Un total de 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, aseguró este miércoles Naciones Unidas.

Luego de que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaran el conflicto, “al menos nueve personas han sido ejecutadas en relación con las manifestaciones de enero de 2026, diez por presunta pertenencia a grupos de oposición y dos por espionaje”, anunció la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La agencia precisó que, durante el mismo período, más de 4.000 personas fueron arrestadas “por cargos relacionados con la seguridad nacional”.

“Muchos detenidos han sido víctimas de desapariciones forzadas, tortura u otras formas de trato cruel, inhumano y degradante, en particular confesiones obtenidas bajo fuerza —a veces televisadas— y simulacros de ejecución”, añadió el organismo de la ONU.

“Me consterna constatar que, además de las graves consecuencias del conflicto, las autoridades siguen violando los derechos del pueblo iraní de manera brutal y despiadada”, dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en el comunicado.

“Hago un llamado a las autoridades para que suspendan todas las ejecuciones, establezcan una moratoria sobre la pena capital, garanticen plenamente el respeto de los derechos de la defensa y el derecho a un juicio justo, y liberen de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente”, insistió.

Según varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena máxima después de China.

Desde las cárceles de Irán, las ejecuciones de presos políticos y manifestantes se han intensificado en las últimas semanas bajo el pretexto de la guerra, según informó el diario británico The Guardian. Al menos 16 hombres han sido ahorcados en el último mes por órdenes del régimen iraní, incluidos activistas y opositores acusados de desafiar al gobierno.

Las cartas y videos grabados en secreto por algunos de los condenados, y obtenidas por el diario británico, revelan detalles sobre sus últimos días y el clima de temor dentro de los centros de detención.

Las víctimas incluyen activistas, opositores y personas acusadas de pertenecer a grupos disidentes, mientras familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian el aumento de la represión y la falta de garantías legales.

En la prisión de Rajai Shahr, ubicada en la ciudad de Karaj, se encontraba Babak Alipour, un abogado de 34 años aficionado al montañismo, que había pasado tres años en el corredor de la muerte.

En sus escritos enviados a amigos, Alipour describió la situación de otros reclusos como Behrouz Ehsani, de 69 años, y Mehdi Hassani, de 48, también condenados a muerte y señalados por el régimen como integrantes del grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI o MeK).

A pesar de la amenaza constante, Alipour afirmó en sus cartas que no sentía miedo. El 12 de marzo, grabó un video con un teléfono móvil ingresado clandestinamente a la cárcel.

En esa grabación, denunció la represión estatal y el ascenso de Mojtaba Khamenei al liderazgo supremo tras la muerte de su padre, Ali Khamenei, ocurrida en medio de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

La familia de Alipour, su hermano Roozbeh, su hermana Maryam y su madre Ommolbanin Dehghan, fueron arrestados después de asistir a una vigilia frente a la prisión.

El 31 de marzo, las autoridades trasladaron a Alipour a la prisión de Ghezel Hesar, donde fue ahorcado junto a Pouya Ghobadi, ingeniero eléctrico de 32 años.

Ese hombre sido arrestado por su supuesta implicación en acciones contra el régimen. Su ejecución formó parte de una ola de muertes que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, busca instalar un clima de miedo en la sociedad iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes a Irán que podría aumentar las probabilidades de éxito en las conversaciones de paz si libera a ocho mujeres que, según él, van a ser ejecutadas.

“Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres”, publicó Trump en Truth Social. “¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!”.

La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica. La publicación, que no da nombres pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las mujeres.

La intervención de Trump

Trump había afirmado en enero que intervino directamente para impedir la ejecución de 837 personas detenidas en el marco de manifestaciones contra el régimen. “Detuve 837 ahorcamientos”, sostuvo ante la prensa, al tiempo que relató haber lanzado una advertencia directa a Teherán: “Si cuelgan a esas personas, serán golpeados como nunca antes”.

