana”. De allí, se fue en un remis con su amiga y compañera de la carrera de Comunicación Social, Virginia Mercado, quien declaró que regresó a su casa, mientras que Paulina se dirigía a la casa de su ex pareja.

De acuerdo con la investigación, Mercado habría sido la última persona que la vio con vida. O eso se creía, ya que en diciembre del año pasado confesó que había mentido luego de que detectaran incongruencias en su relato.

Quedó imputada por encubrimiento agravado y a la espera de que se defina si podrá acceder a un juicio abreviado y, por ende, a una reducción en su condena por aceptar la responsabilidad del delito. “Le pedí que diga la verdad”, recordó Lebbos sobre el reencuentro que tuvieron en la audiencia. Aunque fue de forma virtual, debido a que la acusada alegó estar enferma y se conectó desde Salta.

“Hace 20 años que seguimos luchando”, lamentó Alberto al haberse cumplido dos décadas del crimen, sin que ninguno de los responsables fuera condenado. En este contexto, se regirió a la falta de avances como una “catástrofe jurídica” y denunció que la falta de verdad sería producto de un entramado de poder para proteger a los autores.

En todo este tiempo, recién la semana que viene serán llevados a juicio los principales sospechosos del crimen: Víctor César Soto y Sergio Hernán Kaleñuk. Soto es la ex pareja de la víctima, con quien tenían una hija en común, mientras que Kaleñuk es conocido por ser el hijo del secretario de José Alperovich, el ex gobernador tucumano condenado por abuso sexual.

El inicio de la instancia oral estaba previsto para el próximo lunes 2 de marzo. Sin embargo, Alberto anticipó en un diálogo con Infobae que este podría ser aplazado por un reciente cambio de fiscal. “Sigue funcionando esta estructura de impunidad”, acusó al señalar que “lo hacen todo a la sombra”.

De hecho, un día antes de cumplirse otro año del asesinato de su hija, contó que se había enterado de que Raúl Antonio Ferreira, uno de los altos funcionarios que había sido imputado por falso testimonio, había sido sobreseído. “Siento una conmoción, mucha emotividad”, reconoció.

Al momento del crimen, Ferreira era el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán. En 2023 habían solicitado la elevación a juicio por esta causa, pero el 25 de febrero de este año, el juez Raúl Cardozo del Juzgado de Instrucción Conclusional II decidió sobreseerlo.

Según la resolución a la que accedió este medio, la defensa, representada por el abogado Álvaro Ricardo Zelarayán, había solicitado que la acción penal fuera declarada extinta, por haber prescripto el plazo previsto para este tipo de delitos.

Anteriormente, se había realizado un juicio en 2018, en donde resultaron condenados varios altos funcionarios por encubrimiento. Entre ellos, el ex jefe de Policía de Tucumán, Hugo Rubén Sánchez; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Oscar Di Lella; el ex subjefe de la fuerza, Luis Nicolás Barrera; y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito.

Como parte de ese proceso, se ordenó investigar a más de treinta personas, que presuntamente habrían colaborado con el encubrimiento del crimen, aportado falsos testimonios o, en el caso de los funcionarios públicos, incurrido en el abuso de autoridad. De la cúpula del poder provincial, el nombre más resonante fue el de Alperovich.

A ocho años de ese fallo, tres de las personas investigadas admitieron su responsabilidad en los delitos que les atribuyeron y accedieron a juicios abreviados. El primero de ellos fue Jorge Hernán Jiménez, quien era un amigo cercano de Soto y quedó detenido en marzo de 2018 por falso testimonio.

Luego de que se llevara a cabo una investigación en su contra, en marzo de 2025, la defensa, también representada por Zelarayán, accedió al juicio abreviado. Así, fue condenado a cumplir una pena de dos años de prisión condicional.

En julio de ese mismo año, el ex subjefe de la Unidad Regional Norte, Vicente Francisco Picón, reconoció su responsabilidad de haber sido “autor voluntario y responsable del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública”. Por esto, solo le dieron dos años de prisión condicional.

Por último, el ex jefe de Inteligencia, Fernando Rodolfo Maruf, también fue condenado por el delito de “encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración pública”. No obstante, recibió una pena de tres años de prisión condicional y le ordenaron realizar un curso en Derechos Humanos y otro en Violencia de Género.

Frente a la cantidad de años que la Justicia impuso en cada uno de estos casos, Lebbos sostuvo que “se tienen que agravar las condenas para los funcionarios públicos que cometieran delitos”.

Al mismo tiempo que espera conocer para finales de esta semana el destino de los procesos en contra de, por un lado, Soto y Kaleñuk, y, por el otro lado, Mercado, el padre de Paulina confirmó que este jueves encabezará la marcha por Justicia que realizan todos los años en la Plaza Independencia de la capital tucumana. La convocatoria será a partir de las 17:00 horas.

Pese a los años que pasaron, Alberto reconoció que en estas fechas lo llevan a revivir todo el dolor que sufrió durante esos días. “Es como que todos los recuerdos aterrizan en tu corazón y en tu alma”, ilustró al asegurar que toda la familia Lebbos se encuentra más sólida que nunca, con el fin de lograr que los responsables del crimen de Paulina cumplan su condena correspondiente.

Desde mediados de octubre, las autoridades de Mar del Plata siguen los pasos de una banda acusada de realizar entraderas en la zona que, hasta el momento, derivó en la detención de cinco personas. No obstante, este martes la lista sumó a un nuevo detenido, un hombre de 49 años, quien tenía en su poder varios elementos robados y armas de fuego.

Como parte de la investigación comandada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 13, se logró identificar a M. A. M., una de las personas que eran buscadas por presuntamente ser parte de “La Banda del Pabellón”. El sospechoso circulaba en un Fiat Argo, que registraba un pedido de secuestro activo por hurto automotor desde el 26 de octubre de 2025.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el vehículo tenía autopartes marcadas con una patente diferente a la que mostraba, al indicar que en el interior había un matafuegos que estaba vinculado a una Ford Ecosport también reportada como robada el 21 de enero de 2025.

En el domicilio allanado, las autoridades confirmaron el secuestro de un juego de ollas celestes Rumania, una mesa con cuatro sillas, una radio Vintage Stop House, un parlante JBL, una armónica Magma, cuatro pendrives y un estuche de lapicero con las iniciales C. A., que corresponderían a un masculino. Así, se constató que los elementos habían sido sustraídos el 17 de septiembre de 2023 de un domicilio ubicado en Sierra de los Padres.

De la misma forma, incautaron relojes, herramientas, llaves de viviendas y vehículos, tarjetas de memoria, tarjetas SIM, 13 municiones calibre 9 mm, 4 municiones calibre .32, 17 municiones calibre .38, 52 municiones calibre .22, 3 cartuchos 12/70 rojos y perfumes. Además, hallaron cuatro chapas patentes, tres teléfonos celulares, una balanza y un jeep azul a batería, denunciado como robado.

A partir de esto, el fiscal a cargo de la investigación dispuso la aprehensión de M. A. M. por los delitos de robo agravado en dos hechos y encubrimiento, así como el secuestro de todos los objetos, ya que no se pudo acreditar su procedencia. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

La investigación se abrió producto de la denuncia que realizó una familia, tras haber sido asaltada en su vivienda durante la madrugada del 12 de octubre. Según relataron las víctimas, cuatro hombres armados y con los rostros cubiertos ingresaron al domicilio mientras dormían. Los asaltantes habían accedido por una ventana balcón y redujeron a los residentes, entre ellos un bebé de pocos meses.

Tras irrumpir en el inmueble, la banda registró las distintas habitaciones y se apoderó de USD 4.000, $200.000 y objetos cuyo valor aún está siendo determinado. Al momento del robo, la vivienda no contaba con cámaras de seguridad ni alarma, y las víctimas no realizaron ningún llamado al 911.

A pesar de la violencia de la situación, la familia no resultó lesionada y no pudo identificar a los responsables. No obstante, el personal policial llegó al lugar tras el aviso y solicitó la presencia de la división científica para realizar peritajes.

Luego de esto, la causa derivó en la identificación y detención de P. E. A. (23), T. I. L. (22), S. M. I. (75), V. V. N. (21) y O. N. J. (31). Todos ellos fueron capturados durante una serie de allanamientos, en donde también secuestraron un revólver, 16 municiones del mismo calibre, 14 precintos plásticos, 4 teléfonos celulares, una barreta, un mazo, una pinza tijera de corte, 2 pares de zapatillas, 2 pantalones, 2 cámaras, un buzo y 1,003 kg de cogollos de marihuana.

Al mismo tiempo que se confirmó que las zapatillas pertenecían a una de las víctimas, se hallaron las prendas que la banda había utilizado en la entradera. Asimismo, indicaron que la mujer de 75 años había sido detenida por tenencia de arma de fuego, pero luego fue liberada.

Pese a los avances en la investigación, las autoridades confirmaron que todavía continuaría prófugo un joven de 20 años, identificado como D. L. J., quien no logró ser ubicado en los procedimientos que se realizaron anteriormente.

El tribunal provincial consideró que, ante la posibilidad razonable de que los hechos relatados pudieran encajar en una conducta delictiva, el instructor no podía impedir a las acusaciones el acceso a un juicio oral. Así lo determinó la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia al resolver los recursos presentados por las acusaciones populares en el caso conocido por el supuesto encubrimiento de agresiones sexuales a una menor tutelada, hechos atribuidos al exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. De acuerdo con la información publicada por el medio, la decisión implica que Oltra y varios miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad deberán responder ante la justicia en el marco de este proceso.

Según detalló la Audiencia Provincial de Valencia, la investigación había sufrido distintas fases, incluyendo archivo y reaperturas. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, en su momento, optó por archivar el procedimiento en el año 2024, alegando la ausencia de indicios delictivos, una posición compartida por la Fiscalía. Sin embargo, la situación cambió cuando las acusaciones Vox y Gobierna-te recurrieron dicho archivo. El órgano judicial, al revisar los recursos, ordenó reabrir la causa, lo que llevó al juez instructor a continuar con el procedimiento en cumplimiento de la decisión de la instancia superior.

Durante el año 2025, el órgano instructor volvió a analizar el caso y dictó un nuevo sobreseimiento provisional, negándose nuevamente a abrir juicio oral. Este criterio fue ratificado en diciembre de ese año, luego de analizar y rechazar los recursos adicionales que las acusaciones presentaron tras la segunda decisión de archivo. No obstante, las acusaciones populares volvieron a presentar recurso ante la Audiencia Provincial, que en su reciente resolución estimó sus argumentos y ordenó dar inicio al juicio oral.

La Audiencia fundamentó su decisión en el principio de tutela judicial de las partes, considerando que, mientras las acusaciones valoren de manera razonada que los hechos denunciados podrían calificarse como delito, no corresponde limitar la apertura del juicio oral. El medio consignó que este razonamiento marcó la diferencia respecto a las decisiones previas de archivo, ya que, según el tribunal, el instructor no podía impedir el desarrollo del proceso si existía base suficiente en los indicios para considerar la posible existencia de responsabilidad penal.

La exvicepresidenta Mónica Oltra y su equipo de la Conselleria de Igualdad durante el anterior gobierno del Botànic figuran como principales imputados en este caso. Todo ello en el contexto de la investigación iniciada por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el exmarido de Oltra contra una menor que estaba bajo la tutela de la administración autonómica. Según reportó el medio, la apertura de juicio oral representa el avance más significativo en este proceso desde que las primeras denuncias llegaran a los tribunales, confrontando los criterios del juez instructor y de la Fiscalía, quienes defendieron en varias ocasiones la falta de ilícito penal en la actuación de los funcionarios investigados.

La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia recalca que corresponde al tribunal de enjuiciamiento, durante la fase de juicio oral, determinar si los hechos examinados revisten o no carácter delictivo. Esta interpretación deja en manos de la próxima instancia procesal la valoración definitiva sobre la existencia de delito, permitiendo así la continuación de la causa según el marco normativo y procesal aplicable. La decisión respondía a la persistencia de las acusaciones populares, que sostuvieron a lo largo del proceso que existían elementos suficientes para llevar a juicio a los responsables políticos y administrativos implicados, y recurrieron en todas las fases de archivo.

La causa estudiada involucra a Mónica Oltra en su cargo de exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad, junto a las actuaciones de varios de sus colaboradores, por supuestas omisiones y encubrimientos en el tratamiento institucional de los abusos denunciados. La acusación sostiene que pudo producirse una gestión orientada a evitar la responsabilidad de la administración, lo que justificaría el proceso penal. El medio informó que, tras la última intervención de la Audiencia Provincial, se despeja el camino para la realización del juicio, pese a las decisiones previas de archivo y a la doble negativa del instructor para avanzar con la acusación.

Con este desarrollo, se activa una nueva etapa en el procedimiento judicial, en la que Oltra y su equipo deberán responder a las imputaciones formuladas por las acusaciones populares, ante la sospecha de encubrimiento y otros posibles delitos derivados de la gestión institucional de los hechos. Según publicó el medio, este avance procesal tendrá lugar tras una sucesión de recursos y resoluciones contrapuestas entre el órgano instructor y las instancias de revisión de la Audiencia Provincial. La atención ahora queda centrada en la evolución del juicio oral, que determinará las eventuales responsabilidades de los investigados.

Cuestionamientos sobre los sistemas de alerta internos del Ministerio del Interior en casos sensibles cobraron notoriedad tras las declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), quien planteó dudas acerca de los procesos de autocontrol y autoinspección en la cartera a raíz de la gestión del caso del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Según informó el medio, Maíllo reclamó examinar si existió algún tipo de encubrimiento en relación con la denuncia por presunta agresión sexual interpuesta por una agente contra González y cuya existencia permaneció desconocida en los círculos públicos hasta fechas recientes.

De acuerdo con lo consignado por los periodistas presentes, el también candidato de la coalición 'Por Andalucía' a la presidencia de la Junta expresó sorpresa por el retraso en la difusión de la denuncia, remarcando que han transcurrido meses desde la presentación y aún así "no se supiera hasta ayer". Este dato, según Maíllo y reporta la fuente, pone en entredicho la capacidad de las instancias más altas del Ministerio para identificar y abordar incidentes de esta gravedad en el seno del cuerpo policial nacional.

Tal como detalló el medio, el líder de IU abordó la cuestión durante una atención a medios ofrecida en Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde insistió en la necesidad de inspeccionar los protocolos internos del Ministerio del Interior, especialmente considerando sus competencias compartidas con Defensa en la administración de los servicios de información. A juicio de Maíllo, resulta imprescindible dilucidar por qué no se detectó y gestionó en tiempo esta situación en una figura de tan elevada responsabilidad de la Policía Nacional.

En sus declaraciones, Maíllo instó a "investigar hasta el fondo para saber si hubo encubrimiento, si hubo cómplices también en el alto mando", según registró el medio. El dirigente de IU se refirió asimismo a la posibilidad de que algunos responsables no sólo hayan encubierto los hechos denunciados, sino también que hayan intentado intervenir para que el asunto no trascendiera, subrayando la demanda de transparencia en torno a los actos y posibles omisiones de las autoridades policiales involucradas.

El medio relató que Maíllo sostuvo la importancia de "dirimir todas las responsabilidades hasta el final de un caso que es absolutamente rechazable", argumentando que el episodio afecta directamente al "núcleo principal de la Policía Nacional", especialmente si llegan a confirmarse las sospechas de encubrimiento institucional. De acuerdo con el dirigente, corresponde actuar con "toda la contundencia en función de las conclusiones que se diriman", al tiempo que pidió "mantener toda la prudencia al respecto" durante el avance de las investigaciones.

Las reflexiones del coordinador federal de IU abren un debate público acerca de los posibles fallos estructurales en la supervisión interna del Ministerio del Interior, así como del alcance de las responsabilidades administrativas en situaciones que involucran a altos cargos policiales. Según lo publicado, Maíllo contextualizó la gravedad de este caso en el hecho de que implica a líderes de la jerarquía policial, por lo que insistió en que toda la estructura implicada quede sujeta a escrutinio.

