La salida de 26 altos oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia marca un cambio en la estructura del sector defensa bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La medida, que afecta a generales y almirantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, responde a la decisión presidencial de renovar los mandos y designar nuevos comandantes.

Ejército Nacional

• Hugo Alejandro López Barreto — Comandante General de las Fuerzas Militares
• Royer Gómez Herrera — Comandante del Ejército Nacional
• Juan Carlos Correa Consuegra — Mayor General
• Carlos Alberto Rincón Arango — Mayor General
• Fabio Leonardo Caro Cancelado — Mayor General
• Jaime Alonso Galindo — Mayor General
• Giovanni Rodríguez León — Mayor General
• Raúl Fernando Vargas Idárraga — Mayor General
• Walther Adrián Giraldo Jiménez — Mayor General
• Juan Miguel Huertas Herrera — Brigadier General
• José Luis Esparza Guerrero — Brigadier General
• Federico Alberto Mejía Torres — Brigadier General

Armada Nacional

• Juan Ricardo Rozo Obregón — Almirante
• Harry Ernesto Reyna Niño — Almirante
• Orlando Enrique Grisales Franceschi — Vicealmirante
• Hernando Enrique Mattos Dager — Vicealmirante
• Luis Fernando Márquez Velosa — Vicealmirante
• Carlos Alberto Serrano Guzmán — Vicealmirante
• Adolfo Enrique Hernández Ruiz — Mayor General CIM

Fuerza Aeroespacial Colombiana

• Carlos Fernando Silva Rueda — General
• Alfonso Lozano Ariza — Mayor General
• Óscar Zuluaga Castaño — Mayor General
• Andrés Guzmán Morales — Mayor General
• Edgar Mauricio Falla Vargas — Mayor General
• Juan Guillermo Tamara Melo — Mayor General
• Kerly Sánchez Pesca — Mayor General

Abelardo de la Espriella anunció oficialmente la cúpula militar durante su gobierno

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, formalizó la designación de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares, destacando un mensaje enfocado en el combate a la criminalidad. En una ceremonia en Barranquilla, anunció la conformación del equipo de mando y el retorno al nombre tradicional de la Fuerza Aérea Colombiana.

De la Espriella afirmó: “para ganar esa guerra contra la criminalidad es fundamental rodearse de los mejores soldados” y agregó: “no van a tener dónde esconderse, no van a tener tregua, no vamos a dejar un minuto de perseguirles, vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia”.

El mayor general Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez asumirá como jefe de Estado Mayor Conjunto. Al frente del Ejército Nacional estará el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante.

La Armada Nacional será dirigida por el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla y la Fuerza Aérea Colombiana por el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa. El mando se completa con el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante de la Armada y el general Óscar Leonel Murillo como director de la Escuela Superior de Guerra.

El presidente expresó: “A todos ellos les he dado una instrucción clara, contundente, inequívoca: proteger a los colombianos, defender nuestra soberanía y garantizar la seguridad en cada rincón de la patria”. Señaló que la nueva cúpula deberá liderar unas Fuerzas Militares “firmes, profesionales y respetuosas de la ley”.

La recomposición en la cúpula de las Fuerzas Militares configura un escenario de ajustes profundos en la conducción de la defensa nacional. Las nuevas designaciones abren paso a un equipo directivo con el encargo de ejecutar lineamientos definidos por el Gobierno en materia de seguridad y combate a la criminalidad.

El relevo de oficiales con amplia trayectoria marca el inicio de una etapa en la que se espera fortalecer la coordinación entre las distintas ramas, consolidar la presencia institucional en el territorio y reafirmar el compromiso con la legalidad.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al ex capitán del Destacamento de Inteligencia N°142 del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento del nieto recuperado N°128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán, además de la alteración de sus identidades.

Los jueces Ana Carina Farías, Cristina Edith Giordano y Federico Bothamley consideraron que los hechos, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, constituyeron crímenes de lesa humanidad. El juicio había comenzado en junio pasado y tuvo a Vega como único acusado, debido a los fallecimientos de otros imputados durante la tramitación de la causa.

Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal, Vega fue declarado partícipe necesario de la sustracción, retención y ocultamiento de ambos hermanos, quienes eran menores de 10 años, y de haber hecho incierto el estado civil de Elías y alterado el de Marcos. Abuelas de Plaza de Mayo intervino en el proceso como parte querellante.

La fiscalía había pedido 17 años de prisión efectiva en una unidad penitenciaria, pero el tribunal fijó una pena de 12 años y dispuso que su cumplimiento sea controlado mediante un dispositivo electrónico.

La sentencia también ordenó avanzar con una reparación integral para las víctimas, garantizar la continuidad de sus tratamientos psicológicos y realizar las gestiones necesarias para aplicar las leyes reparatorias vigentes. Los fundamentos serán difundidos el próximo 26 de agosto.

El caso se remonta a diciembre de 1976, cuando Marcos, de cinco meses, y Elías, de ocho años, fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.

Su madre, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada días antes por tercera vez. Existen indicios de que fue llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”. Continúa desaparecida.

Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a un inmueble de Tafí Viejo, donde fueron separados.

Elías fue llevado después a una vivienda de la capital tucumana, donde sufrió malos tratos, amenazas e intentos de supresión de su identidad. A los ocho años logró escapar y caminó más de 20 cuadras hasta la terminal de ómnibus, donde encontró a un tío que trabajaba en una boletería, y pudo reencontrarse con su familia.

Marcos, en cambio, permaneció apropiado. Fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i Tabla”, agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento N°142. Fue inscripto falsamente como hijo biológico de Sánchez e Ilda Agustina Sánchez, con el nombre de Marcelo Ariel Sánchez.

La acusación sostuvo que Vega, por sus funciones en inteligencia y contrainteligencia y por su vínculo con Sánchez, tuvo una intervención necesaria en los hechos.

Durante el mismo operativo también fueron secuestrados Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos, de 12 años, quienes cuidaban a los hermanos. Ambos fueron llevados al Arsenal. Los restos de Hugo Castro fueron posteriormente identificados en el Pozo de Vargas, mientras que su hijo recuperó la libertad meses después.

Marcos recuperó su identidad en agosto de 2018, cuando un análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos.

En junio pasado, nuevos estudios genéticos permitieron establecer con una compatibilidad del 99,99% su vínculo paterno con Pastor Dante Campos, también desaparecido, y completar así la reconstrucción de su identidad biológica.

En su resolución, el tribunal remarcó que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una “obligación permanente del Estado argentino” y recomendó preservar y fortalecer los organismos y archivos vinculados con el derecho a la identidad.

El Ejército de Guatemala desplegó este viernes un amplio operativo en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en las afueras de la capital, con el respaldo de fuerzas de seguridad civil. La intervención, según confirmó la institución castrense a través de redes sociales, busca desarticular redes de extorsión, detectar y aislar objetos ilícitos y ejercer control total en los centros penitenciarios.

El objetivo principal de la operación es interrumpir la comunicación y las actividades ilícitas dentro de la prisión, identificada como un punto clave en la generación de extorsiones que impactan en distintas regiones.

De acuerdo con la información publicada por el Ejército de Guatemala, el ingreso al penal se realizó con un despliegue coordinado de unidades militares especializadas.

El Centro de Detención para Hombres Fraijanes II ha sido señalado en reiteradas ocasiones como un foco de operaciones ilícitas, especialmente relacionadas con extorsiones.

Hasta el cierre de la nota, no se ha informado sobre la cantidad de objetos incautados ni sobre la identificación de líderes de las redes de extorsión. Las autoridades han señalado que los resultados preliminares se darán a conocer una vez concluya el registro oficial. El Ejército de Guatemala reiteró su compromiso con “el restablecimiento del orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país”.

Requisas en cárceles guatemaltecas

La operación en Fraijanes II se suma a una serie de acciones similares impulsadas por las autoridades guatemaltecas en los últimos meses, en respuesta al aumento de denuncias por extorsión.

De hecho, durante la noche del miércoles, Unidades del Ejército concluyeron el conteo de los artículos decomisados durante la requisa realizada en el Centro de Detención Preventiva para Hombres “Reinstauración Constitucional”, conocido como Pavoncito, en Fraijanes, en coordinación con fuerzas de seguridad civil.

Según información oficial, fueron incautados 200 objetos punzocortantes, 13 cajetillas de cigarros, 127 encendedores, una máquina para tatuar, un cargador inalámbrico, una bocina, tres micrófonos, un radio portátil, cinco teléfonos, cuatro memorias USB, nueve cargadores, 17 cables para cargar teléfonos, una cámara Dual Pro 4K, siete pesas posiblemente utilizadas para drogas, 20 pipas para inhalar presunta marihuana, mil papos presumiblemente usados para envolver marihuana, 95 recipientes para moler drogas, 23 paquetes de posible marihuana, cinco pastillas de posibles metanfetaminas, cuatro frascos con posible cocaína, dos bolsas de posible cocaína, dos cervezas y un bulto de fuegos pirotécnicos.

“Este tipo de acciones contribuyen a mantener el orden dentro de los centros de detención y la seguridad de la población guatemalteca”, recalcó la institución castrense.

El Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala han destacado que se mantendrán vigilantes y continuarán coordinando esfuerzos para fortalecer la seguridad penitenciaria y combatir las estructuras criminales que operan desde el interior de las cárceles.

Las autoridades señalaron que el trabajo conjunto busca garantizar condiciones seguras tanto para los privados de libertad como para el personal penitenciario, así como reducir la incidencia delictiva vinculada a organizaciones que utilizan los centros de reclusión como base para coordinar actividades ilícitas.

Los cuatro ejemplares son pastores belga malinois, una raza que el Ejército emplea por sus capacidades para este tipo de trabajo. Cada perro forma un “binomio” con su guía, quien se encarga de dirigir la búsqueda, interpretar las señales del animal y coordinar con el personal especializado cuando se detecta una posible víctima.

La preparación de la brigada también incluye una capacidad poco habitual: uno de los canes ya realizó un salto en paracaídas y cuenta con certificación como perro paracaidista. Los otros tres ejemplares siguen un proceso de entrenamiento para alcanzar esa misma capacidad y ampliar las posibilidades de despliegue ante una emergencia.

Así trabajan los perros de búsqueda y rescate bajo los escombros

El entrenamiento de estos perros de búsqueda y rescate recrea escenarios en los que una persona podría quedar atrapada después del colapso de una estructura. En la demostración realizada para TV Perú Noticias, uno de los canes recibió la orden de búsqueda y comenzó a recorrer por su cuenta el área preparada con escombros.

El teniente coronel Roger Guica, comandante del Batallón de Policía Militar 503, explicó que la brigada utiliza el sistema ARCO, mediante el cual el perro puede realizar la búsqueda sin que su guía tenga que acompañarlo dentro de la zona de riesgo. “Es un sistema de ARCO donde verdaderamente el perro trabaja solo, no necesita que el guía lo acompañe”, señaló a TV Perú Noticias.

El animal debe identificar el punto donde percibe señales asociadas a la presencia de una persona y comunicar el hallazgo. Entre las respuestas que puede ofrecer están los ladridos o el rasqueteo del lugar. El guía interpreta esas señales y marca el punto para que el equipo encargado de retirar los escombros pueda intervenir.

“Cuando encontramos la víctima, entra el equipo especializado de remoción de escombros para poder ver. Ahí encontramos una víctima bajo los escombros. El can nos dio la alerta, se premió”, explicó Guica durante la demostración.

El olfato es la principal herramienta de estos perros de rescate

La capacidad de los perros del Ejército para encontrar personas se basa principalmente en su olfato, una habilidad que se refuerza mediante un entrenamiento constante. Los animales aprenden a identificar señales relacionadas con la presencia humana incluso cuando la persona permanece debajo de una estructura colapsada.

“Para eso se trabaja. El olfato o el signo más desarrollado del perro es el olfato, donde verdaderamente por el olfato o por la respuesta que se ha trabajado encontramos la respuesta del humano”, explicó el comandante del batallón.

Durante la demostración también se mostró cómo los animales pueden trabajar tomando en cuenta la dirección del viento. Draco realizó una búsqueda a favor del viento, mientras que otro ejemplar, Zeus, fue preparado para realizar el ejercicio en sentido contrario. El objetivo consiste en que el perro siga el foco de emanación hasta aproximarse al lugar donde podría encontrarse una víctima.

En el caso de Zeus, el animal comenzó a rastrear la zona y luego emitió ladridos al localizar el punto indicado. “Acá tenemos una marca activa, donde ladrido, se desespera, el guía ya me marcó: víctima localizada”, relató Guica. Después de la señal, el equipo de remoción ingresó para comprobar el hallazgo.

Uno de los perros del Ejército ya está certificado como paracaidista

La brigada canina cuenta con cuatro ejemplares de pastor belga malinois preparados para labores de primera respuesta. Entre ellos se encuentran Draco y Zeus, quienes participaron en la demostración de búsqueda bajo escombros realizada por el Ejército.

Zeus tiene cuatro años y, de acuerdo con Guica, reúne características que favorecen su preparación para este tipo de operaciones. “Es un pastor belga malinois, es un perro muy versátil para poder trabajar y tiene todas las habilidades que podemos formar en un can de búsqueda. Tiene cuatro años”, indicó.

El integrante más particular de la brigada es el perro que consiguió completar su preparación como paracaidista. Guica detalló que uno de los cuatro ejemplares ya realizó un salto desde un paracaídas y cuenta con certificación para esta capacidad. Los otros tres siguen entrenando para conseguir una preparación similar.

El trabajo de estos perros de rescate exige práctica permanente tanto para los animales como para sus guías. “Esto es día a día, un entrenamiento constante”, remarcó Guica. El objetivo es que los binomios puedan responder cuando sean desplegados ante una emergencia y localizar rápidamente a personas que necesiten ser rescatadas.

El Grupo Especializado Antiexplosivos TEDAX-NRBQ de la Policía de Jalisco localizó, aseguró y desactivó 11 artefactos explosivos —tipo mina y tipo niple— en la localidad de Tazumbos, municipio de Jilotlán de los Dolores, el 12 de agosto de 2026.

De acuerdo con los reportes, el operativo se ejecutó de forma coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un cateo en un domicilio ubicado sobre la calle Aldama número 10, en los límites con Michoacán.

Los elementos de seguridad detectaron los artefactos ocultos en una finca dentro de ese domicilio. La tecnología especializada del escuadrón TEDAX fue el recurso que permitió identificar y neutralizar los explosivos sin poner en riesgo a la población ni al personal que participó en el operativo.

El despliegue arrancó en la Región Sur de Jalisco como parte de una estrategia preventiva de las fuerzas del orden en las zonas limítrofes con Michoacán. El secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, confirmó que ese despliegue se sostuvo durante la última semana previa al hallazgo.

Los elementos de las tres corporaciones —Policía de Jalisco, Sedena y FGR— se trasladaron al domicilio de la calle Aldama para ejecutar un cateo con orden de autoridad. Una vez dentro de la finca, los especialistas del TEDAX activaron sus protocolos de detección con el equipo técnico del escuadrón.

Fue gracias a esa tecnología que los elementos lograron identificar la ubicación precisa de cada uno de los 11 artefactos. Sin ese recurso, la neutralización de los explosivos habría representado un riesgo directo para los efectivos y para los habitantes de Tazumbos.

Los artefactos: minas terrestres y tipo niple de “alta gama”

Entre los objetos asegurados había artefactos tipo mina y tipo niple, ambos de alta peligrosidad. Los primeros se ocultan en el terreno y se activan al recibir presión, ya sea de una persona, un animal o un vehículo; los segundos se fabrican dentro de un tubo sellado por ambos lados.

“En las inmediaciones de Michoacán y Jalisco, a la altura de Tazumbos se localizó una finca con explosivos, inclusive algunas minas terrestres que ponen en riesgo a la ciudadanía”, declaró Hernández González en rueda de prensa. “Afortunadamente, en coordinación con DEFENSA y el personal de TEDAX, fueron aseguradas y desactivadas. Son explosivos de alta gama”, completó el funcionario.

Los especialistas del TEDAX aplicaron los protocolos de seguridad para neutralizar cada artefacto de forma controlada. El objetivo fue evitar detonaciones accidentales durante el proceso de aseguramiento.

Las autoridades no reportaron personas detenidas al término del operativo en la calle Aldama. Los 11 artefactos fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para la apertura de la carpeta de investigación.

El secretario Hernández González precisó que el despliegue en esa zona fronteriza con Michoacán comenzó un día antes del hallazgo y se extendió durante toda la semana. La acción forma parte de las operaciones preventivas que la Secretaría de Seguridad de Jalisco mantiene en la Región Sur ante la presencia de grupos delictivos.

Jilotlán de los Dolores, municipio con historial de violencia reciente

El municipio de Jilotlán de los Dolores acumula varios episodios de violencia en los meses previos al hallazgo de los explosivos. En marzo de 2026, policías estatales fueron atacados a balazos por sujetos armados tras detectar un campamento criminal en la comunidad de Los Olivos, donde también encontraron llantas, ropa, mochilas y bolsas.

En abril, tres hombres aparecieron asesinados a balazos dentro de un rancho en la comunidad de Las Higueras. El municipio volvió a ser escenario de una acción de seguridad en julio, cuando elementos de la FGR y del Ejército Mexicano capturaron a Salvador Gómez Manzo, presunto integrante del Cártel Nueva Generación (CNG), en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo.

En ese operativo de julio se aseguraron 18 armas largas, una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos y un casco. El hallazgo de agosto en Tazumbos se suma a esa secuencia de decomisos en el mismo municipio.

El antecedente en Sinaloa: más de 550 explosivos en El Rosarito

El aseguramiento en Jilotlán de los Dolores ocurre en un contexto nacional en el que los cuerpos de seguridad han registrado hallazgos similares en otras entidades. El 7 de junio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y de las Fuerzas Armadas aseguraron más de 550 artefactos explosivos improvisados en el municipio de El Rosarito, en ese estado.

El decomiso sinaloense inició cuando policías estatales y militares patrullaban la colonia Lola Beltrán y localizaron en un predio baldío una camioneta Jeep JT con reporte de robo. Al ampliar el reconocimiento en la zona, los elementos encontraron los artefactos, entre los que había 53 explosivos de dimensiones pequeñas para ser lanzados con dron, 4 explosivos de alrededor de 10 kilogramos cada uno también para dron, y 20 del tipo Claymore —minas antipersonales dirigidas de aproximadamente 3 kilogramos cada una—.

El lote más numeroso correspondió a 490 explosivos tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión o de manera eléctrica. Todos los artefactos y la camioneta fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

Ese hallazgo se produjo en el marco de la disputa interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que inició en septiembre de 2024 tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada —a manos de su ahijado, Joaquín Guzmán López— y que acumula más de 3 mil homicidios hasta la fecha, pese al despliegue de más de 13 mil elementos de la Sedena en la entidad.

A María Susana Flores Gámez la habían coronado en concursos de belleza desde que era niña. Fue Mujer Sinaloa, representó a México en un certamen internacional en China y, años después, su nombre quedó ligado al de Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”, jefe de gatilleros y escolta personal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Pero la madrugada del 24 de noviembre de 2012, la reina de belleza de Guamúchil no llevaba una corona. Estaba escondida en una casa abandonada de El Palmar de Los Leal, Mocorito, mientras soldados rodeaban el inmueble después de una persecución que había comenzado kilómetros atrás.

Eran las 5:30 de la mañana. Los militares le gritaron que saliera: “Sal, hija de tu pinche madre”, y ella obedeció. Según los testimonios incorporados al expediente judicial, salió con las manos en alto y pidió que no dispararan. Minutos después, estaba muerta.

Durante casi 14 años, la versión que quedó instalada fue otra: que la joven había muerto en medio de un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado y que incluso había disparado un rifle AK-47. Ahora, los documentos judiciales cuentan una historia distinta, según revelaciones publicadas por el medio Riodoce.

En 2026, dos soldados del Ejército Mexicano, identificados como José Manuel y Miguel Ángel, enfrentan un proceso por el homicidio doloso de Flores Gámez. El Tribunal de Apelación confirmó en junio el auto de formal prisión contra ambos y concluyó que existen elementos para considerar que su actuación pudo haber sido deliberada.

El expediente reconstruye una persecución de tres tramos, en la que también murieron civiles y militares, hasta llegar a la escena que durante años quedó reducida a unas cuantas líneas en los reportes oficiales: una reina de belleza, relacionada con uno de los hombres más cercanos a “El Chapo”.

La persecución que empezó antes del amanecer y terminó con tres muertos

Todo comenzó en un camino del poblado El Progreso, también en Mocorito. Un grupo de elementos de la Sedena avanzaba cuando se cruzó con una camioneta que circulaba a alta velocidad. Desde el vehículo les dispararon. Los soldados repelieron la agresión y arrancó la persecución.

En el primer tramo, la camioneta frenó. Dos sujetos bajaron y despojaron de su vehículo a tres hombres, uno de ellos identificado como Rosario. La versión del Ejército dice que los sicarios volvieron a disparar y que Rosario murió en fuego cruzado. Quienes lo acompañaban dijeron otra cosa: que los soldados llegaron disparando y él cayó sin haber tomado parte en nada.

Los sicarios siguieron en dos camionetas. La persecución llegó a su tercer tramo en El Palmar de Los Leal. Ahí, según los militares, hubo una nueva agresión: tres soldados resultaron heridos y uno murió posteriormente a causa de las heridas. Fue en ese mismo punto donde también murió la novia del “Cholo Iván”.

Una de las camionetas civiles cayó en un hoyo y quedó atascada. Un vehículo militar la impactó por la parte trasera. Susana bajó y entró a la vivienda deshabitada. Los soldados rodearon el lugar. El resto lo narran los testigos.

Lo que dice el Tribunal: los disparos no fueron para repeler una agresión

Los documentos judiciales en poder del semanario Ríodoce, publicados el 10 de agosto de 2026, establecen que cuando Flores Gámez salió de la vivienda con las manos en alto, no representaba una amenaza activa. El Tribunal de Apelación analizó los testimonios y concluyó que los disparos de los soldados no tuvieron como propósito repeler una agresión.

“Los datos de prueba evidencian que el actuar de los coinculpados probablemente fue doloso”, señala la resolución.

La prueba de rodizonato de sodio practicada al cuerpo de Flores Gámez dio positivo, lo que indica que disparó un arma en algún momento durante el operativo. Los documentos precisan que ese resultado no corresponde al momento de su muerte: cuando los militares le dispararon, estaba desarmada.

La figura jurídica aplicada es la de responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada: ambos soldados dispararon, pero no fue posible establecer cuál de los dos efectuó los tiros que la mataron.

Por la muerte de Rosario, el civil despojado de su camioneta, los mismos soldados enfrentan un cargo de homicidio culposo: el Tribunal determinó que no hubo intención de matarlo, sino que las balas alcanzaron a un hombre que no estaba armado ni disparaba contra nadie.

La versión oficial que duró 14 años: escudo humano, AK-47 y una prueba de laboratorio

Cuando el caso se conoció en noviembre de 2012, las primeras versiones filtradas por un funcionario de la Fiscalía Federal señalaron que Flores Gámez había sido usada como escudo humano por los sicarios al bajar del vehículo. Días después, el delegado de la Fiscalía en Sinaloa, Enrique Feregrino, sostuvo que la prueba de rodizonato confirmaba que ella había disparado el rifle AK-47 encontrado junto a su cuerpo.

La Fiscalía estatal terminó por declinar la investigación a la PGR por incompetencia y entregó todas las diligencias. El procurador del estado, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que no podían revelar ningún dato de la averiguación. Durante casi 14 años no hubo un solo acusado.

El auto de formal prisión contra José Manuel y Miguel Ángel se dictó el 29 de enero de 2026. El Tribunal lo ratificó en junio. En su declaración ante la jueza, el soldado José Manuel se dijo inocente y contó que durante el enfrentamiento recibió heridas de bala que lo dejaron con discapacidad.

“Yo me di de alta a los 15 años de edad pensando siempre en servir a la patria”, declaró, según los documentos citados por el medio antes citado. “Serví al instituto armado 24 años y sinceramente me siento mal, desprotegido por parte de la Sedena. Se me hace injusto porque después de servir tanto tiempo en el Ejército ahorita se me tenga como detenido y acusado de un asesinato que yo en ningún momento cometí. Toda mi vida se la entregué al Ejército, mi juventud se la entregué al Ejército y hasta el momento me considero una persona de bien.”

La mujer que ganó coronas desde los 4 años

María Susana Flores Gámez nació en diciembre de 1992 en Guamúchil, Sinaloa, hija de Mario Flores y Carmen Gámez. Creció en escuelas privadas: el Colegio Renacimiento, de educación católica, la vio pasar de primaria a secundaria; el Colegio Sinaloa la recibió en preparatoria. Sus maestros la describían, según Noroeste, como una jovencita responsable, seria y dedicada al estudio.

Ganó su primer concurso de belleza a los 4 años, coronada como Reina de la Cruz Roja en su ciudad natal. A los 9 se llevó el título de Niña Fantasía y Belleza, organizado por una televisora estatal. Intentó ser Reina de los Charros de Guamúchil, pero el requisito era ser hija de socio del Lienzo Charro, condición que no cumplía. Los títulos de Reina de la Primavera de secundaria y preparatoria, y el de Modelo del Año —en un evento organizado en 2009 por Leopoldo Sánchez Soto— se fueron sumando.

Cuando tenía 6 años, su padre Mario Flores murió acribillado, el 4 de junio de 1998. Noroeste documentó la coincidencia: Susana murió el 24 de noviembre de 2012, el día en que su padre habría cumplido años.

Para su fiesta de XV años, el padrino designado era Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”. Elizalde fue asesinado a balazos en Tamaulipas el 25 de noviembre de 2006, un mes antes de la celebración. Su hermano, “El Flaco” Elizalde, cumplió lo que habría sido la voluntad del cantante: asistió a la fiesta y le regaló a Susana un vehículo último modelo. Aun así, ella llegó a la iglesia escoltada por 10 jóvenes disfrazados de guardias reales.

Susana y El Cholo Iván

Flores Gámez estudió cosmetología en Culiacán sin dejar el modelaje. Después ingresó a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en una universidad de la misma ciudad. En febrero de 2012 ganó el certamen Mujer Sinaloa, con el que clasificó a Miss Turismo Oriental México, competencia en la que participaron 50 jóvenes de todo el país y que también ganó. En mayo de ese año viajó a China para la edición internacional del certamen. No obtuvo título, pero compitió como representante de México.

Intentó después Nuestra Belleza Sinaloa, de donde sale la representante del estado al concurso nacional. No quedó entre las finalistas. Ese mismo 2011 vivió otra sacudida: su madre y sus dos hermanos fueron secuestrados por hombres armados. Doce días después liberaron a su hermana menor y a su madre, pero retuvieron a su hermano hasta que la familia pagó rescate.

La última vez que se le vio en público fue el 30 de octubre de 2012, como jurado en la Expo Canaco Guamúchil. Esa noche la corona la recibió Mariela López Inzunza. Menos de un mes después, Susana estaba muerta.

En 2011, mientras estudiaba en Culiacán, comenzaron a circular rumores sobre la relación de Flores Gámez con “El Cholo Iván”. Entre la gente de Guamúchil existía temor de hablar sobre cómo se conocieron.

Gastélum Cruz se distinguía de sus compañeros del cártel por vestir al estilo hip hop —pantalones holgados y playeras sin mangas— en lugar de los clásicos blue jeans y botas vaqueras. En 2005 fue acusado de posesión ilegal de armas; salió libre tras pagar fianza y fue arrestado de nuevo meses después.

En 2009 escapó de la cárcel de Aguaruto, en Sinaloa, vestido de mujer. Sus hazañas quedaron registradas en el narcocorrido “Gente del General ‘Cholo Iván’”, que narra su fuga con la frase: “porque el jefe me ocupaba para pelear… siempre firmes con El Chapo.”

Durante el operativo de Mocorito, Gastélum Cruz escapó. No fue detenido sino hasta el 9 de enero de 2016, en Los Mochis, junto con Guzmán Loera, en la tercera y última captura del capo. Ambos huyeron por una alcantarilla, robaron un vehículo y fueron detenidos en la carretera Los Mochis-Navojoa. La fotografía que muestra al “Cholo Iván” sin playera junto a El Chapo al interior de un vehículo fue tomada esas mismas horas.

Tras su captura, Gastélum Cruz estuvo recluido en el penal del Altiplano y después en la cárcel de San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Fue extraditado a Estados Unidos el 1 de abril de 2023. Enfrenta cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína y marihuana, y de portar y disparar un arma de fuego en relación con tráfico de drogas. La pena máxima es cadena perpetua. Actualmente está recluido en la prisión de Alexandria, Virginia, donde su defensa ha señalado que solo tiene dos horas al día fuera de su celda y que tiene problemas para dormir.

Elementos policiales y militares de México y Estados Unidos se desplegaron este jueves en los límites de ambos países, en Río Grande, a la altura de la denominada X, en Ciudad Juárez, como parte de un ejercicio conjunto de seguridad fronteriza encabezado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En el despliegue participaron diversas agencias federales estadounidenses y fuerzas militares de México, en el marco de la designación del Cártel de Juárez como organización terrorista.

Desde las primera horas de este jueves, se registró la presencia de numerosos elementos y unidades de seguridad en ambos lados de la frontera, lo que causó expectación entre quienes se encuentran en las inmediaciones del río, debido a la magnitud del operativo y al movimiento del personal y equipo especializado.

Esta actividad, se informó, forma parte de una operación combinada de respuesta rápida organizada por el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza, con la participación de agentes de Operaciones Especiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), personal militar y otras agencias federales de aplicación de la ley.

Información difundida por la Patrulla Fronteriza expuso que durante el ejercicio, agentes de su destacamento de Operaciones Especiales fueron trasladados hasta la zona fronteriza mediante un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP.

Al mismo tiempo, se desplegaron elementos del Departamento Militar de Texas, soldados del Departamento de Guerra y otros cuerpos federales de seguridad estadounidense, quienes participaron en el ejercicio a lo largo de la frontera en el área de El Paso.

El operativo también contó con una acción coordinada del lado de México, donde elementos de las Fuerzas Militares realizaron un patrullaje espejo, es decir, un despliegue simultáneo en la zona fronteriza frente al operativo estadounidense.

La presencia de efectivos en ambos lados del Río Grande, permitió observar un inusual movimiento de personal y vehículos oficiales, en una demostración de la capacidad de respuesta coordinada ante posibles situaciones de emergencia o amenazas en la frontera.

La Patrulla Fronteriza dijo que el objetivo del ejercicio es demostrar las capacidades de respuesta rápida y coordinación entre las distintas agencias estadounidenses y sus socios militares mexicanos.

La operación se realiza en momentos en los que autoridades estadounidenses han incrementado la atención sobre las organizaciones criminales que operan en la región fronteriza.

La Patrulla Fronteriza también destacó que el ejercicio ocurre luego de que el gobierno estadounidense designara al Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera.

Operativo envía mensaje a grupos criminales: Patrulla Fronteriza

El operativo desplegado esta mañana en el Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde participaron autoridades federales de ambos paises, constituye un mensaje enviado a los grupos criminales para que desistan de intentar cruzar la frontera.

Así lo aseguró Roberto Domínguez, subjefe del sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio local Norte Digital, Domínguez declaró que las fuerzas de seguridad de México y de EEUU se unen para demostrar que están preparadas para hacerles frente.

Señaló que en el lado estadounidense, el equipo de abogados se encuentra listo para presentar cargos contra quienes apoyen a este tipo de organizaciones criminales o por traficar personas, drogas o cualquier otro artículo prohibido.

Señaló que cuando los grupos dedicados al cruce e internación ilegal de personas cometen dicho delito, muchas personas han resultado lesionadas al caer del muro fronterizo o en el canal que cruza la línea divisoria entre ambos países.

Dijo que el despliegue de fuerzas y equipamiento llevado a cabo esta mañana es una muestra de la preparación y el blindaje con el que se cuenta en la frontera.

“Nosotros tenemos la capacidad, la frontera está más segura que nunca, la hemos tenido así con el apoyo de esta nueva administración”, dijo.

Señaló que el sector de El Paso tiene una longitud de 260 millas y que se cuenta con los recursos necesarios para darle cobertura en materia de seguridad. El operativo de esta mañana, destacó, es solo una muestra de lo que se puede hacer.

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos murieron el miércoles 12 de agosto cuando un helicóptero Apache AH-64 se estrelló en un campo al sur de la localidad de Salado, Texas, a unos 100 kilómetros al norte de Austin. El siniestro ocurrió durante un vuelo de entrenamiento de rutina y desató un incendio de pastizal que obligó a evacuar varias viviendas de la zona, según informaron la Oficina del Sheriff del Condado de Bell y el propio Ejército.

La aeronave, asignada a la base militar de Fort Hood, cayó a tierra alrededor de la 1:30 p.m. hora local, según confirmó el portavoz del Sheriff del Condado de Bell, Cliff Coleman,a NBC. Ambos tripulantes fueron declarados muertos en el lugar por el juez de paz del condado, de acuerdo con Reuters.

El accidente y el incendio que le siguió

Un funcionario militar citado por The Guardian, bajo condición de anonimato, confirmó que el Apache realizaba un vuelo de entrenamiento cuando se precipitó a tierra. La aeronave no impactó ninguna estructura.

“Se podía ver que fue un choque violento”, declaró Coleman a los periodistas presentes en la escena. Las fotografías difundidas por su propia oficina mostraron a bomberos entre escombros calcinados mientras columnas de humo negro se elevaban desde los restos.

El impacto generó un incendio de pastizal que, según Coleman, se extendía “de forma descontrolada” cuando llegaron los primeros equipos de emergencia, de acuerdo con BBC. Para las 7:00 p.m. del mismo día, el fuego había quemado 155 acres (unas 63 hectáreas) y estaba contenido en un 85%, informó NBC.

Las víctimas y la respuesta de emergencia

Los nombres de los dos soldados no se han divulgado. El Ejército aplica el protocolo estándar de esperar 24 horas tras notificar a los familiares antes de hacer pública la identidad de las víctimas, según indicó en un comunicado oficial recogido por ABC News. Sus cuerpos fueron trasladados al Centro Médico del Ejército Carl R. Darnall, ubicado en Fort Hood.

Varios departamentos de bomberos locales, agentes de las fuerzas del orden y personal militar de Fort Hood acudieron al lugar. El incendio también forzó la evacuación de algunas residencias cercanas, aunque ninguna resultó dañada, confirmó Coleman a ABC News.

Qué es el AH-64 Apache y cómo opera

El AH-64 Apache es un helicóptero de ataque bimotor y cuatro palas con capacidad para misiones de reconocimiento armado, combate directo y apoyo a fuerzas terrestres. El Ejército lo describe en su sitio oficial, citado por NBC, como “el vehículo de combate aéreo más avanzado del mundo”.

La aeronave lleva dos tripulantes: el piloto ocupa el asiento trasero y el copiloto-artillero va en la posición delantera, según detalló BBC. Fort Hood, la base a la que estaba asignado el aparato siniestrado, abarca 86.994 hectáreas de terreno abierto que el Ejército utiliza para el entrenamiento de fuerzas pesadas, de acuerdo con The Guardian.

La investigación y quién la lidera

La División de Investigación Criminal de Fort Hood asumió la conducción de la investigación. Las autoridades no anunciaron de inmediato ninguna causa del accidente.

Fort Hood no es ajena a tragedias aéreas durante ejercicios. En noviembre de 2015, cuatro soldados murieron cuando un helicóptero Black Hawk se estrelló en un entrenamiento en la misma zona, según The Guardian.

El general de brigada Ethan Diven, comandante en funciones de la 1.ª División de Caballería, emitió un comunicado en el que expresó que “la prioridad inmediata es asegurar el lugar y apoyar los esfuerzos de respuesta inicial”. “Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”, agregó.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó en X: “Hoy, un helicóptero Apache se estrelló en el Condado de Bell durante operaciones de Fort Hood, y mató a dos miembros de nuestras fuerzas militares”. Abbott pidió oraciones para las familias de los soldados y para la comunidad de Fort Hood, y escribió que “Texas está eternamente en deuda con quienes sirven a nuestro estado y a nuestra nación”.

En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con base en cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cerca de 66 mil militares desplegados para labores de seguridad han regresado a sus cuarteles.

Pese a que Sheinbaum Pardo no prometió que los militares iban a regresar a sus cuarteles si llegaba al poder, en los hechos, lo está haciendo, caso contrario a lo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien utilizó a las fuerzas castrenses como eje principal de su estrategia de seguridad.

Con base en datos de la Sedena, que solicitó un particular vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , a partir de 2025, la dependencia castrense disminuyó 66 por ciento el número de uniformados desplegados en el país –unos 66 mil 66 efectivos– para tareas de seguridad pública:

• En 2024 había 100 mil 226 soldados en las calles.
• Mientras que en 2025, la cifra cayó a 34 mil 160.

Sheinbaum fortalece inteligencia e investigación

Los datos, anteriormente descritos, reflejan que la llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia trajo consigo cambios importantes en la estrategia de seguridad, como el fortalecimiento de la inteligencia e investigación.

Durante el “segundo piso de la transformación”, la titular del Ejecutivo federal le está dando más peso al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.

Además, la primera mandataria insistió en que iba respaldar la consolidación de la Guardia Nacional, que dejó de ser una dependencia civil para estár bajo las órdenes de la Defensa Nacional.

“No va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales (...) Nosotros ¿qué vamos a usar?, prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de cuatro ejes”, dijo la mandataria el 8 de octubre de 2024, una semana después de su toma de poder.

Ejército va a zonas de alto riesgo

La reducción de elementos del Ejército desplegados en las 32 entidades federativas va de la mano con el hecho de que comenzó a concentrar sus esfuerzos en zonas de alto riesgo de seguridad y de atención prioritaria.

En ese sentido, la Sedena –que opera bajo instrucciones directas de la presidenta– centró sus despliegues en un estado en particular: Sinaloa, entidad que era gobernada por el morenista Rubén Rocha Moya.

Hasta febrero de 2026, en dicha entidad, el Ejército tenía desplegados 11 mil 53 elementos para combatir lo que es conocido como la “narcopandemia”, que tuvo su origen en la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la detención de su fundador Ismael ‘Mayo’ Zambada, en julio de 2024.

Otros estados que reciben atención prioritaria de los militares

Aparte de Sinaloa, otra entidad que tuvo atención prioritaria con refuerzos del Ejército fue: Michoacán, región clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que ve mermada su producción agrícola por delitos como la extorsión y homicidios contra líderes productores de limón.

Por lo anterior, hasta febrero de este año, el estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla tenía dos mil 743 elementos de la Sedena.

De acuerdo con Proceso, que tuvo acceso a la solicitud de transparencia, otras entidades con prioridad para la atención castrense son Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Coahuila. En contraste, el Ejército ha dejado completamente libre de despliegue militar otros estados como la Ciudad de México e Hidalgo.

AMLO rompe récord con militares en las calles

Las cifras antes mencionadas contrastan con lo ocurrido durante el sexenio de AMLO, donde no solo llegó al pico más alto de militares en la calles haciendo labores de seguridad pública, con 100 mil 226 entre 2023 y 2024, sino que promedio a lo largo de seis años de gobierno más de 84 mil uniformados patrullando.

¿Qué tareas hace el Ejército en las calles?

Cabe señalar que en su respuesta de requerimiento a la ciudadanía, la Sedena también explica para qué tiene sus elementos en las calles del país:

“Realizan actividades para defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mediante la protección y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, así como labores para reducir los índices de violencia en el país, en las cuales se incluye la seguridad a instalaciones estratégicas”, respondió al Ejército a la solicitud con folio 340026400064926.

Por otro lado, la institución castrense deja claro que también puede auxiliar en labores de rescate y protección al medio ambiente y recursos naturales e incluso en temas administrativos como el Servicio Militar o aplicación del Plan DN-III en casos de desastres naturales.

Pese a que no lo prometió en campaña como AMLO, Sheinbaum devuelve a sus cuarteles a poco más de 66 mil elementos del Ejército.

El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó una transferencia de S/ 277,5 millones al Ministerio del Interior (Mininter) para financiar las obligaciones previsionales de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) durante el Año Fiscal 2026. La medida busca asegurar los recursos necesarios para atender los pagos correspondientes al personal militar y policial en situación de retiro, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto.

La autorización forma parte de una operación presupuestal de mayor alcance que supera los S/ 443 millones y que también contempla recursos para el Ministerio de Defensa. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 157-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y establece de manera específica el destino que deberán tener los fondos transferidos desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Gobierno destina S/ 277 millones al pago de pensiones militares y policiales

La transferencia aprobada para el Ministerio del Interior asciende exactamente a S/ 277 537 379. Estos recursos serán destinados de manera exclusiva a la Caja de Pensiones Militar Policial, entidad encargada de administrar las prestaciones previsionales correspondientes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encuentran en situación de retiro.

Según la disposición publicada este 9 de agosto, el dinero permitirá financiar las obligaciones previsionales correspondientes al Año Fiscal 2026. La transferencia se realiza en cumplimiento del numeral 65.2 del artículo 65 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El monto asignado al Mininter forma parte de una transferencia presupuestal conjunta de S/ 443 597 223, autorizada por el Ejecutivo con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La partida restante será entregada al Ministerio de Defensa para atender las obligaciones que corresponden a dicho sector.

De acuerdo con el decreto supremo, el Ministerio de Defensa recibirá S/ 166 059 844, mientras que el Mininter concentrará S/ 277 537 379. De esta manera, ambos sectores contarán con recursos adicionales destinados a cumplir con las obligaciones previsionales vinculadas a la Caja de Pensiones Militar Policial.

La norma establece además que el dinero transferido no podrá utilizarse para otros objetivos distintos a los señalados en la autorización presupuestal. Esto significa que los S/ 277 millones asignados al Ministerio del Interior deberán ser dirigidos exclusivamente al financiamiento de las obligaciones previsionales de la entidad.

¿Cómo se distribuirán los más de S/ 443 millones autorizados?

La medida contempla una asignación diferenciada entre las dos instituciones responsables de canalizar los recursos hacia la Caja de Pensiones Militar Policial. El mayor monto corresponde al Ministerio del Interior, con más de S/ 277 millones, mientras que el Ministerio de Defensa recibirá más de S/ 166 millones.

• Ministerio del Interior (Mininter): S/ 277 537 379.
• Ministerio de Defensa (Mindef): S/ 166 059 844.
• Total transferido: S/ 443 597 223

La operación se ejecuta a partir de los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF, mecanismo presupuestal que permite financiar determinadas necesidades durante el ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

En el caso del Mininter, la transferencia tiene un propósito específico: permitir que los recursos lleguen a la Caja de Pensiones Militar Policial para cubrir las obligaciones previsionales que corresponden al año 2026. El decreto no contempla que estos fondos puedan ser utilizados para otros gastos del sector.

Asimismo, la norma asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad de realizar el seguimiento y la verificación del uso de los recursos. Esta disposición busca garantizar que el dinero sea empleado de acuerdo con la finalidad para la cual fue aprobado.

La transferencia se produce en el marco de las obligaciones presupuestarias que el Estado debe atender para garantizar el pago de las prestaciones previsionales de quienes pertenecieron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El financiamiento aprobado para este ejercicio fiscal permitirá cubrir las obligaciones a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial conforme al marco presupuestario establecido para 2026.

El Decreto Supremo N.° 157-2026-EF precisa las condiciones de la operación y establece las responsabilidades de las entidades involucradas en la ejecución de los recursos. Con ello, el Gobierno formalizó la transferencia que permitirá financiar las obligaciones previsionales previstas para este año.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit informó que obtuvo la vinculación a proceso de César Adrián “N”, alias “El Cachimbo”, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en perjuicio de un elemento del Ejército Mexicano, hechos que habrían ocurrido en el municipio de Tecuala.

De acuerdo con la institución, un Juez de Control resolvió iniciar el proceso penal luego de valorar los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, los cuales fueron considerados suficientes para establecer la probable participación del imputado en la privación ilegal de la libertad de la víctima.

Como parte de la resolución judicial, el juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que el acusado permanecerá recluido mientras continúan las investigaciones.

La investigación se centra en un secuestro ocurrido en Tecuala

Según la información difundida por la Fiscalía estatal, la carpeta de investigación señala que César Adrián “N” es investigado por hechos relacionados con el secuestro de un integrante de las Fuerzas Armadas ocurrido en el municipio de Tecuala, ubicado al norte del estado de Nayarit.

La dependencia explicó que, derivado de las investigaciones ministeriales, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, la cual fue cumplimentada por las autoridades.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó la fecha en que ocurrió la privación de la libertad ni cuándo fue ejecutada la orden de captura contra el imputado.

Tampoco se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el secuestro, el estado de salud de la víctima o si hubo más personas involucradas en los hechos.

Tres meses para fortalecer la investigación

Durante la audiencia correspondiente, el Ministerio Público solicitó que el proceso continuara con el imputado privado de la libertad, petición que fue respaldada por el juez al considerar la naturaleza del delito y los elementos expuestos durante la diligencia.

Además de confirmar la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese periodo, el Ministerio Público continuará con la integración de pruebas, entrevistas, peritajes y demás diligencias necesarias para fortalecer la carpeta de investigación y, en su momento, determinar si existen los elementos suficientes para llevar el caso a juicio.

La Fiscalía subrayó que todas las actuaciones se desarrollarán con apego al debido proceso y respetando el principio de presunción de inocencia, por lo que la responsabilidad penal del imputado deberá ser determinada por la autoridad judicial competente.

