El electorado latino en Estados Unidos se convirtió en el centro de una intensa disputa política, marcada por una marcada indecisión en la antesala de las próximas elecciones de mitad de mandato.

Según una encuesta realizada en mayo, uno de cada cinco votantes latinos aún no ha decidió su voto, lo que refleja el desafío que enfrentan tanto demócratas como republicanos para conectar con este sector crucial del electorado. Ambos partidos buscan fórmulas para seducir a los latinos, quienes se han consolidado como un bloque capaz de inclinar la balanza en el Congreso, pero que muestran una creciente distancia respecto a las estructuras partidarias tradicionales.

La volatilidad y autonomía del voto latino se explican en gran medida por sus motivaciones, que giran ante todo en torno a la economía. Expertos, encuestadores y estrategas políticos coinciden en que las preocupaciones económicas pesan más que cualquier otro factor en la decisión de este grupo.

Carlos Odio, cofundador de Equis Research, lo resumió en la Cumbre del Voto Latino: “La economía y la economía y la economía”. Los latinos tienden a votar por candidatos que les ofrezcan soluciones tangibles para mejorar su costo de vida, reducir la inflación y garantizar empleos, más allá de lealtades partidarias. Encuestas recientes muestran que los cuatro temas que más inquietan a los votantes hispanos están directamente vinculados a la economía, lo que explica su tendencia a cambiar de preferencia electoral según las circunstancias económicas del momento.

En este escenario, el octavo distrito congresional de Colorado se convirtió en una suerte de laboratorio político. Allí, el 40% de la población se identifica como latina y el escaño alternó entre demócratas y republicanos en los últimos ciclos electorales.

En 2022, un candidato demócrata logró la victoria; dos años después, el republicano Gabe Evans se quedó con el puesto, y la contienda de 2026 se presenta nuevamente como una de las más reñidas del país.

Evans, nieto de un inmigrante mexicano y copatrocinador de la Ley DIGNIDAD —que combina seguridad fronteriza con regularización migratoria—, enfrentará al ganador de las primarias demócratas entre Manny Rutinel, legislador estatal dominicano-estadounidense, y Shannon Bird, exlegisladora estatal. La competencia se desarrolla en un contexto de fuerte escepticismo: muchos latinos desconfían tanto de Trump como de la política tradicional y esperan propuestas económicas concretas.

La relación de los latinos con Donald Trump cambió notablemente respecto a ciclos anteriores. En 2024, casi la mitad de los votantes hispanos respaldó al presidente, incluidos la mayoría de los hombres latinos, según datos de CBS News.

Sin embargo, en 2026, la aprobación de Trump entre los latinos que lo apoyaron en 2024 cayó en más de una cuarta parte. Solo el 27% de los votantes latinos aprueba su gestión, frente al 36% al inicio de su segundo mandato. Esta caída, sin embargo, no supuso un repunte automático para los demócratas, que siguen sin recuperar plenamente el terreno perdido.

Para los republicanos, la estrategia para captar el voto latino enfrenta varios desafíos. El Comité Nacional Republicano del Congreso considera al octavo distrito de Colorado como uno de los escaños clave donde la decisión de los latinos puede ser determinante. La campaña republicana busca resaltar el “Gran y hermoso proyecto de Ley” de Trump, que redujo impuestos sobre las propinas, y permite que los candidatos locales tomen distancia de la agenda migratoria del presidente.

No obstante, la movilización del voto latino no alcanzó los niveles esperados: grupos como LIBRE Initiative Action han intensificado la labor de puerta a puerta, pero los votantes muestran reticencias ante las figuras nacionales y priorizan propuestas económicas. Además, líderes como Denise Galvez Turros, de Latinas for Trump, admiten que el entusiasmo que existía en 2024 no se trasladó a las elecciones de mitad de mandato, y muchos podrían abstenerse de votar.

En el campo demócrata, la reconquista del electorado latino tampoco resulta sencilla. Aunque el partido lanzó campañas multimillonarias dirigidas a votantes latinos y rurales, y organizaciones aliadas como Mi Familia Vota y Voto Latino incrementaron sus esfuerzos de registro y persuasión, los resultados aún son inciertos. El mensaje demócrata apunta a culpar a los republicanos del aumento de los precios y los recortes sociales, pero muchos latinos, como Olivia Domínguez, dueña de un salón de belleza en Fort Lupton, consideran que el partido aún no presentó planes concretos que alivien su situación económica.

El peso del voto latino se volvió decisivo no solo en Colorado, sino también en distritos y estados clave como Texas —donde uno de cada cuatro votantes registrados en 2024 era latino—, además de Georgia, Carolina del Norte y Luisiana, donde la población hispana crece con rapidez.

En Texas, la contienda por el Senado entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton es un ejemplo claro de cómo la inclinación de los latinos puede definir el resultado: en 2024, el 55% de los hispanos texanos apoyó a Trump, pero los sondeos indican que ese apoyo disminuyó.

Expertos y estrategas advierten que el futuro político estadounidense depende, en buena medida, de cómo evolucionen las preferencias latinas.

El senador demócrata de Arizona, Ruben Gallego, subraya que “no hay partido demócrata nacional sin el voto latino como parte de esa coalición”.

Para 2028, si el republicano Marco Rubio encabezara la fórmula presidencial, los demócratas enfrentarían un panorama aún más complicado, según coinciden voces de ambos partidos.

El consultor republicano Mike Madrid sostiene que Rubio sería una “enorme ventaja” para los republicanos en un escenario donde los latinos mantienen su rol de árbitro electoral y su prioridad absoluta por la economía.

Una jueza federal de Boston bloqueó la orden ejecutiva con la que Donald Trump buscaba crear un registro federal de electores y restringir al Servicio Postal para que solo entregara boletas a quienes figuraran en ese registro, al considerar que esas medidas “violan inconstitucionalmente la separación de poderes” porque la organización de las elecciones corresponde a los estados y al Congreso, no al presidente, informaron Reuters y CBS News.

La resolución de la jueza federal Indira Talwani se aplica al ciclo electoral de mitad de mandato de este año y llega cuando faltan cinco meses para la votación. En una orden previa, la magistrada había advertido que postergar la revisión judicial era “impracticable” por los plazos fijados en la propia orden ejecutiva y por la cercanía del calendario electoral, precisó Associated Press.

La Casa Blanca defendió la legalidad de la orden y anticipó una apelación. La portavoz Abigail Jackson sostuvo que la medida “protege legalmente nuestras elecciones y confiamos en que finalmente prevaleceremos en su implementación”.

Los efectos anticipados en los estados antes de su aplicación

La nueva resolución recayó sobre la segunda orden electoral del presidente, emitida después de que se estancara en el Congreso un proyecto respaldado por la Casa Blanca para reformar el sistema de votación. Según NBC News, especialistas en derecho electoral ya anticipaban que la medida sería frenada porque la Constitución asigna a los estados el control de la administración electoral.

La demanda de juicio sumario fue impulsada por fiscales generales demócratas de 22 estados y del Distrito de Columbia. Se sumaron representantes del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, en un estado cuyo fiscal general es republicano.

De acuerdo con The New York Times, una de las demandas fue presentada en Washington, D. C., donde un juez resolvió en un primer momento no suspenderla al considerar que, como todavía no se había aplicado, ningún estado ni ninguna de las partes había acreditado un perjuicio jurídico.

La jueza Talwani concluyó que la medida ya generaba consecuencias, dado que varios de los estados incluidos en la demanda presentada en Massachusetts habían comenzado a ajustar sus políticas y sus procedimientos electorales.

En Connecticut, por ejemplo, se reasignó personal electoral de otras tareas para planificar la puesta en marcha de la orden y casi la mitad de los estados afrontaba el inconveniente de haber comprado sobres para el voto por correo que no se adecuaban a la directiva.

El rol del Servicio Postal y las dudas sobre la capacidad para definir la elegibilidad de votantes

La orden de marzo le asignaba al Servicio Postal un papel decisivo para determinar quién podía recibir una boleta por correo. La propuesta de reglamentación ya se había publicado en el Registro Federal y, entre otras cosas, no se aplicaba a elecciones primarias ni a boletas del exterior, reportó Associated Press.

Trabajadores postales objetaron esa función y advirtieron que no están preparados para decidir quién reúne las condiciones para votar en cada estado. La Asociación Nacional de Carteros Rurales sostuvo que obligar a sus afiliados a intervenir de ese modo “pone en riesgo la politización de una de las instituciones públicas más confiables del país”.

La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, declaró que la orden mostraba como Trump estaba dispuesto a “abusar del poder de maneras antes impensables” para interferir en las elecciones. Además, afirmó que resulta “inverosímil” pensar que el Servicio Postal pudiera montar un sistema para revisar de antemano, caso por caso, si cada persona estaba habilitada para votar por correo, indicó Associated Press.

Por consiguiente, la magistrada, citada por The New York Times, dictaminó que la autoridad para elaborar los padrones electorales y definir la elegibilidad de los votantes corresponde a los estados y puso en duda que los registros en los que se apoyaría el Gobierno puedan “rastrear los cambios de nombre (como cuando una mujer cambia su nombre al casarse) o los cambios de residencia cuando los ciudadanos se mudan de un estado a otro”.

Por lo tanto, aseveró: “Resulta evidente que las agencias federales encargadas de elaborar las listas de ciudadanos confirmados carecen de la capacidad para crear listas completas y precisas de los ciudadanos estadounidenses que residen en cada estado”.

La estrategia de Trump se apoya en denuncias de fraude

Se trata del segundo revés judicial en dos días contra órdenes ejecutivas de Trump sobre elecciones. Esta semana, otra jueza federal de Boston prohibió de manera permanente la aplicación de la primera orden ejecutiva que pretendía exigir prueba documental de ciudadanía al momento de registrarse para votar, señaló Associated Press.

Desde su derrota en 2020 contra Joe Biden, el mandatario ha insistido que el voto por correo está atravesado por fraude generalizado y que hubo participación masiva de no ciudadanos. No obstante, el gobierno no ha logrado aportar pruebas de ese fraude, mientras que auditorías e investigaciones repetidas, incluidas algunas dirigidas por republicanos, concluyeron que la elección no estuvo afectada por irregularidades de esa escala, detallaron la agencia de noticias y NBC News.

En paralelo, el presidente exigió al Congreso la aprobación de la Ley SAVE AMERICA, un proyecto que propone nuevos requisitos de prueba de ciudadanía e identificación del votante. La iniciativa no reunió el respaldo necesario en el Senado.

En consecuencia, Trump canceló su plan de firmar una ley bipartidista de gran alcance orientada a reducir el costo de la vivienda y condicionó cualquier avance a que antes se aprobara esa norma electoral.

En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense escribió: “La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la Ley SAVE AMERICA, que necesitamos con urgencia y que considero una emergencia nacional”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador debe definir a más tardar este sábado 27 de junio el sistema de votación electrónica presencial y remota por internet para los comicios de 2027, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. Esta fecha límite representa un hito clave de cara a la implementación de ambas modalidades de sufragio electrónico para la diáspora salvadoreña.

La ley establece que el TSE debe definir ambos sistemas “al menos ocho meses antes de las elecciones”, lo que en el actual calendario fija el plazo para el 27 de junio. A pesar de esta obligación, el Plan General de Elecciones (Plagel) divulgado por el TSE solo plantea la coordinación de reuniones técnicas, la contratación de una empresa con experiencia en tecnología electoral, la selección de al menos una firma auditora, y la ejecución de pruebas y simulacros del modelo tecnológico.

Este plan también señala que el TSE elaborará los términos de referencia para contratar a la empresa responsable de los sistemas y contará con una contraparte técnica interna.

Actualmente, según fuentes internas, hay cuatro empresas interesadas en la implementación del sistema, entre ellas la española Indra Soluciones Tecnologías de Información, que ya fue contrada en 2013 para transmitir los resultados electorales presidenciales de 2014 y cobró 5.4 millones de dólares.

En 2024, el TSE le pagó 26,047,224.87 dólares a la misma empresa, que también fue la ejecutora del voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero, en las modalidades remotas por internet y electrónica presencial para las elecciones del 4 de febrero de ese año.

¿En qué consisten las modalidades de voto electrónico?

La normativa establece dos opciones de sufragio para los salvadoreños en el exterior: el voto remoto por internet y el voto electrónico presencial.

Voto remoto por internet: Esta modalidad permite a los salvadoreños con Documento Único de Identidad (DUI) cuyo domicilio figura en el extranjero, ejercer su derecho al sufragio desde cualquier lugar y dispositivo conectado a la red, sin necesidad de acudir a un centro de votación.

La ley exige que el sistema cuente con mecanismos de seguridad, como pruebas electrónicas de vida u otros métodos de autenticación, que sean ágiles y sencillos, y se realicen al momento de emitir el voto. El objetivo es garantizar la identificación del elector y la confiabilidad de los resultados.

Voto electrónico presencial: Para esta modalidad, el elector debe acudir físicamente a un centro de votación previamente definido por el TSE, que puede ubicarse en oficinas o dependencias diplomáticas y consulares de El Salvador, o en otros establecimientos habilitados en el extranjero. El voto electrónico presencial está dirigido a salvadoreños cuyo DUI tenga domicilio en territorio nacional, sin importar si el documento fue emitido dentro o fuera del país. Además, pueden optar por esta modalidad quienes decidan votar utilizando únicamente su pasaporte nacional.

Ambas modalidades deben estar respaldadas por mecanismos de auditoría informática que permitan verificar la integridad y confiabilidad del proceso electoral.

Recursos y expectativas para 2027

Para las elecciones generales de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre de 2025 dos presupuestos extraordinarios por un total de 172.1 millones de dólares; de los cuales, 46.7 millones están destinados específicamente al sufragio en el extranjero. Estos fondos financiarán la contratación de la empresa encargada de los sistemas de votación electrónica, la adquisición de software para el registro electoral, la realización de auditorías y la promoción de campañas informativas para incentivar la participación y explicar las modalidades y centros de votación disponibles en el exterior.

El cumplimiento del plazo legal para definir los sistemas de votación electrónica es fundamental para garantizar la transparencia y la participación de la diáspora salvadoreña en el proceso electoral de 2027, que será el primero con reelección presidencial indefinida y periodos de gobierno de seis años.

De acuerdo con la normativa, el TSE debe asegurar que los mecanismos de autenticación sean seguros y ágiles, y que existan auditorías informáticas que respalden la confianza en los resultados.

Una jueza federal de Boston prohibió de forma permanente al presidente Donald Trump aplicar la exigencia de ciudadanía documental para votar incluida en su primera orden ejecutiva sobre elecciones, una decisión que refuerza el criterio de que la Constitución reserva a los estados y al Congreso la regulación electoral y no otorga al presidente facultades específicas en esa materia.

Según Associated Press, la resolución convierte en definitiva una medida cautelar que ya había frenado temporalmente gran parte de esos cambios hace un año. La jueza federal Denise Casper, del tribunal de distrito de Estados Unidos en Massachusetts, rechazó el argumento del gobierno de que la demanda presentada por fiscales generales demócratas de varios estados era prematura porque las reglas aún no se habían aplicado.

Casper coincidió con los demandantes en que los requisitos impulsados por Trump vulneraban la separación de poderes. En su resolución, la magistrada escribió que la Constitución “no concede al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.

Qué planteó la administración de Trump sobre la exigencia de prueba de ciudadanía

De acuerdo con Reuters, la administración de Trump proponía que quienes deseen inscribirse para votar en comicios federales presenten pruebas de ciudadanía estadounidense, como un pasaporte o un acta de nacimiento, de forma presencial.

El presidente aseguró que la participación de votantes no ciudadanos podría impactar negativamente a los candidatos republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, en las que se define el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

No obstante, diversos estudios independientes y revisiones estatales señalan que el sufragio de personas no ciudadanas es sumamente inusual en Estados Unidos. Algunos expertos consideran que este requisito podría afectar especialmente a sectores que suelen apoyar al Partido Republicano, entre ellos mujeres casadas y habitantes de áreas rurales, informó Reuters.

A su vez, la orden ejecutiva de Trump buscaba impedir el conteo de votos por correo que lleguen después del día de la elección aunque tengan matasellos de esa fecha y retener ciertos fondos federales a los estados que no acataran las nuevas reglas, indicó Associated Press.

El fallo se suma a una serie de decisiones judiciales contra la reforma electoral

La decisión de Casper es la más reciente de una cadena de reveses judiciales contra esa iniciativa. El año pasado, un juez federal en Washington que analizaba una impugnación separada presentada por grupos de derechos civiles y organizaciones alineadas con el Partido Demócrata bloqueó al gobierno para que no avanzara con la inclusión del requisito de prueba de ciudadanía en el formulario federal de inscripción de votantes.

Más tarde, ese mismo juez también prohibió al secretario de Defensa exigir prueba documental de ciudadanía a los miembros de las fuerzas armadas que se registraran para votar o solicitaran boletas.

Mientras tanto, Trump firmó una segunda orden ejecutiva sobre elecciones, con la que busca crear una lista nacional de votantes y limitar el voto por correo. La medida enfrenta múltiples impugnaciones judiciales.

Asimismo, Trump aún impulsa imponer por ley el requisito de ciudadanía. El proyecto SAVE America fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero quedó estancado en el Senado. Ese freno llevó al presidente a defender la eliminación del filibusterismo legislativo, que impide el avance de la iniciativa, reportó Associated Press.

Este miércoles, además, canceló de forma abrupta la firma prevista de un proyecto bipartidista sobre vivienda y afirmó que no rubricará legislación hasta que el Congreso apruebe su exigencia de prueba de ciudadanía para votar.

En una publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas hasta que aprobemos la Ley SAVE AMERICA, que necesitamos con urgencia y que considero una emergencia nacional”.

Mientras Brasil se prepara para las elecciones presidenciales, el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición a Lula da Silva, confirmó que viajará a la Argentina la semana que viene para participar de una conferencia organizada por la Israel Allies Foundation en Buenos Aires, en la cual estará el presidente Javier Milei. Ambos dirigentes tienen una estrechísima afinidad ideológica y el presidente argentino ya manifestó en múltiples oportunidades su apoyo al hijo de Jair Bolsonaro en su carrera al Palacio de Planalto.

Milei y Bolsonaro se encontrarán en Buenos Aires en el marco de esa conferencia, confirmaron tres altísimas fuentes del Gobierno al ser consultadas por Infobae. “Van a coincidir en ese evento”, afirmó un funcionario inobjetable del Poder Ejecutivo. La conferencia es organizada por la Israel Allies Foundation en Buenos Aires, con participación de legisladores, diplomáticos y funcionarios de toda América Latina. El programa se extiende del 28 al 30 de junio.

Según comentan fuentes que estarán en esa celebración, Bolsonaro fue invitado para la reunión y “pidió juntarse con el Presidente”. Algo que el mismo Milei dijo que sí.

La noticia comenzó a surgir por esta mañana en Brasil, cuando desde el entorno del senador y candidato a presidente dieron a entender que iban a viajar para la Argentina para las fechas del 29 al 30 de junio. El único día en el que podrá coincidir con Milei será el 29, porque al día siguiente el presidente argentino debe ir a Paraguay -más precisamente a la ciudad de Asunción- para la cumbre de mandatarios del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

La conferencia que organiza la Israel Allies Foundation comenzará el domingo 28 por la noche con una cena de bienvenida que estará presidida por Leopoldo Martínez, director para América Latina de la Israel Allies Foundation, y en la que se prevé la asistencia de Flavio Bolsonaro. El canciller Pablo Quirno estará como keynote speaker de ese día.

Pero la jornada principal será el lunes 29 de junio. Allí se desarrollarán diferentes paneles en los que se hablará sobre los Acuerdos de Isaac, que buscan fomentar la cooperación entre Israel y Latinoamérica y que tuvieron la venia del mismo Milei, y sobre los roles que cumple la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Entre los invitados están Axel Wanish, embajador argentino en Israel; Eyal Sela, embajador israelí en Argentina; Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina; Sabrina Ajmechet, diputada y co-presidenta del Caucus Israel Allies en Argentina; David Hatchwell, cofundador de ACOM; Jonathan Karszenbaum, co-vicepresidente de la delegación argentina ante la IHRA; Mauro Berenstein, presidente de DAIA; Ariel Gelblung, director para América Latina del Centro Simon Wiesenthal; Karla Gutiérrez, presidenta del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); Sammy Eppel, Hatzad Hasheni (moderador); Ariel Seidler, Congreso Judío Latinoamericano; Osvaldo Armoza, presidente de AMIA (a confirmar); Ilan Lopez, director ejecutivo de la Comunidad Judía de Guatemala; Alejandro Finocchiaro, diputado y co-presidente del Caucus Israel Allies en Argentina (moderador); Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional de Honduras; S. Fitzgerald Haney, American Friends of Isaac Accords.

Quien hablará hacia el final del día y luego de todas las exposiciones será el presidente Javier Milei, que fue designado keynote speaker de la jornada.

Al día siguiente se dará una visita al Palacio del Congreso de la Nación, que tendrá al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como principal anfitrión. El dirigente libertario viene de visitar Israel y se convirtió en el primer presidente de la Cámara baja en realizar una visita oficial al Parlamento israelí.

Lula aspira a reelección y su cuarto mandato en total en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el último trimestre de este año. Su principal competidor en las encuestas es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente. En ese sentido, Milei ya dio señales explícitas de alineamiento hacia el candidato conservador. Ambos se mostraron juntos, abrazándose y dándose palabras de aliento en la asunción presidencial de José Antonio Kast en Chile.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la firma de una ley bipartidista destinada a ampliar el acceso a la vivienda y condicionó la promulgación de esa norma a la aprobación previa del paquete de reformas electorales SAVE America Act.

La cancelación del acto de firma, anunciada por Trump en sus redes sociales, intensificó la presión sobre los senadores republicanos, quienes no cuentan hoy con los votos para destrabar la iniciativa que exige la identificación con foto para votar y la prueba de ciudadanía para inscribirse en el padrón federal.

Según Reuters, la decisión reflejó tanto las divisiones internas en el oficialismo como los límites institucionales que enfrenta el mandatario en la recta final antes de las legislativas de noviembre.

La ofensiva sobre la SAVE America Act y el estancamiento parlamentario

La SAVE America Act se convirtió en la principal prioridad legislativa de Trump durante este tramo del año. El proyecto impone requisitos de identificación y ciudadanía para participar en elecciones federales, además de transferir el control de los padrones electorales estatales al gobierno federal.

De acuerdo con NBC News, la Casa Blanca justificó la suspensión de la firma de la ley de vivienda al calificar la aprobación del paquete electoral como una “emergencia nacional”.

El Senado celebró cinco votaciones desde marzo sobre la SAVE America Act o algunas de sus disposiciones. Ninguna logró superar el umbral de 60 votos que exige el filibusterismo, un obstáculo que se mantiene pese a que los republicanos controlan 53 de los 100 escaños.

Según Reuters, líderes como el senador John Thune, jefe de la bancada republicana, advirtieron que “esas son simplemente realidades duras” y que el oficialismo carece de respaldo suficiente para eliminar la barrera reglamentaria o imponer una mayoría simple.

Rick Scott, senador por Florida y aliado de Trump, convocó a un almuerzo a puertas cerradas con el presidente para buscar alternativas que permitan conseguir los votos necesarios.

“Con cada proyecto aquí, cuando empieza, no hay suficientes votos. Vamos a tener una buena conversación para ver si podemos encontrar la forma de llevar esto hasta la meta”, declaró Scott, según recogió Reuters.

A pesar de la insistencia del mandatario, otros republicanos rechazaron tácticas adicionales como sumar la SAVE America Act a proyectos de aprobación obligatoria o desplazar a funcionarios del Senado que bloquearon su tratamiento.

Tensiones internas y repercusiones políticas

La suspensión del acto legislativo por parte de Trump coincidió con un clima de creciente tensión entre la Casa Blanca y los propios republicanos del Senado.

De acuerdo a CBS News, la relación entre el mandatario y su partido en la Cámara Alta atraviesa una etapa delicada, marcada por desacuerdos en torno a prioridades legislativas y estrategias electorales. La ley de vivienda, que había sido negociada durante meses por legisladores de ambos partidos, fue presentada como un logro bipartidista que buscaba responder a la preocupación por el acceso y el costo de la vivienda a escala nacional.

La iniciativa incluye restricciones a la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales, así como medidas para incrementar la oferta habitacional y agilizar los procedimientos regulatorios.

Según datos citados por CBS News, las empresas que poseen más de 1.000 hogares suman unas 500.000 propiedades, el 0,34% del parque habitacional estadounidense y aproximadamente el 3% del total de viviendas unifamiliares de alquiler.

Sin embargo, en ciudades como Jacksonville, Florida, los inversores concentran más del 20% de ese mercado, lo que motivó presiones de legisladores locales para avanzar con la regulación.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, explicó que existe una ventana de tiempo de hasta 10 días para que el mandatario firme la ley aprobada por el Congreso. “Va a usar un poco más de ese margen, y vamos a atravesar esto juntos”, afirmó Johnson, citado por NBC News.

La expectativa es que la norma entre en vigor, incluso si Trump no la promulga formalmente, dado el respaldo bipartidista registrado en ambas cámaras.

Argumentos a favor y en contra de la reforma electoral

La SAVE America Act suscitó críticas tanto dentro del Partido Republicano como entre los demócratas. Voces opositoras advierten que la iniciativa responde a un problema marginal —el eventual sufragio de no ciudadanos— y podría afectar a millones de estadounidenses legítimos que no disponen de documentos como pasaporte o partida de nacimiento.

“Cada minuto que pasamos en esto es un minuto que no dedicamos a algo que pueda lograr que mis colegas sean reelegidos”, observó el senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, en declaraciones recogidas por Reuters.

El martes, un grupo de senadores republicanos, incluidos Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul y Bill Cassidy votaron junto a los demócratas para limitar la intervención militar en Irán.

La reacción de Trump fue inmediata en sus redes sociales, donde calificó a los legisladores de “perdedores” y señaló que esas decisiones solo complican su gestión.

Según Reuters, la Casa Blanca también sufrió retrocesos en otras áreas, como la eliminación de un fondo de USD 1.800 millones para enfrentar la “instrumentalización” política del Estado y el rechazo al nombramiento de un aliado sin experiencia en inteligencia como jefe del aparato de inteligencia estadounidense.

A pesar del revés, los promotores de la SAVE America Act insisten en que el Congreso debe seguir buscando acuerdos para sacar adelante la reforma.

Mientras tanto, la ley de vivienda permanece en suspenso a la espera de una definición ejecutiva, en un contexto legislativo marcado por la polarización y las estrategias cruzadas entre la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes.

El voto latino puede decidir quién controla el Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio término de este año, y la economía es el factor que más moviliza a ese electorado. Así lo concluyeron estrategas políticos, encuestadores y operadores de campaña de ambos partidos en la Cumbre del Voto Latino celebrada el martes en Washington, D. C.

Carlos Odio, cofundador de Equis Research, firma especializada en datos sobre votantes latinos, resumió en tres palabras cuál es el tema principal para los hispanos: “La economía, y la economía, y la economía”, dijo al ser consultado por CBS News, la cadena estadounidense de noticias.

Por qué el voto latino es clave en 2026

Los latinos pueden inclinar la balanza en varios distritos competitivos de la Cámara de Representantes y en al menos una carrera clave del Senado. “El mapa de la Cámara es muy latino”, afirmó Odio.

El contexto es el giro que ese electorado dio hacia el presidente Donald Trump en 2024, cuando casi la mitad de los hispanos votó por él, incluida la mayoría de los hombres latinos, según datos de encuestas a pie de urna de CBS News. Ahora los demócratas trabajan para recuperar ese terreno en una disputa muy ajustada por el control de ambas cámaras.

La carrera por el Senado en el estado de Texas entre el demócrata James Talarico y el republicano Ken Paxton es clave. En 2024, el 55% de los latinos texanos apoyó a Trump, pero sondeos recientes muestran que ese apoyo se ha erosionado.

“El mapa de Texas es un lugar donde, dependiendo de dónde aterricen los latinos, la diferencia puede ser entre que los republicanos ganen cuatro escaños en el Senado o que los demócratas salgan empatados o con un escaño demócrata”, explicó Odio en la cumbre.

Aproximadamente 1 de cada 4 votantes registrados en Texas en 2024 era latino, según datos de UnidosUS, la mayor organización de derechos civiles hispanos del país. En algunos de los distritos más competitivos del estado, esa proporción es aún mayor.

Latinos en estados donde antes no se los esperaba

El senador demócrata de California Alex Padilla señaló que la población latina crece con rapidez en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Luisiana, estados donde históricamente no se los asociaba con un peso electoral determinante.

“Georgia, el mayor estado en disputa en el mapa del Senado ahora mismo, tiene más de un millón de latinos. Eso nos sorprende", dijo Padilla, en referencia a la reelección del senador demócrata Jon Ossoff. También mencionó que Nueva Orleans ya tiene una alcaldesa latina.

“Estamos en todos lados donde hay trabajo. Estamos ahí, crecemos en número y en impacto”, agregó el senador californiano.

Qué dicen los datos históricos

La ansiedad económica impulsa la participación hispana de una manera similar a lo que ocurrió en 2018, cuando los demócratas ganaron más de 40 escaños en la Cámara en una elección de “ola azul”. En 2022, en cambio, los republicanos ganaron un puñado de escaños y los latinos se alejaron de los demócratas.

Odio indicó que los datos recientes sugieren que los demócratas recuperan parte del terreno perdido, aunque sin llegar al nivel de 2018.

“Eso significa que los demócratas deberían recuperar mucho del apoyo que perdieron, pero si terminan más cerca de un escenario de 2022 o de 2018 es muy importante, porque muchas elecciones se decidirán por la diferencia entre esos dos márgenes”, precisó.

La advertencia demócrata desde adentro

El senador demócrata de Arizona Ruben Gallego, quien ganó su propia carrera en un estado que Trump se llevó, lanzó una advertencia directa a su partido.

“El Partido Demócrata todavía no entiende que no hay partido demócrata nacional sin el voto latino como parte de esa coalición”, dijo Gallego. Y agregó: “Tienes que responder a dónde está el votante latino, no a dónde quieres que esté”.

El factor Marco Rubio en 2028

De cara a las presidenciales de 2028, Gallego advirtió que si el secretario de Estado Marco Rubio encabeza la fórmula republicana, los demócratas enfrentarán un terreno más difícil. “Si Marco Rubio es el candidato a presidente de Estados Unidos, estamos en problemas”, afirmó.

El consultor republicano Mike Madrid, especialista en tendencias del voto hispano y crítico de la administración Trump, coincidió con ese diagnóstico. “El Partido Republicano es mucho más fuerte entre los latinos de lo que la gente cree. Tener a alguien como Marco Rubio es una enorme ventaja para los republicanos”, dijo a CBS News.

Madrid agregó que, si los republicanos pierden la Cámara y el Senado en noviembre, buscarán en 2028 un candidato que recupere estados con alta población latina. “Creo que Marco Rubio se perfila como uno de sus activos más fuertes, y que el senador Gallego lo reconozca dice mucho”, concluyó.

El extenso mensaje que el saliente presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales, en el que insinuó, entre líneas, su tristeza por los resultados electorales del domingo 21 de junio de 2026, con los que Abelardo de la Espriella se impuso como presidente electo, mereció varios mensajes de distintos líderes políticos opositores.

La extensión del mensaje y los ejemplos que usó en el texto que publicó en cuatro tiempos reunió comentarios y críticas por el uso de frases como “Me siento como si tuviera que entregar la espada de Bolívar a un virrey” o “¿Ahora me aprietan para jurar lealtad a un virrey? ¿A quien le entregó la espada de Bolívar por la que lucharon y murieron tantos y tantas héroes? ¿Quién la va a recibir?“.

También recibió fuertes comentarios porque en su publicación tomó hechos históricos de varios países—como Rumanía—, para insinuar una posible anulación de las elecciones de segunda vuelta, que siguen bajo escrutinio.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, fue de los primeros en publicar su reacción: “Este anti-demócrata y mal perdedor que en mala hora fue elegido presidente se quiere robar las elecciones. Debe haber un rechazo generalizado, de todo el espectro político y de todas las instituciones, y hay que exigirle que de forma pacífica entregue el poder el 7 de agosto”, dijo. Luego, en otro mensaje, agregó: “¡Fuera Petro! ¡Fuera tirano! (sic)“.

Daniel Briceño, también férreo crítico del mandatario, afirmó en su perfil que las palabras del jefe de Estado se traducirían en un desconocimiento oficial de su Gobierno de los resultados de las votaciones se segunda vuelta.

“Petro abona el terreno para desconocer el resultado electoral y la victoria de Abelardo de La Espriella. Está ebrio de poder, no sale del impacto, no entiendo como perdió a pesar del voto fusil, la maquinaria y los ríos de plata en las regiones. Está desconsolado (sic)”, dijo.

Papo Amín, presidente del Concejo de Bogotá, se unió a la ola de críticas contra del jefe del Ejecutivo para pedirle que “ya es hora de que vaya aceptando los resultados Presidente @petrogustavo y que asuma la derrota”.

La representante Katherine Miranda no se quedó atrás y se sumó a las reacciones: “¡Usted perdió, ACÉPTELO! Aquí nadie va a anular las elecciones. ¡Respete la democracia y la decisión del pueblo colombiano que lo castigó a usted en las urnas! (sic)“.

El analista político cartagenero Marco Frieri también reaccionó: “No sea ridículo, si eso es intervención, usted ha hecho docenas de ellas. Ha opinado y escogido candidatos en su fin de elecciones. Nada que hacer, el pueblo colombiano los rechazó, acéptelo y llórelo. Cesó la horrible noche para Colombia”.

Qué dice el mensaje de Petro

El presidente cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales en Colombia, y denunció una supuesta injerencia extranjera determinante en los comicios.

En su texto, Petro hizo referencia a la anulación de elecciones en Rumania por intervención externa y comparó ese caso con la situación colombiana, a la vez que señaló directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su cercanía con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Petro señaló: “¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? (...) “La intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia, si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia constitución”.

El exmandatario también criticó la respuesta de las autoridades locales: “¿Para Colombia no funciona la Justicia? Los jueces de escrutinio decidieron que de las 55.000 reclamaciones, más del 90%, quedaran como constancias, o procesos para otras jurisdicciones, como la penal”.

Petro también planteó dudas sobre la independencia del sistema electoral y defendió la soberanía nacional como fundamento de la democracia. El exmandatario también evocó episodios históricos y personales para subrayar su postura frente a los acontecimientos actuales y reiteró su compromiso con la vida, la libertad y la defensa de la voluntad popular.

Aunque ayer fue una jornada floja para Wall Street y los mercados financieros en general, los bonos argentinos en dólares continuaron de racha. Como consecuencia el riesgo país cayó hasta 421 puntos básicos, tocando nuevamente los mínimos niveles del año. La expectativa de los inversores ahora es que logre perforar los 400 puntos, algo que no sucede desde el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del nivel más bajo alcanzado en los últimos ocho años.

Ayer impactó positivamente el avance para emitir deuda garantizada por organismos multilaterales por USD 5.000 millones, que se publicó en el Boletín Oficial.

La norma señala en sus considerandos que con “el objetivo de reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional, se considera conveniente realizar operaciones de financiamiento denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria, las cuales serán instrumentadas a través de préstamos, que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito”.

La brecha entre el riesgo argentino y el de países emergentes también está en el nivel menor de los últimos diez años: 250 puntos básicos. De la misma forma, los bonos argentinos achicaron notablemente la diferencia en rendimiento que los separa de bonos emitidos por empresas argentinas.

La semana pasada el BID aprobó una garantía de hasta USD 550 millones destinada a fortalecer las políticas de seguridad y justicia en Argentina, además de facilitar el acceso del país a los mercados de capitales. Esta es la primera vez que el organismo otorga una garantía de este tipo a Argentina.

El comunicado oficial indica que la garantía permitirá movilizar 1.200 millones de dólares en financiamiento privado, lo que facilitará la llegada de recursos internacionales alineados con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) aprobaron un paquete de garantías por USD 2.000 millones, que serán claves de cara a los vencimientos en moneda extranjera que tiene que enfrentar el Gobierno en 2026 y 2027. El organismo remarcó que el objetivo de esta ayuda es facilitar el regreso del país a los mercados internacionales.

Estas colocaciones son vistas como la antesala del regreso de Argentina a los mercados internacionales con nuevos bonos. Hasta ahora, el equipo económico se negó a colocar deuda nueva en el mercado por considerar que las tasas seguían muy altas.

Pero ahora la perspectiva luce diferente. Con un riesgo país que podría encaminarse a niveles de 350 puntos básicos, esta posibilidad ya pasa a ser mucho más significativa.

La intención oficial es acumular financiamiento para hacer frente ya a los vencimientos de deuda que se presentan el año que viene. Solo al FMI habrá que pagarle USD 7.700 millones, a lo que se suman más de USD 10.000 millones de vencimiento de Bonares y Bopreales.

Al tratarse de un año electoral, lo más razonable es asegurarse en la medida de lo posible el financiamiento lo antes posible. La turbulencia que afectará seguramente a los activos argentinos por cobertura se sentirá no solo en la presión cambiaria. Además, podrían sufrir los bonos, generando una caída en la cotización que complique el financiamiento en la previa a las elecciones.

Las garantías de organismos multilaterales permitirán que bancos internacionales le presten a la Argentina a tasas más bajas que la de mercado. Se estima que podrían ubicarse en niveles de 6% anual.

Pero este financiamiento actuaría como un trampolín hacia otro objetivo, que es el regreso a los mercados internacionales pero ya sin garantía alguna. Para eso, el riesgo país debería caer un escalón adicional hasta acercarse a los 350 puntos básicos.

El pago de bonos por USD 4.200 millones previsto para el 9 de julio también debería ayudar para que sigan mejorando las cotizaciones, considerando que una parte de los dólares que se paguen podría ser reinvertido en los mismos títulos.

Faltan cuatro años para que México elija a su próximo presidente, pero la carrera por Palacio Nacional ya comenzó — al menos en el imaginario colectivo. La encuestadora CE Research publicó este mes su medición nacional Presidenciables 2030, levantada entre el 14 y 16 de junio con mil encuestas telefónicas y un margen de error de +/- 2.53%.

Los resultados dibujan un escenario donde Morena sigue dominando, un secretario de Estado se convierte en favorito indiscutible y un empresario multimillonario empieza a ser tomado en serio como opción presidencial.

Sheinbaum, con viento a favor

Antes de hablar del futuro, los números hablan del presente. La presidenta Claudia Sheinbaum registra un índice de aprobación del 70% en junio de 2026 — un punto más que en la medición anterior. De ese total, 46% califica su gobierno como “bueno” y 24% como “muy bueno”, frente a un 30% que lo considera malo o muy malo.

El dato importa porque el nivel de aprobación de la presidenta en funciones es, históricamente, el mejor termómetro para medir las posibilidades de su partido en la siguiente elección.

García Harfuch: solo en la cima de Morena

Dentro del partido gobernante, la pregunta sobre quién debería ser el candidato presidencial de 2030 tiene una respuesta que no admite mucha discusión: Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad, concentra el 40% de las preferencias entre simpatizantes de Morena.

Su perseguidor más cercano es Marcelo Ebrard, con apenas 16%. El resto del cuadro morenista aparece muy por debajo:

• Clara Brugada: 8%
• Mara Lezama: 6%
• Luisa María Alcalde: 2%
• Andrés López Beltrán: 1%

El 27% restante se inclina por “otro” — un número que podría interpretarse como espacio para nombres que aún no están en la conversación pública.

La oposición, fragmentada y con muchos indecisos

En el PAN, el panorama es más abierto — o más incierto, dependiendo del ángulo. El 41% de los simpatizantes panistas aún no decide a quién querría como candidato. Entre quienes sí tienen preferencia, Ricardo Anaya encabeza con 25%, seguido de Lilly Téllez con 14%, Maru Campos con 8% y Mauricio Kuri con 5%.

El PRI enfrenta una situación similar: 53% de sus simpatizantes prefiere a “otro”, lo que habla de un padrón que no termina de identificarse con ninguno de los nombres disponibles. De los mencionados, Manolo Jiménez lidera con 15%, seguido de Beatriz Paredes (13%) y Esteban Villegas (11%). El líder nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, aparece en último lugar con solo 8%.

En Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio encabeza con 25%, seguido de Samuel García (19%) y Jorge Álvarez Máynez (8%). El 45% prefiere a “otro”.

El factor Salinas Pliego

El dato más llamativo de la encuesta quizás no sea político en sentido estricto: 6 de cada 10 mexicanos (60%) dijeron que les gustaría ver a Ricardo Salinas Pliego en la boleta presidencial de 2030. Y de ese grupo, el 71% lo preferiría como candidato independiente.

El careo final: Morena al frente, pero con competencia

Cuando CE Research planteó un escenario hipotético con todos los nombres en una misma boleta, los resultados fueron:

• Omar García Harfuch (Morena): 40%
• Luis Donaldo Colosio (MC): 25%
• Ricardo Anaya (PAN): 12%
• Ricardo Salinas Pliego (independiente): 11%
• Alejandro Moreno (PRI): 3%
• Aún no decide: 9%

La encuesta fue levantada del 14 al 16 de junio de 2026, con registro ante el INE con ID 201509111210081, y está disponible en rankingsdemexico.com.

“Para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana debe tener un gobierno respaldado en las urnas”, afirmó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien agregó sin dar mayores detalles que Panamá se ofreció como sede para facilitar un diálogo entre Cuba y Estados Unidos basado en igualdad y respeto mutuo.

Martínez-Acha reiteró que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, aunque añadió que deben respetarse las decisiones del pueblo venezolano.

Aseguró que varios cancilleres han conversado sobre la importancia de abrir un diálogo incluyente con todos los actores políticos, que permita encaminar elecciones libres y justas, con garantías y reformas al sistema electoral.

Sobre Cuba recordó su visita del 28 de marzo para dar seguimiento a la situación de panameños detenidos en ese país, indicando que gracias a gestiones diplomáticas tres panameñas fueron liberadas, mientras que aún siete permanecen detenidos en la isla.

El 28 de febrero un grupo de ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba, enfrentando una posible condena de hasta ocho años de prisión bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional.

Un operativo de seguridad de las autoridades cubanas detectó al grupo realizando pintadas con frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”, en referencia al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y el embajador en la isla.

En opinión de Martínez-Acha Vásquez la diplomacia en la región debe estar orientada a “promover el entendimiento y a impulsar soluciones graduales” que contribuyan a la estabilidad regional y a la coexistencia pacífica.

Las declaraciones del canciller panameño se dieron en el marco de la conferencia de prensa de apertura de la 56 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se inaugura este lunes en la capital panameña.

Para participar en la llamada Semana de Alto Nivel, que conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, llegaron a este domingo los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, y de Honduras, Nasry Asfura Zablah, junto al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa.

Los visitantes, de acuerdo a lo informado, sostendrán reuniones bilaterales y participarán en las actividades oficiales programadas en el marco de la conmemoración histórica del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, orientada a fortalecer el diálogo político, la cooperación regional y el multilateralismo en el hemisferio.

La información oficial señala que además de los jefes de Estado y vicepresidentes, estarán presentes 34 ministros y viceministros, seis secretarios generales de organismos internacionales y 55 enviados especiales y altos cargos de países y organizaciones internacionales.

Por otro lado, durante la sesión abierta de la 31 Reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) las delegaciones resaltaron la relevancia de fortalecer el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, la solidaridad y la concertación entre los países ante un escenario internacional en constante transformación.

En la clausura del diálogo especial sobre la vigencia del multilateralismo, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, expresó que el espacio ofreció oportunidades de cooperación entre regiones y una esperanza en beneficio de los pueblos.

Para Panamá ha sido alentador que esta convocatoria haya registrado la mayor asistencia en un Consejo de Ministros de la AEC, lo cual refleja el interés de revitalizar la organización regional y darle un nuevo dinamismo, se indicó en una nota de prensa. En el diálogo sobre el multilateralismo participaron los Estados Miembros, socios regionales y extra regionales de la AEC.

La misión hondureña participa como observadora acreditada en la jornada electoral de Colombia, invitada a seguir el funcionamiento del sistema democrático y el desarrollo de la elección presidencial. La delegación inició sus actividades con el acompañamiento de la Embajada de Honduras en Colombia y mantiene una agenda de reuniones y recorridos.

La delegación está integrada por los diputados Eder Mejía, Roy Cruz, José Jaar, Sandra Colleman, Alejandra Vallecillo, María José Sosa, Iliana Velásquez, Fany Santos, Daisy Andonie, Cinthya Hawit y Sebastián Romero, junto con la asesora Suarmy Torres.

También forman parte de la comitiva el magistrado Mario Flores Urrutia y el exconsejero del Consejo Nacional Electoral Kelvin Aguirre, que aportan una perspectiva técnica vinculada a la organización, supervisión y evaluación de procesos electorales.

Reuniones de la delegación en Colombia

Durante sus actividades, los legisladores hondureños mantuvieron encuentros con figuras políticas y representantes de sectores académicos y sociales de Colombia para conocer distintas perspectivas sobre el proceso electoral, el clima político y los desafíos del sistema democrático.

Entre esas reuniones estuvieron la senadora María Fernanda Cabal, el analista Carlos Chacón del Instituto de Ciencia Política y Carlos Alonso Lucio, director programático de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Los encuentros forman parte de la agenda de acercamiento desarrollada durante la misión internacional.

De acuerdo con la agenda oficial, los observadores internacionales fueron distribuidos en distintos puntos del proceso electoral colombiano para seguir la instalación de mesas, la apertura de centros de votación, la afluencia de electores, el comportamiento de los actores políticos y el desarrollo general de la jornada.

Los representantes hondureños señalaron que estas visitas permiten observar de primera mano mecanismos de organización electoral y niveles de participación ciudadana en otros países de la región, además de facilitar el intercambio de experiencias legislativas.

El alcance de la misión internacional

La segunda vuelta presidencial en Colombia ha generado atención en la región por su impacto político y por el peso del proceso en la estabilidad institucional del país. En ese contexto, la presencia de delegaciones extranjeras acompaña el seguimiento de la jornada electoral.

Este tipo de misiones también permite a los representantes del Congreso Nacional de Honduras ampliar su visión sobre modelos electorales comparados, mecanismos de control democrático y estrategias de participación ciudadana, con vistas a futuros debates legislativos.

En medio de una jornada electoral con amplia participación ciudadana, la misión hondureña continúa su agenda de observación para recopilar información técnica y política sobre el desarrollo del proceso, que después será sistematizada en informes institucionales.

Finalmente, la participación de la delegación hondureña en esta misión internacional también se enmarca en los esfuerzos por fortalecer la diplomacia parlamentaria, una herramienta que permite a los poderes legislativos intercambiar experiencias, observar buenas prácticas y promover el respeto a los principios democráticos en distintos contextos políticos de la región.

Con el cierre de la jornada electoral en Colombia, los observadores internacionales procederán a consolidar sus valoraciones preliminares sobre el desarrollo del proceso, mientras la misión hondureña continuará su agenda institucional con miras a contribuir, desde su experiencia, al fortalecimiento de los procesos democráticos y la cooperación entre ambos países.

Luego de que el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocara a elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) de Salta, este fin de semana se confirmó que se presentaron 24 listas para participar del proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal.

Tal como habían anunciado a finales de mayo, los comicios están previstos para el 2 de agosto próximo. Aparentemente, el cronograma original se mantendría sin cambios y la votación se realizaría con boleta de papel, de acuerdo con las aclaraciones requeridas por las autoridades judiciales.

Hasta el momento, la inscripción contemplaría la reserva de nombre, la designación de apoderados y la constitución de domicilio legal. Según trascendió, entre las listas presentadas, dos corresponderían a la Juventud Peronista, mientras que las restantes representarían a distintos sectores de la provincia, incluyendo la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta.

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno, este abanico territorial como señal de una participación amplia en la convocatoria. Por el momento, la presentación de listas corresponde solo a la primera etapa del cronograma electoral y no implica aún la oficialización de candidaturas.

Tras anotarse las 24 listas, se abrirá una fase de negociaciones, acuerdos y eventuales unificaciones en el PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descartaría la conformación de una lista de unidad. No obstante, indicaron que ninguno de los listados representaría al ala kirchernerista.

Según está planteado en el cronograma electoral, el reconocimiento oficial de las listas podrá realizarse hasta el 23 de junio. Posteriormente, la presentación de listas de candidatos será del 24 al 27 de junio, etapa en la que deberán conocerse los nombres concretos que competirán por los cargos.

El proceso interno se produce tras una larga disputa por la conducción partidaria cuando, en febrero del 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que hasta entonces estaba liderado por Esteban Amat Lacroix.

A partir de este movimiento, la intervención designó como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso, pero la decisión fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención, al considerarla arbitraria, aunque la Cámara Nacional Electoral suspendió ese fallo y el PJ salteño continuó bajo intervención.

En febrero de este año, la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner al frente del partido. No obstante, las impugnaciones y pedidos de elecciones internas derivaron en una nueva intervención judicial. Fue así que el pasado 15 de mayo, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con la misión de normalizar el partido y convocar a internas.

Según el fallo, la magistrada reclamó la falta de actos y/o convocatorias concretas que tuvieran como objetivo normalizar el espacio político. Por este motivo, consideró que la intervención había sido utilizada como una herramienta para provocar un vaciamiento institucional que afectó de forma directa los derechos de los afiliados.

