Guatemala sigue ejecutando acciones en los centros penitenciarios. Esta mañana se realiza un operativo de alto impacto en la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, con un despliegue coordinado del Sistema Penitenciario de Guatemala, la Policía Nacional Civil y el Ejército para recuperar el control del penal, epicentro reciente de motines y foco de privilegios extendidos a cabecillas delictivos.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la medida busca interrumpir la coordinación de ilícitos internos y responder a la presión social generada tras episodios de violencia carcelaria registrados desde principios de año.

La intervención de este 16 de mayo no es aislada. Según consigna el medio Emisoras Unidas, el pasado 25 de abril se decomisaron ocho teléfonos celulares, un enrutador de internet, un panel solar, 80 cajetillas de cigarrillos y armas punzocortantes, lo que evidencia la continuidad de los operativos para erradicar el ingreso de objetos ilícitos. Los equipos desplegados, conformados por elementos de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, ingresaron al penal antes del amanecer, equipados con chalecos antibalas, gorros pasamontañas y armamento adecuado.

La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó a Publinews que el penal alberga reclusos calificados como de alta peligrosidad, incluidos integrantes de la llamada “Rueda del Barrio 18”, estructura imputada de coordinar extorsiones, sicariato y ataques violentos fuera y dentro de las instalaciones. Autoridades indicaron que los detalles completos sobre posibles nuevos decomisos o traslados ejecutados serían difundidos únicamente tras la conclusión del operativo, manteniendo la confidencialidad táctica.

La situación en Renovación I escaló a un nivel crítico tras los disturbios del 17 de enero de 2026, cuando un amotinamiento mantuvo bajo tensión el penal durante más de 24 horas. Según el Grupo Emisoras Unidas, la intervención policial culminó con el sometimiento de diversos líderes de estructuras criminales, un hecho que desencadenó represalias dirigidas contra la institución: once agentes de la PNC perdieron la vida en ataques inmediatos a la toma del penal.

Investigaciones documentadas por Prensa Libre y Emisoras Unidas revelaron evidencias de privilegios concedidos a cabecillas, como la existencia de aire acondicionado, alimentos de restaurante y solicitudes de camas “king size”. En respuesta, el Ministerio de Gobernación, dirigido por Marco Antonio Villeda, ordenó la construcción de áreas especiales dentro de Renovación I para aislar a los principales responsables, entre ellos se encuentra Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”. Estos líderes fueron reubicados en contenedores habilitados, con el fin de restringir su acceso a recursos y tecnología que facilitaban la coordinación de delitos desde el interior.

Renovación I: foco de requisas y epicentro del crimen organizado carcelario

Según consigna Prensa Libre, la cárcel de Renovación I es considerada como epicentro de las estrategias estatales para combatir la criminalidad penitenciaria en Guatemala. Las reiteradas requisas han llevado al hallazgo de electrodomésticos, ventiladores y áreas especialmente acondicionadas para cabecillas; todos estos elementos fueron utilizados para mantener un control efectivo sobre distintas formas de delincuencia pese al encierro formal.

De acuerdo con la documentación del medio, los disturbios y la presión ejercida por estructuras internas buscaban restablecer los beneficios a los que estuvieron acostumbrados algunos líderes, tendencia que marcó la pauta de endurecimiento y aislamiento promovida por el Gobierno en los meses recientes.

A raíz de estos operativos, Renovación I se consolidó como un caso representativo de la problemática carcelaria en Guatemala, donde la coexistencia de reclusos de alta peligrosidad y la capacidad de las autoridades para impedir la reproducción de prácticas criminales dentro de los muros constituye un desafío en permanente evolución.

Luego de varios días de violencia, ataques armados y desplazamientos forzados en comunidades de la Montaña baja de Guerrero, autoridades federales y estatales acompañaron el retorno de 118 personas a la comunidad de Xicotlán, en el municipio de Chilapa.

El operativo se realizó con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal y organismos de atención a víctimas.

El regreso ocurre después de una crisis de seguridad que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares ante los enfrentamientos atribuidos a grupos criminales que operan en la región, principalmente Los Ardillos y Los Tlacos.

Durante los últimos días, habitantes denunciaron ataques con armas de alto calibre, incendios de viviendas y presuntos bombardeos con drones, situación que derivó en múltiples llamados de auxilio por parte de pobladores indígenas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo de retorno incluyó el traslado de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños y jóvenes en vehículos oficiales, además de la entrega de alimentos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y otros insumos básicos.

Gobierno federal despliega operativo de seguridad en la región

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el acompañamiento a las familias desplazadas y aseguró que se mantienen mesas de diálogo y trabajo para garantizar que el retorno sea permanente y se realice bajo condiciones de seguridad.

Como parte de las acciones anunciadas, la Secretaría de la Defensa Nacional instalará un corredor seguro para permitir el libre tránsito entre Xicotlán y la cabecera municipal, así como el ingreso de suministros a las localidades afectadas.

También se informó que comenzará un censo de viviendas dañadas para evaluar afectaciones y apoyar en la reconstrucción de casas que resultaron impactadas por la violencia.

En el operativo participaron además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, personal de derechos humanos del estado y funcionarios de la Mesa Estatal de Paz.

Las autoridades señalaron que las familias recibirán acompañamiento psicológico y seguimiento emocional tras los hechos registrados en la zona.

Habitantes denunciaron abandono y ataques armados

La crisis en Chilapa se intensificó desde el pasado 6 de mayo, cuando comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán denunciaron agresiones armadas presuntamente perpetradas por integrantes de Los Ardillos.

En videos difundidos en redes sociales, pobladores aseguraron que los ataques continuaban pese a la presencia anunciada por autoridades federales.

Algunos habitantes afirmaron que debieron refugiarse en cerros y zonas alejadas mientras continuaban las detonaciones y sobrevuelos de drones.

Organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos denunciaron una crisis humanitaria derivada del desplazamiento masivo.

Mientras autoridades federales reconocieron inicialmente 96 personas desplazadas, colectivos comunitarios y organismos civiles señalaron que la cifra podría superar las mil personas en distintas comunidades de la región.

Lo que denunciaron los pobladores durante la crisis

• Ataques con armas de alto calibre y drones en comunidades indígenas.
• Incendio de viviendas y abandono forzado de localidades.
• Falta de alimentos y refugio para mujeres, niños y adultos mayores.
• Reportes de personas asesinadas y desaparecidas.
• Peticiones urgentes de intervención y protección federal.

Violencia en Guerrero revive crisis de desplazamiento interno

El caso de Xicotlán volvió a poner sobre la mesa la problemática del desplazamiento forzado en Guerrero, una situación que durante años ha afectado a comunidades rurales e indígenas atrapadas en disputas entre grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y otras organizaciones advirtieron que la violencia en la Montaña baja refleja años de omisión institucional y exigieron medidas urgentes para proteger a las comunidades.

Además de los desplazamientos recientes, organizaciones comunitarias denunciaron asesinatos y desapariciones vinculadas al conflicto.

Entre las víctimas reportadas se encuentran habitantes de Xicotlán y Alcozacán, mientras continúan las investigaciones sobre otros casos registrados en la región.

Autoridades buscan garantizar un retorno permanente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que el objetivo del gobierno federal era evitar enfrentamientos que pusieran en riesgo a la población civil y priorizar el diálogo para permitir el ingreso de fuerzas de seguridad y atención médica.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la región permanece bajo tensión debido a la disputa entre grupos criminales, aunque aseguró que existe presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales.

Con el retorno de las 118 personas a Xicotlán, autoridades federales y estatales buscan estabilizar la zona y evitar nuevos desplazamientos.

Sin embargo, habitantes y organizaciones civiles insisten en que la permanencia de la seguridad será clave para impedir que las familias vuelvan a abandonar sus hogares.

Luego de diversos días violentos por las pugnas entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales del Ejército, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Mientras que el 12 de mayo la Segob destacó que ya habían retomado el control de Chilapa, un día después las autoridades informaron que diversos funcionarios acudieron al lugar, de manera particular Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Van por corredor y apuestan por mesa de diálogo

Junto con los elementos de la Mesa de Paz recorrieron Alcozacán y Coatzingo para hablar con personas afectadas por el desplazamiento y quienes solicitaron mejores condiciones de seguridad, lo que incluye un corredor seguro con el que puedan movilizarse y acceder a atención médica, alimentos y productos de primera necesidad.

De igual manera, fue propuesta una mesa de diálogo entre las autoridades estatales, federales y comisarios ejidales, con el que pueda haber un acuerdo y así generar condiciones de paz y convivencia.

“El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Otros de los funcionarios en el sitio fueron:

• José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la Novena Región Militar, general
• Juan Ignacio Hernández, comandante de la 35 Zona Militar
• El coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García
• Los titulares de la Secretaría de Seguridad estatal y fiscal, Daniel Antonio Ledesma y Jesús Zipacná Torre, respectivamente, entre otros

La pugna entre Los Tlacos y Los Ardillos

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que informó que la violencia aumentó en la región por las pugnas entre Los Tlacos y Los Ardillos.

Al ser cuestionado de manera directa sobre los factores que derivaron en la violencia en la entidad, el funcionario señaló a los grupos criminales referidos.

“Aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, comentó Harfuch en Palacio Nacional.

Los datos de la Segob indican que 120 personas desplazadas decidieron no ir a un albergue, sino quedarse en sus comunidades. De igual manera, en el reporte del 12 de mayo las autoridades informaron sobre seis personas lesionadas y que recibieron atención médica.

Mientras que para el 11 de mayo habían sido reportadas un total de 96 personas desplazadas, según expuso García Harfuch.

La situación hizo que tuvieran que ser desplegados 690 efectivos del Ejército y 400 de la Guardia Nacional.

La disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos volvió a colocar a la sierra y la Montaña baja de Guerrero en el centro de la violencia criminal tras los recientes reportes de ataques armados, desplazamientos forzados y comunidades sitiadas en municipios cercanos a Chilapa.

El gobierno federal confirmó el desplazamiento de decenas de personas en la región y desplegó elementos de la Guardia Nacional, Ejército y la visita personal de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante el riesgo para la población civil derivado de la confrontación entre ambos grupos criminales.

La violencia reciente volvió a exhibir el poder regional de Los Tlacos, organización también conocida como el Cártel de la Sierra, identificada desde hace años por autoridades federales como uno de los grupos armados con mayor capacidad operativa en Guerrero.

2009: la caída de Arturo Beltrán Leyva y el reacomodo criminal en Guerrero

La historia de Los Tlacos comenzó a tomar forma tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, ocurrida en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca, Morelos.

La caída del líder criminal aceleró la fragmentación de estructuras del narcotráfico en Guerrero y provocó disputas entre células regionales por corredores estratégicos, rutas de trasiego y zonas de producción de amapola.

En los años posteriores surgieron múltiples grupos locales armados que comenzaron a disputar territorios serranos y economías ilegales relacionadas con drogas, extorsión, transporte y cobro de cuotas.

El nacimiento del Cártel de la Sierra en Tlacotepec

Investigaciones periodísticas y reportes de seguridad ubican la consolidación de Los Tlacos alrededor de 2017 en el municipio de Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec, región serrana de donde deriva el nombre con el que se identifica al grupo.

La organización también comenzó a ser llamada Cártel de la Sierra debido a su presencia territorial en comunidades serranas y su capacidad de movilización en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con reportes oficiales, Los Tlacos surgieron inicialmente como una estructura vinculada a sistemas de policía comunitaria y autodefensas que operaban en la sierra de Guerrero, bajo el argumento de enfrentar a organizaciones rivales.

Con el paso del tiempo evolucionaron hacia una organización criminal con operaciones propias y control regional.

Líderes de Los Tlacos

Autoridades federales identificaron como principal líder de la organización a Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”, considerado durante años uno de los objetivos prioritarios de seguridad en Guerrero.

También fueron señalados otros integrantes de la estructura criminal, entre ellos Javier Marquina Chapa, alias “Barbas”, así como Leonel “N”, alias “La Changa” o “El 80”, identificado como operador regional y jefe de sicarios en municipios como Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco.

Conforme expandió presencia territorial, el grupo fortaleció células armadas en distintas regiones de Guerrero y consolidó corredores de operación en municipios serranos, zonas rurales y rutas regionales.

Actividades criminales que fortalecieron al grupo

Reportes de seguridad atribuyen a Los Tlacos actividades relacionadas con producción y trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y control de rutas criminales en distintas regiones de Guerrero.

La organización también fue vinculada con presión sobre comerciantes, transportistas y actividades económicas regionales, además de disputas por corredores utilizados para movilidad de droga y armamento.

Especialistas en seguridad señalaron que el crecimiento del grupo coincidió con el debilitamiento institucional y la expansión de economías criminales en comunidades donde el Estado mantiene limitada presencia operativa.

Además del narcotráfico, investigaciones periodísticas señalaron que organizaciones criminales en Guerrero también comenzaron a disputar economías vinculadas con minería, tala y producción agrícola.

La guerra contra La Familia Michoacana y Los Ardillos

La expansión de Los Tlacos derivó en enfrentamientos contra La Familia Michoacana y posteriormente contra Los Ardillos, grupos con los que disputa territorios estratégicos en Guerrero.

La confrontación provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos, asesinatos y desplazamientos forzados en distintas regiones de la entidad.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en San Miguel Totolapan, donde enfrentamientos entre organizaciones criminales dejaron múltiples personas asesinadas en medio de la disputa territorial.

La violencia también alcanzó Chilpancingo. Durante 2023, transportistas suspendieron actividades y grupos criminales realizaron bloqueos y ataques que paralizaron parcialmente la capital guerrerense.

Tras esos hechos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que Los Tlacos y Los Ardillos mantenían una confrontación activa y contaban con capacidad de movilización en distintas regiones del estado.

Los señalamientos sobre presuntos vínculos políticos y la crisis de gobernabilidad

Además de su expansión armada, Los Tlacos también fueron relacionados en investigaciones periodísticas con presuntas redes de influencia política y control regional en municipios de Guerrero.

Reportes publicados por medios como El País México y Proceso documentaron cómo distintos grupos criminales en Guerrero lograron —durante años— ejercer presión sobre autoridades municipales, transportistas, comerciantes y líderes comunitarios en regiones donde el Estado perdió capacidad operativa.

Uno de los episodios que exhibió públicamente esa crisis ocurrió en julio de 2023, cuando bloqueos, ataques e incendios paralizaron parcialmente Chilpancingo. Durante aquella jornada, transportistas y civiles denunciaron presiones del crimen organizado mientras autoridades estatales y federales desplegaron operativos en distintos puntos de la capital.

Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que organizaciones criminales en Guerrero no sólo disputaban rutas de narcotráfico, sino también actividades económicas locales, transporte público y mecanismos de presión política en municipios serranos y de la zona centro.

Además, se documentaron denuncias sobre presuntas relaciones entre actores políticos locales y grupos criminales, aunque las autoridades no han acreditado judicialmente vínculos directos entre funcionarios y Los Tlacos.

Propaganda criminal y control comunitario

En distintos momentos han circulado videos y fotografías donde presuntos integrantes de Los Tlacos aparecieron portando armas de alto calibre, vehículos blindados y equipo táctico mientras se identificaban como integrantes del Cártel de la Sierra.

La organización también fue relacionada con estrategias de control social en comunidades serranas. Material difundido en redes sociales mostró convoyes de hombres armados repartiendo juguetes y regalos durante celebraciones decembrinas en localidades de Guerrero.

Especialistas señalaron que este tipo de acciones forman parte de mecanismos utilizados por organizaciones criminales para fortalecer presencia territorial y generar vínculos con comunidades bajo disputa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este 11 de mayo la constitucionalidad de la prohibición de que empresas de seguridad privada utilicen denominaciones que generen confusión con instituciones de seguridad pública, según resolución del Pleno en el Amparo en Revisión 123/2026.

De acuerdo con la SCJN, estas restricciones buscan proteger a la ciudadanía de posibles equívocos al distinguir servicios privados de seguridad frente a los ofrecidos por el Estado o las Fuerzas Armadas.

Empresa buscaba usar un nombre que podría generar confusión con fuerzas del Estado

El caso inició con la solicitud de una empresa para operar en todo el país bajo la expresión “Fuerzas Especiales” en su nombre, lo que provocó la negativa de autorización por parte de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con fundamento en los artículos 32, fracción VIII, de la Ley Federal de Seguridad Privada y 23, fracción III, de su Reglamento.

La empresa promovió un juicio de amparo al considerar ambiguas frases legales como “que pudieran causar confusión”. El juzgado de distrito no abordó el fondo; el recurso terminó en revisión ante la SCJN.

Según el pronunciamiento del tribunal constitucional, expresiones como “que pudieran causar confusión” o “cualquier otra similar” no vulneran la seguridad jurídica, ya que el marco regulatorio es claro al prohibir nombres como "policía“, ”agente“, ”investigador“, ”federal" o similares para empresas de seguridad privada, con el fin de impedir que su denominación sugiera relación con cuerpos oficiales de seguridad pública, tanto nacionales como extranjeros.

La SCJN sostuvo que la legislación dispone de parámetros razonables y suficientes para evitar el uso de insignias, colores y elementos que induzcan a error a la población sobre la verdadera naturaleza privada de estos servicios.

SCJN ordena la reincorporación de estudiante de la Universidad de Guanajuato

La SCJN resolvió el pasado 7 de mayo que un estudiante de posgrado de la Universidad de Guanajuato debe ser reincorporado de inmediato a sus estudios y sin costo, luego de que su reinscripción fue cancelada por un pago fuera de plazo.

El tribunal también ordenó restaurar todos sus derechos académicos y normalizar su situación administrativa, decisión que subraya la obligación constitucional de garantizar el acceso continuo a la educación superior en México, incluso frente a dificultades administrativas.

El expediente judicial, identificado como Amparo en Revisión 526/2025, instruyó la reincorporación luego de que el estudiante perdió el registro debido a una sanción por no cubrir un pago en tiempo. El Pleno de la SCJN estableció que las universidades autónomas tienen la facultad de fijar reglamentos administrativos, pero su aplicación no puede convertirse en una barrera que impida el derecho a cursar o terminar una carrera universitaria.

En la misma resolución, la SCJN determinó que el Congreso del Estado de Guanajuato incurrió en una omisión inconstitucional al no asignar recursos suficientes para asegurar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, principio adoptado en la reforma educativa de 2019. El proyecto, presentado ante el tribunal por la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, advirtió que lo anterior incumple el marco legal vigente para garantizar el acceso pleno a este nivel educativo.

Una avioneta con 636 kilogramos de cocaína fue asegurada en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su reporte de acciones relevantes correspondiente al 9 y 10 de mayo.

De acuerdo con la información oficial difundida este 11 de mayo, la droga estaba distribuida en 536 paquetes y tendría un valor estimado de 131.6 millones de pesos, lo que representa una afectación económica significativa para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa la aeronave, tipo Cessna, localizada en un terreno abierto con un camino de terracería, mientras personal militar mantiene el resguardo de la zona tras el aseguramiento.

El Gabinete de Seguridad precisó que el hallazgo se realizó como parte de labores de vigilancia aérea y terrestre desplegadas por fuerzas federales en el sur del país, en el marco de operativos orientados a frenar el tráfico de drogas.

Acciones en varias entidades

Como parte del mismo informe, se detallaron acciones en distintas entidades del país. En Chiapas, elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron cateos en los municipios de Tuxtla Chico y Suchiate, donde se detuvo a dos personas y se aseguraron armas, vehículos blindados, equipo de radiocomunicación y dinero en efectivo.

En Campeche, una operación conjunta entre la Guardia Nacional y la policía estatal derivó en la detención de cinco personas, a quienes se les decomisó un arma de fuego y un vehículo.

En Quintana Roo, autoridades federales reportaron el rescate de 10 personas víctimas de trata en el municipio de Isla Mujeres, mientras que en Guerrero, la Marina interceptó una embarcación con dos extranjeros que transportaban 26 bultos de cocaína frente a las costas de Ixtapa-Zihuatanejo.

En Sinaloa, fuerzas federales inhabilitaron un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Culiacán y aseguraron un vehículo con blindaje artesanal en Cosalá. En Sonora, se frenó el ingreso al país de más de 55 mil cartuchos útiles ocultos en tractocamiones, mientras que en Nuevo León se reportó la detención de un presunto líder de célula criminal en operativos realizados en San Pedro Garza García y Monterrey.

Brasil logró esta semana un hito tecnológico al entregar el primer lote de misiles antitanque fabricados localmente, según detalló el analista internacional Andrei Serbin Pont, en pleno escenario de alerta militar por la frontera con Venezuela.

En una columna con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Serbin Pont trazó la historia de un proceso que condensó décadas de desafíos industriales, crisis económicas y escándalos políticos para la industria de defensa de Brasil.

Brasil invierte en defensa ante la amenaza de Venezuela

“El ejército estaba convencido de que había chances de que Venezuela decidiera anexar ese territorio guyanés y lo hiciera a través de territorio brasileño”, explicó Serbin Pont. Esa hipótesis aceleró una movilización inédita de recursos militares hacia una región sin conexión terrestre, dominada por ríos y selva.

La necesidad de “tener algo con qué combatir al ejército venezolano, que sí contaba con muchos tanques y artillería”, impulsó a las fuerzas armadas a buscar opciones tecnológicas y acelerar el desarrollo local de misiles.

Serbin Pont subrayó: “Necesitábamos misiles antitanque y salimos a evaluar un montón de opciones, incluso internacionales, como los Spike. Pero el desarrollo propio llevaba ya treinta años”.

A lo largo de ese camino, la industria local enfrentó obstáculos que incluyeron la quiebra de Engesa, el escándalo Odebrecht —“Mectron estaba controlada por Odebrecht. Así que eso detona el avance del misil”, recordó— y la migración de talento técnico a otras firmas. Solo la llegada de capitales de Emiratos Árabes Unidos permitió reactivar la producción y entregar 120 misiles antiblindados al ejército brasileño este mes.

La larga marcha industrial: de OTO Melara a SIATT

Serbin Pont reconstruyó la genealogía del proyecto: “Esto nace de un proyecto que se da ya por los años noventa, proyecto italiano que no tuvo éxito, desarrollado por la gran OTO Melara. Eventualmente busca socios internacionales y se encuentra con Engesa, que fabricaba vehículos blindados en Brasil para tratar de desarrollar este misil antitanques”.

El recorrido incluyó una década de retrasos: “En 1996 recién logran conseguir un contrato por cuarenta prototipos y en 2004 se termina probando el prototipo. Los modelos preserie se entregan en 2013-2014”.

Pero la crisis y la corrupción truncaron el avance, forzando la transferencia a SIATT en 2017. “Esa empresa asume el proyecto, pero todavía muy complicada la situación. Recién, unos años después, lograrían avanzar porque llegan capitales extranjeros y logran empezar la producción”, sintetizó.

La relevancia geopolítica fue clave: “Las condiciones geopolíticas obligaron a Brasil a tomar medidas para proteger su frontera ante una posible conflictividad y a partir de ahí terminar de consolidar lo que fueron 30 años tratando de desarrollar esta tecnología”.

Argentina y Brasil: el espejo industrial de la defensa regional

El analista aprovechó el caso brasileño para analizar los desafíos compartidos en la región. “Estos son los desafíos que tenemos cuando hablamos de la industria nacional. A veces los proyectos caen y esos ingenieros terminan yendo a empresas en el exterior. No solo perdés la empresa, perdés sobre todo el recurso humano capacitado”, sostuvo.

Comparó el presente con el pasado de la industria argentina: “Hace 50 años Brasil miraba la industria de defensa argentina y decía: ‘Ojalá tuviésemos ese nivel de industria y pudiésemos desarrollarnos de esa manera’. Ahora nosotros los miramos a ellos y decimos: ‘Che, ¿qué hicimos mal?’”.

También ponderó el rol de las empresas de exportación: “Embraer se consolida a nivel internacional y le permite abarcar proyectos de una magnitud que antes quizás no le eran factibles. Son dos cosas que van de la mano, la industria civil y la de defensa”.

El caso brasileño, concluyó, demuestra que “ese motor de inversión en el ámbito de la defensa es lo que permite que se desarrolle esta industria, finalmente logrando consolidarse porque las condiciones geopolíticas lo obligaron a tomar medidas”.

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Organizaciones civiles documentaron operativos de control migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) en diversas zonas de la Ciudad de México desde finales de abril, con detenciones que califican de arbitrarias. Entre las personas afectadas hay migrantes cubanas, haitianas, venezolanas y hondureñas, algunas de ellas con procesos activos ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Queja formal ante la CNDH

Ante los hechos documentados, organizaciones como Apoyo a Migrantes Venezolanos, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que el organismo investigue los hechos y emita medidas cautelares.

En el documento, las organizaciones denuncian que el 1 de mayo agentes del INM realizaron un operativo contra repartidores de plataformas digitales en las inmediaciones del centro comercial Miyana, en Polanco. Señalan que varias personas fueron detenidas sin considerar que contaban con trámites de solicitud de refugio, y que posteriormente fueron trasladadas a la Estación Migratoria Las Agujas, en Iztapalapa.

El testimonio de Julio: “Me quitaron los teléfonos y me subieron a la camioneta”

Uno de los testimonios incluidos en la queja es el de Julio —nombre ficticio para proteger su identidad—, quien relató que durante el operativo en Miyana, agentes del INM le solicitaron sus documentos. Aunque presentó la constancia de inscripción en el Padrón de Huéspedes y Migrantes en Retorno del gobierno capitalino, fue detenido de todas formas.

En la estación migratoria, narró, le tomaron datos personales, huellas dactilares y fotografías, y lo hicieron firmar documentos que no le permitieron leer. Pasada la medianoche fue trasladado en autobús junto con aproximadamente 20 personas más hasta Villahermosa, Tabasco, donde llegaron a otro centro de detención.

Operativos en múltiples puntos de la ciudad

Las organizaciones documentaron acciones similares en distintas zonas:

• Avenida Revolución: revisiones migratorias en vía pública sin criterios individualizados.
• Tepito y La Merced (2 y 3 de mayo): intercepción de personas con base en su apariencia física.
• Colonia Buenavista (4 de mayo): presuntas inspecciones en casas y vecindades.
• Polanco, frente al centro comercial Antara (30 de abril): testigos registraron en video cómo entre 10 y 15 personas fueron subidas a camionetas del INM en menos de 20 minutos.

INM niega las “redadas”; migrantes dicen lo contrario

El INM ha rechazado públicamente que sus acciones constituyan “redadas” y ha justificado su actuación como respuesta a un “oficio de colaboración solicitado por las autoridades competentes de la Ciudad de México con la intención de prevenir algún acto delictivo”.

Sin embargo, defensores como Rodrigo Yedra y July Rodríguez, de Apoyo a Migrantes Venezolanos, señalan que los testimonios de los afectados contradicen esa versión.

Lorena Cano, coordinadora jurídica del IMUMI, advirtió que estas acciones son “totalmente irregulares”, dado que la Ciudad de México se autodenomina ciudad santuario y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado este tipo de redadas como inconstitucionales.

La Red Jesuita con Migrantes México denunció la realización de operativos de detención migratoria en la Ciudad de México y la zona metropolitana con participación del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y el Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que calificó como un esquema de control “profundamente militarizado” contra personas migrantes.

De acuerdo con la organización, los operativos se han concentrado en colonias como Guerrero y Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, además de zonas como Polanco y Patriotismo, así como en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Las acciones, afirma la organización, forman parte de una política de detención que se ha intensificado en los últimos días.

Detenciones en vía pública y en domicilios particulares

La Red Jesuita sostuvo que estas intervenciones incluyen detenciones en la vía pública y dentro de domicilios particulares, además de traslados forzados a estaciones migratorias del sur del país sin notificación clara sobre el destino de las personas aseguradas.

También acusó casos de incomunicación de migrantes detenidos y la falta de información sobre su situación jurídica tras los aseguramientos realizados por autoridades federales y locales.

Casos documentados

Entre los episodios documentados, la organización señaló un operativo en la colonia Doctores donde, según su reporte, elementos de la Guardia Nacional, la Marina y el INM ingresaron a un domicilio habitado por jóvenes venezolanos, quienes fueron detenidos y trasladados inicialmente a la estación migratoria Las Agujas, en la capital, y posteriormente enviados a Tapachula, Chiapas, a la estación Siglo XXI.

Asimismo, refirió un segundo caso registrado en la colonia Guerrero, difundido en redes sociales por el medio Conexión Migrante, en el que se observa el ingreso de agentes del INM a un inmueble para realizar detenciones, presuntamente, sin orden judicial.

La organización calificó ambos hechos como posibles allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias, al considerar que vulneran derechos fundamentales y podrían implicar responsabilidades para las autoridades involucradas.

La Red Jesuita advirtió que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de un despliegue sistemático que inició al menos una semana atrás y que, dijo, se ha intensificado en el marco de operativos de control migratorio en la capital.

En su posicionamiento, la organización atribuyó el aumento de detenciones a un colapso del sistema de protección internacional en México, al señalar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha reducido su capacidad operativa tras recortes presupuestales vinculados a la salida de apoyo de ACNUR, lo que ha generado rezagos en los procesos de solicitud de asilo.

También acusó al INM de haber dejado de expedir documentos migratorios de manera sistemática, lo que —afirmó— coloca a miles de personas en una situación de incertidumbre jurídica mientras esperan resolver su estatus migratorio.

La Red Jesuita sostuvo que en algunos casos incluso han sido detenidas personas con documentación que acreditaría estancia regular en el país, lo que consideró una violación al debido proceso.

“Orden y limpieza” rumbo al Mundial

La organización advirtió también que las acciones se desarrollan en un contexto en el que el gobierno capitalino impulsa políticas de “orden y limpieza” del espacio público rumbo al Mundial de Futbol 2026, lo que, afirmó, se ha traducido en medidas de control social que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, la Red Jesuita con Migrantes exigió el cese inmediato de los operativos de detención migratoria, el retiro de fuerzas armadas de tareas de control migratorio, la liberación de personas detenidas de forma arbitraria, así como el respeto al derecho de solicitar asilo y el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.

INM niega redadas

Luego de estos señalamientos, el INM negó haber realizado redadas contra personas migrantes en la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa, el organismo aseguró que su participación en recientes operativos respondió a solicitudes de colaboración emitidas por autoridades de la capital, con el objetivo de prevenir posibles actos delictivos.

El INM sostuvo que su actuación se llevó a cabo en el marco de sus atribuciones legales y reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos, al tiempo que defendió una política de “movilidad segura, ordenada, regular y humana” para las personas en situación de movilidad.

El representante legal señaló que la cifra forma parte de un grupo mayor de peruanos involucrados en el conflicto entre los países, situación que —según indicó— continúa creciendo conforme aparecen nuevos testimonios y reportes de familiares. Salinas explicó que su equipo viene recopilando información y validando casos junto a distintas instituciones internacionales.

“Por lo menos tenemos cuatro registrados”, afirmó el abogado respecto a los peruanos detenidos en Ucrania. Precisó además que los ciudadanos cruzaron la línea fronteriza y decidieron entregarse a las fuerzas ucranianas. Según relató, las familias lograron enterarse de esta situación luego de que los detenidos recibieran autorización para realizar una única llamada telefónica.

Solicitan información oficial a Ucrania

En entrevista con TV Perú, Salinas indicó que acudirá a la embajada de Ucrania para solicitar información oficial sobre la situación de los ciudadanos peruanos retenidos. Explicó que buscan confirmar el estado de salud, ubicación y situación legal de los compatriotas detenidos.

Asimismo, sostuvo que la defensa legal también ha solicitado apoyo a organismos internacionales, entre ellos la Cruz Roja Internacional, debido a que estas entidades tendrían mayores facilidades para acceder a información relacionada con prisioneros de guerra y personas desaparecidas en zonas de conflicto.

El abogado advirtió además que existirían más casos similares entre ciudadanos latinoamericanos. Según mencionó, ya se tiene conocimiento de colombianos, argentinos y ecuatorianos detenidos en Ucrania bajo circunstancias parecidas.

Número de casos y fallecidos continúa aumentando

Durante la entrevista con TV Perú, Salinas indicó que el número de peruanos involucrados a la guerra en Rusia ya no sería de 180 personas, como se manejaba semanas atrás, sino de al menos 310 casos, cifra que incluso podría superar los 350 conforme continúan apareciendo nuevos reportes.

El abogado sostuvo que estas captaciones ya no se limitan a Lima, sino que también se han detectado casos en distintas regiones del país. Mencionó, por ejemplo, la existencia de personas captadas en Cajamarca. Según explicó, las presuntas redes de reclutamiento operarían ofreciendo falsas oportunidades laborales o deportivas para atraer ciudadanos peruanos y latinoamericanos.

Salinas también confirmó que, hasta el momento, tienen registrados 15 peruanos fallecidos en el conflicto. Añadió que corresponde a la Cancillería peruana oficializar la lista completa, debido a que aún se encuentran realizando coordinaciones diplomáticas con Rusia.

Familias denuncian desapariciones y amenazas

El representante legal indicó que algunas familias no tienen noticias de sus parientes desde hace siete meses. “Necesitamos saber dónde están”, declaró para el citado miembro, al referirse a los casos de ciudadanos desaparecidos o incomunicados en territorio ruso o ucraniano.

Además, reveló que tanto familiares como integrantes de la defensa legal han recibido amenazas constantes. Por razones de seguridad, señaló que no se han difundido públicamente los nombres de los peruanos que lograron retornar al país.

Sobre este punto, precisó que, según información de la Cancillería, 18 ciudadanos peruanos ya regresaron al Perú mediante gestiones diplomáticas. Salinas afirmó que seis de esos casos pertenecen al grupo de familias que representa legalmente y adelantó que algunos de los retornados ofrecerán próximamente una conferencia de prensa para relatar su experiencia.

Colombia endurece controles por reclutamiento

Percy Salinas también afirmó que el gobierno colombiano empezó a adoptar medidas más estrictas para evitar el traslado de ciudadanos hacia Rusia. Según indicó, el presidente Gustavo Petro habría dispuesto mayores controles migratorios para verificar el motivo de viaje de las personas que se dirigen a ese país.

“El Estado colombiano ha empezado a tomar acciones más drásticas”, sostuvo el abogado. Añadió que actualmente Rusia no representa un destino turístico habitual debido al contexto de guerra, por lo que consideró necesario investigar las verdaderas razones detrás de estos desplazamientos.

Finalmente, el abogado señaló que la prioridad inmediata es entregar un padrón actualizado con información sobre ciudadanos vivos, fallecidos, hospitalizados y desaparecidos. También indicó que buscarán acelerar las coordinaciones con la embajada de Ucrania para obtener detalles oficiales sobre los peruanos detenidos como prisioneros de guerra.

Durante la misa celebrada en la catedral de la capital, el purpurado alzó la voz para honrar la memoria de los fallecidos “a consecuencia de los disparos de sectores de la Fuerza Armada que, desgraciadamente, no cumplieron su deber”.

“En vez de verificar, hicieron un prejuicio y mataron a estos chicos en forma impune. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y los muchachos asesinados en Colcabamba: Cristian Águila, William Núñez, Jaime Vendezú, Wilder Romero y Nilson Montenegro”, añadió.

Castillo, quien en el pasado declaró “un día de duelo” tras las protestas antigubernamentales en Lima que dejaron un manifestante fallecido y decenas de heridos, volvió a mencionar a las víctimas en dos momentos del rito.

La semana pasada, un escuadrón militar disparó contra una camioneta con ocho civiles en la zona de Puente Mellizo y, según un informe revelado el viernes por Hildebrandt en sus trece, creyó haber matado a todos los ocupantes. Sin embargo, dos sobrevivientes, Eber Soto Quispe y Jhonatan Águila Gutiérrez, fingieron estar muertos durante casi dos horas hasta la llegada de la Policía y la Fiscalía.

“Nos empezaron a caer balas de todos lados. Salían de los arbustos ráfagas de disparos. El chofer se dobló mientras manejaba. Le dispararon. Pasamos por una zona de puras piedras y nos detuvimos en el matorral, pero continuaban los disparos. Descansaban, regresaban, abrían la puerta, se alejaban y seguían disparando”, relató este último.

“Yo me quedé quieto, escuchando todo. Abrían y cerraban la puerta a cada rato, caían los vidrios del parabrisas. En un momento uno dijo: ‘Mi sub, aquí no hay nada, no hay droga’. Otro respondió que quizá se habían confundido de carro. Pensé que se iban, pero no, seguían ahí”, narró.

La versión oficial del Ejército sostiene que el escuadrón respondió a un supuesto ataque armado de presuntos narcotraficantes. No obstante, un informe policial recogido en la comisaría de Cotabamba contradice esa versión, según el semanario.

El documento señala que los testimonios de los soldados presentan “graves y fundados elementos de convicción que acreditan la conducta dolosa”. En el vehículo no se halló ningún arma de fuego, lo que desmiente la presunta amenaza letal mencionada por los militares.

Montenegro, uno de los fallecidos, era de nacionalidad colombiana y, según las autoridades de ese país, no tenía antecedentes judiciales. La patrulla estaba al mando del capitán Luis Montenegro, junto con el teniente Brayan Fernández y varios suboficiales.

El caso ha pasado a la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín. Aunque la Policía solicitó la detención preliminar de los militares involucrados, la fiscalía no pidió prisión y los soldados quedaron en libertad.

El abogado Anthony Crespo, representante de las víctimas, cuestionó la falta de diligencia: “Hubo negligencia por parte de la doctora y del Ministerio Público. Con lo que se tenía ya se podía solicitar una detención preliminar por siete días y no lo hizo. Por ese lado hubo una falta de efectividad”, dijo.

Desde Münster (norte), a donde acudió a presenciar una demostración del Ejército de Tierra, el responsable de Defensa recordó que la presencia de Tomahawk había sido acordada en 2024 por el expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) y el excanciller Olaf Scholz.

La medida iba a ser "una solución puente temporal", hasta que los países europeos estuviesen en condiciones de cerrar esa brecha en su seguridad por sí mismos, señaló.

"Que esto ahora posiblemente no vaya a ocurrir en la forma que esperábamos hasta ahora vuelve a abrir ese vacío de capacidad y tenemos que mirar cómo podemos cerrarlo, cómo podemos compensarlo", explicó.

Pistorius indicó que ya desde 2023 Alemania trabaja junto con el Reino Unido en el desarrollo de sistemas DPS, en alusión a las siglas en inglés de Ataques Profundos de Precisión, una iniciativa a la que también se va a sumar Francia.

"Al mismo tiempo necesitamos un instrumento, con ayuda de los estadounidenses o por otra vía, para cerrar el vacío de capacidades de esa solución temporal lo antes posible. Para ello hay ideas, pero todavía no existe una solución", subrayó.

Durante el fin de semana, el canciller alemán, Friedrich Merz, había confirmado que el despliegue de Tomahawk acordado en 2024 no se iba a efectuar, al menos por ahora, supuestamente porque "los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos".

Pistorius también fue preguntado por la noticia de que EE.UU. retirará a 5.000 soldados estacionados en suelo germano, aunque matizó que Berlín todavía no ha recibido información oficial sobre la cifra, ni sobre cómo y cuándo se producirá el traslado.

Aun así, de producirse, "no quedaría cuestionada la capacidad de disuasión de la OTAN, de eso no cabe ninguna duda", aseguró, en línea con lo expresado pocos minutos antes en Atenas por el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul.

Pistorius reiteró que la noticia por sí misma no supone una sorpresa, sino en todo caso lo es "el momento" elegido para ello.

"Ya en 2023 señalé que como europeos en la OTAN tenemos que estar preparados para que los estadounidenses hagan menos en Europa, en la OTAN, para poder hacer más en el Indopacífico. Eso lo podía saber cualquiera que quisiera escuchar", enfatizó.

El incendio que afectó la tarde del viernes a la zona de Pampa de Cueva, en el distrito limeño de Independencia, provocó la movilización de 50 efectivos de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército del Perú.

Las autoridades desplegaron a su personal para ejecutar labores de remoción de escombros, limpieza y búsqueda de posibles heridos. La intervención ocurrió poco después de que las llamas consumieran al menos siete viviendas de la parte alta del distrito.

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa (Mindef), la participación militar se orienta a responder con rapidez ante emergencias, apoyando a los damnificados en la recuperación de sus espacios perdidos.

A esto se sumó la Compañía de Intervención Rápida ante Desastres, que permanecerá en la zona hasta culminar las tareas de atención y reconstrucción.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) coordina el trabajo con las autoridades municipales y otras entidades, con el objetivo de garantizar una respuesta integral.

El operativo, que involucra también al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), debió enfrentar dificultades logísticas, ya que los vehículos de emergencia hallaron obstáculos para acceder a la zona.

El jefe de la Segunda Brigada Departamental de Lima Norte, Ronald Sigüeñas, explicó que la construcción de las viviendas con materiales rústicos favoreció la rápida expansión del fuego.

La falta de agua en el área complicó aún más las labores de extinción. Aunque las investigaciones siguen en curso, la Policía Nacional del Perú informó la detención de dos jóvenes presuntamente vinculados al origen del incendio.

Testimonios de los afectados

Mientras las autoridades avanzan en la remoción de escombros y búsqueda de víctimas, la prioridad se centra en el bienestar de quienes perdieron su hogar.

La Municipalidad de Independencia habilitó nueve carpas en la losa deportiva La Bombonera, donde familias enteras fueron evacuadas y reciben ayuda humanitaria. El personal municipal distribuyó agua potable, camas, colchones y utensilios básicos para cubrir necesidades inmediatas.

Los testimonios evidencian el impacto del incendio en la comunidad. Juana Chávez Díaz, una de las personas que perdieron su vivienda, relató que permanece en el albergue solo con la ropa que llevaba puesta al momento de la emergencia.

“Estamos sin nada y necesitamos mucha ayuda para todos los que estamos damnificados”, expresó en declaraciones recogidas por Tv Perú Noticias. También solicitó apoyo para sus sobrinos y otros niños de la zona, quienes requieren ropa y pañales.

Entre los damnificados figuran al menos ocho estudiantes universitarios que perdieron herramientas esenciales para continuar sus estudios. Una alumna de Enfermería comentó que varias laptops quedaron destruidas por el fuego, lo que dificulta la reanudación de sus actividades académicas. Las familias, por el momento, desconocen cuándo podrán dejar el refugio temporal. “No nos han dado fecha límite”, indicó una de las personas albergadas.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas de gravedad.

Los damnificados aguardan información sobre la reubicación definitiva y la continuidad de las labores de reconstrucción por parte del Ejército del Perú y las entidades involucradas.

La justicia penal militar en Colombia dictó una sentencia que impacta directamente en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. El mayor Victor Alfonso Montes Rojas recibió una condena de 26 meses de prisión y quedó inhabilitado durante 80 meses, tras un episodio ocurrido en julio de 2023 en el Batallón de Infantería n.º 22, ubicado en Manizales.

Las investigaciones de la Fiscalía 2201 de Conocimiento Especializado permitieron establecer que el oficial, sin autorización, facilitó la salida de tres soldados de la base militar. El grupo, según lo documentado, abandonó la instalación en el vehículo asignado al propio mayor y se dirigió a una discoteca.Detalles de la condena y consecuencias en la institución.

El fallo del Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado calificó la conducta del oficial como un “grave comportamiento que atentó contra la honestidad y la transparencia”. Según el juzgado, la decisión de Montes Rojas impactó la seguridad de la instalación militar y quebrantó la confianza en la cadena de mando.El oficial fue hallado responsable del delito de abuso de función pública.