Sin mayores detalles sobre el caso

A diferencia de otros procesos penales de alto impacto, la Fiscalía de Nayarit mantuvo bajo reserva diversos aspectos relacionados con la investigación.

En el comunicado oficial no se informó cuándo ocurrió el presunto secuestro, cuánto tiempo permaneció privada de la libertad la víctima ni las condiciones en las que fue localizada.

Asimismo, la dependencia no reveló si el imputado tendría presuntos vínculos con algún grupo delictivo que opere en la región o si existen otras personas investigadas por estos hechos.

Por ahora, el proceso penal continuará en su etapa de investigación complementaria, mientras las autoridades ministeriales reúnen mayores elementos para sustentar la acusación por secuestro agravado contra el presunto responsable.

De confirmarse su responsabilidad mediante una sentencia firme, César Adrián “N” podría enfrentar las sanciones previstas en la legislación penal vigente para este delito. Mientras tanto, continuará interno en un centro penitenciario bajo la medida cautelar impuesta por el juez.

Ante la pregunta de una periodista, Sheinbaum dijo que no tenían nada que ver con estas dos instituciones, por lo que, hablar de escuelas militarizadas puede llevar a pensar que hay influencias de las fuerzas armadas en las mismas, lo que no es cierto.

“Hasta qué punto la disciplina militar en una escuela primaria o secundaria puede llevar al abuso como fue el caso de Tamaulipas, porque es a partir de ahí que se toma la decisión por parte de la Secretaría de Educación Pública, entonces, o creo que deba llamarse escuela militarizada, primero, y segundo, el tema de la disciplina, los límites, para las niñas y para los niños, tiene que estar en el marco donde no haya abuso ni haya violencia contra la niñez, porque hay que defender el derecho máximo de la niñez, entonces eso está determinado por la Secretaría de Educación Pública desde la Reforma de Juárez”, señaló Sheinbaum.

Mario Delgado asegura que hay 25 escuelas militarizadas en México

Cabe destacar que el pasado lunes, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que la institución que encabeza ha detectado 25 escuelas particulares con modalidad militarizada en el país, mismas que deberán cerrar o modificar completamente su plan de estudios antes del inicio del próximo ciclo escolar, ya que esta modalidad no está contemplada en la legislación mexicana.

En entrevista con el medio Milenio, Delgado explicó que, tras un diagnóstico nacional realizado en conjunto con las autoridades educativas estatales, se determinó que dichas escuelas operaban bajo un esquema que carece de sustento legal.

“Encontramos algunas escuelas que tenían alguna referencia militar en su nombre, pero en total detectamos 25 escuelas particulares sobre las cuales ya se está procediendo a la clausura o al cambio de su plan de estudios”, dijo.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó que no cuenta con escuelas militariazadas de educación básica, por lo que la SEP emitió un oficio a las autoridades estatales para inspeccionar estos planteles y ordenar su clausura o su regularización.

Precisó que las instituciones podrían continuar operando únicamente si eliminan la modalidad militarizada y adecuan sus programas educativos a la normatividad vigente.

“Cuando una escuela solicita autorización para operar, no pide permiso para abrir una escuela militarizada, sino simplemente una escuela; esa modalidad fue incorporada de manera irregular”, señaló Delgado.

Dijo que el objetivo era garantizar que ningún estudiante vea interrumpida su trayectoria escolar, por lo que, adelantó, las autoridades acompañarán a las familias para facilitar la revalidación de estudios y la entrega de documentos en caso de que algún plantel cierre definitivamente.

Indicó que el plazo para concluir este proceso es hasta el 31 de agosto, fecha en la que inicia el nuevo ciclo escolar, por lo que ese día ya no deberá existir ninguna escuela privada bajo un esquema militarizado.

Guanajuato se niega a cerrar escuelas militarizadas

La Secretaría de Educación de Guanajuato determinó que los más de 3 mil 500 estudiantes que cursan el Bachillerato Bivalente Militarizado continuarán sus estudios con normalidad, al considerar que este modelo público estatal no está incluido en las recientes disposiciones de la SEP.

La postura del gobierno estatal se da luego de que la SEP determinó que no se otorgarán autorizaciones para ofrecer educación básica bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o similares, además de establecer que no se permitirá la operación de escuelas particulares con ese modelo. 

La SEG informó que la decisión se tomó después del análisis de los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio, los cuales concluyen que las disposiciones federales se refieren exclusivamente a educación básica y a instituciones particulares.

Durante la primera semana de agosto, Guatemala se prepara para recibir una de las mayores afluencias de visitantes extranjeros del año. El flujo de turistas proveniente de El Salvador por las vacaciones agostinas genera altas expectativas en sectores clave de la economía, especialmente en turismo, transporte y comercio local. Las autoridades calculan que cerca de 78 mil salvadoreños cruzarán la frontera para vacacionar en destinos nacionales, lo que representa una oportunidad de dinamización económica significativa para el país.

El periodo de asueto en El Salvador, motivado por las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo, provoca cada año un movimiento masivo de personas hacia Guatemala. Según información publicada desde el primer día de agosto se observa un aumento en el tránsito por la frontera de Valle Nuevo, uno de los principales puntos de acceso terrestre. Este fenómeno impulsa la demanda de servicios turísticos, hospedaje, gastronomía y transporte, sectores que han desarrollado ofertas especiales para captar la atención de los visitantes.

La llegada de turistas coincide con la implementación de operativos de seguridad en los pasos fronterizos. El Ejército de Guatemala y otras instituciones nacionales han desplegado patrullajes preventivos, controles territoriales y puntos de vigilancia para garantizar el ingreso ordenado de los viajeros. Estas acciones buscan ofrecer confianza a los turistas y fomentar el consumo en los mercados locales, que dependen en gran medida de la afluencia de extranjeros durante temporadas altas.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) estima que el derrame económica generada por los visitantes salvadoreños puede superar cifras alcanzadas en años previos, dado el incremento del turismo regional tras el levantamiento de restricciones sanitarias. El gasto promedio de los turistas salvadoreños se distribuye principalmente en alojamiento, alimentación, transporte interno, actividades recreativas y compras de productos locales, lo que beneficia tanto a pequeños negocios como a cadenas hoteleras.

La reactivación del turismo fronterizo también incentiva el empleo temporal. Empresas de transporte, agencias de viajes, guías turísticos y emprendimientos familiares reportan un alza en la contratación de personal durante la semana de celebraciones. Además, la presencia masiva de turistas favorece la comercialización de artesanías, productos típicos y servicios vinculados al entretenimiento.

Las autoridades guatemaltecas han reforzado la información dirigida a los viajeros. Desde la oficina de Asistencia Turística se recomienda planificar rutas, llevar la documentación adecuada y consultar fuentes oficiales sobre el estado de las carreteras. El número telefónico PBX 1500 está disponible para consultas y emergencias durante la estancia de los salvadoreños en el país, un recurso que facilita la atención inmediata y fortalece la percepción de seguridad.

El impacto económico de la llegada de turistas salvadoreños trasciende las cifras inmediatas. La visibilidad que adquieren los destinos guatemaltecos durante las vacaciones agostinas contribuye a posicionar al país como un lugar atractivo para el turismo regional, lo que puede traducirse en futuras visitas y acuerdos comerciales. Para el sector privado y las comunidades receptoras, la temporada representa una ocasión estratégica para fortalecer vínculos comerciales y consolidar relaciones con un mercado recurrente.

La dinámica de los primeros días de agosto muestra una estructura económica adaptada a la temporalidad, con inversiones focalizadas en mejorar la infraestructura turística y optimizar la atención al visitante. El esfuerzo coordinado entre entidades públicas y privadas busca capitalizar al máximo los beneficios derivados de la movilidad regional, en un contexto donde la competencia por captar turistas centroamericanos se ha intensificado.

Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron un arma larga tipo AK-47, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un chaleco táctico y retiraron cinco cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió mientras personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la comunidad como parte de las acciones coordinadas para inhibir la presencia de grupos delictivos.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron diversos objetos abandonados a un costado de una vialidad. Al aproximarse para inspeccionar el área, confirmaron que se trataba de un arma de fuego de alto poder y equipo táctico, por lo que procedieron a asegurar el sitio.

Aseguran armamento y equipo táctico

Tras la revisión del lugar, las autoridades localizaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, cinco cargadores para arma larga, 150 cartuchos útiles del mismo calibre y un chaleco táctico en el que se encontraban colocados los cargadores abastecidos.

Además del armamento, el personal de la BOI detectó la existencia de cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de la zona.

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener vigilancia sobre los accesos a determinadas comunidades, una práctica conocida como “halconeo”, por lo que las cámaras fueron desmontadas y aseguradas.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si está relacionado con alguna organización delictiva que opere en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante este operativo, ya que los objetos fueron encontrados abandonados.

La violencia continúa en distintos puntos de Sinaloa

El aseguramiento en Navolato ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados en otras zonas del estado. Horas antes, un hombre fue asesinado a balazos en una zona de invasiones ubicada en el fraccionamiento La Providencia, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Isaías “N”, de 49 años de edad, vecino de la colonia Los Huizaches. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó a una choza construida con láminas, madera y material reciclable, donde abrió fuego en su contra.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre la avenida San Jorge y Santa Rita, a espaldas del Mercado Humberto Gómez Campaña y a pocos metros del Mercado de Abastos.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja únicamente corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante las diligencias, peritos localizaron y aseguraron varios casquillos para armas de grueso calibre que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer las características de los responsables ni se reportan personas detenidas por este homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del lugar, el inmueble donde ocurrió el ataque ya había sido escenario de otro hecho violento el pasado 9 de mayo, cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en ese mismo sitio, lo que refleja la persistencia de la violencia en distintos sectores de la capital sinaloense mientras continúan los operativos de seguridad en municipios como Navolato.

El aseguramiento de un rancho presuntamente utilizado por el crimen organizado para el reclutamiento de personas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, volvió a poner bajo los reflectores una de las modalidades que más preocupa a las autoridades en Jalisco: la captación de víctimas mediante falsas ofertas de trabajo, muchas de ellas con origen en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque.

Durante un operativo, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un predio de aproximadamente 30 hectáreas, donde fueron detenidos seis hombres, además del decomiso de armas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y diversos objetos que ahora forman parte de una carpeta de investigación.

Aunque las autoridades no han informado qué organización criminal operaba el inmueble, el caso ocurre en un contexto en el que las corporaciones de seguridad han advertido sobre el incremento de esquemas de reclutamiento forzado mediante engaños.

Hallan armas, cámaras y objetos utilizados para permanecer en el predio

Durante la inspección del rancho, los militares localizaron armas de fuego, cartuchos útiles y equipo táctico, además de artículos que podrían indicar la permanencia de varias personas en el lugar.

Entre los objetos asegurados había cubetas, colchones, colchonetas, una casa de campaña, ropa y sillones, así como diversos vehículos que serán sometidos a peritajes.

Uno de los hallazgos que llamó la atención fue la existencia de varias cámaras de videovigilancia, lo que hace presumir que el inmueble era monitoreado constantemente para controlar los accesos y vigilar los alrededores.

El predio se encuentra en la comunidad de San Francisco de Ixcatán, en el municipio de Zapopan, y tiene como referencia un lienzo charro ubicado en la parte posterior del terreno.

Las investigaciones ahora buscarán determinar si el sitio era utilizado para concentrar, adiestrar o reclutar personas para integrarlas a una organización criminal.

La Nueva Central Camionera, punto de captación mediante engaños

El aseguramiento del rancho coincide con la alerta que mantienen las autoridades sobre la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, considerada uno de los principales puntos donde grupos delictivos captan víctimas mediante supuestas ofertas de empleo.

Apenas el pasado fin de semana, una joven de 22 años fue rescatada por policías municipales antes de acudir a una entrevista laboral que presentaba diversas irregularidades.

La mujer relató a los oficiales que había sido citada por un supuesto empleador, pero comenzó a desconfiar después de que su madre le advirtiera sobre inconsistencias en la oferta, como la falta de información sobre la empresa, el tipo de trabajo y el horario inusual de la entrevista.

Tras escuchar su testimonio, los policías determinaron que existían indicios de un posible intento de reclutamiento mediante engaños y decidieron resguardarla para evitar que acudiera al encuentro.

Van 87 personas rescatadas en año y medio

De acuerdo con la Policía de Tlaquepaque, 87 personas han sido auxiliadas durante el último año y medio tras acudir a la Nueva Central Camionera engañadas por falsas vacantes laborales.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes provenientes de distintos estados del país, son atraídas con promesas de empleo bien remunerado, transporte y hospedaje gratuitos. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro descubren que las condiciones ofrecidas no existen o pierden contacto con quienes las citaron.

Las autoridades han advertido que este mecanismo ha sido utilizado por organizaciones criminales para captar personas y obligarlas a integrarse a sus filas.

En ese contexto, el aseguramiento del rancho en Zapopan podría aportar información relevante sobre la operación de estas redes de reclutamiento, por lo que peritos y agentes ministeriales analizarán las armas, vehículos, cámaras de vigilancia y demás indicios encontrados en el inmueble para determinar si existe relación con otros casos denunciados en la entidad.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la población a verificar cualquier oferta de empleo, desconfiar de propuestas que prometan altos salarios sin requisitos claros y solicitar apoyo de las corporaciones de seguridad cuando detecten situaciones sospechosas, especialmente en terminales de transporte donde se han documentado múltiples intentos de captación mediante engaños.

En un operativo militar desarrollado en Florencia (Caquetá), las autoridades capturaron a Jefry Estiven Corredor Quiroga, conocido en el mundo delictivo como alias Marlon Díaz. Él es señalado por las autoridades de ser el tercer cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete, facción del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc que lidera “Calarcá”.

La detención se concretó en el sector El Pórtico gracias a una labor de seguimiento e inteligencia militar que se extendió durante 13 meses, pues las unidades del Ejército y la Policía hicieron efectiva la orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión.

De acuerdo con las investigaciones oficiales y que fueron divulgadas por varios medios de comunicación, se ubicó a alias Marlon Díaz como un hombre de entera confianza de alias Calarcá Córdoba dentro de la organización armada. Por esa cercanía, el capturado fue asignado a la jefatura de la comisión Jhoni Guevara, grupo encargado de recolectar el dinero de las actividades ilegales en varios municipios de Caquetá y Huila.

El expediente judicial detalla que el detenido coordinaba el cobro de extorsiones a comerciantes, labores de inteligencia delictiva, actos de proselitismo armado y rutas de narcotráfico. Su radio de acción abarcaba las localidades de El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, razones por las que su foto aparecía en el cartel de los más buscados de la región.

Inteligencia militar también vincula al procesado con episodios de violencia directa contra la población y líderes del departamento. Entre las líneas de investigación se analiza su presunta responsabilidad en la masacre de cinco personas ocurrida en 2024 en la vereda El Recreo, en jurisdicción del municipio de Puerto Rico.

Según las pesquisas adelantadas por las autoridades, alias Marlon Díaz habría ejercido constantes presiones contra el sector público y privado en el sur del país, información que fue recopilada durante la investigación que permitió su captura.

El “auditor” del crimen: su rol dentro de las disidencias

Conocido con el alias de “Marlon Díaz”, Corredor escaló dentro del organigrama del Estado Mayor Conjunto disidente hasta posicionarse como el tercer cabecilla financiero de la estructura Rodrigo Cadete, una de las facciones más influyentes de lo que se conoce como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf).

A diferencia de los jefes militares de las antiguas Farc-EP, que basaban su poder en el número de hombres armados, el poder de alias Marlon Díaz se midió en números, citaciones obligatorias y millones de pesos mensuales arrebatados a la economía formal del departamento del Caquetá y zonas limítrofes con el Huila.

Dentro del engranaje del Bloque Jorge Suárez Briceño —alineado bajo la jefatura de alias Calarcá—, las disidencias dividen sus funciones estrictamente entre la confrontación armada y la captura de rentas ilícitas. Alias Marlon Díaz fue asignado a la Comisión ‘Jhoni Guevara’, un brazo especializado en el asedio económico a la población civil.

Como tercer cabecilla financiero, su responsabilidad directa era coordinar el cobro sistemático de extorsiones o las mal llamadas “vacunas”. Fuentes de inteligencia y testimonios de víctimas en la región coinciden en que su modo de operar destacaba por una logística fría y fría premeditación:

• Sistemática censo de rentas: Corredor recopilaba información detallada de comerciantes, ganaderos, transportadores y pequeños empresarios de municipios caqueteños como San Vicente del Caguán, Puerto Rico y zonas rurales del Huila. Conocía los márgenes de producción, las cabezas de ganado poseídas o las rutas de distribución.
• Mecanismos de constreñimiento: A través de panfletos firmados y mensajes directos, las víctimas eran citadas en puntos remotos de la manigua. Quien se negaba a asistir o a pagar la tarifa fijada arbitrariamente por su comisión sufría represalias que iban desde la quema de vehículos y cierre forzado de locales hasta el atentado físico o el desplazamiento forzado.
• Sostenimiento del brazo armado: Los caudales de dinero recolectados bajo la batuta de “Marlon Díaz” no solo financiaban su propia comisión, sino que servían para el abastecimiento de material de guerra, equipos de comunicación y logística de la estructura matriz ‘Rodrigo Cadete’.

El incremento en las denuncias por extorsión y el constreñimiento armado llevaron a las autoridades del departamento de Caquetá a priorizar la neutralización de la línea financiera de la estructura Rodrigo Cadete, tal como se ve en una publicación de la Alcaldía en sus redes sociales, en la que lo señalaban directamente a él y otros criminales.

Jefry Estiven Corredor fue incluido oficialmente en el cartel de los más buscados de la región, con órdenes de captura vigentes por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación y porte de armas de fuego y constreñimiento ilegal.

El gobernador con licencia del estado norteño de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y al que pertenece la actual mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, presuntamente fue captado bailando en una reunión social.

En un video que circula en redes sociales, se ve al político morenista bailando con una mujer una canción de banda. La publicación original la difundió un medio Revista Contacto en su cuenta de la red social X. El video, de acuerdo con la propia publicación, fue grabado el pasado viernes 24 de julio.

Según el medio, el video fue grabado en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, y pobladores del lugar habrían reportado que el sitio era resguardado por militares y en el festejo realizaban una carne asada.

Badiraguato, el lugar en el que presuntamente se grabó el video, es conocido como “La cuna del narco”, pues de ese poblado son originarios algunos de los narcotraficantes más peligrosos de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, o los Beltrán Leyva.

De acuerdo con la publicación, el hecho ocurrió en los límites del municipio mencionado con el municipio de Mocorito.

Rocha Moya es acusado de narcoitráfico y de proteger a Los Chapitos en EEUU

Rubén Rocha Moya pidió licencia de su cargo luego de que a finales del pasado mes de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señalara de tener vínculos con el narcotráfico, específicamente, con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Dicha facción es encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, ambos de apellido Guzmán, quienes son hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa que se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos y quien cumple una condena de cadena perpetua.

Los Chapitos mantienen una disputa con la facción de La Mayiza, del mismo cártel, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada García desde el 9 de septiembre de 2024, luego de que en julio de ese mismo año, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, lo secuestrara y llevara a base de engaños a Estados Unidos para entregarlo a las autoridades de ese país. Guzmán López también se entregó.

Acusan que Rocha Moya tiene un grupo de militares cuidándolo; Gabinete de Seguridad desmiente la información

El pasado viernes se dio a conocer que, presuntamente, un dispositivo militar cuidaba del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, información que fue desmentida por el Gabinete de Seguridad por medio de un comunicado.

Según información oficial, una camioneta Jeep Grand Cherokee que fue captada en un video, mismo que se difundió en redes sociales, se encontraba trasladando al secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general Sinuhé Téllez López, y no a Rocha Moya, como se señaló.

El video circuló en un contexto de alta atención pública sobre Rocha Moya, pues luego de la acusación formal de Estados Unidos de conspiración para el tráfico de drogas a Estados Unidos y de proteger a Los Chapitos, y de que solicitó licencia de su cargo, han circulado versiones extraoficiales de que cuenta con protección federal, lo que ha sido desmentido por el Gobierno de México.

El Gabinete de Seguridad precisó que las imágenes fueron captadas el 23 de julio al concluir su reunión, durante el traslado de Téllez López del Palacio de Gobierno a la 9/a Zona Militar. El dispositivo formó parte del esquema de seguridad asignado al secretario, no al gobernador con licencia.

La dependencia calificó la información de falsa e hizo un llamado a verificarla antes de compartirla.

El periodista Luis Cárdenas había difundido las imágenes en redes sociales y describió a Rocha Moya desplazándose con un convoy integrado por vehículos del Ejército Mexicano y una camioneta de apoyo. Cárdenas señaló que el video circuló después de que el Gobierno federal asegurara que el mandatario no cuenta con escoltas asignados de manera permanente.

La revista Contacto también difundió el video desde el 23 de julio y describió a Rocha Moya “escoltado por una RAM blanca y dos ‘rápidas’ del Ejército Mexicano“. La publicación acompañó las imágenes con la pregunta: “¿A qué le teme Rocha Moya?”.

Andrew Arrabaca, un exsoldado de 43 años, fue arrestado tras provocar un incendio y detonar fuegos artificiales en la entrada de la sede que alberga oficinas de ICE y tribunales de inmigración, en un hecho calificado por el FBI como un acto de extremismo antigubernamental y antiestadounidense.

El ataque: planificación y ejecución

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Arrabaca comenzó a planear el atentado meses antes. La fiscal federal Samantha Fry afirmó que, desde enero, el acusado evaluó posibles blancos en la ciudad y adquirió armas y fuegos artificiales en distintos estados, incluyendo Nueva York y Pensilvania.

La madrugada anterior al ataque pernoctó en las calles del Bajo Manhattan, según información recogida por Reuters y ABC News.

La mañana del lunes 20 de julio, Arrabaca llegó a las inmediaciones del 26 Federal Plaza con un carrito que llevaba un cartel con la consigna “ICE Off Our Streets” y varios objetos peligrosos: dos hachas, un machete, tres cuchillos, una pistola de balines, martillo y artefactos incendiarios.

El FBI aseguró que el atacante vertió un balde grande de líquido inflamable frente a la entrada de empleados y, acto seguido, prendió fuego y arrojó fuegos artificiales sobre las llamas. En paralelo, disparó la pistola de balines en dirección a la calle y a los presentes.

Testigos y videos publicados en medios como NBC News muestran el momento en que las llamas y el humo se esparcen rápidamente, mientras Arrabaca grita consignas contra ICE.

La policía y agentes federales lograron reducirlo en el lugar, aunque la secuencia dejó tres heridos leves: dos empleados federales y un civil, este último inmigrante que aguardaba por una audiencia migratoria. Además, el ataque forzó la suspensión de ceremonias y trámites judiciales dentro del edificio.

Motivaciones, perfil y antecedentes

El FBI, a través de su director adjunto en Nueva York, James Barnacle, definió a Arrabaca como un “extremista antiestadounidense y antigubernamental”.

Durante el arresto, el acusado habría gritado insultos y frases hostiles contra la agencia de inmigración. Según la fiscal Fry, existió una clara intención de provocar daño en un punto de alta concurrencia, ya que Arrabaca seleccionó la entrada más transitada del edificio con el objetivo de maximizar el impacto.

El exsoldado sirvió en el Ejército estadounidense entre 2001 y 2005, donde se desempeñó como mecánico en sistemas de misiles Patriot.

Tras dejar el servicio militar, según información oficial, residía en Harlem. Las autoridades confirmaron que Arrabaca portaba literatura contra ICE y había sido identificado previamente por su activismo contrario a las políticas migratorias.

La defensa, encabezada por la abogada Jennifer Brown, sostuvo ante la jueza Robyn Tarnofsky que en el casco utilizado por el acusado durante el ataque se hallaron frases que apuntaban a tendencias suicidas, sugiriendo la existencia de problemas de salud mental.

La magistrada reconoció la probabilidad de que una afección mental haya influido en la conducta, pero expresó dudas sobre la disposición de Arrabaca a cumplir un tratamiento psiquiátrico, recordando que había tenido acceso a servicios antes del atentado y no los utilizó.

Consecuencias judiciales y reacción institucional

Durante la audiencia, la jueza Tarnofsky negó la libertad bajo fianza y dispuso que Arrabaca permanezca bajo custodia, además de requerir que se le brinde atención psicológica en el sistema penitenciario federal.

El acusado no presentó declaración de culpabilidad y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 4 de agosto.

Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional calificó el hecho como “profundamente perturbador” y celebró la rápida intervención de la policía y los bomberos, que impidieron una tragedia mayor.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, manifestó alivio porque no se registraron víctimas fatales y recalcó la importancia de reforzar la seguridad en edificios federales, sobre todo en el actual contexto de polarización política.

El caso de Andrew Arrabaca reavivó el debate sobre el alcance de los discursos radicales, los riesgos de la violencia política y la capacidad del Estado para detectar y prevenir este tipo de acciones antes de que se concreten.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se encuentran en un proceso de modernización de sus capacidades militares, y uno de los proyectos más importantes está enfocado en renovar la flota blindada del Ejército de Perú. En diciembre de 2025, se formalizó el programa para la adquisición de tanques de guerra K2 Black Panther, fabricados por la empresa surcoreana Hyundai Rotem, con el objetivo de reemplazar progresivamente a los antiguos tanques soviéticos T-55 que durante décadas fueron parte del poder acorazado peruano.

El acuerdo contempla la compra de 54 unidades K2 Black Panther y 141 vehículos blindados K808-PE, dentro de un programa valorizado aproximadamente entre US$ 1.400 millones y US$ 1.800 millones. Según la información del programa Perú-Corea, la adquisición incluye transferencia tecnológica y participación de la empresa estatal FAME, con miras a fortalecer las capacidades industriales vinculadas al mantenimiento y producción militar.

Frente a esta incorporación, surge la inevitable comparación con los Leopard 2A4CHL de Chile, considerados una de las plataformas blindadas más avanzadas de Sudamérica. Ambos pertenecen a la categoría de carros principales de batalla, tienen pesos similares y cuentan con motores de aproximadamente 1.500 caballos de fuerza, aunque fueron desarrollados bajo conceptos tecnológicos diferentes.

Perú se renueva con los K2 Black Panther

El K2 Black Panther fue diseñado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa de Corea del Sur (ADD) y fabricado por Hyundai Rotem. El tanque entró en servicio en 2014 y fue desarrollado como una plataforma de nueva generación, con sistemas electrónicos avanzados, alta movilidad y capacidad para operar en escenarios de guerra moderna.

Según Hyundai Rotem, el K2 incorpora un sistema de combate digitalizado que integra sensores, computadora balística, visor panorámico independiente para el comandante y sistemas de seguimiento de objetivos. Además, cuenta con una arquitectura preparada para operaciones conectadas en red, permitiendo compartir información táctica durante una misión.

Leopard 2A4CHL: principal tanque de Chile

Chile incorporó los Leopard 2A4CHL como parte de un proceso de modernización iniciado a mediados de la década del 2000. En 2006, el país firmó un contrato con Alemania para adquirir inicialmente 140 unidades, que fueron entregadas entre 2007 y 2009. Posteriormente, la flota aumentó hasta aproximadamente 172 tanques.

Según la información del programa chileno, estos vehículos fueron adaptados para operar en las condiciones geográficas del país, incluyendo zonas desérticas y sectores ubicados a gran altitud. Entre las modificaciones realizadas destacan mejoras en comunicaciones, sistemas de apoyo y ajustes del motor para operar a unos 4.300 metros sobre el nivel del mar.

El mantenimiento de los Leopard 2A4CHL está a cargo de FAMAE, institución que desarrolla labores de soporte técnico desde 2014. Además, Chile inició procesos de modernización para parte de su flota, incluyendo la incorporación de nuevos sistemas electrónicos y la actualización de algunos cañones al estándar L/55.

K2 Black Panther: mayor poder de fuego

Uno de los principales puntos de diferencia entre ambos tanques está en su armamento principal. El K2 Black Panther utiliza un cañón liso 120 mm L/55, mientras que el Leopard 2A4CHL emplea originalmente un cañón Rheinmetall 120 mm L/44.

Según las especificaciones técnicas del K2, su cañón más largo permite generar una mayor energía de boca, lo que mejora su capacidad para enfrentar blindajes modernos a mayores distancias. Además, incorpora un cargador automático que permite una cadencia aproximada de 10 disparos por minuto.

Las principales diferencias en armamento son:

• K2 Black Panther
• • Cañón CN08 de 120 mm L/55.
  • Cargador automático.
  • Aproximadamente 40 proyectiles a bordo.
  • Capacidad para emplear municiones avanzadas y el misil KSTAM-II.
• Leopard 2A4CHL
• • Cañón Rheinmetall de 120 mm L/44.
  • Cargador manual.
  • 42 proyectiles a bordo.
  • Uso de municiones APFSDS, HEAT y proyectiles explosivos.

Armamento secundario: ¿cuál está mejor equipado?

Además de su cañón principal de 120 mm, los tanques K2 Black Panther y Leopard 2A4CHL cuentan con armamento secundario diseñado para enfrentar amenazas cercanas, proteger a la tripulación y aumentar su capacidad de combate en distintos escenarios. El blindado surcoreano incorpora una ametralladora coaxial de 7,62 mm instalada junto al cañón principal, utilizada contra infantería, vehículos ligeros y objetivos no blindados. También puede integrar una ametralladora pesada de 12,7 mm sobre la torre, destinada principalmente a defensa contra blancos terrestres ligeros y amenazas aéreas de baja altura. Además, algunas configuraciones del K2 pueden incorporar una estación de armas remota que permite operar la ametralladora desde el interior del vehículo, reduciendo la exposición del comandante.

Por su parte, el Leopard 2A4CHL del Ejército de Chile mantiene la configuración tradicional de la familia Leopard 2 con una ametralladora coaxial MG3 de 7,62 mm junto al cañón y otra ametralladora del mismo calibre montada sobre la torre para defensa cercana. Su sistema defensivo también incluye lanzadores de granadas de humo Wegmann, que permiten generar cortinas de ocultamiento para dificultar la detección y el ataque enemigo. Aunque ambos tanques poseen capacidades similares en armamento auxiliar, el K2 presenta una ventaja tecnológica al permitir sistemas de operación remota y una mayor integración electrónica, mientras que el Leopard 2A4CHL destaca por la fiabilidad y amplia experiencia operacional de su plataforma alemana.

Protección y movilidad: características de los tanques

En protección, ambos vehículos cuentan con blindaje compuesto diseñado para resistir municiones modernas. El Leopard 2A4CHL utiliza una estructura multicapa desarrollada en Alemania, mientras que el K2 incorpora materiales avanzados y módulos de protección adicionales.

El Black Panther dispone de sistemas de alerta y sensores electrónicos, además de una arquitectura preparada para incorporar sistemas de protección activa en futuras versiones. El Leopard, por su parte, mantiene una protección sólida basada en el diseño alemán y sus posteriores actualizaciones.

En movilidad, los dos tanques presentan características similares:

• El K2 pesa entre 55 y 56 toneladas, tiene un motor de aproximadamente 1.500 CV y alcanza unos 70 km/h.
• El Leopard 2A4CHL pesa cerca de 55 toneladas, utiliza un motor MTU de 1.500 CV y puede alcanzar unos 72 km/h.

La principal diferencia está en la suspensión. El K2 cuenta con un sistema hidroneumático ajustable que permite modificar la posición del vehículo según el terreno, mientras que el Leopard emplea una suspensión tradicional con barras de torsión. Sin embargo, el tanque chileno ofrece una mayor autonomía, cercana a los 550 kilómetros frente a los aproximadamente 450 kilómetros del Panther.

Tecnología y costos: dos estrategias blindadas

El K2 Black Panther fue diseñado como un tanque de nueva generación con una arquitectura completamente digital, incorporando sensores avanzados, sistemas de comunicación táctica y capacidad de intercambio de información en tiempo real. Entre sus principales tecnologías destacan el radar de alta frecuencia, cámaras térmicas, sistemas automatizados de seguimiento de objetivos y herramientas que mejoran la detección y respuesta frente a amenazas en el campo de batalla.

El Leopard 2A4CHL, pese a pertenecer a una generación anterior, conserva un alto nivel operativo gracias a las actualizaciones aplicadas por Chile. Su sistema de control de tiro EMES-15, cámaras térmicas y equipos de comunicación digital permiten mantener una elevada precisión en combates diurnos y nocturnos, aunque su diseño original no incorpora el mismo nivel de automatización que el tanque surcoreano.

En el aspecto económico, Perú afrontará una inversión mayor debido a la adquisición de una plataforma nueva que incluye tecnología moderna, soporte logístico y transferencia tecnológica. El costo estimado del programa se ubica entre US$ 26 millones y US$ 33 millones por unidad, considerando el paquete integral. Chile, por su parte, compró sus Leopard 2A4 de segunda mano a Alemania durante la década del 2000 a un precio inicial considerablemente menor y posteriormente destinó recursos para su mantenimiento, repuestos y procesos de modernización.

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que la gestión de Rosario Piedra Ibarra como tirular de la Comisión Nacionald de Derechos Humanos (CNDH) ha estado marcada por la omisión, negligencia y el encubrimiento institucional.

Esto, particularmente en la crisis nacional de personas desaparecidas y por la reciente exoneración a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, la legisladora señaló que la exoneración de militares en desconoce por completo el informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como el reporte de Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del 2018 al 2023, los cuales muestran pruebas de un miembro del Ejército infiltrado en la Normal Isidro Burgos.

“Yo quiero mostrarle a Rosario Piedra Ibarra y a la ciudadanía documentos exhibidos hace apenas unas horas por Alejandro Encinas, quien estuvo a cargo de este caso. No lo está inventando ninguna oposición ni ningún adversario político.

“En esos documentos se acredita que Julio César López Patolzin estaba infiltrado en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa como parte de un órgano de inteligencia del Ejército mexicano”, indicó.

Por ello, Ballesteros reiteró su exigencia para la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la CNDH.

Asimismo la legisladora por MC mencionó que presentó una iniciativa para que ningún militante de un partido político pueda ser electo presidente o presidenta de la CNDH, al ser un espacio de defensoría, no un cargo para políticos corruptos, ni militantes partidistas, y debe recuperarse para la ciudadanía, dijo.

También reiteró que continúa la ruta legal para iniciar juicio político contra la ombudsperson por las omisiones sistemáticas que han debilitado la autonomía de la Comisión

“Así como hoy exigimos la renuncia inmediata e irrevocable de Rosario Piedra Ibarra, también seguiremos impulsando desde la Cámara de Diputados el juicio político en su contra, porque tiene que rendir cuentas. No basta con que renuncie”.

La emecista colocó un contador numérico que pone en evidencia a la omisión y complicidad de la Cámara de Diputado al negar la instalación del subcomité técnico que debe analizar su viabilidad de juicio político, ya que a la fecha son 82 días sin respuesta a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Son 82 días de negligencia, de solapamiento y de complicidad institucional. Nosotros no lo avalamos y vamos a seguir exigiendo justicia. Dejaremos este contador en la sala de prensa durante esta semana y actualizaremos diariamente la cifra para después colocarlo en un lugar visible de la Cámara de Diputados”, finalizó.

CNDH libra al Ejército del caso Ayotzinapa

El viernes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desacreditó los informes del GIEI y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al afirmar que no existen pruebas para culpar al Ejército.

En un comunicadio, la CNDH sostuvo que la narrativa llamada “Anti-Verdad Histórica” responsabiliza infundadamente a las Fuerzas Armadas y desvía el eje de la investigación que comenzó hace más de diez años.

En la recomendación 208VG/2026, la CNDH señaló que esta versión, alimentada por declaraciones de exautoridades y organizaciones sociales, carece de evidencia objetiva que acredite la participación militar en los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.

El organismo señaló antecedentes históricos de represión por parte del Ejército en décadas anteriores, pero precisa que para el caso Ayotzinapa no hay elementos para sostener la existencia de un plan de exterminio estatal ni pruebas que justifiquen una acusación formal contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Uno de los puntos más polémicos es la supuesta existencia de “folios ocultos” en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que de los 875 folios enlistados por los familiares, sólo 10 corresponden al CRFI de Iguala y ya se entregaron a las autoridades.

Entre mayo de 2019 y octubre de 2021, la dependencia entregó más de 18,800 fojas a la CoVAJ, la FGR y el GIEI, incluyendo documentos del CRFI.

La CNDH afirma que no hay evidencia de documentos ocultos y que la controversia ha sido usada para sostener especulaciones no comprobadas.

El organismo también reconoció violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes y deficiencias en las investigaciones, recomendando inscribir a las víctimas en el RENAVI y garantizar atención médica y psicológica gratuita.

Además, exige retirar narrativas que revictimicen a los normalistas y fortalecer las escuelas normales rurales.

De acuerdo con fuentes al interior de la Fiscalía, los elementos acudieron al inmueble para cumplimentar una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por los ataques registrados durante los últimos meses contra automovilistas que transitaban por la Vía Atlixcáyotl. Sin embargo, al momento de ejecutar el mandato judicial, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

El operativo contó con el respaldo de elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias dentro del inmueble. La fuerte movilización de corporaciones de seguridad y las detonaciones de arma de fuego generaron alarma entre los habitantes del exclusivo fraccionamiento, cuyo acceso fue restringido durante varias horas.

Tras controlar la situación, las autoridades lograron capturar a Rafael N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe oficialmente los delitos que se le imputarán y dé a conocer mayores detalles sobre la investigación.

Lo relacionan con al menos 10 ataques contra automovilistas

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Rafael N. estaría relacionado con al menos 10 ataques armados ocurridos en distintos días y puntos de la Vía Atlixcáyotl, una de las principales arterias de la zona metropolitana de Puebla.

Como parte de las indagatorias, peritos realizaron reconstrucciones de los hechos, análisis balísticos y estudios sobre la trayectoria de los proyectiles para establecer desde dónde fueron realizados los disparos y confirmar el patrón de las agresiones.

La serie de ataques generó preocupación entre miles de automovilistas debido a que los disparos parecían ocurrir de manera aleatoria mientras las víctimas circulaban por la vialidad.

La captura ocurre días después del ataque número 12

La detención se produce apenas unos días después de que un conductor denunciara un nuevo ataque ocurrido durante la madrugada del 9 de julio, considerado el caso número 12 atribuido al presunto Tirador de la Atlixcáyotl.

Juan Michel relató que circulaba entre las 2:00 y las 2:30 de la madrugada con dirección a Tlaxcalancingo, a la altura del Tecnológico de Monterrey, cuando escuchó una fuerte detonación. Instantes después descubrió que la puerta del copiloto de su Volkswagen Pointer había recibido un impacto.

El automovilista aseguró que permaneció más de diez minutos en la zona esperando el arribo de alguna patrulla para reportar el incidente; sin embargo, dijo que no encontró presencia policiaca. Fue hasta la mañana siguiente cuando confirmó los daños en su vehículo y anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

“Ya no se me hace justo que el chavo a cada rato esté balaceando autos”, declaró entonces el conductor.

Ese ataque ocurrió pocas horas después de que el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informara que las labores de inteligencia habían permitido identificar plenamente al presunto responsable y que toda la información ya había sido entregada a la Fiscalía para solicitar la orden de aprehensión.

La investigación apuntaba a un solo responsable

Desde semanas atrás, la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que todos los ataques registrados durante aproximadamente siete meses habrían sido cometidos por una sola persona, sin participación de cómplices.

Hasta finales de junio, la entonces investigación contabilizaba 11 hechos sustentados mediante denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios. Inicialmente se habían abierto siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones, aunque posteriormente se agregaron nuevos casos.

Incluso, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban a un supuesto estudiante universitario como posible responsable, luego de difundirse videos donde un joven presuntamente realizaba detonaciones desde un departamento de la Torre Nducha. No obstante, las autoridades evitaron confirmar públicamente la identidad del sospechoso para no comprometer las investigaciones.

El caso que conmocionó a Puebla: un niño de ocho años herido

Uno de los episodios más graves atribuidos al presunto Tirador de la Atlixcáyotl ocurrió en enero, cuando Jesús Elías, un niño de ocho años, resultó herido por una bala mientras viajaba con su madre y su hermano después de salir de la escuela.

La familia circulaba por el Periférico Ecológico cuando ocurrió la agresión. La madre llevó de inmediato al menor a un hospital, donde los médicos determinaron que el proyectil había quedado incrustado en el hueso de la mandíbula, por lo que optaron por no retirarlo debido al riesgo que implicaba la cirugía.

Ese caso incrementó la presión sobre las autoridades para localizar al responsable de los disparos, ya que evidenció el peligro que representaban los ataques para la población.

Con la captura de Rafael N., la Fiscalía buscará esclarecer si efectivamente fue el responsable de la cadena de agresiones que mantuvo en alerta a los automovilistas poblanos y que, además de causar daños materiales, dejó personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluirá un ejercicio de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos carreteros, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación institucional ante escenarios de emergencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el ejercicio comenzará a las 13:00 horas y será organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante el simulacro se desplegarán unidades policiales, cuerpos de emergencia y personal operativo en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que las autoridades advirtieron que la presencia de estos elementos será mayor a la habitual.

La Fiscalía estatal subrayó que se trata de un ejercicio preventivo y que no representa ningún riesgo para la población, por lo que pidió a los habitantes mantener la calma y seguir la información emitida únicamente por canales oficiales.

En el mismo sentido, la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco exhortó a la ciudadanía a no alarmarse ni compartir información falsa durante el desarrollo del operativo, al señalar que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender situaciones de emergencia.

Estas serán las carreteras afectadas

La Policía de Guadalajara informó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en siete accesos carreteros que conectan con la Zona Metropolitana de Guadalajara:

• Carretera a Zacatecas.
• Carretera a Saltillo.
• Carretera a Lagos de Moreno.
• Carretera a La Barca.
• Carretera a Chapala.
• Carretera a Colima.
• Carretera a Puerto Vallarta.

Las autoridades precisaron que estos puntos fueron seleccionados para poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación operativa ante un escenario hipotético de bloqueos en vías de comunicación.

Piden evitar rumores durante el ejercicio

Ante el despliegue previsto, las autoridades hicieron un llamado a la población para no generar ni difundir información sin verificar, ya que la movilización de vehículos oficiales y personal de seguridad forma parte exclusivamente del simulacro.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantener la calma, consultar únicamente la información difundida por dependencias oficiales y evitar compartir publicaciones que puedan generar confusión o alarma entre la población.

El Gobierno de Jalisco reiteró que este tipo de ejercicios busca evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones participantes y reforzar los mecanismos de coordinación para atender de manera más eficiente posibles contingencias relacionadas con bloqueos carreteros o situaciones de alto impacto.

Narcobloqueos, una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado en Jalisco

El simulacro coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional se realizará en un estado donde los bloqueos carreteros se han convertido en una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado frente a operativos de las fuerzas federales.

El caso más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando un operativo militar contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desencadenó una jornada de violencia con decenas de bloqueos mediante vehículos incendiados en carreteras y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara, además de ataques contra gasolineras, sucursales bancarias y otros establecimientos. La magnitud de los hechos obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en distintos puntos del estado.

Ese episodio evidenció la capacidad de los grupos criminales para afectar las principales vías de comunicación en Jalisco y es uno de los antecedentes que explican la realización de ejercicios como el anunciado para este lunes.

La información oficial fue difundida por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, el 11 de julio de 2026 por medio de su cuenta oficial de X.

El operativo permitió incautar 423 kilos de cocaína y una considerable cantidad de insumos, impidiendo la producción mensual de cerca de tres toneladas de este estupefaciente.

Las fuerzas de seguridad decomisaron 764 galones de cocaína en solución, así como 3.265 galones de insumos químicos líquidos y 726 kilos de insumos sólidos.

Los datos aportados por la institución destacaron que los elementos hallados en el sitio habrían servido para abastecer los mercados ilegales con más de 1,1 millones de dosis.

La intervención, desarrollada en coordinación con el Ejército Nacional, afectó de manera directa las finanzas de las estructuras criminales, según reportó la Policía Nacional. Se estima que las pérdidas ascienden a 1.740 millones de pesos colombianos, una suma que representa un golpe importante para las redes de tráfico en la región.

El general Rincón Zambrano resaltó la importancia de la acción: “Impedimos que cerca de tres toneladas mensuales llegaran al comercio ilegal”. El alto oficial reiteró que la institución mantiene su compromiso con la lucha antidrogas y la protección de la población.

La institución policial difundió que el laboratorio desmantelado contaba con infraestructura sofisticada para el procesamiento de cocaína, lo que evidencia la capacidad logística de las organizaciones dedicadas a este delito en el suroccidente colombiano.

Por último, la Policía Nacional reafirmó su mensaje a la ciudadanía: “Somos la Policía de los colombianos”. Las operaciones continúan en la región para localizar otros centros de producción y frenar la expansión del narcotráfico en el departamento de Nariño.

Ejército Nacional de Colombia desmanteló laboratorio de cocaína de disidencias de las Farc en Putumayo

La ofensiva estatal contra el narcotráfico en el sur del país sumó un nuevo resultado tras la destrucción de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de San Miguel, Putumayo.

El anuncio fue realizado el 4 de julio de 2026 por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó a través de su perfil oficial en la red X sobre los alcances de la operación.

La intervención, desarrollada por tropas del Ejército Nacional, estuvo dirigida específicamente contra instalaciones administradas por las disidencias armadas de las Farc, según detalló el funcionario.

