"El año pasado, Oriente Medio rompió récords" en el sector turístico, afirmó la también consejera delegada de la organización que representa al sector privado global de esta industria, y añadió que este año "no va a ser mejor que el pasado. Pero la cuestión es cómo de rápido se va a recuperar".

Según la mexicana, la recuperación podría tardar "mínimo dos meses", siempre teniendo en cuenta que haya una firma de paz que termine con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

La zona del golfo Pérsico ha sido directamente afectada por las hostilidades dado que Irán respondió a los ataques estadounidenses e israelíes lanzando acciones contra sus vecinos, especialmente contra Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ante la cuestión de si Dubái, consolidado como uno de los destinos turísticos más populares del mundo con casi 19,6 millones de visitantes en 2025, ha "perdido" este año turístico, la mexicana no cree que se "haya acabado", aunque sí definitivamente ha sufrido un impacto, ya que -en su opinión- EAU ha hecho "muy buen trabajo" desde el inicio de la crisis.

Asimismo, según Guevara, el aeropuerto de Dubái -que ha sido reiteradamente el más transitado del mundo y que en 2025 marcó un nuevo récord con 95,2 millones de pasajeros- está abierto al 60 % de capacidad.

La directiva mexicana hizo estas declaraciones en el marco del Programa de Liderazgo Global del WTTC, que se celebra por primera vez en un crucero mientras transita por el canal de Suez (Egipto) y se prolonga hasta mañana, viernes, y que tiene como pilar la recuperación de esta nueva crisis mundial, agudizada por el aumento del precio del crudo por el ahora doble bloqueo (iraní y estadounidense) en el estrecho de Ormuz.

Durante la jornada de hoy, importantes personalidades, como el expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012); el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), y el ex primer ministro italiano Matteo Renzi (2014-2016) participaron en el foro.

Por otro lado, se prevé que mañana intervenga Nick Adams, el enviado especial estadounidense para Turismo y que fue nombrado el pasado marzo por el presidente Donald Trump, siendo la primera vez que participa en un foro internacional desde que ocupó el cargo.

En 2025, Oriente Medio experimentó un fuerte crecimiento en el sector de viajes y turismo, con una expansión del 5,3 % en 2025, superando el promedio mundial del 4,1 % y consolidando la posición de la región como uno de los mercados turísticos "más dinámicos del mundo", de acuerdo con cifras publicadas por WTTC el pasado abril.

De hecho, esta industria de la región contribuyó con 385.800 millones de dólares al PIB en 2025, generando 7,1 millones de empleos, siendo Arabia Saudí "la mayor economía del sector de la región, con un PIB de 178.000 millones de dólares y el 46 % del total de la economía de viajes y turismo de Oriente Medio".

A Arabia Saudí -que se abrió al turismo internacional en 2019 tras décadas de hermetismo- le sigue precisamente EAU, cuyo sector de viajes y turismo alcanzó un PIB de 68.500 millones de dólares en 2025.

Sin embargo, Guevara apuntó que el conflicto en Oriente Medio ha provocado "600 millones de dólares de pérdidas en el gasto de visitantes internacionales".

Asimismo, hay "menos asientos", es decir hay una "falta de oferta" en Oriente Medio, región que recibe un 5 % de las llegadas internacionales a nivel global, aunque el porcentaje aumenta a 14 % en lo que se refiere a conexiones aéreas, dado que sirve como 'hub' entre Oriente y Occidente.

Otro de los grandes problemas que sigue afectando es el fuerte aumento "incluso el triple" del precio del queroseno, que "sube más rápido que el petróleo".

Por ejemplo, el pasado 20 de febrero, su precio era de 95,95 dólares el barril, mientras que el pasado 1 de mayo era de 181,22 dólares, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés).

Igualmente, Guevara concluyó que en una situación así "todo el mundo pierde", sobre todo a medio y largo plazo, aunque en un primer momento algunos países, como Turquía o Egipto, se vieran beneficiados de algún modo por la crisis debido a los desvíos de rutas aéreas, al tener que los países del golfo Pérsico cerrar sus espacios aéreos por los ataques iraníes.EFE

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Esta investigación, avanzada a Le Monde, sucede unas semanas más tarde de que Musk diese plantón al Tribunal de París, que le había citado para un interrogatorio voluntario el 20 de abril en el marco de un procedimiento abierto a inicios de año por posibles violaciones de la legislación del país por contenidos publicados en su red X.

La Fiscalía francesa abrió esta vez una instrucción judicial el 6 de mayo contra la matriz de la red social X (anteriormente Twitter), su dirigente Elon Musk y quien fuera directora general de la red hasta el verano de 2025, Linda Yaccarino.

De este modo, el juez instructor designado decidirá si hay suficientes indicios para abrir un juicio.

El magnate había sido convocado por la Justicia francesa el pasado 20 de abril para una declaración en la que no debía comparecer como imputado, sino bajo el formato de lo que se conoce como "una audición libre".

Tras el plantón, La Fiscalía francesa indicó que la investigación proseguía.

En marzo pasado, al poco tiempo de conocerse la citación de abril, Musk trató de "retrasados mentales", escrito directamente en francés ("attardés mentaux"), a los magistrados que investigan sobre X en Francia.

Una reacción abrupta tras el registro judicial que se llevó a cabo a comienzos de febrero en la sede de X en París, y al que la empresa replicó rechazando "categóricamente haber cometido la menor infracción" y denunciando "motivaciones políticas".

La investigación judicial, abierta en enero de 2025, se centra en los delitos de complicidad en la posesión y distribución de imágenes de pornografía infantil de menores, y en el uso del modelo de inteligencia artificial de X para crear 'deepfakes' (ultrafalsos) sexualmente explícitos sin el consentimiento de las víctimas, precisaron las fuentes.

Las autoridades judiciales francesas recordaron que otros países también ya han abierto investigaciones contra X, relacionadas con estas mismas sospechas.

El Departamento estadounidense de Justicia (DOJ) llegó a defender a Musk al considerar que las solicitudes de los magistrados franceses tenía una "fuerte connotación política".

La asesora ejecutiva, de cuarenta años, testificó en el sexto día del juicio, que se está llevando a cabo en Oakland (California), y durante su intervención fue cuestionada sobre su relación personal con Musk.

Zilis explicó que, hacia finales de 2020, cuando formaba parte de la junta de OpenAI, planeaba ser madre soltera y aceptó la oferta del magnate de donar su esperma, aunque en un inicio no contemplaba que él desempeñara un papel activo en la vida de sus hijos.

"En ese entonces, él animaba a todos a su alrededor a tener hijos y notó que yo no los tenía. Él se ofreció a hacer una donación", dijo Zilis -de acuerdo con la cadena BBC-.

La ejecutiva detalló que ambos acordaron mantener la paternidad de forma "estrictamente confidencial", motivo por el cual no informó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que Musk era el padre de sus gemelos y solo hasta que supo que un reportaje de Business Insider sobre la paternidad de sus hijos estaba a punto de publicarse decidió comunicárselo.

Pese a ello Altman y Greg Brockman, presidente de Open AI, quisieron que Zilis se mantuviera en la junta de la empresa.

Zilis, quien actualmente mantiene una relación romántica con Musk, afirmó que convive con el hombre más rico del mundo cuando viajan y cuando pasan tiempo en familia en una residencia en Austin (Texas).

"'Relación' es un término relativo", respondió Zilis, quien añadió que si "ha habido momentos románticos", según una información citada por la revista Vanity Fair.

El testimonio de Zilis era uno de los más esperados en el juicio, iniciado la semana, por una demanda de Musk en la que acusa a la tecnológica; a sus cofundadores, Sam Altman y Greg Brockman; y a Microsoft de "engañarlo" para que donara más de cuarenta millones de dólares en una iniciativa benéfica que ahora está dedicada al lucro, según testificó el pasado 29 de abril.

La canadiense trabajó con OpenAI entre 2016 y 2023, donde inicialmente fue una asesora y después pasó a ser miembro de la junta directiva. Actualmente, Zilis es directora de operaciones y proyectos especiales en Neuralink, de la que Musk es dueño.

Este miércoles, los abogados de la empresa matriz de ChatGPT lograron que Zilis admitiera que tenía sentimientos positivos hacia Altman y Brockman, a los que Musk ha acusado de "robar" a la caridad.

Además, la ejecutiva dijo que votó a favor del acuerdo entre OpenAI y Microsoft, porque le pareció una buena idea. No obstante, señaló que Musk no estuvo de acuerdo y "me tildó de ingenua", según información citada por la cadena NBC.

No obstante, Zilis expresó que tuvo varias inquietudes respecto al liderazgo de Altman, otrora amigo de Musk, en OpenAI.

La canadiense contó que cuando ella formaba parte de la junta directiva de OpenAI, la tecnológica lanzó ChatGPT, pero que no fue informada sobre los planes para la presentación del chatbot.

El nombre de Zilis ya había salido a relucir en el juicio. Brockam testificó en la víspera que la ejecutiva actuó como mediadora entre los cofundadores de OpenAI y Musk, pero después se marchó a trabajar con el magnate.

OpenAI ha calificado la demanda de Musk como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo.

El fundador de Tesla y SpaceX exige que OpenAI le pague 150.000 millones de dólares, el despido de Altman y que la compañía regrese a un estatus total de organización sin fines de lucro.

Zilis culminó hoy con su declaración, a la espera de que al estrado suba en los próximos días Altman, que es actualmente el director ejecutivo de OpenAI.

Los argumentos finales de este juicio serán presentados el próximo 14 de mayo, según información compartida a EFE por el tribunal federal.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, encabeza una delegación compuesta por cerca de 50 empresarios en un viaje a Taiwán. Esta visita tiene como objetivo una agenda predominantemente económica y diplomática, y busca consolidar una alianza bilateral vigente desde 1957.

La agenda oficial inicia este miércoles, cuando Peña será recibido por el gobernante taiwanés William Lai, según confirmó una fuente de la Presidencia paraguaya en Asunción a la agencia de noticias EFE.

En territorio taiwanés, el Gobierno de Paraguay aspira a “fortalecer los lazos económicos y fomentar el intercambio con empresas locales” mediante “oportunidades de inversión” en el país sudamericano, informó la Presidencia paraguaya en un comunicado.

Paraguay es el único país de Sudamérica y uno de los 12 en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un contexto donde las presiones diplomáticas de China han disminuido el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

La administración de Peña ha reiterado en varias ocasiones que su relación con Taipéi se basa en “valores compartidos”, pese a ciertos sectores internos que promueven un acercamiento a Pekín.

Peña viajó por primera vez a Taiwán en 2023 como presidente electo y regresó en 2024 para asistir a la jura de Lai.

Durante 2025, las exportaciones de carne bovina generaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay, y Taiwán fue el tercer destino de estas ventas, con compras por 288,3 millones de dólares, según un informe de la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) publicado en diciembre pasado.

También en 2025, Taiwán y Paraguay firmaron un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina paraguaya, lo que afianzó la alianza comercial entre ambos países.

En la actualidad, Taipéi mantiene lazos oficiales con solo 12 Estados, de los cuales siete (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se encuentran en América Latina y el Caribe.

La visita de Peña a Taiwán se extenderá hasta el 10 de mayo. A partir de esa fecha y hasta el 12 de mayo, el mandatario viajará a Filipinas para fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos, proceso que comenzó a fines del año pasado con esta nación del sudeste asiático.

De manera sorpresiva y totalmente fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó ayer a Bariloche para hablar en el Foro Llao Llao, el ya tradicional encuentro empresario que se hace desde hace 11 años en esa ciudad.

“Es imposible que Kicillof sea presidente”, dijo ayer el titular del Palacio de Hacienda en el segundo día del encuentro. Y cerró esa idea con una frase, quizás irónica, quizás dirigida a alguno de los presentes: dijo que el que paga para medir en encuestas las chances presidenciales del gobernador bonaerense está tirando la plata.

Caputo habló en la cena de ayer, donde se degustó pastas de cordero y salmón, y lo escucharon unos 150 empresarios y emprendedores de alto impacto, en general vinculados a Endeavor, la red que nació de la mano de Eduardo Elsztain, anfitrión también del evento y socio del tradicional hotel patagónico. Antes de eso el ministro mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos, la principal invitada a la cumbre. “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, posteó en X.

El evento se desarrolla en total hermetismo, como todos los años, pero Infobae pudo saber que el ministro se mostró muy optimista y fue muy aplaudido cuando terminó su exposición de poco más de una hora. Habló de los desafíos que sigue enfrentando la Argentina y volvió a remarcar algunos de los logros del gobierno de Javier Milei. También respondió preguntas, entre ellas algunas sobre el “riesgo kuka”.

“Que te puedo decir, optimismo absoluto, súper optimista del rumbo del plan y absolutamente confiado de la reelección”, resumió uno de los presentes.

Habló del modelo de la consistencia de los fundamentas económicos que tiene el país para enfrentar lo que viene. Destacó que su objetivo es terminar de ordenar la macro y resaltó que las exportaciones están llegando por primera vez a USD 100.000 millones. Reconoció que el contexto es difícil, pero repitió lo que había asegurado días atrás en un evento de Amcham: que vienen los mejores 18 meses para la Argentina.

“Tono político a full, casi de campaña”, aseguró otro de los integrantes del encuentro.

Caputo le pidió al auditorio que terminen de dimensionar el lugar que está alcanzando Argentina en el mundo y dijo que el gobierno trabaja para lograr más apoyo de algunas provincias. En ese punto hizo foco en uno de sus caballitos de batalla: las tasas municipales e impuestos provinciales están arruinando empresas.

El ministro aseguró que el sector privado tiene que hacerse cargo también de lo que le corresponde, que la política debe dejarlos poder hacer sus negocios de la mejor manera posible, pero pidió responsabilidad.

“Le dijo al sector privado que apueste, que arriesgue e invierta, que ellos, desde el sector público, van a dejar todo. Reconoció que hay gente que la está pasando mal y dijo que es deber de todos contribuir para que la pendiente no sea tan empinada”, detalló una de las fuentes.

Acompañado por su esposa, Ximena Ruiz Hanglin, también tuvo tiempo para hacer algo más personal su exposición y volvió a relatar cómo había jurado nunca más volver a la función pública, después de su paso como ministro y presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, y que poco tiempo antes de las elecciones se reunió con Milei y se convenció de su plan. A pesar de que le dijo que “ni loco” iba a ser su ministro, que como mucho podría ser asesor, al final terminó aceptando el desafío. En ese contexto dio detalles del proceso y de las charlas en su casa cuando cambió de idea. Otra vez hubo aplausos para el ministro y su esposa.

Víctor Valle asumió este miércoles como nuevo presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), entidad empresaria que reúne a ejecutivos y empresarios vinculados con la doctrina social de la Iglesia. El ex CEO de Google Argentina, donde trabajó durante 20 años y ocupó la máxima conducción local durante los últimos cinco, reemplazó a Silvia Bulla y dirigirá la institución por los próximos tres años. En este contexto, el dirigente sostuvo que el país enfrenta una etapa de transformación económica que requerirá “coraje”, capacidad de adaptación y consensos políticos de largo plazo.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Valle afirmó que la Argentina atraviesa “las mejores condiciones” para desarrollarse desde que él nació, aunque aclaró que el proceso demandará tiempo y perseverancia. “Quizás haya sectores que tengan que reconvertirse. Pero es la única salida para la Argentina”, señaló. También defendió la estabilidad macroeconómica, el superávit fiscal y la necesidad de generar previsibilidad para atraer inversiones.

El nuevo titular de ACDE, quien liderará la entidad por los próximos tres años, planteó además que el empresariado debe recuperar un rol central en la construcción del bien común y sostuvo que la inteligencia artificial abre una oportunidad para las empresas argentinas, especialmente para las medianas y pequeñas. Actualmente lidera Pieper AI, una consultora enfocada en procesos de adopción de inteligencia artificial dentro de compañías.

—¿Qué impronta le va a dar a ACDE durante su gestión?

—Queremos un ACDE que sea faro, que lidere y fomente la agenda relacionada con los valores en los cuales creemos. También queremos que sea un lugar de encuentro para los socios y para actores sociales con los cuales podamos unir esfuerzos para impactar mejor en el mundo empresario.

Tenemos previsto formar grupos de referencia e insistir mucho en la formación de socios. El año pasado hubo 93 eventos de formación en áreas muy distintas: tecnología, ética, recursos humanos, sustentabilidad. Además, va a haber mucho foco en seguir desarrollando ACDE Federación, que es el trabajo en las provincias. Ya somos más de mil socios en todo el país y la idea es seguir creciendo. También queremos trabajar mucho con los jóvenes, porque estamos viviendo cambios profundos impulsados por la tecnología y ellos esperan respuestas. Y otro eje será difundir la figura de Enrique Shaw, que creemos que es un empresario referente y un ejemplo de cómo vivir los valores cristianos dentro del ámbito empresarial.

—¿Cómo ve hoy a la sociedad argentina y qué rol puede cumplir el empresariado en este contexto?

—El rol del empresario es esencial. El empresario lanza empresas para producir bienes y servicios que beneficien a la sociedad y tiendan al bien común. Esa es su responsabilidad específica. Creemos en una economía donde el crecimiento sea liderado por la inversión privada y donde se pueda vivir la Doctrina Social de la Iglesia dentro de las empresas. Eso implica respetar la dignidad de toda persona, promover trabajo digno, salarios dignos y herramientas para crecer. También implica ver la empresa no solamente como una entidad que busca rentabilidad, sino como una comunidad de personas que impacta positivamente en la sociedad. Si cada actor social hiciera su parte —el Gobierno, las empresas, las familias, las iglesias— el país andaría mejor.

—¿Cómo analiza el actual contexto económico?

—Creo que después de muchos años la Argentina tiene un horizonte concreto de prosperidad. Tenemos industrias que podrían darnos estabilidad en pocos años. Pero no hay progreso sin estabilidad macroeconómica y previsibilidad. La Argentina fue distinta de los países vecinos justamente porque no tuvo esa previsibilidad. Y eso generó décadas de incertidumbre. Hoy hay algunos consensos que muchos actores sociales entienden como necesarios: cuidar el superávit fiscal, generar estabilidad y crear condiciones para que haya inversión privada. A los empresarios hay que seducirlos, no se los puede obligar a invertir. También es importante la libertad de empresa. Que el empresario pueda hacer lo que mejor sabe hacer.

—Pero hay sectores industriales que no ven el panorama con tanto optimismo.

—Sin duda. Yo no hablo desde un optimismo ingenuo. Digo que tenemos que ir para adelante porque no hacerlo sería muy costoso para nuestros hijos y nuestros nietos. Claramente algunos la ven mejor y otros peor. Quizás haya sectores que tengan que reconvertirse. Pero es la única salida para la Argentina, porque ya tenemos otros países que lo hicieron y vecinos que también lo hicieron. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? El otro día leía sobre una empresa francesa que durante 150 años cambió tres veces de actividad con éxito. Arrancó con caña de azúcar, después produjo ron, luego tuvo supermercados y ahora brinda servicios petroleros.

—¿El empresario argentino está preparado para reconvertirse?

—El tema es que si hay estabilidad macroeconómica sustentable y te podés financiar a una tasa competitiva y tenés un plan de negocio concreto, la plata se consigue. Pero el financiamiento tiene mucho que ver con la confiabilidad de la economía, y eso lleva tiempo. Cuando tenés décadas de no respetar contratos, alta inflación y volantazos, hay una memoria. Por lo menos, hace falta una década de portarnos bien, de ser consecuentes. Y quizás una década difícil.

En el pasado vivimos momentos donde el país salía rápidamente creciendo y todos nos entusiasmábamos, pero eso hacía que las cosas de base no se hicieran. Ahora quizás nos tocó algo que va en el sentido correcto pero requiere más perseverancia y va a ser difícil. Pero creo que vale la pena. Estamos sobreestimando los costos de corto plazo y subestimando la ganancia de largo plazo.

—¿Cómo avizora el 2026?

—Creo que la macroeconomía está yendo hacia el cuadrante correcto. El problema está más en la micro. Hay sectores empujando, una inflación que tenderá a bajar y una economía que se está desregulando. Pero esto requiere perseverancia. Si una empresa analiza invertir millones de dólares y teme que en pocos años vuelva un esquema de cierre económico o de incumplimiento de contratos, naturalmente será prudente. Hay sectores que hoy reciben mucha inversión, como minería, agro y energía. Y espero que más adelante eso se extienda a otros sectores también.

—El Gobierno reafirma que quiere bajar impuestos pero no tiene margen fiscal. ¿Cómo se puede competir en igualdad de condiciones con una apertura total del mercado?

—A todos nos gustaría que todo estuviera resuelto rápidamente, pero no es sencillo. Creo que el empresario mira sobre todo la dirección. Hacia dónde va el país y qué garantías existen de que ese rumbo se sostenga. Está claro que el Gobierno quiere bajar impuestos, pero hoy la prioridad es la estabilidad macroeconómica y no hay mucho margen fiscal.

—Trabajó 20 años en Google, fue el primer empleado de la compañía en la Argentina y CEO durante los últimos cinco, ¿por qué decidió irse?

—Estoy construyendo una consultora llamada Pieper AI. Lo que hacemos es ayudar a otras empresas a adoptar inteligencia artificial. Queremos tener como diferencial el criterio en las decisiones, el foco en impacto concreto y un enfoque humanista. Hoy muchas empresas tienen una enorme oportunidad para transformar sus negocios con IA y no saben por dónde arrancar. Nosotros trabajamos con el CEO y los equipos directivos para entender el negocio, detectar oportunidades y acompañar el proceso de adopción.

—¿Qué tan preparado está el empresariado argentino para incorporar inteligencia artificial?

—El avance es exponencial. Cada pocos meses aparece un salto importante en capacidad tecnológica. Pero creo que esto representa una oportunidad para las empresas argentinas. A las compañías más grandes muchas veces les cuesta más cambiar porque ya tienen procesos y culturas muy arraigadas. En cambio, las empresas medianas suelen ser más ágiles para adoptar nuevas tecnologías.

El costo de acceso hoy es relativamente bajo comparado con otras revoluciones tecnológicas. Por eso creo que es principalmente una cuestión de tiempo y formación. Para mí, la clave es formar al empresario y formar a los empleados con sentido de urgencia. Creo que la discusión tiene que darse de manera profunda. Si una persona utiliza IA solamente para resolver tareas automáticamente, probablemente aprenda menos. Pero si usa pensamiento crítico, creatividad y curiosidad, la IA potencia muchísimo sus capacidades.

En un evento fuera de agenda, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Bariloche, en Río Negro, para formar parte del Foro Llao Llao, y mantuvo una reunión con la reina Máxima de Países Bajos en las últimas horas.

Fuentes de Economía confirmaron a Infobae que el titular del Palacio de Hacienda participó este jueves de la cena del exclusivo encuentro de empresarios, emprendedores y referentes destacados de distintas disciplinas.

“Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, escribió el funcionario en su cuenta oficial de X.

Antes de trasladarse al sur, Caputo había dicho presente esta semana en el Congreso Económico Argentino que se llevó a cabo en el marco de ExpoEfi 2026. Allí, defendió el rumbo económico, aseguró que la inflación comenzó a bajar en abril y destacó las inversiones que se canalizan mediante el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En su disertación, el jefe de la cartera económica reconoció que “el dato de actividad de febrero dio mal, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos”. En efecto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,6% mensual durante el segundo mes del año.

Por otra parte, el disertante puso el foco en el sector externo al destacar: “Estamos en récord de exportaciones. El agro está en un boom de 160 millones de toneladas. Eso no es casualidad, es previsibilidad. Al agro cuando vos le das mejores perspectivas inmediatamente invierte. Vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece”.

En referencia al potencial del sector energético, Caputo proyectó que “solamente en energía, entre este año y 2035, vamos a tener más de USD 350.000 millones de superávit. No se si se toma conciencia de los números que estamos hablando”.

A su vez, remarcó que “en minería van a ser otros USD 161.000 millones de dólares de superávit. O sea, entre energía y minería hay casi un producto bruto por los próximos diez años”.

Sobre la inflación, el ministro de Economía vinculó la baja de la tasa de interés en pesos con el proceso de desinflación. “Es lo que nos hace ser optimistas”, remarcó, incluso tras el pico de 3,4% registrado por el Indec en marzo.

“Lo que nos hace ser optimistas en cuanto al proceso de desinflación es que normalmente, cuando la tasa de interés baja, el tipo de cambio sube, y cuando la tasa de interés sube, el tipo de cambio baja”, explicó el ministro. “Hemos visto un pico en marzo, pero definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”, finalizó.

La agenda de Máxima en el Foro Llao Llao

Por su parte, la reina Máxima desarrolla una agenda centrada en la salud financiera durante su participación en el tradicional foro. En su rol de Secretaria General de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, mantuvo encuentros bilaterales con referentes de bancos, empresas fintech, del sector agrícola y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur, donde abordó el aporte de estos actores para mejorar la situación financiera de los hogares.

Frente a un auditorio compuesto por más de cien empresarios y emprendedores —incluyendo a algunos de los principales referentes económicos del país—, la monarca los Países Bajos participó como invitada central en el Foro Llao Llao. Durante su intervención, instó al sector privado a tomar un rol activo en la protección de la salud financiera de sus empleados, destacando la importancia de promover programas de formación que contribuyan a fortalecer las finanzas personales.

En el marco del evento, Máxima mantuvo una conversación con Federico Braun, presidente del consejo de administración de La Anónima y cofundador del Foro, con quien abordó la relevancia de iniciativas empresariales dirigidas a mejorar la resiliencia económica de las familias trabajadoras.

Qué es el Foro Llao Llao

El Foro Llao Llao nació como una iniciativa de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y reúne tanto al círculo de emprendedores de alto impacto agrupados en Endeavor como a destacados empresarios de diversos sectores.

El encuentro está compuesto por más de cien empresarios, referentes y especialistas de diversos sectores y generaciones. Dentro de su estructura cuenta con un Consejo de la Fundación integrado por figuras como Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martin Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

Este año el Foro amplía su alcance y, según los organizadores, “por primera vez suma referentes de distintos campos”. Entre los invitados se encuentran emprendedores convocados a través de Endeavor Argentina, como Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

El evento también contará con la presencia de destacados deportistas como David Nalbandian, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y el joven ajedrecista Faustino Oro. Desde el ámbito cultural y musical, participará Charly Alberti, mientras que en el área científica estará Daniel Lauretta, investigador del Conicet responsable de un importante relevamiento en el lecho marino argentino.

El encuentro suma además a argentinos con proyección internacional, como Victoria Alonso, ex vicepresidenta de Marvel Studios y referente en la industria audiovisual global. El Foro recibirá, además, a figuras empresariales de la región, entre ellas Adriana Cisneros (Venezuela), CEO del Grupo Cisneros; Andrónico Luksic (Chile), presidente del Grupo Quiñenco; y Manfred Paulmann (Chile), miembro de la familia fundadora de Cencosud.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está próximo a reunir a funcionarios y representantes de los tres países para la renegociación o revisión de este acuerdo trilateral. Por ende, algunos encuentros como el reciente en Palacio Nacional, donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, han comenzado a generar posicionamientos del sector empresarial.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur) aseguró que ante la víspera de este proceso, ven en ello una “oportunidad para fortalecer la integración regional con certidumbre, responsabilidad política y visión de largo plazo para la inversión, el empleo y la actividad económica”.

Piden considerar distintas dimensiones en revisión del T-MEC

Apuestan porque la revisión de este tratado sea “desde una perspectiva amplia de país”, considerando distintas dimensiones:

• Industrial
• Comercio
• Servicios
• Logística
• Turismo
• Proveeduría

Asegurando que estos sectores son fundamentales en el funcionamiento cotidiano de la economía nacional y la competitividad Norteamérica. La Confederación reiteró que su estructura, tanto territorial como sectorial, la cual abarca una red de 52 cámaras en la frontera norte es reflejo de una “vinculación directa con operaciones transfronterizas y actividades relacionadas con el comercio exterior”.

Para Concanaco Servytur esta etapa de diálogo puede llevar a la construcción de “acuerdos más sólidos, equilibrados y funcionales para todos los sectores productivos”. Lo que se derive del comercio organizado podría culminar con el enriquecimiento de la “conversación pública y técnica” rumbo a la revisión del T-MEC.

Concanaco busca ofrecer experiencia en distintos rubros

“México necesita una revisión del T-MEC que fortalezca la confianza, genere estabilidad y reconozca la aportación de todos los sectores que participan en la economía regional. Desde Concanaco Servytur vemos este momento como una oportunidad para aportar experiencia territorial, visión empresarial y propuestas que ayuden a consolidar una integración más competitiva y con beneficios compartidos”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

La Confederación aseguró que el tema de “comercio y los servicios” tienen un peso relevante en materia “económica y territorial” en cuanto al análisis sobre la competitividad regional, la presencia en entidades fronterizas permite la identificación puntual de “oportunidades y retos que inciden en costos, inversión, empleo y dinamismo económico”.

Precisan ejes de trabajo rumbo a renegociación del Tratado Comercial

Precisaron la necesidad de que la posición mexicana llegue respaldada en los siguientes ejes:

• Certidumbre jurídica
• Facilitación comercial
• Fortalecimiento de proveedores nacionales
• Incorporación de las MiPyMEs a una visión estratégica de desarrollo regional

El planteamiento central consiste en lograr que la actualización del acuerdo impulse la competitividad de México y, al mismo tiempo, preserve la estabilidad de los sectores que representan un pilar para la economía nacional.

La organización enfatizó que los periodos clave en materia comercial deben aprovecharse para forjar consensos, integrar capacidades y perfilar una visión nacional orientada hacia la productividad.

Tres empresarios acusados por presunto pago de sobornos en el caso Cuadernos argumentaron este martes que mintieron al confesar delitos durante la investigación para no quedar presos en el juzgado federal de Claudio Bonadio. También dijeron que dejaron constancia de lo ocurrido mediante actas en escribanías. Sus dichos se sumaron a otro procesado que la semana pasada habló en el mismo sentido.

Ante ello, diferentes defensas plantearon al Tribunal Oral Federal 7 que lleva adelante el juicio la necesidad de “extraer testimonios”, es decir, formular una denuncia para investigar supuesta coacción. El planteo derivó en un duro cruce con la fiscal Fabiana León. El Tribunal resolvió evaluar el tema al momento del veredicto.

“Este juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial. Quieren invertir quiénes cometieron delitos y quiénes los investigaron, en forma socarrona, en forma irrespetuosa, en todas las formas posibles. Quiero volver a hacer hincapié en esta cuestión: quiénes son los imputados, que se defiendan, y en ese marco uno tiene que ser tolerante aun con las faltas a la verdad. Lo que no se puede permitir es que se ponga en crisis la actividad judicial”, expresó León al pedir el rechazo.

El primer planteo provino del abogado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Maximiliano Rusconi. “Hoy hubo más de una declaración donde se presentaron hechos que podrían o deberían dar lugar a una investigación”, expresó y pidió la extracción de testimonios. Al planteo adhirió el defensor del también acusado Oscar Thomas, José Manuel Ubeira. “Corresponde que se empiece una investigación independiente” sobre “cómo se constituyó este proceso”, acotó.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero dispusieron un cuarto intermedio luego de escuchar las posturas de los abogados, la fiscalía y la querella de la UIF y ante un pedido de León para que tomen una decisión de manera colegiada, es decir, del Tribunal en pleno. Finalmente ratificaron lo ya resuelto por el presidente del TOF7 Méndez Signori y se difirió el tema para el momento del veredicto.

“No se advierte de ningún modo una situación de extrema gravedad que autorice la inmediata y excepcional intervención del Tribunal”, expresó en su voto al respecto el juez Germán Castelli. Con esta decisión terminó la audiencia y el juicio seguirá el próximo jueves.

Qué dijeron los empresarios acusados

El empresario Mario Ludovico Rovella fue el primero en romper el silencio en la audiencia de este martes y dijo que en marzo de 2019 admitió pagos ilegales para no quedar detenido pero que antes dejó constancia en una escribanía sobre su decisión de “no decir la verdad”.

“Quiero negar de manera rotunda los hechos que se me atribuyen. Ni personalmente ni a través de terceros, bajo ningún concepto ni con ninguna finalidad, entregué dinero a Ernesto Clarens. Nunca realicé esos pagos, ni en esa oportunidad ni en ninguna otra”, se retractó ahora ante el Tribunal Oral Federal 7.

Rovella aceptó prestar declaración indagatoria en el juicio oral pero no respondió preguntas. Al igual que otro empresario acusado la semana pasada, se retractó ahora de sus confesiones durante la investigación del caso a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio y salió al cruce de lo aportado en la causa por el también arrepentido financista Ernesto Clarens: un listado con información de empresarios que habrían aceptado pagar sobornos en la obra pública durante el kirchnerismo para acelerar pagos de certificados de obra, entre otros motivos.

Las declaraciones indagatorias de las que se desdicen los empresarios acusados fueron actos de defensa que no se realizaron bajo juramento de verdad y lo mismo rige para las que concreten durante el juicio oral.

Coacción psicológica

“La razón por la cual, en mi indagatoria del 1 de marzo de 2019 ante el juez Bonadio, reconocí hechos que no ocurrieron, fue la situación de coacción psicológica en la que me encontraba. Se me hizo saber que, si no declaraba en ese sentido, sería privado de mi libertad. En esas condiciones, no tenía nada de lo cual arrepentirme, porque los hechos simplemente no habían ocurrido”, dijo ahora Rovella.

En ese contexto refirió que el 28 de febrero de 2019, “un día antes de mi declaración indagatoria, concurrí a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires. Allí dejamos asentado un escrito con el contenido de lo que iba a manifestar en esa declaración, junto con una nota en la que expresamente señalaba que lo allí consignado no era verdad”.

“Todo ese material fue incorporado a este juicio, y a él me remito como parte integrante de mi declaración. Quiero ser absolutamente claro: el dinero que se me atribuye haber entregado nunca existió. También se ha afirmado que en dos oportunidades transportamos dinero; eso tampoco es cierto. Por lo tanto, rechazo íntegramente los hechos que se me imputan”, concluyó.

El responsable de la empresa Rovella Carranza SA al momento de los hechos inició su exposición con un repaso de la historia de la empresa, oriunda de San Luis. “Rovella Carranza trabajó en 17 provincias”, remarcó el empresario, en la actualidad retirado.

“Un invento”

A su turno Guillermo Escolar, de la firma Cleanosol Argentina S.A., declaró en el mismo sentido. “Armamos una historia de un pago o dos en un año o en unos meses. Obviamente es un invento consecuencia de esto que estoy contando”, refirió en relación a las supuestas presiones que recibió en el juzgado cuando veía que quienes no confesaban algo quedaban presos. También dijo que un día después de la indagatoria fue junto al entonces titular de la empresa Oscar Sansiñena a dejar constancia de lo ocurrido en un acta ante escribano y la leyó en la audiencia. El acusado aceptó responder preguntas del Tribunal.

“¿Cómo se gestó este invento al que usted hizo referencia?", quiso saber el presidente del TOF7 Enrique Méndez Signori.

“Nos reunimos la noche anterior y dijimos digamos algo en concordancia con lo que al juzgado le venía bien. Digamos que había unos pagos en dólares por la época de las llamadas y eso es lo que estoy negando ahora”, respondió. Escolar dijo que junto a su jefe Sansiñena veían que todos “quedaban presos y cuando cambiaban su declaración y decían que habían pagado a Clarens quedaban libres”.

Admitieron saber quién era o conocer a Clarens, incluso como en el caso de Sansiñena refirió que hubo pedidos de aportes del financista arrepentido para la campaña electoral de 2011, pero rechazó haber hecho algún pago.

“¿Usted está consciente de que iba a confesar la comisión de un delito?”, preguntó a Escolar por su parte el juez Fernando Canero. “Totalmente pero prefería eso a sufrir lo que sufrieron” otros empresarios que quedaban presos, respondió.

“¿Por qué Clarens buscaba aportes para la campaña?”, le preguntó a su turno el juez Germán Castelli. “Según mi recuerdo, le dijo a Sansiseña que estaba con el Gobierno buscando fondos para la campaña política. Fue una conversación muy breve”.

La semana pasada otro empresario acusado, Daniel Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., recurrió a la misma estrategia defensiva en su indagatoria y dijo que se vio obligado a mentir durante la investigación para no quedar preso. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó en la audiencia del jueves último.

En esta etapa del juicio se indaga a empresarios que quedaron acusados tras la confesión de Clarens, a quien coincidieron en desmentir.

En el inicio de la jornada se negaron a declarar Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.

Las declaraciones se realizan ante los jueces del TOF 7, en el marco del proceso que investiga el presunto pago de sobornos por parte de empresarios a exfuncionarios a cambio de contratos de obra pública entre 2003 y 2015.

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, el juicio se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.

Lunes de lluvia en Buenos Aires. Al caer la tarde, el Centro de Convenciones porteño empezó a llenarse de paraguas, saludos apurados y acreditaciones de último momento. Funcionarios, políticos, empresarios y economistas de distintos espacios se mezclaron en el hall, en la previa a la cena anual del Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La organización, enfocada en el análisis de políticas públicas y con llegada al mundo académico y empresarial, volvió a convocar a un auditorio amplio, con representación de casi todo el arco político y económico. Estuvieron presentes los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, su segundo Vladimir Werning y el secretario Coordinador de de Energía y Minería, Daniel González.

También legisladores nacionales como Sebastián Pareja, Luis Petri, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Carolina Losada, Flavia Royón y Gerardo Zamora, entre otros. Hubo embajadores, entre los que se destacó Peter Lamelas, de Estados Unidos.

El lema de este año, “Crecer o crecer”, funcionó más como disparador que como punto de acuerdo. Entre los asistentes, las interpretaciones sobre qué significa crecer —y, sobre todo, cómo hacerlo— variaron tanto como el clima de abril en Buenos Aires, impredecible y difícil de leer.

Antes de pasar al salón principal, los pasillos marcaron el pulso de la noche. Hubo saludos cruzados entre dirigentes que no suelen compartir agenda, empresarios atentos a la macro y economistas intercambiando diagnósticos en voz baja. En ese clima, una constante se repitió entre los presentes: la cautela a la hora de hablar en público. Pocos se animaron a dejar definiciones en on the record y la mayoría prefirió los comentarios en off, lejos de los grabadores.

Entre los hombres y mujeres de negocios se vio a Jorge Brito (Banco Macro), Alejandro Bulgheroni (PAE), Bettina Bulgheroni (Cicyp), Fabián Kon (Galicia), Martín Rappallini (UIA), Federico Braun (La Anónima), Alberto Grimoldi (Grimoldi), Martín Cabrales (Cabrales), Mariana Schoua (AmCham), Anna Cohen (Cohen), Patricio Supervielle y Gustavo Manriquez (Supervielle), Guillermo Tempesta Leeds y Alejandro Butti (Santander), Germán Greco (Motorola), Julia Bearzi (Endeavor), Facundo Prado (Grupo Lapachos), Gabriel Renaudo (Visa), Santiago Mignone (IDEA), Alejandro Lastra (AEA), David Uriburu y Javier Martínez Álvarez (Techint).

Las charlas fueron todas con reserva de nombre. “Está todo muy tenso como para salir a hablar”, se excusó una CEO. “La Argentina tiene todo para ‘crecer o crecer’, pero también enfrenta restricciones que no se pueden ignorar”, deslizó otro de los asistentes, mientras avanzaba la fila para ingresar y se sacudía el agua de su traje gris.

La frase sintetizó, en parte, el clima que se respiraba en la previa. Optimismo contenido, cautela y la sensación de que el consenso sobre el rumbo sigue siendo esquivo. Los diagnósticos son variados, pero la principal preocupación de los presentes —algunos más dispuestos a resaltarlo que otros— es la misma: cómo hacer que la estabilidad macroeconómica, muy valorada entre los sectores empresarios, decante en la calle.

“El costo del día a día sigue pesando. La preocupación de la gente es cómo llegar a fin de mes, en un momento en el que los sueldos no alcanzan”, resumió otro de los asistentes. Y agregó, en línea con el tono general de la noche, que “aunque hay consenso en que el rumbo es el correcto, porque nadie quiere volver a una inflación galopante, el verdadero desafío ahora es que esa estabilidad se traduzca en un repunte de la actividad”.

En ese punto, las conversaciones empezaron a tener un tono cotidiano. El ajuste en los gastos, la dinámica del empleo, la evolución de los salarios y un consumo que no termina de arrancar aparecieron, una y otra vez, como las variables que definirán si ese crecimiento finalmente se siente en la economía real.

En paralelo, la inflación dejó de ser el eje excluyente de preocupación, aunque no desapareció del todo del radar. Entre los presentes predominó el escepticismo frente a la posibilidad de ver índices cercanos a cero en los próximos meses, como se deslizó en más de una oportunidad desde el Gobierno.

Consultados sobre este punto, algunos hicieron referencia al mensaje oficial. “Se habló de que vienen los mejores 18 meses de la Argentina. Es lo que hay que decir para sostener las expectativas”, apuntó una de las voces, con una mirada más cauta sobre la velocidad de la desinflación.

En ese clima también se coló el ruido político. Las tensiones internas dentro del Gobierno aparecieron en más de una conversación, sobre todo por el impacto que pueden tener en la mirada de inversores del exterior. “En un país que necesita capital, todo lo que pasa puertas adentro se mira con lupa”, comentó uno de los presentes. En ese punto, las posturas no fueron homogéneas. Algunos relativizaron el tema y señalaron que el Presidente tiene márgenes acotados para ordenar esas diferencias en el corto plazo. Otros, en cambio, plantearon que, si el programa económico se consolida y el rumbo se sostiene, el ruido tiende a diluirse. “Cuando la macro se ordena y hay dirección clara, el resto se va acomodando”, resumieron.

En esa tensión —entre el orden macro, las expectativas y la urgencia cotidiana— se movieron buena parte de los intercambios en la previa de una cena que, más que ofrecer respuestas cerradas, volvió a dejar expuestas las preguntas que atraviesan hoy a la economía argentina.

Con las mesas ya ocupadas y el salón en silencio, los asistentes tomaron ubicación mientras avanzaba el servicio de la cena. La recepción había incluido una selección de finger foods, en línea con el tono distendido de la previa.

Ya en las mesas, el menú siguió con una entrada de causa peruana de langostinos. Como plato principal, se sirvió vacío braseado con puré de papas al carbón y chimichurri de tomates. El cierre estuvo a cargo de un domo de chocolate, whisky y avellanas.

Entre plato y plato, Luciano Laspina, director ejecutivo de Cippec, pronunció su discurso, en el que planteó la necesidad de ir más allá de la coyuntura y avanzar en una agenda de largo plazo. En su intervención, reconoció los avances del Gobierno en el ordenamiento macroeconómico y en la desregulación, aunque advirtió que aún quedan reformas estructurales pendientes, como la previsional, la impositiva y la fiscal. “El Gobierno nacional logró reformas importantes -como la desintermediación de los planes sociales, la simplificación de trámites y la reforma laboral-, mientras que otras -la previsional, la impositiva y la del régimen fiscal-federal- esperan su momento”, y remarcó que se trata de“reformas fundamentales para el país; de ellas dependen la solvencia fiscal de largo plazo, la competitividad de nuestras empresas y un desarrollo armónico en todo el territorio nacional”.

Pero el eje estuvo puesto en lo que viene. Laspina planteó que la Argentina necesita construir una hoja de ruta para los próximos diez años, en un contexto global que cambia rápido y que redefine las reglas del empleo, la producción y el comercio.

En ese sentido, advirtió sobre transformaciones de fondo, como el impacto de la inteligencia artificial, el envejecimiento de la población y el corrimiento del mapa productivo, con más dinamismo en el interior del país.

También hizo foco en la oportunidad que se abre a partir de una mayor integración internacional, con nuevos acuerdos comerciales que podrían reconfigurar la inserción de la Argentina en el mundo.

Según planteó, ese escenario exigirá una adaptación profunda, tanto del sector privado como del Estado, con políticas públicas que acompañen y un entramado empresarial capaz de competir.

El mensaje final apuntó a la política. Laspina planteó la necesidad de alcanzar acuerdos básicos y duraderos entre oficialismo y oposición, con ejes como el respeto a los contratos, el equilibrio fiscal y el fin del financiamiento monetario.

Un planteo que dialogó, de alguna manera, con el clima que se respiró durante toda la noche: la urgencia de sostener la estabilidad, pero también de construir condiciones para que el crecimiento deje de ser una consigna y empiece a tomar forma.

*Fotos: Jaime Olivos, Gustavo Gavotti y prensa CIPPEC.

La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial acordaron intensificar su diálogo estratégico con miras a la próxima revisión del T-MEC, prevista para el 21 de abril en la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, y José Medina Mora, presidente del CCE, encabezan estas reuniones, que buscan consolidar a México como un polo de competitividad en América del Norte, según un comunicado de la institución del pasado 17 de abril.

Durante el encuentro, ambas entidades analizaron los obstáculos actuales de la economía y las oportunidades para aumentar la integración productiva y asegurar la relocalización de empresas en el territorio nacional. Destacaron la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y reducir sus vulnerabilidades, acciones que consideran esenciales para detonar la inversión y crear empleos de calidad.

En el documento, la Secretaría de Economía y el CCE subrayaron que mantener un diálogo institucional permanente entre sector público y privado es determinante para generar certeza jurídica y reglas claras que impulsen la llegada de capital productivo a México.

Tanto Medina Mora como Ebrard afirman que la colaboración continuará, orientada a cimentar un entorno propicio al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de México.

El nuevo T-MEC busca tratar a México y Canadá no como socios, según el secretario de comercio estadounidense

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anticipa una postura de fuerza del gobierno estadounidense frente a la próxima revisión formal del T-MEC, al calificar el acuerdo como un mal negocio y declarar que la administración de Donald Trump busca tratar a México y Canadá no como socios, sino bajo una relación de dependencia semejante a la de los estados de Georgia y Alabama, sin margen real de negociación.

Las palabras de Lutnick, difundidas en una conferencia del medio Semafor el pasado viernes 17 de abril, proyectan incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y ponen en alerta a los otros dos países al evidenciar que Washington considera que llega a la revisión con ventaja clara y exigirá modificaciones profundas.

En su intervención pública, Howard Lutnick resumió la posición que anima a la administración Trump respecto al tratado comercial: buscan “reconsiderar y reimaginar” el T-MEC porque, según el presidente estadounidense, representa un acuerdo desventajoso para su país.

El secretario emplea una analogía que rompe con décadas de diplomacia: a juicio de Washington, “Hacer que México y Canadá sean tratados como Georgia y Alabama sin que estén comprometidos... es un mal trato”, dijo Lutnick. Esto podría implicar reducir a los otros dos países del bloque a la condición de entidades subordinadas a decisiones unilaterales de Estados Unidos.

Gobierno de Estados Unidos ve progreso en las pláticas con México

El escenario para México se complejiza. Mientras el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señala que ha habido “progreso” en las pláticas bilaterales con México —a diferencia de Canadá, donde aún persisten “problemas sin resolver”—, este aparente avance deja dudas sobre el precio de esa cercanía.

México enfrenta el riesgo de que ocupe el lugar de quien más cede para mantener la favorabilidad estadounidense, pero sin ejercer influencia real en los términos del acuerdo.