En línea con esto, recordó que la intervención partidaria prevista en la Ley 23.298 es una herramienta excepcional, destinada a restablecer la normalidad solo en contextos de acefalia de órganos, renuncias masivas o incumplimiento de elecciones internas. Por lo que, en este caso, consideró que funcionó como un “mecanismo abusivo” que no logró resolver los conflictos internos de la jurisdicción.

A pesar de que dio cuenta de que las autoridades anteriores tenían previsto celebrar las internas el 25 de octubre de este año, la jueza Servini criticó el llamado al calificarlo como tardío en relación con el vencimiento de la intervención y carecería de garantía de concreción de actos electorales verificables.

En este contexto, señaló que la única vía para asegurar la normalización institucional era la intervención judicial. Por esto, dispuso que Gambetta tendrá la obligación de presentar informes quincenales sobre sus acciones y mantener informado al Juzgado Federal con competencia electoral en Salta. Además, deberá garantizar que el proceso electoral se desarrolle con transparencia, estableciendo fechas y procedimientos claros para la elección interna de autoridades.

El año 2026 marcará un ciclo electoral singular para los residentes de Miami-Dade, quienes deberán acudir a las urnas en dos ocasiones para definir el rumbo político y social de su comunidad. Las fechas clave serán el 18 de agosto, cuando se celebrarán las elecciones primarias y locales, y el 3 de noviembre, reservado para la jornada general y el balotaje definitivo. Este doble llamado a la participación ciudadana no solo involucra la selección de representantes en distintos niveles de gobierno, sino también la decisimión sobre propuestas y reformas que impactarán de manera directa la vida cotidiana en la región.

El calendario electoral se estructura en dos etapas bien diferenciadas. El 18 de agosto tendrá lugar la primera ronda de votaciones, en la que los ciudadanos de Miami-Dade elegirán a sus candidatos preferidos en las primarias y resolverán distintas cuestiones locales. Posteriormente, el 3 de noviembre, se realizará la elección general que concluirá el proceso, permitiendo la definición final de los cargos federales, estatales y municipales, además de resolver las propuestas que no hayan sido resultas en la primera instancia. Esta estructura refuerza la importancia de una ciudadanía informada y activa, capaz de incidir en distintos ámbitos de la gestión pública.

La boleta electoral de este año se presenta especialmente densa, integrando una amplia gama de cargos y medidas de gran trascendencia. Los votantes deberán pronunciarse sobre posiciones de alto impacto, como el cargo de gobernador, la renovación de legisladores estatales y federales, jueces y representantes al Congreso de Estados Unidos. Además de estos puestos de alcance nacional y estatal, la elección adquiere especial relevancia en el plano local, ya que se pondrán en juego asientos y decisiones que afectan directamente la administración de los municipios y la calidad de vida de los residentes de Miami-Dade. El peso local de la boleta se traduce en la posibilidad de influir en políticas de seguridad pública, servicios urbanos y desarrollo comunitario.

En este contexto, destacan las medidas locales específicas que aparecerán en la boleta electoral. En la ciudad de Miami, los ciudadanos se enfrentarán a la decisión sobre dos enmiendas a su carta municipal, lo cual implica modificaciones en la estructura y funcionamiento del gobierno local. Aunque el texto no detalla el contenido exacto de estas enmiendas, su inclusión en el plebiscito refleja la dinámica de actualización normativa y la búsqueda de un marco institucional más adecuado a las necesidades actuales. Por otro lado, la localidad de Doral será escenario de la renovación de dos asientos en su concejo, una oportunidad para que los electores influyan en la orientación política y administrativa del municipio en los próximos años.

Entre las propuestas de mayor alcance se encuentra una iniciativa estatal destinada a expandir los beneficios de exención de impuestos a la propiedad bajo el estatus de Homestead. Esta medida busca ofrecer alivio fiscal a los propietarios que califiquen, permitiéndoles reducir la carga tributaria sobre sus inmuebles. La inclusión de esta propuesta en la boleta responde a una demanda recurrente de sectores que buscan proteger la vivienda familiar y estimular la estabilidad residencial en un contexto de aumento de los valores inmobiliarios y presiones económicas sobre las familias. Si se aprueba, la enmienda podría traducirse en beneficios concretos para miles de ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

El panorama internacional también presenta novedades de alto interés, especialmente en lo referido a los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. Ambas naciones han dado pasos concretos hacia la firma de un memorando de entendimiento en Ginebra, con el objetivo de extender el cese de hostilidades y abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral. El acuerdo contempla la apertura de mesas de negociación centradas en tres ejes principales: la seguridad en la región, la reducción de sanciones económicas y el control del programa nuclear iraní. Este proceso diplomático es percibido como un intento de estabilizar una zona caracterizada por tensiones persistentes y conflictos de intereses entre actores regionales y globales.

Sin embargo, la ruta hacia un entendimiento duradero está lejos de estar despejada. Analistas internacionales advierten que persisten grandes riesgos de inestabilidad, derivados del peso militar de la Guardia Revolucionaria de Irán, la actividad del grupo Hezbolá y las profundas objeciones de seguridad planteadas por Israel. Estos factores representan obstáculos significativos para la consolidación de cualquier acuerdo, ya que implican intereses contrapuestos y desconfianza en torno al alcance de los compromisos asumidos por las partes. El futuro de las negociaciones dependerá en buena medida de la capacidad de los actores involucrados para gestionar estos riesgos y avanzar en la búsqueda de soluciones aceptables para todas las partes.

El Ayuntamiento de Los Ángeles ha dado un paso inédito al aprobar una medida electoral que podría transformar la participación ciudadana en la ciudad. El jueves, los concejales votaron a favor de incluir en las elecciones de noviembre una propuesta que permitiría a los no ciudadanos ejercer su derecho al voto en los comicios locales. Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se concibe la representación y la inclusión en la política municipal, y ha generado un intenso debate en la comunidad angelina.

La iniciativa fue impulsada por el concejal Hugo Soto-Martínez, quien planteó la necesidad de reconocer a todos los residentes que contribuyen a la vida y economía de la ciudad. Soto-Martínez argumentó que la medida responde a una pregunta fundamental: “Si consideramos que los residentes de esta ciudad, quienes contribuyen, quienes pagan sus impuestos y quienes tienen sus negocios, ¿deberíamos explorar la manera de darles la posibilidad de votar en las elecciones locales?”. Para el concejal y sus aliados, la propuesta es una forma de hacer justicia a quienes, independientemente de su estatus migratorio, participan activamente en la sociedad angelina y cumplen con obligaciones fiscales y comunitarias.

Entre los argumentos a favor, los concejales que respaldan la medida destacan el aporte sustancial de los inmigrantes a la ciudad. Sostienen que quienes están inscritos en programas como DACA o mantienen casos de asilo activos ya forman parte del tejido social y económico de Los Ángeles. Permitirles votar en elecciones locales sería, en su visión, un reconocimiento a su rol y compromiso con la ciudad. Además, subrayan que el voto es una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y la representación, especialmente en una urbe caracterizada por su diversidad y su gran población inmigrante.

El plan, tal como fue presentado y aprobado en el Ayuntamiento, se centra en otorgar el derecho al voto únicamente en elecciones locales. Los primeros beneficiarios serían, sobre todo, inmigrantes con algún tipo de estatus legal, incluidos quienes participan en DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y quienes cuentan con solicitudes de asilo en trámite. Sin embargo, los detalles específicos de cómo funcionará la medida todavía están en discusión. Se prevé que, antes de su inclusión definitiva en la papeleta de noviembre, se deberán resolver cuestiones clave sobre el alcance exacto de la propuesta, los mecanismos de verificación de elegibilidad y las garantías necesarias para evitar confusiones con los procesos electorales estatales y federales.

La concejala Mónica Rodríguez advirtió sobre los desafíos prácticos y financieros que implica poner en marcha una votación de estas características. “Nos encontramos en una situación difícil porque tendremos que financiar nuestro propio tipo de votación”, alertó Rodríguez. Expresó dudas sobre si se ha consultado al condado respecto a la implementación logística del nuevo sistema. La ausencia de un modelo previo en la ciudad y la necesidad de adaptar los procedimientos electorales existentes obligan a los responsables municipales a planificar una infraestructura propia, lo que podría suponer costes adicionales y la búsqueda de recursos específicos para garantizar la transparencia y la eficacia del proceso.

El anuncio de la medida ha generado una fuerte reacción entre los líderes republicanos locales y estatales. Las críticas se centran en la percepción de que el Ayuntamiento de Los Ángeles está desviando la atención de asuntos urgentes como la gestión de los incendios, la crisis de personas sin hogar, la inseguridad y la recolección de basura. Uno de los argumentos más recurrentes entre los opositores señala que la ciudad debería priorizar la resolución de estos problemas antes de emprender cambios en las reglas electorales. “No puedo creer que una ciudad incapaz de combatir incendios, de ayudar a las personas sin hogar y drogadictas, que ni siquiera puede combatir la delincuencia en nuestras calles o recoger la basura, sea a lo que dedica su tiempo el Ayuntamiento de Los Ángeles”, expresó un crítico, reflejando el malestar de parte del electorado.

Por otro lado, la concejala Nithya Raman, quien actualmente compite electoralmente contra la alcaldesa Karen Bass, manifestó su apoyo decidido a la medida. Raman señaló que existen antecedentes en otras ciudades donde los padres y las juntas escolares ya han implementado prácticas similares, permitiendo a no ciudadanos participar en decisiones escolares y comunitarias. Este respaldo político evidencia que la propuesta cuenta con una base de apoyo entre sectores progresistas y reformistas, y busca alinearse con experiencias previas que demuestran la viabilidad de modelos de participación ampliada.

Las opiniones entre los residentes de Los Ángeles son diversas. Algunos ciudadanos manifestaron a medios como CBS LA que necesitan conocer más detalles sobre el alcance y las implicancias de la medida antes de formarse una opinión definitiva. Otros, en cambio, apoyan de manera abierta la iniciativa. “Creo que las personas que no son ciudadanas también merecen votar porque forman parte de nuestra comunidad, independientemente de si son ciudadanas o no”, sostuvo la residente Victoria Esparza, quien remarcó el aporte positivo de los inmigrantes a la sociedad angelina. En suma, la propuesta ha abierto un debate en la ciudad sobre la definición de ciudadanía, la inclusión y el futuro de la democracia local, mientras se esperan los pasos finales para su posible implementación en las próximas elecciones municipales.

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció este jueves la presentación de un proyecto para bajar de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses, con lo que busca desmantelar una restricción que lleva vigente desde 1889 y pretende equipararla con el requisito que se les pide a quienes aspiren a ser candidatos a legisladores porteños, por citar un caso.

La iniciativa se presentó este jueves en el marco de la Jornada Jóvenes Concejales, un encuentro que encabezó el presidente del partido provincial, Sebastián Pareja, en la nueva sede partidaria provincial junto a dirigentes provinciales, referentes nacionales de juventud y militantes de distintos distritos de la Provincia. El diputado provincial Pablo Morillo, autor del proyecto, integró el acto junto al coordinador de la Juventud LLA PBA, Sebastián Acuña; la referente de Juventud LLA Nacional, Rocío Gómez; y la concejal de Luján Flor Prince, entre otros.

Fuentes partidarias marcaron a Infobae que se busca equiparar las condiciones etarias para ser electo concejal a los 18 años al igual que sucede con el caso de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. “No tiene sentido que la condición sea igual al de un diputado nacional, pueden haber cuadros superadores de menor rango de edad”, afirman.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja“, afirmó Pareja, según un comunicado oficial al que accedió este medio.

Con esta modificación, desde la estructura partidaria buscan que haya más militantes de la juventud libertaria en las listas. Incluso adelantan que, de ser aprobada en el plano legislativo bonaerense, podrían haber figuras de menos de 25 años encabezando listas distritales. El anuncio también puede interpretarse como una búsqueda de interpelar al “voto joven” de cara al año próximo, así como de una generación de incentivos para la militancia que está desarrollando el partido a través de diferentes agrupaciones en los diferentes municipios de la provincia.

La norma que se busca modificar data del Código de Procedimientos bonaerense de 1889 y fue incorporada a la estructura institucional de los concejos deliberantes sin mayores revisiones durante más de un siglo. No se trata, además, de un debate sin antecedentes legislativos. En 2013, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.523, que ordenaba reducir la edad mínima para ser concejal a 21 años y convocaba a un plebiscito para reformar la Constitución provincial en ese sentido. Más de diez años después, ese proceso nunca se concretó.

La propuesta de La Libertad Avanza retoma esa discusión y la lleva más lejos: en lugar de 21 años, plantea directamente los 18. Desde la filial bonaerense de LLA subrayaron que la representación municipal “no puede quedar atada a una restricción que excluye a jóvenes que ya coordinan equipos, impulsan actividades territoriales y forman parte activa de la vida pública de sus distritos”. El proyecto, según sus impulsores, no apunta a garantizar cargos ni a crear privilegios, sino a “ampliar los derechos políticos” y permitir que los vecinos puedan elegir libremente a candidatos jóvenes si los consideran capacitados para representarlos.

“Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos", sostuvo Pareja durante la jornada.

El encuentro realizado este jueves también sirvió para visibilizar el crecimiento territorial de la juventud libertaria en la Provincia: el espacio cuenta con jóvenes organizados en los 135 municipios bonaerenses, además de concejales, consejeros escolares, coordinadores seccionales y equipos técnicos. “Durante años la política habló en nombre de los jóvenes, pero pocas veces les abrió verdaderamente las puertas. En La Libertad Avanza creemos que el mérito, las ideas y el compromiso valen más que una restricción arbitraria de edad”, señalaron desde el espacio.

La jornada tuvo como eje la participación juvenil y al debate de temáticas vinculadas a esa agenda de cara a la plataforma que los equipos técnicos del partido están preparando para presentar a fin de año de cara a los comicios del 2027. Esta se va a producir luego de la deliberación global de 21 mesas de trabajo que ya se reunieron en otros eventos, como los realizados en la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP).

Según la autoridad nacional, todos los organismos e instituciones competentes se encuentran activos para proteger el desarrollo de las elecciones para dar cumplimiento con los lineamientos del Plan Democracia.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el despliegue de la fuerza pública y la articulación con las distintas autoridades operarán en favor no solo de la seguridad del proceso electoral, sino del orden, la convivencia y la continuidad de la vida cotidiana en el país.

“Que los servicios básicos, salud, educación, acueducto, alcantarillado, electricidad, deben seguir funcionando. Por ello se activa una mesa de servicios donde convergen las empresas públicas y privadas de la mano de los gobernantes para garantizar que dichos servicios mantengan su funcionamiento sin ningún problema”, comentó el alto funcionario.

La prioridad, detalló Sánchez, recae sobre la infraestructura crítica relacionada con los comicios: la Registraduría, los puestos de votación, las sedes de campaña, así como los servicios públicos esenciales y las sedes de los tres poderes del Estado. “La clave aquí es la organización, que permite articular las capacidades”, sostuvo el funcionario.

Se prevén posibles manifestaciones y disturbios

Durante el encuentro, el ministro Sánchez anticipó posibles escenarios de disturbios o vandalismo, tras la detección de denuncias sobre posibles llamados a la violencia por parte de “simpatizantes radicales” en la recta final de la campaña.

“Entre los riesgos que hemos revisado, que obviamente son diferentes a los que tiene Canadá o los que tiene Suiza y que nos obliga a Colombia a tomar unas medidas diferentes, hemos encontrado en las diferentes redes sociales, en algunas denuncias, que la probabilidad de un disturbio violento, de vandalismo, podía llegar a existir. No porque sea una campaña que lo esté promoviendo, sino porque había una que otra persona simpatizante radical que estaría motivando más ganar con el odio que ganar con las ideas”, dijo el representante del Gobierno Petro.

Los funcionarios también hablaron sobre los delitos electorales que pueden registrarse el domingo. Dentro del despliegue del Plan Democracia, tanto el Gobierno nacional como el Distrito Capital indicaron que se ofrecerán recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias asociadas a este tipo de delitos, 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones de pesos por datos que contribuyan a proteger candidatos presidenciales.

Para este efecto, se habilitó la línea 157-107 como canal para recibir alertas de la ciudadanía.

El llamado del alcalde a no desconocer resultados

Por su parte, Carlos Fernando Galán exaltó el valor de la democracia colombiana y la importancia de la fuerza pública en su defensa. Por eso, llamó la atención a la ciudadanía para proteger el proceso y evitar cualquier llamado a desconocer los resultados electorales mediante vías de hecho.

“Esta es una democracia que se ha construido con dificultades, que se ha construido con el sacrificio de muchísimas personas de la Fuerza Pública y es responsabilidad de todos protegerla”, dijo.

De la misma manera, invitó a los bogotanos a salir a votar temprano, apenas se abran las mesas de votación, ante la expectativa de un alto flujo de votantes a lo largo de la jornada.

Las autoridades reiteraron que, ante cualquier incidente, el Estado cuenta con protocolos para asegurar el restablecimiento del orden público.

Voceros oficiales de la Alcaldía de Bogotá confirmaron que debido a las votaciones de la segunda vuelta presidencial habrá suspensión total de la Ciclovía durante el domingo 21 de junio de 2026.

La medida cubrirá la totalidad de los 141,46 kilómetros de la red recreativa de la ciudad, de acuerdo con los lineamientos previstos desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) para el buen desarrollo de la jornada electoral.

La decisión responde a las disposiciones adoptadas por el Distrito Capital para facilitar la logística, la movilidad y la seguridad durante la jornada electoral, de manera que los tramos viales estén a plena disposición de la ciudadanía que debe desplazarse en vehículo para ejercer su derecho al voto.

Desde el Idrd se explicó que la suspensión busca garantizar el desarrollo normal del proceso democrático, en especial consideración a la afluencia de votantes, además de permitir a las autoridades concentrar recursos en la organización y vigilancia del evento electoral en el que seis millones de bogotanos están habilitados para ejercer su derecho democrático.

La red de Ciclovía retomará su operación regular el domingo 28 y el lunes festivo 29 de junio, para continuar promoviendo el disfrute seguro del espacio público como un espacio de encuentro ciudadano para la actividad física y el esparcimiento en la capital.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, afirmó que “la ciudad está preparada para la jornada de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para ello, el distrito dispondrá de un amplio dispositivo institucional, logístico y de seguridad que acompañará el desarrollo de las votaciones en las 20 localidades”.

Durante la jornada electoral, las alcaldías locales dispondrán de 760 gestores y gestoras en territorio, mientras que el área de Movilidad contará con 744 personas encargadas de regular los entornos y accesos. Se instalará un Puesto de Mando Unificado general en la ciudad y veinte más para las localidades.

En materia de Seguridad y Convivencia, 373 servidoras y servidores estarán desplegados, y Transmilenio tendrá 271 personas coordinando la operación del sistema. La Secretaría Distrital de Gobierno destinará 256 gestores y gestoras de diálogo y convivencia, y el sector Salud contará con 86 articuladoras y articuladores.

Otras medidas que se aplicarán por las votaciones de segunda vuelta

De la misma manera, desde el distrito también se implementaron otras medidas como la ley seca desde la medianoche del viernes 19 de junio de 2026, y la restricción del uso de celulares en puestos de votación, salvo para votar con cédula digital, de acuerdo con directrices de la Registraduría Nacional y la Procuraduría General de la Nación.

De la misma manera, las visitas a los senderos de los cerros orientales en Bogotá estarán suspendidas durante el fin de semana del 20 y 21 de junio, según información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

La medida responde a la decisión de las autoridades de concentrar el trabajo de la Policía Nacional en el desarrollo y la seguridad de la jornada electoral. Más de 12.000 agentes estarán desplegados en la ciudad para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Desde la entidad explicó que la operación habitual en los senderos de los cerros orientales se reanudará el martes 23 de junio de 2026. Los interesados en programar su visita podrán hacerlo a través del aplicativo Caminos de los Cerros Orientales o en la plataforma de la Empresa de Acueducto, donde los cupos se habilitan tres días antes de la fecha de interés.

También se agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró la invitación a programar las visitas de manera responsable, acatando las disposiciones adoptadas durante el proceso electoral

La irrupción de la inteligencia artificial en la producción de videos y audios llevó a que Hany Farid, referente mundial en análisis forense digital, reconozca que ya no confía en sus propios ojos.

Según relató The New York Times, Farid advirtió que el avance de los deepfakes y la velocidad de circulación de información falsa superaron la capacidad humana para verificar la autenticidad de los hechos.

“No confío en nada. Cada imagen que veo, le trazo líneas a las sombras y hago geometría en mi cabeza para tratar de entender qué estoy mirando”, sostuvo el especialista, quien advirtió que en breve el sistema visual será “completamente inútil”.

Un video de guerra y los límites de la verificación

El caso que expuso la fragilidad de la verificación digital comenzó un domingo en la casa de Farid, en las colinas de Berkeley.

Según reconstruyó The New York Times, recibió por correo electrónico un video viral que mostraba a un supuesto misil estadounidense impactando una escuela primaria en Irán, con un saldo de más de 150 muertos, la mayoría niños. El experto analizó el material cuadro a cuadro, evaluando el cielo, los cables, las palmeras y la trayectoria del misil. Aplicó sus herramientas para estabilizar la imagen, revisar sombras, calcular el sonido y medir la escala, además de geolocalizar la escena, que correspondía a una calle de Minab, cerca de una institución escolar.

“En general, no encontramos pruebas concluyentes de que el video sea falso o haya sido manipulado”, fue la respuesta de Farid tras al menos 100 revisiones y consultas con otros especialistas, de acuerdo con The New York Times.

El video, que ya había superado el millón de visualizaciones en redes sociales, ilustró cómo la duda se instala incluso después del análisis técnico más exhaustivo. El propio Farid reconoció que no podía decidirse a declararlo auténtico, en un contexto donde las falsificaciones se multiplican y la verdad se vuelve esquiva.

El impacto social: elecciones, mercados y delitos

La inquietud de Farid trasciende el plano técnico. Según relató The New York Times, la vida útil promedio de una publicación en redes sociales es de menos de 90 segundos, y en 20 minutos “todo ya terminó”: la desinformación circuló como hecho y los datos reales quedaron envueltos en dudas.

Las consultas que recibe incluyen desde supuestas llamadas del presidente Joe Biden a votantes demócratas hasta imágenes atribuidas al presidente Donald Trump arrojando basura desde la Casa Blanca, pasando por fotos íntimas de estudiantes de secundaria y pedidos de transferencias millonarias en nombre de directivos empresariales.

El avance de la inteligencia artificial ya modificó el escenario de la seguridad y la economía. Entre los ejemplos que abordó Farid en sus clases en la Universidad de California, Berkeley, figura una imagen falsa del Pentágono explotando en 2023, que sacudió el mercado bursátil y borró más de USD 500.000 millones en minutos.

También detalló que miles de operativos vinculados al gobierno de Corea del Norte solicitan empleos remotos en empresas estadounidenses usando IA para simular identidades en tiempo real, lo que permite financiar programas de armas nucleares.

Herramientas y estrategias de detección

A lo largo de su carrera, Farid desarrolló múltiples herramientas para enfrentar la sofisticación de los deepfakes:

• Software para detectar desincronización entre labios y audio.
• Algoritmos que miden iluminación, sombras y puntos de fuga.
• Sistemas que comparan imágenes con leyes físicas del mundo real.
• Métodos para analizar el cambio de color en la piel y detectar el pulso sanguíneo en videos reales.

De acuerdo con The New York Times, la posibilidad de crear una identidad digital falsa con una foto y un clip de audio de 10 segundos está al alcance de cualquier persona, sin conocimientos técnicos avanzados.

Vida personal y búsqueda de refugio fuera del alcance digital

La presión profesional y emocional llevó a Farid y su esposa, la científica de la visión Emily Cooper, a mudarse a una cabaña de la década de 1920 en una zona rural de Vermont, a media hora de Dartmouth College. Según contó The New York Times, la propiedad incluye 40 hectáreas de bosques y senderos, sin casas a la vista. Allí, la pareja se dedicó a cortar y apilar leña, disfrutar de la naturaleza y, por un tiempo, reducir la exposición a la avalancha de imágenes y videos manipulados.

Para Cooper, el problema trasciende lo digital. La tendencia a pasar más tiempo bajo techo y frente a pantallas, explicó, provoca el alargamiento irreversible del globo ocular, aumento de la miopía y riesgo de enfermedades oculares, lo que ya es considerado una crisis de salud pública por especialistas.

La calma en Vermont resultó efímera. Antes del amanecer, comenzaron a llegar nuevos mensajes con pedidos de verificación de videos de seguridad, imágenes manipuladas y casos de presunto abuso sexual retransmitido en directo. “Cada vez que hay un gran acontecimiento informativo, nos estamos ahogando en esta basura”, resumió Farid en diálogo con The New York Times.

Estrategias personales y desafíos futuros

La experiencia de Farid y Cooper deja en evidencia la necesidad de desarrollar estrategias personales y colectivas ante la manipulación digital. Entre las prácticas que adoptaron se encuentra el uso de una palabra clave para confirmar la identidad en llamadas sensibles, después de que un intento de suplantación usara inteligencia artificial para clonar la voz de Farid.

A pesar de los intentos de desconexión, la demanda de análisis y verificación sigue creciendo. El propio Farid reconoció ante sus estudiantes que la detección de deepfakes es costosa y lenta, frente a un ecosistema donde la creación de falsificaciones es fácil, rápida y confiable. “Estamos bastante jodidos”, admitió ante la pregunta directa de un alumno, según recuperó The New York Times.

La velocidad y sofisticación de la inteligencia artificial plantean desafíos inéditos para la sociedad, los mercados y la democracia, mientras los expertos buscan nuevas formas de distinguir la realidad en un entorno digital saturado de simulacros.

Organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la iniciativa Quiero Elegir, que exige la celebración de comicios presidenciales “cuanto antes” con el fin de “iniciar el proceso de transición hacia la democracia” en el país.

“La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir. El voto es la expresión directa de la soberanía popular, una vía para recuperar el derecho a participar y el instrumento más poderoso para transformar la realidad política de manera pacífica”, plasma en un comunicado este grupo de ONG encabezado por Transparencia Venezuela, Laboratorio de Paz, Cepaz y Voto Joven.

Activistas y defensores de Derechos Humanos advierten que las “señales de cambio” que estaría ofreciendo la presidenta encargada Delcy Rodríguez son “insuficientes”, tachándolas de “transformaciones cosméticas, opacas, discrecionales y arbitrarias”.

“La experiencia acumulada durante 27 años nos dejó lecciones que siguen vigentes; por eso no confiamos en que quienes fueron responsables de la destrucción institucional, económica y social del país sean los conductores de los cambios que Venezuela necesita, aun cuando hoy cambien el discurso, entreguen a antiguos aliados o pretendan que olvidemos”, apuntan.

En el aire

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, ha expresado su disposición a sentarse con el régimen chavista “para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos”.

“El propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”, recoge el manifiesto firmado por Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática.

Sin embargo, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Diosdado Cabello, descartó cualquier acercamiento con la oposición. La presidenta encargada Rodríguez y los principales voceros del chavismo eluden el tema electoral y responden que la prioridad es enfocarse en la recuperación económica del país.

Tras el ataque militar del 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la Casa Blanca anunció un plan de tres fases, que culminaría con una elecciones para alcanzar la transición. No obstante, la administración de Donald Trump no ha fijado un horizonte claro para esas votaciones.

Única vía

“La salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permitan reconstruir la institucionalidad”, sostienen las ONG, subrayando que “la restitución del orden democrático sólo puede materializarse mediante un proceso electoral auténtico, competitivo y verificable”.

Los activistas indican que “no habrá mejora económica sostenible sin cambio político real”, en contravía de la hipótesis que ve factible avanzar en la superación de la crisis bajo el mismo régimen chavista que gobierna a Venezuela desde 1999.

Quiero Elegir llama a los ciudadanos a “organizarse, participar y exigir condiciones”, y demanda a los actores políticos “construir acuerdos que hagan posible una elección real y cuanto antes”. “Los venezolanos valoramos el voto como nuestra herramienta de cambio, de paz y de futuro”, reivindican.

La votación anticipada en las elecciones primarias de Nueva York 2026 ya está en marcha y concentra la atención de miles de ciudadanos interesados en participar activamente en la selección de los candidatos que representarán a los partidos en los comicios generales. El proceso electoral de este año destaca no solo por la competencia en distritos clave, sino también por la alta movilización de votantes desde el primer día habilitado para sufragar antes de la fecha oficial.

Más de 16.000 personas emitieron su voto el 13 de junio, el primer día de la votación anticipada, según reportó la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. Este dato refleja el interés y la participación temprana de la ciudadanía, particularmente en contiendas observadas de cerca como la que enfrenta al actual representante Dan Goldman con el excontralor municipal Brad Lander en el décimo distrito congresional, así como la competencia por el duodécimo distrito, donde varios aspirantes buscan suceder al representante saliente Jerry Nadler.

El 13 de junio fue también la fecha límite tanto para inscribirse como votante antes de las primarias como para solicitar la boleta de voto anticipado o en ausencia por correo. Esta coincidencia incrementó la actividad en los centros de registro y en las plataformas digitales habilitadas para ese fin, ya que quienes no completaron estos trámites antes de esa fecha no podrán participar en las primarias del 23 de junio.

La votación anticipada, que permite a los electores acudir a las urnas antes del día oficial de la elección, responde a una necesidad de flexibilidad y accesibilidad para quienes no pueden presentarse el día de la primaria, ya sea por motivos laborales, personales o de salud. Este mecanismo, cada vez más extendido en los procesos electorales de Estados Unidos, busca facilitar el ejercicio del derecho al voto y reducir la congestión en los centros de sufragio el día de la elección principal.

Para quienes desean participar en las primarias de 2026 y prefieren evitar las aglomeraciones o inconvenientes del 23 de junio, la votación anticipada representa una alternativa práctica y segura. Los votantes pueden acudir en fechas y horarios específicos, según lo dispuesto por la autoridad electoral, y así asegurar que su participación quede registrada con normalidad.

Fechas y horarios específicos de la votación anticipada en la ciudad de Nueva York

El período de votación anticipada en la ciudad de Nueva York comenzó el sábado 13 de junio y se extiende hasta el domingo 21 de junio. Este rango de fechas otorga a los electores una ventana amplia para elegir el momento más conveniente para acudir a votar, adaptándose a diferentes rutinas y necesidades.

Los horarios establecidos para la votación anticipada varían según el día, permitiendo flexibilidad durante la semana y los fines de semana. El sábado 13 y domingo 14 de junio, los centros de votación abren de 9:00 a 17:00. El lunes 15 y el viernes 19 de junio, el horario es también de 9:00 a 17:00. El martes 16 y miércoles 17 de junio, la jornada se extiende de 10:00 a 20:00, facilitando así la participación de quienes solo pueden acudir en horario vespertino. El jueves 18 de junio, el horario es de 8:00 a 16:00, mientras que el sábado 21 de junio, último día de votación anticipada, se mantiene el horario de 9:00 a 17:00.

Estos horarios reflejan el esfuerzo de la administración electoral por cubrir distintas franjas horarias y así garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda ejercer su derecho al voto. La diversidad de horarios busca eliminar obstáculos y facilitar la participación de votantes con compromisos laborales, familiares o personales.

Para saber exactamente dónde votar, los electores pueden consultar una herramienta en línea proporcionada por la Junta Electoral. Esta plataforma permite identificar el centro de votación anticipada correspondiente según la zona de residencia, lo que resulta especialmente útil para quienes no están seguros de su lugar asignado.

Diferencias entre lugares de votación anticipada y de elecciones generales

Un aspecto relevante que deben tener en cuenta los ciudadanos es que los lugares habilitados para la votación anticipada pueden ser distintos a los que operan el día de las elecciones generales. Esta diferencia puede generar confusión en quienes suelen votar siempre en el mismo sitio, especialmente si no verifican previamente la ubicación correspondiente para el período anticipado.

La autoridad electoral recomienda a los votantes consultar con anticipación la dirección exacta de su centro de votación anticipada, ya que estos puntos pueden estar ubicados en escuelas, centros comunitarios u otros edificios públicos diferentes a los habituales. Esta modificación responde tanto a criterios logísticos como a la necesidad de distribuir mejor la afluencia de personas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y accesibilidad.

Es fundamental que los votantes verifiquen la información antes de acudir, ya que presentarse en el lugar equivocado podría impedirles ejercer su derecho en el período anticipado, obligándolos a esperar hasta el día oficial de las primarias o, en el peor de los casos, perder la oportunidad de votar.

Procedimiento y requisitos para registrarse como votante en Nueva York

El primer paso para participar en las elecciones primarias y en la votación anticipada es estar correctamente registrado como votante. La verificación del estado de registro puede hacerse en línea a través de un portal específico, donde se puede consultar rápidamente si una persona ya figura en los padrones electorales.

Quienes aún no estén registrados pueden completar el proceso también en línea, accediendo a formularios disponibles en varios idiomas para facilitar la inclusión de ciudadanos de distintos orígenes. Además, existe la opción de solicitar la solicitud de registro llamando al 1-800-367-8683, lo que amplía las posibilidades de acceso para quienes prefieren la atención telefónica.

Para poder inscribirse como votante en el estado de Nueva York, es necesario cumplir con varios requisitos: ser ciudadano de los Estados Unidos, haber cumplido 18 años, residir en el estado y en la localidad correspondiente durante al menos 30 días previos a la elección, no estar en prisión por condena de delito grave, no haber sido declarado mentalmente incompetente y no reclamar el derecho a votar en otro lugar.

Quienes hayan realizado el trámite de registro y cumplan con los requisitos podrán participar tanto en la votación anticipada como en el día de la primaria, siempre que lo hagan en los lugares y horarios asignados para cada modalidad.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó este lunes la impugnación que Morena presentó ante el Tribunal Electoral para anular las 16 diputaciones que el partido tricolor ganó en las elecciones del 7 de junio en Coahuila, y advirtió que defenderá cada voto “incluso con la vida”.

La alianza PRI-UDC obtuvo 684,211 sufragios —55.03% de la votación— frente al 26.20% de la coalición PT-Morena, una diferencia de casi 30 puntos porcentuales que el partido tricolor calificó de “limpia, legítima e inobjetable”.

El Instituto Electoral de Coahuila validó los cómputos por unanimidad de sus consejeros. Morena, no obstante, documentó incidencias en 962 casillas, equivalentes al 22.6% del total instalado en el estado, y activó cuatro frentes legales simultáneos: denuncia ante la FGR, queja ante el INE, rastreo de recursos ante la UIF y un juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El PRI acusa a Morena de no reconocer derrotas y pone la mira en 2027

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, firmó un comunicado fechado este 15 de junio en el que calificó la impugnación como “una muestra más de su incapacidad para reconocer la voluntad popular cuando los resultados no le favorecen”.

En el documento, Moreno Cárdenas comparó a Morena con “la tradición autoritaria de los regímenes” de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sostuvo que el partido guinda “reconoce las elecciones únicamente cuando gana”.

El comunicado también convoca a la construcción de “un gran frente opositor nacional” y a una participación masiva en las urnas de cara a 2027 y 2030. “El próximo año, millones de mexicanas y mexicanos tendrán nuevamente la oportunidad de decidir entre un proyecto fallido que destruye instituciones y divide al país, o una alternativa que ofrece capacidad, rumbo, resultados y futuro”, escribió Moreno Cárdenas.

El dirigente tricolor también proyectó el conflicto hacia el siguiente ciclo electoral. “Si Morena es incapaz de aceptar una derrota local por más de 30 puntos porcentuales, ¿qué podemos esperar cuando enfrente el juicio ciudadano en las elecciones federales de 2027 y del 2030?”, escribió.

La noche del 7 de junio, en conferencia de prensa desde Saltillo, Moreno ya había marcado el tono: “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, declaró.

Morena denuncia “QRgate”

La respuesta de Morena llegó desde dos frentes. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo la noche de las elecciones para denunciar lo que llamó una “operación sistemática de compra y coacción del voto”. El esquema, bautizado internamente como “QRgate”, habría funcionado mediante la entrega individual de códigos QR a ciudadanos, quienes debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio.

Montiel Reyes aseguró que Morena posee la base de datos completa del sistema, obtenida por integrantes inconformes del propio PRI, y presentó videos de domicilios que operaban como centros de distribución de códigos y efectivo. “Hablamos del QRgate y que puede superar lo que conocimos en 2012 con el presidente Peña”, declaró.

Una semana después, el partido formalizó la impugnación ante el Tribunal Electoral. El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, documentó las incidencias en 962 casillas y anunció que se acudirá a la Policía Cibernética para investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos del sistema QR. También se presentó queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por presunto rebase de topes de campaña del PRI.

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó el 12 de junio una demanda de juicio político contra el gobernador Jiménez Salinas y contra el titular de la fiscalía estatal Federico Fernández Montañez, por señalamientos de injerencia oficial y represión contra militantes. Ante la UIF, Morena solicitó el rastreo del origen de los recursos utilizados en la compra de votos mediante códigos QR y el congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito.

La jornada del 7 de junio en Coahuila registró una participación ciudadana de 50.74% sobre una lista nominal de cerca de 2.4 millones de ciudadanos. Las 4,275 casillas aprobadas se instalaron al cien por ciento, aunque no fue sino hasta el mediodía que todas operaron por la inasistencia de algunos funcionarios de casilla.

La jornada también marcó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica para el procesamiento del voto emitido por internet.

El presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica, con 119 incidencias menores que no afectaron el curso general del proceso. Morena, no obstante, reportó episodios de tensión en varios municipios. En Torreón, la policía estatal habría retenido a dos diputadas federales del partido con un operativo de 20 patrullas. En Frontera, militantes fueron detenidos tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos.

Los resultados del 7 de junio dejaron ganadores y bajas más allá del duelo PRI-Morena. PAN, Movimiento Ciudadano y el PVEM quedaron por debajo del umbral del 3% de la votación válida que exige el Artículo 28 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Eso significa que los tres partidos perderán el derecho al financiamiento público estatal y la posibilidad de participar en la asignación de diputaciones plurinominales y regidurías de representación proporcional.

México Avante, partido local que competía por primera vez, quedó con apenas 0.58% y enfrenta la consecuencia más severa: la cancelación de su registro estatal.

La sorpresa de la jornada fue Nuevas Ideas, partido local de nueva creación que obtuvo 5.89% y se convirtió en la tercera fuerza política del estado.

Los virtuales ganadores fueron los candidatos:

1. Francisco Javier Navarro Galindo — Distrito 1
2. Guillermo Ruiz Guerra — Distrito 2
3. Claudia María Garza Iribarren — Distrito 3
4. Cristina Amezcua González — Distrito 4
5. Esra Ibn Cavazos del Bosque — Distrito 5
6. Héctor Miguel García Falcón — Distrito 6
7. Sol María Luna Adame — Distrito 7
8. Ximena Villarreal Blake — Distrito 8
9. Verónica Martínez García — Distrito 9
10. Felipe González Miranda — Distrito 10
11. Héctor Hugo Dávila Prado — Distrito 11
12. José María Morales Padilla — Distrito 12
13. Luz Elena Guadalupe Morales Núñez — Distrito 13
14. María del Pilar Mar Arroyo Peart — Distrito 14
15. Julián Eduardo Medrano Aguirre — Distrito 15
16. Álvaro Moreira Valdés — Distrito 16

Luego de que terminó la primera vuelta electoral en Colombia, se generó una polémica luego de que Iván Cepeda pidió que la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciara para impedir que Abelardo de la Espriella siguiera haciendo campaña con la camiseta de la selección Colombia.

Para el candidato del Pacto Histórico, el jurista estaba aprovechando que la Tricolor jugará la Copa del Mundo 2026 para convencer a los ciudadanos de apoyar su campaña de manera populista.

Un juez prohibió que la campaña de Abelardo de la Espriella siguiera usando la prenda oficial de la Tricolor, y aunque la decisión fue revocada, el tema fue uno de los más discutidos desde el 31 de mayo.

Equipo de Cepeda regaló camisetas de la selección en el cierre de campaña en Bogotá

El 13 de junio, en Bogotá, el equipo de Iván Cepeda realizó uno de los cierres de campaña del aspirante a llegar a la Casa de Nariño, evento en el que sorprendieron a los presentes al llegar con indumentaria de la Selección Colombia, a pesar de que habían criticado a Abelardo de la Espriella por lo mismo.

Además de vestir la prenda oficial de la FCF, llamó la atención que regalaron camisetas de Colombia a los ciudadanos que llegaron para escuchar las propuestas del candidato del Pacto Histórico.

En las publicaciones que han hecho los políticos que participaron del evento, usuarios llamaron “hipócritas” a los presentes por hacer campaña con los mismos elementos por los que fue juzgado recientemente el líder del movimiento Firmes por la Patria.

“Se copiaron de lo mismo por lo que pelearon, esos son los gestos que hacen que la campaña vaya mal”, “La hipocresía de los petristas, hoy todos llegaron con la camiseta de la selección, ¿no que no se podía?” o “Ahora sí se ponen la camiseta de Colombia, hace unos días era lo peor del mundo”, son algunos de los comentarios que se han registrado.

¿Abelardo de la Espriella podrá seguir usando la camiseta de la Selección Colombia?

El 11 de junio, la juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la prohibición que impedía a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y a su equipo electoral usar la camiseta de la Selección Colombia en actividades proselitistas.

Esta restricción había surgido por una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien sostenía que el uso de la prenda en actos políticos producía confusión y afectaba la igualdad y la libre decisión de los electores. El Juzgado 120 Penal Municipal había aceptado esa petición y dictó una medida provisional que impedía al candidato y a su grupo portar la camiseta hasta una decisión definitiva.

La jueza María Isabel Ferrer Rodríguez determinó que la restricción era desproporcionada y no justificaba limitar derechos como la libertad de expresión y la participación política. En la resolución se indicó que la medida previa no precisaba a qué personas aplicaba la prohibición, lo que generó incertidumbre jurídica y afectó derechos fundamentales.

El fallo resaltó que la camiseta de la selección Colombia tiene múltiples significados culturales y sociales, y limitar su uso únicamente al ámbito deportivo implica una interpretación restrictiva. La jueza sostuvo que la prenda representa una manifestación de identidad nacional y su utilización en un contexto político no constituye una acción ilícita ni vulnera derechos fundamentales.

La resolución subrayó que la prohibición impactaba negativamente el derecho a la participación democrática, tanto del candidato como de sus simpatizantes, y no contaba con fundamentos suficientes. Tras la decisión, De la Espriella y su movimiento pueden emplear la camiseta en actos públicos, redes sociales y material publicitario durante la campaña presidencial.

El 21 de junio, los colombianos que viven en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una cita con las urnas: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia enfrenta al derechista Abelardo de la Espriella contra el izquierdista Iván Cepeda. Para quienes ya inscribieron su cédula en el consulado, el voto anticipado arranca este lunes 15 de junio y se extenderá hasta el 20 de junio.

El Consejo Nacional Electoral certificó que en la primera vuelta del 31 de mayo, De la Espriella —del movimiento Defensores de la Patria— obtuvo el 43.73% de los votos, mientras que Cepeda —del oficialista Pacto Histórico— alcanzó el 40.91%.

Ninguno llegó a la mayoría absoluta, por lo que la decisión queda para el 21 de junio. Los analistas anticipan una carrera muy cerrada en medio de una polarización extrema, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Voto anticipado: del 15 al 20 de junio

Las urnas para el voto anticipado abren de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en los consulados. Las sedes son:

• Nueva York y Connecticut: Consulado de Colombia en Nueva York — 10 E 46th St, New York, NY 10017.
• Nueva Jersey: Consulado de Colombia en Newark — 550 Broad St, Newark, NJ 07102.

Puestos de votación el 21 de junio

Para quienes prefieren votar el día de las elecciones, los centros habilitados en el área también abren de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Nueva York:

• Manhattan — Beacon High School: 522 W 44th St, New York, NY 10036.
• Brentwood — La Espiguita Soccer Academy: 1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717.
• Queens — PS 69 The Jackson Heights School: 77-02 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372.
• White Plains — El Centro Hispano: 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606.
• The Hamptons — 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946.
• Port Chester — Port Chester Middle School: 113 Bowman Ave., Port Chester, NY 10573.

Connecticut:

• Bridgeport — Burroughs Community Center: 2470 Fairfield Ave., Bridgeport, CT 06605

Nueva Jersey:

• Newark — Consulado General de Colombia: 550 Broad St, 3er piso, Newark, NJ 07102.
• Paterson — Great Falls Youth Center: 52 Front St, Paterson, NJ 07522.
• Union City — Hudson Community College: 4800 JFK Blvd, 2do piso, Union City, NJ 07087.
• Hackensack — Bergen Art and Science Charter Holy Trinity: 43 Maple Ave, Hackensack, NJ 07601.
• Dover — Club Colombia Dover: 11 East Blackwell St, Dover, NJ 07801.
• Morristown — Parroquia Santa Margarita de Escocia: 6 Sussex Ave, Morristown, NJ 07960.
• Trenton — Enterprise Convention Center: 3048 S Broad St, Trenton-Hamilton, NJ 08610.
• Elizabeth — Dr. Antonia Pantoja Public School #27: 505 Morris Avenue, Elizabeth, NJ 07208.
• Atlantic City — John F. Scarpa Academic Center: 3711 Atlantic Avenue, Atlantic City, NJ 08401.

Requisito clave: solo votan quienes ya inscribieron la cédula

Si no inscribiste tu cédula para votar en esta área durante la primera vuelta, ya no puedes hacerlo para la segunda. El plazo de inscripción cerró a finales de marzo.

Para participar, el ciudadano colombiano debe:

• Ser mayor de edad.
• Tener la cédula registrada en el consulado correspondiente.
• Presentar un documento de identidad válido el día de la votación.

Antes de ir a votar, verifica tu puesto en la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil en registraduria.gov.co para confirmar que tu cédula aparece correctamente registrada.

Documentos válidos para votar

El día de las elecciones, los puestos de votación aceptan tres tipos de documentos:

• Cédula amarilla con hologramas.
• Cédula en policarbonato.
• Cédula digital a través de la aplicación oficial de la Registraduría.

Quiénes son los dos candidatos

Abelardo de la Espriella es un abogado penalista sin experiencia política previa. Propone una política de seguridad de mando militar, ataques aéreos contra el narcotráfico y fumigación de cultivos de coca.

El presidente Donald Trump lo respaldó públicamente. El presidente saliente Gustavo Petro calificó ese respaldo como una interferencia electoral, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Iván Cepeda es senador del Pacto Histórico y defensor de derechos humanos. Apoya continuar las negociaciones de paz con grupos armados ilegales, prioriza la reforma agraria y se muestra escéptico ante las políticas antidrogas de corte militar.

Tras la primera vuelta, aceptó los resultados el 7 de junio, luego de que observadores internacionales declararon el proceso ordenado y transparente.

Qué está en juego para la relación con Estados Unidos

La elección tiene consecuencias directas para el vínculo entre los dos países. Bajo la administración Petro, las relaciones se deterioraron: en septiembre de 2025, el presidente Trump determinó que Colombia no cumplió sus compromisos antinarcóticos, el Departamento de Estado revocó la visa de Petro y el Departamento del Tesoro le impuso sanciones, según el Servicio de Investigación del Congreso.

De la Espriella prometió unirse a la Coalición Anticartel de las Américas impulsada por Trump. Cepeda, aunque considerado menos confrontacional que Petro, genera reservas en Washington por su apoyo a las políticas de seguridad del gobierno saliente y su postura frente a Venezuela.

El próximo presidente de Colombia asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026.

Berdeja se lanzó contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez por presuntas violaciones graves a la Constitución, a los derechos humanos y al proceso electoral del pasado 7 de junio.

Mejía Berdeja acusa represión policial contra Morena y el PT

El legislador aseguró que ambos funcionarios permitieron actos de represión contra integrantes de Morena y del Partido del Trabajo antes, durante y después de la jornada electoral.

“El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo”, afirmó.

Mencionó que varios legisladores federales describieron cómo fueron maltratados y privados de su libertad por elementos de la policía estatal, a la que llamó “policía política de Manolo Jiménez“.

Entre los casos denunciados está el de Antonio Flores, quien habría sido golpeado tras su detención. Su hermana, Tania Flores, también habría resultado agredida.

“A su hermana no solamente la golpearon, sino que también le echaron gas lacrimógeno en el ojo. Ahorita tiene un problema fuerte en la córnea, hubo abuso sexual y todo esto por la policía estatal”, declaró Mejía Berdeja.

El diputado señaló que fue testigo directo de la actuación de la policía estatal durante el recuento de votos en el distrito 6, con cabecera en Frontera, donde los elementos de seguridad habrían actuado para intimidar a representantes y candidatos de oposición.

Compra de votos con códigos QR: “la nueva generación del fraude”

Mejía Berdeja aseguró que durante la jornada existió una operación sistemática de compra de votos mediante códigos QR, esquema que Morena ya había denunciado la noche del 7 de junio bajo el nombre de “QRgate”.

“No hubo elecciones libres y auténticas en Coahuila. El voto se compró a través de códigos QR. Las elecciones eran un mercado de compra-venta de entre 500, 600 y hasta mil pesos“, afirmó el legislador.