El escándalo planteado en torno a la presunta agresión y el conocimiento tardío de los hechos sitúa el foco sobre la efectividad de los mecanismos de control dentro del Ministerio, y la respuesta institucional frente a denuncias que puedan involucrar conductas delictivas al interior de la cúpula policial. IU, según reiteró su líder, plantea así la exigencia de esclarecer si hubo elementos dentro del alto mando que, más allá de omitir información, emprendieron acciones para ocultarla, lo que otorgaría una dimensión aún más compleja al episodio.

A raíz de estos hechos, el seguimiento de la investigación por las instancias competentes toma relieve nacional, constituyendo objeto de demanda social por el esclarecimiento completo de las responsabilidades y por la revisión de los procedimientos que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en casos de esta naturaleza.

La investigación en torno a la retención ilegal de una mujer que figuraba como desaparecida en Murcia incluye, además de al principal sospechoso, a dos personas más bajo investigación por un presunto delito de encubrimiento, quienes recibieron la libertad provisional tras ser arrestadas. Según informó Europa Press, el caso ha avanzado con la presentación ante el juez del hombre acusado de privar de libertad a la víctima durante dos años, junto a una mujer identificada como su colaboradora directa, luego de finalizar la custodia policial.

Ambos detenidos salieron de las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional hacia las 8:45 de la mañana, cuando quedaron a disposición del juzgado que atiende asuntos de violencia de género en la ciudad. De acuerdo con Europa Press, la víctima había sido reportada como desaparecida y su localización se logró después de un operativo policial que derivó en la detención de cuatro personas en total. El principal acusado enfrenta cargos asociados a violencia de género y la principal encubridora se encuentra igualmente sujeta a investigación por su implicación en los hechos.

El medio Europa Press detalló que, de las cuatro personas que resultaron arrestadas durante la operación, dos recuperaron la libertad pero continúan en el proceso legal, sujetas a diligencias penales por supuestamente haber encubierto la retención. La investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad de estos dos individuos que permanecen en libertad, así como la neutralización de cualquier otra posible línea de actuación de encubrimiento.

En cuanto a los hechos, el principal sospechoso habría mantenido privada de libertad a la mujer en una situación que, según consignó Europa Press, se prolongó durante dos años, implicando un control efectivo y sostenido sobre la víctima. El caso es tramitado por el juzgado de violencia sobre la mujer, dada la naturaleza de los delitos imputados al acusado central, que se circunscriben al ámbito de la violencia de género y podrían acarrear penas significativas en función del desarrollo procesal.

La Policía Nacional señaló que los detenidos permanecieron bajo custodia en la Jefatura Superior hasta ser trasladados al tribunal competente para la toma de declaraciones y las decisiones preliminares sobre medida cautelares. La situación procesal de los encubridores que quedaron en libertad dependerá del avance de la investigación y de las pruebas que se obtengan en el proceso judicial, tal como reiteró Europa Press.

Las autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer el grado de implicación de los diferentes acusados en la desaparición y posterior retención de la mujer. Mientras tanto, la víctima recibió atención especializada tras su localización, de acuerdo con la cobertura de Europa Press, y el caso mantiene la atención de los organismos dedicados a la protección de las personas afectadas por delitos de violencia de género en la región.

El juzgado de violencia sobre la mujer determinará los siguientes pasos del proceso y la situación jurídica de los implicados, mientras se espera la resolución en torno a los delitos de retención ilegal y encubrimiento, según puntualizó Europa Press en referencia a fuentes policiales y judiciales relacionadas con el caso.

Virginia Mercado, quien fuera la mejor amiga de Paulina Lebbos, reconoció en en las últimas horas durante una audiencia virtual que obstruyó a la justicia con mentiras y omisiones clave sobre el caso de la joven que fue torturada y asesinada en San Miguel de Tucumán en febrero de 2006. La confesión se produjo en el marco de un juicio abreviado que contó con la presencia del fiscal, la defensa y el juez Patricio Prado.

Durante el encuentro, Mercado admitió el hecho tras un acuerdo entre la fiscalía y su defensa, aceptando la responsabilidad por el delito de encubrimiento agravado. Meidos locales indicaron que la imputada, quien había sido la última persona en ver con vida a Lebbos, respondió de forma escueta ante el magistrado y manifestó que “no” agregaría nada más al respecto.

Tras la confesión, el juez Prado dispone ahora de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre el acuerdo. Se espera que la pena para Mercado sea de tres años de prisión de ejecución condicional, dado que la acusada admitió su responsabilidad en la causa.

El hecho que motivó la imputación se remonta al juicio oral de 2018, donde Mercado declaró en condición de testigo y proporcionó información falsa acerca de los horarios de salida del departamento que compartía con Lebbos, además de negar conocer a César Soto, ex pareja de la víctima y principal sospechoso en la investigación. Según la acusación, tales respuestas constituyeron una “conducta deliberada” y no simples olvidos asociados al paso del tiempo.

Los abogados defensores de Mercado recomendaron que reconociera las mentiras y omisiones, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el carácter sensible del caso para la sociedad tucumana. 

El caso

Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006 y el 11 de marzo de ese año, el cuerpo de la joven fue hallado en la ruta 341, camino a Raco, lugar donde las pericias confirmaron que fue arrojada el mismo día que fue asesinada.

Ese 26 de febrero después de haber ido a bailar al boliche “Gitana”, Paulina se subió a un remise Fiat Duna junto a una amiga, quien se bajó a mitad de camino. Ella, según se cree, siguió viaje hacia la casa de César Soto, la pareja y padre de su única hija. Pero nunca llegó. Su padre que era subsecretario de la Juventud, hizo la denuncia esa noche.

Casi dos semanas después, dos hermanos encontraron el cuerpo de Paulina al costado de la ruta 341. Sin embargo, en lo que fue el primer eslabón de una serie de cadena de complicidades en la pesquisa, la Policía alteró las actas del procedimiento para informar que el hallazgo lo habían hecho efectivos de la comisaría de la zona a través de un rastrillaje.

Por el caso se realizaron dos juicios y fueron condenados por encubrimiento el exjefe de Policía de Tucumán, Hugo Sánchez, los exfuncionarios Eduardo Di Lella (exsecretario de Seguridad); Nicolás Barrera (exsubjefe de la fuerza); y Héctor Rubén Brito (extitular de la Unidad Regional Norte).

También detuveron al ex fiscal Carlos Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación por el crimen y fue condenado en diciembre del 2021 a seis años de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Eso sí, el fallo tenía una singular aclaración: “tener especial consideración” de que no “comparta espacios comunes” con presos ni estar “en comisaría”. En 2023, finalmente,lo arrestaron y fue trasladado a un penal.

El 8 de mayo de 2024, agentes localizaron el cuerpo de un hombre de 51 años, parcialmente envuelto en bolsas de plástico y enterrado en una huerta de Granda, una localidad perteneciente al concejo de Siero, Asturias. La víctima había desaparecido mes y medio antes, tras una disputa familiar que tuvo lugar en una residencia del mismo entorno. De acuerdo con la cobertura realizada por la Fiscalía del Principado de Asturias y reportada por Europa Press, el principal acusado admitió ante la Fiscalía haber apuñalado mortalmente a su tío político durante aquella discusión.

Europa Press detalló que el autor de los hechos aceptó este viernes una condena de 12 años de prisión y cinco años bajo régimen de libertad vigilada. Además, deberá indemnizar a la familia de la víctima con una suma de 390.000 euros. El procedimiento judicial incluyó también a un hermano y un primo del homicida. Ambos reconocieron haber participado en el encubrimiento, la alteración de pruebas y la destrucción del teléfono móvil de la víctima. El hermano ha sido condenado a pagar 4.000 euros por el encubrimiento del crimen, sin pena de privación de libertad, mientras que el primo ha aceptado una condena de un año de prisión y una indemnización de 2.000 euros, con suspensión de la ejecución de la pena.

La Fiscalía del Principado constató que los hechos se desencadenaron después del consumo de alcohol y de una discusión en la vivienda familiar. La investigación policial dio inicio el 26 de marzo de 2024, motivada por la denuncia presentada por la pareja del fallecido ante la desaparición repentina.

Según consignó Europa Press, los tres acusados reconocieron los hechos y mostraron conformidad con las acusaciones del Ministerio Público. De este modo, evitaron la celebración de un juicio oral, lo que condujo a una resolución más rápida del caso en el ámbito judicial.

El desarrollo de la investigación reveló que, tras la agresión mortal, el principal acusado recibió la colaboración inmediata de su hermano y su primo para ocultar el cadáver, trasladarlo a una finca de su propiedad y enterrarlo en el huerto, con el objetivo de dificultar el hallazgo por parte de las autoridades. También intervinieron en la manipulación de pruebas materiales, entre ellas la eliminación del teléfono móvil del fallecido, según la Fiscalía del Principado, lo que retrasó la localización del cuerpo.

Europa Press informó que la suma de 390.000 euros acordada como indemnización será destinada a resarcir a la familia directa de la víctima, mientras que las cuantías impuestas al hermano y al primo corresponden a las penas accesorias por los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. La suspensión de la pena de prisión para el primo está supeditada al cumplimiento del abono de la indemnización y la ausencia de nuevos delitos durante el plazo establecido.

El hallazgo del cadáver en la finca de Granda puso fin a semanas de incertidumbre y permitió avanzar en los trámites judiciales, al confirmarse las sospechas iniciales y robustecerse la acusación contra los implicados. Los investigadores destacaron que el cuerpo estaba envuelto en bolsas de plástico, enterrado de forma superficial en el huerto, lo que facilitó su recuperación e identificación posterior.

La conformidad de los acusados permitió agilizar el procedimiento, dado que todos asumieron plenamente su responsabilidad en los hechos y renunciaron a la celebración del juicio oral, tal como reportó Europa Press. Según la Fiscalía del Principado de Asturias, los elementos probatorios recabados durante la instrucción del caso resultaron determinantes para lograr un acuerdo de reconocimiento de los hechos y multas accesorias, poniendo fin a uno de los delitos de mayor impacto social en la región durante el primer semestre de 2024.

*Discurso completo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, pronunciado en la DAIA

Nos convoca hoy este homenaje por un nuevo aniversario del asesinato del Fiscal Federal, Natalio Alberto Nisman.

Pero este onceavo aniversario de su magnicidio no es un aniversario más.

Es un aniversario en el que la realidad mundial y nacional -me refiero concretamente a lo que se ha puesto al descubierto recientemente respecto del régimen totalitario de Chavez y Maduro en Venezuela y a lo que está pasando con el régimen teocrático de los ayatollah en Irán, con más las diferencias del alineamiento geopolítico de nuestro país al momento del asesinato de Nisman respecto del actual-, decía que esa realidad ha venido a reivindicar el trabajo de Alberto Nisman, han venido a poner en valor y en el lugar en el que debe estar su legado; ha venido a explicar también el propósito de aquello por lo que Alberto Nisman puso todo en riesgo hasta perder su propia vida.

Ese propósito del que hoy la mayoría de los argentinos en alerta somos atentos guardianes y férreos defensores en el escenario local e internacional, no es ni más ni menos que la lucha contra el terrorismo. La lucha contra quienes mediante el uso de la fuerza, el odio, la violencia y el temor pretenden imponer sus ideas, su pensamiento único y totalitario ya sea en materia política, ideológica o religiosa, desestabilizando las estructuras políticas y sociales básicas y fundamentales a través de acciones violentas que atentan directa e indiscriminadamente contra la vida, la libertad, la propiedad y la dignidad de las personas.

Ese propósito se trata entonces y en definitiva de la lucha contra el terrorismo en pos de la preservación de la humanidad.

Por eso, como lo dije en este mismo lugar, el año pasado al conmemorarse los 10 años de su fallecimiento, en mi opinión, el principal legado que el Fiscal Alberto Nisman y su muerte nos dejó es: que el odio ínsito en la matriz terrorista y el miedo que con sus acciones fomenta, no puede ni debe condicionarnos y mucho menos silenciarnos, como pretendieron hacerlo con su labor, su propósito y su razón hoy más presente y vigente que nunca. Aún cuando con su asesinato pensaron que lograrían silenciarlo y erradicar, con ello, para siempre los avances de su trabajo en pos del esclarecimiento del atentado terrorista que estaba investigando.

Todo lo contrario.

Su crimen provocó el inmediato repudio y reclamo de justicia de la comunidad toda, en el plano nacional e internacional. Fueron muchos los que salieron espontáneamente a expresarse en las calles, hasta llegar a aquella marcha de los paraguas bajo la lluvia torrencial en la ciudad, paradójicamente llamada desde la organización “marcha del silencio”. Digo paradójicamente, pues si bien es cierto que marchamos en silencio, por respeto al luto y a la memoria del fiscal fallecido, promoviendo así un espacio de reflexión por la tragedia sucedida, ese mismo silencio -muy distinto al que pretendieron imponernos con su asesinato- produjo un ruido ensordecedor, un ruido atronador.

A tal punto fue que, a los pocos días, la inmensidad del impacto social y político provocado por esa multitudinaria marcha derivó en un espasmódico discurso que muchos recordarán.

Discurso en el que, de un modo cuasi confesional se puso al descubierto el ánimo del gobierno de turno en ese momento de silenciar, por un lado, y condicionar en modo amenazante, por el otro, a todos los que nos animamos a marchar en reclamo por el esclarecimiento de la muerte del Fiscal. Sin acusar a nadie, sólo pedíamos una investigación seria e independiente.

No olvidemos las literales palabras pronunciadas en aquel febrero de 2015 en el Patio de Las Palmeras de la Casa de Gobierno con un dejo sentenciante, cuando en referencia a quienes marchamos se dijo: “A ellos les dejamos el silencio. Siempre les gustó el silencio … es o porque no tienen nada que decir, o porque realmente no pueden decir lo que piensan.”

Hoy a 11 años de aquellos hechos podemos afirmar que esa sentencia de pretenso silenciamiento -dada sin juicio previo- gracias a la sabiduría y valentía de la mayoría de los argentinos nunca llegó, nunca se concretó. Nunca nos quedamos con el silencio. Porque nos expresamos sin temor, sin miedos, sin condicionamientos de ninguna naturaleza.

Lo hicimos democráticamente, como corresponde, a través del voto en las urnas, eligiendo primero y reafirmando luego el apoyo, a un proyecto de gobierno que tiene bien en claro los valores que por sobre todas las cosas defendemos los argentinos y que, por ende, tiene bien en claro también de qué lado del mundo queremos estar.

Que indiscutidamente es del lado de los países que luchan por un mundo libre, que luchan por la preservación de la humanidad, reivindicando los valores de la vida y la libertad.

Es, sin duda, del lado de los países que coherentes con ello, no se asocian, no negocian, ni se alían con el terrorismo. Más aún, es del lado de todos aquellos países que accionan contra el terrorismo, contra todos aquellos regímenes de gobierno totalitarios que lo amparan y promueven.

Estado de las causas

Dicho esto y yendo concretamente a los aspectos que puntualmente el Licenciado Berenstein me transmitió que eran de interés abordar en este encuentro, esto es, conocer el estado de situación en el que actualmente se encuentran las investigaciones judiciales en pos del esclarecimiento del atentado terrorista sufrido contra esta sede de la AMIA-DAIA en 1994, de la denuncia de encubrimiento de ese atentado realizada por Nisman a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán y del suceso que puso fin a la vida del Fiscal no puedo adentrarme en ello, sin antes señalar que:

En realidad, esos tres sucesos son la trilogía de una misma saga de matriz terrorista en tanto que, tal como lo dijo ya la justicia, el episodio culmine y estelar cuyo homenaje hoy nos ocupa: el asesinato del Fiscal Nisman sólo se explica comprendiendo los dos anteriores capítulos de esa trilogía, que son: 1) Su investigación del atentado terrorista del 18/7/1994; y2) Su denuncia por encubrimiento y traición a la patria a causa de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

“Una comprensión íntegra de los hechos exige su análisis conjunto, y no un examen aislado de los mismos”.

Causa AMIA

Sabemos que el 25/10/2006 Alberto Nisman, en cuanto fiscal exclusivamente a cargo de la responsabilidad del esclarecimiento de ese atentado terrorista designado a cargo de lo que se llamó la UFI AMIA en el año 2004, a 10 años de acaecido el atentado, presentó en la causa judicial, su acusación formal al gobierno de la República Islámica de Irán y señaló al grupo terrorista Hezbollah como la organización encargada de la ejecución material del atentado, solicitando así la captura internacional de ocho exfuncionarios iraníes.