Como parte de la sentencia, se le impuso la separación absoluta de la Fuerza Pública, lo que significa que no podrá volver a ejercer funciones dentro de la institución.Por qué fue sentenciado el mayor Montes Rojas.

La condena contra el mayor se originó al comprobarse que permitió la salida irregular de personal bajo su mando, violando los protocolos y normas de seguridad militar. Los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando el mayor y las tres soldados salieron de la base para asistir a una discoteca, utilizando el vehículo oficial.

Soldados se fugaron de un batallón en Antioquia y terminaron involucrados en riña

Las consecuencias del incidente en el que dos soldados profesionales del Ejército Nacional causaron lesiones a un habitante de Briceño han generado una respuesta inmediata de las autoridades militares. La institución abrió investigaciones internas y notificó a los organismos judiciales competentes, asegurando que colaborará en todo momento para el esclarecimiento del caso.

El hecho se originó la noche del 26 de abril de 2026, cuando los uniformados abandonaron sin permiso el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4. Ambos se encontraban en el corregimiento de Travesías, en el municipio de Briceño, Antioquia, y acudieron a un local comercial donde consumieron bebidas alcohólicas.

Durante su permanencia en el establecimiento, los soldados se vieron envueltos en una discusión con un residente del sector, quien sería menor de edad, según la información preliminar. La confrontación escaló hasta que uno de los militares empleó su arma de dotación, provocando lesiones al joven.

La institución castrense repudió lo sucedido y manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la población civil. Además, reafirmó su postura de no tolerar conductas contrarias a la ley ni a los principios éticos de la fuerza.

El Ejército Nacional, por medio de la Cuarta Brigada, dispuso la apertura de un proceso disciplinario y comunicó que todas las decisiones judiciales y administrativas derivadas serán respetadas y acatadas en su totalidad.

En respuesta a la gravedad de lo ocurrido, la autoridad militar reiteró su disposición para aportar toda la información que requieran las investigaciones y facilitar la labor de las autoridades civiles y judiciales. El objetivo declarado es garantizar que se esclarezcan completamente las circunstancias del incidente y se tomen las medidas correspondientes.

La coordinación entre la institución militar y los organismos civiles busca asegurar que el proceso avance sin obstáculos y que se respeten los derechos tanto de la víctima como de los investigados. El Ejército ha enfatizado el compromiso de mantener una cooperación fluida con las autoridades para lograr una resolución transparente del caso.

El refuerzo incluyó la llegada de 2.800 soldados, vehículos blindados y otro tipo de refuerzos en Jamundí y el norte del Cauca, lo que fue confirmado por el comandante del Ejército Nacional, el general Royer Gómez.

“Antes de mitad del mes de mayo llegan ocho pelotones de soldados profesionales para fortalecer el pie de fuerza. Igualmente, entre la primera y segunda semana del mes de mayo llegarán ocho vehículos blindados adicionales”.

Ejército evitó explosión de carga explosiva en la vía Panamericana

En la tarde del 30 de abril, el Ejército informó que durante la inspección de la vía Panamericana en el sector de Piendamó, Cauca, se registró el hallazgo de una carga explosiva que fue neutralizada de manera controlada por personal especializado de la institución.

Uniformados de la Policía Nacional fueron los que ubicaron seis cilindros que tenían más de 600 kilogramos de explosivos de nitrato de amonio y que habían sido instalados en alcantarillas de la vereda La Loma, a pocos metros de la Vía Panamericana.

“De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, esta carga explosiva tenía la capacidad de generar graves afectaciones en un radio superior a los 300 metros, lo que representaba una amenaza directa tanto para la fuerza pública como para la población civil que transita por este sector”, informó el Ejército.

Debido a la magnitud del material explosivo y para evitar afectaciones en el corredor vial, los explosivos fueron asegurados y trasladados con la ayuda de personal antiexplosivos, que cumpliendo con las medidas de seguridad ubicaron los cilindros en un lugar alejado de la población civil.

Con la protección constante del Ejército, se llevaron a cabo los análisis técnicos y los procedimientos correspondientes para neutralizar la carga explosiva.

“La intervención fue adelantada por personal especializado y requirió varias horas de trabajo, debido a la complejidad del terreno y a las condiciones en las que fueron instalados los artefactos. Gracias a la pericia y compromiso de los uniformados, se logró neutralizar esta amenaza, evitando una posible afectación de gran magnitud”.

Uno de los operativos exitosos tras los atentados fue en el que se registró la captura de alias Mi Pez, explosivista de las disidencias que sería uno de los responsables de la explosión en la que fallecieron 22 personas.

Indignación por intento de remuneración a las familias de las víctimas por parte de las disidencias

Tras el atentado terrorista registrado en Cajibío, Cauca, integrantes de las disidencias de la estructura Jaime Martínez, vinculada al Estado Mayor Central, intentaron acercarse a los familiares de las víctimas en la vereda Alto Grande y el corregimiento La Pedregosa, con el objetivo de ofrecer sumas de dinero como forma de reparación por las muertes ocasionadas.

Esta propuesta, que fue confirmada por residentes de la zona, provocó una reacción inmediata de rechazo entre los afectados, que consideraron indigno cualquier intento de compensar la pérdida de sus seres queridos con dinero.

Los familiares y sobrevivientes manifestaron que no aceptarían ningún tipo de resarcimiento material, viendo el ofrecimiento como un acto que pretendía “ponerle precio a la vida” de quienes murieron.

Familiares de los fallecidos indicaron que las víctimas eran campesinos dedicados al cultivo y la comercialización de productos agrícolas. Tras el atentado, se suspendieron actividades escolares y se organizaron oraciones y homenajes, tanto en Cajibío como en Popayán, para honrar a los muertos y acompañar a los heridos.

El Ejército de República Dominicana (ERD) ha consolidado en las últimas horas una ofensiva estratégica contra las redes de tráfico ilícito de personas en la región noroeste del país.

A través de operativos de inteligencia y patrullaje terrestre, las autoridades lograron desarticular un intento de traslado de indocumentados en la provincia Valverde y desmantelar un centro de acopio masivo en Dajabón, reafirmando la política de “tolerancia cero” ante la migración irregular.

En el operativo más reciente realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde, efectivos militares interceptaron un camión marca Daihatsu, modelo Delta, de color blanco, mientras transitaba por la calle Duarte, en las proximidades del puente San Rafael.

El vehículo era conducido por el ciudadano dominicano Terlin de Jesús Peña Pérez, quien, al percatarse de la presencia de las unidades del ERD, intentó realizar maniobras de evasión para escapar del cerco militar. Tras una rápida intervención, los soldados lograron detener la unidad, encontrando en su interior a siete nacionales haitianos (cinco hombres, una mujer y un menor de edad) que no portaban documentación legal para permanecer en territorio dominicano.

Tanto el conductor como los extranjeros fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se iniciaron los procesos de rigor para el sometimiento a la justicia del ciudadano dominicano por presunta violación a las leyes de tráfico de personas, mientras que los extranjeros fueron entregados a las autoridades migratorias.

Antecedentes inmediatos: El centro de acopio en Dajabón

Este golpe al tráfico humano se suma a una exitosa operación realizada apenas unos días antes, el pasado 27 de abril, en la provincia fronteriza de Dajabón. En dicha ocasión, el Ejército utilizó tecnología de vanguardia, incluyendo el despliegue de drones del 10mo. Batallón de Infantería, para localizar una finca que funcionaba como centro de acopio.

Cifras de la operación en Dajabón:

• Total de detenidos: 49 nacionales haitianos.
• Composición: 33 hombres, 7 mujeres y 9 menores de edad.
• Estatus de la propiedad: Perteneciente a un ciudadano ausente del país, utilizada por mafias locales para ocultar extranjeros antes de distribuirlos hacia las grandes urbes.

Durante esa intervención, los responsables del inmueble lograron huir hacia zonas boscosas al detectar el sobrevuelo de los drones, dejando a los extranjeros abandonados a su suerte. Este hallazgo subraya una modalidad delictiva creciente: el uso de propiedades rurales como “puntos de espera” para evadir los controles en las carreteras principales.

Marco Legal: ¿Por qué ley se rigen estas capturas?

Las detenciones de nacionales extranjeros en condición irregular y de los ciudadanos que facilitan su transporte o albergue no son acciones arbitrarias, sino que descansan sobre un robusto andamiaje legal diseñado para proteger la soberanía y el orden público.

1. Ley General de Migración No. 285-04

Es la pieza jurídica fundamental que regula la entrada, permanencia y salida de extranjeros en la República Dominicana.

• Control de Permanencia: El Artículo 121 faculta a la Dirección General de Migración (DGM), con apoyo de la fuerza pública (Ejército), a detener y deportar a cualquier extranjero que no pueda acreditar su estatus legal.
• Sanciones Administrativas: Establece los protocolos para la repatriación digna, asegurando que se respeten los derechos fundamentales, pero garantizando la salida del territorio nacional.

1. Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas

Esta ley es la que se aplica directamente contra conductores como Peña Pérez o los dueños de fincas que sirven de centros de acopio.

• Penalización del Tráfico: El Artículo 2 tipifica como delito el facilitar la entrada o el transporte de personas sin los requisitos legales para obtener un beneficio económico.
• Penas: Las condenas por tráfico ilícito de migrantes pueden oscilar entre 10 y 15 años de reclusión y multas de hasta 250 salarios mínimos.

La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del jueves 30 de abril de 2026 que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda.

El proceso se adelanta por la presunta comisión del delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210A del Código Penal.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos investigados estarían relacionados con posibles actos de asedio e intimidación de tipo sexual contra funcionarias de las fuerzas militares, durante el periodo en que Zapateiro se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

La fecha de la audiencia de imputación será definida próximamente por el Tribunal Superior de Bogotá.

Infobae Colombia pudo establecer que el caso se encuentra en etapa preliminar y continuará bajo reserva hasta la realización de la diligencia judicial.

Cabe resaltar que la última salida en público del excomandante del Ejército se produjo a finales de febrero de 2026.

En esa ocasión, el general retirado criticó al ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez luego del ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la base militar de San Lucas, situada en la zona rural de Montecristo, en el sur de Bolívar, y cuyo saldo fue de 14 soldados resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.

En un mensaje publicado en la red social X, Zapateiro cuestionó la falta de operaciones nocturnas, sostuvo que la respuesta oficial se restringe a sistemas de recompensas y denunció la existencia de una “mala valoración de riesgos y cero acciones para su mitigación”, sin medidas preventivas para proteger al personal militar.

El hoy investigado precisó en ese entonces, 28 de febrero de 2026, que “con operaciones nocturnas se minimiza en altísimo porcentaje (%) este tipo de hechos. Dejaron perder el sur de Bolívar. Ahora pretenderán que ofreciendo una recompensa solucionan el tema. ¡No, ministro y mandos! ¿Se perdió la iniciativa?”

Según informó el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, la acción fue atribuida al ELN.

El alto oficial calificó el hecho como un intento por frenar el avance de las tropas en la zona y reportó que la evacuación de los heridos contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la División de Aviación Asalto Aéreo, aplicando protocolos de seguridad estrictos.

Procuraduría investiga a exedecán de Gustavo Petro por presunto acoso sexual

El caso del general (r) Zapateiro se suma a uno de los más recordados en 2025.

Todo por cuenta del anuncio de la Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el mayor Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, exedecán del presidente Gustavo Petro, y tras la denuncia de una oficial del Ejército Nacional que lo acusa de acoso sexual y agresión física y verbal, tanto a ella como a su hijo menor de edad.

Los hechos habrían ocurrido el 13 de mayo de 2025, durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército, en Bucaramanga.

La decisión del ente de control se conoció dos días después de que la historia fuera divulgada en redes sociales medios nacionales.

Según lo que señaló la Procuraduría en su comunicadi, la queja fue presentada ante la Defensoría del Pueblo y señala que el mayor Rodríguez Lemus, presuntamente en estado de embriaguez, abordó a la oficial en su vehículo, donde le hizo insinuaciones de carácter sexual y después la agredió.

La denunciante relató que Rodríguez Lemus le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”, y, ante su rechazo, la tocó en el hombro y los senos, e intentó tocar de manera inapropiada a su hijo de 12 años.

La situación escaló cuando el mayor, según el testimonio recogido por W Radio, insultó y amenazó a la oficial con expresiones ofensivas y la intimidó con repercusiones laborales, refiriendo su vínculo con la Presidencia de la República.

La denunciante expresó temor por su seguridad y la de su familia, y solicitó que los hechos no queden impunes ni sean encubiertos por las autoridades.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública lidera la investigación y ha dispuesto la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si corresponde la imposición de sanciones disciplinarias.

El organismo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género, destacando que toda conducta de este tipo será investigada y sancionada conforme a la ley.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación penal contra Rodríguez Lemus por presunto acto sexual violento.

En este proceso, ya han sido recibidas declaraciones de testigos y de la denunciante, quien detalló la secuencia de los hechos y las amenazas recibidas.

La oficial señaló que el mayor intentó comunicarse con su esposo para persuadirlo de no reportar la situación a los superiores.

Por su parte, Rodríguez Lemus declaró que las acusaciones en su contra son un montaje.

Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso. La investigación disciplinaria y penal avanza mientras la denunciante pide garantías para su integridad y el esclarecimiento de lo ocurrido.

El operativo militar realizado en la zona de Colcabamba, en la región andina de Huancavelica, en Perú, que dejó cinco jóvenes muertos y dos heridos, sigue generando cuestionamientos. Esta vez, el analista especializado en terrorismo y narcotráfico Pedro Yaranga afirmó que la patrulla del Ejército habría actuado sin cumplir procedimientos básicos de coordinación con la Policía Nacional (PNP).

En declaraciones a la emisora Exitosa, Yaranga sostuvo que una intervención relacionada con presunto tráfico de drogas no debió realizarse solo con presencia militar, sino con participación de unidades policiales especializadas y bajo conocimiento del Ministerio Público, entidad encargada de dirigir las investigaciones penales en Perú.

Cuestionan falta de coordinación con la Policía

El especialista explicó que, cuando las fuerzas de seguridad reciben información de inteligencia sobre el posible traslado de droga, lo habitual es comunicar el caso a la policía especializada para planificar una operación conjunta y garantizar que se actúe dentro del marco legal.

“En el comunicado del Comando Conjunto se apresura al decir que la patrulla recibió el primer disparo. El comunicado sí indica de que la patrulla estaba haciendo control territorial, que significa que son puramente militares, sin participación policial, porque si hubiera se habla de fuerzas combinadas [...] Igualmente creo que han obviado algunos protocolos de intervención”, sostuvo.

Según indicó, en este caso no hay evidencia clara de que se haya convocado a agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), pese a que en el distrito de Colcabamba existe presencia policial.

“No sé por qué es que no se ha solicitado la presencia de algún especialista, por ejemplo de la Dirando, estaban cerca a la comisaría de Colcabamba, tranquilamente podrían haber comunicado a la comunidad y allí sí existe policía antidroga”, refirió.

Yaranga también cuestionó la rapidez con la que se difundió la versión oficial inicial, en la que se afirmó que los militares respondieron a un supuesto ataque armado desde el vehículo intervenido. A su juicio, esa conclusión se presentó antes de que concluyeran las pericias.

“No había armas ni droga”

Otro de los puntos señalados por el analista fue la información conocida posteriormente sobre la camioneta en la que viajaban las víctimas. Según indicó Antony Crespo, abogado de las familias de las víctimas, en el vehículo no se hallaron armas ni droga tras la intervención. “No había ni una sola arma, a ninguno, ni en sus pertenencias ni en sus vehículos, se le ha encontrado ni una sola arma. Y eso tiene que quedar claro”, sostuvo.

De confirmarse plenamente esa versión en la investigación oficial, añadió Yaranga, correspondería revisar si la respuesta de la patrulla respetó los principios de proporcionalidad y uso gradual de la fuerza.

¿Qué ocurrió en Colcabamba?

El hecho ocurrió en el sector Puente Mellizo, en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica, una zona conectada con rutas utilizadas por redes del narcotráfico que operan entre el VRAEM y otras regiones del país.

Ocho personas viajaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por militares. Cinco ocupantes murieron, dos resultaron heridos y una persona escapó inicialmente antes de entregarse posteriormente a las autoridades. Familiares de las víctimas sostienen que los jóvenes regresaban de participar en un torneo de fútbol, versión que también forma parte de las investigaciones.

A ello se ha sumado la declaración y grave acusación de uno de los sobrevivientes contra el personal del Ejército. Se trata de Ricardo Acuña Quispe, quien relató que el 25 de abril, mientras regresaba de Huayllaba en una camioneta junto a sus primos, fue interceptado por un grupo de personas vestidas de civil y encapuchadas.

“Nosotros fuimos atacados por los militares cuando estábamos volviendo de Huayllaba”, afirmó Acuña en Epicentro TV. Según su testimonio, al no reconocer a los atacantes como militares debido a su indumentaria, el conductor intentó huir creyendo que se trataba de delincuentes.

Acuña detalló que, tras el tiroteo, se ocultó por temor a ser víctima de un asalto. Más tarde, al constatar la presencia de una patrulla militar, se entregó convencido de que ya no corría peligro. Sin embargo, indicó que fue forzado a declarar que transportaba armas y drogas, pese a que en el vehículo no se halló ninguna sustancia ilícita ni armamento.

“En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas, porque no han encontrado nada en el carro, nada”, afirmó. Según Acuña, los efectivos militares lo amenazaron con armas y lo presionaron para firmar un acta autoincriminatoria.

“No hemos trasladado nada, ningún droga ni armamento. Es completamente falso lo que dicen, porque los militares quieren salirse con la suya”, sostuvo. El sobreviviente subrayó que únicamente regresaba de un partido de fútbol junto a sus familiares cuando ocurrió el ataque.

Investigación en marcha

La Fiscalía peruana mantiene abiertas las diligencias para establecer si hubo incumplimiento de protocolos, uso excesivo de la fuerza o errores en la información de inteligencia que originó la operación. Inicialmente, ocho militares fueron detenidos de manera preliminar mientras se realizaban las primeras investigaciones; sin embargo, posteriormente recuperaron la libertad al vencerse el plazo legal de detención sin que se solicitara una ampliación de la medida.

Ricardo Jampier Acuña Quispe, de 20 años, figura como una pieza clave dentro de las investigaciones. Su testimonio inicial lo ubicaba como parte de un grupo dedicado al transporte de droga en la zona. Sin embargo, un nuevo registro difundido por Epicentro presenta una versión distinta, en la que el joven afirma que aquella declaración fue obtenida bajo amenaza.

El cambio de relato se suma a los cuestionamientos planteados por la defensa de las víctimas, que pone en duda la legalidad de la intervención militar y la validez de las primeras diligencias. Las circunstancias en las que se produjeron los disparos, así como la ausencia de evidencias materiales en la escena, forman parte de los puntos en discusión.

Nueva declaración del sobreviviente

En el registro reciente, Acuña Quispe sostiene que fue obligado por efectivos militares a incriminarse. “Me amenazaron con armas diciendo que te vas a disparar, te va a matar bala, así”, declaró. Según su versión actual, no transportaba droga ni armamento al momento de la intervención.

El joven también indicó que los militares no se encontraban identificados. “No pensábamos que eran militares, pues estaban con la ropa de civil con capucha”, afirmó. De acuerdo con su relato, esta situación generó confusión entre los ocupantes del vehículo, lo que llevó al conductor a intentar escapar al creer que se trataba de un asalto. “Habría pensado que eran rateros así”, agregó.

Acuña explicó que logró descender del vehículo durante el ataque y se ocultó por temor. Posteriormente, decidió entregarse cuando observó la presencia de una patrulla. “Cuando vi que ha llegado una patrulla de militares, después que me sentí seguro de que ellos son militares, por eso me entregué”, señaló.

Tras la intervención, el sobreviviente brindó una primera declaración en la que afirmó participar en el traslado de droga junto a un grupo de aproximadamente cincuenta personas. “Nos contrataron para cargar droga. Éramos como 50 personas”, sostuvo en ese momento.

Según ese testimonio, el traslado se realizó a pie durante dos días a través de rutas agrestes, con una carga de trece kilos en una mochila. El documento fiscal, citado por ATV, indica que el grupo recibió un pago de 1.300 soles tras completar el recorrido.

No obstante, la defensa legal de los familiares de las víctimas cuestiona las condiciones en las que se obtuvo esa declaración. El abogado de los deudos calificó la confesión como “un invento por parte del Ejército, para justificar esta intervención arbitraria e ilegal en donde han matado a cinco peruanos”.

El nuevo relato de Acuña refuerza estas objeciones, al señalar que su primera versión no fue voluntaria. “En ese momento fui amenazado, obligado para hablar esas cosas”, afirmó.

El operativo militar y las inconsistencias

El operativo del 25 de abril se desarrolló en una zona considerada de alto riesgo por actividades vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con el parte policial, la intervención respondió a información de inteligencia sobre una camioneta que trasladaría droga en el área.

Durante la acción, una patrulla del Ejército realizó alrededor de 60 disparos contra el vehículo en el que viajaban ocho personas. Como resultado, cinco murieron y dos resultaron heridas.

A pesar de la hipótesis inicial de un enfrentamiento con presuntos delincuentes, en la escena no se encontraron drogas ni armas. Este dato fue señalado por la defensa de las víctimas como un elemento que contradice la versión oficial.

Los familiares de los fallecidos sostienen que los ocupantes del vehículo eran jóvenes que regresaban de un partido de fútbol. Esta afirmación se contrapone con la versión inicial de Acuña, que los vinculaba con una red de transporte ilegal.

Elementos adicionales en la investigación

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que uno de los fallecidos era de nacionalidad colombiana y contaba con antecedentes internacionales por tráfico de armas. Según la autoridad, el extranjero se encontraba en el país en situación migratoria irregular.

Este dato introduce un nuevo elemento en la investigación, aunque no resuelve las interrogantes sobre el desarrollo del operativo ni sobre la identidad y actividades del resto de los ocupantes del vehículo.

El caso continúa bajo análisis de las autoridades fiscales, mientras persisten versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La nueva declaración del único sobreviviente que se entregó tras el ataque reconfigura el escenario inicial y añade presión sobre el esclarecimiento de los hechos.

A 44 años de la Guerra de Malvinas, Argentina enfrenta un escenario de vulnerabilidad defensiva importante, producto de cuatro décadas de desinversión, falta de planeamiento y desinterés político, que han diezmado riesgosamente las capacidades de las Fuerzas Armadas. Hoy se requiere un modelo de defensa nacional que asegure la protección de nuestros intereses en un mundo cada vez más complejo e imprevisible.

La Argentina posee una importancia geopolítica indiscutible: es el octavo país más extenso del mundo, con recursos naturales vitales (agua, alimentos, minerales, petróleo) y una proyección bicontinental hacia la Antártida. Sin embargo, esta inmensidad contrasta con espacios demográficos vacíos y carencia de infraestructura, lo que dificulta su control, agravado por la ocupación ilegal británica de parte de nuestro territorio. Aunque la mayoría de los diferendos limítrofes parecen zanjados, la volatilidad mundial exige estar preparados ante eventuales conflictos.

La esencia del sistema de defensa no es solo el uso de la fuerza en caso de conflicto, sino la disuasión permanente. Como sostenía el general André Beaufre, la disuasión busca “impedir el ataque enemigo mediante la amenaza de una respuesta abrumadora [...] que desgasta su voluntad, usando la amenaza como un instrumento de presión constante”. Para lograrlo, los costos de agredir a nuestro país deben ser inaceptables para cualquier adversario. Lamentablemente, el modelo de defensa actual está muy lejos de garantizar este objetivo.

La defensa que tenemos: cuatro décadas de involución

La reducción sufrida por las Fuerzas Armadas (FFAA) desde el inicio de la década de 1980 hasta la fecha ha sido drástica, afectando efectivos, presupuesto y sistemas de armas.

En términos de personal, en los años 80 las FFAA contaban con aproximadamente 144.000 efectivos (88.000 del Ejército, 35.000 de la Armada y 21.000 de la Fuerza Aérea), sustentados en aquel entonces por la Ley 17.531 de Servicio Militar Obligatorio. Hoy, bajo la Ley 24.429 de Servicio Militar Voluntario, las organizaciones se encuentran incompletas por limitaciones presupuestarias, reduciendo el número a unos 88.000 efectivos (55.000 en el Ejército, 16.750 en la Armada y 16.000 en la Fuerza Aérea).

La pérdida de capacidades materiales es igualmente alarmante. El Ejército pasó de tener casi 1000 blindados (un tercio de última tecnología en los 80´) a menos de 600 unidades de los mismos modelos, con más de 40 años de antigüedad y con unas pocas unidades modernizadas parcialmente. A su vez la Armada dejó de ser una fuerza de “aguas azules” con gran capacidad de proyección. En el pasado operaba un portaaviones, 13 destructores y corbetas, y 4 submarinos. Hoy carece de capacidad ofensiva embarcada y sus capacidades defensivas son limitadas. Por su parte la Fuerza Aérea, que contaba con casi 400 aviones antes de Malvinas, hoy dispone de poco más de 200 (entre aviones y helicópteros), en su mayoría obsoletos y de nula capacidad ofensiva.

La crisis no es solo cuantitativa. Los recortes se basaron en la falsa premisa de que “no habrá guerra” y han ignorado lecciones históricas cruciales. A más de cuatro décadas de Malvinas, aún persisten muchas de las falencias señaladas en el histórico Informe Rattenbach. Dicho documento advertía sobre graves errores de conducción operativa y estratégica, la falta de acción conjunta, la ineficiencia de la inteligencia militar, y graves carencias tácticas (como la falta de equipos de alerta radar e IFF). Lejos de aprender de la experiencia, incluso los aciertos de la guerra —como la adaptación de misiles antibuque a plataformas terrestres o la efectividad del binomio Super Etendard/Exocet— fueron abandonados, careciendo hoy el país de una capacidad de defensa costera seria.

A este panorama se suma una degradación institucional: salarios entre los más bajos de la Administración Pública Nacional, obras sociales en crisis y una constante frustración profesional en los cuadros militares debido a la falta de incentivos y material seguro para operar.

La defensa que necesitamos: integralidad, constancia y previsibilidad.

Revertir esta hipoteca sobre nuestra soberanía no es un misterio técnico, pero requiere sortear la ignorancia política, la discontinuidad de los planes estatales y los constantes cambios legales contradictorios. Para construir un sistema creíble y sustentable, es imprescindible abordar seis líneas de acción. Ellas son:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional: Es imprescindible una Estrategia Nacional de Defensa verdaderamente integradora. Actualmente, las Directivas de Política de Defensa Nacional y los planes que de ella derivan, como el PLANCAMIL 2023 son elaborados de forma aislada por el Ministerio de Defensa. La Ley de Defensa Nacional (23.554) exige la integración de “todas las fuerzas de la Nación” y por ello es imprescindible su articulación con otras áreas del estado, como la economía, la educación, la tecnología y las comunicaciones, el desarrollo social, etc. Por ejemplo en medio de recursos escasos, un satélite militar de comunicaciones es inviable económicamente pero los futuros satélites de comunicaciones en desarrollo, deberían incluir obligatoriamente canales de uso militar exclusivo, optimizando así los recursos del Estado (sin costos para la defensa).
• Adecuación del marco legal: La Ley de Defensa Nacional está por cumplir 40 años y requiere actualizaciones, al igual que la solución del vacío que dejan leyes promulgadas pero ignoradas (como la Ley 24.828 de reestructuración de las FFAA o la Ley 27.565 del FONDEF). A su vez, deben corregirse normativas que han impactado negativamente en la operatividad militar, como la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que escindió perjudicialmente la Inteligencia Militar de la Inteligencia Estratégica, o el Código de Disciplina de las FFAA (Ley 26.394), que generó desequilibrios penales. Resulta imperioso, además, sancionar una postergada Ley de Reservas y Movilización.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios: Argentina es un caso atípico en el mundo: mientras todos los países (incluidos los de la región) aumentan su gasto militar, nuestro país lo reduce. La ejecución presupuestaria en defensa de 2025 arroja un gasto del 0.28% del PBI, una cifra insignificante frente al 2.2% de Brasil o el 1.8% de Chile. Las leyes de financiamiento no se cumplen: el FONDEF recibe apenas unos U$S 160 millones anuales cuando debería superar los U$S 400 millones. Sin dinero, es imposible recuperar capacidades estratégicas como submarinos o defensa antiaérea moderna.
• Transformación innovadora de las FFAA: Las restricciones financieras a corto plazo para recuperar medios convencionales perdidos, imponen trabajar con mente abierta e innovadora. La evolución debe centrarse, al menos en el corto plazo, en capacidades de bajo costo, pero de alto impacto: operaciones de información, uso de Inteligencia Artificial, ciberdefensa, drones de todo tipo y capacidad, sistemas autónomos y operaciones multidominio. Es fundamental también un cambio de mentalidad en la dirigencia política, alterando la idea del “uso dual” (Ej protección civil) de las FFAA para justificar su existencia. Su verdadera naturaleza es disuadir y combatir en caso de agresión.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización: Para un país extenso y despoblado, contar con reservas adiestradas y de rápida movilización incrementa la disuasión a muy bajo costo. El sistema debería dividirse en tres niveles: ex integrantes de la fuerza activa (con reentrenamiento periódico); cuadros civiles sin formación militar como especialistas técnicos (en áreas como ciberdefensa, logística o espacial, por ejemplo); y ciudadanos comunes que recibirían instrucción básica para reemplazos en caso de un conflicto prolongado.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción): La industria de defensa nacional atraviesa su peor momento (incapaz de proveer siquiera suficiente armamento liviano o munición), afectada tanto por intereses políticos ajenos como por el veto comercial del Reino Unido post-Malvinas. Argentina debe emular a países que, bajo embargos o por voluntad estratégica, desarrollaron industrias pujantes (Turquía, Sudáfrica, Brasil). La creación de un organismo (similar a la ABIMDE brasileña o la SSB turca) que gestione investigación, enlace empresas públicas y privadas con las FFAA, promueva exportaciones, integre la innovación ágil de las startups y garantice la soberanía en nichos tecnológicos dominados por el país, puede ser el primer paso para reconstruirla.

A modo de cierre, la fragilidad macroeconómica y el desinterés han dejado a nuestro país sin los medios básicos para su resguardo. El diagnóstico es claro y las líneas de acción sugeridas pueden constituir un puntapié inicial para el cambio.

Queda en manos de las autoridades políticas asumir su responsabilidad constitucional ineludible de “proveer a la defensa común”. Revertir cuatro décadas de negligencia exige que la dirigencia transforme a la Defensa en una verdadera política de Estado, garantizando así la paz, la soberanía y los intereses vitales de la Nación en la incertidumbre del siglo XXI.

La creación de un ejército europeo lleva tiempo sobre la mesa pero no parece avanzar. El Gobierno español ha sido uno de sus defensores más insistentes en los últimos meses. "No en 10 o dos años, mañana mismo", dijo Pedro Sánchez la última vez que fue preguntado por la creación de las fuerzas armadas conjuntas. Sin embargo, el camino a seguir sigue sin estar definido y los países continúan invirtiendo en sus propios ejércitos nacionales.

La idea de una fuerza militar europea conjunta no es una novedad. Hace más de 70 años, los seis países fundadores de la Europa comunitaria firmaron un tratado que sentaba las bases para impulsar este proyecto. Federico Fabbrini, profesor de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Dublín y especialista en seguridad internacional, aborda esta cuestión en su libro El ejército europeo: Defensa y paz en la era Trump. Fabbrini sostiene que la clave para avanzar hacia una defensa europea efectiva radica en recuperar y ratificar el acuerdo alcanzado en 1952, en lugar de diseñar nuevos marcos desde cero.

La historia de la Comunidad Europea de Defensa

El 27 de mayo de 1952, seis países europeos firmaron en París el tratado fundacional de la Comunidad Europea de Defensa (CED), una iniciativa supranacional que buscaba “instituciones comunes, fuerzas armadas comunes y un presupuesto común”, según recoge el artículo 1 del tratado. e esta manera, el acuerdo estipulaba que las fuerzas armadas nacionales quedarían integradas en las Fuerzas de Defensa Europeas. El acuerdo, impulsado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, fue el mayor experimento de integración militar europea tras la Segunda Guerra Mundial.

La propuesta incluía protocolos militares y judiciales, acuerdos financieros y convenios sobre el estatuto de las fuerzas. También contemplaba la integración de recursos y la creación de programas de armamento conjuntos, todo bajo una administración común. Entre los anexos figuraban tratados bilaterales con el Reino Unido y protocolos sobre la relación entre la CED y la OTAN.

La CED preveía una estructura institucional robusta, compuesta por un Consejo de Ministros, una Asamblea conjunta, una Comisaría comunitaria y un Tribunal de Justicia. El texto establecía que actuaría únicamente con fines defensivos y que una agresión contra cualquier Estado miembro se consideraría un ataque contra todos. “Las Fuerzas de Defensa Europeas estarán integradas por contingentes puestos a disposición por los Estados miembros”, recoge el tratado.

Francia bloqueó el ejército europeo

La ratificación del tratado de la Comunidad Europea de Defensa quedó bloqueada en la Asamblea Nacional francesa, que el 30 de agosto de 1954 rechazó su aprobación con 319 votos a favor de una moción de rechazo, 264 en contra y 12 abstenciones. Esta decisión paralizó el proyecto, aunque el tratado nunca fue formalmente derogado, lo que deja abierta la posibilidad de su reactivación en el futuro.

La iniciativa que planteaba la creación de fuerzas armadas europeas contó con el respaldo de líderes de los ‘padres fundadores de Europa’. Aunque la CED no se implementó, su modelo sentó las bases conceptuales para posteriores propuestas de integración en materia de seguridad y defensa en Europa, y puede ser un antecedente relevante de cara a recuperar este proyecto.

Desde el pasado 22 de abril, destacó en medios de comunicación de corte local la toma de instalaciones del Palacio Municipal de Jonuta en Tabasco por parte de policías preventivos, esta acción se dio como respuesta a la falta de acciones institucionales por parte del gobierno de la María Soledad Villamayor Notario, según acusaron los elementos.

Las demandas de los oficiales se centran principalmente en temas de derecho laboral y acciones operativas, entre las que se encuentran:

• Condiciones precarias
• Falta de recursos que impide la realización de sus labores
• Exigen mejores sueldos y condiciones de trabajo
• Implementar la jornada laboral de 24x48

Tras casi 48 horas de protesta, los policías se mantienen en las inmediaciones del recinto municipal, ya que señalaron que esta medida se generó tras varias solicitudes formales.

Gobierno Estatal es intermediario en las negociaciones

En entrevista para medios el subsecretario de Gobierno de Tabasco (Segotab), Pablo Mora Gómez, informó que la administración estatal ofreció ser intermediario en el conflicto que mantiene cerradas las puertas del Palacio Municipal de Jonuta:

“Me comuniqué ayer con la presidenta municipal y le manifesté nuestra disposición de poder ayudar, sobre todo hacer al diálogo, que me parece que esos temas se tienen que dialogar. Hay una presión que tiene el municipio, evidentemente, con el ejercicio del gasto, es decir, no puedes cubrir todo lo que se pide, pero también hay que ver qué de las peticiones de los policías se pueden atender”.

Adelantó la posibilidad de que en próximos días comience el diálogo con los policías: “Ella le pidió que hicieran una comitiva y creo que todavía ellos no se habían puesto de acuerdo en las personas que iban a estar en esa comitiva y nosotros, en cuanto nos avisen, nos sumaremos ahí a la mesa de diálogo”.

Autoridades federales desempeñan labores en la municipio

El subsecretario detalló que en cuanto a la vigilancia en Jonuta ya se encuentran fuerzas federales y estatales que garantizan la seguridad de la ciudadanía.

Compartió que se encuentran elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes fueron desplegados con la finalidad de realizar las laborales que desempeñan los policías municipales:

“Está respaldándoles por medio de la Policía Estatal... El Ejército y la Guardia Nacional están allá desplegados ya cubriendo las posiciones”.

En cuanto a si emprenderán represalias en contra de los policías que decidieron alzar la voz y protestar en el municipio, el subsecretario agregó: “Nosotros siempre hemos tenido y hemos creído en el diálogo, ¿no? Como la principal alternativa para resolver estas cosas”.

Las autoridades encontraron más de 1.600 kilogramos de una sustancia similar al Anfo, material empleado para crear minas antipersonal y otros dispositivos de alto riesgo. El hallazgo ocurrió en la vereda Agua Negra 2, donde operaba el grupo armado Segunda Marquetalia Estructura Comandos de Frontera.

La operación fue resultado de un trabajo conjunto entre el Batallón de Ingenieros de Combate n.° 27 y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina n.° 30, apoyados por capacidades de inteligencia militar y la Sijín de la Policía Nacional. De acuerdo con el reporte, la rápida acción de las tropas evitó que la carga explosiva fuera utilizada para atentar contra la población civil y la seguridad regional.

El procedimiento incluyó la ubicación, aseguramiento y posterior destrucción del depósito, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Este plan articula recursos de inteligencia y fuerza pública para atacar las economías ilícitas y las amenazas armadas en Putumayo y la Amazonía.

La intervención militar neutralizó no solo la amenaza inmediata, sino también la posibilidad de ataques futuros con explosivos improvisados. Según el Ejército, los materiales incautados habrían permitido la elaboración de miles de artefactos, lo que representa una reducción tangible del riesgo para la estabilidad en la región.

Además, la Vigésima Séptima Brigada reiteró su determinación de proteger la vida y la integridad de los habitantes del departamento, así como de combatir los factores que generan inestabilidad. Con este tipo de acciones buscan debilitar las estructuras armadas ilegales y limitar el acceso a recursos para la fabricación de explosivos.

En resumen, el hallazgo y la neutralización de este depósito ilegal de explosivos en Putumayo representa un avance relevante en la protección de la población y en la lucha contra los grupos armados que operan en la zona.

Armada neutralizó arsenal de explosivos artesanales en zona rural de Tumaco

La Armada de Colombia desmanteló un depósito ilegal con 500 kilogramos de material explosivo artesanal en la vereda La Espriella, ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño. La operación, desarrollada junto a la Policía Nacional, impidió que estos materiales fueran empleados en ataques contra la población civil y la fuerza pública en el litoral pacífico.

Tropas del Gaula Militar Tumaco identificaron el escondite, donde hallaron ocho costales con la sustancia explosiva. Técnicos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizaron pruebas en el sitio y validaron la alta capacidad de detonación del material.

El hallazgo permitió la destrucción controlada del explosivo en el lugar, siguiendo estrictos protocolos de seguridad para evitar cualquier riesgo a los habitantes de la zona. Esta acción neutralizó una amenaza significativa en una región marcada por la actividad de grupos armados ilegales.

Según la información oficial, las investigaciones señalan que el material pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Iván Ríos, una estructura que opera en el sur de Colombia. Los explosivos habrían tenido como destino la fabricación de artefactos improvisados para perpetrar ataques en la región.

La Armada de Colombia manifestó un rechazo enfático a los intentos de los grupos armados de emplear explosivos contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. El operativo evidencia la coordinación institucional entre fuerzas militares y policiales para contener las amenazas derivadas de las economías ilícitas y la violencia en el Pacífico.

Como resultado, la intervención evitó la utilización de 500 kilogramos de explosivos que habrían representado un riesgo directo para la estabilidad y la seguridad en Tumaco y sus alrededores. El despliegue de equipos especializados y la destrucción in situ de los materiales refuerzan el compromiso de las autoridades en la protección de la vida y la integridad de la población civil en Nariño.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara alta recibió una solicitud del Ejecutivo federal para autorizar el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio mexicano con fines de adiestramiento.

El documento, remitido por la Secretaría de Gobernación, detalla que la petición se sustenta en el marco constitucional vigente, específicamente en la facultad del Senado para aprobar la entrada de tropas extranjeras para actividades específicas.

Ejercicio Fénix 2026: cooperación militar en Campeche

Uno de los principales eventos contemplados es el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo en el estado de Campeche.

Este entrenamiento involucra a la Armada de México y al Comando Norte de Estados Unidos, con la participación de fuerzas especiales, incluidos elementos de los Navy SEALs.

El objetivo central es mejorar la interoperabilidad entre ambas naciones mediante operaciones anfibias, simulaciones de combate, maniobras de desembarco y ejercicios tácticos en tierra.

Este tipo de ejercicios forma parte de una cooperación bilateral constante en materia de seguridad y defensa.

Evento SOF 4: entrenamiento especializado en cuatro entidades

El Senado evaluará la autorización para el denominado “Evento SOF 4”, enfocado en fortalecer las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

Este programa se desarrollará del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, con la participación de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs.

De acuerdo con el oficio oficial, el personal estadounidense ingresará con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizando como punto de entrada el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Senado debe autorizar ingreso de tropas extranjeras

La Constitución mexicana establece que cualquier ingreso de fuerzas armadas extranjeras debe contar con la aprobación del Senado.

En este caso, la solicitud fue presentada formalmente por el Ejecutivo para su análisis y eventual votación.

Estas autorizaciones suelen ser aprobadas bajo criterios específicos, delimitando el número de elementos, el tipo de armamento, los objetivos del entrenamiento y el tiempo de permanencia en el país.

Asimismo, al concluir los ejercicios, el Ejecutivo federal está obligado a rendir un informe detallado al Senado sobre los resultados y alcances de las actividades realizadas.

Objetivo estratégico: cooperación y fortalecimiento de capacidades

Los ejercicios conjuntos entre México y Estados Unidos tienen como finalidad fortalecer la preparación de las fuerzas armadas mexicanas mediante el intercambio de experiencia y conocimientos tácticos.

Entre las actividades que se desarrollan en este tipo de entrenamientos destacan:

• Operaciones anfibias y desembarcos tácticos
• Simulación de combate en distintos escenarios
• Entrenamiento en vigilancia, reconocimiento y tiro de precisión
• Coordinación entre fuerzas especiales de ambos países
• Uso de tecnología y equipo militar especializado

Este tipo de cooperación no implica intervención militar extranjera, sino que responde a esquemas de colaboración previamente acordados y regulados por la ley mexicana.

Antecedentes y contexto de ejercicios binacionales

El Ejercicio Fénix forma parte de una serie de entrenamientos binacionales que han evolucionado con el tiempo.

En años anteriores, estas prácticas eran conocidas como “Aztec Alligator”, y se realizan de manera periódica como parte de la cooperación en seguridad regional.

Estos ejercicios se enfocan principalmente en la preparación de la infantería de marina y en el desarrollo de capacidades para operar en zonas costeras, consideradas estratégicas para la defensa y seguridad nacional.

Además, el gobierno mexicano ha reiterado que este tipo de actividades son estrictamente de capacitación, bajo supervisión institucional y con pleno respeto a la soberanía nacional.

En los próximos días, el Senado de la República analizará la solicitud enviada por el Ejecutivo, lo que definirá si se autoriza formalmente el ingreso del personal militar estadounidense para estos ejercicios programados en 2026.

Dos soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos por un oso pardo durante un ejercicio de entrenamiento en la Joint Base Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el viernes 18 de abril de 2026.

Según confirmó la 11th Airborne Division a CBS News, ambos militares participaban en un ejercicio de navegación terrestre cuando fueron sorprendidos por el animal.

Los soldados recibieron atención médica inmediata y continúan en observación, mientras las autoridades mantienen en reserva sus identidades hasta que los familiares sean notificados.