El presidente de la República de Honduras Nasry Asfura, consolidó su respaldo a la aprobación de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos durante la 66 edición de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible (CLAEC), cuya convención se celebró entre el 15 y el 17 de abril de 2026 en Tela.

El mandatario hondureño destacó que esta iniciativa, pendiente desde hace más de una década, busca actualizar el marco regulatorio de los combustibles en el país y responde al contexto internacional de volatilidad en los precios del petróleo.

El secretario general permanente de la organización, Daniel Añón, entregó a Asfura una carta resolución con propuestas estratégicas para fortalecer el mercado hondureño.

Entre ellas destacan la promoción de gasolina de 91 octanos, la implementación de subsidios focalizados para sectores vulnerables, el fortalecimiento de la reserva estratégica de combustible hasta alcanzar al menos 15 días de suministro y el desarrollo de un plan nacional de eficiencia energética.

Estas recomendaciones fueron elaboradas tras el análisis de modelos exitosos en países como Argentina, Brasil y México.

La 66 convención de CLAEC reunió a empresarios y representantes de cámaras y federaciones de combustibles de más de diez países latinoamericanos, que evaluaron los desafíos del sector energético en una coyuntura marcada por la inestabilidad geopolítica, en particular los conflictos en Oriente Medio, que han impactado directamente en las economías importadoras de hidrocarburos como la hondureña.

En este contexto, el presidente Asfura reiteró públicamente: “Tengan la seguridad de que será consensuada en el Congreso Nacional y vamos a ponernos de acuerdo todos para poder tener esa ley que venga a ayudar a cada consumidor”, frase pronunciada durante su discurso.

El mandatario anunció, además, que sostendrá reuniones con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y la junta directiva legislativa para avanzar en el análisis y la posterior aprobación de la normativa.

Subrayó que el Ejecutivo respaldó la ley desde su candidatura y que en esta oportunidad, “me llevo nuevamente, ya como presidente, la petición formal”, ratificando la urgencia de un marco legal que brinde certeza y regule la calidad y cantidad del combustible ofrecido a los consumidores hondureños.

Durante la convención, Daniel Añón entregó al presidente hondureño un documento que propone elevar la reserva estratégica de combustibles a quince días, promover la comercialización de carburantes de mayor octanaje y diseñar subsidios dirigidos a las poblaciones más vulnerables que amortigüen el impacto de la volatilidad internacional.

El plan también aboga por la adopción de un programa nacional de ahorro y eficiencia energética, medidas que organismos como la Organización Latinoamericana de Energía han impulsado en foros regionales.

La CLAEC resaltó la necesidad de adaptar la regulación nacional a los estándares internacionales, subrayando que la creación de un marco legal claro permitirá reducir prácticas irregulares y aumentar la transparencia en el sector.

La aprobación de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos es una demanda histórica de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), que desde hace más de diez años reclama reglas precisas y mecanismos para garantizar la calidad en la venta de combustibles en toda Honduras.

Hay quienes consideran que la aprobación de la Ley de Hidrocarburos representaría un hito normativo para Honduras, permitiendo regular el sector con criterios modernos y alineados con el mercado internacional.

Aun así, advierten que el proceso será complejo y exigirá consensos políticos amplios y una socialización amplia entre todos los actores involucrados.

La participación activa del Ejecutivo en la CLAEC refleja una apuesta por articular esfuerzos entre el sector público, privado y organismos multilaterales para buscar soluciones integradas ante un entorno internacional incierto.

La atención está ahora en el Congreso Nacional, donde iniciarán las discusiones formales para aprobar una legislación que, según la expectativa de empresarios y distribuidores, podría transformar la dinámica energética y mejorar el acceso, la transparencia y la sostenibilidad para los consumidores hondureños.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo acuerdo con empresarios, productores y cadenas comerciales para mantener en 910 pesos el costo de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), al tiempo que se impulsarán reducciones en productos perecederos como el jitomate.

La medida busca contener el impacto de la inflación en el gasto de los hogares mexicanos.

Acuerdo del PACIC mantiene precio de la canasta básica en 910 pesos

El Gobierno de México alcanzó un consenso con tiendas de autoservicio, productores y comercializadores para sostener el precio de los 24 productos esenciales del PACIC en 910 pesos.

Este paquete está diseñado para cubrir el consumo semanal de una familia promedio de cuatro integrantes, con alimentos y artículos básicos.

Durante una reunión en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta para proteger el poder adquisitivo, especialmente en un contexto de presiones inflacionarias en alimentos.

Estrategia contra la inflación incluye reducción en alimentos perecederos

Además de mantener el precio de la canasta, se acordó que distintos actores del sector alimentario reduzcan el costo de productos frescos.

Entre ellos destaca el jitomate, uno de los insumos más consumidos y con mayor volatilidad en precios.

Empresas como SuKarne anunciaron una disminución de hasta 5% en el precio del bistec de res, y se prevé que más productores y comercializadores se sumen gradualmente a estas medidas.

Señalización en tiendas facilitará compra de productos básicos

Como parte del acuerdo, se implementará una señalización clara en tiendas de autoservicio para identificar los productos incluidos en el PACIC.

Esto permitirá a los consumidores ubicar fácilmente los artículos y verificar que se respete el precio establecido.

La medida busca dar mayor transparencia al programa y facilitar que las familias puedan armar su canasta semanal sin confusiones ni sobrecostos.

Coordinación entre gobierno y sector privado continuará

El acuerdo no se limita a una acción puntual. La presidenta destacó que se mantendrán mesas de trabajo permanentes entre autoridades y representantes del sector productivo, incluyendo agricultores, distribuidores y cadenas comerciales.

En el encuentro participaron funcionarios como Marcelo Ebrard, titular de Economía, y representantes de Hacienda y Agricultura, quienes colaboran en el seguimiento de precios y abastecimiento.

¿Qué incluye la canasta básica del PACIC en México?

La canasta básica contempla 24 productos esenciales que cubren necesidades alimentarias y de higiene.

Su composición busca garantizar una dieta equilibrada y el acceso a insumos indispensables para el hogar.

• Granos y leguminosas: frijol, arroz, harina de maíz y pasta
• Proteínas: huevo, pollo, carne de res, carne de cerdo, atún y sardina
• Lácteos y aceites: leche y aceite vegetal
• Frutas y verduras: jitomate, cebolla, papa, limón, manzana, plátano, zanahoria y chile
• Otros básicos: azúcar y pan de caja
• Higiene personal: jabón de tocador y papel higiénico

Además, existen dos categorías de canasta: la alimentaria, enfocada en productos de consumo directo, y la no alimentaria, que incluye servicios y otros gastos del hogar.

Ambas son monitoreadas por autoridades para evitar incrementos excesivos.

El reforzamiento del PACIC se presenta como una de las principales apuestas del gobierno federal para contener el alza en precios y garantizar condiciones más estables para el consumo básico en México, en coordinación con el sector privado.

Alejandro Burillo Azcárraga falleció este jueves 16 de abril de 2026 a los 75 años, tras una larga batalla con el cáncer de piel, enfermedad que deterioró su salud y lo alejó de la vida pública durante los últimos años. La noticia fue confirmada por su familia y por la organización Mextenis, fundada por él en 1992.

En el año 2000, Burillo Azcárraga vendió su participación del 25% en Grupo Televisa. La operación ascendió a cerca de 1,000 millones de dólares, cifra que se convirtió en el punto de partida de un conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, medios, deporte y turismo. Con esos recursos, impulsó proyectos que van desde la telefonía móvil hasta el turismo de lujo en la costa del Pacífico.

Relación con los Azcárraga y ruptura con Televisa

Burillo Azcárraga era primo de Emilio Azcárraga Jean, al ser hijo de Carmela Azcárraga Milmo, hermana de Emilio “El Tigre” Azcárraga Milmo.

Su carrera en Televisa comenzó como vicepresidente ejecutivo, cargo desde el cual tuvo responsabilidad sobre áreas estratégicas como producción, noticias y la expansión internacional de la empresa. También integró el consejo de futbol y la comisión de selecciones nacionales.

Tras la muerte de “El Tigre” en 1997, Emilio Azcárraga Jean asumió la presidencia del grupo. Burillo apoyó la sucesión y facilitó la salida de otros socios. Con el tiempo, surgieron diferencias con su primo por el control de la compañía, lo que llevó a una ruptura en 1999 y su salida definitiva en junio de 2000, cuando vendió su paquete accionario.

El 20.6% fue adquirido por un grupo liderado por María Asunción Aramburuzabala, y el 4.5% restante por Azcárraga Jean y Carlos Slim. La operación permitió a Azcárraga Jean consolidar el 79.4% de la televisora.

A pesar de la separación, la relación de competencia se mantuvo. Burillo, como dueño del Atlante, pagaba mensualmente cerca de 35,000 dólares por el uso del Estadio Azteca, propiedad del grupo encabezado por su primo. En 2006, intentó regresar a la industria televisiva al buscar la concesión del canal 28, movimiento que fue interpretado como un intento de volver al sector tras su salida de la televisora.

El auge de Pegaso y su éxito empresarial

Tras Televisa, Alejandro Burillo fundó Grupo Pegaso y apostó por la telefonía móvil con Pegaso PCS. La empresa irrumpió en 1999 con el eslogan “Pago justo por segundo”, desafiando el esquema de cobro por minuto de Telcel e Iusacell. El color naranja y el logotipo del caballo alado posicionaron la marca en el mercado.

En 2002, la española Telefónica adquirió Pegaso y la integró a su operación en México bajo la marca Movistar. Burillo vendió el resto de sus acciones en 2005 y salió del negocio de telefonía móvil. El grupo también adquirió el periódico Ovaciones por 25 millones de dólares y, junto con otros socios, invirtió en la cadena Caribevisión en Estados Unidos, valuada en aproximadamente 60 millones de dólares.

El portafolio de Grupo Pegaso llegó a sumar cerca de 30 empresas. Entre los activos personales de Burillo destacan propiedades en Miami, Colorado y Cancún, así como un yate utilizado para actividades de buceo.

Su fortuna exacta nunca se hizo pública, pero los especialistas coinciden en que partió de los 1,000 millones de dólares obtenidos en la venta de Televisa y fue diversificada en sectores clave como telecomunicaciones, tecnología, medios, deporte e infraestructura turística.

Influencia en los deportes

Burillo Azcárraga fue propietario del Atlante entre 1996 y 2018, periodo en el que el club conquistó la liga mexicana en 2007 y se trasladó a Cancún con apoyo del gobierno estatal.

El club registraba pérdidas anuales de hasta 6 millones de dólares, por lo que dependía del respaldo financiero de Burillo y de un modelo basado en fichajes económicos y venta de jugadores. Desde su gestión, la sostenibilidad se apoyó en transferencias y en la búsqueda de nuevas sedes fuera de los mercados tradicionales.

En el futbol nacional, promovió la construcción del Centro Pegaso de Alto Rendimiento, que más tarde se convirtió en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Respaldó procesos de la Selección Mexicana y participó en la elección de entrenadores como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović, Manuel Lapuente y Javier Aguirre.

A través de su marca Aba Sport, Burillo impulsó la camiseta de la Selección Mexicana inspirada en el calendario azteca, utilizada en el Mundial de Francia 1998 y retomada como referencia para la del Mundial 2026. En su faceta deportiva también fue patrocinador recurrente de la Selección Nacional, tanto desde Pegaso PCS como desde sus empresas deportivas.

En el tenis, Burillo fue responsable de elevar el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco de la categoría ATP 250 a ATP 500, atrayendo a figuras internacionales y posicionando el evento en el calendario global. Impulsó el turismo de lujo en complejos exclusivos de la costa del Pacífico, consolidando desarrollos donde se fusionan deporte, naturaleza y alto poder adquisitivo.

En 2025, reapareció públicamente en competencias de tenis en Los Cabos y Acapulco, mostrando su vínculo con el deporte hasta el final de su vida.

Un empresario dijo este jueves que se vio obligado a mentir durante la investigación del caso Cuadernos para no ir preso y que nunca le pagó nada a nadie, al declarar de manera breve y sin responder preguntas en el juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados por supuesto pago de sobornos.

Se trata de Daniel Pitón, de 60 años, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., acusado como coautor de cohecho activo, quien habló sin responder preguntas para desmentir sus dichos en la etapa de investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Lo que no queríamos era quedar presos”, dijo sobre el día de su indagatoria en el juzgado a la que fue con su hermano, quien era presidente de la empresa. Presentaron un escrito “sin mentir” pero luego su abogado les advirtió que no alcanzaba. Entonces para no quedar presos, declaró en un sentido que “no refleja la verdad”, dijo ahora. “Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, aseguró.

El financista Clarens

En otro tramo de la exposición se refirió al arrepentido y también juzgado financista Ernesto Clarens, quien entregó durante la investigación un listado de supuestos empresarios pagadores de sobornos. Recordó que se lo nombraron cuando trataba de cobrar pagos atrasados. “Me decían por qué no hablás con un señor Clarens.”

Consiguió el teléfono y fue a su oficina. “Sorpresivamente me ofreció que tenían una financiera que podía comprar los certificados de obra”. También dijo que le ofreció seguros de caución. Además “nos salió ofreciendo alquilar equipos de una empresa del sur que necesitaba una mano”. Según relató, tiempo después lo volvió a contactar por si había alguna novedad con los pagos y Clarens le respondió que “estaba complicada la situación y que los pagos estaban atrasados”. El empresario le hizo saber que no necesitaba ninguno de sus servicios y no se volvió a contactar, declaró ahora. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó.

Fue el único en esta jornada que habló ante los jueces, en una audiencia que otra vez fue breve porque los restantes convocados se negaron a declarar.

Esto derivó en una reiteración del planteo por la vulneración del derecho a defensa de los acusados que no pueden defenderse de los dichos de los arrepentidos. Ocurrió luego de la negativa a ser indagado de Francisco Valenti.

Como ocurrió en audiencias anteriores, las defensas de algunos procesados entre ellos la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido hicieron reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación con este planteo.

“Se vulnera específicamente el derecho de defensa de De Vido teniendo en cuenta el tenor de las referencias hechas por Valenti en ocasión de prestar declaracion como arrepentido o delator premiado”, advirtió de manera puntual la defensa del ex funcionario.

Desde el inicio de la audiencia se negaron a declarar otros empresarios como Roberto Juan Orazi, de 72, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, de 63, presidente de Paolini Hnos. S.A., señalado como autor y coautor —según el caso— de ocho hechos de pago de sobornos. Tampoco hablaron Carlos Román y Carlos Arroyo.

“Quisiera manifestar que soy inocente, que no he cometido ningún delito y esperaremos la mejor oportunidad para declarar con mis abogados”, se limitó a decir Paolini a los jueces.

Antes de finalizar la audiencia la defensa del ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, pidió al Tribunal que lo releve de su obligación de guardar secreto para que pueda defenderse. Lo hizo porque se comprobó que al momento de los hechos por los cuales está acusado era agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que no aceptó todavía una petición al respecto.

El juicio seguirá el próximo martes 21 de abril desde las 9.

Empresarios callados y planteos de las defensas

El martes pasado, el juicio tuvo la audiencia más breve desde el inicio de la etapa de indagatorias: se extendió por poco más de una hora y todos los empresarios convocados se negaron a declarar, incluidos varios arrepentidos, imputados colaboradores.

La decisión generó nuevos planteos de las defensas, que advirtieron sobre una posible afectación del derecho de defensa. Los abogados cuestionaron que no pueden contrainterrogar a quienes durante la instrucción brindaron confesiones como arrepentidos y ahora optan por guardar silencio en el debate oral. Según señalaron, existe una “imposibilidad de contrainterrogar a un imputado que ha prestado declaración como colaborador”, lo que podría traducirse en una vulneración de garantías.

En esa misma línea, la defensa del ex funcionario de Vialidad Nacional Sandro Férgola sostuvo que el silencio en esta etapa impide otorgar valor probatorio a los dichos previos de los arrepentidos, por lo que los acuerdos de colaboración podrían volverse “estériles”.

El juicio

El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera.

El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En la causa, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.

Desde el inicio de las indagatorias a los 86 acusados, se desarrolla bajo una modalidad mixta, con el tribunal, la fiscalía y la querella en la sala de audiencias de Comodoro Py y los imputados y sus defensas participando de manera presencial o remota según cada caso.

Miembros del Cártel del Golfo se dedican a extorsionar a empresarios y comerciantes en Ciudad Valles, San Luis Potosí, lo que ha afectado operaciones en la región de manera muy notoria.

Así lo describió Isaac Sánchez, vocero de empresarios de la Huasteca Potosina, a Infobae México. En entrevista, Sánchez mencionó que los empresarios de la región han pedido discreción para no verse en una situación más complicada en su día a día.

El vocero de empresarios recuerda que en 2024, se difundió un video en redes sociales, en el que se ve al entonces candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles, David Medina, del Partido Verde, quien en la actualidad es el alcalde, en una reunión con presuntos miembros del crimen organizado, pertenecientes al Cártel del Golfo.

Cabe destacar que el Cártel del Golfo es un grupo delictivo muy fuerte en la región de la Huasteca Potosina. En su momento, aseguró Sánchez, se abrieron carpetas de investigación y se realizaron denuncias, sin embargo, nunca trascendieron.

“Esto ha quedado ahí, en una carpeta que se levantó, en actores políticos que han alzado la voz en su momento, en grupos de la sociedad civil que han hecho este tipo de denuncias desde hace prácticamente dos años, y no ha pasado nada, ahora, justamente, lo que ve el sector empresarial es una situación bastante complicada, porque lo que se veía como un video aislado, ya se ve reflejado en hechos, ya hay diferentes sectores, desde el sector de la agricultura, exportadores de diferentes productos, de hortalizas, de metales, que en las carreteras ya se ven totalmente paralizados en cuanto a su tránsito diario en las carreteras de San Luis Potosí, ante retenes ilegales de este tipo de grupos criminales”.

Expuso que en la región ya se ha hecho un llamado a las diferentes cámaras, sin embargo, no ha habido ningún tipo de respuesta o respaldo a los empresarios y la sociedad civil.

Dijo que buscan que las autoridades investiguen este tipo de hechos que son muy escandalosos.

Isaac mencionó a Infobae México que han tenido acercamientos con las autoridades, sin embargo, siempre hay negativas e incluso ya se les ve como el enemigo, cuando lo único que piden es que se investigue y haya seguridad y justicia.

“Realmente una respuesta no ha habido, y eso hace pensar mal en el sentido de que al ser un grupo político predominante en el estado, se estén tapando entre ellos, no se quieren ir más allá, es la impresión que dan y que principalmente afecta el día a día de los empresarios, tanto del más chiquito, el del tendero de la esquina, como a grandes que hacen algún tipo de importación y exportación diariamente”.

Expuso que los retenes ilegales y las extorsiones ya tienen tiempo ocurriendo en la región, aproximadamente de una década atrás, sin embargo, en los últimos seis años se ha incrementado este tipo de situaciones. “Ya son retenes ilegales principalmente en la zona de la Huasteca Potosina, que han sido zonas bastante afectadas por el crimen, en el mismo periodo de tiempo, 2024, hubo situaciones de hechos con el narco”.

Señala que en la región se pensaba que tras las elecciones del 2024, la inseguridad en la zona iba a disminuir, pero no ha sido así y ha ocurrido todo lo contrario.

Sectores empresariales afectados

En la Huasteca Potosina hay varios sectores empresariales, entre los que destacan el sector de comercio de verduras, los granos, la construcción, como aceros, cementeras, quienes tratan de invertir y tener sus negocios en la región, sin embargo, con esta situación, se han visto severamente afectados.

El vocero empresarial dijo que cuando pasa alguna situación de emergencia, las fuerzas armadas se presentan en la zona pero cuando pasa la emergencia, vuelven a irse y se repiten las situaciones. Pone como ejemplo la reciente desaparición de electricistas en San Luis Potosí, que posteriormente fueron encontrados.

“Mandas a los transportistas, mandas a los comerciantes a hacer ciertas entregas a los puntos finales de destino que tiene que llegar esta mercancía, estos productos, y siempre nos reportan suituaciones que les pasan en el camino (...) lo que predomina son las extorsiones, piden una cierta cuota para dejar pasar por los camiones, por carreteras federales, con cuotas, que son libres entre comillas, sin embargo es la situación que predomina justamente para evitar algo más agresivo, como el tema de, llámese un robo, llámese un secuestro, o llámese situaciones que hemos visto, que te queman hasta un camión”.

Cómo afecta a los empresarios la situación

Isaac contó que esta situación a afectado, principalmente, de dos maneras: a los pequeños negocios, que han tenido que cerrar ante el cobro excesivo de extorsiones. “Si de por sí un cobro extra a tu negocio implica un gasto, en el tiempo lo que se ha visto es que estos han sido bastante fuertes en sus aumentos y que la gente no se quiere poner en riesgo, porque, una, ya no pueden pagar, y dos, si no pago y dejo abierto, van contra mi familia, entonces por un lado afecta a los más chicos cerrando, y esto afecta al entorno”.

En cuanto a grandes empresarios, explicó, lo que más ha afectado es la parte de la logistica, la parte de transporte y entregas por la parte de las extorsiones, por lo que solicita a las autoridades, tanto él como todo el sector empresarial de la zona, que se atienda la grave situación de inseguridad que viven día con día.

La principal coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó este martes ante Fedecámaras, el mayor gremio empresarial del país, su hoja de ruta para una transición política. Este plan contempla elecciones libres y la exigencia de liberación de los presos políticos.

En un mensaje en la red social X, la PUD señaló que la propuesta apunta a “una salida institucional, pacífica y con garantías para todos los venezolanos”. También precisó que la reunión con Fedecámaras integra su “trabajo sostenido por la construcción de una transición democrática” en Venezuela.

El bloque opositor expresó su agradecimiento al presidente de la gremial, Felipe Capozzolo, por lo que describieron como un “valioso intercambio” en el que ambas partes reafirmaron su “compromiso” con el futuro del país.

La coalición difundió varias imágenes de la reunión, realizada en la sede de Fedecámaras en Caracas, con presencia de dirigentes como el secretario general de la PUD, Roberto Enríquez; el referente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup; y los ex diputados Juan Carlos Caldera y Adriana Pichardo, miembros de Primero Justicia y Voluntad Popular, respectivamente.

El domingo, la PUD presentó un plan para lograr “elecciones libres” y una transición política, durante una conferencia de prensa que contó con representantes de distintos partidos y con intervenciones por videollamada de los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes permanecen fuera del país.

El lunes pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una mesa de diálogo para intentar recomponer las relaciones laborales, tras semanas de protestas de sindicatos y gremios por el salario mínimo, congelado en 130 bolívares (hoy, 27 centavos de dólar al mes) desde marzo de 2022.

En ese encuentro, que también incluyó a Fedecámaras, Rodríguez reunió a sectores políticos, sociales y religiosos con el objetivo de alcanzar “consensos”.

Entre otros encuentros, Rodríguez condujo recientemente un diálogo con mujeres en política, sin la presencia de Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025.

Delcy Rodríguez cumple esta semana 100 días al frente del Ejecutivo, luego de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero.

Mientras el Gobierno pone foco y apuesta por el sector energético y el agropecuario, las empresas de consumo masivo buscan formas de sostener los niveles de venta y plantean dudas sobre la reactivación, en un marco de pérdida del poder adquisitivo.

El evento AmCham Summit 2026, que reúne a cerca de 1.500 líderes empresariales, autoridades nacionales y provinciales, y referentes del ámbito sindical; tuvo como lema “Una Argentina federal en desarrollo”. El encuentro no escapó a la tendencia de una economía “a dos velocidades”.

La mayoría de los empresarios presentes pertenecía al agro y la energía, hoy los sectores más dinámicos y prioritarios para el Ejecutivo como motores del crecimiento. Aunque mencionaron varios desafíos, el clima es de optimismo, incluso en un escenario global adverso. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo y aseguró que la inversión es el eje del modelo.

Según el titular del Palacio de Hacienda, la clave en Argentina es el crecimiento sostenido y no uno “falso” basado en el consumo, provocado por el colapso de la demanda de dinero, ya que “la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo”.

Esta mirada y las políticas que la acompañan generan preocupación entre aquellos empresarios cuyas firmas están orientadas a la microeconomía. En ese marco, la concurrencia de representantes del rubro fue limitada.

Como contexto general, Carla Martín Bonito, presidenta de COPAL, afirmó que el consumo permanece en terreno contractivo y que es necesario que la merma de la inflación vaya de la mano de una recomposición de ingresos para apuntalar las ventas. A su criterio, la baja de tasas y el aumento del financiamiento no van a dinamizar la demanda en este caso.

Más en detalle, dijo que observan una migración entre canales sin incremento del volumen agregado. Sucede que los consumidores recurren cada vez más a compras mayoristas para ahorrar, junto con una mayor preferencia por los comercios de cercanía.

La ejecutiva cree que es fundamental expandir las exportaciones, aunque en la actualidad, de 14.700 empresas de alimentos, solo 1.200 venden al exterior.

Hay algunas compañías que intentan sortear la crisis con diferentes estrategias. Por ejemplo, en una de las principales lácteas del país comentaron que lanzan productos constantemente para atraer al público e incorporan segundas marcas. Gracias a esa medida y a cambios productivos vinculados a la eficiencia, logran mantener los márgenes en “verde claro”.

En cuanto a los precios, aseguran que tratan de sostenerlos y resaltan que estos subieron 20 puntos por debajo de la inflación en los últimos tres años.

Cuentan además que la relación con los proveedores es “a cara de perro” y que siempre están buscando mejores alternativas para evitar ajustes en las góndolas. En otro orden, mencionaron que todavía no se sienten los efectos de la guerra en Medio Oriente, la cual llevó a que los combustibles saltaran 20% en marzo.

La duda que plantean es cómo se va a remonetizar la economía y si realmente los dólares del agro y la energía serán suficientes.

Por otra parte, desde una de las empresas de bebidas más importantes explican que la vía que encontraron para garantizar la estabilidad en las ventas fue la profundización del sistema de envases retornables, que supone un ahorro del 40% para los clientes. Pero esa decisión requiere inversiones significativas que no todos los fabricantes están en condiciones de afrontar.

Vale recordar que, de acuerdo a Scentia, el consumo masivo cayó 3,4% interanual en febrero (último dato disponible) y 6,3% en la comparación contra enero.

El desglose por canal mostró un desempeño marcadamente negativo en los formatos tradicionales. El único con variación positiva fue el comercio electrónico, que creció 26,5% interanual.

Los supermercados lideraron los retrocesos, con una disminución interanual de 5,9%. Al mismo tiempo, los autoservicios independientes anotaron una merma de 3,8%, mientras que los mayoristas exhibieron una caída de 3,6% frente al mismo mes del año previo.

Asimismo, farmacias registró un retroceso de 2,9 por ciento. En una reconocida cadena sostuvieron que, cuando una familia no llega a fin de mes, el consumo farmacéutico —especialmente el vinculado a la cosmética— es uno de los primeros en recortarse. Si bien la afluencia a las sucursales no cambió mucho, los clientes compran menos: donde antes adquirían tres productos, ahora suelen llevar solo uno.

A su vez, el canal K+T —que abarca almacenes y kioscos— presentó una baja interanual de 1,9%, luego de varios meses al alza.

Honduras será sede de la 66 Convención de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, un encuentro que reunirá a los principales referentes del sector energético de América Latina del 15 al 17 de abril de 2026 en la ciudad de Tela.

Esta cita se desarrolla en un momento en que la inestabilidad de los precios del petróleo, acelerada por disputas geopolíticas en Oriente Medio, lleva a los actores regionales a repensar sus estrategias empresariales y de sostenibilidad, con impacto directo en los mercados y consumidores, según informó la organización de la CLAEC.

Entre los datos diferenciales de esta nueva edición resalta la presencia confirmada de delegaciones empresariales provenientes de once países, incluidos Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y República Dominicana.

La comisión organizadora señala que esta amplitud de representación regional refuerza el carácter estratégico del evento, que se produce durante la gestión del secretario general permanente de CLAEC, Daniel Añón, y la presidencia pro tempore del hondureño Oscar Rubio, quien además es titular de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo.

La realización de la convención en Tela tiene como objetivo fortalecer la industria de hidrocarburos y consolidar a Honduras como destino para inversiones y eventos internacionales.

De acuerdo con la información difundida por CLAEC, la llegada de delegaciones extranjeras generará un efecto inmediato en la economía local: se prevé un aumento en la demanda de servicios de hotelería, gastronomía y transporte, lo que representa una inyección directa en el sector turístico y potencia el modelo de turismo de convenciones que impulsa el país.

Expertos participantes afirman que este tipo de encuentros dinamizan la actividad económica y abren oportunidades para nuevos negocios, en especial por el carácter internacional de los contactos empresariales que se generan al margen de la convención.

Durante tres jornadas, la agenda del evento profundizará en temas como la modernización de estaciones de servicio, la sistematización de operaciones, la digitalización y la adopción de tecnologías para optimizar la eficiencia y la competitividad.

Se abordarán también las tendencias en transición energética hacia fuentes más limpias y el desafío de la ilegalidad en la comercialización de combustibles, un problema que ha provocado pérdidas importantes y distorsión en la competencia de varios mercados latinoamericanos.

Al cierre de la convención, la ciudad de Tela albergará del 18 al 19 de abril la expoferia Gas Point 2026, organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo

La entidad destaca que se trata del evento más relevante para la industria local, dirigido a operadores de estaciones de servicio, proveedores, inversionistas y demás actores de la cadena de valor de los combustibles.

La expoferia brindará espacios enfocados en el networking, presentaciones sobre automatización, ahorro energético y nuevas tendencias en sostenibilidad, así como conferencias magistrales y foros especializados.

El programa contempla exposiciones de avances tecnológicos recientes tanto de empresas hondureñas como internacionales.

El cierre de actividades estará marcado por la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, instancia donde se renovará la Junta Directiva. De acuerdo con los organizadores, este proceso definirá las prioridades estratégicas del sector y fortalecerá la representatividad gremial en los próximos años.

La transición hacia energías limpias, la digitalización y los cambios en el consumo redefinen el escenario para empresas y mercados de América Latina.

Los organizadores enfatizan la necesidad de crear espacios de diálogo regional para “construir soluciones conjuntas y promover el desarrollo sostenible del sector energético”, resaltando la relevancia de Honduras como anfitrión.

La familia Slim vuelve a captar la atención del círculo social más exclusivo de México con la noticia de un nuevo compromiso matrimonial en su tercera generación.

La protagonista esta vez es Soumaya Romero, la hija mayor de Soumaya Slim Domit y del arquitecto Fernando Romero, quien ha compartido con su entorno la decisión de unir su vida con José Amieva.

Quién reportó que este enlace se suma a una temporada especialmente activa para los Slim, con tres bodas próximas en la agenda familiar.

El compromiso de Soumaya Romero y José Amieva

De acuerdo con Quién, la propuesta de matrimonio se realizó en el Abbaye des Vaux de Cernay, un elegante hotel situado en el suroeste de París.

El entorno romántico fue testigo del compromiso tras cinco años de relación, período en el que la pareja ha frecuentado eventos de alto perfil.

Infobae México revisó los costos de dicho hotel y los precios van desde los 310 euros por noche (6 mil 410 pesos mexicanos), hasta los 2 mil 500 (51 mil 699 pesos mexicanos), sin impuestos.

¿Quién es José Amieva?

El prometido de Soumaya Romero, José Amieva, lidera el desarrollo tecnológico desde Avoqado, una plataforma de soluciones para retail, servicios, belleza y restaurantes.

Según su perfil profesional, ha impulsado la arquitectura y producción de sistemas de punto de venta y aplicaciones móviles.

Su formación incluye estudios en la Universidad Westhill Oficial y un diplomado en análisis de datos por el Tecnológico de Monterrey.

En un encuentro que reunió a algunos de los principales referentes del empresariado local, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) llevó adelante su Asamblea Anual y definió un cambio en su conducción, luego de 16 años de gestión al mando de Jaime Campos.

Los socios eligieron por unanimidad a Alejandro Lastra como nuevo presidente de la entidad, en una jornada que también incluyó la renovación de otros cargos y un reconocimiento a quien encabezó la organización durante los últimos años. La designación se produjo en el marco del funcionamiento habitual de la asociación y contó con el respaldo pleno de los integrantes presentes.

Lastra, de 61 años, es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee una Maestría en Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Desarrolló su carrera profesional en empresas como Citicorp, IBM y Movistar, donde se desempeñó como gerente de relaciones institucionales. Su perfil profesional difiere del tradicional CEO: no presidió empresas ni ocupó cargos ejecutivos máximos, sino que actuó como profesional especializado en relaciones institucionales y gestión corporativa.

Este cambio sucede en momentos difíciles en el vínculo entre el empresariado y el gobierno de Javier Milei. Las recurrentes acusaciones contra el presidente y CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, (miembro de AEA) y otros hombres de negocios generaron una profunda molestia dentro de la entidad.

Durante el encuentro, los asistentes destacaron la tarea de Campos, quien dejó la presidencia tras un extenso período al frente de la institución. Los socios agradecieron su desempeño y resaltaron lo que describieron como una gran gestión, al tiempo que remarcaron el trabajo realizado en el proceso de traspaso de mando. En ese marco, subrayaron que la transición se desarrolló de manera ordenada y con un nivel alto de coordinación entre las autoridades salientes y entrantes.

La Asamblea también resolvió la continuidad de parte del equipo directivo. Luis Pagani y Luis Perez Companc resultaron reelegidos como vicepresidentes por un nuevo período. En tanto, Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi continuarán como vocales dentro de la estructura institucional. Además, los socios confirmaron la reelección de Alberto Grimoldi como secretario.

Tras su designación, Lastra tomó la palabra ante los asistentes y expresó: “Es un honor y un privilegio ser el nuevo presidente de AEA. Es una gran responsabilidad que asumo con convicción y entusiasmo, para seguir trabajando en el fortalecimiento del sector privado en Argentina”. Su intervención marcó el inicio de una nueva etapa en la conducción de la entidad, con foco en la continuidad del trabajo institucional.

Por su parte, Campos también se dirigió a los presentes durante la reunión. En su mensaje, destacó el rol de la empresa privada en el desarrollo del país y señaló la importancia de la entidad en la defensa de valores vinculados al funcionamiento del sector. En ese sentido, sostuvo que la organización mantuvo una línea de trabajo orientada a promover condiciones que favorezcan el crecimiento de las compañías.

El ex presidente agradeció la confianza que recibió de los socios durante su gestión y puso énfasis en el clima interno de la entidad. En su exposición, remarcó el ambiente de unidad, respeto y camaradería que, según indicó, caracterizó el funcionamiento de la asociación a lo largo del tiempo.

La jornada incluyó además un almuerzo posterior a la Asamblea. En ese espacio, el orador invitado fue el periodista Carlos Pagni, quien participó del encuentro frente a los miembros de la organización.

Participaron de la reunión, además de los empresarios mencionados, Héctor Magnetto, Federico Braun, Julio Saguier, Pierpaolo Barbieri, Martín Brandi, Eduardo Costantini, Enrique Duhau, Ignacio Lartirigoyen, Carlos Miguens, Pablo Roemmers, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Guadalupe Mazulo, Cecilia Pasman y Florencia Magnasco.

La decisión de elegir a Lastra como el sucesor de Campos respondió a un proceso consensuado en el que participaron activamente los socios y la comisión directiva de la AEA. La consultora global Egon Zehnder colaboró en la evaluación de candidatos y opciones, pero la decisión final quedó en manos de la comisión directiva.

En diálogo con Infobae semanas atrás, Campos indicó que continuará acompañando a Lastra en su gestión. “Voy a estar acompañando al presidente. También voy a dar clases en distintas universidades, sobre desarrollo económico y de trayectorias empresarias”, señaló. Esta vinculación permite un traspaso de liderazgo ordenado y mantiene la continuidad institucional dentro de la AEA. Indicó también que los cambios son necesarios para las instituciones que llevan muchos años bajo la misma conducción.

El asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario frutero en Mazatlán, Sinaloa, representa el caso más reciente de una serie de ataques que, en seis meses, ha dejado al menos nueve empresarios víctimas de secuestro o asesinato en México.

La violencia dirigida contra figuras del sector privado se ha extendido por regiones clave del país, desde Sinaloa hasta Veracruz, generando alarma y exigencias de respuesta por parte de las cámaras empresariales.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) condenó el más reciente crimen ocurrido en vísperas de Semana Santa y demandó a las autoridades fortalecer la seguridad.

“La seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Sin ella, se vulnera no solo la integridad de las personas, sino también la estabilidad de nuestras comunidades”, publicó la organización en un comunicado en redes sociales.

Cronología de los ataques: seis meses de violencia contra empresarios

• Octubre de 2025

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue un líder reconocido entre los productores de limón en Michoacán y un activista que denunció abiertamente la extorsión y las amenazas del crimen organizado contra el sector agrícola.

El 20 de octubre de 2025, Bernardo Bravo fue secuestrado tras acudir al tianguis limonero y dirigirse sin escoltas a la comunidad de Cenobio Moreno, donde fue citado bajo engaños. Horas después, su cuerpo fue hallado en un camino rural cerca de Apatzingán, con signos de tortura y un disparo en la cabeza.

Las investigaciones oficiales apuntan a la célula criminal Los Blancos de Troya, en alianza con Los Viagras y el CJNG, como responsables del asesinato. Entre los detenidos se encuentra César Alejandro Sepúlveda, alias “El Bótox”, identificado como responsable intelectual y material del crimen y dueño del rancho donde fue ultimado Bravo.

Ese mismo mes, otra de las víctimas fue Javier Vargas Arias, empresario citrícola del municipio de Álamo Temapache, Veracruz, quien fue asesinado la mañana del 23 de octubre de 2025 en plena vía pública. El ataque se registró en el ejido Jardín Nuevo, donde un comando armado interceptó a Vargas Arias y le disparó en repetidas ocasiones.

El empresario, dedicado a la producción de naranjas, recibió varios impactos de bala y, aunque fue trasladado de inmediato al Hospital General de Álamo Temapache, murió minutos después de su ingreso. Testigos señalaron que los agresores portaban equipo táctico con apariencia militar y huyeron en una camioneta blanca. El asesinato de Vargas ocurrió apenas cuatro días después del de Bravo Manríquez.

• Diciembre de 2025

José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona y empresario destacado de Jalisco, fue asesinado tras ser secuestrado en una carretera de la Sierra Occidental el 27 de diciembre de 2025. Mientras viajaba con su familia rumbo a Puerto Vallarta, un grupo armado interceptó su vehículo a la altura del crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo. Los agresores despojaron a la familia de objetos personales y se llevaron únicamente al empresario, dejando ilesos a sus acompañantes.

No hubo demandas de rescate tras el secuestro. Dos días después, el 29 de diciembre, el cuerpo de Corona fue encontrado a un costado de la carretera, cerca del lugar de la privación de la libertad. Presentaba lesiones por golpes y heridas de bala.

A los 42 años, Adrián Corona presidía Grupo Corona, empresa reconocida en la producción de tequila, mezcal, vinos y licores, con impacto económico y social en Tonaya y la región. Su gestión impulsó la proyección nacional e internacional de la compañía, generando empleo y promoviendo el desarrollo local.

Ese mismo mes, Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto” o “Don Beto”, fue asesinado la mañana del 29 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado que también cobró la vida de su hija de 16 años y uno de sus escoltas, además de dejar a cuatro escoltas heridos.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Topacio y calle Brillante, donde al menos 30 personas armadas, presuntamente a bordo de varios vehículos, emboscaron la camioneta en la que viajaba Prieto Valencia. La agresión se prolongó durante varios minutos y dejó más de 200 casquillos en la escena.

Prieto Valencia era un comerciante y empresario vinculado al Mercado de Abastos de Guadalajara, con actividad en el sector de cereales, abarrotes y transporte de carga, y fundador de Transportes Odal. Autoridades estatales señalaron que existían antecedentes penales en su historial y que las investigaciones exploran su posible relación con esquemas de extorsión conocidos como “rifas colombianas” y con préstamos ilegales tipo “gota a gota”.

Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque habría sido planeado, ya que vecinos detectaron movimientos sospechosos y uso de drones para vigilar la zona en días previos. Las autoridades manejan como presuntos responsables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que varios de los atacantes portaban chalecos tácticos con las siglas de este grupo.

• Febrero de 2026

Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva, empresarios de San Luis Potosí, fueron reportados como desaparecidos el 7 de febrero y localizados sin vida en el municipio de Pinos, Zacatecas.

Ortega Venegas era reconocido por su actividad restaurantera y perfilado como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano. Luna Silva, dedicado a la cosecha de chile, era hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024 cuando buscaba la candidatura de Morena.

• Marzo de 2026

Gerardo Arredondo, empresario de la construcción y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, fue secuestrado afuera de su negocio el 7 de marzo y liberado ese mismo día en Juventino Rosas, tras un operativo que dejó detenidos y un presunto delincuente abatido. La gobernadora Libia García Muñoz informó que el rescate se realizó sin pago de rescate y que la víctima ya se encontraba bajo resguardo de la fiscalía estatal.

Eduardo Ochoa Arias, productor y exportador de plátano originario de Colima, fue secuestrado el 13 de marzo de 2026 por un grupo armado presuntamente perteneciente al CJNG, mientras se encontraba en la localidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán. Ochoa Arias era el director de Ochoa Products, empresa reconocida en el sector agrícola por sus exportaciones a Estados Unidos y Asia.

De acuerdo con los reportes, Ochoa fue interceptado y privado de la libertad cuando circulaba acompañado de otras personas. Los agresores lo obligaron a descender de su vehículo y se lo llevaron por la fuerza.

El 21 de marzo, ocho días después del secuestro, el cuerpo de Ochoa Arias fue hallado por habitantes en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán. El cadáver presentaba signos de tortura, impactos de bala en el pecho, estaba maniatado, envuelto en plástico y colocado dentro de una hamaca

La región donde ocurrió el secuestro y posterior hallazgo del cuerpo está considerada como zona de alto riesgo por la presencia activa del CJNG, grupo señalado por controlar la extorsión y el secuestro de empresarios agrícolas en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán, pese a la presencia de fuerzas federales y puestos de control cercanos.

Otro caso fue el de Arnulfo Aguilar Salazar, empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila, quien fue secuestrado en Culiacán, Sinaloa. Casi 24 horas después del reporte, fue rescatado con vida tras un operativo de autoridades estatales y federales. Aguilar es considerado uno de los empresarios más influyentes del sector hidrocarburos en Sinaloa.

Finalmente, Rafael Tirado Lizárraga, propietario de Frutería Alicia, fue privado de su libertad en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de marzo y hallado muerto dos días después. El asesinato provocó la condena de la Canacintra y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), que difundieron mensajes exigiendo la creación de un “entorno de paz, legalidad y certidumbre”.

Reacción empresarial

La secuencia de ataques ha generado una respuesta inmediata de las cámaras empresariales. Canacintra, Canirac y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han urgido a las autoridades a reforzar la estrategia de seguridad y garantizar condiciones para la operación de empresas, la inversión y la vida comunitaria.

Según cifras de la Coparmex, el 46,8% de las empresas mexicanas reportaron ser víctimas de al menos un delito durante 2025, y la extorsión figura entre los principales riesgos para el sector privado. El sindicato empresarial señaló que los casos de extorsión han ido en aumento desde el año pasado, siendo el segundo delito más reportado por sus afiliados.

En cada caso, las víctimas compartían un perfil de liderazgo empresarial, arraigo local y exposición a amenazas y extorsiones en zonas marcadas por la disputa territorial de grupos criminales. Los antecedentes familiares de violencia, los vínculos políticos y empresariales, y la presión sobre el sector productivo se reflejan en la respuesta social y mediática ante cada suceso.

Las investigaciones oficiales permanecen abiertas en la mayoría de los casos. Las autoridades estatales y federales han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y mejorar la seguridad, mientras el sector empresarial insiste en la urgencia de resultados concretos para frenar una tendencia que, en los últimos seis meses, ha cobrado la vida de varios de sus miembros.

Amancio Ortega Gaona cumple este viernes 90 años tras un nuevo año de beneficios y dividendos de récord en Inditex. Su amplia trayectoria ha ligado su figura tanto a la transformación de la industria de la moda como a la gestión de un amplio portafolio de inversiones internacionales que han trascendido el negocio textil que lo dio a conocer.

Ortega es conocido principalmente por ser el fundador de Inditex, el grupo multinacional de moda con sede en Arteixo (Galicia) que opera marcas como Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear u Oysho, entre otras. Su trayectoria empresarial comenzó en los años sesenta con la fundación de Confecciones Goa, dedicada a la producción de albornoces, y evolucionó con la apertura de la primera tienda Zara en 1975, un proyecto que crecería más adelante desde un único establecimiento en A Coruña (Galicia) hasta una corporación textil a nivel global.

Inditex permanece como uno de los operadores más relevantes del sector textil mundial. A pesar de haber reducido el ritmo de aperturas físicas en los últimos años, la compañía ha registrado cifras reseñables, con ventas que se aproximan a los 40.000 millones de euros y beneficios netos que superan los 6.000 millones en su último ejercicio, consolidando su posición dentro del mercado de consumo global. Ortega mantiene una participación mayoritaria en la empresa, que cotiza en el Ibex 35 y emplea a más de 160.000 personas.

Aunque Ortega dejó la presidencia ejecutiva de Inditex en 2011, sigue vinculándose a la compañía a través de su papel como accionista mayoritario y miembro del consejo en calidad de fundador, manteniendo un porcentaje significativo del capital social y los derechos de voto. El liderazgo operativo del grupo ha pasado a nuevas generaciones de gestores, con la presidenta actual, su hija Marta Ortega, y el resto de su estructura directiva enfocada en la adaptación del modelo de negocio a las nuevas realidades del sector.

Inversión y diversificación con Pontegadea

Además de su actividad en el sector textil, Ortega canaliza desde principios de los años 2000 gran parte de su patrimonio y dividendos de Inditex a través de Pontegadea Inversiones, su sociedad de inversión familiar. Este vehículo inmobiliario, con sede en A Coruña, gestiona una de las carteras privadas más relevantes de España, con un foco estratégico en activos inmobiliarios, infraestructura, energía y participaciones en empresas con flujos de caja estables.

Pontegadea ha acumulado una cartera de bienes raíces de primer orden en ciudades como Londres, Nueva York, Miami o Luxemburgo, además de inversiones en sectores como telecomunicaciones y energía. En los últimos años, esta diversificación se ha extendido a sectores de infraestructuras logísticas y puertos, con inversiones en grupos como PD Ports en el Reino Unido y participaciones estratégicas en operadores de logística portuaria en Australia, reflejando una estrategia que busca ingresos recurrentes y estabilidad de valor a largo plazo.

Esta trayectoria ha llevado al empresario a amasar una de las fortunas más grandes del mundo. En la lista de multimillonarios que elabora cada año Forbes, su posición ha experimentado altibajos pero sigue siendo significativa a nivel global y nacional. En la edición de 2026, Ortega figura dentro del top 10 de las personas más ricas del mundo, ocupando el puesto décimo con un patrimonio estimado en unos 148 000 millones de dólares, lo que le mantiene como la mayor fortuna individual de España y una de las más relevantes fuera del sector tecnológico que domina el ranking.

