El Ejército Nacional de Colombia confirmó que tres complejos de minería ilícita quedaron fuera de funcionamiento en la zona costera del departamento de Nariño, tras recientes operaciones militares desarrolladas por la Tercera División en los municipios de Magüí Payán y Barbacoas, además de la subregión del Telembí.

De acuerdo con la institución, la totalidad de la infraestructura intervenida estaba avaluada en más de $1.800 millones y tenía una capacidad estimada para extraer más de 10.400 gramos de oro al mes.

También se informó que las acciones afectaron tres estructuras destinadas a la extracción ilegal de minerales en zonas del Pacífico nariñense.

Según las fuerzas militares, la inutilización de los complejos redujo una fuente de financiación de organizaciones armadas que operan en esa zona de Nariño. La minería ilícita figura entre las economías criminales que las autoridades asocian con el control territorial y la obtención de recursos por parte de grupos ilegales en áreas rurales del suroccidente colombiano.

De hecho, esta serie de operativos, particularmente en estos municipios, se ha venido desarrollando con mayor intensidad para lograr debilitar esta actividad ilegal.

El 25 de agosto de 2026, el Ejército confirmó que la Fuerza de Tarea Hércules inhabilitó otras tres unidades de minería ilícita en Barbacoas, Nariño, una operación que, según las autoridades, afectó una capacidad de extracción de 3.600 gramos de oro al mes, así como las finanzas de la Estructura Ariel Aldana, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señalada de recurrir a la explotación ilícita de yacimientos mineros para financiar sus actividades en el departamento de Nariño.

La información militar indicó que la intervención se realizó tras labores de inteligencia y la recopilación de registros fotográficos que permitieron identificar los puntos donde se desarrollaba la explotación ilegal de minerales en esta zona del Pacífico nariñense.

Las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules realizaron un reconocimiento táctico en el área y localizaron la infraestructura destinada a la extracción de oro. Durante el procedimiento, las unidades militares inutilizaron una excavadora, tres motobombas de presión, 100 galones de Acpm, 40 metros de manguera de alta presión para dragado y una batería de vehículo.

De acuerdo con la información oficial, el valor de la maquinaria y los equipos intervenidos asciende a $461.672.400.

Las autoridades estimaron que las tres unidades productoras lograban obtener producciones con ingresos cercanos a $1.623.600.000 cada mes dentro del mercado ilegal, según el cálculo divulgado por el Ejército.

El Ejército calculó que la afectación total, al sumar el valor de la infraestructura y los recursos que habrían producido las unidades mineras, supera los $2.080 millones.

Otro operativo contra la minería ilegal en Putumayo

El 25 de septiembre, se confirmó la neutralización de otras tres unidades de producción minera ilegal en Puerto Caicedo, Putumayo, durante una operación que, según el Ejército, afectó infraestructura al servicio de los Comandos de Frontera, estructura vinculada a la Segunda Marquetalia.

La acción ocurrió en la vereda Independencia, bajo jurisdicción de Puerto Caicedo, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El operativo estuvo a cargo del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27, unidad adscrita a la Vigésima Séptima Brigada. De acuerdo con el reporte oficial, los militares ubicaron tres estructuras destinadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros.

En el lugar encontraron dos dragas artesanales, cuatro motores industriales y dos clasificadoras, equipos empleados para extraer y separar material en los procesos de minería ilegal.

También fueron ubicados 400 metros de manguera de alta presión, 150 metros de tubo de PVC de tres pulgadas y 90 metros de tubo de PVC de cuatro pulgadas, elementos que, de acuerdo con las autoridades, hacían parte de la infraestructura para mantener la operación de las unidades mineras.

Durante el procedimiento, las tropas inutilizaron 220 galones de gasolina y 300 galones de Acpm, combustibles que eran utilizados para poner en funcionamiento la maquinaria instalada en el sector.

El material explosivo estaba oculto en la vereda Mónoga, en el área limítrofe entre los municipios de Labateca y Toledo, en Norte de Santander. La institución lo atribuyó a la autodenominada Comisión Martha Cecilia Pabón del GAO ELN.

La operación permitió retirar del lugar 13 dispositivos explosivos improvisados tipo mina antipersonal, además de dos equipos de radio con cargadores, 200 metros de cable dúplex y dos rollos de cable que, de acuerdo con el Ejército, se utilizarían para activar los explosivos.

La ubicación del depósito ilegal fue resultado de labores de inteligencia militar. Esa información permitió a las tropas establecer el punto donde la estructura armada habría escondido el material dentro de un recipiente plástico.

El equipo EOD aseguró la zona antes de destruir los explosivos

Los uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 General Custodio García Rovira participaron en el procedimiento. La unidad hace parte de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional.

Tras localizar el depósito, los integrantes del equipo de Explosivos y Demoliciones (EOD) aseguraron el sector. Luego realizaron el reconocimiento técnico, la inspección y la destrucción controlada de los dispositivos.

El Ejército señaló que el procedimiento buscó reducir los riesgos para las comunidades cercanas y para las tropas que mantienen operaciones en esa zona de Norte de Santander.

Las minas antipersonales pueden permanecer activas durante largos periodos y afectar a la población civil incluso cuando cesan los enfrentamientos. El uso de estos artefactos está prohibido por el derecho internacional humanitario debido a su carácter indiscriminado.

La institución militar rechazó el empleo de explosivos de este tipo por parte de grupos armados ilegales. También afirmó que continuará con las operaciones destinadas a proteger a la población y contrarrestar acciones que afecten la seguridad en el territorio.

Atacan con explosivos a patrulla en Jamundí: uno detonó y otro fue destruido de forma controlada

La Fuerza Pública fue atacada con explosivos en el sector de Las Piñas, una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La acción ocurrió el 25 de septiembre de septiembre y no dejó personas heridas, pese a que los artefactos fueron arrojados contra uniformados que realizaban labores de control.

La información publicada por El Tiempo indica que los responsables se desplazaban en motocicleta. Tras lanzar las cargas, escaparon por las condiciones geográficas del área, que dificultaron la reacción inmediata de las autoridades.

El ataque tuvo un alcance menor al que podía haber provocado: uno de los explosivos se activó parcialmente y el otro permaneció sobre la vía sin estallar. Esa situación llevó a las autoridades a restringir el paso y a establecer un perímetro de seguridad alrededor del lugar.

Un grupo de técnicos antiexplosivos llegó al sitio para revisar el material abandonado. Los especialistas neutralizaron y destruyeron de forma controlada el artefacto que no alcanzó a ser detonado, con el fin de eliminar el riesgo para los habitantes y los integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cali, que tiene jurisdicción en Jamundí, el objetivo de la acción eran tropas del Ejército. Las autoridades atribuyeron el hecho a disidentes de las Farc del frente Jaime Martínez, una estructura que, según la investigación preliminar, recibe órdenes de alias Iván Mordisco.

Las unidades policiales y militares reforzaron los registros y controles en los alrededores del municipio. Las operaciones buscan identificar a los autores materiales y establecer la ruta que utilizaron para abandonar el sector después del ataque.

Un exsoldado del Ejército de Estados Unidos condenado a casi seis años de prisión por liderar una red de hackeo y extorsión que comprometió los sistemas de al menos diez empresas de telecomunicaciones, robó registros telefónicos de funcionarios del gobierno y amenazó con filtrar esa información a cambio de rescates millonarios. Se trata de Cameron John Wagenius, de 22 años, quien operaba bajo el alias “kiberphant0m” mientras prestaba servicio activo en una base militar en Texas.

La condena, dictada por un tribunal federal del Distrito Oeste de Washington, incluyó 70 meses de prisión y una orden de restitución de USD 294.978. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la trama se extendió entre abril de 2023 y el 18 de diciembre de 2024, período durante el cual Wagenius y sus cómplices intentaron extorsionar a sus víctimas por al menos USD 1 millón.

Cómo operaba la red de hackeo y extorsión contra empresas de telecomunicaciones

La operación tuvo una estructura organizada desde el inicio. Wagenius colaboró en el desarrollo de una herramienta de intrusión conocida como SSH Brute, con la que él y sus cómplices obtenían credenciales de acceso a redes protegidas de empresas de telecomunicaciones. Una vez dentro de los sistemas, extraían bases de datos con información sensible de usuarios y clientes.

La coordinación entre los miembros de la red se llevó a cabo principalmente a través de grupos privados en Telegram, donde intercambiaban credenciales robadas y planificaban los ingresos no autorizados a las redes corporativas. De acuerdo con los documentos judiciales citados por el DOJ, la actividad delictiva se desarrolló mientras Wagenius cumplía funciones como soldado en servicio activo, lo que supone una violación directa de la confianza depositada en él por las instituciones militares.

La filtración de registros telefónicos de funcionarios y las amenazas de extorsión pública

En noviembre de 2024, Wagenius publicó en foros de ciberdelincuencia información que identificaba como registros de llamadas confidenciales de un funcionario del gobierno y de familiares de otro exfuncionario. Las publicaciones incluían amenazas explícitas: si las víctimas no pagaban un rescate, los datos serían difundidos masivamente.

BreachForums y XSS.is, dos plataformas de comunidades de hackers, fueron elegidas para esas amenazas. Integrantes de la red también ofrecieron en venta los datos robados en esos foros. Los registros sirvieron para otros fraudes, como ataques de intercambio fraudulento de SIM: delincuentes transfieren el número de la víctima a una SIM bajo su control para acceder a cuentas bancarias y servicios digitales.

El texto de al menos una de esas publicaciones sugería que parte de la motivación de Wagenius era retaliación por el arresto reciente de otro ciberdelincuente, según consta en el expediente judicial.

La investigación del FBI, el Departamento de Defensa y la Justicia federal

La detección y el arresto de Wagenius fueron resultado de una investigación conjunta entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. También participaron la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.

Según declaró el director adjunto del FBI Brett Leatherman, jefe de la División Cibernética del organismo, las agencias lograron identificar, localizar y arrestar a Wagenius en cuestión de semanas desde que realizó sus amenazas públicas de extorsión. El FBI y sus socios actuaron con rapidez ante las primeras señales de actividad extorsiva, lo que permitió cerrar el caso antes de que la red pudiera ampliar su alcance.

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del DOJ estuvo a cargo de la persecución penal, con el apoyo de la Sección Nacional de Ciberseguridad.

Los cargos, la declaración de culpabilidad y las consecuencias judiciales

Wagenius enfrentó dos procesos penales simultáneos en el Distrito Oeste de Washington. El 5 de marzo de 2025, se declaró culpable de dos cargos por transferencia ilegal de registros telefónicos confidenciales en el marco de esta conspiración. Meses después, el 15 de julio de 2025, reconoció su responsabilidad en los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, extorsión vinculada a delitos informáticos y robo agravado de identidad.

La condena definitiva de 70 meses unificó ambas causas. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la restitución de USD 294.978 a las víctimas. La Sección CCIPS, que desde 2020 acumula más de 180 condenas por delitos cibernéticos y órdenes de restitución por más de USD 350 millones, coordinó la acusación junto con la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington.

Desde la Región de Magallanes (2.000 kms al sur de Santiago), el ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó este jueves que el Gobierno llevará adelante un histórico plan de modernización de las FF.AA, el que tendrá un presupuesto cercano al doble del año anterior.

Flanqueado por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, Barros aseguró que “los recursos destinados a la defensa se traducen en proyectos concretos”, y que “estamos actualmente definiendo la directiva que determina las inversiones de la próxima década, lo que garantiza contar con los medios necesarios para enfrentar los desafíos y amenazas geopolíticas a las que se expone nuestro país, en un contexto cada vez más complejo”, según consignó una nota de Emol.

De acuerdo al secretario de Estado, la primera medida será buscar reemplazo a los aviones F-5, que “llevan 50 años en servicio en la Fuerza Aérea de Chile y han sido una pieza central de las capacidades estratégicas del país. Su vida útil llega a su fin, y una capacidad de ese nivel no se reemplaza de un día para otro”, razón por la cual ya están considerando opciones “disponibles hoy en el mundo”.

La idea es “fortalecer nuestra capacidad disuasiva y de defensa con medios aéreos modernos que respondan a las exigencias del teatro de operaciones austral”.

El plan de modernización incluye también “robustecer la vigilancia de nuestros espacios marítimos mediante la renovación de los aviones de largo alcance de la Armada”, al igual que los famosos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea (FACH), “pieza clave del transporte y la logística de la defensa, del sostenimiento de nuestras bases antárticas y de la respuesta del Estado ante emergencias y catástrofes”, que también están llegando al fin de su vida operativa.

Asimismo, la cartera de Defensa “está gestionando el financiamiento para mejorar la infraestructura portuaria naval en Punta Arenas (2.200 kms al sur de Santiago), clave para la presencia permanente del Estado en el Estrecho de Magallanes y en los mares australes, y para consolidar a Punta Arenas como principal puerta de acceso al continente antártico”, complementó Barros.

Tocante a la rama castrense más grande -el Ejército-, el titular de Defensa indicó que el Gobierno “instruyó iniciar un estudio para la renovación de sus capacidades terrestres (...) Hoy se encuentra en ejecución la modernización de la flota blindada austral, los Leopard 1, mejorando sus sistemas y capacidad de tiro, de modo que las unidades desplegadas puedan operar plenamente en uno de los entornos geográficos y climáticos más exigentes del país”.

Soberanía en la Antártica

Al cierre, la autoridad informó medidas tendientes a reforzar la presencia chilena en la Antártica, y la primera de ellas será renovar la infraestructura de la Base Frei -ubicada en la península Fildes, al oeste de la isla Rey Jorge, en las islas Shetland del Sur-, y sobre todo, la pista Teniente Rodolfo Marsh, a fin de extender por dos meses la temporada de vuelos al continente blanco, con el consiguiente beneficio para el turismo y las expediciones científicas que periódicamente lo visitan.

También anunció que se renovará el muelle de Bahía Fildes -“infraestructura de suma importancia para las operaciones científicas y logísticas en la zona”-, y que para asegurar “la soberanía efectiva y la protección de nuestros recursos, se aumentará la vigilancia aérea y patrullajes marítimos, aumentando la presencia soberana en nuestro territorio antártico”, según el medio citado.

Finalmente, el titular de Defensa sostuvo que todas estas iniciativas buscan fortalecer “el rol de Chile como articulador de la capacidad logística en la Antártica, y benefician la operación nacional y también la de los países, la industria turística y el desarrollo científico que se apoyan en Punta Arenas para llegar al continente blanco”.

El Ejército de Colombia inició en el Fuerte Militar de Tolemaida una evaluación de sus unidades de infantería e ingeniería para verificar si sus procedimientos cumplen los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) y pueden operar de forma conjunta con fuerzas de la Alianza.

El ejercicio hace parte del programa de Conceptos Operacionales de Capacidades (OCC) de la Otan. Durante la semana, 34 observadores de 15 países revisarán 1.252 tareas asignadas a las unidades colombianas, con foco en maniobra de infantería, movilidad y contramovilidad de ingeniería militar.

Por ejemplo, según información oficial, una de las prácticas recreó una emboscada contra una unidad militar y la evacuación de soldados heridos. Las tropas debieron aplicar procedimientos de atención y extracción previstos para este tipo de escenarios.

Al respecto, Juan Camilo Ubaque, académico experto en la estandarización de la Otán, docente, investigador de temas militares, indicó en diálogo con Infobae Colombia que el proceso tiene implicaciones para la proyección regional de las Fuerzas Militares y la cooperación internacional del país.

Ubaque sostuvo que “la posición geoestratégica de Colombia en la cuenca del Gran Caribe la ubica como un pivote fundamental para la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental”.

A su juicio, la estandarización militar se relaciona con el papel que tiene Colombia como socio global de la Otan en América Latina y como aliado principal extra-Otan de Estados Unidos.

“En un entorno internacional caracterizado por tensiones crecientes y la presencia de potencias extrahemisféricas no occidentales, la capacidad defensiva y la estandarización de las Fuerzas Militares actúan como un factor de disuasión multidimensional”, señaló.

Así funciona el proceso de evaluación internacional

El experto explicó que el proceso evalúa al Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 como unidad de infantería y al Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91 en capacidades de contraartefactos explosivos improvisados, movilidad, contramovilidad y supervivencia.

“Este proceso busca certificar capacidades operacionales en dos unidades clave: el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1, enfocado en su estandarización como unidad de Infantería, y el Batallón de Ingenieros de Disposición de Artefactos Explosivos N.° 91, especializado en la doctrina de Contra-Artefactos Explosivos Improvisados (C-IED), movilidad, contramovilidad y supervivencia”, indicó Ubaque.

Según el analista, la meta consiste “posicionar al Ejército Nacional como un referente de cooperación internacional y un exportador de doctrina basado en la altísima experiencia del militar colombiano”, afirmó.

Colombia suma cuatro unidades en procesos de certificación de la Otan

Ubaque señaló que las capacidades evaluadas en Tolemaida se integrarían a los resultados obtenidos con el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Terrestres, Soltg Ares, y el Grupo de Tareas de Operaciones Especiales Marítimas, Somtg Poseidón.

“Con estas adiciones, Colombia completa un bloque de cuatro unidades integradas en los procesos de certificación Otan a nivel de Infantería, Ingenieros y Operaciones Especiales terrestres y marítimas”, dijo.

El experto también resaltó el programa de Asociación Personalizado entre Colombia y la Alianza, que, según su análisis, permitió consolidar objetivos de modernización en 11 áreas. Mencionó la creación del Comando de Transformación del Ejército del Futuro, la Subjefatura de Estado Mayor de Planificación Estratégica y la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército.

Dentro de los avances citados, Ubaque destacó la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) en la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación de la Otan.

“Muestra de ello es la acreditación del Centro Internacional de Desminado (Cides) dentro de la red de Centros de Formación y Educación de la Asociación (Ptec) de la Otan, posicionándose como la única institución en América Latina especializada en desminado militar y doctrina C-IED que capacita a tropas internacionales”, expresó.

El dictamen del equipo evaluador internacional se conocería el próximo año. Para Ubaque, el ejercicio en Tolemaida refleja un proceso de alineación doctrinal con estándares compartidos por países de la Alianza.

Al menos 213 agentes de seguridad pública han sido asesinados en México durante 2026. Jalisco concentra la mayor cantidad de casos, con 37 víctimas, seguido de Michoacán con 29 y Sinaloa con 25, de acuerdo con el registro de Causa en Común actualizado al 17 de septiembre.

El recuento incluye a policías municipales y estatales, pero también a integrantes de corporaciones federales. De las 213 víctimas documentadas, 85 eran policías municipales, 66 policías estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 12 del Ejército, cuatro policías federales y dos elementos de la Marina.

Causa en Común realiza este seguimiento mediante un registro hemerográfico elaborado junto con una red de periodistas especializados en seguridad. Por ello, la cifra corresponde a casos documentados públicamente por la organización y no a una estadística oficial del Gobierno federal.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa encabezan las cifras más altas de agentes asesinados en México

Jalisco acumula 37 agentes de seguridad pública asesinados durante los primeros ocho meses y medio de 2026, la cifra más alta entre las entidades incluidas en el registro.

Michoacán ocupa el segundo lugar con 29 casos y Sinaloa aparece en tercero con 25. Después se encuentran Estado de México y Morelos, con 14 víctimas cada uno.

Los cinco estados reúnen 119 de los 213 asesinatos documentados hasta el 17 de septiembre, lo que representa poco más de la mitad del total registrado por Causa en Común.

Jalisco aporta por sí solo 37 víctimas, equivalentes a alrededor de 17% del registro nacional. El dato corresponde a agentes de seguridad pública asesinados, sin distinguir en este apartado si el caso ocurrió durante servicio, fuera de horario laboral o por un motivo relacionado con sus funciones.

La actualización más reciente de la organización, correspondiente al periodo del 11 al 17 de septiembre, incorporó un nuevo asesinato en Jalisco.

Policías municipales y estatales concentran siete de cada 10 víctimas

Las corporaciones locales reúnen la mayor parte de los casos documentados durante 2026.

De las 213 víctimas, 151 pertenecían a policías municipales o estatales: 85 municipales y 66 estatales. En conjunto, representan cerca de 71% del registro.

La Guardia Nacional acumula 44 asesinatos, mientras que el Ejército suma 12. La lista se completa con cuatro policías federales y dos integrantes de la Marina.

El desglose permite dimensionar que el registro no corresponde exclusivamente a policías preventivos de los municipios. Más de seis de cada 10 víctimas pertenecían a corporaciones municipales o estatales, mientras que el resto corresponde a instituciones federales incluidas por Causa en Común.

El registro de la organización identifica los asesinatos de agentes de seguridad pública documentados en fuentes periodísticas, por lo que no debe interpretarse que todos los casos estén relacionados con delincuencia organizada o que hayan ocurrido bajo las mismas circunstancias.

Sinaloa ocupa el tercer lugar con 25 casos

Sinaloa registra 25 agentes de seguridad pública asesinados durante 2026 y ocupa el tercer lugar nacional en el recuento.

El dato se conoce mientras el estado mantiene un despliegue reforzado de fuerzas federales en Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, carreteras y zonas serranas. En septiembre, el Gobierno federal informó de la incorporación de nuevos elementos de seguridad y de operaciones con detenciones y aseguramientos de armas y explosivos.

Sin embargo, el registro de Causa en Común no establece que los 25 asesinatos tengan un mismo origen ni los vincula directamente con la violencia registrada en la entidad. Se trata de casos incorporados al seguimiento hemerográfico de la organización.

Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran 91 casos

Las tres entidades con mayor número de víctimas reúnen 91 de los 213 asesinatos registrados hasta el 17 de septiembre.

Jalisco suma 37; Michoacán, 29, y Sinaloa, 25. En conjunto representan 42.7% de todos los agentes de seguridad pública asesinados que Causa en Común ha documentado durante 2026.

El cuarto sitio corresponde al Estado de México, con 14 casos, la misma cifra que Morelos.

La distribución muestra además diferencias frente a los registros de años anteriores. En 2025, Causa en Común documentó 348 policías asesinados en todo el país; Sinaloa encabezó entonces la lista estatal con 48 casos, seguido de Guerrero con 39, Guanajuato con 36, Michoacán con 34 y Veracruz con 24.

La comparación debe hacerse con cautela porque los 348 casos corresponden a un año completo, mientras que los 213 de 2026 tienen corte al 17 de septiembre y todavía no constituyen un resultado anual.

Más de 650 agentes asesinados desde octubre de 2024

El registro también permite dimensionar los asesinatos de integrantes de corporaciones de seguridad desde el inicio de la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2026, Causa en Común documentó al menos 655 agentes de seguridad pública asesinados.

De ese acumulado, 213 corresponden a los primeros ocho meses y medio de 2026. Los 442 restantes corresponden al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con el registro de la organización.

En 2025, Causa en Común documentó 348 asesinatos de policías, mientras que entre octubre y diciembre de 2024 se registraron los casos que completan el acumulado de 655 para el periodo iniciado el 1 de octubre de ese año.

El registro de 2026 se actualizará conforme Causa en Común incorpore nuevos casos documentados.

El Ejército ecuatoriano presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue un presunto caso de abuso sexual cometido por personal militar contra una mujer privada de libertad en una cárcel de Guayaquil. La decisión se produjo después de la difusión de un video que muestra a un uniformado realizando tocamientos a una interna y de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre posibles hechos similares ocurridos durante las operaciones militares en centros penitenciarios femeninos.

El caso se concentra en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas 2. Las imágenes comenzaron a circular durante el fin de semana del 19 de septiembre y muestran a un militar armado acercándose a una interna y tocándola en el pecho. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil difundió el material y pidió que se determinen las circunstancias en las que ocurrió el episodio y la identidad del militar.

El Ejército informó el 21 de septiembre que, una vez conocida la denuncia, inició acciones internas para recabar y verificar información. Paralelamente, acudió ante las autoridades competentes para que los hechos sean investigados en la vía penal. La institución aseguró que entregará la información requerida para esclarecer lo ocurrido y reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a actuaciones de sus integrantes que contravengan la ley.

Hasta este 22 de septiembre no se ha informado públicamente la identidad del uniformado que aparece en la grabación, la unidad militar a la que pertenece ni la fecha exacta en que se produjo el episodio. Tampoco existe hasta ahora una determinación judicial de responsabilidad. La Fiscalía deberá establecer la autenticidad y contexto del video, identificar a las personas involucradas y determinar si la conducta registrada configura un delito.

La denuncia, sin embargo, no se limita a las imágenes difundidas. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que durante las últimas semanas recibieron alertas de familiares y de mujeres que estuvieron privadas de libertad sobre presuntos episodios de acoso, violencia y abuso sexual atribuidos a militares durante controles y requisas en Guayas 2. Estas acusaciones tampoco han sido verificadas judicialmente.

Las organizaciones acudieron a la Defensoría del Pueblo y solicitaron una intervención urgente en el centro penitenciario. Entre las medidas planteadas está realizar una visita sin previo aviso y mantener entrevistas confidenciales con las internas, sin presencia de militares ni otros integrantes de las fuerzas de seguridad. También solicitaron información sobre las órdenes, protocolos y reglas operativas aplicadas por las Fuerzas Armadas en cárceles femeninas.

A esas denuncias se agregó otra relacionada con lo ocurrido después de la divulgación del video. Los colectivos sostienen que militares habrían ingresado nuevamente al centro el 20 de septiembre y utilizado gas lacrimógeno contra las internas como represalia por la difusión de las imágenes. Hasta el momento no existe una confirmación oficial independiente de esa acusación.

El caso también abrió interrogantes sobre los procedimientos empleados durante las operaciones militares en cárceles de mujeres. Las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas establecen que los registros personales de internas deben ser efectuados únicamente por personal femenino debidamente capacitado. Las Reglas Nelson Mandela disponen además restricciones para el ingreso de funcionarios hombres a las áreas destinadas a mujeres.

Las Fuerzas Armadas adquirieron un papel central en el control penitenciario desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno frente a organizaciones criminales. Desde entonces, militares participan en operaciones de seguridad, requisas y control de los centros penitenciarios.

La Asamblea Nacional ya había requerido al Ministerio de Defensa información sobre denuncias de abusos, torturas y muertes ocurridas bajo custodia militar desde 2024. El ministro Gian Carlo Loffredo solicitó el 18 de septiembre una prórroga para entregar esa documentación.

La investigación iniciada tras la difusión del video deberá determinar ahora si se trató de un episodio individual o si las demás denuncias recibidas por las organizaciones tienen sustento. También deberá establecer qué personal estaba desplegado en Guayas 2, bajo qué órdenes operaba y cuáles eran los protocolos aplicables al contacto entre militares hombres y mujeres privadas de libertad.

El Ejército Nacional informó este 22 de septiembre de 2026 la captura de cuatro militares retirados y dos particulares requeridos por tráfico de material de guerra. A partir de información de inteligencia, el Comando indicó que el jefe de la red “vendría adelantando y coordinando todas las actividades delictivas desde la cárcel La Picota”.

La operación estuvo a cargo del Gaula Militar, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las órdenes de captura se emitieron por concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

Los detenidos fueron ubicados en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta, y Bogotá. Todos quedaron a disposición de las autoridades para su judicialización.

Según el comunicado, la organización estaba integrada por retirados de las Fuerzas Militares y civiles que extraían piezas de armas, municiones y accesorios de unidades militares para comercializarlos y trasladarlos hacia el oriente del país. El material tenía como destino estructuras criminales de Meta y Guaviare.

El Ejército ratificó su posición institucional frente a estos hechos: “Cero tolerancia con actos de corrupción y toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.

Capturan a ocho militares activos y un retirado por presunto peculado y falsedad en documentos

El 25 de agosto de 2026 se comunicó que nueve militares vinculados al Ejército Nacional de Colombia fueron capturados por presuntos delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. El grupo está conformado por ocho uniformados activos y un sargento primero retirado.

Las órdenes judiciales fueron emitidas por la Fiscalía 03 Seccional de Cúcuta. En el operativo participaron el Gaula Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La investigación se prolongó durante más de 18 meses y se enfocó en posibles anomalías administrativas y en el manejo de bienes y recursos destinados a distintas unidades del Ejército Nacional.

La actuación judicial busca establecer si los detenidos se apropiaron de recursos estatales y si utilizaron o modificaron documentos públicos para facilitar trámites irregulares o encubrir fallas administrativas.

Entre los detenidos hay tres mayores y cinco suboficiales activos

Los militares en servicio activo capturados son tres mayores, tres sargentos segundos, un sargento primero y un sargento viceprimero. El noveno implicado es un sargento primero retirado. La información oficial no incluyó las identidades de los detenidos ni precisó las unidades en las que habrían ocurrido los hechos investigados.

Según el Ejército Nacional, las diligencias permitieron identificar presuntas conductas contrarias al marco jurídico y a los principios que rigen la institución.

La pesquisa también examinó posibles omisiones en los controles internos y eventuales vínculos de complicidad dentro de las dependencias involucradas.

La investigación aborda el manejo de recursos y documentos oficiales

El peculado por apropiación ocurre cuando un servidor público utiliza recursos estatales para su beneficio o para favorecer a terceros.

La falsedad en documento público comprende la elaboración o modificación de documentos oficiales con el fin de respaldar actuaciones irregulares u ocultar anomalías.

Las acusaciones corresponden a hechos que permanecen bajo investigación. La responsabilidad de cada detenido deberá establecerse durante el proceso judicial.

El Ejército Nacional informó que los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la etapa de judicialización.

El Ejército abrió actuaciones internas contra los implicados

La institución castrense anunció la apertura de trámites disciplinarios y administrativos paralelos al proceso penal. Esas actuaciones buscarán determinar la responsabilidad individual de los militares investigados y garantizar el debido proceso.

El Ejército Nacional afirmó que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción. La entidad señaló que la operación conjunta buscó reforzar la transparencia y la legitimidad institucional.

Condenaron al exsargento, Héctor Lorenzo Anderson, a dos años y seis meses de prisión en suspenso por abusar sexualmente de dos soldadas voluntarias. Los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba como superior de ambas en un cuartel de Azul durante 2022, cuando se desempeñaba como superior de ambas.

Además, el Tribunal Oral Federal en Mar del Plata fijó una reparación económica de cinco millones de pesos para cada una de las víctimas, destinada a compensar el daño sufrido. La sentencia también impuso al condenado una prohibición de contacto con las damnificadas por cualquier vía y la obligación de mantenerse a más de 500 metros de ellas y de sus familiares.

La decisión fue adoptada por los jueces Roberto Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini. Durante el debate intervino el fiscal general subrogante Carlos Fioriti, quien había solicitado una pena de tres años de prisión y reclamado que el análisis del caso incorporara perspectiva de género.

Por otro lado, la sentencia dispuso que Andersen se incorpore al programa Dispositivo Masculinidades, desarrollado por la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Azul junto con el Patronato de Liberados. La medida busca que el condenado participe de una instancia específica de abordaje sobre violencias por motivos de género.

La condena será de ejecución condicional, por lo que no irá a prisión si cumple las reglas fijadas por el tribunal y no comete nuevos delitos durante el plazo establecido. Los fundamentos completos del veredicto serán difundidos el próximo 2 de octubre.

El debate oral se inició con tres denuncias contra Andersen. Sin embargo, el tribunal solo pudo resolver sobre dos de los hechos, ya que la tercera denunciante no asistió. Como su declaración realizada en la etapa de investigación no fue incorporada por lectura, la acusación no pudo continuar respecto de ese episodio y el tribunal absolvió a Andersen por ese hecho.

El relato de las víctimas

La primera víctima ingresó al Ejército en agosto de 2022 y fue destinada al puesto de mantenimiento del cuartel de Azul, integrado por el escuadrón, el comando y el servicio. Andersen era el responsable de ese sector y aprovechó su posición jerárquica para realizar tocamientos no consentidos hasta el 1 de diciembre de ese año.

La joven denunció que su superior buscaba generar un trato de confianza y le pedía abrazos y besos cerca de la boca. También declaró que le hacía masajes en los hombros sin su consentimiento y le decía que se relajara porque estaba “re tensa”. A eso se sumaban preguntas sobre su vida privada y comentarios de contenido sexual.

Cuando la mujer rechazaba esos acercamientos, según expuso la acusación, Andersen reaccionaba con enojo y amenazaba con darle la baja. La denuncia también incluyó mensajes y hostigamientos por WhatsApp y redes sociales. El caso fue presentado inicialmente ante la Comisaría de la Mujer de Azul y luego pasó a la justicia federal, después de que se definiera la competencia.

La investigación derivó en nuevas denuncias de otras soldadas. Una de ellas sostuvo que padeció conductas similares entre octubre y fines de noviembre de 2022, mientras también trabajaba en el puesto de mantenimiento. En su testimonio describió pedidos de besos, abrazos forzados, tocamientos y masajes no consentidos.

La segunda víctima relató que Andersen cerraba la puerta de la oficina cuando ella llegaba por la mañana y la presionaba para que aceptara los abrazos. También afirmó que el exsargento exigía besos cerca de la boca y no la soltaba hasta obtenerlos. Tras conocerse la primera denuncia, dijo, el acusado le advirtió que no lo “traicionara”.

Solicitan protocolos de asistencia para damnificadas

A pedido de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal exhortó al Ejército Argentino y al Ministerio de Defensa a implementar medidas administrativas, disciplinarias y preventivas frente a denuncias por delitos contra la integridad sexual que involucren a integrantes de las Fuerzas Armadas.

El pronunciamiento plantea la necesidad de crear o reforzar protocolos que aseguren acompañamiento a las víctimas tanto en el ámbito administrativo como en las actuaciones judiciales. Esos mecanismos deberán contemplar asistencia psicológica, confidencialidad, apoyo interdisciplinario y un registro ordenado de denuncias y testimonios.

Los jueces también requirieron que las instituciones sistematicen la información estadística para que pueda utilizarse como herramienta de monitoreo y prevención. El exhorto apunta a que las denuncias de violencia sexual dentro de las Fuerzas Armadas cuenten con respuestas institucionales específicas.

Durante su alegato, Fioriti sostuvo que la valoración de los hechos debía realizarse con perspectiva de género y sin reproducir prejuicios sobre el comportamiento esperado de una víctima. Remarcó que las dos damnificadas tuvieron dificultades para poner en palabras los tocamientos y las intenciones sexuales atribuidas al imputado.

El tribunal tendrá hasta el 2 de octubre para dar a conocer los argumentos jurídicos que sostienen la condena y las medidas ordenadas contra Andersen.

Said “N”, comisario de Xaltianguis, fue detenido el 15 de septiembre mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Eduardo Bustos Pérez, elemento activo de la Guardia Nacional (GN), y otras tres personas. La captura fue realizada por elementos de la propia GN y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

La detención abrió una revisión más amplia de las corporaciones municipales. El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz da seguimiento a la conducta de las policías de los 85 municipios del estado. El funcionario también señaló que las investigaciones continúan en Xaltianguis, el valle de El Ocotito y la zona donde colindan la región Centro y Acapulco, y anticipó nuevas detenciones.

Xaltianguis acumuló operativos antes de la captura del comisario

La detención de Said “N” ocurrió después de varios despliegues de fuerzas estatales y federales en Xaltianguis y comunidades cercanas. El 9 de septiembre, la Fiscalía de Guerrero reportó el aseguramiento de más de 700 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, rollos de cordón detonante, una motocicleta y una camioneta en esa localidad.

Dos días después, otro operativo en Xaltianguis dejó el aseguramiento de 20 estrellas ponchallantas y un costal con hierba verde seca con características similares a la marihuana. En El Ocotito, las autoridades detuvieron ese mismo día a Alfredo “N”, a quien la Fiscalía identificó como presunto integrante de Los Ardillos, y le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal, una motocicleta y prendas tipo militar. También fueron localizados 200 cartuchos.

El 13 de septiembre, la Fiscalía volvió a reportar acciones en Xaltianguis y El Ocotito. En la primera localidad fueron aseguradas dos camionetas, una de ellas blindada y con reporte de robo, además de 213 cartuchos. En El Ocotito se localizaron dosis de sustancias con características similares al cristal y marihuana.

Estos operativos se sumaron al despliegue realizado después del homicidio de Bustos Pérez. Tras el crimen, autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas señaladas como presuntos integrantes de Los Ardillos en Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis. En esas acciones fueron aseguradas 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

El agente asesinado denunció vínculos de autoridades con Los Tlacos

El caso de Eduardo Bustos Pérez tiene un elemento adicional: antes de ser localizado sin vida, el agente apareció en un video en el que habló de las labores de inteligencia que realizaba en Guerrero y lanzó acusaciones contra mandos de seguridad y funcionarios de la Fiscalía estatal.

Bustos se identificó como integrante de la 37 Coordinación de la Guardia Nacional, con sede en Iguala, y afirmó que una de sus tareas era vigilar las actividades de Los Ardillos. En su relato señaló específicamente a Xaltianguis como uno de los puntos donde realizaba labores de vigilancia, además de El Ocotito, Tierra Colorada y otras localidades. Dijo que elaboraba mapas, tomaba fotografías y registraba coordenadas para sus superiores.

El agente también acusó a mandos de la Guardia Nacional y a un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero de mantener presuntos vínculos con Los Tlacos. Según su versión, esas autoridades habrían recibido instrucciones de integrantes de esa organización para actuar contra Los Ardillos.

Esas declaraciones corresponden al testimonio realizado por Bustos en el video y no han sido acreditadas judicialmente. La Defensa informó después de su muerte que investigaría el contenido de sus señalamientos.

La coincidencia territorial es relevante para la investigación, pero no establece por sí misma una relación entre Said “N” y las acusaciones formuladas por Bustos. Hasta ahora, las autoridades han informado que el comisario está siendo investigado por su presunta participación en el homicidio del agente y de las otras tres víctimas, sin hacer público cuál habría sido su intervención específica.

Los Ardillos ya habían sido señalados en los operativos de la zona

Los aseguramientos de septiembre se producen en un corredor donde las autoridades han identificado la presencia de distintas estructuras criminales. En los operativos posteriores al homicidio de Bustos, el Ejército señaló directamente a Los Ardillos como el grupo al que pertenecían las 16 personas detenidas en Xaltianguis, Pablo Galeana y Río Verde.

La Fiscalía estatal también identificó como presunto integrante de esa organización al hombre detenido en El Ocotito el 11 de septiembre. Además, informó el mismo día de la captura de Andrés “N”, Alejandro “N” y Brayan “N”, a quienes señaló como presuntos integrantes de Los Ardillos durante recorridos en esa localidad.

La actividad operativa no se ha limitado a Xaltianguis. La propia Fiscalía ha situado sus recorridos recientes en El Ocotito y San José El Ciruelar, con aseguramientos de vehículos, cartuchos, droga y equipo táctico.

Otro excomisario de Guerrero fue detenido por presuntos vínculos con grupos criminales

El antecedente más cercano sobre una autoridad comunitaria involucrada en una investigación criminal se registró en julio, cuando autoridades federales detuvieron a Mario “N”, quien había sido comisario municipal de Tlayolapa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Mario “N” era considerado probable responsable de la privación de la libertad de servidores públicos y que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente formaba parte de Los Ardillos y era colaborador cercano de un jefe regional de esa organización. También lo relacionó con la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol.

El antecedente no implica una relación entre Mario “N” y Said “N”, ni constituye evidencia de que el comisario de Xaltianguis pertenezca a alguna organización criminal. Su relevancia está en que ambos casos involucran a autoridades comunitarias de Guerrero dentro de investigaciones relacionadas con estructuras delictivas.

La revisión de policías se extiende más allá de Xaltianguis

El anuncio realizado por Rodríguez Cisneros ocurre después de otros operativos dirigidos contra corporaciones municipales. A principios de septiembre, autoridades estatales y federales intervinieron las comandancias de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, donde inicialmente fueron presentadas 71 personas que no habían acreditado su calidad como policías preventivos o de tránsito.

Posteriormente, 66 fueron liberadas después de acreditar que laboraban en los ayuntamientos, mientras continuaron investigaciones contra otros agentes y funcionarios. El gobierno estatal ahora señala que la revisión de las conductas de las policías municipales se realiza en los 85 municipios y que las denuncias ciudadanas forman parte de los elementos que pueden alimentar las investigaciones.

Aeronaves militares venezolanas sobrevolaron una zona minera en el estado Bolívar, en el sur del país, donde están presentes células del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, reportaron medios locales.

“Han evacuado a todo el personal del área de mina de bauxita de (la empresa estatal) CVG Bauxilum Los Pijiguaos, al tiempo que se comenzaron a observar aviones de combate sobrevolando el área”, reportó el miércoles 16 de septiembre a través de la red social X el periodista Fritz Sánchez.

Sánchez relató que los guerrilleros del ELN “mantienen en zozobra a toda esta región del territorio venezolano al sur del municipio Cedeño del estado Bolívar, teniendo la industria paralizada parcialmente, secuestrando jóvenes, generando el desplazamiento forzado de comunidades y asesinando a líderes indígenas”.

El ex diputado opositor Américo De Grazia se hizo eco de la denuncia que realizaron trabajadores de CVG Bauxilum sobre la presencia de este grupo irregular en la región. “Todo ese territorio está bajo el control de los narcoterroristas del ELN”, aseveró De Grazia.

Según la versión de Sánchez, “el Ejército venezolano tomó el control de la industria CVG Bauxilum en Los Pijiguaos, incluyendo el área de minas, en medio de operaciones de seguridad en la región”.

El comunicador apuntó que pese al despliegue militar, “persiste el temor de que las facciones guerrilleras se replegaran hacia la selva circundante, con lo que su presencia seguiría siendo real en esta región sur del municipio Cedeño”. A principios de agosto, Sánchez había informado que los grupos guerrilleros generaban una “creciente preocupación” entre los trabajadores de la estatal CVG Bauxilum.

En una operación conjunta, fuerzas venezolanas y de Estados Unidos mataron en junio en la zona de Las Claritas, estado Bolívar, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la temible banda criminal Tren de Aragua.

La eliminación de “Niño Guerrero” se interpretó como parte de una “limpieza” que busca despejar el área para las inversiones mineras; sin embargo, De Grazia afirma que el lugar del jefe del Tren de Aragua ha sido tomado ahora por otros delincuentes supuestamente con la anuencia de autoridades militares.

Ataque

Hace un mes se confirmó la muerte del capitán indígena, Julio Rodríguez, presuntamente a manos de miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Mapoyo, al sur de Bolívar.

La ONG Provea expuso que los integrantes de las FARC atacaron con drones y artefactos explosivos a una comisión de líderes y jóvenes indígenas que había salido a buscar a Rodríguez, quien en principio había sido secuestrado.

La comunidad indígena denunció que había sido víctima de un “acto de guerra”, y señaló que sus familias “se encuentran bajo un régimen de amenaza constante y zozobra permanente”. De acuerdo con este testimonio, los insurgentes “mantienen el control sobre las áreas circundantes y bloquean el acceso a nuestras zonas tradicionales de caza, pesca y recolección, destruyendo la soberanía alimentaria”.

El Ejército de Reino Unido incorporará nuevos drones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para reforzar la protección de sus soldados y ampliar la información disponible sobre el campo de batalla. El plan combina la adquisición de aeronaves de larga autonomía, capaces de transportar cámaras y sensores, con la entrega de más de mil aparatos pequeños para uso de las tropas en primera línea.

Los nuevos sistemas forman parte del Plan de Inversión en Defensa británico, que prevé reforzar estas capacidades de vigilar a largo alcance del Ejército mediante una nueva generación de aeronaves no tripuladas. El objetivo es sustituir equipos considerados obsoletos y acelerar la llegada de tecnología a las unidades desplegadas. El ministro de Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, presentó las adquisiciones durante el encuentro Defence Vehicle Dynamics, una exposición bienal centrada en la guerra terrestre. “Nuestros soldados merecen la mejor tecnología, y eso es lo que estamos proporcionando”, afirmó Pollard.

El Gobierno británico anunció una inversión de hasta 400 millones de libras esterlinas para poner en servicio el dron AR5, fabricado por la empresa Tekever. El modelo reemplazará al sistema Watchkeeper, que estaba operativo desde 2014, y podrá llevar hasta 50 kilogramos de cámaras y sensores. La iniciativa incluye además un contrato independiente de 16 millones de libras para suministrar 1.025 drones pequeños, adquiridos a tres pequeñas y medianas compañías con sede en el país.

AR5 transportará 50 kilos de cámaras y sensores

El contrato adjudicado a Tekever contempla una primera orden de seis drones AR5, aunque el número podría alcanzar las 24 unidades en 2029. El AR5 es un dron de vigilancia de larga autonomía diseñado para operar durante periodos prolongados. Su capacidad para transportar cámaras y sensores de hasta 50 kilogramos permitirá obtener información desde mayores distancias y durante más tiempo que los equipos pequeños destinados a las tropas sobre el terreno.

El Ministerio de Defensa indicó que este modelo ya fue utilizado por Ucrania en la guerra contra Rusia. El contrato con Tekever contribuirá a sostener más de 1.000 empleos cualificados hasta 2030, según asegura el comunicado oficial. “Estamos orgullosos de entregar el AR5 al Ejército británico en este momento crítico para la seguridad nacional”, afirmó el director ejecutivo de Tekever en Reino Unido, Karl Brew. La empresa fabricará los aparatos en una planta de Swindon. Según el Gobierno, el programa responde a la necesidad de renovar las capacidades de observación y reconocimiento de largo alcance del Ejército, que hasta ahora dependía del sistema Watchkeeper, en servicio desde 2014.

Más de mil drones pequeños

El acuerdo de 16 millones de libras incluye 245 drones FOXE-NATO, desarrollados por Evolve Dynamics. Estos aparatos pesan menos de 250 gramos y cuentan con cámaras infrarrojas, una característica que permitirá utilizarlos en operaciones nocturnas. También se entregarán 670 unidades del modelo Skydio X10 INTL, suministradas por Marlborough Communications Limited. Estos drones pueden prepararse para el vuelo en menos de un minuto y alcanzar una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora.

La tercera partida comprende 110 drones ‘Sonora’, desarrollados mediante una alianza entre Brigantes Consulting, de Exeter, y Harmattan AI. Estos equipos están concebidos para entrenar a los soldados antes de que empleen aeronaves similares durante operaciones reales. El programa busca acelerar la incorporación de tecnología a las unidades militares, con la meta de duplicar la capacidad de combate del Ejército para 2027 y reducir a 24 meses el plazo entre la contratación de un equipo y su llegada a la primera línea. Las entregas del contrato están cerca de completarse, de acuerdo con el comunicado oficial. La adquisición fue gestionada por el Grupo Nacional de Dirección de Armamentos y forma parte del Proyecto Rapstone, precisamente orientado a acortar los plazos de incorporación.

El Ejército de República Dominicana detuvo la madrugada de este miércoles al conductor de una Jeep Grand Cherokee y a 17 ciudadanos haitianos que viajaban en el vehículo tras una persecución en la carretera El Rubio–Monción, cerca de Los Llanos de Bulla. El informe identifica a los pasajeros como personas con estatus migratorio irregular.

El conductor, Espedito R., alias Bobolé, ya había sido detenido en mayo de 2023 en el sector La Bomba de Dajabón por su presunta vinculación con la Operación Frontera, proceso en el que más de cinco personas fueron condenadas por tráfico ilegal de haitianos. También se encontraba bajo una medida de presentación periódica.

De acuerdo con lo divulgado por los medios locales Noticiero 13 y Diario Libre, miembros de inteligencia S-2 y de la unidad uniformada interceptaron la yipeta alrededor de las 5:22 de la mañana. Espedito habría intentado escapar al advertir la presencia militar. En el vehículo, una Jeep Grand Cherokee blanca, fueron encontrados 13 hombres y cuatro mujeres; algunas de las personas dijeron que habían transitado por zonas de monte. El conductor, los pasajeros y el vehículo fueron trasladados a la Fortaleza Santiago Rodríguez.

Este fin de semana el medio Prensa Latina informó que la Dirección General de Migración (DGM) detuvo a cuatro mil 130 extranjeros en situación migratoria irregular durante operativos realizados del 11 al 13 de septiembre en distintas zonas de República Dominicana.

Intercambio de disparos deja un fallecido

La Policía Nacional informó que un joven de 21 años murió el martes tras recibir heridas de bala durante un alegado intercambio de disparos con agentes en el sector La Vereda, de Don Pedro, Santiago. El hecho ocurrió cerca de las 17:50, cuando el sospechoso huía de una patrulla y, según la versión policial, disparó contra los agentes.

En el lugar fueron incautadas una pistola Carandai calibre 9 milímetros, serie G30652, con su cargador y una cápsula, además de dos casquillos del mismo calibre.

El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales.

El fallecido fue identificado como Gregori Vásquez Valdez, conocido como “Gregori Peligro”. De acuerdo con el informe policial, era buscado mediante la orden judicial número 2026-AJ0078290 por su presunta vinculación con asociación de malhechores y robo.

Los agentes de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central dijeron que observaron al joven durante labores de patrullaje, notaron una actitud sospechosa y lo persiguieron cuando escapó. La institución indicó que fue trasladado para recibir asistencia médica, pero murió posteriormente a causa de las heridas.

