Nayib Bukele transformó el sistema político de El Salvador con una fórmula que combina el combate frontal contra las pandillas, una comunicación digital centrada en su figura y una concentración de poder que despierta cuestionamientos dentro y fuera del país.

El presidente salvadoreño llegó al poder en 2019 como una alternativa a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los dos partidos que dominaron la política nacional desde el final de la guerra civil.

Cinco años después, obtuvo la reelección con el 84.65% de los votos, según consignó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en aquel momento, y ha consolidado a Nuevas Ideas como fuerza dominante.

Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador, en una familia de origen palestino. Su padre, Armando Bukele Kattán, fue ingeniero químico y empresario; su madre, Olga Marina Ortez, es católica.

Antes de ingresar en la política, trabajó en el sector publicitario y fundó una empresa del rubro a los 18 años. Esa experiencia contribuyó a definir uno de los rasgos más visibles de su carrera: el manejo de marcas, mensajes breves y redes sociales.

Su primer cargo electivo llegó en 2012, cuando fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán bajo la bandera del FMLN, según consta en diferentes medios nacionales.

Tres años más tarde asumió la alcaldía de San Salvador, desde donde amplió su proyección nacional con una imagen de dirigente joven, alejado de las estructuras tradicionales y activo en plataformas digitales.

La relación con el FMLN se deterioró con rapidez. El partido lo expulsó el 10 de octubre de 2017, de acuerdo con datos publicados por medios digitales e impresos en el país, en medio de disputas con la dirigencia.

Bukele convirtió ese conflicto en el punto de partida de su proyecto propio: el 25 de octubre anunció la creación de Nuevas Ideas, movimiento que más tarde obtuvo reconocimiento legal como partido político.

En las elecciones de 2019 compitió bajo la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), debido a que Nuevas Ideas todavía no podía postularlo. Bukele ganó en primera vuelta con el 53.10% de los votos y asumió el 1 de junio de ese año. Su victoria puso fin a tres décadas de alternancia entre ARENA y el FMLN.

La principal fuente de legitimidad del gobierno de Bukele ha sido su política contra las pandillas. El Ejecutivo articuló esa estrategia a través del Plan Control Territorial, mismo que comprende el despliegue de policías y militares, reformas penales y un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

El Gobierno sostiene que estas medidas han permitido reducir de manera drástica los homicidios y recuperar zonas que habían permanecido bajo control de las maras. La percepción de mayor seguridad aparece de forma reiterada como el principal motivo de respaldo al presidente en los sondeos de opinión.

La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se convirtió en uno de los símbolos de esa política. La prisión fue diseñada para alojar a cientos de presuntos integrantes de pandillas y proyectó internacionalmente la imagen de un Estado dispuesto a aplicar un esquema de encarcelamiento masivo.

El modelo, sin embargo, ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y organismos internacionales. Las objeciones se concentran en las detenciones masivas, las dificultades para ejercer la defensa, la ampliación de los plazos de detención y las denuncias sobre arrestos de personas sin vínculos comprobados con estructuras criminales.

El poder político quedó concentrado en torno a su figura

Durante su administración, Bukele ha sido cuestionado por decisiones relacionadas con la reducción de los contrapesos institucionales. En 2021, la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas destituyó a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.

Sus críticos consideran que esas medidas, junto con la continuidad del régimen de excepción y el control oficialista de la Asamblea, han debilitado la independencia de poderes. Sus seguidores, en cambio, defienden que las reformas han permitido destrabar un sistema que identifican con la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores.

La reelección de 2024 profundizó ese debate. Bukele obtuvo un segundo mandato tras una interpretación constitucional que habilitó su candidatura, pese a que la reelección inmediata había sido históricamente un tema sensible en El Salvador. El presidente inició su actual período el 1 de junio de 2024, con mandato previsto hasta 2029; disposición que cambió tras las últimas reformas electorales, en las cuales se adelantaron los comicios a 2027.

La imagen digital amplificó su liderazgo

La figura de Nayib Bukele está estrechamente asociada al uso directo de redes sociales. Desde esas plataformas anuncia decisiones, responde a opositores, divulga operativos de seguridad y construye una narrativa de ruptura con la política tradicional.

En su perfil de X se definió como “Philosopher King” y, frente a las acusaciones de autoritarismo, llegó a presentarse como el “dictador más cool del mundo”. La ironía es parte de estrategia para neutralizar las críticas y reforzar su imagen de dirigente desafiante ante organismos internacionales, opositores y medios.

Diferentes encuestas han mostrado niveles de aprobación que han oscilaron entre el 80% y el 94% entre 2019 y 2026. La mejora en seguridad explica gran parte de ese respaldo, aunque los estudios también registran inquietudes por la economía, el costo de vida y la percepción de que el Gobierno favorece a los sectores de mayores ingresos.

El cantante de cumbia Roberto Edgar, líder del grupo Volcán, oficializó su incorporación a La Libertad Avanza y anunció que buscará competir por la intendencia de Puerto Iguazú, Misiones, en las próximas elecciones locales.

Edgar, conocido por interpretar el hit “Esa malvada”, contó que su decisión surgió tras contactos con dirigentes del espacio libertario en la provincia. Entre ellos mencionó a Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones, quien respalda su postulación.

El artista, de 49 años, sostuvo que se identifica con el partido y que desde hace tiempo se prepara para participar en política. “Me identifico con el partido y tengo muchas ganas de poder trabajar por mi pueblo, por Puerto Iguazú”, afirmó en una entrevista con LN+. Entre sus prioridades, mencionó la necesidad de ampliar la oferta de educación superior. “Principalmente, se necesita urgente una universidad para Iguazú”, expresó sobre una ciudad que tiene “cerca de 90.000 habitantes”.

También puso el foco en el consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes. El músico aludió a la circulación de pedra, una sustancia psicoactiva de alta adicción, y vinculó esa situación con casos que observa en su entorno.

La afiliación del cantante se produce mientras el partido libertario organiza su estructura electoral en la provincia, a la espera de que el gobernador Hugo Passalacqua defina la fecha de los comicios locales. Según supo Infobae desde fuentes oficiales, el mandatario misionero confirmará para fines de septiembre o principios de octubre que las elecciones provinciales se desdoblarán y se adelantarán respecto a los comicios nacionales.

En una publicación en redes sociales, La Libertad Avanza Misiones señaló que la llegada de Edgar apunta a consolidar el trabajo partidario en una de las principales ciudades de la provincia. El cantante afirmó que la relación con el espacio se dio de manera recíproca, luego de que resolviera junto con su familia asumir el desafío electoral.

El artista indicó que todavía no mantuvo conversaciones directas con el presidente Javier Milei ni con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su vez, aclaró que no planea abandonar la música, aunque anticipó que la actividad política será su prioridad si avanza con la candidatura. “La música fue y será mi cable a tierra”, señaló.

El músico evitó definirse como antiperonista y presentó como uno de sus atributos su falta de experiencia en cargos públicos. La definición de las candidaturas y del calendario electoral en Misiones determinará los próximos pasos de su postulación.

“Respaldo unánime”, anunció la Asamblea Nacional de Nicaragua como resultado de la consulta que hizo el régimen el pasado 24 de septiembre a los partidos políticos que mantiene legalmente habilitados para conocer una reforma constitucional que, en realidad, ya había sido aprobada en primera legislatura. Hubo 16 intervenciones y ninguna objeción.

Según la versión oficial, participaron 86 representantes de esas organizaciones. El encuentro formaba parte de una segunda ronda de consultas denominada “Hay Patria”, con la que el oficialismo ha llevado por distintos municipios e instituciones los siete puntos principales de la reforma.

Un día después de reunirse con los partidos, funcionarios del Gobierno informaron al cuerpo diplomático acreditado en Managua que más de 300.000 nicaragüenses habían participado en una primera etapa de consultas y otros 50.000 en la segunda.

La reunión con los partidos siguió el mismo esquema que el oficialismo ha utilizado en las demás consultas: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, presentó los alcances de la reforma y después cedió la palabra a los asistentes.

Los representantes hablaron de soberanía, paz, estabilidad y seguridad. Algunos elogiaron directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo y otros anunciaron que se preparan para las elecciones de 2028. Ninguno cuestionó las nuevas facultades que tendrá el Consejo Supremo Electoral (CSE) para impedir candidaturas o retirar personerías jurídicas.

Ortega: “No habrá elecciones”

La reforma tiene su origen político en una declaración que Ortega hizo el 19 de julio pasado y que inicialmente pareció anunciar el fin de las elecciones en Nicaragua. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista.

Nueve días después fue presentado el proyecto de reforma constitucional. La iniciativa no suprimió las elecciones, como podía desprenderse literalmente de las palabras de Ortega, sino que estableció un mecanismo diferente: mantenerlas, pero ampliar constitucionalmente las causales mediante las cuales el Estado podrá decidir quién tiene derecho a competir.

Porras terminó de aclarar esa relación durante el encuentro del 24 de septiembre. Recordó la advertencia de Ortega y sostuvo que lo que no volvería a ocurrir serían elecciones que permitieran regresar al poder a quienes el Gobierno responsabiliza de haber intentado destruir el país. “Eso es lo que está claro en este segundo punto, para darle cumplimiento a esa orientación clara”, dijo.

La “orientación” quedó convertida en una serie de prohibiciones constitucionales. No podrán ser candidatos ni ejercer determinados cargos quienes sean considerados “golpistas” o “traidores a la patria”, ni quienes, según las autoridades, promuevan injerencia extranjera, soliciten sanciones o intervenciones contra Nicaragua, reciban financiamiento del exterior o incumplan los principios fundamentales establecidos en la Constitución. El CSE tendrá facultades para aplicar esas disposiciones tanto a personas como a organizaciones políticas.

Demolición electoral

Durante los últimos diez años, el régimen ha ejecutado un proceso de demolición electoral en el que las organizaciones opositoras que representaban una competencia política efectiva han sido intervenidas o eliminadas del sistema.

En 2016, la Corte Suprema quitó el control legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a la dirigencia alrededor de la cual se había organizado la principal coalición opositora y se lo entregó a un desconocido político llamado Pedro Reyes.

En 2021, en vísperas de las elecciones en las que Ortega buscaba un cuarto mandato consecutivo, fueron encarcelados los siete aspirantes presidenciales y dirigentes políticos y se cancelaron las personerías de Ciudadanos por la Libertad, el Partido Restauración Democrática y el Partido Conservador. En 2023 fue eliminada también YATAMA, la histórica organización indígena de la Costa Caribe.

El resultado es un grupo que el propio CSE cifra actualmente en apenas 14 partidos con personalidad jurídica: nueve nacionales y cinco regionales. Los nacionales son el FSLN, PLC, PRN, ALN, APRE, PLN, Alternativa por el Cambio, PLI y PUC. Los cinco regionales son PIM, PAMUC, PAL, MYATAMARAN y Moskitia Pawanka.

Estos partidos son tradicionalmente llamados “zancudos”, que es el nombre peyorativo que la política nicaragüense le da a los partidos que simulan ser oposición, pero actúan como colaboradores del gobierno de turno.

Algunos forman parte directamente de la alianza que encabeza el FSLN. Otros conservan formalmente la condición de opositores, tienen diputados y reciben los beneficios que la legislación concede a las organizaciones participantes en las elecciones, pero su comportamiento legislativo muestra hasta dónde llega esa oposición.

Un análisis del diario La Prensa sobre los primeros cuatro años de la actual legislatura encontró que PLC, PLI, ALN y APRE no habían presentado una sola iniciativa de ley propia y habían acompañado con sus firmas proyectos sandinistas, decretos del Ejecutivo y reformas constitucionales.

El término “partidos zancudos” viene de la época de la familia Somoza y comenzó a utilizarse para identificar a sectores opositores que aceptaban participar en elecciones controladas por el poder y proporcionaban una apariencia de competencia política.

Hay, sin embargo, una inconsistencia en la propia consulta que acaba de celebrar el oficialismo. El CSE registra 14 partidos con personalidad jurídica, pero la lista mencionada por Porras durante el encuentro no coincide exactamente con ese registro.

El presidente de la Asamblea no mencionó al Partido Indígena Multiétnico (PIM) e incluyó en cambio al Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), que no aparece entre los 14 partidos vigentes publicados actualmente por el CSE. En documentos electorales anteriores, el MLCI aparece como un movimiento que acompaña a la alianza encabezada por el FSLN.

Respaldo unánime

Más allá de esa anomalía, las intervenciones permitieron observar quiénes son y qué papel desempeñan las organizaciones con las que Ortega y Murillo pretenden llegar a 2028.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ocupa una categoría diferente al resto porque no acompaña al sistema: lo controla. Tiene 75 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional y encabeza Nicaragua Unida Triunfa, alianza en la que durante las elecciones de 2021 participaron varias de las organizaciones que ahora respaldan la reforma. Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, celebró durante la consulta que “todos los partidos políticos nos hemos juntado” y agradeció el respaldo recibido.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) fue alguna vez el principal adversario electoral del sandinismo y con Arnoldo Alemán derrotó al FSLN en 1996. La relación cambió con el pacto entre Alemán y Ortegaque permitió a las dos fuerzas repartirse espacios de poder institucional y modificar las reglas electorales.

Actualmente el PLC conserva diez diputados y constituye la segunda bancada de la Asamblea, pero en más de cuatro años no ha presentado una iniciativa legislativa propia, según la revisión de La Prensa. Su vicepresidente, Miguel Ángel Meléndez, dijo en la reciente reunión que el partido “acompaña este proceso de consulta” y anunció que se prepara para competir en 2028.

La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) tuvo un origen muy diferente al papel que desempeña actualmente. Fue el vehículo electoral del político y emopresario Eduardo Montealegre después de su ruptura con el PLC y en 2006 consiguió el segundo lugar en las elecciones presidenciales, por encima del liberalismo encabezado por José Rizo.

Con los años perdió aquella dirigencia y terminó dentro del sistema de partidos tolerados por el régimen. Actualmente tiene dos diputados y tampoco ha presentado iniciativas legislativas propias durante esta legislatura. Su representante Noel González informó en la consulta que la directiva nacional había decidido dar un “respaldo unánime” a la reforma.

La Alianza por la República (APRE) nació durante el gobierno de Enrique Bolaños y fue perdiendo progresivamente peso político hasta quedar reducida a una organización con un diputado.

Desde hace más de una década dirigentes opositores la califican como partido colaboracionista o “zancudo”. En la consulta tuvo incluso dos intervenciones: Carlos Canales expresó el respaldo de APRE y Manuel Canales volvió a tomar la palabra posteriormente para reiterarlo.

El Partido Liberal Independiente (PLI) conserva una de las historias más representativas de la forma en que fue desarticulada la oposición electoral. En junio de 2016, cinco meses antes de las elecciones, la Corte Suprema quitó su representación legal a la dirigencia vinculada a Eduardo Montealegre y la entregó a Pedro Reyes.

Posteriormente fueron separados de la Asamblea 28 diputados que habían sido elegidos bajo la alianza encabezada por el PLI y se negaron a reconocer a Reyes. La organización que conserva actualmente esa personalidad jurídica tiene dos diputados. “Nosotros respaldamos totalmente la Reforma Constitucional”, dijo su representante Margine Trujillo el 24 de septiembre.

El Partido Resistencia Nicaragüense (PRN) nació de sectores de la antigua Contra que durante los años ochenta combatieron con las armas al primer gobierno sandinista. Una parte de aquella dirigencia terminó décadas después convertida en aliada electoral del FSLN y el PRN fue registrado oficialmente dentro de Nicaragua Unida Triunfa en las elecciones de 2021. Su presidente, Julio César Blandón, calificó ahora las reformas como una “iluminación grande” de Ortega y Murillo y manifestó su respaldo al proyecto.

El Partido Liberal Nacionalista (PLN) conserva la sigla del partido que sirvió como estructura política de la familia Somoza, aunque la organización actual no tiene el peso que aquella tuvo. El PLN forma parte de la alianza electoral encabezada por el FSLN y su presidente, Constantino Velázquez, declaró durante la consulta que su organización había analizado las reformas y las apoyaba por considerar que garantizan “Seguridad, Paz y Tranquilidad”.

Alternativa por el Cambio (AC) surgió como Alternativa Cristiana y presentó a Edén Pastora como candidato presidencial en 2006. Posteriormente terminó incorporándose a Nicaragua Unida Triunfa y participó dentro de la alianza sandinista en las elecciones de 2021. Orlando Tardencilla, uno de sus principales dirigentes, expresó en la consulta la “plena adhesión” de su partido y celebró que las organizaciones presentes hicieran “causa común”.

El Partido Unidad Cristiana (PUC) también pertenece formalmente a la alianza que encabeza el FSLN. Su vicepresidenta, María Consuelo Castro, fue una de las dirigentes que expresó con mayor claridad la relación con el poder durante el encuentro: dijo que el PUC “respalda plenamente” las reformas y agregó que el partido se adhería a la decisión de quienes llamó “nuestros Copresidentes”, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Partido Indígena Multiétnico (PIM) es una organización regional de la Costa Caribe que mantiene personalidad jurídica y ha formado parte de Nicaragua Unida Triunfa. Sin embargo, pese a que aparece en la lista oficial de los 14 partidos vigentes del CSE, Porras no lo mencionó entre las 14 representaciones reunidas el 24 de septiembre. La información oficial divulgada sobre el encuentro no explica la ausencia ni por qué fue sustituido en la enumeración por el MLCI.

El Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) presenta una diferencia: en las elecciones de 2021 no concurrió dentro de la alianza sandinista, sino aliado con el PLI. Su representante Armando Arista manifestó “total respaldo” a la reforma y formuló una de las escasas preguntas concretas registradas durante la consulta, relacionada con la forma en que los nuevos períodos de siete años se armonizarán con el régimen autonómico y las elecciones regionales. La pregunta se refería a la aplicación de la reforma y no cuestionaba su aprobación.

El Partido Autónomo Liberal (PAL) es otra organización regional que sí fue incorporada a la alianza del FSLN en 2021. Su representante legal, René Bello Romero, explicó que había viajado a Managua para “ratificar el respaldo” que las estructuras del partido en el Caribe Sur ya habían expresado y relacionó su posición con la continuidad de los proyectos gubernamentales en la región.

El Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani (MYATAMARAN) también pertenece al grupo de organizaciones regionales aliadas al FSLN, pero no debe confundirse con YATAMA, el histórico partido indígena encabezado por Brooklyn Rivera al que el CSE canceló la personalidad jurídica en octubre de 2023. MYATAMARAN permanece autorizado y participó dentro de Nicaragua Unida Triunfa en 2021. En la consulta, Osorno Coleman elogió las transformaciones realizadas bajo Ortega y Murillo y ofreció el “firme respaldo” de su organización a la reforma tanto en primera como en segunda legislatura.

El Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia, Moskitia Pawanka, completa el listado oficial del CSE y también formó parte de la alianza electoral sandinista en 2021. Su vicepresidente y representante legal, Víctor Manuel Padilla Zamora, atribuyó a Dios la sabiduría concedida a Ortega y Murillo para conducir Nicaragua y no dejó dudas sobre su posición: “Nuestro respaldo total, 100%, a este proceso de reforma parcial a la Constitución”.

Queda finalmente el caso del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), que Porras incluyó entre las 14 representaciones pese a que no figura como partido con personalidad jurídica en el registro vigente del CSE. En la documentación electoral de 2021 aparece como movimiento acompañante de Nicaragua Unida Triunfa. Jessica Sinclair respaldó las reformas durante el encuentro y otro representante del MLCI resumió con particular claridad el ambiente de la reunión al señalar que habían llegado “todos juntos y contentos” y que “el único camino que hay es apoyar las Reformas”.

Fátima Ezzahra El Mansouri se ha convertido en la primera mujer designada jefa del Gobierno de Marruecos. El rey Mohamed VI la nombró este martes primera ministra en el Palacio Real de Rabat. La coordinadora de la dirección del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de los comicios, pasará a la historia. El PAM obtuvo 97 escaños, un resultado que lo situaba como la formación en posición de encabezar la siguiente etapa política. El Mansouri tendrá que formar el nuevo Ejecutivo y asumirá ahora la tarea de buscar acuerdos parlamentarios, para lo que ya ha confirmado que conversará con todas las formaciones, siguiendo el orden de número de votos conseguidos.

“Este es un momento histórico para nuestro país”, afirmó la dirigente tras la audiencia real. “Esta es la primera vez que una mujer es nombrada jefa de Gobierno, lo cual es motivo de orgullo para mí y para todas las mujeres del país”, añadió. La nueva jefa del Ejecutivo señaló que el nombramiento transmite un mensaje a las mujeres marroquíes y defendió la necesidad de trabajar “dentro de una sociedad armoniosa con todas sus fuerzas vitales”. También subrayó que recibió del rey las directrices para afrontar la próxima fase política. El monarca tiene el poder de elegir tanto el líder del Gobierno como los ministros de Defensa, Interior, Exteriores y Asuntos Religiosos.

El Mansouri promete soluciones para los jóvenes

Tras su reunión con Mohamed VI, El Mansouri aseguró que trabajará para presentar un Gobierno que responda a las expectativas del monarca y de la ciudadanía. La dirigente reconoció la dimensión del encargo y las expectativas que genera la futura acción del Ejecutivo. “Somos plenamente conscientes de la importancia de este paso”, señaló. El Mansouri añadió que el futuro gabinete elaborará “un programa que proponga soluciones realistas y concretas”.

De esta manera, su primera declaración sitúa entre las prioridades del nuevo Gobierno la respuesta a las demandas de la población joven. La participación ha caído hasta el 38% en estas elecciones, siendo los jóvenes los que más desinterés han mostrado. El Khattat Yanja, una de las figuras del PAM, defendió que El Mansouri es la figura adecuada y celebró la decisión del rey y felicitó a El Mansouri por “esta muestra de confianza real”. También destacó el papel interno de la nueva jefa del Gobierno dentro de la formación.

Ronda de contactos con todos los partidos

La dirección del Partido Autenticidad y Modernidad confirmó que El Mansouri pilotará las conversaciones con el resto de las fuerzas políticas. Tras una reunión celebrada en la sede regional de la formación en Agdal, un barrio de Rabat, la dirigente anunció que comenzaría los contactos internos y externos para configurar una propuesta de Gobierno. “El buró político me ha encargado emprender los contactos con las fuerzas políticas, y tendré la ocasión de informarles sobre el avance de estas rondas de consultas”, declaró a Le360 después de su designación.

El también miembro de la dirección colegiada del PAM, Mehdi Bensaïd, confirmó que las reuniones comenzarán este miércoles. Según explicó, la formación seguirá “el orden de clasificación y de escaños obtenidos por las formaciones políticas” en las legislativas. “Vamos a dialogar con todos”, sostuvo Bensaïd, en una referencia al islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que el pasado sábado decidió pasar a la oposición. La nueva responsable del Ejecutivo deberá comprobar hasta qué punto los partidos están dispuestos a sumarse a una coalición encabezada por el PAM.

Una semana después de las elecciones, Marruecos espera la decisión de Mohamed VI. El monarca tiene que escoger dentro del Partido de Autenticidad y Modernidad (PAM), ganador de los comicios, quién será el nuevo jefe de Gobierno. El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, otra alternativa ha cogido fuerza en los últimos días. Se trata de Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinadora general del partido que se convertiría en la primera mujer de la historia en liderar el ejecutivo marroquí. La norma no obliga a que el elegido sea el presidente de esa organización política. Por eso, aunque El Mansouri aparece como una de las principales candidatas por ser quien ha liderado el partido a la victoria, la decisión dependerá del rey.

Los resultados preliminares difundidos por el Ministerio del Interior otorgaron al PAM 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La formación ya entró en el actual Gobierno, junto a la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ahora ha lgorado 66 bancas, y el Partido Istiqlal, con 65. Ninguna formación alcanzó por sí sola los 198 diputados necesarios para controlar la mayoría absoluta, algo que ya se da por prácticamente imposible. Por tanto, lo más probable es que se repita esta alianza, con un cambio en la jerarquía.

De alcaldesa a primera mujer jefa de Gobierno

Nacida en Marrakech en 1976, El Mansouri, de 50 años, es abogada y se incorporó a la política tras la creación del PAM en 2008. Un año después alcanzó proyección nacional al convertirse en la primera mujer elegida como alcaldesa de Marrakech. Se mantuvo hasta 2015 al frente de la ciudad y retomó ese cargo después de las elecciones de 2021. Después, fue designada ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política Urbana durante el gobierno de Aziz Akhannouch. En 2024, asumió el papel central en la conducción del PAM.

La posible designación de El Mansouri tendría un impacto mundial. Sería la segunda mujer en liderar un gobierno en el mundo árabe, después de la Najla Bouden, que estuvo al frente de Túnez entre 2012 y 2023. La dirigente ha buscado destacar por su trabajo partidario y de gestión local, sin poner el foco en su condición de mujer. También rechazó definirse como una “mujer de hierro” y se describió en otras ocasiones como una “activista libre”, según recoge The New Arab.

Repetición de alianza en el Gobierno

El PAM ha dejado abierta la posibilidad de negociar con todas las fuerzas políticas para formar gobierno. La previsión más lógica es que repita la coalición de estos últimos años, con RNI y el Partido Istiqlal. En 2021, el RNI logró su primera victoria, lo que impulsó a Aziz Akhannouch al poder. El descontento social por la inflación y los problemas de empleo o sanidad no han renovado la confianza en el actual líder. El nombramiento de Mohamed VI desencadenará las negociaciones definitivas, en medio de un clima de desapego social de la clase política. La abstención creció hasta un 62% de la población, con especial falta de participación entre los más jóvenes y reduciendo la participación desde el 50% de 2021 al 38% de este 2026.

Según informó la propia El Mansouri, no cierran la puerta a ningún partido, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ). No obstante, Abdelilá Benkirán, líder del PDJ, descartó integrar un Ejecutivo encabezado por el PAM y anticipó que su formación permanecerá en la oposición. Tras unas elecciones desastrosas en 2021, el PDJ recuperó terreno, pasando de 13 a 54 escaños.

El aumento del riesgo país, que ayer terminó a 628 puntos básicos, generó un cambio de estrategia del Gobierno. Por tercera vez, el Tesoro refinanció ayer los vencimientos de deuda exclusivamente con bonos en pesos o ajustados al tipo de cambio oficial. En cambio, optó por no salir con nuevos títulos en dólares para no convalidar tasas de dos dígitos.

El nivel de riesgo país tocó ayer un máximo en seis meses y en promedio los bonos dolarizados cayeron 1 por ciento. En la práctica, esto significa que para el Gobierno resulta imposible colocar deuda en moneda extranjera con tasas inferiores al 10% anual.

Para evitar endeudarse a tasas muy caras, la opción elegida en este momento es salir con bonos que venzan dentro del actual período de gobierno. Así, al menos por el momento se dejó de lado la estrategia de estirar vencimientos más allá del actual mandato presidencial.

Las dudas respecto al resultado de las elecciones presidenciales del año que viene volvieron a los inversores mucho más conservadores. Eso generó una caída de las cotizaciones de la deuda en dólares que vence desde 2028 en adelante. El reflejo es la suba del riesgo país desde niveles de 400 puntos de fines de julio a los 626 que marcó ayer.

La imposibilidad de colocar deuda en dólares plantea interrogantes sobre el plan financiero que el propio equipo económico presentó de cara al 2027. El más claro tiene que ver con la emisión de deuda en dólares por USD 5.000 millones a través del Bonar 2029.

Al menos con el cuadro actual esta opción parece inviable, sobre todo teniendo en cuenta que el mercado se pondrá todavía más nervioso y volátil de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

Para volver a emitir deuda al 2029, el riesgo país tendría que bajar nuevamente a niveles de 400 puntos básicos o incluso un poco menos. Es un escenario que hoy luce improbable, aunque no imposible.

Otra de las preguntas que surge está relacionada con las compras previstas del Central por 10.000 millones de dólares. Esta suma le permitiría al Tesoro hacer frente al pago de vencimientos el año que viene.

Pero tampoco queda claro si el mercado cambiario dejará tanto espacio para que el BCRA pueda comprar como lo venía haciendo hasta ahora. Si se produce un aumento de la demanda minorista en 2027 por las dudas electorales, entonces es posible que haya menos espacio para que el Central pueda comprar.

En lo que va de 2026, el BCRA adquirió más de USD 14.000 millones, pero en septiembre pudo comprar menos de USD 300 millones, la cifra más baja del año. Además, el dólar mostró leve tendencia alcista: el oficial trepó 5 pesos hasta $ 1.545, mientras que el contado con liquidación se fue a 1.620 pesos.

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, tras recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que representó un rollover de 100,08 por ciento. Esto significa que, por cada peso que vencía, el Tesoro logró renovarlo y quedó apenas un pequeño excedente de financiamiento fresco.

“100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario”, destacó Felipe Núñez, uno de los funcionarios más cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo.

El primer instrumento en volumen fue un título atado a la tasa TAMAR, con vencimiento el 30 de julio de 2027 y código TML27. Este bono recibió adjudicaciones por $2,92 billones, con un margen de 3,63% sobre la tasa TAMAR, la referencia que sigue la evolución de las tasas mayoristas del sistema financiero.

A un año de las elecciones, el presidente Javier Milei volvió a asegurar que cuenta con diferentes herramientas para hacer frente a una eventual corrida cambiaria y evitar un escenario similar al de los comicios legislativos de 2025. En esta oportunidad, mencionó una nueva alternativa: una posición de futuros por USD 15.000 millones. Se trata de una cifra sobre la que no hay consenso entre los analistas ni en lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una entrevista con LN+, Milei enumeró los instrumentos que, según sostuvo, permitirían responder ante una presión sobre el tipo de cambio el año que viene. Entre ellos mencionó las compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA), el swap con Estados Unidos y China, los contratos de futuros, la balanza comercial prevista para el próximo año y las inversiones que ingresen.

La declaración se dio después de que se conociera que en agosto los ahorristas compraron USD 2.853 millones, el segundo monto más alto del año. Si bien implicó una baja respecto a julio —cuando fue de USD 3.319 millones, el valor más alto desde octubre de 2025—, aún se encuentra por encima de los USD 2.200 millones en los que se había estabilizado después de la elección de medio término.

El Presidente afirmó que el BCRA acumuló más de USD 20.000 millones desde la elección legislativa en octubre de 2025. “Desde la elección hasta ahora acumulamos más de USD 20.000 millones”, dijo. Luego incorporó los acuerdos de intercambio de monedas con EE.UU. y China, y la capacidad de operar en el mercado de futuros dentro de la misma cuenta de recursos.

Milei aseguró que existían USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos, otros USD 20.000 millones correspondientes al acuerdo con China y una posición de futuros de USD 15.000 millones. Esta última cifra ocupó un lugar central en su explicación sobre la capacidad oficial para enfrentar una demanda de dólares.

El mercado de futuros de dólar permite pactar hoy un precio para el tipo de cambio en una fecha posterior. Empresas e inversores lo usan para cubrirse ante una eventual suba o baja del dólar: un importador puede comprar contratos para anticipar el costo en pesos de una obligación futura, mientras que un exportador puede venderlos para asegurar el valor de los dólares que espera cobrar.

No se negocian billetes ni se entregan dólares al vencimiento. Los contratos se liquidan en pesos según la diferencia entre el precio acordado y el tipo de cambio de referencia de esa fecha. Si el dólar termina por encima del valor pactado, cobra quien compró futuros; si queda por debajo, recibe quien los vendió.

El mandatario comparó ese monto con la base monetaria de Argentina, que ubicó en USD 30.000 millones. “¿Sabes de cuánto es la base monetaria de Argentina? USD 30.000 millones”, planteó. Bajo ese cálculo, afirmó que la posición de futuros permitiría retirar de circulación una porción de los pesos en la calle.

“Solo con la posición de futuros pueden sacar la mitad de los pesos que andan dando vuelta en la calle”, señaló. También sostuvo que esa herramienta se sumaba a los swaps, a las compras de divisas y a los ingresos que podrían surgir de la balanza comercial y de las inversiones.

Las dudas al respecto

La posición de futuros que mencionó Milei fue de USD 15.000 millones. Sin embargo, el tope de intervención en A3 se fijó en USD 9.000 millones tras la experiencia del gobierno de Mauricio Macri. Por lo que entre la cifra que mencionó Milei y el actual límite hay una diferencia de USD 6.000 millones.

El mercado de futuros forma parte de las herramientas que el Gobierno puede utilizar para actuar sobre las expectativas cambiarias. En su exposición, Milei relacionó el monto de esa posición con la cantidad de pesos de la economía y sostuvo que el instrumento podía incidir sobre la circulación monetaria.

“La posición de futuros es de USD 9.000 millones, no USD 15.000 millones. Y además, con futuros no te llevas pesos”, comentó un economista en off the record a Infobae. A su juicio, la necesidad que tiene el Gobierno de mencionar las herramientas con las que cuenta para frenar la suba del dólar son el resultado del programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, que no resolvió las preocupaciones sino que las profundizó.

Poder de fuego del Banco Central

Pero no es el único punto que genera dudas. Milei también afirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló más de USD 20.000 millones desde la elección, cifra que reúne compras efectuadas desde septiembre de 2025. Aunque una parte de esos recursos, USD 6.500 millones, ya se destinó a operaciones vinculadas con la defensa del esquema cambiario y con pagos.

Los otros USD 13.500 millones correspondieron al Banco Central de la República Argentina (BCRA). De ese monto, solo USD 8.000 millones permanecieron en las reservas, después de descontar las ventas al Tesoro y los pagos del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre, conocido como BOPREAL.

Las condicionalidades de los swaps

El Presidente incluyó el swap con China en el grupo de instrumentos disponibles para responder ante una eventual corrida. En la entrevista, lo mencionó por USD 20.000 millones, pero la información disponible indica que solo unos USD 8.000 millones del swap con China podrían convertirse en liquidez.

La diferencia entre el monto total del acuerdo y el tramo líquido limita la disponibilidad inmediata de esos fondos. El valor completo del swap no equivale de forma directa a dólares listos para intervenir en el mercado cambiario. Cabe destacar, que la actual administración devolvió los USD 5.000 millones que se activaron durante el gobierno anterior, devolución que apareció en los últimos dos balances.

También mencionó una línea de liquidez por USD 20.000 millones con Estados Unidos, instrumento que generó malestar en Norteamérica, sobre todo en los sectores agropecuarios. Pero su disponibilidad esta condicionada, en gran medida, por el resultado de la elección estadounidense que se realizará en noviembre próximo.

Balanza comercial

MIlei afirmó que “además de eso vamos a tener la balanza comercial del año que viene y las inversiones que entren”. Esa proyección sumó ingresos futuros a los instrumentos financieros y cambiarios que mencionó durante la entrevista.

Sin embargo, en agosto, el superávit de la balanza comercial cambiaria alcanzó USD 3.100 millones, cifra que superó en USD 1.000 millones al saldo devengado. El excedente comercial no se trasladó de forma íntegra a la cuenta corriente cambiaria: durante el mismo mes, el superávit de esa cuenta fue de 806 millones de dólares.

La cuenta financiera registró un déficit de USD 1.056 millones, resultado que superó el superávit de la cuenta corriente y compensó el saldo favorable generado por las operaciones comerciales del mercado cambiario. La Formación de Activos Externos (FAE), mecanismo por el cual residentes adquieren divisas o activos en el exterior, llegó a USD 2.677 millones en agosto. El 50% de ese monto se destinó a la suscripción de deuda en dólares que liquida dentro del mercado.

Doce años después, Ferro Carril Oeste tiene nuevas autoridades. La lista opositora “Somos Ferro” arrasó en las elecciones del domingo en el club de Caballito y se alzó con la conducción de la institución verdolaga, con 2072 votos contra 1110 del oficialismo, en una jornada que convocó a 3443 socios y que marcó una participación récord del 43% del padrón. Con ese respaldo, Patricio Baigorrotegui asume la presidencia.

El triunfo fue contundente desde el arranque del recuento. Somos Ferro obtuvo el 60,18% de los sufragios, mientras que Identidad Verdolaga —el bloque saliente— apenas alcanzó el 32,23%. Ferro en Acción, la tercera lista, captó el 7,37% restante. Baigorrotegui estará acompañado por Darío Silva como vicepresidente primero y Alejandro López Mieres como vicepresidente segundo. Hubo, además, 4 votos en blanco y 3 nulos.

Acuña votó y su familia integra la lista ganadora

El aval que se hizo viral vino de la mano de Marcos Acuña, lateral izquierdo de River Plate y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. El Huevo, surgido de las inferiores del Verdolaga (disputó 117 partidos en Primera, con cinco goles y 23 asistencias antes de pasar a Racing), se acercó al club para ejercer su voto, un gesto que tuvo un peso simbólico considerable dado el respaldo que el jugador había prestado públicamente a la lista ganadora con su aval como socio.Su esposa, María Julia Silva, integra la lista como vocal titular, y su suegro, Darío Silva, ocupa la vicepresidencia primera de la nueva conducción. La familia Acuña-Silva quedó, así, en el corazón de la nueva gestión del club.

Ya con el triunfo consumado, el nuevo presidente Baigorrotegui subrayó que el cambio fue posible porque el socio “se dio cuenta de que había cosas para cambiar” incluso en un momento de buen rendimiento futbolístico. “Ganamos una elección contra un oficialismo que lleva muchos años de gestión”, afirmó.

El ascenso, el sueño que envuelve todo

El contexto deportivo le pone una cuota de adrenalina adicional al cambio de conducción. Ferro es puntero del Grupo A de la Primera B Nacional con 61 puntos —18 victorias, 7 empates y 6 derrotas— y el mismo domingo de las elecciones amplió su ventaja a seis puntos sobre Deportivo Morón al ganarle por 1 a 0 a Defensores de Belgrano con un gol de Emanuel Dening, mientras el escolta caía ante Los Andes en tiempo de descuento. Restan cinco fechas para el cierre de la etapa regular y el equipo de Caballito sueña con terminar con 26 años de ausencia en Primera División —desde su descenso en el año 2000.

Baigorrotegui ya había dejado en claro cuál será la prioridad: “El objetivo prioritario y absoluto es que Ferro vuelva a Primera División”. Y fue más allá: “Hace 26 años que estamos en la B. En los últimos 12, pasaron 350 jugadores y más de 40 técnicos. Ferro tiene que tener una estructura profesional, inversión en infraestructura y planificación”. La nueva gestión, sin embargo, se cuida de no generar turbulencias en lo inmediato. “Este lunes el club abre y esto sigue igual para los chicos, para los profes. No cambia mucho para ellos, por más que haya habido un cambio de conducción”, aclaró el presidente. El objetivo es un “traspaso ordenado” con la comisión saliente (encabezada por Guillermo Bameule), en palabras del propio Baigorrotegui, quien destacó que entre ambos sectores hay “muchos amigos, muchos colegas”.

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) ha sido esta semana el ganador de las elecciones de Marruecos y, cuando Mohamed VI anuncie la figura elegida, será por ello la formación de la que forme parte el jefe de Gobierno. Pero hace tres años, ocupaba titulares por un motivo muy distinto: dos políticos de su cúpula fueron detenidos por su vínculo con el caso de narcotráfico del ‘Escobar del Sáhara’. Otros partidos lo han empleado como arma política, llegando incluso a reprochar a Fouzi Lekjaa, el principal favorito a primer ministro, que se uniese a la formación.

El Tribunal de Apelación de Casablanca dictó el pasado mes de junio condenas de 12 y 10 años de prisión contra los exdiputados marroquíes Abdenbi Bioui y Said Naciri, respectivamente, según informaron EFE y medios locales. Ambos pertenecían al PAM. Naciri fue integrante de la coalición de Gobierno y presidió el club Wydad de Casablanca. Bioui, también exparlamentario del PAM, desarrolló actividades en el sector de la construcción y ocupó la presidencia del Consejo de la Región Oriental de Marruecos.

En 2019, Marruecos detuvo a un ciudadano de Mali por narcotráfico. Haj Ahmed Ben Brahim, apodado “el Pablo Escobar del Sáhara”, consolidó una red de tráfico de drogas. Como explican Raquel Barras y David García en un estudio de la Universidad Complutense, en las últimas dos décadas las rutas de entrada de droga a Europa han cambiado. El conocido como ‘Paralelo 10′ se ha convertido en una puerta fundamental. Se trata del recorrido que hacen las mafias de estupefacientes desde países latinoamericanos, como Colombia o Brasil, hacia el Sahel. Organismos africanos de esta región, en ocasiones relacionados con la financiación del terrorismo, transportan la mercancía hacia el norte del continente para hacerla llegar a Europa. Aquí es donde entra Ben Brahim, uno de los nombres principales de este método.

La investigación policial acorraló al “Pablo Escobar” en 2019. Según relatan medios como The New Arab, pasó por una cárcel de Mauritania por asuntos de drogas y, al obtener la libertad, voló a Casablanca, donde no esperaba ser detenido al aterrizar por una orden internacional de arresto de la Interpol. Desde entonces, cumple una pena de 10 años en Marruecos. Estando en prisión, quiso vengarse de los que veía como traidores que no frenaron la operación contra él ni le ayudaron. Por ello, como informó el semanario marroquí TelQuel, presentó en 2021 varias denuncias contra personalidades marroquíes, a quienes acusó de apropiarse de bienes de su propiedad y de mantener vínculos con actividades de narcotráfico. Entre ellas se encontraban Abdenbi Bioui y Said Naciri.

Según señalaron agencias como EFE, citando fuentes judiciales, los exdiputados fueron piezas clave en la red de narcotráfico. El tribunal de Casablanca determinó que Bioui, expresidente de la región Oriental, utilizó su empresa constructora para facilitar la logística. Por su parte, Naciri, expresidente del club Wydad, aprovechó sus conexiones institucionales para el blanqueo de dinero, la protección de bienes ilícitos y la falsificación de documentos. Su silencio tras la detención del cerebro de la operación les costó la venganza posterior.

Tras la investigación, el PAM informó que suspendía el papel de ambos dentro de la formación. En un comunicado, la directiva reiteró “la gran confianza del partido en la independencia del poder judicial y su compromiso de brindar todas las garantías legales”. A su vez, la organización rechazó el uso del caso para perjudicar a sus integrantes y anunció “procedimientos legales y judiciales contra quienes intenten dañar la reputación del partido” mediante campañas de difamación, asegurando que esto no frenaría la defensa de sus valores ni su labor política. Dos años después, este 2026, la Justicia los condenó a penas de cárcel. Su partido, con ellos ya fuera de escena, ha ganado las elecciones.

Acusación de un rival político contra el PAM

Abdelilah Benkirane, líder del Partido Justicia y Desarrollo (PJD) de Marruecos y primer ministro hace una década, lanzó duras acusaciones contra el PAM hace un mes, cuando arrancaba la campaña para estas elecciones. Lo calificó de “partido corrupto” durante una intervención en la que cuestionó la trayectoria de esa fuerza política y de algunos de sus dirigentes. “Sea quien sea el jefe de Gobierno, quien quiera que sea, el problema es Autenticidad y Modernidad”, afirmó Benkirane. “Basta con ver quién está en la cárcel, quién está acusado de narcotráfico”, dijo el ex primer ministro.

El ex jefe de Gobierno también apuntó contra los cambios en la conducción del PAM. “Vean también cuántos secretarios generales ha tenido Autenticidad y Modernidad. Yo ni siquiera puedo enumerarlos a todos”, dijo. Para Benkirane, esa situación refleja un problema estructural dentro del partido: “Eso significa que es ingobernable, que no se puede gestionar”. Después, añadió que los líderes de la formación persiguen intereses personales, “porque todos los que están allí quieren beneficiarse, quieren enriquecerse, quieren acumular”. Durante sus mítines, Benkirane arremetió contra Fouzi Lekjaa, ministro de Presupuesto antes de ser la cara visible del partido, reprochándole haberse unido a un partido “que reúne a corruptos”.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica manifestó preocupación por el ingreso de criptoactivos al financiamiento político y por el aumento de investigaciones sobre financistas, que llegaron a 155 estudios de solvencia en la campaña presidencial de 2026. El organismo busca reforzar la trazabilidad de los recursos privados ante operaciones de mayor monto y nuevas vías para movilizar dinero hacia los partidos.

De acuerdo con el medio CRHoy, el TSE comenzó un plan piloto para implementar el Sistema Integral de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, una plataforma orientada a supervisar las cuentas partidarias en tiempo real. La primera capacitación reunió a representantes de 11 agrupaciones políticas y contó con el apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia.

La herramienta tendrá un módulo contable adaptado al financiamiento electoral costarricense y otro destinado a los certificados de cesión, desde su emisión hasta la colocación. También prevé controles sobre cuotas de militancia, aportes que reciben las agrupaciones y préstamos.

Los estudios de solvencia aplicados a personas que aportaron dinero a campañas o adquirieron bonos de deuda aumentaron de 83 en 2022 a 155 en 2026. La revisión abarca recursos por ₡3,400 millones (USD 7,482.52), frente a los ₡2.800 millones (USD 6,162.07) analizados durante la campaña presidencial anterior.

En las elecciones municipales de 2020, el órgano electoral efectuó 65 estudios por ₡836,374,719,97 (USD 1,840,643.30). Para los comicios municipales de 2024, la cifra descendió a 40 procedimientos, correspondientes a ₡503,124.285 (USD 1,107.25).

Estos controles permiten verificar quién figura como aportante, si posee capacidad patrimonial para realizar la contribución y cuál es la procedencia efectiva de los fondos. Guiselle Valverde, encargada de Fiscalización de Información Financiera del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, explicó a CRHoy que el desafío no se limita a identificar a quien realiza una transferencia o entrega dinero.

La funcionaria sostuvo que las nuevas formas de mover recursos exigen actualizar los métodos de supervisión. “No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Identificar al aportante constituye uno de los elementos esenciales de control”, dijo.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos utiliza como referencia un umbral de $ 10,000 o ₡5 millones para abrir estudios de solvencia sobre donantes, contribuyentes, financistas, compradores de certificados de cesión, proveedores o prestamistas. Sin embargo, puede reducir ese límite cuando detecta factores de riesgo en operaciones de menor cuantía.

La campaña de 2026 registró además aportes y adquisiciones de certificados de cesión por más de ₡50 millones (USD 110,037.00) e incluso superiores a ₡100 millones (USD 220,074.00). Valverde indicó que ese volumen de operaciones individuales no se había presentado de la misma forma en procesos electorales anteriores.

De los 155 estudios vinculados con la última elección presidencial, 15 fueron remitidos al área de investigaciones del departamento para ampliar las diligencias sobre el origen y la trazabilidad de los recursos. El TSE no ha enviado a la Fiscalía informes sobre posibles irregularidades en donaciones, contribuciones, certificados de cesión o aportes de ese proceso.

Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, precisó que los casos continúan en una etapa inicial. “Los expedientes relacionados con el más reciente proceso electoral se mantienen abiertos y en desarrollo, en fase de recopilación y valoración de insumos probatorios”, afirmó en declaraciones recogidas por CRHoy.

El cambio desde la revisión de gastos hacia la procedencia del dinero

Entre 2010 y 2018, las investigaciones administrativas preliminares se concentraban principalmente en el uso de los recursos por parte de las agrupaciones políticas y en la veracidad de los gastos declarados durante las campañas. Desde 2022, la atención se desplazó hacia el origen de los fondos y las modalidades empleadas para realizar aportes.

Las aparentes irregularidades vinculadas con la liquidación de gastos aparecen con menor frecuencia desde entonces, mientras crece el número de análisis de solvencia y de pesquisas sobre posibles faltas o delitos electorales relacionados con el financiamiento. Según explicó la funcionaria al medio, cinco expedientes de campañas presidenciales llegaron al Ministerio Público desde la entrada en vigencia del Código Electoral de 2009.

Esos traslados no implicaron necesariamente que el departamento técnico hubiera concluido la existencia de irregularidades. Algunos expedientes fueron requeridos en el marco de investigaciones penales y otros se entregaron por órdenes judiciales de secuestro de información, debido a que contienen datos protegidos por el secreto bancario.

Tres días después de las elecciones legislativas marroquíes, en medio de la resaca de la victoria del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), la Fiscalía abrió una investigación por un posible caso de escándalo electoral en un colegio de Tánger. La agencia oficial MAP informó de la detención de un hombre que llevaba una bolsa con papeletas de votación dentro de la escuela Al Qods, habilitada como centro de votación.

El incidente estalló tras la difusión de un vídeo en redes sociales. La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tánger ordenó abrir diligencias para esclarecer el origen de los documentos electorales, las circunstancias en las que llegaron al recinto y las eventuales responsabilidades penales. El fiscal decidió que el sospechoso permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. Desde entonces, cinco personas han sido arrestadas en relación con los hechos, según la información difundida por medios marroquíes.

Este sábado, el diario oficialista marroquí Le360 confirmó una información adelantada en España por The Objective sobre la posible implicación del alcalde de Tánger y dirigente del PAM, Mounir Laymouri. La Justicia ha emitido una orden nacional de búsqueda contra él para interrogarle por lo sucedido y confrontar su versión con la de uno de los detenidos. Laymouri, además de pertenecer al PAM, habría tenido responsabilidades en la campaña electoral de la formación. Según el medio marroquí, uno de los investigados mencionó al alcalde durante su declaración ante los investigadores. Esa referencia llevó a agentes de la Policía Judicial a acudir al domicilio del regidor para localizarlo y organizar un careo con el sospechoso, también vinculado al mismo partido.

Los agentes no lograron contactar con Laymouri por teléfono ni localizarlo en su vivienda. Las autoridades comprobaron después que el alcalde había abandonado Marruecos el jueves por la noche con destino a España. La orden de búsqueda se mantiene mientras la investigación trata de determinar su relación con los documentos electorales irregulares hallados en la escuela Al Qods. Por el momento, España no se ha pronunciado y se desconoce dónde se puede encontrar en estos momentos.

Victoria del PAM en las elecciones

La victoria del PAM con 97 escaños abre un nuevo escenario en Marruecos, donde Mohamed VI tendrá que elegir a uno de sus miembros como jefe de Gobierno. En lo referente a España, supondrá otro panorama en dos principales asuntos sensibles: la reivindicación de Ceuta y Melilla y la organización del Mundial de 2030. El PAM mantiene la posición oficial marroquí sobre las dos ciudades autónomas, aunque suele emplear un tono más diplomático que otras fuerzas. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, miembro del partido, aseguró recientemente que la autonomía marroquí sobre ambas “está sobre la mesa” y defendió una solución mediante el diálogo.

La formación tiene además vínculos estrechos con el entorno de la Corona. Fue fundada en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo de infancia de Mohamed VI y actual asesor del Gabinete Real. La designación del próximo jefe de Gobierno también puede influir en la disputa por la final del Mundial 2030. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, figura entre los favoritos a ser Primer Ministro y defiende que el partido decisivo se juegue en Marruecos. La FIFA aún no ha anunciado la sede. Por el momento, se desconoce si el supuesto escándalo de votos puede provocar un giro de última hora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que habló con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante su reunión del martes en Nueva York.

“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fueron dos de los principales protagonistas de esta Asamblea General de la ONU, en la que se abordó la crisis de la organización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sin olvidar la situación en Gaza ante el avance descontrolado de la ofensiva israelí.

Rodríguez, ha expresado a su regreso al país tras participar en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas que está “contenta” y que tiene la sensación de una “misión cumplida” tras su viaje a Estados Unidos, durante el que mantuvo además un encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Llegamos hace unas horas de Nueva York, de nuestra participación en la Asamblea General de Naciones Unidas”, ha dicho. “Venimos contentos como delegación por la misión cumplida”, ha manifestado, en un vídeo publicado en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

“Mi saludo a toda Venezuela. Feliz de estar de vuelta. Feliz de reencontrarme nuevamente con el pueblo venezolano y seguir andando este camino que es para la felicidad y el bienestar”, ha señalado Rodríguez, quien ha agregado que ya ha mantenido encuentros oficiales con varios altos cargos para abordar la situación en el país, incluida la que atraviesa el sector eléctrico ante la ola de calor.

Rodríguez intervino el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde apostó por dejar atrás la situación de “un país dividido” y abrir una “nueva era política” marcada por la “capacidad de mirar hacia adelante juntos”, algo que pasaría por la celebración de nuevas elecciones, si bien no anunció una fecha para la posible votación.

Asimismo, la presidenta encarga de Venezuela mantuvo una reunión con Trump para abordar “el fortalecimiento de la relación bilateral” entre ambos países, abierta después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en una operación estadounidense lanzada en enero contra Caracas, que se saldó con más de un centenar de muertos.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, señaló que el discurso ofrecido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en Naciones Unidas debe “traducirse de inmediato en hechos concretos y verificables”.

“Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable”, reaccionó la alianza ante las palabras de Rodríguez, quien dijo en la ONU que Venezuela avanza en una “transición democrática”.

La oposición exige “garantizar el regreso de los venezolanos en el exterior, sin persecución ni obstáculos, y el pleno ejercicio de sus derechos”, en clara alusión a la líder y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que esta misma semana denunció que no le permiten retornar al país. Machado salió de forma clandestina en diciembre de 2025 y se dirigió a Oslo, Noruega, con el fin de recibir el Nobel y desde esa fecha no ha podido volver.

“Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política. Por eso, sus compromisos deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela”, enfatizó la Plataforma.

Palpables

El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Stalin González, consideró que el mensaje de Delcy Rodríguez “plantea una oportunidad para Venezuela”, mas subrayó que “el desafío ahora es que esos planteamientos institucionales se conviertan en hechos reales y abran paso a una nueva etapa para el país”.

“El diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones son necesarios para avanzar, y siempre hemos estado dispuestos a transitar esa vía con seriedad. Pero ese entendimiento no puede quedarse en palabras, debe traducirse en condiciones verificables que permitan recuperar la confianza en el voto, liberar a los presos políticos, ampliar las oportunidades y sentar las bases para que Venezuela pueda desarrollarse económica y democráticamente de manera sostenible”, sostuvo González, cuyo partido Un Nuevo Tiempo se separó de la Plataforma Unitaria por diferencias con la estrategia política de Machado.

