La encuesta elaborada por Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo revela que en una hipotética segunda vuelta entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, las cifras se encuentran tan próximas que el margen de error del estudio, de 2,2 por ciento, impide establecer con claridad un eventual ganador. Según informó El Tiempo, el sondeo otorga a Cepeda un 43,3 por ciento y a Valencia un 40 por ciento, lo que constituye un escenario de empate técnico para la definición presidencial en Colombia.

De acuerdo con El Tiempo, este resultado constituye la principal novedad del estudio, ya que por primera vez no se anticipa una victoria clara de Iván Cepeda en todas las posibles segundas vueltas. Cepeda, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, domina actualmente la intención de voto de primera vuelta con un respaldo del 37,5 por ciento para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Esta cifra lo coloca por delante de Abelardo de la Espriella, identificado como representante de la ultraderecha, quien suma un 20,2 por ciento, y de Paloma Valencia, candidata conservadora, con un 19,9 por ciento.

Según publicó El Tiempo en base a los datos de Guarumo y Ecoanalítica, la distancia entre Cepeda y el resto de aspirantes es significativa. Los candidatos del centro, entre ellos Sergio Fajardo y Claudia López, presentan un respaldo sensiblemente menor, con 3,9 por ciento y 2,3 por ciento respectivamente. Aún más alejados aparecen otros nombres como Santiago Botero, que obtiene el 1,5 por ciento; Miguel Uribe Londoño, con 1,3 por ciento; Carlos Caicedo, con 0,8 por ciento; y Roy Barreras, quien registra el 0,6 por ciento. Clara López (0,5 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0,2 por ciento), Mauricio Lizcano (0,2 por ciento), Gustavo Matamoros (0,1 por ciento) y Sondra Mcollis (0 por ciento) cierran la lista de aspirantes.

Además, la encuesta, realizada mediante entrevistas en 69 municipios colombianos entre el 19 y el 25 de marzo, profundiza en los diferentes escenarios de segunda vuelta. Según reportó El Tiempo, en una eventual confrontación entre Cepeda y De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría una ventaja de más de ocho puntos porcentuales, con un 44,9 por ciento frente al 36,4 por ciento de su rival. Frente a Sergio Fajardo, la diferencia se presentaría aún más amplia, situando a Cepeda con el 44,8 por ciento, mientras que Fajardo acumularía solo el 28,4 por ciento del respaldo.

La distribución del voto en estas proyecciones muestra la consolidación de Cepeda como el candidato con un mayor atractivo para amplios sectores del electorado, según consignó El Tiempo, aunque en un escenario frente a Paloma Valencia la contienda podría definirse por una diferencia mínima, según el margen de error establecido por la encuestadora. Este panorama introduce un elemento de incertidumbre en la carrera electoral, diferenciándose de estudios previos en los que la victoria de Cepeda en segunda ronda era considerada más previsible.

El resultado de la consulta, de acuerdo con el análisis presentado por Guarumo y Ecoanalítica, sugiere que la competencia entre los principales aspirantes se está concentrando, mientras que las alternativas de centro y otros sectores logran captar un menor porcentaje de la intención de voto. La información recopilada abarca diferentes regiones del país y refleja el comportamiento electoral en las principales tendencias ideológicas y políticas de Colombia, según detalló El Tiempo.

El actual escenario, según la encuesta difundida, posiciona la segunda vuelta como un proceso altamente competitivo en caso de que enfrente a Cepeda con la candidata conservadora Valencia, hecho que representa una diferencia respecto a anteriores estudios, debido a la ausencia de una previsión de ventaja holgada para el líder del Pacto Histórico.

La perspectiva de duplicar el tamaño de la compañía en apenas tres años define el ritmo de la nueva etapa de Gestioniza Infraestructuras. La empresa española prevé que sus ingresos, que alcanzaron los 65 millones de euros en 2025, llegarán a 120 millones en 2028 mediante una estrategia de expansión internacional y diversificación hacia redes de energía y centros de datos. Según informó El Tiempo, este crecimiento fijado por la dirección se apoya en la reciente integración de la firma colombiana Sitoc SAS, con la que Gestioniza Infraestructuras fortalece su presencia en América Latina, especialmente en Colombia.

La compañía, con sede en Castilla-La Mancha y especializada en ingeniería para telecomunicaciones, anunció de forma oficial su entrada en el capital de Sitoc SAS. El presidente de Gestioniza Infraestructuras, Raúl Salas, manifestó en declaraciones recogidas por El Tiempo que la operación representa un avance significativo para afianzar la posición de la empresa en el mercado colombiano, donde ya operaba a través del distribuidor ATK Colombia. “Esta adquisición fortalece nuestra presencia en Colombia, donde ya operamos a través de nuestro distribuidor de equipos y elementos pasivos de telecomunicaciones, ATK Colombia”, indicó Salas. El directivo resaltó que la suma de capacidades permitirá a Gestioniza responder con mayor eficacia a las demandas regionales de conectividad: “Al sumar la experiencia de Sitoc, impulsamos nuestra expansión con mayor capacidad operativa para abordar los desafíos de conectividad que demanda el mercado”.

Sitoc SAS, explicaron desde Gestioniza Infraestructuras citados por El Tiempo, es una compañía con experiencia en proyectos que abarcan varias regiones de Colombia. Sus servicios cubren desde el diseño y la construcción de estaciones base para redes móviles hasta el mantenimiento de equipamientos considerados críticos para la operación de infraestructuras de telecomunicaciones. El portafolio de Sitoc incluye el desarrollo integral en diferentes áreas, lo que la posiciona como un actor relevante en el sector de la infraestructura de telecomunicaciones colombiano.

La decisión de adquirir Sitoc se enmarca en los planes de expansión internacional de Gestioniza Infraestructuras. Según recogió El Tiempo, la compañía manchega busca responder a la creciente demanda latinoamericana de soluciones de conectividad y digitalización. Además de consolidar su presencia en Colombia, la empresa española aspira a ampliar sus actividades en nuevos nichos de mercado como las redes energéticas y los centros de datos, lo que implica un cambio estratégico respecto a su oferta habitual, centrada hasta ahora en la ingeniería y el suministro de componentes para operadores de telecomunicaciones.

Gestioniza Infraestructuras contabilizó ingresos de 65 millones de euros en el ejercicio 2025. Los planes difundidos por su dirección, según El Tiempo, contemplan que esta cifra crezca hasta los 120 millones de euros en 2028 con el respaldo de la integración de nuevos negocios y la consolidación en mercados internacionales. Este objetivo refleja las expectativas de la empresa sobre el impacto positivo de adquisiciones como la de Sitoc en la estructura operativa, el alcance geográfico y la capacidad de servicio a clientes institucionales y privados.

Al detallar los próximos pasos, la empresa comunicó a El Tiempo que su estrategia incluye una apuesta por servicios vinculados a la transición digital y energética. El ingreso en sectores como las redes eléctricas y los centros de datos busca aprovechar las sinergias tecnológicas y de ingeniería entre estas áreas y la actividad tradicional de telecomunicaciones de la compañía. Asimismo, la integración de equipos y capacidades de gestión local, como el que aporta Sitoc, contribuirá a acelerar la adaptación a las necesidades específicas de cada país, según publicó El Tiempo.

El impacto de la adquisición de Sitoc también responde a la dinámica regional, donde muchas compañías consideran prioritario mejorar los servicios de conectividad, reforzar la infraestructura de redes móviles y aumentar la resiliencia ante la demanda creciente de datos. Gestioniza Infraestructuras, consignó El Tiempo, interpreta esta evolución como una oportunidad para posicionarse en mercados donde la digitalización y las inversiones en telecomunicaciones se consideran ejes estratégicos de desarrollo.

Esta operación refuerza la tradición de alianzas y adquisiciones en el sector de tecnología e ingeniería aplicada a las telecomunicaciones en América Latina, en un contexto de transformación digital y expansión de la infraestructura crítica. La dirección de Gestioniza Infraestructuras reiteró, en declaraciones a El Tiempo, que la combinación de experiencia local e innovación tecnológica forma parte central de la visión de futuro de la compañía.