Mientras recibía atención, paramédicos hallaron una cartera que entregaron al representante del Ministerio Público. Dentro había RD$24,600 (USD $418.01), un reloj, auriculares, una llave de motocicleta, un anillo amarillo y un arete.

El medio local el Día indica que más de 160 personas han fallecido en lo que va de 2026 en intercambio de disparos, acciones que las autoridades califican como “acciones legales”, según las estadísticas oficiales. “Sin embargo, detrás de cada reporte policial queda una pregunta que pocas veces encuentra respuesta pública: ¿quién investiga la muerte y qué resultados arroja esa investigación?“, detalla.

El Ejército de Nicaragua ya tomó partido en el debate sobre quién gobernará el país cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no estén: al respaldar las reformas constitucionales que eliminan la base electoral de la autoridad civil, la institución armada se convirtió en el árbitro inevitable de cualquier sucesión futura, según un análisis publicado el 8 de septiembre en War on the Rocks, portal especializado en seguridad y estrategia y retomado por el diario nicaragüense La Prensa.

El 29 de julio, el general Julio César Avilés se presentó ante la Asamblea Nacional para apoyar los cambios constitucionales impulsados por la cúpula gobernante.

Habló en nombre del mando General, el Consejo Militar y las fuerzas terrestres, navales, aéreas y de reserva. Fue la primera institución convocada por los diputados para pronunciarse sobre las reformas, según informó La Prensa.

El giro es notable: en 2021, Avilés había asegurado públicamente que el Ejército respetaría el voto de los nicaragüenses. Esta vez, el jefe militar avaló un modelo que extiende a siete años los períodos de los cargos electos, faculta al Consejo Supremo Electoral para cancelar partidos que reciban fondos extranjeros o promuevan sanciones contra Nicaragua, e incorpora un artículo que declara sin validez cualquier resolución extranjera dentro del territorio nacional.

La reforma que cambia la ecuación de poder

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, el 1 de septiembre, los ocho artículos modificados en una sesión especial celebrada en León. La votación fue la primera de las dos legislaturas que exige la Constitución nicaragüense; la segunda está prevista para el 18 de enero de 2027, según confirmó Murillo. Reuters informó que la reforma también extiende los mandatos de los jefes del Ejército y la Policía al mismo plazo de siete años.

El texto tiene una consecuencia directa sobre el propio Avilés: su período, que ya había sido extendido hasta febrero de 2031 por las reformas al Código Militar de 2025, se ampliaría un año más.

Eso lo dejaría al frente de la institución durante 22 años consecutivos, de acuerdo con el análisis de War on the Rocks.

Para Orlando J. Pérez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Norte de Texas en Dallas, y para Randy Pestana, subdirector del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Florida International University, citados por La Prensa, el respaldo militar va mucho más allá del texto legal.

El Ejército, sostienen ambos académicos en el portal, pasó de proteger un proceso electoral bajo el argumento de su subordinación a la autoridad civil, a avalar modificaciones que reducen la competencia electoral. Al hacerlo, eliminó la base de legitimidad a la que constitucionalmente está subordinado.

Quién manda después de Ortega

La Constitución reformada establece que, si uno de los copresidentes muere, el otro asumirá la Presidencia por el resto del período. Eso haría de Murillo la sucesora legal de Ortega. Pero Pérez y Pestana plantean la pregunta que esa fórmula no responde: ¿mantendría el Ejército su obediencia a Murillo una vez desaparecido Ortega?

La relación entre Ortega y la institución armada se construyó durante décadas. Murillo, en cambio, ejerció control directo sobre la Policía, no sobre el Ejército. Las reformas de 2025 la colocaron formalmente en la cadena de mando militar, pero no existe certeza sobre cómo respondería la institución ante una transición real.

El análisis publicado en War on the Rocks subraya que ninguna otra institución tiene capacidad comparable a la del Ejército para mantener funcionando al Estado. La oposición organizada está en el exilio. No hay fuerzas militares alternativas. Quien pretenda suceder a Ortega y Murillo necesitará, “de una u otra manera, el consentimiento de los militares”, según Pérez y Pestana.

El peso económico detrás de la lealtad

La posición del Ejército no se explica solo por razones políticas. El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), creado para administrar el fondo de pensiones de los oficiales, se transformó con los años en un conglomerado empresarial con inversiones en construcción, comercio minorista, industria farmacéutica, educación superior e inmuebles.

Pérez y Pestana señalan a La Prensa que desde 1995 ningún jefe del Ejército ha publicado una auditoría de ese fondo. Esa opacidad convierte cualquier transición política en un asunto con consecuencias económicas directas para los oficiales y sus ingresos de retiro.

La desconfianza que va en ambas direcciones

El respaldo del Ejército a Ortega y Murillo no implica confianza plena en sentido inverso. Las reformas al Código Militar de marzo de 2025 otorgaron a la Presidencia el poder explícito de nombrar y destituir al comandante en jefe. Dos meses después, fueron detenidos el general retirado Álvaro Baltodano y el capitán retirado Aníbal Rivas Reed.

La desconfianza alcanza también a los mandos intermedios. Avilés encabeza el Ejército desde 2010 y otros integrantes de la cúpula militar acumulan años en sus cargos. Pérez y Pestana describen el fenómeno como un “tapón institucional”: una estructura que bloquea el ascenso de oficiales que podrían ocupar los principales puestos de mando y que, por eso, no tienen lealtades propias consolidadas.

Los casos de Roberto Samcam y Víctor Boitano ilustran los riesgos concretos. Samcam fue asesinado en Costa Rica en 2025; Boitano fue detenido en Managua en 2024. Ambos son citados en el análisis como ejemplos de lo que enfrenta un militar retirado que cuestiona al régimen.

Por qué Nicaragua no es Venezuela

Pérez descarta que Nicaragua pueda reproducir el esquema venezolano, donde Nicolás Maduro fue desplazado y reemplazado por Delcy Rodríguez.

Las diferencias estructurales son determinantes: Venezuela tiene petróleo, un cuerpo militar mucho más numeroso y dividido en distintas facciones, una sucesora constitucional ya en funciones y un período de preparación de Estados Unidos para una eventual operación.

Nicaragua no tiene ninguno de esos elementos. El Ejército cuenta con unos 14,500 integrantes, mantiene un mando unificado y no existe otra fuerza militar capaz de disputarle el control del país, según el análisis. Eso hace que el escenario nicaragüense tenga una lógica propia.

El triángulo Washington, Moscú y Beijing

La cooperación militar formal entre Estados Unidos y Nicaragua terminó hace años, pero los contactos entre oficiales de ambos países continúan en foros internacionales. En marzo de 2026, militares nicaragüenses participaron en una reunión en Lima junto con delegaciones de otros países, incluida la estadounidense, de acuerdo con La Prensa.

Pérez y Pestana consideran que Washington no busca otorgar legitimidad al mando militar actual, pero que mantener canales de comunicación puede ser relevante ante una eventual transición.

Al mismo tiempo, Nicaragua profundizó sus vínculos con Rusia y China. Avilés visitó Moscú y Beijing en 2025, y luego se ratificó un acuerdo de cooperación militar con Rusia que incluye entrenamiento, intercambio de inteligencia y cooperación en guerra electrónica.

La pregunta que el análisis deja abierta es si el Ejército optará por mantener esa dependencia o buscará una nueva relación con Estados Unidos y el sistema hemisférico cuando llegue el momento de negociar su propio futuro.

La sucesión de Ortega y Murillo puede estar prevista en la Constitución. El control efectivo del Estado después de ellos, puntualizan Pérez y Pestana, dependerá del Ejército de Nicaragua, una institución que ya comenzó a definir su posición.

Un juez federal vinculó a proceso a 15 presuntos integrantes de Los Ardillos, organización criminal señalada por las autoridades como una de las principales generadoras de violencia en Guerrero, luego de un operativo en Acapulco en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba con los que buscó acreditar la probable responsabilidad de los detenidos en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los procesados fueron identificados como Ángel “N”, Rodolfo “N”, Teodoro “N”, José Luis “N”, José Manuel “N”, Francisco “N”, Pablo “N”, Daniel “N”, Hermenegildo “N”, Celestino “N”, José Alberto “N”, José Jesús “N”, Yaveny “N”, Kenia “N” y Verónica “N”.

El juez ratificó además la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que los 15 permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo mientras avanza el proceso.

La autoridad judicial otorgó a la FGR un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público Federal podrá recabar nuevos elementos para fortalecer su acusación.

Operativo en Acapulco dejó armas y miles de cartuchos

Los 15 adultos fueron detenidos días antes durante un despliegue de fuerzas federales en Acapulco, específicamente en comunidades como Pablo de Galeana, Río Verde y Xaltianguis.

En ese operativo también fue detenido un adolescente de 16 años, quien posteriormente enfrentó un proceso separado ante la justicia para adolescentes. De acuerdo con la información de la FGR, al grupo le fueron aseguradas 12 armas de fuego, más de 36 mil cartuchos útiles, cargadores, droga sintética, máquinas tragamonedas y tres vehículos.

El adolescente fue vinculado a proceso por delitos relacionados con la posesión de cartuchos y cargadores, así como acopio y posesión de armas de fuego sin licencia, todos relacionados con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez especializado le impuso internamiento preventivo.

La captura de los 16 presuntos integrantes se produjo en un contexto de reforzamiento de la presencia militar y federal en Guerrero, luego de un episodio violento registrado en el municipio de Juan R. Escudero.

Asesinato de un elemento de la Guardia Nacional elevó la tensión

El 4 de septiembre, en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, fueron localizados muertos un elemento de la Guardia Nacional y otras tres personas, de acuerdo con reportes sobre el caso. Posteriormente, comenzó un despliegue de fuerzas federales en distintas zonas del estado.

En redes sociales circuló además un video en el que aparece el integrante de la Guardia Nacional realizando declaraciones relacionadas con las acciones de seguridad implementadas por autoridades federales, estatales y municipales en Guerrero, antes de ser privado de la vida.

La FGR ha señalado a Los Ardillos como una organización delictiva con alta presencia y capacidad para generar violencia principalmente en Guerrero y regiones vecinas. Su actividad criminal se concentra históricamente en distintas zonas de la Montaña y la Montaña Baja del estado.

Los Ardillos: más de dos décadas de presencia en Guerrero

De acuerdo con InSight Crime, Los Ardillos surgieron a principios de la década de 2000 y fueron fundados presuntamente por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, un expolicía rural originario de Quechultenango. Tras su asesinato en 2011, tres de sus hijos asumieron el control de la organización, según investigaciones de ese medio especializado.

El grupo comenzó ligado principalmente al cultivo y tráfico de amapola y heroína, pero con la reducción de ese mercado diversificó sus actividades hacia otras economías criminales, entre ellas la extorsión, el secuestro y la minería ilegal, de acuerdo con InSight Crime.

Su principal zona de influencia se encuentra en la región de la Montaña de Guerrero, aunque también se ha documentado su presencia en municipios como Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilpancingo, Juan R. Escudero, Chilapa, Zitlala, Atlixtac, Ahuacotzingo y Acatepec.

Uno de sus principales conflictos históricos ha sido con Los Rojos, grupo surgido de la fragmentación de la Organización Beltrán Leyva. Ambas organizaciones protagonizaron una disputa por el control de Chilapa y otras zonas de Guerrero, especialmente desde 2014, en una confrontación relacionada con el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y control territorial.

La organización también ha sido señalada por hechos violentos contra comunidades indígenas de Guerrero y, en años recientes, por su presunta participación en disputas territoriales relacionadas con otras actividades criminales. InSight Crime señala que su estructura se ha sostenido en buena medida mediante redes familiares, mientras que algunos integrantes de la familia Ortega han tenido participación en la vida política de Guerrero.

Con la vinculación de los 15 detenidos, la FGR mantiene abierta la investigación para determinar su probable responsabilidad individual y establecer si existen otros delitos o vínculos criminales relacionados con el armamento asegurado.

El Ejército de Guatemala localizó armamento y municiones abandonados por un grupo armado que huyó al advertir la presencia de patrullas militares en la frontera con México.

El hallazgo ocurrió este domingo 14 de septiembre en una zona boscosa del municipio de La Democracia, Huehuetenango, durante operativos de seguridad.

Según la información oficial, los sospechosos presuntamente abastecían de armas a redes de tráfico transfronterizo vinculadas con el narcotráfico.

Los integrantes de la estructura escaparon hacia territorio mexicano y dejaron varios costales rojos con armas de fuego de grueso calibre y municiones. La retirada evitó un enfrentamiento directo con las tropas guatemaltecas.

El material quedó bajo custodia militar y fue entregado al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) para las diligencias de investigación. Las autoridades buscan establecer el origen del armamento, su posible destino y los responsables de trasladarlo por la zona fronteriza.

El caso se registró horas después de la captura en Chiapas, México, del guatemalteco Gregorio Gómez Paiz, señalado como presunto cabecilla de una red de tráfico ilícito de armas.

Las autoridades mexicanas lo entregaron a Guatemala, donde enfrenta un proceso penal. El Ministerio de Gobernación lo identificó como un supuesto proveedor de armas para organizaciones que operan en Huehuetenango.

Drones, enfrentamiento y un cartel del narcotráfico

Esta no es la primera vez que el municipio de La Democracia, en Huehuetenango, se ve inmerso en un caso de narcotráfico y armas ilegales. En marzo pasado, agentes de la PNC y efectivos militares se enfrentaron a presuntos integrantes de un cartel mexicano y a sus escoltas en la aldea Las Espuelas.

En ese operativo, los sospechosos se refugiaron en un inmueble que funcionaba como centro nocturno y que, de acuerdo con la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, era custodiado por hombres con fusiles de alto calibre.

Cinco personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, mientras al menos tres escaparon hacia México con armas.

Dentro de la propiedad, las fuerzas de seguridad incautaron 16 fusiles, 117 tolvas para armas largas, 30 mil municiones, radios portátiles, motocicletas, chalecos antibalas y equipo táctico.

También derribaron un dron que, según los investigadores, vigilaba el despliegue oficial y que les impedía movilizarse sin ser detectados.

Carteles de México y Guatemala se enfrentan en Huehuetenango

En diciembre del año pasado, se reportaron, por lo menos, seis ataques armados en municipios de Huehuetenango y San Marcos, fronterizos con México.

Investigadores policiales los atribuyeron a enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa contra operadores del cartel Chiapas‑Guatemala, una estructura señalada como facción del cartel Jalisco Nueva Generación.

Uno de los ataques dejó una persona muerta en Tacaná, San Marcos, donde también fue localizado un microbús incendiado y casquillos de arma de fuego. En La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista se registraron otros tiroteos.

El Ministerio de la Defensa señaló que grupos armados ilegales ingresaron desde la línea fronteriza mexicana y efectuaron disparos contra comunidades guatemaltecas. Un oficial del Ejército resultó herido.

Carteles mexicanos buscan el control de las rutas

La violencia en Huehuetenango forma parte de una disputa por las rutas de distribución de drogas, armas y personas entre México y Guatemala. En incidentes anteriores, autoridades localizaron vehículos incendiados, cabañas quemadas, casquillos y mensajes dirigidos al Gobierno guatemalteco.

La cercanía de La Democracia con Chiapas ha convertido al área en un punto de interés para organizaciones criminales. Las investigaciones permanecen abiertas para determinar los vínculos entre los grupos armados, el armamento incautado y las redes de tráfico que operan en la frontera.

Tropas de la Cuarta Brigada capturaron el domingo 13 de septiembre de 2026 a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo durante una operación en la vereda Santa Helena, zona rural de Gómez Plata, Antioquia. Según la Séptima División del Ejército, los detenidos harían parte de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

La acción estuvo a cargo de unidades del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 y del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4. El Ejército indicó que la presencia sostenida de los militares en el sector permitió ubicar a una comisión armada del grupo ilegal.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola, un proveedor, 25 cartuchos de distintos calibres, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

La Séptima División señaló en X que el resultado afecta las capacidades armadas y de movilidad de la estructura señalada. El comunicado no reveló las identidades de los capturados ni informó si fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades tampoco precisaron si la motocicleta y los elementos decomisados habían sido utilizados en hechos delictivos recientes o si estaban vinculados con planes de ataque en la región.

El despliegue se desarrolló en inmediaciones de Gómez Plata, municipio ubicado en el nordeste de Antioquia. El Ejército sostuvo que sus operaciones buscan reforzar las condiciones de seguridad en esa localidad y en municipios cercanos como Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos.

La institución invitó a la comunidad a informar sobre hechos que puedan afectar la seguridad en la zona. “Informar sí paga”, indicó la Séptima División en su publicación en X.

El Ejército recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con la línea 147 y la línea 107 contra el terrorismo. Esos canales reciben reportes sobre la presencia de grupos armados, actividades ilegales y situaciones que representen riesgos para las comunidades.

La autoridad militar afirmó que mantendrá las operaciones contra organizaciones armadas ilegales en el departamento.

Ejército destruyó dos laboratorios de pasta base de coca en zona rural de Valdivia, Antioquia

El 13 de septiembre de 2026, Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles ubicaron y destruyeron dos laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca en la vereda Las Palomas, área rural de Valdivia, Antioquia. De acuerdo con la Séptima División del Ejército, las estructuras estarían al servicio de la subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo.

En el lugar, los militares hallaron dos instalaciones artesanales con insumos y equipos destinados a la producción de estupefacientes. La destrucción se realizó de manera controlada, según la información divulgada por la institución.

El reporte indicó que en los laboratorios había 849 galones de insumos líquidos y 350 kilogramos de materiales sólidos. Las tropas también encontraron elementos utilizados para la transformación de hoja de coca en pasta base.

La Séptima División estimó que la operación representa una afectación económica aproximada de 60 millones de pesos para la organización armada. Además, sostuvo que el procedimiento evitó la producción mensual de cerca de 10 kilogramos de pasta base de coca.

La unidad militar señaló que los centros localizados constituían un soporte para las finanzas de la subestructura Julio César Vargas, a la que atribuyó la administración de estas actividades ilícitas en el sector.

Las autoridades no informaron sobre personas capturadas durante el procedimiento ni precisaron si la zona donde funcionaban las estructuras registra presencia reciente de integrantes del Clan del Golfo. La institución agregó que mantendrá los despliegues contra las fuentes de financiación y la capacidad logística de grupos armados ilegales en el departamento.

El Ejército señaló que las operaciones buscan impedir que esas organizaciones obtengan recursos de la cadena del narcotráfico y afecten a las comunidades del norte de Antioquia.

“El @COL_EJERCITO seguirá intensificando las operaciones orientadas a neutralizar las rentas criminales y las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en este sector del departamento de Antioquia”, indicó la Séptima División del Ejército Nacional en su publicación en X, al referirse al resultado de la operación.

El régimen de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, aprobó recientemente la creación de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), un ente que estará adscrito al Ejército y que controlará los puertos y el transporte acuático. La medida amplía atribuciones de los militares en un momento de disputa política por su lealtad ante un eventual cambio de régimen.

La nueva estructura tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. También recibirá los recursos, vehículos, sistemas informáticos y bienes que usaba la Dirección General de Transporte Acuático vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura.

Según el portal oficialista el19digital.com, la legislación incorpora el numeral 19 bis al artículo 3 de la Ley 181, Código de Organización Militar, para formalizar que las Fuerzas Armadas ejercerán el control y tutela de la nueva entidad. La iniciativa presentada por la Presidencia sostiene que la medida busca reforzar la coordinación en seguridad y protección de los espacios marítimos, fluviales y lacustres.

La DGTA podrá formular políticas de seguridad para la navegación; dirigir, regular y controlar el desarrollo marítimo nacional; autorizar matrículas y permisos; cancelar rutas y servicios, y supervisar a personas y empresas dedicadas a actividades marítimas. También tendrá facultades sobre tarifas de transporte de carga y pasajeros, además del cobro de matrículas, patentes, permisos de navegación, certificaciones para astilleros y talleres de mantenimiento, y multas previstas por la ley.

Más control para asegurar la fidelidad militar

La ampliación de funciones del Ejército se produce en un momento en que los militares aparecen como un actor en cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición en el país. Esto se volvió especialmente visible el 2 de septiembre, durante el 47.º aniversario del Ejército.

Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les planteó que tendrían espacio en una futura democracia. Horas después, el general Julio César Avilés respondió desde el acto oficial con un respaldo a las reformas constitucionales del régimen de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.

Avilés dijo: “Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”. El jefe militar expresó, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen.

La oposición también modificó su discurso hacia las Fuerzas Armadas. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, sostuvo que el Ejército sí tendría un papel en la ecuación de cambio, siempre que se trate de militares no implicados en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

Chamorro afirmó: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Añadió que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a evitar que una salida del régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.

Avilés rompió la rotación histórica y puede completar 21 años en la jefatura

El principal mecanismo de control construido por Ortega y Murillo tiene nombre propio: Avilés Castillo, comandante en jefe desde el 21 de febrero de 2010. Antes de su permanencia, el Ejército había mantenido relevos regulares de cinco años con Joaquín Cuadra entre 1995 y 2000, Javier Carrión entre 2000 y 2005 y Omar Halleslevens entre 2005 y 2010.

En enero de 2014 fue reformada la Ley 181 y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, un tercero entre 2020 y 2025 y un cuarto mandato iniciado en 2025 que se extenderá hasta 2031.

Si completa ese período, habrá dirigido el Ejército durante 21 años consecutivos. En su cuarta juramentación, Rosario Murillo afirmó: “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”.

La consolidación de la cúpula no se limita al comandante. En julio de 2025, La Prensa publicó que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta configurar una estructura que el diario describió como un Ejército “enano cabezón”.

En 2025 también se creó el grado de coronel general, situado debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, una decisión que permitió promoverlos sin apartarlos de sus cargos y abrió nuevos espacios en la cúspide del escalafón.

Fuentes militares citadas por el diario señalaron que, si continúan las extensiones de mandatos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían acercarse a los 80 años antes de dejar definitivamente la cima de la institución. Esa permanencia bloquea la progresión de coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que esperan ascensos.

La oposición busca a los mandos medios del Ejército

De acuerdo con el medio nicaragüense, mientras crecen los mensajes políticos hacia los cuarteles, el régimen acumula incentivos, ascensos y nuevas atribuciones para la cúpula.

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, citado por Infobae, situó el foco en los mandos intermedios a quienes el mensaje opositor debería ofrecer “incentivos profesionales, amnistías condicionadas” y un lugar en el futuro democrático.

Hasta ahora, la Fuerza Naval ha tenido un perfil costero y se dedica al patrullaje, la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la vigilancia de aguas jurisdiccionales.

En ese contexto, la entrega de puertos, rutas, permisos y tarifas del transporte acuático a una entidad bajo tutela militar añade una nueva esfera de control a una institución que ya dispone de organización nacional, inteligencia, cadena de mando y despliegue territorial.

Entre los recientes nombramientos ordenados por la presidente interina Delcy Rodríguez, hay uno en la resolución 1651, del 7 de septiembre 2026, que destaca por su peso simbólico y político, el del general de Brigada (Ej) Jean Carlos Beomontt Valecillos, quien asume el mando de la 99 Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en relevo del GB Yoel Córcega Caraballo.

Beomontt era el comandante de la unidad de Fuerzas Especiales enviada a Apure en el marco del conflicto con las disidencias lideradas por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, cuya estructura en la zona estaba bajo el mando de alias Arturo y alias Ferley. Al aterrizar en helicóptero, la unidad fue emboscada y capturada.

El ahora general Jean Beomontt no es un oficial cualquiera. El 23 de abril 2021, fue el militar de más alto rango secuestrado, junto a otros siete militares, por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el estado Apure. Permanecieron más de un mes en cautiverio, hasta que la guerrilla los liberó a finales de mayo de ese año.

Aunque el entonces ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que los ocho militares habían sido “rescatados” en la operación Águila Centenaria, la realidad fue distinta: la guerrilla los entregó horas después de que la FANB aceptara retirarse de las zonas en disputa, donde se enfrentaban el ejército venezolano y el grupo armado colombiano.

La retirada se concretó el 28 de mayo, cuando los funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional abandonaron las alcabalas entre La Victoria y. La Soledad, dejando solo dos de las siete 7 alcabalas o puntos de control. La retirada de las tropas venezolanas fue celebrada por la guerrilla en los pueblos de La Victoria, El Ripial, La Capilla y Santa Rosa.

Durante el cautiverio, las disidencias de las FARC difundieron dos videos en los que los oficiales venezolanos afirmaban recibir “buen trato”, contar con “medicina y alimentos” y que “todo se puede solucionar con diálogo”. Estos mensajes fueron grabados bajo presión, según le dijeron a Infobae fuentes militares.

En uno de los videos el comandante Jean Carlos Beomontt Valecillos lee un comunicado, manifestando “Ya queremos estar con nuestras familias y poner en práctica la lección aprendida”.

Los ocho militares que las FARC reconoció tener en su poder eran el teniente coronel (Ej) Jean Carlos Beomontt Valecillos, primer teniente Jhonny Yaguare; los tenientes de fragata Álvaro Flores Berroterán, José Emilio Torres Pérez y Luis Cova; los sargentos Mayor de Tercera José Antonio Ramos Dávila, de Segunda Estiben Aular Lara y Sargento Mayor Paul Hernández.

Nacido el 12 de septiembre de 1978, Beomontt egresó en el año 2000 como parte de la promoción “General en Jefe Juan José Flores”. Como teniente coronel comandó el 992 Batallón de Fuerzas Especiales y fue instructor maestro en la Escuela de Operaciones Especiales “G/D Andrés Rojas”, donde ejerció como director hasta octubre de 2025.

En la resolución 1651 del 7 de septiembre 2026, además del ya mencionado general Beomontt , también fue nombrado el GB José Luis Terán Albarrán para comandar la 42 Brigada de Infantería Paracaidista “Comandante Hugo Chávez Frías” en reemplazo del GB Duglas Enrique Pérez Soto.

En las Brigadas

En el Ejército, por disposición de la resolución 1648 del 7 de septiembre 2026, permanecen en sus cargos los comandantes de las brigadas 11 Blindada y 13 de Infantería. En la 11 Brigada Blindada “GB Pedro José Ruiz Rondón” El General de Brigada (GB) Gustavo Enrique Benavides Sanchez y en la la 13 Brigada de Infantería, el GB Felipe José Querales Rodríguez.

Hay nuevos jefes en las restantes cuatro. En la 12 Brigada Caribe “General en Jefe Almidien Ramón Moreno Acosta” asume el GB Carlos Román Sánchez Hernández, en reemplazo del GD Alex Alberto Monsanto Obando.

En la 14 Brigada de Infantería Mecanizada “General de División Domingo Faneite Medina” fue designado el GB Alexander José Alcántara Durán, quien sustituye al GB Jhoan Antonio Marquez Flores.

Para la 41 Brigada Blindada “Capitán Juan Angel Bravo García” fue enviado el GB Nerio Enrique Schmilinski Dávila, en relevo del GD Jesús Manuel Carpio Medina.

En la 81 Brigada Logística “GD Mariano Montilla” en lugar de un general comanda el coronel Pablo José Camacaro Martínez en reemplazo del GD José Sebastián Mota.

Dos resoluciones

Con la resolución 1649 fue ratificado el GB Luis Eduardo Rada Sequera en la 21 Brigada de Infantería y el GB Carlos Manuel Quijada Bermúdez en la 62 Brigada de Combate “GB Luciano Urdaneta” del Sexto Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

En la 22 Brigada de Infantería fue designado el GB Jhan Frank Romero Dale quien reemplaza al GD Acisclo Guillermo Chaparro Godoy.

Para la 25 Brigada de Infantería mecanizada nombraron al GB Javier Paúl Páez López quien releva al GD Miguel Darío Colmenares Coronado.

En la resolución 1650 se contemplan nombramientos en las brigadas de Artillería de Campaña y las Caribe. Para la 43 Brigada de Artillería de Campaña designado el GB Jose Damián Monsalve Maldonado, en reemplazo del GD Marlon Alexandr Ramírez Chacón.

Para la 91 Brigada de Caballería Blindada e Hipomóvil “GB Pedro Pérez Delgado” fue designado el GB Helmer Miguel Prato Veloz, quien reemplaza al GD Luis Enrique Pinto Rosales. En la 92 Brigada Caribe asume el GB Jhobermar Antonio Escalona Yusti, en sustitución del GB Marco Antonio Cabeza Morales.

Los Ingenieros y Caribes

La resolución 1652 contempla los nombramientos en unidades del Ejército como la 32 Brigada Caribe para la que fue enviado a comandat el GB Rogelio Enrique Antúnez González, en sustituión del GD Okler Roberto Yustiz Castillo.

Los oficiales ratificados son: en la Brigada Caribe de Seguridad y Desarrollo Social “General en Jefe Ezequiel Zamora” el GB Jonnathan Márquez Vargas; y en la 33 Brigada Caribe el GB Pawer Avelino González García.

En la 63 Brigada de Ingenieros de Construcción y Mantenimiento “GB Juan Aguerrevere y Echenique” del Sexto Cuerpo de Ingenieros designaron al GB Valentín Antonio Acosta Canelones, quien relevó al GB Luisarvelio Junior Ramirez Garcia.

Los oficiales ratificados son: en la Brigada Caribe de Seguridad y Desarrollo Social “General en Jefe Ezequiel Zamora” el GB Jonnathan Márquez Vargas; en la 33 Brigada Caribe el GB Pawer Avelino González García; y en la 83 Brigada Logística “GD José de Austria” el GB Frank Ramón Bermúdez Querales.

Sostiene la resolución 1653 quienes son los comandantes de tres Brigadas de Infantería de Selva y una Especial. En las Brigadas de Infanterìa de Selva 51, 52 y 53 solo hay un nuevo comandante y dos ratificaciones.

En la 51 Brigada de Infantería de Selva ratifican al GB Yenfris Duvaldo Mota Ávila y en la 52 Brigada de Infantería De Selva “GJ Alberto Müller Rojas” al GB Óscar Eduardo Carrasquel Vargas.

Hay nuevo comandante en la 53 Brigada De Infantería De Selva “Teniente Coronel Jesús Miguel Ortiz Contreras” y es el GB Martín Socrate Rodríguez Sotillo, quien reemplaza al GB Manuel Alfredo Vera Salazar.

Para la 94 Brigada Especial “Negro Primero” nombraron al GB Randolf José Mejías, en reemplazo del GB José Luis Terán Albarrán.

Infanterías y Policía Militar

La resolución 1654 establece los jefes militares de seis Brigadas. Ratificados los comandantes de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada, GB Carlos Esteban Castillo León; el de la 35 Brigada de Policía Militar “Libertador José de San Martín”, GB Idolando Reinoso Landaeta; y uno del Sexto Cuerpo de Ingenieros, el de la 64 Brigada de Ingenieros Ferroviarios “GJ Ezequiel Zamora”, el GB Nordys Ramón Justo Pinto.

Los dos nombramientos son los de la 61 Brigada de Acondicionamiento de Ingenieros “GB Agustín Codazzi” del Sexto Cuerpo de Ingenieros, siendo designado el GB Eudys Antonio Santini Reyes, en reemplazo del GD Ezequiel Ramón Espinoza Escobar. Y en la 82 Brigada Logística “GD José María Carreño Blanco” donde fue nombrado el GB Manuel Alejandro Belisario Castillo en reemplazodel GD Trino Alexánder Pabón Castellanos.

La resolución 1655 establece dos cambios en el Ejército. Para el Sexto Cuerpo de Ingenieros asignaron al GD Ezequiel Ramón Espinoza Escobar quien sustituye al GD Marlón Rafael Hernández Barrios. Y en el Comando de la Aviación nombraron al GB Tomás Emilio Requena Montagna en reemplazo del GD Henry Alfredo Briceño Rojas.

La Infantería de Marina de la Armada de México celebra este sábado el vigésimo quinto aniversario de sus Fuerzas Especiales, conocidas como los Quachics, bajo la mística de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”. La conmemoración se produce mientras el cuerpo consolida su estructura de élite a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), creada en 2014 para agrupar a sus grupos de mayor capacidad táctica y estratégica.

La Infantería de Marina opera como una fuerza especializada de la Secretaría de Marina. Su mandato abarca operaciones anfibias y terrestres en zonas marinas, costas, ríos, zonas lacustres, puertos y aguas jurisdiccionales del país.

Las Fuerzas Especiales Quachics cumplen 25 años de evolución operativa

Los Quachics sostienen una evolución constante de sus capacidades operativas desde su fundación hace 25 años. La distinción de sus integrantes se sustenta en tres atributos: capacidad, disciplina y profesionalismo al servicio de la Nación.

La formación de un Infante de Marina integra preparación física, disciplina, conocimiento de armamento, defensa personal y adiestramiento individual de combate. El proceso se desarrolla bajo un estricto respeto a los derechos humanos y con el compromiso de salvaguardar a las familias mexicanas ante amenazas a la seguridad y desastres naturales.

La UNOPES agrupa a tres componentes de élite: las Fuerzas Especiales, los Comandos Anfibios y el Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas. Sus integrantes —hombres y mujeres— adoptan el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo como un estilo de vida arraigado, no solo como normas de conducta.

La unidad mantiene colaboración interinstitucional con los tres órdenes de gobierno para garantizar el Estado de derecho. Su posicionamiento la consolida como la base de respuesta inmediata ante cualquier amenaza a la seguridad nacional en entornos terrestres, aéreos y marítimos.

La UNOPES opera con tres grupos de élite de despliegue rápido

Los Comandos Anfibios constituyen el componente de Infantería de Marina ligera dentro de la UNOPES. Su preparación técnica, táctica y física les permite el despliegue rápido para operaciones de reconocimiento e infiltración por vía terrestre, aérea y marítima en una amplia variedad de misiones.

El Batallón de Infantería de Marina de Fusileros Paracaidistas complementa el esquema operativo de la UNOPES como fuerza especializada en operaciones aerotransportadas. Su diseño permite proyectar tropas de manera inmediata y decisiva en áreas de difícil acceso.

Cada componente de la UNOPES aporta una capacidad diferenciada al conjunto de la fuerza naval. La suma de los tres grupos garantiza la cobertura de escenarios de alta complejidad que ninguna unidad convencional podría atender de forma autónoma.

La UNOPES efectúa operaciones de alto valor estratégico gracias a su adiestramiento especializado y su equipamiento. La unidad se declara preparada para actuar en cualquier entorno geográfico ante amenazas que comprometan la seguridad nacional.

El cuerpo suma 29.843 efectivos con 4.123 mujeres en sus filas operativas

La composición actual del cuerpo de Infantería de Marina registra 29.843 efectivos en total. De ese total, 4.123 son mujeres, lo que representa un avance sin precedentes en la integración y profesionalización del personal femenino naval en roles operativos.

La presencia femenina en las filas operativas refleja una transformación histórica en la composición institucional y de género de la Infantería de Marina. La incorporación de mujeres en unidades activas marca una nueva etapa en la profesionalización de la fuerza.

La preparación acumulada durante 25 años se ha convertido en capacidad operativa real. El compromiso institucional se expresa en una forma concreta de servir a México cuando el país requiere una respuesta contundente.

La Infantería de Marina reafirma su lealtad al servicio de la Nación bajo los principios de “Fuerza, Espíritu y Sabiduría”. La celebración del aniversario de sus Fuerzas Especiales se enmarca en la Operación Patria, que sintetiza el mandato de seguridad, presencia y compromiso con México.

El cuerpo se posiciona como pilar fundamental de la Secretaría de Marina en la defensa del territorio nacional. Su estructura de élite, su cobertura geográfica y su capacidad de respuesta inmediata consolidan a la Infantería de Marina como el brazo operativo más versátil de la Armada de México.

Las fuerzas federales decomisaron casi 17 toneladas de metanfetamina y desmantelaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa entre el 2 y el 3 de septiembre, en una operación que incluyó el segundo complejo de producción más grande localizado durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch, y que buscó reducir la capacidad operativa, logística y financiera de las organizaciones criminales dedicadas a las drogas sintéticas.

El dato de mayor volumen se concentró en un solo punto: un complejo de 5,700 m² ubicado cerca de Corralejo, donde las autoridades aseguraron 16,350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción. En ese sitio también decomisaron 4,350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de 5,700 kilogramos de materiales sólidos empleados en la elaboración de droga.

El Gabinete de Seguridad calculó que solo la desarticulación de ese complejo causó una afectación económica cercana a USD 347 millones para las estructuras criminales. La estimación oficial vinculó ese monto con la reducción de su capacidad para producir, mover y financiar narcóticos sintéticos.

La operación fue encabezada por Semar en coordinación con la FGR y la SSPC, en acciones desarrolladas en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que se trató de uno de los golpes más grandes contra la producción de drogas sintéticas en la actual administración.

El mayor aseguramiento se concentró en un complejo clandestino cerca de Corralejo

La acción principal ocurrió el 3 de septiembre. Ahí fue localizado el laboratorio de mayor tamaño del operativo, con una superficie de 5,700 metros cuadrados, identificado además como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en lo que va del actual gobierno federal.

García Harfuch indicó que el resultado derivó del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval. También señaló que ese esfuerzo fue fortalecido por el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

La respuesta directa sobre el alcance del operativo quedó en las cifras: fueron tres laboratorios inhabilitados, casi 17 toneladas de aparente metanfetamina retiradas y una afectación multimillonaria a las finanzas criminales. No se informó de personas detenidas durante estas acciones.

Además del complejo principal, el 2 de septiembre las autoridades realizaron una primera intervención adicional también en Corralejo. En ese sitio localizaron un laboratorio de unos 800 metros cuadrados y aseguraron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, así como 450 litros y 165 kilogramos de precursores y otras sustancias.

Corral Viejo concentró la tercera intervención del operativo federal

La otra acción del 2 de septiembre se desarrolló en Corral Viejo, donde las fuerzas federales desmantelaron una instalación de aproximadamente 450 metros cuadrados. En ese punto decomisaron 160 kilogramos de aparente metanfetamina, 200 litros de químicos esenciales y 1,750 kilogramos de sustancias de uso dual, además de equipo utilizado para la producción.

Con esos tres puntos intervenidos, el volumen total asegurado quedó apenas por debajo de las 17 toneladas. El grueso del decomiso provino del laboratorio principal, mientras que los otros dos sitios mostraron una red de producción con insumos, droga terminada, producto en proceso y equipo especializado.

El Gabinete de Seguridad agregó que, con cinco laboratorios inhabilitados por la Marina en las últimas semanas, se retiraron de circulación alrededor de 18.2 toneladas de metanfetamina. A esa cifra se sumaron 10 toneladas y 6,845 litros de precursores químicos.

Las estimaciones oficiales señalaron que esas cinco acciones representaron una afectación económica y financiera superior a USD 400 millones para las estructuras delictivas vinculadas con la producción de drogas sintéticas. La lógica expuesta por el gobierno fue atacar a las organizaciones desde su capacidad de manufactura, cortar cadenas de suministro y golpear de manera directa sus ingresos.

Los aseguramientos quedaron bajo control ministerial para las investigaciones

Los laboratorios y todos los materiales decomisados fueron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes. Después quedaron inhabilitados con intervención de la autoridad ministerial competente.

El gobierno federal enmarcó el operativo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. También sostuvo que la cooperación internacional, bajo el criterio de respeto a la soberanía mexicana, siguió traduciéndose en acciones concretas contra quienes producían y traficaban drogas.

Otro elemento de contexto dentro del propio reporte oficial fue la comparación con hallazgos previos. El complejo de 5,700 metros cuadrados quedó identificado como el segundo más grande detectado durante esta administración, mientras que el mayor había sido localizado y destruido antes por el Ejército Mexicano.

La magnitud del aseguramiento mostró un patrón de producción industrial en zonas de Sinaloa con presencia simultánea de droga terminada, sustancias en cocimiento, precursores, materiales sólidos y equipo. Ese conjunto permitió a las autoridades sostener que el golpe no se limitó al decomiso del narcótico, sino que alcanzó la infraestructura misma de fabricación.

• Las fuerzas federales desmantelaron tres laboratorios en Sinaloa y aseguraron casi 17 toneladas de aparente metanfetamina entre el 2 y el 3 de septiembre.
• El mayor complejo, de 5,700 metros cuadrados en Corralejo, concentró 16,350 kilogramos de droga y una afectación estimada de USD 347 millones.
• Con cinco laboratorios inhabilitados en las últimas semanas, la Marina retiró de circulación 18.2 toneladas de metanfetamina y el daño económico rebasó USD 400 millones.

Fuentes al interior del Ministerio de Defensa le confirmaron a Infobae Colombia que el operativo que se llevó a cabo la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026 en contra de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o Bendito Menor, resultó con su muerte.

El procedimiento se llevó a cabo por parte de efectivos de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira.

En el procedimiento también fallecieron su pareja, Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, y dos hombres que integraban su esquema de seguridad, alias El Tío y “Casi Loco”.

Según los detalles del operativo, estos dos sujetos se habrían enfrentado a tiros a los agentes, y esto desató el cruce de disparos en el que también cayeron Toncel y Tarazona.

El criminal de 27 años era señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Ascn, también conocida como Los Pachenca) y como jefe del frente Javier Cáceres. La estructura también es conocida como Los Pachenca.

La operación se desarrolló en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. Los primeros reportes situaron el procedimiento desde la noche del jueves 3 de septiembre hasta la madrugada del viernes.

Sobre el líder criminal abatido se confirmó que tenía vigentes cinco órdenes de captura por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión, además de contar con una circular roja de búsqueda internacional por parte de Interpol.

La misma mañana del viernes 4 de septiembre se confirmó que el presidente Abelardo de la Espriella ya había llegado al Batallón Cartagena de Riohacha con el fin de ofrecer una rueda de prensa para contar mayores detalles del operativo.

En el procedimiento también murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita: ‘Bendito Menor’ se protegía con brujería

Junto con Pérez Toncel murió Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, quien era su pareja sentimental, y con quien se habría casado dos días antes del operativo.

Medios colombianos informaron que ambos habían aparecido en videos difundidos en redes sociales, donde exhibían armas, dinero y motocicletas, además de lanzar mensajes contra las autoridades.

En el operativo también fueron abatidos dos escoltas de alias Naín. De acuerdo con las versiones conocidas, unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de las Fuerzas Militares, participaron del cerco contra el jefe criminal.

La búsqueda incluyó apoyo tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos, y la operación contra la estructura se había reforzado desde finales de agosto y que las autoridades ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos por datos que permitieran su captura o neutralización.

Asimismo, fuentes de inteligencia le confirmaron a Bluradio que el criminal abatido por las autoridades buscó a como de lugar evitar su captura, y para esto se habría valido de brujería.

El plan de anunciar su muerte y su presunto crimen a manos de sus propios compañeros fue parte de la estrategia que llevó a cabo con éxito la Dijín y las demás dependencias de la Policía Nacional.

Esto permitió que el criminal se pronunciara en redes sociales, y el uso de su celular permitió que pudiera interceptar la señal del móvil, y así dar con su paradero.

Las autoridades vinculaban a alias Bendito Menor con extorsiones y narcotráfico

El expediente del criminal abatido señala que alias Bendito Menor ingresó a las Acsn en 2019 como sicario de alias Pinocho.

Más tarde pasó a integrar el componente armado del frente Javier Cáceres y, para 2021, las autoridades lo ubicaban con influencia sobre sectores urbanos de La Guajira.

Según esos reportes, Pérez Toncel fue señalado por presuntas actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, reclutamiento y control territorial ilegal en zonas de La Guajira, Magdalena y Cesar.

El Ministerio de Defensa lo había identificado como principal sospechoso de la masacre ocurrida en Maicao en enero de 2026, que dejó cinco muertos y dos heridos. Las ACSN negaron responsabilidad por ese hecho.

Antes de que se confirmara su caída, también circularon versiones sobre una posible muerte de alias Naín antes de la operación en Riohacha.

La organización criminal negó haber ordenado o ejecutado una acción contra él, por lo que la identificación oficial de los cuerpos y las circunstancias del operativo quedaban pendientes de confirmación de las autoridades.

Al final, fuentes le confirmaron al diario El Heraldo que los cuerpos de “Bendito Menor”, “La Bebecita”, “El Tío” y “Casi loco” serán trasladados a Barranquilla para los correspondientes procesos de identificación y análisis forenses por parte de sede regional de Medicina Legal.

El regreso a clases en Sinaloa comenzó este lunes con elementos del Ejército, policías estatales y municipales desplegados en las inmediaciones de planteles de los 20 municipios. En Culiacán, además, un colegio privado fue vandalizado durante la madrugada y recibió una corona fúnebre y un mensaje intimidatorio.

La violencia ha obligado a que algunas escuelas de Culiacán incorporen protocolos y simulacros para enseñar a los estudiantes cómo resguardarse ante una balacera en las inmediaciones de los planteles.

2019: maestros ya pedían simulacros

El antecedente se remonta al menos a octubre de 2019, cuando maestros y directores de escuelas de educación básica de Culiacán señalaron que ya existían protocolos para actuar ante detonaciones de armas de fuego cerca de los planteles, pero que no todo el personal había recibido capacitación.

Los docentes consideraron insuficiente conocer las instrucciones sobre el papel y plantearon realizar simulacros con toda la comunidad escolar, incluidos alumnos, maestros y trabajadores. El objetivo era que niños y jóvenes supieran cómo reaccionar y pudieran actuar con mayor calma ante una situación real.

2024: los ejercicios llegaron a las escuelas

La propuesta comenzó a materializarse cinco años después. En octubre de 2024, escuelas de educación básica y media superior de Culiacán empezaron a realizar simulacros para que los estudiantes supieran cómo protegerse ante situaciones de riesgo, entre ellas una balacera.

Los ejercicios ocurrieron después de que en septiembre comenzara una nueva etapa de violencia en Culiacán, derivada de la confrontación entre grupos del Cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos y bloqueos alteraron las actividades cotidianas de la ciudad y también afectaron la asistencia a las escuelas.

En diciembre de ese año, un plantel de Culiacán tuvo que aplicar medidas de resguardo durante una situación real. Los estudiantes permanecieron dentro de las aulas y se colocaron debajo de las mesas después de que se escucharan detonaciones en las inmediaciones.

2025: los alumnos ya practicaban cómo resguardarse

El 27 de febrero de 2025, estudiantes de la primaria Sócrates, en Culiacán, participaron en un simulacro de balacera. Las imágenes del ejercicio mostraron a los menores practicando cómo protegerse dentro del aula.

La preparación coincidió con una etapa en la que la violencia también comenzó a modificar la percepción de los propios niños. En actividades realizadas en Culiacán durante ese periodo, las balaceras aparecieron entre los principales temores expresados por menores que vivían en la ciudad.

La situación no quedó limitada a los simulacros. En marzo de 2025, estudiantes de la Escuela Secundaria ETI 50, en Culiacán, activaron el protocolo de seguridad durante una serie de balaceras ocurridas en las inmediaciones. Los alumnos terminaron pecho a tierra dentro del plantel mientras se registraban las detonaciones en el exterior.

La violencia también tuvo consecuencias sobre la continuidad de las clases. Durante el ciclo escolar 2024-2025, más de 80 escuelas de Sinaloa cerraron temporalmente o recurrieron a clases a distancia en distintos momentos debido a la inseguridad.

2026: regreso a clases bajo vigilancia

El inicio del ciclo escolar 2026-2027 ocurre después de casi dos años de violencia sostenida en Culiacán.

Este lunes, elementos de seguridad fueron desplegados en las inmediaciones de planteles de los 20 municipios de Sinaloa para acompañar el regreso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En Culiacán, horas antes del inicio de clases, desconocidos llegaron al Colegio Inglés de Durango, ubicado en el fraccionamiento Villas del Río, donde dejaron una corona fúnebre frente al plantel y realizaron una pinta intimidatoria en una de las bardas.

El reporte fue recibido durante la noche del domingo a través del número de emergencias 911. Elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al sitio, retiraron la corona y establecieron vigilancia en el lugar.

No se reportaron personas agredidas y las autoridades no han informado quién colocó la ofrenda ni el motivo del mensaje.

Lo documentado en Culiacán muestra que, desde 2019, la posibilidad de una balacera cerca de un plantel llevó a maestros a pedir capacitación y simulacros; cinco años después, esas prácticas comenzaron a involucrar directamente a los estudiantes y, posteriormente, algunos alumnos tuvieron que aplicar los protocolos durante hechos reales.

Las autoridades militares reportaron a través de su cuenta oficial de X la incautación de más de 50 kilogramos de marihuana en el municipio de Yumbo, ubicado en el departamento de Valle del Cauca.

La operación fue desarrollada por integrantes de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, quienes informaron sobre el procedimiento. De acuerdo con el pronunciamiento del Ejército, la droga estaba almacenada en un total de 44 paquetes, listos para ser movilizados.

La institución aseguró que este resultado impacta de manera directa las estructuras dedicadas a actividades ilícitas en la región. “Este resultado contribuye a afectar las economías ilícitas y a fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento”, afirmaron desde el Ejército Nacional de Colombia.