El mecanismo, según las denuncias, habría funcionado así:

• Los ciudadanos recibían un código QR individual antes de acudir a votar.
• Al emitir su sufragio a favor del PRI, fotografiaban la boleta marcada.
• La imagen era leída por celulares vinculados a un sistema digital que registraba el voto.
• El sistema autorizaba un pago en efectivo territorializado.

El diputado adelantó que impulsará reformas para prohibir el uso de códigos QR y celulares como mecanismos de compra de voto. “El PRI ha hecho de lo cibernético un mecanismo de fraude; entonces, hay que regular eso”, dijo.

Señalamientos al gobernador y al fiscal de Coahuila

Mejía Berdeja también denunció que programas sociales se repartieron “indiscriminadamente” en violación del artículo 134 constitucional, y que funcionarios estatales y subsecretarios participaron en el conteo de votos e intimidaron a ciudadanos el día de la elección.

El legislador asumió una postura directa sobre las responsabilidades. “Yo responsabilizo directamente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y a los mandos de la policía estatal de cualquier agresión a mi integridad física y de compañeras y compañeros del Partido del Trabajo", declaró.

Llamó además a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados a dar trámite a los juicios políticos pendientes. “La política no puede estar por encima de la justicia y de la ley”, sostuvo.

Por su parte, Manolo Jiménez aseguró en días recientes que en el estado se respetan las instituciones, descartó “focos rojos” durante la jornada electoral del pasado 7 de junio.

Durante la primera vuelta electoral presidencial, entre los candidatos independientes se destacó la abogada penalista Sondra Macollins, que llamó la atención de la opinión pública al hablar de la importancia de la tecnología artificial para gobernar y aseguró que es necesario que en Colombia se eliminen las gobernaciones departamentales.

Al final de los comicios, la jurista recibió poco más de 19.000 votos, lo que calificó como algo positivo, al recordar que es su primera participación en política.

En diálogo con Infobae Colombia, Macollins habló sobre el inicio de su carrera política, sus retos a corto plazo y las conclusiones a las que ha llegado luego de las elecciones del 31 de mayo.

En primer lugar, la abogada se mostró triste al hablar del presente político del país, que en su concepto está colapsado por el odio.

“El balance de las elecciones para mí es que el país está totalmente polarizado, llevado del odio que han generado los dirigentes políticos. Un poco culpa de Petro, que ha sido el presidente que ha generado toda esta polarización y un poco culpa de Uribe, que también se ha prestado para seguir generando violencia y polarización”.

Sondra Macollins habló sobre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para lamentar que el pueblo colombiano deba ser dirigido, sin importar el ganador, por un político que busca el bienestar de un solo sector.

“Quedamos en la mitad de dos candidatos que los dos están a los extremos y que uno va a gobernar para un sector de la población y el otro para el otro. Por lo tanto, pues avizoro cuatro años más de oposición intensa, de violencia, de desorden y el pueblo colombiano es el que va a perder”.

Sobre su futuro, anticipó que no abandonará la idea de conformar un colectivo político en el que los líderes que no cuentan con el poder financiero para hacer campaña, puedan presentarse en las elecciones regionales.

“Lo que sigue para mí es la creación del Partido Digital, el primero en Colombia, como lo dije desde un principio, la meta no eran solo estas elecciones. La meta es crear un liderazgo nuevo, femenino, de la mano de la tecnología, que permita que todos los colombianos estemos en igualdad de condiciones. Cambiar la forma de hacer política, que la política deje de ser un privilegio para unos pocos y para las maquinarias o los ricos del país y se convierta en una herramienta para cualquier ciudadano que quiera hacer algo por su comunidad”.

Además, anunció que no renunciará a su idea de ser presidenta de Colombia, y que está convencida de que en cuatro años tendrá más poder colectivo para poder llegar a la Casa de Nariño.

“Le vamos a apostar toda a la creación del Partido Digital. Estaré en las elecciones regionales apoyando a todos los líderes que han cargado la maleta por años de politiqueros del país, que quieren tener representación y no han tenido la oportunidad porque no tienen plata para pagar avales y porque no han tenido la maquinaria para presentarse. Estaré lista y preparada para las elecciones del 2030, donde voy a ser nuevamente candidata a la presidencia con más fuerza, con más, con más conocimiento y con una estructura fortalecida en las regionales”.

Por último, la jurista bromeó sobre las tendencias que protagonizó en las últimas semanas, y concluyó al indicar que en Colombia se debe dejar de lado el odio para hacer política o los resultados no serán diferentes a los de los últimos mandatarios.

“Me hubiese gustado que fuera antes de las elecciones y no después, pero así es la vida. Seguimos construyendo un nombre. Hay personas que comentan cosas positivas, otras negativas, así es la vida. Desafortunadamente, no todo el mundo conoce mi trayectoria ni saben de qué estoy hecha, pero estoy para presentarme, para que me sigan conociendo, seguir construyendo un nombre, sobre todo seguir construyendo una propuesta diferente, una forma distinta de hacer política, porque tenemos que bajarle al odio, a la polarización y a la violencia. Si queremos tener paz, no podemos seguir haciendo política de violencia, porque la violencia genera más violencia, no paz”.

De la reunión que sostuvo el fin de semana del 23 de mayo María Corina Machado y los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática en Panamá, surgió un manifiesto que hizo públicas las principales líneas de acción de la oposición.

Sin embargo, no todo se redujo a lo expuesto en el texto, afirman fuentes que participaron en el encuentro. El cónclave también sirvió para tomar decisiones con el fin de alinear a las fuerzas opositoras en este nuevo momento crítico, tras el ataque militar de Estados Unidos, la caída de Nicolás Maduro, el ascenso de Delcy Rodríguez y la promesa de una transición democrática que aún luce esquiva.

Antes de la cita panameña, corrían rumores sobre divergencias en cuanto a cuál era la votación que los partidos querían impulsar para el inicio de un eventual cronograma electoral.

Al abrirse el debate, seis de los ocho partidos de la alianza coincidieron de inmediato con Machado: Debe procurarse que la primera sea la presidencial. Los otros dos plantearon comicios generales y parlamentarios, pero rápidamente se adhirieron a la mayoría para salir todos con la misma bandera.

La coalición también acordó buscar la fórmula para ampliar su número de miembros. En las últimas semanas, la Plataforma se ha reunido con distintos factores sociales y políticos con el fin de presentarles su hoja de ruta hacia la transición, que pasa por una negociación con el régimen chavista que permita avanzar hacia “la reinstitucionalización del país y una verdadera reconciliación nacional”.

En unidad

Un punto clave fue que Machado y los partidos pactaron presentarse cohesionados en todas las elecciones por venir, no solo la presidencial. Esto es, tratar de evitar las peleas fratricidas y postular los mismos candidatos para alcaldías, gobernaciones y Asamblea Nacional.

Vente Venezuela, partido de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, no forma parte de la Plataforma Unitaria. Machado, además, siempre se ha mostrado muy celosa de su independencia. Aunque el debate nacional pone la mira en la silla del palacio de Miraflores, a escala municipal y regional ya asoman los forcejeos por futuros cargos.

El compromiso de Machado y los partidos con la unidad opositora no solo pretende mantener a raya las aspiraciones particulares, sino ratificar el compromiso con la ruta electoral y robustecer a la coalición.

Alerta

El Manifiesto de Panamá, difundido tras la reunión, pone el acento en “una negociación para la restauración de la democracia”, que por parte de la oposición sería “liderada por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país”, se puede leer en el documento.

Resaltan que el texto incluye que ese diálogo que coordinaría la premio Nobel, “se hará en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática”.

Las fuentes apuntan que los firmantes del Manifiesto están convencidos de la necesidad de explorar todas las vías posibles para sentarse con el chavismo, si bien este lunes el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descartó cualquier tipo de acercamiento con la oposición encabezada por Machado.

En Panamá expertos en el área electoral compartieron ideas para reformar el sistema de votación en el país. Sin restar mérito a los argumentos técnicos, dirigentes políticos advirtieron del peligro de que el chavismo se aproveche de esas propuestas para retrasar aún más cualquier convocatoria a elecciones.

Steve Hilton, del Reino Unido, aseguró su lugar en la contienda por la gobernación de California al quedar segundo en las primarias del estado, con el 25% de los votos, a apenas 2,9 puntos del demócrata Xavier Becerra. Se convirtió en el primer republicano en pasar a una elección general por ese cargo en dos décadas, en uno de los estados más abiertamente demócratas del país.

La carrera de noviembre enfrenta a dos perfiles: Becerra, exfiscal general del estado y exsecretario federal de Salud, contra un exasesor del gobierno conservador británico reconvertido en empresario, analista político y conductor de televisión en Estados Unidos.

La pregunta que domina la escena política californiana es si Hilton puede convertir su energía de campaña en votos suficientes para romper una racha de 20 años sin victorias republicanas a nivel estatal.

Quién es Steve Hilton y por qué llegó hasta aquí

Steve Hilton llegó a Estados Unidos hace 14 años con un perfil construido en las sombras del poder: fue el estratega que ayudó a David Cameron a llegar a Downing Street en 2010. Desde entonces acumuló roles como emprendedor, analista de políticas públicas y conductor en Fox News, cadena de noticias estadounidense.

Su campaña mezcló propuestas de cambio en vivienda, costo de vida y burocracia estatal con una imagen informal: camisetas amarillas y un estilo directo que buscó diferenciarlo del republicano promedio.

En su país de origen, ese estilo genera escepticismo. Muchos británicos lo asocian con Stewart Pearson, su alter ego paródico en la serie de televisión The Thick of It.

En California, en cambio, logró construir una coalición que va desde votantes de clase trabajadora hasta magnates tecnológicos de Silicon Valley, pasando por pequeños empresarios latinos y conservadores religiosos.

El peso del respaldo de Trump y el intento de despegarse

El apoyo de Donald Trump fue decisivo para que Hilton superara en las primarias al sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco. Pero ese mismo respaldo amenaza con convertirse en su mayor obstáculo de cara a noviembre.

En California, la aprobación de Trump está unos 10 puntos por debajo del promedio nacional. Hilton ya inició un giro visible: tres días después de las primarias, afirmó ante una emisora de radio pública de Los Ángeles:

“Todo el mundo sabe que el presidente Joe Biden ganó las elecciones de 2020, y no creo que haya ninguna duda al respecto". Durante la campaña, se había negado a responder esa misma pregunta.

También se distanció de las afirmaciones de Trump sobre supuestos fraudes electorales en California. "No hemos visto nada que cumpla ese estándar", dijo al mismo medio.

La estrategia de campaña: el cambio como argumento central

Hilton construyó su discurso sobre una premisa: California lleva 15 años bajo gobierno demócrata exclusivo y los problemas se acumulan. Vivienda escasa, costo de vida alto, burocracia lenta y falta de vivienda son los ejes de su crítica.

“Cuando me preguntan cómo voy a ganar en California siendo republicano, mi pregunta es: ¿cómo va a ganar un demócrata con el historial que le presenta a la gente sin ofrecer ningún cambio?”, declaró ante periodistas en Sacramento al día siguiente de las primarias.

“Nosotros ofrecemos cambio, que es lo que quiere la mayoría de los californianos”, aseguró.

En un comunicado, remarcó: “California puede poner satélites en órbita, construir tecnología que cambia el mundo y sostener la economía global, pero de alguna manera el gobierno no puede decirles a los votantes quién ganó una elección sin hacerlos esperar semanas”.

Los flancos débiles que Steve Hilton

Hilton enfrenta cuestionamientos por sus vínculos con Charlie Kirk, el líder juvenil republicano asesinado el año pasado que promovió la teoría del “gran reemplazo”: una conspiración de extrema derecha, desacreditada por la comunidad académica, que sostiene que élites globales orquestan deliberadamente la sustitución de la población blanca occidental por inmigrantes no blancos.

La teoría, popularizada en 2011 por el escritor francés, Renaud Camus, ha sido vinculada a actos de violencia en Estados Unidos y Europa, y es considerada por investigadores como una expresión del nacionalismo blanco.

El candidato también expresó dudas sobre los mandatos de vacunación y apoyó la posibilidad de que estados con leyes antiaborto exijan la extradición de médicos californianos que envíen medicamentos abortivos fuera del estado.

El estratega demócrata Garry South fue directo al evaluar las posibilidades de Hilton: “El respaldo de Trump que fue el impulso que necesitó para entrar en los dos primeros será el equivalente político del monkeypox en la segunda vuelta”.

Y aseguró: “Steve Hilton tiene tantas posibilidades de convertirse en gobernador como yo”.

El antecedente que pesa: 2018 y el efecto Trump en las urnas

El 25% obtenido en las primarias se parece al porcentaje que consiguió el candidato republicano a gobernador en 2018, John Cox, quien después perdió ante Gavin Newsom por una amplia diferencia, en otro año electoral de medio mandato marcado por el rechazo a Trump.

Para ganar en noviembre, Hilton necesitaría que las condiciones cambien de forma sustancial: un escándalo mayor que afecte a Becerra, un giro en la percepción del partido republicano en el estado, o ambas cosas a la vez.

La segunda vuelta de las primarias de Georgia, que se celebrará el 16 de junio, despierta gran interés entre los votantes del estado. Muchos ciudadanos buscan ahora información precisa sobre dónde deben acudir para ejercer su derecho al voto, especialmente porque los centros de votación pueden variar respecto a los asignados en la primera vuelta. Esta situación convierte en una prioridad la verificación previa del lugar de votación para evitar contratiempos el día de la elección.

Confirmar el sitio exacto donde se debe votar no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que el proceso se desarrolle sin inconvenientes. Los cambios de ubicación son frecuentes entre diferentes instancias electorales, por lo que confiar en la información utilizada en la primera vuelta puede llevar a errores. Por este motivo, las autoridades recomiendan a todos los electores de Georgia que consulten de forma anticipada la dirección asignada para esta segunda vuelta, ya que presentarse en el lugar equivocado podría impedirles participar en el proceso electoral. Este paso resulta fundamental tanto en áreas urbanas densamente pobladas como en zonas rurales, donde la distancia al centro de votación puede ser considerable.

Para quienes buscan conocer su centro de votación en Georgia, existen varios métodos confiables que ofrecen información actualizada y personalizada. El principal recurso es el portal “Mi Votante” de la Secretaría de Estado de Georgia. Allí, los usuarios deben ingresar su nombre, condado y fecha de nacimiento para acceder de inmediato a los datos de su registro electoral. Este sitio permite no solo consultar el lugar exacto donde votar, sino también visualizar una boleta de muestra y realizar, si es necesario, actualizaciones en la información personal. Además, el portal ofrece detalles sobre el distrito electoral correspondiente y proporciona indicaciones sobre cómo llegar al centro asignado.

Otra vía eficaz consiste en comunicarse directamente con la oficina electoral del condado de residencia. El personal de estas oficinas está capacitado para responder preguntas específicas, aclarar dudas sobre la ubicación de los centros y resolver cualquier inconveniente relacionado con el proceso de votación. En la mayoría de los condados de Georgia, los datos de contacto y la dirección de las oficinas electorales pueden encontrarse fácilmente en línea, facilitando el acceso a este servicio. Este canal es útil tanto para quienes prefieren la atención personalizada como para quienes presentan dificultades con las herramientas digitales.

Existe una alternativa adicional para quienes cuentan con su tarjeta de registro de votante. En ese documento, que fue emitido tras completar el registro electoral, figura la dirección del centro de votación asignado al elector. Consultar la tarjeta antes del día de la elección puede evitar confusiones y confirmar que la información sigue vigente, aunque siempre se aconseja verificar si hubo cambios recientes, dado que los lugares de votación pueden modificarse entre elecciones.

En el caso del área metropolitana de Atlanta, la situación adquiere particular relevancia debido a la densidad poblacional y la multiplicidad de jurisdicciones. Los condados que rodean la ciudad, como Cherokee, Clayton, Cobb, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry, Paulding y Rockdale, suelen publicar enlaces y listas actualizadas de los lugares de votación en sus portales oficiales. Estas listas permiten a los residentes consultar rápidamente la ubicación asignada según su dirección y, en muchos casos, incluyen mapas y horarios específicos. Es recomendable que los votantes de esta región consulten directamente la página web del condado correspondiente, ya que los cambios de ubicación son frecuentes en áreas con gran movilidad demográfica y múltiples recintos disponibles.

La segunda vuelta de las primarias de Georgia, prevista para el 16 de junio, presenta un horario uniforme en todo el estado. Las urnas abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 19:00, siempre bajo el horario del este. Es importante tener presente que cualquier persona que se encuentre en la fila antes de las 19:00 tiene garantizado el derecho a emitir su voto, incluso si el proceso se extiende más allá de la hora oficial de cierre. Este detalle resulta crucial para quienes suelen acudir al centro de votación en los últimos minutos de la jornada.

El horario de apertura y cierre de las urnas responde a la necesidad de brindar un margen suficiente para la participación de todos los inscritos, contemplando tanto las obligaciones laborales como los desplazamientos en áreas urbanas y rurales. En ocasiones, se producen largas filas cerca de la hora de cierre, por lo que las autoridades insisten en que ningún votante debe retirarse si ya está dentro del recinto o en la fila antes del límite horario.

Para ejercer el voto en persona en Georgia, es imprescindible presentar una identificación con fotografía válida. Entre los documentos aceptados se encuentran la licencia de conducir vigente, el pasaporte de Estados Unidos o la tarjeta gratuita de identificación de votante, que puede obtenerse en cualquier oficina del Registro Electoral del condado. Este requisito busca asegurar la identidad del elector y prevenir irregularidades en el proceso. No se permite votar con documentos vencidos ni sin fotografía, por lo que se recomienda a los votantes preparar con anticipación la documentación necesaria para evitar inconvenientes de último momento.

La tarjeta gratuita de identificación de votante representa una opción accesible para quienes no cuentan con licencia de conducir ni pasaporte, y su obtención es un trámite sencillo en las oficinas electorales. Presentar la documentación adecuada es tan relevante como conocer el lugar de votación: ambos pasos son indispensables para participar con éxito en la segunda vuelta de las primarias de Georgia.

El Departamento de Seguridad Nacional ha ordenado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la expulsión de extranjeros que participen ilegalmente en elecciones de Estados Unidos. La decisión, anunciada el 9 de junio de 2026, se aplica a cualquier persona que vote sin autorización, sin importar su estatus migratorio.

La decisión radica en la protección de la integridad electoral. Según una carta firmada por el consejero general James Percival, la prioridad es garantizar que el voto ciudadano no sufra “dilución ilegal” y existan consecuencias claras para quienes violan la ley.

Percival dijo: “El voto ilegal por parte de extranjeros debilita la democracia estadounidense y debe tener consecuencias”, según lo publicado por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los procedimientos incluyen el cruce de bases de datos de registros electorales y solicitudes de ciudadanía, según Fox News.

Deportación inmediata y sin condena penal previa

El Departamento de Seguridad Nacional instruyó a ICE a aplicar deportación inmediata a los extranjeros que voten ilegalmente en cualquier elección, y aclaró que no es necesaria una condena penal previa para ejecutar la medida. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, base legal de la directiva, permite la expulsión de extranjeros tanto por votar sin autorización como por hacer una falsa declaración de ciudadanía.

Esta disposición afecta a quienes residen en el país sin autorización, tienen permisos temporales o residencia permanente, siempre que las pruebas confirmen su participación electoral sin el derecho correspondiente, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Causas y contexto de la medida

La directiva responde a la necesidad oficial de mantener elecciones libres y transparentes. Percival citó palabras del expresidente Donald Trump y subrayó: “El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados correctamente, sin una dilución ilegal, es vital para determinar al ganador legítimo de una elección”.

La preocupación aumentó tras la detección de casos recientes de fraude electoral cometidos por extranjeros, según informó Fox News.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a actuar después de que en los últimos meses, autoridades acusaran a varias personas no ciudadanas por participar en comicios federales y estatales. Según Fox News, en marzo, un ciudadano de Mauritania fue acusado de votar en todas las elecciones presidenciales desde 2008.

En mayo, cuatro extranjeros enfrentaron cargos por votar ilegalmente y por hacer declaraciones falsas en solicitudes de ciudadanía.

Cambios normativos y antecedentes

La nueva directiva implementa políticas ya impulsadas por la administración de Donald Trump. El 25 de marzo de 2025, Trump firmó la orden ejecutiva 14248, llamada “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses”.

Esta orden estableció nuevas reglas para verificar la elegibilidad de los votantes, endurecer la fiscalización de las urnas y mejorar la seguridad de los sistemas de votación, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.

En agosto de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su manual de políticas para negar la naturalización a residentes legales que hayan votado o se hayan registrado como electores de manera ilegal, de acuerdo con Fox News.

Alcance y consecuencias de la directiva

La medida afecta a todos los extranjeros, sin distinción de estatus migratorio. Tanto quienes viven en Estados Unidos de manera irregular como quienes tienen permisos temporales o residencia permanente pueden ser deportados si se demuestra que participaron en las elecciones sin autorización.

El Departamento de Seguridad Nacional remarcó que los casos de voto ilegal suelen ir acompañados de declaraciones falsas de ciudadanía, lo que agrava la situación legal de los implicados. La directiva también advierte sobre la posibilidad de perder la oportunidad de acceder a la ciudadanía si se comprueba la infracción, especialmente desde las reformas de 2025.

Pese la indefinición del calendario electoral, en Casa Rosada evalúan los escenarios con los que se encontrará La Libertad Avanza en la pelea por la reelección de Javier Milei rumbo a las presidenciales de 2027. Si bien hay coincidencias en las posturas sobre el desempeño electoral, que vaticinan positivo, existen diferencias en torno a las lecturas sobre la elección que se viene.

“Veo más un escenario de tercios entre el peronismo, Javier Milei y una oferta más centrista”, sostuvo una fuente que transita habitualmente los pasillos de Casa Rosada. La afirmación difiere de la postura que se le atribuye a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien detectaría un escenario de cuartos o quintos, con fuerte presencia del voto blanco.

Lo cierto es que no se esperan definiciones en clave electoral hasta después del Mundial 2026, que inicia este jueves y concluye el 19 de julio, pero crecen las versiones que postulan a Mauricio Macri como potencial candidato presidencial. No solo persiste el reclamo de los dirigentes del PRO para que suceda sino que el exmandatario se mueve en consecuencia: hace pie en el interior del país y tiende puentes con gobernadores distantes a la Casa Rosada. En paralelo, cobra fuerza la posibilidad de que el empresario Jorge Brito decida competir y en eso trabaja Emilio Monzó, que concentra energías en la puesta en pie del armado.

Sin embargo, otras voces del ecosistema libertario rechazan el postulado surgido del mismo espacio al sostener que no ven lugar para opciones de centro y anticipan un nuevo escenario de polarización. “Es continuidad o retroceso. No veo lugar para la ancha avenida del medio. Va a ser una batalla entre modelos de país”, definió un alfil violeta ante este medio que detecta que en 2027, La Libertad Avanza se medirá directo con el peronismo que atraviesa su propia disputa interna.

En el corazón del espacio fundado por el mandatario y liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, garantizan que la campaña que llevará adelante el sello estará basada en la gestión y remarcan que el repunte de la economía posibilitará los deseos por otros cuatro años. La expectativa de que la mejora económica impulse las chances electorales constituye otra de las coincidencias.

Al margen de la puja interna que atraviesa al Gobierno, la ilusión por la potencial recuperación económica -aferrados al deseo de que así suceda- es transversal a la plana del poder, quienes alertan además que los efectos de las medidas adoptadas en el último tiempo presentan un retraso de algunos meses. La preocupación gira en torno a que el tiempo restante hasta los comicios sea suficiente para llegar competitivos a 2027.

Con la oposición fragmentada, el oficialismo detecta una ventaja en la competencia electoral y minimiza el reciente deshielo entre los actores centrales del peronismo. El incipiente acercamiento entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el titular del Partido Justicia bonaerense, el diputado Máximo Kirchner por la organización del homenaje al Carlos “El Indio” Solari tras su reciente fallecimiento pareció no sobresaltar a los libertarios. “Estaba dentro de lo posible”, graficó un armador del espacio.

“No nos preocupa porque contamos con que al final de la carrera terminan juntos”, sostuvo un alfil violeta. “El grado de internismo en el peronismo es inversamente proporcional a sus chances de éxito”, coincidió una importante voz con acceso al despacho presidencial.

En Balcarce 50, más de un integrante de la mesa política fantasea con que persistan en 2027 las diferencias entre la gobernación y la conducción que encarna la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, descuentan que, en etapa de cierre de listas, el peronismo competirá en unidad. “Naturalmente creemos que el peronismo se va a unir. Que suceda antes o después no cambia nada. No vemos al peronismo yendo dividido. Si se unen podrían habilitar una segunda vuelta”, sostuvo una fuente con peso territorial.

Como contó este medio, en el oficialismo admiten que lo prefieren a Kicillof como el candidato de la oposición ante un eventual balotaje. “Si bien Kicillof es el peronista mejor posicionado, también es la mejor opción para competir con Milei ante un eventual balotaje. La alternativa tiene que ser lo más kuka posible”, se expidieron.

Luego de la contundente derrota de Morena en las elecciones legislativas de Coahuila, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que la renuncia de Andrés “Andy” López Beltrán a la Secretaría de Organización del partido haya sido un factor determinante en los resultados obtenidos por su fuerza política.

Al ser cuestionado sobre si la salida de López Beltrán dejó sin dirección operativa a Morena en la entidad durante las últimas semanas de campaña, Monreal respondió que el partido esperará las resoluciones de las autoridades electorales antes de emitir conclusiones definitivas.

“No le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado quince días antes”, afirmó el legislador, al insistir en que la derrota no puede explicarse únicamente por los cambios internos ocurridos en la dirigencia nacional.

PRI conserva el control político de Coahuila con triunfo total en diputaciones

Los resultados preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares (P) confirmaron una victoria total del PRI en la elección para renovar el Congreso local.

Con el 100% de las actas computadas, el partido tricolor logró ganar las 16 diputaciones de mayoría relativa en disputa, consolidando su dominio político en una de las entidades donde históricamente ha mantenido una fuerte presencia electoral.

El resultado representa un duro golpe para Morena, que había concentrado esfuerzos en intentar arrebatar al PRI el control legislativo estatal de cara a los procesos electorales de 2027.

La operación política de Andy López Beltrán quedó inconclusa

Durante varios meses, Andrés López Beltrán encabezó los trabajos de organización territorial de Morena en Coahuila como parte de sus funciones dentro del partido.

Sin embargo, el pasado 26 de mayo dejó el cargo para enfocarse en sus aspiraciones rumbo a una candidatura federal en 2027.

Su salida ocurrió cuando aún se desarrollaba la recta final de las campañas electorales, por lo que la coordinación partidista quedó bajo la responsabilidad de la dirigencia nacional encabezada por Ariadna Montiel.

Cómo fueron las elecciones en Coahuila

• El PRI obtuvo las 16 diputaciones locales de mayoría relativa.
• Morena buscaba romper el control histórico del tricolor sobre el Congreso estatal.
• Coahuila es una de las pocas entidades donde el PRI conserva una sólida estructura territorial.
• La elección es vista como un anticipo de la disputa política rumbo a 2027.
• Morena denunció presuntas irregularidades y anunció recursos legales para impugnar los resultados.

Morena denuncia irregularidades y habla de una “elección de Estado”

Más allá de los resultados, Monreal sostuvo que existen indicios de una intervención gubernamental que habría afectado las condiciones de competencia electoral.

Sin adelantar conclusiones definitivas, el legislador señaló que la jornada pareció desarrollarse bajo condiciones desfavorables para la oposición.

“Pareciera ser una elección de Estado en donde el gobierno se convierte en partido y donde no hay lugar a la oposición para poder disputar con equidad una elección”, declaró.

Las acusaciones coinciden con los señalamientos realizados por la dirigencia de Morena, que denunció presuntas detenciones de simpatizantes, actos de intimidación y un supuesto esquema de compra de votos mediante códigos QR.

Monreal destaca el desplome de PAN, MC y Partido Verde

Además de la derrota de Morena, Monreal llamó la atención sobre el desempeño de otras fuerzas políticas que participaron en la contienda.

El legislador aseguró que uno de los aspectos más sorprendentes fue la posibilidad de que partidos como el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde pierdan su registro local debido a la baja votación obtenida.

Recordó que Acción Nacional había competido recientemente por la gubernatura de Coahuila, por lo que consideró significativo su retroceso electoral.

Mientras Morena prepara una estrategia jurídica para impugnar los resultados, el PRI celebra una victoria que fortalece su posición en uno de sus últimos bastiones políticos.

El desenlace de las controversias electorales y las resoluciones de los tribunales serán determinantes para definir si los resultados se mantienen o si prosperan las impugnaciones promovidas por la oposición.

Morena y el PT acusaron en conferencia de prensa, el pasado domingo 7 de junio, abuso policial y violencia por parte de la policía estatal durante la detención arbitraria de militantes, incluidas diputadas y diputados federales. Ambos partidos responsabilizan de esa operación a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Al respecto, a través de un comunicado de prensa, Morena manifestó este lunes 8 de junio su rechazo absoluto a los hechos registrados durante la jornada electoral celebrada en Coahuila, denunciando una serie de prácticas antidemocráticas que, aseguran, vulneran la competencia justa.

El partido señaló que los comicios en la entidad estuvieron marcados por la coacción y el uso del aparato estatal. Entre las principales acusaciones presentadas por el movimiento se encuentran:

• Operación “QRGate”: La implementación de un sofisticado sistema de compra masiva de votos durante la jornada.
• Uso de la fuerza pública: Hostigamiento e intimidación electoral contra diputadas federales del movimiento, presuntamente perpetrado por agentes de corporaciones estatales.
• Persecución política: La detención calificada como “ilegal y arbitraria” de militantes y simpatizantes tanto de Morena como del Partido del Trabajo (PT).

Ante este panorama, las consejería de Morena anunció su respaldo total al Comité Ejecutivo Nacional (CNE) para iniciar un proceso formal de impugnación.

De acuerdo con con Morena, tomarán una ruta legal ante las autoridades financieras y electorales correspondientes para defender la voluntad popular depositada en las urnas.

Morena informó que ya presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que buscará ampliar el caso a la UIF para conocer el origen de los recursos que, asegura, se utilizan en el estado.

Por otro lado, las autoridades electorales del estado de Coahuila no reportaron incidentes de trascendencia durante la jornada del estado para elegir a los diputados del Congreso local.

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas han expresado su alegría de haber conseguido esta victoria local.

Jiménez Salinas expresó en conferencia de prensa este lunes: “En esta campaña ganó la unidad, ganó el trabajo, ganaron los resultados, ganaron los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC, y principalmente ganó el amor y el cariño a nuestra tierra, donde la gran mayoría de las y los coahuilenses queremos seguir viviendo un estado tranquilo y en paz, con calidad de vida. Por el contrario, se venció el odio, la división, la grilla, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes”.

Mientras que Moreno Cárdenas celebró la victoria el día de ayer y señaló que el resultado “mandó un mensaje” rumbo a 2027. “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”.

Coahuila celebró este 7 de junio la única elección del país en este 2026 para renovar su Congreso local, con 25 diputaciones en juego y cerca de 2.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. Al cierre de la jornada, el PREP perfila un carro completo para la coalición PRI-UDC en los 16 distritos de mayoría relativa.

La participación ciudadana superó el 50%, por encima del 39% registrado en la elección de diputados locales de 2020. Los cómputos oficiales arrancarán el miércoles este 10 de junio.

La jornada también marcó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica (MEC) para el procesamiento del voto emitido por internet, implementada por el INE para garantizar la certeza y legalidad de los sufragios.

¿Cómo avanza el PREP?

Los resultados preliminares al corte de las 9:00 horas de este 8 de junio, con 4,319 de 4,319 actas capturadas (100%), son los siguientes:

• PRI – UDC: 684,515 votos — 55.01% — 16 distritos
• PT – Morena: 326,012 votos — 26.20% — 0 distritos
• Nuevas Ideas: 73,367 votos — 5.89% — 0 distritos
• Verde: 32,392 votos — 2.60% — 0 distritos
• PAN: 26,877 votos — 2.16% — 0 distritos
• Movimiento Ciudadano: 24,496 votos — 1.97% — 0 distritos
• México Avante: 7,227 votos — 0.58% — 0 distritos
• Candidaturas no registradas: 2,526 votos — 0.20%
• Votos nulos: 64,330 — 5.17%
• Total de votos: 1,244, 124 - 100%
• Participación ciudadana: 51.00%

El presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica en la entidad, con incidentes menores y aislados que no afectaron el curso general de la elección. Las 4,275 casillas aprobadas se instalaron al cien por ciento, sin incidentes graves que comprometieran su realización.

Morena denuncia QRgate

Al cierre de la jornada, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa para denunciar lo que describió como una operación sistemática de compra y coacción del voto. El esquema, al que el partido llama “QRgate”, habría funcionado mediante la entrega individual de códigos QR a ciudadanos, quienes debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio.

Montiel Reyes aseguró que Morena posee la base de datos completa del sistema, obtenida por integrantes inconformes del propio PRI. Presentó videos de domicilios que operaban como centros de distribución de códigos y efectivo.

La dirigencia denunció además que la policía estatal retuvo a dos diputadas federales de Morena en Torreón con un operativo de veinte patrullas. En el municipio de Frontera, militantes del partido fueron detenidos arbitrariamente tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos. En ese mismo operativo, ciudadanos y legisladores lograron presentar ante la FGR a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo.

Morena presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y anunció una ruta legal en múltiples frentes. El diputado federal Guillermo Santiago, representante del partido ante el Consejo General del INE, informó que se acudirá a la Policía Cibernética para investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos del sistema QR. También se presentará queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibirá una solicitud para rastrear cada peso invertido en la plataforma y, según Santiago, se pedirá el congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito. Montiel Reyes declaró: “Vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”.

La instancia final será el Tribunal Electoral, Sala Superior o Sala Regional, que tendrá la última palabra sobre la validez de la elección. Morena anunció que continuará recabando denuncias ciudadanas y videos durante la próxima semana para robustecer el expediente.

El PRI celebra: “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron”

En el Comité Directivo Estatal en Saltillo, el líder priista Carlos Robles Loustaunau se declaró ganador ante militantes y candidatos: “Arrasamos… hay PRI pa’ rato”. A su lado, el dirigente nacional Alejandro Moreno calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidad” y sostuvo que el resultado refleja “el respaldo de miles de ciudadanos” que participaron.

En conferencia, Moreno afirmó que el resultado “mandó un mensaje” rumbo a 2027. “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, dijo el también senador. En otra publicación en sus redes añadió: “Ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero lograron doblar la decisión de la gente”.

Alito Moreno sostuvo que Coahuila demuestra que el PRI es “la verdadera opción de la oposición” y que “el milagro mexicano lo estamos construyendo juntos, organizados en todo el país para sacar a los narcopolíticos de Morena y defender a México con rumbo y liderazgo”.

Moreno ya pone la mira en la siguiente batalla electoral. “El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”, advirtió, y lanzó: “¡Vamos con todo por el 2027!”.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, asegura que la jornada electoral de este domingo transcurrió en paz y sin incidentes graves, con una participación ciudadana que superó el 51 por ciento. Tras confirmarse la victoria del PRI y la UDC en la mayoría de los distritos, Jiménez Salinas sostuvo que “ganó el amor y se venció al odio”, al destacar que la ciudadanía eligió la unidad y el trabajo por encima de la confrontación.

El mandatario subrayó que las candidatas y los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad y la UDC obtuvieron aproximadamente 700,000 votos, lo que representa un 58 por ciento de la votación, frente a 330,000 votos del segundo lugar, equivalente al 27 por ciento.

Jiménez Salinas destacó que en elecciones intermedias la participación suele ser de 40 a 43 por ciento, por lo que este registro marca un resultado positivo para el estado.

Manolo Jiménez llama a cerrar filas “por Coahuila”

El gobernador convocó a todas las fuerzas políticas y partidos a cerrar filas por la entidad. “Nuestro gobierno siempre ha buscado ser el punto de encuentro entre todas y todos los coahuilenses, entre los que votaron por nosotros y los que no votaron por nosotros”, afirma. Agregó que Coahuila “no va ni para la izquierda ni para la derecha, aquí vamos puro para adelante, con paso de gigante”.

Jiménez Salinas reiteró que el gobierno estatal apuesta por la paz y la calidad de vida, y agradeció la labor de las autoridades electorales y la participación de la ciudadanía: “La gran mayoría de las y los coahuilenses queremos seguir viviendo en un estado tranquilo y en paz, con calidad de vida. Por el contrario, se venció el odio, la división, la grilla, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes”.

Concluyó su mensaje con un llamado a la unidad y la reconciliación: “Muchas gracias y que Dios bendiga a Coahuila. Que Dios bendiga a México”.

Morena acusa al PRI por fraude electoral en Coahuila

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes denunció en conferencia de prensa que el PRI recurrió a la compra de del voto durante estas elecciones para elegir al Congreso local.

De acuerdo con Montiel Reyes, el tricolor uso códigos QR y efectúo pagos en efectivo a los coahuilenses, esto según la morenista, está documentado.

Dichas evidencias serán llevadas a un órgano especializado para que se inicie una investigación.

Coahuila celebró este domingo 7 de junio la única elección del país en 2026 para renovar su Congreso local, con 25 diputaciones en juego y cerca de 2.4 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Al cierre de la jornada, el PREP perfila un carro completo para la coalición PRI-UDC en los 16 distritos de mayoría relativa, al tiempo que el partido Morena ha denunciado un esquema masivo de compra de votos con códigos QR y el PAN se desploma al quinto lugar de fuerza política con apenas el 2.17% de los sufragios.

La participación ciudadana superó el 50 por ciento. La jornada también marcó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica (MEC) para el procesamiento del voto emitido por internet, implementada por el INE para garantizar la certeza y legalidad de los sufragios.

PRI-UDC se lleva los 16 distritos

Los resultados preliminares al corte de las 05:40 horas del este 8 de junio, con 4,313 de 4,319 actas capturadas (99.86%), son los siguientes:

• PRI – UDC: 684,211 votos — 55.03% — 16 distritos
• PT – Morena: 325,824 votos — 26.20% — 0 distritos
• Nuevas Ideas: 73,187 votos — 5.89% — 0 distritos
• Verde: 32,384 votos — 2.60% — 0 distritos
• PAN: 26,872 votos — 2.16% — 0 distritos
• Movimiento Ciudadano: 24,492 votos — 1.97% — 0 distritos
• México Avante: 7,224 votos — 0.58% — 0 distritos
• Candidaturas no registradas: 2,526 votos — 0.20%
• Votos nulos: 64,294 — 5.17%
• Total de votos: 1,243,396
• Participación ciudadana: 50.74%

¿Quiénes son los candidatos a una diputación virtualmente ganadores?

Los 16 candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad que encabezaron el conteo en sus respectivos distritos son:

• Francisco Javier Navarro Galindo (Distrito 1)
• Guillermo Ruiz Guerra (Distrito 2)
• Claudia María Garza Iribarren ( Distrito 3)
• Cristina Amezcua González (Distrito 4)
• Esra Ibn Cavazos del Bosque (Distrito 5)
• Héctor Miguel García Falcón (Distrito 6)
• Sol María Luna Adame (Distrito 7)
• Ximena Villarreal Blake (Distrito 8)
• Verónica Martínez García (Distrito 9)
• Felipe González Miranda (Distrito 10)
• Héctor Hugo Dávila Prado (Distrito 11)
• José María Morales Padilla (Distrito 12)
• Luz Elena Guadalupe Morales Núñez (Distrito 13)
• María del Pilar Mar Arroyo Peart (Distrito 14)
• Julián Eduardo Medrano Aguirre (Distrito 15)
• Álvaro Moreira Valdés (Distrito 16)

El PRI celebra y pone la mira en 2027

Tras los comicios, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidad”.

En conferencia de prensa, Moreno afirmó que el resultado “mandó un mensaje” rumbo a 2027. “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, dijo el también senador.

Añadió: “Ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero lograron doblar la decisión de la gente”.

En rueda de prensa desde Saltillo, Alito Moreno atribuyó el resultado al trabajo del gobernador Manolo Jiménez: “Su gobierno prestigia al PRI y hoy ha quedado claro que la gente vota por él, la paz, la tranquilidad, la seguridad, la economía, la generación de empleos y una mejor calidad de vida”.

El dirigente ya pone la mira en la siguiente batalla: “El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena”.

El propio gobernador Manolo Jiménez, tras emitir su voto en Saltillo, había descrito la jornada como “tranquila, en paz, donde está saliendo mucha gente a votar en todas las regiones de Coahuila” y calificó como “mala información” las denuncias de Morena sobre intimidaciones y detenciones de militantes. “Esta es una tierra de ley, aquí respetamos las instituciones, es el estado más seguro del país”, sostuvo.

Morena denuncia el “QRgate”: códigos QR y 500 pesos por voto

Al cierre de la jornada, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo para denunciar lo que describió como una operación sistemática de compra y coacción del voto.

“Hablamos del QRgate y que puede superar lo que conocimos en 2012 con el presidente Peña. El PRI decidió que cada uno de sus votos fueran comprados”, declaró.

El esquema habría funcionado mediante la entrega individual de códigos QR a ciudadanos, quienes debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio. La imagen era leída por celulares para ingresar a un sistema digital que registraba el voto y autorizaba una retribución económica territorializada.

Montiel Reyes aseguró que Morena posee la base de datos completa del sistema, obtenida por integrantes inconformes del propio PRI. Presentó videos de domicilios que operaban como centros de distribución de códigos y efectivo.

La dirigencia denunció además que la policía estatal retuvo a dos diputadas federales de Morena en Torreón con un operativo de veinte patrullas. En el municipio de Frontera, militantes del partido fueron detenidos arbitrariamente tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos. En ese mismo operativo, ciudadanos y legisladores lograron presentar ante la FGR a un presunto delincuente electoral que portaba listados y dinero en efectivo.

El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, informó que se presentaron denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que se acudirá a la Policía Cibernética para investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos del sistema QR.

También se presentará queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y se solicitará a la UIF el rastreo de cada peso invertido en la plataforma, con petición de congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito. Montiel Reyes declaró: “Vamos a solicitar no solamente investigación electoral, sino también sobre el origen ilícito de esos recursos”.

La instancia final será el Tribunal Electoral, Sala Superior o Sala Regional, que tendrá la última palabra sobre la validez de la elección.

El INE reportó jornada sin incidentes graves; 119 incidencias menores

En contraste, el presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica, con 119 incidencias menores que no afectaron el curso general de la elección.

Las 4,275 casillas aprobadas se instalaron al cien por ciento, aunque no fue sino hasta el mediodía que se concretó la operación de todas por la inasistencia de algunos funcionarios de casilla.

PAN, Verde y MC que quedarían sin prerrogativas; México Avante perdería su registro

PAN, Movimiento Ciudadano y el PVEM sufrieron fuertes golpes, pues lo tres partidos tuvieron porcentajes de voto debajo del umbral del 3% de la votación válida establecido por el Artículo 28 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Eso significa que los tres partidos perderían el derecho al financiamiento público estatal y la posibilidad de participar en la asignación de diputaciones plurinominales y regidurías de representación proporcional en el estado.

El caso del PAN es el de mayor contraste. En 2017 estuvo a punto de ganar la gubernatura de Coahuila. En 2023 compitió dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, ganó cinco distritos y superó el 6% de la votación dentro de la alianza. Esta vez fue solo, por decisión de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero, y cayó al quinto lugar de las preferencias electorales locales.

La propia dirigencia nacional del PAN reconoció la derrota en un comunicado emitido la noche del este 7 de junio, cuyo encabezado fue: “Resultado en Coahuila nos obligan como partido a duplicar nuestro esfuerzo y fortalecer nuestra propia identidad y crecimiento”. El partido subrayó que el escenario “responde a condiciones particulares de la entidad y no refleja el contexto nacional”.

El partido local México Avante, que competía por primera vez, quedó con apenas 0.58% y enfrenta la consecuencia más severa: la cancelación de su registro estatal, conforme al Artículo 78 del mismo código. El Artículo 81 establece que la cancelación extingue la personalidad jurídica del partido, aunque sus dirigentes deberán liquidar su patrimonio. El Artículo 82 precisa que el dinero remanente será canalizado al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila.

La sorpresa de la jornada fue Nuevas Ideas, partido local de nueva creación que obtuvo el 5.89% y se convirtió en la tercera fuerza política del estado, por encima del PAN, el Verde y Movimiento Ciudadano. El resultado le permite conservar su registro y aspirar a cargos plurinominales en el Congreso local.

Los cómputos oficiales que determinarán los resultados definitivos arrancan el miércoles este 10 de junio.

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Alejandro Moreno afirmó que en Coahuila “Morena se topó con pared” y destacó que el PRI ganó los 16 distritos electorales.

Señaló que, a su juicio, Morena no pudo superar la fuerza de la militancia priista y calificó al PRI como la verdadera opción de la oposición.

Además, sostuvo que el “milagro mexicano” se construye con trabajo diario y resultados concretos, y llamó a continuar la movilización rumbo a las elecciones de 2027.

INE reporta saldo blanco en la jornada electoral de Coahuila, el 100% de las casillas fueron colocadas.

/mexico/2026/06/08/elecciones-de-coahuila-ine-confirma-saldo-blanco-durante-la-jornada-electoral/

El PRI, en coalición con Unidad Democrática de Coahuila, se perfila para obtener la mayoría en el Congreso local al encabezar la votación en 15 de los 16 distritos electorales del estado.

El PAN enfrenta la posibilidad de perder su registro debido a su bajo desempeño en la elección.

Morena interpone a denuncia contra el PRI

Ariadna Montiel informó que Morena interpuso una denuncia contra el PRI por la supuesta compra de votos en Coahuila.

Montiel señaló que, durante la jornada electoral, se habría llevado a cabo un operativo orientado a pagar por sufragios.

/mexico/2026/06/08/morena-acusa-al-pri-de-comprar-de-votos-en-elecciones-de-coahuila/

Comienza el conteo de votos en Coahuila

El PRI anticipa un triunfo total en los 16 distritos locales, mientras Morena denuncia presunta compra de votos y exige respeto a la voluntad ciudadana.

PREP: Avance de captura de actas y participación ciudadana

Hasta el corte del 7 de junio de 2026 a las 19:10 horas, se han capturado 443 actas de un total de 4,319 en Coahuila, lo que representa un avance del 10.26%.

La participación ciudadana registrada hasta el momento es de 47.69%.

Distribución de distritos electorales

El PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas PREP.

Resultados preliminares por partido

El PRI suma 63,135 votos, equivalentes al 56.96% de los sufragios contabilizados.

Otros partidos y coaliciones registran los siguientes porcentajes: 24.31%, 6.57%, 2.70%, 1.55%, 1.27%, 0.69%, 0.46%, 0.36% y 0.03%.

Las candidaturas no registradas acumulan 508 votos (0.46%) y los votos nulos alcanzan 5,645 (5.09%), sobre un total de 110,841 votos emitidos.

Ubicación y distribución de actas contabilizadas

Las actas contabilizadas corresponden a 326 casillas urbanas y 117 no urbanas.

La lista nominal de las casillas con actas contabilizadas es de 230,785 personas. La lista nominal total de casillas aprobadas en la entidad asciende a 2,499,372.

Cálculo de la participación ciudadana

La participación ciudadana se calcula considerando los votos de las actas contabilizadas, sin incluir la votación en casillas especiales, lo que arroja un 47.69%.

Los votos en casillas especiales se sumarán al cálculo total de participación una vez que cierre el PREP.

Alito Moreno asegura que el PRI ganó las 16 diputaciones locales

Alejandro Moreno afirmó que el PRI ganó las 16 diputaciones locales en Coahuila, atribuyendo la victoria al respaldo ciudadano y al trabajo de militantes y candidatos.

Reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su gestión en economía y seguridad. Sostuvo que las familias coahuilenses rechazaron a los “narcopolíticos de Moorena” y aseguró que el PRI es la verdadera opción de oposición, convocando a continuar la lucha rumbo a las elecciones de 2027.

Ricardo Monreal alerta por hechos violentos durante proceso

Ricardo Monreal A., presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expresó su preocupación ante los hechos registrados durante el proceso electoral en Coahuila.

Informó que, entre ayer y hoy, diputados federales de Morena y simpatizantes del movimiento fueron privados de su libertad de manera ilegal.

Monreal señaló que estos actos afectan gravemente el desarrollo democrático y podrían ser un intento de alterar el proceso electoral para la renovación del Congreso local.

Exigió respeto irrestricto a la ley, a los derechos de las personas involucradas y a la voluntad ciudadana.

/mexico/2026/06/07/gobernador-de-coahuila-reporta-saldo-blanco-tras-emitir-su-voto/

Las urnas en la elección de Coahuila este 7 de junio cerraron a las 6 de la tarde, no se reportaron incidentes.

/mexico/2026/06/07/elecciones-coahuila-2026-mas-de-4-mil-casillas-recibiran-votos-para-renovar-el-congreso-local/

El político y comunicador Antonio Attolini Murra, candidato de la coalición PT-Morena por el Distrito 9 de Torreón, perdió la elección del este 7 de junio frente a la candidata priista Verónica Martínez García por una diferencia de casi 41 puntos porcentuales, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) al corte de las 00:50 horas del este 8 de junio, con el 96.13% de las actas capturadas a nivel estatal.

