Las primarias de 2026 en Estados Unidos entran en su recta final con cinco contiendas que definirán el mapa electoral de noviembre. En las próximas semanas los votantes de Wisconsin, Carolina del Sur, Florida y Massachusetts resolverán disputas abiertas tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, en carreras que van desde gobernaciones hasta escaños en el Senado y la Cámara de Representantes.

Dos de esas primarias —Wisconsin y Carolina del Sur— ya se disputaron el 12 de agosto. Las tres restantes tienen fecha en los próximos días y semanas.

Wisconsin: la izquierda demócrata a prueba en un estado bisagra

La primaria demócrata para gobernador de Wisconsin fue, según The Hill, “el mayor examen electoral para los Socialistas Demócratas de América en este ciclo”. La representante estatal Francesca Hong, socialista democrática, buscaba replicar la victoria del progresista Abdul El-Sayed en Michigan la semana anterior.

Su rival era David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee y candidato respaldado por el gobernador saliente Tony Evers, quien decidió no buscar un tercer mandato.

El establecimiento demócrata expresó dudas sobre la viabilidad de Hong en noviembre frente al candidato republicano, el representante Tom Tiffany. El estratega David Axelrod la calificó de “liberal extravagante” en contraste con El-Sayed, a quien describió como “una persona seria”. Hong respondió que Axelrod y “la clase de consultores” están “completamente desconectados de la realidad”.

Los resultados confirman que Crowley ganó la nominación demócrata en una contienda extremadamente ajustada.

Carolina del Sur: una familia, un escaño y una probable segunda vuelta

El martes, los republicanos de Carolina del Sur eligieron al candidato que enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews por el escaño vacante del fallecido senador Lindsey Graham.

Darline Graham, hermana del senador y nombrada para completar su mandato, entró a la carrera con el respaldo del presidente Trump. Sin embargo, enfrentó a rivales con más experiencia política: los representantes Ralph Norman y Russell Fry, el retador primario de Graham, Mark Lynch, y el exgobernador Mark Sanford.

Fry ganó terreno en los últimos sondeos con ataques directos a la escasa trayectoria política de Darline Graham. “El Senado de Estados Unidos no es lugar para aprender en el trabajo”, dijo el lunes. “No heredé un récord. Me lo gané”.

Las proyecciones indican que Darline Graham y Norman avanzaron a la segunda vuelta del 25 de agosto, ya que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta.

Florida: Donalds lidera la primaria republicana para gobernador

El 18 de agosto, Florida celebra su primaria para elegir al sucesor del gobernador Ron DeSantis, impedido de buscar la reelección por límites de mandato.

En el flanco republicano, el representante Byron Donalds llega como favorito claro con el respaldo de Trump y una ventaja sólida en las encuestas frente a nueve contrincantes. Uno de ellos, James Fishback, generó controversia nacional con declaraciones polémicas y cuenta con el apoyo del presentador Tucker Carlson y del activista de extrema derecha Nick Fuentes.

Por el lado demócrata, el exrepresentante David Jolly encabeza el campo. Jolly abandonó formalmente el Partido Republicano en 2018 y se convirtió en un crítico vocal del presidente. El Cook Political Report clasifica la carrera como sólidamente republicana, aunque algunos demócratas confían en las posibilidades de Jolly en noviembre.

Florida Distrito 19: una carrera con candidatos de todo el país

La misma jornada del 18 de agosto define quién ocupa el escaño en el Congreso que Donalds deja vacante. El Distrito 19, que abarca el suroeste de Florida con ciudades como Cape Coral y Naples, tiene perfil sólidamente republicano.

El campo incluye a dos exlegisladores de otros estados: Madison Cawthorn, quien perdió su reelección en Carolina del Norte, y Chris Collins, exrepresentante de Nueva York. También compiten el exsenador estatal de Illinois Jim Oberweis, la excandidata al Congreso Catalina Lauf y John Strand, participante en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 que recibió un indulto.

La carrera atrajo atención nacional por la cantidad de candidatos acusados de ser foráneos al distrito y por los antecedentes de varios de ellos, según The Hill.

Massachusetts: Markey defiende su escaño ante un rival más joven

El 1 de septiembre, el senador Ed Markey, de 80 años, enfrenta una de las primarias más duras de su carrera. Markey, progresista con casi cuatro décadas en la Cámara antes de llegar al Senado, busca un tercer mandato completo en un estado de mayoría demócrata.

Su rival es el representante Seth Moulton, de 47 años, quien tras la derrota demócrata de 2024 llamó al partido a adoptar posiciones más moderadas y centró su campaña en el argumento del cambio generacional.

Una encuesta de Emerson de mayo mostró una carrera pareja: 37% para Markey y 32,3% para Moulton. La dinámica invierte el patrón habitual en el partido: esta vez es el progresista quien defiende el cargo frente a un rival centrista, lo opuesto a lo ocurrido cuando Markey venció al más moderado Joe Kennedy III en 2020.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia que sancionaba al periodista Élfego Riveros por presunta violencia política en razón de género. La decisión elimina cualquier sanción por los contenidos y opiniones difundidos durante las elecciones en Teocelo, Veracruz, y representa un respaldo al ejercicio de la libertad de expresión en los medios comunitarios.

Durante la sesión, realizada el miércoles 12 de agosto, donde se discutió el recurso de reconsideración SUP-REC-619/2025, presentado por Élfego Riveros en contra de la sentencia SX-JDC-767/2025, la mayoría de los magistrados determinó que no existió infracción alguna.

La Sala Superior concluyó que los actos atribuidos a Riveros no constituyeron violencia política en razón de género, pues no se acreditó un elemento de género ni un menoscabo real a los derechos político-electorales de la denunciante. Dos magistrados votaron por mantener la sanción, pero la mayoría se impuso en favor del periodista y la emisora.

El fallo confirma la integridad de Radio Teocelo

La denuncia contra Élfego Riveros, periodista del medio comunitario Radio Teocelo, se originó durante el proceso electoral en Teocelo, Veracruz. En 2025, Riveros fue señalado tras difundir en una entrevista opiniones y datos sobre relaciones familiares y políticas de una candidata local, información que consideró relevante para el interés público y la transparencia electoral.

La parte denunciante acusó a Riveros de incurrir en violencia política en razón de género, argumentando que sus expresiones afectaban los derechos político-electorales de la candidata. Esta figura legal, diseñada para proteger la participación política de las mujeres, fue invocada en el expediente para solicitar la sanción del periodista y del medio comunitario, atentando contra la libertad de expresión y los medios comunitarios.

El caso generó un debate sobre el uso de mecanismos legales destinados a la protección de derechos, que pueden emplearse para limitar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, especialmente en contextos donde la información sobre actores políticos resulta fundamental para la ciudadanía.

En un comunicado, la organización REDES, que ha acompañado el caso desde que surgió, celebró la resolución del TEPJF: “Un fallo que confirma su integridad y respalda el ejercicio de la libertad de expresión.” Esta declaración refuerza la relevancia del caso para el periodismo comunitario en México.

Una emisora con historia frente al riesgo de censura

Radio Teocelo cuenta con décadas de labor como medio comunitario, promoviendo la participación ciudadana y la discusión pública desde las comunidades rurales e indígenas de Veracruz. La emisora ha sido reconocida por su papel en la difusión de información relevante para la vida pública, abriendo espacios de diálogo y transparencia en contextos donde la censura y los obstáculos legales se han presentado de manera recurrente.

El proceso judicial contra Riveros evidenció la vulnerabilidad de los medios comunitarios ante denuncias que pueden derivar en censura, especialmente cuando se emplean figuras jurídicas como la violencia política en razón de género en contextos ajenos a la protección de derechos de las mujeres.

Organizaciones como REDES y Artículo 19 y defensores de derechos humanos, han advertido que el uso distorsionado de estas figuras puede afectar la pluralidad informativa y silenciar la labor periodística en regiones donde la radio comunitaria representa una de las pocas fuentes de información independiente.

La libertad de expresión, en el centro del debate

El fallo del Tribunal Electoral establece un precedente relevante para la protección del periodismo comunitario en México. La sentencia reconoce que el trabajo de Radio Teocelo y de Élfego Riveros se inscribe en el derecho de las comunidades a debatir y recibir información sobre asuntos públicos, sin que ello implique una infracción a los derechos político-electorales de terceros cuando no existe un elemento de género ni menoscabo real.

En 2026, Riveros fue incorporado al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por los riesgos derivados de su labor. La resolución del Tribunal responde a la exigencia de garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión, sin que ello implique retrocesos en la protección de otros derechos. La decisión también refleja el reconocimiento de la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos indígenas y rurales en la vida pública.

En una casa de seguridad en Culiacán, con la identidad y la voz alteradas para protegerlo, un presunto sicario del Cártel de Sinaloa describió ante una cámara cómo su organización garantizó la victoria de Rubén Rocha Moya en la elección de 2021.

“Que roben las urnas, que argumenten a la gente que voten por fulano o que será lo último que hagan en su vida”, dijo el sicario a las cámaras de DW en el documental México bajo el control de los cárteles: el poder en la sombra en Sinaloa, publicado el pasado 4 de agosto.

Al ser cuestionado si Rocha Moya pudo haber sido gobernador sin el apoyo de Los Chapitos, éste contesta tajantemente: “No, no habría sido así, porque los patrones son los que mueven el ajedrez”, respondió.

El testimonio recogido por la cadena alemana Deutsche Welle coincide con lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene en la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Lo que el sicario dijo ante las cámaras

Es el primer testimonio en cámara de un presunto integrante activo del cártel sobre la elección de 2021, pero no sólo habló de eso, sino de su rol dentro del cártel.

El hombre se presentó a sí mismo sin rodeos: “Soy sicario. Hago levantones, asesinatos, cobros de piso, cobros de cuentas”. Dijo que fue reclutado cuando era adolescente y trabajaba a medio tiempo, y que si se negara a cumplir una orden, lo matarían.

Describió con remordimiento lo que eso implica: “He visto qué les ocurría a los que se negaban por principios a matar a mujeres o niños. Okey, perfecto. Aquí están tus principios. ¡Bang, bang!”

El sicario también describió la relación operativa entre el cártel y las fuerzas de seguridad. Señaló a la Guardia Nacional como la institución más penetrada: “Se utiliza la Guardia Nacional, que son los más corrompidos. Si se sabe de una casa con mucha gente armada, le pasamos el dato a la Guardia Nacional y ellos hacen su trabajo. Es ganar, ganar”.

Afirmó que el cártel opera con patrullas clonadas y que sus integrantes se disfrazan de policías para participar en operativos. “Tenemos patrullas clonadas. Son patrullas idénticas como las del gobierno. Nos disfrazamos igual que ellos y asistimos al evento”, dijo.

Sobre quién ejerce el poder real en Sinaloa, el sicario no dejó margen de duda: “Los cárteles, lo he visto con mis propios ojos. Son los cárteles los que mueven los hilos en el gobierno”.

La diputada secuestrada y las comunidades atrapadas entre dos frentes

El documental también recoge el testimonio de Paola Gárate Valenzuela, diputada local por la alianza PRI-PAN-PRD que fue privada de la libertad la noche del 5 de junio de 2021, un día antes de la elección.

Gárate describió el momento en que hombres armados la interceptaron: “Y luego me encañonan toda con la cabeza hacia abajo y el pelo hacia el frente, que al parecer traían algún dispositivo que habían activado. Entonces podíamos volar todos ahí. Ahí yo dije: ‘¿Me van a matar, no?’”

Según su relato, los secuestradores les transmitieron un mensaje claro a los detenidos: “Ruéguenle a Dios que gane Morena, porque si no gana Morena, aquí a todos los matan”. Fueron llevados de un sitio a otro durante varias horas antes de ser liberados. Finalmente, Rocha Moya ganó la elección.

Gárate sigue pagando el costo de haber hablado. Al momento de la grabación del documental, contaba con protección las 24 horas del día ante una amenaza contra su vida. En la puerta de su casa encontró una corona fúnebre con sus dos apellidos. “Es para todas las personas que llevan mis apellidos, para toda mi familia, que no pueden hacerme algo directo, pero pueden hacerle algo a quien amo”, dijo.

Ante las cámaras, Gárate dejó un dato que resume el costo de oponerse en Sinaloa: en el estado había tres voces opositoras. Una ya está asesinada; otra está en terapia intermedia tras sobrevivir un atentado; la tercera es ella. Pese a eso, afirmó que no lograrán silenciarla: “Si eso cuesta la vida, que pase haciendo lo correcto, luchando por la justicia, por la verdad, por la vida, por la libertad.”

El reportaje también llevó las cámaras a Villa Juárez, una de las comunidades más violentas de Sinaloa. Ahí, una directora de escuela describió el estado en que se encuentran sus alumnos: “Lo único que tienen es miedo. Los niños son inteligentes, pero tienen miedo. Ellos ya no quieren ir a la escuela”, comentó por el conflicto actual entre La Mayiza y Los Chapitos. Una vecina resumió la vida cotidiana en la zona: “Han muerto jovencitos que conocemos de vecinos, niños estudiantes que han estado en el fuego cruzado. Estamos en el infierno, sinceramente. Estamos en medio de una guerra. Salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a casa.”

Lo que acusa Estados Unidos y el estado actual del caso

Los testimonios del documental coinciden en sus puntos centrales con la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por el fiscal Jay Clayton ante el Distrito Sur de Nueva York. El expediente S9 23 Cr. 180 señala a Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos, y, en el caso del excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, secuestro con resultado de muerte.

Según la acusación, antes de las elecciones de junio de 2021, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras. Los Chapitos prometieron asegurar su victoria; Rocha Moya prometió colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal.

El día de la elección, sicarios robaron papeletas y urnas, y la Policía Estatal recibió órdenes de no intervenir en los recintos electorales, incluso ante denuncias de robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota.

Uno de los diez funcionarios acusados ya está bajo custodia estadounidense. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera por Nogales el 12 de mayo de 2026 y fue recluido en una cárcel federal de Brooklyn.

Rocha Moya pidió licencia como gobernador el 2 de mayo de 2026 y rechazó los cargos de manera “categórica y absoluta”. Aunque se apartó temporalmente del cargo, observadores citados en el documental sostienen que sigue operando desde las sombras. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos y pidió pruebas contundentes antes de actuar.

El viceministro de Economía, José Luiz Daza, anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumará USD 10.000 millones extra antes de las elecciones presidenciales de 2027 y que llegará a esa instancia con mejores condiciones financieras y económicas.

Durante su disertación en la nueva edición de Experiencia IDEA Rosario, que reunió a referentes del sector público y privado para analizar el escenario económico y político, Daza proyectó que el Gobierno arribará a los comicios con más reservas, inflación a la baja, superávit fiscal consolidado y la actividad económica en crecimiento.

Por otra parte, el segundo de Luis Caputo afirmó que ve “un país que ya cambió políticamente: la discusión sobre los déficits se terminó transversalmente, es aceptada y ha sido validada por la población en la elección de octubre, por el Fondo Monetario, cuando nos dio un programa que adelanta dos tercios del programa el día uno”.

“Hay un potencial hacia adelante mucho mayor del consenso. En el RIGI se han presentado USD 150.000 millones de solicitudes de inversión, hemos aprobado USD 50.000 millones y USD 4.500 millones se han materializado. El 97% está por delante. Todo lo que tiene Argentina hoy está alineado a lo que necesita el mundo, por los recursos naturales y también simplemente por el atraso en las últimas décadas. Solo por convergencia deberíamos crecer a tasas del 4,5%”, agregó.

Las declaraciones del funcionario nacional van en línea con los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseveró que contemplan distintos escenarios para el año que viene. También el presidente Javier Milei sumó que cuentan con entre USD 60.000 millones y USD 70.000 millones para hacer frente a eventuales tensiones cambiarias en la previa electoral.

El mandatario también destacó el cierre de todas las líneas de financiamiento necesarias para 2026 y 2027, lo que, según su visión, disminuye la presión sobre el mercado de cambios. En ese contexto, detalló que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y, más tarde, se confirmó la extensión del intercambio de monedas con China.

A propósito de los dichos de Daza sobre las reservas del Banco Central, la autoridad monetaria ya cumplió con la meta de USD 10.000 millones prevista para todo 2026. De hecho, en lo que va del año, el organismo comandado por Santiago Bausili sumó más de 13.500 millones de dólares.

Con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria y sostener el ritmo de intervenciones, la entidad aumentó la emisión de pesos sin aplicar herramientas de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro retiró parte del exceso de liquidez a través de la emisión de deuda en moneda local, dentro de un esquema diseñado para evitar presiones inflacionarias y resguardar el equilibrio en el mercado cambiario.

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Central apunto que de cara al futuro, “continuará fortaleciendo su margen de acción de política para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, como el ocurrido en la antesala del proceso electoral de 2025.

“Durante los primeros siete meses de este año, al aumento de reservas líquidas y la disminución de activos irrealizables de su balance (LI) se sumó la recuperación de otras herramientas de política (futuros y swaps). En conjunto, hasta el cierre de esta edición del IPOM, estas herramientas suponen una mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera por encima de USD 20.000 millones en lo que va del año”, señaló el reporte oficial.

Al mismo tiempo, desde la institución estimaron que la acumulación de reservas ”continuará alineándose al ritmo de compras de dólares que lleva adelante el BCRA, favorecida por la estrategia financiera del Tesoro de atender sus obligaciones en moneda extranjera con nuevo financiamiento en la misma moneda, moderando así la demanda de dólares al BCRA con pesos provenientes del superávit fiscal".

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala descartó implementar el voto electrónico para los guatemaltecos en Estados Unidos en la elección de 2027.

Según explicó el magistrado Mario Velásquez, el principal obstáculo es garantizar la identidad del votante remoto con mecanismos de seguridad y biometría.

El magistrado Mario Velásquez explicó que la implementación del voto electrónico “es complicado”, no solo porque hay más de 3 millones de connacionales en el extranjero, sino porque hay que implementar medidas complejas de seguridad.

“Conlleva el enrolamiento con medidas de seguridad biométrica y de identificación que nos garanticen que la persona que del otro lado del teléfono, de la tablet o de la herramienta que utilicemos, sea la que realmente ejerza el voto... Y eso es algo muy complejo, sobre todo por las distancias y porque los ciudadanos en Estados Unidos están muy dispersos”, detalló el funcionario guatemalteco.

Diversas organizaciones de migrantes han solicitado la implementación del voto electrónico, debido al temor que existe entre los guatemaltecos con estadía irregular en Estados Unidos de acercarse a votar a una mesa de votación, pero podrían ser capturados y deportados.

Desde que se implementó el voto en el extranjero, el ausentismo en las mesas ha sido el gran ganador. En las elecciones generales de 2023, únicamente acudieron 1.443 guatemaltecos, pese a que se contabilizaban un total de 90.708 empadronados.

Tampoco en Guatemala

Velásquez también descartó el voto electrónico en las elecciones que se realicen dentro del territorio guatemalteco. Aunque reconoció que ha sido otra de las propuestas que se han planteado en las discusiones con los partidos políticos.

El magistrado explicó que una de las mayores dificultades para implementar el sistema electrónico del voto es que, en la actualidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos únicamente lo contempla en el voto electrónico en el extranjero.

“Actualmente sólo está legislado el voto presencial. Seguramente habrá alguna propuesta de cambio para el siguiente proceso electoral, en donde se establezcan mecanismos para la identificación biométrica de las personas, pero por ahora no se puede aplicar”, manifestó.

Velásquez también recordó que existe el factor de confianza y procedimientos de transparencia como la presencia de los fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación que permite la defensa del sufragio que, al ser electrónico, se perdería.

“Sabemos que la confianza de la ciudadanía está en el voto presencial, en el voto frente a una mesa, frente a ciudadanos, tanto de la mesa electoral como de los fiscales de los partidos políticos, que nos garantiza que la persona que emite el sufragio efectivamente es la persona que debe ser”, manifestó.

Jornadas de empadronamiento en el extranjero

Por otro lado, el TSE informó que se gestionan 40 jornadas de empadronamiento en distintas ciudades de Estados Unidos con las que se busca ampliar la participación de los guatemaltecos en el extranjero.

Para ello, el tribunal electoral se coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a que la estrategia contempla aprovechar los sábados consulares y consulados móviles para facilitar el traslado de los guatemaltecos hacia los puntos de atención.

Días atrás, sentado en un sillón de tres cuerpos, un importante armador de La Libertad Avanza se agarraba la cabeza y marcaba: “Tenemos que votar cada cuatro años. Es imposible así. Recién bajamos de lo que fue la campaña del 2025 y ahora ya estamos volviendo a reunirnos con la idea de organizar el año próximo”. Definitivamente, las conversaciones para comenzar a diagramar las estrategias políticas de las elecciones del 2027 comenzaron a marcar la agenda de los principales operadores políticos del Gobierno.

En el marco de los pocos años de existencia que tiene como fuerza política nacional, en La Libertad Avanza dirimen internamente todos las temporadas eleccionarias cómo competir en los diferentes distritos subnacionales. En 2021 sólo pudo presentarse en la Ciudad de Buenos Aires y en La Rioja, en 2023 en gran parte del país pero sin una estructura consolidada y en 2025 en las 24 provincias, solo realizando acuerdos puntuales en un puñado de ellos.

Los responsables del armado político de La Libertad Avanza no dudan sobre qué postura tomar para el año próximo. “Los aliados ya saben que vamos a competir en las provincias, o al menos en casi todas”, afirman. Es decir, se prevé que haya candidatos de la fuerza del Presidente tanto para la categoría de diputados como de senadores al momento de las elecciones, así como en la gran mayoría de las elecciones provinciales.

La modalidad aún no se conoce, lo cual no es un factor menor, ya que esto podría indicar que en varias de ellas haya un esquema de competición acordada o coalicional. “Si nosotros no nos presentamos de manera local, qué le decís a la estructura que está poniendo el cuerpo en la calle. No nos podemos anclar en la vida política de otro gobernador”, afirman a Infobae los estrategas del partido. Esto, a priori, es la mayoría de casos, pero no en todos. Hay algunas provincias como Entre Ríos, San Luis y San Juan que se prevé un esquema de alianzas, tal y como fue el año pasado.

Esta postura se da en el marco del advenimiento de la discusión parlamentaria por la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras el revés sufrido por el oficialismo en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las negociaciones con los gobernadores comenzaron a reanudarse con el objetivo de encuadrar la reforma que posiblemente más le interese al Presidente, la de quitar esa instancia electoral del calendario del año próximo con el objetivo de aplazar por unos meses la incertidumbre electoral, dar más tiempo para que la economía recupere antes de las Generales y que el peronismo no tenga las primarias como mecanismo de unificación.

La postulación en las provincias es una carta con la que cuenta el oficialismo para torcer voluntades de cara a las negociaciones en el Congreso con los gobernadores aliados.

Aun así, podría no resultar suficiente. En la Casa Rosada hay quienes creen que la suspensión de las PASO resulta una quimera por estos momentos y que a lo máximo a lo que puede aspirar LLA es a quitar la obligatoriedad de esa instancia. Con eso sobre la mesa, hay integrantes libertarios que creen que el oficialismo no debería gastar capital político en esa negociación y reservarla para el Presupuesto 2027.

En el círculo rojo de la política libertaria hay quienes no coinciden con la idea de posicionar a La Libertad Avanza en algunas provincias aliadas.

“La idea de no hacer acuerdos lleva a no reelegir. Pintar el país de violeta es cortoplacista. Nosotros queremos cambiar la Argentina. No arreglar y ponernos de culo a los aliados. Eso nos lleva a un fracaso histórico, pero porque estamos ante una oportunidad histórica”, sentencia una fuente que representa al ala disidente de los armadores políticos del Gobierno.

La estrategia política del partido nacional de La Libertad Avanza está comandada por Eduardo “Lule” Menem, quien digita sus decisiones con la presidenta partidaria, Karina Milei. Se trata de algo que también está en consideración del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aunque no pertenezca al espacio, las conversaciones que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también son clave.

Una importantísima fuente del Partido Justicialista -en diálogo con Infobae- opinó de manera periférica sobre el asunto. “Los gobernadores son de los gobernadores. A nosotros nos cagaron cuando les dimos todos los recursos, ellos no deberían pensar que van a actuar distinto solo por no competirles”, afirmó, para agregar: “Si fuera ellos les pondría candidatos en todos los distritos”.

La tesis de sectores que no coinciden con el plan diagramado el año pasado es que el haber competido con gobernadores en elecciones provinciales generó algunos traspiés legislativos que produjeron incertidumbre económica y, con ello, una subida del riesgo país y, con ello, una inestabilidad económica. Culpabilizan la estrategia adoptada a lo largo del 2025 pese a que en octubre ello implicó un crecimiento sustantivo de la fuerza violeta en ambas cámaras.

Los estrategas electorales libertarios serán más cautos al momento de elegir bajo qué modalidad competir, pero esperan mantener candidatos en prácticamente todos los distritos.

Es una declaración de principios que ya hizo días atrás el presidente de La Libertad Avanza de Misiones, Adrián Núñez: “Vamos a ser la única alternativa en el 2027. Acá hay un gobernador que tiene la mayoría legislativa hace 20 años y con la Justicia pueden sostener la maraña fiscal. Esto no va a cambiar si nosotros no intervenimos. Hoy se lanza formalmente la carrera a gobernar la provincia de Misiones por parte de La Libertad Avanza”.

Y es que hay quienes ven que los gobernadores aliados que no tienen incentivos para colaborar en términos electorales con La Libertad Avanza, sea el ofrecimiento que sea.

Esto se produce mayormente en aquellos distritos que no deben poner en riesgo sus senadores y que tienen un peronismo poco competitivo o disperso. En esos casos, las cartas que tiene para utilizar LLA al momento de negociar son más débiles.

Pese a todo, en La Libertad Avanza no hay un optimismo real de que se vayan a pintar muchas provincias de violeta. Las posibilidades concretas de poner gobernadores se reduce a unas pocas opciones, ya que los mismos oficialismos provinciales adoptarán la estrategia electoral necesaria para retener sus distritos y, así, favorecer sus propias reelecciones. “Es una apuesta a futuro. Tal vez en las Legislativas del 2029 nos va a mejor y en el 2031 ganamos más gobernaciones”, apuestan.

Los demócratas progresistas consiguieron otra importante victoria en las primarias del Senado de Minnesota del martes. Sin embargo, un demócrata moderado ganó por un estrecho margen la reñida contienda por la gobernación de Wisconsin, desafiando las expectativas de una victoria fácil para el ala socialista democrática del partido, que está en auge.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump sufrió una derrota después de que el candidato que él respaldó para gobernador de Minnesota no lograra la victoria en las primarias republicanas.

Aquí hay cinco conclusiones de las primarias del martes:

Crowley derrota a Hong en la contienda por la gobernación de Wisconsin

El ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, derrotó a Francesca Hong, miembro de la Asamblea Estatal y socialista democrática, en las primarias demócratas para gobernadora tras unas primarias inusualmente impredecibles y con un resultado inesperadamente ajustado.

Crowley se retiró inicialmente el mes pasado, afirmando que era evidente que no podía ganar. La vicegobernadora Sara Rodríguez se retiró la semana siguiente, alegando irregularidades en los informes financieros de su campaña. Posteriormente, Crowley regresó a la contienda con el respaldo del gobernador de Wisconsin, Tony Evers (demócrata). Después de eso, otro demócrata, Mandela Barnes, ex vicegobernador, se retiró, lo que complicó aún más la contienda. Para colmo de la confusión, Barnes y Rodríguez permanecieron en la boleta electoral.

Hong fue la última socialista democrática en ganar popularidad después de que otros socialistas democráticos derrotaran a demócratas de la Cámara de Representantes en las primarias a principios de este año. Lideró las encuestas en las últimas semanas de la contienda, pero recibió críticas por haber pedido años atrás la cancelación del Día de Acción de Gracias, que describió como una festividad que “celebra el colonialismo”. Evers advirtió que Hong probablemente no podría derrotar al representante Tom Tiffany, quien ganó la nominación republicana.

Los progresistas triunfan en Minnesota

Otra progresista, la vicegobernadora Peggy Flanagan, ganó las primarias demócratas para un escaño vacante en el Senado por Minnesota, derrotando a una rival más moderada, la representante Angie Craig. Flanagan contó con el respaldo de las senadoras Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y Bernie Sanders (independiente por Vermont), así como de otros progresistas en el Congreso. Se enfrentará a Michele Tafoya, exreportera de campo del programa “Sunday Night Football” de NBC, quien ganó fácilmente la nominación republicana.

Los republicanos consideran a Flanagan vulnerable debido al escándalo de fraude de asistencia social que sacudió al estado durante su mandato, y han expresado su entusiasmo ante la posibilidad de que Tafoya ponga el escaño en disputa.

Sin embargo, ningún republicano ha ganado un escaño en el Senado por Minnesota desde 2002, y los republicanos son más optimistas sobre la posibilidad de arrebatar escaños a los demócratas en Michigan, Nuevo Hampshire y Georgia que en Minnesota. El Cook Political Report, que califica la contienda como “probablemente demócrata”, afirmó que mantendría su calificación independientemente de qué demócrata ganara la nominación.

Otro progresista, Matt Little, ganó las primarias demócratas para suceder a Craig en la Cámara de Representantes. Little, exsenador estatal y alcalde de Lakeville, recibió el respaldo del representante Greg Casar (demócrata por Texas), presidente del Caucus Progresista del Congreso, entre otros.

Otro demócrata cae derrotado en las primarias. Luke Bronin, exalcalde de Hartford de 47 años, derrotó al representante John B. Larson, de 78 años, de su escaño en la Cámara de Representantes por el centro de Connecticut, en el último choque generacional que ha sacudido al Partido Demócrata. Larson no es el único demócrata veterano de la Cámara que ha perdido unas primarias este año. Los representantes Al Green (D-Texas), de 78 años; Adriano Espaillat (D-Nueva York), de 71 años; Diana DeGette (D-Colorado), de 69 años; y Shri Thanedar (D-Michigan), de 71 años, perdieron sus primarias ante contrincantes más jóvenes. (Green perdió su escaño ante otro demócrata de la Cámara, el representante Christian Menefee, tras la redistribución de distritos). A diferencia de otras contiendas, las primarias de Larson no se caracterizaron por una marcada división ideológica. En cambio, Bronin basó su campaña en la “energía, la urgencia y el cambio”, e instó a Larson a “pasar el testigo”, aunque no lo criticó explícitamente por ser demasiado mayor.

Larson, por su parte, intentó presentarse como más progresista que Bronin y enfatizó su experiencia representando al distrito, tradicionalmente demócrata.

“No se trata de edad ni de cambio generacional”, dijo Larson en un reciente mitin junto al gobernador de Connecticut, Ned Lamont (demócrata), y grupos sindicales. “Esta campaña… se trata de quién tiene un historial de logros para esta comunidad”.

Lamont, de 72 años, quien se postula para un tercer mandato, también se enfrentó a un oponente más joven en las primarias del martes. Se impuso, derrotando fácilmente al representante estatal Josh Elliott, de 41 años.

Graham y Norman avanzan a la segunda vuelta en Carolina del Sur.

El senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) derrotó a un oponente en las primarias de junio, evitando la segunda vuelta al obtener la mayoría de los votos. Pero su repentina muerte el mes pasado obligó a Carolina del Sur a celebrar una segunda primaria republicana, en la que la hermana de Graham, la senadora Darline Graham —a quien el gobernador Henry McMaster designó como su sucesora—, se enfrentó a otros nueve republicanos.

Graham obtuvo el 33% de los votos el martes, aventajando a sus rivales. Sin embargo, no alcanzó la mayoría absoluta, lo que forzó una segunda vuelta el 25 de agosto. Se enfrentará al representante Ralph Norman, quien quedó por detrás de Graham con el 25% de los votos.

Trump respaldó a Graham antes de las primarias, dándole ventaja en la segunda vuelta, pero no está claro si será suficiente para derrotar a Norman.

Consideremos lo que sucedió en las primarias republicanas para gobernador de Carolina del Sur. Trump respaldó a la vicegobernadora Pamela Evette, quien llegó a la segunda vuelta en junio junto con Alan Wilson, el fiscal general del estado. Sin embargo, cuando parecía que Evette podría perder ante Wilson antes de la segunda vuelta, Trump también respaldó a Wilson, lo que le permitió proclamarse ganador días después, cuando Wilson se alzó con la victoria.

Trump podría ser más reacio a apoyar a Norman, quien respaldó a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, en lugar de a Trump en las primarias presidenciales de 2024. Tampoco está claro si el representante Russell Fry, quien quedó tercero en las primarias, respaldará a Norman o a Graham.

Cuando se le preguntó el martes por la noche si haría campaña por Graham en Carolina del Sur, Trump respondió a los periodistas: “Creo que sí”. Añadió que también le gustaban “los demás” candidatos, sin nombrarlos.

“Todos son seguidores de Trump”, afirmó.

Norman declaró a The Washington Post la semana pasada que no estaba seguro de que Trump volviera a dar un doble respaldo. «Creo que la gente lo ve tal como es», dijo Norman. «Un doble respaldo, en realidad, me resulta problemático».

Pero añadió: «Me encantaría tenerlo en cualquier momento».

Lindell pierde las primarias a pesar del respaldo de Trump

Trump respaldó a Mike Lindell, director ejecutivo de MyPillow, quien apoyó con entusiasmo sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, para gobernador de Minnesota.

Pero el respaldo de Trump no fue suficiente. Lisa Demuth, presidenta de la Cámara de Representantes estatal, derrotó a Lindell el martes. Se enfrentará a la senadora Amy Klobuchar, quien ganó fácilmente la nominación demócrata, en noviembre.

La derrota de Lindell fue el último revés para el historial de respaldos de Trump. Los candidatos que apoyó para gobernador en Georgia e Iowa también perdieron. También lo hicieron el representante Andy Ogles (republicano por Tennessee) y Amir Hassan, a quien Trump respaldó para un escaño vacante en la Cámara de Representantes por Michigan.

Otros candidatos de Trump resultaron victoriosos el martes.

Graham lideró en Carolina del Sur. Tiffany ganó en Wisconsin. Michael Alfonso ganó las primarias republicanas para un escaño en la Cámara de Representantes por el norte de Wisconsin, distrito que su suegro, el secretario de Transporte Sean P. Duffy, representó en su momento. Y el excongresista Jerry L. Carl y el representante estatal Rhett Marques ganaron las primarias para escaños en la Cámara de Representantes por Alabama, distrito que la legislatura estatal rediseñó a principios de este año tras un fallo de la Corte Suprema que debilitó la Ley de Derechos Electorales.

© 2026, The Washington Post.

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, acusa que la cúpula de Morena sabía que las campañas de 2021 se financiaron con dinero al margen de la ley, y señala que durante ese proceso “mucha gente empezó a escuchar” sobre Sergio Carmona —conocido como el ‘Rey del Huachicol’— y su relación con Mario Delgado, entonces dirigente nacional del partido.

En una entrevista con Político MX, Ramírez, quien fue fundador de Morena y candidato a la dirigencia del partido antes de migrar a MC, describe el financiamiento de esas campañas como el punto de quiebre que lo llevó a distanciarse definitivamente del movimiento. “Cuando por pragmatismo electoral te vas hasta el fondo con la economía criminal, ya no hay retorno”, sostuvo.

Testimonios de una diputada y una excandidata a gobernadora

Para sostener sus señalamientos, Ramírez relató dos conversaciones con actores que dice haber tenido de primera mano. La primera involucra a una diputada —ya sin cargo— a quien, según narra, enviaron a San Pedro Garza García, Nuevo León, a recoger financiamiento de campaña. La legisladora le habría preguntado si el INE entregaba dinero en dólares, pues así se lo habían dado. “No, compañera, eso no es financiamiento del INE”, le respondió Ramírez.

La segunda conversación fue con una excandidata a gobernadora que le dijo cuánto dinero había recibido de esa manera. Ramírez atribuye esa naturalidad al ambiente interno del partido: “Eso se empezó a normalizar”, dijo.

Agregó que entre personas que se dedican a la política hablar de dinero tiene cierta franqueza, pero que en algún punto esa conversación transitó hacia “números mucho más grandes y financiamiento patentemente ilegal”.

Ramírez no presenta documentos ni pruebas propias. Cuando el entrevistador Daniel Jacobo Ortega le pregunta directamente si tiene pruebas, responde con esos dos testimonios de terceros.

Para ilustrar por qué el dinero ilícito permea las campañas, Ramírez puso un ejemplo concreto: en Matamoros, Coahuila, el tope legal de gasto de campaña rondó el millón de pesos, pero varios expresidentes municipales le dijeron que solo para ser competitivo se necesitaron 20,000,000 de pesos. “No queremos ver a la realidad a los ojos”, sostiene.

El diputado argumenta que ese abismo entre lo que permite la ley y lo que cuesta ganar una elección deja el campo abierto al dinero criminal, porque “solo el crimen tiene la capacidad económica para influir en elecciones que son cada vez más caras”. Agrega que cuando no hay consecuencias de tomar ese dinero, el problema se normaliza hasta volverse invisible para quienes participan en él.

Sergio Carmona, Delgado y el huachicol fiscal

El diputado emecista también nombró a Sergio Carmona, conocido como el ‘Rey del huachicol’, como “quizá el primer gran señalamiento de huachicol fiscal” y lo vincula directamente con Mario Delgado. No desarrolla la naturaleza de esa relación en la entrevista, pero el señalamiento se enmarca en una descripción más amplia de lo que llama “la participación de un entramado corrupto” que involucra también a la Marina.

Carmona Angulo, asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, fue un empresario tamaulipeco señalado por contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero. La UIF tenía sus cuentas bajo vigilancia, y en junio de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre una red de tráfico de combustible vinculada a los hermanos Carmona.

Diversas investigaciones periodísticas, entre ellas columnas de Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio, documentaron viajes de Delgado en aeronaves propiedad de Carmona, así como señalamientos de que el empresario habría financiado la campaña de Delgado por la presidencia nacional de Morena.

Mario Delgado ya había negado señalamientos similares en mayo de 2024, cuando la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, lo acusó durante el tercer debate presidencial de estar bajo investigación en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Carmona. “Evidentemente no hay investigación, porque si me investigaran me hubieran hecho algún requerimiento y no me hubieran dejado entrar”, dijo entonces en entrevista con Milenio Televisión. En el programa Tercer Grado calificó ese tipo de acusaciones como parte de “la estrategia de mentiras”.

“La última llamada”: por qué Ramírez se postuló a dirigir Morena

Ramírez relató que vio venir el deterioro de Morena desde dentro. Cuando se postuló a la dirigencia, su campaña llevaba por lema “La última llamada”, y en ese momento elaboró un documento en el que advertía que el partido “se iba a acabar de pudrir” si no se rescataba. Dice que desde entonces comenzaron los señalamientos en su contra.

Describe también cómo recorrió el país y encontró que, con tal de ganar elecciones en 2021, Morena entregó candidaturas a “los poderes reales del lugar”: al cacique del ejido, a quienes controlaban mercados locales de manera violenta, a medianos y grandes productores en zonas donde el partido había surgido de colectivos de base.

Pone como ejemplo Bahía de Los Ángeles, Baja California, donde había un comité de Morena que durante años sostuvo la crítica al régimen anterior y que al llegar las campañas de 2021 vio cómo las candidaturas se entregaron a quienes “habían mandado siempre”.

“Ya una vez que ves eso, no hay manera de seguir coincidiendo con un proyecto cuya doctrina fundamental, diría López Obrador del PAN, es la hipocresía”, dijo Ramírez en la entrevista.

Noroña: “Gentuza” que encubre desde el poder

En otros temas, Ramírez reservó sus palabras más duras para Gerardo Fernández Noroña, actual senador morenista. Lo llamó “gentuza” y trazó una distinción entre lo que fue en la oposición y lo que es hoy desde el poder.

Reconoció que Noroña tenía valentía cuando en la oposición se plantaba ante figuras como Genaro García Luna y los señalaba públicamente sin ser Ministerio Público. Pero dice que ese mismo estándar lo desnuda ahora: ante las investigaciones periodísticas y la evidencia de la FGR sobre los vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, Noroña sale a pedir pruebas y a exigir que los demás actúen “como si fuéramos Ministerio Público”.

“Sabe ser gritón, pero ser gritón en la oposición puede parecer valentía y serlo desde el poder y para encubrir a los tuyos es cobardía y es autoritarismo”. Lo describe como “un político oportunista que en muchos años no ha dejado ningún legado”.

La Cámara Nacional Electoral confirmó este martes el procesamiento del intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y de la jefa comunal interina, Lorena Otermín, los principales acusados de haber retenido documentos de vecinos para impedirles votar en las elecciones de 2019, en las que se impusieron por una diferencia de apenas 49 votos.

Los funcionarios y dirigentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires -que por entonces lideraban la coalición local de Junto por el Cambio- quedaron señalados como coautores de los delitos de retención indebida de documentos cívicos de terceros en concurso con la inducción de electores mediante engaños para abstenerse de emitir su voto.

La causa penal comenzó el mismo día de la votación, cuando múltiples ciudadanos acudieron a dependencias policiales y judiciales para denunciar que entregaron sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a personas vinculadas a la estructura municipal.

El recuento definitivo de votos confirmó que Rapallini consiguió la reelección con 4212 votos contra los 4163 que cosechó Carlos Coudannes, quien fue el candidato del Frente de Todos.

De acuerdo con las declaraciones recolectadas, las entregas de documentos ocurrieron bajo presiones o a cambio de contraprestaciones que incluyeron sumas de dinero, bolsones de alimentos, materiales de construcción, promesas de empleo en la comuna y facilitación de trámites estatales.

El expediente reunió el testimonio de 27 damnificados directos de la localidad, de los cuales 19 efectivamente no lograron sufragar aquel domingo debido a que no recuperaron sus documentos a tiempo. Pero el volumen de la maniobra sería mayor: los denunciantes manifestaron que lo mismo les pasó a otros familiares o allegados, lo que configuró el escenario “masivas retenciones de documentos de identidad”, según se desprende del fallo.

La investigación judicial, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, reconstruyó el circuito de captación de los documentos.

Un policía imputado se quebró y confesó en su declaración indagatoria que le entregó los DNI de forma directa al intendente Rappallini en la vía pública o en el domicilio de una colaboradora, Estela Ciafardo.

Esta versión coincidió con mensajes de voz de WhatsApp analizados por los peritos, donde la funcionaria María Alejandra Fernández -también procesada- le explicaba a una víctima que los documentos no estaban en su poder, sino que permanecían guardados “en el gabinete” municipal.

El fallo de la Cámara Electoral, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, destacó que las 13 personas procesadas por participar de este circuito son o eran funcionarios de alta jerarquía, empleados de la comuna o militantes directamente identificados con el radicalismo local.

La Cámara consideró inverosímil pensar que las máximas autoridades del municipio desconocían un despliegue de tal magnitud coordinado por sus propios colaboradores directos.

Asimismo, la resolución judicial valoró como prueba que durante el mes de los comicios, el intendente Rappallini -hermano de Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina- autorizó una adquisición extraordinaria y masiva de alimentos por un monto de poco más de $2.000.000 de la época, una cifra que actualizada representaría un desembolso de aproximadamente $115.000.000.

Este movimiento de fondos públicos reforzó la hipótesis sobre el uso de recursos estatales con fines de captación de voluntades.

En paralelo, el tribunal analizó la situación de otros involucrados en la causa. Respecto de Marcelo Osvaldo Condoleo, jefe policial de la localidad en ese momento, los magistrados confirmaron la falta de mérito dictada en primera instancia. Si bien se acreditó que dos suboficiales bajo su mando participaron activamente en las maniobras, el comisario presentó un descargo donde indicó que la máxima autoridad en la dependencia durante la jornada electoral fue un superintendente de mayor jerarquía. La justicia ordenó profundizar la investigación sobre Condoleo para determinar si facilitó el accionar de sus subalternos o si intentó disuadir a los vecinos de radicar las denuncias.

Por otra parte, la Cámara ratificó el sobreseimiento de Federico Rappallini. Tras analizar las pruebas colectadas durante los últimos años, los magistrados concluyeron que no existen elementos de cargo ni testimonios directos que lo vinculen con las maniobras delictivas investigadas.

Finalmente, el tribunal de apelaciones mantuvo los embargos preventivos sobre los bienes de Matías Rappallini y Lorena Otermín por un monto de 30 millones de pesos para cada uno.

Esta medida cautelar busca asegurar el pago de eventuales multas, costas procesales y reparaciones civiles. También continuará vigente la prohibición impuesta a los procesados de mantener cualquier tipo de comunicación, ya sea de forma directa o por terceras personas, con las víctimas y los testigos que brindaron declaración en la causa.

Los votantes de Florida que se preparan para participar en las elecciones primarias de 2026 deben tener en cuenta varios aspectos fundamentales para ejercer su derecho al voto de manera adecuada. Entre los temas clave figuran los requisitos para votar el día de las elecciones, los horarios de apertura de los centros de votación, la manera de consultar el lugar asignado según el condado, los documentos de identificación aceptados y las diferencias entre la votación el día de la elección y la votación anticipada. A continuación, se presenta una guía detallada y estructurada para facilitar la participación en este proceso electoral.

El primer requisito esencial para votar el día de las elecciones primarias en Florida es estar correctamente registrado en el padrón electoral del estado. Solo los ciudadanos que hayan completado su registro y cumplan con los criterios legales establecidos por la legislación estatal podrán emitir su voto. Los electores deben asegurarse de que su información esté actualizada, ya que cualquier discrepancia podría afectar su elegibilidad al momento de acudir a las urnas.

Además, es necesario presentarse en el centro de votación asignado al distrito electoral de residencia. Votar en un lugar diferente al asignado podría imposibilitar el acceso a la boleta regular, lo que subraya la importancia de verificar previamente la información correspondiente.

El día de las elecciones primarias en todo el territorio de Florida será el 18 de agosto, y los colegios electorales estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este horario uniforme aplica para todos los distritos y permite a los votantes organizar su jornada para acudir a las urnas en el momento que les resulte más conveniente.

Es fundamental tener en cuenta que quienes se encuentren en la fila para votar antes del cierre de las 19:00 horas podrán ejercer su derecho, pero quienes lleguen después de ese horario no tendrán acceso al proceso de votación.

Cómo consultar el centro de votación asignado según el condado

La ubicación del centro de votación asignado es un aspecto fundamental para los votantes que desean participar el día de las elecciones. La consulta debe hacerse con antelación, ya que presentarse en un lugar incorrecto puede impedir el voto regular.

En el caso del condado de Miami-Dade, los electores pueden acceder al portal de información para votantes del condado, donde, tras ingresar datos básicos de identificación, obtienen la dirección exacta de su centro de votación. Este sitio web también permite verificar el estado de registro, visualizar una papeleta de muestra y confirmar el distrito electoral.

En el condado de Broward, los votantes pueden utilizar el buscador de distritos electorales proporcionado por el Supervisor de Elecciones. Esta herramienta en línea facilita la localización del centro de votación asignado y brinda información sobre los tipos de identificación aceptados y otros aspectos logísticos relevantes para el día de la elección.

Por su parte, los electores del condado de Palm Beach tienen a disposición un buscador similar en el sitio web del Supervisor de Elecciones local. A través de esta plataforma pueden consultar el lugar donde emitir su voto, revisar su boleta de muestra y corroborar que sus datos estén actualizados antes de acudir a las urnas.

En el condado de Monroe, el procedimiento es análogo. Los votantes pueden encontrar su centro de votación asignado mediante el sitio web del Supervisor de Elecciones, el cual también ofrece recursos adicionales como la consulta de distritos electorales y boletas de muestra.

Estas plataformas digitales representan la vía oficial y más segura para identificar el lugar correcto de votación, evitando contratiempos el día de las elecciones.

Documentos de identificación aceptados para votar en persona

Uno de los requisitos ineludibles para votar en persona en Florida es la presentación de una identificación válida con fotografía y firma. Entre los documentos aceptados se encuentran la licencia de conducir de Florida, la tarjeta de identificación estatal, el pasaporte estadounidense, la identificación militar, el carné de estudiante, la tarjeta de débito o crédito, la tarjeta de identificación de salud para veteranos y la licencia para portar armas ocultas o armas de fuego. Además, la ley contempla otras formas de identificación autorizadas siempre que cumplan con los requisitos de fotografía y firma.

Es relevante señalar que, si el documento de identidad presentado no incluye la firma, el votante debe aportar un segundo documento que sí la contenga. Cumplir con este requisito es indispensable para acceder a la boleta y ejercer el derecho al voto sin inconvenientes.

Diferencias entre votar el día de las elecciones y la votación anticipada

La normativa electoral de Florida establece diferencias claras entre la votación el día oficial de las elecciones y la modalidad de votación anticipada. En la jornada electoral del 18 de agosto, los votantes solo pueden emitir su sufragio en el centro de votación asignado a su distrito electoral de residencia. Esto significa que no se permite votar en cualquier colegio electoral del condado, sino únicamente en el predeterminado según la dirección registrada.

En contraste, la votación anticipada ofrece mayor flexibilidad, ya que permite a los electores registrados acudir a cualquiera de los centros de votación anticipada designados en su condado durante el periodo habilitado para esta modalidad. Esta opción facilita la participación de quienes, por razones de agenda o logística, no pueden presentarse el día de las elecciones o prefieren evitar las filas y aglomeraciones típicas de la jornada principal.

El acceso a la información oficial, la correcta identificación y la comprensión de las diferencias entre las modalidades de votación permiten a los ciudadanos de Florida ejercer su derecho al voto de manera eficiente y conforme a la ley.

El ministro de Economía insiste en que Javier Milei ganará con holgura las elecciones del año que viene, pero los mercados ya no parecen estar tan seguros pese a la extrema confianza de Luis “Toto” Caputo. El rebote del riesgo país de los últimos días da la impresión de ahora estar obedeciendo mucho más a factores locales que externos, en un contexto de nuevos máximos para Wall Street.

Luego de tocar valores de 410 puntos, incluso a principios de la semana pasada, el riesgo país tuvo un importante rebote hasta los 463 puntos básicos del cierre de ayer. Este incremento es el reflejo de una mayor debilidad de los bonos dolarizados, que ayer volvieron a anotar caídas cercanas al 1 por ciento.

Al menos en el corto plazo el proceso de baja del riesgo país parece haber encontrado su límite, lo que a su vez aleja la posibilidad de un regreso de Argentina al financiamiento de los mercados internacionales.

Posiblemente intuyendo que no sería fácil que los bonos continuaran su tendencia alcista fue el propio ministro de Economía quien presentó un plan financiero que no incluye financiación en los mercados internacionales. Para compensarlo, el Tesoro buscará nueva deuda en el mercado local y le seguirá comprando dólares al Central, además de nuevos préstamos de organismos internacionales.

El interrogante es qué hay detrás de este deterioro en los bonos dolarizados y la consiguiente suba del riesgo país. Todo hace pensar que el aumento del malhumor social es lo que explica por qué el mercado se puso mucho más cauteloso. Mientras que hace un par de semanas todavía se especulaba con una reducción adicional del riesgo país hasta la zona de 350 puntos, hoy este escenario luce bastante improbable.

Hay dos datos que hicieron crecer la preocupación de los inversores. El primero fue una caída del Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora la Universidad Di Tella, que arrojó una disminución de tres puntos, pasando de 40% a 37 por ciento. Y ya sobre finales de la semana se conoció la encuesta mensual de Atlas Intel, que también arroja un deterioro de la imagen del Presidente, ahora en niveles cercanos al 38 por ciento.

“Con los números de hoy, Milei no gana en primera vuelta. Por eso será muy importante la política de alianzas que pueda llevar adelante el Gobierno, tanto con el PRO como con los gobernadores de cara a las elecciones presidenciales”, aseguró el politólogo Sergio Berensztein.

El incremento de la incertidumbre respecto a lo que puede pasar en las elecciones del año próximo complica a los bonos, pero también al mercado de acciones. De hecho, el índice S&P 500 se mantiene estable en niveles de 2.100 puntos básicos y estuvo lejos de la euforia que se apoderó de Wall Street en las últimas semanas.

El riesgo país por encima de los 450 puntos también representa un desacople respecto a lo que sucedió con el mercado de bonos de otros países con calificación B, la misma de Argentina. Estos últimos tuvieron una mejora, mientras que en el caso local sufrieron un deterioro.

Así se va evaporando el impulso que habían tenido los bonos en dólares luego de la mejora de la calificación por parte de las tres principales agencias. La mejora de las reservas internacionales y el superávit fiscal habían impulsado aquella decisión.

Cuando todavía faltan 14 meses para las elecciones presidenciales, el rumbo de la economía se vuelve cada vez más central y es lo que permitiría dar vuelta el creciente deterioro de las expectativas de la gente sobre el futuro.

Por eso, el Gobierno apuesta a varios pilares: la baja de la inflación que permita mejorar salarios, una recuperación del crédito y la remonetización para apuntalar la actividad en los próximos meses.

El presidente Bernardo Arévalo advirtió que la narcopolítica y el populismo amenazan a la democracia de Guatemala y pueden ganar peso hacia las elecciones de 2027.

Además, reclamó investigar el financiamiento electoral ilícito para impedir que fondos del narcotráfico o la corrupción influyan en los partidos y en los resultados.

El proceso electoral en Guatemala iniciará en enero del próximo año con la convocatoria a Elecciones Generales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde los diferentes partidos políticos tendrán poco más de un mes para darse a conocer entre la población, pese a que varios ya realizan actividades que están siendo denunciadas como proselitismo ilegal poniendo en duda la obtención de fondos para efectuar campaña anticipada.

Por su parte, observadores internacionales, analistas políticos y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado la posibilidad de la presencia del crimen organizado dentro de algunos partidos políticos que competirán en la contienda electoral

Al respecto, el presidente guatemalteco sostuvo que la penetración del narcotráfico en la política guatemalteca no es un fenómeno nuevo y que suele ganar peso en los períodos electorales, cuando partidos y candidatos buscan recursos para propaganda bajo la idea de que una mayor inversión mejora sus posibilidades en las urnas. Dinámica, que a su criterio, abre la puerta a fondos de origen ilícito.

La advertencia del Presidente guatemalteco apuntó de manera directa al mecanismo que, a su juicio, vuelve más vulnerable al sistema político: la búsqueda de financiamiento para campañas y afirmó que algunos partidos están dispuestos a recibir recursos “del que venga” si creen que ese dinero puede asegurar visibilidad electoral.

En ese punto, señaló que esos aportes suelen provenir de actividades ilegales. Dijo que pueden llegar tanto desde redes de corrupción como desde estructuras del narcotráfico, y planteó que ese es uno de los problemas centrales de los procesos electorales.

Políticos guatemaltecos procesados por narcotráfico en Estados Unidos

El jefe de Estado también sostuvo que la relación entre narcotráfico y política quedó reflejada en casos concretos y, aunque no precisó nombres, mencionó que hubo alcaldes vinculados con estas redes, algunos de los cuales confesaron hechos en Estados Unidos, mientras otros esperan juicio.

Además, afirmó que esos nexos alcanzaron a políticos del Congreso de la República. Como ejemplo, recordó el caso de un exdiputado de la legislatura anterior que aceptó haber cometido delitos relacionados con narcotráfico y actualmente cumple una condena en Estados Unidos.

Arévalo planteó que la respuesta frente a estos vínculos debe combinar control ciudadano, cobertura periodística e investigación institucional. “Lo que se necesita es, en un primer lugar, que efectivamente se ejerza la auditoría social, que la sociedad hable claramente alrededor de los casos que conoce y que se vayan exponiendo estos lazos”, afirmó.

En paralelo, reclamó al Ministerio Público cumplir con su tarea de investigar cuando existan conexiones entre actores políticos y estructuras asociadas al narcotráfico.

Arévalo sumó al populismo como amenaza democrática

En su exposición, el mandatario colocó al populismo en el mismo plano de amenaza para la calidad democrática en Guatemala y en otros países de América Latina. Lo definió como un conjunto de políticas orientadas a agendas electorales y polarizantes, pensadas para el corto plazo y no para resolver los problemas estructurales que requieren desarrollo de mediano y largo plazo.