Tres años después, estableció la identidad del jefe del grupo operativo que ejecutó el atentado, sobre quien también se dictó captura nacional e internacional y la máxima prioridad de búsqueda de Interpol.

El 29 de mayo de 2013, Nisman presentó otro dictamen en el que detalló la infiltración de células de origen iraní en la región y la instalación de estaciones de inteligencia y bases de espionaje destinada a cometer, propagar y fomentar atentados terroristas.

Podemos que hoy la causa AMIA se encuentra en condiciones de llevar a juicio oral y público de manera testimonial a aquellos acusados y esto es gracias a la flamante sanción y vigencia de la Ley 27.784, Ley de Juicio en Ausencia sancionada por el Congreso de la Nación en el mes de marzo de 2025 al aprobar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional. Proyecto de Ley a cuyo impulso se había comprometido el Poder Ejecutivo en el comunicado emitido el año pasado al cumplirse los 10 años del asesinato del Fiscal Nisman.

Allí expresamente se dijo que “el Presidente Javier Milei reafirmaba su compromiso de procurar que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, para lo cual ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley de Juicio en Ausencia, que asegura que los responsables del peor atentado de la historia en suelo argentino no queden impunes”.

Consecuente con ese compromiso asumido y demostrando que el esclarecimiento y condena a los responsables de aquel atentado es una verdadera política de Estado para este gobierno, se obtuvo en el mes de marzo del año pasado su aprobación en el ámbito legislativo.

Esta herramienta que era una deuda pendiente de la democracia con las víctimas y la sociedad, se trata de un instrumento, una herramienta procesal que permitirá juzgar a los iraníes y libaneses acusados por el Fiscal Alberto Nisman -allá por el año 2006-, sin que la reticencia de dichos acusados de presentarse ante la justicia de nuestros Tribunales pueda obstruir el pronunciamiento judicial al que tienen derecho las víctimas de conocer la verdad de lo sucedido y a sus responsables, ni garantizar su impunidad sine die, como así tampoco, frenar el avance de la investigación hacia el esclarecimiento de otros tramos de la organización, planificación y ejecución del hecho respecto de lo que fue la conexión local.

Efectivamente, el 26/6/2025, el juez federal, Daniel Rafecas declaró que el proceso judicial instruido por el ataque terrorista a la AMIA habrá de proseguir en ausencia de los acusados, con lo cual confirmó judicialmente la aplicación de la nueva legislación procesal que permite juzgar a personas rebeldes en causas de terrorismo o crímenes de lesa humanidad. En tal virtud, los imputados acusados por Nisman declarados rebeldes hace años, que se encuentran prófugos y que no han respondido a los pedidos judiciales ni a las órdenes de captura deberían ser prontamente llevados en forma testimonial a juicio oral y público por el Fiscal actualmente a cargo de la UFI AMIA, Sebastián Basso.

Denuncia de encubrimiento Memorandum

Con respecto a la causa judicial iniciada con motivo de la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman por los delitos de encubrimiento y traición a la patria con motivo de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán podemos decir que se encuentra también en la antesala del juicio oral y público con motivo de la decisión adoptada por la CSJN el 5/12/2024.

Luego de muchas idas y venidas, de más de 10 años de trámite en el que hubo todo tipo de pronunciamientos y posturas en las distintas instancias de la justicia, no olvidemos los primeros conflictos en los que se disputaban qué juez debía intervenir, luego la desestimación por inexistencia de delito inicialmente resuelta por el antes nombrado juez federal Daniel Rafecas, confirmada por la Cámara Federal, y que llevada a la instancia de Casación no pudo ser revisada dado que el fiscal de esa instancia, el Dr. Javier De Luca no mantuvo el recurso, no mantuvo la casación, intentando sellar con ello el archivo ese expediente. Luego el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 8 de CABA. La intervención de las Salas I y IV de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la situación.

Lo cierto y concreto es que de no haber sido por la acción e impulso de las querellas de la DAIA y de parte de los familiares de las víctimas del atentado Luis Cycewsky y Mario Averbuch esa denuncia no hubiera visto la luz y no hubiéramos llegado a esta instancia en la que desde el pasado 5/12/2024 en que la CSJN se pronunció –día del cumpleaños N.º 61 de AN– se encuentra esperando que se concrete el juicio oral y público capaz de definir la suerte de quienes orquestaron ese Pacto de Impunidad. Y del trabajo que, como dijo la justicia, le costó la vida al Fiscal.

Pacto de Impunidad con el que el gobierno de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner intentó sustraer a los acusados del atentado terrorista más grave sufrido en Argentina de la soberanía de nuestros Tribunales de Justicia. Como se sostuvo en el comunicado de la oficina presidencial el año pasado “un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria”.

Recordemos que el art. 109 de la Constitución Nacional claramente establece que el Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes: la causa AMIA era una causa pendiente.

Así tenemos que hoy día la denuncia del Fiscal Nisman se encuentra esperando que en las áreas administrativas correspondientes del Poder Judicial se concrete la dotación de personal que los tres jueces de Tribunal Oral designados, Basso, Giménez Uriburu y Ríos han planteado que necesitan para poder llevar adelante el juicio.

Homicidio

Respecto de la muerte del Fiscal -como sabemos- la justicia argentina se pronunció hace ya algunos años afirmando lo que fue probado en el expediente judicial: y es que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio que estuvo íntimamente vinculado a su trabajo como fiscal a cargo de la UFI AMIA.

“Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI–AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán.” Sosteniendo a renglón seguido que se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron.

Su asesinato fue el final del silenciamiento que se intentó imponer a Nisman, ahora visto para atrás podríamos decir que fue la crónica de una muerte anunciada:En agosto y noviembre de 2012, recibió amenazas muy graves. En febrero de 2013, siguieron las amenazas.En julio de 2013. La entonces procuradora Alejandra Gils Carbó le negó a Nisman concurrir a la Subcomisión de Seguridad del Congreso de los EEUU a exponer sobre su investigación.

Buscaron silenciarlo de todas las formas posibles.

Hoy están imputados los responsables del encubrimiento de su asesinato la entonces fiscal Viviana Fein, el exministro de Seguridad Sergio Berni y su ex segundo Darío Ruiz, los entonces jefes de la Policía Federal, Román Di Santo, y de la Prefectura, Luis Heiler.

El fiscal Taiano a finales del año pasado pidió la indagatoria de Fein, nosotros la querella de la familia la habíamos recusado a los pocos meses del hecho sin éxito ante la Justicia.

Hoy día la investigación se centra fundamentalmente en determinar: los autores materiales e intelectuales de ese asesinato tomando como punto de partida la evidencia reconstruida a partir del tráfico de llamadas inexplicable durante todo ese fin de semana entre agentes de inteligencia, funcionarios del Poder Ejecutivo en particular del Ministerio de Justicia y de Seguridad y de altos funcionarios de la Procuración General de quien dependía funcionalmente Nisman y la Fiscal Viviana Fein quien tenía el deber de investigar aquella muerte de manera independiente, objetiva e imparcial.

Por todo lo hasta aquí dicho, podemos decir que hoy a 11 años del asesinato que conmovió al país y a la comunidad internacional podemos afirmar que estamos bastante más cerca de decir misión cumplida en el esclarecimiento de los tres sucesos y esto es muy importante.

Porque cuando un fiscal que investiga el terrorismo internacional y los entramados de corrupción estructural del poder político de turno que pretende encubrirlo, aparece muerto y 11 años después el Estado no ha dado aún respuestas definitivas, lo que está en crisis no es sólo una causa judicial: lo que queda bajo sospecha es la capacidad misma de la democracia para proteger a quienes cumplen con su deber funcional de investigar y llevar verdad y justicia a las víctimas de atroces atentados terroristas.

Por ello y con ello lo que está en juego, no es una historia personal, no es un tema individual de la familia de Alberto Nisman, ni de cada una de las familias de las víctimas de los atentados terroristas sufridos en nuestro país en los años ‘92 y ’94, sino que lo que está en juego es la fortaleza misma del Estado de Derecho.

Por ello debemos estar atentos y activos con nuestra participación para que ese historial de pretenso silenciamiento que caracterizó aquellos años de la historia reciente de nuestro país con esa tendencia a propagar mediante discursos de odio un pensamiento único y totalitario no vuelva. Sigamos alzando la voz en el reclamo de verdad y justicia en pos del esclarecimiento de estos tres hechos terroristas. Ellos definirán el futuro de nuestro país y su posicionamiento geopolítico a nivel mundial en materia de lucha contra el terrorismo.

El proceso judicial evaluó detenidamente la compra anticipada de materiales usados para ocultar pruebas y el empleo de documentación falsa durante los desplazamientos que siguieron al homicidio. Según publicó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) interpretó estas conductas como componentes de una estrategia planificada por Marta C. H. después de la muerte de la presidenta de su comunidad de vecinos, lo que se tradujo en la imposición de una sanción definitiva de veintidós años de prisión para la acusada. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la resolución del TSJM rechazó toda posibilidad de revisión a nivel autonómico y fijó el fallo más severo tras un exhaustivo análisis del expediente.

La investigación recogió la conclusión de varios informes forenses presentados ante el tribunal, detalló Europa Press, los cuales constataron que la procesada mantenía plena lucidez mental y capacidad de decisión tanto durante la comisión del homicidio como en las actuaciones posteriores. Estos informes sustentaron la valoración judicial respecto a la traslación del cuerpo hasta una escombrera en la provincia de Toledo y el uso de una maleta para ocultarlo, percibiendo en cada uno de estos actos un intento premeditado de entorpecer las labores policiales y dificultar la identificación de la víctima.

En el debate desarrollado durante el juicio oral, la defensa alegó que la muerte obedeció a un accidente y que las acciones subsecuentes fueron el resultado de un estado de pánico impulsivo. Según consignó Europa Press, los magistrados desestimaron enfáticamente esa postura por no existir evidencia de afectación psicológica grave ni de ningún episodio emocional extremo que pudieran justificar una reducción en la responsabilidad penal de la acusada. El tribunal estableció que los hechos probados mostraban una actuación guiada por la anticipación y la voluntad consciente de obstaculizar la investigación, apartando cualquier consideración de reacción emotiva imprevista.

La sentencia analizó, además, la adquisición previa de objetos utilizados para eliminar pruebas y alterar el escenario del crimen. Europa Press informó que estos elementos, sumados a la ocultación del cadáver en un lugar apartado, constituyeron agravantes al evidenciar la intención de impedir la labor de los investigadores y prolongar la incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Los jueces consideraron que tales maniobras formaban parte de una secuencia de acciones deliberadas, interpretando la conducta como contraria a cualquier atenuante por pérdida de control o influencia de factores psicológicos debilitantes.

La pena establecida por el TSJM superó la fijada previamente por la Audiencia Provincial de Madrid, que ascendía a veintiún años y nueve meses de prisión. Europa Press detalló que la fiscalía había solicitado una condena de trece años, mientras que la acusación particular, representante de la familia de la víctima, reclamó una pena de veintiocho años por la reiteración de conductas orientadas a dificultar el trabajo de la justicia. El tribunal no admitió la totalidad de la petición de la acusación particular, aunque sí incorporó la agravante de planificación minuciosa y obstrucción reiterada, fijando la condena en veintidós años.

En cuanto a las relaciones personales entre la acusada y la víctima, Europa Press informó que el tribunal recopiló antecedentes de conflictos y desencuentros previos. No obstante, los magistrados precisaron que estos hechos no influyeron de manera decisiva en la determinación del grado de responsabilidad penal asignado. La valoración judicial descartó que la conflictividad previa resultase trascendente para la calificación de los delitos y la imposición de la condena.

El fallo del TSJM puso fin a las posibilidades de revisión autonómica, al no detectarse irregularidades en el proceso judicial, consignó Europa Press. Los jueces evaluaron la instrucción y la valoración de las pruebas durante el juicio sin identificar defectos procesales que permitiesen a la acusada recurrir en el ámbito regional. De ese modo, la condena de veintidós años quedó consolidada, abarcando los delitos de homicidio y encubrimiento, según reportó Europa Press.

La sentencia enfatizó la gravedad del caso por el conjunto de comportamientos orientados deliberadamente a frustrar el esclarecimiento de los hechos y prolongar la impunidad, según recogió Europa Press. Tanto la ejecución del homicidio como las maniobras posteriores quedaron incluidas en la argumentación del tribunal, que remarcó la existencia de una secuencia planificada y premeditada en todos sus aspectos.

Las valoraciones forenses realizadas durante el proceso permitieron a los magistrados descartar cualquier desorden mental relevante o alteración emocional significativa en la actuación de Marta C. H., lo cual llevó a la negativa de cualquier atenuante. La decisión judicial consideró que la autora actuó con plena consciencia y dominio de sus facultades, sustrayendo así toda posibilidad de reducir la sanción por causas relacionadas con el estado psicológico, conforme señaló Europa Press.

Por último, la resolución del TSJM afirmó que cada uno de los actos de la acusada después del homicidio evidenció un propósito sostenido de dificultar la intervención de las autoridades y demorar la identificación del cuerpo. Este esquema fundamentó la respuesta penal más estricta dentro del ámbito autonómico madrileño, dejando la vía de recursos regionales definitivamente agotada tras el dictado de la sentencia.

Después de más de 40 años de incertidumbre, la decisión judicial permite reabrir la causa contra Cristian Graf, excompañero de escuela y propietario de la vivienda donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Javier Fernández Lima celebró la resolución judicial, aunque admitió que todavía no conoce los detalles completos del fallo y espera interiorizarse a través de su abogado. Según explicó, “la Justicia ordenó que se investigue el asesinato de Diego, qué pasó, cómo fue, porque necesitamos la verdad”.

Para Fernández Lima, la medida devuelve la expectativa de esclarecer las circunstancias de la muerte de su hermano: “Esperamos eso, ahora empieza todo este proceso. La justicia ordenó que se lo investigue a él”, afirmó sobre Graf, y reconoció que todavía no le comunicó la noticia a su madre. “No la pude ver, porque fue ayer a la noche y ahora estoy yendo para otro lugar. En un ratito voy para la casa y voy a hablar con ella”, dijo.

El impacto emocional es profundo: recordó que su madre, incluso décadas después, “todavía se asomaba para ver si él venía, no se da cuenta”, en alusión al hábito de buscar con la mirada el regreso de Diego.

Consultado acerca de su propia perspectiva sobre lo sucedido en 1984, evitó precisar hipótesis personales: “No quiero apresurarme, sospechas tenemos todos: algunos hablan de algo sexual, otros de la moto, de envidia… no sé qué puede ser. Quiero saber realmente la verdad, que salga a la luz”, expresó.

Graf y el crimen

El principal implicado había sido acusado por el fiscal Martín López Perrando por encubrimiento, pero luego resultó sobreseído por el juez Alberto Litvack, en un expediente que recayó con posterioridad en la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones.

La cámara, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Hernán López, anuló el sobreseimiento y ordenó investigar de nuevo el rol de Graf. Ahora, el expediente vuelve al fiscal López Perrando, para avanzar con la investigación.

Sobre las justificaciones esgrimidas por el imputado, Fernández Lima opinó: “No le cree nadie, el noventa y nueve por ciento del mundo no le cree. Miente que no se acuerda, que se lo enterraron ahí. Todo endeble”. Recordó también que, en el proceso, Graf llegó a sostener teorías como que alguien removió tierra y trajo huesos de otro lado, lo cual calificó de “una locura”.

Fernández Lima había compartido ante la prensa, días atrás, la indignación y el cansancio de la familia ante la falta de justicia durante tanto tiempo: “Pienso que la Justicia me está abandonando otra vez, como abandonó a mi papá hace 41 años. Está todo más que claro”, subrayó durante el sepelio de su hermano. Y sostuvo que su convicción de que “alguien tiene que pagar, porque la familia Graf decidió asesinarlo y nosotros seguimos sufriendo”.

Por último, expresó su deseo de que esta reapertura judicial logre esclarecer lo sucedido: “Ojalá que lleguemos a la verdad y justicia, por la memoria de mi hermano y de mi papá, que también falleció buscándolo”.

Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus restos y demás pertenencias fueron encontradas en el patio de un chalet que alquiló el cantante Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.