La Junta Directiva de Ecopetrol se mantiene al tanto de la situación judicial que rodea a su presidente, Ricardo Roa, mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia. Según reportó la agencia EFE, la máxima dirección de la petrolera estatal ha implementado procedimientos internos de control y seguimiento tras la imputación de Roa por parte de la Fiscalía General de la Nación por supuestas violaciones de los topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con lo consignado por EFE, Ecopetrol activó un protocolo interno diseñado para evaluar de manera objetiva, documentada y exhaustiva cualquier suceso que pueda afectar la gestión o el patrimonio de la empresa. Entre estas medidas figura una solicitud formal de información tanto a Roa como a las autoridades encargadas del caso, con el objetivo de mantener total transparencia y asegurar la adecuada toma de decisiones por parte de la junta directiva.

Tal como detalló el medio EFE, la compañía comunicó que el presidente de Ecopetrol mantiene al tanto a la máxima dirección sobre la evolución de su proceso, al mismo tiempo que la junta realiza monitoreo y revisa posibles consecuencias que los hechos judiciales pudieran tener sobre la empresa y sus accionistas. La organización aseguró que continuará observando de cerca los avances de la investigación para intervenir si resultara necesario.

Ricardo Roa asumió la presidencia de la mayor petrolera colombiana en abril de 2023. A pesar de su situación judicial, la empresa estatal manifestó públicamente su respeto por el principio de presunción de inocencia y el derecho de Roa al debido proceso, según expresó en un comunicado citado por EFE.

El proceso judicial contra Roa se origina en su papel como gerente de campaña de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022. En noviembre, el Consejo Nacional Electoral impuso una multa tras establecer que la campaña superó el límite legal de gastos de campaña por más de 5.000 millones de pesos colombianos, cifra equivalente a aproximadamente 1,1 millones de euros, conforme informaron medios locales y difundió EFE. Este hallazgo agravó el escrutinio sobre los manejos financieros de la campaña y desencadenó la intervención de otros organismos de control.

Además de la imputación relacionada con el financiamiento electoral, EFE informó que Roa enfrenta otra investigación por parte de la Fiscalía General, esta vez por un presunto tráfico de influencias. El foco de esta pesquisa recae en la compra de un apartamento en Bogotá de un directivo del sector petrolero, información que fue revelada por el diario 'El Tiempo'.

El cumplimiento de los procesos internos en Ecopetrol incluye la comunicación constante entre la administración y la junta directiva, a fin de garantizar la estabilidad y legalidad de las operaciones. Según el protocolo activado, la petrolera estatal estructuró una serie de acciones dirigidas a detectar y analizar cualquier impacto potencial de las investigaciones sobre la gestión empresarial y sobre los intereses de los accionistas.

Luego de la imputación formal anunciada por la Fiscalía General de la Nación, la junta directiva de Ecopetrol reiteró, a través de su declaración emitida por la compañía y citada por EFE, la importancia de atenerse al debido proceso legal. La actitud observada por la dirigencia apunta a preservar la normalidad institucional y evitar medidas anticipadas mientras el avance de la justicia define responsabilidades.

Las actuaciones internas de la máxima empresa de hidrocarburos de Colombia siguen alineadas con el sistema de gestión de cumplimiento que ya venía en aplicación. Este sistema sirve de base para la revisión minuciosa de los hechos y la evaluación de posibles acciones administrativas en correspondencia con los resultados de las indagaciones.

La mención específica del requerimiento de información tanto a Roa como a las entidades competentes demuestra la intención de Ecopetrol de documentar exhaustivamente cada fase del proceso. EFE reportó también que el seguimiento se mantendrá hasta contar con los elementos necesarios para posibles decisiones, siempre bajo la premisa de salvaguardar el patrimonio y los intereses de los accionistas de la compañía.

La situación judicial de Roa acapara la atención, no solo por sus implicaciones legales en un proceso electoral relevante para Colombia, sino también por el impacto institucional que reviste en la mayor empresa petrolera del país. Según las comunicaciones y protocolos internos, Ecopetrol subraya su compromiso con los organismos de control y con la transparencia en el manejo de sus altos ejecutivos, en tanto se determina el desenlace de las investigaciones penales y administrativas en curso.

Después de recibir advertencias de su entorno para que se alejara de Cayetano Rivera, Gemma Camacho decidió compartir su perspectiva sobre la relación que la vinculó al torero, negando rotundamente que haya existido un solapamiento o infidelidad con parejas anteriores y reivindicando su derecho a manejar su vida privada lejos del escrutinio público. Según recogió el medio que la entrevistó por primera vez en un plató, la periodista relató cómo la persecución mediática la llevó a pasar momentos complicados e incluso a desaparecer de las redes sociales durante varias semanas. A través de sus declaraciones en el programa ‘El tiempo’, Camacho se encargó de aclarar detalles sobre su amistad con Rivera, la naturaleza exacta del vínculo y las circunstancias que rodearon los rumores sobre su relación.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Gemma Camacho habló sin rodeos sobre la etapa en que mantuvo contacto frecuente con Cayetano Rivera. Explicó que se trató de “una bonita amistad”, pero reconoció que había existido un matiz especial que diferenció ese vínculo de otros. Añadió, no obstante, que todo se abordó “desde el segundo día” y que tanto ella como el torero dialogaron abiertamente sobre los límites de la relación. En palabras de Camacho, nunca intentó alimentar la idea de un romance para ser noticia ni vender una historia sentimental: “Le admiro y le deseo lo mejor, éramos amigos, quizás una relación más especial, sí, pero somos adultos y lo hablamos desde el segundo día”, manifestó ante la audiencia.

Al detallar su experiencia bajo la exposición pública, la periodista confesó a la producción del programa que la irrupción de los medios en su vida cotidiana le resultó difícil de gestionar. Describió situaciones en las que una agencia de prensa la esperaba en la puerta de su domicilio para captar imágenes o averiguar si se encontraba con Rivera. Gemma Camacho subrayó que no planea modificar su forma de ser, independientemente de la repercusión que tenga su amistad con Cayetano Rivera: “No voy a dejar de ser yo por estar con un señor o no”.

El medio relató cómo, durante la emisión del programa, el equipo evocó advertencias pasadas que otras figuras también habrían recibido sobre acercarse al torero. Estefanía Sambruno, según se recordó, aconsejó a Tamara Gorro “huir” de Cayetano. Camacho aseguró que a ella también le hicieron advertencias similares y que recibió mensajes desagradables a raíz de las especulaciones. A pesar de ello, defendió el carácter personal del torero, quien, según su testimonio, “siempre ha sido respetuoso” con ella, aunque describió su personalidad como reservada, poco comunicativa y nada sociable, señalando que esa discreción contribuye a su deseo de proteger su intimidad.

La periodista descartó categóricamente cualquier insinuación sobre su responsabilidad en rupturas previas o situaciones de infidelidad dentro de la vida sentimental de Rivera. Dio detalles sobre el inicio de su relación, especificando que comenzaron a tratarse por mensajes hace aproximadamente tres años y que siempre primó el respeto. Explicó que, cuando estallaron los rumores y las imágenes en los medios, experimentó un sentimiento de culpa por haber contribuido, sin desearlo, a la difusión pública de su amistad.

Camacho también narró ante el medio una situación específica en la que, tras ser enviada a Sevilla para un reportaje sobre Kiko Rivera, solicitó a sus superiores no mencionar a la familia Rivera con el objetivo de evitar que aumentara el revuelo sobre ella misma. Insistió en que nunca intervino en relaciones anteriores del torero, ni poseía información detallada sobre las experiencias sentimentales del propio Cayetano.

Sobre el reportaje gráfico que generó especulaciones, Gemma Camacho comentó que ignoraba la existencia de esas fotografías hasta que un director de revista le preguntó por ellas. Llegó a pensar, según sus propias palabras, que “se trataría de otra mujer”. Relató que, al ser para ella una relación basada en la amistad y sin planteamientos de exclusividad o conversaciones sobre el futuro, no consideró que ese episodio le afectara de manera especial. Sus encuentros y planes se limitaban a las fechas navideñas y a actividades cotidianas, sin compromisos formales.