El operativo se realizó como parte de las acciones permanentes que adelantan las Fuerzas Armadas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en Valle del Cauca, una zona considerada estratégica para las rutas del narcotráfico.

La Tercera Brigada reiteró su compromiso con la protección de la ciudadanía y el combate a las redes ilegales que operan en el suroccidente del país.

El cargamento quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes iniciaron los procedimientos judiciales correspondientes para determinar la procedencia de la marihuana y avanzar en la identificación de los responsables.

La incautación refuerza las labores de inteligencia y patrullaje que se ejecutan en municipios clave como Yumbo, conocidos por su ubicación cercana a corredores utilizados por organizaciones criminales. La Tercera Brigada subrayó que las acciones seguirán en toda la jurisdicción.

Policía incautó más de dos toneladas de marihuana tipo creepy en Roldanillo, Valle del Cauca: esto dijeron las autoridades

El 22 de agosto de 2026, un operativo realizado en la vía que conecta Roldanillo con La Tulia, en el sector conocido como La Virgen, permitió a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle incautar 2.145 kilogramos de una sustancia vegetal con características de marihuana tipo creepy.

La intervención tuvo lugar después de que la Policía Nacional recibiera una alerta de la comunidad sobre un accidente que involucraba a un camión de servicio público, el cual se encontraba volcado y abandonado en el kilómetro 2,5.

Al inspeccionar el vehículo, marca Volkswagen, los uniformados encontraron inicialmente heno como parte de la carga. Sin embargo, una revisión exhaustiva reveló numerosos paquetes de diferentes tamaños y formas, en cuyo interior hallaron el material vegetal sospechoso.

La sustancia estuvo pendiente de confirmación definitiva mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), mientras que el cargamento fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, bajo el control de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico.

Según estimaciones de las autoridades, el valor del cargamento asciende a 1.600 millones de pesos, cifra que representa un golpe considerable a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

El conductor del camión habría huido tras el siniestro, por lo que se adelantan investigaciones para identificarlo y determinar los responsables de la operación.

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante encargado de la Policía Valle, resaltó la relevancia de la colaboración ciudadana en el resultado obtenido.

“Este resultado demuestra la importancia de la articulación entre nuestra Policía y la comunidad”, indicó el oficial, quien añadió: “Seguimos fortaleciendo los controles sobre los principales corredores viales del departamento para impedir que las organizaciones criminales utilicen nuestras carreteras para transportar sustancias ilícitas”.

La acción policial se da en la estrategia departamental ‘Corredores Seguros’, cuyo objetivo es impedir el uso de los ejes viales para actividades ilegales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe proporcionando información que facilite anticipar y neutralizar hechos delictivos.

La Policía Nacional insistió en su compromiso con la protección de los habitantes y usuarios de las vías del Valle del Cauca: “La Policía Nacional invita a la ciudadanía a continuar suministrando información que permita anticipar y prevenir hechos delictivos”, afirmaron los uniformados al cierre del reporte.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes 28 de agosto y se agravó cuando un dron cargado con explosivos sobrevoló el sector, dejando en alerta a soldados del Ejército nacional presentes en el lugar, que lo interpretaron como una amenaza y abrieron fuego contra el aparato.

De acuerdo con información de la Quinta División, las tropas actuaron rápidamente al detectar el dron con carga explosiva. Con disparos precisos, lograron impactar el dispositivo y detonarlo en el aire, lo que impidió que el explosivo llegara al casco urbano donde había civiles.

El Ejército explicó que “mediante fuego controlado, impactaron el dispositivo, provocando su activación en el aire y evitando que alcanzara el casco urbano, donde se encontraba población civil”. Esta intervención fue decisiva para reducir el peligro y controlar la situación.

Riesgo permanente para la comunidad

La Fuerza Pública advirtió que el incidente pone en evidencia el grave riesgo que enfrentan las comunidades del sur del Tolima. Según fuentes militares, grupos armados ilegales han recurrido al uso de drones equipados con explosivos para atacar zonas habitadas y a las propias tropas.

Estas acciones, señalaron desde el Ejército, exponen deliberadamente a la población a situaciones de alto peligro, ya que los explosivos pueden causar daños indiscriminados. El hecho también revela el avance en los métodos empleados por los grupos ilegales para vulnerar la seguridad regional.

En medio de esta atmósfera, la aparición de un dron sobrevolando la zona encendió las alarmas tanto en la comunidad como entre los soldados presentes. La reacción de los uniformados fue inmediata: accionaron sus armas contra el aparato, logrando derribarlo tras impactarlo en pleno vuelo.

La presencia del dron y los disparos generaron zozobra en la población. Muchos residentes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se tratara de una amenaza directa o de un acto vinculado a recientes alteraciones del orden público en la región.

Joven realizó peligrosa maniobra volando a bordo de un dron de fumigación: la Aerocivil se pronunció

El video viral que muestra a un adolescente elevado por un dron de fumigación en Puerto Gaitán, Meta, provocó una rápida respuesta de las autoridades aeronáuticas de Colombia.

La Aeronáutica Civil emitió un comunicado contundente el 28 de agosto de 2026, donde expresó su rechazo absoluto a este tipo de prácticas y advirtió sobre las sanciones administrativas que podrían aplicarse si se confirma la infracción.

En la grabación, que se difundió ampliamente desde el miércoles 26, se observa cómo el joven se introduce en el compartimiento de un dron agrícola, utilizado normalmente para dispersar químicos, mientras varios de sus compañeros lo animan y graban la escena cerca de un río en los Llanos Orientales.

Uno de los presentes bromeó: “Ventajas de ser pequeño”, mientras que otro comentó: “Así revisan los lotes”. La maniobra se realizó sin ningún tipo de protección visible, ni casco ni arnés, y en cercanía directa a las hélices del aparato.

La operación, ejecutada sobre una embarcación y en condiciones precarias, fue calificada como un riesgo grave por la Aeronáutica Civil. El organismo recalcó que este tipo de equipos están diseñados exclusivamente para labores agrícolas y prohibió de forma explícita el transporte de personas en drones de este tipo, como lo establece el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 100 y RAC 219).

La autoridad aeronáutica subrayó: “Permitir que una persona se ubique sobre cualquier parte de la estructura de un UAS durante el vuelo genera riesgos inaceptables, no solo para la vida de quien comete la imprudencia, sino para terceros en la superficie y para la integridad de las operaciones aéreas en general”. Asimismo, el Capítulo D del RAC 100 prohíbe de manera directa el transporte de seres vivos en plataformas de aeronaves no tripuladas.

En respuesta al incidente, la Aerocivil advirtió que, si se comprueba la infracción, iniciará los procedimientos correspondientes y aplicará sanciones proporcionales al riesgo generado. El organismo reiteró que los sistemas de aeronaves no tripuladas están certificados para operar bajo condiciones técnicas muy estrictas y que queda totalmente excluido su uso para transportar personas.

En una entrevista exclusiva con DEF, el almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, habló sobre los desafíos de una Fuerza que lleva nueve años sin submarinos operativos: el estado de los buques, la situación del personal y la urgencia de recuperar capacidades. También se refirió a los Super Étendard, la Base Aeronaval Punta Indio, al proyecto de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y al rol estratégico de la Armada en el Atlántico Sur.

“Es un honor y un privilegio ejercer la más alta responsabilidad en una institución bicentenaria, como la Armada Argentina, tan rica en historia y tradiciones. Es una tarea que exige responsabilidad y continuo compromiso, porque no hay que defraudar al personal que uno conduce”, confesó, no sin antes contar que, desde chico, soñaba con navegar y conocer otros lugares. Ese interés lo llevó, a los 12 años, a ingresar al Liceo Naval “Almirante Brown” y, en 1984, a la Escuela Naval. “Me encantaba mirar el mar e imaginarme navegándolo”, recuerda. Para el almirante, el espíritu aventurero sigue siendo parte de la esencia de la Fuerza y destaca especialmente el vínculo que se construye a bordo: “Un buque es una pequeña comunidad flotante” donde cada integrante, “desde el comandante hasta el panadero”, cumple una tarea imprescindible y “el lazo del trabajo en equipo se vuelve muy fuerte”.

Además, y antes de meterse de lleno en el presente de la Armada, reflexionó sobre dos episodios que marcaron la identidad de la Fuerza: la guerra de Malvinas y el hundimiento del submarino ARA “San Juan”. Según contó, en 1982, siendo cadete, recuerda la emoción por la recuperación de las islas y, tras la derrota, el cambio de escenario: “No fuimos a Rosario y tuvimos que jurar la bandera en el patio cubierto del Liceo”. Sobre el submarino, admite: “Todavía es una herida que está presente”. A lo largo de su carrera, tomó contacto con algunos familiares de los 44 tripulantes y recuerda especialmente a la madre de Alejandro Tagliapietra: “Me pidió visitar el cenotafio de la Escuela Naval porque es el único lugar donde podía dejarle una flor a su hijo”.

Inversión y conciencia marítima para construir el futuro

-¿Considera que falta conciencia marítima?

-Subsanar eso es algo que me propuse cuando asumí. El primero de los objetivos. Aún falta esa conciencia. Por eso estamos llevando adelante acciones para despertarla y sumar conocimiento sobre nuestra historia naval como, por ejemplo, la reciente recreación del Bicentenario del Combate de los Pozos y de Quilmes.

Trabajamos continuamente en la difusión del significado del espacio marítimo argentino.

-¿Está la Armada preparada para defender esos espacios?

-Sí. Lo más importante de la organización es el recurso humano. El personal de la Armada está muy capacitado y tanto oficiales como suboficiales son muy profesionales. A lo largo de su carrera, se formaron y tuvieron instancias de actualización.

Probablemente, no tengamos los medios en la cantidad y con la actualización tecnológica que quisiéramos. Como todas las Fuerzas, sufrimos décadas de desinversión y es muy difícil poder recuperar algunos medios.

-¿Cómo vivió usted ese período de desinversión?

-Siendo oficial, lo primero que perdimos fue el portaaviones y, con ello, la capacidad de aviación embarcada. Me recibí y, al poco tiempo, dejamos de tener este sistema. Luego, perdimos el buque de desembarco para la Infantería de Marina. Años más tarde, se sumó otra pérdida, lo que en las Armadas del mundo se denomina la capacidad de minado y antiminado (que ahora está en boga con lo que sucede en el estrecho de Ormuz). Obviamente, la Armada hizo un esfuerzo para tratar de comprar buques nuevos de ese tipo.

La cuestión es que pasa el tiempo y, con ello, el conocimiento del personal. Y eso es lo que me preocupa particularmente con respecto a la fuerza de submarinos.

“El submarino sigue siendo el arma estratégica por excelencia”

-¿En qué estado se encuentra la fuerza de submarinos?

-Este año vamos a cumplir nueve años sin un submarino operativo, por eso manifiesto la necesidad de contar con estas unidades. En este momento, dependemos de la buena voluntad y de los vínculos de hermandad que tenemos con Perú, que nos permiten que, una vez que nuestros efectivos cursan en la Escuela de Submarinos para convertirse en submarinistas, puedan tener una práctica profesional: los egresados se trasladan allá durante aproximadamente 20 días para realizar las prácticas. Cabe destacar que, durante el ejercicio fraterno, nuestros submarinistas tuvieron la posibilidad de navegar en el nuevo submarino brasileño Humaitá.

En este momento, contamos con el submarino ARA “Salta”, que no está operativo, pero que usamos para que puedan conocer el sistema, porque a bordo, la cuestión de válvulas o los sistemas de planos varían de acuerdo con las profundidades. Es una actividad riesgosa, por eso buscamos lograr que el submarinista pueda recorrer el buque con los ojos cerrados.

-¿Por qué es importante para Argentina tener un submarino?

-Por la inmensidad y el lugar que tenemos en el Atlántico Sur. No podemos pensar la Armada sin submarinos. Nuestro mar, hasta la Zona Económica Exclusiva, tiene una superficie de 2.678.000 kilómetros cuadrados (prácticamente, la misma que la continental argentina). Asimismo, debe considerarse la extensión de la plataforma, tras el estudio realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA). Recordemos que, en relación con el derecho internacional del mar, la plataforma submarina, de acuerdo con su composición y características geológicas, puede extenderse hasta lo que se denomina el talud continental, alcanzando determinadas distancias que permiten ampliar la extensión de la plataforma. Esto genera una proyección marítima de particular interés para nuestro país. También son de nuestro interés las aguas que circundan la península Antártica. Naturalmente, se trata de espacios que presentan una situación jurídica particular, pero constituyen áreas de especial relevancia porque nosotros tenemos presencia en el Continente Blanco.

-¿Qué lugar ocupan los sistemas no tripulados?

-Estamos trabajando. Afortunadamente, vivimos en una región de paz y no tenemos conflictos armados. Pero la doctrina y las tácticas se van actualizando. En este momento, muchos ven la guerra de Ucrania, donde se emplean drones, así que se están actualizando las tácticas en todo el mundo.

Tuve la oportunidad de participar, como invitado, en un foro de jefes de las Armadas europeas. La experiencia que ellos tienen es que, en los lugares que nosotros denominamos aguas confinadas (espacios más cerrados y reducidos), los drones son efectivos. En zonas de aguas abiertas, todavía se requieren medios convencionales.

El Atlántico Sur, un tablero estratégico

-Quizá no tenemos conflictos armados, pero estratégicamente estamos cerca de pasos como el estrecho de Magallanes o el canal de Panamá…

-El Atlántico Sur es un lugar estratégico porque, en esta región, tenemos los principales pasos bioceánicos para conectar el Atlántico con el Pacífico, ya sea a través del estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile, o, por el extremo sur, el cabo de Hornos. A su vez, el avance tecnológico permite que obtener recursos del océano sea más viable para determinadas empresas o países, como está pasando con la explotación de petróleo al norte de Malvinas. Entonces, para nosotros, es importante contar con una buena vigilancia y control de todos nuestros espacios marítimos y poder de disuasión.

A nivel internacional, estamos viendo una competencia geopolítica en la que los Estados más poderosos buscan asegurar su predominio en determinadas regiones. Esa competencia también se extiende al ámbito marítimo. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente, por ejemplo, alrededor de los estrechos y rutas marítimas estratégicas, demuestra la importancia que revisten estos pasos para el comercio y para la seguridad internacional.

-¿La Armada está solo enfocada en el control y vigilancia de la milla 200 o es mucho más que eso?

-Esa es una tarea subsidiaria. Por supuesto que lo hacemos porque es parte de la protección de nuestros recursos. Pero la función de la Armada es la defensa del país, que empieza mucho más allá de la costa: es estar a varias millas de distancia y tener presencia.

“Los medios que usa la Armada son los más costosos”

-¿Cómo describe el presente de la Armada?

-Hay un punto de inflexión. Afortunadamente, este gobierno se propuso recuperar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Miramos con optimismo hacia delante. A propósito, quisiera recalcar la necesidad de que existan políticas de Estado que trasciendan las distintas gestiones de gobierno. Porque, sobre las capacidades que perdimos, por más que una gestión tenga la mejor voluntad, no se puede recuperar todo en poco tiempo.

Lamentablemente, los medios que usa la Armada son los más costosos. Lo importante es verlo como una inversión para la defensa del país y no como un gasto.

-¿Cuál es el estado actual de los buques de la Armada?

-Lo primero que debe tener una Armada son barcos. Pero no es algo fácil de adquirir. En última instancia, la decisión es política y se toma en el más alto nivel. Lo mismo ocurrirá con la posible adquisición de submarinos. Insisto, estos últimos son mi prioridad porque, si siguen pasando los años, también vamos a perder el conocimiento del personal.

Nosotros valoramos que se hayan recuperado capacidades para la aviación naval, como los P3-Orion para la vigilancia marítima, helicópteros o patrulleros. Con respecto a los buques, no nos queda mucho tiempo más. Pero, con el esfuerzo y el profesionalismo del personal, todavía navegan. Eso enorgullece.

-¿Por ejemplo?

-Recientemente, el más antiguo de nuestros destructores tuvo una novedad en la línea de eje y en la hélice. Lo ingresaron al dique y vieron el problema. Coincidió con un viaje que hice para conocer al personal y transmitirle los trabajos en materia salarial y obra social. Así que visité el Arsenal y conocí a un agente civil, de más de 30 años de antigüedad, que me mostró la hélice desarmada y cómo la estaban arreglando. Lo hicieron y estaban orgullosos porque el buque pudo navegar rumbo a Perú para un ejercicio.

El costo de servir: salarios, sacrificio y vida lejos de casa

-¿Cuáles son las principales deudas pendientes? ¿Consideran los temas salariales y la crisis de la obra social?

-Ese es uno de los objetivos que nos propusimos con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti. En mi gestión, tengo que cumplir con la misión, pero siempre preocupándome por el bienestar de nuestro personal. Hay buenas expectativas.

Con el ministro Presti, hablamos todos los días sobre estos temas. Es un momento difícil, a veces es duro no tener una respuesta para el marinero o el cabo.

-Ahora el personal cobra un suplemento por título, ¿eso impactó positivamente?

-Este suplemento por título es una vieja aspiración de las Fuerzas Armadas, porque ya lo percibían las de Seguridad hace varios años y en la administración pública también se paga. Para nosotros, es un paso adelante. Por supuesto, todavía tenemos que seguir buscando mejorar salarialmente para que la retribución sea acorde a la tarea y responsabilidad que las Fuerzas llevan adelante. De nosotros, dependen el personal y los medios costosos. Además, en las Fuerzas Armadas, las guardias, por ejemplo, no se pagan extra. Entonces, todo el patrimonio, incluidos edificios y armamento, es protegido por los hombres y mujeres que cumplen con las guardias. Eso es parte del servicio.

Punta Indio, Espora y el futuro de la Aviación Naval

-¿Qué sucede con Punta Indio?

-Empezamos un trabajo para analizar la organización de la Armada. En estos 40 años, vivimos una disminución presupuestaria y de medios; eso afectó la infraestructura que, en el caso de las FF. AA., suele tener más de 100 años. Entonces, se fue deteriorando. Otra cuestión: también se redujo la cantidad de personal. Por eso, cuando analizamos la cuestión orgánica, debimos ajustar internamente varias cosas. El año pasado, el Consejo Aeronaval, que incluye a los oficiales superiores más antiguos de la aviación, concluyó que se debían establecer prioridades. Entonces, se determinó que podíamos reducir las actividades en Punta Indio y concentrar todo en la Base Comandante Espora.

Esto no se basa ni en una orden del gobierno ni del ministro Presti. Además, la mudanza se va a planificar. Lo más realizable en el corto plazo es llevar la Escuela de Aviación y a las aeronaves de la Escuadrilla de Vigilancia Marítima (a Espora), que son los B-200. Por otro lado, lo más importante que debe tener una base aeronaval es la pista principal y, en Punta Indio, está muy degradada.

-¿Cuál es el tema con los Super Étendard?

-Hacía años que los de Malvinas no volaban. Luego, se sumaron los que se compraron en el marco del G-20. Estos, por distintas circunstancias, nunca pudieron ponerse en servicio. Y, cuanto más pasa el tiempo, más difícil es poder activarlos. Se vencieron algunas certificaciones, no se pudieron obtener repuestos.

Se está evaluando su reemplazo, pero considerando que son varias las capacidades a recuperar, en este momento, las prioridades son otras: submarinos y barcos.

Una Armada que busca recuperar capacidades y ampliar su presencia

-En la Armada, ¿sobran efectivos o faltan medios?

-En realidad, nos faltan efectivos. La Armada tiene un despliegue territorial importante, con sus bases y medios.

Aunque, cuanto más modernos son los medios, se puede tener menos gente. El personal que tenemos en este momento es el que permite que la Fuerza pueda funcionar y, a veces, no alcanza.

-¿Cuál es el futuro de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego?

-Es un proyecto que la Armada tiene desde 1983. El año pasado, como director de Educación de la Fuerza, cerré un seminario en la UNDEF e insistí en que la iniciativa tiene más de 40 años, y la Armada –y el país– está perdiendo oportunidades y presencia. En el presente, la mayoría de los buques de diferentes países que hacen sus proyectos antárticos, van hacia Punta Arenas, en Chile, donde tienen más servicios. Si los buques pudieran hacer su logística en Tierra del Fuego, se quedarían allí. Es estratégico.

-¿Cómo viven el aumento de ejercicios bilaterales, principalmente con países como Estados Unidos?

-Es altamente positivo, sobre todo para los que estamos en la Armada. Nosotros tenemos siempre una mirada de conexión internacional. Es una manera de jugar en primera, bajo los estándares de las principales marinas del mundo.

-La Armada tiene bajo su órbita la formación de los marinos mercantes, ¿cuál es el motivo?

-La formación se da a través de la Escuela Nacional de Náutica. Por ley, esta misión recae en la Armada. Cabe destacar que, tradicionalmente, está establecido que la Marina Mercante es una reserva de las marinas de guerra. Por eso, en muchos países son las Armadas las que tienen la misión de formar a la Marina Mercante.

“Uno suelta amarras y es feliz”

-¿Qué es lo que más le gusta de esta carrera?

-A mí me gusta navegar; eso se extraña. Ser comandante tiene algo particular. Se habla de la soledad del comando, de que el comandante mantiene cierta distancia con el resto de la tripulación. Por ejemplo, cuenta con su propio comedor y sus espacios. Eso le permite tener la perspectiva necesaria para reflexionar y tomar decisiones. Es parte de la tradición de la Armada.

Es una vida muy sacrificada, pero cuando a uno le gusta y abrazó esta profesión porque la ama, suelta amarras y es feliz.

-¿Qué mensaje les daría a los más jóvenes de la Armada que hoy atraviesan dificultades y dudan si continuar en la Fuerza?

-Que perseveren y tengan confianza. La Armada siempre te brinda la posibilidad de realizarte tanto profesional como personalmente. Por eso, deben pensar que la Fuerza, como nosotros decimos, es una gran familia naval.

Que confíen en que las autoridades, junto con el Ministerio de Defensa y el Gobierno, estamos llevando adelante todas las gestiones y haciendo el máximo esfuerzo para que la situación mejore.

El desplazamiento de batallones de ingeniería y maquinaria pesada del Ejército del Perú hacia la región Piura marca el inicio de una nueva etapa en las acciones de prevención ante el Fenómeno El Niño (FEN).

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), desde la guarnición de Mesones Muro, en Amazonas, parte el Batallón de Ingeniería de Combate de Selva N.º 116, mientras que el Batallón de Ingeniería de Construcción N.º 1 se traslada desde la guarnición de Jazán.

La movilización se complementa con el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 7, proveniente de Lambayeque, y el Batallón de Ingeniería de Combate N.º 51, que parte de Sullana hacia el distrito de Catacaos.

El personal militar y los equipos, entre ellos bulldozers y volquetes, ejecutarán trabajos de limpieza y descolmatación de cauces y quebradas, así como la rehabilitación de vías.

El objetivo es reducir el riesgo de desbordes y mitigar el impacto de las lluvias intensas previstas para los próximos meses. “Esta movilización se realiza en cumplimiento de lo anunciado días atrás por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, quien informó sobre el despliegue progresivo de unidades de ingeniería y equipos mecánicos del Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional”, señala el comunicado de la cartera.

La estrategia de defensa no se limita a la costa norte. En la Sierra de Lima, específicamente en la provincia de Canta, el Batallón de Ingeniería N.º 21 interviene en la apertura y limpieza del camino vecinal Anayca-Collo, mientras que en Santa Eulalia se ejecutan labores de descolmatación en cauces y ríos mediante retroexcavadoras y maquinaria pesada. Estas tareas buscan mantener despejados los accesos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante eventuales precipitaciones.

Según el Ejército, el despliegue incluye 22 batallones de ingeniería y 219 equipos mecánicos, “que vienen siendo desplegados progresivamente para fortalecer las acciones de prevención y la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias”.

Inversiones privadas y públicas

Hace unos días se conoció que la región Piura se prepara para enfrentar el fenómeno El Niño con una capacidad de inversión estimada en S/ 4,352 millones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), según datos de ProInversión.

Esta herramienta permite que el sector privado financie proyectos de infraestructura, prevención y servicios públicos, contribuyendo a reducir vulnerabilidades en el territorio.

De acuerdo con ProInversión, S/ 2,657 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 1,614 millones a gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas. “Obras por Impuestos es una herramienta que ayuda a prepararnos para enfrentar la emergencia a nivel nacional”, afirmó Luis Del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión.

Durante el evento “Fenómeno El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, autoridades, empresarios y gremios coincidieron en que es necesario acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para la seguridad y el desarrollo de la región. Entre 2009 y 2026, Piura ha adjudicado 78 obras mediante OxI, sumando S/ 1,514 millones e involucrando a cerca de 50 empresas y entidades públicas.

Actualmente, la región maneja una cartera de 46 proyectos potenciales por S/ 1,517 millones, enfocados en vías urbanas, educación y reducción de brechas sociales. La jornada de trabajo en Piura incluyó la firma del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo, que agrupa a sectores públicos y privados para impulsar obras de alto impacto.

Delcy Rodríguez hizo cambios en los cargos de coordinación operativa del brazo militar en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), desplazando a oficiales con control regional, moviendo mandos sensibles y dejando en evidencia una reconfiguración interna del poder militar. Fueron desplazados de las ZODI oficiales que juraron lealtad a Nicolás Maduro y los trasladaron como segundos comandantes y Jefes del Estado Mayor de las REDI, como principal engranaje articulador del Estado Mayor Conjunto.

La orden quedó plasmada en la Resolución 1279, del 11 de agosto 2026 y suscrita por el ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej) Gustavo Enrique González López. Detrás del lenguaje administrativo aparece un movimiento de fondo: los segundos comandantes y jefes de Estado Mayor removidos acumulaban más de un año en sus cargos; algunos, casi dos.

Seis de esos oficiales habían sido designados por Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando el país entró en una etapa de detenciones, persecución contra dirigentes políticos, activistas y testigos electorales, y endurecimiento del control militar.

Relevos en zonas sensibles

En la REDI Capital, una de las plazas políticamente más sensibles, el general de división Jesús Antonio Jiménez Delgado fue nombrado segundo comandante y jefe de Estado Mayor en sustitución del general de división Miguel Óscar Cuadros. Jiménez Delgado venía de comandar la ZODI Portuguesa desde octubre 2024 y antes dirigió la Academia Técnica Militar del Ejército Bolivariano (ATMEB).

En la REDI Central, el vicealmirante Lenín José García Borra sustituye al vicealmirante Ángel Humberto Sisco Mota. García Borra no llega sin credenciales políticas: estuvo al frente del Comando de Guardacostas desde noviembre de 2024 y en agosto de 2025 proclamó su “lealtad absoluta e inquebrantable” a Nicolás Maduro durante un discurso contra la fiscal general de Estados Unidos, en medio del despliegue estadounidense en el Caribe conocido como Operación Lanza del Sur.

El general de división Hibrahim Ricardo Sirgo Herrera fue enviado al segundo comando y la jefatura de Estado Mayor de la REDI Occidental, en reemplazo del general de división Atilio José Peña Ruiz. Sirgo Herrera venía de dirigir la ZODI Lara desde agosto de 2024 y exhibe un perfil alineado con la retórica más dura del chavismo militar: el 27 de octubre de 2025 defendió a Maduro ante la posibilidad de una intervención militar y llamó a sectores opositores “ultraderecha fascista”, “apátridas” y “traidores”.

En la REDI Los Llanos, el general de división Eduardo José Alayón Rodríguez asumirá como segundo comandante y jefe de Estado Mayor en sustitución del general de división Robert Frederich Rondón Cordero. Alayón Rodríguez llega desde la estructura de la milicia: desde diciembre de 2023 era director regional de Medios de Milicia de la REDI Occidente, un dato que refuerza el peso de los componentes de control territorial en esta nueva fase de ajustes.

Salidas rápidas y continuidad selectiva

En la REDI Oriental, el vicealmirante Ángel Francisco Rivero García fue nombrado segundo comandante y jefe de Estado Mayor en sustitución del general de división Carlos Alexander Gómez Lárez, cuya permanencia duró apenas cuatro meses. La salida exprés marca uno de los movimientos más bruscos de la resolución. Rivero García había encabezado la ZODI Sucre desde octubre de 2024 hasta mediados de 2026.

La REDI Los Andes fue la excepción parcial dentro del reacomodo: allí fue ratificado el general de división Armando José Carrillo Peñaloza, quien ocupa el cargo desde mediados de 2025. La continuidad sugiere una selección calculada entre mandos removidos y oficiales preservados.

En Guayana, otra región estratégica por su peso territorial y económico, el general de división Lionel Raúl Sojo Rada asumió la jefatura del segundo comando y del Estado Mayor en reemplazo del vicealmirante Ángel David Coronel Ramírez. Sojo Rada venía de comandar la ZODI Amazonas desde octubre de 2024 y antes había sido segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la ZODI Zulia.

La REDI Marítima e Insular fue la única que escapó al relevo. El vicealmirante Javier Isnardo Roa Moncada seguirá como segundo comandante y jefe de Estado Mayor, cargo que ocupa desde abril de 2026. Antes comandó la Escuadra Bicentenaria Bolivariana desde noviembre de 2024. Su permanencia contrasta con el sacudón aplicado al resto del mapa militar.

En el Comando Estratégico

Con varias resoluciones hubo relevos en varios cargos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb). Según la resolución 1276, asume el Comando Logístico Operacional el GD Tito Armando Gómez Ávila, en reemplazo del GD Carlos Eduardo Iguaro Bastardo. Gómez fue director de la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército General en Jefe José Félix Ribas.

Para la Dirección de Comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue ratificado como director conjunto el GD Francisco Arturo Álvarez Martínez.

Y en la Dirección General de Cartografía de la FANB fue ratificado como director conjunto el GD Yolhmer Elewis Vivas Torrealba.

Según establece la Resolución 1277 del 11 agosto 2026, asume como jefe de la Ayudantía del Ceofanb el GD Johnnie Javier Arévalo Vargas,en reemplazo del GB retirado Richard José Torres Granadillo. Cuando Arévalo comandaba la 13 Brigada de Infantería Motorizada, ubicada en el municipio Guajira estado Zulia, fue detenido, en marzo 2022, por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Policia Nacional Bolivariana en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, cuando transpotaba en un vehículo de alta gama un cargamento de cigarrillos que se presume era contrabando.

En el Segundo Comando y Jefatura del Estado Mayor Conjunto del Ceofanb se dieron los siguientes nombramientos y/o ratificaciones: En el Puesto General de Comando fue ratificado el GD Gustavo Gregorio Bermúdez Pernalette.

En las direcciones conjuntas: en la de Operaciones el GD Orlando José Vásquez Moya sustituyó al GD retirado José Ramón Maita González. En la de Artillería asume el GD Marlon Alexandr Ramírez Chacón, en reemplazo del GD (Ra) Marcos José Rondón Vera.

El de Inteligencia es el GD Jesús Enrique Urdaneta Espina, quien reemplazó al GD (RA) Lenín Guillermo Herrera Hernández. Urdaneta ha ejercido como Consultor Jurídico del Ejército y era Director de Medios de Milicia de la Región Los Andes. En la de Fuerzas Especiales asume el Vicealmirante Daniel Román Arias Gutiérrez, en reemplazo del GD (Ra) Julmer Rafael Ochoa Romero.

En Ciberdefensa es nombrado el GD Eduardo José Sellone David, en reemplazo del GD (Ra) Richard Manuel Riera Montilla. En Orden Interno asume el GD Adolfo Ramón Urribarri Monagas, en sustitución del GD Richard José Rondón Liendo. El de Régimen Especial de Seguridad es el GD Atilio José Peña Ruiz, en sustitución del Almirante Carlos David Luque Solórzano.

La vacante en Reserva y Movilización la asume el GD Orlando Ramón Mendoza Rodríguez. El Coronel Luis Rafael Corona Gómez asume la de Administración sustituyendo al Cnel. Luis Arbenys Mendoza Pacheco. En Planificación Estratégica fue destinado el GD Carlos Nicolás Caloir Barcazal. En la Dirección Conjunta de Personal fue ratificado el GB Xavier Alexander Pérez Godoy.

Para Investigación, Desarrollo e Innovación fue asignado el GD Carlos Eduardo Iguaro Bastardo, en reemplazo del GD Gustavo Alejandro León Niño. En la de Ingeniería fue ratificado el MG Johnny Alberto Núñez Rincón. En la de Doctrina fue nombrado el GD David Gerónimo Mendoza Villamizar en sustitución del GD Michell Leonardo Valladares Molina.

Fueron ratificados en la Fuerza de Choque, el GD Omar Teodoro Herrera Fernández; el de Contra El Terrorismo, Mayor General Félix Manuel Arnos Rodríguez; y en Adiestramiento continúa el GD Pedro Enrique Pérez Moreno.

Como director general de la Oficina de Gestión Comunicacional del Ministerio de a Defensa designaron al GD Bencir Eloy Guerrero Ochea, quien reemplaza al GD Adolfo Enrique Rodríguez Cepeda, según la Resolución 1273. Guerrero Ochea comandaba la ZODI Mérida desde octubre 2024. Hace una década, en mayo 2016, el Ministerio para la Comunicación e Información (MincI) lo designó Director General (E) de Comunicaciones Presidenciales.

Un hombre identificado como alias Griffo, fue capturado en Norte de Santander, tras una operación de contrainteligencia desarrollada por el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 5 con respaldo del Grupo de Investigación de Criminalidad Organizada (Gicoc) del CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía Nacional.

La detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial, dentro de una investigación que lo vincula con el Frente Rafael Cabrera Lumbana, perteneciente al Frente de Guerra Nororiental del ELN.

De acuerdo con las autoridades, alias Griffo habría logrado ingresar a las filas del Ejército Nacional como parte del segundo contingente de 2026.

La información obtenida por organismos de inteligencia sugiere que su objetivo principal sería infiltrarse en la institución militar para recolectar información reservada sobre dispositivos de seguridad, capacidades tácticas y material bélico.

Según el expediente, el capturado habría actuado bajo instrucciones directas de alias Mauricio Rumbala, señalado como cabecilla de la estructura armada ilegal. Durante la pesquisa, se hallaron indicios de que alias Griffo buscaba ganar la confianza de los uniformados para obtener datos sensibles.

Las autoridades tratan de establecer si el capturado participó en acciones violentas atribuidas al grupo armado, como ataques a la fuerza pública, acciones de francotiradores, instalación de artefactos explosivos y uso de drones cargados con explosivos.

La investigación también abarca su posible implicación en agresiones contra esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otros hechos registrados en Norte de Santander.

Entre los sucesos bajo análisis se encuentran el ataque ocurrido en 2017 contra la estación de Policía de Tibú, donde murieron dos uniformados, así como los atentados registrados en 2019 en las estaciones de Convención y Sardinata.

El proceso penal en curso busca esclarecer el nivel de responsabilidad de alias Griffo dentro del ELN, así como su posible papel en la planificación y ejecución de operaciones armadas contra instalaciones y miembros de la fuerza pública.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para determinar la magnitud y alcance de la infiltración, y no descartan nuevas capturas relacionadas con este caso.

Capturado alias El Mello, jefe clave del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

La reciente captura de Arley Antonio Velázquez Suárez, conocido como alias El Mello, representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

El operativo, desarrollado en Cáceres por fuerzas conjuntas del Gaula Militar, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una parte fundamental de la subestructura ‘Yeison Leudo Chaverra’, alineada con la organización criminal ‘Roberto Vargas Gutiérrez’.

Alias El Mello, cuya trayectoria criminal se consolidó durante los últimos cinco años, habría asumido la jefatura del componente criminal focalizado tras la captura de alias Carlos Way en julio pasado.

Su influencia, según informes de inteligencia, se concentraba en el corregimiento de Guarumo, extendiéndose hacia sectores estratégicos como Puerto Bélgica, Jardín, Tamaná y Río Man. En estos puntos, coordinaba acciones de extorsión, homicidios y presión sobre comerciantes, ganaderos y mineros.

La orden judicial que permitió su detención incluyó cargos por concierto para delinquir agravado y un proceso de acceso carnal abusivo.

Durante el procedimiento, las autoridades le informaron sus derechos y procedieron a incautar una motocicleta Yamaha XTZ 250, junto con dos teléfonos celulares, elementos que ahora son clave para la investigación judicial.

Los reportes oficiales señalan que bajo el mando de Velázquez Suárez, unos 32 colaboradores ejecutaban labores de intimidación y control social, utilizando la violencia como mecanismo de presión.

La subestructura operaba bajo la organización ‘Roberto Vargas Gutiérrez’, considerada una de las ramas más activas y peligrosas del Clan del Golfo en Antioquia.

La salida de alias El Mello podría afectar la operatividad financiera del grupo, dificultando la coordinación de redes de apoyo, el flujo de recursos y el sostenimiento de acciones ilícitas.

La captura evidencia la dinámica interna de reemplazos que caracteriza al Clan del Golfo, cuyo propósito es mantener la continuidad en el control de rentas y territorios en disputa.

El titular del Mindef declaró, durante una entrevista con Exitosa, que la revisión alcanzará a todas las personas que ingresen a los recintos, incluidos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), efectivos de la Policía Nacional y demás servidores. El procedimiento se realizará antes del ingreso y estará bajo responsabilidad de personal militar.

“Estamos comprando escáneres corporales como hay en los aeropuertos de Estados Unidos, que detectan no solamente metales, sino cualquier elemento acoplado al cuerpo”, declaró Belaúnde.

Cuatro penales serán incluidos en la primera etapa

La primera fase comprenderá los establecimientos de Sarita Colonia, Ancón I, Lurigancho y Challapalca. En estos puntos se instalarán dispositivos destinados a identificar objetos ocultos en el cuerpo, además de sistemas capaces de revisar paquetes, equipajes y otros artículos trasladados hacia el interior.

El funcionario explicó que la medida busca establecer un filtro adicional frente al ingreso de elementos prohibidos. Para ello, cada persona deberá pasar por los mecanismos de inspección antes de acceder a las instalaciones, sin importar si se trata de un visitante, trabajador penitenciario, policía u otro integrante del personal autorizado.

Belaúnde indicó que la participación de las instituciones castrenses se distribuirá entre la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército. Durante sus declaraciones, precisó que los primeros recintos contarán con presencia militar, aunque la asignación específica de cada establecimiento deberá ser precisada por las autoridades correspondientes.

La implementación de este mecanismo, según sostuvo, no requiere esperar la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso. “Eso no necesita las facultades para actuar ahí”, afirmó al explicar que determinadas acciones pueden ejecutarse mediante disposiciones del Poder Ejecutivo.

Defensa respalda pedido de facultades legislativas

En otro momento, el titular de Defensa se refirió a la solicitud de facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori tiene previsto presentar ante el Parlamento. El planteamiento incluye asuntos relacionados con la seguridad interna y medidas para atender los efectos del fenómeno de El Niño.

“En el pedido de facultades legislativas hay materia de seguridad interna y hay materia para atender el Fenómeno El Niño. Yo creo que sería una insensibilidad tremenda que el Congreso nos niegue el pedido”, manifestó.

Pese a ello, el ministro reconoció que existen disposiciones que pueden aprobarse sin recurrir a una delegación parlamentaria. Entre esas alternativas mencionó precisamente el control de los accesos a los centros de reclusión, cuyo despliegue ya se encuentra en proceso.

La propuesta busca incorporar herramientas tecnológicas a las labores de vigilancia y reducir las posibilidades de que artículos restringidos sean introducidos en las cárceles. Los escáneres corporales permitirán detectar metales y otros elementos adheridos al cuerpo, mientras que los equipos destinados a bultos facilitarán la inspección de paquetes.

En los laboratorios del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), también conocido como CITEFA, un equipo de ingenieros argentinos lleva años trabajando en un desafío hasta ahora inédito para el organismo: desarrollar y poner en órbita tecnología espacial destinada a la defensa nacional. El resultado es el primer nanosatélite para el Ejército Argentino, que ya completó su etapa de ensayos y aguarda su lanzamiento a bordo de un Falcon 9 de SpaceX.

El ETNS (Evaluador Tecnológico Satelital) no fue pensado como un satélite operativo de gran escala, sino como una plataforma de aprendizaje y validación tecnológica. El desafío es mucho más amplio que poner un artefacto en órbita: implica demostrar que el CITEDEF puede diseñar, construir, integrar y operar un sistema espacial propio, incorporando conocimientos y capacidades que, hasta ahora, no formaban parte de su trayectoria. Una experiencia que, según sus desarrolladores, podría convertirse en el punto de partida para nuevos proyectos destinados a las Fuerzas Armadas y otras aplicaciones de uso dual.

El dato: se espera que el nanosatélite, denominado ETNS, sea lanzado a fines del mes de octubre en la Misión Transponder 18 de SpaceX.

Los secretos y detalles del ETNS del CITEDEF

Para conocer los detalles de la iniciativa, DEF visitó las instalaciones del CITEDEF, en Villa Martelli, donde conversó con los ingenieros responsables del desarrollo: Carlos Longo, Alejandro Turel, Cristian Arrieta y Cristian Bruña, integrantes del equipo que llevó adelante el nanosatélite. El proyecto comenzó a tomar forma en 2016 gracias a una iniciativa del Ministerio de Defensa, a través del Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), y su lanzamiento está previsto para octubre de este año.

“El CITEDEF desarrolló un programa que funciona como contenedor de varios proyectos, entre los cuales está la misión del nanosatélite del Ejército. Paralelamente, la CONAE llevó adelante talleres a efectos de informar y coordinar actividades en relación con el plan espacial 2021-2023. Si bien la CONAE hace sus talleres satelitales, el programa del CITEDEF surge en forma independiente, con sus iniciativas”, cuenta el ingeniero Turel, al tiempo que enumera distintas iniciativas vinculadas al programa del ETNS: una estación terrena (para establecer comunicación con el satélite y obtener datos), un sistema de enlace a través de láser, un GPS liberado (que permitiría el funcionamiento del desarrollo después de superar determinada altura y temperatura), el satélite en sí (un proyecto de Carlos Longo) y el desarrollo de antenas (una iniciativa que surgió a través de una colaboración con la Universidad de Palermo y COPITEC). “Estamos en la etapa más jugosa”, agrega.

Junto a él, Cristian Arrieta detalla: “En la parte del nanosatélite, también intervino el Ejército Argentino. Fundamentalmente, la Dirección General de Comunicaciones, Informática y Ciberdefensa. Ellos, de hecho, financiaron la última etapa de la iniciativa”.

Lanzamiento con SpaceX: “Será enviado en un cohete Falcon 9”

Por supuesto, no fue fácil para el instituto llegar a donde está hoy: debieron especializarse en un área prácticamente ajena al CITEDEF. Por eso, los ingenieros participantes –en su mayoría, expertos en electrónica y aeronáutica– se capacitaron y se enfocaron en todo lo necesario para adquirir capacidades en la disciplina satelital.

“Es un sistema que hay que conocer. Por eso, la idea se fundó en arrancar con lo básico sabiendo que, llegado a un punto, el satélite debía ser puesto en órbita. Es decir, no queríamos que quedara como un simple desarrollo. La pandemia nos llevó a hacer un paréntesis y, luego, durante una visita, el Ejército conoció la iniciativa. La Fuerza estuvo de acuerdo en financiar el lanzamiento. Luego de eso, arrancó el segundo impulso que nos lleva hasta hoy”, relata Carlos Longo, quien también explica que, para ponerlo en órbita, debieron contratar un servicio de lanzamiento: una empresa radicada en España que cuenta con un deployer, una especie de contenedor que puede transportar distintos tipos de satélites del estándar CubeSat, que son los nanosatélites de 10 centímetros por 10 centímetros.

“Nuestra primera intención fue hacer un demostrador tecnológico y comprobar que podíamos pasar de un objeto tecnológico en tierra a ponerlo en órbita.
Con todo lo que eso incluye para lograr que llegue al espacio. Hubo que pasar una considerable cantidad de pruebas, no solo tecnológicas, sino también administrativas, como, por ejemplo, la obtención de permisos. Finalmente, con el lanzador propiamente dicho, que es SpaceX, será enviado en un cohete Falcon 9”, detalla el ingeniero Longo.

A su lado, el ingeniero Cristian Bruña aclara que la firma española se encarga de asegurar un espacio en el cohete. Además, adelanta que, si todo sale bien, el lanzamiento estaría previsto para fines de octubre. “Las expectativas son altas y la ansiedad también”, confiesan los ingenieros al hablar de la cuenta regresiva para el lanzamiento.

“La misión es modesta porque siempre se buscó comprobar el sistema y dominar la tecnología para, luego, ir a desarrollos más concretos”, dice Longo.

“Hay intención de poder llevar esto al resto de las Fuerzas. Hubo acercamientos buscando aprovechar ese know how adquirido para capitalizarlo y aprovecharlo en necesidades concretas que tienen como, por ejemplo, las comunicaciones. El CITEDEF no tenía historia previa con respecto a las actividades satelitales directas. Así que se logró avanzar en eso”, resume Turel.

“El CITEDEF es la parte científica del Ministerio de Defensa”

“Todo el esfuerzo tiene sentido en la medida en que siga. Tiene que haber transferencia de conocimiento. En eso estamos también”, aclara Arrieta, quien también puntualiza que existe ansiedad con respecto al lanzamiento del satélite, ya que ahí podrán ver los resultados de todo el trabajo realizado: “Poner un objeto en el espacio es difícil. El riesgo es permanente”.

Para los investigadores, “el CITEDEF es la parte científica del Ministerio de Defensa”: ellos avanzan con necesidades y requisitos puntuales de las Fuerzas Armadas y, en la medida en que se puede, desarrollan temas nuevos. “Argentina tiene tradición espacial, pero de grandes satélites”, sostienen, mientras aclaran que, en cuanto al nanosatélite, priorizaron confiabilidad ante sofisticación.

“El CITEDEF tiene dos áreas. La gerencia de Ciencias y la de Tecnología. Nosotros trabajamos con la de Ciencias en una etapa del programa, en la parte de comunicaciones ópticas. De hecho, hay una persona especializada en encriptación cuántica. Por eso, algunos de los proyectos del programa se enfocaron en avanzar en ese punto. También tiene otra pata relacionada con la interacción con el ecosistema científico”, dice Arrieta.

En esa línea, Bruña cuenta que se sienten orgullosos de poder trabajar en pos de los desarrollos tecnológicos para la defensa. “Es positivo poder hacer algo para las Fuerzas Armadas”, sostiene, no sin antes aclarar que las distintas iniciativas llevadas adelante son de naturaleza dual. Es decir, sirven tanto para el ámbito civil como para el militar. “Este es el kilómetro cero del desarrollo. De aquí en más, se va a empezar a abrir todo”, describe Turel.

Una misión en órbita baja para probar nuevas capacidades espaciales

¿Qué tipo de órbita va a utilizar? “Una Leo (Low Earth Orbit), que es baja, de entre 500 y 600 kilómetros, que tiene la particularidad de pasar por una zona a la misma hora. La órbita concreta va a ser determinada por el lanzador y cuando el deployer, nuestro proveedor de servicio, nos largue al espacio. Nuestro CUBESAT está diseñado para detectar si su movimiento en órbita es de tumbos bruscos o suaves, en base a eso corrige y se estabiliza. La idea es que las antenas queden enfocadas hacia el suelo. Luego, los datos son recibidos por la estación terrena y ello es accesible a quienes tienen los equipos necesarios; eso nos permite poder seguir al satélite cuando no pase por territorio argentino. Es decir, es por colaboración”, responde Longo. Asimismo, el experto cuenta que existe la posibilidad de cifrar los mensajes y que, justamente, esa dimensión es la que le compete a las Fuerzas Armadas.

Cabe destacar que se estima que la vida útil del nanosatélite rondará los dos años, aunque eso depende de varios factores.

Por otro lado, desde el CITEDEF, los expertos advierten que, en el desarrollo, se emplearon componentes de fácil adquisición en el mercado de la electrónica estándar o más común. “No tiene sentido subir a órbita algo oneroso desde el punto de vista comercial para que esté en órbita por unos pocos años. Estas tecnologías de CUBESAT emplean componentes COTS (productos comerciales listos para usar), que se encuentran habitualmente en los comercios de electrónica”, aclara Bruña, y explica que hay un desarrollo matemático previo vinculado a los movimientos del satélite y las comunicaciones, y otro relacionado con las aplicaciones que reciben y procesan los mensajes. O sea, una constelación de disciplinas que convergen en el CITEDEF: electrónica, algoritmos y software.

“El ecosistema de I+D debe ser proactivo y colaborativo. Por ejemplo, el satélite vive por su batería interna, pero, a su vez, esta debe ser alimentada por el sol. Entonces, en esa área, nos asistieron quienes diseñaron los paneles del Atenea”, resume.

La ingeniería detrás del ETNS: energía, datos y monitoreo desde la Tierra

Uno de los aspectos más destacados del satélite es su sistema de generación de energía y de transmisión de datos, dos elementos clave para garantizar su funcionamiento en órbita. El diseño incorpora tecnología de alta eficiencia para maximizar el aprovechamiento de la radiación solar y un esquema de comunicaciones que permite monitorear de forma permanente el estado del equipo desde distintas estaciones terrestres distribuidas en el mundo.