El ataque y la respuesta inmediata de los soldados

De acuerdo con el portavoz militar, teniente coronel Jo Nederhoed, ambos soldados portaban aerosol anti-osos (bear spray), una medida de seguridad obligatoria en zonas de entrenamiento expuestas a la fauna local.

Según relató Nederhoed a ABC News, los soldados lograron utilizar el bear spray durante el ataque, lo que habría sido clave para ahuyentar al animal y evitar consecuencias aún más graves. La prioridad de la unidad, aseguró el vocero, es “la seguridad y el bienestar del personal”.

La Alaska Department of Fish and Game explicó que el ataque fue probablemente defensivo, ya que el oso acababa de emerger de la hibernación, una situación que suele incrementar la agresividad de estos animales ante la presencia humana. La supervisora regional del organismo, Cyndi Wardlow, destacó a CBS News la importancia del uso del aerosol: “Tener bear spray en el campo puede haberles salvado la vida”.

Investigación y medidas de seguridad tras el ataque

La investigación oficial sigue en curso. Las autoridades militares y estatales trabajan en conjunto para esclarecer los detalles del incidente y reforzar las medidas de seguridad.

Según precisó el Departamento de Pesca y Caza a Anchorage Daily News, la zona del ataque —el área de entrenamiento Arctic Valley, dentro de la base— fue temporalmente cerrada a actividades recreativas hasta nuevo aviso.

Especialistas del organismo recolectaron muestras en el lugar para identificar la especie y el sexo del animal involucrado. Los funcionarios no lograron localizar al oso tras rastrear la zona, una extensión remota y montañosa dentro de los 259 kilómetros cuadrados que abarca la base militar.

Wardlow aseguró que el objetivo es aprender de cada incidente para incrementar la seguridad de civiles y militares en Alaska.

Una convivencia riesgosa entre humanos y osos

Alaska alberga una de las poblaciones de osos más grandes del mundo, con aproximadamente 100.000 osos negros y 30.000 osos pardos, según cifras oficiales. La presencia de estos animales en áreas cercanas a bases militares y zonas urbanas genera un desafío constante para la convivencia segura.

Entre 2000 y 2017, la Sección de Epidemiología estatal registró 68 hospitalizaciones por ataques de osos, con el 96% de los casos atribuidos a osos pardos. En ese periodo, se contabilizaron 10 muertes en ocho ataques diferentes.

La Joint Base Elmendorf-Richardson aloja a unas 40.000 personas, la mayoría personal militar en servicio activo. Fox News remarcó que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en la base: en mayo de 2022, otro soldado perdió la vida tras ser atacado por un oso en las inmediaciones del vertedero regional de Anchorage, tal como informaron fuentes oficiales.

Reacciones y próximos pasos

Funcionarios militares y estatales insisten en la necesidad de mantener la alerta y reforzar las recomendaciones de seguridad, sobre todo en la temporada de primavera, cuando los osos despiertan de la hibernación y aumentan los encuentros con humanos.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales de vida silvestre para garantizar la seguridad de todo el personal y prevenir futuros incidentes”, declaró Nederhoed a Anchorage Daily News. Las investigaciones continuarán hasta determinar con precisión las circunstancias y posibles medidas adicionales de protección.

La experiencia reciente refuerza la importancia de las prácticas de prevención en Alaska, donde la convivencia entre humanos y grandes mamíferos sigue siendo un desafío para la seguridad pública y militar.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) realizará un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la península de Azuero, ubicada en el centro sur de Panamá.

Desde mayo de 2025 la región ha visto afectada por la contaminación de sus principales abastecedores de agua, los ríos La Villa y Estibaná, llevando a miles de residentes a tener que abastecerse de agua mediante carros cisternas o la compra del líquido embotellado.

La contaminación de los afluentes se debió a la presencia de coliformes fecales y nemátodos procedentes de fincas porcinas, sin sistemas de tratamiento, ubicadas en las riberas de estos ríos.

Ante la caótica situación, en junio de 2025 el gobierno de José Raúl Mulino decretó un estado de emergencia en la zona, sin que hasta el momento haya respuestas concretas al abastecimiento normal de agua potable que reclama la población.

En medio de la crisis, el 4 de marzo de este año, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, quien había advertido que el presupuesto asignado a la entidad para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

La institución pública enfrenta en los últimos años fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad panameña, debido a la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La colaboración estratégica del U.S. Army Corps of Engineers para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la zona, fue anunciada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Desde el Ministerio de Salud se difundió que luego de gestiones realizadas con la embajada de los Estados Unidos en Panamá, especialistas del Cuerpo de Ingenieros se reunirán este viernes con el equipo del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para analizar a fondo la situación de las fuentes críticas, como el río La Villa y el río Estibaná, así como el estado de las plantas potabilizadoras.

“Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo que resuelva el problema de raíz”, manifestó el ministro de Salud.

Mientras se desarrolla el plan maestro con la contraparte estadounidense, el Ministerio de Salud adelantó acciones inmediatas para garantizar el acceso al recurso, como son la perforación de más de 60 pozos.

Pese a esto, la población azuerense continúa quejándose por la falta del líquido, que desde hace poco más de un año se ha vuelto más crítica en ciertas áreas de la península.

El plan de presupuesto de las autoridades de Salud contempla la integración de 180 pozos adicionales este año, con una meta final de cerca de 400 pozos a nivel nacional para reforzar la red de suministro.

A pesar de los avances en la infraestructura, el ministro Boyd Galindo fue enfático en mantener las medidas de prevención sanitaria. Actualmente, el agua en las zonas afectadas no es apta para el consumo humano directo.

Ante la falta de agua en muchos sectores, el Ministerio de Salud continúa recomendado a la población de Azuero que obligatoriamente hiervan el líquido antes de ingerirlo, que utilicen el suministro actual exclusivamente para tareas de higiene personal y limpieza de áreas.

También se les recomienda mantener la precaución extrema para evitar enfermedades de transmisión hídrica, mientras se implementan las soluciones técnicas.

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La guerra en Ucrania no cesa desde 2022 y la OTAN se arma a su lado de la frontera europea para repeler una posible expansión de Rusia. Oriente Medio supera ya el mes de ataques cruzados entre Irán y el bloque de Estados Unidos e Israel. El contexto global no invita a rechazar aspirantes a soldados. Las potencias europeas tratan de atraer a sus jóvenes con nuevos servicios militares. Francia ofrece 800 euros mensuales a los voluntarios, mientras que en Alemania elevan la paga hasta los 2.600 euros.

Sin embargo, la realidad es que los occidentales están perdiendo el interés en unirse al ejército. El presidente del Observatorio de Vida Militar, Mariano Casado, advirtió en el Congreso de los Diputados sobre la preocupante falta de personal en las Fuerzas Armadas. “La situación del reclutamiento es preocupante porque cada vez se presentan menos candidatos por plaza convocada”, dijo. Lo cierto es que ha caído drásticamente, pasando de 27 aspirantes por plaza en 2013 a solo 4 en 2024.

En estos momentos, España tiene 117.000 efectivos militares. Su compromiso con la OTAN fija el objetivo para 2030 en 130.000 profesionales. Con este margen de tiempo, los números no salen. Según el CIS, solo el 29% de los españoles estaría dispuesto a luchar por su país, y se trata de una respuesta dentro de un supuesto escenario bélico. La dificultad para encontrar españoles que apuesten por la vida militar abre la puerta a miles de extranjeros dispuestos a hacerlo. No obstante, unirse a las Fuerzas Armadas de otra nación plantea desafíos innegables. ¿Cómo es estar dispuesto a jugarse la vida por un país donde no naciste?

El crecimiento de los extranjeros en el Ejército

Esta realidad es relativamente reciente. En el siglo pasado no era tan habitual encontrar en un ejército a alguien nacido en otro país. Pero hay precedentes. La Legión Extranjera Francesa, ya presente en el siglo XIX, se llevó la fama de estas unidades específicas que aceptaban personas fugadas de otros países sin hacer muchas preguntas. El Reino Unido ha permitido históricamente el alistamiento de ciudadanos de países de la Commonwealth, como Canadá o Australia. Y antes de la dictadura de Franco, España adoptó el modelo francés con la Legión, aceptando extranjeros entre 1920 y 1939. El fin de la Guerra Civil frenó esta posibilidad.

Pero para la apertura definitiva hay que viajar hasta 2002, cuando bajo el gobierno de José María Aznar se aprobó la entrada de personas de países con un pasado común con España, lo que incluía a la mayoría de latinoamericanos y a Guinea Ecuatorial. Esta historia se ha trazado de forma paralela a los procesos de nacionalidad. La Ley 32/2002, de 5 de julio, que modifica la anterior de 1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, permitió por primera vez el acceso de los extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y marinería. Desde aquel momento y hasta el día de hoy, para entrar en la escala de oficiales es imprescindible la nacionalidad española.

Sin embargo, esa reforma dejó fuera a otras nacionalidades debido a “tensiones territoriales”, especialmente con Marruecos, a pesar de que es la principal comunidad extranjera residiendo en España. En aquel momento, España mantenía su postura a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, entre otros debates diplomáticos en los que chocaba con el régimen marroquí. En el presente, los marroquíes siguen sin poder ingresar al Ejército, aunque sí que existen muchos soldados de origen marroquí, pero nacidos en España.

En ese momento, la situación de falta de relevo en el Ejército recuerda a la actualidad. “Muchos jóvenes españoles se engancharon profesionalmente en otros sectores, especialmente el de la construcción”, señala José Pablo Martínez, por lo que cada vez menos optaban por las Fuerzas Armadas como salida laboral. Los extranjeros permitieron solucionar parte del problema. Desde 2002, la presencia de inmigrantes en las Fuerzas Armadas españolas experimentó un auge rápido, superando el 10% del personal en 2005 debido a la falta de reclutas nacionales.

Sin embargo, la crisis económica y las nacionalizaciones masivas con los nuevos procesos revirtieron la tendencia. Actualmente, su representación ha caído al 5%. El último documento de estadística de personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas, de 2024, cifra en 2.525 los oficiales nacidos en el extranjero, aunque al tener nacionalidad española no cuentan como inmigrantes. En tropa y marinería, según el Observatorio de Vida Militar, es donde se concentran la mayoría, con un total cercano a los 4.000.

En 2011, el PP se comprometió a conceder la nacionalidad a todos los soldados que cumplieran dos años de servicio a través de la ‘carta de naturaleza’, cuenta José Pablo Martínez, experto del Real Instituto Elcano. Según el artículo 21 del Código Civil, este método permite dar la documentación española a casos concretos. Desde aquella promesa electoral, los militares extranjeros suelen recibir la nacionalidad a los dos años. El ‘regalo’ del gobierno de Rajoy no tiene un carácter legal para todo este colectivo, sino que exige estudiar cada caso. Por ello, muchos siguen el camino habitual, que desde 2015 permite solicitar la nacionalidad a personas de los países con pasado común.

Del extendido “compañerismo” a los casos de racismo

El compañerismo y el respeto mutuo son los pilares de la integración. Yinoly, infante de marina nacida en Manizales, Colombia, resume su experiencia de manera muy positiva. “Lo de ser extranjera y servir a España es como vivir entre dos orgullos. Para mí es una responsabilidad doble, porque como colombiana represento mi esencia. Nunca olvido de dónde vengo ni quién soy y así honro mis raíces”. Para ella, servir en el Ejército español implica “entregar cada día lo mejor al país que un día me abrió la puerta y confió en mí”.

La experiencia de Enrique Escudero, brigada del Ejército del Aire, representa otra realidad. Nació en Madrid, pero su familia paterna es vasca y mantiene lazos con México. “Ingresé al ejército tras acabar los estudios y representar a España es un orgullo”, comenta. Escudero destaca la importancia del apoyo entre compañeros, sobre todo en los momentos más duros, y comparte una anécdota reciente en Turquía. “Trabajábamos con estadounidenses y, de repente, un compañero resultó ser de República Dominicana. Eso me hizo ver que personas de distintas partes servimos juntos en muchas fuerzas armadas. El compañerismo supera los orígenes y las banderas”, relata el profesional.

No obstante, no todas las historias tienen finales felices o caminos rodeados de un buen recibimiento. En los pasillos de los cuarteles, las historias de discriminación también han sido una realidad. Los casos que han salido a la luz en los últimos años han revelado un patrón recurrente.

Desde 2020, cuando se expulsó a un militar por realizar saludos neonazis, las Fuerzas Armadas han ejecutado varias purgas y condenas severas contra el racismo. El país se conmocionó en 2021 con el asesinato de Younes Bilal a manos de un exmilitar que gritaba “¡no quiero moros aquí!”. La justicia ha endurecido su respuesta ante el acoso interno para erradicar estas conductas de las unidades. En 2024, un sargento fue encarcelado por humillar a una soldado extranjera diciéndole “vete a tu país, no sirves para nada”. En 2025, el Supremo condenó a un cabo de la Legión que llamaba “sudaca de mierda” a un subordinado y le amenazaba con un “tiro en la cabeza”. Y un soldado del Regimiento “Palma” 47 fue sentenciado por ataques que mezclaban racismo y machismo, tildando a sus compañeras de “putas extranjeras” y “negras asquerosas”.

Esta no es la experiencia de los militares entrevistados por Infobae. “Nunca me he sentido parte externa. Siempre me he sentido parte de lo que hacíamos y parte de lo que defendíamos y defendemos”, asegura la sargento Susan Acuña. Al igual que ella, otros entrevistados resaltan la integración que han vivido desde que llegaron al ejército.

Países con historia en común

El sargento Diego Fontenla Pérez, nacido en Argentina y criado en una familia militar, descubrió su vocación desde pequeño. A los 13 años inició su formación en un liceo militar y, tras mudarse a España con 17, decidió seguir la carrera en el Ejército de Tierra. “Sentí el orgullo de representar a España”, afirma sobre sus destinos en Ceuta, Tenerife y Toledo.

La lista de orígenes que permiten unirse al ejército en España responde a los nexos históricos. Las naciones latinoamericanas que hace siglos, tras la conquista española, pertenecieron al imperio, forman la mayoría de opciones. La cultura similar, los habituales antecedentes familiares y, especialmente, la facilidad de compartir idioma, hizo que, ante la necesidad de aumentar el número de soldados, se optara por los solicitantes nacidos allí. Además, la migración latinoamericana es la más numerosa en España.

De esta forma, los países que forman este grupo son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Guinea Ecuatorial. Este último es la excepción dentro de la mayoría latinoamericana, pero la razón es la misma: Guinea Ecuatorial fue territorio español hasta que logró su independencia en 1968.

Diego Fontenla relata la historia de su abuelo, como ejemplo de este pasado común al que señala la presencia de extranjeros en las Fuerzas Armadas. “Mi abuelo, Néstor Fontenla Quinteiro, nace en Cuspetriño, Pontevedra, junto a tres hermanos”, detalla el sargento. “En julio de 1936 lo recluta el Ejército Nacional” y se ve envuelto en la Guerra Civil española, explica el sargento. Tras el conflicto, decide marcharse a Argentina con su familia. “Cuando hablábamos de la guerra, se ponía bastante triste y cambiaba de tema enseguida”, reconoce Fontenla. Casi un siglo después, su nieto regresó a España y se unió al ejército, pero en un contexto totalmente distinto. “Uno nunca olvida de dónde viene, pero el uniforme te une a quienes te rodean, más allá de las fronteras”.

El miedo a la guerra crece entre los españoles. El conflicto de Oriente Medio, con Estados Unidos como protagonista y bases militares europeas afectadas, ha hecho que muchas personas lo vean como una realidad mucho más cercana. Lo mismo ocurre con la guerra en Ucrania y la amenaza constante de Rusia a través de drones que entran en espacios aéreos europeos o buques y submarinos en sus aguas. Todo ello lleva al cuestionamiento de si uno mismo puede acabar en una trinchera o en los escombros que deja un bombardeo.

En un supuesto escenario en el que España entra en una guerra, algo todavía lejano e improbable, los militares, como es lógico, serían los primeros en tener que responder. No obstante, conforme la guerra escalase podría ir aumentando el número de personas que son llamadas a filas, sin necesidad de que tengan algún tipo de formación militar. La incorporación obligatoria de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en España está regulada por una serie de normativas legales que fijan de manera precisa el orden, los criterios y los procedimientos en caso de movilización.

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El artículo 30 de la Constitución establece el derecho y deber de los españoles a defender España. La Ley 39/2007 de la Carrera Militar es la que determina que el llamamiento a filas sigue una cadena de prioridad, que parte de los reservistas voluntarios y solo contempla la movilización ciudadana tras agotar esa vía. El proceso, que afecta principalmente a los jóvenes de entre 19 y 25 años, requiere la intervención directa del Gobierno y la autorización previa del Congreso de los Diputados.

Voluntarios primero, obligatorios después

La legislación española regula la incorporación a filas. El artículo 123 de esta ley establece que los Reservistas Voluntarios y los Reservistas de Especial Disponibilidad —antiguos militares de tropa— tienen prioridad absoluta. Solo si estos dos colectivos resultan insuficientes para satisfacer la demanda de personal, el Estado puede activar la llamada Reserva Obligatoria. Este mecanismo asegura que la movilización ciudadana solo se utilice como último recurso y en circunstancias excepcionales.

La figura del reservista obligatorio queda definida en el artículo 136 de la Ley 39/2007. Los ciudadanos españoles que podrían ser reclutados son aquellos con edades comprendidas entre los 19 y 25 años. La medida no se dirige a un grupo profesional ni social, sino a la población general dentro de ese rango de edad y sin diferencia entre sexos. Si, tras reclutar a este grupo, siguiese existiendo una necesidad, se ampliaría hasta los 45 años.

La activación de la Reserva Obligatoria está sujeta a un control político estricto. El artículo 139 de la Ley 39/2007 establece que la incorporación de civiles solo es posible tras la aprobación de un Real Decreto por parte del Consejo de Ministros, que debe contar con la autorización previa del Congreso de los Diputados. Esta doble garantía institucional limita la posibilidad de movilización forzosa y otorga al Parlamento la decisión final sobre la activación del mecanismo.

El desarrollo reglamentario de la reserva queda recogido en el Real Decreto 383/2011, que regula los procedimientos relacionados con la incorporación. El decreto exige que los potenciales movilizados superen reconocimientos médicos que verifiquen su aptitud física y psíquica para el servicio militar. El sistema es una herramienta preventiva, alineada con la tendencia europea hacia ejércitos profesionales y reservas voluntarias.

Pena de cárcel por no defender al país

Negarse a acudir al ejército tras un llamamiento legal en España es un delito que puede llevar a penas de cárcel. Si eres un civil convocado como reservista obligatorio y no te presentas tras la autorización oficial, puedes recibir una pena de hasta tres años de prisión y quedar inhabilitado para trabajar en la administración pública.

La única opción legal para no combatir es la objeción de conciencia, que implica un servicio civil alternativo obligatorio, como ser destinado a protección civil o un hospital. Si ya eres militar, las sanciones son mucho más duras. La deserción o la desobediencia en tiempos de guerra pueden suponer de cinco a 15 años de cárcel y la ausencia injustificada más de 24 horas puede castigarse con entre tres y 10 años de prisión.

Bélgica ha respondido de forma masiva a la convocatoria del nuevo servicio militar voluntario. Tras el envío de cartas a unos 150.000 jóvenes de 17 años, se han recibido en las últimas semanas más de 3.000 solicitudes, según confirmó el ministro de Defensa, Theo Francken, en un mensaje difundido por redes sociales. El programa, impulsado por el Gobierno liderado por Bart de Wever, ofrece la posibilidad de realizar un año de formación militar remunerada con al menos 2.000 euros netos mensuales.

El objetivo es cubrir una primera tanda de 500 plazas entre los 3.248 inscritos, quienes comenzarán su formación en agosto. Según detalló el Ministerio de Defensa, los participantes podrán optar por integrarse en las Fuerzas del Aire, de Tierra o la Marina. La iniciativa busca reforzar la presencia militar y plantea que, tras finalizar la formación, los jóvenes puedan permanecer en la reserva o incorporarse a las fuerzas armadas activas.

Más de 3.000 solicitudes del servicio militar

El interés generado por la convocatoria ha superado las expectativas iniciales del Ejecutivo. El ministro Francken calificó el resultado como “éxito rotundo” y precisó que los aspirantes ahora deberán someterse a pruebas técnicas, físicas y de inteligencia para acceder a una de las plazas disponibles. La distribución geográfica de las inscripciones refleja la diversidad lingüística del país. 1.608 de los jóvenes son neerlandófonos y 1.644 francófonos. Además, una quinta parte de los candidatos son mujeres.

Según la información oficial, el proceso de selección busca garantizar la capacitación adecuada para quienes superen los exámenes y se incorporen al servicio a partir del próximo agosto. El servicio militar voluntario se enmarca en el contexto de los cambios recientes en la política de defensa de Bélgica. Cada participante recibirá al menos 2.000 euros netos mensuales durante su estancia en el programa.

Posibilidades de futuro tras la formación

El programa contempla que los participantes puedan mantenerse como reservistas mientras continúan sus estudios o desarrollan una carrera civil, con la obligación de estar disponibles ciertos días al año para el Ejército o para misiones temporales. También se ofrece la opción de desvincularse completamente tras el año de formación, o bien solicitar el ingreso en las fuerzas armadas regulares.

La estructura del proyecto está diseñada para ofrecer un equilibrio entre formación militar y desarrollo académico o profesional, facilitando que los jóvenes compatibilicen su compromiso con el Ejército y sus propios planes personales. La flexibilidad del modelo permite que, al finalizar el año, quienes decidan permanecer en la reserva sigan colaborando con las fuerzas armadas de forma parcial, mientras que quienes opten por abandonar la institución lo hagan sin obligaciones adicionales.

El Ministerio de Defensa subrayó que la iniciativa pretende captar nuevos perfiles y responder a las necesidades actuales de seguridad y defensa del país. Además, busca fomentar el sentido de responsabilidad y el compromiso cívico entre los jóvenes, ofreciendo una experiencia formativa que puede ser útil tanto en el ámbito militar como en el civil. El proyecto también pretende fortalecer los vínculos entre la sociedad y las fuerzas armadas, adaptándose a las demandas de una generación que valora la flexibilidad y la compatibilidad entre distintas etapas educativas y laborales.

Cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo son detenidos por elementos del Ejército, la Guardia Nacional y fuerzas estatales luego de un enfrentamiento en la comunidad Mesa de Palma del municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Como resultado, las autoridades incautaron armamento, municiones y vehículos, incluido un lanzagranadas, según registra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

El Grupo Interinstitucional realizó el aseguramiento de cinco armas largas, un lanzagranadas, veintiséis cargadores y mil 250 cartuchos. También aseguran dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, así como cinco chalecos balísticos y dos cascos.

El reporte destaca que los hechos sucedieron cuando personal militar realizaba tareas de reconocimiento en el lugar. los uniformados fueron agredidos por los civiles armados.

“Una vez controlada y asegurada la zona, se logró la detención de 5 presuntos delincuentes”, es parte de lo informado por las autoridades estatales.

Los elementos repelieron el ataque y controlaron la situación en la región, donde fue desplegado un operativo que incluyó la participación de fuerzas federales y estatales.

En las imágenes compartidas por la SSP puede verse a los ahora detenidos, así como los vehículos incautados.

Asimismo, las cinco personas, junto con el equipo y las armas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean realizadas las investigaciones correspondientes.

Detienen a tres personas que lanzaron ponchallantas a agentes en Culiacán

Cabe recordar que el pasado 7 de abril, agentes de seguridad detuvieron a tres personas en Culiacán, Sinaloa, después de una persecución.

Las detenciones fueron realizadas por del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, quienes realizaban recorridos de seguridad en el camino al dique La Primavera cuando detectan una camioneta blanca a exceso de velocidad. Al aproximarse, los ocupantes arrojaron artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Lo anterior generó una persecución que resultó en la detención de tres presuntos delincuentes cuyos nombres no fueron compartidos por las autoerridaes.

Como resultado, los efectivos incautaron armas largas y chalecos. De manera especifica fueron asegurados:

• 1 fusil AR-15 A4, calibre 5.56 x 45 mm
• 1 fusil AR-15, multicalibre
• 1 fusil AK-47, calibre 7.62 x 39 mm
• 14 cargadores calibre 5.56 x 45 mm
• Siete cargadores calibre 7.62 x 39 mm
• 420 cartuchos útiles 5.56 x 45 mm
• 210 cartuchos útiles 7.62 x 39 mm
• Tres chalecos balísticos con placas
• Una camioneta Ford Ranger, blanca, con reporte de robo

Mientras que el 5 de abril pasado cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva fueron asegurados tras un ataque a balazos en contra de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa. En dicha ocasión los agentes hacían patrullajes de reconocimiento terrestre en inmediaciones de la cabecera municipal.

El gobierno del presidente José María Balcázar inició el despliegue de más de 45 mil agentes de las Fuerzas Armadas para custodiar la totalidad de los locales de votación y garantizar la seguridad de los más de 27 millones de electores habilitados que participarán de las Elecciones Generales 2026 el domingo 12 de abril.

Según anunció el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, el despliegue del Ejército durante la jornada electoral busca que el desarrollo del proceso sea seguro y transparente, como parte de un esfuerzo coordinado a nivel nacional.

El día de las elecciones, los 45.540 militares estarán a cargo de controlar el acceso a los centros de votación, custodiar el material electoral y mantener el orden general, bajo principios de legalidad y proporcionalidad. El operativo incluye la activación de protocolos para afrontar cualquier contingencia social o climática que pudiera afectar el proceso.

Esta operación implica coordinación directa entre diferentes instituciones como el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, junto a los ministerios de Defensa e Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y autoridades locales, precisó Arroyo durante el acto de lanzamiento, realizado en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército en Chorrillos.

Fuerzas Armadas actuarán bajo principio de neutralidad institucional

Arroyo afirmó que este operativo “no es solo una operación logística”, sino también un mensaje sobre la neutralidad institucional y el rol efectivo del Estado en la protección de la democracia. “Su voto está protegido”, aseguró el titular de la PCM. Detalló que la misión asignada es “estrictamente neutral, de apoyo al proceso electoral, resguardando locales, material electoral, accesos y condiciones de orden”.

La participación de las Fuerzas Armadas en esta oportunidad está orientada a “garantizar la expresión libre de la voluntad popular en una jornada segura, ordenada y transparente”, explicó el titular de la PCM. El objetivo es generar confianza en el proceso democrático en las zonas urbanas, así como en áreas rurales y dispersas.

Refuerzo de la seguridad ciudadana

El operativo electoral es parte de una política para reforzar la seguridad ciudadana y fortalecer el orden democrático, dijo Arroyo a Andina. Informó que se han implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas de alta incidencia delictiva, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y autoridades locales intervienen de manera conjunta.

Además, el Estado ha incorporado 5.655 nuevos efectivos policiales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el periodo previo a las elecciones.

En términos operativos, el domingo 12 de abril se movilizarán miles de efectivos policiales y militares en el 100 % de los locales de votación, asegurando con presencia armada la seguridad directa del proceso, la protección del material electoral y la logística de traslado. Estas medidas fueron confirmadas por Arroyo, quien enfatizó que la misión central consiste en “ser la seguridad absoluta de este proceso electoral”.

El Ejército del Perú anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de un Beechcraft King Air 360C, un avión bimotor turbohélice que será utilizado principalmente en operaciones de evacuación médica, transporte logístico y ayuda humanitaria. La aeronave contará con una puerta de carga, característica que facilita el traslado de pacientes, equipos médicos y suministros en contextos de emergencia.

El anuncio se da en paralelo a otros esfuerzos recientes dentro del sector Defensa, donde tanto el Ejército como la Fuerza Aérea han venido reforzando su flota para evacuaciones aeromédicas, traslado de pacientes y apoyo humanitario. La apuesta por aeronaves multipropósito busca cerrar brechas en conectividad, sobre todo en regiones de la Amazonía y zonas altoandinas donde el acceso terrestre es limitado o inexistente.

Ejército del Perú suma nueva aeronave para emergencias y asistencia en regiones alejadas

La modernización de las capacidades operativas del Ejército del Perú suma un nuevo capítulo con la reciente adquisición de esta aeronave destinada a misiones críticas en zonas remotas del país. En un contexto donde las emergencias climáticas, desastres naturales y limitaciones geográficas siguen marcando desafíos logísticos, la incorporación de este tipo de equipos apunta a mejorar la respuesta estatal en situaciones de urgencia.

De acuerdo con la información oficial, se espera que el avión entre en servicio en el año 2028, integrándose a las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas para atender desastres naturales, emergencias sanitarias y operaciones de apoyo a la población.

Uno de los aspectos clave de esta adquisición es su capacidad para operar en zonas de difícil acceso, lo que permitirá llegar a comunidades alejadas donde la atención médica o la ayuda estatal suele demorar por limitaciones geográficas. En ese sentido, el uso de este tipo de aeronaves resulta estratégico en un país como el Perú, marcado por su diversidad territorial.

Además del avión, el acuerdo contempla el desarrollo de un proyecto aeromédico, que incluye la implementación de camillas y equipamiento especializado para el traslado de pacientes en condiciones críticas. También se considera la capacitación técnica del personal militar, tanto en la operación como en el mantenimiento de la aeronave, lo que permitirá sostener su funcionamiento en el tiempo.

No es la primera incorporación: antecedentes recientes en la Fuerza Aérea del Perú

La llegada del Beechcraft King Air 360C al Ejército no es un hecho aislado. En agosto de 2025, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) ya había avanzado en la misma línea con la incorporación de aeronaves del mismo modelo, configuradas como aviones ambulancia.

En ese entonces, la FAP recibió las credenciales de su segundo avión de este tipo, el cual fue destinado a reforzar las operaciones de evacuación aeromédica en todo el territorio nacional. Según información oficial, el primer avión incorporado en 2024 permitió salvar más de 85 vidas, evidenciando el impacto directo de estas aeronaves en situaciones de emergencia.

Estas unidades fueron asignadas al Grupo Aéreo N.° 8, ubicado en el Callao, desde donde se coordinan diversas operaciones de transporte y apoyo logístico. Su despliegue ha permitido mejorar la capacidad de respuesta en regiones de la costa, sierra y Amazonía, donde los tiempos de traslado pueden ser determinantes.

La incorporación progresiva de este tipo de aeronaves refleja una estrategia más amplia del sector Defensa para fortalecer la infraestructura aérea destinada a misiones humanitarias y de servicio público. En un país expuesto a fenómenos como huaicos, inundaciones o emergencias sanitarias, contar con equipos especializados se vuelve clave para reducir riesgos y atender a la población de manera oportuna.

En esa línea, el nuevo avión que será operado por el Ejército se suma a una flota que ya incluye diversas aeronaves utilizadas en tareas de vigilancia, transporte y asistencia. Con ello, se busca ampliar el alcance de las intervenciones del Estado en situaciones donde la rapidez de respuesta puede marcar la diferencia.

Alemania ha introducido cambios en su legislación militar que afectan directamente a los hombres de entre 17 y 45 años. La Ley de Modernización del Servicio Militar, que entró en vigor el 1 de enero de este año, establece que quienes deseen permanecer fuera del país durante más de tres meses deberán obtener una autorización previa de las Fuerzas Armadas. Esta medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno alemán para mejorar la gestión de los recursos humanos del Ejército y garantizar la disponibilidad de efectivos en todo momento, siendo el objetivo principal crear un marco legal que facilite el seguimiento de los ciudadanos susceptibles de ser reclutados, especialmente en contextos de emergencia.

De acuerdo con información de Europa Press, el Ministerio de Defensa alemán ha detallado, a través de un portavoz citado por la agencia DPA, que la nueva normativa exige la “autorización del centro de carrera de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero que duren más de tres meses”. Se trata de una obligación formal para todos los varones a partir de los 17 años, aunque, tal como señaló el portavoz, “la autorización se considerará siempre como otorgada mientras el servicio militar sea voluntario”. Esta disposición busca evitar cargas administrativas innecesarias en el contexto actual, en el que el servicio no es obligatorio.

Las FFAA alemanas buscan que el número de efectivos alcance los 260.000

La norma introduce también un examen médico obligatorio para los nacidos a partir de 2008, con la intención de contar con información actualizada sobre la condición física de los potenciales candidatos al servicio. La ley fija como meta ampliar el número de soldados activos en 80.000, para llegar a un total de 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas.

La nueva legislación concede al Ejército la capacidad de conocer la localización de los hombres sujetos a servicio militar durante estancias prolongadas en el extranjero. Esta prerrogativa, según explicó el portavoz del Ministerio de Defensa, servirá “para respaldar, en caso necesario, los elementos obligatorios del nuevo servicio militar en su aplicación práctica, como, por ejemplo, el examen médico obligatorio a partir del 1 de enero de 2026”.

No se trata solo de una norma pensada para situaciones de crisis, ya que su aplicación se extiende también a periodos de normalidad y la obligación de solicitar permiso previo no está vinculada a la existencia de un conflicto o estado de emergencia. Incluso fuera de estos supuestos, la ley exige la tramitación de la autorización antes de realizar una estancia larga en el extranjero. El Ministerio de Defensa está trabajando en la elaboración de disposiciones complementarias que permitan otorgar excepciones y reducir la burocracia. “En el Ministerio de Defensa se están elaborando normas concretas para la concesión de excepciones a la obligación de autorización, también con el fin de evitar la burocracia innecesaria”, indicó el portavoz.

El gobierno alemán no ha facilitado cifras sobre el número de solicitudes de autorización presentadas desde la entrada en vigor de la ley ni detalles sobre los mecanismos de control y sanción ante posibles incumplimientos. El portavoz del Ministerio recordó que “la norma ya se aplicaba en tiempos de la Guerra Fría y no tenía relevancia práctica. Tampoco está sancionada de forma específica”. De momento, el incumplimiento de este requisito no implica consecuencias legales directas, lo que refuerza su carácter preventivo y organizativo.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura de dos individuos conocidos como alias El Gordo y alias Riki en la vereda Cuéllar, jurisdicción rural de Chinácota, Norte de Santander.

Las autoridades informaron que los detenidos serían presuntos integrantes del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, organización armada ilegal con influencia en la región y señalada de múltiples acciones delictivas.

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Según fuentes oficiales, los capturados estarían vinculados a labores de inteligencia criminal y tendrían la responsabilidad de planear y ejecutar ataques contra miembros de la Fuerza Pública.

Se presume que ambos seguirían instrucciones de alias Jorge, señalado como cabecilla de la estructura y con presencia en localidades como Chinácota, Herrán y Ragonvalia.

El rol de alias El Gordo y alias Riki dentro del grupo consistía en observar los desplazamientos de las autoridades, identificar sus rutinas y recopilar información sobre patrullajes, con el objetivo de facilitar emboscadas o atentados.

Investigadores relacionan a los detenidos con el atentado registrado el 22 de marzo de 2026 en Chinácota, cuando un artefacto explosivo fue detonado contra uniformados, generando zozobra en la comunidad local.

Durante el registro y allanamiento, los uniformados incautaron material de uso restringido, incluyendo explosivos tipo indugel, estopines, radios de comunicación, un teléfono móvil y una bandera identificada con símbolos del ELN. Estos elementos habrían sido empleados para coordinar y ejecutar actividades ilícitas en la zona.

La operación representa un golpe a la estructura armada del ELN, que mantiene presencia histórica en Norte de Santander y ha sido protagonista de diversos hechos violentos en la región.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar la investigación para determinar su responsabilidad penal.

Tras lo anterior, las autoridades mantienen operativos en áreas rurales y urbanas para contrarrestar el accionar de grupos armados ilegales, así como para garantizar la seguridad de la población civil en zonas impactadas por la violencia.

Desarticularon red de narcotráfico ligada al Clan del Golfo y ELN con capturas en Antioquia y Valle del Cauca

La operación Pompeya, liderada por la Policía Nacional de Colombia, significó la desarticulación de una de las redes logísticas más complejas del narcotráfico, con conexiones directas al Clan del Golfo y el ELN.

El procedimiento incluyó la captura de tres ciudadanos colombianos solicitados por la justicia estadounidense, gracias al trabajo conjunto de la DEA y la Fiscalía General de la Nación.

La investigación, iniciada en 2022, permitió la realización de registros simultáneos en Medellín, Guatapé y Cartago. Allí, las autoridades dieron con los presuntos líderes de la organización, acusados de conspirar y coordinar el tráfico de grandes volúmenes de cocaína.

La red empleaba rutas marítimas desde puertos colombianos del Caribe, como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, usando tanto veleros deportivos como contenedores con compartimentos ocultos.

Cada operación transportaba entre 200 y 700 kilogramos de droga, con una frecuencia de hasta dos envíos al mes. El destino de los cargamentos incluía Florida, Puerto Rico, República Dominicana y países de Centroamérica.

Los integrantes del grupo utilizaban tecnologías avanzadas, como comunicaciones cifradas y pagos en criptomonedas, además de recurrir a la “Dark Web” para evadir controles. Las autoridades estiman que la organización movía cerca de 10 millones de dosis anuales y generaba ganancias superiores a los 23 millones de dólares.

El esquema funcionaba bajo un modelo de tercerización, con apoyo directo del Frente de Guerra Comuneros del Sur del ELN y cabecillas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, responsables de la logística y la seguridad de los envíos.

Entre los detenidos se encuentra Libardo Humberto Zapata, alias Libardo, socio estratégico de alias Otoniel, capturado en una finca de Guatapé valorada en más de dos millones de dólares. También fue arrestado Sebastián Garzón Ramírez, alias Sebas, encargado de la logística y almacenamiento, quien operaba desde un apartamento exclusivo en Medellín.

En Cartago cayó Sebastián Bedoya Pineda, alias El Escritor, quien ocultaba sus actividades bajo la apariencia de empresario y escritor. Los capturados fueron trasladados a Bogotá y puestos a disposición de la Fiscalía, en espera de su extradición a Estados Unidos.

Un oficial del Ejército fue condenado por la Justicia Penal Militar a 24 meses de prisión tras admitir que entregó coordenadas falsas durante un operativo en Vichada entre el 1 y el 9 de octubre de 2025, según informó la Fiscalía Militar y Policial.

La sentencia se dictó tras un preacuerdo en el que el militar reconoció su responsabilidad en los delitos de desobediencia y falsedad ideológica.

La decisión judicial detalló que el oficial permaneció en la institución educativa de la vereda Santa Rosalía, en el municipio de La Primavera, área señalada como “prohibida para uso militar” por su vulnerabilidad y la presencia de población civil, según la resolución.

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A pesar de las restricciones, el uniformado reportó información incorrecta en documentos oficiales y suministró datos erróneos para la planificación de movimientos tácticos, lo que alteró el desarrollo de los operativos en la zona.

El proceso judicial incluyó la presentación de pruebas técnicas y documentales, según expuso el fiscal 2229 especializado, confirmando la actuación irregular durante la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad No. 27 del Batallón de Ingenieros de Combate No. 28.

El fallo fue emitido en medio de las acciones militares orientadas a ubicar a integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento, como parte de los operativos contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Procuraduría impuso fuerte sanción a teniente coronel por acoso laboral

La destitución e inhabilidad durante 10 años impuesta a la teniente coronel Heidy Johana Zuleta Gómez marca un precedente en la administración pública colombiana. La sanción, dictada por la Procuraduría General de la Nación, responde a una investigación por acoso laboral en la que la funcionaria, que se desempeñaba como juez primera de Brigada de la Justicia Penal Militar en Barranquilla, fue hallada responsable de maltrato y persecución contra una subalterna con rango de mayor.

La resolución, emitida en primera instancia, detalla que Zuleta Gómez habría utilizado su posición para intimidar a su subordinada, recurriendo a burlas sobre su equipo de cómputo y a comentarios sobre aspectos personales de su vida. El análisis psicológico realizado en el proceso determinó que estos actos produjeron ansiedad y depresión en la víctima.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 calificó las conductas como gravísimas y dolosas, señalando que la exjuez transgredió el deber funcional y el principio de moralidad. El fallo advierte que los hechos afectaron directamente el servicio público y la convivencia interna del Ejército Nacional, al vulnerar principios como el respeto y la dignidad, considerados esenciales para los miembros de la institución.

Según la Procuraduría, el liderazgo en cargos de mando debe basarse en el respeto mutuo y la convivencia sana, condiciones que no se cumplieron en este caso. El ente de control destacá que la equidad y la integridad son valores indispensables para quienes ejercen funciones dentro de la jurisdicción penal militar.

La decisión busca consolidar una postura firme frente a las conductas de acoso laboral dentro del sector oficial. Desde la Procuraduría se ratifica que el respeto a los derechos laborales y la promoción de ambientes libres de hostigamiento son principios fundamentales para todos los servidores públicos, incluyendo aquellos con funciones de mando.

El proceso administrativo también pone de relieve el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y la erradicación de prácticas abusivas en el ámbito institucional. La entidad resalta que garantizar entornos laborales respetuosos y libres de intimidación; es una obligación que recae sobre todos los funcionarios.

La investigación concluyó que la conducta de la teniente coronel no solo perjudicó derechos individuales, sino que además comprometió los valores institucionales que sostienen el funcionamiento del Ejército.

Jatam al Anbiya, alto responsable militar iraní, emitió un comunicado donde atribuyó la autoría del ataque contra una planta desalinizadora en Kuwait al Ejército israelí. Según detalló la cadena iraní IRIB, el mando señaló que el objetivo del atentado habría sido presentar a Irán como responsable, en el marco de una escalada de tensiones en la región. La intervención provocó la muerte de un ciudadano de origen indio y daños en la infraestructura de la planta, tal como informó IRIB.

La cadena de televisión estatal iraní recogió las declaraciones en las que el mando militar calificó la agresión como una acción que, a su juicio, revela la naturaleza y los fines de los atacantes. Según precisó IRIB, el militar acusó al “régimen israelí” de buscar deliberadamente culpar a Irán y desestabilizar la imagen del país. El medio IRIB añadió que el ataque ocurrió horas antes de difundirse las acusaciones, en el contexto de las actuales represalias e intercambios de hostilidades entre Irán, Israel y actores ligados a intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí publicó un comunicado en el que responsabilizó únicamente a Irán del ataque y condenó los hechos. Según reportó IRIB y diversos medios regionales, las autoridades saudíes calificaron el incidente como “acciones cobardes” y sostuvieron que constituyen “un comportamiento flagrante contrario a países de la región y acciones hostiles que no pueden justificarse bajo ningún pretexto”. Además, señalaron que estos actos contradicen principios de buena vecindad y normas internacionales, y advirtieron sobre el potencial de los hechos para incrementar la violencia en Medio Oriente.

Según informó IRIB, el suceso se inscribe en la ola de ataques y represalias entre Irán e Israel, así como ofensivas relacionadas entre Irán y Estados Unidos. En este entorno, el Ministerio de Defensa de Kuwait comunicó públicamente que las fuerzas nacionales lograron interceptar y derribar decenas de misiles y drones presuntamente lanzados por fuerzas iraníes con dirección a distintas instalaciones dentro del territorio kuwaití. Las autoridades de ese país, citadas por IRIB, enfatizaron los esfuerzos de sus fuerzas de defensa y pusieron de relieve el riesgo para instalaciones críticas y la población civil.