Camacho expuso otro episodio clave: ante el incremento de rumores, decidió contactar a Cayetano para preguntarle de manera directa si estaba manteniendo relaciones con otras mujeres. El torero le respondió de manera negativa, un intercambio que para Camacho suponía el reflejo del respeto mutuo que existía entre ambos. “Ahí queda el respeto de él hacia mí y yo hacia él”, declaró en el programa.

Toda esta situación, indicó Camacho al medio, provocó que la relación se enfriara. Después de que la prensa comenzara a interrogarla abiertamente sobre Cayetano Rivera, ya no volvieron a encontrarse. Durante la transmisión, el equipo analizó también el contraste en la forma de enfrentarse a los medios entre la nueva pareja de Cayetano, Tamara Gorro, y la propia Camacho. Mientras que Gorro interactúa abiertamente con la prensa, Gemma muestra una actitud más reservada y subrayó que nunca buscó convertirse en una protagonista de la crónica social ni formar parte de triángulos mediáticos.

La periodista explicó que entiende la posición actual de Tamara Gorro, dado su pasado como personaje público y su constante exposición, y señaló que en su caso el paso de reportera a figura central de una noticia nunca fue una decisión personal. La presión obligó a Camacho a desaparecer temporalmente de las redes sociales debido a la intensidad del foco mediático.

En su intervención televisiva, reiteró una vez más que no hubo solapamiento de relaciones con Cayetano Rivera: “No se solapó la relación”, zanjó para poner fin a las insinuaciones y especulaciones. El motivo de su aparición en el programa, enfatizó, era cerrar este capítulo y continuar su vida con independencia de la nueva relación sentimental de Cayetano Rivera.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia impuso una sanción económica a Ricardo Roa en noviembre al determinar que la campaña presidencial de Gustavo Petro, que él gerenciaba en 2022, rebasó los topes legales de gasto por más de 5.000 millones de pesos —el equivalente a 1,1 millones de euros—, tal como difundió El Tiempo. Esta infracción llevó a la Fiscalía General de la Nación a considerar formular cargos en contra de Roa, quien actualmente ocupa la presidencia de Ecopetrol, principal empresa energética estatal del país, tras haber asumido el puesto en abril de 2023.

Según publicó El Tiempo, la Fiscalía General planea imputar a Roa por supuestas irregularidades relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Petro, periodo durante el cual se habría incurrido en violaciones a las normas que establecen los límites de gasto electoral. El proceso judicial abierto contra Roa se suma a la multa ya impuesta meses atrás, lo que vuelve a situar bajo la lupa la transparencia y legalidad en la financiación de la contienda electoral que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, según informó el medio colombiano.

La investigación sobre la gestión de recursos durante la campaña no es el único frente judicial que enfrenta Roa. De acuerdo a lo que consignó El Tiempo, la Fiscalía desarrolla en paralelo otra pesquisa por presunto tráfico de influencias. Este proceso se origina a partir de la compra de un apartamento en Bogotá, operación en la que Roa habría estado involucrado junto a un ejecutivo del sector petrolero. La naturaleza y detalles de la relación entre ambos actores en la transacción están siendo analizados por las autoridades para determinar si existió algún comportamiento incompatible con la función pública.

Medios locales resaltaron que la multa aplicada por el Consejo Nacional Electoral tiene su origen en el hallazgo de un exceso significativo en los recursos utilizados durante la campaña de 2022, excediendo el tope autorizado por la legislación electoral colombiana. De acuerdo con la información publicada, las investigaciones buscan establecer si Roa, en calidad de gerente de campaña, incurrió en responsabilidad penal adicional a la sanción administrativa ya aplicada.

La actuación de la Fiscalía frente a los posibles delitos atribuidos al presidente de Ecopetrol se produce en un contexto de llamadas a la integridad y el respeto por las reglas en los procesos electorales, según detalló El Tiempo. En el centro de las acusaciones figura la utilización de fondos y la transparencia en los informes presentados durante y después de la campaña, aspectos sometidos a un estricto escrutinio por parte de las entidades de control.

La causa relacionada con la compra del inmueble por Roa se analiza por posible tráfico de influencias, circunstancia que implica la existencia de presiones o utilización de cargos para obtener ventajas indevidas. Esta diligencia de la Fiscalía se suma a las investigaciones sobre el origen y destino de los recursos de la campaña presidencial, cuyo balance supera ampliamente los límites admitidos, según los reportes citados por el periódico El Tiempo.

El entorno político y empresarial colombiano permanece atento a los avances de estas dos investigaciones, dada la relevancia institucional de Ecopetrol y el impacto de las decisiones judiciales sobre su liderazgo. La resolución de los procesos abiertos podría influir en la permanencia de Roa al frente de la mayor compañía petrolera del país y en la percepción sobre la transparencia tanto en la política como en la gestión pública, tal como han recogido distintos medios, entre ellos El Tiempo.

La noticia fue difundida por diversos medios, incluidos reportes de El Tiempo, que detallaron que la desaparición ocurrió el 23 de octubre de 2002. Según la información recabada, los hermanos Herrera habrían contactado presuntamente con miembros de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare con el fin de que estos capturaran a varios vecinos de los alrededores de las propiedades que pertenecían a la familia Herrera Herrera. En la comunicación oficial de la Fiscalía se afirma: “La Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá (Cundinamarca), el 23 de octubre de 2002”.

Luis Alberto Herrera, conocido en el ámbito deportivo como “Lucho” Herrera, ganó notoriedad internacional tras sus victorias en grandes competencias ciclísticas y también fue secuestrado por las FARC en el año 2000, episodio en el que permaneció privado de libertad durante 24 horas. Dos años después, la zona donde nació volvió a aparecer en la agenda pública, aunque esta vez ligada al presunto involucramiento de él y su hermano en la retención ilegal de habitantes locales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, se acusa a los Herrera de colaborar con grupos armados ilegales al supuestamente delegar la tarea de desaparecer a personas que vivían cerca de sus terrenos familiares. La Fiscalía ha sostenido que el proceso se encuentra abierto y que los hechos atribuidos datan de hace 23 años, momento en el que la presencia y control territorial de diversos actores armados, incluidas agrupaciones paramilitares, incidía directamente sobre la vida cotidiana de los pobladores rurales.

El caso cobró nuevo impulso en 2023, luego de que un juzgado penal de Fusagasugá solicitara la actuación directa de la Fiscalía tras recibir información que comprometía a los hermanos Herrera en los hechos objeto de investigación. Según consignó el medio El Tiempo, las hipótesis iniciales no han variado desde entonces: la defensa de Lucho Herrera ha sostenido durante años que su cliente no tiene relación alguna con la desaparición forzada de los vecinos y niega cualquier nexo con grupos paramilitares.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha presentado cargos formales, aunque el proceso avanza dentro de la fase de indagación. El Ministerio Público ha reiterado que los implicados son considerados sujetos de investigación por su supuesto vínculo con la estructura armada que operaba en el Casanare durante aquellos años, una región que en ese periodo fue epicentro de diversos abusos y desplazamientos relacionados con el accionar de las autodefensas.

El caso se inscribe en un contexto de violencia ocurrida en varias regiones rurales de Colombia, donde la confluencia de intereses rurales, disputas territoriales y presencia de organizaciones armadas ilegales generó episodios de desplazamiento y desapariciones forzadas ampliamente documentados en expedientes judiciales y reportes de prensa independiente. La Fiscalía, detalló El Tiempo, continúa analizando testimonios y pruebas documentales para esclarecer el grado de participación de los hermanos Herrera en los hechos.