Los paneles solares del satélite fueron diseñados para aprovechar una porción mucho más amplia del espectro electromagnético de la radiación solar. Mientras el ojo humano solo percibe una parte de ese espectro –la correspondiente a los colores visibles–, existen otras bandas, como la radiación ultravioleta o la infrarroja, que no pueden verse. Las celdas solares incorporan múltiples uniones o capas, cada una capaz de captar energía de una región diferente del espectro, lo que permite aumentar significativamente el rendimiento. De esta manera, la eficiencia energética alcanza cerca del 30 %, casi el doble de la que ofrecen los paneles solares convencionales utilizados en viviendas, cuya eficiencia ronda entre el 16 % y el 17 %. El montaje de estos paneles también requiere técnicas especializadas, desarrolladas por los expertos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En cuanto a las comunicaciones, el satélite completa una órbita alrededor de la Tierra aproximadamente cada 90 minutos. Sin embargo, debido al movimiento del planeta, el contacto directo con la estación terrena solo es posible durante breves ventanas de unos 13 minutos por pasada, lo que ocurre entre dos y tres veces al día. Durante ese tiempo se establece la comunicación y se reciben los datos transmitidos por el satélite. Además, la información puede ser captada por estaciones distribuidas en otras partes del mundo e incorporada a la red colaborativa SatNOGS, donde se publican los datos telemétricos que permiten monitorear el estado de salud del satélite, como el funcionamiento de sus sistemas y el nivel de carga de las baterías.

La acción, llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC), tuvo como objetivo fortalecer el control y la seguridad del centro penitenciario, según destacó la institución castrense en su reporte oficial.

Durante el operativo, las autoridades incautaron diferentes elementos prohibidos. Estos son los siguientes: 2 teléfonos celulares, 11 estuches para teléfono, 31 envoltorios, 20 encendedores, una bocina, 7 cajetillas de cigarros, 10 cubos de cargador, un router, 2 chips telefónicos, 4 medias botellas de licor, un cartucho calibre 9 milímetros, 26 hojas de afeitar, 19 jeringas, 4 trituradores de marihuana, 10 cortaúñas, 2 navajas, 4 tijeras, 10 rollos de cable, 14 cables para cargador de celular, 4 auriculares y 17 hojas de cuaderno con diferentes textos.

La PNC y el Ministerio Público acompañaron a las unidades militares en la identificación, embalaje y traslado de los objetos decomisados, asegurando que quedaran bajo custodia de las autoridades competentes.

Decomiso de artículos prohibidos para fortalecer medidas de seguridad

El Ejército de Guatemala destacó que este operativo responde a una política para reforzar de la seguridad en los centros de detención del país.

Dentro de los artículos incautados, llama la atención la presencia de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, router y chips, que suelen utilizarse para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior de las cárceles. Además, la existencia de trituradores de marihuana, jeringas, medias botellas de licor y cajetillas de cigarrillos evidencia la persistencia de intentos de ingreso de sustancias prohibidas y objetos de consumo restringido. A su vez que la localización de armas blancas, tijeras, navajas y hojas de afeitar también representa un factor de riesgo para la seguridad interna del penal.

De igual manera, el Ejército de Guatemala informó el decomiso de numerosos artículos prohibidos durante una requisa realizada en la cárcel, ubicado en el sector conocido como “Los Paisas” tuvo como objetivo fortalecer el control y la seguridad del centro penitenciario.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones derivadas de la requisa en la cárcel Renovación I, ni sobre la posible vinculación de personal penitenciario con el ingreso de los objetos decomisados. El Ejército de Guatemala reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para garantizar el control y la seguridad en todos los centros de detención del país, como parte de los esfuerzos para preservar el orden y la integridad de la población.

Según lo publicado por la institución castrense: “Estas medidas refuerzan la supervisión en las cárceles y ayudan a preservar la disciplina y la protección, favoreciendo a la sociedad guatemalteca”.

Otra requisa reciente ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando el Ejército efectuó la revisión Centro de Detención Preventiva “Los Jocotes” en Zacapa, donde decomisaron numerosos objetos prohibidos, entre ellos teléfonos, televisores, bocinas, drogas, armas blancas, alcohol y artículos relacionados con prácticas esotéricas.

La salida de 26 altos oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia marca un cambio en la estructura del sector defensa bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La medida, que afecta a generales y almirantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, responde a la decisión presidencial de renovar los mandos y designar nuevos comandantes.

Ejército Nacional

• Hugo Alejandro López Barreto — Comandante General de las Fuerzas Militares
• Royer Gómez Herrera — Comandante del Ejército Nacional
• Juan Carlos Correa Consuegra — Mayor General
• Carlos Alberto Rincón Arango — Mayor General
• Fabio Leonardo Caro Cancelado — Mayor General
• Jaime Alonso Galindo — Mayor General
• Giovanni Rodríguez León — Mayor General
• Raúl Fernando Vargas Idárraga — Mayor General
• Walther Adrián Giraldo Jiménez — Mayor General
• Juan Miguel Huertas Herrera — Brigadier General
• José Luis Esparza Guerrero — Brigadier General
• Federico Alberto Mejía Torres — Brigadier General

Armada Nacional

• Juan Ricardo Rozo Obregón — Almirante
• Harry Ernesto Reyna Niño — Almirante
• Orlando Enrique Grisales Franceschi — Vicealmirante
• Hernando Enrique Mattos Dager — Vicealmirante
• Luis Fernando Márquez Velosa — Vicealmirante
• Carlos Alberto Serrano Guzmán — Vicealmirante
• Adolfo Enrique Hernández Ruiz — Mayor General CIM

Fuerza Aeroespacial Colombiana

• Carlos Fernando Silva Rueda — General
• Alfonso Lozano Ariza — Mayor General
• Óscar Zuluaga Castaño — Mayor General
• Andrés Guzmán Morales — Mayor General
• Edgar Mauricio Falla Vargas — Mayor General
• Juan Guillermo Tamara Melo — Mayor General
• Kerly Sánchez Pesca — Mayor General

Abelardo de la Espriella anunció oficialmente la cúpula militar durante su gobierno

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, formalizó la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, destacando un mensaje enfocado en el combate a la criminalidad. En una ceremonia en Barranquilla, anunció la conformación del equipo de mando y el retorno al nombre tradicional de la Fuerza Aérea Colombiana.

De la Espriella afirmó: “para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados” y agregó: “no van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles, vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia”.

El mayor general Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto. Al frente del Ejército Nacional estará el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante.

La Armada Nacional será dirigida por el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla y la Fuerza Aérea Colombiana por el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa. El mando se completa con el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante de la Armada y el general Óscar Leonel Murillo como director de la Escuela Superior de Guerra.

El presidente expresó: “A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”. Señaló que la nueva cúpula deberá liderar unas Fuerzas Militares “firmes, profesionales y respetuosas de la ley”.

La recomposición en la cúpula de las Fuerzas Militares configura un escenario de ajustes profundos en la conducción de la defensa nacional. Las nuevas designaciones abren paso a un equipo directivo con el encargo de ejecutar lineamientos definidos por el Gobierno en materia de seguridad y combate a la criminalidad.

El relevo de oficiales con amplia trayectoria marca el inicio de una etapa en la que se espera fortalecer la coordinación entre las distintas ramas, consolidar la presencia institucional en el territorio y reafirmar el compromiso con la legalidad.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al ex capitán del Destacamento de Inteligencia N°142 del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento del nieto recuperado N°128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán, además de la alteración de sus identidades.

Los jueces Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley consideraron que los hechos, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, constituyeron crímenes de lesa humanidad. El juicio había comenzado en junio pasado y tuvo a Vega como único acusado, debido a los fallecimientos de otros imputados durante la tramitación de la causa.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, Vega fue declarado partícipe necesario de la sustracción, retención y ocultamiento de ambos hermanos, quienes eran menores de 10 años, y de haber hecho incierto el estado civil de Elías y alterado el de Marcos. Abuelas de Plaza de Mayo intervino en el proceso como parte querellante.

La fiscalía había pedido 17 años de prisión efectiva en una unidad penitenciaria, pero el tribunal fijó una pena de 12 años y dispuso que su cumplimiento sea controlado mediante un dispositivo electrónico.

La sentencia también ordenó avanzar con una reparación integral para las víctimas, garantizar la continuidad de sus tratamientos psicológicos y realizar las gestiones necesarias para aplicar las leyes reparatorias vigentes. Los fundamentos serán difundidos el próximo 26 de agosto.

El caso se remonta a diciembre de 1976, cuando Marcos, de cinco meses, y Elías, de ocho años, fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.

Su madre, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada días antes por tercera vez. Existen indicios de que fue llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”. Continúa desaparecida.

Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a un inmueble de Tafí Viejo, donde fueron separados.

Elías fue llevado después a una vivienda de la capital tucumana, donde sufrió malos tratos, amenazas e intentos de supresión de su identidad. A los ocho años logró escapar y caminó más de 20 cuadras hasta la terminal de ómnibus, donde encontró a un tío que trabajaba en una boletería, y pudo reencontrarse con su familia.

Marcos, en cambio, permaneció apropiado. Fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i Tabla”, agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento N°142. Fue inscripto falsamente como hijo biológico de Sánchez e Ilda Agustina Sánchez, con el nombre de Marcelo Ariel Sánchez.

La acusación sostuvo que Vega, por sus funciones en inteligencia y contrainteligencia y por su vínculo con Sánchez, tuvo una intervención necesaria en los hechos.

Durante el mismo operativo también fueron secuestrados Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos, de 12 años, quienes cuidaban a los hermanos. Ambos fueron llevados al Arsenal. Los restos de Hugo Castro fueron posteriormente identificados en el Pozo de Vargas, mientras que su hijo recuperó la libertad meses después.

Marcos recuperó su identidad en agosto de 2018, cuando un análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos.

En junio pasado, nuevos estudios genéticos permitieron establecer con una compatibilidad del 99,99% su vínculo paterno con Pastor Dante Campos, también desaparecido, y completar así la reconstrucción de su identidad biológica.

En su resolución, el tribunal remarcó que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una “obligación permanente del Estado argentino” y recomendó preservar y fortalecer los organismos y archivos vinculados con el derecho a la identidad.

El Ejército de Guatemala desplegó este viernes un amplio operativo en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de la capital, con el respaldo de fuerzas de seguridad civil. La intervención, según confirmó la institución castrense a través de redes sociales, busca desarticular redes de extorsión, detectar y aislar objetos ilícitos y ejercer control total en los centros penitenciarios.

El objetivo principal de la operación es interrumpir la comunicación y las actividades ilícitas dentro de la prisión, identificada como un punto clave en la generación de extorsiones que impactan en distintas regiones.

De acuerdo con la información publicada por el Ejército de Guatemala, el ingreso al penal se realizó con un despliegue coordinado de unidades militares especializadas.

El Centro de Detención para Hombres Fraijanes II ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un foco de operaciones ilícitas, especialmente relacionadas con extorsiones.

Hasta el cierre de la nota, no se ha informado sobre la cantidad de objetos incautados ni sobre la identificación de líderes de las redes de extorsión. Las autoridades han señalado que los resultados preliminares se darán a conocer una vez concluya el registro oficial. El Ejército de Guatemala reiteró su compromiso con “el restablecimiento del orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país”.

Requisas en cárceles guatemaltecas

La operación en Fraijanes II se suma a una serie de acciones similares impulsadas por las autoridades guatemaltecas en los últimos meses, en respuesta al aumento de denuncias por extorsión.

De hecho, durante la noche del miércoles, Unidades del Ejército concluyeron el conteo de los artículos decomisados durante la requisa realizada en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, conocido como Pavoncito, en Fraijanes, en coordinación con fuerzas de seguridad civil.

Según información oficial, fueron incautados 200 objetos punzocortantes, 13 cajetillas de cigarros, 127 encendedores, una máquina para tatuar, un cargador inalámbrico, una bocina, tres micrófonos, un radio portátil, cinco teléfonos, cuatro memorias USB, nueve cargadores, 17 cables para cargar teléfonos, una cámara Dual Pro 4K, siete pesas posiblemente utilizadas para drogas, 20 pipas para inhalar presunta marihuana, mil papos presumiblemente usados para envolver marihuana, 95 recipientes para moler drogas, 23 paquetes de posible marihuana, cinco pastillas de posibles metanfetaminas, cuatro frascos con posible cocaína, dos bolsas de posible cocaína, dos cervezas y un bulto de fuegos pirotécnicos.

“Este tipo de acciones contribuyen a mantener el orden dentro de los centros de detención y la seguridad de la población guatemalteca”, recalcó la institución castrense.

El Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala han destacado que se mantendrán vigilantes y continuarán coordinando esfuerzos para fortalecer la seguridad penitenciaria y combatir las estructuras criminales que operan desde el interior de las cárceles.

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto busca garantizar condiciones seguras tanto para los privados de libertad como para el personal penitenciario, así como reducir la incidencia delictiva vinculada a organizaciones que utilizan los centros de reclusión como base para coordinar actividades ilícitas.

Los cuatro ejemplares son pastores belga malinois, una raza que el Ejército emplea por sus capacidades para este tipo de trabajo. Cada perro forma un “binomio” con su guía, quien se encarga de dirigir la búsqueda, interpretar las señales del animal y coordinar con el personal especializado cuando se detecta una posible víctima.

La preparación de la brigada también incluye una capacidad poco habitual: uno de los canes ya realizó un salto en paracaídas y cuenta con certificación como perro paracaidista. Los otros tres ejemplares siguen un proceso de entrenamiento para alcanzar esa misma capacidad y ampliar las posibilidades de despliegue ante una emergencia.

Así trabajan los perros de búsqueda y rescate bajo los escombros

El entrenamiento de estos perros de búsqueda y rescate recrea escenarios en los que una persona podría quedar atrapada después del colapso de una estructura. En la demostración realizada para TV Perú Noticias, uno de los canes recibió la orden de búsqueda y comenzó a recorrer por su cuenta el área preparada con escombros.

El teniente coronel Roger Guica, comandante del Batallón de Policía Militar 503, explicó que la brigada utiliza el sistema ARCO, mediante el cual el perro puede realizar la búsqueda sin que su guía tenga que acompañarlo dentro de la zona de riesgo. “Es un sistema de ARCO donde verdaderamente el perro trabaja solo, no necesita que el guía lo acompañe”, señaló a TV Perú Noticias.

El animal debe identificar el punto donde percibe señales asociadas a la presencia de una persona y comunicar el hallazgo. Entre las respuestas que puede ofrecer están los ladridos o el rasqueteo del lugar. El guía interpreta esas señales y marca el punto para que el equipo encargado de retirar los escombros pueda intervenir.

“Cuando encontramos la víctima, entra el equipo especializado de remoción de escombros para poder ver. Ahí encontramos una víctima bajo los escombros. El can nos dio la alerta, se premió”, explicó Guica durante la demostración.

El olfato es la principal herramienta de estos perros de rescate

La capacidad de los perros del Ejército para encontrar personas se basa principalmente en su olfato, una habilidad que se refuerza mediante un entrenamiento constante. Los animales aprenden a identificar señales relacionadas con la presencia humana incluso cuando la persona permanece debajo de una estructura colapsada.

“Para eso se trabaja. El olfato o el signo más desarrollado del perro es el olfato, donde verdaderamente por el olfato o por la respuesta que se ha trabajado encontramos la respuesta del humano”, explicó el comandante del batallón.

Durante la demostración también se mostró cómo los animales pueden trabajar tomando en cuenta la dirección del viento. Draco realizó una búsqueda a favor del viento, mientras que otro ejemplar, Zeus, fue preparado para realizar el ejercicio en sentido contrario. El objetivo consiste en que el perro siga el foco de emanación hasta aproximarse al lugar donde podría encontrarse una víctima.

En el caso de Zeus, el animal comenzó a rastrear la zona y luego emitió ladridos al localizar el punto indicado. “Acá tenemos una marca activa, donde ladrido, se desespera, el guía ya me marcó: víctima localizada”, relató Guica. Después de la señal, el equipo de remoción ingresó para comprobar el hallazgo.

Uno de los perros del Ejército ya está certificado como paracaidista

La brigada canina cuenta con cuatro ejemplares de pastor belga malinois preparados para labores de primera respuesta. Entre ellos se encuentran Draco y Zeus, quienes participaron en la demostración de búsqueda bajo escombros realizada por el Ejército.

Zeus tiene cuatro años y, de acuerdo con Guica, reúne características que favorecen su preparación para este tipo de operaciones. “Es un pastor belga malinois, es un perro muy versátil para poder trabajar y tiene todas las habilidades que podemos formar en un can de búsqueda. Tiene cuatro años”, indicó.

El integrante más particular de la brigada es el perro que consiguió completar su preparación como paracaidista. Guica detalló que uno de los cuatro ejemplares ya realizó un salto desde un paracaídas y cuenta con certificación para esta capacidad. Los otros tres siguen entrenando para conseguir una preparación similar.

El trabajo de estos perros de rescate exige práctica permanente tanto para los animales como para sus guías. “Esto es día a día, un entrenamiento constante”, remarcó Guica. El objetivo es que los binomios puedan responder cuando sean desplegados ante una emergencia y localizar rápidamente a personas que necesiten ser rescatadas.

El Grupo Especializado Antiexplosivos TEDAX-NRBQ de la Policía de Jalisco localizó, aseguró y desactivó 11 artefactos explosivos —tipo mina y tipo niple— en la localidad de Tazumbos, municipio de Jilotlán de los Dolores, el 12 de agosto de 2026.

De acuerdo con los reportes, el operativo se ejecutó de forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Aldama número 10, en los límites con Michoacán.

Los elementos de seguridad detectaron los artefactos ocultos en una finca dentro de ese domicilio. La tecnología especializada del escuadrón TEDAX fue el recurso que permitió identificar y neutralizar los explosivos sin poner en riesgo a la población ni al personal que participó en el operativo.

El despliegue arrancó en la Región Sur de Jalisco como parte de una estrategia preventiva de las fuerzas del orden en las zonas limítrofes con Michoacán. El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, confirmó que ese despliegue se sostuvo durante la última semana previa al hallazgo.

Los elementos de las tres corporaciones —Policía de Jalisco, Sedena y FGR— se trasladaron al domicilio de la calle Aldama para ejecutar un cateo con orden de autoridad. Una vez dentro de la finca, los especialistas del TEDAX activaron sus protocolos de detección con el equipo técnico del escuadrón.

Fue gracias a esa tecnología que los elementos lograron identificar la ubicación precisa de cada uno de los 11 artefactos. Sin ese recurso, la neutralización de los explosivos habría representado un riesgo directo para los efectivos y para los habitantes de Tazumbos.

Los artefactos: minas terrestres y tipo niple de “alta gama”

Entre los objetos asegurados había artefactos tipo mina y tipo niple, ambos de alta peligrosidad. Los primeros se ocultan en el terreno y se activan al recibir presión, ya sea de una persona, un animal o un vehículo; los segundos se fabrican dentro de un tubo sellado por ambos lados.

“En las inmediaciones de Michoacán y Jalisco, a la altura de Tazumbos se localizó una finca con explosivos, inclusive algunas minas terrestres que ponen en riesgo a la ciudadanía”, declaró Hernández González en rueda de prensa. “Afortunadamente, en coordinación con DEFENSA y el personal de TEDAX, fueron aseguradas y desactivadas. Son explosivos de alta gama”, completó el funcionario.

Los especialistas del TEDAX aplicaron los protocolos de seguridad para neutralizar cada artefacto de forma controlada. El objetivo fue evitar detonaciones accidentales durante el proceso de aseguramiento.

Las autoridades no reportaron personas detenidas al término del operativo en la calle Aldama. Los 11 artefactos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para la apertura de la carpeta de investigación.

El secretario Hernández González precisó que el despliegue en esa zona fronteriza con Michoacán comenzó un día antes del hallazgo y se extendió durante toda la semana. La acción forma parte de las operaciones preventivas que la Secretaría de Seguridad de Jalisco mantiene en la Región Sur ante la presencia de grupos delictivos.

Jilotlán de los Dolores, municipio con historial de violencia reciente

El municipio de Jilotlán de los Dolores acumula varios episodios de violencia en los meses previos al hallazgo de los explosivos. En marzo de 2026, policías estatales fueron atacados a balazos por sujetos armados tras detectar un campamento criminal en la comunidad de Los Olivos, donde también encontraron llantas, ropa, mochilas y bolsas.

En abril, tres hombres aparecieron asesinados a balazos dentro de un rancho en la comunidad de Las Higueras. El municipio volvió a ser escenario de una acción de seguridad en julio, cuando elementos de la FGR y del Ejército Mexicano capturaron a Salvador Gómez Manzo, presunto integrante del Cártel Nueva Generación (CNG), en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo.

En ese operativo de julio se aseguraron 18 armas largas, una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos y un casco. El hallazgo de agosto en Tazumbos se suma a esa secuencia de decomisos en el mismo municipio.

El antecedente en Sinaloa: más de 550 explosivos en El Rosarito

El aseguramiento en Jilotlán de los Dolores ocurre en un contexto nacional en el que los cuerpos de seguridad han registrado hallazgos similares en otras entidades. El 7 de junio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y de las Fuerzas Armadas aseguraron más de 550 artefactos explosivos improvisados en el municipio de El Rosarito, en ese estado.

El decomiso sinaloense inició cuando policías estatales y militares patrullaban la colonia Lola Beltrán y localizaron en un predio baldío una camioneta Jeep JT con reporte de robo. Al ampliar el reconocimiento en la zona, los elementos encontraron los artefactos, entre los que había 53 explosivos de dimensiones pequeñas para ser lanzados con dron, 4 explosivos de alrededor de 10 kilogramos cada uno también para dron, y 20 del tipo Claymore —minas antipersonales dirigidas de aproximadamente 3 kilogramos cada una—.

El lote más numeroso correspondió a 490 explosivos tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión o de manera eléctrica. Todos los artefactos y la camioneta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Ese hallazgo se produjo en el marco de la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que inició en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada —a manos de su ahijado, Joaquín Guzmán López— y que acumula más de 3 mil homicidios hasta la fecha, pese al despliegue de más de 13 mil elementos de la Sedena en la entidad.

A María Susana Flores Gámez la habían coronado en concursos de belleza desde que era niña. Fue Mujer Sinaloa, representó a México en un certamen internacional en China y, años después, su nombre quedó ligado al de Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de gatilleros y escolta personal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero la madrugada del 24 de noviembre de 2012, la reina de belleza de Guamúchil no llevaba una corona. Estaba escondida en una casa abandonada de El Palmar de Los Leal, Mocorito, mientras soldados rodeaban el inmueble después de una persecución que había comenzado kilómetros atrás.

Eran las 5:30 de la mañana. Los militares le gritaron que saliera: “Sal, hija de tu pinche madre”, y ella obedeció. Según los testimonios incorporados al expediente judicial, salió con las manos en alto y pidió que no dispararan. Minutos después, estaba muerta.

Durante casi 14 años, la versión que quedó instalada fue otra: que la joven había muerto en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado y que incluso había disparado un rifle AK-47. Ahora, los documentos judiciales cuentan una historia distinta, según revelaciones publicadas por el medio Riodoce.

En 2026, dos soldados del Ejército Mexicano, identificados como José Manuel y Miguel Ángel, enfrentan un proceso por el homicidio doloso de Flores Gámez. El Tribunal de Apelación confirmó en junio el auto de formal prisión contra ambos y concluyó que existen elementos para considerar que su actuación pudo haber sido deliberada.

El expediente reconstruye una persecución de tres tramos, en la que también murieron civiles y militares, hasta llegar a la escena que durante años quedó reducida a unas cuantas líneas en los reportes oficiales: una reina de belleza, relacionada con uno de los hombres más cercanos a “El Chapo”.

La persecución que empezó antes del amanecer y terminó con tres muertos

Todo comenzó en un camino del poblado El Progreso, también en Mocorito. Un grupo de elementos de la Sedena avanzaba cuando se cruzó con una camioneta que circulaba a alta velocidad. Desde el vehículo les dispararon. Los soldados repelieron la agresión y arrancó la persecución.

En el primer tramo, la camioneta frenó. Dos sujetos bajaron y despojaron de su vehículo a tres hombres, uno de ellos identificado como Rosario. La versión del Ejército dice que los sicarios volvieron a disparar y que Rosario murió en fuego cruzado. Quienes lo acompañaban dijeron otra cosa: que los soldados llegaron disparando y él cayó sin haber tomado parte en nada.

Los sicarios siguieron en dos camionetas. La persecución llegó a su tercer tramo en El Palmar de Los Leal. Ahí, según los militares, hubo una nueva agresión: tres soldados resultaron heridos y uno murió posteriormente a causa de las heridas. Fue en ese mismo punto donde también murió la novia del “Cholo Iván”.

Una de las camionetas civiles cayó en un hoyo y quedó atascada. Un vehículo militar la impactó por la parte trasera. Susana bajó y entró a la vivienda deshabitada. Los soldados rodearon el lugar. El resto lo narran los testigos.

Lo que dice el Tribunal: los disparos no fueron para repeler una agresión

Los documentos judiciales en poder del semanario Ríodoce, publicados el 10 de agosto de 2026, establecen que cuando Flores Gámez salió de la vivienda con las manos en alto, no representaba una amenaza activa. El Tribunal de Apelación analizó los testimonios y concluyó que los disparos de los soldados no tuvieron como propósito repeler una agresión.

“Los datos de prueba evidencian que el actuar de los coinculpados probablemente fue doloso”, señala la resolución.

La prueba de rodizonato de sodio practicada al cuerpo de Flores Gámez dio positivo, lo que indica que disparó un arma en algún momento durante el operativo. Los documentos precisan que ese resultado no corresponde al momento de su muerte: cuando los militares le dispararon, estaba desarmada.

La figura jurídica aplicada es la de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada: ambos soldados dispararon, pero no fue posible establecer cuál de los dos efectuó los tiros que la mataron.

Por la muerte de Rosario, el civil despojado de su camioneta, los mismos soldados enfrentan un cargo de homicidio culposo: el Tribunal determinó que no hubo intención de matarlo, sino que las balas alcanzaron a un hombre que no estaba armado ni disparaba contra nadie.

La versión oficial que duró 14 años: escudo humano, AK-47 y una prueba de laboratorio

Cuando el caso se conoció en noviembre de 2012, las primeras versiones filtradas por un funcionario de la Fiscalía Federal señalaron que Flores Gámez había sido usada como escudo humano por los sicarios al bajar del vehículo. Días después, el delegado de la Fiscalía en Sinaloa, Enrique Feregrino, sostuvo que la prueba de rodizonato confirmaba que ella había disparado el rifle AK-47 encontrado junto a su cuerpo.

La Fiscalía estatal terminó por declinar la investigación a la PGR por incompetencia y entregó todas las diligencias. El procurador del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que no podían revelar ningún dato de la averiguación. Durante casi 14 años no hubo un solo acusado.

El auto de formal prisión contra José Manuel y Miguel Ángel se dictó el 29 de enero de 2026. El Tribunal lo ratificó en junio. En su declaración ante la jueza, el soldado José Manuel se dijo inocente y contó que durante el enfrentamiento recibió heridas de bala que lo dejaron con discapacidad.

“Yo me di de alta a los 15 años de edad pensando siempre en servir a la patria”, declaró, según los documentos citados por el medio antes citado. “Serví al instituto armado 24 años y sinceramente me siento mal, desprotegido por parte de la Sedena. Se me hace injusto porque después de servir tanto tiempo en el Ejército ahorita se me tenga como detenido y acusado de un asesinato que yo en ningún momento cometí. Toda mi vida se la entregué al Ejército, mi juventud se la entregué al Ejército y hasta el momento me considero una persona de bien.”

La mujer que ganó coronas desde los 4 años

María Susana Flores Gámez nació en diciembre de 1992 en Guamúchil, Sinaloa, hija de Mario Flores y Carmen Gámez. Creció en escuelas privadas: el Colegio Renacimiento, de educación católica, la vio pasar de primaria a secundaria; el Colegio Sinaloa la recibió en preparatoria. Sus maestros la describían, según Noroeste, como una jovencita responsable, seria y dedicada al estudio.

Ganó su primer concurso de belleza a los 4 años, coronada como Reina de la Cruz Roja en su ciudad natal. A los 9 se llevó el título de Niña Fantasía y Belleza, organizado por una televisora estatal. Intentó ser Reina de los Charros de Guamúchil, pero el requisito era ser hija de socio del Lienzo Charro, condición que no cumplía. Los títulos de Reina de la Primavera de secundaria y preparatoria, y el de Modelo del Año —en un evento organizado en 2009 por Leopoldo Sánchez Soto— se fueron sumando.

Cuando tenía 6 años, su padre Mario Flores murió acribillado, el 4 de junio de 1998. Noroeste documentó la coincidencia: Susana murió el 24 de noviembre de 2012, el día en que su padre habría cumplido años.

Para su fiesta de XV años, el padrino designado era Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”. Elizalde fue asesinado a balazos en Tamaulipas el 25 de noviembre de 2006, un mes antes de la celebración. Su hermano, “El Flaco” Elizalde, cumplió lo que habría sido la voluntad del cantante: asistió a la fiesta y le regaló a Susana un vehículo último modelo. Aun así, ella llegó a la iglesia escoltada por 10 jóvenes disfrazados de guardias reales.

Susana y El Cholo Iván

Flores Gámez estudió cosmetología en Culiacán sin dejar el modelaje. Después ingresó a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en una universidad de la misma ciudad. En febrero de 2012 ganó el certamen Mujer Sinaloa, con el que clasificó a Miss Turismo Oriental México, competencia en la que participaron 50 jóvenes de todo el país y que también ganó. En mayo de ese año viajó a China para la edición internacional del certamen. No obtuvo título, pero compitió como representante de México.

Intentó después Nuestra Belleza Sinaloa, de donde sale la representante del estado al concurso nacional. No quedó entre las finalistas. Ese mismo 2011 vivió otra sacudida: su madre y sus dos hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Doce días después liberaron a su hermana menor y a su madre, pero retuvieron a su hermano hasta que la familia pagó rescate.

La última vez que se le vio en público fue el 30 de octubre de 2012, como jurado en la Expo Canaco Guamúchil. Esa noche la corona la recibió Mariela López Inzunza. Menos de un mes después, Susana estaba muerta.

En 2011, mientras estudiaba en Culiacán, comenzaron a circular rumores sobre la relación de Flores Gámez con “El Cholo Iván”. Entre la gente de Guamúchil existía temor de hablar sobre cómo se conocieron.

Gastélum Cruz se distinguía de sus compañeros del cártel por vestir al estilo hip hop —pantalones holgados y playeras sin mangas— en lugar de los clásicos blue jeans y botas vaqueras. En 2005 fue acusado de posesión ilegal de armas; salió libre tras pagar fianza y fue arrestado de nuevo meses después.

En 2009 escapó de la cárcel de Aguaruto, en Sinaloa, vestido de mujer. Sus hazañas quedaron registradas en el narcocorrido “Gente del General ‘Cholo Iván’”, que narra su fuga con la frase: “porque el jefe me ocupaba para pelear… siempre firmes con El Chapo.”

Durante el operativo de Mocorito, Gastélum Cruz escapó. No fue detenido sino hasta el 9 de enero de 2016, en Los Mochis, junto con Guzmán Loera, en la tercera y última captura del capo. Ambos huyeron por una alcantarilla, robaron un vehículo y fueron detenidos en la carretera Los Mochis-Navojoa. La fotografía que muestra al “Cholo Iván” sin playera junto a El Chapo al interior de un vehículo fue tomada esas mismas horas.

Tras su captura, Gastélum Cruz estuvo recluido en el penal del Altiplano y después en la cárcel de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Fue extraditado a Estados Unidos el 1 de abril de 2023. Enfrenta cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana, y de portar y disparar un arma de fuego en relación con tráfico de drogas. La pena máxima es cadena perpetua. Actualmente está recluido en la prisión de Alexandria, Virginia, donde su defensa ha señalado que solo tiene dos horas al día fuera de su celda y que tiene problemas para dormir.

Elementos policiales y militares de México y Estados Unidos se desplegaron este jueves en los límites de ambos países, en Río Grande, a la altura de la denominada X, en Ciudad Juárez, como parte de un ejercicio conjunto de seguridad fronteriza encabezado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En el despliegue participaron diversas agencias federales estadounidenses y fuerzas militares de México, en el marco de la designación del Cártel de Juárez como organización terrorista.

Desde las primera horas de este jueves, se registró la presencia de numerosos elementos y unidades de seguridad en ambos lados de la frontera, lo que causó expectación entre quienes se encuentran en las inmediaciones del río, debido a la magnitud del operativo y al movimiento del personal y equipo especializado.

Esta actividad, se informó, forma parte de una operación combinada de respuesta rápida organizada por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, con la participación de agentes de Operaciones Especiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), personal militar y otras agencias federales de aplicación de la ley.

Información difundida por la Patrulla Fronteriza expuso que durante el ejercicio, agentes de su destacamento de Operaciones Especiales fueron trasladados hasta la zona fronteriza mediante un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP.

Al mismo tiempo, se desplegaron elementos del Departamento Militar de Texas, soldados del Departamento de Guerra y otros cuerpos federales de seguridad estadounidense, quienes participaron en el ejercicio a lo largo de la frontera en el área de El Paso.

El operativo también contó con una acción coordinada del lado de México, donde elementos de las Fuerzas Militares realizaron un patrullaje espejo, es decir, un despliegue simultáneo en la zona fronteriza frente al operativo estadounidense.

La presencia de efectivos en ambos lados del Río Grande, permitió observar un inusual movimiento de personal y vehículos oficiales, en una demostración de la capacidad de respuesta coordinada ante posibles situaciones de emergencia o amenazas en la frontera.

La Patrulla Fronteriza dijo que el objetivo del ejercicio es demostrar las capacidades de respuesta rápida y coordinación entre las distintas agencias estadounidenses y sus socios militares mexicanos.

La operación se realiza en momentos en los que autoridades estadounidenses han incrementado la atención sobre las organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

La Patrulla Fronteriza también destacó que el ejercicio ocurre luego de que el gobierno estadounidense designara al Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera.

Operativo envía mensaje a grupos criminales: Patrulla Fronteriza

El operativo desplegado esta mañana en el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde participaron autoridades federales de ambos paises, constituye un mensaje enviado a los grupos criminales para que desistan de intentar cruzar la frontera.

Así lo aseguró Roberto Domínguez, subjefe del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio local Norte Digital, Domínguez declaró que las fuerzas de seguridad de México y de EEUU se unen para demostrar que están preparadas para hacerles frente.

Señaló que en el lado estadounidense, el equipo de abogados se encuentra listo para presentar cargos contra quienes apoyen a este tipo de organizaciones criminales o por traficar personas, drogas o cualquier otro artículo prohibido.

Señaló que cuando los grupos dedicados al cruce e internación ilegal de personas cometen dicho delito, muchas personas han resultado lesionadas al caer del muro fronterizo o en el canal que cruza la línea divisoria entre ambos países.

Dijo que el despliegue de fuerzas y equipamiento llevado a cabo esta mañana es una muestra de la preparación y el blindaje con el que se cuenta en la frontera.

“Nosotros tenemos la capacidad, la frontera está más segura que nunca, la hemos tenido así con el apoyo de esta nueva administración”, dijo.

Señaló que el sector de El Paso tiene una longitud de 260 millas y que se cuenta con los recursos necesarios para darle cobertura en materia de seguridad. El operativo de esta mañana, destacó, es solo una muestra de lo que se puede hacer.

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos murieron el miércoles 12 de agosto cuando un helicóptero Apache AH-64 se estrelló en un campo al sur de la localidad de Salado, Texas, a unos 100 kilómetros al norte de Austin. El siniestro ocurrió durante un vuelo de entrenamiento de rutina y desató un incendio de pastizal que obligó a evacuar varias viviendas de la zona, según informaron la Oficina del Sheriff del Condado de Bell y el propio Ejército.

La aeronave, asignada a la base militar de Fort Hood, cayó a tierra alrededor de la 1:30 p.m. hora local, según confirmó el portavoz del Sheriff del Condado de Bell, Cliff Coleman,a NBC. Ambos tripulantes fueron declarados muertos en el lugar por el juez de paz del condado, de acuerdo con Reuters.

El accidente y el incendio que le siguió

Un funcionario militar citado por The Guardian, bajo condición de anonimato, confirmó que el Apache realizaba un vuelo de entrenamiento cuando se precipitó a tierra. La aeronave no impactó ninguna estructura.

“Se podía ver que fue un choque violento”, declaró Coleman a los periodistas presentes en la escena. Las fotografías difundidas por su propia oficina mostraron a bomberos entre escombros calcinados mientras columnas de humo negro se elevaban desde los restos.

El impacto generó un incendio de pastizal que, según Coleman, se extendía “de forma descontrolada” cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, de acuerdo con BBC. Para las 7:00 p.m. del mismo día, el fuego había quemado 155 acres (unas 63 hectáreas) y estaba contenido en un 85%, informó NBC.

Las víctimas y la respuesta de emergencia

Los nombres de los dos soldados no se han divulgado. El Ejército aplica el protocolo estándar de esperar 24 horas tras notificar a los familiares antes de hacer pública la identidad de las víctimas, según indicó en un comunicado oficial recogido por ABC News. Sus cuerpos fueron trasladados al Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall, ubicado en Fort Hood.

Varios departamentos de bomberos locales, agentes de las fuerzas del orden y personal militar de Fort Hood acudieron al lugar. El incendio también forzó la evacuación de algunas residencias cercanas, aunque ninguna resultó dañada, confirmó Coleman a ABC News.

Qué es el AH-64 Apache y cómo opera

El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque bimotor y cuatro palas con capacidad para misiones de reconocimiento armado, combate directo y apoyo a fuerzas terrestres. El Ejército lo describe en su sitio oficial, citado por NBC, como “el vehículo de combate aéreo más avanzado del mundo”.

La aeronave lleva dos tripulantes: el piloto ocupa el asiento trasero y el copiloto-artillero va en la posición delantera, según detalló BBC. Fort Hood, la base a la que estaba asignado el aparato siniestrado, abarca 86.994 hectáreas de terreno abierto que el Ejército utiliza para el entrenamiento de fuerzas pesadas, de acuerdo con The Guardian.

La investigación y quién la lidera

La División de Investigación Criminal de Fort Hood asumió la conducción de la investigación. Las autoridades no anunciaron de inmediato ninguna causa del accidente.

Fort Hood no es ajena a tragedias aéreas durante ejercicios. En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló en un entrenamiento en la misma zona, según The Guardian.

El general de brigada Ethan Diven, comandante en funciones de la 1.ª División de Caballería, emitió un comunicado en el que expresó que “la prioridad inmediata es asegurar el lugar y apoyar los esfuerzos de respuesta inicial”. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”, agregó.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en X: “Hoy, un helicóptero Apache se estrelló en el Condado de Bell durante operaciones de Fort Hood, y mató a dos miembros de nuestras fuerzas militares”. Abbott pidió oraciones para las familias de los soldados y para la comunidad de Fort Hood, y escribió que “Texas está eternamente en deuda con quienes sirven a nuestro estado y a nuestra nación”.

En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con base en cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cerca de 66 mil militares desplegados para labores de seguridad han regresado a sus cuarteles.

Pese a que Sheinbaum Pardo no prometió que los militares iban a regresar a sus cuarteles si llegaba al poder, en los hechos, lo está haciendo, caso contrario a lo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó a las fuerzas castrenses como eje principal de su estrategia de seguridad.

Con base en datos de la Sedena, que solicitó un particular vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , a partir de 2025, la dependencia castrense disminuyó 66 por ciento el número de uniformados desplegados en el país –unos 66 mil 66 efectivos– para tareas de seguridad pública:

• En 2024 había 100 mil 226 soldados en las calles.
• Mientras que en 2025, la cifra cayó a 34 mil 160.

Sheinbaum fortalece inteligencia e investigación

Los datos, anteriormente descritos, reflejan que la llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia trajo consigo cambios importantes en la estrategia de seguridad, como el fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

Durante el “segundo piso de la transformación”, la titular del Ejecutivo federal le está dando más peso al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

Además, la primera mandataria insistió en que iba respaldar la consolidación de la Guardia Nacional, que dejó de ser una dependencia civil para estár bajo las órdenes de la Defensa Nacional.

“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales (...) Nosotros ¿qué vamos a usar?, prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes”, dijo la mandataria el 8 de octubre de 2024, una semana después de su toma de poder.

Ejército va a zonas de alto riesgo

La reducción de elementos del Ejército desplegados en las 32 entidades federativas va de la mano con el hecho de que comenzó a concentrar sus esfuerzos en zonas de alto riesgo de seguridad y de atención prioritaria.

En ese sentido, la Sedena –que opera bajo instrucciones directas de la presidenta– centró sus despliegues en un estado en particular: Sinaloa, entidad que era gobernada por el morenista Rubén Rocha Moya.

Hasta febrero de 2026, en dicha entidad, el Ejército tenía desplegados 11 mil 53 elementos para combatir lo que es conocido como la “narcopandemia”, que tuvo su origen en la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de su fundador Ismael ‘Mayo’ Zambada, en julio de 2024.

Otros estados que reciben atención prioritaria de los militares

Aparte de Sinaloa, otra entidad que tuvo atención prioritaria con refuerzos del Ejército fue: Michoacán, región clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ve mermada su producción agrícola por delitos como la extorsión y homicidios contra líderes productores de limón.

Por lo anterior, hasta febrero de este año, el estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla tenía dos mil 743 elementos de la Sedena.

De acuerdo con Proceso, que tuvo acceso a la solicitud de transparencia, otras entidades con prioridad para la atención castrense son Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Coahuila. En contraste, el Ejército ha dejado completamente libre de despliegue militar otros estados como la Ciudad de México e Hidalgo.

AMLO rompe récord con militares en las calles

Las cifras antes mencionadas contrastan con lo ocurrido durante el sexenio de AMLO, donde no solo llegó al pico más alto de militares en la calles haciendo labores de seguridad pública, con 100 mil 226 entre 2023 y 2024, sino que promedio a lo largo de seis años de gobierno más de 84 mil uniformados patrullando.

¿Qué tareas hace el Ejército en las calles?

Cabe señalar que en su respuesta de requerimiento a la ciudadanía, la Sedena también explica para qué tiene sus elementos en las calles del país:

“Realizan actividades para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mediante la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, así como labores para reducir los índices de violencia en el país, en las cuales se incluye la seguridad a instalaciones estratégicas”, respondió al Ejército a la solicitud con folio 340026400064926.

Por otro lado, la institución castrense deja claro que también puede auxiliar en labores de rescate y protección al medio ambiente y recursos naturales e incluso en temas administrativos como el Servicio Militar o aplicación del Plan DN-III en casos de desastres naturales.

Pese a que no lo prometió en campaña como AMLO, Sheinbaum devuelve a sus cuarteles a poco más de 66 mil elementos del Ejército.

El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó una transferencia de S/ 277,5 millones al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el Año Fiscal 2026. La medida busca asegurar los recursos necesarios para atender los pagos correspondientes al personal militar y policial en situación de retiro, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto.

La autorización forma parte de una operación presupuestal de mayor alcance que supera los S/ 443 millones y que también contempla recursos para el Ministerio de Defensa. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 157-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y establece de manera específica el destino que deberán tener los fondos transferidos desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Gobierno destina S/ 277 millones al pago de pensiones militares y policiales

La transferencia aprobada para el Ministerio del Interior asciende exactamente a S/ 277 537 379. Estos recursos serán destinados de manera exclusiva a la Caja de Pensiones Militar Policial, entidad encargada de administrar las prestaciones previsionales correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encuentran en situación de retiro.

Según la disposición publicada este 9 de agosto, el dinero permitirá financiar las obligaciones previsionales correspondientes al Año Fiscal 2026. La transferencia se realiza en cumplimiento del numeral 65.2 del artículo 65 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El monto asignado al Mininter forma parte de una transferencia presupuestal conjunta de S/ 443 597 223, autorizada por el Ejecutivo con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La partida restante será entregada al Ministerio de Defensa para atender las obligaciones que corresponden a dicho sector.

De acuerdo con el decreto supremo, el Ministerio de Defensa recibirá S/ 166 059 844, mientras que el Mininter concentrará S/ 277 537 379. De esta manera, ambos sectores contarán con recursos adicionales destinados a cumplir con las obligaciones previsionales vinculadas a la Caja de Pensiones Militar Policial.

La norma establece además que el dinero transferido no podrá utilizarse para otros objetivos distintos a los señalados en la autorización presupuestal. Esto significa que los S/ 277 millones asignados al Ministerio del Interior deberán ser dirigidos exclusivamente al financiamiento de las obligaciones previsionales de la entidad.

¿Cómo se distribuirán los más de S/ 443 millones autorizados?

La medida contempla una asignación diferenciada entre las dos instituciones responsables de canalizar los recursos hacia la Caja de Pensiones Militar Policial. El mayor monto corresponde al Ministerio del Interior, con más de S/ 277 millones, mientras que el Ministerio de Defensa recibirá más de S/ 166 millones.

• Ministerio del Interior (Mininter): S/ 277 537 379.
• Ministerio de Defensa (Mindef): S/ 166 059 844.
• Total transferido: S/ 443 597 223

La operación se ejecuta a partir de los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, mecanismo presupuestal que permite financiar determinadas necesidades durante el ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

En el caso del Mininter, la transferencia tiene un propósito específico: permitir que los recursos lleguen a la Caja de Pensiones Militar Policial para cubrir las obligaciones previsionales que corresponden al año 2026. El decreto no contempla que estos fondos puedan ser utilizados para otros gastos del sector.

Asimismo, la norma asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de realizar el seguimiento y la verificación del uso de los recursos. Esta disposición busca garantizar que el dinero sea empleado de acuerdo con la finalidad para la cual fue aprobado.

La transferencia se produce en el marco de las obligaciones presupuestarias que el Estado debe atender para garantizar el pago de las prestaciones previsionales de quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El financiamiento aprobado para este ejercicio fiscal permitirá cubrir las obligaciones a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial conforme al marco presupuestario establecido para 2026.

El Decreto Supremo N.° 157-2026-EF precisa las condiciones de la operación y establece las responsabilidades de las entidades involucradas en la ejecución de los recursos. Con ello, el Gobierno formalizó la transferencia que permitirá financiar las obligaciones previsionales previstas para este año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que obtuvo la vinculación a proceso de César Adrián “N”, alias “El Cachimbo”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de un elemento del Ejército Mexicano, hechos que habrían ocurrido en el municipio de Tecuala.

De acuerdo con la institución, un Juez de Control resolvió iniciar el proceso penal luego de valorar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable participación del imputado en la privación ilegal de la libertad de la víctima.

Como parte de la resolución judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que el acusado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones.

La investigación se centra en un secuestro ocurrido en Tecuala

Según la información difundida por la Fiscalía estatal, la carpeta de investigación señala que César Adrián “N” es investigado por hechos relacionados con el secuestro de un integrante de las Fuerzas Armadas ocurrido en el municipio de Tecuala, ubicado al norte del estado de Nayarit.

La dependencia explicó que, derivado de las investigaciones ministeriales, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, la cual fue cumplimentada por las autoridades.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó la fecha en que ocurrió la privación de la libertad ni cuándo fue ejecutada la orden de captura contra el imputado.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el secuestro, el estado de salud de la víctima o si hubo más personas involucradas en los hechos.

Tres meses para fortalecer la investigación

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público solicitó que el proceso continuara con el imputado privado de la libertad, petición que fue respaldada por el juez al considerar la naturaleza del delito y los elementos expuestos durante la diligencia.

Además de confirmar la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese periodo, el Ministerio Público continuará con la integración de pruebas, entrevistas, peritajes y demás diligencias necesarias para fortalecer la carpeta de investigación y, en su momento, determinar si existen los elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

La Fiscalía subrayó que todas las actuaciones se desarrollarán con apego al debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

Sin mayores detalles sobre el caso

A diferencia de otros procesos penales de alto impacto, la Fiscalía de Nayarit mantuvo bajo reserva diversos aspectos relacionados con la investigación.

En el comunicado oficial no se informó cuándo ocurrió el presunto secuestro, cuánto tiempo permaneció privada de la libertad la víctima ni las condiciones en las que fue localizada.

Asimismo, la dependencia no reveló si el imputado tendría presuntos vínculos con algún grupo delictivo que opere en la región o si existen otras personas investigadas por estos hechos.

Por ahora, el proceso penal continuará en su etapa de investigación complementaria, mientras las autoridades ministeriales reúnen mayores elementos para sustentar la acusación por secuestro agravado contra el presunto responsable.

De confirmarse su responsabilidad mediante una sentencia firme, César Adrián “N” podría enfrentar las sanciones previstas en la legislación penal vigente para este delito. Mientras tanto, continuará interno en un centro penitenciario bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

Ante la pregunta de una periodista, Sheinbaum dijo que no tenían nada que ver con estas dos instituciones, por lo que, hablar de escuelas militarizadas puede llevar a pensar que hay influencias de las fuerzas armadas en las mismas, lo que no es cierto.

“Hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso como fue el caso de Tamaulipas, porque es a partir de ahí que se toma la decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública, entonces, o creo que deba llamarse escuela militarizada, primero, y segundo, el tema de la disciplina, los límites, para las niñas y para los niños, tiene que estar en el marco donde no haya abuso ni haya violencia contra la niñez, porque hay que defender el derecho máximo de la niñez, entonces eso está determinado por la Secretaría de Educación Pública desde la Reforma de Juárez”, señaló Sheinbaum.

Mario Delgado asegura que hay 25 escuelas militarizadas en México

Cabe destacar que el pasado lunes, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que la institución que encabeza ha detectado 25 escuelas particulares con modalidad militarizada en el país, mismas que deberán cerrar o modificar completamente su plan de estudios antes del inicio del próximo ciclo escolar, ya que esta modalidad no está contemplada en la legislación mexicana.

En entrevista con el medio Milenio, Delgado explicó que, tras un diagnóstico nacional realizado en conjunto con las autoridades educativas estatales, se determinó que dichas escuelas operaban bajo un esquema que carece de sustento legal.

“Encontramos algunas escuelas que tenían alguna referencia militar en su nombre, pero en total detectamos 25 escuelas particulares sobre las cuales ya se está procediendo a la clausura o al cambio de su plan de estudios”, dijo.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que no cuenta con escuelas militariazadas de educación básica, por lo que la SEP emitió un oficio a las autoridades estatales para inspeccionar estos planteles y ordenar su clausura o su regularización.

Precisó que las instituciones podrían continuar operando únicamente si eliminan la modalidad militarizada y adecuan sus programas educativos a la normatividad vigente.

“Cuando una escuela solicita autorización para operar, no pide permiso para abrir una escuela militarizada, sino simplemente una escuela; esa modalidad fue incorporada de manera irregular”, señaló Delgado.

Dijo que el objetivo era garantizar que ningún estudiante vea interrumpida su trayectoria escolar, por lo que, adelantó, las autoridades acompañarán a las familias para facilitar la revalidación de estudios y la entrega de documentos en caso de que algún plantel cierre definitivamente.

Indicó que el plazo para concluir este proceso es hasta el 31 de agosto, fecha en la que inicia el nuevo ciclo escolar, por lo que ese día ya no deberá existir ninguna escuela privada bajo un esquema militarizado.

Guanajuato se niega a cerrar escuelas militarizadas

La Secretaría de Educación de Guanajuato determinó que los más de 3 mil 500 estudiantes que cursan el Bachillerato Bivalente Militarizado continuarán sus estudios con normalidad, al considerar que este modelo público estatal no está incluido en las recientes disposiciones de la SEP.

La postura del gobierno estatal se da luego de que la SEP determinó que no se otorgarán autorizaciones para ofrecer educación básica bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o similares, además de establecer que no se permitirá la operación de escuelas particulares con ese modelo. 

La SEG informó que la decisión se tomó después del análisis de los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio, los cuales concluyen que las disposiciones federales se refieren exclusivamente a educación básica y a instituciones particulares.

Durante la primera semana de agosto, Guatemala se prepara para recibir una de las mayores afluencias de visitantes extranjeros del año. El flujo de turistas proveniente de El Salvador por las vacaciones agostinas genera altas expectativas en sectores clave de la economía, especialmente en turismo, transporte y comercio local. Las autoridades calculan que cerca de 78 mil salvadoreños cruzarán la frontera para vacacionar en destinos nacionales, lo que representa una oportunidad de dinamización económica significativa para el país.

El periodo de asueto en El Salvador, motivado por las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo, provoca cada año un movimiento masivo de personas hacia Guatemala. Según información publicada desde el primer día de agosto se observa un aumento en el tránsito por la frontera de Valle Nuevo, uno de los principales puntos de acceso terrestre. Este fenómeno impulsa la demanda de servicios turísticos, hospedaje, gastronomía y transporte, sectores que han desarrollado ofertas especiales para captar la atención de los visitantes.

La llegada de turistas coincide con la implementación de operativos de seguridad en los pasos fronterizos. El Ejército de Guatemala y otras instituciones nacionales han desplegado patrullajes preventivos, controles territoriales y puntos de vigilancia para garantizar el ingreso ordenado de los viajeros. Estas acciones buscan ofrecer confianza a los turistas y fomentar el consumo en los mercados locales, que dependen en gran medida de la afluencia de extranjeros durante temporadas altas.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) estima que el derrame económica generada por los visitantes salvadoreños puede superar cifras alcanzadas en años previos, dado el incremento del turismo regional tras el levantamiento de restricciones sanitarias. El gasto promedio de los turistas salvadoreños se distribuye principalmente en alojamiento, alimentación, transporte interno, actividades recreativas y compras de productos locales, lo que beneficia tanto a pequeños negocios como a cadenas hoteleras.

La reactivación del turismo fronterizo también incentiva el empleo temporal. Empresas de transporte, agencias de viajes, guías turísticos y emprendimientos familiares reportan un alza en la contratación de personal durante la semana de celebraciones. Además, la presencia masiva de turistas favorece la comercialización de artesanías, productos típicos y servicios vinculados al entretenimiento.

Las autoridades guatemaltecas han reforzado la información dirigida a los viajeros. Desde la oficina de Asistencia Turística se recomienda planificar rutas, llevar la documentación adecuada y consultar fuentes oficiales sobre el estado de las carreteras. El número telefónico PBX 1500 está disponible para consultas y emergencias durante la estancia de los salvadoreños en el país, un recurso que facilita la atención inmediata y fortalece la percepción de seguridad.

El impacto económico de la llegada de turistas salvadoreños trasciende las cifras inmediatas. La visibilidad que adquieren los destinos guatemaltecos durante las vacaciones agostinas contribuye a posicionar al país como un lugar atractivo para el turismo regional, lo que puede traducirse en futuras visitas y acuerdos comerciales. Para el sector privado y las comunidades receptoras, la temporada representa una ocasión estratégica para fortalecer vínculos comerciales y consolidar relaciones con un mercado recurrente.

La dinámica de los primeros días de agosto muestra una estructura económica adaptada a la temporalidad, con inversiones focalizadas en mejorar la infraestructura turística y optimizar la atención al visitante. El esfuerzo coordinado entre entidades públicas y privadas busca capitalizar al máximo los beneficios derivados de la movilidad regional, en un contexto donde la competencia por captar turistas centroamericanos se ha intensificado.

Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron un arma larga tipo AK-47, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un chaleco táctico y retiraron cinco cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió mientras personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la comunidad como parte de las acciones coordinadas para inhibir la presencia de grupos delictivos.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron diversos objetos abandonados a un costado de una vialidad. Al aproximarse para inspeccionar el área, confirmaron que se trataba de un arma de fuego de alto poder y equipo táctico, por lo que procedieron a asegurar el sitio.

Aseguran armamento y equipo táctico

Tras la revisión del lugar, las autoridades localizaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, cinco cargadores para arma larga, 150 cartuchos útiles del mismo calibre y un chaleco táctico en el que se encontraban colocados los cargadores abastecidos.

Además del armamento, el personal de la BOI detectó la existencia de cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de la zona.

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener vigilancia sobre los accesos a determinadas comunidades, una práctica conocida como “halconeo”, por lo que las cámaras fueron desmontadas y aseguradas.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si está relacionado con alguna organización delictiva que opere en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante este operativo, ya que los objetos fueron encontrados abandonados.

La violencia continúa en distintos puntos de Sinaloa

El aseguramiento en Navolato ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados en otras zonas del estado. Horas antes, un hombre fue asesinado a balazos en una zona de invasiones ubicada en el fraccionamiento La Providencia, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Isaías “N”, de 49 años de edad, vecino de la colonia Los Huizaches. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó a una choza construida con láminas, madera y material reciclable, donde abrió fuego en su contra.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre la avenida San Jorge y Santa Rita, a espaldas del Mercado Humberto Gómez Campaña y a pocos metros del Mercado de Abastos.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja únicamente corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante las diligencias, peritos localizaron y aseguraron varios casquillos para armas de grueso calibre que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer las características de los responsables ni se reportan personas detenidas por este homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del lugar, el inmueble donde ocurrió el ataque ya había sido escenario de otro hecho violento el pasado 9 de mayo, cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en ese mismo sitio, lo que refleja la persistencia de la violencia en distintos sectores de la capital sinaloense mientras continúan los operativos de seguridad en municipios como Navolato.

El aseguramiento de un rancho presuntamente utilizado por el crimen organizado para el reclutamiento de personas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, volvió a poner bajo los reflectores una de las modalidades que más preocupa a las autoridades en Jalisco: la captación de víctimas mediante falsas ofertas de trabajo, muchas de ellas con origen en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.

Durante un operativo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un predio de aproximadamente 30 hectáreas, donde fueron detenidos seis hombres, además del decomiso de armas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y diversos objetos que ahora forman parte de una carpeta de investigación.

Aunque las autoridades no han informado qué organización criminal operaba el inmueble, el caso ocurre en un contexto en el que las corporaciones de seguridad han advertido sobre el incremento de esquemas de reclutamiento forzado mediante engaños.

Hallan armas, cámaras y objetos utilizados para permanecer en el predio

Durante la inspección del rancho, los militares localizaron armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico, además de artículos que podrían indicar la permanencia de varias personas en el lugar.

Entre los objetos asegurados había cubetas, colchones, colchonetas, una casa de campaña, ropa y sillones, así como diversos vehículos que serán sometidos a peritajes.

Uno de los hallazgos que llamó la atención fue la existencia de varias cámaras de videovigilancia, lo que hace presumir que el inmueble era monitoreado constantemente para controlar los accesos y vigilar los alrededores.

El predio se encuentra en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en el municipio de Zapopan, y tiene como referencia un lienzo charro ubicado en la parte posterior del terreno.

Las investigaciones ahora buscarán determinar si el sitio era utilizado para concentrar, adiestrar o reclutar personas para integrarlas a una organización criminal.

La Nueva Central Camionera, punto de captación mediante engaños

El aseguramiento del rancho coincide con la alerta que mantienen las autoridades sobre la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, considerada uno de los principales puntos donde grupos delictivos captan víctimas mediante supuestas ofertas de empleo.

Apenas el pasado fin de semana, una joven de 22 años fue rescatada por policías municipales antes de acudir a una entrevista laboral que presentaba diversas irregularidades.

La mujer relató a los oficiales que había sido citada por un supuesto empleador, pero comenzó a desconfiar después de que su madre le advirtiera sobre inconsistencias en la oferta, como la falta de información sobre la empresa, el tipo de trabajo y el horario inusual de la entrevista.

Tras escuchar su testimonio, los policías determinaron que existían indicios de un posible intento de reclutamiento mediante engaños y decidieron resguardarla para evitar que acudiera al encuentro.

Van 87 personas rescatadas en año y medio

De acuerdo con la Policía de Tlaquepaque, 87 personas han sido auxiliadas durante el último año y medio tras acudir a la Nueva Central Camionera engañadas por falsas vacantes laborales.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes provenientes de distintos estados del país, son atraídas con promesas de empleo bien remunerado, transporte y hospedaje gratuitos. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro descubren que las condiciones ofrecidas no existen o pierden contacto con quienes las citaron.

Las autoridades han advertido que este mecanismo ha sido utilizado por organizaciones criminales para captar personas y obligarlas a integrarse a sus filas.

En ese contexto, el aseguramiento del rancho en Zapopan podría aportar información relevante sobre la operación de estas redes de reclutamiento, por lo que peritos y agentes ministeriales analizarán las armas, vehículos, cámaras de vigilancia y demás indicios encontrados en el inmueble para determinar si existe relación con otros casos denunciados en la entidad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la población a verificar cualquier oferta de empleo, desconfiar de propuestas que prometan altos salarios sin requisitos claros y solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad cuando detecten situaciones sospechosas, especialmente en terminales de transporte donde se han documentado múltiples intentos de captación mediante engaños.

En un operativo militar desarrollado en Florencia (Caquetá), las autoridades capturaron a Jefry Estiven Corredor Quiroga, conocido en el mundo delictivo como alias Marlon Díaz. Él es señalado por las autoridades de ser el tercer cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete, facción del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que lidera “Calarcá”.

La detención se concretó en el sector El Pórtico gracias a una labor de seguimiento e inteligencia militar que se extendió durante 13 meses, pues las unidades del Ejército y la Policía hicieron efectiva la orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones oficiales y que fueron divulgadas por varios medios de comunicación, se ubicó a alias Marlon Díaz como un hombre de entera confianza de alias Calarcá Córdoba dentro de la organización armada. Por esa cercanía, el capturado fue asignado a la jefatura de la comisión Jhoni Guevara, grupo encargado de recolectar el dinero de las actividades ilegales en varios municipios de Caquetá y Huila.

El expediente judicial detalla que el detenido coordinaba el cobro de extorsiones a comerciantes, labores de inteligencia delictiva, actos de proselitismo armado y rutas de narcotráfico. Su radio de acción abarcaba las localidades de El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, razones por las que su foto aparecía en el cartel de los más buscados de la región.

Inteligencia militar también vincula al procesado con episodios de violencia directa contra la población y líderes del departamento. Entre las líneas de investigación se analiza su presunta responsabilidad en la masacre de cinco personas ocurrida en 2024 en la vereda El Recreo, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico.

Según las pesquisas adelantadas por las autoridades, alias Marlon Díaz habría ejercido constantes presiones contra el sector público y privado en el sur del país, información que fue recopilada durante la investigación que permitió su captura.

El “auditor” del crimen: su rol dentro de las disidencias

Conocido con el alias de “Marlon Díaz”, Corredor escaló dentro del organigrama del Estado Mayor Conjunto disidente hasta posicionarse como el tercer cabecilla financiero de la estructura Rodrigo Cadete, una de las facciones más influyentes de lo que se conoce como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf).

A diferencia de los jefes militares de las antiguas Farc-EP, que basaban su poder en el número de hombres armados, el poder de alias Marlon Díaz se midió en números, citaciones obligatorias y millones de pesos mensuales arrebatados a la economía formal del departamento del Caquetá y zonas limítrofes con el Huila.

Dentro del engranaje del Bloque Jorge Suárez Briceño —alineado bajo la jefatura de alias Calarcá—, las disidencias dividen sus funciones estrictamente entre la confrontación armada y la captura de rentas ilícitas. Alias Marlon Díaz fue asignado a la Comisión ‘Jhoni Guevara’, un brazo especializado en el asedio económico a la población civil.

Como tercer cabecilla financiero, su responsabilidad directa era coordinar el cobro sistemático de extorsiones o las mal llamadas “vacunas”. Fuentes de inteligencia y testimonios de víctimas en la región coinciden en que su modo de operar destacaba por una logística fría y fría premeditación:

• Sistemática censo de rentas: Corredor recopilaba información detallada de comerciantes, ganaderos, transportadores y pequeños empresarios de municipios caqueteños como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y zonas rurales del Huila. Conocía los márgenes de producción, las cabezas de ganado poseídas o las rutas de distribución.
• Mecanismos de constreñimiento: A través de panfletos firmados y mensajes directos, las víctimas eran citadas en puntos remotos de la manigua. Quien se negaba a asistir o a pagar la tarifa fijada arbitrariamente por su comisión sufría represalias que iban desde la quema de vehículos y cierre forzado de locales hasta el atentado físico o el desplazamiento forzado.
• Sostenimiento del brazo armado: Los caudales de dinero recolectados bajo la batuta de “Marlon Díaz” no solo financiaban su propia comisión, sino que servían para el abastecimiento de material de guerra, equipos de comunicación y logística de la estructura matriz ‘Rodrigo Cadete’.

El incremento en las denuncias por extorsión y el constreñimiento armado llevaron a las autoridades del departamento de Caquetá a priorizar la neutralización de la línea financiera de la estructura Rodrigo Cadete, tal como se ve en una publicación de la Alcaldía en sus redes sociales, en la que lo señalaban directamente a él y otros criminales.

Jefry Estiven Corredor fue incluido oficialmente en el cartel de los más buscados de la región, con órdenes de captura vigentes por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación y porte de armas de fuego y constreñimiento ilegal.

El gobernador con licencia del estado norteño de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y al que pertenece la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, presuntamente fue captado bailando en una reunión social.

En un video que circula en redes sociales, se ve al político morenista bailando con una mujer una canción de banda. La publicación original la difundió un medio Revista Contacto en su cuenta de la red social X. El video, de acuerdo con la propia publicación, fue grabado el pasado viernes 24 de julio.

Según el medio, el video fue grabado en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, y pobladores del lugar habrían reportado que el sitio era resguardado por militares y en el festejo realizaban una carne asada.

Badiraguato, el lugar en el que presuntamente se grabó el video, es conocido como “La cuna del narco”, pues de ese poblado son originarios algunos de los narcotraficantes más peligrosos de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, o los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la publicación, el hecho ocurrió en los límites del municipio mencionado con el municipio de Mocorito.

Rocha Moya es acusado de narcoitráfico y de proteger a Los Chapitos en EEUU

Rubén Rocha Moya pidió licencia de su cargo luego de que a finales del pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente, con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Dicha facción es encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ambos de apellido Guzmán, quienes son hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y quien cumple una condena de cadena perpetua.

Los Chapitos mantienen una disputa con la facción de La Mayiza, del mismo cártel, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García desde el 9 de septiembre de 2024, luego de que en julio de ese mismo año, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, lo secuestrara y llevara a base de engaños a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades de ese país. Guzmán López también se entregó.

Acusan que Rocha Moya tiene un grupo de militares cuidándolo; Gabinete de Seguridad desmiente la información

El pasado viernes se dio a conocer que, presuntamente, un dispositivo militar cuidaba del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, información que fue desmentida por el Gabinete de Seguridad por medio de un comunicado.

Según información oficial, una camioneta Jeep Grand Cherokee que fue captada en un video, mismo que se difundió en redes sociales, se encontraba trasladando al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López, y no a Rocha Moya, como se señaló.

El video circuló en un contexto de alta atención pública sobre Rocha Moya, pues luego de la acusación formal de Estados Unidos de conspiración para el tráfico de drogas a Estados Unidos y de proteger a Los Chapitos, y de que solicitó licencia de su cargo, han circulado versiones extraoficiales de que cuenta con protección federal, lo que ha sido desmentido por el Gobierno de México.

El Gabinete de Seguridad precisó que las imágenes fueron captadas el 23 de julio al concluir su reunión, durante el traslado de Téllez López del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar. El dispositivo formó parte del esquema de seguridad asignado al secretario, no al gobernador con licencia.

La dependencia calificó la información de falsa e hizo un llamado a verificarla antes de compartirla.

El periodista Luis Cárdenas había difundido las imágenes en redes sociales y describió a Rocha Moya desplazándose con un convoy integrado por vehículos del Ejército Mexicano y una camioneta de apoyo. Cárdenas señaló que el video circuló después de que el Gobierno federal asegurara que el mandatario no cuenta con escoltas asignados de manera permanente.

La revista Contacto también difundió el video desde el 23 de julio y describió a Rocha Moya “escoltado por una RAM blanca y dos ‘rápidas’ del Ejército Mexicano“. La publicación acompañó las imágenes con la pregunta: “¿A qué le teme Rocha Moya?”.

Andrew Arrabaca, un exsoldado de 43 años, fue arrestado tras provocar un incendio y detonar fuegos artificiales en la entrada de la sede que alberga oficinas de ICE y tribunales de inmigración, en un hecho calificado por el FBI como un acto de extremismo antigubernamental y antiestadounidense.

El ataque: planificación y ejecución

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Arrabaca comenzó a planear el atentado meses antes. La fiscal federal Samantha Fry afirmó que, desde enero, el acusado evaluó posibles blancos en la ciudad y adquirió armas y fuegos artificiales en distintos estados, incluyendo Nueva York y Pensilvania.

La madrugada anterior al ataque pernoctó en las calles del Bajo Manhattan, según información recogida por Reuters y ABC News.

La mañana del lunes 20 de julio, Arrabaca llegó a las inmediaciones del 26 Federal Plaza con un carrito que llevaba un cartel con la consigna “ICE Off Our Streets” y varios objetos peligrosos: dos hachas, un machete, tres cuchillos, una pistola de balines, martillo y artefactos incendiarios.

El FBI aseguró que el atacante vertió un balde grande de líquido inflamable frente a la entrada de empleados y, acto seguido, prendió fuego y arrojó fuegos artificiales sobre las llamas. En paralelo, disparó la pistola de balines en dirección a la calle y a los presentes.

Testigos y videos publicados en medios como NBC News muestran el momento en que las llamas y el humo se esparcen rápidamente, mientras Arrabaca grita consignas contra ICE.

La policía y agentes federales lograron reducirlo en el lugar, aunque la secuencia dejó tres heridos leves: dos empleados federales y un civil, este último inmigrante que aguardaba por una audiencia migratoria. Además, el ataque forzó la suspensión de ceremonias y trámites judiciales dentro del edificio.

Motivaciones, perfil y antecedentes

El FBI, a través de su director adjunto en Nueva York, James Barnacle, definió a Arrabaca como un “extremista antiestadounidense y antigubernamental”.

Durante el arresto, el acusado habría gritado insultos y frases hostiles contra la agencia de inmigración. Según la fiscal Fry, existió una clara intención de provocar daño en un punto de alta concurrencia, ya que Arrabaca seleccionó la entrada más transitada del edificio con el objetivo de maximizar el impacto.

El exsoldado sirvió en el Ejército estadounidense entre 2001 y 2005, donde se desempeñó como mecánico en sistemas de misiles Patriot.

Tras dejar el servicio militar, según información oficial, residía en Harlem. Las autoridades confirmaron que Arrabaca portaba literatura contra ICE y había sido identificado previamente por su activismo contrario a las políticas migratorias.

La defensa, encabezada por la abogada Jennifer Brown, sostuvo ante la jueza Robyn Tarnofsky que en el casco utilizado por el acusado durante el ataque se hallaron frases que apuntaban a tendencias suicidas, sugiriendo la existencia de problemas de salud mental.

La magistrada reconoció la probabilidad de que una afección mental haya influido en la conducta, pero expresó dudas sobre la disposición de Arrabaca a cumplir un tratamiento psiquiátrico, recordando que había tenido acceso a servicios antes del atentado y no los utilizó.

Consecuencias judiciales y reacción institucional

Durante la audiencia, la jueza Tarnofsky negó la libertad bajo fianza y dispuso que Arrabaca permanezca bajo custodia, además de requerir que se le brinde atención psicológica en el sistema penitenciario federal.

El acusado no presentó declaración de culpabilidad y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 4 de agosto.

Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional calificó el hecho como “profundamente perturbador” y celebró la rápida intervención de la policía y los bomberos, que impidieron una tragedia mayor.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, manifestó alivio porque no se registraron víctimas fatales y recalcó la importancia de reforzar la seguridad en edificios federales, sobre todo en el actual contexto de polarización política.

El caso de Andrew Arrabaca reavivó el debate sobre el alcance de los discursos radicales, los riesgos de la violencia política y la capacidad del Estado para detectar y prevenir este tipo de acciones antes de que se concreten.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se encuentran en un proceso de modernización de sus capacidades militares, y uno de los proyectos más importantes está enfocado en renovar la flota blindada del Ejército de Perú. En diciembre de 2025, se formalizó el programa para la adquisición de tanques de guerra K2 Black Panther, fabricados por la empresa surcoreana Hyundai Rotem, con el objetivo de reemplazar progresivamente a los antiguos tanques soviéticos T-55 que durante décadas fueron parte del poder acorazado peruano.

El acuerdo contempla la compra de 54 unidades K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808-PE, dentro de un programa valorizado aproximadamente entre US$ 1.400 millones y US$ 1.800 millones. Según la información del programa Perú-Corea, la adquisición incluye transferencia tecnológica y participación de la empresa estatal FAME, con miras a fortalecer las capacidades industriales vinculadas al mantenimiento y producción militar.

Frente a esta incorporación, surge la inevitable comparación con los Leopard 2A4CHL de Chile, considerados una de las plataformas blindadas más avanzadas de Sudamérica. Ambos pertenecen a la categoría de carros principales de batalla, tienen pesos similares y cuentan con motores de aproximadamente 1.500 caballos de fuerza, aunque fueron desarrollados bajo conceptos tecnológicos diferentes.

Perú se renueva con los K2 Black Panther

El K2 Black Panther fue diseñado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur (ADD) y fabricado por Hyundai Rotem. El tanque entró en servicio en 2014 y fue desarrollado como una plataforma de nueva generación, con sistemas electrónicos avanzados, alta movilidad y capacidad para operar en escenarios de guerra moderna.

Según Hyundai Rotem, el K2 incorpora un sistema de combate digitalizado que integra sensores, computadora balística, visor panorámico independiente para el comandante y sistemas de seguimiento de objetivos. Además, cuenta con una arquitectura preparada para operaciones conectadas en red, permitiendo compartir información táctica durante una misión.

Leopard 2A4CHL: principal tanque de Chile

Chile incorporó los Leopard 2A4CHL como parte de un proceso de modernización iniciado a mediados de la década del 2000. En 2006, el país firmó un contrato con Alemania para adquirir inicialmente 140 unidades, que fueron entregadas entre 2007 y 2009. Posteriormente, la flota aumentó hasta aproximadamente 172 tanques.

Según la información del programa chileno, estos vehículos fueron adaptados para operar en las condiciones geográficas del país, incluyendo zonas desérticas y sectores ubicados a gran altitud. Entre las modificaciones realizadas destacan mejoras en comunicaciones, sistemas de apoyo y ajustes del motor para operar a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.

El mantenimiento de los Leopard 2A4CHL está a cargo de FAMAE, institución que desarrolla labores de soporte técnico desde 2014. Además, Chile inició procesos de modernización para parte de su flota, incluyendo la incorporación de nuevos sistemas electrónicos y la actualización de algunos cañones al estándar L/55.

K2 Black Panther: mayor poder de fuego

Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos tanques está en su armamento principal. El K2 Black Panther utiliza un cañón liso 120 mm L/55, mientras que el Leopard 2A4CHL emplea originalmente un cañón Rheinmetall 120 mm L/44.

Según las especificaciones técnicas del K2, su cañón más largo permite generar una mayor energía de boca, lo que mejora su capacidad para enfrentar blindajes modernos a mayores distancias. Además, incorpora un cargador automático que permite una cadencia aproximada de 10 disparos por minuto.

Las principales diferencias en armamento son:

• K2 Black Panther
• • Cañón CN08 de 120 mm L/55.
  • Cargador automático.
  • Aproximadamente 40 proyectiles a bordo.
  • Capacidad para emplear municiones avanzadas y el misil KSTAM-II.
• Leopard 2A4CHL
• • Cañón Rheinmetall de 120 mm L/44.
  • Cargador manual.
  • 42 proyectiles a bordo.
  • Uso de municiones APFSDS, HEAT y proyectiles explosivos.

Armamento secundario: ¿cuál está mejor equipado?

Además de su cañón principal de 120 mm, los tanques K2 Black Panther y Leopard 2A4CHL cuentan con armamento secundario diseñado para enfrentar amenazas cercanas, proteger a la tripulación y aumentar su capacidad de combate en distintos escenarios. El blindado surcoreano incorpora una ametralladora coaxial de 7,62 mm instalada junto al cañón principal, utilizada contra infantería, vehículos ligeros y objetivos no blindados. También puede integrar una ametralladora pesada de 12,7 mm sobre la torre, destinada principalmente a defensa contra blancos terrestres ligeros y amenazas aéreas de baja altura. Además, algunas configuraciones del K2 pueden incorporar una estación de armas remota que permite operar la ametralladora desde el interior del vehículo, reduciendo la exposición del comandante.

Por su parte, el Leopard 2A4CHL del Ejército de Chile mantiene la configuración tradicional de la familia Leopard 2 con una ametralladora coaxial MG3 de 7,62 mm junto al cañón y otra ametralladora del mismo calibre montada sobre la torre para defensa cercana. Su sistema defensivo también incluye lanzadores de granadas de humo Wegmann, que permiten generar cortinas de ocultamiento para dificultar la detección y el ataque enemigo. Aunque ambos tanques poseen capacidades similares en armamento auxiliar, el K2 presenta una ventaja tecnológica al permitir sistemas de operación remota y una mayor integración electrónica, mientras que el Leopard 2A4CHL destaca por la fiabilidad y amplia experiencia operacional de su plataforma alemana.

Protección y movilidad: características de los tanques

En protección, ambos vehículos cuentan con blindaje compuesto diseñado para resistir municiones modernas. El Leopard 2A4CHL utiliza una estructura multicapa desarrollada en Alemania, mientras que el K2 incorpora materiales avanzados y módulos de protección adicionales.

El Black Panther dispone de sistemas de alerta y sensores electrónicos, además de una arquitectura preparada para incorporar sistemas de protección activa en futuras versiones. El Leopard, por su parte, mantiene una protección sólida basada en el diseño alemán y sus posteriores actualizaciones.

En movilidad, los dos tanques presentan características similares:

• El K2 pesa entre 55 y 56 toneladas, tiene un motor de aproximadamente 1.500 CV y alcanza unos 70 km/h.
• El Leopard 2A4CHL pesa cerca de 55 toneladas, utiliza un motor MTU de 1.500 CV y puede alcanzar unos 72 km/h.

La principal diferencia está en la suspensión. El K2 cuenta con un sistema hidroneumático ajustable que permite modificar la posición del vehículo según el terreno, mientras que el Leopard emplea una suspensión tradicional con barras de torsión. Sin embargo, el tanque chileno ofrece una mayor autonomía, cercana a los 550 kilómetros frente a los aproximadamente 450 kilómetros del Panther.

Tecnología y costos: dos estrategias blindadas

El K2 Black Panther fue diseñado como un tanque de nueva generación con una arquitectura completamente digital, incorporando sensores avanzados, sistemas de comunicación táctica y capacidad de intercambio de información en tiempo real. Entre sus principales tecnologías destacan el radar de alta frecuencia, cámaras térmicas, sistemas automatizados de seguimiento de objetivos y herramientas que mejoran la detección y respuesta frente a amenazas en el campo de batalla.

El Leopard 2A4CHL, pese a pertenecer a una generación anterior, conserva un alto nivel operativo gracias a las actualizaciones aplicadas por Chile. Su sistema de control de tiro EMES-15, cámaras térmicas y equipos de comunicación digital permiten mantener una elevada precisión en combates diurnos y nocturnos, aunque su diseño original no incorpora el mismo nivel de automatización que el tanque surcoreano.

En el aspecto económico, Perú afrontará una inversión mayor debido a la adquisición de una plataforma nueva que incluye tecnología moderna, soporte logístico y transferencia tecnológica. El costo estimado del programa se ubica entre US$ 26 millones y US$ 33 millones por unidad, considerando el paquete integral. Chile, por su parte, compró sus Leopard 2A4 de segunda mano a Alemania durante la década del 2000 a un precio inicial considerablemente menor y posteriormente destinó recursos para su mantenimiento, repuestos y procesos de modernización.

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que la gestión de Rosario Piedra Ibarra como tirular de la Comisión Nacionald de Derechos Humanos (CNDH) ha estado marcada por la omisión, negligencia y el encubrimiento institucional.

Esto, particularmente en la crisis nacional de personas desaparecidas y por la reciente exoneración a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, la legisladora señaló que la exoneración de militares en desconoce por completo el informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el reporte de Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del 2018 al 2023, los cuales muestran pruebas de un miembro del Ejército infiltrado en la Normal Isidro Burgos.

“Yo quiero mostrarle a Rosario Piedra Ibarra y a la ciudadanía documentos exhibidos hace apenas unas horas por Alejandro Encinas, quien estuvo a cargo de este caso. No lo está inventando ninguna oposición ni ningún adversario político.

“En esos documentos se acredita que Julio César López Patolzin estaba infiltrado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa como parte de un órgano de inteligencia del Ejército mexicano”, indicó.

Por ello, Ballesteros reiteró su exigencia para la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la CNDH.

Asimismo la legisladora por MC mencionó que presentó una iniciativa para que ningún militante de un partido político pueda ser electo presidente o presidenta de la CNDH, al ser un espacio de defensoría, no un cargo para políticos corruptos, ni militantes partidistas, y debe recuperarse para la ciudadanía, dijo.

También reiteró que continúa la ruta legal para iniciar juicio político contra la ombudsperson por las omisiones sistemáticas que han debilitado la autonomía de la Comisión

“Así como hoy exigimos la renuncia inmediata e irrevocable de Rosario Piedra Ibarra, también seguiremos impulsando desde la Cámara de Diputados el juicio político en su contra, porque tiene que rendir cuentas. No basta con que renuncie”.

La emecista colocó un contador numérico que pone en evidencia a la omisión y complicidad de la Cámara de Diputado al negar la instalación del subcomité técnico que debe analizar su viabilidad de juicio político, ya que a la fecha son 82 días sin respuesta a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Son 82 días de negligencia, de solapamiento y de complicidad institucional. Nosotros no lo avalamos y vamos a seguir exigiendo justicia. Dejaremos este contador en la sala de prensa durante esta semana y actualizaremos diariamente la cifra para después colocarlo en un lugar visible de la Cámara de Diputados”, finalizó.

CNDH libra al Ejército del caso Ayotzinapa

El viernes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desacreditó los informes del GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al afirmar que no existen pruebas para culpar al Ejército.

En un comunicadio, la CNDH sostuvo que la narrativa llamada “Anti-Verdad Histórica” responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas y desvía el eje de la investigación que comenzó hace más de diez años.

En la recomendación 208VG/2026, la CNDH señaló que esta versión, alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, carece de evidencia objetiva que acredite la participación militar en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

El organismo señaló antecedentes históricos de represión por parte del Ejército en décadas anteriores, pero precisa que para el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno de los puntos más polémicos es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que de los 875 folios enlistados por los familiares, sólo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI.

La CNDH afirma que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido usada para sostener especulaciones no comprobadas.

El organismo también reconoció violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes y deficiencias en las investigaciones, recomendando inscribir a las víctimas en el RENAVI y garantizar atención médica y psicológica gratuita.

Además, exige retirar narrativas que revictimicen a los normalistas y fortalecer las escuelas normales rurales.

De acuerdo con fuentes al interior de la Fiscalía, los elementos acudieron al inmueble para cumplimentar una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por los ataques registrados durante los últimos meses contra automovilistas que transitaban por la Vía Atlixcáyotl. Sin embargo, al momento de ejecutar el mandato judicial, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

El operativo contó con el respaldo de elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias dentro del inmueble. La fuerte movilización de corporaciones de seguridad y las detonaciones de arma de fuego generaron alarma entre los habitantes del exclusivo fraccionamiento, cuyo acceso fue restringido durante varias horas.

Tras controlar la situación, las autoridades lograron capturar a Rafael N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe oficialmente los delitos que se le imputarán y dé a conocer mayores detalles sobre la investigación.

Lo relacionan con al menos 10 ataques contra automovilistas

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Rafael N. estaría relacionado con al menos 10 ataques armados ocurridos en distintos días y puntos de la Vía Atlixcáyotl, una de las principales arterias de la zona metropolitana de Puebla.

Como parte de las indagatorias, peritos realizaron reconstrucciones de los hechos, análisis balísticos y estudios sobre la trayectoria de los proyectiles para establecer desde dónde fueron realizados los disparos y confirmar el patrón de las agresiones.

La serie de ataques generó preocupación entre miles de automovilistas debido a que los disparos parecían ocurrir de manera aleatoria mientras las víctimas circulaban por la vialidad.

La captura ocurre días después del ataque número 12

La detención se produce apenas unos días después de que un conductor denunciara un nuevo ataque ocurrido durante la madrugada del 9 de julio, considerado el caso número 12 atribuido al presunto Tirador de la Atlixcáyotl.

Juan Michel relató que circulaba entre las 2:00 y las 2:30 de la madrugada con dirección a Tlaxcalancingo, a la altura del Tecnológico de Monterrey, cuando escuchó una fuerte detonación. Instantes después descubrió que la puerta del copiloto de su Volkswagen Pointer había recibido un impacto.

El automovilista aseguró que permaneció más de diez minutos en la zona esperando el arribo de alguna patrulla para reportar el incidente; sin embargo, dijo que no encontró presencia policiaca. Fue hasta la mañana siguiente cuando confirmó los daños en su vehículo y anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

“Ya no se me hace justo que el chavo a cada rato esté balaceando autos”, declaró entonces el conductor.

Ese ataque ocurrió pocas horas después de que el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informara que las labores de inteligencia habían permitido identificar plenamente al presunto responsable y que toda la información ya había sido entregada a la Fiscalía para solicitar la orden de aprehensión.

La investigación apuntaba a un solo responsable

Desde semanas atrás, la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que todos los ataques registrados durante aproximadamente siete meses habrían sido cometidos por una sola persona, sin participación de cómplices.

Hasta finales de junio, la entonces investigación contabilizaba 11 hechos sustentados mediante denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios. Inicialmente se habían abierto siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones, aunque posteriormente se agregaron nuevos casos.

Incluso, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban a un supuesto estudiante universitario como posible responsable, luego de difundirse videos donde un joven presuntamente realizaba detonaciones desde un departamento de la Torre Nducha. No obstante, las autoridades evitaron confirmar públicamente la identidad del sospechoso para no comprometer las investigaciones.

El caso que conmocionó a Puebla: un niño de ocho años herido

Uno de los episodios más graves atribuidos al presunto Tirador de la Atlixcáyotl ocurrió en enero, cuando Jesús Elías, un niño de ocho años, resultó herido por una bala mientras viajaba con su madre y su hermano después de salir de la escuela.

La familia circulaba por el Periférico Ecológico cuando ocurrió la agresión. La madre llevó de inmediato al menor a un hospital, donde los médicos determinaron que el proyectil había quedado incrustado en el hueso de la mandíbula, por lo que optaron por no retirarlo debido al riesgo que implicaba la cirugía.

Ese caso incrementó la presión sobre las autoridades para localizar al responsable de los disparos, ya que evidenció el peligro que representaban los ataques para la población.

Con la captura de Rafael N., la Fiscalía buscará esclarecer si efectivamente fue el responsable de la cadena de agresiones que mantuvo en alerta a los automovilistas poblanos y que, además de causar daños materiales, dejó personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluirá un ejercicio de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos carreteros, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación institucional ante escenarios de emergencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el ejercicio comenzará a las 13:00 horas y será organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante el simulacro se desplegarán unidades policiales, cuerpos de emergencia y personal operativo en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que las autoridades advirtieron que la presencia de estos elementos será mayor a la habitual.

La Fiscalía estatal subrayó que se trata de un ejercicio preventivo y que no representa ningún riesgo para la población, por lo que pidió a los habitantes mantener la calma y seguir la información emitida únicamente por canales oficiales.

En el mismo sentido, la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco exhortó a la ciudadanía a no alarmarse ni compartir información falsa durante el desarrollo del operativo, al señalar que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender situaciones de emergencia.

Estas serán las carreteras afectadas

La Policía de Guadalajara informó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en siete accesos carreteros que conectan con la Zona Metropolitana de Guadalajara:

• Carretera a Zacatecas.
• Carretera a Saltillo.
• Carretera a Lagos de Moreno.
• Carretera a La Barca.
• Carretera a Chapala.
• Carretera a Colima.
• Carretera a Puerto Vallarta.

Las autoridades precisaron que estos puntos fueron seleccionados para poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación operativa ante un escenario hipotético de bloqueos en vías de comunicación.

Piden evitar rumores durante el ejercicio

Ante el despliegue previsto, las autoridades hicieron un llamado a la población para no generar ni difundir información sin verificar, ya que la movilización de vehículos oficiales y personal de seguridad forma parte exclusivamente del simulacro.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantener la calma, consultar únicamente la información difundida por dependencias oficiales y evitar compartir publicaciones que puedan generar confusión o alarma entre la población.

El Gobierno de Jalisco reiteró que este tipo de ejercicios busca evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones participantes y reforzar los mecanismos de coordinación para atender de manera más eficiente posibles contingencias relacionadas con bloqueos carreteros o situaciones de alto impacto.

Narcobloqueos, una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado en Jalisco

El simulacro coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional se realizará en un estado donde los bloqueos carreteros se han convertido en una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado frente a operativos de las fuerzas federales.

El caso más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando un operativo militar contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desencadenó una jornada de violencia con decenas de bloqueos mediante vehículos incendiados en carreteras y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara, además de ataques contra gasolineras, sucursales bancarias y otros establecimientos. La magnitud de los hechos obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en distintos puntos del estado.

Ese episodio evidenció la capacidad de los grupos criminales para afectar las principales vías de comunicación en Jalisco y es uno de los antecedentes que explican la realización de ejercicios como el anunciado para este lunes.

La información oficial fue difundida por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, el 11 de julio de 2026 por medio de su cuenta oficial de X.

El operativo permitió incautar 423 kilos de cocaína y una considerable cantidad de insumos, impidiendo la producción mensual de cerca de tres toneladas de este estupefaciente.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 764 galones de cocaína en solución, así como 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos.

Los datos aportados por la institución destacaron que los elementos hallados en el sitio habrían servido para abastecer los mercados ilegales con más de 1,1 millones de dosis.

La intervención, desarrollada en coordinación con el Ejército Nacional, afectó de manera directa las finanzas de las estructuras criminales, según reportó la Policía Nacional. Se estima que las pérdidas ascienden a 1.740 millones de pesos colombianos, una suma que representa un golpe importante para las redes de tráfico en la región.

El general Rincón Zambrano resaltó la importancia de la acción: “Impedimos que cerca de tres toneladas mensuales llegaran al comercio ilegal”. El alto oficial reiteró que la institución mantiene su compromiso con la lucha antidrogas y la protección de la población.

La institución policial difundió que el laboratorio desmantelado contaba con infraestructura sofisticada para el procesamiento de cocaína, lo que evidencia la capacidad logística de las organizaciones dedicadas a este delito en el suroccidente colombiano.

Por último, la Policía Nacional reafirmó su mensaje a la ciudadanía: “Somos la Policía de los colombianos”. Las operaciones continúan en la región para localizar otros centros de producción y frenar la expansión del narcotráfico en el departamento de Nariño.

Ejército Nacional de Colombia desmanteló laboratorio de cocaína de disidencias de las Farc en Putumayo

La ofensiva estatal contra el narcotráfico en el sur del país sumó un nuevo resultado tras la destrucción de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de San Miguel, Putumayo.

El anuncio fue realizado el 4 de julio de 2026 por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó a través de su perfil oficial en la red X sobre los alcances de la operación.

La intervención, desarrollada por tropas del Ejército Nacional, estuvo dirigida específicamente contra instalaciones administradas por las disidencias armadas de las Farc, según detalló el funcionario.

En su comunicación, Sánchez explicó que los efectivos militares lograron localizar y desmantelar la infraestructura que funcionaba como centro de producción de sustancias ilícitas. “Tropas de nuestro Ejército ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a las disidencias criminales, en zona rural de San Miguel, Putumayo”, puntualizó el ministro.

Durante la acción, las autoridades lograron decomisar 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron insumos químicos y equipos técnicos utilizados para la elaboración del alcaloide, lo que representa un golpe relevante para las finanzas de la organización criminal objetivo.

El Ministerio de Defensa subrayó que la eliminación de este laboratorio afecta de manera directa una de las fuentes principales de financiación de la estructura ilegal.

Pedro Arnulfo Sánchez resaltó la importancia del resultado obtenido: “Esta acción limita la capacidad de las disidencias para financiar el narcotráfico, adquirir armamento y sostener acciones terroristas”.

El titular de Defensa también valoró la labor de los uniformados involucrados en la operación. “Mi reconocimiento a nuestros soldados por esta contundente operación”, expresó.

En el mismo mensaje, reiteró el compromiso institucional de mantener una ofensiva constante contra el crimen organizado: “Seguiremos atacando las finanzas del crimen organizado para proteger la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”.

El ministro cerró su declaración con un llamado a la unidad: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”.

Un operativo conjunto del Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación se desplegó en contra de integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

El ataque aéreo, iniciado en las horas de la mañana del el 11 de julio, tiene como objetivo neutralizar “las capacidades criminales” de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, considerada una de las facciones activas de este grupo armado.

La ofensiva militar se puso en marcha como parte de la estrategia que busca fortalecer las condiciones de seguridad en la región en contra del actuar criminal del grupo al margen de la ley y reforzar la seguridad de la población civil en la región.

Informes publicados por varios medios periodísticos indican que en medio de los bombardeos dos presuntos integrantes habrían sido abatidos; no obstante, el reporte oficial de las autoridades no ha notificado bajas hasta el momento.

La información de las autoridades puntualiza que el operativo en Amalfi correspondió al noveno bombardeo dirigido contra el grupo armado durante la administración de Gustavo Petro que, según las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha sido el grupo armado más impactado por las fuerzas del orden.

Ministro de Defensa asegura que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado más afectado en el Gobierno Petro

De hecho, dijo que las operaciones militares y policiales han permitido capturar o neutralizar a miles de integrantes de estructuras criminales en todo el país, con un énfasis particular en los recientes bombardeos realizados en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con declaraciones recogidas en un video divulgado por el medio radial, Pedro Sánchez señaló que en los últimos cuatro años se han realizado alrededor de 600.000 capturas por delitos diversos, aunque el foco principal se ha dirigido a los llamados grupos armados organizados ilegales.

El ministro precisó: “En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar”.

El Clan del Golfo encabeza la lista de organizaciones más afectadas, representando el 51% de los neutralizados, según los datos de Sánchez. El ministro también mencionó que otros grupos, como el GAO residual, las disidencias dirigidas por alias Mordisco y alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido objeto de operaciones específicas.

Sobre el ELN, Sánchez destacó su responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de treinta mil personas y el confinamiento de otras sesenta mil en la región del Catatumbo.

En cuanto a las tácticas empleadas, el titular de Defensa subrayó la legitimidad de los bombardeos contra blancos considerados lícitos. “Donde más hemos concentrado ha sido en Antioquia, ocho bombardeos de los veinticuatro que hemos desarrollado. Nosotros desarrollamos también, paralelo a estos veinticuatro ataques aéreos, mil seiscientos cincuenta combates. Es lo que tenemos ahora. Quiere decir que cada veinte horas tenemos un combate, pero hemos tenido en estos veinticuatro bombardeos cero daños colaterales”, sostuvo el ministro saliente.

Por su parte, también confirmó el inicio de una investigación oficial tras la difusión de audios que sugieren supuestos acuerdos entre miembros del Gobierno y el Clan del Golfo, conocidos formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes de la consolidación de la mesa de diálogos en septiembre de 2025. El funcionario advirtió que, de comprobarse la veracidad del material, se trataría de un delito grave.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Sánchez señaló que el equipo jurídico del Ministerio de Defensa evalúa la posibilidad de presentar denuncias penales y declararse víctima del presunto entramado.

“De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa”, afirmó el funcionario.

El sargento viceprimero Jesús David Vargas Flores, del Ejército Nacional, fue asesinado la noche del viernes 10 de julio en Montería tras un ataque a tiros dentro de un establecimiento comercial en el norte de la ciudad. En un comunicado, la Décima Primera Brigada afirmó que los hechos son materia de investigación y que las primeras versiones indican que el ataque al parecer sería un intento de robo.

Según la información entregada por la institución militar, el caso ocurrió hacia las 8:40 p. m., cuando el suboficial compartía con varios familiares. En ese momento, hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon en tres oportunidades.

Tras el ataque, Vargas Flores fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la capital de Córdoba, donde murió pese a la atención médica. La unidad indicó que dio aviso a las autoridades competentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del homicidio e identificar a los responsables.

El gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara anunció una recompensa de $30 millones por información sobre el caso. “En respaldo a quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de los colombianos, ofrecemos una recompensa de $30 millones por información que permita la identificación y captura del responsable del asesinato del sargento Jesús David Vargas Flórez”, dijo.

Zuleta aseguró que ordenó reforzar las labores de inteligencia con la Fuerza Pública y los organismos de investigación. “He dado instrucciones para que, en coordinación con nuestra fuerza pública y los organismos de investigación, se desplieguen todas las capacidades de inteligencia para esclarecer este hecho y capturar al asesino”, declaró.

El Ejército también confirmó que dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a la familia del uniformado tras su muerte. “En Córdoba no vamos a permitir que la delincuencia intimide a quienes dedican su vida a proteger a nuestra gente. Los responsables tendrán que responder ante la justicia”, afirmó el gobernador.

Investigan muerte de una auxiliar de Policía con arma de fuego en Armenia

Una mujer de 22 años que se desempeñaba como auxiliar de la Policía fue hallada muerta con aparentes heridas de arma de fuego en el barrio Las Veraneras de Armenia, en un caso que las autoridades investigan como presunto feminicidio.

El reporte lo entregó el alcalde James Padilla, según publicó Caracol Radio. El mandatario señaló que las primeras indagaciones apuntan a la pareja sentimental de la víctima como principal sospechoso: un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola.