El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Sevilla ha acordado la exoneración de 1.149.893,17 euros de deuda a un empresario sevillano aplicando la Ley de la Segunda Oportunidad. La resolución pone fin a un procedimiento concursal y cancela la mayor parte de sus obligaciones con entidades financieras y acreedores, según informa la Asociación Ayuda al Endeudamiento.

Antes de la crisis de 2008, el afectado desarrollaba su actividad en el sector de la construcción, con varias empresas en funcionamiento, empleados a su cargo y contratos en marcha. Como era habitual en el contexto de expansión económica, contaba con financiación bancaria a través de pólizas de crédito, líneas de descuento y contratos de leasing. Además, había avalado personalmente muchas de las operaciones de sus sociedades, una práctica extendida en el sector.

La llegada de la crisis financiera supuso un punto de inflexión. Los clientes dejaron de pagar, las promotoras entraron en insolvencia y las entidades bancarias cortaron el acceso al crédito. Las empresas comenzaron a acumular impagos y, sin posibilidad de refinanciación, quedaron sin actividad. La deuda, sin embargo, permaneció, trasladándose al plano personal debido a los avales firmados.

El empresario se acoge a la Ley de la Segunda Oportunidad

Con el paso del tiempo, las sociedades quedaron convertidas en estructuras sin operativa ni capacidad financiera. La falta de liquidez y el bloqueo económico impidieron incluso afrontar un concurso de acreedores ordinario. Mientras tanto, la deuda siguió creciendo con intereses y costes judiciales. La situación derivó también en ejecuciones, entre ellas la pérdida de la vivienda vinculada a su expareja.

Sin opciones de rehacer su vida profesional en España, el empresario se trasladó al extranjero. En 2018 sufrió un accidente grave que motivó su repatriación y una intervención quirúrgica urgente. Como consecuencia, fue declarado en situación de incapacidad permanente total, lo que le impidió trabajar durante siete años. Sin ingresos ni patrimonio, la deuda superó el millón de euros.

Tras conocer la existencia de la Ley de la Segunda Oportunidad, inició los trámites para acogerse a este mecanismo. El procedimiento se articuló como un concurso sin masa, al no disponer de bienes para liquidar, lo que permitió solicitar directamente el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI). Durante la tramitación, se dio traslado a los acreedores para que pudieran formular alegaciones o solicitar el nombramiento de administrador concursal, sin que ninguno compareciera.

Cancelación de las deudas pendientes

El juzgado concluyó el concurso al constatar la insuficiencia de masa activa para hacer frente a los créditos contra la masa, conforme a lo previsto en la normativa concursal. Asimismo, consideró acreditado que el deudor cumplía los requisitos exigidos: situación de insolvencia real, ausencia de antecedentes relevantes y actuación de buena fe, sin incurrir en las causas que impiden la exoneración.

En su auto, el magistrado acuerda la cancelación de la totalidad de las deudas pendientes, con las excepciones previstas legalmente. En particular, las deudas de derecho público solo podrán exonerarse dentro de los límites establecidos, que contemplan la posibilidad de cancelar hasta 10.000 euros bajo determinadas condiciones. El resto de obligaciones quedan extinguidas.

La resolución establece además que los acreedores no podrán reclamar el pago de las cantidades exoneradas ni iniciar acciones judiciales para su cobro, salvo en los supuestos de revocación previstos en la ley. Asimismo, se ordena la comunicación de la exoneración a los sistemas de información crediticia para la actualización de los registros.

La privación de la libertad del empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en pleno sector de La Lomita, en Culiacán, encendió las alertas del sector empresarial y de seguridad en Sinaloa. Tras casi 26 horas de incertidumbre y un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, el propietario de Grupo Águila fue localizado con vida.

El secuestro ocurrió el martes 24 de marzo, alrededor de las 13:45 horas, cuando Aguilar Salazar circulaba en un BMW modelo 430i, color gris, con placas de Sinaloa, sobre el bulevar Juan Pablo II, muy cerca del templo de Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita) y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Testigos observaron que un grupo armado interceptó al empresario, lo obligó a descender tras un breve intercambio verbal y lo subió a otra unidad, abandonando el vehículo de lujo en la vía pública.

El hecho provocó una movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad Pública estatal, fuerzas federales y militares. El propio secretario de Seguridad Pública acudió al sitio, en compañía de agentes de la Fiscalía General del Estado y del equipo de Servicios Periciales, que recabó huellas y otros elementos de evidencia, según los reportes oficiales. La familia del empresario reportó que se dirigía de la oficina a su domicilio al momento del plagio.

La FGE detalló a medios locales que el operativo de búsqueda incluyó patrullajes, análisis de cámaras de seguridad y filtros de revisión en la colonia Lomas de Guadalupe y alrededores. La intervención de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y de la Unidad Especializada Antisecuestros fue clave en la localización.

El empresario fue encontrado con vida, sin lesiones aparentes, y recibió atención médica y psicológica como parte del protocolo. Fuentes con conocimiento del caso dijeron a medios locales que el hombre ya tuvo contacto con personal ministerial para las diligencias correspondientes.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado el lugar exacto donde se produjo la liberación ni las condiciones de la misma. Tampoco se han reportado personas detenidas en relación con la privación de la libertad.

Reacción del sector empresarial

La privación de la libertad de Arnulfo Aguilar Salazar generó consternación entre integrantes del sector gasolinero y gremios empresariales, quienes de forma anónima exigieron en un comunicado que circuló en redes sociales resultados inmediatos ante el impacto en la seguridad y en la actividad económica de la región.

Representantes empresariales reclamaron garantías para la protección de negocios y operadores, así como una respuesta institucional a la escalada de delitos de alto impacto.

Aguilar Salazar figura entre los empresarios más influyentes del ramo hidrocarburos en Sinaloa y es propietario de Grupo Águila, empresa con presencia relevante en el ramo de gasolineras en Culiacán y otras zonas del estado. El secuestro se suma a una creciente lista de incidentes que afectan a figuras clave del sector productivo local.

El caso se inscribe en un contexto de violencia exacerbada por la disputa interna en el Cártel de Sinaloa, especialmente en la capital sinaloense, donde se han registrado balaceras, enfrentamientos armados, robos de vehículos, incendios de viviendas y desapariciones.

Dos empresarios fueron víctimas de la violencia en menos de dos semanas en distintas entidades del país. En ambos hechos se cree que sus actividades en los sectores agrícola y gasolinero podrían ser el motivo de su desaparición y asesinato.

Eduardo Ochoa Arias, empresario platanero de Colima, fue reportado como desaparecido el pasado 13 de marzo luego de que un grupo de sujetos armados lo interceptó cuando se encontraba en la comunidad de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.

El agricultor se encontraba en compañía de otras personas cuando los sujetos se desconocidos se lo llevaron a la fuerza.

Su desaparición provocó que tanto familiares como amigos se manifestaran para exigir acciones por parte del gobierno federal y estatal para localizar con vida a Eduardo Ochoa Arias.

Pese a la exigencia de justicia, el cuerpo sin vida de Eduardo Ochoa fue localizado el sábado 21 de marzo en el mar, en la zona de Boca de Apiza, en Michoacán. Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, las autoridades realizaron pruebas de ADN para su identificación.

Secuestran a Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero

Otro hecho violento ocurrió este martes 24 de marzo, cuando un grupo armado secuestró al empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el hombre de 81 años de edad se encontraba a bordo de un vehículo BMW de modelo reciente en sobre el boulevard Juan Pablo II, en la colonia Lomas de Guadalupe, cuando fue interceptado.

El automóvil de Aguilar Salazar quedó abandonado a escasos metros del templo de Nuestra Señora de Guadalupe y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Arnulfo Aguilar Salazar, junto con su hermano, es identificado como uno de los empresarios más destacados del sector de hidrocarburos en Sinaloa. Es propietario de Grupo Águila, una empresa con presencia en Culiacán y otras zonas del estado.

Estos hechos ocurren en un contexto de constante extorsión en contra de empresarios en varias entidades del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que, de acuerdo con sus datos, 46.8% de las empresas fueron víctimas de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo con mayor número de casos.

El sindicato también ha identificado este delito como uno de los que más impactan a los empresarios y que ha ido en aumento desde el año 2025, de acuerdo con el presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez.

De acuerdo con el Reporte Anual de Seguridad e Incidencia Delictiva 2025 del Observatorio Nacional Ciudadano, el estado de Colima se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en el delito de extorsión, con una tasa de 16.8 por cada 100 mil habitantes en el ranking estatal de víctimas.

Mientras que en Colima y Michoacán una de las organizaciones criminales que mantiene el mayor control territorial es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Sinaloa es el Cártel de Sinaloa el que controla la entidad al ser su principal bastión.

La desaparición de Arnulfo Aguilar Salazar se registra en un contexto de violencia en Sinaloa, en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una guerra desde septiembre de 2024.

En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.

“Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.

En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.

Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.

En ese marco, el dirigente también planteó que un esquema de transporte con mayores niveles de cobertura y frecuencia implicaría un costo significativamente más alto. Al comparar la situación actual con la de años anteriores, señaló que recuperar un sistema como el de hace una década, con más unidades en circulación y mayor oferta de servicios, requeriría un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con mayor cantidad de kilómetros recorridos y presencia en horarios donde hoy la prestación se redujo, como la noche.

Durante la entrevista, el dirigente repasó la evolución del sistema en los últimos años y señaló que la situación actual se configuró a partir de distintos factores. Entre ellos, mencionó el congelamiento de tarifas durante varios años y la caída en la cantidad de pasajeros durante la pandemia.

En ese período, los colectivos circularon con baja ocupación debido a las restricciones sanitarias, mientras el boleto se mantuvo sin cambios. Esa combinación llevó a un incremento de los subsidios para cubrir costos operativos como salarios y combustible.

Posteriormente, el esquema cambió con un proceso de ajuste que redujo los subsidios y dio lugar a aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que ese incremento no compensó completamente la reducción de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.

Como resultado, la composición de los ingresos del sector se modificó. Mientras que en años anteriores los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, actualmente la tarifa ganó participación, aunque sin revertir la caída en términos reales.

Caída de pasajeros

Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes. Esa diferencia implicó una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.

A lo largo de la última década, la caída resultó más pronunciada. Fusaro señaló que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.

La reducción de la demanda se combinó con una disminución en la cantidad de unidades en circulación. Hace tres años, el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que actualmente la cifra no alcanza los 17.000. Esa caída implicó la salida de más de 1.300 unidades.

En paralelo, el dirigente advirtió sobre el envejecimiento de la flota. En la actualidad, cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse. Esa situación se sostuvo mediante prórrogas que extendieron los plazos permitidos.

Fusaro explicó que las empresas enfrentan dificultades para renovar las unidades debido a la falta de recursos. En ese contexto, señaló que recurrieron a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.

Ese proceso también impactó en la prestación del servicio. Uno de los cambios más visibles se registró en la reducción de frecuencias, especialmente durante la noche. Según explicó, las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar el uso de los recursos disponibles.

El sistema de subsidios también experimentó modificaciones en su forma de asignación. Desde octubre de 2024, los aportes comenzaron a distribuirse en función de la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de calcularse sobre la base de los kilómetros recorridos o la cantidad de unidades en circulación. Ese cambio buscó evitar distorsiones en la operación.

Baja rentabilidad

En ese marco, Fusaro señaló que el sector atraviesa un proceso de ajuste que también se refleja en la estructura empresaria. A nivel general del sistema, indicó que no se registran niveles de rentabilidad. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Explicó que algunas empresas presentan situaciones particulares, en función de su escala o integración, pero señaló que el conjunto del sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.

También mencionó casos de empresas que dejaron de operar, lo que derivó en procesos de reasignación de líneas. En esos casos, las autoridades realizaron convocatorias para que otras compañías asuman los servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.

En ese contexto, el dirigente describió un escenario de reducción progresiva del sistema. Señaló que la cantidad de unidades podría seguir disminuyendo en los próximos años, en línea con la caída de la demanda y las dificultades para renovar la flota.

Asimismo, indicó que el esquema actual genera restricciones en determinadas franjas horarias y zonas. En particular, mencionó la reducción de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.

En relación con el financiamiento, Fusaro planteó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su implementación. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema en el que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse a través de las empresas.

Ese modelo permitiría establecer distintos niveles de cobertura en función de las características de los pasajeros, según explicó durante la entrevista.

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Mirá la entrevista completa a Luciano Fusaro

El presidente Javier Milei partiicipó esta noche del Foro Económico del NOA en Tucumán, donde lanzó fuertes críticas a la oposición y a los empresarios en medio de la tensión con Paolo Rocca, CEO de Techint. En ese sentido, el mandatario aseguró que hay “una carnicería” contra su Gobierno.

A una semana de regresar del Argentina Week en Nueva York, Milei se dedicó a dar una charla respecto a la política económica, en donde retomó las ideas de Adam Smith y planteó que “es necesario entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante”.

Sin embargo, más allá de lo conceptual de sus palabras, aprovechó la oportunidad para apuntar contra la oposición y parte del empresariado al asegurar: “Parece que hay políticos y empresarios, que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos y de empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción".

“La pregunta es por qué un político se va arrogar la facultad de cercenar la libertad para que compren un producto de mayor precio y de peor calidad. Para que no lo puedan hacer, levanta una pared para que ustedes puedan ser robados. Está claro que están condenados a tener a la gente con precios más altos y cercenarles la libertad. Ustedes perjudican a 48 millones de personas para salvar a 3 chorros. Está claro que es profundamente inmoral“, sostuvo.

El mandatario abordó este tema cuando profundizaba sobre la teoría de la distribución del ingreso. “Adam Smith tenía una posición pro competencia y la fomentaba. Una de las partes que hace es aniquilar a los mercantilistas, es decir, a los prebendarios”, mencionó.

De esta manera, continuó con su explicación y sostuvo: “Pasaron 250 años y la relación con esta manga de delincuentes sigue siendo la misma“. ”El método era masomenos lo mismo. En esa época se cargaban con su vida, ahora hacen una carnicería mediática", aseguró.

De igual forma, aclaró: “Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro, ataco a la gente deshonsta. Me parece que es una pelea que vale la pena”. “Si ustedes quieren ganar, tienen que correr mejor, no tienen que matarlo. No hacer como los socialistas que le quieren llenar la mochila de piedras”, precisó.

Al respecto, Milei explicó: “No estamos dispuestos a hacerlo violentando la vida, la libertad y laa propiedad. Si la política que aplican es injusta, termina mal. Por eso, Argentina se estaba hundiendo; por eso, hacemos este planteo de la moral como política de Estado. Lo importante son los valores morales, eso está por encima de todo“.

Con respecto al kirchnerismo, indicó que “si durante 100 años estuvieron fomentando la vagancia, por la Justicia social y el parasitismo, nos íbamos a estrolar. ”Llámese argentina del 2023, iba camino a ser Cuba con estación en Venezuela. Es gente que tiene interente no laburar. Si laburan son explotados, si laburan son explotadores. Lo único que hacen es desarrollar retórica para que ustedes se sientan culpables y así comerles el bolsillo", señaló.

En otro momento de su discurso, se tomó el tiempo de destacar los cambios que se produjeron en el sistema económico y en el mercado laboral desde las teorías de Adam Smith hasta hoy. Por esto mismo, destacó el rol de la inteligencia artificial (IA) y analizó el papel que jugará en los próximos años.

“A la luz de cómo vivimos hoy, necesitamos entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante. La IA va a tener un rol fundamental. La IA es la fábrica de alfileres del siglo XXI. Descartemos los escenarios distópicos, están mal construidos”, pidió y agregó: “Cuando empiezan con los escenarios distópicos, van a dejar afuera a la gente. Cuando hacen IA es para que un producto sea de mejor calidad y se lo venden a alguien”.

Barcelona, 17 mar (EFE).- El abogado Joan Laporta, presidente electo del FC Barcelona, ha asegurado este martes que se espera "anunciar en breve" la renovación del contrato del técnico alemán Hansi Flick hasta 2028.

Así lo ha asegurado en un entrevista en 'Rac1'. Laporta, que no podrá tomar posesión del cargo hasta el 1 de julio, ha recalcado que el actual entrenador del Barcelona, que finaliza compromiso el 30 de junio de 2027, está "muy a gusto" en el club catalán.

Es más, se imagina todo su próximo mandato (hasta 2031) con Flick como entrenador. "Sería la consecuencia de que el proyecto funciona. ¿Cinco años? Es joven y tiene mucha energía", ha insistido.

A Laporta también le gustaría renovar el compromiso al director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco': "Está haciendo un trabajo extraordinario. Esta funcionando muy bien la dupla Deco y Flick y no es fácil. Espero que Deco quiera renovar".

En todo caso, el abogado barcelonés ha recordado que hasta el 1 de julio quien renegocia todas estas cuestiones es el actual presidente en funciones, Rafael Yuste.

"Yo puedo dar mi opinión, pero no firmar nada. No puedo participar ni en actos de representación ni tampoco en actos de disposición", ha recordado.

En cuanto a la planificación deportiva, Laporta también confía en la continuidad de Robert Lewandowski, que acaba contrato este 30 de junio, porque "se lo merece", ya que llegó al Barça en "una situación de máxima dificultad" y al club catalán le fue "muy bien".

También espera llegar a un acuerdo con el Manchester United para que los azulgranas fichen definitivamente a Marcus Rashford (ahora está como cedido) y mantengan a Joao Cancelo.

Sobre Lamine Yamal, Laporta ha insistido en que es "artista, un genio y es del Barça" y ha recordado que su renovación con los azulgrana no fue complicada, mientras que admite que estaría "encantadísimo" de poder arreglar la relación personal con Leo Messi.

"No está en una situación de no retorno. La última vez que nos vimos fue dentro de la normalidad. Le agradezco a Leo (Messi) que no se haya posicionado por ninguna opción (en estas últimas elecciones)", ha argumentado.

Laporta ha garantizado que el año próximo se aumentará el presupuesto de la sección de baloncesto y ha admitido que desde el club "se está mirando" la posibilidad de realizar alguna operación tras la baja de larga duración de Nico Laprovittola.

También ha comentado, de pasada, que desde el Barça y a pesar de haber firmado un contrato de permanencia con la Euroliga, se sigue de reojo la situación de la NBA Europa.

"Nos hemos posicionado con la Euroliga y si nos salimos habrá una penalización, aunque si la NBA es espléndida, se podría hacer cargo de la misma...", ha comentado.

En cuanto a las renovaciones de jugadoras importantes del primer equipo de fútbol (Alexia Putellas, Mapi Leon, Caroline Graham Hansen o Salma Paralluelo), Laporta ha admitido que el Barça quiere que sigan "todas ellas" y que tienen propuestas en este sentido. "Se tienen que decidir, esperemos que sea así. El equipo es muy competitivo", ha afirmado.

Tras asegurar que con el nuevo estadio los ingresos anuales llegarían a los 450 millones de euros y que con la instalación de la cubierta, el Barça tendría que irse a jugar "un mes y medio o dos" al estadio Johan Cruyff, Laporta ha desvelado que se estudia ampliar ese estadio en 10.000 localidades más.

En cuanto a la última campaña electoral, que le ha enfrentado a Víctor Font, Laporta ha lamentado "los ataques personales", lo cual demuestra, según su opinión, la falta de argumentos.

"Los ataques personales son dolorosos", ha insistido el presidente electo del Barça, que se ha referido a los recibidos por su ideología a su excuñado Alejandro Echevarría.

"En el Barça, todas las ideologías tienen cabida, más cuando respetan lo que es el Barca y lo que significa. Eso es lo que priorizamos. No somos sectarios. En el caso de Alejandro Echevarría, además es muy resolutivo, eficiente y vela por el equilibrio del vestuario. Además, es muy útil en las relaciones con LaLiga y la Federación Española", ha resumido.

Elche (Alicante), 17 mar (EFE).- El propietario del Elche, el empresario argentino Christian Bragarnik, ha publicado este martes, en la red social Instagram, un mensaje en el que reconoce que su equipo está “perdido”, en alusión a la mala racha de resultados, pero precisa que no den “por muerto” al conjunto ilicitano.

El Elche, tras la pasada jornada, entró por primera vez en la temporada en zona descenso como consecuencia de una pésima racha de resultados, ya que no conoce la victoria en los últimos once compromisos de Liga, todos los disputados en 2026.

Además, el equipo ilicitano, que llegó a tener un margen de siete puntos sobre el descenso, es el único del fútbol profesional español -Primera y Segunda División- que aún no ha logrado ganar un partido como visitante esta temporada.

Bragarnik acompaña su mensaje con una imagen aérea del estadio Martínez Valero, sobre cuyo césped están formadas las letras ECF (Elche Club de Fútbol). “Todos juntos somos Elche CF”, añade sobre la imagen el empresario argentino.

El conjunto ilicitano, a pesar de su caída clasificatoria, tiene la oportunidad este sábado de escapar de nuevo de la zona de descenso si es capaz de vencer al Mallorca, rival que le precede en la clasificación, en el estadio Martínez Valero.

Las ferias Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional Panamá registraron transacciones preliminares por $165.8 millones, reafirmando que el país es un punto de encuentro para el comercio mundial.

Al evento ferial en Panamá acudieron representantes de empresas, inversionistas, compradores internacionales y líderes de distintos sectores económicos para explorar oportunidades, construir alianzas y abrir nuevas rutas de cooperación empresarial.

En los 16,000 metros cuadrados del Panama Convention Center, donde se realizó la actividad comercial, se exhibieron más de 822 módulos que representaron 19,914 contactos de negocios entre empresarios y compradores provenientes de 36 países de América, Europa y Asia.

Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, organizadora del bloque ferial, manifestó que el país es uno de los centros logísticos más relevantes de la región, desde donde se conectan rutas marítimas, aéreas y comerciales que vinculan a América con el resto del mundo.

Esa red de conexiones ha permitido que la nación se proyecte como una plataforma natural para el comercio, la inversión y los negocios internacionales.

Para el gremio empresarial la confianza que empresas y delegaciones internacionales depositan cada año en estas ferias no es casualidad, pues responde a fortalezas que se han construido como país y como organización a lo largo del tiempo, como la conectividad, experiencia organizativa, infraestructura moderna y una vocación histórica de apertura al comercio.

Fortaleciendo el intercambio comercial entre compradores y proveedores de la región, la Rueda Internacional de Negocios de Expocomer y Expo Logística Panamá reunió a más de 110 empresas, con delegaciones provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

La convergencia de sectores como comercio, logística, turismo, tecnología y energía dentro de una misma plataforma refleja para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá la diversidad y el potencial de la economía panameña, pero, sobre todo, la confianza que el mundo empresarial tiene en el país como socio confiable para hacer negocios.

No se trata únicamente de exhibiciones comerciales, se trata de una plataforma que fortalece el posicionamiento internacional de Panamá como centro de intercambio empresarial, tecnológico y logístico.

“En esta edición sobresalió el dinamismo de sectores como alimentos y bebidas, junto con tecnología, dos áreas que reflejan las tendencias del comercio internacional y el potencial de Panamá como plataforma para los negocios en la región”, aseguró en su oportunidad Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora de las Exposiciones 2026.

Se incorporaron iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del visitante, promover la sostenibilidad y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Informes del gremio empresarial indican que como parte de estas innovaciones se implementó la digitalización del registro y acceso al evento, lo que permitió agilizar el ingreso de los visitantes y eliminar la impresión de más de 10,000 gafetes, contribuyendo a reducir el impacto ambiental.

En alianza con instituciones culturales como el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), el Teatro Nacional, el Biomuseo en Amador y el Brand Experience Center Casco Antiguo, se ofrecieron descuentos especiales para visitantes internacionales, integrando una experiencia que combinó cultura, turismo y negocios, con espacios dedicados al Panama Geisha, cacao y a la cerveza artesanal.

La Comisión Organizadora de Exposiciones y Eventos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá anunció que la próxima edición del bloque ferial se realizará del 6 al 8 de abril de 2027.

En una entrevista con Infobae al Amanecer, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró la convocatoria de la Argentina Week en Nueva York, pero lamentó el conflicto del Gobierno con sectores del empresariado.

Durante su diálogo con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Weretilneck valoró la comitiva oficial y la repercusión en Estados Unidos: “Ha sido una gran decisión del Gobierno. Por la calidad y la cantidad de empresarios, gobernadores y distintos líderes de nuestro país. Lo que se percibió en Nueva York de la contraparte de Estados Unidos y de otros países, fue algo muy importante, muy necesario”.

El mandatario provincial señaló que el consenso entre provincias y Nación en el marco de la gira a Estados Unidos fue clave para mostrar “el rumbo económico de la Argentina relacionado a la inserción internacional y a las inversiones” y que “es uno solo”.

Sin embargo, para Weretilneck, lo negativo fueron las críticas que deslizó Javier Milei contra los dueños de Techint y Aluar, Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a quienes el Presidente volvió a llamar “empresarios corruptos” y “prebendarios”, al acusarlos de querer extorsionar al Gobierno.

“Todos los países del mundo cuidan a sus empresarios, los ayudan y hay una relación muy fuerte entre el Gobierno central. Es innecesario, uno puede hablar de las dificultades que hay en la economía y el rol de los empresarios, pero sin la personalización”, señaló el gobernador rionegrino. Y agregó: “Me parece que cuando uno entra en la personalización una y otra vez, no hace bien. Siempre hay que tener presente la investidura que tiene cada uno. No era el lugar y fue innecesario”.

Consultado sobre el trasfondo, Weretilneck explicó que la disputa entre Techint y el Gobierno se originó en una licitación por caños para un gasoducto en Río Negro, pese a haber sido un “acuerdo entre privados”. En ese marco, remarcó que la mediatización del asunto resultó extraña: “Es muy raro cómo este negocio entre privados termina después transformándose en una situación política y económica, con el nivel que está alcanzando”.

El balance de Argentina Week y el reclamo por las rutas

Sobre el atractivo del país para los inversores, que buscó ponerse de manifiesto en Nueva York, Weretilneck remarcó el peso estratégico de Vaca Muerta y el desarrollo de la infraestructura exportadora: “Río Negro está teniendo el rol de de la construcción del principal hub exportador de gas y de petróleo de América Latina. Hoy se está construyendo en Punta Colorada, en Sierra Grande, el Vaca Muerta Oil Sur, que es un esfuerzo de nueve empresas y la obra está al 56%”.

Con este desarrollo, el gobernador precisó que, durante el primer trimestre del próximo año, Argentina exportará petróleo en superpetroleros y comenzará la exportación de gas natural licuado (GNL). Junto al proyecto en curso de YPF, en colaboración con la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes Unidos, el perfil de este tipo de explotaciones ubicará a la nación como "un país abastecedor proveedor de gas y de petróleo a escala mundial”.

Al ser consultado por los cambios en la Ley de Glaciares, Weretilneck defendió la reforma: “Tiene algo que es muy importante para nosotros, que devuelve la potestad de resolver a las provincias. Porque las realidades son distintas. No es lo mismo un glaciar como el Perito Moreno que uno a siete mil metros de altura. Los recursos naturales, por la Constitución de 1994, son provinciales. Tiene coherencia”.

Pese a este rumbo, el gobernador explicó que, pese a los acuerdos entre Nación y provincias para atraer inversiones, persisten otros problemas estructurales, como la necesidad de infraestructura a nivel federal. Entre ellos, la ruta nacional 40, que une Bariloche y Bolsón, o las rutas 23, 22 y la 151, que “son el ingreso y el egreso del 95% de la producción de Vaca Muerta”. “Las rutas están sin obras, sin mantenimiento y absolutamente destruidas”, sostuvo.

Ahora bien, reconoció que, tras gestiones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “se ha activado una comisión técnica entre el gobierno nacional y la provincia, en la cual empezamos a discutir técnicamente una solución”. En ese marco, subrayó que la logística es “determinante para la competitividad del país”.

Otra preocupación que manifestó el gobernador es la situación fiscal: “La recaudación viene cayéndose de una manera muy fuerte, con pérdidas permanentes. En enero y febrero tuvimos entre 6 y 7 puntos abajo en términos reales. Nos obliga a repensar y a replantear todo nuestro esquema de funcionamiento”.

Al finalizar, Weretilneck concluyó que la Argentina Week cumplió con su objetivo: “Estuvieron absolutamente todas las presencias y el cronograma. Todos los salones llenos, ya sean empresarios como gobernadores, en forma permanente, con audiencias en todos los ámbitos. En Estados Unidos este es un objetivo absolutamente cumplido, no solo por el gobierno nacional, sino también para nosotros como gobernadores”.

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Ismael Villalobos de Matías es un joven empresario de éxito. A sus 35 años, es un habitual de la prensa económica. Sobre todo desde que vendió a la gestora ProA Capital una participación mayoritaria de la conocida compañía de accesorios de teléfonos móviles y tabletas digitales que había creado a finales del año 2012: La Casa de Las Carcasas. La operación se cerró en los 100 millones de euros y, con los dividendos obtenidos, decidió comprarse una casa en uno de los enclaves más privilegiados de la capital: el paseo de la Castellana. Justo enfrente del estadio Santiago Bernabéu. En realidad se compró dos: dos áticos que suman 769 metros cuadrados de vivienda y 520 metros cuadrados de terraza.

El problema es que la ambición que ha tenido en los negocios -la empresa ya tiene más de 1.000 tiendas repartidas en todo el mundo y en 2024 cerró con un beneficio bruto de explotación de 70 millones de euros-, la ha querido trasladar a su nuevo proyecto residencial, lo que ha soliviantado a sus vecinos y le ha llevado a una guerra urbanística con el Ayuntamiento de la capital, que obligó a los bomberos a precintar las obras que estaba llevando a cabo. “Se plantó en la calle con una grúa enorme para instalar una piscina de gran peso. Una barbaridad”, señala uno de los inquilinos del edificio, de 15 plantas. Allí, el precio medio de una casa ronda los dos millones de euros. “La obra fue complicada, dado que era un inmueble abandonado hace 40 años y eso ha ocasionado, sumado a que se actuaba en toda la planta, muchas más molestias de las que a mí me hubiese gustado”, señala Villalobos a Infobae.

El primer ático de Villalobos tiene una superficie de 357 metros cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, un comedor, cocina y una sala de planchado, además de una terraza de 138 metros. El segundo suma cinco dormitorios, tres baños, un aseo, cocina, otro comedor, un distribuidor y una gran terraza de 382 metros cuadrados. El objetivo de Villalobos era realizar una importante reforma para convertir la parte del inmueble que tenía usos de oficina en residencial en una gran vivienda que ocuparía todo el ático, con vistas al paseo de la Castellana, la calle Doctor Fleming y la calle Rafael Salgado. “La antigua piscina que formaba parte de las zonas de recreo procede a demolerse completamente. Esta piscina ha sido objeto de una serie de obras realizadas sin la autorización urbanística preceptiva, entre las cuales se encuentra la construcción de un forjado. Este forjado será demolido completamente durante las obras contenidas en la presente declaración responsable, para lo cual se requerirá de una intervención estructural”, señala la memoria del proyecto que presentó en enero de 2024.

El problema es que Villalobos había intentado comenzar las obras mucho antes, en abril de 2022, cuando presentó en el Ayuntamiento de Madrid una declaración responsable para hacer un acondicionamiento puntual de la vivienda. Ahí llegó la primera denuncia de los vecinos, lo que obligó al Área de Urbanismo a ejecutar una orden de legalización en septiembre de 2022 porque el equipo de Villalobos no había completado todos los trámites. En marzo de 2023, el empresario presentó una segunda declaración responsable para otro nuevo proyecto, declaración que fue inadmitida. En mayo de ese mismo año, presentó una tercera declaración responsable, que fue inadmitida ese mismo mes. Cansado de tantos reveses administrativos, Villalobos presentó un recurso judicial contra la inadmisión del Ayuntamiento.

Cinco declaraciones y dos licencias

Su expediente urbanístico refleja que, en junio de 2023, vuelve a presentar una cuarta declaración responsable, inadmitida en agosto. Y presenta un nuevo recurso contra esa inadmisión. Mientras tanto, se da cuenta de que las declaraciones responsables no sirven. La declaración es un documento oficial firmado por un interesado en el que manifiesta, bajo su propia responsabilidad, que cumple con todos los requisitos legales vigentes para iniciar una actividad, obra o derecho. Permite agilizar trámites al iniciar el ejercicio inmediato sin esperar licencia previa. Por eso solicita la primera licencia en julio, que es rechazada en septiembre. En octubre de 2023 llega la solicitud de una segunda licencia, que vuelve a ser rechazada en diciembre. Los vecinos denuncian que Villalobos ha hecho lo que ha querido a pesar de no tener autorización. De hecho, las obras que ha realizado provocaron filtraciones de agua a los residentes de abajo. El Ayuntamiento ordenó que se tomaran medidas.

En enero de 2024, Villalobos solicita una quinta declaración responsable, que es denegada nuevamente en noviembre de 2024. En enero de 2025, los bomberos tienen que ir a precintar las obras por los daños que están ocasionando las filtraciones de agua. En febrero de 2025, Villalobos presenta un recurso contra ese precinto. No es hasta mayo de 2025 cuando solicita una segunda licencia para legalizar los trabajos, que nunca han tenido los permisos. El Ayuntamiento le ha requerido ahora más documentación. Es decir, estamos hablando de cinco declaraciones responsables y dos licencias desde abril de 2022 para realizar unas obras “que nunca han tenido amparo legal”, señalan varios vecinos afectados. “Sobre todo, porque quería meter una piscina de gran peso y no creemos que la estructura del edificio lo soporte”.

Villalobos reconoce que este es un tema del que no tiene “suficiente información, ya que ha estado en manos de diferentes técnicos y abogados, dada su complejidad y desacierto de alguno de ellos. Es un inmueble que yo compré ‘llave en mano’, ya que yo tengo mi trabajo y quería olvidarme de ello, pero lamentablemente no pudo ser así, ya que incurrieron en desaciertos que requirieron actuar por mi parte”. Asegura que todo el expediente urbanístico ya está en “trámites de legalización y perfectamente legalizable. Mi papel aquí ha sido, como vecino, una vez enterado de las problemáticas de una forma tardía, apaciguar y reparar en la medida de lo posible los daños y molestias ocasionados por la obra. Mi relación a día de hoy, tanto con la comunidad como con los vecinos que he tenido la oportunidad de conocer, es buena”, concluye.

Algunos de los residentes no piensan igual y explican que ahora las obras están paradas y que hace tiempo que no ven al “molesto” inquilino de la última planta, que tiene sus oficinas centrales en el municipio cacereño de Jaraiz de la Vera, donde Villalobos llegó a ser concejal con el PP. Nunca terminó la carrera de Políticas y es Técnico Superior en Administración y Finanzas, una FP con la que ha podido convertir su empresa en un transatlántico.

La Casa de las Carcasas nació en 2012 en esta conocida localidad extremeña famosa por su pimentón. En sus comienzos solo se dedicaba al comercio ‘online’. Villalobos compraba las carcasas en China y las comercializaba. El rápido aumento de las ventas llevó a Ismael a abrir su primera tienda física, en el centro comercial Xanadú, en 2013. Desde entonces, el crecimiento ha sido imparable. Incluso varios medios contaron que lo bien que le iba en los negocios le permitió comprarse los dos áticos de la Castellana. Algunos publicaron que pagó 7,5 millones de euros. En el registro mercantil aparece con cargos en otras ocho empresas, relacionadas con el sector inmobiliario y las energías renovables.

Durante su intervención con motivo del 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que el Gobierno mantiene la determinación de adoptar medidas para evitar que posibles consecuencias de conflictos internacionales recaigan sobre la ciudadanía española, atendiendo tanto al empleo, como a aspectos como los alquileres, los topes de precios y el control del sector energético. Al respecto, Díaz aclaró que la intervención estatal se centrará en proteger a la población de cualquier impacto negativo derivado de las recientes tensiones internacionales, según consignó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la ministra reiteró que el Ejecutivo no permitirá que empresas energéticas ni otros sectores se beneficien de manera indebida por la crisis de precios desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Díaz afirmó de forma tajante: "El Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas u otros sectores se aprovechen para obtener beneficios extraordinarios ni que colectivos sociales se aprovechen de esta crisis". Esta declaración se realizó tras su participación en una reunión, presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con sindicatos y empresarios para examinar las medidas anticrisis.

En su mensaje, Díaz puso el acento sobre la incertidumbre que atraviesan los mercados internacionales y el precio de la energía consecuencia de los últimos acontecimientos en Irán. Según relató el medio Europa Press, la ministra señaló en su intervención que "hay quien aprovecha esta incertidumbre para anunciar que lo peor está por venir", diferenciando la postura del Gobierno, ya que aboga por transmitir serenidad, tranquilidad y paz a la ciudadanía. Según sus palabras, la estrategia pasa por evitar que el miedo o las proyecciones negativas dominen el discurso público.

La titular de Trabajo incidió en la importancia de la acción gubernamental activa: "Hay un Gobierno que interviene, que va a actuar, que nos arremangamos y que hacemos nuestro trabajo como estoy segura que los agentes sociales van a hacer lo mismo". Asimismo, subrayó que esta acción se desplegará "defendiendo el derecho internacional, la legalidad internacional, y con la gente trabajadora y con las empresas".

Europa Press describió que la vicepresidenta segunda expresó de manera crítica su rechazo a la que denominó "receta de la derecha" frente a los escenarios de crisis, consistente en la bajada de impuestos. Díaz indicó que existe una tendencia repetida a proponer esta medida como solución tanto ante situaciones económicas adversas como ante la guerra en Ucrania: “Crisis económica, la receta de la derecha, bajar impuestos. Guerra de Ucrania, la receta de la derecha, bajar impuestos. En definitiva, siempre es la misma solución", manifestó la ministra, cuestionando la efectividad de esa respuesta.

Además, detalló que el Gobierno tiene previsto seguir vigilando que los efectos de la crisis y las oscilaciones de los precios internacionales no penalicen desproporcionadamente a los trabajadores, consumidores o familias, y que se establecerán mecanismos de control correspondientes. Entre las acciones planteadas, Díaz mencionó intervenciones para limitar el impacto sobre los precios y velar porque no se produzcan incrementos abusivos en sectores estratégicos.

Según publicó Europa Press, la conmemoración del aniversario de la Inspección de Trabajo marcó el contexto de estas afirmaciones. La ministra vinculó el papel histórico de esta institución con el actual ejercicio de vigilancia y protección del mercado laboral y de los derechos económicos, reconociendo la importancia del cumplimiento riguroso de la legalidad por parte tanto de las empresas como de los actores sociales.

Por último, Díaz insistió en que el Gobierno se muestra dispuesto a actuar de manera firme y coordinada con los diferentes agentes sociales, abordando tanto la dimensión internacional de la crisis como las repercusiones internas en la economía española. Toda la intervención de la ministra, de acuerdo con Europa Press, se orientó a reforzar el mensaje de que ningún actor económico o social podrá obtener ventajas injustificadas a costa de la coyuntura internacional y que la protección a la ciudadanía se presenta como una prioridad en la gestión actual del Ejecutivo.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, renovó un convenio con empresarios gasolineros para establecer un tope al precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro durante los próximos seis meses. Esta decisión tiene como objetivo contener presiones inflacionarias y brindar estabilidad a los consumidores mexicanos en un contexto mundial marcado por la incertidumbre energética.

Sheinbaum Pardo manifestó, durante su conferencia de prensa del jueves 12 de marzo, su satisfacción por el acuerdo alcanzado con los gasolineros, quienes aceptaron mantener el precio de la gasolina, “Me dio mucho gusto que los gasolineros volvieran a decir ‘está bien, vamos a 24 pesos’”, expresó la mandataria.

Entre las acciones implementadas por su administración para apoyar al sector, Sheinbaum detalló la reducción del robo de combustible, conocido como huachicol, así como la simplificación de los trámites requeridos para la renovación anual de licencias de operación, que pasaron de 25 a 7 requisitos.

El acuerdo, firmado por seis meses, establece que el precio de 24 pesos por litro es inferior en términos reales al registrado en 2025, año en el que también se vendió el combustible por debajo de dicho monto. Sheinbaum explicó que, al no considerar el impacto de la inflación, el precio actual de la gasolina resulta 3% más bajo en términos reales.

La presidenta puntualizó que la medida contribuirá a evitar incrementos en los precios y beneficiará principalmente a los usuarios de gasolina Magna, el combustible más utilizado por la población mexicana.

Barcelona, 10 mar (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha asegurado este martes que durante el último mandato del expresidente y candidato a la reelección, Joan Laporta, se instauró en la entidad catalana una "cultura del terror".

"Sabemos que mucha gente que ha estado dentro del club ha visto cosas que cree que son denunciables, que no son dignas de una institución como el Barça y que no se atreven a explicarlo, porque vivimos en esta cultura del terror, del conmigo o contra mí. Quien está en el poder tiene demasiada fuerza para coaccionar a gente que libremente debería ser capaz de explicar lo que sucede", ha afirmado.

En un desayuno informativo organizado por el Fòrum Europa en el Hotel Palace de Barcelona, Font ha subrayado en que "el Barça no es un presidente, no es el Fútbol Club Laporta", y ha insistido en que el socio deberá elegir en los comicios del próximo domingo 15 de marzo entre el "personalismo" que, a su juicio, encarna Laporta y el modelo de club "moderno e imparable" que él defiende.

"El día 15 el socio no debe pensar si lo que quiere es Font o Laporta, no va de esto. Va de escoger que Barça queremos a partir del día 16. Escoger entre dos modelos muy diferentes. Escoger entre el Barça personalista, que gobierna entre pocos una institución tan grande, un Barça que reparte carnets de buenos y malos barcelonistas o un Barça moderno e imparable", ha apuntado el empresario catalán.

Font ha defendido que su proyecto pretende "pasar página del modelo de gobernanza de los clubes del siglo pasado" y situar al socio "como eje principal" de la institución.

"El cambio que proponemos no es el proyecto Víctor Font, es una causa que va más allá de una candidatura de un socio", ha afirmado el empresario catalán, quien ha asegurado que la "ola del cambio ha llegado para quedarse" y permitirá que el club sea "una institución moderna y profesional".

En este sentido, el candidato ha contrapuesto su propuesta con la gestión actual, que ha calificado de "poco transparente". "Cuando no hay transparencia la sospecha se hace más grande", ha señalado, al tiempo que ha apostado por una reforma integral de los estatutos que obligue a los dirigentes a "explicar todos los movimientos que se hacen y las comisiones".

Font también ha defendido reforzar los mecanismos de control con comisiones estatutarias independientes que puedan "auditar y contrastar lo que el gobierno del club hace", además de ampliar la participación de los socios mediante asambleas abiertas y consultas vinculantes.

En el ámbito deportivo, el empresario ha reafirmado su apuesta por el actual entrenador Hansi Flick, al que ha explicado que llamará el mismo domingo que "gane las elecciones" y al que dará "las herramientas y la estabilidad que reclama" con el objetivo de reforzar la plantilla y aspirar "a ganarlo todo".

Asimismo, ha asegurado que una de sus primeras decisiones simbólicas sería contactar con Lionel Messi para "pedirle perdón en nombre del barcelonismo" y abrir "una etapa de reconciliación" con leyendas del club catalán como Víctor Tomás, Sarunas Jasikevicius, David Barrufet o Nikola Mirotic, que bajo su opinión fueron expulsados "de mala manera".

Según Font, el Barcelona debe apostar también por profesionalizar todas las áreas de la entidad, incluidas las secciones deportivas, y por desarrollar nuevas fuentes de ingresos, como el negocio de la mercadotecnia, que considera que podría "multiplicarse por tres" con una gestión adecuada.

"El Barça ya es lo que es incluso con este modelo. Imaginad lo que podría ser cuando pasemos página", ha señalado el candidato, que ha ironizado sobre el discurso de su oponente, que le describe como un "tecnócrata" que está "siempre detrás del ordenador".

Font ha replicado que, si Laporta hubiese utilizado ese mismo ordenador, el Barcelona no habría estado "cinco años sin 'fair play' financiero" y podría desarrollarse el proyecto que él defiende, que incluye el compromiso de crear "una sección femenina en cada una de las secciones profesionales".

El empresario catalán también ha criticado la actual estructura de la dirección deportiva del club, encabezada por Anderson Luis de Souza 'Deco', y ha defendido su propio modelo, con Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, que aportaría "complementariedad y, sobre todo, más experiencia".

Finalmente, Font ha insinuado la posibilidad del regreso de Pep Guardiola si gana las elecciones. "Pep Guardiola es presente. No estamos hablando de que sea entrenador, sino que el talento del país esté al servicio de una institución como el Barça", ha concluido.

La presidenta Claudia Sheinbaum, destacó en un mensaje en X que, a diferencia de la tendencia global al alza en los precios de la gasolina, en México se ha logrado mantener la gasolina regular en menos de 24 pesos por litro.

La funcionaria afirmó: “Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”.

Acuerdo para limitar el precio de la gasolina

El anuncio de Sheinbaum coincide con la renovación de un acuerdo entre el Gobierno federal y empresarios del sector gasolinero, que establece un tope de 24 pesos por litro para la gasolina regular durante los próximos seis meses. Según el acuerdo, este compromiso fue firmado por el 96% de las estaciones de servicio en el país, lo que representa una cobertura nacional significativa. El acuerdo busca evitar que los incrementos internacionales en los precios de los combustibles impacten de manera directa en el bolsillo de los consumidores mexicanos.

De acuerdo con la información oficial, la medida forma parte de una estrategia para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas ante la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos. Empresarios y autoridades federales aseguraron que el pacto tendrá vigencia hasta el mes de agosto de 2025, momento en el que será revisado en función de las condiciones del mercado.

Contexto internacional y postura del gobierno

El contexto internacional está marcado por un aumento sostenido en los precios de la gasolina, derivado de factores como conflictos geopolíticos y fluctuaciones en el precio del petróleo. En contraste, el gobierno mexicano ha optado por mecanismos de contención y negociación con el sector privado para estabilizar los precios internos. Sheinbaum subrayó que la política de acuerdos voluntarios permite ofrecer certidumbre a los consumidores, al tiempo que fortalece el diálogo entre autoridades y empresarios.

El acuerdo incluye medidas de supervisión y sanciones para las estaciones que no respeten el tope de precio, según lo informado por autoridades federales. La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor serán responsables de verificar el cumplimiento de las disposiciones pactadas.

Alcance y vigencia del pacto

El tope de 24 pesos por litro aplica a la gasolina regular, el combustible de mayor consumo en el país. El gobierno destacó que el 96% de las estaciones de servicio adheridas garantiza una cobertura casi total en el territorio nacional. El acuerdo tendrá vigencia por seis meses, hasta agosto de 2025, cuando las partes evaluarán la posibilidad de extender o modificar los términos del pacto según la situación del mercado internacional de combustibles.

El pacto busca contener presiones inflacionarias y brindar estabilidad a los consumidores, en un contexto global de incertidumbre energética.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este martes en Palacio Nacional a una delegación de más de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en lo que se considera la mayor misión empresarial nórdica que ha visitado el país.