La notoriedad de Lucho Herrera como una figura emblemática del deporte colombiano dio una visibilidad significativa a una investigación que, sin esa conexión, probablemente habría pasado inadvertida fuera del ámbito local. No obstante, la Fiscalía subrayó en su comunicado que la apertura de la investigación responde exclusivamente a la información recabada y no a consideraciones mediáticas. Según consignó El Tiempo, los defensores de los hermanos Herrera reclaman respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

De acuerdo con los registros consignados por el Ministerio Público, el testimonio de residentes y otros elementos incorporados en la investigación serán claves para determinar si existió algún tipo de asociación directa o indirecta entre los hermanos Herrera y los grupos armados involucrados en la desaparición de los cuatro pobladores. El proceso judicial, según detalló la Fiscalía, se mantiene bajo estricto seguimiento y su avance depende de la recolección de nuevos elementos probatorios que permitan establecer responsabilidades penales o exoneraciones definitivas.

La comunidad de Fusagasugá se mantiene atenta al desarrollo del caso, dado el impacto que el episodio tuvo tanto en lo social como en su historia reciente. De momento, las autoridades judiciales evitan pronunciarse sobre conclusiones anticipadas y enfocan sus pesquisas en reconstruir las circunstancias que rodearon a la retención y posterior desaparición de los moradores afectados en el año 2002.

En medio de la polémica que ha desatado la revelación de los archivos incautados a alias Calarcá y que vincularía directamente al director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, y al jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, el presidente Gustavo Petro emitió fuertes declaraciones contra los periodistas detrás del informe periodístico.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado criticó públicamente a periodistas y a la Fiscalía de Medellín por el manejo de información sobre presuntas filtraciones en el Ejército, señalando irregularidades en la obtención y publicación de pruebas.

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Incluso, Petro acusó a los comunicadores de manipular datos y presionar a un detenido para obtener una carta que involucra a un general en supuestas actividades ilícitas.

Acusaciones de manipulación y presión a testigos

Gustavo Petro cuestionó la labor del periodista Ricardo Calderón, a quien señaló por su cobertura de los hechos que involucran al general Huertas y a Wilmar Mejía.

El mandatario afirmó que las grabaciones atribuidas al director de Inteligencia no se encontraban en los dispositivos electrónicos incautados hace 16 meses, como se ha sugerido en los informes periodísticos, sino que aparecen en otro contexto que calificó de infundado.

“A Wilmar lo menciona @Eltiempo supuestamente como conversante en una grabación que entrega el coronel de la policía Quitian a sus superiores de inteligencia. Ni Quitian dice que es Wilmar, y el señor con que conversa con Quitian afirma públicamente que no es Wilmar del DNI (sic)”, señaló.

Incluso, el presidente cuestionó por qué se produciría la supuesta manipulación y por qué el noticiero incluyó el nombre de Wilmar en su información si, según el mandatario, no figura en las grabaciones incautadas.

Además, acusó a Ricardo Calderón de intentar confundir a la opinión pública con supuestas equivocaciones o presunciones que, según él, no tienen relación con el problema central.

Grabaciones, carta del detenido y críticas a la Fiscalía

En su mensaje, Petro aseguró que el informe sobre el general Huertas no se encontraba en las grabaciones incautadas a alias calarcá en 2024, sino en una supuesta carta escrita por un miembro detenido del grupo EMC, identificado como Jader Montoya Yepes, alias Primo Carro, en una cárcel de la Sijín de la policía en Medellín.

El mandatario precisó que la carta no data de hace 16 meses, sino que fue redactada recientemente, y que el propio periodista Ricardo Calderón fue grabado por las cámaras de seguridad de la cárcel cuando acudió a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso, siete días antes de la publicación de Caracol.

“El informe está un carta escrita por un miembro detenido del grupo EMC en una cárcel de la Sijin de la policía. La carta no es de hace 16 meses El mismo periodista Ricardo Calderón aparece grabado en las cámaras de seguridad de la cárcel Sijin yendo a conversar con el preso, autorizado por la fiscal del caso. Eso ocurre 7 días antes de la publicación de Caracol. Ese preso se llama Jader Montoya Yepes y le dicen “Primo Carro” (sic)”, señaló el presidente.

Petro destacó que Montoya Yepes no habría sido capturado en la operación de julio de 2024 y que es la fuente que acusa al general Huertas en la carta escrita de su puño y letra.

“A Jaider Montoya no lo capturaron en la operación de hace 16 meses y es la fuente que acusa al general Huertas en carta escrita por él y de su mano. Es decir el general Huertas no aparece en los aparatos electrónicos capturados hace 16 meses”, señaló.

El jefe de Estado también dirigió críticas a la Fiscalía de Medellín, a la que acusó de no entregar informes ni resultados de los dispositivos electrónicos incautados en la retención de hace 16 meses, pero sí de permitir que el periodista supuestamente visitara a un preso que, según él, no tiene relación con esos hechos.

Petro afirmó que la fiscal de Medellín no informó a la policía que la visita correspondía a un periodista y calificó de grave irregularidad la autorización de esa entrevista, que fue habría sido grabada por las cámaras de seguridad de la cárcel.

“Se ve claramente al periodista Alarcón y se ve presionado el preso y preocupada la seguridad de la cárcel por el hecho”, comentó. Añadió que el detenido nunca debió ser presionado para escribir la carta, la cual menciona otros hechos y personas, incluyendo a Hollman Morris y al propio presidente, aunque, según Petro, el periodista no publicó esos párrafos.

“La entrevista fue grabada por las cámaras de seguridad de la cárcel de la Sijin. Es ese preso la fuente que ataca al general Huertas, escribe ese ataque de su mano en la cárcel, y a un Wilmer, quizá confunde el nombre, y es allí donde aparece el tema de las compañías de seguridad, cuando es este gobierno el que ha puesto la investigación y el cierre de las compañías de seguridad privada que vienen aliadas al crímen y que el periodista no menciona”, señaló.

El mandatario también cuestionó la validez judicial de la carta, argumentando que la fiscal de Medellín no permitió la presencia de un abogado durante la entrevista. Además, aseguró haber “investigado más” el tema y afirmó que la fiscal tiene una fuerte cercanía con el brigadier general Juan Carlos Fajardo González, retirado del Ejército justo después del operativo que permitió la captura de alias Calarcá en 2024.

“He investigado más el tema, y la fiscal de Medellín tiene una fuerte cercanía con el general Fajardo al que saqué del ejército y trabaja con los gobiernos locales de Medellín y Antioquia”, continuó el presidente.

Implicaciones políticas y antecedentes

Petro relató que en Medellín se reunió un grupo de oficiales de la policía y el ejército retirados por su administración, quienes, según él, se han organizado con Abelardo de la Espriella para solicitar su reintegro a cambio de apoyo político.

El presidente acusó a este grupo de construir falsedades para la prensa con el objetivo de debilitar su proyecto político y fortalecer el de De la Espriella, llegando incluso a contactar a funcionarios en Estados Unidos.

En su mensaje, Petro concluyó que el medio Caracol, al no verificar adecuadamente las fuentes de la información de Ricardo Calderón y al confundir los hechos recientes con los de hace 16 meses, terminó involucrado en una componenda, supuestamente influida por la fiscal de Medellín y su relación con el exgeneral Fajardo y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

No cesan los ataques del presidente Gustavo Petro hacia los medios de comunicación que, en la última semana, destaparon uno de los escándalos más grandes del 2025 y que involucraría al Ejército Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De hecho, luego de que el presidente se despachara contra el periodista de Noticias Caracol que reveló los archivos decomisados a alias Calarcá y en los que se comprobaría la presunta complicidad del general Juan Miguel Huertas y el funcionario Wilmar Mejía, pidió a los hoy suspendidos por la Procuraduría General de la Nación demandar a los medios de comunicación.

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“Autorizo al general Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía a poner las denuncias penales y civiles que el infundio de Noticias Caracol y El Tiempo, dado que se niegan a rectificar, merecen (sic)”, señaló el presidente en su cuenta de X.

Esta sería la autorización expresa del jefe de Estado para emprender acciones contra los medios del país, aunque no ha sido la única referencia que ha hecho sobre el tema.