El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, miembro de la coalición que respalda a Machado, ironizó: “Delcy Rodríguez fingió demencia en su discurso ante las Naciones Unidas. Quiere hacer creer que no ha sido parte de la dictadura que destruyó la vida de millones de venezolanos. La dictadora interina no representa a nuestra gente”.

“Dijo que ‘en Venezuela habrá elecciones’. Entonces, fijen la fecha cuanto antes: elecciones presidenciales libres y con garantías”, demandó Guanipa. Por su parte, en medio de una manifestación este jueves a favor del retorno de Machado, el ex preso político Jesús Armas declaró que “a pesar de que Delcy Rodríguez quiera mostrarse moderada en la ONU, hay más de 300 presos políticos en Venezuela y no los vamos a abandonar”.

La fundadora de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, integrante de la Plataforma, insistió en que la alocución de la mandataria interina “debe tener correspondencia en los hechos”. “Que la próxima palabra la tengamos los venezolanos. Y que esa palabra sea el voto”, sentenció Solórzano.

Resta casi una semana para que se produzca la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. El presidente y candidato a la reelección Lula da Silva mantiene una reñida contienda con el principal postulante de la oposición Eduardo Bolsonaro, que ha sido la figura que abrazó el mandatario argentino Javier Milei a fin de que se produzca un viraje hacia la derecha en el país más importante de la región.

Voceros de la Casa Rosada afirmaron a Infobae que hasta el momento no está previsto un viaje de Milei a Brasil, ya sea para mostrarse con Bolsonaro en el cierre de campaña o al momento de esperar los resultados en el día mismo de los comicios. “Va a ser difícil porque va a estar en medio de la gira por el Argentina Week”, confirmaron en su entorno. En rigor, el Presidente tiene en agenda estar en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de una serie de reuniones políticas y empresariales por la cumbre que promociona inversiones y oportunidades comerciales para la Argentina.

En tanto, quienes conocen a Milei no descartan que durante esos días se produzcan ciertos gestos de complicidad por la campaña del senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La más resonante se produjo en el mes de julio cuando asistió personalmente al lanzamiento del candidato derechista y pronunció fuertes críticas contra Lula y contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El rotundo apoyo de Milei se produjo en un momento en el cual la campaña de Bolsonaro se encontraba en una suerte de meseta respecto a la de Lula. La diferencia en términos numéricos era sustanciosa y la mayoría de las previsiones daban a entender que la reelección del actual mandatario parecía estar encaminada. Aunque los escándalos políticos que emergieron en los últimos meses salpicaron a los dos campamentos principales, la carrera de Lula comenzó a sufrir un desgaste mayor al de su principal opositor, motivo por el cual ha tratado de recuperar centralidad mediática a través de medidas de alto impacto como el incremento del 15% del Bolsa Familia y una medida para regular el mercado de apuestas online.

En la Casa Rosada parece estar la sensación de que Bolsonaro transita por un momentum que lo podría hacer ganador de la primera vuelta y que aquello podría beneficiarlo hacia el balotaje contra Lula.

De convalidarse ese escenario, Brasil terminaría por ser el último país de especial relevancia que transite a una administración de derecha. Además de Argentina, la “ola azul” ya ha tenido como partícipes a países de América del Sur como Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Con Venezuela con un gobierno tutelado por Estados Unidos, Uruguay sería el único país con una administración de centroizquierda.

Aquella situación es mirada con diferentes matices dentro del Gobierno. Hay quienes afirman que Milei sería visto como el principal responsable de este viraje regional y que eso lo colocaría como el principal referente, incluso por encima de Bolsonaro. Otros creen que eso no se producirá y que la posibilidad de que Brasil vuelva a la derecha obnubilaría a la Argentina en su calidad de socio irrestricto de Estados Unidos, tanto por la diferencia de poder político como del poderío económico. Infobae ha escuchado a importantes miembros de la Casa Rosada decir que prefieren que, por ese motivo, gane Lula por sobre Bolsonaro. Es algo que nunca se dirá en público, pero que efectivamente se dice en privado.

Uno de los perdedores de una eventual victoria de Flávio Bolsonaro sería China, actualmente el principal aliado comercial de la administración lulista. No es una certeza qué podría hacer el hijo de Jair con la permanencia en el BRICS, pero días atrás hizo pública su promesa de incorporar a Brasil al Escudo de las Américas con el objetivo de coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, el tráfico de armas y las redes criminales transnacionales.

El senador del Partido Liberal sostuvo que la iniciativa —impulsada por el gobierno de Donald Trump y a la que ya adhirieron varios gobiernos de derecha de la región— permitiría “asfixiar financieramente” a organizaciones como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, a las que prometió clasificar como “narcoterroristas”. La promesa fue formulada un día después de que Trump y el secretario de Estado Marco Rubio se reunieran con aliados latinoamericanos —entre ellos Javier Milei, Daniel Noboa y Santiago Peña— al margen de la Asamblea General de la ONU.

La propuesta profundizó el choque con Lula, que acusó a su rival de impulsar una política subordinada a Washington. “Va a dormir enrollado en la bandera estadounidense”, disparó el mandatario desde un acto en Recife, donde también vinculó a la familia Bolsonaro con escándalos de corrupción como el fraude del Banco Master.

El canciller brasileño Mauro Vieira se reunió en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, con el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a suceder a António Guterres como Secretario General. Tal como reveló UOL, el encuentro duró poco más de una hora, en buenos términos, aunque sin compromisos de apoyo.

Grossi está intentando presentarse como un candidato independiente de la Argentina, dada la valoración negativa que Milei tiene sobre el organismo y que volvió a explicitar esta semana durante su paso por Nueva York. En ese sentido, no resulta una casualidad que el mandatario libertario no lo haya mencionado siquiera en algún apartado de ese discurso que dio ante la Asamblea General, dado que podría haberlo perjudicado en sus aspiraciones electorales.

Si bien Lula tampoco lo apoyó explícitamente —en el pasado ha dicho que la conducción de las Naciones Unidas debía pasar a manos de una mujer-, lo cierto es que el encuentro con Vieira configuró una suerte de guiño. En rigor, Brasil no tiene candidato propio, pero defiende firmemente el principio de rotación regional, que indicaría que el próximo turno le corresponde a América Latina y el Caribe. En ese marco, Vieira también se reunió con Carolyn Rodrigues-Birkett, la candidata de Guyana y una de las favoritas de la contienda.

El proceso de selección es complejo: la decisión final recae en el Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes tienen derecho a veto. En el caso de Grossi, persisten dudas sobre el apoyo de Rusia y China —con quienes acumuló tensiones por su gestión durante el conflicto en Ucrania—, mientras que Rodrigues-Birkett enfrentaría resistencias de Estados Unidos por su postura frente a la guerra en Gaza.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente el uso de una base federal de datos de votantes para verificar la ciudadanía en los padrones electorales. La decisión respalda a la administración del presidente Donald Trump en su campaña contra el voto de personas no ciudadanas.

La medida cautelar suspende una orden emitida en junio por una jueza federal de Washington, posteriormente confirmada por un tribunal federal, que había bloqueado la versión ampliada del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE.

En una resolución sin firma, el máximo tribunal sostuvo que una ley de 1996 autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a obtener datos sobre ciudadanía e inmigración de otras agencias federales, precisó la agencia Associated Press.

La mayoría afirmó que el Gobierno federal tiene “la obligación de responder” a las solicitudes de las autoridades estatales que buscan verificar la ciudadanía de los electores.

Por consiguiente, la Corte aseveró que “la orden impide que el Gobierno Federal utilice el programa que considera más adecuado para la tarea”.

Al mismo tiempo, expresó que las demandas de los grupos defensores del derecho al voto “probablemente carecen de fundamento” y que es probable que revoque la conclusión del tribunal de distrito de que la administración Trump infringió la ley federal con el sistema renovado, reportó CBS News.

La lista se amplió por una orden ejecutiva de 2025 y fue bloqueada en junio

De acuerdo con CBS News, el sistema SAVE fue creado en 1986 para que organismos federales, estatales y locales verificaran la ciudadanía o el estatus migratorio de las personas que solicitaban determinados beneficios públicos y licencias.

En marzo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Administración del Seguro Social a reunir sus registros en una herramienta en línea. La directiva impulsó la reforma y ampliación de SAVE.

El objetivo era que las autoridades electorales estatales y locales pudieran comprobar la ciudadanía o el estatus migratorio de quienes se inscribieran para votar y de quienes ya figuraran en los padrones.

La Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica y cinco personas presentaron una demanda en la que alegaron que algunos estados se habían asociado con el Gobierno federal para procesar sus bases de datos electorales mediante SAVE.

A su vez, advirtieron que ciudadanos estadounidenses identificados erróneamente como no ciudadanos habían sido eliminados de forma indebida de los padrones.

En consecuencia, la jueza federal Sparkle Sooknanan bloqueó la versión ampliada en junio y consideró que las agencias habían combinado y reutilizado de “forma arbitraria” información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos sobre ciudadanía que “sabían que no eran fiables”, según la resolución citada por CBS News.

A comienzos de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington rechazó suspender esa orden. El Departamento de Justicia acudió entonces a la Corte Suprema, que dejó sin efecto el bloqueo de manera provisional.

El uso de la herramienta por parte de los estados es voluntario y su reciente aval podría no tener consecuencias en las próximas elecciones del 3 de noviembre, indicó Associated Press.

Esto se debe a que la legislación federal impide a la mayoría de los estados realizar depuraciones sistemáticas de sus listas de votantes durante los 90 días previos a una elección.

Tres juezas alertaron sobre posibles exclusiones de votantes legítimos

Las juezas Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan votaron en contra. Jackson escribió que el perjuicio de dificultar o privar del voto incluso a unos pocos electores habilitados “supera con creces el daño inexistente que experimenta el Gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”.

El grupo disidente señaló que algunos estados podrían cancelar las inscripciones de ciudadanos recientemente naturalizados o exigirles una prueba de ciudadanía antes de votar.

En un comunicado recogido por The New York Times, la coalición demandante calificó la decisión de “profundamente decepcionante” y manifestó que deja a “millones de estadounidenses en riesgo de ser blanco ilegal de la base de datos poco fiable de depuración de votantes de la administración” antes de las elecciones.

En un despacho de la Casa Rosada admiten que Javier Milei deberá prorrogar las sesiones ordinarias para impulsar reformas importantes que tienen trámite legislativo. No es una jugada novedosa. Más bien, ha sido una costumbre de los oficialismos en los años pares: aprovechar lo máximo posible la ventana de posibilidad antes de que la temporada de elecciones nacionales y provinciales se coma cualquier tipo de pretensión negociadora entre oficialismo y oposición.

La cuenta regresiva ya pesa sobre la mesa de operadores políticos del Gobierno. Si se cuenta el período ordinario, tienen algo más de dos meses para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y de la Reforma Política, la cual contiene la quita de las PASO del calendario electoral del año próximo. La extensión del calendario legislativo ampliaría esa ventana de oportunidad a tres meses.

En el Poder Ejecutivo afirman que “no está nada fácil” la posibilidad de aprobar la suspensión de las Primarias en el corto plazo; de hecho, “al día de hoy no hay una fecha estimada para poder tratarlo”, reconocen. No se habla de eliminación porque muchos de los gobernadores y legisladores nacionales que fungen como aliados circunstanciales no están dispuestos a realizar esa modificación. Si bien no era la idea original o la que más le hubiera gustado al Presidente, en el oficialismo son realistas respecto de las adhesiones que pueden llegar a juntar con la composición actual de ambas cámaras del Congreso y afirman que podrán eliminarla luego de la próxima renovación parlamentaria.

En la última reunión de la Mesa Política se habló respecto del estado de la Reforma Política y se reiteró la necesidad de acelerar con el tratamiento. Allí son conscientes de la advertencia que realizó semanas atrás la Cámara Nacional Electoral (CNE), que “sugirió” al Congreso que cualquier tipo de modificación que incida sobre el calendario de elecciones se trate antes del comienzo del 2027.

Un importante miembro del Poder Ejecutivo recuerda otro aliciente: la expectativa que genera la suspensión de las PASO en los actores económicos. Es algo que preocupa particularmente a Milei, que fue consultado sobre esta misma cuestión por el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, en su última jornada en Nueva York. “Los mercados financieros están mirando este tema muy de cerca”, le recordó al Presidente.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reanudó sus actividades sobre el proyecto de Reforma Política luego de varias semanas de cuarto intermedio. Lo hizo el 15 de septiembre, pero aún no se han notificado cambios de magnitud en los apoyos que podría recibir el bloque de La Libertad Avanza.

Allí mismo realizan la siguiente estimación: “El peronismo tiene 25 votos duros y necesita 11 más para bloqueártelo. Nosotros somos 21 senadores y necesitamos 16 más para asegurar todo. La clave es mirar el combo UCR-PRO, que tiene 14 votos. 10 de ellos son radicales, 3 son amarillos y Edith Terenzi, de Chubut. Ahí están todos los que faltan. Si no se destraba ese bloque, no hay manera. Depende de nosotros porque el peronismo no llega a forzarte un voto negativo como sí lo puede hacer en otros temas”.

En ese grupo de senadores hay quienes responden de manera directa a gobernadores, pero hay otros que no tienen una dependencia directa y fueron electos sin corresponder con el poder provincial de turno. Eso complejiza las negociaciones y limita el alcance que puede llegar a tener el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para poder conseguir votos mediante el diálogo con gobernadores. Aquello, en todo caso, es un segmento que deberá asegurarse en el tratamiento del Presupuesto 2027.

“El Colo” se reunió la semana pasada con seis gobernadores y esta semana habrá concretado cinco encuentros más: los últimos dos serán este viernes por la tarde con el sanjuanino Marcelo Orrego y el mendocino Alfredo Cornejo.

Entre los negociadores oficialistas ven que será clave el viaje a París por el Argentina Week que compartirán la cúpula de la administración libertaria y, hasta ahora, una docena de gobernadores confirmados: Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Estas conversaciones son una parte que pueden contribuir, pero que no aseguran los votos para la reforma política. La jefa de bloque Patricia Bullrich afirma que aún no están las adhesiones y que aquello también es producto de la expectativa por las alianzas electorales. “Hay gobernadores y bloques que no van a hacer ningún tipo de ayuda si es que ven que La Libertad Avanza no les brinda certidumbre de cómo les van a competir. Menos aún si saben que van a ir fuertes en sus territorios”, espetan desde el bloque violeta en el Senado.

Por caso, los cabecillas del PRO que se reunieron ayer con sus contrapartes de LLA en la Casa Rosada hicieron trascender que como “la elección está lejos, hablar de acuerdo electoral también está lejos”. Sobre la relación de ambas fuerzas por el caso de la Ciudad de Buenos Aires, marcaron: “Conocemos la valoración de la gente sobre la gestión del PRO en CABA desde 2007. Acá estamos en un ámbito de confianza donde, si hay algo que tiene para aportar LLA a la ciudad, lo puede hacer”.

En los últimos días surgieron reuniones interesantes. El armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, convocó a varios presidentes provinciales del partido a su despacho. A varios de ellos les habría dado la orden de ordenar la situación de sus distritos y no descartar aperturas circunstanciales. Quienes han conversado en los últimos días con el monje karinista afirman que la idea que rige la estrategia partidaria “es que el espacio se abra y sume gente de varios espacios en las provincias”. “El año que viene vamos a necesitar a todos del centro hacia la derecha. Ese es el desafío que tienen muchos armadores que tal vez son más reticentes: la capacidad de abrir espacios”, marcan.

La Justicia Federal dictó una medida cautelar que suspende el cronograma electoral diseñado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para la elección de representantes docentes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN).

La resolución, firmada por Ariel Lijo como juez subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py, frena el proceso de votación que debía concretarse este jueves.

El CIN ya había definido con anterioridad que Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, será miembro del Consejo de la Magistratura en representación del ámbito académico para el período 2026-2030. La segunda banca que tiene este estamento se define por votación de los profesores.

El conflicto surge a raíz de la Resolución CE N° 1998/26, la cual establece las reglas y fechas para la conformación del claustro docente universitario. Esta normativa fue impugnada por las máximas autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), específicamente por su rector, Ricardo Gelpi, y el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara.

Los demandantes argumentan que el esquema planteado, que reinstaura un colegio electoral indirecto, carece de validez jurídica. Según su postura, este sistema fue concebido originalmente como una solución transitoria frente a la urgencia impuesta por un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su reclamo, las autoridades de la UBA sostuvieron que intentar convertir este mecanismo de excepción en una regla definitiva vulnera los principios de participación democrática.

El camino judicial hacia la suspensión

Este episodio es un nuevo capítulo en el litigio que inició bajo el expediente CAF 52727/2022 en el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí, diversos profesores titulares ya habían cuestionado la inconstitucionalidad de normativas anteriores referentes a los mismos representantes ante el Consejo.

Tras años de apelaciones cruzadas, que incluyeron la intervención de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y un recurso de queja ante el máximo tribunal, la causa regresó a primera instancia para continuar bajo el trámite ordinario. La Cámara Nacional Electoral (CNE), en una decisión reciente, zanjó la controversia sobre la competencia, asignando finalmente el caso al juzgado con competencia electoral que ahora se ha expedido.

Como magistrado subrogante, Lijo fundamentó el freno de los comicios en el riesgo de que la situación se torne irreversible. “La falta de definición sobre el derecho de fondo justifica de manera determinante el dictado de una medida cautelar, para poder salvaguardar la eficacia del proceso y evitar perjuicios de imposible reparación”, sostiene el escrito judicial al que accedió Infobae.

La normativa vigente, que exige demostrar una posible ilegalidad manifiesta para este tipo de decisiones, fue ponderada ante la proximidad del acto eleccionario. Para el juzgado, permitir la votación bajo las condiciones actuales significaría tornar abstracta cualquier decisión futura sobre la constitucionalidad del sistema, dejando sin efecto la tutela judicial efectiva reclamada por los actores.

El núcleo del debate jurídico radica en la modalidad de elección. La contraposición se da entre la elección mediante un colegio electoral —esquema indirecto— y el tradicional sufragio directo. Esta incertidumbre procedimental ha generado, según el fallo, la necesidad de intervenir para garantizar el “respeto irrestricto a los principios de participación, representatividad, transparencia y pluralismo”.

Con la suspensión del cronograma electoral confirmada, el Consejo Interuniversitario Nacional deberá ahora enfrentar el traslado de la demanda. El plazo otorgado por la justicia para que el organismo presente sus descargos vence el lunes 28 de septiembre a las 13:30.

Mientras tanto, el ámbito universitario permanece a la expectativa del devenir de este proceso. La resolución subraya que el estado de incertidumbre no puede prorrogarse indefinidamente, marcando una urgencia que trasciende el caso particular y se proyecta sobre el funcionamiento de los estamentos de representación docente en las universidades nacionales.

La tensión parece haber bajado, pero continúa siendo materia de conversación en muchas de las conversaciones de dirigentes libertarios. Ayer por la tarde-noche, cuando comenzó a conocerse que Karina Milei había convocado a una cena con senadores de La Libertad Avanza, la pregunta de algunos legisladores y funcionarios era si iba a ir Patricia Bullrich o si, además, iba a estar Martín Menem -su hombre de mayor confianza- a su lado.

“Qué marcada de cancha...”, comentaba ayer a la noche uno de los diputados nacionales que se autodenomina “violeta puro”, al conocer que la composición final del encuentro incluía a ese trío compuesto por Karina, Bullrich y el menor de los primos Menem. Una vez finalizado, diferentes asistentes comentaron a Infobae que el clima que hubo durante esas dos horas y media fue más tranquilo y ameno del esperado. “Como cantaba Sergio Tomás, ‘no pasa nada’”, decían desde el bloque libertario.

Esta semana que se está terminando ha sido diametralmente opuesta a la anterior, cuando se presentó el proyecto de Presupuesto para el 2027 y la jefa de bloque de La Libertad Avanza estalló en público porque hubo cambios que no le habían sido anoticiados y que rompían con ciertas negociaciones que venía encarando junto a otros negociadores políticos del Gobierno. Hubo críticas hacia funcionarios como Luis Caputo y Diego Santilli, pero el movimiento más resonante fue el video en el que canta un tema de Lali.

La tónica de estos días fue distinta. “Esto es un sube y baja. Siempre estamos a la espera de cuando se necesiten nuevos hits”, afirman, crípticos, en el entorno de la dirigente libertaria. Al ser abordada por los cronistas que se encontraban afuera del restaurante, afirmó que la reunión de Mesa Política se desarrolló con tranquilidad, minimizó las versiones de que aspira adelantar su candidatura presidencial y dijo que la cena había sido “muy amable”.

El cambio actitudinal de Bullrich fue percibido por la mesa chica de Karina Milei. No se les escapan las declaraciones que esbozó durante toda la semana pasada, pero afirman que su estrategia es “no seguirle el juego” para darle una excusa para romper o generar una situación de victimización por la dinámica propia que generan los karinistas. “Está buscando tironear y lo sabemos. A ella no le conviene romper y para nosotros es valiosa. Queda convivir aunque no nos llevemos del todo bien en ciertos momentos, no queda otra”, afirma a Infobae una fuente de primera línea del Gobierno.

La secretaria general de la Presidencia envió las invitaciones para la cena de este miércoles por la noche hacia el comienzo de la semana. Es decir, la jefa del bloque libertario sabía que debía comer con “El Jefe” incluso después de la reunión de Mesa Política que se iba a desarrollar el martes. Esa sensación de que iban a tener que seguir viéndose las caras hizo que, probablemente, desde más de un despacho se recomendara bajar el tenor de la discusión.

En ese primer encuentro en la Casa Rosada, la conversación se fue distendiendo con el paso de los minutos. Hubo un primer apartado donde no se pudo esquivar la cuestión de lo que había sucedido la semana anterior. Ahí fueron importantes las voces de Diego Santilli y del secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, que ayudó a descomprimir el ambiente. Bullrich llegó a exponer su malestar ante ese grupo y se acordó canalizar las críticas puertas adentro.

Entre los estrategas políticos de la Casa Rosada persiste una cierta tranquilidad a partir del análisis de la conversación pública que generó la discusión de la senadora la semana pasada. Consideran que dio en el clavo al salir a decir que el Gobierno se había equivocado por los cambios en materia de discapacidad, pero que las formas que había utilizado en redes no tuvieron una conversación positiva. En el sector de Bullrich afirman lo contrario: que se instaló una conversación que le permitió desmarcarse en un asunto sensible y que ese hecho en sí configura la capacidad que tiene como figura política para hacer objeciones y no ser criticada por eso.

Lo que se marca en distintos despachos del Gobierno es que no se prevé una nueva escalada entre ambos sectores. Al menos no por ahora, pero siempre existen suspicacias alimentadas desde diferentes sectores que reavivan la conflictividad. Una de estas versiones es que la jefa de bloque no estaría muy convencida del proyecto para reformar los subsidios por Zonas Frías. Menos conspirativo y más concreto es lo que le han dicho dos senadores de La Libertad Avanza a Infobae: que no quieren votar ese proyecto. Pese a decirlo en privado, no está claro si se animarán a pronunciarse negativamente llegado el caso.

En tanto, el Senado sesiona hoy para tratar dos temas clave. El primero es una modificación a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ya aprobada por Diputados. El Senado decidió retocar el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA: en lugar de requerir dos tercios de ambas Cámaras, quedará mayoría absoluta solo en el Senado. Por eso, el proyecto vuelve a Diputados en segunda revisión. Aunque resistido en primer término por los funcionarios del Palacio de Hacienda, desde el ala política del Gobierno les hicieron entender que si no, la reforma no iba a salir.

El segundo tema es el recorte de subsidios en zonas frías, que reduce los beneficios que amplió el kirchnerismo —limitándolos a casos sociales (familias bajo tres canastas básicas, discapacitados, veteranos de Malvinas)— y mantiene los subsidios para las zonas originales (Patagonia, Malargüe y la Puna), aunque con un esquema distinto que aplica el subsidio sobre la generación de gas y no sobre la distribución.

En cuanto a los apoyos, el escenario es frágil. Hay riesgo de quórum tanto al inicio como durante la sesión, especialmente para el tema de zonas frías, que está —según reconocen propios y ajenos— “atado con alambres”. El compromiso del Ejecutivo con algunos gobernadores norteños de incorporar “zonas cálidas” y subsidios eléctricos a futuro genera cierto clima de tensión interna y rompe la unidad de los bloques más grandes, complicando aún más los números.

Marruecos tiene un ganador. Como era de esperar, el PAM (Partido de la Autenticidad y Modernidad) ha logrado el máximo número de escaños en unos repartidos comicios. Así lo ha anunciado Abdelouafi Laftit, ministro del Interior, al hacer públicos los resultados provisionales. En las próximas horas o días, Mohamed VI nombrará el jefe de Gobierno, que tendrá que ser un miembro de este partido. Todas las miradas están sobre Fouzi Lekjaa, el presidente de la federación de fútbol.

Hay un dato que resulta tan importante como el hecho de cómo se han resuelto las votaciones: la escasa participación del 38,08% de la población. Por tanto, seis de cada 10 marroquíes no han acudido a las urnas. Este porcentaje supone una preocupante caída desde los comicios de 2021, cuando votó en torno a la mitad de la población con derecho. Hacía casi dos décadas que no se registraba una cifra tan baja. El enfado social, especialmente intenso entre los jóvenes, adelantaba que este escenario era muy probable.

Marruecos reparte sus escaños

El PAM ha ganado las elecciones legislativas para la Cámara de Representantes con 97 escaños, según los resultados provisionales difundidos por el ministro del Interior. La mayoría absoluta queda muy lejos, al elevarse hasta lo 198 escaños. Esta formación se considera liberal y modernizadora, con posiciones políticas que combinan elementos liberales, conservadores y de carácter nacionalista marroquí. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ha gobernado la última legislatura, quedó en segunda posición, con 66 diputados, seguida por el Partido Istiqlal obtuvo 65. El Partido Justicia y Desarrollo (PJD) logró 54 escaños.

A continuación se situaron el Movimiento Popular, con 29 representantes; la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26; el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS), con 19, y la Unión Constitucional (UC), con 17. El Movimiento Democrático y Social (MDS) y la Alianza de la Izquierda obtuvieron ocho escaños cada uno. El Frente de Fuerzas Democráticas (FFD) y el Partido de la Equidad lograron dos representantes, mientras que el Partido Nuevo Demócrata (PND) y el Partido Unidad y Democracia (PUD) consiguieron un escaño cada uno.

Descontento social que lleva a no votar

Al dirigirse a los marroquíes, Abdelouafi Laftit ha confirmado la participación de un 38% de la población. Las elecciones se han celebrado dentro de un clima de evidente malestar social, especialmente entre los jóvenes. La baja inscripción en el censo limita el alcance representativo de los resultados. En 2021, alrededor de 2,8 millones de ciudadanos de entre 18 y 24 años no figuraban como electores y al menos siete millones de personas en edad de votar permanecían fuera del registro. A falta de números oficiales, los resultados de 2026 adelantan cifras más abrumadoras.

Parte de ese descontento se articula en torno a Gen Z 212, una red coordinada principalmente a través de Discord, que ha promovido protestas por el paro, el coste de vida y las carencias en sanidad y educación. La frustración también se refleja en la presión migratoria hacia Ceuta, que para muchos jóvenes aparece como una salida ante la falta de oportunidades. Todo este contexto ya apuntaba a una realidad que se ha materializado con los recuentos. El 60% de los marroquíes no quieren saber nada de políticos, elecciones y votación.

“Es muy pelotudo. Nos la deja servida siempre. Es fantástico”. Una importante figura de la comunicación del Gobierno se regodeaba hacia el final del miércoles por la forma en la que salieron diferentes usuarios del ecosistema libertario a insultar y cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que mantuvo una agenda en Nueva York, paralela a la del presidente Javier Milei.

En el entramado de cuentas trolls y de funcionarios libertarios activaron una suerte de operativo para difundir el contraste entre la agenda de ambos dirigentes. “La diferencia es que mientras Kicillof se fue a pavear allá aprovechando que íbamos a estar ahí, Milei fue invitado a la Asamblea General de la ONU”, agregan desde la Casa Rosada. La intensidad que han puesto en esa confrontación solo se explica en el hecho de que lo siguen viendo como el precandidato peronista con el que mejor pueden confrontar de cara a un eventual balotaje: “Seguimos creyendo que un balotaje con un ultra es lo mejor para nosotros”.

Kicillof se lanzó como candidato a presidente el pasado sábado en un acto en Avellaneda para, días después, tomarse un vuelo y arribar en Nueva York. Su primera actividad fue un encuentro con representantes de fondos de inversión, algunos en calidad de tenedores de bonos provinciales -como Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesaret- y otros como interesados de conocer qué tenía la cúpula de la Gobernación para decir, siendo que el economista peronista es una de las principales figuras que pretende competir el año próximo.

Este suceso no pasó desapercibido para la Casa Rosada. Fue el mismo Milei quien al día siguiente, en una disertación organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional, atribuyó la suba del Riesgo País a la visita del gobernador bonaerense por territorio estadounidense: “Aparece en la zona de los 500, sube y fluctúa, pero si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, sube. Creíamos que era boludo, pero no tanto”. Una fuente del Gobierno afirma que uno de los motivos por lo que lo dijo fue que, mientras el gobernador se reunía con inversores, el diputado nacional Maximo Kirchner y otros integrantes del bloque de Unión por la Patria presentaron un proyecto para crear un impuesto a las transferencias al exterior. Los números concretos indican que el Riesgo País subió ocho ruedas consecutivas. Antes que cualquier viaje.

“Sobre Axel pesa un estigma muy fuerte sobre su vinculación con el kirchnerismo y su pensamiento económico. Está bien que se presente. Pero hoy su credibilidad es cero, principalmente por los kirchneristas que están dentro de su espacio político. Ese es el gran tema que tiene por resolver”, explica a Infobae uno de los principales enlaces entre la Casa Rosada y Washington, quien agrega que el ministro de Economía, Luis Caputo, está particularmente empesinado en hablar con fondos inversores para brindarles algo más de calma de cara al año próximo. “Les dice que hay un colchón de reservas, que la dolarización de carteras que hay hoy en día es significativa y que el año próximo podrían haber más dólares”, afirma.

Pese a ese mensaje de calma que buscan dar algunos actores del equipo económico, el Gobierno también comenzó a bordear su narrativa en base al “Riesgo Kicillof”.

En una entrevista publicada ayer por Bloomberg en Línea, el CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Facundo Gómez Minujin aseguró que “si gana Milei, durante el siguiente mandato seguro que [la Argentina] es investment grade”. Esto fue utilizado por Milei para repostear una publicación similar -que la atribuía erroneamente al CEO global del banco estadounidense, Jamie Dimon- y escribir “sacala del ángulo, kukita... MAGA!”.

El director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia, Santiago Oría, replicó el mismo posteo para decir: “Si Milei reelige el país va a ser irreconocible en 2031. Va a poder hacer la reforma tributaria y aduanera. Van a llegar millones de inversiones. Va a dejar un legado de liberalismo que durará décadas”.

En tanto, la economía argentina muestra señales mixtas: el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre y podría registrar una segunda caída consecutiva en el tercero, lo que la pondría técnicamente en recesión. Sin embargo, el Gobierno sostiene sus pilares de baja de inflación y estabilidad cambiaria, mientras sectores como la energía y el agro lideran el crecimiento. El empleo formal retrocedió, la informalidad subió al 45% y el consumo sigue débil, aunque el índice de confianza del consumidor mejoró, especialmente en el interior del país y en los sectores de menores ingresos.

Tal como publicó Infobae, en Wall Street, bancos como Citibank, Morgan Stanley y JP Morgan mantienen una visión optimista sobre la continuidad de Milei. El Citi proyecta un crecimiento del PBI del 3,2% para 2027, una inflación mensual del 1,9% y salarios por encima de los niveles de 2023. A nivel electoral, señalan que sin PASO y con una oposición dividida, crecen las chances de una victoria en primera vuelta. No obstante, el informe también advierte sobre un fenómeno regional preocupante: casi todos los oficialismos latinoamericanos perdieron sus elecciones, lo que representa una señal de alerta para el Gobierno

Un repartidor del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue acusado de desechar ilegalmente cerca de 300 boletas de voto por correo destinadas a residentes de Eagle Mountain, Utah, antes de las elecciones primarias estatales del 23 de junio de 2026.

Damon Matai Seei, de 34 años y residente de Payson, fue detenido y compareció ante un tribunal federal de Salt Lake City tras ser acusado por un gran jurado el 16 de septiembre.

El hombre ya no trabaja para el USPS y se declaró no culpable del delito grave de destrucción o demora de correspondencia. Su próxima audiencia está prevista para el 30 de noviembre.

La investigación continúa y el cargo podría conllevar una pena de hasta cinco años de prisión federal en caso de ser declarado culpable.

El fiscal general adjunto interino Trent McCotter aseveró en un comunicado: “Cuando los votantes estadounidenses emiten su voto legalmente, deben tener la certeza de que será contado. Desechar presuntamente cientos de papeletas es un delito federal grave que socava la integridad de nuestras elecciones. La integridad del voto no es una cuestión partidista”.

El correo fue arrojado a un contenedor en el estacionamiento de una iglesia

Según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos, Seei arrojó correspondencia y boletas a un contenedor de basura el 3 de junio, poco después de iniciar su recorrido en Eagle Mountain, un suburbio de Provo. El contenedor se encontraba en el estacionamiento de una iglesia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, entre los envíos encomendados a Seei, había publicidad y cientos de boletas enviadas a electores para las primarias, en las que figuraban candidatos demócratas y republicanos, precisó NBC News.

La fiscal federal para el Distrito de Utah, Melissa Holyoak, contó que el entonces empleado dijo a los investigadores que no actuó por motivaciones políticas y que no tenía intención de desechar las boletas.

De acuerdo con los registros del caso citados por Associated Press, el cartero explicó que actuó por “pereza” y que se sintió sobrepasado por la cantidad de envíos. Por ello, descartó anuncios publicitarios para “aligerar su carga de trabajo”.

Sin embargo, la fiscalía sostiene que el trabajador había separado las boletas al comienzo de su turno, por lo que consideró poco creíble que desconociera que se encontraban entre el correo descartado.

Vecinos alertaron que las boletas no habían llegado

La investigación comenzó después de que residentes de Eagle Mountain informaran al secretario del condado de Utah, Aaron Davidson, que no habían recibido sus boletas.

Tras revisar la participación electoral de la comunidad y contactar a los vecinos, la oficina del funcionario concluyó que el número de personas afectadas ascendía a cientos.

Utah envía automáticamente una boleta por correo a todos los votantes registrados y activos, aunque ese sistema dejará de aplicarse en 2029 debido a una ley estatal que exigirá la inscripción voluntaria.

Cerca del 95% de los votantes del estado utiliza esta modalidad, según la fiscal Holyoak, citada por NBC News. Se desconoce si quienes no recibieron sus boletas pudieron votar posteriormente.

En un comunicado recogido por NBC News, el Servicio Postal de Estados Unidos afirmó que mantiene controles sobre los envíos políticos y electorales con el objetivo de “garantizar la confianza pública” en la correspondencia durante los procesos electorales.

La institución señaló que, a partir de la denuncia sobre el descarte de correspondencia, remitió el caso a su oficina del inspector general, encargada de investigar posibles delitos cometidos por empleados postales.

El USPS manifestó además que “la singularidad del correo político y electoral convierte su seguridad en una prioridad absoluta durante cada ciclo electoral” y que trabaja para “prevenir, identificar y resolver cualquier problema que pueda interferir con su entrega segura y puntual”.

El balotaje volvió a colocarse en el centro de la discusión política hondureña tras la presentación de un paquete de 87 propuestas de reformas electorales ante el Congreso Nacional.

La iniciativa fue elaborada por una coalición de diez organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales.

Entre las modificaciones planteadas, una de las principales es la implementación de una segunda vuelta para elegir al presidente de la República.

La propuesta busca que el balotaje se active cuando el candidato presidencial más votado no alcance el 45% de los votos válidos, o cuando el ganador supere ese porcentaje pero no obtenga una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar.

Según las organizaciones, el objetivo es que el presidente electo llegue al poder con un respaldo electoral más amplio y que los candidatos busquen consensos entre la primera y una eventual segunda ronda.

Sin voluntad, ni votos

El diputado del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera, reconoció que actualmente no existe el respaldo suficiente para aprobar la segunda vuelta. Rivera señaló que el tema continuará siendo discutido dentro de la comisión, donde participan representantes de distintas fuerzas políticas. “No están los votos suficientes para una segunda vuelta”, afirmó el diputado.

El legislador explicó que, si se logra reunir el respaldo necesario, el proyecto podría ser enviado al pleno del Congreso Nacional para su discusión. La aprobación de una reforma de este tipo requiere 86 votos, debido a que implica una modificación constitucional.

Qué propone la sociedad civil

Las organizaciones que presentaron el paquete de reformas plantean que la segunda vuelta no se realice automáticamente en todas las elecciones presidenciales. El mecanismo se activaría únicamente si se presenta alguno de los dos escenarios establecidos en su propuesta.

El primero: que ningún candidato alcance el 45% de los votos válidos. El segundo: que el candidato más votado supere el 45%, pero no consiga una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales sobre quien ocupe el segundo lugar.

Con este esquema, la elección podría pasar a una segunda ronda entre los dos candidatos más votados. Las organizaciones sostienen que el mecanismo permitiría ampliar el respaldo político del mandatario electo y propiciar acuerdos entre las fuerzas políticas.

Rivera también expuso sus dudas sobre la conveniencia de implementar la segunda vuelta en el sistema político hondureño. El diputado señaló que existen diferencias entre Honduras y otros países latinoamericanos que utilizan el balotaje.

De acuerdo con su análisis, en algunos de esos países participan numerosos partidos políticos en la primera ronda electoral. En Honduras, dijo, existen alrededor de cinco partidos, aunque considera que actualmente solo tres tienen posibilidades reales de competir por la Presidencia. “Eliminas a la tercera fuerza política y solo van los primeros dos a la segunda vuelta”, explicó.

El calendario, otro obstáculo

Otro de los puntos señalados por Rivera está relacionado con el calendario electoral. El diputado planteó el escenario de que una primera vuelta se realice el último domingo de noviembre y que una eventual segunda ronda tenga que celebrarse en enero, cerca de la fecha establecida para la toma de posesión del nuevo gobierno.

La propuesta de la sociedad civil está orientada a los comicios de 2029, por lo que el debate actual busca determinar si el país incorporará el balotaje como parte de las reglas para futuros procesos electorales.

La segunda vuelta es solo una de las 87 iniciativas presentadas por la Mesa de Propuestas de Reformas Electorales. El paquete incluye propuestas relacionadas con diferentes áreas del sistema político y electoral hondureño.

Entre los temas planteados están la integración de las Juntas Receptoras de Votos, el financiamiento político, la fiscalización, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones electorales. También se incluyeron modificaciones relacionadas con las elecciones de medio término para diputados y corporaciones municipales.

La Comisión de Asuntos Electorales continuará revisando las distintas iniciativas de reforma para determinar cuáles pueden ser integradas en un paquete común. Una vez elaborado el dictamen correspondiente, las propuestas que requieran aprobación del pleno serán sometidas a consideración de los diputados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum reveló su opinión acerca de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, destacando que el trabajo del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

“A mí me parece que ha sido un muy buen presidente, presidente Lula. Nada más les doy una. En un año cumplió su promesa del hambre cero en Brasil. Lo había logrado en su primero, segundo periodo. Después creció la pobreza y en un año él logró, poco más de un año, hambre cero. Pues eso es un gran logro”, aseguró durante la mañanera del pueblo de este 23 de septiembre en Palacio Nacional.

Siguiendo con su discurso, hizo un llamado para que no exista injerencia extranjera dentro los comicios celebrados del 4 al 25 de octubre en el país de América del Sur.

“Se llama autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos. Por eso existen Naciones Unidas, pero no debe haber injerencia extranjera. Entonces, en Brasil que decidan las y los brasileños libremente y lo que decida el pueblo, que se respete”, señaló la jefa de Estado.

Regulación de redes puede influir en las elecciones

La jefa de Estado mencionó que actualmente la mayoría de las personas se informan a través de redes sociales, destacando que el problema principal de estas plataformas son los algoritmos que muestran determinado contenido a diferentes sectores de la población.

“Entonces, el algoritmo no es que tú puedas ver una diversidad y una pluralidad, sino que al tú detenerte en determinado contenido, pues todo lo demás te va a salir con ese contenido. Si te detienes y hablan mal de la presidenta y lo ves una vez por determinados segundos, pues ya te va a salir siempre propaganda en contra de la presidenta y difícilmente te va a salir algo a favor. Entonces, son dispositivos que además si pagas para promover más contenido en contra y muchas veces con notas falsas, pues entonces manipulas la información a la que tiene acceso el ciudadano”, señaló.

Ante esta situación, afirmó que es necesaria una regulación, especialmente ante la implementación de inteligencia artificial en gran parte del material publicado en estos sitios y la inyección de información mediante robots, mejor conocidos como “bots”, operados desde teléfonos celulares y computadoras que no están asociados con una persona.

Presentación de Lula da Silva en la ONU

El presidente de Brasil, Luis Inácio “Lula” da Silva, abrió el pasado martes 22 de septiembre el debate de la 81.ª Asamblea General de la ONU con una crítica al organismo, afirmando está fracasando en liberar a la humanidad de la guerra y que su credibilidad atraviesa su nivel más bajo, mientras su país se prepara para las elecciones del próximo 4 de octubre.

“La ONU está fracasando en liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Su credibilidad nunca ha sido tan baja”, declaró el mandatario brasileño en su décima intervención ante el pleno de Naciones Unidas, que reúne en Nueva York a jefes de Estado y de Gobierno.

La Asamblea General contará esta semana con 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno, 11 vicepresidentes, 50 ministros y un príncipe heredero. El debate general se realizará entre este martes 22 y el próximo lunes 28 de septiembre, de acuerdo con el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

Cuestiona el veto de las potencias en el Consejo de Seguridad

El jefe de Estado también cuestionó la influencia que conservan las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial dentro del Consejo de Seguridad. “Somos todos rehenes de un Consejo de Seguridad que no cumple con su función”, sostuvo.

Asimismo, criticó el derecho de veto de los integrantes permanentes de ese órgano, una prerrogativa que Brasil condena desde su creación, por lo que planteó que los líderes deben elegir entre el multilateralismo y la fragmentación del mundo.

Sobre la guerra entre israelíes y palestinos, condenó la violencia y responsabilizó al Gobierno de Benjamin Netanyahu por las condiciones en Gaza. También sostuvo que los civiles israelíes han pagado el precio de los ataques de Hamas.

Afirmó que su país requiere socios para impulsar su desarrollo, pero rechazó cualquier subordinación. “Brasil no entra en el patio trasero de nadie”, sentenció, en un mensaje que parece dirigido a Estados Unidos y a la visión que ha situado a América Latina bajo la influencia de Washington.

El mandatario dijo que busca combatir a la delincuencia con respaldo estadounidense, aunque descartó necesitar portaaviones en aguas brasileñas para custodiar el paso de posibles criminales. Añadió que ha endurecido sus acciones contra el crimen organizado, con penas que incluso superan las previstas para el terrorismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con inversores financieros en Nueva York, varios de ellos con posiciones en la Argentina, y aseguró que el Gobierno mantendrá sin modificaciones el rumbo económico pese al calendario electoral de 2027. A la vez, anticipó que cuentan con el apoyo tanto de la administración de Donald Trump como de organismos internacionales.

El encuentro tuvo lugar en el piso 13 del nuevo edificio de JPMorgan en Manhattan, el mismo espacio al que el funcionario nacional había asistido durante la primera jornada de la Argentina Week. La reunión fue organizada por Facundo Gómez Minujín, quien presentó formalmente a Caputo ante los entre 50 y 60 inversores presentes.

Según pudo saber Infobae, la continuidad del proyecto político y económico de Javier Milei concentró buena parte de las consultas, con el foco puesto en las elecciones presidenciales del año próximo. Los asistentes preguntaron por la imagen pública del Presidente y por la posibilidad de que el elenco gobernante introduzca cambios en su estrategia a medida que se acerquen las elecciones.

Caputo respondió que el Gobierno no prevé modificaciones en ese sentido y ratificó el compromiso con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI): fiscal (superávit) y acumulación de reservas. En paralelo, una misión técnica del organismo multilateral mantenía reuniones en la sede porteña del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el equipo económico, en el marco de la tercera revisión del programa firmado en abril de 2025.

“No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”, deslizó el funcionario.

Además, aseveró que la gestión libertaria cuenta con el respaldo total tanto del propio FMI como del Banco Mundial, que a mediados de junio le otorgó a la Argentina una garantía de USD 2.000 millones que fue clave para el pago de un abultado vencimiento de deuda en julio.

A propósito del plan oficial para contener eventuales corridas cambiarias en 2027, desde el equipo económico destacan que el Central ya compró más de USD 14.200 millones en lo que va del año y ponderan también los swaps con Estados Unidos y China por USD 20.000 millones cada uno.

Durante la presentación, el jefe de la cartera económica también destacó el apoyo que, según planteó, recibe el programa económico de parte del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. El ministro recordó declaraciones del funcionario estadounidense en el encuentro de ministros de Finanzas del G20 realizado en Carolina del Norte.

“Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, destacó Bessent en diálogo con Larry Kudlow, exdirector del Consejo Económico Nacional a fines de agosto.

Y sumó: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo. Así que, como usted mencionó, estamos viendo cambios en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y creo que veremos muchos más casos similares”.

Cabe recordar que, en la previa electoral del año pasado, el gobierno de Estados Unidos habilitó para la Argentina un programa de asistencia de hasta USD 20.000 millones a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). La iniciativa apuntó a reforzar las reservas del BCRA, reducir la volatilidad cambiaria y aliviar la presión sobre los activos financieros locales.

El mecanismo comenzó a operar en la recta final de las elecciones legislativas de octubre e incluyó una línea de swap y un acuerdo de estabilización cambiaria con el Tesoro estadounidense. Bajo ese esquema, las autoridades norteamericanas adquirían pesos de forma transitoria y aportaban dólares y recursos financieros para aliviar las necesidades de liquidez y contener las expectativas de una devaluación.

Tras la etapa de mayor presión financiera y electoral, una porción de la asistencia contingente derivó en compromisos de deuda efectivos para la Argentina, lo que alteró la estructura de los pasivos externos del país.

Más tarde, el Gobierno restituyó los recursos que había utilizado dentro del acuerdo de swap. Funcionarios estadounidenses confirmaron la devolución de los fondos, lo que dio por concluido el mecanismo de ayuda de emergencia.

La presentación de Luis Caputo ante inversores formó parte de la agenda previa a la llegada de Milei a la ciudad estadounidense. El Presidente viajó este lunes por la noche desde la Argentina para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, además de mantener reuniones con dirigentes, empresarios y referentes del sector financiero. Caputo integrará parte de esa agenda oficial.

Representantes de organizaciones de la sociedad civil se presentaron ante el Congreso Nacional de Honduras para entregar formalmente un conjunto de propuestas de reforma electoral elaboradas a lo largo de varios meses de trabajo técnico y multisectorial.

Durante la reunión, integrantes de la Mesa explicaron las distintas etapas del proceso, los temas priorizados y los objetivos de las iniciativas entregadas.

La propuesta es el resultado de varios meses de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, el sector privado y otros actores del ámbito electoral.

El propósito fue generar un espacio de discusión en el que se identificaran los principales desafíos del sistema y se plantearan alternativas para fortalecer las normas y las instituciones a cargo de los procesos electorales.

La Mesa de Propuestas de Reformas Electorales fue concebida como un espacio de participación multisectorial para revisar distintas áreas de la legislación electoral hondureña.

Como parte de este proceso se elaboró un inventario de propuestas de reforma y un diagnóstico sobre la situación del marco jurídico e institucional relacionado con los procesos electorales.

Esos insumos sirvieron como punto de partida para las discusiones posteriores y permitieron que las organizaciones participantes analizaran los problemas identificados y valoraran posibles modificaciones desde una perspectiva técnica.

Llamado a la clase política

Entre mayo y septiembre se realizaron once sesiones de trabajo de carácter temático y consultivo. En esos encuentros se revisaron diferentes propuestas y se discutieron sus alcances, tomando en cuenta factores como la urgencia institucional, la viabilidad de las reformas y el impacto que podrían tener en el sistema electoral.

El proceso buscó, además, que las iniciativas no fueran planteadas únicamente como un listado de necesidades, sino que incorporaran propuestas concretas susceptibles de ser consideradas dentro del debate legislativo.

Osiris Payes, representante del Centro de Estudios para la Democracia, organización hondureña dedicada al análisis y la promoción de la vida democrática, destacó la participación de organizaciones con distintas experiencias y perspectivas durante las jornadas de trabajo.

Según explicó, la diversidad de los participantes permitió ampliar la discusión y encontrar coincidencias en torno a determinadas reformas. El intercambio entre sectores con diferentes puntos de vista contribuyó a construir acuerdos sobre propuestas dirigidas a fortalecer el sistema electoral hondureño.

Payes también expresó la expectativa de que las iniciativas consensuadas sean consideradas por el Congreso Nacional y puedan traducirse en reformas que atiendan las necesidades de distintos sectores de la población.

Las propuestas entregadas abarcan un amplio conjunto de asuntos relacionados con el funcionamiento del sistema electoral hondureño. Uno de los bloques de discusión estuvo relacionado con el derecho al voto, incluidos aspectos vinculados con las condiciones para garantizar su ejercicio efectivo.

También se analizaron asuntos correspondientes a la administración electoral y al sistema electoral, así como los procedimientos relacionados con la inscripción de partidos políticos y candidaturas.

Otro de los ejes abordados fue el relativo a las campañas electorales y su financiamiento, un ámbito que forma parte de las discusiones sobre transparencia, regulación y condiciones de competencia dentro de los procesos electorales.

La Mesa incorporó en su análisis el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, además de la observación electoral y otros mecanismos relacionados con el seguimiento ciudadano de los comicios.

Las organizaciones analizaron medidas relacionadas con la participación, inclusión y representatividad de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad y otros grupos.

El abordaje de esos temas estuvo orientado a identificar mecanismos que permitan ampliar la participación política y considerar las condiciones particulares que enfrentan diferentes sectores en su incorporación a los procesos electorales y a los espacios de representación.

Justicia electoral y transmisión de resultados

La revisión también incluyó temas vinculados con la justicia electoral, la jornada de votación y los mecanismos utilizados para la transmisión de resultados.

Estos aspectos fueron incorporados en la agenda por su relación con el desarrollo de los procesos electorales y con la confianza de la ciudadanía en los resultados.

Las organizaciones participantes plantearon alternativas técnicas y normativas para que los desafíos identificados puedan ser discutidos por las autoridades responsables de impulsar eventuales modificaciones a la legislación. La intención fue pasar de la identificación de problemas a la formulación de propuestas específicas que sirvan como insumo para el debate legislativo.

Con la entrega formal de las propuestas, el Congreso Nacional recibe un conjunto de iniciativas elaboradas desde un proceso de consulta y análisis entre distintos actores de la sociedad civil y otros sectores.

Para las organizaciones que integraron la Mesa, el trabajo realizado representa un aporte al debate sobre el futuro de la legislación electoral hondureña y una oportunidad para incorporar diferentes perspectivas en la discusión de posibles reformas.

El documento fue recibido por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera, quienes participaron en el encuentro junto con diputados y diputadas.

Los votantes marroquíes acuden a las urnas este miércoles 23 de septiembre para renovar la Cámara de Representantes con 27 partidos en la competencia. Pero la cita electoral no determina de forma directa el Gobierno: los ciudadanos eligen los diputados entre los partidos mediante un sistema de representación proporcional y, después de los resultados, el rey Mohamed VI debe designar al jefe del Ejecutivo entre los miembros de la fuerza más votada. También se encarga de escoger los ministros de Defensa, Exteriores e Interior.

Para lograr una mayoría absoluta, un partido necesita 198 escaños, una meta difícil en un escenario multipartidista. Si ninguna fuerza lo alcanza, como suele ocurrir, la lista más votada deberá negociar pactos para formar gobierno y obtener el respaldo de la Cámara. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ganó las elecciones de 2021 con 102 escaños, vuelve a figurar entre los principales favoritos. Tras aquellos comicios, formó una coalición con el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) y el Partido Istiqlal, sus actuales socios de gobierno. También concurren el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que encabezó el Ejecutivo durante una década hasta 2021, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), el Movimiento Popular, el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) y la Unión Constitucional.

El empleo, la sanidad, la educación y la pérdida de poder adquisitivo concentran buena parte de los mensajes de campaña. Pero, desde España, si hay un asunto que se observa con lupa es cómo puede afectar un nuevo gobierno a la posición del país respecto a Ceuta y Melilla. La entrada masiva de migrantes del 30 de julio derivó en un repunte de las exigencias de Marruecos sobre las ciudades autónomas, tanto en prensa como entre políticos.

Posiciones de los partidos sobre Ceuta y Melilla

Lo cierto es que la reclamación de Ceuta y Melilla se extiende por todos los partidos principales de Marruecos, aunque su intensidad varía según la estrategia electoral de cada formación. A nivel de Estado, existe un consenso absoluto que reclama la integración de ambas ciudades autónomas en su país, pero las diferencias radican en las formas y la diplomacia. En los últimos dos meses, varios ministros han lanzado mensajes de “liberación” de Ceuta y Melilla.

Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos, en su caso independiente, encendió la polémica en agosto de 2026 al calificar a Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas” ante Mohamed VI, usando el entorno religioso para evocar una lucha sagrada destinada a recuperarlas. Por su parte, Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua, colidera esta retórica desde el partido nacionalista e histórico Istiqlal. Baraka defiende la soberanía marroquí sobre los enclaves como un eje irrenunciable de su agenda política de anexión territorial. Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia y miembro del partido Autenticidad y Modernidad (PAM), se ha sumado firmemente a esta línea de presión expansionista, respaldando las reclamaciones del reino al calificar la presencia española en el norte de África como un “anacronismo colonial” a superar.

El histórico Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) de Marruecos siempre ha defendido la “liberación” de las “ciudades ocupadas”. Uno de los últimos comunicados que tienen en su web, como adelantó El Independiente, muestra que incluyen en su programa político la reivindicación de la soberanía. Por su parte, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), liderada por el jefe de Gobierno Aziz Ajanuch, evita la confrontación pública en los periodos de campaña, priorizando la vía diplomática institucional y los acuerdos económicos estratégicos con Madrid.

Los partidos de la oposición adoptan las posturas más beligerantes. El Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) califica abiertamente los territorios como “ciudades ocupadas” y rechaza que Marruecos actúe como gendarme migratorio de Europa, al igual que el nacionalista Movimiento Popular (MP), que emplea el tema habitualmente en sus mítines. En contraste, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) opta por la moderación y advierte que los discursos incendiarios solo benefician electoralmente a la extrema derecha española.

Nicolás Dujovne, ministro de Economía entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, señaló hoy que para la economía argentina “no hay otro camino” que el actual, de estabilidad monetaria y orden en las cuentas públicas, pero admitió sus dudas acerca de si se ganó la “batalla cultural” al respecto, por lo que no descartó el riesgo de una vuelta al populismo, que a su criterio explica que pese a que las calificadoras de riesgo incluyen a la Argentina en la categoría crediticia “B-“, su riesgo país está casi 200 puntos por encima de la media del grupo, de 330 puntos. Si en 2027 el populismo es derrotado, especuló, el riesgo-país argentino se ubicará cerca de ese nivel.

“Vemos una economía que crece despacio, por segundo año consecutivo, con algunos sectores a los que les está yendo mejor que otros, una inflación en baja, sectores exportadores con performance muy buena y la inversión y el consumo un poquito más flojos”, resumió el exministro su visión sobre la actual situación económica, pero se manifestó optimista de que los “ingresos reales” de la población puedan mejorar en lo que queda de 2026 “de la mano de la desinflación”.

Dujovne reconoció que el crecimiento es “muy heterogéneo”: con el interior mejor que el conurbano y los sectores exportadores mejor que los orientados a la sustitución de importaciones y al consumo interno.

Consultado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid, si eso alcanzará para que Milei sea reelecto en 2027 admitió. “no sabemos, la verdad es que no sabemos, lo que pasa es que no hay otro camino”. Sucede, subrayó, que los gobiernos populistas dejan una situación fiscal muy complicada, tipo de cambio pisado y atraso de tarifas, que lleva tiempo y costos corregir. Al respecto, destacó las reservas internacionales “ultranegativas” que dejó el gobierno de Alberto Fernández.

“Si alcanza o no alcanza con que vuele el sector exportador o la minería para que la gente te vote lo veremos. Durante la administración de Macri no alcanzó. Veremos si ahora alcanza. Es la sociedad la que tiene que decidir qué camino tomar. Lo que pasa es que no hay otro camino”, reiteró.

Batalla cultural

Consultado acerca de si el gobierno ganó la “batalla cultural” que plantea contra el populismo, Dujovne expresó sus dudas. “No estoy tan convencido de que la batalla cultural se haya ganado. La única manera va a ser cuando se logre la continuidad de políticas sanas y la oposición se vea forzada a aferrarse a los pilares,a la base del esquema”.

El gobierno, reconoció, “no mostró aun resultados muy contundentes porque cuando uno hereda situaciones muy difíciles lleva mucho tiempo corregirlas”. Por caso, apuntó, corregir tarifas “ultrapisadas” genera un impacto en el índice de precios que persiste. Pero, insistió, “no hay otro camino”. A su criterio, “ya hay bastantes indicadores para que la sociedad se de cuenta de lo que implica abandonar el rumbo de la estabilidad pero no podemos dar por descontado que esa batalla se haya ganado”.

Sobre los riesgos financieros y de dolarización para 2027, Dujovne opinó que dependerá de varios factores, entre ellos “de cómo se configura la oposición”. Al respecto, señaló, “estamos dando por descontado que las propuestas de la oposición van a ser las de siempre, las que meten miedo, veremos si eso se conforma o no”. Por otra parte, acotó, “hay que si la economía agarra calor y con qué popularidad llega el gobierno a febrero, marzo, abril de 2027. La mayoría de los argentinos tiene sus ahorros en dólares a corto plazo. No tienen motivos para estar asustados hoy. Hay que ver en febrero, marzo, abril donde está la popularidad del oficialismo”.

De todos modos, prosiguió, la economía llegará a las elecciones de 2027 en una situación distinta a la de 2025, porque “el BCRA tiene muchas más reservas, las bandas cambiarias han sido testeadas y resistieron el 2025, y también es probable que el apoyo que EE.UU. proveyó en 2025 sea visto como algo preanunciado, con lo cual es probable que se pueda navegar sin tanta turbulencia”.

El exministro juzgó muy favorablemente los actuales términos de intercambio y un “boom exportador” que genera algo más de actividad y consideró probable que la construcción se mueva algo más con los préstamos hipotecarios y finalmente mejoren los ingresos reales “de la mano de la desinflación”.

No habrá magia

“Magia no va a haber; los países en general crecen a un ritmo parecido al 2 %. Brasil y Chile crecen cerca de 2%, Perú a un ritmo parecido. Es muy difícil que haya una magia que genere un boom económico sobre todo con la incertidumbre económica que atraviesa la Argentina cada cuatro años. Hasta que no resolvamos eso es difícil que la inversión fluya”, afirmó.

Si bien Dujovne no consideró que el escenario internacional y la suba de tasas sean negativas para la Argentinas, destacó que pese a que las agencias de rating la califican crediticiamente como “B-“, tiene un riesgo muy superior al de países en ese escalón, que es de 330 puntos, casi 200 más que el actual de la Argentina, una brecha que atribuyó enteramente al ”riesgo político". Como demostración apuntó a la diferencia de rendimiento entre el Bonar 2027 (vencen durante el mandato del actual gobierno) y el Bonar 2028. “Hay un riesgo políticao muy visible alrededor de las elecciones”, explicó. Por eso, proyectó, “si después de las elecciones no hay un gobierno populista, los spreads de Argentina van a bajar y se va parecer a los países del grupo B-“.

También consideró “bueno” y “realista” el proyecto de Presupuesto 2027. Una tasa de inflación anual del 18% equivale a un ritmo mensual del 1,4%, no muy lejos del 1,7% del mes pasado. Eso sí, la proyección de crecimiento del PBI del 4% le pareció “un poco mucho, pero no tan irrazonable”. Finalmente, en cuento a la tendencia a la apreciación peso y sobre lo que puede ocurrir con el tipo de cambio, concluyó que “el dólar va a depender de la política”.

Marruecos afronta sus elecciones la próxima semana. El miércoles 23, cerca de 30 partidos se presentan a unos comicios con el resultado en juego. Siete formaciones parten con opciones claras para conseguir una amplia representación en la Cámara. Sin embargo, para conocer la cara visible del próximo Ejecutivo habrá que esperar a que las elecciones estén terminadas, pues los partidos no tienen una punta de lanza elegida como candidato. El primer ministro lo escoge Mohamed VI.

El sistema electoral combina un Parlamento elegido en las urnas con un grupo de poder que mantiene la decisión final en manos de la realeza. La Constitución aprobada en 2011 amplió las competencias parlamentarias y reforzó, sobre el papel, la autonomía del Gobierno. No obstante, el equilibrio de poderes continúa inclinado hacia el Palacio Real y el monarca ostenta todavía el poder de elegir varias de las principales figuras del Gobierno.

Un Gobierno elegido por el rey

El Reino de Marruecos se define como una monarquía constitucional, no parlamentaria. La función del voto es la elección de los diputados y determinar de qué partido saldrá el elegido por Mohamed VI. El monarca está obligado a elegir una figura del partido más votado. Una vez ha sido escogido, el nuevo primer ministro lidera las negociaciones para formar una coalición parlamentaria. La capacidad para construir alianzas es determinante en un escenario en el que ninguna fuerza suele concentrar por sí sola el respaldo suficiente, pues hay muchos partidos y no se exige un mínimo de votos para obtener representación, lo que facilita la entrada de los minoritarios.

Este sistema hace que los partidos traten de reclutar figuras con una buena posición de cara al rey, como ha ocurrido con Fouzi Lekjaa, el actual presidente de la Federación de Fútbol, que en los últimos meses se ha convertido en uno de los favoritos y que, tras sonar para varios partidos, se unió al Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM).

El rey conserva competencias efectivas para disolver el Parlamento y suspender las garantías constitucionales. También se encarga del nombramiento de varios de los ministros más poderosos, sin que tengan que ser del primer partido en votos. Concretamente, elige a los mandamases de las carteras de Exteriores, Interior, Defensa y Asuntos Religiosos. Por tanto, en la práctica, la cúpula depende de Mohamed VI.

Elecciones del poder legislativo

El poder legislativo se estructura en dos cámaras. La Cámara de Representantes, o Majlis al-Nuwab, constituye la cámara baja (equivalente al Congreso) y se elige cada cinco años mediante sufragio universal. Dispone de 395 escaños. De ellos, 305 se distribuyen en 92 circunscripciones locales y los otros 90 escaños corresponden a 12 regionales. La Cámara de Consejeros (equivalente al Senado), o Majlis al-Mustacharin, se renueva cada tres años y se elige de forma indirecta. El 60% lo designan los gobiernos locales y regionales, y el 40% restante los sindicatos, empresarios y cámaras profesionales.

Según explica un estudio del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), desde la reforma constitucional de 2011, los partidos históricos, como Istiqlal y la Unión Socialista de Fuerzas Populares, han perdido peso frente a las nuevas formaciones. El resultado ha sido una elevada fragmentación del Parlamento y la dificultad para que una sola fuerza alcance una mayoría suficiente para gobernar. Los ejecutivos han dependido así de coaliciones multipartidistas. La fragmentación dificulta además la formación de mayorías estables. Esto hace todavía más decisiva la implicación del Palacio Real.

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla sostuvo que Nicaragua es “una vergüenza” y dijo que tenemos “una Corea del Norte en el corazón de las Américas”, al cuestionar la falta de una respuesta regional frente al régimen de Daniel Ortega. Las declaraciones fueron publicadas por el medio El Debate en una entrevista realizada en Madrid.

Chinchilla, presidenta del Club de Madrid, advirtió que el régimen nicaragüense constituye desde hace tiempo una amenaza para la estabilidad de Centroamérica y, de forma particular, para Costa Rica. “Siempre lo ha sido”, dijo al ser consultada por el riesgo que representa Daniel Ortega para su país.

La exmandataria afirmó que los gobiernos centroamericanos han mostrado escasa reacción ante la situación política y de derechos humanos en Nicaragua. Según planteó en la entrevista, Ortega “está a sus anchas” ante la actitud de los países de la región, con la posible excepción de Guatemala.

Respecto de los últimos comicios en Nicaragua, la expresidenta afirmó que tuvieron una participación mínima y que carecieron de competencia. “Todos los candidatos habían sido encarcelados o expulsados del país”, declaró en la entrevista difundida por El Debate.

Para Chinchilla, la falta de presión internacional explica parte de la continuidad del régimen. Consideró que Washington emite señales “un poco confusas” y estimó que podría intensificar sus acciones después de sus elecciones legislativas, previstas para dentro de dos meses, según la entrevista.

“Sí, Nicaragua es una vergüenza. En ese sentido tenemos implantada una Corea del Norte en el corazón de las Américas y lo hemos visto con una gran indiferencia”, manifestó.

Chinchilla mencionó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como una figura que podría favorecer medidas para restablecer condiciones democráticas y garantías de derechos humanos tanto en Cuba como en Nicaragua.

En relación con Venezuela, de acuerdo con El Debate, Chinchilla afirmó que la región dejó un vacío político tras años de crisis institucional, denuncias de fraude electoral y desplazamientos masivos. Aseguró que organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no consiguieron una respuesta efectiva.

Según dijo, Brasil y México tampoco reconocieron la magnitud de lo que ocurría en el país.

Chinchilla consideró que Venezuela está preparada para celebrar elecciones. Argumentó que la población demostró capacidad de organización y voluntad de participación pese a las dificultades políticas. También lamentó que la líder opositora María Corina Machado permanezca relegada de las estructuras de poder. “Su ausencia, y la de su gente, es una gran pérdida que podría generar un alto coste en el futuro”, expresó.

Chinchilla advirtió sobre la polarización y el debilitamiento multilateral

Según El Debate, la expresidenta costarricense también se refirió a la situación política de España y América Latina. Afirmó que la región perdió capacidad de influencia en los foros globales por su fragmentación interna, más que por una eventual falta de presencia española.

Sobre el escenario regional, sostuvo que América Latina atraviesa un ciclo electoral que dejó un mapa más inclinado hacia gobiernos de derecha y conservadores. A su juicio, esa coincidencia ideológica podría facilitar acuerdos dentro de organismos como la OEA.

Chinchilla vinculó el aumento de los conflictos internacionales con el debilitamiento del sistema multilateral. En el caso de la invasión de Ucrania, atribuyó a Rusia una “actitud beligerante arbitraria”. También señaló que España enfrenta una polarización política similar a la de otros países, lo que, según dijo, dificulta la toma de decisiones.

Así lo reveló una encuesta de la Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago, realizada entre el 6 y el 24 de julio de 2026 entre 3.424 adultos estadounidenses, con un margen de error de más o menos 2,2 puntos porcentuales.

En Estados Unidos hay más de 3.000 centros de datos en operación y se planifican cientos más, sobre todo en Texas y Virginia. La inteligencia artificial es el principal motor de este crecimiento, ya que exige una capacidad de procesamiento muy superior a la de los usos tradicionales de computación en la nube.

El debate sobre sus consecuencias —en el consumo de energía, el uso del agua y la calidad de vida de las comunidades donde se instalan— atraviesa hoy todas las capas del sistema político.

Qué son los centros de datos y por qué la inteligencia artificial elevó su demanda

Un centro de datos es, en términos simples, un gran depósito de servidores informáticos que funciona las 24 horas del día. Estos edificios sin ventanas almacenan y procesan la información que circula cada vez que alguien hace una búsqueda en internet, sube una foto o interactúa con un chatbot.

Lo que cambió en los últimos años no es la existencia de estas instalaciones, sino lo que se les pide: la inteligencia artificial amplió esas demandas de forma drástica, porque predecir textos, traducir idiomas, generar imágenes y ejecutar modelos de lenguaje requiere órdenes de magnitud más de cómputo que una simple transferencia de archivos. Esa diferencia se traduce directamente en mayor consumo de electricidad y agua.

El consumo de energía de los centros de datos en Estados Unidos

La escala del consumo de energía que implica este crecimiento es uno de los puntos que más alarma a investigadores y comunidades. Según Goldman Sachs Research, citado por CBS News, la demanda eléctrica de los centros de datos en Estados Unidos tiene previsto pasar de 31 gigavatios en 2025 a 66 gigavatios en 2027, cifra equivalente a la electricidad que consumen decenas de millones de hogares. Un informe del Lawrence Berkeley National Laboratory proyecta que esas instalaciones podrían representar el 11,8% del consumo eléctrico total del país para 2030, según consigna PBS NewsHour.

“Estamos hablando de construir infraestructura eléctrica a una escala comparable a la de ciudades enteras, o en algunos casos, de estados enteros, solo para abastecer un centro de datos”, dijo Erik Nordman, director del Institute of Public Utilities de la Universidad Estatal de Míchigan, en declaraciones a PBS NewsHour.

Para satisfacer esa demanda, el Environmental Integrity Project identificó al menos 74 plantas de gas natural en proyecto en todo el país con destino específico a centros de datos, 32 de ellas en Texas. Si se construyeran y operaran a plena capacidad, podrían emitir más de 287 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año —el equivalente a sumar 61 millones de vehículos a gasolina a las carreteras—, aunque la propia fuente aclara que no todas las plantas propuestas se construirán ni funcionarán siempre a máxima capacidad.

Uso de agua y preocupación de las comunidades locales

El uso de agua es otra variable central del debate. Los centros de datos requieren grandes volúmenes para refrigerar los servidores y los chips de inteligencia artificial. Un análisis de 2026 del Houston Advanced Research Center, citado por CBS News, estima que los centros de datos en Texas podrían consumir entre 110.000 millones y 609.000 millones de litros de agua al año para 2030 (entre 29.000 millones y 161.000 millones de galones), según la tecnología de refrigeración y la fuente de energía que se utilice.

A escala nacional, los investigadores calculan que ya son responsables de unos 863.000 millones de litros de agua anuales (228.000 millones de galones) cuando se suman el enfriamiento in situ y el agua usada para generar su electricidad.

Fengqi You, ingeniero de sistemas energéticos de la Universidad de Cornell, dijo a PBS NewsHour que el consumo de agua en centros de datos “es modesto a nivel nacional, pero puede ser decisivo a nivel local”: una instalación grande puede afectar el suministro de un municipio pequeño. En el Condado de Hood, Texas, vecinos rechazan varios proyectos.

“Las decisiones se toman pensando en la empresa, no en la comunidad donde se van a construir”, afirmó Nancy Antunes, demócrata jubilada de Waltham, Massachusetts, a PBS NewsHour. Una encuesta de Gallup en mayo de 2026, citada por CBS News, halló que siete de cada 10 estadounidenses rechazan la construcción de centros de datos de inteligencia artificial cerca de sus comunidades.

Demócratas y republicanos coinciden en limitar nuevos proyectos

El rechazo a la expansión sin restricciones de los centros de datos es uno de los pocos temas que genera consenso entre partidarios de los dos grandes partidos en Estados Unidos. Cerca de seis de cada 10 —incluidas mayorías de demócratas y republicanos— apoya establecer límites al número de nuevos centros que se puedan construir, y alrededor de dos tercios respalda exigir que utilicen energías limpias, como la eólica o la solar: ocho de cada 10 demócratas y el 56% de los republicanos, de acuerdo con PBS NewsHour.

La preocupación ambiental también creció: aproximadamente dos tercios de los demócratas declaró niveles altos de inquietud por el impacto de la IA en el medio ambiente, frente a la mitad que lo hacía en 2025, mientras que entre los independientes esa cifra ronda la mitad y entre los republicanos alcanza a cerca de cuatro de cada 10.

La posición ciudadana no es, sin embargo, de rechazo absoluto: alrededor de un cuarto de los adultos considera que los centros de datos generan beneficios para el avance tecnológico, y aproximadamente dos de cada 10 los valora por su aporte a la creación de empleo.

Texas, Virginia y el debate sobre el futuro de la infraestructura digital

Texas y Virginia concentran la mayor cantidad de centros de datos activos en el país. Mientras Virginia lidia con la presión de esa densidad sobre su infraestructura, Texas enfrenta un dilema adicional: la tormenta invernal de 2021 ya había puesto en duda la resistencia de su red eléctrica, y la nueva oleada de centros de datos reaviva esas preguntas. Algunos analistas, según CBS News, señalan que el estado podría estar mejor preparado que otros gracias a nueva capacidad de generación prevista, aunque parte de ella provendrá de plantas a gas.

La ubicación de los nuevos proyectos también genera tensión. Si bien el 87% de los centros de datos existentes se ubica en áreas urbanas, la mayoría de los nuevos apunta a zonas rurales, donde el suelo es más barato y las restricciones de zonificación son menores, según un análisis del Pew Research Center citado por PBS NewsHour.

“Hay mucho uso de agua por parte de los centros de datos de IA que se les quita a cosas como la agricultura y los agricultores”, dijo Gedeon Kebede, estudiante de ciencias de la computación de 21 años de Cincinnati, Ohio, en declaraciones a PBS NewsHour.

Para las familias que viven cerca de estas instalaciones, el debate no transcurre en términos abstractos: involucra el agua de sus arroyos y la que necesitan para su ganado.

Los colegios electorales de la ciudad balnearia de Sochi, a orillas del mar Negro, cerraron temporalmente este viernes tras declararse una alerta de drones ucranianos en la región durante la primera jornada de las elecciones legislativas rusas, según informó el alcalde de la urbe, Andréi Proshunin.

“En los colegios electorales de Sochi se han tomado medidas de seguridad. Los miembros de las comisiones electorales, los observadores y votantes que estaban en los colegios, fueron evacuados a refugios hasta el fin de la alerta de ataque de drones”, escribió en su cuenta de Telegram.

Proshunin llamó a los habitantes de la ciudad a “mantener las medidas de cuidado” mientras los militares repelían el ataque aéreo, tras una alerta declarada a las 09:20 hora local (06:20 GMT).

Posteriormente, informó que la alarma aérea había sido levantada y los colegios electorales, un total de 244 en Sochi, “reanudaron su trabajo”.

Los colegios electorales comenzaron a abrir este viernes, la primera jornada de los comicios que se extenderán hasta el próximo domingo a las 08.00 hora local (20.00 GMT) en la península de Kamchatka y el distrito autónomo de Chukotka, las regiones más orientales de Rusia.

En la capital rusa, Moscú, los colegios abrieron a las 08.00 hora local (05.00 GMT), nueve horas después.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones han sido llamados a las urnas durante los próximos tres días para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

Un 59 % de los rusos aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz, según una encuesta del Centro Levada, pero el Kremlin se niega a declarar un alto el fuego.

Rusos y ucranianos no han acordado ninguna tregua -sí lo hicieron para la reciente visita a ambas capitales de los emisarios de EE.UU.-, por lo que no se descartan ataques durante las próximas 72 horas.

(Con información de EFE)

Suecia afrontaba unas nuevas elecciones con la seguridad como un eje central de la campaña. Según la encuesta de la firma Novus, que elabora el índice “Los temas más importantes para los votantes”, la ley y el orden y la delincuencia es la mayor preocupación. En la mayoría de países de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. Sin embargo, en la nación nórdica han sido los socialdemócratas los que han endurecido su postura y logrado la victoria en los comicios.

El resultado dejó a la formación de Magdalena Andersson como la más votada. Los datos preliminares otorgaban al bloque de centroizquierda 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 de la coalición de derechas del primer ministro Ulf Kristersson. La disputa electoral transcurrió después de años de debate sobre los tiroteos, la presencia de bandas en zonas urbanas y la captación de menores por parte de redes delictivas. Los socialdemócratas buscaron responder a ese escenario con un programa que combinó sanciones más duras, nuevas facultades para el Estado y medidas de prevención.

El 31 de agosto, Andersson y la responsable de política judicial del partido, Teresa Carvalho, presentaron una ofensiva contra el crimen organizado con siete propuestas. El plan incluyó una ley contra la mafia, mayores penas para delitos económicos graves, confiscación de activos y un programa nacional destinado a familias que viven en contextos de riesgo. “Usaremos toda la fuerza de la sociedad contra las bandas que están destruyendo Suecia”, afirmó Andersson al anunciar la iniciativa. La dirigente sostuvo que la respuesta debía alcanzar a los jefes de las organizaciones, sus fuentes de financiación y los mecanismos con los que incorporan a niños y adolescentes.

Una ley para perseguir a los jefes de las bandas

La primera medida planteó la creación de una ley sueca contra la mafia. La norma buscaría establecer responsabilidad penal colectiva para integrantes de estructuras criminales y ampliar el uso de testigos de la fiscalía en las investigaciones. El programa también propuso extender las posibilidades de aplicar medidas restrictivas sobre delincuentes vinculados con bandas. La formación no detalló en el comunicado cuáles serían esas medidas, pero las presentó como parte de una estrategia para limitar la capacidad operativa de los grupos criminales. También anunciaron la ampliación hasta los menores de al menos 14 años de las penas por delitos de sangre.

Carvalho definió el problema en términos institucionales. “El crimen organizado es el enemigo del Estado sueco y del pueblo sueco”, afirmó. La dirigente añadió que el partido aspiraba a elevar “de forma drástica” la presión sobre una delincuencia que, según sostuvo, amenaza al sistema. La economía ilegal ocupó otro lugar en el paquete. Los socialdemócratas propusieron elevar las penas y reforzar la Autoridad contra los Delitos Económicos. El objetivo era convertirla en una Autoridad contra el Crimen Organizado, denominada MOB. La propuesta incluyó el decomiso de los bienes de delincuentes y la creación de un fondo de confiscación. Esos recursos se destinarán a barrios afectados por la criminalidad y a iniciativas que refuercen la seguridad.

Cortar el reclutamiento de adolescentes

El programa dedicó dos de sus siete puntos a prevenir la incorporación de menores a las bandas. Los socialdemócratas plantearon detectar a jóvenes que se aproximen a entornos delictivos y asignarles un acompañante. El anuncio también contempló también el uso de vigilancia electrónica en los casos que las autoridades consideren necesarios. La segunda iniciativa de prevención prevé un programa nacional para familias en situación de riesgo. La medida apunta a niños y adolescentes que crecen en hogares con antecedentes penales o en circunstancias complejas.

La agenda de seguridad permitió a los socialdemócratas disputar un tema que suele favorecer a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa. En Suecia, la formación de Andersson colocó la lucha contra las bandas entre sus prioridades electorales sin renunciar a medidas de intervención social sobre los menores y sus familias. Un resultado inusual en los últimos años.

Borom bom bom, borom bom bom, para Milei la reelección... Con Karina Milei subida a una tarima y con micrófono en mano, los referentes del armado nacional y los diputados nacionales de La Libertad Avanza comenzaron a cantar esas estrofas para augurar la victoria del mandatario libertario y del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

El video donde se ve esa situación ocurrió el lunes por la noche y fue subido a las redes por la diputada Miriam Niveyro, una de las figuras legislativas de mayor confianza del presidente partidario de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja. “El resumen contundente es que trabajaremos por la reelección de Javier Milei”, posteó. Los hermanos libertarios habían reunido a los legisladores nacionales del espacio a un encuentro en Casa Rosada, donde se dieron las nuevas directivas políticas del espacio; luego, Karina se trasladó con una parte de ellos a un local partidario en San Telmo para volver a enfatizar en la lucha en territorio bonaerense.

En las últimas semanas se han incrementado las demostraciones de la cúpula del Gobierno y de los dirigentes partidarios del Gobierno para pedir por la reelección de Milei. Se sabe que no hay chances de que se baje de esa contienda. “Si aún Javier bajara en términos de intención de voto, no hay forma de que no sea el único con chances de ganar entre los espacios del centro hacia la derecha. Si su gestión mejora aún más, es imparable. Y si la percepción baja, toda la centroderecha baja con él. Es una elección de modelos macro, no de matices”, avisa una figura del entorno del Presidente en diálogo con Infobae, que agrega que no hay margen para alternativas: “Por eso mejor preparar todo el terreno lo antes posible”.

El mismo canto se hizo este fin de semana en Córdoba, en una nueva edición del Congreso de la Juventud que organiza la militancia oficial del partido de La Libertad Avanza, al mando de Sharif Menem. “Se cantó por la reelección del Presidente”, contó uno de los organizadores del evento. También se pidió por “el primer gobernador liberal de la historia de Córdoba”, una referencia directa a la candidatura del jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, la cual es patrocinada directamente por los hermanos Milei.

No será la última vez que esto suceda. El 26 de septiembre habrá una edición para reunir a la juventud libertaria en San Miguel de Tucumán y en octubre se esperan paradas tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Esas tres fechas desembocarán en noviembre en un plenario nacional. Aunque no está definido, no sería una locura pensar la presencia de Milei para cerrar esta serie de actividades, las cuales buscan posicionar a militantes en listas a concejales, cargos provinciales y hasta nacionales.

La próxima actividad clave de Javier Milei

Antes de partir a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei se mostrará este viernes en Bahía Blanca para recorrer una serie de proyectos que se enmarcan en el RIGI y mostrar su impacto en las economías locales. Recientemente, el Gobierno aprobó la incorporación al régimen al proyecto de Pampa Energía, que invertirá USD 2.700 millones para instalar en Ingeniero White una planta que podría producir más de 2 millones de toneladas de urea al año, generando 4.800 puestos de trabajo directos e indirectos. En ese distrito también se aprobaron dos proyectos más, uno de Mega y otro de Transportadora de Gas del Sur.

Milei ha visitado Bahía Blanca en dos oportunidades. No por los buenos motivos, la más recordada es la primera, la cual se dio producto de la emergencia que se generó a raíz de unas inundaciones que azotaron al distrito poco tiempo después de que asumiera la Presidencia. Esa situación de crisis generó un vínculo de diálogo entre Milei y el intendente Federico Susbielles, del PJ. En las últimas dos semanas se produjeron varias reuniones dentro del armado libertario en la Sexta Sección. Una de las más importantes se produjo el sábado por la tarde y se acordó que Milei limite su contacto con el mandatario local.

La visita tendrá una primera parte más orientada a mostrar los avances de los proyectos RIGI. Milei llegará en el avión presidencial hasta Bahía Blanca y, desde ahí, se trasladará de vuelta por aire hasta uno de los terrenos a recorrer. Una vez terminada esa parte, se prevé que vaya a un hotel de la ciudad a tener reuniones con empresarios. Lo acompañarán Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja.

El segundo tramo de la jornada estaría dedicado a una actividad para la militancia. Así como lo hizo en sus recientes viajes a Rosario y Misiones, los organizadores prevén que Milei salga a la puerta del hotel a saludar a los seguidores y fanáticos locales. “Se busca mostrar la palanca que tiene en los distintos puntos del país pese a ser una persona que no viaja mucho”, afirman.

La persona del entorno de Sebastián Pareja que está encargada de la coordinación en la Sexta Sección Electoral es la senadora provincial María Luz Bambaci. Bahía Blanca es uno de los pocos distritos del país donde se exhibe un acuerdo de convivencia sostenible entre el armado de Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, que tienen como representantes en el territorio a los concejales Franca Grippo y Felipe Ferrández.

Todavía es una incógnita quién será candidato a intendente del espacio de cara al año próximo. En el parejismo están convencidos de que La Libertad Avanza está fuerte como marca y que puede imponerse al peronismo que hoy en día comanda Susbielles. Diferentes alfiles de Pareja habían encarado conversaciones preliminares para llevar al medallista olímpico Pepe Sánchez, pero este mismo desmintió cualquier tipo de incursión a la política. Quienes no verían con malos ojos una eventual proposición son los diputados bonaerenses Héctor Gay y Oscar Liberman, pero no son las primeras opciones de la cúpula nacional del partido.

El Gobierno proyectó un escenario muy optimista para la economía en 2027, pese a toda la incertidumbre que se espera en un período marcado por las elecciones presidenciales. Si se cumplieran todos los pronósticos, Javier Milei quedaría muy cerca de conseguir la reelección. El problema es que este mismo equipo económico ya exageró con la mayoría de las variables para este año y todo indica que también lo estaría haciendo para el año que viene.

La proyección de crecimiento para el 2027 parece la más complicada de alcanzar. El 4% supera holgadamente los pronósticos de la mayoría de los analistas. La dolarización de carteras previa a las elecciones parecería ser un obstáculo difícil de eludir. Los pesos que se destinen a la compra de dólares no tendrán otros destinos como la compra de bienes durables, alimentos ni viajes dentro del país.

No obstante, el objetivo del Gobierno sería conseguir tres años seguidos de expansión del PBI, aunque con sectores muy ganadores y otros perdedores. La economía con forma de “K” se mantendría también en 2027: agro, energía y en menor medida minería traccionarán el crecimiento, mientras que el comercio minorista, la industria y la construcción continuarían flojos.

La proyección de crecimiento del Presupuesto 2026 había sido de 5%, pero finalmente el PBI crecería menos de 2%, o sea menos de la mitad proyectado. Y no sería extraño que suceda algo parecido el año próximo.

En materia de inflación, la proyección parece más realista -aunque algo optimista- con un 18% para 2027. Esa estimación para 2026 había sido de 10,1%, que prácticamente ya había sido superada en el primer trimestre de este año.

Ahora se proyecta el IPC con un índice mensual promedio de 1,4%, levemente por debajo de las estimaciones de mercado, que proyecta 20% para todo el 2027, el equivalente a 1,6% mensual.

Tomando en cuenta la experiencia del último año electoral, mantener baja la inflación dependerá sobre todo de evitar un salto cambiario como ocurrió en la previa electoral de 2025.

En ese sentido, se proyecta un dólar de $1.847 para fin de 2027, que con un ajuste de 15% acompañaría en buena medida a la inflación esperada. Es decir que al menos de acuerdo a la proyección presupuestaría la economía no se seguiría encareciendo en moneda dura.

Además de tres años seguidos de crecimiento, también se pone énfasis en mantener el superávit fiscal, algo que ha sido una constante en los tres años que van del gobierno de Javier Milei. El primario llegaría a 1,5% del PBI y el financiero (después del pago de los intereses de la deuda) a 0,2 por ciento.

El escenario oficial también contempla una suba del 25,4% del salario promedio durante 2027. De esta forma, la expectativa es que la mejora del poder adquisitivo sirva para impulsar sobre todo el consumo interno, que sigue sin despegar.

El proyecto llega al Congreso en un momento importante para el Gobierno, porque 2027 será un año electoral. Por eso, además de las cifras económicas, el debate parlamentario será clave para determinar cuánto de las prioridades del Ejecutivo puede convertirse efectivamente en política presupuestaria.

La discusión ahora pasa por el Congreso: allí se debatirán las estimaciones de inflación y crecimiento, pero también cuánto se destinará a cada área del Estado, qué partidas tendrán aumentos o reducciones y cuáles serán las prioridades de gasto.

En síntesis, el mensaje económico del Presupuesto 2027 puede resumirse así: crecer 4%, llevar la inflación hacia el 20%, sostener el superávit fiscal y mantener una economía con mayor generación de dólares vía exportaciones. Esos son los supuestos sobre los que se construirá el debate presupuestario de los próximos meses.

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo bloqueadas las nuevas reglas del Servicio Postal para las boletas enviadas por correo, una medida que impide su aplicación antes de las elecciones legislativas de noviembre. La decisión rechazó el pedido de la administración del presidente Donald Trump, que buscaba poner en vigencia la normativa mientras continúa el proceso judicial, informó CBS News.

En una orden breve y sin firma, el tribunal señaló que el Gobierno “tiene pocas probabilidades de triunfar” en su intento de revertir la medida cautelar dictada por una corte federal. De esta manera, la regulación quedará suspendida hasta que se resuelva la demanda presentada por estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto.

La disposición del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) había sido aprobada a fines de agosto. Su aplicación coincidía con el período en que varios estados ya habían comenzado a enviar las boletas a los electores que votan por correo.

La norma exigía cambios en sobres y registros electorales

La reglamentación establecía que los sobres utilizados para las boletas por correo debían cumplir nuevas exigencias de diseño, incluidos códigos de barras únicos. Además, las autoridades electorales estatales y locales debían presentar información sobre los votantes a través de un portal digital.

El USPS había advertido que devolvería a las oficinas electorales los envíos que no respetaran esas condiciones. Funcionarios de distintos estados aseguraron que la implementación resultaba difícil por los plazos disponibles y por la cercanía de las elecciones de mitad de mandato.

Los estados demandantes sostuvieron ante los tribunales que cumplir las exigencias a tiempo sería imposible. También afirmaron que millones de ciudadanos podrían quedar sin la posibilidad de votar por correo, mientras que algunos podrían perder directamente su oportunidad de sufragar.

Las organizaciones que se sumaron a la demanda alertaron sobre el riesgo de problemas operativos. En sus presentaciones judiciales, describieron el sistema como expuesto a errores, demoras y fallas técnicas que podían alterar los programas electorales estatales.

Kavanaugh consideró inviable aplicar la medida antes de noviembre

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra de mantener la suspensión. Ambos consideraron que los estados que cuestionan las reglas probablemente no lograrán probar que la política es contraria a la ley.

El juez Brett Kavanaugh, también identificado con el sector conservador, se sumó a la mayoría. En su opinión, existe una posibilidad razonable de que la regulación definitiva entre dentro de las facultades legales del Servicio Postal.

Sin embargo, Kavanaugh afirmó que obligar a los estados a implementar el sistema antes de los comicios de noviembre sería “arbitrario y caprichoso”. A su juicio, esa aplicación inmediata vulneraría la Ley de Procedimiento Administrativo porque las autoridades electorales no tienen tiempo suficiente para adaptar sus mecanismos de forma razonable.

La administración Trump había defendido las reglas bajo el argumento de que buscaban reducir los riesgos de fraude en el voto por correo. El procurador general D. John Sauer sostuvo en documentos presentados ante la Corte que se trataba de una modalidad de fraude que podría afectar votos válidos y la confianza pública en el proceso electoral.

No obstante, CBS News indicó que el Gobierno no presentó pruebas de un fraude electoral generalizado asociado al voto por correo. El medio también recordó que Trump utilizó esa modalidad para votar en elecciones de Florida durante este año.

El conflicto judicial comenzó con una orden de Trump en marzo

La disputa se originó tras una orden ejecutiva firmada por Trump a fines de marzo. El documento instruía al USPS a diseñar un plan para regular el correo electoral y al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listados de residentes que fueran ciudadanos estadounidenses en cada estado.

La jueza federal de Massachusetts Indira Talwani bloqueó inicialmente partes centrales de esa orden. El 24 de agosto, la Corte Suprema suspendió aquella decisión en una votación de 6 a 3, al considerar que la demanda había sido presentada antes de que el Servicio Postal terminara de definir sus medidas.

Luego de que la agencia publicara la normativa definitiva, dos docenas de estados promovieron una nueva demanda. Talwani emitió el 27 de agosto una orden temporal para frenar las reglas durante 14 días y, después, la reemplazó por una medida cautelar de mayor duración.

Un juez federal de Washington también bloqueó las disposiciones el domingo, en respuesta a una demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata y otras organizaciones. Durante una audiencia, Talwani advirtió que la política podía causar la exclusión de votantes y cuestionó la falta de precisiones del USPS sobre el funcionamiento del portal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo de la Corte Suprema. “Este cambio de último momento podría haber llevado nuestras elecciones al caos”, afirmó en un comunicado recogido por CBS News. La Casa Blanca no había respondido a una solicitud de comentarios del medio al momento de la publicación.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes el pedido de Donald Trump para permitir que el Servicio Postal aplique nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La decisión mantiene suspendida la norma que establece requisitos adicionales para el envío y recepción de las boletas, mientras continúan los litigios impulsados por estados y organizaciones que cuestionan la medida.

Los magistrados rechazaron la solicitud presentada por el Departamento de Justicia para dejar sin efecto una orden de la jueza federal Indira Talwani, de Boston, que había impedido al Servicio Postal poner en práctica las nuevas disposiciones. La resolución del máximo tribunal no define todavía la legalidad definitiva de la regulación, sino que permite que el bloqueo continúe durante el proceso judicial.

En una orden de apenas un párrafo, la Corte sostuvo que “es poco probable que el Gobierno tenga éxito en el fondo de su impugnación” contra la medida adoptada por Talwani. La decisión fue tomada por la mayoría conservadora del tribunal, compuesto por seis jueces conservadores y tres progresistas.

Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra. Alito sostuvo que el Servicio Postal posee amplias facultades para establecer normas sobre el manejo de la correspondencia y cuestionó los argumentos utilizados por quienes impugnaron la regulación. En su disenso, describió algunas de esas posiciones como un “Hail Mary pass”, una expresión del fútbol americano utilizada para referirse a una jugada de último recurso.

El juez Brett Kavanaugh, aunque coincidió con la mayoría en mantener suspendida la normativa, planteó una consideración diferente sobre su posible aplicación futura. Según su opinión, las reglas podrían superar el análisis legal en una etapa posterior, pero su entrada en vigor antes de los comicios presentaba dificultades.

“Los funcionarios electorales estatales y locales no tienen tiempo suficiente para aplicar razonablemente la norma antes de las elecciones”, escribió.

La disputa comenzó después de que Trump firmara en marzo una orden ejecutiva destinada a endurecer las condiciones vinculadas al sufragio por correo. A partir de esa directiva, el Servicio Postal elaboró un sistema que obliga a los estados a proporcionar información sobre los votantes que reciben boletas y a emplear sobres específicos para el envío y devolución de esos documentos.

Los sobres deben contar además con códigos de barras aprobados por la agencia. El Servicio Postal tiene la facultad de impedir el envío de boletas que no cumplan las condiciones establecidas o que correspondan a personas cuyos nombres no aparecieran en los registros entregados por las autoridades estatales.

Los estados y las organizaciones que llevaron el caso a los tribunales sostienen que esas exigencias podían afectar el proceso electoral al introducir nuevos controles cuando faltan pocas semanas para los comicios. La jueza Talwani bloqueó la normativa el 4 de septiembre y consideró preliminarmente que existían fundamentos para determinar que podía vulnerar la Constitución, además de advertir sobre las dificultades para que los estados modificaran sus procedimientos en tan poco tiempo.

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo esa orden la semana pasada. En su resolución señaló que la aplicación de la regulación podía provocar que millones de electores quedaran privados de votar y que los beneficios para combatir el fraude serían mínimos o inexistentes.

El domingo se produjo además otro revés judicial para el Gobierno. El juez federal Carl Nichols, de Washington, concedió una medida cautelar solicitada por el Partido Demócrata y organizaciones como la NAACP. Nichols concluyó que algunas de las disposiciones excedían las competencias otorgadas por ley al Servicio Postal. “Ningún estatuto otorga al Servicio Postal el poder de emitir partes clave de la norma”, escribió.

El alcance de la disputa es nacional. Los 50 estados permiten alguna modalidad de voto por correo, mientras que 29 permiten solicitar una boleta sin necesidad de presentar una justificación. Otros ocho estados realizan sus elecciones íntegramente mediante este sistema.

La administración Trump sostiene que las nuevas reglas buscan impedir que el sistema postal sea utilizado para cometer fraude electoral. El presidente ha cuestionado durante años la seguridad del voto por correo y ha difundido acusaciones falsas sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el entonces candidato demócrata Joe Biden.

Tras haber disfrutado de los elogios de sus fervientes seguidores en la convención del Partido Republicano para las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance inician esta semana su primera gira seria de campaña, con viajes que revelan los graves problemas que podría enfrentar su partido.

Trump, que regresa de un retiro de fin de semana en su campo de golf de Irlanda, tiene previsto visitar Carolina del Norte el miércoles; allí, el candidato al Senado que él mismo eligió —Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano— va siete puntos por detrás del exgobernador Roy Cooper (demócrata) según una encuesta reciente de gran fiabilidad.

Por su parte, Vance tiene previsto viajar el lunes a Kansas para hacer campaña a favor del senador republicano Roger Marshall, cuya contienda por la reelección parece demasiado reñida para la tranquilidad de los republicanos.

Estas visitas reflejan cómo ha cambiado el panorama político en contra de los republicanos desde 2024. Trump ganó en Carolina del Norte por tres puntos en 2024, y los republicanos no han perdido una elección al Senado en Kansas desde 1932.

Tanto Trump como Vance tienen la intención de intensificar sus viajes de campaña a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, según asesores de la Casa Blanca conocedores de sus agendas.

El equipo político de Trump ha mantenido estrechas consultas con la campaña de Whatley sobre dónde y cómo celebrar un mitin que genere el mayor “impacto” positivo en la contienda, según un asesor al tanto de dichas conversaciones. Este asesor, al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, habló bajo condición de anonimato para referirse a deliberaciones internas.

El temprano calendario de Carolina del Norte para el envío de boletas por correo fue un factor decisivo para iniciar allí la gira de campaña de otoño de Trump, según la fuente. El 4 de septiembre, Carolina del Norte comenzó a enviar por correo las boletas de voto en ausencia a quienes las habían solicitado, convirtiéndose en el primer estado en hacerlo. Aunque solo un pequeño porcentaje de los votantes de ese estado utiliza el voto por correo, incluso márgenes estrechos podrían resultar decisivos, dado que se espera que la contienda se vuelva más reñida.

En las últimas semanas, el presidente ha manifestado cada vez más su compromiso de hacer campaña en persona por los candidatos vulnerables en estas elecciones, expresando tanto en privado como en público su disposición a hacerlo. Sus colaboradores han elaborado un calendario de viajes para las próximas semanas, aunque no está claro hasta qué punto lo seguirá estrictamente, indicó el asesor. El ritmo dependerá, en parte, de los asuntos ajenos a la campaña que puedan surgir. “Sé que tengo que salir ahí fuera”, ha comentado Trump, según señaló el asesor.

Y Trump, en las últimas semanas, finalmente comenzó a aprobar el gasto de campaña de sus súper PAC —comités de acción política que recaudan fondos ilimitados para respaldar candidaturas—, tras haber mantenido a candidatos republicanos vulnerables a la expectativa de cuándo abriría la chequera, y habiendo frustrado a algunos miembros de su propio equipo político que esperaban haber empezado a gastar antes.

Vance celebrará un acto con el super PAC de Trump en Kansas. Esta parada de campaña coincide con una conferencia de prensa sobre el fraude electoral que él mismo ofrecerá justo al otro lado de la frontera estatal, en unas instalaciones de las fuerzas del orden en Kansas City, Misuri. Sin embargo, Vance decidió visitar la región y hacer campaña a favor de Marshall debido a su afinidad personal con el senador, según tres personas informadas sobre los planes.

Desde hace dos meses, los republicanos han expresado discretamente su preocupación por la situación en Kansas, después de que encuestas internas mostraran a Marshall con una ventaja de apenas unos puntos; un margen más ajustado de lo deseable para un senador republicano en ejercicio en un estado que Trump ganó por 16 puntos porcentuales en 2024. Marshall ganó por un margen de 11 puntos en su contienda de 2020. Estrategas de ambos partidos afirman que la carrera electoral está más reñida de lo previsto.

La visita de Vance es la primera medida del equipo de Trump que sugiere que consideran que Marshall podría necesitar refuerzos. No obstante, una persona conocedora de la planificación del viaje de Vance a Kansas sostuvo que los republicanos tienen una confianza “sólida” en que Marshall ganará.

Los noticieros locales de televisión han emitido entrevistas con pacientes a quienes la consulta de Marshall llevó a los tribunales por impago de facturas, situaciones que en ocasiones derivaron en detenciones. Durante un debate celebrado el sábado con su rival demócrata en la Feria Estatal de Kansas, Marshall fue increpado por el público con gritos de “qué vergüenza” cuando explicó que había seguido “prácticas comerciales habituales”.

A pesar del ambiente optimista del acto en Dallas, los republicanos afrontan la fase culminante de la campaña bajo el peso de una serie de señales desalentadoras. Los demócratas han logrado una ventaja media de ocho puntos en la intención de voto genérica para el Congreso, según el analista de encuestas Nate Silver, y los índices de aprobación de Trump se mantienen cerca de sus mínimos históricos. Las encuestas también sugieren que gran parte del apoyo a Trump es endeble y que los demócratas muestran mayor entusiasmo por votar.

La inflación se mantuvo en una tasa anual del 3,4 por ciento en agosto y el precio del petróleo crudo superó los 100 dólares por barril al intensificarse nuevamente los combates en la impopular guerra de Irán.

En la mayoría de las contiendas más reñidas, los candidatos demócratas han recaudado más fondos que sus oponentes republicanos. Los republicanos confían en que los recursos financieros de Trump acudan al rescate en este aspecto. Desde el Día del Trabajo, un super PAC dirigido por sus aliados ha inyectado más de 74 millones de dólares en estados y distritos clave para el control del Senado y la Cámara de Representantes.

La mayoría de las contiendas de la Cámara en las que Trump está invirtiendo dinero son disputas muy reñidas o escaños donde el partido espera pasar a la ofensiva. Las excepciones son dos escaños vacantes —el 6.º distrito de Kentucky y el 35.º de Texas—, donde el grupo compró anuncios a pesar de que el Cook Political Report los clasificaba como “probablemente republicanos”.

En Kansas, la frustración con las políticas de Trump ha ido creciendo durante meses entre los agricultores, según declaró este verano al Washington Post un operador político republicano conocedor de la dinámica del estado.

Los productores de sorgo ya se veían perjudicados por la reducción de las compras chinas derivada de la guerra comercial de Trump, y posteriormente los ganaderos se opusieron a los planes de la administración para moderar los precios de la carne vacuna mediante importaciones. También corren peligro empleos debido a la amenaza de Trump de prohibir los aviones del fabricante canadiense Bombardier, cuya sede en Estados Unidos se encuentra en Wichita.

Glenn Brunkow, presidente de la Federación de Agricultores del estado y partidario de Trump desde hace mucho tiempo, declaró tras la decisión sobre la carne vacuna que Trump estaba “vendiendo a los agricultores y ganaderos estadounidenses para comprar votos en noviembre”, e instó al mandatario a reconsiderar el plan, al que calificó de “antiamericano por naturaleza”.

La gobernadora Laura Kelly, demócrata que dejará el cargo al finalizar su mandato por límite de legislaturas, dijo a la prensa la semana pasada que “Kansas ha avanzado mucho hasta el punto de ser considerado un estado decisivo”. Pronosticó que el estado elegiría a otro demócrata para sucederla y enviaría al Senado al candidato del partido, Adam Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista unida.

(c) 2026, The Washington Post

Este lunes cerró el plazo para presentar ante la Junta Electoral, con sede en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), las listas que competirán en las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. En esos comicios, los abogados con matrícula federal activa elegirán a sus cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.

La elección se realizará en todo el país bajo la modalidad de distrito electoral único. Quienes resulten electos pasarán a integrar un cuerpo compuesto por 20 miembros que, entre otras funciones, interviene en la selección de candidatos para cubrir vacantes judiciales y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

Los comicios marcarán además el final del mandato de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos asumieron en 2024 para completar las vacantes que habían quedado tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas.

Entre las nóminas presentadas este mediodía aparecen Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal, integradas por dirigentes de instituciones profesionales, funcionarios y abogados con trayectoria en distintos ámbitos de la política judicial.

Unidad en Defensa de la Abogacía

La lista está encabezada como primer candidato titular por Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y desarrolló parte de su trayectoria en ámbitos académicos, judiciales y de representación profesional.

Como segunda candidata titular se presenta Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial. La abogada está ligada a Jimena de la Torre, una de las actuales representantes de la abogacía en el Consejo, y al espacio de Abogados en Acción.

La conformación de la lista reunió a sectores que venían negociando por separado antes del cierre de candidaturas. En ese armado aparecería la influencia del dirigente Daniel Angelici, a través de nombres vinculados al radicalismo porteño y a la política colegial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez, referente histórico de la UCR porteña y actual presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; Ana Silvia Ruiz O’Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville; Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

Abogacía por la Libertad

Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.

La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei y también estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.

Completan los lugares titulares Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria colegial e identificación con La Libertad Avanza, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Entre los suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, asesor jurídico de la Fiscalía de Estado de Neuquén; Alejandra Paulina Brasesco, gerenta de Legales de Pampa Energía; Matías Sabaté, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tucumán y ex apoderado de La Libertad Avanza en esa provincia; y María Laura Álvarez, responsable de la Agencia Territorial San Isidro de la Secretaría de Trabajo y apoderada de la lista.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional

La primera candidata titular es Itatí Demarchi Arballo, de Córdoba, actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Abogada laboralista, su trayectoria está vinculada al Derecho del Trabajo y a la actividad institucional dentro de las organizaciones profesionales.

En segundo lugar, entre los titulares se presenta Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Los restantes lugares titulares corresponden a Julia Toyos, de Salta y presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de esa provincia, y Andrés Abramovich, actual vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús; Andrés Ayale, vicepresidente de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires; Mirta Elisa Merelles, vinculada al Colegio de Abogados de Corrientes; y Marcelo Alvarez, ex presidente del Colegio de Abogados de San Juan.

Uno de los articuladores de la lista fue Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), con antecedentes como presidente del Consejo de la Magistratura porteño, legislador de la Ciudad y funcionario durante la presidencia de Alberto Fernández.

Abogacía Federal

Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata, encabeza como primer candidato titular la lista de Abogacía Federal. Fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y tiene una extensa trayectoria dentro de la colegiación bonaerense. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura.

Fuentes que siguen de cerca el proceso electoral atribuyeron la conformación de Abogacía Federal a un acuerdo entre sectores vinculados a Maximiliano Abad, Diego Molea, Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, que confluyeron en la presentación de la nómina.

Los otros candidatos titulares son Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, y Myriam Beatriz Londero, abogada cordobesa con antecedentes en la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.

Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, actual secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; Alejandra Marcela Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral; Carlos Gustavo Ensinck, vocal del Colegio de Abogados de Rosario y ex presidente de esa institución; y Laura Ángela Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial.

Las Elecciones Generales de 2026 introdujeron un cambio en la forma de acreditar el sufragio en Perú. Desde este proceso, los ciudadanos ya no reciben el tradicional sticker o holograma que antes se colocaba en la parte posterior del Documento Nacional de Identidad (DNI) después de votar.

La modificación responde a la actualización de los procedimientos electorales y cambia el mecanismo utilizado durante años para identificar de forma física la participación de un elector. La constancia del voto pasa a depender de los registros generados durante la jornada electoral y de la información que forma parte del sistema electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que los miembros de mesa ya no deben colocar stickers en los documentos de identidad. Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) indicó que las nuevas versiones del DNI ya no cuentan con los recuadros posteriores destinados a estos distintivos.

Este cambio también modifica la forma en que puede comprobarse el cumplimiento del sufragio cuando una persona necesita acreditar su participación en una elección. La ONPE dispone de un procedimiento específico para verificar el voto mediante documentos electorales y registros de cada proceso.