La información proporcionada por IRIB subraya la dinámica de acusaciones cruzadas y escalada de incidentes entre Irán, Israel, Arabia Saudí y otros países vecinos. Este nuevo episodio afecta la seguridad regional y genera preocupación sobre la estabilidad de infraestructuras esenciales en el Golfo Pérsico, como las plantas desalinizadoras que suministran agua potable.

Las reacciones de las autoridades de los países involucrados revelan el clima de desconfianza predominante y la preocupación ante el posible aumento de acciones similares en el futuro. Las plantas de procesamiento de agua, fundamentales en la región por las limitaciones de recursos hídricos, se ven así situadas en el centro del conflicto geopolítico según recogió IRIB en sus diversos despachos vinculados al ataque.

Fuentes consultadas por el diario El Tiempo señalaron que Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco', jefe de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, habría resultado gravemente herido durante una operación militar reciente y que su grupo de seguridad lo trasladó por territorios de difícil acceso para que recibiera atención médica. Según informó El Tiempo, este dato surge tras la identificación de las víctimas mortales del operativo de la semana pasada en una zona selvática ubicada entre Guaviare y Vaupés, confirmando que 'Mordisco' no se halla entre los seis fallecidos.

El Instituto Nacional de Medicina Legal detalló en un comunicado que los cuerpos encontrados pertenecen a dos hombres y cuatro mujeres. De estas últimas, dos permanecen sin identificar, y se sospecha que una podría ser alias 'Lorena', quien según publicaciones de El Tiempo era pareja de 'Mordisco'. A pesar de la expectativa generada sobre la eventual muerte del líder disidente, las autoridades descartaron su presencia entre las víctimas, aclarando que la operación no logró ese objetivo principal.

El operativo, que se desarrolló en un área de difícil acceso por la presencia de selva espesa y condiciones geográficas adversas, fue la duodécima incursión aérea dirigida por el gobierno de Gustavo Petro contra posiciones atribuidas a 'Iván Mordisco'. De acuerdo con reportes de El Tiempo, los ataques recientes han desestabilizado el núcleo más estrecho del líder insurgente, cuyas filas han sufrido tanto bajas letales como detenciones cercanas.

En el transcurso de las acciones oficiales, no solo se registró la potencial muerte de 'Lorena', sino también la detención de los hermanos de 'Mordisco': Andrés, Juan Gabriel y Luis Vera Fernández. El medio El Tiempo reportó que estos arrestos fueron posibles gracias a delaciones de personas próximas a su entorno, circunstancia que habría incrementado la desconfianza y la vigilancia dentro del círculo del jefe disidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, remarcó la importancia de la colaboración de terceros en las operaciones que condujeron a los arrestos recientes. Según consignó El Tiempo, la creciente presión ejercida por las fuerzas armadas y la aparente vulnerabilidad interna, derivada de las traiciones y capturas, han elevado la sensación de inseguridad alrededor de 'Iván Mordisco'. Aunque el jefe del EMC logró evadir la muerte en la más reciente ofensiva, las reiteradas bajas y traiciones en su entorno llamarían la atención sobre los desafíos que enfrenta actualmente la estructura disidente.

La serie continua de operaciones militares ha marcado un cambio en la estrategia estatal contra las FARC dissidentes, con un énfasis reiterado en la desarticulación de comandos clave y la captura de figuras centrales. El Tiempo detalló que, a pesar de los recursos y esfuerzos desplegados, la complejidad geográfica y el ocultamiento efectivo han dificultado la neutralización directa de 'Mordisco'. Las áreas selváticas proporcionan cobertura y complican el acceso tanto para las fuerzas armadas como para equipos de investigación forense.

El Instituto Nacional de Medicina Legal comunicó que, mientras prosigue la identificación de los cadáveres hallados en la operación, equipos especializados mantienen la búsqueda de mayores datos sobre las identidades de las víctimas no reconocidas hasta el momento. El caso de alias 'Lorena', presunta pareja de 'Mordisco', permanece en estudio, mientras las autoridades avanzan en la compilación de perfiles genéticos y testimoniales para confirmar su identidad.

El operativo forma parte de un contexto más amplio de ofensivas dirigidas contra insurgentes considerados objetivos de alto valor estratégico. Según El Tiempo, las acciones recientes reflejan la prioridad gubernamental de debilitar los liderazgos de los grupos armados que persisten tras la firma del acuerdo de paz de 2016. Si bien el impacto inmediato de la operación se expresa en la eliminación de seis integrantes, la persistencia de 'Mordisco' fuera del alcance de las autoridades subraya los retos pendientes para las fuerzas de seguridad.

Las repercusiones de la reciente ofensiva incluyen un aumento en la movilidad clandestina dentro de la organización disidente y la adopción de medidas adicionales de resguardo por parte de los miembros restantes. Según publicó El Tiempo, los desplazamientos por zonas de difícil acceso evidencian los niveles de protección implementados en torno a la figura de 'Mordisco', y la determinación de evitar nuevas bajas en su círculo más próximo.

Las operaciones aéreas y terrestres seguirán centradas en reducir la capacidad operativa de los grupos insurgentes al mando de 'Iván Mordisco'. Las fuentes militares citadas por El Tiempo han subrayado que continuarán los esfuerzos de inteligencia y vigilancia en la región de Guaviare y Vaupés, donde las características geográficas continúan representando un obstáculo para las labores de rastreo y captura. El desarrollo de la situación mantiene la atención tanto de las autoridades nacionales como de la opinión pública, dado el impacto que tiene sobre el mapa de actores armados ilegales en Colombia.

Un amplio operativo interinstitucional se mantiene en el municipio de El Rosario, Sinaloa, para rescatar a cuatro mineros que permanecen atrapados tras el colapso de una presa de jales en la mina “Minerales de Sinaloa”, ocurrido el pasado 25 de marzo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se incorporó a las labores mediante una Misión ECO, con la finalidad de coordinar acciones en el puesto de mando, además de brindar acompañamiento a los familiares de los trabajadores afectados.

Despliegue de fuerzas federales y especialistas

Como parte del reforzamiento de las labores, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a 38 elementos del Batallón de Atención a Emergencias, especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

El personal fue trasladado a bordo de una aeronave C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde se movilizaron a la zona del siniestro.

Estos elementos se suman a más de 60 efectivos militares que ya brindaban seguridad periférica, alcanzando un total de 98 elementos desplegados, quienes trabajan en coordinación con autoridades estatales, municipales, Protección Civil, la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad.

Rescate ininterrumpido en “zona cero”

De acuerdo con autoridades, en la zona cero continúan de manera ininterrumpida las labores de rescate, iniciadas por la propia empresa minera y reforzadas posteriormente por instancias gubernamentales.

En estas acciones participan elementos del Ejército Mexicano, así como personal de distintas dependencias que implementan estrategias conjuntas de extracción y localización.

Además, se prevé la incorporación de elementos especializados de la Secretaría de Marina (Semar) para fortalecer las operaciones.

Equipo especializado y binomios caninos

El personal del Batallón de Atención a Emergencias cuenta con equipo especializado para enfrentar este tipo de contingencias, entre ellos:

• Cuatro binomios canófilos para búsqueda de personas
• Equipos de respiración autónoma
• Herramientas para corte de estructuras colapsadas
• Generadores de energía
• Botiquines de primeros auxilios y sistemas de radiocomunicación

Estas herramientas son clave para avanzar en las labores en condiciones complejas y de alto riesgo dentro de la mina colapsada.

Llamado a la población y coordinación institucional

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por caminos cercanos a la zona del siniestro, particularmente hacia la sindicatura de Cacalotán, con el objetivo de facilitar el paso de maquinaria pesada y vehículos de emergencia.

El operativo forma parte de una respuesta coordinada entre los tres órdenes de gobierno, que busca maximizar las posibilidades de localizar con vida a los mineros atrapados.

Compromiso ante emergencias

Finalmente, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reiteraron su compromiso de participar en labores de auxilio a la población en casos de desastres naturales o provocados, como parte de su misión permanente.

Las labores de rescate continúan bajo condiciones complejas, mientras familiares y autoridades mantienen la esperanza de un desenlace favorable.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y México como sede por primera vez en 40 años — y la tercera en su historia —, era inevitable que la política se colara al partido. Pero nadie esperaba que el PRI aprovechara la euforia mundialista para publicar un mensaje que, en cuestión de horas, se convirtió en blanco de críticas: el partido tricolor reivindicó los Juegos Olímpicos de 1968 como uno de sus grandes logros de gobierno.

El mismo 1968 en que el Ejército mexicano masacró a estudiantes en Tlatelolco, un hecho que parece haber quedado en el olvido del partido político.

“Nuestros gobiernos hicieron que las Olimpiadas del 68 fueran un referente mundial”.

Eso escribió textualmente, la cuenta oficial del PRI en redes sociales. El mensaje completo arranca con nostalgia mundialista y deportiva — recordando que México consiguió la sede en 2018 y que “trabajaríamos gobierno e iniciativa privada para que México se luciera ante el mundo” — y escalaba hasta presentar el 68, el Mundial 70 y el 86 como ejemplos del México moderno y desarrollado que el tricolor supo construir.

El problema es que las Olimpiadas de México 1968 no se recuerdan en el mundo únicamente por sus marcas atléticas. Se recuerdan por la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, cuando fuerzas del gobierno — encabezado en ese momento por Gustavo Díaz Ordaz, presidente priista — abrieron fuego contra una manifestación estudiantil. El número exacto de muertos sigue siendo materia de disputa histórica, pero las investigaciones posteriores hablan de decenas de víctimas, desapariciones forzadas y una represión sistemática que el propio Estado tardó décadas en reconocer parcialmente.

Faltan días y sobran obras inconclusas

A poco menos de meses (2 meses y 17 días para ser exactos), múltiples recintos y obras de infraestructura vinculadas al evento siguen sin concluirse. Las imágenes de estadios con trabajos pendientes, accesos sin terminar y proyectos de movilidad retrasados han circulado ampliamente en redes, alimentando la preocupación de que México no llegue a tiempo con todo lo prometido cuando ganó la candidatura junto a Estados Unidos y Canadá.

“Para que México funcione de nuevo necesita al PRI”

Concluyó el mensaje del partido. La frase, acompañada de la reivindicación de las Olimpiadas del 68, remite a un partido que, a 57 años de los hechos de Tlatelolco, aún evita referirse directamente a lo ocurrido aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas. El Mundial se acerca y las obras avanzan, pero el recuerdo de ese episodio permanece latente.

El Ejército Nacional confirmó desde la sala de crisis instalada en Putumayo tras el siniestro aéreo del 23 de marzo de 2026, en horas de la mañana, el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos en el accidente registrado en Puerto Leguízamo, elevando la cifra de fallecidos a 70.

Según información suministrada por Noticias RCN, tras la emergencia, las autoridades militares que coordinan las operaciones en la zona informaron la localización de las víctimas, dato confirmado desde Putumayo.

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Siete electricistas fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí, luego de que se perdiera comunicación con ellos el sábado 21 de marzo, tras concluir una jornada laboral en distintos puntos del altiplano potosino, informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado.

Sin embargo, horas después, el gobierno municipal de Matehuala informó —a través de su cuenta de facebook— que los trabajadores ya fueron localizados (con vida) y que, hasta el cierre de esta nota, se encontraban en las instalaciones de la Fiscalía General del estado. El comunicado no proporciona mayor información, pero subraya que en las próximas horas se brindará mayor información conforme avance el proceso.

• Lunes 16 de marzo: Los electricistas salieron de la localidad de Lázaro Cárdenas rumbo a varias regiones del estado.
• Sábado 21 de marzo: los familiares reportaron que, tras concluir su jornada laboral, se perdió el contacto con ellos.
• Domingo 22 de marzo: familiares acuden a las autoridades para solicitar su intervención.
• Lunes 23 de marzo: La Fiscalía General del estado abre una carpeta de investigación por la “no localización de 7 personas en el municipio de Matehuala”.
• Lunes 23 de marzo (unas horas después): el gobierno municipal de Matehuala informó, a través de facebook, que los electricistas ya fueron localizados, sin proporcionar mayores detalles.

Los trabajadores son originarios del municipio de Lázaro Cárdenas y, de acuerdo con los reportes, sus familiares alertaron a las autoridades después de que dejaron de responder llamadas y mensajes el mismo día de su desaparición.

A partir de la denuncia, se activó un operativo de búsqueda encabezado por agentes de investigación y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el objetivo de ubicar a los trabajadores y reconstruir sus últimos movimientos.

De acuerdo con la información oficial, ellos son los electricistas reportados como desaparecidos (pero que ya fueron localizados horas después):

• Ángel Daniel Pérez López
• Miguel Ángel Pérez Olivo
• Jaciel Abraham Zapata García
• Omar Godoy Galván
• Said Hernán Olvera Rodríguez
• Celso López González
• Macario Torres Castillo

En las acciones de búsqueda participaron más de 500 elementos, incluidos integrantes del Ejército y de la Guardia Civil estatal, quienes realizaron recorridos en zonas urbanas y rurales del municipio de Matehuala y sus alrededores.

El despliegue contempló el uso de vehículos todo terreno para ingresar a áreas de difícil acceso, así como sobrevuelos con dos helicópteros que permiten ampliar la cobertura en la región.

Rastreo de sus últimos movimientos

Las labores se concentraron en los puntos donde los electricistas realizaron actividades antes de perder contacto, así como en rutas de traslado entre comunidades, debido a la dispersión de los sitios donde trabajaban.

En este contexto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas estableció comunicación con las familias de los siete trabajadores, a quienes se les brindó apoyo para su estancia en Matehuala, además de asesoría jurídica para el seguimiento de las denuncias.

Peyman Jebelli, director de la Radiodifusión del Golfo Pérsico, comunicó que las transmisiones de la Compañía Central de Radiodifusión del Golfo Pérsico se mantienen inalteradas después del ataque ocurrido en la ciudad de Bandar Abbas. Según declaraciones de Jebelli, la emisora estatal iraní sigue operando con normalidad a pesar del incidente, en el que pierde la vida un trabajador y otra persona resultó herida.

De acuerdo con la información publicada por la propia Radiotelevisión Pública de Irán (IRIB) en sus redes sociales, el ataque se registró en la madrugada del lunes contra un transmisor de onda media de 100 kilovatios, ubicado en la mayoría portuaria de Bandar Abbas, que se sitúa frente al estratégico estrecho de Ormuz. La IRIB responsabilizó directamente “al Ejército terrorista sionista-estadounidense”, atribuyendo el ataque a las fuerzas militares de Israel y Estados Unidos.

Tal como consignó la agencia, la empresa estatal dio cuenta de que uno de sus empleados, miembro del personal de seguridad, falleció durante el incidente. Otra persona resultó con heridas a raíz del suceso. Las autoridades de la empresa titular del sistema de radiodifusión reiteraron que la acción contra el transmisor constituye una violación al derecho internacional, en palabras de Jebelli, quien expresó su condena al acto violento en los términos previamente mencionados por IRIB.

El medio IRIB precisó que la actividad de sus emisoras no experimentó interrupciones tras el ataque y las operaciones técnicas y de emisión continuaron su curso habitual. El hecho ocurre en un contexto de alta tensión en la región y suma una nueva víctima mortal a raíz de acciones militares en suelo iraní, manifestó la radiotelevisión estatal, citando balances oficiales previos. Según las autoridades iraníes, al término de la primera semana de hostilidades, el número de fallecidos en el país se estimó en torno a 1.200.

A su vez, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, publicó el pasado domingo cifras superiores a 3.000 personas muertas desde que comenzaron las hostilidades, con la mayoría de las víctimas entre la población civil. Dicho informe muestra discrepancias significativas respecto a los datos reportados por el gobierno de Irán, y añade un elemento adicional a la evaluación del impacto humano del conflicto en curso.

Según publicó IRIB, el ataque dirigido contra la infraestructura de radiodifusión en Bandar Abbas tiene lugar en un marco de creciente violencia en territorio iraní, donde se han registrado varios incidentes recientes que involucran tanto a personal civil como a dependientes de entidades estatales. Las autoridades han reiterado la gravedad de estos hechos e insisten en señalar a fuerzas extranjeras como responsables de las acciones armadas.

El ataque señalado por medios iraníes forma parte de una serie de enfrentamientos que han elevado la tensión política y militar en la zona del Golfo Pérsico, especialmente en torno al estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio y el transporte de energía. El impacto en la infraestructura comunicacional y los costes humanos afectan de forma directa tanto a empleados estatales como a la población civil.

El medio IRIB aseguró que mantiene operativas las instalaciones de radiodifusión y continúa el monitoreo del estado de la seguridad en la zona atacada. No se han informado alteraciones significativas en los servicios de comunicación tras el ataque del lunes según las declaraciones de sus directivos.

Las repercusiones internacionales y la reacción de las organizaciones de derechos humanos siguen en desarrollo tras la denuncia efectuada por Radio y Televisión de Irán sobre la autoría exterior del ataque y su impacto en el personal y la continuidad de los servicios públicos.

Las fuerzas del orden filipinas identificaron a los tres individuos que murieron durante el operativo en Kabankalan como miembros del Frente Suroccidental del Nuevo Ejército Popular (NEP), considerado desmantelado por las autoridades tras varios enfrentamientos previos. Según reportó la prensa filipina, las muertes se produjeron tras intensos señalamientos de habitantes locales, quienes denunciaron la presencia de insurgentes en la zona, lo que derivó en la intervención militar en la provincia de Negros Occidental.

De acuerdo con lo detallado por medios filipinos, el incidente ocurrió sobre las 4:00 horas del sábado, cuando efectivos del 47º Batallón de Infantería sostuvieron un tiroteo con un grupo de guerrilleros. El enfrentamiento tuvo una duración de dos minutos y concluyó con el fallecimiento de Milky ‘Gorting’ Sampini, Ritchie ‘Makoy’/‘Akiro’ Verano y Joedil ‘Junjun’/‘Cairo’ Balsimo. Según consignó la agencia filipina PNA, los elementos abatidos eran buscados por su presunta participación en homicidios de civiles y por haber provocado incendios intencionados dentro de la isla de Negros.

El medio PNA citó declaraciones del teniente coronel Dennis Martínez, quien explicó que la operación respondió a las denuncias de pobladores preocupados por la seguridad de la comunidad. El portavoz militar también indicó que los residentes manifestaron enojo por las acciones violentas que se atribuyen a los insurgentes del NEP, lo que habría impulsado la colaboración con las fuerzas gubernamentales en la localización del grupo armado.

Durante la operación, el Ejército aseguró un fusil R4, dos fusiles M16, dos lanzagranadas M203, una granada de mano, además de distintos objetos personales y documentos pertenecientes a los fallecidos, reportó la prensa local. Estos materiales fueron recuperados como evidencia que, según las autoridades, permiten vincular a los abatidos con el Frente Suroccidental del NEP.

La 302ª Brigada de Infantería declaró, según recogió el periodismo local, que tanto Sampini como Verano y Balsimo estaban directamente relacionados con hechos de violencia sobre la población civil, así como con ataques incendiarios en diversos puntos de Negros Occidental.

El NEP, creado en 1969 bajo un ideario marxista-maoísta, mantiene desde entonces una lucha armada con el objetivo de tomar el control del gobierno. Las autoridades filipinas clasificaron a la organización como grupo terrorista en 2020, pero la designación fue anulada por un tribunal de Manila, según informó la prensa de Filipinas.

El incidente en Kabankalan refleja la persistencia de las tensiones en determinadas áreas rurales, donde la presencia de grupos insurgentes sigue originando episodios de violencia y operativos militares. Además, según subrayaron fuentes oficiales, la colaboración ciudadana resultó determinante para el desarrollo del operativo que terminó con el abatimiento de los tres buscados. Las fuerzas de seguridad continúan desplegadas en la zona, manteniendo labores de control para prevenir nuevos episodios y evaluar la situación de seguridad en comunidades afectadas por la actividad guerrillera.

Los hechos expuestos forman parte de un largo historial de enfrentamientos que involucran al NEP y las fuerzas armadas filipinas, un conflicto que mantiene su impacto en distintas regiones de Filipinas desde hace más de cinco décadas. Según la prensa filipina, tanto el Ejército como líderes comunitarios han sido enfáticos al solicitar la coordinación permanente con los residentes para disuadir nuevas incursiones de grupos armados y responder de forma efectiva ante posibles amenazas.

La presencia de al menos tres personas identificadas por Estados Unidos como “narcoterroristas” que sobrevivieron a una intervención militar obligó a la Guardia Costera estadounidense a iniciar su búsqueda en aguas del este del Pacífico. Según informó el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos a través de un comunicado en sus redes sociales, el incidente se registró el jueves cuando una “narcolancha”, descrita como una “embarcación de bajo perfil”, fue atacada bajo la supervisión directa del general Francis L. Donovan, comandante de esa estructura militar.

El ataque, reportado por el Mando Sur, formó parte de la operación denominada “Lanza del Sur”, que Washington puso en marcha en septiembre del año anterior como parte de su ofensiva contra el narcotráfico en la región. De acuerdo con la información publicada por el Mando Sur, la intervención tuvo como objetivo una lancha que transitaba por rutas reconocidas de tráfico de drogas en el este del Pacífico y estaba relacionada, según los datos de inteligencia estadounidense, con actividades de organizaciones “terroristas designadas”, aunque no se precisó el nombre de los grupos implicados.

El breve comunicado difundido el viernes no especificó el número de víctimas mortales que dejó el ataque, pero sí detalló que la Inteligencia militar confirmó que al menos tres individuos, señalados como “narcoterroristas”, sobrevivieron a la acción y luego fueron objeto de un llamado de alerta a la Guardia Costera, encargada de localizar a estas personas tras el operativo. Según consignó el Mando Sur, ninguno de los agentes ni personal estadounidense presente en la intervención resultó herido.

El ataque contra la embarcación ocurre en el contexto de la operación “Lanza del Sur”, una acción militar sostenida que, desde su comienzo en septiembre, ha generado la muerte de más de cien personas, reportó el Mando Sur. La ofensiva busca interrumpir las rutas utilizadas por el narcotráfico y frenar las actividades de organizaciones que el gobierno de Estados Unidos califica como terroristas, extendiendo el alcance de la estrategia militar más allá de los límites territoriales del país.

Tal como detalló el Mando Sur, la identificación de la embarcación fue posible gracias a un proceso de vigilancia e inteligencia que rastreó su recorrido por corredores frecuentemente empleados para el tráfico de drogas. Tras la confirmación de que la lancha participaba en actividades ilícitas, el ataque fue lanzado bajo la dirección del general Donovan, quien lidera las operaciones del Mando Sur en la región.

El comunicado del Mando Sur subrayó la continuidad de la operación en esa área del Pacífico, con equipos militares y marítimos dedicados a la búsqueda de los sobrevivientes y a la desarticulación de movimientos de sustancias ilícitas. Esta intervención se enmarca en la estrategia estadounidense de combate al narcotráfico, que involucra medios aéreos, navales y coordinación con agencias como la Guardia Costera para acciones de seguimiento y captura tras los ataques.

La operación “Lanza del Sur” ha sido objeto de seguimiento por parte de organizaciones internacionales y regionales, dada la magnitud del despliegue militar y las implicaciones en materia de seguridad y derechos. Según el reporte del Mando Sur, sus acciones han significado la neutralización de decenas de rutas de tráfico ilícito y la incautación de cargamentos de estupefacientes, aunque el comunicado destaca en este caso la supervivencia de tres individuos buscados activamente tras el operativo más reciente.

El Mando Sur comunicó que, mientras persiste la operación en el área, colaboran con organismos encargados de la seguridad marítima para detener a quienes lograron evadir la primera fase de la acción militar y continúan monitoreando posibles movimientos de otras embarcaciones sospechosas. La intervención reciente se suma a una serie de actividades de interceptación realizadas desde septiembre y difundidas regularmente a través de canales institucionales y redes oficiales estadounidenses.

La reciente denuncia de la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, sobre la instalación de un consejo de seguridad con presencia de las fuerzas de orden público y el ministerio público para hacer frente a los ataques en localidades como Santa Rita y San José de Palmar, ilustra el aumento de la tensión en el departamento. Según informó Europa Press, la región se enfrenta a un nuevo paro armado declarado de forma indefinida por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que afecta principalmente a la zona del Bajo Baudó, incluyendo los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.

El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN ha atribuido esta decisión a una supuesta complicidad entre grupos paramilitares, en concreto el Clan del Golfo comandado por Pablo Antonio Borja, conocido como ‘Piernas Limpias’, y el Ejército colombiano. Tal como publicó Europa Press, la guerrilla acusa a las tropas estatales de colaborar de forma activa con estos grupos armados, lo que, en palabras del ELN, representa una “clara alianza” contra las comunidades locales.

La declaración de paro armado indefinido emitida por el ELN responde, según la organización insurgente citada por Europa Press, a la necesidad de evitar incidentes violentos dado que consideran difícil distinguir embarcaciones civiles de aquellas utilizadas por grupos paramilitares en los ríos intervenidos. El comunicado del ELN sostiene que, hace una semana, las fuerzas del Clan del Golfo avanzaron a través de los ríos Ocampadó e Ijuá presuntamente con el apoyo del Ejército, lo que motivó la actual parálisis de las actividades fluviales y el refuerzo de las restricciones a la movilidad local.

Esta situación se enmarca dentro de una prolongada disputa territorial influida por la geografía estratégica del Chocó para las rutas del narcotráfico y el acceso al Pacífico. Según consignó Europa Press, la lucha armada entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales se ha intensificado especialmente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Como resultado, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos años, siendo Bajo Baudó una de las zonas más afectadas por los desplazamientos forzosos y la violencia.

En la víspera de la declaración del paro armado, el municipio de Santa Rita sufrió un ataque a una comisaría que, de acuerdo con información aportada por Europa Press, representa el tercer incidente violento consecutivo en la localidad. Otros municipios, como San José de Palmar, también registran episodios similares. Ante estos hechos, la gobernadora Córdoba utilizó sus redes sociales para denunciar el nuevo “constreñimiento ilegal” y subrayar la urgencia de una respuesta coordinada por parte de las autoridades departamentales y nacionales.

El historial delictivo reciente de la región incluye otros paros armados, como el ocurrido en diciembre del año anterior. Según reportó Europa Press, en aquella ocasión el ELN convocó una suspensión de actividades en respuesta a amenazas internacionales y arrestos de figuras políticas de relevancia. Ese paro, que duró 72 horas, dejó al menos cinco víctimas fatales, causó bloqueos en carreteras e implicó agresiones físicas, explosiones y restricciones de circulación para la población civil en más de una decena de departamentos.

Las acciones armadas periódicas del ELN y del Clan del Golfo siguen afectando la vida cotidiana de las comunidades asentadas en los márgenes de los principales ríos del oeste colombiano. El paro vigente impone limitaciones a la navegación y genera incertidumbre en poblaciones dependientes de la movilidad fluvial para sus actividades económicas y su acceso a servicios básicos, informó Europa Press.

Los llamamientos de la administración departamental para restaurar la normalidad se consolidan en paralelo al despliegue de dispositivos de seguridad aumentados por la reciente escalada conflictiva. Mientras tanto, persiste la preocupación por una posible extensión del conflicto a otros municipios y por el impacto acumulativo de los desplazamientos sobre la estabilidad social y el acceso a derechos fundamentales en el Chocó. Tal como publicó Europa Press, la correlación entre la presencia de actores armados, las restricciones impuestas por paros y los ataques a la infraestructura de orden público mantiene una presión constante sobre las autoridades y la sociedad civil regional.

La carta de Denisse Miralles dirigida al presidente José Balcázar, en la que formalizó su dimisión como presidenta del Consejo de Ministros de Perú, se conoció a tan solo 21 días de haber asumido el cargo, en vísperas del voto de confianza que el gabinete interino debe presentar ante el Congreso. En su misiva, Miralles expresó su compromiso de seguir contribuyendo al Estado desde el ámbito en que sea requerida. A partir de la salida de Miralles, Luis Arroyo, hasta ese momento ministro de Defensa, asumió como nuevo primer ministro.

Según publicó el diario 'La República', Arroyo tomó juramento en una ceremonia oficial liderada por el mandatario interino, José Balcázar, quien accedió a la Presidencia luego de que una moción de censura destituyera a su antecesor, José Jerí, lo que ha incrementado el clima de inestabilidad política e institucional en el país. De acuerdo con la información de 'La República', Arroyo es general de división retirado del Ejército peruano y posee experiencia previa en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), institución donde ha estado encargado de la coordinación de acciones relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres naturales.

El medio RPP puntualizó que Miralles renunció luego de que la Presidencia peruana le solicitara la salida, declarándose su "renuncia irrevocable" apenas un día antes de la fecha en que el gabinete interino solicitaría al Parlamento el voto de confianza. Además, en redes sociales, la Presidencia agradeció a Miralles por su gestión bajo circunstancias catalogadas como "de importancia" y le deseó éxitos en sus futuras responsabilidades, recordando su paso anterior por el Ministerio de Economía.

Tras el nombramiento de Arroyo, Carlos Díaz Dañino pasará a liderar el Ministerio de Defensa. Según reportó 'La República', Díaz Dañino es general de Brigada del Ejército, lo que mantiene el perfil castrense en la dirección de la cartera. A la par, el gobierno interino anunció otros ajustes en el gabinete: Edith Pariona sustituirá a Hary Yzarra en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Rodolfo Acuña asumirá la conducción del Ministerio de Economía en reemplazo de Gerardo López; José Zapata se hará cargo del Ministerio del Interior, en reemplazo de Hugo Begazo; y María Esther Cuadros encabezará el Ministerio de Educación, cargo que ocupaba hasta ahora Erfurt Castillo. El resto de los ministros conservarán sus respectivas carteras, consignó el diario mencionado.

La salida de Miralles del gabinete ocurre en un contexto de tensión con el Parlamento, donde partidos como Avanza País y Renovación Popular ya habían anticipado su rechazo al equipo ministerial en la inminente votación por el voto de confianza, reportó RPP. La presión política se intensificó dadas las investigaciones en curso que pesan sobre varios exministros, entre ellos los titulares de Justicia, Interior, Educación y Vivienda. Según información divulgada por la prensa peruana, los expedientes judiciales exploran delitos que incluyen falsificación de documentos, colusión agravada e incluso genocidio. Miralles, por su parte, enfrenta procesos por presuntas infracciones medioambientales cometidas cuando dirigía una agencia de inversión.

La serie de relevos en los principales cargos del Ejecutivo refleja el impacto de la crisis institucional que vive el país sudamericano. La llegada de Balcázar a la Presidencia resultó del reciente proceso de censura parlamentaria que apartó a José Jerí del poder, mientras que el nuevo equipo ministerial se enfrenta al reto de obtener la aprobación legislativa en medio de diversos cuestionamientos judiciales. Según detalló 'La República', la continuidad de algunos ministros bajo investigación y el relevo de otros forman parte de una estrategia del Ejecutivo para intentar recuperar la gobernabilidad en medio de las indagaciones abiertas.

RPP agregó que el futuro inmediato del gabinete liderado por Arroyo quedará definido por el resultado del voto de confianza en el Congreso. La composición del gabinete y los recientes cambios ministeriales ocurren mientras persisten las investigaciones por irregularidades dentro de la gestión pública. La situación política actual pone de relieve los desafíos que enfrenta el gobierno interino para estabilizar la administración del Estado en un escenario de elevada volatilidad y escrutinio público.

Tres generales del Ejército Nacional fueron llamados a calificar servicios en medio de investigaciones internas que generan inquietud en el alto mando y el Gobierno nacional. Según la información conocida por los medios, los oficiales involucrados son Ricardo Roque, comandante de la IV División; Luis Fernando Salgado, comandante de la VI División; y Jorge Ricardo Hernández, comandante de la Brigada X.

El Colombiano informó que, aunque no se han revelado oficialmente los motivos, fuentes cercanas señalaron que la medida estaría relacionada con situaciones consideradas delicadas dentro de la institución, que no habrían contado con el respaldo del Gobierno nacional.

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Las investigaciones en curso tendrían la gravedad suficiente como para que ya se preparen expedientes destinados a la Fiscalía General de la Nación, lo que podría derivar en eventuales procesos penales.

Los oficiales relevados tenían bajo su responsabilidad territorios prioritarios para la seguridad nacional y enfrentaban desafíos ligados a la presencia de grupos armados y economías ilícitas.

Trayectorias y áreas de responsabilidad

El Colombiano detalló que el brigadier general Ricardo Roque había asumido el mando de la Cuarta División en noviembre de 2025, tras más de treinta años de servicio. Desde esa posición, Roque tenía bajo su jurisdicción zonas como Meta, Guaviare y Vaupés, catalogadas como estratégicas por la actividad de organizaciones armadas y el desarrollo de economías ilegales.

En el caso del brigadier general Luis Fernando Salgado, su llegada a la Sexta División se produjo en noviembre de 2024. Su jurisdicción abarcaba Caquetá, Putumayo, Amazonas y un municipio en el Cauca, regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

Por su parte, el brigadier general Jorge Ricardo Hernández fue designado comandante de la Brigada X en agosto de 2025, con la misión de coordinar catorce batallones desplegados en el norte del país y liderar el Plan de Campaña Ayacucho Plus, enfocado en fortalecer la estabilidad y la seguridad regional.

Cambios recientes y antecedentes en la cúpula militar

Según datos del medio ya mencionado, la salida de estos tres oficiales se suma a otros ajustes ordenados en la cúpula militar desde agosto de 2022. Desde entonces, decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro han generado la salida de 79 generales y almirantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Actualmente, el general Hugo López Barreto ostenta el grado más alto como comandante de las Fuerzas Militares.

La línea de mando se compone ahora de nueve mayores generales y treinta y siete brigadieres generales. Los movimientos recientes ocurrieron tres meses después de los ajustes realizados en diciembre pasado, cuando el Ministerio de Defensa y la Presidencia dispusieron cambios en las principales jefaturas del sector.

Las modificaciones forman parte de un proceso de reorganización institucional orientado a redefinir responsabilidades operativas y administrativas. Varios oficiales han presentado su retiro o han sido relevados de sus cargos, en el marco de la nueva estructura definida por el Ejecutivo.

Proceso de reemplazo y perfil del general Yor William Cotua

Mientras se formaliza la salida de los oficiales, ya se perfilan los reemplazos en la cúpula militar. Según información del medio ya mencionado, el general Yor William Cotua asumiría el mando de la IV División en reemplazo de Roque.

Cotua, nacido en Medellín en 1973, inició su carrera militar en 1992 en la Escuela Militar de Cadetes y egresó en 1993. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos como jefe de Operaciones de la Brigada de Comandos, segundo comandante de la misma unidad, y comandante del Regimiento de Fuerzas Especiales No. 1. En 2020 fue jefe de Estado Mayor de la División de Fuerzas Especiales y agregado militar en Washington. En 2022 cursó Altos Estudios Militares y fue comandante de la División de Fuerzas Especiales, antes de asumir la Vigésima Séptima Brigada de Selva en Putumayo.

Cotua ha participado en veinte de las operaciones militares más relevantes del país y cuenta con treinta y seis condecoraciones. Actualmente, ejerce como comandante en el Fuerte Militar de Larandia, ubicado en La Montañita, Caquetá.

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación ha puesto bajo escrutinio a los pilotos de un helicóptero Black Hawk militar que habrían cruzado en repetidas ocasiones la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sin la autorización de la torre de control, una acción que ha encendido alertas sobre la seguridad en el terminal aéreo con mayor movimiento de Colombia.

La acción legal argumenta que las maniobras ejecutadas durante el incidente pusieron en riesgo a miles de pasajeros presentes en la terminal aérea, hechos registrados el viernes 13 de marzo de 2026, según información de Caracol Radio W.

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En los audios obtenidos por el citado medio de comunicación se escucha a la controladora aérea expresar su preocupación al notar que la aeronave militar atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, mientras otros aviones se encontraban en aproximación o en proceso de despegue.

En el audio se escucha a la funcionaria advertir: “No entiendo qué está haciendo… nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, exigiendo al piloto que desviara la ruta hacia una cancha de fútbol militar, localización próxima a instalaciones castrenses.

Ante esta situación, el ministro de Defensa Pedro Sánchez instó a la Aeronáutica Civil a que responda por lo sucedido, pero advirtió que es necesaria escuchar la grabación completa del suceso, al considerar que la interpretación de fragmentos podría llevar a conclusiones erróneas sobre lo sucedido.

“Ahí hay dos términos que utiliza cada uno de ellos y puede darse la confusión. La controladora habla de una cancha de fútbol militar y el piloto habla de la Escuela Militar de Cadetes. Aquí hay que aclarar a qué punto era que se referían, porque lo que uno puede inferir aquí en este momento es que están hablando de dos cosas distintas y eso puede producir la confusión”, explicó el jefe de cartera a la cadena radial mencionada.

El ministro Sánchez, que también fue piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, enfatizó la dificultad del control en situaciones de alta presión: “Un segundo que uno se demore en tomar una decisión puede producir eventos fatales”, declaró.

Sin embargo, el funcionario enfatizó que será necesario aguardar el resultado de las investigaciones para determinar si la responsabilidad recae en el factor humano, en deficiencias de procedimiento o en problemas de coordinación entre la aeronave militar y la torre de control.

“Prefiero que se investigue muy bien qué ocurrió. En el audio se puede inferir que se estaba hablando de dos lugares diferentes, lo que pudo producir la confusión”, sostuvo el titular de Defensa.

No obstante, Pedro Sánchez manifestó que, al interior de la institución militar, también se adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar las razones por las que realizaron el cruce no autorizado por la pista del aeropuerto bogotano.

“Esa investigación ya se inició a nivel de la aviación del Ejército para mirar qué pasó internamente y tomar las decisiones drásticas, porque estos eventos no pueden permitirse, no pueden tolerarse (...) ahí en este evento intervienen no solamente el piloto, también el controlador, también el medio ambiente, también todos los procedimientos que están establecidos y se deben tomar las acciones a que haya lugar”, concluyó.

Qué dijo la Aeronáutica Civil

En un comunicado difundido el día de los hechos, la Aeronáutica Civil de Colombia detalló la apertura de una investigación para determinar las causas del incidente.

“La Aeronáutica Civil informa a la opinión pública que en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá se presentó un evento no deseado relacionado con la seguridad operacional. El hecho se encuentra actualmente bajo proceso de investigación,con el propósito de realizar la verificación correspondiente de los protocolos y procedimientos de operación vigentes en la terminal aérea”,indicó puntualmente la entidad.

El organismo también subrayó que no se han reportado afectaciones a pasajeros como consecuencia del cruce irregular, y ratificó su compromiso con la seguridad y la mejora continua en los procesos operacionales del aeropuerto.

“Las autoridades y dependencias competentes adelantan las revisiones técnicas necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el evento y establecer las acciones correctivas requeridas para gestionar el riesgo operacional que garanticen el estricto cumplimiento de los estándares de seguridad operacional”, expresaron.

El episodio del Black Hawk ocurre menos de un mes después de un hecho similar reportado el 20 de febrero, cuando otro helicóptero de la Fuerza Aérea cruzó la trayectoria de una pista en El Dorado, aumentando la preocupación sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad en las operaciones aéreas militares y civiles.

Cada 15 de marzo, en México se celebra el Día del Militar Retirado. La fecha reconoce la trayectoria profesional y el servicio de hombres y mujeres que formaron parte del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Según una comunicación oficial en las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional este 15 de marzo, el objetivo de la conmemoración es fortalecer el sentido de pertenencia del personal militar retirado a través de un reconocimiento institucional cada año.

Como parte de este homenaje anual, la Secretaría transmitió un mensaje de agradecimiento a quienes integraron las filas de las fuerzas armadas, destacando que “su ejemplo inspira y enorgullece a las nuevas generaciones de militares”.

¿Cuándo puede un militar retirarse?

La estructura de beneficios y posibilidades de reincorporación para los militares retirados en México plantea un panorama complejo, donde tanto el retiro como el eventual regreso a las filas de las Fuerzas Armadas están regulados por estrictos parámetros legales y administrativos, definidos por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Más allá de la prestación directa a los militares, ciertos beneficios pueden alcanzar también a sus familiares, siempre que exista un vínculo comprobable con la Sedena.

El acceso a estos beneficios exige la estricta demostración de causales puntuales, entre las que destacan alcanzar la edad límite de servicio, quedar incapacitado en combate o durante acciones conexas al servicio, desarrollar imposibilidad física producto de una enfermedad prolongada —específicamente cuando esta perdura por más de seis meses— o simplemente solicitar el retiro después de cumplir, al menos, veinte años de servicio efectivo.

La definición legal de militar en retiro incluye diversas circunstancias: desde quienes han sido dados de baja por actos de servicio o padecimientos físicos hasta quienes cumplen un ciclo laboral extenso en la Sedena. Esta variedad habilita un rango amplio de prestaciones que se extienden mucho más allá del simple haber de retiro.

¿Cuáles son las prestaciones de los militares por retirarse?

Una vez confirmada la condición de retiro, la ley garantiza a los beneficiarios un abanico de facilidades económicas, sociales y asistenciales. Se incluyen el haber de retiro —es decir, el salario base correspondiente al rango alcanzado—, una pensión, así como una compensación única. En caso de fallecimiento, se otorgan pagas de defunción y ayuda para gastos funerarios, acompañadas de un fondo de trabajo y un fondo de ahorro.

Además, los retirados cuentan con seguro de vida, seguro colectivo de retiro, opciones de préstamos hipotecarios y acceso a un servicio médico integral. Otras prestaciones abarcan farmacias económicas, becas de manutención, escolares y especiales. Este paquete de beneficios se encuentra disponible tanto para el militar como para ciertos familiares que cumplan con los requisitos.

En términos comparativos, la normativa explícita de México sobre el retiro de militares reconoce no sólo riesgos inherentes a la actividad, sino también una variedad de causas admitidas para solicitar la baja, entre ellas quedar incapacitado por motivos ajenos al cumplimiento del deber, siempre que la enfermedad o lesión limite el desempeño por un periodo de seis meses o más.

La región, considerada estratégica para la logística y el envío de estupefacientes hacia América del Norte, fue escenario de la incautación de 1,7 toneladas de clorhidrato de cocaína en un depósito ilegal localizado en la zona rural de Unguía, Chocó.

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El cargamento, que según los reportes pertenecería al Clan del Golfo, tendría un valor estimado de USD 80 millones en el mercado internacional.

Las autoridades indicaron que la cantidad decomisada equivaldría a la producción de hasta 4,3 millones de dosis. En la intervención, realizada en una vivienda de la vereda Chugandicito, fue capturada una persona que presuntamente custodiaba la droga y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Destrucción de infraestructura ilegal

Las labores de incautación fueron ejecutadas por efectivos de la Armada de Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, se confirmó la destrucción de 12 laboratorios ilegales para el procesamiento de pasta base de coca, así como la inmovilización de más de 210.000 galones de combustible y 300 toneladas de cemento. Estos insumos, según la información oficial, serían empleados para la producción de sustancias ilícitas.

En el operativo, las autoridades lograron incautar cerca de dos toneladas de cocaína pertenecientes a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la fuerza pública continúa debilitando las economías criminales y reforzando la seguridad en el Caribe colombiano.

Cabe señalar que, a menos de tres semanas de la incautación de más de una tonelada de marihuana en Bahía Solano, atribuida también al Clan del Golfo y destinada a rutas de exportación por el Pacífico, los organismos de seguridad intensificaron sus acciones en el corredor de Urabá.