El lunes 1 de diciembre, el mandatario reiteró su respaldo al suspendido director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de apartarlo de su cargo durante tres meses en emedio de una investigación por presuntas filtraciones y alianzas con disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

En un mensaje publicado también en su cuenta de X, el mandatario calificó de “calumnias” las acusaciones y negó la autenticidad de los audios divulgados por El Tiempo, en los que se escucharía a Mejía ordenar presiones para “salvar” al presidente.

La suspensión de Mejía y del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, fue adoptada como medida cautelar por la Procuraduría, que argumentó el riesgo de que ambos pudieran influir en la investigación interna sobre una supuesta infiltración criminal en instituciones estatales. Según la entidad, la medida es provisional, por tres meses y con posibilidad de prórroga.

El caso se originó tras el hallazgo de correos y archivos en los computadores de alias Calarcá, incautados durante su detención en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entre Anorí y Medellín, Antioquia.

De acuerdo con Noticias Caracol, los dispositivos contenían chats, imágenes y documentos que implicarían la filtración de información clave a los insurgentes, permitiéndoles evadir controles estatales y operar disfrazados mediante empresas de seguridad fachada.

En su pronunciamiento, Petro instó a Mejía a presentar demandas contra los medios de comunicación Noticias Caracol y El Tiempo para exigir rectificaciones y una indemnización económica.

“Hermano Wilmar, te calumniaron, eso es delito y hay que ir a la justicia. Tienes mi autorización. Se prueba que no es tu voz en las grabaciones y no son capaces de rectificar, cuando eso pasa tu ca ir a la justicia penal y civil, que indemnicen su falta al buen nombre (sic)”, expresó el presidente.

Por su parte, Mejía cuestionó la cobertura mediática y la decisión de la Procuraduría, sugiriendo la existencia de intereses ocultos en su contra. “¿A quién le hacen el trabajo? ¿Qué callos pisé que han desatado tanta furia sobre mí? Igual, el presidente tiene razón. Se me suspende por supuestos hechos en mi calidad de ciudadano y no de servidor público”, afirmó en redes sociales. Además, criticó que se le acuse de filtrar información de inteligencia o militar “sin tener acceso a ella”, y señaló inconsistencias en las versiones difundidas.

Las pruebas recabadas apuntarían a que Huertas y Mejía habrían advertido a las disidencias sobre operativos de la Fuerza Pública y la Fiscalía. Se menciona que Huertas habría sostenido reuniones con emisarios ilegales para discutir un posible “pacto de no agresión”, mientras que Mejía, desde la DNI, habría suministrado datos confidenciales.

La Fiscalía abrió investigaciones para determinar la responsabilidad de ambos funcionarios. El general Huertas será investigado por la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, mientras que el caso de Mejía recaerá en otra dependencia, ya que no cuenta con fuero institucional.

La mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando de la guerrilla urbana denominada M-19 (Movimiento 19 de abril) ingresó al Palacio de Justicia en Bogotá con el objetivo de enjuiciar al presidente Belisario Betancur, detonando en una toma armada que derivó en una masacre retransmitida en directo y cuyos efectos impactan a Colombia cuatro décadas después.

El episodio, seguido en tiempo real por la televisión nacional hasta su interrupción por orden de Presidencia, dejó más de un centenar de víctimas y una huella de impunidad que persiste, y debido a esto la Biblioteca Nacional de Colombia se unió a los actos conmemorativos, desempolvando los periódicos de los medios nacionales que, en esa época, hicieron el cubrimiento del holocausto.

Según la cronología el asalto comenzó hacia las 11:30 de la mañana, cuando 29 integrantes del M-19 irrumpieron violentamente en el emblemático edificio que alberga la más alta instancia judicial del país.

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Pese a tratarse de una de las instalaciones presuntamente más protegidas de Bogotá, ese día la seguridad fue inexistente, un hecho aún sin explicación oficial. En el interior del recinto se encontraban cerca de 350 personas entre magistrados, funcionarios, visitantes y empleados.

Los fotorreporteros y periodistas que siguieron de cerca los hechos y los transmitieron minuto a minuto se ubicaron en lo que hoy se conoce como Museo de la Independencia Casa del Florero, en la esquina ubicada por la carrera séptima que de norte a sur, conduce a la plaza de Bolívar.

En las fotografías del archivo histórico que reposa en la Biblioteca Nacional, se compartieron 15 de ellas, en las que se observan varios de los titulares que figuraron en tres de los principales medios impresos que hicieron seguimiento a uno de los hechos históricos más importantes del país: los diarios El Tiempo y El Espectador; sumado a la revista Cromos.

La respuesta estatal llegó de inmediato. Policía y Ejército rodearon la zona y lanzaron una operación para retomar el control, priorizando la integridad de los rehenes. La ofensiva se materializó en repetidos asaltos, incluido un desembarco por helicóptero en el techo del Palacio.

Los titulares que circularon en ese momento y que componen artículos periodísticos (entre notas, crónica y columnas de opinión) fueron algunos como:

• “Las 28 horas que estremecieron a Colombia”
• “Era una batalla campal”
• “Cronología del asalto a la Corte”
• “Gestos de la tragedia”
• “No negociaremos: el Gobierno”
• “A SANGRE Y FUEGO...”
• “Arrasado Palacio de Justicia en toma subversiva”

• “Palacio de Justicia, campo de batalla”
• “El Gobierno no transa”
• “Terminó el drama”
• “Asesinado presidente de la Corte”
• “Rescatan heridos”
• “Muerto Jaramillo”
• “Los medios en acción”
• “El Gobierno nos abandonó”

En el transcurso de los enfrentamientos, un incendio arrasó la biblioteca y se extendió por varios pisos. Según el relato recogido por Infobae Colombia, el cuerpo de bomberos nunca recibió autorización para acceder al edificio debido a las acciones militares en desarrollo.

El enfrentamiento finalizó la tarde del 7 de noviembre, cuando las autoridades anunciaron la recuperación del edificio.

El saldo oficial informó más de 100 muertos, entre ellos magistrados, funcionarios, guerrilleros y numerosos civiles. Hasta el presente solo han sido identificados alrededor de 70 cuerpos, y persisten al menos 11 casos reconocidos de desaparición.

Además de la prensa, la Biblioteca Nacional compartió varios libros que relatan la toma del Palacio de Justicia

“Los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia trascendieron más allá de la toma guerrilla y retoma militar del edificio. Los silencios institucionales y sociales impuestos tras la tragedia impidieron durante años un conocimiento pleno de lo ocurrido, desconociendo la negligencia estatal y la profundidad de las violencias perpetradas”, destacó en el mensaje que acompaña las pizas de prensa en la cuenta de Instagram de la Biblioteca Nacional de Colombia ().

“A decenas de familiares de víctimas y personas desaparecidas se les negó el acceso a la verdad sobre el paradero de sus seres queridos y las circunstancias de su desaparición o muerte”, complementó el mensaje en la cuenta oficial de la Biblioteca Nacional de Colombia.

No obstante, aún existen controversias sobre el destino de rehenes observados con vida durante la liberación, cuyos restos aparecieron sin identificar en las instalaciones de Medicina Legal.

Las investigaciones y versiones sobre la responsabilidad en las muertes continúan abiertas. El informe de la Comisión de la Verdad menciona al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, como víctima de disparos del Ejército Nacional.

Testimonios citados por historiadores a Infobae Colombia sostienen que las irregularidades en el manejo de los cuerpos y la documentación perdida obstaculizaron la identificación de las víctimas y enturbiaron la transparencia del proceso judicial posterior.

A 40 años del asalto al Palacio de Justicia, Colombia sigue sin respuestas definitivas sobre la autoría de parte de las muertes, la gestión de pruebas y la desaparición de varios rehenes. Las secuelas políticas, judiciales y humanas de la toma continúan fracturando el debate nacional, según señala Infobae Colombia.