El holograma electoral o constancia impresa de votación emitida por la ONPE

Durante los procesos electorales anteriores, el holograma adhesivo colocado en el DNI cumplía la función de constancia física del sufragio. El distintivo permitía identificar de manera visible que una persona acudió a votar.

Para las Elecciones Generales de 2026, esta práctica fue eliminada. La ONPE explicó que la decisión forma parte de la actualización de los procedimientos electorales y busca agilizar la atención de los ciudadanos en las mesas de sufragio, además de reducir los costos asociados al uso de estos elementos físicos.

La ausencia del sticker en el DNI no significa que el voto carezca de registro. La participación queda vinculada con la documentación electoral correspondiente a cada mesa, donde se registra la asistencia del elector.

¿Sigue siendo obligatorio el holograma en el DNI tras las elecciones?

No. Después de las Elecciones Generales de 2026, los miembros de mesa no deben colocar hologramas ni ningún otro sticker en el DNI de los ciudadanos.

RENIEC precisó que los nuevos documentos de identidad tampoco cuentan con el espacio posterior que antes se destinaba para este elemento. Iván Torres, vocero de la entidad, explicó en Radio Exitosa que la normativa cambió y señaló: “En los nuevos DNI que están saliendo ya no tiene este espacio porque ya no es válido para los procesos electorales”.

De acuerdo con la información proporcionada por Torres, el padrón electoral incluye a 27 millones de ciudadanos residentes en Perú y en el extranjero. El voto mantiene carácter obligatorio para las personas de 18 a 60 años, mientras que quienes superan esa edad pueden votar de manera voluntaria.

Verificación digital del cumplimiento del voto por entidades bancarias y notarías

La eliminación del holograma traslada la comprobación del cumplimiento electoral hacia los registros del sistema. La asistencia de cada elector queda vinculada con la lista física de la mesa de sufragio, donde constan la firma y la huella dactilar.

Estos registros forman parte de la información utilizada para comprobar la participación electoral. La base de datos de los asistentes también se procesa mediante el sistema electoral y permite la consulta por parte de instituciones vinculadas con determinados trámites.

Las notarías, entidades bancarias y oficinas públicas pueden verificar la existencia de multas electorales pendientes mediante consultas en las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE. De esta forma, el cumplimiento de las obligaciones electorales puede ser comprobado sin recurrir a un sticker adherido al documento de identidad.

Cómo solicitar un certificado de haber votado si no te pegaron el holograma

La ONPE cuenta con un procedimiento denominado “Solicitar la verificación en documentos electorales” para quienes necesiten confirmar su participación en una elección. La institución realiza la comprobación mediante las hojas de control de asistencia de miembros de mesa, las actas electorales y las listas de electores disponibles en su archivo electoral desde 1995.

Para acceder a este trámite, el ciudadano no debe registrar una multa electoral por omisión al sufragio. También debe presentar una solicitud mediante el Formulario P6, debidamente llenado, firmado y con huella dactilar, en la que solicite la verificación del sufragio o del ejercicio del cargo de miembro de mesa.

Si corresponde, se debe indicar el número y la fecha del comprobante de pago. En caso de realizar el pago en el Banco de la Nación, se presenta el comprobante original. Para una solicitud virtual, la imagen digital del comprobante debe enviarse mediante la Mesa de Partes Virtual Electoral (MPVE). Los ciudadanos extranjeros deben presentar su carné de extranjería.

El trámite tiene un costo de S/ 12.00. El pago puede realizarse en efectivo en la caja de la sede central de la ONPE, ubicada en el Jr. Washington 1894, Lima, o mediante el Banco de la Nación con el código de tasa 3867.

La documentación puede presentarse en la sede central de la ONPE o en las Oficinas Regionales de Coordinación. La entidad establece un plazo máximo de un día hábil para emitir una respuesta. Para consultas, la institución proporciona el correo informes@onpe.gob.pe.

En caso de que una persona todavía conserve un holograma de procesos anteriores, la ONPE contempla la posibilidad de presentar una copia legible del DNI donde aparezca este distintivo como elemento para validar el sufragio correspondiente.

“Yo no tengo pactos con el crimen organizado, no tengo compromisos con ningún político. Mi compromiso es con la gente, con la ciudadanía, mi compromiso más allá es con mis hijos, con mi familia”.

Quiroz García sostuvo que la responsabilidad que está desempeñando como funcionaria es porque no quiere que más familias michoacanas sufran las consecuencias de los grupos delictivos, y el dolor que ha vivido en carne propia, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado presuntamente por orden de Ramón Raúl Ayala, líder de los Rrs, una célula vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “No quiero que una familia, que unos niños de uno y dos años vuelvan a vivir lo que a mis hijos les tocó vivir”, afirmó.

Estas declaraciones se dan bajo un contexto donde la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó una segunda solicitud el pasado 28 de agosto a Grecia Quiroz para que entregue los celulares del expresidente, de acuerdo con El Heraldo; esto debido a que Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo, amplió su declaración en torno a la investigación.

Sin embargo, en diciembre de 2025, la Fiscalía solicitó a la viuda de Manzo los dispositivos; sin embargo, desde ese momento hasta ahora se ha negado a entregarlos. Quiroz puede promover un amparo para evadir la entrega de dispositivos, de acuerdo con el vicefiscal Israel Vega Rodríguez.

Morena exige que se entreguen los teléfonos de Carlos Manzo

Grecia Quiroz busca participar en las elecciones 2027 para ser gobernadora de Michoacán; de acuerdo a sus declaraciones, ha sufrido trabas en el proceso. El pasado 10 de septiembre, el dirigente estatal de Morena, Jesús Antonio Mora González la acusa de exigir justicia de forma selectiva en la investigación por el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo.

“Pese a las adversidades, soy una mujer fuerte y valiente. Gracias a todos ustedes por el apoyo y respaldo brindado”, escribió Quiroz en la cuenta Grecia Quiroz Michoacán 2027.

El posicionamiento ocurre después de que Jesús Antonio Mora González, dirigente estatal de Morena, cuestionó que la presidenta municipal pida esclarecer la autoría intelectual y material del homicidio, pero no exija avances en las pesquisas relacionadas con personas de su círculo cercano.

El dirigente morenista retomó la frase “hasta donde tope”, usada previamente por Quiroz, para cuestionar que aún no sean entregados los celulares de Carlos Manzo a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La dependencia los solicitó el 28 de agosto y realizó una tercera petición reciente.

Durante la conferencia, Mora González colocó un pizarrón con el conteo de días transcurridos desde que las autoridades pidieron los aparatos y la pregunta: “¿Dónde están los celulares de Manzo?”.

El dirigente pidió que la investigación alcance todos los frentes pendientes: “Que tope con Samuel, el Judas García, que tope con los autores intelectuales, que tope con los teléfonos, que tope con los escoltas, que tope con la muerte del adolescente cuando ya estaba sometido, que tope con el coronel Jiménez, que continúa prófugo, que tope con funcionarios municipales, si aparecen elementos, que tope con quien tenga que topar”.

Quiroz ha sostenido que su esposo utilizaba un solo teléfono y que lo dejaba bajo resguardo de funcionarios de confianza cuando realizaba sus actividades como alcalde. La presidenta municipal aseguró que no se ha negado a entregarlo, aunque pidió hacerlo en su presencia y sin que se le coloque algún dispositivo que pudiera afectar el equipo.

La disputa por la final del Mundial 2030 sumó un nuevo capítulo después de que Fouzi Lekjaa asegurara que se jugará en el Gran Estadio Hassan II, en la provincia marroquí de Benslimane. La declaración del presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) se produjo en un acto electoral del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 23 de septiembre. El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro.

De esta forma, a las tensiones entre España y Marruecos por la entrada masiva en Ceuta se suma ahora un repunte de las diferencias entre federaciones. “España será el lugar de la final del Mundial 2030 porque no puede ser de otra manera”, aseguró Rafael Louzán, el presidente de la RFEF. También entró la FIFA al cruce de declaraciones, para añadir que la decisión no está todavía tomada. La figura de Lekjaa sitúa el debate sobre el Mundial dentro de la contienda política marroquí.

La sede de la final del Mundial 2030

La FIFA todavía no anunció qué ciudad albergará la final del torneo que organizarán España, Portugal y Marruecos. La entidad prevé, además, tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, como parte de los homenajes por el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Montevideo en 1930. Tras las palabras de Lekjaa, un portavoz de la FIFA indicó a Reuters que el organismo tomará una decisión “a su debido tiempo”. La respuesta dejó sin confirmación oficial la versión difundida por el responsable de la federación marroquí.

El Gran Estadio Hassan II se levanta a unos 60 kilómetros de Casablanca, dentro de la provincia de Benslimane. El proyecto prevé una capacidad bruta de 115.000 espectadores, cifra que lo convertiría en el estadio específico para fútbol más grande del mundo. Su apertura está prevista para finales de 2027. Marruecos busca que ese recinto sea elegido para la final, aunque España también cuenta con aspiraciones para llevar el partido a Madrid.

El Mundial en la campaña marroquí con Lekjaa

Lekjaa combina la presidencia de la FRMF con el cargo de ministro delegado encargado del Presupuesto. Su presencia en los actos del PAM ha reforzado las especulaciones sobre su futuro político, a pocos días de los comicios legislativos. Ya es una cara visible en su campaña. En un acto en Marrakech acusó al Ejecutivo de haber agravado las dificultades de las familias y la precariedad entre los jóvenes.

Su participación coincide con una competencia abierta por el control del próximo gobierno, en un escenario donde el Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), del actual jefe de Gobierno Aziz Akhannouch, intenta conservar su posición. La exposición política del presidente de la FRMF se apoya, además, en su peso dentro del fútbol marroquí. Durante su gestión, la selección nacional alcanzó las semifinales del Mundial de Catar 2022, la mejor actuación de un equipo africano en la historia del torneo. También participó en el proceso que derivó en la candidatura conjunta con España y Portugal para 2030. El proyecto del estadio Hassan II se transformó en una pieza central de esa estrategia.

“Morena no respeta al INE y el Gobierno menos”

Moreno inició su intervención recordando que el PRI “participó en la construcción del sistema electoral” que permitió la alternancia democrática en México, y advirtió que no permanecerá callado ante intentos de “debilitarlo, capturarlo o ponerlo al servicio del poder”.

Con ese antecedente, lanzó una de sus frases más contundentes de la mañana:

“Es claro que Morena no respeta al Instituto Nacional Electoral y el Gobierno menos”, afirmó, al señalar que ambos actores “piensan que pueden mangonear al árbitro electoral y torcer las reglas a su favor para ganar las elecciones”.

El caso del senador con 75 días de campaña

Como ejemplo de lo que calificó como inacción del INE, el dirigente priista mencionó el caso del senador en funciones Armando Ayala Robles, quien, según Moreno, “con absoluto descaro presumió que llevaba setenta y cinco días de campaña en Baja California”. “Eso es vergonzoso”, sentenció.

El dirigente nacional también denunció un “doble rasero” en el trato de la autoridad hacia distintos actores políticos:

• Para la oposición, dijo, existen “investigaciones, censuras, medidas cautelares, persecución política y linchamientos mediáticos”.
• Para Morena y sus aspirantes, en cambio, “hay tolerancia, hay permiso, hay blindaje”.

Cuestionamientos directos al INE

Además de señalar a Morena y al Gobierno, Moreno dirigió críticas puntuales a decisiones recientes del propio instituto electoral. Entre ellas:

• La falta de lineamientos oportunos para regular y fiscalizar los gastos de los procesos políticos internos de los partidos.
• La eliminación de los mecanismos de “Compulsa”, que —según explicó— permitían detectar la posible participación de servidores públicos como observadores electorales.
• El criterio de las llamadas “boletas planchadas”, es decir, boletas sin marcas evidentes de haber sido depositadas en una urna, que calificó como “una invitación al fraude electoral”.

Sobre este último punto, citó un dato de la reciente elección de ministros de la Suprema Corte: “este Instituto Nacional Electoral invalidó cerca de un millón de boletas electorales, un millón de votos”, señaló, para cuestionar los criterios utilizados por la autoridad.

Advertencia sobre el crimen organizado

Uno de los pasajes más fuertes del discurso fue el dedicado a la injerencia del crimen organizado en procesos electorales locales. Moreno recordó los casos de Sinaloa y Michoacán, donde, dijo, el propio Tribunal Electoral “acreditó la participación del crimen organizado en las elecciones locales y simplemente no pasó nada”.

“Las elecciones no las pueden ganar los cárteles de los crímenes organizado. Tiene que ganarse en las urnas y con el voto de las y los ciudadanos”, advirtió, al pedir al INE asumir “una responsabilidad activa y muy efectiva” frente a esta amenaza.

“Le están fallando a los ciudadanos”

El dirigente priista fue enfático al recordar cuál debería ser el papel del árbitro electoral: “dar certeza, legalidad, imparcialidad”. De lo contrario, advirtió, “las elecciones no sirven, son estética, son una ceremonia, son una vil fachada”.

“Le están fallando a las y los ciudadanos”, remató, antes de hacer un llamado a “corregir el rumbo”.

También advirtió sobre el riesgo de que la autoridad electoral pierda su independencia frente al poder: “si no se da a respetar, pierde toda credibilidad y confianza y se convierte en un brazo ejecutor y de extensión del propio Gobierno”.

El cierre más contundente

Moreno concluyó su intervención con un llamado directo a los consejeros del INE sobre cómo quieren ser recordados: “como los que defendieron la democracia [...] o quienes se doblaron ante el poder”.

Cerró con la frase más dura de todo su discurso: “No hay que tenerle miedo a este cínico gobierno corrupto de Morena, y eso es lo que vamos a trabajar aquí”.

Contexto

La intervención de Moreno se dio en la misma sesión extraordinaria del Consejo General del INE en la que se formalizó el inicio del proceso hacia la elección del 6 de junio de 2027, en la que se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de cargos de elección popular, con una lista nominal de más de 100 millones de electores.

Nicolás Pino continuará al frente de la Sociedad Rural Argentina. El actual presidente consiguió imponerse en las elecciones de la entidad y renovó su mandato para el período 2026-2028, cerrando a su favor una disputa interna que durante meses enfrentó al oficialismo con el sector encabezado por su propio vicepresidente, Marcos Pereda.

La elección -en la que participaron 2229 votantes, Pino obtuvo 1441 votos (70%), mientras que Pereda logró 592 (30%)- puso fin a una de las campañas más intensas en los 160 años de historia de la Sociedad Rural Argentina.

Pino, al frente de la lista Presencia Federal, obtuvo el triunfo en trece de los catorce distritos en los que está organizada la SRA. El único resultado adverso se registró en el distrito 7, que corresponde a la provincia de Entre Ríos, cuyo director es Juan Diego Etchevehere, quien integra la lista opositora.

El ahora reelecto presidente de la SRA, llegó a los comicios con el objetivo de continuar la gestión iniciada en 2021, mientras que Pereda, acompañado por Santos Zuberbühler y al frente de Renovación con Unidad, buscaba provocar un cambio de conducción y convertir la elección en una señal de renovación institucional.

La fórmula que conducirá la entidad tendrá a Carlos Odriozola como vicepresidente, dirigente que ya integra la estructura de la SRA y que fue elegido por Pino para acompañarlo en este nuevo período. Odriozola es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, director de la entidad y coordinador de la Comisión de Carnes. La oficialización de la fórmula había sido presentada por el espacio oficialista como la continuidad de un equipo de trabajo que conoce de cerca el funcionamiento de la institución.

El resultado tiene un peso particular porque Pino y Pereda habían llegado juntos a la conducción de la SRA. Ambos ganaron la elección de 2020 y, debido a la pandemia de coronavirus, asumieron formalmente el 1 de junio de 2021. Durante los primeros años compartieron la estrategia de renovar la conducción de la entidad y posteriormente consiguieron una nueva victoria electoral en 2022. Sin embargo, aquella sociedad política terminó quebrándose y dio paso a una interna que escaló hasta transformarse en una elección directa entre presidente y vicepresidente, durante la cual se sobrepasaron los temas netamente ruralistas, y se abordaron cuestiones personales de los dirigentes, que -según algunos socios- habrían podido dañar el prestigio de la centenaria sociedad.

El conflicto tuvo como uno de sus principales puntos de discusión la interpretación del estatuto de la Sociedad Rural. En 2023 la entidad introdujo una modificación que estableció un límite de tres períodos consecutivos para quien ejerza la presidencia. Pereda entendió que esa nueva regla impedía a Pino presentarse para un cuarto mandato, mientras que el actual presidente sostuvo desde el principio que los períodos debían computarse desde la entrada en vigencia de la reforma y no de manera retroactiva.

Una elección, dos modelos

La disputa electoral no se limitó a determinar quién ocuparía el despacho de la presidencia. Durante la campaña se enfrentaron dos concepciones sobre el papel que debe desempeñar la institución y sobre cómo debe relacionarse con la política nacional.

La propuesta de Presencia Federal defendió la continuidad de una estrategia basada en la presencia territorial, el diálogo con los distintos actores políticos y económicos y una posición de fuerte defensa de las demandas productivas. El espacio de Pino planteó continuar reclamando la eliminación total de las retenciones, mejorar la infraestructura, obtener mejores condiciones de financiamiento para los productores y completar la modernización tecnológica de la entidad. El oficialismo también reivindicó como parte de su balance la implementación del voto electrónico, el saneamiento de las finanzas, la mudanza de la sede institucional y una mayor presencia de la Comisión Directiva en distintos puntos del país.

El reclamo por la eliminación de las retenciones ocupará nuevamente un lugar central en la agenda. Pino mantuvo durante la campaña un vínculo fluido con la administración de Javier Milei y sostuvo públicamente que el objetivo final debe ser llegar a retenciones cero. El dirigente consideró que la estabilización macroeconómica y las medidas adoptadas por el Gobierno generaron mejores condiciones para discutir el futuro productivo, aunque insistió en que la presión tributaria sobre el agro debe continuar descendiendo.

Algunos “ejes” de la interna

Otros de los temas que marcaron la interna fueron el proyecto de modernización de los registros genealógicos, uno de los servicios históricos más importantes de la SRA y una herramienta clave para la inscripción de animales de pedigrí; y la extensión de la votación electrónica, que permaneció abierto durante 58 días, un período superior al de la elección anterior.

Ahora, con las urnas cerradas y la elección resuelta, esas diferencias deberán encontrar un cauce institucional en una entidad que agrupa a cerca de 3.900 socios, posee una estructura federal que comprende 14 distritos, y es una de las entidades de mayor peso político y económico del agro argentino.

Salvador Nasralla buscará la presidencia del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en las elecciones internas previstas para 2029. El anuncio se generó mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que el político explicó las razones que, según dijo, lo llevaron a tomar la decisión de competir por la conducción del Partido Liberal.

Nasralla planteó que Honduras atraviesa una etapa en la que se requieren decisiones firmes para atender problemas relacionados con el empleo, la salud, la educación y la seguridad, pero también para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la posibilidad de generar cambios en el país.

En su mensaje, Nasralla sostuvo que el Partido Liberal debe recuperar una identidad política que, a su juicio, se ha debilitado con el paso de los años. El político afirmó que pretende impulsar un partido con propuestas concretas y vinculado nuevamente con las demandas de la población.

Su planteamiento gira alrededor de la recuperación del papel histórico que atribuye al liberalismo como una fuerza política vinculada a las conquistas sociales y a los sectores mayoritarios del país.

“Honduras necesita un Partido Liberal propositivo que responda a su verdadera esencia y vuelva a ser el partido de las grandes mayorías, el partido de las conquistas sociales”, manifestó.

A partir de esa visión, Nasralla confirmó que buscará encabezar el máximo órgano ejecutivo del partido en el próximo proceso interno.

El nuevo movimiento político

Además de anunciar su aspiración, Nasralla adelantó que conformará una estructura política propia para competir en las internas.

El movimiento llevará el nombre de Movimiento Liberal Nasralista, según explicó, y estará integrado por mujeres, hombres y jóvenes que serán presentados públicamente en los próximos días. La organización tendrá como objetivo construir una estructura política a nivel nacional, con presencia en los diferentes municipios y departamentos.

Nasralla indicó que el trabajo de organización se desarrollará “municipio por municipio, departamento por departamento”, una estrategia que apunta a consolidar desde temprano las bases necesarias para una eventual competencia interna.

¿Vive el partido Liberal?

El político presentó su aspiración como parte de un proyecto orientado a construir una alternativa política que pueda disputar espacios de poder y, posteriormente, impulsar cambios en el país.

Entre sus principales planteamientos mencionó la generación de empleo, el acceso a medicamentos, una educación de mayor calidad y mejores condiciones de seguridad.

Nasralla sostuvo que Honduras necesita recuperar la confianza en que las cosas pueden hacerse de manera correcta y que para ello se requiere una organización política con capacidad, honestidad y personas preparadas.

Aunque las elecciones internas están previstas para 2029, el anuncio anticipa desde ahora una eventual competencia por el control de la estructura liberal.

La presidencia del CCEPL es una posición estratégica dentro del Partido Liberal, debido a que desde ese órgano se conduce buena parte de la organización partidaria y se coordinan decisiones políticas de alcance nacional.

El anuncio representa otro capítulo en la trayectoria política de Nasralla, quien ha participado en distintos procesos electorales y ha buscado llegar a la Presidencia de Honduras en anteriores ocasiones.

Ahora, su objetivo inmediato no sería una candidatura presidencial, sino asumir la conducción del Partido Liberal y desde esa posición impulsar una corriente política propia.

Su eventual candidatura deberá pasar por el proceso interno correspondiente, donde tendrá que competir por el respaldo de las bases liberales y enfrentar a otros sectores que también puedan presentar aspirantes para dirigir el partido.

Mayteé Iraheta se presenta como la primera candidata presidencial mujer en la historia de ARENA y como parte de la primera fórmula integrada solo por mujeres en el país.

“Soy la primera candidata a la presidencia mujer del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en la historia y también en la historia de El Salvador es la primera fórmula femenina, tanto la presidencia como la vicepresidencia, dos mujeres es la primera vez”, enfatizó durante su participación en La Tribu Fm.

Aunque reconoce el valor simbólico de este hecho, Iraheta sostiene que su campaña no se apoya únicamente en argumentos de género: “No estoy apelando al género en esta contienda ni en este gran desafío, sino a las capacidades que tenemos nosotras las mujeres”.

Aseguró que la sociedad salvadoreña está preparada para tener una presidenta, pues muchas familias son encabezadas por mujeres. “A los hombres muy poco se les cuestiona sobre esa preparación académica, eso es evidente hoy día”, agregó al referirse a los desafíos adicionales que enfrentan las mujeres en la política.

Iraheta también ha sido objeto de críticas por su experiencia como comunicadora y su participación en certámenes de belleza. “Pareciera que el ser comunicadora, el haber estado frente a las cámaras o haber tenido participación en eventos de belleza, invalida la capacidad intelectual. Qué comentario más erróneo”, opinó. Sostuvo que trayectorias personales diversas pueden enriquecer la vida pública y detalló que cuenta con estudios en gestión pública y seguridad nacional.

Trayectoria, motivaciones y regreso a la política

Nacida en Sonsonate, Iraheta relató que su familia ha permanecido en esa ciudad por generaciones. Comenzó su vida pública a los diecinueve años en la televisión y fue electa diputada propietaria por Sonsonate, cargo que desempeñó durante dos periodos consecutivos en la Asamblea Legislativa.

“Cuando los sonsonatecos me dieron esta gran oportunidad, que agradezco y sigo agradeciendo, me convertí en la mujer más joven de la historia de El Salvador en llegar a la Asamblea Legislativa con veintiséis años”, recordó.

Tras su paso por la Asamblea, decidió retirarse temporalmente de la política para enfocarse en aspectos personales.

Fue invitada por el presidente del partido, Carlos Saade, a aceptar la candidatura presidencial de ARENA de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Iraheta explicó que su decisión de regresar fue reflexionada durante varios días y que la familia fue parte esencial en este proceso: “Una decisión como esta vincula a la familia. Y la familia también es parte de un proyecto político, y sobre todo para nosotras que somos mujeres”.

Además, mencionó que la fe fue determinante: “Dios me dio el aval. Yo soy una fiel creyente y yo le dije a Dios: ‘Bueno, Dios, si tú me das la oportunidad y tú me acompañas en este desafío, vamos adelante’”.

Diagnóstico sobre transparencia, reservas de información y propuestas de país

Durante la entrevista, Iraheta consideró que El Salvador enfrenta desafíos en la administración de fondos públicos y en el acceso a la información estatal. “Hay un gasto excesivo, pero por otro lado, no tenemos una real transparencia”, planteó. Señaló leyes recientes que, según explicó, han restringido el acceso a información, citando como ejemplo la reserva sobre operaciones vinculadas al uso de Bitcoin: “Nosotros no tenemos acceso porque ahora es reservada la información de hacia dónde se fue el dinero de los salvadoreños y a dónde va a estar guardado”.

Iraheta opinó que estas restricciones están relacionadas con la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa: “Esto es lo que sucede cuando no hay un balance de poder en El Salvador o en cualquier estado”. Subrayó la importancia de la transparencia como objetivo permanente y se comprometió a promover el acceso a la información fiscal en caso de ser electa.

Sobre la situación nacional, consideró necesario fortalecer el balance de poder y la fiscalización institucional. “El balance de poder no es solamente el tema de llegar o no a la presidencia, es el tema de que el salvadoreño debe de comprender que el poder total no puede estar en una sola persona”, expresó. Señaló que, a su juicio, el país atraviesa una crisis económica y un incremento en la deuda pública, y propuso que la información sobre el manejo de los recursos estatales sea accesible a la población.

Seguridad, renovación en ARENA, financiamiento y debates

Iraheta valoró los avances recientes en materia de seguridad pública, pero cuestionó la extensión reiterada del régimen de excepción. “El régimen de excepción es una figura jurídica de emergencia temporal... Ha tenido cincuenta y cuatro prórrogas. Mes a mes se está prorrogando en la Asamblea Legislativa y restringe derechos y garantías constitucionales de los salvadoreños”. Consideró que sería conveniente avanzar hacia un plan integral de seguridad y fortalecer instituciones como la Fiscalía y la Policía de Investigación: “Tenemos que fortalecer el juzgado especializado. Tenemos que fortalecer la Fiscalía. Hablemos de fortalecer la Policía de Investigación para que a nivel de permanencia nos aseguremos que los pandilleros continúen en la cárcel a través del tiempo”.

La candidata aseguró que ARENA atraviesa un proceso de renovación reflejado en la presencia de nuevos rostros entre los candidatos a cargos de elección popular: “Nuestros candidatos en el interior del país, de las municipalidades, candidatos a diputados, en su mayoría son rostros nuevos, que no habían participado de política”. Consultada sobre el financiamiento electoral, reconoció que los recursos del partido serán más limitados que en el pasado: “Estoy consciente que el dinero será bastante limitado, pero con la experiencia que ya tengo adquirida y con el apoyo de muchos que también se están sumando a este proyecto político, lo vamos a llevar a cabo”.

Explicó que el partido buscará respaldo entre simpatizantes y militantes y que algunas personas prefieren colaborar sin aparecer públicamente. Enfatizó que la transparencia será un principio fundamental en el manejo de fondos. Finalmente, manifestó estar dispuesta a participar en debates públicos junto al presidente y otros candidatos presidenciales: “Siempre he estado abierta a los debates, por supuesto”.

Una eventual segunda vuelta presidencial implicaría para Honduras un gasto adicional de varios miles de millones de lempiras. Según una estimación del consejero del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes, una nueva jornada electoral podría rondar los 4.000 millones de lempiras, equivalente a 148.9 millones de dólares, una cifra cercana al costo de unas elecciones generales.

La discusión sobre la segunda vuelta electoral no se limita a sus efectos políticos. Incorporar una votación adicional significaría destinar recursos públicos a una jornada que tendría que repetir buena parte de la logística utilizada en las elecciones generales.

La cifra mencionada por el funcionario es una estimación y no corresponde, según lo expuesto, a un presupuesto oficial aprobado para una eventual segunda vuelta. Sin embargo, sirve para dimensionar el impacto económico que tendría modificar el mecanismo mediante el cual se elige al presidente.

Dicho cambio implicaría volver a movilizar personal, centros de votación, material electoral, transporte, seguridad, sistemas de transmisión y otros componentes necesarios para desarrollar una jornada nacional. No se trataría únicamente de imprimir nuevas papeletas, sino de poner nuevamente en funcionamiento una estructura electoral de alcance nacional explico el funcionario.

En ese escenario, una nueva votación podría convertirse en una herramienta para definir con mayor respaldo al ganador, pero también supondría repetir un proceso electoral completo y asumir nuevamente sus costos.

El cambio del escenario político

La discusión sobre este mecanismo cobró mayor fuerza en Honduras a partir de la transformación del escenario político registrada en los últimos años. Fuentes recordó que antes de las elecciones de 2013 la competencia presidencial estaba dominada por dos partidos, mientras que la aparición de nuevas fuerzas políticas modificó la dinámica electoral del país.

La incorporación de Libertad y Refundación (Libre) como una fuerza política significativa amplió la competencia y abrió el debate sobre si el sistema hondureño debía mantener el mecanismo actual o avanzar hacia una fórmula de dos vueltas.

La lógica de una segunda vuelta es que, si ningún candidato alcanza el respaldo requerido en la primera elección, los dos aspirantes más votados se enfrentan nuevamente para definir al ganador. Este modelo busca que el presidente electo llegue al cargo con un respaldo mayoritario entre quienes participan en la segunda jornada.

El debate adquiere mayor relevancia porque una segunda vuelta no necesariamente garantiza que desaparezcan las controversias políticas alrededor de los resultados. Para Fuentes, uno de los problemas que Honduras enfrenta actualmente es la falta de confianza cuando la diferencia entre los candidatos es estrecha.

Para quienes defienden la segunda vuelta, el costo podría justificarse si contribuye a resolver disputas electorales y a garantizar que el presidente tenga un respaldo más amplio. Para quienes cuestionan el mecanismo, el gasto adicional podría resultar difícil de justificar si no existe certeza de que una segunda votación resolverá los problemas de confianza y polarización.

Lo que implicaría una reforma

Los resultados presidenciales cerrados han generado históricamente cuestionamientos y acusaciones de fraude por parte del sector que no acepta el resultado. Según Fuentes, esa dinámica puede continuar independientemente del mecanismo utilizado.

El problema, por tanto, no sería únicamente determinar quién gana una elección, sino conseguir que los actores políticos y la ciudadanía confíen en el resultado.

Además del costo financiero, una reforma de este tipo tendría que considerar otros aspectos: la organización de una segunda jornada en un período relativamente corto, la participación de los electores, el comportamiento de los partidos que queden fuera de la contienda y los posibles acuerdos entre fuerzas políticas para respaldar a alguno de los candidatos finalistas.

También habría que determinar cómo se financiaría una eventual segunda elección y qué otros programas o necesidades del Estado podrían competir por esos recursos.

Esto significa que la decisión sobre adoptar o no una segunda vuelta no podría analizarse únicamente desde la perspectiva de la representación política. También tendría que considerar la capacidad presupuestaria del Estado y los beneficios concretos que se esperan obtener con el cambio.

La discusión llega, además, en un momento en que las diferencias estrechas entre candidatos pueden convertirse en uno de los principales factores de tensión después de una elección. En lugar de desaparecer, la disputa podría trasladarse de la primera jornada a una segunda campaña electoral.

Para Fuentes, la polarización hace probable que los resultados cerrados continúen generando cuestionamientos en futuros procesos. Bajo esa perspectiva, el desafío no se resolvería únicamente cambiando la forma de elegir al presidente.

Por ahora, la cifra de 4.000 millones de lempiras funciona como una referencia para dimensionar el impacto económico que podría tener una segunda vuelta en Honduras. Más allá del dinero, el punto de fondo seguiría siendo la confianza.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú. De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), programadas para el domingo 4 de octubre, la entidad concentra un conjunto de tareas que abarcan desde el diseño del material de votación hasta la publicación de los resultados oficiales.

En estos comicios, más de 26 millones de ciudadanos están convocados a elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de las autoridades de los concejos y consejos regionales correspondientes. El horario de votación se extenderá de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en todo el territorio nacional.

Responsabilidades de la ONPE

Conforme a los literales b) y c) del artículo 5 de su ley orgánica, corresponde a la ONPE diseñar la cédula de sufragio, las actas electorales, los formatos y todo otro material necesario para garantizar el respeto de la voluntad del ciudadano en los procesos a su cargo. La entidad también debe planificar, preparar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de las elecciones, en cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Según los artículos 159 y 165 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), es competencia de la ONPE determinar las características y el diseño de la cédula de sufragio, disponer su impresión y distribución, y decidir sobre las indicaciones ilustrativas que faciliten el voto del elector. Dentro de los dos días calendario posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas, el organismo debe publicar el diseño ante personeros y candidatos, quienes pueden presentar impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Diseño e impresión de la cédula de sufragio

La ONPE aprobó los diseños de las cédulas que se usarán en las ERM 2026 mediante la Resolución Jefatural n.° 000096-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. La papeleta está dividida en cuatro secciones: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, Municipal Provincial y Municipal Distrital, cada una con un color de fondo distinto (amarillo, verde claro, rosado y celeste, respectivamente).

Todas las cédulas incorporan un borde negro con las siglas “JNE ONPE RENIEC” caladas en blanco, además de un código de barras que identifica la circunscripción electoral correspondiente. El ancho mínimo de la cédula es de 38 centímetros por 21 centímetros de largo, medida que se incrementa según el número de organizaciones políticas participantes, hasta un máximo de 52 centímetros.

Antes de la impresión masiva, la ONPE ejecuta una prueba de color para verificar el diseño y los nombres de las agrupaciones políticas. Una vez impresas, las cédulas pasan por un control de calidad manual y por una verificación electrónica mediante escáner, que confirma que la cantidad de papeletas de cada paquete coincida con el número de electores hábiles de cada mesa.

Despliegue del material electoral

Tras el ensamblaje del material en la Gerencia de Gestión Electoral, la ONPE organiza el traslado hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. El proceso incluye tanto la distribución del material para el sufragio como el envío de equipos informáticos destinados al cómputo electoral.

Para las ERM 2026 fueron seleccionadas 809.415 personas como miembros de mesa, distribuidas en 89.935 mesas de sufragio a nivel nacional. Quienes resulten designados deben presentarse en su local de votación a las 6:00 a. m. del día de la elección para instalar la mesa, bajo apercibimiento de una multa de S/ 275 en caso de inasistencia injustificada.

Conteo de votos

Al cierre de la votación, los miembros de mesa asumen el escrutinio, que consiste en el conteo de votos y el llenado de las actas electorales según los procedimientos establecidos por la ONPE. Concluido este proceso, lacran los paquetes de cédulas y los trasladan hacia el Centro de Acopio correspondiente.

Las actas se remiten posteriormente a la ONPE, que las procesa a través de su sistema de cómputo electoral. En un repliegue final, se recoge la caja lacrada con las cédulas hacia la ODPE respectiva, mientras que las actas continúan el circuito de digitalización que permitirá la difusión de los resultados.

Primeros resultados oficiales

La ONPE difunde el avance del conteo a través de su plataforma de presentación de resultados electorales, que se actualiza conforme se procesan las actas remitidas desde los distintos locales de votación. La entidad no adelanta resultados sin el respaldo de actas ingresadas al sistema de cómputo.

Tras la proclamación de los resultados, el material electoral utilizado durante la jornada, incluidas las cédulas de sufragio, es replegado hacia Lima para su posterior destrucción. Ese acto se realiza ante notario y autoridades correspondientes, como parte del cierre formal del proceso electoral.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentó el domingo su tercera apelación ante la Corte Suprema en poco más de dos semanas para intentar reactivar nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre. El recurso llegó horas después de que la jueza federal de distrito Indira Talwani ampliara el bloqueo judicial que impide al Servicio Postal aplicar la orden ejecutiva de Trump sobre el voto por correo.

Talwani, con sede en Massachusetts, emitió el viernes una orden preliminar que sustituye a la restricción temporal que había dictado el 27 de agosto y que beneficia a una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, en su mayoría gobernados por demócratas. El procurador general John Sauer calificó la nueva orden de “materialmente idéntica” a la anterior y acusó a la jueza de un “prejuicio continuo” contra la norma.

El litigio se remonta a la orden ejecutiva que Trump firmó el 31 de marzo, denominada oficialmente Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections. La norma otorga al Servicio Postal un papel en la validación de votantes: solo debería entregar boletas a electores incluidos en listas de elegibilidad elaboradas a partir de una base de datos de ciudadanía que construye el Departamento de Seguridad Nacional. Varios estados demócratas y organizaciones de derechos electorales impugnaron la medida por considerar que invade una competencia que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.

La disputa ya pasó dos veces por la Corte Suprema. A fines de agosto, el alto tribunal falló a favor del gobierno y permitió que la norma avanzara. El Servicio Postal publicó entonces la norma final el 22 de agosto, pese al litigio abierto. El jueves 3 de septiembre la administración presentó una segunda apelación, retirada el domingo tras el nuevo fallo de Talwani. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ya había confirmado en julio una orden previa de la jueza.

El forcejeo legal ocurre mientras los estados ya comienzan a enviar boletas por correo, lo que deja al gobierno poco margen para cambiar las reglas antes de los comicios. “Ya han comenzado a enviarse boletas en Carolina del Norte, y más estados iniciarán el envío mientras la orden judicial siga vigente, incluidos Alabama el 9 de septiembre y al menos cinco estados en la semana del 13 de septiembre”, señaló Sauer en el escrito presentado ante el tribunal.

El procurador general advirtió que, una vez que los sobres ingresan al circuito postal, “no hay forma de recuperarlos”, y sostuvo que cada día que la orden judicial permanece vigente “corre el riesgo de sembrar confusión y caos”, porque deja como voluntarios los pasos que deberían ser obligatorios para cumplir con la norma.

Los estados demandantes y los grupos de derechos electorales rechazan ese argumento. Sostienen que el Servicio Postal, una agencia independiente, no tiene autoridad para fijar reglas electorales, una potestad que la Cláusula de Elecciones de la Constitución asigna a las legislaturas estatales y al Congreso. Varios funcionarios electorales han advertido que no existe tiempo material para adaptar sus sistemas a menos de 70 días de los comicios, plazo que la propia Talwani citó en su fallo del viernes.

El gobierno insistió en que las restricciones son “cambios de sentido común” dentro de su autoridad para regular el correo, y precisó que la elegibilidad para votar por correo seguirá rigiéndose por la legislación de cada estado. “El Servicio Postal no desempeñará ningún papel en la determinación de la elegibilidad de los votantes, el mantenimiento de los padrones electorales ni el recuento de votos”, subrayó Sauer.

Trump ha intentado limitar el voto por correo desde hace años, pese a que él mismo suele votar por esa vía, y ha atribuido su derrota de 2020 frente al demócrata Joe Biden a un fraude vinculado a esa modalidad, utilizada por cerca de un tercio del electorado. La jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson, encargada de las apelaciones de emergencia de esa región judicial, fijó como plazo el miércoles 9 de septiembre a las 16.00 (hora del este) para que los estados demandantes respondan al escrito del gobierno.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es un organismo constitucionalmente autónomo que vela por la legalidad de los procesos electorales en el Perú y por el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sus atribuciones abarcan la fiscalización de las reglas electorales, la resolución de controversias, la proclamación de autoridades elegidas y la expedición de las credenciales correspondientes.

El JNE integra el sistema electoral junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Mientras la ONPE organiza y ejecuta los comicios, el JNE administra justicia electoral en última instancia y supervisa el cumplimiento de la normativa.

Estructura y conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

El Pleno es la máxima autoridad jurisdiccional del JNE. Está conformado por cinco miembros, elegidos de acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

La Ppesidencia corresponde a un magistrado elegido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Los otros integrantes son designados por la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas.

Durante cada proceso, el sistema cuenta además con Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos que administran justicia electoral en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Función fiscalizadora de la legalidad de las elecciones municipales y regionales

Una de las funciones constitucionales del JNE consiste en fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. Esta labor se extiende también a la elaboración de los padrones electorales.

En las elecciones regionales y municipales, sus fiscalizadores supervisan actividades vinculadas con la propaganda electoral, la publicidad estatal, las encuestas, las hojas de vida de los candidatos y las obligaciones de las organizaciones políticas.

Los informes elaborados durante estas verificaciones pueden dar lugar a procedimientos ante los órganos electorales competentes. El objetivo es que la campaña y la jornada de votación se desarrollen según las normas vigentes.

Administración de justicia electoral y resolución de tachas a candidatos

El JNE administra justicia electoral en instancia final. El Pleno resuelve apelaciones contra las decisiones de los Jurados Electorales Especiales y sus resoluciones ponen fin a la controversia en la vía electoral.

Los JEE reciben y califican las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas. También resuelven, en primera instancia, las tachas y exclusiones que se presenten contra candidaturas.

Una tacha es un cuestionamiento formal contra una fórmula, una lista o uno de sus integrantes. Puede plantearse por el posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación electoral.

Proclamación de resultados oficiales y expedición de credenciales a las autoridades

Luego del cómputo de votos y de la resolución de actas observadas o impugnadas, el sistema electoral proclama los resultados y a los candidatos elegidos en cada circunscripción.

La Constitución atribuye al JNE la función de proclamar a las autoridades electas. En los comicios regionales y municipales, esta etapa confirma quiénes asumirán los cargos sometidos a elección popular.

El organismo también expide las credenciales respectivas. Estos documentos acreditan la condición de autoridad electa de gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores, según corresponda.

Registro de Organizaciones Políticas (ROP) administrado por el JNE

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) está a cargo del JNE. Esta instancia mantiene y custodia la información de los partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales, alianzas y fusiones.

El registro tramita solicitudes de inscripción y modificaciones de las partidas registrales. También administra los datos vinculados con afiliaciones y otros actos previstos por la normativa sobre organizaciones políticas.

Asimismo, el ROP resuelve en primera instancia las tachas contra solicitudes de inscripción de agrupaciones políticas. Sus decisiones pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE, que adopta una decisión final.

Una jueza federal de Boston mantuvo este viernes el bloqueo a los planes de Trump para restringir el voto por correo, al considerar probable que la norma sea ilegal. La decisión fue adoptada cuando faltan 60 días para las elecciones de mitad de mandato y varios estados ya comenzaron a enviar boletas.

La resolución, citada por el diario estadounidense The New York Times, fue dictada antes de que la Corte Suprema resolviera si intervendrá en el caso. Aunque el litigio continuará, la magistrada advirtió que el calendario electoral ya atraviesa una etapa decisiva.

Indira Talwani había suspendido de manera temporal la medida impulsada por el Servicio Postal de los Estados Unidos, mediante una orden que vencía el 10 de septiembre. Su nueva decisión mantiene la restricción durante el actual ciclo electoral.

La jueza consideró que la norma podía afectar la entrega de boletas

Por tercera vez, Talwani concluyó que la iniciativa del gobierno republicano probablemente excede las facultades legales del Servicio Postal de los Estados Unidos.

Según su análisis, el plan otorgaba al organismo atribuciones para regular el correo electoral que iban más allá de lo previsto por los legisladores.

La medida obligaba a los estados a informar qué votantes reunían las condiciones para sufragar por correo y a utilizar un nuevo sobre que debía ser escaneado y vinculado con cada elector. También permitía retener las papeletas destinadas a los estados que no acataran esas exigencias.

Para Talwani, la cercanía de las elecciones hacía improbable que los estados adaptaran sus sistemas sin errores administrativos ni demoras en la entrega. La jueza también señaló que la norma parecía obligarlos a actuar en contra de sus leyes de privacidad y podía imponer requisitos orientados a descalificar a determinados votantes.

En su resolución, escribió: “Tras haber considerado esta serie de obstáculos para los funcionarios en el contexto de unas elecciones inminentes, y teniendo en cuenta que cualquier fallo menor resultará en la denegación de las papeletas de voto por correo, el tribunal concluye que la privación del derecho al voto para los miembros de las organizaciones demandantes, independientemente de su lugar de residencia, es prácticamente inevitable”.

Talwani cuestionó la urgencia del Servicio Postal para poner en vigor la medida antes de los comicios, pese a que el organismo la presentó como un trámite administrativo menor. También rechazó que la iniciativa fuera necesaria para proteger la seguridad electoral y afirmó que la explicación oficial “no incluye ninguna prueba relacionada con el fraude en el voto por correo que respalde la implementación apresurada”.

La audiencia y la apelación ante la Corte Suprema

La audiencia se realizó el jueves en Boston y se extendió durante dos horas. Allí, abogados de coaliciones de estados gobernados por demócratas y grupos defensores del derecho al voto se enfrentaron con representantes del Servicio Postal y de un grupo menor de estados liderados por republicanos que apoyan la norma.

Aunque bloqueó la aplicación general de la medida, Talwani aclaró que los estados republicanos que respaldan el plan pueden cumplir voluntariamente sus condiciones.

También precisó que su decisión se limita al actual ciclo electoral y que los tribunales podrán determinar más adelante si la norma es legal en su totalidad.

Según The New York Times, la administración Trump presentó el jueves una solicitud ante la Corte Suprema vinculada con el bloqueo. El recurso coincidió con el inicio del envío de papeletas en algunos estados.

Jeff Jackson, fiscal general de Carolina del Norte, afirmó que la presentación coincidió con la fecha en que su estado debía despachar las boletas.

“Eso sumiría nuestras elecciones en el caos”, afirmó Jackson. “Las papeletas ya están impresas, el proceso está en marcha y los habitantes de Carolina del Norte merecen unas elecciones legales y ordenadas”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema que restablezca una norma del Servicio Postal sobre las boletas enviadas por correo, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.

CBS News informó que la administración de Donald Trump presentó una apelación de emergencia para suspender la orden temporal de la jueza federal Indira Talwani, que bloqueó durante 14 días partes de la regulación. El Gobierno busca que la medida vuelva a entrar en vigor mientras continúa la disputa judicial.

El reclamo coincide con el comienzo del calendario de voto por correo. De acuerdo con The Washington Post, algunos municipios de Wisconsin ya enviaron sus papeletas; Carolina del Norte tenía previsto hacerlo el viernes y otros estados se preparaban para iniciar la distribución durante los días y semanas siguientes.

Los requisitos para estados y autoridades electorales

La norma del Servicio Postal de Estados Unidos exige que los estados y las autoridades electorales locales presenten los diseños de los sobres utilizados para el voto por correo, incluidos los sobres de devolución, para obtener la aprobación previa de la agencia.

Los funcionarios electorales también deben crear cuentas en un portal electrónico, certificar que los diseños fueron autorizados y cargar los datos de cada persona que votará por correo. La información requerida incluye el nombre, la dirección y un código de barras único para el correo inteligente.

The New York Times señaló que el Servicio Postal no podrá entregar boletas en los estados que no compartan esos datos electorales con la agencia federal.

La regulación dispone, además, que los empleados postales revisen los sobres para comprobar que cumplan con los nuevos estándares antes de aceptarlos.

Las remesas que no respeten las condiciones “no será aceptada y será devuelta” a las oficinas electorales, de acuerdo con la norma citada por CBS News.

Steven Monteith, vicepresidente ejecutivo del Servicio Postal, indicó en un documento judicial que el Portal Federal de Correo para Votaciones estaría disponible para uso voluntario “en algún momento de la próxima semana”.

La apelación ante la Corte Suprema

El procurador general D. John Sauer sostuvo que la disposición regula el correo federal y no la administración de las elecciones. En la presentación ante el máximo tribunal, afirmó: “La regulación del correo estadounidense —no de las elecciones federales— que establece la norma es claramente constitucional”.

Sauer argumentó que los estados no pueden utilizar el sistema postal federal para organizar comicios y, a la vez, cuestionar la potestad otorgada por el Congreso para establecer requisitos sobre el diseño de los sobres y la información de los destinatarios.

También aseguró que la regla no impediría que ningún ciudadano emitiera su voto por correo.

En otro tramo del escrito, el funcionario afirmó: “El Servicio Postal no realizará ninguna verificación de la elegibilidad de los votantes; su función se limita a garantizar que los sobres cumplan con los requisitos de diseño e información de la norma”.

La administración sostiene que las exigencias son necesarias para impedir que el correo federal sea utilizado en casos de fraude electoral.

Sauer cuestionó la suspensión ordenada por Talwani porque, según afirmó, convierte en voluntarios los preparativos que los estados deben realizar. Advirtió que existe un “grave riesgo” de que algunas jurisdicciones no adopten a tiempo las medidas requeridas para cumplir con la norma.

Las objeciones de los estados y la urgencia del calendario

La demanda contra la regulación fue presentada por dos docenas de estados gobernados por demócratas, organizaciones defensoras del derecho al voto y grupos de derechos civiles.

Los demandantes sostienen que el Servicio Postal invadió facultades estatales para regular las elecciones y que una medida de ese alcance requeriría autorización del Congreso.

Talwani aceptó de manera provisoria esos argumentos. NBC News informó que la jueza consideró que los estados enfrentarían un perjuicio irreparable si debían cumplir una regulación posiblemente inconstitucional en un plazo prácticamente inviable.

La mayoría ya había encargado las boletas para el voto por correo, y algunos estados tenían la obligación legal de enviarlas durante la semana siguiente.

Durante una audiencia celebrada el jueves, Talwani expresó preocupación por el efecto que las nuevas exigencias podrían tener sobre los electores. La magistrada advirtió sobre una posible “privación masiva del derecho al voto” si los cambios provocaban obstáculos logísticos antes de noviembre, informó The New York Times.

The Washington Post añadió que un denunciante federal anónimo alertó sobre el desarrollo acelerado y las pruebas insuficientes del sistema de verificación de boletas.

Un portavoz del Servicio Postal rechazó esa caracterización y sostuvo que el correo electoral será gestionado de forma segura y entregado de manera confiable.

La presentación ante la Corte Suprema resulta inusual desde el punto de vista procesal.

La administración ya apeló la orden de Talwani ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y recurrió al máximo tribunal antes de que la jueza resolviera si dictaría una medida cautelar preliminar de mayor duración.

La jueza Ketanji Brown Jackson, responsable de las solicitudes de emergencia provenientes de ese circuito, no concedió la suspensión administrativa inmediata que reclamaba el Gobierno. Sí ordenó a los estados y a las organizaciones que impugnan la norma responder antes del martes a las 10 de la mañana.

La apelación es la segunda solicitud reciente de la administración Trump vinculada con sus planes para restringir el voto por correo. El 24 de agosto, la Corte Suprema suspendió un bloqueo contra la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, al considerar que la demanda era prematura y sin resolver el fondo de la controversia.

Un candidato republicano de Missouri fue acusado de conspirar para plantar drogas a una rival interna, en un caso que sacudió la disputa por una banca estatal tras las primarias de agosto.

Thomas Ross, ganador de la primaria republicana del Distrito 161 de la Cámara de Representantes estatal, enfrenta cargos luego de que los investigadores reconstruyeran un presunto plan contra Louise Secker en las semanas previas a la votación del 4 de agosto, según documentos judiciales citados por ABC News.

La acusación sostiene que Ross, de 37 años, pidió a un exjefe de campaña que colocara una pequeña cantidad de cocaína y una cápsula de Adderall en el bolso o el vehículo de Secker.

La maniobra también contemplaba la posibilidad de realizar una denuncia anónima a la policía para que las sustancias fueran halladas.

La investigación se apoyó en mensajes de texto y una reunión grabada

De acuerdo con la denuncia penal, el entonces responsable de campaña acudió a la policía en julio y entregó un guante negro de nailon que contenía una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco y una cápsula rosa y blanca.

Los análisis posteriores confirmaron que se trataba de cocaína y Adderall, según la declaración jurada de un agente del FBI.

“El jefe de campaña informó en ese momento que se creía que Ross tenía una receta para Adderall, que era de donde creía que provenía la cápsula”, decía la declaración citada por ABC News.

Los investigadores también reunieron mensajes de texto que se remontan al menos a mayo. En uno de ellos, Ross expresó su deseo de que el plan pudiera concretarse antes de una reunión de mujeres republicanas en un restaurante de Joplin porque eso sería “una gran vergüenza” para su adversaria.

Tras la denuncia inicial, la policía contactó al FBI, que proporcionó al exjefe de campaña un dispositivo de grabación encubierto. El equipo se utilizó el 31 de julio durante una reunión en la residencia de Ross, donde el colaborador le preguntó si aún quería que intentara incriminar a Secker.

Según la acusación, Ross respondió: “Si puedes lograrlo, hazlo”. La misma conversación incluyó la idea de “llamar para dar un aviso anónimo de que Secker tenía drogas en su coche”.

Ross ganó la primaria por 33 votos y el partido pidió que se retire de la contienda

El episodio tomó mayor relevancia porque Ross derrotó a Secker por 33 votos e iba a competir en la elección general contra el candidato demócrata Aaron Metzger, precisó ABC News.

Ross ya había competido por el mismo escaño hace dos años y había sido derrotado con amplitud por el entonces titular, Lane Roberts, quien este año no buscó la reelección, indicó The New York Times.

En esta nueva campaña, el ahora acusado había centrado parte de su discurso en temas como el crimen, la falta de vivienda y el consumo de drogas.

Tras conocerse la acusación federal, el presidente del Partido Republicano de Misuri, Peter Kinder, reclamó que Ross abandone la candidatura y calificó las circunstancias del arresto como “serias y profundamente preocupantes”.

Por su parte, el fiscal federal para el distrito, R. Matthew Price, expresó en una declaración citada por Associated Press que los votantes deben poder confiar en las elecciones: “Se espera que los candidatos lleven a cabo sus campañas con integridad, honestidad y respeto hacia sus oponentes”.