En su comunicación, Sánchez explicó que los efectivos militares lograron localizar y desmantelar la infraestructura que funcionaba como centro de producción de sustancias ilícitas. “Tropas de nuestro Ejército ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a las disidencias criminales, en zona rural de San Miguel, Putumayo”, puntualizó el ministro.

Durante la acción, las autoridades lograron decomisar 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, se incautaron insumos químicos y equipos técnicos utilizados para la elaboración del alcaloide, lo que representa un golpe relevante para las finanzas de la organización criminal objetivo.

El Ministerio de Defensa subrayó que la eliminación de este laboratorio afecta de manera directa una de las fuentes principales de financiación de la estructura ilegal.

Pedro Arnulfo Sánchez resaltó la importancia del resultado obtenido: “Esta acción limita la capacidad de las disidencias para financiar el narcotráfico, adquirir armamento y sostener acciones terroristas”.

El titular de Defensa también valoró la labor de los uniformados involucrados en la operación. “Mi reconocimiento a nuestros soldados por esta contundente operación”, expresó.

En el mismo mensaje, reiteró el compromiso institucional de mantener una ofensiva constante contra el crimen organizado: “Seguiremos atacando las finanzas del crimen organizado para proteger la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”.

El ministro cerró su declaración con un llamado a la unidad: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”.

Un operativo conjunto del Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación se desplegó en contra de integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia.

El ataque aéreo, iniciado en las horas de la mañana del el 11 de julio, tiene como objetivo neutralizar “las capacidades criminales” de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, considerada una de las facciones activas de este grupo armado.

La ofensiva militar se puso en marcha como parte de la estrategia que busca fortalecer las condiciones de seguridad en la región en contra del actuar criminal del grupo al margen de la ley y reforzar la seguridad de la población civil en la región.

Informes publicados por varios medios periodísticos indican que en medio de los bombardeos dos presuntos integrantes habrían sido abatidos; no obstante, el reporte oficial de las autoridades no ha notificado bajas hasta el momento.

La información de las autoridades puntualiza que el operativo en Amalfi correspondió al noveno bombardeo dirigido contra el grupo armado durante la administración de Gustavo Petro que, según las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha sido el grupo armado más impactado por las fuerzas del orden.

Ministro de Defensa asegura que el Clan del Golfo ha sido el grupo armado más afectado en el Gobierno Petro

De hecho, dijo que las operaciones militares y policiales han permitido capturar o neutralizar a miles de integrantes de estructuras criminales en todo el país, con un énfasis particular en los recientes bombardeos realizados en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con declaraciones recogidas en un video divulgado por el medio radial, Pedro Sánchez señaló que en los últimos cuatro años se han realizado alrededor de 600.000 capturas por delitos diversos, aunque el foco principal se ha dirigido a los llamados grupos armados organizados ilegales.

El ministro precisó: “En este periodo de gobierno se han neutralizado 16.371 integrantes, de los cuales el 93% corresponde a capturas y el 7% corresponde a la muerte en desarrollo de una operación militar”.

El Clan del Golfo encabeza la lista de organizaciones más afectadas, representando el 51% de los neutralizados, según los datos de Sánchez. El ministro también mencionó que otros grupos, como el GAO residual, las disidencias dirigidas por alias Mordisco y alias Calarcá, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), han sido objeto de operaciones específicas.

Sobre el ELN, Sánchez destacó su responsabilidad en el desplazamiento forzado de más de treinta mil personas y el confinamiento de otras sesenta mil en la región del Catatumbo.

En cuanto a las tácticas empleadas, el titular de Defensa subrayó la legitimidad de los bombardeos contra blancos considerados lícitos. “Donde más hemos concentrado ha sido en Antioquia, ocho bombardeos de los veinticuatro que hemos desarrollado. Nosotros desarrollamos también, paralelo a estos veinticuatro ataques aéreos, mil seiscientos cincuenta combates. Es lo que tenemos ahora. Quiere decir que cada veinte horas tenemos un combate, pero hemos tenido en estos veinticuatro bombardeos cero daños colaterales”, sostuvo el ministro saliente.

Por su parte, también confirmó el inicio de una investigación oficial tras la difusión de audios que sugieren supuestos acuerdos entre miembros del Gobierno y el Clan del Golfo, conocidos formalmente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes de la consolidación de la mesa de diálogos en septiembre de 2025. El funcionario advirtió que, de comprobarse la veracidad del material, se trataría de un delito grave.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Sánchez señaló que el equipo jurídico del Ministerio de Defensa evalúa la posibilidad de presentar denuncias penales y declararse víctima del presunto entramado.

“De ser cierto, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa”, afirmó el funcionario.

El sargento viceprimero Jesús David Vargas Flores, del Ejército Nacional, fue asesinado la noche del viernes 10 de julio en Montería tras un ataque a tiros dentro de un establecimiento comercial en el norte de la ciudad. En un comunicado, la Décima Primera Brigada afirmó que los hechos son materia de investigación y que las primeras versiones indican que el ataque al parecer sería un intento de robo.

Según la información entregada por la institución militar, el caso ocurrió hacia las 8:40 p. m., cuando el suboficial compartía con varios familiares. En ese momento, hombres armados ingresaron al lugar y le dispararon en tres oportunidades.

Tras el ataque, Vargas Flores fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la capital de Córdoba, donde murió pese a la atención médica. La unidad indicó que dio aviso a las autoridades competentes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del homicidio e identificar a los responsables.

El gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara anunció una recompensa de $30 millones por información sobre el caso. “En respaldo a quienes diariamente arriesgan su vida por la seguridad de los colombianos, ofrecemos una recompensa de $30 millones por información que permita la identificación y captura del responsable del asesinato del sargento Jesús David Vargas Flórez”, dijo.

Zuleta aseguró que ordenó reforzar las labores de inteligencia con la Fuerza Pública y los organismos de investigación. “He dado instrucciones para que, en coordinación con nuestra fuerza pública y los organismos de investigación, se desplieguen todas las capacidades de inteligencia para esclarecer este hecho y capturar al asesino”, declaró.

El Ejército también confirmó que dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a la familia del uniformado tras su muerte. “En Córdoba no vamos a permitir que la delincuencia intimide a quienes dedican su vida a proteger a nuestra gente. Los responsables tendrán que responder ante la justicia”, afirmó el gobernador.

Investigan muerte de una auxiliar de Policía con arma de fuego en Armenia

Una mujer de 22 años que se desempeñaba como auxiliar de la Policía fue hallada muerta con aparentes heridas de arma de fuego en el barrio Las Veraneras de Armenia, en un caso que las autoridades investigan como presunto feminicidio.

El reporte lo entregó el alcalde James Padilla, según publicó Caracol Radio. El mandatario señaló que las primeras indagaciones apuntan a la pareja sentimental de la víctima como principal sospechoso: un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola.

“Tenemos información desde muy tempranas horas de que sucedió un presunto feminicidio en el barrio Las Veraneras, donde la víctima fue una auxiliar de policía de 22 años de edad que llevaba 20 meses de servicio en la institución. Presuntamente, las primeras investigaciones señalan a su pareja sentimental, un hombre de 42 años, comerciante del sector agrícola, que le propinó la muerte. Como le digo, el resto son los hechos materia de investigación”, indicó.

Padilla afirmó que el municipio, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, está atento para brindar apoyo a la familia mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido. También recordó que Las Veraneras fue escenario de otra tragedia en marzo de 2025, cuando una menor de tres años murió tras ser arrastrada por una quebrada durante fuertes lluvias.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer dos hechos violentos ocurridos en Montería y Armenia. En Montería, el asesinato del sargento Jesús David Vargas Flores ha motivado el despliegue de operativos de inteligencia y el ofrecimiento de una recompensa para encontrar a los responsables. En Armenia, la muerte de una auxiliar de Policía de 22 años, con indicios de feminicidio, mantiene en alerta a las autoridades locales, que brindan acompañamiento a la familia de la víctima. Ambos casos permanecen bajo indagación judicial.

Casi un año después de la firma de un contrato millonario, el Ejército Nacional no tiene en funcionamiento los 19 equipos antidrones previstos para el uso en la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por ataques con estos dispositivos, porque los sistemas fallaron en las pruebas técnicas y fueron devueltos

Según reveló Semana, el trasfondo operativo es crítico: en lo corrido del año se han registrado 172 ataques con drones cargados con explosivos, una modalidad que dejó 6 militares muertos, 5 civiles fallecidos y 141 heridos. Ese cambio en la guerra llevó al sector de defensa a priorizar la compra de tecnología para neutralizar esas amenazas.

De acuerdo con la publicación, el contrato se adjudicó en 2025, durante la administración del entonces segundo comandante del Ejército, el general retirado Erick Rodríguez, por un valor superior a $80.000 millones. El plan consistía en adquirir tres equipos fijos y 16 semifijos para Norte de Santander.

Fuentes militares citadas por el medio de comunicación, los 19 sistemas debían entrar en operación en diciembre de 2025. El contratista pidió una prórroga, que fue concedida, y el nuevo plazo quedó para febrero de 2026.

Las pruebas técnicas fallaron y el contrato entró en revisión por incumplimiento

El punto central del caso es que los equipos no superaron las pruebas técnicas. Las fuentes del sector de defensa consultadas señalaron que los sistemas “no detectaban los equipos enemigos”, por lo que fueron devueltos.

Tras ese incumplimiento, el contrato pasó a una fase de debido proceso. Esa etapa implica una revisión detallada de las fallas, un intento de conciliación y, si no hay acuerdo, la activación de las pólizas y de posibles sanciones contra el contratista.

Una fuente militar explicó al diario que la situación es más grave de lo que parece por una razón concreta: la fuerza sigue sin el sistema mientras los ataques continúan. La consecuencia no es solo contractual, sino operativa, en una zona donde los drones con explosivos ya tienen impacto directo sobre infraestructura y población civil.

El mismo escenario abre un riesgo presupuestario. Si el proceso escala hasta las últimas consecuencias contra el contratista, los cerca de 80.000 millones de pesos asignados al Ejército podrían regresar al tesoro nacional y quedar a disposición del próximo Gobierno para una destinación distinta.

Codaltec concentró la compra y tercerizó un sistema australiano

Consultado por la revista, el general (r) Erick Rodríguez sostuvo que “en el mes de agosto del año pasado el ministerio (a cargo del jefe de cartera, Pedro Arnulfo Sánchez) emitió una directiva ordenando que todas las compras antidrones las debía hacer Codaltec”.

Según las fuentes militares, como esa empresa no tenía capacidad para producir los equipos, optó por tercerizar la adquisición. Para eso escogió a un comercializador colombiano que ofreció un sistema antidrones australiano que, hasta ahora, no ha funcionado para las necesidades del Catatumbo.

Las mismas fuentes añadieron que desde la institución castrense se definió la ficha técnica del sistema y que esas condiciones fueron entregadas a Codaltec para ejecutar la compra. La empresa, agregaron, es la que tiene el control sobre el contrato millonario.

La falla del sistema deja sin respuesta una necesidad inmediata en el terreno. En Tibú, parte del aeropuerto fue destruido recientemente por un explosivo lanzado desde un dron, un ataque que dejó tres civiles heridos.

La falta de funcionamiento de los equipos antidrones adquiridos para el Catatumbo evidencia una brecha entre la respuesta institucional y la urgencia de la situación en la zona. Mientras el proceso contractual avanza entre revisiones y posibles sanciones, la región permanece vulnerable ante los ataques con drones, que ya han causado víctimas y daños materiales.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron un campamento que presuntamente era utilizado por un grupo delictivo en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, lugar en el que decomisaron un importante cargamento de drogas, armamento, municiones y equipo táctico.

Información del hecho señala que el hallazgo ocurrió el miércoles pasado durante recorridos de reconocimiento terrestre realizados por personal militar en las inmediaciones de la cabecera municipal.

En el sitio, los soldados localizaron y aseguraron 180 mil dosis de cristal, 200 dosis de marihuana y 80 dosis de crack, además de 10 armas largas, 92 cargadores, mil 100 cartruchos útiles y diverso vestuario táctico.

Tras el aseguramiento, el área fue resguardada por el personal militar mientras se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios.

El material decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Mazatlán, que inició las investigaciones para determinar el origen de los objetos asegurados y la posible identificación de los responsables.

El decomiso ocurrió en medio del reforzamiento de los operativos federales en el sur de Sinaloa, una región en la que en los últimos días las fuerzas armadas han intensificado las acciones contra grupos delictivos tras los recientes enfrentamientos registrados en esa zona.

Marina inhabilita narcocampamento de “Los Mayos” en Elota, Sinaloa

Apenas el pasado mes de mayo se dio a conocer que la Secretaría de Marina desmanteló un narcocampamento de la delincuencia organizada en inmediaciones del poblado de Casas Grandes, en el municipio de Elota. En el lugar, personal de la Cuarta Región Naval localizó y aseguró chalecos tácticos, placas balísticas, cargadores, cartuchos, una ojiva de granada, una granada de mano hechiza y una granada para dron de fabricación casera.

El sitio, de acuerdo con fuentes consultadas por Infobae México, estaba ligado a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

El hallazgo se produjo durante recorridos aéreos y terrestres realizados por elementos navales en la zona, como parte de las labores de vigilancia y patrullaje en municipios con presencia del crimen organizado. La Cuarta Región Naval coordinó el operativo que permitió identificar y acceder al campamento, el cual habría servido como punto de resguardo de equipo táctico y armamento para integrantes del grupo criminal.

En otras acciones, aseguran dos pick ups con presunta droga y equipo táctico en El Rosario

En operativos distintos, elementos de la misma institución localizaron dos vehículos tipo pick up durante patrullajes en inmediaciones del municipio de El Rosario. La revisión de las unidades permitió hallar tres bolsas con hierba seca de características similares a la marihuana, dos uniformes tácticos, cartuchos, un cargador de radio y ponchallantas.

Los vehículos y su contenido fueron asegurados por el personal naval, que también detuvo a las personas que se encontraban en el lugar. Tanto los objetos como los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para que determinaran su situación jurídica e integraran los elementos de prueba correspondientes.

Los artefactos explosivos localizados en el campamento de Elota, así como el propio campamento, fueron inhabilitados en el lugar por personal especializado de la Armada de México, a fin de neutralizar cualquier riesgo para la población civil de la zona. El resto de los efectos asegurados en ambos operativos fueron trasladados y puestos a disposición de las instancias ministeriales correspondientes.

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones forman parte del compromiso institucional para salvaguardar la seguridad y el bienestar de las familias sinaloenses, mediante operativos permanentes de vigilancia terrestre y aérea en zonas con actividad del crimen organizado.

Luego de que este jueves se dieran a conocer un par de columnas periodísticas en las que se aseguraba que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, estaba siendo protegido por el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por el Ejército Mexicano, el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado señalando que esa información era falsa.

En una nota aclaratoria compartida en su cuenta de la red social X, se señaló que las versiones mencionadas en las columnas, publicadas en el medio El Universal y en El Financiero, donde se asegura que se realizó un operativo para resguardar al gobernador con licencia y que el Ejército Mexicano lo cuidaba, eran falsas.

Se explicó que ninguna institución que integre el Gabinete de Seguridad había realizado algún operativo con ese propósito y que era falso que Rubén Rocha Moya se encontraba o hubiera permanecido en la 9° Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar, resguardado por el Ejército. Esta información fue difundida por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente personal, titulada ¿Dónde está Rocha Moya? publicada este jueves en el medio El Financiero.

Se explicó que tampoco existía acción alguna por parte de las instituciones del Gobierno de México para proteger u ocultar a alguna persona frente a investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, se lee en el comunicado.

Además, se asegura que en la presente administración, las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, entre ellas, líderes, operadores y generadores de violencia de todas las organizaciones, grupos y facciones criminales.

Las investigaciones, se expone, también han alcanzado a servidores públicos vinculados con actividades delictivas, y se señala que como resultado de la Operación Enjambre y de otras acciones, han sido detenidos 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos, siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.

Con trabajos de inteligencia e investigación se ha combatido no solo los liderazgos criminales, sino también a sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento, según el comunicado.

La estrategia, se explica, ha contribuido a una reducción del 46% en el promedio diario de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos por día.

¿Qué se dijo en las columnas periodísticas?

Este jueves, los periodistas Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio publicaron sus columnas periodísticas mencionando el tema de Rubén Rocha Moya y asegurando que era protegido por el Ejército Mexicano.

De acuerdo con Riva Palacio, Rocha Moya, junto con varias personas de su círculo cercano, se escondieron, luego de que el gobernador pidiera licencia, en un rancho ubicado en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, Sinaloa, donde era resguardado por la policía estatal, como ha dicho el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, pero también bajo una vigilancia especial del Ejército.

De acuerdo con el periodista, nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa Nacional, revelaba que el exgobernador era protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado.

“Ahí está resguardado, en secreto, para todos los fines, principalmente, para evitar que se vaya a Estados Unidos y se ofrezca como testigo cooperante, y para evitar que lo maten, al tener al menos dos interesados potenciales”, se lee en la columna.

De acuerdo con Riva Palacio, los dos interesados serían la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa, y algún político involucrado en su “imbricada red con el crimen organizado”.

Por su parte, Carlos Loret de Mola, en su columna Historias de Reportero, publicada en El Universal este jueves, titulada El operativo, señala que le habrían revelado que fuerzas federales cambiaron a Rocha Moya de ubicación del lugar en el que se ocultaba, pues se había recibido información de que, presuntamente, el gobierno de Estados Unidos podría estar implementando un operativo para llevárselo y prefirieron cambiarlo de lugar.

La Armada de Estados Unidos confirmó la identidad del comandante Gabriel Edwards como el marino desaparecido tras el amerizaje de emergencia de un helicóptero MH-60S en el mar Arábigo, un hecho ocurrido el 1 de julio que mantiene en vilo a la fuerza naval y a la familia del oficial.

El incidente, que involucró a un aparato asignado al portaaviones USS George H.W. Bush, se encuentra bajo investigación mientras la institución descarta hasta el momento la participación de actores hostiles.

Un operativo de búsqueda sin precedentes y resultados parciales

Durante más de 102 horas, la Armada desplegó recursos significativos en aguas del mar Arábigo para encontrar a Gabriel Edwards. La operación abarcó una extensión mayor a 14.000 millas cuadradas (36.260 kilómetros cuadrados), según informó la propia fuerza naval.

En el helicóptero viajaban cuatro tripulantes; tres de ellos fueron rescatados con vida poco después del incidente, mientras que la búsqueda de Edwards se prolongó por varios días hasta que fue suspendida el domingo siguiente al accidente.

El despliegue incluyó la participación de varios buques y aeronaves que rastrearon la zona. La noticia fue confirmada por Fox News, medio que también detalló que Edwards era el comandante del Escuadrón de Combate Marítimo en Helicópteros 5 (HSC-5), conocido como los “Nightdippers”.

Este escuadrón se encuentra desplegado en la región de Medio Oriente a bordo del USS George H.W. Bush, uno de los portaaviones más emblemáticos de la marina estadounidense.

La suspensión del operativo marcó un momento de profundo pesar para la tripulación y la familia del oficial. Tal y como relató The Washington Post, la familia Edwards agradeció públicamente el esfuerzo de quienes participaron en la búsqueda e insistió en el compromiso que el comandante mostró a lo largo de su carrera.

Investigación abierta y ausencia de hostilidad

La Armada de Estados Unidos comunicó que la causa del amerizaje de emergencia permanece bajo investigación.

Hasta ahora, la institución sostiene que no existen indicios de que el incidente haya sido provocado por una acción hostil o fuego enemigo.

Esta información fue reiterada por el secretario interino de la Marina, Hung Cao, quien ordenó la suspensión definitiva de la búsqueda y aseguró que “no hay señales de intervención externa”.

En declaraciones recogidas por CBS News, el contraalmirante Todd Cimicata, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 10, expresó el respaldo de toda la unidad a la familia del oficial. “Los pensamientos y las oraciones de cada integrante del equipo del Grupo de Ataque de Portaaviones 10 están con la familia Edwards”, afirmó Cimicata. Añadió que el legado de Gabriel Edwards como esposo, padre, amigo y líder permanecerá vigente entre quienes lo conocieron.

La investigación sobre las causas exactas del amerizaje continúa bajo la supervisión de la Armada y sus equipos técnicos.

Las autoridades no revelaron detalles sobre la misión específica que realizaba el helicóptero en el momento del accidente, aunque confirmaron que el aparato estaba vinculado a operaciones de patrulla y apoyo en la zona de influencia del portaaviones.

Trayectoria profesional y homenaje póstumo

Gabriel Edwards, oriundo de Oakland, Oregón, ingresó a la Armada de Estados Unidos tras graduarse en la Norfolk State University en 2006 y obtener sus Alas de Oro como piloto de helicópteros en 2008. En julio de 2025 asumió el mando del HSC-5, consolidando una carrera de más de dos décadas en la institución.

Durante ese tiempo, acumuló más de 2.000 horas de vuelo en diversas plataformas de helicópteros, incluyendo los modelos SH-60F, HH-60H y MH-60S.

La trayectoria de Edwards fue reconocida tanto por sus superiores como por sus compañeros. Según informó Hindustan Times, el piloto recibió la Defensa Meritorious Service Medal, tres Navy and Marine Corps Commendation Medals y dos Navy and Marine Corps Achievement Medals, además de varias distinciones por campañas y servicio en unidades destacadas.

El impacto de la pérdida de Edwards se reflejó en el homenaje póstumo ordenado por la institución. Hung Cao dispuso la promoción de Edwards al rango de capitán de forma póstuma, medida que responde a una selección previa para ese ascenso. La Armada subrayó que el piloto ya había sido elegido para esa promoción antes del incidente fatal.

La familia de Edwards está conformada por su esposa, Rebecca, y sus dos hijos. En una declaración pública, Rebecca agradeció el esfuerzo colectivo y destacó el compromiso de su esposo con el servicio y la protección de su país.

“Gabe dedicó su vida a servir a su país con honor, valentía y compromiso. Lideró con humildad, integridad y compasión, siempre poniendo a su gente antes que a sí mismo”, aseguró.

Mientras el escuadrón HSC-5 y la tripulación del USS George H.W. Bush permanecen desplegados en Medio Oriente, la Armada ofrece asistencia psicológica, atención pastoral y apoyo emocional a quienes resultaron afectados por la tragedia. La institución reiteró su compromiso de brindar acompañamiento tanto a la familia Edwards como al personal que continúa cumpliendo su misión en la región.

El hallazgo expone una grave amenaza para la población, ya que los integrantes de la estructura 28, de las disidencias armadas, habrían recurrido a ocultar explosivos en objetos cotidianos para dificultar su detección.

Durante la operación militar, las tropas descubrieron artefactos explosivos improvisados con metralla, granadas y sistemas de activación por cable telemando. Entre los materiales decomisados también se encontraron chalecos, proveedores para armamento y diversos insumos médicos, que serían empleados para atender a miembros heridos de la organización ilegal.

La modalidad identificada preocupa especialmente a las autoridades: los explosivos estaban ocultos en termos y otros objetos de uso común. Esta práctica incrementa el riesgo para campesinos, niños y adultos mayores, quienes podrían confundir estos elementos con pertenencias habituales en su entorno rural.

Así lo explicó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta, comandante Décima Sexta Brigada Ejército Nacional: “Tropas de la Decimosexta Brigada del Ejército, su histórico grupo de caballería Guías del Casanare, en desarrollo de operaciones militares conjuntas con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con nuestra Policía Nacional de los Colombianos, logran ubicar y neutralizar un depósito ilegal con abundante material de guerra, intendencia y elementos de sanidad. Este material fue ubicado en el área rural del municipio de Támara, Casanare. Pertenecía al Comando Conjunto del Oriente GAOR Frente 28″.

El oficial continuó diciendo que “con la incautación de este arsenal, hemos logrado neutralizar la intención terrorista de estos grupos para afectar a la población civil, la infraestructura crítica del Estado y las tropas del Ejército Nacional y Policía Nacional”.

La amenaza es directa para las comunidades que transitan caminos, laboran en fincas o utilizan espacios comunitarios, ya que cualquier objeto aparentemente inofensivo puede convertirse en un peligro letal.

El Ejército Nacional informa que los explosivos fueron destruidos controladamente por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EXDE de la Octava División, asegurando que la neutralización no produjo daños en la comunidad ni en el entorno.

Mediante esta acción, las autoridades logran afectar las capacidades logísticas y criminales del grupo armado ilegal, impidiendo que el material incautado se utilice en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Según la información oficial, la comunidad rural sigue siendo la principal víctima potencial de este tipo de tácticas indiscriminadas.

“Dentro del material encontrado podemos evidenciar cómo estos grupos criminales emplean explosivos dentro de elementos de uso cotidiano para la comunidad, como es el uso de termos para el café, situación que pone en riesgo a las comunidades. Estos elementos y confundirlos y al momento de tomarlos pueden detonar, generando una afectación directa a la comunidad”, aseguró el oficial.

El Ejército Nacional también reafirmó su compromiso con la protección de los habitantes de Casanare e insta a la ciudadanía a mantener prácticas de autoprotección: ante cualquier objeto o situación sospechosa, se recomienda alejarse y dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar una intervención segura por parte del personal especializado.

“El Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y nuestra Policía Nacional de los Colombianos, reiteramos nuestro compromiso permanente para garantizar la seguridad, la tranquilidad del pueblo casanareño”, cobncluyó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta.

Ejército frustró un ataque terrorista en Cauca al recuperar una volqueta robada que iba a ser cargada con explosivos

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional en el sur de Colombia evitó que un grupo armado ejecutara un atentado con explosivos, según información suministrada por fuentes oficiales.

El hecho se registró en la mañana del miércoles 1 de julio, cuando soldados recuperaron una volqueta robada, que presuntamente iba a ser cargada con material explosivo.

El operativo de recuperación tuvo lugar en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca. De acuerdo con fuentes militares, el vehículo había sido sustraído previamente en la vía Panamericana, un corredor estratégico de la región.

Las autoridades informaron que existían indicios sólidos sobre la intención de los delincuentes de emplear la volqueta para atacar tanto a uniformados como a la población civil. Esta modalidad de ataque forma parte de las estrategias utilizadas por grupos armados organizados que operan en el sur del país.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la maniobra de recuperación impidió que los criminales avanzaran con su plan, el cual consistía en acondicionar el vehículo con explosivos para atentar contra instalaciones o patrullas militares. La reacción inmediata de la Brigada 29 fue determinante para frustrar el intento y minimizar riesgos para la comunidad.

Un militar desplegado en el departamento del Cauca aseguró que en su unidad han tenido que reunir dinero entre los soldados para comprar drones de reconocimiento, ante la falta de equipos para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas con explosivos usadas por las disidencias de las Farc.

“Nos toca hacer la vaca el pelotón para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, afirmó en una entrevista con Caracol Radio.

En ese testimonio, el uniformado explicó que la colecta depende del tamaño del grupo y del monto que cada uno pueda aportar. “A veces toca $100 o a $200 mil, dependiendo de la cantidad de hombres”, dijo, y señaló que la compra puede quedar en manos del comandante de pelotón o de un soldado designado para esa tarea.

El militar contó que incluso terminó usando un dispositivo adquirido por cuenta propia antes de su despliegue. “Yo ya había comprado un dron, pero pues como hobby, ¿si me entiende? Como algo personal, pero pues yo lo estoy utilizando acá en el pelotón para hacer reconocimientos”, sostuvo.

Consultado sobre si la comandancia está al tanto de esa práctica, el uniformado respondió que sí y lo vinculó a las limitaciones de recursos. “Ellos inclusive en los programas nos dicen que, pues la seguridad de nosotros, que hay que invertir en la seguridad, que pues ya sabemos que las limitaciones de presupuesto no alcanza para darles drones a todos, mucho menos antidrones”, afirmó.

En la misma denuncia, el militar cuestionó la utilidad en terreno de las pistolas antidrones. “Esa pistola primero que todo no sirve y pesa más que una ametralladora M60”, dijo, y agregó: “Han invertido mucha plata haciendo esa, esa clase de, de pistolas acá en Colombia”.

Tras la difusión del caso, el Ejército respondió que no se trató de una orden, sino de un “mensaje de alerta” para que las tropas se mantengan atentas y que los equipos se han entregado “en gran parte de los pelotones que están desplegados”, según la emisora.

El general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada Veintinueve del Ejército, atribuyó esas compras a decisiones personales de los uniformados. “Son iniciativas propias de los soldados por la preocupación misma de ellos de poder: ‘¿Qué puedo hacer más?’”, afirmó, y añadió: “No es una condición que se genere, porque cada vez que ellos van a emplear o se va a emplear una unidad para una operación, se emplean todas las capacidades”.

Ante la insistencia sobre qué ocurre si en el terreno faltan equipos, Jaramillo reiteró la misma explicación. “Si ellos quieren tener más elementos, esas iniciativas propias de la misma condición de lo que ellos necesitan, por ejemplo, pero ya como iniciativa propia”, sostuvo.

Crisis financiera golpea a las Fuerzas Armadas de Colombia

El sector defensa en Colombia enfrenta una crisis marcada por la utilización de municiones y explosivos vencidos, reflejo de un deterioro institucional agravado por limitaciones financieras. Un informe de Semana expone que el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial operan bajo recortes presupuestales, demoras en mantenimiento y modernización, y un manejo financiero desordenado.

El presupuesto asignado para 2025 es de 33 billones de pesos, aunque $921.000 millones permanecen congelados, lo que fuerza la suspensión de compras y proyectos clave. La falta de recursos afecta la movilidad, inteligencia y equipamiento de las fuerzas públicas, mientras organizaciones ilegales fortalecen su capacidad.

Según la Contraloría, aeronaves como helicópteros UH-1N quedarán fuera de servicio sin reemplazo y el equipamiento existente se emplea en exceso. El Ejército solicitó 22 billones de pesos, pero solo recibió 12, lo que llevó a recortes del 43% en divisiones y brigadas desplegadas en zonas críticas.

El déficit presupuestal obliga a reducir dotaciones, suspender vuelos por falta de combustible y restringir gastos en brigadas, como la Cuarta Brigada en Antioquia, que recibió fondos mínimos para operar en municipios bajo control de grupos armados.

La Policía Nacional, cuyo presupuesto es de 14,7 billones frente a los 23 requeridos, destina la mayor parte a sueldos, dejando solo un 1% para inversiones estratégicas. Las reducciones afectan con más fuerza a regiones vulnerables, donde agentes deben recurrir a recursos propios y colectas para tareas básicas.

La Armada y la Fuerza Aeroespacial también reportan recortes significativos, con disminuciones en fondos para operaciones navales, tecnología y combustible. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió que el presupuesto solicitado no fue aprobado y que las soluciones parciales no cubren las necesidades estructurales.

La Contraloría investiga irregularidades vinculadas a materiales vencidos y manejo de recursos. Gobiernos locales, como el de Antioquia, impulsan tasas de seguridad para compensar carencias que afectan la protección y el bienestar de policías y soldados.

Alemania ha dado un nuevo paso en su estrategia para reforzar la capacidad defensiva del país ante el actual contexto internacional. El Gobierno federal ha aprobado un proyecto de ley que endurece las obligaciones de los reservistas y elimina el carácter voluntario que hasta ahora tenían muchos de los ejercicios militares. La medida forma parte de un amplio paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo para incrementar la preparación de las Fuerzas Armadas y responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad.

Bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento de las Reservas, la iniciativa busca aumentar el número de militares disponibles y garantizar que quienes forman parte de la reserva mantengan una preparación adecuada. El Ministerio de Defensa ha considerado que el modelo vigente ha dejado de responder a las necesidades actuales, especialmente tras el deterioro del escenario de seguridad en Europa y la guerra en Ucrania.

El cambio supone una modificación importante respecto al sistema anterior. Hasta ahora, tanto los reservistas como sus empleadores podían rechazar la participación en maniobras militares gracias al principio de “doble voluntariedad”. Con la nueva normativa, esa posibilidad desaparece y los antiguos soldados podrán ser llamados de forma obligatoria para participar en ejercicios o desempeñar otras tareas relacionadas con la defensa nacional.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha defendido que Alemania necesita contar con una reserva plenamente operativa que pueda integrarse rápidamente en las Fuerzas Armadas si la situación lo exige. Según el Gobierno, la experiencia de conflictos recientes ha demostrado que los reservistas desempeñan un papel esencial en la protección de infraestructuras críticas, rutas logísticas y servicios estratégicos durante situaciones de crisis.

Uno de los objetivos del Ejecutivo es ampliar considerablemente el número de reservistas en los próximos años. Tras la suspensión del servicio militar obligatorio en 2011, la reserva perdió efectivos y envejeció progresivamente. Ahora, el Gobierno pretende pasar de unos 60.000 reservistas actuales a cerca de 200.000 efectivos antes de 2033, al tiempo que el ejército profesional incrementará también su plantilla hasta superar los 260.000 soldados.

No descartan el servicio militar obligatorio

Para conseguirlo, Berlín quiere implicar no solo a antiguos militares, sino también formar a personas que en su momento no realizaron el servicio militar. El nuevo modelo de servicio voluntario pretende ampliar esa base de efectivos, aunque el propio Gobierno no descarta recuperar el servicio militar obligatorio para los hombres si el número de voluntarios resulta insuficiente para cubrir las necesidades previstas.

La reforma también tendrá consecuencias para las empresas alemanas. Los reservistas podrán ser movilizados para realizar períodos de instrucción que oscilarán entre tres y 12 semanas al año, dependiendo del tiempo que hayan servido previamente en las Fuerzas Armadas. Además, quienes hayan realizado menos de un año de servicio podrán ser llamados hasta los 45 años, mientras que aquellos con una trayectoria militar más larga permanecerán disponibles hasta cumplir los 65.

Precisamente el impacto sobre la actividad económica ha despertado la preocupación del tejido empresarial. La Cámara de Industria y Comercio Alemana ha considerado insuficiente el plazo de preaviso previsto por la ley, que obliga a comunicar las movilizaciones con ocho semanas de antelación. Las empresas reclaman al menos tres meses para poder reorganizar plantillas y encontrar sustitutos que minimicen las interrupciones en la producción.

Los empresarios advierten de que la ausencia temporal de trabajadores cualificados puede provocar pérdidas de productividad y dificultades organizativas, especialmente en sectores donde determinados perfiles profesionales son difíciles de reemplazar. Solo durante 2026 está previsto que los reservistas acumulen alrededor de 2,73 millones de jornadas de servicio, una cifra que previsiblemente aumentará conforme crezca el número de efectivos disponibles.

Consciente de estas críticas, el Gobierno ha incluido algunas medidas de apoyo para las compañías. Entre ellas figura la creación de ayudas destinadas a sufragar parte del coste de contratar trabajadores sustitutos, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, durante el período de servicio militar será el Estado quien asuma la remuneración correspondiente, liberando a los empleadores de esa obligación salarial.

El fortalecimiento de la reserva militar también obligará a ampliar las infraestructuras del ejército. Paralelamente a esta reforma, el Ejecutivo ha aprobado una nueva ley para acelerar la construcción y modernización de cuarteles, centros de entrenamiento y depósitos militares. El Ministerio de Defensa prevé crear este mismo año 8.000 nuevas plazas mediante alojamientos prefabricados y alcanzar unas 54.000 adicionales durante los próximos cinco años, para disponer del espacio necesario que permita acoger a un número creciente de soldados y reservistas.

En un operativo realizado el pasado domingo 28 de junio, fuerzas federales lograron detener a 30 personas en la zona turística de Mexiquillo, municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, entre los que se encontrarían dos o tres objetivos prioritarios para las Fuerzas Armadas.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales ejecutaron las acciones de manera simultánea y mantuvieron bajo resguardo los accesos a esta región serrana durante varias horas.

A diferencia de otros operativos realizados en la zona, se indicó que la intervención se concretó sin enfrentamientos armados, como resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento.

Por la magnitud del despliegue y el perfil de los detenidos, se apunta a uno de los operativos de mayor relevancia realizados por fuerzas federales en Durango durante meses recientes, en una región considerada estratégica para las organizaciones del narcotráfico por su ubicación en el llamado Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.

Entre los detenidos, según versiones extraoficiales, figurarían dos o tres objetivos prioritarios por las autoridades federales debido a su presunta relevancia dentro de dichas organizaciones criminales. Algunos de los capturados estarían vinculados con la organización encabezada por los hermanos Cabrera Sarabia, y con la facción identificada como Mayito Flaco, liderada por Ismael Zambada Sicairos. Además, de acuerdo con información del semanario Zeta de Tijuana, entre los detenidos figuraría un operador conocido con el alias de El Flechas, junto con integrantes de su grupo cercano.

Este operativo se suma a una serie de acciones desarrolladas por fuerzas federales contra la facción de Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa, durante el mismo mes. Los pasados días 21 y 22 de junio, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron tres cateos en la capital duranguense derivados del intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) por sus siglas en inglés y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Dichas acciones permitieron el aseguramiento de tres inmuebles y 46 vehículos, entre los que había tractocamiones para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick up, así como armamento, cargadores y municiones de diversos calibres, propiedad del grupo liderado por Zambada Sicairos.

El operativo más reciente forma parte de la estrategia federal implementada para debilitar las estructuras del crimen organizado con presencia en la sierra duranguense y se inscribe en una serie de acciones desarrolladas durante junio de 2026 en la entidad para desarticular estructuras logísticas y de mando de grupos delictivos que operan en la Sierra Madre Occidental.

Además de las detenciones, el operativo que se llevó a cabo hace un par de días, permitió el aseguramiento de vehículos, armamento de alto poder, equipo táctico y otros indicios que permanecen bajo resguardo de las autoridades federales. Ni la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni la Fiscalía General del Estado (FGE) habían emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados de la acción.

De confirmarse los datos preliminares, la intervención representaría uno de los golpes más relevantes contra la delincuencia organizada registrados en Durango durante el presente año, en el marco de una ofensiva sostenida contra la facción del Mayito Flaco en la entidad.

Según Sánchez, la acción fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional, quienes actuaron en medio de operativos orientados a combatir las economías ilícitas que sostienen a organizaciones criminales.

En su mensaje, el titular de la cartera de Defensa detalló que las dragas incautadas correspondían a modelos brasileños, utilizados sistemáticamente por el Clan del Golfo para la extracción de minerales de manera clandestina.

“Destruidas 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo”, señaló Sánchez, subrayando el impacto de la operación en las finanzas de la estructura ilegal. Además, indicó que este golpe afecta una de las fuentes clave de recursos para dicho grupo, conocido por su influencia en el crimen organizado y sus efectos negativos en la seguridad regional.

El ministro enfatizó que la minería ilegal genera “graves daños ambientales, contamina las fuentes hídricas y afecta a las comunidades del Chocó”. Las autoridades aseguraron que continuarán atacando las actividades que financian el crimen y destruyen el patrimonio natural del país.

Sánchez expresó su reconocimiento a los uniformados involucrados, al destacar: “Mi reconocimiento a nuestros soldados y policías por proteger la seguridad, el medio ambiente y la riqueza natural de Colombia”.

El operativo fue presentado como parte de una estrategia sostenida para frenar economías ilegales y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables.

Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas a través de líneas habilitadas como Gaula 147 y 165, así como los contactos contra el reclutamiento infantil y otras modalidades delictivas, garantizando “absoluta reserva”. Cerró su mensaje con la frase: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, en alusión al compromiso institucional frente a la criminalidad.

Pedro Arnulfo Sánchez destacó incautación histórica de cocaína y reforzó estrategia nacional contra el tráfico de drogas

En una acción coordinada y ejecutada entre el 25 y el 27 de junio, la Fuerza Pública de Colombia logró incautar casi cuatro toneladas de cocaína en los departamentos de Nariño y Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que las operaciones conjuntas de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitieron asestar un golpe relevante al narcotráfico en solo tres días.

Según los reportes oficiales, los operativos incluyeron la confiscación de 1,14 toneladas en Bochalema, Norte de Santander, el 25 de junio. Al día siguiente, en Cumbal, Nariño, las autoridades decomisaron 1,02 toneladas adicionales. El 27 de junio, en Santacruz, Nariño, se sumó la incautación de 1,8 toneladas, totalizando 3,96 toneladas de droga que no alcanzarán mercados internacionales.

Sánchez detalló que, además de la droga, las fuerzas de seguridad destruyeron varios laboratorios clandestinos con capacidad para producir más de tres toneladas mensuales.

“En solo tres días, la Fuerza Pública golpeó el narcotráfico con casi cuatro toneladas de cocaína incautadas”, recalcó el ministro, resaltando el esfuerzo conjunto de los cuerpos policiales y militares.

El impacto de la operación tiene alcance internacional. Sánchez señaló que “66 millones de dosis ya no llegarán a las calles de los países consumidores”, lo que representa una reducción significativa en la oferta de drogas ilícitas. Además, la acción evita la circulación de 126,7 millones de dólares destinados a financiar la red criminal involucrada en el tráfico y comercialización de cocaína.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar el narcotráfico, fenómeno que afecta la seguridad nacional y la estabilidad regional.

El ministro reconoció el trabajo de los uniformados y reafirmó el compromiso del gobierno para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. La incautación de droga y la destrucción de laboratorios refuerzan la estrategia oficial orientada a contener la producción y distribución de estupefacientes a gran escala.

El Ejército de Tierra ha informado este lunes de la muerte del cabo Edgar Mallo Baena, destinado en el Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas BRIPAC y encuadrado en la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV). El fallecimiento ha ocurrido durante la noche en “un lanzamiento paracaidista nocturno en el ejercicio «Tormenta Alada 26»” en Huesca.

“Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y seres queridos, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor”, han transmitido desde el organismo a través de su cuenta de X. “Su memoria y entrega a la patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones”, han añadido en el comunicado remitido por el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

Mallo ingresó en el Ejército de Tierra en 2018 y durante su carrera militar participó en misiones en el extranjero, en Irak, y en territorio nacional. De hecho, fue condecorado con las Medallas Conmemorativas de la Operación Balmis, durante la pandemia del Covid-19, y de la DANA de Valencia. También recibió la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco.

La Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas a la que pertenecía está organizada para actuar en operaciones militares que requieran una respuesta inicial ante una crisis. Proporciona la capacidad paracaidista del Ejército de Tierra y, junto con otras unidades, aporta fuerzas de apoyo a unidades de Operaciones Especiales.

Tormenta Alada 26, una operación de adiestramiento

El Ejercicio Tormenta Alada es un entrenamiento militar táctico del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire de España que se realiza una vez al año. Entre el 9 y el 13 de junio de 2025 se realizó el ejercicio militar “TORMENTA ALADA 25”. El objetivo fue entrenar y comprobar la capacidad de la División San Marcial para organizar una Fuerza de Entrada Inicial, mediante operaciones tácticas de asalto aéreo. Para ello, se integraron unidades de helicópteros y de superficie en un mismo grupo táctico. El ejercicio se desarrolló entre el aeródromo de Garray, en Soria, y la Base de Agoncillo, en La Rioja, donde se instaló la base principal de operaciones.

La Brigada Paracaidista formó una Agrupación Táctica de Entrada Inicial, basada en el Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4. En este grupo se unieron capacidades de la propia Brigada Paracaidista y de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

El Grupo Táctico de Helicópteros incluyó aeronaves de transporte, ataque y maniobra, lo que hizo necesaria la participación del personal especializado de estas unidades. Las misiones de este grupo se coordinaron con un plan táctico terrestre, por lo que también participaron efectivos de la I Bandera “Roger de Flor”.

El ejercicio comenzó con el desplazamiento del personal avanzado a la Base de Agoncillo. Durante la noche del 9 de junio, realizaron una inserción en paracaídas sobre Garray para reconocer y observar los objetivos asignados y aportar información para la operación.

El 10 de junio se llevó a cabo una acción de asalto aéreo con 13 helicópteros de los modelos NH90, Tigre, CH-47F Chinook y Cougar, organizados en varias oleadas. El 11 de junio participaron los refuerzos y los vehículos, transportados también en helicópteros.

Una vez en tierra, el Grupo Táctico “Flor” ejecutó el plan terrestre, con acciones para bloquear posibles ataques, controlar la zona y ocupar puntos estratégicos para proteger el aeródromo de Garray.

El 11 de junio por la mañana, altos mandos del Ejército, entre ellos el Jefe de la Fuerza Terrestre, el Jefe de la División San Marcial, el Jefe de las FAMET y el Jefe de la Brigada Paracaidista, visitaron la Base de Agoncillo y el aeródromo de Garray para supervisar el ejercicio. La actividad concluyó el 13 de junio con un salto en paracaídas de apertura manual desde un helicóptero CH-47F Chinook en el aeródromo de Garray.

El 27 de junio de 2026, en una operación conjunta en zona rural de La Jagua de Ibirico (Cesar), las autoridades lograron la incautación de 1,5 toneladas de cocaína y 19 artefactos explosivos, elementos que, según información oficial, pertenecerían al Frente Camilo Torres del ELN.

La acción, desarrollada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, incluyó la intervención de un laboratorio clandestino donde también se hallaron más de 1.200 galones de combustible.

De acuerdo con reportes entregados por los organismos de seguridad, el hallazgo representa un golpe significativo contra las estructuras financieras de este grupo armado ilegal.

El Ejército Nacional de Colombia sostuvo que la operación evitó la circulación de más de 1.540.000 dosis de cocaína en rutas hacia Centroamérica y Europa. El reporte oficial subrayó que la afectación para el ELN se estima en más de 12.275 millones de pesos.