El encuentro reunió a representantes de algunas de las compañías más influyentes de Europa, entre ellas ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, muchas de las cuales ya cuentan con presencia en México y buscan ampliar sus inversiones en sectores estratégicos.

Misión empresarial nórdica histórica llega a México

La reunión en Palacio Nacional fue encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los conglomerados empresariales más influyentes de Europa, que agrupa inversiones en áreas clave como telecomunicaciones, tecnología, manufactura, industria y ciencias de la vida.

La delegación estuvo integrada por líderes corporativos de empresas con operaciones globales que, en conjunto, generan ingresos superiores a los 385 mil millones de dólares y emplean a cerca de 1.5 millones de personas en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

Este encuentro representa la primera visita de una misión empresarial nórdica de esta magnitud al país, lo que refuerza el interés de compañías europeas por fortalecer su presencia en el mercado mexicano.

Sheinbaum destaca oportunidades de inversión en México

Durante el diálogo, la presidenta subrayó que México mantiene abiertas sus puertas a los inversionistas internacionales y destacó las oportunidades que ofrece el país en distintos sectores productivos.

Sheinbaum también respondió preguntas de los empresarios sobre áreas estratégicas como el sector energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones, temas considerados prioritarios para el desarrollo económico y la cooperación internacional.

La mandataria enfatizó que la relación económica con las empresas nórdicas puede fortalecer el intercambio tecnológico y la innovación, así como impulsar proyectos de inversión que generen empleo y crecimiento en el país.

Grupo Wallenberg reafirma interés de empresas nórdicas en México

Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), destacó que varias empresas nórdicas ya han anunciado nuevas inversiones en México.

Según explicó, estas inversiones se alinean con los objetivos del Plan México, estrategia que busca fortalecer el crecimiento económico y consolidar al país como un destino atractivo para capital extranjero.

Wallenberg reiteró que las compañías de la región mantienen una visión de largo plazo respecto a su presencia en México y expresó su interés en continuar ampliando las oportunidades de colaboración con el gobierno y el sector productivo nacional.

Empresas líderes presentes en la reunión en Palacio Nacional

Entre las empresas que formaron parte de la delegación destacan compañías con fuerte presencia en innovación, industria, transporte, energía y tecnología.

Entre ellas se encuentran:

• ABB
• Aker
• AstraZeneca
• Ericsson
• Lego
• Maersk
• Nokia
• Novo Nordisk
• Vestas
• Volvo

Muchas de estas firmas cuentan con operaciones en México o mantienen relaciones comerciales con el país, lo que abre la puerta a nuevos proyectos de inversión, cooperación tecnológica y expansión industrial.

Diplomacia económica y cooperación internacional

El encuentro fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien destacó la importancia del diálogo entre el gobierno mexicano y el sector empresarial internacional para fortalecer la cooperación económica.

La reunión forma parte de los esfuerzos de diplomacia económica del gobierno federal para atraer inversión extranjera, impulsar la innovación tecnológica y consolidar a México como un socio estratégico en la economía global.

Con esta visita, México busca reforzar sus vínculos con los países nórdicos y abrir nuevas oportunidades de inversión que contribuyan al desarrollo económico del país en los próximos años.

Este martes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que realizará una visita oficial a Brasil, luego de haber rechazado en al menos cuatro ocasiones anteriores la invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión llega después de una llamada telefónica sostenida el lunes entre ambos mandatarios, en la que acordaron avanzar en la cooperación bilateral y definir una fecha concreta para el encuentro.

La propia Sheinbaum reconoció con humor la persistencia de su homólogo brasileño: “Van como cuatro veces que me invitan y hasta ahora le había dicho que no, pero ha sido tan insistente”. Sin embargo, aclaró que el viaje no será un mero acto diplomático de cortesía, sino que buscará llegar con acuerdos concretos ya madurados: “Sería bueno que fuera, pero ya para acordar algo más concreto de lo que hemos venido trabajando durante varios meses”.

El tiempo manda: antes de junio o no hay visita

La presidenta también reveló un factor logístico clave que acota la ventana para el viaje. Brasil tiene jornada electoral este año, que arranca aproximadamente en junio, por lo que Sheinbaum descartó visitar el país sudamericano una vez iniciado ese proceso. “Tendría que ser antes de junio, porque ya no puedo ir con la jornada electoral”, explicó. Esto coincide con lo informado por la Presidencia de Brasil, que había situado tentativamente el encuentro entre junio y julio, aunque la agenda mexicana apunta a que deberá adelantarse.

Complementariedad económica, no libre comercio

Uno de los puntos más reveladores de la mañanera fue la forma en que Sheinbaum definió el enfoque de la relación con Brasil. Descartó de entrada la firma de un tratado de libre comercio, argumentando que podría perjudicar a ambas economías, y apostó en cambio por identificar acciones complementarias entre dos gigantes productivos con perfiles distintos.

“No se trata de firmar tratados de libre comercio, porque a lo mejor nos hacen daño a ambos países, sino acciones complementarias para nuestras economías”, precisó. Entre los temas que ya están sobre la mesa destacó el etanol como un área de interés prioritario para México, además de otros sectores en los que ambos países podrían articular cadenas de valor sin pisarse entre sí.

Una relación que arrancó desde la toma de posesión

La presidenta recordó que el vínculo con Lula se ha ido construyendo con pasos concretos desde que asumió el cargo en octubre de 2024. El mandatario brasileño estuvo presente en su toma de posesión y desde entonces la dinámica bilateral se ha intensificado: posteriormente llegó a México una delegación encabezada por el vicepresidente de Brasil, acompañada de un nutrido grupo de empresarios que se reunieron con sus contrapartes mexicanas para explorar áreas de colaboración económica.

México y Brasil excluidos de la cumbre convocada por Donald Trump

Todo esto ocurre, además, en un momento geopolíticamente significativo: México y Brasil fueron los dos grandes ausentes de la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por Donald Trump el fin de semana en Miami. Que las dos economías más grandes de América Latina —excluidas del proyecto militar estadounidense— estrechen lazos en este momento no es un detalle menor en el tablero regional.

En el transcurso de la investigación, las autoridades recuperaron joyas y objetos de lujo, además de identificar una serie de actividades ilegales que implicaban locales clandestinos en la Comunidad de Madrid. En uno de los registros efectuados, la Guardia Civil halló un karaoke y una sala de juegos no autorizada que funcionaba como escenario para la prostitución, el consumo de drogas y apuestas con elevadas sumas de dinero: en una de las mesas se encontraron cerca de 9.000 euros en efectivo. Los operativos también permitieron descubrir una vivienda de alquiler convertida en piso “patera”, así como un espacio donde se almacenaban 9.000 cajetillas de tabaco falsificado de una conocida marca, cuyo origen, según la investigación, se remonta al sudeste asiático y estaban preparadas para su distribución. Todo esto se enmarca en la desarticulación de una red criminal asentada en Madrid, dirigida principalmente contra empresarios asiáticos y caracterizada por el empleo de violencia en sus asaltos y extorsiones, como detalló la Guardia Civil de Cantabria.

De acuerdo con información difundida por la Guardia Civil y publicada en varias plataformas informativas, se llevaron a cabo ocho detenciones —seis hombres y dos mujeres— vinculadas tanto con un robo violento ocurrido en Cantabria como con la preparación de un secuestro en Valencia. Los arrestados, presuntos integrantes de una organización criminal especializada en robos y extorsiones a empresarios relacionados con Asia oriental, se enfrentan a acusaciones de delitos que incluyen robo con violencia, detención ilegal y lesiones. Según publicó la Guardia Civil de Cantabria, la suma sustraída durante el asalto superó los 150.000 euros, correspondiente a joyas, prendas de lujo y un vehículo.

El operativo, denominado ‘Falan,’ incluyó cinco registros en diferentes puntos de Madrid: Parla, Getafe y los distritos de Salamanca, Puente de Vallecas y Usera. En estas ubicaciones se recuperaron joyas y otros artículos considerados pruebas clave en la investigación del robo, además de evidencias sobre las actividades ilícitas que desarrollaba la organización. La intervención no solo permitió esclarecer el suceso en Cantabria, sino también destapar nuevos delitos relacionados con el grupo, como reportó la Guardia Civil.

Según consignó la misma fuente, las pesquisas comenzaron en 2025 tras el asalto a la vivienda de un empresario dueño de un comercio en Cantabria. Durante el incidente, que se produjo cuando en el domicilio se encontraban cuatro personas, los delincuentes maniataron, amordazaron y golpearon con violencia a una de las personas en la vivienda, con la intención de obtener objetos de elevado valor económico. Aunque participaron seis personas en el robo, la Policía Judicial mantuvo abierta la posibilidad de que existieran más implicados dentro de la red criminal.

Al finalizar el año 2025, los agentes lograron arrestar en Madrid a cinco de los presuntos autores materiales del asalto, así como a dos cómplices, después de reunir indicios sustanciales que los vinculaban con el robo, la privación de libertad a las víctimas y las lesiones sufridas por estas. Como consecuencia directa de estas detenciones, se realizaron los registros en los distintos inmuebles de la Comunidad de Madrid donde, además de los bienes anteriormente señalados, las autoridades encontraron los locales clandestinos y los pisos vinculados a otras actividades delictivas.

La búsqueda del sexto autor material condujo a los investigadores hasta la provincia de Valencia, donde consiguieron capturarlo en 2026. Según detalló la Guardia Civil, este individuo estaba en seguimiento activo de otro empresario, con la intención de secuestrarlo, lo que evidenció los planes de la red para continuar perpetrando delitos en diferentes regiones.

Actualmente, la Policía Judicial analiza un total de 130 objetos incautados durante los registros. Estos efectos se investigan para esclarecer si están relacionados con otros crímenes cometidos en el territorio español, en particular los dirigidos contra empresarios de origen o vínculos con Asia oriental. El alcance de las actividades de la organización abarca distintas provincias, según recogen los datos expuestos por la Benemérita.

La operación se desarrolló bajo la coordinación del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria, con la colaboración de efectivos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y equipos de Madrid y Valencia. En la fase operativa también intervinieron enlaces policiales internacionales acreditados en España, en una investigación dirigida desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, según detalló la Guardia Civil en su comunicado.

El caso puso en evidencia la complejidad y el alcance de las actividades vinculadas al crimen organizado en el entorno de grandes capitales, como Madrid, donde estas redes instalan su base de operaciones y diversifican sus métodos delictivos. Los resultados de los registros revelaron no solo el empleo de la violencia, sino un entramado de actividades ilícitas articuladas alrededor del juego y la economía sumergida, como la falsificación y la distribución de tabaco, la explotación laboral y la captación de altos volúmenes de dinero en efectivo.

Según la información difundida por la Guardia Civil de Cantabria, la investigación permanece abierta y no se descarta la realización de nuevos arrestos ni el descubrimiento de otros delitos relacionados, a medida que los agentes continúan revisando los objetos incautados y reconstruyendo el alcance de las actividades del grupo.

El clima entre los industriales y el Gobierno está caldeado. Pudo observarse claramente esta semana, primero con el fuerte discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en contra de “la industria prebendaria”, y luego con la respuesta que los miembros de la UIA dieron a través de un contundente comunicado, en el que no sólo remarcaron la difícil situación que están atravesando muchos sectores manufactureros sino que también le pidieron “respeto” al Gobierno.

Milei es duro con la industria desde que llegó. Vale nomás recordar el discurso que dio en la sede de la UIA para el Día de la Industria, durante su primer año de gestión, en septiembre de 2024. “Para proteger a la industria se le robó al campo, y lo único que se generó es un sector adicto al Estado”, dijo en esa oportunidad, entre otras frases lapidarias contra el sector que lo había recibido en su propia casa.

En ese entonces, el Gobierno ya impulsaba un fuerte ajuste económico para lograr el tan deseado superávit fiscal, pero los empresarios se mostraban expectantes en torno a las promesas que se les hacía en materia de reformas estructurales y normalización de la macroeconomía.

Actualmente, a más de dos años de gestión, la economía sigue sin reactivarse de forma generalizada, la apertura a las importaciones y la baja de aranceles avanzó y la baja de impuestos prometida se quedó a mitad de camino por falta de recursos. Muchas industrias se ven forzadas a cerrar sus puertas, como FATE o Whirlpool, y otras buscan adaptarse al nuevo escenario.

Festejaron los industriales la sanción de la reforma laboral -aunque limitada-, las desregulaciones, la baja de algunos impuestos y también la baja de la inflación

Claro que no son todas malas noticias para el sector empresario. Festejaron los industriales la sanción de la reforma laboral -aunque limitada-, las desregulaciones, la baja de algunos impuestos y también la baja de la inflación, así como la normalización de otras variables económicas. Pero en las empresas manufactureras prima la preocupación por la caída de la actividad y la saturación de productos importados, ante lo que -según los empresarios- “la cancha no está nivelada”.

Esta inquietud se intensifica dentro de la UIA, donde las bases presionan a la mesa chica para que eleve los reclamos al Gobierno y obtenga resultados. A ello se suman las “agresiones verbales del Presidente” a referentes importantes de la industria -como Paolo Rocca, del Grupo Techint, o Javier Madanes Quintanilla, de Aluar y Fate- lo que incrementó el malestar.

Un dirigente de la central fabril apuntó que el núcleo del conflicto reside en la visión presidencial: “Milei dice que la industria es un fetiche”. La fuente reveló a Infobae que las bases exigieron una respuesta, ya que “las cosas están complejas; hay sectores en situación crítica”.

Desde la UIA consignaron: “la industria es muy relevante en términos de PBI. Aportamos mucho más de lo que realmente participamos del producto y generamos mucho empleo”. También aclararon que el sector industrial no fue responsable por las políticas previas y solicitaron “respeto” para reconstruir la confianza perdida.

Reclamo de diálogo constructivo y respetuoso

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) también emitió un comunicado en tono similar. Mencionó la necesidad de “promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado” para “avanzar hacia un crecimiento sostenido”, entre otros conceptos. Rocca, miembro de la AEA y de la UIA a través de Techint, aparece como uno de los principales blancos de las críticas presidenciales, quien lo apodó “Don Chatarrín” por los precios de sus productos..

Varias fuentes consultadas aseguraron que “no hubo una voz en la UIA que no quisiera expresarse luego del discurso de Milei en el Congreso”. “Todos dieron su opinión y la mitad habló de respeto”, confiaron desde el comité ejecutivo de la entidad.

Rocca respondió con una carta pública una vez y luego se llamó a silencio. Ahora, fue la UIA la que habló, en representación de todos los industriales. Pero al día siguiente de que la entidad manifestara la preocupación por la situación crítica de la industria y le pidiera “respeto” al Gobierno, el propio Rocca mostró el compromiso de Techint con la Argentina.

“Nuestro compromiso con Argentina es pleno. La región es hoy uno de los principales focos de inversión del Grupo Techint a nivel mundial”, dijo el presidente y CEO del grupo, a través de la cuenta de X de Tecpetrol, en el marco de una visita al área Los Toldos II Este, el yacimiento de petróleo no convencional que la compañía tiene en Vaca Muerta y que proyecta “una inversión de más de USD 2.500 millones; generar más de 4.000 empleos directos; la participación de más de 700 empresas nacionales y una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo”.

La búsqueda de un equilibrio

En este contexto, el rol del presidente de la UIA, Martín Rappallini, no es fácil, asumen en su entorno. El industrial del sector de cerámicas no quiere pelearse con el Gobierno, sino más bien construir puentes para lograr resultados en favor del sector, pero la presión de las industrias por medidas que ayuden a la industria es cada vez mayor, por lo que está en una encrucijada y tiene dos años por delante difíciles, coinciden dirigentes del comité ejecutivo.

Tras la difusión del comunicado, Rappallini expuso en diversos medios: “Queremos que vuelva el Milei que decía que los empresarios son héroes”; “Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado” y “Hay que mirar al empresario y entenderlo más”, fueron frases que dijo en distintas entrevistas.

El dirigente fabril debe hacer equilibrio entre fijar claramente su posición, y la de sus colegas, en defensa de la industria, y no romper lanzas con el Gobierno para mantener abierto el puente que hoy tiene con el equipo económico. De hecho, semanas atrás fue recibido -junto a otros dos miembros de la mesa chica de la UIA- por el ministro Luis Caputo y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, con quienes están llevando adelante una agenda de temas a resolver con ida y vuelta de propuestas.

Uno de los dirigentes contó a Infobae: “Nosotros no teníamos intenciones de hacer un comunicado porque veníamos trabajando con Caputo y Lavigne. No podemos dinamitar el único puente que tenemos, pero surgió el domingo luego del discurso de Milei”. Sobre el futuro inmediato, agregó: “Las bases van a seguir presionando, especialmente los que peor están” y no avizoró una pronta recuperación de la actividad.

La mirada de otros sectores

En el sector bancario, una fuente analizó los desafíos de la recuperación: “Hay un desafío que es cómo va a ser el timing de la recuperación para que la sientan todos los sectores. Está claro que derrotar la inflación es costoso, en todos los países que la han combatido tardan mucho tiempo y tiene costos en términos de actividad. Además, hay una reconversión de Argentina y eso genera ganadores y perdedores; el tema es cuánta paciencia tendrá la sociedad”. Añadió que si bien le gustaría que las formas del Presidente sean distintas, considera que “Argentina hoy no es una panacea pero tampoco está en recesión. Estamos creciendo poco y desparejo”.

Apuntó también que “Hay coincidencia en el empresariado sobre la necesidad de desregular más la economía y que se bajen más impuestos pero “no hay un pedido de volver al pasado”. Remarcó la doble realidad que predomina en el empresariado: “En todos lose sectores tenemos esta dualidad, de padecer los costos del cambio y gozar de los beneficios de las nuevas reglas”.

En la rama de la construcción también recibieron con desagrado las declaraciones de Milei contra los industriales y aprovecharon para remarcar que, a diferencia de la UIA, el sector observa una total falta de contacto con el ministro Caputo. Un empresario dijo a Infobae: “No nos atiende, no conoce el tema, no le interesa, no tiene ninguna respuesta para darnos respecto a la inversión en obra pública que es cero y va a seguir siendo cero”.

Durante su intervención ante la Asociación de Directivas Empresarias de Segovia, Mariano Rajoy centró parte de su discurso en los logros económicos y sociales alcanzados en Castilla y León durante el actual mandato de Alfonso Fernández Mañueco, remarcando la posición de liderazgo de la comunidad en segmentos como energías renovables, turismo rural, automoción, biomedicina, industria farmacéutica y educación. En este contexto, Rajoy vinculó de manera directa estos avances a la estabilidad política alcanzada bajo la gestión del actual presidente autonómico, hecho que consideró determinante para el progreso regional. A partir de este marco, Rajoy presentó la noticia principal defendiendo que el Partido Popular constituye “la única fuerza sensata y equilibrada” en España y Castilla y León, según informó el medio.

De acuerdo con lo publicado, Rajoy destacó que acude voluntariamente a la campaña autonómica y subrayó que “sinceramente” considera que el Partido Popular es actualmente la opción que representa estabilidad y sentido común en el panorama político nacional. Expresó de forma contundente su confianza: “Es tremendo decir eso así, pero es que estoy absolutamente convencido de que eso es así”, remarcó el expresidente, según consignó el medio en el evento de apoyo al candidato popular.

El medio detalló que Rajoy valoró positivamente los resultados obtenidos en Castilla y León durante el mandato de Fernández Mañueco, al afirmar que “las cosas se han hecho muy bien porque se está creciendo más que la media española”. En sus palabras, señaló que Castilla y León es la segunda comunidad más dinámica del país y vincula esta posición a un liderazgo en energías renovables, turismo rural y automoción. Además, señaló que la región actúa como referente tanto en biomedicina e industria farmacéutica como en la obtención de resultados destacados en materia de educación.

En relación a la gestión económica, informó el medio, Rajoy señaló que se han adoptado políticas de reducción fiscal y se han impulsado iniciativas en apoyo a los empresarios. En sus declaraciones subrayó: “se cree y se hace todo lo que se puede en favor de los empresarios”, enfatizando la relevancia de este enfoque para el desarrollo regional. El expresidente atribuyó estos avances al clima de estabilidad política mantenido a pesar de los desafíos enfrentados por Mañueco.

Dentro del contexto de la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Rajoy insistió en apoyar la candidatura de Fernández Mañueco. Según reportó el medio, explicó que su respaldo se debe a la convicción de que el gobierno autonómico encabezado por el Partido Popular “ha sido un referente de sensatez, de certidumbre y de buen sentido”. Resaltó, además, que la gestión regional se ha consolidado como ejemplo ante la situación política nacional actual.

El discurso de Rajoy ante la Asociación de Directivas Empresarias de Segovia, tal como publicó el medio, incluyó un reconocimiento de los desafíos que ha enfrentado el gobierno regional. Aludió expresamente a la superación de dificultades por parte del presidente autonómico e insistió en que los méritos alcanzados justifican el apoyo en esta campaña electoral.

Durante su intervención, Mariano Rajoy enfatizó la idea de que la clave para el futuro de Castilla y León descansa en el éxito de políticas en ámbitos como la educación, el desarrollo empresarial, la estabilidad institucional y la innovación tecnológica. A lo largo de su exposición, el ex jefe de Gobierno volvió recurrentemente sobre la posición del Partido Popular como garantía de sensatez y equilibrio en el actual panorama tanto autonómico como nacional, según detalló la fuente.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó por medio de su cuenta oficial de X, acerca de la primera gira de trabajo, del presidente José Medina Mora Icaza, realizada en Washington, D.C., con el propósito de fortalecer el diálogo con tomadores de decisiones en Estados Unidos ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La visita del empresario tuvo una duración de tres días, la cual incluyó reuniones con funcionarios de los Departamentos de Comercio, Estado, Tesoro, Trabajo y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, así como con miembros de comités clave en el Senado y la Cámara de Representantes, presidentes de las principales organizaciones empresariales y líderes en diversos sectores del país vecino.

Durante los encuentros, Medina Mora subrayó la relevancia de México como socio comercial estratégico para EU, destacando los siguientes puntos:

• México es el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses.
• Es un mercado clave de exportación para 24 industrias estadounidenses.
• Es el primer o segundo destino de exportación para 26 estados de Estados Unidos.
• El comercio bilateral impacta a más de 13 millones de empleos estadounidenses.
• Las exportaciones mexicanas incorporan más contenido estadounidense que las de cualquier otro socio comercial de EU, lo que significa que las exportaciones mexicanas también generan empleo en la Unión Americana.
• Existe una alta complementariedad entre ambos mercados, tanto en el sector industrial como en el agroalimentario:
• • Estados Unidos se abastece de frutas y verduras mexicanas durante todo el año a precios accesibles, mientras que México es un mercado clave para las exportaciones de granos estadounidenses.
  • El 59% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos son bienes intermedios utilizados por la industria manufacturera estadounidense.
• México contribuye al fortalecimiento de las cadenas de valor regionales, consolidando la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo.

Revisión del T-MEC entre CCE y autoridades de EU

Durante la gira, la delegación mexicana y el sector privado estadounidense coincidieron en que uno de los objetivos clave de la revisión del T-MEC debe ser garantizar el arancel cero para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen del acuerdo, incluyendo aquellos bienes sujetos a aranceles sectoriales bajo la Sección 232 del Trade Expansion Act.

El Consejo Coordinador Empresarial reafirmó su disposición para colaborar con autoridades y líderes empresariales estadounidenses con el fin de consolidar a América del Norte como bloque económico y avanzar en una agenda de competitividad regional que promueva el crecimiento sostenible.

La tarde de este martes 3 de marzo se registró un ataque armado en contra de una oficina financiera ubicada en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, el cual dejó como saldo cuatro personas muertasy dos lesionadas. El ataque, según medios locales fue atribuido a Grupo Cobra.

Un grupo de hombres armados apareció en un video difundido en redes sociales y anunció la creación de una organización autodenominada “Cobra” para enfrentar al crimen organizado en el sur de Veracruz. Los sujetos, que se identificaron como empresarios de la zona, aseguraron estar cansados de extorsiones, secuestros y asesinatos, y manifestaron su disposición a tomar la justicia por mano propia si las autoridades no actúan.

En el material audiovisual, los integrantes de “Cobra” vestían chalecos tácticos, pasamontañas y portaban armas largas. El video circuló principalmente en una cuenta de TikTok bajo el nombre de “Grupo Cobra”. Los encapuchados dirigieron su mensaje a la población de municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, donde acusaron la presencia constante de grupos criminales dedicados a extorsionar, amenazar y atacar a comerciantes, transportistas y ciudadanos. Uno de los portavoces declaró: “Somos empresarios cansados de pagar cuotas, de ser secuestrados, de ver cómo matan y desaparecen a nuestros empleados. Si el gobierno no actúa, lo haremos nosotros”.

Frente a este pronunciamiento, autoridades estatales confirmaron el inicio de una investigación para determinar la veracidad del video, la identidad de los participantes y la posible conformación de una célula armada irregular. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la existencia de “Cobra” ni sobre el carácter legal o ilegal de sus acciones.

La tensión aumentó tras un ataque armado perpetrado la tarde del martes en la colonia María de la Piedad, municipio de Coatzacoalcos. Un comando armado irrumpió en las oficinas de una empresa financiera y abrió fuego sin previo aviso. El saldo fue de cuatro personas muertas y dos mujeres heridas de gravedad. Las víctimas, tres hombres y una mujer, fallecieron en el lugar, mientras que las sobrevivientes fueron trasladadas a hospitales cercanos bajo custodia policial.

Minutos después del atentado, un video atribuido al mismo Grupo Cobra circuló en redes sociales, en el cual los agresores se adjudicaron la masacre. Señalaron a la empresa atacada como presunta fachada para actos de extorsión. En el video, además de la proclama, se escucharon gritos y lamentos de las personas que se encontraban en el lugar durante el ataque.

El ataque a la empresa financiera no es un hecho aislado. En las últimas semanas, la región ha sido escenario de distintos episodios de violencia. Entre los más recientes destaca el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Jáltipan, donde se recuperaron los cuerpos de cuatro personas. Una de las víctimas fue identificada como Jorge Luis Colmenares Alejandro, empresario reportado como desaparecido en Cosoleacaque desde el 26 de enero.

Otro incidente relevante fue el incendio provocado contra el restaurante-palapa “El Calamar”, un local conocido del malecón costero de Coatzacoalcos. El establecimiento fue destruido por un ataque con bombas molotov, en un contexto de denuncias sobre extorsiones y cobro de piso.

Tras el ataque en la financiera, el Gobierno de Veracruz activó el Código Rojo, desplegando un operativo de búsqueda y localización por aire y tierra en la zona sur de la entidad. Participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, quienes acordonaron varias cuadras para permitir las labores de peritaje y levantamiento de cuerpos. Las fuerzas de seguridad continúan recabando pruebas balísticas e indicios que ayuden a identificar a los responsables.

Hasta la mañana de este miércoles, no se reportaron detenciones relacionadas con la masacre en la financiera ni avances en la investigación sobre la organización autodenominada “Cobra”. El surgimiento de grupos armados civiles que buscan enfrentar a la delincuencia genera inquietud entre la población, ante el riesgo de que aumenten los niveles de violencia en una región caracterizada por la presencia de cárteles y una situación de inseguridad persistente.

Puntos clave:

• Un grupo armado autodenominado “Cobra” anunció su creación para enfrentar al crimen organizado en el sur de Veracruz y se atribuyó un ataque que dejó cuatro muertos y dos heridas en Coatzacoalcos.
• Autoridades estatales investigan la autenticidad del video y la identidad de los sujetos, sin confirmación oficial sobre la existencia del grupo.
• La región enfrenta una escalada de violencia con hallazgos de fosas clandestinas y ataques a comercios, mientras continúa el despliegue de fuerzas de seguridad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el sector privado desconoce el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) contemplado en la reforma laboral que se sancionó la semana pasada en el Congreso. Aunque el propio Gobierno promueve las nuevas herramientas incluidas en la legislación, como la reducción de cargas sociales y los mecanismos de cobertura para despidos, los cambios aún no fueron reglamentados y no hay detalles de cuándo se publicarán en el Boletín Oficial. A la par, los especialistas ponen algunos reparos sobre la baja de las contribuciones patronales en base a la experiencia internacional.

En su intervención, Caputo señaló que la ley incorpora tres ejes centrales que buscan eliminar distorsiones del mercado laboral. El primero es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), instrumento que, según explicó el funcionario, permite a las empresas ahorrar recursos que antes giraban al fisco y destinarlos a una reserva para eventuales indemnizaciones, además de que fomenta el desarrollo del mercado de capital. El segundo punto destacado por el ministro es la mayor claridad en los costos de despido. “Hoy la cuenta está clara, tienen como empresarios cuánto les puede costar eso y esto de alguna manera viene a eliminar la industria de juicio que destrozó el mercado laboral argentino, en donde se benefició a un puñado en contra de todo nuestro país”, sostuvo durante un evento de Fundación Mediterránea en Córdoba.

Pero la insistencia de Caputo, en sus últimas intervenciones, es sobre el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que apuesta a formalizar puestos de trabajo mediante la introducción de una reducción sustancial en los aportes patronales a 2% por un período de 48 meses.

“Antes, ustedes, como empleadores, pagaban de aportes previsionales, asignaciones familiares y fondo de empleo aproximadamente entre 17 y 20 puntos, digamos 18 puntos. Eso lo hemos bajado a dos”, explicó el titular del Palacio de Hacienda. A la vez, subrayó que muchas empresas desconocen esta modificación y que el Gobierno debe profundizar la difusión para que los empresarios comprendan el beneficio concreto que implica adherir al régimen.

Poco después de la media sanción de la reforma laboral en el Congreso, el ministro había apelado a su cuenta de X para manifestar su descontento con la falta de reconocimiento empresarial por el RIFL. “Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro”, tuiteó por aquel entonces.

En efecto, en las últimas entrevistas y conferencias, el jefe de la cartera económica insistió en que una parte significativa del sector privado aún no interiorizó los cambios y que esto limita la posibilidad de que la reforma tenga un efecto rápido sobre el empleo formal.

Sin embargo, en el sector privado surgen matices sobre el alcance de la reforma y el impacto de la difusión. Una fuente consultada en off the record por Infobae advirtió: “La experiencia de varios países demuestra que solo la disminución de cargas y aportes, no ha persuadido a las mipymes, que son las que más están en la informalidad, para entrar en el mercado formal”. Para esa voz, la falta de conocimiento sobre el régimen se suma a obstáculos estructurales que trascienden la simple baja de aportes y que requieren intervenciones adicionales.

La asesora laboral de empresas Silvina Scarimbolo también planteó cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas si no se acompañan de otros incentivos. “No es suficiente, necesitas crédito para capacitar a los empleadores, crédito para capacitar a los trabajadores. En Argentina, solo el 12% solo termina primaria y secundaria de corrido”, sostuvo. Su mirada pone el foco en la formación y la educación como condiciones necesarias para que las empresas y los trabajadores puedan aprovechar el nuevo marco legal.

Una postura diferente tuvo el socio de Tanoira Cassagne, Pablo Mastromarino, quien coincide con el ministro de Economía en que la medida no tuvo publicidad. “No es para todos los empleados, sino para los que se encuentran en determinadas situaciones que enumera la ley, lo cierto es que es una medida que va a generar interés. La medida va a estimular el trabajo registrado, pero el nivel de empleo en general solo lo puede motorizar un incremento de la actividad económica”, marcó.

En este contexto, la figura del trabajador independiente, incorporada en la Ley Bases, es otro de los puntos de la reforma sobre los que existen dudas y bajo nivel de conocimiento. La implementación de esta figura ha tenido baja adhesión entre los potenciales beneficiarios, lo que se vincula tanto con la falta de información como con la percepción de que los trámites resultan complejos y los beneficios, insuficientes.

El proceso de reglamentación de la reforma también suma incertidumbre y contribuye a que los empresarios no tengan un panorama completo sobre cómo funcionarán los nuevos instrumentos. Al consultar a fuentes de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía sobre la fecha de publicación de la reglamentación, no hubo respuesta al cierre de esta nota. La Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de regular los Fondos de Asistencia Laboral, también se encuentra a la espera de definiciones para poner en marcha la operatoria. La expectativa oficial es que, una vez difundidos y reglamentados, los incentivos previstos en la reforma logren atraer a un número creciente de empleadores al mercado formal.

El Gobierno considera que la reducción de cargas y la creación de fondos específicos constituyen incentivos suficientes para modificar el comportamiento de empleadores y trabajadores, pero reconoce que la falta de información puede atenuar el efecto buscado. Desde el sector empresario y entre los especialistas laborales, como Scarimbolo, se señala la necesidad de sumar políticas de capacitación y acceso al crédito, así como campañas de difusión dirigidas especialmente a las micro y pequeñas empresas.

El Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las principales entidades empresariales del país, expresó su “satisfacción” por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación y argumentó que constituye “un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina”.

“La actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país. También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes”, expresaron las entidades en un comunicado.

En tal sentido, el documento rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó que “este nuevo marco no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental”.

“Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad”, agregaron.

Bajo la perspectiva de las seis cámaras empresarias, la Argentina “necesita reglas que fomenten la formalización, impulsen la inversión y contribuyan a una economía más dinámica e integrada al mundo”.

“En ese camino, el compromiso y la cooperación entre los distintos actores sociales será clave para asegurar que este nuevo marco normativo se traduzca en más empleo, más desarrollo y mayores oportunidades para todos. El Grupo de los Seis reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo”, concluye el documento oficial.

Más allá de la nota compartida, la UIA realizó una breve declaración en la que celebró la aprobación de la “modernización laboral”: “Es fundamental avanzar en reformas estructurales que generen marcos normativos predecibles para el desarrollo productivo de la Argentina. Nuestros equipos técnicos trabajaron en el marco del Consejo de Mayo para aportar la mirada de la industria y del G6″.

En la antesala del tratamiento del proyecto del oficialismo en el Senado, el Grupo de los Seis se había reunido con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Del encuentro participaron Nicolás Pino (SRA), Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).

Otras reacciones empresarias

Otras de las voces empresarias que sonaron en las últimas horas fueron las de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), que manifestaron su apoyo público a la iniciativa que fue sancionada a última hora del viernes por parte del Senado de la Nación.

En un texto conjunto, CEDU + AV brindaron su “beneplácito por los avances tendientes a la aprobación de la reforma laboral, y a toda acción que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

“En particular, también celebramos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el financiamiento de las indemnizaciones, que estará integrado por las cuentas de las contribuciones patronales”, agregaron las cámaras.

A propósito del FAL, remarcaron que la principal virtud “será la de darle mayor entidad al mercado de capitales y ello resultará especialmente positivo para que uno de los pilares de nuestra actividad, el crédito hipotecario, pueda crecer en el futuro de modo sostenible a través de securitizaciones”.

Aprobación de la reforma laboral

El Senado concluyó este viernes el periodo de sesiones extraordinarias con la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, tras incorporar los cambios realizados previamente por la Cámara de Diputados. La nueva legislación fue respaldada por 42 senadores, incluyendo representantes de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, sectores del peronismo no alineados al kirchnerismo y algunos bloques provinciales. En tanto, 28 legisladores votaron en contra y dos se abstuvieron, luego de un debate que se extendió durante cuatro horas.

Entre las modificaciones introducidas, se destaca la eliminación del artículo que regulaba las licencias médicas, considerado uno de los puntos más controvertidos del proyecto original. También se descartó la propuesta de reducir el impuesto a las Ganancias para grandes empresas, lo que asegura mayores recursos fiscales para el gobierno nacional y las provincias.

Además, se mantuvo el porcentaje de aportes a obras sociales, se establecieron nuevos topes para los aportes obligatorios y se reformuló la propuesta inicial sobre el Fondo de Asistencia Laboral vinculado a las indemnizaciones. Algunos estatutos sectoriales recibieron prórrogas en los plazos de adecuación, pasando de los 180 días planteados inicialmente a un año.

Durante la sesión, la discusión se centró en ratificar o rechazar la versión aprobada en Diputados, sin posibilidad de realizar cambios adicionales. Finalmente, el Senado optó por confirmar lo sancionado en la cámara baja, dejando afuera el artículo que limitaba las licencias pagas y modificaba los porcentajes de remuneración en casos de accidentes o enfermedades no laborales.

Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro y referente del pensamiento libertario, se refirió al cruce entre el presidente Javier Milei y un grupo de empresarios tras el cierre de la planta de Fate y otras controversias del sector industrial. En una extensa entrevista con Infobae en Vivo, Laje encuadró el conflicto dentro de la “batalla cultural”, defendió la postura del Gobierno y apuntó contra lo que definió como prácticas empresariales amparadas por esquemas de protección estatal.

Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Laje analizó el trasfondo del conflicto: “Lo que viene a mostrar esto es que en realidad la izquierda tenía sus propios empresarios protegidos, con ganancias extraordinarias, que salían de reprimir al pueblo trabajador, es decir, de obligarle a comprar, por ejemplo, neumáticos caros, en lugar de poder acceder a neumáticos baratos y con ese sobrante dedicarse a consumir otro tipo de bienes y servicios”.

La controversia se desató luego del intercambio público entre Javier Milei y los CEO de Techint, Fate, Aluar y Neumen. “Hay un tuit que acaba de sacar Milei, no sé si lo vieron hace un rato”, mencionó Laje durante la transmisión. “Han dejado de ponerse al sistema corrupto”, fue la frase del Presidente que, según el escritor, sintetiza el sentido profundo de la disputa.

Laje fue enfático al remarcar la ruptura de un viejo relato: “Ayuda a romper con la viejísima idea, pero perfectamente instalada, de que la izquierda representaba a los trabajadores, a los obreros y demás, y que la derecha era la defensora de los empresarios”. Y añadió: “Ahora ves que en realidad la izquierda no tiene ningún tapujo en salir a defender a los empresarios que se hicieron ricos a costas del pueblo argentino”.

Para el director de Fundación Faro, la reacción de los empresarios y el alineamiento de ciertos sectores políticos revela un cambio de paradigma. “Cuando uno ve esto, le hace cortocircuito, porque empezás a ver a Grabois, por ejemplo, empezás a ver a distintos militantes, supuestamente, defendiendo a uno de los hombres más millonarios de la Argentina”, sostuvo en relación a la defensa pública de sectores de izquierda hacia empresarios como Madanes Quintanilla.

En ese tramo, volvió a la cuestión de los neumáticos y al impacto en los consumidores. “Se obligaba a comprar neumáticos caros, en lugar de poder acceder a neumáticos baratos y dedicar ese sobrante a consumir otros bienes y servicios”, dijo. También cuestionó que dirigentes de izquierda salieran a defender a empresarios millonarios. “Ayer estaba Del Caño en un debate defendiendo a uno de los hombres más millonarios de la Argentina”, señaló.

“El señor es malo por lo que se destapó, que es que ese señor no era competitivo y no quebraba porque se obligaba a los argentinos a consumir su porquería”, afirmó Laje, en referencia a los empresarios cuestionados.

Durante la charla, Laje explicó que la noción de “batalla cultural” no surgió en el actual gobierno. “Te diría que la idea de la batalla cultural no es mía”, dijo, y remontó el concepto a antecedentes vinculados al kirchnerismo. Mencionó la Feria del Libro de Frankfurt de 2010, cuando Argentina fue país invitado, y sostuvo que allí Cristina Kirchner firmó convenios con referentes de la Escuela de Frankfurt. Según su lectura, ese espacio intelectual tuvo un rol clave en el marxismo para pensar revoluciones culturales más allá de lo económico.

“Cristina Kirchner tenía una visión de batalla cultural, a tal punto que tenía tras suyo a Carta Abierta. Después será el Instituto Patria”, afirmó. En ese marco, describió la existencia de “intelectuales orgánicos” que diseñaron un relato con artistas, profesores universitarios y escritores. “Hacia afuera, la palabra clave era relato. Pero ellos sabían que daban una batalla cultural”, señaló.

Laje contrastó esa experiencia con lo que definió como una novedad en la derecha argentina. “No es nuevo esto, de hecho es muy viejo, solo que sí es nuevo para la derecha”, sostuvo. Según su análisis, ese sector creyó durante años que con resolver los problemas económicos la política se ordenaba sola. En ese punto, citó el caso chileno de 2019. “Sin hiperinflación, sin desempleo galopante, sin recesión, tuvo una revolución contra un modelo económico capitalista de libre mercado, porque la sociedad chilena pensaba desde hacía tiempo con categorías socialistas”, dijo.

Al hablar de la experiencia del macrismo, Laje relató un encuentro personal tras las elecciones de 2015. Contó que un dirigente cercano a Mauricio Macri lo invitó a participar de actividades de la Fundación Pensar. “Pensé que se iban a tomar en serio la parte cultural”, relató. Sin embargo, describió un evento con figuras del espectáculo y el deporte, donde, según él, predominó una estética de “buenas vibras, globitos y bailes”. “No había nada”, afirmó, y atribuyó esa ausencia a dos diagnósticos que, a su criterio, el macrismo no compartía: la centralidad de lo intangible y la necesidad de confrontar ideológicamente a la izquierda sin correrse al centro.

En relación con el gobierno de Javier Milei, Laje describió tres “velocidades”: la política electoral, la gestión y la batalla cultural. Sobre esta última, dijo que carece de un marco institucional fijo y se da “desde un celular, desde la computadora, desde la escuela, la iglesia, la familia, una reunión de amigos o un asado”. En ese sentido, remarcó que el presidente no abandonó ese plano incluso después de asumir. “Entiende perfectamente que para modificar la cultura, si no atiende a los componentes intangibles de la sociedad, toda modificación va a ser momentánea”, expresó.

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El presidente Javier Milei apuntó este jueves contra un grupo de empresarios que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias por el cierre de la fábrica Fate, el precio de los neumáticos y del aluminio, como fue el caso de Techint. “Han dejado en evidencia al sistema corrupto”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, dijo Milei en referencia al dueño de CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca; de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla; y de Neumen, Roberto Méndez.

En un texto titulado “Batalla cultural”, el Presidente finalizó: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Las declaraciones de Milei llegaron después de las declaraciones del CEO de Neumen al admitir que, previo a la desregulación del mercado, los neumáticos estaban caros y que obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios, posibilitada por las restricciones a las importaciones.

“Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, dijo en diálogo con el streaming Ahora Play.

Además, ponderó como positivo “lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”.

Semanas atrás, en Casa Rosada creció el malestar por el timing en el que ocurrió el anuncio del cierre de Fate, la histórica fábrica nacional de neumáticos de la que es dueño Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado del empresariado industrial argentino por ser además dueño de Aluar, la mayor productora de aluminio primario del país.

“A mí me sorprende muchísimo que esto se haya anunciado el día anterior al tratamiento de la reforma”, indicó un funcionario del Gobierno. Minutos después, el presidente Javier Milei tuiteó: “¿Conspiranoico yo? Fin". La comunicación del cierre de la compañía se produjo en el mismo día en el que la CGT convocó a un paro nacional por 24 horas, cuando se trató la reforma laboral en el recinto de la Cámara de Diputados.

El cruce con Rocca

A finales del mes de enero, la reciente adjudicación a la empresa india Welspun para el suministro de tubos destinados al gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro generó un choque público entre el presidente Javier Milei y Paolo Rocca, director ejecutivo del Grupo Techint.

Milei defendió la apertura de importaciones y apuntó contra quienes critican la decisión, insinuando que las objeciones responden a intereses personales. “La nueva Argentina”, abrió su reflexión el mandatario. “Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quien le llena el sobre...”, disparó.

Luego apuntó contra Paolo Rocca al cuestionar a quienes salen “en defensa de Don Chatarrín de los tubitos CAROS...”; la referencia, indudable, fue al CEO de Techint.

La licitación marcó un hecho inédito en décadas: por primera vez, una compañía extranjera desplazó a un proveedor local en un rubro estratégico: Welspun presentó una oferta final de USD 203 millones por 480 kilómetros de ductos, un valor 25% menor que la última propuesta de Tenaris, filial de Techint. Desde el grupo argentino argumentaron que esa brecha responde a competencia desleal, con tubos producidos en la India pero incorporando insumos chinos a precios inferiores a los de mercado.

La aprobación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, aunque con la quita del artículo 44° sobre las licencias médicas, generó una serie de respaldos públicos por parte de los principales referentes del sector empresarial.

Diversas entidades expresaron su acuerdo con la medida y subrayaron la necesidad de que el Senado trate la propuesta para convertirla en ley. Los dirigentes remarcaron la importancia de la baja de contribuciones patronales, la previsibilidad para la contratación de personal y la inclusión de incentivos para inversiones.

Si bien la Cámara Argentina de Comercio (CAC) es miembro del Grupo de los 6 (G6) y ya habían emitido un comunicado conjunto en las últimas horas, la entidad que preside Mario Grinman volvió a sacar un parte de prensa este viernes, en el que señaló que la media sanción de la iniciativa representa un paso relevante hacia la generación de condiciones más favorables para el empleo formal.

Según precisó, la reducción en los costos de contratación derivada de la baja de contribuciones patronales actúa como estímulo para la creación de puestos de trabajo, en especial en el sector formal. Además, destacó la incorporación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo pensado para cubrir los costos de eventuales desvinculaciones laborales, lo que podría alentar la incorporación de nuevos empleados sin los riesgos e incertidumbres previos.

Grinman valoró que la norma aporte mayor certidumbre para los empleadores, ya que ahora se podrán conocer de antemano los costos asociados a la extinción de un vínculo laboral y las tasas aplicables sobre eventuales créditos. Sostuvo que este avance elimina la discrecionalidad que existía hasta el momento, lo que beneficiará tanto a empresarios como a trabajadores. Entre los puntos resaltados por la cámara, también figuran adecuaciones al contexto actual, como la posibilidad de fraccionar vacaciones, la implementación de un banco de horas y la regulación de plataformas tecnológicas.

Una macroeconomía estable

En su declaración, Grinman afirmó: “El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”. De todos modos, subrayó que el cambio normativo debe complementarse con una macroeconomía estable: “Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta”. En este sentido, mencionó avances en las variables fiscales y monetarias durante los últimos dos años y manifestó su confianza en que el proceso de ordenamiento continuará.

El titular de la cámara también resaltó la importancia de las negociaciones colectivas, señalando que debe primar la mesura y la inteligencia en los diálogos entre empresarios y trabajadores. Pidió dejar de lado posturas radicalizadas de grupos minoritarios, ya que, según su visión, solo generan perjuicio para el conjunto. Valoró el rol de cámaras y sindicatos nacionales con experiencia en la resolución de conflictos y la profesionalización de los equipos que los componen.

Por su parte, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) valoró el avance del tratamiento legislativo y subrayó la importancia de que el proceso culmine con la sanción definitiva de la norma. Desde la entidad señalaron que comparten el objetivo de actualizar el marco normativo para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad de los sectores productivos. Además, remarcaron el papel central de la industria de alimentos y bebidas como uno de los principales empleadores formales del país, con presencia en todo el territorio nacional.

Copal consideró que la reforma representa un componente necesario dentro de una agenda más amplia que también debe contemplar mejoras en tributos, logística y costos estructurales. Para la entidad, estos cambios son fundamentales para fortalecer la capacidad exportadora y garantizar la sostenibilidad de las empresas del sector. La organización también destacó el valor de los espacios de diálogo institucional que enriquecieron el debate parlamentario y reafirmó su disposición a seguir trabajando hacia consensos duraderos.