La justicia de Río Gallegos dispuso prisión domiciliaria por 120 días para un hombre formalmente imputado por encubrimiento de contrabando y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de un operativo en el que se secuestró mercadería ilegal valuada en 36 millones de pesos y productos con derivados de cannabis prohibidos, además de electrónica y vapeadores.

El caso expone cómo operan redes de comercio ilegal en la Patagonia y el rol de las plataformas digitales en la distribución de bienes prohibidos.

El fallo, emitido por la jueza subrogante Mariel Borruto el pasado viernes, declaró la legalidad de la detención y habilitó la medida de prisión domiciliaria para el imputado, a pedido del fiscal federal Gastón Franco Pruzan, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Río Gallegos. La investigación continuará hasta el 16 de marzo de 2026, fecha en la que culminarán los 120 días dispuestos para la recolección de pruebas.

En el mismo acto, el tribunal instruyó que la supervisión de la prisión domiciliaria quede bajo la responsabilidad de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y la Policía de Santa Cruz, que deberán llevar a cabo controles periódicos en la residencia del acusado.

El proceso judicial se originó el 3 de noviembre de 2025, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La denuncia se fundamentó en tareas de fiscalización y monitoreo de fuentes digitales abiertas realizadas por la Sección Riesgo Regional de la Dirección Regional Aduanera Austral, que detectó una actividad inusual de venta de mercadería extranjera a través de redes sociales.

Según el Ministerio Público Fiscal, la mercadería ingresaba presuntamente al país sin intervención aduanera, lo que motivó el inicio de una pesquisa a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante diez días, los agentes efectuaron tareas de observación en el domicilio señalado, comprobando que el investigado atendía allí a particulares y concretaba transacciones comerciales.

Las acciones de vigilancia se completaron con tareas de ciberpatrullaje en Facebook e Instagram, donde el imputado utilizaba un perfil con pseudónimo y otro con su propio nombre.

A través de esas cuentas exhibía productos tecnológicos y de consumo tales como consolas PlayStation 5, teléfonos iPhone y Redmi, parlantes, auriculares inalámbricos, proyectores, neumáticos, vapeadores, bebidas alcohólicas y perfumes importados. El perfil contenía información de contacto y pruebas que sustentaron la intervención judicial.

De acuerdo a lo informado por el portal web de los fiscales, aquel 13 de noviembre pasado, y bajo supervisión de la fiscalía, la PFA y el personal de ARCA llevaron a cabo el allanamiento en el domicilio particular. Allí incautaron numerosos artículos sujetos a infracción del Código Aduanero (Ley 22.415), entre los que destacaron 19 vapeadores y varios productos con derivados de cannabis, incluyendo THC-P, THC-A y Live Resin. La comercialización de estos productos está prohibida en Argentina según disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la suma total de la mercadería secuestrada asciende a 36 millones de pesos, dato resaltado en el expediente por el nivel de afectación al comercio formal y los riesgos implícitos en la venta de estos artículos a través de canales informales.

Es destacar que durante el allanamiento, los investigadores hallaron 67 gramos de marihuana almacenados en frascos de vidrio y divididos en 45 cigarrillos listos para su venta bajo la marca “Lit! A Cannabis Company”. Además, se incautaron 12 plantas de cannabis sativa en el inmueble, lo que motivó la ampliación de cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en función del artículo 5° de la Ley 23.737.

El Ministerio Público Fiscal valoró que, a la cantidad y disposición de la droga, se sumaba la capacidad de distribución que ofrecían las redes sociales, reforzando el cuadro acusatorio. Para la jueza Borruto, quedó probada la relación entre la actividad comercial desarrollada y los productos ilegales detectados en el domicilio.

La magistrada resolvió que la investigación penal se formalice por encubrimiento de contrabando en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El imputado será investigado en calidad de autor, bajo prisión domiciliaria durante 120 días, hasta el 16 de marzo de 2026. El control de la medida de coerción estará a cargo de la delegación DCAEP de Comodoro Rivadavia y la Policía de Santa Cruz.

Según el dictamen judicial, la presencia de grandes volúmenes de mercadería sin aval aduanero y los elementos secuestrados confirmaron la actividad ilícita que se desarrollaba desde el domicilio allanado.

La causa continuará bajo investigación a fin de delimitar posibles conexiones del imputado con otras redes de contrabando y narcomenudeo en la región patagónica, en el marco de los delitos previstos en el Código Penal y en las leyes 22.415 y 23.737. El tribunal dispuso que los organismos encargados realicen reportes periódicos sobre el cumplimiento de la prisión domiciliaria, hasta que se resuelva la situación procesal definitiva del acusado.

Diego Fernández Lima fue asesinado en 1984 y enterrado en el terreno de la casa de Cristian Graf, ubicada sobre la avenida Congreso, en el barrio porteño de Coglhan. Sus restos fueron hallados este año durante los trabajos en una obra en construcción en la propiedad lindera, y que supo alquilar Gustavo Cerati. El crimen prescribió, pero la Justicia considera que el dueño de vivienda quiso encubrir el descubrimiento de los huesos que hicieron los obreros, y por eso fue citado a indagatoria. Este lunes se conoció todo lo que dijo el acusado ante el juez y el fiscal del caso.

“Lo de huesos no lo puedo explicar, no puedo decir algo que no sé. Mi familia no conocía a este chico, nadie entiende nadie como llegaron ahí, ni mi mamá, ni mi familia”, sostuvo Graf oficialmente, algo que se había cansado de repetir en los medios.

Durante una audiencia celebrada el viernes ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, Graf (59) fue confrontado con la imputación de encubrimiento, figura penal que implica obrar con el propósito de ayudar a evitar que un hecho delictivo sea descubierto o que los responsables sean individualizados.

En la declaración, Graf desgranó detalles de su vida personal y familiar, incluso habló de su situación de salud, marcada por la hipertensión bajo tratamiento. En ese contexto, dijo que su hermana, Ingrid Graf, vive cercana al núcleo familiar y, al momento de los hechos, fue ella quien lo llamó para avisarle del hallazgo, ya que él se encontraba, como de costumbre, cumpliendo su jornada laboral.

Sobre los hechos investigados, Graf negó tener relación o recuerdo alguno de la víctima, incluso tras ser confrontado con registros escolares. “No recuerdo a esta persona, Fernández Lima, yo me entero del hecho en sí cuando estaba trabajando, mi hermana me llama, fue cerca del mediodía… Luego fuimos a declarar a la Policía, le tomaron declaración a mi hermana porque fue la que estaba”, dijo y narró que llegó al domicilio cuando las autoridades ya estaba en el lugar del hallazgo.

Añadió que desconocía por completo el origen de los restos hallados en el jardín de su propiedad. Remarcó que su contacto con los obreros que trabajaban en la medianera era estrictamente eventual y referido únicamente a cuestiones edilicias.

Dejó asentado que las explicaciones alternativas que circularon (“huesos traídos por camión”, “una iglesia antigua”, “un establo”) no partieron de su propia boca, y que en realidad lo mencionado en charlas con los obreros respecto a una iglesia obedeció a una anécdota sobre la antigua historia del barrio.

“En mi casa antiguamente había habido una iglesia, que se mudó a dos o tres cuadras… Lo dije seguramente como algo anecdótico, hablamos de los antiguos dueños, nada en especial. Después lo que se hablaba con los vecinos, tenemos un grupo de WhatsApp respecto a que iban a hacer en la obra”, explicó.

A largo del extenso interrogatorio, Graf contestó en detalle cada uno de los planteos de la fiscalía y la defensa, buscando dejar sentada su falta de conexión con los hechos investigados. Sus abogados habían dicho que fue muy preciso.

Relató minuciosamente el proceso de demolición y construcción lindero, las autorizaciones para realizar medianeras, y describió la distribución del terreno y las casas involucradas en el hallazgo. Explicó que la pileta fue construida hace 25 años, sin que jamás hayan ingresado materiales ajenos ni tierra externa al predio, y remarcó que toda la tierra excavada fue retirada en volquetes a través de su domicilio.

“La pileta la hicimos hace 25 años. Ingresó por la calle Naon, donde antiguamente no había un edificio, había una casa y terreno. Se subió por encima de la propiedad de los Olmi (los que le alquilaron a Cerati), y se ingresó. La colocó la gente a la que le compramos. La tierra que sobró se la llevaron los volquetes, se la llevaron con carretilla por mi casa”, amplió.

Consultado acerca de su vínculo escolar con Diego Fernández, precisó que solo compartieron un año en la ENET N° 36, que su entorno de amigos era distinto y que nunca participaron en actividades sociales ni estudiantiles fuera del colegio.

“No me acuerdo ni de él ni de mis otros compañeros… Yo no era tan sociable”, afirmó y sostuvo no recordar que hubiera sido tema de conversación la desaparición de Fernández en 1984. También destacó la ausencia de contacto entre los dos grupos familiares.

Graf intentó despejar sospechas respecto de la circulación por la propiedad: reconstruyó quiénes vivían en la casa en la época de los años ochenta y cómo estaba dividida entre abuelos, padres y hermanos. Explicó accesos, la existencia de alambrados y ligustrinas como límite, así como la presencia de otras familias y una guardería en el domicilio lindero de Avenida Congreso 3748.

Reconoció que durante el momento en que se produjeron los trabajos de excavación en la medianera, apenas tenía ocasionales intercambios “de saludo” con los obreros, y subrayó que no fue testigo directo del hallazgo de los restos.

“Lo único que pedí fue que como al fondo de todo, a un metro de donde termina mi casa, había una Santa Rita que había plantado mi papá y mi mamá, mi mamá me pidió que quería que no la toque, casi en el rincón mismo, a unos 90 centímetros del fondo. Cuando hicieron la pared, la planta quedaba incrustada, y por eso le expliqué a mi mamá y opté por sacarla”, aclaró.

Y siguió: “Estaba a dos metros, metro y medio, en forma paralela a la línea de la medianera. La confundieron con el bananero que estaba en la esquina de la pileta. Yo nunca dije que no toquen el banano, solo la Santa Rita por un tema afectivo. En el mismo lugar puse una Santa Rita”.

En cuanto a las acusaciones sobre pasividad o falta de colaboración, Graf reveló que ante la sorpresa del hallazgo, consultó a un abogado por recomendación y que aguardó ser formalmente citado a prestar declaración: “Cuando se encontraron los huesos le pregunté a un abogado por las dudas… Me recomendó esperar, no hablé porque no sabía que iba a pasar. No me presenté porque esperé el llamado”, dijo.

Señaló que solo cuando se conoció públicamente la identidad de Fernández Lima tomó contacto con su defensa de confianza y se puso a disposición de la fiscalía, donde –según su versión– acudió voluntariamente antes de que se requiriera formalmente su declaración.

Tras haber transcurrido más de dos años desde que se inició un proceso judicial contra el ex fiscal de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, acusado de encubrir a una banda de narcotraficantes en la que estaba inmerso su sobrino, este miércoles la Justicia falló en su contra y lo condenó a seis años de prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal lo consideró partícipe primario de la organización narcocriminal conocida como los “Narcochetos 2”, que operaba en la ciudad bonaerense entre 2017 y 2018. El fallo sostiene que Cantaro protegió y favoreció a la banda, contribuyendo activamente con información clave para eludir investigaciones judiciales y posibilitando que sus integrantes tomaran recaudos al comunicarse e incluso lograran evadir la acción de la Justicia.

“La contribución de Cantaro durante el período imputado, entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril 2018, estuvo centrada medularmente en aportarles información esencial para que operaran sin ser descubiertos; posibilitándoles tomar recaudos en sus conversaciones telefónicas; y, en el caso particular de su principal protegido (Sebastián Gauna San Millán), ofrecerle la posibilidad de eludir la investigación de la justicia fugándose a la provincia de Córdoba”, sostuvo el tribunal. Para el TOC, el ex funcionario fue la figura que, sin ser el autor directo del hecho, realizó las acciones sin las cuales el delito no podría haberse cometido.

Además, los jueces Ernesto Sebastián, Alejandro Silva y Simón Bracco, lo encontraron responsable por el tráfico de estupefacientes agravado por su calidad de funcionario público encargado de la prevención y persecución de estos ilícitos. Los magistrados no solo dispusieron la pena de prisión, sino que además le impusieron una multa económica y la inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos durante diez años. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, ordenaron su inmediata detención y ratificaron la gravedad institucional del caso.

Al fundamentar la condena, los magistrados subrayaron que la conducta que tuvo representó una “traición” y una “deslealtad institucional”, ya que adaptó su función pública para favorecer intereses criminales en vez de actuar según sus deberes. “Esta particular traición al mandato Constitucional no sólo compromete la credibilidad del sistema de justicia, sino que pervierte los fines mismos para los cuales fue investido de tan alta responsabilidad”, argumentó el tribunal.

La resolución llegó luego de un largo proceso que incluyó una revisión a instancias superiores de la Justicia Federal. Tal como detalló el MPF, en diciembre de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal había dejado sin efecto la absolución previa de Cantaro y ordenó al tribunal de Bahía Blanca dictar un nuevo fallo.

En su argumentación, el tribunal de Casación remarcó que los hechos atribuidos y debatidos en las instancias previas nunca variaron a lo largo del proceso, estableciendo que el cambio de calificación legal no implicó una modificación sorpresiva de la base fáctica.

La defensa, tras la revocatoria, presentó una apelación que fue declarada inadmisible por la Cámara, motivo por el cual recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal, el pasado 19 de junio, desestimó el recurso y dejó firme lo resuelto en la instancia de Casación.

Los hechos

Según la investigación, el ex fiscal apareció mencionado en varias escuchas telefónicas en las que habló con al menos dos personas, una de las cuales era su sobrino. En el expediente quedó detallado que, durante la investigación, se incautaron más de cien dosis de cocaína compactada, 1.500 semillas y cinco plantas de marihuana, además de otros objetos considerados relevantes para la causa.

La causa contra el fiscal es un desprendimiento de un expediente por drogas por el que fueron condenados Facundo Texido (también señalado como uno de los “protegidos”), Maximiliano Ezequiel Borja, Emiliano Gastón Lucanera, Gastón Eduardo Sáenz, Federico Raúl Hernando y los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales.

A su vez, la Justicia ordenó la intervención de 11 líneas telefónicas, a partir de las cuales, los agentes identificaron a Texido y a Federico Hernando, señalado como supuesto proveedor del grupo. Durante una vigilancia encubierta, los investigadores siguieron a Texido hasta una cervecería ubicada cerca de Fuerte Argentino y Casanova, en Bahía Blanca. En ese establecimiento, se reunió con Gauna San Millán.

Un agente de Prefectura declaró ante el tribunal e indicó que los sorprendieron consumiendo estupefacientes dentro de un Peugeot blanco estacionado frente al local. Mediante la verificación de la patente, los agentes determinaron que el vehículo pertenecía a Cantaro.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Antonio “N”, identificado como exsecretario de ayuntamiento de Apulco, por los delitos de facilitación delictiva y encubrimiento.

De acuerdo con las pesquisas, el imputado aprovechó su posición como servidor público en el H. Ayuntamiento del municipio de Apulco para “proteger e informar a miembros de un grupo delictivo activo en la región”.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando la investigación estableció que Juan Antonio “N” habría proporcionado datos sobre operaciones y actividades de seguridad a los integrantes del grupo con la finalidad de evitar que las autoridades dieran cumplimiento a una orden judicial contra Mauro “N”, exalcalde del citado municipio.

Cabe señalar que tanto Mauro “N” como Juan Antonio “N” fueron identificados por las autoridades como presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes consultadas por Infobae México refieren que el exedil contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y su cargo como alcalde le fue removido por asociación delictuosa, homicidio y secuestro.

Así fue la detención de los exfuncionarios

La captura del exalcalde y el exsecretario de ayuntamiento de Apulco ocurrió el pasado 25 de julio en dos acciones distintas llevadas a cabo por fuerzas federales, en la tres personas más fueron detenidas; todos identificados como presuntos integrantes del CJNG.

El primer operativo se desarrolló en la colonia Brisas, en el municipio de Nochistlán, donde las autoridades ejecutaron una orden de cateo tras labores de inteligencia relacionadas con delitos como tentativa de homicidio y asociación delictuosa.