Los registros carcelarios recogidos por ABC News señalan que el acusado se encuentra alojado en la Cárcel Municipal de Joplin. Aún no se ha declarado culpable. La audiencia preliminar y de detención fue fijada para el 9 de septiembre.

Daniel Ortega declaró en julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, y el 1 de septiembre su Asamblea Nacional lo convirtió en texto constitucional: aprobó en primera legislatura una reforma que veda la participación electoral a quienes el régimen clasifica como “traidores a la patria” y extiende a siete años el mandato presidencial y el de todos los funcionarios del Estado.

La medida, impulsada por el régimen de Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, requiere una segunda votación legislativa para entrar en vigor.

Esa ratificación está prevista para el 18 de enero de 2027, fecha que la propia Murillo señaló como el momento en que los cambios quedarán sellados. La consecuencia inmediata es el desplazamiento de las elecciones generales, que debían celebrarse en noviembre de 2026, hacia noviembre de 2027, según informó Artículo 66.

La reforma blinda al régimen y elimina la competencia electoral

El texto aprobado en una sesión especial al aire libre prohíbe presentarse a cargos de elección popular a cualquier persona designada como traidora a la patria, una categoría que el gobierno ya aplicó a más de 452 opositores, a quienes también despojó de la nacionalidad nicaragüense, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, según informó Tico Times, periódico costarricense.

La reforma también amplía las facultades del Consejo Supremo Electoral para cancelar el reconocimiento legal de partidos financiados desde el exterior o cuyos dirigentes sean declarados contrarios a los principios constitucionales.

Los mandatos de copresidentes, diputados y alcaldes; magistrados del Tribunal Supremo y del Electoral; el fiscal general, el superintendente bancario y los jefes del Ejército y la Policía pasan de seis a siete años. Los funcionarios ya en ejercicio ven sus mandatos extendidos de forma automática.

Estados Unidos convocó a sus aliados a romper vínculos con Managua

La reacción de Washington llegó horas después de la votación. El secretario de Estado Marco Rubio emitió un comunicado en el que exhortó a los socios de Estados Unidos a cortar sus relaciones habituales con el gobierno nicaragüense.

“Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz” y la seguridad hemisféricas, advirtió Rubio, según recogió Artículo 66.

El funcionario anunció además que su país impulsará medidas concretas en la próxima reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reafirmó el compromiso de aplicar una nueva ronda de sanciones económicas y financieras contra el gobierno sandinista. Washington ya acumula restricciones de visado sobre más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y sus familiares.

Ortega respondió sin nombrar a Rubio directamente. En un acto conmemorativo del aniversario del Ejército nicaragüense, dijo que Estados Unidos “se siente con derecho a atacar simplemente porque es una potencia militar global” y añadió: “A quienes constantemente nos amenazan, aquí tienen a un pueblo y a un ejército que nunca se venderá ni se rendirá”.

Costa Rica, Perú y Guatemala sumaron sus voces al rechazo

El gobierno de Costa Rica fue uno de los primeros de la región en pronunciarse. Expresó su “profunda preocupación” por el deterioro democrático en Nicaragua, agravado, según indicó, por una reforma que “limita aún más la participación política y electoral”, de acuerdo con lo publicado por Artículo 66.

La Cancillería costarricense reiteró su llamado al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y “el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”. El régimen respondió con una carta en la que acusó a San José de intervenir en asuntos exclusivamente internos.

El gobierno de Perú, presidido por Keiko Fujimori, difundió a través de su Cancillería una carta en la que advirtió sobre el riesgo de que la pareja gobernante se perpetúe en el poder.

La misiva señaló que las modificaciones constitucionales “pretenden eliminar las condiciones para elecciones libres y así debilitar las instituciones democráticas”, según la misma publicación. El régimen de Ortega y Murillo respondió con comunicados idénticos en contenido, con el único cambio del destinatario, en los que sostuvo que “la soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”.

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” ante la reforma. Consideró que “la pluralidad política, la participación ciudadana, la alternabilidad en el poder y la posibilidad de elegir y ser elegido son elementos esenciales de cualquier democracia” y reafirmó que “la defensa de estos principios y del derecho de todos los pueblos a decidir libremente su futuro es fundamental para la estabilidad y la convivencia pacífica de nuestra región”, tal como recogió Artículo 66. El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense respondió con el mismo texto enviado a Lima y a San José.

La OEA y la Unión Europea también rechazaron la votación

El rechazo a la reforma desbordó el ámbito regional. La Unión Europea y las Naciones Unidas también condenaron la votación del 1 de septiembre, según consignó Tico Times, periódico costarricense. La OEA había convocado una reunión de emergencia sobre Nicaragua el 19 de agosto, con el voto en contra de Brasil y la abstención de México, aunque aún no tiene fecha definida.

Varios países centroamericanos, junto con Bolivia, Brasil y Chile, ya habían criticado la declaración de Ortega de julio, cuando anunció públicamente que no habría más elecciones en el país. Panamá fue más lejos y retiró a su embajador de Managua.

La reforma aprobada en septiembre profundiza los cambios constitucionales de febrero de 2025, cuando la Asamblea extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, creó la figura de copresidenta para Murillo y reorganizó la estructura del Estado. El texto del 1 de septiembre cierra uno de los últimos espacios formales a través de los cuales la oposición organizada podía disputar el poder, aunque su vigencia definitiva depende de la segunda votación prevista para enero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que prevé un buen resultado para los candidatos de Morena en las elecciones de 2027 tras las declaraciones de Ricardo Monreal sobre un proceso electoral intermedio complicado el fortalecimiento de la oposición.

“No me toca a mí hablar en particular de el resultado de la elección del 27. Ya es un proceso que le tocará al Instituto Nacional Electoral”, señaló durante la mañanera del pueblo este 4 de septiembre en Zacatecas.

Cuando se le cuestionó sobre si estaba de acuerdo con el discurso del funcionario, aseguró que “pues la verdad no tanto”, ya que confía en el movimiento guinda.

Inversión en México durante junio

La mandataria mexicana destacó que derivado de los programas de bienestar, existe una mejora en los resultados de seguridad y economía, estos últimos reflejados en los datos publicados por el Inegi este viernes.

Durante junio se registró un crecimiento de 7.7% anual en la inversión, impulsada por la inversión pública de 18.1% acumulada en dos meses, así como por un repunte en la inversión privada de 6%.

Asimismo, en el primer semestre la inversión pública incrementó 10.9% anual, apoyada por diversos proyectos estratégicos de infraestructura.

“Se acuerdan que les dije que a partir del segundo semestre iba a repuntar la economía precisamente por la inversión pública y la inversión privada también, se está dando poco a poco. Entonces hay buenos resultados, la gente lo ve y eso pues también se traduce en apoyo”, expresó la jefa de Estado.

Agregando que no ve “malos escenarios para México” en las próximas elecciones celebradas en 2027, en las cuales se elegirán a gobernadores, diputados y funcionarios de cargos locales y estatales a lo largo del país.

Ricardo Monreal cuestiona el aumento de penas contra funcionarios ligados al crimen

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, descartó que su bancada respalde la iniciativa del PAN para imponer penas de 80 a 140 años de prisión a funcionarios vinculados con el crimen organizado. El legislador afirmó que elevar castigos no reduce los delitos y calificó esa lógica como draconiana, ya que la severidad de la sanción no sustituye una política eficaz de prevención, investigación y procuración de justicia penal.

Según explicó, desde la antigüedad se ha comprobado que medidas como la pena de muerte o la mutilación no bastan para disminuir la criminalidad. Aunque reconoció el derecho de los partidos políticos a presentar iniciativas, anticipó que la propuesta no sería fácil de negociar y sostuvo que el movimiento guinda no la acompañaría, aun cuando respetará el debate legislativo.

La iniciativa panista, presentada el 2 de septiembre, plantea además multas de hasta 24 mil días y que los delitos atribuidos a políticos con nexos criminales no prescriban. La discusión ocurre mientras existen señalamientos contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázares. Monreal también pidió a la dirigencia morenista investigar a sus aspirantes y retirar candidaturas si detecta relaciones con organizaciones delictivas.

Movimiento Ciudadano rechaza una alianza con el PRI rumbo a 2027

Movimiento Ciudadano descartó sumarse a una alianza con el Partido Revolucionario Institucional rumbo a las elecciones de 2027. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores emecistas, rechazó el llamado de Alejandro “Alito” Moreno para construir un bloque opositor, afirmando que el PRI carece de “autoridad moral” para convocar a esa clase de acuerdo político.

Su postura responde a la propuesta del dirigente nacional priista, quien planteó dejar de lado las diferencias entre el PRI, el PAN y MC para competir contra Morena en los procesos de 2027 y 2030. Durante una sesión del Senado del 1 de septiembre, Moreno sostuvo que una coalición podría obtener la mayoría en el Congreso de la Unión y recuperar la Presidencia de la República.

El partido naranja ha mantenido distancia del PRI durante los últimos meses y defiende una ruta electoral propia. El PAN también había rechazado una alianza para los comicios intermedios, aunque dejó abierta la discusión para elecciones municipales y congresos locales. Mientras el priista insiste en la unidad opositora, la negativa de los otros partidos limita, por ahora, la posibilidad de un frente común.

El debate sobre una eventual reforma electoral en Honduras continúa tomando fuerza tras la presentación de diversas iniciativas para modificar la legislación vigente. Frente a ese escenario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que asumirá un papel técnico en el análisis de las propuestas planteadas por distintos sectores.

El consejero del CNE Eduardo Fuentes explicó que el organismo revisará cada iniciativa desde perspectivas técnicas, operativas y logísticas. La intención, señaló, es determinar de manera anticipada cuáles podrían ser las consecuencias de aplicar los cambios propuestos en futuros procesos electorales.

Fuentes sostuvo que no todas las propuestas legislativas tienen el mismo alcance o viabilidad cuando pasan del plano político al funcionamiento práctico de una elección. Por esa razón, consideró fundamental que el CNE aporte sus valoraciones antes de que las modificaciones sean aprobadas e implementadas.

Diversas iniciativas

El funcionario hizo estas declaraciones luego de participar en una reunión convocada por la Comisión de Equidad y Género del Congreso Nacional, donde se discutió una iniciativa para crear una ley destinada a prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres por razones de género.

De acuerdo con Fuentes, esta propuesta forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas presentadas durante el año para introducir cambios en el sistema electoral hondureño.

El consejero recordó que desde enero distintos diputados presentaron proyectos vinculados con reformas electorales. A esas propuestas se suma una iniciativa elaborada por exautoridades de los organismos electorales, considerada hasta ahora como una de las de mayor alcance planteadas sobre la legislación electoral.

Según explicó, esa propuesta contempla cambios en más de 70 artículos de la Ley Electoral de Honduras, lo que refleja la dimensión del debate sobre una posible transformación del marco que regula los procesos electorales.

Propuesta de sociedad civil

El CNE también permanece a la espera de una propuesta que será presentada por organizaciones de la sociedad civil el próximo 17 de septiembre, como resultado de un proceso de diálogo impulsado en una mesa auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Para Fuentes, la participación de distintos sectores permitirá incorporar diferentes perspectivas al debate y ampliar el análisis sobre las necesidades de modificación del sistema electoral.

La expectativa dentro del organismo es que las propuestas provenientes del Congreso Nacional, de antiguos funcionarios electorales y de la sociedad civil puedan ser examinadas de manera conjunta para identificar coincidencias, diferencias y posibles efectos de cada planteamiento.

En ese marco, el CNE pretende concentrar su participación en aportar criterios especializados sobre la aplicación práctica de las reformas.

Fuentes enfatizó que una modificación a la normativa electoral no debe ser analizada únicamente desde el punto de vista legislativo o político, sino también con las condiciones necesarias para ponerla en práctica.

El funcionario señaló que algunas propuestas pueden parecer viables en términos generales, pero generar dificultades cuando pasan al plano operativo de una elección. Entre los aspectos que deberán ser considerados están los recursos necesarios, los procedimientos electorales, la organización institucional y las condiciones logísticas.

En ese sentido, el CNE pretende evaluar de forma individual las iniciativas que sean presentadas y luego emitir las observaciones correspondientes.

La revisión abarcará el posible impacto que cada reforma pueda tener sobre la planificación y ejecución de los procesos electorales, de modo que cualquier modificación aprobada cuente con condiciones adecuadas para su aplicación.

El consejero reiteró que el papel del organismo electoral será aportar una valoración técnica sobre las propuestas, sin limitar el debate que corresponde a los actores políticos y sociales involucrados en la discusión.

Un debate que sigue abierto

El análisis de las diferentes iniciativas se produce en un contexto en el que diversos sectores plantearon la necesidad de actualizar distintos componentes del sistema electoral hondureño.

Para el CNE, cualquier eventual reforma debe estar orientada a mejorar el funcionamiento de los procesos electorales y contribuir a fortalecer la institucionalidad encargada de garantizar el ejercicio democrático.

Por ello, el organismo considera necesario que las modificaciones sean evaluadas antes de su aprobación desde una perspectiva integral, con atención no solo a los objetivos que persiguen, sino también a las condiciones reales para ejecutarlas.

La presentación de nuevas iniciativas en los próximos días podría ampliar aún más el debate, en particular la propuesta que prepara la sociedad civil para el 17 de septiembre.

La probabilidad de una reversión del actual esquema económico en la Argentina se redujo de manera significativa desde el cambio de gobierno, en un contexto en el que los riesgos más visibles dejaron de estar asociados al frente macroeconómico y comenzaron a desplazarse hacia la conflictividad social y las tensiones sobre la estructura productiva.

El Índice de Reversión del Modelo de Abeceb para Argentina cayó 22% desde noviembre de 2023 hasta el tercer trimestre de 2026 y mostró una menor probabilidad de un giro en la política económica vigente, en un escenario en el que la principal amenaza dejó de estar en la macroeconomía y pasó a concentrarse en el frente social y microeconómico.

En puntaje, el indicador bajó de 53 a 42 puntos entre el cuarto trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2026 proyectado, dentro de una escala de cero a 100 en la que los valores más altos reflejan mayor riesgo de reversión. Para el cuarto trimestre de 2026, el relevamiento ubicó la atención en las dimensiones Político-Social y Micro & Negocios.

Según Abeceb, la caída fue explicada casi por completo por la dimensión macroeconómica, que descendió de 75 a 30 puntos. La consultora atribuyó ese cambio a la desinflación, la convergencia de la brecha cambiaria y la acumulación de reservas, factores que quitaron del centro lo que definió como el principal vector de vulnerabilidad del esquema económico.

La conclusión del relevamiento quedó sintetizada en una definición textual: “El modelo macroeconómico se consolida, pero exige estar atentos a la legitimidad social y a la ejecución microeconómica”.

El resultado implica que, de acuerdo con el informe, las chances de una reversión general del modelo económico son hoy menores y que, a diferencia de otros períodos, ese riesgo no surgiría de un shock financiero. En esa línea, el documento planteó de forma explícita que “el riesgo ya no es macro, es social y microeconómico”. La advertencia pasa por otro lado: la legitimidad social del programa y su ejecución sobre la estructura productiva.

Cómo funciona la medición y qué muestra

El IRM reúne 22 series cuantitativas provenientes de fuentes públicas y privadas, entre ellas Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Con estos datos, construye cuatro dimensiones estructurales: Macroeconómica, Político-Social, Institucional-Legal y Micro & Negocios.

En 2026, la lectura para la dimensión macroeconómica fue de consolidación. El informe describió un cuadro de inflación en convergencia, brecha cambiaria en 0% y superávit sostenido.

La dimensión Institucional-Legal apareció como estable. El relevamiento señaló que el blindaje jurídico se mantiene sin avances ni retrocesos, mientras se busca recomponer y reforzar acuerdos legislativos.

La dimensión Político-Social, en cambio, mostró deterioro. Allí el trabajo registró desgaste preelectoral, caída de imagen y un nivel de conflictividad frente al cual el gobierno nacional adoptó medidas correctivas.

La dimensión Micro & Negocios quedó definida por la tensión. El documento ubicó en ese plano la transformación en curso de la estructura productiva, con apertura y cierre de unidades productivas, costo del crédito y una mora que empezó a bajar.

El Índice de Reversión del Modelo de política económica de Argentina funciona, según la propia consultora, como una herramienta de inteligencia estratégica para traducir señales macroeconómicas, políticas, institucionales, sociales y microeconómicas en una lectura sobre la continuidad del esquema vigente desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El índice procesa cada mes indicadores oficiales y relevamientos de mercado, y elabora una lectura trimestral comparable desde noviembre de 2023 hasta la actualidad. “Su objetivo no es anticipar un resultado electoral puntual ni reemplazar el análisis experto, sino ordenar evidencia cuantitativa y cualitativa para responder qué tan probable es que el sistema político revierta las reglas actuales y cómo impactaría eso sobre inversión, operación y posicionamiento empresario”, explicaron desde la consultora.

Para las decisiones de negocio, el informe de Abeceb sostuvo que el CAPEX estructural sigue habilitado. La consultora vinculó esa lectura con la solidez de la dimensión macroeconómica y con un andamiaje fiscal y monetario que, según planteó, respalda inversiones de largo plazo, sobre todo en sectores de mayor potencial.

La visión sobre el mercado interno y el consumo fue más cauta. Aunque detectó señales de recuperación, el relevamiento advirtió que la dimensión micro y de negocios sigue atravesando una transformación que todavía no terminó de asentarse.

El Hub Global de Negocios

El último Índice de Reversión del Modelo se presentó en el marco de un evento realizado este martes en el Yacht Club en Puerto Madero. Se trató de un encuentro del Hub Global de Negocios, donde estuvieron presentes la presidente y CEO de Abeceb, Mariana Camino y el economista Dante Sica, entre otros especialistas.

El Hub Global de Negocios es una plataforma de inteligencia estratégica que integra capacidades de análisis económico, geopolítico, sectorial y empresarial para ayudar a las organizaciones a comprender el contexto global y convertirlo en decisiones de negocio concretas.

Desde Abeceb, explicaron que la plataforma “está diseñadas para transformar la complejidad del contexto global y local en marcos concretos de criterio colectivo”.

La oposición salvadoreña encara el proceso electoral en una posición de debilidad frente al avance del oficialismo. Así lo plantea Mauricio Maravilla, abogado y docente universitario, quien identifica una desconexión profunda entre los partidos tradicionales y el electorado.

El desgaste de sus banderas, la falta de confianza y el pasado cuestionado de sus dirigencias han debilitado su capacidad de convocatoria.

A esto se suman los efectos de las recientes reformas electorales y constitucionales, que han generado un entorno aún más complicado para la competencia.

Los partidos opositores enfrentan obstáculos organizativos, falta de recursos y escaso apoyo social, en un escenario institucional que no favorece la igualdad de condiciones.

Maravilla considera que, ante este panorama, la única estrategia realista para la oposición sería concentrar recursos en la contienda legislativa, donde aún existen posibilidades de obtener representación. Sin embargo, la marcada ventaja del oficialismo en el voto exterior expone aún más las limitaciones de la oposición.

Ventaja oficialista y la nueva circunscripción de la diáspora

El partido Nuevas Ideas se perfila como favorito para obtener los escaños de la diáspora en la próxima Asamblea Legislativa. Según Mauricio Maravilla, la estructura internacional del oficialismo supera ampliamente a la de sus rivales.

Los diputados oficialistas mantienen vínculos directos y realizan viajes frecuentes para fortalecer la organización en el exterior, mientras Arena y el FMLN han perdido presencia y capacidad de movilización fuera del país. “En la actualidad carecen de esa estructura, ni siquiera la tienen acá adentro”, afirma Maravilla.

En entrevista en Diálogo, Maravilla advierte que el acceso a la información también influye en la preferencia del voto exterior. Los salvadoreños fuera del país consumen principalmente contenidos en plataformas como YouTube, donde prevalecen mensajes favorables al oficialismo.

Esta situación, sostiene, distorsiona la percepción política y refuerza el posicionamiento del partido de gobierno.

La disputa por el voto exterior adquiere un matiz completamente nuevo con la incorporación de la circunscripción especial para la diáspora. Mauricio Maravilla explica que los salvadoreños en el extranjero elegirán seis diputados propietarios con sus respectivos suplentes, lo que constituye el segundo grupo más grande después de San Salvador.

Esta modificación respondió a la reforma constitucional que acortó el periodo presidencial y unificó en una sola jornada la elección de presidente, diputados y alcaldes.

Maravilla señala que la expectativa original era que los escaños fuesen ocupados por salvadoreños con vida y trayectoria en el exterior. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los candidatos provienen del ámbito local y muchos son funcionarios públicos actuales.

La inclusión de la diáspora refuerza el peso estratégico de la Asamblea Legislativa en los próximos comicios. El control parlamentario resulta clave para la capacidad del Ejecutivo de avanzar con su agenda.

En este contexto, Mauricio Maravilla, abogado y docente universitario, subraya que la composición de la Asamblea no solo define la facilidad para aprobar leyes, sino que también impacta en la rendición de cuentas democrática. Maravilla diferencia entre la rendición vertical, ejercida por la ciudadanía, y la horizontal, a cargo de instituciones de control. La Corte de Cuentas, la Fiscalía General, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública dependen de la Asamblea para la designación de sus titulares, por lo que el resultado de las elecciones legislativas es determinante para la autonomía institucional. “Si tú nombras en las instituciones de control a funcionarios independientes o funcionarios afines, eso se juega en el terreno de lo legislativo”, recalca Maravilla.

El Tribunal Supremo Electoral ante su mayor desafío

La confianza en el proceso electoral depende en gran parte del desempeño del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mauricio Maravilla subraya que, más allá de la independencia de los magistrados, la capacidad operativa recae en el cuerpo técnico del tribunal, el cual ha sido renovado en los últimos años.

El abogado y docente universitario recuerda los problemas técnicos y de escrutinio experimentados en procesos anteriores y advierte que la repetición de estas fallas podría minar la credibilidad del sistema. “No es cosa menor”, afirma Maravilla, quien señala que la transparencia, la logística y la seguridad seguirán siendo retos centrales para el TSE.

El planteo llegó al cierre de una intervención en la que Lacunza repasó su proyecto político dentro del PRO, su precandidatura presidencial, su posición sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza y su diagnóstico sobre la situación económica y social del país.

En este sentido, explicó los motivos detrás del anuncio de su vocación de encabezar una construcción política. “Hace algunas semanas que manifesté públicamente que me parece que hay una oportunidad para hacer las cosas mejor. Era hora de manifestar esa voluntad para ver el eco y para construir un equipo y una propuesta bien partidaria, desde el PRO pero que también convoque a otros actores, otras fuerzas para ser competitivo y para armar una fuerza coral, de muchas voces”, señaló.

Consultado sobre una reunión en la que Javier Milei y Karina Milei se habrían encontrado con Macri en representación del PRO para evaluar una presentación conjunta, Lacunza marcó distancia con esa posibilidad. “Yo creo que no es lo mejor llevar una alianza con el Gobierno porque eso presta poca atención a la reacción de la oferta de los dirigentes. Hay dirigentes que tratan de reprimir la competencia, eso los beneficia, pero el que pierde ahí es el ciudadano”, sostuvo.

El economista diferenció al PRO de La Libertad Avanza: “Con La Libertad Avanza tenemos afinidades y diferencias, pero no somos lo mismo”. Sobre los exfuncionarios del PRO que hoy integran el Gobierno, aclaró que su participación “no es a título del PRO, es a título personal. No hay un co-gobierno y creo que lo mejor para la Argentina que viene es que haya una alternativa, no una mezcolanza”.

En este escenario, Lacunza planteó que el ciclo de reformas que debería iniciar el próximo gobierno requiere un enfoque distinto al actual. “Las reformas que hay que hacer a partir de 2027 en adelante son de otra naturaleza, que exigen más diálogo y más consenso. Y esa es una palabra que hoy está devaluada, pero que tenemos que recomponer y recuperar”, indicó.

Para ilustrar su posición, citó los casos de Uruguay y Chile. “Uruguay pasó de José Mujica a Luis Lacalle Pou, pasó por Tabaré Vázquez, ahora Yamandú Orsi. A ningún uruguayo se le ocurre refundar el país cada cuatro años”, ejemplificó. Sobre Chile, remarcó que “los gobiernos que ha tenido en el último tiempo no son parecidos, y, sin embargo, a ningún chileno se le ocurre salir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o Japón”.

Lacunza vinculó esa estabilidad política con los niveles de riesgo país de la región. “El riesgo país, que es cómo nos ven afuera y con qué confianza están dispuestos a financiar nuestro crecimiento, de Chile o de Uruguay está entre los 100 y los 200 puntos. En Argentina estuvo en torno a los 2.000 y hoy ronda los 500 puntos”, precisó.

Sobre las condiciones para que ese indicador continúe en baja, el economista fue específico: “Cuando la oposición al que esté en el gobierno no sea el polo opuesto, entonces, cuando nos desplacemos a una agenda más de centro, donde haya diferencias, pero como Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, no como Axel Kicillof y Milei”.

Lacunza presentó un balance sobre la gestión económica actual con resultados dispares entre distintas variables. “Este programa podríamos decir que fue exitoso en bajar la inflación, aunque todavía no es algo resuelto. Había una inflación por encima de los 200 puntos que nos asfixiaba, y ahora tenemos una inflación anual en torno al 30%”, detalló.

Sin embargo, marcó que ese avance no se replica en el plano social. “Así como ese vértice está mejor, no resuelto pero mejor, hay otro vértice que es el social, el del empleo, que no está mejor. El ingreso disponible, que es lo que les queda a las familias después de pagar los gastos fijos del hogar, queda menos que antes”, explicó.

El exministro cuestionó que los indicadores macroeconómicos alcancen para garantizar crecimiento genuino. “La macro no es nada más que el changuito sea previsible; también en crecer, en que suba la inversión, el empleo, el salario. Eso también es la macro”, planteó.

A partir de ese diagnóstico, describió un desequilibrio entre distintos sectores productivos. “Este programa no está siendo suficiente para meterle combustible a ese motor, está andando con un solo motor, que es la energía, la minería y el agro, y el otro está parado, que es la construcción, el comercio y la industria. No alcanza para generar el empleo”, indicó.

Lacunza señaló que el descontento social comenzó a manifestarse y que el Gobierno respondió con distintas medidas puntuales. “La gente ya está empezando a manifestar su descontento, la insuficiencia. El Gobierno se está dando cuenta. Empieza a dar medidas, como el crédito en dólares o financiar con el fondo del Anses los créditos hipotecarios”, detalló.

Fue en ese contexto donde formuló la crítica central sobre el tratamiento diferenciado entre morosos y evasores. “Todas esas medidas tienen sus pros y sus contras, pero también nos tenemos que preguntar por qué hay que tomar una medida por semana, y eso es porque la máquina está apagada”, cerró Lacunza.

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La sorpresiva interrupción del cese del fuego en el conflicto por el Estrecho de Ormuz afectó a los inversores del mundo. La Argentina pudo sobrevivir porque sus bonos soberanos quedaron sin cambios promediando las alzas y bajas.

En tal sentido, el riesgo país argentino se mantuvo en 512 puntos básicos que hace que algunos bonos rindan poco más de 10,6%, y explican porque es imposible que el país tome deuda en los mercados internacionales.

En agosto, el indicador elaborado por JP Morgan aumentó 100 puntos, casi 20 por ciento. Las turbulencias en el plano global solo explican una parte de la reacción adversa, del resto debe hacerse cargo la política que pone en duda la relección presidencial.

El escenario mundial, que complica a la Argentina y al mundo, es un acumulador de contradicciones. Por un lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció la recompra de bonos del Tesoro norteamericano a 10 y 30 años para encarecer su precio y bajar la tasa de retorno. En tanto, el titular de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en un discurso que no fue compasivo, dio a entender que habría una cercana suba de las tasas de interés. En otras palabras, Bessent intenta bajarlas y Warsh, subirlas.

El mercado le creyó a Warsh: ayer, los bonos del Tesoro se derrumbaron y el rendimiento del título a 10 años subió a 4,76%, su nivel más alto desde principios de septiembre de 2023. Antes de esa fecha, solo había alcanzado ese valor en 2007.

El clima de Estados Unidos está influido por las elecciones de medio término y el mercado vota antes con sus decisiones de compra y venta. A Brasil y la Argentina les sucede lo mismo. La diferencia es que las elecciones locales serán dentro de un año y las de Brasil y Estados Unidos en tres meses.

Sin embargo, hubo más consecuencias. Los ataques de EE.UU. y la respuesta de Irán elevaron más de 4% el precio del petróleo.

Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, describió el escenario: “Durante las últimas semanas el mercado del petróleo debatía cuántos barriles están cruzando por el Estrecho de Ormuz de manera encubierta. La administración Trump arroja un número de 10 millones de barriles diarios. Fuentes más conservadoras ponen esa cifra en la mitad. Nada de esto parece tener consecuencias en el precio del petróleo que esta cómodamente instalado en los 90 dólares con las clásicas idas y vueltas dependiendo de acciones militares”.

Togni agregó un dato que roza a la Argentina: “Como si esto fuese poco, Trump ahora tiene planes para Venezuela. El anuncio de que los Estados Unidos controlarían hasta 65 billones de las reservas de Venezuela levantó algunas sospechas. Todavía no está claro el marco legal de cómo se llevaría adelante, y el número de barriles también es cuestionable, ya que se ancla en el número de reservas de 300 billones de barriles, número que inventó Chávez allá por 2007. La discusión se enfrasca en la definición de reservas; están las probadas, y las posibles, y en el caso de Venezuela las estimaciones privadas ponen a las reservas posibles en menos de 100 billones, por lo que el número de 65 billones tal vez le quede grande. De llevarse adelante, podría afectar al desarrollo de Vaca Muerta ya que la cuenca del Orinoco absorbería muchos de los dólares destinados al CAPEX (gastos de capital) y las dos empresas que picaron en punta para Venezuela son Chevron y GeoPark, justo las que más estaban invirtiendo en nuestro país. Los costos de extracción y la cercanía geográfica inclinan la balanza a favor de los proyectos en Venezuela”.

De todos modos, los plazos de inversión y desarrollo del proyecto, que para Estados Unidos son de corto plazo, resultan lejanos para una Argentina atenta a la evolución diaria de la inflación y más preocupada por reducirla que por lo que pueda ocurrir dentro de dos años. Esa distancia quedó expuesta cuando se postergó de septiembre a octubre el aumento de los combustibles: YPF resignó ingresos para no afectar un objetivo que el Gobierno considera clave de cara a las elecciones.

Lo cierto es que la política sigue ocupando el territorio de la economía. El cambio de rumbo se vio en el uso de dineros públicos para otorgar préstamos hipotecarios (una buena medida porque ese dinero debe dar renta), pero choca con el discurso presidencial. También se están buscando alternativas para reactivar el consumo y la baja de las tasas de interés es una entre tantas.

Bajar la tasa no solo aliviaría a las empresas y los consumidores, sino también a los deudores morosos, que no son ajenos al mercado: son consumidores que quedaron excluidos de él. La discusión pasa por encontrar mecanismos para reincorporarlos al sistema, como ocurrió con los dólares no declarados, para ampliar la actividad económica. El Congreso trabaja sobre esa agenda, que podría colocar al presidente Javier Milei ante una decisión incómoda: la morosidad también es un tema con impacto electoral.

El impacto se vio en otros sectores. Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía. observó que “en agosto, las colocaciones de deuda hard dollar de corporativos y provinciales totalizaron USD 937 millones, menos de la mitad del monto de julio. La caída estuvo asociada a un escenario más desafiante para los emisores locales, por la mayor incertidumbre global con tasas en alza en Estados Unidos y la suba del spread soberano de Argentina. La mayor parte correspondió a emisiones de ON con legislación argentina. No se registraron provincias saliendo al mercado internacional en agosto. En lo que va del año, las colocaciones promedian USD 1.670 millones por mes”.

Se trata de otra fuente de ingresos que aportaron dólares a las reservas porque esos préstamos corporativos se liquidan en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en un plazo de 180 días.

De todas maneras, el dólar no se vio afectado en el último día del mes. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 593 millones y el Banco Central compró apenas 46 millones de dólares. El dólar mayorista bajó $3,50 a 1.508,50 lo que implica una suba de 0,94% en el mes en que el dólar cedió 0,50% frente a las principales monedas del mundo y donde la inflación local se estima en alrededor de 1,8%”.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “tenemos un Tipo de Cambio Real Multilateral que mantiene cierta estabilidad en los últimos meses ya que desde el cierre de abril apenas ha sufrido un incremento del 1,2% mientras que en agosto ha mostrado un alza del 0,6%. La temporada alta para el ingreso de divisas va quedando atrás y en el mes que cerramos BCRA compró USD 768 millones contra USD 2.162 millones en julio”.

Y continuó: “En septiembre continúa baja la estacionalidad y como contracara la demanda de pesos. No obstante, el sector energético sigue traccionando y suavizando la caída estacional histórica en la liquidación de divisas y los commodities agro han mostrado una fuerte recuperación, lo que será de gran ayuda para el objetivo del gobierno de mantener el tipo de cambio estable de cara al último cuatrimestre del año”.

En simultáneo, las tasas de interés bajaron. Las de mediano plazo ahora rinden 2,09% por el aumento de las LECAP, los bonos de tasa fija que definen la política monetaria.

La Bolsa tuvo otra rueda positiva. El Merval de las acciones líderes aumentó 1,8% en pesos y 2,6% en dólares y llega a fin de mes con una caída 7,8% en pesos y 9% en dólares.

En el overnite, había indecisiones y se esperaba el rebote del gato muerto en las Bolsas. Nada indica que haya mejorado el escenario internacional más allá de algunos movimientos de la ONU y otros países que no fueron efectivos porque anoche el petróleo subía 0,50% y el Brent cotizaba a 91,20 dólares. El oro aumentaba 0,30% y el dólar se fortalecía. Los tres indicadores de referencia de las Bolsas de Nueva York insinuaban subas.

En Panamá, las mujeres sostienen la política local, pero continúan fuera de los principales espacios de poder.

Aunque superan la mitad del padrón electoral y de la militancia partidaria, su presencia en alcaldías, como representantes de corregimientos y en otros puestos políticos, permanece limitada.

La contradicción aparece desde las bases de los partidos hasta las urnas.

Las mujeres participan más que los hombres en los procesos electorales y movilizan votos en sus comunidades, pero rara vez son escogidas para encabezar las candidaturas a las alcaldías.

Esto lo afirma el informe Análisis de la participación política femenina en los gobiernos locales en Panamá, períodos 2009–2024, elaborado por Tamara Martínez Paredes, que sostiene que esta situación responde a barreras legales, económicas, culturales y políticas.

El documento plantea que la paridad establecida en las normas todavía no se convierte en una igualdad efectiva dentro de los gobiernos locales.

Los datos históricos y los resultados de las elecciones de 2019 y 2024 muestran que la proporción de mujeres electas como alcaldesas se mantiene cerca del 14,8%. En las concejos y en las representaciones de corregimiento, la presencia femenina apenas ronda el 12%.

Las cifras contrastan con el peso que tienen las mujeres en la estructura electoral. Ellas representan algo más del 50% del padrón, registran una participación superior a la de los hombres y componen más de la mitad de la militancia de los partidos políticos.

El problema no está en la falta de participación. La dificultad, siempre según el documento, aparece cuando llega el momento de definir quiénes competirán por los cargos de mayor jerarquía y quiénes tendrán acceso a los recursos necesarios para sostener una campaña.

El análisis identifica varias “válvulas de escape” en la legislación panameña. Se trata, dice, de excepciones y mecanismos que permiten a los partidos incumplir o debilitar las reglas de paridad durante los procesos de postulación interna, nacional y local.

Según el documento, el diseño institucional facilita que la igualdad formal en las listas no se refleje en los resultados. La norma puede exigir una proporción determinada de candidatas, pero las reglas internas y las excepciones terminan reduciendo sus posibilidades de llegar a los puestos principales.

Las campañas locales representan otra barrera para las mujeres. Informes recientes citados en el análisis señalan que muchas candidatas dependen de sus propios recursos, de redes informales de financiamiento y del apoyo económico de familiares.

Esta dependencia limita la competencia frente a candidatos que cuentan con estructuras partidarias más sólidas o con redes de respaldo financiero más amplias. La falta de fondos también afecta la capacidad de las mujeres para sostener actividades de campaña, visibilizar sus propuestas y disputar espacios dentro de los partidos.

A esa dificultad se suma la violencia política de género. Las agresiones buscan desalentar la participación, afectar la imagen pública de las candidatas y reducir su presencia en los procesos electorales.

Panamá cuenta con la Ley 184 de 2020, que previene y sanciona la violencia política contra las mujeres. Se advierte que el instrumento surgió del trabajo de mujeres políticas organizadas en distintos grupos y partidos, quienes impulsaron normas de igualdad en el ámbito público.

La existencia de la ley no ha eliminado el problema. Los monitoreos realizados antes y durante la campaña electoral de 2024 registraron un aumento de los ataques contra candidatas, con una presencia cada vez mayor en internet y en las redes sociales.

El Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías documentó esa situación en el estudio Seguras en línea: Edición Elecciones Panamá 2024. La investigación recopiló información sobre agresiones dirigidas a candidatas a la Presidencia, la Vicepresidencia, la Asamblea Nacional y las alcaldías de distrito, revela el informe.

Luego de las respectivas pulseadas internas, las dos principales agrupaciones de magistrados definieron a sus candidatos para competir por cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces federales y nacionales. Las elecciones para designar a los consejeros del período 2026-2030 serán el próximo 8 de octubre.

La discusión estuvo atravesada por el intento de reelección que impulsó primero el consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien en los últimos días desistió de las acciones judiciales que había iniciado para que la Justicia defina si podía presentarse o no.

Ese arrojo lo enfrentó con Andrés Basso, referente de la lista Bordó y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quien —al igual que buena parte del espacio— no estaba de acuerdo con las aspiraciones reeleccionistas.

En medio de esas tensiones es que la Bordó tuvo que definir a sus candidatos. Junto a Barroetaveña, en 2022, fue elegida por esa misma agrupación Agustina Díaz Cordero, jueza civil y actual vicepresidenta del Consejo. Ambos tenían intenciones de reelegir, aseguraron fuentes del organismo. Parte de la discusión pasó precisamente por desactivar esa jugada.

En definitiva, la lista Bordó anunció en sus canales oficiales que su lista estará encabezada por Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la AMFJN y titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17, y Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia.

Aún se están confeccionando los nombres que los seguirán en el resto de la lista.

“Ambos candidatos, de extensa trayectoria en el Poder Judicial y acentuadas condiciones técnicas, representativas y especialmente humanas, han resultado producto de la decisión clara de la Lista Bordó de que los representantes de los jueces y juezas de la Nación resulten personas que conozcan en profundidad los desafíos que hoy atraviesa la Justicia”, indicó la agrupación oficialista en un comunicado.

Por la lista Celeste, encabezarán la boleta Walter Venditti, juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

La candidatura de Venditti fue impulsada por Alberto Lugones, camarista de los tribunales de San Martín y actual consejero de la magistratura.

“Con experiencia, federalismo, independencia y vocación de servicio, serán los primeros nombres de una propuesta que busca llevar al Consejo de la Magistratura una representación cercana y comprometida con la independencia judicial y la defensa de la Justicia Nacional y el rechazo a su traspaso”, anunció la lista Celeste.

La tercera agrupación de jueces, Compromiso Judicial, aún no confirmó quiénes encabezarán su lista. La actual consejera por ese espacio es Alejandra Provítola, quien está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 porteño.

En total se elegirán cuatro consejeros titulares y doce suplentes. Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el 4 de septiembre a las 16 en la sede de la Asociación de Magistrados.

Los representantes que resulten electos integrarán durante cuatro años el organismo que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos para cubrir juzgados nacionales y federales, el control disciplinario de los magistrados y los procedimientos que pueden derivar en pedidos de remoción.

En 2022, la Lista Bordó obtuvo 286 votos, por encima de la Lista Celeste, que reunió 230, y de Compromiso Judicial, que alcanzó los 163.

A pesar de que el tipo de cambio no experimentó grandes saltos, la demanda de dólares se aceleró en julio: los argentinos compraron más de USD 3.300 millones, el mayor monto en lo que va de 2026 y desde las elecciones legislativas del año pasado. Así se desprende del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En julio, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.916 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 3.319 millones), mientras que unos 697 mil vendieron (ventas brutas por USD 404 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 546 millones”, reza el reporte Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

Se trata de la compra bruta más alta del año y desde octubre de 2025, cuando marcó USD 4.731 millones en medio de la volatilidad preelectoral. Desde el pico de septiembre del año previo, las adquisiciones por parte de las personas físicas habían mostrado primero una tendencia bajista para luego estabilizarse en torno a los USD 2.200 millones por mes.

De acuerdo a los datos oficiales del BCRA, del monto neto de julio, USD 1.000 millones quedaron depositados en cuentas locales mientras que otros USD 1.000 millones se computaron bajo “activos externos”. Es decir, fuera del país. A la vez, unos USD 900 millones se destinaron al pago de gastos turísticos.

El seguimiento mensual desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, refleja variaciones marcadas en la demanda. En dicho mes, las adquisiciones llegaron a USD 2.077 millones y participaron más de un millón de personas. La tendencia se mantuvo en alza durante los meses siguientes: en mayo se registraron compras por USD 2.283 millones, en junio por USD 2.468 millones y en julio el volumen ascendió a 3.473 millones de dólares.

La proximidad de las elecciones legislativas en septiembre de 2025 intensificó la volatilidad en el mercado, llevando la demanda a un máximo mensual de 5.130 millones dólares. En octubre, el nivel se sostuvo con operaciones por USD 4.731 millones, pero en noviembre se observó una marcada desaceleración: el monto descendió a USD 1.597 millones y poco más de 1,1 millones de personas realizaron compras, luego de la victoria oficialista en las urnas.

En diciembre de 2025, la demanda repuntó y cerca de 1,5 millones de compradores adquirieron 2.186 millones de dólares. Durante los primeros meses de 2026, la tendencia continuó: en enero se compraron USD 2.613 millones entre 1,6 millones de personas; en febrero, USD 2.368 millones; y en marzo, 2.363 millones dólares. En abril, la cifra subió a USD 2.727 millones, el valor más alto del año, para luego retroceder en mayo a USD 2.212 millones y volver a incrementarse en junio, con 2.443 millones dólares.

Desde que se levantó el cepo, las personas físicas sumaron compras brutas por un total de 44.437 millones de dólares. Al incluir las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero, el volumen acumulado supera los 48.967 millones de dólares. En ese lapso, los argentinos vendieron un total de USD 6.557 millones y las compras netas alcanzaron los 37.880 millones de dólares.

El “muro” que prepara el Gobierno

Considerando la preferencia sostenida de los argentinos por el dólar, incluso cuando la moneda estadounidense pierde poder adquisitivo frente a la inflación en 2026, el Gobierno impulsa nuevas estrategias para evitar una repetición de la situación experimentada en 2025.

De acuerdo con cifras del Banco Central, el proceso de dolarización de portafolios previo a las elecciones de medio término sumó el equivalente a USD 35.000 millones durante 2025. La elevada demanda de divisas motivó la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para frenar la presión sobre el tipo de cambio.

Con el objetivo de evitar un contexto similar, el presidente Javier Milei afirmó que, de cara a los comicios presidenciales de 2027, dispone de un respaldo de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, además de los fondos necesarios para afrontar los compromisos en moneda extranjera.

Milei explicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establecía una meta de acumulación de reservas entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, aunque el Banco Central ya alcanzó aproximadamente 14.000 millones de dólares. Sostuvo que, de mantenerse el ritmo de compras, las reservas podrían situarse en USD 20.000 millones antes de fin de año.

El mandatario señaló también que todas las líneas de financiamiento para 2026 y 2027 ya están aseguradas, lo que reduce la presión sobre el mercado cambiario. Y en una entrevista televisiva, enfatizó: “No solo tenemos cerrado el financiamiento, sino que además nos hemos pertrechado con más de USD 20.000 millones”.

Entre los elementos del esquema presentado por Gobierno se incluye un swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y otro acuerdo similar suscripto recientemente con China por el equivalente a 19.000 millones dólares. Estos mecanismos permiten a los bancos centrales intercambiar monedas para facilitar la liquidez en divisas y estabilizar los mercados.

Bajo la gestión de Alberto Fernández se había utilizado un tramo del swap con el Banco Popular de China, mientras que la administración de Milei recurrió al Tesoro de Estados Unidos para contener la suba del dólar en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

La elección general por el Distrito 27 de Florida enfrentará a María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez, dos figuras con larga trayectoria en la televisión de Miami que ahora competirán por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La contienda quedó definida tras las primarias del 18 de agosto de 2026 y concentra atención en el sur del estado por el peso del voto latino, el perfil de ambos candidatos y el comportamiento electoral de un distrito con fuerte presencia cubanoestadounidense.

De acuerdo con un reporte de CBS News Miami, Rodríguez ganó la primaria demócrata y avanzó hacia la elección de noviembre, en la que buscará desbancar a la actual congresista republicana. WLRN informó que ese triunfo configuró una carrera entre dos exreferentes de la pantalla local y dos postulantes de origen cubano en una zona donde la política exterior hacia América Latina y la inmigración ocupan un lugar central.

Un distrito observado por ambos partidos

El Distrito 27 de Florida está ubicado por completo en Miami-Dade County e incluye sectores de Miami, Coral Gables, Kendall, Key Biscayne, Pinecrest, Palmetto Bay y Cutler Bay, según detalló CBS News Miami al cubrir la primaria demócrata. Se trata de una circunscripción marcada por una población mayoritariamente latina y por una dinámica electoral que los partidos siguen de cerca en cada ciclo.

Un análisis publicado por The Florida Pundit señaló que el distrito cuenta con cerca de 789.000 residentes y que alrededor de 76% de la población habla en su casa un idioma distinto del inglés, con predominio del español. Ese perfil ayuda a explicar por qué las campañas ponen atención especial en la comunicación bilingüe y en temas como costo de vida, salud, vivienda, seguridad e inmigración.

Quién es María Elvira Salazar

María Elvira Salazar es la representante republicana del distrito y busca un nuevo mandato en el Congreso. Su llegada a la política federal se produjo después de una carrera en medios de comunicación hispanos y en televisión de Miami. Salazar fue elegida por primera vez en 2020 y que desde entonces mantuvo el escaño en uno de los territorios más visibles del sur de Florida.

En materia migratoria, la congresista intentó marcar una diferencia respecto de las posturas más duras dentro del Partido Republicano. El medio reportó que Salazar promovió una línea más moderada sobre detenciones y deportaciones y respaldó la Dignity Act, una iniciativa que ofrecería a muchos inmigrantes indocumentados una vía hacia un estatus legal en Estados Unidos.

Quién es Eliott Rodríguez

Eliott Rodríguez dio el salto a la política después de retirarse como conductor de noticias en el mercado televisivo del sur de Florida. Según informó CBS News Miami, lanzó su candidatura en marzo de 2026 y defendió su postulación con el argumento de que podía competir por una banca que hoy está en manos republicanas.

Tras su victoria en la interna demócrata, Rodríguez centró su discurso en la asequibilidad y en la presión económica que enfrentan los hogares del área metropolitana. En su mensaje de victoria, citado por ese medio, afirmó que “Para demasiadas familias, nuestra comunidad simplemente se ha vuelto demasiado cara para vivir en ella”.

El propio Rodríguez también cuestionó el enfoque migratorio de la administración republicana. “Me postulo porque las familias en Miami ya no pueden darse el lujo de vivir aquí, porque nuestra democracia enfrenta una presión real y porque la política de crueldad hacia los inmigrantes no nos representa”, indicó en su mensaje de campaña. .

Qué temas ordenan la campaña

La inmigración aparece como uno de los ejes de mayor contraste, aunque no el único. La campaña de Rodríguez puso el foco en la reforma migratoria y en el costo de vida, mientras que Salazar intenta defender su perfil de incumbente con una combinación de agenda local y posiciones firmes sobre Cuba y Venezuela.

La agenda económica también gana espacio. Rodríguez propuso debatir públicamente cuestiones como vivienda, seguros, salud, Seguridad Social, Medicare, seguridad pública e inmigración.

Cómo llegan a la elección general

Los resultados de las primarias dejaron a ambos candidatos con trayectorias distintas hacia noviembre. CBS News Miami proyectó la victoria de Rodríguez en la interna demócrata, mientras WLRN informó que el periodista se impuso por 54% contra 46% frente al exfiscal Robin Peguero. En el campo republicano, ese mismo medio señaló que Salazar derrotó por 81% a 19% a V. Michael Arias.

La elección general presenta, de todos modos, un desafío mayor para el candidato demócrata. CBS News Miami recordó que Salazar ganó el distrito por 20 puntos porcentuales hace dos años, una ventaja que obliga a Rodríguez a ampliar su base más allá del voto tradicional de su partido.

Hasta el 28 de agosto de 2026, el escenario ya muestra una campaña marcada por la identidad latina del distrito, por el debate migratorio y por la presión económica sobre los votantes del área de Miami. En ese marco, Salazar buscará retener una banca que su partido considera segura, mientras Rodríguez intentará convertir su visibilidad mediática y su triunfo en la primaria en una alternativa competitiva para noviembre.

El gobierno de México aclaró cuáles son los distintos supuestos en los que se suspende la posibilidad de que alguien pueda o no participar como candidato o candidata a presidente o gobernador en México, en un contexto en el que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de crimen organizado y lavado de dinero y que radica en Estados Unidos desde hace varios años, expresó sus intenciones de contender por la presidencia en las elecciones de 2030.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, detalló que la elegibilidad política depende de criterios constitucionales, legales y de la interpretación jurisdiccional vigente en materia penal y electoral.

Criterios legales para la suspensión de derechos político-electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso la necesidad de clarificar el marco legal frente a los cuestionamientos sobre la postulación de personas bajo investigación penal, luego de que el exgobernador de Tamaulipas manifestara su intención para postularse como presidente de México, a pesar de tener una investigación activa por presuntamente ser parte del crimen organizado.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte, y ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó los supuestos legales y constitucionales que pueden restringir los derechos políticos de quienes enfrentan procesos penales.

Zaldívar puntualizó que el artículo 38 de la Constitución contempla la suspensión de derechos político-electorales en cinco escenarios:

• Por estar en prisión preventiva
• Por cumplir una sentencia condenatoria privativa de la libertad
• Porque le fueron suspendidos en una sentencia sus derechos, incluso si está en libertad
• Por ser prófugo de la justicia
• Por tener condena por algún delito de los señalados en la fracción octava del artículo 38

El exministro recalcó que la simple existencia de una investigación, denuncia o incluso imputación no basta para suspender los derechos de una persona. Solo en casos de prisión preventiva, sentencia condenatoria con suspensión expresa de derechos, sustracción comprobada de la justicia o condena por delitos específicos, la persona queda inhabilitada como candidata o candidato.

“La sola emisión de una orden de aprehensión no implica que se suspendan los derechos político-electorales. Se requiere, además, que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, con evidencia de que ha sido buscada y no localizada”, subrayó.

Aplicación individualizada y presunción de inocencia

El análisis jurídico presentado por Zaldívar insistió en que cada caso debe evaluarse de manera particular. Si la persona solo enfrenta una denuncia o investigación, o incluso si ha sido imputada o vinculada a proceso, pero permanece libre, puede contender como candidata o candidato en virtud del principio de presunción de inocencia.

El Tribunal Electoral ha sostenido que la vinculación a proceso no implica pérdida automática de derechos, salvo que exista prisión preventiva. Además, la suspensión de derechos políticos por sentencia debe estar debidamente motivada y ser autónoma respecto de la condena principal.

La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, emitió el jueves 27 de agosto una orden de restricción temporal que suspende las nuevas directrices del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). La medida detiene por 14 días la implementación de requisitos técnicos que el gobierno de Donald Trump pretendía imponer sobre el voto por correo a escasos días de que inicie el proceso para las elecciones de medio término.

La intervención judicial surge como respuesta a las demandas presentadas por una coalición de estados con gobiernos demócratas y organizaciones de derechos civiles. El fallo impide, por el momento, que el organismo postal rechace boletas que no cumplan con normativas de diseño y listados de votantes para salvaguardar el derecho al sufragio de millones de ciudadanos ante la inminencia de los comicios de noviembre.

El alcance de las restricciones postales

Las directrices impulsadas por la administración republicana obligaban a los estados a suministrar listas detalladas de los receptores de papeletas y a incorporar códigos de barras únicos en los sobres. Según reportes de Reuters, el USPS bajo la actual dirección del Poder Ejecutivo se reservaba la facultad de no entregar cualquier documento que incumpliera estos estándares técnicos.

La magistrada Talwani determinó que estas exigencias imponen una carga logística inviable para las autoridades estatales.

En el texto de su resolución, la jueza precisó que los estados no disponen del “tiempo ni los fondos” necesarios para diseñar nuevos materiales, obtener aprobaciones, actualizar sistemas de gestión electoral y capacitar al personal en el uso del portal electrónico requerido por el organismo federal.

Origen y escalada del conflicto electoral

El enfrentamiento sobre el voto postal no constituye un hecho aislado, sino la continuación de una disputa política que se intensificó tras el retorno de Donald Trump a la presidencia. El mandatario mantiene una postura crítica constante contra esta modalidad de votación, a la cual calificó en reiteradas ocasiones como “un vehículo para el fraude electoral”, a pesar de que el propio mandatario utilizó este método para ejercer su derecho al voto en años anteriores.

Este conflicto se enmarca en una estrategia más amplia de la administración por centralizar y endurecer los controles sobre los procedimientos electorales. El año pasado, el gobierno emitió una orden ejecutiva previa con el objetivo de exigir pruebas documentales de ciudadanía para el registro de electores, una medida que también enfrentó bloqueos judiciales bajo argumentos similares sobre la falta de autoridad federal para modificar leyes estatales.