También el Consejo Agroindustrial Argentino celebró, vía redes sociales, la aprobación en Diputados de la norma de modernización y del capítulo correspondiente al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI). El organismo remarcó que la norma incorpora elementos clave para alentar nuevas inversiones en el sector agropecuario y detalló que la posibilidad de invertir en riego agrícola y ganadería, junto con la habilitación de computar el IVA para industrias avícolas o porcinas, representa un avance para la actividad.

El Consejo anticipó que continuará trabajando para que los nuevos instrumentos legales incluyan beneficios para el resto de las empresas del agro y que la reglamentación traduzca en hechos los cambios legislativos, tanto en el plano laboral como en materia de inversiones.

Por su parte, el G6, compuesto por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), había difundido su posición antes del debate parlamentario.

En su mensaje, el G6 había reafirmado la necesidad de avanzar hacia una reforma laboral moderna que promueva la creación de empleo registrado, brinde previsibilidad y contribuya a mejorar la competitividad del sector productivo. Las cámaras convocaron a los dirigentes políticos y sindicales a construir acuerdos que permitan reducir la informalidad y fortalecer el desarrollo nacional. A su vez, remarcaron su disposición a participar en conversaciones y a buscar soluciones viables para el mercado laboral y el aparato productivo.

México se consolidó en 2025 como el principal destino de las exportaciones estadounidenses, superando por primera vez en un año completo a Canadá en el comercio de bienes, según datos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) respaldados por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El valor total de estos envíos alcanzó los 337 mil 900 millones de dólares, lo que representa el 15.5% del total de las exportaciones estadounidenses, por encima de los 336 mil 500 millones dirigidos a Canadá, equivalente al 15.4%.

De acuerdo con el comunicado del CCE, México figura como el primer o segundo mercado en el 75% de los sectores exportadores estadounidenses. Este rango abarca rubros como cereales, electrónicos, hierro y acero, autopartes, vehículos, maquinaria y energía.

Además, México se ha mantenido como el proveedor principal de bienes a Estados Unidos desde 2023, fortaleciendo el papel estratégico del país en las cadenas de suministro de América del Norte.

La importancia de México para estados clave de la Unión Americana destaca en la demanda de bienes mexicanos, que sostiene, la competitividad y crecimiento de industrias locales estadounidenses, de acuerdo con el CCE.

Marcelo Ebrard afirma que el 15.6% de las exportaciones de Estados Unidos llegan a México

Según cifras oficiales del gobierno estadounidense citadas por Marcelo Ebrard, secretario de Economía, México registra un comercio total de 872 mil 800 millones de dólares, lo que equivale al 15.6% del intercambio global de Estados Unidos en el periodo analizado.

Esto coloca a México por delante de Canadá (719 mil 500 millones de dólares; 12.8%) y de China ( 414 mil 700 millones; 7.4%) como socio comercial de mayor volumen con Estados Unidos.

Ebrard atribuyó este liderazgo a la relocalización de cadenas de suministro, la integración regional y el marco jurídico proporcionado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El funcionario subrayó la fortaleza de sectores como la industria automotriz, electrónica, agroindustrial y de dispositivos médicos en el desarrollo de la plataforma exportadora de México.

El secretario enfatizó que los datos provienen de la administración estadounidense y refuerzan la posición de México como economía sólida.

México busca convenio comercial con Canadá

En el ámbito de la cooperación regional, México y Canadá avanzan en el diseño de un plan de acción bilateral para ampliar inversiones, comercio y colaboración empresarial, según EFE.

La iniciativa fue anunciada tras una reunión en Ciudad de México entre Ebrard y Dominique LeBlanc, ministro canadiense de Comercio, donde participaron cerca de 900 compañías de ambos países.

El propósito es definir, en el segundo semestre de 2026, una hoja de ruta enfocada en consolidar cadenas de suministro, apoyar inversiones en infraestructuras y crear mecanismos que generen oportunidades para jóvenes y sectores estratégicos.

Durante el evento, se formalizó un memorando de entendimiento entre el Consejo Empresarial de Canadá y el CCE de México, como principales organismos empresariales de cada nación.

Este acuerdo busca coordinar acciones de cooperación empresarial y preparar una próxima misión comercial mexicana a Canadá, confirmada por las autoridades mexicanas.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, advirtió respecto a las dificultades que afrontan las pequeñas y medianas empresas en España debido a la presión fiscal y al aumento del absentismo laboral, preocupaciones a las que sumó la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Según reportó Europa Press, Garamendi criticó que el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, responsabilice a los empresarios de no apoyar la última subida del SMI cuando, a su juicio, la patronal ha cumplido con los acuerdos establecidos en materia salarial.

En declaraciones recogidas por Europa Press en la cadena Cope, Garamendi manifestó su desacuerdo con las acusaciones de Sánchez, quien señaló a la CEOE por no respaldar la subida del SMI. El presidente de la patronal replicó que “parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria”, e insistió en que la CEOE “siempre se ha sentado a la mesa y tratado a la gente con mucha educación”. Recalcó que nunca han buscado culpables para ocultar las propias dificultades de su organización y defendió el papel del empresariado en la economía española.

Garamendi recordó que la decisión sobre la cuantía del SMI depende completamente del Ejecutivo y que este, en su opinión, ha tomado la determinación de incrementarlo según sus propios criterios. De acuerdo con Europa Press, el dirigente de la CEOE cuestionó los cálculos empleados por el Gobierno, asegurando que “han utilizado unos expertos, que yo creo que no han pagado un salario en su vida, que hicieron un planteamiento que difería de la realidad, pues hablaron del 3,1% de la inflación, cuando la inflación ha sido del 2,8%, y quitando, para hacer el salario medio, curiosamente, a la agricultura, a la pesca, al servicio de la ecuación para que sea más alto”.

Durante la entrevista, el presidente de la CEOE explicó que la patronal no se ha opuesto al alza de salarios y citó la firma del acuerdo nacional de convenios, donde se aceptó una subida del 3,1% más un 1% adicional según la inflación durante los próximos tres años. “Hemos cumplido”, aseveró Garamendi, en referencia a dicho compromiso, según lo publicado por Europa Press.

En relación con la presión fiscal, Garamendi remarcó que el Gobierno incrementó de manera significativa los impuestos, haciendo referencia en particular a las cargas sobre los seguros sociales. En palabras recogidas por Europa Press, Garamendi expresó que “el gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales (...) Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores”. El presidente de la patronal destacó que, para el Ejecutivo, solo existen las empresas del IBEX, aunque en España operan más de dos millones de pequeños empresarios, quienes, en su opinión, reciben ataques injustos a pesar de ser generadores de empleo y riqueza.

Garamendi también abordó el asunto del absentismo laboral, al que calificó como “otro gran drama”. Citó los datos, difundidos por Europa Press, indicando que diariamente faltan a sus puestos de trabajo alrededor de 1.700.000 personas en España, lo que genera costes significativos para empresas y el Estado. En ese contexto, criticó la actuación de miembros del Gobierno, como la ministra de Trabajo por los permisos otorgados, y lamentó que esta problemática no reciba la atención necesaria. “El coste del absentismo se divide en 16.000 millones de euros para el Estado y otros 16.000 millones de euros para las empresas. Pero está muy por encima, posiblemente es el segundo gasto que tenga el Estado y aquí no pasa nada”, afirmó.

Según publicó Europa Press, el dirigente de la patronal instó tanto al Gobierno como a los sindicatos a abordar el problema del absentismo, sugiriendo la necesidad de revisar los sistemas de control de bajas laborales y optimizar la gestión de la sanidad pública, en respuesta a las protestas de los médicos por sus condiciones laborales. Garamendi consideró que el Gobierno exige mucho a los empresarios, pero no permite que se le exigan responsabilidades por su gestión en ámbitos como la sanidad o el control de las bajas médicas.

Entre otros temas, Garamendi criticó que desde el Gobierno se utilicen estereotipos contra la patronal y los empresarios, describiendo a la CEOE y a sus asociados como “el muñeco de goma o de trapo al que dar golpes”, pese a que siempre han ofrecido soluciones en coyunturas económicas adversas. Sostuvo que la competitividad y la productividad deberían ocupar el centro del debate sobre el futuro económico, asegurando que las empresas necesitan crecer y que la sobrecarga impositiva impuesta desde el Ejecutivo dificulta ese crecimiento.

El presidente de la CEOE finalizó su intervención reclamando la importancia de que se reconozca el papel de las pequeñas empresas y los autónomos en la generación de empleo y riqueza. De acuerdo con Europa Press, pidió que el debate público se enfoque en cómo garantizar la subsistencia de estos sectores en lugar de transmitir que la economía marcha sin dificultades, y reiteró que la aportación de los empresarios resulta fundamental para el desarrollo del país, exigiendo reciprocidad en las demandas de responsabilidad y gestión eficiente por parte del Gobierno.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reafirmó la vigencia y obligatoriedad del Decreto 1469 de 2025, fijando el salario mínimo en Colombia con un aumento del 23,7% para el año 2026.

A través de la red social X, Sanguino enfatizó: “El Decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó el salario mínimo, se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento”.

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La declaración del jefe de la cartera laboral surgió tras la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente los efectos del decreto que estableció el incremento salarial, generando incertidumbre sobre la aplicación del ajuste en la nómina de los trabajadores.

Ante este escenario, Sanguino dirigió un mensaje directo a los empresarios del país, señalando: “Empresarios: esta quincena debe pagarse con el ajuste correspondiente, que rige desde el 1.º de enero de 2026”.

El ministro recalcó que, mientras no se expida un decreto transitorio que ordene lo contrario, la norma actual mantiene plenamente sus efectos jurídicos.

Esto implica que, a pesar de la medida cautelar del Consejo de Estado, los empleadores están obligados a realizar los pagos conforme al incremento decretado. “Hasta tanto no se expida un decreto transitorio ordenado, la norma mantiene plenamente sus efectos jurídicos”, puntualizó Sanguino.

Además, el jefe de la cartera laboral subrayó el carácter progresivo de los derechos laborales en Colombia y la imposibilidad de retroceder en las garantías ya conquistadas.

Destacó la importancia de interpretar cualquier controversia legal bajo el principio “in dubio pro operario”, priorizando siempre la protección del trabajador, su ingreso y el bienestar familiar: “Los derechos laborales son progresivos y no admiten retrocesos; por ello, cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias”.

Sanguino concluyó que cumplir la Constitución y garantizar un salario vital es una obligación del Estado Social de Derecho. “Cumplir la Constitución no es opcional: el salario vital es un imperativo del Estado Social de Derecho y una garantía de dignidad, seguridad jurídica y respeto por las y los trabajadores”.

El Decreto 1469 de 2025 fue expedido por el Gobierno nacional como parte de la política de protección del ingreso y fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.

El Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia, ha intervenido en otras ocasiones en decisiones salariales, aunque la suspensión de un incremento ya implementado representa un hecho poco frecuente en la historia reciente del país.

Mientras se resuelve la situación jurídica definitiva del decreto, las empresas deben ajustar sus pagos conforme al aumento del 23,7%, tal como reiteró el ministro, manteniendo el principio de progresividad laboral que rige en el sistema colombiano.

El Ejecutivo prepara estrategia legal para blindar el ingreso mínimo tras fallo del Consejo de Estado

El Gobierno de Colombiamantendrá el pago de 2 millones de pesos como salario mínimo en febrero, pese a la suspensión provisional del decreto, mientras se prepara un nuevo recurso legal para salvaguardar “el mínimo vital” de los trabajadores.

Así lo afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que añadió que la administración de Gustavo Petro seguirá defendiendo el alza del 23% decretada previamente y criticó con dureza la actuación del Consejo de Estado, al que acusó de precipitar una incertidumbre que impacta directamente a los asalariados más vulnerables.

“Vamos a defender como gato boca arriba el salario vital de los trabajadores de Colombia”, advirtió Sanguino en declaracionjes reveladas por La República, subrayando que el Decreto 1469 de 2025 sigue vigente y “es de obligatorio cumplimiento” hasta que exista un nuevo decreto transitorio.

El jefe de cartera consideró que la medida del tribunal fue adoptada antes de que expirara el plazo para la presentación de los alegatos técnicos del Ejecutivo sobre el alza salarial y recalcó que la decisión “vulnera el artículo 53 de la Constitución, los tratados ratificados por Colombia, los estándares de la OIT y el Estado Social de Derecho”.

Sanguino calificó la decisión judicial de “precipitada, nefasta e indignante para las y los trabajadores”. Sostuvo que la suspensión no responde a dudas jurídicas genuinas, sino que constituye un “ataque frontal a la dignidad de las y los trabajadores”.

Además, insistió en que acatar la Constitución no es opcional y que los derechos laborales no admiten retrocesos: “Cualquier interpretación debe realizarse a la luz del principio in dubio pro operario, privilegiando la protección del trabajo, el ingreso y el bienestar de la persona trabajadora y sus familias”.

Sobre la posibilidad de fijar una suba inferior al 23%, Sanguino defendió la cifra decretada a finales de diciembre como “moderada respecto a la distancia entre el salario vital y el salario mínimo de 2025”, recordando que la brecha ronda el 28% o 29% entre lo que requiere una familia y lo que percibe.

En ese sentido, reiteró: “Nosotros nos mantenemos en el concepto de salario vital que está establecido en el Artículo 53 de la Constitución y sobre eso vamos a seguir actuando”.

La reciente entrega de seis camionetas blindadas al Ejército Nacional en Antioquia reavivó el debate sobre la tasa de seguridad impulsada por la administración departamental.

El gobernador Andrés Julián Rendón volvió a pronunciarse sobre el tributo, en medio de cuestionamientos provenientes de sectores empresariales, según informó Blu Radio.

Los vehículos fueron adquiridos con recursos provenientes de este gravamen, que ha generado discusión desde su implementación.

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De acuerdo con los datos entregados por la Gobernación, el recaudo alcanza el 60 %, lo que significa que por cada 10 pesos facturados, 6,2 pesos están ingresando a las finanzas del departamento por parte de los contribuyentes de estratos 4, 5 y 6.

Durante el acto de entrega, el mandatario departamental defendió la continuidad de la medida y aseguró que el tributo se mantiene vigente. “Viendo el recaudo exitoso que está ha tenido, como un cariño grande que muestran los ciudadanos antioqueños, los contribuyentes hacia nuestros soldados y policías. Nosotros una vez más queremos ratificar que la tasa está blindada jurídicamente, que sigue firme”, puntualizó Rendón.

El gobernador indicó que las decisiones adoptadas por instancias judiciales han respaldado la legalidad del mecanismo de financiación. En ese contexto, reiteró que la tasa continúa aplicándose conforme a lo establecido por la administración departamental.

La inversión para la adquisición de las seis camionetas blindadas superó los 2.290 millones de pesos, recursos destinados al fortalecimiento logístico de la Fuerza Pública en Antioquia. Según lo informado, estos equipos hacen parte de un plan más amplio de dotación que contempla la entrega de otros elementos en los próximos meses.

Entre los implementos proyectados se encuentran radios de comunicación, botes, drones, sistemas antidrones y motocicletas. Estos recursos provienen del recaudo de la tasa, la cual está dirigida a financiar acciones relacionadas con seguridad en el departamento.

Las declaraciones del gobernador se producen luego de que gremios empresariales manifestaran inquietudes frente al impacto del tributo. Organizaciones como Fenalco y el Comité Intergremial solicitaron recientemente la suspensión de la tasa, al señalar que representa una carga adicional para los empresarios.

Frente a estos cuestionamientos, Rendón defendió el comportamiento económico del departamento durante el último año. En su intervención sostuvo que no existen indicadores que relacionen la implementación del gravamen con una desaceleración económica en Antioquia.

“No hay indicativo alguno que el establecimiento de la tasa haya ralentizado o llevado incluso a una situación dificultosa la economía del departamento, por el contrario, la economía del departamento creció el año pasado arriba de un 3%”, señaló.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, el crecimiento registrado en Antioquia durante el último año se ubicó por encima del promedio nacional. Con este argumento, insistió en que la tasa no ha afectado el desempeño económico del territorio.

El tributo aplica a contribuyentes de los estratos 4, 5 y 6, quienes son responsables del pago que alimenta el fondo destinado a seguridad. La Gobernación ha indicado que el nivel de recaudo, situado en 60 %, refleja el cumplimiento por parte de los ciudadanos obligados.

La discusión sobre la tasa de seguridad ha estado presente desde su anuncio, particularmente por parte de sectores productivos que han expresado preocupaciones sobre el entorno tributario. Sin embargo, la administración departamental mantiene la aplicación del cobro y continúa ejecutando inversiones con esos recursos.

La entrega de los vehículos blindados se suma a otras acciones financiadas con el mismo mecanismo. Según lo informado, la estrategia contempla ampliar la dotación con tecnología y equipos destinados a fortalecer las capacidades operativas en distintas subregiones del departamento.

Tras varias horas de rumores, se confirmó el adelanto que Infobae y otro medio nacional dieron durante la tarde de hoy: los aportes compulsivos a gremios y cámaras empresariales de la ley de reforma laboral que debate el Senado tendrán topes más bajos, tal como marca el dictamen de mayoría, aunque no habrá fecha de caída -era a los dos años- y el fondeo a ambos sectores continuará vigente.

La posibilidad de que este nuevo guiño de la Casa Rosada fuese a sindicatos y no a empresarios generó nerviosismo en el sector dialoguista, que pidió igual tratamiento para los actores involucrados. Después de cinco horas de dudas, se validó la postura final y el giro automático de millonadas seguirá de manera compulsiva.

Un argumento que este medio oyó en un pasillo de la Cámara alta fue que hay gremios demasiado pequeños y que, ante la caída dentro de dos años, empezarían con una debacle sin retorno e imposibilidad de subsistencia.

Qué decía el artículo

La versión hasta el mediodía de este miércoles apuntaba a que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.

En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluían “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.

Sobre el final del artículo, se resaltaba: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.

A partir de ahora se espera, ya para la madrugada de este jueves, que el oficialismo comunique en el recinto la decisión que, para ambos bandos, los aportes continúen de forma obligatoria, aunque con topes más bajos. Otro ejemplo comentado esta jornada fue el “delirio” de sindicatos que tenían hasta un 6%. “Con eso, ni les hacía falta esforzarse por agremiar trabajadores. Una locura”, sentenció un senador dialoguista a este medio.

Justicia laboral a la Ciudad

Por otra parte, desde la Libertad Avanza también informaron que el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad quedará como un anexo de la iniciativa en cuestión, un tema que generó controversia y que parece sería saldado esta noche por el pleno de la Cámara alta, como también adelantó este medio horas atrás.

Como esta cuestión involucra los artículos 79 y 91 del dictamen de mayoría, habrá modificaciones y, lo más importante: el traslado quedará al final de la ley, como una especie de anexo. La crítica que se le realiza a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto.

Billeteras virtuales

Otra duda surgida estaba direccionada a si billeteras virtuales podrían involucrarse en el depósito de haberes de trabajadores. La respuesta se sostiene en el “no”, aunque el Banco Central emitiría, en un futuro cercano, reglas precisas para abrir una ventana y que, las más serias, logren en algún momento participar de esta compulsa.

Moscú, 6 feb (EFE).-Un tribunal ruso declaró este viernes como material extremista el libro del antiguo oligarca y opositor exiliado Mijaíl Jodorkovski, titulado ‘¿Cómo matar al dragón? Un manual para revolucionarios novatos”, informaron medios locales.

El libro, publicado a finales de 2022, es un manifiesto político para la transformación de Rusia tras un cambio de poder.

En la introducción, el autor escribe que considera su misión convencer a los que comparten sus ideales de que los cambios en Rusia son posibles, pero solo después de que el país se convierta en una república parlamentaria con un "desarrollado autogobierno local".

A finales del año pasado, las autoridades rusas incluyeron al propio Jodorkovski, que forma parte del Comité Antibélico de Rusia, en una lista de extremistas y terroristas.

El expropietario de la petrolera Yukos y en su momento el hombre más rico de Rusia pasó 10 años en la cárcel y a su salida se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin en el exilio.

Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.

La semana pasada, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) mantuvo un encuentro durante su sesión de invierno en Estrasburgo con una "plataforma de diálogo" formada por "fuerzas democráticas rusas" y compuesta por una quincena de personalidades exiliadas, incluido Jodorkovski.

Además de Jodorkovski forman parte de esa plataforma el opositor Vladímir Kara-Murzá, liberado en 2024 en el marco del mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente, el exajedrecista y también disidente Gari Kaspárov, el veterano opositor Oleg Orlov o Nadia Tolokónnikova, miembro del colectivo feminista Pussy Riot.

La firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos generó reacciones mayormente positivas por parte del sector empresario. Diferentes entidades mostraron cautela a la espera de conocer todos los detalles del convenio, pero no dudaron en mostrar su apoyo a un trato que, estiman, tendrá un impacto favorable para la economía nacional.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se mostró a favor de la rúbrica del pacto comercial al plantear que “se inscribe en un proceso de reinserción de la Argentina en el escenario global”. Para la entidad, “es un importante avance en la dirección correcta”.

Tras conocerse la noticia, el titular de la CAC, Natalio Grinman, aclaró que “un análisis pormenorizado del texto del acuerdo demandará tiempo”, por lo que no están aun en condiciones de hacer una evaluación detallada".

“Sin perjuicio de ello, podemos decir que desde la CAC consideramos muy positivo que se estrechen lazos con la principal potencia económica mundial. Estados Unidos es la nación líder del mundo libre, con quien compartimos valores y con quien tenemos múltiples oportunidades de intercambios mutuamente beneficiosos que podemos aprovechar”, sumó.

Bajo su perspectiva, el convenio con Estados Unidos impulsará el vínculo bilateral, lo que abarca no solo al comercio de bienes, sino también al intercambio de servicios, a los flujos de financiamiento, a las inversiones, a la transferencia de tecnología y de conocimientos. “Un entendimiento que facilite este tipo de vinculaciones es positivo para ambas partes. Que Argentina se asocie a una nación como EE.UU. colaborará con el proceso de normalización de la economía, permitiéndonos acelerar el paso hacía ese progreso al que aspiramos”,señaló.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) también valoró positivamente el anuncio del entendimiento entre ambos países al considerar que “representa una oportunidad para seguir profundizando la inserción internacional del país y que los productos agroindustriales amplíen el acceso a los mercados estratégicos”.

“Aguardamos conocer en detalle el acuerdo que se firmó en el día de la fecha, para determinar el impacto del mismo para la Argentina, ya que consideramos fundamental que se contemplen condiciones de competencia equitativas, y que es imprescindible avanzar en una agenda interna que mejore la competitividad de nuestro sector para aprovechar plenamente las oportunidades externas”, argumentaron desde la entidad.

En tal sentido, reiteraron su “disposición a colaborar con las autoridades nacionales en la construcción de políticas que fortalezcan al sector productivo, promuevan inversiones y consoliden el rol del agro como motor del crecimiento económico de la Argentina”.

Por otra parte, desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) celebraron el anuncio de la Cancillería y evaluaron que “se trata de una señal sumamente relevante para profundizar el entendimiento entre ambos Estados, ampliar oportunidades y consolidar una agenda de apertura comercial bilateral orientada al crecimiento y a la integración internacional”.

“CAEMe valora especialmente que el acuerdo apunte a crear un entorno claro, transparente y previsible, que mejore la competitividad del país y eleve los estándares regulatorios para el acceso a mercados, incluyendo —en particular— la adopción de los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. Un marco de propiedad intelectual robusto es un habilitador transversal de la innovación, porque reduce la incertidumbre, promueve la inversión y facilita la transferencia tecnológica", sumaron.

Por último, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC) celebró el acuerdo y felicitó al Gobierno nacional y a los equipos negociadores al considerar que se trata de una “mejora sustancial en el acceso de las carnes bovinas argentinas al mercado de los Estados Unidos”.

En ese sentido, detallaron que Argentina contaba históricamente con un cupo de 20.000 toneladas de carne libres de aranceles, que ahora se verá ampliado con 80.000 toneladas adicionales durante 2026. De acuerdo con datos oficiales citados por el consorcio, en 2025 se exportaron a Estados Unidos cerca de 45.000 toneladas de carne bovina enfriada y congelada, por un valor cercano a USD 345 millones, un volumen que superó ampliamente el contingente arancelario vigente hasta el momento.

Desde el ABC señalaron que la ampliación del cupo representa una buena noticia para una industria que atraviesa un contexto complejo, marcado por la reducción de la oferta ganadera, y estimaron que el nuevo esquema permitirá alcanzar exportaciones por hasta 100.000 toneladas con aranceles preferenciales, lo que podría traducirse en ingresos superiores a los USD 700 millones durante 2026. Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades nacionales para avanzar en la apertura sanitaria y en la mejora del acceso comercial a los mercados internacionales.

El presidente Gustavo Petro continúa su agenda oficial en Estados Unidos, país al que llegó para tener una reunión con el mandatario Donald Trump, que ayudó a disminuir las tensiones diplomáticas entre los gobiernos.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado reveló que se reunió con varios empresarios del sector de la producción del cacao y del chocolate. De acuerdo con su explicación, lo conversado por los empresarios ayudará a la economía de los cultivadores de Colombia.

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“Me reuní con empresarios del cacao y el chocolate en EEUU para garantizar contratos de largo plazo para cultivadores de cacao que antes cultivaban hoja de coca”, detalló el presidente en la publicación, en la que también compartió una fotografía del encuentro, en el que también estuvieron presentes el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

En la reunión que sostuvo con el mandatario Donald Trump, el presidente Petro se pronunció sobre su política antidrogas, que difiere de la del Gobierno norteamericano, y centró su exposición en los beneficios que ha evidenciado la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que se ha estado implementando en Colombia.

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, por su parte, informó que el encuentro entre los jefes de Estado fue fundamental para poner sobre la mesa el tema de la sustitución, tanto así que el presidente Gustavo Petro propuso a Estados Unidos la compra de producción legal colombiana, lo que incluye productos como el cacao, el café y otros alimentos “de la paz”.

Con ese propósito en mente, la funcionaria indicó que se reunieron con la Asociación Nacional de Confiteros de Estados Unidos para avanzar en las labores alrededor del impulso de la producción colombiana, como “eje de la política de drogas”.

“Se le propuso al Gobierno de los Estados Unidos la compra de los productos de sustitución, porque la sustitución no es rentable, sino hasta que los campesinos logran vender sus productos a precios justos. Y gracias a eso, el día de mañana vamos a tener unas reuniones con el sector privado, con empresas muy importantes como Mars, como Hershey’s. Entonces, ahí esperamos lograr acuerdos a precios justos”, detalló la directora en conversación con Noticias Caracol.

La reunión entre Petro y Trump: detalles

En una rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente Gustavo Petro indicó que hablaron de manera amable y que, aunque tienen puntos de vista distintos, lograron hallar aspectos en común en los que esperan trabajar de manera conjunta. Afirmó que, en todo caso, instó al mandatario a tener en cuenta su política de lucha contra las drogas, que se orienta hacia la sustitución de cultivos de uso ilícito y hacia la persecución de los narcotraficantes que lideran el negocio ilícito.

“Y se lo dije al presidente Trump: Si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos (…) arrancan ellos mismos de raíz la hoja de coca”, detalló, indicando que esa es la forma más eficaz de erradicar este cultivo de uso ilícito.

El excanciller Luis Gilberto Murillo analizó los resultados de la reunión entre los jefes de Estado y explicó que, al parecer, lo dialogado surtió un efecto importante que podría favorecer a al país: el hecho de que el Gobierno norteamericano esté considerando algunas posturas de la administración colombiana.

“Hay un cambio de enfoque de Estados Unidos escuchando a Colombia, dialogando”, detalló el exministro de Relaciones Exteriores en conversación con el periodista Luis Carlos Vélez en su pódcast Vélez por la mañana.

A medida que se acerca la fecha de la sesión extraordinaria que el oficialismo senatorial pidió junto a aliados para el próximo miércoles -anoche fue convocada para las 11-, con el fin de discutir la reforma laboral en la Cámara alta, comenzaron a abrirse las ventanas por donde el diablo “mete la cola”. La cuestión no es menor e involucra a millonarios fondos en juego: una mayoría de legisladores dialoguistas le advirtió al Ejecutivo libertario que si los aportes del proyecto no son “voluntarios” para sindicatos y empresas, es decir, misma vara para todos y sin excepción, no acompañarán los artículos involucrados en dicha temática.

El debate no es nuevo, ya que la administración de Javier Milei mantuvo diversas compulsas de este tipo en la ley Bases de 2024 -no lo consiguió- y en decretos luego frenados en la Justicia, por citar algunos ejemplos. Son tres los ítems a considerar. El primero refiere a la cuota sindical, que la cede el empleado que está afiliado a un gremio de manera voluntaria. Aquí, no existe ninguna objeción.

Por otra parte, el segundo -y mega jugoso- apunta al aporte solidario, que se descuenta a todos los trabajadores del sector bajo el argumento de los “eventuales” beneficios de las negociaciones colectivas. Aquí es donde varios miran de reojo y, siempre en el plano político, el dardo traspasó la epidermis, dermis e hipodermis de un puñado de senadores. “Si eso sale como voluntario acá, la apuesta real es que se trabe en Diputados”, sentenciaron desde un despacho aliado -y de peso- a Infobae. Es decir: no hay todavía un consenso blindado.

Como si fuera poco, los supuestos “representantes” de empresarios pusieron el grito en el cielo con el artículo 128 del dictamen de mayoría, que se firmó en diciembre pasado. El mismo plantea: “Los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Las vigentes, cualquiera sea el convenio colectivo, tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

Este medio adelantó, a fines de enero último, la postura que primaba en dialoguistas. En esa ocasión, un importante senador confió: “Si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector. Es decir, lo más justo y ecuánime para todos”. No obstante, los inconvenientes aparecieron en las últimas 96 horas y no a través de la Cámara alta, sino desde la propia Casa Rosada, con funcionarios premium que susurraron otra melodía. No se sabe si para confundir u operar.

El panorama de la sesión parece claro, a esta altura. La sesión extraordinaria ya es oficial y habrá una cumbre final entre oficialismo y dialoguistas durante la tarde del lunes. Ahí ya no existirán más reinterpretaciones ni vueltas y el borrador definitivo deberá ser convalidado por las partes o, al menos, un conglomerado de 37 voluntades de las 44 entre ambos grupos.

Como el despacho tendrá modificaciones inevitables, será trascendental la organización de la votación en particular de la iniciativa. Es allí donde La Libertad Avanza deberá pulir al máximo su estrategia. Los potenciales aliados ruegan que no haya sorpresas de último momento ni tuerca sin ajustar. Siempre corre el temor de jugadas pasadas desde Balcarce 50 -en general, tendientes a virulentas-, aunque apuestan a la muñeca de Bullrich. En una sintonía menos positiva se halla el kirchnerismo: su jefe, el formoseño José Mayans, activó ayer un encuentro virtual. “Un poco bajón todos. Parece que nos van a ganar”, reconoció un experimentado integrante de la bancada a Infobae.

La CGT aún confía en que prosperarán las negociaciones secretas con el Gobierno para modificar la reforma laboral que tratará el Senado, mientras celebra la grieta que el proyecto oficial abrió entre las entidades empresariales y que podría contribuir a su estrategia.

Los líderes cegetistas, más allá de las tratativas con el sector político de la Casa Rosada (Santiago Caputo, los Menem y Diego Santilli), buscan aliados para que la reforma laboral no se trate en las sesiones extraordinarias del Congreso y deba debatirse en las sesiones ordinarias, como una forma de ganar tiempo y apostar a que desde marzo Javier Milei afronte varios frentes críticos como producto de la economía y así se debiliten sus apoyos parlamentarios.

Por eso los sindicalistas aseguran que reforzaron su acercamiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que, en paralelo con la CGT, plantearon sus objeciones al proyecto oficial porque, entre otros puntos, limita los aportes compulsivos para las entidades empresariales vía convenio colectivo de trabajo, que ya habían sido convertidos en voluntarios en marzo pasado a través del decreto 149 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Esta postura crítica terminó de romper la unidad empresarial ante la reforma laboral, donde el principal apoyo proviene de la Unión Industrial Argentina (UIA), que preside Martín Rappallini, y otras entidades como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

En perfecta sintonía, estas asociaciones se pronunciaron en duros términos contra polémicas cláusulas de los convenios colectivos: en el caso mercantil, fija un aporte obligatorio por cada empleado de comercio al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que impone al empleador aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A.

Según CADAM, que esta semana planteó su postura en el Senado, “esos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME con el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional, y esto implica que con cada aumento salarial estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación, siendo al mismo tiempo actores centrales de la negociación: las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”.

En el sector metalúrgico, ADIMRA también se beneficiaba del aporte obligatorio por parte de las empresas del 1% del total de las remuneraciones brutas mensuales y eso desató enfrentamientos con muchas compañías que se resistían a pagarlo y el rechazo de las pymes agrupadas en CAMIMA. Algunas presentaron reclamos judiciales e incluso existen fallos favorables a esa postura.

La semana pasada, CAMIMA y AFAC se unieron para expresar su respaldo a la reforma laboral que está en el Senado y cuestionaron a las 3 entidades que se oponen al proyecto: destacaron que la iniciativa “defiende el derecho a la libertad de elección de las empresas con respecto a qué entidades adherirse, sin la existencia de aportes compulsivos que sólo buscan proteger privilegios monetarios que contaminan la institucionalidad de la representatividad empresaria” .

En las últimas semanas, la CAC, la CAME y ADMIRA también insistieron con su reclamo ante el Gobierno y la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y advirtieron que anular ese aporte daría lugar a una judicialización de la reforma laboral porque es una cláusula pactada libremente entre las partes a través de los convenios colectivos de trabajo.

Es casi el mismo argumento que utilizan los sindicalistas para defender las cuotas solidarias, que permiten el financiamiento de los gremios con esos descuentos compulsivos a los trabajadores a través de los convenios y que también tendrán limitaciones si se sanciona la reforma laboral del Gobierno: si bien se eliminó un artículo que exigía el consentimiento explícito del trabajador para pagar ese aporte, se quitó la obligación de que las cuotas solidarias sean recaudadas por el sector empleador y gire los fondos a los gremios, una variante que pondrá en riesgo las arcas sindicales.

Por eso la CGT unió fuerzas con las entidades empresariales que critican el proyecto oficial: la impresión en el ámbito sindical y patronal es que si la Casa Rosada finalmente decide dejar a salvo las cuotas solidarias para los sindicatos podría hacer lo mismo con los aportes que defienden la CAC, la CAME y ADIMRA.

Sturzenegger siempre puso en la mira estos aportes compulsivos que benefician a los sindicatos y a entidades empresariales, y en este último caso las fuentes oficiales afirman que era una caja multimillonaria equivalente a unos $68.000 millones por año sólo en Comercio, a la que ahora se procura desarticular con fuerza de ley mediante la reforma laboral del Gobierno, que establece que esos descuentos tienen que ser voluntarios.

La importancia de este diálogo presidencial se observa no solo en el contexto político reciente, que estuvo signado por intercambios de mensajes hostiles, sino en el peso decisivo que Estados Unidos representa para la economía colombiana, donde concentra el 30% de las exportaciones anuales del país, según datos recopilados por la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).

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AmCham Colombia, bajo la dirección de María Claudia Lacouture, destaca que hay cerca de 650 empresas estadounidenses establecidas en Colombia, lo que ilustra el alcance de la Inversión Extranjera Directa (IED) y su diversificación sectorial.

Solo durante el tercer trimestre de 2025, la IED proveniente de Estados Unidos sumó 3.375,4 millones de dólares, lo que equivale al 37% de toda la inversión extranjera recibida en Colombia en ese periodo, según la organización empresarial. Esta inversión se distribuye en más de 15 ramas económicas, que incluyen comercio, telecomunicaciones, petróleo y minería, financiero, manufactura, servicios públicos, construcción y agricultura.

En el mismo año, las exportaciones colombianas ascendieron a 14.868 millones de dólares, y de esa suma, Estados Unidos acaparó el 30%, consolidándose como el mayor socio comercial de Colombia. Aunque durante muchos años predominó la exportación de petróleo, AmCham indica que actualmente el 66% de los productos enviados a Estados Unidos corresponde a bienes distintos a los combustibles, mostrando una diversificación progresiva en la oferta exportadora.

El entramado comercial binacional se refleja también en el número de actores empresariales. Según informes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante los primeros once meses de 2025, fueron 3.244 las empresas colombianas que exportaron a Estados Unidos, representando el 35% del total nacional de compañías exportadoras. Esta cifra subraya el peso específico de la relación con el mercado estadounidense en el tejido productivo colombiano.

En el sentido inverso, aproximadamente el 70% de las importaciones colombianas desde Estados Unidos corresponde a bienes que no se producen localmente. Gran parte de estos insumos se integran activamente a las cadenas de producción nacionales. Entre enero y noviembre, Colombia importó productos estadounidenses por 14.857,3 millones de dólares, lo que significó un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo del año anterior, puntualizó AmCham Colombia.

La expectativa por los resultados de la reunión en Washington se ve amplificada por el impacto potencial en el clima de negocios y la proyección de la cooperación estratégica entre las dos naciones.

Diplomático estadounidense recalcó la importancia comercial entre Colombia y Estados Unidos

Bernard William Aronsona, exsubsecretario de Estado estadounidense, subrayó en entrevista con Caracol Radio la importancia de que el encuentro se concentre en temas como crimen organizado, comercio y presencia de tropas de Estados Unidos en Colombia, en lugar de entrar en disputas personales: “Ese debería ser el foco y no en tener una discusión personal el uno con el otro, porque los países, especialmente Colombia, no puede darse ese lujo”, advirtió.

Según Aronson, la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia es la “más larga, más estable y la más importante” que mantiene el país sudamericano. También destacó que Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda militar estadounidense en el mundo y remarcó que Estados Unidos se beneficia considerablemente de su alianza con Colombia.

Respecto al pronóstico del resultado del encuentro, el diplomático reconoció la dificultad de anticipar el desarrollo de la reunión dada la personalidad de ambos líderes: “Es muy difícil predecir qué va a pasar porque son dos mandatarios absolutamente espontáneos que van a abordar unos temas bastante difíciles”, señaló durante la entrevista.

Elche (Alicante), 3 feb (EFE).- El propietario del Elche, el empresario argentino Christian Bragarnik, afirmó este martes, tras el cierre del mercado de invierno, que el club ilicitano “no regala” a sus jugadores y “defiende sus intereses”, en alusión a las salidas a última hora de Rodrigo Mendoza y Álvaro Núñez rumbo al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo, respectivamente.

El dirigente, que tomó el mando de las operaciones en el último día del mercado, calificó como “histórica” la venta de Rodrigo Mendoza por 16 millones de euros, más otros tres en variables y el 20 por ciento de una futura venta.

“Hay que empezar a valorar que el club está comandado por una propiedad que defiende sus intereses. Esta venta da valor a nuestra cantera y a nuestros jugadores. Más allá de la idea y la línea, se están dando cuenta de que esta propiedad defiende los intereses del club”, explicó el argentino.

Bragarnik también justificó la salida de Álvaro Núñez, del que señaló que ha estado sometido a “presión” por parte de su entorno.

“El club tiene convicción, liderazgo y un objetivo claro. El Elche está por encima de cualquier situación y vamos a defender siempre sus intereses”, afirmó el propietario, que recordó que el lateral tenía una oferta de renovación que no aceptó.

“El club le trasladó que la única manera de salir era esta y se llegó a buen puerto”, indicó el empresario, que aseguró que no queda “ningún resquemor” con el jugador, aunque admitió que le hubiera gustado cerrar la operación “de otra manera”.

“El chico lo ha dado todo, pero a veces se sufren muchas presiones. Tenemos que pensar en el Elche. Álvaro aportó en su momento y ahora hay que pensar en los jugadores que están aquí y quieren estar aquí”, apostilló.

Bragarnik calificó como “bueno” el resultado del mercado de invierno, si bien reconoció que no fue “rutilante”.

El dirigente consideró que la plantilla está “armada para competir” y reconoció que el club intentó cerrar la llegada de un central, aunque aclaró que no querían fichar “desde la desesperación”.

“Creemos que hicimos una buena plantilla al inicio de la temporada. Tenemos menos puntos de los que merecemos y es posible que algunos de los últimos resultados hayan generado incertidumbre. Tenemos que hacer 16 puntos, ese es el objetivo”, comentó en alusión a la permanencia.

El argentino confirmó que las negociaciones para la renovación de Aleix Febas siguen abiertas. “Intentaremos que se quede y, si no, seguiremos buscando a los que quieran estar aquí”, indicó.

Bragarnik elogió al entrenador Eder Sarabia, al que consideró el “artífice” del buen momento del equipo más allá de los resultados, y recordó que la entidad está “reinvirtiendo” de forma permanente para mejorar en todos los niveles.

“Hemos hecho una inversión con Abiel Osorio. La plantilla es competitiva y seguimos creciendo, como con las obras en el estadio y muchas otras cosas. Aunque todo será validado si la pelota entra o no y si conseguimos mantenernos”, concluyó.

Según fuentes judiciales, el tribunal "ha suspendido los efectos de varias resoluciones dictadas por órganos de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que declaraban al club excedido en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva e impedían la inscripción de jugadores en el mercado invernal de la temporada 2025/2026".

La decisión judicial, motivada por el peligro "derivado del inminente cierre del mercado de fichajes el próximo 2 de febrero", suspende cautelarmente las resoluciones de LaLiga y de la RFEF impugnadas y ordena mantener abierta la ventana de inscripción para el equipo que preside Ángel Torres.

Sin embargo, no es una victoria completa para el Getafe. Como aclaran las fuentes judiciales, la resolución "no obliga a LaLiga a reconocer de forma automática el límite salarial ni autoriza directamente la inscripción automática de jugadores sin oír antes a los demandados".

Los problemas del Getafe se basan en los 20 millones de euros que el equipo azulón recibiría si Christantus Uche, cedido al Crystal Palace en el mercado veraniego, disputara diez partidos como titular. Esa operación, inicialmente, había permitido al Getafe disponer de un saldo positivo para inscribir jugadores, pero la condición todavía no se ha cumplido.

Por esa razón, LaLiga recalculó el límite salarial del equipo del sur de Madrid, reduciéndolo de 51,9 millones a 34,8, cifra que implicaba un exceso de 17 millones y, por tanto, inhabilitaba al Getafe para inscribir nuevos jugadores.

LaLiga y la RFEF disponen ahora de veinte días hábiles para formular oposición a la medida cautelarísima, después de los cuales el juez resolverá si mantiene abierta la inscripción de jugadores o la cierra definitivamente.

El Getafe, durante el mercado de invierno, cerró cuatro fichajes: Martín Satriano, Sebastián Boselli, Zaid Romero y Luis Vázquez. EFE

En una tarjeta informativa, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) precisó que el grupo empresarial del empresario Ricardo Salinas Pliego ingresó a la Tesorería un primer monto de 10.400,63 millones de pesos (577.812.808 dólares) y el resto lo cubrirá en 18 parcialidades.

El SAT indicó que este acuerdo se logró “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”.

Por su parte, en un comunicado, Grupo Salinas confirmó que con ello “finalizan más de 20 años de controversias” y que el pago se realizará en parcialidades.

El conglomerado sostuvo que mantiene un “profundo desacuerdo” con el proceso, pero que decidió cerrar el capítulo “no por convicción” ni por considerar “justo” el desenlace, sino para “dar vuelta a esta página” y poner fin a lo que describió como una “campaña” en su contra.

El grupo de Salinas Pliego sostuvo que en los últimos 20 años sus empresas han pagado “más de 300.000 millones de pesos (más de 16.600 millones de dólares)” en obligaciones fiscales y aseguró que, con el pago anunciado, quedará cubierto “absolutamente todo lo que el Fisco exigió” y que, “a partir de ahora”, no deben “nada al Gobierno”.

En su nota, el Grupo Salinas dijo que el objetivo es recuperar “tiempo, energía y foco” para concentrarse en su operación y en sus clientes, y mencionó a “más de 200.000 familias” que, según su postura, dependen del grupo.

Desde su cuenta de X, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, informó que se reunió con Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, para trabajar en los preparativos para la visita de empresarios canadienses en el país el siguiente mes.

El funcionario calificó esta visita como “la más grande de la historia”, con más de 400 empresarios que arribarán al país en febrero, con el objetivo de identificar oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con empresas mexicanas.

Rosendo Gutiérrez también agradeció al equipo de Economía: Ximena Escobedo, Deborah Alcocer e Ismael Ortiz por su apoyo, además de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de economía Marcelo Ebrard.

La imposición de una drástica subida tarifaria para el transporte de petróleo colombiano por parte de Ecuador inquieta a los sectores empresariales y tensa la relación bilateral. La medida, que entrará en vigor y multiplica en 900% el costo del tránsito de petróleo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), eleva la tarifa de tres dólares a treinta dólares por barril, lo que impacta directamente a Ecopetrol, la empresa estatal más relevante de Colombia. La decisión amenaza con desencadenar una guerra comercial y acentúa las fisuras diplomáticas entre ambos países.

Durante una reunión, el Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA) integró en su pronunciamiento un llamado urgente a privilegiar el diálogo institucional y bilateral. El comité subrayó que “cualquier medida que sea adoptada debe necesariamente enmarcarse en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico andino”, recalcando la importancia de cumplir los compromisos multilaterales asumidos por los países miembros de la Comunidad Andina (Can).

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Desde la óptica empresarial andina, la preocupación gira en torno a las consecuencias adversas que la decisión ecuatoriana podría trasladar a los mercados binacionales y los sectores productivos de Colombia y Ecuador. El Consejo advirtió, según su declaración, que los efectos negativos superarían ampliamente los hipotéticos beneficios para la economía local.

La organización, integrada en el Sistema Andino de Integración (Sai), recordó la necesidad de fortalecer el comercio intrarregional e impulsar el desarrollo económico y la estabilidad social, en paralelo a reforzar la seguridad interna. Dentro de sus propuestas, recomendó incorporar “instancias técnicas, empresariales y sociales” en los espacios de concertación, a fin de identificar mecanismos ágiles que faciliten la cooperación tanto comercial como en materia de seguridad.

Por otra parte, reconoció la complejidad que imponen los desafíos de seguridad y de orden público en las zonas de frontera. Planteó que toda nueva disposición debe resultar de decisiones coordinadas y balanceadas entre las partes, evitando que “el remedio sea peor que la enfermedad”. La postura de la institución consultiva estuvo orientada a evitar la escalada de medidas unilaterales que puedan agravar la coyuntura y afectar la confianza mutua en el ámbito regional.

Presidente de Ecuador habló sobre los aranceles a Colombia

El 27 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió que las salvaguardias comerciales impuestas a productos de Colombia “no son un ataque a un país hermano”, tras el reciente incremento de las tensiones bilaterales. En efecto, justificó la medida, que contempla una “tasa de seguridad” del 30% sobre importaciones colombianas, por la “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico.