En el inmueble, los agentes detuvieron a cuatro personas: Mauro Yuriel “N”, de 30 años, quien según fuentes consultadas por Infobae México tenía una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa y había ejercido el cargo de alcalde de Apulco en septiembre de 2024.

Posteriormente, fue removido de su puesto por acusaciones de asociación delictuosa, homicidio y secuestro. Junto a él, fueron aprehendidos su hermano Andy Edgardo “N”, de 29 años, Ricardo “N”, de 25 años, y Eduardo Gabriel “N”, de 23 años.

Durante el cateo, las fuerzas de seguridad aseguraron armas largas y cortas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores, dosis de droga y chalecos balísticos con las siglas CJNG, además de un vehículo.

Las detenciones se produjeron en una acción conjunta por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con la fiscalía estatal.

En una acción paralela, fue capturado Juan Antonio “N”, de 44 años, quien se desempeñó como secretario de ayuntamiento de Apulco y ya era investigado por presuntos vínculos con el mismo grupo criminal.

Tras su detención, los cinco individuos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica,

Con fundamento en la reciente ley ”Antimafias”, un juez federal de Mendoza dictó el procesamiento con prisión preventiva de diez personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y encubrimiento. La estructura, según surge de la investigación, operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, donde dos de sus integrantes -detenidos por otras causas- lideraban las distintas maniobras ilícitas.

La resolución estuvo a cargo Marcelo Garnica, juez subrogante del Juzgado Federal N°1 de la jurisdicción mendocina, donde se aplicó por primera vez el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado en marzo de este año por la Ley 27.786. Dicha norma, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias, establece penas agravadas para quienes participen en bandas ilegales dedicadas a la comisión de delitos graves. “Estas conductas presentan un claro diseño delictivo estructurado y sostenido en el tiempo, tanto dentro como fuera del Complejo Penitenciario Federal de Mendoza, y responden a una lógica de coordinación funcional entre sus integrantes”, explicó el magistrado en su resolución.

Según publicó el sitio del Ministerio Público Fiscal, los procesamientos se enmarcan en un expediente iniciado el 5 de junio de 2024, a partir de una denuncia anónima radicada ante la actual Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, bajo la dirección del fiscal federal Fernando Alcaraz. Las tareas investigativas, coordinadas junto a la Unidad de Inteligencia Criminal Mendoza de la Gendarmería Nacional, incluyeron intervenciones telefónicas, análisis de celulares y vigilancia sobre distintos domicilios. Como resultado, se identificaron los roles de los integrantes de la organización y los sitios de acopio y distribución de estupefacientes y armas, entre ellos una propiedad al pie de la montaña conocida como “Finca La Abuela”.

Una segunda denuncia anónima aportó datos adicionales sobre la modalidad de ingreso de drogas al establecimiento carcelario: mujeres embarazadas y niños, quienes no eran sometidos a controles con escáner, habrían sido utilizados para introducir las sustancias. También se mencionó la presunta colaboración de agentes penitenciarios, aunque el juez aclaró que dichas participaciones “todavía no han sido probadas”.

En rigor, el artículo 1° de la Ley 27.786 establece que su objetivo es “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales”, entendidas como “grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Entre esos delitos se encuentran los tipificados en la Ley 23.737 sobre estupefacientes, como es el caso.

A su vez, el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por esta norma, reprime con prisión de ocho a veinte años al que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” vinculada a delitos graves, incluso cuando la organización no cumpla con los requisitos formales del ilícito previsto en el artículo 210 bis, referido a la asociación ilícita agravada.

En el caso investigado, la banda no solo habría coordinado la venta de drogas en el exterior del penal, sino también su distribución en el interior a través de métodos que evitaban los controles penitenciarios. Según la acusación, la red también habría puesto en práctica un sistema de encubrimiento mediante vehículos con “irregularidades dominiales” y habría recurrido al uso de armas de fuego.

Entre el 14 y el 22 de marzo de 2025, se realizaron 21 allanamientos ordenados por el fiscal Alcaraz. En esas diligencias participaron fuerzas federales y provinciales, que lograron detener a los diez imputados. Durante los operativos se secuestraron seis armas de fuego, dos réplicas de escopeta y subfusil, más de 500 municiones, 498 gramos de cocaína, 647 gramos de marihuana, 14 plantas en desarrollo, semillas de cannabis, troqueles de LSD, seis balanzas, tres autos, dos motos, más de 90 celulares y documentación.

En la resolución, el juez Garnica indicó que los imputados actuaron “en concurso real” respecto de los delitos de tráfico de estupefacientes agravado -por la participación de tres o más personas, la intervención de menores y su comisión dentro de un centro de detención-, tráfico de armas y encubrimiento agravado. Bajo esos parámetros, la figura del artículo 210 ter permite acumular las penas previstas para estos delitos y aumentarlas “en el doble del mínimo y del máximo”.

Además, el magistrado hizo lugar al pedido de la fiscalía para incorporar a los dos supuestos líderes de la banda al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), según la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad. Esa disposición, firmada por la ministra Patricia Bullrich en enero del año pasado, implica un régimen de detención con mayor supervisión, articulado para “enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas" alojados en dependencias del SPF.

Por otra parte, la normativa antimafias también contempla medidas patrimoniales. El artículo 10 prevé el decomiso anticipado aún sin condena, cuando exista “sospecha fundamentada del origen ilícito” de los bienes. En línea con ese principio, el juez Garnica trabó embargos sobre los imputados hasta cubrir la suma de $4.680.000 por persona.

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia interpuesta contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por la presunta comisión de un delito de agresión sexual y contra la secretaria política de Podemos, Irene Montero, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la que fuera secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', por un presunto encubrimiento y omisión del deber de socorro por no auxiliar a las supuestas víctimas.

La denuncia se interpuso en marzo ante la Fiscalía de Área de Vigo, en representación de la plataforma 'Xuntos por Galicia', contra Monedero y las otras dirigentes de Podemos mencionadas por no actuar a pesar de estar supuestamente al tanto del citado caso de abuso sexual.

En cuanto a los hechos atribuidos a Monedero, el fiscal señala que "atendiendo al relato y a las diligencias practicadas, consta que las perjudicadas no han denunciado los hechos sin ponerse en contacto con la Fiscalía tras otorgarle dicha posibilidad.

"Por ello ponderando el alcance de los hechos que se hacen mención y sin que conste el grado de intensidad de los mismos no se puede afirmar que los actos los que se refieren sean lo suficientemente claros para mantener racionalmente la imputación de un delito de agresión sexual hacia las mismas --se desconoce el momento, el lugar y como se produjeron y en que consistieron--", señala el fiscal.

Así, insiste en que "no concurren en este momento elemento indiciarios sobre una petición tacita o expresa de actos de naturaleza sexual y los contactos físicos sufridos, ni las presuntas víctimas presentan marcadores de debilidad o vulnerabilidad que justifiquen la acción subrogada del Ministerio Fiscal".

A continuación, señala que la ausencia, a priori, de denuncia de las personas agraviadas y de elementos que puedan determinar los hechos de naturaleza sexual no excluye el derecho que tienen las víctimas "de presentar denuncia por estos hechos ante los órganos judiciales, de conformidad con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

NO HAY ENCUBRIMIENTO

Respecto a las otras tres personas denunciadas por un delito de encubrimiento, el fiscal indica que "no se puede alegar que las denunciadas, incurran en algunas de las conductas recogidas en el mencionado precepto".

Recoge que "la actuación alegada de no considerar real los comportamientos" aludidos a Monedero "no puede ser asimilada a ninguna de aquellas que consisten en las modalidades de intervención sobre los hechos, cosas o, en algún supuesto de favorecimiento hacia el denunciado con el fin de que no fuera descubierto, o que las mismas hayan actuado con abuso de funciones públicas", pues se parte de que "se trata de un procedimiento interno de un partido político, es decir, no consta que hayan recurrido a la utilización de alguno de los modos de obrar mencionados en el precepto".

Respecto a la omisión del deber de socorro, asegura el fiscal que "con los datos de los que se dispone en el presente caso, tampoco se estima factible apreciar los elementos del delito de omisión de socorro como conducta dolosa imputable a las mismas".

"Pues no se han descrito que situación de desamparo y peligro se encontraba la presunta víctima. Por mucho que el denunciante considere que no se auxilió a la víctima o no se dio la respuesta esperada, no supone la comisión de tal ilícito, pues de la denuncia se revela más bien el desacuerdo con la actuación o manera de proceder de las denunciadas", concluye.

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a 22 años y seis meses de prisión, por un delito de asesinato con la agravante de parentesco, a un hombre que asesinó a su pareja en Torrevieja, desmembró luego el cuerpo y depositó los restos en diversos contenedores de basura, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La sentencia recoge así el veredicto de culpabilidad emitido al término del juicio por un jurado popular y fija 150.000 euros de indemnización para cada uno de los dos hijos de la fallecida, que se personaron como acusación particular.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2021, cuando el acusado, que ahora tiene 73 años, se abalanzó sobre su pareja en el domicilio donde ambos convivían y le asestó numerosas puñaladas en distintas partes del cuerpo, tal y como se relata en la resolución judicial.

Tras causarle la muerte, desmembró el cadáver y depositó diferentes restos en contenedores de basura y otros lugares cercanos, sin que haya aparecido todavía la cabeza de la víctima.

El magistrado que presidió el juicio considera al acusado autor de un delito de asesinato doblemente cualificado --por alevosía y por ensañamiento-- para el que concurre la agravante de parentesco. Así, le impone las penas que acabaron solicitando las acusaciones: 22 años, seis meses y un día de prisión.

También prohíbe al penado aproximarse a una distancia inferior a los 500 metros a los dos hijos de la fallecida o comunicarse con ellos por cualquier medio durante diez años --periodo para el que ha fijado una medida de libertad vigilada--.

La sentencia no es firme y se puede presentar un recurso de apelación ante la sala de lo civil y penal del alto tribunal valenciano.

Lima, 2 ene (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, defendió este jueves el nombramiento de una de las escoltas de la mandataria, Dina Boluarte, como auxiliar de la Agregaduría Policial en la embajada peruana en España, a pesar de estar incluida en la investigación contra la presidenta por encubrimiento personal.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Adrianzén explicó que la designación de la suboficial Ruth Ligarda obedece a un proceso de selección en el interior de la Policía Nacional, donde se evalúan a los candidatos como comisionados a las agregadurías policiales en 16 países.

En tal sentido, el primer ministro destacó que, al haber integrado el resguardo de Boluarte, la suboficial técnico de primera "es una persona que ha cumplido con ejercer labores excepcionales como es el resguardo de la presidenta", además de no tener sanciones y contar con experiencia en labores de inteligencia.

Adrianzén descartó que se trate de una designación para apartar a Ligarda de las investigaciones preliminares de la Fiscalía de la Nación contra Boluarte por el presunto encubrimiento en la fuga del prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, el antiguo movimiento político de la mandataria.

Agregó que el hecho de que un miembro de las Fuerzas Armadas o policiales deje el país por motivos laborales, "no significa que tenga que dejar de cumplir con sus obligaciones" porque existen los medios virtuales para poder brindar su testimonio, en caso de ser requerido.

"Están en plena capacidad de dar, por vía virtual, las declaraciones que sean necesarias", anotó el jefe del gabinete.

El Ministerio del Interior aprobó la designación de Ligarda en una resolución suprema publicada esta semana en misión diplomática por un periodo de dos años en la Embajada de Perú en España.

No obstante, la escolta presidencial era uno de los testigos de la Fiscalía en la investigación abierta contra Boluarte por haber presuntamente ayudado a Cerrón en su fuga de la Justicia, en un vehículo utilizado exclusivamente por la mandataria y que fue visto en un pueblo costero en el sur de Lima en febrero del año pasado.

La fiscal general, Delia Espinoza, tomará la declaración de Boluarte sobre este caso el próximo 15 de enero en la sede principal de la Fiscalía en el centro de Lima.EFE

Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella de Hazte Oír, presentada el pasado 19 de agosto, contra tres agentes de los Mossos d'Esquadra "por facilitar la huida" del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando volvió a Barcelona en verano.

Según ha informado en un comunicado este jueves, la entidad es "la primera acusación popular que logra que se investigue a los agentes envueltos en la fuga de Puigdemont".

La admisión ha llegado tras resolución dictada el pasado 16 de diciembre por dicho órgano judicial en la que se reconoce la existencia de indicios suficientes de un posible acuerdo mutuo entre tres agentes para facilitar la huida de Puigdemont y en la que se solicitaba la prestación de fianza para proceder a la admisión.

Hazte Oír ya ha abonado la fianza requerida, "habiendo dado el paso necesario para que los tres agentes sean investigados" por posibles delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de encubrimiento.

El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha celebrado la acción: "Hemos ejercitado y vamos a seguir ejercitando todas las acciones necesarias para que se depuren las oportunas responsabilidades penales, caiga quien caiga".

Lima, 17 dic (EFE).- La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, declaró este martes estar acostumbrada a las reacciones "altisonantes" de los investigados por el Ministerio Público, después de que la mandataria Dina Boluarte la exhortó públicamente a que la cite en un caso de encubrimiento, y agregó que esa actitud es positiva, porque significa que "va a declarar".

Espinoza comentó que, por la práctica fiscal, están "acostumbrados a que haya reacciones altisonantes muchas veces", siempre aceptadas "en tanto y en cuanto no haya una ofensa, una adjetivación, contra" su investidura.

"Son pareceres, pero no implica que haya una ofensa a la persona", añadió en entrevista con la emisora RPP.

La jefa de Estado se quejó, en un mensaje televisado, de que la Fiscalía no la había citado a declarar en la investigación abierta en su contra por presunto encubrimiento en la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre en el que la mandataria militó hasta 2022.

Boluarte exhortó a Espinoza a que la cite y que no se preste a la presunta campaña de desestabilizadores contra su gestión en el Ejecutivo.

La fiscal de la Nación (general) afirmó que tomó las palabras de Boluarte positivamente, porque "cuando una persona exige ser citada públicamente quiere decir que va a declarar y eso es bueno para la Fiscalía".

Espinoza reiteró que la mandataria ha sido citada a declarar el próximo 2 de enero ante su despacho.

El caso se hizo público en marzo pasado cuando el dominical 'Punto Final', del canal Latina TV, difundió una foto que muestra el automóvil que usa la presidenta estacionado cerca de un condominio ubicado en un balneario próximo a Lima.

En ese momento, se indicó que dicha imagen fue tomada el 24 de febrero de 2024 y que el vehículo estuvo estacionado cerca de un punto donde la Policía ejecutaba un operativo para buscar a Cerrón.

El pasado viernes, la Fiscalía realizó una diligencia de verificación de la ruta que siguió Boluarte, en la que participó el conductor del auto presidencial, el suboficial de la Policía Félix Montalvo, que condujo a la gobernante a un condominio de playa próximo a Lima.

La Fiscalía de la Nación también abrió otra investigación preliminar contra Boluarte el pasado 5 de diciembre por abandono temporal de cargo, al haberse sometido a una cirugía a la nariz, sin haberlo comunicado al Congreso.

A su vez, Boluarte tienen dos denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público en su contra, el caso de enriquecimiento ilícito del 'Rolexgate' y las muertes en las protestas antigubernamentales entre finales de 2022 y 2023, que siguen en trámite en el Congreso. EFE

Uno de los tres agentes de los Mossos d'Esquadra que fueron detenidos el 8 de agosto por ayudar a huir al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha comparecido este miércoles como investigado por un delito de encubrimiento ante la jueza, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.

Así lo han dicho fuentes judiciales a Europa Press, después de la declaración que estaba prevista ante la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona.

"Hoy no ha podido declarar y así se lo hemos expresado a la jueza instructora", han detallado las mismas fuentes, que han explicado que la magistrada les ha denegado las pruebas testificales que habían pedido.

Además, están pendientes de la resolución del recurso presentado contra la negativa de la instructora de interrogar al excomisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, y a quienes formaban parte de la cúpula de la policía catalana para que dieran explicaciones sobre el dispositivo policial del 8 de agosto, día en el que Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat.

"Habíamos pedido la suspensión y se nos ha denegado. Todo esto ha imposibilitado que pudiera declarar y se ha acogido a su derecho de no hacerlo", han manifestado.