La intervención permitió descubrir no solo la droga y el combustible, sino también un arsenal de artefactos explosivos improvisados. Según el Ejército: “Seguimos debilitando las capacidades terroristas y financieras de los grupos armados organizados”.

El laboratorio clandestino, ubicado en una zona boscosa de La Jagua de Ibirico, operaba bajo estrictas medidas de seguridad y contaba con reservas de combustible para la producción de alcaloides. Las autoridades señalaron que “la intervención se desarrolló tras un proceso de seguimiento e inteligencia militar”, lo que permitió ingresar al sitio sin confrontaciones armadas.

La Policía Nacional indicó que el material incautado será objeto de análisis técnico para determinar su procedencia exacta y posibles conexiones con otras actividades ilícitas en el territorio.

El decomiso de las más de 1,5 toneladas de cocaína se sumó a las recientes acciones emprendidas por la Fuerza Pública en todo el territorio colombiano, donde se ha intensificado la vigilancia sobre rutas empleadas por organizaciones criminales para el tráfico de estupefacientes y armas.

Operativo en Norte de Santander logró decomiso récord de cocaína y eliminó centro de producción ilícito

El 26 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció la incautación de más de una tonelada de cocaína y el desmantelamiento de un laboratorio de gran capacidad en el municipio de Bochalema, Norte de Santander.

La operación, desarrollada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, fue calificada por el titular de la cartera como uno de los mayores éxitos recientes en la lucha contra el narcotráfico en el noreste colombiano.

Sánchez informó a través de su cuenta oficial de X que “en Bochalema, nuestra Policía, en coordinación con el Ejército, incautó 1,1 toneladas de cocaína e inhabilitó un laboratorio utilizado por una organización narcotraficante que delinque en la región”.

Según los datos oficiales, el operativo permitió también el decomiso de 300 kilogramos de base de cocaína, 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos destinados a la elaboración del alcaloide.

El ministro subrayó que este resultado constituye “un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”.

De acuerdo con la información difundida, la infraestructura desmantelada servía como eje logístico para una organización dedicada a la fabricación y envío de sustancias ilícitas.

El jefe de la defensa nacional resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional y la dedicación de las fuerzas públicas.

“Mi reconocimiento a nuestros policías y soldados que continúan afectando las economías ilícitas y debilitando las capacidades criminales de quienes amenazan la seguridad de los colombianos”, afirmó Sánchez.

Además, el alto funcionario pidió a la ciudadanía mantener una postura activa en la denuncia de hechos delictivos, recordando la existencia de líneas telefónicas para reportar actividades asociadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y reclutamiento infantil. “Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen”, solicitó el ministro, asegurando total reserva para quienes brinden información relevante.

La acción refuerza el compromiso del Gobierno con el control territorial y la protección de la seguridad regional. “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó Sánchez.

Como parte de sus primeras acciones en pro de su proyecto político que denominó a lo largo de su campaña como la “Patria milagro”, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha iniciado el proceso para reintegrar a oficiales retirados de la Policía y el Ejército durante el gobierno de Gustavo Petro, una decisión que ya genera debate en el país.

Varios de estos oficiales fueron apartados en medio de investigaciones sensibles, polémicas internas y presiones políticas, según documentos y testimonios, de acuerdo con un informe del diario El Tiempo.

Durante una reunión celebrada en Barranquilla días después de la primera vuelta electoral (domingo 31 de mayo de 2026), De la Espriella habría planteado a su equipo de asesores la revisión individual de los casos de los oficiales retirados en los últimos cuatro años.

“Dijo que se revisaría caso por caso y hoja de vida de cada uno de los oficiales retirados en estos cuatro años”, relató una fuente cercana al presidente electo al mismo diario bogotano.

Esta estrategia apunta, según el nuevo gobierno, a restituir mandos clave en inteligencia, contrainteligencia y operaciones especiales, a quienes se les atribuye experiencia en la lucha contra el crimen organizado.

Los nombres que suena para el reintegro, tras la victoria de Abelardo de la Espriella

Entre los nombres que encabezan el listado se encuentra el general (r) Edwin Urrego, exoficial de la Policía, quien dejó la institución en febrero tras la circulación de un anónimo en la Casa de Nariño donde se le implicaba en un supuesto montaje contra el entonces presidente Gustavo Petro.

Voces en el entorno policial afirman, sin embargo, que su salida respondió a su participación en el allanamiento a una propiedad vinculada a Armando Benedetti y a su apoyo en la seguridad del propio De la Espriella durante su campaña en Barranquilla, destacó el mismo periódico colombiano.

Junto a Urrego, figuran también la coronel Julie Ruiz, exjefa de contrainteligencia, y el coronel Sergio Peñaranda. Ambos han iniciado acciones legales para su reintegro.

Según documentos judiciales y testimonios recogidos por el mismo medio de comunicación, la salida de estos oficiales se relaciona con su trabajo en investigaciones de alto perfil, como el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, contra la corrupción en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y el escándalo del software espía Pegasus.

Este último, que involucró la compra de tecnología de vigilancia por parte de Estados Unidos para operaciones contra el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), se esclareció tras revelaciones de prensa que descartaron su uso con fines políticos.

Desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), los oficiales retirados denunciaron exámenes con polígrafo y presiones internas para suministrar información comprometedora sobre superiores.

El entonces jefe de la DNI, Jorge Lemus, negó públicamente que la entidad influyera en ascensos o retiros. No obstante, el mismo diario bogotano en su momento reveló un audio donde se presionaba al coronel Flaminio Quitián, partícipe en la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo por ese entonces. Quitián denunció el hecho ante el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y fue reincorporado.

¿Qué arrojan estos casos?

El patrón se repite en otros casos: oficiales que recurrieron a la justicia tras ser retirados por investigaciones que involucraban a figuras políticas o a cabecillas de organizaciones criminales.

El coronel Peñaranda obtuvo un fallo de tutela que ordenó su reintegro hasta que se evalúe el nivel de riesgo que enfrenta por su trabajo en el caso “Papá Pitufo”.

La coronel Ruiz, por su parte, participó en una audiencia de conciliación tras demandar su retiro y la cancelación de una comisión de estudios en Washington.

Ruiz presentó mensajes en los que se le comunicaba que su salida respondía a una orden presidencial y denunció ante la Fiscalía contratos irregulares vinculados a un oficial de la reserva cercano al hijo del general (r) William René Salamanca.

El general Urrego, a través de su apoderado, presentó la semana del lunes 15 de junio de 2026 una solicitud de conciliación para buscar la revocatoria de la resolución que ordenó su retiro y el restablecimiento de sus derechos.

En el Ejército, uno de los casos más emblemáticos es el del general (r) Erick Rodríguez, retirado el 9 de junio después de 33 años de servicio y después de denunciar la carnetización de población civil por parte de disidencias bajo el mando del cabecilla de las disidencias de las Farc Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, práctica que habría afectado procesos electorales en al menos cinco departamentos.

Días antes de su salida, el presidente Petro advirtió que apartaría a militares involucrados en proselitismo, aunque el ministro de Defensa descartó represalias en el caso de Rodríguez.

Otro oficial en situación similar es el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, quien atribuye su salida a una operación militar que, según él, afectó la imagen de la política de “paz total”.

Hernández también enfrenta señalamientos por supuestos nexos de miembros del Ejército con redes de minería ilegal, situación que lo llevó a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

El listado de retirados incluye al general Juan Carlos Fajardo, excomandante de la Séptima División del Ejército, vinculado a operativos contra alias Calarcá. Los abogados de Hernández y Fajardo han iniciado gestiones legales y no descartan recurrir a organismos internacionales.

La controversia se extiende también a la Policía Nacional, donde el exdirector general (r) Henry Sanabria mencionó públicamente a los coroneles Jhon Arbey Álzate Duque, Juan Miguel Thiriat y Zaid Eduardo Pabón como oficiales clave en la lucha contra grupos armados ilegales. Según Sanabria, estos oficiales habrían sido removidos por presiones del “clan del Golfo” en el contexto de la política de “paz total”, aunque fuentes de la DNI los vinculan al caso Pegasus.

El presidente saliente, Gustavo Petro, defendió la legitimidad de los retiros y sostuvo: “A nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de derechos humanos, por participación en política o por indicios de corrupción (...)”.

El proceso de reintegro de estos oficiales, que ya suma demandas, tutelas y audiencias de conciliación, será una de las primeras pruebas para el nuevo gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que anoche llegaron a Venezuela los 250 elementos del Ejército Mexicano, que ayudarán en los trabajo de búsqueda y rescate tras los dos terremos que ocurrieron en ese país el miércoles pasado, que dejó miles de inmuebles dañados y centenas de personas fallecidas.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que a las 10:00 horas de hoy hablará por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresar su solidaridad por la tragedia.

“El día de hoy, a las 10:00 de la mañana, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar”, dijo en Palacio Nacional.

Detalló que el agrupamiento del Ejército, llamado ‘Yumare’, está conformado por 250 militares, 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum mencionó que junto con los militares también llegaron insumos médicos, herramienta y equipos.

Mencionó que los rescatistas ya iniciaron labores; sin embargo, su gobierno continuará pendiente sobre si se requiere apoyo adicional.

“Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate. Y vamos a presentar un pequeño video de la llegada de ayuda humanitaria.

“Como siempre, el Ejército y la fuerza aérea de primera ayudando al mundo. La ayuda humanitaria a Venezuela y vamos a seguir informando de otras ayudas que el día de hoy nos soliciten y siempre es nuestra solidaridad”, concluyó.

Sheinbaum mantiene llamada telefónica con Delcy Rodríguez

La mandataria mexicana, a través de su cuenta oficial de X, dio a conocer que mantuvo una llamada telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde le expresó sus condolencias por las víctimas de los terremotos, reafirmando su apoyo a la tragedia.

“México ya despliega ayuda humanitaria en las zonas afectadas; estamos atentos a necesidades adicionales. En momentos difíciles, nuestra nación es solidaria con países hermanos”, escribió Sheinbaum.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el jueves 25 de junio abrió seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras la localización de 10 personas sin vida en los municipios de Culiacán y Escuinapa. La autoridad precisó que los registros se originaron a partir de hallazgos reportados en distintos puntos y quedaron asentados en expedientes ministeriales.

En el mismo reporte, la dependencia indicó que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se recibieron dos denuncias. También se registraron tres denuncias en la Región Centro ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas por el delito de Privación de la Libertad Personal, de acuerdo con la información oficial.

Según la Fiscalía estatal, en Culiacán se integraron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, una por homicidio doloso y feminicidio, y una más por feminicidio. La institución sostuvo que estos casos correspondieron a hallazgos realizados en diferentes zonas de la capital sinaloense.

Una de las personas fue localizada entre el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la carretera Culiacán–Las Brisas, según el informe. Otra fue hallada en la colonia Villa de Santa Anita, hecho que se asentó dentro de una carpeta por homicidio doloso.

La autoridad detalló que en la colonia Infonavit Solidaridad fueron localizadas son dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino sin vida. Ese evento se integró en una carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, conforme al parte emitido por la dependencia.

En la colonia Pemex se ubicaron dos personas sin vida, de acuerdo con el reporte oficial. La Fiscalía también comunicó que una persona del sexo femenino fue localizada por hechos ocurridos en la colonia República Mexicana y que el expediente correspondiente se abrió por el delito de feminicidio.

Fuera de la capital, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que en el municipio de Escuinapa se localizaron dos personas sin vida a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic. La institución señaló que el hallazgo se asentó en las carpetas correspondientes, sin detallar identidades.

La dependencia explicó que los datos difundidos provenían de denuncias formalizadas ante Unidades y Agencias del Ministerio Público. También reiteró su compromiso de mantener informada a la sociedad con información oficial sobre los hechos registrados en la entidad.

• Se abrieron seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras localizar 10 personas sin vida en Culiacán y Escuinapa.
• En Culiacán se reportaron hallazgos en Fuerza Aérea Mexicana–Culiacán–Las Brisas, Villa de Santa Anita, Infonavit Solidaridad, Pemex y República Mexicana.
• Se recibieron dos denuncias por robo de vehículo y tres por Privación de la Libertad Personal en la Región Centro, según el informe oficial.

90 elementos enviados a reforzar seguridad

Un contingente de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue desplegado a Sinaloa a las 08:35 horas de este jueves 26 de junio de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la entidad.

El refuerzo se integró a las operaciones de la 9/a. Zona Militar con el objetivo de inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, y para apoyar el trabajo conjunto que ya realizaban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el estado.

De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán, donde el personal quedó en posición para incorporarse a las acciones operativas.

El envío de unidades de Fuerzas Especiales buscó reforzar el despliegue en campo para continuar con la desarticulación de estructuras de organizaciones delictivas y facilitar la detención de generadores de violencia en la entidad, mediante operaciones precisas y coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El despliegue se efectuó bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con el compromiso de respetar en todo momento los derechos humanos, según lo señalado en el comunicado del operativo. La movilización tuvo como finalidad beneficiar a la población sinaloense con un incremento en la capacidad operativa y de reacción en puntos considerados prioritarios para la seguridad estatal.

• Se desplegaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa el 26 de junio de 2026 a las 08:35 horas.
• El traslado se realizó en un Boeing 727 de la Guardia Nacional desde el AICM a la Base Aérea Militar de Culiacán.
• Los efectivos se sumaron a operaciones de la 9/a. Zona Militar para inhibir actividades ilícitas y detener generadores de violencia.

Un hombre armado con diagnóstico de esquizofrenia retuvo a seis integrantes de su familia, de los cuales tres de ellos menores de edad, en una vivienda del fraccionamiento Los Héroes Tecámac, en el Estado de México, desde la tarde de este jueves 25 de junio. El hecho movilizó a más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Más de 100 elementos de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno fueron movilizados por el operativo de emergencia.

Vecinos alertaron a las autoridades al detectar al sujeto armado en el interior de un domicilio ubicado en la calle Jesús García, casi esquina con Abraham González, en la Sexta Sección del fraccionamiento. El hombre portaba dos armas de fuego y mantenía retenidas a mujeres y niños, presuntamente familiares suyos.

Operativo con fuerzas de los tres órdenes de gobierno

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Estatal y la Guardia Civil, con apoyo de la Secretaría de Marina. Posteriormente se sumaron la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, junto con personal especializado en armamento y operaciones especiales de la Policía Estatal.

La intervención de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano resalta la gravedad de la situación en Tecámac.

En total, más de 100 efectivos de corporaciones policiales y militares acordonaron varias cuadras alrededor del inmueble para contener la situación y evitar un desenlace violento.

Tres escuelas desalojadas por precaución

La cercanía del domicilio con centros educativos obligó a las autoridades a evacuar a los alumnos de tres planteles ubicados frente a la vivienda: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.

Hasta el momento, los efectivos mantienen la zona acordonada y han establecido comunicación con el sujeto para lograr la liberación de los seis rehenes.

Las sanciones que enfrentaría el responsable

El sujeto responsable podría responder por al menos tres tipos de conductas bajo la legislación mexicana: privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego sin permiso y, en función de su estado mental al momento de los hechos, la figura de inimputabilidad.

Por la retención de personas, el Código Penal Federal prevé penas de entre 40 y 80 años de prisión para el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada, según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En cuanto a las armas, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que quien porte dos o más armas sin la licencia correspondiente enfrenta una pena base de tres a ocho años de prisión, incrementada hasta en dos terceras partes por la pluralidad de artefactos. Si las armas son de uso exclusivo del Ejército, la sanción asciende a entre tres y 15 años.

La esquizofrenia y la inimputabilidad

El diagnóstico de esquizofrenia del sujeto abre una vía jurídica distinta. El artículo 67 del Código Penal Federal establece que, cuando el autor de un hecho delictivo es declarado inimputable, es decir, incapaz de comprender el carácter ilícito de su conducta al momento de cometerla, el juez puede ordenar su internamiento en una institución de tratamiento en lugar de una pena de prisión.

La condición para aplicar esa figura no es el diagnóstico en sí, sino que el trastorno haya impedido al sujeto comprender la ilicitud de su acto en el momento preciso de los hechos, conforme al marco normativo analizado por el Observatorio de Discapacidad y Justicia de la organización Documenta.

El artículo 69 Bis del mismo código contempla una vía intermedia: si la capacidad del autor estaba disminuida pero no anulada, el juez puede imponer hasta dos terceras partes de la pena ordinaria, una medida de seguridad terapéutica, o ambas. En ningún caso la medida de internamiento puede superar el máximo de la pena aplicable al delito cometido.

Un presunto líder criminal que operaba en el sur de Sinaloa fue detenido este jueves durante un operativo desplegado en el municipio de Escuinapa por fuerzas federales y estatales, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La dependencia señaló que la captura fue resultado de una acción coordinada en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de la Policía Estatal Preventiva.

Aunque las autoridades describieron al detenido como un líder relevante de la delincuencia organizada con presencia en la zona sur de la entidad, hasta el momento no han revelado su identidad ni la organización criminal a la que presuntamente estaría vinculado.

La operación se desarrolló este jueves en Escuinapa, municipio ubicado en el extremo sur de Sinaloa y considerado un punto estratégico por su cercanía con el estado de Nayarit. Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la situación quedó bajo control.

Las autoridades tampoco han detallado si durante la captura fueron aseguradas armas, vehículos, drogas u otros indicios relacionados con actividades delictivas. Tampoco se ha informado si hubo personas adicionales detenidas durante el operativo.

Luego de la captura, elementos federales y estatales mantuvieron presencia en distintos puntos del municipio como parte de las acciones de vigilancia implementadas tras la intervención.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones y se definan los procedimientos legales correspondientes. Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer más detalles sobre la identidad del detenido, los delitos que se le atribuyen y el alcance de sus operaciones en la región sur del estado.

La detención ocurre en medio de los operativos permanentes que mantienen las fuerzas de seguridad en distintos municipios de Sinaloa, entidad que ha concentrado diversas acciones contra grupos de la delincuencia organizada durante los últimos meses.

El Gobierno de México publicó este miércoles 24 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el resumen oficial de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Ernestina Ascencio Rosario, una resolución que ordena al Estado cumplir diversas medidas de reparación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra esta mujer indígena de 73 años que perdió la vida en 2007, tras ser violada a manos del Ejército mexicano.

Dentro del documento, el Estado mexicano realiza un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, aceptando haber vulnerado diversos derechos de Ernestina Ascencio y de sus familiares. Sin embargo, el reconocimiento no incluye de manera expresa la responsabilidad por la violación sexual, la tortura ni la muerte derivada de estos hechos, aspectos que sí fueron establecidos por la Corte IDH en su sentencia de septiembre de 2025.

¿Qué reconoció el Estado mexicano en el caso de Ernestina Ascencio?

En el apartado denominado “Reconocimiento parcial de responsabilidad internacional”, el Gobierno mexicano acepta la violación de diversos derechos humanos derivados de la falta de acceso a la justicia y de las deficiencias institucionales registradas tras los hechos ocurridos en febrero de 2007.

Entre ellos reconoce la vulneración de:

• El derecho a la integridad personal.
• Las garantías judiciales.
• La protección judicial.
• La igualdad ante la ley.
• El derecho a la salud, relacionado con la falta de atención médica adecuada.
• Diversos derechos de los familiares de la víctima por las omisiones en la investigación y el acceso a la justicia.

No obstante, el documento no reconoce como parte de esa aceptación de responsabilidad que Ernestina Ascencio fue víctima de violación sexual y tortura por parte de integrantes del Ejército mexicano, ni que esas agresiones ocasionaron su muerte, pese a que esos hechos forman parte central de la sentencia emitida por la Corte Interamericana.

La Corte IDH concluyó que Ernestina fue víctima de violación sexual y tortura

La diferencia entre ambos documentos radica en que la sentencia internacional va mucho más allá del reconocimiento realizado por el Estado mexicano.

Al notificar su resolución en diciembre de 2025, la Corte IDH concluyó que México era internacionalmente responsable por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl que vivía en la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

El tribunal internacional determinó que la agresión fue perpetrada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, en el contexto del despliegue militar derivado de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, estableció que la violación sexual constituyó un acto de tortura, ya que fue intencional, ocasionó graves sufrimientos físicos y psicológicos y tuvo como propósito intimidar, humillar y controlar a la víctima. También concluyó que la falta de atención médica oportuna contribuyó a su fallecimiento y que el Estado incumplió su obligación de investigar los hechos con debida diligencia.

¿Qué medidas ordenó la Corte Interamericana?

Como parte de la sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano implementar una serie de medidas de reparación para las víctimas y sus familiares.

Entre las principales destacan:

• Reabrir y realizar una investigación penal seria y exhaustiva sobre la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio.
• Identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
• Brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares.
• Publicar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, así como traducirlo al náhuatl.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad.
• Implementar programas de capacitación para funcionarios sobre derechos de mujeres indígenas y acceso a la justicia.

La publicación realizada el 24 de junio en el DOF forma parte precisamente de las medidas ordenadas por el tribunal internacional.

Sheinbaum afirmó que México cumplirá la sentencia

Un día después de que se notificó la resolución internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado mexicano cumpliría todas las medidas ordenadas por la Corte IDH.

Durante su conferencia matutina del 17 de diciembre de 2025, la mandataria recordó que los hechos ocurrieron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y señaló que las acciones establecidas por el tribunal serían acatadas.

“Hay varias recomendaciones que vienen ahí, se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas”, afirmó entonces la presidenta, quien reiteró que el caso ocurrió en el contexto de la estrategia de seguridad implementada durante aquel sexenio.

Aunque el Estado mexicano ya comenzó a cumplir algunas de las medidas de reparación, como la publicación oficial del fallo, el documento difundido en el DOF evidencia que el reconocimiento de responsabilidad sigue siendo parcial, pues no incorpora expresamente la responsabilidad por la violación sexual, la tortura y la muerte de Ernestina Ascencio, elementos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí dio por acreditados en su sentencia.

Seis generales retirados de la Policía y de las Fuerzas Militares que estuvieron bajo las órdenes del presidente de la República, Gustavo Petro, advirtieron que la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el 21 de junio de 2026, pondrá a prueba la seguridad, la democracia y la solidez institucional de Colombia.

Los exfuncionarios coinciden en que en las urnas se decide el rumbo de la seguridad, el orden constitucional, la fortaleza de las instituciones y la gobernabilidad del país. También plantean que el próximo gobierno deberá reforzar a la fuerza pública, aunque discrepan sobre si militares y policías en servicio activo deben tener derecho al voto.

El mayor general (r) William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, puso el foco en las consecuencias políticas y de seguridad de la contienda. “Estas elecciones van a definir seguridad, el fortalecimiento de la democracia, la confianza inversionista, la confianza en las instituciones y, por supuesto, el ejercicio de gobernabilidad”, dijo en entrevista con Semana.

El mayor general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, llevó la discusión al terreno institucional. “La integridad y autonomía de las ramas del poder público. Particularmente, hay que proteger a las altas cortes, ellas son el mecanismo de supervivencia más efectivo de una democracia, porque permea con el filtro de la Constitución y las leyes cualquier acto del Ejecutivo o del Congreso que desborde el orden jurídico”, expuso.

Para el brigadier general (r) Néstor Caro, excomandante de la División de Aviación y Asalto Aéreo, la segunda vuelta también compromete la situación de seguridad y la posición externa del país. “En la segunda vuelta presidencial está en juego la recuperación de la seguridad nacional, el mantenimiento de la democracia en nuestro país y el fortalecimiento de las instituciones legítimamente constituidas del Estado. Así como recuperar la confianza internacional”, dijo al medio citado.

Por su parte, el brigadier general (r) Giovani Valencia, excomandante de la Tercera División del Ejército, planteó una advertencia sobre el marco constitucional. “Lo que se juega en la segunda vuelta presidencial es el orden constitucional y, como consecuencia, las libertades. Es la democracia en sí misma la que está en riesgo”.

En la misma línea, el brigadier general (r) José James Roa, exdirector de Carabineros de la Policía, vinculó la elección con la estabilidad del país. “Colombia atraviesa un problema de fortaleza institucional que coloca en peligro la democracia, el rumbo político, económico e institucional del país durante los próximos cuatro años. Debemos reconocer que está en riesgo la estabilidad política, económica, alimentaria y la libertad de cada colombiano”.

La visión de los exfuncionarios sobre la seguridad y la fuerza pública

Los exuniformados, además de la advertencia electoral, opinaron sobre los retos del próximo gobierno, en particular, el control territorial, la capacidad operativa y el respaldo institucional. El mayor general (r) Salamanca reclamó recomponer la relación con Estados Unidos.

“El reto que tiene el nuevo gobierno es volver a una relación normal, en lo diplomático, lo comercial y la seguridad, con los Estados Unidos. Para mí, es una de las mayores prioridades que tendría el próximo gobierno, porque es nuestro principal aliado”, dijo Salamanca a Semana.

Sobre el frente interno, el exdirector de la Policía pidió revisar la estrategia estatal ante el avance de los grupos armados. “Empezar a replantear la estrategia del mismo Estado frente a la expansión de grupos armados en el país. Las economías ilícitas están fortaleciendo a los grupos armados organizados en el territorio y, por supuesto, empezando a fijar un control territorial a la ofensiva”.

Desde su conocimiento, expuso que “hay zonas donde, realmente, la criminalidad está campeando. En esa ofensiva, el nuevo gobierno deberá valorar cómo la cooperación policial internacional debe hacerse presente en nuestro país para atacar la criminalidad de manera articulada. La inteligencia tiene que anticiparse para evitar desmanes en el país. Yo sí creo que ha habido un debilitamiento de las capacidades de la inteligencia”.

Mientras que Sanabria reclamó más margen de acción para la fuerza pública y una orientación clara en el uso de las herramientas jurídicas. “Su capacidad de acción, colocar el torque al máximo en el avance militar sobre los grupos armados ilegales para el control territorial. A la Policía, simplemente, dejarla actuar, porque es el cuerpo policial con más facultades en el mundo. A los militares y policías hay que instruirlos sobre los DD. HH. sí permiten hacer, cambiar el lenguaje del ‘no se puede’”.

A su turno, el excomandante Caro pidió una política de seguridad nacional que articule los instrumentos del Estado y que proteja a los uniformados en el plano legal. “El nuevo conductor político debe diseñar una estrategia de seguridad nacional que se convierta en su política de seguridad, donde combine la acción de todos los instrumentos de poder del Estado”.

De igual manera, “se debe brindar seguridad jurídica a la fuerza pública. En el nivel táctico, se debe reentrenar a las fuerzas y suministrarle los recursos económicos suficientes para su funcionamiento adecuado”, señaló.

Valencia puso el acento en la moral, las capacidades de combate y la anticipación tecnológica. “Se debe mejorar en la moral y en la inversión de las capacidades de los elementos del campo de combate. La asistencia de nuevas tecnologías es indispensable para ir adelante; es decir, tener el concepto de la anticipación por encima de la reacción”.

Roa, por su parte, habló de fortalecer desde adentro a la institución policial y militar. Conforme a lo expuesto en el diálogo , “en el próximo gobierno se deben fortalecer la autonomía institucional, las capacidades logísticas y humanas de la fuerza pública desde su interior”, y remarcó que sin ese soporte ningún país es viable.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Perú no aprobar el proyecto de ley que ampliaría las competencias de la jurisdicción militar-policial para investigar y juzgar presuntas violaciones de derechos humanos. A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que este tipo de casos deben seguir siendo vistos por tribunales ordinarios, independientes e imparciales, de acuerdo con los estándares del derecho internacional.

La advertencia llega cuando el Congreso de la República se prepara para definir el futuro de una iniciativa que ya fue aprobada en primera votación y que ha generado una fuerte controversia entre organismos nacionales e internacionales. Mientras sus promotores sostienen que busca evitar una doble persecución judicial contra policías y militares, diversas organizaciones de derechos humanos alertan que la propuesta podría abrir la puerta a escenarios de impunidad en casos que involucren a agentes del Estado.

La advertencia de la ONU y el alcance del proyecto en el Congreso

La observación de Volker Türk no se limita a una discrepancia política. En la comunicación difundida por la Oficina del Alto Comisionado, la ONU remarcó que las presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser conocidas por un tribunal ordinario competente, independiente e imparcial.

Ese criterio coincide con la línea que el sistema de Naciones Unidas ha sostenido durante años: la jurisdicción militar no puede convertirse en una vía para desplazar causas que, por su naturaleza, deben ser examinadas por jueces civiles. En otras palabras, el problema no está en que exista un fuero castrense, sino en que su uso se mantenga restringido y no se extienda a hechos que puedan afectar la vida, la integridad o la libertad de las personas.

El proyecto aprobado en primera votación modifica el Código Penal Militar Policial y establece que un policía o militar no podrá ser investigado al mismo tiempo por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la jurisdicción militar-policial. También dispone que, si ya existe un proceso abierto en ese fuero, no corresponda abrir otro paralelo en el sistema común. La propuesta recibió respaldo de bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los votos en contra provinieron principalmente de sectores de izquierda. Además, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de una segunda votación antes del 24 de junio, fecha que figura como límite legislativo para este trámite.

En el debate parlamentario, quienes respaldan la medida sostienen que el fuero militar-policial permitiría una justicia más especializada para hechos vinculados al servicio. En esa línea, el congresista Alejandro Muñante defendió que los casos vinculados con acciones funcionales de policías o militares sean conocidos por esa jurisdicción. Sin embargo, desde otra orilla, la congresista Susel Paredes cuestionó que se cree un trato distinto para efectivos que cometan delitos comunes, al considerar que ello rompe el principio de igualdad ante la ley y resta legitimidad a la actuación de jueces y fiscales del sistema ordinario.

Las críticas de organismos y especialistas sobre la impunidad

Las observaciones a la propuesta no vienen solo desde la política. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) advirtió que el texto legislativo recuerda mecanismos que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, favorecieron escenarios de impunidad en el pasado. En su análisis, la ampliación del concepto de delito de función y la incorporación de hechos ocurridos durante estados de emergencia dentro del ámbito militar-policial pueden debilitar la rendición de cuentas cuando se trate de presuntas violaciones de derechos humanos.

Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL), el abogado Carlos Rivera sostuvo que la iniciativa resulta incompatible con criterios ya establecidos por la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han delimitado con claridad qué casos corresponden al fuero ordinario y cuáles al militar. Rivera señaló que el proyecto amplía indebidamente la noción de delito de función y podría trasladar al fuero militar-policial hechos que hoy son de competencia del sistema común.

En la misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la primera votación y alertó que extender la jurisdicción militar a delitos comunes desnaturaliza el carácter excepcional de ese fuero y eleva el riesgo de impunidad.

La estabilidad del hogar de Wilmer Trujillo, veterano de las fuerzas armadas, se vio alterada por la reciente detención de su esposa, Arelys Barahona-Martínez, en Texas.

De acuerdo con CBS News, la mujer fue arrestada el 10 de junio durante una cita de control migratorio y trasladada a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que expone a la familia al riesgo de una separación prolongada.

El futuro de Barahona-Martínez depende ahora de la posibilidad de que se reabra una antigua orden de expulsión y de que se le permita acogerse al programa parole in place, diseñado para proteger a familiares de militares de procesos de deportación.

El recorrido migratorio de Barahona-Martínez

La historia de Arelys Barahona-Martínez está marcada por dos ingresos irregulares a Estados Unidos: el primero en 2005, cuando llegó desde Honduras y, tras un breve periodo, regresó a su país; el segundo en 2018, motivada esta vez por la salud y seguridad de su hijo, Idben.

Según declaraciones recogidas por CBS News, el joven padece neurofibromatosis, una enfermedad genética que provoca tumores en distintas partes del cuerpo. Barahona-Martínez explicó que su retorno obedeció a la necesidad de evitar que el adolescente cayera en manos de pandillas hondureñas y pudiera acceder a tratamiento médico.

La orden de deportación contra Barahona-Martínez, emitida hace más de dos décadas, cobra vigencia tras el arresto en Dallas, pese a que la mujer no registra antecedentes penales. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citado por CBS News, la detención responde a la política de priorizar la ejecución de órdenes previas, sin distinguir entre personas con o sin historial criminal.

Impacto familiar y testimonio del veterano

La detención de Barahona-Martínez alteró la rutina y el entorno familiar de Wilmer Trujillo, quien sirvió durante casi 20 años en el Ejército de Estados Unidos y en la Guardia Nacional de Texas.

Trujillo relató a CBS News que considera este episodio como la mayor adversidad de su vida, más desafiante que cualquier misión militar en Afganistán, Irak o Corea del Sur.

“Me destroza, porque el país por el que trabajé toda mi vida está destruyendo a mi familia y me está quitando a mi esposa”, expresó Trujillo a CBS News en su domicilio de Princeton, un suburbio de Dallas.

El exmilitar también compartió su desconcierto acerca de tener que suplicar a su propio país para poder mantener unida a su familia: “Nunca pensé que estaría en una situación en la que le suplico a mi propio país que deje ir a mi esposa para que podamos hacer las cosas de la manera correcta”, sostuvo en el mismo medio.

El vínculo entre Barahona-Martínez y las hijas de Trujillo, fruto de un matrimonio previo, se estrechó desde su llegada a la familia.

Ahora, la ausencia de la madre se percibe de manera aguda en el hogar. Idben, de 20 años, resumió el vacío que siente: “Ella vino a este país solo para salvarme la vida”, manifestó el joven en diálogo con CBS News.

El desafío legal y las posibilidades de reunificación

Barahona-Martínez permanece en el centro de detención del ICE en Alvarado, Texas, desde donde se comunicó con Trujillo a través de videollamada.

Durante la conversación, describió su situación con estas palabras: “Es realmente un infierno que te juzguen como si fueras una criminal”, según recogió CBS News.

Su objetivo inmediato es conseguir la reapertura de su expediente migratorio y acceder al programa parole in place, mecanismo que permite a ciertos familiares de militares regularizar su estatus en el país.

El camino hacia la residencia permanente depende de la decisión de un juez de inmigración y de la disposición del Gobierno para conceder este beneficio. Hasta el momento, ICE no definió si Barahona-Martínez podrá continuar el trámite fuera de detención.

CBS News subraya que, bajo la administración del presidente Donald Trump, la agencia endureció los criterios para liberar a personas con órdenes de deportación, incluso si carecen de antecedentes penales.

Este caso pone en evidencia los dilemas y tensiones del sistema migratorio estadounidense, especialmente cuando afecta a familias vinculadas al servicio militar.

La familia Trujillo-Barahona aguarda una resolución judicial que podría sentar un precedente para otros casos similares.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el gobierno federal contempla nuevas adquisiciones para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana, con una estrategia que priorizará aeronaves de carga, transporte de personal y helicópteros durante la actual administración.

Durante ’La Mañanera’ de este martes, el mando militar explicó que estas compras forman parte de un plan integral de desarrollo diseñado para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cuyo propósito es mantener en condiciones óptimas tanto al personal como al equipamiento utilizado por las Fuerzas Armadas.

Según detalló, la estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo, con una proyección que se extiende hasta el año 2050.

“Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional”, señaló Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre la modernización de la aviación militar mexicana.

El secretario explicó que las adquisiciones previstas para el corto plazo, es decir, durante la actual administración federal, estarán enfocadas principalmente en aeronaves destinadas a tareas de apoyo logístico y transporte.

“Ya tenemos contempladas todas las adquisiciones que se deben hacer y, hablando de las aeronaves, va encaminado con prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y de helicópteros”, indicó.

Trevilla destacó que estas plataformas son consideradas fundamentales para las operaciones diarias de las Fuerzas Armadas y para las labores de apoyo a la población civil.

En particular, subrayó la relevancia de los helicópteros debido a la diversidad de misiones que pueden desempeñar.

“Los ocupamos mucho en la aplicación del Plan DN-III y también en las operaciones”, afirmó.

El Plan DN-III-E es el mecanismo mediante el cual el Ejército y la Fuerza Aérea participan en tareas de auxilio durante desastres naturales, inundaciones, incendios, huracanes y otras emergencias que afectan a la población.

Sustitución de los aviones F-5, parte de la planeación de largo plazo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el futuro de los aviones de combate F-5, aeronaves que integran desde hace décadas la flota de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al respecto, Trevilla explicó que la renovación de esos equipos forma parte del programa de modernización, aunque no se encuentra entre las prioridades inmediatas.

El general señaló que la eventual sustitución de los F-5 está contemplada dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del plan de desarrollo.

“Los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los aviones F-5 y eso sería a mediano y largo plazo”, explicó.

Con ello, el funcionario indicó que los proyectos relacionados con aeronaves de combate se desarrollarán de manera gradual dentro de una estrategia que se extenderá más allá de la presente administración.

Producción militar y adquisiciones especializadas

Durante su intervención, Trevilla también explicó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no depende exclusivamente de nuevas compras.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una fábrica de vestuario y equipo, además de una industria militar encargada de producir diversos materiales utilizados por el Ejército y la Guardia Nacional.

Sin embargo, precisó que existen capacidades y equipos que requieren procesos de adquisición específicos para garantizar que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

“Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí es de donde nos abastecemos, pero también existe el procedimiento de las adquisiciones”, señaló.

El secretario sostuvo que todas estas acciones forman parte de una planeación integral orientada a mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas y responder a las necesidades que enfrentarán en los próximos años.

Con este programa, el gobierno federal busca fortalecer las capacidades logísticas, de transporte y de respuesta ante emergencias de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras avanza en una estrategia de modernización que contempla inversiones escalonadas y la eventual renovación de parte de su flota actual.

La propuesta, respaldada por bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, obtuvo 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones en el Pleno. Aunque todavía debe superar una segunda votación antes de convertirse en ley, ya ha generado fuertes cuestionamientos de especialistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que advierten sobre un posible impacto en investigaciones que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Qué cambia con la propuesta aprobada en el Congreso

De acuerdo con lo expuesto por Quispe en diálogo con Exitosa, el proyecto aprobado en primera votación introduce una modificación de fondo en el tratamiento de los hechos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. El especialista recordó que, bajo el marco actual, los llamados delitos de función están vinculados a conductas propias de la disciplina interna, como una desobediencia, un insulto a un superior o el incumplimiento de órdenes operativas. Sin embargo, la iniciativa legislativa apunta a incluir en esa categoría hechos que no tendrían esa naturaleza.

“Se ha aprobado, como ya es costumbre del Congreso, una norma inconstitucional”, sostuvo el abogado del IDL en la entrevista radial. Para el especialista, el problema central está en que el texto pretende trasladar a la jurisdicción militar policial casos que deberían seguir siendo investigados y sancionados en la justicia ordinaria, especialmente cuando se trata de hechos que afectan derechos fundamentales de civiles.

En su explicación, Quispe puso como ejemplo un eventual caso de asesinato o tortura dentro de una comisaría contra un ciudadano. A su criterio, esos hechos no pueden ser tratados como si fueran simples faltas derivadas del servicio, porque implican delitos comunes que ya cuentan con un criterio definido por la Corte Suprema desde hace décadas. También advirtió que, según la forma en que está redactada la iniciativa, podrían alcanzarse incluso procesos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el caso de un policía que haya recibido una coima.

Otro punto que encendió las alertas es que la propuesta impediría que una misma persona sea investigada al mismo tiempo en dos vías distintas por los mismos hechos. Para sus defensores, esa medida busca evitar la doble persecución. Para sus críticos, en cambio, el efecto práctico sería restringir la actuación del Ministerio Público y limitar el control de los jueces ordinarios en causas que involucran a agentes del Estado.

Las objeciones del IDL y el temor por la impunidad

Uno de los puntos más sensibles planteados por Juan José Quispe tiene que ver con el impacto que esta norma podría tener en casos relacionados con derechos humanos, especialmente aquellos vinculados a protestas sociales y operativos policiales o militares. Según señaló, la posibilidad de que expedientes como esos pasen al fuero privativo abriría la puerta a decisiones menos severas y a una eventual reducción de responsabilidades penales.

El abogado fue claro al sostener que la Policía Nacional o el Ejército no pueden actuar como juez y parte en procesos que los involucran directamente. Desde su perspectiva, permitir que el mismo aparato institucional que participó en los hechos también intervenga en su juzgamiento compromete la imparcialidad de las investigaciones. En ese sentido, afirmó que no resulta confiable que una instancia vinculada a la propia estructura castrense determine la responsabilidad penal de sus miembros.

Quispe también mencionó el escenario de la llamada cadena de mando, un tema que suele aparecer en investigaciones complejas sobre uso excesivo de la fuerza. Explicó que, en muchos casos, las pesquisas no se quedan en el nivel operativo de un suboficial, sino que avanzan hacia mandos intermedios y superiores, incluso hasta autoridades políticas y jefaturas institucionales. Bajo la lógica del proyecto, advirtió, juzgar a esos niveles dentro de la justicia militar policial podría volverse aún más difícil.

El abogado del IDL agregó que, en la práctica, una relación jerárquica dentro de la institución puede afectar la independencia del proceso. Puso como ejemplo el caso de un suboficial que tenga que tomar declaraciones a un general investigado, una situación que, según dijo, podría generar una evidente asimetría en el trato y afectar la objetividad de la investigación. A ello sumó el riesgo de que las sanciones terminen siendo menores o de que ciertos hechos sean reinterpretados como una actuación legítima en defensa del servicio.

Durante la entrevista, Quispe recordó además que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ya han establecido límites sobre qué debe considerarse realmente un delito de función. Por eso, consideró que la propuesta parlamentaria desnaturaliza esa figura y rompe el criterio que durante años ha permitido diferenciar entre infracciones militares o policiales internas y delitos comunes cometidos contra civiles.

En paralelo, desde otros sectores también se han expresado críticas. El abogado Carlos Rivera, del IDL, advirtió que la redacción del proyecto podría alcanzar procesos ya en marcha y afectar casos sensibles vinculados con protestas y violencia estatal. En tanto, la congresista Susel Paredes cuestionó que se intente crear un trato especial para policías y militares que cometen delitos comunes, mientras que desde el propio debate parlamentario se insistió en que la iniciativa busca evitar procesos paralelos.

El capitán del Ejército Oliver Ogando murió la madrugada de este domingo en Villa Altagracia tras recibir heridas de bala en el sector Tierra Santa. Por el caso hay dos detenidos y una de las armas ocupadas aparece registrada como propiedad del oficial fallecido, según la Policía Nacional, caso que además, fue citado por la mayoría de medios locales.

La víctima fue identificada como Oliver Octavio Ogando Suero, capitán del Ejército de la República Dominicana, según la Policía Nacional. El hecho ocurrió en las proximidades de un centro de expendio de bebidas alcohólicas del sector Tierra Santa, en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que el incidente se registró alrededor de las 6:18. Ese medio señaló que Ogando Suero se encontraba compartiendo en el establecimiento conocido como La Cobertura cuando se produjo un intercambio de disparos por causas no esclarecidas.

Los arrestos y las armas ocupadas

Los detenidos fueron identificados como Luismi S. S., alias “el Ruso”, y José Luis A. L., conocido como “Trimbi”, señalados por las autoridades como presuntos responsables de la muerte del oficial, según la Policía Nacional. El arresto fue realizado por agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público.

Entre los elementos ocupados figuran dos armas de fuego halladas a Sánchez Sánchez, de 20 años, y una de ellas aparece registrada como propiedad del oficial fallecido, de acuerdo con la Policía Nacional citada también por Diario Libre. Durante la inspección del vehículo de la víctima también fueron encontradas sus pertenencias personales, incluido dinero en efectivo.

Noticias Telemicro,también informó sobre el arresto de esos dos hombres por su presunta vinculación con la muerte a tiros del capitán. Las investigaciones preliminares indican que a Luismi “le ocuparon dos armas de fuego y que una de ellas figura como propiedad del oficial fallecido”.

La Policía Nacional sostuvo que las circunstancias del caso continúan bajo investigación. El Nuevo Diario reportó que hasta ese momento las autoridades no habían establecido el origen del tiroteo ni las circunstancias que lo provocaron.

El pedido de una investigación

Tras el hecho, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos filial San Luis exigió a la Policía Nacional, al Ministerio Público y a los organismos investigativos de las Fuerzas Armadas una investigación exhaustiva para identificar y someter a los responsables, según El Nuevo Diario.

El coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la zona de San Luis, Santo Domingo Este, Diógenes Ozuna, reclamó además la intervención de la Procuraduría General de la República y del J-2 del Ministerio de Defensa, según El Nuevo Diario. En declaraciones recogidas por ese medio, planteó: “La Policía y el Ministerio Público están en la obligación de determinar la causa real que provocó la muerte de este oficial”.

Ozuna también expresó preocupación por los niveles de violencia registrados en el país y pidió fortalecer las acciones preventivas mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte del capitán, según El Nuevo Diario. Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según la Policía Nacional citada por Diario Libre y por N Telemicro.

A Culiacán, Sinaloa, arribaron 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con el objetivo de reforzar las tareas en la entidad. Los uniformados llegaron el domingo 14 de junio. Cabe destacar que el mismo día que fue informada la llegada de los uniformados, el 14 de junio, fue registrada un ataque armado en la colonia Independencia.

Reportes de medios locales señalan que los elementos de seguridad llegaron durante la mañana del domingo vía terrestre. Un video muestra parte del despliegue de los militares por las vías de Culiacán.

Los elementos que llegaron a ala entidad cuentan con capacitación especializada en actividades de operaciones tácticas en zonas urbanas.

“Dentro de las misiones asignadas al Ejército Mexicano al adiestramiento para la seguridad interior, es al que se sujeta el personal para estar en condiciones de garantizar el Desarrollo Institucional y el Orden Interno del País”, es parte del reporte oficial.