Como consecuencia de las restricciones, Bogotá estableció un gravamen también del 30% para 20 productos procedentes de Ecuador y suspendió la venta de energía al país vecino. En reacción, las autoridades ecuatorianas elevaron de tres a treinta dólares la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

Durante una entrevista difundida por el diario Metro, Noboa explicó que la “inacción” en la frontera incrementó los riesgos de violencia y narcotráfico, lo que obligó al Estado a destinar más recursos para reforzar esas zonas. “Esta medida se alinea con la política de seguridad nacional para fortalecer la frontera. La ciudadanía exige acción y estamos actuando”, manifestó el presidente, enfatizando que “muchos criminales del narcotráfico tienen pasaporte colombiano”. Añadió que el objetivo es proteger a la población y devolver la paz.

Sobre la decisión del vecino país, el ministro de Minas de Colombia, Edwin Palma, afirmó que intentaron solucionar las tensiones por medio del diálogo. Sin embargo, Ecuador respondió con acciones hostiles.

“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir”, sostuvo Palma en X.

Un grupo de empresarios energéticos argentinos, junto a otros de América Latina y el Caribe, fueron recibidos este sábado por la mañana por el papa León XIV en Roma.

Se trató de una reunión sinodal en el Vaticano, el séptimo encuentro de una serie que comenzó en 2022 bajo la Iniciativa Construyendo Puentes, coordinada por la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL) como parte de la misión encomendada por el papa Francisco, y en colaboración con el entonces Cardenal Robert Prevost, Presidente de la PCAL. Entre los empresarios argentinos estuvieron Hugo Eurnekian, José Luis Manzano, Alejandro Bulgheroni y Bettina Bulgheroni, presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp)

Pero en total fueron más de una docena de líderes de la producción como Mike Henry, director ejecutivo de BHP; Gustavo Pimenta, director ejecutivo de Vale, y Robert Friedland, presidente ejecutivo de Ivanhoe, tres empresas mineras.

El objetivo fue construir puentes de inclusión con las universidades; puentes de reconciliación con sindicatos, asociaciones empresariales y comunidades organizadas; y puentes de fraternidad con las conferencias episcopales y eclesiales regionales. Asimismo, la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico, la justicia socio-climática y el cuidado de la casa común.

Con un estimado de 1.400 millones de seguidores a nivel mundial, la Iglesia Católica suele tener presencia en comunidades remotas afectadas por proyectos de recursos, en medio de una creciente competencia por extraer metales como cobre, oro y plata.

La reunión es un primer indicio de cómo el papa León, el primer líder de la Iglesia Católica nacido en Estados Unidos, planea abordar la industria.

El predecesor León, el papa Francisco, adoptó en ocasiones una postura combativa con la industria extractiva. En 2018 les dijo a los directivos de BP y ExxonMobil que deberían dejar de explorar nuevos combustibles fósiles y que “el uso de energía no debe destruir la civilización”.

Se espera que el papa León tenga un tono menos confrontativo. Analistas señalan que el Pontífice comparte las preocupaciones de su predecesor acerca del impacto de las industrias extractivas sobre las personas más vulnerables del mundo, particularmente como resultado de sus años vividos en Perú, pero es probable que adopte un enfoque más pragmático.

Para lograr esta misión, la Iniciativa Construyendo Puentes implica escuchar atentamente las necesidades y aspiraciones territoriales en cuanto al cuidado de la casa común y el trabajo digno. También busca un discernimiento social compartido entre diversas organizaciones territoriales a la luz del Magisterio Social Pontificio y el inicio de procesos hacia una transición justa.

Hasta la fecha se habían celebrado seis encuentros sinodales entre obispos y diversos actores de todo el continente americano: entre obispos y académicos, CELAM 2022; entre el Papa Francisco y los estudiantes universitarios de América, África y Asia, Ciudad del Vaticano, 2022-2023; entre el Papa Francisco y los rectores de universidades de América Latina y el Caribe, Ciudad del Vaticano 2023; entre obispos, sindicatos, gremios empresariales y comunidades organizadas de América Latina y el Caribe, CELAM 2024; entre obispos y rectores de universidades de Norte, Centro y Sudamérica, así como de Iberoamérica, recibiendo el primer mensaje en video del Papa León XIV, PUC Río de Janeiro 2025; y entre obispos, sindicatos, asociaciones empresariales y comunidades organizadas de América del Norte, Central y del Sur, USCCB 2025.

Durante la reunión de este sábado, los participantes analizaron amenazas y oportunidades para estos sectores en la región y trabajaron en el discernimiento de acciones futuras, con la meta de promover un desarrollo económico compatible con la justicia socio-climática y una vida digna y abundante para todos, en sintonía con el mensaje de la Iglesia.

“Hay una tradición de la iglesia de tener diálogo y de escuchar y pensamos que era útil unir a los empresarios líderes de la industria de energía y minera con Su Santidad para tratar temas como el cuidado de la casa común, el cambio climático y la fuerte demanda de minerales que está creciendo por la inteligencia artificial”, sostuvo Manzano.

Eurnekian, en tanto, destacó que “este no es un gesto común” y lo definió como un encuentro “importante”. “Poder hablar de forma franca la problemática del sector habla muy bien del papa y me llevo un balance muy positivo de este primer encuentro”, comentó.

Previo a la audiencia privada con el papa León XIV, los empresarios participaron de un desayuno de trabajo coordinado por la PCAL, donde se presentó el recorrido de los encuentros anteriores y se establecieron las bases del diálogo sinodal que marcó la jornada del 24 de enero de 2026.

El encuentro refuerza el rol de la Iglesia como facilitadora de diálogo entre actores sociales, económicos y comunitarios en uno de los debates más sensibles de la agenda regional: cómo crecer sin profundizar desigualdades ni dañar el ambiente.

El creciente flujo de turistas mexicanos hacia Asturias ha experimentado un aumento del 40% en los últimos años, acompañado por un gasto diario superior al promedio, según detalló la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, durante su intervención en Fitur Madrid. La representante autonómica recalcó que este perfil de visitantes representa un segmento de especial interés para el Principado, que ha orientado su estrategia de promoción turística hacia la captación de viajeros procedentes de México, en colaboración con empresarios, universidades y medios de comunicación.

De acuerdo con lo informado por los medios, Llamedo participó en la mesa redonda ‘Asturias y México: lazos históricos que impulsan el turismo del siglo XXI’, organizada en el estand de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Allí subrayó los esfuerzos del gobierno regional en promover Asturias como destino preferente para turistas mexicanos, apoyándose en los vínculos históricos y culturales existentes entre ambos territorios. “Hay una historia común, efectivamente somos un destino que es atractivo, puede ser atractivo para los mexicanos; cuando nos conocen, se enamoran y repiten”, recogió el medio.

La vicepresidenta relató la experiencia de un grupo de periodistas y agencias mexicanas que visitó el Principado en octubre, quienes valoraron positivamente aspectos como la seguridad, la oferta hotelera y la variedad gastronómica regional. Esta visita permitió constatar el grado de interés y satisfacción de los visitantes mexicanos, elementos que el gobierno asturiano considera claves para consolidar la llegada de nuevos viajeros procedentes de ese país.

Llamedo argumentó que la inversión dirigida a campañas específicas de promoción internacional constituye una herramienta fundamental para expandir el mercado turístico de Asturias. Según consignó la prensa, una de las novedades de la nueva estrategia será la difusión de la campaña en televisión española, además de la apertura formal a mercados internacionales más allá del entorno europeo, con especial énfasis en México durante el próximo año.

El contexto geopolítico actual también forma parte de la valoración de las oportunidades disponibles. Según manifestó la vicepresidenta, el escenario global posibilita ampliar el alcance de las acciones promocionales, permitiendo a Asturias posicionarse estratégicamente como una alternativa para visitantes de mercados lejanos.

Para reforzar esta orientación, Llamedo reafirmó que la apuesta del Ejecutivo autonómico incluye un trabajo conjunto con instituciones académicas, empresas privadas y medios de comunicación, con el fin de potenciar tanto la llegada de turistas como el desarrollo de un sector turístico sostenible y competitivo. Tal como recogió el medio presente en Fitur, la vicepresidenta insistió en la necesidad de aprovechar la oportunidad que supone el interés creciente del mercado mexicano, trabajando en una apertura coordinada del territorio a nuevos flujos turísticos.

De acuerdo con EFE, Trump manifestó que el volumen de importaciones de Estados Unidos, así como el tamaño de su contribución al sistema económico internacional, es lo que sostiene la prosperidad de otros países. En sus declaraciones, afirmó que “las importaciones de Estados Unidos y su aporte a la economía mundial mantienen a todo el mundo a flote”, agregando que percibe un aprovechamiento de los beneficios económicos que Estados Unidos genera. El presidente explicó que, al considerar que su país se encontraba en desventaja, decidió imponer gravámenes comerciales a diferentes naciones.

Durante su intervención en el foro económico de Davos, Trump indicó que frente a lo que él describió como desequilibrios, optó por tomar acciones directas a través de tarifas para tratar de restablecer el equilibrio en las relaciones comerciales. De acuerdo con EFE, el presidente relató que, pese a las medidas implementadas, “no pasó nada”, sugiriendo que las consecuencias negativas anticipadas por algunos sectores no se materializaron, al menos desde su perspectiva.

El medio EFE detalló que Trump argumentó que muchos líderes extranjeros, aunque evitan enfrentarlo abiertamente, estarían obteniendo ventajas del comercio con Estados Unidos. Las afirmaciones del mandatario se produjeron durante una sesión que reunió a presidentes, primeros ministros y ejecutivos de compañías multinacionales, quienes anualmente participan en este foro en Suiza para abordar temas económicos globales.

Durante su discurso, Trump reiteró la idea de que Estados Unidos desempeña un papel central en la economía global, sugeriendo que la estabilidad y el crecimiento de otros países dependen en parte de las compras y la actividad económica estadounidenses. Las declaraciones se presentaron en el contexto de una política comercial que, desde su administración, incluyó la aplicación de aranceles sobre algunas importaciones con el argumento de equilibrar las condiciones económicas internacionales.

Según consignó EFE, el presidente estadounidense sostuvo que la economía de otros países, incluidos varios representados en el evento de Davos, se benefician en gran medida de su relación con Estados Unidos. Trump describió algunas interacciones comerciales como excluyentes o poco equitativas, justificando la imposición de tarifas como instrumento para corregir esas dinámicas.

El foro económico de Davos reúne anualmente a líderes mundiales y figuras influyentes del sector privado en busca de consensos sobre la dirección de la economía global. La intervención de Trump fue seguida de cerca por mandatarios y representantes empresariales, según detalló EFE, en un contexto marcado por debates acerca de la globalización, el libre comercio y las políticas proteccionistas.

Las palabras de Trump en Davos sobre el rol de Estados Unidos y los aranceles reflejan la postura adoptada por su administración en materia de relaciones económicas internacionales, así como el énfasis en la defensa de los intereses comerciales estadounidenses a través de medidas que, según él, buscan corregir un sistema de intercambios que considera injusto para su país.

Roma, 17 ene (EFE).- El fútbol italiano en su totalidad lamentó este sábado la muerte del italoestadounidense Rocco Benito Commisso, presidente del Fiorentina fallecido a los 76 años tras "un largo período de tratamiento".

La muerte de Commisso sobrecogió al fútbol italiano, que en señal de respeto guardará un minuto de silencio antes de cada partido del fin de semana, incluido el de un Fiorentina que como homenaje y por decisión de la familia saltará al terreno de juego este domingo ante el Bolonia.

"El mundo del fútbol italiano y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) lamentan el fallecimiento de Rocco Commisso. En su memoria, se guardará un minuto de silencio antes de los partidos organizados por las ligas profesionales y la División de la Serie A Femenina Profesional programados para el fin de semana", anunció la FIGC, con Grabiele Gravina, su presidente, a la cabeza.

También la Lega Serie A expresó sus condolencias: "Un hombre de extraordinaria energía y pasión, que ha sabido vincular su trayectoria empresarial y humana al mundo del fútbol con gran generosidad", comentó Ezio Simonelli, presidente de la Liga de Fútbol de la Serie A.

A esas condolencias se sumaron las de los 20 equipos de la élite italiana.

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, se desmarcó con un mensaje personal en su cuenta de 'X': "Con Rocco Commisso ha fallecido un hombre de gran capacidad humana y emprendedora. Mi más sentido pésame a su esposa Catherine, a sus hijos Giuseppe y Marisa, a sus hermanas Italia y Raffaelina, y a toda su familia. Esta es una gran pérdida para la Fiorentina y también para el fútbol italiano".

Commisso, nacido en Calabria (sur Italia), emigró a Estados Unidos con 12 años y llegó a la 'Fiore' hace 7 años, en 2019. Fue el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

Durante su mandato, Fiorentina alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.

Además, Commisso era fundador (1995), presidente y director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Mediacom, lo que le permitió ser miembro de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que abarcó casi 50 años.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, donde permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso, eso sí, conserva una participación minoritaria en el club.

Roma, 17 ene (EFE).- El Fiorentina no cancelará ninguno de sus compromisos deportivos del presente fin de semana pese a al fallecimiento de su presidente, el italoestadounidense Rocco Commisso, como homenaje a su memoria.

"El Fiorentina ha decidido, de acuerdo con los deseos de la familia Commisso y para honrar la memoria de su presidente, disputar todos los partidos deportivos previstos", informó el club en un comunicado este sábado.

"Para todos los que lo conocieron, el fútbol siempre fue su mayor pasión y, por respeto a este gran amor, los equipos del Fiorentina honrarán su memoria jugando para él en todos los campos", añadió.

La 'Fiore' jugará su partido de Serie A este domingo a las 15.00 (CET) ante el Bolonia, equipo que entrena Vincenzo Italiano, exentrenador del combinado 'Viola'.

Los de Paolo Vanoli necesitan la victoria para intentar escapar de los puestos de descenso en los que se encuentran sumidos.

Rocco Benito Commisso, presidente del Fiorentina desde 2019 y fundador de Mediacom, falleció este sábado a los 76 años "después de un largo período de tratamiento".

Commisso, nacido en Calabria (sur Italia), emigró a Estados Unidos con 12 años y llegó a la 'Fiore' hace 7 años, en 2019. Fue el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

Durante su mandato, Fiorentina alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora, el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.

Además, Commisso era fundador (1995), presidente y director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Mediacom, lo que le permitió ser miembro de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que abarcó casi 50 años.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, donde permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso, eso sí, conserva una participación minoritaria en el club.

“Desde aquí le decimos a Petro: vivan los salarios, abajo la corrupción y menos impuestos. Para que le vaya bien al trabajador y al empresario, tenemos que respetar los salarios y los recargos, pero hay que bajar los impuestos. Hay que acabar con la corrupción y el derroche porque van a dejar a Colombia sin quien invierta, sin quien genere empleo y sin quien pague impuestos”, reclamó el exmandatario.

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Uribe Vélez defendió la labor de los empresarios, señalando que han sido generosos con los salarios para sus trabajadores. Según su perspectiva, la “comunidad no le está doliendo pagar salarios, pero sí el derroche de los recursos públicos y los casos de corrupción que han salpicado al Gobierno nacional”. También cuestionó los recursos utilizados en viajes internacionales por el presidente Petro, mientras existen limitaciones presupuestales en el sistema de salud.

Durante su intervención, el líder del Centro Democrático insistió en que la seguridad atraviesa una etapa de deterioro, indicando que se requiere “manos firmes como el acero y puras como el oro para conducir a las Fuerzas Armadas y recuperar la seguridad”. Uribe Vélez consideró que Colombia tendrá que definir su rumbo entre la aspiración de Paloma Valencia y la candidatura del senador Iván Cepeda, invitando a la población regional a apoyar la posibilidad de tener la primera mujer presidenta.

Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se comprometió a su llegada a la Casa de Nariño disminuir la cantidad de ministerios de 19 a 12 y eliminar posiciones burocráticas.

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra el salario vital de Petro

El aspirante al Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez, en otro evento, hizo referencia al aumento del 23% del salario mínimo para 2026. En su opinión, es positivo que los colombianos cuenten con un salario de $2.000.000, pero advirtió sobre los efectos negativos para el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo. Nosotros creemos en una economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Con la ayuda de Paloma sacamos la ley que reduce la jornada de trabajo de cuarenta y ocho a cuarenta y dos horas, sin afectar los derechos de los trabajadores. Presidente Petro, nosotros apoyamos el salario mínimo, pero usted niega las posibilidades de que ese salario se aplique porque se ha gastado el dinero en la corrupción”, expuso el líder político.

Y agregó: “Ustedes con corrupción han destruido la salud, con corrupción aprobaron una reforma pensional que ojalá la tranque la Corte Constitucional, porque esa reforma tiene el gran riesgo de que el Estado se quede poco a poco con cien mil millones de dólares que han sido bien manejados y que son la garantía para las pensiones de los trabajadores y de las nuevas generaciones de colombianos”.

Según su análisis, las decisiones que tomó el Ejecutivo tendrán incidencia en la inversión extranjera, lo que condiciona la producción de empleo en el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted está dejando este país sin quien invierta, porque hay ochocientos municipios donde los que mandan con la extorsión y con la amenaza son los criminales. Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted, con ese exceso de endeudamiento, ha bajado la tasa de cambio a tal punto que actividades generadoras intensamente de empleo, como las flores de la sabana de Bogotá y otras actividades, la confección, etcétera, pueden reducir sustancialmente el número de trabajadores”, señaló.

El arranque del primer trimestre del 2026 refleja entre los empresarios una percepción de cautela y prudencia ante un panorama económico que combina cierta estabilidad con tensiones internas en distintos sectores.

Aunque enero y febrero son meses tradicionalmente atípicos, con menor movimiento industrial y comercial debido a vacaciones, paradas de planta y actividad reducida en los grandes centros urbanos, la percepción generalizada del empresariado es que este año no diferirá demasiado del pasado en cuanto a actividad. Incluso, la pérdida de puestos de trabajo podría intensificarse.

La economía comenzó a estancarse en el segundo semestre del 2025 y hasta ahora ese panorama se mantiene. Más allá de las buenas expectativas del Gobierno y de organismos internacionales, los hombres de negocios no perciben una recuperación clara de la demanda en este primer trimestre y persiste muchas dudas sobre los meses siguientes.

En el sector industrial afirman que las importaciones comenzaron a frenarse en el último tiempo debido a que los comercios están altamente stockeados por el bajo consumo.

Más allá de las buenas expectativas del Gobierno, los hombres de negocios no perciben una recuperación clara de la demanda en este primer trimestre

Los indicadores oficiales y privados refuerzan esta percepción. Según el Indec, la actividad económica cayó 0,4% en octubre de 2025, aunque en el acumulado de los primeros diez meses del año se registró un incremento de 5% interanual. A su vez, los informes de consultoras muestran que en noviembre la economía cayó a nivel generalizado en sectores industriales y ligados al consumo.

Un documento de la consultora Analytica que dirige Ricardo Delgado remarcó que las ventas de autos se redujeron más de 9%, las importaciones de bienes bajaron casi 7% y la recaudación de IVA disminuyó más de 7% en el penúltimo mes del año. Estos datos confirman que, aunque la economía mostró avances moderados durante 2025, la actividad se estancó en la segunda mitad del año y la presión sobre el empleo continúa al inicio de 2026.

Desde la perspectiva de los industriales, los testimonios reflejan preocupaciones sobre los costos y la volatilidad financiera. La combinación de altas tasas de interés variables, aumentos en los costos fijos y un consumo aún débil llevó a muchas empresas a priorizar ajustes internos sobre inversiones de expansión.

Las compañías adoptaron decisiones de manejo de stock y financiamiento que afectaron la operatoria cotidiana y, en algunos casos, llevaron a desvinculaciones de personal.

Las compañías adoptaron decisiones de manejo de stock y financiamiento que afectaron la operatoria cotidiana

Fuentes consultadas por Infobae destacaron que, en términos de actividad, se proyecta un escenario de estabilidad sin crecimiento, y que las tensiones financieras podrían presionar nuevos ajustes de costos y de personal.

“Se ve un escenario macro que parecería tender a cierta estabilidad, con lo cual eso podría tener cierta calma, pero en la medida en que no se reactive la demanda, hay preocupaciones. También estamos viendo caídas en el empleo formal, que ya se venían viendo agravadas a partir del segundo semestre”, dijo una fuente industrial.

En la industria de alimentos y bebidas específicamente, los empresarios prevén que la recuperación comenzará a generalizarse entre los distintos rubros, aunque a ritmos diferenciados.

Desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) repasaron las cifras conocidas hasta noviembre de 2025 y resaltaron que la producción acumulada creció 2,1% respecto de los primeros once meses de 2024, con avances interanuales en alimentos de 6,6% en octubre y mejoras acumuladas de 4,3% en los primeros diez meses. Pero el segmento de bebidas continuó rezagado, con caídas interanuales de 3,9% y reducciones acumuladas de 1,8% durante 2025.

“Señales claras en materia de política comercial, como avances en la relación con Estados Unidos, una pronta ratificación legislativa del acuerdo Mercosur–Unión Europea o la ampliación de cuotas de exportación para productos de las economías regionales, tienen un impacto directo en las expectativas del sector y en su capacidad de planificar a mediano plazo", precisó Carla Martín Bonito, presidente de Copal.

También Bonito consideró importante “acompañar el proceso con herramientas que permitan sostener la operatoria y recomponer capital de trabajo mientras avanzan las reformas estructurales de fondo”.

Es importante acompañar el proceso de apertura comercial con herramientas que permitan sostener la operatoria y recomponer capital de trabajo mientras avanzan las reformas estructurales de fondo (Bonito)

Y enfatizó que el desafío para este año no será solo recuperar volumen, sino consolidar un crecimiento más equilibrado y sostenible, que permita fortalecer el mercado interno, preservar el empleo y sentar las bases para una mayor proyección exportadora de la industria de alimentos y bebidas.

Consumo estancado

El consumo se mantuvo como un factor limitante en varios sectores. Ricardo Diab, presidente de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destacó que no se esperan cambios importantes en las condiciones de consumo durante el primer trimestre, ya que el poder adquisitivo y los salarios continúan retraídos. Enero y febrero siempre muestran menor movimiento, salvo en áreas turísticas o con preparación para el inicio de clases.

De esta manera, las expectativas de recuperación de ventas permanecen moderadas y sujetas a la evolución del consumo interno. El foco de los empresarios está puesto en marzo, que es cuando se observará realmente si la actividad comienza a repuntar o no.

Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman contó que no se prevén grandes cambios en las ventas al inicio del año. Algunos sectores podrían experimentar incrementos moderados conforme avance 2026, en línea con un progreso general de la actividad económica. Sin embargo, factores como la competencia internacional -turismo en el exterior, plataformas globales de e-commerce y contrabando— limitan el impacto positivo sobre las compañías locales.

Aún así, Grinman destacó que el crecimiento moderado y sostenido, en un marco de estabilidad macroeconómica, es preferible a auges de ventas asociados a situaciones insostenibles.

El crecimiento moderado y sostenido, en un marco de estabilidad macroeconómica, es preferible a auges de ventas asociados a situaciones insostenibles (Grinman)

En la industria electrónica, la perspectiva de reactivación del consumo se proyecta a partir de marzo. Ante la merma de la demanda y la competencia de la importación, las empresas priorizaron mantener la operatividad y mejorar la productividad. La abundancia de stock y el bajo consumo llevaron a las empresas a optimizar costos y eficiencia, sin esperar un repunte inmediato de las ventas.

Este comportamiento se repitió en distintos sectores, donde la prioridad fue sostener la actividad y conservar liquidez ante un contexto de incertidumbre económica y financiera. La industria radicada en Tierra del Fuego tiene expectativas de lograr un repunte con la venta de televisores por el Mundial, sector que se ha visto golpeado también durante 2025 con la baja de precios y la caída de las ventas.

En el sector de la construcción, las expectativas para los primeros meses del año reflejan un panorama similar. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), dijo a Infobae que la obra pública nacional mantiene niveles de ejecución muy bajos, mientras que la obra privada todavía no alcanza la rentabilidad necesaria para iniciar desarrollos significativos. Weiss destacó: “Tanto la obra pública como la privada se mantienen relativamente tranquilas, sin señales de un repunte destacado durante el inicio de 2026″.

Tanto la obra pública como la privada se mantienen relativamente tranquilas, sin señales de un repunte destacado (Weiss)

Esto evidencia que la inversión en el sector depende de señales claras de política pública y estabilidad macroeconómica.

Expectativas moderadas

El primer trimestre de 2026 se perfila como un período de actividad económica moderada, sin caídas abruptas, pero sin señales claras de repunte. Las empresas se centraron en ajustes internos, manejo de inventarios y planificación financiera cuidadosa.

La combinación de baja demanda, volatilidad de tasas de interés y presión sobre los costos fijos determinó un entorno donde la cautela predominó sobre la expansión. Los datos de informes oficiales y privados, junto con testimonios de distintos sectores, dibujan un panorama en el que el crecimiento sigue siendo gradual, desigual y sensible a factores estacionales y externos.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los empresarios a involucrarse en la posible discusión de una reforma electoral en el Congreso, al considerar que la certidumbre en las inversiones y la generación de empleos dependen de un marco legal sólido.

El planteamiento se dio tras una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por José Medina Mora, donde la legisladora subrayó la disposición del órgano legislativo para abrir el diálogo con los sectores productivos del país.

Durante un encuentro con la prensa, López Rabadán afirmó que las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para quienes generan empleo y aportan al fisco nacional.

“Es necesario darles certezas desde la Cámara de Diputados, que generar empleo es bueno, que generar prosperidad para los mexicanos es bueno, que generar condiciones de legalidad en este país es necesario y, por ello, abordamos temas importantes: la reforma electoral y el T-MEC”, sostuvo la diputada presidenta.

La legisladora consideró fundamental que toda iniciativa sobre la reforma electoral cuente con la participación de todos los grupos parlamentarios y que los diferentes sectores de la sociedad sean escuchados y tomados en cuenta. Según sus declaraciones, el proceso debe garantizar un entorno de legalidad y certeza para quienes invierten y generan empleos en México.

En el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026, López Rabadán advirtió que se trata de una coyuntura clave para reafirmar la certidumbre jurídica, la confianza entre socios y la estabilidad de las cadenas de valor de América del Norte.

La diputada presidenta remarcó que la Cámara de Diputados asume una responsabilidad central en el acompañamiento institucional del T-MEC, promoviendo reglas claras, respeto al Estado de derecho y diálogo permanente con los sectores productivos.

“La revisión del tratado incide no solo en empresas, sino en salarios, empleo y desarrollo regional; por ello, su análisis debe integrar una visión económica y social, apoyada en un diálogo público-privado sólido y permanente”, puntualizó la legisladora.

Respecto a las posturas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la negociación de la reforma electoral, López Rabadán señaló que sería difícil que aceptaran perder recursos, espacios y voz en caso de concretarse la reducción de legisladores plurinominales y financiamiento a los partidos.

“Me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, porque perder voz de sus legisladores, perder voz de sus causas, perder voz de lo que defienden, pues, francamente, sería muy doloroso para ellos y también para la Nación. Yo estoy convencida que aquí se necesitan en la Cámara de Diputados escucharnos, respetarnos, aceptarnos y tratar de construir”, expresó.

La revalorización del peso colombiano en 2025 y sus impactos en la industria exportadora encendieron señales de alerta en diversos sectores productivos, que reclamaron al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, una revisión de sus políticas de endeudamiento ante el riesgo de pérdida de competitividad laboral y empresarial. Según los gremios firmantes, los efectos de esta revaluación alcanzan incluso a la capacidad instalada y la sustentabilidad del empleo formal en los principales polos exportadores del país.

En una misiva enviada, estas organizaciones reiteraron la urgente necesidad de “una senda creíble de consolidación fiscal, priorizando eficiencia y focalización del gasto, y una estrategia integral para fortalecer el recaudo, sin afectar la formalidad ni la competitividad”.

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Los firmantes, entre los que se destacan Acolfa, Acoplásticos, Analdex, Andesco, Andi, Asocolflores, Asoexport, Augura, Corpohass, Cotelco, Fedecafé y Fedeseguridad; subrayaron que la política de financiamiento público mediante nueva deuda y emisiones de bonos hacia el mercado local e internacional coincide con el proceso de apreciación del peso, impulsando fuertes corrientes de capital exterior.

De acuerdo con la carta, la apreciación cercana al 17% en un año —equivalente a casi $750 por dólar— tiene consecuencias directas sobre los empresarios del país. Las “recientes operaciones de financiamiento y manejo de deuda del Gobierno nacional, que han incluido colocaciones en el mercado local con alta participación de inversionistas extranjeros y operaciones en los mercados internacionales, han coincidido con una apreciación acelerada del peso”, señalaron los gremios al Gobierno nacional.

El documento también advierte que, al incrementarse la oferta de dólares por estas emisiones, la tasa de cambio cae y se abaratan las importaciones, lo que acaba por precipitar la sustitución de producción local por bienes externos y sitúa al productor nacional ante la competencia de mercancías a precios más bajos. Los gremios puntualizaron que esta situación “afecta directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, que además enfrentan un incremento elevado en costos laborales y fiscales, en regiones donde la actividad exportadora es el principal motor económico”.

Entre los efectos futuros, los sectores productivos advirtieron sobre la “posibilidad de perder mercados que en un futuro pueden ser difíciles de recuperar”, así como el comienzo de un proceso de desinversión para la industria nacional. Señalan, además, que el financiamiento vía deuda podría estar reemplazando decisiones estructurales necesarias en materia de ajuste fiscal:

“Aplazar el control del gasto público, en un escenario de recaudo tributario insuficiente, no es responsable, pues aumenta la dependencia de nuevas emisiones, eleva la vulnerabilidad fiscal y traslada costos al sector productivo, mediante una tasa de cambio apreciada, menor rentabilidad exportadora y riesgos sobre inversión y empleo”, según la misiva.

Los gremios concluyeron la carta solicitando una revisión integral de las políticas económicas asociadas tanto al financiamiento del Estado como al manejo del tipo de cambio, remarcando la necesidad de evitar medidas que intensifiquen la presión sobre la estructura productiva nacional.

Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica

El estudio formal de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica comenzó, con el proceso bajo la responsabilidad del magistrado Carlos Camargo Assis, que actuará como magistrado sustanciador y ordenó una revisión amplia de la decisión excepcional adoptada por el Gobierno Petro.

El alto tribunal destacó que el análisis determinará si las razones presentadas por el Gobierno nacional, entre ellas la falta de liquidez fiscal, el endeudamiento, problemas en la seguridad ciudadana, la ausencia de una ley de financiamiento y recientes desastres naturales, pueden ser calificadas como hechos imprevisibles, extraordinarios y sobrevinientes o, por el contrario, constituyen situaciones estructurales del Estado.

Este control, que tiene carácter automático y obligatorio, está orientado a verificar si el decreto cumple con todos los estándares constitucionales y legales requeridos. Para avanzar en el proceso, el magistrado Camargo Assis dispuso la recolección de pruebas técnicas y pidió la opinión de expertos económicos y de distintas entidades públicas y determinar si realmente existía justificación para declarar un estado de excepción.

Según el documento oficial, la apertura de este trámite no significa que el órgano constitucional haya emitido aún un aval o rechazo respecto a la declaratoria de emergencia, sino que corresponde al mecanismo institucional previsto para este tipo de casos.

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de aumentar el salario mínimo en Colombia en un 23% situó a la actual administración en el centro de una controversia por el aumento del gasto de empresarios para pagar a sus trabajadores un sueldo de $2.000.000.

Sectores gremiales y expertos advierten que más de 700 mil empleos podrían estar en riesgo, y que las consecuencias económicas del ajuste salarial se manifestarán de manera progresiva en los próximos meses.

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Desde el sector empresarial, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) lidera las advertencias sobre los efectos del incremento. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, anticipó en declaraciones a Semana que el impacto se percibirá “poco a poco” y cada vez puede ser mayor, señalando que la economía colombiana enfrenta dificultades para absorber este tipo de ajustes.

En efecto, estimó que “pueden llegar a ser más de 700 mil los puestos de trabajo que hoy en día están en riesgo por esta cuestión”. Y explicó que tanto la eliminación de empleos como el tránsito a la informalidad serían efectos directos de la medida: “Algunos se irán a la calle y otros a la informalidad”.

El análisis de Cabal no se limita al panorama inmediato. Aludiendo a la estrategia política detrás de la decisión, afirmó que el presidente Petro busca congraciarse con la base trabajadora en un año electoral, aunque a mediano y largo plazo los resultados serían negativos: “Hoy pueden estar felices por el momento, pero lamentablemente el impacto se va a ir viendo a mediano y largo plazo, cuando ya muchas empresas no puedan resistir”.

Cabal también advirtió sobre el efecto combinado del ajuste salarial y la reciente reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Para el dirigente empresarial, este doble impacto incrementará los costos operativos de las pequeñas, medianas y grandes empresas, arrinconándolas entre dos alternativas: “Aumentar el precio de los productos o despedir trabajadores”.

En relación con el futuro inmediato, Fenalco inició una investigación para determinar las acciones que adoptarán las empresas en respuesta al decreto presidencial de Gustavo Petro. Cabal anticipó que el país experimentará “una cascada de alzas”, y alertó sobre la imposibilidad de ocultar sus consecuencias: “No se puede tapar el sol con las manos (...) todo va a ser una cascada de alzas”.

Bajo la misma línea, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, coincidió en su diagnóstico y calificó la medida como improvisada: “La medida fue chambonamente diseñada”, declaró al medio citado. A propósito, subrayó que ciertos sectores ya han registrado aumentos de precios tras la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo, razón que, a su juicio, debería preocupar al Gobierno nacional.

Fenalco demandó el decreto de aumento del salario mínimo de 2026

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) de Colombia presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de suspensión provisional urgente contra el Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo para el año 2026 con un incremento del 23,7%.

Según Fenalco, la decisión adoptada por el Ejecutivo desconoce el marco legal y constitucional que regula la fijación del salario mínimo en Colombia. De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, el Gobierno sustituyó de manera arbitraria las variables obligatorias establecidas en la ley (inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y participación de los salarios en el ingreso nacional) por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

“El decreto incurre en inconsistencias legales profundas al aplicar criterios no contemplados en la ley y desconocer las variables técnicas que obligatoriamente deben tenerse en cuenta para la fijación del salario mínimo”, señaló el líder gremial.

El Ayuntamiento de Almonte ha señalado que la carencia de arena suficiente en determinadas áreas del litoral de Matalascañas ha incidido en la gravedad de los daños provocados por el último temporal en el paseo marítimo. Según detalló el propio consistorio en una comunicación recogida por Europa Press, se levantó un acta notarial con el objetivo de "evidenciar" y "dejar constancia fehaciente" de estos desperfectos, concentrándose particularmente en las zonas donde la cota de arena no era la adecuada. De acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento a través de sus redes sociales y consultada por Europa Press, este acta certifica que los daños más significativos se registraron en los tramos carentes de aportes suficientes de arena, mientras que los lugares que sí contaban con la protección arenosa no sufrieron deterioro durante el fenómeno meteorológico.

El municipio indicó que la documentación notarial obtenida servirá como elemento clave en futuras acciones legales, ya que pretende utilizarla como prueba jurídica en el marco de una eventual reclamación de responsabilidad patrimonial. El propósito de este proceso legal radica en demostrar la relación directa entre la deficiencia del aporte de arena y los daños registrados en las infraestructuras del paseo marítimo. Tal como comunicó el Ayuntamiento, esa diligencia probatoria sustentará la solicitud de responsabilidad patrimonial por considerarse que la falta de arena obedecería a la ausencia de medidas estatales de protección del litoral, lo que a juicio del consistorio habría dejado desprotegidas tanto las viviendas residenciales como los comercios locales ante los efectos adversos derivados del temporal.

Según manifestó el consistorio almonteño en una nota remitida este pasado lunes, se prevé adoptar "las decisiones que considere necesarias" para proteger los intereses de los vecinos y empresarios afectados. La administración local, de acuerdo con lo recogido por Europa Press, advierte que en caso de persistir la "ausencia de apoyo estatal", no descarta acudir a las vías legales disponibles para exigir la citada responsabilidad, a la vez que continúa explorando la posibilidad de desplegar soluciones rápidas y efectivas frente al problema detectado.

En la declaración divulgada en redes sociales, el Ayuntamiento reiteró que su principal objetivo consiste en "garantizar una solución" que permita dar respuesta tanto a la necesidad de salvaguardar la seguridad estructural de los inmuebles de los residentes como a la continuidad de la actividad económica en la zona. Detalló que se busca "minimizar el impacto social y económico de esta situación", velando por la estabilidad y protección de quienes dependen del entorno litoral para su bienestar y sustento, según recogió Europa Press.

La iniciativa del consistorio surge a raíz de los efectos visibles tras el paso del temporal, que según asegura el Ayuntamiento, puso en evidencia la importancia del adecuado mantenimiento del litoral y la relevancia de las intervenciones estatales para preservar la infraestructura costera. Desde la administración municipal se insiste en que la aportación de arena constituye un método efectivo para la prevención de daños futuros, basándose en la constatación de que las zonas donde sí existía ese refuerzo no sufrieron consecuencias negativas, de acuerdo con el acta notarial a la que hace referencia el consistorio.

El Ayuntamiento también remarcó, según publicó Europa Press, que no pretende renunciar a la búsqueda de soluciones consensuadas junto a otras administraciones, siempre y cuando se priorice la celeridad y la eficacia en la implantación de medidas de protección. Mientras tanto, mantiene abierta la posibilidad de emplear las herramientas legales pertinentes para defender los intereses de la comunidad local y de los empresarios cuya actividad podría verse amenazada por la erosión y los daños generados por la meteorología adversa.

Finalmente, según la información proporcionada por Europa Press, la documentación recopilada constituye el pilar sobre el que se apoyará la actuación jurídica del Ayuntamiento, en un contexto donde la evaluación del grado de responsabilidad y la búsqueda de medidas de solución inmediata se presentan como retos prioritarios para las autoridades municipales.

Si el sector empresario esperaba para este 2026 que acaba de arrancar una fuerte baja de impuestos, eso no será posible. El presidente Javier Milei dijo en reiteradas oportunidades que en la medida en que el superávit fiscal se lo permita, avanzaría en reducción de gravámenes; lo mismo planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, otras tantas veces. Y así se hizo con impuesto PAIS, algunas retenciones al agro y aranceles a la importación, por ejemplo, pero avanzar en una reforma tributaria más agresiva, como se preveía, quedó descartada para este año.

Fuentes del equipo económico comunicaron a referentes del sector empresario, en reuniones previas al cierre de 2025, que deben afrontar otro ejercicio con una elevada carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

No fue casual, de hecho, que el Gobierno incluyera en el proyecto de reforma laboral un capítulo especialmente dedicado a lo impositivo, con algunas reducciones. Según las fuentes, “es todo lo que habrá por el momento debido al escaso margen fiscal”.

No fue casual que el Gobierno incluyera en el proyecto de reforma laboral un capítulo especialmente dedicado a lo impositivo, con algunas reducciones

Entre los cambios propuestos figuran:

• reducción de impuestos internos a algunos sectores,
• baja de Ganancias para las sociedades,
• la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), orientado a promover inversiones productivas de empresas que califiquen como micro, pequeñas o medianas, y
• el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se conformará con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarán de ir al sistema previsional para constituir un fondo individual por empresa destinado a futuras indemnizaciones.

En el dictamen de mayoría de este proyecto de reforma, los senadores agregaron un artículo que condiciona el avance de estas rebajas a la decisión de Caputo, que dispondrá su vigencia en función de las posibilidades fiscales, tal como anticipó Infobae este viernes.

Pese a esta limitación, los empresarios mantienen un diálogo permanente con legisladores de todos los bloques y la información que reciben es que “será difícil que salgan las rebajas impositivas y que están apuntando a que se apruebe el FAL y un esquema de incentivos al blanqueo de trabajadores”, también incluido en el proyecto de reforma.

De prosperar, las únicas rebajas de impuestos que el Gobierno contemplaba para este año serían las incluidas en la iniciativa laboral. En caso de que el margen fiscal se amplíe, podrían evaluarse medidas sectoriales, según transmitieron funcionarios a representantes de la UIA.

En la central fabril, presidida por Martín Rappallini trabajan en un proyecto para que las cargas patronales se tomen a cuenta de IVA, y planean presentar el estudio de costo fiscal al ministro Caputo en la próxima reunión, prevista para comienzos de febrero, según dijeron a Infobae fuentes de la entidad.

En la UIA trabajan en un proyecto para que las cargas patronales se tomen a cuenta de IVA, y planean presentar el estudio de costo fiscal al ministro Caputo en la próxima reunión

Mientras tanto, los industriales monitorean la marcha de la actividad, que volvió a caer en noviembre, y los elevados costos que dificultan la competitividad frente a las importaciones. “Cuando arranque el año, vamos a volver a la carga con la necesidad de que se bajen impuestos o que, si no se puede, que frenen el aumento de las importaciones”, dijo un dirigente de la UIA.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, remarcó que desde la institución reclamaron durante años una baja de la presión tributaria, que había alcanzado niveles excesivos, y que durante la gestión del presidente Milei se observó una reducción progresiva de la carga impositiva a nivel nacional, con eliminación o disminución de algunos tributos. No obstante, planteó que “este camino necesita profundizarse pero sin comprometer el equilibrio presupuestario”.

Grinman también enfatizó que el escenario subnacional presenta riesgos. Provincias y municipios aplicaron aumentos de impuestos y tasas, que pueden contrarrestar los esfuerzos fiscales de la Nación. Desde la CAC, insistieron en la necesidad de coordinar políticas fiscales y fomentar la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, para que los usuarios finales comprendan mejor la carga tributaria al adquirir bienes y servicios.

Para sectores como el agro, la recuperación de la competitividad pasa por ajustar los costos internos y la presión impositiva.

Desde la CAC, insistieron en la necesidad de coordinar políticas fiscales y fomentar la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dijo: “Una de las formas en que la producción y los productores pueden recuperar competitividad es justamente haciendo lo que tenemos que hacer cada uno de los jugadores. Nosotros produciendo, siendo eficientes, y los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o intendentes, bajando impuestos”.

Pino agregó que seguirá impulsando la eliminación de los derechos de exportación, considerado uno de los impuestos más distorsivos para la producción, y destacó que la infraestructura será un eje central para mejorar la productividad y la competitividad del país.

Desde la construcción, la mirada sobre la reforma laboral y tributaria también refleja cautela. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), afirmó: “Aunque la reforma laboral probablemente tendrá algún avance, para que repercuta en el empleo tiene que haber crecimiento económico. Una reforma laboral importante ayuda, pero sin crecimiento económico no va a haber más empleo”.

Sobre la reforma impositiva, Weiss sostuvo: “Es difícil que el Gobierno siga bajando impuestos porque conspira contra el superávit fiscal y el grueso de la reforma tributaria pasa por las provincias, que deben ajustarse, y no lo veo fácil”.

Es difícil que el Gobierno siga bajando impuestos porque conspira contra el superávit fiscal y el grueso de la reforma tributaria pasa por las provincias, que deben ajustarse (Weiss)

Según Weiss, se espera una reforma laboral “relativamente light” y una reforma tributaria limitada en el corto plazo.

La mirada de los tributaristas

Andrés Edelstein dijo a Infobae: “El Ejecutivo mantiene la facultad de reducir impuestos nacionales distorsivos, siempre que las cuentas fiscales lo permitan. Entre las retenciones y el impuesto a los créditos y débitos bancarios, suman poco más de 2,5% del PBI, cuando el resultado primario proyectado en el Presupuesto 2026 es de 1,5% del producto”.

Entre las medidas recientes, Edelstein destacó la reducción de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS en ciertos casos. Subrayó que los impuestos provinciales y municipales representan un desafío mayor, ya que las alícuotas elevadas y la creación de nuevos tributos complican el panorama. “Sin un acuerdo amplio que coordine políticas a nivel nacional y subnacional, el escenario será complejo”, enfatizó el tributarista.

Nadin Argañaraz, del Iaraf, aportó datos sobre el escaso margen fiscal. Explicó que financiar leyes como el Financiamiento Universitario y la Emergencia a la Discapacidad, que representan medio punto del PBI, reduce significativamente la posibilidad de implementar reducciones tributarias adicionales. “En estas condiciones, el margen fiscal es demasiado bajo para aumentar gastos o bajar impuestos de manera significativa”, resaltó.

“Impulsamos el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de este hermoso destino turístico”, expresó Claudia Sheinbaum tras una reunión con pequeños y grandes empresarios de Acapulco dedicados a diversos sectores, celebrada este viernes, 9 de enero de 2026, en Guerrero.

El encuentro, realizado con el propósito de fortalecer la economía local y garantizar la seguridad en el reconocido puerto, fue difundido a través de las redes sociales de la presidenta, quien subrayó la relevancia de apoyar el crecimiento de Acapulco como destino turístico:

“En Guerrero, nos reunimos con pequeños y grandes empresarios de Acapulco dedicados a diferentes sectores. Impulsamos el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de este hermoso destino turístico”.

Evelyn Salgado destaca incremento turístico en Guerrero

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue realizada desde el estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado, informó que, en 2025, Acapulco experimentó un alza del 131.7 % en la derrama económica y un crecimiento del 89.5 % en la afluencia turística en comparación con el año previo.

“Estamos hablando de estos datos a 2 años del huracán Otis. Algo que se veía que no podría suceder; Acapulco está de pie, está brillando. Y obviamente estas cifras son muy buenas para todo el sector y para todo el Puerto de Acapulco”, destacó Salgado.

La infraestructura hotelera de Acapulco cerró 2025 con 16 mil 536 habitaciones repartidas en 300 hoteles, mientras que la conectividad aérea aumentó 13.8 %, según lo expuesto por la gobernadora Evelyn Salgado. Con estos avances, la capacidad turística de la región se fortaleció considerablemente.

“Nos preparamos ya para recibir también, en Acapulco, en este 2026, la edición de Oro, los 50 años del Tianguis Turístico que regresa aquí a Acapulco, a su casa, con el respaldo, por supuesto, del Gobierno de México”, adelantó la gobernadora.

Destacan avances en materia de seguridad durante conferencia de Claudia Sheinbaum

1. En 2025 se registraron mil 312 homicidios dolosos, la cifra anual más baja desde 2009.
2. Diciembre de 2025 tuvo el nivel más bajo de homicidios dolosos en los últimos 10 años, desde 2014.
3. Los datos oficiales señalan una reducción sostenida en la incidencia de homicidios dolosos.
4. Guerrero dejó de figurar entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en homicidios; en diciembre se ubicó en el lugar 13.
5. Las autoridades atribuyen estos resultados a la Estrategia Nacional de Seguridad.
6. Se destaca la importancia del trabajo coordinado entre el gobierno estatal, federal y los municipios.
7. La Estrategia Nacional de Seguridad se basa en cuatro ejes de acción integrados.
8. El eje “Atención a las Causas” incluye programas sociales como los Tianguis del Bienestar y Ferias de Paz, con apoyo de la secretaria Rosa Icela.