Los 40 años de la toma del Palacio de Justicia: así cubrió la prensa los hechos

Además de la prensa escrita, la literatura también sirvió como herramienta de construcción de la memoria histórica, para esto se presentaron como referentes las obras:

• Mi vida y el palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985, de Helena Urán Bidegain
• Vivir sin los otros: los desaparecidos del Palacio de Justicia, de Fernando González Santos
• Noches de humo, de Olga Behar
• Biografía social de los registros audiovisuales de la toma y retoma del Palacio de Justicia, de Margarita Riveros Pineda

Por último, se compartió un fragmento del libro de Olga Behar: “El gobierno no estaba actuando en el plano político, había asumido la toma del Palacio de Justicia como un combate militar, sin tener en cuenta a los civiles que estaban adentro”.

Al final de la publicación se mencionó lo siguiente: “Con estas líneas, recopiladas en el libro «Noches de humo», de la periodista Olga Behar, desde la Biblioteca Nacional de Colombia expresamos nuestro deseo de rememorar todas y cada una de las voces silenciadas en esos dos infortunados días: a todos los empleados, visitantes y transeúntes del Palacio, a sus respectivas familias y a quienes, en estos 14.600 días han alzado su voz para exigir respuestas”.

Un nuevo episodio de violencia armada sacudió la ciudad de Cali luego de un ataque con fusiles contra una camioneta Toyota por la avenida Ciudad de Cali con Carrera 39 en la noche del 28 de agosto.

El vehículo blindado, modelo 2020 y de placas GJU897, pertenece actualmente a Mayra Alejandra Montezuma Solano, quien lo adquirió el 6 de mayo y posteriormente lo blindó en Sabaneta, Antioquia, donde sacó una nueva placa, según lo detalló El Tiempo.

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Según las autoridades, se busca a Montezuma.

Las imágenes captadas por testigos, el copiloto, cubierto por una capucha blanca, intentó auxiliar a un hombre que yacía en el pavimento con varias heridas de bala.

Las autoridades identificaron a la víctima fallecida como Javier Tello, DE 49 años, quien ejercía labores de escolta del copiloto, protagonista en los videos difundidos.

Mientras la Policía inspeccionaba la camioneta, aun con huellas de sangre en las puertas, surgieron indicios de que, a pesar del blindaje, las balas de arma larga lograron perforar las defensas del vehículo.

Fuentes policiales revelaron al medio mencionado que, tras realizar el levantamiento del cuerpo con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, se efectuó la verificación de antecedentes de dos de los ocupantes, logrando su detención en el acto.

En el mismo procedimiento fue capturado también un individuo identificado bajo el alias de Chingapipe, quien, según la información proporcionada, lideraría una estructura criminal activa en la región.

Las pesquisas abren la hipótesis de que este ataque sicarial podría estar vinculado al reciente intento de fuga ocurrido en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa, suceso registrado el martes anterior.

Allí, permanecen recluidos tanto cabecillas asociados a “Chingapipe” como otros líderes criminales conocidos como “Dimax”, “Palustre” y alias H, todos con operaciones criminales vinculadas a Cali y sus alrededores, incluso, con conexiones hacia el departamento de Antioquia.

La revuelta en la cárcel de Villahermosa quedó documentada en grabaciones compartidas en redes sociales, donde se observa a internos enfrentándose abiertamente con miembros de la Fuerza Pública.

Los videos han servido como uno de los elementos de análisis para investigadores que buscan esclarecer las motivaciones y los posibles nexos entre ambos sucesos recientes.

En este contexto, la investigación continúa, enfocándose en desentrañar las auténticas causas del ataque, la identidad plena de los ocupantes y las ramificaciones que estos hechos pudieran tener en el entramado criminal del suroccidente del país.

“La Policía judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación, esperamos tener resultados sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente”, dijo Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Según datos de las autoridades, la identidad de Mayra Alejandra Montezuma Solano no presenta antecedentes penales y está inscrita en el Sisben de Cali, en la comuna 13.

Alcalde Eder responsabiliza a las disidencias de las Farc por ataque y exige restitución de recursos en seguridad

El reciente atentado con carro bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali, con un saldo de seis muertos y más de setenta heridos, evidenció las debilidades en la seguridad local y encendió la alarma sobre los recortes presupuestarios en defensa e inteligencia.

El alcalde Alejandro Eder atribuyó la gravedad del ataque a la disminución de recursos por parte del Gobierno nacional, afirmando que esto ha limitado la capacidad de respuesta institucional.

En declaraciones a medios radiales, Eder describió el ataque, ejecutado en pleno tráfico, como un acto para causar el mayor daño posible, y responsabilizó al frente Jaime Martínez, disidencia de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.

El mandatario recordó que Cali ha sido blanco de una ofensiva recurrente, con seis atentados desde mayo de 2024, y denunció que con recortes de hasta el 30% en el presupuesto nacional se afecta la operatividad de inteligencia, aviación y equipos de reacción.

Planteó la necesidad de restablecer los recursos nacionales y de fortalecer la erradicación de cultivos ilícitos, identificando Jamundí y el norte del Cauca como focos del problema.

Eder advirtió que la reducción presupuestaria compromete la seguridad de todas las ciudades capitales y solicitó una cumbre urgente con el Gobierno. Reafirmó la disposición de la fuerza pública, pero alertó que sin recursos estratégicos, la paz e institucionalidad en Colombia están en riesgo.

El décimo aniversario de Fara Norte marcará un hito en la relación musical entre México y Colombia, ya que la agrupación originaria de Nuevo León llevará por primera vez su propuesta de música norteña a escenarios de este país en agosto y septiembre de 2025.

La gira, titulada “10 Años de Fara Norte”, no solo contempla conciertos en Cali y Bogotá, sino que también incluye actividades pedagógicas, consolidando un intercambio cultural que trasciende la presentación artística.

La banda, fundada en marzo de 2015 en el municipio de Galeana, Nuevo León, ha construido una trayectoria combinando respeto por la tradición y apertura a nuevas audiencias. Su repertorio, centrado en corridos, polkas y cumbias norteñas, busca acercar la riqueza musical del norte mexicano a públicos diversos, evidenciando el arraigo de estas formas en la identidad cultural de la región.

Las presentaciones oficiales están programadas para este viernes 29 de agosto de 2025 en la Cantina La 15 de Cali y el sábado 30 de agosto de 2025 en el mismo recinto de Bogotá. En ambos conciertos, el público podrá disfrutar de un recorrido sonoro que, según los organizadores, “atiende el interés de una audiencia diversa que busca autenticidad y renovación musical”.

Más allá de los escenarios, la visita de Fara Norte a Colombia también se distingue por su aspecto formativo. El lunes 1 de septiembre de 2025, la banda ofrecerá el taller “Corridos de México” en el Colegio de Ciudad Bolívar en Bogotá, con el respaldo de la Embajada de México en Colombia. Esta iniciativa, dirigida a jóvenes de 14 a 16 años, propone una aproximación tanto teórica como práctica al corrido como forma de relato social y político.

El taller revisará la transformación del corrido desde la Revolución Mexicana hasta su uso contemporáneo, permitiendo a los asistentes crear letras originales que serán interpretadas y grabadas por los propios integrantes del grupo. “El corrido es una narrativa viva, un testimonio popular transmitido de generación en generación”, afirmó un integrante de la banda en entrevista con Caracol Radio.

El nombre Fara Norte surge de la expresión coloquial “Fara fara”, utilizada en Nuevo León para describir a los músicos tradicionales que, con acordeón y bajo quinto, animan plazas y reuniones. Al añadir “Norte”, la agrupación reafirma su identidad y proyecta su sonido desde el norte de México hacia el mundo, honrando la tradición y marcando un estilo propio.

Desde su fundación, el grupo ha buscado revitalizar y preservar la música norteña tradicional, integrando músicos con formación diversa y experiencia en la escena regional mexicana. Su propuesta respeta la estructura clásica del género, pero incorpora elementos contemporáneos en la instrumentación y los arreglos.