“Tenemos información desde muy tempranas horas de que sucedió un presunto feminicidio en el barrio Las Veraneras, donde la víctima fue una auxiliar de policía de 22 años de edad que llevaba 20 meses de servicio en la institución. Presuntamente, las primeras investigaciones señalan a su pareja sentimental, un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola, que le propinó la muerte. Como le digo, el resto son los hechos materia de investigación”, indicó.

Padilla afirmó que el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, está atento para brindar apoyo a la familia mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. También recordó que Las Veraneras fue escenario de otra tragedia en marzo de 2025, cuando una menor de tres años murió tras ser arrastrada por una quebrada durante fuertes lluvias.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos hechos violentos ocurridos en Montería y Armenia. En Montería, el asesinato del sargento Jesús David Vargas Flores ha motivado el despliegue de operativos de inteligencia y el ofrecimiento de una recompensa para encontrar a los responsables. En Armenia, la muerte de una auxiliar de Policía de 22 años, con indicios de feminicidio, mantiene en alerta a las autoridades locales, que brindan acompañamiento a la familia de la víctima. Ambos casos permanecen bajo indagación judicial.

Casi un año después de la firma de un contrato millonario, el Ejército Nacional no tiene en funcionamiento los 19 equipos antidrones previstos para el uso en la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por ataques con estos dispositivos, porque los sistemas fallaron en las pruebas técnicas y fueron devueltos

Según reveló Semana, el trasfondo operativo es crítico: en lo corrido del año se han registrado 172 ataques con drones cargados con explosivos, una modalidad que dejó 6 militares muertos, 5 civiles fallecidos y 141 heridos. Ese cambio en la guerra llevó al sector de defensa a priorizar la compra de tecnología para neutralizar esas amenazas.

De acuerdo con la publicación, el contrato se adjudicó en 2025, durante la administración del entonces segundo comandante del Ejército, el general retirado Erick Rodríguez, por un valor superior a $80.000 millones. El plan consistía en adquirir tres equipos fijos y 16 semifijos para Norte de Santander.

Fuentes militares citadas por el medio de comunicación, los 19 sistemas debían entrar en operación en diciembre de 2025. El contratista pidió una prórroga, que fue concedida, y el nuevo plazo quedó para febrero de 2026.

Las pruebas técnicas fallaron y el contrato entró en revisión por incumplimiento

El punto central del caso es que los equipos no superaron las pruebas técnicas. Las fuentes del sector de defensa consultadas señalaron que los sistemas “no detectaban los equipos enemigos”, por lo que fueron devueltos.

Tras ese incumplimiento, el contrato pasó a una fase de debido proceso. Esa etapa implica una revisión detallada de las fallas, un intento de conciliación y, si no hay acuerdo, la activación de las pólizas y de posibles sanciones contra el contratista.

Una fuente militar explicó al diario que la situación es más grave de lo que parece por una razón concreta: la fuerza sigue sin el sistema mientras los ataques continúan. La consecuencia no es solo contractual, sino operativa, en una zona donde los drones con explosivos ya tienen impacto directo sobre infraestructura y población civil.

El mismo escenario abre un riesgo presupuestario. Si el proceso escala hasta las últimas consecuencias contra el contratista, los cerca de 80.000 millones de pesos asignados al Ejército podrían regresar al tesoro nacional y quedar a disposición del próximo Gobierno para una destinación distinta.

Codaltec concentró la compra y tercerizó un sistema australiano

Consultado por la revista, el general (r) Erick Rodríguez sostuvo que “en el mes de agosto del año pasado el ministerio (a cargo del jefe de cartera, Pedro Arnulfo Sánchez) emitió una directiva ordenando que todas las compras antidrones las debía hacer Codaltec”.

Según las fuentes militares, como esa empresa no tenía capacidad para producir los equipos, optó por tercerizar la adquisición. Para eso escogió a un comercializador colombiano que ofreció un sistema antidrones australiano que, hasta ahora, no ha funcionado para las necesidades del Catatumbo.

Las mismas fuentes añadieron que desde la institución castrense se definió la ficha técnica del sistema y que esas condiciones fueron entregadas a Codaltec para ejecutar la compra. La empresa, agregaron, es la que tiene el control sobre el contrato millonario.

La falla del sistema deja sin respuesta una necesidad inmediata en el terreno. En Tibú, parte del aeropuerto fue destruido recientemente por un explosivo lanzado desde un dron, un ataque que dejó tres civiles heridos.

La falta de funcionamiento de los equipos antidrones adquiridos para el Catatumbo evidencia una brecha entre la respuesta institucional y la urgencia de la situación en la zona. Mientras el proceso contractual avanza entre revisiones y posibles sanciones, la región permanece vulnerable ante los ataques con drones, que ya han causado víctimas y daños materiales.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un campamento que presuntamente era utilizado por un grupo delictivo en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, lugar en el que decomisaron un importante cargamento de drogas, armamento, municiones y equipo táctico.

Información del hecho señala que el hallazgo ocurrió el miércoles pasado durante recorridos de reconocimiento terrestre realizados por personal militar en las inmediaciones de la cabecera municipal.

En el sitio, los soldados localizaron y aseguraron 180 mil dosis de cristal, 200 dosis de marihuana y 80 dosis de crack, además de 10 armas largas, 92 cargadores, mil 100 cartruchos útiles y diverso vestuario táctico.

Tras el aseguramiento, el área fue resguardada por el personal militar mientras se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

El material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Mazatlán, que inició las investigaciones para determinar el origen de los objetos asegurados y la posible identificación de los responsables.

El decomiso ocurrió en medio del reforzamiento de los operativos federales en el sur de Sinaloa, una región en la que en los últimos días las fuerzas armadas han intensificado las acciones contra grupos delictivos tras los recientes enfrentamientos registrados en esa zona.

Marina inhabilita narcocampamento de “Los Mayos” en Elota, Sinaloa

Apenas el pasado mes de mayo se dio a conocer que la Secretaría de Marina desmanteló un narcocampamento de la delincuencia organizada en inmediaciones del poblado de Casas Grandes, en el municipio de Elota. En el lugar, personal de la Cuarta Región Naval localizó y aseguró chalecos tácticos, placas balísticas, cargadores, cartuchos, una ojiva de granada, una granada de mano hechiza y una granada para dron de fabricación casera.

El sitio, de acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, estaba ligado a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

El hallazgo se produjo durante recorridos aéreos y terrestres realizados por elementos navales en la zona, como parte de las labores de vigilancia y patrullaje en municipios con presencia del crimen organizado. La Cuarta Región Naval coordinó el operativo que permitió identificar y acceder al campamento, el cual habría servido como punto de resguardo de equipo táctico y armamento para integrantes del grupo criminal.

En otras acciones, aseguran dos pick ups con presunta droga y equipo táctico en El Rosario

En operativos distintos, elementos de la misma institución localizaron dos vehículos tipo pick up durante patrullajes en inmediaciones del municipio de El Rosario. La revisión de las unidades permitió hallar tres bolsas con hierba seca de características similares a la marihuana, dos uniformes tácticos, cartuchos, un cargador de radio y ponchallantas.

Los vehículos y su contenido fueron asegurados por el personal naval, que también detuvo a las personas que se encontraban en el lugar. Tanto los objetos como los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para que determinaran su situación jurídica e integraran los elementos de prueba correspondientes.

Los artefactos explosivos localizados en el campamento de Elota, así como el propio campamento, fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado de la Armada de México, a fin de neutralizar cualquier riesgo para la población civil de la zona. El resto de los efectos asegurados en ambos operativos fueron trasladados y puestos a disposición de las instancias ministeriales correspondientes.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del compromiso institucional para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, mediante operativos permanentes de vigilancia terrestre y aérea en zonas con actividad del crimen organizado.

Luego de que este jueves se dieran a conocer un par de columnas periodísticas en las que se aseguraba que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, estaba siendo protegido por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por el Ejército Mexicano, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado señalando que esa información era falsa.

En una nota aclaratoria compartida en su cuenta de la red social X, se señaló que las versiones mencionadas en las columnas, publicadas en el medio El Universal y en El Financiero, donde se asegura que se realizó un operativo para resguardar al gobernador con licencia y que el Ejército Mexicano lo cuidaba, eran falsas.

Se explicó que ninguna institución que integre el Gabinete de Seguridad había realizado algún operativo con ese propósito y que era falso que Rubén Rocha Moya se encontraba o hubiera permanecido en la 9° Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar, resguardado por el Ejército. Esta información fue difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal, titulada ¿Dónde está Rocha Moya? publicada este jueves en el medio El Financiero.

Se explicó que tampoco existía acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a alguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, se lee en el comunicado.

Además, se asegura que en la presente administración, las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas, líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones, grupos y facciones criminales.

Las investigaciones, se expone, también han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas, y se señala que como resultado de la Operación Enjambre y de otras acciones, han sido detenidos 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos, siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.

Con trabajos de inteligencia e investigación se ha combatido no solo los liderazgos criminales, sino también a sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento, según el comunicado.

La estrategia, se explica, ha contribuido a una reducción del 46% en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos por día.

¿Qué se dijo en las columnas periodísticas?

Este jueves, los periodistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio publicaron sus columnas periodísticas mencionando el tema de Rubén Rocha Moya y asegurando que era protegido por el Ejército Mexicano.

De acuerdo con Riva Palacio, Rocha Moya, junto con varias personas de su círculo cercano, se escondieron, luego de que el gobernador pidiera licencia, en un rancho ubicado en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, Sinaloa, donde era resguardado por la policía estatal, como ha dicho el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, pero también bajo una vigilancia especial del Ejército.

De acuerdo con el periodista, nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaba que el exgobernador era protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado.

“Ahí está resguardado, en secreto, para todos los fines, principalmente, para evitar que se vaya a Estados Unidos y se ofrezca como testigo cooperante, y para evitar que lo maten, al tener al menos dos interesados potenciales”, se lee en la columna.

De acuerdo con Riva Palacio, los dos interesados serían la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, y algún político involucrado en su “imbricada red con el crimen organizado”.

Por su parte, Carlos Loret de Mola, en su columna Historias de Reportero, publicada en El Universal este jueves, titulada El operativo, señala que le habrían revelado que fuerzas federales cambiaron a Rocha Moya de ubicación del lugar en el que se ocultaba, pues se había recibido información de que, presuntamente, el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo y prefirieron cambiarlo de lugar.

La Armada de Estados Unidos confirmó la identidad del comandante Gabriel Edwards como el marino desaparecido tras el amerizaje de emergencia de un helicóptero MH-60S en el mar Arábigo, un hecho ocurrido el 1 de julio que mantiene en vilo a la fuerza naval y a la familia del oficial.

El incidente, que involucró a un aparato asignado al portaaviones USS George H.W. Bush, se encuentra bajo investigación mientras la institución descarta hasta el momento la participación de actores hostiles.

Un operativo de búsqueda sin precedentes y resultados parciales

Durante más de 102 horas, la Armada desplegó recursos significativos en aguas del mar Arábigo para encontrar a Gabriel Edwards. La operación abarcó una extensión mayor a 14.000 millas cuadradas (36.260 kilómetros cuadrados), según informó la propia fuerza naval.

En el helicóptero viajaban cuatro tripulantes; tres de ellos fueron rescatados con vida poco después del incidente, mientras que la búsqueda de Edwards se prolongó por varios días hasta que fue suspendida el domingo siguiente al accidente.

El despliegue incluyó la participación de varios buques y aeronaves que rastrearon la zona. La noticia fue confirmada por Fox News, medio que también detalló que Edwards era el comandante del Escuadrón de Combate Marítimo en Helicópteros 5 (HSC-5), conocido como los “Nightdippers”.

Este escuadrón se encuentra desplegado en la región de Medio Oriente a bordo del USS George H.W. Bush, uno de los portaaviones más emblemáticos de la marina estadounidense.

La suspensión del operativo marcó un momento de profundo pesar para la tripulación y la familia del oficial. Tal y como relató The Washington Post, la familia Edwards agradeció públicamente el esfuerzo de quienes participaron en la búsqueda e insistió en el compromiso que el comandante mostró a lo largo de su carrera.

Investigación abierta y ausencia de hostilidad

La Armada de Estados Unidos comunicó que la causa del amerizaje de emergencia permanece bajo investigación.

Hasta ahora, la institución sostiene que no existen indicios de que el incidente haya sido provocado por una acción hostil o fuego enemigo.

Esta información fue reiterada por el secretario interino de la Marina, Hung Cao, quien ordenó la suspensión definitiva de la búsqueda y aseguró que “no hay señales de intervención externa”.

En declaraciones recogidas por CBS News, el contraalmirante Todd Cimicata, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 10, expresó el respaldo de toda la unidad a la familia del oficial. “Los pensamientos y las oraciones de cada integrante del equipo del Grupo de Ataque de Portaaviones 10 están con la familia Edwards”, afirmó Cimicata. Añadió que el legado de Gabriel Edwards como esposo, padre, amigo y líder permanecerá vigente entre quienes lo conocieron.

La investigación sobre las causas exactas del amerizaje continúa bajo la supervisión de la Armada y sus equipos técnicos.

Las autoridades no revelaron detalles sobre la misión específica que realizaba el helicóptero en el momento del accidente, aunque confirmaron que el aparato estaba vinculado a operaciones de patrulla y apoyo en la zona de influencia del portaaviones.

Trayectoria profesional y homenaje póstumo

Gabriel Edwards, oriundo de Oakland, Oregón, ingresó a la Armada de Estados Unidos tras graduarse en la Norfolk State University en 2006 y obtener sus Alas de Oro como piloto de helicópteros en 2008. En julio de 2025 asumió el mando del HSC-5, consolidando una carrera de más de dos décadas en la institución.

Durante ese tiempo, acumuló más de 2.000 horas de vuelo en diversas plataformas de helicópteros, incluyendo los modelos SH-60F, HH-60H y MH-60S.

La trayectoria de Edwards fue reconocida tanto por sus superiores como por sus compañeros. Según informó Hindustan Times, el piloto recibió la Defensa Meritorious Service Medal, tres Navy and Marine Corps Commendation Medals y dos Navy and Marine Corps Achievement Medals, además de varias distinciones por campañas y servicio en unidades destacadas.

El impacto de la pérdida de Edwards se reflejó en el homenaje póstumo ordenado por la institución. Hung Cao dispuso la promoción de Edwards al rango de capitán de forma póstuma, medida que responde a una selección previa para ese ascenso. La Armada subrayó que el piloto ya había sido elegido para esa promoción antes del incidente fatal.

La familia de Edwards está conformada por su esposa, Rebecca, y sus dos hijos. En una declaración pública, Rebecca agradeció el esfuerzo colectivo y destacó el compromiso de su esposo con el servicio y la protección de su país.

“Gabe dedicó su vida a servir a su país con honor, valentía y compromiso. Lideró con humildad, integridad y compasión, siempre poniendo a su gente antes que a sí mismo”, aseguró.

Mientras el escuadrón HSC-5 y la tripulación del USS George H.W. Bush permanecen desplegados en Medio Oriente, la Armada ofrece asistencia psicológica, atención pastoral y apoyo emocional a quienes resultaron afectados por la tragedia. La institución reiteró su compromiso de brindar acompañamiento tanto a la familia Edwards como al personal que continúa cumpliendo su misión en la región.

El hallazgo expone una grave amenaza para la población, ya que los integrantes de la estructura 28, de las disidencias armadas, habrían recurrido a ocultar explosivos en objetos cotidianos para dificultar su detección.

Durante la operación militar, las tropas descubrieron artefactos explosivos improvisados con metralla, granadas y sistemas de activación por cable telemando. Entre los materiales decomisados también se encontraron chalecos, proveedores para armamento y diversos insumos médicos, que serían empleados para atender a miembros heridos de la organización ilegal.

La modalidad identificada preocupa especialmente a las autoridades: los explosivos estaban ocultos en termos y otros objetos de uso común. Esta práctica incrementa el riesgo para campesinos, niños y adultos mayores, quienes podrían confundir estos elementos con pertenencias habituales en su entorno rural.

Así lo explicó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta, comandante Décima Sexta Brigada Ejército Nacional: “Tropas de la Decimosexta Brigada del Ejército, su histórico grupo de caballería Guías del Casanare, en desarrollo de operaciones militares conjuntas con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con nuestra Policía Nacional de los Colombianos, logran ubicar y neutralizar un depósito ilegal con abundante material de guerra, intendencia y elementos de sanidad. Este material fue ubicado en el área rural del municipio de Támara, Casanare. Pertenecía al Comando Conjunto del Oriente GAOR Frente 28″.

El oficial continuó diciendo que “con la incautación de este arsenal, hemos logrado neutralizar la intención terrorista de estos grupos para afectar a la población civil, la infraestructura crítica del Estado y las tropas del Ejército Nacional y Policía Nacional”.

La amenaza es directa para las comunidades que transitan caminos, laboran en fincas o utilizan espacios comunitarios, ya que cualquier objeto aparentemente inofensivo puede convertirse en un peligro letal.

El Ejército Nacional informa que los explosivos fueron destruidos controladamente por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EXDE de la Octava División, asegurando que la neutralización no produjo daños en la comunidad ni en el entorno.

Mediante esta acción, las autoridades logran afectar las capacidades logísticas y criminales del grupo armado ilegal, impidiendo que el material incautado se utilice en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Según la información oficial, la comunidad rural sigue siendo la principal víctima potencial de este tipo de tácticas indiscriminadas.

“Dentro del material encontrado podemos evidenciar cómo estos grupos criminales emplean explosivos dentro de elementos de uso cotidiano para la comunidad, como es el uso de termos para el café, situación que pone en riesgo a las comunidades. Estos elementos y confundirlos y al momento de tomarlos pueden detonar, generando una afectación directa a la comunidad”, aseguró el oficial.

El Ejército Nacional también reafirmó su compromiso con la protección de los habitantes de Casanare e insta a la ciudadanía a mantener prácticas de autoprotección: ante cualquier objeto o situación sospechosa, se recomienda alejarse y dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar una intervención segura por parte del personal especializado.

“El Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y nuestra Policía Nacional de los Colombianos, reiteramos nuestro compromiso permanente para garantizar la seguridad, la tranquilidad del pueblo casanareño”, cobncluyó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta.

Ejército frustró un ataque terrorista en Cauca al recuperar una volqueta robada que iba a ser cargada con explosivos

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional en el sur de Colombia evitó que un grupo armado ejecutara un atentado con explosivos, según información suministrada por fuentes oficiales.

El hecho se registró en la mañana del miércoles 1 de julio, cuando soldados recuperaron una volqueta robada, que presuntamente iba a ser cargada con material explosivo.

El operativo de recuperación tuvo lugar en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca. De acuerdo con fuentes militares, el vehículo había sido sustraído previamente en la vía Panamericana, un corredor estratégico de la región.

Las autoridades informaron que existían indicios sólidos sobre la intención de los delincuentes de emplear la volqueta para atacar tanto a uniformados como a la población civil. Esta modalidad de ataque forma parte de las estrategias utilizadas por grupos armados organizados que operan en el sur del país.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la maniobra de recuperación impidió que los criminales avanzaran con su plan, el cual consistía en acondicionar el vehículo con explosivos para atentar contra instalaciones o patrullas militares. La reacción inmediata de la Brigada 29 fue determinante para frustrar el intento y minimizar riesgos para la comunidad.

Un militar desplegado en el departamento del Cauca aseguró que en su unidad han tenido que reunir dinero entre los soldados para comprar drones de reconocimiento, ante la falta de equipos para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas con explosivos usadas por las disidencias de las Farc.

“Nos toca hacer la vaca el pelotón para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, afirmó en una entrevista con Caracol Radio.

En ese testimonio, el uniformado explicó que la colecta depende del tamaño del grupo y del monto que cada uno pueda aportar. “A veces toca $100 o a $200 mil, dependiendo de la cantidad de hombres”, dijo, y señaló que la compra puede quedar en manos del comandante de pelotón o de un soldado designado para esa tarea.

El militar contó que incluso terminó usando un dispositivo adquirido por cuenta propia antes de su despliegue. “Yo ya había comprado un dron, pero pues como hobby, ¿si me entiende? Como algo personal, pero pues yo lo estoy utilizando acá en el pelotón para hacer reconocimientos”, sostuvo.

Consultado sobre si la comandancia está al tanto de esa práctica, el uniformado respondió que sí y lo vinculó a las limitaciones de recursos. “Ellos inclusive en los programas nos dicen que, pues la seguridad de nosotros, que hay que invertir en la seguridad, que pues ya sabemos que las limitaciones de presupuesto no alcanza para darles drones a todos, mucho menos antidrones”, afirmó.

En la misma denuncia, el militar cuestionó la utilidad en terreno de las pistolas antidrones. “Esa pistola primero que todo no sirve y pesa más que una ametralladora M60”, dijo, y agregó: “Han invertido mucha plata haciendo esa, esa clase de, de pistolas acá en Colombia”.

Tras la difusión del caso, el Ejército respondió que no se trató de una orden, sino de un “mensaje de alerta” para que las tropas se mantengan atentas y que los equipos se han entregado “en gran parte de los pelotones que están desplegados”, según la emisora.

El general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada Veintinueve del Ejército, atribuyó esas compras a decisiones personales de los uniformados. “Son iniciativas propias de los soldados por la preocupación misma de ellos de poder: ‘¿Qué puedo hacer más?’”, afirmó, y añadió: “No es una condición que se genere, porque cada vez que ellos van a emplear o se va a emplear una unidad para una operación, se emplean todas las capacidades”.

Ante la insistencia sobre qué ocurre si en el terreno faltan equipos, Jaramillo reiteró la misma explicación. “Si ellos quieren tener más elementos, esas iniciativas propias de la misma condición de lo que ellos necesitan, por ejemplo, pero ya como iniciativa propia”, sostuvo.

Crisis financiera golpea a las Fuerzas Armadas de Colombia

El sector defensa en Colombia enfrenta una crisis marcada por la utilización de municiones y explosivos vencidos, reflejo de un deterioro institucional agravado por limitaciones financieras. Un informe de Semana expone que el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial operan bajo recortes presupuestales, demoras en mantenimiento y modernización, y un manejo financiero desordenado.

El presupuesto asignado para 2025 es de 33 billones de pesos, aunque $921.000 millones permanecen congelados, lo que fuerza la suspensión de compras y proyectos clave. La falta de recursos afecta la movilidad, inteligencia y equipamiento de las fuerzas públicas, mientras organizaciones ilegales fortalecen su capacidad.

Según la Contraloría, aeronaves como helicópteros UH-1N quedarán fuera de servicio sin reemplazo y el equipamiento existente se emplea en exceso. El Ejército solicitó 22 billones de pesos, pero solo recibió 12, lo que llevó a recortes del 43% en divisiones y brigadas desplegadas en zonas críticas.

El déficit presupuestal obliga a reducir dotaciones, suspender vuelos por falta de combustible y restringir gastos en brigadas, como la Cuarta Brigada en Antioquia, que recibió fondos mínimos para operar en municipios bajo control de grupos armados.

La Policía Nacional, cuyo presupuesto es de 14,7 billones frente a los 23 requeridos, destina la mayor parte a sueldos, dejando solo un 1% para inversiones estratégicas. Las reducciones afectan con más fuerza a regiones vulnerables, donde agentes deben recurrir a recursos propios y colectas para tareas básicas.

La Armada y la Fuerza Aeroespacial también reportan recortes significativos, con disminuciones en fondos para operaciones navales, tecnología y combustible. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió que el presupuesto solicitado no fue aprobado y que las soluciones parciales no cubren las necesidades estructurales.

La Contraloría investiga irregularidades vinculadas a materiales vencidos y manejo de recursos. Gobiernos locales, como el de Antioquia, impulsan tasas de seguridad para compensar carencias que afectan la protección y el bienestar de policías y soldados.

Alemania ha dado un nuevo paso en su estrategia para reforzar la capacidad defensiva del país ante el actual contexto internacional. El Gobierno federal ha aprobado un proyecto de ley que endurece las obligaciones de los reservistas y elimina el carácter voluntario que hasta ahora tenían muchos de los ejercicios militares. La medida forma parte de un amplio paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo para incrementar la preparación de las Fuerzas Armadas y responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

Bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento de las Reservas, la iniciativa busca aumentar el número de militares disponibles y garantizar que quienes forman parte de la reserva mantengan una preparación adecuada. El Ministerio de Defensa ha considerado que el modelo vigente ha dejado de responder a las necesidades actuales, especialmente tras el deterioro del escenario de seguridad en Europa y la guerra en Ucrania.

El cambio supone una modificación importante respecto al sistema anterior. Hasta ahora, tanto los reservistas como sus empleadores podían rechazar la participación en maniobras militares gracias al principio de “doble voluntariedad”. Con la nueva normativa, esa posibilidad desaparece y los antiguos soldados podrán ser llamados de forma obligatoria para participar en ejercicios o desempeñar otras tareas relacionadas con la defensa nacional.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha defendido que Alemania necesita contar con una reserva plenamente operativa que pueda integrarse rápidamente en las Fuerzas Armadas si la situación lo exige. Según el Gobierno, la experiencia de conflictos recientes ha demostrado que los reservistas desempeñan un papel esencial en la protección de infraestructuras críticas, rutas logísticas y servicios estratégicos durante situaciones de crisis.

Uno de los objetivos del Ejecutivo es ampliar considerablemente el número de reservistas en los próximos años. Tras la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011, la reserva perdió efectivos y envejeció progresivamente. Ahora, el Gobierno pretende pasar de unos 60.000 reservistas actuales a cerca de 200.000 efectivos antes de 2033, al tiempo que el ejército profesional incrementará también su plantilla hasta superar los 260.000 soldados.

No descartan el servicio militar obligatorio

Para conseguirlo, Berlín quiere implicar no solo a antiguos militares, sino también formar a personas que en su momento no realizaron el servicio militar. El nuevo modelo de servicio voluntario pretende ampliar esa base de efectivos, aunque el propio Gobierno no descarta recuperar el servicio militar obligatorio para los hombres si el número de voluntarios resulta insuficiente para cubrir las necesidades previstas.

La reforma también tendrá consecuencias para las empresas alemanas. Los reservistas podrán ser movilizados para realizar períodos de instrucción que oscilarán entre tres y 12 semanas al año, dependiendo del tiempo que hayan servido previamente en las Fuerzas Armadas. Además, quienes hayan realizado menos de un año de servicio podrán ser llamados hasta los 45 años, mientras que aquellos con una trayectoria militar más larga permanecerán disponibles hasta cumplir los 65.

Precisamente el impacto sobre la actividad económica ha despertado la preocupación del tejido empresarial. La Cámara de Industria y Comercio Alemana ha considerado insuficiente el plazo de preaviso previsto por la ley, que obliga a comunicar las movilizaciones con ocho semanas de antelación. Las empresas reclaman al menos tres meses para poder reorganizar plantillas y encontrar sustitutos que minimicen las interrupciones en la producción.

Los empresarios advierten de que la ausencia temporal de trabajadores cualificados puede provocar pérdidas de productividad y dificultades organizativas, especialmente en sectores donde determinados perfiles profesionales son difíciles de reemplazar. Solo durante 2026 está previsto que los reservistas acumulen alrededor de 2,73 millones de jornadas de servicio, una cifra que previsiblemente aumentará conforme crezca el número de efectivos disponibles.

Consciente de estas críticas, el Gobierno ha incluido algunas medidas de apoyo para las compañías. Entre ellas figura la creación de ayudas destinadas a sufragar parte del coste de contratar trabajadores sustitutos, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, durante el período de servicio militar será el Estado quien asuma la remuneración correspondiente, liberando a los empleadores de esa obligación salarial.

El fortalecimiento de la reserva militar también obligará a ampliar las infraestructuras del ejército. Paralelamente a esta reforma, el Ejecutivo ha aprobado una nueva ley para acelerar la construcción y modernización de cuarteles, centros de entrenamiento y depósitos militares. El Ministerio de Defensa prevé crear este mismo año 8.000 nuevas plazas mediante alojamientos prefabricados y alcanzar unas 54.000 adicionales durante los próximos cinco años, para disponer del espacio necesario que permita acoger a un número creciente de soldados y reservistas.

En un operativo realizado el pasado domingo 28 de junio, fuerzas federales lograron detener a 30 personas en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, entre los que se encontrarían dos o tres objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales ejecutaron las acciones de manera simultánea y mantuvieron bajo resguardo los accesos a esta región serrana durante varias horas.

A diferencia de otros operativos realizados en la zona, se indicó que la intervención se concretó sin enfrentamientos armados, como resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento.

Por la magnitud del despliegue y el perfil de los detenidos, se apunta a uno de los operativos de mayor relevancia realizados por fuerzas federales en Durango durante meses recientes, en una región considerada estratégica para las organizaciones del narcotráfico por su ubicación en el llamado Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Entre los detenidos, según versiones extraoficiales, figurarían dos o tres objetivos prioritarios por las autoridades federales debido a su presunta relevancia dentro de dichas organizaciones criminales. Algunos de los capturados estarían vinculados con la organización encabezada por los hermanos Cabrera Sarabia, y con la facción identificada como Mayito Flaco, liderada por Ismael Zambada Sicairos. Además, de acuerdo con información del semanario Zeta de Tijuana, entre los detenidos figuraría un operador conocido con el alias de El Flechas, junto con integrantes de su grupo cercano.

Este operativo se suma a una serie de acciones desarrolladas por fuerzas federales contra la facción de Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa, durante el mismo mes. Los pasados días 21 y 22 de junio, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres cateos en la capital duranguense derivados del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) por sus siglas en inglés y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Dichas acciones permitieron el aseguramiento de tres inmuebles y 46 vehículos, entre los que había tractocamiones para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick up, así como armamento, cargadores y municiones de diversos calibres, propiedad del grupo liderado por Zambada Sicairos.

El operativo más reciente forma parte de la estrategia federal implementada para debilitar las estructuras del crimen organizado con presencia en la sierra duranguense y se inscribe en una serie de acciones desarrolladas durante junio de 2026 en la entidad para desarticular estructuras logísticas y de mando de grupos delictivos que operan en la Sierra Madre Occidental.

Además de las detenciones, el operativo que se llevó a cabo hace un par de días, permitió el aseguramiento de vehículos, armamento de alto poder, equipo táctico y otros indicios que permanecen bajo resguardo de las autoridades federales. Ni la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni la Fiscalía General del Estado (FGE) habían emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la acción.

De confirmarse los datos preliminares, la intervención representaría uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada registrados en Durango durante el presente año, en el marco de una ofensiva sostenida contra la facción del Mayito Flaco en la entidad.

Según Sánchez, la acción fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional, quienes actuaron en medio de operativos orientados a combatir las economías ilícitas que sostienen a organizaciones criminales.

En su mensaje, el titular de la cartera de Defensa detalló que las dragas incautadas correspondían a modelos brasileños, utilizados sistemáticamente por el Clan del Golfo para la extracción de minerales de manera clandestina.

“Destruidas 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo”, señaló Sánchez, subrayando el impacto de la operación en las finanzas de la estructura ilegal. Además, indicó que este golpe afecta una de las fuentes clave de recursos para dicho grupo, conocido por su influencia en el crimen organizado y sus efectos negativos en la seguridad regional.

El ministro enfatizó que la minería ilegal genera “graves daños ambientales, contamina las fuentes hídricas y afecta a las comunidades del Chocó”. Las autoridades aseguraron que continuarán atacando las actividades que financian el crimen y destruyen el patrimonio natural del país.

Sánchez expresó su reconocimiento a los uniformados involucrados, al destacar: “Mi reconocimiento a nuestros soldados y policías por proteger la seguridad, el medio ambiente y la riqueza natural de Colombia”.

El operativo fue presentado como parte de una estrategia sostenida para frenar economías ilegales y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables.

Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas a través de líneas habilitadas como Gaula 147 y 165, así como los contactos contra el reclutamiento infantil y otras modalidades delictivas, garantizando “absoluta reserva”. Cerró su mensaje con la frase: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, en alusión al compromiso institucional frente a la criminalidad.

Pedro Arnulfo Sánchez destacó incautación histórica de cocaína y reforzó estrategia nacional contra el tráfico de drogas

En una acción coordinada y ejecutada entre el 25 y el 27 de junio, la Fuerza Pública de Colombia logró incautar casi cuatro toneladas de cocaína en los departamentos de Nariño y Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que las operaciones conjuntas de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitieron asestar un golpe relevante al narcotráfico en solo tres días.

Según los reportes oficiales, los operativos incluyeron la confiscación de 1,14 toneladas en Bochalema, Norte de Santander, el 25 de junio. Al día siguiente, en Cumbal, Nariño, las autoridades decomisaron 1,02 toneladas adicionales. El 27 de junio, en Santacruz, Nariño, se sumó la incautación de 1,8 toneladas, totalizando 3,96 toneladas de droga que no alcanzarán mercados internacionales.

Sánchez detalló que, además de la droga, las fuerzas de seguridad destruyeron varios laboratorios clandestinos con capacidad para producir más de tres toneladas mensuales.

“En solo tres días, la Fuerza Pública golpeó el narcotráfico con casi cuatro toneladas de cocaína incautadas”, recalcó el ministro, resaltando el esfuerzo conjunto de los cuerpos policiales y militares.

El impacto de la operación tiene alcance internacional. Sánchez señaló que “66 millones de dosis ya no llegarán a las calles de los países consumidores”, lo que representa una reducción significativa en la oferta de drogas ilícitas. Además, la acción evita la circulación de 126,7 millones de dólares destinados a financiar la red criminal involucrada en el tráfico y comercialización de cocaína.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar el narcotráfico, fenómeno que afecta la seguridad nacional y la estabilidad regional.

El ministro reconoció el trabajo de los uniformados y reafirmó el compromiso del gobierno para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. La incautación de droga y la destrucción de laboratorios refuerzan la estrategia oficial orientada a contener la producción y distribución de estupefacientes a gran escala.

El Ejército de Tierra ha informado este lunes de la muerte del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV). El fallecimiento ha ocurrido durante la noche en “un lanzamiento paracaidista nocturno en el ejercicio «Tormenta Alada 26»” en Huesca.

“Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y seres queridos, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor”, han transmitido desde el organismo a través de su cuenta de X. “Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones”, han añadido en el comunicado remitido por el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

Mallo ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y durante su carrera militar participó en misiones en el extranjero, en Irak, y en territorio nacional. De hecho, fue condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis, durante la pandemia del Covid-19, y de la DANA de Valencia. También recibió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

La Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas a la que pertenecía está organizada para actuar en operaciones militares que requieran una respuesta inicial ante una crisis. Proporciona la capacidad paracaidista del Ejército de Tierra y, junto con otras unidades, aporta fuerzas de apoyo a unidades de Operaciones Especiales.

Tormenta Alada 26, una operación de adiestramiento

El Ejercicio Tormenta Alada es un entrenamiento militar táctico del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire de España que se realiza una vez al año. Entre el 9 y el 13 de junio de 2025 se realizó el ejercicio militar “TORMENTA ALADA 25”. El objetivo fue entrenar y comprobar la capacidad de la División San Marcial para organizar una Fuerza de Entrada Inicial, mediante operaciones tácticas de asalto aéreo. Para ello, se integraron unidades de helicópteros y de superficie en un mismo grupo táctico. El ejercicio se desarrolló entre el aeródromo de Garray, en Soria, y la Base de Agoncillo, en La Rioja, donde se instaló la base principal de operaciones.

La Brigada Paracaidista formó una Agrupación Táctica de Entrada Inicial, basada en el Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4. En este grupo se unieron capacidades de la propia Brigada Paracaidista y de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

El Grupo Táctico de Helicópteros incluyó aeronaves de transporte, ataque y maniobra, lo que hizo necesaria la participación del personal especializado de estas unidades. Las misiones de este grupo se coordinaron con un plan táctico terrestre, por lo que también participaron efectivos de la I Bandera “Roger de Flor”.

El ejercicio comenzó con el desplazamiento del personal avanzado a la Base de Agoncillo. Durante la noche del 9 de junio, realizaron una inserción en paracaídas sobre Garray para reconocer y observar los objetivos asignados y aportar información para la operación.

El 10 de junio se llevó a cabo una acción de asalto aéreo con 13 helicópteros de los modelos NH90, Tigre, CH-47F Chinook y Cougar, organizados en varias oleadas. El 11 de junio participaron los refuerzos y los vehículos, transportados también en helicópteros.

Una vez en tierra, el Grupo Táctico “Flor” ejecutó el plan terrestre, con acciones para bloquear posibles ataques, controlar la zona y ocupar puntos estratégicos para proteger el aeródromo de Garray.

El 11 de junio por la mañana, altos mandos del Ejército, entre ellos el Jefe de la Fuerza Terrestre, el Jefe de la División San Marcial, el Jefe de las FAMET y el Jefe de la Brigada Paracaidista, visitaron la Base de Agoncillo y el aeródromo de Garray para supervisar el ejercicio. La actividad concluyó el 13 de junio con un salto en paracaídas de apertura manual desde un helicóptero CH-47F Chinook en el aeródromo de Garray.

El 27 de junio de 2026, en una operación conjunta en zona rural de La Jagua de Ibirico (Cesar), las autoridades lograron la incautación de 1,5 toneladas de cocaína y 19 artefactos explosivos, elementos que, según información oficial, pertenecerían al Frente Camilo Torres del ELN.

La acción, desarrollada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, incluyó la intervención de un laboratorio clandestino donde también se hallaron más de 1.200 galones de combustible.

De acuerdo con reportes entregados por los organismos de seguridad, el hallazgo representa un golpe significativo contra las estructuras financieras de este grupo armado ilegal.

El Ejército Nacional de Colombia sostuvo que la operación evitó la circulación de más de 1.540.000 dosis de cocaína en rutas hacia Centroamérica y Europa. El reporte oficial subrayó que la afectación para el ELN se estima en más de 12.275 millones de pesos.

La intervención permitió descubrir no solo la droga y el combustible, sino también un arsenal de artefactos explosivos improvisados. Según el Ejército: “Seguimos debilitando las capacidades terroristas y financieras de los grupos armados organizados”.

El laboratorio clandestino, ubicado en una zona boscosa de La Jagua de Ibirico, operaba bajo estrictas medidas de seguridad y contaba con reservas de combustible para la producción de alcaloides. Las autoridades señalaron que “la intervención se desarrolló tras un proceso de seguimiento e inteligencia militar”, lo que permitió ingresar al sitio sin confrontaciones armadas.

La Policía Nacional indicó que el material incautado será objeto de análisis técnico para determinar su procedencia exacta y posibles conexiones con otras actividades ilícitas en el territorio.

El decomiso de las más de 1,5 toneladas de cocaína se sumó a las recientes acciones emprendidas por la Fuerza Pública en todo el territorio colombiano, donde se ha intensificado la vigilancia sobre rutas empleadas por organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes y armas.

Operativo en Norte de Santander logró decomiso récord de cocaína y eliminó centro de producción ilícito

El 26 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la incautación de más de una tonelada de cocaína y el desmantelamiento de un laboratorio de gran capacidad en el municipio de Bochalema, Norte de Santander.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fue calificada por el titular de la cartera como uno de los mayores éxitos recientes en la lucha contra el narcotráfico en el noreste colombiano.

Sánchez informó a través de su cuenta oficial de X que “en Bochalema, nuestra Policía, en coordinación con el Ejército, incautó 1,1 toneladas de cocaína e inhabilitó un laboratorio utilizado por una organización narcotraficante que delinque en la región”.

Según los datos oficiales, el operativo permitió también el decomiso de 300 kilogramos de base de cocaína, 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos destinados a la elaboración del alcaloide.

El ministro subrayó que este resultado constituye “un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”.

De acuerdo con la información difundida, la infraestructura desmantelada servía como eje logístico para una organización dedicada a la fabricación y envío de sustancias ilícitas.

El jefe de la defensa nacional resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional y la dedicación de las fuerzas públicas.

“Mi reconocimiento a nuestros policías y soldados que continúan afectando las economías ilícitas y debilitando las capacidades criminales de quienes amenazan la seguridad de los colombianos”, afirmó Sánchez.

Además, el alto funcionario pidió a la ciudadanía mantener una postura activa en la denuncia de hechos delictivos, recordando la existencia de líneas telefónicas para reportar actividades asociadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y reclutamiento infantil. “Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen”, solicitó el ministro, asegurando total reserva para quienes brinden información relevante.

La acción refuerza el compromiso del Gobierno con el control territorial y la protección de la seguridad regional. “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó Sánchez.

Como parte de sus primeras acciones en pro de su proyecto político que denominó a lo largo de su campaña como la “Patria milagro”, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha iniciado el proceso para reintegrar a oficiales retirados de la Policía y el Ejército durante el gobierno de Gustavo Petro, una decisión que ya genera debate en el país.

Varios de estos oficiales fueron apartados en medio de investigaciones sensibles, polémicas internas y presiones políticas, según documentos y testimonios, de acuerdo con un informe del diario El Tiempo.

Durante una reunión celebrada en Barranquilla días después de la primera vuelta electoral (domingo 31 de mayo de 2026), De la Espriella habría planteado a su equipo de asesores la revisión individual de los casos de los oficiales retirados en los últimos cuatro años.

“Dijo que se revisaría caso por caso y hoja de vida de cada uno de los oficiales retirados en estos cuatro años”, relató una fuente cercana al presidente electo al mismo diario bogotano.

Esta estrategia apunta, según el nuevo gobierno, a restituir mandos clave en inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales, a quienes se les atribuye experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

Los nombres que suena para el reintegro, tras la victoria de Abelardo de la Espriella

Entre los nombres que encabezan el listado se encuentra el general (r) Edwin Urrego, exoficial de la Policía, quien dejó la institución en febrero tras la circulación de un anónimo en la Casa de Nariño donde se le implicaba en un supuesto montaje contra el entonces presidente Gustavo Petro.

Voces en el entorno policial afirman, sin embargo, que su salida respondió a su participación en el allanamiento a una propiedad vinculada a Armando Benedetti y a su apoyo en la seguridad del propio De la Espriella durante su campaña en Barranquilla, destacó el mismo periódico colombiano.

Junto a Urrego, figuran también la coronel Julie Ruiz, exjefa de contrainteligencia, y el coronel Sergio Peñaranda. Ambos han iniciado acciones legales para su reintegro.

Según documentos judiciales y testimonios recogidos por el mismo medio de comunicación, la salida de estos oficiales se relaciona con su trabajo en investigaciones de alto perfil, como el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, contra la corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y el escándalo del software espía Pegasus.

Este último, que involucró la compra de tecnología de vigilancia por parte de Estados Unidos para operaciones contra el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), se esclareció tras revelaciones de prensa que descartaron su uso con fines políticos.

Desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), los oficiales retirados denunciaron exámenes con polígrafo y presiones internas para suministrar información comprometedora sobre superiores.

El entonces jefe de la DNI, Jorge Lemus, negó públicamente que la entidad influyera en ascensos o retiros. No obstante, el mismo diario bogotano en su momento reveló un audio donde se presionaba al coronel Flaminio Quitián, partícipe en la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo por ese entonces. Quitián denunció el hecho ante el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y fue reincorporado.

¿Qué arrojan estos casos?

El patrón se repite en otros casos: oficiales que recurrieron a la justicia tras ser retirados por investigaciones que involucraban a figuras políticas o a cabecillas de organizaciones criminales.

El coronel Peñaranda obtuvo un fallo de tutela que ordenó su reintegro hasta que se evalúe el nivel de riesgo que enfrenta por su trabajo en el caso “Papá Pitufo”.

La coronel Ruiz, por su parte, participó en una audiencia de conciliación tras demandar su retiro y la cancelación de una comisión de estudios en Washington.

Ruiz presentó mensajes en los que se le comunicaba que su salida respondía a una orden presidencial y denunció ante la Fiscalía contratos irregulares vinculados a un oficial de la reserva cercano al hijo del general (r) William René Salamanca.

El general Urrego, a través de su apoderado, presentó la semana del lunes 15 de junio de 2026 una solicitud de conciliación para buscar la revocatoria de la resolución que ordenó su retiro y el restablecimiento de sus derechos.

En el Ejército, uno de los casos más emblemáticos es el del general (r) Erick Rodríguez, retirado el 9 de junio después de 33 años de servicio y después de denunciar la carnetización de población civil por parte de disidencias bajo el mando del cabecilla de las disidencias de las Farc Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, práctica que habría afectado procesos electorales en al menos cinco departamentos.

Días antes de su salida, el presidente Petro advirtió que apartaría a militares involucrados en proselitismo, aunque el ministro de Defensa descartó represalias en el caso de Rodríguez.

Otro oficial en situación similar es el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, quien atribuye su salida a una operación militar que, según él, afectó la imagen de la política de “paz total”.

Hernández también enfrenta señalamientos por supuestos nexos de miembros del Ejército con redes de minería ilegal, situación que lo llevó a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

El listado de retirados incluye al general Juan Carlos Fajardo, excomandante de la Séptima División del Ejército, vinculado a operativos contra alias Calarcá. Los abogados de Hernández y Fajardo han iniciado gestiones legales y no descartan recurrir a organismos internacionales.

La controversia se extiende también a la Policía Nacional, donde el exdirector general (r) Henry Sanabria mencionó públicamente a los coroneles Jhon Arbey Álzate Duque, Juan Miguel Thiriat y Zaid Eduardo Pabón como oficiales clave en la lucha contra grupos armados ilegales. Según Sanabria, estos oficiales habrían sido removidos por presiones del “clan del Golfo” en el contexto de la política de “paz total”, aunque fuentes de la DNI los vinculan al caso Pegasus.

El presidente saliente, Gustavo Petro, defendió la legitimidad de los retiros y sostuvo: “A nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de derechos humanos, por participación en política o por indicios de corrupción (...)”.

El proceso de reintegro de estos oficiales, que ya suma demandas, tutelas y audiencias de conciliación, será una de las primeras pruebas para el nuevo gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que anoche llegaron a Venezuela los 250 elementos del Ejército Mexicano, que ayudarán en los trabajo de búsqueda y rescate tras los dos terremos que ocurrieron en ese país el miércoles pasado, que dejó miles de inmuebles dañados y centenas de personas fallecidas.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que a las 10:00 horas de hoy hablará por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar su solidaridad por la tragedia.

“El día de hoy, a las 10:00 de la mañana, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”, dijo en Palacio Nacional.

Detalló que el agrupamiento del Ejército, llamado ‘Yumare’, está conformado por 250 militares, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum mencionó que junto con los militares también llegaron insumos médicos, herramienta y equipos.

Mencionó que los rescatistas ya iniciaron labores; sin embargo, su gobierno continuará pendiente sobre si se requiere apoyo adicional.

“Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate. Y vamos a presentar un pequeño video de la llegada de ayuda humanitaria.

“Como siempre, el Ejército y la fuerza aérea de primera ayudando al mundo. La ayuda humanitaria a Venezuela y vamos a seguir informando de otras ayudas que el día de hoy nos soliciten y siempre es nuestra solidaridad”, concluyó.

Sheinbaum mantiene llamada telefónica con Delcy Rodríguez

La mandataria mexicana, a través de su cuenta oficial de X, dio a conocer que mantuvo una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde le expresó sus condolencias por las víctimas de los terremotos, reafirmando su apoyo a la tragedia.

“México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, escribió Sheinbaum.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el jueves 25 de junio abrió seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras la localización de 10 personas sin vida en los municipios de Culiacán y Escuinapa. La autoridad precisó que los registros se originaron a partir de hallazgos reportados en distintos puntos y quedaron asentados en expedientes ministeriales.

En el mismo reporte, la dependencia indicó que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se recibieron dos denuncias. También se registraron tres denuncias en la Región Centro ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas por el delito de Privación de la Libertad Personal, de acuerdo con la información oficial.

Según la Fiscalía estatal, en Culiacán se integraron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, una por homicidio doloso y feminicidio, y una más por feminicidio. La institución sostuvo que estos casos correspondieron a hallazgos realizados en diferentes zonas de la capital sinaloense.

Una de las personas fue localizada entre el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la carretera Culiacán–Las Brisas, según el informe. Otra fue hallada en la colonia Villa de Santa Anita, hecho que se asentó dentro de una carpeta por homicidio doloso.

La autoridad detalló que en la colonia Infonavit Solidaridad fueron localizadas son dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino sin vida. Ese evento se integró en una carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, conforme al parte emitido por la dependencia.

En la colonia Pemex se ubicaron dos personas sin vida, de acuerdo con el reporte oficial. La Fiscalía también comunicó que una persona del sexo femenino fue localizada por hechos ocurridos en la colonia República Mexicana y que el expediente correspondiente se abrió por el delito de feminicidio.

Fuera de la capital, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que en el municipio de Escuinapa se localizaron dos personas sin vida a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic. La institución señaló que el hallazgo se asentó en las carpetas correspondientes, sin detallar identidades.

La dependencia explicó que los datos difundidos provenían de denuncias formalizadas ante Unidades y Agencias del Ministerio Público. También reiteró su compromiso de mantener informada a la sociedad con información oficial sobre los hechos registrados en la entidad.