Los agentes recorrieron puntos como Campo El Diez, avenida Jesús Kumate, Ley del Valle, el Congreso del Estado, Ley Palmito, avenida Insurgentes, avenida Álvaro Obregón, avenida Ciudades Hermanas y las instalaciones de la Novena Zona Militar, según destaque el medio local Los Noticieristas.

Suman mil efectivos desplegados en Sinaloa

Asimismo, el pasado 7 de junio fue informada la llegada de 500 elementos de seguridad a Sinaloa con la finalidad de reforzar la seguridad en el estado.

Ante la llegada de los uniformados, la presidenta municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, aseguró que la llegada de los uniformados es bien recibida.

“Son bien recibidos, lo que sume, abone, sabemos que tenemos esta tarea que no ha cesado, entonces los tres órdenes de gobierno estamos trabajando en la búsqueda de esta paz para la ciudad", comentó.

“Murciélagos” en Sinaloa

Mientras que el pasado 3 de junio fue informada la llegada de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como “Los Murciélagos”, quienes despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.

El contingente llegó a la entidad para sumarse a efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa zona del país.

La Defensa detalló que la misión del contingente es fortalecer las acciones de seguridad que las fuerzas federales sostienen en el estado en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De igual manera, la institución señaló que las unidades actuarán en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

Los efectivos realizarán su labor en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Previamente, Ricardo Trevilla Trejo, titular del Ejército y Guillermo Briseño, comandante de la Guardia Nacional, realizaron una visita de supervisión a la capital de Sinaloa con el objetivo de verificar el despliegue operativo y evaluar las acciones que las fuerzas federales sostienen en la entidad.

La supervisión tuvo lugar un día después de que 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano —conocidos como "Los Murciélagos“— arribaran a Culiacán para reforzar la seguridad en la zona. Los efectivos despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.

La operación se desarrolló el domingo 14 de junio de 2026 en la vereda Las Juntas, donde las tropas destruyeron los dispositivos antes de que pudieran ser usados contra la población civil o la Fuerza Pública.

El hallazgo y la destrucción controlada de los explosivos formaron parte de una serie de acciones coordinadas por el Batallón de Despliegue Rápido N.º 33, que es parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 11.

Estas unidades, dotadas de capacidades especializadas en búsqueda y detección de amenazas, rastrearon y detectaron los artefactos durante una operación orientada especialmente a proteger la seguridad del suroriente colombiano.

Así como explicó el mayor Pedro Castellanos Riveros, comandante del Batallón de Despliegue Rápido número 33 del Ejército Nacional: “Esta operación fue posible gracias al trabajo permanente de las tropas en el área de operaciones y al empleo de las capacidades especializadas de búsqueda y detección de la amenaza, lo que permitió identificar estos elementos explosivos antes de que fueran utilizados en contra de la población civil y la fuerza pública”.

Según información preliminar, los artefactos secuestrados habrían sido instalados por integrantes de la Estructura Primera Armando Ríos, identificada como una facción del grupo residual de las antiguas Farc, ahora dirigida por alias Iván Mordisco.

La institución enfatizó que estos dispositivos están prohibidos tanto por el derecho internacional humanitario como por los derechos humanos, destacando el riesgo que suponen para civiles y fuerzas de seguridad.

Durante el procedimiento, además de los explosivos, las tropas destruyeron un contenedor cilíndrico de fabricación artesanal y tres medios de lanzamiento, elementos asociados a su activación y uso. Esta acción, subrayó el comunicado, constituye una afectación directa a las capacidades terroristas de este grupo ilegal.

La Fuerza de Tarea Omega informó que continuará con operaciones sostenidas bajo el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y el Plan Democracia 2026. El objetivo es proteger a la población civil, consolidar la gobernabilidad y contrarrestar cualquier intento de los grupos armados por afectar la tranquilidad regional.

Las autoridades militares reiteran que el despliegue permanente de sus unidades sobre el terreno y el uso de capacidades técnicas avanzadas son determinantes para anticiparse a las amenazas y reducir el riesgo de ataques. “La neutralización de estos artefactos explosivos representa una afectación contundente a las capacidades terroristas de esta estructura ilegal y contribuye al fortalecimiento de las condiciones de seguridad en el departamento del Guaviare”, concluyó el oficial.

Así, la reciente intervención en Calamar representa un avance concreto en la lucha contra la criminalidad armada, aportando a la estabilidad de las zonas rurales de Guaviare.

El operativo dejó como saldo inmediato una mejora en las condiciones de seguridad para las comunidades rurales de Guaviare, en una coyuntura donde la amenaza de artefactos improvisados impacta tanto la cotidianidad de los habitantes como la movilidad en los corredores rurales.

Incautación de más de una tonelada de explosivos en Norte de Santander pertenecientes al ELN

El procedimiento, realizado en la vereda Los Ángeles, contó con la intervención de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3 y el respaldo de la Fiscalía General y el CTI.

Según informes de inteligencia militar, el centro de acopio destruido abastecía al Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las estructuras armadas ilegales más activas en la región.

En el lugar, las fuerzas conjuntas destruyeron 118 artefactos explosivos y decomisaron un arsenal variado: 83 dispositivos improvisados, 35 artefactos accionados por la víctima, 15 lanzadores, 182 municiones de fabricación artesanal y 520 detonadores. Además, se incautaron prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, chalecos, brazaletes y una bandera identificada con insignias del ELN.

La acción se enmarca en el Plan de Operaciones Ayacucho Plus, estrategia que busca debilitar el poder logístico y operativo de los grupos armados ilegales en zonas críticas del país. La incautación de este material explosivo representa un golpe directo a la capacidad ofensiva del grupo insurgente, según fuentes militares.

El Ejército de Guatemala y la PNC iniciaron este sábado el operativo conjunto Mercado Seguro en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango para reforzar la seguridad en centros de comercio que han sido golpeados por la delincuencia y por extorsiones, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La operación también incluye patrullajes de seguridad en distintos puntos y avenidas del Mercado Central y del Mercado Colón de la ciudad capital, a cargo de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, de acuerdo con el texto oficial difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El despliegue fue presentado como una estrategia para fortalecer la presencia de las autoridades en mercados cantonales y centros de comercio de esos tres departamentos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y dar condiciones de seguridad para comerciantes y compradores, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El segundo comandante de la Brigada Militar Mariscal Zavala, Ángel Carrera Sandoval, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el inicio de estas operaciones busca mantener un entorno protegido para quienes trabajan y compran en esos espacios. En su declaración, sostuvo: “El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil llevan a cabo el inicio de las operaciones denominadas Mercado Seguro. Con esta operación, el Ejército de Guatemala continúa garantizando un entorno seguro para los comerciantes y visitantes, en donde puedan trabajar y comprar con total confianza”.

El operativo se enfoca en mercados afectados por extorsiones

La respuesta central del plan es directa: Mercado Seguro consiste en acciones de verificación, monitoreo y patrullaje en mercados de Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango que han sufrido ataques de la delincuencia y han sido objeto de extorsiones, en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Carrera Sandoval agregó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que el acompañamiento de las fuerzas de seguridad civil busca “dar la certeza a todos aquellos mercados que han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones y han amedrentado a nuestra población”.

Estas acciones se desarrollan en áreas de alta afluencia de personas y están orientadas a reforzar la vigilancia, proteger la economía local y devolver la tranquilidad a la población guatemalteca, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La misma información oficial remarca que el trabajo interinstitucional pretende sostener acciones permanentes de vigilancia y prevención para proteger a la población y garantizar espacios seguros, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Los mercados concentran trabajo, comercio y sustento familiar

La justificación del operativo parte del peso económico y social de estos espacios. Los mercados son presentados en el texto oficial como lugares de trabajo, encuentro y sustento para miles de familias guatemaltecas.

Bajo esa premisa, el despliegue en Mercado Central y Mercado Colón, así como en otros centros de comercio de los tres departamentos, busca que comerciantes y visitantes desarrollen sus actividades diarias con normalidad y que las comunidades mantengan su dinámica económica, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

En otra declaración recogida por la Agencia Guatemalteca de Noticias, Carrera Sandoval afirmó: “Aunado con esto, las fuerzas de seguridad civil nos acompañan para dar la certeza a todos aquellos mercados que han sufrido de estos embates de la delincuencia y que han sido objeto de extorsiones y han amedrentado a nuestra población”.

El mando militar añadió en la misma intervención, según la Agencia Guatemalteca de Noticias: “Estamos para servirles y cuando a un soldado se le pide una mano, tenemos dos para poder apoyar”.

Uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional capturaron en Medellín a alias Zarco, señalado como presunto cabecilla y jefe de sicarios del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información oficial suministrada por voceros del Ejército, la operación se realizó tras diez meses de investigación intensiva, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con la participación de tropas del Batallón de Selva N.° 57 y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín).

De acuerdo con el Ejército Nacional, la detención se produjo gracias a labores de inteligencia militar y recolección de información que llevó a las autoridades a ubicar al individuo en la capital antioqueña, donde “se había desplazado hasta la capital antioqueña con la presunta intención de evadir a la justicia”, detallaron voceros de la institución.

Las investigaciones oficiales señalan que el capturado integraba la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo y acumulaba una trayectoria de ocho años dentro de la organización. Su papel habría abarcado desde tareas de inteligencia delictiva y logística hasta la coordinación y dirección de sicarios en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Posteriormente, habría asumido funciones como cabecilla de zona, liderando acciones de homicidio selectivo, intimidación y fortalecimiento del control armado y financiero en la región.

Luego de ascender dentro de la organización criminal, “Zarco” habría asumido un papel fundamental en la planificación y ejecución de homicidios con actos terroristas en contra la población civil, así como otros hechos violentos — que siguen siendo materia de indagación—en aras de ganar control territorial, armado y financiero para el Clan del Golfo.

Tras su captura, los uniformados hicieron efectiva una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

Alias Zarco fue trasladado a El Bagre, Antioquia, y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Desde el Ejército Nacional se mantendrá el despliegue de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño con el objetivo de combatir los factores de inestabilidad, proteger a la población y reforzar la presencia institucional en el territorio en el que operó delictivamente “Zarco”.

Siguen los operativos contra grupos armados y delincuenciales en Medellín

Desde principios de junio de 2026, las autoridades de Medellín realizaron 36 allanamientos y capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial San Pablo, según informaron fuentes oficiales.

La megaoperación, dirigida contra una de las estructuras responsables de homicidios y extorsión en el nororiente de la ciudad, permitió también la incautación de dinero, drogas y tecnología empleada para actividades ilícitas.

Entre los capturados figuran varios presuntos coordinadores de la organización, como Luis Albeiro Mazo (alias La Mica), señalado de operar en Carpinelo y Carambolas; Edison Arbey Castañeda (alias Bedoya), con presencia en el sector de La Esperanza; William Fernando Zapata Vera (alias El Ciego), vinculado a los sectores de Tablones y Carpinelo; y John Fernando Vera Mazo (alias Pirulo), quien habría coordinado actividades en La Aldea y El Compromiso.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que “esta estructura extorsionaba a todos los comerciantes de ese sector, al transporte público y a otros ciudadanos que cometían conductas delictivas también en la ciudad”.

La investigación, que se extendió durante ocho meses y se basó en denuncias de más de diez víctimas, permitió recolectar pruebas suficientes para imputar cargos de concierto para delinquir agravado, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

Según las autoridades, el grupo San Pablo estaría exigiendo pagos extorsivos a cerca de 1.000 comerciantes, con rentas mensuales superiores a 600 millones de pesos. Durante lo que va de 2026, han sido detenidos más de 80 presuntos extorsionistas de esta organización, incluidos seis cabecillas, y se han incautado armas de fuego y otros elementos usados para la comisión de delitos.

El recorrido de Will Simpson lo llevó del rugby al ejército y, finalmente, a idear una barrita sustitutiva de comida. En sus primeros años como jugador, Simpson reconoció: “Siempre pensé: ‘Algún día nos llamarán’… pero pronto me di cuenta de que no era lo suficientemente grande, ni lo suficientemente rápido… y probablemente tampoco lo suficientemente bueno”. Ese descubrimiento lo impulsó a replantear su camino, según narró en Men’s Health UK.

El siguiente capítulo lo encontró en el ejército, donde se desempeñó en tareas de reconocimiento y atravesó lo que describió como “uno de los cursos de selección más duros del ejército”. En medio de esa exigencia, nació la inquietud por crear un alimento que cubriera mejor las necesidades de quienes, como él, debían rendir al máximo con recursos limitados.

“La alarma sonaba a las tres y media… desayunaba a las cuatro… y a las cuatro y media ya estaba en el vehículo”, relató sobre su rutina. El sistema de alimentación militar resultaba sencillo pero insuficiente: “Había grandes contenedores de comida; simplemente llenabas tus bolsillos antes de salir. Un tentempié de cada contenedor. Básicamente eran siete barritas de chocolate o barritas de avena”.

Simpson señaló que este racionamiento de azúcar solo servía “a corto plazo”. Según relató a Men’s Health UK, “recuerdo haberme sentido genial durante la primera o segunda hora… y luego te quedabas completamente agotado”. Durante seis meses de entrenamientos intensos, se preguntó: “¿Dónde está la recuperación? ¿Dónde están las grasas? ¿Dónde está el equilibrio?”.

A partir de esa necesidad, Simpson comenzó a experimentar. “Me dije: ‘Vale, 600 calorías. 60-20-20: carbohidratos, proteínas, grasas. Ingredientes mínimos’”. El primer prototipo no tuvo éxito: “Llevaba avena, quinoa, dátiles, miel… Lo horneé. Era una galleta densa, gruesa e incomible”. Sin desanimarse, presentó la idea a un nutricionista deportivo y a varios proveedores.

“Le dije: ‘Tengo esta barrita’... ¡No tenía ninguna barrita!”, relató entre risas. Tras más de 30 iteraciones junto a científicos de la alimentación, así nació Real Meal, la barrita sustitutiva de comida que terminó comercializando, según narró.

El entrenamiento y la adaptación a la vida diaria

La disciplina física de Will Simpson no se limitó a su época de deportista o militar: continuó perfeccionando su entrenamiento con desafíos como Ironmans y una ultramaratón de 160 kilómetros (99 millas). “Lo puse a prueba conmigo mismo. Largas rutas en bici, Ironmans… y luego hice una ultramaratón de 160 kilómetros usando solo el manillar”, detalló. Tras recorrer esa distancia en 21 horas, recordó: “Pensé: no voy a dar un paso más”.

Simpson integró el entrenamiento en la vida diaria. “No se hacía ilusiones con una estructura perfecta. El entrenamiento se adaptaba a todo lo demás”, resaltó el artículo. Según Simpson, “las exigencias son mínimas. Darse cuenta de eso facilitaba simplemente hacer algo”.

La sostenibilidad y la flexibilidad en la rutina de ejercicio

Para Simpson, la constancia surgió de reducir la presión: no buscaba sesiones ideales ni condiciones perfectas y aceptaba que “saltarse un entrenamiento no es el fin del mundo”. Su enfoque priorizó la repetición sobre la perfección y la sostenibilidad sobre la optimización. Simpson afirmó que, salvo cuando entrenaba para un objetivo concreto, prefería comprometerse con el proceso más que con metas fijas. “No se trataba de decir ‘mejora tu técnica de escalada’… sino de ‘escalar dos veces por semana’”, explicó.

Para quienes enfrentaban obligaciones laborales, familiares o imprevistos, ese método evitaba que la rutina se desarmara por cambios inesperados y convertía el ejercicio en un hábito. “Pensá en: ‘tres horas de entrenamiento total a la semana’, en lugar de un plan rígido que se desviaba fácilmente”, recomendó.

La nutrición y su integración con la vida familiar

La alimentación siguió la misma filosofía de sencillez y adaptación. Simpson evitó la complejidad y se apoyó en reglas: “Cenaba con mis hijos. No preparaba una comida completamente aparte”. Apostó por la estructura suficiente para mantener el rumbo sin obsesionarse. “Si consumís suficientes proteínas, frutas y verduras… es muy difícil que todo lo demás falle”, resumió.

El énfasis estuvo en los alimentos integrales y las proteínas como base de la dieta, lo que facilitó la integración de la nutrición en la vida cotidiana sin sacrificar la convivencia familiar. Simpson rechazó la idea de planes alimenticios rígidos y prefirió guiarse por pautas repetibles.

Reducir barreras y priorizar la repetición

El principio que resumió el itinerario de Simpson, desde el rugby hasta el ejército y la empresa, fue la reducción de las barreras para la acción. “Simplemente hacé algo”, aconsejó. Según él, la mayoría fracasaba no por falta de esfuerzo, sino porque los objetivos o sistemas que intentaban adoptar no encajaban en su vida real.

“Si lo hacés con la suficiente frecuencia, todo lo demás tiende a resolverse solo”, concluyó. Esta perspectiva apostó por la repetibilidad y la adaptación constante, mostrando que la clave de la forma física y la salud estuvo en hacer lo posible, no en perseguir la perfección.

Un ataque armado registrado en una funeraria de Culiacán derivó en una persecución y un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano que dejó como saldo un presunto agresor muerto, un detenido y el aseguramiento de armamento de alto poder, de acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 3 de junio en el estacionamiento subterráneo de la funeraria Moreh, ubicada en el cruce de la avenida General Domingo Rubí y el bulevar Emiliano Zapata.

Según la información disponible, un grupo de hombres armados llegó al lugar a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta blanco y abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en el sitio. La agresión provocó daños por impactos de bala en dos automóviles estacionados, un vehículo BMW y un Kia Río. No se reportaron personas lesionadas durante este primer incidente.

Tras el ataque, elementos militares detectaron a los presuntos responsables cuando intentaban abandonar el estacionamiento, lo que dio inicio a una persecución por distintos sectores de la ciudad.

Durante la huida, los ocupantes de los vehículos arrojaron ponchallantas sobre el bulevar Rolando Arjona, situación que afectó a varios automóviles particulares que transitaban por la zona.

La movilización concluyó en un camino de terracería ubicado junto a un canal pluvial en el fraccionamiento Espacio Barcelona, al oriente del bulevar Elbert. En ese punto se registró un nuevo intercambio de disparos entre los presuntos agresores y las fuerzas de seguridad.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes murió dentro de un Kia Forte blanco que presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Otro hombre fue detenido en el lugar, mientras que dos personas más lograron escapar y no fueron localizadas durante el operativo de búsqueda desplegado posteriormente.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico, material que quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para las diligencias de identificación y necropsia de ley. Tanto el detenido como el armamento y el vehículo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar las circunstancias de los hechos.

Hechos similares y disputas recientes vinculadas al narcomenudeo

En Culiacán se han registrado de forma recurrente hechos violentos relacionados con disputas entre grupos delictivos y operativos de seguridad, principalmente vinculados al narcomenudeo, el robo de vehículos y la portación de armas de fuego. En distintos puntos de la capital sinaloense, autoridades estatales y federales han reportado cateos, detenciones y enfrentamientos que derivan en el aseguramiento de armas largas, cartuchos, vehículos y drogas sintéticas.

En colonias como La Presita, Costa Rica, Villas del Río y sectores periféricos de la ciudad, se han documentado intervenciones en las que se han localizado inmuebles utilizados presuntamente como puntos de almacenamiento o distribución de narcóticos. En estos operativos, las autoridades han asegurado desde dosis de marihuana y cristal hasta laboratorios o áreas improvisadas para la elaboración de drogas sintéticas.

La presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército en diversos aseguramientos también ha sido una constante en la región, en algunos casos vinculada a persecuciones o enfrentamientos posteriores a denuncias ciudadanas o labores de inteligencia. Estos hechos han derivado en detenciones y en el aseguramiento de vehículos con reporte de robo o con alteraciones en sus números de identificación.

De acuerdo con la información oficial, la actividad delictiva en Culiacán se mantiene bajo atención permanente de las autoridades de seguridad, que han desplegado operativos coordinados en distintas zonas urbanas y rurales del municipio para la detección de células dedicadas al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

La violencia en Culiacán y el despliegue permanente de fuerzas federales han generado un fenómeno visible en distintas colonias de la capital sinaloense: viviendas vandalizadas, incendiadas o abandonadas por el crimen organizado son utilizadas como posiciones temporales por elementos del Ejército Mexicano.

Se trata de inmuebles conocidos de forma coloquial como “casas reventadas”, término utilizado para describir domicilios con daños por impactos de bala, incendios, portones forzados o afectaciones estructurales derivadas de hechos violentos. En varios casos, estas propiedades permanecen deshabitadas durante meses o incluso años.

Estos espacios forman parte de la estrategia de vigilancia territorial en el contexto de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, a más de 600 días de la ruptura interna entre los llamados “Chapitos” y “Mayitos”.

En respuesta a una solicitud de información del medio local Río doce, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue requerida para detallar el número de domicilios utilizados como cuarteles, su ubicación y los periodos de ocupación. Sin embargo, la dependencia respondió que no localizó registros documentales con esos datos.

En el documento oficial, la institución explicó que tras una búsqueda en el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional no se encontró evidencia que atendiera la solicitud, por lo que se aplicaron los criterios de inexistencia previstos en la legislación de transparencia.

Una segunda solicitud, en la que se pidió el fundamento legal para la ocupación de viviendas abandonadas o vandalizadas por personal militar, obtuvo una respuesta similar sin información adicional.

Cuestionamientos legales por la ocupación de inmuebles privados

El tema ha abierto cuestionamientos legales sobre el uso de propiedades privadas por parte de fuerzas armadas. Julio Alfonso Castro, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, sostuvo que no existe un marco jurídico que permita a militares habitar viviendas particulares, incluso cuando se encuentren abandonadas o dañadas.

El abogado explicó que, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Sinaloa, la ocupación de un inmueble sin consentimiento del propietario puede configurarse como delito de despojo, salvo que exista autorización legal o una orden judicial que lo justifique.

Añadió que, en el caso de inmuebles asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), su uso sólo puede justificarse para fines de resguardo ministerial, con el objetivo de preservar evidencias dentro de una investigación en curso.

En contraste con el debate jurídico, en diversas colonias de Culiacán la presencia militar en este tipo de viviendas forma parte del entorno cotidiano de seguridad.

De acuerdo con el medio citado, en la colonia Industrial El Palmito, durante un recorrido nocturno, se observó a elementos del Ejército instalados en una casa de dos plantas con alberca, la cual, de acuerdo con vecinos, permanecía abandonada desde hacía tiempo. En el exterior, patrullajes y el uso de vehículos tácticos forman parte del esquema de vigilancia en una zona con antecedentes recientes de violencia.

En otros puntos de la ciudad se identifican inmuebles con características similares. En la colonia Miguel Hidalgo, una vivienda dañada por hechos violentos fue acondicionada con costales de arena y utilizada como punto de vigilancia militar. A corta distancia, en la colonia Guadalupe Victoria, otra casa de dos niveles presenta una instalación similar con presencia de elementos castrenses.

También se documentó el uso temporal de una vivienda en la colonia Laureles Pinos, cerca del Panteón 21 de Marzo, que fue utilizada como punto de resguardo y posteriormente desocupada.

En conjunto, estos casos muestran una estrategia operativa basada en la ocupación de inmuebles que han quedado inutilizados tras hechos de violencia, en un contexto donde la infraestructura urbana dañada por el crimen organizado forma parte del despliegue de seguridad en la capital sinaloense.

El 2 de junio, la Fiscalía Penal Militar y Policial anunció la captura de un oficial adscrito al batallón de servicios 23 de Pasto, en Nariño, que fue acusado de pedirle dinero en efectivo a los soldados que solicitaban algún tipo de permiso.

Un equipo especializado y jurídico llevó a cabo el proceso de detención para hacer efectiva la medida de aseguramiento intramural impuesta contra el uniformado que está siendo investigado por sus presuntos actos de corrupción.

En los avances que se han revelado, los investigadores han encontrado evidencia de que el oficial exigió un pago de 50.000 pesos por cada uno de los 39 soldados que recibieron más días de permiso para pasar tiempo con su familia en diciembre de 2025.

“Según la información obtenida, los pagos se habrían realizado mediante transferencias a su cuenta personal, así como por medios electrónicos y en efectivo”, anunció la Fiscalía.

La investigación comenzó en enero de 2026 luego de que el ente acusador recibió información y evidencia de la conducta del uniformado, y con este material se argumentó la solicitud de captura que fue aprobada por el Juzgado 1717 de Control de Garantías.

“La Fiscalía General Penal Militar y Policial ratifica su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la administración de justicia, con observancia de los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad”, es parte del comunicado oficial.

Tras la detención, el uniformado capturado enfrentará un proceso penal por presuntos actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero a soldados a cambio de permisos. Si la investigación confirma su responsabilidad, podría ser condenado a una pena privativa de la libertad, lo que implicaría su retiro del servicio activo y la pérdida de beneficios institucionales.

Además, se abrirá un proceso disciplinario interno que podría derivar en su destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. En el ámbito penal, el oficial podría enfrentar sanciones económicas, como el pago de multas, y la obligación de devolver los recursos recibidos ilícitamente.

Otro caso divulgado por la Fiscalía Penal Militar y Policial fue la confirmación de la condena de doce meses de prisión para un cabo que agredió física y verbalmente a un superior en octubre de 2022.

El hecho se registró el 14 de octubre de 2022, cuando el cabo Andrés Felipe González agredió al sargento Rueda Arias en las instalaciones del Departamento de Logística del Ejército Nacional, de manera inmediata el cabo fue judicializado dentro del sistema penal militar.

“Tras la eficaz investigación adelantada por la Fiscalía 2401 de Conocimiento y su equipo de Policía Judicial, el Juez 1301 de Conocimiento evidenció las circunstancias del caso para determinar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad del procesado, por lo que condenó al uniformado a 12 meses de prisión; decisión que fue recurrida el pasado 21 de abril de 2026″, anunció la Fiscalía, que confirmó que la pena fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar y Policial.

Cabe recordar que la Fiscalía Penal Militar y Policial de Colombia investiga y judicializa delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones o en relación directa con el servicio.

El objetivo del ente acusador es garantizar que los hechos que afectan la disciplina, el orden y la legalidad dentro de las instituciones militares y policiales sean esclarecidos y sancionados según la ley penal militar. Actúa en casos como abuso de autoridad, corrupción, lesiones, homicidio en servicio, agresiones entre uniformados y otros delitos que comprometen el funcionamiento y la ética institucional, asegurando el cumplimiento de la justicia interna.

El crimen organizado perdió dos mil 957 millones de pesos en un solo fin de semana tras operativos coordinados del Gabinete de Seguridad en doce estados del país. Las acciones del 29 al 31 de mayo de 2026 incluyeron cateos, detenciones, decomisos de droga, armas y documentos apócrifos, además del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua.

De acuerdo con las cifras, estas acciones representaron uno de los golpes económicos más contundentes al narcotráfico en lo que va del año, en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una caída del 49 por ciento en homicidios diarios respecto al último mes de la administración anterior.

La coordinación entre las fuerzas federales —Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Semar y FGR— junto con policías estatales, permitió intervenir en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

A continuación, se presentan los resultados específicos obtenidos en cada estado.

El túnel de Tijuana y los decomisos en Baja California

El hallazgo más llamativo del operativo ocurrió en Tijuana, donde fuerzas de la FGR, la GN, el Ejército y la Semar descubrieron un túnel de 700 metros de longitud con dirección y salida hacia Estados Unidos. La galería medía 90 centímetros de ancho y 1.45 metros de altura, y en su interior las autoridades encontraron cartuchos, 24 envoltorios de metanfetamina, dos bolsas con marihuana y un dispositivo de grabación.

En un segundo operativo también en Tijuana, elementos de la GN, el Ejército y la FGR catearon otro inmueble y aseguraron mil 053 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo. A esos decomisos se sumó una acción en San Quintín, donde la FGR y la SSPC detuvieron a una persona, confiscaron 154 mil 794 litros de hidrocarburo, 14 vehículos, 44 tanques, cuatro cilindros de almacenamiento, una máquina despachadora de gas, siete básculas y diversa documentación.

Sinaloa, epicentro de los aseguramientos del fin de semana

Sinaloa concentró el mayor número de operativos individuales del periodo. En Salvador Alvarado, el Ejército cateó un inmueble y decomisó 114 kilos de metanfetamina, 24 kilos de fentanilo, 50 kilos de goma de opio, dosis de cocaína, cinco kilos de marihuana y 125 cartuchos.

En Culiacán, tres acciones distintas arrojaron resultados adicionales. La GN detuvo a cuatro personas y aseguró seis armas largas, 45 cargadores, cinco chalecos tácticos y dos vehículos; la Semar localizó 93 kilos de metanfetamina, un arma larga y 502 cartuchos dentro de un vehículo; y en la sindicatura de Quila, la GN arrestó a dos personas —una de ellas menor de edad— con cuatro armas largas, 31 cargadores, 960 cartuchos y cuatro placas balísticas.

En los poblados de La Tuna y El Durazno, en los municipios de Badiraguato y Tamazula, el Ejército aseguró 110 artefactos explosivos improvisados y un vehículo de carga. En Escuinapa y San Ignacio, la GN y el Ejército decomisaron seis armas largas, 50 cargadores y mil 550 cartuchos.

Michoacán: un detenido con orden de extradición y cinco arrestos más

En Tepalcatepec, fuerzas del Ejército, la FGR, la GN y la Policía Estatal catearon un inmueble y arrestaron a un hombre con orden de extradición vigente. Le confiscaron cuatro armas largas, 18 cargadores, 396 cartuchos, dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

En Zitácuaro, en la localidad Aputzio de Juárez, el Ejército detuvo a cinco personas y aseguró cinco armas largas, dos armas cortas, 15 cargadores, 369 cartuchos, cinco chalecos tácticos, seis placas balísticas, un equipo antidrón y un vehículo.

Tamaulipas: pasaportes falsos, cartuchos y tráfico de personas

En Nuevo Laredo, un operativo conjunto de la FGR, la SSPC, el Ejército, la GN y la Policía Estatal cateó seis inmuebles y detuvo a dos personas. El aseguramiento incluyó 94 pasaportes apócrifos —32 mexicanos y 62 estadounidenses— y siete teléfonos celulares.

En Ciudad Río Bravo y Valle Hermoso, el Ejército y la FGR catearon otros seis inmuebles y arrestaron a tres personas: un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes, al tráfico de personas hacia Estados Unidos y al contrabando de armas desde ese país hacia México, además de dos mujeres. En Reynosa, un cateo adicional arrojó 90 mil 300 cartuchos y dos vehículos.

Sonora: fentanilo en polvo y menores de edad detenidos

En Hermosillo, la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon tres inmuebles, arrestaron a seis personas y decomisaron 32 kilos de metanfetamina más 77 dosis de la misma sustancia.

En la carretera México-Nogales, a la altura de Opodepe, la GN y el Ejército detuvieron a cinco personas —tres de ellas menores de edad— a bordo de un vehículo procedente de Guaymas. El aseguramiento incluyó ocho kilos de fentanilo en polvo, dos kilos de cocaína y dosis de heroína.

Baja California Sur: explosivos y equipo de comunicación

En San José del Cabo, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN, la Fiscalía y la Policía Estatal realizaron dos cateos. En el primero detuvieron a una persona y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 100 artefactos explosivos.

En el segundo inmueble, ubicado en la colonia Villas de Cortez, no hubo detenidos pero sí un arsenal logístico: 47 chalecos porta placas, 62 placas balísticas, dos contadoras de dinero, 14 radios con nueve cargadores y 43 baterías, 30 tarjetas con claves de comunicación, dos mapas de San José del Cabo y diversas dosis de droga.

Chihuahua: laboratorio clandestino y precursores químicos

El operativo en Chihuahua apuntó directamente a la cadena de producción de drogas sintéticas. La GN, el Ejército y la FGR inhabilitaron un laboratorio clandestino donde aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas LP.

En un segundo cateo vinculado al mismo caso, las autoridades localizaron un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de la misma sustancia, ocho cilindros de gas, 12 cargadores y una motocicleta.

Durango, Colima, Guerrero, Jalisco y Tabasco

En Gómez Palacio, sobre la carretera a Chihuahua, el Ejército y la FGR detuvieron a una persona durante la inspección de un tractocamión. En el doble fondo de la caja seca encontraron 900 kilos de metanfetamina.

En Colima, en la colonia Bosques del Sur, la Semar y la Policía Estatal arrestaron a cuatro personas y les decomisaron 50 dosis de fentanilo y 69 dosis de metanfetaminas. En La Unión de Isidoro, Guerrero, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN y policías estatales y municipales aseguraron cinco armas largas, 14 cartuchos, dos cargadores y dosis de marihuana en el poblado El Mamey.

En Quitupan, Jalisco, el Ejército decomisó tres armas largas, cargadores, cartuchos y dos vehículos. En Centla, Tabasco, sobre la carretera Villahermosa-Centla, la Semar, el Ejército, la GN, la FGR, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron un tractocamión con 35 toneladas de fertilizante sustentable, un insumo susceptible de ser desviado hacia la producción de explosivos o drogas.

Miles de personas han acudido a la playa de Samil para presenciar una exhibición conjunta de las capacidades de los tres Ejércitos, la UME y la Guardia Civil. La demostración incluye simulaciones de combate, operaciones anfibias, rescates de emergencia y maniobras acrobáticas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y la Patrulla ASPA. Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en redes sociales el compromiso de los militares “al servicio de la ciudadanía y la paz”. “Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad”, ha afirmado en X.

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El programa oficial arrancó el viernes con una revista naval en la ría de Vigo, presidida por el Rey Felipe VI a bordo del Buque de Acción Marítima Audaz. El monarca, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pasó revista a dotaciones de la Armada y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El público pudo observar el despliegue de buques como el portaeronaves Juan Carlos I, el Castilla y varias fragatas, así como la participación de embarcaciones de la Guardia Civil, entre ellas la Duque de Ahumada y la Río Luna.

Novedades del ejército y debut de la princesa Leonor

El desfile de este sábado presenta como gran novedad al VCR 8x8 Dragón, un blindado que simboliza la modernización del Ejército de Tierra tras años de retrasos y dificultades técnicas. Tres unidades del Dragón recorren hoy las calles de Vigo junto al nuevo vehículo terrestre sin conductor Alano, diseñado en España y capaz de transportar 650 kilos con control remoto o autonomía. Su incorporación supone un avance relevante en la capacidad operativa de las fuerzas terrestres y responde a una necesidad de actualización tecnológica, aunque los retrasos han generado dudas y polémicas alrededor.

El acto central incluye honores a los Reyes y la Princesa Leonor, que, por primera vez, está presente en la tribuna junto a sus padres. La participación de la Princesa, próxima a terminar su formación militar, le da un carácter especial a la edición de este año. El despliegue de medios y personal convierte a Vigo en el centro de atención nacional durante la jornada. El izado de bandera y los saludos protocolarios entre la Casa Real y las distintas figuras presentes, como los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, han dado comienzo al desfile. Como es habitual, las diferentes unidades realizan su paso y saludan a Felipe VI al pasar por su tribuna.

El régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ejército de Nicaragua autorizó el ingreso temporal de tropas, naves y aeronaves de Rusia, China, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México y países centroamericanos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, una decisión que consolida una práctica semestral del Ejecutivo para habilitar ejercicios militares, intercambios y operaciones de asistencia humanitaria en territorio nicaragüense.

La medida también incluye la salida de personal militar nicaragüense hacia otros países para participar en actividades similares. Entre los datos más precisos del decreto figura el envío rotativo de 50 militares nicaragüenses, además de naves y aeronaves, a territorio ruso para ejercicios de intercambio militar, entrenamiento y asistencia humanitaria.

La autorización fue oficializada mediante el Decreto Presidencial No. 05-2026, publicado el 29 de mayo de 2026 en La Gaceta, Diario Oficial. El texto establece que las actividades aprobadas abarcan el segundo semestre del año, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto habilita la presencia militar de ocho países y de la CFAC

De acuerdo con el decreto, Nicaragua autorizó el tránsito y estacionamiento temporal de efectivos, embarcaciones y aeronaves de la Federación de Rusia, la República Popular China, los Estados Unidos Mexicanos, la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, los Estados Unidos de América y los países integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.

Ese bloque regional de la CFAC incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. El permiso comprende ejercicios de cooperación, intercambio de experiencias y acciones de asistencia humanitaria coordinadas con el Ejército de Nicaragua.

Rusia vuelve a ocupar un lugar central en el esquema de cooperación militar aprobado por Managua. El decreto autoriza el ingreso de personal militar ruso para ejercicios de adiestramiento, intercambio de experiencias y operaciones de ayuda humanitaria junto al Ejército de Nicaragua.

El mismo documento también habilita la participación de efectivos rusos en operaciones marítimas de lucha contra actividades ilícitas en el Caribe y el Pacífico nicaragüense. A eso se suman ejercicios con unidades especiales y cuerpos de transmisiones del Ejército.

Estados Unidos y México participarán en misiones humanitarias y de rescate

El decreto también contempla la participación de personal militar de Estados Unidos y México en actividades coordinadas con las fuerzas nicaragüenses. En el caso estadounidense, la autorización cubre el ingreso de personal, aeronaves y naves militares para operaciones humanitarias, misiones de búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales.

La disposición agrega que podrán llegar efectivos militares estadounidenses previamente coordinados con las autoridades nicaragüenses para apoyar operaciones de ayuda humanitaria por aire, mar y tierra. Nicaragua, a su vez, enviará contingentes militares hacia México durante el segundo semestre para participar en actividades del mismo tipo.

China también aparece en el decreto, aunque el texto ofrece menos detalles sobre sus operaciones que en los casos de Rusia, Estados Unidos, México y Venezuela. La autorización para el ingreso de fuerzas de la República Popular China se inscribe en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y estratégicas que Managua desarrolló con Pekín tras romper relaciones con Taiwán en diciembre de 2021.

Cuba y Venezuela mantendrán intercambios y ejercicios conjuntos con Managua

Cuba y Venezuela seguirán participando en intercambios militares y operaciones humanitarias con Nicaragua, según el decreto. En el caso venezolano, la autorización comprende la intervención de distintas unidades militares en ejercicios conjuntos de rescate, atención ante desastres naturales, operaciones marítimas y combate a actividades ilícitas.

El texto también prevé la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en intercambios y labores de carácter humanitario junto a personal militar nicaragüense. Esa cooperación se suma a la habilitación general otorgada a otros países aliados del gobierno de Managua.

La autorización para el ingreso de tropas extranjeras se repite cada seis meses bajo la administración Ortega-Murillo. En cada período, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo aprueban decretos de alcance similar para permitir la presencia temporal de contingentes militares extranjeros en el país.

Un ataque ocurrido la tarde del 28 de mayo en El Doncello, Caquetá, puso nuevamente en evidencia la fragilidad de los esquemas de protección para líderes sociales en Colombia.

El dirigente Hugo Cuéllar, conocido por su defensa comunitaria en San Vicente del Caguán, fue blanco de disparos cuando circulaba en el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Ante estos hechos el Ejército Nacional emitió un pronunciamineto, asegurando que la aparición de hombres armados circulando sin identificación sobre la Ruta Nacional 65 generó una respuesta inmediata por parte de la Brigada 12 del Ejército Nacional, según confirmaron fuentes militares.

El hecho tuvo lugar entre los municipios de El Paujil y El Doncello, en el departamento de Caquetá.

Horas antes, las autoridades habían detectado pancartas con mensajes alusivos a las extintas Farc-EP instaladas en ese mismo corredor vial. Este hallazgo incrementó la preocupación en la zona y motivó un despliegue reforzado de los operativos de control territorial.

Durante las acciones de patrullaje, las tropas se encontraron con los ocupantes de un vehículo que formaban parte de un esquema de seguridad. La situación derivó en un intercambio de disparos, hasta que los involucrados se identificaron como integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De este enfrentamiento no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Las autoridades informaron que ya se encuentran investigando para determinar con precisión lo sucedido y establecer si existió alguna irregularidad en la actuación de los involucrados.

Ataque contra esquema de seguridad de líder social en Caquetá

La camioneta de Hugo Cuéllar fue atacada por dos hombres en una motocicleta verde, que abrieron fuego con una mini uzi al interceptar al vehículo. La pronta reacción policial permitió la captura de los agresores, aunque la Policía Nacional aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos.

Los escoltas relataron a Infobae Colombia que todo ocurrió cuando se acercaban a la última estación de servicio antes de ingresar al municipio: “Venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Confusión y versiones encontradas tras la captura

Tras el ataque, los responsables fueron trasladados a la estación de policía local. Allí, un mayor del Ejército explicó a los funcionarios que los detenidos serían integrantes de la institución que cumplían labores de verificación, siguiendo información sobre un vehículo con características similares en la zona. Según esta versión, habrían recibido una orden para esperar el paso de una camioneta con personal armado.

Mientras tanto, la camioneta permanece bajo custodia en las instalaciones de la Policía Nacional. Los miembros del esquema de seguridad insisten en conocer la razón detrás del ataque, ya que, según uno de ellos, “estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

A pesar de la gravedad del ataque, ninguno de los ocupantes resultó herido de consideración. Los escoltas destacaron que solo el blindaje de nivel superior del vehículo evitó una tragedia.

El hecho no dejó consecuencias graves ni víctimas fatales, pero evidenció los riesgos que persisten para los líderes sociales protegidos por la UNP en zonas marcadas por la violencia y las deficiencias en el momento de la comunicación por aprte de las autoridades territoriales, y entidades que tienen a cargo la protección de funcionarios.

Sigue la violencia contra líderes sociales en Colombia. En la tarde del 28 de mayo se registró un ataque contra el esquema de seguridad del dirigente Hugo Cuéllar, reconocido por su labor en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho se registró en el sector de El Doncello, donde hombres a bordo de una motocicleta que portaban una mini uzi dispararon contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Tras la ráfaga y debido a la cercanía de la estación de policía del municipio, uniformados capturaron a los responsables, pero hasta el momento la institución no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

La camioneta permanece en las instalaciones de la Policía Nacional en El Doncello, mientras que el líder social reclama respuestas por una versión que le han entregado uniformados sobre el hecho.

Tras ser interceptados, los sujetos que perpetraron el ataque fueron ingresados a la estación de policía, en la que un oficial del Ejército Nacional le indicó a los funcionarios que se habría tratado de un error y que los detenidos serían integrantes de la institución a los que les dieron órdenes de esperar un vehículo de características similares que iba a pasar con personal armado.

El relato de los hechos

Infobae Colombia tuvo acceso a un audio que envió uno de los escoltas que estaba en el lugar de los hechos tras el atentado contra el líder social.

“Veníamos entrando a El Doncello, antes de la última bomba aquí a mano izquierda entrando, que es la de Terpel, venían dos manes en una moto adelante. Los manes venían por toda la mitad de la carretera de civil y en una moto verde. Yo dije: ‘Píteles’, porque nosotros pensábamos que los manes estaban borrachos. Cuando le pitó, paran la moto en toda la línea, el de atrás se voltea y lo primero que le vemos es una uzi y nos da plomo de una vez, un solo rafagazo”.

Luego de escapar del lugar y estar seguros en el casco urbano del municipio, los escoltas se acercaron a la estación de policía donde estaban los perpetradores del ataque.

Posteriormente, un mayor del Ejército se hizo presente e informó que los detenidos pertenecían a las fuerzas militares y que, según versiones, se encontraban realizando labores de verificación tras recibir información sobre un vehículo con características similares circulando en la zona.

“Estamos esperando que llegue el coronel de la brigada, el fiscal, porque aquí tienen a los manes. Supuestamente, que ellos tenían una información de una camioneta en ese estilo que lleva gente armada, pero dispararon sin identificarse ni nada, acá estamos esperando”.

Los integrantes del esquema de seguridad no sufrieron heridas de gravedad; sin embargo, siguen pidiendo explicaciones sobre el hecho y argumentan que en caso de que la camioneta no tuviera un blindaje de nivel superior, los tripulantes del vehículo habrían muerto con este tipo de ataque.

A esto se suman los peligros a los que se exponen los protegidos y funcionarios de la UNP en la región, en donde los combates entre grupos armados y los retenes ilegales por parte de estructuras criminales son parte del día a día de los esquemas de seguridad.

“Lo delicado es que personas del Ejército y de civil están disparando contra vehículos sin ningún tipo de precaución, sin mirar quiénes están. Ellos no pueden simplemente disparar contra la gente en el casco urbano de un municipio”.

Alemania y Países Bajos han anunciado un refuerzo clave en la estructura de mando militar aliado en el Báltico con el objetivo de responder a compromisos de la OTAN. El 1GNC asumirá la autoridad sobre tropas aliadas y nacionales posicionadas en estos países, ampliando la capacidad de coordinación y reacción ante posibles amenazas en la región.

La integración de este segundo cuartel general táctico, que se suma al ya existente Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE), eleva la cohesión operativa de la Alianza Atlántica y acorta los tiempos de respuesta previstos en el nuevo Modelo de Fuerzas, definido en la cumbre de Vilna de 2023. Hasta la fecha, el MNC NE era el único responsable de la coordinación en esta zona considerada estratégica para la seguridad europea. La incorporación del 1GNC responde, además, a la necesidad de aumentar las unidades disponibles y reforzar la disuasión frente a potenciales acciones de Rusia.

Según detalló el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, la integración del 1GNC constituye “un ejemplo exitoso de cooperación multinacional”. Pistorius subrayó que en su sede trabajan efectivos de 16 países, lo que permite un modelo de interoperabilidad diaria y refuerza la naturaleza multinacional de la defensa europea. Esta ampliación de la estructura de mando fue recogida también por Frankfurter Allgemeine Zeitung, que destacó la importancia del compromiso germano-neerlandés en el contexto actual de seguridad en Europa.