Las protestas en Irán, que tuvieron lugar en distintos puntos del país, estuvieron marcadas por una fuerte represión estatal y denuncias de violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, el republicano intentó posicionarse como un actor influyente en el desenlace de los acontecimientos, sugiriendo que su presión internacional fue clave para evitar un desenlace más sangriento.

Pero desde Irán la respuesta no tardó en llegar. El fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, rechazó de plano las afirmaciones del ex mandatario estadounidense. “El presidente de Estados Unidos ha dicho que detuvo la ejecución de 800 personas en Irán, pero esto es completamente falso”, señaló, según medios estatales iraníes.

En la misma línea, el funcionario defendió la autonomía del sistema judicial iraní y negó cualquier tipo de injerencia extranjera. “El Poder Judicial es una institución independiente y no recibe órdenes de actores externos”, remarcó, en una respuesta que dejó en claro la postura del régimen frente a los dichos de Washington.

El cruce de versiones se da en un contexto de máxima sensibilidad en torno a la situación de los derechos humanos en Irán y a la escalada de declaraciones entre ambos países. Mientras Trump busca reafirmar su influencia en la política internacional incluso fuera del poder, desde Teherán insisten en desacreditar cualquier intento de intervención externa en sus asuntos internos.

Violación de la tregua

Donald Trump, acusó el martes a Irán de haber violado repetidamente una tregua temporal que estaba a punto de expirar, con nuevas conversaciones de paz estancadas en duda después de que Teherán dijera que aún no había enviado una delegación.

El líder estadounidense también destacó la firme posición negociadora de Washington, incluso cuando crecía la incertidumbre sobre la reanudación de un conflicto abierto, con el alto el fuego de dos semanas previsto para el miércoles.

“¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!”, dijo en una publicación en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles.

Se esperaba que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance partiera pronto hacia Islamabad, que a principios de este mes acogió una primera ronda de conversaciones que terminó sin acuerdo.

(con información de AFP)

Las autoridades del régimen de Irán ejecutaron al menos 1.639 personas en 2025, el número más alto desde 1989, según un informe conjunto de las organizaciones Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM), que alertaron sobre un posible uso aún más amplio de la pena capital tras las protestas de enero y el conflicto con Israel y Estados Unidos.

El informe anual indicó que la cifra representa un aumento del 68% respecto de las 975 ejecuciones registradas en 2024. El total incluye al menos 48 mujeres que murieron en la horca, el nivel más alto en más de dos décadas. Las organizaciones señalaron que el número constituye un “mínimo absoluto”, ya que muchos casos no se informan en los medios oficiales iraníes y requieren verificación independiente. En promedio, se registraron más de cuatro ejecuciones por día durante 2025.

El documento sostuvo que la cifra es la más alta desde que IHR comenzó a recopilar datos en 2008 y la mayor reportada desde los primeros años posteriores a la revolución islámica. “Si la república islámica ‘sobrevive a la crisis actual, existe un riesgo serio de que las ejecuciones se utilicen aún más ampliamente como herramienta de opresión y represión’”, advirtió el reporte.

Las ONG también alertaron que “cientos de manifestantes detenidos siguen en riesgo de recibir condenas a muerte y ejecución” tras ser acusados de delitos capitales en el marco de las protestas de enero de 2026. Esas manifestaciones terminaron tras una represión que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmó que “al crear miedo mediante un promedio de cuatro a cinco ejecuciones por día en 2025, las autoridades intentaron evitar nuevas protestas y prolongar su debilitado control”. Durante el conflicto iniciado el 28 de febrero contra Israel y Estados Unidos, las autoridades ejecutaron a siete personas vinculadas con las protestas de enero: seis condenadas por pertenecer al grupo opositor prohibido Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK) y un ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca acusado de espionaje para Israel.

El director ejecutivo de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan, sostuvo que “la pena de muerte en Irán se utiliza como una herramienta política de opresión y represión, con minorías étnicas y otros grupos marginados representados de forma desproporcionada entre los ejecutados”. El informe señaló que las minorías kurda, en el oeste, y baluchi, en el sureste, figuran entre las más afectadas.