• Se abrieron seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras localizar 10 personas sin vida en Culiacán y Escuinapa.
• En Culiacán se reportaron hallazgos en Fuerza Aérea Mexicana–Culiacán–Las Brisas, Villa de Santa Anita, Infonavit Solidaridad, Pemex y República Mexicana.
• Se recibieron dos denuncias por robo de vehículo y tres por Privación de la Libertad Personal en la Región Centro, según el informe oficial.

90 elementos enviados a reforzar seguridad

Un contingente de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue desplegado a Sinaloa a las 08:35 horas de este jueves 26 de junio de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la entidad.

El refuerzo se integró a las operaciones de la 9/a. Zona Militar con el objetivo de inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, y para apoyar el trabajo conjunto que ya realizaban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el estado.

De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán, donde el personal quedó en posición para incorporarse a las acciones operativas.

El envío de unidades de Fuerzas Especiales buscó reforzar el despliegue en campo para continuar con la desarticulación de estructuras de organizaciones delictivas y facilitar la detención de generadores de violencia en la entidad, mediante operaciones precisas y coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El despliegue se efectuó bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con el compromiso de respetar en todo momento los derechos humanos, según lo señalado en el comunicado del operativo. La movilización tuvo como finalidad beneficiar a la población sinaloense con un incremento en la capacidad operativa y de reacción en puntos considerados prioritarios para la seguridad estatal.

• Se desplegaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa el 26 de junio de 2026 a las 08:35 horas.
• El traslado se realizó en un Boeing 727 de la Guardia Nacional desde el AICM a la Base Aérea Militar de Culiacán.
• Los efectivos se sumaron a operaciones de la 9/a. Zona Militar para inhibir actividades ilícitas y detener generadores de violencia.

Un hombre armado con diagnóstico de esquizofrenia retuvo a seis integrantes de su familia, de los cuales tres de ellos menores de edad, en una vivienda del fraccionamiento Los Héroes Tecámac, en el Estado de México, desde la tarde de este jueves 25 de junio. El hecho movilizó a más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron movilizados por el operativo de emergencia.

Vecinos alertaron a las autoridades al detectar al sujeto armado en el interior de un domicilio ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la Sexta Sección del fraccionamiento. El hombre portaba dos armas de fuego y mantenía retenidas a mujeres y niños, presuntamente familiares suyos.

Operativo con fuerzas de los tres órdenes de gobierno

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Estatal y la Guardia Civil, con apoyo de la Secretaría de Marina. Posteriormente se sumaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, junto con personal especializado en armamento y operaciones especiales de la Policía Estatal.

La intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano resalta la gravedad de la situación en Tecámac.

En total, más de 100 efectivos de corporaciones policiales y militares acordonaron varias cuadras alrededor del inmueble para contener la situación y evitar un desenlace violento.

Tres escuelas desalojadas por precaución

La cercanía del domicilio con centros educativos obligó a las autoridades a evacuar a los alumnos de tres planteles ubicados frente a la vivienda: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.

Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada y han establecido comunicación con el sujeto para lograr la liberación de los seis rehenes.

Las sanciones que enfrentaría el responsable

El sujeto responsable podría responder por al menos tres tipos de conductas bajo la legislación mexicana: privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego sin permiso y, en función de su estado mental al momento de los hechos, la figura de inimputabilidad.

Por la retención de personas, el Código Penal Federal prevé penas de entre 40 y 80 años de prisión para el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada, según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En cuanto a las armas, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que quien porte dos o más armas sin la licencia correspondiente enfrenta una pena base de tres a ocho años de prisión, incrementada hasta en dos terceras partes por la pluralidad de artefactos. Si las armas son de uso exclusivo del Ejército, la sanción asciende a entre tres y 15 años.

La esquizofrenia y la inimputabilidad

El diagnóstico de esquizofrenia del sujeto abre una vía jurídica distinta. El artículo 67 del Código Penal Federal establece que, cuando el autor de un hecho delictivo es declarado inimputable, es decir, incapaz de comprender el carácter ilícito de su conducta al momento de cometerla, el juez puede ordenar su internamiento en una institución de tratamiento en lugar de una pena de prisión.

La condición para aplicar esa figura no es el diagnóstico en sí, sino que el trastorno haya impedido al sujeto comprender la ilicitud de su acto en el momento preciso de los hechos, conforme al marco normativo analizado por el Observatorio de Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.

El artículo 69 Bis del mismo código contempla una vía intermedia: si la capacidad del autor estaba disminuida pero no anulada, el juez puede imponer hasta dos terceras partes de la pena ordinaria, una medida de seguridad terapéutica, o ambas. En ningún caso la medida de internamiento puede superar el máximo de la pena aplicable al delito cometido.

Un presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa fue detenido este jueves durante un operativo desplegado en el municipio de Escuinapa por fuerzas federales y estatales, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La dependencia señaló que la captura fue resultado de una acción coordinada en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de la Policía Estatal Preventiva.

Aunque las autoridades describieron al detenido como un líder relevante de la delincuencia organizada con presencia en la zona sur de la entidad, hasta el momento no han revelado su identidad ni la organización criminal a la que presuntamente estaría vinculado.

La operación se desarrolló este jueves en Escuinapa, municipio ubicado en el extremo sur de Sinaloa y considerado un punto estratégico por su cercanía con el estado de Nayarit. Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la situación quedó bajo control.

Las autoridades tampoco han detallado si durante la captura fueron aseguradas armas, vehículos, drogas u otros indicios relacionados con actividades delictivas. Tampoco se ha informado si hubo personas adicionales detenidas durante el operativo.

Luego de la captura, elementos federales y estatales mantuvieron presencia en distintos puntos del municipio como parte de las acciones de vigilancia implementadas tras la intervención.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones y se definan los procedimientos legales correspondientes. Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer más detalles sobre la identidad del detenido, los delitos que se le atribuyen y el alcance de sus operaciones en la región sur del estado.

La detención ocurre en medio de los operativos permanentes que mantienen las fuerzas de seguridad en distintos municipios de Sinaloa, entidad que ha concentrado diversas acciones contra grupos de la delincuencia organizada durante los últimos meses.

El Gobierno de México publicó este miércoles 24 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el resumen oficial de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Ernestina Ascencio Rosario, una resolución que ordena al Estado cumplir diversas medidas de reparación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra esta mujer indígena de 73 años que perdió la vida en 2007, tras ser violada a manos del Ejército mexicano.

Dentro del documento, el Estado mexicano realiza un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, aceptando haber vulnerado diversos derechos de Ernestina Ascencio y de sus familiares. Sin embargo, el reconocimiento no incluye de manera expresa la responsabilidad por la violación sexual, la tortura ni la muerte derivada de estos hechos, aspectos que sí fueron establecidos por la Corte IDH en su sentencia de septiembre de 2025.

¿Qué reconoció el Estado mexicano en el caso de Ernestina Ascencio?

En el apartado denominado “Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional”, el Gobierno mexicano acepta la violación de diversos derechos humanos derivados de la falta de acceso a la justicia y de las deficiencias institucionales registradas tras los hechos ocurridos en febrero de 2007.

Entre ellos reconoce la vulneración de:

• El derecho a la integridad personal.
• Las garantías judiciales.
• La protección judicial.
• La igualdad ante la ley.
• El derecho a la salud, relacionado con la falta de atención médica adecuada.
• Diversos derechos de los familiares de la víctima por las omisiones en la investigación y el acceso a la justicia.

No obstante, el documento no reconoce como parte de esa aceptación de responsabilidad que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual y tortura por parte de integrantes del Ejército mexicano, ni que esas agresiones ocasionaron su muerte, pese a que esos hechos forman parte central de la sentencia emitida por la Corte Interamericana.

La Corte IDH concluyó que Ernestina fue víctima de violación sexual y tortura

La diferencia entre ambos documentos radica en que la sentencia internacional va mucho más allá del reconocimiento realizado por el Estado mexicano.

Al notificar su resolución en diciembre de 2025, la Corte IDH concluyó que México era internacionalmente responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl que vivía en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

El tribunal internacional determinó que la agresión fue perpetrada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, en el contexto del despliegue militar derivado de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, estableció que la violación sexual constituyó un acto de tortura, ya que fue intencional, ocasionó graves sufrimientos físicos y psicológicos y tuvo como propósito intimidar, humillar y controlar a la víctima. También concluyó que la falta de atención médica oportuna contribuyó a su fallecimiento y que el Estado incumplió su obligación de investigar los hechos con debida diligencia.

¿Qué medidas ordenó la Corte Interamericana?

Como parte de la sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano implementar una serie de medidas de reparación para las víctimas y sus familiares.

Entre las principales destacan:

• Reabrir y realizar una investigación penal seria y exhaustiva sobre la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio.
• Identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
• Brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares.
• Publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, así como traducirlo al náhuatl.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
• Implementar programas de capacitación para funcionarios sobre derechos de mujeres indígenas y acceso a la justicia.

La publicación realizada el 24 de junio en el DOF forma parte precisamente de las medidas ordenadas por el tribunal internacional.

Sheinbaum afirmó que México cumplirá la sentencia

Un día después de que se notificó la resolución internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado mexicano cumpliría todas las medidas ordenadas por la Corte IDH.

Durante su conferencia matutina del 17 de diciembre de 2025, la mandataria recordó que los hechos ocurrieron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y señaló que las acciones establecidas por el tribunal serían acatadas.

“Hay varias recomendaciones que vienen ahí, se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas”, afirmó entonces la presidenta, quien reiteró que el caso ocurrió en el contexto de la estrategia de seguridad implementada durante aquel sexenio.

Aunque el Estado mexicano ya comenzó a cumplir algunas de las medidas de reparación, como la publicación oficial del fallo, el documento difundido en el DOF evidencia que el reconocimiento de responsabilidad sigue siendo parcial, pues no incorpora expresamente la responsabilidad por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio, elementos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí dio por acreditados en su sentencia.

Seis generales retirados de la Policía y de las Fuerzas Militares que estuvieron bajo las órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro, advirtieron que la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el 21 de junio de 2026, pondrá a prueba la seguridad, la democracia y la solidez institucional de Colombia.

Los exfuncionarios coinciden en que en las urnas se decide el rumbo de la seguridad, el orden constitucional, la fortaleza de las instituciones y la gobernabilidad del país. También plantean que el próximo gobierno deberá reforzar a la fuerza pública, aunque discrepan sobre si militares y policías en servicio activo deben tener derecho al voto.

El mayor general (r) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, puso el foco en las consecuencias políticas y de seguridad de la contienda. “Estas elecciones van a definir seguridad, el fortalecimiento de la democracia, la confianza inversionista, la confianza en las instituciones y, por supuesto, el ejercicio de gobernabilidad”, dijo en entrevista con Semana.

El mayor general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, llevó la discusión al terreno institucional. “La integridad y autonomía de las ramas del poder público. Particularmente, hay que proteger a las altas cortes, ellas son el mecanismo de supervivencia más efectivo de una democracia, porque permea con el filtro de la Constitución y las leyes cualquier acto del Ejecutivo o del Congreso que desborde el orden jurídico”, expuso.

Para el brigadier general (r) Néstor Caro, excomandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo, la segunda vuelta también compromete la situación de seguridad y la posición externa del país. “En la segunda vuelta presidencial está en juego la recuperación de la seguridad nacional, el mantenimiento de la democracia en nuestro país y el fortalecimiento de las instituciones legítimamente constituidas del Estado. Así como recuperar la confianza internacional”, dijo al medio citado.

Por su parte, el brigadier general (r) Giovani Valencia, excomandante de la Tercera División del Ejército, planteó una advertencia sobre el marco constitucional. “Lo que se juega en la segunda vuelta presidencial es el orden constitucional y, como consecuencia, las libertades. Es la democracia en sí misma la que está en riesgo”.

En la misma línea, el brigadier general (r) José James Roa, exdirector de Carabineros de la Policía, vinculó la elección con la estabilidad del país. “Colombia atraviesa un problema de fortaleza institucional que coloca en peligro la democracia, el rumbo político, económico e institucional del país durante los próximos cuatro años. Debemos reconocer que está en riesgo la estabilidad política, económica, alimentaria y la libertad de cada colombiano”.

La visión de los exfuncionarios sobre la seguridad y la fuerza pública

Los exuniformados, además de la advertencia electoral, opinaron sobre los retos del próximo gobierno, en particular, el control territorial, la capacidad operativa y el respaldo institucional. El mayor general (r) Salamanca reclamó recomponer la relación con Estados Unidos.

“El reto que tiene el nuevo gobierno es volver a una relación normal, en lo diplomático, lo comercial y la seguridad, con los Estados Unidos. Para mí, es una de las mayores prioridades que tendría el próximo gobierno, porque es nuestro principal aliado”, dijo Salamanca a Semana.

Sobre el frente interno, el exdirector de la Policía pidió revisar la estrategia estatal ante el avance de los grupos armados. “Empezar a replantear la estrategia del mismo Estado frente a la expansión de grupos armados en el país. Las economías ilícitas están fortaleciendo a los grupos armados organizados en el territorio y, por supuesto, empezando a fijar un control territorial a la ofensiva”.

Desde su conocimiento, expuso que “hay zonas donde, realmente, la criminalidad está campeando. En esa ofensiva, el nuevo gobierno deberá valorar cómo la cooperación policial internacional debe hacerse presente en nuestro país para atacar la criminalidad de manera articulada. La inteligencia tiene que anticiparse para evitar desmanes en el país. Yo sí creo que ha habido un debilitamiento de las capacidades de la inteligencia”.

Mientras que Sanabria reclamó más margen de acción para la fuerza pública y una orientación clara en el uso de las herramientas jurídicas. “Su capacidad de acción, colocar el torque al máximo en el avance militar sobre los grupos armados ilegales para el control territorial. A la Policía, simplemente, dejarla actuar, porque es el cuerpo policial con más facultades en el mundo. A los militares y policías hay que instruirlos sobre los DD. HH. sí permiten hacer, cambiar el lenguaje del ‘no se puede’”.

A su turno, el excomandante Caro pidió una política de seguridad nacional que articule los instrumentos del Estado y que proteja a los uniformados en el plano legal. “El nuevo conductor político debe diseñar una estrategia de seguridad nacional que se convierta en su política de seguridad, donde combine la acción de todos los instrumentos de poder del Estado”.

De igual manera, “se debe brindar seguridad jurídica a la fuerza pública. En el nivel táctico, se debe reentrenar a las fuerzas y suministrarle los recursos económicos suficientes para su funcionamiento adecuado”, señaló.

Valencia puso el acento en la moral, las capacidades de combate y la anticipación tecnológica. “Se debe mejorar en la moral y en la inversión de las capacidades de los elementos del campo de combate. La asistencia de nuevas tecnologías es indispensable para ir adelante; es decir, tener el concepto de la anticipación por encima de la reacción”.

Roa, por su parte, habló de fortalecer desde adentro a la institución policial y militar. Conforme a lo expuesto en el diálogo , “en el próximo gobierno se deben fortalecer la autonomía institucional, las capacidades logísticas y humanas de la fuerza pública desde su interior”, y remarcó que sin ese soporte ningún país es viable.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Perú no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que este tipo de casos deben seguir siendo vistos por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.

La advertencia llega cuando el Congreso de la República se prepara para definir el futuro de una iniciativa que ya fue aprobada en primera votación y que ha generado una fuerte controversia entre organismos nacionales e internacionales. Mientras sus promotores sostienen que busca evitar una doble persecución judicial contra policías y militares, diversas organizaciones de derechos humanos alertan que la propuesta podría abrir la puerta a escenarios de impunidad en casos que involucren a agentes del Estado.

La advertencia de la ONU y el alcance del proyecto en el Congreso

La observación de Volker Türk no se limita a una discrepancia política. En la comunicación difundida por la Oficina del Alto Comisionado, la ONU remarcó que las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial.

Ese criterio coincide con la línea que el sistema de Naciones Unidas ha sostenido durante años: la jurisdicción militar no puede convertirse en una vía para desplazar causas que, por su naturaleza, deben ser examinadas por jueces civiles. En otras palabras, el problema no está en que exista un fuero castrense, sino en que su uso se mantenga restringido y no se extienda a hechos que puedan afectar la vida, la integridad o la libertad de las personas.

El proyecto aprobado en primera votación modifica el Código Penal Militar Policial y establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. También dispone que, si ya existe un proceso abierto en ese fuero, no corresponda abrir otro paralelo en el sistema común. La propuesta recibió respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de sectores de izquierda. Además, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de una segunda votación antes del 24 de junio, fecha que figura como límite legislativo para este trámite.

En el debate parlamentario, quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados al servicio. En esa línea, el congresista Alejandro Muñante defendió que los casos vinculados con acciones funcionales de policías o militares sean conocidos por esa jurisdicción. Sin embargo, desde otra orilla, la congresista Susel Paredes cuestionó que se cree un trato distinto para efectivos que cometan delitos comunes, al considerar que ello rompe el principio de igualdad ante la ley y resta legitimidad a la actuación de jueces y fiscales del sistema ordinario.

Las críticas de organismos y especialistas sobre la impunidad

Las observaciones a la propuesta no vienen solo desde la política. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) advirtió que el texto legislativo recuerda mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, favorecieron escenarios de impunidad en el pasado. En su análisis, la ampliación del concepto de delito de función y la incorporación de hechos ocurridos durante estados de emergencia dentro del ámbito militar-policial pueden debilitar la rendición de cuentas cuando se trate de presuntas violaciones de derechos humanos.

Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la iniciativa resulta incompatible con criterios ya establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delimitado con claridad qué casos corresponden al fuero ordinario y cuáles al militar. Rivera señaló que el proyecto amplía indebidamente la noción de delito de función y podría trasladar al fuero militar-policial hechos que hoy son de competencia del sistema común.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la primera votación y alertó que extender la jurisdicción militar a delitos comunes desnaturaliza el carácter excepcional de ese fuero y eleva el riesgo de impunidad.

La estabilidad del hogar de Wilmer Trujillo, veterano de las fuerzas armadas, se vio alterada por la reciente detención de su esposa, Arelys Barahona-Martínez, en Texas.

De acuerdo con CBS News, la mujer fue arrestada el 10 de junio durante una cita de control migratorio y trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que expone a la familia al riesgo de una separación prolongada.

El futuro de Barahona-Martínez depende ahora de la posibilidad de que se reabra una antigua orden de expulsión y de que se le permita acogerse al programa parole in place, diseñado para proteger a familiares de militares de procesos de deportación.

El recorrido migratorio de Barahona-Martínez

La historia de Arelys Barahona-Martínez está marcada por dos ingresos irregulares a Estados Unidos: el primero en 2005, cuando llegó desde Honduras y, tras un breve periodo, regresó a su país; el segundo en 2018, motivada esta vez por la salud y seguridad de su hijo, Idben.

Según declaraciones recogidas por CBS News, el joven padece neurofibromatosis, una enfermedad genética que provoca tumores en distintas partes del cuerpo. Barahona-Martínez explicó que su retorno obedeció a la necesidad de evitar que el adolescente cayera en manos de pandillas hondureñas y pudiera acceder a tratamiento médico.

La orden de deportación contra Barahona-Martínez, emitida hace más de dos décadas, cobra vigencia tras el arresto en Dallas, pese a que la mujer no registra antecedentes penales. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por CBS News, la detención responde a la política de priorizar la ejecución de órdenes previas, sin distinguir entre personas con o sin historial criminal.

Impacto familiar y testimonio del veterano

La detención de Barahona-Martínez alteró la rutina y el entorno familiar de Wilmer Trujillo, quien sirvió durante casi 20 años en el Ejército de Estados Unidos y en la Guardia Nacional de Texas.

Trujillo relató a CBS News que considera este episodio como la mayor adversidad de su vida, más desafiante que cualquier misión militar en Afganistán, Irak o Corea del Sur.

“Me destroza, porque el país por el que trabajé toda mi vida está destruyendo a mi familia y me está quitando a mi esposa”, expresó Trujillo a CBS News en su domicilio de Princeton, un suburbio de Dallas.

El exmilitar también compartió su desconcierto acerca de tener que suplicar a su propio país para poder mantener unida a su familia: “Nunca pensé que estaría en una situación en la que le suplico a mi propio país que deje ir a mi esposa para que podamos hacer las cosas de la manera correcta”, sostuvo en el mismo medio.

El vínculo entre Barahona-Martínez y las hijas de Trujillo, fruto de un matrimonio previo, se estrechó desde su llegada a la familia.

Ahora, la ausencia de la madre se percibe de manera aguda en el hogar. Idben, de 20 años, resumió el vacío que siente: “Ella vino a este país solo para salvarme la vida”, manifestó el joven en diálogo con CBS News.

El desafío legal y las posibilidades de reunificación

Barahona-Martínez permanece en el centro de detención del ICE en Alvarado, Texas, desde donde se comunicó con Trujillo a través de videollamada.

Durante la conversación, describió su situación con estas palabras: “Es realmente un infierno que te juzguen como si fueras una criminal”, según recogió CBS News.

Su objetivo inmediato es conseguir la reapertura de su expediente migratorio y acceder al programa parole in place, mecanismo que permite a ciertos familiares de militares regularizar su estatus en el país.

El camino hacia la residencia permanente depende de la decisión de un juez de inmigración y de la disposición del Gobierno para conceder este beneficio. Hasta el momento, ICE no definió si Barahona-Martínez podrá continuar el trámite fuera de detención.

CBS News subraya que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia endureció los criterios para liberar a personas con órdenes de deportación, incluso si carecen de antecedentes penales.

Este caso pone en evidencia los dilemas y tensiones del sistema migratorio estadounidense, especialmente cuando afecta a familias vinculadas al servicio militar.

La familia Trujillo-Barahona aguarda una resolución judicial que podría sentar un precedente para otros casos similares.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el gobierno federal contempla nuevas adquisiciones para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana, con una estrategia que priorizará aeronaves de carga, transporte de personal y helicópteros durante la actual administración.

Durante ’La Mañanera’ de este martes, el mando militar explicó que estas compras forman parte de un plan integral de desarrollo diseñado para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cuyo propósito es mantener en condiciones óptimas tanto al personal como al equipamiento utilizado por las Fuerzas Armadas.

Según detalló, la estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo, con una proyección que se extiende hasta el año 2050.

“Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional”, señaló Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre la modernización de la aviación militar mexicana.

El secretario explicó que las adquisiciones previstas para el corto plazo, es decir, durante la actual administración federal, estarán enfocadas principalmente en aeronaves destinadas a tareas de apoyo logístico y transporte.

“Ya tenemos contempladas todas las adquisiciones que se deben hacer y, hablando de las aeronaves, va encaminado con prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y de helicópteros”, indicó.

Trevilla destacó que estas plataformas son consideradas fundamentales para las operaciones diarias de las Fuerzas Armadas y para las labores de apoyo a la población civil.

En particular, subrayó la relevancia de los helicópteros debido a la diversidad de misiones que pueden desempeñar.

“Los ocupamos mucho en la aplicación del Plan DN-III y también en las operaciones”, afirmó.

El Plan DN-III-E es el mecanismo mediante el cual el Ejército y la Fuerza Aérea participan en tareas de auxilio durante desastres naturales, inundaciones, incendios, huracanes y otras emergencias que afectan a la población.

Sustitución de los aviones F-5, parte de la planeación de largo plazo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el futuro de los aviones de combate F-5, aeronaves que integran desde hace décadas la flota de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al respecto, Trevilla explicó que la renovación de esos equipos forma parte del programa de modernización, aunque no se encuentra entre las prioridades inmediatas.

El general señaló que la eventual sustitución de los F-5 está contemplada dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del plan de desarrollo.

“Los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los aviones F-5 y eso sería a mediano y largo plazo”, explicó.

Con ello, el funcionario indicó que los proyectos relacionados con aeronaves de combate se desarrollarán de manera gradual dentro de una estrategia que se extenderá más allá de la presente administración.

Producción militar y adquisiciones especializadas

Durante su intervención, Trevilla también explicó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no depende exclusivamente de nuevas compras.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una fábrica de vestuario y equipo, además de una industria militar encargada de producir diversos materiales utilizados por el Ejército y la Guardia Nacional.

Sin embargo, precisó que existen capacidades y equipos que requieren procesos de adquisición específicos para garantizar que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

“Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí es de donde nos abastecemos, pero también existe el procedimiento de las adquisiciones”, señaló.

El secretario sostuvo que todas estas acciones forman parte de una planeación integral orientada a mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas y responder a las necesidades que enfrentarán en los próximos años.

Con este programa, el gobierno federal busca fortalecer las capacidades logísticas, de transporte y de respuesta ante emergencias de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras avanza en una estrategia de modernización que contempla inversiones escalonadas y la eventual renovación de parte de su flota actual.

La propuesta, respaldada por bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, obtuvo 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones en el Pleno. Aunque todavía debe superar una segunda votación antes de convertirse en ley, ya ha generado fuertes cuestionamientos de especialistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre un posible impacto en investigaciones que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Qué cambia con la propuesta aprobada en el Congreso

De acuerdo con lo expuesto por Quispe en diálogo con Exitosa, el proyecto aprobado en primera votación introduce una modificación de fondo en el tratamiento de los hechos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. El especialista recordó que, bajo el marco actual, los llamados delitos de función están vinculados a conductas propias de la disciplina interna, como una desobediencia, un insulto a un superior o el incumplimiento de órdenes operativas. Sin embargo, la iniciativa legislativa apunta a incluir en esa categoría hechos que no tendrían esa naturaleza.

“Se ha aprobado, como ya es costumbre del Congreso, una norma inconstitucional”, sostuvo el abogado del IDL en la entrevista radial. Para el especialista, el problema central está en que el texto pretende trasladar a la jurisdicción militar policial casos que deberían seguir siendo investigados y sancionados en la justicia ordinaria, especialmente cuando se trata de hechos que afectan derechos fundamentales de civiles.

En su explicación, Quispe puso como ejemplo un eventual caso de asesinato o tortura dentro de una comisaría contra un ciudadano. A su criterio, esos hechos no pueden ser tratados como si fueran simples faltas derivadas del servicio, porque implican delitos comunes que ya cuentan con un criterio definido por la Corte Suprema desde hace décadas. También advirtió que, según la forma en que está redactada la iniciativa, podrían alcanzarse incluso procesos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el caso de un policía que haya recibido una coima.

Otro punto que encendió las alertas es que la propuesta impediría que una misma persona sea investigada al mismo tiempo en dos vías distintas por los mismos hechos. Para sus defensores, esa medida busca evitar la doble persecución. Para sus críticos, en cambio, el efecto práctico sería restringir la actuación del Ministerio Público y limitar el control de los jueces ordinarios en causas que involucran a agentes del Estado.

Las objeciones del IDL y el temor por la impunidad

Uno de los puntos más sensibles planteados por Juan José Quispe tiene que ver con el impacto que esta norma podría tener en casos relacionados con derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a protestas sociales y operativos policiales o militares. Según señaló, la posibilidad de que expedientes como esos pasen al fuero privativo abriría la puerta a decisiones menos severas y a una eventual reducción de responsabilidades penales.

El abogado fue claro al sostener que la Policía Nacional o el Ejército no pueden actuar como juez y parte en procesos que los involucran directamente. Desde su perspectiva, permitir que el mismo aparato institucional que participó en los hechos también intervenga en su juzgamiento compromete la imparcialidad de las investigaciones. En ese sentido, afirmó que no resulta confiable que una instancia vinculada a la propia estructura castrense determine la responsabilidad penal de sus miembros.

Quispe también mencionó el escenario de la llamada cadena de mando, un tema que suele aparecer en investigaciones complejas sobre uso excesivo de la fuerza. Explicó que, en muchos casos, las pesquisas no se quedan en el nivel operativo de un suboficial, sino que avanzan hacia mandos intermedios y superiores, incluso hasta autoridades políticas y jefaturas institucionales. Bajo la lógica del proyecto, advirtió, juzgar a esos niveles dentro de la justicia militar policial podría volverse aún más difícil.

El abogado del IDL agregó que, en la práctica, una relación jerárquica dentro de la institución puede afectar la independencia del proceso. Puso como ejemplo el caso de un suboficial que tenga que tomar declaraciones a un general investigado, una situación que, según dijo, podría generar una evidente asimetría en el trato y afectar la objetividad de la investigación. A ello sumó el riesgo de que las sanciones terminen siendo menores o de que ciertos hechos sean reinterpretados como una actuación legítima en defensa del servicio.

Durante la entrevista, Quispe recordó además que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya han establecido límites sobre qué debe considerarse realmente un delito de función. Por eso, consideró que la propuesta parlamentaria desnaturaliza esa figura y rompe el criterio que durante años ha permitido diferenciar entre infracciones militares o policiales internas y delitos comunes cometidos contra civiles.

En paralelo, desde otros sectores también se han expresado críticas. El abogado Carlos Rivera, del IDL, advirtió que la redacción del proyecto podría alcanzar procesos ya en marcha y afectar casos sensibles vinculados con protestas y violencia estatal. En tanto, la congresista Susel Paredes cuestionó que se intente crear un trato especial para policías y militares que cometen delitos comunes, mientras que desde el propio debate parlamentario se insistió en que la iniciativa busca evitar procesos paralelos.

El capitán del Ejército Oliver Ogando murió la madrugada de este domingo en Villa Altagracia tras recibir heridas de bala en el sector Tierra Santa. Por el caso hay dos detenidos y una de las armas ocupadas aparece registrada como propiedad del oficial fallecido, según la Policía Nacional, caso que además, fue citado por la mayoría de medios locales.

La víctima fue identificada como Oliver Octavio Ogando Suero, capitán del Ejército de la República Dominicana, según la Policía Nacional. El hecho ocurrió en las proximidades de un centro de expendio de bebidas alcohólicas del sector Tierra Santa, en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que el incidente se registró alrededor de las 6:18. Ese medio señaló que Ogando Suero se encontraba compartiendo en el establecimiento conocido como La Cobertura cuando se produjo un intercambio de disparos por causas no esclarecidas.

Los arrestos y las armas ocupadas

Los detenidos fueron identificados como Luismi S. S., alias “el Ruso”, y José Luis A. L., conocido como “Trimbi”, señalados por las autoridades como presuntos responsables de la muerte del oficial, según la Policía Nacional. El arresto fue realizado por agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público.

Entre los elementos ocupados figuran dos armas de fuego halladas a Sánchez Sánchez, de 20 años, y una de ellas aparece registrada como propiedad del oficial fallecido, de acuerdo con la Policía Nacional citada también por Diario Libre. Durante la inspección del vehículo de la víctima también fueron encontradas sus pertenencias personales, incluido dinero en efectivo.

Noticias Telemicro,también informó sobre el arresto de esos dos hombres por su presunta vinculación con la muerte a tiros del capitán. Las investigaciones preliminares indican que a Luismi “le ocuparon dos armas de fuego y que una de ellas figura como propiedad del oficial fallecido”.

La Policía Nacional sostuvo que las circunstancias del caso continúan bajo investigación. El Nuevo Diario reportó que hasta ese momento las autoridades no habían establecido el origen del tiroteo ni las circunstancias que lo provocaron.

El pedido de una investigación

Tras el hecho, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos filial San Luis exigió a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los organismos investigativos de las Fuerzas Armadas una investigación exhaustiva para identificar y someter a los responsables, según El Nuevo Diario.

El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la zona de San Luis, Santo Domingo Este, Diógenes Ozuna, reclamó además la intervención de la Procuraduría General de la República y del J-2 del Ministerio de Defensa, según El Nuevo Diario. En declaraciones recogidas por ese medio, planteó: “La Policía y el Ministerio Público están en la obligación de determinar la causa real que provocó la muerte de este oficial”.

Ozuna también expresó preocupación por los niveles de violencia registrados en el país y pidió fortalecer las acciones preventivas mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte del capitán, según El Nuevo Diario. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según la Policía Nacional citada por Diario Libre y por N Telemicro.

A Culiacán, Sinaloa, arribaron 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con el objetivo de reforzar las tareas en la entidad. Los uniformados llegaron el domingo 14 de junio. Cabe destacar que el mismo día que fue informada la llegada de los uniformados, el 14 de junio, fue registrada un ataque armado en la colonia Independencia.

Reportes de medios locales señalan que los elementos de seguridad llegaron durante la mañana del domingo vía terrestre. Un video muestra parte del despliegue de los militares por las vías de Culiacán.

Los elementos que llegaron a ala entidad cuentan con capacitación especializada en actividades de operaciones tácticas en zonas urbanas.

“Dentro de las misiones asignadas al Ejército Mexicano al adiestramiento para la seguridad interior, es al que se sujeta el personal para estar en condiciones de garantizar el Desarrollo Institucional y el Orden Interno del País”, es parte del reporte oficial.

Los agentes recorrieron puntos como Campo El Diez, avenida Jesús Kumate, Ley del Valle, el Congreso del Estado, Ley Palmito, avenida Insurgentes, avenida Álvaro Obregón, avenida Ciudades Hermanas y las instalaciones de la Novena Zona Militar, según destaque el medio local Los Noticieristas.

Suman mil efectivos desplegados en Sinaloa

Asimismo, el pasado 7 de junio fue informada la llegada de 500 elementos de seguridad a Sinaloa con la finalidad de reforzar la seguridad en el estado.

Ante la llegada de los uniformados, la presidenta municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, aseguró que la llegada de los uniformados es bien recibida.

“Son bien recibidos, lo que sume, abone, sabemos que tenemos esta tarea que no ha cesado, entonces los tres órdenes de gobierno estamos trabajando en la búsqueda de esta paz para la ciudad", comentó.

“Murciélagos” en Sinaloa

Mientras que el pasado 3 de junio fue informada la llegada de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como “Los Murciélagos”, quienes despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.

El contingente llegó a la entidad para sumarse a efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa zona del país.

La Defensa detalló que la misión del contingente es fortalecer las acciones de seguridad que las fuerzas federales sostienen en el estado en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De igual manera, la institución señaló que las unidades actuarán en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

Los efectivos realizarán su labor en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Previamente, Ricardo Trevilla Trejo, titular del Ejército y Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, realizaron una visita de supervisión a la capital de Sinaloa con el objetivo de verificar el despliegue operativo y evaluar las acciones que las fuerzas federales sostienen en la entidad.

La supervisión tuvo lugar un día después de que 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano —conocidos como "Los Murciélagos“— arribaran a Culiacán para reforzar la seguridad en la zona. Los efectivos despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.

La operación se desarrolló el domingo 14 de junio de 2026 en la vereda Las Juntas, donde las tropas destruyeron los dispositivos antes de que pudieran ser usados contra la población civil o la Fuerza Pública.

El hallazgo y la destrucción controlada de los explosivos formaron parte de una serie de acciones coordinadas por el Batallón de Despliegue Rápido N.º 33, que es parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11.

Estas unidades, dotadas de capacidades especializadas en búsqueda y detección de amenazas, rastrearon y detectaron los artefactos durante una operación orientada especialmente a proteger la seguridad del suroriente colombiano.

Así como explicó el mayor Pedro Castellanos Riveros, comandante del Batallón de Despliegue Rápido número 33 del Ejército Nacional: “Esta operación fue posible gracias al trabajo permanente de las tropas en el área de operaciones y al empleo de las capacidades especializadas de búsqueda y detección de la amenaza, lo que permitió identificar estos elementos explosivos antes de que fueran utilizados en contra de la población civil y la fuerza pública”.

Según información preliminar, los artefactos secuestrados habrían sido instalados por integrantes de la Estructura Primera Armando Ríos, identificada como una facción del grupo residual de las antiguas Farc, ahora dirigida por alias Iván Mordisco.

La institución enfatizó que estos dispositivos están prohibidos tanto por el derecho internacional humanitario como por los derechos humanos, destacando el riesgo que suponen para civiles y fuerzas de seguridad.

Durante el procedimiento, además de los explosivos, las tropas destruyeron un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal y tres medios de lanzamiento, elementos asociados a su activación y uso. Esta acción, subrayó el comunicado, constituye una afectación directa a las capacidades terroristas de este grupo ilegal.

La Fuerza de Tarea Omega informó que continuará con operaciones sostenidas bajo el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y el Plan Democracia 2026. El objetivo es proteger a la población civil, consolidar la gobernabilidad y contrarrestar cualquier intento de los grupos armados por afectar la tranquilidad regional.

Las autoridades militares reiteran que el despliegue permanente de sus unidades sobre el terreno y el uso de capacidades técnicas avanzadas son determinantes para anticiparse a las amenazas y reducir el riesgo de ataques. “La neutralización de estos artefactos explosivos representa una afectación contundente a las capacidades terroristas de esta estructura ilegal y contribuye al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el departamento del Guaviare”, concluyó el oficial.

Así, la reciente intervención en Calamar representa un avance concreto en la lucha contra la criminalidad armada, aportando a la estabilidad de las zonas rurales de Guaviare.

El operativo dejó como saldo inmediato una mejora en las condiciones de seguridad para las comunidades rurales de Guaviare, en una coyuntura donde la amenaza de artefactos improvisados impacta tanto la cotidianidad de los habitantes como la movilidad en los corredores rurales.

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

El procedimiento, realizado en la vereda Los Ángeles, contó con la intervención de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 y el respaldo de la Fiscalía General y el CTI.

Según informes de inteligencia militar, el centro de acopio destruido abastecía al Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las estructuras armadas ilegales más activas en la región.

En el lugar, las fuerzas conjuntas destruyeron 118 artefactos explosivos y decomisaron un arsenal variado: 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos accionados por la víctima, 15 lanzadores, 182 municiones de fabricación artesanal y 520 detonadores. Además, se incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos, brazaletes y una bandera identificada con insignias del ELN.

La acción se enmarca en el Plan de Operaciones Ayacucho Plus, estrategia que busca debilitar el poder logístico y operativo de los grupos armados ilegales en zonas críticas del país. La incautación de este material explosivo representa un golpe directo a la capacidad ofensiva del grupo insurgente, según fuentes militares.

El Ejército de Guatemala y la PNC iniciaron este sábado el operativo conjunto Mercado Seguro en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango para reforzar la seguridad en centros de comercio que han sido golpeados por la delincuencia y por extorsiones, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La operación también incluye patrullajes de seguridad en distintos puntos y avenidas del Mercado Central y del Mercado Colón de la ciudad capital, a cargo de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, de acuerdo con el texto oficial difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El despliegue fue presentado como una estrategia para fortalecer la presencia de las autoridades en mercados cantonales y centros de comercio de esos tres departamentos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y dar condiciones de seguridad para comerciantes y compradores, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El segundo comandante de la Brigada Militar Mariscal Zavala, Ángel Carrera Sandoval, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el inicio de estas operaciones busca mantener un entorno protegido para quienes trabajan y compran en esos espacios. En su declaración, sostuvo: “El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil llevan a cabo el inicio de las operaciones denominadas Mercado Seguro. Con esta operación, el Ejército de Guatemala continúa garantizando un entorno seguro para los comerciantes y visitantes, en donde puedan trabajar y comprar con total confianza”.

El operativo se enfoca en mercados afectados por extorsiones

La respuesta central del plan es directa: Mercado Seguro consiste en acciones de verificación, monitoreo y patrullaje en mercados de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango que han sufrido ataques de la delincuencia y han sido objeto de extorsiones, en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Carrera Sandoval agregó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el acompañamiento de las fuerzas de seguridad civil busca “dar la certeza a todos aquellos mercados que han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones y han amedrentado a nuestra población”.

Estas acciones se desarrollan en áreas de alta afluencia de personas y están orientadas a reforzar la vigilancia, proteger la economía local y devolver la tranquilidad a la población guatemalteca, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La misma información oficial remarca que el trabajo interinstitucional pretende sostener acciones permanentes de vigilancia y prevención para proteger a la población y garantizar espacios seguros, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Los mercados concentran trabajo, comercio y sustento familiar

La justificación del operativo parte del peso económico y social de estos espacios. Los mercados son presentados en el texto oficial como lugares de trabajo, encuentro y sustento para miles de familias guatemaltecas.

Bajo esa premisa, el despliegue en Mercado Central y Mercado Colón, así como en otros centros de comercio de los tres departamentos, busca que comerciantes y visitantes desarrollen sus actividades diarias con normalidad y que las comunidades mantengan su dinámica económica, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En otra declaración recogida por la Agencia Guatemalteca de Noticias, Carrera Sandoval afirmó: “Aunado con esto, las fuerzas de seguridad civil nos acompañan para dar la certeza a todos aquellos mercados que han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones y han amedrentado a nuestra población”.

El mando militar añadió en la misma intervención, según la Agencia Guatemalteca de Noticias: “Estamos para servirles y cuando a un soldado se le pide una mano, tenemos dos para poder apoyar”.

Uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en Medellín a alias Zarco, señalado como presunto cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial suministrada por voceros del Ejército, la operación se realizó tras diez meses de investigación intensiva, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con la participación de tropas del Batallón de Selva N.° 57 y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín).

De acuerdo con el Ejército Nacional, la detención se produjo gracias a labores de inteligencia militar y recolección de información que llevó a las autoridades a ubicar al individuo en la capital antioqueña, donde “se había desplazado hasta la capital antioqueña con la presunta intención de evadir a la justicia”, detallaron voceros de la institución.

Las investigaciones oficiales señalan que el capturado integraba la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y acumulaba una trayectoria de ocho años dentro de la organización. Su papel habría abarcado desde tareas de inteligencia delictiva y logística hasta la coordinación y dirección de sicarios en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Posteriormente, habría asumido funciones como cabecilla de zona, liderando acciones de homicidio selectivo, intimidación y fortalecimiento del control armado y financiero en la región.

Luego de ascender dentro de la organización criminal, “Zarco” habría asumido un papel fundamental en la planificación y ejecución de homicidios con actos terroristas en contra la población civil, así como otros hechos violentos — que siguen siendo materia de indagación—en aras de ganar control territorial, armado y financiero para el Clan del Golfo.

Tras su captura, los uniformados hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Alias Zarco fue trasladado a El Bagre, Antioquia, y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Desde el Ejército Nacional se mantendrá el despliegue de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de combatir los factores de inestabilidad, proteger a la población y reforzar la presencia institucional en el territorio en el que operó delictivamente “Zarco”.

Siguen los operativos contra grupos armados y delincuenciales en Medellín

Desde principios de junio de 2026, las autoridades de Medellín realizaron 36 allanamientos y capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo, según informaron fuentes oficiales.

La megaoperación, dirigida contra una de las estructuras responsables de homicidios y extorsión en el nororiente de la ciudad, permitió también la incautación de dinero, drogas y tecnología empleada para actividades ilícitas.

Entre los capturados figuran varios presuntos coordinadores de la organización, como Luis Albeiro Mazo (alias La Mica), señalado de operar en Carpinelo y Carambolas; Edison Arbey Castañeda (alias Bedoya), con presencia en el sector de La Esperanza; William Fernando Zapata Vera (alias El Ciego), vinculado a los sectores de Tablones y Carpinelo; y John Fernando Vera Mazo (alias Pirulo), quien habría coordinado actividades en La Aldea y El Compromiso.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que “esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad”.

La investigación, que se extendió durante ocho meses y se basó en denuncias de más de diez víctimas, permitió recolectar pruebas suficientes para imputar cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

Según las autoridades, el grupo San Pablo estaría exigiendo pagos extorsivos a cerca de 1.000 comerciantes, con rentas mensuales superiores a 600 millones de pesos. Durante lo que va de 2026, han sido detenidos más de 80 presuntos extorsionistas de esta organización, incluidos seis cabecillas, y se han incautado armas de fuego y otros elementos usados para la comisión de delitos.

El recorrido de Will Simpson lo llevó del rugby al ejército y, finalmente, a idear una barrita sustitutiva de comida. En sus primeros años como jugador, Simpson reconoció: “Siempre pensé: ‘Algún día nos llamarán’… pero pronto me di cuenta de que no era lo suficientemente grande, ni lo suficientemente rápido… y probablemente tampoco lo suficientemente bueno”. Ese descubrimiento lo impulsó a replantear su camino, según narró en Men’s Health UK.

El siguiente capítulo lo encontró en el ejército, donde se desempeñó en tareas de reconocimiento y atravesó lo que describió como “uno de los cursos de selección más duros del ejército”. En medio de esa exigencia, nació la inquietud por crear un alimento que cubriera mejor las necesidades de quienes, como él, debían rendir al máximo con recursos limitados.

“La alarma sonaba a las tres y media… desayunaba a las cuatro… y a las cuatro y media ya estaba en el vehículo”, relató sobre su rutina. El sistema de alimentación militar resultaba sencillo pero insuficiente: “Había grandes contenedores de comida; simplemente llenabas tus bolsillos antes de salir. Un tentempié de cada contenedor. Básicamente eran siete barritas de chocolate o barritas de avena”.

Simpson señaló que este racionamiento de azúcar solo servía “a corto plazo”. Según relató a Men’s Health UK, “recuerdo haberme sentido genial durante la primera o segunda hora… y luego te quedabas completamente agotado”. Durante seis meses de entrenamientos intensos, se preguntó: “¿Dónde está la recuperación? ¿Dónde están las grasas? ¿Dónde está el equilibrio?”.

A partir de esa necesidad, Simpson comenzó a experimentar. “Me dije: ‘Vale, 600 calorías. 60-20-20: carbohidratos, proteínas, grasas. Ingredientes mínimos’”. El primer prototipo no tuvo éxito: “Llevaba avena, quinoa, dátiles, miel… Lo horneé. Era una galleta densa, gruesa e incomible”. Sin desanimarse, presentó la idea a un nutricionista deportivo y a varios proveedores.

“Le dije: ‘Tengo esta barrita’... ¡No tenía ninguna barrita!”, relató entre risas. Tras más de 30 iteraciones junto a científicos de la alimentación, así nació Real Meal, la barrita sustitutiva de comida que terminó comercializando, según narró.

El entrenamiento y la adaptación a la vida diaria

La disciplina física de Will Simpson no se limitó a su época de deportista o militar: continuó perfeccionando su entrenamiento con desafíos como Ironmans y una ultramaratón de 160 kilómetros (99 millas). “Lo puse a prueba conmigo mismo. Largas rutas en bici, Ironmans… y luego hice una ultramaratón de 160 kilómetros usando solo el manillar”, detalló. Tras recorrer esa distancia en 21 horas, recordó: “Pensé: no voy a dar un paso más”.

Simpson integró el entrenamiento en la vida diaria. “No se hacía ilusiones con una estructura perfecta. El entrenamiento se adaptaba a todo lo demás”, resaltó el artículo. Según Simpson, “las exigencias son mínimas. Darse cuenta de eso facilitaba simplemente hacer algo”.

La sostenibilidad y la flexibilidad en la rutina de ejercicio

Para Simpson, la constancia surgió de reducir la presión: no buscaba sesiones ideales ni condiciones perfectas y aceptaba que “saltarse un entrenamiento no es el fin del mundo”. Su enfoque priorizó la repetición sobre la perfección y la sostenibilidad sobre la optimización. Simpson afirmó que, salvo cuando entrenaba para un objetivo concreto, prefería comprometerse con el proceso más que con metas fijas. “No se trataba de decir ‘mejora tu técnica de escalada’… sino de ‘escalar dos veces por semana’”, explicó.

Para quienes enfrentaban obligaciones laborales, familiares o imprevistos, ese método evitaba que la rutina se desarmara por cambios inesperados y convertía el ejercicio en un hábito. “Pensá en: ‘tres horas de entrenamiento total a la semana’, en lugar de un plan rígido que se desviaba fácilmente”, recomendó.

La nutrición y su integración con la vida familiar

La alimentación siguió la misma filosofía de sencillez y adaptación. Simpson evitó la complejidad y se apoyó en reglas: “Cenaba con mis hijos. No preparaba una comida completamente aparte”. Apostó por la estructura suficiente para mantener el rumbo sin obsesionarse. “Si consumís suficientes proteínas, frutas y verduras… es muy difícil que todo lo demás falle”, resumió.

El énfasis estuvo en los alimentos integrales y las proteínas como base de la dieta, lo que facilitó la integración de la nutrición en la vida cotidiana sin sacrificar la convivencia familiar. Simpson rechazó la idea de planes alimenticios rígidos y prefirió guiarse por pautas repetibles.

Reducir barreras y priorizar la repetición

El principio que resumió el itinerario de Simpson, desde el rugby hasta el ejército y la empresa, fue la reducción de las barreras para la acción. “Simplemente hacé algo”, aconsejó. Según él, la mayoría fracasaba no por falta de esfuerzo, sino porque los objetivos o sistemas que intentaban adoptar no encajaban en su vida real.

“Si lo hacés con la suficiente frecuencia, todo lo demás tiende a resolverse solo”, concluyó. Esta perspectiva apostó por la repetibilidad y la adaptación constante, mostrando que la clave de la forma física y la salud estuvo en hacer lo posible, no en perseguir la perfección.

Un ataque armado registrado en una funeraria de Culiacán derivó en una persecución y un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano que dejó como saldo un presunto agresor muerto, un detenido y el aseguramiento de armamento de alto poder, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 3 de junio en el estacionamiento subterráneo de la funeraria Moreh, ubicada en el cruce de la avenida General Domingo Rubí y el bulevar Emiliano Zapata.