Mando en caso de guerra y hasta 50.000 militares

La función principal del I Cuerpo Alemán-Neerlandés será liderar entrenamientos, maniobras y actividades preparatorias en coordinación con los elementos aliados desplegados en Estonia y Letonia. En caso de conflicto, el 1GNC asumirá el mando principal para la defensa del flanco oriental de la Alianza. Este cuartel general dispone de experiencia acreditada en misiones de gestión de crisis, destacando su actuación en la ISAF en Afganistán en 2003, 2009 y 2013, así como su participación en la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN durante siete años entre 2005 y 2024.

Creado en 1995, el 1GNC alterna la jefatura entre Alemania y los Países Bajos. La responsabilidad del mando permanece actualmente en manos alemanas, con previsión de traspaso a los Países Bajos a partir de 2028. Además de los dos países fundadores, otras 14 naciones de la OTAN aportan personal a la estructura del cuartel general, que está capacitado para coordinar hasta 50.000 efectivos en situaciones de paz, crisis o conflicto.

Compromiso y futuro de la defensa europea

La decisión, de acuerdo con los comunicados oficiales de los ministerios de Defensa de Alemania y los Países Bajos, pone de manifiesto la voluntad de ambos países de asumir mayor responsabilidad en el ámbito de la defensa europea. Este nuevo despliegue refuerza el vínculo político-militar entre ambos estados y lleva el compromiso de la OTAN con la seguridad de los países bálticos a un nivel operativo superior.

El refuerzo de la estructura de mando en Estonia y Letonia, junto a la interoperabilidad diaria de sus integrantes, busca consolidar la respuesta de la OTAN ante posibles escenarios de crisis en el este de Europa. El acuerdo será uno de los ejes de la próxima cumbre de la Alianza en La Haya, donde se definirán los avances del nuevo Modelo de Fuerzas y la estrategia de defensa colectiva para los próximos años.

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 26 de mayo que es “engañoso” afirmar, como difunden videos virales en redes sociales, que enlistarse en el Ejército estadounidense es la forma “más fácil y rápida” de obtener la ciudadanía.

En un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, la representación diplomática de los Estados Unidos señaló que el servicio militar puede apoyar ciertos procesos de naturalización, pero “no es una vía abierta para cualquier migrante” y exige cumplir requisitos específicos de elegibilidad y servicio.

La Embajada precisó que, para enlistarse, se necesita residencia permanente legal (Green Card) y, además, “hablar, leer y escribir inglés con fluidez”. También advirtió que no se puede entrar al Ejército para ingresar a Estados Unidos o para obtener una visa.

“No tomes decisiones migratorias con información incompleta”, añadió la Embajada, que recomendó consultar fuentes oficiales.

La embajada de Estados Unidos advierte riesgos legales para viajeros rumbo al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que viajen a México por el Mundial 2026 y advirtió que portar o intentar ingresar objetos prohibidos puede derivar en multas, arrestos, encarcelamiento o deportación. El aviso recalca que desconocer la ley mexicana no exime de sanciones y cobra peso por el arranque del torneo, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La lista incluye armas de fuego, municiones, incluso cartuchos usados, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano. La sede diplomática precisó que los permisos expedidos en el extranjero no tienen validez en territorio nacional.

Otros artefactos prohibidos son los cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo y sus líquidos, según la Embajada de Estados Unidos. La consecuencia, añade el aviso, puede ir de multas y decomisos hasta arrestos.

Sobre ese punto, la advertencia indica que el tráfico ilegal de armas es un delito castigado con severidad en México. La recomendación para los asistentes es no intentar evadir revisiones ni incumplir los puntos de control establecidos por autoridades mexicanas.

Miles de visitantes extranjeros acudirán al país por la Copa Mundial 2026. En ese contexto, la representación diplomática pidió revisar pasaportes, ordenar con anticipación la documentación migratoria y registrar la estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, de acuerdo con el comunicado.

El gobierno estadounidense exigirá que el trámite de la Green Card sea realizado fuera del país para la mayoría de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la mayoría de los migrantes mexicanos que buscan la Green Card deberán salir de Estados Unidos para terminar el trámite en consulados de su país de origen, una medida que elimina la posibilidad de concluir ese proceso dentro del territorio estadounidense para quienes están ahí sin documentos migratorios válidos, según el propio organismo.

De acuerdo con USCIS, la nueva disposición no aplica a quienes ya tienen un proceso aprobado ni a personas con un estatus protegido por acuerdos internacionales. El organismo también sostuvo que el cambio libera recursos limitados de la agencia para atender otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas y solicitudes de naturalización.

Uno de los hechos que dejó en evidencia las alianzas que a finales de los 90 e inicio de los 2000 se registraron entre la fuerza pública y las estructuras paramilitares fue la operación Orión, registrada entre el 16 y 19 de octubre de 2002 en la comuna 13 de Medellín, Antioquia.

Este hecho ha vuelto a ser relevante por el microcaso que se desarrolla por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), en la que el excomandante del Ejército Nacional, el general Mario Montoya, afirmó que las pruebas de que en la operación participaron paramilitares han sido mostradas al público durante décadas.

Durante la diligencia fue mostrada una foto que el general Montoya, considerado uno de los responsables directos de lo registrado en la comuna 13, utilizó para explicar cómo fue la participación paramilitar en la operación.

Cabe recordar que en ese momento Montoya era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en Medellín, y fue designado para comandar la mayor operación militar urbana de la historia de Colombia.

Montoya se mostró sorprendido al indicar que la fotografía tomada por Jesús Abad Colorado, que ha estado en varias galerías a nivel internacional, es la prueba más contundente para afirmar que las autodefensas lideraron tácticamente la operación. El militar retirado recordó que todos los encapuchados eran “guías” de las AUC y debían proteger su rostro porque en realidad se trataba de habitantes de la zona que no querían exponer a sus familias.

Los “guías” habrían sido reclutados y, de acuerdo con Montoya, no podían llevar ningún tipo de armamento en el momento de la intervención, aunque esto ha sido cuestionado por sobrevivientes de la masacre.

“La capucha es para proteger la identidad. Si no lleva armamento, es guía, porque no puede llevar armamento. Si está uniformado y lleva capucha, no es un soldado, es guía. Eso es lo que le puedo decir, señor magistrado”.

Una fotografía inédita, que fue expuesta durante la diligencia, contrarrestó las afirmaciones de Montoya, ya que en esta se observa a encapuchados con armas largas durante la operación Orión, lo que sería la prueba clave para confirmar que los paramilitares no solo señalaron a los presuntos guerrilleros, sino que también atacaron a la población.

La JEP también reveló que el protagonista de la foto de Jesús Abad Colorado es Marlon Andrés Castañeda, conocido en las AUC como “El Gomelo”, que en ese momento estaba infiltrado en los Comandos Armados del Pueblo (una milicia rural) que tenía como objetivo obtener todo el poder territorial en las comunas de Medellín.

El contraste con la versión inicial

De manera oficial, se informó que en la operación participaron miembros del Ejército y la Policía, pero años más tarde se confirmó que en el hecho también hubo injerencia de paramilitares que hicieron las veces de “guías” y señalaron a presuntos integrantes de la guerrilla.

En la operación se registró el homicidio de 88 personas y hay reportes que hablan de más de 90 desaparecidos por el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, que años más tarde fue parte del proceso de paz que se concretó con el Estado.

Años más tarde, se confirmó que esto fue una estrategia que se ejecutó luego de que tras la muerte de Pablo Escobar, el poder de la ciudad fuera asumido por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que en el operativo hubo una efímera unión entre el grupo paramilitar y el Ejército Nacional para terminar con los grupos criminales de la comuna, que según ellos, eran liderados por guerrilleros.

Tras esta toma, la violencia en los barrios de Medellín no disminuyó, sino que se registró una especie de aval por parte de las autoridades que permitió que estructuras paramilitares aumentaran su presencia en la región hasta el proceso de desmovilización, pero que sigue vigente con las estructuras criminales que se crearon desde ese momento.

Durante la tarde de este lunes 18 de mayo, tropas del Ejército Nacional sostuvieron fuertes enfrentamientos contra integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en zona rural del municipio de Suárez, en medio de una ofensiva militar que busca contener el accionar armado de estos grupos ilegales en el suroccidente del país.

La operación fue adelantada por la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, según confirmó la Tercera División del Ejército a través de un pronunciamiento oficial difundido en redes sociales.

Ejército denunció uso de explosivos lanzados con rampas artesanales

De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares, durante el desarrollo de los combates, integrantes de la estructura Jaime Martínez habrían intentado utilizar explosivos improvisados lanzados mediante rampas artesanales, una modalidad que las autoridades calificaron como altamente peligrosa por el riesgo que representa para las comunidades campesinas de la región.

“Estos grupos armados ilegales, que han intentado emplear explosivos lanzados mediante rampas para generar terror y afectar a la población civil y a la Fuerza Pública, enfrentan una acción legítima y contundente de nuestras tropas”, señaló la Tercera División del Ejército.

Las autoridades indicaron que este tipo de artefactos explosivos tiene una capacidad destructiva considerable y resulta difícil de controlar una vez es lanzado, lo que incrementa el peligro para habitantes de zonas rurales cercanas a los enfrentamientos.

La operación militar, hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre capturas, personas heridas o posibles bajas en medio de los combates.

Suárez, uno de los focos de violencia en el norte del Cauca

Los enfrentamientos se registran en una zona históricamente afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales ligadas al narcotráfico, la minería ilegal y el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas.

La estructura Jaime Martínez, perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, mantiene influencia en municipios como Suárez, Morales, Buenos Aires y Santander de Quilichao, donde constantemente se presentan hostigamientos, ataques con explosivos y amenazas contra la población civil.

El norte del Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de confrontación armada del país, debido a la disputa territorial entre grupos ilegales y las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública para recuperar el control de la región.

En los últimos meses, el departamento ha registrado un incremento de acciones violentas atribuidas a las disidencias, entre ellas ataques contra estaciones de Policía, retenes ilegales, enfrentamientos armados y atentados con explosivos.

Operaciones contra estructuras bajo mando de alias “Iván Mordisco”

De acuerdo con El Espectador, la ofensiva militar en Suárez hace parte de las operaciones desplegadas por las autoridades contra estructuras criminales que estarían bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

Las autoridades han intensificado las acciones luego de la ola de atentados ocurrida en el suroccidente del país a finales de abril, cuando se registraron al menos 26 ataques entre Cali y Cauca.

Uno de los hechos más graves ocurrió en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), donde un atentado con cilindro bomba dejó 20 personas muertas y más de 36 heridas, incluidos varios menores de edad.

Tras esos hechos, las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia reforzaron las operaciones para identificar y capturar a los responsables de la escalada terrorista.

El pasado 28 de abril fue capturado Alex Vitonco Andela, alias “Mi Pez”, señalado de coordinar varios ataques y de pertenecer a la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central. Días después, tropas del Ejército también reportaron la captura de alias “El Mono”, presunto integrante de la estructura Jaime Martínez y cercano a alias “Marlon”.

Alias “Marlon”, uno de los principales jefes de las disidencias en el Cauca

Información de inteligencia conocida en los últimos días señala que Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, sería uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

Según las autoridades, este hombre estaría al frente de la estructura Jaime Martínez y tendría influencia criminal en municipios estratégicos del norte del Cauca como Buenos Aires, Morales y Suárez.

Las autoridades consideran que esta estructura es una de las más fuertes y violentas dentro del bloque de disidencias que opera en el país, especialmente por el uso de explosivos, ataques contra la Fuerza Pública y presuntas presiones contra comunidades rurales.

Denuncias políticas y presuntas presiones armadas en Cauca

En medio del recrudecimiento de la violencia en el Cauca, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció recientemente que las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos estarían presionando a comunidades para favorecer electoralmente al senador Iván Cepeda Castro.

Uribe aseguró que en algunas veredas de Santander de Quilichao, presuntos integrantes de estos grupos armados estarían exigiendo a habitantes entregar actas electorales y manipulando procesos de votación.

Por su parte, Cepeda también había advertido semanas atrás sobre información relacionada con presuntas presiones ejercidas por grupos armados ilegales para intentar influir en las elecciones presidenciales de 2026.

Mientras avanzan las investigaciones y continúan los operativos militares, la situación de orden público en el Cauca sigue generando preocupación entre las autoridades y las comunidades afectadas por la persistencia del conflicto armado.

Guatemala sigue ejecutando acciones en los centros penitenciarios. Esta mañana se realiza un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, con un despliegue coordinado del Sistema Penitenciario de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ejército para recuperar el control del penal, epicentro reciente de motines y foco de privilegios extendidos a cabecillas delictivos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la medida busca interrumpir la coordinación de ilícitos internos y responder a la presión social generada tras episodios de violencia carcelaria registrados desde principios de año.

La intervención de este 16 de mayo no es aislada. Según consigna el medio Emisoras Unidas, el pasado 25 de abril se decomisaron ocho teléfonos celulares, un enrutador de internet, un panel solar, 80 cajetillas de cigarrillos y armas punzocortantes, lo que evidencia la continuidad de los operativos para erradicar el ingreso de objetos ilícitos. Los equipos desplegados, conformados por elementos de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, ingresaron al penal antes del amanecer, equipados con chalecos antibalas, gorros pasamontañas y armamento adecuado.

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó a Publinews que el penal alberga reclusos calificados como de alta peligrosidad, incluidos integrantes de la llamada “Rueda del Barrio 18”, estructura imputada de coordinar extorsiones, sicariato y ataques violentos fuera y dentro de las instalaciones. Autoridades indicaron que los detalles completos sobre posibles nuevos decomisos o traslados ejecutados serían difundidos únicamente tras la conclusión del operativo, manteniendo la confidencialidad táctica.

La situación en Renovación I escaló a un nivel crítico tras los disturbios del 17 de enero de 2026, cuando un amotinamiento mantuvo bajo tensión el penal durante más de 24 horas. Según el Grupo Emisoras Unidas, la intervención policial culminó con el sometimiento de diversos líderes de estructuras criminales, un hecho que desencadenó represalias dirigidas contra la institución: once agentes de la PNC perdieron la vida en ataques inmediatos a la toma del penal.

Investigaciones documentadas por Prensa Libre y Emisoras Unidas revelaron evidencias de privilegios concedidos a cabecillas, como la existencia de aire acondicionado, alimentos de restaurante y solicitudes de camas “king size”. En respuesta, el Ministerio de Gobernación, dirigido por Marco Antonio Villeda, ordenó la construcción de áreas especiales dentro de Renovación I para aislar a los principales responsables, entre ellos se encuentra Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Estos líderes fueron reubicados en contenedores habilitados, con el fin de restringir su acceso a recursos y tecnología que facilitaban la coordinación de delitos desde el interior.

Renovación I: foco de requisas y epicentro del crimen organizado carcelario

Según consigna Prensa Libre, la cárcel de Renovación I es considerada como epicentro de las estrategias estatales para combatir la criminalidad penitenciaria en Guatemala. Las reiteradas requisas han llevado al hallazgo de electrodomésticos, ventiladores y áreas especialmente acondicionadas para cabecillas; todos estos elementos fueron utilizados para mantener un control efectivo sobre distintas formas de delincuencia pese al encierro formal.

De acuerdo con la documentación del medio, los disturbios y la presión ejercida por estructuras internas buscaban restablecer los beneficios a los que estuvieron acostumbrados algunos líderes, tendencia que marcó la pauta de endurecimiento y aislamiento promovida por el Gobierno en los meses recientes.

A raíz de estos operativos, Renovación I se consolidó como un caso representativo de la problemática carcelaria en Guatemala, donde la coexistencia de reclusos de alta peligrosidad y la capacidad de las autoridades para impedir la reproducción de prácticas criminales dentro de los muros constituye un desafío en permanente evolución.

Luego de varios días de violencia, ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades de la Montaña baja de Guerrero, autoridades federales y estatales acompañaron el retorno de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa.

El operativo se realizó con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal y organismos de atención a víctimas.

El regreso ocurre después de una crisis de seguridad que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante los enfrentamientos atribuidos a grupos criminales que operan en la región, principalmente Los Ardillos y Los Tlacos.

Durante los últimos días, habitantes denunciaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y presuntos bombardeos con drones, situación que derivó en múltiples llamados de auxilio por parte de pobladores indígenas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo de retorno incluyó el traslado de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños y jóvenes en vehículos oficiales, además de la entrega de alimentos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y otros insumos básicos.

Gobierno federal despliega operativo de seguridad en la región

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el acompañamiento a las familias desplazadas y aseguró que se mantienen mesas de diálogo y trabajo para garantizar que el retorno sea permanente y se realice bajo condiciones de seguridad.

Como parte de las acciones anunciadas, la Secretaría de la Defensa Nacional instalará un corredor seguro para permitir el libre tránsito entre Xicotlán y la cabecera municipal, así como el ingreso de suministros a las localidades afectadas.

También se informó que comenzará un censo de viviendas dañadas para evaluar afectaciones y apoyar en la reconstrucción de casas que resultaron impactadas por la violencia.

En el operativo participaron además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de derechos humanos del estado y funcionarios de la Mesa Estatal de Paz.

Las autoridades señalaron que las familias recibirán acompañamiento psicológico y seguimiento emocional tras los hechos registrados en la zona.

Habitantes denunciaron abandono y ataques armados

La crisis en Chilapa se intensificó desde el pasado 6 de mayo, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas presuntamente perpetradas por integrantes de Los Ardillos.

En videos difundidos en redes sociales, pobladores aseguraron que los ataques continuaban pese a la presencia anunciada por autoridades federales.

Algunos habitantes afirmaron que debieron refugiarse en cerros y zonas alejadas mientras continuaban las detonaciones y sobrevuelos de drones.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos denunciaron una crisis humanitaria derivada del desplazamiento masivo.

Mientras autoridades federales reconocieron inicialmente 96 personas desplazadas, colectivos comunitarios y organismos civiles señalaron que la cifra podría superar las mil personas en distintas comunidades de la región.

Lo que denunciaron los pobladores durante la crisis

• Ataques con armas de alto calibre y drones en comunidades indígenas.
• Incendio de viviendas y abandono forzado de localidades.
• Falta de alimentos y refugio para mujeres, niños y adultos mayores.
• Reportes de personas asesinadas y desaparecidas.
• Peticiones urgentes de intervención y protección federal.

Violencia en Guerrero revive crisis de desplazamiento interno

El caso de Xicotlán volvió a poner sobre la mesa la problemática del desplazamiento forzado en Guerrero, una situación que durante años ha afectado a comunidades rurales e indígenas atrapadas en disputas entre grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones advirtieron que la violencia en la Montaña baja refleja años de omisión institucional y exigieron medidas urgentes para proteger a las comunidades.

Además de los desplazamientos recientes, organizaciones comunitarias denunciaron asesinatos y desapariciones vinculadas al conflicto.

Entre las víctimas reportadas se encuentran habitantes de Xicotlán y Alcozacán, mientras continúan las investigaciones sobre otros casos registrados en la región.

Autoridades buscan garantizar un retorno permanente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que el objetivo del gobierno federal era evitar enfrentamientos que pusieran en riesgo a la población civil y priorizar el diálogo para permitir el ingreso de fuerzas de seguridad y atención médica.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la región permanece bajo tensión debido a la disputa entre grupos criminales, aunque aseguró que existe presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales.

Con el retorno de las 118 personas a Xicotlán, autoridades federales y estatales buscan estabilizar la zona y evitar nuevos desplazamientos.

Sin embargo, habitantes y organizaciones civiles insisten en que la permanencia de la seguridad será clave para impedir que las familias vuelvan a abandonar sus hogares.

Luego de diversos días violentos por las pugnas entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales del Ejército, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Mientras que el 12 de mayo la Segob destacó que ya habían retomado el control de Chilapa, un día después las autoridades informaron que diversos funcionarios acudieron al lugar, de manera particular Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Van por corredor y apuestan por mesa de diálogo

Junto con los elementos de la Mesa de Paz recorrieron Alcozacán y Coatzingo para hablar con personas afectadas por el desplazamiento y quienes solicitaron mejores condiciones de seguridad, lo que incluye un corredor seguro con el que puedan movilizarse y acceder a atención médica, alimentos y productos de primera necesidad.

De igual manera, fue propuesta una mesa de diálogo entre las autoridades estatales, federales y comisarios ejidales, con el que pueda haber un acuerdo y así generar condiciones de paz y convivencia.

“El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Otros de los funcionarios en el sitio fueron:

• José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la Novena Región Militar, general
• Juan Ignacio Hernández, comandante de la 35 Zona Militar
• El coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García
• Los titulares de la Secretaría de Seguridad estatal y fiscal, Daniel Antonio Ledesma y Jesús Zipacná Torre, respectivamente, entre otros

La pugna entre Los Tlacos y Los Ardillos

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que informó que la violencia aumentó en la región por las pugnas entre Los Tlacos y Los Ardillos.

Al ser cuestionado de manera directa sobre los factores que derivaron en la violencia en la entidad, el funcionario señaló a los grupos criminales referidos.

“Aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, comentó Harfuch en Palacio Nacional.

Los datos de la Segob indican que 120 personas desplazadas decidieron no ir a un albergue, sino quedarse en sus comunidades. De igual manera, en el reporte del 12 de mayo las autoridades informaron sobre seis personas lesionadas y que recibieron atención médica.

Mientras que para el 11 de mayo habían sido reportadas un total de 96 personas desplazadas, según expuso García Harfuch.

La situación hizo que tuvieran que ser desplegados 690 efectivos del Ejército y 400 de la Guardia Nacional.

La disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos volvió a colocar a la sierra y la Montaña baja de Guerrero en el centro de la violencia criminal tras los recientes reportes de ataques armados, desplazamientos forzados y comunidades sitiadas en municipios cercanos a Chilapa.

El gobierno federal confirmó el desplazamiento de decenas de personas en la región y desplegó elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la visita personal de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el riesgo para la población civil derivado de la confrontación entre ambos grupos criminales.

La violencia reciente volvió a exhibir el poder regional de Los Tlacos, organización también conocida como el Cártel de la Sierra, identificada desde hace años por autoridades federales como uno de los grupos armados con mayor capacidad operativa en Guerrero.

2009: la caída de Arturo Beltrán Leyva y el reacomodo criminal en Guerrero

La historia de Los Tlacos comenzó a tomar forma tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, ocurrida en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos.

La caída del líder criminal aceleró la fragmentación de estructuras del narcotráfico en Guerrero y provocó disputas entre células regionales por corredores estratégicos, rutas de trasiego y zonas de producción de amapola.

En los años posteriores surgieron múltiples grupos locales armados que comenzaron a disputar territorios serranos y economías ilegales relacionadas con drogas, extorsión, transporte y cobro de cuotas.

El nacimiento del Cártel de la Sierra en Tlacotepec

Investigaciones periodísticas y reportes de seguridad ubican la consolidación de Los Tlacos alrededor de 2017 en el municipio de Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec, región serrana de donde deriva el nombre con el que se identifica al grupo.

La organización también comenzó a ser llamada Cártel de la Sierra debido a su presencia territorial en comunidades serranas y su capacidad de movilización en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con reportes oficiales, Los Tlacos surgieron inicialmente como una estructura vinculada a sistemas de policía comunitaria y autodefensas que operaban en la sierra de Guerrero, bajo el argumento de enfrentar a organizaciones rivales.

Con el paso del tiempo evolucionaron hacia una organización criminal con operaciones propias y control regional.

Líderes de Los Tlacos

Autoridades federales identificaron como principal líder de la organización a Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, considerado durante años uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Guerrero.

También fueron señalados otros integrantes de la estructura criminal, entre ellos Javier Marquina Chapa, alias “Barbas”, así como Leonel “N”, alias “La Changa” o “El 80”, identificado como operador regional y jefe de sicarios en municipios como Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco.

Conforme expandió presencia territorial, el grupo fortaleció células armadas en distintas regiones de Guerrero y consolidó corredores de operación en municipios serranos, zonas rurales y rutas regionales.

Actividades criminales que fortalecieron al grupo

Reportes de seguridad atribuyen a Los Tlacos actividades relacionadas con producción y trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y control de rutas criminales en distintas regiones de Guerrero.

La organización también fue vinculada con presión sobre comerciantes, transportistas y actividades económicas regionales, además de disputas por corredores utilizados para movilidad de droga y armamento.

Especialistas en seguridad señalaron que el crecimiento del grupo coincidió con el debilitamiento institucional y la expansión de economías criminales en comunidades donde el Estado mantiene limitada presencia operativa.

Además del narcotráfico, investigaciones periodísticas señalaron que organizaciones criminales en Guerrero también comenzaron a disputar economías vinculadas con minería, tala y producción agrícola.

La guerra contra La Familia Michoacana y Los Ardillos

La expansión de Los Tlacos derivó en enfrentamientos contra La Familia Michoacana y posteriormente contra Los Ardillos, grupos con los que disputa territorios estratégicos en Guerrero.

La confrontación provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos, asesinatos y desplazamientos forzados en distintas regiones de la entidad.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en San Miguel Totolapan, donde enfrentamientos entre organizaciones criminales dejaron múltiples personas asesinadas en medio de la disputa territorial.

La violencia también alcanzó Chilpancingo. Durante 2023, transportistas suspendieron actividades y grupos criminales realizaron bloqueos y ataques que paralizaron parcialmente la capital guerrerense.

Tras esos hechos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que Los Tlacos y Los Ardillos mantenían una confrontación activa y contaban con capacidad de movilización en distintas regiones del estado.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos y la crisis de gobernabilidad

Además de su expansión armada, Los Tlacos también fueron relacionados en investigaciones periodísticas con presuntas redes de influencia política y control regional en municipios de Guerrero.

Reportes publicados por medios como El País México y Proceso documentaron cómo distintos grupos criminales en Guerrero lograron —durante años— ejercer presión sobre autoridades municipales, transportistas, comerciantes y líderes comunitarios en regiones donde el Estado perdió capacidad operativa.

Uno de los episodios que exhibió públicamente esa crisis ocurrió en julio de 2023, cuando bloqueos, ataques e incendios paralizaron parcialmente Chilpancingo. Durante aquella jornada, transportistas y civiles denunciaron presiones del crimen organizado mientras autoridades estatales y federales desplegaron operativos en distintos puntos de la capital.

Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que organizaciones criminales en Guerrero no sólo disputaban rutas de narcotráfico, sino también actividades económicas locales, transporte público y mecanismos de presión política en municipios serranos y de la zona centro.

Además, se documentaron denuncias sobre presuntas relaciones entre actores políticos locales y grupos criminales, aunque las autoridades no han acreditado judicialmente vínculos directos entre funcionarios y Los Tlacos.

Propaganda criminal y control comunitario

En distintos momentos han circulado videos y fotografías donde presuntos integrantes de Los Tlacos aparecieron portando armas de alto calibre, vehículos blindados y equipo táctico mientras se identificaban como integrantes del Cártel de la Sierra.

La organización también fue relacionada con estrategias de control social en comunidades serranas. Material difundido en redes sociales mostró convoyes de hombres armados repartiendo juguetes y regalos durante celebraciones decembrinas en localidades de Guerrero.

Especialistas señalaron que este tipo de acciones forman parte de mecanismos utilizados por organizaciones criminales para fortalecer presencia territorial y generar vínculos con comunidades bajo disputa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 11 de mayo la constitucionalidad de la prohibición de que empresas de seguridad privada utilicen denominaciones que generen confusión con instituciones de seguridad pública, según resolución del Pleno en el Amparo en Revisión 123/2026.

De acuerdo con la SCJN, estas restricciones buscan proteger a la ciudadanía de posibles equívocos al distinguir servicios privados de seguridad frente a los ofrecidos por el Estado o las Fuerzas Armadas.

Empresa buscaba usar un nombre que podría generar confusión con fuerzas del Estado

El caso inició con la solicitud de una empresa para operar en todo el país bajo la expresión “Fuerzas Especiales” en su nombre, lo que provocó la negativa de autorización por parte de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en los artículos 32, fracción VIII, de la Ley Federal de Seguridad Privada y 23, fracción III, de su Reglamento.

La empresa promovió un juicio de amparo al considerar ambiguas frases legales como “que pudieran causar confusión”. El juzgado de distrito no abordó el fondo; el recurso terminó en revisión ante la SCJN.

Según el pronunciamiento del tribunal constitucional, expresiones como “que pudieran causar confusión” o “cualquier otra similar” no vulneran la seguridad jurídica, ya que el marco regulatorio es claro al prohibir nombres como "policía“, ”agente“, ”investigador“, ”federal" o similares para empresas de seguridad privada, con el fin de impedir que su denominación sugiera relación con cuerpos oficiales de seguridad pública, tanto nacionales como extranjeros.

La SCJN sostuvo que la legislación dispone de parámetros razonables y suficientes para evitar el uso de insignias, colores y elementos que induzcan a error a la población sobre la verdadera naturaleza privada de estos servicios.

SCJN ordena la reincorporación de estudiante de la Universidad de Guanajuato

La SCJN resolvió el pasado 7 de mayo que un estudiante de posgrado de la Universidad de Guanajuato debe ser reincorporado de inmediato a sus estudios y sin costo, luego de que su reinscripción fue cancelada por un pago fuera de plazo.

El tribunal también ordenó restaurar todos sus derechos académicos y normalizar su situación administrativa, decisión que subraya la obligación constitucional de garantizar el acceso continuo a la educación superior en México, incluso frente a dificultades administrativas.

El expediente judicial, identificado como Amparo en Revisión 526/2025, instruyó la reincorporación luego de que el estudiante perdió el registro debido a una sanción por no cubrir un pago en tiempo. El Pleno de la SCJN estableció que las universidades autónomas tienen la facultad de fijar reglamentos administrativos, pero su aplicación no puede convertirse en una barrera que impida el derecho a cursar o terminar una carrera universitaria.

En la misma resolución, la SCJN determinó que el Congreso del Estado de Guanajuato incurrió en una omisión inconstitucional al no asignar recursos suficientes para asegurar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, principio adoptado en la reforma educativa de 2019. El proyecto, presentado ante el tribunal por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, advirtió que lo anterior incumple el marco legal vigente para garantizar el acceso pleno a este nivel educativo.

Una avioneta con 636 kilogramos de cocaína fue asegurada en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su reporte de acciones relevantes correspondiente al 9 y 10 de mayo.

De acuerdo con la información oficial difundida este 11 de mayo, la droga estaba distribuida en 536 paquetes y tendría un valor estimado de 131.6 millones de pesos, lo que representa una afectación económica significativa para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa la aeronave, tipo Cessna, localizada en un terreno abierto con un camino de terracería, mientras personal militar mantiene el resguardo de la zona tras el aseguramiento.

El Gabinete de Seguridad precisó que el hallazgo se realizó como parte de labores de vigilancia aérea y terrestre desplegadas por fuerzas federales en el sur del país, en el marco de operativos orientados a frenar el tráfico de drogas.

Acciones en varias entidades

Como parte del mismo informe, se detallaron acciones en distintas entidades del país. En Chiapas, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cateos en los municipios de Tuxtla Chico y Suchiate, donde se detuvo a dos personas y se aseguraron armas, vehículos blindados, equipo de radiocomunicación y dinero en efectivo.

En Campeche, una operación conjunta entre la Guardia Nacional y la policía estatal derivó en la detención de cinco personas, a quienes se les decomisó un arma de fuego y un vehículo.

En Quintana Roo, autoridades federales reportaron el rescate de 10 personas víctimas de trata en el municipio de Isla Mujeres, mientras que en Guerrero, la Marina interceptó una embarcación con dos extranjeros que transportaban 26 bultos de cocaína frente a las costas de Ixtapa-Zihuatanejo.

En Sinaloa, fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Culiacán y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en Cosalá. En Sonora, se frenó el ingreso al país de más de 55 mil cartuchos útiles ocultos en tractocamiones, mientras que en Nuevo León se reportó la detención de un presunto líder de célula criminal en operativos realizados en San Pedro Garza García y Monterrey.

Brasil logró esta semana un hito tecnológico al entregar el primer lote de misiles antitanque fabricados localmente, según detalló el analista internacional Andrei Serbin Pont, en pleno escenario de alerta militar por la frontera con Venezuela.

En una columna con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Serbin Pont trazó la historia de un proceso que condensó décadas de desafíos industriales, crisis económicas y escándalos políticos para la industria de defensa de Brasil.

Brasil invierte en defensa ante la amenaza de Venezuela

“El ejército estaba convencido de que había chances de que Venezuela decidiera anexar ese territorio guyanés y lo hiciera a través de territorio brasileño”, explicó Serbin Pont. Esa hipótesis aceleró una movilización inédita de recursos militares hacia una región sin conexión terrestre, dominada por ríos y selva.

La necesidad de “tener algo con qué combatir al ejército venezolano, que sí contaba con muchos tanques y artillería”, impulsó a las fuerzas armadas a buscar opciones tecnológicas y acelerar el desarrollo local de misiles.

Serbin Pont subrayó: “Necesitábamos misiles antitanque y salimos a evaluar un montón de opciones, incluso internacionales, como los Spike. Pero el desarrollo propio llevaba ya treinta años”.

A lo largo de ese camino, la industria local enfrentó obstáculos que incluyeron la quiebra de Engesa, el escándalo Odebrecht —“Mectron estaba controlada por Odebrecht. Así que eso detona el avance del misil”, recordó— y la migración de talento técnico a otras firmas. Solo la llegada de capitales de Emiratos Árabes Unidos permitió reactivar la producción y entregar 120 misiles antiblindados al ejército brasileño este mes.

La larga marcha industrial: de OTO Melara a SIATT

Serbin Pont reconstruyó la genealogía del proyecto: “Esto nace de un proyecto que se da ya por los años noventa, proyecto italiano que no tuvo éxito, desarrollado por la gran OTO Melara. Eventualmente busca socios internacionales y se encuentra con Engesa, que fabricaba vehículos blindados en Brasil para tratar de desarrollar este misil antitanques”.

El recorrido incluyó una década de retrasos: “En 1996 recién logran conseguir un contrato por cuarenta prototipos y en 2004 se termina probando el prototipo. Los modelos preserie se entregan en 2013-2014”.

Pero la crisis y la corrupción truncaron el avance, forzando la transferencia a SIATT en 2017. “Esa empresa asume el proyecto, pero todavía muy complicada la situación. Recién, unos años después, lograrían avanzar porque llegan capitales extranjeros y logran empezar la producción”, sintetizó.

La relevancia geopolítica fue clave: “Las condiciones geopolíticas obligaron a Brasil a tomar medidas para proteger su frontera ante una posible conflictividad y a partir de ahí terminar de consolidar lo que fueron 30 años tratando de desarrollar esta tecnología”.

Argentina y Brasil: el espejo industrial de la defensa regional

El analista aprovechó el caso brasileño para analizar los desafíos compartidos en la región. “Estos son los desafíos que tenemos cuando hablamos de la industria nacional. A veces los proyectos caen y esos ingenieros terminan yendo a empresas en el exterior. No solo perdés la empresa, perdés sobre todo el recurso humano capacitado”, sostuvo.

Comparó el presente con el pasado de la industria argentina: “Hace 50 años Brasil miraba la industria de defensa argentina y decía: ‘Ojalá tuviésemos ese nivel de industria y pudiésemos desarrollarnos de esa manera’. Ahora nosotros los miramos a ellos y decimos: ‘Che, ¿qué hicimos mal?’”.

También ponderó el rol de las empresas de exportación: “Embraer se consolida a nivel internacional y le permite abarcar proyectos de una magnitud que antes quizás no le eran factibles. Son dos cosas que van de la mano, la industria civil y la de defensa”.

El caso brasileño, concluyó, demuestra que “ese motor de inversión en el ámbito de la defensa es lo que permite que se desarrolle esta industria, finalmente logrando consolidarse porque las condiciones geopolíticas lo obligaron a tomar medidas”.

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Organizaciones civiles documentaron operativos de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en diversas zonas de la Ciudad de México desde finales de abril, con detenciones que califican de arbitrarias. Entre las personas afectadas hay migrantes cubanas, haitianas, venezolanas y hondureñas, algunas de ellas con procesos activos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Queja formal ante la CNDH

Ante los hechos documentados, organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que el organismo investigue los hechos y emita medidas cautelares.

En el documento, las organizaciones denuncian que el 1 de mayo agentes del INM realizaron un operativo contra repartidores de plataformas digitales en las inmediaciones del centro comercial Miyana, en Polanco. Señalan que varias personas fueron detenidas sin considerar que contaban con trámites de solicitud de refugio, y que posteriormente fueron trasladadas a la Estación Migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

El testimonio de Julio: “Me quitaron los teléfonos y me subieron a la camioneta”

Uno de los testimonios incluidos en la queja es el de Julio —nombre ficticio para proteger su identidad—, quien relató que durante el operativo en Miyana, agentes del INM le solicitaron sus documentos. Aunque presentó la constancia de inscripción en el Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del gobierno capitalino, fue detenido de todas formas.

En la estación migratoria, narró, le tomaron datos personales, huellas dactilares y fotografías, y lo hicieron firmar documentos que no le permitieron leer. Pasada la medianoche fue trasladado en autobús junto con aproximadamente 20 personas más hasta Villahermosa, Tabasco, donde llegaron a otro centro de detención.

Operativos en múltiples puntos de la ciudad

Las organizaciones documentaron acciones similares en distintas zonas:

• Avenida Revolución: revisiones migratorias en vía pública sin criterios individualizados.
• Tepito y La Merced (2 y 3 de mayo): intercepción de personas con base en su apariencia física.
• Colonia Buenavista (4 de mayo): presuntas inspecciones en casas y vecindades.
• Polanco, frente al centro comercial Antara (30 de abril): testigos registraron en video cómo entre 10 y 15 personas fueron subidas a camionetas del INM en menos de 20 minutos.

INM niega las “redadas”; migrantes dicen lo contrario

El INM ha rechazado públicamente que sus acciones constituyan “redadas” y ha justificado su actuación como respuesta a un “oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo”.

Sin embargo, defensores como Rodrigo Yedra y July Rodríguez, de Apoyo a Migrantes Venezolanos, señalan que los testimonios de los afectados contradicen esa versión.

Lorena Cano, coordinadora jurídica del IMUMI, advirtió que estas acciones son “totalmente irregulares”, dado que la Ciudad de México se autodenomina ciudad santuario y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado este tipo de redadas como inconstitucionales.

La Red Jesuita con Migrantes México denunció la realización de operativos de detención migratoria en la Ciudad de México y la zona metropolitana con participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y el Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que calificó como un esquema de control “profundamente militarizado” contra personas migrantes.

De acuerdo con la organización, los operativos se han concentrado en colonias como Guerrero y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, además de zonas como Polanco y Patriotismo, así como en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Las acciones, afirma la organización, forman parte de una política de detención que se ha intensificado en los últimos días.

Detenciones en vía pública y en domicilios particulares

La Red Jesuita sostuvo que estas intervenciones incluyen detenciones en la vía pública y dentro de domicilios particulares, además de traslados forzados a estaciones migratorias del sur del país sin notificación clara sobre el destino de las personas aseguradas.

También acusó casos de incomunicación de migrantes detenidos y la falta de información sobre su situación jurídica tras los aseguramientos realizados por autoridades federales y locales.

Casos documentados

Entre los episodios documentados, la organización señaló un operativo en la colonia Doctores donde, según su reporte, elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el INM ingresaron a un domicilio habitado por jóvenes venezolanos, quienes fueron detenidos y trasladados inicialmente a la estación migratoria Las Agujas, en la capital, y posteriormente enviados a Tapachula, Chiapas, a la estación Siglo XXI.

Asimismo, refirió un segundo caso registrado en la colonia Guerrero, difundido en redes sociales por el medio Conexión Migrante, en el que se observa el ingreso de agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones, presuntamente, sin orden judicial.

La organización calificó ambos hechos como posibles allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, al considerar que vulneran derechos fundamentales y podrían implicar responsabilidades para las autoridades involucradas.

La Red Jesuita advirtió que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un despliegue sistemático que inició al menos una semana atrás y que, dijo, se ha intensificado en el marco de operativos de control migratorio en la capital.

En su posicionamiento, la organización atribuyó el aumento de detenciones a un colapso del sistema de protección internacional en México, al señalar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha reducido su capacidad operativa tras recortes presupuestales vinculados a la salida de apoyo de ACNUR, lo que ha generado rezagos en los procesos de solicitud de asilo.

También acusó al INM de haber dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática, lo que —afirmó— coloca a miles de personas en una situación de incertidumbre jurídica mientras esperan resolver su estatus migratorio.

La Red Jesuita sostuvo que en algunos casos incluso han sido detenidas personas con documentación que acreditaría estancia regular en el país, lo que consideró una violación al debido proceso.

“Orden y limpieza” rumbo al Mundial

La organización advirtió también que las acciones se desarrollan en un contexto en el que el gobierno capitalino impulsa políticas de “orden y limpieza” del espacio público rumbo al Mundial de Futbol 2026, lo que, afirmó, se ha traducido en medidas de control social que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la Red Jesuita con Migrantes exigió el cese inmediato de los operativos de detención migratoria, el retiro de fuerzas armadas de tareas de control migratorio, la liberación de personas detenidas de forma arbitraria, así como el respeto al derecho de solicitar asilo y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.

INM niega redadas

Luego de estos señalamientos, el INM negó haber realizado redadas contra personas migrantes en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa, el organismo aseguró que su participación en recientes operativos respondió a solicitudes de colaboración emitidas por autoridades de la capital, con el objetivo de prevenir posibles actos delictivos.

El INM sostuvo que su actuación se llevó a cabo en el marco de sus atribuciones legales y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, al tiempo que defendió una política de “movilidad segura, ordenada, regular y humana” para las personas en situación de movilidad.

El representante legal señaló que la cifra forma parte de un grupo mayor de peruanos involucrados en el conflicto entre los países, situación que —según indicó— continúa creciendo conforme aparecen nuevos testimonios y reportes de familiares. Salinas explicó que su equipo viene recopilando información y validando casos junto a distintas instituciones internacionales.

“Por lo menos tenemos cuatro registrados”, afirmó el abogado respecto a los peruanos detenidos en Ucrania. Precisó además que los ciudadanos cruzaron la línea fronteriza y decidieron entregarse a las fuerzas ucranianas. Según relató, las familias lograron enterarse de esta situación luego de que los detenidos recibieran autorización para realizar una única llamada telefónica.

Solicitan información oficial a Ucrania

En entrevista con TV Perú, Salinas indicó que acudirá a la embajada de Ucrania para solicitar información oficial sobre la situación de los ciudadanos peruanos retenidos. Explicó que buscan confirmar el estado de salud, ubicación y situación legal de los compatriotas detenidos.

Asimismo, sostuvo que la defensa legal también ha solicitado apoyo a organismos internacionales, entre ellos la Cruz Roja Internacional, debido a que estas entidades tendrían mayores facilidades para acceder a información relacionada con prisioneros de guerra y personas desaparecidas en zonas de conflicto.

El abogado advirtió además que existirían más casos similares entre ciudadanos latinoamericanos. Según mencionó, ya se tiene conocimiento de colombianos, argentinos y ecuatorianos detenidos en Ucrania bajo circunstancias parecidas.

Número de casos y fallecidos continúa aumentando

Durante la entrevista con TV Perú, Salinas indicó que el número de peruanos involucrados a la guerra en Rusia ya no sería de 180 personas, como se manejaba semanas atrás, sino de al menos 310 casos, cifra que incluso podría superar los 350 conforme continúan apareciendo nuevos reportes.

El abogado sostuvo que estas captaciones ya no se limitan a Lima, sino que también se han detectado casos en distintas regiones del país. Mencionó, por ejemplo, la existencia de personas captadas en Cajamarca. Según explicó, las presuntas redes de reclutamiento operarían ofreciendo falsas oportunidades laborales o deportivas para atraer ciudadanos peruanos y latinoamericanos.

Salinas también confirmó que, hasta el momento, tienen registrados 15 peruanos fallecidos en el conflicto. Añadió que corresponde a la Cancillería peruana oficializar la lista completa, debido a que aún se encuentran realizando coordinaciones diplomáticas con Rusia.

Familias denuncian desapariciones y amenazas

El representante legal indicó que algunas familias no tienen noticias de sus parientes desde hace siete meses. “Necesitamos saber dónde están”, declaró para el citado miembro, al referirse a los casos de ciudadanos desaparecidos o incomunicados en territorio ruso o ucraniano.

Además, reveló que tanto familiares como integrantes de la defensa legal han recibido amenazas constantes. Por razones de seguridad, señaló que no se han difundido públicamente los nombres de los peruanos que lograron retornar al país.

Sobre este punto, precisó que, según información de la Cancillería, 18 ciudadanos peruanos ya regresaron al Perú mediante gestiones diplomáticas. Salinas afirmó que seis de esos casos pertenecen al grupo de familias que representa legalmente y adelantó que algunos de los retornados ofrecerán próximamente una conferencia de prensa para relatar su experiencia.

Colombia endurece controles por reclutamiento

Percy Salinas también afirmó que el gobierno colombiano empezó a adoptar medidas más estrictas para evitar el traslado de ciudadanos hacia Rusia. Según indicó, el presidente Gustavo Petro habría dispuesto mayores controles migratorios para verificar el motivo de viaje de las personas que se dirigen a ese país.