Arévalo agregó que esas ofertas pueden presentarse desde la izquierda o desde la derecha, pero comparten una misma lógica: buscar apoyo inmediato sin una intención real de atender los problemas de fondo. También afirmó que la región atraviesa un momento en el que los populismos tienen mucha fuerza en el escenario electoral.

Sobre ese punto, sostuvo que la población debe poder distinguir entre propuestas reales y promesas concebidas solo para ganar adhesión. Dijo que esos discursos buscan “vender espejitos” a los votantes y llegar al gobierno para usarlo como “caja chica”, una práctica que, según afirmó, quedó expuesta durante gobiernos recientes.

Los diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza se presentarán este lunes en Casa Rosada para mantener un encuentro amplio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente provincial del partido, Sebastián Pareja. El encuentro busca mostrar musculatura política de cara a lo que será el último tramo del año en materia legislativa y las elecciones de la provincia de Buenos Aires del año próximo, en las que el oficialismo nacional pretende competir bajo un esquema de alianzas que le posibilite ganar la gobernación.

Las visitas a Balcarce 50 fue confirmada por autoridades nacionales y legisladores bonaerenses que asistirán al encuentro y se producirán en dos tandas. A las 15 habrá una primera reunión entre Karina y diferentes miembros del Poder Ejecutivo con los senadores provinciales y a las 17 habrá un segundo encuentro, esta vez con los diputados.

El encuentro se organizó bajo la misma lógica que la cumbre realizada el 16 de julio entre Karina Milei y los legisladores que La Libertad Avanza tiene en la Legislatura porteña. En ese entonces, los comandados por la jefa de bloque, Pilar Ramírez, fueron hacia la Casa Rosada con el objetivo de demostrar una coordinación entre Nación y la delegación porteña. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirmaba una fuente de ese bloque.

El mismo sentido se va a expresar este lunes una vez finalizados ambos encuentros. De hecho, los legisladores bonaerenses planeaban ir ese mismo día a la Casa Rosada, pero el oficialismo provincial convocó a una sesión del Senado a último momento e impidió que pudieran ir todos ese mismo día.

Infobae pudo saber de fuentes inobjetables que los diputados y senadores les van a entregar a las autoridades de la Secretaría General varios informes con todas las actividades realizadas en el primer semestre del año y una hoja de ruta de lo que planean hacer en la segunda mitad del año. Esos informes contendrán acciones políticas sobre diferentes temáticas: IOMA y la crisis sanitaria provincial, seguridad, gasto del Estado, reformas políticas, juventud, educación, sociedad y sector agropecuario.

La Libertad Avanza tiene 10 bancas en el Senado bonaerense. Su jefe de bloque es Carlos “Charlie” Curestis, una de las personas que conforman la mesa chica de Pareja. Además están Florencia Arietto, Betina Riva, Analía Balaudo, María Luz Bambaci, Gonzalo Cabezas, Matías De Urraza, María Cecilia Martínez, Luciano Olivera y Diego Valenzuela.

Ese número asciende a 20 en la Cámara de Diputados de la Provincia. Su jefe de bloque es Agustín Romo, uno de los principales miembros de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación ligada a Santiago Caputo, con quien trabaja prácticamente todos los días en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Por ese motivo, probablemente sea el único que no deba anunciarse por la entrada de Balcarce 24.

Es cuestión de que la Legislatura vuelva a sesionar para que se materialice un trueque de poder al interior de la conducción del bloque, ya que está acordado que Romo pase a ser vicepresidente primero del recinto y que el legislador Juanes Osaba -que integra el círculo de confianza de Pareja- se quede con la jefatura.

Eso podría producirse en días. La Cámara de Diputados bonaerense comenzó a preparar su primera sesión del segundo semestre, prevista tentativamente para el 20 de agosto, en medio de un año con escasa producción legislativa. El peronismo kirchnerista sondea apoyos opositores porque, sin despachos suficientes, muchos proyectos necesitarían dos tercios para avanzar; entre los temas en danza aparecen una iniciativa para obligar a las estaciones de servicio a avisar con 72 horas de anticipación los aumentos de combustibles y el debate por la creación de policías municipales, mientras siguen trabadas discusiones de fondo como las reelecciones indefinidas, las PASO, la boleta única y una nueva ley integral sobre juego online.

De cara al año próximo, La Libertad Avanza ya diseña su estrategia para 2027 en la provincia de Buenos Aires con una premisa central: sellar acuerdos con el PRO, sectores del radicalismo y espacios vecinalistas para competir con chances reales en un distrito sin balotaje, donde una alianza podría llevarla a disputar cerca de 70 municipios en lugar de unos 25 si decide ir sola.

Con el aval de Karina Milei, Pareja empezó conversaciones con el presidente del PRO en la provincia, Cristian Ritondo, para fijar las primeras bases de un entendimiento. Ambos ya habían trabajado juntos en el armado de la alianza que compitió el año pasado contra el peronismo.

El nombre que hoy aparece mejor posicionado para la candidatura a gobernador es el del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El presidente Javier Milei se lo comunicó personalmente en más de una oportunidad y en el PRO remarcan que combina alto conocimiento público con dos victorias legislativas en territorio bonaerense.

En diálogo con Infobae, Ritondo resumió el criterio que intenta ordenar la negociación con una fórmula basada en mediciones: “En cada municipio va el que mejor mida, con encuestas en la mano. Donde el mejor sea del PRO, lo ponemos nosotros. Donde el mejor sea de LLA, va LLA. Lo que importa es sumar y derrotarlo al kirchnerismo. Eso es lo más importante. El PRO tiene mucho para aportar en esa construcción: estructura, fiscalización y dirigentes que ya conducen”.

En tanto, La Libertad Avanza se prepara para presentar candidatos con alto nivel de conocimiento en distritos fuertes de la Provincia. Más aún donde cree que tiene posibilidades concretas de ganar. Un ejemplo es lo que sucederá en Bahía Blanca, donde ya quieren como candidato a intendente a Pepe Sánchez, exbasquetbolista y campeón olímpico en Atenas 2004. La decisión se produce cuando el espacio violeta tiene bahienses en su bloque de Diputados como Oscar Liberman (quien es el dirigente que mejor imagen positiva tiene en ese distrito, con un 37,5% medido por la Consultora DC) y Héctor Gay. “Hay que asegurarse la victoria”, resumió una fuente inobjetable.

Miércoles por la mañana. Faltaba un día para que el Senado tratara la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras iba a su oficina, uno de los miembros de la Mesa Política levantó su teléfono y vio un mensaje de una persona que estima mucho en términos intelectuales. “No dejes que vendan la tierra”, decía la notificación. Ahí mismo, terminó de percatarse de que la batalla narrativa estaba perdida y que el capítulo de venta de tierras a extranjeros podía entrar en un callejón sin salida. Finalmente, el oficialismo también se vio obligado a quitar el capítulo de Manejo del Fuego. Aunque La Libertad Avanza había conseguido la media sanción, la derrota estaba consumada en términos simbólicos.

En la Casa Rosada no son fatalistas, pero saben que lo acontecido durante esta semana supone un llamado de atención. El oficialismo decidió reiniciar la agenda legislativa con uno de los pocos proyectos que tenía dictamen, pero que, vista la nueva oleada nacionalista post-Mundial, resultaba difícil de posicionar en la agenda pública sin una estrategia política y comunicacional adecuada. Eso fue objeto de múltiples críticas puertas adentro.

Hacia el afuera, el primer atisbo de varios funcionarios del Poder Ejecutivo fue criticar en el off the record a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Pero lo cierto es que Propiedad Privada fue presentada en marzo y los funcionarios la defendieron oportunamente en las reuniones de comisión. Esta se podría haber aprobado en una sesión celebrada en junio, pero el bloque comunicó su retiro luego de que el karinismo negociara con senadores kirchneristas la postergación de ese tratamiento para poder sancionar pliegos de jueces federales.

Nadie al interior del Gobierno cree que Sturzenegger tenga capacidad de poder real para imponer los tiempos legislativos de las reformas libertarias. “Él cumple su rol. Piensa reformas y tiene la mente preparada para el escritorio”, se sinceraban en un despacho de Balcarce 50. Javier Milei conversó con él en los últimos días, pero no lo retó. Sí existió la orden para que uno de los miembros de la Mesa Política se encargara de conversar sobre lo sucedido en los últimos días.

La Mesa Política está constituida hace un año y la estrategia política en el Congreso pasa por esa instancia. La crítica a “El Coloso” fue solamente una pantalla para no hacer pública una autocrítica que, puertas adentro, se hace desde todos los sectores. “El error fue nuestro, porque la orden de tratarlo siempre vino de Casa Rosada”, asumió uno de sus integrantes más importantes. Por su parte, un senador de La Libertad Avanza marcaba: “Tengo miedo de que pifien en el diagnóstico. Porque de ser así vamos a seguir con los problemas”.

Esto no implica que los operadores políticos del oficialismo no tengan capacidad para corregir en el futuro. El Gobierno suele tener dosis de pragmatismo para circunstancias dificultosas y ha sabido retrotraer situaciones incluso más adversas ocurridas en los dos años anteriores. Pero el clima ahora es diferente, porque el advenimiento de la temporada de elecciones comienza a empastar el vínculo de los libertarios con los aliados, más en un contexto en el que las mediciones de aprobación sobre la gestión disminuyen y la recuperación de los salarios sigue sin percibirse. Hay preocupación en los alfiles políticos por esta cuestión sistémica.

En el Senado admiten que no pasó desapercibida la presencia etérea de Sergio Massa a lo largo de las horas de negociaciones. “Se sentía en los pasillos. Los del bloque Justicialista te lo hacían saber sin decirlo. Pusimos a jugar a un player. Y esta vez, los gobernadores que eran aliados nuestros no nos respondieron. Me da cosa que pueda replicarse a futuro”, confiesa una fuente libertaria.

Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) son algunos de los ejemplos de mandatarios que han sido extremadamente útiles para el Gobierno en otras votaciones. Esta vez, ninguno les brindó su apoyo para la votación en general.

¿Excepcionalidad o presagio de lo que puede acontecer en un futuro no muy lejano? Es la pregunta que se hacen algunos diputados y senadores que en las próximas semanas deberán volver a sesionar. Quienes declaran en privado, afirman que el panorama se volvió algo neblinoso, como si no supieran bien con qué se van a encontrar en cuestión de días. “Lo de esta semana me hizo perder la brújula. ¿El gobernador que dijo que quiere acordar electoralmente conmigo nos va a apoyar, o el clima es tal que me voy a volver a encontrar a José Mayans haciéndose ojitos con una senadora que nos acompañó en el último año?“, confiesan.

Resultó llamativo que en los últimos días trascendió una orden de Karina Milei de que todos los proyectos comiencen a pasar por el tamiz de la Mesa Política y, en particular, por Diego Santilli. Cabe preguntarse, ¿cómo funcionaba entonces la dinámica al interior del Gobierno?

La mesa emergió como una forma de organización política de la cúpula del Gobierno luego de la derrota bonaerense del año pasado. También buscó ser una forma de licuar responsabilidades y ordenar el mecanismo de interlocución con los actores políticos, tanto gobernadores como bloques legislativos.

En el pasado existía la queja de que tanto Guillermo Francos, como Santiago Caputo y los primos Menem mantenían negociaciones paralelas con todos ellos y que eso entorpecía la efectividad de las gestiones. Con los nuevos roles asignados en el último semestre, se esperaba que cada uno de los actuales miembros tuviera una esfera particular en la que no se pudieran cruzar los mandos. A grandes rasgos, se estableció que Patricia Bullrich tendría predominancia en el Senado; Martín Menem en Diputados; Diego Santilli y Lule Menem, con los gobernadores.

Esta semana demostró que esa repartija de roles resultó una quimera a los efectos prácticos: las negociaciones legislativas implican conversar con varios estamentos políticos al mismo tiempo. “¿Sabés quién negoció los votos del Senado? Todos. Volvimos a lo mismo, pero con más actores involucrados. Antes eran tres quienes lo hacían. Ahora son más", afirma, enojado, un legislador violeta que vio la secuencia desde adentro.

Tal y como está, la mesa política se confeccionó de una forma que no permite mayores cambios en su funcionamiento. Eso tiene como ventaja que sus integrantes pueden manejarse con algo más de independencia en base a sus criterios políticos, lo malo es que le impone una rigidez tal que, en el caso de un defecto en su funcionamiento, no existen mayores posibilidades de corregirse. “Ese es un síntoma significativo. Porque o continuamos así, o se rompe ese esquema para encontrar uno nuevo”, marcan.

Con el resultado del viernes a la madrugada, el karinismo volvió a arremeter contra Patricia Bullrich. La acusan de tener un modo de operación política de carácter unipersonal que impide a los mismos senadores conocer cuál es el rumbo de las gestiones. Creen que la senadora no debe realizar sesiones semanales y concentrar más temas dentro de una misma jornada. También están preocupados por la cantidad de proyectos que todavía siguen sin media sanción en esa Cámara. Al salir del Palacio del Congreso luego de la aprobación de la Ley, la jefa de bloque atribuyó la caída de los dos capítulos a la especulación de los gobernadores y al desgaste político sufrido por el caso de Manuel Adorni.

A propósito de esto último, resultó llamativo que una figura del Gobierno diera a entender que extraña el esquema anterior con el otrora vocero presidencial. “Era bueno para ir y escuchar las verdades de cada una de las alas del Gobierno porque todo lo que se habla en mesa política es una mentira. Ahí son todos hipócritas”, afirma una fuente. Adorni nunca terminó matando políticamente a Santiago Caputo. Milei le dio otras tareas a su entonces jefe de Gabinete, quien lo explicitó en su carta de renuncia: “He cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta Presidencial de Olivos”. Aunque no fue exactamente eso, el siguiente trascendido se acerca bastante: le habría pedido que le haga ver a su hermana “quienes son los malos” y que la proteja.

Al margen de las consideraciones, el Gobierno ya tiene en mente una sesión el 26 de agosto para tratar una batería de proyectos, entre los que se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de Inocencia Fiscal y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). De prosperar, son nuevas iniciativas que recaerán en el ámbito del Senado, que por ahora solo tiene dictamen la Ley Hojarasca, aunque muchos al interior del oficialismo piden no tramitar en solitario. “Decime cómo le explico a un laburante que gana 900.000 pesos que lo único que tengo para mostrarle es la derogación de la Ley del Lobizón y la Ley del Azote. Sería un papelón”, agregan.

Se prevé que la Casa Rosada le quiera dar tratamiento exprés a estas iniciativas mencionadas. Pero ya se divisa en el horizonte la complejidad que supondrá negociar la Reforma Política y el Presupuesto 2027, las dos iniciativas más complejas que el mercado mira con una atención particular. Al respecto de la primera, operadores del oficialismo creen que serán los mismos gobernadores quienes se verán forzados a apoyar la suspensión de las PASO porque “no tienen candidato nacional y, por ende, no tienen palanca para sus propios candidatos”. En otro importante despacho de Balcarce 50 son más pesimistas y ven que lo máximo que pueden conseguir es eliminar la obligatoriedad y pasar a un esquema de PAS.

Son algunas de las tantas negociaciones paralelas que tiene la Quinta de Olivos con las provincias. Una de ellas es con la Ciudad de Buenos Aires. Los armadores nacionales de LLA querrían que Jorge Macri traslade las elecciones porteñas hacia octubre. Todavía no llegaron emisarios formales a presentar esa propuesta, pero de ser el caso, en Uspallata no tendrían problema si es que les dejan imponer a ellos las condiciones. Esto no implicaría la falta de competencia, sino todo lo contrario: no ven con malos ojos realizar una competencia y, por primera vez en mucho tiempo, ven un panorama optimista hacia adelante.

“No nos desfavorece el paso del tiempo. Es lo contrario: nos favorece porque la narrativa orden y seguridad ya se empezó a consolidar ante un electorado porteño que se ha ido derechizando, pero que cree en el Estado. Hay un 60% de derecha y un 40% de izquierda. Hoy el panorama que vemos es que LLA y el PRO compiten por los primeros puestos”, afirma una fuente inobjetable.

De todas maneras, no han recibido gestos desde Nación que muestren una voluntad acuerdista. Si existe, Mauricio Macri no negaría una instancia de diálogo, pero el temor es que antes de que se produzca un encuentro con Javier Milei, su hermana Karina lo obligue a reunirse con ella primero. Son pocos adentro del espacio amarillo los que creen que el expresidente tenga intenciones reales de candidatearse. Algunos dan su punto de vista de que la gran mutación que se está produciendo en Occidente es el debilitamiento de las centroderechas.

El círculo rojo está buscando candidatos que puedan resultar una alternativa “amigable” a Milei. Los outsiders pueden ser un camino. Uno de ellos planea lanzarse entre las elecciones de Brasil y las de Estados Unidos y ya consolidó a su nueva mesa chica luego de echar a dos importantes operadores que lo cebaban frente al establishment. Pero más de un gobernador le dijo a Infobae que Milei tiene su principal riesgo -en el eventual caso de no suspenderse las PASO- es la posibilidad de una competencia interna. “Para mí en un contexto donde el peronismo no va a conseguir o no prevé conseguir un candidato fuerte, la mayor amenaza de Milei no es Mauricio: es Patricia”, asestó uno de ellos.

Lo que resultó una verdadera novedad es que una fuente de la primera línea del oficialismo consultada por este tema no se horrorizó ante ese hipotético caso: “Si las PASO se mantienen y ella quiere, yo no tendría problema que compita. Javier le va a ganar”. Esto no es convalidado por el sector bullrichista. No por el momento.

Las elecciones primarias de Florida de 2026 marcan uno de los procesos más relevantes en el calendario electoral del estado, ya que determinan los candidatos que representarán a los partidos en los comicios generales de noviembre. Este año, el proceso adquiere especial importancia por la variedad de cargos en juego, desde puestos federales hasta cargos estatales y locales.

El sistema de primarias cerradas en Florida exige que los votantes estén inscritos en un partido político para poder participar en la selección de los candidatos de ese partido. No obstante, existen excepciones: todos los votantes registrados pueden participar en elecciones no partidistas, como las contiendas judiciales y para juntas escolares, sin importar su afiliación política.

La dinámica de estas primarias no solo define las opciones partidarias para el ciclo electoral, sino que también establece el tono de la campaña hacia noviembre. En estas elecciones, los ciudadanos tienen la oportunidad de influir directamente en la conformación de las boletas electorales, seleccionando a quienes consideren más aptos para representar los intereses del estado a distintos niveles.

La estructura cerrada del proceso impulsa la participación activa de los afiliados a partidos políticos y refuerza la importancia de la afiliación previa para quienes deseen incidir en la selección de candidaturas.

Fechas y plazos clave para las elecciones primarias de Florida

El calendario electoral de 2026 contempla una serie de fechas fundamentales para garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho al voto de manera oportuna. La jornada principal de las elecciones primarias está programada para el martes 18 de agosto, fecha en la que los centros de votación abrirán sus puertas a los ciudadanos registrados.

Uno de los plazos más relevantes es la fecha límite para registrarse para votar o cambiar de afiliación política, que vence el 20 de julio de 2026. Este requisito es esencial para quienes deseen participar en las primarias, dado el carácter cerrado del proceso.

Los electores que no se registren antes de este plazo o que no actualicen su afiliación partidista no podrán intervenir en la elección de candidatos de partido, aunque sí podrán votar en contiendas no partidistas, si cumplen con los requisitos generales de inscripción.

Además, existe una fecha límite para solicitar la papeleta de voto por correo: 6 de agosto de 2026, antes de las 17:00. Este mecanismo permite a los votantes que no puedan acudir en persona participar en el proceso electoral, siempre que la solicitud se realice dentro del plazo establecido.

Horarios y requisitos para votar en las primarias

El día de las elecciones primarias, los centros de votación permanecerán abiertos de 7:00 a 19:00. Todos los votantes registrados en un partido político podrán votar en las primarias de su partido respectivo. Aquellos que no estén afiliados a ningún partido o que hayan optado por no declarar afiliación solo podrán votar en las elecciones no partidistas programadas para la misma jornada.

Para participar, los electores deben presentar una identificación válida y cumplir con los requisitos estatales vigentes. El cumplimiento de los plazos de registro y la correcta afiliación partidista son condiciones indispensables para poder ejercer el derecho al voto en las primarias partidistas.

Dentro del sistema de primarias cerradas, los votantes deben prever que la participación está sujeta a la afiliación registrada antes de la fecha límite. Esto significa que quienes deseen cambiar de partido para influir en la selección de candidatos tienen que hacerlo con suficiente antelación.

Detalles sobre el voto por correo y la votación anticipada

Una de las alternativas más utilizadas en los comicios de Florida es el voto por correo, disponible para todos los electores que lo soliciten antes del 6 de agosto de 2026. Las papeletas enviadas por este medio deben ser recibidas por las autoridades antes de las 19:00 del día de las elecciones, el 18 de agosto, para ser contabilizadas.

Este sistema garantiza la participación de quienes, por motivos personales o laborales, no puedan acudir a su centro de votación el día de la elección.

La votación anticipada es otra herramienta clave del proceso electoral. Florida establece un período obligatorio de votación anticipada entre el 8 y el 15 de agosto de 2026. Sin embargo, algunos condados, como Miami-Dade y Monroe, han optado por extender este periodo, iniciando la votación desde el 3 de agosto. Esta flexibilidad busca facilitar la participación de los residentes y reducir las aglomeraciones el día principal de las primarias.

Durante la votación anticipada, los horarios y ubicaciones pueden variar según el condado, por lo que se recomienda consultar la información local para acudir a los centros habilitados en las fechas correspondientes.

Información sobre las elecciones generales de noviembre 2026

Tras las primarias, la atención se centra en las elecciones generales, que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026. En esta instancia, los ganadores de las primarias, junto con los candidatos independientes y de partidos minoritarios que hayan cumplido los requisitos legales, integrarán la boleta definitiva.

Las elecciones generales de Florida decidirán cargos estatales como gobernador, fiscal general, director financiero y comisionado de agricultura. Además, se renovarán posiciones en el Senado de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes federal, la Legislatura estatal, así como cargos judiciales y numerosos puestos a nivel de condado y municipalidad. El resultado de este proceso impactará de forma directa en la conducción política del estado y la representación en organismos nacionales.

Fechas y horarios clave para las elecciones generales de mitad de mandato 2026

El calendario electoral para las elecciones generales también contempla fechas y horarios precisos. La fecha límite para inscribirse para votar es el 5 de octubre de 2026. Quienes deseen ejercer su voto por correo deben solicitar la papeleta antes del 22 de octubre de 2026, hasta las 17:00.

El periodo de votación anticipada obligatoria está previsto entre el 24 y el 31 de octubre, aunque algunos condados pueden ofrecer días adicionales. El día de la elección, el 3 de noviembre, los centros de votación funcionarán de 7:00 a 19:00. Las papeletas de voto por correo deben recibirse antes de las 19:00 del mismo día para ser válidas.

Para obtener información detallada, los ciudadanos pueden consultar el sitio web de la División de Elecciones de Florida.

A pesar de que falta más de un año para las elecciones presidenciales, el riesgo de una corrida cambiaria ya se puso sobre la mesa. Y fue el propio presidente Javier Milei quien aseguró que va a contar con hasta USD 70.000 millones de poder de fuego ante ese eventual escenario, pero en el mercado tienen dudas sobre cómo llegó a esa cifra y cómo lo puede llegar a utilizar.

En una entrevista con LN+, Milei explicó que el programa que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempló una meta de acumulación de reservas de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya alcanzó casi USD 14.000 millones en reservas propias. De sostenerse el ritmo de compras, el stock acumulado podría alcanzar a USD 20.000 millones antes de fin de año.

“Nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, resaltó Milei.

El paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y negociaciones para la extensión del swap con China

El Presidente también remarcó el cierre de todas las líneas de financiamiento necesarias para 2026 y 2027, lo que, según su visión, disminuye la presión sobre el mercado de cambios. En ese contexto, detalló que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China.

Milei sintetizó: “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos entre 60.000-70.000 millones de dólares y además que ya cerramos el financiamiento”. El primer mandatario anticipó que el Gobierno tomará las medidas macroprudenciales necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

Las declaraciones oficiales encendieron el debate en el sector financiero local. Una fuente del mercado, bajo condición de anonimato, advirtió: “No sé de dónde saca el número de los USD 70.000 millones, hoy las reservas están en USD 48.800 millones en términos brutos, pero no todas son utilizables. Probablemente él esté incluyendo el famoso swap con Estados Unidos y en el caso particular del swap con China, si bien sabemos que es por aproximadamente USD 20.000 millones y se usaron USD 5.000 millones, uno podría pensar que ante una situación de crisis se podrían llegar a utilizar esos USD 15.000 millones restantes”.

Marcar la cancha

La misma fuente consideró que, pese a la magnitud teórica del respaldo, el swap con China implica condicionamientos políticos y geopolíticos que exceden la voluntad local. “Intuyo que el Gobierno preferiría no recurrir a eso y no tengo claro si el Gobierno chino estaría dispuesto fácilmente a que el Gobierno argentino lo utilizara, tal vez pensando en cuestiones geopolíticas y del alineamiento que muestra Milei, está más cerca de Estados Unidos que de China. El presidente y el Gobierno están queriendo marcar la cancha. Es como que se estuviera precipitando el miedo de que el año que viene el Gobierno muestre algunas cartas para contener esa especulación”, analizó.

Es como que se estuviera precipitando el miedo de que el año que viene el Gobierno muestre algunas cartas para contener esa especulación (Off del mercado)

Otra fuente del sector financiero reforzó el escepticismo sobre el acceso real a los swaps. “El swap con China lo puede usar en una corrida; tiene que pedirle autorización a los chinos y no es muy claro cómo es el mecanismo”, aclaró.

Mientras que el swap con Estados Unidos no se sabe de cuánto es ni tampoco cómo se activa. “Ahí también está el tema de cómo le va a Donald Trump en las elecciones de medio término”, comentó. Aunque en la última semana se conoció que el Tesoro de Estados Unidos está sosteniendo al yen japonés lo que demuestra que es una herramienta moderna que están dispuestos a utilizar.

En cuanto al poder de fuego del Tesoro, la fuente agregó que el programa financiero oficial que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para el próximo año solo contempló USD 4.900 millones de compras al BCRA y lo que le pueda sobrar de este año.

Además, remarcó el informante: “No sé cómo llega a USD 70.000 millones; debe estar tomando las reservas brutas que, en realidad, una parte no la puede utilizar porque son los encajes sobre los depósitos en dólares del sector privado; no lo debería contabilizar”.

Dudas sobre el manejo

La contabilidad de las reservas argentinas en divisas y el acceso a los swaps internacionales ocupan el eje del debate.

Una tercera voz del mercado explicó: “Está el swap con Estados Unidos que no se cuenta en las reservas internacionales brutas del Banco Central. Y después el swap con China, si se puede usar, es más, hay un pequeño tramo activado. Aunque juega ahí la fungibilidad del dinero y que eventualmente con eso safás. Ponele que hoy gastas USD 300 millones en una corrida y USD 300 millones en pagar a organismos. Y tenés USD 300 millones propios y USD 300 millones del swap chino. Los dólares son iguales. Andá a chequear que los dólares que usaste para la corrida son los del swap chino y no los tuyos”.

Los swaps internacionales, en particular, requieren autorizaciones específicas y pueden estar sujetos a decisiones políticas o geopolíticas

La misma fuente hizo una analogía con la administración de los fondos públicos: “Puesto en las cuentas fiscales, tenés una suma de gasto y una suma de ingresos. Es ‘imposible’ separar si el peso que ingresó por derechos de exportación fue el mismo peso que fue a pagar un salario. A esto me refiero por fungible. Todos los pesos son iguales en las cuentas fiscales, al igual que todos los dólares son iguales en las reservas”.

Según el análisis de los especialistas consultados, el monto de USD 70.000 millones informado por Javier Milei incluye la suma de las reservas brutas del BCRA, los swaps con Estados Unidos y China. La posibilidad de disponer de esos recursos depende de la naturaleza y de las condiciones de cada instrumento. Los swaps internacionales, en particular, requieren autorizaciones específicas y pueden estar sujetos a decisiones políticas o geopolíticas.

La discusión sobre la capacidad real del Gobierno para enfrentar una corrida cambiaria gira en torno de la composición de las reservas y la operatividad de los swaps internacionales. Mientras el Presidente insiste en que el respaldo disponible asciende a USD 70.000 millones y que ya se aseguraron los fondos necesarios para los próximos dos años, analistas recalcan que la cifra incluye instrumentos sujetos a condiciones políticas, legales o geopolíticas y recursos no necesariamente líquidos.

Los argentinos compraron más de USD 40.000 millones en el mercado formal desde la reapertura parcial del acceso a la divisa y el dólar sigue siendo el principal refugio de valor en el país. En ese contexto, el Gobierno engrosa su poder de fuego para contener posibles shocks cambiarios de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La flexibilización del control cambiario en Argentina en abril de 2025 provocó un cambio sustancial en la conducta financiera de los ahorristas. Un análisis del comportamiento reciente muestra que la demanda de dólares mantiene un ritmo elevado, con variaciones mensuales ligadas al contexto económico y político.

Durante el primer semestre de 2026, las compras brutas de divisas por parte de individuos superaron los USD 14.700 millones. En junio, según el último dato oficial, los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicaron que las personas físicas adquirieron de manera neta USD 2.015 millones, mientras que el total de compradores ascendió a 1,5 millones, con compras brutas por USD 2.443 millones. En ese mes, cerca de 715.000 personas vendieron USD 428 millones.

En junio, cerca de 715.000 personas vendieron USD 428 millones

Del total adquirido en junio, unos USD 800 millones permanecieron depositados en bancos locales, USD 500 millones reforzaron la posición de activos externos y USD 700 millones se destinaron a gastos con tarjetas en servicios y consumos fuera del país.

En mayo, la cantidad de compradores fue de 1,4 millones de personas, quienes adquirieron USD 2.260 millones. Del lado de las ventas, unas 730.000 personas vendieron USD 456 millones, lo que arrojó una demanda neta de USD 1.804 millones y representó un incremento de casi USD 200 millones respecto del mes previo.

El registro mensual desde la apertura del mercado de cambios muestra picos y caídas en la demanda. En abril de 2025, el primer mes tras la flexibilización, las compras alcanzaron USD 2.077 millones con más de un millón de participantes. En los meses siguientes, la tendencia fue alcista: en mayo sumaron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio el volumen se elevó a USD 3.473 millones.

En septiembre de 2025, la proximidad de las elecciones legislativas disparó la volatilidad cambiaria e impulsó la cifra a un máximo mensual de USD 5.130 millones. Octubre mantuvo un nivel elevado, con USD 4.731 millones operados, mientras que noviembre registró una considerable desaceleración, a UDS 1.597 millones y poco más de 1,1 millones de compradores, tras el contundente triunfo del oficialismo en las urnas.

En septiembre de 2025, la proximidad de las elecciones legislativas disparó la volatilidad cambiaria e impulsó la cifra a un máximo mensual de USD 5.130 millones

No obstante, la demanda retomó fuerza en diciembre de 2025, cuando cerca de 1,5 millones de personas compraron USD 2.186 millones. En los primeros meses de 2026, la tendencia se mantuvo: enero cerró con USD 2.613 millones adquiridos por 1,6 millones de personas, febrero marcó USD 2.368 millones y marzo USD 2.363 millones de dólares. En abril, el monto subió a USD 2.727 millones, el más elevado del año, mientras que en mayo descendió a UDS 2.212 millones y en junio volvió a elevarse a USD 2.443 millones.

El balance desde el levantamiento del cepo muestra que las personas humanas concretaron compras brutas por USD 41.118 millones. Si se suman las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero, el volumen total acumulado supera USD 45.824 millones. En ese período, las ventas brutas por parte de argentinos totalizaron USD 6.153 millones y las compras netas alcanzaron USD 34.965 millones.

Según los cálculos de consultoras como LCG o Econviews, las adquisiciones por parte de los individuos se mantendrían en torno a los USD 1.500 millones y USD 2.000 millones mensuales en lo que resta del año. De cumplirse la proyección, el número final cerraría por debajo del de 2025.

El poder de fuego del Gobierno

Atento a la predilección de los ciudadanos por el billete verde, pese a que pierde valor contra la inflación en lo que va de 2026, el Gobierno avanza con el armado de un muro de contención para evitar que se repita el escenario de 2025.

Según datos del BCRA, la dolarización de carteras previa a los comicios de medio término alcanzó el equivalente a USD 35.000 millones durante 2025. De hecho, esa fuerte demanda de divisas derivó en la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para contener la escalada cambiaria.

A fin de eludir un escenario similar, el presidente Javier Milei afirmó que, con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, dispone de un respaldo de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, además de los fondos necesarios para afrontar los compromisos en moneda extranjera.

Milei detalló que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contemplaba una meta de acumulación de reservas en un rango de USD 7.000 millones a USD 10.000 millones, aunque el Banco Central ya suma cerca de USD 14.000 millones. Adelantó que, si continúa el ritmo actual de compras, las reservas podrían sumar USD 20.000 millones antes de finalizar el año.

El Presidente dijo también que todas las líneas de financiamiento para 2026 y 2027 ya están aseguradas, lo que reduce la presión sobre el mercado cambiario. “No solo tenemos cerrado el financiamiento, sino que además nos hemos pertrechado con más de USD 20.000 millones”, enfatizó en una entrevista en LN+.

“Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, además de que ya cerramos el financiamiento”, resumió el jefe de Estado.

El Gobierno aplicará las medidas macroprudenciales necesarias para preservar la estabilidad financiera y cambiaria (Milei)

También, el primer mandatario adelantó que el Gobierno aplicará las medidas macroprudenciales necesarias para preservar la estabilidad financiera y cambiaria.

Cabe destacar que dentro del esquema adelantado por Milei se incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, así como el mismo mecanismo rubricado en los últimos días con China por el equivalente de USD 19.000 millones. Se trata de acuerdos mediante los cuales dos bancos centrales intercambian monedas diferentes para facilitar liquidez en divisas y estabilizar los mercados.

El gobierno de Alberto Fernández había activado un tramo del intercambio con el Banco Popular de China, mientras que la administración libertaria hizo lo propio con el Tesoro de Estados Unidos para poder contener la escalada del dólar en la antesala de las elecciones legislativas de 2025.

El Tribunal Superior de Kenia dictó una sentencia inesperada que ordenó adelantar las próximas elecciones presidenciales al martes 11 de agosto de 2026, una decisión que provocó una ola de confusión y sorpresa en todo el país. La noticia sorprendió a las autoridades, a la Comisión Electoral, a los partidos y a la ciudadanía, que durante años habían asumido que la cita electoral se realizaría el 10 de agosto de 2027.

El fallo sostuvo que, según una interpretación estricta de la Constitución keniana, la elección presidencial debe celebrarse el segundo martes de agosto durante el quinto año posterior a las anteriores elecciones generales, que tuvieron lugar el 9 de agosto de 2022.

La jueza Mugure Thande declaró que cualquier otra fecha para la elección violaría la Constitución y resultaría nula, y respaldó así el argumento de tres activistas y expertos legales que presentaron una demanda a finales de 2025.

“La declaración de invalidez de la elección se suspende hasta después de que se celebren las próximas elecciones generales para permitir que la Comisión Electoral corrija el defecto”, dijo Thande.

Ellos advirtieron que postergar los comicios hasta 2027 permitiría al presidente William Ruto completar seis años de mandato, en vez de convocar a los votantes durante el quinto año, como exige la ley.

Según la sentencia, el periodo presidencial comienza con la toma de juramento y concluye con la asunción del siguiente líder electo, sin referencia a una cifra exacta de años. Así, la fecha de la elección presidencial no quedaría sujeta a la discreción de la IEBC ni a la conveniencia administrativa.

Al mismo tiempo, el líder opositor Jimi Wanjigi dirigió un mensaje directo en su cuenta de X al mandatario, tras el fallo judicial, señalando: “Ruto, tu tiempo terminó. Tu mandato concluye este martes. El artículo 134 te define ahora como presidente temporal. Tu periodo no fue extendido. La IEBC debe organizar elecciones en un plazo de 60 días después del 11 de agosto de 2026.”

Según el medio local The Kenya Wall Street, Kenia atraviesa una etapa marcada por la tensión social, una economía presionada al límite y un clima político agitado mientras se acerca el próximo ciclo electoral.

En el plano económico, el país enfrenta una deuda pública que supera el 65% de su PBI y consume más de la mitad de los ingresos fiscales, lo que ha llevado al gobierno a incrementar impuestos y a elevar el costo del acceso a servicios públicos.

El gasto estatal sigue en aumento, con más de un millón de empleados distribuidos en empresas estatales, ministerios y gobiernos de condado, situación que limita el margen de maniobra para nuevas inversiones y compromete la capacidad de respuesta ante futuras crisis. El pago de la deuda representa hoy casi la mitad del gasto público total, triplicando lo que se destina a educación y dejando poco espacio para proyectos de infraestructura, salud y protección social, en un contexto donde la ayuda internacional pierde peso frente al comercio y la inversión.

A su vez, el escenario social refleja el impacto de estas limitaciones económicas. En Nairobi, decenas de madres de barrios populares se manifestaron para exigir explicaciones por las desapariciones forzadas de jóvenes, atribuidas a agentes policiales.

Las protestas, que incluyeron bloqueos en avenidas centrales y el reclamo de organizaciones de derechos humanos, surgieron tras la desaparición de varios jóvenes y la muerte de un repartidor bajo custodia policial. Los manifestantes acusan al gobierno de inacción ante estos abusos, mientras Amnistía Internacional registró un aumento del 20% en las muertes a manos de la policía y denunció obstáculos para la rendición de cuentas.

Bajo este contexto, William Ruto afirmó en X que el gobierno avanza en reformas para dignificar a los oficiales de seguridad privada y reconoció su papel esencial en la protección nacional. Además, destacó el compromiso de impulsar proyectos de desarrollo en el condado de Turkana, subrayando la importancia de la seguridad y la inclusión para aprovechar su potencial económico y mejorar la vida de sus habitantes.

Por otro lado, describió la agenda de proyectos pendientes para asegurar derechos básicos como salud, vivienda, agua, alimentación y educación para la población.

“Nuestro objetivo es dar un significado práctico a la promesa del artículo 43 de nuestra Constitución: atención médica para todas las familias, vivienda y saneamiento adecuados, erradicación del hambre, agua potable y segura, seguridad social y educación para todos los niños”, mencionó en su cuenta de X.

(Con información de EFE)

La incorporación de herramientas tecnológicas modificó la manera en que las personas se informan, se relacionan y toman decisiones. En ese contexto, también aparecen propuestas que buscan trasladar esa lógica al ámbito electoral, con sistemas de participación basados en validación de identidad y votación online.

El Partido Digital se presenta como una nueva fuerza política que busca aplicar ese modelo a la selección de candidatos y a la conformación de listas. El proyecto se define como un espacio horizontal y transparente, abierto a ciudadanos sin trayectoria previa en la política o el Estado.

Su propuesta parte de una premisa concreta: evitar que las candidaturas queden concentradas en dirigentes tradicionales. Bajo esa idea, se establece que las personas que hayan ocupado anteriormente cargos legislativos o ejecutivos no pueden postularse dentro de su estructura.

Una selección de candidatos basada en tecnología

En primer lugar, el mecanismo diseñado para elegir postulantes se desarrolla a través de una plataforma digital. Allí, los interesados deben cargar información vinculada con su trayectoria profesional para ponerla a disposición de los usuarios.

Luego, el sistema incorpora una instancia de verificación biométrica destinada a confirmar la identidad de cada participante. El procedimiento busca establecer un registro validado antes de avanzar hacia la etapa de evaluación y selección.

Finalmente, los usuarios y afiliados intervienen en la definición de las candidaturas mediante una votación dentro de la plataforma. La elección toma como referencia un índice de “idoneidad digital”, elaborado a partir de diferentes variables y respuestas.

Además, cada participante debe completar un test compuesto por distintas premisas vinculadas con temas de interés público. Entre ellas aparecen cuestiones relacionadas con el rol del Estado en los servicios esenciales, el financiamiento de la salud y la educación, los impuestos y las políticas frente al delito.

De esta manera, el sistema pretende ofrecer información sobre las posiciones de cada postulante antes de que los usuarios definan sus preferencias. La propuesta apunta a que la selección de representantes surja de una evaluación realizada dentro de la propia plataforma.

Una propuesta alejada de las estructuras tradicionales

El Partido Digital plantea una posición que pretende diferenciarlo de las categorías políticas habituales. El espacio asegura ubicarse fuera de la derecha, la izquierda y el centro, y plantea una crítica directa hacia la dirigencia que ocupó cargos públicos durante las últimas décadas.

Su discurso utiliza el concepto de “política parasitaria” para referirse a las estructuras tradicionales. Desde esa perspectiva, sostiene que los cambios de gobiernos, discursos e ideologías no modificaron el lugar que ocupan determinados dirigentes dentro del sistema político.

En ese marco, aparece uno de los principales lemas del proyecto: “No venimos a administrar un sistema corrompido: venimos a hackearlo”. La frase resume la intención de utilizar mecanismos propios del ámbito tecnológico para modificar las formas habituales de participación electoral.

Asimismo, el partido propone una política de transparencia y trazabilidad pública. Entre sus planteos figura la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan auditar los gastos del Estado y establecer mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos.

Qué proponen algunos candidatos

En la plataforma también pueden consultarse las fichas correspondientes a los postulantes de cada distrito. Allí aparecen propuestas vinculadas con problemas concretos de las ciudades y con diferentes áreas de la gestión pública.

Entre los ejemplos registrados en Capital Federal aparecen iniciativas como establecer ondas verdes en avenidas de alta circulación, mejorar la coordinación del tránsito en determinadas zonas, realizar evaluaciones semestrales a docentes y aplicar multas a los dueños que no recojan los desechos de sus mascotas.

La plataforma busca, de esta manera, que las candidaturas puedan ser conocidas a partir de sus perfiles y propuestas antes de la votación. Funciona como el punto de encuentro entre postulantes, afiliados y usuarios.

En definitiva, el Partido Digital propone trasladar herramientas online al proceso de selección política. Con una estructura que busca diferenciarse de los sistemas tradicionales, apuesta por una participación basada en tecnología y por candidatos sin antecedentes en cargos públicos.

Una vez finalizada la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Patricia Bullrich habló en la puerta del Congreso y dio su opinión sobre por qué algunos apoyos con los que el oficialismo contaba para uno de los capítulos terminaron por caerse. Al hablar de los gobernadores, marcó: “Están pensando más en las elecciones que en los proyectos”.

La sesión de este jueves fue la primera que se produjo en el Palacio del Congreso luego del receso invernal. El debate de los días anteriores y lo acontecido en el recinto dejaron entrever una cuestión simple: a diferencia de otras sesiones, esta fue la primera en la que el panorama electoral del año próximo no estaba soslayado. Es decir, poco a poco, el cálculo por el 2027 se hace cada vez más presente en las consideraciones de los jefes provinciales.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete generó buenas impresiones entre los gobernadores. Lo consideran alguien del sistema y que, por ende, tiene vínculos con muchos de ellos desde hace tiempo, lo cual implica una relativa confianza de que no habrá jugadas “por atrás”.

“Nosotros confiamos en Diego. Le está haciendo muy bien a la gestión, pero lo veo en una posición complicada. Tiene que ser el encargado de la gobernabilidad justo cuando el escenario del oficialismo parece débil”, afirmó uno de los gobernadores más importantes del país a Infobae.

Hay varios indicadores que este dirigente utiliza para justificar aquello. Hace poco se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella marcó un retroceso del 6,5 % respecto a junio. Hay encuestas observadas por el mercado, como la de Bloomberg y Atlas Intel, que muestran un crecimiento de la desaprobación al Presidente hasta el 62,4 %, muy cerca del pico histórico de los últimos dos años y medio.

“Yo no veo que vaya a mejorar en el mediano plazo. Puede mantenerse estable, pero si empeora, el Gobierno se va a ver debilitado cada vez más en las negociaciones electorales que quiera hacer”, afirma. Infobae supo de más de un mandatario provincial que están deseosos de que la Casa Rosada llame a “una gran mesa” para plasmar un frente antikirchnerista de cara al año próximo.

Quienes lo piensan, creen que debería tratarse de una suerte de demostración de principios de una parte del sistema de partidos con el fin de mostrar los aspectos en común que tienen entre ellos. Buscan dar certidumbre al mercado de cara a lo que se está percibiendo en las últimas semanas: una pérdida de confianza sobre si La Libertad Avanza tiene realmente el camino allanado en una contienda presidencial.

“Tiene que ser un llamado general, en la que no hayan grandes definiciones, pero que sirvan para plasmar lo que nosotros creemos que es un rumbo de país”, afirman.

En el Gobierno no ven que una convocatoria de ese calibre tenga sentido en esta coyuntura. Consideran que, por el momento, tienen que seguir dándose la dinámica de encuentros bilaterales de los miembros de la cúpula política con cada uno de los gobernadores.

“Todavía es más mano a mano que grupal. La reunión más general la deberíamos hacer al final de las negociaciones. ¿Para qué la vas a hacer ahora si todavía tenés que seguir cerrando acuerdos?”, afirma un miembro del oficialismo que conoce de las conversaciones que se están produciendo.

Diego Santilli y Luis Caputo viajarán la próxima semana a Catamarca para encabezar, junto a los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. La visita, reprogramada por el alerta meteorológica, se da en un contexto de negociación política en momentos en que el oficialismo busca apoyos para su agenda legislativa.

Tanto Jalil como Suárez fueron dos mandatarios que no aportaron a la masa de votos afirmativos en la sesión de ayer, en la que hubo más de una provincia aliada que se terminó oponiendo a las reformas del Gobierno.

Entre quienes se opusieron en la votación en general del proyecto estuvieron el catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal) y los santiagueños Elía Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago). Jalil ha sido uno de los aliados más estrechos del Gobierno y su posicionamiento no pasó desapercibido, pero en el oficialismo creen que se trata de una cuestión coyuntural y que, de alguna manera u otra, se desembocará a un acuerdo electoral.

Los gobernadores aliados que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) fue uno de los que contribuyó a dar de baja el capítulo para la compra de tierras por parte de extranjeros.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.

La Asamblea Nacional de Nicaragua avanza en la aprobación de reformas parciales a la Constitución Política que buscan, entre otros puntos, ampliar el periodo presidencial de seis a siete años y limitar el acceso a cargos públicos a opositores considerados “traidores a la patria”.

El presidente del Poder Legislativo, Gustavo Porras Cortés, explicó los ejes de la iniciativa en una entrevista exclusiva concedida a RT en Español, en la que defendió las modificaciones como parte de una estrategia para “blindar la paz, la estabilidad y la soberanía” del país centroamericano.

La reforma propuesta afecta 14 artículos de la Carta Magna y plantea, como eje central, la exclusión de personas que hayan promovido sanciones internacionales o solicitado intervenciones extranjeras, quienes quedarán inhabilitados para participar en procesos electorales. “Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones, no podrán ser candidatos, no podrán tener ese derecho político que garantiza la Constitución en el artículo cuarenta y siete”, afirmó Porras Cortés durante la entrevista.

El presidente de la Asamblea Nacional detalló que la propuesta de ampliar los mandatos a siete años responde a la necesidad de ofrecer mayor estabilidad institucional y posibilitar el desarrollo sostenido de proyectos sociales y económicos. “Nosotros necesitamos periodos estables. Y por eso el consenso que vamos consiguiendo nacionalmente es el consenso de los siete años”, agregó Porras, quien remarcó que la reforma también impactará en la duración de los cargos en el Ejército y la Policía Nacional.

Las reformas prevén, además, que la autoridad electoral, el Consejo Supremo Electoral, adapte sus normativas para asegurar lo que el oficialismo denomina “garantía de la democracia electoral”.

En este sentido, Porras defendió una visión de democracia que trasciende la organización de elecciones periódicas. “Para nosotros en Nicaragua la democracia va más allá de las elecciones. Es democracia también garantizar que los nicaragüenses tengan acceso a la salud y gratuita, como es en este país. Salud de calidad y gratuita. Tengan acceso a la educación y gratuita”, sostuvo el presidente del Legislativo.

Durante la entrevista, el medio consultó a Porras sobre las críticas recibidas por parte de medios internacionales tras el anuncio de la reforma constitucional, especialmente en torno al riesgo de consolidación autoritaria y reducción de la alternancia política.

El funcionario atribuyó las reacciones a una campaña coordinada desde el exterior y defendió el proceso como una respuesta ante intentos de desestabilización. “Todo aquel que trate de violentar estos principios, de romper la paz y la estabilidad de nuestro país, tenemos derecho a identificar que ese es un traidor a la patria”, subrayó.

Tensión política tras el anuncio: situación del régimen de Ortega y pronunciamiento de la OEA

El anuncio de la reforma constitucional se produce en un contexto de creciente tensión política. El régimen de Daniel Ortega ha reiterado que no convocará nuevas elecciones generales en el corto plazo, lo que ha generado críticas de sectores opositores y de la comunidad internacional.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció recientemente sobre la situación en Nicaragua, expresando preocupación por el cierre de espacios democráticos y la exclusión de figuras políticas opositoras de los procesos electorales.

La OEA, por su parte, ha instado a las autoridades nicaragüenses a garantizar el respeto a los derechos políticos y a restablecer condiciones para la competencia electoral efectiva. Mientras tanto, el régimen avanza en el proceso de consultas, con el objetivo de que la reforma constitucional sea aprobada en primera legislatura a inicios de septiembre, en coincidencia con las festividades patrias.

“Septiembre determina para nosotros el Mes Patrio. Por eso nos estamos proponiendo todas estas consultas con todos los sectores del país para llegar al 1 de septiembre y en saludo al Mes Patrio, en saludo a la bandera, en saludo a los héroes de San Jacinto, en saludo a nuestros próceres, aprobar en primera legislatura la reforma constitucional”, concluyó Porras Cortés en declaraciones recogidas por RT en Español.

La senadora con licencia y precandidata de Morena a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, publicó este jueves en su cuenta de X un mensaje en el que acusó a la gobernadora Maru Campos de utilizar recursos públicos en publicidad política, en referencia a un espectacular con la leyenda “Muerte y Morena es lo mismo”.

¿Qué publicó Andrea Chávez?

En su mensaje, acompañado de una imagen del anuncio colocado en un punto visible de la ciudad, Chávez escribió:

“En esto gasta Maru Campos el dinero de las familias chihuahuenses. En esto gasta los impuestos de la mamá que sale temprano a la maquila, del obrero que regresa cansado de la obra. Para esto exige más dinero de la Federación, mientras nos endeuda. Están aterrados: ya se van”.

La publicación incluye una fotografía del espectacular, que muestra el folio INE-RNP-000000669718, número de registro que, de acuerdo con la normativa electoral, debe aparecer en la propaganda política formalmente registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

¿De dónde proviene el espectacular?

Según reportes de medios locales de Chihuahua, el anuncio con la frase “Muerte y Morena es lo mismo” no corresponde a una campaña del gobierno estatal, sino a una nueva estrategia publicitaria del Partido Acción Nacional (PAN), presentada este 6 de agosto por la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez.

De acuerdo con esa información:

• Se colocaron los primeros dos espectaculares en el cruce de avenida Politécnico y avenida Teófilo Borunda, así como en el bulevar Ortiz Mena.
• El PAN prevé instalar un total de cuatro anuncios con este mensaje.
• La campaña sigue a otra iniciativa panista previa, denominada “IMSS y Nada”, con la que el partido buscó cuestionar las condiciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en comparación con el programa estatal MediChihuahua.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si el espectacular fue pagado con recursos del gobierno estatal, como sugiere Chávez, o con fondos del propio partido, como indican los reportes que atribuyen la campaña al PAN estatal.

El trasfondo: la disputa Chávez-Campos

El señalamiento se suma a una confrontación pública que ambas figuras sostienen desde hace meses. Chávez ha denunciado en distintas ocasiones un presunto sobregasto en comunicación social del gobierno de Campos, así como presupuestos elevados para publicidad institucional y espectaculares.

Por su parte, la gobernadora ha rechazado estas acusaciones y ha calificado de “gobierno de la muerte” a la administración federal encabezada por Morena, frase que —de acuerdo con los reportes citados— habría motivado directamente el eslogan panista “Muerte y Morena es lo mismo”.

Ambas dirigencias son consideradas precandidatas o referentes de sus respectivos partidos rumbo al proceso electoral de 2027 en Chihuahua, entidad donde continúa la disputa política entre el PAN, actualmente en el gobierno estatal, y Morena, que busca la gubernatura.

El 80% de los ejecutivos de empresas socias del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) espera que la situación económica mejore en los próximos 12 meses, apunta al mantenimiento del rumbo económico y confía en la recuperación de las principales variables macroeconómicas, aunque con una mirada más cauta que en años anteriores. El índice de expectativas proyectado para este año cerró 10 puntos por debajo de lo que habían previsto en 2025, al alcanzar los 62 puntos contra los 72 esperados.

Así surge de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos IDEA 2026, realizada entre el 25 de junio y el 22 de julio entre 218 directivos de distintos sectores y tamaños de empresa.

El relevamiento, que cada año mide la percepción del empresariado sobre la economía argentina, muestra expectativas moderadas hacia adelante. El índice proyectado para los próximos 12 meses se ubica en 71 puntos. El 68% de los consultados —entre los que hay referentes de industrias y servicios— espera una mejora moderada para 2027 y el 12% una mejora sustancial, mientras que el 6% anticipa un escenario negativo. El restante 14% sostuvo que permanecerá sin cambios.

De cara a los próximos 12 meses, el 68% de los ejecutivos proyecta una baja de la inflación —el 5% de forma pronunciada y el 63% de manera moderada—, aunque el consenso de la encuesta ubica el índice de precios para 2026 en torno al 30%, 10 puntos por encima de lo proyectado en la medición anterior.

Para el dólar, el 84% anticipa una suba gradual y sin sobresaltos. La proyección de cierre de año se ubica en $1.663, en línea con un escenario de estabilidad cambiaria. Para el PBI, el 74% prevé un aumento —el 70% de forma moderada y el 4% de manera más marcada—, aunque el 26% espera estancamiento o contracción. La tasa de interés también genera expectativas de baja: el 57% de los directivos proyecta una disminución, frente al 43% que estima que se mantendrá o subirá.

El 68% de los directivos proyecta un aumento de ventas para los próximos doce meses y el 43% prevé incrementar la inversión. Las perspectivas de empleo muestran menos acuerdo: un 36% espera que el desempleo aumente, otro 36% que se mantenga estable y un 28% que disminuya.

Un año más difícil de lo esperado

La evaluación de 2026 respecto al período anterior fue menos optimista. El 59% de los encuestados reconoció un escenario moderadamente mejor y un 6% sostuvo que es mucho mejor, mientras que un 21% respondió que el panorama es peor y un 14% que se mantuvo igual. Entre quienes tienen una mirada positiva, los factores más mencionados son el ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas —condiciones que, aseguran, deben mantenerse a largo plazo, independientemente del gobierno de turno—. El segmento más crítico apunta a la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo como los principales problemas.

Según reconoció Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, “2026 no fue tan bueno como se esperaba, pero hay expectativa de que se mantenga el rumbo. La macro y la no volatilidad cambiaria parecen ser lo más importante. Nadie espera ni una crisis ni una explosión en el crecimiento”. Mignone también señaló que el país atraviesa el tramo final de un proceso de sinceramiento de precios y variables económicas en el que “no todos estaban bien parados en términos de productividad”, y agregó: “Se puede empezar a planificar. Todavía no a largo plazo, porque la inflación todavía es del 30%”.

Respecto a las elecciones del año que viene, Mignone insistió en la necesidad de continuar con el rumbo económico actual, generar consensos y procurar que “la economía no siga el vaivén de la política”. Sostuvo que es una consigna que no solo tiene que entender la sociedad, sino también todo el arco político.