Barcelona, 11 dic. (EFE).- La juez que investiga a los mossos d'esquadra detenidos por facilitar la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont, tras su fugaz regreso a Barcelona el pasado mes de agosto, ha descartado interrogar como testigos a la antigua cúpula de la policía catalana, entre ellos a su exjefe Eduard Sallent.

Jordi R., uno de los tres mossos d'esquadra que fueron detenidos el pasado mes de agosto por ayudar a la huida de Puigdemont, ha comparecido este miércoles como investigado por un delito de encubrimiento ante la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar.

El motivo, según ha explicado su abogado, Cèsar Lagonigro, es que está pendiente del recurso que ha presentado contra la negativa de la jueza de instrucción a interrogar a Sallent y a quienes formaban parte de la cúpula de Mossos el pasado mes de agosto para que den explicaciones sobre el dispositivo policial desplegado el día en que regresó Puigdemont y Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat.

La defensa del agente, que ha recurrido la decisión de la jueza instructora ante la Audiencia de Barcelona, quiere que la antigua cúpula de los Mossos aclare los motivos por los que se diseñó el dispositivo policial que Puigdemont logró burlar, camuflado entre la multitud que se concentró para seguir su breve intervención en un escenario montado por la ANC en el paseo Lluís Companys, a apenas metros del Parlament, antes de que se iniciara el pleno de investidura.

En concreto, el abogado quiere saber si el dispositivo pretendía garantizar la seguridad en los alrededores del Parlament con motivo de la investidura de Illa o si se diseñó con el objetivo de detener a Puigdemont e impedir así que este pudiera irrumpir en la cámara catalana, siete años después de que se marchara a Bélgica para eludir a la justicia española en la causa del 'procés'.

La defensa del agente también pide que la jueza requiera a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana las órdenes concretas que se dieron a los agentes el pasado 8 de agosto, con motivo de la investidura de Illa y el anunciado regreso de Carles Puigdemont.

La línea de defensa de Lagonigro es que el agente, detenido porque el coche en el que Puigdemont abandonó el paseo Lluís Companys tras su breve intervención ante sus fieles estaba a su nombre, hacía dos años que se había intercambiado el vehículo con una amiga, que precisamente es la que conducía el turismo al que se subió el expresidente catalán.

Durante ese tiempo, no obstante, no se formalizó el cambio de titularidad del vehículo en el que huyó Puigdemont -un Honda blanco-, mantiene la defensa, que critica que los Mossos d'Esquadra detuvieran al agente sin llevar a cabo las comprobaciones oportunas sobre la propiedad del coche.

Además, el abogado ha insistido en que el agente, que ha sido expedientado a raíz de su imputación, no tuvo participación alguna en la huida de Puigdemont y llevaba dos años de baja cuando ocurrieron los hechos.

El mosso imputado se ha acogido además a su derecho a no declarar porque, según su abogado, no se les ha dado traslado de toda la causa.

La titular de instrucción número 24 de Barcelona ha asumido la investigación sobre el papel de los mossos d'esquadra investigados por facilitar la huida de Puigdemont, a la que debe decidir si acumula las distintas querellas presentadas contra la cúpula de Mossos d'Esquadra, entre ellas la que interpuso el eurodiputado Alvise Pérez. EFE

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El jueves 5 de diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la realización del juicio derivado de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por la suscripción de Memorándum de Entendimiento con Irán.

La nueva reapertura de esta causa es la secuela absurda de una causa igualmente absurda. La denuncia presentada por Alberto Nisman, en plena feria judicial, fue inicialmente rechazada en lo que hace a su tratamiento en feria por no haber sido acompañada de la correspondiente prueba.

Luego fue rechazada por inexistencia de delito en primera instancia, y dicho rechazo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación ordenó que sea archivada. Posteriormente y ordenada la reapertura de la causa Memorándum, un tribunal Oral dispuso la absolución de todos los acusados precisamente por inexistencia de delito. Esto se hizo sin llevar adelante el juicio. La Cámara de Casación dispuso nuevamente la reapertura de la causa y apelada que fuese esa sentencia, la Corte Suprema la confirmó.

Dije que la causa es absurda y por ello extiende esa condición a todo cuanto es siquiera rozado por un poder judicial que de a ratos parece haber olvidado lo que aprendió en la Facultad de Derecho y que por el contrario tener fresquísimo lo que aprendió entre pasillos, cabildeos y cafecitos. Veamos algunos detalles para dejar en claro lo absurdo de dicha causa.

El delito por el que se pretendió procesar a los imputados es el de traición a la Patria, consignado en el art. 119 de Código Penal, que establece que el mismo se configura “únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándole ayuda y socorro”. Demás está decir que como es obvio requiere que la Nación esté en guerra. Aún tengo en mi memoria los argumentos del derecho penal creativo que solía visitar Claudio Bonadío, cuando pretendió decir que nadie discutiría la Guerra de Malvinas porque la misma no fue declarada por el Congreso, como ordena la Constitución, omitiendo el pequeño detalle que, al momento del conflicto bélico con Gran Bretaña, el Congreso había sido disuelto por la dictadura militar. Pero desde 1983 a esta parte, la Constitución y las leyes han estado vigentes y funcionando el Congreso de la Nación. Cantidad de guerras declaradas desde 1983: cero.

Pero finalmente la Cámara de Apelaciones resolvió que la causa se elevara por el delito de encubrimiento. Nuevo ítem inverosímil de la causa Memorándum. Si un tratado constituye un encubrimiento, quien le da naturaleza de ley -esto es materializa el encubrimiento- entonces quienes le dieron al tratado carácter de ley son los encubridores. En este caso, los diputados y senadores que aprobaron el tratado. Cantidad de miembros del Congreso acusados en la causa: cero.

El problema de tipicidad de los delitos investigados en la causa Memorándum es tan manifiesto que la Corte pretende sortearlo diciendo que “… la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por canales paralelos a los carriles funcionales y que vehiculizaban el fin ilícito sostenido por las acusaciones, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la AMIA”. Y debo decirlo con claridad: la presunta existencia de “canales paralelos” ni de casualidad configuran el delito de encubrimiento. El Poder Ejecutivo puede y debe por mandato constitucional encargarse de las relaciones exteriores del país. Si terceros entablan “canales paralelos”, al igual que si lo hace el Poder Ejecutivo, para que esto surta efecto, el tratado debe ser ratificado. Sin tratado con jerarquía de ley no hay acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, no hay delito. De hecho, en este caso, ni siquiera hay encubrimiento en grado de tentativa, porque el delito, de haber existido se consumó con la aprobación parlamentaria del tratado y entonces quienes lo cometieron -esto es quienes tenían el dominio el hecho- eran los miembros del Congreso. En la presente causa jamás fueron imputados.

Además del insuperable escollo de la falta de tipicidad de delito investigado, también resuena en mi memoria el informe de Interpol del 22 de junio de 2020, que descartaba el levantamiento de las declaradas alertas rojas, y al que la Casación le rechazó su carácter novedoso considerando que el mismo “era conocido por todas las partes desde los albores del proceso, más allá de que se hubiera incorporado cuando la causa tramitaba ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal”. Los padres del Derecho se retuercen gritando el aforismo aquel que dice “lo que no está en el expediente no existe en el mundo”.

Sí, señores de la Corte Suprema, las defensas en esta causa siempre supimos que la firma del Memorándum no hacía caer ni puso en peligro alguno las alertas rojas sobre los imputados por el atentado a la AMIA. Por una sencilla razón: únicamente el juez que ordena a Interpol la notificación de las alertas rojas, es el habilitado para hacerlas cesar. Y no nos cansamos de decir que en esta causa no solo no existió nunca la traición a la Patria que tantos titulares generó, como que tampoco existió el encubrimiento invocado.

No desconozco la serie de factores geopolíticos y económicos que rodean la causa Memorándum. Pero por mucha voluntad política que algunos de esos factores pongan, la negociación y la firma del Memorándum con Irán no fueron delito. Hay quienes sostendrán por sus razones que fueron un error político y podría discutir con ellos horas. Pero lo cierto que dicho Memorándum es que no se trató más que de un intento de hacer avanzar la investigación sobre el atentado a la AMIA, que este año cumplió 30 años sin salir de la etapa de instrucción. Sin un atisbo de verdad.

Como señaló Héctor Timerman en su agónica declaración: “Cuatro años pasaron… ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? ¿En qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer…”. Le asistía razón en aquel 2018 y aún le asiste la razón, mal que le pese a los odiadores de siempre. Esos que supieron festejar que Timerman no pudiese salir del país para tratar la enfermedad que lo terminó matando.

Lima, 5 nov (EFE).- Un juzgado peruano dio por concluida la fase de investigación fiscal abierta contra la presidenta, Dina Boluarte, por el supuesto encubrimiento personal de su hermano y abuso de autoridad en agravio del Estado, con lo que el Ministerio Público deberá decidir ahora si denuncia a la mandataria o cierra el caso.

Así, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, declaró fundada la solicitud de control del plazo interpuesto por la defensa de Boluarte, que señaló que la Fiscalía había pedido ampliar la investigación fuera de plazo

Ahora, la Fiscalía decidirá si archiva el caso o presenta una denuncia constitucional contra la presidenta, la fórmula empleada para altos cargos como el de Boluarte.

"El Poder Judicial admite la solicitud de control de plazo de las diligencias preliminares formulada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la investigación por los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad, las cuales iniciaron en mayo de 2024 y vencieron el 9 de julio", indicó el Poder Judicial en la red social X.

El juez emitió la resolución en la cual precisa que la Fiscalía solicitó la ampliación de la investigación 15 días de su término, "hecho que contraviene el Código Procesal Penal".

Detalló que el Ministerio Público inició diligencias preliminares por el plazo de 60 días el 10 de mayo y el 24 de julio dispuso la ampliación sin considerar que la ley fija que vencido el plazo no se podrá instar su prolongación, prórroga y ampliación.

La pesquisa preliminar se inició después de que el Ejecutivo desactivara el Equipo Especial de la Policía Nacional de Perú que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que investigaba al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, por el delito de crimen organizado.

La Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte como parte de la investigación de una presunta red de tráfico de influencias.

Los oficiales de esta unidad también participaron en el allanamiento de la vivienda y el despacho de Boluarte, después de que la Fiscalía le abriera una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y los principales jefes de la división fueron sometidos a varios procesos administrativos para ser sancionados por ese operativo.

A finales de agosto, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, afirmó que Boluarte no desactivó dicha unidad policial, pues pese a ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, su cargo no le permite intervenir en "asuntos administrativos" de esa institución.EFE

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Los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes de la iglesia católica siguen generando consternación en el país. En octubre de 2024 estalló un escándalo que hoy salpica al padre Francisco de Roux, que ejerce como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; fue señalado de encubrir crímenes de violencia sexual perpetrados por un sacerdote.

Ocho hermanos de la familia Llano denunciaron que fueron agredidos sexualmente por el cura Darío Chavarriaga en la década de 1970 y que De Roux tenía pleno conocimiento de estos hechos, pero, presuntamente, decidió no divulgar la información para proteger la imagen de la iglesia. Solo se limitó a adelantar una investigación canónica, sin denunciar el caso ante las autoridades competentes.

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“Frente a este caso de abuso por el que me preguntas y que conocí como superior Provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas y tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia”, aseguró De Roux en una conversación de WhatsApp que sostuvo con el periodista Daniel Coronell.

Posteriormente, se refirió al caso, reconociendo que sus acciones no fueron suficientes para buscar la justicia y que las víctimas tienen todo el derecho a reclamar y expresar su dolor, puesto que el señalado perpetrador de los abusos falleció en 2015 y no fue posible ponerlo ante la justicia colombiana para que se determinara su culpabilidad.

“Yo había quedado convencido de que el procedimiento de escucha de ellos como víctimas y la investigación rigurosa y los pasos físicos y finalmente, la sentencia dentro de las normas que yo tenía del Derecho Canónico, eran suficientes. Y también había quedado convencido de la aceptación de la familia en ese momento, a pesar de lo devastador que era para ellos todo esto”, explicó el sacerdote.

Compulsan copias para que se investigue a Francisco de Roux

Sin embargo, ahora la Fiscalía General de la Nación puso la lupa sobre De Roux por encubrir casos de abuso sexual. Fuentes del ente acusador confirmaron a Infobae Colombia que un fiscal de Ley 600, que está investigando a un sacerdote (cuyo nombre no fue revelado) por la posible comisión de actos sexuales, compulsó copias para que se investigue al presidente de la Comisión de la Verdad por los delitos de favorecimiento y omisión de denuncia de particular.

De acuerdo con el Código Penal, el primer delito se presenta cuando una persona tiene pleno conocimiento de que alguien cometió una conducta punible y ayuda a eludir las acciones de las autoridades o a entorpecer las investigaciones al respecto. El segundo, se presenta cuando una persona sabe de la comisión de determinados delitos, entre los cuales están los que son contra la libertad, integridad y formación sexuales contra menores de edad, y decide, sin justa causa, abstenerse de informar de inmediato a la autoridad.

Según informó la Fiscalía, se está a la espera de que se defina por reparto el despacho que se hará cargo de la investigación.

La familia Llano, por su parte, se ha centrado en denunciar públicamente y ante la Fiscalía a quienes no hicieron nada por denunciar los casos de abuso ante las autoridades, como correspondía, amparándose en el secreto pontificio, con el que se busca proteger información sensible sobre la iglesia.

Luis Fernando Llano, una de las víctimas, contó en entre vista con Hacia El Umbral las agresiones sexuales que sufrió, perpetradas por Chavarriaga, y que fueron encubiertas.

“Él era nuestro líder máximo. Lo teníamos más presente que al rector. En un viaje a Jamundí, en los ochenta, él tenía los equipos más modernos y todos nos turnábamos para poder dormir en su carpa. Me tocó. Me desperté a las seis de la mañana y me estaba masturbando. No sabía qué hacer, yo tenía once años. Encontré una estrategia: me di la vuelta, me hice el dormido”, relató.

Lima, 29 oct (EFE).- La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú insistirá en recibir la declaración presencial de la presidenta, Dina Boluarte, luego de su negativa a asistir este martes a la citación que se le hizo para que responda por el presunto uso irregular de uno de sus vehículos oficiales en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre en el que la gobernante militó hasta 2022.

El congresista Juan Burgos, presidente del grupo de trabajo legislativo, declaró que "el Congreso no puede ser restringido en su función de fiscalizar" y, por ese motivo, pedirán que Boluarte fije "día y hora" para asistir al Palacio de Gobierno y recibir sus declaraciones presenciales.

El secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez, envió este martes un oficio a Burgos para informarle que Boluarte no acudiría a la citación porque las funciones de un gobernante "no contemplan la materia objeto de la invitación, toda vez que la misma corresponde a la gestión de los sistemas administrativos de la entidad".

A pesar de ello, indicó que la mandataria está dispuesta a responder por escrito a las preguntas que le planteen los miembros de la comisión del Congreso.

La Comisión de Fiscalización aprobó el pasado 18 de octubre invitar a la gobernante para que informe "respecto a los bienes y recursos del Estado asignados a la Presidencia de la República y el uso de estos dentro del periodo de su gestión, por corresponder a asuntos de interés público".

Al comentar esta invitación, Boluarte declaró la semana pasada que la iba a evaluar y respondería "dentro del marco que corresponda contestar".

Este martes al comienzo de la reunión de la comisión, Burgos solicitó la lectura del oficio enviado por la Presidencia y luego que se respondiera con otro oficio pidiendo que el Ejecutivo establezca una visita de los legisladores a la sede presidencial "a fin de tratar el tema para el cual fue invitada" la jefa de Estado.

El grupo de trabajo investiga actualmente las denuncias periodísticas sobre el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como 'El cofre' para facilitar la fuga de Cerrón, quien ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por el delito de colusión cuando fue gobernador de la región central de Junín.

Boluarte declaró la semana pasada que no va a encubrir a "ningún prófugo de la Justicia, se llame como se llame", al responder a la prensa sobre el presunto uso de un vehículo presidencial en la fuga de Cerrón.

"Esta presidenta no sabe mentir. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja", remarcó la mandataria.

Después de que un reportaje afirmara que el 'cofre' llegó en febrero pasado a un balneario y luego se dirigió al sur de Lima sin la jefa de Estado, Boluarte respondió la semana pasada a un periodista que las preguntas sobre este tema invaden "el espacio personal familiar".