“El Estado colombiano ha empezado a tomar acciones más drásticas”, sostuvo el abogado. Añadió que actualmente Rusia no representa un destino turístico habitual debido al contexto de guerra, por lo que consideró necesario investigar las verdaderas razones detrás de estos desplazamientos.

Finalmente, el abogado señaló que la prioridad inmediata es entregar un padrón actualizado con información sobre ciudadanos vivos, fallecidos, hospitalizados y desaparecidos. También indicó que buscarán acelerar las coordinaciones con la embajada de Ucrania para obtener detalles oficiales sobre los peruanos detenidos como prisioneros de guerra.

Durante la misa celebrada en la catedral de la capital, el purpurado alzó la voz para honrar la memoria de los fallecidos “a consecuencia de los disparos de sectores de la Fuerza Armada que, desgraciadamente, no cumplieron su deber”.

“En vez de verificar, hicieron un prejuicio y mataron a estos chicos en forma impune. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y los muchachos asesinados en Colcabamba: Cristian Águila, William Núñez, Jaime Vendezú, Wilder Romero y Nilson Montenegro”, añadió.

Castillo, quien en el pasado declaró “un día de duelo” tras las protestas antigubernamentales en Lima que dejaron un manifestante fallecido y decenas de heridos, volvió a mencionar a las víctimas en dos momentos del rito.

La semana pasada, un escuadrón militar disparó contra una camioneta con ocho civiles en la zona de Puente Mellizo y, según un informe revelado el viernes por Hildebrandt en sus trece, creyó haber matado a todos los ocupantes. Sin embargo, dos sobrevivientes, Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, fingieron estar muertos durante casi dos horas hasta la llegada de la Policía y la Fiscalía.

“Nos empezaron a caer balas de todos lados. Salían de los arbustos ráfagas de disparos. El chofer se dobló mientras manejaba. Le dispararon. Pasamos por una zona de puras piedras y nos detuvimos en el matorral, pero continuaban los disparos. Descansaban, regresaban, abrían la puerta, se alejaban y seguían disparando”, relató este último.

“Yo me quedé quieto, escuchando todo. Abrían y cerraban la puerta a cada rato, caían los vidrios del parabrisas. En un momento uno dijo: ‘Mi sub, aquí no hay nada, no hay droga’. Otro respondió que quizá se habían confundido de carro. Pensé que se iban, pero no, seguían ahí”, narró.

La versión oficial del Ejército sostiene que el escuadrón respondió a un supuesto ataque armado de presuntos narcotraficantes. No obstante, un informe policial recogido en la comisaría de Cotabamba contradice esa versión, según el semanario.

El documento señala que los testimonios de los soldados presentan “graves y fundados elementos de convicción que acreditan la conducta dolosa”. En el vehículo no se halló ningún arma de fuego, lo que desmiente la presunta amenaza letal mencionada por los militares.

Montenegro, uno de los fallecidos, era de nacionalidad colombiana y, según las autoridades de ese país, no tenía antecedentes judiciales. La patrulla estaba al mando del capitán Luis Montenegro, junto con el teniente Brayan Fernández y varios suboficiales.

El caso ha pasado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín. Aunque la Policía solicitó la detención preliminar de los militares involucrados, la fiscalía no pidió prisión y los soldados quedaron en libertad.

El abogado Anthony Crespo, representante de las víctimas, cuestionó la falta de diligencia: “Hubo negligencia por parte de la doctora y del Ministerio Público. Con lo que se tenía ya se podía solicitar una detención preliminar por siete días y no lo hizo. Por ese lado hubo una falta de efectividad”, dijo.

Desde Münster (norte), a donde acudió a presenciar una demostración del Ejército de Tierra, el responsable de Defensa recordó que la presencia de Tomahawk había sido acordada en 2024 por el expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) y el excanciller Olaf Scholz.

La medida iba a ser "una solución puente temporal", hasta que los países europeos estuviesen en condiciones de cerrar esa brecha en su seguridad por sí mismos, señaló.

"Que esto ahora posiblemente no vaya a ocurrir en la forma que esperábamos hasta ahora vuelve a abrir ese vacío de capacidad y tenemos que mirar cómo podemos cerrarlo, cómo podemos compensarlo", explicó.

Pistorius indicó que ya desde 2023 Alemania trabaja junto con el Reino Unido en el desarrollo de sistemas DPS, en alusión a las siglas en inglés de Ataques Profundos de Precisión, una iniciativa a la que también se va a sumar Francia.

"Al mismo tiempo necesitamos un instrumento, con ayuda de los estadounidenses o por otra vía, para cerrar el vacío de capacidades de esa solución temporal lo antes posible. Para ello hay ideas, pero todavía no existe una solución", subrayó.

Durante el fin de semana, el canciller alemán, Friedrich Merz, había confirmado que el despliegue de Tomahawk acordado en 2024 no se iba a efectuar, al menos por ahora, supuestamente porque "los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos".

Pistorius también fue preguntado por la noticia de que EE.UU. retirará a 5.000 soldados estacionados en suelo germano, aunque matizó que Berlín todavía no ha recibido información oficial sobre la cifra, ni sobre cómo y cuándo se producirá el traslado.

Aun así, de producirse, "no quedaría cuestionada la capacidad de disuasión de la OTAN, de eso no cabe ninguna duda", aseguró, en línea con lo expresado pocos minutos antes en Atenas por el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul.

Pistorius reiteró que la noticia por sí misma no supone una sorpresa, sino en todo caso lo es "el momento" elegido para ello.

"Ya en 2023 señalé que como europeos en la OTAN tenemos que estar preparados para que los estadounidenses hagan menos en Europa, en la OTAN, para poder hacer más en el Indopacífico. Eso lo podía saber cualquiera que quisiera escuchar", enfatizó.

El incendio que afectó la tarde del viernes a la zona de Pampa de Cueva, en el distrito limeño de Independencia, provocó la movilización de 50 efectivos de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército del Perú.

Las autoridades desplegaron a su personal para ejecutar labores de remoción de escombros, limpieza y búsqueda de posibles heridos. La intervención ocurrió poco después de que las llamas consumieran al menos siete viviendas de la parte alta del distrito.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), la participación militar se orienta a responder con rapidez ante emergencias, apoyando a los damnificados en la recuperación de sus espacios perdidos.

A esto se sumó la Compañía de Intervención Rápida ante Desastres, que permanecerá en la zona hasta culminar las tareas de atención y reconstrucción.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordina el trabajo con las autoridades municipales y otras entidades, con el objetivo de garantizar una respuesta integral.

El operativo, que involucra también al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), debió enfrentar dificultades logísticas, ya que los vehículos de emergencia hallaron obstáculos para acceder a la zona.

El jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte, Ronald Sigüeñas, explicó que la construcción de las viviendas con materiales rústicos favoreció la rápida expansión del fuego.

La falta de agua en el área complicó aún más las labores de extinción. Aunque las investigaciones siguen en curso, la Policía Nacional del Perú informó la detención de dos jóvenes presuntamente vinculados al origen del incendio.

Testimonios de los afectados

Mientras las autoridades avanzan en la remoción de escombros y búsqueda de víctimas, la prioridad se centra en el bienestar de quienes perdieron su hogar.

La Municipalidad de Independencia habilitó nueve carpas en la losa deportiva La Bombonera, donde familias enteras fueron evacuadas y reciben ayuda humanitaria. El personal municipal distribuyó agua potable, camas, colchones y utensilios básicos para cubrir necesidades inmediatas.

Los testimonios evidencian el impacto del incendio en la comunidad. Juana Chávez Díaz, una de las personas que perdieron su vivienda, relató que permanece en el albergue solo con la ropa que llevaba puesta al momento de la emergencia.

“Estamos sin nada y necesitamos mucha ayuda para todos los que estamos damnificados”, expresó en declaraciones recogidas por Tv Perú Noticias. También solicitó apoyo para sus sobrinos y otros niños de la zona, quienes requieren ropa y pañales.

Entre los damnificados figuran al menos ocho estudiantes universitarios que perdieron herramientas esenciales para continuar sus estudios. Una alumna de Enfermería comentó que varias laptops quedaron destruidas por el fuego, lo que dificulta la reanudación de sus actividades académicas. Las familias, por el momento, desconocen cuándo podrán dejar el refugio temporal. “No nos han dado fecha límite”, indicó una de las personas albergadas.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas de gravedad.

Los damnificados aguardan información sobre la reubicación definitiva y la continuidad de las labores de reconstrucción por parte del Ejército del Perú y las entidades involucradas.

La justicia penal militar en Colombia dictó una sentencia que impacta directamente en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. El mayor Victor Alfonso Montes Rojas recibió una condena de 26 meses de prisión y quedó inhabilitado durante 80 meses, tras un episodio ocurrido en julio de 2023 en el Batallón de Infantería n.º 22, ubicado en Manizales.

Las investigaciones de la Fiscalía 2201 de Conocimiento Especializado permitieron establecer que el oficial, sin autorización, facilitó la salida de tres soldados de la base militar. El grupo, según lo documentado, abandonó la instalación en el vehículo asignado al propio mayor y se dirigió a una discoteca.Detalles de la condena y consecuencias en la institución.

El fallo del Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado calificó la conducta del oficial como un “grave comportamiento que atentó contra la honestidad y la transparencia”. Según el juzgado, la decisión de Montes Rojas impactó la seguridad de la instalación militar y quebrantó la confianza en la cadena de mando.El oficial fue hallado responsable del delito de abuso de función pública.

Como parte de la sentencia, se le impuso la separación absoluta de la Fuerza Pública, lo que significa que no podrá volver a ejercer funciones dentro de la institución.Por qué fue sentenciado el mayor Montes Rojas.

La condena contra el mayor se originó al comprobarse que permitió la salida irregular de personal bajo su mando, violando los protocolos y normas de seguridad militar. Los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando el mayor y las tres soldados salieron de la base para asistir a una discoteca, utilizando el vehículo oficial.

Soldados se fugaron de un batallón en Antioquia y terminaron involucrados en riña

Las consecuencias del incidente en el que dos soldados profesionales del Ejército Nacional causaron lesiones a un habitante de Briceño han generado una respuesta inmediata de las autoridades militares. La institución abrió investigaciones internas y notificó a los organismos judiciales competentes, asegurando que colaborará en todo momento para el esclarecimiento del caso.

El hecho se originó la noche del 26 de abril de 2026, cuando los uniformados abandonaron sin permiso el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4. Ambos se encontraban en el corregimiento de Travesías, en el municipio de Briceño, Antioquia, y acudieron a un local comercial donde consumieron bebidas alcohólicas.

Durante su permanencia en el establecimiento, los soldados se vieron envueltos en una discusión con un residente del sector, quien sería menor de edad, según la información preliminar. La confrontación escaló hasta que uno de los militares empleó su arma de dotación, provocando lesiones al joven.

La institución castrense repudió lo sucedido y manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la población civil. Además, reafirmó su postura de no tolerar conductas contrarias a la ley ni a los principios éticos de la fuerza.

El Ejército Nacional, por medio de la Cuarta Brigada, dispuso la apertura de un proceso disciplinario y comunicó que todas las decisiones judiciales y administrativas derivadas serán respetadas y acatadas en su totalidad.

En respuesta a la gravedad de lo ocurrido, la autoridad militar reiteró su disposición para aportar toda la información que requieran las investigaciones y facilitar la labor de las autoridades civiles y judiciales. El objetivo declarado es garantizar que se esclarezcan completamente las circunstancias del incidente y se tomen las medidas correspondientes.

La coordinación entre la institución militar y los organismos civiles busca asegurar que el proceso avance sin obstáculos y que se respeten los derechos tanto de la víctima como de los investigados. El Ejército ha enfatizado el compromiso de mantener una cooperación fluida con las autoridades para lograr una resolución transparente del caso.

El refuerzo incluyó la llegada de 2.800 soldados, vehículos blindados y otro tipo de refuerzos en Jamundí y el norte del Cauca, lo que fue confirmado por el comandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez.

“Antes de mitad del mes de mayo llegan ocho pelotones de soldados profesionales para fortalecer el pie de fuerza. Igualmente, entre la primera y segunda semana del mes de mayo llegarán ocho vehículos blindados adicionales”.

Ejército evitó explosión de carga explosiva en la vía Panamericana

En la tarde del 30 de abril, el Ejército informó que durante la inspección de la vía Panamericana en el sector de Piendamó, Cauca, se registró el hallazgo de una carga explosiva que fue neutralizada de manera controlada por personal especializado de la institución.

Uniformados de la Policía Nacional fueron los que ubicaron seis cilindros que tenían más de 600 kilogramos de explosivos de nitrato de amonio y que habían sido instalados en alcantarillas de la vereda La Loma, a pocos metros de la Vía Panamericana.

“De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, esta carga explosiva tenía la capacidad de generar graves afectaciones en un radio superior a los 300 metros, lo que representaba una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que transita por este sector”, informó el Ejército.

Debido a la magnitud del material explosivo y para evitar afectaciones en el corredor vial, los explosivos fueron asegurados y trasladados con la ayuda de personal antiexplosivos, que cumpliendo con las medidas de seguridad ubicaron los cilindros en un lugar alejado de la población civil.

Con la protección constante del Ejército, se llevaron a cabo los análisis técnicos y los procedimientos correspondientes para neutralizar la carga explosiva.

“La intervención fue adelantada por personal especializado y requirió varias horas de trabajo, debido a la complejidad del terreno y a las condiciones en las que fueron instalados los artefactos. Gracias a la pericia y compromiso de los uniformados, se logró neutralizar esta amenaza, evitando una posible afectación de gran magnitud”.

Uno de los operativos exitosos tras los atentados fue en el que se registró la captura de alias Mi Pez, explosivista de las disidencias que sería uno de los responsables de la explosión en la que fallecieron 22 personas.

Indignación por intento de remuneración a las familias de las víctimas por parte de las disidencias

Tras el atentado terrorista registrado en Cajibío, Cauca, integrantes de las disidencias de la estructura Jaime Martínez, vinculada al Estado Mayor Central, intentaron acercarse a los familiares de las víctimas en la vereda Alto Grande y el corregimiento La Pedregosa, con el objetivo de ofrecer sumas de dinero como forma de reparación por las muertes ocasionadas.

Esta propuesta, que fue confirmada por residentes de la zona, provocó una reacción inmediata de rechazo entre los afectados, que consideraron indigno cualquier intento de compensar la pérdida de sus seres queridos con dinero.

Los familiares y sobrevivientes manifestaron que no aceptarían ningún tipo de resarcimiento material, viendo el ofrecimiento como un acto que pretendía “ponerle precio a la vida” de quienes murieron.

Familiares de los fallecidos indicaron que las víctimas eran campesinos dedicados al cultivo y la comercialización de productos agrícolas. Tras el atentado, se suspendieron actividades escolares y se organizaron oraciones y homenajes, tanto en Cajibío como en Popayán, para honrar a los muertos y acompañar a los heridos.

El Ejército de República Dominicana (ERD) ha consolidado en las últimas horas una ofensiva estratégica contra las redes de tráfico ilícito de personas en la región noroeste del país.

A través de operativos de inteligencia y patrullaje terrestre, las autoridades lograron desarticular un intento de traslado de indocumentados en la provincia Valverde y desmantelar un centro de acopio masivo en Dajabón, reafirmando la política de “tolerancia cero” ante la migración irregular.

En el operativo más reciente realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde, efectivos militares interceptaron un camión marca Daihatsu, modelo Delta, de color blanco, mientras transitaba por la calle Duarte, en las proximidades del puente San Rafael.

El vehículo era conducido por el ciudadano dominicano Terlin de Jesús Peña Pérez, quien, al percatarse de la presencia de las unidades del ERD, intentó realizar maniobras de evasión para escapar del cerco militar. Tras una rápida intervención, los soldados lograron detener la unidad, encontrando en su interior a siete nacionales haitianos (cinco hombres, una mujer y un menor de edad) que no portaban documentación legal para permanecer en territorio dominicano.

Tanto el conductor como los extranjeros fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se iniciaron los procesos de rigor para el sometimiento a la justicia del ciudadano dominicano por presunta violación a las leyes de tráfico de personas, mientras que los extranjeros fueron entregados a las autoridades migratorias.

Antecedentes inmediatos: El centro de acopio en Dajabón

Este golpe al tráfico humano se suma a una exitosa operación realizada apenas unos días antes, el pasado 27 de abril, en la provincia fronteriza de Dajabón. En dicha ocasión, el Ejército utilizó tecnología de vanguardia, incluyendo el despliegue de drones del 10mo. Batallón de Infantería, para localizar una finca que funcionaba como centro de acopio.

Cifras de la operación en Dajabón:

• Total de detenidos: 49 nacionales haitianos.
• Composición: 33 hombres, 7 mujeres y 9 menores de edad.
• Estatus de la propiedad: Perteneciente a un ciudadano ausente del país, utilizada por mafias locales para ocultar extranjeros antes de distribuirlos hacia las grandes urbes.

Durante esa intervención, los responsables del inmueble lograron huir hacia zonas boscosas al detectar el sobrevuelo de los drones, dejando a los extranjeros abandonados a su suerte. Este hallazgo subraya una modalidad delictiva creciente: el uso de propiedades rurales como “puntos de espera” para evadir los controles en las carreteras principales.

Marco Legal: ¿Por qué ley se rigen estas capturas?

Las detenciones de nacionales extranjeros en condición irregular y de los ciudadanos que facilitan su transporte o albergue no son acciones arbitrarias, sino que descansan sobre un robusto andamiaje legal diseñado para proteger la soberanía y el orden público.

1. Ley General de Migración No. 285-04

Es la pieza jurídica fundamental que regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en la República Dominicana.

• Control de Permanencia: El Artículo 121 faculta a la Dirección General de Migración (DGM), con apoyo de la fuerza pública (Ejército), a detener y deportar a cualquier extranjero que no pueda acreditar su estatus legal.
• Sanciones Administrativas: Establece los protocolos para la repatriación digna, asegurando que se respeten los derechos fundamentales, pero garantizando la salida del territorio nacional.

1. Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

Esta ley es la que se aplica directamente contra conductores como Peña Pérez o los dueños de fincas que sirven de centros de acopio.

• Penalización del Tráfico: El Artículo 2 tipifica como delito el facilitar la entrada o el transporte de personas sin los requisitos legales para obtener un beneficio económico.
• Penas: Las condenas por tráfico ilícito de migrantes pueden oscilar entre 10 y 15 años de reclusión y multas de hasta 250 salarios mínimos.

La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del jueves 30 de abril de 2026 que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.

El proceso se adelanta por la presunta comisión del delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A del Código Penal.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos investigados estarían relacionados con posibles actos de asedio e intimidación de tipo sexual contra funcionarias de las fuerzas militares, durante el periodo en que Zapateiro se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La fecha de la audiencia de imputación será definida próximamente por el Tribunal Superior de Bogotá.

Infobae Colombia pudo establecer que el caso se encuentra en etapa preliminar y continuará bajo reserva hasta la realización de la diligencia judicial.

Cabe resaltar que la última salida en público del excomandante del Ejército se produjo a finales de febrero de 2026.

En esa ocasión, el general retirado criticó al ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez luego del ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la base militar de San Lucas, situada en la zona rural de Montecristo, en el sur de Bolívar, y cuyo saldo fue de 14 soldados resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje publicado en la red social X, Zapateiro cuestionó la falta de operaciones nocturnas, sostuvo que la respuesta oficial se restringe a sistemas de recompensas y denunció la existencia de una “mala valoración de riesgos y cero acciones para su mitigación”, sin medidas preventivas para proteger al personal militar.

El hoy investigado precisó en ese entonces, 28 de febrero de 2026, que “con operaciones nocturnas se minimiza en altísimo porcentaje (%) este tipo de hechos. Dejaron perder el sur de Bolívar. Ahora pretenderán que ofreciendo una recompensa solucionan el tema. ¡No, ministro y mandos! ¿Se perdió la iniciativa?”

Según informó el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, la acción fue atribuida al ELN.

El alto oficial calificó el hecho como un intento por frenar el avance de las tropas en la zona y reportó que la evacuación de los heridos contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la División de Aviación Asalto Aéreo, aplicando protocolos de seguridad estrictos.

Procuraduría investiga a exedecán de Gustavo Petro por presunto acoso sexual

El caso del general (r) Zapateiro se suma a uno de los más recordados en 2025.

Todo por cuenta del anuncio de la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, exedecán del presidente Gustavo Petro, y tras la denuncia de una oficial del Ejército Nacional que lo acusa de acoso sexual y agresión física y verbal, tanto a ella como a su hijo menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025, durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército, en Bucaramanga.

La decisión del ente de control se conoció dos días después de que la historia fuera divulgada en redes sociales medios nacionales.

Según lo que señaló la Procuraduría en su comunicadi, la queja fue presentada ante la Defensoría del Pueblo y señala que el mayor Rodríguez Lemus, presuntamente en estado de embriaguez, abordó a la oficial en su vehículo, donde le hizo insinuaciones de carácter sexual y después la agredió.

La denunciante relató que Rodríguez Lemus le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”, y, ante su rechazo, la tocó en el hombro y los senos, e intentó tocar de manera inapropiada a su hijo de 12 años.

La situación escaló cuando el mayor, según el testimonio recogido por W Radio, insultó y amenazó a la oficial con expresiones ofensivas y la intimidó con repercusiones laborales, refiriendo su vínculo con la Presidencia de la República.

La denunciante expresó temor por su seguridad y la de su familia, y solicitó que los hechos no queden impunes ni sean encubiertos por las autoridades.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública lidera la investigación y ha dispuesto la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si corresponde la imposición de sanciones disciplinarias.

El organismo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género, destacando que toda conducta de este tipo será investigada y sancionada conforme a la ley.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación penal contra Rodríguez Lemus por presunto acto sexual violento.

En este proceso, ya han sido recibidas declaraciones de testigos y de la denunciante, quien detalló la secuencia de los hechos y las amenazas recibidas.

La oficial señaló que el mayor intentó comunicarse con su esposo para persuadirlo de no reportar la situación a los superiores.

Por su parte, Rodríguez Lemus declaró que las acusaciones en su contra son un montaje.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso. La investigación disciplinaria y penal avanza mientras la denunciante pide garantías para su integridad y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El operativo militar realizado en la zona de Colcabamba, en la región andina de Huancavelica, en Perú, que dejó cinco jóvenes muertos y dos heridos, sigue generando cuestionamientos. Esta vez, el analista especializado en terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga afirmó que la patrulla del Ejército habría actuado sin cumplir procedimientos básicos de coordinación con la Policía Nacional (PNP).

En declaraciones a la emisora Exitosa, Yaranga sostuvo que una intervención relacionada con presunto tráfico de drogas no debió realizarse solo con presencia militar, sino con participación de unidades policiales especializadas y bajo conocimiento del Ministerio Público, entidad encargada de dirigir las investigaciones penales en Perú.

Cuestionan falta de coordinación con la Policía

El especialista explicó que, cuando las fuerzas de seguridad reciben información de inteligencia sobre el posible traslado de droga, lo habitual es comunicar el caso a la policía especializada para planificar una operación conjunta y garantizar que se actúe dentro del marco legal.

“En el comunicado del Comando Conjunto se apresura al decir que la patrulla recibió el primer disparo. El comunicado sí indica de que la patrulla estaba haciendo control territorial, que significa que son puramente militares, sin participación policial, porque si hubiera se habla de fuerzas combinadas [...] Igualmente creo que han obviado algunos protocolos de intervención”, sostuvo.

Según indicó, en este caso no hay evidencia clara de que se haya convocado a agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), pese a que en el distrito de Colcabamba existe presencia policial.

“No sé por qué es que no se ha solicitado la presencia de algún especialista, por ejemplo de la Dirando, estaban cerca a la comisaría de Colcabamba, tranquilamente podrían haber comunicado a la comunidad y allí sí existe policía antidroga”, refirió.

Yaranga también cuestionó la rapidez con la que se difundió la versión oficial inicial, en la que se afirmó que los militares respondieron a un supuesto ataque armado desde el vehículo intervenido. A su juicio, esa conclusión se presentó antes de que concluyeran las pericias.

“No había armas ni droga”

Otro de los puntos señalados por el analista fue la información conocida posteriormente sobre la camioneta en la que viajaban las víctimas. Según indicó Antony Crespo, abogado de las familias de las víctimas, en el vehículo no se hallaron armas ni droga tras la intervención. “No había ni una sola arma, a ninguno, ni en sus pertenencias ni en sus vehículos, se le ha encontrado ni una sola arma. Y eso tiene que quedar claro”, sostuvo.

De confirmarse plenamente esa versión en la investigación oficial, añadió Yaranga, correspondería revisar si la respuesta de la patrulla respetó los principios de proporcionalidad y uso gradual de la fuerza.

¿Qué ocurrió en Colcabamba?

El hecho ocurrió en el sector Puente Mellizo, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, una zona conectada con rutas utilizadas por redes del narcotráfico que operan entre el VRAEM y otras regiones del país.

Ocho personas viajaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por militares. Cinco ocupantes murieron, dos resultaron heridos y una persona escapó inicialmente antes de entregarse posteriormente a las autoridades. Familiares de las víctimas sostienen que los jóvenes regresaban de participar en un torneo de fútbol, versión que también forma parte de las investigaciones.

A ello se ha sumado la declaración y grave acusación de uno de los sobrevivientes contra el personal del Ejército. Se trata de Ricardo Acuña Quispe, quien relató que el 25 de abril, mientras regresaba de Huayllaba en una camioneta junto a sus primos, fue interceptado por un grupo de personas vestidas de civil y encapuchadas.

“Nosotros fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo de Huayllaba”, afirmó Acuña en Epicentro TV. Según su testimonio, al no reconocer a los atacantes como militares debido a su indumentaria, el conductor intentó huir creyendo que se trataba de delincuentes.

Acuña detalló que, tras el tiroteo, se ocultó por temor a ser víctima de un asalto. Más tarde, al constatar la presencia de una patrulla militar, se entregó convencido de que ya no corría peligro. Sin embargo, indicó que fue forzado a declarar que transportaba armas y drogas, pese a que en el vehículo no se halló ninguna sustancia ilícita ni armamento.

“En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, nada”, afirmó. Según Acuña, los efectivos militares lo amenazaron con armas y lo presionaron para firmar un acta autoincriminatoria.

“No hemos trasladado nada, ningún droga ni armamento. Es completamente falso lo que dicen, porque los militares quieren salirse con la suya”, sostuvo. El sobreviviente subrayó que únicamente regresaba de un partido de fútbol junto a sus familiares cuando ocurrió el ataque.

Investigación en marcha

La Fiscalía peruana mantiene abiertas las diligencias para establecer si hubo incumplimiento de protocolos, uso excesivo de la fuerza o errores en la información de inteligencia que originó la operación. Inicialmente, ocho militares fueron detenidos de manera preliminar mientras se realizaban las primeras investigaciones; sin embargo, posteriormente recuperaron la libertad al vencerse el plazo legal de detención sin que se solicitara una ampliación de la medida.

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un nuevo registro difundido por Epicentro presenta una versión distinta, en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.

El cambio de relato se suma a los cuestionamientos planteados por la defensa de las víctimas, que pone en duda la legalidad de la intervención militar y la validez de las primeras diligencias. Las circunstancias en las que se produjeron los disparos, así como la ausencia de evidencias materiales en la escena, forman parte de los puntos en discusión.

Nueva declaración del sobreviviente

En el registro reciente, Acuña Quispe sostiene que fue obligado por efectivos militares a incriminarse. “Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión actual, no transportaba droga ni armamento al momento de la intervención.

El joven también indicó que los militares no se encontraban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, afirmó. De acuerdo con su relato, esta situación generó confusión entre los ocupantes del vehículo, lo que llevó al conductor a intentar escapar al creer que se trataba de un asalto. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.

Acuña explicó que logró descender del vehículo durante el ataque y se ocultó por temor. Posteriormente, decidió entregarse cuando observó la presencia de una patrulla. “Cuando vi que ha llegado una patrulla de militares, después que me sentí seguro de que ellos son militares, por eso me entregué”, señaló.

Tras la intervención, el sobreviviente brindó una primera declaración en la que afirmó participar en el traslado de droga junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas. “Nos contrataron para cargar droga. Éramos como 50 personas”, sostuvo en ese momento.

Según ese testimonio, el traslado se realizó a pie durante dos días a través de rutas agrestes, con una carga de trece kilos en una mochila. El documento fiscal, citado por ATV, indica que el grupo recibió un pago de 1.300 soles tras completar el recorrido.

No obstante, la defensa legal de los familiares de las víctimas cuestiona las condiciones en las que se obtuvo esa declaración. El abogado de los deudos calificó la confesión como “un invento por parte del Ejército, para justificar esta intervención arbitraria e ilegal en donde han matado a cinco peruanos”.

El nuevo relato de Acuña refuerza estas objeciones, al señalar que su primera versión no fue voluntaria. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas”, afirmó.

El operativo militar y las inconsistencias

El operativo del 25 de abril se desarrolló en una zona considerada de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con el parte policial, la intervención respondió a información de inteligencia sobre una camioneta que trasladaría droga en el área.

Durante la acción, una patrulla del Ejército realizó alrededor de 60 disparos contra el vehículo en el que viajaban ocho personas. Como resultado, cinco murieron y dos resultaron heridas.

A pesar de la hipótesis inicial de un enfrentamiento con presuntos delincuentes, en la escena no se encontraron drogas ni armas. Este dato fue señalado por la defensa de las víctimas como un elemento que contradice la versión oficial.

Los familiares de los fallecidos sostienen que los ocupantes del vehículo eran jóvenes que regresaban de un partido de fútbol. Esta afirmación se contrapone con la versión inicial de Acuña, que los vinculaba con una red de transporte ilegal.

Elementos adicionales en la investigación

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era de nacionalidad colombiana y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas. Según la autoridad, el extranjero se encontraba en el país en situación migratoria irregular.

Este dato introduce un nuevo elemento en la investigación, aunque no resuelve las interrogantes sobre el desarrollo del operativo ni sobre la identidad y actividades del resto de los ocupantes del vehículo.

El caso continúa bajo análisis de las autoridades fiscales, mientras persisten versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La nueva declaración del único sobreviviente que se entregó tras el ataque reconfigura el escenario inicial y añade presión sobre el esclarecimiento de los hechos.

A 44 años de la Guerra de Malvinas, Argentina enfrenta un escenario de vulnerabilidad defensiva importante, producto de cuatro décadas de desinversión, falta de planeamiento y desinterés político, que han diezmado riesgosamente las capacidades de las Fuerzas Armadas. Hoy se requiere un modelo de defensa nacional que asegure la protección de nuestros intereses en un mundo cada vez más complejo e imprevisible.

La Argentina posee una importancia geopolítica indiscutible: es el octavo país más extenso del mundo, con recursos naturales vitales (agua, alimentos, minerales, petróleo) y una proyección bicontinental hacia la Antártida. Sin embargo, esta inmensidad contrasta con espacios demográficos vacíos y carencia de infraestructura, lo que dificulta su control, agravado por la ocupación ilegal británica de parte de nuestro territorio. Aunque la mayoría de los diferendos limítrofes parecen zanjados, la volatilidad mundial exige estar preparados ante eventuales conflictos.

La esencia del sistema de defensa no es solo el uso de la fuerza en caso de conflicto, sino la disuasión permanente. Como sostenía el general André Beaufre, la disuasión busca “impedir el ataque enemigo mediante la amenaza de una respuesta abrumadora [...] que desgasta su voluntad, usando la amenaza como un instrumento de presión constante”. Para lograrlo, los costos de agredir a nuestro país deben ser inaceptables para cualquier adversario. Lamentablemente, el modelo de defensa actual está muy lejos de garantizar este objetivo.

La defensa que tenemos: cuatro décadas de involución

La reducción sufrida por las Fuerzas Armadas (FFAA) desde el inicio de la década de 1980 hasta la fecha ha sido drástica, afectando efectivos, presupuesto y sistemas de armas.

En términos de personal, en los años 80 las FFAA contaban con aproximadamente 144.000 efectivos (88.000 del Ejército, 35.000 de la Armada y 21.000 de la Fuerza Aérea), sustentados en aquel entonces por la Ley 17.531 de Servicio Militar Obligatorio. Hoy, bajo la Ley 24.429 de Servicio Militar Voluntario, las organizaciones se encuentran incompletas por limitaciones presupuestarias, reduciendo el número a unos 88.000 efectivos (55.000 en el Ejército, 16.750 en la Armada y 16.000 en la Fuerza Aérea).

La pérdida de capacidades materiales es igualmente alarmante. El Ejército pasó de tener casi 1000 blindados (un tercio de última tecnología en los 80´) a menos de 600 unidades de los mismos modelos, con más de 40 años de antigüedad y con unas pocas unidades modernizadas parcialmente. A su vez la Armada dejó de ser una fuerza de “aguas azules” con gran capacidad de proyección. En el pasado operaba un portaaviones, 13 destructores y corbetas, y 4 submarinos. Hoy carece de capacidad ofensiva embarcada y sus capacidades defensivas son limitadas. Por su parte la Fuerza Aérea, que contaba con casi 400 aviones antes de Malvinas, hoy dispone de poco más de 200 (entre aviones y helicópteros), en su mayoría obsoletos y de nula capacidad ofensiva.

La crisis no es solo cuantitativa. Los recortes se basaron en la falsa premisa de que “no habrá guerra” y han ignorado lecciones históricas cruciales. A más de cuatro décadas de Malvinas, aún persisten muchas de las falencias señaladas en el histórico Informe Rattenbach. Dicho documento advertía sobre graves errores de conducción operativa y estratégica, la falta de acción conjunta, la ineficiencia de la inteligencia militar, y graves carencias tácticas (como la falta de equipos de alerta radar e IFF). Lejos de aprender de la experiencia, incluso los aciertos de la guerra —como la adaptación de misiles antibuque a plataformas terrestres o la efectividad del binomio Super Etendard/Exocet— fueron abandonados, careciendo hoy el país de una capacidad de defensa costera seria.

A este panorama se suma una degradación institucional: salarios entre los más bajos de la Administración Pública Nacional, obras sociales en crisis y una constante frustración profesional en los cuadros militares debido a la falta de incentivos y material seguro para operar.

La defensa que necesitamos: integralidad, constancia y previsibilidad.

Revertir esta hipoteca sobre nuestra soberanía no es un misterio técnico, pero requiere sortear la ignorancia política, la discontinuidad de los planes estatales y los constantes cambios legales contradictorios. Para construir un sistema creíble y sustentable, es imprescindible abordar seis líneas de acción. Ellas son:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional: Es imprescindible una Estrategia Nacional de Defensa verdaderamente integradora. Actualmente, las Directivas de Política de Defensa Nacional y los planes que de ella derivan, como el PLANCAMIL 2023 son elaborados de forma aislada por el Ministerio de Defensa. La Ley de Defensa Nacional (23.554) exige la integración de “todas las fuerzas de la Nación” y por ello es imprescindible su articulación con otras áreas del estado, como la economía, la educación, la tecnología y las comunicaciones, el desarrollo social, etc. Por ejemplo en medio de recursos escasos, un satélite militar de comunicaciones es inviable económicamente pero los futuros satélites de comunicaciones en desarrollo, deberían incluir obligatoriamente canales de uso militar exclusivo, optimizando así los recursos del Estado (sin costos para la defensa).
• Adecuación del marco legal: La Ley de Defensa Nacional está por cumplir 40 años y requiere actualizaciones, al igual que la solución del vacío que dejan leyes promulgadas pero ignoradas (como la Ley 24.828 de reestructuración de las FFAA o la Ley 27.565 del FONDEF). A su vez, deben corregirse normativas que han impactado negativamente en la operatividad militar, como la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que escindió perjudicialmente la Inteligencia Militar de la Inteligencia Estratégica, o el Código de Disciplina de las FFAA (Ley 26.394), que generó desequilibrios penales. Resulta imperioso, además, sancionar una postergada Ley de Reservas y Movilización.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios: Argentina es un caso atípico en el mundo: mientras todos los países (incluidos los de la región) aumentan su gasto militar, nuestro país lo reduce. La ejecución presupuestaria en defensa de 2025 arroja un gasto del 0.28% del PBI, una cifra insignificante frente al 2.2% de Brasil o el 1.8% de Chile. Las leyes de financiamiento no se cumplen: el FONDEF recibe apenas unos U$S 160 millones anuales cuando debería superar los U$S 400 millones. Sin dinero, es imposible recuperar capacidades estratégicas como submarinos o defensa antiaérea moderna.
• Transformación innovadora de las FFAA: Las restricciones financieras a corto plazo para recuperar medios convencionales perdidos, imponen trabajar con mente abierta e innovadora. La evolución debe centrarse, al menos en el corto plazo, en capacidades de bajo costo, pero de alto impacto: operaciones de información, uso de Inteligencia Artificial, ciberdefensa, drones de todo tipo y capacidad, sistemas autónomos y operaciones multidominio. Es fundamental también un cambio de mentalidad en la dirigencia política, alterando la idea del “uso dual” (Ej protección civil) de las FFAA para justificar su existencia. Su verdadera naturaleza es disuadir y combatir en caso de agresión.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización: Para un país extenso y despoblado, contar con reservas adiestradas y de rápida movilización incrementa la disuasión a muy bajo costo. El sistema debería dividirse en tres niveles: ex integrantes de la fuerza activa (con reentrenamiento periódico); cuadros civiles sin formación militar como especialistas técnicos (en áreas como ciberdefensa, logística o espacial, por ejemplo); y ciudadanos comunes que recibirían instrucción básica para reemplazos en caso de un conflicto prolongado.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción): La industria de defensa nacional atraviesa su peor momento (incapaz de proveer siquiera suficiente armamento liviano o munición), afectada tanto por intereses políticos ajenos como por el veto comercial del Reino Unido post-Malvinas. Argentina debe emular a países que, bajo embargos o por voluntad estratégica, desarrollaron industrias pujantes (Turquía, Sudáfrica, Brasil). La creación de un organismo (similar a la ABIMDE brasileña o la SSB turca) que gestione investigación, enlace empresas públicas y privadas con las FFAA, promueva exportaciones, integre la innovación ágil de las startups y garantice la soberanía en nichos tecnológicos dominados por el país, puede ser el primer paso para reconstruirla.

A modo de cierre, la fragilidad macroeconómica y el desinterés han dejado a nuestro país sin los medios básicos para su resguardo. El diagnóstico es claro y las líneas de acción sugeridas pueden constituir un puntapié inicial para el cambio.

Queda en manos de las autoridades políticas asumir su responsabilidad constitucional ineludible de “proveer a la defensa común”. Revertir cuatro décadas de negligencia exige que la dirigencia transforme a la Defensa en una verdadera política de Estado, garantizando así la paz, la soberanía y los intereses vitales de la Nación en la incertidumbre del siglo XXI.

La creación de un ejército europeo lleva tiempo sobre la mesa pero no parece avanzar. El Gobierno español ha sido uno de sus defensores más insistentes en los últimos meses. "No en 10 o dos años, mañana mismo", dijo Pedro Sánchez la última vez que fue preguntado por la creación de las fuerzas armadas conjuntas. Sin embargo, el camino a seguir sigue sin estar definido y los países continúan invirtiendo en sus propios ejércitos nacionales.

La idea de una fuerza militar europea conjunta no es una novedad. Hace más de 70 años, los seis países fundadores de la Europa comunitaria firmaron un tratado que sentaba las bases para impulsar este proyecto. Federico Fabbrini, profesor de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Dublín y especialista en seguridad internacional, aborda esta cuestión en su libro El ejército europeo: Defensa y paz en la era Trump. Fabbrini sostiene que la clave para avanzar hacia una defensa europea efectiva radica en recuperar y ratificar el acuerdo alcanzado en 1952, en lugar de diseñar nuevos marcos desde cero.

La historia de la Comunidad Europea de Defensa

El 27 de mayo de 1952, seis países europeos firmaron en París el tratado fundacional de la Comunidad Europea de Defensa (CED), una iniciativa supranacional que buscaba “instituciones comunes, fuerzas armadas comunes y un presupuesto común”, según recoge el artículo 1 del tratado. e esta manera, el acuerdo estipulaba que las fuerzas armadas nacionales quedarían integradas en las Fuerzas de Defensa Europeas. El acuerdo, impulsado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, fue el mayor experimento de integración militar europea tras la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta incluía protocolos militares y judiciales, acuerdos financieros y convenios sobre el estatuto de las fuerzas. También contemplaba la integración de recursos y la creación de programas de armamento conjuntos, todo bajo una administración común. Entre los anexos figuraban tratados bilaterales con el Reino Unido y protocolos sobre la relación entre la CED y la OTAN.

La CED preveía una estructura institucional robusta, compuesta por un Consejo de Ministros, una Asamblea conjunta, una Comisaría comunitaria y un Tribunal de Justicia. El texto establecía que actuaría únicamente con fines defensivos y que una agresión contra cualquier Estado miembro se consideraría un ataque contra todos. “Las Fuerzas de Defensa Europeas estarán integradas por contingentes puestos a disposición por los Estados miembros”, recoge el tratado.

Francia bloqueó el ejército europeo

La ratificación del tratado de la Comunidad Europea de Defensa quedó bloqueada en la Asamblea Nacional francesa, que el 30 de agosto de 1954 rechazó su aprobación con 319 votos a favor de una moción de rechazo, 264 en contra y 12 abstenciones. Esta decisión paralizó el proyecto, aunque el tratado nunca fue formalmente derogado, lo que deja abierta la posibilidad de su reactivación en el futuro.

La iniciativa que planteaba la creación de fuerzas armadas europeas contó con el respaldo de líderes de los ‘padres fundadores de Europa’. Aunque la CED no se implementó, su modelo sentó las bases conceptuales para posteriores propuestas de integración en materia de seguridad y defensa en Europa, y puede ser un antecedente relevante de cara a recuperar este proyecto.

Desde el pasado 22 de abril, destacó en medios de comunicación de corte local la toma de instalaciones del Palacio Municipal de Jonuta en Tabasco por parte de policías preventivos, esta acción se dio como respuesta a la falta de acciones institucionales por parte del gobierno de la María Soledad Villamayor Notario, según acusaron los elementos.

Las demandas de los oficiales se centran principalmente en temas de derecho laboral y acciones operativas, entre las que se encuentran:

• Condiciones precarias
• Falta de recursos que impide la realización de sus labores
• Exigen mejores sueldos y condiciones de trabajo
• Implementar la jornada laboral de 24x48

Tras casi 48 horas de protesta, los policías se mantienen en las inmediaciones del recinto municipal, ya que señalaron que esta medida se generó tras varias solicitudes formales.

Gobierno Estatal es intermediario en las negociaciones

En entrevista para medios el subsecretario de Gobierno de Tabasco (Segotab), Pablo Mora Gómez, informó que la administración estatal ofreció ser intermediario en el conflicto que mantiene cerradas las puertas del Palacio Municipal de Jonuta:

“Me comuniqué ayer con la presidenta municipal y le manifesté nuestra disposición de poder ayudar, sobre todo hacer al diálogo, que me parece que esos temas se tienen que dialogar. Hay una presión que tiene el municipio, evidentemente, con el ejercicio del gasto, es decir, no puedes cubrir todo lo que se pide, pero también hay que ver qué de las peticiones de los policías se pueden atender”.

Adelantó la posibilidad de que en próximos días comience el diálogo con los policías: “Ella le pidió que hicieran una comitiva y creo que todavía ellos no se habían puesto de acuerdo en las personas que iban a estar en esa comitiva y nosotros, en cuanto nos avisen, nos sumaremos ahí a la mesa de diálogo”.

Autoridades federales desempeñan labores en la municipio

El subsecretario detalló que en cuanto a la vigilancia en Jonuta ya se encuentran fuerzas federales y estatales que garantizan la seguridad de la ciudadanía.

Compartió que se encuentran elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes fueron desplegados con la finalidad de realizar las laborales que desempeñan los policías municipales:

“Está respaldándoles por medio de la Policía Estatal... El Ejército y la Guardia Nacional están allá desplegados ya cubriendo las posiciones”.

En cuanto a si emprenderán represalias en contra de los policías que decidieron alzar la voz y protestar en el municipio, el subsecretario agregó: “Nosotros siempre hemos tenido y hemos creído en el diálogo, ¿no? Como la principal alternativa para resolver estas cosas”.

Las autoridades encontraron más de 1.600 kilogramos de una sustancia similar al Anfo, material empleado para crear minas antipersonal y otros dispositivos de alto riesgo. El hallazgo ocurrió en la vereda Agua Negra 2, donde operaba el grupo armado Segunda Marquetalia Estructura Comandos de Frontera.

La operación fue resultado de un trabajo conjunto entre el Batallón de Ingenieros de Combate n.° 27 y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina n.° 30, apoyados por capacidades de inteligencia militar y la Sijín de la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte, la rápida acción de las tropas evitó que la carga explosiva fuera utilizada para atentar contra la población civil y la seguridad regional.

El procedimiento incluyó la ubicación, aseguramiento y posterior destrucción del depósito, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Este plan articula recursos de inteligencia y fuerza pública para atacar las economías ilícitas y las amenazas armadas en Putumayo y la Amazonía.

La intervención militar neutralizó no solo la amenaza inmediata, sino también la posibilidad de ataques futuros con explosivos improvisados. Según el Ejército, los materiales incautados habrían permitido la elaboración de miles de artefactos, lo que representa una reducción tangible del riesgo para la estabilidad en la región.