El objetivo es impedir el uso de esta zona como punto clave en la cadena logística del narcotráfico, afectando de forma directa las finanzas de los grupos ilegales que operan en el área.

Autoridades incautaron más de dos toneladas de drogas en operativos simultáneos en el Caribe y el Pacífico

Un golpe contra las redes del narcotráfico se registró en el Caribe colombiano con la incautación de 1.035 kilogramos de cocaína y 266 kilogramos de marihuana, sustancias presuntamente asociadas a una estructura del ELN.

La operación finalizó con la captura de dos ciudadanos dominicanos y un venezolano, que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Unidades de la Armada de Colombia detectaron una lancha rápida a 93 kilómetros al norte de Santa Marta. El dispositivo de reacción se activó de inmediato y un equipo de Guardacostas interceptó la embarcación tras una persecución nocturna bajo condiciones meteorológicas adversas.

La lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 200 caballos de potencia cada uno, transportaba 63 bultos de sustancias ilícitas. Los tripulantes intentaron eludir a las autoridades, pero fueron finalmente detenidos.

El alcaloide incautado en el Caribe tiene un valor superior a USD 50 millones en el mercado internacional, según las autoridades.

En una acción paralela, la Armada Nacional confiscó más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico central, tras detener a cinco personas e interceptar dos embarcaciones.

El operativo, respaldado por sistemas de radar e inteligencia militar, se desarrolló a diez millas náuticas de las bocas del río San Juan y a sesenta millas náuticas de Buenaventura. Las autoridades también decomisaron combustible y equipos de comunicación, esenciales para la logística de las organizaciones delictivas.

La droga incautada, valorada en más de USD 56 millones, tenía como destino organizaciones criminales vinculadas a rutas marítimas internacionales.

De acuerdo con la información de la Fuerza Armada, la localización del material ocurrió durante labores de control y registro que soldados adelantan en zona rural del departamento.

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Integrantes del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30 inspeccionaron un área cercana a la vía y detectaron tres contenedores metálicos que ocultaban material explosivo; los primeros indicios señalan que los responsables serían integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los recipientes se encontraban a pocos metros de la carretera que conecta a Cúcuta con Sardinata —sector cerca de la frontera con Venezuela—. En las inmediaciones existen viviendas, situación que elevó la preocupación de las autoridades debido al peligro que representaba para quienes viven en el sector y para los conductores que utilizan esa ruta de manera permanente.

Intervención del grupo antiexplosivos en la zona

Después del hallazgo, unidades especializadas del Ejército se desplazaron hasta el lugar para asumir el procedimiento técnico de neutralización. El Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte), perteneciente a la Segunda División del Ejército Nacional, realizó la verificación del material y ejecutó la destrucción controlada de los dispositivos.

Los expertos eliminaron tres contenedores metálicos que almacenaban cerca de 27 kilogramos de explosivos. Según información entregada por las autoridades militares, los artefactos habrían sido instalados por el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

El comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, Néstor Nieto Rivera, explicó que las cargas explosivas presuntamente tenían como objetivo atacar unidades militares, vehículos que se movilizan por la vía y a la población civil que reside en las cercanías: “Neutralizamos tres artefactos explosivos improvisados, cada uno con cerca de 27 kilos de explosivo, que estaban ubicados muy cerca del corredor vial y de viviendas del sector”.

Además, las autoridades militares indicaron que las operaciones de control y vigilancia continuarán en distintos sectores de Norte de Santander. El objetivo consiste en reducir las acciones de los grupos armados ilegales que mantienen presencia en esta región del país.

El Ejército reiteró que el uso de artefactos explosivos improvisados pone en riesgo a la población civil y constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Aumento del conflicto en Colombia a manos del ELN

Cabe destacar que el proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN atraviesa uno de sus momentos más delicados. A marzo de 2026, las conversaciones muestran una crisis de confianza que mantiene estancadas las mesas de diálogo, pese a los ciclos de negociación que se realizaron en ciudades como Caracas, Ciudad de México y La Habana.

Uno de los principales puntos de tensión surge por la decisión del Gobierno de impulsar diálogos regionales en Nariño con el frente Comuneros del Sur. El Comando Central del ELN interpreta esta iniciativa como un intento de dividir a la organización.

A esto se suma el lento avance del Comité Nacional de Participación, un mecanismo que busca recoger propuestas de la sociedad civil dentro del proceso.

La situación se agravó por la ausencia de un cese al fuego bilateral vigente; el acuerdo más prolongado finalizó en agosto de 2024 y no se logró una prórroga posterior, lo que derivó en el regreso de operaciones militares ofensivas y en nuevos ataques contra infraestructura, entre ellos oleoductos en distintas regiones del país.

Mientras las negociaciones permanecen congeladas, las autoridades continúan reportando hallazgos de artefactos explosivos en zonas rurales, como se mencionó anteriormente en el reporte del Ejército Nacional.

Esto deja en una situación crítica a las comunidades rurales, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Venezuela, debido a que la guerrilla mantiene presencia y se desplaza por amplios sectores de este territorio limítrofe.

El aeropuerto de Kuwait permanece cerrado por tiempo indefinido, lo que llevó a que, desde el viernes, un grupo de alrededor de diez ciudadanos españoles optara por salir del país por vía terrestre rumbo a Arabia Saudí. Desde allí, el objetivo de los viajeros es tomar vuelos a España, según información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Este movimiento forma parte de una operación de salida más amplia para nacionales, en un contexto de crecientes tensiones en la región. Según datos recientes publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y reunidos por el medio, la cifra total de españoles evacuados de países impactados por la guerra en Oriente Próximo alcanza ya los 8.400 desde el inicio del conflicto desencadenado tras los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán hace dos semanas.

Tal como informó el Ministerio, solo durante el sábado cerca de 500 ciudadanos españoles abandonaron la región en vuelos comerciales, partiendo de Emiratos Árabes Unidos en cuatro vuelos distintos y de Catar en otro vuelo. El medio detalló que estas operaciones forman parte de una estrategia de evacuación centrada en la seguridad de sus nacionales, en medio del cierre o la interrupción de las rutas aéreas comerciales y del aumento del riesgo de seguridad en varios países.

El departamento, bajo la dirección de José Manuel Albares, indicó que esta evacuación es “la mayor evacuación de la historia” emprendida por Exteriores. Desde que comenzaron las hostilidades, el Gobierno español recurrió a una combinación de recursos, empleando tres vuelos organizados con el apoyo del Ejército, así como organizando traslados por tierra hacia territorios considerados seguros, desde donde los nacionales han podido tomar vuelos hacia España, según publicó el Ministerio. Aquellos que salieron por carretera de Kuwait se suman a quienes pudieron marcharse antes de que el aeropuerto suspendiera sus operaciones.

Exteriores ha recopilado y facilitado los datos actualizados del volumen de ciudadanos repatriados o que han podido salir de los países afectados, indicando que la cifra de 8.400 es resultado de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno y distintos organismos internacionales, según detalló dicho Ministerio. Desde la escalada del conflicto, la protección consular se ha convertido en una tarea prioritaria para el Ejecutivo, adaptando los medios de evacuación en función de las circunstancias de cada país afectado y de las restricciones existentes en las infraestructuras de transporte.

El flujo de españoles que salieron de países de Oriente Próximo refleja tanto la magnitud de la crisis regional como la logística desplegada por parte de Exteriores. Los vuelos comerciales habilitados y la organización de salidas por tierra responden al cierre de algunos aeropuertos y a la situación de seguridad, como en el caso de Kuwait, cuyo aeropuerto se mantiene inoperativo de modo indefinido, de acuerdo con lo expuesto por Exteriores.

Esta serie de operaciones de evacuación se ha gestionado en paralelo con el seguimiento y la asistencia consular para los ciudadanos que permanecen en países donde las condiciones lo permiten o que aguardan una oportunidad para marcharse. El Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó que el dispositivo sigue en marcha y que la situación continúa siendo de máxima vigilancia y respuesta rápida.

El Ministerio también informó que en el caso de quienes han salido de Emiratos Árabes Unidos y Catar, la gran mayoría ya se encuentra en territorio español, mientras que los que emprendieron el trayecto por vía terrestre desde Kuwait están en tránsito hacia España, después de cruzar a Arabia Saudí, país desde el que tratan de reanudar su viaje por aire debido a las restricciones en su país de salida.

La crisis en Oriente Próximo, surgida tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ha generado la necesidad de una respuesta rápida y coordinada para asegurar el regreso seguro de nacionales desde países vecinos y afectados, según informó el Ministerio. Las autoridades españolas continúan trabajando para garantizar que todos los españoles que requieran salir de la zona puedan hacerlo con el apoyo institucional, según consignó Exteriores.

En una operación militar coordinada en el sur del país, tropas del Ejército lograron la captura de Alexis Ávila Orozco, conocido como alias ‘Nelson’, presunto cabecilla de la Estructura Rodrigo Cadete, que forma parte del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc. La operación también permitió desmantelar un depósito clandestino con armamento y equipos logísticos de la organización ilegal.

El procedimiento se realizó en la vereda Remolinos del Orteguaza, zona rural de Florencia, Caquetá, por tropas de la Décima Segunda Brigada de la Sexta División del Ejército Nacional. Durante la intervención, las autoridades lograron rescatar a un menor de edad que estaba en poder de la estructura armada, presuntamente víctima del delito de reclutamiento. El adolescente fue puesto a disposición de las entidades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos.

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Según el Ejército, la operación se enmarca dentro de los esfuerzos de las fuerzas militares para debilitar a las estructuras armadas ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades en Caquetá y zonas cercanas del Huila.

Quién es alias ‘Nelson’

De acuerdo con inteligencia militar, alias ‘Nelson’ asumió recientemente el rol de cabecilla de comisión tras la salida de otro integrante de la organización. Su función principal incluía coordinar extorsiones a comerciantes y empresarios, intimidar a la población civil y realizar actividades de inteligencia contra unidades militares en la región.

Tras su captura, ‘Nelson’ entregó información clave que permitió localizar un depósito clandestino donde la estructura almacenaba armas, municiones y equipos de campaña, afectando su capacidad operativa, logística y financiera.

Hallazgos en el depósito de armas

En el lugar, las autoridades incautaron un arsenal que incluía:

• Ocho armas largas y una ametralladora
• Más de 3.900 cartuchos de munición de distintos calibres
• Proveedores para fusil y pistola
• Chalecos y uniformes camuflados
• Equipos de campaña y logística

Además, se encontraron dispositivos electrónicos y de comunicación, como celulares, radios, memorias USB, un computador y un control de dron con sus baterías, los cuales serán analizados para ampliar las labores de inteligencia militar.

Explosivos y material de intimidación

Durante la intervención, expertos en explosivos destruyeron dos artefactos improvisados hallados en el depósito, evitando riesgos para la población y las tropas. Las autoridades también incautaron cuadernos con anotaciones, material doctrinal del grupo armado y boletas de citación, que habrían sido utilizadas para intimidar a los habitantes y exigir pagos extorsivos.

Impacto en la seguridad regional

Las autoridades destacaron que este resultado afecta la capacidad operativa y financiera de la Estructura Rodrigo Cadete, debilitando sus redes de extorsión y limitando su presencia en el sur del país. La operación demuestra la continuidad de las acciones estratégicas del Ejército Nacional para desarticular grupos armados ilegales y proteger a las comunidades de Caquetá y Huila.

En su cuenta de X, las Fuerzas Militares reportaron: “Un menor de edad que había sido reclutado ilegalmente por las disidencias, fue recuperado por tropas del Ejército en zona rural de Florencia, Caquetá. Un integrante de la Estructura Rodrigo Cadete fue capturado en la operación, en la que además se incautaron 8 fusiles, una ametralladora, 3.981 cartuchos de varios calibres y material de intendencia”.

Continuidad de operaciones

El Ejército anunció que las operaciones militares continuarán en el departamento de Caquetá, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y neutralizar a los grupos armados ilegales que aún operan en la región. Este tipo de intervenciones refuerza la estrategia de desarticulación de estructuras criminales y muestra el compromiso de las autoridades para proteger la vida y los derechos de los ciudadanos.

La evacuación desde Teherán concluyó exitosamente tras la salida del personal diplomático de la embajada española, mientras que las demás operaciones de rescate para ciudadanos continúan activas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares, comunicó que las gestiones siguen en marcha para garantizar que todos los ciudadanos nacionales que deseen salir de la región puedan hacerlo. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio y recogida por diversos medios, hasta la fecha unas 8.000 personas han sido trasladadas fuera de Oriente Próximo debido a la guerra en Irán, en lo que la diplomacia española califica como la mayor evacuación jamás realizada por el gobierno.

Según publicó el Ministerio a través de un comunicado, la repatriación ha requerido una compleja organización que ha combinado rutas aéreas y terrestres. Tres vuelos operados por el Ejército español formaron parte de la logística de salida, junto con desplazamientos por tierra hacia países considerados seguros desde donde los evacuados pudieron tomar vuelos a España. El medio subraya que la Unidad de Crisis permanece activa y que las embajadas españolas en la región sostienen los esfuerzos para sacar a más ciudadanos por varios canales disponibles.

De acuerdo con la información oficial, se han sostenido numerosas negociaciones con aerolíneas comerciales a fin de asegurar que, una vez que se permita el tráfico aéreo, existan opciones prioritarias de regreso para los nacionales españoles. También se ha coordinado el acceso a vuelos organizados por otros países europeos para facilitar el tránsito hacia territorio español. El Ministerio resaltó que estas acciones buscan cubrir todas las posibilidades logísticas y agilizar el proceso de repatriación.

José Manuel Albares, titular de Exteriores, manifestó mediante el comunicado que mantiene contacto permanente con embajadores y personal diplomático implicados en las tareas de evacuación. Expresó agradecimientos a sus contrapartes en países de la región por la cooperación recibida y transmitió el respaldo español ante la coyuntura que atraviesa Oriente Próximo, según detalló el Ministerio.

El comunicado oficial enfatizó que, aunque la evacuación desde la embajada en Teherán ha finalizado, otras operaciones similares permanecen abiertas, con la consigna de no detenerse hasta que todos los españoles que así lo requieran hayan salido de la región. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, la coordinación constante entre la unidad de crisis y las embajadas continúa siendo el pilar de las acciones. Las autoridades subrayaron que la misión se mantiene en curso y que seguirán utilizando todas las vías posibles para completar la operación.

Exteriores reiteró que la dimensión del dispositivo implementado no tiene precedentes en la historia nacional, resaltando la magnitud de los esfuerzos administrativos, logísticos y diplomáticos requeridos para trasladar a cerca de 8.000 ciudadanos en el contexto de un conflicto armado en Irán. El proceso recogió, además, la colaboración de compañías y gobiernos de países vecinos, allanando salidas seguras y vuelos de retorno.

El Ministerio precisó que la prioridad fundamental es la seguridad de los nacionales y que se mantendrá la alerta sobre cualquier ciudadano que aún precise ayuda para abandonar la región. A su vez, continuará desplegando personal consular y recursos en los puntos estratégicos necesarios hasta que la situación permita declarar finalizada la operación de repatriación.

El Reino Unido e Irlanda han dado un nuevo impulso a su colaboración militar con la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) actualizado que pone el foco en áreas estratégicas como la seguridad marítima, la ciberdefensa, el intercambio de información aérea y la adquisición conjunta de equipamiento. Según el acuerdo, ambas naciones buscan mejorar su protección frente a “amenazas comunes” y fortalecer la cooperación bilateral en defensa.

El documento ha sido impulsado por el secretario de Estado de Defensa británico, John Healy, y la ministra de Defensa irlandesa, Helen McEntee. El nuevo MoU permitirá a las Fuerzas Armadas británicas e irlandesas intensificar su colaboración par reforzar la protección de infraestructuras submarinas críticas y desarrollar mecanismos de respuesta mejorados ante incidentes en el ámbito marítimo. El acuerdo también prevé la exploración de oportunidades para la adquisición conjunta de material militar.

El memorando firmado en Cork es presentado como una respuesta a la evolución de la relación bilateral y a la necesidad de adaptar los mecanismos de defensa a un entorno internacional caracterizado por la incertidumbre y el incremento de los riesgos en los ámbitos marítimo y cibernético.

Refuerzo de la cooperación en defensa

El memorando establece nuevos ejes de trabajo en la relación bilateral. Uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de la cooperación marítima, desde la vigilancia conjunta hasta la protección de infraestructuras estratégicas bajo el mar. Ambas partes desarrollarán mecanismos de respuesta más eficaces para incidentes de seguridad marítima, lo que representa un avance en la capacidad de reacción ante posibles contingencias.

Según el Ministerio de Defensa británico, este acuerdo sustituye al firmado en 2015 y responde al compromiso adquirido durante la cumbre de líderes de 2025 de adaptar el marco de cooperación a los nuevos desafíos de la seguridad internacional. Su comunicado subraya que el memorando moderniza el marco bilateral, prestando especial atención a las crecientes amenazas en los dominios submarino y cibernético.

En el ámbito aéreo y cibernético, el MoU impulsa el intercambio de información entre Reino Unido e Irlanda para incrementar la conciencia situacional y la resiliencia frente a ciberamenazas. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar la cooperación en la adquisición de equipamiento militar, abriendo la puerta a nuevas fórmulas de compras conjuntas y ventas entre gobiernos.

Otros ámbitos de colaboración

Más allá de los aspectos tecnológicos, el acuerdo actualizado mantiene la cooperación ya existente en misiones de paz de la ONU, gestión de crisis y operaciones humanitarias. El texto firmado por Helen McEntee y su homólogo británico hace hincapié en la colaboración en formación y educación militar, así como en el apoyo continuado a Ucrania dentro de la Coalición de los Dispuestos.

El MoU también sienta las bases para una colaboración más formal y transparente en las áreas ya compartidas entre ambos países. Resalta la importancia de mantener la cooperación en defensa en un momento en que las amenazas para ambos países están en aumento. El Ministerio de Defensa de Reino Unido sostiene que el acuerdo proporciona una base más sólida y flexible para la cooperación, a la vez que respeta las políticas de defensa y seguridad propias de cada nación.

La próxima reunión binacional entre Colombia y Venezuela, prevista para el 23 y 24 de abril de 2026 en Maracaibo, representa el relanzamiento formal de la cooperación en la conflictiva frontera tras la cancelación de la cumbre presidencial.

El anuncio llegó al cierre de una jornada diplomática de alto nivel entre ambos gobiernos, que priorizaron la seguridad y la integración económica de la región limítrofe al delegar su agenda bilateral en las respectivas cancillerías.

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En el transcurso de la sesión encabezada por Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, junto a Yván Gil, canciller de Venezuela, las delegaciones oficiales certificaron el compromiso conjunto de mantener un despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera.

Este acuerdo persigue fortalecer la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

Tras la reunión, el jefe de Estado señaló en sus redes sociales que la reunión había sido un éxito. A propósito, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Petro mencionó que tiene como objetivo trabajar de forma conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

La polémica en torno a la articulación entre ejércitos de Colombia y Venezuela

El jefe de Estado pidió que se efectúe la articulación de las Fuerzas Armadas colombianas con las venezolanas. El 29 de septiembre de 2025, durante el Consejo de Ministros, el primer mandatario hizo la solicitud directa al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, de adelantar las acciones necesarias para llevar a cabo esa unión.

“Ministro de Defensa, sin miedo, hay que articular inteligencia y acción de las Fuerzas Militares de Venezuela y las nuestras. Complicado, pero es básico para que esto se vuelva todavía mucho mejor”, precisó Gustavo Petro.

La decisión ha generado controversia debido a que el dictador Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos, es señalado de tener nexos con el narcotráfico y de liderar el cartel de los Soles, una organización criminal de Venezuela. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura y llevarlo ante la justicia por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En reacción a la propuesta de Petro, la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos (Vicky Dávila) solicitó públicamente a las Fuerzas Militares de Colombia que desobedezcan órdenes del presidente Gustavo Petro relacionadas con la cooperación con fuerzas armadas de Venezuela. El pronunciamiento se realizó en una calle de Sabaneta (Valle de Aburrá, Antioquia), donde Dávila instó a los militares a guiarse exclusivamente por la Constitución, en respuesta a la decisión presidencial de coordinar acciones de seguridad con el gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, la precandidata describió la medida de Petro como una instrucción para trabajar de forma conjunta con el cartel de los Soles y con lo que calificó como la “narcodictadura de Nicolás Maduro”, señalando también supuestos vínculos entre el mandatario venezolano, el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales colombianas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína”, afirmó Dávila ante los presentes.

El Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea iniciaron un nuevo programa de capacitación para reforzar el control y almacenamiento de armas y municiones dentro de sus instalaciones. La formación busca mejorar los protocolos de seguridad en la gestión de arsenales y reducir riesgos asociados al manejo de material explosivo.

La iniciativa reúne a personal militar especializado en la administración de armamento y forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Defensa para actualizar los procedimientos técnicos utilizados en el manejo de municiones.

Las sesiones se desarrollan en la Escuela de Material de Guerra del Ejército, ubicada en el distrito limeño de Chorrillos, y marcan el inicio de una serie de capacitaciones previstas para este año dentro del plan de fortalecimiento de capacidades técnicas del sector Defensa.

Estándares internacionales para el manejo de municiones

El programa corresponde al V Programa Básico de Municiones, una capacitación orientada a reforzar las prácticas de seguridad en el manejo de material explosivo dentro de las Fuerzas Armadas.

Durante las jornadas se revisan procedimientos relacionados con almacenamiento en polvorines, control logístico de arsenales, sistemas de registro de municiones y protocolos de seguridad operativa.

El contenido del curso se basa en lineamientos técnicos utilizados a nivel internacional para la gestión de armamento. Entre ellos figuran las International Ammunition Technical Guidelines (IATG) y el compendio MOSAIC, un conjunto de estándares orientados al control de armas pequeñas.

La organización del programa está a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, a través de la Unidad Funcional de Material de Guerra, y cuenta con asistencia técnica de la organización internacional Ayuda Popular Noruega (NPA).

La apertura del programa reunió a autoridades militares responsables de la formación técnica dentro de las Fuerzas Armadas, entre ellas el general de brigada Jesús Vera Ipenza, jefe de Educación y Doctrina del Ejército; el coronel David Velita Vélez, director de la Escuela de Material de Guerra; y el coronel FAP José Luis Jiménez Mendoza, coordinador de la Unidad Funcional de Material de Guerra.

Control de arsenales y prevención de incidentes

Uno de los focos principales de la capacitación está puesto en la administración de polvorines y depósitos militares, espacios donde se almacenan municiones y otros materiales de alta sensibilidad.

El entrenamiento busca fortalecer prácticas que permitan reducir incidentes operativos, mejorar los sistemas de control interno y reforzar la trazabilidad del material almacenado.

Especialistas en seguridad señalan que una gestión rigurosa de arsenales es clave para prevenir accidentes y también para evitar que armas o municiones puedan salir de los circuitos oficiales y terminar en mercados ilegales.

El fortalecimiento de estos mecanismos de control cobra mayor relevancia en contextos donde el tráfico ilícito de armamento alimenta distintas formas de criminalidad.

Capacitaciones previstas para 2026

El Ministerio de Defensa prevé continuar durante este año con nuevas jornadas de formación dirigidas a personal de las tres instituciones armadas.

Entre los cursos programados figuran entrenamientos sobre gestión técnica de municiones, control de armas pequeñas, disposición final de material explosivo y formación de instructores especializados.

Durante 2025 el sector ya había desarrollado programas similares con apoyo de organismos internacionales especializados, con el objetivo de actualizar los procedimientos técnicos utilizados en la administración de armamento.

El Ministerio de Defensa ha formalizado la compra de un nuevo velero de competición para la Armada, según adelantó Diario de Mallorca. Se trata de una operación que busca modernizar la flota y fortalecer la formación de los futuros oficiales, además de mantener la presencia española en las principales regatas del Mediterráneo, incluyendo la habitual participación del rey Felipe VI.

Según informa el diario mallorquín, la adjudicación ha sido otorgada a la empresa catalana David Mas Yatch Equipment S.L., ubicada en El Masnou (Barcelona). Responde a la necesidad de reemplazar al 'Aifos’, embarcación emblemática de la Comisión Naval de Regatas y habitual del rey Felipe VI, que la ha timoneado durante años en pruebas como la Copa del Rey de Vela.

La operación habría sido oficializada el 27 de febrero, tras dos intentos fallidos de renovar la embarcación de referencia de la Armada en los últimos años. El nuevo velero, denominado 'Vesper’, fue adquirido a un equipo estadounidense y acredita un historial reciente de éxitos, al haber ganado la Copa del Rey de Vela en 2025. Portales especialistas como TWW Yachts fijan su valor en torno al millón de euros para compra.

Un velero de última generación para la Armada

El ‘Vesper’, que se incorporará a la flota de la Comisión Naval de Regatas, es un monocasco de 52 pies construido en fibra de carbono y equipado con tecnología avanzada. Con 15,43 metros de eslora, 4,43 de manga y 3,80 de calado, cumple los requisitos técnicos exigidos por el Ministerio de Defensa para instrucción avanzada y regatas, pues esta será una de sus principales funciones. Dispone de un plano vélico de 445 metros cuadrados, una dotación específica de velas y sistemas de navegación y maniobra de última generación.

El diario señala que el rey Felipe VI pudo inspeccionar el barco tras la pasada Copa del Rey. El proceso de adquisición llega después de dos intentos fallidos por parte de la Armada para renovar su embarcación principal. En 2019, un acuerdo con el astillero Swan para disponer de un Swan 50 Club quedó abortado por los recortes derivados de la pandemia y la política de austeridad. Posteriormente, en 2023, la licitación de un nuevo barco de 50 pies y 1,8 millones de euros también se vio frustrada tras una pregunta parlamentaria.

Renovación de la base

La llegada del ‘Vesper’ coincide con la remodelación de infraestructuras clave en la base naval de Portopí, donde la Armada ha invertido cerca de 89.000 euros en la rehabilitación del antiguo hangar del yate Fortuna. Esta instalación, inutilizada durante más de una década tras la renuncia del rey Juan Carlos al emblemático barco, podrá ahora servir como resguardo para la nueva embarcación.

La mejora de las dependencias refuerza la apuesta institucional por dotar a la Armada de medios modernos tanto en material náutico como en espacios de mantenimiento, consolidando a Mallorca como epicentro de la actividad de vela militar española. La isla siempre ha sido un enclave fundamental para las actividades náuticas vinculadas a la Casa Real.

Cinco presuntos integrantes de una facción disidente de las Farc, vinculada a la estructura de alias Iván Mordisco, murieron en una serie de enfrentamientos armados con la Infantería de Marina de la Armada Nacional en el sector de Bajo Calima, zona rural de Buenaventura.

La acción militar en esta región del Valle del Cauca permitió la ubicación de los disidentes gracias a la información aportada por Inteligencia Naval. Durante el operativo, también se localizaron dos cuerpos más en el área, aumentando el saldo mortal de los choques registrados en la zona durante los últimos días.

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Los combates entre la Infantería de Marina y los grupos armados ilegales continuaron durante la semana, con consecuencias directas para ambas partes. Según datos de la Armada Nacional, los hechos más recientes elevaron a cinco el número de presuntos guerrilleros abatidos, mientras que el miércoles 11 de marzo fueron encontrados dos cadáveres adicionales en el mismo sector.

En el transcurso de los mismos operativos, un infante de Marina resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Buenaventura, donde los médicos confirmaron que su condición es estable y no representa riesgo vital.

Sobre esta operación, el presidente Gustavo Petro, confirmó los resultados por medio de su cuenta de la red social X: “Operación de la armada nacional en el bajo Calima, 5 personas muertas 4 sometidas y 1 capturado de la columna Jaime Martínez, de los narco grupos de Marlon. Fueron incautados 13 fusiles.Éxito militar en la lucha contra el narcotráfico“.

Fuerzas Militares confirmaron la muerte de ‘Richard’, enlace de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ en el Cauca

Una acción militar conducida el 10 de marzo de 2026 en la zona rural de Ituango, en el departamento de Antioquia, culminó con la muerte de “Richard”, identificado como enlace entre las estructuras de Iván Mordisco en el Cauca y la Estructura 18 en Antioquia, marcando un golpe estratégico para las Fuerzas Militares de Colombia en su campaña contra las disidencias armadas que operan en la región.

Este resultado ha sido presentado desde el Gobierno como un avance para debilitar el liderazgo y la capacidad operacional de estos grupos armados ilegales, con el objetivo de consolidar el control estatal y mejorar la seguridad en el norte del país.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló, que el operativo dejó siete muertos y una persona herida, todos identificados como integrantes activos de la Estructura 18, brazo de las disidencias de alias Mordisco focalizado en actividades como narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de menores y homicidios.

Entre los fallecidos se encuentra alias Ramiro, cabecilla principal de la facción, con más de 22 años de trayectoria criminal, y responsable, según las autoridades, de delitos como el desplazamiento forzado, asesinatos de líderes sociales y acciones terroristas que han marcado a las comunidades durante décadas.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, explicó a que en la operación, junto a Richard, también perdió la vida “Alejandra” o “La Baby”, pareja sentimental de Ramiro e identificada como parte activa de la estructura.

Como parte de los resultados, las tropas incautaron cinco armas largas, explosivos, abundante munición, material de intendencia y equipos de comunicaciones. Estos elementos, según López, representan un debilitamiento “de manera significativa” de la estructura 18, restando capacidad armada y deteriorando el liderazgo criminal que operaba en el norte de Antioquia.

“El resultado debilita de manera significativa la Estructura 18, desintegrando en gran porcentaje su componente armado y el liderazgo en el norte del departamento de Antioquia”, puntualizó el general.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el comandante López y el ministro Sánchez, la ofensiva responde a la prioridad gubernamental de erradicar a los grupos armados organizados que, mediante delitos graves, generan desplazamiento y confinamiento de comunidades.

La reacción en Ituango ha estado marcada por una expectativa de mayor tranquilidad como consecuencia de la operación, mientras las Fuerzas Militares mantienen un despliegue continuo en la zona para consolidar el control estatal y prevenir represalias o nuevos brotes de violencia.

El municipio de Ituango, al norte del departamento de Antioquia, fue escenario de un bombardeo militar dirigido contra el frente 18 de las disidencias de las Farc. El principal objetivo de la operación fue alias Ramiro, cabecilla de esta estructura armada.

Tras la confirmación de que alias Ramiro fue abatido, el gobernador antioqueño, Andrés Julián Rendón, envió un mensaje de felicitaciones a las Fuerzas Militares por el resultado contra los grupos armados al margen de la ley.

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“Muy bien por el operativo del @COL_EJERCITO contra Farc en zona rural de Ituango. El objetivo era alias ramiro, cabecilla del frente 18, facción de ”Mordisco”, escribió.

El gobernador reiteró que “al bandido de alias Ramiro, ya el Ejército lo había capturado en las vías de Antioquia cuando se movilizaba con Calarcá en la caravana de la UNP. El gobierno y la Fiscal lo dejaron en libertad”.

No obstante, pidió a las autoridades que esta contundencia operacional se despliegue contra otras facciones de las disidencias de las Farc; especialmente, solicitó “arreciar con esta misma contundencia contra el frente 36 de alias Calarcá”.

Al llamado del gobernador se unió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que pidió que Alexander Díaz Mendoza —nombre con el que las autoridades identifican a alias Calarcá, jefe de la disidencia del Estado Mayor de los Bloques y Frentes—sea el próximo en ser abatido.

“Felicitaciones General. Felicitaciones a nuestras @FuerzasMilCol,@COL_EJERCITO,@FuerzaAereaCol por neutralizar la amenaza que significaba alias Ramiro del frente 18 de las Farc. Igual debe pasar con alias Calarcá del frente 36 de las Farc. Adelante.“, escribió en su perfil de X.

Alias Ramiro, cuyo nombre real era Erlinson Echavarría, fue un actor clave en el conflicto armado del norte de Antioquia. Las autoridades documentaron que, tras un periodo bajo las órdenes de alias Calarcá, este cabecilla rompió filas y estableció una alianza con “Iván Mordisco”.

El 24 de octubre de 2025, la estructura comandada por “Ramiro” difundió un comunicado en el que confirmaba acuerdos con la organización de “Mordisco”. El objetivo, según el documento, era “mantener su capacidad armada”, lo que marcó una separación definitiva del proyecto liderado por alias Calarcá.

En Estados Unidos piden la extradición de alias Calarcá

De manera paralela, el senador estadounidense Bernie Moreno envió una carta a la Embajada de Colombia en Washington D. C., en la que exige al gobierno de Gustavo Petro acelerar la extradición de alias Calarcá.

El documento, revelado por fuentes cercanas a la representación diplomática a Caracol Radio, destacó la urgencia de atender los requerimientos judiciales de Estados Unidos y resolver una deuda cercana a 100 millones de dólares con la empresa energética Glenfarne Group.

Moreno aseguró que alias Calarcá está vinculado a redes de narcotráfico y lo relacionó directamente con el atentado cometido en agosto de 2025 en Antioquia, donde un ataque destruyó un helicóptero Black Hawk y provocó la muerte de 13 integrantes de la Policía Nacional de Colombia. El senador recordó que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

En la misiva, el legislador republicano asoció la caída de estos cabecillas guerrilleros con la seguridad electoral en Colombia y el pago de dichos compromisos financieros.

“La confianza de los inversores en el país depende de la resolución de esas deudas”, señaló, según el contenido conocido por el medio radial.

Moreno también reconoció los avances recientes en materia de extradición, citando el caso de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, que fue extraditado el 3 de febrero del año en curso. El senador expresó que “el incremento de extradiciones fortalece la coordinación binacional contra las redes de narcotráfico y crimen organizado”.

China aprobó un aumento del 7% en su presupuesto de defensa para 2026, la tasa de incremento más baja desde 2021. La cifra, anunciada por el primer ministro Li Qiang ante la Asamblea Popular Nacional, sigue superando la meta de crecimiento económico fijada por el Gobierno, entre el 4,5% y el 5% del PIB. El dato confirma una pauta estructural sostenida durante más de una década: Beijing destina a sus fuerzas armadas proporciones crecientes de su riqueza nacional, incluso cuando la economía no acompaña al ritmo de años anteriores.

El presupuesto asciende a 1,91 billones de yuanes, unos 277.000 millones de dólares, aproximadamente una cuarta parte del gasto militar estadounidense. Pese a esa diferencia, el crecimiento sostenido reordena el equilibrio de poder en Asia. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la cuota de China sobre el gasto militar asiático alcanzó casi el 44% en 2025, frente a una media del 37% entre 2010 y 2020.

La cifra del 7% rompe tres años consecutivos de alzas del 7,2% anual. Para James Char, experto de la Escuela S. Rajaratnam de Singapur, el aumento refleja un principio largamente sostenido: equilibrar el crecimiento económico con los objetivos de defensa. “El presupuesto del Ejército Popular de Liberación ha crecido a un ritmo bastante constante como porcentaje del PIB, aproximadamente la tasa de crecimiento económico más la inflación”, señaló Char a Reuters.

El anuncio llega en plena crisis de confianza en el interior del aparato castrense. La purga anticorrupción ha sido descrita como la más profunda en décadas. En enero, el general Zhang Youxia, el más cercano aliado militar del presidente Xi Jinping, fue sometido a investigación disciplinaria; en octubre de 2024, el general He Weidong fue expulsado de la Comisión Militar Central. Ambos eran los dos oficiales de mayor rango debajo del propio Xi. La Comisión, que habitualmente opera con siete miembros, cuenta ahora con apenas dos: el presidente y el recién nombrado vicepresidente Zhang Shengmin.

Para Wen-Ti Sung, analista radicado en Taiwán, la purga tendrá consecuencias sobre la gestión del gasto: “Beijing vigilará más de cerca el dinero destinado a defensa”. En su informe, Li reiteró el compromiso con el “liderazgo absoluto del Partido Comunista sobre las Fuerzas Armadas” y exigió al Ejército avanzar hacia los “objetivos centenarios” del EPL, en alusión al centenario de su fundación, que se celebrará en 2027.

Esa efeméride concentra la atención de los analistas regionales, que advierten que Beijing podría usarla como catalizador para intensificar los ejercicios militares en torno a Taiwán. Li volvió a comprometer a China a “luchar resueltamente contra las fuerzas separatistas” y a “oponerse a las interferencias externas”. El Gobierno de Taipéi respondió que no observa cambios sustanciales en la política china, pero alertó de que el volumen del gasto, sostenido pese a la debilidad económica, “supone una amenaza”, según Liang Wen-chieh, portavoz del Consejo de Asuntos del Continente.

Tokio reclamó mayor transparencia. El secretario del Gabinete japonés, Minoru Kihara, declaró que China no ofrece información suficiente sobre su gasto real y sus capacidades, aunque subrayó que Japón mantendrá sus esfuerzos por construir relaciones estables. La opacidad presupuestaria es una queja recurrente: analistas independientes estiman que el gasto efectivo supera la cifra oficial, dado que parte de la inversión se canaliza a través de empresas estatales ligadas al complejo industrial militar. El IISS prevé que, pese al impacto transitorio de la purga sobre la cadena de mando, el Ejército Popular de Liberación seguirá ampliando capacidades con independencia del ciclo económico.

Un bombardeo en la madrugada del lunes 9 de marzo en Ituango, Antioquia, concluyó con la muerte de alias Ramiro, señalado jefe del frente 18 de las disidencias de las Farc alineadas con alias Iván Mordisco.

El hecho ocurrió tras una ofensiva combinada que incluyó un ataque aéreo y un asalto coordinado por el Ejército Nacional.

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La acción conjunta de las Fuerzas Militares se desarrolló en zona rural del municipio de Ituango. Según la información oficial, la ofensiva permitió neutralizar a siete integrantes de la estructura ilegal, entre ellos su principal cabecilla, alias Ramiro.

Además, una mujer, identificada como hermana del líder abatido, fue capturada y resultó herida durante el enfrentamiento. Las autoridades informaron que recibió atención médica inmediata, siguiendo el Derecho Internacional Humanitario.

El operativo, que combinó un bombardeo ejecutado por la Fuerza Aeroespacial y un asalto aéreo de tropas terrestres, tuvo como objetivo desarticular la estructura armada que opera en el norte de Antioquia bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló: “Resultado preliminar de operación ofensiva contra la Estructura 18 de las disidencias de alias Mordisco, en zona rural de Ituango, Antioquia: 7 muertos y 1 herido”. Las fuerzas militares destacaron que la intervención fue planeada con base en inteligencia previa y seguimiento constante a los movimientos de este grupo armado.

La ofensiva en Ituango no solo significó la baja del principal cabecilla, sino que debilitó la estructura armada dedicada, según fuentes oficiales, a la minería ilegal de oro en la región. El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el operativo, resaltando que se trató del 16º bombardeo ordenado durante su mandato.

En sus redes sociales escribió que el ataque dejó siete fallecidos y permitió la incautación de armas. “He ordenado el 16avo bombardeo en mi gobierno, está vez en Ituango, Antioquia, hay 7 personas que murieron. Se recogen armas. Ha muerto el cabecilla de la estructura alias Ramiro”.

El Presidente también mencionó que alias Wilmar, integrante de este frente, fue vinculado en informaciones de Caracol Televisión en un contexto que, según su mensaje, involucró acusaciones erróneas contra un funcionario del gobierno.

El jefe de Estado defendió que este tipo de operativos buscan debilitar a las organizaciones criminales que operan en el territorio y afectan la seguridad local. “Se trata de un golpe al autodenominado frente 18 dedicado a la minería ilegal del oro“, agregó Petro en su cuenta de X.

La acción militar se suma a una serie de operativos recientes contra las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia. “La violencia cesa si salimos de las economías ilícitas. La paz se logra si deciden salir de las economías ilícitas y ayudan a transformar el territorio para el progreso del pueblo excluído“, finalizó diciendo el mandarario nacional.

La estructura afectada está identificada como uno de los principales actores armados en el noroccidente colombiano, con incidencia en actividades de minería ilegal y extorsión. Las autoridades sostienen que la muerte de alias Ramiro representa un golpe considerable para la organización, aunque advirtieron que podrían presentarse retaliaciones en la zona.

Alias Ramiro, trayectoria criminal y alineación con Iván Mordisco

Alias Ramiro era considerado el principal responsable de las actividades delictivas en Ituango y Valdivia. Con más de 22 años en la organización, sobre él pesaban órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio, reclutamiento ilícito de menores y porte ilegal de armas.

En un inicio, el frente 18 estaba bajo la influencia de alias Calarcá, pero según las autoridades, desde octubre del año anterior la estructura pasó a responder a Iván Mordisco. Esta reorganización criminal fortaleció la presencia de las disidencias en la región, consolidando cinco frentes y una estructura móvil en Antioquia.

El listado de propuestas incluye, entre otras acciones, el cierre de las bases estadounidenses de Rota y Morón, la celebración de un referéndum para decidir la permanencia de España en la OTAN y la bajada del 40% en los precios de los alquileres. La formación también plantea una moratoria contra desahucios de un año para familias vulnerables, así como la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión. Adicionalmente, Podemos propone entregar un cheque energético de 300 euros a las familias con rentas inferiores al salario mínimo interprofesional, recuperar el mecanismo de excepción ibérica para poner un tope al precio del gas, limitar los márgenes de beneficio de grandes cadenas alimentarias, crear un supermercado público y ofrecer transporte público gratuito. Todas estas exigencias, según el partido, tienen respaldo legal y solo precisan determinación política para hacerse realidad.

Según informó la agencia Europa Press, Pablo Fernández, coportavoz y secretario de Organización de Podemos, solicitó este lunes en rueda de prensa que cualquier maniobra o acción militar española relacionada con el conflicto en Irán, como el despliegue de la fragata "Cristóbal Colón" a Chipre, se someta obligatoriamente a una votación del Congreso de los Diputados. Fernández insistió en que el Parlamento debe pronunciarse y responsabilizarse ante la ciudadanía sobre la postura a adoptar en escenarios bélicos y subrayó la posición de Podemos, contraria por completo a la movilización de tropas españolas.

Durante su intervención en la sede del partido, Fernández enfatizó que la decisión de enviar un buque de la Armada a Chipre, como parte de la respuesta al conflicto en Irán, no debería tomarse sin el aval previo del Congreso. Según reportó Europa Press, el dirigente pidió que se promueva una votación parlamentaria antes de ejecutar cualquier medida de este alcance, para que cada grupo político exponga públicamente su opinión y responsabilidad.

Fernández aseguró que Podemos rechaza cualquier tipo de implicación de las Fuerzas Armadas españolas en el conflicto de Irán, ya sea para acciones ofensivas, defensivas o de apoyo a bases de la OTAN en la región del Mediterráneo. Resaltó la necesidad de coherencia entre el discurso oficial del Gobierno, abanderado bajo el lema "No a la guerra", y la práctica política, e insistió en que cualquier despliegue debe pasar necesariamente por el filtro y el control parlamentario.

El medio Europa Press detalló que la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el envío de la fragata "Cristóbal Colón" a Chipre. Sánchez argumentó que España actúa con la misma determinación en su posición de "no a la guerra" y en su solidaridad con los países miembros de la Unión Europea. Según sus declaraciones, la misión de la fragata responde al compromiso con la defensa y la seguridad colectiva de un Estado que enfrenta las consecuencias del conflicto. Sánchez también recordó que el despliegue cuenta con respaldo legal, en concreto la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005, y que la misión se define como defensiva y no ofensiva.