Por este caso, la Fiscalía de Perú sigue una investigación preliminar contra la presidenta, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y otros funcionarios, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.

Lima, 29 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, no se presentará este martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que la había citado para que responda por el presunto uso irregular de uno de sus vehículos oficiales en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre en el que la gobernante militó hasta 2022.

La decisión fue oficializada mediante un oficio enviado al presidente del grupo legislativo, Juan Burgos, por el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez, según informaron medios locales.

En el documento, que fue publicado por la emisora RPP, Vílchez sostuvo que las funciones de un presidente "no contemplan la materia objeto de la invitación, toda vez que la misma corresponde a la gestión de los sistemas administrativos de la entidad".

A pesar de ello, indicó que Boluarte está dispuesta a responder por escrito a las preguntas que le planteen los miembros de la comisión del Congreso.

"En consecuencia, se comunica que la señora presidenta declina de asistir a vuestra gentil invitación y expresamos la voluntad de proporcionar la información que se requiera, para lo cual, solicitamos se sirva remitir el pliego de preguntas correspondientes", acotó el funcionario.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el pasado 18 de octubre invitar a la gobernante para que informe "respecto a los bienes y recursos del Estado asignados a la Presidencia de la República y el uso de estos dentro del periodo de su gestión, por corresponder a asuntos de interés público".

Al comentar esta invitación, Boluarte declaró la semana pasada que la iba a evaluar y respondería "dentro del marco que corresponda contestar".

El grupo de trabajo legislativo investiga actualmente las denuncias periodísticas sobre el presunto uso irregular del vehículo presidencial conocido como 'El cofre' para facilitar la fuga de Cerrón, quien ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por el delito de colusión cuando fue gobernador de la región central de Junín.

Boluarte declaró la semana pasada que no va a encubrir a "ningún prófugo de la Justicia, se llame como se llame", al responder a la prensa sobre el presunto uso de un vehículo presidencial en la fuga de Cerrón.

"Esta presidenta no sabe mentir. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja", remarcó la mandataria.

Después de que un reportaje afirmara que el 'cofre' llegó en febrero pasado a un balneario y luego se dirigió al sur de Lima sin la jefa de Estado, Boluarte respondió la semana pasada a un periodista que las preguntas sobre este tema invaden "el espacio personal familiar".

Por este caso, la Fiscalía de Perú sigue una investigación preliminar contra Boluarte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y otros funcionarios, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal. EFE

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La parlamentaria de Más Madrid Loreto Arenillas podría ser diputada no adscrita en la Asamblea de Madrid entregando al PSOE el liderazgo de la oposición a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta es una de las incógnitas que ha abierto este lunes Arenillas, quien el viernes anunciaba que entregaría su acta como diputada en la Asamblea tras acusársele de encubrir presuntos abusos sexuales del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. Pero este lunes, cuando podía formalizar esa renuncia, no ha registrado la baja.

De hecho, tras la rueda de prensa de las tres coportavoces de Más Madrid --Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre-- emitía un comunicado en el que anunciaba que denunciaría ante Más Madrid el "abuso de poder" de la dirección del partido contra ella. De hecho, ponía el foco en que la ejecutiva no podía reclamarle la entrega del acta, ya que eso solo puede hacerlo la Comisión de Garantías.

DIPUTADA NO ADSCRITA

Según recoge el Reglamento de la Asamblea, consultado por Europa Press, Arenillas podría pasar a ser no adscrita por decisión propia o al ser expulsada del Grupo Parlamentario. Mantendría su condición de parlamentaria hasta las próximas elecciones autonómicas.

Este movimiento tendría, además, efectos en el Pleno de la Asamblea, ya que el liderazgo de la oposición pasaría al PSOE. Más Madrid y los socialistas quedaron empatados a escaños en los comicios de 2023 --27--, pero en votos ganaron los liderados entonces por Mónica García. Al pasar a condición de no adscrita Arenillas, el asiento frente a Ayuso dejaría de corresponderle a Bergerot para pasar al líder de los socialistas, Juan Lobato.

Según figura en el Reglamento, la Mesa de la Asamblea deberá decidir el procedimiento para que los no adscritos intervengan en el Pleno lo las comisiones de la Asamblea, teniendo que respetar en todo caso su derecho a formar parte al menos de una comisión.

Logroño, 28 oct (EFE).- La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha admitido parcialmente los recursos presentados contra la sentencia por el asesinato de un profesor jubilado en Logroño en febrero de 2020, por lo que ha rebajado la pena del principal acusado de 22 a 18 años de prisión.

El TSJ de La Rioja, en una nota, ha indicado este lunes que, en base a estos recursos, también se absuelve del delito de encubrimiento a la otra acusada en el proceso, por lo que se rebaja su pena de 4 años a 3 años y 6 meses de cárcel.

Los dos acusados fueron declarados culpables por un jurado a finales del pasado mes de junio, tras lo que la Audiencia de La Rioja dictó una sentencia para estos dos acusados.

Los hechos se remontan a febrero de 2020, cuando el docente jubilado, de 73 años, murió desangrado en su domicilio por los golpes que le propinó el acusado.

Este profesor había prestado a la acusada 52.000 euros y, al no devolverle el dinero, la acusó de estafa, según se determinó en el juicio, en el que se detalló que el principal acusado del asesinato mantenía una relación con la mujer y propinó a la víctima una paliza, tras lo que huyó a Italia, donde vivió después con la acusada.

La sentencia recurrida condenaba al hombre a 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y a 3 años y 3 meses por obstrucción a la Justicia; al pago de 40.000 euros a la hija de la víctima y a 10 años de libertad vigilada tras cumplir la condena de cárcel.

El fallo judicial condenaba a la acusada a 3 años y 6 meses de prisión por obstrucción a la Justicia y a 6 meses de cárcel por encubrimiento.

La Sala de lo Civil y Penal estima, respecto al delito de asesinato, que debía valorarse el “dolo eventual” (asumiendo que ello podría causarle la muerte) y no el “dolo directo” (con intención de causarle la muerte) a la hora de fijar la condena.

Detalla que el jurado consideró probado que el acusado “actuó con intención de causarle la muerte o asumiendo que ello podría causarle la muerte” a su víctima.

Por ello, considera que si el jurado asume tanto el dolo directo como el eventual, el tribunal ha de tener en cuenta a efectos punitivos la situación que más favorable sea al reo, por lo que le rebaja la pena de 22 a 18 años de prisión.

Además, absuelve a la acusada del delito de encubrimiento porque en la sentencia de la Audiencia “no se llega a especificar cómo ayudó al hombre para que abandonara Logroño y se fuera a Madrid o para que se trasladara posteriormente a Italia".

Para la Sala, el hecho de que se vieran en Madrid, compartieran habitación en el mismo hotel o que llamaran al mismo número de Italia -sin que se haya identificado al receptor de las llamadas ni el contenido de las conversaciones- no prueba la comisión del delito de encubrimiento.

También señala que “los acusados no huyeron juntos de España, lo que excluye un plan conjunto de fuga", sino que "la acusada decidió posteriormente desplazarse a Italia para trabajar y vivir con el acusado”. EFE

Madrid, 28 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su apoyo a las mujeres víctimas de agresiones machistas y ha denunciado que vieron como sus agresores eran beneficiados por la ley del solo sí es sí y "ahora vuelven a sufrir no solo los hechos, sino su encubrimiento".

"Nosotros vamos a seguir defendiéndolas, sigue siendo nuestro deber. Es lamentable que el Gobierno de España solo pueda ofrecerles su hipocresía", ha afirmado en un discurso en abierto ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en un alusión indirecta a la salida de Íñigo Errejón de la política por denuncias de violencia machista.

Feijóo ha apuntado que a los españoles se les hará larga la legislatura, pero al Gobierno se le va a hacer más porque "se van cocer en su propia hipocresía". EFE

Bogotá, 23 oct (EFE).- El sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien presidió la Comisión de la Verdad de Colombia, fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

El viernes pasado, un hombre identificado como Fernando Llano Narváez denunció en una conferencia en la Universidad Javeriana que él y sus hermanas fueron abusados sexualmente por Chavarriaga en 1976 cuando estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, de la comunidad jesuita.

"Fue interpuesta una denuncia en 2014 al padre Francisco de Roux. Han pasado 50 años casi de los hechos, 10 años de la denuncia contra De Roux (...) De allá para acá no ha pasado nada con nosotros", expresó Llano en un video publicado por el periodista Miguel Estupiñán en el blog 'Hacia el umbral'.

Esta denuncia fue interpuesta por Llano y sus hermanas contra De Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, porque en 2014 era el provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y le contaron todos los abusos que supuestamente cometió Chavarriaga.

La Compañía de Jesús realizó una investigación y destituyó entonces a Chavarriaga del cargo de decano del medio universitario de la facultad de Odontología de la Javeriana, pero no llevó el caso a la Fiscalía, razón por la cual De Roux y otros padres, como Luis Javier Sarralde y Hans Zollner, fueron denunciados penalmente por supuestamente encubrir al posible pederasta.

"A la fecha (...) no ha pasado nada. No ha habido ningún tipo de reparación ¿La Iglesia qué va a hacer con el ánimo de repararnos en este momento para que tengamos la justicia que tanto hemos esperado?", expresó Ana Rosa Cristina Llano, una de las víctimas durante el foro.

El padre De Roux aseguró al diario bogotano El Espectador que está atento "al llamado de la justicia colombiana para responder sobre" su conducta.

"Solo tengo para decir que frente a este caso de abuso por el que me preguntan y que conocí como superior provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas", expresó y agregó: "Tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia".

Nueve excomisionados de la verdad, entre tanto, manifestaron este miércoles su respaldo al sacerdote jesuita y pidieron que se aclaren los hechos.

"Consideramos de la mayor importancia la escucha de los testimonios de quienes han sufrido vejaciones y violaciones a su dignidad por parte de cualquier persona o institución, incluso la eclesiástica. Es la justicia colombiana quien está llamada a sancionar a los responsables", afirmaron.

Rechazaron, además, la pretensión de "desprestigiar la tarea de la Comisión de la Verdad al poner un manto de duda sobre el compromiso con la verdad y la justicia de quien fuera nuestro presidente, con base en un caso ocurrido hace una década cuando Francisco de Roux era provincial de la Compañía de Jesús".

La Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz de 2016 para investigar las causa y orígenes del conflicto armado colombiano, presentó su informe final en junio de 2022, tras lo cual se dio por terminado su mandato. EFE

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Lima, 22 oct (EFE).- La presidenta peruana, Dina Boluarte, afirmó este martes que no va a encubrir a "ningún prófugo de la Justicia, se llame como se llame", al responder a la prensa sobre el presunto uso de un vehículo de la Presidencia en la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido en el que ella misma militó hasta 2022.

La jefa de Estado dijo que la "única persona" que usa el 'cofre', como se denomina a su vehículo oficial, es ella y que "la presidenta no va a encubrir a ningún prófugo" de la Justicia.

Los medios de comunicación le preguntaron sobre este asunto, puesto que la Fiscalía abrió una investigación preliminar a Boluarte tras la versión periodística que reveló que Cerrón, sentenciado por corrupción y líder de Perú Libre, huyó en ese automóvil en febrero pasado.

"Esta presidenta no sabe mentir. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja", remarcó la mandataria.

Después de que dicho reportaje periodístico afirmara que el 'cofre' llegó a un balneario y luego se dirigió al sur de Lima sin la mandataria, Boluarte evitó precisar con quién se reunió en ese destino porque la pregunta "invade el espacio personal familiar".

A raíz de este caso, la comisión de Fiscalización del Congreso ha citado a la mandataria para preguntarle el miércoles sobre la fuga de Cerrón presuntamente en su vehículo oficial, a lo cual Boluarte respondió que estará "contestando dentro del marco que corresponda contestar".

La Fiscalía de la Nación (general) abrió una investigación preliminar contra Boluarte por presunto encubrimiento personal, junto al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y otros funcionarios por el presunto uso del vehículo oficial para el traslado de Cerrón, quien ha cumplido un año como prófugo de la justicia, fuera de Lima. EFE

Lima, 27 sep (EFE).- El vocero del despacho presidencial de Perú, Fredy Hinojosa, afirmó este viernes que en su país se está "desarrollando una campaña sistemática" para "generar una gran mentira", que ha derivado en la apertura de una nueva investigación fiscal contra la mandataria Dina Boluarte, en este caso por encubrimiento.

Hinojosa declaró en una rueda de prensa que esta supuesta campaña "tiene una caja de resonancia en algunos operadores y finalmente se magnifica, para, sobre la base de esta falsedad, aperturar una carpeta fiscal".

El vocero presidencial hizo estas declaraciones horas después de que la Fiscalía de Perú anunciara que abrió una nueva investigación preliminar a la presidenta por presunto encubrimiento en la fuga del líder de su antiguo partido, Vladimir Cerrón. EFE

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Lima, 26 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú ha abierto una nueva investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento en la fuga del líder de su antiguo partido, informó este jueves el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal.

El abogado dijo en la emisora RPP que la apertura de la investigación está relacionada con el supuesto uso del vehículo presidencial, conocido como 'el cofre', para la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó Boluarte hasta 2022.

Portugal añadió que la disposición se emitió este miércoles y también incluye al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a otras cuatro personas, vinculadas con la seguridad presidencial.

"(En el caso de) la presidenta en calidad de autora por el delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del cofre en donde aparentemente, dice el Ministerio Público, estaba Vladimir Cerrón", detalló el letrado.

Señaló que consideran "que es absolutamente apresurada la reacción del Ministerio Público", porque habían cumplido con entregar la información sobre este caso que les habían solicitado en un plazo de pocas horas.

"Como sabemos perfectamente que el Ministerio Público actúa ilegalmente, aun cuando es el representante y vocero de la legalidad, es que la estrategia fue: presidenta hagámoslo, porque es altamente probable que al día siguiente estén tocando nuevamente la puerta de Palacio (de Gobierno) y no para tomarse una foto con usted, sino para allanarla", comentó que le recomendó a la mandataria.

El abogado agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la declaración de Boluarte ni de Santiváñez, pero informó que los otros investigados, que son policías asignados a la seguridad del vehículo presidencial, lo harán desde el próximo 1 de octubre.

Portugal consideró, en ese sentido, que existe "una farsa" en este caso y lamentó que el fiscal general, Juan Carlos Villena, haya decidido abrir la investigación preliminar.

"Aun cuando exista el derecho constitucional y convencional a guardar silencio, la presidenta va a hablar", remarcó antes de añadir que Boluarte mostrará "hechos que generen credibilidad, signos externos que generen credibilidad".

El pasado viernes, Boluarte acusó a la prensa de crear "historias de terror", por informar sobre esta presunta fuga en el vehículo de uso presidencial que, según remarcó, "son de uso exclusivo de la presidenta de la República y nunca se subió el prófugo Vladimir Cerrón".

El pasado 24 de marzo, el dominical 'Punto Final' difundió una foto que muestra el automóvil que usa la presidenta estacionado cerca de un condominio ubicado en un balneario próximo a Lima.

En ese momento, se indicó que dicha imagen fue tomada el 24 de febrero de 2024 y que el vehículo estuvo estacionado cerca de un punto donde la Policía ejecutaba un operativo para buscar a Cerrón.

El Ministerio del Interior no autorizó este miércoles al chófer de la presidenta, el policía Félix Montalvo, para que acuda a una comisión del Congreso a responder sobre el presunto uso del vehículo, con el argumento de que "todas las actividades que atañen a la seguridad de la esfera privada e intimidad" de la Presidencia "deben mantenerse en reserva". EFE

Lima, 26 sep (EFE).- La Fiscalía de Perú ha abierto una nueva investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento en la fuga del líder de su antiguo partido, informó este jueves el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal.

El abogado dijo en la emisora RPP que la apertura de la investigación se dio por el supuesto uso del vehículo presidencial, conocido como 'el cofre', para la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que militó Boluarte hasta 2022. EFE

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La Corte Suprema de Justicia desestimó este martes el recurso de queja presentado por un ex funcionario público de la gobernación de Chubut, quien fue hallado culpable de encubrir actos de corrupción en la causa conocida como “Emergencia climática”, vinculada al gran temporal que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia en 2017. De esa manera, el Máximo Tribunal dejó firme la condena contra Marcelo Fabián Suárez, ex subsecretario de Promoción Social del Ministerio de Familia provincial, quien resultó responsable de encubrir desvíos de donaciones durante la emergencia climática.