Casi la mitad de las personas ejecutadas había sido condenada por delitos relacionados con drogas, según el reporte. En el caso de las mujeres, al menos 48 fueron ejecutadas en 2025, frente a 31 en 2024, lo que marca un incremento del 55%. De ese total, 21 mujeres fueron condenadas por el asesinato de sus esposos o prometidos. Organizaciones de derechos humanos indicaron que muchas de ellas se encontraban en relaciones abusivas.

El informe también señaló que casi todas las ejecuciones se realizaron dentro de prisiones, aunque las ejecuciones públicas aumentaron a 11 en 2025, más del triple respecto del año anterior. Aunque el código penal iraní contempla otros métodos de pena capital, en los últimos años todas las ejecuciones registradas se realizaron mediante la horca.

Organizaciones como Amnistía Internacional sostienen que Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones en el mundo en términos absolutos, solo por detrás de China, para el cual no existen datos verificables, y lidera la tasa per cápita a nivel global.

(Con información de AFP)

Pouya Gobadi fue capturado por las fuerzas iraníes fronterizas cuando intentaba salir del país, tras haber recibido supuestas órdenes del líder de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI) mediante la aplicación Telegram. Esta detención ocurrió en el contexto de una ofensiva de las autoridades iraníes contra presuntos miembros y colaboradores de este grupo, al que el gobierno de Teherán califica como organización terrorista. El martes se informó sobre la ejecución de Gobadi, junto a Babak Alipour, tras declarar el Tribunal Supremo de Irán su culpabilidad en un ataque cometido con lanzagranadas contra una institución pública, según detalló la agencia local Fars y de acuerdo con la información publicada por diversas fuentes oficiales.

El medio Fars especificó que Alipour ejecutó el disparo de cuatro proyectiles con una arma de fuego portátil, destinada al lanzamiento de granadas y otros explosivos, contra el edificio estatal. Tras esta acción, permaneció en un “refugio” facilitado por la PMOI durante tres días, hasta ser identificado y finalmente aprehendido por las autoridades. Ambas detenciones y las posteriores sentencias a muerte fueron resultado de investigaciones que, según el gobierno iraní, apuntan a la existencia de una trama más amplia de colaboración con la organización opositora.

Según consignó la agencia Fars, la ejecución por ahorcamiento de Alipour y Gobadi se suma a una tendencia reciente de castigos severos contra quienes las autoridades vinculan con actividades hostiles o conspirativas coordinadas por la PMOI. El lunes anterior, fueron ejecutados otros dos individuos condenados, también bajo la acusación de mantener lazos con la misma agrupación. En ese caso, los cargos se relacionaban con la preparación de atentados mediante artefactos explosivos improvisados en la capital, Teherán.

El medio Fars contextualizó que el Tribunal Supremo de Irán intervino directamente en los casos, validando las pruebas presentadas y considerando suficiente la evidencia para sostener el vínculo de los condenados con la PMOI y su actividad armada. Las autoridades destacan el uso de canales de comunicación como Telegram para coordinar supuestas órdenes por parte de líderes de la organización, empleando redes clandestinas para dirigir movimientos de sus simpatizantes y operativos.

La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, fundada en 1965, presenta un perfil ideológico que combina elementos islamistas con postulados inspirados en el marxismo. Según la información difundida por Fars, la PMOI participó en la revolución iraní contra el sha Reza Pahlevi, aunque posteriormente se distanció del nuevo régimen y pasó a una posición de oposición radical a la cúpula religiosa de los ayatolás que gobierna Irán desde 1979. Durante la guerra Irán-Irak, entre 1980 y 1988, combatió a favor del régimen de Sadam Husein y en contra de las autoridades iraníes, lo que modificó la percepción pública y oficial sobre su papel en el país.