De acuerdo con las cifras, Martínez García obtuvo 56,761 votos, equivalentes al 62.89% de los sufragios del distrito. Attolini acumuló 19,883 votos, el 22.03%. La diferencia supera los 36,000 sufragios en un distrito donde el total de votos contabilizados fue de 90,245.

El resto de los candidatos se repartió una porción marginal: Vanessa Del Rocío Ramírez Reyes, de Nuevas Ideas, obtuvo 3,192 votos (3.53%); Thalia Peñaloza Vallejo, del PAN, sumó 2,612 (2.89%); Gabriel Hernández Ríos, del Verde, registró 1,371 (1.51%); Ana Valeria Carranza De La Rosa, de Movimiento Ciudadano, alcanzó 1,280 (1.41%); y Karla Violeta Quiñones Salcedo, de México Avante, apenas llegó a 115 votos (0.12%).

Los votos nulos sumaron 5,017, equivalentes al 5.55 por ciento.

Uno de los perfiles más reconocidos y polémicos de Morena

Antonio Attolini nació en Torreón en 1990 y estudió Ciencia Política en el ITAM. Su nombre se volvió conocido a nivel nacional en 2012 cuando fue vocero y una de las caras más visibles del movimiento estudiantil #YoSoy132, que buscaba la democratización de los medios de comunicación y rechazaba la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial.

Años después se convirtió en uno de los perfiles más reconocidos de Morena en el plano mediático, con un estilo confrontativo en política y redes sociales que le generó tanto seguidores como críticos.

Su declaración más polémica llegó en marzo de 2021, cuando en entrevista con el periodista Fernando del Collado en el programa Tragaluz, comparó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con figuras como Jesucristo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela.

“Por supuesto que a Jesucristo, a Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel”, afirmó entonces, desatando una ola de críticas en redes sociales.

Trabajó como asesor parlamentario del entonces senador Zoé Robledo y ocupó cargos en el IMSS durante el gobierno de López Obrador, donde enfrentó acusaciones de “aviaduría”. Fue candidato a diputado federal en 2021 y actualmente ocupa una diputación local plurinominal en el Congreso de Coahuila para el periodo 2024-2027.

Su campaña por el Distrito 9 estuvo marcada por un tono confrontativo. Semanas antes de la jornada, el PRI presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila en su contra por la difusión de dos videos identificados con las frases “Agarra la lana” y “Quédate la lana”, en los que supuestamente se explicaba a los electores una forma de marcar la boleta que el tricolor consideró podría provocar la anulación de sufragios y generar confusión.

Attolini rechazó los señalamientos y sostuvo que “la democracia no se protege anulando la voluntad popular. Se protege respetándola. Y hoy lo que el PRI teme no es una boleta: es el tamaño del rechazo ciudadano que van a encontrar en las urnas este 7 de junio”.

La mañana del este 7 de junio, Attolini acudió a votar a la casilla 1393, ubicada en el Centro de Atención Múltiple Laboral 31 en la colonia Torreón Jardín, acompañado de su esposa, familiares y dirigentes nacionales del movimiento. Destacó que el voto es “la herramienta más poderosa del pueblo para decidir el rumbo de su comunidad” y confió en que la participación de su zona lo llevaría a la victoria.

La jornada en Torreón también estuvo marcada por las denuncias de Morena a nivel estatal. La dirigencia nacional del partido acusó que la policía estatal retuvo a dos diputadas federales en la ciudad con un operativo de veinte patrullas, en el marco de las acusaciones por el esquema de compra de votos conocido como “QRgate” que el partido atribuyó al PRI.

El Partido Acción Nacional (PAN) reconoció su derrota en Coahuila y admitió que los resultados de la elección del este 7 de junio obligan al partido a “duplicar el esfuerzo” y fortalecer su identidad propia, luego de años de depender de alianzas electorales para mantener presencia en el estado.

Con el 85% de las actas computadas, el PAN registraba apenas el 2.17% de los votos, por debajo del umbral del 3% requerido para conservar prerrogativas estatales.

El partido emitió un comunicado en donde reconoció que los resultados “representan un llamado a fortalecer aún más la identidad, estructura y crecimiento propio del Partido después de varios años de dinámicas electorales locales marcadas por alianzas”.

La referencia fue precisa. En la elección local de 2023, el PAN compitió dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, que ganó los 16 distritos de mayoría relativa. De ese resultado, el blanquiazul se llevó cinco diputaciones y superó el 6% de la votación, aunque esa cifra correspondió a la alianza. Esta vez fue solo, por decisión de la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero, y el resultado lo dejaría fuera del Congreso local.

El desplome fue contundente. En 2017, el PAN estuvo a punto de ganar la gubernatura de Coahuila y fue la segunda fuerza política del estado durante años. Este 7 de junio quedó en séptimo lugar de las preferencias electorales locales, detrás del PRI-UDC, PT-Morena, Nuevas Ideas, Verde, Movimiento Ciudadano y México Avante.

El PAN descarta una crisis nacional y pone la mira en 2027

La dirigencia nacional del PAN se apresuró a separar el resultado local del escenario federal. En su comunicado, Acción Nacional subrayó que el contexto local de Coahuila es profundamente distinto al escenario nacional, “donde el PAN mantiene una tendencia clara de crecimiento y consolidación como la principal alternativa frente a Morena”.

El partido sostuvo que los resultados en Coahuila “dejan lecciones importantes sobre la necesidad de seguir construyendo una opción política con mayor cercanía ciudadana, perfiles competitivos y una identidad plenamente reconocible para las y los electores”.

La dirigencia reconoció y agradeció el trabajo de los panistas de Coahuila y destacó que, “como nunca antes, el Comité Ejecutivo Nacional y los 32 Comités Estatales estuvieron presentes en la entidad acompañando a la militancia, respaldando candidaturas y fortaleciendo territorialmente al Partido”.

Acción Nacional aseguró que seguirá “fortaleciendo su apertura a la ciudadanía, impulsando nuevos liderazgos y consolidando gobiernos humanistas y de resultados en todo el país”.

El partido cerró su comunicado con la vista en la siguiente batalla: seguirá “trabajando con visión de largo plazo rumbo al 2027, convencido de que millones de mexicanas y mexicanos buscan una alternativa democrática frente al oficialismo y frente al deterioro que vive el país”.

El PAN arriesgó sus prerrogativas en Coahuila al quedar bajo el 3%

Con el resultado preliminar del PREP, el PAN quedó por debajo del umbral del 3% de la votación válida establecido por la legislación electoral de Coahuila. Eso significa que el partido se arriesga perder sus prerrogativas estatales: financiamiento público local, representación ante el Instituto Electoral de Coahuila y acceso a radio y televisión en el estado.

La misma situación enfrentaron Movimiento Ciudadano, con 2.00%, y el Partido Verde, con 2.59%.

El partido local México Avante, que competía por primera vez, quedó con apenas 0.58% y perdió su registro estatal de forma directa, conforme al Artículo 78 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece la cancelación del registro para los partidos locales que no alcancen el 3% de la votación válida emitida.

En contraste, Nuevas Ideas, el otro partido local de nueva creación, obtuvo el 5.88% y no solo conservó su registro, sino que se convirtió en la tercera fuerza política del estado, por encima del PAN, el Verde y Movimiento Ciudadano. Los cómputos oficiales que determinarán los resultados definitivos arrancan el miércoles este 10 de junio.

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, afirmó este 7 de junio luego de las elecciones de Coahuila que el resultado “mandó un mensaje” y sostuvo que su partido es el único que puede “sacar a Morena”. También señaló a un año de las elecciones de 2027, “el país empieza a marcar un nuevo rumbo.”

Según escribió en su cuenta de X, Moreno aseguró que esa “confianza” se defiende “con trabajo y con firmeza” y añadió: “El milagro mexicano lo estamos construyendo juntos, organizados en todo el país para sacar a los narcopolíticos de MORENA y defender a México con rumbo y liderazgo”.

Alito Moreno afirma que su partido gana 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila

El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, aseguró que su partido gana 16 de 16 diputaciones locales en Coahuila y que obtuvo “una ventaja clara” en todo el estado, de acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de X.

En la misma publicación, Moreno calificó la jornada como una elección “en paz, con armonía y tranquilidad” y sostuvo que el resultado refleja “el respaldo de miles de ciudadanos” que participaron.

El líder priista también reconoció al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a quien atribuye “buenos resultados en economía y seguridad”, además de generación de empleos y un gobierno “con responsabilidad”, según su pronunciamiento en redes sociales.

Moreno acusó a Morena de estar integrada por “narcopolíticos” y afirmó que los coahuilenses “no quieren abrirles paso”. También llamó a votar el próximo 6 de junio de 2027 para “sacar del gobierno” a ese partido.

El líder del PRI llama a ir “con todo” rumbo a 2027 tras presumir resultados en Coahuila

En otros mensajes en redes sociales este 7 de junio, Alito Moreno reiteró que su partido ganó los 16 de 16 distritos en Coahuila y que Morena “se topó con pared”.

“Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de MORENA no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, escribió Moreno. En ese mismo mensaje, planteó que el PRI es “la verdadera opción de la oposición” y lanzó: “¡Vamos con todo por el 2027!”.

En una segunda publicación, el también senador sostuvo que “ni con todo el poder del gobierno, ni con todo el dinero” Morena logró “doblar la decisión de la gente” y afirmó que “la ciudadanía votó con conciencia y defendió su estado”. También señaló: “En Coahuila ganamos con claridad y así lo vamos a hacer en todo México… ¡México cuenta con el PRI!”.

El PREP perfila una ventaja del PRI en los 16 distritos locales de Coahuila

El INE confirmó saldo blanco en la jornada electoral de Coahuila de este domingo 7 de junio, con la instalación del 100% de las casillas y sin incidentes graves que comprometieran la votación, mientras el PREP comenzó a perfilar una ventaja del PRI en los 16 distritos locales y una participación estimada de 47.69%, de acuerdo con el propio instituto.

A las 19:10 horas, el PREP reportó un avance de 10.26% en la captura de actas, con 443 de 4 mil 319 registradas. Con ese corte, el sistema acumuló 110 mil 841 votos emitidos.

De ese total, el PRI sumó 63 mil 135 votos, equivalentes a 56.96% de los sufragios contabilizados, y encabezó el conteo preliminar en los 16 distritos electorales de la entidad, según los datos asentados en las actas del PREP. Las candidaturas no registradas acumularon 508 votos, es decir 0.46%, y los votos nulos llegaron a 5 mil 645, equivalente a 5.09%.

El INE informó que a las 18:00 horas concluyó la recepción de la votación en las 4 mil 275 casillas instaladas en Coahuila para el Proceso Electoral Local 2025-2026. A partir de ese momento comenzó el escrutinio y cómputo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a las 18:00 horas de este domingo 7 de junio concluyó la recepción de la votación en las 4 mil 275 casillas instaladas en Coahuila para el Proceso Electoral Local 2025-2026. Ya comenzó el escrutinio y el cómputo.

Según el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) del INE, se instalaron el 100% de las casillas aprobadas y la elección transcurrió “en un ambiente de tranquilidad”, sin incidentes graves que comprometan su realización.

Durante la sesión permanente del Consejo Local del INE en Coahuila, el presidente Miguel Castillo Morales señaló que se registraron incidentes menores y aislados que no afectan el curso general de la votación.

De acuerdo con Castillo Morales, a partir de las 17:00 horas se instaló la Mesa de Escrutinio y Cómputo electrónica para procesar el voto emitido por Internet, en una prueba piloto que se aplica por primera vez a nivel local; el escrutinio y cómputo inició a las 18:00 horas, en concordancia con el cierre de casillas.

Una vez que concluyó el escrutinio y cómputo en casillas, el Instituto Electoral de Coahuila iniciará la captura, transmisión y publicación de actas en el PREP 2026, que se puede consultar a partir de las 18:30 horas, según el INE.

El instituto electoral añadió que la Lista Nominal en la entidad superó los 2.4 millones de personas, quienes cuentan con condiciones para votar y elegir a quienes integrarán el Congreso local.

Morena presenta denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila por presunta compra de votos

Morena y el PT acusaron una compra y coacción del voto en la elección de este 7 de junio en Coahuila, y atribuyeron la operación a operadores vinculados al PRI, según un comunicado del partido.

De acuerdo con el documento, entre los reportes ciudadanos que dicen haber recibido está la entrega individual de códigos QR para presuntamente obligar a votantes a fotografiar el cifrado junto con la emisión del sufragio como método de verificación a favor del tricolor.

Los partidos señalaron que el escaneo del QR dirige a una liga que recibe la fotografía del voto, para su posterior dispersión “electrónica o en persona” por operadores priistas.

Morena y el PT sostuvieron que se trata del mismo esquema que denunciaron en la elección municipal de Durango en 2025, por lo que lo describieron como un “modus operandi” del PRI. También afirman que han identificado domicilios que operarían como centros de compra de votos con ese método.

Además, acusaron abuso policial y violencia de la policía estatal por detenciones arbitrarias de militantes, incluidas diputadas y diputados federales. Morena y el PT responsabilizaron de esa operación a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Morena informó que ya presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que buscará ampliar el caso a la UIF para conocer el origen de los recursos que, asegura, se utilizan en el estado.

El PRI encabeza la votación en los 16 distritos de Coahuila, según el PREP

El PREP en Coahuila reporta un avance de 10.26% en la captura de actas hasta el corte de hoy 7 de junio a las 19:10 horas, con 443 de 4 mil 319 actas registradas. La participación ciudadana calculada con esas actas se ubica en 47.69%.

Con base en los datos asentados en las actas del PREP, el PRI encabeza la votación en los 16 distritos electorales de la entidad. En el conteo preliminar por partido, suma 63 mil 135 votos equivalentes a 56.96%de los sufragios contabilizados.

El total registrado en ese corte es de 110 mil 841 votos emitidos: las candidaturas no registradas acumulan 508 (0.46%) y los votos nulos llegan a 5 mil 645 (5.09%).

En la elección de este 7 de junio en Coahuila, Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusaron una operación sistemática de compra y coacción del voto atribuida a operadores vinculados al PRI, según su comunicado.

De acuerdo con el documento, entre los reportes ciudadanos recibidos está la entrega individual de códigos QR para presuntamente obligar a votantes a fotografiar el cifrado junto con la emisión del sufragio, como método de verificación a favor del PRI.

Morena y PT señalaron que el escaneo del QR dirige a una liga que recibe la fotografía del voto para su posterior dispersión “electrónica o en persona” por operadores priistas.

Los dos partidos sostuvieron que se trata del mismo esquema que denunciaron en la elección municipal de Durango en 2025, por lo que lo describen como un “modus operandi” del PRI. Añadieron que han identificado domicilios que operarían como centros de compra de votos con este esquema.

Saldo blanco en las elecciones de Coahuila

Además, acusaron abuso policial y violencia de la policía estatal al detener de forma arbitraria a militantes, incluidas diputadas y diputados federales. Morena y PT responsabilizaron de esa operación a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Morena informó que ya presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que buscará ampliar el caso a la UIF para conocer el origen de los recursos que, asegura, se utilizan en el estado.

Por otro lado, las autoridades electorales del estado de Coahuila no reportaron incidentes de trascendencia durante la jornada del estado para elegir a los diputados del Congreso local.

Coahuila realiza la única elección de 2026 para renovar su Congreso local

Coahuila celebró este domingo 7 de junio la única elección de 2026 en el país para renovar su Congreso local, con4,256 casillas y una prueba piloto con urnas electrónicas que pondrá a prueba nuevos mecanismos de votación, según el INE.

En la jornada se eligieron 25 integrantes del Congreso de Coahuila: 16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional, de acuerdo con el INE. La autoridad también acreditó a 5 mil 946 personas observadoras electorales a partir de más de 7 mil 100 solicitudes, una de las cifras más altas de participación ciudadana en vigilancia electoral reportadas en la entidad.

La votación definirá la integración de la próxima legislatura en un estado gobernado actualmente por el PRI, un resultado que puede modificar el equilibrio de fuerzas políticas dentro de la entidad. Aunque la organización directa del proceso corresponde al organismo electoral local, el INE participó en tareas de coordinación y supervisión, según la misma información.

Fueron desplegadas 60 urnas electrónicas en 15 casillas especiales

El INE informó que 15 casillas especiales operaron con 60 urnas electrónicas como parte de una prueba piloto para modernizar los mecanismos de votación. Esos equipos se distribuyeron en ocho distritos electorales y alcanzan municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Parras y Ramos Arizpe, según el organismo.

La autoridad electoral indicó que esta tecnología servirá para evaluar si el uso de herramientas digitales puede ampliarse en comicios futuros, con resguardo de la seguridad y la confiabilidad del sufragio.

Gobierno de Coahuila despliega cerca de 10 mil elementos para resguardar la jornada electoral

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, reportó saldo blanco en la jornada electoral de este domingo 7 de junio, tras emitir su voto para elegir al nuevo Congreso. El mandatario acudió a una casilla en el fraccionamiento Jardines del Campestre, en Saltillo.

Desde la semana pasada se operó un despliegue de seguridad con participación de la Guardia Nacional y corporaciones estatales y locales para resguardar la elección, según declaraciones de Jiménez a medios locales. El gobernador precisó que son cerca de10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno.

Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, emitió su voto este domingo 7 de junio para elegir al nuevo Congreso en la casilla ubicada en el fraccionamiento Jardines del Campestre, en Saltillo.

El mandatario acudió al módulo acompañado de su esposa, Paola Rodríguez, y dos de sus hijos. Al término de su participación, el funcionario ofreció una entrevista en la que destacó que hasta ese momento la jornada electoral transcurría con tranquilidad e hizo un llamado a la ciudadanía para que participara en la elección.

Durante su declaración a medios locales, Jiménez Salinas afirmó: “Está saliendo mucha gente de todas las regiones de Coahuila (...) es importante recalcar que es una jornada tranquila, en paz, sin incidentes, es parte de la dinámica y seguridad y calidad de vida que tenemos en Coahuila”.

El gobernador subrayó que, a excepción de los tres incidentes ocurridos durante la campaña electoral, la jornada de votación se desarrollaba de forma positiva, calificando los hechos reportados como “incidentes menores”.

El mandatario recordó que desde la semana pasada se implementó un operativo de seguridad en todas las regiones del estado, en el que participan elementos de la Guardia Nacional, así como de las corporaciones de seguridad estatal y local. Precisó que cerca de 10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno permanecen resguardando las votaciones en Coahuila, con el objetivo de garantizar la integridad de la jornada electoral.

Después de ejercer su derecho al voto, Jiménez Salinas comentó que se dirigiría a comer con su familia, aunque permanecería atento y monitoreando el desarrollo de las elecciones en el estado.

¿Qué cargos se eligen en Coahuila este domingo 7 de junio?

Este domingo 7 de junio, la ciudadanía de Coahuila vota para renovar los 25 escaños del Congreso local. De estos cargos, 16 diputaciones se eligen por mayoría relativa, es decir, una por cada distrito electoral del estado. Las 9 diputaciones restantes se asignan por representación proporcional, también conocidas como plurinominales.

En esta jornada, no se eligen presidencias municipales ni gubernatura, únicamente diputaciones locales que conformarán el Poder Legislativo estatal. La elección define el control del Congreso, actualmente en manos del PRI, y participan nueve partidos políticos, dos coaliciones y un candidato independiente.

Elecciones en Coahuila: “Un ejemplo de seguridad”

Manolo Jiménez Salinas expresó su confianza para que esta jornada electoral se lleve a cabo de manera pacífica, destacando que es una oportunidad para demostrar que Coahuila es un ejemplo en materia de seguridad nacional. De acuerdo con el gobernador, no hay focos rojos ni impedimentos para que se lleven a cabo las actividades electorales para elegir el nuevo Congreso.

Durante la entrevista, el funcionario, contó que el día de ayer acompañó a la familia del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda quien falleció el viernes 5 de junio por complicaciones médicas . Expresó que “le hubiera encantado que saliera del hospital y que estuviera activo”. Indicó que la última vez que estuvo en contacto con Cepeda fue el viernes pasado, ocasión en la que intercambiaron mensajes con el edil.

El estado de Coahuila realizará elecciones este domingo 7 de junio para renovar al Congreso del Estado: se elegirán 25 diputaciones locales, son los primeros comicios de la jornada electoral que vivirá México en los próximos meses durante 2027.

Para este proceso electoral, Morena y el Partido del Trabajo (PT) han concretado una alianza, dejando fuera al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Según Luisa María Alcalde, quien era dirigente nacional de Morena cuando se dio este anunico, hay amplias posibilidades de triunfo, con lo que prevén lograr la alternancia en un estado que ha sido gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por décadas.

En es contexto, en el que las elecciones están a unas horas de iniciar, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena denunció la detención arbitraria de 20 militantes y simpatizantes en el municipio de Frontera, al norte de la entidad. De acuerdo con la dirigencia del partido, estas detenciones ocurrieron después de que sus integrantes, junto con militantes del PT, denunciaran públicamente la existencia de un presunto centro de compra de votos, que presuntamente operaba en un domicilio particular del municipio.

Morena sostiene que, en lugar de investigar las acusaciones sobre la presunta compra de votos, las autoridades estatales actuaron en contra de los denunciantes, privándolos de su libertad. Esta reacción, afirmaron, envía un mensaje preocupante para la democracia y constituye un acto de intimidación que podría inhibir la participación ciudadana. “Denunciar posibles delitos electorales no es un delito”, subrayó el CEN, quien calificó lo ocurrido como un acto de represión que no puede verse como un hecho aislado.

Preocupación por las prácticas históricas y el contexto electoral

La dirigencia de Morena, a cargo de Ariadna Montiel, subrayó que la detención de sus militantes forma parte de una serie de prácticas históricas que han generado inquietud durante los procesos electorales en Coahuila. La entidad, actualmente gobernada por el PRI, ha sido escenario de episodios en los que el uso del poder se dirige a intimidar a quienes señalan irregularidades en el desarrollo de las elecciones, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y en la legitimidad de los comicios.

El partido advirtió que la operación de presuntos centros de compra de votos representa una amenaza directa al principio de equidad en la contienda electoral y a la libertad del sufragio. “A la ciudadanía de Frontera y de todo Coahuila le decimos: no tengan miedo. El voto es libre y secreto”, enfatizó Morena.

Exigen investigación y garantías para la participación ciudadana

Morena hizo un llamado urgente a las autoridades electorales y ministeriales competentes para que se investigue de manera exhaustiva tanto las detenciones como los hechos denunciados en torno a la compra de votos y anunció que presentará las denuncias correspondientes ante instancias estatales y federales, exigiendo el respeto al voto y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía.

En este proceso electoral, Morena y el PT han conformado una alianza para contender de manera conjunta, mientras que el PVEM quedó fuera de la coalición según lo anunciado en enero pasado.

La dirigencia de Morena insistió en que la democracia debe estar libre de intimidaciones y actos de represión, y que cualquier intento de coartar la libertad de denuncia y la participación ciudadana representa una amenaza para el proceso democrático. “No nos van a doblegar”, señalaron.

El llamado se extiende a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto sin miedo y para que reporte cualquier irregularidad que observe durante la jornada electoral. Morena reiteró su compromiso de vigilar la legalidad del proceso y de defender la voluntad popular frente a cualquier acto que busque distorsionar los resultados en Coahuila.

Este domingo 7 de junio de 2026, el electorado peruano vuelve a las urnas para definir, en segunda vuelta, quién asumirá las riendas del país. Sin embargo, el verdadero desafío no es llegar a la Casa de Pizarro, sino terminar el mandato de cinco años.

El fantasma de la extrema inestabilidad política sobrevuela los comicios: en los últimos diez años, ocho mandatarios diferentes desfilaron por la presidencia, lo que convirtió el Ejecutivo en una de las instituciones más frágiles del continente.

Las últimas elecciones: de las urnas a la destitución

El declive de la estabilidad institucional en la última década se explica a través de los últimos procesos electorales, en los que la esperanza ciudadana se disolvió rápidamente entre escándalos de corrupción, enfrentamientos con el Legislativo y quiebres democráticos.

En las elecciones de 2016, Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, pero, al cabo de dos años, su gobierno cayó por un proceso de vacancia a raíz del caso Odebrecht y los presuntos pagos a la constructora brasileña provenientes de sus empresas consultoras.

Para 2021, Pedro Castillo venció a Keiko Fujimori en una reñida segunda vuelta, pero, como en el caso de Kuczynski, su paso por el gobierno estuvo caracterizado por la fragilidad política y las acusaciones de corrupción. El 7 de diciembre de 2022, antes de que el Congreso debatiera un tercer intento de destitución en su contra, ensayó un autogolpe de Estado en cadena nacional, ordenó la disolución del Parlamento y la intervención de la justicia. Sin apoyo militar ni ciudadano, el intento fracasó en horas. Fue destituido de inmediato por el Congreso y recluido en el penal de Barbadillo.

Tras la caída de Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el mando. Lejos de pacificar el país, su gestión arrastró una severa crisis social; investigaciones por presunta corrupción, como el mediático caso de los relojes Rolex; y un aislamiento político insostenible. En la recta final del período, el Poder Legislativo la destituyó, lo que desató una vertiginosa sucesión exprés entre los líderes del Parlamento: José Jerí y, posteriormente, José María Balcázar.

Incluso Jerí tuvo que ser destituido tras conocerse reuniones no registradas con empresarios chinos vinculados a contratos con el Estado. A esto, se sumaron cuestionamientos por contrataciones irregulares de personal joven y el uso controvertido de su despacho congresal mientras ejercía la presidencia interina.

Ocho presidentes en una década y una elección clave

Desde que Ollanta Humala terminó su mandato en julio de 2016, ningún presidente elegido en las urnas logró completar sus cinco años de gobierno.

Esta es la cronología de la última década:

1. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció cercado por la corrupción del caso Odebrecht.
2. Martín Vizcarra (2018-2020): Vicepresidente de Kuczynski, asumió como presidente tras su renuncia. Disolvió constitucionalmente el Congreso en 2019, pero un año después fue destituido por el nuevo Parlamento bajo la controvertida causal de “incapacidad moral permanente”.
3. Manuel Merino (2020): Duró apenas cinco días en el cargo. Tuvo que dimitir tras una ola de protestas sociales masivas que dejaron dos jóvenes manifestantes fallecidos.
4. Francisco Sagasti (2020-2021): Elegido por el Congreso como presidente interino. Lideró un gobierno de transición centrado en la pandemia y las elecciones generales.
5. Pedro Castillo (2021-2022): Destituido y encarcelado tras perpetrar un fallido autogolpe de Estado.
6. Dina Boluarte (2022-2025): Primera mujer en asumir la presidencia; destituida por el Congreso tras una severa pérdida de legitimidad y escándalos fiscales.
7. José Jerí (2025-2026): Presidente interino por sucesión parlamentaria, destituido por cuestionamientos políticos.
8. José María Balcázar (2026): Actual mandatario encargado con la única tarea de conducir la transición hacia el gobierno que resulte elegido este mes.

La constante pugna entre un Legislativo fragmentado y un Ejecutivo débil convirtió la figura de la “vacancia por incapacidad moral” y el cierre del Congreso en armas políticas de uso cotidiano.

Entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estará el elegido para afrontar el reto de construir estabilidad institucional con base en las buenas prácticas en la función pública y remover la corrupción estructural que caracteriza la política peruana desde hace una década.

La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad pasó este viernes de la denuncia sostenida a una presión más visible: estudiantes de la Universidad de San Carlos que rechazan la reelección de Walter Mazariegos cumplieron cinco días de plantón, se encadenaron para exigir que se anule la elección del rector para el período 2026-2030 y se convoque a nuevos comicios.

La tensión crece mientras la corte mantiene pendientes tres apelaciones y varios amparos vinculados al proceso del 8 de abril. Entre los temores de los sectores opositores está que los magistrados revoquen dos amparos provisionales otorgados por juzgados que anularon la reelección.

El martes 2 de junio, además, la Corte de Constitucionalidad confirmó la exclusión de la planilla opositora Dignidad y Transparencia para inscribirse en la elección de cuerpos electorales. Ese fallo quedó incorporado al reclamo actual como una prueba más, según los manifestantes, de que el proceso universitario siguió un camino restrictivo para la oposición.

El Equipo de Mediación del Observatorio de la Procuraduría de los Derechos Humanos se presentó en el lugar para documentar y verificar el desarrollo de la manifestación, en la que participó un grupo que se identificó como estudiantado de la USAC y se autodenomina Resistencia GT. La institución informó que su presencia buscó observar el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas y documentar el estado de la jornada.

La exigencia central apunta a repetir la elección con todos los cuerpos electorales

Una estudiante que participó en la protesta formuló el pedido político de la movilización al afirmar: “Pedimos a la población guatemalteca que nos acompañe, a los profesionales, a los profesores, a los estudiantes universitarios, porque estamos recuperando la única universidad pública del país para las nuevas generaciones”.

La demanda principal del plantón es que se convoque a nuevas elecciones para rector con participación de todos los cuerpos electorales elegidos entre febrero y marzo de este año en facultades y colegios profesionales. La oposición universitaria sostiene que en el proceso fueron excluidos cuerpos electorales legítimamente electos y que también participaron otros que, según su versión, no ganaron democráticamente.

Esa objeción también alcanza al Consejo Superior Universitario. Los sectores críticos consideran que decisiones adoptadas por ese órgano favorecieron la continuidad de Mazariegos en el cargo.

Las acciones de protesta escalaron mientras los estudiantes denuncian riesgo de represalias

Durante los cinco días de plantón, los estudiantes realizaron performances, expresiones artísticas, conferencias de prensa, jornadas informativas y acciones simbólicas frente a la sede de la corte. Este viernes sumaron el lanzamiento de estiércol de animales y el encadenamiento frente al edificio, además del cierre del paso vehicular en la 11 avenida y 10 calle de la zona 1 capitalina.

En coberturas previas, estudiantes explicaron que el uso de capuchas responde a una medida de protección ante posibles represalias académicas, administrativas, penales o disciplinarias por su participación en protestas y acciones de oposición a las actuales autoridades universitarias.

La disputa, según plantean los manifestantes, no se limita al control interno de la USAC. Los sectores en protesta remarcan que la universidad participa en decenas de espacios de representación dentro del Estado y que sus decisiones repercuten en instituciones ligadas a la justicia, la educación y la salud.

Por esa razón, quienes sostienen el plantón consideran que la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad puede fijar un precedente para la institucionalidad democrática del país y para futuros procesos electorales. Mientras el tribunal continúa el análisis de los recursos pendientes, estudiantes, docentes y profesionales anunciaron que mantendrán las jornadas de protesta.

La incorporación de la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral en la Constitución mexicana ha reavivado el debate entre expertos en derecho y política.

Si bien el propósito declarado es proteger la soberanía, la ambigüedad del concepto ha generado interrogantes sobre sus alcances y la autoridad responsable de definir cuándo una conducta externa amerita anular un proceso.

La profesora Daniela Carrasco Berge, especialista en derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, manifestó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el órgano que posee la facultad exclusiva para invalidar elecciones federales, legislativas y de integrantes del Poder Judicial. Integrado por siete magistraturas, ha ido acumulando funciones decisivas en los últimos años, definiendo en buena medida el rumbo político e institucional en diversas regiones del país.

Todas sus atribuciones ha hecho que sus resoluciones sean determinantes para la conformación de los poderes públicos y para la validación de consultas populares y procesos de revocación de mandato.

Riesgos y retos institucionales sobre la reforma

A diferencia de otras causales de cancelación como el rebase de topes de campaña o el financiamiento ilegal, la especialista manifestó que la iniciativa presenta mayores márgenes de interpretación. El concepto podría abarcar desde financiamiento internacional, campañas digitales promovidas fuera del país, declaraciones de gobiernos extranjeros, hasta acciones de organizaciones políticas internacionales.

Esta amplitud genera inquietud, ya que probar la influencia determinante de uno de estos factores en el resultado de una elección podría depender de la interpretación de la Sala Superior, lo que introduce un mayor grado de discrecionalidad en comparación con faltas electorales cuya comprobación es más objetiva.

Carrasco Berge advirtió que la preocupación aumenta debido a que el organismo no sólo valida elecciones, sino que también resuelve controversias en consultas populares y procesos judiciales, y desde la reforma judicial de 2024, interviene en la calificación de elecciones de personas juzgadoras.

La nueva reforma también permite que los magistrados en funciones puedan competir nuevamente por el cargo, lo que ha generado cuestionamientos en torno a los incentivos y la independencia dentro del máximo tribunal electoral. De hecho, decisiones anteriores han permitido la sobrerrepresentación de partidos en el Congreso y la formación de mayorías legislativas capaces de modificar la Constitución.

El debate debe centrarse en el diseño institucional que asegure procesos democráticos sólidos y proteja la autonomía del órgano encargado de validar los comicios. Existe la necesidad de revisar los mecanismos que garanticen la independencia y limiten la discrecionalidad de quienes pueden decidir sobre la anulación de una elección fundamental para la vida democrática.

México podrá anular elecciones por injerencia extranjera

El Congreso mexicano ratificó reformas constitucionales que permiten anular elecciones federales y estatales si se detecta injerencia extranjera, además de aplazar la elección de integrantes del Poder Judicial hasta 2028. Estas modificaciones, ya aprobadas por la mayoría de los congresos estatales, establecen también un mecanismo para revisar candidaturas en todos los niveles y reorganizan la Suprema Corte en dos secciones, con una reducción en la duración de los cargos de magistrados y jueces electos.

El Senado aprobó la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, defendiendo que el aplazamiento busca fortalecer las instituciones y perfeccionar el marco normativo. Por otro lado, la incorporación de la injerencia internacional como causal de nulidad electoral fue justificada como una medida para asegurar que las decisiones nacionales estén libres de presiones y financiamiento externo. Sin embargo, legisladores de la oposición y expertos en derecho constitucional advierten que la redacción de esta normativa es ambigua y podría dar lugar a interpretaciones discrecionales.

Aunque las reformas ya forman parte de la Constitución, su aplicación práctica dependerá de la elaboración de leyes secundarias y sus efectos plenos se verán reflejados a partir de 2030, cuando se celebren los próximos comicios bajo este nuevo esquema.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura sobre las declaraciones realizadas por Estados Unidos acerca de las elecciones de Bolivia, durante la mañanera del pueblo este 5 de junio en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Pues como dice la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Esa siempre va ser nuestra posición. Cada pueblo del mundo tiene que decidir quién los gobierna y cómo se gobierna, y cómo resuelve sus problemáticas. Esa es la posición de México”, declaró la mandataria mexicana.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth manifestó a través de su cuenta oficial de X, su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rechazando cualquier rumor sobre algún intento de derrocamiento hacia su administración.

“Estados Unidos está atento. Bolivia no debe permitirse caer presa del antiguo statu quo de dominio narcoterrorista en la región. Continuaremos apoyando a nuestros socios de la A3C, como Bolivia, para garantizar que se disuada a los narcoterroristas de lucrarse con la muerte y la destrucción en nuestro hemisferio”, escribió.

Estados Unidos incrementa ayuda humanitaria a Bolivia ante crisis por bloqueos

El gobierno de EU anunció que incrementará la ayuda humanitaria destinado a Bolivia ante la crisis generada por las recientes protestas y bloqueos en diversas regiones del país sudamericano.

Las manifestaciones, motivadas por demandas políticas y sociales, han provocado graves afectaciones en la distribución de comida, medicinas y otros insumos básicos, complicando la vida cotidiana de la población y tensionando aún más el panorama nacional.

Autoridades estadounidenses informaron que el aumento de la asistencia incluirá el envío de suministros médicos, paquetes alimentarios y recursos logísticos para facilitar la llegada de ayuda a las zonas más afectadas por los cortes de ruta.

El Departamento de Estado aseguró que el objetivo es aliviar el impacto de la crisis en las comunidades más vulnerables y contribuir a la estabilidad social mientras persistan las movilizaciones. La cooperación internacional se desplegará en coordinación con organismos humanitarios y agencias multilaterales.

En Bolivia, esta situación ha generado escasez en mercados y hospitales, intensificando el malestar social y la presión sobre el gobierno local. La respuesta estadounidense no solo busca cubrir necesidades urgentes, sino también fortalecer el lazo bilateral entre ambas naciones.

Desbloqueo parcial permite ingreso de alimentos y medicinas a La Paz

La situación en este país ubicado en América del Sur, continúa marcada por diversos conflictos sociales que han provocado fuertes tensiones entre manifestantes y autoridades.

En este contexto, las fuerzas de seguridad del país lograron liberar este 5 de junio, una vía fundamental que conecta a La Paz con otras regiones, tras varios días de bloqueos organizados por sectores que exigen cambios políticos y mejoras económicas.

El restablecimiento de la circulación en esta ruta representa un alivio temporal para el flujo de bienes y personas, en medio de un escenario de escasez y creciente descontento.

La acción policial y militar se llevó a cabo tras intensas negociaciones, pero también estuvo acompañada de momentos de confrontación con los grupos que mantenían los cortes.

A pesar de la reapertura de la carretera, siguen las disputas en varias zonas. Organizadores de estas movilizaciones han advertido que mantendrán sus demandas y podrían volver a instalar nuevos cierres si no reciben respuestas satisfactorias por parte del gobierno.

Líderes sociales insisten en que la crisis actual es resultado de una acumulación de problemas económicos, desigualdad y falta de diálogo efectivo con servidores públicos.

El desbloqueo parcial de la ruta hacia La Paz no significa el fin del conflicto, pero permite el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles a la capital boliviana, aliviando la presión sobre la población que ha sido afectada desde hace unas semanas.

Millones de californianos participaron en las elecciones primarias de 2026, ejerciendo su derecho constitucional mediante diversas modalidades de votación. Sin embargo, la espera por los resultados definitivos ha generado interrogantes tanto dentro como fuera del estado. El recuento de votos en California es notoriamente más lento que en otras partes del país, y esta demora responde a una combinación de factores inherentes al sistema electoral local y a la magnitud del proceso. Expertos y autoridades explican que la prioridad es asegurar que cada voto sea contado de manera precisa y transparente, aun si esto implica un recuento que se extiende durante días o incluso semanas.

La principal razón detrás de la tardanza en el recuento de votos radica en el volumen y el método de votación empleados en el estado. California es uno de los estados que más opciones ofrece a sus electores para emitir su sufragio, priorizando la accesibilidad y la garantía de participación. El gobernador Gavin Newsom llegó a enviar una carta abierta instando a los funcionarios electorales de los condados a agilizar el proceso, con el objetivo de reducir el margen para dudas o teorías conspirativas sobre la integridad del sistema. No obstante, las autoridades mantienen que la rigurosidad y la minuciosidad son esenciales para preservar la confianza en los resultados.

En cada ciclo electoral, el recuento de millones de votos por correo representa un desafío logístico considerable. Según la Secretaría de Estado de California, en las elecciones presidenciales de 2024 se emitieron unas 16 millones de papeletas, de las cuales alrededor de 13 millones correspondieron a votos por correo. Los condados envían boletas a todos los votantes registrados, sin importar si planean utilizarlas, lo que incrementa el número de papeletas en circulación y por procesar. Esta práctica, que busca maximizar la participación, también retrasa el conteo, ya que la ley estatal permite contar las papeletas que tengan matasellos del día de la elección o anterior y que lleguen dentro de la semana siguiente. Muchas personas, especialmente en elecciones con numerosas opciones, esperan hasta el último momento para votar, lo que aumenta la cantidad de papeletas que deben procesarse en los días posteriores al cierre de los centros de votación.

El sistema californiano se caracteriza por su flexibilidad y amplitud de opciones para los electores. El voto por correo se ha convertido en la modalidad predominante y cuenta con un alto nivel de aceptación. En octubre de 2025, el estado registraba 23 millones de votantes inscritos. Esta cifra implica una operación de logística electoral de gran escala, donde los condados deben manejar y verificar millones de sobres. Las opciones en la papeleta también son numerosas, lo que puede dificultar la decisión de los electores y postergar el envío de su voto. En la elección para gobernador de este ciclo, hasta nueve candidatos alcanzaron el umbral para participar en los debates principales, reflejando una competencia fragmentada y un menú electoral especialmente amplio.

Una vez recibidas, las papeletas pasan por un proceso de verificación que incluye medidas estrictas de seguridad electoral. El cotejo de firmas es una etapa clave: las máquinas comparan la firma del votante en la papeleta con la registrada previamente. Si el sistema automatizado detecta discrepancias, interviene personal para realizar una revisión manual. Este procedimiento, obligatorio en todos los condados, busca evitar fraudes y garantizar la autenticidad de cada sufragio. Además, California permite la subsanación de votos: si una papeleta es rechazada por problemas en la firma, el votante tiene la oportunidad de corregir el error y validar su voto antes de que finalice el escrutinio. Estos mecanismos, aunque prolongan los tiempos, aseguran que la mayor cantidad posible de votos legítimos sean computados.

El escrutinio se complica aún más cuando las contiendas son especialmente reñidas. En el actual ciclo electoral, tanto la carrera para gobernador como la elección para la alcaldía de Los Ángeles figuran entre las más disputadas de los últimos años. La existencia de márgenes de victoria mínimos obliga a esperar el recuento exhaustivo de todas las papeletas, ya que el voto por correo puede inclinar la balanza hasta el último momento. En elecciones anteriores con diferencias amplias, los medios suelen proyectar un ganador la misma noche, pero en situaciones cerradas, el resultado definitivo puede tardar semanas. El profesor Christian Grose, especialista en ciencias políticas, señala que este fenómeno es habitual en California y que la paciencia es crucial para respetar la voluntad popular.

El recuento de votos en California no solo es un reto administrativo, sino también un foco de debate político. Grose advierte sobre el riesgo de que el proceso se perciba como una cuestión partidista. La modalidad del voto por correo tiende a ser adoptada en mayor medida por los electores demócratas, quienes a menudo envían sus boletas en los últimos días. En contraposición, los votantes conservadores suelen decidirse con mayor anticipación, enviando sus papeletas antes. Esto puede generar la impresión de que el conteo favorece a un partido en las etapas finales del escrutinio, alimentando sospechas infundadas o narrativas de polarización. Grose enfatiza que el objetivo debe ser siempre contar el mayor número posible de votos, alejando el procedimiento de disputas partidistas y centrando la discusión en la eficacia y la transparencia del sistema.

La demora en el recuento de votos en California es consecuencia directa de la magnitud del proceso, la variedad de opciones para votar, las estrictas medidas de seguridad y la naturaleza reñida de las contiendas. Las autoridades insisten en que la lentitud no es sinónimo de ineficiencia, sino de un compromiso con la integridad electoral y la inclusión de todos los sufragios válidos.

El segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se convirtió en el escenario de su mensaje más directo hacia Estados Unidos. El pasado 31 de mayo, desde el Monumento a la Revolución, Sheinbaum sintetizó la postura de su gobierno ante la escalada de presiones bilaterales: “México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano.”

La concentración —bajo el lema “la patria no se vende”— llegó en el momento de mayor tensión entre Ciudad de México y Washington en lo que va del sexenio.

Un contexto que no da tregua

El contexto bilateral no da tregua. En semanas recientes se registraron al menos tres puntos críticos:

• El operativo de la CIA en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua sin conocimiento previo del gobierno mexicano. La FGR abrió una investigación por presunta violación a la soberanía nacional.
• La solicitud urgente del Departamento de Justicia para extraditar a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones. La FGR la rechazó por considerar que las pruebas presentadas eran insuficientes.
• El vencimiento en junio del plazo de revisión del T-MEC, que pone sobre la mesa la continuidad del principal acuerdo comercial de México.

En ese mismo período, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos “podrían usar sus drones contra nuestros intereses”, al tiempo que presentó el Escudo de las Américas —coalición regional de más de doce países— de la que México, nuevamente, quedó excluido.

¿Por qué este momento? Las dos explicaciones en disputa

El timing del discurso no fue accidental, y ahí es precisamente donde las interpretaciones se separan.

• The Washington Post también vincula el discurso con la reunión previa entre Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin, que según el diario habría terminado en desacuerdo abierto tras exigir acciones concretas contra funcionarios mexicanos ya imputados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, en su comparecencia ante el Senado estadounidense, el propio Mullin ofreció una valoración distinta: “Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, afirmó sobre su encuentro con Sheinbaum y su gabinete en Ciudad de México.

• Desde Palacio Nacional, la narrativa es diferente. Sheinbaum ha sostenido que el discurso responde a una “ofensiva real desde el exterior” y no a un cálculo electoral. “En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, declaró en conferencia matutina. Un día después del mitin, la presidenta matizó su postura: aclaró que no considera que Trump encabece personalmente esa ofensiva y atribuyó las presiones a “otros sectores” del gobierno estadounidense, sin identificarlos. También fijó límites al embajador Ronald Johnson, quien había pedido en redes sociales que la lucha antinarcóticos no se convirtiera en una “discusión política”: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países”, respondió.

2027, el horizonte que lo explica todo

En junio de ese año se elegirán 17 gobernadores, los 500 diputados federales y más de 2 mil alcaldes. Es en ese contexto donde ambas lecturas encuentran, paradójicamente, un punto de coincidencia: las decisiones de este mes —en materia comercial, de seguridad y electoral— definirán en buena medida el rumbo de la relación entre los dos países, y el margen de maniobra que tenga cada actor cuando llegue el momento de sentarse a negociar.

Desde que comenzó el Gobierno de Gustavo Petro, uno de los temas que ha estado en la mesa de discusión es la posibilidad de que sea convocada una asamblea nacional constituyente, a pesar de que el mandatario firmó en mármol que no lo haría.

Durante su mandato, Petro ha hablado de la necesidad de que se lleve a cabo una constituyente en el país, ha apoyado que se recolecten firmas para ello y este tema se ha trasladado hasta ser apoyado inicialmente por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico que disputará la presidencia del país contra Abelardo de la Espriella el 21 de junio.

En diálogo con El Tiempo, Cepeda afirmó que en caso de llegar a la Casa de Nariño, buscará que se concrete un acuerdo nacional que podría desencadenar en una constituyente, pero que ese no sería su objetivo inicial.

“Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, sino al final, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados, y viene un asunto que es cómo se implementa”, declaró el candidato presidencial.

Esto fue confirmado por la jefe de campaña de Cepeda, María José Pizarro, que en Blu Radio negó que el objetivo de su candidato sea a como dé lugar consolidar una constituyente.

“Nosotros no estamos impulsando una asamblea nacional constituyente, lo hemos dicho. Creemos en un acuerdo nacional”, mencionó la congresista.

Debido a que en la campaña de Cepeda se han empecinado en negar que buscarán convocar una constituyente, a pesar de que el candidato afirmó que no lo descartaría, analistas políticos hablaron con Infobae Colombia sobre el impacto ciudadano que genera hablar sobre la posibilidad de cambiar la constitución del 91.

Del mármol de Petro al negacionismo de Cepeda

En primer lugar, Fabio Pulido, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana sostuvo que:

“Yo creo que políticamente la asamblea nacional constituyente es de esos temas que claramente dividen. Hace un tiempo ellos pensaron, el Gobierno pensó que era un tema que les iba a dar votos y ahora se dieron cuenta de que no, ese es el resumen. Yo creo que tiene otra cuestión política y es que recuerda que en las elecciones de 2018 fue cuando Petro firmó sobre piedra y todo este tema de que no iba a hacer una constituyente, pero en los cuatro años que lleva de Gobierno siempre ha sido una idea que ha dado vueltas”.

Pulido mencionó que otro aspecto que ha quedado claro es que en Colombia es muy complicado convocar una constituyente sin tener el poder absoluto.

“Yo lo que he sentido es que se ha utilizado como una especie de amenaza, sabiendo que es una figura que jurídicamente tiene muchos riesgos y muchos problemas. Es por eso que cambia la idea que han tenido en la campaña. Por otro lado, jurídicamente, si ellos quieren hacer una asamblea nacional constituyente con base en las reglas que están en la Constitución, no tienen cómo. No tienen fuerza política, ni las mayorías, lo que les queda es la amenaza de una constituyente irregular”.

Por su parte, Jaime Wilches, analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano, mencionó el doble racero que se utiliza en Colombia para criticar a los políticos radicales, y también a los que cambian sobre la marcha.

“Es natural que un candidato en época electoral pueda hacer un viraje en sus estrategias. No podemos dejar atrapado en binarismo al candidato Cepeda, que si se resiste a una propuesta es que es radical y que cuando cambia una propuesta, entonces que está siendo conveniente. Tenemos también que poner en la balanza que esto hace parte de una competencia electoral”.

Para Wilches, este tipo de discusiones son una muestra de que hacer política en Colombia se ha convertido en prometer cosas que son difíciles de cumplir cuando se está en el poder.

“Todos los candidatos ponen sobre mármol sus propuestas, desde Santos cuando juró sobre mármol que no iba a subir impuestos. Recordemos que estamos en ejercicios electorales y que luego de ello va a suceder que esos candidatos se vuelven gobernantes, se golpean con la estructura de las instituciones y de unas normatividades que deben o deben ser”.

Los primeros resultados de las primarias abiertas en California muestran que Steve Hilton y Xavier Becerra lideran la contienda para ocupar el cargo de gobernador. Con el 76,1% de los distritos electorales contabilizados, Hilton suma el 26,9% de los votos y Becerra el 25,7%, según datos oficiales citados por la agencia de noticias Reuters.

Ambos superan más de un millón de votos y encabezan la carrera para la elección general del 3 de noviembre. El sistema de primarias abierto en California permite que los dos candidatos con más votos, sin importar el partido, pasen a la siguiente ronda.