El ex funcionario, en rigor, había sido condenado a dos años y medio de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado por ser cometido por funcionario público, en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de instrumento público.

El caso se originó tras las devastadoras inundaciones que azotaron Comodoro Rivadavia entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, cuando un ciclón extra-tropical dejó caer casi 400 mm de lluvia. Este fenómeno provocó una de las peores crisis climáticas en la historia de esa región, con miles de evacuados, destrucción de infraestructura y más de 3000 viviendas por reconstruir. En ese contexto, el entonces gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, había descrito a la ciudad como una “zona de catástrofe”. “Toda la población de Comodoro Rivadavia”, que supera los 200 mil habitantes, “está afectada por esta situación, de alguna forma u otra”, señaló en ese momento.

En el expediente en el que estuvo involucrado Suárez, se comprobó que la empresa Royal Canin había donado 450 bolsas de alimento balanceado a través de la Casa del Chubut en Capital Federal, con la intención de asistir a los damnificados del fuerte temporal. Sin embargo, según el fiscal Marcos Iturrioz, esas bolsas fueron vendidas de manera clandestina y solo una pequeña parte fue entregada a distintas ONG protectoras de mascotas.

El Ministerio Público Fiscal comprobó que la comida para perros fue ofrecida a bajo costo a través de redes sociales, en una maniobra en la que participaron Leticia Huichaqueo, exministra de Familia durante la gestión del gobernador Das Neves, y su esposo, Juan Carlos Gómez. En ese esquema fue que Suárez, en su rol de subsecretario de Promoción Social, encubrió la operación mediante la falsificación de declaraciones juradas que aseguraban que las donaciones habían sido entregadas a las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia.

Por otro lado, la causa denominada “Emergencia Climática”, de gran renombre a nivel provincial, contó con una decena de exfuncionarios y empresarios acusados de defraudar a la administración pública mediante el desvío de fondos y una serie de incumplimientos en las obras contratadas para la reparación de los daños surgidos durante la emergencia climática.

En el caso de Marcelo Fabián Suárez, su proceso judicial contó con una condena en agosto de 2021. Luego, su defensa, encabezada por el abogado Sebastián Daroca, apeló el fallo y presentó agravios por “falta de pruebas” y “desproporcionalidad en la pena”. La Cámara Penal de Trelew recibió el expediente y ratificó la sentencia condenatoria. Posteriormente, Suárez intentó llevar la causa ante la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, pero su recurso fue declarado improcedente.

Así las cosas, y ante el rechazo de las instancias provinciales, el exfuncionario recurrió al recurso extraordinario federal, que también fue denegado, lo que lo llevó a interponer un recurso de queja para alzarse directamente ante el Máximo Tribunal. En esa instancia, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el planteo quedó desestimado por resultar “inadmisible” en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Su nombre seguía figurando en la página oficial de la Policía de Córdoba este martes después de las 16.30 pese a que habían pasado un par de horas del cimbronazo que significó el arresto del subjefe de la Fuerza y comisario general Alejandro Mercado, acusado del delito de encubrimiento agravado de una banda mixta imputada por asociación ilícita. Incluso, luego de la conferencia de prensa que dieron en el Salón Azul de la jefatura el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía, comisario general Héctor Leonardo Gutiérrez.

Mercado fue detenido en una causa que se investiga bajo el secreto del sumario por el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gravier, quien lleva el expediente bajo el secreto de sumario. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia se anunció que el ahora ex subjefe de la Policía cayó junto a otros siete sospechosos: hay un comisario, una subcomisaria y hasta un empleado judicial tras las rejas.

Se trata de un expediente sobre una financiera ilegal y la venta de celulares y neumáticos robados en el que la mayoría fue acusado por asociación ilícita. Los ocho sospechosos fueron apresados en el marco de 11 allanamientos en diversos domicilios de la Ciudad de Córdoba, La Calera, Arroyito, Rio Segundo y la Comuna de Lozada.

Así, Mercado quedó preso por el delito de encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. Mientras que la subcomisaria Verónica Aguilar y el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera fueron detenidos como miembros de una asociación ilícita. Falsa denuncia y falsedad ideológica son los cargos que se le sumaron a Cabrera.

También, por esos mismos delitos de falsa denuncia y falsedad ideológica fue arrestado el empleado judicial Juan José Corzo. En tanto, tres hombres de apellido Monge de los que no se destacó el parentesco fueron imputados como miembros de una asociación ilícita. Una mujer de esa misma familia es intensamente buscada.

“La causa está vinculada a hechos producidos en el curso del año 2022 a 2023, que tienen relación con la comercialización clandestina de teléfonos celulares y neumáticos de origen ilícito, entre otras”, se explicó desde el MPF.

Este mediodía, en una conferencia de prensa en el Salón Azul de Jefatura de Policía el ministro de Seguridad Quinteros dijo sobre Mercado: “Inmediatamente hay una imputación, se comunica el Tribunal de Conducta y ha puesto sido puesto en situación pasiva”. También admitió: “Por supuesto, nos duele, nos pega como fuerza, como institución, pero vamos a seguir adelante porque es el firme desafío que nos ha encomendado el Gobernador y vamos a seguir más fuerte que nunca”.

Quinteros comentó que los que se investiga es “un lugar de venta de telefonía celular donde también funciona una financiera y otro tipo de actividades, como venta de neumáticos de origen ilegal”. Y agregó que los otros policías involucrados en la causa son “funcionarios públicos del área de investigaciones”.

Según el portal La Voz del Interior, Mercado fue Director General de Investigaciones y ascendió a subjefe con el actual jefe de Policía Gutiérrez. Con 35 años de servicio, había comenzado en la Policía Caminera de Laboulaye, fue instructor y hacía un cuarto de siglo que estaba en Investigaciones Criminales. Además, es martillero y corredor inmobiliario matriculado.

El fiscal Gravier también es justamente quien investiga la corrupción en el Servicio Penitenciario de Córdoba, en la que fue detenido su ex jefe Juan María Bouvier por administraciones irregulares en los penales de Bouwer, Cruz del Eje y Villa María.

El antiguo jefe de las cárceles de la provincia estuvo al frente de la gestión de los penales durante los últimos 15 años. Su desplazamiento fue ordenado en diciembre, tras el cambio de gobierno provincial. La causa en la que se lo involucra se inició por los delitos de “asociación ilícita y extorsión”.

Además de Bouvier, fueron arrestados Víctor Hugo Vivas y Silvia Barbero, quienes integraban parte del directorio del Servicio Penitenciario. También el subjefe de la cárcel de Bouwer, Alejandro Guzmán, tres abogados y dos particulares.

Con 41 votos a favor, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para endurecer las penas para quienes encubran a los responsables de feminicidios y, ahora también transfeminicidios.

Esta reforma, conocida como “Ley Monse”, prohíbe que se utilice la excusa absolutoria, lo que significa que los familiares o parejas de los presuntos delincuentes no podrán evitar la penalización por encubrimiento bajo el pretexto de su relación afectiva o familiar con el acusado.

Hasta ahora, quienes ocultaban al autor de un delito no eran considerados encubridores si eran defensores o familiares del presunto culpable. Sin embargo, durante una sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron modificaciones a los artículos 320 y 321 del Código Penal de la Ciudad de México.

Con estos cambios, las excusas absolutorias ya no serán válidas para aquellos que, por afecto o parentesco, oculten a personas acusadas de feminicidio, homicidio o transfeminicidio. Las nuevas penas establecen que quienes incurran en encubrimiento podrán enfrentar de dos a ocho años de prisión y multas que varían entre 500 y 1000 días de salario.

La diputada panista Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, subrayó que esta reforma es histórica y representa un avance significativo en la protección de las mujeres y en la justicia para las víctimas.

Salido explicó que la reforma busca evitar que familiares, amigos y personas cercanas a los presuntos delincuentes puedan evadir la justicia al encubrir a quienes han cometido los delitos ya mencionados. Así mismo, enfatizó que el 70.1% de las mujeres en México de 15 años o más han sufrido algún tipo de violencia, frecuentemente a manos de sus parejas o exparejas.

Por su parte, Jorge Gaviño, presidente de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del congreso, detalló que la iniciativa, presentada originalmente por la diputada panista Luisa Gutiérrez Ureña, busca acabar con el beneficio de las excusas absolutorias para aquellos estrechamente ligados al presunto delincuente, como ascendientes, descendientes o parientes hasta el cuarto grado.

Ahora, si se comete cualquiera de estos delitos, no se permitirá que nadie pueda encubrirlos sin enfrentar responsabilidad penal.

Vale la pena recordar que esta legislación surge como respuesta al trágico caso de Montserrat Bendimes, una joven de 20 años originaria de Boca del Río, Veracruz, quien fue asesinada en abril de 2021. Montserrat murió a causa de múltiples golpes propinados por su pareja, Marlon Botas.

Los padres de Botas ayudaron a su hijo a escapar después de trasladar a Montserrat a un hospital mientras ella luchaba por su vida. Marlon Botas desapareció y su paradero sigue siendo desconocido, lo que motivó la creación de la “Ley Monse” para prevenir que casos similares se repitan.

La investigación apunta a todos los adultos que el pasado 13 de junio compartieron un almuerzo con Loan, que desapareció delante de los ojos de todos. Nadie desaparece delante de los ojos de nadie. Entre esos adultos hay miembros de la familia del chico, amigos de esos familiares y hasta ronda la escena el entonces comisario y parte de la oficialidad policial del pueblo correntino de 9 de Julio, escenario de esta gran tragedia argentina.

Todos los involucrados mienten. Mintieron y es de esperar que sigan mintiendo porque encubren ese delito gravísimo que la Justicia no puede todavía definir, porque Loan no aparece ni vivo ni muerto. Si todos mienten, es porque cada uno está de alguna forma involucrado en la desaparición.

Hay algo más grave que el hecho siniestro que rodea a la mentira de todos: alguien, tal vez más de una de esas personas, sabe la verdad. Y calla. Callar la verdad es tanto o más grave que mentir.

La impunidad que rodea el caso Loan fue comparada en estos días con la impunidad que rodea y rodeó al atentado a la AMIA. Es justo recordar que aquel hecho terrible que ocurrió hace treinta años, y ocurre aún, contó con una cobertura, vecina a la complicidad, de una parte del Poder Judicial. El principal sospechoso de haber entregado la camioneta bomba a los terroristas, hoy abogado, fue sobornado con cuatrocientos mil dólares, pagados por la SIDE con fondos públicos, para que acusara a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires de ser el contacto local con los terroristas. Los acusados fueron luego declarados inocentes. Para “convencer” al sospechoso de las ventajas del trato dólares por acusación, lo visitó en la cárcel una jueza que en ese momento presidía la Cámara Federal y que murió en 2010.

La combinación delito, poder político, policía, Poder Judicial es en la Argentina una garantía de impunidad. Que lo diga el caso Nisman. Sólo con que un fiscal no haga una pregunta, no ordene una pericia, una diligencia, un allanamiento; sólo con que un juez evite tomar una declaración, o lo haga tarde, o interrogue mal, a sabiendas o por impericia, o que justo en ese instante haya mirado hacia el costado, un delito puede quedar impune.

La prensa, en muchos casos en un papel de detectives que es ajeno a la profesión, una cosa es el periodismo de investigación y otra muy diferente es jugar al poli-ladron, siguió día a día, con fiera decisión y con noble determinación las andanzas de los protagonistas del caso. Oyeron sus mentiras, las cuestionaron, las contrastaron, las echaron por tierra, las colocaron en el cajón de las dudas razonables. Hicieron una tarea que debió haber sido hecha por la Justicia. La prensa no reemplaza al Poder Judicial. Es ha sido una idea falsa instalada hace ya casi tres décadas, con la aviesa intención de impedir lo que sí el periodismo debe hacer: investigar.

Sin embargo, los pobladores de 9 de Julio están convencidos de que si lo que ellos llaman la “prensa nacional”, se va de Corrientes, todos quedan a merced de un destino aciago. En 1990 sucedió lo mismo en Catamarca con el asesinato de María Soledad Morales. Días pasados, en la esperanzada manifestación de protesta y reclamo por Loan, las madres de 9 de Julio decían a los periodistas: “No se vayan por favor. Todos tenemos un Loan en casa…”. En ese pueblo correntino todos saben más de lo que están dispuestos a decir. Parece que todos callan algo en 9 de Julio. Desde lejos, la impresión es que Loan no es el primer chico que se esfuma en el aire o por esa zona o por Corrientes. Los chicos no se esfuman en el aire. Y Loan no aparece.

Una ley, reglamento, inciso del Código de Procedimientos o del Código Penal, y aún de la Constitución, dice, en muy buena hora, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, sin que haya presunción de culpabilidad en su contra. Por ende, un sospechoso puede negarse a declarar. O mentir. Ahora, ¿Cuál es el límite de la mentira? Una cosa es que un asesino diga a su juez: “Yo no lo maté”. Y otra muy distinta es que diga: “Lo que pasó es que…” Porque esa declaración mentirosa obstruye el accionar de la Justicia, la desorienta, la confunde, la paraliza. Mentir en propia defensa no debería implicar pretender dirigir la investigación de un delito desde el banquillo de los acusados. Ni siquiera desde el banquillo de los sospechosos.

Hace medio siglo, J. Fred Buzhardt y Leonard Garment, abogados y consejeros del presidente Richard Nixon que estaba hasta las orejas por haber encubierto el Caso Watergate, temblaban ante la posibilidad de quedar pegados en ese delito. O al menos temían ser acusados ya no de encubrir el Caso Watergate, sino de conspirar para encubrir el encubrimiento de Nixon. Hasta León Jaworsky, fiscal especial del caso, caminaba con pies de plomo para evitar ser él mismo sospechado de algún tipo de ocultación. Y Jaworsky estaba convencido de que Estados Unidos “tiene a un delincuente como presidente”, según citan Bob Woodward y Carl Bernstein en “The final days – Los días finales”.

En el caso Loan, un abogado vinculado al poder político correntino convenció a una sospechosa, luego imputada, o lo que fuere, una mujer que dijo lo que quiso y desmintió lo que quiso a lo largo de la causa, para que hiciera una declaración. Le prometió dinero, una casa, una moto y otra vida para que declarara que el chico había sido víctima de un accidente. La mujer cumplió. Para que cumpliera, el abogado la trasladó en auto hasta una fiscalía del fuero ordinario que abrió las puertas en la madrugada por decisión de su titular, y esa hipótesis cayó sobre la causa que ya se tramitaba en el fuero federal de la provincia.

¿El poder judicial correntino juzgará al abogado que desvió y obstruyó la investigación? Porque lo del accidente era una falsedad y no es posible detectar cómo esa hipótesis iba a beneficiar a quien la dio por verdadera ante la Justicia, sólo para desmentirla días después. Esa misma mujer, tía de Loan, denunció amenazas de muerte. Qué caso más extraño: una misma persona es amenazada de muerte y al mismo tiempo tentada con una suma millonaria, una casa, una moto y otra vida.

¿Quién mueve los hilos en el caldero de 9 de Julio? Quienes se hayan dejado llevar por la impresión de que el caso afectaba a gente muy humilde, de escasos recursos económicos y verbales, incluso, así se dijo, de una inteligencia limitada por una mala alimentación, se equivocaron. El principal núcleo humano involucrado en el caso, que no sale de ese círculo cerrado, miente con una habilidad extraordinaria; tal vez con sencillez, con puerilidad, no con candor pero sí con picardía, incluso con malicia. En todo caso, los resultados de esas mentiras todavía los favorecen. Y las mentiras permanecen impunes. O no se trataba de gente limitada en su inteligencia, o alguien los instruye día a día con infame precisión.

En medio de tanta mugre, nadie permanece por entero limpio: ni investigadores, ni fiscales, ni jueces, ni policías, ni abogados, ni funcionarios políticos, ni legisladores provinciales. Nadie parece ser inocente.

El único inocente es Loan. Y no aparece.