El debate parlamentario sobre la conveniencia de solicitar autorización al Congreso también encontró eco en la oposición. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, reclamó a Pedro Sánchez que someta a votación el envío de personal militar y armamento a una zona de guerra. El líder popular sugirió, de acuerdo con Europa Press, que la renuencia del jefe del Ejecutivo a pedir autorización responde a temores respecto a la postura de sus socios parlamentarios.

Por otra parte, Europa Press publicó que Fernández instó al Gobierno a que, ya que prioriza decisiones en materia de Defensa sin pasar por el Congreso, incorpore las propuestas de Podemos destinadas a mitigar las repercusiones socioeconómicas derivadas de la guerra en Irán. Según Fernández, su partido registrará estas propuestas en una iniciativa legislativa en el Congreso.

El dirigente de Podemos aseguró, según recogió Europa Press, que las medidas sugeridas son aplicables tanto por su coste como por estar amparadas en la legislación vigente, considerando que su viabilidad depende únicamente de que el Ejecutivo asuma la voluntad política necesaria para sacarlas adelante. En su intervención afirmó: "Todas son medidas totalmente factibles, tanto en coste económico como por existencia de vías legales en nuestro ordenamiento jurídico para llevarlas a la praxis, y únicamente se necesita voluntad política, una voluntad política de la que, a día de hoy, adolece el Gobierno".

Las demandas planteadas por Podemos representan una crítica directa a la política del Gobierno sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en escenarios internacionales y abogan por una mayor transparencia y control parlamentario. Al mismo tiempo, el partido vincula la toma de decisiones sobre Defensa con la adopción de medidas sociales urgentes, asegurando que ambas problemáticas requieren amplio consenso y participación en el Congreso, según Europa Press.

De acuerdo con Fernández, la prioridad de Podemos se orienta hacia evitar cualquier tipo de intervención militar bajo argumentos de apoyo a la OTAN o a iniciativas colectivas que, desde su perspectiva, desvían la atención de las necesidades sociales más inmediatas de la población. Europa Press reflejó que, para la formación morada, la política exterior debe estar alineada con una agenda de derechos sociales fortalecidos y procesos democráticos reforzados en la toma de decisiones de Estado.

Un sargento del Ejército del Aire ha sido condenado a dos años y ocho meses de prisión por intentar matar a un inquilino, a quien disparó en la cabeza y dejó herido. Ahora, el militar entregó la vivienda, valorada en 140.000 euros, como forma de reparación, medida que posibilitó una reducción de dos tercios en la pena solicitada por la Fiscalía.

La condena incluye una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima durante cinco años. Este acuerdo de conformidad, alcanzado en enero en la Audiencia Provincial de Madrid, convirtió la sentencia en firme al contar con el consentimiento de todas las partes.

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Según el fallo, el 20 de julio de 2024, el acusado se presentó en el domicilio, donde sostenía un conflicto por la propiedad del inmueble. Llevaba en una bandolera un arma de fuego de la que disponía por su profesión y que usó contra la víctima, F.J.S., tras discutir con él y tras haber apuntado a su mujer, quien trató de auxiliar a su marido y acabó refugiándose en la casa. Efectuó al menos dos disparos que impactaron en la cabeza de F.J.S., quien sobrevivió a la agresión.

Inicialmente, el Ministerio Público reclamaba ocho años de cárcel, una prohibición de acercarse a la víctima de más de nueve años y una indemnización de 45.000 euros por las secuelas. El tribunal reconoció la agravante de superioridad y la atenuante de reparación del daño. La víctima permaneció hospitalizada un mes debido a las lesiones sufridas en el rostro, con fracturas y contusiones que le provocaron secuelas duraderas.

Otras condenas en las Fuerzas Armadas

Esta sentencia se suma a otra reciente que también afectó a soldados del Ejército. En este otro caso, el Tribunal Supremo ha ratificado penas de prisión para seis militares del Ejército de Tierra por haber acosado reiteradamente a una compañera desde 2008 hasta 2021 mediante insultos y vejaciones de carácter sexista. Según la sentencia, la víctima fue sometida a un ambiente hostil dentro del Escuadrón de Apoyo a la Enseñanza de la Academia de Caballería de Valladolid.

La resolución establece penas de entre seis meses y un año de prisión para los cinco cabos y el soldado implicados, por cometer un delito de acoso por razón de sexo según el artículo 50 del Código Penal Militar. Además, el Supremo ha determinado que estos militares deben indemnizar de forma conjunta a la afectada con 2.000 euros por daño moral, desestimando así los recursos de casación interpuestos por los condenados.

Entre las conductas punibles, el tribunal recoge declaraciones explícitas como “las mujeres solo valen para follar y fregar” y “no tienes ni culo ni tetas”, proferidas de forma recurrente durante el tiempo en el que la militar ejerció su labor. Según la sentencia, la cabo fue objeto de comentarios y actitudes denigrantes y ofensivas únicamente por su condición de mujer. Además, el fallo detalla que los acusados ridiculizaban su papel como madre, dedicándole frases como “tu hijo se zurra la sardineta” o “qué hablas de tu niño, si ya tiene pelos en los huevos”. Durante maniobras militares en febrero y marzo de 2021, estos ataques se intensificaron, llegándose a producir gestos y frases como “estás seca”, “tienes muchas arrugas” o gritos humillantes dentro de la tienda de campaña.

Hace muchos años que la mujer en el Ejército no es una novedad ni un caso aislado. En 1988, se aprobó la reforma que permitía a las mujeres dedicarse a la vida militar. Durante los primeros años, la presencia femenina fue residual, pero con el cambio de siglo se vivió un importante salto y comenzó a crecer su número.

La realidad es que siguen existiendo desafíos a superar. Según el Observatorio Militar para la Igualdad de 2025, que depende del Ministerio de Defensa, el 13,4% de los profesionales de las Fuerzas Armadas son mujeres. Es el dato más alto jamás registrado, aunque en los últimos años el crecimiento se ha ralentizado. Además, cuando se trata de los oficiales generales, el porcentaje cae hasta el 4,9%. En 2025, había 227 generales españoles, pero apenas 11 mujeres en esa categoría.

Las mujeres en las Fuerzas Armadas

La presencia de la mujer en el Ejército español ha experimentado un crecimiento en los últimos años, aunque todavía representa una clara minoría frente a los hombres. Dentro del 13,4% del total de efectivos que representan, alcanzan un porcentaje mayor en la tropa y marinería, el primer escalafón de las Fuerzas Armadas, donde se encuentran en torno al 15%. Entre los oficiales son el 13,3% de los profesionales.

José Pablo Martínez, experto del Real Instituto Elcano, destaca que, poco a poco, se ha ido produciendo una integración cada vez mayor que también se refleja en las mujeres extranjeras que entran en el ejército español, una tendencia cada vez más extendida, como refleja el caso de Yinoly.

En cuanto a los cuadros de mando, las mujeres ocupan el 9,8% de los puestos, y menos del 5% para los puestos de generales. Estos datos demuestran avances en igualdad, pero revelan ámbitos donde existe margen de mejora. El número de mujeres en los altos cargos del ejército es residual para el porcentaje que representan en las Fuerzas Armadas.

También existe un reparto según los tres ejércitos. En total, en las Fuerzas Armadas hay 16.506 mujeres. El Ejército de Tierra cuenta con 8.748, la Armada con 3.222, el Ejército del Aire y del Espacio con 3.206 y los Cuerpos Comunes con 1.330. Entre estos últimos, aunque teniendo en cuenta que es un número menor, llegan a ser el 40%.

Alberto Núñez Feijóo destacó que la tradición de consultar al Congreso sobre los despliegues militares españoles en el extranjero se ha respetado durante los gobiernos previos desde 2006, señalando que solo bajo el actual Ejecutivo se ha interrumpido esta práctica. La última vez que se solicitó dicho permiso al Parlamento fue en 2018, vinculado a la ampliación de la dotación militar en la misión de la Unión Europea en Malí, recordaron fuentes del Partido Popular, según publicó Europa Press. A partir de ese año, denuncian que el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez no ha elevado operaciones militares a la consideración parlamentaria, una acción que consideran insólita y problemática.

Según reportó Europa Press, Feijóo exigió públicamente que el presidente Pedro Sánchez solicite autorización al Congreso antes de enviar tropas y armamento a zonas de guerra, como Chipre. El líder del Partido Popular hizo referencia en un mensaje difundido en la red X, recogido por Europa Press, a la decisión reciente del Ejecutivo de desplazar la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Chipre, donde unos 200 militares españoles apoyarán la defensa europea tras los ataques registrados en ese territorio atribuidos a Irán. Feijóo argumentó que este tipo de decisiones debería pasar por el control parlamentario y cuestionó la negativa del Gobierno, sugiriendo que responde “al miedo a sus socios”. “El Ejército no es suyo. Es de todos los españoles”, manifestó Feijóo.

El Partido Popular subrayó, de acuerdo con Europa Press, que la Ley de Defensa Nacional exige una consulta y votación parlamentaria para cualquier despliegue en el que las Fuerzas Armadas puedan enfrentarse a operaciones activas, como ocurre en la situación internacional actual tras los recientes ataques en Irán y la región. Los ‘populares’ señalaron que conocer el posicionamiento de los partidos que apoyan a Sánchez sería posible en una sesión en el Congreso, lo que permitiría mayor transparencia y debate sobre el rumbo de la política exterior y de defensa.

Además, el Partido Popular puso el foco en que el envío de la fragata implica la exposición de soldados españoles al riesgo de ataque. Según detalló Europa Press, la formación conservadora advirtió a Sánchez que su manera de actuar “pone en peligro la vida de los militares” sin contar con un respaldo institucional, enfatizando que varias formaciones políticas que han sido clave en sostener la mayoría parlamentaria del Gobierno no comparten esta decisión.

El líder de la oposición vinculó la falta de debate parlamentario con un intento por eludir límites legales y controles democráticos. Según las fuentes citadas por Europa Press, consideran que el presidente está evitando el escrutinio del Congreso, gobernando como si el poder ejecutivo prevaleciera sobre el legislativo. “El lema de Sánchez no es 'No a la guerra', es 'No al Congreso', porque evita cualquier tipo de límite establecido por la ley”, afirmaron desde el PP.

Europa Press recogió también la posición de Feijóo ante el conflicto en Irán, reiterando su preferencia por la diplomacia y por soluciones pactadas. Feijóo declaró que la contención y la búsqueda de soluciones negociadas representan la mejor vía para detener la escalada bélica. En sus palabras: “Lo dije desde el primer día y lo mantengo”. Además, instó a recuperar la diplomacia para evitar que España siga quedando aislada y se vea envuelta en nuevos frentes de tensión internacional, dada la complejidad que atraviesa la coyuntura internacional.

La historia parlamentaria sobre autorizaciones a despliegues externos se remonta al año 2006, cuando se solicitó al Congreso la ampliación del contingente en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán. De acuerdo con el recuento aportado por el Partido Popular, según consignó Europa Press, desde entonces se han solicitado 26 autorizaciones formales para enviar personal militar a operaciones en República Democrática del Congo, Líbano, Chad, República Centroafricana, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Malí e Irak.

Europa Press detalló que la ausencia de peticiones de autorización al legislativo desde 2018 supone un cambio de rumbo respecto a las prácticas de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, quienes cumplieron con la normativa de consulta parlamentaria en todos los casos de despliegues de tropas en el exterior. El Partido Popular interpreta el proceder de Pedro Sánchez como un indicio de que considera que el control sobre el Ejército recae de forma exclusiva en el Gobierno, una concepción que rechazan.

Feijóo, en las declaraciones recogidas por Europa Press, remarcó que no solo el cumplimiento de la ley está en juego, sino la confianza internacional en España y los posibles costes económicos derivados de una política exterior sin consensos amplios. También consideró que las decisiones unilaterales pueden resultar perjudiciales para la imagen y el papel internacional del país, especialmente en el actual contexto de conflicto en Oriente Próximo y de tensiones agravadas tras los ataques en Irán. Feijóo advirtió que los errores o la “irresponsabilidad” en el manejo de la política militar y exterior recaerán sobre todos los ciudadanos.

El debate sobre la autorización parlamentaria para el envío de tropas cobra mayor relevancia tras las recientes operaciones internacionales y el foco que el Partido Popular pone sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, añadió Europa Press. El antecedente de votos en Pleno o Comisión sirve como recordatorio para la actual administración de Sánchez sobre los mecanismos de control democrático y participación del legislativo en asuntos de defensa nacional.

Las fuentes del PP consideran, según publicó Europa Press, que la actitud del Gobierno actual representa una ruptura con las rutinas institucionales que han reforzado el papel del Parlamento durante los últimos veinte años. Además, advierten sobre el riesgo de añadir nuevos conflictos al escenario internacional mientras España se enfrenta ya a una situación diplomática compleja. La presión ejercida por los ‘populares’ busca reabrir el debate en el Congreso sobre el alcance de los poderes del Ejecutivo en el envío de fuerzas militares españolas fuera del territorio nacional.

El Ejército iraní indicó que uno de los drones, identificado como un aparato estadounidense modelo 'MQ9', fue interceptado en la región de Lorestán, al oeste del país, mientras que otro dispositivo, en este caso un 'Hermes 900' israelí, fue derribado en la capital, Teherán. Según informó la cadena de televisión pública iraní IRIB, ambos vehículos no tripulados fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea, en el contexto de las tensiones que surgieron tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

De acuerdo con IRIB, el derribo de estos drones forma parte de la respuesta de Irán a la operación militar que dejó más de 1.200 muertos en su territorio. Las autoridades militares señalaron que los sistemas antiaéreos actuaron tras detectar la presencia de las aeronaves extranjeras en espacios aéreos considerados estratégicos y cerrados para potencias rivales. El medio IRIB precisó que el incidente ocurrió mientras continúan creciendo las tensiones regionales.

El medio detalló que, hasta el momento, ni Estados Unidos ni Israel ofrecieron comentarios oficiales en relación con las afirmaciones iraníes. La falta de respuesta por parte de Washington y Tel Aviv mantiene abierta la incertidumbre respecto a una posible escalada en el conflicto o acciones de represalia.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero coincidió con negociaciones en curso entre Washington y Teherán, cuyo objetivo era establecer un nuevo acuerdo nuclear. Según publicó IRIB, el ataque conjunto sorprendió a las autoridades iraníes en medio de estos diálogos diplomáticos. Tras la ofensiva, Irán comenzó a ejecutar ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluyendo bases militares ubicadas en distintos países de la región.

El contexto de esta escalada, según consignó IRIB, se enmarca en una fase de inestabilidad regional agravada por la muerte de más de 1.200 personas en Irán tras la operación militar de Estados Unidos e Israel. Las Fuerzas Armadas de Irán comunicaron que continuarán vigilanado el espacio aéreo nacional ante eventuales incursiones extranjeras, y advirtieron que responderán ante nuevas acciones que consideren hostiles.

En este escenario de incertidumbre, la reacción de las potencias implicadas se mantiene en suspenso. Según reportó IRIB, diversos observadores consideran posible que las próximas horas sean decisivas para el rumbo de la situación, mientras la tensión crece en torno a eventuales represalias o nuevas negociaciones.

IRIB agregó que las bases militares estadounidenses en países del Medio Oriente han sido blanco de ataques y que Israel evalúa la posible respuesta ante los últimos acontecimientos. Las autoridades iraníes recalcaron que los sistemas de defensa aérea permanecen en estado de alerta, preparados para responder a nuevas incursiones. Las capacidades técnicas de estos sistemas fueron destacadas tras el derribo de los drones, cuyos modelos son considerados de última generación en las flotas de Estados Unidos e Israel.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 170/2026 que fija la oferta de empleo público para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil en 2026. La norma, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece 1.256 plazas de ingreso directo y 1.607 para promoción interna, según informó el Gobierno. El objetivo es asegurar la renovación y modernización de las plantillas militares y de seguridad.

De las 1.256 plazas de ingreso directo en las Fuerzas Armadas que contempla la norma, 737 corresponden a escalas de oficiales, 40 a escalas técnicas y 45 a oficiales enfermeros. Además, se suman 336 plazas para suboficiales y 98 para militares de complemento. El acceso estará abierto a quienes cumplan los requisitos académicos y de salud, con parte de las vacantes reservadas para quienes acrediten titulaciones universitarias, especialmente en los puestos técnicos y sanitarios.

Se suman 1.607 plazas para promoción interna, dirigidas a personal en activo que aspire a ascensos o cambios de escala o cuerpo. Esta modalidad incluye oportunidades para militares de carrera, de complemento, tropa y marinería. En esta edición, 258 plazas serán para oficiales, 50 para suboficiales con créditos universitarios (ECTS) y 238 en escalas técnicas y enfermería. Además, el decreto contempla 1.261 plazas para el acceso a la escala de suboficiales por promoción, reservadas para tropa y marinería.

Tal como detalla el Ejecutivo, la planificación anual de estas plazas responde a las necesidades actuales de defensa y seguridad en España. El texto legal prevé, además, la convocatoria de hasta 500 plazas para reservistas voluntarios y un máximo de 1.000 plazas para garantizar la continuidad de personal de tropa y marinería en régimen de servicios permanentes. Entre las novedades, hasta un 10% de las plazas de tropa y marinería podrán ser ofertadas a personas extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos legales y de formación establecidos.

Plazas en la Guardia Civil

El Real Decreto 170/2026 establece la oferta de empleo público para la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, fijando 81 plazas de ingreso directo para el año 2026. Del total, 65 estarán destinadas a aspirantes que no cuenten con titulación universitaria previa, mientras que las 16 restantes requerirán acreditar un título universitario. Esta distribución busca responder a las necesidades de mando y especialización dentro del cuerpo, conforme a los requisitos que se determinarán en las próximas convocatorias.

El decreto introduce un marco de planificación y transparencia en los procesos de promoción profesional y relevo generacional tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil. El ajuste de las plantillas a las necesidades actuales de defensa y seguridad se plantea como prioridad, con el objetivo de garantizar la cobertura de puestos clave y la adaptación de los recursos humanos a los retos que plantea el contexto nacional y las exigencias del servicio público. La publicación incluye que los detalles específicos de acceso, temarios y fases de selección se publicarán en las bases de cada convocatoria, con el objetivo de facilitar la participación de los interesados.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instruido la salida inmediata de funcionarios estadounidenses que no desempeñan tareas de emergencia en Irak, además de recomendar que los ciudadanos estadounidenses eviten cualquier desplazamiento al país. Aquellos que ya se encuentran en territorio iraquí han sido instados a evacuar, mientras que quienes no logren salir deben prepararse para resguardarse ante la posibilidad de ataques con misiles y drones. Esta disposición surge tras un ataque con drones que, según medios oficiales iraníes, causó daños considerables en una base estadounidense ubicada en Erbil, en la región autónoma del Kurdistán iraquí.

La cadena estatal iraní IRIB reportó que las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron drones de ataque terrestre contra la base de Estados Unidos en Erbil. De acuerdo con la información proporcionada por IRIB, la ofensiva ocasionó "daños significativos" en las instalaciones militares norteamericanas. Según consignó este medio, la operación militar se produjo en un contexto marcado por el incremento de hostilidades tras las acciones de Israel y Estados Unidos contra Irán, lo que ha derivado en respuestas de Teherán tanto en territorio israelí como contra intereses estadounidenses en diversas naciones de la región.

Según detalló IRIB, la ofensiva se ejecutó durante la noche, cuando los drones militares iraníes sobrevolaron la base norteamericana en Erbil, ampliando así el alcance del conflicto más allá de las fronteras directas entre Irán e Israel. Medios iraníes señalaron que la acción formó parte de una serie de respuestas coordinadas tras recientes ataques que involucraron actores internacionales y que han afectado intereses estratégicos iraníes.

El ataque ocurre en un escenario de tensión regional, donde las autoridades estadounidenses han optado por incrementar las medidas de protección para sus ciudadanos y personal diplomático en Irak. Según informó IRIB, las recomendaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos incluyeron advertencias específicas sobre el riesgo de próximos ataques similares tanto en instalaciones militares como en áreas urbanas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses.

A través del comunicado difundido, el gobierno de Estados Unidos solicitó que los ciudadanos estadounidenses en Irak consideren abandonar el país ante el potencial de un deterioro rápido de la situación de seguridad. Tal como reportó IRIB, quienes permanezcan en el país deberían identificar rutas de evacuación y recintos seguros, así como mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales e internacionales sobre el desarrollo del conflicto.

La región de Erbil, situada en el norte de Irak, ha experimentado episodios de violencia vinculados a la presencia de fuerzas estadounidenses y a la actividad de milicias y grupos armados respaldados por diversos actores extranjeros. Según publicó la cadena estatal iraní, la ofensiva reciente representa una intensificación de la estrategia iraní de responder a la presión ejercida por Estados Unidos e Israel en el marco de los últimos enfrentamientos y ataques transfronterizos.

De acuerdo con lo notificado por IRIB, la operación con drones se encuentra alineada con la postura oficial de Irán frente a lo que denomina la presencia de "fuerzas invasoras" en el territorio iraquí. Las declaraciones difundidas por medios iraníes subrayaron la naturaleza de represalia del ataque, en un contexto de crecientes operaciones militares en la región, donde tanto Israel como Estados Unidos han llevado a cabo acciones dirigidas contra objetivos considerados estratégicos por Teherán.

La narrativa de los medios estatales iraníes sostiene que la acción militar contribuye a rechazar lo que identifican como amenazas directas a la soberanía y estabilidad regionales, mientras que las autoridades estadounidenses evalúan medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal diplomático y militar ante el riesgo de nuevos ataques con tecnología no tripulada y misiles en el territorio iraquí. Según IRIB, la situación seguirá bajo constante observación mientras continúan los enfrentamientos y las respuestas militares entre los actores involucrados.

La recomendación de evitar viajes a Irak y evacuar a los ciudadanos estadounidenses refleja, según el medio estatal iraní, la incertidumbre generada por el aumento de hostilidades y la posibilidad de que se repitan incursiones similares en otros puntos estratégicos del país. El flujo de información oficial y mediática, reportó IRIB, permanece en actualización mientras se evalúan las consecuencias inmediatas de los ataques y las reacciones de las partes afectadas en la región.

Durante un encuentro realizado en la sede de los servicios secretos del Ejército israelí, el ministro de Defensa, Israel Katz, informó que muchas de las capacidades de Inteligencia y otros recursos estratégicos han sido utilizados, lo que plantea el desafío de reconstruir y expandir nuevamente estas herramientas fundamentales. Según publicó Europa Press, este alto funcionario precisó que la reciente operación militar ejecutada junto a Estados Unidos se realizó antes de lo inicialmente previsto como respuesta a la situación regional y a los acontecimientos recientes en Irán, así como por la postura adoptada por el presidente estadounidense y la posibilidad de coordinar una acción conjunta.

En declaraciones recogidas por el medio Europa Press, Israel Katz reafirmó que Israel cuenta actualmente con una superioridad operacional y de Inteligencia frente a Irán. Katz afirmó que las Fuerzas Armadas israelíes mantienen una ventaja a nivel táctico y en recopilación de información, lo que supone una diferencia significativa en su capacidad de anticipar y neutralizar amenazas provenientes del territorio iraní. El titular de Defensa expuso que la operación militar, lanzada el sábado en coordinación con las fuerzas estadounidenses, no fue improvisada, sino que respondía a un plan preexistente que debió adelantarse por razones estratégicas, relacionadas directamente con el contexto regional.

De acuerdo con Europa Press, Katz subrayó que las autoridades de Teherán no han logrado dimensionar correctamente el alcance y la profundidad de las capacidades de Inteligencia israelíes. Según sus palabras, “los iraníes no han sabido medir ni evaluar la amplitud y la profundidad de la Inteligencia israelí hasta el final”. A juicio del ministro, esta circunstancia ha impedido que los mandos iraníes anticipen acciones y limita su margen de maniobra ante eventuales ataques.

El titular de Defensa puntualizó que la capacidad operativa del Ejército de Israel ha permitido explotar de manera efectiva la información recolectada para ejecutar acciones dañinas, defensivas o de destrucción de activos enemigos, así como para anular de manera selectiva capacidades cruciales del adversario. Katz detalló que la explotación de esos datos permite golpear, atacar, destruir y neutralizar las opciones militares de Irán, lo que, según su análisis, exige ahora renovar y ampliar la infraestructura y los recursos de Inteligencia militar.

Al abordar la naturaleza y el calendario de la operación conjunta con Estados Unidos, Katz explicó a Europa Press que inicialmente se había planificado para mediados de año, con los mismos objetivos estratégicos preestablecidos. Sin embargo, el mandatario precisó que los cambios en las circunstancias y especialmente los recientes sucesos relacionados con Irán forzaron un adelanto de la ofensiva. Agregó que la respuesta estadounidense y la posibilidad de realizar una operación combinada fueron factores determinantes para la aceleración de los plazos.

Durante la visita a la sede de Inteligencia, el jefe militar de esa área, Shlomi Binder, también intervino. Según consignó Europa Press, Binder resaltó el trabajo de quienes integran las filas de los servicios secretos del Ejército, señalando que estos profesionales son los encargados de proveer información imprescindible que otorga ventaja en el campo de batalla y contribuye al éxito de las misiones contra Irán en todos los terrenos. Binder manifestó que el personal mantiene un alto nivel de motivación, decisión y compromiso con las tareas asignadas.

Binder calificó como fundamental el aporte de la Inteligencia militar en la consecución de los objetivos operativos de las fuerzas armadas, subrayando la importancia de los recursos humanos para mantener la superioridad frente a potenciales amenazas. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el funcionario se mostró confiado en que “todo va por buen camino”, aludiendo al estado de ánimo y la dedicación presentes entre los soldados encargados de operaciones de recopilación y análisis de datos sensibles.

Ambos altos cargos coincidieron en que la acumulación de información y la capacidad de procesar y aplicar esos conocimientos resulta determinante en el actual escenario regional. Katz anticipó que el Ejército israelí se prepara para escenarios futuros, considerando necesario estar listos para lo que definió como una potencial próxima guerra. Para ello, el Ministerio de Defensa se ha planteado la reconstrucción y ampliación de las capacidades de Inteligencia, que reconoció resultaron parcialmente agotadas a raíz de la reciente operación con Estados Unidos.

Durante su comparecencia junto al jefe de Inteligencia, Israel Katz reiteró que el actual contexto de tensión en Oriente Medio, agravado por las condiciones políticas y de seguridad, influyó de manera decisiva en la decisión de acelerar la estrategia militar conjunta. Según información de Europa Press, el ministro israelí indicó que la respuesta iraní ante las acciones israelíes y el respaldo de Washington fueron elementos clave para definir la modalidad, el momento y el alcance de la ofensiva.

El medio Europa Press reportó que, de acuerdo con Binder, los soldados desplegados en las ramas de Inteligencia desempeñan un rol esencial al facilitar datos que resultan determinantes para tomar el control en las distintas áreas de confrontación con Irán. El jefe de Inteligencia militar insistió en que el empeño y la motivación del personal constituye un factor esencial para mantener el ritmo de las operaciones y la efectividad de la estrategia israelí en el marco del conflicto con el país persa.

El Tribunal Militar Central de Madrid ha decidido bajar de un año a tres meses la suspensión de empleo a un sargento 1º de la Armada que se negó a realizarse un control de drogas ordenado en octubre de 2021. La sanción original, impuesta en la Base Naval de Rota, fue considerada excesiva debido a la situación médica del suboficial, que se encontraba de baja.

El caso tiene su origen en la mañana del 28 de octubre de 2021, en la Base Naval de Rota. Aquel día se había programado un control aleatorio de drogas dirigido al personal destinado en el área de Mantenimiento de la Ayudantía Mayor. La orden partió del jefe del Detall y oficial de Seguridad Interna, quien dispuso que, a las diez de la mañana, los militares convocados se sometieran a una prueba de detección de consumo de sustancias tóxicas mediante análisis de orina, en aplicación de la normativa interna de prevención.

Entre los efectivos adscritos a ese destino se encontraba un sargento primero de la Armada que se encontraba de baja médica desde mediados de octubre. Por esa razón no figuraba inicialmente en la relación nominal de convocados. No obstante, aquella misma mañana se presentó en la unidad para tramitar la continuidad de su baja temporal para el servicio.

Alegó razones médicas para negarse

Al advertir que el suboficial se encontraba en dependencias militares, el oficial responsable le notificó personalmente la orden de someterse a la prueba. Según consta en el expediente, el militar recibió la comunicación en torno a las 9:30 o 10:00 de la mañana. La prueba iba a realizarse en los aseos del edificio de la Jefatura, bajo supervisión sanitaria y con testigo designado, como exige el protocolo. Fue en ese momento cuando el sargento primero manifestó su negativa.

La escena, de acuerdo con las declaraciones incorporadas al procedimiento, estuvo marcada por el nerviosismo. El suboficial alegó razones médicas para justificar su rechazo: había sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones por una fístula compleja y debía acudir ese mismo día a una cura programada en una clínica de Sanlúcar de Barrameda.

En el documento oficial de negativa dejó por escrito que se encontraba en proceso de recuperación y que había acudido únicamente a entregar la documentación de su baja, sin condiciones físicas, según expresó, para afrontar la prueba en ese momento.

Antes de abandonar la base, el sargento se entrevistó con el Ayudante Mayor. En esa reunión solicitó que se revocara la orden, algo que el mando le indicó que no estaba en su competencia. También le recomendó que cumpliera con el control. Pese a las advertencias sobre la obligatoriedad de la prueba y las posibles consecuencias disciplinarias o incluso penales de su negativa, el militar mantuvo su postura. Finalmente, se marchó para acudir a la consulta médica, donde consta que fue atendido alrededor de las 10:30 de la mañana.

Una desobediencia pública

El incidente no pasó inadvertido. Ese día, buena parte del personal del destino se encontraba realizando la prueba en las mismas dependencias, y varios militares presenciaron la negativa. Posteriormente, el jefe de unidad consideró que lo ocurrido podía haber generado un perjuicio para la disciplina y el servicio, subrayando el impacto que una desobediencia pública puede tener dentro de la cadena de mando, especialmente cuando quien la protagoniza es un suboficial.

Tras la apertura del correspondiente expediente disciplinario, la autoridad competente impuso al sargento primero una sanción de suspensión de empleo durante un año por la comisión de una falta muy grave, consistente en la negativa injustificada a someterse a una prueba legítimamente ordenada para comprobar la aptitud psicofísica para el servicio.

El militar recurrió en alzada, alegando vulneración de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la integridad física y la intimidad personal, así como falta de proporcionalidad en la sanción. La ministra de Defensa desestimó el recurso, lo que abrió la vía al contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central.

Una extensión temporal excesiva

Tras analizar el recurso contencioso-disciplinario interpuesto por el sargento primero de la Armada contra la sanción que le fue impuesta por negarse a someterse a un control de drogas, la Sala ha acordado estimar parcialmente su pretensión.

La resolución judicial no cuestiona la existencia de la infracción. El tribunal confirma que el suboficial incurrió en una falta muy grave al desatender una orden legítima relacionada con la verificación de su aptitud psicofísica para el servicio. En consecuencia, mantiene la calificación jurídica de los hechos y ratifica que la conducta encaja en el tipo disciplinario previsto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, donde sí introduce un matiz relevante es en la proporcionalidad de la sanción. La autoridad administrativa había impuesto inicialmente la suspensión de empleo durante un año, el máximo previsto para este tipo de correctivo. El Tribunal, tras ponderar las circunstancias concurrentes, considera excesiva esa extensión temporal. Así, acuerda sustituir la suspensión de un año por otra de tres meses.

La sentencia establece además que, una vez sea firme, deberá rectificarse la anotación correspondiente en la hoja de servicios del recurrente para adecuarla a la nueva duración de la sanción. También ordena que el Ministerio de Defensa reintegre al afectado las cantidades económicas que hubiera dejado de percibir por el tiempo que exceda de los tres meses finalmente fijados, junto con el interés legal devengado desde la ejecución de la sanción originaria hasta la devolución efectiva.

El comandante del Mando Norte del Ejército israelí, Rafi Milo, afirmó que Israel ha atacado cerca de 250 objetivos asociados a Hezbolá desde el inicio de los actuales bombardeos en Líbano, asegurando que la ofensiva continuará con intensidad y que no cesará "hasta que reciba un golpe muy duro". Estas declaraciones surgen en medio de un repunte de hostilidades que ha causado más de sesenta muertos en territorio libanés, mientras la tensión regional aumenta tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según informó la agencia Europa Press, las Fuerzas Armadas de Israel acusaron al partido-milicia chií Hezbolá de haber cometido "un grave error" al lanzar misiles y drones contra territorio israelí, calificando la reacción como una caída en “una emboscada estratégica”. Esta respuesta armada de Hezbolá siguió al asesinato del líder iraní, acto que se produjo luego de la ofensiva sorpresa lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra el país asiático, según detalló Europa Press.

De acuerdo con el medio, tras estos desarrollos, Israel multiplicó sus ataques aéreos sobre Líbano durante las últimas horas, alegando que las operaciones se dirigen exclusivamente a neutralizar actividades de Hezbolá y que de esta forma no infringe el alto el fuego firmado en noviembre de 2024. A pesar de la existencia de este pacto de cese al fuego, tanto autoridades libanesas como la organización chií han expresado críticas y rechazo ante la continuidad de los bombardeos, señalando que constituyen una violación del acuerdo. Naciones Unidas también ha condenado los ataques.

El acuerdo de alto el fuego estipulaba el retiro de efectivos militares de ambas partes del sur del Líbano, un aspecto que ha estado bajo polémica debido al mantenimiento por parte del ejército israelí de cinco puestos en territorio libanés. Beirut y Hezbolá han insistido en la exigencia de que Israel retire estos despliegues, considerándolos una ocupación contraria al pacto alcanzado.

Entre los detalles consignados por Europa Press, el número de civiles y combatientes fallecidos en el Líbano ha ido en aumento conforme se intensifican las operaciones militares. Mientras, desde el comando militar israelí se sostiene la voluntad de incrementar la presión sobre Hezbolá en todo el territorio libanés hasta debilitar significativamente las capacidades del grupo.

La escalada también ocurre en un contexto de creciente tensión en la región tras el asesinato del máximo líder iraní. Según publicó Europa Press, Israel justifica sus ataques como una respuesta a las acciones hostiles del grupo libanés, aunque enfrenta críticas amplias tanto a nivel local como internacional por el impacto sobre la población civil y la estabilidad regional.

En sus intervenciones, el comandante israelí Rafi Milo afirmó: “No pararemos hasta que reciba un golpe muy duro”, refiriéndose a Hezbolá y confirmando la continuidad de las operaciones aéreas contra objetivos que, alegan, están vinculados a la organización chií. Milo también destacó que los bombardeos sobre distintos puntos del Líbano formarán parte de la estrategia militar diaria.

En tanto, el gobierno libanés y representantes de Hezbolá han reiterado su rechazo al mantenimiento de posiciones israelíes en el sur del país, considerando este despliegue una razón fundamental para la actual espiral de violencia y exigiendo su retirada inmediata.

Tanto el consejo de seguridad de Naciones Unidas como diversas organizaciones han emitido llamados reiterados a la moderación y a la observancia estricta de los acuerdos de cese del fuego, sin que hasta el momento se evidencie una disminución significativa de los ataques reportados por ambas partes. Europa Press reportó que la situación continúa generando alarma en la comunidad internacional, dada la posibilidad de una extensión del conflicto y el agravamiento de la crisis humanitaria en el Líbano.

Las bases de Rota y Morón se ha convertido en foco de noticias tras la decisión del Gobierno de no permitir su uso en los ataques de EEUU a Irán. El Convenio firmado en 1988, que actualizaba el acuerdo de los Pactos de Madrid de 1953, establece la necesidad de “autorización previa” para emplear las bases en cuestiones unilaterales. Donald Trump se ha removido contra España por esta postura, tachándole de “aliado terrible”. Por el momento, el futuro de los enclaves no se ha puesto en duda.

Morón ofrece una base aérea clave para la aviación estadounidense. Rota es una base especial y de gran relevancia estratégica. Las Fuerzas Armadas de EEUU la definen como la “Puerta del Mediterráneo”. Su situación geográfica permite que sea una zona de control y refuerzo en el Estrecho de Gibraltar, un punto fundamental del tránsito marítimo internacional.

En la base de Cádiz conviven miles de militares españoles y estadounidenses, junto a familiares de los desplegados y civiles de ambas nacionalidades. Los soldados norteamericanos viven en un situación particular, con un régimen jurídico único y algunas características que facilitan su estancia en suelo español.

Cerca de 3.000 soldados estadounidenses

El Convenio regula que el máximo de militares estadounidenses que pueden haber en Rota es de 4.250. En los últimos registros del órgano oficial estadounidense fijan en 2.800 soldados estadounidenses los que hay en la base gaditana. A estos hay que añadir unas 2.000 familiares que viven con los profesionales en las bases. En cuanto a los civiles, en torno a 500 llegados de EEUU trabajan en la base.

El régimen jurídico establece que el personal militar y civil estadounidense, así como sus familiares dependientes, se rige por el Estatus de Fuerzas de la OTAN (SOFA) y por varias previsiones bilaterales que concretan derechos y obligaciones. El Convenio otorga a Estados Unidos autoridad disciplinaria interna, pero reconoce la soberanía española sobre el territorio y la competencia jurisdiccional en delitos ajenos al acto de servicio.

En la práctica, España suele renunciar a su jurisdicción en casos de especial interés militar, permitiendo que las fuerzas de EEUU se encarguen de la gestión. El régimen prevé también colaboración en seguridad, procedimientos especiales de entrada, circulación y acceso, y el respeto a las leyes españolas en asuntos no cubiertos por el acuerdo.

Tensión entre España y EEUU

La presencia militar de Estados Unidos en territorio español tiene antecedentes que se remontan a mediados del siglo XX, con la firma de los Pactos de Madrid en 1953, durante el régimen de Franco. A partir de ese momento, se autorizó el uso de estas dos instalaciones, junto a Zaragoza y Torrejón de Ardoz. El acuerdo fue actualizado en 1988, estableciendo nuevas condiciones.

El documento reconoce la soberanía de España sobre su espacio, mar y bases militares, lo que implica que cualquier operación de fuerzas estadounidenses requiere consentimiento español. Las bases continúan bajo mando español, aunque los estadounidenses gestionan sus recursos. Toda acción militar relevante debe ser aprobada previamente, formando parte de la coordinación en defensa bilateral o multilateral establecida, lo que ha llevado a la tensión actual.

En un análisis sobre la Operación Furia Épica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó la posibilidad de que la campaña militar contra Irán se extienda por un periodo mucho mayor al estimado inicialmente, gracias a la amplitud de las reservas de municiones del país. Según puntualizó Trump el lunes, tal como reportó el medio de comunicación, Estados Unidos se encuentra en una situación inédita en cuanto a la magnitud y calidad de sus arsenales en los rangos medio y medio-alto. El mandatario mencionó que, con los recursos disponibles, la nación tiene la capacidad de mantener operaciones bélicas de manera prolongada y exitosa en diferentes escenarios internacionales.

Durante un encuentro con la prensa, Trump declaró que las reservas de municiones de Estados Unidos "nunca han sido tan altas ni mejores", de acuerdo con información de los mandos militares que actualizaron al presidente sobre el estado actual de los arsenales. "Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", sostuvo el mandatario, según informaciones recogidas por el medio de comunicación. Trump defendió que este nivel de capacidad permite "librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", agregando que las armas de las que dispone Estados Unidos superan, según su descripción, a las de cualquier otra nación.

El presidente explicó también que, si bien la situación actual de los rangos medio y medio-alto es satisfactoria, en el rango más alto el país todavía no ha alcanzado la posición deseada, aunque señaló que se dispone de "un buen suministro". Trump destacó la existencia de grandes cantidades de armamento avanzado almacenadas en países remotos, condición que refuerza la postura de Estados Unidos frente a eventuales conflictos de gran escala.

En otro momento de su intervención, el presidente criticó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, acusándolo de destinar recursos considerables—"cientos de miles de millones de dólares"—al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Trump desestimó la política de la administración anterior, mencionando que Biden entregó armamento de gama alta sin reponerlo. "Regaló gran parte de las armas de alta gama (¡gratis!), no se molestó en reemplazarlas", insistió Trump, según el reporte del medio original. También comparó al mandatario ucraniano con PT Barnum, resaltando su figura polémica y el carácter controvertido de su gestión, con referencia a la película ‘El gran showman’.

El presidente estadounidense reiteró que, durante su primer mandato, se encargó de reconstruir el Ejército y que continuaba haciéndolo en la actualidad. "Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato (previo al de Biden) y sigo haciéndolo", afirmó Trump, quien aseguró que el país está "abastecido y listo para ganar a lo grande". Estas afirmaciones sobresalen en el contexto de la actual intervención militar coordinada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya duración estimada osciló en la víspera entre cuatro y cinco semanas, aunque Trump insistió en la capacidad de sostenerla durante un periodo mayor.

Según publicó el medio de comunicación, las autoridades del Ejército estadounidense han informado que continuarán actuando frente a lo que consideran "amenazas inminentes" por parte de Irán. El ejército atribuyó, entre otras acciones, la destrucción de múltiples centros de mando de la Guardia Revolucionaria iraní, así como de diferentes instalaciones y plataformas de defensa. Además, notificó la ejecución de ataques aéreos en puntos estratégicos bajo control de Teherán.

El debate sobre la duración potencial de los enfrentamientos y la profundidad del compromiso militar estadounidense se intensificó con declaraciones del vicepresidente JD Vance. De acuerdo con lo reportado, el vicepresidente aseguró que "de ninguna manera" Estados Unidos se verá envuelto en una guerra de varios años, subrayando el precedente que dejaron las intervenciones en Afganistán e Irak. Estas palabras subrayan la intención de evitar conflictos prolongados como los que han marcado la política exterior reciente del país.

Los anuncios recientes forman parte del contexto en que la administración estadounidense reitera su disposición y sus capacidades militares, mientras recalca la preparación de sus reservas armamentísticas frente a crisis internacionales. Según consignó el medio, tanto la Presidencia como el Pentágono consideran que la situación actual representa un momento en el que Estados Unidos cuenta con los recursos necesarios para sostener alianzas y operar en varios escenarios bélicos, mientras continúan monitoreando el conflicto y las acciones de Irán.

La advertencia a la población iraní para que permanezca en sus hogares, emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formó parte de una entrevista en la cadena CNN en la que el mandatario afirmó que las condiciones en Irán serán cada vez más peligrosas. Trump indicó que la fase más intensa de las acciones militares estadounidenses contra Irán está por concretarse tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei. Según publicó CNN, el presidente aseguró: "Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar".

De acuerdo con lo reportado por CNN, Trump remarcó que Estados Unidos dispone “del mejor Ejército del mundo” y sostuvo que su país aún no ha empleado la máxima capacidad militar en el operativo conjunto con Israel. El presidente declaró: “Los estamos destrozando”, y apuntó que el poderío estadounidense es “muy poderoso”. Estas afirmaciones surgen días después de la ofensiva militar coordinada por Washington y Tel Aviv, que resultó en la muerte del líder supremo iraní.

El medio estadounidense consignó que Trump insistió en que el peligro en las calles iraníes aumentará considerablemente, por lo que recomendó a la población no salir de sus casas. Durante la entrevista, emitió la advertencia directa: “No va a ser seguro estar fuera”. Las manifestaciones del presidente sugieren una escalada en la respuesta militar estadounidense, que, según sus palabras, todavía no llega a su punto máximo.