De mantenerse la tendencia, la elección general enfrentará a un republicano y un demócrata en una disputa directa por la gobernación de California.

En la jornada electoral del martes, Hilton, un ex presentador de Fox News nacido en Gran Bretaña y nacionalizado estadounidense, encabezó la votación.

Becerra, ex secretario de Salud y Servicios Humanos y ex fiscal general del estado, ocupó el segundo lugar. Ambos dejaron atrás a una lista de candidatos en la que el multimillonario demócrata Tom Steyer quedó tercero con el 19,8% de los votos, a unos 260.000 sufragios de distancia.

Durante un discurso ante cientos de seguidores en el centro de Los Ángeles, Becerra dijo: “Un paso más cerca de que el hijo de esos inmigrantes trabajadores, María y Manuel Becerra, se convierta en el próximo gobernador del gran estado de California”. El ex secretario subrayó que aún quedan votos por contar, pero expresó optimismo de cara a noviembre.

El mensaje de Xavier Becerra: “Se puede”

En la central de campaña de Becerra, en el centro de Los Ángeles, cientos de asistentes escucharon al candidato recordar su historia familiar, agradecer a su familia y reafirmar su compromiso con la comunidad, según describió Dinorah Pérez, reportera de la televisora local Telemundo 52.

Entre los presentes había trabajadores, miembros de sindicatos y líderes comunitarios. “El sueño de California aún está vivo esta noche”, afirmó, mezclando palabras en español y haciendo eco de una consigna repetida por los presentes: “¡Se puede!”.

El candidato demócrata insistió en que la lucha continúa y que no dará nada por sentado, aunque sostuvo que el camino hacia noviembre parece favorable. Entre aplausos, agradeció a su familia, a los trabajadores y a los líderes sindicales y comunitarios que lo acompañaron.

Dolores Huerta, reconocida activista, expresó su confianza en Becerra como símbolo de la comunidad latina: “Sabemos que va a ser el primer latino que va a salir como gobernador de California y yo creo que nos va a dar muchas esperanzas porque sabemos que nuestra comunidad está— ha estado bajo ataque”.

Quiénes son los principales candidatos y cuál es el contexto

Hilton obtuvo el respaldo del expresidente Donald Trump y centró su campaña en criticar la gestión demócrata en temas como personas sin hogar y regulaciones estatales.

En su discurso tras los primeros resultados, afirmó: “California, ¡qué honor tan increíble! Es la primera vez que me postulo para un cargo público y más de un millón de personas se levantan y votan por mí esta vez con un acento gracioso”, según Reuters.

Becerra, por su parte, tiene trayectoria política y sería el primer gobernador latino electo en un estado donde el 40% de la población pertenece a esa comunidad. Su candidatura es vista por sectores de familias trabajadoras e inmigrantes como una opción de representación.

Hilton, mientras tanto, celebró junto a sus seguidores y alentó el cambio político en el estado. Al comparar su situación con la de Arnold Schwarzenegger, otro inmigrante que llegó a ser gobernador, subrayó el valor de su historia personal y el apoyo recibido por los votantes.

Por qué es relevante esta elección y qué desafíos enfrenta el próximo gobernador

El nuevo gobernador de California reemplazará a Gavin Newsom y asumirá responsabilidades sobre una economía que alcanza los USD 4.000 millones, una de las más grandes del mundo, según Reuters. El próximo mandatario deberá abordar desafíos en materia de acceso al agua, costo de la vida y personas sin hogar, problemas que marcan la agenda pública y preocupan a los electores.

La elección también tiene impacto nacional: California cuenta con una delegación numerosa en el Congreso y su política de redistribución de distritos podría influir en el equilibrio de poder a nivel federal.

La competencia en las primarias se vio marcada por la salida del ex favorito Eric Swalwell tras acusaciones de agresión, lo que consolidó el apoyo demócrata en torno a Becerra.

Qué se espera para la siguiente etapa y cómo afecta a otras carreras locales

Los resultados de las primarias aún no son definitivos, pero marcan el rumbo para la campaña de cara a noviembre. En paralelo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lideró la votación para la reelección con el 36,5%, seguida del republicano Spencer Pratt.

Mientras tanto, Becerra y Hilton inician la segunda fase respaldados por una base de votantes. Según palabras del candidato demócrata recogidas por Telemundo 52: “La gente de California ha hablado fuerte y con orgullo”.

La reforma publicada este 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación agrega una nueva causa de nulidad de elecciones en México: a partir de ahora, si se comprueba que hubo intervención o injerencia extranjera que influyó en los resultados electorales, esa elección podrá ser anulada.

Este cambio se incorpora al artículo 41 de la Constitución, reforzando la protección de la soberanía electoral frente a cualquier intento de influencia externa.

El decreto establece que la reforma entrará en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 3 de junio. Desde ese momento, las autoridades electorales deberán considerar esta nueva causal de nulidad en los comicios que se lleven a cabo en el país.

Por su parte, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán como plazo máximo el 5 de junio de 2026 para adecuar sus leyes al nuevo contenido constitucional. Además, el Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales, tanto federales como locales, deberán revisar y ajustar sus normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de este decreto.

Reforma al Poder Judicial fue publicada en el DOF

Este 2 de junio también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que introduce cambios profundos en el Poder Judicial mexicano, especialmente sobre la elección y renovación de jueces y magistrados. El decreto establece que la reforma también entrará en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 3 de junio.

Uno de los aspectos centrales es que la elección judicial federal y local se celebrará de forma coincidente el primer domingo de junio de 2028. Esta fecha marca el momento en que la ciudadanía podrá votar directamente para renovar la totalidad de los cargos de los poderes judiciales federal y de las entidades federativas, bajo nuevas reglas de evaluación y paridad de género en las candidaturas.

La reforma modifica artículos clave de la Constitución, definiendo procedimientos para que el Senado, el Ejecutivo y la Suprema Corte propongan y evalúen candidaturas, que luego serán sometidas a la votación popular. El Instituto Nacional Electoral (INE)organizará estos procesos, asegurando transparencia y participación ciudadana.

Hasta la elección de 2028, las personas juzgadoras que debían concluir su encargo en 2027 permanecerán en funciones un año más, y quienes resulten electas tomarán protesta ante el Senado en septiembre de 2028. Las legislaturas estatales y el Congreso de la Unión deberán adecuar sus leyes dentro de plazos específicos para garantizar la aplicación plena de la reforma.

La reforma desinada a la integridad de las candidaturas también fue publicada

La reforma publicada este 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación introduce medidas para fortalecer la integridad de las candidaturas en procesos electorales. El decreto establece que la nueva normativa también entrará en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el próximo 3 de junio de 2026, y aplica a partidos políticos y aspirantes independientes.

Entre los principales cambios, se crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que recibirá listados de personas aspirantes a cargos públicos y, en coordinación con autoridades de seguridad, inteligencia y finanzas, realizará un análisis de riesgo sobre sus perfiles. La entrega de información será voluntaria, y los partidos deberán establecer mecanismos para que los aspirantes autoricen este análisis.

La comisión, conformada por tres consejeros electorales, notificará a los partidos si detecta riesgos razonables relacionados con actividades delictivas en algún perfil, sin detallar la naturaleza del riesgo. A partir de esa información, cada partido decidirá si procede con el registro de la candidatura.

La presidenta Claudia Sheinbaum no dejó pasar la visita de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo al foro organizado por Grupo Salinas sin dedicarle un comentario irónico en su conferencia de prensa matutina de este martes 2 de junio.

Con una sonrisa y tono burlón, Sheinbaum calificó de “kafkiano” —y cuando menos “curioso”— el hecho de que se traiga a una legisladora extranjera para hablar de soberanía nacional mexicana. “Tener que traer una diputada española para hablar de la soberanía nacional pues está un poco kafkiano, por lo menos está curioso”, señaló la mandataria ante los presentes.

Redes internacionales y autodeterminación de los pueblos

Lejos de desestimar el tema por completo, Sheinbaum reconoció que sí existen redes internacionales que buscan influir en elecciones y decisiones de los pueblos, lo que —dijo— viola el principio de autodeterminación. En ese sentido, consideró importante que la discusión se abra, incluyendo el poder creciente de los dueños de las grandes plataformas tecnológicas, a quienes describió como “los más ricos de los ricos del mundo”.

El discurso: soberanía como bandera opositora

Álvarez de Toledo estructuró su intervención alrededor de la palabra “soberanía”, ironizando que el gobierno mexicano la invoca mientras, según ella, la erosiona. Señaló al crimen organizado como el primer gran enemigo, citando el caso del llamado “Rancho del Horror” en Teuchitlán, Jalisco, los más de 134 mil desaparecidos y las madres buscadoras que rastrean restos humanos en terrenos baldíos sin respuesta institucional.

Como segundo fenómeno identificó al “populismo autoritario”, que según su diagnóstico desmantela contrapesos, captura alPoder Judicialy opera en colusión con el crimen organizado. El tercero fue la “mentalidad de dependencia”, argumentando que los programas sociales generan clientelas en lugar de ciudadanos autónomos.

El problema del mensajero y el mensaje

El discurso no es nuevo. Álvarez de Toledo ha participado en foros de Salinas Pliego en otras ocasiones, y su vínculo con el empresario es conocido en medios españoles. Tampoco es la primera española en pisar la Universidad de la Libertad para criticar al gobierno mexicano: antes lo hizo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una gira que terminó envuelta en polémica y acusaciones cruzadas de boicot entre ambos países.

La diputada, licenciada y doctora en Historia por Oxford y exintegrante del Partido Popular, se presenta como defensora de las instituciones democráticas y crítica del populismo. Pero sus interlocutores en México tienen también sus propias batallas con el Estado: la Suprema Corte desechó por unanimidad, el 13 de noviembre de 2025,siete de los nueve amparos que el equipo legal de Salinas Pliego promovió contra créditos fiscales de Elektra y TV Azteca, y el 5 de marzo de 2026 desechó también los dos últimos recursos del total de 102 que Grupo Salinas interpuso durante cinco años.

El 1 de junio, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo pronunció un encendido discurso en la Universidad de la Libertad, en Ciudad de México, ante empresarios y académicos convocados por Grupo Salinas para celebrar el décimo aniversario de sus Consejos Consultivos Nacionales. “La soberanía mexicana enfrenta tres amenazas internas: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia.”

Lo que el evento no anunció con igual énfasis es el contexto en que ocurre: el anfitrión, Ricardo Salinas Pliego, enfrenta el mayor pago por un crédito fiscal en la historia de México, tras años de litigios con el SAT por adeudos de sus empresas Elektra y TV Azteca, con un acuerdo que implica cubrir más de 32 mil millones de pesos en pagos escalonados hasta 2027. Y apenas días antes del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente a la población no ver TV Azteca, acusando a la televisora de Salinas Pliego de difundir información falsa.

El discurso: soberanía como bandera opositora

Álvarez de Toledo estructuró su intervención alrededor de la palabra “soberanía”, ironizando que el gobierno mexicano la invoca mientras, según ella, la erosiona. Señaló al crimen organizado como el primer gran enemigo, citando el caso del llamado “Rancho del Horror” en Teuchitlán, Jalisco, los más de 134 mil desaparecidos y las madres buscadoras que rastrean restos humanos en terrenos baldíos sin respuesta institucional.

Como segundo fenómeno identificó al “populismo autoritario”, que según su diagnóstico desmantela contrapesos, captura al Poder Judicial y opera en colusión con el crimen organizado. El tercero fue la “mentalidad de dependencia”, argumentando que los programas sociales generan clientelas en lugar de ciudadanos autónomos.

El problema del mensajero y el mensaje

El discurso no es nuevo. Álvarez de Toledo ha participado en foros de Salinas Pliego en otras ocasiones, y su vínculo con el empresario es conocido en medios españoles. Tampoco es la primera española en pisar la Universidad de la Libertad para criticar al gobierno mexicano: antes lo hizo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una gira que terminó envuelta en polémica y acusaciones cruzadas de boicot entre ambos países.

La diputada, licenciada y doctora en Historia por Oxford y exintegrante del Partido Popular, se presenta como defensora de las instituciones democráticas y crítica del populismo. Pero sus interlocutores en México tienen también sus propias batallas con el Estado: la Suprema Corte desechó por unanimidad, el 13 de noviembre de 2025, siete de los nueve amparos que el equipo legal de Salinas Pliego promovió contra créditos fiscales de Elektra y TV Azteca, y el 5 de marzo de 2026 desechó también los dos últimos recursos del total de 102 que Grupo Salinas interpuso durante cinco años.

La frase que sintetiza la postura

“La elección es muy sencilla: soberanía o crimen organizado, soberanía o populismo autoritario, soberanía o dependencia”, declaró Álvarez de Toledo ante los aplausos del auditorio. La frase, pensada como un llamado a la acción, resume una narrativa opositora al gobierno de Sheinbaum que el foro de Salinas Pliego encontró conveniente amplificar.

Muchos de los problemas que la diputada enumeró —desaparecidos, violencia, captura institucional— son reales y documentados. La pregunta que queda abierta es si un foro financiado por un empresario en disputa abierta con el Estado mexicano es el espacio más neutral para discutirlos, o si la soberanía, como ella misma advierte de otros, también puede funcionar como coartada.

La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) salió al paso de los diferentes cuestionamientos que rodean a la entidad tras la divulgación de investigaciones periodísticas sobre millonarios convenios suscritos con diferentes organismos del Estado.

A través de un comunicado oficial, la organización rechazó de manera categórica los calificativos que la han señalado como un supuesto “contratadero” y defendió la legalidad de sus actuaciones.

El pronunciamiento se produjo luego de que Aldesarrollo volviera al centro del debate público por la firma de contratos y convenios por más de $150.000 millones con entidades nacionales, en medio de un contexto marcado por la cercanía de las elecciones de 2026 y las discusiones sobre los mecanismos de contratación pública en el país, de acuerdo con una investigación de La Silla Vacía.

Además, el medio en mención reveló la existencia de convenios suscritos con entidades como Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Minas y Energía; los recursos estarían comprometidos y están destinados a iniciativas relacionadas con economía popular, fortalecimiento de proyectos productivos, dotaciones comunitarias y programas de atención social.

El modelo de operación de Aldesarrollo fue cuestionado porque, aunque recibe recursos públicos mediante convenios directos, puede subcontratar la ejecución de los proyectos bajo reglas del derecho privado, lo que dificulta el seguimiento de los recursos.

La respuesta de la organización a las acusaciones

La entidad, que se define como una organización pública descentralizada sin ánimo de lucro integrada por instituciones de educación superior estatales y otras entidades públicas, aseguró que las publicaciones que la relacionan con ese tipo de calificativos afectan de manera injustificada su reputación institucional y desconocen el trabajo desarrollado durante años en diferentes regiones del país.

En su comunicado, Aldesarrollo señaló que expresiones como “contratadero” constituyen una estigmatización que desnaturaliza el papel de una organización creada para apoyar la ejecución de programas y proyectos de alto impacto social dirigidos a poblaciones vulnerables.

“Este tipo de estigmatizaciones impacta de forma grave la reputación institucional construida con base en el esfuerzo técnico y la transparencia, desnaturalizando el rol de una entidad pública cuyo fin primordial es aportar soluciones de alto impacto que transformen la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de nuestro país”, señaló la organización.

La organización también fue enfática en rechazar cualquier insinuación sobre eventuales irregularidades en la contratación: “Jamás, bajo ninguna circunstancia, esta institución ha violado ni omitido el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la contratación pública en Colombia”.

En su pronunciamiento, la organización defendió la pertinencia de los acuerdos suscritos con entidades públicas y sostuvo que estos surgen de requerimientos concretos de las instituciones estatales.

“Cada convenio y contrato suscrito por la entidad responde estrictamente a necesidades reales del Estado y se ejecuta bajo la rigurosa observancia de los principios de transparencia, eficiencia, idoneidad y estricta legalidad”, expresó.

Aldesarrollo insistió en que su actuación siempre ha estado enmarcada dentro de la ley y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades: “Ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con el correcto ejercicio de la función administrativa”.

“Tenemos total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes, con la absoluta certeza de que nuestras actuaciones siempre se han ajustado al derecho”, concluyó el comunicado.

El pronunciamiento se conoce en momentos en que la organización enfrenta un intenso escrutinio público por los millonarios convenios suscritos con entidades nacionales y por las advertencias formuladas desde distintos sectores sobre los mecanismos utilizados para la ejecución de recursos públicos. Aunque hasta el momento no existen sanciones que le impidan contratar con el Estado, el debate sobre el papel de este tipo de entidades continúa abierto.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9,6 millones, (40,90 %), resultado que pone a la izquierda con una desventaja de 673.138 votos en la línea de partida.

Por eso, Cepeda emplazó a De la Espriella, mediante un mensaje en X, a un debate sobre propuestas y planes de gobierno, algo que él mismo evitó antes de la primera vuelta.

"Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo", le contestó De la Espriella en la misma red social.

De la Espriella aprovechó su respuesta para volver a arremeter contra su rival, a quien llamó "cobarde" y lo acusó de haberse escondido durante la campaña mientras, según él, Petro hacía proselitismo a su favor.

"Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones", afirmó De la Espriella, sin aportar pruebas sobre esa acusación.

Poco después, Cepeda abrió una insólita discusión al criticar el uso de la camiseta amarilla de la selección colombiana por De la Espriella y sus seguidores para votar o hacer campaña política y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) una posición al respecto.

"El señor De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la selección Colombia. ¿De cuándo acá la selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?", expresó Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá.

La FCF respondió que "no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir" que cualquier persona puede comprar libremente, mientras que usuarios de redes sociales empezaron a publicar imágenes de Petro y otros miembros de su partido usando la misma camiseta en elecciones pasadas.

En la misma rueda de prensa, Cepeda dio marcha atrás en sus declaraciones del domingo cuando, al secundar la no aceptación por parte de Petro del resultado de la primera vuelta por supuestas irregularidades, dijo tener dudas sobre los mismos, una declaración que sentó mal en distintos sectores políticos.

"Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora, tengo que decir, que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades", expresó Cepeda.

Petro, que desde hace meses cuestiona la transparencia del sistema electoral colombiano, publicó anoche un mensaje en el que rechazó los datos divulgados por la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", dijo el mandatario, quien afirmó que el sistema informático tenía "800.000 personas adicionales" a las del censo electoral, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

El presidente reanudó hoy sus comentarios críticos y en un extenso mensaje en X acusó a la campaña de De la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, de haber comprado votos para la primera vuelta de las elecciones.

"Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, (a) 150.000 y 200.000 pesos (entre 42 y 56 dólares) el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos", expresó el presidente, sin detallar esa acusación.

Sobre las críticas de Petro a la organización electoral, se pronunció el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, quien aseguró que "no se conoce prueba o indicio" de las supuestas irregularidades en los resultados de los comicios.

Según Eljach, la información proporcionada por los delegados de la Procuraduría (Ministerio Público) "no constatan mesas impugnadas que demuestren miles de votos agregados", como dijo Petro.

"No existe en el ordenamiento jurídico colombiano ninguna disposición que le otorgue al presidente de la República competencia funcional para decidir la aceptación o no respecto de los resultados electorales, ni en la etapa del preconteo ni en la etapa del escrutinio", precisó el procurador.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió a los candidatos presidenciales promover "un clima de respeto y diálogo democrático durante la siguiente etapa del proceso".

Bogotá, 1 jun (EFE).- La campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia comenzó apenas unas horas después del cierre de las urnas con un intercambio de acusaciones e insultos entre el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que elevaron el tono de la confrontación política de cara a la votación del próximo 21 de junio.

De la Espriella llamó "cobarde" este lunes a Cepeda al responderle el emplazamiento a que hagan un debate de cara a la segunda vuelta, luego de que el izquierdista no aceptara ir a ninguno antes de la primera ronda que se celebró ayer.

Cepeda por su parte, acusó a su rival de "robar" al criticar el uso de la camiseta de la selección colombiana de fútbol por parte de De la Espriella y sus seguidores en actos de campaña, con lo que abrió un nuevo frente de discusión electoral.

"El señor De la Espriella acostumbra a robarse las cosas. Ahora se roba la camiseta de la selección Colombia. ¿De cuándo acá la selección Colombia es patrimonio de la campaña del señor De la Espriella?", expresó Cepeda en una rueda de prensa en Bogotá en la que admitió que no tiene evidencias de irregularidades en las elecciones de ayer como para cuestionar su resultado.

Durante su intervención de anoche ante seguidores en Bogotá, Cepeda, quien hizo uno de sus primeros discursos sin notas ni guión, dedicó buena parte del mismo a cuestionar la trayectoria personal y profesional de su rival, a quien calificó de representante del "fascismo mafioso" y definió como un "estafador de estafadores".

"El señor de la Espriella representa el fascismo, pero el fascismo mafioso", afirmó el candidato del Pacto Histórico, quien además lo acusó de ser misógino, homófobo y de encarnar el regreso a un pasado "parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto".

Cepeda sostuvo igualmente que un eventual Gobierno de De la Espriella significaría el desmonte de las principales políticas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro y advirtió que la izquierda debe "cerrar filas" para impedir su llegada al poder.

Horas después, desde Barranquilla y tras llegar a bordo de una embarcación por el río Magdalena, el más importante de Colombia, De la Espriella respondió con un discurso igualmente agresivo en el que arremetió tanto contra Cepeda como contra Petro.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria llamó a Cepeda "narcoterrorista", lo acusó de ser aliado de las antiguas FARC y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y aseguró que representa la continuidad de un proyecto político que, según él, busca perpetuarse en el poder.

"Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular", afirmó el aspirante ultraderechista, en referencia a los cuestionamientos del presidente al resultado preliminar del conteo de los votos, que dijo que no acepta.

De la Espriella también calificó al mandatario de "golpista", aseguró que pretende desestabilizar el país y describió la elección como una batalla definitiva entre la democracia y el comunismo.

El tono de ambos discursos contrastó con el de etapas anteriores de la campaña. Cepeda, que durante meses privilegió intervenciones leídas y centradas en propuestas programáticas, recurrió esta vez a ataques personales directos contra su adversario.

La dureza de los mensajes anticipa una segunda vuelta marcada por la polarización entre dos proyectos ideológicos opuestos y por una confrontación que comenzó incluso antes del escrutinio definitivo de la primera vuelta.

Bogotá, 1 jun (EFE).- La camiseta amarilla de la selección colombiana de fútbol se convirtió este lunes en objeto de controversia política después de que el candidato izquierdista Iván Cepeda cuestionara su uso por parte del ultraderechista Abelardo de la Espriella y de sus seguidores durante la campaña presidencial.

"¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?", preguntó Cepeda este lunes en X, y solicitó una posición oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El candidato del Pacto Histórico aseguró que De la Espriella y numerosos simpatizantes suyos utilizaron la camiseta amarilla de la selección como prenda distintiva de campaña durante la primera vuelta presidencial.

"La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional y tiene restricciones comerciales y políticas", afirmó Cepeda, quien calificó ese uso como un acto "oportunista" y pidió examinar sus posibles implicaciones jurídicas.

Durante la jornada electoral del domingo, miles de seguidores de De la Espriella acudieron a votar con la camiseta de la selección y por la noche llenaron el Malecón del Río de Barranquilla vestidos de amarillo para celebrar el paso de su candidato a la segunda vuelta presidencial.

Las prendas de la selección se mezclaron con banderas de Colombia y el saludo de "Firmes por la patria", popularizado por el candidato, mientras los simpatizantes celebraron al ritmo de la canción vallenata "Que me coma el tigre", en alusión al apodo con el que se conoce a De la Espriella entre sus seguidores.

El ultraderechista se convirtió en el candidato más votado en la primera ronda con 10,3 millones de votos y avanzó al balotaje del próximo 21 de junio frente a Cepeda, que obtuvo 9,6 millones.

La polémica coincide además con la proximidad del Mundial de Fútbol, para el que Colombia disputará este lunes un partido amistoso de despedida ante Costa Rica.

Poco después de la denuncia de Cepeda, la FCF emitió un comunicado en el que aseguró que "no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir" que cualquier persona puede comprar libremente.

La FCF afirmó que "en reiteradas ocasiones" hizo un llamado público para que sus marcas y distintivos no sean usados para otros fines fuera de lo deportivo.

"Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva", añadió la Federación.

En redes sociales se han publicado hoy fotografías de la campaña presidencial de hace cuatro años en la que el actual presidente Gustavo Petro luce la camiseta amarilla en actividades proselitistas.

"Es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó la mandataria al ser consultada sobre los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el domingo en Colombia.

Sheinbaum se refirió a los cuestionamientos expresados por Petro tras la divulgación del preconteo electoral, que dio como ganador de la jornada al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, con el 43,74 % de los votos, por delante de Cepeda, quien obtuvo el 40,9 %, por lo que ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio. EFE

“Hay que tener respeto por la decisión del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, manifestó.

Petro rechazó los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional de Colombia y aseguró que, como presidente, no acepta el preconteo, mientras espera el escrutinio oficial. Por su parte, Cepeda también expresó dudas sobre las cifras y habló de un presunto desfase de 885.000 personas en el censo electoral.

Ante estas denuncias, Sheinbaum insistió en que es necesario revisar los señalamientos antes de emitir conclusiones definitivas.

“Ya hay una denuncia por parte del presidente Petro, ¿no? Hay que estar atentos del conteo de los votos”, señaló.

La mandataria reconoció, además, una cercanía ideológica con el proyecto político encabezado por Petro y con las fuerzas progresistas de la región.

“Hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del presidente Petro e Iván Cepeda”, afirmó.

En ese contexto, la jefa de Estado vinculó el proceso electoral colombiano con lo que considera una ofensiva internacional de grupos de ultraderecha contra gobiernos progresistas.

“Y esa es la visión que a través, sí, de campañas mediáticas y de ultraderecha de Colombia, de Argentina, de España, de Estados Unidos y de otras partes del mundo se articulan y tienen dinero para influir en las redes sociales”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que estas campañas buscan influir en los procesos políticos de distintos países y defendió la necesidad de fortalecer la información pública y el debate político frente a esas estrategias.

No obstante, la presidenta mexicana reiteró que la decisión final corresponde exclusivamente a los ciudadanos colombianos y recordó que la contienda aún no concluye.

“Y ahí hay segunda vuelta. Entonces, hay que esperar también a la segunda vuelta”, concluyó.

A pesar de que el registrador Hernán Penagos realizó una gira de medios para explicar cómo es el escrutinio tras el cierre de las mesas de votación en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en redes sociales han sido tendencia varias publicaciones en las que se denuncia un presunto amaño.

Las publicaciones han incluido audios generados con inteligencia artificial o entrecomillados con declaraciones falsas sobre Penagos.

“A mí me da mucha pena con usted y su partido, pero yo no puedo hacer más por usted. Ya le he facilitado suficientemente las cosas. Tenga en cuenta que además de usted, tengo detrás a Uribe y a Gaviria. Y lo peor de todo es que el malparido de Petro nos la está poniendo difícil, muy difícil. Yo diría que lo mejor es de una forma que no sea tan evidente. Vamos a conseguir unos voticos fantasmas en el formulario E-14 en la mayoría de mesas, y además dejaremos algunas mesas en cero, o sea, sin reportar votos al Pacto Histórico para que sean el centro de atención. Esas mesas se corregirán en el escrutinio y así desvían su atención de los votos que le metimos. Yo diría que es la única opción”, se escucha en el audio que está siendo difundido en redes sociales.

Ante la gravedad de la información que se está compartiendo en X, Instagram y otras redes sociales, la Registraduría Nacional ha apostado por responder a este tipo de publicaciones para señalar que se trata de información falsa.

“No caigas en la desinformación”, es la respuesta de la entidad en las publicaciones que han sido compartidas por miles de internautas sobre un presunto fraude electoral.

El secreto detrás del rápido conteo de votos en Colombia

La jornada electoral en Colombia destaca por la velocidad y precisión en el conteo de votos, un proceso que ha captado la atención internacional. El país implementa un sistema mixto que combina el trabajo manual de los jurados de votación con herramientas tecnológicas auditadas, lo que permite obtener resultados preliminares en un plazo corto tras el cierre de las urnas.

Al finalizar la votación a las 4:00 p. m., los jurados de cada mesa inician el procedimiento de clasificación y conteo. Cada voto se verifica y se asigna al respectivo candidato, consignando los datos en el formulario oficial conocido como E-14. Este documento se elabora por triplicado: una copia se utiliza para transmisión, otra se remite a las autoridades judiciales y la última queda como respaldo. Todas las actas deben contener la misma información y ser firmadas por los jurados.

La eficiencia de este método radica en la transmisión inmediata de una de las copias del E-14. Los datos se reportan por vía telefónica desde los puestos de votación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que centraliza la información y emite boletines informativos durante la tarde. Este reporte inicial, conocido como reconteo, carece de valor jurídico vinculante, pero permite conocer tendencias en tiempo real mientras avanza el escrutinio oficial.

El respaldo tecnológico se limita a la consolidación y divulgación de la información. El software empleado es auditado por una firma internacional, que expone el código fuente para su revisión y garantiza la transparencia. La plataforma puede soportar millones de intentos de acceso externos, según las autoridades, sin comprometer la integridad de los datos.

El carácter manual del conteo, sumado a la participación de jurados con diferentes afinidades políticas y la vigilancia de testigos electorales, refuerza la confianza en el proceso. Las comisiones escrutadoras, conformadas por jueces de la república y representantes de los partidos, son las responsables de declarar los resultados oficiales una vez finalizado el escrutinio.

En el pódcast Por la ventana, al que fue invitado el presidente Gustavo Petro en el último capítulo que se estrenó, en la noche del 29 de mayo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue protagonista de una conversación con los humoristas Camilo Sánchez, Camilo Díaz y Emir Quintero que ha dado que hablar.

En primer lugar, Benedetti se presentó ante los comediantes para afirmar que admiraba su trabajo al crear contenido y estar al tanto de las redes sociales, algo que describió como nuevo y extraño para él.

“Ustedes son como alienígenas. El mundo de ustedes no lo entiendo, soy una persona que nunca ha hecho una transacción por teléfono, nunca he prendido como tal un computador, yo no sé nada. Yo entré a X en octubre de 2020 y a Instagram hace como seis meses”.

El ministro afirmó que no ha logrado conocer todo sobre las tendencias que, en su opinión, son cruciales para estar al tanto de los cambios que se registran en el mundo. “El verdadero poder hoy lo tienen los medios de comunicación, los jueces y ustedes (creadores de contenido)”, afirmó el barranquillero de 58 años.

El político rechazó tomar whisky con los comediantes porque sigue en su proceso de rehabilitación y afirmó que está de acuerdo con que el presidente pueda ser protagonista de entrevistas poco habituales, como la que sostuvo con ellos.

“Ese man es mamador de gallo, la gente cree que él es serio y tal, pero le gusta mamar gallo. Cuando yo vi que estaba saliendo en el carro, yo estaba muerto de la risa, pero sabía que eso iba a salir bien bacano”.

Benedetti reflexionó sobre las decisiones que ha tomado desde que incursionó en la política y reconoció que le gustaría dejar ese mundo en el corto plazo.

“Yo llevo desde el año 97, voy a cumplir 30 años. Ahora a mamar gallo, yo quisiera salir y aprender a jugar golf, lo que le queda a uno es aprender a jugar golf y que no me jodan tantos los enemigos, porque yo la he cagado es por tener tantos enemigos”, indicó el ministro del Interior.

Al recordar el tiempo que estuvo en el Congreso, el barranquillero de 58 años afirmó que es consciente de que la mayoría de polémicas que ha protagonizado es por meterse en temas que no eran de su incumbencia.

“Yo cuando me hacía elegir era porque me gustaba joder la vida, pero eso me ha traído enemigos, lo he pensado ahora de viejo, lo hubiera pensado de joven, pero para esa época uno se cree la verga y que le puede ganar a todos, y no es así. Hay unos huevones a los que les preguntan que cambiarían y dicen que harían todo igual, pero yo haría todo lo contrario, el peor error de la vida es ser así de visible. Me gustaría ser invisible, daría la vida, pero siempre, a donde voy, hay un colombiano que grita o se toma una foto. Gritan: ”Bandido, hijo de puta". No debí ser tan visible, porque todos los enemigos que tengo es por bocón, por sapo“.

A pesar de esa reflexión, el ministro del Interior afirmó que, aunque desea alejarse de la política, después de que termine el Gobierno Petro piensa que tiene posibilidades de ser alcalde de Barranquilla.

“Ahora hay una oportunidad de ser alcalde de Barranquilla. Estoy diciendo lo contrario de lo que acabo de decir. Sacar a esos manes de allá no es fácil, pero hay una oportunidad porque la gente está como cansada y están las condiciones”, declaró el ministro del Interior.

Antes de despedirse, Armando Benedetti se abstuvo de hablar sobre los comicios presidenciales. “Yo no puedo participar en política porque me joden, me suspenden de una”, indicó el barranquillero que aseguró que en el futuro aceptará subirse al carro del pódcast.

El pedido de elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos movilizó este sábado en Venezuela a más de mil personas en Maracaibo, capital del estado Zulia y ciudad fronteriza con Colombia. La manifestación, liderada por varios dirigentes opositores, marcó una nueva demostración pública del rechazo al actual gobierno chavista liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Entre las voces más notorias estuvo la de Juan Pablo Guanipa, quien afirmó que el estado vivió tantas situaciones dramáticas que “hoy se levanta y alza la voz” en busca de comicios presidenciales y “lograr el cambio político que aspira el país” tras la captura por parte de Estados Unidos al ex dictador Nicolás Maduro.

La convocatoria reunió a militantes de diferentes partidos, identificados por los colores de sus organizaciones, que atravesaron varias calles exigiendo elecciones libres. La marcha contó con la presencia de ex diputados como Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Andrés Velásquez, este último también ex gobernador del estado Bolívar.

La movilización sumó el regreso de Lester Toledo a Venezuela, quien había permanecido fuera del país durante una década por lo que denominó “exilio forzoso”. La presencia de Toledo fue recibida como un símbolo de la persistencia opositora al régimen que lideró Maduro.

En la marcha, una manifestante portó una máscara de cráneo y un cartel con la inscripción “Q.E.P.D. la revolución”, en alusión directa al oficialismo chavista

Guanipa cuestionó a Delcy Rodríguez, sostuvo que “no es legítima ni representa a nadie”, y remarcó: “No existe forma alguna de que ningún problema pueda ser resuelto mientras ella siga sentada donde no tiene que estar”.

El proceso de negociación propuesto esta semana por la mayoría opositora en el Manifiesto de Panamá también ocupó un lugar central en los discursos. Guanipa anticipó que “van a estar involucrados los Estados Unidos”, considerando que la presión internacional será clave para crear las condiciones necesarias para organizar comicios en los que, aseguró, la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado será candidata.

En palabras de Guanipa: “Estamos trabajando para que María Corina regrese lo más pronto posible y para que tengamos elecciones presidenciales lo más pronto posible”.

La situación política en Venezuela atraviesa una etapa de incertidumbre, ya que el relevo en la presidencia encargada y las tensiones internas mantienen en suspenso el acuerdo sobre una convocatoria electoral. Los sectores de la oposición consideran que solo una transición negociada, con respaldo internacional, podría destrabar la crisis institucional.

El ex gobernador Andrés Velásquez fue tajante: sin Machado, “no hay transición en Venezuela”. Además, expresó su confianza en que Estados Unidos será “el garante de lo que se acuerde” en la negociación. El sábado, la movilización en Maracaibo dejó en claro que las demandas opositoras por elecciones libres y garantías democráticas siguen en el centro del debate nacional.

Por otra parte, los manifestantes exhibieron carteles en apoyo a los presos políticos que aún están en las cárceles del territorio venezolano y no fueron amnistiados por la ley promulgada en febrero por el Gobierno chavista.

(Con información de EFE)

Entre los candidatos con más opciones de llegar a la Casa de Nariño hay opiniones divididas sobre este tema: algunos buscarán garantizar la continuidad de las negociaciones, otros pondrían condiciones que no están dispuestos a negociar y también están los que descartan dialogar con delincuentes.

Con ese panorama, en diálogo con Infobae Colombia, Luisa Lozano, profesora de la facultad de estudios jurídicos políticos internacionales de la Universidad de La Sabana, y Juan Nicolás Garzón, profesor del programa de Ciencias Políticas de la misma institución, analizaron el futuro de la implementación del acuerdo de paz y las negociaciones que siguen vigentes.

Lozano mencionó que se tiene claridad de que hay dos visiones diferentes de país entre los candidatos, lo que incluye una inclinación marcada en continuar con los ideales de la “Paz Total” que, en su concepto, ha fracasado.

“Si ganara la presidencia Iván Cepeda, probablemente veríamos una continuidad de la llamada ‘Paz total’, aunque ha dicho el candidato que haría algunos ajustes y condiciones a los grupos con los que se está negociando. Y con respecto a la implementación del acuerdo de 2016, el candidato Cepeda ha propuesto solicitar formalmente ante las Naciones Unidas una prórroga de cuatro años, buscando acelerar los temas de reforma rural, desarrollo territorial y garantías para las víctimas. En este escenario, la JEP y el sistema de justicia transicional seguirían siendo pilares fundamentales de todo el andamiaje institucional en Colombia”.

Entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aunque no están de acuerdo con seguir con las negociaciones, la experta mencionó que hay diferencias marcadas en sus métodos.

“En un escenario en el que ganara Paloma Valencia, se espera una visión más similar a la de Abelardo de la Espriella, de mano dura, aunque probablemente dentro de un marco más institucional, y podríamos ver una combinación de fortalecimiento de la fuerza pública, aumento del gasto en defensa y ruptura de las negociaciones actuales, pero no necesariamente desmontar todo el andamiaje jurídico del acuerdo de paz”.

Por último, Lozano indicó que es importante entender que en los escenarios posibles habrá “límites y riesgos”, y que en todos hay dependencia total de la capacidad institucional, los recursos fiscales, la presencia territorial y la legitimidad social.

Para Juan Nicolás Garzón, un hipotético triunfo de Iván Cepeda hará que la “Paz Total” se mantenga, aunque el candidato ha hablado de cambios drásticos para garantizar resultados a corto plazo.

“Por la trayectoria de Iván Cepeda, por sus declaraciones, por su visión de país, lo que podemos suponer es que se va a concentrar especialmente en este tema de paz. La agenda de Iván Cepeda es una agenda de paz y este ha sido un tema central a lo largo de su trayectoria”.

Con Abelardo de la Espriella en la presidencia, el experto anticipó que habrá un cambio total en el que las Fuerzas Militares tendrán que ser vitales para una confrontación directa con los grupos armados y delincuenciales.

“Esto puede llevar, por supuesto, a la confrontación. No hay necesariamente un esfuerzo mayúsculo, no hay un interés superlativo en materia de aproximaciones con grupos armados ni organizaciones criminales. Y en ese sentido, lo que podemos esperar es más bien una profundización en un discurso y en las acciones orientadas a robustecer la confrontación con estas organizaciones”.

En el caso de que Paloma Valencia sea la ganadora de los comicios, para Garzón será clave la importancia que tendrá Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, puesto que cree que podría ser importante en hipotéticos procesos de diálogo.

“Recordemos que Oviedo, parte de los acuerdos o puntos de encuentro que logró con Paloma Valencia de cara a esta elección, eran temas que tenían que ver mucho con los temas de implementación y con los temas de JEP, que son dos asuntos esenciales en la agenda de Oviedo”.

En ese sentido, para Garzón, un hipotético Gobierno de Paloma Valencia tendría la implementación del acuerdo de paz como un tema que no se abandonará y que podría ser clave para los énfasis en materia de seguridad.

La fuerte interna de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en que Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Comisión Directiva que encabeza Nicolás Pino, anticipó que lo enfrentará en la próxima Asamblea, derivó esta semana en una carta de 800 socios de los 14 distritos de la SRA en todo el país a favor de Pino y la confirmación de este de que irá por un cuarto mandato.

“Me sorprendió gratamente; estaba en Corrientes, no es menor recibir ese apoyo, lo venía percibiendo en las visitas por todo el país, personas que me decían ‘seguí vos” “ dijo Pino esta mañana, entrevistado en el programa ”La hora del campo”, por radio Continental.

Cuando lo consultaron sobre si habrá cambios en la lista que encabezará Pino dijo que todavía debe conversarlo con los miembros de su equipo, pero enfatizó un cambio obvio. “Desde ya tengo que pensar en un vicepresidente, el actual está por fuera de esto. Va a haber algunos cambios seguramente, pero muchos directores están entusiasmados en seguir”, respondió.

Sobre el desafío electoral que le planteó su vice, Pino señaló “Marcos (por Pereda) hace rato que viene en esa línea. En la elección anterior había tenido puntos de vista distintos de los nuestros y venía buscando apoyos para lanzarse. No esperaba la manera en que lo hizo y con tanta anticipación. El sigue siendo vicepresidente y que critique la gestión es medio raro. Y menos públicamente. Hay cosas que se discuten adentro, que no tienen por qué salirse de la institución. Tiraron hacia afuera intenciones y discusiones que son para adentro”.

Campaña

Cuando se le notó lo extraño de una campaña en que el presidente enfrente a su vice, Pino respondió: “campaña va a haber cuando estén las listas. Hoy hay dos personas que van a competir, tampoco es pelear. Atrás de esos nombres hay 47 cargos a cubrir. Campaña o interna va a haber cuando esté todo desarrollado. Yo hace 24 horas decidí encabezar. Del otro lado se nota un par de personas que hasta ahora critican a mi persona a través de medio y redes sociales”.

El titular de la SRA dijo que pidió a otros integrantes de la comisión directiva que le den “un poco de tiempo” para pensar quién irá de vicepresidente por la lista “Presencia Federal”, que encabezará nuevamente Pino. “Dentro del grupo hay personas con pergaminos suficientes para acompañarme. A la que le proponga seguramente va a aceptar. Es la ventaja de trabajar con ideas claras y tirar todos para el mismo lado”.

“Sorprendido”

Aunque se dijo “sorprendido” por la carta de apoyo de 800 socios que supuestamente lo decidieron a ir por un cuarto mandato, Pino dijo en otro tramo de la entrevista que venía pensando en esa candidatura desde el verano, “Cuando estuvimos dando vueltas por la Patagonia, empecé a pensar porque escuchaba personas, socios, delegados que me decían ‘no te bajes, quedate, acompañanos’. Ahí empecé a pensar que era factible. Pensé que evidentemente estamos haciendo las cosas bien”.

Pino precisó que la SRA, una entidad de 160 años de existencia, tiene cerca de 4.000 socios, de los que habitualmente en las Asambleas en que se cambia la comisión directiva votan entre 1.200 y 1.300, pero que en algunos años, en las más competitividad, votaron entre 1.600 y 1.700 socios. Lo que nunca pasó, enfatizó, es que un vicepresidente desafiara al presidente de la comisión directiva que también integra.

“Capaz es una incapacidad mía no entender que un vicepresidente de la Rural critique una gestión de la cual es parte. Es bueno que socios se quieran involucrar en una institución de 160 años, pero sea el vicepresidente suena raro”, afirmó. Además, dijo que un cuarto mandato está dentro de los estatutos actuales de la Rural. La institución cambió las reglas al respecto en 2023, cuando Pino iba por su segundo mandato, estableciendo un límite de tres mandatos consecutivos para que una misma persona ejerza la presidencia. Este cambio, entró en vigencia a partir de su inscripción ante la Inspección General de Justicia en julio de 2023.

Cuarto mandato

Pino aclaró que de ganar en la Asamblea de septiembre sería su cuarto mandato y agregó: “cuando asumimos propusimos poner un límite y el socio lo aceptó: el presidente tiene tres períodos y eso empezó a correr desde que el cambio se produjo. Cuando te dicen barbaridades que legalmente o estatutariamente no se puede, no entiendo. Está todo dentro de lo que se puede y debe hacer”.

Pino se enfrentará a Marcos Pereda, con quien mantiene una fuerte interna desde septiembre del año pasado. Pereda forma parte del grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al límite fijado por la propia conducción en 2023.

En una carta a los miembros de la entidad, ese sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”. Pino sostiene que los mandatos deben contarse desde la modificación y no desde la asunción de la fórmula.

Otra diferencia es la relación con el Gobierno. Pino tiene un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente Javier Milei. Pereda y otros miembros reclaman una conducción más combativa, sobre todo para lograr la eliminación de las retenciones, aunque el espacio de Pino reafirmó su compromiso con la eliminación total de las mismas.

El traspié de Pereda

La interna ruralista tuvo un sacudón cuando Milagros Pereda, hija del dirigente, asegurara que es vegana y que su padre "es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

Pereda reaccionó de inmediato ante esa declaración, que lo debilitaba en una entidad fuertemente ganadera y declaró al respecto. “Mi hija tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”.

Luego de que la Justicia Federal resolviera intervenir al Partido Justicialista (PJ) de Salta, este viernes el interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta convocó a elecciones internas para el domingo 2 de agosto de 2026. Tras establecerse un cronograma con plazos breves, la decisión fue cuestionada por parte del sector que se encolumna detrás de la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

El calendario electoral estará compuesto por cuatro etapas. Primero, la presentación de afiliaciones, seguida por la exhibición de padrones provisorios y definitivos, la presentación y oficialización de listas de candidatos y, finalmente, la votación.

Aunque desde el sector interno del partido señalaron que la velocidad de los trámites podría condicionar la competencia y favorecer a quienes ya cuentan con una estructura territorial consolidada, el ex interventor que había sido designado por el PJ nacional, Pablo Kosiner, expresó su preocupación por el acotado plazo de tiempo brindado para presentar las afiliaciones.

“Esto de dar quince días para presentar una lista y cuatro días para presentar la ficha de afiliación es prácticamente negar la posibilidad de participar a todos aquellos sectores que tengan voluntad de hacerlo y que no tengan ninguna estructura oficial atrás de ellos”, cuestionó el dirigente durante una breve entrevista con Radio Salta.

Al hacer mención al antiguo cronograma que habían planteado durante su co-conducción con Nora Cannuni, Kosiner destacó que durante su gestión anterior se buscaba un proceso territorial y más extenso que permitiera recuperar masa de afiliados y fortalecer la representatividad del partido.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el ex interventor del PJ salteño alertó que en el primer relevamiento sobre padrones detectaron solo 650 afiliados menores de 25 años sobre 90.000, lo que significó una pérdida de entre 25.000 y 30.000 afiliados.

Bajo su punto de vista, la falta de internas y elecciones PASO provocó una fuga de afiliados hacia otros partidos, debiendo ahora reconstruir la base de militancia. Por este motivo, advirtió que la situación afecta la representatividad y la legitimidad del proceso interno, anticipando que su sector probablemente no participará de las internas debido al carácter restrictivo del cronograma.

“Sospechamos que volverá a haber como una lista casi única de quienes estaban a cargo del partido antes de que se haya intervenido”, apuntó. Tras criticar la intervención judicial desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Kosiner cuestionó su legitimidad para organizar elecciones provinciales. “Perjudicará a otros sectores, sobre todo a los más pequeños”, denunció al indicar que el sector había apelado ante la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Por su parte, el interventor Gambetta señaló que la convocatoria busca legitimar las autoridades y fortalecer la unidad partidaria. “La clave es que se convoquen elecciones para que haya autoridades legitimadas y para que la unidad pueda alcanzarse de manera más natural, ya sea antes o después de los comicios”, planteó tras advertir que mantener el partido bajo intervención prolongada debilita su democracia interna.

Desde el sector saencista se expresó disposición a competir. Una fuente indicó que Gambetta es percibido como “mucho más neutral” y anticipó que ya están reuniendo la documentación para presentar lista. Además, destacaron la importancia del trabajo territorial para armar listas competitivas y mencionaron que la clave será dialogar con los cinco departamentos principales —San Martín, Güemes, Orán, Metán y Capital—, sumado a la articulación regional en áreas como la Puna y los Valles.

La intervención del espacio peronista salteño fue dispuesta por la jueza María Servini de Cubría hace dos semanas, luego de que el partido permaneciera intervenido desde el 24 de febrero de 2025 por decisión de las autoridades partidarias a nivel nacional.

En aquella oportunidad, la presidenta del PJ nacional había designado como interventores a Sergio Berni y María Luz Alonso. No obstante, Kosiner y Cannuni fueron nombrados en reemplazo y, tras permanecer más de un año a la cabeza, fueron desplazados por la Justicia Federal al plantearse que la duración de la medida se había convertido en un “mecanismo abusivo”.

Pese a que las antiguas autoridades habían convocado a elecciones para el 25 de octubre de este año, este cronograma quedó trunco por disposición judicial, debido a que indicaron que el llamado electoral fue tardío. No solo por el tiempo que demoraron en proponerse la fecha, sino por el plazo que quedaba por delante.

En paralelo, durante el congreso nacional del PJ celebrado el 20 de mayo, los afiliados votaron por la realización de elecciones en octubre en los partidos intervenidos, es decir, Salta y Jujuy. Sin embargo, se trataría de una propuesta contraria a la decisión judicial.

El Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia decidió otorgar un amparo provisional y dejar sin efecto la reciente reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el periodo 2026-2030. Según detalló Emisoras Unidas, esta medida responde a una serie de acciones legales interpuestas por grupos universitarios y candidatos opositores, quienes han cuestionado la legalidad y transparencia de los procesos electorales internos.