La industria aparece como el sector más rezagado. Mientras que el 51% de los ejecutivos del área de servicios considera que su empresa está mejor que el año anterior, ese porcentaje cae al 26% entre los industriales. La brecha también se refleja en la capacidad instalada: en servicios, el 51% de las empresas opera cerca del techo de su capacidad, contra el 35% en la industria. En paralelo, la inversión anual sobre facturación retrocedió del 14% en 2025 al 10% en 2026, aun cuando aumentó la proporción de empresas que operan cerca de su capacidad máxima: del 36% al 46 por ciento.

La carga impositiva encabeza la lista de obstáculos para el crecimiento, mencionada por el 72% de los encuestados. La siguen la inflación, citada por el 30%, y el exceso de regulaciones, señalado por el 27%. Más atrás aparecen la infraestructura de servicios públicos y la inestabilidad o incertidumbre, ambas con el 13%, y los problemas con canales de venta, con el 11%. En materia de inversión extranjera, el 83% de los ejecutivos considera que instrumentos como el RIGI o el Súper RIGI tendrán un impacto positivo o moderadamente positivo en la capacidad de Argentina para atraer capitales.

“Los resultados muestran una expectativa favorable, pero también una mirada realista sobre los desafíos que todavía enfrenta la economía. La mayor estabilidad macroeconómica es una oportunidad para avanzar hacia una etapa de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario, que sigue siendo considerado como un obstáculo para el crecimiento por la mayor parte del sector privado”, dijo Mignone.

La encuesta fue realizada de forma online entre el 25 de junio y el 22 de julio de 2026, con 218 ejecutivos y ejecutivas de empresas socias de IDEA de distintos tamaños y sectores. La organización representa a cerca de 600 empresas que, en conjunto, producen el 50% del PBI y del empleo privado a nivel nacional.

Joanna Whaley, de 38 años, ganó las elecciones primarias demócratas del segundo distrito de la Cámara de Representantes de Michigan el martes 5 de agosto. Whaley derrotó a Frank Liberati, ex representante estatal, y a Gary Schlack por un margen superior al 30%, según reportó The Guardian.

El segundo distrito es un bastión demócrata, lo que convierte a Whaley en la favorita para las elecciones generales del 3 de noviembre. Si gana, sería la primera mujer transgénero en integrar la legislatura estatal de Michigan.

Quién es Joanna Whaley

Whaley, residente de Lincoln Park, en el área metropolitana de Detroit, creció en una familia católica y pasó casi 20 años al frente de una megaiglesia evangélica. Durante ese período, mientras procesaba su identidad de género, la institución religiosa la obligó a someterse a terapias de conversión con cuatro terapeutas distintos a lo largo de 15 años. En 2022, cuando los líderes de la iglesia descubrieron que contemplaba una transición de género, la forzaron a renunciar.

Tras su salida, regresó a la universidad, se formó como proveedora de atención espiritual y se incorporó a una congregación más progresista. Compartió su historia en redes sociales y lanzó un podcast. Desde entonces trabaja como capellana clínica en salas de emergencias, unidades de cuidados intensivos y centros de cuidados paliativos.

Una agenda centrada en el bolsillo, no solo en la identidad

Su experiencia personal marcó también su plataforma política. En su página de campaña, según recogió The Advocate, Whaley escribió: “He experimentado dificultades económicas en carne propia. Salir del clóset como mujer trans significó reconstruir mi vida y mi carrera”. Su agenda se centra en temas de bolsillo —empleo, educación y vivienda— y en la protección de libertades civiles para todos los residentes del distrito, “independientemente de su raza, religión, género, orientación sexual o creencias políticas”, según sus propias palabras.

Su trayectoria no estuvo exenta de momentos incómodos. En una entrevista con el sitio LGBTQ Nation en abril, describió una situación que dice repetirse con frecuencia: “Tenemos un equipo de hockey semiprofesional en la zona, y estaba reunida con uno de los directores. En medio de la conversación, me dice: ‘¿Tienes un hermano? Fui al colegio con alguien llamado...’ y dijo mi nombre anterior. Le respondí: ‘Ese era yo.’ Y él me dijo: ‘¿Qué? ¿En serio?’”

Whaley agregó que estas situaciones también ocurren con antiguos amigos del ámbito cristiano: “Intentan salvar mi alma y me dicen que estoy viviendo en pecado”, según recogió The Guardian.

El intento de excluirla de la boleta electoral

Antes de las primarias, Liberati intentó que Whaley fuera descalificada de la boleta por su cambio de nombre. La oficina del secretario del condado de Wayne desestimó el recurso al determinar que su affidavit de candidatura era legal y válido.

La congresista federal Sarah McBride, primera mujer transgénero abiertamente elegida al Congreso de Estados Unidos, reaccionó al resultado en la red social X: “Tan orgullosa de mi amiga Joanna Whaley. Enfrentó indignidades de su oponente, canalizó esa energía en tocar puertas, redobló su agenda económica y derrotó a ese ex legislador demócrata por más del 30%”.

El peso de la candidatura y el camino a noviembre

En declaraciones al periódico Detroit Free Press, recogidas por The Guardian, Whaley habló sobre el impacto que su candidatura tiene en la comunidad trans: “Me golpea cuando hablo con personas trans de todo el estado. Alguien se me acerca y me dice ‘gracias’, y yo pienso: ‘¿Por qué me agradeces?’”

“Entiendo lo que significaría en este momento político elegir a una mujer trans. Podría ser monumental. No tomo esa responsabilidad a la ligera”, agregó.

La candidata cuenta con el respaldo del LGBTQ Victory Fund, Run for Something, Her Bold Move y Families United for Trans Rights. En noviembre se medirá al republicano Ronald Kokinda por el escaño que actualmente ocupa Tullio Liberati, hermano del candidato demócrata al que derrotó en las primarias.

“Hay cosas que no anunciamos pero que venimos trabajando hace más de un año”, aseguró ayer Luis “Toto” Caputo. El ministro de Economía dejó trascender que en un futuro próximo habría novedades para reducir todo lo posible la típica turbulencia que afecta al dólar y a los mercados en la previa de las elecciones.

“No nos va a agarrar de sorpresa el año electoral. Hace mucho tiempo que venimos trabajando desde la economía y también desde la política. Se van a ir enterando cuando las tengamos listas”, afirmó el funcionario de manera enigmática.

Caputo habló en el cierre de “Miradas al futuro”, el evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. Allí explicó que la ayuda lograda del Tesoro norteamericano, que le puso freno a la corrida cambiaria, fue algo negociado durante meses: “El que piensa que estas cosas ocurren de un día para el otro está equivocado. Era algo que se venía trabajando durante muchísimo tiempo”.

Las palabras del titular del Palacio de Hacienda apuntaron a transmitir la idea que el Gobierno está atento a prevenir las presiones cambiarias típicas en Argentina de las épocas preelectorales. Las especulaciones son variadas pero apuntan en una misma dirección: se está trabajando para contar con acceso a liquidez adicional que aborte cualquier salto brusco en el tipo de cambio, tal como se hizo en 2025.

Además, reiteró su convicción respecto a una victoria de Javier Milei el año que viene. “Creo que será mucho más amplia de lo que la mayoría está esperando, porque objetivamente estamos mucho mejor. Además se vienen muchos anuncios que la gente no conoce pero nosotros sí que van a ser muy positivos”. Y respecto a los posibles peligros derivados de la incertidumbre electoral reconoció que “no subestimamos nada”.

Una parte de la tarea de enfrentar mejor el 2027 es consolidar el nivel de reservas, que ayer superaron por primera vez en el gobierno de Milei los USD 50.000 millones en términos brutos. En este caso no fueron tanto las compras del Banco Central (apenas USD 8 millones), sino la fuerte revaluación de casi 4% que tuvo el oro.

En lo que va del año, el Central ya compró más de USD 13.000 millones y el objetivo es seguir acumulando en lo que resta del 2026. En la misma conferencia, el economista Ricardo Arriazu aseguró que el superávit comercial de este año podría superar los USD 27.000 millones, lo que pasaría a ser un récord absoluto. La muy buena cosecha y el fuerte aumento del precio del petróleo permitirían que suceda este escenario inédito.

Al mismo tiempo, el Banco Central también mantiene un fuerte control de los agregados monetarios. El objetivo es que no haya pesos sobrantes que vayan en amplios volúmenes a la compra de dólares como ocurrió en la previa a las elecciones de 2025.

Caputo, por su parte, habló de los distintos motores de generación de divisas que hoy tiene la Argentina. “Salimos de lo que se llamaba la restricción externa, que no era tal. Los recursos siempre los tuvimos, lo que pasa es que hasta ahora no había incentivos para invertir y explotarlos, pero esto cambió totalmente desde que gobernamos nosotros”, sumó.

Según detalló las exportaciones de agro y minería pegarán un salto desde USD 12.000 millones en 2025 a USD 19.000 millones este año. Y el próximo tendrán otro incremento hasta los 24.000 millones de dólares. “Es fundamental que estos sectores tengan un buen comportamiento, porque son los que aseguran el flujo de dólares que nos dará estabilidad en los próximos años”, acotó. Para el 2030 la proyección oficial es que las exportaciones de estos dos sectores lleguen a los 51.000 millones de dólares.

“Es fundamental que Javier Milei reelija para mantener las reglas de juego. Pero dentro de cinco años ya tiene que ser un cambio institucional, que no dependa de una sola persona”, agregó.

El ministro también dio cifras actualizadas de las inversiones comprometidas a través del RIGI. El total de proyectos aprobados es de 23 con inversiones comprometidas por 49.700 millones de dólares. Pero en total hay 43 proyectos presentados con compromisos de inversión por nada menos que 148.000 millones de dólares. “Imagínense lo que va a crecer Argentina cuando estos fondos ingresen, no nos damos idea de la magnitud del crecimiento que se va a venir”, finalizó.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, logró su objetivo: renovó el swap con el Banco Popular de China y lo extendió por cinco años (hasta agosto de 2031) cuando anteriormente había sido por tres. Con esto se confirmó una parte del poder de fuego por hasta USD 70.000 millones del que habló el presidente Javier Milei de cara a las elecciones del 2027.

La extensión del swap entre el BCRA y su contraparte china marca un hito para la relación financiera entre ambos países. El acuerdo bilateral, que ambas instituciones sostienen desde 2009, involucra un monto total de 130.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente USD 19.000 millones, y pasa a consolidarse como una herramienta central para la estrategia de reservas internacionales de la Argentina.

El swap funciona como una disponibilidad contingente de divisas. Mientras los fondos permanecen sin utilizarse, el intercambio contable entre ambas instituciones no genera intereses. Pero cuando si se utilizan si, el mecanismo contempla dos modalidades de uso: la onshore, bajo los controles de capitales impuestos por China, y la offshore, sin esos controles. Esta estructura habilita al BCRA a operar con yuanes tanto en el mercado local como en plazas internacionales, lo que otorga margen de maniobra ante escenarios de tensión cambiaria o necesidades comerciales.

“La activación por RMB 35 mil millones (USD 5.000 millones) iniciada a principios de 2023 se mantiene vigente para respaldar la estabilidad financiera en Argentina, y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países”, destacaron en el comunicado del BCRA. Además, agregaron que la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que mantuvieron en los últimos 17 años.

Tramo activado: cuánto se devolvió

Durante el gobierno de Alberto Fernández, el BCRA y el PBoC activaron un tramo de 35.000 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 5.000 millones, que permanece habilitado bajo el nuevo acuerdo. Esa porción del swap representa liquidez en divisas disponible para uso inmediato, sin necesidad de pedir autorización previa. En palabras de Bausili, el componente activado “permite operar sin pedir autorización”.

Pero en el ejercicio 2025, el BCRA redujo de manera considerable el tramo activado del swap. Los fondos en uso descendieron de 21.000 millones de yuanes —unos USD 3.097 millones— al cierre de 2024, a 7.000 millones de yuanes —aproximadamente USD 1.032 millones— al 31 de diciembre de 2025, según los Estados Contables publicados por la entidad.

Y esa tendencia siguió en los primeros días de 2026: al 14 de enero, el saldo en uso en el acuerdo bilateral bajó a 4.600 millones de yuanes, equivalentes a unos USD 679 millones, con vencimientos pautados a lo largo del año. Por lo que se proyecta que esa cifra haya seguido descendiendo, aunque recién se conocerá de manera oficial el próximo año.

Poder de fuego

La renovación del swap con China resultaba fundamental para Bausili, incluso tras la compra de más de USD 13.000 millones dentro y fuera del mercado cambiario en lo que va de 2026. Buena parte de esas divisas fortalecieron las reservas internacionales brutas, que superaron los USD 50.000 millones por primera vez desde septiembre de 2019.

Es que el Gobierno contempla el swap con China dentro del poder de fuego ante una eventual corrida cambiaria. En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei explicó que el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía una acumulación de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero el BCRA ya alcanzó casi 14.000 millones de dólares. Milei proyectó que, si se sostiene el ritmo de compras, el stock de reservas adquiridas llegaría a USD 20.000 millones antes de fin de año.

A la vez, el jefe de Estado remarcó que su administración cerró todas las líneas de financiamiento para 2026-2027, lo que reduce la presión sobre el mercado cambiario. En tal sentido, precisó que el paquete financiero incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y confirmó negociaciones para la extensión del intercambio de monedas con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento”, sintetizó Milei en diálogo con LN+.

El swap con China, desde su creación en 2009, sirvió como un respaldo clave para la Argentina ante escenarios de volatilidad cambiaria y dificultades para acceder a créditos internacionales. La herramienta se apoyó en la confianza mutua entre el BCRA y el Banco Popular de China, y permitió al país contar con una fuente alternativa de liquidez en yuanes, divisa con creciente peso en el comercio internacional y en las reservas de varios países emergentes.

La extensión a cinco años representa un cambio de magnitud frente a los acuerdos previos, que tenían vencimientos a tres años. Esta modificación aporta previsibilidad a la política monetaria local y facilita la planificación de pagos y obligaciones externas. El acuerdo renovado ofrece un marco ampliado para la gestión de reservas, en un contexto de desafíos macroeconómicos y volatilidad global.

El Consejo Permanente de la OEA sesiona este miércoles en Washington para votar si convoca a los cancilleres del hemisferio a evaluar “medidas colectivas” contra Nicaragua, tras la declaración de Daniel Ortega de que en el país “no volverá a haber elecciones”, según destaca una nota de Confidencial.Digital.

La sesión extraordinaria fue impulsada por Estados Unidos, que presentó un proyecto de resolución de cinco puntos y suma como patrocinadores a Argentina, Paraguay, Panamá y Uruguay. Costa Rica también anunció su intención de copatrocinar el texto.

De acuerdo a la nota, la maniobra de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo tiene un componente constitucional concreto: la reforma que avanza en la Asamblea Nacional propone ampliar el mandato presidencial de seis a siete años renovables, elevar a rango constitucional la exclusión de quienes el régimen catalogue como “golpistas” o “traidores a la patria” y extender ese mismo período de siete años al jefe del Ejército, los directores de la Policía Nacional y cerca de 7,000 cargos adicionales entre electivos y ratificados por el Parlamento.

La resolución y lo que pide Washington

El proyecto de resolución estadounidense, titulado Convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para Considerar la Situación en Nicaragua, sostiene que las declaraciones de Ortega y la reforma constitucional representan un “rechazo directo” al derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes “mediante elecciones libres”.

La misión diplomática de Estados Unidos ante la OEA calificó la situación como una “amenaza para el interés común” del hemisferio, con consecuencias sobre el orden democrático, los derechos humanos, el desplazamiento forzado y la represión transnacional.

El texto también aclara de forma expresa que la resolución “no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada” y encarga a la presidencia del Consejo Permanente y a la Secretaría General preparar el temario de la eventual reunión de cancilleres.

Esa reunión, según la Carta de la OEA, procede cuando hay asuntos de “carácter urgente y de interés común” y requiere mayoría absoluta de votos del Consejo para ser convocada.

Un debate con límites claros

El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, en un artículo de opinión publicado por Confidencial, consideró “poco probable” que la sesión “concluya con una decisión colectiva de presionar material y coercitivamente a Nicaragua”.

Su análisis apunta a que “la propuesta más realista a corto plazo en el ámbito diplomático multilateral de Estados Unidos es que tanto el secretario Marco Rubio como el subsecretario Christopher Landau recomienden conformar un nuevo Grupo de Trabajo sobre Nicaragua”.

El límite práctico del debate tiene una razón estructural: Nicaragua abandonó formalmente la OEA en noviembre de 2023, con lo que se convirtió en el segundo país latinoamericano en retirarse voluntariamente del organismo, después de Venezuela.

Managua no tiene representación ante el Consejo, aunque sigue vinculada al sistema interamericano a través de entes autónomos y especializados. Las resoluciones que emita el organismo, de concretarse la reunión de cancilleres, tampoco tendrán efectos vinculantes para el régimen.

Diez países firman una declaración previa

Horas antes de la sesión, 10 países del hemisferio suscribieron una declaración conjunta distribuida por la propia OEA. Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay afirmaron que “unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular”.

El texto conjunto advierte que las medidas del régimen “menoscaban el ejercicio efectivo de los derechos políticos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y resultan incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Los signatarios exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad.

La voz del exilio nicaragüense

Antes de que el Consejo se reuniera, una decena de organizaciones nicaragüenses en el exilio enviaron una carta a la OEA para alertar sobre el agravamiento de la crisis y pedir una respuesta coordinada. Entre los firmantes figuran la Unidad Nacional, Unamos y Ciudadanos por la Libertad (CxL).

“No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo”, sostiene el documento.

Las organizaciones describen a Nicaragua como “un desafío para la seguridad hemisférica” por sus impactos regionales: desplazamiento forzado, crímenes de lesa humanidad, persecución transnacional, alianzas con países autoritarios y una creciente presión sobre los países receptores de exiliados y migrantes.

El clima financiero se encuentra en su mejor momento a nivel internacional y también impacta positivamente en Argentina. Ayer los principales índices bursátiles de Wall Street (Dow Jones y S&P 500) lograron máximos históricos. Al mismo tiempo, las reservas del Banco Central se acercan ya a superar los 50.000 millones de dólares. Sin embargo, el riesgo país sigue mostrando resistencia para perforar los 400 puntos básicos.

Los nuevos máximos de la bolsa neoyorkina estuvieron relacionados con la renovada apuesta de los inversores por la inteligencia artificial y buenos resultados de compañías tecnológicas.

También ayudó la caída adicional de 5% del petróleo, que le saca presión a la Reserva Federal respecto al futuro de las tasas de interés. De hecho, los rendimientos de los bonos norteamericanos cayeron levemente y en el caso de los títulos a diez años disminuyó a 4,62% anual (la semana pasada había trepado a 4,75%).

Las reservas internacionales también arrojaron buenas noticias, luego de crecer 262 millones millones. Esta vez no fueron las compras del Central, que apenas llegaron ayer a 28 millones de dólares. El stock creció hasta los USD 49.642 millones, sobre todo por la revaluación del precio del oro en las últimas jornadas, recuperando desde los niveles más bajos del año.

Pero ni el clima muy favorable de los mercados ni la suba de las reservas alcanzaron para contagiar a los bonos en dólares, que tuvieron una jornada errática. La consecuencia un repunte del riesgo país de 1,9% hasta los 421 puntos básicos.

¿Qué hay detrás de la resistencia que presentan los bonos para seguir mejorando su cotización pese a condiciones muy favorables tanto a nivel internacional como local? Se puede avanzar con algunas explicaciones:

• La suba de los bonos dolarizados ya fue significativa en lo que va del año, cercana al 10 por ciento. Ahora los rendimientos promedios de los bonos se ubican en niveles cercanos de 9% anual en dólares. Por lo tanto, ya dejaron de ser tan atractivos para fondos especulativos y pasan a ser más buscados por inversores de largo plazo. El “premio” esperado ahora por invertir en estos títulos ya no luce tan atractivo como antes, por lo que la apreciación es mucho más lenta.
• Hay un espacio para la compresión de rendimientos en relación a otros países que tienen la misma calificación de Argentina, pero ya no es tan significativa. Los países que tienen nota “B”, similar a la que las agencias le pusieron recientemente a la deuda local, presentan un rendimiento que oscila entre los 350 y los 370 puntos básicos. En ese sentido, quedaría un margen pero no demasiado significativo para esperar una mejora adicional.

• El riesgo electoral está presente, en particular para los tenedores de bonos. Todo el mercado espera que el año que viene sea mucho más turbulento, ante la incertidumbre relacionada con las próximas elecciones presidenciales. En ese escenario, es esperable no solo mayor volatilidad cambiaria, sino también en el mercado de bonos. En tal sentido, quedarse invertido en deuda argentina también implica asumir un riesgo adicional, que no todos los tenedores actuales estarán dispuestos a afrontar. Posiblemente ésta sea la causa principal detrás de la resistencia de los bonos para seguir subiendo.
• Las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen altas. El aumento de la inflación norteamericana producto de la suba de los combustibles mantiene en alerta a la Reserva Federal. Los índices arrojaron niveles superiores al 4% anual a mediados de año, lo que incluso llevó a especulaciones sobre posibles aumentos de los rendimientos. Sin embargo, el nuevo titular de la FED, Kevin Warsh, decidió esperar y hasta ahora no se han definido cambios. Por ahora, los rendimientos de los bonos a diez años se mantienen muy altos y representan una traba para una mejora adicional de la deuda argentina.
• Falta de acceso a los mercados internacionales. Muchos inversores observan con impaciencia la decisión del Gobierno de no salir a financiarse fuera del mercado local para no pagar tasas excesivas. Pero a su vez esto genera dudas sobre la capacidad del Gobierno de juntar los dólares necesarios para repagar la deuda a futuro. Para compensar estas criticas, el equipo económico presentó el plan financiero 2026-2027 para demostrar que tiene los recursos que precisa para repagar la deuda sin necesidad de salir al mercado internacional.

Hugo Passalacqua presentó este lunes ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia como afiliado de Encuentro Misionero (EM). El partido era una creación de su ahora archienemigo y ex aliado, Carlos Rovira. El gobernador de la provincia de Misiones primero se quitó el lastre de haber sido designado vicepresidente del espacio. Ahora se fue con un portazo.

Rovira había sepultado hace unos meses el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Esta alianza de peronistas, radicales, sindicalistas y pequeños productores había sido forjada por él, Passalacqua y otro ex gobernador, Maurice Closs, a principios de siglo. El objetivo era doble: gambetear el “que se vayan todos” y romper con la conducción férrea de Ramón Puerta.

Para reemplazar el FRC, creó el EM. Pero se olvidó de avisarles a sus socios. Closs había quedado al margen hacía años. En cambio, Passalacqua fue electo con ese sello en 2023.

La decisión del caudillo precipitó la ruptura. El gobernador se rodeó de intendentes que habían sido ninguneados por Rovira. Recuperó a Closs e hizo su propia mesa política. En el mientras tanto, corrió de su gabinete a quienes no le juraron lealtad.

La dimisión de EM era algo que se veía venir. Las proyecciones indicaban que Passalacqua lo haría después del acto del 17 de agosto. Pero el pedido del gobernador a los diputados para que definan en qué vereda quedan precipitó el anuncio realizado a través de un posteo en X.

“Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, al que me afilié oportunamente)”, fue el escueto mensaje que publicó. El tuit incluía una captura de la nota remitida a la Justicia Electoral Nacional.

Mientras, la Legislatura unicameral de Misiones es el escenario de una peregrinación. El FRC tenía 21 representantes sobre un total de 40. Ahora, unos 16 se reacomodaron en el espacio del gobernador que tiene el nombre provisorio de “Movimiento por lo que viene”. El resto, los últimos leales, se sentarán junto a Rovira el próximo jueves 13 cuando el cuerpo reinicie la actividad.

Cómo impacta en el poroteo en el Congreso

La Casa Rosada está siempre muy ajustada en las votaciones de leyes. Hasta el momento, la administración de Javier Milei podía contar con los dos senadores y un par de diputados del oficialismo misionero.

La crisis entre Passalacqua y Rovira quebró ese acuerdo que el Poder Ejecutivo había sellado con el caudillo y con el gobernador convidado de piedra.

El capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sirvió para modificar el status quo. Misiones tiene un 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay. Abrir la posibilidad de que los extranjeros puedan comprar tanta tierra como quisieran encendió todas las luces rojas.

En ese contexto, Passalacqua pidió a los senadores de su espacio Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen la norma. Los legisladores quedaron entre la espada y la pared. Es que Rovira había comprometido a la Rosada sus votos.

La idea, hasta el momento, es que den quórum, aprueben en general el proyecto y se abstengan o rechacen el capítulo de tierras. Un día después de la sesión en la Cámara Alta, se espera que Rojas Decut rompa y conforme un monobloque.

Si los cambios al texto de último momento antes de la sesión del jueves 6 logran su objetivo de desenredar la situación, la iniciativa debería ir a Diputados. El oficialismo también tiene que porotear ahí. Desde el vamos tendrá un voto menos de los que hubiera tenido tiempo atrás. Se trata del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.

“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó el ex mandatario provincial. “Misiones tiene una realidad propia. Nuestra tierra significa producción, familia, ambiente, arraigo y soberanía. Y eso es lo que tenemos que defender”, agregó.

Desde el espacio de Passalacqua ya cuentan a Herrera Ahuad como propio. Incluso lo imaginan candidato a intendente de Posadas. En su entorno lo descartan. Pero deslizan que siempre hubo buen diálogo con el gobernador y que esperaba definiciones del mandatario en estos días para terminar de deshojar la margarita.

Herrera Ahuad tenía la idea de cumplir el pacto electoral y completar el mandato de cuatro años como diputado nacional para el que fue electo en 2025. Pero ahora el escenario es distinto. “Es todo muy dinámico”, deslizaron en su despacho.

“Mi ruta es México”: la postura del senador

En declaraciones recogidas por medios, Colosio Riojas explicó que su prioridad actual no está en anticipar movimientos políticos, sino en continuar su labor legislativa. “En su momento haremos el anuncio pertinente. Estos no son los tiempos”, señaló el legislador ante el cuestionamiento directo de para cuándo definiría su postura.

El senador por Nuevo León agregó que su objetivo de fondo trasciende la coyuntura electoral inmediata: “Al final del día la gente sabe que mi meta y mi ruta es ayudar a mi país; mi ruta es México y con base en eso voy a tomar la mejor decisión”, explicó.

Plazo hasta finales de año

Consultado de forma específica sobre la fecha en que se pronunciaría, Colosio Riojas fue puntual:

• Señaló que el anuncio llegará “a finales de este año”.
• Condicionó su decisión a que “ya sean los tiempos electorales prudentes”.
• Evitó adelantarse, en contraste con lo que —según su propia descripción— hacen otros actores políticos “de manera tan burda y tan grosera”.

El senador no detalló, en estas declaraciones, si la eventual candidatura sería por Nuevo León o por Sonora, entidad de la que también es originario.

Contexto: la disyuntiva Nuevo León-Sonora

Colosio Riojas ya había confirmado previamente su intención de contender por una gubernatura en el proceso electoral de 2027, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por cuál de los dos estados competirá. En entrevistas anteriores, el propio senador ha explicado que la definición no depende únicamente de él, sino de una evaluación interna dentro de Movimiento Ciudadano.

Según ha señalado en ocasiones previas, factores como su arraigo familiar —es originario de Magdalena de Kino, Sonora— y su trayectoria política reciente al frente del gobierno municipal de Monterrey son elementos que estarían sobre la mesa para la decisión final del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en meses recientes, dirigentes de Movimiento Ciudadano habrían manifestado disposición a respaldar la decisión que tome el senador, aunque hasta el momento no existe una postulación oficial confirmada para ninguna de las dos entidades.

Lo que sigue

Con este pronunciamiento, Colosio Riojas ratifica que el anuncio formal sobre su participación en los comicios de 2027 —y la entidad por la que buscaría contender— se dará conforme avance el calendario electoral, previsiblemente hacia el cierre de 2026.

Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, advirtió que la reforma constitucional promovida en Nicaragua para ampliar el mandato presidencial y excluir de forma permanente de las elecciones a quienes el gobierno califique como “traidores” o “golpistas” busca desmantelar el derecho a participar en los asuntos públicos, en un país donde el cierre del espacio cívico ya se tradujo en la cancelación de más de 5,000 organizaciones y en la subordinación de los poderes del Estado a la Presidencia.

La alerta llega después de que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega, dijera el 19 de julio, durante un acto conmemorativo, que “aquí no volverá a haber elecciones”, frase que, según el pronunciamiento de la organización, marcó el inicio del proceso para incorporar esas restricciones al ordenamiento jurídico del país.

Nicaragua sigue obligada por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la participación en los asuntos públicos, incluido votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones periódicas y auténticas. Para Amnistía, esa obligación no puede ser eliminada ni limitada de manera arbitraria.

Según Amnistía Internacional, estas medidas no aparecen aisladas. Se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y clausura del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos registraron más de 300 personas asesinadas.

Desde entonces, las autoridades cancelaron la personalidad jurídica de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, cerraron medios independientes y despojaron arbitrariamente de la nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Ese proceso dejó a muchas personas en situación de apatridia y obligó a otras a exiliarse.

La organización sostuvo además que en 2025 las autoridades impulsaron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia. A juicio del organismo, la nueva iniciativa profundiza esa estructura al trasladar al terreno electoral una exclusión basada en criterios políticos.

“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Piquer añadió que detrás de “cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad” hay alguien a quien el Estado le quitó la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Según su evaluación, eso es lo que el anuncio oficial pretende convertir en ley.

El cierre del espacio cívico incluyó leyes contra organizaciones y una purga de abogados

El deterioro descrito por la organización coincide con el contenido del informe Rompiendo el Tejido Social, que ubicó a Nicaragua entre los países de América Latina que aprobaron leyes para restringir de manera indebida la creación, existencia y actuación de organizaciones sociales.

Ese reporte señaló que, desde 2018, el país disolvió 5.634 organizaciones sociales de un total de 7.227 registradas ese año. También identificó como piezas centrales de ese esquema la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, sancionada en 2022.

De acuerdo con la publicación, Amnistía sostuvo que esas normas crearon un ambiente hostil y riesgoso para las organizaciones no gubernamentales, acompañado por narrativas oficiales que las presentan como amenazas a la seguridad nacional o como “defensores de criminales”. El informe añadió que las leyes imponen requisitos complejos y costosos que buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las entidades afectadas.

Según ese documento, los efectos van más allá de la cancelación de registros: generan incertidumbre y miedo entre quienes integran o dirigen las organizaciones, ante la posibilidad de sanciones, disolución, suspensión de actividades, inhabilitación, criminalización de sus integrantes y cierre de cuentas bancarias.

Amnistía también recordó ahora que, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron ese episodio como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente.

El reclamo apunta a elecciones auténticas y presión internacional

La organización instó al régimen nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma orientada a eliminar o restringir indebidamente el derecho de la población a participar en los asuntos públicos. En su planteamiento, el Estado debe garantizar elecciones periódicas y auténticas mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado.

Ese reclamo incluye el fin de las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, así como el levantamiento de restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que, según el organismo, hacen imposible una participación cívica y política efectiva.

Amnistía pidió además al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus efectos.

También reclamó a otros Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión del derecho al voto como si se tratara de una decisión soberana interna, y que exijan en los foros multilaterales pertinentes el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

La organización anunció que dará seguimiento a las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en el país y de quienes se encuentran en el exilio.

El presidente saliente Gustavo Petro reiteró sus cuestionamientos frente a los resultados de los comicios presidenciales de 2026, al insistir en la existencia de un fraude electoral en el proceso que dio como ganador a su sucesor, Abelardo de la Espriella, sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Lo particular de las declaraciones de Petro es que las hizo a solo cinco días de terminar su mandato presidencial, justo antes de que el líder de la derecha asuma el poder el 7 de agosto.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado saliente afirmó que se presentaron presuntas alteraciones en los sistemas tecnológicos utilizados para el conteo de los votos. Según la versión del presidente, la voluntad popular manifestada en las urnas fue modificada mediante la intervención de programas informáticos durante la fase de escrutinio.

“Con dineros del narcotráfico de cocaína hacia los EEUU y con los dineros en la inteligencia privada israelí, reemplazaron el voto real de la ciudadanía colombiana por un programa de software israelí que siempre hacía ganar a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia”, sostuvo el mandatario en X.

Petro afirma que un software habría cambiado millones de votos

En su mensaje, el presidente Petro argumentó que las herramientas computacionales contratadas para la consolidación de la votación habrían restado un importante volumen de apoyos al aspirante de su colectividad política.

“Colombia eligió a Iván Cepeda como su presidente en los votos reales depositados en las urnas; el software israelí que rompió la soberanía nacional de Colombia reemplazó en un gran porcentaje que puede llegar a 1.800.000 votos manipulados algorítmicamente desde un software preestablecido entre compañías privadas que dominan el escrutinio electoral en el país”, agregó.

El mandatario calificó los hechos señalados como una irregularidad de escala internacional y desconoció la legitimidad del triunfo de la candidatura opositora en la jornada electoral: “Hubo un fraude electoral manejado a través de programas computacionales preestablecidos para alterar la decisión popular; esta es una de las más grandes afrentas a la democracia en el orden global. Genocidas israelíes se robaron las elecciones de Colombia y el nuevo mandatario no es legítimo por el voto popular de Colombia”.

Petro llama a movilización ciudadana tras denunciar supuesto fraude electoral

Además, el mandatario saliente formuló una convocatoria a la ciudadanía para rechazar los resultados de los comicios e hizo un llamado a la movilización popular: “Podemos regresar a ser colonias solo si lo queremos, ¡pero yo! Convocó al pueblo de Colombia, como hace dos siglos y medio, a luchar por la libertad y la independencia nacional. No somos pueblos de siervos o esclavos, somos los pueblos milenarios y guerreros por la libertad y la vida siempre, siempre, siempre”.

Las pullas del jefe de Estado se dieron en respuesta a las declaraciones emitidas por el exsenador y exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, que también denunció presuntas inconsistencias en el desarrollo de la jornada y en la custodia de los datos electorales, en un espacio digital.

Gustavo Bolívar también cuestionó el resultado de las elecciones y reitera que Cepeda fue el ganador

Y es que Gustavo Bolívar afirmó que la colectividad cuenta con elementos que demostrarían anomalías en la consolidación del preconteo y el escrutinio. El líder sostuvo que en 93 municipios del territorio nacional el número de ciudadanos inscritos para votar supera la cantidad de habitantes registrados por las entidades estadísticas, aspecto que solicitó investigar.

Asimismo, el exsenador y guionista cuestionó la falta de acceso a auditorías completas para las mesas instaladas en el exterior y criticó los esquemas de verificación digital.

Según explicó, los códigos informáticos conocidos como sistemas ‘hash’ —algoritmo que crea una huella digital única de datos mediante una cadena fija de letras y números—, diseñados para alertar sobre la alteración de archivos en las plataformas de conteo, habrían sufrido modificaciones durante el proceso.

El excongresista se refirió al rol de la firma Thomas Greg & Sons, empresa contratista encargada de la logística de las elecciones en el país, pidiendo mayor fiscalización a los contratos vigentes con la organización.

“Iván Cepeda ganó las elecciones”, ratificó Bolívar al señalar que las fuerzas del Pacto Histórico continuarán recopilando documentación para interponer las acciones legales correspondientes.

Cuatro de las principales organizaciones cívicas latinas de Estados Unidos anunciaron el jueves 30 de julio una alianza para movilizar al electorado hispano de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026, con la meta de llegar a más de 5 millones de votantes, registrar 250.000 nuevos electores y elevar la participación latina al menos 5% para 2028.

La coalición se presentó en la conferencia anual de UnidosUS en Austin, Texas, donde líderes hispanos y votantes se reunieron para trazar la estrategia electoral. Sus organizadoras la describen como la campaña coordinada de participación cívica latina.

Qué sucede: una alianza inédita para movilizar el voto latino

La coalición unirá sus operaciones de alcance electoral bajo una sola estrategia. Las inversiones se destinarán a trabajo de campo puerta a puerta, llamadas telefónicas y acciones digitales.

Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, lo explicó así a CBS News: “Nuestras organizaciones nacionales siempre han estado alineadas en el trabajo de participación cívica, pero nunca nos habíamos unido ni asociado formalmente... recaudando estos recursos juntas y asegurándonos de obtener esos resultados juntas. Eso es lo que hace esto sin precedente”.

La alianza es de carácter no partidista. Su propósito no es impulsar a ningún partido en particular, sino garantizar que más latinos lleguen a las urnas en el ciclo electoral de 2026.

Quiénes forman la coalición y a quiénes buscan movilizar

Las cuatro organizaciones que integran la alianza son UnidosUS, el LULAC Institute, Mi Familia en Acción y la Latino Victory Foundation. Cada una tiene décadas de trayectoria en defensa de los derechos civiles, educación y participación política de la comunidad hispana en distintos estados del país.

El grupo al que apuntan es amplio: más de 36 millones de latinos son hoy elegibles para votar en Estados Unidos, lo que convierte a este colectivo en el segundo bloque electoral del país y el de mayor crecimiento.

Pero el tamaño del electorado no se traduce automáticamente en votos. Tania Chávez Camacho, votante texana del Valle del Río Grande que asistió a la conferencia, dijo a CBS News: “Muchos latinos están desconectados. Muchos no encuentran un hogar político ni en los demócratas ni en los republicanos. Sentarse con la comunidad y tener conversaciones reales es lo que realmente va a movilizarlos”.

Cuándo y dónde se implementará la campaña

La campaña arranca de inmediato, con las elecciones legislativas de noviembre de 2026 como horizonte inmediato y el ciclo de 2028 como meta de largo plazo.

Los estados prioritarios son aquellos donde se disputarán las contiendas por escaños en la Cámara de Representantes y el Senado: Arizona, Nevada, Pensilvania, Texas, Florida, Ohio, Colorado, Nuevo México y California.

En varios de esos estados, el voto latino puede definir el resultado. El control del Congreso podría depender de márgenes muy estrechos, lo que convierte a este electorado en un factor decisivo.

Por qué la alianza es relevante ahora

El contexto político explica la urgencia. En las elecciones presidenciales de 2024, el presidente Trump obtuvo el 48% del voto latino a nivel nacional, 12 puntos más que en 2020. En el Valle del Río Grande, los avances republicanos fueron mayores.

Sin embargo, esa tendencia muestra signos de desgaste. De acuerdo con una encuesta de UnidosUS publicada en mayo, 1 de cada 4 latinos que votó por Trump en 2024 no volvería a hacerlo. Los sondeos también indican que la mayoría desaprueba la gestión del gobierno en materia de costo de vida y aplicación de las leyes migratorias.

Según un sondeo de CBS News difundido el jueves, el 48% de los votantes latinos prefiere que los demócratas controlen el Congreso el próximo año, frente al 34% que se inclina por los republicanos y un 10% al que le resulta indiferente. Aun así, los demócratas lideraron entre los latinos por márgenes más amplios en ciclos anteriores: obtuvieron el 60% en las legislativas de 2022 y el 69% en las de 2018.

Contexto y voces de la comunidad

Los republicanos también disputan ese electorado. LIBRE Action, vinculada a la red de centro-derecha de los Koch, ya inició campañas en Ohio, Carolina del Norte, Florida y Wisconsin.

La representante por Míchigan Lisa McClain, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, recorrió el sur de Florida con el argumento de que el Grand Old Party (GOP) tiene políticas económicas más favorables para los pequeños empresarios hispanos que la inmigración no es el único tema que define al votante latino.

Murguía, de UnidosUS, coincide en ese punto. Según recogió CBS News, la dirigente enumeró las prioridades de su comunidad: “El acceso a la salud, a la vivienda, los precios asequibles, la economía, la inflación, el empleo. Las recientes acciones migratorias han generado preocupación, pero es la combinación de temas cotidianos lo que lleva a nuestra comunidad a las urnas”.

En la previa del inicio de una nueva campaña presidencial, esta vez en busca de su segundo mandato, Javier Milei profundizó su discurso y avanzó con varias medidas que tenía en carpeta hace tiempo, mientras busca retomar su lugar como máximo referente de la derecha en la región, mediante una cumbre de líderes que planea que se haga este año en Buenos Aires.

En el tramo final de su primera administración, el libertario anunció el proyecto para la modificación de la carta orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía e impedir que pueda ser utilizado para financiar el déficit fiscal.

Tal como precisó este medio, si bien el economista cuestiona la existencia de ese organismo y originalmente pretendía cerrarlo, la idea de la competencia de monedas -que derivaría en una dolarización- no terminó de impregnarse en la sociedad, que nunca se acostumbró a utilizar la divisa norteamericana para sus transacciones cotidianas, y es por eso que se optó por impulsar, en su lugar, reglas más estrictas para la entidad.

La iniciativa se presentó dentro de un paquete más amplio con leyes vinculadas al BCRA: “Entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente”, sostuvo el Presidente.

En el plano discursivo, Milei se enfrentó nuevamente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y apoyó activamente a su rival político, Flávio Bolsonaro, en la previa de las elecciones en ese país.

Durante un viaje a San Pablo, el mandatario argentino calificó de “ladrón” y “basura socialista” a su par de la nación vecina, lo que generó una nueva crisis diplomática entre los dos Estados.

La primera vez que ambos protagonizaron un cruce de estas características fue en el 2023, cuando el libertario estaba peleando por llegar a la Casa Rosada.

En aquella oportunidad, durante una entrevista con el periodista Jaime Bayly, aseguró que si llegaba al Gobierno no iba a tener “relaciones bilaterales con las dictaduras socialistas” de América Latina.

“No (tendría una reunión con Lula). Es un comunista y corrupto. Por eso estuvo preso. Desde mi posición como jefe de Estado, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre”, sostuvo.

Luego de estos dichos, el brasileño le exigió que le pidiera disculpas, pero el ya Presidente argentino se negó y ratificó sus declaraciones, aunque tras unas semanas de tensión, la relación institucional entre los dos países volvió a la normalidad.

En lo que respecta a su rol como figura internacional, Milei también celebró el crecimiento de la derecha en el sur del continente, tanto en las redes sociales como con acciones concretas.

Hace algunos días, el jefe de Estado estuvo en Perú para la asunción de Keiko Fujimori y esta semana visitará Colombia para la de Abelardo de la Espriella.

El libertario también se expresó en sus cuentas oficiales, con imágenes en las que se mostraba cómo la mayoría de los países latinoamericanos pasaron a tener líderes de derecha, excepto algunos pocos como Uruguay, Brasil y Venezuela.

Antes de ir a Bogotá, Milei hará una escala en Ecuador para reunirse con su par local, Daniel Noboa, otra de las figuras con las que tiene sintonía ideológica.

Uno de los temas de los que podrían conversar durante es la “cumbre azul” que el Gobierno quiere organizar en Buenos Aires con dirigentes de derecha.

En Balcarce 50 dan por descontada la participación del ecuatoriano, de Fujimori y de De la Espriella. También de los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; y República Dominicana, Luis Abinader Corona.

“Estamos trabajando activamente en eso”, aseguró a Infobae una de las personas que está al frente de la organización del evento, que se espera para este año.

En su paso por Quito de esta semana, el Presidente estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y la idea es que viajen junto con Noboa a Colombia para la asunción de otro dirigente afín.

En el oficialismo confían en que, a pesar de algunas encuestas y estudios negativos, la imagen de La Libertad Avanza a nivel local permanece fuerte, y es por eso que se decidió enviar algunos proyectos que estaban en carpeta, como el del Banco Central.

“Vos ves los trabajos de la consultora y, si por ahí estás pensando en hacer algo que sabés que es muy impopular, quizás lo dejás para más adelante. O todo lo contrario, decís ‘bueno, lo hago ahora porque falta un año para las elecciones y después no lo voy a poder hacer’”, explicó uno de los integrantes del equipo de comunicación de la Casa Rosada.

En este sentido, luego de un análisis del contexto, el círculo íntimo de Milei determinó que era un buen momento para implementar una medida que ya generó cierta polémica: la prohibición de ingreso o expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos.

El Presidente firmó el DNU que introdujo esta norma cuando estaba dejando de tener fuerza la campaña contra la Argentina, a la que se acusó de racista, la cual comenzó durante el Mundial.

El mandatario ya había respondido a las críticas en las redes sociales, pero sin previo aviso avanzó también con el decreto, al mismo tiempo que insistió con el cobro de la matricula a los estudiantes extranjeros de las universidades públicas.

“A veces no es simplemente ver qué modificás de tu discurso, sino que vos tenés un plan de gobierno y tenés que ir eligiendo los momentos. Estando tan lejos de la elección, las mediciones sirven para eso, más que nada”, precisaron fuentes a cargo de la estrategia política.

Una noche de marzo, los vecinos de Festus, Missouri, llenaron cada silla de la sala del concejo municipal. Habían llegado a oponerse a un centro de datos de USD 6.000 millones que amenazaba con transformar su ciudad de 13.000 habitantes, al sur de St. Louis. Nadie sabía aún quién operaría la instalación. El concejo votó de todas formas: seis a dos, a favor.

Días después, esos mismos vecinos fueron a las urnas y borraron del mapa político a los cuatro concejales que estaban en período de reelección. Uno con ocho años de trayectoria perdió por más de 40 puntos. La participación electoral se duplicó.

Lo que pasó en Festus ya no es una anécdota local. Es la señal más clara de cómo el rechazo a los centros de datos de inteligencia artificial —las instalaciones que almacenan y procesan la información que alimenta herramientas como ChatGPT— se convirtió en uno de los ejes que definirán las elecciones de mitad de período de noviembre de 2026.

El dato que lo explica todo

Solo el 14% de los estadounidenses apoyaría la construcción de un centro de datos en su comunidad, según una encuesta de Reuters/Ipsos de junio de 2026. Es uno de los índices de aprobación más bajos registrados en cualquier tema de política pública en años recientes.

La velocidad del giro es igual de llamativa. A mediados de 2025, los estadounidenses estaban divididos casi en partes iguales sobre si querrían uno de estos proyectos cerca de su hogar. Para la primavera de 2026, el 71% se oponía, según seguimientos trimestrales del sitio de noticias Heatmap. Los analistas del The New York Times lo describieron como el cambio de opinión más rápido que han visto en la política estadounidense en mucho tiempo.

Ese nivel de rechazo, sostenido y transversal, es el que está empujando a candidatos de ambos partidos a estructurar sus campañas en torno al tema.

Una coalición que nadie predijo

Lo que hace de este asunto un problema político de primer orden es quiénes se oponen: prácticamente todos.

Ryan Wagner, republicano del movimiento MAGA en Kalkaska, Michigan, se alió con el activista ambiental Seth Barnard para combatir un centro de datos planeado en su ciudad. “Hemos sido enemigos por mucho tiempo, pero cuando se trata de nuestros patios traseros, nos damos cuenta de que somos la misma gente”, le dijo Wagner a The New York Times.

Una encuesta del Yale Program on Climate Communication de junio de 2026 cuantifica esa ruptura partidaria: el 53% de los republicanos conservadores se opone a la construcción de estos centros en sus comunidades. Entre los demócratas liberales, ese rechazo llega al 74%. El 58% del total de votantes registrados comparte esa posición.

A esa base se suman líderes religiosos y sindicatos. Liz Shuler, presidenta de la AFL-CIO —la mayor federación sindical del país—, fue directa en la convención del mes pasado: “Para todos los candidatos que ya están corriendo para presidente en 2028: si quieren ocupar el cargo más alto del país, escuchen estas palabras: los trabajadores deben ir antes que los algoritmos”.

Por qué la gente está furiosa

Las razones concretas que citan los vecinos en las asambleas municipales son dos: el agua y la electricidad.

Un solo centro de datos de tamaño mediano puede consumir tanta agua como 1.000 hogares. En estados del oeste que ya enfrentan sequías históricas y acuerdos de emergencia para mantener el flujo del río Colorado, esa cifra tiene un peso político inmediato.

En Utah, los comisionados del condado aprobaron un proyecto de 16.187 hectáreas —el doble del tamaño de Manhattan— proyectado para consumir más electricidad que la que usa actualmente todo el estado. La sesión fue tan tensa que los comisionados abandonaron la sala y la terminaron de forma remota.

En Virginia, el mayor polo de centros de datos del mundo con más de 660 instalaciones, el porcentaje de votantes cómodos con tener uno de esos proyectos cerca cayó del 70% en marzo de 2023 al 35% en marzo de 2026, según The Washington Post y la Schar School. Los desarrolladores del mayor proyecto propuesto en el condado de Prince William —un campus de 850 hectáreas— se retiraron por completo en abril tras años de oposición vecinal.

El rechazo a los centros de datos redefine campañas y políticas locales

En Texas, Ohio, Arizona y Nueva York, candidatos de ambos partidos ya construyen sus mensajes de campaña alrededor del tema.

En Ohio, el candidato demócrata al Senado Sherrod Brown lanzó un anuncio televisivo que ataca al senador republicano John Husted como “la cara de los centros de datos en Ohio”. En Texas, la candidata demócrata a la gobernación Gina Hinojosa calificó los proyectos como un “salvaje oeste sin reglas” ante 160 asistentes en Amarillo.

En Granbury, Texas, los residentes presentaron peticiones para destituir al alcalde y a varios concejales tras la anexión de terrenos para un nuevo centro de datos. “Tienen que comunicarle a los políticos locales que están muy molestos y que sus puestos están en riesgo”, dijo uno de los organizadores a ABC News.

Nueva York se convirtió en el primer estado en imponer una moratoria de un año a la construcción de nuevos centros de datos de gran escala, una medida que el presidente Donald Trump atacó públicamente y calificó como un golpe a la economía local.

La respuesta de Washington y la industria

Trump firmó en diciembre de 2025 una orden ejecutiva para bloquear las leyes estatales de regulación de la inteligencia artificial, con instrucciones al Departamento de Justicia de impugnar esas normas en los tribunales. El 25 de julio de 2026 anunció compromisos de desarrolladores y compañías eléctricas para no aumentar las tarifas de electricidad —una concesión directa a los temores ciudadanos—, aunque en el mismo evento instó a los gobernadores a vender la idea a sus comunidades.

“No pueden luchar contra esto. Tienen que ir con ello”, les dijo a los funcionarios locales reunidos en la EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus siglas en inglés). “Si no toman ese dinero, alguien más lo hará”.

Desde la industria, las respuestas no han ayudado a calmar los ánimos. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, defendió el consumo energético de la inteligencia artificial comparándolo con criar a un ser humano: “Se necesita mucha energía para entrenar a un humano. Son como 20 años de vida y toda la comida que comes durante ese tiempo antes de que te vuelvas inteligente”.

Alex Karp, de Palantir, fue más escueto ante sus inversores: “Esto es una revolución. Algunas personas pueden perder la cabeza”.

Mientras tanto, más de la mitad de los proyectos de centros de datos previstos para 2026 están retrasados o cancelados, según Economy Media, por cuellos de botella en la red eléctrica y el encarecimiento de componentes importados de China, Corea del Sur y México a raíz de los aranceles comerciales. La industria avanza, pero el terreno político bajo sus pies se mueve en sentido contrario.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con nueve votos a favor y dos en contra la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un órgano con el que buscó revisar perfiles antes de su registro para detectar posibles vínculos con el narco, delitos graves o corrupción rumbo a las elecciones de 2027. La nueva instancia quedó bajo la presidencia del consejero electoral Arturo Chávez y se concibió como parte del cumplimiento de una reforma legal que amplió las responsabilidades del instituto en la revisión previa de aspirantes a cargos de elección popular.

La votación del Consejo General también definió la primera integración completa de la comisión: además de Chávez, participaron la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas. El órgano electoral determinó además que la Secretaría Técnica quedara a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del propio instituto.

La consejera presidenta Guadalupe Taddei sostuvo durante la sesión vespertina de este jueves que la puesta en marcha de esta comisión reforzó la capacidad del organismo para responder con rapidez a las exigencias de la vida democrática y asumir las nuevas tareas que le encomendó el Poder Legislativo. En su intervención, planteó que el mandato legal debía convertirse en una política institucional sólida y en una visión de Estado para atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano.

Taddei afirmó: “Hoy el INE está llamando a convertir un mandato legal en una política institucional sólida y en una visión de Estado que permita atender los nuevos retos del sistema electoral mexicano. La puesta en marcha de esta Comisión fortalece la presencia del Instituto como una autoridad que responde con oportunidad a las exigencias de la vida democrática y que incorpora a su actuación las nuevas responsabilidades definidas por el legislador”.

La comisión revisó listas antes del registro de candidaturas

La función central de la comisión quedó delimitada en la revisión de los listados de personas que pretendieran postularse a cargos de elección popular antes de que fueran registradas ante la autoridad electoral. El propósito fue verificar si existían nexos con el crimen organizado o antecedentes relacionados con conductas que comprometieran la integridad de una eventual candidatura.

Taddei explicó que esa información sería remitida a las instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera para que realizaran el análisis de riesgo correspondiente dentro de sus atribuciones. También precisó que el instituto concentraría la interlocución, daría cauce a las solicitudes y comunicaría los resultados emitidos por las autoridades especializadas, con protección de datos personales y sin comprometer el ejercicio de derechos.

La presidenta del INE subrayó que el organismo no determinaría por sí mismo la existencia de un riesgo razonable, no llevaría a cabo investigaciones propias y tampoco sustituiría a los partidos políticos en la selección de sus candidaturas. Con esa delimitación, el instituto buscó marcar que su papel sería de enlace institucional y no de autoridad investigadora ni de instancia partidista.

En otro tramo de su mensaje, Taddei señaló: “El valor de la tarea de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas radica en su capacidad de ser interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes para dotar de mayores elementos la toma de decisiones que afectan la vida diaria de la ciudadanía”.

El órgano quedó fuera del control directo de los partidos

Durante el debate, la consejera Carla Humphrey propuso que los partidos políticos y las representaciones del Congreso de la Unión ante el Instituto Nacional Electoral no tuvieran espacio dentro de la Comisión de Verificación. La modificación al proyecto inicial recibió el respaldo de las once consejerías.

Arturo Chávez respaldó esa exclusión y argumentó que los partidos no podían integrarse al nuevo órgano por el carácter confidencial de la información que ahí se trataría. Después de agradecer su nombramiento, sostuvo que la comisión buscaría cerrar espacios a perfiles que pudieran representar riesgos para la función pública mediante procedimientos de intercambio de información entre autoridades de seguridad y del sector financiero.

Chávez remarcó que ese mecanismo no implicaría sustituir las atribuciones de los partidos para definir sus candidaturas. También indicó que la decisión final sobre el registro seguiría en manos de los propios institutos políticos.

La integración se planteó como temporal, pero con permanencia de tres años

Antes de su aprobación, el proyecto de acuerdo estableció que la integración inicial de la comisión sería una medida temporal y excepcional. Aun con ese carácter, también previó que las tres consejerías permanecieran en el órgano por un periodo de tres años.

El documento contempló además que, en septiembre de este año, cuando se realizaran nuevas integraciones del resto de comisiones, se debería prever que quienes formaran parte de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas respetaran el tope de cuatro comisiones fijado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En una versión previa del planteamiento también se había considerado que Chávez la encabezara durante un año.

El proyecto justificó la creación del nuevo órgano como una medida necesaria para cumplir con la reforma legal y salvaguardar la función electoral bajo criterios de continuidad institucional, eficacia en el ejercicio de las atribuciones del instituto y organización adecuada de los trabajos del Consejo General.

• El INE aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con nueve votos a favor y dos en contra.
• La comisión quedó integrada por Arturo Chávez, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas, con apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.
• El nuevo órgano revisaría listas de aspirantes antes de su registro para detectar posibles vínculos con crimen organizado, delitos graves o corrupción, pero sin investigar por cuenta propia ni sustituir a los partidos.

Las elecciones primarias del 18 de agosto en Miami-Dade concentran un poder que trasciende el simple trámite previo a los comicios generales de noviembre. Lejos de ser una antesala menor, estas votaciones definen quién administra y regula aspectos que inciden directamente en el día a día de los residentes: desde la gestión de las escuelas y los tribunales, hasta la planificación de carreteras, la regulación de los seguros, el acceso a la vivienda, los impuestos y los servicios públicos.