La proyección internacional de Fara Norte se consolidó en 2022, cuando participaron en el Festival Internacional Hispanidad en Madrid, compartiendo cartel con referentes como La Banda El Recodo y El Mariachi Vargas de Tecalitlán. Durante esa gira, la agrupación ofreció talleres y presentaciones didácticas que permitieron dimensionar el corrido y el repertorio norteño dentro del contexto más amplio de la música hispanoamericana. “Queremos que el público vea cómo los corridos cuentan historias reales y son parte de nuestra identidad”, expresó un portavoz de la banda.

En 2024, el grupo publicó el sencillo “Ay Amor”, que consolidó su propuesta musical más allá de la frontera mexicana. La discografía de Fara Norte se caracteriza por la combinación de un perfil tradicional con sonoridades contemporáneas, utilizando instrumentos como el acordeón, el bajo sexto y el saxofón, y letras que abordan tanto la vida cotidiana como acontecimientos históricos y situaciones sociales actuales. “Mostrar sentimientos a través de la música, enviar mensajes con profundidad y aportar a un mundo mejor”, es la misión que la agrupación define en sus propias palabras.

Convocatorias en hasta 23 ciudades de Colombia condenan este domingo el atentado sufrido el pasado 7 de junio por el político conservador Miguel Uribe, tiroteado por un sicario, en unos actos bautizados como Marcha del Silencio.

Tanto el oficialismo como la oposición y sectores independientes y ciudadanos sin filiación política han llamado a participar en las manifestaciones sin distintivos partidistas, informa el diario 'El Tiempo'.

"Esta es una marcha en silencio, cívica, de recogimiento, sin proselitismo, sin banderas partidistas, sin consignas agresivas", señala el texto de la convocatoria, que también pide respetar la vida y a acompañar el proceso de recuperación del senador Uribe.

Las marchas están ya activas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cúcuta o Bucaramanga con color predominantemente blanco entre la vestimenta de las personas asistentes.

Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un dispositivo a lo largo de los recorridos de las marchas. En el esquema participan la Policía, la Unidad Nacional de Protección y el Ejército con el fin de garantizar el derecho a la participación política sin riesgos, especialmente en un contexto de alta polarización.

El ministro de Hacienda de Colombia, Germán Ávila, ha presentado las actualizaciones financieras del país, entre las que ha anunciado la suspensión de la regla fiscal durante los próximos tres años ante el aumento del déficit del 5,1 por ciento previsto hasta el 7,1 por ciento para finales de 2025 y una futura reforma fiscal con la que recaudar 19.000 millones de pesos colombianos (unos cuatro millones de euros).

"El plan incluye suspender por tres años la regla fiscal, mediante la activación formal de la cláusula de escape, con el objetivo de evitar un ajuste abrupto que paralice la economía, a cambio de transitar una senda de consolidación gradual en tres años", ha sostenido Ávila en declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Tiempo'.

El Ejecutivo de Petro había calculado alcanzar un déficit del 5,1 por ciento en este año; sin embargo, las proyecciones finalmente se han situado en el 7,1 por ciento, lo que supone un mayor desembolso de gasto público de lo primeramente calculado.

Ante esta situación de las finanzas del Estado, las autoridades colombianas han optado por la suspensión durante tres años del límite impuesto para que la Administración no pueda gastar más de lo establecido, una medida "necesaria" para poder restablecer el equilibrio de las cuentas públicas.

Por otro lado, el ministro colombiano ha anunciado una reforma del sistema tributario en el que se verán modificados varios impuestos como el IVA o el impuesto sobre la renta, aunque no ha detallado los cambios exactos.

Esta reforma será presentada en el Congreso colombiano a lo largo de la segunda mitad de 2025 y aspira a aliviar las cuentas del país gracias a una mayor recaudación tributaria.

"Colombia enfrenta una restricción fiscal severa, pero tiene una hoja de ruta creíble si actúa con gradualismo, técnica y cohesión política", ha mantenido el responsable de Hacienda del Gobierno colombiano.

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que durante la jornada en la que convocó a sus bases para impulsar la consulta popular, que ya está radicada ante el Senado para su estudio, aprovechó para lanzar fuertes críticas a los miembros del Congreso de la República, continúan generando fuertes repercusiones en el espectro político y, del mismo modo, en los principales medios de comunicación, que con duros editoriales han cuestionado el alcance de sus palabras.

A través de un discurso lleno de simbolismos históricos y advertencias, Petro arremetió contra aquellos legisladores que se oponen a su propuesta de consulta popular. Es por esto que el domingo 4 de mayo de 2025, tanto el editorial de El Tiempo como el de El Espectador coincidieron en que las afirmaciones del presidente, que entre otras se despachó contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, han desbordado los límites de la crítica constructiva, al tocar el terreno peligroso de la confrontación y el lenguaje beligerante.

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En su discurso, el primer mandatario empuñó la espada del libertador Simón Bolívar y agitó la bandera de la “guerra a muerte”, símbolos históricos que, según se conoció, habrían sido utilizados para dar un tono bélico y divisivo al evento. Así lo reseñaron ambos rotativos en sus escritos, que mostraron con sendos titulares su agudeza crítica: Sin amenazas, indicó El Tiempo, mientras que El Espectador refirió su posición con Las palabras importan... y preocupan.

“Es preocupante que, en lugar de fomentar un diálogo constructivo y respetuoso entre las ramas del poder público, el presidente recurra a un lenguaje beligerante que deslegitima la labor del Congreso y, a la larga, termina apelando al chantaje”, señaló El Tiempo en su editorial. De esta manera, indicaron que las palabras del jefe de Estado no solo fueron un llamado a la confrontación política, sino que contenían amenazas explícitas hacia los congresistas que no respaldan su iniciativa. “Quienes voten en contra de la consulta serán ‘revocados por el pueblo’”, afirmó Petro, con lo que sugirió que los legisladores que no apoyen su propuesta podrían perder su lugar en el Congreso.

Además, el primer mandatario se permitió calificar a los opositores como “h. p. esclavistas”, un término que en su escrito El Espectador consideró completamente inaceptable. “El problema con el populismo es que se construye sobre un delirio: que hay una persona que interpreta lo que el pueblo necesita y que cualquier crítica es una traición a la patria”, se leyó en el editorial de este medio, quien también indico que las afirmaciones del presidente reflejan una peligrosa estrategia de estigmatización. En lugar de invitar al diálogo y la colaboración, el presidente ha optado por dividir a la sociedad entre los que lo apoyan y aquellos que, según él, son traidores a la nación. “Todo el que no esté de acuerdo conmigo está en contra del pueblo y es un criminal”, parece decir el mandatario, de acuerdo con El Espectador.

Editoriales hicieron énfasis en la mala relación de Gustavo Petro con el Congreso

La descalificación del Congreso y la acusación de traición a quienes se oponen a su iniciativa no solo es un ataque a las instituciones democráticas, también una amenaza a la propia estabilidad política del país. En este sentido, El Tiempo quiso precisar que el Congreso tiene la responsabilidad de deliberar sobre las propuestas del Ejecutivo, pero sin presiones indebidas ni amenazas. La democracia colombiana, al igual que cualquier sistema democrático, se construye sobre el respeto al disenso y a la pluralidad de opiniones. “Es pasar por alto que otras visiones de la sociedad tienen su representación en este foro y que por una movilización o el sesgo de un mandatario no pueden ser simplemente anuladas”, remarcó el citado medio.

El presidente, en su aparición en la Plaza de Bolívar, recurrió a los símbolos históricos de la lucha por la independencia, como la espada de Bolívar, para reforzar su discurso. Sin embargo, como citaron en El Tiempo, el historiador y exdirector del Centro de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez cuestionó este uso de símbolos guerreros. “Es muy difícil convocar a la paz con símbolos y palabras de guerra”, comentó Sánchez en relación con el evento.

Por su parte, El Espectador también criticó el uso de estos elementos discursivos, al recordar que, aunque la consulta popular es un mecanismo legítimo dentro de la Constitución, su implementación debe seguir los cauces institucionales establecidos, sin recurrir a tácticas que dividan a la población.