De acuerdo con información publicada por Emisoras Unidas, el tribunal suspendió tanto la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario como la del Consejo Superior Universitario (CSU), que había avalado la votación realizada el 8 de abril. La reelección de Mazariegos había sido ratificada tras una reunión del CSU el 17 del mismo mes, en medio de protestas y denuncias de irregularidades por parte de estudiantes, organizaciones sociales y pueblos indígenas.

En una resolución emitida el 5 de mayo, el tribunal de amparo ordenó la suspensión de la sesión dirigida por la comisión del Cuerpo Electoral Universitario, así como de la sesión del Consejo Superior Universitario que avaló el proceso desarrollado el 8 de abril en Antigua Guatemala., de acuerdo al citado medio.

Rodolfo Chang, candidato del movimiento USAC DIRE, celebró la medida judicial en redes sociales. “La justicia y la legalidad nos ha dado la razón. Nuestro equipo ha logrado una sentencia histórica”, afirmó Chang

Durante la sesión del CSU del 17 de abril, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic, argumentando que el legislador carecía de legitimación activa para impugnar la designación de Mazariegos. La ratificación de la reelección, pese a las objeciones, provocó nuevas manifestaciones y comunicados tanto a nivel nacional como internacional.

Emisoras Unidas destacó que el movimiento USAC DIRE y otros grupos universitarios han insistido en la necesidad de restablecer la autonomía universitaria y de asegurar procesos electorales legítimos. Entre las denuncias expuestas se encuentran la supuesta exclusión de cuerpos electorales y la falta de acatamiento de resoluciones judiciales previas, así como la ausencia de la constancia transitoria de inexistencia de cargos, conocida como “finiquito”, por parte del candidato declarado ganador.

USAC, en el centro del debate

El caso de la Universidad San Carlos ha generado un amplio debate en el ámbito académico y político de Guatemala. La reelección de Mazariegos ha estado marcada por numerosas protestas, tanto dentro como fuera de la universidad, así como por el pronunciamiento de entidades nacionales e internacionales que han exigido el respeto a los principios democráticos y la transparencia en los procesos internos.

La decisión del Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal introduce un nuevo escenario en la vida universitaria guatemalteca, en un contexto donde la comunidad académica y la sociedad civil demandan garantías de legalidad y respeto a los valores democráticos.

El proceso de elección de rector queda ahora en suspenso, a la espera de resoluciones definitivas y posibles nuevas convocatorias, mientras persiste la vigilancia y el reclamo por mayor transparencia en la máxima casa de estudios del país centroamericano.

Antes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, diferentes sectores han pedido que la Registraduría Nacional garantice que no existirá ningún tipo de fraude durante los comicios.

En la tarde del 29 de mayo, la congresista Aída Avella alertó sobre la presunta irregularidad que se estaría registrando y aseguró que habido sido suprimido el método con el que se regula la hora en la que es ingresada la información de los E14, documento oficial y acta de mesa donde los jurados de votación en Colombia registran los resultados del conteo de votos, y que esto mismo estaba pasando con las garantías para evitar que no sean alterados los datos registrados.

“Después de actuar con funcionarios de la Registraduría, constatamos que:· Suprimieron la Estampilla de Tiempo, que muestra a qué hora ingresa la información de los E14. Suprimieron el Candado Hash, que garantiza que no se pueden alterar los datos emitidos", escribió Avella.

En su cuenta de X, Gustavo Petro preguntó a la Registraduría Nacional por esta situación y pidió saber cuáles serían las garantías para que el escrutinio no sea alterado.

Registraduría le respondió al presidente

Mediante la misma red social, la entidad respondió a las inquietudes del mandatario nacional, al que le recordaron que la publicación de la congresista se refiere a temas de digitalización de actas y no de escrutinio.

Buscando responder las dudas que tiene el mandatario sobre la transparencia de las elecciones, la Registraduría hizo las siguientes precisiones:

• La publicación de las actas E-14 en la web de la Registraduría tiene la trazabilidad de toda la información de fecha y hora de publicación, que es conocida por las organizaciones políticas.
• El código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las 122.016 mesas.
• Cada una de las 122.016 mesas están identificadas por un código QR y un código de barras que puede ser verificado en la imagen descargada.

La Registraduría aprovechó para recordar que en Bogotá, más específicamente en Corferias, podrán votar 271.574 ciudadanos.

Cabe recordar que no es real el mito de que todas las personas pueden votar allí. Solo podrán ejercer su derecho en este sitio aquellas personas que tienen expedida su cédula entre 1988 y 2003 en la capital del país y hasta el momento, no han hecho ningún cambio de su lugar de votación.

En Bogotá, el censo electoral es de más de seis millones de personas, habrá 17.162 mesas de votación en 1.083 puestos, de los cuales 216 son de biometría.

El registrador Hernán Penagos también defendió la transparencia de los comicios y recordó que en las elecciones legislativas no se registró ningún problema.

“Qué más ejercicio de realidad para darle tranquilidad a la ciudadanía y a todas las campañas políticas que unas elecciones que se hicieron hace dos meses y se hicieron bien, con resultados casi perfectos de preconteo“, afirmó Penagos, que descartó que exista algún tipo de riesgo electoral y le recordó a los detractores de esto que durante los últimos meses se reunió con todas las candidaturas para conocer las denuncias y dudas que tenían antes del 31 de mayo.

“Semanalmente, el equipo de la Registraduría se reúne con todas las campañas para recibir cualquier reclamo o incidencia frente al proceso electoral. Hubo un plan de auditorías robusto como nunca en la historia de Colombia”.

En medio de una fuerte interna, el actual presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anunció su candidatura para presidir nuevamente la entidad, de cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 9 de septiembre.

Según fuentes de la SRA, Pino oficializó su decisión tras el aval explícito expresado en un documento que contó con el registro de más de 800 socios de los 14 distritos de todo el país, que dieron apoyo para el lanzamiento de la corriente Presencia Federal.

“El campo está frente a un momento clave del país y del mundo, con grandes desafíos y oportunidades. Tengo la firme convicción para dar un paso más en el camino transitado y así, junto a un equipo profesional, poder terminar con la tarea que nos hemos propuesto”, dijo Pino

“En esta etapa de nuestro país no solo hemos alcanzado una rebaja en las retenciones, cuestión sobre la cual tuvimos novedades en los últimos días, sino también una mayor previsibilidad: tenemos más claridad en las decisiones de largo plazo que debe tomar el productor. Va mi compromiso y convicción para acompañar este proceso virtuoso que protagoniza el campo argentino, con acción gremial, fortaleciendo su integración al mundo para beneficiar a todos los productores y al conjunto de la nación”, agregó.

El dirigente se enfrentará con Marcos Pereda, el actual vicepresidente de la entidad, con quien Pino mantiene una fuerte interna desde septiembre del año pasado. Sucede que Pereda forma parte del grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por la propia conducción en 2023 de tres mandatos consecutivos, que rompía con la posibilidad de permanencia indefinida en el cargo.

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, señalando que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

Pino considera que los mandatos deberían contarse desde la modificación y no desde la asunción de la fórmula, con lo cual le quedaría aún un período para gobernar.

Otro punto de conflicto fue el posicionamiento frente al Gobierno: Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente Javier Milei, mientras que Pereda, junto a otros miembros, reclamaban una conducción más combativa, sobre todo para lograr la eliminación de las retenciones.

En ese marco, Pino remarcó que “somos los únicos que podemos seguir siendo un puente de diálogo, con voz firme y escuchada en todos y cada uno de espacios de decisión del país. Con una agenda concreta para que cada productor y socio de la entidad pueda producir más con menos trabas. Pisamos la tierra, conocemos de cerca la lucha cotidiana de cada productor del país”.

“Es muy sano que haya competencia electoral y que el socio pueda decidir libremente en función de la trayectoria, los logros alcanzados, los objetivos propuestos y, por sobre todas las cosas, validar la capacidad para entender la dimensión de los desafíos y estar cerca de cada productor del país, entendiendo que nuestra entidad es federal y con múltiples realidades por cada actividad y dentro del contexto en el que se desarrollan las economías regionales”, destacó.

Y concluyó: “Hemos logrado muy buenos resultados que están a la vista con una entidad saneada económica y financieramente y mejorada en múltiples aspectos, entre ellos, haber logrado la nueva sede de Palermo, la puesta en valor de la casa histórica de la calle Florida, aportar transparencia al impulsar el voto electrónico y terminar con las reelecciones indefinidas”.

El espacio de Pino reafirmó su compromiso con la eliminación total de las retenciones, a fin de liberar de carga impositiva al sector agropecuario y propone impulsar mejoras en rutas, caminos, puertos y conectividad en todo el territorio, para facilitar el acceso de la producción nacional tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

En materia institucional, la agrupación se compromete a gestionar la resolución definitiva de los conflictos judiciales pendientes sobre el predio de Palermo, garantizando la titularidad y propiedad plena del espacio. Asimismo, se buscarán alternativas de financiamiento público-privadas orientadas a reducir las tasas de endeudamiento para productores que buscan crecer e invertir.

Como meta adicional, plantea completar la digitalización total de los sistemas informáticos de la SRA, permitiendo realizar trámites y procesos internos de manera ágil y sin demoras.

La interna con Pereda persiste y es probable que se profundicen las tensiones durante los próximos meses, a medida que se acerquen los comicios. En los últimos días sumó un nuevo capítulo luego de que Milagros Pereda, hija del dirigente, asegurara que es vegana y que su padre "es muy inteligente y sabe que el futuro tiene que ser sin carne”.

La respuesta de Pereda ante esas declaraciones fue inmediata: “Respeto a mi hija, ella tiene derecho a decir lo que piensa. Y yo a respetarla. En mi caso particular, no representa en absoluto mi forma de pensar al respecto y aclaro que siempre fui un defensor de la actividad ganadera como uno de los pilares centrales del desarrollo del país”.

“Como productor agropecuario de décadas, creo que Argentina no solo tiene que avanzar en el sector sino que debe conquistar nuevos mercados para vender nuestra carne en todo el mundo. Así lo vengo manifestando desde siempre y lo seguiré haciendo. Y a los que quieren aprovechar el tema llevándolo a la campaña electoral, lo entiendo pero no lo comparto”, agregó.

El Senado aprobó la madrugada de este viernes 29 de mayo y en una discusión de sólo 35 minutos la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, el mecanismo que busca filtrar a aspirantes que tengan presuntos vínculos con el crimen organizado antes de que los partidos los registren ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La votación fue de 85 a favor y 40 en contra en lo general, y de 84 a favor y 41 en contra en lo particular. Al ser una reforma a ley secundaria, el decreto va directo al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta aprobación el Senado concluyó sus actividades del periodo extraordinario de sesiones.

Comisiones devolvieron el turno y el pleno tomó el asunto de urgencia

El proceso fue atípico. La minuta llegó al Senado y fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, que ya habían publicado en la Gaceta del Senado una convocatoria para reunión extraordinaria el viernes 29 de mayo a las 8:00 horas en las Salas 2, 5 y 6 del Hemiciclo. El orden del día incluía la lectura, discusión y aprobación del dictamen.

Pero pasadas las 2:00 de la madrugada, las presidencias de ambas comisiones enviaron un oficio a la Mesa Directiva para solicitar que se les retirara el turno. Con eso, el pleno tomó el asunto directamente.

Al tratarse de materia electoral, el pleno lo declaró de urgente resolución y le dispensó trámites, lo que permite saltarse el paso de comisiones e iniciar la discusión de inmediato. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, justificó la urgente resolución con el argumento de que la proximidad de los procesos electorales “obliga al Senado a adoptar decisiones oportunas que permitan generar certeza jurídica y confianza ciudadana en torno a las personas postuladas para cargos de elección popular”.

La periodista Leti Robles de la Rosa documentó en redes sociales que en solo 35 minutos el pleno discutió y aprobó la minuta. En lo particular, cuatro senadores del PAN y del PRI presentaron reservas, pero fueron desechadas por la asamblea.

Un senador cambió su voto entre la votación en lo general y la votación en lo particular: de favor a contra.

El debate en tribuna

La senadora morenista Lilia Margarita Valdez Martínez defendió la reforma y dijo que la comisión operará como un órgano técnico permanente del INE que desplegará un mecanismo de análisis de riesgo sobre las candidaturas postuladas por partidos políticos y candidaturas independientes.

La panista Laura Esquivel Torres cuestionó que el proyecto no plantea sanciones, nulidad de elección ni pérdida de registro para el partido que postule a un candidato con vínculos delictivos. “Se quieren lavar las manos”, señaló.

Por el PVEM, María del Rocío Corona Nakamura sostuvo que la propuesta resuelve desde la raíz la integridad de un candidato mediante un cruce de información interinstitucional y que responde a la preocupación de años sobre intereses ilícitos que intentan acercarse a espacios públicos.

El priista Ángel García Yáñez advirtió que las elecciones deben decidirse en las urnas, “no en los escritorios oficiales ni mediante interpretaciones ambiguas hechas a modo”.

El emecista Néstor Camarillo Medina fue más directo: dijo que no se necesita crear una comisión en el INE para saber quién viola la ley, sino que la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades de seguridad “hagan su trabajo y detengan a los delincuentes”.

Qué establece la ley aprobada

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas recibirá de los partidos políticos, o de quienes aspiren a una candidatura independiente, los listados de personas que pretendan postularse a cargos de elección popular federales o locales, antes de su registro ante la autoridad electoral.

Con esos listados, en coordinación con la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizará un análisis de riesgo sobre cada perfil para determinar la existencia o no de un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas.

La participación es voluntaria para los partidos y para los aspirantes a candidaturas independientes. La información entregada puede ser total o parcial. El organismo no acusa, no juzga ni restringe derechos políticos: sus resultados son de carácter informativo y cada partido decide si los usa o no al momento de registrar a sus candidatos.

El INE emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento interno de la comisión, los plazos y los criterios aplicables, así como los mecanismos para la protección de datos personales. Las erogaciones se cubrirán con cargo al presupuesto ya aprobado al INE, sin recursos adicionales.

La minuta que llegó al Senado ya incorporaba un cambio respecto al dictamen original: la Comisión quedó integrada por tres consejeras o consejeros electorales, en lugar de cinco como planteaba la iniciativa presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa reducción fue aprobada en Diputados mediante una reserva presentada por legisladores de Morena, con el argumento de eficientar la toma de decisiones.

La presidencia del organismo será rotativa y se designará anualmente entre sus propios integrantes. La comisión deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027, año en que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

El resto del paquete del periodo extraordinario

El narcoregistro fue el último de tres decretos aprobados durante el periodo extraordinario. Los otros dos son reformas constitucionales que aún deben ratificarse en al menos 17 de los 31 congresos estatales antes de publicarse en el DOF.

La reforma judicial aplaza la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación del 2027 al primer domingo de junio de 2028, para evitar que coincida con los comicios federales y locales.

Incluye además la habilitación de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF en funciones para reelegirse en 2028, lo que les permitiría acumular hasta 17 años en el cargo. El Senado la aprobó con 87 votos a favor y 41 en contra.

La reforma al artículo 41 constitucional establece como nueva causal de nulidad electoral la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en procesos electorales mexicanos para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos.

El Senado la aprobó con 85 votos a favor y 42 en contra. Ambas reformas fueron impulsadas por el bloque de la 4T —Morena, PVEM y PT— y rechazadas en bloque por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El sector mayoritario de la oposición venezolana propuso una negociación política “seria, firme y responsable” con el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y con la participación de Estados Unidos para restaurar la democracia en Venezuela.

La iniciativa, dada a conocer el jueves por la noche y denominada "Manifiesto de Panamá“, cuenta con el respaldo de la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición María Corina Machado y el dirigente exiliado Edmundo González Urrutia.

Según el comunicado difundido en redes sociales por parte del Comando con Venezuela, el proceso de diálogo estaría encabezado por Machado, y tendría como objetivo principal la organización de “una elección presidencial libre, transparente y soberana” bajo observación internacional

Para los impulsores de esta propuesta, resulta indispensable renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y designar “personalidades independientes y respetables” al frente del organismo, actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo.

El documento añade que el proceso electoral requiere de un cronograma “viable y verificable” y de la creación de condiciones políticas favorables. Entre las demandas prioritarias se incluye la liberación plena de los presos políticos, tanto civiles como militares, así como la garantía de un retorno seguro para los exiliados. El texto también menciona la necesidad de “la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas”.

La oposición convocó a conformar “un gran acuerdo nacional para la recuperación de la república” con la participación de partidos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera del país.

El bloque afirmó que ese acuerdo proporcionará “la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”.

Los pormenores del texto compromete a la alianza opositora a impulsar los mecanismos necesarios para alcanzar una transición democrática, mantener un mensaje “único, coherente y coordinado hacia el mundo, en estrecha alineación con los aliados democráticos”, y establecer mecanismos permanentes de consulta ciudadana y coordinación interna para asegurar el camino hacia la libertad.

Según el sector mayoritario opositor, el país atraviesa “la hora decisiva de su historia republicana”, mientras las Américas tienen la oportunidad de “construir un bloque de naciones libres, prósperas y soberanas”. El grupo expresó su reconocimiento al plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) impulsado por Estados Unidos para Venezuela.

“El tránsito democrático nos exige unidad y visión de Estado. Esa unidad de la nación no es una consigna: es un compromiso, un modo de obrar, una responsabilidad y la herramienta más poderosa al servicio de la libertad”, sostiene el pronunciamiento denominado Manifiesto de Panamá, firmado por dirigentes opositores venezolanos junto a Machado el pasado fin de semana.

Durante una rueda de prensa el fin de semana pasado, la Premio Nobel de la Paz confirmó su candidatura presidencial en elecciones “limpias y libres” y sostuvo que “no está en duda” la salida de Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero en Caracas.

En ese sentido, respondió que competiría “con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato” si se convocan dichos comicios. “Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, señaló al ser consultada sobre si se presentará como aspirante presidencial en los comicios.

Machado también se refirió a su posible regreso a Venezuela en el corto plazo: “Coordinado con el gobierno de Estados Unidos, lo hemos estado conversando. Son nuestros principales aliados y, y hay claridad de que mi regreso, como el de los demás compañeros, tiene un propósito: acompañar y fortalecer el plan que ha presentado el secretario de Estado en sus tres etapas y prepararnos para la cuarta fase. Esa es la nuestra, de la reconstrucción de nuestro país”. Y aseveró: “La respuesta es sí y, y será pronto”.

La líder de la oposición se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un escape del país para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Desde entonces, no regresó al país, aunque semanalmente reafirme su deseo de regresar al país caribeño.

(Con información de EFE)

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen a la iniciativa presidencial para crear e integrar la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual tendrá la finalidad de evitar que haya aspirantes a cargos populares vinculados con el crimen organizado.

En un comunicado, la Cámara de Diputados detalló que la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales fue aprobada con 316 votos a favor y 123 en contra, durante la continuación de la segunda sesión extraordinaria.

¿En qué consiste?

Su función será recibir, de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de quienes pretendan postularse a cargos de elección popular, federales o locales, antes de su registro ante la autoridad electoral.

Con esa información, y en coordinación con instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y finanzas, se realizará un análisis de riesgo sobre los perfiles.

El documento precisa que la entrega de información podrá ser total o parcial y será voluntaria por parte de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente.

Los partidos políticos deberán establecer mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad para que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo, en los términos previstos en la ley.

Con base en la información que les proporcione la Comisión de Verificación, los partidos políticos determinarán la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.

La comisión también deberá garantizar la confidencialidad de la información recibida y remitirla a las instancias competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y finanzas, para que determinen la existencia o no de un riesgo razonable sobre posibles actividades delictivas relacionadas con las postulaciones propuestas por los partidos políticos o, en su caso, por quienes aspiren a una candidatura independiente.

Poteriormente notificará sobre los hallazgos a los partidos políticos o a las personas que aspiren a una candidatura independiente el número y las instancias competentes.

El dictamen puntualiza que, al margen de lo anterior, si las instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y finanzas encuentran información relevante, conforme a sus atribuciones, iniciarán o continuarán las investigaciones que correspondan.

Para su funcionamiento, la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas se integrará por cinco consejeras o consejeros electorales, con duración de tres años en el encargo. La presidencia será rotativa y se designará anualmente entre sus integrantes.

La reforma plantea cambios al artículo 42, numeral 2, y la adición del Título Segundo Bis al Libro Cuarto, que incluye los artículos 200 Bis, 200 Ter y 200 Quater de la ley.

En el régimen transitorio, se establece que la comisión deberá estar integrada, instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Las instancias competentes serán la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas definirán la metodología y los criterios para sus evaluaciones de riesgo y, con base en ello, determinarán la existencia de un riesgo razonable a partir del análisis de información indiciaria que permita presumir vínculos con actividades delictivas.

Las erogaciones derivadas de la entrada en vigor del decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Nacional Electoral, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para estos fines ni en los ejercicios fiscales subsecuentes.

En la fundamentación, se indica que la Comisión de Reforma Política-Electoral considera que la propuesta no solo crea una comisión, sino que impulsa una nueva arquitectura institucional de colaboración democrática orientada a proteger, desde un diseño preventivo, la calidad de la representación política.

También sostiene que los beneficios identificados permiten afirmar que la reforma no es una modificación meramente administrativa ni una innovación procedimental aislada, sino una transformación cualitativa del modelo de integridad electoral mexicano, orientada a fortalecer la democracia desde una lógica de prevención, corresponsabilidad institucional y construcción de confianza pública.

La creación de la comisión se plantea como una respuesta legislativa pertinente, moderna y alineada con mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza democrática.

El dictamen subraya que no se trata de limitar derechos ni de desconfiar de la política, sino de elevar estándares democráticos y construir confianza pública. Añade que se trata de una reforma institucionalmente pertinente, democráticamente necesaria y jurídicamente sólida para fortalecer la calidad de la democracia mexicana.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma para permitir que las elecciones en México se puedan anular por injerencia extranjera, que propuso Ricardo Monreal, legislador de Morena y presidente de la Junto de Coordinación Política (JUCOPO).

La inicitiva para adicionar un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política obtuvo 307 votos a favor y 128 en contra, durante la continuación de la segunda sesión extraordinaria y fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

“Aprobado por 307 votos lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso A a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al finalizar la votación.

La reforma suma una cuarta causal para anular elecciones por presunta injerencia extranjera, en un contexto de choques entre Morena y la oposición tras la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y sus reuniones con políticos del PAN, así como el planteamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre intervenir contra el narco en México.

A esto se suma, que recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum acusó “una ofensiva” en contra de su gobierno por parte de la oposición con apoyo de la derecha internacional.

Sheinbaum ve un “riesgo real” de una injerencia extranjera en las elecciones

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria afirmó que anteriormente se han registrado “financiamientos desde fuera” a candidatos y organizaciones en México, por lo que ve un riesgo real en que haya una injerencia extranjera en las elecciones.

Acusó que uno de estos presuntos casos es el de la organización ‘Mexicanos contra la corrupción’, quienes de acuerdo con la mandataria, fue financiada por “instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata”.

“En la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos”, agregó.

Sin embargo, destacó la importancia de establecer los lineamientos para determinar qué se considerará una injerencia extranjera.

“Tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no”, comentó.

Descartó que la reforma sea “un argumento” de su gobierno “para garantizar el poder a Morena” tras las críticas de la oposición e incluso hizo un llamado a que todos los mexicanos estén en contra de la injerencia extranjera.

“No hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México. O sea, quien vota en contra de esta propuesta, pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México”, puntualizó.

¿En qué consiste?

De acuerdo con Monreal, la iniciativa de reforma constitucional y modificaciones a leyes secundarias establece una nueva causal de nulidad electoral cuando se compruebe la intervención de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras en procesos electorales mexicanos.

“Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, explicó el legislador en conferencia de prensa.

Previo a la aprobación, el artículo 41 constitucional contemplaba solo tres causales de nulidad electoral: rebasar el tope de gastos de campaña, contratar cobertura informativa indebida y utilizar recursos de procedencia ilícita.

Cualquier reforma electoral, nos parece que debe cumplir al menos tres requisitos, ya que es una ley con una mayoría especial, la mitad más uno de los miembros de cada Cámara, estén o no presentes.

El primer requisito es el de generar una política de Estado que mire hacia el futuro en cuanto al mejoramiento. En este caso, en lo electoral.

El segundo, que esa propuesta sea desde una mirada de estadistas y no de especulación político-partidaria para servirse de ella en el corto plazo.

El tercero, que genere en la previa y en el tratamiento puntual el más amplio consenso de los partidos políticos, los representantes en el Congreso y los especialistas y las ongs que entienden sobre el tema.

Veremos, en forma sencilla y somera, algunos aspectos donde afirmamos que esta propuesta no es una política de Estado que mire más allá del 2027. Es en sí el uso de una visión cortoplacista para eliminar competidores y adversarios y ensanchar la grieta. Finalmente, como en la Ley Bases, en el capítulo electoral no ha habido ni reflexión ni consulta a distintos actores que deberían intervenir.

La otra cuestión es la de tomarse todo el tiempo necesario para su análisis, y aquí existe la dificultad de que una elección nacional presidencial tiene un importante tiempo previo en cuestiones de logística, licitaciones y organización que difieren con PASO o sin ella.

PASO o zarpazo

Un breve resumen sobre las cuestiones planteadas con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En un sistema de desorden político electoral como el que vive la Argentina, las PASO han sido una herramienta útil para el ordenamiento de coaliciones y candidaturas. No es verdad que no hayan sido utilizadas y es verdad que en algunos casos donde no se utilizaron sirvieron como un mecanismo preventivo para que las distintas coaliciones se pusieran de acuerdo.

No es posible pensar en las PAS sin la O de obligatorias. Si bien en los grandes centros urbanos no existe un peligro real, en provincias pequeñas o en intendencias se puede conseguir que, al no ser obligatorias, se vuelva un electorado militante o que la estructura simpatizante ayude a elegirse “el mejor opositor conveniente“ para que sea el “peor competidor obtenible “.

Podemos ejemplificar con las PAS de Alberto Rodriguez Saá en San Luis, por ejemplo.

Las PASO despejan caminos. En la presidencial del 2023 hubo 17 precandidaturas y solo seis de ellas superaron el piso del 1,5 %, llegando a la elección presidencial con un número razonable y abarcando el espectro político.

Boleta Única de Papel (BUP) sábana: la casta a full

La ciudadanía ya conoce el beneficio de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación, ya sea en cuanto a encontrar a todos los candidatos en un solo instrumento electoral, así como para evitar la falta de transparencia el día de la elección.

Plantear la incorporación del botón de voto completo es un ítem que puede tomarse o no, no habiendo ni limitaciones al respecto ni un porcentaje amplio del electorado que haya “fallado” en elegir sus representantes, con el sistema aprobado de cruces por categorías.

La propuesta que en la simultaneidad del día de las elecciones se genere una “sábana” con candidatos nacionales y provinciales en la misma boleta es un beneficio para la cabeza presidencial de la boleta y para aquellos gobernadores que no tengan ese tipo de candidatura. Son elecciones diferentes con debates diferentes y deben ser en urnas diferentes si fuera el mismo día de la elección, aconsejable para no cansar al electorado.

La BUP sábana es una muestra de casta a full, donde volvemos al tren fantasma con una locomotora y poca claridad.

Financiamiento de las campañas, publicidad y debate

El cuasi retiro del Estado para dejar lugar exclusivamente al privado genera un mecanismo no solo injusto por lo desigual, sino que además puede provocar la falta de transparencia en la procedencia de esos fondos que deben ser limitados y, como dice la norma, bancarizados y auditados por la Justicia Electoral.

El debate presidencial debe continuar siendo obligatorio para que se suban al estrado todos los candidatos y nadie pueda prescindir de ello. Es republicano debatir y es fair play que quien vaya primero en las “encuestas” también lo haga.

Reforma a la Ley de Partidos Políticos

Incrementar las condiciones de conformación de los partidos políticos llevándolos de 5 a 10 para ser de carácter nacional y aumentando el número de afiliados en una realidad mundial donde cuesta lograr ese tipo de adhesiones es una limitante a la libre asociación, donde la libertad queda herida. Dejar que los votantes decidan si esas fuerzas son competitivas o no, es darles libertad a los votantes. Poner porcentajes que ya existen para su validación es razonable, en los porcentajes existentes y aclarando como corresponde cuando un partido integra una alianza.

Esta reforma intenta configurar dos mundos agrietados: el del llamado “republicanismo”, girando alrededor del partido oficial; y el justicialismo y sus “satélites” más el resto que se ajuste a cualquiera de estos dos planetas o desaparezca.

Ficha Limpia: objeto de deseo oscuro

Incorporar este ítem en esta reforma solo puede ser considerado como una zanahoria para que aquellos que no se sumen a la misma queden como no republicanos. Con separarla de la misma y votarla aparte, alcanza y sobra para que sea un deseo limpio y transparente.

Todo es mejorable

Cada uno de estos ítems es mejorable y estará en manos de los legisladores hacerlo, absteniéndose todos del toma y daca al que estas cuestiones nos tienen acostumbrados.

Así, servirá para la posteridad y no para su posterior vuelta atrás oportunamente. O peor, que quien continúe o reemplace al actual Ejecutivo, aunque esté en desacuerdo, se sirva de estas herramientas a su gusto y placer.

Manuel Alejandro Guerrero Martínez, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, advierte que la reforma para anular elecciones por intervención extranjera podría poner en riesgo la legitimidad democrática en México si no se garantiza un proceso claro, con evidencia robusta y transparencia institucional.

El planteamiento, impulsado por Ricardo Monreal, diputado federal de Morena, y que actualmente se analiza en la Cámara Baja, busca introducir una nueva causal de nulidad electoral.

Según información difundida por Prensa IBERO, el experto sostiene que no se trata de revisar una falta administrativa menor, sino de tomar una decisión extraordinaria sobre el sentido del voto de la ciudadanía y la legitimidad de los procesos electorales.

Guerrero Martínez explicó que en este tipo de casos, la rapidez y el debido proceso entran en tensión, por lo que las autoridades electorales tendrían que investigar y resolver en plazos cortos sin sacrificar la calidad argumentativa ni el sustento probatorio.

“La velocidad nunca puede sustituir al razonamiento institucional”, comentó.

¿Cuáles son los riesgos?

El académico recordó que la anulación electoral es un recurso de última instancia y no debe convertirse en una vía para reinterpretar resultados ni modificar la voluntad popular, sino en un mecanismo excepcional para proteger la integridad electoral cuando hay elementos suficientes.

Destacó que en caso de que se apruebe dicha pripuesta, el Instituto Nacional Electoral (INE) asumiría mayores responsabilidades de fiscalización e investigación, lo que exigiría recursos técnicos, coordinación interinstitucional y nuevas capacidades operativas.

Mencionó que rastrear recursos financieros, reconstruir operaciones digitales complejas o investigar redes de influencia internacional requeriría coordinación del INE con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y reglas claras sobre competencias y límites.

Guerrero Martínez puntualizó que el éxito del modelo depende de mecanismos de control institucional operativos y confiables para evitar percepciones de parcialidad.

Consideró que la discusión debe leerse dentro de un entorno internacional de alta presión geopolítica, donde conceptos como intervención extranjera, influencia política o soberanía adquieren nuevas implicaciones y cualquier regulación electoral debe evitar ambigüedades que permitan interpretaciones discrecionales.

“La legitimidad democrática no se protege anulando votos con facilidad; se protege garantizando que, cuando haya que tomar decisiones excepcionales, éstas estén sustentadas con los mejores argumentos, con la mayor evidencia posible y con absoluta transparencia”, sostiene.

El académico ejemplificó que Estados Unidos mantiene desde hace décadas restricciones para impedir financiamiento extranjero en campañas, y la Unión Europea ha desarrollado regulaciones sobre plataformas digitales y mantiene vigilancia sobre posibles afectaciones a la integridad electoral por el funcionamiento de grandes empresas tecnológicas como Meta o TikTok.

Comentó que en Rumania, la Corte Constitucional anuló una elección presidencial tras sospechas de interferencia externa y campañas digitales irregulares, una decisión que abrió debate internacional sobre los límites del Poder Judicial.

Por ello, concluyó que estos antecedentes muestran que las democracias buscan mecanismos de defensa institucional, pero exhiben riesgos de actuar con evidencia insuficiente o bajo presión política

Propuesta avanza en la Cámara de Diputados

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió declaratoria de publicidad al dictamen que adiciona un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, para introducir como nueva causal de nulidad de elecciones la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales.

El dictamen, producto del estudio de una iniciativa presentada por Ricardo Monreal, precisa que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar el marco normativo antes del 5 de junio de 2026.

El INE, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento del decreto.

¿Cuáles son los tres motivos por los que se puede anular una elección en México?

De acuerdo con Ricardo Monreal, las causales previstas en el artículo 41 de la Constitución para anular una elección son:

• Exceder el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado.
• Comprometer la cobertura informativa en tiempos de radio fuera de los supuestos previstos en la ley.
• Recibir o utilizar recursos de procedencia prohibida.

En este sentido, en caso de que se apruebe la inicitiva, el dictamen agregaría un inciso D para incluir la intervención extranjera.

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Larreta deslizó que mantiene su “vocación de poder” para transformar la Ciudad, y reconoció que “la obsesión presidencial no está más”, luego de la aventura electoral de 2023 donde perdió la interna en las PASO de Juntos por el Cambio contra Bullrich.

Al analizar el estado de situación del distrito, el legislador porteño se mostró muy crítico con Jorge Macri: “Siento que la Ciudad se cayó. La ciudad está mal, me lo dicen todos los vecinos a donde vaya. La ciudad está más sucia”. Y agregó que “nunca en la historia hubo tanta gente en la calle como hoy en la Ciudad”.

El legislador del bloque Confianza y Desarrollo, que comparte junto a Guadalupe Tagliaferri, Graciela Ocaña y Emmanuel Ferrario, entre otros, remarcó la ausencia de obras estructurales en la gestión actual. “No hay una obra mediana significativa que tenga la ciudad en marcha. Cero. Yo no pido que hagan el Paseo del Bajo todas las semanas”, deslizó , y reforzó: “Lo único que vale es lo que ves. Todo lo demás es discurso, verso”.

El ex jefe de Gobierno fue enfático al comparar su gestión con las de otros adversarios que provienen del PRO: “Patricia Bullrich representa un gobierno que hizo cero obra de infraestructura, casi como se jactan de eso. Del otro lado, está Jorge Macri, que también hizo cero obras. Van dos años y medio, anunció 14 veces la línea F y no cavaron un pozo”.

En lo que respecta a La Libertad Avanza (LLA) y su intención de competir en CABA, evaluó: “Es lógico que quieran gobernar, es una democracia y que se presenten, es una elección. La Libertad Avanza no ha hecho nada en la Ciudad, podrían haber hecho una iniciativa desde el Gobierno nacional o una obra. Todas las campañas son ‘vótenme en la Ciudad para apoyar a Milei’. Ni siquiera en las campañas venían con propuestas y cosas nuevas”.

Nuevamente, cargó por la falta de avances en iniciativas en el distrito, donde la Casa Rosada también puede intervenir: “Hay terrenos enormes como el playón de Caballito, donde podrías estar haciendo viviendas para la gente que necesita. Tenés el playón de Liniers. Son todas cosas de Nación. En la ex Bodega Giol por Juan B. Justo, podrías haber avanzado. Yo dejé terminado la mitad del desarrollo del terreno. Nación puede hacer muchas cosas en la ciudad. Hasta ahora no han hecho nada”.

El legado del PRO y la autocrítica política

Rodríguez Larreta defendió el recorrido de su espacio y su trayectoria en el PRO, donde “en 20 años ganamos todas las elecciones”. “Vino Jorge Macri y perdió. Éramos el PRO y Juntos por el Cambio. Había gente del radicalismo, de la Coalición Cívica, de Confianza Pública, del socialismo y de Republicanos. Había una coalición muy amplia”. Y consideró: “Acá lo importante no son los partidos, sino sumar gente y que conozca de la ciudad, de cada tema”.

Sobre su propio estilo político, subrayó: “Tengo diálogo con todos, goberné con una coalición muy amplia incluso con la oposición, la ciudad se manejó muy civilizadamente. Siempre fui de diálogo”. En ese marco, contrastó los pocos funcionarios de su gabinete que quedaron: “No quiero decirlo porque después los persiguen. De 30, quedaron 3. Echaron a la gente que trabajó conmigo”.

Consultado sobre su vínculo con los actuales referentes del PRO, Rodríguez Larreta indicó que “hace un año y algo” no habla con Bullrich y Macri“. En ese marco, mostró su malestar por el rumbo actual: “Me rompí el culo durante 16 años laburando catorce horas por día de la ciudad. Entonces, cuando yo voy ahí al Riachuelo y veo que no terminaron el último pedacito de las obras y me quiero matar. Me da bronca”.

El proceso personal

Consultado sobre las consecuencias personales de la derrota electoral en 2027, Larreta reconoció que “tocó fondo” y que “en ese momento es difícil encontrar lo bueno". Relató que, pese a los consejos y frases de ánimo, “los querés mandar a todos a la mierda”. Pero admitió que sólo con el tiempo pudo procesar la experiencia: “Después sí, mirado en retrospectiva, uno dice: ‘bueno, aprendí a los golpes’. Pero en ese momento te la regalo”.

Sobre el fallido intento presidencialista, el ex jefe de Gobierno porteño admitió: “Yo no creo en el plan B, por ejemplo. Para mí había plan A solamente y nada. Por eso el golpe fuerte”. En cuanto a cómo sobrellevó la crisis personal, detalló: “Y todo. Psicólogo, pareja. Milagros me acompañó muchísimo. Amigos, familia, mi mamá, mis hermanos y mis hijas. Todos”.

Respecto a la recuperación anímica, Larreta señaló: “No es que te recuperás así linealmente”. Con honestidad, compartió: “Hoy, mirado para atrás, estoy bastante orgulloso de cómo lo superé. No, por el resultado. El resultado no tiene nada de bueno, nada, por más que te lo digan”.

La autocrítica

Rodríguez Larreta reconoció que, durante su campaña presidencial, se “alejó de la gente” cuando “hice toda mi carrera cerca, en la calle”. “Me encontrabas en el bar de la esquina en Monte Castro y después me iba a Lugano y atendía a la gente en la plaza. Todos los días de mi vida hacía eso. Llegué a la candidatura presidencial y desapareció”, admitió, al subrayar que durante esa etapa, su campaña “era alrededor de políticos”

“Fue una boludez. Y toda la vida además, es lo que me gusta, es lo que yo siento. Hoy hago dos o tres reuniones de vecinos por día. Algunas más grandes, otras con tres o cuatro. Todos los días, de lunes a sábado”, sostuvo.

Al ser consultado sobre su interés en una candidatura presidencial, Rodríguez Larreta fue tajante: “La obsesión presidencial no está más. Todo político te va a decir siempre que quiere ser presidente. Tenía una obsesión por eso. Para mí era, si querés una fijación, eso no está más. Hoy estoy totalmente enfocado”.

Sobre su relación con Mauricio Macri y los cambios en el PRO, fue preciso: “Hace un año largo que no hablo con Macri, me lo crucé en Tabac. Estamos bien”. Consultado si su candidatura sería funcional al kirchnerismo, respondió: “Para mí el kirchnerismo es el pasado. No podemos seguir mirando la política en función del kirchnerismo o antikirchnerismo. Macri tiene derecho a presentarse. Si quiere presentarse, que se presente. Fue presidente, está en su derecho”.

Al analizar la gestión de Macri como presidente, Larreta fue categórico: “Con luces y sombras. Yo no tengo dudas que siempre tuvo buena intención. Fue un tipo muy respetuoso del que pensaba diferente. Jamás agredía. Muy republicano en su visión. Obviamente, en lo económico faltó, si no, no hubiera perdido la reelección”.

Acerca del gobierno de Javier Milei, Rodríguez Larreta cuestionó que el Gobierno utilice “la agresión como forma de hacer política, que los putea a los periodistas, a los políticos, a los economistas”.

“No es el país que yo quiero y creo que la Argentina necesita -continuó-. Que yo reconozca que el equilibrio fiscal está bien. Ahora la gente no tiene laburo y la mayoría de los que tienen trabajo no llegan a fin de mes. Viene cayendo el nivel de empleo formal. Por otro lado, construye una sociedad donde el que no piensa igual es un enemigo o un traidor a la patria. No quiero eso para Argentina, no está bueno”.

El método “larreta”

Rodríguez Larreta reivindicó su método de gestión, al que caracterizó que “podía decir en mi computadora y en mi teléfono dónde estaba parado cada policía en la ciudad en ese momento”. “Eso es método. Medio obsesivo. Algunos me decían robot. Me joden un poco con eso”, ilustró.

Sobre el presente, contrastó con lo que ocurre con la gestión porteña, al afirmar que “se perdió eso”. Y reforzó su vínculo con la calle: “El ‘volvé’, el ‘la ciudad estaba mejor’. Esa frase aparece. Pero con respeto. Mirá que yo camino y voy por el medio de los lugares más concurridos. Me meto en todos lados”.

En cuanto a la situación electoral, también insistió en que “mientras yo era jefe de gobierno, ganamos todas las legislativas” en el PRO. “Llegó Jorge Macri y perdió. Es contundente. Eso es lo que dice la gente respecto a la gestión”, sostuvo.

Y reiteró que la presunta falta de método se traslada a los problemas de infraestructura: “Volvimos a ver, después de 15 años, imágenes de la ciudad inundada. No se puede creer. Te acordás de Mauricio Macri decía: ‘No se inunda más’. Bueno, hay que fijarse las fotos de Libertador y Dorrego. ¿Sabés por qué se inunda? Porque no limpian. Porque abajo hay un caño tremendo del Arroyo Maldonado. Si vos no limpiás y destapás el sumidero, la ciudad se vuelve a inundar”.

Sobre el PRO y el oficialismo porteño, aclaró: “No es un problema del partido, es un problema del Gobierno de la Ciudad. Hay gente del partido del PRO que piensa igual que yo o peor. Preguntale a la gente. La gente ya opinó con el voto contundentemente. Entonces, a mí lo que me da bronca es eso, que no se haya seguido avanzando”.

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Ricardo Anaya advirtió este 26 de mayo que el Senado discutirá en periodo extraordinario una reforma que, a su juicio, permitiría a Morena anular elecciones por supuesta intervención extranjera o por actos de “cualquier individuo” y “cualquier organización”, con lo que el bloque oficialista buscaría “control total” del proceso electoral, según una declaración a medios difundida en redes sociales.

El senador del PAN dijo que el periodo extraordinario arranca este 26 de mayo a las 16:00 horas y que la votación en el Senado se prevé para el jueves 28 de mayo. Agregó que la discusión podría prolongarse hasta la madrugada del viernes 29, según su declaración a medios.

Anaya sostuvo que uno de los puntos que se votarán esta semana plantea anular elecciones por intervención extranjera, pero aseguró que la redacción iría más allá de gobiernos foráneos. Según su lectura del artículo 41 constitucional, fracción sexta, la adición permitiría invalidar comicios por la intervención de “cualquier individuo” o de “cualquier organización”.

Anaya afirma que la redacción alcanzaría a medios y organismos internacionales

El excandidato presidencial dijo que esa redacción incluiría a medios de comunicación. Mencionó a Univisión, CNN y The New York Times como ejemplos de canales de información cuyas publicaciones, si fueran incómodas para Morena, podrían ser usadas para anular una elección que el oficialismo perdiera.

También afirmó que el artículo 78 ter incorpora varios supuestos y añade una fracción sexta con la frase “o cualquier otra conducta que afecte la soberanía nacional”. Para Anaya, esa formulación abre la puerta a una interpretación amplia que alcanzaría a organizaciones defensoras de derechos y a organismos internacionales.

Como ejemplo, mencionó a Artículo 19 y a la OEA. Dijo que, si una de esas instancias interviene ante abusos contra periodistas o en otro tipo de controversia, Morena podría encuadrar esa actuación dentro de la cláusula sobre soberanía nacional.

El PAN anuncia voto en contra durante la discusión de esta semana

Anaya aseguró que el PAN votará en contra de las reformas que se discutirán en este periodo extraordinario. También dijo que su bancada dará el debate en tribuna y buscará alertar sobre lo que considera riesgos para la democracia.

En su mensaje, el legislador vinculó esa discusión con la elección judicial y con lo que llamó la “feria de los acordeones”. Afirmó que, en opinión de los ciudadanos, ese mecanismo no ha servido para mejorar la impartición de justicia.

Anaya añadió que se conoció el caso de una jueza penal en Sonora que, según él, integra un seccional de Morena. Subrayó que se trata de una persona con facultades para imponer sentencias de hasta 40 años de cárcel, y presentó ese caso como muestra de la preocupación opositora sobre la independencia judicial.

El senador cerró su posicionamiento con una advertencia política. Dijo que las reformas son “gravísimas para nuestra democracia” y las calificó como “un atraco a la nación”.

Por su parte, el Senado confirmó que el próximo jueves 28 de mayo inicia un periodo extraordinario de sesiones para discutir cambios a la elección judicial y reglas de nulidad de comicios por injerencia extranjera. La Cámara Alta también incluye en la convocatoria ajustes ligados a la reforma judicial que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados citó a sesión de junta directiva el próximo martes 26 de mayo, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.

Esta reunión busca discutir dos proyectos de dictamen: uno sobre la reforma de elecciones del Poder Judicial y una nueva causal de nulidad de sufragios por intervención extranjera.

En la sesión, la junta directiva prevé acordar informar a la Mesa Directiva sobre la decisión de prorrogar el plazo de resolución de 87 iniciativas turnadas al Legislativo, cuyos vencimientos ocurren durante junio y julio de este año.

De acuerdo con la orden del día, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, se analizará la modalidad de debate para las dos iniciativas. La del Poder Judicial busca cambiar varias disposiciones de la Constitución, mientras que la de la nulidad, intenta reformar el artículo 41 de la Carta Magna, fracción VI, con el fin de agregar un inciso D para declarar la invalidez de una elección si hay intervención extranjera en los comicios.

Propuesta de Ricardo Monreal busca anular elecciones si agentes extranjeros influyeron en los resultados

El diputado Ricardo Monreal propuso que el (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) TEPJF pueda anular elecciones federales y locales cuando acredite con prueba plena y fehaciente que hubo intervención extranjera directa o indirecta, siempre que esa conducta sea grave, dolosa y determinante para el resultado.

La iniciativa, recibida el pasado 21 de mayo por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, busca crear una vía específica para sancionar la intromisión de gobiernos, organismos o agentes del exterior en los comicios.

Dicha propuesta fija, además, una presunción de determinancia cuando la diferencia entre candidaturas sea menor a 5%, lo que facilitaría acreditar que la injerencia incidió en el resultado. También establece que las legislaturas estatales tendrían hasta el próximo 5 de junio de para armonizar sus normas con el decreto, en caso de que sea aprobado.

El documento modificaría el inciso k) del artículo 75 y el primer párrafo del artículo 78 Bis, y agrega un artículo 78 Ter a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Con esos cambios, la votación recibida en una casilla podría declararse nula si se acreditan irregularidades graves derivadas de actos de intervención o injerencia extranjera que afecten la libertad o autenticidad del sufragio.

La reforma destaca que no bastaría probar la conducta: el Tribunal Electoral tendría que concluir que alteró el desarrollo del proceso o el resultado final.

Entre los actos que se considerarían lesivos para la soberanía electoral que perseguiría la reforma están:

1. Financiamiento ilícito.
2. Propaganda.
3. Desinformación o manipulación digital provenientes del exterior.
4. Intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos o autoridades electorales.
5. Presión política, económica, diplomática o mediática para alterar la voluntad popular.
6. Vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de intimidación.
7. Apoyo, promoción o ejecución de acciones orientadas a alterar el orden constitucional o democrático.
8. Cualquier conducta que, a juicio del tribunal, comprometa la soberanía nacional o afecte la autenticidad del sufragio.

Sheinbaum propone aplazar la elección del Poder Judicial a 2028

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso aplazar la próxima elección del Poder Judicial a 2028, en lugar de 2027, para evitar que coincida con comicios de gubernaturas, congresos locales y alcaldías, reducir la presión logística sobre el INE y corregir fallas detectadas en el modelo que se aplicó por primera vez en 2025.

El proyecto fija la jornada para el domingo 4 de junio de 2028 y prevé que en esa fecha se renueven 4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades.

De acuerdo con la mandataria, otro motivo para mover la fecha es evitar que el mismo día se tengan que organizar dos procesos distintos: uno para cargos políticos y otro para el Poder Judicial. Según explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina, esa coincidencia obligaría a instalar casillas separadas y elevaría de forma considerable los costos electorales para el INE.

Mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza con el programa de compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales, al mismo tiempo profundiza el desarme gradual de la millonaria cobertura cambiaria que había instrumentado antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta decisión se refleja en la disminución de la exposición en contratos de futuros de dólar.

En los meses previos a los comicios de medio término, la volatilidad impulsó una dolarización significativa por parte de los agentes económicos. Si bien es habitual que la demanda de dólares aumente en períodos electorales, el volumen registrado en 2025 resultó excepcionalmente elevado. De acuerdo con estimaciones del propio BCRA, la dolarización alcanzó los USD 35.000 millones, un registro sin antecedentes.

“Esa adquisición de activos y coberturas en moneda extranjera representó más del 50% del stock de M2 transaccional, lo que implica una caída en la demanda de dinero de magnitud inédita”, señaló la entidad en el Informe de Política Monetaria (IPOM). A partir del triunfo del oficialismo en los comicios de medio término, ese flujo comenzó a revertirse y se observó una tendencia hacia la desdolarización en el segmento de futuros.