Aunque la política suele concentrar su foco en la presidencia o el Congreso, la vida cotidiana se decide muchas veces en los gobiernos locales, la Comisión de Miami-Dade, la Junta Escolar, los juzgados y la Legislatura estatal.

Quienes acuden a votar en estas primarias eligen, en realidad, a los responsables de problemas concretos como el transporte, la seguridad, la educación o la recolección de basura. Por eso, comprender la naturaleza y el alcance de cada elección resulta esencial para ejercer un voto verdaderamente informado y exigir cuentas a las autoridades competentes.

En Florida, el sistema de primarias presenta varias particularidades. Se trata de la primera etapa de las elecciones generales y puede ser partidista o no partidista, dependiendo del cargo. Los puestos municipales y condales son no partidistas, lo que significa que cualquier votante puede participar, sin importar su afiliación política.

En cambio, las contiendas partidistas enfrentan por separado a los precandidatos demócratas y republicanos, y solo los electores inscritos en un partido pueden elegir entre sus aspirantes internos. Los votantes independientes o sin afiliación quedan excluidos de estas contiendas, salvo en las llamadas primarias universales: estas ocurren cuando todos los aspirantes a un cargo pertenecen al mismo partido y el ganador no enfrentará oposición en noviembre. En ese caso, toda la población del distrito puede votar, sin distinción de afiliación política.

La experiencia electoral en Miami-Dade es altamente personalizada. Cada votante recibe una boleta confeccionada según su dirección, su distrito y, en el caso de primarias partidistas, su afiliación política. Por ejemplo, un residente del Distrito 2 de la Comisión de Miami-Dade solo podrá votar por los candidatos de ese distrito y no por los del Distrito 5 o el 8. Este principio se extiende a la Junta Escolar, la Cámara y el Senado estatales, los cargos municipales y federales. Así, cada boleta refleja únicamente las contiendas y referendos que corresponden a la ubicación y condición partidista del elector, garantizando que el voto tenga incidencia directa en su entorno inmediato.

El 18 de agosto, la boleta de Miami-Dade abarca una variedad de cargos: posiciones federales como uno de los dos escaños de Florida en el Senado de Estados Unidos y el correspondiente distrito en la Cámara de Representantes; las primarias para gobernador y vicegobernador; director financiero estatal y comisionado de Agricultura. En el plano estatal, se eligen representantes para distintos distritos del Senado y la Cámara de Florida, como los distritos 34, 106, 108, 109, 113 y 118.

A nivel local, se disputan los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión de Miami-Dade, los distritos 1 y 8 de la Junta Escolar, cinco grupos del Undécimo Circuito Judicial y el Grupo 25 de la Corte del Condado. Además, los residentes de Miami Gardens eligen escaños en su Concejo municipal. Cada votante puede solicitar una muestra de su boleta personalizada a la Oficina del Supervisor de Elecciones.

Cuando un candidato no enfrenta rivales dentro de su partido, pero sí tendrá competencia de otras fuerzas en noviembre, su nombre no aparece en la primaria y avanza directamente a las elecciones generales. Solo los aspirantes que tengan competencia interna participarán en la contienda del 18 de agosto, lo que explica por qué ciertos nombres conocidos pueden no figurar en todas las boletas.

En las elecciones no partidistas, que suelen darse a nivel municipal y condal, la afiliación de los candidatos no se muestra en la boleta y todos los votantes del área correspondiente pueden participar. Si un aspirante supera el 50% de los votos en la primera ronda, resulta electo. Si nadie alcanza ese umbral, los dos con mayor votación pasan a una segunda vuelta o a la elección general, según las reglas del cargo. Este mecanismo convierte a la primaria en una elección potencialmente definitiva para algunos puestos locales, haciendo que quienes no voten en agosto pierdan la oportunidad de influir en cargos clave.

Las primarias de este año incluyen referendos específicos en Miami y Sweetwater. Los electores de Miami enfrentarán dos preguntas: una sobre trasladar las elecciones municipales a años pares a partir de 2034 y 2036, y otra sobre autorizar un acuerdo de gestión por 40 años con Global Spectrum para el Miami Marine Stadium, que incluye una contribución máxima de USD 10 millones para restaurar el estadio. En Sweetwater, se consultará sobre la gestión temporal del alcalde, la disposición de propiedades municipales, las cámaras de tráfico y la composición de la Junta de Escrutinio.

El término “elecciones de medio término” se refiere a los comicios generales de noviembre, celebrados a mitad del mandato presidencial. En esa cita estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado federal, lo que determina qué partido controlará el Congreso y, por tanto, la agenda legislativa nacional. Además, en Florida se eligen gobernador, miembros del Gabinete, cargos legislativos y municipales, así como jueces y funcionarios locales.

Entender la responsabilidad de cada nivel de gobierno es clave. Los alcaldes y comisionados municipales gestionan asuntos como calles, policía local, parques y servicios urbanos. La Comisión y la Alcaldía de Miami-Dade se encargan de transporte público, presupuesto condal, vivienda y planificación regional. La Junta Escolar administra el sistema educativo público, mientras que los legisladores estatales dictan leyes sobre educación, seguridad, vivienda y economía. Los jueces aplican la ley y resuelven casos, pero no dirigen políticas públicas. A nivel federal, senadores y congresistas representan a Florida en Washington, decidiendo sobre impuestos, inmigración, defensa y salud, además de gestionar fondos para proyectos estatales.

Cuando un problema afecta una calle, una ruta de autobús o una escuela, la solución rara vez está en la Casa Blanca, sino en el ayuntamiento, la Comisión local o la Junta Escolar. La participación en las primarias no solo define candidatos, sino que puede decidir directamente quién ocupará cargos cruciales. En última instancia, la capacidad de exigir resultados y transformar la vida cotidiana reside en el poder local, y ese poder se ejerce, sobre todo, a través del voto informado y la participación activa en elecciones como la del 18 de agosto.

La pregunta sobre la alianza rumbo a 2027

Durante la conferencia de este 30 de julio, una reportera del diario El Mexicano cuestionó a la mandataria sobre si la disputa entre ambos funcionarios —marcada por la filtración de audios y la denuncia que Marina del Pilar presentó por su difusión— podría afectar la alianza política en Baja California de cara a las elecciones de 2027.

Ante ello, Sheinbaum respondió:

• No ha tenido oportunidad de platicar con la gobernadora sobre el tema.
• El único encuentro reciente entre ambas fue en el evento del operativo Kukulcán, realizado para reconocer al personal que participó en la seguridad del Mundial 2026.
• Consideró que el asunto “no corresponde a la mañanera”.
• Señaló que Morena y el PT son quienes deben definir las alianzas electorales en la entidad.

El origen de la disputa

La controversia entre Marina del Pilar y Bonilla se intensificó luego de que se filtraran distintos audios en los que la gobernadora conversa con presuntos intermediarios sobre el trámite para recuperar su visa estadounidense, cancelada en mayo de 2025. Según información difundida, la gobernadora acusó al exgobernador de haberle tendido una emboscada, al enviarle a una persona que se presentó como asesor externo vinculado a agencias de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes, Marina del Pilar presentó una denuncia contra quien resulte responsable de la grabación y difusión de dicho material, aunque no precisó ante qué autoridad. Bonilla, por su parte, ha negado su responsabilidad en los hechos y, según informó Infobae, calificó la situación como una “cortina de humo” del gobierno estatal.

Antecedente de la relación entre ambos

Marina del Pilar y Bonilla compartieron filas dentro de Morena en el ascenso del partido al gobierno de Baja California en 2019, pero su relación se fracturó durante la sucesión de 2021, cuando ella —entonces alcaldesa de Mexicali— obtuvo la candidatura con el respaldo inicial de Bonilla, entonces gobernador.

Lo que resta por definir

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el conflicto vaya a impactar directamente en la conformación de las alianzas electorales para 2027 en Baja California. La postura de la presidenta deja en manos de las dirigencias partidistas —Morena y el PT— la resolución de las diferencias internas, mientras las autoridades competentes continúan, según lo señalado por la propia gobernadora, con la investigación sobre el origen de la filtración de los audios.

A pocos días de que comience la votación anticipada en Miami-Dade, el condado llevó a cabo una exhaustiva prueba de Lógica y Exactitud en su sistema electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia y precisión en el próximo proceso de elecciones primarias. Este procedimiento, considerado uno de los pilares para la confianza ciudadana, es obligatorio según la legislación de Florida y busca confirmar que todas las máquinas y sistemas que registran y contabilizan votos funcionen sin margen de error antes de que se abran las urnas.

La prueba de Lógica y Exactitud tuvo lugar en la sede del Departamento de Elecciones, ubicada en Doral, y contó con la presencia de técnicos electorales, representantes de partidos políticos, candidatos, observadores y medios de comunicación. La jornada comenzó con la verificación de que todas las contiendas en los equipos de votación figuraran en cero, asegurando que ninguna máquina tuviera votos previos registrados. Posteriormente, los técnicos introdujeron boletas de prueba con resultados predefinidos, con el propósito de comprobar que tanto las máquinas de votación como los sistemas de tabulación reflejaran los datos previstos de manera exacta.

Durante el proceso, los datos obtenidos de los equipos se compararon con los registros previamente programados, confirmando así la precisión del sistema antes de su utilización por los electores. Este ejercicio público y transparente permitió observar paso a paso cómo se valida el funcionamiento del sistema electoral del condado, y cómo se asegura que cada sufragio será correctamente registrado y contabilizado. Los observadores y representantes políticos tuvieron la oportunidad de presenciar el procedimiento completo, lo que refuerza la confianza en la integridad del proceso electoral.

El protocolo de revisión electoral seguido en Miami-Dade está diseñado para cumplir con los requisitos legales de Florida y se ejecuta ante la mirada de diversos actores sociales y políticos. Las autoridades del Departamento de Elecciones llevaron a cabo el protocolo establecido, permitiendo la participación de representantes de partidos, candidatos, observadores independientes y periodistas. Esta apertura al escrutinio público garantiza que cualquier irregularidad pueda ser detectada y subsanada antes del inicio de la votación anticipada, un aspecto que suma a la credibilidad del proceso.

La verificación del funcionamiento de las máquinas de votación y los sistemas de tabulación es un paso clave en toda elección. En el caso de Miami-Dade, se confirmó que ninguna máquina presentaba votos previos, y que, al introducir boletas con resultados definidos, los sistemas arrojaban exactamente los totales esperados. Este control permite identificar rápidamente cualquier posible descalibración o error técnico y corregirlo antes de que los ciudadanos acudan a votar. La comparación de los resultados obtenidos con los registros programados constituye la última validación antes de que los equipos sean distribuidos en los centros de votación, asegurando que el sistema está listo para operar en condiciones óptimas.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina Garcia, explicó que este procedimiento es uno de los controles más importantes antes de cada proceso electoral. “Este proceso es un requisito del estado de Florida y nos permite asegurarnos de que todos los equipos estén correctamente calibrados y funcionen como deben”, afirmó Garcia. Además, detalló que, una vez completada la etapa de votación anticipada, los equipos serán trasladados a los 558 colegios electorales que operarán el 18 de agosto durante la elección primaria. Este despliegue logístico, según la funcionaria, está cuidadosamente planificado para cubrir todo el condado y garantizar que cada elector pueda ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

En cuanto a los centros de votación anticipada, Garcia informó que el condado habilitará 23 sedes para este fin, de las cuales 12 ya están completamente preparadas. Se prevé que los centros restantes estén listos antes del inicio de la jornada, programada para el 3 de agosto. La votación anticipada se extenderá hasta el 16 de agosto, permitiendo a los electores elegir el momento más conveniente para acudir a votar y así evitar aglomeraciones el día de la elección.

El voto por correo es otra modalidad contemplada por la autoridad electoral. Garcia recordó que el plazo para solicitar una boleta de voto por correo vence el 6 de agosto. Aquellos electores que ya hayan recibido su boleta podrán entregarla en cualquiera de los centros de votación anticipada o en las oficinas del Departamento de Elecciones, ubicadas tanto en Doral (2700 NW 87 Avenida) como en el Downtown de Miami (111 NW 1 ST). Esta alternativa facilita la participación de quienes no puedan acudir presencialmente durante los días de votación anticipada o el día de la elección primaria.

En cuanto a los horarios de apertura de los centros de votación anticipada, durante la primera semana, estos funcionarán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; en la segunda semana, el horario se extenderá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Los fines de semana, los centros atenderán al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., adaptándose así a las distintas necesidades de la población. Para la jornada del martes 18 de agosto, día de la elección primaria, se ha aclarado que quienes se encuentren en la fila antes de las 7:00 p.m. podrán ejercer su derecho al voto, incluso si emiten su boleta después de esa hora.

Garcia insistió en la importancia de la participación ciudadana y alentó a los electores a planificar su jornada de votación, recordando que “su voto es su voz”.

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE durante casi 15 años, aseguró que Guerrero es uno de los estados con la injerencia más grave del crimen organizado en la vida pública del país, ya que existen zonas donde los grupos delictivos sustituyen al Estado y gestionan trámites públicos en beneficio propio.

Durante su participación ante el Grupo ACA en Acapulco, el exfuncionario señaló que la operación criminal va más allá de la violencia electoral. Mencionó que la injerencia incluye el control administrativo y territorial ejercido por estas organizaciones en varias regiones de Guerrero.

Como ejemplo de la gravedad, Jacobo Molina recordó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, ocurrido a los pocos días de haber asumido el cargo en octubre de 2024. El crimen, según Molina, ilustra cómo la presión delictiva puede terminar en la eliminación de figuras públicas o el abandono de candidaturas.

El exsecretario identificó un corredor específico con mayor presencia criminal: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa y Tlapa. Explicó que desde hace tiempo existen narraciones y testimonios sobre el dominio territorial y administrativo que ejercen los grupos delictivos en esa franja del estado.

La advertencia de Jacobo Molina apunta a que la injerencia delictiva ya no es excepcional en Guerrero, sino una constante que afecta tanto la administración pública como los procesos electorales. Las consecuencias se reflejan en la inseguridad, la pérdida de vidas y la distorsión de la voluntad ciudadana.

Dinero ilícito en elecciones desde 2021, según Jacobo Molina

El ex secretario ejecutivo del INE afirmó que desde los comicios de 2021 existe evidencia de que recursos presuntamente del crimen organizado entraron a los procesos electorales del país. Al preguntarle en qué consiste esa evidencia, respondió que está en los propios resultados: “Hay ciertos saltos que no se explican sino es por una injerencia extraelectoral”.

Mencionó que en las elecciones de ese año en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí y Tabasco se registraron márgenes de victoria de 7, 8 o 9 puntos porcentuales donde se esperaban diferencias de solo 3 o 4. “Esas diferencias se explican, en muchas ocasiones, por la actuación de agentes que pudieran ser del crimen organizado, que inhibieron ciertas conductas o incidieron en determinados lugares para inhibir al electorado o propiciar, con amenazas, que se inclinara por tal o cual candidato”, explicó.

La advertencia llega en un momento en que el INE trabaja en la instalación de su nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, creada a partir de una reforma constitucional aprobada en abril de 2026. El Consejo General del organismo votó el 30 de julio la integración de esa comisión, conformada por tres consejeros.

La propuesta de Jacobo Molina: sancionar a los partidos, no solo a los candidatos

Ante la pregunta sobre cómo enfrentar el problema, el ex funcionario planteó que la responsabilidad debe recaer en el partido político que postule a un candidato con vínculos con el crimen organizado. Su propuesta es que la sanción no solo afecte a la persona sino también a la fuerza política, hasta el punto de que esta pierda su registro.

Calificó como “asunto delicado” las nuevas atribuciones del INE para verificar que no haya filtraciones del crimen en las contiendas. La posición refleja una tensión reconocida por analistas: el INE no tiene facultades para negar el registro de una candidatura por sospechas, sino solo para emitir una alerta al partido solicitante.

Jacobo Molina también dirigió una crítica al proceso interno que lleva a cabo Morena en 17 estados para elegir a sus coordinadores en Defensa de la Transformación. Calificó esos procesos como “campañas adelantadas” y sostuvo que deben ser sancionadas, incluso con la pérdida del registro de la candidatura correspondiente. Extendió la misma advertencia al PRI, al considerar que la figura de “defensores de México” que impulsa ese partido incurrirá en actos anticipados de campaña.

La expectativa de un riesgo país perforando los 400 puntos básicos, que parecía algo casi seguro hace solo un par de meses, repentinamente se evaporó. Ahora este indicador rebotó a niveles de 445 unidades, reflejando dos situaciones: un deterioro de los bonos argentinos en dólares y también la solidez de la tasa larga de los bonos norteamericanos.

A la hora de buscar las razones, en buena medida éstas provienen del mercado internacional. Con caídas bastante bruscas sobre todo en el mercado tecnológico de Estados Unidos (especialmente en las empresas muy relacionadas al sector de inteligencia artificial), la consecuencia fue un castigo a los activos considerados más riesgosos.

Los bonos argentinos están dentro de ese grupo y sufrieron caídas cercanas al 1 por ciento. Nada muy fuera de los normal para este contexto de Wall Street, pero que se suma a varios días ya más flojos, especialmente para los títulos de mayor duración. Ayer el Tesoro licitó un nuevo tramo del Bonar 29 y consiguió 309 millones de dólares. Una colocación discreta, que muestra que el apetito por deuda local se mantiene relativamente acotado.

La decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios no fue del todo bien recibida por el mercado. En realidad, los inversores se inquietaron en la conferencia de prensa posterior y que el voto directorio fue dividido: nueve votaron a favor de dejar todo igual y tres consideraron que era el momento para subir 0,25 puntos básicos, pero se impuso la mayoría.

Hubo caídas de más de 2,2% del índice Dow Jones (que agrupa a los papeles líderes del mercado) y del 1,7% del Nasdaq, que agrupa a las principales tecnológicas. En este escenario era casi imposible que los activos argentinos pudieran mantenerse a flote. Hubo caídas en bonos y también en acciones argentinas que cotizan en Wall Street, aunque con pérdidas marginales.

Pero no toda la presión sobre los bonos y el riesgo país proviene de afuera. El contexto local también empezó a generar mayor preocupación entre los inversores.

Los últimos indicadores de aceptación del Gobierno vinieron con fuertes bajas, algo que inquieta al mercado y, en particular, a los tenedores de bonos. Tanto el Índice de Confianza en el Gobierno (que elabora la Universidad Di Tella) como el de confianza ciudadana arrojaron en julio caídas muy significativas.

Se trata de dos indicadores claves, que muestran un deterioro tanto de la visión del “círculo rojo” como del público. En otras palabras, ni la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y el récord de exportaciones terminan de trasladarse al bolsillo ni al consumo.

En la medida que no haya una mejora del consumo interno será difícil que el Gobierno logre una mayor aceptación y despeje el escenario electoral.

Si la proyección para las elecciones del año que viene no le da una diferencia significativa al Gobierno, el trayecto hacia las elecciones generará no solo volatilidad cambiaria sino en los activos nominados en dólares. El impacto podría sentirse especialmente en los bonos dolarizados.

¿Es razonable esperar un riesgo país en torno a 400 puntos o incluso menos si las elecciones vienen ajustadas o hay elevadas posibilidades de ir a un balotaje? Todo indica que en ese escenario los bonos sufrirían significativamente. El año pasado además del salto cambiario el riesgo país trepó a más de 1.100 unidades. Todo eso fue antes que La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas.

La mejora de la calificación por parte de las tres calificadoras más importantes le dio un envión a la deuda argentina y más inversores se animaron a comprar. Pero ahora ese impulso parece haberse agotado. Ahora la evolución de los bonos dependerá de una mejora en el clima internacional, pero también serán necesarias algunas señales que muestren una mayor consolidación del gobierno a nivel local.

El partido nicaragüense Ruta del Cambio emitió un comunicado oficial para rechazar de forma categórica la iniciativa de reforma constitucional presentada ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. El documento, firmado por Félix Maradiaga, presidente de la agrupación, advierte que la propuesta oficialista busca establecer un “período efectivo de siete años renovables” para la presidencia y consolidar la exclusión legal de toda oposición en los procesos electorales, lo que, según la organización, no constituye una reforma constitucional sino una formalización jurídica del despojo de la soberanía popular.

Ruta del Cambio sostiene que la reforma representa “el acto final de una usurpación sostenida con la sangre de abril de 2018, con la cárcel, el destierro, la desnacionalización y la confiscación arbitraria”. La agrupación denuncia que el régimen pretenden convertir la Constitución en “la escritura de propiedad de la familia Ortega-Murillo y a Nicaragua en un patrimonio hereditario”.

El comunicado enfatiza que una Asamblea Nacional sometida al Ejecutivo y un Poder Judicial subordinado no pueden conferir legitimidad a la imposición de reformas arbitrarias. Ruta del Cambio insiste en que “ningún texto constitucional puede convertir a una familia en propietaria de una nación” y advierte que cualquier disposición aprobada mediante este proceso carece de autoridad moral y democrática. “Quienes la impulsen, aprueben o ejecuten deberán responder por sus responsabilidades políticas y jurídicas”, señala el documento.

Ruta del Cambio exige elecciones auténticas y rechaza la exclusión política en Nicaragua

En uno de sus apartados principales, la organización política resalta que “sin competencia política no hay elección”. Ruta del Cambio afirma que un proceso electoral donde el gobernante decide quién puede competir, elimina partidos políticos, destierra candidatos y controla el conteo de votos “no constituye una elección”, sino “simplemente una ceremonia de ratificación dinástica”.

Por ese motivo, Ruta del Cambio reiteró su exigencia de elecciones libres, competitivas y transparentes, con observación internacional, libertad plena para los presos políticos, retorno seguro de los desterrados y restitución de la nacionalidad y bienes confiscados a quienes fueron despojados de ellos.

La agrupación también hace un llamado a la comunidad internacional a no validar lo que califica como “farsa”. Agradece las voces que han denunciado el deterioro institucional en Nicaragua y exhorta a los Estados democráticos de América y Europa a declarar que no reconocerán ninguna “renovación surgida de este mecanismo fraudulento”. Ruta del Cambio considera que esta postura debe ir acompañada de acciones concretas para aumentar el costo político y jurídico para quienes “continúan destruyendo el Estado de derecho”.

El comunicado concluye convocando a los nicaragüenses a no consentir la imposición de la dictadura, dentro y fuera del país, en todos los espacios sociales: “La dictadura puede imponer su legalidad, pero no puede fabricar nuestro consentimiento de una nación que aspira a vivir en libertad”,

Ruta del Cambio señala que “Nicaragua le pertenece a su pueblo” y que la República ha sido secuestrada, pero ningún secuestro es eterno. La agrupación concluye que “la libertad, la democracia y el Estado de derecho serán restaurados por la voluntad soberana de los nicaragüenses”.

En el Gobierno afirman que se aceleraron los tiempos de los acuerdos políticos. “Después del Mundial, parece ser que el calendario se tiene que definir lo antes posible. Y hay gobernadores que coinciden con esa idea”, afirma una fuente al tanto de las conversaciones entre Nación y las provincias.

Y es que la discusión interesa por igual en la Casa Rosada y en las gobernaciones. A los primeros, por su interés de cerrar la reforma política y la consecuente suspensión de las PASO. A los segundos, porque buscan retener el poder en sus territorios y, en varios casos, mantener un esquema de competencia consensuada con La Libertad Avanza.

Infobae ya publicó que la mayoría de los gobernadores aliados al Gobierno nacional expresaron su apoyo a la suspensión de las PASO para 2027, aunque con matices según la provincia. Algunos mandatarios de la UCR, como Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), se muestran favorables a la eliminación, mientras que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) marca una postura más cauta, ya que solo evalúa la posibilidad de una suspensión. Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene postura parecida al de su par litoraleño. Los gobernadores del PRO, como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), también respaldan la suspensión, aunque aclaran que la decisión debe debatirse adentro del PRO. En Corrientes, los hermanos Valdés apoyan eliminar las PASO y contemplan el uso de colectoras.

En el oficialismo afirman que hay acuerdos que se van a cerrar en las próximas semanas. “Los gobernadores están dispuestos. A pesar de que falta un año para las elecciones, estos son temas que si se cierran antes, mejor”, analizó una figura del oficialismo. Hay gobernadores que van a anunciar las fechas de sus comicios locales el mes próximo, otras que especulan a ver qué sucede con las negociaciones en el Congreso.

“Yo no tengo en claro personalmente qué es lo que conviene. Si es que determinen ahora o no sus fechas. Nosotros vemos que varios se van a abalanzar para definir después de lo que hizo Jaldo, pero que muchas van a terminar de establecer una fecha en febrero o marzo del año que viene”, también marca una altísima fuente de la estrategia política de La Libertad Avanza.

La referencia anterior es en relación a lo que hizo este lunes el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que anunció la firma del decreto por el cual las elecciones provinciales se realizarán el 9 de mayo de 2027. Se convirtió así en el primer mandatario en oficializar la fecha de alguno de los comicios locales. Tal y como publicó este medio, en Casa Rosada hablaron que fue una decisión conversada y que “no afecta” en la estrategia libertaria.

Un relevo hecho por Infobae arrojó que hay al menos 7 provincias que ya dicen públicamente que tienen decidido desdoblar los comicios provinciales de las nacionales. El número se extenderá mucho más con el pasar de los meses y en la medida que los gobernadores vayan sincerando sus estrategias electorales.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, está evaluando que las elecciones de su provincia sean entre el 16 o 23 de mayo. Se trata de una continuidad de las decisiones que se tomaron para 2023 y en 2025. En Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres estima que puede definir una fecha entre los meses de julio y agosto, aunque todavía no tiene definiciones claras sobre cuándo puede ser.

El misionero Hugo Passalacqua no tomó una determinación sobre una fecha tentativa, pero en su entorno afirman que “sin dudas va a ser desdoblado”. Esa misma estrategia parece ser la misma que tomará al jujeño Carlos Sadir, ya que cerca suyo afirman que su provincia “siempre adelanta”.

Una de las provincias que prevé desdoblar sus elecciones es Neuquén, al mando de Rolando “Rolo” Figueroa. Todavía no está la potestad de fijar la fecha y no hay anuncio, pero es habitual que ese distrito se escinda de las nacionales. Allí dicen que se estaría evaluando su realización por el mes de agosto.

Algo similar ocurre en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Pullaro evalúa llamar a elecciones provinciales en una ventana comprendida entre el 13 de junio al 5 de septiembre, aunque lo más probable es que se dé esa primera fecha. En ese entorno afirman: “Somos pro-PASO a nivel provincial”. En tanto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, afirma que las PASO provinciales serán desdobladas y que ya hay una decisión de hacerlas en el mes de julio.

Las provincias que menos vínculos tienen con el oficialismo todavía no han mostrado sus cartas, aunque para el caso de Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, el desdoblamiento es algo obligatorio. “Estamos obligados a votar con 90 días de diferencia de las nacionales por Constitución”, afirman en ese distrito. La Rioja, Formosa y La Pampa no dieron definiciones por el momento.

Se podría contar a Río Negro como una novena provincia que tomó esa decisión. Voceros oficiales de la gobernación que lidera Alberto Weretilneck afirman que la costumbre local ha sido desdoblar y que está la intención política de repetir ese esquema de cara al año próximo. Posterior a la publicación del artículo, Infobae también supo que provincias como Entre Ríos y San Juan también optaron por una política de desdoblamiento.

Para el caso de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof tiene en sus manos una de las cartas más fuertes y que determinará toda la dinámica política del año próximo. La decisión que tomó para el año pasado, la de desdoblar, terminó incidiendo fuertemente en el panorama de cara a las legislativas para el Congreso de la Nación. Al ganar el peronismo bonaerense, el mercado reaccionó negativamente y los libertarios utilizaron ese contexto para generar temor de una eventual derrota del oficialismo a nivel nacional, la cual fue altamente efectiva.

En el kicillofismo afirman que la suerte de las elecciones locales está supeditada a lo que suceda con las PASO a nivel nacional “porque en la Provincia las PASO provinciales están atadas por ley a las de Nación”.

Aunque no rige por ley, cerca de Jorge Macri advierten el mismo dilema y marcan que la decisión que se vaya a tomar para los comicios a jefe de Gobierno dependen de lo que suceda con la reforma política y la estrategia que adopte la Casa Rosada. En el armado porteño de La Libertad Avanza están deseosos de poder competir por separado, pero para varios de los estrategas políticos cercanos al Presidente creen que no es mal negocio relegar la Ciudad en pos de incrementar los números que pueda conseguir Milei en primera vuelta.

Hay provincias que se encuentran en un gris. Un caso de ese estilo es San Luis, con Claudio Poggi a la cabeza, que no tiene definiciones pero que tiene una tradición de desdoblar desde que “Adolfo o Alberto Rodríguez Saa dejaron de competir a nivel nacional”.

Uno de los distritos que tendría apuntado competir en conjunto con las nacionales es Catamarca. “Hay un 90% de posibilidades de que lo hagamos en octubre”, afirmó una importante fuente de esa provincia. El gobernador Raúl Jalil es uno de los que más ha colaborado con el oficialismo en el Congreso en los últimos tiempos y es visto como un importante aliado para la Casa Rosada.

La provincia del norte es una de las cuatro que el año pasado alineó sus elecciones locales con las nacionales junto a La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero.

Las únicas dos provincias que no elegirán gobernadores el año próximo son Corrientes y Santiago del Estero. En ambos casos, los oficialismos provinciales fueron los que se impusieron y retuvieron el poder en los cargos ejecutivos. Este último tendrá elecciones municipales este fin de semana en la que se disputarán autoridades en más de 20 intendencias, con 598.673 electores habilitados para sufragar.

Aunque el Congreso permanece cerrado por receso de invierno, el Gobierno ya está analizando la forma de destrabar uno de los proyectos prioritarios que tiene en carpeta, la reforma política, que pretende cambiar el sistema electoral en el país, por lo que se vuelve una definición clave de cara a las negociaciones por las eventuales alianzas en las provincias.

En un principio, el oficialismo nacional planteó la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una idea que mantienen desde el inicio de la gestión.

Sin embargo, incluso antes del freno legislativo por las vacaciones, y ante la falta de votos de los aliados, La Libertad Avanza aceptó estudiar otras alternativas para evitar así que todo el proyecto se cayera.

Quien llevó adelante las conversaciones fue la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, aunque con la intervención del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El martes, “El Colo” recibió en la Casa Rosada a Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes, una de las provincias con las que, a pesar de haberlo intentado, no se llegó a un acuerdo electoral en 2025.

En aquel entonces, el antecesor del actual gobernador, Gustavo Valdés, se negó a competir que cualquier otro candidato que no fuera su hermano, por lo que los libertarios decidieron ir por afuera y terminaron siendo duramente derrotados.

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en su rol de titular del partido, tendrá sus propios encuentros políticos en los próximos días.

La funcionaria viajará la semana que viene a Chaco para verse con uno de sus históricos aliados, Leandro Zdero, y es probable que también a Raúl Jalil en Catamarca y a al senador Gerardo Zamora en Santiago del Estero.

“Falta mucho para la definición de las listas y de las alianzas. Hay que ver primero si va a haber PASO o no, entre muchos otros factores que van a influir”, reconocía ante Infobae uno de los armadores de LLA.

En este sentido, en el oficialismo remarcan que “el único objetivo real para el 2027 es que el Presidente consiga su reelección y todo lo que se haga va a ser para eso”.

En lo que respecta al Congreso, las autoridades nacionales reconocen que hay un retraso en las reformas, pero sostienen que “lo más importante es blindar todas las medidas económicas y el proyecto en general”.

”Hay un total de 13 gobernadores que tienen relación buena con nosotros. Yo los conozco y sé que no se van a tirar si no ven que hay agua en la pileta”, remarcó una fuente de Casa Rosada.

Para el entorno de Milei, los mandatarios locales “están viendo que hay una posibilidad, que hay un Presidente que en sus provincias está bien”.

De hecho, a pesar de los informes negativos de algunas consultoras y organismos, como el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, en el entorno presidencial confían en que el sello de La Libertad Avanza sigue fuerte.

“A nosotros nos da que está estable. Hubo una caída con el tema de Adorni, pero se mantuvo ahí. Nunca estuvo tan mal como algunos decían ni tan bien como marcaban otros. Está estable“, argumenta uno de los estrategas.

Para el equipo que diseña los planes de comunicación, “especialmente cuando medís una gestión durante un periodo largo de tiempo, para poder entender cómo se comporta la sociedad, hay que ver todo el panorama”.

“A veces hay picos para arriba o para abajo, pero vos lo que vas observando es cómo se comporta la serie histórica”, remarcan.

Aunque en Balcarce 50 se muestran confiados y fuertes, varios de los gobernadores aseguran que las negociaciones por los eventuales acuerdos electorales no es algo que los vaya a condicionar para apoyar los proyectos de ley que quiere la Nación.

El tema de las PASO es un ejemplo de ello, ya que muchos no están de acuerdo con que se eliminen, principalmente porque quieren dirimir sus internas locales sin tener que decidir apoyar solamente a un candidato presidencial.

“No hemos tenido respuesta hasta el momento”, respondió un mandatario aliado que propuso implementar las “listas colectoras” para solucionar el conflicto.

De acuerdo con lo que precisaron en Balcarce 50, las alternativas que ahora están sobre la mesa es que, en lugar de eliminar las primarias, únicamente se suspendan en el 2027.

Otra opción es aceptar la idea de la PAS, que impulsa el PRO, entre otros espacios, para que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas, con comicios en los que compitan los partidos que tienen más de una boleta.

Todos estos escenarios debatirá la mesa política libertaria cuando vuelva a reunirse, luego de que se suspendiera el encuentro de este martes debido a que un de sus principales integrantes, Karina Milei, estaba de viaje en Perú, como parte de la comitiva que acompañó al Presidente en el acto de asunción de Keiko Fujimori.

Tras el receso invernal, el Congreso volverá a funcionar el 6 de agosto, para cuando el Gobierno pretende convocar a una mega sesión para tratar varias de las reformas que ya fueron enviadas.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó la decisión anunciada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de eliminar las futuras elecciones en ese país, al considerar que representa un grave retroceso democrático y una vulneración a los derechos políticos de la ciudadanía.

A través de un posicionamiento oficial, el partido afirmó que impedir que la población elija libremente a sus gobernantes constituye una afrenta a los principios de libertad, pluralidad y respeto a los derechos humanos. Asimismo, sostuvo que ningún gobierno puede considerarse democrático cuando concentra el poder y elimina la competencia electoral para mantenerse en el cargo.

El PRI subrayó que la democracia se fortalece mediante elecciones libres, instituciones sólidas, división de poderes y el respeto a las libertades fundamentales, por lo que advirtió que la cancelación de los procesos electorales debilita el Estado de derecho.

PRI critica ausencia de una postura del Gobierno de México

Además de rechazar la decisión del gobierno nicaragüense, el PRI expresó preocupación por la falta de un posicionamiento contundente del Poder Ejecutivo mexicano sobre el tema.

El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, aseguró que el silencio del Gobierno de México envía un mensaje de indiferencia frente al deterioro democrático en América Latina y representa, a su juicio, un alejamiento del papel histórico que el país ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos y las instituciones democráticas en la región.

El instituto político sostuvo que defender la democracia y las libertades fundamentales no constituye una intervención indebida en los asuntos internos de otras naciones, sino un compromiso con los valores universales que México ha respaldado mediante diversos instrumentos internacionales.

También manifestó su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y reiteró que continuará pronunciándose frente a cualquier acción que, desde su perspectiva, debilite los principios democráticos.

¿Qué anunció Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?

El pronunciamiento del PRI surge después de que Daniel Ortega declarara que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones para impedir que la oposición alcance el poder.

La medida fue anunciada durante el acto conmemorativo por el aniversario de la Revolución Sandinista y se suma a una serie de cambios institucionales impulsados por el gobierno nicaragüense en los últimos años.

Entre los antecedentes que han marcado la situación política del país destacan:

• La reforma constitucional que amplió el periodo presidencial y fortaleció las facultades del Ejecutivo.
• El nombramiento de Rosario Murillo como copresidenta de Nicaragua.
• La detención de aspirantes presidenciales antes de las elecciones de 2021.
• La ilegalización de partidos políticos y organizaciones civiles.
• Las denuncias de organismos internacionales sobre restricciones a derechos políticos y libertades civiles.

Diversos analistas consideran que el anuncio representa un nuevo paso en la concentración del poder, mientras que sectores de la oposición sostienen que elimina cualquier posibilidad de competencia electoral en el país.

Claudia Sheinbaum defiende el principio de autodeterminación

Tras las declaraciones de Ortega, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la postura del Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria evitó emitir una condena directa y señaló que la política exterior mexicana se rige por el principio de autodeterminación de los pueblos.

“Primero es la autodeterminación de los pueblos; lo que decida el pueblo de Nicaragua. Nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia”, respondió.

Al ser cuestionada sobre si una medida similar podría aplicarse en México, Sheinbaum rechazó esa posibilidad y destacó que el país cuenta con mecanismos democráticos, como la revocación de mandato.

También reiteró que cada nación decide la forma en que organiza su sistema político y que México mantiene una postura de respeto hacia las decisiones internas de otros Estados.

La decisión abre un nuevo debate sobre democracia y política exterior

Las declaraciones de Daniel Ortega han generado reacciones tanto dentro como fuera de Nicaragua.

Mientras partidos de oposición mexicanos, como el PRI, han pedido una postura más firme del Gobierno federal, la administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado su apego al principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

El debate también ha reavivado la discusión sobre el papel de México en la defensa de la democracia y los derechos humanos en América Latina, así como sobre el equilibrio entre la política de no intervención y las posturas frente a decisiones que generan preocupación en la comunidad internacional.

El peronismo retiene más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, según una encuesta del Instituto Universitario CIAS realizada entre mayo y junio de 2026 sobre 964 jóvenes de 16 a 24 años.

El estudio, denominado Encuesta a Jóvenes de Barrios Populares 2026, midió intención de voto, percepción económica y comportamiento de consumo en 13 puntos focales distribuidos en barrios populares del AMBA, con criterios de sexo y edad ajustados según información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Los resultados muestran una brecha pronunciada entre la capacidad de retención electoral de ambas fuerzas entre el electorado joven de estos territorios.

Entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, el 76% volvería a optar por el peronismo si los comicios fueran hoy. Solo el 6% migró hacia la izquierda, el 3% hacia La Libertad Avanza (LLA) y el 2% al PRO. El 24% restante se distribuye entre quienes no saben a quién votar, no concurrirían a las urnas o lo harían en blanco.

El panorama es distinto entre los votantes de Javier Milei en 2023. Según el informe del CIAS, el 58% de ese segmento volvería a elegir a LLA, pero el 42% restante no repetiría esa elección: el 16% se inclinaría por el peronismo, el 7% no sabe a quién votar, el 11% no iría a votar, el 3% lo haría en blanco y un 3% adicional se volcó a la izquierda.

Cuando se proyecta la intención de voto total entre los jóvenes encuestados, el peronismo concentra el 67% de quienes declaran que votarían, frente al 25% que se inclinaría por alguna expresión de LLA. La izquierda obtendría el 6% y el PRO, el 2%.

El informe también registra un clivaje de género en la composición del voto. El 63% de los votantes de LLA son varones, mientras que el 37% son mujeres. En el peronismo, la relación se invierte: el 57% son mujeres y el 43%, varones.

La situación económica de los hogares aparece como una variable asociada al comportamiento electoral. Entre los jóvenes que residen en hogares que debieron ajustar su consumo, la intención de voto a LLA alcanza el 20%. Entre quienes no atravesaron ese ajuste, la cifra trepa al 34%, una diferencia de 14 puntos porcentuales. El peronismo, en cambio, se mantiene como la fuerza mayoritaria en ambos grupos.

Esa misma variable incide en la retención del voto a LLA. Entre los votantes de Milei en 2023 que residen en hogares sin ajuste económico, el 64% volvería a votar a LLA. Entre quienes sí debieron recortar gastos, esa proporción cae al 53%.

El contexto económico que enmarca el estudio es el de una recuperación desigual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) citados en el informe, el desempleo entre jóvenes menores de 29 años aumentó del 13,2% al 16,6% en el caso de las mujeres y del 11,3% al 16% entre los varones entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. Al cierre de ese año, el 57,6% de los ocupados jóvenes tenía un empleo informal.

El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 8% considera que mejoró. El 60% declaró que su hogar redujo el consumo en algún rubro durante lo que va del año: el 40% recortó en alimentos, el 18% en ropa o calzado, el 17% en recreación y el 14% en servicios como luz, gas o telefonía.

El endeudamiento también se extendió entre estos hogares. El 57% de los jóvenes señaló que en su hogar debieron pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos. El canal predominante fue el informal: el 68% recurrió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito fueron utilizadas por el 21% y el 18%, respectivamente. Entre los hogares que ajustaron su consumo, el 66% también tomó deuda, frente al 41% de los que no realizaron recortes.

El CIAS es un instituto universitario de los jesuitas fundado en 1956, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la investigación social y la formación en políticas públicas. El presente estudio se enmarca en una serie de trabajos previos sobre dinámica socioeconómica en barrios populares, entre los que se cuentan la Encuesta a Familias de Barrios Populares (2023) y la Encuesta sobre Oportunidades de Integración, Representaciones y Participación social de Jóvenes de Barrios Populares del AMBA (2024).

El informe completo:

La propuesta de segunda vuelta electoral en Honduras volvió al debate, luego de que el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Flavio Nájera, afirmara que su aprobación depende de un acuerdo político en el Congreso Nacional y de una reforma constitucional respaldada por 86 diputados.

El planteamiento integra un paquete de reformas electorales para actualizar el marco normativo que regula los procesos electorales en Honduras, mientras el país se prepara para los próximos comicios generales y continúan los pedidos de fortalecer la institucionalidad democrática.

Nájera sostuvo que la implementación de una segunda vuelta no enfrenta obstáculos técnicos o jurídicos, sino que depende de la voluntad política de las fuerzas representadas en el Poder Legislativo.

Según explicó, una modificación de esta naturaleza requiere una reforma constitucional, por lo que deberá contar con el respaldo de al menos 86 diputados. Eso obliga a construir acuerdos entre varias bancadas y convierte el debate en un asunto político.

El exfuncionario señaló que el documento presentado incorpora reformas administrativas y propuestas de carácter político orientadas a modernizar el sistema electoral y generar mayor confianza en los procesos de votación.

Honduras necesita reformas electorales

También expresó su expectativa de que parte de las iniciativas pueda ser aprobada mediante consensos entre los distintos partidos representados en el Congreso Nacional.

Durante sus declaraciones insistió en que el debate debe desarrollarse mediante el diálogo, para que cada organización política exponga su posición antes de adoptar una decisión definitiva.

Señaló además que la propuesta busca abrir espacios para analizar alternativas que fortalezcan el sistema democrático, sin convertir la discusión en un tema de polarización.

Uno de los puntos centrales del paquete de reformas plantea la ciudadanización total de los organismos electorales vinculados al Congreso Nacional, una medida que, de acuerdo con Nájera, fue diseñada por el equipo responsable de elaborar la propuesta.

El exconsejero indicó que esta iniciativa busca incrementar la independencia de las instancias encargadas de administrar los procesos electorales y se diferencia de otras propuestas que contemplan solo una participación parcial de ciudadanos sin representación partidaria.

Reconoció, no obstante, que la decisión final no recaerá en quienes formularon las reformas, sino en el pleno del Congreso Nacional, donde cada iniciativa deberá ser discutida, modificada y eventualmente sometida a votación.

Las posiciones a favor y en contra

La segunda vuelta electoral ha sido objeto de debate en Honduras durante varios años. Quienes respaldan su implementación consideran que permitiría garantizar que el presidente de la República sea electo con mayor respaldo ciudadano cuando ningún candidato alcance una mayoría suficiente en la primera votación.

Otros sectores sostienen que este mecanismo podría incrementar los costos de las elecciones, extender los tiempos del proceso electoral y generar nuevos desafíos logísticos para las autoridades encargadas de organizar los comicios.

Las diferencias entre estas posiciones hacen prever que el análisis legislativo será uno de los más complejos dentro de la agenda de reformas políticas.

Desde la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, su presidente, Antonio Rivera Callejas, confirmó que el paquete de reformas será objeto de estudio para evaluar tanto sus beneficios como las implicaciones de una eventual aprobación.

También reconoció que ve un escenario complicado para que la propuesta sobre la segunda vuelta reúna el respaldo necesario dentro del Poder Legislativo, debido a las posiciones encontradas entre las distintas bancadas.

En otro de los puntos incluidos en las reformas: la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). A diferencia de la propuesta presentada por el grupo que elaboró las reformas, el diputado considera que la ciudadanización no debería aplicarse de manera absoluta.

En su opinión, el modelo más adecuado sería uno mixto que combine la participación de representantes de los partidos políticos con ciudadanos independientes previamente capacitados por el Consejo Nacional Electoral.

Según explicó, los cargos de secretario y escrutador podrían ser ocupados por personas provenientes de universidades, iglesias, organizaciones juveniles u otros sectores de la sociedad civil que reciban la formación correspondiente por parte del organismo electoral.

Este esquema, afirmó, permitiría mantener la representación política dentro de las mesas receptoras de votos sin renunciar a mecanismos orientados a fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

El debate sobre estas reformas ocurre en un contexto en el que distintos sectores han planteado la necesidad de revisar las reglas electorales antes de las próximas elecciones generales, con el objetivo de mejorar la organización de los comicios.

Por ahora, la viabilidad de la segunda vuelta electoral y del resto de las reformas dependerá de las negociaciones que se desarrollen en el Congreso Nacional.

La agenda de Georgieva incluye reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili, y referentes del mundo empresarial y académico. También contempla una visita a Vaca Muerta, donde la recibirá el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Para Torres, esa parada es el mensaje central. “Va a la fábrica de divisas más importante del país, a mostrar que esta es una Argentina que está más cerca de la enfermedad holandesa que de una crisis recurrente de balanza de pagos”, señaló.

La referencia a la enfermedad holandesa no es menor. Torres explicó el concepto con precisión histórica: cuando Holanda descubrió grandes yacimientos de gas, el aumento de exportaciones revalorizó el florín —la moneda nacional antes del euro— y provocó la quiebra de la industria manufacturera. Una buena noticia que derivó en un problema social, político y económico. La analogía con la Argentina actual, dijo Torres, es que el país pasó de generar menos dólares de los que necesitaba su economía en cada ciclo de crecimiento, a una situación en que genera más divisas pero con escasa creación de empleo. “Eso es lo que hoy se discute, si estamos cerca o no de la enfermedad holandesa”, afirmó.

El trasfondo financiero de la visita también pesa. La Argentina le debe al FMI alrededor del 1.100% de su cuota, cuando el parámetro normal es el 200%. Es el principal deudor del organismo, bajo un programa de acceso excepcional de USD 20.000 millones acordado en 2025, cuya última revisión aprobada liberó un tramo de 1.000 millones de dólares en mayo. Con esa concentración crediticia, el FMI tiene un interés directo en que la Argentina recupere el acceso al mercado de capitales privados. “Todos los programas del Fondo tienen como objetivo principal que los países puedan volver a acceder al mercado de capitales. El Fondo tiene una concentración crediticia con nosotros y naturalmente quiere bajar esa exposición”, explicó Torres.

El riesgo país bajó, reconoció el ex director ejecutivo, pero su resistencia a perforar el piso de los 400 puntos básicos refleja una tensión que no se resuelve solo con datos macroeconómicos. “Tenemos toda una historia detrás. La Argentina es lo que es hoy, pero también lo que fue durante muchos años”, dijo Torres. A eso se suma el calendario electoral: las elecciones de medio término en los Estados Unidos de este año y los comicios presidenciales argentinos de 2027 operan como variables que el mercado aún no termina de descontar.

Dentro del marco del programa de acceso excepcional, el FMI evalúa cuatro criterios en cada revisión. El cuarto —y el más político— es la capacidad del país de sostener las reformas comprometidas, algo que depende directamente de la fortaleza política del gobierno. Torres señaló que ese es precisamente el criterio que Georgieva probablemente busca evaluar en persona a través de sus reuniones con distintos actores de la sociedad. “No sabemos cuáles van a ser los candidatos; no sabemos si va a haber un candidato además de Milei. Pero no descartaría que haya un candidato o candidata que quiera mostrarse como una garantía de continuidad económica, con la corrección de algunas cuestiones políticas”, planteó.

La lectura de Torres sobre el momento social no es complaciente. Mientras los indicadores financieros y macroeconómicos muestran solidez, los datos de empleo y la sensibilidad de la población ante las reformas configuran un escenario de transición que el organismo también monitorea. “La sociedad vive esta transformación de forma bastante dolorosa”, afirmó. Las desregulaciones, explicó, todavía no se tradujeron en una caída del costo argentino que llegue al bolsillo de la gente. Esa brecha entre el éxito de los números y la experiencia cotidiana de los ciudadanos es, para el ex director ejecutivo del FMI, el núcleo del interrogante que sobrevuela 2027.

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En medio de la creciente tensión política en Nicaragua, las declaraciones públicas de cuatro expresidentes de Costa Rica han reforzado la condena internacional al régimen de Daniel Ortega. Los exmandatarios costarricenses calificaron como dictatorial el rumbo que ha tomado el país centroamericano, tras la afirmación de Ortega de que no se celebrarán más elecciones y se cerrará el acceso a los partidos opositores. Según informaron medios como Artículo 66 y La Nación, los líderes costarricenses advirtieron sobre la consolidación de un régimen autoritario en Managua.

Entre las voces se encuentra Laura Chinchilla, quien gobernó Costa Rica entre 2010 y 2014. La exmandataria señaló la manifestación abierta del poder absoluto por parte de Ortega, quien suma casi 20 años al frente de Nicaragua. Chinchilla indicó que “el poder a punta de fraude y represión ya hablaban de su intención de perpetuarse”, según citó Artículo 66. Subrayó la preocupación por la normalidad con que la comunidad internacional acepta este tipo de prácticas, y advirtió sobre el riesgo de que otros líderes de Centroamérica repliquen el modelo autoritario.

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica entre 2014 y 2018, también se sumó a las críticas en una publicación dirigida desde su cuenta oficial. “Ahora eso le tendrá que quedar claro a todos quienes decían, por oportunismo, pragmatismo o ignorancia, que Nicaragua tiene (y tendrá para siempre según el comandante) el gobierno ‘que su pueblo ha escogido’”, afirmó Solís en declaraciones recogidas por medios costarricenses.

El exmandatario costarricense advirtió, además, que este fenómeno trasciende las fronteras nicaragüenses y refleja la expansión global del autoritarismo, la autocracia y el desprecio por el pluralismo y los valores democráticos y republicanos. “Vivimos tiempos en donde prevalecen los ataques contra los poderes judiciales, los atentados y la deslegitimación permanente de los medios de comunicación y el fanatismo religioso negacionista”, puntualizó Solís.

A este coro de voces se sumó Óscar Arias, presidente de Costa Rica entre 1986 y 1990, y entre 2006 y 2010, quien recordó que Ortega ha cultivado una visión autoritaria desde los años ochenta. Según Arias, la idea de permanecer en el poder sin elecciones ha sido una constante en la estrategia política del mandatario nicaragüense.

La respuesta del gobierno de Costa Rica

La reacción del actual gobierno costarricense fue más mesurada. El expresidente Rodrigo Chaves reiteró que Costa Rica mantiene su compromiso democrático y la celebración de elecciones libres. “Gracias a Dios” Costa Rica es una democracia y siempre habrá elecciones. Dios mediante”, declaró Chaves a medios locales tras una reunión parlamentaria. El partido de Chaves propuso una condena formal contra Ortega en respuesta a las declaraciones recientes de Ortega.

Las condenas en la región

El rechazo internacional a la deriva autoritaria de Nicaragua se expresó en condenas diplomáticas de países de Centroamérica —Costa Rica, Panamá y Guatemala— y de Estados Unidos. En el Caribe, la República Dominicana llamó a consultas a su embajadora en Managua, mientras que Chile, Bolivia y Perú se pronunciaron en términos críticos. Por su parte, el gobierno de Brasil expresó inquietud sobre la situación, aunque con un tono más matizado.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, prepara un paquete de reformas que serán presentadas en agosto, con el objetivo de consolidar el control del poder tras dos décadas de presidencia de Ortega. Este escenario ha reforzado la percepción de una crisis política de alcance regional, y alimentó el debate sobre los riesgos del autoritarismo en América Latina.

Los primeros resultados del preconteo de la Registraduría Nacional dieron como ganador de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja al arquitecto Rafael Guillermo Acevedo Pedroza de la Alianza Social Independiente (ASI), quien obtuvo 10.758 votos y un 24.77% superando a Yamir López que tuvo 9.217 votos con 21.22% , según el boletín 12 con el 100% de las actas, divulgado al finalizar la jornada electoral de este domingo 26 de julio.

La votación se desarrolló ente las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en los 26 puestos habilitados en la capital de Boyacá y tuvo un 30% de participación total equivalente a 43.870 personas. Es decir, el abstencionismo llegó al 69.29%. Una vez cerraron las mesas, los jurados iniciaron el proceso de escrutinio para consolidar los resultados de la elección que definió a la persona encargada de completar el actual periodo constitucional en la Alcaldía.

La convocatoria a estos comicios se produjo después de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección del exalcalde Mikhail Krasnov, al concluir que estaba inhabilitado para aspirar al cargo por no cumplirse el término legal entre la finalización de un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su elección en 2023. Para esta jornada estuvieron habilitados 142.847 ciudadanos para votar. La Registraduría dispuso 26 puestos de votación, distribuidos entre la zona urbana, el sector rural y el centro penitenciario, con el propósito de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

En la contienda participaron 11 candidatos que buscaron el respaldo de los ciudadanos para asumir la administración municipal durante el tiempo restante del mandato. La lista estuvo conformada por Luis Eduardo Vargas Espinosa, de Colombia Justa Libres; Sandra Milena Estupiñán Orjuela, de la Coalición Cambio Radical – Conservador; Pedro Pablo Siaucho Cristancho, del Movimiento Alianza Democrática Amplia; Jonathan Armando Bosigas Malagón, del Partido Ecologista Colombiano; Edwar Javier Parra Guerrero, de Dignidad y Compromiso; Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, de la Alianza Social Independiente (ASI); Yamir Oswaldo López Peña, de Alianza por Tunja; José Ricardo López Caro, de Esperanza Democrática; Diego Hernán Neira Acero, del Partido Oxígeno; Yerson Nicolás Cortés Esteban, del Pacto Histórico; y Nohora Milena Cano Fonseca, del Partido MIRA.

¿Qué propone el nuevo alcalde de Tunja?

Entre sus prioridades figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente con operación 24 horas al día y una plataforma web para monitorear emergencias y hechos de inseguridad en tiempo real. También plantea modernizar el Centro Automático de Despacho de la Policía para integrar cámaras privadas y alarmas comunitarias, además de implementar una aplicación con botón de pánico para que los ciudadanos puedan reportar situaciones de riesgo.

En materia deportiva, propone fortalecer las escuelas de formación y alto rendimiento, habilitar gimnasios comunales en los barrios, organizar olimpiadas barriales para descubrir nuevos talentos y construir el Multiparque Bicentenario en el suroccidente de la ciudad. A ello suma el desarrollo de rutas para ciclomontañismo, senderismo y atletismo de aventura.

El plan también incluye una apuesta por el turismo y la cultura. Entre las iniciativas se encuentran la recuperación del centro histórico mediante el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), la creación de un operador turístico municipal para promover la oferta local, el impulso de una agencia mixta denominada ProTunja para atraer inversión y fortalecer el comercio, así como la recuperación de festividades tradicionales y la creación de escuelas de formación artística y cultural en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, Acevedo plantea construir un Plan Estratégico Tunja 500 Años con visión al 2039. Entre los proyectos contemplados aparecen la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, un sistema estratégico de transporte, la apertura de la Avenida del Río, la recuperación ambiental de los ríos La Vega y Jordán, la solución vial de la glorieta norte, la terminación del Estadio de la Independencia y el diseño de un planetario y observatorio astronómico.