Argumentos constitucionales y la falta de evidencia

La controversia legal se centra en la autoridad sobre la administración de los procesos electorales. Los demandantes, entre los que figura la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostienen que el Poder Ejecutivo y el servicio postal carecen de facultades constitucionales para alterar procedimientos que corresponden exclusivamente a las legislaturas estatales y al Congreso federal.

Sobre la justificación del gobierno, la jueza Talwani señaló en su fallo que el USPS no presentó pruebas que sustenten la existencia de un problema de fraude en el voto por correo que obligue a tales cambios. Esta postura contrasta con la narrativa del presidente Trump, quien sostiene desde hace años la existencia de un fraude masivo en este sistema, a pesar de que los datos oficiales refutan tales aseveraciones.

Un informe de la Brookings Institution publicado en 2025 documentó que el fraude en esta modalidad de votación ocurrió en una proporción de “cuatro casos por cada 10 millones de papeletas”. La magistrada concluyó que el riesgo de privar del derecho al voto a la ciudadanía supera cualquier interés administrativo del servicio postal por implementar estas nuevas reglas.

Antecedentes y el camino hacia la Corte Suprema

Este conflicto atraviesa una etapa de alta volatilidad jurídica. El pasado lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, anuló una medida previa de Talwani al considerar que las demandas iniciales fueron presentadas de forma prematura. Tras ese dictamen, la administración formalizó la normativa, lo que permitió a los demandantes refilar el caso ante el tribunal de distrito.

La abogada de la ACLU, Sophia Lin Lakin, declaró en un comunicado citado por Reuters que la orden judicial “presiona el botón de pausa en una toma de poder ilegal” que amenazaba con generar confusión en el electorado. La relevancia del caso sobre las atribuciones presidenciales sugiere que el litigio retornará a la Corte Suprema tras la audiencia programada para el 3 de septiembre.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó mediante la Resolución Jefatural n.° 000133-2026-JN/ONPE el Plan de Medios de la Franja Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, con el que se regula la distribución de tiempos y espacios en radio, televisión y plataformas digitales para las organizaciones políticas en las 26 circunscripciones del país. La transmisión se extenderá del 9 de setiembre al 1 de octubre, tres días antes de la jornada electoral del 4 de octubre.

La franja electoral es el mecanismo de financiamiento público indirecto a través del cual los partidos y agrupaciones políticas con candidaturas inscritas acceden de forma gratuita a espacios en medios de comunicación para difundir sus propuestas y propaganda durante el proceso electoral. Su aplicación abarca todas las circunscripciones donde existan candidaturas definitivamente inscritas, incluyendo Lima Provincias y la Provincia Constitucional del Callao.

Igualdad de acceso y criterios técnicos

El plan aprobado por la ONPE se sustenta en principios de igualdad, neutralidad y transparencia, con el objetivo de garantizar condiciones de acceso equitativo para todas las organizaciones políticas participantes. Para la selección y distribución de los espacios, la entidad consideró criterios de cobertura, alcance, audiencia, equilibrio informativo, pertinencia territorial y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La selección y contratación de los medios se realizará conforme a la disponibilidad de tiempos y espacios ofertados por los proveedores autorizados, la inscripción de candidaturas por circunscripción y la disponibilidad de spots presentados por las propias organizaciones. Los criterios técnicos de cobertura territorial y pertinencia también serán determinantes en ese proceso.

¿A quiénes va dirigida y en qué horarios se transmitirá?

El público objetivo de la franja electoral son los ciudadanos peruanos mayores de 18 años con derecho a sufragio. La difusión se realizará a través de medios radiales, televisivos y digitales con coberturas y alcances debidamente acreditados en cada una de las 26 circunscripciones del país.

El espacio diario de transmisión no superará los 10 minutos y se distribuirá en los siguientes horarios:

• Radio: 07:00 y 08:00 horas
• Digital: 13:00 horas
• Televisión: 20:00 y 21:00 horas

El aspecto financiero del plan registra una reducción considerable respecto a la estimación original. La ONPE había previsto un presupuesto de S/ 60.000.000 para el servicio de transmisión de la franja electoral; no obstante, tras evaluar el periodo efectivo de transmisión, la cantidad real de spots a contratar y el número de organizaciones políticas que accederán al mecanismo, el monto final se fijó en S/ 30.914.972,89, lo que representa una reducción de casi el 50% respecto a la cifra inicial.

Las nuevas reglas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para el envío de boletas por correo en elecciones federales entraron en vigor en Estados Unidos tras decisiones judiciales que levantaron bloqueos previos y permitieron aplicar de inmediato un esquema impulsado por el presidente Donald Trump.

La norma final fue puesta a disposición para inspección pública el 21 de agosto de 2026 y se publicó en el Registro Federal el 26 de agosto, explicó el propio organismo.

La agencia postal confirmó que las exigencias alcanzan a las elecciones federales generales, especiales o de segunda vuelta y precisó que alcanzarán a la elección legislativa del 3 de noviembre de 2026.

De acuerdo con The Guardian, el cambio deriva de la orden ejecutiva 14399 firmada por el presidente el 31 de marzo bajo el título “Garantizar la verificación de ciudadanía y la integridad en las elecciones federales”.

La administración republicana busca ampliar la supervisión federal sobre los procesos electorales y sobre el voto por correo, un terreno que la Constitución reserva a los estados y al Congreso.

Qué cambia la nueva norma del USPS

La disposición incorpora una nueva sección al Manual de Correo Doméstico del USPS y fija requisitos de preparación de sobres y de reporte de datos para la votación por correo en comicios federales.

Según la explicación oficial del organismo, la medida no modifica el tratamiento postal una vez que las piezas son aceptadas dentro de la red, pero sí introduce controles previos para que las boletas salientes puedan ingresar al sistema.

Entre las exigencias centrales aparece un Portal Federal de Votación por Correo, en el que los principales funcionarios electorales de cada estado, o sus designados, deberán cargar datos de los destinatarios antes de remitir los envíos.

El USPS indicó que esa información incluirá nombre del destinatario, dirección, código de barras inteligente único del sobre de ida, código de barras único del sobre de devolución y estado emisor.

Esos datos no podrán ser alterados por la agencia ni serán cotejados con otras bases federales o externas.

El portal no estará disponible para el público general y la información cargada por un estado no podrá ser consultada por otros.

Cuáles boletas quedan alcanzadas

La norma no abarca todas las formas de correspondencia electoral. El USPS aclaró que solo cubre boletas de elecciones federales generales, especiales o de segunda vuelta.

Se excluyen las primarias, las boletas utilizadas exclusivamente para elecciones estatales o locales y las comprendidas por la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero.

A la vez, se dejan fuera otras piezas de correo electoral como tarjetas de registro de votantes, solicitudes de voto ausente y avisos sobre lugares de votación.

No se modifica el retorno de boletas completadas por los votantes. Según el organismo, una vez que la boleta llega al elector, este podrá devolverla por los canales habituales, ya sea mediante buzón residencial, buzón azul de recolección o ventanilla postal.

El procesamiento y la entrega de la boleta devuelta seguirán bajo las prácticas operativas ya vigentes.

Qué boletas podrá rechazar el USPS antes de su distribución

La regla establece que el correo federal de boletas salientes podrá ser rechazado antes de ingresar al circuito postal si el código de barras inteligente del sobre no coincide con los datos cargados en el portal.

En ese caso, la pieza no será aceptada ni entregada, aunque el estado o su remitente autorizado podrá corregir los errores y volver a presentarla.

La documentación oficial del USPS sostiene que la disposición “no significa que el Servicio Postal decida quién puede votar por correo” y remarca que los estados conservan el control sobre la elegibilidad de los votantes, sobre quién puede recibir una boleta según la ley estatal y sobre si ese voto será contado.

Fallos judiciales y nueva demanda

La aplicación de la medida quedó habilitada tras una serie de fallos de tribunales federales. La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el 24 de agosto que debía levantarse, al menos de forma provisoria, una orden de un tribunal inferior que impedía aplicar el cambio antes de que el correo comenzara a ejecutarlo.

El máximo tribunal no se pronunció sobre la legalidad ni sobre la constitucionalidad de la norma, reportó The Guardian.

Después de ese paso, la jueza federal de distrito Indira Talwani levantó el 26 de agosto el bloqueo nacional, al citar la decisión de la Corte Suprema. Con ese movimiento, la agencia postal quedó en condiciones de aplicar la regla para las elecciones federales previstas este año.

Ese mismo día, 24 estados y el Distrito de Columbia presentaron una nueva demanda para frenar la orden ejecutiva. Los demandantes sostuvieron que la política postal integra “un esfuerzo más amplio” de la administración “para reescribir la ley electoral federal y usurpar la autoridad de los estados y del Congreso”.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó la propuesta de reforma constitucional para establecer que cualquier aspirante a ocupar un cargo como presidente de México, gobernador o jefe de gobierno, primero debe renunciar a su doble nacionalidad.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 27 de agosto, Luisa María Alcalde presentó en qué consiste la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer reglas claras sobre las disposiciones oficiales que debe cumplir cualquier candidata o candidato.

“Quien aspire a ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno deberá ser únicamente mexicano. No podrá tener ni adquirir otra nacionalidad y, si la tiene, deberá renunciar a ella antes de inscribirse como candidato”, declaró por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué es necesario regular este aspecto?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo central de la reforma es “garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés, de cualquier otro estado o nación del mundo”. Señaló que la propuesta se presentará ante el Congreso de la Unión y que su alcance incluye a la presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum reconoció que actualmente la Constitución no establece de manera clara la obligación de renunciar a una segunda nacionalidad antes de postularse como candidato. “Ahora lo que estamos proponiendo es eso, que una vez que se inscriban, deben renunciar a otra ciudadanía, si es que la tienen, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana”, señaló.

Estos son los puntos claves de la reforma constitucional

La reforma constitucional presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca modificar los requisitos para contender a la presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo central es impedir que quienes aspiren a estos cargos posean o adquieran una segunda nacionalidad. A continuación, los puntos clave de la iniciativa:

• Requisito exclusivo de nacionalidad mexicana: Solo podrán ser candidatos quienes sean ciudadanos o ciudadanas mexicanas por nacimiento y no tengan ni adquieran otra nacionalidad.
• Renuncia obligatoria: Si el aspirante cuenta con doble nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.
• Residencia mínima: Se exige una residencia en el país de al menos 20 años para quienes busquen la presidencia.
• Prohibición durante el cargo: Quien obtenga el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar protección diplomática de otro país.
• Sanciones: Se contemplan sanciones constitucionales en caso de contravención, según lo previsto en el título cuarto de la Constitución.
• Procedimiento reglamentado: La futura reforma a la Ley de Nacionalidad establecerá los pasos legales para completar la renuncia, involucrando al INE y a las autoridades mexicanas y extranjeras correspondientes.

La reforma busca garantizar que la lealtad y el interés nacional de quienes ocupen los más altos cargos ejecutivos en México estén fuera de toda duda.

Hay una historia sobre el bambú japonés que dice que, después de ser sembrado, durante siete años pareciera que nada sucede, la tierra permanece quieta, el agricultor riega, cuida, espera y, desde afuera, la semilla parece no responder. Hasta que, después de ese largo tiempo, el brote aparece y en pocas semanas alcanza una altura extraordinaria.

La historia tiene una explicación sencilla y una metáfora poderosa: durante esos años, el bambú estaba construyendo debajo de la tierra el sistema de raíces que después le permitiría crecer con semejante fuerza. Y esa es una buena imagen para pensar en el momento actual de los liderazgos de la Argentina.

La campaña ya empezó, sí, pero solo para la política. Y cuando la política entra en modo campaña, en la superficie aparece la pregunta: ¿quiénes son los candidatos capaces de ganar? Quizás valga la pena detenernos un momento antes y hacernos otra: ¿qué tipo de liderazgo puede volver a conectar la política con una sociedad que hoy está mirando hacia otro lado? Esa sociedad está atenta a sus preocupaciones y no tiene tiempo ni interés en saber qué caras van a estar en una boleta, porque está pensando en su trabajo, en llegar a fin de mes, en estudiar, en poder proyectar, en criar a sus hijos, en tener tiempo.

Entre esos dos mundos, política y sociedad, aparece un desafío enorme: construir liderazgos capaces de hacer que la política vuelva a ser una conversación relevante para quienes tienen una vida que vivir además de la política, y una de las tareas más importantes de los liderazgos que vienen será ayudar a construir una imagen de futuro que tenga la fuerza suficiente para volver a convocarnos.

Durante mucho tiempo, buena parte de nuestra identidad política estuvo organizada alrededor de recuperar algo que habíamos perdido, volver a un lugar que habíamos conocido o discutir quién tuvo la responsabilidad de traernos hasta acá. El pasado ocupa un espacio enorme en nuestras conversaciones públicas. El futuro necesita más lugar.

Eso probablemente tenga menos que ver con que los candidatos puedan construir una identidad alrededor de un adversario y mucho más con construir una dirección alrededor de un sueño común, y para que ese sueño pueda convertirse en realidad, también hacen falta liderazgos capaces de imaginarlo, de construir acuerdos alrededor de él y convertirlos en decisiones. Liderazgos que empiecen a formarse mucho antes de una candidatura, cuando todavía no hay una campaña que ganar.

¿Cuántas veces escuchamos cambio o continuidad? El cambio ya está entre nosostros, los liderazgos que vienen tendrán que responder demandas mucho más complejas: ¿cómo trabajamos en un mundo donde la tecnología transforma cada vez más rápido nuestras tareas?, ¿cómo educamos cuando el conocimiento dejó de estar concentrado en un aula?, ¿cómo producimos y competimos en una economía que cambia?, ¿cómo construimos comunidad?, ¿qué significa vivir bien en este país mañana, el año que viene, y dentro de diez, veinte o treinta años?, ¿cuál es nuestro sueño argentino?

Una candidatura puede presentarse en una boleta en pocos meses, una campaña en semanas y una elección se resuelve en un día, pero la capacidad de liderar se construye mucho antes: en la escucha, en la formación, en la experiencia, en el conocimiento del territorio, en la comprensión de los problemas reales y, sobre todo, en la definición de para qué se quiere ejercer el poder. También en el encuentro con otros, en la posibilidad de aprender de quienes piensan diferente y en la capacidad de transformar una preocupación en una propuesta y una propuesta en un proyecto colectivo.

El bambú ofrece una última enseñanza. Cuando finalmente aparece sobre la tierra, el crecimiento parece repentino. Pero aquello que vemos es el resultado de un proceso que comenzó mucho antes y que durante años ocurrió fuera de la mirada mainstream.

Quizás los liderazgos que logren emerger sean aquellos que hoy están dispuestos a hacer ese trabajo silencioso: mirar hacia adentro, mirar alrededor, encontrarse con otros y preguntarse qué futuro vale la pena construir. Tal vez la buena noticia sea que ese proceso ya está ocurriendo, y cuando llegue el momento, esa nueva forma de liderazgo político que tanto nos hace falta se mostrará con fuerza porque no estaba ausente, estaba desarrollando sus raíces.

Más de 20 estados liderados por el Partido Demócrata iniciaron una nueva batalla legal para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La medida presidencial busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que genera un clima de alta tensión política a pocos días del inicio del proceso electoral.

Esta disputa judicial enfrenta a los fiscales generales demócratas contra la administración federal. El conflicto se centra en la validez y los tiempos de implementación de nuevas normativas electorales que, según los estados demandantes, amenazan el derecho al voto de millones de ciudadanos estadounidenses. La resolución de este litigio podría definir las reglas de juego para los próximos comicios.

El alcance de la normativa federal

La administración Trump publicó el viernes pasado un reglamento que modifica los procesos de distribución de papeletas a través del Servicio Postal de Estados Unidos. La norma exige que los estados obtengan la aprobación federal para el diseño de los sobres de votación. Además, obliga a las autoridades locales a entregar al Servicio Postal un listado detallado de los ciudadanos elegibles para recibir el material.

Según informó Associated Press, los estados demandantes sostienen que estas exigencias resultan imposibles de cumplir en el plazo actual. Las primeras papeletas deben enviarse la próxima semana. Los funcionarios electorales argumentan que la imposición de estos requisitos de último minuto obstaculiza el ejercicio del voto y excede las competencias atribuidas al organismo postal.

Los 23 estados que se unen contra la medida de Trump

• Arizona
• California
• Carolina del Norte
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Hawai
• Illinois
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Míchigan
• Minnesota
• Nevada
• Nueva Jersey
• Nuevo México
• Nueva York
• Oregón
• Rhode Island
• Vermont
• Virginia
• Washington
• Wisconsin

Otras jurisdicciones y entidades participantes:

• Distrito de Columbia (D.C.)
• Pensilvania

Actores clave en la disputa judicial

La coalición demandante está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a otros 24 fiscales generales demócratas. La funcionaria declaró a Associated Press que el Servicio Postal carece de autoridad para decidir quién puede votar por correo. Grupos civiles, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes, también participan en las acciones legales para frenar la orden ejecutiva.

El gobierno federal, por su parte, defiende la medida como un mecanismo de seguridad. La Casa Blanca describió el plan como “medidas de sentido común que protegen la seguridad de las papeletas”. El Servicio Postal de Estados Unidos declinó emitir comentarios sobre el litigio al encontrarse el caso bajo revisión judicial.

Cronología y escenarios del conflicto

La demanda fue presentada el miércoles 26 de agosto de 2026. Esta acción ocurre tras un fallo de la Corte Suprema, que rechazó una impugnación previa por considerarla prematura. No obstante, el alto tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva, lo que mantiene abierta la puerta a nuevas disputas en los tribunales inferiores.

Existen procesos paralelos en Washington y Boston. En esta última ciudad, la jueza federal Indira Talwani dictó una orden que prohíbe al Servicio Postal aplicar las restricciones. La administración Trump intenta revertir esta decisión, argumentando que el reciente fallo de la Corte Suprema debe invalidar las restricciones judiciales previas.

Trasfondo político del voto por correo

El presidente Trump ha manifestado una postura crítica contra el voto por correo desde el año 2020. El mandatario vincula este sistema con su derrota electoral en aquel entonces, aunque carece de pruebas para sustentar tales afirmaciones. Organizaciones de derechos civiles señalan que estas restricciones afectan desproporcionadamente a los votantes demócratas, quienes utilizan esta modalidad con mayor frecuencia.

El esfuerzo por aumentar el control republicano sobre las normas electorales ha sido una constante desde el regreso de Trump al poder. El presidente ha expresado su intención de que los republicanos “tomen el control” del recuento de votos en zonas de tendencia demócrata. Esta estrategia incluye la exigencia de documentos de ciudadanía para sufragar y otros proyectos legislativos que permanecen estancados en el Senado.

Próximos pasos legales

Los tribunales federales deben resolver ahora la validez de la nueva demanda y determinar si se mantienen las medidas cautelares que bloquean la norma. Una sentencia definitiva podría ocurrir en los días previos al envío masivo de las papeletas.

Expertos legales consultados por Associated Press indican que la incertidumbre persistirá hasta que exista un fallo firme sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.

Recursos para los ciudadanos

Los votantes interesados en verificar el estado de las normas electorales en sus respectivas jurisdicciones pueden consultar los portales oficiales de las secretarías de Estado. Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos cuenta con plataformas digitales para el seguimiento de la correspondencia oficial. Ante cualquier irregularidad o impedimento para sufragar, los ciudadanos deben acudir a las oficinas electorales locales para reportar el caso y recibir orientación sobre los procedimientos habilitados.

En el armado nacional de La Libertad Avanza aseguran que en los próximos meses se vendrán acuerdos electorales diseccionados de manera “artesanal”. Es una forma de indicar que no está previsto que estos se consoliden en las próximas semanas, sino que se fabricarán con el pasar de los meses y con un panorama electoral algo más clarificado que en la actualidad.

Lo cierto es que la postura inflexible que parece demostrar el entorno de la presidenta nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, forma parte de una estrategia de negociación con los jefes provinciales. En el armado partidario indican que no descartan competir en los 24 distritos subnacionales, pero eso puede variar sustancialmente en cada caso.

Un costado de esas conversaciones se encuentra paralizado. Aunque el mes pasado hubo una reactivación de los envíos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a seis provincias, el Poder Ejecutivo todavía no transfirió montos ni partidas a ninguna de ellas en lo que va de mes. Diferentes consultores que miran los asientos contables del Estado marcan que esto se podría reanudar con la frecuencia de sesiones legislativas.

En tanto, las negociaciones que encararán los libertarios podrían exceder el reparto de candidaturas y exigir posiciones en el Senado y compromisos sobre fondos y obras, con la mira puesta también en reconstruir una mayoría parlamentaria más estable en los próximos meses.

En ese marco, el jefe de gabinete Diego Santilli recibirá el jueves a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) para discutir tarifas eléctricas, rutas nacionales y temas pendientes del Congreso. La Región Centro reúne al 20 % de la población del país, concentra un tercio del PBI y el 60 % de la superficie agrícola nacional, y llega a la reunión con reclamos sobre energía, “zonas frías” y “zonas cálidas”, aunque sin incluir en esa agenda el debate por las retenciones.

Respecto de estas tres últimas provincias, a Libertad Avanza tiene decidido materializar un acuerdo electoral con Frigerio similar al que se hizo en 2025. Distinto es lo que sucederá con Llaryora, a quien creen que pueden ganarle la gobernación con la candidatura del jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni. Este escenario abre el juego a que el mandatario provincial pueda esbozar un acuerdo con autoridades nacionales del PJ, aunque ese escenario está lejano. En última instancia, Pullaro incrementó sus vínculos con el mileismo, pero no prevé ceder sus lugares en la provincia ya que se considera con fortaleza suficiente para poder disputar los comicios provinciales contra los libertarios y el peronismo.

Mientras que un sector importante de la Casa Rosada advierte que se debe ceder en una buena parte del país con tal de no complicar la construcción de la candidatura nacional de Milei, los armadores libertarios creen que hay margen para negociar con mayor fuerza de cara al año próximo y ampliar el armado territorial en las provincias, con posibilidad de reclamar ministerios, intendencias y espacios de gestión.

La decisión final sobre cada entendimiento está concentrada en la secretaria general Karina Milei, que define hasta dónde avanzar en cada provincia. Eduardo “Lule” Menem aparece como uno de sus principales interlocutores: conversa con mandatarios y dirigentes locales y le acerca a la funcionaria las propuestas que surgen distrito por distrito.

La discusión interna no gira solo sobre con quién acordar, sino sobre cuánto exigir a cambio de sostener a un aliado provincial. La respuesta de fondo que ordena estas negociaciones es política e institucional a la vez. El oficialismo necesita que los pactos electorales con fuerzas aliadas se traduzcan en respaldo legislativo, sobre todo en la Cámara Alta, después de las dificultades que atravesó con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En Balcarce 50 buscan recomponer una mayoría más previsible sobre la base de los senadores libertarios, la UCR y el interbloque Impulso País. El endurecimiento de esos socios llevó por primera vez al oficialismo a abrir la agenda legislativa a proyectos de otras bancadas, en paralelo con los enviados por el Ejecutivo, como gesto para garantizar quórum y sostener negociaciones “ley por ley”.

La prueba inmediata será la sesión del miércoles próximo en Diputados, donde habrá 16 expedientes en el temario y solo cuatro serán del Ejecutivo. Ese orden no es menor: si esas iniciativas no se aprueban, “el resto de los temas no iban a poder avanzar”. La estrategia de Martín Menem en la Cámara baja apunta a sesiones amplias, con asuntos de interés para distintos sectores, para asegurar asistencia y quórum.

Uno de los ejemplos se conoció la semana pasada, cuando el oficialismo firmó dictamen para el proyecto del misionero Oscar Herrera Ahuad que reduce del 21 % al 10,5 % el IVA a la fécula y la harina de mandioca, una actividad vinculada con la economía regional. Otro caso es el sostenimiento de la Ley Joaquín, impulsada por la UCR, para evitar que la sesión se caiga luego del tratamiento de los temas de otros aliados.

La apertura no se limita a Diputados. En el Senado se habilitó la discusión para regular el mercado de carbono a partir de dos proyectos presentados por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, y este miércoles continuará el debate.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador informó este 25 de agosto sobre la habilitación de ocho centros de votación en Sudamérica para las elecciones generales de 2027. Esta medida busca garantizar que los ciudadanos salvadoreños que residen fuera del país puedan ejercer su derecho al voto durante los próximos comicios, que se celebrarán el 7 de febrero de 2027.

La información oficial del TSE detalla que los centros estarán ubicados en las capitales de:

• Colombia (Bogotá)
• Perú (Lima)
• Ecuador (Quito)
• Bolivia (La Paz)
• Brasil (Brasilia)
• Chile (Santiago)
• Argentina (Buenos Aires)
• Uruguay (Montevideo).

Según el organismo electoral, la ubicación y cantidad de sedes responde a la demanda registrada en el padrón de salvadoreños residentes en el extranjero.

El TSE explicó que la distribución geográfica de los centros busca facilitar la participación y el acceso al sufragio de los connacionales, quienes deberán acudir a los puntos designados para emitir su voto.

El proceso electoral de 2027 en El Salvador contempla la elección de presidente, diputados de la Asamblea Legislativa y representantes al Parlamento Centroamericano. La inclusión del voto exterior sigue la línea de los últimos procesos, en los que la diáspora ha tenido un papel activo.

Las elecciones están programadas para el 7 de febrero de 2027, una fecha en la que se espera una alta participación, tanto dentro como fuera del territorio nacional. La medida anunciada por el TSE se enmarca en un esfuerzo por ampliar la cobertura del voto en el exterior.

De acuerdo con las cifras oficiales, más de tres millones de salvadoreños viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos, pero también en países sudamericanos, centroamericanos y europeos. La habilitación de estos centros en el hemisferio sur busca atender a una parte significativa de esa población.

El organismo electoral ha reiterado que los ciudadanos interesados en votar en el extranjero deben estar inscritos en el registro correspondiente. El proceso de empadronamiento sigue abierto para quienes deseen actualizar sus datos o realizar su inscripción antes de la fecha límite establecida por el TSE.

Centros de votación en Centroamérica, México y Estados Unidos

Además de los centros anunciados en Sudamérica, el el ente colegiado ha confirmado la apertura de sedes en otras regiones de alta concentración de salvadoreños.

En Centroamérica, se habilitarán centros en las capitales de Guatemala (Ciudad de Guatemala), Honduras (Tegucigalpa), Nicaragua (Managua), Costa Rica (San José) y Panamá (Ciudad de Panamá). Cada una de estas ciudades contará con al menos una sede electoral, de acuerdo al número de inscritos en el registro local.

En México, la sede principal estará en Ciudad de México, donde reside una comunidad salvadoreña considerable. La presencia de un centro en esta ciudad responde a la necesidad de cubrir la demanda de votantes en el país vecino.

En EE.UU., el país que alberga a la mayor diáspora salvadoreña, el TSE ha anunciado que se instalarán múltiples centros de votación en ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York, Washington D.C., San Francisco, Boston, Dallas y Miami, entre otras. Según los datos oficiales publicados hasta la fecha, se contabilizan 38 centros de votación en el exterior. Esta cifra corresponde a los anuncios realizados hasta el momento y podría variar conforme avance el proceso de organización electoral.

La información sobre los requisitos, horarios y procedimientos para votar en el exterior está disponible en los canales oficiales del TSE. Las autoridades recomiendan a los salvadoreños en el extranjero consultar regularmente las actualizaciones para asegurarse de cumplir con los requisitos y fechas establecidas.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) finalizó una normativa técnica para el manejo de boletas electorales por correo, aunque su aplicación efectiva permanece bloqueada por la justicia. La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, exige cambios en el diseño de los sobres y la integración de códigos de barras, pero no entrará en vigor para los comicios de noviembre a menos que se levanten las órdenes judiciales vigentes.

El USPS publicó el documento oficial el viernes 21 de agosto de 2026, con una fecha de publicación formal en el Registro Federal fijada para el 26 de agosto, de acuerdo con Reuters. A pesar de este paso administrativo, la institución reconoció que no ejecutará los requisitos de verificación ni los cambios en el procesamiento de sobres mientras persistan las medidas cautelares emitidas por tribunales federales.

Para los votantes, el proceso de sufragio por correo permanece sin alteraciones.

El alcance del fallo judicial

El lunes 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el Gobierno avance con componentes específicos de la orden ejecutiva presidencial, al revocar una medida cautelar previa que bloqueaba parcialmente el decreto, informó ABC News. La mayoría conservadora, en una opinión sin firma (6-3), señaló que los estados demandantes no demostraron daños inmediatos.

Los magistrados aclararon que este fallo no valida la constitucionalidad de la orden, sino que cuestiona la jurisdicción de los tribunales inferiores para intervenir antes de que la norma cause perjuicios reales.

Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan presentaron una disidencia al argumentar que el decreto ya “genera daños potenciales”. En un escrito separado, la jueza Ketanji Brown Jackson criticó a sus colegas por fomentar la confusión ante la proximidad de las elecciones.

La resolución judicial autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a compilar listas de ciudadanía y permite al Fiscal General priorizar investigaciones contra funcionarios electorales, aunque no despeja el camino para la aplicación inmediata de las reglas postales.

Requisitos técnicos y límites de la norma

La regla finalizada del USPS propone que los estados recolecten datos básicos, como el nombre y la dirección, vinculados a un código de barras único en cada boleta. Si la norma llegara a aplicarse, esta información debería ingresarse en un portal federal antes de que el correo acepte el material. El USPS advirtió que no entregaría boletas de estados que incumplan estos estándares, aunque aclaró que no desempeñará un rol en la verificación de la elegibilidad de los votantes.

La normativa es una versión más limitada de las peticiones iniciales de la Casa Blanca, que buscaban una centralización mayor de los padrones. El Servicio Postal enfatizó que la regla no establece excepciones específicas para militares, personas con discapacidad, enfermedad o viajes, pero tampoco constituye una prohibición del voto por correo.

La entidad sostiene que los cambios buscan incrementar la visibilidad sobre la cadena de custodia de los materiales, a pesar de las críticas sobre la viabilidad de su implementación.

Desafíos logísticos y cronograma electoral

El calendario electoral representa el desafío principal para la administración, ya que los estados deben enviar las primeras boletas a militares y residentes en el extranjero el 4 de septiembre. Expertos señalan que resulta virtualmente imposible que los estados modifiquen sus sistemas de impresión y carga de datos en un plazo de 71 días antes de la elección general. La incertidumbre persiste debido a que una orden judicial distinta, emitida en Boston, continúa prohibiendo la implementación de cambios procedimentales en el manejo de boletas en gran parte del territorio nacional.

La senadora republicana Lisa Murkowski cuestionó la viabilidad de estos mandatos federales, al citar las dificultades de implementación de programas de identificación oficial en Alaska. La legisladora advirtió que las reformas de este tipo suelen derivar en problemas operativos graves en el mundo real. Mientras tanto, el Servicio Postal, que recibió más de 200 mil comentarios públicos sobre el cambio, sostiene que la medida permitirá una mejor identificación de incidencias durante el proceso.

Debate sobre la soberanía electoral

La centralización de los datos electorales bajo control federal genera un fuerte rechazo entre expertos y organizaciones civiles. Jonathan Diaz, director de defensa del voto en el Campaign Legal Center, advierte que esta medida otorga al Ejecutivo una influencia excesiva sobre la configuración del electorado. Al respecto, Diaz sostiene que esta política representa “un intento de imponer una solución vertical a un sistema que ya está funcionando”. Los críticos subrayan que la Constitución otorga esta competencia exclusiva a los estados o al Congreso, y no al Poder Ejecutivo.

Este conflicto ocurre en paralelo al estancamiento de la SAVE America Act, una pieza legislativa republicana que exige pruebas de ciudadanía y fotografía para sufragar. El presidente ha presionado por su aprobación, incluso mediante la eliminación del bloqueo parlamentario en el Senado. La administración insiste en que las nuevas reglas postales facilitarán la aplicación de la ley federal, aunque el impacto real en los comicios de mitad de periodo permanece supeditado a la resolución de los litigios pendientes.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio este lunes una victoria provisional al presidente Donald Trump en su intento de imponer nuevas restricciones al voto por correo a través del Servicio Postal. Con el voto en contra de las tres magistradas progresistas, el alto tribunal suspendió una de las dos resoluciones dictadas por un juzgado federal de Boston que bloqueaban partes centrales de la orden ejecutiva firmada por Trump en marzo, a menos de tres meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La decisión, adoptada por seis votos contra tres, no resuelve si el Gobierno tiene autoridad legal para dictar normas sobre la administración de las elecciones, una potestad que la Constitución reserva en gran medida a los estados. El tribunal se limitó a determinar que la demanda presentada por California y otros 22 estados, más el Distrito de Columbia, había sido planteada de forma prematura, antes de que las agencias federales terminaran de definir cómo aplicarían la orden. “La resolución de esta solicitud no significa que cualquier medida que adopte el Gobierno para implementar la orden vaya a ser necesariamente legal”, advirtió el tribunal en una opinión no firmada: “En eso, el tiempo lo dirá”.

La jueza Sonia Sotomayor, en su voto discrepante, subrayó los límites del fallo. “La decisión de hoy no aborda si los intentos del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 son legales. Tampoco sugiere que el Poder Ejecutivo tenga autoridad constitucional o estatutaria para implementar las directivas del presidente”, escribió. “En cambio, la decisión de hoy simplemente pospone la resolución de esos desafíos”.

La orden ejecutiva de marzo encarga al Departamento de Seguridad Nacional la elaboración de listas estatales de ciudadanos habilitados para votar, que los estados deberían remitir al Servicio Postal. Sobre esa base, la agencia postal exigiría el uso de sobres con códigos de barras y podría negarse a entregar papeletas a quienes no figuren en esas listas. Trump sostiene que la medida combate el fraude electoral, aunque no ha aportado pruebas que respalden una práctica extendida de irregularidades en el voto por correo, un método que él mismo utilizó en la elección especial de Florida de este año.

El fallo de la Corte Suprema no garantiza que el plan pueda aplicarse antes de noviembre. Persiste una segunda orden judicial, dictada el 11 de agosto por la jueza federal Indira Talwani en Boston en una demanda distinta presentada por organizaciones de defensa del voto, entre ellas la Liga de Mujeres Votantes y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Esa resolución, de alcance nacional, sigue impidiendo que el Servicio Postal ejecute los nuevos procedimientos y no se vio directamente afectada por la decisión de este lunes. La propia agencia postal había advertido, al publicar sus regulaciones la semana pasada, que no aplicaría cambios para los comicios de 2026 salvo que la Corte Suprema fallara a favor del Gobierno.

El trasfondo del litigio se remonta a junio, cuando Talwani ya había bloqueado los aspectos centrales de la orden en una demanda impulsada por los 23 estados, al considerar que la Casa Blanca carece de autoridad para dictar reglas electorales que corresponden a las administraciones estatales. La jueza reiteró su postura en agosto, al advertir que faltaban menos de 90 días para las elecciones y que resultaba imprescindible una medida cautelar para impedir cambios de última hora en las reglas de votación. El Gobierno argumentó ante la Corte Suprema que los tribunales inferiores actuaron de forma anticipada, ya que las agencias federales aún no habían determinado cómo, ni siquiera si, aplicarían la orden en la práctica.

La disputa se inscribe en una ofensiva más amplia de Trump para modificar el sistema electoral estadounidense, que incluye su respaldo a un paquete legislativo de restricciones al voto conocido como SAVE America Act, actualmente ante el Congreso de mayoría republicana. Especialistas en derecho electoral coinciden en que, incluso con luz verde judicial, la implementación completa del plan resulta improbable para estos comicios: el Servicio Postal, con recursos limitados, dispondría de apenas semanas para adaptar su operativa antes de que varios estados comiencen a enviar las papeletas.

El caso, registrado como Trump v. California, previsiblemente regresará ante Talwani en Boston en los próximos días, cuando la jueza deba pronunciarse sobre las regulaciones postales definitivas que la agencia tiene previsto publicar este miércoles.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó las condiciones que debe garantizar la persona que sustituya a Rubén Rocha Moya al frente del gobierno de Sinaloa, esto luego de que pidió su segunda licencia a poco más de 30 horas de haber regresado al cargo.

Y es que tras el anuncio, la presidenta no dudó en mostrar su rechazo del retorno de Rocha Moya al gobierno, lo cual fue secundado tanto por Morena como por los actuales gobernadores emanados del partido.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria afirmó que la decisión de regresar de Rocha Moya no le “parecía pertinente” y la definió como “imprudente”, además de que reiteró que se enteró por medio de la publicación en sus redes sociales en la que anunció su retorno.

Al ser cuestionada sobre los hechos, también explicó que el nuevo gobernador o gobernadora deberá garantizar la gobernabilidad de Sinaloa y que se lleven a cabo de manera pacífica las elecciones de 2027.

El perfil que Sheinbaum pide para el próximo gobernador

Respecto al perfil que espera del próximo mandatario estatal, la presidenta dijo que debe ser una persona con capacidad, profesionalismo, honestidad y entrega al pueblo de Sinaloa, pero explicó que será el Congreso del Estado quien tiene que elegir al sustituto de Rocha Moya.

Además, pidió que tengan en cuenta que, ante todo, la persona encargada de dirigir al estado debe haber honestidad, honradez, entrega por el pueblo y la patria.

Al ser cuestionada sobre si Rocha Moya tuvo comunicación con el Gobierno Federal, Sheinbaum lo negó rotundamente y, durante la conferencia, también aseguró que no tiene planeado hablar con él.

“Sinaloa puede saber que ahí estamos, que el Gobierno Federal está ahí, y están los otros poderes y está por definirse quién va a ser el gobernador o gobernadora. Hoy le pregunté al general secretario cuántos efectivos tenemos en Sinaloa, son 15 mil efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional, hay mil 500 efectivos de la Secretaría de Marina, particularmente en Mazatlán, y estamos atentos a todos los temas de seguridad”, afirmó.

Sin embargo, esta mañana el Congreso de Sinaloa confirmó a esta casa editorial que fue suspendida hasta nuevo aviso la sesión extraordinaria en la que se definiría al gobernador interino, por lo que el cargo aún sigue sin ocuparse oficialmente.

¿Ruptura con Rocha Moya?

El regreso de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador se realizó en medio del rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, incluso hubo reacciones por parte de exfuncionarios de Estados Unidos como Dereck Maltz, exdirector de la DEA, quien pidió su deportación.

Al no encontrar el apoyo por parte de su partido ni de la presidenta, Rocha Moya decidió solicitar una segunda licencia indefinida como gobernador que se concretó a poco más de 30 horas de haber retornado.

Al ser cuestionada sobre si existe una ruptura política entre ella y Rocha, la presidenta dudó un par de segundos su respuesta y afirmó que no está “de acuerdo con su decisión de regresar” debido a que no es un asunto personal, sino del gobierno de Sinaloa.

“¿Qué necesidad de regresar? Nada personal puede estar por encima de los intereses del pueblo de Sinaloa y del pueblo de México, y me pareció imprudente su decisión, y hasta ahí“, aseguró.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que en el actual contexto en el que existe un asedio externo de intentos de injerencia -en clara alusión al gobierno de Donald Trump-, lo que se debe hacer es “mantener los principios, no olvidar por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

Además, señaló que los políticos que pertenecen al Movimiento de la Cuarta Transformación no deben perder sus principios y tener en cuenta su deber frente al país y al pueblo: “Ante la duda los principios siempre, y eso es lo que debemos tener en mente”.

La disparada del viernes del rendimiento del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años a 4,74%, el mayor retorno de los últimos tres años, obliga a que la meta de riesgo país de la Argentina sea más baja que la estimada hace un tiempo.

Es que llegar a un riesgo país de 400 puntos básicos no es suficiente. Para pagar tasas accesibles deberá quebrar el piso de 350 unidades. Estados Unidos está encareciendo las tasas internacionales y aumentando la inflación. El gobierno de Javier Milei, atribulado en las internas locales, no ha señalado su mayor logro: si no se hubiera hecho este ajuste, con la crisis internacional actual la Argentina estaría en una situación similar a la del 2001.

El desempleo, la morosidad, la caída de los salarios y jubilaciones es un drama que padece el mundo. Francia se encuentra en una tensa situación fiscal y Brasil tiene el récord de deudores morosos. Estados Unidos y Europa padecen la inflación y el desempleo, sin hablar del drama de los alquileres. Mal de muchos no siempre es consuelo de tontos; a veces sirve para demostrar que se va por el camino correcto para evitar que la crisis se sienta con todo su rigor. Las consultoras se ocuparon de todos estos temas.

Econométrica alertó que “Estados Unidos paga hoy más por los intereses de su deuda que por defensa. La dinámica plantea un desafío adicional hacia adelante. Si las tasas de largo plazo permanecen elevadas, el Tesoro deberá refinanciar una parte creciente de su deuda a un costo superior. Por eso, el nivel de los rendimientos de los bonos no es solo una variable financiera: empieza a tener un impacto cada vez más directo sobre las cuentas públicas y la capacidad fiscal de Estados Unidos”.

El informe agregó que “el impacto de la suba de las tasas no se limita a su mercado financiero. La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años funciona como referencia global y establece, en la práctica, un piso para el costo de financiamiento en dólares de los mercados emergentes. Esto es particularmente relevante para Argentina, donde el riesgo país volvió a aumentar, encareciendo el spread que los inversores exigen para mantener deuda argentina. El riesgo argentino se suma ahora a una tasa libre de riesgo estadounidense más elevada. Tomando los datos mensuales de ambos índices, la combinación actual implica que la Argentina debería pagar hoy una tasa cercana al 9,2% para emitir deuda en dólares con 10 años de duration”.

En cuanto a la actividad económica local, el reporte señaló que “es quizás la primera vez en la historia del país, que se vive un boom en las exportaciones, que no se acompaña con un boom en el consumo. Literalmente Argentina ahorró todo el shock externo e incrementó las reservas, para asegurar el pago de la deuda externa hasta las elecciones del 2027, sin necesidad de acceder a los mercados”.

Por su parte, EconViews, la consultora que dirige Miguel Kiguel, advirtió que “no hay dudas de que el segundo semestre presenta un panorama más complejo para la economía. La abundante oferta de dólares que permitió mantener la estabilidad cambiaria y comprar más de USD 13 mil millones de dólares durante la primera parte del año, parece haber quedado atrás y mientras la actividad económica sigue débil, el humor del mercado se volvió un poco más negativo”.

A la vez, destacó que el Gobierno defiende el dólar a $1.500 “posiblemente porque considera que el ancla cambiaria es clave para sostener la desinflación y la calma en la calle. Lo que resulta más difícil de entender es tanta rigidez con ese nivel puntual, considerando que está 25% debajo del techo de la banda y que el tipo de cambio real ya se apreció 10% en lo que va del año. Es verdad que un dólar un poco más alto podría tener algún efecto sobre los precios, pero también permitiría relajar la política monetaria, comprar más reservas y descomprimir a varios sectores de la economía real”.

La consultora de Kiguel se enfocó además en “la actividad económica que a pesar de que mejoró 0,8% mensual en junio, el segundo trimestre cerró con una caída de 0,9% del PBI y los datos preliminares de julio no muestran ningún despegue. Tampoco ayudaron los números de empleo formal, que sigue cayendo, ni los de confianza del consumidor. Un blend poco amigable para las encuestas. En este contexto, el riesgo país se fue arriba de 500 puntos. La suba había empezado como respuesta al deterioro de Milei en las encuestas y a los datos lúgubres de actividad, y a contramano del resto de los países de alto riesgo, que estuvieron bajando su costo de financiamiento. Pero esta semana, con las tasas largas en Estados Unidos subiendo, el clima risk-off (aversión al riesgo) fue global. El encarecimiento del costo de emitir deuda es un problema grande porque el Gobierno necesita colocar unos USD 10 mil millones de acá a las elecciones para cumplir con el programa financiero, y a medida que pasa el tiempo las ventanas se van achicando”.

FMyA, la consultora encabezada por Fernando Marull, remarcó que “el BCRA compra menos reservas, pero igual el dólar sigue con techo de $1500. Las tasas de interés se tensaron arriba de 2,2% mensual buscando calmar el dólar y la inflación y el Tesoro salió al rescate. El riesgo país saltó a 530 puntos básicos ¿Lo positivo? La inflación de agosto sigue calma (a 1,8%) con nuevos salarios que empatan a la inflación, y la economía continúa estable (EMAE junio +0,8% y 2,7% anual). Seguimos proyectando rebote moderado para el segundo semestre de 2026, con mejora de ingresos”.

La consultora de Marull observó un “mayor nerviosismo en el mercado, la economía y la política. Igualmente, advertimos que esto lo vemos como ‘coyuntural’. Hoy la economía no está ni en crisis ni en recesión, como a esta altura con Macri en 2018 o Fernández en 2022. La macro esta más fuerte, y la micro sigue débil, y está pegando en el malhumor de la población y en el frente político. Pero es reversible”.

En tal sentido, aseguró que “el mercado espera buenas novedades económicas: baja inflación, más actividad y más apoyo al Gobierno. Creemos que la baja de bonos es más coyuntural que de crisis: y podríamos ver un rebote en el corto plazo, tanto en bonos como acciones”.

La consultora 1816 coincidió que en “estos últimos días el mercado local volvió a vivir, aunque en dosis pequeñas, lo que experimentó en 2025: el Gobierno volvió a usar la tasa para alcanzar un objetivo cambiario. El 28 de julio, cuando fijó el tipo de cambio la letra dollar linked D31L6, el equipo económico mandó una señal contundente de que no quería que el spot superara los $1.500. En esa rueda el BCRA no compró divisas tras 135 saldos positivos consecutivos y el Tesoro vendió casi USD 150 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC)”.

Y agregó: “Tras semejante señal, el dilema era qué hacer si las presiones no cesaban: dejar subir al tipo de cambio (con el costo que tendría en la credibilidad del Ejecutivo) o aceptar un movimiento de tasas (habiendo 5,9 millones de individuos en mora). Se optó por este último camino y la incógnita es dónde frenará el movimiento, que dependerá de cómo evolucione el sentimiento del mercado sobre la economía (los últimos datos de empleo asalariado registrado en el sector privado fueron negativos: 12 caídas mensuales consecutivas). La estrategia oficial no solo afectó a las tasas cortas: las curvas soberanas en pesos siguieron aflojando y el riesgo país subió más de 100 puntos básicos en un movimiento idiosincrático. El costo de mantener el techo de $1.500 es alto, lo que lleva a preguntarse cuánto tiempo quisiera el Gobierno sostener ese nivel (no tenemos respuesta)”.

“Si a 14 meses de la elección el Gobierno está dispuesto a que las tasas se muevan tanto en tan pocos días para mantener un nivel de spot, es natural hacerse la idea de que a medida que nos acerquemos a los comicios podamos vivir episodios de estrés mucho mayores”, concluyó.

La consultora F2 de Andrés Reschini apuntó que “con la Reserva Federal (FED) más inclinada a elevar las tasas y muchas dudas sobre la sostenibilidad del alto grado de endeudamiento de Estados Unidos, los rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano a 30 años alcanzan el nivel más alto desde 2007 lo que impacta negativamente en las valuaciones de la deuda emergente y, también en la Argentina a la que, además, se le suman cuestiones locales ya que el mercado comienza a poner en precios la incertidumbre electoral de cara a 2027”.

El análisis puntualizó que “mientras tanto, el Gobierno sigue defendiendo el techo implícito de $1.500 para el tipo de cambio y el Tipo de Cambio Real (ITCRM) consigue mantenerse estable desde fines de abril. El nivel que defiende es el de un peso relativamente fuerte con reservas netas aún débiles, riesgo país por encima de 500 puntos y dudas en torno al apoyo social.

F2 opinó que “el mercado no le cree demasiado a los casi $1.500 pero tampoco parece haberle costado un gran esfuerzo al Gobierno sostenerlo, más allá de la suba de tasas en pesos. Por lo tanto, podríamos decir que no hay expectativas de un tipo de cambio mucho más allá de este nivel, bajo las actuales circunstancias. Aun así, el próximo miércoles se fija el tipo de cambio para el pago de la letra D31G6 para la que, luego de la conversión y canje con BCRA, resta un stock de USD 2.595 millones y podría gatillar una mayor demanda de cobertura por rolleo y spot que pondría a prueba el techo implícito de $1.500”.

Por otra parte, un informe de Aldazabal y Cía., realizado por el economista jefe Mariano Ortiz Villafañe, se concentró en la cobertura cambiaria al argumentar que “a fin de julio, la posición corta del BCRA en futuros del tipo de cambio era de USD 485 millones (- USD 7 millones en el mes). El short del BCRA tocó un máximo USD 6.800 millones a fin de setiembre pasado, previo a las elecciones, en medio de una fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido pre electoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente hasta los mínimos actuales”.

“El repunte de la demanda de cobertura cambiaria desde mayo pasado fue abastecido principalmente por el Tesoro mediante ventas de títulos dollar linked. De este modo, el Central mantiene el poder de fuego para intervenir en Rofex, donde tiene un límite máximo de USD 9.000 millones para su posición corta”, acotó.

En el overnite, anoche los principales indicadores de las Bolsas de Nueva York estaban neutros, mientras las Bolsas europeas abrían en verde. El petróleo no definía tendencia, se registraba una leve suba en el oro y también se fortalecía el dólar. El Bitcoin, a su vez intentaba perforar los 78.000 dólares.

La recuperación de los títulos soberanos locales, iniciada el viernes, dependerá de la cotización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

La discusión sobre las reglas que regirán los próximos procesos electorales en Honduras entrará en una nueva etapa con la presentación de un anteproyecto de reformas a la Ley Electoral, a cargo de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.

El presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, uno de los principales objetivos de la iniciativa es modificar disposiciones relacionadas con el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), en particular las vinculadas con la participación de sus consejeros en las sesiones plenarias.

Zambrano sostuvo que los integrantes del organismo electoral deben tener la obligación de asistir a todos los plenos, debido a que sus decisiones son fundamentales para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales.

El planteamiento contempla establecer consecuencias para los consejeros que incumplan con esa responsabilidad. Según explicó, las ausencias injustificadas podrían generar responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal, además de convertirse en elementos que podrían dar paso a una eventual destitución.

La propuesta surge, según el presidente del Congreso, a partir de las dificultades que se presentaron durante el proceso electoral de 2025, cuando la ausencia de uno de los consejeros generó preocupación sobre el funcionamiento del organismo encargado de administrar las elecciones.

Zambrano insistió en que una situación similar no debería repetirse en futuros procesos electorales. Bajo esa perspectiva, la reforma pretende establecer mecanismos que garanticen que el CNE pueda continuar tomando decisiones incluso cuando existan diferencias entre sus integrantes.

Igualdad de condiciones

La iniciativa también contempla que las obligaciones relacionadas con la integración de los plenos no recaigan únicamente sobre los consejeros propietarios. Los suplentes también tendrían responsabilidades dentro del funcionamiento del organismo electoral.

El presidente del Congreso recordó que durante el proceso anterior hubo representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) que no acudían a los plenos, una situación que, a su criterio, generó obstáculos en el desarrollo de las actividades del órgano electoral.

Otro de los componentes que se incluirían en el anteproyecto está relacionado con la integración de las Juntas Receptoras de Votos. Se planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor participación de ciudadanos que no necesariamente estén vinculados de manera directa con los partidos políticos en la conformación de las mesas electorales.

La denominada ciudadanización de las mesas busca, según la explicación ofrecida por el funcionario, permitir una participación más amplia de la sociedad civil en la integración de las JRV.

Este punto forma parte de una discusión más amplia sobre la confianza y la transparencia de los procesos electorales, en especial en la etapa en que se reciben y contabilizan los votos en cada centro de votación.

Dentro de los cambios planteados también figura un mecanismo para regular las sustituciones de las personas que integran las estructuras electorales.

Es decir, si una mujer inscrita para integrar una instancia electoral renuncia, su reemplazo deberá ser otra mujer. De la misma manera, si el puesto corresponde inicialmente a un hombre, la sustitución tendría que realizarse por otro hombre.

Otro de los cambios planteados es que se busca que, en futuros comicios, la ciudadanía pueda conocer los resultados durante el mismo día de la elección, con una reducción de los tiempos de espera que históricamente han generado incertidumbre después del cierre de las urnas.

Presentación del anteproyecto

Tomás Zambrano mencionó los mecanismos utilizados en países como Chile y Colombia, donde los resultados preliminares son divulgados pocas horas después de concluida la votación.

La intención, según explicó, es que Honduras pueda avanzar hacia un sistema de transmisión que permita contar con información electoral de manera más rápida, sin que ello implique eliminar los procedimientos posteriores necesarios para verificar y oficializar los resultados.

Los escrutinios especiales constituyen una fase posterior a la jornada de votación en la que se revisan determinadas actas o materiales electorales para resolver inconsistencias y confirmar los resultados correspondientes.

La Comisión de Asuntos Electorales será la encargada de presentar formalmente la propuesta ante el Congreso Nacional. A partir de ese momento comenzará la discusión legislativa sobre los cambios planteados a la Ley Electoral y sobre los mecanismos necesarios para incorporarlos al marco que regula los procesos electorales del país.

Zambrano aseguró que el documento ya contiene algunos acuerdos y que su presentación permitirá conocer con mayor precisión el alcance de las modificaciones que se pretenden impulsar.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) publicó el viernes una normativa para endurecer los requisitos del voto por correo de cara a las elecciones legislativas de noviembre, aunque la medida no podrá aplicarse por ahora debido a una orden judicial que la bloquea, según informó Reuters. La agencia emitió este reglamento para que entre en vigor de inmediato si un tribunal levanta la prohibición actual.

La nueva regla, cuya extensión alcanza las 95 páginas, establece estándares estrictos para los estados. El USPS sostiene que estas medidas garantizan el cumplimiento de la ley federal y facilitan los esfuerzos de las autoridades.