El dólar futuro funciona como un acuerdo para fijar hoy el precio de la moneda estadounidense para una fecha futura. Este instrumento actúa como resguardo frente a eventuales cambios en el tipo de cambio y ayuda a moderar las presiones sobre el mercado spot, donde la operatoria se realiza en el momento.

Cae la cobertura

En los contratos de futuros, las partes -ya sea el BCRA o privados- pactan un precio y una fecha de liquidación; al vencimiento, no se intercambia la divisa, sino que se compensa la diferencia, en pesos, entre el valor acordado y la cotización efectiva del dólar.

Para Andrés Reschini, titular de la consultora F2, a fines de abril los datos publicados dan cuenta de una caída mensual de USD 471 millones a USD 2.127 millones en la posición del Banco Central. Esto se traduce en la séptima contracción consecutiva desde los USD 6.844 millones vendidos a fin de septiembre. “Para mayo se espera una caída aun más acelerada”, sumó Reschini.

“El BCRA publicó su posición de futuros al 30 de abril, reportando un short por USD 2.176 millones, lo que representa una disminución mensual de la posición de USD 434 millones. Con este dato, la posición se acerca a niveles de junio 2025 (USD 1.909 millones), donde el mercado empezó a mostrar los primeros síntomas de una fuerte caída en la demanda de dinero, que se intensificó en octubre producto de las elecciones de medio término", explicó, por su parte, Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa.

Bajo su perspectiva, si bien el actual iba a ser un mes desafiante en términos de desarme de la cobertura, ya que el contrato de mayo 2026 representa el 50% del interés abierto total, “se viene viendo rolleo de posiciones de mayo a contratos largos (se viene armando volumen en DLR/NOV26 y DLR/DIC26), así como también cierres de posiciones de mayo”.

Antes de las elecciones de medio término del año pasado, se produjo una dolarización del 50% del M2, un agregado monetario que representa la cantidad de dinero en circulación de la economía, incluyendo el efectivo en manos del público, los depósitos a la vista y los depósitos en cajas de ahorro y cuentas corrientes.

De acuerdo a los cálculos de de la Fuente, el BCRA redujo su posición en futuros en USD 3.951 millones desde ese entonces. En simultáneo, el Tesoro liquidó instrumentos dollar linked -bonos o acciones atados a la evolución del tipo de cambio oficial- por otros 7.808 millones dólares. De esta manera, la cobertura desarmada sumó USD 11.759 millones en total.

El BCRA acelera las compras

Mientras se aguarda el desembolso de USD 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central acumula 93 jornadas consecutivas con resultados positivos en el mercado cambiario. Este saldo favorable responde a acuerdos alcanzados con bancos, empresas privadas y organismos estatales. En la última rueda, la entidad sumó USD 139 millones y el total anual se aproximó a los 9.000 millones de dólares.

Desde la adopción del nuevo esquema monetario en enero, el Banco Central concretó compras por 8.990 millones de dólares. Abril marcó el mayor volumen mensual, con USD 2.769 millones, mientras que solo el 2 de enero no se registraron operaciones de compra.

En las últimas semanas, la autoridad monetaria aceleró la adquisición de divisas, luego de un inicio de mayo con montos diarios inferiores a los 100 millones de dólares. En la última semana, el BCRA incorporó USD 909 millones, llevando el acumulado de mayo a 1.835 millones de dólares.

El Central ya alcanzó el 89,9% de la meta anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda de dólares del Tesoro para cancelar obligaciones financieras limitó el incremento neto de reservas. Para sostener el ritmo de acumulación, el BCRA emitió pesos sin esterilizar y el Tesoro absorbió ese excedente mediante colocaciones de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el tipo de cambio y contener la inflación.

Proyecciones oficiales anticipan que el saldo neto de compras para 2026 se ubicará entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y de la demanda de pesos. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, estos factores serán determinantes para el resultado anual.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 46.803 millones, con un incremento diario de 52 millones de dólares. El monto quedó cerca del máximo alcanzado durante la actual gestión, que se registró en febrero con 46.905 millones de dólares. Se prevé que, tras el ingreso de los fondos del FMI, ese nivel será superado.

El 31 de mayo los colombianos podrán votar por el candidato que consideran debe ocupar el cargo más importante en el país y ocupar la Casa de Nariño desde el 7 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la posesión del nuevo Presidente de la República.

Las últimas encuestas que se han publicado sobre la intención de voto que tendrían los colombianos para la primera vuelta muestran a Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como los aspirantes que tienen más opciones de ganar en los comicios.

Estos candidatos tienen un aspecto en común durante lo que ha sido la campaña presidencial, han sido los que a menos espacios de debate han asistido en los últimos meses.

Entre los tres, Paloma Valencia fue la que más expuso en debates sus propuestas de campaña, pero se ausentó de varios eventos luego de que sus principales competidores descartaron participar de los mismos; Abelardo de la Espriella asistió a contados espacios de discusión, mientras que Iván Cepeda se alejó por completo de estos escenarios, aunque en su momento retó a sus rivales a participar de un diálogo público con reglas establecidas.

Unas elecciones sin debates previos

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de la facultad de estudios jurídicos, políticos e internacionales de la Universidad de la Sabana Cristian Rojas habló sobre el panorama, alejado de los debates, en el que se llevarán a cabo los comicios del 31 de mayo. En primer lugar, recordó lo que representaba un espacio en televisión para las campañas presidenciales en las anteriores elecciones.

“Los debates en televisión eran muy importantes para los candidatos a la presidencia porque sus campañas se basaban en recorrer el país, llenar plazas, reunirse con líderes locales, regionales y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible en ese formato. Cuando aparece la televisión, era la oportunidad de comunicar masivamente”.

Rojas explicó que, a pesar de que actualmente este medio es utilizado por la mayoría de candidatos para promocionar su campaña, en el pasado era una de las pocas opciones que existían para hablarle directamente a los electores.

“También puede haber propaganda en televisión, por supuesto, pero para ellos era muy importante ese momento de encuentro con los otros para poder diferenciarse, era poder poner a su rival en un escenario en el que serían expuestas sus debilidades, pero principalmente porque se llegaba a muchísima gente”.

A diferencia de lo que pasaba hace unos años, en la actualidad la televisión no es el único medio en el que los electores pueden hablar de sus ideas, a esto se suma que en redes sociales pueden disminuir el margen de error que se expande durante las discusiones en vivo.

“Eso ya no es así, porque los candidatos están en la posibilidad de llegar al público de forma masiva a cada ciudadano a partir del uso de redes sociales, de pauta que le llega a cada persona a su teléfono, de participar también en espacios de televisión, pero que sean más cómodos y que después ellos puedan replicar en sus redes, las que más les gustaron, donde se ven más sólidos, difundirlo y no correr riesgos”.

Por último, el experto habló de la inseguridad que demuestran tener las campañas con la decisión de no asistir a debates y la falta de confianza que esto puede generar sobre cómo van a afrontar un hipotético mandato estos candidatos.

“Hoy las campañas no ven la necesidad de los debates en televisión. Lo que sí ven es el riesgo y prefieren entonces otros mecanismos para llegar a su público. Hay que decir que eso pasa especialmente con aquellos candidatos que ven la ventaja, porque no son sólidos en algunos temas de argumentación o no confían en su puesta en escena y entonces prefieren ambientes más controlados, porque como digo, no van a necesitar de la televisión para poder llegar a todos los ciudadanos”.

Con la llegada de la segunda vuelta de las primarias en Texas, programada para el 26 de mayo, surge una pregunta clave para quienes desean ejercer su derecho al voto: ¿dónde se debe votar en esta elección? La respuesta puede variar respecto a la votación previa, ya que los centros asignados pueden modificarse entre la primera vuelta y el balotaje. Por eso, conocer el procedimiento para identificar correctamente el sitio de votación resulta esencial para los electores del estado.

En Texas, el proceso de asignación de centros de votación está directamente ligado a la ubicación del votante dentro de su respectivo condado. Cada persona registrada se encuentra adscrita a un distrito electoral, definido por su domicilio y registrado oficialmente en el padrón estatal. Este distrito no solo determina la circunscripción a la que pertenece el ciudadano, sino que también fija el centro de votación donde tiene la obligación de acudir el día de los comicios.

El distrito electoral asignado a cada votante aparece reflejado en su tarjeta de registro de votante, un documento fundamental tanto para la identificación como para conocer con precisión el lugar de votación. De esta manera, la asignación de centros de votación responde a criterios geográficos y administrativos, buscando garantizar que cada elector tenga un sitio accesible y correspondiente a su área de residencia. Por ello, resulta indispensable que los ciudadanos verifiquen su distrito antes de cada elección, dado que estos pueden ser objeto de ajustes por redistribución o reorganización local.

Para quienes desean confirmar o descubrir su centro de votación correspondiente, existen diversas herramientas y métodos oficiales disponibles. La plataforma central es VoteTexas.gov, el portal oficial de elecciones del estado, que pone a disposición de los usuarios una función específica denominada “¿Dónde está mi centro de votación?”. Esta herramienta permite ingresar datos personales básicos —nombre, condado y fecha de nacimiento— para acceder a la información actualizada sobre el registro y la ubicación exacta del centro que debe utilizarse en la segunda vuelta.

Otra vía recomendada consiste en recurrir directamente a las oficinas electorales del condado. Estos organismos no solo tienen la facultad de proporcionar la localización precisa del centro de votación asignado, sino que también pueden responder consultas relacionadas con cambios de distrito, dudas sobre documentos requeridos y cualquier otra inquietud vinculada al proceso electoral. El contacto puede realizarse tanto de manera presencial como telefónica o digital, dependiendo de las facilidades que ofrezca cada administración local.

Además, la tarjeta de registro de votante continúa siendo un recurso clave. En ella figura el número de distrito electoral, que se corresponde con el lugar donde debe sufragarse. Portar este documento el día de la elección facilita la identificación en el centro asignado y reduce la posibilidad de errores logísticos. Dada la posibilidad de que los lugares de votación cambien entre las distintas etapas del proceso electoral, se aconseja verificar siempre esta información antes de acudir a las urnas, especialmente si se trata de una segunda vuelta o “escorrentía”.

En el caso de los condados del norte de Texas, donde se concentran varios de los núcleos urbanos y suburbanos más grandes del estado, existen recursos específicos para localizar los centros de votación a través de mapas interactivos en línea. Los condados de Collin, Dallas, Tarrant y Denton disponen en sus sitios web de herramientas visuales que muestran de forma clara y georreferenciada todos los centros habilitados para la segunda vuelta. Estas plataformas permiten a los electores ubicar rápidamente el punto más cercano a su domicilio, consultar direcciones, revisar horarios y hasta obtener información sobre accesibilidad o servicios especiales disponibles en cada sede electoral.

El uso de estos mapas resulta especialmente útil para quienes residen en zonas de alta densidad poblacional, donde la oferta de centros de votación puede ser más amplia y las distancias entre ellos más reducidas. Así, se facilita la planificación del traslado y se minimizan imprevistos en el día de la elección. Además, estos recursos digitales suelen actualizarse con frecuencia, incorporando cualquier cambio de último momento en la disponibilidad o ubicación de los centros.

El día de la elección, los centros de votación en Texas estarán abiertos de 7:00 a 19:00 (hora central). Este horario uniforme en todo el estado garantiza que los electores cuenten con un margen de doce horas para emitir su voto, permitiendo así que tanto quienes inician temprano sus actividades como quienes solo pueden acudir por la tarde tengan la oportunidad de participar en la jornada electoral. Es indispensable recordar que, para que el voto sea válido, debe emitirse exclusivamente dentro de este rango horario.

El proceso para encontrar el centro de votación correcto en la segunda vuelta de las primarias texanas implica, en primer lugar, revisar el distrito electoral asignado, que depende del domicilio y se confirma con la tarjeta de registro. Seguidamente, se recomienda utilizar herramientas oficiales como las plataformas estatales, la consulta a oficinas del condado y los mapas interactivos disponibles en los principales condados del norte. Es fundamental respetar el horario de apertura de las urnas, de 7:00 a 19:00 hora local, para asegurarse de que el voto sea contabilizado.

La polémica por las encuestas presidenciales volvió al centro del debate político después de que la senadora y precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuestionara los resultados del último estudio que hizo Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, divulgado a solo 10 días de la primera vuelta.

El sondeo mostró un deterioro significativo en su intención de voto y planteó escenarios en los que el senador Iván Cepeda aparecería con amplias ventajas tanto en primera como en segunda vuelta.

Lo que generó mayor atención fue la caída de Paloma Valencia en este sondeo frente al anterior, publicado el 24 de abril, ya que su intención de voto pasó del 19,8% al 14%, lo que equivale a una disminución cercana a cinco puntos porcentuales.

La dirigente uribista, que en los últimos meses se consolidó como una de las principales cartas del Centro Democrático para la carrera presidencial de 2026 junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, respondió públicamente a los resultados.

Su reacción se registró a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó de manera directa la credibilidad del estudio y de los escenarios planteados por la encuestadora.

En su mensaje, Valencia calificó como “inverosímil” la medición y aseguró que varias de sus conclusiones carecen de sustento político. La precandidata centró sus críticas en los resultados favorables a Cepeda en distintos escenarios de segunda vuelta.

“Invamer es inverosímil. Dos desproporciones. 1. Cepeda está al borde de ganar en primera: es falso. 2. Cepeda gana la Presidencia en dos escenarios de segunda vuelta: es falso. ¡De la mano de Dios y de los colombianos vamos a ganar!”, escribió la senadora en su publicación.

Aunque Valencia conserva un núcleo importante de apoyo dentro de las bases conservadoras y del uribismo más ideológico, la encuesta abrió nuevamente el debate sobre la capacidad real del Centro Democrático para recuperar el terreno perdido tras los resultados electorales de los últimos años.

La colectividad enfrenta, además, el reto de redefinir su estrategia política en medio de un escenario nacional marcado por la polarización, el desgaste institucional y la creciente disputa entre sectores de izquierda y derecha.

Estos fueron los resultados de Invamer que Paloma Valencia rechazó

De acuerdo con la encuesta de Invamer, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, se consolida como el principal favorito en el escenario de primera vuelta, al alcanzar el 44,6% de la intención de voto entre los ciudadanos consultados.

El sondeo también analizó posibles escenarios de segunda vuelta, en los que Cepeda aparece con ventaja en todos los casos; frente a Abelardo de la Espriella obtendría 52,4% contra 45,3%, mientras que en un duelo con Paloma Valencia ganaría con 52,8% frente a 44,3%.

Las diferencias se amplían aún más ante otros contendientes. Frente a Sergio Fajardo, Cepeda marcaría 62,1% frente a 33,7%, y en un eventual enfrentamiento con Claudia López alcanzaría 64,8% frente a 28,5%.

Frente a estos resultados de primera y segunda vuelta, Paloma Valencia afirmó que ambas mediciones son, en su interpretación, “falsas”, al insistir en que esos escenarios no son posibles. Además, sostuvo su postura señalando que recientemente la encuesta de Guarumo para El Tiempo le mostró un desempeño más favorable, lo que, a su juicio, contradice los datos de Invamer.

Encuesta de Guarumo mostró el repunte parcial de Paloma Valencia en segunda vuelta

En la más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, publicada el 21 de mayo, la candidata presidencial Paloma Valencia registró un comportamiento mixto en la intención de voto de cara a las elecciones de 2026.

En el escenario de primera vuelta, Valencia se ubicó en el tercer lugar con un 21,7%, lo que representó una leve caída de 1,1 puntos frente a la medición anterior. En ese panorama, Iván Cepeda lideró con 37,1%, seguido por Abelardo de la Espriella con 27,5%.

Sin embargo, en los escenarios de segunda vuelta, la senadora muestra un mejor desempeño. Frente a Iván Cepeda, alcanzaría un 44,8% y superaría el 39,9% del candidato oficialista. En cambio, ante Abelardo de la Espriella, perdería con 30,3% frente al 32,2% del abogado.

Desde su ascenso a la presidencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 5 de noviembre de 2020, Mario Delgado ha sido una figura clave en el fortalecimiento del partido. Bajo su liderazgo, Morena ha logrado resultados importantes en los procesos electorales estatales, ganando 24 gubernaturas en 32 elecciones. Este éxito no solo ha consolidado a Morena como una fuerza política dominante en México, sino que también ha sido una muestra del enfoque de Delgado al frente del partido.

Con una amplia carrera en la política, Delgado Asumió la presidencia de Morena en un momento crítico para el partido, con las elecciones intermedias de 2021 en el horizonte era crucial para mantener la unidad y la fortaleza de esta fuerza política. Por lo que se necesitaba una visión renovada y un enfoque estratégico para mantener la cohesión interna y la movilización efectiva de los recursos del partido.

Desde el principio, Mario Delgado implementó varias estrategias clave para consolidar la presencia de Morena en el país. Una de las más notables fue la formación de alianzas estratégicas a nivel estatal, lo que permitió al partido ganar terreno en regiones donde antes tenía una presencia limitada. Además, enfatizó la importancia de la formación política y la capacitación de los miembros del partido, asegurando que estuvieran bien preparados para los desafíos electorales.

Resultados Electorales y Gubernaturas Ganadas

Gracias a esta estrategia, Morena ganó 24 gubernaturas de las 32 disponibles en los procesos electorales estatales, lo que derivó en la aceptación del partido por parte de la población mexicana y la ratificación de Delgado como actor importante para la militancia.

Las victorias en estados clave como Chiapas, Tabasco y Baja California han consolidado la presencia de Morena en la república mexicana, así como el reconocimiento del liderazgo de Mario Delgado.

Desafíos y Futuro de Morena

A pesar de los éxitos, el camino no ha sido fácil, pues a lo largo del periodo de Delgado ha tenido que enfrentar desafíos significativos, incluyendo la necesidad de mantener la unidad dentro del partido en medio de diversas corrientes internas. Sin embargo, su enfoque en la inclusión y el diálogo ha permitido superar estos obstáculos y fortalecer la cohesión interna del partido.

De cara al futuro, es seguro que habrá nuevos desafíos, pero con una base sólida y una estrategia clara, Morena parece estar bien posicionado para continuar. La próxima meta es mantener y ampliar su presencia en los siguientes procesos electorales.

El impacto de Mario Delgado en Morena desde 2020 ha sido significativo. Su liderazgo se ha visto apoyado por victorias electorales sin precedentes, consolidando al partido como una fuerza dominante en la política mexicana.

Un tribunal de Ankara ha anulado este jueves el nombramiento en el año 2023 de Özgür Özel como presidente del partido socialdemócrata CHP, al considerar que hubo amaños en el proceso de elección del congreso, en un nuevo golpe judicial al principal partido opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

La decisión judicial considera totalmente nulo el resultado de aquel congreso, anula la elección de Özel y su ejecutiva y establece que se debe restituir al frente del partido a Kemal Kiliçdaroglu, de 77 años, dirigente de la formación socialdemócrata desde 2010, y a su equipo.

Tras el anuncio, el principal índice bursátil turco cayó un 6%.

El CHP ha convocado a sus afiliados y simpatizantes a que se congreguen ante la sede principal del partido en Ankara, y ha anunciado que todos los diputados se reunirán hoy en el edificio para pasar la noche allí.

El CHP ganó las elecciones locales de 2024, en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en 23 años, y desde entonces numerosos alcaldes socialdemócratas han sido destituidos y detenidos por acusación de corrupción, incluido el regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia en 2028.

El caso se refiere a las acusaciones de compra de votos en el congreso del CHP en noviembre de 2023, y los fiscales alegan que Özel se aseguró su elección presionando a ciertos delegados con promesas de empleos y otros sobornos.

En octubre, un tribunal de Ankara desestimó un caso anterior de compra de votos relacionado con esas elecciones por considerarlo infundado, pero los fiscales apelaron la decisión y el tribunal falló a su favor.

Los críticos afirman que el caso de compra de votos es un intento con motivaciones políticas para socavar al partido político más antiguo de Turquía , que obtuvo una gran victoria sobre el AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones locales de 2024 y ha ido en ascenso en las encuestas.

Bajo una acusación de fraude muy similar, un juzgado destituyó en septiembre de 2025 a la cúpula del partido en Estambul y puso la formación bajo control de un administrador temporal en la persona de un antiguo dirigente del CHP, enfrentado a Özel.

La Constitución no da competencias a los tribunales para cuestionar procesos electorales, una tarea que corresponde a la Junta Electoral de la nación, asegura el CHP.

En respuesta a la presión judicial, el partido celebró el pasado noviembre un congreso ordinario en el que Özel fue reelegido por unanimidad de los 1.333 delegados.

Ekrem Imamoglu, peso pesado del CHP y alcalde encarcelado de Estambul, se enfrenta a cargos de espionaje y corrupción en juicios separados que, según él, tienen motivaciones políticas.

Considerado un rival clave de Erdogan, lleva más de un año encarcelado.

Actualmente está siendo juzgado junto con 413 coacusados ​​y se le acusa de dirigir una extensa red criminal. De ser declarado culpable, se enfrenta a 2.430 años de prisión.

(con información de EFE y AFP)

En la charla, Dietrich repasó su trayectoria, su vínculo con Mauricio Macri y las diferencias entre la gestión de Cambiemos y la actual administración de Javier Milei. “Yo sentía, siento y creo que seguiré sintiendo que el PRO tiene una razón de ser en la política argentina”, sostuvo.

El PRO y el desafío de sostener su identidad política

Dietrich explicó que, tras más de dos años del gobierno actual, la importancia del PRO se reflejó en momentos críticos: “Arrancando por la fiscalización que le hicimos, y yo tuve un rol ahí bastante protagónico, ayudando o liderando el proceso de la fiscalización del balotaje, sin pedir nada a cambio”.

Destacó la disposición a colaborar con equipos técnicos y la participación en iniciativas legislativas: “Acompañando muchas de las leyes necesarias para esta transformación de Argentina como nunca, sin ninguna transaccionalidad”.

Sobre el rol de Macri, aseguró: “Mauricio salió a apoyar, salió a acompañar, fue a las reuniones esas que dio tranquilidad, que dio certeza”. Sin embargo, Dietrich planteó cautela hacia el futuro electoral: “Para mí el 2027 hoy lo veo como ciencia ficción. No tenemos ni idea qué va a pasar”.

Diferencias entre el PRO y la gestión de Milei

El exministro subrayó las distancias entre la gestión de Cambiemos y la actual administración: “Viendo el actuar de nuestro Gobierno y del Gobierno de Javier Milei en estas cosas, somos muy diferentes. Hay gente que no se siente cómoda con esa forma, a veces de actuar más virulenta, menos respetuosa de la opinión disidente del Gobierno”.

Dietrich recalcó el peso del aprendizaje institucional: “Nunca antes había un antecedente de un gobierno no peronista que había terminado. El hecho de que Mauricio termine el Gobierno fue un hito para la política argentina y fue parte de eso lo que permitió que este Gobierno pudiese hacer eso”.

Consultado sobre las diferencias económicas, respondió al ministro Luis Caputo: “Caputo se bajó de un shock de entrada y Macri lo iba bajando un punto por año y no pudo bajarlo. Gradualismo versus shock fue una diferencia enorme, pero hay que contextualizarla. Cambió el clima de época, fue el aprendizaje de lo que vivimos nosotros”.

Dietrich defendió la postura del PRO de no apostar al fracaso del gobierno: “No te va a especular apostando que le vaya mal a un gobierno para beneficio propio. Desde ese lugar, el PRO sigue y seguirá teniendo mucho para aportar”.

Autocrítica, transparencia y crítica al populismo

El dirigente también admitió críticas internas y externas al espacio: “Para mí es una descripción. Salir del populismo es supercomplejo”. Sobre la austeridad y la transparencia en la función pública, afirmó: “Tenés que estar todo el tiempo dando el ejemplo. Cuando algo surge, lo primero que tiene que hacer el funcionario público es presentar toda la información, absolutamente toda”.

Dietrich se diferenció de La Libertad Avanza y defendió la identidad del PRO: “Por eso muchos de nosotros no nos fuimos a Libertad Avanza. Hay gente del PRO que no nos sentimos cómodos con eso y actuamos distinto”. Recordó debates centrales de la gestión Cambiemos: “Nosotros trajimos un montón de temas que no estaban en la agenda, como el déficit fiscal”.

En el final, Dietrich reivindicó el aporte del PRO a la política argentina: “Muchísimas de las personas que hacemos políticas en el PRO hemos podido estar en el sector público y en el sector privado. Eso es bastante excepcional en la política argentina y muestra que hay un perfil que incorporó el PRO”.

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Los votantes de Estados Unidos acuden hoy a las urnas en una jornada cargada de primarias que definirán el futuro político inmediato en varios estados clave, con un fuerte énfasis en la configuración de servicios y representación local en cada distrito. La atención nacional se concentra en los comicios de Kentucky, Georgia, Pensilvania, Alabama e Idaho, donde la competencia y las decisiones judiciales recientes han modificado la manera en que los ciudadanos podrán acceder a sus servicios representativos, tanto a nivel estatal como federal.

En el cuarto distrito de Kentucky, la elección para la Cámara de Representantes se ha convertido en la más costosa de la historia de la región, reflejando la importancia de los servicios y recursos que los representantes gestionan para sus comunidades. El actual congresista, Thomas Massie, se enfrenta a Ed Gallrein, quien cuenta con el respaldo de organizaciones influyentes y grandes donantes. El papel de los servicios públicos, la asignación de fondos y la defensa de intereses locales están en el centro del debate, pues ambos candidatos han hecho promesas explícitas sobre cómo planean gestionar cuestiones clave como la financiación de infraestructuras, la protección social y el acceso a recursos federales. Massie, que se postula para su octavo mandato, ha defendido su historial de votaciones, argumentando que prioriza las promesas hechas a sus electores, especialmente en temas sensibles como la oposición al gasto sin control o la intervención militar, decisiones que impactan directamente en la disponibilidad de servicios comunitarios.

El respaldo de grupos externos, como la Coalición Judía Republicana y el AIPAC, ha canalizado recursos significativos a la campaña, buscando influir en la orientación de los recursos federales y la postura del distrito hacia temas internacionales que pueden repercutir en las asignaciones presupuestarias para servicios locales. La elección se perfila como un referendo sobre la dirección que tomarán los servicios públicos y el acceso a programas federales en el norte de Kentucky.

Elecciones a gobernador de Georgia

En Georgia, la vacante en la gobernación abre una disputa determinante para el futuro de los servicios estatales. El gobernador saliente, Brian Kemp, deja un escaño que ha atraído grandes inversiones en campaña, con Rick Jackson y Burt Jones como figuras protagónicas. La gestión de servicios como la salud, educación y seguridad pública ha sido tema recurrente. Jackson, empresario del sector salud, ha prometido convertir al estado en “el favorito” del expresidente Trump y ha invertido más de 83 millones de dólares en su campaña, comprometiéndose a expandir la cobertura y mejorar la eficiencia en la administración de servicios.

El nivel de gasto en publicidad, que supera los 100 millones de dólares en total, evidencia la relevancia que los aspirantes otorgan a la administración de los servicios públicos. Mientras tanto, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, y el fiscal general, Chris Carr, ambos protagonistas en las elecciones de 2020, también aparecen en la papeleta, defendiendo gestiones previas que incluyeron decisiones sobre la integridad de los servicios electorales y la supervisión legal del estado. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, una segunda vuelta decidirá quién será responsable de dirigir los servicios estatales clave.

Por el lado demócrata, Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, lidera una campaña que ha puesto como prioridad la mejora de servicios urbanos y la inclusión social, mientras que Geoff Duncan, ex vicegobernador, busca la nominación demócrata con propuestas enfocadas en la modernización de los servicios estatales.

Primarias al Senado en Georgia

Las primarias republicanas al Senado en Georgia también incidirán directamente en la forma en que el estado está representado a nivel federal y, por ende, en las políticas de servicios que pueden beneficiar a los habitantes. El actual senador Jon Ossoff enfrenta un escenario en el que la falta de consenso republicano podría favorecer la continuidad de proyectos de infraestructura, programas de salud y educación impulsados por los demócratas.

Entre los aspirantes republicanos destacan Mike Collins, Buddy Carter y Derek Dooley, quienes han presentado propuestas para fortalecer la financiación de servicios locales y federales. La posibilidad de una segunda vuelta podría extender la incertidumbre sobre quién encabezará la gestión de recursos clave en el Senado.

Elecciones en Pensilvania: distritos clave

En Pensilvania, la competencia en los distritos 1, 7, 8 y 10 tiene implicaciones profundas sobre la distribución de servicios y fondos federales. El séptimo distrito, que abarca Allentown y el valle de Lehigh, ha sido escenario de alternancia política, lo que ha afectado la continuidad de programas de desarrollo y atención social. Bob Brooks, respaldado por el gobernador demócrata Josh Shapiro, propone fortalecer los servicios de emergencia y la infraestructura, mientras que en el décimo distrito, la periodista Janelle Stelson busca recuperar para los demócratas un escaño clave para la gestión de fondos en Harrisburg y York.

En el octavo distrito, la alcaldesa de Scranton, Paige Cognetti, centra su campaña en garantizar la continuidad y el acceso igualitario a servicios en áreas urbanas y rurales, mientras que en el primero, el demócrata Bob Harvie pone el foco en la mejora de la prestación de servicios en el condado de Bucks. Los resultados de estas contiendas determinarán qué distritos podrán acceder a mayores recursos federales y cómo se gestionarán los proyectos prioritarios en cada región.

Proceso electoral en Alabama

En Alabama, las elecciones primarias están marcadas por una reciente decisión de la Corte Suprema, que permitió la implementación de un nuevo mapa electoral con solo un distrito de mayoría afroamericana. Esta determinación impacta directamente en la capacidad de representación de comunidades históricamente marginadas y, por consiguiente, en la distribución de servicios públicos. La gobernadora Kay Ivey ha convocado elecciones especiales para cuatro distritos, lo que alterará el acceso y la gestión de recursos estatales para estas áreas.

Los republicanos y demócratas compiten por la nominación para cargos que serán fundamentales en la orientación de los servicios de educación, salud y transporte en el estado, con la expectativa de que los ganadores influyan en la implementación de programas federales y estatales.

Elecciones primarias en Idaho

En Idaho se celebran primarias para gobernador y para los dos escaños federales. Los aspirantes han centrado sus mensajes en la gestión eficiente de los servicios públicos, la mejora de la infraestructura estatal y la ampliación de la cobertura de salud y educación. La competencia interna en ambos partidos determinará la dirección de las políticas de servicios que afectarán a toda la población de Idaho, desde las zonas rurales hasta las urbanas.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aclaró que la institución no validó la elección de Rubén Rocha Moya en Sinaloa en 2021 y, por el contrario, el órgano electoral sí denunció los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral.

En entrevista con Carmen Aristegui, Lorenzo Córdova explicó que la atribución de validar el resultado en Sinaloa no correspondió al INE, sino al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.

El exconsejero detalló que, tras la jornada, el INE reportó formalmente incidentes de violencia, robo y destrucción de material electoral en casillas, especialmente de la zona norte del estado: “Muchos hechos ilegales, delitos electorales, constitutivos de delitos electorales que ocurrieron en más de una decena de casillas, casi todas en la zona norte, es decir, en Guamúchil, Guasave y Ahome, donde están Los Mochis, una región con histórica presencia y operación del Cártel de Sinaloa”.

Durante la jornada electoral de 2021, en varias casillas se interrumpió la votación por la presencia de hombres armados; en algunos casos hubo disparos, en otros se robaron o destruyeron materiales electorales, y al cierre de la jornada hubo robo de paquetes electorales en retenes. En algunos puntos, los delincuentes respetaron los paquetes federales y sólo se llevaron los de la elección local.

La diferencia de votos entre Rocha Moya y el candidato opositor, Mario Zamora, fue de 265,912 sufragios. Rocha Moya obtuvo 624,225 votos frente a 358,313 de Zamora, según cifras del Instituto Electoral de Sinaloa.

Hermana de Inzunza fue quien validó elección

El pasado 13 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Tribunal declaró ganador a Rocha Moya y que “no hubo ninguna prueba” de irregularidades. Afirmó que en ese momento Lorenzo Córdova era titular del órgano electoral y que, si existían pruebas, el instituto debió presentarlas.

“Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdova. Entonces, no estaban las nuevas autoridades del INE, era Lorenzo Córdova el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdova debería de haber dicho: tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron, ¿no? Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia…”

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal no debe investigar porque la responsabilidad es de la Fiscalía, y que las autoridades mexicanas ya deliberaron el caso. También afirmó que la FGR no tiene investigación abierta contra Rocha Moya.

Córdova calificó como “falsedades” las declaraciones de la mandataria. Respondió que el INE sí presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), entonces encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, de perfil morenista.

Explicó que la FISEL judicializó muy pocos casos, si es que alguno, durante su gestión. “El INE tuvo conocimiento de ilícitos y los denunció”, sostuvo. Citó carpetas de investigación abiertas como FED/SIN/MOCH/0000747/2021, y aseguró que conoce al menos cuatro carpetas derivadas de denuncias del personal del instituto.

Córdova subrayó que la magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza, quien hoy enfrenta cargos en Estados Unidos junto con Rocha Moya, impulsó la validación de la elección en una sesión que duró apenas cuatro minutos y medio.

El tribunal concluyó que solo se acreditaron actos de violencia en 23 de las 4,986 casillas instaladas, lo que representa el 0.46%. El exconsejero describió que los incidentes fueron presentados como pruebas en las impugnaciones de los partidos opositores ante el tribunal estatal.

Córdova enfatizó que las investigaciones en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales siguen abiertas cinco años después, sin avance sustancial. Denunció la falta de resultados y la posible cercanía de la fiscalía con el oficialismo.

El caso resurgió a raíz de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la fiscalía de Estados Unidos en Nueva York, en la que se involucra a Rocha Moya y nueve funcionarios más con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El documento sostiene que existió un pacto para asegurar el triunfo de Rocha Moya y que funcionarios estatales entregaron datos de rivales al grupo criminal.

Violencia, secuestros y robo de urnas: el trasfondo de la elección en Sinaloa

La elección de 2021 en Sinaloa estuvo marcada por hechos violentos, amenazas y secuestros que afectaron a candidatos y operadores electorales de distintos partidos.

Días antes y durante la jornada electoral ocurrieron al menos seis secuestros, dos asesinatos y una amenaza, según el proyecto Votar entre balas. Entre las víctimas estuvo Paola Iveth Gárate Valenzuela, candidata a diputada local por el PRI-PAN-PRD, quien relató a Animal Político: “Yo estaba encañonada de pies a cabeza”, tras ser privada de la libertad la noche anterior a la votación. También fueron víctimas Martha Yolanda Dagnino Camacho, regidora de Morena en Guasave, y el hermano de la candidata Guadalupe Iribe.

Mario Zamora, candidato a gobernador de la alianza PAN-PRI-PRD, narró a Animal Político cómo recibió la llamada de Iribe: “Me habla desesperada, llorando… que no voten por la alianza, que voten por Morena, porque se acaban de llevar a mi hermano”. El viernes 4 de junio de 2021 fue secuestrado José Alberto Salas Beltrán, alto perfil del PRI estatal.

El día de la elección, la violencia llegó a las casillas: medios locales documentaron robo y quema de urnas en el norte del estado, amenazas a periodistas y la suspensión de 23 casillas en Ahome y Guasave.

La Policía Estatal recibió órdenes explícitas de no intervenir en los recintos electorales, incluso ante denuncias de delitos electorales o robo de urnas en municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reportó 23 casillas vandalizadas y la desaparición de 51 paquetes electorales. El PRI enlistó en su impugnación privaciones de la libertad, ataques a casas de campaña, desaparición de paquetes y decenas de carpetas de investigación por delitos electorales.

Dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD viajaron a Washington para presentar un expediente ante la Organización de los Estados Americanos. El tribunal local reconoció “indicios” de violencia pero descartó “prueba plena”. La diferencia de votos fue usada como argumento para sostener la validez del resultado.

El expediente abierto en Nueva York describe reuniones previas entre Rocha Moya y Los Chapitos, con promesas mutuas: asegurar el triunfo y designar funcionarios afines al narco.

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó una fuerte diferenciación entre la gestión de Javier Milei y la de Mauricio Macri, en la que se desempeñó como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), anticipó un triunfo electoral del actual presidente en 2027 y aseguró que el tipo de cambio no está atrasado.

En una entrevista con Economía de Quincho, el titular del Palacio de Hacienda contrastó ambas gestiones: “Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Voy a decir algo bien concreto y que quede bien en claro: este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto. Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos".

Y continuó: “Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Javier Milei y se mantuvo intacto durante los dos primeros años. O sea, no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal".

“Con Macri hubo una euforia financiera que le permitió financiar esos dos años y medio de transición. El objetivo era noble: tratar de reducir el déficit fiscal con crecimiento. Como no se materializó, el déficit quedó igual y el financiamiento se terminó”, afirmó.

Según Caputo, la actual administración “hizo exactamente lo opuesto y por eso casi es un caso de estudio. Terminó con el déficit fiscal en el primer mes de mandato y el cuasifiscal en diez meses. Era un déficit consolidado de 15 puntos. Hoy hay euforia por invertir en la economía real y cero euforia en lo financiero”.

Tras los cortocircuitos públicos con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el funcionario nacional aprovechó para marcar distancia con la Convertibilidad: “Tuvo apenas superávit primario, aunque no llegó ni a tres años, y por privatizaciones. Cuando se terminaron las privatizaciones, afloró el déficit y empezaron a aflorar los problemas. La Convertibilidad cayó por el mismo problema que cayó siempre la Argentina: porque no se le dio nunca importancia real a tener equilibrio fiscal”.

Críticas al kirchnerismo y escenario electoral

Por otra parte, Caputo dirigió cuestionamientos hacia el kirchnerismo y aventuró un escenario político contundente para 2027. Además, afirmó que la economía muestra récord de exportaciones y consumo, y que “los salarios informales están fuertemente arriba de la inflación y los formales empatados contra noviembre de 2023. También hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal. En todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

El funcionario anticipó: “Va a ser la primera vez que vamos a crecer cuatro años seguidos. El argentino no es zonzo. Pueden medir la imagen del presidente y decir que bajo. Pero lleven mañana una urna y nos votan igual porque Axel Kicillof es el infierno. Y la gente en la Argentina no es zonza".

En esa línea crítica, opinó que “el kirchnerismo no es una opción ni aunque nos fuera mal porque ya es un dato para todo el mundo que es un infierno. La mayoría de la gente no quiere volver al infierno. No hay forma. A Kicillof no lo votan ni aunque se junte con el que se junte. No es una opción”.

Caputo expresó que la consolidación institucional requiere dejar atrás opciones políticas “comunistas y socialistas”. “Para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción. Una vez que esto pasa, vas a empezar a ser más como un país normal, donde puede ganar la izquierda, el centro o la derecha pero vas por la misma autopista y las reglas se mantienen. Solamente en la Argentina pasa que gana un candidato y va para el otro lado. Eso es lo que no puede pasar”, apuntó.

Respecto a los riesgos de inestabilidad, sostuvo: “Creo que el riesgo es cero y que no hay posibilidad de volver ahí. Pero no es lo que piensa el mercado, que le asigna un 10% o 15% de probabilidad a ese escenario y es por eso que el riesgo país vale 500 puntos básicos. Ese escenario es la posibilidad de que el riesgo país vuelva a 3.500”.

Sobre las perspectivas electorales, Caputo fue vehemente al expresar que 2027 “va a ser un año atípico electoralmente”. A su juicio, “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes. Ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″. “Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo”, vaticinó.

Recuperación económica

En términos económicos, el ministro proyectó que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio. Explicó que el proceso de desinflación persiste y resulta determinante para la reactivación. “Para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales. Eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

En materia fiscal, Caputo defendió la continuidad de las rebajas impositivas: “Buscamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva”. Agregó: “Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años. El aumento de la recaudación tiene que venir por aumento de la formalización y por crecimiento económico”.

Siguiendo esa línea argumental, puntualizó que ya bajaron “más de 2,5% puntos del PBI en impuestos”, lo que, según sus cálculos, equivale a casi USD 15.000 millones por año. Y planteó como meta que “toda la economía converja al nivel impositivo del RIGI. Hoy no lo podemos hacer con toda la economía porque si no recaudamos menos, empezamos a tener déficit y todo el mundo dice ‘vuelve Cristina’”.

Proyectó: “Cada cuatro puntos de crecimiento, la recaudación crece un punto del PBI. La Argentina es un país que, fácil, puede crecer entre 6% y 8% por los próximos cuatro años. Si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año. En esos dos años, se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos. Si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

Tipo de cambio y contexto externo

Consultado sobre el dólar, Caputo subrayó que “estamos en récord de exportaciones con las tasas en pesos para abajo y con el Banco Central teniendo que comprar más de USD 100 millones por día para que el dólar no se caiga a $1.100, en pleno shock externo fuertísimo. En cualquier otra situación, este shock sacaba a la Argentina de la cancha”.

Afirmó: “No hay un tema con el tipo de cambio, más allá de que nosotros no nos arrogamos la soberbia de decir que sabemos cuál es el tipo de cambio real. Lo que veo son indicios que no indican que haya atraso cambiario”.

Sobre los cuestionamientos a la política aperturista, respondió: “A los que dicen que estamos con una apertura comercial descontrolada, tenemos un menor nivel de importaciones de lo que hubo en la época kirchnerista, hace 10 años. El hecho de abrir la economía es lo que hace que seas más productivo. Hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.

En diálogo con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Knopoff propuso una mirada dicotómica sobre la sociedad: “Si yo tuviese que dividir a la sociedad de manera dicotómica, diría en términos de rumbo, me parece que es más profundo que una figura como Milei o una figura como Kicillof o Cristina”.

El siperismo y la fractura del sistema político argentino

Knopoff introdujo el concepto de “siperismo” para describir a un sector clave: “Es donde aparecen lo que nosotros llamamos los siperistas, los que dicen sí, el rumbo está bien. Tienen objeciones. Y tienen objeciones algunas de orden social, como el cuidado de los jubilados, el cuidado de la discapacidad, otras de orden económico. Otros de temas históricos como puede ser educación”.

Señaló que el siperista “posiblemente es el sujeto político que creció más en este tiempo y el que va a definir la elección del año que viene”.

El director de Isonomía remarcó la crisis de representación: “Lo que está pasando acá es que el globo se desinfla, o sea, quedan cada vez más argentinos afuera de aprobar el sistema político, porque de hecho, bien vos decías nadie capitaliza y, y, y al mismo tiempo, las figuras que en general tienen más sustentación son las del gobierno. Posiblemente el gobierno con menos aprobación de los últimos largos años y frente a la posición de menos aprobación de los últimos largos años”.

El rumbo, más relevante que los nombres propios

Consultado sobre las perspectivas para 2027, Knopoff afirmó: “La pregunta pasa, si querés, por qué rumbo quieren. Cuando no hay sistema político, hay algo más profundo que los nombres. En este caso podría ser el rumbo. Hoy tenés más argentinos que quieren algo parecido a este rumbo y lo que te muestra es que la elección del año que viene no es de continuidad de cambio, es de cambio o cambio. La pregunta es qué cambio”.

Knopoff identificó a los “siperistas” como votantes indecisos que condicionan su apoyo al gobierno en función de matices y objeciones: “El gobierno tiene dos caminos que pueden congeniarse o no. Pragmatismo político, abrazar un montón de actores políticos y tratar de abrazar su agenda y quedarse con el, con las objeciones adentro o resultados. O sea, si lograra resultados a cierta velocidad, bueno, tal vez necesite menos el pragmatismo. Tal vez es una combinación de ambos”.

Se refirió también a las posibilidades de la oposición: “No han podido construir el posmileismo. Es una conversación premileista la que da muchas veces la oposición. Posiblemente esta es la oposición más estatuquista de la que tuviste en todo el, en todo el, el regreso de la democracia acá. Y hay algo que es la pulsión de cambio”.

El perfil emocional del electorado y el desafío institucional

Knopoff analizó la agenda social y económica, al advertir que “la variable de preocupación de inflación posiblemente es la que más bajó y al mismo tiempo la que más creció tiene que ver con qué viene después de eso. Algunos te hablan de crecimiento, otros te hablan de empleo, otros te hablan de pobreza. Pero es la agenda, la agenda económica”.

Respecto de la importancia de las emociones en el voto, subrayó: “La gran clave va a estar en entender, que no lo sabemos hoy, cuál va a ser el mapa emocional del argentino el año que viene. O sea, si las emociones son de alta intensidad, como enojo, ira y demás, mmm, versus algarabía, euforia y demás, posiblemente tengas polarización”.

En cuanto a los desafíos institucionales, planteó: “La institucionalidad es una de las barreras, por suerte, que todavía tiene la Argentina muy fuerte en, frente a cualquier proceso político, este, el que venga y el que se fue. Entonces, en lo institucional, si querés, en el, en el arco político, al Gobierno le queda la posibilidad cierta de abrazar ciertos actores de la política o desde los temas”.

Mencionó actores con peso específico: “Mauricio Macri es una figura posiblemente del PRO si querés, y el PRO si querés es, es como un actor que, que podría dar, que podría dar sentido. Hay, si querés, un conjunto de cuatro o cinco gobernadores, desde Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, alguna, alguna en el sur, eh, que podría ser. Si no, podrían ser actores del sistema”.

Para Knopoff, la clave de la elección estará en “quién cuida mejor ese esfuerzo, ergo, el rumbo”.

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La consejera electoral Carla Humphrey detalló que el voto electrónico en Coahuila avanzará con la instalación de urnas del INE en 15 casillas especiales durante la jornada del próximo 7 de junio, una prueba piloto vinculante que ya recibió aval técnico y de seguridad.

Desde su cuenta oficial en ‘X’, la integrante del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el área informática del organismo y el ente verificador externo, la Universidad Autónoma de México (UAM), validaron la versión 7.6.0.4 del sistema. También reportó que ambas instancias emitieron el visto bueno de seguridad y el informe final de operatividad, por lo que se confirmó, según escribió, la “madurez e integridad técnica” del software para su despliegue en la elección.

El dato central del anuncio fue territorial. Humphrey indicó que las urnas electrónicas serán enviadas a Coahuila en estos días, sin dar más detalles. Ese tipo de casilla suele instalarse para que puedan votar personas electoras que se encuentran fuera de la sección que les corresponde, por lo que la prueba piloto tendrá un componente operativo ligado a movilidad y atención en puntos estratégicos del estado.

Los municipios donde se instalarán las urnas

La lista difundida por Humphrey coloca la prueba piloto en varias zonas de Coahuila. En la región norte aparecen Acuña y Piedras Negras. En la zona centro y desértica figuran Cuatro Ciénegas, Monclova y Sabinas. También se contemplan Parras y San Pedro.

En el sureste y la zona metropolitana del estado, el INE prevé instalar urnas en Saltillo y Ramos Arizpe. A eso se suma Torreón, uno de los principales centros urbanos de la entidad.

El anuncio se produce después de otras acciones del INE vinculadas con herramientas de votación no presenciales o asistidas para la elección local de 2026 en Coahuila.

El pasado 8 de mayo, el organismo informó sobre un segundo simulacro del Sistema de Voto Electrónico por Internet. Días antes, el 4 de mayo, también aprobó el voto anticipado por internet para personas con discapacidad o con impedimentos físicos para acudir a una casilla y para sus personas cuidadoras primarias.

En ese marco, el mensaje de Humphrey coloca el foco en el siguiente paso: la llegada física de las urnas electrónicas a los municipios coahuilenses donde el INE aplicará esta prueba piloto con efectos vinculantes.

Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la próxima elección del Poder Judicial hasta 2028, en lugar de realizarla en 2027 como estaba previsto originalmente. La propuesta busca modificar el calendario electoral y ajustar distintos aspectos del modelo de votación judicial aprobado tras la reforma impulsada por el oficialismo.

De acuerdo con la mandataria, uno de los principales motivos para mover la fecha es evitar que en 2027 coincidan las elecciones judiciales con los comicios para gubernaturas, congresos locales y alcaldías, lo que complicaría la logística electoral y elevaría considerablemente los costos para el Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta también ocurre después de diversas críticas y observaciones surgidas tras la primera elección judicial realizada en 2025, un proceso que generó cuestionamientos por la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y la selección de perfiles considerados poco preparados para ocupar cargos judiciales.

Según explicó Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, celebrar la elección judicial en 2027 implicaría instalar casillas separadas y organizar dos procesos distintos el mismo día, uno para cargos políticos y otro para el Poder Judicial.

Además, Morena y sus aliados consideran que el aplazamiento permitiría corregir fallas detectadas en el modelo actual y fortalecer los filtros para seleccionar candidatos con perfiles técnicos más sólidos.

Estos son los cambios clave que contempla la iniciativa

La reforma que será enviada al Congreso no sólo propone cambiar la fecha de la elección judicial. También incluiría otros ajustes relevantes al sistema:

1. La elección judicial se movería oficialmente a 2028

La iniciativa plantea que la jornada electoral prevista para 2027 se recorra al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como local.

Además, se establece que las elecciones judiciales posteriores seguirán coincidiendo con procesos ordinarios en años como 2030, 2033 y 2036.

En la elección de 2028 se renovarían:

• 4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF
• 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito
• 385 jueces de Distrito
• 424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades

2. Se creará una Comisión Coordinadora para evaluar candidatos

Otro de los cambios relevantes es la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.