Los partidos salvadoreños de oposición avanzan en el proceso para definir a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales programadas para el 28 de febrero de 2027. En una jornada marcada por elecciones internas, las principales fuerzas políticas de oposición han presentado a sus fórmulas presidenciales y continúan con la selección de aspirantes a diputados y alcaldes en todo el país.

Exdiputada se postula a presidenta por ARENA

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) anunció que la exdiputada Mayteé Gabriela Iraheta Escalante encabezará la candidatura presidencial para los comicios de 2027. Junto a ella, Verónica Henríquez fue designada como candidata a la Vicepresidencia. El partido realizó elecciones internas este domingo en sus sedes departamentales, donde los afiliados también eligieron a 60 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y 44 aspirantes a alcaldías.

Durante el evento, también la diputada Marcela Villatoro asistió acompañada de la planilla de precandidatos a diputados de San Salvador y los precandidatos a la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez y Ondina Ramos, participaron en la votación. La confirmación de la fórmula presidencial se oficializó tras finalizar la jornada interna.

Médico sindicalista y enfermera forman apuesta por el FMLN

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también definió su fórmula presidencial para las próximas elecciones. El médico y dirigente sindical Rafael Aguirre fue presentado como precandidato a la Presidencia de la República. Como compañera de fórmula, el FMLN propuso a la licenciada en Enfermería Madai Santos, exempleada del Hospital Nacional Rosales.

La presentación de la dupla se realizó antes de la convención nacional extraordinaria del partido, donde la militancia ratificará oficialmente las candidaturas. Santos adquirió relevancia pública tras denunciar su despido del hospital, experiencia que motivó su incursión en la política, según indicó.

Otros movimientos de oposición

El partido Vamos organizó elecciones internas para elegir a sus candidatos a diputados de la circunscripción de la diáspora salvadoreña y postergó la selección de aspirantes a diputados por Ahuachapán, Cabañas y Morazán, así como del candidato a alcalde de Santa Ana Oeste. La dirigencia del partido informó que se realizaron ajustes en el padrón para garantizar la participación de los afiliados y asegurar un proceso actualizado y transparente.

Por su parte, el Partido de Concertación Nacional (PCN) llevó a cabo elecciones internas para escoger las candidaturas a diputados del departamento de San Miguel. Estas acciones forman parte de la estrategia de los partidos opositores para consolidar su estructura nacional y competir en los distintos niveles de elección durante los comicios de 2027.

Las agrupaciones de oposición, que incluyeron en sus procesos internos la elección de sesenta candidatos a la Asamblea Legislativa y cuarenta y cuatro aspirantes a alcaldías, buscan fortalecer su presencia política e impulsar sus propuestas en la próxima contienda electoral.

Previamente, el actual presidente Nayib Bukele había oficializado su postulación para un tercer mandato presidencial en las elecciones de 2027. En la fórmula lo acompaña el actual vicepresidente, Félix Ulloa. Esta decisión consolida la apuesta del oficialismo por la continuidad en el Ejecutivo salvadoreño.

La tensión diplomática entre la comunidad internacional y el régimen de Daniel Ortega ha alcanzado un nuevo punto de máxima fricción tras un duro cruce de declaraciones oficiales.

La Unión Europea (UE), a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, emitió un vehemente pronunciamiento en el que instó a las autoridades de Nicaragua a convocar elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, tal como lo establece el marco normativo institucional.

Esta exigencia comunitaria surgió de forma directa tras las polémicas declaraciones del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó públicamente que en la nación centroamericana “no volverá” a celebrarse ningún tipo de proceso comicial.

La respuesta de Managua no tardó en llegar: mediante una nota diplomática emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen de Ortega rechazó tajantemente los emplazamientos del bloque europeo, calificándolos de colonialistas e injerencistas.

En su comunicado oficial, la Unión Europea expresó su profunda preocupación por la persistente represión y el grave deterioro de las libertades fundamentales en territorio nicaragüense.

Ante las firmes demandas planteadas por el bloque europeo, la Cancillería del régimen de Daniel Ortega hizo pública una contundente respuesta oficial fechada el 24 de julio de 2026 en Managua. Encabezado con el eslogan en mayúsculas “NO SOMOS SÚBDITOS”, el comunicado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional acusó recibo del pronunciamiento de la Unión Europea y arremetió severamente contra la postura de la diplomacia europea.

El documento oficial califica la postura europea como una manifestación “injerencista, imperialista, y propia de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”. A través de una retórica marcadamente ideológica y confrontativa, el régimen Ortega denunció lo que considera “intentos trasnochados de dominio de quienes en algún momento, por catástrofes y aventuras históricas ambiciosas y sangrientas, se sentían dueños del Mundo”.

El escrito diplomático subraya que la nación es una patria victoriosa y luchadora que no aceptará “afirmaciones anquilosadas” sobre sus territorios, su pueblo o sus procesos políticos.

Soberanía institucional y el aislamiento diplomático de Managua

El pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores evidencia la consolidación de la postura de resistencia del régimen de Daniel Ortega frente a las presiones internacionales. Ante este escenario, varios países de la comunidad internacional se han pronunciado para condenar la deriva autoritaria de Managua y exigir garantías democráticas.

Sin embargo, la tensión ha escalado a un punto crítico luego de que el gobierno de Nicaragua confirmara que está dispuesto a abolir definitivamente las elecciones en el país, cerrando cualquier posibilidad de alternancia en el poder.

En el texto oficial, la cancillería de Nicaragua asegura de forma tajante que la nación es libre y soberana para tomar sus propias decisiones en materia de ordenamiento institucional, escogiendo autónomamente sus propios modelos políticos que, según señala el documento, “tanta sangre ha costado” a la sociedad nicaragüense.

Con esta postura, el régimen de Daniel Ortega rechaza de plano el escrutinio externo y reafirma su determinación de desmantelar el sistema comicial tradicional, consolidando un modelo sin competencia electoral y profundizando de manera dramática su aislamiento diplomático e internacional frente a los reclamos de organismos multilaterales y gobiernos de la región.

La negativa a dialogar aleja al país de los bloques multilaterales y bloquea las vías diplomáticas destinadas a resolver la severa crisis política.

La Unión Europea (UE) instó este sábado al régimen de Nicaragua a convocar elecciones “según lo previsto” y a que se celebren “de manera transparente, inclusiva y creíble”, después de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá” a haber comicios.

“La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua”, señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses “a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”.

Asimismo, el bloque europeo reiteró su “condena de la represión sistémica” por parte de las autoridades del país, así como “sus reiterados llamamientos a la liberación de todos los presos políticos; al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos; y al diálogo entre el régimen y la oposición”.

En particular, pidió que se acuerden reformas electorales “con vistas a apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política actual”.

La UE aseguró que “seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho” y que “sigue abierta al diálogo político con Nicaragua, a través de los canales diplomáticos adecuados, llevado a cabo de manera respetuosa y en cooperación con los actores regionales”.

Por su parte, el régimen de Nicaragua informó este viernes que presentará su propuesta de reforma electoral ante los embajadores acreditados en el país, empresarios e inversionistas, luego del rechazo internacional que han provocado las declaraciones del dictador.

Durante la conmemoración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado domingo, Ortega propuso eliminar las elecciones en el país -que gobierna desde 2007- en medio de acusaciones de fraude electoral por eliminar y desterrar a la oposición, y declarar “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

En el acto, Ortega, un ex guerrillero de 80 años, aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

La esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo, dijo a través de medios oficiales que la próxima semana se realizarán las consultas con embajadores, empresarios e inversionistas.

En el caso de los embajadores y el cuerpo diplomático, dijo Murillo, informarán “como corresponde: escuchamos, les escuchamos”.

Costa Rica, EE.UU., Panamá -que retiró su embajador-, Guatemala, la República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin; y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, han expresado su preocupación o rechazo a las recientes declaraciones de Ortega en las que afirmó que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.

“Son encuentros que hemos denominado de amistad, de hermandad entre los pueblos, encuentros que nos fortalecen como patria”, continuó Murillo.

La dignataria dijo que la Asamblea Legislativa, coordinada por la Presidencia están avanzando en la elaboración de esa propuesta de reforma “para garantizar los procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos”.

“¿Qué queremos?, continuidad de los avances, de los logros contra la pobreza, seguridad, estabilidad y para eso son nuestros procesos electorales, para garantizar la continuidad de todos esos triunfos (...). Eso es lo que vamos a garantizar con nuestros procesos electorales soberanos y dignos”, adelantó Murillo.

(Con información de EFE)

Ricardo Monreal, diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, advirtió que el desenlace electoral en Estados Unidos tendría consecuencias inmediatas y profundas para México.

El legislador sostuvo que el discurso de Donald Trump sobre la supuesta vulnerabilidad del sistema electoral estadounidense instaló un clima de desconfianza que trascendió la política interna y condicionó la agenda bilateral.

¿Qué dijo Trump?

De acuerdo con la información difundida por Monreal Ávila, el pasado 16 de julio, Trump presentó a la nación un balance de su segundo gobierno y, tras listar logros económicos y de seguridad, dirigió su mensaje hacia la integridad del proceso electoral estadounidense.

Según Trump, “sin confianza no hay grandeza”, y atribuyó a actores extranjeros, principalmente China, la obtención de información de 220 millones de votantes.

Monreal reconoció que los documentos divulgados confirmaron la adquisición de datos, pero aclaró que la mayoría de esa información era pública y la descarga principal se realizó en 2022, no en la elección presidencial de 2020.

“China obtuvo información electoral, pero eso no demuestra que haya comprometido el resultado de una elección”, puntualizó el diputado.

Trump también acusó a funcionarios de inteligencia de ocultar información relevante sobre las actividades chinas.

Monreal explicó que los documentos mostraron desacuerdos internos sobre los datos que debían incluirse en los reportes presidenciales, pero rechazó que excluir inteligencia preliminar de un informe fuera prueba suficiente de encubrimiento.

La evaluación oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia concluyó en 2021 que China no desplegó una operación dirigida a cambiar el resultado presidencial de 2020, y la información divulgada en 2026 no aportó pruebas que contradijeran esa conclusión.

El presidente estadounidense insistió en las vulnerabilidades de las máquinas electorales, las bases de registro y los sistemas de conteo.

Monreal coincidió en que ningún sistema informático es invulnerable y reconoció la existencia de investigaciones sobre amenazas de injerencia de diversos países y actores no estatales.

Aun así, advirtió que la capacidad de ataque no equivalía a la consumación de un fraude ni a la alteración de resultados.

Destacó que los controles administrativos, la descentralización y la existencia de boletas físicas dificultaban manipular los resultados sin dejar rastros.

La referencia de Trump al caso venezolano como precedente técnico, según Monreal, no demostró que esas herramientas hubieran sido utilizadas en Estados Unidos.

En cuanto al registro de no ciudadanos, Trump afirmó que una revisión identificó aproximadamente 278 mil personas en esa condición inscritas para votar.

Monreal recomendó cautela ante ese dato, ya que los cruces de bases podían marcar como extranjeros a ciudadanos naturalizados y la inclusión en el padrón no significaba necesariamente haber votado.

Sobre la SAVE America Act, advirtió que la exigencia de prueba documental de ciudadanía y verificaciones periódicas podía excluir a millones de ciudadanos estadounidenses, especialmente a quienes no tenían acceso inmediato a los documentos requeridos.

En México, dijo Monreal, existía un sistema nacional de credencialización y verificación centralizada, pero en Estados Unidos la carga recaía directamente en el ciudadano.

Monreal concluyó que la reforma que impulsaba Trump respondía solo a parte de los riesgos expuestos y no abarcaba problemas de fondo como la ciberseguridad electoral.

Subrayó que la narrativa de desconfianza podía afectar la migración, el comercio y la seguridad bilateral.

“Lo que suceda en las próximas elecciones en Estados Unidos repercutirá de manera profunda en nuestra relación”, sostuvo el diputado, y advirtió que México debía mantenerse atento a las decisiones políticas en el país vecino, ya que su impacto sería inmediato y tangible en la agenda nacional.

Un médico que atendió a la familia Ortega Murillo hasta 2018 afirmó que Daniel Ortega atraviesa un deterioro físico avanzado y vinculó su anuncio de cancelar las elecciones con la intención de asegurar la sucesión del régimen antes de que su salud se lo impida.

El doctor Richard Sáenz Coen, ginecólogo exiliado en Estados Unidos que formó parte del equipo médico del Ministerio de Salud asignado a Casa Presidencial, formuló esa lectura en una entrevista con 100% Noticias tras la aparición pública de Daniel Ortega el 19 de julio, durante el acto del 47 aniversario de la Revolución Sandinista.

Qué mostró la aparición del 19 de julio

Ortega tenía 80 años cuando subió al estrado en Managua y pronunció la frase: “Aquí no volverá a haber elecciones”. Lo hizo ante una multitud, pero con señales físicas que Sáenz describió en detalle.

“Ortega aparece caminando de una manera bastante lerda, un Ortega bastante edematizado, totalmente destruido. Incluso se ve hasta con pérdida de peso y un Ortega balbuciente”, afirmó el médico.

Sáenz enumeró los signos observados: marcha lenta, rostro inflamado, adelgazamiento visible y dificultades para hablar con voz quebrada. Según él, esos indicadores reflejan el avance de enfermedades crónicas combinadas con los efectos de la edad.

Fuentes citadas por CNN señalaron que Ortega recibe tratamiento por lupus e insuficiencia renal, aunque el régimen nunca confirmó oficialmente ningún diagnóstico.

La hipótesis sobre el fin de las elecciones

Sáenz indicó que sus conclusiones constituyen una hipótesis personal, no un diagnóstico clínico. Aun así, las sostuvo con firmeza.

“Yo puedo aseverar que a Ortega le quedan muy pocos 19 de julio y cuidado este sea el último”, dijo.

El médico también aseguró que, días antes del acto, Ortega había sufrido una recaída. Explicó que durante años recibió notificaciones automáticas de un sistema médico utilizado por Casa Presidencial, que continuaron llegando incluso después de perder acceso a la plataforma. Aclaró, no obstante, que esas alertas no contenían información clínica detallada y que ya no tiene acceso al sistema.

Para Sáenz, el anuncio sobre las elecciones no fue un gesto ideológico sino una maniobra de supervivencia del régimen. “Ortega ya solo tiene dos opciones: morir en el poder o que lo saque Estados Unidos. La única jugada que tiene es preparar una sucesión dinástica a través de cualquiera de sus hijos o Rosario Murillo”, afirmó.

El papel de Rosario Murillo en el régimen

En febrero de 2025, una reforma constitucional convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta oficial de Nicaragua y extendió el período presidencial de cinco a seis años. Los documentos oficiales de La Gaceta ya llevan la firma de ambos bajo la fórmula “Co-Presidente Daniel Ortega y Co-Presidenta Rosario Murillo”.

Analistas consultados por CNN señalaron que Murillo, de 75 años, ejerce la conducción cotidiana del gobierno. “Daniel, de 80 años, está cada vez menos presente en la vida pública. Rosario es mucho más activa en el día a día del gobierno”, indicó uno de los especialistas citados por ese medio.

El anuncio del 19 de julio canceló de facto los comicios previstos para noviembre de 2027 y, según el análisis de la organización ACLED citado por USA Today, el régimen optó por eliminar por completo la competencia electoral en lugar de seguir organizando procesos controlados.

La ruptura con Italia y la versión de Sáenz

Tres días antes del discurso de Ortega, el 16 de julio, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia. La explicación oficial fue la presión del canciller italiano Antonio Tajani para que Managua extraditara a Alessio Casimirri, exintegrante de las Brigadas Rojas condenado a seis cadenas perpetuas por su participación en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en 1978. Casimirri reside en Nicaragua desde hace décadas y el gobierno le otorgó la ciudadanía.

Sáenz ofreció una lectura paralela, que ninguna fuente oficial confirmó. Según él, detrás de la ruptura hubo negociaciones fallidas para obtener garantías europeas para miembros de la familia Ortega Murillo. “España le dijo que no... después siguieron las negociaciones con Italia... Ortega no cedió y por eso rompe relaciones con Italia”, afirmó.

El médico sostuvo que el régimen buscaba que integrantes de la familia pudieran establecerse en países donde mantienen vínculos familiares y patrimoniales, pero que esas gestiones no prosperaron. Esa versión, subrayó él mismo, corresponde a su análisis personal.

El presidente Javier Milei partirá este viernes por la noche hacia San Pablo para participar de una agenda de alto voltaje político en Brasil, con la que el mandatario argentino da inicio a una serie de viajes internacionales destinados a apoyar a dirigentes de derecha en la región. La visita, que se extiende hasta este sábado 25 de julio, incluye un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor de cara a las elecciones presidenciales de octubre, y la participación en la Convención Nacional del Partido Liberal (PL).

La comitiva argentina está integrada por la secretaria general Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. La Casa Rosada encuadró el viaje como una visita orientada a “fortalecer los vínculos” entre Argentina y el estado paulista, aunque el perfil de los encuentros previstos deja en claro el componente político del desplazamiento: apoyar al principal contrincante de las próximas elecciones del mandatario Lula da Silva, a quien no visitará.

La jornada central del sábado arranca alrededor de las 9 en el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde el gobernador Tarcísio de Freitas recibirá a Milei con honores militares en la Plaza Cívica. Allí tendrá lugar la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad, Ricardo Nunes, y tanto el gobernador como el presidente argentino dirigirán palabras a los presentes.

Tras la ceremonia, Milei mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a De Freitas, Nunes y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece detenido y a quien Milei no podrá visitar en esta ocasión por una decisión de la Justicia de ese país. La jornada culminará con el traslado al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde el mandatario argentino participará de la Convención Nacional del Partido Liberal que investirá al senador como principal candidato.

La elección de Milei de postergar el acto de apertura de la Exposición en La Rural —reprogramado para el domingo— para no cancelar sus compromisos en Brasil ilustra la prioridad que el gobierno argentino otorga a esta gira.

En el entorno de Lula no cayó para nada bien la realización del viaje de Milei. “El Presi va a llegar a Brasil en un momento muy duro para el candidato que apoya”, sintetizan importantes fuentes a Infobae.

En el Palácio do Planalto -la sede del Poder Ejecutivo brasileño- marcan que las actitudes del presidente argentino en los últimos años han llevado a las relaciones bilaterales entre ambos países a pisos históricos. En los años que han coincidido Milei y Lula, nunca mantuvieron encuentros mano a mano más allá de obligaciones formales a través del G20 o el Mercosur.

El apoyo irrestricto y enfático del libertario hacia la campaña del principal contrincante del oficialismo brasileño es visto como una injerencia en materia de la política interna de ese país, aunque toleran esas demostraciones porque confían en que los niveles de adhesión que maneja Lula son considerablemente mejores a los que tiene Bolsonaro. Una importante fuente del Poder Ejecutivo de Brasil analiza que hay solo una línea roja que, en caso de cruzarse, recrudecería el vínculo entre ambos mandatarios: que Milei realice ataques personales hacia Lula. Eso todavía no ocurrió, aunque se mantienen expectantes a lo que haga este fin de semana.

El escenario al que llega Milei es el de una carrera presidencial brasileña en la que Flávio Bolsonaro enfrenta un terreno cada vez más difícil.

Una nueva encuesta de Genial/Quaest muestra que el 55% de los votantes cree que el presidente Lula será reelegido, y solo el 25% apuesta por la victoria de Flávio Bolsonaro. La victoria del presidente es la opinión mayoritaria en todas las regiones, géneros, edades, niveles educativos y religiones mensuradas. Entre los votantes independientes, el 52% cree en la victoria de Lula, mientras que solo el 14% cree en Flávio Bolsonaro.

Thomas Traumann, uno de los analistas políticos más influyentes de Brasil, escribió en O Globo días atrás que Bolsonaro desaprovechó el Mundial para resolver sus problemas internos con Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas y Nikolas Ferreira, así como para dar una explicación mínimamente convincente sobre los más de 65 millones de reales que recibió del banquero corrupto Daniel Vorcaro, un tema que afectó de manera certera al desarrollo de la campaña de Bolsonaro.

Las últimas encuestas publicadas por los principales medios brasileños situan a Luiz Inácio Lula da Silva al frente en prácticamente todos los escenarios de balotaje. A raíz de diferentes sus escándalos públicos, la brecha con Bolsonaro se amplió mes a mes. Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg del 1 de julionarrojó una diferencia aún mayor: 48,8% para Lula contra 42,3% para Flávio en segunda vuelta.

En tanto, la estrategia del Partido de los Trabajadores (PT) está enfocada en aislar al Partido Liberal de Bolsonaro de posibles aliados circunstanciales. Diferentes operadores políticos de ese sector mantuvieron conversaciones con dirigentes de Republicanos, União Brasil y PP para alejarlos de una alianza formal con el PL. Esas primeras misiones ya tuvieron efecto: el PP ya le comunicó a Flávio que se mantendrá neutral en la contienda. La importancia de esos partidos radica en el tiempo publicitario televisivo: en 2022, la coalición de Jair Bolsonaro incluía a PL, PP y Republicanos, lo que le otorgaba una presencia dominante en los medios.

Las negociaciones del PT arrancaron hace aproximadamente dos meses con la participación del presidente nacional del partido, Edinho Silva, y derivaron luego en conversaciones más avanzadas con el ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães. El acuerdo que se busca es un pacto de no agresión que permita a los partidos centristas quedar bien posicionados de cara a un eventual cuarto mandato de Lula, sin necesidad de formalizar una alianza con el PT.

El escándalo conocido como el “Dark Horse” y la caída de Flávio en las encuestas aceleraron el distanciamiento de los partidos del centro. Tanto União Brasil como Republicanos se quejaron de errores en la precampaña y del aislamiento del candidato del PL. El partido Republicanos, presidido por el diputado Marcos Pereira, aún no tomó una decisión definitiva sobre su postura electoral, con plazo hasta el 1 de agosto, aunque su ala noreste se opone a una alianza con Flávio por temor a perder votos en estados de tradición lulista.

Milei, que conoce a Flávio Bolsonaro desde hace años, llega a San Pablo con el objetivo de darle respaldo político en un momento en que el senador necesita señales de apoyo internacional para su candidatura. El viaje a Brasil es el primero de una serie: la semana próxima, el presidente argentino viajará a Bogotá para la asunción de Abelardo de la Espriella, el dirigente de derecha que venció en el balotaje al candidato del oficialismo colombiano, y hará escala en Lima para la asunción de Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. También se evalúa una reunión privada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Una de las grandes incógnitas que atraviesa La Libertad Avanza es qué determinación electoral tomar en la Ciudad de Buenos Aires y, en particular, cómo avanzar políticamente y con su agenda de reformas mientras se termina de resolver esa interrogante.

Pactar o no pactar con el PRO en la Ciudad, esa es la cuestión. Por más lecturas anticipatorias que se puedan realizar, lo cierto es que no hay una decisión tomada. Pero hay márgenes que en la conducción partidaria libertaria quieren asegurarse a toda costa: mejorar su posición relativa en el caso de una eventual negociación.

Hace una semana, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue a la Casa Rosada junto a sus legisladores y mantuvo un amplio encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y un grupo de funcionarios y asesores técnicos del espacio.

El encuentro fue ampliamente significativo desde lo gestual y simbólico. Días antes, la cúpula presidencial se había mostrado muy receptivo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el Te Deum que se celebró en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia. En el entorno partidario de LLA reconocieron que el encuentro de referentes legislativos fue pensado para contrapesar esa imagen. “Queremos plantear que tenemos estructura y que somos capaces de armar una agenda propia en el caso que queramos competir por nuestra cuenta en el 2027″, afirmaron oportunamente fuentes del armado.

No fue menor que en el comunicado oficial lanzado en aquella ocasión, la oficina de prensa de la Casa Rosada sintetizara que en el encuentro se había hablado de la “preocupación” sobre las políticas de residuos, transporte y desarrollo que lleva la conducción actual de la Ciudad. Asimismo, se dejó asentado que hay “avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las próximas elecciones”.

Al respecto, Jorge Macri habló en Radio Rivadavia este jueves y dejó como mensaje que el espectro de la centroderecha no tiene que volver a cometer decisiones que permitan “volver al kirchnerismo”. “Creo que no hay que descartarlo. La gran amenaza es volver al pasado”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo.

Como se dijo anteriormente, son gestualidades que forman parte de una paritaria constante entre ambos espacios. En un escenario ideal, al Gobierno le gustaría competir por su cuenta y enfrentar al PRO en el plano electoral porteño. Si estuvieran dadas las condiciones, ya lo hubieran planteado abiertamente.

Lo cierto es que hay una especulación hacia adelante. En la conducción nacional del PRO creen que los puntos que puede conseguir su propio espacio de cara a una eventual elección son los que les falta a Milei para poder aspirar a ganar en primera vuelta. Como parte de esa negociación, Mauricio Macri se muestra abierto -en público- a una eventual postulación para un segundo mandato.

Por el otro lado, el PRO es consciente de que La Libertad Avanza dio una muestra de fortaleza al haberse impuesto en las elecciones legislativas de la Ciudad en mayo del año pasado. Si ambas fuerzas compiten por separado, se espera que solo una de ellas pueda prosperar hacia un escenario de segunda vuelta porque el peronismo porteño tiene un piso electoral alto (aunque un techo bajo). No es menor el daño que hizo toda la situación de Manuel Adorni, que fue la figura visible que los Milei pusieron a competir en aquella ocasión.

¿Qué espera hacer La Libertad Avanza para los próximos meses? Después del receso invernal de la Legislatura, en el bloque violeta pretenden avanzar con dos agendas clave: la Ley Bases que Ramírez volverá a insistir luego de haberla propuesto dos años atrás y la versión porteña de la Reforma Política que tiene como objetivo principal la de la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO.

Infobae pudo acceder al último anteproyecto porteño de la Ley Bases. Tiene 125 artículos e incluye fusión de dependencias y organismos, eliminación de Unidades de Proyectos Especiales (UPE), la conversión de todas las empresas y sociedades con participación estatal en Sociedades Anónimas (entre ellas Sociedades del Estado como Corporación Buenos Aires Sur, Subterráneos de Buenos Aires y Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos) y otros segmentos que implican la reducción de la estructura gubernamental.

Ante la discusión de arancelamiento de la salud a extranjeros no residentes, Ramírez y el bloque de legisladores porteños salieron esta semana a instalar que el oficialismo de la Ciudad debería tratar el segmento sanitario que LLA ya propuso en su Ley Bases.

“Si estan a favor de esta agenda entonces no deberian tener problema en debatir”, tuiteó luego el legislador Nicolás Pakgojz sobre las posturas del PRO sobre la reducción de la estructura estatal. Y es que Jorge Macri anunció una semana atrás que eliminaron 259 cargos gerenciales y que ya dieron de baja 9.000 cargos, alcanzando la planta administrativa más baja de los últimos 10 años.

Estas confrontaciones forman parte de una estrategia manifiesta por parte de los libertarios. “Nosotros tenemos una decisión clara. Antes de discutir cualquier tipo de acuerdo hay que robustecernos como espacio”, afirman en el oficialismo.

En lo que refiere a lo electoral, La Libertad Avanza pondrá en discusión la quita de las PASO del calendario porteño del año próximo. Por un lado, consideran que es una postura que tiene una adhesión social más positiva que negativa y que pueden llegar a capitalizarlo. Por el otro, son realistas en que resulta prácticamente imposible tener quórum para una discusión de esas características porque, al día de hoy, no son muchos los bloques de la Legislatura que tengan intención de sacar las Primarias.

El timing para colocar en tema en agenda también estará mediado por lo que ocurra en el panorama nacional. “Va a estar pegado con lo que suceda en el Congreso y las adhesiones que vayan consiguiendo desde la Casa Rosada”, afirmó uno de los referentes porteños de LLA. Es decir, no habrá una estrategia escindida.

Para poder negociar a posteriori, si es que esa circunstancia llega, el oficialismo nacional debe poder lograr instalar figuras propias. La carta más importante que tiene La Libertad Avanza es Patricia Bullrich, pero no está entusiasmada con la idea de presentarse en la Ciudad. Pero hay quienes -lo dijeron a Infobae tanto desde Casa Rosada y como una figura del bloques- poco a poco proponen fortalecer y levantar a Pilar Ramírez. Hay varios motivos. La filial porteña de La Libertad Avanza no está teniendo una política de poner voceros de manera intensiva en la agenda mediática. Esto planea profundizarse y las iniciativas de la Legislatura buscan ser un vehículo clave para poder hacerlo. Como planteó el asesor presidencial Santiago Caputo semanas atrás en un tuit de X, “la campaña son las reformas, las reformas son la campaña”.

Diversas organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio advirtieron este jueves sobre el riesgo de consolidación de un “régimen sin elecciones” en Nicaragua, tras la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de eliminar los comicios. En una declaración conjunta, Las organizaciones instaron a la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA y el sistema de Naciones Unidas a no reconocer ni legitimar ninguna medida que suprima el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades, según informó la agencia EFE.

El pronunciamiento, firmado por la Concertación Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional, Unión Democrática Renovadora y otras cinco plataformas, se difundió después de que Ortega, en el aniversario 47 de la revolución sandinista, anunciara que “aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. La declaración sostiene que estas palabras no representan solo un gesto político interno, sino Las organizaciones denunciaron la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes y advirtieron sobre la consolidación de un régimen sin controles institucionales en Centroamérica.

De acuerdo con EFE, la coalición opositora dirigió su llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), al Consejo Permanente y a la Secretaría General de la ONU, así como a los ministerios de Relaciones Exteriores de América Latina. El objetivo es que se activen y fortalezcan los mecanismos previstos en el sistema interamericano frente a lo que consideran una ruptura del orden democrático.

Los firmantes recordaron que la OEA dispone de instrumentos específicos para responder ante crisis de esta naturaleza. “Su aplicación rigurosa es esencial” para evitar que en el corazón de Centroamérica se consolide un régimen sin elecciones, sin libertades y sin controles institucionales”, expresaron en el documento difundido a medios y recogido por EFE.

Las medidas que reclama la oposición

El comunicado solicita a los gobiernos democráticos y órganos competentes del sistema interamericano que adopten las medidas jurídicas y diplomáticas correspondientes, en consonancia con la Carta Democrática Interamericana. Exhortan a mantener el desconocimiento de cualquier acto orientado a suprimir el derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

La declaración advierte que la crisis política nicaragüense trasciende el ámbito interno. “La experiencia hemisférica demuestra que cuando el autoritarismo avanza sin una respuesta, aumentan la represión, el exilio, la migración forzada y se deteriora la seguridad democrática regional”. Según los opositores, la normalización de una dictadura permanente en Nicaragua tendría consecuencias directas sobre la estabilidad política, la gobernabilidad y la seguridad de todo el continente.

Entre los efectos señalados figuran un incremento del exilio, nuevas olas migratorias y el debilitamiento del compromiso hemisférico con la democracia y el Estado de derecho. “Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas”, subraya la declaración.

La respuesta del régimen de Ortega

La controversia surgió después de que Ortega propusiera suprimir las elecciones, en medio de acusaciones de fraude que han marcado sus mandatos desde 2007. En respuesta, el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, aseguró que sí se celebrarán comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según él, blindaría el proceso ante injerencias extranjeras y “traidores a la patria”.

El documento firmado por las organizaciones opositoras reitera que la crisis nicaragüense constituye un asunto de “legítimo interés hemisférico” y no un problema exclusivamente interno.

Las fuerzas opositoras consideran esencial una respuesta coordinada de la comunidad internacional. “La abolición del derecho al voto en Nicaragua sentaría un precedente para la región”, concluyó la coalición en su declaración, de acuerdo a la información de EFE.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó este jueves que, siguiendo instrucciones del presidente Luis Abinader, se decidió llamar a consultas a su embajadora en Nicaragua. Esta medida responde a declaraciones recientes de las autoridades nicaragüenses que, según el ministerio, contradicen los principios democráticos y los compromisos asumidos en el sistema interamericano.

A su vez, la Cancillería dominicana reiteró que, de acuerdo con el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Por su parte, Abinader citó la publicación en X para enfatizar que mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes, todo ello bajo el contexto de la ofensiva diplomática lanzada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras la condena dominicana a la decisión de eliminar los comicios electorales.

“República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes”, reiteró el mandatario Abinader, por medio de redes sociales, quien dejó claro que la posición del país caribeño es invariable ante cualquier intento de justificar la supresión de la vía electoral en la región. El Jefe de Estado dominicano sostuvo que nadie tiene la potestad de arrebatarle a un pueblo la capacidad de expresar su voluntad soberana a través del voto.

La postura de Abinader ocurre después de que el domingo 21 de julio Ortega anunciara que “no volverán a haber elecciones” en territorio nicaragüense, lo que desató una oleada de críticas internacionales y una reacción inmediata de parte del Gobierno dominicano. En un comunicado, las autoridades de República Dominicana consideraron que dichas afirmaciones constituyen una negación absoluta de los principios democráticos básicos y del derecho de la ciudadanía nicaragüense a elegir a sus representantes mediante procesos electorales libres y transparentes.

El gobierno dominicano crítica la posición de Nicaragua

La reacción oficial de Dominicana fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que emitió una condena en los términos más enérgicos a la decisión de Ortega y a sus declaraciones públicas. El comunicado señaló que “una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades”.

De igual manera, el texto advierte que el respeto a los procesos electorales es un compromiso colectivo asumido por los Estados de las Américas y un pilar fundamental del sistema interamericano.

Ante la firme condena dominicana, el régimen de Ortega y Murillo respondió con una nota de prensa en el que atacó a las autoridades de dicho país, calificando su postura de “servidumbres vergonzosas” y recurriendo a referencias históricas para cuestionar la legitimidad de la posición de Santo Domingo.

Brasil, Bolivia, Chile, Panamá y Costa Rica figuran entre los países que han manifestado preocupación y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes.

El anuncio de la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, sobre la supresión de elecciones en el país ha generado una ola de rechazos en América Latina. Diversos gobiernos latinoamericanos han manifestado su preocupación por el futuro democrático de la nación centroamericana y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes. Según reportes de la agencia EFE y otros medios internacionales, las reacciones provienen de países tradicionalmente críticos del régimen y de otros que históricamente han mantenido posiciones más moderadas respecto a la crisis nicaragüense.

El gobierno de Brasil fue uno de los más recientes en pronunciarse. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su preocupación ante las declaraciones de Ortega e instó a las autoridades nicaragüenses a garantizar el derecho de la población a participar en comicios libres y transparentes. “La realización de elecciones libres, periódicas, plurales y transparentes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, valor con el que el país mantiene un compromiso profundo”, afirmó la cancillería brasileña en un comunicado difundido por EFE. El mensaje incluyó un llamado directo a que el pueblo nicaragüense conserve el derecho a elegir a sus representantes.

Bolivia también se sumó al rechazo, mediante una nota oficial que manifestó “profunda preocupación” por la iniciativa de eliminar los procesos electorales en Nicaragua. Según la Cancillería boliviana, “el pleno ejercicio de los derechos políticos y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos constituyen pilares esenciales para fortalecer la institucionalidad democrática, la protección de los derechos humanos y la preservación de la paz y la estabilidad en la región”. El gobierno boliviano exhortó al régimen de Ortega a actuar en estricto apego a los principios democráticos y a los compromisos internacionales asumidos en el marco del Sistema Interamericano.

La respuesta de Chile se produjo en términos similares. El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno reafirmó que las elecciones libres y periódicas son fundamentales para la democracia representativa, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Además, instó al régimen nicaragüense a garantizar el pleno ejercicio del derecho de su población a elegir a sus gobernantes.

Las condenas de la región

República Dominicana condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega. El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano recordó que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, citando el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana.

La Cancillería dominicana calificó de inadmisible que “ningún gobierno” prive a su pueblo de la posibilidad de expresar su voluntad soberana mediante el voto y llamó a las autoridades nicaragüenses a rectificar su postura para garantizar los derechos políticos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

La reacción de Guatemala incluyó un rechazo explícito a la supresión de las elecciones y a la eliminación de la alternancia democrática. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco alertó que “la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho”. Guatemala expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense y exigió el restablecimiento de las garantías democráticas.

Costa Rica también reiteró su “profunda preocupación” por el cierre de espacios cívicos y la restricción de libertades fundamentales en Nicaragua. El gobierno costarricense, que no reconoció el último proceso electoral de 2021 por la falta de garantías, recordó su apoyo constante a elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en el país vecino. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense subrayó que el cierre de espacios cívicos y la persecución contra voces disidentes constituyen un retroceso democrático.

Panamá adoptó una medida diplomática adicional al llamar a consultas a su embajador en Nicaragua. La Cancillería panameña subrayó que “suprimir un derecho fundamental como es el voto representa un fuerte agravio a principios democráticos” y reiteró su llamado a respetar los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense.

La respuesta del régimen nicaragüense

La dictadura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acusó a países como Guatemala y Chile de injerencismo y defendió la soberanía de sus decisiones políticas e institucionales. En varios comunicados, la Cancillería nicaragüense afirmó que “las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas”.

En respuesta a las críticas internacionales, Managua adoptó un tono marcadamente confrontativo contra los gobiernos que rechazaron el anuncio de Ortega. Ante el pronunciamiento de Guatemala, la cancillería nicaragüense replicó: “Desde antes de Esquipulas, pasando por Esquipulas, y hasta hoy, el mensaje es el mismo: El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La reacción fue similar frente a Chile. El régimen de Ortega calificó de “injerencistas” los comentarios de la Cancillería chilena y consideró que se trataba de una intromisión en procesos políticos, jurídicos e institucionales “soberanos y dignos”. “Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Frente a la nota oficial de Bolivia, que expresó profunda preocupación por la eliminación de elecciones, la cancillería nicaragüense declaró: “Ratificamos que las decisiones políticas, económicas y de ordenamiento jurídico de nuestros países son propias, dignas y soberanas. Nunca nos hemos entrometido en los asuntos propios de otros países, y, asimismo, no nos caracterizamos por discutir el derecho de cada país y cada pueblo a decidir sobre sus caminos en toda circunstancia”.

Las críticas de organismos y de Estados Unidos

A las críticas latinoamericanas se sumaron también pronunciamientos de organismos internacionales y de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria”.

La cuenta regresiva ya comenzó: si los partidos políticos no logran acuerdos para modificar el sistema electoral en los próximos meses, Honduras podría enfrentar las elecciones de 2029 con las mismas reglas que han generado cuestionamientos en procesos anteriores, manteniendo dudas sobre la transparencia, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.

Organizaciones civiles y analistas advierten que Honduras podría llegar a las elecciones de 2029 sin una reforma electoral de fondo, en debate están cambios como la segunda vuelta presidencial y la transformación del modelo de juntas receptoras de votos, que en algunos casos requieren reformas constitucionales.

El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa, Juan Carlos Aguilar, dijo que el principal obstáculo para avanzar será la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

“El primer riesgo, si no hay consenso, pues no se aprueba la reforma. Habrá que ver cómo se va a manejar, si es una aprobación total, una aprobación parcial o si lo van viendo por etapas”, señaló Aguilar.

El representante de la ASJ indicó que el debate no se limita a aprobar nuevas normas, sino también a definir qué transformación necesita el sistema electoral y si existe voluntad política para aplicarla.

Entre las propuestas en discusión están la nacionalización de las juntas receptoras de votos y la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial.

De acuerdo con Aguilar, ambos temas implican modificaciones constitucionales, por lo que no podrían aprobarse de inmediato sin cumplir los procedimientos previstos en la legislación hondureña.

Explicó que estas reformas tendrían que aprobarse en una legislatura, pasar a la siguiente etapa legislativa y luego ser ratificadas por el Congreso Nacional.

Por eso, cualquier retraso en la toma de decisiones podría reducir las posibilidades de que los cambios estén vigentes antes de las elecciones generales de 2029.

Confianza en el proceso electoral

Más allá de las reformas técnicas, Aguilar señaló que uno de los retos es recuperar la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.

También advirtió que la falta de modificaciones podría sostener un escenario de incertidumbre y abrir espacio a nuevos cuestionamientos sobre la forma en que se organizan las elecciones.

Aunque descartó que necesariamente se repitan situaciones similares a las de procesos anteriores, afirmó que las debilidades del sistema siguen siendo un motivo de preocupación.

Aguilar insistió en que la ausencia de cambios mantiene riesgos, sobre todo si los actores políticos continúan teniendo influencia directa sobre las reglas y los procedimientos electorales.

“Si no hay un cambio, lo que vamos a seguir viendo también es que los políticos van a seguir manejando el proceso electoral como se les vaya antojando”, afirmó.

El peso del voto independiente

El analista político Luis León planteó otro elemento en el debate: la influencia que podría tener una mayor participación de ciudadanos que no se identifican con los partidos tradicionales.

Según León, las principales fuerzas políticas del país —el Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre)— representan una parte del electorado, pero hay un sector amplio de ciudadanos que no se siente representado por esas estructuras.

A su juicio, un aumento del voto independiente podría modificar la distribución del poder político y reducir el peso que históricamente han tenido los partidos con mayor presencia nacional.

Otro punto señalado por León es el funcionamiento de la actual Ley Electoral, que, a su juicio, establece condiciones difíciles para las organizaciones políticas emergentes.

El analista afirmó que varios partidos quedaron fuera del proceso electoral de 2025 debido a requisitos técnicos y procedimientos relacionados con los tiempos establecidos, una situación que, según su criterio, limita la competencia política.

Para León, una reforma electoral debería revisar esos aspectos para garantizar mayores condiciones de participación y evitar que el sistema favorezca únicamente a las estructuras tradicionales.

El régimen de Daniel Ortega desató una dura ofensiva diplomática contra el Gobierno de República Dominicana, luego de que las autoridades del país caribeño condenaran en los términos más enérgicos las recientes e inéditas declaraciones del mandatario nicaragüense, quien afirmó públicamente que en su nación “no volverán a haber elecciones”.

A través de un duro comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración de Ortega calificó de «servidumbres vergonzosas» la posición de Santo Domingo, en un nuevo capítulo de fricción diplomática que evidencia el creciente aislamiento internacional que rodea al poder dominado por el sandinismo en Nicaragua.

«Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones», señaló de manera tajante la Cancillería del régimen nicaragüense.

En la misiva, Managua intentó marcar una distancia entre la población y sus gobernantes, asegurando que «los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad».

Para reforzar su retórica, el régimen de Ortega evocó la figura del «héroe anti-intervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert», recordando que en el siglo pasado recorrió «caminos de dignidad» junto al líder nicaragüense Augusto C. Sandino.

El detonante: La firme condena de la Cancillería dominicana

El ataque verbal de Managua se produjo como respuesta directa a un pronunciamiento previo de la Cancillería dominicana, que reaccionó con firmeza ante el discurso de Ortega.

Para el Gobierno caribeño, que un jefe de Estado proclame abiertamente el fin de las citas electorales en su país constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades.

En su postura, República Dominicana recordó el valor del artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, subrayando que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

Asimismo, las autoridades dominicanas remarcaron que ningún régimen posee el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni clausurar por decisión unilateral la vía de los comicios para garantizar la alternancia democrática.

Por ello, el Gobierno dominicano emitió un llamado directo a la rectificación, instando a Managua a garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas.

La crisis de fondo: Ortega sepulta las urnas y el Parlamento matiza

El origen de esta fractura diplomática se remonta a la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el pasado 19 de julio. En medio de un acto oficial, el mandatario Daniel Ortega sentenció: «Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder». La frase desató de inmediato las alarmas internacionales.

Tras la ola de críticas internacionales y la firme postura de distintas naciones, los voceros parlamentarios en Managua intentaron matizar los alcances de la frase de Ortega. El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, sostuvo que sí se celebrarán votaciones, pero únicamente bajo un nuevo marco de reformas constitucionales diseñadas para blindar al Estado de injerencias externas.

Según Porras, «el objetivo de la cúpula oficialista es dejar en rango constitucional que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros», blindando así el control total del poder bajo la sombra del régimen de Daniel Ortega.

La vicepresidenta Rosario Murillo criticó a Estados Unidos en su alocución diaria transmitida por medios oficialistas, al sostener que los procesos electorales anteriores en Nicaragua fueron “fraguados, dirigidos, diseñados, orientados por los Estados Unidos”.

En su intervención, apoyó la declaración reciente de Daniel Ortega, quien anunció que en el país “no volverán a haber elecciones”, según informó 100% Noticias.

Esta posición marcó un nuevo episodio de tensión diplomática entre el Régimen nicaragüense y Washington y confirmó la decisión de las autoridades de limitar la posibilidad de comicios competitivos.

Murillo remarcó que el modelo de elecciones del pasado no regresará y que los futuros procesos serán organizados únicamente por entidades controladas por el Estado nicaragüense.

Según sus palabras, “no son elecciones al gusto de las potencias, son elecciones del pueblo nicaragüense donde participan, coordinan las entidades correspondientes de nuestro Estado, para fortalecer nuestra democracia”.

La funcionaria argumentó que este enfoque busca evitar la injerencia extranjera en la organización de elecciones.

Durante su discurso, Murillo citó en varias oportunidades a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, para reforzar la postura oficial. Indicó que, en otras épocas, “personeros imperialistas le decían a la gente: si votan por el Frente Sandinista vamos a continuar la guerra”, señalando que los comicios estaban condicionados por actores internacionales.

También evocó la figura de un exembajador estadounidense, a quien acusó de intervenir en la política nicaragüense, aunque no mencionó nombres ni fechas, y relató que lo vio “repartiendo gallinas y comida con los candidatos de ellos, de su partido, candidatos impuestos a su gusto y antojo”, según consignó 100% Noticias.

Exclusión de opositores y alcance de los comicios

En su mensaje, Murillo se refirió también a los más de 300 nicaragüenses desterrados y despojados de su nacionalidad por el régimen.

Sostuvo que “no tienen qué hacer en un proceso como ese” y agregó que las críticas de ese grupo afectan incluso a familiares que permanecen en Nicaragua.

“De repente empiezan aquellos que no son nicaragüenses a hablar lo mismo, ofendiendo a su propio pueblo porque de ahí vienen; que no son nicaragüenses de nacionalidad ya, es cierto, pero ofenden incluso a sus propios familiares que aquí viven”, expresó.

La postura del Ejecutivo implica que las personas privadas de nacionalidad y expulsadas del país quedan excluidas de cualquier proceso electoral futuro, bajo el argumento de que solo quienes mantienen la ciudadanía pueden participar en la vida política nacional.

Reacciones de Estados Unidos

Las declaraciones de Murillo y la definición oficial sobre el futuro de los comicios en Nicaragua se conocieron después de la reacción del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio señaló que las afirmaciones de Ortega “dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria”.

Añadió que Ortega y Murillo “han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular” y defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus gobernantes mediante elecciones democráticas, conforme reportó 100% Noticias.

Rubio también instó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta ante el régimen nicaragüense. La interacción entre las declaraciones de ambas partes reflejó la profundidad de la distancia diplomática y política entre Managua y Washington.

El Régimen de Nicaragua mantuvo su posición de organizar los próximos comicios bajo gestión estatal y sin presencia de opositores desterrados ni actores internacionales, reafirmando el esquema de control institucional sobre los futuros procesos electorales.

Una reciente investigación publicada por el grupo de derechos civiles Liberties alertó sobre las profundas carencias de los chatbots de inteligencia artificial al ofrecer recomendaciones electorales. El informe, centrado en el contexto de las elecciones parlamentarias de Hungría celebradas este año, expuso que los sistemas de IA generalistas proporcionan consejos inexactos, inconsistentes y poco fiables a los votantes que buscan orientación sobre qué partido apoyar.

De acuerdo con el reporte compartido con The Guardian, los chatbots analizados —los más populares como ChatGPT— cometieron errores graves como recomendar partidos equivocados, omitir opciones relevantes o incluso sugerir partidos que no participaron en la contienda. El informe señaló: “Clasificaron erróneamente los perfiles, omitieron partidos relevantes e incluyeron partidos que no se presentaban a las elecciones”. Asimismo, los resultados variaron drásticamente ante solicitudes idénticas, lo que evidenció una notable volatilidad en las respuestas.

La investigación subrayó una marcada parcialidad en la visibilidad de los partidos, especialmente respecto al partido opositor Tisza, liderado por Péter Magyar. En el 90% de las ocasiones en que se introdujo un perfil de votante alineado con Tisza en ChatGPT, el sistema no recomendó ese partido.

El impacto de la omisión: el caso Tisza en las elecciones húngaras

La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza puso fin a 16 años de dominio de Viktor Orbán y el partido nacional-conservador Fidesz. Sin embargo, el estudio de Liberties mostró que los chatbots rara vez sugerían Tisza a los votantes cuyas preferencias coincidían con su programa.

En pruebas de “coincidencia porcentual”, ChatGPT asignó a Tisza una puntuación en apenas el 2% de los casos. Los usuarios con afinidad hacia Tisza recibieron recomendaciones orientadas a partidos pequeños —con escasas probabilidades de superar el umbral parlamentario— o a fuerzas políticas que ni siquiera estaban en la boleta nacional.

En contraste, los perfiles alineados con Fidesz resultaron reconocidos con mayor frecuencia. ChatGPT recomendó Fidesz como única opción en aproximadamente la mitad de los casos y lo presentó como opción principal en la mayoría restante.

Falta de transparencia y riesgos de desinformación

El informe de Liberties subrayó que, a diferencia de las plataformas especializadas de asesoría electoral, los sistemas de IA generalistas no explican cómo generan sus recomendaciones políticas. Tampoco ofrecen resultados reproducibles ni están sujetos a mecanismos de supervisión pública durante procesos electorales.

A pesar de ello, las respuestas de los chatbots suelen parecer confiables y precisas para los usuarios. Los investigadores advirtieron que este “tono autoritativo” puede inducir a error, dado que el 29,8% de la población en Hungría utiliza IA en algún grado. Las pruebas consistieron en crear cinco perfiles ficticios de votantes —cada uno alineado con uno de los cinco partidos registrados a nivel nacional— y someterlos a 10 consultas en ChatGPT y otras 10 en Gemini, solicitando tanto recomendaciones directas como coincidencias porcentuales.

En el 96% de los casos, ambos sistemas mencionaron partidos que no participaron en las elecciones de 2026. Además, la investigación encontró que las respuestas solían iniciar con descargos de responsabilidad —“no puedo dar consejos políticos”— para luego desplegar argumentaciones extensas y persuasivas acerca de las preferencias partidarias.

Raíces del problema y vacío regulatorio

Según el análisis de Liberties, los errores de los chatbots se deben probablemente a lagunas en los datos de entrenamiento, filtros y limitaciones propias del procesamiento del lenguaje. La irrupción tardía de Tisza en la escena política —tras 2024— impidió que los modelos estáticos de IA integraran ese partido de forma adecuada.

El estudio remarcó un vacío normativo: mientras la Ley de IA de la Unión Europea obliga a evaluar riesgos sistémicos y la Ley de Servicios Digitales contempla amenazas a procesos electorales, los chatbots de IA quedan fuera de ambas normativas. Liberties propuso desarrollar salvaguardias específicas para sistemas de IA que ofrezcan asesoría política y pidió a los proveedores que se abstengan de hacer recomendaciones personalizadas salvo que puedan garantizar transparencia, precisión y responsabilidad.

A pesar de los sesgos detectados, el resultado de las elecciones en Hungría no se modificó: Tisza se impuso con claridad. No obstante, el estudio advirtió que en contextos más disputados o donde los votantes presenten mayor indecisión, la influencia de las recomendaciones de IA podría adquirir relevancia e incluso modificar resultados.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más advirtió que la decisión de acabar con las elecciones en Nicaragua constituye avance hacia una dinastía en el poder y la supresión definitiva de toda vía pacífica para la alternancia política. La organización, desde el exilio, alertó este miércoles que el anuncio, realizado el 19 de julio por el propio Daniel Ortega, implica que la familia Ortega-Murillo busca perpetuarse en el control del país, cerrando la puerta a cualquier mecanismo democrático y sometiendo a la ciudadanía a un régimen de sucesión hereditaria.

Según el comunicado difundido por el colectivo, Ortega expresó que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar leyes que levanten “un muro” contra quienes considera opositores. El colectivo afirma que este proceso, que ya avanza en la Asamblea Nacional, consolida la abolición del Estado de Derecho y evidencia la intención irreversible de perpetuarse en el poder mediante el miedo y la persecución. “Una familia pretende decidir quién puede gobernar, durante cuánto tiempo y quién heredará el poder, pues esta eliminación abre la puerta a una sucesión dinástica discrecional y fuera de cualquier control”, advierte el texto.

Para el colectivo, la abolición de las elecciones no solo deja sin efecto el derecho al voto, sino que elimina toda posibilidad de exigir cuentas, denunciar corrupción o reclamar justicia por crímenes de lesa humanidad. La organización destaca que si bien en Nicaragua no existen elecciones libres desde 2011, el régimen mantenía la ficción de comicios bajo su control, excluyendo candidaturas, persiguiendo opositores y adjudicándose resultados sin garantías. Ahora, la supresión es abierta y total.

Denuncian consolidación de un régimen de partido único y sucesión familiar en Nicaragua

El comunicado recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias condenatorias contra Nicaragua por vulneración de derechos políticos y violencia en contextos electorales. Entre los antecedentes destacan el caso YATAMA vs. Nicaragua de 2005, por la exclusión arbitraria de candidaturas indígenas, y el caso Gadea Mantilla vs. Nicaragua, donde la Corte señaló que las elecciones de 2011 carecieron de integridad, imparcialidad y equidad, habilitando la reelección de Ortega por vía judicial.

El colectivo sostiene que la reforma constitucional aprobada en 2024 y ratificada en 2025 estableció un sistema de partido único, subordinando todos los poderes a la copresidencia de Rosario Murillo junto a Ortega, sin contrapesos ni independencia institucional. La organización afirma que “aunque Nicaragua conserva formalmente un texto denominado Constitución, este ha dejado de cumplir su función esencial”, pues la norma se utiliza para dar apariencia de legalidad a los crímenes del régimen y a la transformación del Estado en una dictadura dinástica.

La supresión definitiva de elecciones persigue dos objetivos, según el comunicado: perpetuar la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos y allanar el camino para la sucesión familiar. El texto denuncia que la copresidencia “ya convirtió el poder estatal en un espacio compartido por el matrimonio Ortega-Murillo” y que la eliminación de elecciones permitirá que la continuidad del régimen y la designación de futuros gobernantes se decidan dentro de la familia, sin participación popular.

El colectivo enfatiza que estas decisiones tienen como consecuencia profundizan el miedo, la censura y la separación de familias, obligan al exilio a miles de personas y dejan a las víctimas sin instituciones ante las que reclamar justicia. Además, aumentan el riesgo de detenciones arbitrarias, desapariciones, destierros, privaciones de nacionalidad y actos de represión transnacional.

El avance hacia un régimen familiar y de partido único no afecta solo a Nicaragua, sino que amenaza la estabilidad democrática de Centroamérica y crea un precedente regional donde una dictadura puede eliminar elecciones y asegurar su permanencia sin consecuencias internacionales proporcionales.

Para el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la soberanía no pertenece a una familia ni a quienes controlan las instituciones y las armas, sino exclusivamente al pueblo nicaragüense, al que hoy pretenden despojarle definitivamente el derecho a decidir y a volver a su país.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional de Honduras inició el análisis de una propuesta de reforma a la Ley Electoral impulsada por exintegrantes de organismos electorales.

El plan contempla cambios a más de 70 artículos y cinco nuevas disposiciones para corregir fallas señaladas tras las elecciones de 2025.

El coordinador de la comisión, Antonio Rivera Callejas, informó que la iniciativa busca actualizar la legislación vigente y dar mayor certeza jurídica al desarrollo de los comicios.

Entre las reformas planteadas figura la implementación de una segunda vuelta presidencial, para que el presidente de la República sea electo con mayor respaldo ciudadano cuando ningún candidato alcance una mayoría suficiente en la primera votación.