Trump subrayó que la operación militar que culminó con el deceso de Alí Jamenei representa una etapa preliminar de una serie de acciones que Estados Unidos e Israel podrían intensificar en los próximos días. Según relató CNN, en su intervención el mandatario reiteró que el despliegue estadounidense apenas se encuentra al inicio de lo que denominó “la gran ola”.

El mandatario estadounidense elogió la capacidad y preparación de las fuerzas armadas de su país durante varias ocasiones en la conversación televisiva. CNN detalló que Trump celebró la posibilidad de utilizar el contingente militar del que dispone, describiéndolo como “el mejor Ejército del mundo”. Las declaraciones del presidente se produjeron ante la pregunta de la cadena sobre los próximos pasos de la coalición internacional frente a la actual crisis en Medio Oriente.

Dentro de la entrevista, Trump se refirió al actual panorama regional señalando que las acciones recientes buscaron reducir la capacidad operativa de Irán en la región, al tiempo que reiteró que aún no se ha empleado la totalidad de la fuerza estadounidense. CNN reportó que, para el presidente, el mensaje a Teherán es claro: “La grande está a punto de llegar”.

Las declaraciones de Donald Trump en CNN se desarrollaron en un contexto de alta tensión diplomática y militar, cuando la comunidad internacional sigue de cerca las consecuencias del operativo conjunto con Israel. El asesinato de Alí Jamenei supuso una ruptura con décadas de equilibrios políticos en la región, y las amenazas de una fase de mayor hostilidad militar generan expectativas de nuevas escaladas en el terreno.

Según el medio estadounidense, Trump responsabilizó del aumento de la tensión a la política exterior de Irán, al tiempo que defendió la coordinación con Israel como necesaria para asegurar los intereses estadounidenses en la región. En la conversación, defendió las operaciones militares como una respuesta a las acciones previas de Teherán, e insistió en que el conflicto podría intensificarse si las condiciones actuales se mantienen.

CNN resaltó que, en todo momento, el presidente evitó precisar detalles logísticos o tácticos de la supuesta “gran ola” de ataques, aunque reiteró su confianza en el poderío estadounidense. Las autoridades iraníes no respondieron de inmediato a las declaraciones, mientras la población permanece en alerta ante posibles movimientos militares adicionales.

La entrevista recogida por CNN pone en evidencia el endurecimiento del discurso desde Washington tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, y proyecta un escenario de mayor confrontación, marcado por la advertencia de Trump sobre el incremento de ataques y el llamado a los civiles iraníes a resguardarse.

Según recogió la radiotelevisión pública iraní IRIB, el Gobierno de Irán notificó que todas las bases, instalaciones y activos de las fuerzas hostiles en la región serán consideradas objetivos militares legítimos. Este mensaje aparece en el contexto de una carta enviada este sábado por las autoridades iraníes a Naciones Unidas, tras los recientes ataques ejecutados por Estados Unidos y el Gobierno israelí contra territorio iraní.

De acuerdo con la carta, Irán fundamenta su respuesta militar en el derecho internacional, específicamente en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente a la legítima defensa. Las autoridades iraníes argumentan que los ataques aéreos realizados por Estados Unidos y por el régimen israelí representan una violación al artículo 2, párrafo 4, del mismo documento fundacional de la ONU, citando que tales acciones constituyen una agresión armada contra la República Islámica de Irán, según consignó el medio IRIB.

En el escrito remitido al organismo internacional, el Gobierno iraní sostiene que, tras los bombardeos atribuidos a Washington y Tel Aviv, empleará todas las capacidades e instalaciones defensivas necesarias. Esta medida está orientada a hacer frente a lo que Irán califica como una agresión criminal y así disuadir nuevas acciones hostiles. Las autoridades también subrayaron que, fieles al marco legal internacional, cualquier instalación, base o activo militar estadounidense o de países aliados presente en la región del Medio Oriente podría ser considerado blanco de una posible respuesta armada, reportó IRIB.

El documento reafirma que Irán ejercerá su derecho a la legítima defensa “de manera decisiva y sin demora”, reafirmando que continuará con esta postura hasta que cese de manera completa e incondicional lo que consideran agresión en su contra. El medio IRIB señaló que la misiva detalla la postura iraní ante la ONU, en un momento de máxima tensión regional tras los ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes en suelo iraní.

La carta expresa también una advertencia sobre una posible escalada, pues las autoridades aseguran que el Ejército iraní se encuentra preparado para emplear todos sus recursos y capacidades en caso de que persistan las acciones hostiles. Según publicó IRIB, el mensaje de Teherán subraya que la defensa de la soberanía y la integridad territorial constituye una prioridad, lo cual podría derivar en posibles enfrentamientos con bases militares estadounidenses o de otros actores extranjeros presentes en la zona.

Esta posición de Irán ante Naciones Unidas se produce después de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente. Teherán enfatizó en la misiva, recogida por IRIB, que continuará ejerciendo su derecho a responder hasta que se garantice la interrupción total de actos hostiles dirigidos contra su territorio. La declaración iraní, transmitida por distintos medios, posiciona a las fuerzas desplegadas por Estados Unidos y aliados en la región como posibles objetivos ante una eventual escalada, en línea con el marco jurídico al que apela la diplomacia iraní para legitimar sus eventuales respuestas militares.

Las autoridades iraníes, según consignó IRIB, insisten en que la naturaleza de las acciones de defensa tomadas está amparada por el derecho internacional y subrayan que la legislación vigente de la ONU respalda la posición de Irán ante la actual situación de conflicto. El Gobierno iraní ha fijado postura ante la comunidad internacional, trasladando su posición tanto a los órganos multilaterales como a través de medios oficiales y públicos, reiterando que considerará como legítimos objetivos a todas las fuerzas que participen o colaboren en las acciones en su contra en suelo iraní o en la región circundante.

La decisión de realizar una revisión exhaustiva de las academias militares estadounidenses busca restaurar su enfoque en el pensamiento estratégico y la formación de líderes para el combate, según el secretario de Defensa Pete Hegseth. Esta medida se anunció en medio de un contexto más amplio de críticas a varias universidades de prestigio, a las que el Departamento de Defensa acusa de priorizar valores ajenos a la misión militar. Según informó el medio que proporciona esta información, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha roto relaciones académicas con instituciones como Yale, Brown, MIT y Princeton, repitiendo una iniciativa previa aplicada a la Universidad de Harvard a comienzos de febrero.

En declaraciones recogidas en un video difundido en redes sociales, Hegseth afirmó que el nuevo rumbo responde a la percepción de que algunos programas de posgrado promueven ideologías consideradas incompatibles con los valores y la misión del Ejército estadounidense. Según publicó la fuente, Hegseth expresó que los militares no serán enviados a cursos que, en su opinión, debiliten los principios fundacionales del servicio militar. Con estas palabras: "Esto no es educación, es adoctrinamiento. Es un ataque calculado y dirigido al núcleo de nuestra fuerza de combate, y es una traición que ya no toleraremos", el secretario enfatizó la gravedad de lo que califica como interferencia ideológica en la formación castrense.

El funcionario agregó que las universidades señaladas deberían centrarse en capacitar a los futuros miembros de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad nacional, en lugar de fomentar el activismo social. Según detalló el medio, Hegseth se refirió a estas instituciones como "criaderos 'woke' de adoctrinamiento tóxico", negando su validación como centros de investigación intelectual para las necesidades del Ejército. Justificó la decisión subrayando la importancia de preparar a los efectivos estadounidenses para ser “los líderes y combatientes más letales y efectivos que el mundo haya conocido”.

El medio consignó que esta postura se alinea con políticas impulsadas previamente desde la Casa Blanca. Poco tiempo después de asumir, el presidente Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para reestructurar las Fuerzas Armadas. Entre estas medidas se incluyó la prohibición de la participación de militares transgénero y la reincorporación, con pago retroactivo, de personal que fue dado de baja por rechazar vacunarse contra la COVID-19. Además, la Administración Trump suprimió programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) bajo el argumento de que atentan contra la meritocracia e incentivan la discriminación racial y sexual.

De acuerdo con el medio, Hegseth también manifestó preocupación por supuestos vínculos de los programas de Harvard con el Partido Comunista chino y por un ambiente propicio a la tolerancia hacia organizaciones como el Movimiento de Resistencia Islámica y la permisividad ante actos hostiles contra judíos en el campus. Estas declaraciones acompañaron la decisión de poner fin a la cooperación con Harvard en materia de investigación.

En septiembre de 2025, el mismo secretario de Defensa ya había promovido reglas más severas sobre el aspecto y la conducta en el Ejército estadounidense. Entre los cambios propuestos mencionó restringir el uso de barbas largas, eliminar el sobrepeso entre el personal militar y frenar lo que describió como “delirios de género”.

La cobertura de estos acontecimientos en el medio también citó el informe reciente de Amnistía Internacional, que advierte sobre el aumento de comportamientos autoritarios en Estados Unidos. Según reportó el medio, Amnistía Internacional considera que estas tendencias debilitan las garantías de derechos humanos, no solo en el país norteamericano sino a nivel mundial, destacando retrocesos en la protección contra la discriminación.

La ruptura de los lazos académicos con las universidades de élite y la revisión de las escuelas militares se suman a un ciclo de decisiones respaldadas por la actual cúpula de Defensa, cuyo objetivo declarado es reforzar la disciplina, la eficacia y la orientación estratégica en el seno de las Fuerzas Armadas. Los hechos expuestos reflejan un cambio en la relación entre el Ejército y el sector universitario, así como en las políticas internas respecto a la gestión de la diversidad y la formación profesional de los militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso especial énfasis en la posibilidad de mantener la opción militar abierta mientras las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear avanzan, subrayando que aún no existe una decisión definitiva sobre la utilización de la fuerza. Según detalló el medio, el mandatario manifestó frente a la prensa en la Casa Blanca que no está conforme con la actitud tomada por la delegación iraní durante las negociaciones indirectas sobre la actividad atómica de Teherán.

De acuerdo con las declaraciones difundidas, Trump señaló que no está "del todo satisfecho" con el enfoque de Irán en el proceso de diálogo nuclear. Expresó que “sería maravilloso que negociaran de buena fe y con conciencia, pero no lo están logrando”, aludiendo a la falta de avances concretos en las discusiones y a una aparente falta de disposición por parte iraní para llegar a compromisos. El medio consignó que Trump reiteró que la administración estadounidense mantiene su postura respecto a la imposibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares. “No pueden tener armas nucleares y no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando; veremos cómo sale todo”, afirmó el mandatario.

El presidente estadounidense subrayó la preferencia de su gobierno por alcanzar un acuerdo a través de la negociación, evitando el escenario militar. Según informó la fuente, Trump enfatizó: “Sería mejor que se pudiese llegar a un acuerdo con Teherán descartando la vía militar”. Pese a ello, mencionó la capacidad militar del país: “Tenemos el mejor Ejército del mundo. No hay nada comparable. Me encantaría no usarlo, pero a veces hay que hacerlo. Ya veremos qué pasa”. Estas declaraciones reflejan la dualidad en la estrategia de la Casa Blanca, que combina la presión militar con la vía diplomática.

El medio recordó que Trump, al inicio de esta etapa de tensiones, planteó la posibilidad de una intervención militar en respuesta a la represión de protestas en Irán. Posteriormente, su discurso se centró en advertencias relacionadas directamente con el desarrollo del programa nuclear iraní, tema que sigue siendo objeto de preocupación para la administración estadounidense. Teherán, por su parte, sostiene que su programa nuclear persigue objetivos exclusivamente pacíficos, mientras enfrenta presiones internacionales y cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de estos fines.

Las conversaciones en torno al programa nuclear iraní se vieron intensificadas tras los bombardeos realizados por fuerzas israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que según el medio provocaron la muerte de más de 1.100 personas en territorio iraní. Estos ataques supusieron un punto de inflexión en la situación, incrementando la tensión y repercutiendo en la agenda diplomática que ambas partes deben sortear para evitar una escalada mayor.

El diálogo entre Washington y Teherán continúa desarrollándose en el contexto de estas presiones y de un escenario en el que la posibilidad de una acción militar directa permanece vigente, a la espera de la evolución de las negociaciones y sin descartarse la intervención de otras potencias regionales involucradas en el conflicto. Los pronunciamientos presidenciales, reportó la fuente, buscan ejercer presión pública sobre el liderazgo iraní, incitándolo a modificar su postura en torno a los compromisos internacionales acordados en materia nuclear.

El futuro de las relaciones entre ambos países y la estabilidad de la región dependen en parte de las respuestas que Irán adopte frente a las exigencias estadounidenses y del margen de maniobra que la administración Trump esté dispuesta a conceder en los encuentros bilaterales e indirectos. La insistencia en la opción militar se mantiene como un elemento de negociación que la Casa Blanca no descarta, según enfatizó Trump en sus declaraciones recogidas por el medio.

Este jueves, el gobierno municipal de Matamoros, en Tamaulipas, informó sobre una situación de riesgo en en Ejido de Sandoval, sin informar de qué se trata.

Por medio de su cuenta de Facebook, se informó que las autoridades se encuentran atendiendo el hecho y se recomendó a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso.

En los comentarios de esta alerta, las personas reclamaron la tardanza para informar sobre los hechos, ya que, aseguraron, las movilizaciones comenzaron desde las 7 de la mañana.

De acuerdo con informes, elementos del Ejército mexicano llevaron a cabo un operativo en ese lugar este jueves desde las 6 de la mañana.

El Ejército se mantiene desplegado en los accesos al ejido, impidiendo el acceso a la ciudadanía. También se reportó que un helicóptero sobrevuela el área de labores de vigilancia.

Hasta el momento no se han informado los motivos del despliegue militar en el lugar.

El operativo ocurre en el contexto de tensiones por el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el pasado domingo, cuando elemento de la Defensa llevaron a cabo un operativo para detenerlo en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo, las autoridades fueron atacadas, por lo que al responder la agresión, hirieron de gravedad al narcotraficante. Al ser trasladado a la Ciudad de México para su atención médica, El Mencho perdió la vida, de acuerdo con informes oficiales.

El deceso causó una serie de hechos violentos, como narcobloqueos en diversas partes del país y ataques a elementos de la Guardia Nacional (GN).

La intensificación del conflicto en la provincia de Kivu Norte ha provocado una ola de desplazamientos hacia Ngungu, situación que está poniendo al límite la capacidad de las comunidades anfitrionas para atender la llegada de personas que huyen de los enfrentamientos. Según reportó el portal congoleño Actualité, las autoridades locales califican el cuadro como insostenible debido al elevado número de desplazados que buscan refugio ante la violencia.

El Movimiento 23 de Marzo (M23) ha declarado en un comunicado su “compromiso estricto” con el alto el fuego pactado en Qatar y señaló que el Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) mantiene operativos ofensivos en la zona este del país. De acuerdo con la información publicada por Actualité, el M23 insta a la comunidad internacional y a la ciudadanía congoleña a prestar especial atención a lo que denomina repetidas violaciones al acuerdo de cese el fuego llevadas a cabo por el gobierno de Kinshasa, argumentando que estas acciones obstaculizan los esfuerzos orientados a la desescalada y fortalecen una dinámica de conflicto.

El grupo rebelde, que lidera la Alianza Río Congo (AFC), enfatizó en el mismo comunicado su intención de respetar estrictamente las obligaciones derivadas del Acuerdo de Doha, ratificando que su conducta da muestra ante la comunidad internacional del cumplimiento de los pactos fijados. “El mundo es testigo de ello a día de hoy”, sostuvo la organización.

Actualité detalló que las múltiples hostilidades en el este del país han conllevado, según el M23, a un desplazamiento masivo de población civil hacia Ngungu, agravando la precariedad humanitaria en la provincia de Kivu Norte. Fuentes oficiales locales citadas por este medio consideran que la situación representa un desafío importante para el entorno social y logístico de las comunidades receptoras.

El pasado miércoles, el M23 acusó al Ejército de haber iniciado una “ofensiva a gran escala” pese a la vigencia formal del alto el fuego, y denunció que existieron ataques sobre áreas con alta densidad poblacional. El líder de la organización, Bertrand Bisimwa, expresó que observa con profunda preocupación la carencia de iniciativas concretas y visibles que apunten a la cesación inmediata de la ofensiva ejecutada por el gobierno, consigna Actualité.

La más reciente propuesta de alto el fuego, considerada por las autoridades de RDC como paso esencial para alcanzar una interrupción prolongada de la hostilidad, fue respaldada por el presidente de Angola, Joao Lourenço, y aceptada por el gobierno congolés el 13 de febrero. El medio Actualité informó que el M23 reaccionó a este anuncio con reservas, manifestando escepticismo y recordando lo que consideran reiteradas infracciones por parte del Ejecutivo a los acuerdos previos.

A lo largo del conflicto, la postura del M23 se ha centrado en la denuncia constante de supuestos incumplimientos de pactos por parte de las fuerzas gubernamentales, y en reforzar ante la comunidad internacional su propio acatamiento a los compromisos acordados en los últimos meses. El cruce de acusaciones entre ambas partes ocurre mientras la población civil enfrenta las consecuencias directas del recrudecimiento de la violencia, según recoge Actualité en su seguimiento de la situación en la provincia de Kivu Norte.

En un momento clave para la estabilidad institucional y la seguridad en las regiones, el Ejército Nacional de Colombia ascendió a 604 nuevos suboficiales que asumirán responsabilidades operacionales en distintas zonas del país, con el objetivo de fortalecer el control territorial, neutralizar amenazas y respaldar la presencia efectiva del Estado.

La promoción está integrada por 463 hombres y 141 mujeres, quienes hacen parte del Curso N.º 113 “Sargento Primero José María Caballero”. Tras dos años de exigente formación militar y académica, estos jóvenes culminaron un proceso enfocado en liderazgo en terreno, conducción de tropas, manejo de recursos y respuesta frente a estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.

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A partir de su ascenso al grado de cabo tercero, los nuevos suboficiales serán desplegados en regiones priorizadas, donde deberán contribuir a neutralizar factores de inestabilidad, proteger a la población civil y enfrentar estructuras criminales que afectan la gobernabilidad en varios territorios.

Durante la ceremonia, el segundo comandante del Ejército, mayor general Jaime Alonso Galindo, destacó que esta nueva generación está altamente entrenada para asumir operaciones en escenarios complejos.

El alto oficial subrayó que la misión de estos jóvenes será servir con profesionalismo y firmeza, actuando siempre bajo la Constitución y la ley, y garantizando el respeto de los derechos de los ciudadanos mientras cumplen la tarea de restablecer condiciones de seguridad y estabilidad.

“Su compromiso es con Colombia y con la protección de cada comunidad”, fue el mensaje central transmitido en el acto institucional.

Ceremonia oficial de ascenso

Este viernes 27 de febrero se llevará a cabo la ceremonia formal de ascenso al grado de cabo tercero, acto que será presidido por el comandante del Ejército Nacional, quien impondrá las insignias a estos jóvenes colombianos que eligieron como proyecto de vida servir al país.

Con este paso, iniciarán oficialmente su despliegue en diferentes regiones del territorio nacional, en una coyuntura donde las Fuerzas Militares buscan reforzar el control territorial y contrarrestar el accionar de grupos armados organizados y residuales.

La institución ha señalado que este fortalecimiento del componente humano es fundamental para sostener operaciones de estabilidad, acompañar a las autoridades civiles y garantizar la tranquilidad en zonas rurales y urbanas priorizadas.

Cambio de mando en la Primera Brigada del Ejército en Boyacá

En paralelo a este fortalecimiento institucional, se llevará a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Comando de la Primera Brigada del Ejército Nacional en la Plaza de Bolívar de Tunja.

La ceremonia de transmisión de mando se realizará este jueves 26 de febrero en la capital boyacense, a partir de las 4:00 de la tarde.

La Primera Brigada del Ejército Nacional, unidad orgánica de la Quinta División, será escenario del relevo en el que el coronel Eddy Raúl Cardona Restrepo entregará el mando tras una gestión marcada por operaciones contra grupos armados organizados y residuales que pretendían alterar la seguridad en Boyacá.

Resultados operacionales y sociales en Boyacá

De acuerdo con el balance entregado por la brigada, durante su dirección se lograron resultados relevantes para el departamento:

• Desarticulación, por tercera vez, de la intención de conformar el frente 45 del GAO-r.
• Incautación de más de 5 toneladas de clorhidrato de cocaína.
• Jornadas de apoyo al desarrollo que beneficiaron a más de 10.000 personas con atención médica gratuita.
• Regreso del Circo Colombia a Boyacá después de más de dos décadas.

Además del componente operacional, se impulsaron proyectos sociales y ambientales en distintas regiones del departamento, entre ellos:

• Instalación de estufas ecoeficientes en zonas rurales, beneficiando a cerca de 15.000 familias.
• Siembra de más de 100.000 plántulas de árboles nativos para la protección de los ecosistemas.

El coronel Cardona Restrepo deja el cargo con la satisfacción de haber fortalecido la seguridad y la estabilidad en el departamento.

Nuevo comandante asume el liderazgo

Durante la ceremonia asumirá como nuevo comandante de la Primera Brigada el coronel Holman Gerardo Vargas Fonseca, quien estuvo durante los últimos cinco años al mando del Batallón de Infantería N.º 33 “Batalla de Junín”, unidad adscrita a la Décima Primera Brigada con sede en Montería, Córdoba.

Su misión será continuar garantizando la seguridad y el desarrollo en Boyacá, en articulación con autoridades civiles y comunidades.

El Ejército Nacional de Colombia está ampliando la información del operativo que llevó a la incautación de material explosivo y armamentístico fabricado en un taller clandestino de explosivos en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, con la que las autoridades evitaron un eventual atentado planeado para el domingo 8 de marzo de 2026.

El posible ataque habría sido planeado por el ELN, a través de uno de sus brazos criminales, con operación en el sur de la capital, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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Datos confirmados por Caracol Radio indican que las autoridades norteamericanas habrían tenido un conocimiento del posible atentado que habría buscado entorpecer la jornada electoral del 8 de marzo de 2026. De hecho, la agencia de Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) habría alertado a las autoridades colombianas un mes antes del operativo.

La acción militar condujo a la captura de dos personas y a la incautación de materiales con los que podría haberse ensamblado más de 70 artefactos explosivos improvisados. La información fue confirmada por el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez a través de su cuenta de X.

“Durante el registro y allanamiento a un inmueble utilizado como taller clandestino para la elaboración de explosivos, fueron hallados, entre otros elementos, munición de diferentes calibres, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores, espoletas, pólvora y componentes para AEI. Los capturados harían parte de un grupo estructurado por establecer, con presuntos vínculos criminales con el grupo armado organizado ELN”, informó el Ejército Nacional de Colombia.

Así fue el operativo en la bodega clandestina

El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez detalló, a través de la red social X, que el procedimiento requirió la preparación logística del grupo armado ilegal para alterar el proceso electoral.

La acción ocurrió en las horas de la mañana del 25 de febrero de 2026, cuando fuerzas conjuntas lideradas por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de agencias internacionales como DEA, la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar, irrumpieron en un depósito artesanal oculto en la zona.

De hecho, las autoridades confirmaron el uso de drones y de infiltrados para poder dar con la bodega oculta.

Investigadores de inteligencia aseguraron que estos materiales estaban destinados a sabotear el proceso democrático de Bogotá, apuntando al Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN como responsable del arsenal y del intento de atentado. La información obtenida señaló que la organización buscaba irrumpir en la elección mediante el uso de explosivos artesanales.

Las tensiones políticas agravan la incertidumbre en la víspera electoral

El hallazgo del depósito clandestino coincide con una escalada en el discurso político. El presidente Gustavo Petro anunció públicamente su decisión de no participar en las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2025.

Al referirse a “exclusiones arbitrarias” de precandidatos, Petro denunció la existencia de “un fraude electoral consumado” y condicionó su voto al tarjetón del Congreso, absteniéndose de participar en la consulta presidencial. De hecho, durante la tercera semana de febrero, el jefe de Estado acusó a la Registraduría de estar detrás del presunto “fraude”.

El mandatario vinculó su decisión a la negativa de las autoridades electorales frente a su solicitud de auditar el software de preconteo de votos. Petro manifestó su preocupación sobre la compañía Thomas and Greg and Sons, responsable de la mayor parte de tareas de escrutinio, asegurando que esta mantiene vínculos con los hermanos Bautista, quienes –según sus declaraciones– “buscan controlar la base de datos de documentos de los ciudadanos mediante maniobras judiciales”.

El presidente afirmó: “El Consejo Electoral habría obstaculizado el derecho a elegir y ser elegido, lo que exige garantías de supervisión externa sobre el sistema de conteo”.

Las autoridades han incrementado los protocolos de vigilancia y continúan las investigaciones para identificar a integrantes adicionales y redes logísticas vinculadas al caso.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron agredidos en Chihuahua, lo que provocó la muerte de uno de los presuntos atacantes, además del aseguramiento de diversas armas.

Fue sobre la carretera libre que va de Gómez Palacio a Jiménez, a la altura de la localidad de Escalón, que durante la madrugada del 25 de febrero ocurrió un enfrentamiento entre civiles y elementos militares. El Ejército reportó los hechos a los integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

Los militares circulaban por la carretera cuando vieron a una camioneta de color azul Lincoln Aviator de la cual salieron hombres que accionaron sus armas en contra de los efectivos, lo que provocó que los uniformados repelieran la agresión.

Resultado de lo anterior murió de los implicados, un sujeto de entre 30 y 35 años de edad, mientras que en el sitio los efectivos hallaron diversos indicios:

• Tres armas largas de diferentes calibres
• Un arma corta tipo Glock
• 33 cartuchos de diversos calibres
• 16 cargadores de polímero calibre 5.56×45 desabastecidos.
• Siete cargadores abastecidos calibre 5.56×45.
• Un cargador abastecido calibre 7.62×51.
• Cinco placas balísticas.
• Cuatro chalecos tácticos.
• Un casco táctico.
• Dos porta cargadores.
• Una piernera.
• Un internet satelital marca Starlink.
• Tres poncha llantas.
• Un cuchillo táctico.

De igual manera el vehículo que cuenta con placas de circulación de Texas (Estados Unidos) fue asegurado. Si bien el resto de agresores lograron escapar, fue implementado un operativo con el objetivo de encontrarlos.

“Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a un anfiteatro de la localidad para realizar la necropsia de ley e iniciar los protocolos que permitan identificarlo”, es parte de lo informado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran el despliegue de los agentes, así como el armamento incautado.

Caen cuatro presuntos integrantes de Gente Salazar en Chihuahua

El mes pasado, entre el 24 y 25 de enero, fueron detenidos sujetos ligados con la célula delictiva conocida como Gente Salazar, se trató de cuatro individuos que fueron asegurados en el municipio de Moris y quienes llevaban armas de alto poder.

Tres de los detenidos son originarios de Sonora:

• Jesús Alberto S. V., de 25 años, originario de Empalme
• Ramiro Ezequiel M. C., de 26 años, originario de Álamos
• Francisco Orlando G. R., de 29 años de edad, originario de Navojoa,

Mientras que el cuarto, identificado como Joaquín H. C., de 35 años, es originario de Milpillas, Chihuahua.

A los cuatro hombres les fueron aseguradas cuatro armas de fuego tipo fusil, cargadores metálicos cartuchos útiles y un chaleco táctico.

Durante las horas posteriores al intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero, transmitió a familiares y allegados su sentimiento de impotencia por no lograr comunicación directa con su marido, quien permanecía incomunicado tras el asalto al Congreso. Según publicó el medio de comunicación, el Gobierno ha hecho públicas, 45 años después de los hechos, varias grabaciones de conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, donde la voz de la esposa del principal cabecilla golpista deja constancia de la ansiedad y el aislamiento experimentados por Tejero tras el fracaso de la intentona.

De acuerdo con los registros desclasificados, revisados por el medio, Díez Pereira insistió en que su esposo fue dejado solo durante el asalto, lo que, a su juicio, configuró una traición por parte de quienes supuestamente respaldarían la acción. “Me lo han dejado ‘tirao’ como una colilla, me lo han ‘dejao’ solo, me lo han ‘engañao’. (...) El tonto desgraciado, lo han ‘dejao’ solo, para no variar”, expresó en una de las conversaciones recogidas por la Guardia Civil. Estas transcripciones permiten entrever una percepción repetitiva de abandono, reforzada por las dificultades que experimentó para establecer contacto con su marido en las horas cruciales tras el intento de golpe.

El medio detalló que los audios intervenidos muestran un diálogo persistente de Díez Pereira con interlocutores no identificados, así como con personas cercanas. Entre estos intentos, destacó una llamada al general Fajardo, en la que Díez preguntó por su marido y buscaba informarse sobre la posición de otros altos mandos, particularmente si el general Jaime Milans del Bosch iba a desplazarse para apoyar a Tejero, como se especulaba en los noticieros de ese momento. Fajardo le confirmó que Milans del Bosch se encontraba, según las noticias, “de camino”, aunque no pudo ofrecerle información concreta del paradero o la situación de Tejero.

Durante estas comunicaciones, la esposa del golpista relató a sus allegados la frustración y la soledad que sentía. En una conversación con una mujer llamada Herminia señaló: “Estoy intentando hablar con mi marido toda la noche y no puedo hablar con él. No puedo, estoy intentando hablar con él y no puedo”. Los registros incluyen también el momento en que Díez Pereira finalmente logró hablar con Tejero, según consignó el medio. A su madre relató: “Ahora él ha ‘hablao’ conmigo y estaba tan normal. Le dije: ‘otra vez te han ‘dejao’ solo’. Dijo: ‘solo no, menudos guardias civiles tengo más buenos’”.

Los documentos desclasificados también detallan los obstáculos a los que se enfrentó Díez Pereira para visitar a su esposo durante los días posteriores a la intentona. Solicitó una autorización al coronel para acudir a verlo, pero recibió una negativa. En su lugar, envió un paquete con ropa y una nota escrita bajo la supervisión de las autoridades, dentro de un sobre abierto, lo que según indicó a su madre, le generó mayor angustia debido a la incomunicación.

La desazón de Díez Pereira respecto al trato social y mediático a su marido aparece registrada en varias transcripciones. En una de estas, expresó: “Le han ‘dejao’ como una colilla. Por dios, si es indigno. (...) Encima lo tachan de loco y de bandolero”. Además, manifestó su indignación ante lo que calificó como falta de apoyo institucional, al recordar que en los inicios de la jornada, distintos sectores en el Ejército habrían mostrado disposición para sumarse, pero ese respaldo se fue “enfriando” inesperadamente. Según lo narrado a su entorno, le habrían comunicado que durante la noche del 23 de febrero la situación era “muy caliente, que todo el mundo se quería unir y de pronto se fue enfriando la cosa”.

A lo largo de las conversaciones, recogidas y publicadas por el medio tras su desclasificación, Carmen Díez Pereira insistió e hizo énfasis en que su esposo Antonio Tejero fue “engañado” por altos mandos y compañeros que, en su criterio, no cumplieron con lo prometido y abandonaron la iniciativa golpista. Constan también múltiples muestras de su preocupación por el bienestar de Tejero, así como la percepción de que la acción, lejos de recibir el respaldo militar esperado, concluyó con la condena y la incomunicación del propio Tejero, quien permaneció bajo control de las autoridades tras fracasar en la operación.

Uno de los movimientos más importantes del 23F fue el intento de controlar TVE por parte de los golpistas. La desclasificación ha desvelado detalles internos de cómo se fraguó el despliegue militar. Una conversación telefónica con un militar, identificado como John, refleja afirmaciones como que el primer tiro debía ser al aire y después “tirar a matar” o que tenían los “carros y tanques” listos.

“Parece ser que Teniente Merlo (de Villoviciosa 14) está con una tanqueta en TVE”, afirma una nota informativa de la segunda sección del Estado Mayor durante desarrollo del golpe, a las 20:45. “No acepta más órdenes que las de su coronel”, continúa la nota, en referencia al teniente que estaba amenazando las instalaciones televisivas.

Unos minutos después, los diputados empezaron a abandonar el Congreso de los Diputados. Quedarían todavía horas para que saliera el rey Juan Carlos I en televisión, pasada la 1 de la madrugada, y pidiera el orden constitucional. El soldado protagonista de esta llamada afirma creer que el rey había llamado por teléfono. Juan Carlos I realizó una serie de llamadas que serían claves para paralizar el golpe.

Órdenes de “tirar a matar”

El documento bajo el nombre de “Conversaciones telefónicas de la unidad militar El Pardo” ha desvelado unas comunicaciones en el cuartel de Retamares, a través de unas llamadas telefónicas. A su vez, otro de los escritos permite conocer el desarrollo de los acontecimientos alrededor y más allá del Congreso, donde se pueden observar los pasos que dieron estos militares para controlar RTVE.

Durante la charla, el soldado, identificado como John, explica que permanecieron en Prado del Rey desde la tarde hasta la noche y que la orden de abrir fuego vino de su capitán, quien a su vez recibía instrucciones “del coronel y estos”. Relata que antes de salir les mandaron preparar el equipo como si fueran a maniobras y que, al llegar a TVE, se les prohibió cualquier contacto externo

La orden fue clara. “El primer disparo al aire, el siguiente a dar”, aseguró este profesional tras el altercado. El teniente Merlo, señalado en los mensajes de “Notas Informativas Sección 2″, habría asegurado que solo recibía órdenes de su coronel. Esta descentralización tuvo un impacto directo en el desarrollo de los acontecimientos.

Tras este primer despliegue militar, las fuerzas serían relevadas por orden de los golpistas. A las 20:50, “Fuerzas de la 111ª Comandancia controlan TVE y relevan a las Fuerzas del Ejército”, según consta en los registros oficiales de aquella noche. A las 21:20, en el kilómetro 15 de la Carretera N-I, se observaban “22 camiones del Ejército, unos con personal y otros con ametralladoras pesadas”. Finalmente, a las 21:30 se confirma: “TVE está controlada por Fuerzas 111 Comandancia”.

Este momento pudo ser decisivo para un éxito del golpe que no llegó a materializarse. El mensaje emitido por el rey hizo que se fueran retirando los militares para cumplir con la orden. Esto se dio a la 01:15 de la madrugada. Hasta este instante, el monarca mantuvo conversaciones determinantes.

El Ejército español vivió un punto de inflexión aquel 23 de febrero de 1981. Los militares tuvieron la opción de unirse a un levantamiento que buscaba un nuevo régimen donde podrían haber tenido más peso. Tenían que tomar la decisión entre ser leales a su función y respetar la Constitución o apostar por una acción ilegal para cambiar el régimen de un país que hacía menos de seis años había salido de una dictadura. Pero el golpe militar no logró el efecto deseado y los implicados acabaron encerrados.

El teniente coronel Antonio Tejero lideró a un grupo de guardias civiles para entrar en el Congreso, mientras que el capitán general de la III región militar, Jaime Milans del Bosch, le siguió en Valencia. Además, el general Alfonso Armada era el elegido para liderar un supuesto nuevo Gobierno. Sin embargo, no hubo más seguidores entre los cuarteles españoles. Las palabras del rey Juan Carlos I pidiendo “respetar el orden constitucional” terminaron con cualquier duda.

Otros militares tuvieron un papel determinante pero desde el lado ‘leal’. Algunos son caras reconocibles que estuvieron en el hemiciclo durante las horas en las que Tejero mandó al suelo a los diputados y disparó al techo. El propio Juan Carlos I, como Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, es un personaje central en esta trama. Y su verdadera implicación es lo que muchas personas desean conocer con la desclasificación de documentos de este miércoles.

Los conocidos golpistas

Antonio Tejero es la cara del 23F. Fue el líder del golpe, por lo menos sobre el terreno. Entró en el Congreso de los Diputados y preparó el traslado de 288 agentes de la Guardia Civil con seis autobuses. Acabó siendo condenado a 30 años de prisión y salió en libertad condicional en 1996. Desde entonces, se ha mantenido alejado de los focos y las explicaciones.

Milans del Bosch, militar con trayectoria en la Dictadura, apoyó la sublevación desde Valencia, iniciando un levantamiento militar en las calles, con militares y vehículos blindados, pasando a la historia como el seguidor aislado del golpe. Fue condenado a 30 años, expulsado del Ejército y liberado en 1991 por edad. La tercera figura militar ampliamente conocida es la de Alfonso Armada, como líder del régimen que querían imponer. Era una persona de confianza de Juan Carlos I y sus conversaciones durante el golpe son otro de los grandes atractivos de la desclasificación.

Los militares leales

Manuel Gutiérrez Mellado, capitán general ad honorem del Ejército de Tierra, era en 1981 el vicepresidente del Gobierno y ministro de Defensa, de manera que estaba en el Congreso. Es una de las personas más recordadas del instante del golpe, porque se encaró con Tejero a pesar de estar este armado, reprochándole lo que estaba haciendo.

Guillermo Quintana Lacaci, capitán general de Madrid durante el intento de golpe, impidió la salida de tropas en la capital por su lealtad al rey. Evitar que el golpe se extendiera en las calles de la capital fue fundamental, pues habría supuesto un duro obstáculo para las autoridades y podría haber tenido un efecto desencadenante. El general José Juste también fue leal, a pesar de la presión de algunos subordinados. Estaba al frente de Brunete, división considerada clave en el levantamiento.

Dentro de la Guardia Civil también hubo personajes leales muy relevantes. El teniente general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil durante el 23F, intentó que Tejero depusiera las armas en el Congreso, pero fue amenazado. Tras desistir, coordinó el cerco policial al edificio y la respuesta de seguridad.

En España, el interés de los jóvenes por ingresar al Ejército ha caído notablemente en los últimos años. El contexto internacional exige un refuerzo militar de los países, lo que está llevando a una vuelta al servicio militar en Europa y que muchos gobiernos incentiven el ingreso en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el caso de los españoles este reto se afronta especialmente complejo.

El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, compareció este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para exponer las condiciones laborales y la situación de los trabajadores de las Fuerzas Armadas españolas. Casado advirtió sobre la insuficiencia de personal y la dificultad para cubrir plazas en distintas escalas.

“Las unidades están con importantes carencias de personal”, afirmó, y explicó que “la situación del reclutamiento es preocupante porque cada vez se presentan menos candidatos por plaza convocada”. Según datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), el número de militares disminuyó en 823 efectivos el último año y la ratio de solicitantes por plaza bajó de 27,9 en 2013 a solo 4,2 en 2024.

“No pueden vivir con dignidad”

Según explicó el presidente del Observatorio el 1 de enero de 2025, el personal militar en servicio activo ascendía a 116.739 efectivos, de los cuales 76.083 pertenecen a tropa y marinería. Solo el 17,64 % de estos son militares de carrera, mientras que el resto desempeña funciones temporales. Mariano Casado aseguró que “han quedado plazas sin cubrir en todas las escalas, no solo en la escala de tropa y marinería, sino también en suboficiales y oficiales”.

Casado subrayó la importancia de abordar las condiciones laborales para garantizar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. “Las retribuciones de los militares españoles están descompensadas y desfasadas respecto a la cualificación profesional que se les exige, a la disponibilidad permanente que se les demanda y a la movilidad geográfica”, explicó.

Aunque reconoció mejoras recientes, como incentivos y subidas salariales, insistió en su insuficiencia. “El salario de un soldado en su primer año de compromiso no puede ser el parámetro exclusivo de referencia”, sostuvo. “Hay soldados de nuestras Fuerzas Armadas que no pueden vivir con dignidad con sus retribuciones actuales. Esto no es una afirmación política, es lo que sencillamente nos dicen cuando visitamos las unidades”, sentenció el presidente.

Problema de militares en España

El Ejército español afronta en los últimos años una reducción constante de efectivos, en contraste con la necesidad de aumentar su plantilla para cumplir compromisos internacionales. La última convocatoria de tropa y marinería ofrece 4.500 plazas, pero la falta de interés juvenil complica cubrirlas. “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”, afirmó Iñaki Unibaso, secretario general de AUME, cuando atendió a Infobae a finales de 2025.

El líder sindicalista ya hablaba de la necesidad de mejoras laborales para que los jóvenes “no se fueran”. Otro de los argumentos que empleaba era alargar la presencia de soldados que son expulsados a los 44 años. El Observatorio de la Vida Militar alerta ahora sobre la caída de la ratio de solicitantes por plaza, calificando esta tendencia como “muy preocupante”.

El nuevo titular del Ministerio de Defensa es general de división en retiro, perteneciente a la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”. Su carrera militar ha estado marcada por cargos de alta responsabilidad, incluyendo el comando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos, así como funciones en la estratégica zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), área históricamente vinculada a operaciones contra el narcotráfico y grupos armados.

Experiencia en gestión militar

Arroyo Sánchez también ha desarrollado una destacada trayectoria académica y doctrinaria. Se desempeñó como director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), institución dedicada a la formación y perfeccionamiento de oficiales superiores. En este rol, lideró programas de capacitación, planificación estratégica y desarrollo de capacidades de mando, consolidando su perfil como especialista en conducción militar de alto nivel.

Su experiencia incluye la gestión de funciones vinculadas al Fuero Militar-Policial, lo que le permitió adquirir competencias en asuntos jurídicos y administrativos propios del Ejército, así como en coordinación interinstitucional. Este recorrido fortalece su capacidad para asumir responsabilidades ministeriales en defensa, seguridad y coordinación con otras entidades del Estado.

Liderazgo en gestión de riesgos y emergencias

Antes de asumir la cartera de Defensa, Arroyo Sánchez se desempeñó como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) desde noviembre de 2025. En esta función, coordinó acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en todo el país, trabajando directamente con el Ejecutivo y otras instituciones para mitigar el impacto de desastres naturales.

Su labor en Indeci se desarrolló en un contexto crítico, con emergencias provocadas por lluvias intensas en regiones como Arequipa, Ica, Piura y Tumbes, y en el marco del anuncio del inicio del fenómeno El Niño Costero, que exige atención preventiva y planificada frente a posibles desastres. La experiencia adquirida en esta etapa refuerza su perfil técnico y estratégico para liderar el Mindef.

Perfil integral y responsabilidades

El general Arroyo combina experiencia militar, académica y gestión de emergencias. Su formación y trayectoria le permiten abordar tanto la planificación estratégica de la defensa nacional como la coordinación en situaciones de crisis, emergencias y gestión de riesgos. Este perfil se alinea con los requerimientos técnicos del Ministerio de Defensa, entidad responsable de formular y ejecutar políticas de seguridad y protección nacional.

Además, su conocimiento del VRAEM y otras zonas de operación compleja le otorga perspectiva sobre los desafíos de seguridad interna del país. Arroyo Sánchez deberá articular políticas de defensa, supervisar la preparación de las Fuerzas Armadas y garantizar la coordinación efectiva con entidades civiles y regionales para enfrentar emergencias y amenazas a la seguridad nacional.

Proyección y retos al frente del Mindef

Con la designación de Luis Arroyo, el gobierno de José María Balcázar busca consolidar un perfil técnico y operativo al frente del Ministerio de Defensa, priorizando la gestión estratégica, la seguridad nacional y la respuesta ante desastres naturales. Su experiencia en el Ejército, la gestión académica y el manejo de emergencias en Indeci lo posicionan como un actor clave para implementar políticas de defensa efectivas y fortalecer la coordinación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo.