Detalles de la nueva normativa postal

La regla impone exigencias específicas a las administraciones estatales para el manejo de la correspondencia electoral. El objetivo declarado es aumentar la visibilidad de las boletas dentro del sistema de procesamiento automatizado:

• Listas de electores: los estados deben entregar al USPS los registros de los ciudadanos que reciben boletas por correo.
• Códigos de barras: los sobres de envío y devolución deben incluir identificadores únicos y seriados para su seguimiento.
• Restricción de entrega: el servicio postal no entregará boletas en aquellas jurisdicciones que incumplan estos nuevos parámetros.
• Privacidad: la normativa prohíbe a los empleados postales abrir sobres cerrados o inspeccionar el contenido de los votos.
• Información externa: el organismo mantendrá datos externos del sobre, tales como la dirección y la información del código de barras.

Contexto judicial y político de la medida

La jueza federal de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, bloqueó la adopción de estas normas la semana pasada. La magistrada determinó que la agencia carece de la autoridad legal necesaria para implementar tales cambios. Además, el fallo considera que la modificación resulta demasiado drástica y cercana a la fecha de los comicios.

El presidente Donald Trump ordenó la creación de estas reglas en marzo, tras años de insistencia sobre la necesidad de normas más estrictas para el voto por correo. El mandatario ha sostenido afirmaciones sobre fraude electoral en los comicios de 2020, a pesar de la falta de pruebas. Por su parte, el director general de correos, David Steiner, defendió el plan en junio al afirmar que el objetivo es asegurar la correspondencia entre las boletas enviadas por los estados y las recibidas.

Muchos estados y legisladores demócratas rechazan la medida al argumentar que el servicio postal carece de potestad para definir reglas electorales. La incertidumbre sobre la implementación persiste mientras los equipos legales analizan los próximos pasos. La disputa subraya la tensión existente sobre el papel de las agencias federales en la administración de procesos electorales locales.

Recomendaciones vigentes para los votantes

El USPS mantiene procesos establecidos para el manejo de la correspondencia electoral. Los votantes deben considerar las siguientes directrices para asegurar la participación exitosa mediante el correo:

• Antelación: la agencia sugiere enviar el sobre al menos una semana antes de la fecha límite establecida por la jurisdicción local.
• Matasellos manual: si el votante desea asegurar que su sobre reciba un matasellos en la fecha de envío, debe acudir a un mostrador postal y solicitar el servicio manual gratuito.
• Clasificación del envío: las boletas completadas se procesan como First-Class Mail, a menos que el usuario seleccione servicios de carácter premium.
• Franqueo: es responsabilidad de los funcionarios electorales informar a los ciudadanos sobre los requisitos específicos de franqueo cuando no se utilizan sobres de respuesta prepagados.
• Verificación local: el organismo recomienda a los ciudadanos consultar las normativas, plazos y políticas específicas que cada autoridad electoral estatal define para sus procesos.

El futuro de la disputa legal

La norma se publicará formalmente el 26 de agosto, pero la agencia no realizará acciones para implementarla a menos que un tribunal anule el mandato judicial. El USPS declinó hacer comentarios adicionales sobre el litigio y remitió las preguntas a la Casa Blanca. El calendario judicial determinará si estos cambios impactarán el proceso electoral de noviembre o si quedarán suspendidos durante el ciclo actual.

La agencia postal insiste en que estas medidas ayudan a determinar la adherencia a la ley federal y facilitan las labores de las fuerzas del orden. No obstante, la batalla legal se concentra en la capacidad de la entidad para alterar los procedimientos de votación sin una intervención legislativa previa.

Mientras los tribunales deliberan, el servicio postal mantiene sus operaciones habituales para asegurar la entrega de la correspondencia.

En la Casa Rosada ven que la coyuntura se les empantanó más de lo que pensaban, pero creen que tienen el margen suficiente para poder retrotraer las visiones negativas sobre la marcha de la gestión que, hoy, expresa una parte de la sociedad.

“Que estemos hablando de elecciones a esta altura del año no es normal”, afirma a Infobae uno de los principales estrategas libertarios. Cree que la discusión de estas últimas semanas fue, simplemente, un primer careo entre los diferentes actores del sistema de partidos y que el escenario puede variar de manera sustancial en poco tiempo.

En los próximos meses, La Libertad Avanza terminará de cerrar acuerdos políticos con distintos gobernadores. Esto comenzará a reconfigurar una parte del escenario de cara al año próximo. La discusión de las PASO y la Reforma Política se dejará para el último bimestre del año. En todo caso, creen que la construcción de acuerdos para suspender las Primarias debe darse en base a las victorias legislativas que se darán en las próximas semanas y al acercamiento de una aprobación del Presupuesto 2027. Por lo bajo, los operadores políticos del oficialismo seguirán negociando con las provincias, mientras en la superficie buscarán mostrar fortaleza en los distintos armados provinciales como para no desincentivar a las bases de la militancia.

En el Gobierno, hay quienes ya miran con cierto cansancio la discusión sobre las PASO. “El peronismo se va a reconfigurar de la manera que le sea mejor. Si tienen Primarias, competirán. Si no las tienen, van a buscar la unidad. A diferencia de lo que ellos piensan, nosotros nos vemos mejor en un balotaje. Eso siempre que se mantengan los principales nombres del peronismo”, indica un operador de la Casa Rosada, en referencia a Axel Kicillof, Sergio Massa o a algún actor vinculado a La Cámpora.

Otro estratega coincide con esa lectura, pero pone una salvedad que tampoco escapa a otros despachos del Gobierno: el problema está en la proyección para adelante y no en la foto de hoy, porque queda más de un año para un eventual panorama decisivo. Este actor expresa particular preocupación por cómo están reaccionando los bonos y el Riesgo País. En público, el oficialismo elige decir que el Presidente tiene un panorama seguro: ganar en primera vuelta. Es lo que expresó en su conferencia semana el vocero presidencial Adrián Ravier.

“Todavía sigue arriba el Peluca, pero si el año pasado ganó por 15 puntos, hoy está a 5 puntos de diferencia. La cuestión es cómo sigue todo durante los próximos meses. Si me preguntás cuáles son los drivers para el crecimiento, siento que no tengo una respuesta para darte”, admite la fuente. Una fuente de primerísima línea del PJ indicó a Infobae que, según sus estimaciones, Milei está midiendo 32 puntos en unas PASO. Falta mucho.

Volviendo al plano económico, estas respuestas y certidumbres son las que el propio Javier Milei trató de darle a la crème empresarial y económica ayer en el Council of the Americas. Allí transmitió su optimismo de cara a las elecciones presidenciales con una batería de indicadores macroeconómicos que, según el propio mandatario, “no tienen precedente en la historia argentina”.

La lectura empresarial fue relativa y parecieron haberse quedado más tranquilos por lo que les dijo el asesor presidencial Santiago Caputo en una reunión privada, en la que convalidó su optimismo para un escenario de segunda vuelta, pero hizo la salvedad de que el empresariado debe renovar sus perspectivas para evitar un círculo vicioso de impresivibilidad sobre el panorama del año próximo.

En el apartado más político del discurso, Milei confió en que los argentinos “no van a querer volver al pasado” y descartó que el electorado opte por lo que denominó “el camino de Cuba”. Uno de los economistas que más escucha el Presidente trata de empaparse de optimismo al decir que “lo que hay es un microclima mediático”. “Hay gente que tiene dificultades, pero sabe que el rumbo es correcto”, afirma.

Más de un estratega del Gobierno cree que la pregunta que marcará la elección del año próximo no será sobre el futuro, sino sobre el pasado. “La clave de la próxima elección va a ser ‘¿qué te asusta más?’, y vemos que el peronismo está lejos de configurar un programa político-electoral que le permita separarse del desastre que fue la administración del Frente de Todos”, afirmó uno de los cerebros oficialistas. Un escenario desfavorable que advierten es la fragmentación de la centroderecha en varias opciones electorales; para unirlas, remiten a la máxima que Milei hizo suya semanas atrás: “Dependemos de nosotros mismos”.

El presidente Javier Milei no transita los pasillos de la Casa Rosada desde hace tres semanas, pero eso no implica que no haya movimientos relevantes. Las restricciones que el Gobierno impuso sobre los periodistas acreditados impiden verlos nítidamente, pero las reuniones en ciertos despachos del Ejecutivo no se frenaron.

En las últimas semanas se incrementaron las convocatorias por parte de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, a diferentes diputados y senadores nacionales para adelantarles las próximas directivas que emanarán de la cúpula de La Libertad Avanza.

La presidenta del espacio y su principal armador nacional planean realizar una serie de fotos con los legisladores nacionales de cada una de las provincias. Harían una reunión por cada distrito subnacional y la coronarían con una foto. Algunos de esos encuentros que ya están marcados en el calendario para la semana que viene y se darán cerca de la sesión que se realizará en la Cámara de Diputados.

“Hay una intención de demostrar poder”, afirma una fuente libertaria en estricta reserva. Y es que La Libertad Avanza está entrando poco a poco en negociaciones de carácter político y electoral con gobernadores aliados; con varios de ellos ya está definido que realizarán una coalición electoral, aunque con otros existe un tire y afloje.

Estas fotos no se diferenciarían demasiado de lo que ya organizó el karinismo con anterioridad. Hace un mes, la hermana del Presidente convocó a los legisladores porteños a debatir la estrategia política para los próximos meses en la Legislatura de la Ciudad. Lo mismo sucedió la semana pasada, cuando fueron diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

Las próximas fotos serán distintas: tienen el componente de que no estarán los legisladores provinciales de cada uno de esos distritos (si es que los tienen), sino que para algunas provincias ya está definido sumar a los representantes de ambas cámaras del Congreso para mostrar cierto nivel de fortaleza y de unión del armado antes de las negociaciones.

Infobae supo de encuentros de delegados libertarios de la Región Patagónica y del Norte Grande en la Casa Rosada; son lugares donde La Libertad Avanza tiene intenciones de competir en términos serios. La semana pasada, un importante referente de la estructura del partido afirmaba a este medio que el espacio quiere competir en los 24 distritos subnacionales. Esto no es más que una exageración: hay provincias donde ya se prevé un esquema de competición coordinada con el gobernador o de integración electoral.

¿Podrá ser el caso de la próxima provincia a la que viajará Karina Milei? La presidenta nacional de LLA estará mañana en Santa Fe y no está descartado que pueda realizar alguna acción con la militancia provincial. En principio, la excusa sigue siendo la compañía que le brindará a su hermano en su alocución en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En ese mismo recinto estará el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien los Milei han establecido un vínculo más sólido en el último tiempo.

Es que La Libertad Avanza no tiene una figura con conocimiento o intención de voto elevado que permita pensar que pueda llegar a ser lo suficientemente competitivo para una carrera a la gobernación. La provincia es particular en la disposición que tienen los partidos: el radicalismo de Pullaro tiene una alianza táctica con el socialismo que sigue siendo fuerte respecto a las demás fuerzas. La Libertad Avanza sigue tercera, lejos del peronismo que tiene dirigentes como Omar Perotti, Marcelo Lewandowski, Juan Monteverde o Caren Tepp.

En tanto, la Casa Rosada busca dar gestos hacia los gobernadores para poder destrabar las reformas más importantes que tiene el oficialismo en el corto y mediano plazo: los proyectos con media sanción en ambas cámaras, el Presupuesto 2027 y la reforma política.

Se trata de un doble juego, porque el oficialismo debe volver a generar confianza con algunos mandatarios provinciales para que estos voten los proyectos que impulsa el Gobierno, pero al mismo tiempo tratan de mostrar fortaleza con su propio armado provincial para poder sacar la mayor tajada al momento de las negociaciones electorales con los oficialismos locales.

En lo que va de este mes, la Casa Rosada no realizó ninguna transferencia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), conocidos informalmente como transferencias discrecionales. Quienes siguen de manera fina estos números esperan que algunos de estos desembolsos se puedan producir cerca de las sesiones legislativas, ya que el oficialismo lo utiliza como un mecanismo de persuasión para que los aliados voten favorablemente.

Así como existe desconfianza de algunos gobernadores hacia Nación, también sucede como efecto espejo. Una importante fuente de la estructura política de LLA confesaba días atrás: “Siempre les conviene un Gobierno que despilfarre presupuesto y fondos para sus provincias (en relación al acercamiento que la cúpula del PJ está haciendo con mandatarios que en su momento fueron aliados al mileismo). Yo lo que veo es que la economía va a estar ordenada para el año próximo, y que esa condición va a generar la promesa en el peronismo de que si logran asumir, van a transferir muchos fondos”. De todas maneras, falta mucho.

A partir de ahora, la Justicia Electoral de La Rioja contará con una nueva estructura institucional tras la entrada en vigencia de la Ley N° 10.898, que fue promulgada el martes 18 de agosto mediante el Decreto N° 1.278. Esta norma reemplazó el régimen que regía desde 1983, con el objetivo de reorganizar los órganos judiciales y redefinir competencias para garantizar mayor celeridad y especialización en los procesos electorales provinciales.

El cambio central no afectará el modo en que los riojanos votan, debido a que se concentró en cambiar la estructura de la Justicia Electoral. De esta manera, se creó el cargo de juez electoral provincial permanente, con designación vinculada a la Constitución Provincial y al Consejo de la Magistratura.

La duración del mandato será de diez años y el salario igual al de un juez de Cámara. En línea con esto, esta figura contará con una secretaría propia, con requisitos y jerarquía equiparables a la Función Judicial. Así, se buscará dar continuidad y especialización a una función que anteriormente era transitoria y dependía de otros juzgados.

De acuerdo con Nueva Rioja, la nueva ley establece que el Tribunal Electoral esté compuesto por tres miembros: un integrante del Tribunal Superior de Justicia, que presidirá el organismo; un juez de Cámara; y un representante del Ministerio Público de la Defensa.

La incorporación de la Defensa Pública también marcó un cambio institucional relevante. Los miembros serán seleccionados mediante sorteo, tendrán mandatos de cuatro años (antes dos) y no podrán haber ocupado cargos partidarios durante los cuatro años previos a su designación.

Por otro lado, se estableció que el Tribunal Electoral contará con autarquía financiera. Esto implica que podrá proponer su propio presupuesto de gastos ante la Función Legislativa, dotándole de mayor autonomía operativa.

También se delimitó con claridad las funciones entre el Tribunal y el Juzgado Electoral, estableciendo una lógica de primera y segunda instancia. Mientras que el Tribunal se encargará de la organización de procesos electorales, oficialización de listas, escrutinio definitivo y proclamación de los candidatos electos, el Juzgado Electoral concentrará competencias de primera instancia y sumará nuevas tareas relacionadas con el funcionamiento de los partidos políticos.

Entre las novedades, el Juzgado Electoral asumirá el control y fiscalización patrimonial de los partidos políticos. Además, intervendrá en registros de afiliados, nombres y símbolos partidarios y en procesos internos de las organizaciones políticas.

De la misma manera, la tramitación electrónica será obligatoria para todos los expedientes electorales, en concordancia con el marco legal provincial sobre tecnologías de la información y comunicaciones. Esta medida apunta a acelerar y dar mayor trazabilidad a los procesos, considerando la importancia de los plazos judiciales en el contexto electoral.

La ley mantiene plazos procesales especialmente breves: el juez electoral dispondrá de cinco días para dictar sentencia, mientras el Tribunal Electoral tendrá diez días. Si los plazos se vencen, la norma prevé la pérdida automática de jurisdicción y el pase del expediente al subrogante, buscando evitar que eventuales demoras afecten el desarrollo de los procesos.

Otro cambio es la instauración de un Registro Provincial de Electores, que será administrado por el Tribunal Electoral. La implementación será progresiva, debido a que durante la transición y coordinación con la Justicia Federal, se seguirá utilizando el padrón nacional.

La entrada en vigor de la norma coincidió con la preparación del próximo ciclo electoral en La Rioja, que se realizará bajo un esquema distinto al vigente durante más de cuarenta años. Por este motivo, el desafío inmediato será implementar la nueva arquitectura, entre ellas, la designación del juez electoral, la conformación del Tribunal, la organización presupuestaria, la activación de sistemas electrónicos y la construcción del padrón provincial.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este miércoles a las autoridades de Haití a acelerar el registro de votantes de cara a las próximas elecciones, las primeras en una década en el país caribeño, que enfrenta una crisis de violencia y desplazamiento masivo.

La primera ronda de votación está prevista para mediados de diciembre. Según el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, “el registro de votantes necesita acelerarse, necesita intensificarse”, declaró en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe al concluir una visita de tres días. Ramdin subrayó que más de un millón de personas permanecen desplazadas y señaló: “Debemos asegurarnos de que su derecho no sea vulnerado”.

“La OEA continuará evaluando de manera constante tanto el entorno de seguridad como los preparativos electorales. Estas dos dimensiones no pueden disociarse”, afirmó.

Durante las reuniones con el gobierno haitiano, el consejo electoral y organismos de seguridad nacionales e internacionales, Ramdin expresó preocupación por el estado de preparación, a solo tres meses de los comicios. “Expresamos nuestra preocupación respecto a la situación actual”, afirmó el funcionario.

Según la OEA, varios municipios bajo control de bandas criminales no cuentan con centros de registro electoral y, hasta el lunes, cerca de un mes después de la apertura del proceso, solo se habían inscrito unos 260.000 votantes.

Ramdin llamó a los Estados miembros de la OEA y a los socios internacionales que prometieron apoyo para una fuerza internacional de represión de bandas a cumplir sus compromisos.

En materia de seguridad, Ramdin respaldó la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), aunque advirtió que la medida “no será suficiente si los países que han ofrecido personal, equipos o recursos financieros no aceleran el cumplimiento de sus compromisos”. En ese sentido, subrayó que “el trabajo de esa fuerza es fundamental para mejorar la seguridad y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones seguras”.

Entre los objetivos prioritarios, el secretario general de la OEA mencionó la necesidad de reducir el control territorial de las bandas armadas, asegurar el acceso al aeropuerto internacional y al puerto, y restablecer una vía segura hacia el sur del país.

La delegación internacional, integrada por representantes de la OEA, la Comunidad del Caribe (Caricom), Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Consejo Interamericano de Defensa y el Colegio Interamericano de Defensa, además de la secretaria general de Caricom, Carla Barnett, sostuvo reuniones con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y funcionarios del Gobierno para analizar los avances y los desafíos persistentes en el país.

“Haití se encuentra en un momento decisivo. El futuro de Haití pertenece, ante todo, al pueblo haitiano. Pero la comunidad internacional también tiene responsabilidades”, concluyó Ramdin.

El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití estableció el 13 de diciembre como fecha para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, así como para el referendo sobre reformas constitucionales.

La primera vuelta electoral estaba inicialmente programada para agosto, pero fue aplazada debido a razones de seguridad. Haití no celebra elecciones desde 2016, y su último presidente, asesinado en 2021, no ha sido reemplazado.

Con una población de 11 millones de habitantes, el país más pobre de América vive una situación de inestabilidad marcada por asesinatos, secuestros, saqueos y violaciones perpetradas por bandas armadas. La crisis de seguridad se agravó a inicios de 2024, cuando el aumento de la violencia forzó la renuncia del primer ministro interino. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 1,5 millones de haitianos viven desplazados internamente a causa de la violencia.

(Con información de EFE y AFP)

A más de un importante miembro de la Casa Rosada le generó mucha incomodidad la noticia de la detención de Fernando Cerimedo, el asesor político que formó parte de la mesa comunicacional de la campaña presidencial de Javier Milei del 2023. “Hace años que no tiene nada que ver con nosotros ni con el Presidente”, afirman a Infobae fuentes del Gobierno, que apuntan a resaltar que el lobbista hace tiempo se enfocó en llevar sus servicios de consultoría y de “campañas negativas” en otros países, como Honduras, Brasil y Bolivia.

Fue justamente en esta último país donde Cerimedo fue detenido ayer, luego de ser acusado como “autor intelectual” del ataque a balazos que sufrió la activista boliviana Nadia Beller, que recibió tres impactos de bala en el cuello, el tórax y el brazo derecho. El consultor fue aprehendido en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, horas después del ataque, cuando intentaba viajar a la Argentina. Ahora está bajo investigación por tentativa de feminicidio y alojado en una celda de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Cerimedo llegó a la esfera libertaria en los albores del 2022. Quienes han estado en la pequeña mesa comunicacional de Milei dicen que fue él quien le pidió una reunión al entonces responsable de la estrategia política, Carlos Kikuchi, para ofrecerle sus servicios. “En 2022 no eran tantas las personas que se disponían a colaborar”, recuerda un testigo privilegiado. En el entorno del ahora senador bonaerense desmienten tajantemente que eso fue así. “Cerimedo llegó antes de su arribo. Ya estaba por esos lados en 2021 y Carlos no tenía contacto con el area de comunicación y redes. Estaba focalizado en el armado político”, marcan, para agregar que arribó al espacio por permiso de integrantes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

El consultor ya había tenido diferentes propuestas para otros candidatos de la centroderecha. Quienes lo conocieron por esos años afirman que había querido colaborar con Patricia Bullrich, cuando todavía no se definía si quería ser candidata en esa elección legislativa. Ese acercamiento finalmente no se produjo. Es por ese motivo que vio en Milei -quien ya había accedido a su banca como diputado nacional luego de esos comicios- una oportunidad para desplegar sus servicios. Cerimedo es CEO de Numen Publicidad, compañía especializada en difusión y estrategia digital de carácter político. En ese entonces, reconocía que hacía “campañas negativas” para dañar la imagen de los adversarios de sus clientes y que conducía un ejército de “miles” de trolls en redes sociales.

El asesor político fue virando en su influencia. Tuvo responsabilidades más directas en la campaña -en un momento le habían dado responsabilidades para organizar el recuento interno del partido- y más indirectas producto de la desconfianza que generaba en algunas personas del riñón directo de Milei. Esto no implicaba que no tuviera sus propias terminales con los influencers que hablaban de manera diaria con el candidato.

En ese entonces, era el dueño mayoritario de Madero Media Group, del cual tenía el 85% del paquete accionario a través de su esposa, Natalia Basil. El paquete restante estaba en manos de figuras de la esfera libertaria que luego formarían parte del Gobierno y que le transfirieron su porcentaje. En 2024, Cerimedo le vendería la mitad de la compañía al periodista español Javier Negre, dueño de Grupo Estado de Alarma (EDA).

La Derecha Diario es el medio de cabecera en la batalla cultural que impulsa el propio oficialismo. Según un sitio (creado por el usuario @esoesnulo) que recaba los retuits hechos por el Presidente en su cuenta personal de X, la cuenta @laderechadiario es la segunda más compartida de todas. Esto se ha mantenido de manera casi invariable en los últimos dos años y medio de gestión, con variaciones entre el primer y tercer puesto.

Pese a todo, Milei no ha tenido gran cantidad de intercambios públicos con Cerimedo. Al día de hoy solo se conoce una interacción directa entre ambos hacia 2022, cuando el entonces diputado nacional felicitó al asesor por el nacimiento de uno de sus hijos. En todo caso, Milei habitúa a compartir las publicaciones que realiza ese medio, pero no tiene hace tiempo un contacto directo con su dueño. “No tiene vínculo, pero con Negre se lleva mejor”, afirman.

Hay varios sucesos que marcaron el vínculo de Cerimedo con la esfera comunicacional libertaria. Su inserción en la campaña presidencial del 2023 fue de manera periférica, sin un contacto profuso con Milei, pero más con los principales usuarios de redes de La Libertad Avanza, responsables de impulsar campañas de tuits contra la administración de Alberto Fernández. En esos tiempos, fue responsable de organizar una cena para traer a Eduardo Bolsonaro al país. Aquella ocasión fue clave para acercar al entonces diputado brasileño con el argentino.

Cerimedo estuvo involucrado, incluso, en algunos asuntos de campaña. En julio de 2023, la oficina de prensa de Milei comunicó que Milei iba a salir de gira en un motorhome para recorrer distintos puntos del país antes de su cierre de campaña para las PASO en el Movistar Arena. “Él fue quien dispuso esa idea”, comenta uno de los responsables de la campaña, pero que agrega: “Era una mierda ese colectivo. Javier no iba ahí porque era berreta. Nosotros [el equipo logístico] nos subimos, pero el micro se fundió a los dos días y tuvimos que cambiarnos a unas combis”. La propuesta de que circulara ese vehículo ploteado con la cara de Milei y la consigna “Una Argentina Distinta, Milei Presidente” se dio de baja más pronto de lo previsto.

El asesor comunicacional de derecha quería tener más participación en la medida que se hacía más probable que Milei pudiera ser Presidente. El entorno de la hermana presidencial y algunos de la esfera digital fueron los que pusieron una suerte de parate. “Se empezaron a dar cuenta de que era un chanta con algunos episodios de la campaña, como el caso de los colectivos. Era un desastre con la organización de la logística de algunos eventos”, confiesa uno de los principales responsables de ese armado.

Para cuando Milei había asumido como Presidente, su influencia al interior del Gobierno se había licuado. Su vínculo más estrecho estaba en el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. “Eran tan amigos que el día de la asunción ellos se fueron solos a comer. Eran muy amigos, y cuando le dan el bicho ese [la ANDIS] a él le pide una mano”, cuenta una fuente en estricta reserva.

Esa mano era un cargo para su esposa, Basil, quien asumió como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia entre mayo y noviembre de 2024. “Natalia no llega por un acuerdo de arriba. Como le tenía confianza se pidieron ayuda. No le bajo el precio a ella. Pero cuando no le sirvió más, la descartó. No es que le dieron ese lugar como para pagarle algo”, cuenta alguien que fue de confianza de Cerimedo.

Beller, expareja de Fernando Cerimedo, aseguró ayer que el consultor y Basil fueron los responsables de filtrar los audios de Spagnuolo, lo que derivó en una investigación por presunta corrupción que salpicó al gobierno.

El resurgir del escándalo de ANDIS genera cierto escozor en importantes despachos de la Casa Rosada. Las declaraciones de Beller también activaron un movimiento en los tribunales argentinos. La diputada Marcela Pagano pidió que la Justicia la cite “con carácter urgente” como testigo en la causa Andis para que declare sobre los audios que desataron la pesquisa por supuestos hechos de corrupción y sobre las conversaciones que, según sus dichos públicos, habría mantenido con Cerimedo acerca de ese esquema.

Pagano solicitó además que se le requieran las grabaciones que dice tener y que se adopten medidas inmediatas de preservación y tratamiento forense de esa prueba digital. Beller aseguró que su expareja era el poder en las sombras detrás de Paz y vinculó a Cerimedo con supuestos negociados y hechos de corrupción. Cerimedo ya había declarado como testigo en esa causa el año pasado. Allí sostuvo que Diego Spagnuolo, amigo suyo y extitular de la Andis, le habló de un supuesto circuito de compra de medicamentos con coimas que, según esa versión, terminaban en la Secretaría General de la Presidencia.

En la Casa Rosada toman distancia de Cerimedo como si fuera una mancha venenosa. Quienes tenían buen vínculo con él ahora lo califican de “chanta” y “aprovechador”. No niegan, sin embargo, que se relacionaron con él y muchos fueron partícipes de las estrategias que tejía para realizar campañas de desinformación.

Las primarias de Estados Unidos dejaron el martes varias definiciones clave de cara a las elecciones generales de noviembre, con la victoria del republicano Byron Donalds en la carrera por la gobernación de Florida, el triunfo de Harriet Hageman en la interna republicana para el Senado de Wyoming y un nuevo avance del ala progresista demócrata con Angie Nixon, que ganó la nominación de su partido para el Senado por Florida.

Las votaciones también determinaron candidaturas para la Cámara de Representantes y avanzaron contiendas relevantes en Alaska, mientras que California celebró una elección especial para completar el mandato del exrepresentante demócrata Eric Swalwell. Los resultados forman parte de las disputas que definirán el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

En Florida, Donalds obtuvo la nominación republicana para gobernador y se enfrentará en noviembre al ex representante republicano David Jolly, quien consiguió la candidatura demócrata. Donalds, representante federal y aliado del presidente Donald Trump, buscará convertirse en el primer gobernador afrodescendiente de Florida.

Trump respaldó de forma explícita a Donalds durante la campaña. Tras la victoria, el congresista agradeció el apoyo, aunque afirmó que no dependerá de ese respaldo para ganar las elecciones generales.

“Obviamente, él es el que cuenta con más seguidores en nuestro partido. Ese es el punto de partida”, dijo Donalds sobre Trump. Sin embargo, agregó: “No puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y pensar que el respaldo del presidente te va a llevar a la victoria”.

El candidato republicano también centró su discurso en la economía y en el costo de vida en Florida. “La asequibilidad es un problema para todos los floridanos. No importa cuál sea su ideología política. No importa el color de su piel”, afirmó.

Donalds también prometió ampliar el programa estatal de eficiencia gubernamental conocido como DOGE. “Vamos a poner en jaque a todos los gobiernos locales y a todas las agencias estatales. No habrá intocables”, sostuvo.

En la interna demócrata, Jolly obtuvo la nominación después de abandonar el Partido Republicano, convertirse en independiente y finalmente incorporarse al Partido Demócrata. “A mis amigos demócratas, gracias por darme la bienvenida al partido”, dijo ante sus seguidores.

Jolly planteó una plataforma que combina una defensa del capitalismo y de un gobierno austero con una mayor intervención estatal en determinadas áreas. “Como republicano de la vieja escuela, hablo de poner fin a las guerras culturales no para celebrar alguna plataforma progresista”, declaró, “sino porque sigo creyendo en la política libertaria republicana de la vieja escuela de que el gobierno simplemente debe mantenerse al margen de tu vida”.

La otra gran definición de Florida correspondió a Angie Nixon, quien ganó la nominación demócrata para el Senado. Si gana en noviembre, será la primera senadora afroamericana del estado. Nixon se impuso al teniente coronel retirado Alex Vindman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que declaró contra Trump durante el juicio político de 2019.

La victoria de Nixon representó otro triunfo de los candidatos progresistas frente a sectores tradicionales del Partido Demócrata. La legisladora estatal pertenece a los Socialistas Democráticos de América (DSA) y atribuyó el avance de esta corriente a la frustración de los votantes con la dirigencia partidaria.

Nixon se enfrentará en noviembre a la senadora republicana Ashley Moody, quien ganó la nominación de su partido para completar los dos últimos años del mandato que correspondió a Marco Rubio antes de su designación como secretario de Estado.

En otra de las principales contiendas de Florida, la representante Debbie Wasserman Schultz obtuvo la nominación demócrata en el nuevo Distrito 20 y quedó en posición de buscar un duodécimo mandato en el Congreso. También ganó la interna demócrata el representante Jared Moskowitz, quien consiguió la candidatura para la reelección en un distrito rediseñado.

El Partido Republicano, por su parte, perdió a uno de sus representantes en ejercicio: Cory Mills cayó ante el ex reportero de televisión Ryan Elijah en la primaria republicana.

En Wyoming, el senador estatal Eric Barlow ganó la nominación republicana para gobernador tras derrotar a otros tres candidatos, entre ellos la superintendente estatal de Instrucción Pública Megan Degenfelder, quien contaba con el respaldo de Trump.

Barlow resumió su campaña con una frase: “Preséntate, haz el trabajo y cumple con tu cometido”. Tras su victoria, añadió: “Así es como gestionamos nuestro rancho, así es como he servido en la Legislatura y así es como funcionará esta administración”.

En la elección general se enfrentará al demócrata Ken Casner, quien no tuvo oposición en la interna de su partido. Wyoming no elige a un gobernador demócrata desde hace casi dos décadas.

También en Wyoming, Harriet Hageman ganó la nominación republicana para el Senado y buscará ocupar el escaño que dejará vacante la senadora Cynthia Lummis. Hageman, aliada de Trump y representante federal desde 2023, se impuso a cuatro rivales.

La primaria republicana para la Cámara de Representantes también tuvo una amplia participación, con nueve candidatos que buscaron suceder a Hageman como única representante de Wyoming en el Congreso.

En Alaska, las primarias redujeron el campo de candidatos para una de las contiendas por el Senado que pueden influir en el control de la Cámara alta en noviembre. El senador republicano Dan Sullivan y la ex congresista demócrata Mary Peltola avanzaron a las elecciones generales y quedaron como los principales contendientes para una disputa que puede tener impacto en el equilibrio de fuerzas del Senado.

Sullivan atacó a Peltola durante los días previos a las primarias y buscó vincularla con el ala progresista del Partido Demócrata. El senador afirmó que Peltola estaba alineada con los “liberales” del resto de Estados Unidos.

Peltola, quien en 2022 se convirtió en la primera persona nativa de Alaska en ocupar un escaño en el Congreso, intentó mantener una posición centrista. Sin embargo, pocos días antes de las primarias modificó la estructura de su campaña y apartó a su director de campaña.

Sullivan y Peltola recaudaron hasta ahora más fondos que el resto de los candidatos y cuentan con el mayor reconocimiento de nombre en Alaska, factores que los ubicaron como los principales contendientes para noviembre.

En la carrera por el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes, el republicano Nick Begich avanzó a las elecciones generales junto con el independiente Bill Hill.

En California, los votantes del distrito 14 eligieron entre las demócratas Aisha Wahab y Melissa Hernandez para completar el mandato de Swalwell, quien renunció al Congreso después de las acusaciones de agresión sexual que él niega. Las dos candidatas también se enfrentarán en noviembre por el mandato completo de dos años.

La contienda de California volvió a mostrar la disputa entre sectores progresistas y moderados dentro del Partido Demócrata. Wahab defendió una agenda centrada en vivienda y una posición más dura frente a las políticas migratorias de Trump, mientras que Hernandez convirtió la lucha contra el crimen en uno de los ejes de su campaña.

Las primarias también estuvieron marcadas por el peso de los respaldos presidenciales. Trump celebró en Truth Social varias de las victorias de sus aliados y escribió: “¡¡¡Muchas grandes victorias esta noche!!!”.

Las elecciones del martes dejaron así definidas varias candidaturas relevantes para noviembre y marcaron nuevas disputas dentro de ambos partidos, mientras republicanos y demócratas avanzan hacia unas elecciones de mitad de mandato que determinarán el futuro control del Congreso de Estados Unidos.

(Con información de Associated Press)

El riesgo país argentino volvió a superar los 500 puntos básicos, un nivel que refleja una creciente desconfianza de los mercados ante las perspectivas económicas y políticas del país.

A las 16 horas, el índice elaborado por JP Morgan suma 24 unidades en 512 puntos básicos, su valor más alto desde el 21 de mayo, en un contexto donde los principales bonos en dólares experimentaron pérdidas y los desafíos internos se intensificaron.

Esta variable financiera, que había tocado un mínimo en más de ocho años al ubicarse en 403 unidades, mide la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país y la que rinden los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Este diferencial, calculado por JP Morgan a través del índice EMBI+, refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. Así, un incremento en el indicador implica mayores dudas sobre la estabilidad económica y financiera local.

Durante agosto, los bonos hard dollar —entre los que se encuentran los Bonares y los Globales— acumulan una pérdida promedio de 4 por ciento. En paralelo, el riesgo país argentino adiciona más de 60 unidades en el mismo período, alejándose de la estabilidad que mostraron tanto los títulos emergentes.

Un incremento en las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense, en máximos en 20 años, también presiona a ampliar la brecha con otros títulos de deuda similares, dada la aversión al riesgo en contextos de volatilidad financiera.

De acuerdo con la firma Cohen Aliados Financieros, “después de varios meses operando por encima de sus pares emergentes, los bonos argentinos corrigieron y el mercado volvió a mirar los fundamentos locales, con una actividad que sigue sin consolidarse y un 2027 que empieza a asomar”.

Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, remarcó que el indicador “se aleja de los 400 puntos de hace semanas atrás, ante un mix de contexto externo volátil y un menor ritmo de compras del BCRA en el MULC”.

“Como venimos marcando, además de las tasas internacionales, los términos del intercambio y la dinámica del BCRA en el MULC, factores que incidan en el humor social como aquellas vinculadas a empleo y salario real irán ganando en importancia relativa para los inversores a medida que se acerque el ciclo electoral 2027″, indicó Franco en uno de sus análisis recientes.

Desde Fundación Mediterránea advirtieron que, además de la situación de las reservas internacionales, existen otros factores que afectan la posición del país frente a los inversores. Entre ellos se destacan las restricciones a los movimientos internacionales de capitales y un historial de incumplimientos de deuda que, según la entidad, “evidentemente no ranquea bien” a la Argentina en comparación con otros países de Latinoamérica.

Los analistas también identificaron como determinante el riesgo de cambios drásticos en la política económica con cada elección presidencial, un factor que sigue pesando de cara a 2027 y que, a juicio de la fundación, contribuye al actual nivel de riesgo país local.

Por su parte, desde GMA Capital subrayaron que, aunque el tipo de cambio mayorista logró estabilidad en torno a los $1.492 en los últimos días, “la calma cambiaria no llegó a replicarse en el resto de los activos locales: el equity profundizó la corrección y el riesgo país continuó escalando”.

En ese sentido, la ALyC remarcó que, mientras el promedio de los emergentes se mantuvo estable y los Treasuries no registraron movimientos significativos, la debilidad de los bonos argentinos respondió principalmente a factores internos más que a un shock internacional.

“El contraste se vuelve todavía más evidente al mirar la evolución del año. El GD35 anotaba un retorno directo de 9% en julio, por arriba tanto de Ecuador como del promedio de los emergentes. Desde ese máximo, el precio se desinfló, prácticamente borrando el exceso de retorno versus Ecuador y recortando buena parte de la ventaja relativa que había acumulado durante el primer semestre”, añadió GMA Capital.

En línea con ese análisis, el equipo de IEB sostuvo que “la renta fija argentina se despegó del acople que venía mostrando respecto a la volatilidad en el frente internacional”. Atribuyeron este proceso a una combinación de factores, entre los que mencionaron un menor apetito por el riesgo tras el endurecimiento de las condiciones financieras globales, encuestas políticas que reflejan una caída en la aprobación del oficialismo de cara a las próximas elecciones y una economía que sigue mostrando disparidades entre sectores.

La Consultora 1816 también apuntó que, al fijarse los $1.500 como techo de corto plazo para el tipo de cambio, se alteró la dinámica de la deuda en dólares, lo que derivó en un mal desempeño reciente frente a los pares emergentes.

Además, vincularon el comportamiento de los bonos y las acciones a “las últimas encuestas, que sugieren que la aprobación de Milei volvió a mínimos —o casi mínimos— de su gestión”. Para la firma, los datos de actividad tampoco contribuyen, ya que “siguen consolidando la idea de una economía muy heterogénea, con los sectores intensivos en mano de obra sin terminar de recuperarse”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó este martes a Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, en una visita a la sucursal de la cadena de heladerías Lucciano’s en el barrio de Las Cañitas, en Palermo. La actividad marcó el inicio formal de una nueva etapa de recorridas territoriales del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de ministros y funcionarios nacionales, de cara al ciclo electoral de 2027.

La visita, que surgió a partir de una propuesta del equipo de Ramírez, reunió al ministro con Christian Otero, cofundador y CEO de la compañía. Durante el encuentro, Caputo permaneció unos 40 minutos en el local. “Fue una charla muy amena”, coincidieron dos de los presentes a Infobae. Se habló en términos generales sobre el progreso de la compañía -ya superó los 100 locales, sumando locales y en otros países- y de la marcha general de la economía.

La actividad no estuvo exenta de la conversación sobre la coyuntura. Según pudo saber Infobae, hubo una mención al respecto del contexto general de la economía y se abordó tangencialmente la cuestión del consumo, pero se ponderó el avance de los últimos años, ya que la compañía logro casi duplicó sus tickets, de 3,5 a 6,5 millones, durante el año pasado.

“Se les contó [a Caputo y a Ramírez] lo que están haciendo y lo que va a hacer Lucciano’s para aportar nuestro granito de arena para seguir generando empleo. Dentro de esas cosas, uno puede ver que falta algo de reactivación. Pero no en forma de crítica, sino viendo de dónde se viene”, comentó una fuente a Infobae

El vínculo entre la compañía y el Gobierno no es nuevo: en enero de 2026, el presidente Javier Milei recorrió la planta de elaboración de Lucciano’s en el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata, en tiempos en que el Congreso debatía el proyecto de reforma laboral.

En ese marco, Ramírez aprovechó para acercarle su proyecto de Libertad Comercial, que propone habilitaciones automáticas para actividades de bajo riesgo, silencio administrativo positivo, ventanilla única digital y el derecho a corregir incumplimientos menores antes de una clausura. “Lucciano’s demuestra que una pyme argentina puede innovar, crecer y competir con las mejores empresas del mundo. Es el tipo de historia que tenemos que multiplicar”, afirmó la legisladora. El proyecto establece que el Gobierno porteño tendrá 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales tras una alerta; si no responde, la solicitud quedará aprobada de forma automática.

La recorrida de este martes es la primera de una serie. Para las próximas semanas están previstas actividades con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei —quien visitará la fábrica de sillones Fontenla en el sur de la Ciudad—, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Otros referentes, como la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya habían acompañado a Ramírez en actividades anteriores.

Desde el espacio libertario describen el objetivo de las recorridas como “llevar al territorio las políticas que impulsa el Gobierno de Javier Milei”, con una agenda centrada en actividad económica, producción, comercio y seguridad, y con contacto directo con vecinos, comerciantes y empresarios. La estrategia avanza en simultáneo con las conversaciones entre Karina Milei y Mauricio Macri sobre una eventual etapa de diálogo y negociación entre LLA y Pro, aunque el despliegue territorial apunta a consolidar posiciones propias antes de cualquier acuerdo.

Ramírez figura entre los nombres “puros” del oficialismo que suenan para competir por la Jefatura de Gobierno porteño en 2027. Cerca de la legisladora evitan hablar en público del tema y afirman que está interesada en seguir desplegando la batería de reformas que se van a impulsar a lo largo de este año. La idea de los karinistas es seguir confrontando con el PRO en la Ciudad, aunque la idea de arribar hacia un acuerdo global de cara al año próximo parece ser una vía muy probable.

La pelea por esa candidatura parecía un camino despejado para LLA tras la victoria de mayo de 2025, cuando Manuel Adorni derrotó a Pro en la Ciudad como candidato a legislador. Ese escenario se complicó menos de un año después: Adorni quedó bajo investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, renunció al cargo de portavoz y jefe de Gabinete que ejercía desde noviembre de 2025 y quedó fuera de cualquier carrera electoral.

Los votantes de Miami-Dade acudieron este martes a las urnas para resolver elecciones locales con impacto directo en la administración del condado, la justicia y el sistema escolar, en una jornada que arrancó con una afluencia reducida en varios centros, de acuerdo con información de CBS News. La votación se extenderá desde las 7:00 de la mañana hasta las 19:00, con derecho a sufragar para quienes lleguen antes del cierre.

Un artículo de CBS News precisó que los electores de Miami-Dade debían verificar su centro asignado a través del portal oficial del condado, ya que en el día de la elección solo se permite votar en el precinto correspondiente al domicilio del votante. Ese dato puso el foco sobre unas contiendas no partidistas que, aunque suelen despertar menos atención que las elecciones estatales o federales, definen decisiones de peso para la vida cotidiana de los residentes.

Qué cargos se eligen en el condado

Entre las disputas más observadas figuran tres escaños de la Comisión del Condado de Miami-Dade, órgano que interviene en asuntos de presupuesto, servicios públicos, transporte, desarrollo urbano y políticas locales. En el Distrito 2 compiten Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero. Para el Distrito 5 se presentan Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez. En el Distrito 8 buscan el cargo Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero.

La guía publicada por CBS News también recordó que los votantes pueden consultar su registro, revisar una boleta de muestra y confirmar su precinto antes de acudir a las urnas, en una elección en la que además se definirán cinco puestos del Undécimo Circuito Judicial y una carrera para la Corte del Condado. En el grupo 5 aparecen Alex Annunziato, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura. En el grupo 35 compiten Renee Gordon y Cristobal David Padron. El grupo 67 enfrenta a Destiny Alvarez y Mavel Ruiz. En el 69 figuran Rita Maria Baez, Yaneth Del Carmen Baez y Bonita Jones-Peabody. Para el grupo 76 se miden Yenly Dominguez y Spencer Eig.

A esa lista se suma la elección para el grupo 25 de la Corte del Condado, donde se presentan Maribel Diaz y Luis Perez-Medina. La amplitud de candidaturas convierte la jornada en una prueba relevante para el aparato electoral local, ya que obliga a los votantes a revisar una boleta extensa y con múltiples niveles de decisión.

La Junta Escolar y las elecciones municipales

Otro de los puntos centrales de la elección es la Junta Escolar de Miami-Dade, con una disputa numerosa por el Distrito 1. Allí compiten siete aspirantes: Linda Cothiere, Erhabor Ighodaro, Joy L. Jackson, Bernard Wh Jennings, Wrendly Mesidor, Katrina Wilson y James Wright. En el Distrito 8, la boleta muestra a Monica Colucci junto con un espacio reservado para candidatos por escrito.

Tal y como detalló CBS News, la jornada no se limita al plano del condado. También se celebran comicios municipales en Miami Gardens, Miami y Sweetwater. En el caso de Miami Gardens, los electores deben escoger a integrantes del Concejo para las áreas residenciales 2 y 4, además del escaño 6, que representa a toda la ciudad. Los funcionarios elegidos ocuparán sus cargos durante cuatro años, afirmó el medio al describir el alcance de la elección.

Reglas para votar y expectativa por los resultados

El sistema electoral de Florida mantiene primarias cerradas para las candidaturas partidistas, aunque permite que todos los votantes habilitados participen en las contiendas no partidistas que correspondan a su lugar de residencia. Esa distinción resulta clave en una jornada como la de este martes, marcada en buena medida por cargos judiciales, escolares y administrativos.

Quienes acudieron a votar de forma presencial debieron presentarse en el recinto asignado y mostrar una identificación aceptada con fotografía y firma. La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomendó verificar con anticipación la dirección del centro de votación, ya que algunos locales podían haber cambiado, aseguró CBS News al citar la orientación oficial distribuida a los electores.

El medio añadió que las boletas de voto por correo debían llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p.m. y aclaró que no podían depositarse en los centros de votación durante esta jornada. Solo se aceptaban en dos instalaciones autorizadas por el condado, ubicadas en 2700 NW 87th Avenue, Miami, FL 33172, y 111 NW 1st Street, Miami, FL 33128.

Tras el cierre de las urnas, la atención quedará puesta en la difusión de los primeros resultados no oficiales y en la posibilidad de que algunas carreras necesiten una segunda vuelta. Diario Las Américas señaló que ese escenario podría abrirse si ninguno de los aspirantes alcanza el porcentaje requerido para ganar en forma directa.

Una de las preocupaciones del equipo económico a lo largo del año fue estirar los vencimientos de la deuda en pesos. El objetivo es claro: evitar las típicas complicaciones previas a las elecciones, despejando todo lo posible la necesidad de refinanciar deuda los meses previos a los comicios.

Un informe de Delphos Investment destacó que “la proporción de vencimientos posteriores a las elecciones pasó del 18% al 45%. En las últimas diez licitaciones adjudicó en promedio el 40% del valor efectivo en dicho segmento”.

Solo en la última licitación, la del miércoles pasado, el Gobierno optó por sacar el pie del acelerador. El Tesoro renovó la totalidad de los vencimientos en moneda local de la semana, pero colocó títulos de corto plazo. Toda la deuda emitida vence antes de las elecciones presidenciales, en distintos plazos.

El “fantasma” que quiere ahuyentar el ministro de Economía, Luis Caputo, es el reperfilamiento de la deuda en pesos definido por el gobierno de Mauricio Macri en 2019, luego de las PASO de ese año.

El temor de los inversores luego de la victoria kirchnerista llevó a muchos a dolarizarse a toda costa. Como consecuencia, nadie estuvo dispuesto a refinanciar sus tenencias en pesos, lo que llevó en aquel momento a avanzar en una refinanciación compulsiva. El ex ministro de Economía de aquella gestión, Hernán Lacunza, defendió hace pocos días aquella decisión porque lo contrario hubiera sido avanzar hacia una enorme emisión de pesos con el impacto inflacionario que eso implicaba.

Para curarse en salud, los esfuerzos estuvieron puestos en estirar todo lo posible los vencimientos en moneda local hasta después de las elecciones presidenciales. Claro que los costos que debe pagar el Tesoro son más altos y también se ofrecen productos con un atractivo especial para lograr la suscripción a plazos más largos.

La “estrella” del momento son los bonos duales, que ofrecen dos alternativas de retorno y al momento del vencimiento. En una primera etapa se ofrecieron como ajuste el CER (o sea el índice de inflación minorista) o la tasa de interés para grandes depositantes TAMAR.

Ya en las últimas licitaciones apareció otra opción, que es la alternativa del ajuste por dólar oficial. Esta opción proporcionó a muchos inversores la posibilidad de cubrirse ante un salto cambiario post elecciones 2027.

“Al priorizar la extensión de plazos, el Tesoro presionó el tramo largo de las curvas en pesos, particularmente la de los duales. Las estimaciones de duration de las carteras de renta fija de los FCI evidencian una extensión sostenida desde el inicio de esa estrategia”, agregaron desde Delphos.

Sin embargo, esta extensión encuentra un límite natural y la demanda por duales comienza a mostrar signos de agotamiento. La consecuencia fue una caída de los precios de estos bonos en pesos y un aumento de los rendimientos hasta 11% por sobre la tasa TAMAR.

Según JP Morgan, el aumento de las tasas en pesos de las últimas semanas brinda oportunidad de compra. Especialmente el banco puso el foco en los Boncap que vencen en mayo 2027, que presentan un potencial de apreciación cercano al 10 por ciento.

Para no seguir tensionando los plazos largos, se optó por colocar deuda que no supere las elecciones, con lo cual se detuvo el proceso de estiramiento de plazos. La gran incógnita es si esto será solo un efecto temporario o hacia adelante se seguirá complicando.

Todo dependerá de cómo siga la demanda de pesos, pero los últimos indicios son preocupantes. De hecho, los bonos en dólares vienen cayendo fuerte a lo largo de agosto. El riesgo país subió ayer más de 3% y terminó en 489 puntos. Así se aleja de los 400 puntos que llegó a rozar a fines de julio, lo que complica al Gobierno la posibilidad de colocar un bono en el mercado internacional.

El camino a las elecciones está empedrado de mayores dificultades. Los obstáculos no pararon de surgir a pesar del feriado local. La rueda negativa de las Bolsas de Nueva York tiene como origen algo que será un problema para la Argentina.

Tras los adversos indicadores de consumo reaparecieron temores de una suba de las tasas en Estados Unidos. A cuenta de esto, el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años, que son referencia de la deuda, se dispararon a 4,73% y se encuentra en los niveles más elevados de los últimos dos años. Para lograr ese rendimiento, el precio de los bonos debe bajar, lo que refleja que los inversores vendieron títulos locales y optaron por el oro, que subió 0,80 por ciento. La tasa resultante es alta y modifica las decisiones de inversión.

La región está afectada, además, por la situación prelectoral de Brasil, que agrandó las coberturas en dólares y la salida de inversores de los bonos. Ayer la Bolsa de San Pablo bajó 0,10 por ciento. En agosto acumula caídas de 7% tras nueve ruedas consecutivas de baja.

Los inversores en mercados emergentes modificaron sus carteras y vendieron estos títulos para volcarse a acciones de países asiáticos vinculados a nuevas tecnologías. Actualmente, Asia concentra la preferencia tanto en bonos como en acciones, incluso con el aumento de precios en petróleo, gas, metales y productos agropecuarios. Los fondos ven a Latinoamérica principalmente como un mercado de materias primas, mientras el atractivo de la región asiática está en su desarrollo tecnológico.

Otro imán de fondos que le restan inversiones a la región es la demanda de acciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El apetito por estos activos le quitó fondos a los países emergentes, salvo a los asiáticos.

El movimiento no alcanza a explicar la caída de hasta 0,8% de los bonos soberanos y que el riesgo país haya alcanzado 489 puntos básicos. La política y un riesgo prelectoral en aumento están haciendo su obra. Es la décima suba consecutiva del riesgo país que comenzó el 8 de agosto cuando estaba en 411 puntos.

Si se mide el derrumbe en porcentaje, el riesgo argentino subió 20% en diez ruedas. Sigue siendo el segundo riesgo país más elevado de la región porque Ecuador recuperó su ventaja y está en 420 puntos, tras la mejora del viernes de la calificación por parte de S&P Global Ratings.

Lo que el feriado le impidió disfrutar a la Argentina fue anunciar una suba de reservas porque ayer el dólar cayó frente a las principales divisas. El incremento del oro, combinado con la caída del dólar, tuvo que haber dado lugar a un aumento destacado de las reservas.

La moneda estadounidense perdió 0,22% frente al promedio de las monedas de la región de acuerdo con el índice de MSCI. El real pasó de cotizar 5,25 a 5,20 por dólar.

Según Investing, “algunos analistas sugieren que la situación podría cambiar a favor de América Latina si el entusiasmo en torno a la Inteligencia Artificial comienza a decaer. Las divisas regionales también podrían beneficiarse de una Reserva Federal menos restrictiva, lo que aumentaría el atractivo de las operaciones de carry trade (salir del dólar para posicionarse en activos en monedas de la región) en los mercados con mayores movimientos”.

Anoche, en el mercado overnite, el petróleo había desacelerado la suba. Durante la jornada previa había aumentado casi 3 por ciento. De todas maneras, el Brent abrió a USD 91,6 (+0,6%) y perforó el techo de los USD 90, nivel al que comienzan a sonar las alarmas en las economías del mundo por la inflación que proyecta.