Otro de los puntos del documento propone la ciudadanización de las Mesas Electorales Receptoras, con el propósito de que sean integradas por ciudadanos previamente seleccionados y capacitados, en lugar de depender exclusivamente de representantes de los partidos políticos.

La iniciativa también plantea modificar la forma en que se adoptan las decisiones dentro de los organismos electorales. Propone que las resoluciones puedan aprobarse por mayoría de votos y no por unanimidad, como ocurre actualmente en determinados procedimientos.

Rivera Callejas dijo que el proyecto incorpora nuevas disposiciones para evitar que se repitan los problemas registrados durante el proceso electoral de 2025, experiencia que, según indicó, dejó lecciones sobre la necesidad de perfeccionar la normativa vigente.

Próximos pasos en el Congreso

El congresista adelantó que la próxima semana la Comisión de Asuntos Electorales sostendrá nuevas reuniones para revisar cada una de las propuestas y determinar cuáles podrían incorporarse al dictamen que luego será sometido a discusión en el pleno del Congreso Nacional.

También recordó que Honduras ha impulsado transformaciones electorales durante las últimas décadas, entre ellas la implementación de la nueva tarjeta de identidad, la depuración del censo para excluir a personas fallecidas y la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso electoral.

Rivera Callejas reconoció que algunas de las propuestas enfrentan desafíos políticos. Mencionó la eliminación de la figura de los diputados suplentes, una reforma que, a su juicio, difícilmente alcanzaría los 86 votos requeridos para modificar la legislación electoral.

El parlamentario consideró además que, por la cercanía del próximo proceso electoral, resulta más viable introducir reformas puntuales a la Ley Electoral vigente que elaborar un nuevo marco jurídico, ya que el tiempo disponible podría no ser suficiente para desarrollar una legislación completamente nueva.

Argumentos electorales

Por su parte, el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, explicó que el documento es el resultado del trabajo conjunto de exfuncionarios con experiencia en la organización de elecciones.

Aguilar señaló que el objetivo principal es contribuir a mejorar la credibilidad de las instituciones electorales y reforzar la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos.

En la misma línea, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, manifestó que el grupo decidió elaborar estas propuestas porque considera que aún puede contribuir al fortalecimiento del sistema electoral desde una perspectiva técnica.

Según Aguirre, los exfuncionarios optaron por presentar iniciativas concretas en lugar de limitarse a expresar opiniones sobre las deficiencias del sistema.

Trámite de aprobación

La propuesta será remitida oficialmente a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, encargada de elaborar un dictamen unificado con las iniciativas que logren consenso entre las distintas fuerzas políticas.

Una vez concluido ese proceso, las reformas deberán ser discutidas y aprobadas por el pleno del Congreso Nacional y luego ratificadas en la siguiente legislatura, como establece el procedimiento constitucional para que las modificaciones a la legislación electoral puedan entrar en vigor antes de futuros procesos electorales.

En una muestra categórica de la ruta autoritaria trazada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció un paquete de reformas constitucionales y legislativas diseñado para abolir de forma definitiva las elecciones en Nicaragua.

El operador político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) confirmó que el oficialismo someterá las modificaciones a votación en la primera semana de agosto, enmarcando esta liquidación del sistema democrático como la consolidación de un modelo de control estatal absoluto bajo la retórica de la soberanía popular.

Durante su intervención, Porras ratificó que el engranaje legislativo responde estrictamente a la visión trazada por la jefatura del Ejecutivo para impedir cualquier opción de alternancia política. Al referirse a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, el presidente parlamentario fue tajante sobre el fin del sufragio competitivo en el país.

El titular del Parlamento justificó la eliminación de las garantías electorales argumentando que los conceptos democráticos convencionales han sido utilizados de forma instrumental por sectores adversarios para desestabilizar la nación.

«Han utilizado la palabra democracia para realmente destruir la democracia del pueblo. Por eso se trata de la defensa de la democracia del pueblo nicaragüense. Es la democracia nuestra», aseveró el funcionario, ratificando el viraje definitivo hacia un esquema unipartidista subordinado a la pareja presidencial.

Blindaje legislativo y reuniones para “no dejar ni un resquicio”

Para concretar la reforma, la Asamblea Nacional puso en marcha una estrategia exprés orientada a cerrar cualquier margen de maniobra legal a la disidencia. Porras detalló la activación de coordinaciones institucionales directas entre la Junta Directiva del Parlamento y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) para estructurar el nuevo marco normativo del Estado:

El cronograma trazado por la cúpula sandinista establece que la propuesta redactada será introducida formalmente en el plenario en los próximos días para iniciar un proceso de «consulta» relámpago.

Sin embargo, esta fase estará restringida a instituciones bajo la tutela directa del Ejecutivo, tales como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y las centrales sindicales orteguistas.

«Una vez que tengamos esto listo, vamos a preparar, a organizar esto en forma de leyes, en forma de transformación legislativa (...) y nos proponemos que en la primera semana de agosto estar sometiendo a votación en la Asamblea Nacional las reformas», concluyó Porras, asegurando que todo el proceso se realizará en apego a la carta magna actual.

Con esta acelerada maniobra política, el régimen busca institucionalizar la aniquilación del sistema electoral bajo la premisa de implantar elecciones «al estilo nicaragüense».

Sin embargo, este discurso ignora deliberadamente que el andamiaje normativo se impone sobre una realidad donde la oposición política ya ha sido neutralizada por la vía de hecho.

Ante este atropello, tanto el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, como diversos organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado con dureza, advirtiendo sobre la gravedad de consumar la abolición de la democracia representativa.

Durante los últimos años, la cúpula de poder orquestó el desmantelamiento de cualquier disidencia: los principales líderes de partidos independientes, defensores de derechos humanos y precandidatos presidenciales fueron despojados de la nacionalidad, inhabilitados de sus derechos políticos y forzados al exilio.

La aprobación programada para la primera semana de agosto en primera legislatura no representa un debate democrático, sino la formalización de un modelo de poder único.

Al subordinar el aparato legislativo y electoral a la jefatura del Ejecutivo, la dictadura cierra de forma definitiva la vía institucional para el ejercicio de comicios libres, transparentes y competitivos en Nicaragua.

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional a frenar el avance de la iniciativa impulsada por la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, para eliminar la competencia política y consolidar la permanencia de su familia en el poder.

El grupo, formado por activistas exiliados en su mayoría, advirtió que la propuesta representaría “una decisión dictatorial en proceso de materialización”, según informó la agencia española EFE.

La advertencia del colectivo surge tras una declaración pública de Ortega, quien durante un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista afirmó: “No volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

El mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007, habló ante miles de simpatizantes en Managua y consolidó la postura oficialista de cerrar las vías democráticas para la alternancia política. EFE informó que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ya expresó su respaldo a la iniciativa presidencial.

En una carta abierta, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica, pidió a los Estados democráticos “no esperar a que esa iniciativa quede formalizada para reaccionar”, y los urgió a desconocer cualquier reforma que elimine los comicios o perpetúe la permanencia de la familia Ortega-Murillo.

El documento, citado por EFE, señala que “si el régimen materializa la abolición de las elecciones y convierte en ley la permanencia indefinida de la familia Ortega-Murillo, los Estados democráticos deberán proceder al desconocimiento pleno de su legitimidad, revisar integralmente sus relaciones diplomáticas y negar reconocimiento a las autoridades y estructuras surgidas de ese nuevo orden antidemocrático”.

El colectivo exhortó a la comunidad internacional a adoptar sanciones individuales y medidas diplomáticas contra quienes impulsen la eliminación de las elecciones y nuevas disposiciones represivas, y evitar medidas económicas generales que puedan afectar a la población nicaragüense.

Entre las demandas del grupo figura la exigencia de que se deroguen todas las leyes represivas implementadas por el régimen, así como la promoción de acciones urgentes en el seno de la ONU y otros organismos multilaterales.

La reacción de la ONU

EFE recogió también declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó la postura del gobierno de Ortega y solicitó la reapertura del espacio cívico y la restauración del Estado de derecho en Nicaragua.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, afirmó Türk, lamentando que el régimen reprima de manera sistemática la expresión independiente de ideas y opiniones.

La situación descrita por el colectivo y las declaraciones del alto funcionario de la ONU reflejan la preocupación internacional por el posible establecimiento de un sistema político dinástico y la supresión total de la participación ciudadana en los procesos electorales de Nicaragua. El documento del colectivo alerta que la propuesta oficialista permitiría una sucesión familiar discrecional sin controles ni contrapesos institucionales.

Las reacciones internacionales se producen mientras el régimen nicaragüense mantiene firmes las restricciones a la libertad política y de expresión, y mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen en el exilio, según consignó EFE.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

Ortega, un ex guerrillero izquierdista en el poder desde hace casi dos décadas, anunció el domingo que Nicaragua no tendrá más elecciones, lo que hace temer un avance hacia un modelo de partido único.

Hasta este anuncio grupos opositores en el exilio se mostraban esperanzados en que la presión de Estados Unidos y otros países lograse una transición o comicios libres.

“Estos recientes acontecimientos acentúan aún más las graves restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, señaló el Alto Comisionado, que denunció que el poder se concentre cada vez más en el país latinoamericano.

“Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos“, dijo Türk.

El Alto Comisionado también dijo estar preocupado por “las alegaciones sobre la represión contra la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, quien fue detenido el 29 de junio”.

Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan con poder absoluto y aniquilaron a la oposición interna tras masivas protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, consideradas por ellos un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murillo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

Türk pidió al régimen que libere “de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente” y que garantice “que todos aquellos privados de libertad sean tratados con humanidad y dignidad”.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, lamentando que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua “de forma sistemática”.

El domingo, el presidente de Nicaragua cerró explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al declarar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, indicó en un discurso durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.

Türk no sólo criticó estas declaraciones sino también otros hechos que en su opinión “acentúan las restricciones a las libertades fundamentales”, como la reciente revocación de credenciales de abogados “sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna”.

También recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente en el país centroamericano por motivos políticos, y la creciente represión a la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas.

En este sentido, el alto comisionado recordó la falta de información de las autoridades sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desde su detención el 29 de junio.

Un fallo en el sistema de registro automático de votantes permitió la inscripción errónea de 6.600 personas que declararon no ser ciudadanas de Estados Unidos en Nueva Jersey, lo que generó una investigación estatal y la revisión de los padrones.

Según reveló ABC News, la anomalía se detectó entre junio de 2023 y junio de 2024, antes del inicio del actual mandato de la gobernadora Mikie Sherrill.

El origen del fallo y su alcance

La gobernadora Sherrill explicó que el incidente se originó en el sistema informático de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey.

El mecanismo automático, pensado para facilitar la inscripción electoral al solicitar licencias de conducir o documentos de identidad, trasladó al padrón datos de personas que habían respondido negativamente a la pregunta sobre su ciudadanía. La funcionaria recalcó que las personas involucradas no incurrieron en ninguna falta, ya que el sistema procesó sus respuestas de manera incorrecta.

La cifra oficial, 6.600 registros erróneos, fue confirmada por las autoridades estatales. Menos de 400 de esas personas participaron en votaciones, con afiliaciones políticas diversas, sin que los controles internos detectaran concentración en ningún partido.

La revisión estatal, según la información proporcionada por ABC News, concluyó que no existen pruebas de que estos votos hayan modificado resultados electorales.

Investigación estatal y medidas implementadas

La administración de Nueva Jersey dispuso la apertura de una investigación independiente para esclarecer el origen y la extensión del error.

Además, ordenó la remoción del padrón de todos los inscriptos por equivocación y anunció el reemplazo del proveedor responsable del sistema defectuoso.

La empresa IDEMIA, encargada de transmitir los datos entre la Comisión de Vehículos Motorizados y la División de Elecciones del Departamento de Estado, afirmó que su rol se limita a la transferencia de información, mientras que la validación final sobre la elegibilidad corresponde a la autoridad electoral estatal.

Sherrill aseguró que el gobierno estatal protegerá la identidad de los afectados, evitando que su situación migratoria resulte perjudicada. La funcionaria subrayó que el error ocurrió “sin culpa alguna” de los ciudadanos y que el estado actuará con transparencia hasta el cierre de la investigación.

Disputa de cifras y repercusión a nivel federal

Pocos días antes del anuncio oficial, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, remitió a Nueva Jersey y otros tres estados comunicaciones en las que sostuvo que podrían existir “hasta 35.152 no ciudadanos registrados” en el padrón estatal.

El gobierno federal, según detalló ABC News, no presentó pruebas ni explicó cómo llegó a esa estimación. La gobernadora respondió que la cifra reportada por el DHS no coincide con los registros del estado y que se solicitó evidencia concreta al gobierno federal, sin obtener respuesta hasta el momento.

El caso motivó una reacción inmediata del Departamento de Justicia, que abrió una investigación para determinar si existió alguna vulneración a las leyes federales. La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon solicitó información personal sobre los no ciudadanos identificados y detalles sobre quienes votaron.

En paralelo, la Casa Blanca aprovechó el episodio para insistir en la aprobación de la SAVE America Act, proyecto legislativo que busca reformar la administración electoral. La portavoz presidencial Abigail Jackson afirmó que este caso demuestra la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la confianza en el sistema.

Posturas políticas y compromisos de transparencia

La gobernadora Sherrill rechazó que el hallazgo respalde las denuncias de fraude electoral impulsadas por el presidente Donald Trump.

“Trump tiene cero credibilidad en el tema de la integridad electoral. Durante los últimos 10 años, ha difundido teorías conspirativas sobre fraude sin pruebas”, expresó la mandataria, de acuerdo con la cobertura de ABC News.

Las autoridades estatales se comprometieron a publicar los resultados de la investigación una vez finalizada y a reforzar los mecanismos de control para evitar que incidentes similares se repitan.

El gobierno de Nueva Jersey mantiene como prioridad la depuración del padrón y la protección de los derechos de los inmigrantes afectados por el error.

El caso puso en evidencia debilidades técnicas en los sistemas de registro automático y reavivó el debate nacional sobre la integridad electoral, el acceso de los inmigrantes a servicios estatales y la necesidad de transparencia en la gestión de datos sensibles.

El seguimiento federal y la presión política anticipan que la discusión sobre las garantías electorales continuará en la agenda pública de Estados Unidos.

Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos tanto en moneda local como en moneda extranjera. Además, la calificadora modificó la perspectiva de estable a positiva. Según explicó la agencia, la mejora responde a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios, algo que también refleja, a criterio de la calificadora, un fortalecimiento en la gobernanza.

En el informe, la agencia destacó que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad de la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas públicas y reducen la volatilidad macroeconómica. También resaltó que el panorama externo del país mejoró de manera notable, apoyado en un mejor desempeño exportador, un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, y un acceso más fluido al financiamiento internacional.

En diálogo con Infobae en Vivo, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, se expresó sobre los motivos que llevaron a la agencia a tomar esta decisión y sobre los factores que todavía condicionan una mejora mayor.

Qué implica la suba de la nota

Reusche explicó el significado concreto de la decisión y remarcó el punto de partida desde el que arrancó el país. “Hemos subido la calificación un peldaño a la Argentina, que estaba en la parte baja de la tabla”, señaló. Según indicó, este tipo de definiciones dan una opinión sobre cuál es el riesgo de invertir en el país. “Esto probablemente traiga más inversiones para el país y abarate bastante el costo del financiamiento, tanto al Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos, en un segundo plano”, detalló.

De esta manera, el vicepresidente de la calificadora vinculó la decisión no solo con una lectura sobre el riesgo soberano, sino con un efecto que podría trasladarse a distintos actores de la economía argentina, más allá del Estado.

El ajuste macroeconómico y las cuentas externas

Consultado sobre qué fue lo que mejoró puntualmente en el país, Reusche puso el eje en el proceso de ordenamiento económico. “Vimos un proceso de ajuste macroeconómico que continúa y la economía se está empezando a asentar”, afirmó. Para el directivo, existe la posibilidad de que las políticas públicas actuales logren reequilibrar la economía en el tiempo.

Ahora bien, el funcionario de Moody’s puso especial énfasis en un aspecto que la calificadora viene siguiendo de cerca desde mediados de año. “Un punto importante que hemos estado evaluando en los últimos meses, desde que visitamos Buenos Aires en mayo, son las finanzas externas del país”, indicó. Se refirió, en concreto, a la balanza de pagos, es decir, a la evaluación de cuántas divisas entran y salen del país. En base a ese análisis, la agencia mide la posibilidad de que el Gobierno cumpla con sus compromisos externos. “Ahí hemos visto una mejora importante”, sostuvo.

Reusche también se refirió al plan financiero presentado por el Gobierno y a la relevancia que tuvo para el análisis de la calificadora. “La presentación del plan financiero ayudó mucho para dilucidar qué estaba pensando el Gobierno en cuanto a fuentes de financiamiento”, explicó. Según detalló, desde Moody’s analizaron distintos escenarios para evaluar cómo cierran las cuentas externas del país y si existen suficientes divisas disponibles.

En ese sentido, el vicepresidente de la calificadora hizo una distinción entre el panorama de este año y el que se espera para el próximo. “Si bien vemos que el ingreso de divisas este año es mayor a lo proyectado, para el próximo año las cuentas se ajustan un poco porque hay grandes repagos de deuda”, advirtió. De todos modos, consideró que, de no mediar sobresaltos, las cuentas públicas deberían encajar, en un escenario además marcado por el calendario electoral. Justamente ese fue otro de los ejes que la calificadora tuvo en cuenta: si luego de las elecciones habrá continuidad en las políticas públicas actuales.

Los motivos de la demora y la cautela de la agencia

Ante la consulta sobre por qué la mejora en la calificación llegó recién ahora, Reusche fue explícito sobre el criterio de la agencia. “Teníamos que estar muy seguros de que no se iba a revertir cualquier acción crediticia que tomáramos”, sostuvo. Y agregó: “Nunca hacemos estos ajustes a la ligera. Tenemos que evaluar muy en detalle y asegurarnos de que no vamos a cambiar de opinión”.

El vicepresidente de Moody’s marcó además en Infobae en Vivo una diferencia entre la forma de operar de la calificadora y la del mercado en general. “El mercado, en general los inversionistas, siempre están evaluando el riesgo del país todos los días. Ellos fácilmente pueden cambiar de opinión. Nosotros tratamos de ser más cautos”, indicó.

Consultado sobre si perciben en Argentina la posibilidad de que se consolide una política de Estado, Reusche fue cauto pero claro en su diagnóstico. “Creemos que hay mayor consenso de que hay ciertas políticas públicas que deben continuar y volverse políticas de Estado, pero por supuesto eso no lo vamos a saber hasta después de la elección”, afirmó. En esa línea, remarcó que existen riesgos políticos y que, precisamente por eso, la calificación no se ajustó todavía más. “Era posible que la calificación subiese más que un peldaño”, reconoció.

El directivo también se refirió al cambio de perspectiva, que pasó de estable a positiva, y explicó su significado: en un período de entre 12 y 18 meses, la calificación podría seguir mejorando. “Esa va a ser la gran confirmación, si hay continuidad de políticas públicas y si esto se vuelve una política de Estado”, agregó. Según Reusche, los ajustes que requiere la economía argentina dependen, justamente, de que esa continuidad se sostenga en el tiempo.

El riesgo político

Sobre la posibilidad de que la calificadora incorpore en su análisis una eventual vuelta del kirchnerismo al poder, Reusche fue tajante respecto del enfoque de la agencia. “Como observadores internacionales, no tenemos preferencias por un gobierno u otro. Lo que analizamos es el marco de políticas públicas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el hecho de que en gobiernos anteriores se haya revertido la senda de ajustes muestra que es difícil que ese tipo de políticas trasciendan al gobierno de turno, motivo por el cual la calificadora mide un riesgo político importante. “Más allá de eso, creemos que los incentivos están alineados para que las políticas corrientes se mantengan”, completó.

Finalmente, Reusche se refirió a la brecha que persiste entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado. “El mercado está diciendo que el riesgo político también existe”, explicó. Según su análisis, todavía pesa en la memoria de los inversores el intento de ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo ni resultó tan efectivo como el actual.

“La idea de que radicalmente cambiaron las políticas luego de una elección persiste en la memoria de los inversionistas y por eso están mucho más altos”, sostuvo. Como referencia, comparó la situación argentina con la de otro país de la región: “La Argentina en este momento está calificado igual que países como El Salvador, que tiene un riesgo país un poco menor, dado que hay menor riesgo político”.

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Mirá la entrevista completa a Jaime Reusche:

Moody’s fue la tercera calificadora que se sumó a la mejora de la nota de la deuda argentina. Pero la espera vino con un condimento inesperado y favorable al Gobierno: dejó la perspectiva como positiva, dejando abierta así la posibilidad de una suba adicional entre los próximos 6 a 24 meses. En cambio, Standard and Poor’s y Fitch la habían mantenido “estable”.

En las consideraciones de la mejora de la nota, Moody’s hizo referencia a las reformas estructurales encaradas por el gobierno de Javier Milei, el aumento de las exportaciones y el fortalecimiento de las reservas.

En ese sentido, se muestra muy optimista respecto a la evolución de la economía para este año, por encima del consenso de mercado. Pronostica un crecimiento de 3,4% en 2026 y de 3,5% para el año próximo.

Bajo esa perspectiva, las políticas implementadas por el Gobierno “están mejorando el entorno empresarial y promoviendo un reequilibrio gradual en la composición de la inversión y la actividad económica hacia un modelo de crecimiento económico impulsado en mayor medida por el sector privado”.

Con esta mejora de la nota, desde Caa1 a B3, la Argentina se aleja de la posibilidad de un default, al menos en la visión de la calificadora. La agencia consideró que las chances de que el Gobierno incumpla con el pago de la deuda al menos hasta fines del año que viene se redujeron significativamente. La persistencia del superávit fiscal es vista como uno de los principales logros.

Pero Moody’s también reconoce que el ciclo político, y más precisamente las elecciones presidenciales del año próximo, limitan mejoras adicionales de la calificación. De esta manera, la misma agencia pone en duda que se vaya a mejorar la nota en los próximos meses por la cercanía del proceso electoral.

“El riesgo político sigue siendo una limitación clave para la calificación”, aseguró el comunicado de Moody’s. La elección de “un gobierno más intervencionista” que revierta parcialmente las reformas recientes supondría el riesgo de que se reintrodujeran distorsiones en la inversión, el comercio, el mercado cambiario y la gestión fiscal.

Es probable -consideraron- que “un cambio de este tipo debilite la confianza de los inversores”. En ese caso, se frenaría los flujos procedentes de inversiones y se afectaría la acumulación de colchones externos: “Esto erosionaría gradualmente las mejoras crediticias alcanzadas durante el actual proceso de ajuste”.

A pesar de esta fuerte advertencia, también buscó ciertos matices. Si bien persiste la incertidumbre respecto de la orientación de las políticas tras las elecciones generales de 2027, “el rango de posibles resultados en materia de políticas se ha reducido en comparación con ciclos electorales anteriores”.

Según la agencia, hay una “creciente aceptación social de la disciplina fiscal” y hay “mayor apoyo político” a la estabilidad macroeconómica. Las recientes mejoras de la calificación de la deuda argentina gatillaron una significativa mejora del riesgo país, que estuvo a punto de perforar los 400 puntos básicos en las últimas semanas.

Sin embargo, ayer cerró levemente por debajo de los 420 puntos en una jornada de toma de ganancias sobre todo para los bonos largos en dólares. Los analistas indican que las cotizaciones ahora están “lateralizando”, sin variaciones significativas.

Los inversores y Moody’s parecen coincidir en la advertencia respecto a lo que podría suceder en las próximas elecciones presidenciales. Y esto es lo que parece trabar una mejora adicional en la cotización de los bonos y una consiguiente reducción adicional del riesgo país.

El comentario de la calificadora resume bien los temores del mercado. Por un lado, indica que el espacio para probar con políticas alternativas a las actuales es más bien acotado si se busca cuidar el ingreso de dólares y los compromisos de inversión. Pero al mismo tiempo advierte que un gobierno más intervencionista que asuma en 2027 pondría en riesgo los avances logrados.

La propuesta que lo hizo viral

En un reel de Instagram, retomando el debate generado por Natalia Torres, Albarrán planteó lo siguiente: “Si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir ese voto (...) pensando en su esposa (...) las cosas serían distintas”. Argumentó que el sufragio actual es “tan individual” que deja de lado al núcleo familiar, y lo comparó con prácticas como cambiar el voto por una despensa o 500 pesos.

Tras la ola de críticas, Albarrán aclaró que el representante del hogar no tendría que ser necesariamente un hombre, sino que podría ser “la madre, el padre o incluso algún hijo”.

¿Quién es Javier Albarrán?

• Se presenta como politólogo egresado de la Universidad Iberoamericana.
• Es coordinador en el Estado de México de Actívate, una organización ciudadana.
• Es militante panista en Metepec, donde se describe como “el joven más votado del EdoMex”.
• En 2024 fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Toluca, campaña que abandonó días antes de la elección para respaldar a la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD.
• Posteriormente formalizó su afiliación al PAN.

El PAN se deslinda

La propuesta generó fracturas dentro de su propio partido. La panista y exdiputada Magui Fisher rechazó la idea y recordó que fue el PAN el partido que impulsó el reconocimiento del voto de las mujeres a nivel federal. El exdiputado Jorge Triana también se pronunció en contra, al señalar que el modelo convertiría a un integrante en “representante forzoso” de los demás. Hasta el momento, el partido no ha fijado una postura institucional.

Un derecho ganado en 1953

México reconoció el voto de las mujeres a nivel federal apenas en 1953, tras décadas de lucha contra la idea de que dependían políticamente de sus esposos o padres. Ellas votaron por primera vez en una elección federal en 1955.

Sheinbaum responde en la mañanera

El lunes 20 de julio, durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum calificó la propuesta de “absurda, antidemocrática, regresiva, porfirista y fuera de la realidad”. Recordó que las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al voto federal hasta 1953 y votaron por primera vez en 1955, tras una larga movilización.

“¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar?”, cuestionó la mandataria, quien además vinculó estas posturas con una visión que, dijo, busca que “gobierne una élite” en México.

Un debate con eco internacional

Analistas y medios han señalado que la propuesta de Albarrán no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia conservadora que gana terreno en Estados Unidos —conocida como “household voting”— impulsada por figuras como Erika Kirk, y asociada también al fenómeno tradwife que ha cobrado fuerza en redes sociales.

El Ministerio de Educación de Guatemala anticipa un aumento considerable en la cantidad de escuelas que serán utilizadas como centros de votación en las próximas elecciones, proyectadas para junio de 2027.

Carlos Aldana, viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa, confirmó que la institución ya está preparada para responder a los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y garantizar espacios aptos para la jornada electoral.

Luego de una citación en el Congreso de la República, Aldana explicó que, para este proceso, el TSE estima solicitar entre 3,100 y 3,200 establecimientos del Ministerio, una cifra superior a los 2,500 utilizados en el ciclo electoral de 2023.

“El Ministerio de Educación ya está listo y dispuesto para la adecuación de los establecimientos que el TSE nos pida”, manifestó el funcionario.

Preparación y remozamiento de establecimientos escolares

La cartera educativa ha trabajado en el mejoramiento de la infraestructura escolar como parte de su compromiso con la ciudadanía. Aldana detalló que 28,000 de los 37,000 establecimientos del país han recibido algún tipo de remozamiento, lo que asegura mejores condiciones para los usuarios.

El funcionario destacó: “Creemos que la solicitud que nos va a hacer el Tribunal Supremo Electoral va a estar en correspondencia con establecimientos que ya están remozados”. Esta mejora permitirá ofrecer espacios más adecuados que los disponibles en la elección anterior.

Las autoridades también discutieron en la reunión la necesidad de reforzar aspectos básicos en las escuelas: acceso a agua potable, suministro de energía, conectividad a Internet, baños funcionales y rampas para personas con discapacidad.

Para Aldana, “todo eso me parece que es supervalioso”, ya que impacta tanto en el proceso electoral como en la vida diaria de la comunidad educativa.

Convenio para la devolución y mantenimiento de las escuelas

En el marco del convenio entre el Ministerio de Educación y el TSE, se establece que las escuelas deberán ser devueltas en las mismas condiciones en que fueron entregadas. El viceministro aclaró que existe “un acta de cómo está” cada establecimiento antes de ser usado, y en caso de daños o deterioro, el Tribunal Supremo Electoral tiene la responsabilidad de realizar las reparaciones necesarias.

El procedimiento incluye la verificación por parte de las direcciones departamentales, que reciben los inmuebles tras su uso como centros de votación. Si se detectan daños, el TSE debe asumir las adecuaciones para garantizar la preservación de las instalaciones educativas.

¿Qué implica el uso de escuelas como centros de votación?

El Ministerio de Educación de Guatemala proyecta prestar más de tres mil establecimientos escolares como centros de votación, cifra que supera la utilizada en la elección anterior. Esto obliga a coordinar acciones para asegurar la infraestructura y los servicios básicos, así como a establecer mecanismos de control para evitar daños en los inmuebles.

Aldana subrayó la importancia de estas medidas: “Nos ha costado tanto la adecuación de los establecimientos públicos escolares como para que en el proceso electoral se pierda eso”. No obstante, confía en la responsabilidad del TSE y en el cumplimiento del convenio que compromete a ambas instituciones.

El fortalecimiento de la infraestructura educativa, sumado a la colaboración entre autoridades electorales y educativas, busca asegurar que el proceso se desarrolle en condiciones óptimas, tanto para los votantes como para la comunidad escolar que hará uso posterior de los establecimientos.

El movimiento opositor Renacer, una agrupación de opositores en el exilio, denunció que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha abandonado de forma explícita el sistema democrático tras anunciar que no se realizarán nuevas elecciones generales. Según información difundida por EFE, la organización aseguró que el Ejecutivo dejó de simular la existencia de competencia política y gobierna sin el consentimiento de los ciudadanos.

Durante el 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega manifestó públicamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Estas declaraciones, recogidas por EFE, confirmaron la consolidación de un modelo de poder centralizado en la figura de la pareja, que ejercen funciones desde 2007 y 2017 respectivamente. Murillo fue designada copresidenta en febrero de 2025 mediante una cuestionada reforma constitucional.

La agrupación Renacer, integrada por opositores en el exilio, interpretó este anuncio como la culminación de un proceso de concentración absoluta del poder en manos del círculo presidencial. Según el comunicado, el cierre de la vía electoral responde a una serie de reformas institucionales implementadas en 2025, que eliminaron los contrapesos, ampliaron el período presidencial e instauraron la copresidencia y subordinó al Estado a una estructura familiar.

Renacer afirmó: “Mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura”, afirmó el movimiento, según consigna la agencia EFE.

Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, mantiene el control del país en medio de acusaciones de fraudes electorales y represión contra la disidencia. Desde su regreso al poder en 2007, el régimen ha enfrentado denuncias por eliminar a la oposición y coartar la libertad de prensa, según lo documenta EFE. El contexto político nicaragüense se caracteriza por la concentración de poder y el uso de reformas para mantener la hegemonía oficialista.

El impacto de la reforma constitucional

La reforma constitucional de febrero de 2025, que oficializó la copresidencia de Murillo, constituyó un punto de inflexión en el andamiaje institucional del país. Según EFE, esta modificación permitió al matrimonio presidencial ejercer un dominio sobre las instituciones estatales y los mecanismos de control.

El grupo opositor en el exilio consideró que, frente a estos hechos, toda expectativa de una transición política basada en elecciones organizadas por el régimen resulta inviable. “La libertad de Nicaragua no será una concesión del régimen, sino el resultado de la determinación de un pueblo organizado que no renunciará a recuperar su República”, consignó Renacer en su declaración, reproducida por EFE.

Reacciones de la sociedad civil y organismos internacionales

Diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales han expresado preocupación ante el cierre del espacio cívico y la falta de garantías para la participación política en Nicaragua. La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos han emitido informes sobre la situación de derechos humanos en el país, señalando la ausencia de condiciones para comicios libres y competitivos.

Hasta el momento, la dictadura nicaragüense no ha emitido nuevas declaraciones sobre posibles reformas políticas.

La fracción costarricense del Frente Amplio manifestó este lunes en el Plenario Legislativo su rechazo a las recientes declaraciones de Daniel Ortega, en las que afirmó que en ese país no volverán a realizarse elecciones. La agrupación calificó esas afirmaciones como una nueva evidencia del deterioro democrático que, según señaló, se ha desarrollado de manera progresiva en la nación vecina durante los últimos años.

Durante una intervención ante el Congreso, la bancada expresó que las declaraciones del dirigente nicaragüense representan la consolidación de un proceso que, a su criterio, ha significado el debilitamiento de las instituciones democráticas y ha tenido consecuencias para miles de ciudadanos, incluidos quienes han buscado refugio en Costa Rica.

El discurso hizo referencia a las personas que, según la agrupación, abandonaron Nicaragua debido a la persecución política. También mencionó casos de ciudadanos que perdieron su nacionalidad, así como denuncias relacionadas con desapariciones, asesinatos y restricciones a las libertades públicas.

Para el Frente Amplio, el anuncio de que no se celebrarán nuevos procesos electorales constituye un paso adicional dentro de un proceso que, según afirmó, ya había convertido las elecciones en mecanismos sin competencia democrática real.

Durante su intervención, la fracción sostuvo que esta situación representa una ruptura con los principios democráticos que inspiraron la Revolución Sandinista de 1979, movimiento que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza. En ese contexto, recordó el respaldo brindado por ciudadanos costarricenses a ese proceso histórico y señaló que parte de ese legado, según su criterio, ha sido desvirtuado con el paso de los años.

El pronunciamiento también abordó el funcionamiento de las instituciones públicas en distintos países de la región. Según expuso la bancada, los procesos de debilitamiento democrático no ocurren de manera inmediata, sino mediante transformaciones graduales que modifican el equilibrio entre los poderes del Estado.

En el caso de Nicaragua, la agrupación sostuvo que el control sobre las altas instancias judiciales se habría consolidado mediante un proceso paulatino, con el nombramiento de magistrados afines al gobierno y el desplazamiento de funcionarios considerados independientes.

Asimismo, señaló que esa dinámica habría permitido, según su criterio, favorecer actuaciones judiciales contra opositores políticos, organizaciones de derechos humanos y personas críticas del régimen, al tiempo que se habrían archivado o dejado de investigar otros asuntos relacionados con la administración pública.

Durante el mensaje, la bancada indicó que los procesos observados reflejan la importancia de preservar la independencia de los poderes del Estado, particularmente del Poder Judicial, al considerar que constituye uno de los principales mecanismos de control dentro de un sistema democrático.

Finalmente, la agrupación señaló que los acontecimientos registrados en Nicaragua deben servir como un elemento de reflexión sobre la necesidad de resguardar la institucionalidad democrática y la autonomía de jueces y magistrados, al considerar que el debilitamiento de estas garantías puede producirse de forma gradual.

Morena Puebla rechazó la autenticidad de una supuesta convocatoria que comenzó a circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, en la que se invitaba a aspirantes a las presidencias municipales a una reunión para el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

A través de un comunicado, el partido pidió a su militancia y simpatizantes no dejarse engañar por documentos apócrifos y mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales, al advertir que este tipo de acciones buscan generar confusión y afectar el desarrollo de sus procesos internos.

La dirigencia estatal aseguró que la difusión de la convocatoria falsa coincide con el inicio de la organización interna para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones de Defensa de la Transformación, por lo que llamó a evitar caer en desinformación.

🔴 Atención a nuestra militancia y simpatizantes.
Hacemos un llamado a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Morena.

No se dejen engañar por información falsa o reuniones sin respaldo del partido. pic.twitter.com/7pADfcsDb6

— Morena Puebla (@MorenaPuebla_) July 18, 2026

En el documento difundido de manera oficial, Morena Puebla señaló que la convocatoria que circuló en redes sociales carece de validez y no fue emitida por ninguna instancia facultada del partido.

El instituto político enfatizó que cualquier información relacionada con reuniones, registros o convocatorias oficiales será publicada exclusivamente a través de sus canales institucionales.

Asimismo, exhortó a la militancia, simpatizantes y personas interesadas en participar en los procesos internos a verificar la autenticidad de cualquier comunicado antes de compartirlo o atender llamados no oficiales.

Advierten intentos de desestabilización e incertidumbre

La dirigencia morenista afirmó que la circulación de documentos falsos forma parte de intentos para desestabilizar los procesos internos del partido.

Por ello, insistió en que ninguna convocatoria difundida por personas, grupos o estructuras distintas al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tiene validez para la selección de perfiles que participarán en el proceso electoral del próximo año.

Morena recordó que únicamente el Comité Ejecutivo Nacional está facultado para emitir las convocatorias oficiales correspondientes a las distintas etapas del proceso interno.

¿Cuándo comenzarán las convocatorias oficiales de Morena en Puebla?

De acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo Nacional de Morena, el proceso para elegir las Coordinaciones de Defensa de la Transformación en Puebla se desarrollará de manera escalonada.

Las fechas anunciadas son las siguientes:

• Agosto: inicio del proceso para las coordinaciones de los distritos federales.
• 21 de septiembre: publicación de la convocatoria para las coordinaciones municipales.
• 8 de noviembre: convocatoria para las coordinaciones de los distritos locales.

Piden consultar únicamente información oficial

Ante la circulación de información falsa, el partido reiteró que cualquier anuncio relacionado con registros, reuniones o convocatorias será difundido únicamente por los canales oficiales del Comité Ejecutivo Nacional y de Morena Puebla.

Finalmente, hizo un llamado a la militancia a no compartir documentos cuya procedencia no pueda verificarse, pues aseguró que este tipo de publicaciones únicamente buscan generar incertidumbre y confusión durante la organización del proceso interno rumbo a las elecciones municipales de 2027.

¿Cómo elige Morena a sus candidatos para las presidencias municipales?

El proceso mediante el cual Morena define a quienes contenderán por las presidencias municipales se desarrolla en distintas etapas y es coordinado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que tiene la facultad de emitir las convocatorias oficiales y establecer los lineamientos para la selección de perfiles.

En una primera fase, el partido no designa de manera inmediata a sus candidatos, sino que lleva a cabo el proceso para elegir a las personas que fungirán como Coordinadoras y Coordinadores de Defensa de la Transformación, figuras encargadas de fortalecer la organización territorial y política del movimiento. Posteriormente, conforme avanza el calendario electoral y de acuerdo con la legislación vigente, esas coordinaciones pueden convertirse en las candidaturas oficiales.

Para ello, el partido publica convocatorias en las que se establecen los requisitos de participación, las fechas de registro y los mecanismos de evaluación. Dependiendo del cargo y del número de aspirantes, Morena puede recurrir a encuestas, valoraciones de trayectoria, cumplimiento de los principios del partido y criterios de paridad de género para definir a las personas mejor posicionadas.

En el caso de Puebla, el Consejo Nacional de Morena aprobó un calendario que contempla la publicación de la convocatoria para las coordinaciones municipales el próximo 21 de septiembre, por lo que cualquier documento o invitación difundido antes de esa fecha y fuera de los canales institucionales carece de validez oficial.

Por ello, la dirigencia nacional y estatal reiteró que toda la información relacionada con los procesos internos debe consultarse únicamente a través de los medios oficiales del partido. De esta manera, busca evitar que la militancia o las personas interesadas en participar sean víctimas de desinformación o de intentos por alterar el desarrollo de la organización rumbo a las elecciones de 2027.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos afronta un momento decisivo para la renovación de sus principales autoridades. A pocos días del término del periodo de gestión de la rectora Jeri Ramón Ruffner y de los vicerrectores, la comunidad universitaria mantiene la atención sobre los mecanismos que deberán aplicarse para garantizar la continuidad administrativa y el inicio de un nuevo proceso electoral.

La discusión surge en un contexto marcado por retrasos en la organización de los comicios internos y por la ausencia de un cronograma oficial para elegir a las nuevas autoridades. Esta situación motivó pronunciamientos de organizaciones estudiantiles y de sectores docentes, que solicitan el cumplimiento de las disposiciones previstas en la legislación universitaria.

El escenario también coincide con limitaciones operativas para la organización electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó a la universidad que, por el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, no brindará asistencia técnica mediante sus plataformas tecnológicas para procesos internos, lo que condiciona la planificación de las elecciones sanmarquinas.

En paralelo, autoridades universitarias recordaron que existen medidas temporales aprobadas por la Asamblea Universitaria para evitar vacíos de representación mientras se concreta la convocatoria electoral. Estas decisiones surgieron luego de la suspensión de los comicios previstos durante el primer semestre del año.

Organizaciones universitarias exigen respeto al plazo legal

El mandato de la rectora Jeri Ramón Ruffner y de los vicerrectores concluye el próximo 25 de julio, de acuerdo con los plazos establecidos para las actuales autoridades. Frente a esta fecha, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y diversos movimientos docentes solicitaron que la transición se realice conforme al marco legal vigente.

La federación estudiantil recordó que meses atrás expresó su rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736, iniciativa que proponía permitir la reelección de rectores y que finalmente no llegó a debatirse en el Pleno del Congreso. El gremio también planteó elecciones presenciales y una reducción de la valla electoral estudiantil con el objetivo de ampliar la participación de los alumnos.

Desde el sector docente también aparecieron pronunciamientos en defensa del cumplimiento de los plazos establecidos para el cambio de autoridades.

La doctora Gisella Orjeda, integrante del movimiento docente Concertación por San Marcos y asambleísta universitaria, señaló que “el cumplimiento del plazo del mandato y la aplicación del orden de sucesión constituyen una garantía para preservar la institucionalidad de la universidad. Exigimos el respeto al marco legal vigente, la transparencia en el proceso electoral y el cumplimiento de los plazos establecidos para garantizar una transición democrática”. Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse vigilante durante el proceso de renovación.

La ley establece el mecanismo de sucesión

La Ley N.° 32418, que modificó la Ley Universitaria N.° 30220, establece el procedimiento que debe aplicarse una vez concluido el mandato del rector y de los vicerrectores.

Según la norma, el decano con mayor antigüedad en la categoría de docente principal debe asumir de forma interina el rectorado. Entre sus responsabilidades figura garantizar la continuidad institucional y convocar al proceso electoral para la elección de las nuevas autoridades universitarias.

Las organizaciones estudiantiles y docentes sostienen que este mecanismo debe respetarse mientras se organiza la elección correspondiente y consideran que constituye la vía prevista por la legislación para asegurar la continuidad del gobierno universitario.

La ONPE posterga la asistencia técnica para las elecciones internas

A la falta de un cronograma electoral se suma la comunicación remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

La ONPE informó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que actualmente no atiende solicitudes de asistencia técnica mediante herramientas como el Voto Electrónico No Presencial (VENP) y el módulo Eva Comité debido a las actividades relacionadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Como consecuencia, la universidad deberá esperar la reanudación de ese servicio para continuar con la implementación del proceso electoral que permitirá renovar a las autoridades universitarias mediante los mecanismos previstos en su normativa.

La universidad sostiene que las elecciones continúan garantizadas

Tres semanas antes, la Asamblea Universitaria aprobó, por mayoría absoluta, la continuidad temporal de los representantes estudiantiles después de la suspensión de las elecciones previstas para mayo. La medida buscó evitar vacíos de representación en el Consejo de Facultad, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, debido a que el periodo de los estudiantes vencía el 17 de junio.

El decano de la Facultad de Ingeniería Industrial, Oscar Tinoco Gómez, explicó a la Red de Comunicación Regional (RCR) que la realización de nuevas elecciones continúa prevista.

“La realización de nuevas elecciones está totalmente garantizada. Dependemos, por estatuto, de la presencia de la ONPE para la conformación del comité electoral. La universidad ya hizo el requerimiento y esperamos que se atienda en el corto plazo”, afirmó.

Tinoco indicó que el proceso regular quedó suspendido el 12 de mayo después de la toma de la ciudad universitaria, situación que se prolongó por más de dos semanas y concluyó con la renuncia de todos los integrantes del Comité Electoral Nacional.

El decano explicó que la Asamblea Universitaria recurrió al principio de autonomía reconocido por la Ley Universitaria N.° 30220 para resolver una situación excepcional que no se encontraba prevista en el estatuto. También recordó que existió un antecedente similar en octubre de 2024, cuando una interrupción de las elecciones también motivó una extensión temporal de la representación estudiantil.

Según Tinoco, la medida aprobada no modifica la duración regular de los mandatos establecidos en el estatuto universitario y finalizará una vez que se convoquen los nuevos comicios. Además, indicó que las actividades académicas continúan con normalidad, luego de la reprogramación del calendario académico tras la paralización registrada en mayo.

El juez federal Enrique Lavié Pico hizo lugar a una medida cautelar presentada por el camarista Diego Barroetaveña y ordenó al Consejo de la Magistratura de la Nación que se abstenga de impedirle participar como candidato en las próximas elecciones de los representantes de los jueces para el período 2026-2030.

La resolución no reconoció de manera definitiva el derecho del actual consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal a ser reelegido, sino que su alcance se limitó a preservar la posibilidad de que integre una lista mientras la Justicia determina qué regla debe aplicarse a los mandatos de quienes integran el organismo de selección y remoción de magistrados.

Según surge de la sentencia, Barroetaveña promovió el 11 de junio una acción declarativa de certeza contra el Consejo para que se establezca cuál es la versión vigente del artículo 3 de la Ley 24.937, que regula la duración de los cargos y la posibilidad de reelección.

En su presentación, pidió que se declare aplicable la redacción original de esa norma, según la cual los consejeros pueden ser reelegidos una vez de manera consecutiva. Como medida provisoria, solicitó que el organismo no adoptara decisiones que limitaran su eventual postulación hasta que se resolviera la cuestión de fondo.

El camarista fue elegido en representación del estamento judicial para el período 2022-2026 y su mandato vence el próximo 18 de noviembre. Su incorporación a una candidatura dependerá, además, de las decisiones de su espacio y del cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento electoral.

El Consejo de la Magistratura se opuso al pedido. Sin embargo, el juez Lavié Pico consideró acreditados tanto la verosimilitud del derecho invocado como el peligro de que el avance del proceso electoral volviera ineficaz una eventual sentencia a su favor.

La discusión sobre la reelección

La controversia se originó en las sucesivas reformas de la ley que regula el Consejo y en los efectos del fallo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia restableció en 2021 la integración de veinte miembros.

La redacción original de la Ley 24.937 establecía que los consejeros durarían cuatro años y podían ser “reelegidos por una vez en forma consecutiva”. En 2006, la Ley 26.080 modificó esa regla y dispuso que solo podían volver a ocupar el cargo “con intervalo de un período”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la integración de trece miembros establecida por esa reforma y ordenó recuperar el esquema anterior de veinte consejeros. No obstante, no definió expresamente qué regla sobre la reelección debía aplicarse a quienes fueran elegidos bajo la composición restablecida.

Según Lavié Pico, la duda planteada por Barroetaveña surge de una “compleja trama normativa y jurisprudencial” formada por las distintas modificaciones legislativas y los efectos de los pronunciamientos del Máximo Tribunal sobre el funcionamiento del organismo.

El juez de primera instancia sostuvo que las consecuencias de esos fallos sobre la vigencia del artículo referido a los mandatos aparecen “susceptibles de más de una interpretación razonable”.

En ese marco, consideró jurídicamente atendible, con el alcance preliminar propio de una cautelar, la postura según la cual la Corte habría restablecido el régimen original de la Ley 24.937 y su correctiva, la Ley 24.939, hasta que el Congreso sancione una nueva norma.

El magistrado aclaró que ese análisis no implicaba adelantar una decisión definitiva, ya que la sentencia de fondo deberá establecer si continúa vigente la prohibición de reelección inmediata o si los consejeros elegidos en 2022 pueden competir por otro período consecutivo.

Para conceder la cautelar, también ponderó los derechos políticos invocados por el camarista Barroetaveña y el principio de participación electoral. Frente a la incertidumbre existente, consideró que correspondía privilegiar “aquella interpretación que preserve la posibilidad del actor de participar del procedimiento electoral” por sobre una lectura que determinara anticipadamente su exclusión.

Los plazos electorales

El juez Lavié Pico también tuvo en cuenta que el proceso para renovar a los representantes de los magistrados dentro del Consejo ya se encuentra en marcha. En noviembre de 2025, la Presidencia de ese organismo ordenó confeccionar las listas provisorias de electores y preparar las actividades necesarias para los comicios.

En mayo de este año, la Secretaría General del organismo remitió a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el listado provisorio de jueces de todas las jurisdicciones.

El reglamento dispone que la convocatoria debe realizarse al menos 60 días antes de las elecciones y establece plazos sucesivos para registrar las listas, controlar los requisitos y oficializar las candidaturas.

Para el juez Lavié Pico, una resolución definitiva dictada después de agotadas esas etapas podría resultar ineficaz, porque una eventual sentencia favorable “ya no podría restituirle a la parte interesada la posibilidad de participar en un proceso electoral que, para entonces, se encontraría definitivamente agotado”.

“La exclusión de una candidatura o la imposibilidad de integrar oportunamente una lista configurarían un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior, pues las etapas preclusivas del proceso electoral, una vez consumadas, no son susceptibles de ser retrotraídas”, precisó el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°6 en su resolución.

El fallo precisó que la medida no garantizaba que Barroetaveña fuera candidato ni que resultara electo, sino que impedía que el Consejo lo excluyera del proceso por la discusión sobre la reelección antes de que existiera una sentencia definitiva.

Al respecto, el magistrado explicó: “La tutela cautelar únicamente preserva la posibilidad de que el actor participe en ese proceso de selección en igualdad de condiciones con los demás potenciales postulantes, sin alterar las reglas que disciplinan el proceso electoral”.

Luego, aclaró: “En tales condiciones, la medida aquí decidida aparece orientada a evitar que el propio transcurso del proceso electoral torne estéril o prive de toda utilidad práctica al pronunciamiento que eventualmente recaiga sobre el fondo de la controversia planteada en estos autos”.

Para Lavié Pico, su resolución “únicamente impide que el Consejo de la Magistratura de la Nación adopte una decisión que cercene anticipadamente la posibilidad de participación del actor antes de que el proceso electoral tenga oportunidad de desarrollarse plenamente”.

“Por el contrario -añadió el juez-, la medida cautelar favorece que el proceso electoral se desarrolle con la mayor amplitud participativa posible, sin alterar el cronograma previsto ni las competencias de las autoridades electorales, en consonancia con los principios constitucionales y convencionales que rigen la materia”.

Y concluyó: “De allí que, lejos de comprometer el interés público, la tutela cautelar concedida procura armonizar la protección de los derechos invocados con el adecuado desarrollo del proceso electoral”.

La controversia sobre el derecho al voto en México volvió al centro del debate público este 13 de julio, cuando Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, señaló a la oposición por mantener una visión elitista que, dijo, limita la democracia desde tiempos del Porfiriato.

En su mensaje, Hernández retomó la discusión generada por los comentarios de la abogada Natalia Torres, quien propuso restricciones para la gente que quiera emitir votos.

La postura de Hernández apareció en redes sociales tras la circulación de un video donde Torres, analista política y profesora de Teoría Constitucional, fue señalada por sugerir que “no todos deberían votar”.

Sin embargo, posteriormente, la abogada rechazó haber vinculado el derecho al sufragio con el nivel educativo o económico.

Morena acusó visión elitista en el debate sobre el voto

En su publicación, Citlalli Hernández afirmó que la derecha mexicana mantiene una postura excluyente respecto a la participación política. Para la dirigente de Morena, existe un hilo conductor entre las prácticas de Porfirio Díaz y las ideas contemporáneas que, a su juicio, buscan definir quiénes merecen ejercer el voto y quiénes quedan fuera de la ciudadanía plena. Hernández sostuvo que en el PAN persiste la intención de condicionar los derechos con criterios de clase o conocimiento, lo que calificó de “retrógrado”.

La militante de Morena interpretó los comentarios de Natalia Torres como un intento de restringir derechos en función de supuestas capacidades intelectuales o educativas.

“En el PAN persiste la misma visión elitista: ellos quieren designar quiénes merecen votar y quiénes no, quiénes merecen ser objetos de derecho y quiénes no”, afirmó en redes sociales Hernández.

Natalia Torres rechazó el clasismo y aclaró su propuesta

La polémica inició cuando, en un pódcast, Natalia Torres afirmó que no todos deberían de votar.

Torres aclaró —en un video publicado tras la viralización del tema— que nunca propuso condicionar el voto a la educación o los ingresos. Negó haber dicho frases como que las personas sin estudios no deberían votar, o que el voto se reserve para quienes tengan licenciatura o posgrado. Torres señaló que esas interpretaciones eran “totalmente falsas” y que su postura buscaba fortalecer la información, no excluir a nadie del proceso electoral.

Propuso que el INE debería ofrecer una clase informativa de una hora al momento de tramitar la credencial para votar. Su argumento fue que los ciudadanos pudieran distinguir las funciones reales de presidentes, senadores y diputados, y así identificar promesas de campaña que exceden las facultades legales.

Durante su aparición en el pódcast, la analista mencionó haber consumido café con licor antes de grabar, aunque no precisó si esto influyó en su forma de expresarse. Esta declaración fue retomada en redes por usuarios como @LichaWonderland, quien criticó la aclaración y acusó a Torres de disfrazar, bajo un discurso técnico, una visión clasista respecto al electorado.

Torres insistió en que su objetivo era que la ciudadanía estuviera mejor informada y pudiera ejercer su voto de manera más consciente, no restringir la participación por motivos de clase o nivel educativo.

Pese a sus aclaraciones, la discusión pública se centró en la interpretación que actores políticos y usuarios hicieron de su propuesta, particularmente en relación a la historia de exclusión electoral en México. Voces críticas consideraron que cualquier filtro previo al voto podía convertirse en una herramienta para restringir derechos, mientras que defensores de la iniciativa argumentaron que la información era una vía legítima para mejorar la calidad de la democracia.

La discusión evidenció la sensibilidad del tema en el contexto político actual, donde Morena y sus dirigentes buscaron posicionar la defensa del sufragio universal como un eje de contraste frente a sus adversarios. La controversia también reveló la persistencia de debates históricos sobre la inclusión política y la definición de ciudadanía, amplificados por la dinámica de las redes sociales y la participación de nuevos actores en la conversación pública.

Natalia Torres, abogada, profesora de Teoría Constitucional y analista política, publicó un video en el que buscó aclarar declaraciones previas relacionadas con el derecho al voto en México, luego de que usuarios en redes sociales las interpretaran como un señalamiento clasista hacia la población sin estudios o recursos económicos.

El origen de la polémica

De acuerdo con lo expresado por la propia Torres, las declaraciones que generaron la controversia surgieron durante su participación en un episodio del pódcast de Leo y Nacho. En su video de aclaración, la analista reconoció haber asistido al programa después de consumir dos shots de café espresso con licor, aunque no precisó si esto influyó en la forma en que se expresó.

Según relató, diversos usuarios le atribuyeron frases como:

• Que las personas sin dinero no deberían votar
• Que el voto solo debería estar reservado para quienes cuentan con licenciatura o posgrado
• Que el principal problema de la democracia mexicana es “la ignorancia” de los ciudadanos
• Que el valor de las personas depende de su nivel de conocimiento

Torres calificó estas interpretaciones como “completa y abismalmente falsas”, y señaló que su planteamiento original apuntaba en una dirección distinta.

La propuesta que defiende Torres

En el video, la analista explicó que su idea consiste en incorporar una clase informativa de aproximadamente una hora, impartida por personal del Instituto Nacional Electoral (INE) al momento en que los ciudadanos tramitan su credencial para votar. Según detalló, esta sesión explicaría las funciones de figuras como presidentes, senadores y diputados.

Torres argumentó que esta medida podría ayudar a que la ciudadanía identifique propuestas de campaña que exceden las facultades legales de un cargo público, así como a difundir información sobre derechos electorales, entre ellos:

• Que nadie puede solicitar la credencial de elector a un ciudadano
• Que no se puede condicionar el voto a la entrega de programas sociales
• Que ninguna persona con playera de algún partido puede preguntar la intención de voto

La analista insistió en que su propuesta no busca vincular el derecho al voto con el nivel educativo o económico de las personas, y reconoció que la forma en que comunicó la idea originalmente “pudo haber sido mala”, aunque sostuvo que mantiene su postura de fondo.