La disminución en la incidencia de homicidios dolosos durante 2025 y la mejora en la posición de Guerrero en el ranking nacional reflejan el impacto de la Estrategia Nacional de Seguridad, que combina acciones sociales y coordinación institucional, así lo dio a conocer la gobernadora Evelyn Salgado.

El Estado de México ha dado un paso clave para atraer inversiones y fomentar la generación de empleos al aprobar un nuevo paquete fiscal que incluye incentivos fiscales de hasta el 100% para quienes impulsen la economía local en 2026.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso local, las empresas y personas contribuyentes que generen puestos de trabajo o trasladen sus operaciones a la entidad podrán beneficiarse de importantes exenciones en el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, según lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley de Ingresos 2026.

Nuevos incentivos para expansión y contratación

El esquema aprobado por el Congreso mexiquense busca fortalecer la actividad económica y ampliar la planta productiva. Los incentivos se dirigen especialmente a quienes inviertan en sectores estratégicos o generen nuevas fuentes de empleo.

Las empresas que trasladen operaciones desde otras entidades al Estado de México, así como aquellas que inicien actividades por primera vez en 2026, podrán recibir un subsidio del 100% en el impuesto durante 60 meses.

El mismo beneficio se extenderá a personas contribuyentes que incrementen su plantilla laboral por encima del nivel más alto reportado en 2025, conforme a las reglas que emitirá la Secretaría de Finanzas.

Apoyo a sectores vulnerables y talento joven

El paquete fiscal contempla incentivos enfocados en sectores tradicionalmente marginados del mercado laboral. Quienes generen empleos para personas trabajadoras de 60 años o más, así como para profesionistas recién egresados entre 2024 y 2026, podrán acceder a una exención total del impuesto durante 36 meses.

Además, los empleadores que contraten por primera vez a jóvenes que ingresan al mercado laboral, personas pertenecientes a comunidades indígenas, liberadas bajo la Ley de Amnistía, trabajadoras del hogar o repatriadas, recibirán un descuento por 24 meses.

Estímulos para el desarrollo local, el sector cultural y la protección animal

La legislación también incluye beneficios a mujeres jefas de familia titulares de pequeñas unidades económicas, a las empresas del sector audiovisual y a organizaciones de promoción cultural que no tengan fines comerciales. Todas ellas podrán acceder a un subsidio del 100% durante 12 meses en el impuesto laboral.

Por otro lado, las agrupaciones dedicadas a la protección animal sin fines de lucro estarán contempladas dentro de este esquema de apoyos fiscales.

En el caso de las maquiladoras de productos de exportación que se instalen en el Estado de México en 2026, se otorgará un subsidio del 50% en el impuesto durante 24 meses para impulsar la llegada de este tipo de empresas.

¿Cómo obtener el subsidio en el Estado de México?

1. El acceso a los subsidios está condicionado al cumplimiento de requisitos que definirá la Secretaría de Finanzas en las Reglas de Carácter General.
2. Las reglas y criterios para obtener el subsidio serán publicadas en la Gaceta del Gobierno.
3. Solo podrán beneficiarse quienes acrediten la generación de nuevos empleos, el traslado de operaciones o la contratación de grupos prioritarios.
4. Cada tipo de apoyo cuenta con criterios específicos que deben ser consultados en la normativa correspondiente.
5. Empresas y personas contribuyentes son los sujetos elegibles para solicitar estos incentivos.

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se pronunció tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el nuevo salario mínimo para 2026, que se fijará en 1.746.880 pesos y, sumando el auxilio de transporte, llegará a 2.000.000 de pesos.

A través de su cuenta en X, Bolívar expresó: “Como empresario, pagaré con mucho agrado este salario a las personas que me ayudan a incrementar mi capital”.

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El exsenador señaló que “ni con el alza del 23,7%, el de Colombia queda como uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica (US$460). El rezago era histórico”.

En su publicación, Bolívar cuestionó a quienes rechazan el aumento salarial: “No le crean a quienes ganan 50 millones y saldrán a decir que 2 millones es mucho para ti”.

Resaltó el carácter transformador de la decisión oficial al afirmar: “Este es el gobierno de los trabajadores. Nadie se hubiera atrevido de tan audaz manera a recortar las brechas de desigualdad”.

Bolívar también se refirió al impacto que tendrá la medida en el sector privado, señalando: “Quienes más ganarán no son los trabajadores, son los mismos empresarios que hoy se quejan. Venderán en 2026 como nunca”.

Según el exdirector del DPS, “millones de trabajadores ganan hoy más del doble que en 2022” y anticipó un escenario de cambios profundos para el país: “Desde 2026, Colombia nunca volverá a ser la misma”.

Otras reacciones

La senadora Martha Peralta fue una de las primeras en pronunciarse tras el anuncio sobre el salario mínimo. Usó sus redes sociales para manifestar su apoyo al presidente Gustavo Petro y subrayó que el incremento no pone en riesgo la economía del país, pese a las advertencias de algunos expertos.

Peralta informó que el salario mínimo alcanzará los 2 millones de pesos con el auxilio de transporte incluido. Respaldó la decisión presidencial al afirmar que el trabajo debe permitir una vida digna y advirtió que el aumento no perjudica ni la economía ni el empleo, como según ella lo han demostrado experiencias previas.

La senadora también criticó los modelos económicos que perpetúan la pobreza laboral y benefician solo a una minoría. Según su perspectiva, el país no puede continuar con salarios bajos y abogó por condiciones justas y necesarias para los trabajadores.

Sandra Ramírez, representante del Partido Comunes, también celebró la decisión del Gobierno. En sus redes sociales, destacó que el incremento es una muestra del compromiso oficial con los derechos laborales y los ingresos dignos.

La reacción del ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó entre los comentarios públicos. En un video difundido en su cuenta oficial, Benedetti expresó su respaldo al ajuste salarial, considerándolo un reconocimiento justo para los trabajadores. Explicó que el aumento del 23% responde al costo de la canasta básica familiar, que supera los tres millones de pesos, y que el nuevo salario busca acercar a las familias a cubrir ese valor.

Detalles del anuncio

El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo salario mínimo familiar durante un acto oficial y detalló que el cálculo incluye tanto el sueldo básico como el subsidio de transporte. Aclaró que este beneficio adicional no está disponible en todo el territorio nacional. Para quienes no cuentan con el auxilio de transporte, el salario mínimo familiar se ubicará en $1.750.905, lo que representa un incremento del 22,7% frente al año anterior.

Petro hizo énfasis en la necesidad de diferenciar los aumentos nominales del incremento real, recomendado analizar el impacto de la inflación y del costo de la canasta básica. De acuerdo con sus estimaciones, el alza real del salario mínimo para 2026 llegará al 18,7%, superando los avances obtenidos durante los primeros tres años de su gobierno.

Frente a estos señalamientos, el presidente expuso cifras oficiales que muestran los niveles de desempleo y pobreza más bajos en lo que va del siglo.

Petro expresó su confianza en que para 2026 los indicadores de desempleo y pobreza continúen descendiendo, atribuyendo esta tendencia al impacto de la política salarial. Argumentó que el aumento del salario mínimo fortalece el consumo interno, lo que favorece a los empresarios y estimula la generación de nuevos empleos. Considera que estas medidas contribuyen directamente a disminuir la pobreza y a mejorar el panorama laboral, pues el mayor consumo beneficia a todos los sectores de la economía.

El anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en Colombia un 23,7 % para 2026 ha generado diferentes reacciones en los sectores políticos y empresariales del país.

Mientras que algunos defienden la postura del mandatario nacional, al considerar que se están generando mejores condiciones para los trabajadores, otros advierten que el incremento salarial podría ocasiones posibles impactos negativos en la economía y en los mercados.

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Es el caso del empresario Mario Hernández que, por medio de su cuenta de X, cuestionó la medida anunciada por el mandatario nacional, argumentando que podría aumentar la inflación y afectar la competitividad, en ausencia de un respaldo en la productividad de las empresas.

Igualmente, manifestó que el alza del salario mínimo implica afectaciones al costo de vida de los colombianos.

“Cuando el salario mínimo sube 23% sin productividad detrás, perdemos competitividad y sube la inflación. Además, mucho está indexado al salario mínimo, así que todo se encarece”, escribió Hernández en sus redes sociales.

Además, el empresario precisó que rechazar un incremento desproporcionado del mínimo no implica oponerse a que los trabajadores obtengan mejores ingresos.

“No es estar en contra de que la gente gane más; es entender que sin productividad, el efecto es el contrario”, precisó.

Posteriormente, Mario Hernández que también es candidato al Senado por el partido Centro Democrático, dirigió su crítica al jefe de Estado, al señalarlo como el responsable de que, según él, los productos y servicios en el país puedan tener un aumento considerable.

“El regalo de Navidad del presidente todo más caro a partir del 1 enero /26”, sostuvo.

Otras críticas de gremios económicos

Además de Mario Hernández, dirigentes y representantes empresariales también realizaron una fuerte crítica al proceso y los efectos potenciales del nuevo monto del salario mínimo para el año 2026.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), Jaime Cabal, fue enfático al calificar la negociación de “farsa y burla institucional para el sector productivo del país”, y sostuvo que la decisión fue “anticipada, unilateral y abiertamente populista”.

Adicional a ello, denunció que no existió un verdadero diálogo entre los representantes de los empresarios y los sindicatos, y recalcó la contradicción entre declarar una emergencia económica y fijar un alza de esa magnitud.

“Imponer un aumento de esta magnitud, ignorando las variables técnicas y la productividad, es pan para hoy y hambre para mañana. Las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía”, aseguró.

Entre tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó como ‘populista’ la medida decretada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Igualmente, alertó que la modificación afectará la generación de empleo, en especial para las micro y pequeñas empresas, y generará un aumento de la informalidad, una disminución de la competitividad y presionará al alza la tasa de interés.

“Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia”, enfatizó.

Defensa del Gobierno y gremio sindical

En respuesta a las críticas de los empresarios, el ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que la medida responde a la necesidad de garantizar la alimentación y el bienestar de las familias colombianas, en un contexto donde la canasta familiar para cuatro personas asciende a 3,2 millones de pesos, mientras que solo una o hasta dos personas suelen aportar para mantener esos gastos.

“La presión de los trabajadores a sus empleadores va a ser en ese sentido de ganar muchos más recursos para ello”, indicó el jefe de cartera en diálogo con Caracol Radio.

El ministro también minimizó el argumento de que el alza salarial empujaría a parte de la población hacia la informalidad, señalando que los empresarios representan un capitalismo limitado en Colombia.

“Aquí no hay capitalismo, aquí ha fracasado. Siempre hemos vivido del petróleo como lo ha dicho el señor presidente”, afirmó a la cadena radial.

Por último, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Fabio Arias, consideró que la decisión adoptada por el Ejecutivo es “un acto de profunda justicia social para los trabajadores colombianos”.

Incluso, subrayó que, pese a los augurios de desastre que algunos sectores han sostenido desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, los datos de empleo y crecimiento económico han refutado estos pronósticos.

“En la medida en que tengan los trabajadores o un sector de la población mejores recursos, con absoluta seguridad va a haber una dinámica adicional de la economía y especialmente en el consumo de bienes y servicios, lo que llama el Dane, el consumo de los hogares en Colombia... Eso es lo que va a pasar aquí”, dijo Arias a Noticias Caracol.

En la noche del lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dará a conocer el aumento oficial del salario mínimo que regirá en 2026 para los trabajadores en Colombia.

El anuncio fue confirmado por el Ministerio del Trabajo en la red social X, en la que se observa al mandatario nacional en compañía de su hija Antonella Petro y el jefe de la cartera, Antonio Sanguino.

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“Esta noche, en alocución presidencial, el Presidente Gustavo Petro dará a conocer a los colombianos y colombianas el #SalarioVital para 2026. Conéctate a las 7:00 p.m. a través de todos los canales y por las redes sociales de la Presidencia”, expresó la cuenta oficial del ministerio en la plataforma digital.

A su vez, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino indicó que el monto que revelará el presidente Petro será “una apuesta por la dignidad del trabajo y el bienestar de quienes sostienen a Colombia”

Según información revelada por la periodista colombiana Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, el mandatario revelará el monto oficial en una alocución que fue grabada en Cartagena, teniendo en cuenta que el jefe de Estado había realizado actividades de Navidad en esa capital colombiana, y que la transmisión será emitido por los canales oficiales de la Presidencia, así como de televisión pública y privada.

Frente al monto oficial, pese a que la cifra oficial aún no se conoce, en redes sociales se conoció un documento en la que el monto fijado será de $1.750.905, correspondiente al 23% de la cifra fijada para el 2025, que fue de $1.423.500, respectivamente.

Según el documento, publicado por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la medida “se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”.

Además, resalta que la legislación no prevé cerrar de inmediato la brecha entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado, sino avanzar gradualmente hacia la convergencia durante los próximos años.

Según la filtración, el ajuste entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y responde a una lógica progresiva que considera el contexto económico y busca evitar alteraciones drásticas en la estructura salarial existente.

Salario mínimo vital

Durante el mes de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo incorporará el concepto de salario mínimo vital, alineado con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política, luego de que fracasara la Mesa de Concertación entre empresarios y sindicatos.

“Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual. Y eso va en el decreto, salario vital por primera vez en Colombia (...) El salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas que hemos discutido”, expresó el mandatario.

El alcance del salario mínimo vital está sustentado en el Convenio 131 de la OIT, según el cual, el salario debe permitir una vida digna a los trabajadores y sus familias, considerando el contexto económico y social del país y resguardando a los empleados de ingresos excesivamente bajos. La OIT recomienda que al definir el monto se analicen variables como el costo de vida, el nivel general de salarios, la productividad y las necesidades del núcleo familiar.

Por su parte, la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 53 el carácter vital y móvil del salario mínimo, con la obligación de garantizar una remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo.

Entre tanto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, subrayó que, para la fijación del salario vital, se tendrán en cuenta variables macroeconómicas como la inflación, la productividad, el desempeño económico y el aporte de la fuerza laboral al producto interno bruto.

“El cálculo que ellos hacen es, digamos, establecer cuál es el mínimo de ingreso vital para esa familia y eso cómo se representa en salarios, en este caso, en 1.5 salarios por familia”, explicó Sanguino a Caracol Radio.

En cuanto al impacto fiscal para los empleados públicos, Sanguino aclaró que el ajuste al salario mínimo no modificará el gasto estatal en sueldos, ya que existe un acuerdo de incremento previamente definido.

Crece la expectativa entre los empresarios y trabajadores colombianos frente al decreto que expedirá el Gobierno nacional frente al alza del salario mínimo que regirá en el año 2026.

Aunque el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, detalló que el anuncio oficial se conocerá el 29 de diciembre de 2025, en la jornada del domingo 28 de diciembre se conoció en redes sociales un documento en la que se plantearía un aumento del 23 % frente al monto fijado por el Ejecutivo en el 2025, pasado de $1.423.500 a $1.750.905, representando un incremento del $327.405, respectivamente.

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El documento revelado en redes sociales generó todo tipo de reacciones en el sector empresarial colombiano.

Alerta por inflación

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, sostuvo en diálogo con Blu Radio que, de confirmarse la cifra mencionada en el borrador conocido a la opinión pública, podrían causar tres consecuencias fundamentales para la economía del país.

El directivo enfatizó en que esta medida podría causar un aumento de la tasa de inflación y la política monetaria, es decir, las tasas de interés fijadas por el Banco de la República.

“Este año hemos tenido problemas en materia de inflación. Ya completamos cuatro meses consecutivos con inflaciones por encima del cinco por ciento (...) esa es la consecuencia natural, porque cuando a un comerciante se le aumenta su costo laboral en dos dígitos, pues no tiene otra alternativa sino trasladarle parte de ese aumento al consumidor final a través de mayores precios”, explicó Mejía al citado medio de comunicación.

Además, el directivo sostuvo que otro elemento clave que podría impactar el aumento del salario mínimo por encima del 20 por ciento es la informalidad laboral, al considerar la reciente medición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“(Si bien) entre enero y octubre ha aumentado el empleo en 3,5 por ciento, 790.000 ocupados adicionales (...) la gran mayoría de empleo ha sido independiente, 417.000 nuevos empleados (...) no son personas que estén ganando un salario mínimo, están ganando menos de un salario mínimo porque están trabajando horas por debajo de las que serían razonables en un mes”, argumentó.

Igualmente, Mejía subrayó que la adopción de herramientas tecnológicas podría influir en el impacto laboral en Colombia, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo, catalogado por el Gobierno nacional como Salario Vital.

“Pensemos, por ejemplo, en el sector de vigilancia. Se sustituyen personas por cámaras de videovigilancia para evitar aumentar los costos al usuario final (...) entre más grande sea el aumento, pues naturalmente mayores van a ser los impactos en inflación, en informalidad y en sustitución de trabajo por tecnología”, puntualizó.

Informalidad en Colombia

Por su parte, el exsubdirector del Dane, Juan Carlos Guataquí, recalcó que una elevada cifra en el incremento del salario mínimo también afectaría a los trabajadores informales del país.

“La argumentación en las consideraciones del decreto sobre el hecho de que el salario mínimo incrementaría el poder adquisitivo, eso tiene un periodo intermedio. Por ejemplo, usted tiene dos trabajadores asalariados y al día siguiente les tiene que pagar 23 por ciento, usted probablemente va a despedir a uno o va a decirle a los dos que entre en algún mecanismo de informalidad. Entonces, ya sea informalidad, ya sea desempleo, va a haber una reconstrucción, una reconsideración, una reconfiguración del mercado laboral colombiano”, precisó.

También, cuestionó la postura del Gobierno Petro para respaldar la propuesta de los sindicatos de trabajadores, al considerar que la discusión se orientó de forma política y no técnica.

“Realmente hay que reconocer que esto es un proceso de polarización en términos del análisis del mercado de trabajo, que ya ha llegado a unos niveles graves (...) lo que más me preocupa es la ruptura del diálogo y la descalificación de los argumentos técnicos”, indicó.

Además, alertó que el Ejecutivo hizo una delimitación de varios aspectos para fijar el monto salarial del año entrante y recordó la situación presentada en México frente a este tema.

“Nosotros tenemos jurisprudencia constitucional sobre el hecho de que el salario mínimo para cada año no se puede incrementar menos que la inflación causada. Estamos hablando de incrementos del cuatro o cinco por ciento, con toda la persistencia de la inflación y todo (...) Pero en este momento un incremento del 15 o 20 por ciento, va a subir ese piso del salario mínimo, y va a tener un efecto de bola de nieve y no cualquier bola de nieve, una avalancha. Una avalancha en términos de costos laborales, una reconfiguración del mercado de trabajo”, advirtió.

Entre tanto, el profesor Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana, expresó en X que fijar el salario mínimo conforme al ingreso “mínimo vital”, como anunció el presidente, “puede ser un error, y no solo por no conocer qué es el ‘mínimo vital’”.

Según él, el ingreso mínimo vital se define por hogar –donde hay varios aportantes– y no existe una metodología precisa para su cálculo. Restrepo remarcó que, en realidad, el salario mínimo regula contratos individuales y suele ser superior al ingreso base por hogar.

El mismo experto detalló que la remuneración efectiva de un trabajador formal con salario mínimo incluye subsidios y prestaciones adicionales.

En 2025, un empleado en esas condiciones percibió mensualmente $1.910.319, considerando no solo el sueldo base sino también el subsidio de transporte, la prima de servicios, las cesantías y los intereses a las cesantías.

Que dice el decreto filtrado

El documento, publicado por periodistas como Norbey Quevedo, sostiene que la medida “se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”. Además, resalta que la legislación no prevé cerrar de inmediato la brecha entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado, sino avanzar gradualmente hacia la convergencia durante los próximos años.

“La decisión de aplicar un ajuste del 23% se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal. El esquema plantea que, tras el aumento inicial, se realizarán ajustes adicionales en los años siguientes para continuar cerrando la brecha salarial”, se lee en dicho documento.

Según la filtración, el ajuste entraría en vigor el 1 de enero de 2026 y responde a una lógica progresiva que considera el contexto económico y busca evitar alteraciones drásticas en la estructura salarial existente. El Gobierno prevé monitorear y revisar periódicamente las variables económicas asociadas, para adecuar los incrementos futuros y mantener la sostenibilidad del sistema.

El salario mínimo será revelado por el presidente Gustavo Petro en una alocución presidencial que se emitirá a las 7:00 p.m. el lunes 29 de diciembre por los canales oficiales de la Presidencia de la República y en los canales de televisión pública y privada.

El debate sobre el aumento del salario mínimo para 2026 permanece estancado, sin señales de acercamiento entre sindicatos y empresarios, que presentaron sus argumentos de manera detallada tras agotar el plazo de 48 horas previsto para la sustentación de sus posiciones.

La discusión, que se desarrolla en la mesa de concertación, se ha tornado en un diálogo de sordos, en el que ninguna de las partes muestra disposición a ceder, según lo evidencian los documentos de salvedad entregados por ambos sectores.

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En el documento presentado por las centrales obreras, se sostiene que el costo de la canasta básica para una familia de cuatro personas alcanzó en 2024 los 2.982.589 pesos: 1.288.654 pesos destinados a alimentos, 711.780 pesos a vivienda, 154.606 pesos a educación y salud, y 827.549 pesos a otras necesidades esenciales.

Para 2025, los sindicatos proyectan que este costo ascenderá a 3.141.188 pesos, lo que, a su juicio, deja el salario mínimo actual un 39,70% por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades de un hogar con un ingreso de uno y medio salarios mínimos.

Los sindicatos fundamentan su petición de un incremento del 16% en el salario mínimo en la necesidad de garantizar los derechos mínimos de los trabajadores y sus familias, citando la Constitución de 1991 y la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional.

En su documento, revelado por Semana, afirman: “Un incremento del salario mínimo en un 16% estamos seguros seguirá contribuyendo a la dinamización de la economía. La norma constitucional se violenta en la medida que el incremento no permita la satisfacción de los derechos mínimos de los trabajadores y sus familias porque los mantiene sumidos en la pobreza y no se promueve la prosperidad general como lo mandata la Carta de 1991”.

Además, los sindicatos apelan a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular al Convenio 131, que establece que el salario mínimo debe considerar las necesidades de los trabajadores y sus familias, el nivel general de salarios, el costo de vida, las prestaciones de seguridad social, el nivel de vida relativo de otros grupos sociales, así como factores económicos como el desarrollo, la productividad y el empleo.

Por su parte, los empresarios fundamentan su propuesta de un aumento del 7,21% en cifras oficiales, destacando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en el último año fue del 5,3%, lo que, según su análisis, refleja un estancamiento en la reducción de la inflación que se había logrado en años anteriores en Colombia.

“El aumento del IPC-índice de precios al consumidor, en lo corrido del último año presenta una cifra acumulada del 5,3%, lo cual indica un estancamiento en la tendencia de reducción de la inflación que en los años anteriores se había logrado en Colombia”, dice el documento.

Además, advirtieron sobre el crecimiento de la informalidad laboral, que aumentó en 732.000 personas, alcanzando un total de 13,6 millones de colombianos sin acceso a contratación formal.

Los empresarios alertan sobre los riesgos de un incremento excesivo en el salario mínimo, señalando en su documento: “Posibles efectos inflacionarios que podría tener una decisión irresponsable en el porcentaje de aumento del salario mínimo en nuestro país”.

Ambas partes reiteraron sus posiciones en los documentos de salvedad presentados tras la culminación del plazo reglamentario, sin que hasta el momento se vislumbre una solución consensuada en la mesa tripartita de negociación.

Así quedaría el salario mínimo de 2026 si se incrementa el mismo porcentaje de 2025

El posible ajuste del salario mínimo en Colombia para 2026 genera inquietud entre trabajadores, hogares y pequeños negocios, ya que este valor determina los ingresos mensuales de millones de personas y tiene un impacto directo en la economía nacional.

Si el incremento aplicado en 2025, que fue del 9,54%, se repitiera en 2026, el salario mínimo mensual alcanzaría aproximadamente $1.559.347, sin incluir el auxilio de transporte. Con este apoyo, que actualmente es de $200.000, el ingreso total mensual podría situarse en torno a $1.759.347.

El cálculo de este posible aumento parte de la base establecida para 2025, cuando el Gobierno fijó el salario mínimo en $1.423.500.

Este ajuste se realizó tras un proceso de negociación en el que no se logró consenso entre sindicatos y empresarios, por lo que la decisión final consideró variables como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y la productividad.

El auxilio de transporte, que complementa el salario mínimo, se mantuvo en $200.000, elevando el ingreso mensual total a $1.623.500.

Según datos del Dane, en 2025 cerca de 2,4 millones de personas percibieron el salario mínimo legal. No obstante, las cifras oficiales revelan que más de 11,3 millones de trabajadores recibieron ingresos inferiores al salario mínimo entre enero y octubre de ese año, lo que representó un incremento del 12 % respecto al mismo periodo de 2024.

Esta situación evidencia la brecha existente en el mercado laboral y la importancia de las decisiones sobre el salario mínimo para amplios sectores de la población.

El proceso de definición del salario mínimo no es automático. Cada año, el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales analizan indicadores clave y negocian el ajuste, tomando como referencia variables macroeconómicas y el comportamiento del costo de vida.

Aunque las proyecciones sobre el salario mínimo para 2026 se basan en estimaciones, el porcentaje de aumento aplicado en 2025 sirve como guía para anticipar posibles escenarios y sus implicaciones tanto para trabajadores como para empleadores.

Las recientes imágenes recurrentes de Francisco Nicolás Gómez Iglesias en diversos locales nocturnos de Madrid revelan que, pese a su descenso en la presencia televisiva, conserva un notable interés entre los ciudadanos. Según informó el medio que difundió estos hechos, la escena se repite en las noches madrileñas, donde decenas de personas se le aproximan para conversar, saludar o pedirle fotografías. Este flujo constante de curiosos y simpatizantes ha persistido aún después de que el Tribunal Supremo modificara la sentencia en su contra, reduciendo la condena a dos años de prisión por falsificación documental y eliminando los cargos por usurpación de funciones públicas.

De acuerdo con la información difundida, la resolución del Supremo respondió a la revisión de las pruebas aportadas durante el juicio, y determinó que no se había acreditado suficientemente el delito de usurpación de funciones, motivo por el cual diecisiete meses de condena iniciales quedaron sin efecto. El fallo corresponde al proceso judicial vinculado al caso que involucró al empresario Javier Martínez de la Hidalga. Originalmente, la pena impuesta a Gómez Iglesias alcanzaba los tres años y cinco meses de privación de libertad.

Tal como detalló el medio, el proceso judicial se centró en conductas relacionadas con la manipulación de documentación dirigida a generar engaño en Martínez de la Hidalga y otros contactos empresariales, con el objetivo de favorecer la construcción de una imagen de autoridad y obtener ventajas en ámbitos institucionales y privados. Si bien el revuelo mediático que acompañó las investigaciones colocó al conocido ‘Pequeño Nicolás’ como figura habitual de la actualidad informativa, tras la sentencia definitiva la repercusión social no muestra signos de haber disminuido de manera significativa.

La crónica señaló que tras los acontecimientos judiciales y el intenso seguimiento por parte de la prensa, Gómez Iglesias optó por un perfil menos visible en los programas televisivos y en los platós, donde antes era invitado de manera constante. Sin embargo, esta decisión de alejarse de los medios convencionales no lo alejó del espacio público madrileño, ya que su actividad social en la ciudad se ha mantenido. Actualmente, se observa a Gómez Iglesias interactuando directamente con quienes lo reconocen, mostrando accesibilidad en establecimientos y calles de Madrid y accediendo a conversar o posar para fotografías según la demanda de las personas.

El medio destacó que, a pesar del descenso en la visibilidad mediática, la impronta dejada por el ‘Pequeño Nicolás’ a través de sus apariciones y por el prolongado proceso judicial ha generado una consolidación de su notoriedad entre la ciudadanía. Entre quienes se le acercan aparecen tanto gestos de curiosidad como muestras de apoyo, contribuyendo a que la trascendencia social legado de etapas anteriores no se diluya. El seguimiento a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, según reportó el medio, sigue encontrando eco en el público madrileño, que continúa buscando el contacto directo con él en ambientes nocturnos, a pesar de los cambios en su situación jurídica.

Según consignó el medio, la decisión del Tribunal Supremo fue objeto de amplia cobertura en medios nacionales y supuso un nuevo capítulo en la trayectoria judicial de Gómez Iglesias. El trámite legislativo que desembocó en la condena definitiva por falsedad documental, pero sin la agravante de usurpación, provoca una reducción considerable del riesgo de ingreso efectivo en prisión. Este ajuste en la pena coincide con la evolución del papel público de Gómez Iglesias, quien se ha apartado de los escenarios televisivos para priorizar la relación personal con quienes lo rodean, alejándose de cámaras y focos.

La figura de Francisco Nicolás, según publicó el medio citado, genera opiniones opuestas en la sociedad española desde que su caso salió a la luz y atrajo la atención mediática. La notoriedad adquirida en gran medida por la divulgación de su historia tanto en medios de comunicación como en plataformas televisivas ha cimentado una presencia pública persistente que no ha desaparecido tras el veredicto judicial. El propio Gómez Iglesias prefiere exhibir una actitud más reservada con los medios, pero ello no ha reducido la curiosidad ni el interés de los ciudadanos, quienes demuestran un seguimiento constante de su presencia en la vida nocturna madrileña.

La resolución judicial y las apariciones sociales del ‘Pequeño Nicolás’ continúan alimentando el debate público, manteniendo su figura entre las más reconocidas de la capital, de acuerdo con la fuente original. El impacto del fallo, sumado a la imagen consolidada por años en el foco mediático, explica por qué cada salida nocturna de Gómez Iglesias se convierte en un episodio de expectación ciudadana, con personas buscando activamente acercarse, conversar o documentar el momento mediante fotografías. Según detalló el medio, la notoriedad de Francisco Nicolás, aunque modulada por un perfil menos expuesto, permanece vigente en el imaginario popular de Madrid.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 será “muy por encima” de la inflación proyectada, en un escenario donde la falta de acuerdo entre trabajadores y empresarios dejó la decisión final en manos del presidente Gustavo Petro, que deberá definir el ajuste antes del 30 de diciembre.

El Gobierno Petro mantuvo en los últimos años una política de aumentos de dos dígitos, lo que refuerza la expectativa de un ajuste muy importantes para el próximo año.

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Ávila, luego de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, resaltó que el ajuste salarial para 2026 se ubicará teniendo en cuenta variables como la productividad laboral y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Enfatizó en que la ley exige que el incremento del salario mínimo supere la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Además, señaló que el Gobierno evaluará las demandas presentadas por los sindicatos en la mesa de concertación, aunque evitó precisar una cifra exacta para el aumento.

De igual manera, recalcó que la decisión final no irá en detrimento de los intereses económicos del país y que el presidente Petro lidera el proceso de definición. “La decisión la vamos a tomar en los próximos días, el presidente Petro está al mando, señalando que el Gobierno se inclinará por un incremento significativamente muy por encima de la tasa de inflación, como todos los últimos años”, afirmó el funcionario al destacar la continuidad de la política de incrementos de dos dígitos.

Cifras clave: inflación, propuestas y política de incrementos

El debate sobre el aumento del salario mínimo Colombia 2026 se desarrolla en un momento en el que la inflación anual se estima entre 5,2% y 5,3%, según los pronósticos de los analistas y del Banco de la República. Las centrales obreras solicitaron un aumento del 16%, mientras que los empresarios propusieron un 7,21%, cifra que resulta de sumar la inflación, la productividad (0,91%) y un margen adicional de 100 puntos básicos. Ambas propuestas cumplen con el requisito legal de superar la inflación, aunque la brecha entre las partes ha impedido alcanzar un consenso.

Al respecto, el Gobierno reiteró su compromiso con incrementos de dos dígitos, una política que se caracterizó en los últimos años y que, según Ávila, responde a la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo y estimular la economía.

Proceso de negociación: fechas, falta de acuerdo y rol del Gobierno

La negociación formal para definir el salario mínimo de 2026 concluyó sin acuerdo el 15 de diciembre, primera fecha límite establecida para la concertación en la Comisión Tripartita. Ante la imposibilidad de conciliar las posiciones de trabajadores y empresarios, la responsabilidad de fijar el aumento recae ahora en el Ejecutivo. El presidente Petro dispone hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto correspondiente.

Mientras el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó preferencia por un acuerdo concertado, la falta de avances en las reuniones hizo improbable una solución negociada. Así las cosas, el Gobierno asume un doble papel: presentar su propia propuesta y actuar como árbitro entre las partes.

Implicaciones económicas: poder adquisitivo y demanda agregada

Germán Ávila argumentó que un incremento superior a la inflación también contribuye a dinamizar la economía nacional. Según él, este tipo de ajuste permite “impulsar la economía, inyectando un crecimiento a la demanda agregada”, lo que se traduce en un mayor consumo de los hogares y un estímulo para la actividad productiva.

El Gobierno sostiene que priorizar el poder adquisitivo de los trabajadores es fundamental para mantener el crecimiento económico, a pesar de las advertencias de los empresarios sobre posibles efectos inflacionarios derivados de un aumento elevado.

Cálculos de costo laboral y ejemplos de montos

El impacto del incremento salarial también impacta el costo total que deben asumir los empleadores. Con un aumento del 12%, el salario mínimo mensual alcanzaría $1.594.320, al que se sumaría un auxilio de transporte de $ 224.000, para un total de $ 1.818.320. Sin embargo, el costo laboral para las empresas incluye otros conceptos obligatorios:

• Salud (8,5% del salario): $ 135.517
• Pensión (12%): $ 191.318
• ARL (0,522%): $8.322
• Caja de compensación (4%): $63.773
• Prima (8,33% del salario más auxilio): $151.466
• Vacaciones (4,17%): $66.483
• Cesantías (8,33% del salario más auxilio): $151.466
• Intereses de cesantías (1% sobre base prestacional): $66.483
• Salud (8,5% del salario): $135.517
• Pensión (12%): $191.318
• ARL (0,522%): $8.322
• Caja de Compensación (4%): $ 63.773
• Prima (8,33% del salario más auxilio): $ 151.466
• Vacaciones (4,17%): $ 66.483
• Cesantías (8,33% del salario más auxilio): $ 151.466
• Intereses de cesantías (1% sobre base prestacional): $ 66.483

De acuerdo con estos cálculos, el costo total de un trabajador con salario mínimo, considerando un incremento del 12%, ascendería a $ 2.469.331 mensuales. No obstante, el Gobierno podría optar por un porcentaje mayor, lo que incrementaría aún más esta cifra.

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 ha escalado en intensidad, luego del cruce de declaraciones entre Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), y Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

El intercambio, que se desarrolla en redes sociales y en medio de la negociación nacional, pone en evidencia la polarización entre los sectores empresarial y sindical, que sigue sin concretarse hasta el punto que ambas partes expusieron sus argumentos ante el Ministerio de Trabajo, luego de que se cumpliera el primer plazo sin que se llegara a un acuerdo, el 15 de diciembre de 2025.

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Los empresarios, liderados por Mac Master plantean un aumento del 7,21%, fundamentado en criterios técnicos como la inflación, la productividad y la necesidad de garantizar un incremento sostenible del poder adquisitivo. Por su parte, los sindicatos liderados por la CUT exigen un ajuste de al menos un 16%, argumentando que solo así se podrá reducir la brecha de desigualdad que prevalece históricamente en el país.

Así las cosas, el dirigente expresó en su cuenta de X: “Es un gran error que la discusión de salario mínimo se haya convertido en una discusión exclusivamente política, pero es totalmente inmoral que se utilice como campaña electoral de alguien para el Congreso”.

El dirigente empresarial insistió en que la discusión debe centrarse en la búsqueda de condiciones óptimas para los trabajadores y sus familias, pero también en el bienestar colectivo. “Como en muchos casos en economía, se trata de buscar un equilibrio entre múltiples variables con el infinito, más la mejor decisión para toda la ciudad”, expresó.

La respuesta del presidente de la CUT

La respuesta de Arias no tardó en llegar y elevó el tono del debate. El presidente de la CUT defendió el carácter político de la discusión con un video publicado en redes sociales, donde cuestionó la legitimidad de los cuestionamientos del empresario a la postura que defiende el gremio de trabajadores.

“La discusión del salario mínimo es una discusión eminentemente política. Es saber el esfuerzo del trabajo, a entre quienes se van a distribuir. Ustedes mayoritariamente e históricamente se han apropiado de la mayor parte de eso y por eso hemos llegado al nivel de desigualdad que tenemos”, indicó, subrayando la necesidad de un aumento significativo en el salario mínimo para 2026.

“Por eso hoy queremos que se reivindique el salario para los trabajadores con un aumento, por lo menos del 16% por ciento para ir cerrando la brecha que ustedes han creado”, señaló.

El intercambio se tornó más personal cuando Arias rechazó las acusaciones de Mac Master sobre el uso electoral del tema: “Y es inmoral que usted me venga a decir que yo voy para el Congreso, eso no tiene nada de inmoral. Yo soy un representante de los trabajadores y lo voy a seguir haciendo en el Senado como corresponde. No escondo mis posiciones y, por el contrario, las digo y las mantengo”.

Por último, el líder sindical cuestionó la postura del dirigente empresarial: “Más inmoral es usted que, siendo el representante de los empresarios, los megarricos, salga ahora presuntamente dizque a defender a los trabajadores”.

Banco de la República subiría las tasas de interés en 2026

El Banco de la República, que tendrá reunión de Junta Directiva el viernes 19 de diciembre para definir los próximos pasos de la política monetaria del país, podría verse obligado a iniciar un ciclo de alzas en las tasas de interés, impulsado por el deterioro de las expectativas de inflación y el inminente aumento del salario mínimo 2026, todavía en negociación. En la actualidad, el tipo de intervención es de 9,25%.

La decisión sobre la remuneración de los colombianos será determinante para el sector bancario, que ya proyecta una tasa de referencia cercana al 10,5% para abril de 2026, producto del riesgo de inflación y la credibilidad monetaria en juego derivada de dicha tendencia.

El próximo 8 de marzo de 2026, seis precandidatos presidenciales participarán en las urnas como parte de la coalición La Gran Consulta por Colombia: Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

Por su parte, Iván Cepeda, durante la jornada del miércoles 17 de diciembre de 2025, informó en su cuenta de X que sostuvo una reunión con representantes de los gremios del sector del petróleo y del gas, incluyendo la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías afines, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía y la Asociación Colombiana de Ingenieros.

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El candidato del petrismo señaló que este encuentro fue el primero de un ciclo de reuniones con estos gremios y sus representantes. Sin embargo, la precandidata presidencial, Vicky Dávila, que participará en la consulta de centro derecha, criticó el acercamiento de Cepeda con los empresarios.

Para la también periodista, la estrategia del senador del Pacto Histórico representa una entrada libre a la corrupción, puesto que mantendría las políticas del presidente Petro. Dávila advirtió que el país corre el riesgo de exponerse a nuevos casos como el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) o la negligencia con los grupos armados.

“Cada empresario, gremio, que recibe a Iván Cepeda, está recibiendo la corrupción en el caso de Juliana Guerrero. Está recibiendo la paz total encarnada en Calarcá, libre e impune. Está recibiendo el empobrecimiento de nuestras Fuerzas Armadas con las manos atadas. Está recibiendo más de 300 mil hectáreas de coca sembradas. Está recibiendo la politiquería, lo peor a la hora de gobernar. Entonces a los empresarios y a los gremios —que están en su derecho— les digo es después no se quejen”, afirmó en entrevista con Semana.

A su vez, reclamó una postura clara del sector empresarial frente al Gobierno de Gustavo Petro: “También necesitamos una posición de los empresarios firmes, una posición de los empresarios luchando por sacar a Colombia adelante y no complaciente y hasta cómplice de lo que ha sido este proyecto político destructivo”.

A su turno, el precandidato Mauricio Cárdenas sostuvo que es poco conveniente que Cepeda llegue a la Casa de Nariño, dado que, a su juicio, se prolongaría la misma inefectividad del actual gobierno, que lidera Gustavo Petro.

“Yo considero que ha sido un presidente inefectivo, un presidente que le creó a Colombia una expectativa, unas promesas, no las ha cumplido y es un presidente que no es el modelo porque es un presidente incumplido, un presidente que se desaparece, un presidente que no no lidera un equipo, es un equipo disfuncional. Lo que ha habido en este gobierno son peleas permanentemente entre ellos”, aseguró el exministro de Hacienda.

Y agregó: “Segundo, Iván Cepeda dijo que le daría continuidad a la política de paz total. Craso error. La política de paz total nos tiene inundados de coca y con los grupos armados organizados controlando el territorio colombiano. Nosotros lo que representamos es la firmeza, las decisiones contundentes para recuperar la seguridad de los colombianos”.

A juicio de Cárdenas, las propuestas de Cepeda van en contra del crecimiento empresarial colombiano, puesto que busca aumentar el control del Estado a costa de debilitar el privado.

“Y en tercer lugar, Iván Cepeda continúa atacando al sector privado con esa agenda de estatización. Entonces, lo que hay es que refutarlo. La democracia es eso. Nosotros no vamos a negarlo. Lo que queremos es que salga al escenario y que debata con nosotros”, explicó al medio citado.

El acercamiento entre directivos empresariales colombianos y el senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico para 2026, generó un intenso debate político, especialmente tras las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El líder de Cambio Radical cuestionó abiertamente la disposición de los gremios económicos a entablar diálogo con Cepeda, sugiriendo que este comportamiento refleja una tendencia de adaptación oportunista similar a la observada en el ciclo electoral anterior, cuando el sector empresarial se alineó con Gustavo Petro.

En sus declaraciones del 17 de diciembre de 2025, Vargas Lleras enfatizó: “Los gremios y empresarios, sin ningún pudor, se van acomodando, tal y como ocurrió con Petro hace cuatro años”, según recogieron diversos medios. Esta afirmación, que circuló ampliamente en redes sociales, apunta a figuras que en el pasado mantuvieron vínculos con el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora, según el exvicepresidente, repiten el patrón de acercamiento con la izquierda.

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Al referirse a estos encuentros, fue categórico en su reproche: “Y ya, por lo visto, los gremios y empresarios, sin ningún pudor, se van acomodando, tal y como ocurrió con Petro hace cuatro años. Me refiero al encuentro liderado por María Claudia Lacouture hace unos días y, ahora, quién lo creyera, a los gremios del sector más golpeado por este Gobierno, encabezados por Frank Pearl, rindiendo pleitesía al señor Cepeda. ¡No hay derecho!”. Estas palabras reflejan la tensión que atraviesa el escenario preelectoral colombiano, donde la relación entre el empresariado y los candidatos de izquierda se convierte en un eje central del debate público.

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se sumó a las críticas de Vargas Lleras, señalando al candidato del petrismo, Iván Cepeda, la principal amenaza a la democracia del país.

“Tiene razón el Dr Vargas Lleras, para agregar: Cepeda no es un matiz de la democracia, sino su enemigo antagónico”, escribió el líder del Centro Democrático en su cuenta de X.

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda es protegido por grupos narcotraficantes para hacer campaña presidencial sin presiones

En un video publicado en sus redes sociales, Álvaro Uribe Vélez aseguró que el candidato del petrismo puede hacer campaña sin ningún tipo de acoso o amenaza de muerte por tener, según él, una presunta alianza con grupos de narcotráfico.

El exgobernador de Antioquia señaló que los carteles están moviendo sus influencias para ganar las votaciones, mientras que las precandidatas por el Centro Democrático, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, se han tenido que enfrentar a amenazas contra su integridad.

Incluso, mencionó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer en cuidados intensivos durante dos meses víctima de un atentado en su contra.

“La revolución ética del candidato Cepeda consiste en que mientras candidatas como las del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, tienen que hacer campaña generalmente desde la casa porque están seriamente amenazadas de asesinarlas, como asesinaron a Miguel Uribe, el candidato Cepeda anda por todo el país muy tranquilo porque está protegido por los fusiles terroristas de los narcos que han anunciado públicamente que votarán por él”, expuso.

Uribe Vélez cuestionó la seguridad que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ofrece a los aspirantes a la Casa de Nariño. Y recalcó que en su administración siempre hubo garantías para los políticos sin importar su ideología.

“Pero además hay que entender, lo quieren imponer. Durante los gobiernos que presidimos, todos los candidatos que mostraban afinidad con el gobierno o estaban en la oposición tuvieron seguridad. Ellos dieron el testimonio que pudieron recorrer el país con la protección del Estado en muy alto nivel de tranquilidad”.

“Galperin, la persona más rica de Argentina, casi suena como si estuviera contemplando postularse para un cargo político. No lo descarta del todo: «He aprendido a evitar ciertas palabras como ‘nunca’ o ‘siempre’»”.

Así termina la entrevista que le hizo días atrás la agencia internacional Bloomberg al dueño de la empresa de mayor market cap de la región, también el empresario más rico y, sin dudas, uno de los más influyentes de Argentina.

Bloomberg destacó que su combativo apoyo al liberalismo económico no es nada nuevo. “Después de todo, hace 26 años, como flamante emprendedor, llamó a su empresa Mercado Libre”, destacaron. “Siempre ha estado bastante claro cuál es nuestra ideología”, declaró el empresario cuyo patrimonio personal ronda la friolera de USD 9.400 millones (según el índice de la propia agencia).

A los 54 años, Marcos Galperin se “jubila”. O algo así. En pocos días dejará de ser CEO de su “bebé”, la empresa que cofundó y comanda desde entonces. Es un referente indiscutido, el arquitecto de un gigante que lleva su impronta grabada a fuego. No sólo un emprendedor que se convirtió en un empresario exitoso y poderoso, sino también un faro para las startups y para más de una docena de unicornios que siguieron su camino y, en muchos casos, también sus consejos.

Será reemplazado por Ariel Szarfsztein, un “tapado” que estudió como él en Stanford, EEUU, y que hace relativamente poco tiempo desembarcó en la empresa. Desde que lo anunció, en mayo de este año, se habla del rol que ocupará en adelante. Seguirá siendo presidente del board y jura que usará el tiempo libre para pensar en estrategias de largo plazo para su empresa, como temas de IA.

“¿Marcos, lejos del día a día? Olvidate, eso no va a pasar. Quizás afloje un poco, pero va a estar”, dice alguien de la empresa que pide off the récord.

¿Cambiemos?

En ese contexto, un rumor creció en las últimas semanas. No es algo nuevo, es una idea recurrente, que vuelve de tanto en tanto y que ahora su eventual tiempo libre potenció otra vez: Galperin podría dar un salto a la política... o al menos hay manos grandes dispuestos a empujarlo.

¿Le interesa? No está del todo claro, pero hay sondeos y menciones concretas en reuniones partidarias, según pudo saber Infobae. Es que se viven tiempos de renovación de los espacios y es evidente una casi desesperada búsqueda de caras nuevas, pero conocidas, luego de la irrupción de Javier Milei.

Para decirlo de otra manera, y más allá de la postura del empresario, una parte de la política mira fijo a Galperin para ver si ahora, de una vez por todas, pueden convencerlo para que dé el paso. Y no para un puesto menor: nada de diputaciones y senadurías.