Teherán mantiene que la organización lleva a cabo acciones de sabotaje, atentados y conspiraciones, motivos por los cuales tipifica sus actividades como terroristas. Tales acciones son utilizadas por los medios estatales iraníes como justificación para la aplicación de la pena máxima a ciudadanos señalados como colaboradores, miembros o simpatizantes de la PMOI.

Según la agencia Fars, en los procedimientos judiciales realizados, tanto a Alipour como a Gobadi se les presentó como receptores de órdenes directas y activos participantes en actividades armadas o en desarrollo de atentados en territorio nacional. Las sentencias incluyeron imputaciones por el uso y posesión ilegal de armas, ataques a edificios públicos y pertenencia a una organización ilegal designada como terrorista por el Estado iraní.

El aumento reciente de ejecuciones relacionadas con acusaciones de pertenencia a la PMOI ocurre en un clima de tensiones internas y junto a continuos operativos de seguridad contra redes opositoras dentro y fuera del país. Estas acciones judiciales y policiales han sido destacadas recurrentemente por los canales oficiales, que resaltan sus intentos de contener y desmantelar las estructuras clandestinas que operan bajo la influencia de la PMOI y grupos afines. Las afirmaciones sobre el uso de tecnologías de mensajería para canalizar instrucciones y coordinar movimientos también forman parte de la narrativa estatal, que presenta estos métodos como evidencia de los riesgos actuales de infiltración y la presunta amenaza a la seguridad interna.

Irán ahorcó a dos hombres el lunes por pertenecer a un grupo de oposición prohibido; los grupos de derechos humanos los describieron como presos políticos y expresaron su temor por una oleada de ejecuciones que buscan intimidar a la población durante la guerra en Medio Oriente.

Akbar Daneshvarkar, de 60 años, y Mohammad Taghavi-Sangdehi, de 59, fueron ahorcados al amanecer en la prisión de Ghezel Hesar, en la ciudad satélite de Karaj (Teherán), por ser miembros de la organización proscrita Muyahidines del Pueblo de Irán, también conocida como MEK.

Fueron ejecutados “tras la confirmación y aprobación final de la sentencia por el Tribunal Supremo”, según la web Mizan Online del poder judicial.

El MEK se opuso al régimen del sah e inicialmente apoyó la revolución islámica de 1979. Ahora están basados en el exilio y Teherán los señala como organización terrorista.

El ala política del grupo, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI), confirmó en un comunicado que los dos eran miembros del MEK.

Su líder, Maryam Rajavi, dijo que “el desesperado régimen clerical, por miedo al levantamiento del pueblo, intenta en vano retrasar la explosión de la ira popular ejecutando a los hijos más valientes de Irán”.

Los activistas temen que haya una nueva oleada de ejecuciones mientras las autoridades buscan sembrar el miedo en la sociedad con la guerra contra Israel y Estados Unidos de fondo.

Amnistía Internacional describió las ejecuciones como arbitrarias y dijo que los dos hombres fueron sometidos a “torturas y otros malos tratos en detención” y que ni siquiera les dejaron despedirse de sus familias.

Maquinaria de ejecución despiadada

“Incluso en medio de los bombardeos aéreos, las autoridades de la República Islámica siguen con su despiadada maquinaria de ejecución, usando la pena de muerte como arma contra los disidentes en un intento desesperado de asfixiar la disidencia y apretar su control sobre el poder”, dijo Amnistía.

Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights (IHR) con sede en Noruega, dijo: “Tememos que la República Islámica explote las actuales condiciones de guerra para llevar a cabo ejecuciones masivas dentro de las prisiones para infundir miedo social”.

IHR dijo que los dos hombres eran presos políticos y fueron “sometidos a tortura física y psicológica, se les negaron sus derechos al debido proceso y fueron condenados a muerte en un proceso que no cumplió con los estándares mínimos de un juicio justo”.

Advirtió que otros cuatro coacusados corren un “riesgo grave e inminente de ejecución” en la prisión de Ghezel Hesar tras ser condenados a muerte en el mismo caso.