El nuevo ministro deberá enfrentar desafíos inmediatos como la preparación frente a fenómenos climáticos, el fortalecimiento de la seguridad en regiones de riesgo y la modernización de capacidades militares, mientras articula su gestión con las prioridades del gabinete liderado por Denisse Miralles. Su desempeño será observado de cerca en un contexto donde la seguridad y la defensa se mantienen entre los principales temas de agenda del país.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, comunicó que 23 personas privadas de la libertad escaparon del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Itxapa, en Puerto Vallarta, después de un motín que culminó con la muerte de un trabajador del penal. Hernández explicó, según recopiló el diario 'Crónica de Xalapa', que el motín se produjo durante el domingo antecedido por la llegada de grupos armados que realizaron disparos en las instalaciones, facilitando la evasión de los internos tras el pase de lista y desatando una situación crítica en la región.

La situación se da en el contexto de una operación militar que terminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, reconocido como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y conocido como 'El Mencho'. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía del estado y citada por medios como 'Crónica de Xalapa', los disturbios posteriores a la muerte de Oseguera generaron fuertes reacciones en varias zonas de Jalisco, donde se reportaron incendios, saqueos y otras manifestaciones violentas. Tras estos hechos, el lunes las autoridades estatales informaron la detención de 41 personas directamente relacionadas con los disturbios.

De las personas detenidas, 20 enfrentan cargos relacionados con hechos violentos, mientras que las 21 restantes están acusadas de participar en saqueos y rapiñas en diferentes municipios, según detalla el comunicado de la Fiscalía de Jalisco recogido por diferentes medios. Estas detenciones se suman a los operativos que buscan estabilizar el orden público y limitar nuevas acciones de violencia tras el deceso del líder criminal.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo pública la incorporación de 2.500 efectivos adicionales del Ejército en diversos puntos estratégicos del estado para reforzar las labores de seguridad. Tal como publicó el medio 'Crónica de Xalapa', esta decisión se produce para apoyar tareas de patrullaje y contener la situación derivada tanto de los disturbios callejeros como del motín en el penal de Puerto Vallarta. Según Lemus, este despliegue de fuerzas responde a un esfuerzo coordinado para garantizar la seguridad de la población y la protección de bienes públicos y privados.

Lemus también informó sobre el restablecimiento progresivo de la normalidad, precisando que a partir del miércoles 25 de febrero se reanudarán las actividades escolares en todos los niveles educativos en el estado. Al mismo tiempo, indicó que las actividades económicas y comerciales se retomarían en su totalidad desde el martes, dependiendo del restablecimiento completo del servicio de transporte público, el cual operaría con normalidad a partir de esa misma fecha. El gobernador puntualizó, según consignó 'Crónica de Xalapa', que las autoridades continúan trabajando para liberar las carreteras estatales y retirar los vehículos dañados como parte de las acciones inmediatas para restablecer la circulación y la seguridad.

En lo que corresponde a Puerto Vallarta, Lemus aseguró la presencia de personal suficiente destinado a facilitar la reanudación del transporte público, el abastecimiento de alimentos y la provisión de otros servicios esenciales. Remarcó que los esfuerzos continúan enfocados en recuperar la normalidad en esta región, luego de que los actos violentos llevaran a la suspensión temporal de vuelos comerciales por parte de algunas aerolíneas hacia el destino turístico.

El gobernador subrayó que hasta el momento no se han recibido nuevos reportes de incidentes graves tras el despliegue de seguridad y reafirmó el compromiso de las autoridades en continuar liberando vías de comunicación y zonas afectadas. Lemus invitó a los diferentes sectores de la sociedad jalisciense a sumarse en las acciones para "recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado". Además, adelantó que si la situación continuaba bajo control, se propondría en la mesa estatal de seguridad levantar el "código rojo" instaurado el domingo para coordinar la atención interinstitucional durante la jornada considerada compleja por la sucesión de episodios violentos y de emergencia.

La fiscalía detalló que continúa con la investigación sobre los hechos y el procesamiento de los detenidos, mientras las fuerzas estatales y federales mantienen tareas de patrullaje y resguardo en distintas áreas, según reportó 'Crónica de Xalapa'. El estado trabaja de manera coordinada con instancias federales y municipales para restablecer el orden y prevenir nuevos brotes de violencia, tras los graves acontecimientos que se sucedieron luego del fallecimiento de Oseguera Cervantes.

Diferentes voces oficiales señalaron la importancia de garantizar el abastecimiento de productos básicos y el funcionamiento de servicios en zonas afectadas, así como la prioridad en la localización de las personas evadidas del penal de Puerto Vallarta, de acuerdo con la información difundida por medios nacionales y estatales. En el transcurso de la semana, las autoridades de Jalisco se mantienen pendientes para evaluar la evolución de los acontecimientos y el retorno completo a las actividades cotidianas en la entidad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la posibilidad de levantar el código rojo en las próximas horas si la situación actual de estabilidad persiste, según informó la Fiscalía local mediante un comunicado. Esta medida excepcional se implementó el domingo tras los disturbios generados luego de la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder principal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según consignó la Fiscalía, las autoridades estatales registraron 41 personas detenidas por su participación en los incidentes violentos y actos de saqueo ocurridos en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía de Jalisco y recogido por varios medios, de los arrestados, veinte enfrentan cargos por involucramiento directo en hechos considerados violentos, mientras que a los otros veintiuno se les acusa por robos en comercios y actos de rapiña. El despliegue de las fuerzas federales responde al esfuerzo por recuperar el control de la seguridad y restaurar el orden en los municipios afectados.

Según detalló el medio que difundió el comunicado, el gobernador Lemus informó que otros 2.500 miembros del Ejército se sumaron este lunes al operativo en distintos puntos estratégicos del estado. El objetivo principal de este refuerzo es “apoyar en tareas de seguridad” tras la jornada de violencia del domingo. Las autoridades han centrado parte de sus esfuerzos en devolver el funcionamiento normal a servicios clave, como la educación y el transporte público.

Tal como publicó la Fiscalía, Lemus comunicó en sus redes sociales oficiales la reanudación de actividades académicas en todos los niveles para el miércoles 25 de febrero, y la restauración plena de la actividad económica y comercial desde este martes. El gobernador puntualizó que para la normalización de actividades resulta imprescindible asegurar el restablecimiento del transporte público, el cual se prevé operará en condiciones ordinarias en breve.

El mismo comunicado asegura que hasta el momento no se han registrado “incidencias nuevas”, señalando la liberación progresiva de las carreteras de la región tras la remoción de los vehículos que resultaron dañados durante los disturbios. Lemus mencionó que las diferentes administraciones continúan colaborando para garantizar el tránsito seguro y la recuperación del flujo vehicular.

En el caso específico de Puerto Vallarta, uno de los focos de preocupación por su relevancia turística y económica, el titular del ejecutivo estatal explicó que ya se ha dispuesto el personal suficiente para posibilitar tanto la restitución del transporte público como el suministro adecuado de alimentos y servicios básicos para la población. Lemus declaró: “Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad”, haciendo referencia al impacto que generaron los disturbios, que incluyeron la suspensión temporal de vuelos comerciales hacia esta zona.

A raíz de la crisis, el gobernador expresó que de mantenerse las condiciones actuales, el levantamiento del código rojo será evaluado en la siguiente reunión de la mesa estatal de seguridad. Esta medida implica la coordinación de todos los organismos de seguridad y emergencia de Jalisco ante situaciones catalogadas como complejas, como lo fue la jornada del domingo posterior a la muerte de Oseguera Cervantes, conforme relató el medio.

Durante los operativos de control y estabilización, las fuerzas desplegadas se enfocaron en garantizar tanto la seguridad en las calles como la protección de la infraestructura estratégica, incluyendo la vigilancia de centros comerciales y la verificación de rutas de abasto y comunicación. Autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y a colaborar con las indicaciones de las instancias encargadas de la seguridad pública.

La Fiscalía de Jalisco, mediante su comunicado, destacó que el trabajo actual permite la reapertura de negocios, la recuperación de la cotidianidad en escuelas y la circulación regular del transporte público. Funcionarios del gobierno estatal insisten en que la capacidad de respuesta de las fuerzas federales y locales ha sido clave para contener los disturbios y restablecer los servicios.

Ante la magnitud de los incidentes, las instituciones de seguridad informaron la continuidad de las investigaciones para identificar y procesar a los implicados, con el objetivo de evitar nuevos episodios de violencia. La coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales busca, según el gobierno de Jalisco, garantizar el orden, responder a las necesidades de la ciudadanía y recuperar la actividad productiva y social, elementos fundamentales tras los sucesos desencadenados por la muerte del líder del CJNG.

El llamado del gobernador Lemus a la sociedad jalisciense apela a la unidad y al compromiso de todos los sectores para restituir la tranquilidad en el estado y retomar el funcionamiento de las instituciones y la economía regional. Aseguró que “es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado”, expresando su confianza en la cooperación ciudadana y en la operatividad de las fuerzas de seguridad para consolidar la recuperación tras los acontecimientos recientes.

La muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional durante el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, provocó una reacción del gobierno de Estados Unidos.

El eje del pronunciamiento lo marcó el embajador estadounidense en México, Ronald Douglas Johnson, quien expresó sus condolencias por los elementos caídos y destacó la cooperación entre ambas naciones en materia de seguridad.

Mensaje del embajador de EE.UU. tras operativo contra el CJNG

A través de redes sociales, el diplomático —embajador en México desde mayo de 2025— lamentó “profundamente la pérdida de los patriotas mexicanos que hicieron el máximo sacrificio durante la reciente operación contra el CJNG y El Mencho”.

En su mensaje, subrayó que la valentía y el compromiso de los uniformados “nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera” y envió condolencias a las familias.

Además, señaló que quienes han portado uniforme comprenden el dolor de perder a un compañero en el cumplimiento del deber, pero afirmó que su sacrificio contribuye a la paz y seguridad de ambas naciones.

El posicionamiento se dio tras confirmarse que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, lo que desató una ola de violencia en distintos estados.

Saldo del operativo: 25 militares muertos y decenas de ataques

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los enfrentamientos registrados el domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional fallecidos.

El funcionario calificó los hechos como “cobardes ataques” por parte del crimen organizado en reacción al operativo federal. Además, se reportó la muerte de:

• 30 presuntos integrantes del CJNG abatidos
• Un custodio
• Una mujer civil
• Un integrante de la Fiscalía estatal en Jalisco

También se registraron 15 elementos heridos en Michoacán tras ataques armados.

En total, las autoridades contabilizaron 85 bloqueos carreteros en al menos 11 entidades, así como incendios de vehículos y agresiones contra instalaciones estratégicas. Cerca de 70 personas fueron detenidas por su presunta participación en narcobloqueos y agresiones.

Violencia en Jalisco y Michoacán tras la muerte de “El Mencho”

Las agresiones se concentraron principalmente en Jalisco, donde ocurrieron seis bloqueos relevantes y múltiples enfrentamientos. En Michoacán se documentaron al menos 15 ataques armados contra corporaciones estatales y locales.}

Las fuerzas federales desplegaron operativos para liberar vialidades, contener los hechos violentos y restablecer la movilidad. Según el reporte oficial, al cierre del día las principales carreteras habían sido despejadas.

El operativo ha sido considerado uno de los más letales para fuerzas federales en un solo día de enfrentamientos recientes en México.

Inteligencia de Estados Unidos fue clave en el abatimiento

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que la operación contó con información de inteligencia proporcionada por autoridades estadounidenses, en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

No obstante, tanto la dependencia mexicana como la embajada estadounidense precisaron que la planeación y ejecución del operativo estuvieron a cargo de fuerzas especiales mexicanas.

En Estados Unidos, El Mencho era considerado uno de los criminales más buscados.

Autoridades de ese país lo señalaban como responsable de encabezar un “reinado de terror” vinculado al tráfico de fentanilo y otras drogas, y ofrecían hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Cooperación México–EE.UU. en seguridad y combate al narcotráfico

El mensaje del embajador Johnson se enmarca en una etapa de estrecha coordinación bilateral en materia de seguridad.

En su pronunciamiento, el diplomático destacó que el sacrificio de los elementos mexicanos contribuye a que las familias de ambos países vivan con mayor tranquilidad.

La caída de El Mencho representa un golpe significativo contra la estructura del CJNG, organización que bajo su mando expandió su presencia territorial y fortaleció rutas internacionales de tráfico de drogas.

Mientras continúan los despliegues de seguridad en Jalisco y estados aledaños, el gobierno federal mantiene operativos para evitar nuevos brotes de violencia, en una de las jornadas más complejas registradas en los últimos años en la lucha contra el crimen organizado.

La experiencia previa del general Daniel Caine al frente de la Operación Martillo de Medianoche, en la que los bombarderos B-2 destruyeron instalaciones nucleares iraníes en junio, ha sido destacada recientemente. Según informó Europa Press, el presidente estadounidense Donald Trump ha negado de manera categórica las informaciones divulgadas en medios de comunicación que atribuyen a Caine reticencias respecto a una posible ofensiva militar contra Irán. Trump ha afirmado que las versiones que indican que Caine se opone a la intervención son "100 por cien incorrectas", subrayando además que tanto Caine como el resto de la dirección militar acatarán cualquier decisión que se adopte.

De acuerdo con Europa Press, Trump utilizó redes sociales para desmentir lo publicado por diversos medios estadounidenses, quienes, citando fuentes familiarizadas con la situación, aseguraron que el jefe del Estado Mayor Conjunto había advertido sobre los riesgos elevados de atacar Irán, incluido el peligro de que Estados Unidos pudiera verse inmerso en un conflicto prolongado con posibles bajas. Trump indicó que ni el general ni el liderazgo militar han manifestado objeciones ante eventuales operaciones sobre Irán. Subrayó, además, que los reportes acerca de conversaciones internas sobre ataques militares “limitados” no se corresponden con la realidad.

Tal como publicó Europa Press, Trump expuso que aunque Daniel Caine y sus subordinados no desean un escenario bélico, consideran que el ejército estadounidense lograría imponerse rápidamente si se toma la decisión de recurrir a la vía militar. El mandatario detalló textualmente que “el general Caine, como todos nosotros, no querría ver una guerra, pero si se toma la decisión de ir contra Irán a nivel militar, su opinión es que se ganará fácilmente”.

A raíz de la repercusión mediática, Donald Trump reiteró ante el público estadounidense que la instancia final de decisión recae exclusivamente en su figura como presidente. “Es el presidente quien toma la decisión”, expresó, según Europa Press. Añadió que su preferencia continúa siendo la vía diplomática y la búsqueda de un acuerdo con Irán, aunque advirtió sobre las posibles consecuencias si no se arriba a una solución de ese tipo.

Al abordar la información procedente de medios locales, Europa Press detalló que estas versiones señalaban que Caine había aconsejado prudencia ante la posibilidad de una ofensiva, valorando tanto los posibles efectos en la duración y alcance del conflicto como la seguridad de las tropas estadounidenses. A pesar de estos trascendidos, Trump respondió enfáticamente que tanto el jefe militar como el resto de la cúpula seguirán las directrices establecidas por el gobierno federal.

El mandatario norteamericano también evocó la figura de Daniel Caine como militar experimentado y comprometido plenamente con el cumplimiento de las órdenes recibidas. En palabras de Trump recogidas por Europa Press, “Caine es un gran luchador y representa al ejército más poderoso del mundo. Solo sabe una cosa: cómo ganar y, si se le ordena, estará al mando”. Esta declaración fue planteada en respuesta a los rumores de desavenencias internas sobre el enfoque ante la República Islámica.

Además, Trump remarcó el sufrimiento potencial que afrontaría la población iraní si no se logra pactar una salida diplomática, señalando que “preferiría llegar a un acuerdo a no hacerlo, pero si no lo conseguimos, será un día muy malo para ese país y, muy tristemente, para su gente, porque son grandes y estupendos y no debería sucederles nada así”, según reportó Europa Press.

A lo largo de su intervención, Donald Trump destacó la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses y la disposición de la cadena de mando para ejecutar las acciones que la Casa Blanca disponga frente a Irán. La referencia a la Operación Martillo de Medianoche sirvió como ejemplo de la eficacia militar reciente en la región, ilustrando la magnitud de una posible nueva intervención y el alcance de las decisiones que se debaten en la cúpula del poder estadounidense, como reportó Europa Press.

Las labores de búsqueda y rescate en el distrito de Dhading, Nepal, continúan después de que un autobús se precipitara a las aguas del río Trishuli, dejando una cifra considerable de víctimas y heridos, según reportó el diario The Kathmandu Post. Decenas de personas permanecen hospitalizadas por heridas de diversa gravedad mientras equipos de emergencia mantienen los operativos en la zona del accidente. La movilización de fuerzas del Ejército y de la Policía busca dar respuesta a la magnitud del siniestro y localizar posibles desaparecidos, de acuerdo con los medios locales.

The Kathmandu Post informó que el incidente ocurrió en la mañana de este lunes en las inmediaciones de Chinadhara, región situada en el centro de Nepal, cuando el autobús salió de la vía y cayó al río Trishuli. El jefe de la Policía de Tráfico de Dhading, Shishir Thapa, indicó al citado medio que hasta el momento han confirmado al menos 18 fallecidos tras el accidente; las autoridades detallaron que la cifra aún podría modificarse mientras avanzan los trabajos de rescate y recopilación de información.

Los servicios médicos ingresaron a 25 personas en hospitales tras el suceso, señaló The Kathmandu Post. Los heridos presentan diferentes niveles de gravedad y reciben atención en centros de la localidad y áreas próximas, mientras familiares de las víctimas y residentes de Dhading aguardan novedades sobre sus allegados. Algunas personas lograron ser extraídas directamente del autobús por socorristas y voluntarios, detalló el medio.

Tanto efectivos policiales como personal militar han sido desplegados en la zona del suceso por las autoridades de Nepal. De acuerdo con lo publicado por The Kathmandu Post, las operaciones se concentran en la recuperación de cuerpos y la localización de eventuales desaparecidos, en tanto que equipos de emergencias gesticulan sobre el terreno con apoyo de habitantes de la región. La fuerza del caudal y las condiciones geográficas complican las labores de rescate, según precisaron portavoces citados en la cobertura.

La causa exacta por la que el vehículo perdió el control y salió de la carretera aún no ha sido esclarecida, dado que la investigación se encuentra en fase inicial. Las autoridades locales no han ofrecido información adicional sobre las circunstancias previas al vuelco o sobre el número total de pasajeros que se encontraban a bordo del autobús. Los antecedentes de siniestralidad vial en la región central nepalí y las condiciones de las infraestructuras viarias son factores que serán examinados por los equipos de investigación, según explicó The Kathmandu Post.

El río Trishuli, próximo a la zona del accidente, es conocido en Nepal por su curso accidentado y su relevancia como vía fluvial. El episodio ha generado preocupación entre residentes y organismos de seguridad vial de Dhading, quienes insisten en la importancia del monitoreo temprano de incidentes en áreas de acceso difícil.

Las autoridades han dispuesto la atención psicológica y el acompañamiento a los familiares de las víctimas mientras prosiguen los trabajos en el entorno del río Trishuli. El seguimiento del operativo de emergencia se relata tanto por medios nacionales como por la prensa internacional, que mantiene especial interés en la evolución del balance de afectados y en los avances de la investigación policial, según consignó The Kathmandu Post.

Los grupos de rescate voluntario, junto con integrantes del Ejército y la Policía, mantienen presencia constante cerca de Chinadhara. Los operativos también contemplan la remoción de los restos del autobús accidentado y la verificación minuciosa del caudal fluvial para descartar la presencia de otras víctimas, reportó el medio nepalí.

Las instituciones sanitarias regionales confirmaron la recepción de pacientes con heridas severas y han solicitado donaciones de sangre para cubrir las necesidades hospitalarias derivadas del accidente, conforme a la información recabada por The Kathmandu Post. Las acciones inmediatas se concentran en la estabilización de los heridos, mientras comités locales coordinan la asistencia a las familias afectadas en la zona de Dhading.

El Ministerio de Exteriores de México comunicó su respaldo a las fuerzas de seguridad y extendió su solidaridad hacia quienes participaron en la acción militar que culminó con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó Europa Press. La dependencia, bajo la dirección de Juan Ramón de la Fuente, declaró que en el país “prevalece el Estado de derecho y, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja cada día para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro país”. Este pronunciamiento se emitió tras una serie de disturbios originados por el operativo llevado a cabo en la región de Tapalpa, Jalisco, el pasado domingo.

De acuerdo con Europa Press, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a mantener la calma y aseguró que la mayoría del territorio nacional experimentaba jornadas con normalidad, pese a los bloqueos y actos violentos registrados en al menos 14 estados. Sheinbaum señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó la operación que involucró a fuerzas federales y que derivó en reacciones coordinadas por parte de gobiernos estatales. La mandataria manifestó en sus redes sociales: “La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

El operativo, confirmado por el Ministerio de Defensa de México y citado por Europa Press, se desplegó en el municipio de Tapalpa, a unos 150 kilómetros al sur de Guadalajara. Las fuerzas especiales del Ejército participaron junto con varias aeronaves, enfocando sus esfuerzos en la detención de Oseguera. Durante el enfrentamiento, los militares fueron atacados, lo que desencadenó un enfrentamiento armado en el que murieron cuatro integrantes del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad; estos fallecieron durante el traslado en avión a la Ciudad de México. Entre las personas que perdieron la vida se encontraba Oseguera Cervantes, según el comunicado emitido por Defensa.

Como resultado de esta operación, elementos del Ejército detuvieron a dos miembros adicionales del cártel y decomisaron armamento y vehículos blindados, precisó Europa Press. Tres soldados sufrieron lesiones durante el operativo y fueron trasladados a la capital para recibir atención médica de urgencia. El Ministerio de Defensa mexicano resaltó que la operación contó con información aportada por autoridades estadounidenses, lo que permitió la coordinación y ejecución exitosa del operativo.

La acción militar se extendió hacia toda la costa de Jalisco, incluyendo municipios como Puerto Vallarta y Guadalajara, así como localidades cercanas, informó Europa Press. En estas zonas, servicios esenciales como el transporte público se suspendieron desde las 9:00 de la mañana, y las autoridades emitieron alertas para que la población evitara movilizarse fuera de sus domicilios ante el riesgo de nuevos episodios violentos o bloqueos viales organizados por células criminales.

La presidenta Sheinbaum destacó el papel del Gabinete de Seguridad, que ofrecía información constante a través de sus redes sociales sobre la situación y las medidas adoptadas. También expresó su “reconocimiento” al Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas por la realización de este operativo. La mandataria agregó que las instituciones trabajan “todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”.

El operativo reflejó el rango de acción del CJNG, cuyas respuestas a la muerte de su líder incluyeron el cierre de vías principales, ataques y disturbios en una docena y media de entidades federativas, conforme consignó Europa Press. Las autoridades federales y locales han subrayado la coordinación permanente y el monitoreo de la situación para evitar mayores afectaciones a la población civil.

La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, afirmó que el despliegue logró sus objetivos con el auxilio de inteligencia provista en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Las fuerzas armadas aseguraron armamento y vehículos utilizados por el grupo criminal, e informaron la detención de otros presuntos responsables de los actos violentos posteriores a la operación original.

Europa Press detalló que, en el curso del domingo, las comunicaciones oficiales insistieron en que la vida cotidiana prevalecía en la mayoría de municipios, aunque la administración federal aconsejó a los ciudadanos permanecer alerta y seguir únicamente canales oficiales de información. Finalmente, el gabinete de seguridad ratificó la importancia de la coordinación interestatal para restablecer la tranquilidad en las regiones afectadas e impulsar labores orientadas a la prevención de nuevos incidentes relacionados con la reacción de la organización criminal tras la muerte de Oseguera Cervantes.

Durante una reciente entrevista concedida a la agencia japonesa Kyodo, Volodimir Zelenski señaló que, pese a que Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania, el gobierno ucraniano mantiene su disposición para entablar negociaciones de paz dirigidas a poner fin al conflicto. El mandatario remarcó que cualquier intento de diálogo debe excluir propuestas que vulneren la independencia y la soberanía nacional, desestimando así aceptar presiones de Moscú que impliquen la entrega de territorios ucranianos o la imposición de condiciones unilaterales.

Según informó Kyodo, el presidente Zelenski afirmó que Ucrania mantiene su apertura ante “verdaderos compromisos”, aunque dejó claro que estos no pueden suponer sacrificios en la integridad territorial ni en aspectos claves como la protección de las Fuerzas Armadas, la ciudadanía o las futuras generaciones ucranianas. “Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez”, declaró el mandatario, recalcando que la voluntad de Kiev consiste en buscar una solución negociada que respete los principios fundamentales del país.

El medio Kyodo reportó que, durante el intercambio, Zelenski enfatizó que Rusia actúa como fuerza agresora en el conflicto y rechazó que la permanencia de tropas rusas en territorios ocupados se interprete como base legítima para exigir concesiones. “Ellos son el agresor. Todo el mundo lo ha reconocido. Eso no ha cambiado (...) todos reconocen que Rusia es el agresor”, sostuvo el presidente ucraniano en la mencionada entrevista. Esta postura, según Zelenski, es compartida por la comunidad internacional, que identifica claramente a Rusia como parte iniciadora de las hostilidades.

Zelenski también abordó la naturaleza de las demandas provenientes del gobierno ruso, describiéndolas como imposiciones incompatibles con el concepto de negociación real. “Eso es terrorismo. ‘Estoy dispuesto a no matarte, entréganos todo’. Eso no es un compromiso. Es un ultimátum”, denunció el líder ucraniano, quien además insistió en que las condiciones planteadas por Moscú no constituyen bases aceptables para un acuerdo. La posición ucraniana, según detalló Kyodo, apunta únicamente a fórmulas que aseguren la preservación de la soberanía y los valores del país.

En el transcurso de la semana tuvo lugar en Ginebra una nueva ronda de conversaciones en formato tripartito, con participación de delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y una representación internacional. No obstante, según consignó Kyodo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles concretos ni avances significativos respecto al contenido de las discusiones mantenidas durante este reciente encuentro diplomático.

A lo largo de la entrevista reproducida por Kyodo, Zelenski interpeló abiertamente a la parte rusa, preguntando qué tipo de compromisos estarían dispuestos a asumir desde su posición de país que ha iniciado la invasión. El presidente subrayó que Kiev se mantiene en disposición de conversar sobre eventuales acuerdos en compañía de socios clave, como Estados Unidos, aunque descartó someterse a presiones y exigencias por parte del Kremlin, reiterando que “no estamos dispuestos a aceptar ultimátum”.

El escenario actual, según publicó Kyodo, confirma que Ucrania persiste en su reclamo internacional respecto a los términos de cualquier posible acuerdo de paz. La visión expresada por Zelenski durante la conversación con la agencia japonesa apunta a consolidar una postura firme ante la comunidad internacional, en la que las exigencias de respeto al territorio, al pueblo y a la autodeterminación nacional se consideran condiciones innegociables para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

Ecuador afirmó que las autoridades colombianas no han colaborado recientemente en la contención de los grupos armados presentes en la zona limítrofe, mientras que el Ministerio de Justicia de Colombia rechazó estas declaraciones y, desde entonces, difundió los operativos realizados en el sur del país.

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En este contexto, el Ejército Nacional reportó un golpe a las estructuras armadas con influencia en Ecuador, tras desmantelar un arsenal perteneciente al grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la zona fronteriza.

Detalles del operativo

Las autoridades informaron en un comunicado de prensa que en el depósito encontrado había cuatro fusiles, 332 cartuchos de diferentes calibres, 499 detonadores y 23 cilindros acondicionados con explosivos, junto con material de intendencia y logística, elementos listos para ser utilizados en acciones terroristas al servicio de alias Walter Mendoza.

En la operación también participó la Armada del Ecuador, que en un trabajo conjunto con la Fuerza de Tarea Hércules, el Batallón de Infantería de Marina 11 y la Policía Nacional, desmanteló el mayor depósito ilegal ubicado en lo corrido de 2026, perteneciente a la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Iván Ríos, afectando de manera contundente sus capacidades criminales y logísticas.

La operación se desarrolló en la vereda La Aduana, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, donde, tras un riguroso trabajo de inteligencia y planeamiento operacional conjunto entre ambos países, se logró ubicar y destruir de manera controlada este centro de acopio ilegal, que estaría al servicio de alias Walter Mendoza, cabecilla principal de esta estructura armada organizada residual en el sector fronterizo.

En el lugar fue hallado un importante arsenal de guerra que incluía 23 cilindros acondicionados con explosivos, además de material de intendencia y logística, elementos que al parecer estaban listos para ser empleados en acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en ambos lados de la frontera.

Este resultado operacional representa una afectación directa a las capacidades armadas, explosivas y de abastecimiento de esta organización ilegal, debilitando su estructura criminal en un corredor estratégico para las economías ilícitas y evitando posibles ataques que pudieran alterar el orden público en la región.

“El Ejército Nacional de Colombia ratifica su compromiso de continuar desarrollando operaciones ofensivas, coordinadas y binacionales, bajo el estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el propósito de neutralizar las amenazas, proteger la vida y consolidar la seguridad y estabilidad en el suroccidente del país y en la zona de frontera”, se lee en el comunicado.

Como vocero del Ejército Nacional, el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, entregó un balance del operativo y aseguró que lo más importante del trabajo entre autoridades de ambas naciones es poder proteger a la población civil que a diario se ve afectada por los grupos armados que tienen presencia en los dos países.

“En este lugar encontramos más de 300 granadas, más de 500 detonadores, pero más allá de las cifras, cada uno de estos artefactos era una amenaza contra las comunidades; un explosivo no distingue entre las fuerzas públicas y las personas que todos los días luchan por salir adelante con dignidad. Esto es evitar que el terrorismo siga atacando a nuestras familias”.

El estruendo interrumpió la rutina del mediodía en Pisco. A las 12:55 p.m. del martes 17 de febrero, una explosión sacudió las instalaciones del Cuartel “El Polvorín”, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco. La onda expansiva se percibió a varios kilómetros y encendió las alarmas en viviendas cercanas, donde vecinos salieron a las calles sin saber con precisión qué había ocurrido.

Minutos después, el silencio fue reemplazado por sirenas y movimiento militar. La información oficial confirmó que el estallido se produjo durante labores de manipulación y destrucción de material explosivo, en específico granadas destinadas a su eliminación. El hecho dejó siete militares heridos y un soldado reportado como no ubicado.

El nombre del efectivo desaparecido pronto se difundió: Erick Eduardo del Piero Ochoa Candela, de 19 años, quien ingresó al servicio militar en setiembre de 2025. La noticia movilizó a su familia hacia Pisco, donde exige respuestas claras sobre su paradero y sobre lo ocurrido dentro del recinto militar.

Un soldado desaparecido tras la explosión

El Ejército Peruano informó mediante comunicado que, tras el conteo preventivo del personal, uno de los soldados no fue ubicado. Desde entonces, equipos de búsqueda y rescate trabajan entre los escombros del Centro de Municiones del Ejército, conocido como “El Polvorín”.

La familia de Erick Ochoa cuestiona la versión inicial difundida por la institución castrense. Considera insuficiente que, frente a una explosión de esa magnitud, solo se informe una desaparición sin mayores detalles. Los parientes del joven llegaron hasta la provincia para solicitar la intervención del Ministerio Público y exigir diligencias inmediatas.

Victoria Candela, madre del soldado, expresó su indignación y angustia ante los medios locales. Entre lágrimas, recordó que su hijo recién comenzaba su servicio militar y no contaba con experiencia en manipulación de explosivos. “Que digan toda la verdad”, reclamó, al tiempo que reiteró que no se retirará del lugar hasta conocer con certeza qué ocurrió dentro del polvorín y cuál es el destino de su hijo.

El joven formaba parte del personal que realizaba labores técnicas cuando se produjo el siniestro. Según la versión preliminar, la detonación ocurrió durante maniobras de traslado de granadas destinadas a su destrucción, lo que generó una onda expansiva que además provocó un incendio y daños en las instalaciones internas.

Siete heridos y traslado a Lima

El estallido dejó siete soldados heridos, entre ellos un suboficial y seis miembros de tropa. Tras la explosión, el personal médico militar activó los protocolos de emergencia y trasladó a los afectados al Hospital San Juan de Dios de Pisco para atención inicial.

Cuatro de los heridos con lesiones de mayor gravedad fueron evacuados por vía aérea desde la base de San Andrés hacia el Hospital Militar Central, en Lima, donde reciben atención especializada. Los otros tres permanecen en el hospital de Pisco bajo observación médica.

El alto mando dispuso medidas de seguridad en la zona para evitar riesgos adicionales y descartó la posibilidad de nuevas explosiones. La zona del siniestro permanece restringida mientras continúan las labores técnicas y la búsqueda del soldado desaparecido.

Investigación fiscal en curso

El Ministerio Público informó el inicio de una investigación preliminar para esclarecer las causas de la explosión. El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco, bajo la tipificación inicial de lesiones culposas contra quienes resulten responsables.

La Fiscalía indicó que se realizarán peritajes técnicos y recopilación de testimonios para determinar las circunstancias exactas del estallido. El objetivo es establecer responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante la manipulación del material explosivo.

En paralelo, las brigadas especializadas del Ejército mantienen las tareas de búsqueda dentro del cuartel. El conteo de personal confirmó que solo un efectivo continúa sin ser ubicado.

Mientras las investigaciones avanzan y las operaciones de rescate siguen su curso, la familia de Erick Ochoa permanece en Pisco a la espera de información oficial. “No nos iremos hasta saber dónde está”, insistió su madre, en medio de la incertidumbre que rodea uno de los incidentes más graves registrados este año en instalaciones militares de la provincia.

El mandatario somalí Hasán Sheij Mohamud reiteró que las operaciones militares y de seguridad contra Al Shabaab persistirán, pese a la reciente intensificación de los ataques perpetrados por el grupo armado en diferentes zonas del país, especialmente en el norte de Mogadiscio. Tal como reportó Radio Shabelle, el presidente vinculó este anuncio a dos líneas de acción complementarias: por un lado, reafirmó la prioridad de la ofensiva estatal; por el otro, ofreció oportunidades de rehabilitación e integración social para quienes decidan abandonar la violencia durante el mes sagrado de Ramadán.

De acuerdo con la emisora somalí Radio Shabelle, Mohamud se dirigió especialmente a los jóvenes miembros de Al Shabaab, organización afiliada a Al Qaeda desde hace varios años, invitándoles a dejar el grupo y sumarse a la reconstrucción del país. "Jóvenes dentro de Al Shabaab, os digo: abandonad. Vuestro país y vuestro pueblo os necesita", expresó el jefe de Estado, según relata el medio. Al ofrecer la amnistía, Mohamud enfatizó que el Gobierno respaldará a quienes tomen la decisión de reintegrarse, brindándoles acceso a programas de rehabilitación, en tanto el país busca crear alternativas para aquellos que hasta ahora han estado implicados en actividades terroristas.

La propuesta de Mohamud se produce en un contexto de incremento notorio en los ataques de Al Shabaab durante las últimas semanas, fenómeno que ha afectado directamente la seguridad de varias comunidades y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades. Según consignó Radio Shabelle, el grupo armado ha conseguido tomar el control temporal de algunas zonas al norte de la capital, pese a los esfuerzos conjuntos del Ejército, clanes locales y milicias aliadas, quienes han intensificado su coordinación con las fuerzas oficiales en el marco de la estrategia antiterrorista impulsada por el Gobierno.

Desde la asunción de Mohamud en mayo de 2022, la administración somalí definió la seguridad y la lucha contra el terrorismo como elementos centrales de su agenda política. En ese contexto, las operaciones militares se han expandido con el respaldo de actores locales, incluyendo milicias y representantes de clanes que han colaborado en iniciativas de vigilancia y protección de las poblaciones. El presidente reconoció públicamente la labor de las fuerzas estatales y de los cuerpos de seguridad en las campañas desarrolladas frente al grupo conocido oficialmente como Harakat al Shabaab al Muyahidin (Movimiento de los Jóvenes Muyahidines).

Al mismo tiempo, Mohamud sostuvo que se mantendrán los esfuerzos para atender a quienes opten por dejar el movimiento y desistan de la violencia, como parte de una política de reintegración que busca reducir la base social de Al Shabaab. Radio Shabelle detalló que el mensaje de amnistía y reconciliación fue presentado de forma particular durante el Ramadán, subrayando la importancia de este periodo religioso para promover la paz y la cohesión social entre los ciudadanos somalíes.

El fortalecimiento reciente de las acciones de Al Shabaab ha tenido consecuencias directas en la vida de la población civil, así como en la infraestructura y los servicios básicos en las áreas afectadas. Según la información de Radio Shabelle, las tácticas del grupo han incluido la ocupación de localidades, ataques a instalaciones estratégicas y acciones para desestabilizar a las autoridades locales. En respuesta, el Gobierno ha multiplicado sus alianzas dentro de las comunidades, confiando tanto en la intervención militar como en el apoyo de los líderes tradicionales y civiles.

Por parte del Estado, la oferta de amnistía y los mecanismos de rehabilitación se presentan como un componente esencial para debilitar la influencia de Al Shabaab en medio de los desafíos actuales. Radio Shabelle indicó que el Gobierno ha implementado programas específicos para recibir a los desertores, facilitando su regreso a la vida civil y su incorporación en distintas iniciativas económicas y sociales, en coordinación con organismos de derechos humanos y observadores internacionales.

En síntesis, el posicionamiento de Hasán Sheij Mohamud frente a Al Shabaab combina medidas coercitivas con incentivos de reconciliación, en un intento de erosionar la capacidad operativa del grupo tanto en el terreno militar como en el plano social y político, de acuerdo con la cobertura extensa de Radio Shabelle. La política de puertas abiertas para quienes abandonen la violencia se enmarca en una estrategia más amplia de consolidación estatal y construcción de paz durante el período sagrado del Ramadán.

El Grupo Táctico Colón de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ de la Legión está desplegado en la Brigada Multinacional Task Force Eslovaquia. Desde 2024, más de 800 militares españoles, en su mayoría legionarios, se han desplegado en el país. El contingente participa en ejercicios de combate urbano, coordinación con blindados, formación en primeros auxilios y práctica de defensa aérea o terrestre.

La presencia española en Eslovaquia se renueva cada seis meses e incluye efectivos de otras unidades del Ejército de Tierra que han completado programas de instrucción específicos. En el caso de esta unidas, se encuentra llevando a cabo maniobras en el campo de Lest, incluyendo el lanzamiento de granada de mano desde una plataforma aérea no tripulada.

Granadas desde drones y otras prácticas

“Nuestros militares aprovechan las posibilidades que ofrece este campo de adiestramiento para incrementar sus capacidades y la eficacia operativa en su misión de disuasión y defensa del flanco este de la OTAN”, explica el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en un mensaje en X. Dentro de estas opciones se encuentra el reciente ejercicio de lanzamiento de explosivos.

El uso de drones para lanzar granadas representa un avance relevante en el ámbito militar, ya que permite aumentar la eficacia en el combate y reducir la exposición de los soldados al peligro. La incorporación de vehículos no tripulados en operaciones militares responde a una estrategia orientada a modernizar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Esta tecnología facilita la ejecución de misiones de reconocimiento, ataque y apoyo logístico sin la necesidad de que personal militar se encuentre en primera línea, lo que contribuye a minimizar los riesgos para la tropa. Además, los UAVs no se emplean en este despliegue solo para este cometido. En otras ocasiones se ha puesto en práctica el disparo con ametralladores o fusiles empuñados por drones.

Despliegue español en la misión

En este contexto, los militares españoles han realizado muchos otros ejercicios avanzados, lo que incluye la formación en combate urbano y coordinación con blindados, contribuyendo a la disuasión y defensa de Europa del Este. Además, España ha ofrecido a la OTAN recursos aéreos como cazas Eurofighter, helicópteros y sistemas antidrones, buscando transmitir su compromiso con la seguridad regional y la cooperación.

Más allá de la colaboración con los aliados, estos despliegues tienen otra utilidad con la puesta en práctica de avances o desarrollos para los propios efectivos del país. En este caso, ha sido el uso de drones como arma de guerra lo que los legionarios han llevado al terreno para valorar opciones y posibles usos en el futuro.

La aeronave, identificada como TC-66 y utilizada regularmente para transporte de provisiones y personal militar, había partido a las 8.02 de la mañana desde la base de la I Brigada Aérea de El Palomar. El plan de vuelo contemplaba una escala en Natal, en el noreste de Brasil, antes de cruzar el Atlántico hacia el continente europeo. Sin embargo, tras sobrevolar Uruguay y los estados brasileños de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, la trayectoria del avión cambió drásticamente. La tripulación detectó una pérdida de líquidos hidráulicos, lo que complicó el control de la aeronave y endureció los comandos de vuelo.

El incidente ocurrió cuando el Hércules se encontraba frente a la costa de Florianópolis, casi alcanzando el norte de Brasil. En ese punto, el piloto decidió modificar la ruta e iniciar el regreso hacia Argentina. Medios especializados que seguían el derrotero del TC-66 reportaron que, poco antes de las 14 horas, la nave descendió bruscamente desde los 21.000 pies hasta los 14.000 pies y estabilizó su velocidad a unos 230 nudos (aproximadamente 420 kilómetros por hora). La tripulación aplicó los procedimientos operativos previstos para este tipo de emergencias y puso rumbo al aeropuerto de origen.

Una vez en aproximación final a la pista de la I Brigada Aérea de Morón, un video publicado en redes sociales mostró el motor 1 —el primero de la izquierda de los cuatro turbohélices del histórico avión— detenido y en posición de “bandera”, una disposición que reduce la resistencia al aire y ayuda a mantener la sustentación. La imagen, captada por el usuario de X @MirageAero, dejó en evidencia la maniobra técnica que permitió el aterrizaje seguro en El Palomar a las 14.34.

Fuentes del sector consultadas por Infobae, confirmaron que la decisión de regresar a Argentina y no aterrizar en Brasil respondió a la necesidad de contar con un equipo de mantenimiento especializado que ya esperaba en tierra.

El TC-66, conocido como “Polo Sur”, es una de las dos unidades Hércules con que cuenta actualmente la Fuerza Aérea Argentina para tareas de transporte estratégico y misiones antárticas. Con capacidad de carga de hasta 20.000 kilogramos, esta aeronave puede trasladar 92 soldados o 64 paracaidistas y dispone de una rampa trasera diseñada para agilizar la carga y descarga de materiales. Además, estos aviones suelen recorrer distancias por encima de los 3.000 kilómetros y operan con una tripulación mínima de dos pilotos, un ingeniero de vuelo y un jefe de carga.

El historial del TC-66 incluye intervenciones en operaciones de rescate y apoyo logístico. En diciembre de 2024, esta misma unidad fue la encargada de transportar al país el primer F-16 comprado a Dinamarca. Además, el avión participó en la operación “Regreso Seguro”, que permitió repatriar a más de 1.400 ciudadanos argentinos desde Israel tras el ataque de Hamas en octubre de 2023. Durante ese operativo, el Hércules realizó varios vuelos entre Tel Aviv y Roma, trasladando a familias, adultos mayores y jóvenes.

La flota de Hércules C-130 se incorporó a la Fuerza Aérea Argentina en 1968, marcando un punto de inflexión en la capacidad de transporte militar del país. Estas aeronaves, desarrolladas originalmente en la década del 50 para reemplazar modelos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, permitieron la apertura de rutas transpolares y el abastecimiento a la base Marambio en la Antártida.