“Peligrosa polarización” de Gustavo Petro, al promover su consulta popular

Cabe destacar que lo que comenzó como una propuesta para unificar el país a través de un cambio democrático, derivó en una peligrosa polarización, en la que el presidente de la República parece haber abandonado su promesa de gobernar para todos los colombianos, según el editorial de El Espectador. Al ser elegido con una votación histórica, de más de 11.700.000 votos, Petro había manifestado su deseo de superar las divisiones del país y construir consensos, pero su actitud en este contexto parece ir en la dirección opuesta. “Ahora considera que solo hay un país válido, el de quienes lo apoyan a él y a su Pacto Histórico. Todos los demás, señala, son parte de una conspiración en su contra”, se registró en el citado el medio, al cuestionar su actitud cada vez más contestataria.

En un país que ya ha enfrentado una violencia histórica y que atraviesa una serie de retos en términos de seguridad y estabilidad social, el tono de los discursos presidenciales no solo es innecesariamente agresivo, sino que pueden ser contraproducente en la construcción del debate. La reciente violencia en el país, como el asesinato del militante de Colombia Humana, Alberto Peña, incluso reseñado por el propio Petro, ha sido utilizada por el presidente para cargar contra el Congreso, sin reconocer que la violencia también es resultado de la falta de control del Estado en algunas zonas del país.

Teniendo en cuenta esa compleja situación, El Espectador denunció que “el presidente se siente cómodo utilizando su gran poder para estigmatizar a todo el que se le opone”, lo que podría tener efectos desastrosos en la ya frágil cohesión social.

Eso sí: ambos editoriales coinciden en que la democracia colombiana necesita un clima de respeto mutuo entre las instituciones, y que el discurso polarizador del jefe de Estado está minando este equilibrio. La democracia, señalaron en los escritos, requiere del disenso, de la capacidad de aceptar y negociar diferencias, no de descalificar y destruir al otro. Como advirtió El Tiempo, “las constantes agresiones a congresistas que no comulgan con el Ejecutivo y los descalificativos en contra de dicha corporación no aclimatan los acuerdos que él mismo sigue proclamando”.

En este orden de ideas, el llamado de ambos medios parece claro: la construcción de un mejor país no se logra mediante la confrontación, sino mediante el diálogo respetuoso y la moderación. Es por eso que le reiteraron al presidente que, en una democracia, sus afirmaciones tienen un peso significativo. Como bien señala El Espectador, “las palabras importan”, y es crucial que quienes ostentan el poder las usen con responsabilidad, para preservar el bienestar y la unidad del país.

La madrugada del miércoles 25 de diciembre marcó el fallecimiento de Enrique Santos Molano, destacado escritor, periodista, investigador y lingüista colombiano, cuya obra y legado han dejado una huella profunda en la cultura y el pensamiento crítico del país. Su partida ha generado innumerables muestras de condolencias y admiración por parte de figuras públicas y ciudadanos que reconocen su invaluable contribución al periodismo, la historia y la literatura.

Santos Molano tuvo una extensa y notable trayectoria en el campo del periodismo, desempeñándose como redactor y jefe de redacción nocturna del diario El Tiempo entre 1963 y 1972. Fue columnista del mismo periódico desde 1965, consolidándose como una voz crítica y reflexiva. Además, dirigió la Revista Domingo del diario Hoy, en Quito, Ecuador, entre 1989 y 1991, demostrando su influencia más allá de las fronteras colombianas.

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Su labor como editor también fue destacada, especialmente con la colección Colombianos en la Historia (1976-1978), y fue reconocido como presidente del Pen Internacional de Escritores, Centro Colombia, entre 2007 y 2010. También fue miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Bogotá, instituciones que valoraron sus aportes a la investigación histórica.

El trabajo de Santos Molano no se limitó a la escritura periodística e histórica, también incluyó una pasión por el análisis lingüístico y la reflexión crítica sobre la cultura colombiana. Sus columnas y libros se convirtieron en un referente para quienes buscaban comprender la historia y la realidad del país con profundidad y objetividad.

En reconocimiento a su trayectoria, en diciembre de 2023, Enrique Santos Molano fue condecorado con la Orden Mérito a la Democracia en el grado de “Comendador” y con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz. Estas distinciones resaltaron su contribución al periodismo crítico, su dedicación a la construcción de paz y su compromiso con la defensa de la democracia en Colombia.

El presidente Petro se pronunció en X sobre el deceso de Santos Molano: “Ha muerto Enrique Santos Molano, historiador y gran compañero en esta última década de luchas”.

Además de Petro, diversas voces han subrayado su legado. En su despedida, figuras públicas destacaron su capacidad para ofrecer reflexiones profundas y su incansable labor hasta el último momento de su vida. Santos Molano fue un defensor de la libertad y la democracia, atributos que transmitió con generosidad a través de sus escritos, los cuales fueron una guía para tomar decisiones informadas y conscientes.

En los pronunciamientos que lamentaron su partida terrenal destaca el de Juan David Correa, ministro de las Culturas y las Artes, que en su cuenta de X escribió:

“Murió Enrique Santos Molano, a quien muchos leímos y seguimos desde hace décadas por sus investigaciones históricas, lingüísticas y periodísticas sobre la cultura colombiana. A sus allegados y lectores un abrazo de condolencias”.

Otros funcionarios del Estado, que guardaban algún tipo de afinidad con la obra de Enrique Santos, escribieron algunas palabras al respecto, dando el último adiós a quien fue considerado como uno de los intelectuales colombianos más importantes de los últimos años.

“Falleció en la Clínica Palermo el gran intelectual y humanista Enrique Santos Molano, un día muy triste para Colombia, hasta último momento estuvo escribiendo sus libros de historia, aportando con generosidad sus reflexiones y sabiduría, con la lucidez que siempre lo caracterizó, pero sobre todo con la dignidad de los grandes, fue coherente con sus ideas hasta el último día de su vida. Mi cariño y solidaridad a su familia. Justo hace un año el Concejo de Bogotá le había hecho un merecido homenaje. QEPD”, escribió la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, en su cuenta de X.

Su partida deja un vacío en el mundo intelectual colombiano, pero también un legado imborrable que seguirá siendo fuente de inspiración para generaciones futuras. Su coherencia, dignidad y lucidez permanecerán como testimonio de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento y al bienestar colectivo.

París, 8 nov (EFE).- Interpol recordó hoy que las reglas de la agencia policial internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la demanda recibida de Venezuela para que se lanzara una "alerta roja" contra el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia.

Preguntado este viernes sobe esa solicitud del fiscal general de Venezuela del pasado 24 de octubre contra González Urrutia, de la que informa el diario "El Tiempo" de Bogotá, un portavoz de Interpol respondió a EFE que no podía comentar "casos individuales".

No obstante, el portavoz también añadió que el artículo 3 de la constitución de la organización "prohíbe cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas".

El fiscal general de Venezuela pidió que Interpol emitiera una "alerta roja" contra el que fue el rival de Nicolas Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, que se encuentra exiliado en España desde comienzos de septiembre tras un acuerdo con el Gobierno de Venezuela en la embajada española y salir de Caracas.

Según la información que publica "El Tiempo", la solicitud se hace por los delitos de conspiración, usurpación a la identidad, forjamiento de documentos.

El diario afirma que los delitos que la justicia venezolana le imputa a González son usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, desconocimiento a las instituciones del Estado, complicidad en el uso de actos violentos contra la paz, difusión de información falsa desconociendo los resultados electorales, sabotaje o daños al sistema, asociación, legitimación de capitales.

El sistema de las "alertas rojas" de la agencia policial internacional es una forma de comunicar informaciones sobre personas a las que busca la Justicia de un país al resto de miembros para que sean detenidas si son identificadas.

Una parte de esas notificaciones son públicas y se pueden consultar en la página web de Interpol, pero hay otras que por razones de confidencialidad o para que puedan ser más efectivas únicamente transitan por las vías de transmisión internas a las que tienen acceso los servicios policiales de los 196 países miembros.

La organización somete a un filtro las demandas que le llegan de las autoridades de esos países, en particular para detectar aquéllas que pueden encubrir algún tipo de persecución política o violaciones de los derechos humanos. EFE