Según la información disponible, un grupo de hombres armados llegó al lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta blanco y abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en el sitio. La agresión provocó daños por impactos de bala en dos automóviles estacionados, un vehículo BMW y un Kia Río. No se reportaron personas lesionadas durante este primer incidente.

Tras el ataque, elementos militares detectaron a los presuntos responsables cuando intentaban abandonar el estacionamiento, lo que dio inicio a una persecución por distintos sectores de la ciudad.

Durante la huida, los ocupantes de los vehículos arrojaron ponchallantas sobre el bulevar Rolando Arjona, situación que afectó a varios automóviles particulares que transitaban por la zona.

La movilización concluyó en un camino de terracería ubicado junto a un canal pluvial en el fraccionamiento Espacio Barcelona, al oriente del bulevar Elbert. En ese punto se registró un nuevo intercambio de disparos entre los presuntos agresores y las fuerzas de seguridad.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes murió dentro de un Kia Forte blanco que presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Otro hombre fue detenido en el lugar, mientras que dos personas más lograron escapar y no fueron localizadas durante el operativo de búsqueda desplegado posteriormente.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico, material que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias de identificación y necropsia de ley. Tanto el detenido como el armamento y el vehículo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias de los hechos.

Hechos similares y disputas recientes vinculadas al narcomenudeo

En Culiacán se han registrado de forma recurrente hechos violentos relacionados con disputas entre grupos delictivos y operativos de seguridad, principalmente vinculados al narcomenudeo, el robo de vehículos y la portación de armas de fuego. En distintos puntos de la capital sinaloense, autoridades estatales y federales han reportado cateos, detenciones y enfrentamientos que derivan en el aseguramiento de armas largas, cartuchos, vehículos y drogas sintéticas.

En colonias como La Presita, Costa Rica, Villas del Río y sectores periféricos de la ciudad, se han documentado intervenciones en las que se han localizado inmuebles utilizados presuntamente como puntos de almacenamiento o distribución de narcóticos. En estos operativos, las autoridades han asegurado desde dosis de marihuana y cristal hasta laboratorios o áreas improvisadas para la elaboración de drogas sintéticas.

La presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército en diversos aseguramientos también ha sido una constante en la región, en algunos casos vinculada a persecuciones o enfrentamientos posteriores a denuncias ciudadanas o labores de inteligencia. Estos hechos han derivado en detenciones y en el aseguramiento de vehículos con reporte de robo o con alteraciones en sus números de identificación.

De acuerdo con la información oficial, la actividad delictiva en Culiacán se mantiene bajo atención permanente de las autoridades de seguridad, que han desplegado operativos coordinados en distintas zonas urbanas y rurales del municipio para la detección de células dedicadas al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

La violencia en Culiacán y el despliegue permanente de fuerzas federales han generado un fenómeno visible en distintas colonias de la capital sinaloense: viviendas vandalizadas, incendiadas o abandonadas por el crimen organizado son utilizadas como posiciones temporales por elementos del Ejército Mexicano.

Se trata de inmuebles conocidos de forma coloquial como “casas reventadas”, término utilizado para describir domicilios con daños por impactos de bala, incendios, portones forzados o afectaciones estructurales derivadas de hechos violentos. En varios casos, estas propiedades permanecen deshabitadas durante meses o incluso años.

Estos espacios forman parte de la estrategia de vigilancia territorial en el contexto de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, a más de 600 días de la ruptura interna entre los llamados “Chapitos” y “Mayitos”.

En respuesta a una solicitud de información del medio local Río doce, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue requerida para detallar el número de domicilios utilizados como cuarteles, su ubicación y los periodos de ocupación. Sin embargo, la dependencia respondió que no localizó registros documentales con esos datos.

En el documento oficial, la institución explicó que tras una búsqueda en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional no se encontró evidencia que atendiera la solicitud, por lo que se aplicaron los criterios de inexistencia previstos en la legislación de transparencia.

Una segunda solicitud, en la que se pidió el fundamento legal para la ocupación de viviendas abandonadas o vandalizadas por personal militar, obtuvo una respuesta similar sin información adicional.

Cuestionamientos legales por la ocupación de inmuebles privados

El tema ha abierto cuestionamientos legales sobre el uso de propiedades privadas por parte de fuerzas armadas. Julio Alfonso Castro, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, sostuvo que no existe un marco jurídico que permita a militares habitar viviendas particulares, incluso cuando se encuentren abandonadas o dañadas.

El abogado explicó que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Sinaloa, la ocupación de un inmueble sin consentimiento del propietario puede configurarse como delito de despojo, salvo que exista autorización legal o una orden judicial que lo justifique.

Añadió que, en el caso de inmuebles asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), su uso sólo puede justificarse para fines de resguardo ministerial, con el objetivo de preservar evidencias dentro de una investigación en curso.

En contraste con el debate jurídico, en diversas colonias de Culiacán la presencia militar en este tipo de viviendas forma parte del entorno cotidiano de seguridad.

De acuerdo con el medio citado, en la colonia Industrial El Palmito, durante un recorrido nocturno, se observó a elementos del Ejército instalados en una casa de dos plantas con alberca, la cual, de acuerdo con vecinos, permanecía abandonada desde hacía tiempo. En el exterior, patrullajes y el uso de vehículos tácticos forman parte del esquema de vigilancia en una zona con antecedentes recientes de violencia.

En otros puntos de la ciudad se identifican inmuebles con características similares. En la colonia Miguel Hidalgo, una vivienda dañada por hechos violentos fue acondicionada con costales de arena y utilizada como punto de vigilancia militar. A corta distancia, en la colonia Guadalupe Victoria, otra casa de dos niveles presenta una instalación similar con presencia de elementos castrenses.

También se documentó el uso temporal de una vivienda en la colonia Laureles Pinos, cerca del Panteón 21 de Marzo, que fue utilizada como punto de resguardo y posteriormente desocupada.

En conjunto, estos casos muestran una estrategia operativa basada en la ocupación de inmuebles que han quedado inutilizados tras hechos de violencia, en un contexto donde la infraestructura urbana dañada por el crimen organizado forma parte del despliegue de seguridad en la capital sinaloense.

El 2 de junio, la Fiscalía Penal Militar y Policial anunció la captura de un oficial adscrito al batallón de servicios 23 de Pasto, en Nariño, que fue acusado de pedirle dinero en efectivo a los soldados que solicitaban algún tipo de permiso.

Un equipo especializado y jurídico llevó a cabo el proceso de detención para hacer efectiva la medida de aseguramiento intramural impuesta contra el uniformado que está siendo investigado por sus presuntos actos de corrupción.

En los avances que se han revelado, los investigadores han encontrado evidencia de que el oficial exigió un pago de 50.000 pesos por cada uno de los 39 soldados que recibieron más días de permiso para pasar tiempo con su familia en diciembre de 2025.

“Según la información obtenida, los pagos se habrían realizado mediante transferencias a su cuenta personal, así como por medios electrónicos y en efectivo”, anunció la Fiscalía.

La investigación comenzó en enero de 2026 luego de que el ente acusador recibió información y evidencia de la conducta del uniformado, y con este material se argumentó la solicitud de captura que fue aprobada por el Juzgado 1717 de Control de Garantías.

“La Fiscalía General Penal Militar y Policial ratifica su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la administración de justicia, con observancia de los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad”, es parte del comunicado oficial.

Tras la detención, el uniformado capturado enfrentará un proceso penal por presuntos actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero a soldados a cambio de permisos. Si la investigación confirma su responsabilidad, podría ser condenado a una pena privativa de la libertad, lo que implicaría su retiro del servicio activo y la pérdida de beneficios institucionales.

Además, se abrirá un proceso disciplinario interno que podría derivar en su destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. En el ámbito penal, el oficial podría enfrentar sanciones económicas, como el pago de multas, y la obligación de devolver los recursos recibidos ilícitamente.

Otro caso divulgado por la Fiscalía Penal Militar y Policial fue la confirmación de la condena de doce meses de prisión para un cabo que agredió física y verbalmente a un superior en octubre de 2022.

El hecho se registró el 14 de octubre de 2022, cuando el cabo Andrés Felipe González agredió al sargento Rueda Arias en las instalaciones del Departamento de Logística del Ejército Nacional, de manera inmediata el cabo fue judicializado dentro del sistema penal militar.

“Tras la eficaz investigación adelantada por la Fiscalía 2401 de Conocimiento y su equipo de Policía Judicial, el Juez 1301 de Conocimiento evidenció las circunstancias del caso para determinar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad del procesado, por lo que condenó al uniformado a 12 meses de prisión; decisión que fue recurrida el pasado 21 de abril de 2026″, anunció la Fiscalía, que confirmó que la pena fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar y Policial.

Cabe recordar que la Fiscalía Penal Militar y Policial de Colombia investiga y judicializa delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones o en relación directa con el servicio.

El objetivo del ente acusador es garantizar que los hechos que afectan la disciplina, el orden y la legalidad dentro de las instituciones militares y policiales sean esclarecidos y sancionados según la ley penal militar. Actúa en casos como abuso de autoridad, corrupción, lesiones, homicidio en servicio, agresiones entre uniformados y otros delitos que comprometen el funcionamiento y la ética institucional, asegurando el cumplimiento de la justicia interna.

El crimen organizado perdió dos mil 957 millones de pesos en un solo fin de semana tras operativos coordinados del Gabinete de Seguridad en doce estados del país. Las acciones del 29 al 31 de mayo de 2026 incluyeron cateos, detenciones, decomisos de droga, armas y documentos apócrifos, además del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua.

De acuerdo con las cifras, estas acciones representaron uno de los golpes económicos más contundentes al narcotráfico en lo que va del año, en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una caída del 49 por ciento en homicidios diarios respecto al último mes de la administración anterior.

La coordinación entre las fuerzas federales —Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Semar y FGR— junto con policías estatales, permitió intervenir en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

A continuación, se presentan los resultados específicos obtenidos en cada estado.

El túnel de Tijuana y los decomisos en Baja California

El hallazgo más llamativo del operativo ocurrió en Tijuana, donde fuerzas de la FGR, la GN, el Ejército y la Semar descubrieron un túnel de 700 metros de longitud con dirección y salida hacia Estados Unidos. La galería medía 90 centímetros de ancho y 1.45 metros de altura, y en su interior las autoridades encontraron cartuchos, 24 envoltorios de metanfetamina, dos bolsas con marihuana y un dispositivo de grabación.

En un segundo operativo también en Tijuana, elementos de la GN, el Ejército y la FGR catearon otro inmueble y aseguraron mil 053 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo. A esos decomisos se sumó una acción en San Quintín, donde la FGR y la SSPC detuvieron a una persona, confiscaron 154 mil 794 litros de hidrocarburo, 14 vehículos, 44 tanques, cuatro cilindros de almacenamiento, una máquina despachadora de gas, siete básculas y diversa documentación.

Sinaloa, epicentro de los aseguramientos del fin de semana

Sinaloa concentró el mayor número de operativos individuales del periodo. En Salvador Alvarado, el Ejército cateó un inmueble y decomisó 114 kilos de metanfetamina, 24 kilos de fentanilo, 50 kilos de goma de opio, dosis de cocaína, cinco kilos de marihuana y 125 cartuchos.

En Culiacán, tres acciones distintas arrojaron resultados adicionales. La GN detuvo a cuatro personas y aseguró seis armas largas, 45 cargadores, cinco chalecos tácticos y dos vehículos; la Semar localizó 93 kilos de metanfetamina, un arma larga y 502 cartuchos dentro de un vehículo; y en la sindicatura de Quila, la GN arrestó a dos personas —una de ellas menor de edad— con cuatro armas largas, 31 cargadores, 960 cartuchos y cuatro placas balísticas.

En los poblados de La Tuna y El Durazno, en los municipios de Badiraguato y Tamazula, el Ejército aseguró 110 artefactos explosivos improvisados y un vehículo de carga. En Escuinapa y San Ignacio, la GN y el Ejército decomisaron seis armas largas, 50 cargadores y mil 550 cartuchos.

Michoacán: un detenido con orden de extradición y cinco arrestos más

En Tepalcatepec, fuerzas del Ejército, la FGR, la GN y la Policía Estatal catearon un inmueble y arrestaron a un hombre con orden de extradición vigente. Le confiscaron cuatro armas largas, 18 cargadores, 396 cartuchos, dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

En Zitácuaro, en la localidad Aputzio de Juárez, el Ejército detuvo a cinco personas y aseguró cinco armas largas, dos armas cortas, 15 cargadores, 369 cartuchos, cinco chalecos tácticos, seis placas balísticas, un equipo antidrón y un vehículo.

Tamaulipas: pasaportes falsos, cartuchos y tráfico de personas

En Nuevo Laredo, un operativo conjunto de la FGR, la SSPC, el Ejército, la GN y la Policía Estatal cateó seis inmuebles y detuvo a dos personas. El aseguramiento incluyó 94 pasaportes apócrifos —32 mexicanos y 62 estadounidenses— y siete teléfonos celulares.

En Ciudad Río Bravo y Valle Hermoso, el Ejército y la FGR catearon otros seis inmuebles y arrestaron a tres personas: un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes, al tráfico de personas hacia Estados Unidos y al contrabando de armas desde ese país hacia México, además de dos mujeres. En Reynosa, un cateo adicional arrojó 90 mil 300 cartuchos y dos vehículos.

Sonora: fentanilo en polvo y menores de edad detenidos

En Hermosillo, la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon tres inmuebles, arrestaron a seis personas y decomisaron 32 kilos de metanfetamina más 77 dosis de la misma sustancia.

En la carretera México-Nogales, a la altura de Opodepe, la GN y el Ejército detuvieron a cinco personas —tres de ellas menores de edad— a bordo de un vehículo procedente de Guaymas. El aseguramiento incluyó ocho kilos de fentanilo en polvo, dos kilos de cocaína y dosis de heroína.

Baja California Sur: explosivos y equipo de comunicación

En San José del Cabo, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN, la Fiscalía y la Policía Estatal realizaron dos cateos. En el primero detuvieron a una persona y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 100 artefactos explosivos.

En el segundo inmueble, ubicado en la colonia Villas de Cortez, no hubo detenidos pero sí un arsenal logístico: 47 chalecos porta placas, 62 placas balísticas, dos contadoras de dinero, 14 radios con nueve cargadores y 43 baterías, 30 tarjetas con claves de comunicación, dos mapas de San José del Cabo y diversas dosis de droga.

Chihuahua: laboratorio clandestino y precursores químicos

El operativo en Chihuahua apuntó directamente a la cadena de producción de drogas sintéticas. La GN, el Ejército y la FGR inhabilitaron un laboratorio clandestino donde aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas LP.

En un segundo cateo vinculado al mismo caso, las autoridades localizaron un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de la misma sustancia, ocho cilindros de gas, 12 cargadores y una motocicleta.

Durango, Colima, Guerrero, Jalisco y Tabasco

En Gómez Palacio, sobre la carretera a Chihuahua, el Ejército y la FGR detuvieron a una persona durante la inspección de un tractocamión. En el doble fondo de la caja seca encontraron 900 kilos de metanfetamina.

En Colima, en la colonia Bosques del Sur, la Semar y la Policía Estatal arrestaron a cuatro personas y les decomisaron 50 dosis de fentanilo y 69 dosis de metanfetaminas. En La Unión de Isidoro, Guerrero, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN y policías estatales y municipales aseguraron cinco armas largas, 14 cartuchos, dos cargadores y dosis de marihuana en el poblado El Mamey.

En Quitupan, Jalisco, el Ejército decomisó tres armas largas, cargadores, cartuchos y dos vehículos. En Centla, Tabasco, sobre la carretera Villahermosa-Centla, la Semar, el Ejército, la GN, la FGR, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron un tractocamión con 35 toneladas de fertilizante sustentable, un insumo susceptible de ser desviado hacia la producción de explosivos o drogas.

Miles de personas han acudido a la playa de Samil para presenciar una exhibición conjunta de las capacidades de los tres Ejércitos, la UME y la Guardia Civil. La demostración incluye simulaciones de combate, operaciones anfibias, rescates de emergencia y maniobras acrobáticas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y la Patrulla ASPA. Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en redes sociales el compromiso de los militares “al servicio de la ciudadanía y la paz”. “Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad”, ha afirmado en X.

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El programa oficial arrancó el viernes con una revista naval en la ría de Vigo, presidida por el Rey Felipe VI a bordo del Buque de Acción Marítima Audaz. El monarca, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pasó revista a dotaciones de la Armada y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El público pudo observar el despliegue de buques como el portaeronaves Juan Carlos I, el Castilla y varias fragatas, así como la participación de embarcaciones de la Guardia Civil, entre ellas la Duque de Ahumada y la Río Luna.

Novedades del ejército y debut de la princesa Leonor

El desfile de este sábado presenta como gran novedad al VCR 8x8 Dragón, un blindado que simboliza la modernización del Ejército de Tierra tras años de retrasos y dificultades técnicas. Tres unidades del Dragón recorren hoy las calles de Vigo junto al nuevo vehículo terrestre sin conductor Alano, diseñado en España y capaz de transportar 650 kilos con control remoto o autonomía. Su incorporación supone un avance relevante en la capacidad operativa de las fuerzas terrestres y responde a una necesidad de actualización tecnológica, aunque los retrasos han generado dudas y polémicas alrededor.

El acto central incluye honores a los Reyes y la Princesa Leonor, que, por primera vez, está presente en la tribuna junto a sus padres. La participación de la Princesa, próxima a terminar su formación militar, le da un carácter especial a la edición de este año. El despliegue de medios y personal convierte a Vigo en el centro de atención nacional durante la jornada. El izado de bandera y los saludos protocolarios entre la Casa Real y las distintas figuras presentes, como los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, han dado comienzo al desfile. Como es habitual, las diferentes unidades realizan su paso y saludan a Felipe VI al pasar por su tribuna.

El régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ejército de Nicaragua autorizó el ingreso temporal de tropas, naves y aeronaves de Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México y países centroamericanos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, una decisión que consolida una práctica semestral del Ejecutivo para habilitar ejercicios militares, intercambios y operaciones de asistencia humanitaria en territorio nicaragüense.

La medida también incluye la salida de personal militar nicaragüense hacia otros países para participar en actividades similares. Entre los datos más precisos del decreto figura el envío rotativo de 50 militares nicaragüenses, además de naves y aeronaves, a territorio ruso para ejercicios de intercambio militar, entrenamiento y asistencia humanitaria.

La autorización fue oficializada mediante el Decreto Presidencial No. 05-2026, publicado el 29 de mayo de 2026 en La Gaceta, Diario Oficial. El texto establece que las actividades aprobadas abarcan el segundo semestre del año, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto habilita la presencia militar de ocho países y de la CFAC

De acuerdo con el decreto, Nicaragua autorizó el tránsito y estacionamiento temporal de efectivos, embarcaciones y aeronaves de la Federación de Rusia, la República Popular China, los Estados Unidos Mexicanos, la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, los Estados Unidos de América y los países integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.

Ese bloque regional de la CFAC incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. El permiso comprende ejercicios de cooperación, intercambio de experiencias y acciones de asistencia humanitaria coordinadas con el Ejército de Nicaragua.

Rusia vuelve a ocupar un lugar central en el esquema de cooperación militar aprobado por Managua. El decreto autoriza el ingreso de personal militar ruso para ejercicios de adiestramiento, intercambio de experiencias y operaciones de ayuda humanitaria junto al Ejército de Nicaragua.

El mismo documento también habilita la participación de efectivos rusos en operaciones marítimas de lucha contra actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico nicaragüense. A eso se suman ejercicios con unidades especiales y cuerpos de transmisiones del Ejército.

Estados Unidos y México participarán en misiones humanitarias y de rescate

El decreto también contempla la participación de personal militar de Estados Unidos y México en actividades coordinadas con las fuerzas nicaragüenses. En el caso estadounidense, la autorización cubre el ingreso de personal, aeronaves y naves militares para operaciones humanitarias, misiones de búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales.

La disposición agrega que podrán llegar efectivos militares estadounidenses previamente coordinados con las autoridades nicaragüenses para apoyar operaciones de ayuda humanitaria por aire, mar y tierra. Nicaragua, a su vez, enviará contingentes militares hacia México durante el segundo semestre para participar en actividades del mismo tipo.

China también aparece en el decreto, aunque el texto ofrece menos detalles sobre sus operaciones que en los casos de Rusia, Estados Unidos, México y Venezuela. La autorización para el ingreso de fuerzas de la República Popular China se inscribe en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y estratégicas que Managua desarrolló con Pekín tras romper relaciones con Taiwán en diciembre de 2021.

Cuba y Venezuela mantendrán intercambios y ejercicios conjuntos con Managua

Cuba y Venezuela seguirán participando en intercambios militares y operaciones humanitarias con Nicaragua, según el decreto. En el caso venezolano, la autorización comprende la intervención de distintas unidades militares en ejercicios conjuntos de rescate, atención ante desastres naturales, operaciones marítimas y combate a actividades ilícitas.

El texto también prevé la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en intercambios y labores de carácter humanitario junto a personal militar nicaragüense. Esa cooperación se suma a la habilitación general otorgada a otros países aliados del gobierno de Managua.

La autorización para el ingreso de tropas extranjeras se repite cada seis meses bajo la administración Ortega-Murillo. En cada período, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo aprueban decretos de alcance similar para permitir la presencia temporal de contingentes militares extranjeros en el país.

Un ataque ocurrido la tarde del 28 de mayo en El Doncello, Caquetá, puso nuevamente en evidencia la fragilidad de los esquemas de protección para líderes sociales en Colombia.

El dirigente Hugo Cuéllar, conocido por su defensa comunitaria en San Vicente del Caguán, fue blanco de disparos cuando circulaba en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Ante estos hechos el Ejército Nacional emitió un pronunciamineto, asegurando que la aparición de hombres armados circulando sin identificación sobre la Ruta Nacional 65 generó una respuesta inmediata por parte de la Brigada 12 del Ejército Nacional, según confirmaron fuentes militares.

El hecho tuvo lugar entre los municipios de El Paujil y El Doncello, en el departamento de Caquetá.

Horas antes, las autoridades habían detectado pancartas con mensajes alusivos a las extintas Farc-EP instaladas en ese mismo corredor vial. Este hallazgo incrementó la preocupación en la zona y motivó un despliegue reforzado de los operativos de control territorial.

Durante las acciones de patrullaje, las tropas se encontraron con los ocupantes de un vehículo que formaban parte de un esquema de seguridad. La situación derivó en un intercambio de disparos, hasta que los involucrados se identificaron como integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De este enfrentamiento no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Las autoridades informaron que ya se encuentran investigando para determinar con precisión lo sucedido y establecer si existió alguna irregularidad en la actuación de los involucrados.

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá

La camioneta de Hugo Cuéllar fue atacada por dos hombres en una motocicleta verde, que abrieron fuego con una mini uzi al interceptar al vehículo. La pronta reacción policial permitió la captura de los agresores, aunque la Policía Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

Los escoltas relataron a Infobae Colombia que todo ocurrió cuando se acercaban a la última estación de servicio antes de ingresar al municipio: “Venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Confusión y versiones encontradas tras la captura

Tras el ataque, los responsables fueron trasladados a la estación de policía local. Allí, un mayor del Ejército explicó a los funcionarios que los detenidos serían integrantes de la institución que cumplían labores de verificación, siguiendo información sobre un vehículo con características similares en la zona. Según esta versión, habrían recibido una orden para esperar el paso de una camioneta con personal armado.

Mientras tanto, la camioneta permanece bajo custodia en las instalaciones de la Policía Nacional. Los miembros del esquema de seguridad insisten en conocer la razón detrás del ataque, ya que, según uno de ellos, “estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

A pesar de la gravedad del ataque, ninguno de los ocupantes resultó herido de consideración. Los escoltas destacaron que solo el blindaje de nivel superior del vehículo evitó una tragedia.

El hecho no dejó consecuencias graves ni víctimas fatales, pero evidenció los riesgos que persisten para los líderes sociales protegidos por la UNP en zonas marcadas por la violencia y las deficiencias en el momento de la comunicación por aprte de las autoridades territoriales, y entidades que tienen a cargo la protección de funcionarios.

Sigue la violencia contra líderes sociales en Colombia. En la tarde del 28 de mayo se registró un ataque contra el esquema de seguridad del dirigente Hugo Cuéllar, reconocido por su labor en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho se registró en el sector de El Doncello, donde hombres a bordo de una motocicleta que portaban una mini uzi dispararon contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Tras la ráfaga y debido a la cercanía de la estación de policía del municipio, uniformados capturaron a los responsables, pero hasta el momento la institución no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

La camioneta permanece en las instalaciones de la Policía Nacional en El Doncello, mientras que el líder social reclama respuestas por una versión que le han entregado uniformados sobre el hecho.

Tras ser interceptados, los sujetos que perpetraron el ataque fueron ingresados a la estación de policía, en la que un oficial del Ejército Nacional le indicó a los funcionarios que se habría tratado de un error y que los detenidos serían integrantes de la institución a los que les dieron órdenes de esperar un vehículo de características similares que iba a pasar con personal armado.

El relato de los hechos

Infobae Colombia tuvo acceso a un audio que envió uno de los escoltas que estaba en el lugar de los hechos tras el atentado contra el líder social.

“Veníamos entrando a El Doncello, antes de la última bomba aquí a mano izquierda entrando, que es la de Terpel, venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Luego de escapar del lugar y estar seguros en el casco urbano del municipio, los escoltas se acercaron a la estación de policía donde estaban los perpetradores del ataque.

Posteriormente, un mayor del Ejército se hizo presente e informó que los detenidos pertenecían a las fuerzas militares y que, según versiones, se encontraban realizando labores de verificación tras recibir información sobre un vehículo con características similares circulando en la zona.

“Estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

Los integrantes del esquema de seguridad no sufrieron heridas de gravedad; sin embargo, siguen pidiendo explicaciones sobre el hecho y argumentan que en caso de que la camioneta no tuviera un blindaje de nivel superior, los tripulantes del vehículo habrían muerto con este tipo de ataque.

A esto se suman los peligros a los que se exponen los protegidos y funcionarios de la UNP en la región, en donde los combates entre grupos armados y los retenes ilegales por parte de estructuras criminales son parte del día a día de los esquemas de seguridad.

“Lo delicado es que personas del Ejército y de civil están disparando contra vehículos sin ningún tipo de precaución, sin mirar quiénes están. Ellos no pueden simplemente disparar contra la gente en el casco urbano de un municipio”.

Alemania y Países Bajos han anunciado un refuerzo clave en la estructura de mando militar aliado en el Báltico con el objetivo de responder a compromisos de la OTAN. El 1GNC asumirá la autoridad sobre tropas aliadas y nacionales posicionadas en estos países, ampliando la capacidad de coordinación y reacción ante posibles amenazas en la región.

La integración de este segundo cuartel general táctico, que se suma al ya existente Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE), eleva la cohesión operativa de la Alianza Atlántica y acorta los tiempos de respuesta previstos en el nuevo Modelo de Fuerzas, definido en la cumbre de Vilna de 2023. Hasta la fecha, el MNC NE era el único responsable de la coordinación en esta zona considerada estratégica para la seguridad europea. La incorporación del 1GNC responde, además, a la necesidad de aumentar las unidades disponibles y reforzar la disuasión frente a potenciales acciones de Rusia.

Según detalló el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, la integración del 1GNC constituye “un ejemplo exitoso de cooperación multinacional”. Pistorius subrayó que en su sede trabajan efectivos de 16 países, lo que permite un modelo de interoperabilidad diaria y refuerza la naturaleza multinacional de la defensa europea. Esta ampliación de la estructura de mando fue recogida también por Frankfurter Allgemeine Zeitung, que destacó la importancia del compromiso germano-neerlandés en el contexto actual de seguridad en Europa.

Mando en caso de guerra y hasta 50.000 militares

La función principal del I Cuerpo Alemán-Neerlandés será liderar entrenamientos, maniobras y actividades preparatorias en coordinación con los elementos aliados desplegados en Estonia y Letonia. En caso de conflicto, el 1GNC asumirá el mando principal para la defensa del flanco oriental de la Alianza. Este cuartel general dispone de experiencia acreditada en misiones de gestión de crisis, destacando su actuación en la ISAF en Afganistán en 2003, 2009 y 2013, así como su participación en la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN durante siete años entre 2005 y 2024.

Creado en 1995, el 1GNC alterna la jefatura entre Alemania y los Países Bajos. La responsabilidad del mando permanece actualmente en manos alemanas, con previsión de traspaso a los Países Bajos a partir de 2028. Además de los dos países fundadores, otras 14 naciones de la OTAN aportan personal a la estructura del cuartel general, que está capacitado para coordinar hasta 50.000 efectivos en situaciones de paz, crisis o conflicto.

Compromiso y futuro de la defensa europea

La decisión, de acuerdo con los comunicados oficiales de los ministerios de Defensa de Alemania y los Países Bajos, pone de manifiesto la voluntad de ambos países de asumir mayor responsabilidad en el ámbito de la defensa europea. Este nuevo despliegue refuerza el vínculo político-militar entre ambos estados y lleva el compromiso de la OTAN con la seguridad de los países bálticos a un nivel operativo superior.

El refuerzo de la estructura de mando en Estonia y Letonia, junto a la interoperabilidad diaria de sus integrantes, busca consolidar la respuesta de la OTAN ante posibles escenarios de crisis en el este de Europa. El acuerdo será uno de los ejes de la próxima cumbre de la Alianza en La Haya, donde se definirán los avances del nuevo Modelo de Fuerzas y la estrategia de defensa colectiva para los próximos años.

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 26 de mayo que es “engañoso” afirmar, como difunden videos virales en redes sociales, que enlistarse en el Ejército estadounidense es la forma “más fácil y rápida” de obtener la ciudadanía.

En un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, la representación diplomática de los Estados Unidos señaló que el servicio militar puede apoyar ciertos procesos de naturalización, pero “no es una vía abierta para cualquier migrante” y exige cumplir requisitos específicos de elegibilidad y servicio.

La Embajada precisó que, para enlistarse, se necesita residencia permanente legal (Green Card) y, además, “hablar, leer y escribir inglés con fluidez”. También advirtió que no se puede entrar al Ejército para ingresar a Estados Unidos o para obtener una visa.

“No tomes decisiones migratorias con información incompleta”, añadió la Embajada, que recomendó consultar fuentes oficiales.

La embajada de Estados Unidos advierte riesgos legales para viajeros rumbo al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que viajen a México por el Mundial 2026 y advirtió que portar o intentar ingresar objetos prohibidos puede derivar en multas, arrestos, encarcelamiento o deportación. El aviso recalca que desconocer la ley mexicana no exime de sanciones y cobra peso por el arranque del torneo, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La lista incluye armas de fuego, municiones, incluso cartuchos usados, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano. La sede diplomática precisó que los permisos expedidos en el extranjero no tienen validez en territorio nacional.

Otros artefactos prohibidos son los cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo y sus líquidos, según la Embajada de Estados Unidos. La consecuencia, añade el aviso, puede ir de multas y decomisos hasta arrestos.

Sobre ese punto, la advertencia indica que el tráfico ilegal de armas es un delito castigado con severidad en México. La recomendación para los asistentes es no intentar evadir revisiones ni incumplir los puntos de control establecidos por autoridades mexicanas.

Miles de visitantes extranjeros acudirán al país por la Copa Mundial 2026. En ese contexto, la representación diplomática pidió revisar pasaportes, ordenar con anticipación la documentación migratoria y registrar la estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, de acuerdo con el comunicado.

El gobierno estadounidense exigirá que el trámite de la Green Card sea realizado fuera del país para la mayoría de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la mayoría de los migrantes mexicanos que buscan la Green Card deberán salir de Estados Unidos para terminar el trámite en consulados de su país de origen, una medida que elimina la posibilidad de concluir ese proceso dentro del territorio estadounidense para quienes están ahí sin documentos migratorios válidos, según el propio organismo.

De acuerdo con USCIS, la nueva disposición no aplica a quienes ya tienen un proceso aprobado ni a personas con un estatus protegido por acuerdos internacionales. El organismo también sostuvo que el cambio libera recursos limitados de la agencia para atender otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas y solicitudes de naturalización.

Uno de los hechos que dejó en evidencia las alianzas que a finales de los 90 e inicio de los 2000 se registraron entre la fuerza pública y las estructuras paramilitares fue la operación Orión, registrada entre el 16 y 19 de octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, Antioquia.

Este hecho ha vuelto a ser relevante por el microcaso que se desarrolla por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), en la que el excomandante del Ejército Nacional, el general Mario Montoya, afirmó que las pruebas de que en la operación participaron paramilitares han sido mostradas al público durante décadas.

Durante la diligencia fue mostrada una foto que el general Montoya, considerado uno de los responsables directos de lo registrado en la comuna 13, utilizó para explicar cómo fue la participación paramilitar en la operación.

Cabe recordar que en ese momento Montoya era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en Medellín, y fue designado para comandar la mayor operación militar urbana de la historia de Colombia.

Montoya se mostró sorprendido al indicar que la fotografía tomada por Jesús Abad Colorado, que ha estado en varias galerías a nivel internacional, es la prueba más contundente para afirmar que las autodefensas lideraron tácticamente la operación. El militar retirado recordó que todos los encapuchados eran “guías” de las AUC y debían proteger su rostro porque en realidad se trataba de habitantes de la zona que no querían exponer a sus familias.

Los “guías” habrían sido reclutados y, de acuerdo con Montoya, no podían llevar ningún tipo de armamento en el momento de la intervención, aunque esto ha sido cuestionado por sobrevivientes de la masacre.

“La capucha es para proteger la identidad. Si no lleva armamento, es guía, porque no puede llevar armamento. Si está uniformado y lleva capucha, no es un soldado, es guía. Eso es lo que le puedo decir, señor magistrado”.

Una fotografía inédita, que fue expuesta durante la diligencia, contrarrestó las afirmaciones de Montoya, ya que en esta se observa a encapuchados con armas largas durante la operación Orión, lo que sería la prueba clave para confirmar que los paramilitares no solo señalaron a los presuntos guerrilleros, sino que también atacaron a la población.

La JEP también reveló que el protagonista de la foto de Jesús Abad Colorado es Marlon Andrés Castañeda, conocido en las AUC como “El Gomelo”, que en ese momento estaba infiltrado en los Comandos Armados del Pueblo (una milicia rural) que tenía como objetivo obtener todo el poder territorial en las comunas de Medellín.

El contraste con la versión inicial

De manera oficial, se informó que en la operación participaron miembros del Ejército y la Policía, pero años más tarde se confirmó que en el hecho también hubo injerencia de paramilitares que hicieron las veces de “guías” y señalaron a presuntos integrantes de la guerrilla.

En la operación se registró el homicidio de 88 personas y hay reportes que hablan de más de 90 desaparecidos por el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, que años más tarde fue parte del proceso de paz que se concretó con el Estado.

Años más tarde, se confirmó que esto fue una estrategia que se ejecutó luego de que tras la muerte de Pablo Escobar, el poder de la ciudad fuera asumido por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que en el operativo hubo una efímera unión entre el grupo paramilitar y el Ejército Nacional para terminar con los grupos criminales de la comuna, que según ellos, eran liderados por guerrilleros.

Tras esta toma, la violencia en los barrios de Medellín no disminuyó, sino que se registró una especie de aval por parte de las autoridades que permitió que estructuras paramilitares aumentaran su presencia en la región hasta el proceso de desmovilización, pero que sigue vigente con las estructuras criminales que se crearon desde ese momento.

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo, tropas del Ejército Nacional sostuvieron fuertes enfrentamientos contra integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Suárez, en medio de una ofensiva militar que busca contener el accionar armado de estos grupos ilegales en el suroccidente del país.

La operación fue adelantada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, según confirmó la Tercera División del Ejército a través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales.

Ejército denunció uso de explosivos lanzados con rampas artesanales

De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares, durante el desarrollo de los combates, integrantes de la estructura Jaime Martínez habrían intentado utilizar explosivos improvisados lanzados mediante rampas artesanales, una modalidad que las autoridades calificaron como altamente peligrosa por el riesgo que representa para las comunidades campesinas de la región.

“Estos grupos armados ilegales, que han intentado emplear explosivos lanzados mediante rampas para generar terror y afectar a la población civil y a la Fuerza Pública, enfrentan una acción legítima y contundente de nuestras tropas”, señaló la Tercera División del Ejército.

Las autoridades indicaron que este tipo de artefactos explosivos tiene una capacidad destructiva considerable y resulta difícil de controlar una vez es lanzado, lo que incrementa el peligro para habitantes de zonas rurales cercanas a los enfrentamientos.

La operación militar, hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre capturas, personas heridas o posibles bajas en medio de los combates.

Suárez, uno de los focos de violencia en el norte del Cauca

Los enfrentamientos se registran en una zona históricamente afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas.

La estructura Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, mantiene influencia en municipios como Suárez, Morales, Buenos Aires y Santander de Quilichao, donde constantemente se presentan hostigamientos, ataques con explosivos y amenazas contra la población civil.

El norte del Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación armada del país, debido a la disputa territorial entre grupos ilegales y las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública para recuperar el control de la región.

En los últimos meses, el departamento ha registrado un incremento de acciones violentas atribuidas a las disidencias, entre ellas ataques contra estaciones de Policía, retenes ilegales, enfrentamientos armados y atentados con explosivos.

Operaciones contra estructuras bajo mando de alias “Iván Mordisco”

De acuerdo con El Espectador, la ofensiva militar en Suárez hace parte de las operaciones desplegadas por las autoridades contra estructuras criminales que estarían bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

Las autoridades han intensificado las acciones luego de la ola de atentados ocurrida en el suroccidente del país a finales de abril, cuando se registraron al menos 26 ataques entre Cali y Cauca.

Uno de los hechos más graves ocurrió en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un atentado con cilindro bomba dejó 20 personas muertas y más de 36 heridas, incluidos varios menores de edad.

Tras esos hechos, las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia reforzaron las operaciones para identificar y capturar a los responsables de la escalada terrorista.

El pasado 28 de abril fue capturado Alex Vitonco Andela, alias “Mi Pez”, señalado de coordinar varios ataques y de pertenecer a la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central. Días después, tropas del Ejército también reportaron la captura de alias “El Mono”, presunto integrante de la estructura Jaime Martínez y cercano a alias “Marlon”.

Alias “Marlon”, uno de los principales jefes de las disidencias en el Cauca

Información de inteligencia conocida en los últimos días señala que Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, sería uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

Según las autoridades, este hombre estaría al frente de la estructura Jaime Martínez y tendría influencia criminal en municipios estratégicos del norte del Cauca como Buenos Aires, Morales y Suárez.

Las autoridades consideran que esta estructura es una de las más fuertes y violentas dentro del bloque de disidencias que opera en el país, especialmente por el uso de explosivos, ataques contra la Fuerza Pública y presuntas presiones contra comunidades rurales.

Denuncias políticas y presuntas presiones armadas en Cauca

En medio del recrudecimiento de la violencia en el Cauca, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció recientemente que las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos estarían presionando a comunidades para favorecer electoralmente al senador Iván Cepeda Castro.

Uribe aseguró que en algunas veredas de Santander de Quilichao, presuntos integrantes de estos grupos armados estarían exigiendo a habitantes entregar actas electorales y manipulando procesos de votación.

Por su parte, Cepeda también había advertido semanas atrás sobre información relacionada con presuntas presiones ejercidas por grupos armados ilegales para intentar influir en las elecciones presidenciales de 2026.

Mientras avanzan las investigaciones y continúan los operativos militares, la situación de orden público en el Cauca sigue generando preocupación entre las autoridades y las comunidades afectadas por la persistencia del conflicto armado.

Guatemala sigue ejecutando acciones en los centros penitenciarios. Esta mañana se realiza un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, con un despliegue coordinado del Sistema Penitenciario de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ejército para recuperar el control del penal, epicentro reciente de motines y foco de privilegios extendidos a cabecillas delictivos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la medida busca interrumpir la coordinación de ilícitos internos y responder a la presión social generada tras episodios de violencia carcelaria registrados desde principios de año.

La intervención de este 16 de mayo no es aislada. Según consigna el medio Emisoras Unidas, el pasado 25 de abril se decomisaron ocho teléfonos celulares, un enrutador de internet, un panel solar, 80 cajetillas de cigarrillos y armas punzocortantes, lo que evidencia la continuidad de los operativos para erradicar el ingreso de objetos ilícitos. Los equipos desplegados, conformados por elementos de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, ingresaron al penal antes del amanecer, equipados con chalecos antibalas, gorros pasamontañas y armamento adecuado.

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó a Publinews que el penal alberga reclusos calificados como de alta peligrosidad, incluidos integrantes de la llamada “Rueda del Barrio 18”, estructura imputada de coordinar extorsiones, sicariato y ataques violentos fuera y dentro de las instalaciones. Autoridades indicaron que los detalles completos sobre posibles nuevos decomisos o traslados ejecutados serían difundidos únicamente tras la conclusión del operativo, manteniendo la confidencialidad táctica.

La situación en Renovación I escaló a un nivel crítico tras los disturbios del 17 de enero de 2026, cuando un amotinamiento mantuvo bajo tensión el penal durante más de 24 horas. Según el Grupo Emisoras Unidas, la intervención policial culminó con el sometimiento de diversos líderes de estructuras criminales, un hecho que desencadenó represalias dirigidas contra la institución: once agentes de la PNC perdieron la vida en ataques inmediatos a la toma del penal.

Investigaciones documentadas por Prensa Libre y Emisoras Unidas revelaron evidencias de privilegios concedidos a cabecillas, como la existencia de aire acondicionado, alimentos de restaurante y solicitudes de camas “king size”. En respuesta, el Ministerio de Gobernación, dirigido por Marco Antonio Villeda, ordenó la construcción de áreas especiales dentro de Renovación I para aislar a los principales responsables, entre ellos se encuentra Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Estos líderes fueron reubicados en contenedores habilitados, con el fin de restringir su acceso a recursos y tecnología que facilitaban la coordinación de delitos desde el interior.

Renovación I: foco de requisas y epicentro del crimen organizado carcelario

Según consigna Prensa Libre, la cárcel de Renovación I es considerada como epicentro de las estrategias estatales para combatir la criminalidad penitenciaria en Guatemala. Las reiteradas requisas han llevado al hallazgo de electrodomésticos, ventiladores y áreas especialmente acondicionadas para cabecillas; todos estos elementos fueron utilizados para mantener un control efectivo sobre distintas formas de delincuencia pese al encierro formal.

De acuerdo con la documentación del medio, los disturbios y la presión ejercida por estructuras internas buscaban restablecer los beneficios a los que estuvieron acostumbrados algunos líderes, tendencia que marcó la pauta de endurecimiento y aislamiento promovida por el Gobierno en los meses recientes.

A raíz de estos operativos, Renovación I se consolidó como un caso representativo de la problemática carcelaria en Guatemala, donde la coexistencia de reclusos de alta peligrosidad y la capacidad de las autoridades para impedir la reproducción de prácticas criminales dentro de los muros constituye un desafío en permanente evolución.

Luego de varios días de violencia, ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades de la Montaña baja de Guerrero, autoridades federales y estatales acompañaron el retorno de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa.

El operativo se realizó con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal y organismos de atención a víctimas.

El regreso ocurre después de una crisis de seguridad que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante los enfrentamientos atribuidos a grupos criminales que operan en la región, principalmente Los Ardillos y Los Tlacos.

Durante los últimos días, habitantes denunciaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y presuntos bombardeos con drones, situación que derivó en múltiples llamados de auxilio por parte de pobladores indígenas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo de retorno incluyó el traslado de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños y jóvenes en vehículos oficiales, además de la entrega de alimentos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y otros insumos básicos.

Gobierno federal despliega operativo de seguridad en la región

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el acompañamiento a las familias desplazadas y aseguró que se mantienen mesas de diálogo y trabajo para garantizar que el retorno sea permanente y se realice bajo condiciones de seguridad.

Como parte de las acciones anunciadas, la Secretaría de la Defensa Nacional instalará un corredor seguro para permitir el libre tránsito entre Xicotlán y la cabecera municipal, así como el ingreso de suministros a las localidades afectadas.

También se informó que comenzará un censo de viviendas dañadas para evaluar afectaciones y apoyar en la reconstrucción de casas que resultaron impactadas por la violencia.

En el operativo participaron además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de derechos humanos del estado y funcionarios de la Mesa Estatal de Paz.

Las autoridades señalaron que las familias recibirán acompañamiento psicológico y seguimiento emocional tras los hechos registrados en la zona.

Habitantes denunciaron abandono y ataques armados

La crisis en Chilapa se intensificó desde el pasado 6 de mayo, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas presuntamente perpetradas por integrantes de Los Ardillos.

En videos difundidos en redes sociales, pobladores aseguraron que los ataques continuaban pese a la presencia anunciada por autoridades federales.

Algunos habitantes afirmaron que debieron refugiarse en cerros y zonas alejadas mientras continuaban las detonaciones y sobrevuelos de drones.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos denunciaron una crisis humanitaria derivada del desplazamiento masivo.

Mientras autoridades federales reconocieron inicialmente 96 personas desplazadas, colectivos comunitarios y organismos civiles señalaron que la cifra podría superar las mil personas en distintas comunidades de la región.

Lo que denunciaron los pobladores durante la crisis

• Ataques con armas de alto calibre y drones en comunidades indígenas.
• Incendio de viviendas y abandono forzado de localidades.
• Falta de alimentos y refugio para mujeres, niños y adultos mayores.
• Reportes de personas asesinadas y desaparecidas.
• Peticiones urgentes de intervención y protección federal.

Violencia en Guerrero revive crisis de desplazamiento interno

El caso de Xicotlán volvió a poner sobre la mesa la problemática del desplazamiento forzado en Guerrero, una situación que durante años ha afectado a comunidades rurales e indígenas atrapadas en disputas entre grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones advirtieron que la violencia en la Montaña baja refleja años de omisión institucional y exigieron medidas urgentes para proteger a las comunidades.

Además de los desplazamientos recientes, organizaciones comunitarias denunciaron asesinatos y desapariciones vinculadas al conflicto.

Entre las víctimas reportadas se encuentran habitantes de Xicotlán y Alcozacán, mientras continúan las investigaciones sobre otros casos registrados en la región.

Autoridades buscan garantizar un retorno permanente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que el objetivo del gobierno federal era evitar enfrentamientos que pusieran en riesgo a la población civil y priorizar el diálogo para permitir el ingreso de fuerzas de seguridad y atención médica.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la región permanece bajo tensión debido a la disputa entre grupos criminales, aunque aseguró que existe presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales.

Con el retorno de las 118 personas a Xicotlán, autoridades federales y estatales buscan estabilizar la zona y evitar nuevos desplazamientos.

Sin embargo, habitantes y organizaciones civiles insisten en que la permanencia de la seguridad será clave para impedir que las familias vuelvan a abandonar sus hogares.

Luego de diversos días violentos por las pugnas entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales del Ejército, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Mientras que el 12 de mayo la Segob destacó que ya habían retomado el control de Chilapa, un día después las autoridades informaron que diversos funcionarios acudieron al lugar, de manera particular Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Van por corredor y apuestan por mesa de diálogo

Junto con los elementos de la Mesa de Paz recorrieron Alcozacán y Coatzingo para hablar con personas afectadas por el desplazamiento y quienes solicitaron mejores condiciones de seguridad, lo que incluye un corredor seguro con el que puedan movilizarse y acceder a atención médica, alimentos y productos de primera necesidad.

De igual manera, fue propuesta una mesa de diálogo entre las autoridades estatales, federales y comisarios ejidales, con el que pueda haber un acuerdo y así generar condiciones de paz y convivencia.

“El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Otros de los funcionarios en el sitio fueron:

• José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la Novena Región Militar, general
• Juan Ignacio Hernández, comandante de la 35 Zona Militar
• El coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García
• Los titulares de la Secretaría de Seguridad estatal y fiscal, Daniel Antonio Ledesma y Jesús Zipacná Torre, respectivamente, entre otros

La pugna entre Los Tlacos y Los Ardillos

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que informó que la violencia aumentó en la región por las pugnas entre Los Tlacos y Los Ardillos.

Al ser cuestionado de manera directa sobre los factores que derivaron en la violencia en la entidad, el funcionario señaló a los grupos criminales referidos.

“Aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, comentó Harfuch en Palacio Nacional.

Los datos de la Segob indican que 120 personas desplazadas decidieron no ir a un albergue, sino quedarse en sus comunidades. De igual manera, en el reporte del 12 de mayo las autoridades informaron sobre seis personas lesionadas y que recibieron atención médica.

Mientras que para el 11 de mayo habían sido reportadas un total de 96 personas desplazadas, según expuso García Harfuch.

La situación hizo que tuvieran que ser desplegados 690 efectivos del Ejército y 400 de la Guardia Nacional.