Esta comisión tendría funciones como:

• Verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad
• Establecer criterios unificados de evaluación
• Aplicar exámenes de conocimientos a candidatos

El objetivo sería hacer más uniforme y transparente la selección de perfiles para cargos judiciales.

3. Habrá menos candidatos en las boletas

La reforma también propone reducir el número de candidaturas por cada Poder para facilitar la votación ciudadana.

Los Comités evaluarían conocimientos, competencias, antecedentes y “buena fama pública” de los aspirantes, seleccionando a las cuatro personas mejor calificadas por cargo. Posteriormente se realizaría una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por puesto y especialidad, respetando la paridad de género.

Entre las reducciones contempladas destacan:

• SCJN: de 81 a 54 candidaturas
• Tribunal de Disciplina Judicial: de 45 a 30
• TEPJF: de 63 a 42

4. Se simplificarán las boletas electorales

El documento plantea una simplificación de las boletas judiciales para facilitar el voto.

Cada persona votaría por un juez y un magistrado de cada especialidad entre las candidaturas propuestas por los tres Poderes. Además, las boletas distinguirían claramente qué Poder postuló a cada aspirante, incluyendo a jueces y magistrados en funciones que busquen reelegirse.

Para ello, el INE tendría que dividir el territorio en distritos judiciales específicos.

5. Jueces y magistrados deberán capacitarse permanentemente

La propuesta contempla programas obligatorios de actualización y capacitación permanente para todas las personas juzgadoras.

El Tribunal de Disciplina Judicial, junto con la Escuela Judicial, sería el encargado de implementar estas evaluaciones y capacitaciones continuas, mientras que la ley definiría criterios, metodologías y plazos para garantizar transparencia.

6. Los estados deberán replicar las reglas federales

Otro punto relevante es que los Poderes Judiciales locales tendrían que adaptar sus elecciones a criterios similares a los del ámbito federal.

Entre las medidas obligatorias estarían:

• Comités de Evaluación con metodologías unificadas
• Insaculación obligatoria de candidaturas
• Reducción de candidatos en boletas
• Evaluaciones de desempeño y capacitación permanente

Otras modificaciones relevantes

La iniciativa también incluye otros cambios adicionales, como:

• Permitir que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, sin intervención de representantes partidistas
• Que el conteo de votos se haga directamente en las casillas
• Adelantar de septiembre a abril la convocatoria general emitida por el Senado para dar más tiempo a la evaluación de candidaturas

Asimismo, se establece que cuando un juez o magistrado deje vacante el cargo por renuncia, muerte o destitución, el puesto permanecerá vacío hasta la siguiente elección, en vez de ser ocupado automáticamente por el segundo lugar.

Finalmente, la propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 sea concurrente con una eventual consulta de revocación de mandato, en caso de solicitarse conforme al artículo 35 constitucional.

El expresidente panameño (2004-2009) Martín Torrijos Espino, de 62 años de edad, presentó este domingo su nuevo partido “Unidos para la Nueva Era (UNE)”, con el cual busca presentarse en las elecciones de 2029.

Hijo del extinto general Omar Torrijos Herrera (1929-1981), el 31 de enero de 2024 renunció al colectivo que fundó su padre, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con el cual llegó a la Presidencia en 2004, alegando que “su única lealtad” estaba con los “principios y valores que le enorgullecen como panameño”.

En esa oportunidad, dijo que el PRD se había alejado de los postulados dejados por su padre, por lo que para las elecciones de 2024 corrió bajo la bandera del Partido Popular, antes Democracia Cristiana, férreo opositor al régimen militar de Torrijos padre.

Torrijos Espino llegó de tercero en esos comicios, donde participaron ocho candidatos, mientras que el elegido por su antiguo partido el PRD, José Gabriel Carrizo Jaén, marcó de sexto.

Ahora, el expresidente aseguró que “con la UNE nos prepararemos para ganar las elecciones de 2029 y cumplirle a este país”.

En Panamá hay actualmente nueve partidos legalmente reconocidos por el Tribunal Electoral.

Haste este 14 de mayo de 2026 un total de un millón 548 mil 317 panameños están inscritos en los partidos políticos legalmente constituidos y en formación.

La cifra representa un incremento de 6,240 afiliados en comparación con la registrada la semana anterior, de acuerdo con la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Torrijos Espino añadió que en el país se hace necesario una nueva organización política, “eso sí, con ética, con visión, con un programa para el país. Nuestra responsabilidad es que sea distinta, no un partido tradicional más, no venimos a parecernos a nadie y que eso quede bien claro”.

A la UNE le toca ahora un proceso de consolidación y estructura, para presentarse ante los electores en los comicios electorales de 2029.

En su discurso de presentación del partido que lidera, Torrijos Espino manifestó que “Panamá perdió el rumbo, pasamos de la política a la politiquería, la política dejó de servir y resolver, se alejó de las necesidades de los panameños”.

Cuestionó el manejo de las instituciones públicas y señaló supuestos abusos dentro de la clase política.

“Cómo improvisan, cómo abusan del poder, cómo convierten las instituciones en un botín, cómo se reparten coimas, privilegios, planillas y contratos, cómo se hacen leyes en beneficio propio, cómo las denuncias nunca quedan en nada, quedan en la impunidad”.

Torrijos sostuvo que Panamá necesita una alternativa política distinta a los partidos tradicionales y aseguró que la nueva organización buscará enfocarse en ética, visión y propuestas para el país.

Durante el lanzamiento de UNE, el expresidente reiteró que la nueva agrupación política pretende diferenciarse del modelo tradicional de partidos.

“Hoy estamos dando un paso positivo para el país. Panamá necesita una alternativa. Si no nos involucramos, los problemas no van a desaparecer”, indicó.

Respecto a la falta de agua potable en numerosas comunidades, solicitó que este sea un tema tratado como de emergencia nacional y se actúe de una vez, ya que a su criterio no se resuelve con el cambio de mando en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), de un ingeniero a un abogado.

Recientemente, el presidente José Raúl Mulino nombró en el Idaan al abogado Antonio Tercero González. Ante las críticas, Mulino dijo que “la historia del Idaan está llena de ingenieros, y ahí está el desastre de institución que es”.

Sobre el futuro de la mina de cobre, cuya operación fue cerrada a finales de 2023, debido a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de que en todo el país se escenificaran sendas protestas, el expresidente Torrijos Espino propuso un plebiscito.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció un 2,2% en el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el gasto público y la expansión de servicios, mientras que la inversión, la construcción, la agricultura y la minería registraron descensos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), resultado menor que el 2,5% del mismo periodo de 2025. El principal motor de este avance fue el gasto del gobierno, mientras que la inversión y varios sectores productivos clave, como construcción, agricultura y minería, mostraron deterioro.

De acuerdo con la entidad, se destaca que las actividades de administración pública y defensa, salud y educación aumentaron en conjunto un 5,7%. Por su parte, las actividades artísticas y recreativas subieron un 3,2%, y el comercio, transporte y alojamiento crecieron un 2,9%.

Por su parte, el sector agropecuario, tradicional soporte de la economía, retrocedió un 1,4% tras haber crecido un 5,8% en igual periodo del año anterior. La construcción profundizó su ciclo recesivo con una caída del 5,4%, y minería y canteras bajaron un 0,1%. En el sector industrial, el Dane reportó un crecimiento del 2,9%, aunque la Encuesta Manufacturera sitúa este avance en solo un 1,6%. La industria se mantiene apenas por encima de los niveles de 2022.

Desde la perspectiva del gasto, el consumo total subió un 3,4%. El mayor impulso lo aportó el gasto del Gobierno, que creció un 7,8% en el trimestre. En contraste, la inversión disminuyó un 3%, cifra que la mantiene 10,7% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Preocupaciones sobre el déficit fiscal y la sostenibilidad económica

Debido a los resultados, dirigentes y expertos advirtieron que la combinación pone en entredicho la sostenibilidad de la recuperación y el equilibrio de las finanzas públicas. Y es que la dependencia creciente del gasto público como motor de la expansión genera inquietud entre los principales gremios.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, advirtió que “al analizar el crecimiento económico tanto desde la perspectiva sectorial como desde el gasto, preocupa la contribución del gasto público en el desempeño económico reciente, precisamente, en un momento donde el principal problema económico es la sostenibilidad de las finanzas”.

Mostró temor el dirigente al manifestar que el crecimiento lo esté liderando el gasto público en un momento cuando el déficit fiscal está alrededor del 7%, la caja está en mínimos históricos, el rezago presupuestal es significativo y el Ministerio de Hacienda está colocando TES a tasas del 14% para lograr cumplir con este gasto desbordado.

Mac Master resaltó que el crecimiento del país se mantiene por debajo de la tendencia histórica, ya que prácticamente el país se estancó en el 2% cuando hace unos pocos años estaba en 4% y la meta era niveles del 6% o 7%. Según él, tampoco se generan las condiciones para el crecimiento futuro. Además, lamentó que la inversión se rezagó y hoy apenas alcanza el 17% del PIB.

Asimismo, el CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, exdirector ejecutivo de Fedesarrollo, criticó que el gasto público explica el 63% del crecimiento del PIB en los últimos tres trimestres. Explicó que el dinamismo no traslada una recuperación general del sector privado y remarcó que “la inversión continúa 10,7% por debajo de niveles prepandemia. Con un déficit fiscal proyectado por encima del 6% del PIB, esta tendencia es insostenible”.

Mejía enfatizó la necesidad de “una consolidación fiscal ordenada: debe reducir la dependencia del gasto público, abrir espacio a la inversión privada y recomponer las fuentes de la actividad económica.”

A su vez, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, también apuntó al gasto público, teniendo en cuenta que la inversión, el verdadero motor de una economía sostenible, tuvo una reducción del 3% en el periodo analizado.

Cabal añadió que el próximo gobierno deberá enfrentar “el caos en que, en forma inducida, se ha sometido a las finanzas públicas, dejándolas en un estado deplorable”. También advirtió que la incertidumbre mantiene paralizados los proyectos de inversión.

El papel del sector privado y perspectivas para el crecimiento

La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, indicó que “el 2,2% del PIB muestra resiliencia, pero también hay que mostrar preocupaciones importantes, como que revela que los motores claves como construcción, agro, minería, siguen apagados.”

Para la líder gremial, la meta del país debe estar en “crecer mejor y con todos sus motores encendidos, con más inversión privada, estabilidad jurídica, reglas predecibles, confianza para producir, contratar e innovar.” Según ella, “crecer más importa. Crecer mejor es lo que cambia vidas.”

En la misma línea, Mac Master remarcó que “el próximo gobierno debería contar con una clara propuesta de crecimiento, con metas ambiciosas y que le de tranquilidad y confianza a los mercados, a los inversionistas, a los empresarios y a la sociedad en general.” Insistió en que los empresarios “tienen un papel protagónico manteniendo la confianza en el país, buscando oportunidades e invirtiendo.”

Ante esto, la incertidumbre destacada por los gremios influye en la posición de Colombia en la región y desincentiva proyectos de mediano y largo plazo.

Inflación y tasas de interés en el escenario actual

Desde el ámbito monetario, la economista principal de DAVIBank, Jackeline Piraján, señaló que “los datos de actividad de hoy muestran que si bien Colombia está en un proceso tal vez de moderación de su actividad económica, el sector público sigue siendo un gran contribuyente a que Colombia siga expandiéndose a tasas por encima del 2%.”

Destacó que el consumo de los hogares mantiene cierta solidez pese a señales de moderación.

Piraján advirtió sobre la inflación: “Recordemos que estamos en un escenario en el que la inflación cambió su dirección de tendencia y más bien nos estaríamos aproximando a ver que la inflación pueda cerrar por encima del 6% este año en conjunto con una actividad económica que podría todavía estar dando señales de que los hogares consumen por encima de la capacidad que tiene la economía.”

Considera que este escenario llevaría al Banco de la República a seguir aumentando las tasas de interés (11,25%) luego del periodo electoral.

Añadió que el Emisor seguirá subiendo las tasas de interés después de esta interrupción del mes de abril y probablemente va a llegar a tasas de interés cercanas al 12%”. Piraján valoró que tasas elevadas pueden incentivar el ahorro a largo plazo y favorecer la estabilidad del consumo. Por último, estimó que el crecimiento económico de 2026 podría situarse entre el 2% y el 5%, y que la inflación actual ronda el 5,7%.

La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea lanzó una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al Gobierno y a distintos actores políticos y sociales de Costa Rica tras analizar el desarrollo de las elecciones generales de 2026.

En su informe final, presentado en la sede central del TSE, la misión europea concluyó que el proceso electoral costarricense fue organizado “de manera transparente y eficiente”, aunque alertó sobre el impacto de la desinformación, los ataques digitales y las campañas dirigidas a debilitar la credibilidad de las autoridades electorales.

Entre las principales recomendaciones figura reforzar la comunicación institucional sobre las garantías técnicas del proceso electoral, especialmente en temas sensibles como el conteo de votos y el escrutinio.

La Unión Europea también recomendó fortalecer iniciativas independientes de verificación de datos y programas de alfabetización mediática y digital para combatir la manipulación de información en línea, incluyendo contenidos generados mediante inteligencia artificial.

Además, planteó la necesidad de establecer marcos jurídicos más claros sobre publicidad estatal y asignación de frecuencias de radiodifusión, introducir franjas de propaganda electoral equitativas para todos los partidos y fomentar una mayor observación electoral independiente.

Otra de las recomendaciones apunta directamente al funcionamiento de las juntas receptoras de votos. La misión sugirió “simplificar y ciudadanizar” el sistema de selección del personal electoral, de forma que todos los integrantes queden bajo autoridad directa del TSE y reciban capacitación formal.

El informe también pidió mejorar la publicación conjunta de actas de resultados y escrutinio para facilitar el acceso ciudadano a la información, así como valorar plazos procesales más ágiles para resolver denuncias relacionadas con elecciones.

Desinformación y ataques contra el TSE

Uno de los apartados más extensos y delicados del informe se concentró en la ofensiva digital que enfrentó el TSE durante el proceso electoral.

La misión europea concluyó que Costa Rica vivió “cuestionamientos sin precedentes” contra la autoridad electoral, principalmente impulsados desde redes sociales, páginas afines al oficialismo y cuentas coordinadas.

Según el documento, aunque el presidente saliente Rodrigo Chaves inicialmente elogió al TSE, posteriormente cuestionó públicamente la imparcialidad de la institución y llegó a afirmar que intentaban censurarlo.

“Este discurso acentuó la pérdida de confianza en las instituciones, principalmente entre los simpatizantes del Partido Pueblo Soberano”, señala el informe.

La misión también mencionó a la entonces candidata oficialista Laura Fernández Delgado, indicando que aunque mantuvo un tono “menos confrontativo”, realizó declaraciones que sugerían supuestos sesgos del TSE contra su movimiento político.

El informe sostiene que hashtags como “#NoConfíoEnElTSE”, acusaciones de parcialidad a favor del PLN y teorías sobre elecciones “amañadas” circularon constantemente en plataformas digitales.

Además, los expertos europeos citaron análisis del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica, que detectó actividades sofisticadas de cuentas tipo “troll” destinadas a amplificar ataques personales y polarización política.

Incluso después de las elecciones, la misión observó nuevas olas de desinformación ligadas a supuestas irregularidades en el escrutinio y publicaciones engañosas sobre las actas electorales.

La respuesta del Tribunal Supremo de Elecciones

Pese al escenario de polarización, la Unión Europea destacó la reacción del TSE ante los ataques.

El informe considera que la respuesta “más consistente” de la institución fue priorizar la transparencia y mantener un proceso abierto a observación nacional e internacional.

Los expertos resaltaron que el TSE explicó públicamente cada etapa del proceso electoral, desde la preparación de materiales hasta el conteo y transmisión de resultados.

También reconocieron la decisión de mantener el voto manual pese a pruebas exitosas de voto electrónico, argumentando que esto fortaleció la trazabilidad y la confianza en el proceso.

La misión europea destacó además iniciativas digitales impulsadas por el tribunal, incluyendo la plataforma “Que no lo engañen”, campañas informativas en redes sociales y el trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para monitorear desinformación y discursos de odio.

Costa Rica, un modelo regional según la UE

Más allá de las recomendaciones y advertencias, el informe calificó el sistema electoral costarricense como sólido y alineado con estándares internacionales.

La misión elogió el padrón electoral “altamente inclusivo”, la claridad en la inscripción de candidaturas, la calidad de los materiales utilizados en juntas receptoras de votos y la transparencia del escrutinio.

También resaltó los avances en paridad de género, señalando que Costa Rica cuenta con “uno de los marcos más avanzados del mundo” en esa materia.

El informe destacó particularmente la elección de la segunda mujer presidenta de la República en la historia del país y el hecho de que la Asamblea Legislativa quedara integrada por mayoría femenina por primera vez.

Asimismo, reconoció las medidas implementadas por el TSE para facilitar la participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad durante las elecciones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó USD 17,74 millones en intereses al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la activación de USD 2.500 millones del swap de monedas por USD 20.000 millones en el cuarto trimestre de 2025,

Así se desprende del informe de Estados Contables del Ejercicio 2025 del organismo presidido por Santiago Bausili. La operación se enmarcó en un acuerdo de estabilización cambiaria suscripto el 18 de octubre de 2025, en la previa de las elecciones legislativas nacionales, entre el BCRA y el Tesoro estadounidense, por un monto máximo de hasta 20.000 millones de dólares.

El documento oficial describe ese convenio como parte de “una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”.

El swap fue concertado y cancelado dentro del mismo ejercicio fiscal: el BCRA activó la operación durante el cuarto trimestre de 2025 y la saldó antes del cierre del período. El costo financiero de ese préstamo de corto plazo —USD 17,743 millones sobre un capital de USD 2.500 millones— equivale a una tasa de interés efectiva de aproximadamente 0,71% por el período de utilización.

Para la cancelación del tramo activado del swap, la autoridad monetaria tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional. Según consta en los balances de la autoridad monetaria, se apeló al Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) por medio de un Convenio de Facilidad Crediticia por un monto de USD 2.500 millones, que, más intereses devengados, ascendía a USD 2.888,9 millones a fines del año pasado.

El BIS una organización con sede en Basilea, Suiza, que agrupa a bancos centrales de todo el mundo. Su función principal es fomentar la cooperación entre bancos centrales y promover la estabilidad financiera global.

Según el informe oficial, el swap con Estados Unidos tuvo como propósito “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. El mecanismo bilateral habilita al BCRA a ampliar “el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales”. En concreto, EE.UU. intervino en los mercados locales para contener al dólar antes de los comicios de medio término.

Los swaps de monedas son operaciones mediante las cuales dos bancos centrales o tesoros se intercambian divisas por un período determinado, con el compromiso de revertir la transacción en una fecha acordada y al pago de los intereses correspondientes. En este caso, la operación permitió al BCRA acceder temporalmente a dólares del Tesoro de Estados Unidos para reforzar sus reservas internacionales, sin que el acuerdo implicara una transferencia definitiva de fondos.

El acuerdo marco, firmado en octubre de 2025, habilitó operaciones de hasta USD 20.000 millones, aunque en esta primera utilización el monto activado fue de USD 2.500 millones. Los Estados Contables del Ejercicio 2025 del BCRA detallan que el monto del swap “ascendió a USD 2.500 millones” y que “los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a USD 17,743 millones”.

Cronología del swap con EE.UU.

El respaldo financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos al gobierno argentino, formalizado en octubre de 2025 con la habilitación de una línea de swap de divisas por hasta USD 20.000 millones, representó un cambio relevante tanto en la relación bilateral como en la orientación de la economía local.

La asistencia, gestionada mediante el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés), se implementó ante la volatilidad cambiaria observada en el período previo a las elecciones, en un escenario de reservas internacionales bajas y presión sobre el mercado de divisas.

A través de este mecanismo, el Banco Central estaba habilitado a intercambiar pesos por dólares, lo que permitió reforzar la defensa del peso y acceder con rapidez a moneda extranjera durante una etapa de marcada inestabilidad cambiaria.

De los USD 20.000 millones anunciados, solo se activaron USD 2.500 millones para intervenir en el mercado de cambios y moderar la volatilidad que caracterizó al período preelectoral. A comienzos de 2026, tanto el gobierno de Donald Trump como el de Javier Milei confirmaron que la Argentina repagó el mencionado monto.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, comunicó Scott Bessent, titular de la cartera económica estadounidense, a principios de enero.

Por su parte, desde el BCRA informaron que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

Las dos partes confirmaron la restitución de los fondos pendientes. El Tesoro de Estados Unidos empleó esos dólares para comprar pesos en el mercado de cambios, con el objetivo de disminuir la volatilidad registrada en la previa de las elecciones legislativas. Luego de la amplia victoria del oficialismo, el clima de incertidumbre disminuyó y el dólar mayorista mantuvo una cotización estable.

Por su parte, Bessent subrayó que Estados Unidos obtuvo beneficios económicos a partir del swap con Argentina, tal como se había comunicado al momento de firmar el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.

La temporada electoral de 2026 en Georgia ya está en marcha, marcando un año decisivo para el Estado del Melocotón. El proceso comenzó con el inicio de las elecciones primarias, una etapa fundamental que definirá a los candidatos que competirán por los principales cargos estatales, incluido el de gobernador, y decidirá quiénes tendrán la oportunidad de desafiar al senador Jon Ossoff. Desde el primer día de votación anticipada hasta la posibilidad de una segunda vuelta, los electores cuentan con un calendario detallado que establece cada momento clave del proceso.

El próximo martes 19 de mayo de 2026, los habitantes de Georgia acudirán a las urnas en una jornada que se extenderá desde las 7:00 hasta las 19:00. Este día representa la culminación de una serie de fechas relevantes que los votantes deben tener presentes para participar de manera efectiva en los comicios. El ciclo electoral no solo determinará a los candidatos de los partidos principales, sino que también abrirá la puerta a posibles segundas vueltas en caso de que ningún aspirante supere el umbral necesario en su contienda.

Entre los aspectos más destacados del calendario electoral se encuentra la anticipación de los plazos para ejercer el derecho al voto. El primer día para solicitar una papeleta de voto por correo fue el 2 de marzo de 2026, permitiendo a los electores que así lo requieran recibir y enviar sus votos sin necesidad de acudir físicamente a las urnas. La inscripción para nuevos votantes cerró el 20 de abril, marcando el límite para quienes desean participar en estas elecciones primarias. La votación anticipada, una modalidad que facilita la participación y reduce las aglomeraciones, comenzó el 27 de abril y se extendió hasta el 15 de mayo.

El último día para solicitar una papeleta de voto por correo fue el 8 de mayo, garantizando que quienes prefieran esta opción pudieran ejercer su derecho a tiempo. Todos estos plazos son esenciales para que la ciudadanía pueda organizarse y participar activamente en el proceso democrático, ya sea de manera presencial o a distancia. El día de la elección, el 19 de mayo, los centros de votación abrirán a las 7:00 y cerrarán a las 19:00, un horario amplio que busca facilitar el acceso a todos los votantes.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en su respectiva contienda durante las primarias, el proceso contempla la realización de una segunda vuelta electoral. Esta instancia está programada para el 16 de junio de 2026. En la segunda vuelta solo participarán los dos candidatos con mayor número de votos en cada contienda no resuelta. Así, se garantiza que el candidato que avance a la boleta general cuente con el respaldo mayoritario de los votantes de su partido.

El calendario para la segunda vuelta también está claramente definido. El primer día para solicitar la papeleta de voto por correo será el 30 de marzo de 2026, mientras que la fecha límite para inscribirse como votante será el 18 de mayo. La solicitud de voto por correo podrá realizarse hasta el 5 de junio. La votación anticipada para esta segunda ronda se realizará del 8 al 12 de junio, permitiendo a los electores emitir su voto antes del 16 de junio, fecha en la que nuevamente los centros de votación estarán abiertos de 7:00 a 19:00.

Otra cita electoral relevante de este año es la elección especial del distrito 13 de Georgia, convocada tras el fallecimiento del representante David Scott. Esta elección se celebrará el 28 de julio de 2026 y tiene como objetivo cubrir el resto del mandato en juego. El proceso de inscripción de candidatos está previsto para los días 11, 12 y 13 de mayo, por lo que solo quienes completen este trámite podrán participar en la contienda. Desde el 11 de mayo, los votantes pueden solicitar la papeleta de voto por correo, mientras que el último día de inscripción de votantes será el 6 de julio.

La votación anticipada para la elección especial comenzará el 6 de julio y finalizará el 24 de julio, tiempo durante el cual los electores podrán participar sin esperar al día de la elección. La fecha límite para solicitar el voto por correo será el 17 de julio, y el 28 de julio los centros de votación funcionarán en el mismo horario habitual, de 7:00 a 19:00. Si ningún candidato logra el 50% de los votos, se efectuará una segunda vuelta el 25 de agosto, en la que participarán los dos aspirantes más votados.

El proceso culminará con las elecciones generales el 3 de noviembre de 2026, un evento que definirá los nombres de quienes ocuparán cargos estatales clave, como gobernador y vicegobernador, además de un escaño en el Senado de los Estados Unidos, los puestos de la Cámara de Representantes federal, la Asamblea General de Georgia y otros cargos estatales y locales. El calendario para estas elecciones también está fijado: los electores pueden solicitar la boleta para voto por correo desde el 17 de agosto, inscribirse hasta el 5 de octubre y anticipar su voto a partir del 13 de octubre.

La solicitud de voto por correo cerrará el 23 de octubre, y la votación anticipada se extenderá hasta el 30 de octubre. El 3 de noviembre, los centros de votación abrirán de 7:00 a 19:00. Si fuera necesario, una segunda vuelta se celebrará el 1 de diciembre de 2026, completando así el extenso calendario electoral que marcará el rumbo de Georgia en los próximos años.

La decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) introdujo un nuevo escenario en las elecciones internas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). A menos de dos meses de los comicios para elegir rector y vicerrectores, la entidad electoral informó que no podrá brindar el servicio de Voto Electrónico No Presencial (VENP), solicitado por el Comité Electoral Universitario (CEU) para las jornadas previstas el 8 y 20 de julio de 2026.

El anuncio apareció en medio de un clima de tensión dentro de la universidad. En los últimos días, estudiantes y docentes mantuvieron protestas y medidas de fuerza en la Ciudad Universitaria para exigir que las elecciones se desarrollen de forma presencial. Las manifestaciones surgieron tras cuestionamientos a anteriores procesos virtuales y pedidos de mayor transparencia en la elección de autoridades.

La comunicación oficial de la ONPE llegó mediante la Carta N.° 002579-2026-GSFP/ONPE, remitida al presidente del Comité Electoral Universitario, Héctor Félix Cerna Maguiña. En el documento, la entidad explicó que las fechas planteadas por la universidad coinciden con actividades relacionadas con las elecciones nacionales de 2026, situación que impide disponer de la capacidad operativa necesaria para implementar el sistema de sufragio digital.

El pronunciamiento también se produjo cuando el calendario electoral sanmarquino avanza hacia etapas decisivas. El plazo para la inscripción de candidaturas a rector y vicerrectores vence el 16 de mayo, mientras distintos sectores universitarios mantienen posiciones enfrentadas sobre la modalidad de votación que debería aplicarse en el proceso.

ONPE descarta brindar el servicio de voto electrónico

La ONPE señaló que la solicitud presentada por el Comité Electoral Universitario recibió evaluación técnica por parte de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE). Tras el análisis, la institución concluyó que no podrá atender el requerimiento de implementación del VENP para las elecciones universitarias programadas en julio.

Según el documento emitido el 12 de mayo de 2026, las fechas coinciden con actividades vinculadas a los procesos electorales nacionales previstos para el próximo año. La entidad precisó que esa situación limita la disponibilidad operativa necesaria para desplegar el sistema de voto electrónico no presencial.

El oficio también incluyó disculpas por los inconvenientes que la decisión pudiera ocasionar en la organización de los comicios internos de la universidad. La comunicación lleva la firma digital de Lidia Hermelinda Flores Jesfen, gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.

La respuesta institucional surgió tras la consulta formulada mediante el Oficio N.° 000050-2026-CEU-AU-OCPTAUCU/UNMSM, enviado por el Comité Electoral Universitario.

Protestas dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El anuncio de la ONPE coincidió con la continuidad de las protestas en la Ciudad Universitaria de San Marcos. Estudiantes mantienen la toma del campus como medida de rechazo frente a la posibilidad de que las elecciones universitarias se desarrollen mediante mecanismos virtuales.

Los sectores movilizados exigen que la elección de rector y vicerrectores se realice de forma presencial. Entre los argumentos expuestos aparecen denuncias de presuntas irregularidades registradas en anteriores procesos de votación digital dentro de la universidad.

Las manifestaciones también se relacionan con el debate político alrededor de una propuesta legislativa que podría modificar las condiciones para la participación de autoridades universitarias en los próximos comicios. El tema generó divisiones entre agrupaciones estudiantiles, docentes y representantes políticos vinculados al sistema universitario.

Calendario electoral y presión sobre el Congreso

El escenario electoral de la UNMSM permanece condicionado por los tiempos del proceso legislativo. El sábado 16 de mayo vence el plazo máximo para la inscripción de candidatos a rector y vicerrectores, fecha que aparece como un punto clave dentro de la disputa política universitaria.

Según el cronograma mencionado en el contexto del debate, para que la actual rectora Jeri Ramón pudiera beneficiarse de una eventual modificación normativa, el Congreso tendría que aprobar la iniciativa antes del 14 de mayo y el presidente interino José María Balcázar tendría que promulgarla el 15 de mayo.

El margen temporal resulta reducido debido a que la Constitución establece un plazo de 15 días hábiles para que el Poder Ejecutivo observe o promulgue una ley aprobada por el Parlamento. Si el Ejecutivo no actúa dentro de ese periodo, el Congreso puede proceder con la publicación de la norma, aunque ese mecanismo excedería el calendario electoral sanmarquino.

El intento de aprobar la propuesta durante el Pleno del 7 de mayo no prosperó. En esa sesión, el presidente de la Comisión de Educación solicitó un cuarto intermedio y la votación quedó suspendida. Pese a ello, varios congresistas expresaron respaldo al proyecto.

Debate político alrededor de la reforma universitaria

El contexto político también incluye cuestionamientos hacia sectores parlamentarios que promueven cambios en el sistema universitario. Edgar Tello, impulsor del proyecto legislativo mencionado en el debate, figura entre los congresistas que respaldan iniciativas dirigidas a reducir las competencias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Esa postura coincide con posiciones expresadas previamente por la rectora saliente Jeri Ramón. La discusión sobre el futuro de la Sunedu se convirtió en uno de los ejes del conflicto político universitario durante los últimos años.

En medio de esa coyuntura, la semana pasada Ramón recibió una condecoración de parte del presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El hecho generó nuevas reacciones dentro de la comunidad universitaria mientras continúa la discusión sobre la organización de las elecciones y la modalidad de votación que finalmente aplicará la universidad.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, prometió este jueves que se celebrarán elecciones en Palestina durante la VIII Conferencia general de su partido, el Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina (Fatah), pero no dio una fecha al respecto.

“Nos estamos preparando para unas elecciones generales y presidenciales”, reveló el mandatario durante la apertura del primer congreso que celebra Fatah en diez años.

Durante los próximos tres días, 2.500 miembros del partido se reunirán en Ramala y telemáticamente desde Gaza, Beirut y El Cairo para elegir a los 18 miembros del Comité Central, el máximo órgano de dirección del movimiento.

La forma que adopte el Comité Central tras las votaciones del sábado determinará también qué rumbo y quién liderará la formación -cuya imagen está muy dañada entre los palestinos por su inactividad y acusaciones de corrupción- tras la muerte de Abás (90 años).

El presidente, que ha estado al mando del partido y del Gobierno palestino desde que sucedió a Yaser Arafat hace más de 20 años, también se comprometió el jueves a llevar a cabo reformas (como le pide EE.UU.) dentro de la ANP y a revitalizar Fatah “con sangre nueva”.

De Sánchez al Partido Comunista de China

Diversas personalidades palestinas y aliados internacionales intervinieron este jueves en la apertura de la conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Ramala, Cisjordania ocupada.

Entre ellos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dedicó al pleno un mensaje pregrabado en el que, como líder de la Internacional Socialista (IS), reafirmó su compromiso con la solución de dos Estados y con el derecho internacional.

Sánchez añadió que el encuentro se celebra en “un momento de profunda dificultad para el pueblo palestino y para la región” -tras la guerras en Líbano e Irán y los más de 72.000 muertos en Gaza- que exige “responsabilidad, unidad y liderazgo político”.

También participó por videomensaje en la jornada Jin Xin, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de China (PCC), quien reafirmó el apoyo “inquebrantable y constante” de Pekín a la “justa causa” del pueblo palestino.

Como Sánchez, el chino hizo hincapié en la necesidad de impulsar una solución política basada en la solución de dos Estados y de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional hacia la paz.

Por su parte, Wasel Abu Yusef, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), expresó que la conferencia de Fatah podría significar un “punto de inflexión”, ya que de las decisiones que se tomen marcarán el futuro de la organización.

Por ultimo, intervino en el pleno Jamal Zahalqa, representante de la comunidad palestina dentro de las fronteras de Israel, quien criticó la “judaización integral” a la que Israel está sometiendo a esta ciudad -donde cerca de sus 40% de habitantes son palestinos- y el borrado de su “identidad confesional”.

“Renovar la sangre” de Fatah

Muna Awad, miembro de Fatah y asistente a la conferencia desde Jerusalén, auguró en conversación con EFE que estos días servirán para “actualizar el programa de Fatah y aportarle sangre nueva”.

“Tenemos que estar más cerca de la ciudadanía y reducir la brecha entre los dirigentes y los ciudadanos. Palestina es una sociedad joven: el 68% de la población tiene menos de 30 años, mientras que el 5% de los mayores de 60 años son quienes gobiernan el país”, explicó.

Azam Cásem, miembro de la dirección de Fatah en la gobernación de Tulkarem (norte de Cisjordania), ofreció un mensaje similar: “Queremos renovar la sangre de los líderes palestinos. Transmitir al mundo, a nuestros amigos y a nuestros seguidores que las nuevas generaciones seremos capaces de gestionar las instituciones democráticas”, compartió con EFE.

“Esta conferencia renueva el espíritu democrático de Fatah como el movimiento responsable del proyecto nacional palestino”, sentenció en Ramala a EFE Walid Al Bayad, miembro del partido.

(con información de EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hay avances en la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (TMEC); sin embargo, dijo que “no hay prisa” en concretar el análisis del documento, a pesar de las afectaciones por la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que próximamente le pedirá que la Secretaría de Economía informe sobre las negociaciones, pero precisó que sí se busca disminuir los aranceles que hay actualmente.

No obstante, explicó que aún no se tiene definida la fecha para revisar el tratado comercial, debido a que no quieren que el tema se politice y se use en las elecciones que se realizarán en México y Estados Unidos.

“Vamos avanzando. No hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan. Eso sí nos interesa muchísimo. Pero digamos, de la revisión, pues estamos viendo en qué momento.

“No queremos, digamos, que la parte más política de elecciones y demás que hay en Estados Unidos y luego posteriormente en México influya, sino que sea realmente una visión de largo plazo de las tres economías, de los tres estados, de las tres naciones”, dijo en Palacio Nacional.

Aseguró que “hay mucha comunicación” entre ambos países y señaló que en las útlimas semas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha tenido reuniones con funcionarios canadienses y estadounidenses.

“Ayer estuvieron en una reunión en Washington. Recientemente estuvo Marcelo en Canadá. Entonces, se va avanzando”, comentó.

Ayer, el secretario de Economía anticipó que la revisión del T-MEC será un proceso prolongado, sin cierre rápido a la vista.

Ebrard descartó que el acuerdo se vaya a renovar de forma expedita y prevé que las evaluaciones podrían extenderse hasta por 10 años, lo que incrementa la incertidumbre para México.

Como prioridad, plantea reducir esa incertidumbre mientras el país busca capitalizar la relocalización de cadenas productivas.

La revisión ocurre en un contexto de despliegue comercial para México, con fechas clave como la firma de un acuerdo con la Unión Europea el 22 de mayo y el inicio de conversaciones formales con Estados Unidos el 27 de mayo. Además, se planean misiones comerciales a China e India.

Ebrard destacó la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, Japón y Alemania juntos, descartando un deterioro en la relación biateral.

El objetivo es lograr mejores condiciones comerciales que otros países competidores, en un escenario donde Washington ajusta políticas arancelarias y diferenciadas.

A pesar del entorno, las exportaciones mexicanas mantienen estabilidad. México apuesta por atraer producción desde Asia en sectores como farmacéutica, semiconductores, electrónica y robótica, aprovechando su infraestructura, costos y capacidades productivas.

“Yo estaba encañonada de pies a cabeza”, así lo ha declarado Paola Iveth Gárate Valenzuela años después de que hombres armados y encapuchados la privaran de la libertad durante más de nueve horas la noche del 5 de junio de 2021, un día antes de la elección que llevó a Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa.

Hoy esa elección estaría en el centro de una investigación federal en México y es parte central de una acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sostiene que Los Chapitos del Cártel de Sinaloa intervinieron para garantizar el triunfo del entonces candidato de Morena.

Gárate era candidata a diputada local por la alianza PRI-PAN-PRD cuando fue interceptada por un convoy de camionetas con hombres encapuchados, con pecheras y armas largas.

“Fue como si hubiesen querido ir a levantar a un gobernador. No he exagerado la cantidad de camionetas y de personas armadas que ahí nos detuvieron”, dijo en su momento al medio Animal Político. Estuvo amarrada y encapuchada durante más de nueve horas, escuchando gritos, golpes y disparos. Fue liberada durante las primeras horas del domingo, ya en la jornada electoral.

Su caso no fue el único. El proyecto Votar entre balas documentó en Sinaloa durante 2021 nueve víctimas asociadas a siete eventos de violencia: seis secuestros, dos asesinatos y una amenaza. Siete de esas víctimas se concentraron entre el 3 y el 6 de junio, los días inmediatos a la jornada electoral.

Secuestros, urnas robadas y policías con órdenes de no intervenir

El viernes 4 de junio, dos días antes de la elección, fue privado de la libertad José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI estatal y uno de los perfiles más altos de la estructura electoral opositora en Sinaloa.

El sábado 5, además de Gárate, fue secuestrada Martha Yolanda Dagnino Camacho, regidora de Morena en Guasave, lo que mostraría que la violencia no fue selectiva contra la oposición.

También ese día fue privado de la libertad el hermano de Guadalupe Iribe, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Badiraguato. Iribe llamó ese domingo al candidato a gobernador Mario Zamora para pedirle ayuda. “Me habla desesperada, llorando, y me dice: ‘Mario, necesito que me ayudes ahorita mismo. Voy a ir yo a la radio, voy a hablar a la radio, a decir que me bajo de la elección, que no voten por la alianza, que voten por Morena, porque se acaban de llevar a mi hermano’”, relató Zamora a Animal Político.

Su conclusión sobre lo que vivió Sinaloa ese día fue directa: “Tú no puedes ganar una campaña contra alguien que tiene una metralleta cruzada al brazo”.

El día de la elección, la violencia llegó también a las casillas. Medios locales como Revista Espejo y Noreste documentaron que en el norte del estado hubo robo y quema de urnas. En Cosalá, un reportero de El Debate fue encañonado, despojado de su equipo y obligado a retirarse. La Junta Local del INE reportó el robo de urnas en los distritos 1, 3 y 4. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró 23 casillas vandalizadas en Ahome y Guasave.

La Policía Estatal de Sinaloa recibió órdenes de no acercarse a los recintos electorales ese día, incluso si los agentes observaban actividades delictivas o recibían denuncias ciudadanas. Los agentes recibieron llamadas de emergencia sobre amenazas en casetas de peaje para obligar a los votantes a sufragar por determinados candidatos, y sobre robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. Siguiendo instrucciones, no intervinieron.

Ese detalle no solo fue documentado por periodistas locales: aparece también en la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de EEUU el 29 de abril de 2026.

Al cierre de la jornada, el cómputo estatal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró que Rocha Moya, candidato común de Morena y el Partido Sinaloense, obtuvo 624,225 votos, equivalentes al 56.60% de la votación total.

Su rival más cercano, Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, obtuvo 358,313 votos, el 32.49%. Esas cifras ubicaron a Rocha Moya como el candidato con el mayor porcentaje de votación entre las 15 gubernaturas en juego ese día en todo el país.

La magistrada que validó la elección

El PRI presentó el 17 de junio de 2021 un recurso de inconformidad para pedir la nulidad de la elección. En el expediente TESIN-INC-06/2021 enlistó privaciones de la libertad, ataques a casas de campaña, 50 denuncias por secuestros y amenazas, robo de urnas, 19 casillas suspendidas en Ahome por presencia de grupos armados, 51 paquetes electorales desaparecidos y 42 carpetas por delitos cometidos antes y durante la votación.

El 23 de agosto de 2021, una delegación encabezada por Marko Cortés, entonces dirigente nacional del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI; y Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, viajó a Washington con un expediente de 53 páginas para presentar el caso ante la Organización de los Estados Americanos.

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa reconoció que los incidentes generaban indicios sobre lo ocurrido durante la jornada, pero sostuvo que no constituían prueba plena. El dictamen que declaró válida la elección fue elaborado por la magistrada Aída Inzunza Cázarez y aprobado por unanimidad el 17 de agosto de 2021.

En esa sesión, Inzunza Cázarez sostuvo que “en la elección de la gubernatura del estado de Sinaloa fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores del proceso electoral”.

Aída Inzunza Cázarez es hermana del senador Enrique Inzunza Cázarez, hoy acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a Rocha Moya por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El tribunal concluyó que solo se acreditaron actos de violencia en 23 de las 4,986 casillas instaladas en Sinaloa, equivalentes al 0.46%, y que la diferencia de votos entre Rocha Moya y Zamora era demasiado amplia para que los hechos de violencia fueran determinantes en el resultado.

El caso también llegó al INE, aunque por una vía distinta: no por la violencia documentada durante la jornada, sino por un presunto rebase de gastos de campaña. El instituto determinó que el monto no era suficiente para anular la elección. Esa decisión fue impugnada, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el criterio del INE.

Bajo investigación cinco años después

El 29 de abril de 2026, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, presentó una acusación formal que incorpora a Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa al expediente S9 23 Cr. 180, el mismo caso abierto en 2023 contra los líderes de Los Chapitos.

El documento sostiene que antes de las elecciones de junio de 2021, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras. Los Chapitos prometieron asegurar su victoria; Rocha Moya prometió colocar funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal.

Según la acusación, el día de la elección sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y, usando una lista de nombres y domicilios de rivales de Rocha Moya entregada previamente por el entonces funcionario Enrique Díaz Vega, secuestraron e intimidaron a candidatos opositores para obligarlos a retirarse de la contienda.

A raíz de esas acusaciones, presuntamente fuentes de la FGR citadas por varios medios de comunicación han reportado que la fiscalía habría reactivado y concentrado en una sola línea de investigación dos expedientes: el del asesinato del exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal —el mismo lugar donde Ismael “El Mayo” Zambada aseguró haber sido secuestrado antes de ser trasladado a Estados Unidos— y la presunta participación del crimen organizado en la elección de 2021.

Hasta el momento de esta publicación, la FGR no ha emitido un comunicado oficial al respecto y Rocha Moya no ha sido citado a declarar ni como testigo ni como imputado.

En un clima de tensión sólo explicado por la orden tajante de la Casa Rosada de no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que había sido acordado entre oficialistas y dialoguistas en el Senado y que no reviste mayores complicaciones, la comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a analizar, desde las 16, la amplia ley libertaria de reforma política, que incluye varias modificaciones en distintas áreas y un premio mayor: dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La reunión estará a cargo de Agustín Coto (Tierra del Fuego). A veces dubitativo al comandar convites o plenarios -ya tuvo que asistirlo la también oficialista neuquina Nadia Márquez, que demostró mayor temple ante observaciones kirchneristas-, tendrá que amortiguar las seguras intervenciones de aliados clave para el Gobierno, que pedirán explicaciones.

El texto del Ejecutivo está lejos de tener votos asegurados. Por caso, la eliminación de las PASO no se acerca aún a las adhesiones necesarias. Al referirse al campo electoral, este tipo de normas requieren la mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 afirmativos. La Libertad Avanza tiene 21 soldados. Por eso la importancia de la UCR, el PRO y silvestres provinciales, entre otros.

Para las PASO, desde diversos bloques ya deslizaron la intención de quitar la “O” de “obligatorias” y derivar a un régimen optativo, por citar el caso del jefe radical, Eduardo Vischi (Corrientes). En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).

Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.

Además, algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas- perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca, es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.

Más comisiones

Durante la jornada de hoy, la comisión de Acuerdos ejecutará una nueva audiencia pública para continuar con el tratamiento de pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo. En las últimas horas ingresaron más y, en la sesión de mañana -15-, tomarán estado parlamentario. Hay varios guiños hacia el interior del país, algo que reclamaban aliados y mandatarios locales.

En tanto, dos bicamerales más se conformarán: la de seguimiento y control del Ministerio Público; y la de Reforma del Estado y Privatizaciones. Otra ya activada, la Mixta Revisora de Cuentas -enlace predilecto con la AGN, que revisa los gastos-, tendrá temario a debatir entre legisladores. Es comandada por el ex presidente de la bancada oficialista en el Senado, Ezequiel Atauche.

La Cámara alta dará luz verde a otras dos comisiones: la de Coparticipación Federal de Impuestos; y la de Población y Desarrollo Humano. En medio de la agitada actividad, nada se dijo de la ley que “blinda” el derecho a la propiedad privada. La iniciativa está bastante cerrada entre libertarios y dialoguistas, aunque un intento de dictamen quedará postergado, de mínima, para la semana próxima.

Una investigación realizada por el politólogo y docente de la Universidad Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches deja en evidencia la importancia que tienen las redes sociales, principalmente TikTok de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.

En el estudio académico se expone que esta red social se ha transformado en un actor clave para la comunicación política contemporánea, llegando al punto de que los candidatos que encabezan las encuestas son los mismos que tienen más presencia en esta plataforma.

Para el experto, TikTok “influye en la visibilidad y conexión con el electorado”, tomando como argumento principal el rastreo que realizó sobre las piezas comunicativas de los candidatos a la presidencia en la red social,

Un escenario registrado en 2022

Wilches recordó lo registrado en las elecciones de 2022 cuando en la segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández utilizaron TikTok para difundir sus propuestas de manera más atractiva, informal y alejada de los códigos tradicionales de la comunicación política.

En esa ocasión, el uso de hashtags fue fundamental en la estrategia comunicativa que permitió analizar de una mejor forma la lógica algorítmica de TikTok, la reiteración y circulación de los hashtags para la expansión del contenido. En cuanto a la naturaleza de los mensajes, los dos candidatos optaron por mostrar aspectos de su vida personal y familiar, desplazando a un segundo plano los contenidos estrictamente programáticos, con lo que se generó empatía y cercanía con la audiencia.

Para el experto, que la campaña de Petro dedicara varios videos a su familia, apelando a la idea ampliamente compartida de que la familia constituye el centro de la vida social superó lo hecho por Hernández, que apeló a citar o imitar videos virales de la plataforma.

“Populistas o no, estas acciones refuerzan la afinidad del público, pues mostrar a una figura pública participando en tendencias o realizando acciones cotidianas genera mayor identificación y empatía. Esto revela que la apelación al humor y a lo cotidiano incrementa la eficacia de los mensajes”.

El docente indicó que la utilidad de TikTok radica en su capacidad para catalizar estructuras narrativas clásicas que apelan a sentimientos de frustración frente al pasado y de esperanza ante el cambio.

Es por ello que el docente considera que las redes sociales, principalmente TikTok, que se basa en la interacción, se ha convertido en una herramienta poderosa para captar votantes al facilitar la creación de vínculos de confianza y cercanía con los candidatos.

“Ha logrado crear una identificación colectiva y de autorrepresentación entre la generación Z, incluso superando a Google como fuente de información predominante. Además, ha impactado en adultos, que utilizan las herramientas de la plataforma para expresar sus narrativas y participar en las tendencias generadas por los jóvenes. Por eso cabe resaltar que el 63% de los usuarios de TikTok tienen más de 25 años, lo que demuestra su alcance intergeneracional”.

Bajo ese contexto, el experto indicó que la velocidad de transmisión, los contenidos compactados y la simpleza de los mensajes será clave para que los candidatos lleguen con su discurso a los votantes antes del 31 de mayo, lo que aumentará en una potencial segunda vuelta en la que todo se definirá entre dos contendientes.

“Nos encontramos ante una geopolítica de las emociones, donde el campo de batalla electoral se libra en la capacidad de gestionar el afecto y la ansiedad social a través de relatos cortos”.

Por último, Wilches indicó que la ausencia de algunos candidatos en espacios de debate podrían no afectar su potencial electoral debido a la fortaleza que tienen en redes sociales.

“Su capacidad para moldear narrativas, amplificar mensajes y conectar con audiencias diversas la posiciona como un escenario central del debate político actual, mostrando que no se requiere necesariamente una mayor cantidad de publicaciones para ganar visibilidad, sino estrategias efectivas que conecten emocionalmente, donde la información, la emoción y la estrategia se unen para influir en la toma de decisiones de los votantes”.