El oro continuaba en alza y se aproxima a los USD 4.500, un dato positivo para las reservas argentinas. A esto se suma la nueva baja del dólar registrada anoche. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con leves verdes, tras las bajas de hasta 0,52% del S&P 500 del día anterior.

El Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobó este sábado 15 de agosto un nuevo calendario de primarias para las elecciones presidenciales de 2028. La decisión ocurrió durante una reunión en Austin, Texas, con el objetivo de dar mayor peso a votantes afroamericanos, latinos y trabajadores sindicalizados en el inicio del proceso electoral.

La reestructuración del calendario demócrata para 2028 traslada el inicio de las votaciones a Carolina del Sur seguida por Nevada. Según informó AP News, el nuevo esquema desplaza a Iowa del primer puesto y redefine la ruta hacia la nominación presidencial.

El cronograma de febrero se completa con procesos en New Hampshire, Nuevo México, Michigan y Virginia, lo que obliga a los candidatos a realizar campañas nacionales desde el primer mes del año.

El nuevo mapa de la diversidad demócrata

El orden de los estados en este calendario obliga a los aspirantes a conquistar diversos sectores demográficos de forma inmediata. Carolina del Sur abrirá el proceso el 22 de enero, mientras que Nevada ocupará el segundo lugar el 1 de febrero. El resto de los estados seleccionados celebrará sus elecciones a lo largo de febrero.

Ken Martin, presidente del DNC, afirmó ante el Caucus Negro del partido que este es el calendario “más diverso en la historia” de la organización. La intención es que los candidatos no se limiten a audiencias mayoritariamente blancas, como ocurría en el pasado con el liderazgo de Iowa.

Esta estructura someterá a los políticos a pruebas en regiones con intereses económicos y sociales distintos. Los candidatos deberán hablar de ganadería y minería en el oeste, de asuntos fronterizos en el sur y de derechos laborales en el cinturón industrial.

El fin de la hegemonía de Iowa y New Hampshire

La salida de Iowa del primer lugar responde a años de críticas sobre su falta de representatividad frente a la base real del partido. El estado, junto con New Hampshire, posee una población predominantemente blanca que no refleja la composición multiétnica de los votantes demócratas.

Howard Dean, expresidente del comité nacional, recordó que bajo su mandato se intentó incluir a Nevada y Carolina del Sur detrás de los estados tradicionales. Para el exgobernador, la modificación actual es superior porque “estos estados se parecen más al país” en su totalidad.

El cambio implica que los candidatos con menos recursos no podrán depender exclusivamente de pequeñas asambleas locales en entornos rurales del medio oeste. Ahora, la viabilidad de una campaña se medirá por su capacidad de conectar con comunidades urbanas y minorías desde el día uno.

Representatividad étnica en el sur y el oeste

Carolina del Sur desempeña un papel decisivo en la historia reciente de las primarias del partido. El voto de la población negra en ese estado fue el motor que impulsó las candidaturas de Barack Obama en 2008, Hillary Clinton en 2016 y Joe Biden en 2020. Según datos de AP News, los votantes afroamericanos representan más de la mitad del electorado demócrata en esa entidad.

La inclusión temprana de Nevada y Nuevo México garantiza que los votantes latinos tengan una voz preponderante antes de que el proceso llegue al Súper Martes. Karen Finney, estratega política, señaló que quien logre avanzar en este mapa estará “listo para la batalla” de la elección general.

Existe un debate interno sobre la ideología de estos votantes. Mientras algunos sectores consideran que el electorado afroamericano del sur es más moderado, otros expertos, como Nina Smith, sostienen que son “realistas” debido a su historia de lucha contra estructuras opresivas. Smith añadió que los progresistas deberán adaptar sus mensajes para que estos votantes se vean reflejados en sus propuestas.

El factor obrero y la competitividad general

El movimiento sindical obtuvo un peso estratégico en este nuevo diseño electoral. El calendario cubre tres nichos laborales fundamentales: los sindicatos de servicios en Nevada, la industria automotriz en Michigan y la alta concentración de empleados federales en Virginia.

El apoyo de los sindicatos no solo representa votos, sino también una infraestructura logística para la difusión de mensajes y la movilización hacia las urnas. Howard Dean enfatizó que el sector laboral mantiene una relevancia central para el éxito de cualquier campaña demócrata.

Además de la representatividad, el DNC buscó estados competitivos para la elección general de noviembre. Cinco de las seis entidades seleccionadas para el inicio de las primarias son campos de batalla electoral que suman 43 votos en el Colegio Electoral.

Ventajas económicas y logística de campaña

La geografía del nuevo calendario permite a los equipos de campaña agrupar sus esfuerzos de manera más eficiente. Los viajes al oeste pueden incluir paradas en Nevada y Nuevo México, junto con eventos de recaudación de fondos en California.

En el sur, una visita a Carolina del Sur facilita el acceso a mercados mediáticos que alcanzan a votantes en Georgia y Carolina del Norte. Bre Maxwell, miembro del DNC, destacó que el tamaño reducido de Carolina del Sur y sus bajos costos de publicidad permiten que candidatos con menos presupuesto compitan de forma efectiva.

El DNC busca fortalecer al partido de cara a la contienda por los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Al invertir recursos tempranos en estados clave, el partido espera construir la base necesaria para derrotar a sus oponentes en la elección general.

No fue casualidad. Casi al mismo tiempo, el oficialismo y el PJ/K movieron sus piezas en el tablero electoral cuando faltan catorce meses para los comicios presidenciales. Los libertarios abrieron las conversaciones formales con el PRO frente a un cuadro económico complicado. Y el peronismo expuso un primer encuentro que registra la gravedad de su corrosiva interna. Llamativo: los problemas ajenos no alcanzan para garantizar tranquilidad propia. Más bien al contrario, el apuro indica preocupación porque ninguna proyección para octubre del 2027 arriesga un final claro.

Con todo, los trazos gruesos del discurso libertario y del peronismo coinciden en el intento prematuro de generar clima electoral, con apuesta repetida a la polarización extrema. Se muestran antagónicos, pero coincidentes en la necesidad de sostenerse como “enemigos”. Por ahora, un contrapunto de ese nivel -tan excluyente, sin margen para nadie más- no es lo que registran los sondeos que podrían denominarse de “primera vuelta”. Exhiben una franja, fragmentada, por afuera de esas opciones. Por supuesto, los cuadros sobre escenarios de balotaje responden a la lógica de esa disyuntiva. Pero aún en ese caso, están lejos de ser terminantes.

La cita de representantes de LLA y del PRO se produjo después de un contacto entre Karina Milei y Mauricio Macri. La relación entre los dos espacios transcurre hasta ahora entre la conveniencia y las tensiones. Dicho de otra forma: viene funcionando como alianza o sociedad sin asegurar nada para el 2027. Macri no tiene un mano a mano con Javier Milei desde hace diez meses. Y resulta arriesgado afirmar que la negociación está definitivamente encaminada. Tampoco puede decirse que hayan variado sustancialmente el cuadro en el Congreso y los intereses territoriales. ¿Cuál sería el nuevo registro, el cambio? Sobre todo, la demanda política sobre Economía y viceversa.

Milei puso en marcha su plan reeleccionista. Trabaja en primera línea su hermana y secretaria General de la Presidencia, aunque los pasos iniciales combinan ese manejo efectivo con algunas señales negociadoras que remiten a Santiago Caputo. El panorama no es el mismo que asomaba cuando Karina Milei habló abiertamente sobre la reelección como objetivo central, excluyente, de los libertarios. Ese mensaje fue explicito apenas pasados los comicios del año pasado, en medio del festejo por el triunfo en las legislativas y su celebración como armadora del oficialismo.

Después, se sucedieron necesidades inmediatas para traducir el resultado electoral en aprobación de leyes, incluso en verano, y emergió la larga y dañosa serie de Manuel Adorni, que aún debe capítulos judiciales. El Mundial corrió el foco durante más de un mes. Y el desvanecimiento del clima futbolero fue imponiendo de nuevo la realidad.

Las tareas que expone la “mesa política” del oficialismo -con fotos o sin ellas- tienen como cortinado de fondo el objetivo reeleccionista y reiteran dos escenarios: el Congreso y las provincias. Diego Santilli se mueve como el más visible negociador, en contactos que -juego de contraprestaciones- exponen las necesidades de los gobernadores no sólo en materia de fondos, sino además como demanda de compromisos por las reelecciones locales.

La recién armada mesa de negociaciones con el PRO reúne a operadores directos de Karina Milei -Martín y “Lule” Menem- y viejos conocidos, Santilli, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Subsisten recelos entre las partes y también en el interior del partido amarillo. Eso alimenta cierto escepticismo, pero a la par del anuncio sobre una rutina de citas quincenales para tejer acuerdos electorales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño. La mirada inmediata apunta a la ratificación de la sociedad legislativa. La más optimista, a un entendimiento con jefes provinciales. Y la más ácida dice que se trataría de un juego de imagen para no pagar los platos rotos si al final se rompen.

Después del último costo pagado por LLA en el Senado, esta semana fue el turno de mayor protagonismo de Diputados, para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal. La mayor flexibilidad para negociar no evitó un momento de tensiones en comisión, fruto del fanatismo de un expositor invitado por el oficialismo que terminó irritando a integrantes del PRO, del radicalismo y del MID. Fue necesario un pedido de disculpas para lograr acompañamiento en los dictámenes.

De todos modos, el oficialismo apenas disimula el malestar y sobre todo la preocupación por el juego de gobernadores considerados aliados o al menos, dialoguistas. Un síntoma evidente fue el modo en que algunos se desmarcaron durante el tratamiento del finalmente muy podado proyecto sobre propiedad privada. Otro mensaje lo recibió el jefe de Gabinete en su encuentro con gobernadores del Norte Grande. El clima electoral se precipitó para todos y los costos de las negociaciones son mayores si el Gobierno no corre con la economía claramente a favor.

El dato del INDEC sobre la inflación de julio expuso las dificultades para sostener datos “optimistas” en el tiempo, que en muchos casos son grises o cambiantes, como lo muestra la sucesión de registros del Estimador Mensual de Actividad Económica. En el caso del último IPC (2,1%), la explicación sobre la interrupción de la racha a la baja buscó cargar las culpas sobre datos como el turismo o la recreación. Fue bastante más que eso. El informe exhibe subas en buena parte de los rubros más sensibles en relación con junio: alimentación, por ejemplo, estuvo en el 2% después del 1,3% previo. Y la inflación núcleo se mantuvo por debajo del promedio, pero también creció respecto del mes anterior (1,8% frente a 1,6%).

El PJ/K, por supuesto, está más que complicado para plantarse ante ese cuadro como si no tuviera pasado. La explotación de ese arrastre por parte de los libertarios tiene sus límites por el paso del tiempo en la gestión. Y quizá, en todo caso, el principal punto débil del peronismo haya pasado a ser su propia lija interna. Por eso mismo, la “cumbre” de esta semana, encabezada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, tuvo una lectura dominante: el gesto de tratar de enfrentar el costo de la interna sin límites.

Sin embargo, las cosas no son lineales. Y así lo expone el punto de entendimiento básico en ese encuentro: trabajar parta frenar la intención violeta de eliminar las PASO. Es sabido que el kirchnerismo impulsó ese mecanismo por razones de coyuntura, en su etapa inicial, pero jamás las utilizó: con Cristina Fernández de Kirchner, las candidaturas fueron resueltas en los escritorios del poder. Ahora, en cambio, está a la vista la necesidad de utilizarlas para resolver sus batallas domésticas. Y eso mismo expone la declinación de CFK en esta etapa.

Cada uno a su manera, el oficialismo y el peronismo/K están volcados a tratar de asegurar su frente con vistas a las elecciones. Y, también en el discurso, parecen hablarle sólo o principalmente a su núcleo de votantes. El problema es que en general, eso no alcanza. No suele seducir a una franja de votantes nada desdeñable, heterogénea, por el momento sin canal de representación. Así y todo, eso mismo alcanza para inquietar a los que ya están en carrera.

La foto de Manuel Adorni junto a su esposa en Nueva York desencadenó un cambio sustancial en las perspectivas sobre las elecciones porteñas del año próximo. Hay quienes matizan esta cuestión y creen que los resultados de los comicios locales del 2025 -en los que La Libertad Avanza se impuso, dejando al peronismo unido en segundo lugar y al PRO en el tercero- sigue configurando una radiografía que explica la correlación de fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires. Otros no.

Lo cierto es que La Libertad Avanza ya no tiene a un candidato claro como el exjefe de Gabinete. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, quien sacó el 50 % en la categoría a senadora en octubre pasado, no ve atractiva la idea de postularse para ser jefa de Gobierno. Además, cree que su espacio debe priorizar un acuerdo con el oficialismo local para incrementar las chances para que haya una segunda administración libertaria en la Casa Rosada.

Los delegados libertarios de Javier y Karina Milei en la Ciudad no lo dudan: “Seguimos siendo la fuerza que más posibilidades tiene de ganar”. La ratificación se produce en medio de las lecturas que hacen propios y extraños sobre cómo está repercutiendo la baja en la consideración de la gestión nacional que hubo en las últimas semanas. Esta impactó en los estudios de carácter nacional, pero más indeterminado está en cómo puede afectar a lo local.

Si esa es la percepción que esgrimen fuentes inobjetables de La Libertad Avanza, entonces está claro que esos argumentos buscarán ser utilizados en una negociación con el PRO. El lunes se produjo la primera conversación entre Karina Milei y Mauricio Macri -los máximos encargados de sus respectivos partidos- para empezar a concatenar una serie de reuniones que permita restablecer la confianza. Tal y como lo había adelantado Infobae, en las usinas del PRO veían que esa iba a ser la primera charla: se han percatado de que los asuntos de altísimo carácter político ahora no deben ser conversados con su hermano Javier.

Los objetivos de máxima de cada una de las fuerzas están claros: para los libertarios, ganar las elecciones presidenciales; para el PRO, retener los distritos que tiene bajo poder, sobre todo la Ciudad. Los incentivos llevan a que deba existir un acuerdo. Como parte de la negociación, los amarillos pueden sugerir que pueden entorpecer el objetivo de sus pares al poner un candidato nacional y hacer valer sus “siete a diez puntos” que tienen, impidiéndole a Milei la posibilidad de aspirar a ganar en primera vuelta (el escenario ideal para los libertarios, porque un balotaje implicaría mayor riesgo); mientras que los violetas les muestran los números de las elecciones legislativas y afirman que podrían arrebatarle la Ciudad. Pese a todo, los incentivos llevan a que deba existir un acuerdo.

Jorge Macri no está presente en la mesa negociadora que dispusieron Mauricio y Karina. Tampoco están los alfiles de los otros gobernadores PRO. “Son dos instancias diferentes. La mesa de diálogo con el Gobierno la lideran Fernando de Andreis y Cristian Ritondo por indicación de Macri”, marcan desde su equipo. Es decir, no es que ese equipo va a definir aún lo que vaya a pasar en la Ciudad ni que la ausencia de alguien vinculado al mandatario porteño se produzca por las conocidas rispideces que tienen entre ambos. “Antes de hablar de cualquier acuerdo electoral, primero hay que reconstruir la confianza que está dañada, porque en los últimos dos años el Gobierno nunca cumplió con la palabra”, agregan.

Mientras los emisarios de El Calabrés buscan restaurar su confianza con la Casa Rosada, en las oficinas de Uspallata hacen sus propias proyecciones. Creen que la fuerza relativa del PRO se recuperó en los últimos meses. El cachetazo que recibieron en las elecciones del año pasado sirvió como una suerte de revulsivo para cambiar el eje de la gestión. Ahora la narrativa comunicacional se centra en el “orden” y la “seguridad”, utilizándose a los “okupas”, los “trapitos” y “los delincuentes”, muchas veces aludiéndose a que se busca “proteger a los porteños de lo peor del Conurbano”.

¿Será efectiva la centralización de esa narrativa de cara al año próximo? Se sabrá al momento de los comicios, pero el actual jefe de Gobierno percibe que hay una derechización del electorado porteño. Es por eso que cree que mientras más consolide esos ejes en el tiempo, el votante más las asociará con su figura. “A nosotros el tiempo no nos juega en contra, nos juega a favor. Si ellos quieren competir, no tenemos problema en que sea en octubre. Tampoco que sea en mayo, junio o julio”, afirma una importante fuente.

Para abonar a su lectura optimista del asunto, marcan que el electorado porteño está compuesto por un 60 % de personas dispuestas a votar a opciones del polo central hacia la derecha y un 40 % del centro hacia la izquierda. Y en ese primer bloque, creen que existe la posibilidad de que el oficialismo local haya ganado un par de puntos, acercándose a los libertarios. El asunto es la competencia: creen que no sería lo mismo competir contra Patricia Bullrich o Diego Santilli -figuras instaladas en términos de conocimiento público- que la presidenta distrital de LLA, Pilar Ramírez, o algún tapado. Aun así, en términos de lo que dice ocasionalmente en privado el asesor presidencial Santiago Caputo, un candidato con bajo conocimiento es mejor que alguien con imagen negativa, porque el conocimiento se construye.

“Para que haya un acuerdo tiene que haber una filosofía de que ambas partes salgan beneficiadas. En este caso debería ser ‘yo te doy la nacional y nosotros decidimos sobre nuestro distrito’, tanto la forma de competir como lo demás”, indica una figura del PRO a este medio.

La Libertad Avanza tiene proyecciones completamente diferentes al oficialismo porteño. “El PRO sigue tercero cómodo, compita quién les compita. Es una jugada riesgosa si la proponen”, afirma una fuente del armado local, quien avisa: “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro juego. Porque es lo que quiere Karina”.

Ese comportamiento consiste en seguir liderando la batería de reformas que se discuten en la Legislatura, algo que reconoce un importante legislador del bloque peronista: “Hoy en día pareciera que la agenda legislativa la maneja Pilar Ramírez”. En su entorno avisan que el bloque va a avanzar con dos iniciativas fuertes que se han presentado en el ámbito nacional y que se trasladaron al ámbito local: las versiones porteñas de la Ley Bases y de la Reforma Política, la cual tiene como objetivo principal la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Infobae pudo acceder al último anteproyecto porteño de la Ley Bases. Tiene 125 artículos e incluye fusión de dependencias y organismos, eliminación de Unidades de Proyectos Especiales (UPE), la conversión de todas las empresas y sociedades con participación estatal en Sociedades Anónimas (entre ellas Sociedades del Estado como Corporación Buenos Aires Sur, Subterráneos de Buenos Aires y Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos) y otros segmentos que implican la reducción de la estructura gubernamental.

En privado, Jorge Macri dice no tener problema en que avancen las iniciativas porteñas. “Que lo hagan”, dijo en una reunión reciente en Uspallata. Pareciera que es una forma en la cual busca mimetizarse con la narrativa libertaria, tal y como sucedió con la Ley anti Trapitos que se sancionó dos meses atrás. El Gobierno de la Ciudad salió a marcar que la modificación del Código Contravencional fue presentada por ellos en febrero de 2025, pero los libertarios apuntan a que el impulso político para tratarlo este año fue de ellos. Cada uno se anotó la victoria.

Una de las normativas replicadas del ámbito nacional que podría tratarse en las próximas semanas es la incorporación del silencio positivo de la Administración, esto quiere decir que ciertos requerimientos o autorizaciones quedarán autorizadas de facto si es que no son contestadas por el GCBA en un plazo de hasta 60 días. Esta cayó en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, presididas por dos personas que responden de manera directa a Ramírez, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz.

La dinámica intensa que se verá en la Legislatura también busca ser aprovechada por el peronismo. Días atrás, el legislador Federico Mochi presentó una iniciativa en línea con la discusión nacional: una iniciativa de Prevención y Asistencia Integral al Consumidor Sobreendeudado, el cual crea la Oficina de Protección y Alivio Financiero, la cual debe brindar asistencia jurídica gratuita que desemboque en un acuerdo conciliatorio o derive el caso al Ministerio Público de la Defensa.

Nota al margen. El 3 de septiembre se tratará en una sesión especial las propuestas para designar al Fiscal General del Ministerio Público (el jefe de los fiscales de la Ciudad) y el Defensor del Pueblo de la Ciudad y de sus adjuntos. Para el último cargo asumirá María Rosa Muiños, exlegisladora y esposa del armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos. Para el primer puesto se materializará el arribo formal de Matías López Zavaleta, que asumió de manera interina en ese cargo luego de que Juan Bautista Mahiques renunciara para ser Ministro de Justicia de la Nación.

El futuro fiscal general es vinculado con Daniel Angelici. Oficialistas y opositores reconocen que el arribo de “El Tano” es una de las causales por las cuales la gestión de Jorge Macri logró mejorar la eficiencia en la gestión. También por la llegada de Gabriel Sánchez Zinny en lugar de Néstor Grindetti en la Jefatura de Gabinete; y de Christian Gribaudo como secretario administrativo de la Legislatura, trabajando en conjunto con Matías López, vicepresidente primero del recinto.

De vuelta al peronismo, son pocos quienes creen que hay margen para que el peronismo pueda imponerse el año próximo. Hay una incógnita sobre qué alianzas establecer y qué candidatos colocar. Existe el dilema de qué hacer con Horacio Rodríguez Larreta: si concederle unas PASO o no. Muchos creen que si se lo conceden, La Cámpora podría amenazar con romper. Quienes miran de afuera el panorama ven que Olmos buscará esperar lo máximo posible para encontrar un candidato de síntesis: que pueda medir por afuera del votante histórico, pero que pueda retener el voto propio ante una izquierda que continúa performando de buena manera. En tanto, el exjefe de Gobierno porteño podría buscar nuevos aliados en la bolsa de posibles candidatos para el año próximo.

El cofundador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, tiene intenciones de candidatearse nuevamente en el ámbito porteño como ya lo hizo en 2021 (bajo LLA) y en 2025 (con la UCEDÉ con frente). El influencer financiero también podría haberse presentado en ese entonces con el Partido Integrar, del exlegislador Daniel Amoroso. El dirigente apuesta a que Claudio “El Turco” García pueda conseguir una banca el año próximo apalancándose en el votante del centro-sur de la Ciudad.

La agrupación Abogados por Argentina (AxA) confirmó la candidatura de Alberto Biglieri para competir por una de las bancas correspondientes al estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que renovará a sus representantes en las elecciones previstas para el próximo 20 de octubre.

La definición se produjo durante el IV Congreso Nacional de la entidad, realizado en Rosario, donde participaron abogados y referentes de distintas jurisdicciones. Según informó la agrupación, durante las dos jornadas también se debatieron cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la Justicia, entre ellas las demoras en los concursos, las vacantes judiciales y los mecanismos de selección y control de magistrados.

Biglieri es abogado egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde también desarrolla actividad académica. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, asesor del Consejo de la Magistratura de la Nación y conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Además, cuenta con estudios de posgrado en administración, derecho y economía de los servicios públicos, e integró distintos ámbitos académicos y profesionales vinculados con el derecho administrativo y la abogacía.

La confirmación de su candidatura se conoce mientras avanza el cronograma para renovar la representación de los abogados ante el organismo encargado de intervenir, entre otras funciones, en los procesos de selección de magistrados y de administrar el Poder Judicial.

El 17 de julio cerraron las novedades para confeccionar el padrón provisorio de electores y el 18 de agosto está prevista su entrega a la Junta Electoral. Un día después, los listados serán remitidos a los colegios profesionales y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para su publicación.

Entre el 21 y el 25 de agosto se exhibirán los padrones provisorios y adicionales. Luego se abrirá, hasta el 31 de agosto a las 13.30, el período para presentar observaciones e impugnaciones. Las decisiones de la Junta Electoral podrán ser recurridas ante el Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los principales hitos llegará el 14 de septiembre. Ese día serán aprobados los padrones definitivos y, a las 13.30, vencerá el plazo para presentar las listas de candidatos. Las nóminas deberán ser entregadas personalmente en la sede de la FACA y reunir 1.000 adherentes, además de cumplir con los restantes requisitos electorales.

La oficialización definitiva está prevista para el 30 de septiembre y, si hubiera impugnaciones judiciales, podrá extenderse hasta el 5 de octubre. La elección se realizará el 20 de octubre mediante voto individual, personal, voluntario y secreto. El escrutinio definitivo, la asignación de las bancas y la proclamación de los representantes electos están previstos para el 27 o 28 de octubre.

El proceso electoral se desarrolla además en paralelo con una discusión abierta en la Justicia sobre la posibilidad de que las actuales consejeras Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez vuelvan a competir por otro período. Ambas promovieron una acción declarativa para que se determine qué régimen de reelección corresponde aplicar y solicitaron una cautelar para evitar que sus candidaturas sean rechazadas mientras se resuelve la cuestión de fondo.

De la Torre y Vázquez sostienen que debería regir el texto original de la Ley 24.937, que permitía una reelección consecutiva por única vez, mientras que las reformas posteriores establecieron la necesidad de dejar pasar un período. Ese debate judicial todavía no tiene una definición definitiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el análisis realizado por el economista Juan Carlos de Pablo respecto al programa económico que impulsa el Gobierno, así como el plan para asegurarse un flujo de divisas considerable de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A través de su cuenta oficial de X, Caputo celebró la interpretación del especialista al afirmar: “El Profe entiende todo, siempre”. El reconocimiento llegó en momentos de definiciones clave sobre el manejo de las reservas y la política cambiaria con vistas a los comicios del año que viene.

De Pablo, uno de los economistas más influyentes del entorno del presidente Javier Milei, expuso que el Ejecutivo busca fortalecer la posición de dólares ante la incertidumbre internacional y las eventuales restricciones del financiamiento externo.

“El Poder Ejecutivo se da cuenta que Trump será amigo de Milei, pero no sabemos bien dónde va a estar en 2026. De Wall Street mejor no depender, particularmente en épocas electorales”, señaló el profesor universitario en diálogo con La Voz En Vivo.

En sus declaraciones, el analista económico comparó la estrategia oficial con una actitud preventiva frente a riesgos futuros. “¿Qué están haciendo? Lo mismo que hace uno si cree que este fin de semana va a haber una inundación: compra tres litros de agua en vez de un litro de agua. Y es lo que están haciendo”, ejemplificó.

Al mismo tiempo, el economista remarcó que la administración nacional está “comprando dólares, aprovechando la oportunidad”, y subrayó el salto en el superávit comercial: “El año pasado hubo un superávit comercial de 11.000 millones de dólares. Vos le hubieras preguntado a cualquiera cuánto pensaba para este año. Y decían USD 12.000 millones o hasta USD 15.000 millones, puede ser. Pero vamos a 27.000 millones de dólares”.

Bajo su perspectiva, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) “está haciendo la del almacenero” que aprovecha una oportunidad: “Está haciendo todo para el año que viene no necesitar ni a Wall Street ni a Trump. No sabe si lo van a necesitar, pero lo está haciendo por las dudas que no le vengan con cosas raras. Esta es la definición. La definición la tenés que ver no en el plano de las declaraciones, sino en el plano de las decisiones”.

A la vez, estimó que las exportaciones podrían superar los USD 100.000 millones y analizó el impacto de un eventual repunte de la economía: “En caso de que a raíz de la reactivación, haya más importaciones, aún así queda un superávit comercial fenomenal, más algún endeudamiento de empresas privadas para sus propias decisiones. Esto le da una oferta de dólares realmente fenomenal”.

Cabe destacar que el viceministro de Economía, José Luis Daza, proyectó que el BCRA incorporará USD 10.000 millones adicionales a sus reservas en el período previo a las elecciones presidenciales de 2027. Según su evaluación, el país enfrentará esa etapa con una situación financiera y económica más favorable.

En el marco de Experiencia IDEA Rosario, Daza estimó que el Gobierno llegará a los comicios con mayor nivel de reservas internacionales, menor inflación, superávit fiscal sostenido y una recuperación de la actividad económica.

Para Juan Carlos de Pablo, la clave se encuentra en la dinámica de oferta y demanda, y en la rapidez con que el Gobierno aprovecha el contexto: “Yo entiendo a cualquiera que diga que el dólar debería estar en otro nivel, pero eso es un tema de aritmética. Acá hay un tema de novedad de oferta y de demanda que el Gobierno la está aprovechando”.

Vale recordar que de Pablo mantiene una relación de cercanía con Javier Milei y visitó varias veces al mandatario en la Quinta de Olivos, donde compartieron incluso veladas escuchando ópera.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, anticipó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumará USD 10.000 millones extra antes de las elecciones presidenciales de 2027 y que llegará a esa instancia con mejores condiciones financieras y económicas.

Durante su disertación en la nueva edición de Experiencia IDEA Rosario, que reunió a referentes del sector público y privado para analizar el escenario económico y político, Daza proyectó que el Gobierno arribará a los comicios con más reservas, inflación a la baja, superávit fiscal consolidado y la actividad económica en crecimiento.

Por otra parte, el segundo de Luis Caputo afirmó que ve “un país que ya cambió políticamente: la discusión sobre los déficits se terminó transversalmente, es aceptada y ha sido validada por la población en la elección de octubre, por el Fondo Monetario, cuando nos dio un programa que adelanta dos tercios del programa el día uno”.

“Hay un potencial hacia adelante mucho mayor del consenso. En el RIGI se han presentado USD 150.000 millones de solicitudes de inversión, hemos aprobado USD 50.000 millones y USD 4.500 millones se han materializado. El 97% está por delante. Todo lo que tiene Argentina hoy está alineado a lo que necesita el mundo, por los recursos naturales y también simplemente por el atraso en las últimas décadas. Solo por convergencia deberíamos crecer a tasas del 4,5%”, agregó.

Las declaraciones del funcionario nacional van en línea con los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseveró que contemplan distintos escenarios para el año que viene. También el presidente Javier Milei sumó que cuentan con entre USD 60.000 millones y USD 70.000 millones para hacer frente a eventuales tensiones cambiarias en la previa electoral.

El mandatario también destacó el cierre de todas las líneas de financiamiento necesarias para 2026 y 2027, lo que, según su visión, disminuye la presión sobre el mercado de cambios. En ese contexto, detalló que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y, más tarde, se confirmó la extensión del intercambio de monedas con China.

A propósito de los dichos de Daza sobre las reservas del Banco Central, la autoridad monetaria ya cumplió con la meta de USD 10.000 millones prevista para todo 2026. De hecho, en lo que va del año, el organismo comandado por Santiago Bausili sumó más de 13.500 millones de dólares.

Con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria y sostener el ritmo de intervenciones, la entidad aumentó la emisión de pesos sin aplicar herramientas de esterilización. Al mismo tiempo, el Tesoro retiró parte del exceso de liquidez a través de la emisión de deuda en moneda local, dentro de un esquema diseñado para evitar presiones inflacionarias y resguardar el equilibrio en el mercado cambiario.

En el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el Central apunto que de cara al futuro, “continuará fortaleciendo su margen de acción de política para morigerar el impacto de eventuales períodos de tensión”, como el ocurrido en la antesala del proceso electoral de 2025.

“Durante los primeros siete meses de este año, al aumento de reservas líquidas y la disminución de activos irrealizables de su balance (LI) se sumó la recuperación de otras herramientas de política (futuros y swaps). En conjunto, hasta el cierre de esta edición del IPOM, estas herramientas suponen una mejora en las condiciones de liquidez en moneda extranjera por encima de USD 20.000 millones en lo que va del año”, señaló el reporte oficial.

Al mismo tiempo, desde la institución estimaron que la acumulación de reservas ”continuará alineándose al ritmo de compras de dólares que lleva adelante el BCRA, favorecida por la estrategia financiera del Tesoro de atender sus obligaciones en moneda extranjera con nuevo financiamiento en la misma moneda, moderando así la demanda de dólares al BCRA con pesos provenientes del superávit fiscal".

Diego Santilli y Luis Caputo viajaron este viernes a Catamarca para firmar con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez el convenio que habilita la ejecución de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que prevé una inversión de $99.769 millones y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero. El jefe de Gabinete y el ministro de Economía encabezaron el acto en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) de la capital provincial, en lo que el Gobierno nacional presentó como una señal de gestión federal activa.

La actividad central fue la rúbrica del acuerdo administrativo y financiero necesario para ejecutar una obra que atraviesa dos jurisdicciones. La primera etapa contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y cerca de 50 kilómetros de acueductos, con un plazo de ejecución de 36 meses. El proyecto apunta tanto al abastecimiento domiciliario como a mejorar la disponibilidad de agua para productores del este catamarqueño y santiagueño, una región con dificultades estructurales de acceso al recurso. Esa combinación de uso doméstico y productivo explica por qué ambas provincias la consideran una obra estratégica.

El encuentro había sido programado para la semana anterior, pero una alerta meteorológica que afectó a la región obligó a postergarlo. Tras la firma del convenio en el patio del CATA, la comitiva encabezó una conferencia de prensa. El gobierno provincial subrayó el carácter estrictamente institucional de la visita, dando a entender que no hay una dimensión ligada a acuerdos electorales.

La presencia de Santilli y Caputo en Catamarca no se agotó en la dimensión técnica de la obra: según fuentes oficiales, en el Gobierno buscan comunicar que el viaje forma parte de una reactivación de la gestión frente a las conversaciones que crecen en torno a las expectativas electorales del año próximo.

La lectura oficial es que equilibrio fiscal e infraestructura no son términos contrapuestos. “La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, dijo el jefe de Gabinete esta mañana en la provincia.

El proyecto Albigasta tiene, en ese sentido, un recorrido que el Gobierno eligió subrayar. En enero de 2025, los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero solicitaron formalmente al Ejecutivo nacional avanzar con la iniciativa. Durante ese año se impulsó el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. La firma de este viernes representó el paso siguiente en esa cadena. “Nuestro compromiso es trabajar con las provincias y transformar proyectos en hechos concretos. Este es el camino: ordenar, gestionar y generar las condiciones para que las obras de infraestructura que necesita la Argentina puedan financiarse con inversión privada o a través de créditos de los organismos multilaterales”, remarcó Santilli.

La visita también se inscribió en una agenda más amplia de negociaciones entre la Nación y las provincias. Además del Acueducto Albigasta, en la agenda figuraron conversaciones sobre rutas nacionales y la cancelación de deudas recíprocas entre el Estado nacional y Catamarca. Es por ese motivo que también fueron parte de la comitiva el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario coordinador de Infraestructura, Fernando Herrmann; y el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

La jornada no estuvo exenta de tensión política. El referente del Partido Obrero Pedro Saracho convocó a una protesta contra la llegada de los funcionarios nacionales. “¿Y qué te parece si los recibimos como corresponde? Con el gran repudio de quienes venimos pagando el ajuste hace años de esta casta delincuencial: los jubilados, los trabajadores despedidos de Vialidad y de todas las empresas, los trabajadores de la UNCa y del CONICET. Todos los que repudien a Milei y a sus aliados. Vamos a la plaza. Armemos la resistencia contra estos miserables”, convocó Saracho, según declaraciones recogidas por el medio El Ancasti.

La situación de Jalil aparece atravesada por movimientos dentro del peronismo. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que buscará dialogar con Jalil y con el tucumano Osvaldo Jaldo para acercarlos al peronismo nacional, tras una reunión política con Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof.

En el oficialismo no descartan que el catamarqueño se vea más circunscripto en términos políticos. El año que viene no será candidato a gobernador y buscará reemplazarlo el intendente Gustavo Saadi, que se apalancará en la figura de Lucía Corpacci para la renovación de su banca como senadora: esto configura un giro hacia el cristinismo. El santiagueño Suárez es comandado políticamente por el senador Gerardo Zamora, que está alineado a la conducción nacional del PJ: ambos fueron partícipes de la cumbre peronista que se realizó esta semana en Buenos Aires.

Un libertario de la primera hora razonaba: “La gestión y lo electoral tienen que ir por la misma vía, pero hay que enmascarar este proceso. Si los aliados ven que hacemos esto con Catamarca y Santiago del Estero, deberían suponer que vamos a colaborar con ellos. Hay que generar confianza para los meses de negociaciones que se vienen por delante”.

El cambio de estrategia del Gobierno pensando en 2027 sigue avanzando. El primer paso consistió en un intento de conformar una alianza con el Pro. El segundo fue el anuncio de la compra de reservas por USD 10.000 millones extra hasta antes de las elecciones de 2027. El tercero se concretó ayer, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, amplió los créditos en dólares para empresas que no generan divisas.

La Argentina se sigue mirando en el espejo de Brasil que en tres meses afrontará los comicios presidenciales. Sus números diarios son los peores de la región. Ayer, el índice de Emergentes registró un incremento de 0,3%, mientras Brasil mostró una baja en el mismo porcentaje. La Bolsa de San Pablo retrocedió 0,23% y acumula una pérdida de 6% en agosto. En lo que va del mes, el real se depreció 2,5% frente al dólar.

De esta manera, el Gobierno retomó la iniciativa en lo que serán las bases en política y economía, mientras espera completar el esquema con la reacción del consumo, la baja de tasas y de la morosidad en los préstamos personales. Estos últimos temas son deudas pendientes y básicas para esperar una relección sin sobresaltos.

La posibilidad de prestar en dólares es una medida positiva. Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “cuando los depósitos en dólares eran pocos, como ocurrió durante buena parte de las gestiones anteriores, ya que pocos querían depositar sus dólares en los bancos, la cuestión resultaba irrelevante. Lo que se podía prestar se destinaba a quienes tenían capacidad de generar dólares. Ahora, en cambio, queda una gran cantidad de crédito disponible que nadie puede tomar”.

Y continuó: “Por eso, la medida es muy buena. Se limita el riesgo que asumen los bancos al prestar en dólares a quienes no generan ingresos en esa moneda, estableciendo un límite del 15% de su cartera. Esto les permite prestar una parte de los fondos que hoy, lamentablemente, no pueden colocar y que, por lo tanto, no están financiando inversión y producción en la Argentina. De esta manera, se permite ampliar el crédito y el financiamiento destinados a la recuperación económica sin asumir un nivel excesivo de riesgo”.

El mercado no reaccionó a estos anuncios ni a la colocación positiva y prevista en la segunda vuelta de la licitación del Tesoro, que adjudicó USD 50 millones del bono AO27, destinado a captar divisas para fortalecer las reservas. Hasta el momento, esta operación representa la gestión más concreta de acceso al mercado de capitales, con un costo anual relativamente bajo del 8,3 por ciento.

La tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la que más influye en el costo de los créditos y el riesgo país, bajó a 4,63 por ciento. Fue una buena noticia que no influyó en el mercado local. Los bonos soberanos se mantuvieron equilibrados y el riesgo país subió una unidad a 472 puntos básicos.

El dato de inflación de julio incidió en la toma de decisiones de los inversores. Si bien fue 2,1%, ese era el número más pesimista que tenía el mercado.

Los anuncios de Caputo fueron bien recibidos en la plaza cambiaria. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 615 millones y el Banco Central compró 56 millones de dólares. El dólar mayorista subió 50 centavos a 1.492 pesos. En la plaza financiera el MEP y el contado con liquidación bajaron 1,3% a $1.521 y 1.580 pesos. el “blue” subió $5 a 1.540 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “teniendo en cuenta el monto de depósitos de privados, la nueva norma podría generar un incremento de hasta unos USD 6.000 millones en créditos que, además, pasarían a engrosar la demanda por cobertura, además de la liquidación de divisas en el MLC. Con tasas positivas en pesos, es de esperarse que los préstamos en dólares crezcan bajo este nuevo esquema, habrá que ver cuánto”.

La Bolsa no tuvo una buena rueda. El Merval de las líderes quedó neutro con un aumento de 0,4% en dólares por la caída del CCL. Lo mejor fue Edenor (+4,7%) tras la compra del 70% de Metrogas.

En Estados Unidos, el buen número de inflación de 0,1% hizo que el S&P 500, el principal y más amplio indicador de Wall Street, suba 0,65% y alcance su máximo histórico.

El optimismo de los inversores continuaba anoche en el overnite, donde los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York operaban con leves alzas. La recuperación del oro, tras la caída de ayer, pareció perder fuerza y estaba 0,12% abajo. El petróleo ensayaba un rebote tras la caída de 2% del día previo.

Hoy podría presentarse una jornada favorable para la Argentina, ya que el mercado podría responder a las nuevas medidas, las cuales aportarían mayor certidumbre en el escenario electoral.

Se dobla pero no se rompe. Pese a las interminables internas, el PJ continúa demostrando que los incentivos de todos sus integrantes sigue siendo la de mantener la unidad de cara a las próximas elecciones. Casa Rosada, donde miraron con atención al encuentro que hubo entre integrantes de la cúpula del peronismo-kirchnerista el martes en un hotel de Buenos Aires.

El motivo central fue definir una postura común frente al intento del gobierno de Milei de eliminar las PASO, que el peronismo quiere preservar como herramienta clave para ordenar sus internas y presentar una oferta electoral amplia de cara a 2027. También se discutieron otros temas de agenda legislativa como el Presupuesto. El encuentro fue visto como un primer paso hacia la unidad del espacio, en un momento en que las diferencias internas —especialmente entre el kirchnerismo duro y Kicillof— habían mantenido al PJ fragmentado.

La composición del encuentro no fue menor. El hotel Emperador de Buenos Aires recibió por cerca de cinco horas a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto a los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador Gerardo Zamora y los jefes de bloque legislativo Germán Martínez y José Mayans. Se describió como un encuentro de buen clima, notable sobre todo porque Kicillof y Máximo Kirchner no se veían desde octubre de 2025.

En el peronismo existe la sensación de que debe existir una articulación clara entre todos los integrantes del peronismo de cara a la discusión por las PASO. Si el oficialismo que responde a Javier Milei logra eliminarlas, el peronismo deberá dirimir un candidato de unidad para las elecciones presidenciales. Ese objetivo parece complejo, pero no imposible.

Uno de los importantes asistentes del encuentro justicialista comentó el objetivo del encuentro: “Hay que mirarlo en clave interna. El desafío más importante que nosotros enfrentábamos con la reunión nuestra era no exportar nuestra interna en el PBA al resto del país y tratar de tener una dinámica de funcionamiento nacional más allá de los tres sectores de la Provincia [La Cámpora, el sector de Kicillof y el Frente Renovador]”.

Tres importantes responsables del armado de La Libertad Avanza y con diálogo directo con Karina Milei mencionaron que no les sorprendió la noticia de la cumbre peronista. “Nos parece lógico que lo hagan, pero no creemos que vayan a lograr esa unidad. Es muy fuerte y profunda la interna. No se resuelve tan sencillamente como con un principio de acuerdo político. Me parece que está todo en discusión, entre todas esas cosas la herencia del peronismo”, afirmó uno de ellos, con ámbito de influencia en el AMBA.

Es una lectura que no comparte otro de ellos: “Yo siempre pienso que a pesar de las circunstancias el peronismo se va a terminar uniendo en los planos que necesite. No es porque quieran. Es porque no tienen otra opción”. Marca que es el único método de supervivencia que tiene esa fuerza para poder lograr ganar las elecciones.

No son pocos los integrantes del Gobierno que miran el panorama electoral de otra manera. Más que nada después de lo que sucedió en las últimas semanas, en las que se evidenciaron caídas de apoyo a la administración de Milei tanto desde el plano económico como el político. Pese a todo, sigue habiendo expectativa de que al cerrar las alianzas necesarias, el oficialismo tenga chances de imponerse el año próximo.

Uno de los máximos referentes del Gobierno habló esta mañana fuera de los micrófonos y sentenció que no le preocupa el encuentro entre Axel, Massa y Máximo. “Representan el tren fantasma. Se llevaron puesta la Argentina. Nosotros tenemos que trabajar con gestión”, dijo. Indirectamente, aquello refiere a que la adhesión del electorado y la propia tranquilidad del oficialismo depende de cómo marchen las principales variables.

Pero hay asuntos que los libertarios no tienen bajo su control. De cara a las votaciones por las PASO, hay gobernadores aliados que son clave para el tratamiento en ambas cámaras y a los que el peronismo quiere persuadir para evitar que den su apoyo.

Hay casos particulares. Uno es el de Raúl Jalil, de Catamarca, que está de salida de su cargo como gobernador y se espera que Gustavo Saadi sea el candidato a gobernador y Lucía Corpacci -la actual senadora cercana a Cristina Kirchner- encabece la boleta para la disputa por la representación provincial en el Senado. En el peronismo creen que no tiene margen como para actuar en tándem con el Gobierno como sí ha hecho en otras ocasiones.

Algo distinto podría sucederle a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, quien ya anunció que adelanta los comicios a gobernador hacia el mes de mayo. “Si quiere competir aparte le vamos a poner todo el aparato para hacer fuerza”, avisan en el PJ nacional.

No son menores los movimientos que realizan los libertarios sobre Misiones. El actual gobernador, Hugo Passalacqua, acaba de ganar una disputa de poder con el anterior mandamás de la provincia, Carlos Rovira, quien era mucho más cercano al Gobierno. El mandatario podría adoptar una actitud más intransigente con el oficialismo luego de que las autoridades libertarias en ese distrito anunciaran que irán a competir por la gobernación.

La compensación de fuerzas que quiere obtener el Gobierno viene por el lado de las provincias del ex Juntos por el Cambio. En las últimas semanas se incrementaron los diálogos de los libertarios con emisarios del PRO (algo que terminó por evidenciarse en la conversación que Karina Milei y Mauricio Macri tuvieron el lunes) y del radicalismo.

Las primarias de 2026 en Estados Unidos entran en su recta final con cinco contiendas que definirán el mapa electoral de noviembre. En las próximas semanas los votantes de Wisconsin, Carolina del Sur, Florida y Massachusetts resolverán disputas abiertas tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, en carreras que van desde gobernaciones hasta escaños en el Senado y la Cámara de Representantes.

Dos de esas primarias —Wisconsin y Carolina del Sur— ya se disputaron el 12 de agosto. Las tres restantes tienen fecha en los próximos días y semanas.

Wisconsin: la izquierda demócrata a prueba en un estado bisagra

La primaria demócrata para gobernador de Wisconsin fue, según The Hill, “el mayor examen electoral para los Socialistas Demócratas de América en este ciclo”. La representante estatal Francesca Hong, socialista democrática, buscaba replicar la victoria del progresista Abdul El-Sayed en Michigan la semana anterior.

Su rival era David Crowley, ejecutivo del condado de Milwaukee y candidato respaldado por el gobernador saliente Tony Evers, quien decidió no buscar un tercer mandato.

El establecimiento demócrata expresó dudas sobre la viabilidad de Hong en noviembre frente al candidato republicano, el representante Tom Tiffany. El estratega David Axelrod la calificó de “liberal extravagante” en contraste con El-Sayed, a quien describió como “una persona seria”. Hong respondió que Axelrod y “la clase de consultores” están “completamente desconectados de la realidad”.

Los resultados confirman que Crowley ganó la nominación demócrata en una contienda extremadamente ajustada.

Carolina del Sur: una familia, un escaño y una probable segunda vuelta

El martes, los republicanos de Carolina del Sur eligieron al candidato que enfrentará en noviembre a la demócrata Annie Andrews por el escaño vacante del fallecido senador Lindsey Graham.

Darline Graham, hermana del senador y nombrada para completar su mandato, entró a la carrera con el respaldo del presidente Trump. Sin embargo, enfrentó a rivales con más experiencia política: los representantes Ralph Norman y Russell Fry, el retador primario de Graham, Mark Lynch, y el exgobernador Mark Sanford.

Fry ganó terreno en los últimos sondeos con ataques directos a la escasa trayectoria política de Darline Graham. “El Senado de Estados Unidos no es lugar para aprender en el trabajo”, dijo el lunes. “No heredé un récord. Me lo gané”.

Las proyecciones indican que Darline Graham y Norman avanzaron a la segunda vuelta del 25 de agosto, ya que ningún candidato obtuvo mayoría absoluta.

Florida: Donalds lidera la primaria republicana para gobernador

El 18 de agosto, Florida celebra su primaria para elegir al sucesor del gobernador Ron DeSantis, impedido de buscar la reelección por límites de mandato.

En el flanco republicano, el representante Byron Donalds llega como favorito claro con el respaldo de Trump y una ventaja sólida en las encuestas frente a nueve contrincantes. Uno de ellos, James Fishback, generó controversia nacional con declaraciones polémicas y cuenta con el apoyo del presentador Tucker Carlson y del activista de extrema derecha Nick Fuentes.

Por el lado demócrata, el exrepresentante David Jolly encabeza el campo. Jolly abandonó formalmente el Partido Republicano en 2018 y se convirtió en un crítico vocal del presidente. El Cook Political Report clasifica la carrera como sólidamente republicana, aunque algunos demócratas confían en las posibilidades de Jolly en noviembre.

Florida Distrito 19: una carrera con candidatos de todo el país

La misma jornada del 18 de agosto define quién ocupa el escaño en el Congreso que Donalds deja vacante. El Distrito 19, que abarca el suroeste de Florida con ciudades como Cape Coral y Naples, tiene perfil sólidamente republicano.

El campo incluye a dos exlegisladores de otros estados: Madison Cawthorn, quien perdió su reelección en Carolina del Norte, y Chris Collins, exrepresentante de Nueva York. También compiten el exsenador estatal de Illinois Jim Oberweis, la excandidata al Congreso Catalina Lauf y John Strand, participante en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 que recibió un indulto.

La carrera atrajo atención nacional por la cantidad de candidatos acusados de ser foráneos al distrito y por los antecedentes de varios de ellos, según The Hill.

Massachusetts: Markey defiende su escaño ante un rival más joven

El 1 de septiembre, el senador Ed Markey, de 80 años, enfrenta una de las primarias más duras de su carrera. Markey, progresista con casi cuatro décadas en la Cámara antes de llegar al Senado, busca un tercer mandato completo en un estado de mayoría demócrata.

Su rival es el representante Seth Moulton, de 47 años, quien tras la derrota demócrata de 2024 llamó al partido a adoptar posiciones más moderadas y centró su campaña en el argumento del cambio generacional.

Una encuesta de Emerson de mayo mostró una carrera pareja: 37% para Markey y 32,3% para Moulton. La dinámica invierte el patrón habitual en el partido: esta vez es el progresista quien defiende el cargo frente a un rival centrista, lo opuesto a lo ocurrido cuando Markey venció al más moderado Joe Kennedy III en 2020.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia que sancionaba al periodista Élfego Riveros por presunta violencia política en razón de género. La decisión elimina cualquier sanción por los contenidos y opiniones difundidos durante las elecciones en Teocelo, Veracruz, y representa un respaldo al ejercicio de la libertad de expresión en los medios comunitarios.

Durante la sesión, realizada el miércoles 12 de agosto, donde se discutió el recurso de reconsideración SUP-REC-619/2025, presentado por Élfego Riveros en contra de la sentencia SX-JDC-767/2025, la mayoría de los magistrados determinó que no existió infracción alguna.

La Sala Superior concluyó que los actos atribuidos a Riveros no constituyeron violencia política en razón de género, pues no se acreditó un elemento de género ni un menoscabo real a los derechos político-electorales de la denunciante. Dos magistrados votaron por mantener la sanción, pero la mayoría se impuso en favor del periodista y la emisora.

El fallo confirma la integridad de Radio Teocelo

La denuncia contra Élfego Riveros, periodista del medio comunitario Radio Teocelo, se originó durante el proceso electoral en Teocelo, Veracruz. En 2025, Riveros fue señalado tras difundir en una entrevista opiniones y datos sobre relaciones familiares y políticas de una candidata local, información que consideró relevante para el interés público y la transparencia electoral.

La parte denunciante acusó a Riveros de incurrir en violencia política en razón de género, argumentando que sus expresiones afectaban los derechos político-electorales de la candidata. Esta figura legal, diseñada para proteger la participación política de las mujeres, fue invocada en el expediente para solicitar la sanción del periodista y del medio comunitario, atentando contra la libertad de expresión y los medios comunitarios.

El caso generó un debate sobre el uso de mecanismos legales destinados a la protección de derechos, que pueden emplearse para limitar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, especialmente en contextos donde la información sobre actores políticos resulta fundamental para la ciudadanía.

En un comunicado, la organización REDES, que ha acompañado el caso desde que surgió, celebró la resolución del TEPJF: “Un fallo que confirma su integridad y respalda el ejercicio de la libertad de expresión.” Esta declaración refuerza la relevancia del caso para el periodismo comunitario en México.

Una emisora con historia frente al riesgo de censura

Radio Teocelo cuenta con décadas de labor como medio comunitario, promoviendo la participación ciudadana y la discusión pública desde las comunidades rurales e indígenas de Veracruz. La emisora ha sido reconocida por su papel en la difusión de información relevante para la vida pública, abriendo espacios de diálogo y transparencia en contextos donde la censura y los obstáculos legales se han presentado de manera recurrente.

El proceso judicial contra Riveros evidenció la vulnerabilidad de los medios comunitarios ante denuncias que pueden derivar en censura, especialmente cuando se emplean figuras jurídicas como la violencia política en razón de género en contextos ajenos a la protección de derechos de las mujeres.

Organizaciones como REDES y Artículo 19 y defensores de derechos humanos, han advertido que el uso distorsionado de estas figuras puede afectar la pluralidad informativa y silenciar la labor periodística en regiones donde la radio comunitaria representa una de las pocas fuentes de información independiente.

La libertad de expresión, en el centro del debate

El fallo del Tribunal Electoral establece un precedente relevante para la protección del periodismo comunitario en México. La sentencia reconoce que el trabajo de Radio Teocelo y de Élfego Riveros se inscribe en el derecho de las comunidades a debatir y recibir información sobre asuntos públicos, sin que ello implique una infracción a los derechos político-electorales de terceros cuando no existe un elemento de género ni menoscabo real.

En 2026, Riveros fue incorporado al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas por los riesgos derivados de su labor. La resolución del Tribunal responde a la exigencia de garantías efectivas para el ejercicio de la libertad de expresión, sin que ello implique retrocesos en la protección de otros derechos. La decisión también refleja el reconocimiento de la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos indígenas y rurales en la vida pública.