Es una idea de algunos círculos que en el entorno del empresario juran que es algo con bastantes pocas chances de ocurrir. El mismo lo dijo en una entrevista en La Nación, el año pasado: “Es un mito total que quiera ser presidente. Tampoco quiero entrar a la política”. Pero en la convulsionada Argentina todo cambia a la velocidad de la luz.

“Hay que rodearlo y encontrarle la vuelta. Y está claro que no puede ser para un puesto legislativo por su perfil y porque es alguien que está acostumbrado a dirigir, a mandar. ¿Ministro de alto rango? Quizás, pero de quién. Está para más”, opinaron desde un espacio que podría definirse como afín. Como sea, falta mucho. Nadie quiere quemarlo… ni quemarse. En Mercado Libre eligieron no hacer comentarios sobre el tema con Infobae.

La cercanía de la que se habla en las últimas semanas, claro, es con Mauricio Macri. El líder del Pro está buscando sucesor: quiere revivir –o mantener vivo– al Pro. Lo desvela la idea de que le ocurra lo que a Cristina Kirchner, que nunca pudo, supo o quiso ungir un heredero. No pocos creen que el exmandatario se acordó algo tarde.

Cerca de Macri dicen “ni”. Hablan de la muy buena relación personal y de larga data entre ambos, de conversaciones periódicas y de que, “obvio”, se verán en Cumelén en el verano. Como contó Infobae hace casi un año, ahora ambos son vecinos en el muy exclusivo barrio cerrado de Villa La Angostura frente al Lago Nahuel Huapi. Los propietarios recuerdan una ardua negociación en la que el empresario subió varias veces el precio hasta que fue irresistible para el vendedor.

Macri vive tiempos de cambios en todo sentido. Incluso allegados cuentan en voz baja que está buscando una nueva propiedad, quiere pasar de su casona de Acassuso a otra en San Isidro. Con su círculo más íntimo delinea la idea de un renacer del Pro con una cara al frente que no quiere que se la de ninguno de los históricos dirigentes que aún están a su lado. Algunos de ellos se ilusionan con una suerte de espejo, la idea de un sucesor de perfil similar al del ex mandatario: empresario exitoso que se proyecta a lo más alto de la política. Claro, Macri en el medio tuvo a un Boca Juniors multicampeón y Galperin nunca se acercó a la vida política de Independiente, de quien es hincha, y donde siempre pisan fuerte sus “enemigos”: los Moyano.

“Marcos tiene un perfil muy interesante para liderar un proceso de reconversión, pero falta. Mauricio mantiene reuniones con los jóvenes que quedaron en el Pro puro, con los de más experiencia. Con ellos habla de un eventual relanzamiento. A eso, claro, por ahora le falta una cabeza”, destacaron ante este medio desde el círculo cercano de Macri. Insisten con la prudencia y el largo plazo, y sonríen cuando se habla de Galperin, pero no adelantaron nada.

Con los rumores, no son pocos los que se preguntaron qué podría pasar, de avanzar con su perfil político, con la muy buena relación que tiene hoy Galperin con Milei y con algunos de sus negocios y planes futuros de Mercado Libre atados a decisiones de las autoridades.

Bucólico y ranchero

En el entorno de Galperin remarcan lo planificada y pensada que fue su salida como CEO de la empresa. Describen un proceso muy largo, de introspección, y en el que primaron el timing y, sobre todo, la elección del sucesor.

“Todo lo contrario a lo que está haciendo Mauricio, que está intentando resucitar el partido. Marcos se va en la cima, exitoso. Hoy no es un político, pero todo puede pasar”, aseguró ante este medio un empresario que se considera amigo de Galperin.

Mientras tanto, el dueño de Mercado Libre disfruta de su vida tranquila en Montevideo. Allí volvió repentinamente en 2019 cuando ganó Alberto Fernández y en medio de denuncias penales en su contra por supuestos delitos cambiarios. Nunca prosperaron. Temió por su futuro y el de su familia y cruzó el charco otra vez. En Uruguay había vivido desde el 2002 y durante todo el kirchnerismo.

Bloomberg lo retrató caminando por una bucólica Montevideo, sin guardaespaldas y transpirando en una húmeda mañana de calor. También como un señor que hace las compras en el barrio, corre por la playita cercana, hace los asados para los amigos los domingos y que hasta lloró mientras pensaba cuándo y cómo renunciar como CEO de su empresa. “En Argentina te piden fotos, esto y lo otro. Uruguay es un paraíso para mí”, comentó, y dejó una frase que fue título de la entrevista: “El verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”.

Juega al golf y al tenis, pero le va mucho mejor con los palos que con la raqueta. Al tenis lo apoya también económicamente. Desde hace un par de años, la Asociación Argentina de Tenis entrega la Beca Galperin al Mérito. Son USD 100.000 anuales para potenciar la carrera de dos tenistas jóvenes que demuestren un potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

También disfruta mucho de un rancho ganadero que, según confiaron allegados, habría comprado en EEUU, en el estado de Wyoming. Allí, dijeron, pesca, monta caballos y se relaja, lejos de Argentina. No hay fotos suyas, al menos públicas, luciendo sombrero de ganadero al estilo Kevin Costner en Yellowstone, la exitosa serie filmada en Montana, un estado vecino, otro de los llamados “montañosos”.

Muchos de los que lo conocen dicen que disfruta de un estilo relajado “muy Sun Valley”, por la conferencia de millonarios, la mayoría tech, que organiza todos los años Allen & Company. Allí, a ese lodge premium de Idaho, viajaron Milei y Luis Caputo el año pasado. Galperin es un habitué del encuentro desde hace años, siempre acompañado por su esposa Karina. La mayoría de los millonarios que acuden al exclusivo meeting empresarial son dueños de ranchos ganaderos en la zona y Galperin se habría subido a la ola.

“Marcos se va a convertir en una especie de asesor de primer nivel, eso hará, más allá de seguir muy cerca de Mercado Libre. No es que va armar un gran fondo para invertir. Es un tipo que escucha y le gusta dar consejos, transmitir su experiencia a sus pares. Extraña a la Argentina y está para apoyar, veremos de qué forma”, aseguró otro empresario que lo conoce. En el país viven sus tres hijos: el mayor estudió en San Andrés negocios digitales y administración de empresas y se está preparando para mudarse pronto a Brasil a trabajar en la multinacional que hace consultoría de negocios a la que ingresó este año. El otro varón estudia medicina y su hija ciencias sociales.

No es la primera vez que “satélites” del Pro intentan acercar a Galperin. Más de uno recuerda el insistente trabajo de hace unos años de Eduardo Bastitta, el joven empresario dueño de Plaza Logística y +Colonia. Bastitta integra el grupo de empresarios y economistas que asesora a Milei, un equipo consultivo que no está claro si sigue existiendo como tal.

Muy picante en redes sociales por momentos –con fuertes críticas al peronismo (“Peronia”, escribió varias veces), los K, el populismo y el estatismo–, Galperin parece estar está más tranquilo en los últimos meses, al menos con la política local. En redes, ahora su foco son comentarios contra el antisemitismo global y la cultura woke. También apoyo a las políticas de Milei.

Mercado Libre tiene varias cuestiones en las que la regulación del Gobierno puede impactar en su negocios. Hasta ahora, la relación con la gestión Milei es muy buena. Por un lado están las denuncias administrativas cruzadas entre Mercado Libre y Modo, la billetera de casi todos los bancos públicos y privados. Se acusaron fuerte, pero los expedientes “duermen” en los despachos oficiales hace meses.

Otro tema pendiente del que no hay novedades desde hace un año es la licencia bancaria que “Meli” tramita ante el Banco Central para que Mercado Pago, la fintech de Galperin, se convierta en banco. Las entidades tradicionales celebraron que si eso ocurría iban a competir en la misma cancha, pero Mercado Banco se demora en llegar.

En el medio están las siempre polémicas exenciones impositivas a las que accede la empresa por medio de la ley de Economía del Conocimiento y en los últimos meses se destacó el apoyo de la empresa a deportistas, desde Franco Colapinto al joven ajedrecista Faustino Oro. En medio de la grieta entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, Galperin parece haber puesto huevos en ambas canastas: su compañía se convirtió en octubre en sponsor principal de la Liga Profesional y la semana pasada anunció que iba a estar en la camiseta de Estudiantes de la Plata, el finalista del torneo local presidido por Sebastián Verón, archienemigo de Tapia por estas horas. Le trajo suerte: el “Pincha” es el nuevo campeón del fútbol vernáculo.

Seguramente esta semana la empresa festejó también que las billeteras podrán pagar sueldos, como quedó plasmado en el proyecto de nueva ley Laboral que el Gobierno envió al Congreso. Horas antes, el empresario había dicho que no poder hacerlo era “bastante indignante”. Queda aún la aprobación legislativa y no entró por el momento el pago de jubilaciones, algo que Mercado Libre busca hacer desde hace tiempo desde su app. “¿Pasará por el Congreso una norma que perjudica a los mismos bancos que Caputo les pide que le compren bonos en pesos y dólares?“, se preguntó un banquero días atrás. En la city porteña dudan, aunque el proyecto del Concejo de Mayo parece bastante cerrado.

Son días de outsiders a la carta. En medio de los rumores de que el pastor evangelista Dante Gebel podría ser candidato por el peronismo, sobrevoló otra vez el nombre del hombre más rico del país.

Falta mucho y Galperin dice que no por el momento. Antes va a enfrentar un reto personal: dejar las riendas de su empresa.

El debate político en Colombia se intensificó tras la reciente reunión entre Iván Cepeda y representantes del empresariado, en el marco de su aspiración presidencial. El precandidato de izquierda defendió la necesidad de un “Gran Diálogo Nacional” que incluya a todos los sectores, en respuesta a las críticas surgidas desde la oposición, especialmente de figuras como Álvaro Uribe Vélez.

En un evento realizado en Sucre, Cepeda reafirmó su compromiso de mantener conversaciones con el empresariado, subrayando que continuará con estos acercamientos pese a las objeciones.

Dirigiéndose a Uribe Vélez, el precandidato cuestionó la idea de que el expresidente se considere “dueño del empresariado” y que se requiera su autorización para dialogar con los gremios. Cepeda enfatizó: “Colombia no necesita más odio ni más miedo. Lo que necesitamos es una conversación abierta entre todos los sectores del país”.

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Según Cepeda, “esta decisión no le agradó al expresidente Álvaro Uribe, ni a los sectores más conservadores del establecimiento. Uribe considera, como parte de su talante autoritario y mezquino, que es dueño del empresariado y que se necesita su permiso para dialogar con los gremios”.

En reacción a las palabras del senador por el Pacto Histórico, la precandidata presidencial Vicky Dávila utilizó sus redes sociales para señalar que tanto él como el presidente de la República, Gustavo Petro, representan una amenaza para el país y su empresariado.

“La dupleta diabólica: Cepeda-Petro. No, Iván Cepeda, lo que pasa es que usted es un peligro para Colombia y, claro, para los empresarios. Usted representa el NEOCOMUNISMO, la miseria, la destrucción (sic)”, escribió Dávila en su cuenta de X.

En paralelo, señaló que el candidato petrista tiene como principal apuesta mantener y fortalecer varias de las políticas de la actual administración que, en su opinión, son regresivas y nocivas para los colombianos.

“Usted ha sido claro en que quiere seguir la obra de Petro y “radicalizar” algunas de sus políticas. Y como si fuera poco, dice que va a seguir dialogando con los bandidos. Y no condena a Maduro, Jefe del Cartel de los Soles. Su silencio con el dolor de los venezolanos también es complicidad”, expuso la periodista en la misma red social.

A propósito, afirmó que el sector empresarial no tiene confianza en sus propuestas. “Por eso, el empresariado no puede creerle sus mentiras. Un lobo con piel de oveja, cómplice político de este Gobierno corrupto”.

Vicky Dávila señaló a Iván Cepeda de ser cómplice de narcotraficantes

Vicky Dávila cuestionó el silencio de Iván Cepeda ante los casos de corrupción que estarían asociados con la administración de Petro, resaltando su respaldo, que calificó como una “podredumbre” motivada por intereses personales.

“El candidato de Petro, Iván Cepeda, va en coche. Nadie le reclama callar ante la corrupción de este Gobierno. Él ha apoyado esa podredumbre, sin vergüenza, por conveniencia. Tampoco se ha escandalizado por los beneficios a los narcos y, en cambio, es uno de los “apoyadores” de la paz total que fracasó”, afirmó la precandidata Dávila.

Por otra parte, la también periodista mencionó que al candidato no parecen afectarle temas como las órdenes de bombardeo que habrían impactado a menores, ni los presuntos lujos de Verónica Alcocer en Suecia.

También cuestionó la adquisición de una flota de aviones Gripen valorados en casi $17 billones, transacción que definió como parte de las irregularidades gubernamentales.

“A Cepeda tampoco le importa que Petro ahora haya ordenado bombardear niños, menos le importan los sospechosos lujos de Verónica Alcocer en Suecia, donde este Gobierno corrupto compró casi 17 billones en aviones Gripen”, concluyó.

Tal y como informaron a EFE fuentes próximas al campeón de 22 Grand Slams este viernes, la intervención tuvo lugar por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

La operación fue realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch.

Una intervención que consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

El Gobierno de Gustavo Petro informó que tanto los sindicatos como los empresarios mostraron disposición para negociar el aumento del salario mínimo 2026, lo que abrió la posibilidad de ajustar las propuestas iniciales, que hasta ahora presentan una diferencia considerable. Tras la reunión de la mesa de concertación del 11 de diciembre de 2025, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó el ambiente de apertura al diálogo entre las partes, en teniendo en cuenta que la definición de la subida del sueldo impacta a millones de trabajadores y empresas en el país.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, el funcionario remarcó que el Gobierno asume una doble función: actuar como árbitro y, al mismo tiempo, representar la voz de la ciudadanía en la discusión salarial. “No hemos querido todavía presentar propuestas concretas, pero queremos informarle a la opinión pública, con mucha satisfacción y con mucho optimismo, que ambas partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo”, afirmó el ministro.

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Según él, ni la propuesta del 7,21% presentada por los empresarios ni la del 16% de los sindicatos son inamovibles, lo que abre la puerta a eventuales ajustes antes de la próxima reunión clave, prevista para el 15 de diciembre. El titular de la cartera laboral también anunció la intención del Gobierno de convocar una audiencia pública en esa fecha, con el objetivo de escuchar otras voces y enriquecer el proceso de concertación antes del próximo encuentro de la mesa.

Por el lado sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras centrales obreras reiteraron la existencia de una “distancia abismal” entre su propuesta de incremento del 16% y la de los empresarios. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, expresó que “seguimos sintiéndonos pesimistas y aspiramos a que el Gobierno vea la conveniencia de que un incremento del salario mínimo más cercano a la propuesta de los trabajadores”.

El dirigente insistió en que la participación sindical en la negociación depende de que los empresarios eleven su oferta a un ajuste de al menos dos dígitos. “Si ellos no modifican su posición, nosotros tampoco lo haremos”, advirtió, y precisó que el punto de partida para cualquier conversación debe ser un aumento superior al 10%.

Dispuestos a revisar las cifras

Arias también dejó claro que la CUT está dispuesta a revisar la cifra si los empresarios mejoran la suya: “Estamos dispuestos a revisar nuestra cifra en la medida en que ellos suban. Dos dígitos es nuestra base, y si se alcanza ese nivel, nos sentamos a conversar”. De paso, calificó la brecha actual como “total” y cuestionó la falta de generosidad en la propuesta empresarial, lo que, según él, dificulta avanzar en la concertación.

La solicitud sindical del 16% se fundamenta en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el encarecimiento de bienes y servicios esenciales. De aprobarse esta propuesta, el salario mínimo mensual pasaría de $1.423.500 a $1.651.260, lo que representa un incremento de $227.760. Al sumar el auxilio de transporte, el monto total alcanzaría $1.883.260, es decir, entre $227.760 y $259.760 más que el valor vigente.

Cómo sería el aumento del salario mínimo con la propuesta de las empresas

Por parte del sector empresarial, los gremios —incluyendo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi)— propusieron un incremento del 7,21%. La cifra llevaría el salario mínimo a $1.526.191, con un aumento de $102.691, y el total con auxilio de transporte a $1.740.554, lo que supone un incremento cercano a los $117.000.

Los representantes empresariales justificaron la propuesta en criterios técnicos, teniendo como referencia la inflación observada del 5,3%, la productividad total de los factores (0,91%) y un componente adicional de ganancia real de 100 puntos básicos. En una comunicación dirigida al ministro Sanguino, los gremios manifestaron su preocupación por el deterioro del mercado laboral y el aumento de la informalidad.

La sorpresa de los empresarios

La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, expresó que los empresarios quedaron “sorprendidos” ante la propuesta sindical y reconoció: “Estamos muy alejados para tener una propuesta conjunta”.

La líder gremial explicó que la posición empresarial se basa en el análisis de factores como la inflación reportada por el Dane, la productividad y el panorama del empleo en Colombia.

Detalló que, de los 23 millones de ocupados en el país, 11,3 millones ganan menos de un salario mínimo y 2,4 millones ganan un salario mínimo. “Determinamos una fórmula responsable con las empresas y con los empleados, con nuestros trabajadores”, afirmó, al explicar que la propuesta del 7,21% busca equilibrar las variables económicas y sociales.

La Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) eligió por unanimidad a José Medina Mora Icaza como nuevo presidente, para el periodo 2026-2027, según informó el propio organismo la tarde de este 10 de diciembre. El nombramiento representa una apuesta por el fortalecimiento de la unidad en el sector privado y por un diálogo abierto con los actores clave de la vida social y económica en México.

Medina Mora asumió la dirigencia comprometiéndose a consolidar una agenda que priorice la inversión, la libre empresa, la innovación y el progreso social. En palabras del nuevo presidente del CCE: “Asumo este encargo con entusiasmo y con la certeza de que, juntos, seguiremos fortaleciendo la influencia, la cohesión y el impacto del CCE en la vida nacional. Dialogar para avanzar será nuestro eje: construir con todos, sin excluir a nadie, para que México alcance su máximo potencial”.

La Asamblea reconoció la gestión de Francisco Cervantes Díaz, expresidente del CCE, quien fortaleció la presencia institucional de la organización y la interlocución con el Gobierno de México, especialmente en temas vitales como el nearshoring, la inversión estratégica, la innovación y la política industrial.

Ejes de la gestión de Medina Mora

En su discurso de toma de protesta, José Medina Mora puntualizó los tres pilares que marcarán el rumbo del CCE bajo su presidencia. Destacó que la labor del organismo se enfocará en:

• Liderar un crecimiento económico con certeza, seguridad y reglas claras.
• Preparar una participación técnica del sector empresarial rumbo a la revisión del T-MEC en 2026.
• Reforzar el diálogo democrático y la cooperación entre Gobierno, empresas y sociedad.

Además, enfatizó que el sector privado seguirá apostando por la libre empresa, la competitividad y el emprendimiento para impulsar la movilidad social y el progreso.

Medina Mora refrendó que su gestión será de puertas abiertas, privilegiando la escucha activa y la búsqueda permanente de acuerdos orientados a la estabilidad económica y el bienestar de las familias mexicanas.

Previo a la asunción formal del cargo, José Medina Mora Icaza fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el pasado 8 de diciembre. En esa reunión, la mandataria informó en sus redes sociales: “Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre será presidente del Consejo Coordinador Empresarial”.

Trayectoria profesional y académica de Medina Mora

El perfil de José Medina Mora combina historia empresarial y formación académica sólida:

• Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana.
• Dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Stanford.
• Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

En el ámbito empresarial, fundó CompuSoluciones y en los últimos años lideró COPARMEX, donde impulsó agendas como el aumento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones. También ha sido directivo en Hewlett-Packard y participa en múltiples consejos de empresas.

El proceso de negociación para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 avanza en un contexto de posturas cada vez más distantes entre los actores involucrados.

Según reveló una fuente participante en la mesa tripartita a Semana, los sindicatos planean solicitar un incremento del 16%, argumentando que existe un rezago respecto a los ajustes salariales que debieron realizarse en años anteriores.

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Esta propuesta busca equilibrar las condiciones para los trabajadores y compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

De acuerdo con el calendario legal, el nuevo salario mínimo deberá empezar a pagarse desde la primera quincena de enero de 2026.

Si la mesa de concertación no logra un acuerdo antes del 30 de diciembre, la decisión quedará en manos del Ejecutivo, que podrá fijar el aumento mediante decreto.

La ley establece que el ajuste debe cubrir la inflación y garantizar la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores, además de impactar el auxilio de transporte y el costo total para los empleadores.

Durante la jornada del martes 9 de diciembre, la mesa tripartita —integrada por el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras— recibirá presentaciones del Dane sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras cifras relevantes.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público también expondrá la coyuntura macroeconómica, aportando elementos clave para la discusión. Las cifras concretas deberán estar sobre la mesa hacia el mediodía, momento en el que se iniciará formalmente la negociación.

El proceso contempla dos fechas límite: la primera, el 15 de diciembre, y la segunda, el 30 de diciembre, en caso de que no se alcance un consenso inicial.

Si el aumento finalmente se sitúa cerca del 10%, el salario mínimo subiría $142.350, lo que, sumado al auxilio de transporte, elevaría el ingreso mensual a $1.785.850.

Este ajuste también incrementaría el costo total para los empleadores, quienes deben asumir aportes a salud y pensión, pagos al sistema de riesgos laborales, prima de servicios, cesantías y vacaciones.

Aumento del salario mínimo en Colombia impactará tarifas de bienes y servicios

Millones de trabajadores en Colombia esperan la definición del aumento del salario mínimo para 2026, una decisión que se discute actualmente entre empresarios, centrales obreras y el Gobierno nacional.

El ajuste tendrá un impacto directo en entre 60 y 70 tarifas de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, lo que provocará un incremento proporcional en sus precios.

Entre los servicios más afectados por este ajuste se encuentran la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de desindexar estos proyectos del salario mínimo para evitar que el aumento repercuta en los hogares de bajos ingresos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la inflación anual a noviembre alcanzó el 5,30%, una reducción respecto al mes anterior (5,51%), mientras que la variación mensual fue de 0,07%.

Este dato será clave en la negociación, ya que los gremios empresariales insisten en que el incremento salarial debe ser prudente para no afectar el empleo formal ni la productividad, proponiendo un ajuste cercano a la inflación.

Por el contrario, los sindicatos exigen un aumento “real” que supere la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y solicitan un incremento de dos dígitos.

Entre los bienes y servicios que aumentarán su valor de forma proporcional al salario mínimo figuran los costos laborales, aportes de trabajadores, matrículas de educación, tarifas para aprendices del Sena, multas de tránsito, aportes de salud, medicina prepagada, Soat, pasajes intermunicipales, consulta médica particular, lavado y planchado de ropa, servicios de peluquería y cuidado personal, mantenimiento y reparaciones en talleres, servicios de cuidado de niños y servicios de latonería vehicular.

Otros servicios, como los servicios domésticos, el arriendo y los paquetes turísticos, no están indexados al salario mínimo, sino al porcentaje del IPC al cierre del año.

Además, existen bienes y servicios que, aunque no están indexados, pueden verse afectados de manera indirecta por el aumento del salario mínimo o la inflación, como los restaurantes y las peluquerías.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre asumirá la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en sustitución de Francisco Cervantes.

El encuentro se dio en un momento clave para el diálogo entre el gobierno y el sector privado, ya que el nuevo liderazgo empresarial llega con una agenda centrada en la revisión del T-MEC, la reactivación de la inversión y el fortalecimiento del crecimiento económico.

Medina Mora celebró la apertura mostrada por la administración federal hacia proyectos mixtos y anticipó que trabajará por generar mayores certezas para las empresas en un entorno global retador.

Su llegada también representa un cambio dentro del CCE, luego de que él quedara como candidato único para dirigir el organismo.

¿Quién es José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora es un empresario con una sólida trayectoria académica y profesional.

Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana, cuenta con dos maestrías y un doctorado en la Universidad de Stanford, además de una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

Su perfil combina formación técnica, visión empresarial y experiencia en el sector tecnológico.

Fundó CompuSoluciones, una integradora mayorista de soluciones de Tecnologías de la Información, y desde 2021 es presidente nacional de COPARMEX, donde impulsó agendas como el aumento al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones.

Aunque mantuvo tensiones con el expresidente López Obrador en temas de inversión privada y reforma judicial, su gestión fue reconocida por sostener un diálogo firme con el gobierno.

También fue directivo en Hewlett-Packard, participa en diversos consejos de empresas, universidades e instituciones de beneficencia y es miembro de los consejos consultivos de Nafin y Citibanamex.

Revistas especializadas lo han colocado entre los empresarios más influyentes del país.

Qué es el Consejo Coordinador Empresarial

El CCE es la principal cúpula del empresariado mexicano.

Fundado en 1976, surgió como una respuesta del sector privado ante los desafíos económicos y la creciente intervención gubernamental de la época.

Representa a más del 80% del PIB nacional y agrupa a los principales organismos empresariales, entre ellos CONCAMIN, COPARMEX y la Asociación de Bancos de México, para actuar como una sola voz ante el Estado.

Su papel consiste en impulsar políticas públicas que favorezcan el desarrollo económico, la competitividad y la innovación.

También defiende principios como la transparencia, el libre mercado, el Estado de derecho y la equidad de oportunidades.

Funciona, además, como un espacio de concertación interna del sector privado, donde se intercambia información y se unifican criterios.

Cómo contribuye el CCE al país y su papel en la relación con el gobierno

Con la llegada de Medina Mora, la relación entre el CCE y el gobierno federal puede tomar un nuevo rumbo.

Mientras Francisco Cervantes, actual Presidente del CCE, mantuvo una cercanía evidente con la Cuarta Transformación, el nuevo presidente proviene de una tradición empresarial más crítica, aunque ha expresado disposición al diálogo con la administración de Sheinbaum.

El organismo es clave para México porque articula al sector productivo en torno a objetivos que influyen directamente en la economía nacional.

Su interlocución se vuelve indispensable en momentos como la revisión del T-MEC, el impulso a la inversión y la discusión sobre políticas públicas que afectan a la industria, el comercio y el empleo.

Principales funciones del CCE

• Representar unificadamente al sector privado ante el gobierno.
• Impulsar políticas públicas que eleven productividad, competitividad e innovación.
• Promover crecimiento económico y fortalecimiento del empleo formal.
• Defender principios de libre mercado, transparencia y Estado de derecho.
• Servir como foro de concertación entre cámaras, asociaciones y empresas.

Desde la llegada de los españoles a América en el siglo XV, las corridas de toros fueron incluidas como parte de las celebraciones religiosas y festividades patrias, convirtiéndose en un espectáculo popularizado entre las élites y la población en general.

Con el paso de los años, esta actividad se consolidó como una práctica establecida en el territorio colombiano, dando origen a plazas de toros emblemáticas en regiones como Bogotá, Cali y Manizales, permaneciendo durante mucho tiempo como un símbolo de tradición y prestigio.

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Sin embargo, el 22 de julio de 2024 fue uno de los momentos más importantes en la historia de Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro sancionara la Ley 2385 de 2024, conocida como “No Más Ole”, normativa que establece la prohibición de las corridas de toros y otras prácticas similares en el país, como las cabalgatas, los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.

La ley contempla una transición de tres años desde su reglamentación; es decir, que su entrada en vigor sería en julio de 2027, con el fin de que aquellos que se dedican a estas actividades puedan transitar hacia una reconversión laboral, las críticas hacia la Ley No más Ole no han cesado.

No obstante, decenas de demandas fueron radicadas por representantes del sector, empresarios, toreros, ganaderos y demás integrantes del gremio taurino, al considerar que se le están vulnerando su derecho al trabajo, así como la protección de la diversidad cultural y el patrimonio nacional, restricción al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y la propiedad privada.

A pesar de ello, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió en septiembre de 2025 ratificar la constitucionalidad de la normativa, al priorizar la protección de los derechos de los animales por encima de la defensa de tradiciones culturales que implican sufrimiento, lo que implicó la desestimación de las acciones impulsadas por los opositores a la prohibición de estas prácticas.

En este sentido, Infobae Colombia consultó a varios representantes del gremio taurino, así como a los impulsores de la normativa prohibicionista en la que defendieron su postura sobre la realización o no de las corridas de toros en Colombia, recalcando que, en medio del periodo de transición, varias ciudades han confirmado la programación de eventos taurinos como es el caso de la Feria de Cali y la Feria de Manizales, respectivamente.

Defensa del gremio taurino

Camilo Medina Rodríguez, gerente de la organización Toros por Bogotá, manifestó a este medio de comunicación que, aunque está vigente el periodo de transición, ha existido desinformación frente a la divulgación de la ley antitaurina.

“Se está empezando a achicar la ganadería y esto ocasionará pérdidas genéticas grandes en el país (...) y lo que se hizo fue una divulgación de la prohibición como tal, y eso ha generado que haya mucha desinformación y a su vez genera que el público piense que no hay los 3 años de transición y que ya de facto este estén prohibidas las corridas de toros”, indicó.

Entre tanto, Alejandro Valencia, representante de la empresa Toro Vive, gestora de la feria taurina en Cali, explicó a Infobae Colombia que pese a la sanción de la normativa, el sector se mantiene vigente y manifestó su optimismo en que se cuentan con las herramientas jurídicas para anular la ley No Más Ole.

“En este año y medio de sanción, el sector taurino ha cambiado poco, más allá de la ansiedad y el temor que pueda generar una ley que prohíbe, pero no da herramientas para saber lo qué vamos a hacer con todas las personas que dependen sus trabajos de la actividad taurina (...) seguimos trabajando porque todavía está permitido y mientras sea permitido, pues seguiremos trabajando en las labores taurinas y en desarrollar una feria para los aficionados y en que los artistas puedan todavía beneficiarse de lo que implica la actividad laboral para ellos”, afirmó el socio de la empresa taurina a este medio de comunicación.

En materia económica, Medina Rodríguez sostuvo que, solo por la suspensión de la actividad en Bogotá, el sector dejaba ganancias superiores a los 2.000 millones de pesos, por lo que indicó que esta cifra podría ser similar a otras ciudades con tradición taurina.

“Bogotá recibía entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, y eso solamente por un tema de impuestos al distrito, que consiste en el piso de plaza, el IVA sobre las boletas y demás (...) el sector informal, ya sea los de ropa, comida, revendedores de boletería, parqueaderos y transporte intermunicipal (en el caso de los municipios con tradición) son más de 1.000 millones de pesos por día de corrida”, explicó.

Así mismo, el vocero de la feria caleña recalcó que esta es una actividad que no solo afectaría al gremio sino al comercio formal e informal.

“Podemos hablar de 1.700 empleos indirectos y 1.100 directos, de 170 artistas que perderían su trabajo, sin contar además con 10.000 animales que están en el campo pastando para conservar la genética del toro que también generan una economía en el campo (...) La ley de prohibición impactaría económicamente no solo a las ciudades y a la actividad taurina, impacta directamente a los ganaderos, a las personas que trabajan con estos ganaderos, transportadores que llevan las reses, cantidad de derivadas de lo que podría ser el escenario de no tener toros”, expuso.

Denuncian maltrato y agresiones físicas

De otro lado, Alejandro Valencia denunció en Infobae Colombia que, durante el periodo en el que se ha reglamentado la Ley No más Ole, algunos integrantes del gremio taurino y aficionados han sido agredidos físicamente a las afueras de los escenarios taurinos.

“Más allá de la moral, lo que nos preocupa es que hay agresiones físicas durante las actividades taurinas. Nos agreden, nos escupen, halan el pelo a las mujeres, hacen cordones humanos para impedir el paso y estos cordones humanos luego derivan en provocación a la fuerza pública y en provocación a los aficionados”, mencionó.

Incluso, expuso un caso personal en el que, según él, varios manifestantes contra la fiesta taurina le manifestaron que recibieron sumas económicas o de especie para evitar la realización de este tipo de eventos.

“A título personal, me tomé la tarea de preguntar a unos jóvenes que estaban queriendo arengar un proyecto de marcha y de agresión el día 26 de diciembre de 2024 y abiertamente un muchacho de esos me dijo, “No, es que a nosotros nos dan un monto económico y nos dan el almuerzo para venir a alentar esto” (...) Uno no puede pagarle a una persona para que vaya a generar desorden”, expuso.

Por su parte, Camilo Medina hizo referencia a una protesta ocurrida en 2017 cuando se presentaron altercados entre aficionados y animalistas, en la Plaza de Toros Santa María de Bogotá, hecho que, para él, podrían replicarse una vez entre en vigor la normativa.

“Los políticos que se han encargado de generar este tipo de leyes se refieren a nosotros en malos términos, por ejemplo, de asesinos, torturadores, en fin, una serie de calificativos que obviamente están errados (...) se registraron varios casos de adultos mayores que fueron empujados y agredidos físicamente. En fin, la estigmatización es horrible”, comentó.

Fallas en la reconversión laboral

Frente al periodo de transición laboral para los integrantes del sector taurino, Alejandro Valencia negó tener acercamientos con el Gobierno colombiano. “Ahora sí se puede reconvertir a cualquier persona menos a un torero, y hay recursos para reconvertir personas que han estado delinquiendo, pero no hay presupuesto para conciliar con una actividad que ha sido legal. Aquí nunca se ha cometido un delito, aquí se respeta la ley, aquí se produce economía, aquí se genera trabajo y eso es lo que Gobierno Nacional no ha querido escuchar”, insistió.

Por su parte, Camilo Medina aseveró que, aunque hubo contactos con el Ejecutivo, denuncia que hubo posibles irregularidades para la escogencia de los defensores de la festividad taurina.

“Esa citación fue amañada porque no tuvieron en cuenta todos los sectores, sino que cogieron dos o tres puntualmente, y ellos no tenían el respaldo ni eran representativos para el gremio (...) esa reunión no tuvo pies ni cabeza porque no fijaron absolutamente nada”, recalcó.

Incluso, el líder taurino bogotano manifestó que el Gobierno Petro advirtió sobre falta de presupuesto para ese sector.

“En el Concejo de Manizales, la senadora Esmeralda Hernández, que fue la ponente y autora de la ley, básicamente la respuesta fue muy puntual: ‘No se va a dar reconversión laboral porque el Gobierno nacional no tiene presupuesto para esto’. Y ahí quedamos en el limbo todos los actores”, comentó.

Por último, ambos defensores de la actividad taurina reiteraron el compromiso del gremio para adelantar nuevas demandas que pretendan anular la normativa.

“Ya salió un concepto de la Corte Constitucional favorable, pero siempre hay recursos que se pueden interponer, siempre hay escenarios legales y jurídicos con los que se puede contar y siempre hay entidades de instituciones serias en las que las que podemos respaldar”, puntualizó Alejandro Valencia.

Qué responden los defensores de la Ley No más Ole

Ante las denuncias del gremio taurino, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y autora de la Ley No más Ole, declaró en Infobae Colombia que la normativa que prohibió las corridas de toros en Colombia se ha convertido en una de las leyes más demandas de la historia de la nación.

“Ocho días después de la sanción del presidente Gustavo Petro, llega la primera demanda que fue una demanda que interpuso el Centro Democrático para tumbar la ley. Y después de esa demanda, llegaron otras 14 demandas, siendo la ley más demandada en la historia de Colombia (...) pero hoy podemos decir que Colombia está libre de espectáculos crueles con animales y que quedan prohibidas las cuatro prácticas de tortura que hoy estaban avaladas como cultura y como espectáculo público en el país”, manifestó la congresista a este medio de comunicación.

De igual manera, Hernández indicó que, pese a que se conoció la sentencia de la Corte Constitucional en la que avaló la ley prohibicionista, aún se desconoce el sentido del fallo, por lo que no se tiene conocimiento si la transición de la actividad iniciaría desde la sanción presidencial o desde el concepto del alto tribunal.

“Nosotros estuvimos todo el año defendiéndonos en la Corte de las demandas, entregando argumentos, pidiendo audiencias, documentos, pruebas, fue un año bien complejo de defensa de la ley”, agregó.

En cuanto al proceso de reconversión laboral del sector taurino, la senadora del Pacto Histórico manifestó que, a diferencia de lo expresado por los representantes taurinos, se instaló una comisión interinstitucional para definir las nuevas labores de aquellos se benefician de estas actividades, pero subrayó que hubo dilataciones por parte de los mismos.

“Ellos se habían negado, dilataron la instalación del comité hasta cuando ya definitivamente vieron que era imposible porque tenían la esperanza que la Corte tumbara la ley. Hoy con la ley en firme, pues ya tendremos que avanzar, tendremos que dinamizar todo el proceso de reconversión (...) y lo que buscamos no es que se les impongan las nuevas actividades de reconversión, sino que ellos decidan y construyamos juntos el plan”, explicó.

A su vez, Esmeralda Hernández precisó que, en la actualidad, “no hay un censo o un documento oficial que nos diga ¿Dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿a qué se dedican?, ¿si tienen otras actividades o no?, ¿si solo hacen tauromaquia?, etc. (...) y después de que tengamos esa base de datos construida, tendremos que empezar a construir los programas con ellos”

Del mismo modo, la parlamentaria hizo referencia a las actividades taurinas que se realizaran a finales de 2025 y a inicios de 2026, específicamente en Cali y Manizales, espectáculos que, según la dirigente, le hace falta una documentación para su realización.

“En este momento, estamos pendientes de que el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Ambiente, expida la resolución de reglamentación de las corridas de toros, para ver cómo van a operar o cómo se pueden hacer esas corridas. Está muy pronto a expedirse”, añadió.

En cuanto a las denuncias por agresión física, la senadora del Pacto Histórico expresó que no tiene conocimiento de denuncias de este estilo, y aclaró que, para evitar este tipo de conflictos, envió un mensaje a las alcaldías y gobernaciones para adelantar todas las gestiones frente a la transición de la actividad en el país.

“La verdad no conozco la primera denuncia pública en redes y en ninguna parte de que se hubiese presentado violencia del sector antitaurino, de los defensores de los derechos de los animales contra el sector taurino (...) he invitado a las alcaldías, por ejemplo, al alcalde de Cali y al alcalde de Manizales, a que empiecen la transición y que no esperen a que se vayan los 3 años, porque lo que ellos están haciendo es profundizar en las corridas de toros durante estos años y al contrario, lo que tienen que hacer es empezar a desincentivarlas y empezar empezar a hacer la transición y aprobar con otro tipo de espectáculos”, precisó.

Por último, hizo un mensaje a todos los sectores y administraciones locales para que se adopten las medidas necesarias para desincentivar las corridas de toros en Colombia.

“Hoy la cultura ya no es la cultura de la muerte y de la tortura, sino es la cultura del respeto y la reivindicación de la vida. Hoy ya no son héroes, hoy la gente los ve como los verdugos de los animales, tienen que aceptar que hay un cambio e ir en esa onda (...) yo no soy enemiga de ellos y creo que la ley no tendría éxito ni razón de ser, si la dejamos simplemente en la prohibición y no le ayudamos a esas familias a que a que a que eh transiten hacia otro tipo de actividad, y yo estoy en plena disposición para sentarme a construir el programa para servir de puente”, concluyó.

La nominación de Luz Stella Murgas como candidata a la presidencia del Consejo Gremial Nacional en 2026, respaldada por diez gremios empresariales, se produce en un contexto que los firmantes consideran determinante para el futuro del país y del sector productivo.

Según la carta enviada por la SAC, Andi, ACM, Acopi, Federación Nacional de Cafeteros, Asobancaria, Cotelco, PorkColombia, Acoplástricos y Fenavi, el próximo año estará marcado por el cierre de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, así como por debates cruciales sobre el relevo político, lo que exige una dirección gremial más firme y estratégica.

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“El 2026 será un año decisivo para el país y para el sector empresarial que representamos. La culminación de un ciclo de Gobierno, las elecciones legislativas y presidenciales, y los debates propios de la transición política configuran un entorno donde la voz del Consejo Gremial Nacional deberá sermás firme, estratégica y coordinada que nunca. Es un momento que exige liderazgo constructivo, claridad de propósito y una defensa técnica, rigurosa y unificada del papel del sector productivo en la sociedad”, puntualiza el comunicado.

Los gremios consideran que a lo largo de la administración del presidente Gustavo Petro, el debate político estuvo caracterizado por un intercambio tenso entre el Gobierno nacional y los sectores productivos. De acuerdo con la misiva, el actual Gobierno cuestionó sectores como el gas natural, el petróleo y la minería, mientras que se registró un deterioro de la seguridad en los territorios y un aumento de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

“En los últimos tres años hemos visto cómo el debate público ha estado marcado por tensiones entre el Gobierno Nacional y distintos sectores productivos, actividades como el gas natural, el petróleo y la minería han recibido cuestionamientos desde instancias oficiales, al tiempo que el deterioro de la seguridad en los territorios y las tensiones diplomáticas con nuestro principal socio comercial han introducido incertidumbre en sectores estratégicos”, señalaron los gremios.

A pesar de estas circunstancias adversas, los empresarios mantienen su compromiso con la defensa de los intereses legítimos del empresariado, que abarcan el empleo, la inversión, la innovación y la generación de oportunidades para la población colombiana.

“Quienes han liderado el CGN han debido enfrentar un escenario complejo, representando con responsabilidad nuestros principios ante el Estado y ante la opinión pública. Su labor ha sido fundamental para reivindicar la importancia de la seguridad jurídica, para preservar la confianza empresarial y para defender la legitimidad del trabajo gremial en la democracia”, subrayaron.

Otros postulados al Consejo Gremial Nacional

La postulación de Katherine Gutiérrez como presidenta y Andrés Mauricio Velasco Martínez como vicepresidente del Consejo Gremial marca un nuevo capítulo para el empresariado colombiano, que reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del sector, incluyendo el empleo, la inversión y la innovación.

El respaldo a esta dupla se fundamenta en la necesidad de un liderazgo capaz de impulsar agendas técnicas y coordinar procesos intergremiales, en un contexto que exige colaboración constante con el Gobierno nacional y el Congreso de la República. Los gremios insisten en que la coyuntura actual requiere un empresariado unido, con visión de largo plazo, para fortalecer la interlocución y consolidar posiciones comunes en favor del bienestar, el empleo formal y el crecimiento económico sostenible.

La trayectoria de Gutiérrez incluye cargos como viceministra del Interior, viceministra de Minas, presidenta de la Agencia Nacional de Minería y presidenta de Acolgen, lo que le otorga experiencia en dirección estratégica y conocimiento regulatorio, elementos considerados relevantes en un momento de transformación económica y empresarial. El documento de apoyo subraya que lidera un sector esencial para el funcionamiento de toda la economía y que su liderazgo permitiría continuar una línea de trabajo plural y representativa entre todos los sectores que integran el Consejo Gremial.

Por su parte, la carta resalta la formación académica y experiencia técnica de Velasco, que ha sido profesor de macroeconomía en distintas universidades y ha ocupado cargos como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, subgerente de Sistemas de Pago del Banco de la República y viceministro Técnico de Hacienda. La combinación de ambos perfiles se presenta como una propuesta que integra trayectoria política, técnica y gremia

‘Los monstruos y el gimnasio’ – Alberto Galgano

En este libro, uno de los fundadores del Grupo Galgano, consultora de referencia en España en servicios de asesoría y auditoría, aborda cómo tratar las relaciones entre empresa y clientes para alcanzar la máxima calidad. A través de una metáfora que caracteriza a los clientes como los monstruos insaciables que acuden a demandar un producto o servicio y la empresa como el gimnasio donde los trabajadores entrenan y se preparan para atenderlos, Galgano expone una serie de recomendaciones para optimizar la atención al público y máximizar la rentabilidad de la compañía.

Capitalismo consciente – Raj Sisodia y John Mackey

El académico Sisodia desarrolla en Capitalismo consciente una propuesta de modelo de negocio rentable pero más ético y sostenible junto a Mackey, fundador de la cadena de supermercados centrados en la alimentación natural, orgánica y saludable Whole Foods. Para ellos, los autores ponen en valor la importancia de concretar un propósito para la firma más allá de lo económico, prestar atención a los intereses de todas las partes, liderar de forma consciente con inteligencia emocional y crear una cultura empresarial que refleje estos fines.

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva – Stephen R. Covey

Desde su publicación en 1989, esta obra se ha convertido en un referente en el mundo de la literatura de autoayuda y el desarrollo personal, alagado y criticado a partes iguales. Al igual queotros muchos empresarios, Roig recomienda seguir sus consejos para lograr una gestión empresarial efectiva y orientada a objetivos.

De cero a uno – Peter Thiel

El cofundador de PayPal delinea en este libro los pasos para innovar en el ámbito empresarial y desarrollar un proyecto rompedor. El inversor y emprendedor explica a sus lectores cómo una stratup puede usar el ingenio y la tecnología a su favor para crear un producto nuevo que responda a las necesidades de los consumidores en lugar de copiar lo que han hecho sus predecesores.

La isla de los 5 faros – Ferran Ramón-Cortés

Más allá de la gestión empresarial, Roig pone el foco en la importancia de convertirse en un buen comunicador. En este breve ensayo, Ramón-Cortés relata un viaje por los faros de Menorca tras un fracaso profesional en una ponencia. Cada faro representa un principio clave para transmitir mensajes mejor para que sean memorables y realmente lleguen al público.

¿Quién se ha llevado mi queso? – Spencer Johnson

El empresario valenciano vuelve al terreno de la autoayuda con ¿Quién se ha llevado mi queso?, una fábula sobre el cambio protagonizada por dos ratones y dos humanos que viven en un laberinto en busca de queso. Cuando este desaparece, cada personaje reacciona de forma distinta: unos se adaptan rápido, otros se resisten. El libro muestra cómo el miedo y las creencias limitantes frenan el avance también en el ámbito profesinal y personal.

La buena suerte – Álex Rovira & Fernando Trías de Bes

Rovira y Trías de Bes muestran en La buena suerte cómo ciertas condiciones, como preparación, esfuerzo, perseverancia y actitud positiva, permiten que la “suerte” aparezca. Ambos autores defienden que la clave está en construir un entorno favorable y tomar decisiones conscientes, al mismo tiempo que resaltan la importancia de la disciplina y la visión estratégica para lograr objetivos.

El arte de pensar – José Carlos Ruiz

En este libro, Ruiz invita a desarrollar pensamiento crítico y propone métodos prácticos para pensar con claridad y eficacia. El arte de pensar anima a los lectores a cuestionar información, detectar sesgos y formar opiniones propias, herramientas esenciales para tomar decisiones acertadas en entornos empresariales complejos.

Allegro ma non troppo – Carlo M. Cipolla

Es un ensayo humorístico sobre la economía y la conducta humana, Cipolla analiza la irracionalidad y la estupidez como fenómenos sociales con impacto económico. A través de ejemplos históricos de comportamientos contraproducentes, la obra aborda cómo anticipar las acciones humanas y mejorar la gestión de equipos y recursos.

La caja – The Arbinger Institute

La Caja relata cómo el autoengaño limita el rendimiento individual y colectivo. Esta “caja” representa la visión distorsionada que tenemos de nosotros mismos y de los demás. En esta guía práctica de liderazgo y desarrollo personal, The Arbinger Institute propone salir de ella para aumentar la productividad y la empatía.

Fotos: Adrián Escandar