Reacciones en redes sociales

Tras la publicación del video, la cuenta de X @LichaWonderland difundió una publicación en la que cuestionó la explicación de Torres, señalando que la analista atribuyó su declaración original al consumo de alcohol y calificando la aclaración como una “acusación manifiesta” no solicitada. La usuaria también acusó a Torres de disfrazar, según su percepción, posturas clasistas hacia el electorado.

El Instituto Nacional Electoral conmemora este 3 de julio el aniversario 71 de la primera vez que las mujeres mexicanas votaron en una elección federal, hecho que marcó la transición del derecho normativo al ejercicio efectivo del sufragio femenino y abrió una nueva etapa de legitimidad en la representación democrática del país.

Según el propio INE, el voto de las mujeres transformó desde 1955 la integración del Congreso y sentó las bases para una mayor pluralidad en los órganos legislativos.

En la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024, la participación femenina alcanzó 64.3 por ciento, superando en casi 10 puntos porcentuales la de los hombres, que fue de 54.8 %, de acuerdo con el Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 difundido por el INE.

El consejero Jaime Rivera Velázquez resaltó que estos estudios permiten identificar diferencias de participación por sexo, edad y zona, y que la selección de casillas en las muestras incluye mediciones confiables para los niveles nacional, estatal y distrital.

El INE subraya que la conmemoración no es solo una efeméride, sino un llamado a seguir garantizando condiciones reales para que las mujeres accedan a cargos de toma de decisiones.

La autoridad electoral reconoce que persisten problemas estructurales y continúa con acciones para prevenir la violencia política de género y fortalecer liderazgos femeninos.

El objetivo es que la presencia de mujeres trascienda las cuotas y se traduzca en igualdad sustantiva en toda la administración pública.

La consolidación de una democracia paritaria implica eliminar los obstáculos que limitan el acceso de las mujeres al poder, vigilar el cumplimiento de obligaciones de género y asegurar la generación de resultados concretos en la promoción de la igualdad, señala el INE.

La prioridad institucional es mantener una participación política plena y sostenida de las mexicanas. El estudio del INE indica que desde 2003 las mujeres han votado en mayor proporción que los hombres.

Los registros provienen de los cuadernillos nominales de cada casilla y permiten trazar tendencias de participación ciudadana. Rivera Velázquez explicó que la robustez de la selección de casillas garantiza estudios completos y mediciones precisas.

México conmemora el voto femenino mientras surgen debates en EEUU

En el contexto internacional, México celebró el aniversario del voto de las mujeres mientras en Estados Unidos se difundieron discursos que cuestionan los derechos electorales femeninos.

Durante la Women’s Leadership Summit 2026, organizada por Turning Point USA, cerca de 3 mil mujeres conservadoras debatieron la idea de eliminar el voto individual de las mujeres y sustituirlo por un “voto por hogar”, donde el jefe de la familia emitiría el sufragio representando a la pareja y los hijos.

Las expositoras argumentaron que el matrimonio forma una unidad y que las mujeres solteras podrían ser representadas por un familiar masculino.

La directora de Turning Point USA, Erika Kirk, promovió una visión basada en la fe cristiana, el matrimonio y los roles tradicionales de género.

El feminismo moderno fue señalado como responsable de debilitar la familia y fomentar la competencia entre hombres y mujeres.

A pesar de las posturas expresadas en esta cumbre, el sufragio femenino permanece garantizado en Estados Unidos por la Decimonovena Enmienda constitucional, ratificada en 1920.

No existe ninguna propuesta legislativa oficial para derogar este derecho ni respaldo institucional en el Congreso o el Gobierno.

Los planteamientos corresponden a sectores conservadores y grupos vinculados a movimientos tradicionales.

Tendencia tradwife y debate sobre los roles de género

Paralelamente, en los últimos años ha cobrado visibilidad en Internet el fenómeno tradwife, que describe a mujeres que adoptan roles tradicionales de esposa y madre dedicadas al hogar.

Influenciado por movimientos conservadores, este modelo prioriza la feminidad, la sumisión y la vida doméstica sobre la independencia económica y la participación pública.

Sus defensoras sostienen que la realización personal se encuentra en estos roles, mientras que sus detractoras advierten sobre los riesgos para la igualdad de género y la libertad de elección.

El debate en torno a la figura de la tradwife y los discursos sobre el “voto por hogar” reflejan el intento de ciertos grupos por reinstalar la autoridad masculina en el ámbito político y social, limitando la participación individual de las mujeres en las urnas.

Las universidades que integran la alianza Cuidar la Democracia hicieron público un comunicado en el que exigieron “el respeto a las reglas constitucionales de la contienda electoral”, como respuesta al turbulento proceso de transición entre la administración de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella al Ejecutivo para el periodo 2026-2030.

Según la alianza, el apego a la carta magna “no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella”, en especial, tras la insistencia del presidente saliente a desconocer la elección de Abelardo de la Espriella como mandatario electo por un presunto “fraude”.

En ese orden de ideas, advirtieron la gravedad de las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, que han puesto en duda los resultados “sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello”.

“Esa conducta se sale del cauce constitucional y legal, y es de la mayor gravedad, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder”, afirman las universidades firmantes.

La defensa a la Constitución de 1991 ante los intentos de desconocer el resultado de la segunda vuelta

Pese a que Gustavo Petro alega que existen actores externos que habrían interferido en el resultado de los comicios del 21 de junio de 2026, los académicos aclararon que las autoridades electorales competentes ya ratificaron un resultado que debe respetarse, como parte del proceso tripartito que establece la democracia colombiana para garantizar la victoria electoral.

El comunicado recordó que la Constitución colombiana establece que son los ciudadanos quienes eligen al presidente, corresponde al Consejo Nacional Electoral certificar al ganador, y al presidente del Senado tomar el juramento del nuevo mandatario.

“La Constitución y la ley establecen mecanismos y múltiples instancias para evaluar y decidir sobre eventuales reclamaciones electorales que presente cualquier ciudadano con el debido soporte. En aplicación de las normas constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones para elegir al presidente para el período 2026-2030 al doctor Abelardo de la Espriella”, se incluyó en el comunicado.

La alianza de instituciones también puntualizó que la carta magna consolidó una tradición democrática que permite la alternancia y la coexistencia de proyectos políticos opuestos, siempre que sean legales.

Por tanto, ante las declaraciones de Petro, las instituciones académicas insistieron en que “todo funcionario público tiene el deber de cumplir la Constitución y la ley, de lo cual toma juramento” y resaltaron esta responsabilidad de dar ejemplo especialmente en el presidente y los altos funcionarios salientes.

El pronunciamiento de la asociación académica indicó que “la democracia implica el respeto incondicional a un conjunto de reglas esencial para la vida pacífica en las naciones”, a la vez que reconoció la existencia de múltiples visiones políticas, así como la importancia de las garantías para las minorías.

Las universidades que toman parte de esta alianza son: la Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), Universidad del Norte, Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Universidad Icesi, Universidad Eafit, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Uniminuto (Corporación Universitaria Minuto de Dios), Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).

Las instituciones no fueron las únicas que pidieron apego a la ley ante este escenario. Los países que integran el Escudo de las Américas, con Estados Unidos a la cabeza, junto con otras 12 naciones de la región, expresaron su “profunda preocupación” por los intentos de desconocer los resultados oficiales de las recientes elecciones presidenciales en Colombia.

En una carta difundida el viernes 10 de julio de 2026, los firmantes rechazaron “declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente acreditados”, pongan en duda la integridad del proceso electoral y generen incertidumbre sobre la transición institucional.

La alianza advirtió que “ignorar los resultados proclamados oficialmente” por entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado constituye “un grave desprecio a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho”.

Asimismo, condenó cualquier intento de deslegitimar el mandato conferido por los votantes, desacreditar a las autoridades electorales sin pruebas u obstaculizar el proceso de empalme.

El banco JP Morgan dio su visión sobre el programa financiero presentado por el equipo económico y sostuvo que algunos puntos pueden verse sometidos a “estrés” si se da un escenario de escasa ventaja electoral para el Gobierno.

Vale recordar que las necesidades para lo que resta de 2026 llegan a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento obtenidas suman USD 22.900 millones. Con aproximadamente la mitad del año ya transcurrida, el excedente alcanzaría los 3.700 millones de dólares.

“Los supuestos para el resto de 2026 lucen factibles y, en términos generales, alineados con nuestro escenario base”, consideró JP Morgan en su último reporte a clientes.

El Tesoro proyecta compras de dólares al BCRA por USD 6.700 millones durante 2026 (ya ejecutadas en lo que va del año), la obtención de USD 4.000 millones en préstamos garantizados por organismos multilaterales y canalizados a través de bancos internacionales, la renovación total de los vencimientos de capital con organismos financieros internacionales y el ingreso de USD 800 millones por privatizaciones.

En el frente de mercado, el programa también contempla la emisión adicional de USD 2.000 millones en bonos Bonar denominados en dólares bajo ley local (AO29), además de los USD 4.000 millones ya obtenidos mediante las emisiones de los AO27 y AO28.

JP Morgan resaltó: “El excedente proyectado de USD 3.700 millones en 2026 proporciona un colchón frente a las importantes necesidades de financiamiento estimadas para 2027, por USD 24.900 millones".

Ahora bien, durante el próximo año el Tesoro deberá afrontar vencimientos de capital por USD 15.700 millones, de los cuales USD 8.500 millones corresponden a deuda con el mercado, a lo que se suman pagos de intereses por USD 9.200 millones.

Del lado del financiamiento, el programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluye:

1. USD 5.000 millones en emisiones de Bonar, lo que implica una renovación del 100% de las amortizaciones de capital de esos bonos
2. USD 4.200 millones de financiamiento multilateral (excluido el FMI), lo que supone refinanciar la totalidad del capital y cerca del 70% de los intereses
3. USD 1.500 millones adicionales provenientes de privatizaciones.
4. USD 2.000 millones de “otras” fuentes de financiamiento, identificadas durante la conferencia de prensa como préstamos bilaterales

En ese marco, JP Morgan indicó: “Consideramos que estos supuestos son consistentes con un escenario en el que el presidente Milei mantiene una sólida ventaja competitiva sobre el candidato opositor a lo largo del ciclo electoral”.

“En un escenario electoral más polarizado, sometemos a estrés los principales supuestos del programa, reduciendo la emisión de Bonar a USD 2.500 millones, las privatizaciones a USD 1.000 millones y el financiamiento de organismos multilaterales (excluido el FMI) a USD 3.500 millones", precisó el banco de inversión.

De este modo, y sin otras alternativas de financiamiento, la brecha restante probablemente debería cubrirse mediante mayores compras de dólares del Tesoro al BCRA, que ascenderían a USD 10.700 millones, frente a los USD 4.900 millones contemplados en el escenario base del Gobierno.

En este punto, la entidad hizo dos consideraciones. Por un lado, aclaró que su escenario de estrés no contempla la eventual materialización de pasivos contingentes, como una sentencia definitiva sobre el cupón atado al PBI denominado en euros, cuyo monto asciende a aproximadamente EUR 1.300 millones más intereses.

Por otro lado, señaló que, si bien no forman parte de las necesidades de financiamiento del Tesoro, el BCRA deberá hacer frente en 2027 a vencimientos de deuda correspondientes a los bonos Bopreal por hasta USD 5.300 millones, pagos que probablemente deberán ser atendidos con reservas internacionales.

“Esto refuerza la importancia de seguir ampliando el conjunto de herramientas de financiamiento —tal como las autoridades vienen haciendo de manera proactiva— y, al mismo tiempo, mantener un ritmo sostenido de acumulación de reservas para ayudar a mitigar la volatilidad propia de un año electoral", afirmó el gigante de Wall Street.

“En términos generales, 2026 ofrece cierto margen de maniobra y los avances macroeconómicos han sido significativos, aunque aún queda trabajo por hacer para fortalecer la antifragilidad de la economía de cara a 2027″, concluyó.

Si bien el plan es valorado en la City porteña, existen dudas sobre la capacidad del mercado local para absorber las emisiones previstas, especialmente los USD 5.000 millones en bonos locales en 2027. Expertos señalan que la demanda dependerá del clima político y económico, considerando un escenario electoral incierto y crecimiento de la compra de dólar ahorro.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, líder del centro político, marcó una posición firme contra el presidente Gustavo Petro, a quien le pidió que “recapacite” para que “no acabe con Colombia”, luego de las encendidas declaraciones del jefe de Estado en sus redes sociales, en las que aseguró no reconocer la presidencia de Abelardo de la Espriella e hizo un llamado a la “resistencia ciudadana”.

La pelea entre ambos líderes políticos se desató luego de que Fajardo vaticinara una “explosión social nunca antes vista en Colombia”, tras los señalamientos de Petro sobre presunto fraude en los comicios presidenciales y su firmeza en declarar “ilegítima” la victoria electoral de De la Espriella.

El saliente mandatario se sintió aludido y le contestó por la misma vía: “¡Ay! Sergio, ¿hasta ahora se dio cuenta? Era una lucha entre la democracia y el fascismo como la hay en el mundo. En Colombia hicieron ganar con fraude el narcoparamilitarismo (sic)“.

La respuesta de Fajardo tampoco se hizo esperar y lo hizo usando los mismos términos: “¡Ay presidente! Quien tiene que darse cuenta es usted, que con sus contradicciones, sus desvaríos y su irresponsabilidad está propiciando un caos que puede llevarnos directamente a la violencia”,

Agregó: “Por una vez, recapacite. Perdieron las elecciones, acepte la derrota, respete la democracia. A partir del 7 de agosto puede hacer oposición. Es su derecho. No acabe con Colombia”, alegó.

Qué encendió los ánimos entre Petro y Fajardo

La molestia del mandatario con el también exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín fue una reacción a la atribución directa a su responsabilidad discursiva en medio de un panorama político tan dividido.

En un video que publicó Fajardo, el excandidato habló de la suspensión del proceso de empalme, tanto por Abelardo de la Espriella, como por parte de Gustavo Petro. No obstante, afirmó que el presidente tiene una obligación más fuerte en moderarse por su posición de gobernante.

“Peor imposible. Estamos jugando con candela. Lo que está pasando con el empalme es lamentable. Si seguimos por este camino, la cuerda se va a reventar mucho antes de lo que imaginábamos. No lo dudemos, el empalme es fundamental para hacer un buen gobierno. Este es el momento de la cordura, de la sensatez, de la moderación, de la serenidad. La principal responsabilidad es del presidente Gustavo Petro. Es él quien gobierna”, dijo.

Explicó que “sus declaraciones erráticas, el desconocimiento de los resultados electorales, el afirmar que el presidente es Iván Cepeda, son declaraciones que le abren peligrosamente el camino a la violencia”.

Además, desafió tanto al presidente saliente como al mandatario electo con la petición de que dejen la campaña política a un lado.

“La campaña terminó. El presidente electo tiene que empezar a dar ejemplo desde ahora y mostrar que quiere unir a Colombia con hechos. Le corresponde actuar con respeto, con serenidad, transparencia y sentido institucional. Hay que saber perder y saber ganar. Suspender el empalme es un gran error. Por este camino vamos directo a una explosión social nunca antes vista en Colombia. Más vale que paremos ya”, agregó.

Por su parte, desde el movimiento político de Sergio Fajardo, Protejamos la Constitución, exigieron al presidente respeto a la elección presidencial y defensa de la Constitución en Colombia.

La reacción de la corporación se produjo después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y Petro no aceptó los resultados, a la vez que dijo que el verdadero ganador fue Iván Cepeda.

En su comunicado, Protejamos la Constitución insistió en que la transición de poder debe mantenerse dentro del despliegue constitucional, en especial, porque “el CNE ha declarado oficialmente a Abelardo de la Espriella como presidente electo de la República de Colombia”.

El partido Cambio Radical difundió un mensaje en sus redes sociales en el que criticó duramente la gestión del presidente Gustavo Petro, a 30 días exactos de que finalice su mandato.

Voceros del partido señalaron que el Gobierno Petro se caracterizó por la escogencia de funcionarios “improvisadores, derrochadores y resentidos”, y que con su proyecto político, Gustavo Petro “nos prometió ‘vivir sabroso’, pero solo ellos vivieron sabroso“.

En el comunicado de la corporación política conservadora se aseguró que las consecuencias de la administración de Petro —calificada como “un universo de negligencia que solo merece el olvido”—, dejarán marcas imborrables, pese a que “será imposible olvidar las heridas que dejará en nuestro país”.

De cara al cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto bajo el liderazgo de Abelardo de la Espriella, en el partido no solo ratificaron la cuenta regresiva de un mes, sino que expresaron su esperanza de cara a un proceso de recuperación y reconstrucción nacional tras un periodo de “desgobierno”.

Con el mensaje, publicaron una imagen del actual mandatario rodeado de sus altos funcionarios y líderes políticos cercanos con la frase “Petro sinvergüenza (sic)”.

Horas antes, los voceros del partido también aseguraron que el actuar de Gustavo Petro, luego de “salir a desconocer el resultado que se dio en las urnas”, es “lamentable”.

“Abelardo de la Espriella ha sido elegido presidente por decisión soberana del pueblo colombiano. Esto es la crónica de una muerte anunciada, como lo advirtió Germán Vargas Lleras. ‘No mordamos el anzuelo de Petro. No a la desobediencia civil’”, fueron las palabras de Enrique Vargas Lleras, codirector del partido y hermano del fallecido Germán Vargas Lleras, exjefe del frente político.

Enrique Vargas Lleras solicitó a Estados Unidos que no saquen a Petro de la Lista Clinton

El director adjunto del partido también hizo una solicitud formal ante el Gobierno de Estados Unidos para que mantenga al presidente Petro y a su familia en la Lista Clinton, al menos hasta que finalicen las investigaciones en su contra y concluya la transición presidencial prevista para el 7 de agosto.

A través de una misiva al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el líder político solicitó enfáticamente que no se levanten las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) sobre el mandatario colombiano debido a “múltiples denuncias de carácter nacional e internacional” sobre presuntos desfalcos al erario, irregularidades en el manejo de recursos estatales y conductas que habrían comprometido la institucionalidad y las finanzas del país.

El directivo destacó que esos señalamientos permanecen activos ante instancias judiciales y organismos internacionales. La carta, fechada en Bogotá el 6 de julio, sostiene además que Petro habría utilizado más de 2.500.000 dólares de recursos públicos para contratar una oficina en Estados Unidos dedicada a atender su situación personal frente a la lista Ofac.

Según el texto, esto representa “un patrón de apropiación indebida de recursos públicos” y el partido considera que “el que un mandatario utilice el erario para financiar la defensa de sus intereses particulares ante una autoridad extranjera constituye, en sí mismo, un desfalco al Estado colombiano”.

El codirigente de Cambio Radical fundamentó su petición en la necesidad de garantizar la responsabilidad política y jurídica de quienes hayan actuado bajo la administración saliente.

“El mantenimiento de las restricciones sería, a su juicio, una garantía concreta de que el presidente y quienes actuaron bajo su administración deberán responder por los daños causados a Colombia y a sus ciudadanos”, puntualizó Vargas Lleras en la carta.

El Gobierno inauguró esta semana una nueva época de su gestión, que estará caracterizada por una fuerte hegemonía interna de Karina Milei en la toma de decisiones políticas y las pretensiones de mayor diálogo entre la Nación y las provincias, tanto en el plano legislativo como en el electoral. Hasta el año pasado, el karinismo parecía tener una relación más hostil con los gobernadores a los fines de imponer el sello violeta. Son los virajes que se hacen necesarios en pos de la reelección del Presidente.

Es justamente la misma promesa que le hizo Diego Santilli el domingo pasado a Javier Milei en la Quinta de Olivos. Sabe que su futuro como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires está atado al desempeño de sus tareas, que no van a estar signadas por el seguimiento de la gestión de los ministros, sino de las reformas estructurales que Milei quiere impulsar en el Congreso. La principal es la reforma política, cuyo punto más importante es la eliminación -o suspensión- de las PASO. Para ese fin, el oficialismo incluso está dispuesto a resignar muchos otros artículos de ese proyecto.

La salida de Manuel Adorni no produjo mayores cambios en la dinámica del Gobierno. En todo caso, trasparentó y formalizó lo que ya se venía produciendo hace tiempo mientras Adorni entraba en su ocaso político: el dialoguismo que caracteriza a Santilli ya se estaba instalando como metodología política.

Tal vez la primera muestra de ello se dio en un encuentro el 14 de abril en la Casa Rosada, cuando la hermana presidencial presidió una reunión organizada por Santilli y Lule Menem -quien es la cabeza política de Karina- junto a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Ahí se volvió a renovar la confianza que ambas partes habían tenido el año pasado y, como gesto para nada menor, le comunicaron al mendocino que estaban dispuestos a bajar las acciones de Luis Petri como candidato a los fines de generar mejores lazos.

Hace semanas se habla puertas adentro de la Casa Rosada que la La Libertad Avanza debería hacer alianzas electorales con cerca de 10 provincias. Esto no significa que tengan previsto competir con un mismo frente en todos los casos. Más bien, se pretende establecer reglas claras. En algunas provincias seguramente exista el pedido de que el eventual candidato violeta elegido compita, pero sin gran promoción de parte de la sede central de la Capital Federal.

Una figura de la mesa política que habló con el Presidente recientemente no descarta un mensaje componedor con varias provincias en el discurso que dará en Tucumán a la medianoche del 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia. Milei apostó por discursos de concertación en el pasado, pero su campo gravitatorio siempre tiende a volver a la confrontación como forma de distinción política.

Tucumán es el mismo lugar donde dos años atrás se firmó el Pacto de Mayo, en donde los gobernadores asistieron más por compromiso que por la convicción de que el Gobierno pretendía establecer puntos de consenso y mayor transversalidad. La jura de Santilli del martes pasado generó en varios de estos gobernadores el efecto contrario. “No tienen margen para seguir apuntando con el dedo. Nos necesitan y también nosotros a ellos. En ese sentido, con el Colo se siente que tenemos escucha activa nuevamente”, comentó un gobernador aliado a Infobae este sábado.

Paradójicamente, las provincias están más dispuestas al diálogo debido al ajuste indirecto de la Nación. Un informe reciente de la consultora IARAF revela que la recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional descendió 6,4% real interanual durante el primer semestre de 2026 y la que va a provincias un 3%. Son mermas que traen un impacto directo para las gestiones provinciales. Un ejemplo es lo que sucede en Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal lleva un mes de conflicto policial por paritarias insatisfechas y este martes estuvo en la Casa Rosada, llegando a saludar a Milei. En el Gobierno hay preocupación de que esto se profundice en otros distritos tal y como ocurrió a comienzos de año. Más sensible es el caso del personal militar de las Fuerzas Armadas.

Santilli llega en un momento de consolidación casi absoluto del karinismo en la toma de decisiones políticas. Ese es el distintivo que tiene respecto al período de Guillermo Francos, quien fue un tercero incómodo por las internas entre karinistas y caputistas. Hoy el comando político parece ser determinante y unidireccional.

Con la salida de Adorni, “El Jefe” se hizo cargo de la mesa política, la cual se juntará el martes próximo, aunque el partido de la Selección argentina hace que más de uno de sus integrantes tenga algo de pereza en ir. Esta facción ya colonizó la Jefatura de Gabinete luego de las elecciones del año pasado, pero la diferencia de esta ocasión es que la avanzada ahora fue hacia el Senado, donde Lule Menem quiere ser quien controle junto a Santilli la negociación de los votos de las bancadas opositoras, así como el clima al interior del bloque propio.

Se trata de una afectación directa hacia Patricia Bullrich, a quien le habían dado la responsabilidad en esa órbita una vez asumida en su banca en diciembre del año pasado. Una fuente de altísimo rango dio los motivos de su desconfianza y de la intervención: “Tiene un esquema de realizar política que es muy cerrado. No sabés qué negocia y cómo lo hace”. Del otro lado defienden su posición marcando que los votos para reformas extremadamente cerradas fueron logradas por su trabajo y que hay otras iniciativas esperando lo mismo en comisiones, solo que el escándalo de Adorni no permitía acelerarlas.

Pero todo esto puede ser la excusa de algo más básico. La confrontación entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo fue extremadamente dañina para los relacionamientos internos en el Gobierno. Y es que todos los movimientos, por más mínimos que sean, pasan por el tamiz de la interna. “Acá solo triunfa el que es extremadamente consistente en chupar las medias y en dejar todo lo demás de lado”, afirma, con calentura,

A un legislador nacional lo criticaron puertas adentro porque, en su momento, había subido un posteo en X saludando a Patricia Bullrich por su cumpleaños: su rival a nivel interno buscó capitalizar puertas adentro fogoneando que no era un comportamiento correcto. Otro caso ocurrió a comienzos de semana en una reunión de bloque en Diputados: en un apartado del encuentro se cuestionó a varios diputados que asistieron a un foro liberal en Santa Cruz sin haber avisado que irían.

Es muy corto el margen de maniobra para pertenecer al listado de dirigentes intachables de La Libertad Avanza. Hay quienes recuerdan la advertencia que Victoria Villarruel le realizó a una figura del Gobierno en una audiencia a solas meses atrás: “Te aconsejo que te empieces a llevar bien conmigo y con la oposición, porque en cualquier momento te van a sacar afuera”.

Son asuntos que no parecen importar en la percepción que el mercado tiene sobre la actual administración. Los ojos están puestos en otros asuntos. En particular, en la capacidad oficial para sostener la estabilidad del dólar frente a una eventual dolarización de carteras. El Gobierno busca llegar al próximo turno electoral con deuda ya financiada, vencimientos corridos y reservas reforzadas, para reducir el riesgo de una corrida sobre el dólar si crece la incertidumbre política.

Según la consultora 1816, entre lo que queda de 2026 y todo 2027 la Argentina debe afrontar pagos en moneda extranjera por USD 30.700 millones, mientras que ya tendría disponibles USD 13.100 millones, por lo que aún restaría cubrir USD 17.600 millones hasta diciembre de 2027. Será clave lo que tenga para decir el ministro de Economía Luis Caputo, quien mañana anunciará el esquema financiero para cubrir los compromisos de deuda. En el entorno del Presidente no descartan que aquello permita un sendero bajista del riesgo país hacia niveles inferiores a 400 puntos básicos.

Santilli recibió a Infobae en su despacho de la Jefatura de Gabinete, en el primer piso de la Casa Rosada, el mismo lugar donde anteriormente fueron entrevistados Guillermo Francos y Manuel Adorni. Junto con Nicolás Posse, es el cuarto jefe de Gabinete de la administración Milei. Llegó al cargo después de la salida de Adorni, en momentos en que la Casa Rosada busca dejar atrás semanas atravesadas por la crisis política y volver a concentrarse en la gestión y en su agenda de cambios.

La salida de Manuel Adorni, en medio de las investigaciones judiciales sobre su situación patrimonial y de la controversia que generó la presentación de sus declaraciones juradas, terminó abriendo el camino para la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Hacia el final de la entrevista, Infobae le preguntó si tenía toda su situación patrimonial en orden. “Declaro mis bienes hace veinte o treinta años. Está a la vista de todo el mundo, hace muchos años”, respondió.

“Estoy ante el desafío más importante de mi vida política y profesional”, afirmó. Entre las prioridades que fijó para esta nueva etapa, ubicó la reforma electoral que impulsa el Gobierno, con la eliminación de las PASO como principal objetivo legislativo. Aunque ratificó que esa sigue siendo la posición de la Casa Rosada, también dejó abierta la posibilidad de negociar alternativas en el Congreso para reunir los consensos necesarios. El objetivo, explicó, es que los argentinos “no tengan que ir seis veces a votar”, reducir el costo del sistema electoral y avanzar con el resto de la agenda legislativa del Gobierno. “Tenemos que recuperar la agenda pública” y lograr que “todo lo que el Gobierno tiene lanzado, suceda”, resumió.

El jefe de Gabinete aseguró además que los cambios en el equipo de Gobierno no implican una modificación del rumbo político de la administración libertaria. Sostuvo que la convicción del presidente Milei “es irrenunciable” y que la batalla cultural seguirá siendo uno de los pilares de la gestión. “La discusión es cómo se aborda”, explicó al diferenciar el método para construir acuerdos del contenido de las reformas. Según planteó, el diálogo con gobernadores y otras fuerzas políticas tendrá sentido únicamente si sirve para aprobar los cambios impulsados por el oficialismo.

En ese contexto, evitó polemizar con Mauricio Macri, pese a las críticas que el Presidente formuló contra el ex mandatario, destacó “el acompañamiento estoico” del PRO durante estos años y afirmó que “el PRO ayuda” a la gobernabilidad desde el Congreso. Cuando Infobae le preguntó si seguirá afiliado al PRO o si dará el salto a La Libertad Avanza, evitó responder en esos términos y prefirió una definición política más amplia: “Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei”.

En materia de gestión, confirmó que el Gobierno buscará cumplir el acuerdo alcanzado con las universidades nacionales tras el fallo de la Corte Suprema, aunque insistió en que cualquier solución deberá preservar el equilibrio fiscal. También reconoció que, por ahora, el Ejecutivo no analiza ninguna medida específica para enfrentar el aumento de la morosidad en los préstamos de familias y empresas. “No, por el momento yo no tengo nada en carpeta”, respondió.

También cuestionó con dureza la gestión de Axel Kicillof, a quien responsabilizó por la inseguridad, la elevada presión impositiva sobre el sector productivo bonaerense y por rechazar varias de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Rechazó, además, que el gobernador represente una renovación del peronismo y ratificó que continuará dialogando con gobernadores de todos los signos políticos, incluidos los peronistas, siempre que esos acuerdos sirvan para aprobar reformas y ejecutar obras.

Sobre su futuro político, Santilli evitó confirmar una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, aunque tampoco la descartó. Dijo que la provincia “le apasiona” y que tiene “toda la vocación del mundo”, pero aclaró que cualquier definición electoral quedará subordinada al proyecto nacional. “No puede estar nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo”, sostuvo. Para el jefe de Gabinete, ese proyecto tiene hoy un objetivo central: consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno y lograr la reelección de Javier Milei en 2027.

Para Santilli, esta nueva etapa no supone un cambio de rumbo, sino una nueva forma de construir las mayorías políticas necesarias para profundizar las reformas impulsadas por Milei. El diálogo, sostuvo, será una herramienta para alcanzar ese objetivo, pero nunca un fin en sí mismo. “Todos los que pensamos de una manera tenemos que luchar para ir hacia adelante y no para abrir el riesgo a que vuelvan los de atrás”, resumió.

La entrevista a Diego Santilli

— Tuvimos una entrevista hace pocos meses como ministro del Interior y ahora como jefe de Gabinete. Pasaron varios. Usted es el cuarto. Cuénteme esta nueva etapa.

Es uno de los desafíos más importantes de mi carrera política. Estaba muy contento con el trabajo que venía haciendo en el Ministerio del Interior. El presidente y Karina Milei me habían convocado para la relación con los gobernadores y, desde noviembre del año pasado hasta ahora, hicimos un trabajo enorme.

Impulsamos algunas de las reformas más importantes que se discutieron durante décadas. Me refiero a la modernización laboral, la ley penal juvenil, la reforma penal, la ley antimafia y todos los temas que venimos llevando adelante.

— El Presupuesto, que nunca se había aprobado.

El Presupuesto, en el marco de las pautas de equilibrio que plantea el Presidente. También la corrección en el tema glaciares, para que nos permita tener una minería responsable, cuidando nuestros glaciares, pero habilitando la actividad para competir con Chile y Perú, que son nuestra referencia más cercana.

Ellos exportan 60.000 millones de dólares y nosotros 6.000 millones. Imagínese la distancia que tenemos para crecer.

Creo que hicimos reformas muy grandes, muy importantes. El RIGI, ahora la media sanción del SuperRIGI. Entro en este desafío muy contento y muy agradecido por la confianza del presidente y de Karina Milei. Y bueno... a trabajar.

— Le tengo que preguntar inevitablemente porque el caso de Manuel Adorni, su antecesor, que derivó en su llegada. ¿Qué mirada tiene sobre todo lo que pasó en torno a Adorni y cómo el Gobierno enfrentó una situación tan compleja?

El Presidente fue claro. Primero: el que pone y saca a los funcionarios es el Presidente. Segundo: el Presidente le había planteado a Adorni que presentara su declaración jurada. La presentó y después fue el propio Adorni el que dijo que quería dar un paso al costado porque sentía que el impacto ya le había llegado a sus hijos, que son chicos en edad escolar, y a su familia. Entonces decidió dar un paso al costado.

No obstante ello, nosotros seguimos trabajando. Algunos colegas suyos me preguntaban por “los cien días” (de la crisis que abrió las investigaciones judiciales sobre la situación patrimonial de Adorni). En ese período sacamos, por ejemplo, la media sanción del Super RIGI, una ley para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores en los que la Argentina busca convertirse en una potencia.

Tomemos el caso de Polonia. Exporta 40.000 millones de dólares en industria del conocimiento. Nosotros estamos creciendo: hoy estamos en 8.800 millones y camino a los 10.000 millones. Tenemos las mismas condiciones: universidades y jóvenes con capacidades. La exportación de servicios va a ser uno de los sectores que más va a empujar el crecimiento y el Presidente está impulsando ese camino.

También obtuvimos la media sanción del SuperRIGI y pudimos avanzar con los holdouts.

— Pero todo se lo llevaba el caso Adorni.

Es cierto. Ustedes saben más que uno de comunicación. Muchas veces las buenas noticias no son noticia. “Good news, no news”.

— Exacto.

Pero, más allá de eso, es verdad que costaba instalar la agenda. Ese es uno de los desafíos que tengo: recuperar la agenda pública.

El otro desafío es la gestión transversal con los ministerios. Tenemos un equipo de ministros extraordinario, liderado por el Presidente, pero tenemos que mostrar la agenda de todo lo que están haciendo, que es profundamente transformadora y revolucionaria.

Recuperar la agenda pública forma parte de esta etapa. Y seguir con las reformas, porque este ya es el gobierno más reformista de nuestra historia democrática. Hay que seguir todavía más.

— ¿Es una nueva etapa? Su llegada como jefe de Gabinete, el ingreso de un nuevo secretario de Comunicación y el nombramiento de Adrián Ravier como vocero presidencial. ¿Está empezando una nueva etapa del Gobierno?

El Presidente, en ese marco, tomó decisiones. Adrián Ravier es un gran vocero, un economista que entiende la materia y que va en la dirección de lo que el Presidente quiere mostrarles a los argentinos, porque las cosas están pasando. Ya venían pasando, pero ahora empiezan a verse con mayor contundencia en materia económica.

También hay un nuevo secretario de Comunicación (Fabián Fernández), que viene de YPF, con toda su experiencia profesional. Y a mí me toca asumir como jefe de Gabinete.

Paradojas de la vida: cuando uno no busca las cosas, las cosas pasan. Cuando uno las busca, a veces no pasan. La vida es eso. Pero estoy ante el desafío más importante de mi vida política y profesional.

— Nombro a todos, incluso a usted, y son perfiles muy distintos a los que había antes. Había un perfil de mayor confrontación y de “batalla cultural”, que es batalla al fin y con mucha confrontación. ¿Eso queda relegado y ahora empieza la etapa del consenso?

No.

— ¿Cómo lo tiene que entender la gente?

Yo lo entendería de esta manera. La decisión y la convicción del presidente Milei son irrenunciables. Él sostiene que la Argentina debe progresar durante 20, 30 o 40 años. Para que eso suceda, las reformas tienen que avanzar. Nosotros no nos corremos de esa convicción.

La batalla cultural también sigue. Durante años se dijeron muchas cosas falsas. Por ejemplo, que la Argentina solo salía adelante por el sector externo. ¡Sí, obviamente! Pero la pregunta es qué hacemos para que eso suceda.

Llegó el presidente Milei, logró estabilidad macroeconómica —condición sine qua non para poder exportar más— y demostró que muchas recetas que parecían indiscutibles no eran tales. Algunos decían que el dólar tenía que valer el triple para exportar. No pasó. Ni siquiera cuando el dólar valía el triple.

En cambio, cuando tenés estabilidad macroeconómica, un régimen de inversiones competitivo frente a Chile y Perú, y eliminás burocracia como lo está haciendo el ministro Federico Sturzenegger, aparecen las condiciones para producir, exportar más y cambiar la historia. Empiezan los récords de exportación, baja la inflación y el país entra en otro camino.

Ahora bien, la convicción del cambio cultural y la visión sobre hacia dónde tiene que ir la Argentina no se negocian. La discusión es cómo se aborda.

Ahí aparece el consenso. ¿Consenso para qué? ¿Diálogo para qué? No es chamuyar por chamuyar. Ese también es un rasgo de la casta: cambiar los nombres para que nada cambie. No. El Presidente dice exactamente lo contrario: las cosas tienen que cambiar.

Entonces dialogamos para conseguir reformas estructurales, para avanzar con la modernización laboral, bajar impuestos, aprobar la ley penal juvenil, la reforma penal, la ley antimafia, el RIGI y el Super RIGI; para que lleguen inversiones, exportemos más, baje la inflación y haya más trabajo formal.

Ese es el para qué del diálogo. Dialogar por dialogar nunca resolvió ninguno de los problemas de la Argentina.

— En la reunión que tuvo con diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas, el Presidente hizo un largo discurso, de más de tres horas, y planteó algunas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tiene que encarar como jefe de Gabinete, concretamente, a partir de ahora? Creo que la reforma electoral es una importante, pero después quiero meterme en ese tema. ¿Cuáles son las prioridades?

Son un montón, pero las pondría en tres ejes centrales.

El primero es la gestión: que todo lo que el Gobierno tiene lanzado suceda. Por ejemplo, los 120.000 millones de dólares en proyectos del Super RIGI, que ahora hay que aprobar. Las concesiones viales, que gracias a Dios arrancaron, con 9.000 kilómetros de rutas que pasarán al sector privado. Es infraestructura para la Argentina hecha por privados, un concepto central del presidente Milei.

También que se ejecuten las obras que los gobernadores han planteado y solicitado. Por ejemplo, la transferencia de rutas. Me viene a la cabeza la 012, con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el acueducto de Comodoro Rivadavia, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; las rutas 40, 20 y 150 en San Juan, vinculadas al desarrollo minero y turístico; la ruta 40 en Mendoza; o el acueducto entre Catamarca y Santiago del Estero.

Hay obras de infraestructura importantes que tienen que salir adelante y que harán los gobernadores junto con el sector privado, que es la visión del Presidente... Ahora, eso tiene que pasar.

El segundo eje es recuperar la agenda pública, que es lo que hablábamos al principio.

Y el tercero son las reformas. Que el Super RIGI complete su trámite en el Senado. Que consolidemos el acuerdo con los holdouts, un problema que la Argentina arrastraba desde el default de 2001.

Tenemos que avanzar con la ley de propiedad privada; con la modificación de la Ley de Sociedades para hacerla más ágil y acorde a los tiempos del emprendedor y de las pymes; con la ley Hojarasca, que apunta a eliminar burocracia; y con las correcciones a la Ley de Inocencia Fiscal que propusieron los colegios de contadores de todo el país, sobre un trabajo muy importante que hizo el Ministerio de Economía con el ministro “Toto” Caputo.

También están las energías renovables, un capítulo que quedó pendiente en el Presupuesto, para evitar que las inversiones paguen impuestos e Ingresos Brutos. Y la compensación histórica vinculada a CAMMESA con las provincias, que viene desde la pandemia.

Y, por supuesto, la reforma electoral. En la visión del Presidente tiene que haber una reforma pensada para el ciudadano, en tres dimensiones. La primera: que el ciudadano no tenga que ir seis veces a votar. Es insoportable. La segunda: que no le cueste entre 250 y 300 millones de dólares al Estado. Y la tercera: revisar el enorme espacio cedido a la publicidad de los partidos políticos, porque la gente termina apagando la televisión y ese sistema ya no cumple el objetivo para el que fue creado. Después viene la discusión electoral de los partidos. Pero esos tres conceptos son los que sostiene el Presidente.

— Trascendió una negociación con los gobernadores para eliminar las PASO y habilitar las colectoras en la próxima elección. Preguntas concretas: ¿el Gobierno quiere la eliminación de las PASO? ¿Aceptaría suspenderlas si no tiene los votos? ¿Qué significan estas colectoras y cuál es la posición del Gobierno? ¿Es una propuesta del Gobierno o de los gobernadores?

El concepto del Gobierno es el de la ley que enviamos: la eliminación de las PASO.

El objetivo es ordenar el sistema de partidos, evitar que el ciudadano tenga que votar seis veces, ahorrar unos 300 millones de dólares y corregir un esquema de publicidad política que, en definitiva, ya casi nadie mira.

— ¿Y Ficha Limpia?

Por supuesto. Ficha Limpia forma parte de nuestra visión y está incluida en el proyecto que enviamos. Hay un debate sobre ese tema.

— ¿Adentro de la ley?

Hay un debate entre senadores y diputados. Nosotros la sostenemos dentro del proyecto, pero es una discusión que daremos más adelante. Nuestra posición es clara: queremos Ficha Limpia.

— ¿Pero podrían sacarla?

Lo discutiremos cuando llegue el momento, en el Senado y después en Diputados. Respecto de las colectoras, esa es una discusión que están llevando adelante los representantes de los partidos políticos. Pero nuestra propuesta es la que enviamos al Congreso.

Sobre la eliminación o la suspensión de las PASO, nuestra posición sigue siendo la eliminación. Después habrá que ver cuál es el consenso que se construye, pero el objetivo es que el ciudadano no tenga que ir seis veces a votar.

— Pero no está descartado que, si no hay votos, se habilite una suspensión...

Podemos discutirlo. Lo vamos a discutir en el Senado. Es una de las conversaciones que estamos teniendo con los senadores y con Patricia.

— ¿Las colectoras también podrían ser una alternativa?

Puede ser una alternativa para los partidos políticos. Es un planteo que ellos están haciendo respecto de cómo competir. Nosotros vamos a competir con La Libertad Avanza. Después habrá que discutir con diputados y senadores cuál será el formato definitivo.

— Una pregunta que no le hice cuando introdujimos la entrevista. ¿Usted le pidió al Presidente ser gobernador para aceptar el cargo? ¿Ser el candidato a gobernador?

De ninguna manera. Yo no le pediría algo así al Presidente.

Te dije antes que estoy ante el desafío más importante de mi carrera política. Estoy acá para dejar todo en la Jefatura de Gabinete.

— No fue una condición: “Agarro, pero voy a ser el candidato”.

No. Ponerle condiciones a un presidente, y menos a Javier Milei, no me parece adecuado. Mucho menos a Javier o a Karina Milei.

Te decía al principio que parece un chiste: cuando uno va detrás de determinadas cosas, muchas veces no suceden; cuando uno se despoja de eso, empiezan a pasar.

Creo que alguna vez lo dije en un programa, cuando iba a ser candidato. Dije que no me importaba en qué lugar firmar. Algunos me cargaron por eso, pero respondí que iba a firmar donde hiciera falta porque quería acompañar.

En 2023 la sociedad tomó una decisión. Había dos propuestas de cambio y ganó la que lideraba Javier Milei. Desde ese día nosotros lo acompañamos, incondicionalmente y sin pedir nada a cambio.

Cuando llegó el proceso electoral del año pasado hicimos lo mismo. Firmé tercero en la lista.

Después pasó lo que pasó y, otro domingo más, el Presidente me pidió que me hiciera cargo, después de una elección muy difícil, en la que habíamos perdido por 14 puntos en septiembre y terminamos ganando en octubre.

— Es el bombero del Presidente, parece.

No, no soy el bombero.

Yo creo en los proyectos colectivos. Estoy convencido de los proyectos colectivos.

— Lo digo porque tuvo que salir después del lío con José Luis Espert y ahora vuelve a aparecer después del caso Manuel Adorni.

Es como te decía: cuando uno busca las cosas, muchas veces no suceden; cuando uno se despoja, pasan. Creo que la vida tiene bastante de eso.

— Y volviendo al tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Mantiene la idea o la intención de ser candidato a gobernador?

Yo creo en los proyectos colectivos.

— No me la tire a la tribuna.

No, no. Proyecto colectivo significa que la Argentina no vuelva atrás. Y para que la Argentina no vuelva atrás estoy convencido de que el presidente Milei tiene que reelegir. Esa es mi convicción.

El Presidente tiene que reelegir porque este proceso debe profundizarse, con más desarrollo, más crecimiento y más empleo formal. Hace quince años que en la Argentina no se genera un puesto de trabajo formal y hace veinte que no nace una pyme neta.

Entonces uno se pregunta qué nos pasó.

En ese marco digo que me apasiona la provincia de Buenos Aires, me encanta y tengo toda la vocación del mundo. Pero es un proyecto colectivo.

No puede haber nunca un proyecto personal por encima de un proyecto colectivo. Sobre todo, cuando está en juego una Argentina próspera y grande.

— Hablando de la provincia de Buenos Aires, usted viene criticando muy duramente a Axel Kicillof. Tanto por su gestión como porque hoy aparece como uno de los dirigentes que busca posicionarse para una candidatura presidencial. ¿Por qué esa insistencia en ser tan crítico?

Lo que me saca de lugar es escuchar a Carlos Bianco, que es el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, decir que estábamos mejor en 2023 que ahora.

¿Cómo estábamos mejor en 2023 con 57% de pobreza? ¿Con 60% de pobreza infantil? ¿Con 20% de indigencia? ¿Con una inflación acumulada de 1.147% durante los cuatro años del gobierno anterior?

¿Y con un gobernador que no se hace cargo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ni enfrenta el delito?

Si querés ir más lejos, hace pocos meses el presidente resolvió el desastre que dejó el caso YPF, una contingencia de 18.000 millones de dólares que podía costarle muchísimo a la Argentina.

Entonces digo: ¿de qué están hablando?

Todo el esfuerzo que hizo la sociedad durante estos dos años fue para salir del desastre que dejó el gobierno anterior.

Por lo menos deberían llamarse un poco a silencio.

— Hablando de la provincia y de los gobernadores. En su asunción estuvieron presentes trece gobernadores. Hay un grupo importante que acompaña al Gobierno. ¿También va a convocar a los gobernadores peronistas, por ejemplo Axel Kicillof, para dialogar?

Es buena la pregunta. Pero vuelvo a lo mismo: ¿dialogar para qué? ¿Para una foto? Si el propio Kicillof no fue al Pacto de Mayo. No quiere bajar impuestos; al contrario, los aumenta. La presión fiscal sobre la industria en la provincia de Buenos Aires es 34% más alta que en Córdoba y 30% más alta que en Santa Fe.

No quiso acompañar la ley de reiterancia, que apunta a terminar con la puerta giratoria. No acompaña la ley penal juvenil, que ya resolvió prácticamente todo el mundo. No acompañó el RIGI y, de esa manera, la provincia pierde inversiones. Entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿dialogar para qué?

Si es dialogar para chamuyar y para sacarse una foto, no. Él es quien no quiso avanzar en ningún acuerdo.

— Hablo de Axel Kicillof, pero también de Gildo Insfrán o Ricardo Quintela.

El otro día estuve en el CFI con los gobernadores del Norte.

Estaban el gobernador de La Rioja y el gobernador de Formosa.

— O sea, con todos sí; con Axel Kicillof no.

Él es quien no quiso. Ahora después aparecen títulos diciendo que me convocan o que me llaman. Pero vuelvo a lo mismo: en la Argentina estamos demasiado acostumbrados al diálogo para no hacer nada, al diálogo para sostener el statu quo. No.

El diálogo para el statu quo, no.

— El gobernador plantea que la Nación le debe mucho dinero y que le retiene fondos...

Nación también reclama lo que le deben por los hospitales.

— Dígame.

¿Quién está pagando hoy las cuentas de los hospitales? Nación.

Pregúntele al ministro Mario Lugones. Entonces ojo con eso. Y cuando la Nación tuvo que rollear su deuda, estuvo.

— ¿Y va a seguir estando?

Cuando tenga que rollear deuda, va a estar. Esa es la posición política y filosófica del Presidente.

Yo me reuní con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, con quien tenemos diferencias muy importantes. Sin embargo, encontramos un acuerdo respecto de la caja jubilatoria, por ejemplo.

— Siguiendo con la política. Le pregunto por una frase que pronunció el Presidente, primero en la Fundación Faro y después en una entrevista por streaming, cuando dijo que el gobierno de Mauricio Macri había “estafado a los argentinos” al reperfilar la deuda. ¿Qué piensa de esa frase?

Primero quiero destacar y agradecerle al PRO por el acompañamiento estoico que tuvo durante todo este tiempo.

Me tocó verlo cuando era ministro del Interior y había que trabajar con Diputados, pero también en todas las reformas que impulsamos.

Tenemos un excelente diálogo, aunque no siempre coincidimos, con Cristian Ritondo en Diputados, con Martín Goerling en el Senado, con Fernando de Andreis y con los gobernadores del PRO.

Quiero destacar eso.

Después, el Presidente hace sus exposiciones y muestra datos de la historia económica. Ustedes saben que permanentemente contrasta datos y series históricas.

No me olvido de que, en diciembre, cuando yo era ministro del Interior, el Presidente me dijo: “Vamos a tener un enero difícil, un febrero difícil y un marzo peor”. Ahí le planteé: “¿Pero si ganamos la elección?”.

Y me respondió: “Abril va a ser el piso. Mayo va a empezar a mejorar, junio también y, a partir de ahí, los meses van a ser cada vez más positivos”.

Es un Presidente que decidió no quitarle los depósitos a la gente ni aplicar recetas del pasado que terminaron destruyendo a la sociedad, a las pymes y a los ciudadanos.

Por eso la salida es mucho más seria y contundente, aunque también más larga.

Ese es el camino.

Y, como él mismo dice, los libertarios no somos una manada. Eso implica aceptar visiones diferentes y posiciones distintas.

En ese marco, lo más importante es que quienes pensamos de manera parecida —no digo igual, parecida— estemos juntos hacia adelante. Yo me quedo con eso.

— Pero no me responde concretamente sobre esa frase.

Todos han dicho cosas desde distintos lugares. Creo que hay que pararse sobre las cosas que nos unen.

— ¿Macri ayuda o Macri obstaculiza al Gobierno?

El PRO ayuda.

— Hablo de Mauricio Macri.

El PRO ayuda. Sus representantes están votando y acompañando las reformas. ¿Y sabés por qué las acompañan? Porque también estaban en su plataforma. No es a cambio de algo. Es porque son temas que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo.

— Quiero ir a cuestiones muy puntuales, ya entrando en el tramo final de la entrevista. ¿Qué va a pasar con el financiamiento universitario después del fallo de la Corte?

Se hizo un acuerdo con las universidades.

— Las universidades sostienen que el fallo obliga a algo que va más allá de ese acuerdo. Se lo pregunto porque sé que usted participó de esa negociación.

En la Argentina todos hicimos un esfuerzo durante estos dos años, especialmente los ciudadanos. Todos hicimos un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que permitirnos cumplir nuestras obligaciones. Es verdad que debemos respetar el Presupuesto y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tenemos que cumplir todas las normas.

Ahora, también es cierto que si eso genera un desequilibrio fiscal, puede terminar provocando un problema todavía mayor para todos. Se llegó a un acuerdo con las universidades y ese acuerdo fue presentado ante la Corte. Quiero destacar el trabajo de la ministra Sandra Pettovello, que terminó con la intermediación social y, junto con la ministra de Seguridad, también con los piquetes.

Nosotros vamos a empezar a cumplir ese acuerdo y, al mismo tiempo, tenemos que encontrar el equilibrio para que las universidades sigan creciendo y haciendo el trabajo tan importante que realizan en todo el país.

— ¿El Gobierno está pensando en alguna medida concreta frente al aumento de la morosidad, tanto de las familias como de las empresas?

Muchos bancos están tomando decisiones en ese sentido. También veo que algunas provincias están reestructurando situaciones de deuda. Si alguien tenía una deuda con una tasa del 200% y esa tasa baja, ahí ya aparece un mecanismo de alivio.

Pero la posición del Presidente es muy clara: no cree en la intervención del Estado ni en los subsidios. Cada sector irá encontrando soluciones a medida que bajen las tasas de interés, el riesgo país y continúe bajando la inflación.

Si uno mira el riesgo país del bono emitido durante la gestión del presidente Milei, está en torno a los 60 puntos básicos. Hoy el riesgo país ronda los 420 puntos, cuando el Gobierno lo recibió cerca de los 2.000. Ahí está el camino: bajar la tasa. Los números empiezan a aparecer y la inflación sigue cediendo.

— ¿Pero no hay en carpeta ningún plan concreto para atacar este problema?

No.

— ¿No, o no por ahora?

No. Por el momento no tengo nada en carpeta.

— Hablamos de muchos temas y usted, como jefe de Gabinete, está en la línea de fuego de todos ellos. ¿Qué asunto le preocupa más o cuál cree que puede generar una complicación?

Lo que estamos viendo es que la economía crece. Doce de los dieciséis sectores de la economía ya están creciendo. Necesitamos que ese crecimiento llegue también al comercio y al ciudadano de a pie. Y necesitamos que todo lo que el Gobierno tiene lanzado suceda.

Cuando digo “todo”, hablo de los 9.000 kilómetros de concesiones viales, de los RIGI, de las inversiones en las provincias, de la producción y de las exportaciones.

Estoy ocupado en esas tres dimensiones que te planteé al principio.

— Fue diputado, vicejefe de Gobierno, ministro del Interior y ahora jefe de Gabinete. Tiene la posibilidad de competir para gobernador. ¿Alguna vez pensó en ser presidente?

Nunca lo pensé.

— ¿Nunca?

Nunca. Siempre tuve objetivos mucho más cercanos. Cuando fui ministro de Seguridad tenía un objetivo concreto. Ahí es donde diferencio al que quiere que nada cambie —eso para mí es la casta— del que quiere transformar. Recibí una ciudad con una tasa de homicidios de 5,4 cada 100.000 habitantes y la dejé en 2,4.

Enfrentamos al narcotráfico. Las tres principales organizaciones criminales terminaron completamente detenidas. Fuimos al frente. Transformamos. Eso es concreto.

Nunca pensé en la Presidencia porque siempre trabajé sobre objetivos mucho más palpables.

— ¿No es un tema?

No.

— ¿Va a seguir siendo afiliado al PRO o se va a afiliar a La Libertad Avanza?

Yo soy del proyecto que lidera el presidente Milei.

— No me responde.

Para mí, en la etapa que viene, los colores no definen. Lo que va a definir el futuro es si volvemos para atrás o seguimos para adelante.

— Si usted quiere la reelección del presidente Milei, eso implica que no quiere cualquier otro candidato. Por ejemplo, si Mauricio Macri quisiera volver a ser candidato a presidente.

Yo creo en la reelección del presidente Milei. Lo dije y lo sostengo. Estoy convencido de que el presidente Milei tiene que reelegir.

— El PRO puede presentar un candidato. De hecho, algunos dirigentes ya lo plantean.

Por supuesto. El PRO puede presentar un candidato y el radicalismo también, si quiere. Ahora, yo creo que todos los que pensamos de una manera tenemos que luchar para ir hacia adelante y no abrir el riesgo de que vuelvan los de atrás.

— Usted nació políticamente en el peronismo, después fue parte del grupo fundador del PRO y ahora integra el Gobierno de Javier Milei. ¿Qué le está pasando hoy al peronismo? Usted habla permanentemente con gobernadores e intendentes peronistas. ¿Cómo lo ve?

No me gusta opinar sobre otros partidos.

El peronismo estará discutiendo una reestructuración, una renovación o como quieran llamarla.

Es una discusión que tiene que dar el propio peronismo.

— Con Cristina Kirchner presa y Axel Kicillof disputando el liderazgo... ¿Qué ve que está pasando?

Es un tema del peronismo.

Tengo que ser respetuoso de eso.