Además, la Vigésima Séptima Brigada reiteró su determinación de proteger la vida y la integridad de los habitantes del departamento, así como de combatir los factores que generan inestabilidad. Con este tipo de acciones buscan debilitar las estructuras armadas ilegales y limitar el acceso a recursos para la fabricación de explosivos.

En resumen, el hallazgo y la neutralización de este depósito ilegal de explosivos en Putumayo representa un avance relevante en la protección de la población y en la lucha contra los grupos armados que operan en la zona.

Armada neutralizó arsenal de explosivos artesanales en zona rural de Tumaco

La Armada de Colombia desmanteló un depósito ilegal con 500 kilogramos de material explosivo artesanal en la vereda La Espriella, ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño. La operación, desarrollada junto a la Policía Nacional, impidió que estos materiales fueran empleados en ataques contra la población civil y la fuerza pública en el litoral pacífico.

Tropas del Gaula Militar Tumaco identificaron el escondite, donde hallaron ocho costales con la sustancia explosiva. Técnicos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron pruebas en el sitio y validaron la alta capacidad de detonación del material.

El hallazgo permitió la destrucción controlada del explosivo en el lugar, siguiendo estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier riesgo a los habitantes de la zona. Esta acción neutralizó una amenaza significativa en una región marcada por la actividad de grupos armados ilegales.

Según la información oficial, las investigaciones señalan que el material pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Iván Ríos, una estructura que opera en el sur de Colombia. Los explosivos habrían tenido como destino la fabricación de artefactos improvisados para perpetrar ataques en la región.

La Armada de Colombia manifestó un rechazo enfático a los intentos de los grupos armados de emplear explosivos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El operativo evidencia la coordinación institucional entre fuerzas militares y policiales para contener las amenazas derivadas de las economías ilícitas y la violencia en el Pacífico.

Como resultado, la intervención evitó la utilización de 500 kilogramos de explosivos que habrían representado un riesgo directo para la estabilidad y la seguridad en Tumaco y sus alrededores. El despliegue de equipos especializados y la destrucción in situ de los materiales refuerzan el compromiso de las autoridades en la protección de la vida y la integridad de la población civil en Nariño.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara alta recibió una solicitud del Ejecutivo federal para autorizar el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio mexicano con fines de adiestramiento.

El documento, remitido por la Secretaría de Gobernación, detalla que la petición se sustenta en el marco constitucional vigente, específicamente en la facultad del Senado para aprobar la entrada de tropas extranjeras para actividades específicas.

Ejercicio Fénix 2026: cooperación militar en Campeche

Uno de los principales eventos contemplados es el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo en el estado de Campeche.

Este entrenamiento involucra a la Armada de México y al Comando Norte de Estados Unidos, con la participación de fuerzas especiales, incluidos elementos de los Navy SEALs.

El objetivo central es mejorar la interoperabilidad entre ambas naciones mediante operaciones anfibias, simulaciones de combate, maniobras de desembarco y ejercicios tácticos en tierra.

Este tipo de ejercicios forma parte de una cooperación bilateral constante en materia de seguridad y defensa.

Evento SOF 4: entrenamiento especializado en cuatro entidades

El Senado evaluará la autorización para el denominado “Evento SOF 4”, enfocado en fortalecer las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Este programa se desarrollará del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, con la participación de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs.

De acuerdo con el oficio oficial, el personal estadounidense ingresará con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizando como punto de entrada el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Senado debe autorizar ingreso de tropas extranjeras

La Constitución mexicana establece que cualquier ingreso de fuerzas armadas extranjeras debe contar con la aprobación del Senado.

En este caso, la solicitud fue presentada formalmente por el Ejecutivo para su análisis y eventual votación.

Estas autorizaciones suelen ser aprobadas bajo criterios específicos, delimitando el número de elementos, el tipo de armamento, los objetivos del entrenamiento y el tiempo de permanencia en el país.

Asimismo, al concluir los ejercicios, el Ejecutivo federal está obligado a rendir un informe detallado al Senado sobre los resultados y alcances de las actividades realizadas.

Objetivo estratégico: cooperación y fortalecimiento de capacidades

Los ejercicios conjuntos entre México y Estados Unidos tienen como finalidad fortalecer la preparación de las fuerzas armadas mexicanas mediante el intercambio de experiencia y conocimientos tácticos.

Entre las actividades que se desarrollan en este tipo de entrenamientos destacan:

• Operaciones anfibias y desembarcos tácticos
• Simulación de combate en distintos escenarios
• Entrenamiento en vigilancia, reconocimiento y tiro de precisión
• Coordinación entre fuerzas especiales de ambos países
• Uso de tecnología y equipo militar especializado

Este tipo de cooperación no implica intervención militar extranjera, sino que responde a esquemas de colaboración previamente acordados y regulados por la ley mexicana.

Antecedentes y contexto de ejercicios binacionales

El Ejercicio Fénix forma parte de una serie de entrenamientos binacionales que han evolucionado con el tiempo.

En años anteriores, estas prácticas eran conocidas como “Aztec Alligator”, y se realizan de manera periódica como parte de la cooperación en seguridad regional.

Estos ejercicios se enfocan principalmente en la preparación de la infantería de marina y en el desarrollo de capacidades para operar en zonas costeras, consideradas estratégicas para la defensa y seguridad nacional.

Además, el gobierno mexicano ha reiterado que este tipo de actividades son estrictamente de capacitación, bajo supervisión institucional y con pleno respeto a la soberanía nacional.

En los próximos días, el Senado de la República analizará la solicitud enviada por el Ejecutivo, lo que definirá si se autoriza formalmente el ingreso del personal militar estadounidense para estos ejercicios programados en 2026.

Dos soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos por un oso pardo durante un ejercicio de entrenamiento en la Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el viernes 18 de abril de 2026.

Según confirmó la 11th Airborne Division a CBS News, ambos militares participaban en un ejercicio de navegación terrestre cuando fueron sorprendidos por el animal.

Los soldados recibieron atención médica inmediata y continúan en observación, mientras las autoridades mantienen en reserva sus identidades hasta que los familiares sean notificados.

El ataque y la respuesta inmediata de los soldados

De acuerdo con el portavoz militar, teniente coronel Jo Nederhoed, ambos soldados portaban aerosol anti-osos (bear spray), una medida de seguridad obligatoria en zonas de entrenamiento expuestas a la fauna local.

Según relató Nederhoed a ABC News, los soldados lograron utilizar el bear spray durante el ataque, lo que habría sido clave para ahuyentar al animal y evitar consecuencias aún más graves. La prioridad de la unidad, aseguró el vocero, es “la seguridad y el bienestar del personal”.

La Alaska Department of Fish and Game explicó que el ataque fue probablemente defensivo, ya que el oso acababa de emerger de la hibernación, una situación que suele incrementar la agresividad de estos animales ante la presencia humana. La supervisora regional del organismo, Cyndi Wardlow, destacó a CBS News la importancia del uso del aerosol: “Tener bear spray en el campo puede haberles salvado la vida”.

Investigación y medidas de seguridad tras el ataque

La investigación oficial sigue en curso. Las autoridades militares y estatales trabajan en conjunto para esclarecer los detalles del incidente y reforzar las medidas de seguridad.

Según precisó el Departamento de Pesca y Caza a Anchorage Daily News, la zona del ataque —el área de entrenamiento Arctic Valley, dentro de la base— fue temporalmente cerrada a actividades recreativas hasta nuevo aviso.

Especialistas del organismo recolectaron muestras en el lugar para identificar la especie y el sexo del animal involucrado. Los funcionarios no lograron localizar al oso tras rastrear la zona, una extensión remota y montañosa dentro de los 259 kilómetros cuadrados que abarca la base militar.

Wardlow aseguró que el objetivo es aprender de cada incidente para incrementar la seguridad de civiles y militares en Alaska.

Una convivencia riesgosa entre humanos y osos

Alaska alberga una de las poblaciones de osos más grandes del mundo, con aproximadamente 100.000 osos negros y 30.000 osos pardos, según cifras oficiales. La presencia de estos animales en áreas cercanas a bases militares y zonas urbanas genera un desafío constante para la convivencia segura.

Entre 2000 y 2017, la Sección de Epidemiología estatal registró 68 hospitalizaciones por ataques de osos, con el 96% de los casos atribuidos a osos pardos. En ese periodo, se contabilizaron 10 muertes en ocho ataques diferentes.

La Joint Base Elmendorf-Richardson aloja a unas 40.000 personas, la mayoría personal militar en servicio activo. Fox News remarcó que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la base: en mayo de 2022, otro soldado perdió la vida tras ser atacado por un oso en las inmediaciones del vertedero regional de Anchorage, tal como informaron fuentes oficiales.

Reacciones y próximos pasos

Funcionarios militares y estatales insisten en la necesidad de mantener la alerta y reforzar las recomendaciones de seguridad, sobre todo en la temporada de primavera, cuando los osos despiertan de la hibernación y aumentan los encuentros con humanos.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales de vida silvestre para garantizar la seguridad de todo el personal y prevenir futuros incidentes”, declaró Nederhoed a Anchorage Daily News. Las investigaciones continuarán hasta determinar con precisión las circunstancias y posibles medidas adicionales de protección.

La experiencia reciente refuerza la importancia de las prácticas de prevención en Alaska, donde la convivencia entre humanos y grandes mamíferos sigue siendo un desafío para la seguridad pública y militar.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) realizará un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la península de Azuero, ubicada en el centro sur de Panamá.

Desde mayo de 2025 la región ha visto afectada por la contaminación de sus principales abastecedores de agua, los ríos La Villa y Estibaná, llevando a miles de residentes a tener que abastecerse de agua mediante carros cisternas o la compra del líquido embotellado.

La contaminación de los afluentes se debió a la presencia de coliformes fecales y nemátodos procedentes de fincas porcinas, sin sistemas de tratamiento, ubicadas en las riberas de estos ríos.

Ante la caótica situación, en junio de 2025 el gobierno de José Raúl Mulino decretó un estado de emergencia en la zona, sin que hasta el momento haya respuestas concretas al abastecimiento normal de agua potable que reclama la población.

En medio de la crisis, el 4 de marzo de este año, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, quien había advertido que el presupuesto asignado a la entidad para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

La institución pública enfrenta en los últimos años fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad panameña, debido a la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La colaboración estratégica del U.S. Army Corps of Engineers para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la zona, fue anunciada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Desde el Ministerio de Salud se difundió que luego de gestiones realizadas con la embajada de los Estados Unidos en Panamá, especialistas del Cuerpo de Ingenieros se reunirán este viernes con el equipo del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para analizar a fondo la situación de las fuentes críticas, como el río La Villa y el río Estibaná, así como el estado de las plantas potabilizadoras.

“Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo que resuelva el problema de raíz”, manifestó el ministro de Salud.

Mientras se desarrolla el plan maestro con la contraparte estadounidense, el Ministerio de Salud adelantó acciones inmediatas para garantizar el acceso al recurso, como son la perforación de más de 60 pozos.

Pese a esto, la población azuerense continúa quejándose por la falta del líquido, que desde hace poco más de un año se ha vuelto más crítica en ciertas áreas de la península.

El plan de presupuesto de las autoridades de Salud contempla la integración de 180 pozos adicionales este año, con una meta final de cerca de 400 pozos a nivel nacional para reforzar la red de suministro.

A pesar de los avances en la infraestructura, el ministro Boyd Galindo fue enfático en mantener las medidas de prevención sanitaria. Actualmente, el agua en las zonas afectadas no es apta para el consumo humano directo.

Ante la falta de agua en muchos sectores, el Ministerio de Salud continúa recomendado a la población de Azuero que obligatoriamente hiervan el líquido antes de ingerirlo, que utilicen el suministro actual exclusivamente para tareas de higiene personal y limpieza de áreas.

También se les recomienda mantener la precaución extrema para evitar enfermedades de transmisión hídrica, mientras se implementan las soluciones técnicas.

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La guerra en Ucrania no cesa desde 2022 y la OTAN se arma a su lado de la frontera europea para repeler una posible expansión de Rusia. Oriente Medio supera ya el mes de ataques cruzados entre Irán y el bloque de Estados Unidos e Israel. El contexto global no invita a rechazar aspirantes a soldados. Las potencias europeas tratan de atraer a sus jóvenes con nuevos servicios militares. Francia ofrece 800 euros mensuales a los voluntarios, mientras que en Alemania elevan la paga hasta los 2.600 euros.

Sin embargo, la realidad es que los occidentales están perdiendo el interés en unirse al ejército. El presidente del Observatorio de Vida Militar, Mariano Casado, advirtió en el Congreso de los Diputados sobre la preocupante falta de personal en las Fuerzas Armadas. “La situación del reclutamiento es preocupante porque cada vez se presentan menos candidatos por plaza convocada”, dijo. Lo cierto es que ha caído drásticamente, pasando de 27 aspirantes por plaza en 2013 a solo 4 en 2024.

En estos momentos, España tiene 117.000 efectivos militares. Su compromiso con la OTAN fija el objetivo para 2030 en 130.000 profesionales. Con este margen de tiempo, los números no salen. Según el CIS, solo el 29% de los españoles estaría dispuesto a luchar por su país, y se trata de una respuesta dentro de un supuesto escenario bélico. La dificultad para encontrar españoles que apuesten por la vida militar abre la puerta a miles de extranjeros dispuestos a hacerlo. No obstante, unirse a las Fuerzas Armadas de otra nación plantea desafíos innegables. ¿Cómo es estar dispuesto a jugarse la vida por un país donde no naciste?

El crecimiento de los extranjeros en el Ejército

Esta realidad es relativamente reciente. En el siglo pasado no era tan habitual encontrar en un ejército a alguien nacido en otro país. Pero hay precedentes. La Legión Extranjera Francesa, ya presente en el siglo XIX, se llevó la fama de estas unidades específicas que aceptaban personas fugadas de otros países sin hacer muchas preguntas. El Reino Unido ha permitido históricamente el alistamiento de ciudadanos de países de la Commonwealth, como Canadá o Australia. Y antes de la dictadura de Franco, España adoptó el modelo francés con la Legión, aceptando extranjeros entre 1920 y 1939. El fin de la Guerra Civil frenó esta posibilidad.

Pero para la apertura definitiva hay que viajar hasta 2002, cuando bajo el gobierno de José María Aznar se aprobó la entrada de personas de países con un pasado común con España, lo que incluía a la mayoría de latinoamericanos y a Guinea Ecuatorial. Esta historia se ha trazado de forma paralela a los procesos de nacionalidad. La Ley 32/2002, de 5 de julio, que modifica la anterior de 1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, permitió por primera vez el acceso de los extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. Desde aquel momento y hasta el día de hoy, para entrar en la escala de oficiales es imprescindible la nacionalidad española.

Sin embargo, esa reforma dejó fuera a otras nacionalidades debido a “tensiones territoriales”, especialmente con Marruecos, a pesar de que es la principal comunidad extranjera residiendo en España. En aquel momento, España mantenía su postura a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, entre otros debates diplomáticos en los que chocaba con el régimen marroquí. En el presente, los marroquíes siguen sin poder ingresar al Ejército, aunque sí que existen muchos soldados de origen marroquí, pero nacidos en España.

En ese momento, la situación de falta de relevo en el Ejército recuerda a la actualidad. “Muchos jóvenes españoles se engancharon profesionalmente en otros sectores, especialmente el de la construcción”, señala José Pablo Martínez, por lo que cada vez menos optaban por las Fuerzas Armadas como salida laboral. Los extranjeros permitieron solucionar parte del problema. Desde 2002, la presencia de inmigrantes en las Fuerzas Armadas españolas experimentó un auge rápido, superando el 10% del personal en 2005 debido a la falta de reclutas nacionales.

Sin embargo, la crisis económica y las nacionalizaciones masivas con los nuevos procesos revirtieron la tendencia. Actualmente, su representación ha caído al 5%. El último documento de estadística de personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas, de 2024, cifra en 2.525 los oficiales nacidos en el extranjero, aunque al tener nacionalidad española no cuentan como inmigrantes. En tropa y marinería, según el Observatorio de Vida Militar, es donde se concentran la mayoría, con un total cercano a los 4.000.

En 2011, el PP se comprometió a conceder la nacionalidad a todos los soldados que cumplieran dos años de servicio a través de la ‘carta de naturaleza’, cuenta José Pablo Martínez, experto del Real Instituto Elcano. Según el artículo 21 del Código Civil, este método permite dar la documentación española a casos concretos. Desde aquella promesa electoral, los militares extranjeros suelen recibir la nacionalidad a los dos años. El ‘regalo’ del gobierno de Rajoy no tiene un carácter legal para todo este colectivo, sino que exige estudiar cada caso. Por ello, muchos siguen el camino habitual, que desde 2015 permite solicitar la nacionalidad a personas de los países con pasado común.

Del extendido “compañerismo” a los casos de racismo

El compañerismo y el respeto mutuo son los pilares de la integración. Yinoly, infante de marina nacida en Manizales, Colombia, resume su experiencia de manera muy positiva. “Lo de ser extranjera y servir a España es como vivir entre dos orgullos. Para mí es una responsabilidad doble, porque como colombiana represento mi esencia. Nunca olvido de dónde vengo ni quién soy y así honro mis raíces”. Para ella, servir en el Ejército español implica “entregar cada día lo mejor al país que un día me abrió la puerta y confió en mí”.

La experiencia de Enrique Escudero, brigada del Ejército del Aire, representa otra realidad. Nació en Madrid, pero su familia paterna es vasca y mantiene lazos con México. “Ingresé al ejército tras acabar los estudios y representar a España es un orgullo”, comenta. Escudero destaca la importancia del apoyo entre compañeros, sobre todo en los momentos más duros, y comparte una anécdota reciente en Turquía. “Trabajábamos con estadounidenses y, de repente, un compañero resultó ser de República Dominicana. Eso me hizo ver que personas de distintas partes servimos juntos en muchas fuerzas armadas. El compañerismo supera los orígenes y las banderas”, relata el profesional.

No obstante, no todas las historias tienen finales felices o caminos rodeados de un buen recibimiento. En los pasillos de los cuarteles, las historias de discriminación también han sido una realidad. Los casos que han salido a la luz en los últimos años han revelado un patrón recurrente.

Desde 2020, cuando se expulsó a un militar por realizar saludos neonazis, las Fuerzas Armadas han ejecutado varias purgas y condenas severas contra el racismo. El país se conmocionó en 2021 con el asesinato de Younes Bilal a manos de un exmilitar que gritaba “¡no quiero moros aquí!”. La justicia ha endurecido su respuesta ante el acoso interno para erradicar estas conductas de las unidades. En 2024, un sargento fue encarcelado por humillar a una soldado extranjera diciéndole “vete a tu país, no sirves para nada”. En 2025, el Supremo condenó a un cabo de la Legión que llamaba “sudaca de mierda” a un subordinado y le amenazaba con un “tiro en la cabeza”. Y un soldado del Regimiento “Palma” 47 fue sentenciado por ataques que mezclaban racismo y machismo, tildando a sus compañeras de “putas extranjeras” y “negras asquerosas”.

Esta no es la experiencia de los militares entrevistados por Infobae. “Nunca me he sentido parte externa. Siempre me he sentido parte de lo que hacíamos y parte de lo que defendíamos y defendemos”, asegura la sargento Susan Acuña. Al igual que ella, otros entrevistados resaltan la integración que han vivido desde que llegaron al ejército.

Países con historia en común

El sargento Diego Fontenla Pérez, nacido en Argentina y criado en una familia militar, descubrió su vocación desde pequeño. A los 13 años inició su formación en un liceo militar y, tras mudarse a España con 17, decidió seguir la carrera en el Ejército de Tierra. “Sentí el orgullo de representar a España”, afirma sobre sus destinos en Ceuta, Tenerife y Toledo.

La lista de orígenes que permiten unirse al ejército en España responde a los nexos históricos. Las naciones latinoamericanas que hace siglos, tras la conquista española, pertenecieron al imperio, forman la mayoría de opciones. La cultura similar, los habituales antecedentes familiares y, especialmente, la facilidad de compartir idioma, hizo que, ante la necesidad de aumentar el número de soldados, se optara por los solicitantes nacidos allí. Además, la migración latinoamericana es la más numerosa en España.

De esta forma, los países que forman este grupo son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Este último es la excepción dentro de la mayoría latinoamericana, pero la razón es la misma: Guinea Ecuatorial fue territorio español hasta que logró su independencia en 1968.

Diego Fontenla relata la historia de su abuelo, como ejemplo de este pasado común al que señala la presencia de extranjeros en las Fuerzas Armadas. “Mi abuelo, Néstor Fontenla Quinteiro, nace en Cuspetriño, Pontevedra, junto a tres hermanos”, detalla el sargento. “En julio de 1936 lo recluta el Ejército Nacional” y se ve envuelto en la Guerra Civil española, explica el sargento. Tras el conflicto, decide marcharse a Argentina con su familia. “Cuando hablábamos de la guerra, se ponía bastante triste y cambiaba de tema enseguida”, reconoce Fontenla. Casi un siglo después, su nieto regresó a España y se unió al ejército, pero en un contexto totalmente distinto. “Uno nunca olvida de dónde viene, pero el uniforme te une a quienes te rodean, más allá de las fronteras”.

El miedo a la guerra crece entre los españoles. El conflicto de Oriente Medio, con Estados Unidos como protagonista y bases militares europeas afectadas, ha hecho que muchas personas lo vean como una realidad mucho más cercana. Lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania y la amenaza constante de Rusia a través de drones que entran en espacios aéreos europeos o buques y submarinos en sus aguas. Todo ello lleva al cuestionamiento de si uno mismo puede acabar en una trinchera o en los escombros que deja un bombardeo.

En un supuesto escenario en el que España entra en una guerra, algo todavía lejano e improbable, los militares, como es lógico, serían los primeros en tener que responder. No obstante, conforme la guerra escalase podría ir aumentando el número de personas que son llamadas a filas, sin necesidad de que tengan algún tipo de formación militar. La incorporación obligatoria de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en España está regulada por una serie de normativas legales que fijan de manera precisa el orden, los criterios y los procedimientos en caso de movilización.

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El artículo 30 de la Constitución establece el derecho y deber de los españoles a defender España. La Ley 39/2007 de la Carrera Militar es la que determina que el llamamiento a filas sigue una cadena de prioridad, que parte de los reservistas voluntarios y solo contempla la movilización ciudadana tras agotar esa vía. El proceso, que afecta principalmente a los jóvenes de entre 19 y 25 años, requiere la intervención directa del Gobierno y la autorización previa del Congreso de los Diputados.

Voluntarios primero, obligatorios después

La legislación española regula la incorporación a filas. El artículo 123 de esta ley establece que los Reservistas Voluntarios y los Reservistas de Especial Disponibilidad —antiguos militares de tropa— tienen prioridad absoluta. Solo si estos dos colectivos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de personal, el Estado puede activar la llamada Reserva Obligatoria. Este mecanismo asegura que la movilización ciudadana solo se utilice como último recurso y en circunstancias excepcionales.

La figura del reservista obligatorio queda definida en el artículo 136 de la Ley 39/2007. Los ciudadanos españoles que podrían ser reclutados son aquellos con edades comprendidas entre los 19 y 25 años. La medida no se dirige a un grupo profesional ni social, sino a la población general dentro de ese rango de edad y sin diferencia entre sexos. Si, tras reclutar a este grupo, siguiese existiendo una necesidad, se ampliaría hasta los 45 años.

La activación de la Reserva Obligatoria está sujeta a un control político estricto. El artículo 139 de la Ley 39/2007 establece que la incorporación de civiles solo es posible tras la aprobación de un Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, que debe contar con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Esta doble garantía institucional limita la posibilidad de movilización forzosa y otorga al Parlamento la decisión final sobre la activación del mecanismo.

El desarrollo reglamentario de la reserva queda recogido en el Real Decreto 383/2011, que regula los procedimientos relacionados con la incorporación. El decreto exige que los potenciales movilizados superen reconocimientos médicos que verifiquen su aptitud física y psíquica para el servicio militar. El sistema es una herramienta preventiva, alineada con la tendencia europea hacia ejércitos profesionales y reservas voluntarias.

Pena de cárcel por no defender al país

Negarse a acudir al ejército tras un llamamiento legal en España es un delito que puede llevar a penas de cárcel. Si eres un civil convocado como reservista obligatorio y no te presentas tras la autorización oficial, puedes recibir una pena de hasta tres años de prisión y quedar inhabilitado para trabajar en la administración pública.

La única opción legal para no combatir es la objeción de conciencia, que implica un servicio civil alternativo obligatorio, como ser destinado a protección civil o un hospital. Si ya eres militar, las sanciones son mucho más duras. La deserción o la desobediencia en tiempos de guerra pueden suponer de cinco a 15 años de cárcel y la ausencia injustificada más de 24 horas puede castigarse con entre tres y 10 años de prisión.

Bélgica ha respondido de forma masiva a la convocatoria del nuevo servicio militar voluntario. Tras el envío de cartas a unos 150.000 jóvenes de 17 años, se han recibido en las últimas semanas más de 3.000 solicitudes, según confirmó el ministro de Defensa, Theo Francken, en un mensaje difundido por redes sociales. El programa, impulsado por el Gobierno liderado por Bart de Wever, ofrece la posibilidad de realizar un año de formación militar remunerada con al menos 2.000 euros netos mensuales.

El objetivo es cubrir una primera tanda de 500 plazas entre los 3.248 inscritos, quienes comenzarán su formación en agosto. Según detalló el Ministerio de Defensa, los participantes podrán optar por integrarse en las Fuerzas del Aire, de Tierra o la Marina. La iniciativa busca reforzar la presencia militar y plantea que, tras finalizar la formación, los jóvenes puedan permanecer en la reserva o incorporarse a las fuerzas armadas activas.

Más de 3.000 solicitudes del servicio militar

El interés generado por la convocatoria ha superado las expectativas iniciales del Ejecutivo. El ministro Francken calificó el resultado como “éxito rotundo” y precisó que los aspirantes ahora deberán someterse a pruebas técnicas, físicas y de inteligencia para acceder a una de las plazas disponibles. La distribución geográfica de las inscripciones refleja la diversidad lingüística del país. 1.608 de los jóvenes son neerlandófonos y 1.644 francófonos. Además, una quinta parte de los candidatos son mujeres.

Según la información oficial, el proceso de selección busca garantizar la capacitación adecuada para quienes superen los exámenes y se incorporen al servicio a partir del próximo agosto. El servicio militar voluntario se enmarca en el contexto de los cambios recientes en la política de defensa de Bélgica. Cada participante recibirá al menos 2.000 euros netos mensuales durante su estancia en el programa.

Posibilidades de futuro tras la formación

El programa contempla que los participantes puedan mantenerse como reservistas mientras continúan sus estudios o desarrollan una carrera civil, con la obligación de estar disponibles ciertos días al año para el Ejército o para misiones temporales. También se ofrece la opción de desvincularse completamente tras el año de formación, o bien solicitar el ingreso en las fuerzas armadas regulares.

La estructura del proyecto está diseñada para ofrecer un equilibrio entre formación militar y desarrollo académico o profesional, facilitando que los jóvenes compatibilicen su compromiso con el Ejército y sus propios planes personales. La flexibilidad del modelo permite que, al finalizar el año, quienes decidan permanecer en la reserva sigan colaborando con las fuerzas armadas de forma parcial, mientras que quienes opten por abandonar la institución lo hagan sin obligaciones adicionales.

El Ministerio de Defensa subrayó que la iniciativa pretende captar nuevos perfiles y responder a las necesidades actuales de seguridad y defensa del país. Además, busca fomentar el sentido de responsabilidad y el compromiso cívico entre los jóvenes, ofreciendo una experiencia formativa que puede ser útil tanto en el ámbito militar como en el civil. El proyecto también pretende fortalecer los vínculos entre la sociedad y las fuerzas armadas, adaptándose a las demandas de una generación que valora la flexibilidad y la compatibilidad entre distintas etapas educativas y laborales.

Cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo son detenidos por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas estatales luego de un enfrentamiento en la comunidad Mesa de Palma del municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Como resultado, las autoridades incautaron armamento, municiones y vehículos, incluido un lanzagranadas, según registra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El Grupo Interinstitucional realizó el aseguramiento de cinco armas largas, un lanzagranadas, veintiséis cargadores y mil 250 cartuchos. También aseguran dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como cinco chalecos balísticos y dos cascos.

El reporte destaca que los hechos sucedieron cuando personal militar realizaba tareas de reconocimiento en el lugar. los uniformados fueron agredidos por los civiles armados.

“Una vez controlada y asegurada la zona, se logró la detención de 5 presuntos delincuentes”, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Los elementos repelieron el ataque y controlaron la situación en la región, donde fue desplegado un operativo que incluyó la participación de fuerzas federales y estatales.

En las imágenes compartidas por la SSP puede verse a los ahora detenidos, así como los vehículos incautados.

Asimismo, las cinco personas, junto con el equipo y las armas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las investigaciones correspondientes.

Detienen a tres personas que lanzaron ponchallantas a agentes en Culiacán

Cabe recordar que el pasado 7 de abril, agentes de seguridad detuvieron a tres personas en Culiacán, Sinaloa, después de una persecución.

Las detenciones fueron realizadas por del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, quienes realizaban recorridos de seguridad en el camino al dique La Primavera cuando detectan una camioneta blanca a exceso de velocidad. Al aproximarse, los ocupantes arrojaron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Lo anterior generó una persecución que resultó en la detención de tres presuntos delincuentes cuyos nombres no fueron compartidos por las autoerridaes.

Como resultado, los efectivos incautaron armas largas y chalecos. De manera especifica fueron asegurados:

• 1 fusil AR-15 A4, calibre 5.56 x 45 mm
• 1 fusil AR-15, multicalibre
• 1 fusil AK-47, calibre 7.62 x 39 mm
• 14 cargadores calibre 5.56 x 45 mm
• Siete cargadores calibre 7.62 x 39 mm
• 420 cartuchos útiles 5.56 x 45 mm
• 210 cartuchos útiles 7.62 x 39 mm
• Tres chalecos balísticos con placas
• Una camioneta Ford Ranger, blanca, con reporte de robo

Mientras que el 5 de abril pasado cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva fueron asegurados tras un ataque a balazos en contra de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa. En dicha ocasión los agentes hacían patrullajes de reconocimiento terrestre en inmediaciones de la cabecera municipal.

El gobierno del presidente José María Balcázar inició el despliegue de más de 45 mil agentes de las Fuerzas Armadas para custodiar la totalidad de los locales de votación y garantizar la seguridad de los más de 27 millones de electores habilitados que participarán de las Elecciones Generales 2026 el domingo 12 de abril.

Según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el despliegue del Ejército durante la jornada electoral busca que el desarrollo del proceso sea seguro y transparente, como parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional.

El día de las elecciones, los 45.540 militares estarán a cargo de controlar el acceso a los centros de votación, custodiar el material electoral y mantener el orden general, bajo principios de legalidad y proporcionalidad. El operativo incluye la activación de protocolos para afrontar cualquier contingencia social o climática que pudiera afectar el proceso.

Esta operación implica coordinación directa entre diferentes instituciones como el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, junto a los ministerios de Defensa e Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y autoridades locales, precisó Arroyo durante el acto de lanzamiento, realizado en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en Chorrillos.

Fuerzas Armadas actuarán bajo principio de neutralidad institucional

Arroyo afirmó que este operativo “no es solo una operación logística”, sino también un mensaje sobre la neutralidad institucional y el rol efectivo del Estado en la protección de la democracia. “Su voto está protegido”, aseguró el titular de la PCM. Detalló que la misión asignada es “estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden”.

La participación de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad está orientada a “garantizar la expresión libre de la voluntad popular en una jornada segura, ordenada y transparente”, explicó el titular de la PCM. El objetivo es generar confianza en el proceso democrático en las zonas urbanas, así como en áreas rurales y dispersas.

Refuerzo de la seguridad ciudadana

El operativo electoral es parte de una política para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el orden democrático, dijo Arroyo a Andina. Informó que se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas de alta incidencia delictiva, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales intervienen de manera conjunta.

Además, el Estado ha incorporado 5.655 nuevos efectivos policiales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el periodo previo a las elecciones.

En términos operativos, el domingo 12 de abril se movilizarán miles de efectivos policiales y militares en el 100 % de los locales de votación, asegurando con presencia armada la seguridad directa del proceso, la protección del material electoral y la logística de traslado. Estas medidas fueron confirmadas por Arroyo, quien enfatizó que la misión central consiste en “ser la seguridad absoluta de este proceso electoral”.

El Ejército del Perú anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de un Beechcraft King Air 360C, un avión bimotor turbohélice que será utilizado principalmente en operaciones de evacuación médica, transporte logístico y ayuda humanitaria. La aeronave contará con una puerta de carga, característica que facilita el traslado de pacientes, equipos médicos y suministros en contextos de emergencia.

El anuncio se da en paralelo a otros esfuerzos recientes dentro del sector Defensa, donde tanto el Ejército como la Fuerza Aérea han venido reforzando su flota para evacuaciones aeromédicas, traslado de pacientes y apoyo humanitario. La apuesta por aeronaves multipropósito busca cerrar brechas en conectividad, sobre todo en regiones de la Amazonía y zonas altoandinas donde el acceso terrestre es limitado o inexistente.

Ejército del Perú suma nueva aeronave para emergencias y asistencia en regiones alejadas

La modernización de las capacidades operativas del Ejército del Perú suma un nuevo capítulo con la reciente adquisición de esta aeronave destinada a misiones críticas en zonas remotas del país. En un contexto donde las emergencias climáticas, desastres naturales y limitaciones geográficas siguen marcando desafíos logísticos, la incorporación de este tipo de equipos apunta a mejorar la respuesta estatal en situaciones de urgencia.

De acuerdo con la información oficial, se espera que el avión entre en servicio en el año 2028, integrándose a las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas para atender desastres naturales, emergencias sanitarias y operaciones de apoyo a la población.

Uno de los aspectos clave de esta adquisición es su capacidad para operar en zonas de difícil acceso, lo que permitirá llegar a comunidades alejadas donde la atención médica o la ayuda estatal suele demorar por limitaciones geográficas. En ese sentido, el uso de este tipo de aeronaves resulta estratégico en un país como el Perú, marcado por su diversidad territorial.

Además del avión, el acuerdo contempla el desarrollo de un proyecto aeromédico, que incluye la implementación de camillas y equipamiento especializado para el traslado de pacientes en condiciones críticas. También se considera la capacitación técnica del personal militar, tanto en la operación como en el mantenimiento de la aeronave, lo que permitirá sostener su funcionamiento en el tiempo.

No es la primera incorporación: antecedentes recientes en la Fuerza Aérea del Perú

La llegada del Beechcraft King Air 360C al Ejército no es un hecho aislado. En agosto de 2025, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya había avanzado en la misma línea con la incorporación de aeronaves del mismo modelo, configuradas como aviones ambulancia.

En ese entonces, la FAP recibió las credenciales de su segundo avión de este tipo, el cual fue destinado a reforzar las operaciones de evacuación aeromédica en todo el territorio nacional. Según información oficial, el primer avión incorporado en 2024 permitió salvar más de 85 vidas, evidenciando el impacto directo de estas aeronaves en situaciones de emergencia.

Estas unidades fueron asignadas al Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, desde donde se coordinan diversas operaciones de transporte y apoyo logístico. Su despliegue ha permitido mejorar la capacidad de respuesta en regiones de la costa, sierra y Amazonía, donde los tiempos de traslado pueden ser determinantes.

La incorporación progresiva de este tipo de aeronaves refleja una estrategia más amplia del sector Defensa para fortalecer la infraestructura aérea destinada a misiones humanitarias y de servicio público. En un país expuesto a fenómenos como huaicos, inundaciones o emergencias sanitarias, contar con equipos especializados se vuelve clave para reducir riesgos y atender a la población de manera oportuna.

En esa línea, el nuevo avión que será operado por el Ejército se suma a una flota que ya incluye diversas aeronaves utilizadas en tareas de vigilancia, transporte y asistencia. Con ello, se busca ampliar el alcance de las intervenciones del Estado en situaciones donde la rapidez de respuesta puede marcar la diferencia.

Alemania ha introducido cambios en su legislación militar que afectan directamente a los hombres de entre 17 y 45 años. La Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero de este año, establece que quienes deseen permanecer fuera del país durante más de tres meses deberán obtener una autorización previa de las Fuerzas Armadas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno alemán para mejorar la gestión de los recursos humanos del Ejército y garantizar la disponibilidad de efectivos en todo momento, siendo el objetivo principal crear un marco legal que facilite el seguimiento de los ciudadanos susceptibles de ser reclutados, especialmente en contextos de emergencia.

De acuerdo con información de Europa Press, el Ministerio de Defensa alemán ha detallado, a través de un portavoz citado por la agencia DPA, que la nueva normativa exige la “autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses”. Se trata de una obligación formal para todos los varones a partir de los 17 años, aunque, tal como señaló el portavoz, “la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario”. Esta disposición busca evitar cargas administrativas innecesarias en el contexto actual, en el que el servicio no es obligatorio.

Las FFAA alemanas buscan que el número de efectivos alcance los 260.000

La norma introduce también un examen médico obligatorio para los nacidos a partir de 2008, con la intención de contar con información actualizada sobre la condición física de los potenciales candidatos al servicio. La ley fija como meta ampliar el número de soldados activos en 80.000, para llegar a un total de 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas.

La nueva legislación concede al Ejército la capacidad de conocer la localización de los hombres sujetos a servicio militar durante estancias prolongadas en el extranjero. Esta prerrogativa, según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, servirá “para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026”.

No se trata solo de una norma pensada para situaciones de crisis, ya que su aplicación se extiende también a periodos de normalidad y la obligación de solicitar permiso previo no está vinculada a la existencia de un conflicto o estado de emergencia. Incluso fuera de estos supuestos, la ley exige la tramitación de la autorización antes de realizar una estancia larga en el extranjero. El Ministerio de Defensa está trabajando en la elaboración de disposiciones complementarias que permitan otorgar excepciones y reducir la burocracia. “En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria”, indicó el portavoz.

El gobierno alemán no ha facilitado cifras sobre el número de solicitudes de autorización presentadas desde la entrada en vigor de la ley ni detalles sobre los mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos. El portavoz del Ministerio recordó que “la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica”. De momento, el incumplimiento de este requisito no implica consecuencias legales directas, lo que refuerza su carácter preventivo y organizativo.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura de dos individuos conocidos como alias El Gordo y alias Riki en la vereda Cuéllar, jurisdicción rural de Chinácota, Norte de Santander.

Las autoridades informaron que los detenidos serían presuntos integrantes del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, organización armada ilegal con influencia en la región y señalada de múltiples acciones delictivas.

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Según fuentes oficiales, los capturados estarían vinculados a labores de inteligencia criminal y tendrían la responsabilidad de planear y ejecutar ataques contra miembros de la Fuerza Pública.

Se presume que ambos seguirían instrucciones de alias Jorge, señalado como cabecilla de la estructura y con presencia en localidades como Chinácota, Herrán y Ragonvalia.

El rol de alias El Gordo y alias Riki dentro del grupo consistía en observar los desplazamientos de las autoridades, identificar sus rutinas y recopilar información sobre patrullajes, con el objetivo de facilitar emboscadas o atentados.

Investigadores relacionan a los detenidos con el atentado registrado el 22 de marzo de 2026 en Chinácota, cuando un artefacto explosivo fue detonado contra uniformados, generando zozobra en la comunidad local.

Durante el registro y allanamiento, los uniformados incautaron material de uso restringido, incluyendo explosivos tipo indugel, estopines, radios de comunicación, un teléfono móvil y una bandera identificada con símbolos del ELN. Estos elementos habrían sido empleados para coordinar y ejecutar actividades ilícitas en la zona.

La operación representa un golpe a la estructura armada del ELN, que mantiene presencia histórica en Norte de Santander y ha sido protagonista de diversos hechos violentos en la región.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar la investigación para determinar su responsabilidad penal.

Tras lo anterior, las autoridades mantienen operativos en áreas rurales y urbanas para contrarrestar el accionar de grupos armados ilegales, así como para garantizar la seguridad de la población civil en zonas impactadas por la violencia.

Desarticularon red de narcotráfico ligada al Clan del Golfo y ELN con capturas en Antioquia y Valle del Cauca

La operación Pompeya, liderada por la Policía Nacional de Colombia, significó la desarticulación de una de las redes logísticas más complejas del narcotráfico, con conexiones directas al Clan del Golfo y el ELN.

El procedimiento incluyó la captura de tres ciudadanos colombianos solicitados por la justicia estadounidense, gracias al trabajo conjunto de la DEA y la Fiscalía General de la Nación.

La investigación, iniciada en 2022, permitió la realización de registros simultáneos en Medellín, Guatapé y Cartago. Allí, las autoridades dieron con los presuntos líderes de la organización, acusados de conspirar y coordinar el tráfico de grandes volúmenes de cocaína.

La red empleaba rutas marítimas desde puertos colombianos del Caribe, como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, usando tanto veleros deportivos como contenedores con compartimentos ocultos.

Cada operación transportaba entre 200 y 700 kilogramos de droga, con una frecuencia de hasta dos envíos al mes. El destino de los cargamentos incluía Florida, Puerto Rico, República Dominicana y países de Centroamérica.

Los integrantes del grupo utilizaban tecnologías avanzadas, como comunicaciones cifradas y pagos en criptomonedas, además de recurrir a la “Dark Web” para evadir controles. Las autoridades estiman que la organización movía cerca de 10 millones de dosis anuales y generaba ganancias superiores a los 23 millones de dólares.

El esquema funcionaba bajo un modelo de tercerización, con apoyo directo del Frente de Guerra Comuneros del Sur del ELN y cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, responsables de la logística y la seguridad de los envíos.

Entre los detenidos se encuentra Libardo Humberto Zapata, alias Libardo, socio estratégico de alias Otoniel, capturado en una finca de Guatapé valorada en más de dos millones de dólares. También fue arrestado Sebastián Garzón Ramírez, alias Sebas, encargado de la logística y almacenamiento, quien operaba desde un apartamento exclusivo en Medellín.

En Cartago cayó Sebastián Bedoya Pineda, alias El Escritor, quien ocultaba sus actividades bajo la apariencia de empresario y escritor. Los capturados fueron trasladados a Bogotá y puestos a disposición de la Fiscalía, en espera de su extradición a Estados Unidos.

Un oficial del Ejército fue condenado por la Justicia Penal Militar a 24 meses de prisión tras admitir que entregó coordenadas falsas durante un operativo en Vichada entre el 1 y el 9 de octubre de 2025, según informó la Fiscalía Militar y Policial.

La sentencia se dictó tras un preacuerdo en el que el militar reconoció su responsabilidad en los delitos de desobediencia y falsedad ideológica.

La decisión judicial detalló que el oficial permaneció en la institución educativa de la vereda Santa Rosalía, en el municipio de La Primavera, área señalada como “prohibida para uso militar” por su vulnerabilidad y la presencia de población civil, según la resolución.

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A pesar de las restricciones, el uniformado reportó información incorrecta en documentos oficiales y suministró datos erróneos para la planificación de movimientos tácticos, lo que alteró el desarrollo de los operativos en la zona.

El proceso judicial incluyó la presentación de pruebas técnicas y documentales, según expuso el fiscal 2229 especializado, confirmando la actuación irregular durante la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad No. 27 del Batallón de Ingenieros de Combate No. 28.

El fallo fue emitido en medio de las acciones militares orientadas a ubicar a integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento, como parte de los operativos contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Procuraduría impuso fuerte sanción a teniente coronel por acoso laboral

La destitución e inhabilidad durante 10 años impuesta a la teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez marca un precedente en la administración pública colombiana. La sanción, dictada por la Procuraduría General de la Nación, responde a una investigación por acoso laboral en la que la funcionaria, que se desempeñaba como juez primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, fue hallada responsable de maltrato y persecución contra una subalterna con rango de mayor.

La resolución, emitida en primera instancia, detalla que Zuleta Gómez habría utilizado su posición para intimidar a su subordinada, recurriendo a burlas sobre su equipo de cómputo y a comentarios sobre aspectos personales de su vida. El análisis psicológico realizado en el proceso determinó que estos actos produjeron ansiedad y depresión en la víctima.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las conductas como gravísimas y dolosas, señalando que la exjuez transgredió el deber funcional y el principio de moralidad. El fallo advierte que los hechos afectaron directamente el servicio público y la convivencia interna del Ejército Nacional, al vulnerar principios como el respeto y la dignidad, considerados esenciales para los miembros de la institución.

Según la Procuraduría, el liderazgo en cargos de mando debe basarse en el respeto mutuo y la convivencia sana, condiciones que no se cumplieron en este caso. El ente de control destacá que la equidad y la integridad son valores indispensables para quienes ejercen funciones dentro de la jurisdicción penal militar.

La decisión busca consolidar una postura firme frente a las conductas de acoso laboral dentro del sector oficial. Desde la Procuraduría se ratifica que el respeto a los derechos laborales y la promoción de ambientes libres de hostigamiento son principios fundamentales para todos los servidores públicos, incluyendo aquellos con funciones de mando.

El proceso administrativo también pone de relieve el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y la erradicación de prácticas abusivas en el ámbito institucional. La entidad resalta que garantizar entornos laborales respetuosos y libres de intimidación; es una obligación que recae sobre todos los funcionarios.

La investigación concluyó que la conducta de la teniente coronel no solo perjudicó derechos individuales, sino que además comprometió los valores institucionales que sostienen el funcionamiento del Ejército.