Nosotros tenemos que ocuparnos de que el enorme esfuerzo que hizo la sociedad durante estos dos años continúe hacia adelante.

Lo peor que nos puede pasar es volver a una Argentina pendular, que va para un lado y después para el otro, sin consolidar nunca un rumbo.

— ¿Axel Kicillof representa la renovación del peronismo?

Para mí, no. Pero, más allá de eso, es una discusión que debe resolver el peronismo.

Lo voy a explicar con una lectura muy personal. Europa tuvo los dos grandes epicentros de las guerras mundiales: Francia y Alemania. La Unión Europea nació como un proceso de paz, para que eso no volviera a ocurrir. Después vino la unión aduanera y, más tarde, la moneda común. Pero el origen fue un proceso de paz.

Los países a los que más les costó hacer los esfuerzos que hoy está haciendo la Argentina —como España, Portugal, Italia o Grecia— terminaron haciéndolos. Sus ciudadanos hicieron un enorme sacrificio. Y fijate cómo crecieron desde 1993 hasta hoy.

Se desarrollaron, redujeron la pobreza y después empezaron a enfrentar otros problemas, que son los problemas del crecimiento. Ese fue el corsé que encontraron para no volver atrás.

La Argentina tiene que evitar el movimiento pendular que la llevó una y otra vez de un extremo al otro. Si logramos bajar la presión fiscal, producir más y exportar más, vamos a resolver uno de los problemas históricos del país, que es la falta de dólares.

Y, ojalá, vamos a tener el problema inverso: el de una economía que genera cada vez más divisas. Fijate que el presidente y el ministro de Economía ya consiguieron este año las reservas que necesitaba el programa económico. También quedó asegurado el pago de los vencimientos de deuda de este año y del próximo. Eso le da previsibilidad a la Argentina.

Por eso estoy convencido de que el presidente Milei tiene que reelegir.

— La última. Adorni dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación judicial sobre su patrimonio y de una fuerte polémica por sus declaraciones juradas. Le hago una pregunta muy concreta: ¿usted tiene todo en orden?

Sí. Declaro mis bienes hace veinte o treinta años.

— ¿Está todo en orden?

Está a la vista de todo el mundo, hace muchos años.

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete configuró un movimiento de magnitudes tanto en la política ejecutiva del Gobierno como en la electoral. Si bien los altos mandos del partido libertario siguen con idéntica influencia, el ascenso del exministro del Interior genera aún más expectativa sobre la estrategia que se utilizará para las elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires.

En la reunión que tuvo con Javier Milei y Karina Milei el último fin de semana en la Quinta de Olivos, Santilli les reiteró que sus dos principales prioridades de cara al año próximo son lograr la reelección del Presidente y acelerar la gestión política del Gobierno, algo a lo que se le suma la prioridad de lograr la aprobación de la reforma electoral.

Hábil con las palabras. Santilli les hizo saber que, después de esos dos objetivos, está en segundo plano su intención de ser el candidato de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO para la gobernación bonaerense. Los Milei le tienen reservado ese rol debido a su buen desempeño electoral tanto en 2021 como 2025, así por cómo viene comportándose al interior del oficialismo.

“La verdad es que como candidato cumple con todos los requisitos. Mide bien, tiene buen perfil y supo cómo comportarse con el karinismo, se fue ganando la confianza de todo ese entorno”, afirmaron en la Casa Rosada.

No es un panorama sencillo el que Santilli tiene por delante. La Jefatura de Gabinete se ha configurado como una verdadera silla eléctrica, ejecutando a tres funcionarios en dos años y medio. Los tres -Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni- eran de altísima estima de Milei en sus respectivos momentos. Pero el timing con el que “el Colo” llega es distinto ya que, a nivel interno, la disputa de poder parece más resuelta que nunca en favor de la hermana presidencial. Así, quienes lo conocen afirman que con cuidar la gestión ya tiene altísimas posibilidades de mantenerse como la principal carta para competir contra el kirchnerismo en la Provincia.

En los últimos días circularon versiones acerca de que Santilli habría conseguido desplazar a Sebastián Pareja en la consideración del armado electoral nacional de La Libertad Avanza. Esto es desmentido desde ambas partes.

“Realmente no vemos ningún cambio. No hay una reconfiguración del mapa bonaerense al interior del oficialismo. Seguís teniendo a Karina Milei como presidenta del partido y a Pareja como su hombre en la Provincia. El único cambio es Santilli como jefe de Gabinete, que sí es importante”, afirman desde el entorno del ministro coordinador.

En tanto, en el karinismo son enfáticos en decir que la connivencia entre Pareja y Santilli debe seguir como siempre y que no son figuras opuestas, sino las dos caras de una misma moneda. “Sebastián es quien está desde el comienzo del armado electoral de La Libertad Avanza. Nunca la cagó, y eso se valora muchísimo. No hay forma que se desprenda de él como se especuló en los últimos días. Todo sigue exactamente igual”, afirman.

Aunque parece que falta como para hablar de candidatos, los libertarios no descuentan que el peronismo adelante las elecciones bonaerenses. Eso hace que los vínculos entre LLA y el PRO comience a tomar forma de manera casi automática. Operadores libertarios de la Provincia afirman que todavía no hay un candidato, aunque el que está claramente posicionado, tanto por imagen como por preferencia del Presidente, es Santilli.

En el entorno de Pareja no niegan que él haya pensado en una eventual candidatura, pero sabe que, a priori, en la Quinta de Olivos hay una decisión tomada.

El presidente provincial de LLA afirma en privado que se entiende con Santilli y que no se han estado pisando los talones. Para evitar cualquier tipo de interpretación de interna, hace meses que puso como condición a su equipo del exministro del Interior fuera invitado a todos los eventos partidarios en la Provincia.

En el último año, Pareja desarrolló una estructura propia que quiere seguir profundizando en diferentes ámbitos. Tiene su militancia a través de La Púrpura, que realizó eventos en diferentes secciones de la provincia; su agrupación universitaria denominada Crear + Libertad, que está bajo la órbita de Universitarios Por la Libertad (UPL); y una usina de dirigentes denominada Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP). Con esta última prevé terminar para fin de año una suerte de guía de propuestas para ser presentadas el año próximo en la contienda electoral. También habrá una novedad para agosto, donde busca realizar una edición internacional de lo que denominó Foro Alberdiano. Esto será un “retiro” con dirigentes libertarios bonaerenses, de otras provincias y de partidos conservadores de diferentes países para debatir políticas públicas.

La consideración que Santilli tiene con la cúpula del Gobierno y la que Pareja tiene como armador provincial parecen no estar en discusión. Lo que sí podría ser materia de debate es la estrategia en materia de alianzas de cara a la contienda electoral.

En el PRO creen que hay que evitar cualquier tipo de dispersión en la oferta. “Cada voto cuenta. La evidencia empírica te demuestra que cuando más junto vas, más posibilidades tenés de ganarle al peronismo en la Provincia”, afirman.

En ese sentido, creen necesario tener conversaciones con la UCR bonaerense, que comanda políticamente el senador Maximiliano Abad, con quien Santilli y Lule Menem tienen diálogo por las negociaciones que ellos buscan comandar por las reformas de Milei. Creen que a eso se le deben sumar algunos partidos vecinalistas, según el distrito.

“No hay opción de ir separados si queremos vencer al kirchnerismo. Todas las fuerzas que quieran el cambio, que quieran dejar atrás el abandono de Kicillof, tenemos que ir juntos. Eso incluye al PRO, a la Libertad Avanza, al radicalismo y a todo espacio que comparta ese objetivo y visión de cambio. Tenemos que aprender de 2023 donde Kicillof reeligió porque las fuerzas del cambio fueron separadas. Ese error no lo podemos volver a cometer. Necesitamos un frente lo más amplio posible”, opinó ante Infobae una fuente de peso del PRO bonaerense.

Esto es algo que no descartan en la cúpula del partido. Si bien el parejismo no ha tomado una posición contundente por el momento, entienden que el oficialismo bonaerense hará todo lo posible para mantener el bastión de la provincia de Buenos Aires. “Nuestra tarea es la de conducir el proceso electoral que lleve el proyecto de Javier Milei a la Gobernación. Estamos trabajando, analizando las estrategias y conversando con todos los actores políticos para entender su predisposición a ser parte de nuestra propuesta”, afirman voceros oficiales del espacio.

El Consejo de la Magistratura de la Nación convocó a los abogados y las abogadas con matrícula federal activa a participar de las elecciones para renovar los cuatro lugares que corresponden a ese estamento dentro del organismo encargado de seleccionar, sancionar y promover la remoción de jueces nacionales y federales.

La convocatoria, firmada por la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, y su secretario general, Mariano Pérez Roller, fue publicada en el Boletín Oficial y fijó los comicios para el próximo 20 de octubre, entre las 9 y las 18.

Podrán votar los profesionales con matrícula federal activa inscriptos hasta el 17 de julio y con domicilio electoral en la República Argentina. Se elegirán cuatro consejeros titulares, cada uno con un suplente del mismo género, para el período 2026-2030.

Al menos dos de las bancas deberán ser ocupadas por mujeres. La convocatoria también exige que entre los electos haya, como mínimo, dos abogados de la matrícula federal del interior del país y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los cargos que serán renovados son los que actualmente ocupan Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. El inicio del proceso electoral volvió a poner en discusión qué norma debe aplicarse para determinar si quienes integraron el Consejo durante el período 2022-2026 pueden postularse inmediatamente para otro mandato.

La incertidumbre se origina en las sucesivas reformas que atravesó el organismo y en el alcance del fallo mediante el cual la Corte Suprema restableció su composición de veinte miembros.

La Ley 24.937, sancionada en diciembre de 1997 durante el gobierno de Carlos Menem, reglamentó el Consejo creado por la reforma constitucional de 1994. Su artículo 2 estableció la integración del cuerpo -inicialmente con 19 miembros- y reservó cuatro lugares para los representantes de los abogados de la matrícula federal. El artículo 3 dispuso que los consejeros durarían cuatro años y podrían ser "reelegidos por una vez en forma consecutiva“.

Días después, la Ley 24.939 corrigió distintos aspectos de ese régimen. Entre ellos, elevó de 19 a 20 la cantidad total de integrantes, pero no modificó el artículo referido a los mandatos. Se mantuvo así la posibilidad de una reelección inmediata.

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso aprobó la Ley 26.080. Su artículo 1 sustituyó el artículo 2 de la ley original, redujo el Consejo de veinte a trece miembros y disminuyó de cuatro a dos la representación de los abogados.

El artículo 2 de la reforma reemplazó, a su vez, el artículo 3 de la Ley 24.937. Aunque mantuvo en cuatro años la duración de los cargos, dispuso que los consejeros podían ser reelegidos únicamente “con intervalo de un período”. La nueva redacción eliminó así la posibilidad de ejercer dos mandatos consecutivos.

Ese esquema funcionó hasta el 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema dictó sentencia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ Estado Nacional”. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 1 y 5 de la Ley 26.080, referidos a la integración de trece miembros y al quórum de siete consejeros.

El Máximo Tribunal consideró en ese fallo que aquel diseño quebraba el equilibrio entre los sectores político, judicial, profesional y académico exigido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Al definir el alcance de ese principio, sostuvo que debía existir un “equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo”.

Bajo la Ley 26.080, el estamento político reunía siete integrantes: seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Esa cantidad le permitía alcanzar sin la participación de los otros sectores el quórum requerido y adoptar las decisiones que no exigieran mayorías especiales.

Según la reseña de la Corte respecto de la normativa cuestionada, "el estamento político cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional”.

Así las cosas, el tribunal exhortó en 2021 al Congreso a sancionar una nueva ley y fijó “un plazo razonable” de 120 días para completar el Consejo bajo la integración anterior. Como el Poder Legislativo no aprobó otro régimen, volvieron a aplicarse las disposiciones que establecían un organismo de veinte integrantes, presidido por el titular de la Corte Suprema y con un quórum de doce miembros.

“Hasta tanto esa ley sea dictada corresponde que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables recobre plena vigencia el régimen previsto por la ley 24.937 y su correctiva 24.939”, dispuso la sentencia.

El fallo, sin embargo, no declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley 26.080, que había cambiado la regla sobre los mandatos. Al establecer cómo se incorporarían los representantes necesarios para completar la nueva integración, la Corte agregó: “Los integrantes del cuerpo podrán ser reelegidos con intervalo de un período (art. 3° de la ley 24.937, texto según ley 26.855). Excepcionalmente, para los nuevos integrantes no se computará la primera elección a los efectos de una eventual reelección consecutiva”.

Ese pasaje sustenta actualmente la interpretación según la cual la sentencia restituyó la composición, el quórum y las mayorías correspondientes al Consejo de veinte miembros, pero dejó vigente la prohibición de renovar consecutivamente los mandatos.

La postura contraria pone el foco en que, para organizar las elecciones de 2022, el propio organismo dictó la Resolución 74/22 y adecuó sus reglamentos a los parámetros de la Ley 24.937 y su correctiva 24.939. Ese esquema recuperó las cuatro bancas de la abogacía, un padrón nacional único y la representación de los profesionales del interior y de la Ciudad de Buenos Aires.

Las resoluciones 95/22 y 107/22 incorporaron después modificaciones relacionadas con el cierre del padrón, los suplentes y la organización del comicio. La última estableció que para ser candidato regían “las condiciones previstas en la ley 24.937 y sus modificatorias”, pero no incluyó una disposición específica sobre la reelección consecutiva.

En paralelo al proceso electoral ya iniciado para el estamento de la abogacía, el consejero juez Diego Barroetaveña presentó en junio una acción declarativa de certeza para que la Justicia en lo contencioso administrativa determine si puede postularse a un nuevo mandato consecutivo. La causa quedó a cargo del juez federal Enrique Lavié Pico.

Con todo, la convocatoria de los abogados fue publicada durante dos días en el Boletín Oficial. Los informes sobre el padrón, los lugares de votación y el registro de listas pueden solicitarse en la Secretaría General del Consejo, en Libertad 731, o ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

El juez federal Emmet Sullivan bloqueó el 1 de julio de 2026 una regla del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) que habría negado la entrega de boletas electorales a los estados que no entregaran sus padrones de votantes al gobierno federal.

El fallo tiene alcance nacional y representa el segundo revés judicial en pocas semanas para la administración Trump en materia de voto por correo.

Qué ordenaba Trump y cómo funcionaría la restricción

La raíz del conflicto es la Orden Ejecutiva 14248, firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2026. Una orden ejecutiva es una instrucción presidencial directa a las agencias del gobierno federal, con fuerza de ley, que no requiere aprobación del Congreso.

En cumplimiento de esa orden, el USPS publicó el 2 de junio una regla propuesta con requisitos concretos para los estados. Según The Guardian y Fox News, las condiciones eran:

• Entregar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales el listado completo de votantes habilitados para el voto por correo.
• Adoptar nuevos procedimientos de votación establecidos por la orden federal.
• Si un estado no cumplía, el USPS se negaría a enviar las boletas a sus votantes.

El director general de Correos, David Steiner, confirmó ese mecanismo ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado: si un estado rechazaba proveer el listado de votantes en ausencia, el servicio postal simplemente no despacharía las boletas de ese estado.

El fallo judicial y su base legal

Sullivan, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en sí. Su argumento fue más específico: la regla propuesta viola un acuerdo legal firmado en 2021 entre el USPS y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos.

Ese convenio obliga al servicio postal a garantizar la entrega oportuna del correo electoral hasta 2028 y le otorga a los tribunales la facultad de supervisar el cumplimiento de esa obligación.

Sullivan argumentó que el USPS no puede comprometerse públicamente a priorizar “el monitoreo y la entrega oportuna del Correo Electoral” mientras, al mismo tiempo, sus propias políticas le permiten rechazar “envíos no conformes” y negar boletas a votantes de estados que no entreguen sus padrones.

Para el juez, esa contradicción interna convierte la regla propuesta en una violación directa del acuerdo de 2021, según Fox News.

El bloqueo judicial —una medida cautelar que impide la aplicación de una norma mientras se resuelve el fondo del caso— rige en todo el territorio nacional.

Una cadena de reveses judiciales

El fallo de Sullivan se suma a una secuencia de derrotas legales para la administración en el frente electoral:

• Primer revés: La jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, bloqueó la semana anterior la aplicación de la orden en 23 estados y el Distrito de Columbia, tras una demanda colectiva presentada por esos estados contra la regla del USPS.
• Segundo revés (este fallo): Sullivan extiende ese bloqueo a todo el país al hacer valer el acuerdo de 2021, cuyo alcance es nacional por definición.
• Tercer frente: Una semana antes, otro juez designado por el expresidente Barack Obama bloqueó el intento de Trump de impedir que personas no ciudadanas se registren para votar en elecciones federales, en el marco de la misma EO 14248.

Reacciones de las partes

Anthony Ashton, asesor legal de la NAACP, sostuvo que el fallo protege a los votantes que dependen del correo para ejercer su derecho al voto y advirtió que las restricciones propuestas habrían generado “barreras innecesarias e ilegales” con un efecto desigual: los votantes negros, señaló, tienen más probabilidades de recurrir al voto por correo “debido a inequidades históricas en el acceso”. En su balance, la medida bloqueada habría incrementado la intimidación en las urnas, según The Guardian.

Allison Zieve, directora del Public Citizen Litigation Group, fue más directa en su crítica al servicio postal. El tribunal, dijo, reconoció que el plan del USPS era “incompatible con su compromiso de entregar el correo electoral a tiempo” y lo calificó como “una amenaza para los millones de votantes” que dependen de las boletas enviadas por correo.

La Casa Blanca no se pronunció de forma específica tras este fallo. La semana anterior, ante una consulta de Fox News Digital, la portavoz Abigail Jackson había anticipado la postura de la administración: el presidente, dijo, está “comprometido” con que los estadounidenses tengan “plena confianza” en el sistema electoral, y expresó certeza de que la orden prevalecerá en los tribunales.

El origen del acuerdo que frenó la orden

El convenio de 2021 que Sullivan invocó para bloquear la regla tiene su origen en una demanda que la NAACP presentó contra el USPS en 2020. Durante la pandemia de Covid-19, los retrasos generalizados en el servicio postal amenazaron el acceso al voto por correo de millones de ciudadanos.

El acuerdo resultante obligó al servicio postal a adoptar “medidas extraordinarias” para asegurar la entrega oportuna del correo electoral, y colocó esa obligación bajo supervisión judicial hasta 2028.

Ese mismo compromiso institucional es ahora el instrumento legal que impide, al menos temporalmente, la aplicación de la política electoral de la administración Trump.

Por primera vez, los salvadoreños residentes en el exterior podrán elegir a diputados específicos que representen sus intereses en la Asamblea Legislativa. Este cambio, respaldado por reformas al Código Electoral, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y la Ley de Partidos Políticos, marca un hito en la historia política de El Salvador. La aprobación de estas enmiendas introduce la circunscripción 15, una zona electoral dedicada exclusivamente a la diáspora salvadoreña.

La creación de esta circunscripción permitirá que, a partir de 2027, seis legisladores defiendan de manera directa los intereses de los ciudadanos salvadoreños que viven fuera de las fronteras nacionales.

Según la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), este paso abre un debate necesario sobre el perfil, obligaciones y mecanismos de rendición de cuentas de quienes buscarán ese respaldo ciudadano.

Preguntas clave de la diáspora salvadoreña para quienes aspiren a representarlos

AAMES plantea cinco interrogantes fundamentales que deberían responder los futuros aspirantes. La primera pregunta apunta a un aspecto logístico y simbólico: “¿Dónde fijará su residencia si resulta electo?”. El lugar de residencia del diputado resulta esencial, ya que determina su nivel de inserción y cercanía con las realidades cotidianas de los migrantes. La organización señala que la representación debe reflejar la vida y los desafíos de quienes viven en el exterior, no solo en El Salvador.

En segundo lugar, la asociación interroga a los futuros candidatos sobre su compromiso comunicativo: “¿Cómo mantendrá comunicación permanente con los salvadoreños en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países?”. La diáspora salvadoreña se encuentra dispersa en diferentes regiones del mundo y enfrenta retos diversos. Mantener un canal abierto, fluido y constante de comunicación será esencial para garantizar una representación activa y genuina.

El tercer punto se refiere a los servicios que los legisladores ofrecerán: “¿Impulsará oficinas de atención para la diáspora?”. La puesta en marcha de espacios físicos o virtuales de atención permitiría que los migrantes reciban orientación, acompañamiento y soluciones a sus problemas específicos. Según AAMES, la existencia de estas oficinas contribuiría a fortalecer el vínculo entre los representantes y las comunidades, además de facilitar la gestión de trámites y el acceso a información relevante.

Otro aspecto crítico, destacando por la asociación, corresponde a la transparencia y la rendición de cuentas. “¿Presentará informes periódicos a las comunidades migrantes?” es la cuarta pregunta que destaca la organización. La presentación de reportes periódicos permitiría a los electores evaluar el desempeño de sus representantes y exigir resultados. La transparencia, afirman desde AAMES, es la base de la confianza y la legitimidad democrática.

Finalmente, la agenda ciudadana de la organización exige respuestas sobre la participación directa de la diáspora en la legislación: “¿Qué mecanismos propondrá para que la diáspora participe en la elaboración de iniciativas de ley?”. Para la asociación, la inclusión efectiva de los migrantes en la toma de decisiones legislativas fortalecería la democracia salvadoreña y permitiría que las leyes respondan a las verdaderas necesidades de quienes residen fuera del país.

La iniciativa de la Asociación no busca apoyar o cuestionar a ningún candidato. Su objetivo, según han hecho público, es promover una discusión amplia, crítica y constructiva sobre el tipo de representación que requiere la diáspora.

“No se trata de apoyar o cuestionar a ningún candidato. Se trata de promover una representación cercana, transparente y comprometida con millones de salvadoreños que continúan aportando al desarrollo del país desde el exterior”, señala la organización.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras anticipó meses antes de morir que el próximo presidente de Colombia enfrentaría un escenario límite el 7 de agosto de 2026, y esa advertencia volvió a circular esta semana después de que Iván Cepeda anunciara una desobediencia civil pacífica si Abelardo de la Espriella asume el cargo sin renunciar a su ciudadanía estadounidense.

La reaparición de esas declaraciones coincidió con un nuevo pronunciamiento de Cepeda este miércoles, 1 de julio de 2026, cuando ratificó su llamado a más de 12 millones de electores y sostuvo que la eventual posesión del mandatario electo estaría afectada de ilegalidad e ilegitimidad si no resuelve antes esa situación.

Según Run Run, Vargas Lleras le dijo a periodistas del medio digital que al próximo presidente le tocaría enfrentar algo “muy duro”. En esa misma intervención, agregó: “Le tocará notificar al señor Gustavo Petro el 7 de agosto que, si para el país, inicia una guerra civil de la cual él será el único responsable. A ese nivel veo yo que vamos a llegar”.

La predicción del exvicepresidente fue apoyada por el congresista de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien sostuvo que la izquierda no sabe perder.

“Lo advirtió @German_Vargas en vida y lo reiteramos muchos en @PCambioRadical poco después: si la extrema izquierda perdía las elecciones le haría invivible este país al vencedor. Lo que habla de unos sectores que no sólo desprecian la voluntad popular y el principio de mayorías, sino de malos perdedores y gentes incapaces de aceptar premisas como la alternancia en el poder”, escribió en su cuenta de X.

Cepeda ratificó que llamará a la desobediencia civil si De la Espriella se posesiona

Cepeda no habló de guerra civil, pero sí anunció que se declarará en desobediencia civil pacífica después del 7 de agosto de 2026 si Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense para asumir la Presidencia de Colombia.

El izquierdista insistió en esa posición con un mensaje dirigido a sus seguidores. “A propósito del anuncio que hice sobre un llamado a la desobediencia civil, hago un par de comentarios sobre las interpretaciones en algunos medios de comunicación y las primeras reacciones del entorno de De La Espriella”, afirmó.

En su declaración, sostuvo que se está dejando de lado “la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional”. También planteó que el “cuestionamiento central” es que el candidato elegido debe aclarar “si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Cepeda añadió que el silencio sobre ese punto responde a que, según él, se intenta ignorar lo que calificó como “el inmenso peligro para nuestra soberanía”. En su postura, diferenció entre las formalidades del proceso electoral y las obligaciones derivadas de la ciudadanía estadounidense.

Sobre ese punto, afirmó: “Intentan asimilar dos decisiones claramente diferenciadas. De un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral. En esta decisión me ratifico. Y, de otro lado, las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”.

Lejos de desescalar su postura sobre la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. En entrevista con María Jimena Duzán, el excongresista afirmó que si el 7 de agosto, el ganador de las elecciones se posesiona, tanto él como su partido, el Pacto Histórico, no acatarán las órdenes del Ejecutivo.

La razón de Cepeda está ligada a una falta de claridad en la protección de los intereses nacionales y los de Estados Unidos

El político colombiano detalló: “Con toda claridad. Si ustedes quieren y si el señor va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, pues lamentablemente yo personalmente, y creo que mucha de la gente que es parte de mi espectro político, diremos: ese señor no nos representa, no es nuestro presidente, nos negamos a obedecer sus órdenes. ¿Por qué? Porque sencillamente él está obedeciendo a intereses que no son nacionales”.

Y agregó: “Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”.

La victoria de Abelardo de la Espriella en las presidenciales de Colombia, que se desarrollaron el 21 de junio de 2026, abrió una disputa que excede el resultado ajustado de la elección. El episodio, según un editorial de The Guardian, volvió a poner en primer plano cómo los datos, la desinformación y las plataformas privadas pueden influir sobre el voto sin necesidad de alterar el conteo.

El presidente Trump había respaldado públicamente a De la Espriella. Su triunfo por un margen mínimo contrastó con un programa que incluye megacárceles, una guerra contra los rebeldes, la reducción del Estado colombiano, la reanudación de la exploración petrolera, el fracking y recortes de impuestos corporativos.

En este contexto, el presidente saliente Gustavo Petro denunció en redes sociales una injerencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda reconociera su derrota. Lo hizo con una serie de publicaciones en las que sostuvo que el republicano había intervenido en la contienda, aunque el texto no presenta esa denuncia como prueba de una elección robada ni como una afirmación ya demostrada.

Sin embargo, el punto central, conforme a lo expuesto por el diario inglés, es otro: en las elecciones modernas, la vulnerabilidad no se limita al escrutinio. Registros electorales, redes de telecomunicaciones y sistemas de segmentación en redes sociales forman un ecosistema cuya manipulación puede modificar la decisión del votante antes de que emita su sufragio.

Ese plan enfrenta un límite político inmediato. El Pacto Histórico, la fuerza de Petro, es el partido más grande del Congreso de la República, y el presidente electo aparece descrito como dispuesto a gobernar por decreto ejecutivo con apoyo de un poder estatal militarizado, con el objetivo declarado de “destripar” a la izquierda.

La influencia de Donald Trump se esparció en la región

El texto ubica la denuncia de Petro dentro de un marco más amplio. Su argumento es que el poder de Estados Unidos ya no necesita recurrir a la fuerza armada para obtener resultados favorables y que ahora puede actuar mediante datos, desinformación y miedo.

Esa lectura se apoya en el clima de la campaña colombiana, presentada como un campo de batalla atravesado por noticias falsas y operaciones de desinformación. Aun así, también se subraya que las acusaciones sobre una eventual alteración de datos electorales siguen sin probarse y que incluso una filtración no bastaría por sí sola para demostrar manipulación del voto.

Antes de la elección, Petro había logrado una agenda de redistribución sin ruptura revolucionaria: menos pobreza, salarios más altos y una transición para alejar al país de los combustibles fósiles. Esa estrategia quedó expuesta cuando la sequía disparó los precios de la electricidad y mostró la fragilidad de esa apuesta energética.

El escrito añade que Trump nunca respaldó el giro colombiano lejos del petróleo y el gas. Esa diferencia ayuda a explicar por qué la llegada de De la Espriella es leída también como un cambio de orientación económica y geopolítica, no solo como una alternancia partidaria.

En Honduras, la elección de Nasry “Tito” Asfura en diciembre de 2025 aparece como un caso ilustrativo. El conservador respaldado por Trump ganó tras un escrutinio disputado por menos de 30.000 votos, y sus rivales de izquierda denunciaron que se enviaron millones de mensajes de texto a votantes que recibían remesas desde Estados Unidos.

Según el análisis de The Guardian, esos mensajes advertían que apoyar a la candidata Rixi Moncada, de Libre, podía derivar en el corte de los envíos de dinero. Si eso ocurrió, la presión no habría pasado por las urnas, sino por el teléfono móvil, convertida en una amenaza electoral directa sobre hogares dependientes de remesas.

La posición de Washington ante ese desenlace fue que todos los partidos debían aceptar el resultado. El episodio sirve en el texto como ejemplo de una manera de injerencia que no requiere fraude tradicional para alterar el comportamiento electoral.

La influencia de Trump a nivel internacional

El caso de Chile refuerza la idea planteada por el editorial de The Guardian sobre la influencia de Trump a nivel regional. Durante la campaña en la que José Antonio Kast ganó en 2025, una aplicación de una empresa de gas supuestamente envió notificaciones a favor del candidato después de haber sido hackeada.

Kast, identificado en el texto como simpatizante de Trump, negó cualquier implicación y de todos modos se impuso en la elección. Lo relevante, en este enfoque, no es la autoría probada de la maniobra, sino el riesgo de que redes privadas pasen a funcionar como armas políticas.

La referencia a Argentina agrega una variante distinta: la presión financiera explícita. La sorpresiva victoria de Javier Milei en las elecciones de medio término de 2025 no se atribuye únicamente a la amenaza de Trump de retirar USD 40.000.000.000 en apoyo si perdía, pero el texto sostiene que esa intervención dio a los votantes un incentivo económico fuerte para sostenerlo.

La advertencia no queda limitada a América Latina. En el Reino Unido, el informe Rycroft sobre influencia electoral señala que actores extranjeros, incluidos ciudadanos privados de países aliados como Estados Unidos, pueden interferir mediante dinero y estrategias de división en redes sociales.

Ese diagnóstico describe un cambio de método. Si antes la injerencia se asociaba a potencias enemigas que cultivaban diputados o presionaban a través de organizaciones pantalla, ahora el mecanismo sería más difuso y más difícil de regular: multimillonarios, corredores de datos, plataformas, criptomonedas, influidores e inteligencia artificial.

La conclusión factual que organiza todos esos casos es que las victorias de la derecha no quedan presentadas como ilegítimas por definición. Lo que aparece cuestionado es la solidez de la democracia cuando la infraestructura política depende de redes privadas, está mal regulada y puede ser manipulada.

El presidente, Javier Milei, no descartó un escenario de posible inestabilidad en la previa de las elecciones presidenciales de 2027, aunque anticipó que el equipo económico está “hiperblindado” frente a la posibilidad de una corrida cambiaria. Además, defendió la evolución de la economía nacional tras conocerse el último dato oficial de actividad correspondiente a abril, que mostró una caída intermensual del 1,5% y un crecimiento anual del 1,6%.

Cuando se le preguntó si esperaba un ataque especulativo el año que viene, en el que los argentinos “corran” al dólar, aseguró que “no descartamos nada” y que espera que distintos actores puedan hacer “lo peor para el país”. “Estamos hiperblindados”, resumió y dijo “que los mercados están viendo que vamos a reelegir”.

“Trabajamos siempre con las hipótesis de peor escenario, pasó el año pasado con las LEFIs. Decían barbaridades. Si les hacíamos caso a los econochantas, impresentables e ignorantes, el plan económico hubiera volado por los aires”, dijo el mandatario en el canal de streaming Neura.

“Estamos armando un arsenal enorme para proteger a la economía el año que viene, y la economía va a crecer. Pierde sentido un ataque especulativo”, destacó la buena posición del Banco Central. “Ya compramos USD 11.000 millones y estamos a mitad de año. Tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el Gobierno”, acotó.

Por otra parte, el mandatario atribuyó la volatilidad de los indicadores recientes a factores coyunturales y planteó que el proceso de crecimiento “continúa”, enfocándose en el comportamiento de la tendencia-ciclo, que —según Milei— avanzó un 0,3% en el mes.

Según explicó el jefe de Estado, la atención principal debe centrarse en la tendencia-ciclo de la actividad: “Eso significa que la economía argentina viene viajando a un ritmo de 4%”, afirmó Milei. En ese sentido, destacó que el Producto Bruto Interno (PBI) del primer trimestre del año arrojó un incremento del 2,3%, cifra que —según el propio presidente— supera el promedio histórico anual del último siglo. “En los últimos 100 años previos a que nosotros llegáramos a la administración, el crecimiento promedio anual fue del 1%. Con lo cual, está por encima del promedio histórico”, señaló.

El mandatario también se refirió a la incidencia de factores políticos y financieros en el desempeño económico reciente. Milei mencionó que durante la segunda mitad del año pasado se produjo “un intento de golpe de Estado” que, a su juicio, provocó una serie de movimientos especulativos en los mercados. Según describió, “se desarmaron las posiciones en bonos argentinos y el riesgo país llegó a 1.500 puntos básicos. Eso hizo que cayera la demanda de dinero y se acelerara la tasa de inflación. Consecuentemente, eso nos llevó las tasas de intereses en pesos a niveles enormes”.

El Ejecutivo sostuvo que esa coyuntura frenó en seco el crecimiento que, según sus cálculos, había alcanzado un 6% en el primer trimestre antes del impacto de la crisis política. No obstante, subrayó que, una vez superado ese episodio, la tasa de inflación comenzó a desacelerarse y el riesgo país retrocedió de manera significativa. “Eso empezó a permitir que la economía se recuperara”, remarcó.

Milei calificó el dato de crecimiento del 2,3% del primer trimestre como “el peor” que su administración espera exhibir en su gestión, al anticipar que los registros próximos serán superiores. Aseguró además que tanto la actividad económica como el consumo privado alcanzan niveles máximos históricos. “Las exportaciones crecen cinco veces más fuerte que el PBI”, sostuvo el presidente en la entrevista.

A la vez, el jefe de Estado aseguró que el “verdadero riesgo país” argentino es de 60 puntos básicos. El dato surge de la tasa de colocación del Bonar 2027 en las últimas licitaciones de deuda, que arrojó un rendimiento apenas por encima del 5 por ciento anual.

“Para adelante tenemos menos riesgo país, vamos a tener más inversión”, proyectó Milei en base al inicio de la concesión de los corredores viales que implica que más de 9.000 km de rutas nacionales al sector privado, así como el ingreso de flujos por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, pronosticó que el salario real de los argentinos crecerá en el segundo semestre del año.

Un total de 59,999 personas están habilitadas para ejercer el derecho al voto este miércoles 1 de julio para escoger al próximo rector de la Universidad de Panamá, que regirá los destinos de este centro de estudios superiores durante el periodo 2026-2031.

De los habilitados, 52 mil 30 son estudiantes, 4 mil 11 profesores y 3 mil 958 son administrativos.

El calendario electoral inicialmente había previsto una votación escalonada, que posteriormente fue modificada y ahora toda la comunidad universitaria acudirá a las urnas el mismo día 1 de julio.

De esta manera, estudiantes, docentes y personal administrativo ejercerán su derecho al voto en igual fecha, unificando la dinámica de elección en los distintos recintos y facultades del país.

El período oficial de propaganda y campaña electoral para los comicios inició el 29 de mayo de y concluye este lunes 29 de junio.

Durante este periodo, los candidatos a rector presentaron sus propuestas a través de debates, foros y recorridos por los campus y centros regionales.

Además del rector, también serán elegidos los decanos y vicedecanos de las facultades y directores y subdirectores de los centros regionales universitarios de todo del país.

Hasta el momento, el Organismo Electoral Universitario aprobó y anunció las candidaturas de seis aspirantes al cargo de rector, siendo ellos César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.

En este proceso participarán 16 facultades, entre ellas Medicina, Derecho, Economía, Humanidades, Arquitectura, Enfermería, Farmacia e Informática, que renovarán a sus autoridades académicas.

El reglamento establece que pueden participar en la elección los profesores con al menos tres años de antigüedad y actividad académica vigente, los administrativos permanentes o con más de cinco años de servicio, y los estudiantes regulares matriculados en el segundo semestre de 2025 que figuren en el registro electoral definitivo.

“El padrón fue depurado para garantizar transparencia”, indicó el presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández.

La campaña se ha caracterizado por el énfasis en propuestas relacionadas con la modernización institucional, fortalecimiento de la investigación y ampliación de la oferta académica, según medios de prensa.

El proceso electoral, se reiteró, involucra tanto la sede central de la Universidad de Panamá en la ciudad capital como sus extensiones en el interior, garantizando la participación de la totalidad de la comunidad estudiantil, docente y administrativa. La logística contempla la instalación de mesas en todos los campus, supervisadas por personal del Organismo Electoral Universitario y observadores internos.

Las autoridades universitarias han reiterado el llamado a una participación masiva, destacando la importancia de este ejercicio para la vida institucional. “La elección fortalece la democracia interna y da voz a quienes construyen la universidad día a día”, señaló Fernández.

La jornada del 1 de julio marcará el inicio de un nuevo ciclo en la conducción de la principal casa de estudios superiores de Panamá, con el reto de responder a las expectativas y demandas de una comunidad diversa y dinámica. Los resultados se conocerán en las horas posteriores al cierre de las urnas, según lo previsto por el organismo encargado.

La Universidad de Panamá fue creada mediante Decreto Presidencial de Harmodio Arias Madrid, del 29 de mayo de 1935. Fue inaugurada el 7 de octubre de ese mismo año e inició clases al día siguiente con una matrícula de 175 estudiantes en las carreras de Educación, Comercio, Ciencias Naturales, Farmacia, Pre Ingeniería y Derecho.

La primera piedra fue colocada el 2 de octubre de 1947, siendo su primer rector Octavio Méndez Pereira.

El partido oficialista Nuevas Ideas abrió este domingo el proceso de inscripciones para las precandidaturas de sus elecciones internas, paso previo a los comicios generales previstos para 2027. La jornada se desarrolló en la sede nacional del partido en San Salvador, donde funcionarios, dirigentes y militantes presentaron la documentación ante la Comisión Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de organizar el proceso interno.

Entre quienes buscan representar a los salvadoreños en el exterior está la actual diputada por San Salvador, Alexia Rivas, quien confirmó su inscripción como precandidata a diputada por la diáspora salvadoreña para el periodo 2027-2030. Rivas manifestó su intención de continuar representando a la comunidad salvadoreña fuera del país.

“Mi compromiso también está con todos los salvadoreños que se encuentran fuera de nuestra patria. En las pasadas elecciones, ustedes me convirtieron en la diputada más votada del exterior y eso para mí representa una gran responsabilidad. Por ello, me dirigiré a la sede de nuestro gran partido para inscribirme como precandidata a diputada por los salvadoreños en el exterior", señaló la actual funcionaria.

A su postulación se suma Wilber Francisco Alabi, quien expresó: “Hoy doy un paso más en mi compromiso con El Salvador al inscribirme como precandidato a Diputado por la Diáspora. Lo hago con la convicción de representar y servir a los salvadoreños que, desde cualquier parte del mundo, siguen construyendo nuestra nación. ¡La transformación debe seguir llegando a todos!” Con estas palabras, Alabi reafirmó su propósito de fortalecer el vínculo entre la diáspora y el país.

La jornada de inscripción, establecida por el calendario electoral como única fecha para formalizar precandidaturas, reunió también a figuras como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien se postuló como precandidato a diputado por San Salvador. Participaron además la diputada Suecy Callejas y el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, quien manifestó su deseo de continuar al frente de la alcaldía.

El proceso de elecciones internas de Nuevas Ideas incluye la revisión de la documentación presentada por cada aspirante. Según el instructivo aprobado por la Comisión Nacional Electoral, quienes cumplan con los requisitos serán registrados oficialmente como precandidatos. En caso de inconsistencias subsanables, los aspirantes dispondrán de dos días hábiles para corregirlas.

Las votaciones internas están previstas para el 12 de julio, cuando la militancia del partido seleccionará a quienes integrarán las fórmulas que competirán en las urnas generales de 2027. Este procedimiento es obligatorio para todos los postulantes con la finalidad de garantizar la legalidad y transparencia del proceso, indicaron las autoridades partidarias.

Diputado anuncia el cierre de una etapa política

Por otro lado, el diputado oficialista Edgardo Mulato, representante del departamento de San Salvador, informó este domingo que finaliza una etapa relevante en su carrera política, lo que sugiere que no buscará la reelección.

El legislador comunicó el fin de una etapa y manifestó su gratitud por el apoyo brindado por la militancia de Nuevas Ideas y los residentes de la ciudad capital.

“Concluyo una etapa significativa en mi vida... No se trata de una despedida, sino del inicio de algo nuevo”, declaró en sus redes sociales.

Seis de cada diez salvadoreños no se identifica con ningún partido político

Mientras avanza la organización interna, el contexto político nacional se caracteriza por un distanciamiento de la ciudadanía respecto a los partidos tradicionales. El más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) indica que el 59.7% de los consultados en 2026 no se identifica con ninguna fuerza política, resultado que evidencia una tendencia de desapego partidario en la población.

El respaldo a partidos políticos se concentra en Nuevas Ideas, que en 2026 registra un 34.2% de preferencia entre los encuestados. Arena y FMLN apenas alcanzan 1.4% y 1.3% respectivamente, en tanto que otras agrupaciones como Vamos, PDC, PCN y GANA no superan el 1.0% de apoyo.

En la intención de voto presidencial, el 63.3% de los encuestados elegiría a Nuevas Ideas. Arena y GANA obtienen 1.4% y 1.2%, FMLN alcanza 0.9% y PCN 0.3%. Para la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas reúne el 51.5% de las preferencias, seguida de Arena con 3.4% y Vamos con 2.4%. En las elecciones municipales, Nuevas Ideas lidera con 41.9%, Arena suma 3.6% y FMLN 1.8%.

La participación de nuevos perfiles en la contienda interna del partido oficialista marca el inicio de un proceso electoral en El Salvador que definirá las candidaturas de cara a las elecciones de 2027.

El electorado latino en Estados Unidos se convirtió en el centro de una intensa disputa política, marcada por una marcada indecisión en la antesala de las próximas elecciones de mitad de mandato.

Según una encuesta realizada en mayo, uno de cada cinco votantes latinos aún no ha decidió su voto, lo que refleja el desafío que enfrentan tanto demócratas como republicanos para conectar con este sector crucial del electorado. Ambos partidos buscan fórmulas para seducir a los latinos, quienes se han consolidado como un bloque capaz de inclinar la balanza en el Congreso, pero que muestran una creciente distancia respecto a las estructuras partidarias tradicionales.

La volatilidad y autonomía del voto latino se explican en gran medida por sus motivaciones, que giran ante todo en torno a la economía. Expertos, encuestadores y estrategas políticos coinciden en que las preocupaciones económicas pesan más que cualquier otro factor en la decisión de este grupo.

Carlos Odio, cofundador de Equis Research, lo resumió en la Cumbre del Voto Latino: “La economía y la economía y la economía”. Los latinos tienden a votar por candidatos que les ofrezcan soluciones tangibles para mejorar su costo de vida, reducir la inflación y garantizar empleos, más allá de lealtades partidarias. Encuestas recientes muestran que los cuatro temas que más inquietan a los votantes hispanos están directamente vinculados a la economía, lo que explica su tendencia a cambiar de preferencia electoral según las circunstancias económicas del momento.

En este escenario, el octavo distrito congresional de Colorado se convirtió en una suerte de laboratorio político. Allí, el 40% de la población se identifica como latina y el escaño alternó entre demócratas y republicanos en los últimos ciclos electorales.

En 2022, un candidato demócrata logró la victoria; dos años después, el republicano Gabe Evans se quedó con el puesto, y la contienda de 2026 se presenta nuevamente como una de las más reñidas del país.

Evans, nieto de un inmigrante mexicano y copatrocinador de la Ley DIGNIDAD —que combina seguridad fronteriza con regularización migratoria—, enfrentará al ganador de las primarias demócratas entre Manny Rutinel, legislador estatal dominicano-estadounidense, y Shannon Bird, exlegisladora estatal. La competencia se desarrolla en un contexto de fuerte escepticismo: muchos latinos desconfían tanto de Trump como de la política tradicional y esperan propuestas económicas concretas.

La relación de los latinos con Donald Trump cambió notablemente respecto a ciclos anteriores. En 2024, casi la mitad de los votantes hispanos respaldó al presidente, incluidos la mayoría de los hombres latinos, según datos de CBS News.

Sin embargo, en 2026, la aprobación de Trump entre los latinos que lo apoyaron en 2024 cayó en más de una cuarta parte. Solo el 27% de los votantes latinos aprueba su gestión, frente al 36% al inicio de su segundo mandato. Esta caída, sin embargo, no supuso un repunte automático para los demócratas, que siguen sin recuperar plenamente el terreno perdido.

Para los republicanos, la estrategia para captar el voto latino enfrenta varios desafíos. El Comité Nacional Republicano del Congreso considera al octavo distrito de Colorado como uno de los escaños clave donde la decisión de los latinos puede ser determinante. La campaña republicana busca resaltar el “Gran y hermoso proyecto de Ley” de Trump, que redujo impuestos sobre las propinas, y permite que los candidatos locales tomen distancia de la agenda migratoria del presidente.

No obstante, la movilización del voto latino no alcanzó los niveles esperados: grupos como LIBRE Initiative Action han intensificado la labor de puerta a puerta, pero los votantes muestran reticencias ante las figuras nacionales y priorizan propuestas económicas. Además, líderes como Denise Galvez Turros, de Latinas for Trump, admiten que el entusiasmo que existía en 2024 no se trasladó a las elecciones de mitad de mandato, y muchos podrían abstenerse de votar.

En el campo demócrata, la reconquista del electorado latino tampoco resulta sencilla. Aunque el partido lanzó campañas multimillonarias dirigidas a votantes latinos y rurales, y organizaciones aliadas como Mi Familia Vota y Voto Latino incrementaron sus esfuerzos de registro y persuasión, los resultados aún son inciertos. El mensaje demócrata apunta a culpar a los republicanos del aumento de los precios y los recortes sociales, pero muchos latinos, como Olivia Domínguez, dueña de un salón de belleza en Fort Lupton, consideran que el partido aún no presentó planes concretos que alivien su situación económica.

El peso del voto latino se volvió decisivo no solo en Colorado, sino también en distritos y estados clave como Texas —donde uno de cada cuatro votantes registrados en 2024 era latino—, además de Georgia, Carolina del Norte y Luisiana, donde la población hispana crece con rapidez.

En Texas, la contienda por el Senado entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton es un ejemplo claro de cómo la inclinación de los latinos puede definir el resultado: en 2024, el 55% de los hispanos texanos apoyó a Trump, pero los sondeos indican que ese apoyo disminuyó.

Expertos y estrategas advierten que el futuro político estadounidense depende, en buena medida, de cómo evolucionen las preferencias latinas.

El senador demócrata de Arizona, Ruben Gallego, subraya que “no hay partido demócrata nacional sin el voto latino como parte de esa coalición”.

Para 2028, si el republicano Marco Rubio encabezara la fórmula presidencial, los demócratas enfrentarían un panorama aún más complicado, según coinciden voces de ambos partidos.

El consultor republicano Mike Madrid sostiene que Rubio sería una “enorme ventaja” para los republicanos en un escenario donde los latinos mantienen su rol de árbitro electoral y su prioridad absoluta por la economía.

Una jueza federal de Boston bloqueó la orden ejecutiva con la que Donald Trump buscaba crear un registro federal de electores y restringir al Servicio Postal para que solo entregara boletas a quienes figuraran en ese registro, al considerar que esas medidas “violan inconstitucionalmente la separación de poderes” porque la organización de las elecciones corresponde a los estados y al Congreso, no al presidente, informaron Reuters y CBS News.

La resolución de la jueza federal Indira Talwani se aplica al ciclo electoral de mitad de mandato de este año y llega cuando faltan cinco meses para la votación. En una orden previa, la magistrada había advertido que postergar la revisión judicial era “impracticable” por los plazos fijados en la propia orden ejecutiva y por la cercanía del calendario electoral, precisó Associated Press.

La Casa Blanca defendió la legalidad de la orden y anticipó una apelación. La portavoz Abigail Jackson sostuvo que la medida “protege legalmente nuestras elecciones y confiamos en que finalmente prevaleceremos en su implementación”.

Los efectos anticipados en los estados antes de su aplicación

La nueva resolución recayó sobre la segunda orden electoral del presidente, emitida después de que se estancara en el Congreso un proyecto respaldado por la Casa Blanca para reformar el sistema de votación. Según NBC News, especialistas en derecho electoral ya anticipaban que la medida sería frenada porque la Constitución asigna a los estados el control de la administración electoral.

La demanda de juicio sumario fue impulsada por fiscales generales demócratas de 22 estados y del Distrito de Columbia. Se sumaron representantes del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en un estado cuyo fiscal general es republicano.

De acuerdo con The New York Times, una de las demandas fue presentada en Washington, D. C., donde un juez resolvió en un primer momento no suspenderla al considerar que, como todavía no se había aplicado, ningún estado ni ninguna de las partes había acreditado un perjuicio jurídico.

La jueza Talwani concluyó que la medida ya generaba consecuencias, dado que varios de los estados incluidos en la demanda presentada en Massachusetts habían comenzado a ajustar sus políticas y sus procedimientos electorales.

En Connecticut, por ejemplo, se reasignó personal electoral de otras tareas para planificar la puesta en marcha de la orden y casi la mitad de los estados afrontaba el inconveniente de haber comprado sobres para el voto por correo que no se adecuaban a la directiva.

El rol del Servicio Postal y las dudas sobre la capacidad para definir la elegibilidad de votantes

La orden de marzo le asignaba al Servicio Postal un papel decisivo para determinar quién podía recibir una boleta por correo. La propuesta de reglamentación ya se había publicado en el Registro Federal y, entre otras cosas, no se aplicaba a elecciones primarias ni a boletas del exterior, reportó Associated Press.

Trabajadores postales objetaron esa función y advirtieron que no están preparados para decidir quién reúne las condiciones para votar en cada estado. La Asociación Nacional de Carteros Rurales sostuvo que obligar a sus afiliados a intervenir de ese modo “pone en riesgo la politización de una de las instituciones públicas más confiables del país”.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, declaró que la orden mostraba como Trump estaba dispuesto a “abusar del poder de maneras antes impensables” para interferir en las elecciones. Además, afirmó que resulta “inverosímil” pensar que el Servicio Postal pudiera montar un sistema para revisar de antemano, caso por caso, si cada persona estaba habilitada para votar por correo, indicó Associated Press.

Por consiguiente, la magistrada, citada por The New York Times, dictaminó que la autoridad para elaborar los padrones electorales y definir la elegibilidad de los votantes corresponde a los estados y puso en duda que los registros en los que se apoyaría el Gobierno puedan “rastrear los cambios de nombre (como cuando una mujer cambia su nombre al casarse) o los cambios de residencia cuando los ciudadanos se mudan de un estado a otro”.

Por lo tanto, aseveró: “Resulta evidente que las agencias federales encargadas de elaborar las listas de ciudadanos confirmados carecen de la capacidad para crear listas completas y precisas de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado”.

La estrategia de Trump se apoya en denuncias de fraude

Se trata del segundo revés judicial en dos días contra órdenes ejecutivas de Trump sobre elecciones. Esta semana, otra jueza federal de Boston prohibió de manera permanente la aplicación de la primera orden ejecutiva que pretendía exigir prueba documental de ciudadanía al momento de registrarse para votar, señaló Associated Press.

Desde su derrota en 2020 contra Joe Biden, el mandatario ha insistido que el voto por correo está atravesado por fraude generalizado y que hubo participación masiva de no ciudadanos. No obstante, el gobierno no ha logrado aportar pruebas de ese fraude, mientras que auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que la elección no estuvo afectada por irregularidades de esa escala, detallaron la agencia de noticias y NBC News.

En paralelo, el presidente exigió al Congreso la aprobación de la Ley SAVE AMERICA, un proyecto que propone nuevos requisitos de prueba de ciudadanía e identificación del votante. La iniciativa no reunió el respaldo necesario en el Senado.

En consecuencia, Trump canceló su plan de firmar una ley bipartidista de gran alcance orientada a reducir el costo de la vivienda y condicionó cualquier avance a que antes se aprobara esa norma electoral.

En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense escribió: “La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la Ley SAVE AMERICA, que necesitamos con urgencia y que considero una emergencia nacional”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador debe definir a más tardar este sábado 27 de junio el sistema de votación electrónica presencial y remota por internet para los comicios de 2027, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. Esta fecha límite representa un hito clave de cara a la implementación de ambas modalidades de sufragio electrónico para la diáspora salvadoreña.

La ley establece que el TSE debe definir ambos sistemas “al menos ocho meses antes de las elecciones”, lo que en el actual calendario fija el plazo para el 27 de junio. A pesar de esta obligación, el Plan General de Elecciones (Plagel) divulgado por el TSE solo plantea la coordinación de reuniones técnicas, la contratación de una empresa con experiencia en tecnología electoral, la selección de al menos una firma auditora, y la ejecución de pruebas y simulacros del modelo tecnológico.

Este plan también señala que el TSE elaborará los términos de referencia para contratar a la empresa responsable de los sistemas y contará con una contraparte técnica interna.

Actualmente, según fuentes internas, hay cuatro empresas interesadas en la implementación del sistema, entre ellas la española Indra Soluciones Tecnologías de Información, que ya fue contrada en 2013 para transmitir los resultados electorales presidenciales de 2014 y cobró 5.4 millones de dólares.

En 2024, el TSE le pagó 26,047,224.87 dólares a la misma empresa, que también fue la ejecutora del voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero, en las modalidades remotas por internet y electrónica presencial para las elecciones del 4 de febrero de ese año.

¿En qué consisten las modalidades de voto electrónico?

La normativa establece dos opciones de sufragio para los salvadoreños en el exterior: el voto remoto por internet y el voto electrónico presencial.

Voto remoto por internet: Esta modalidad permite a los salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) cuyo domicilio figura en el extranjero, ejercer su derecho al sufragio desde cualquier lugar y dispositivo conectado a la red, sin necesidad de acudir a un centro de votación.

La ley exige que el sistema cuente con mecanismos de seguridad, como pruebas electrónicas de vida u otros métodos de autenticación, que sean ágiles y sencillos, y se realicen al momento de emitir el voto. El objetivo es garantizar la identificación del elector y la confiabilidad de los resultados.

Voto electrónico presencial: Para esta modalidad, el elector debe acudir físicamente a un centro de votación previamente definido por el TSE, que puede ubicarse en oficinas o dependencias diplomáticas y consulares de El Salvador, o en otros establecimientos habilitados en el extranjero. El voto electrónico presencial está dirigido a salvadoreños cuyo DUI tenga domicilio en territorio nacional, sin importar si el documento fue emitido dentro o fuera del país. Además, pueden optar por esta modalidad quienes decidan votar utilizando únicamente su pasaporte nacional.

Ambas modalidades deben estar respaldadas por mecanismos de auditoría informática que permitan verificar la integridad y confiabilidad del proceso electoral.

Recursos y expectativas para 2027

Para las elecciones generales de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2025 dos presupuestos extraordinarios por un total de 172.1 millones de dólares; de los cuales, 46.7 millones están destinados específicamente al sufragio en el extranjero. Estos fondos financiarán la contratación de la empresa encargada de los sistemas de votación electrónica, la adquisición de software para el registro electoral, la realización de auditorías y la promoción de campañas informativas para incentivar la participación y explicar las modalidades y centros de votación disponibles en el exterior.

El cumplimiento del plazo legal para definir los sistemas de votación electrónica es fundamental para garantizar la transparencia y la participación de la diáspora salvadoreña en el proceso electoral de 2027, que será el primero con reelección presidencial indefinida y periodos de gobierno de seis años.

De acuerdo con la normativa, el TSE debe asegurar que los mecanismos de autenticación sean seguros y ágiles, y que existan auditorías informáticas que respalden la confianza en los resultados.