Shadi Sadr, cofundadora de la ONG Justice for Iran, que busca que se rindan cuentas por las violaciones de derechos en la república islámica, dijo que “el pueblo iraní está atrapado entre una guerra internacional y una represión interna severa”.

Mizan dijo que los dos ejecutados fueron acusados de participar en “actos terroristas”, realizar acciones destinadas a derrocar la república islámica y alterar la seguridad nacional.

Según el NCRI, el MEK realizaba regularmente acciones dentro de Irán dirigidas contra las autoridades clericales.

El 19 de marzo, Irán ejecutó a tres hombres acusados de matar a policías durante las protestas de enero, los primeros ahorcamientos que Irán ha llevado a cabo relacionados con las manifestaciones nacionales que se toparon con una represión brutal por parte de las autoridades.

También ejecutó a Kouroush Keyvani, con doble nacionalidad iraní-sueca, el mismo mes bajo cargos de espionaje para Israel, lo que provocó la condena de Estocolmo y de la UE.

Irán es el mayor ejecutor del mundo después de China, según los grupos de derechos humanos. El año pasado ahorcó al menos a 1.500 personas, según las cifras de IHR.

(Con información de AFP)

El medio Tasnim detalló que las autoridades consideran a la PMOI un grupo terrorista y la vinculan con intentos de desestabilización interna. Las acusaciones contra Daneshvarkar y Sangdehi incluyeron el intento de atentar contra fuerzas de seguridad mediante la ejecución de ataques con explosivos y una supuesta comunicación directa con los máximos dirigentes de la organización, establecida, según la acusación, a través de canales encriptados de mensajería electrónica.

De acuerdo con la versión difundida por Tasnim, durante el operativo en el que se produjeron las detenciones, los agentes incautaron materiales explosivos en los domicilios de ambos acusados. Las pesquisas apuntan a que habrían empleado identidades falsas para ocultar sus movimientos mientras preparaban atentados dirigidos a instalaciones y personal de seguridad estatal. El uso de documentos de terceros figura dentro de los cargos por los que recibieron la pena máxima.

La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, fundada en 1965, mantiene una trayectoria marcada por conflictos con los gobiernos iraníes posteriores a la dinastía del sha Reza Pahlevi. Según publicó la agencia Tasnim, el grupo adoptó inicialmente una línea ideológica en la que se mezclan postulados islámicos con elementos marxistas, y tras la instauración de la República Islámica, sus miembros denunciaron la gestión de la dirección religiosa encabezada por los ayatolás.

El medio oficial recuerda que la PMOI apoyó la revolución que depuso al sha, pero posteriormente se distanció de la cúpula clerical y colaboró con el régimen de Sadam Husein durante la guerra Irán-Irak, que tuvo lugar entre 1980 y 1988. Durante ese periodo, la organización selló un acuerdo en 1986 con las autoridades iraquíes. En ese contexto, el líder del grupo, Masud Rajavi, estableció alianzas militares y logísticas con Irak, mientras el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, ordenaba medidas represivas contra supuestos simpatizantes y militantes de la organización.

Tasnim también recordó que en 1981, la Organización de los Muyahidines del Pueblo fue señalada como responsable de un atentado en el que murieron el entonces presidente iraní, Mohamad Alí Rayaí, y el primer ministro, Mohamad Yavad Bahonar. Desde ese periodo, la organización ha estado bajo persecución por parte de las autoridades iraníes, quienes han catalogado a sus miembros y colaboradores como elementos hostiles al régimen.

En el caso reciente de Daneshvarkar y Sangdehi, el expediente judicial incluyó como pruebas principales el hallazgo de explosivos y la evidencia recuperada respecto a las comunicaciones mantenidas mediante Telegram. Según la agencia Tasnim, las autoridades fundamentaron las sentencias en la supuesta participación directa de los condenados en la planificación de actos violentos, así como en sus intentos de eludir la vigilancia empleando documentación de otras personas.

La ejecución de ambos hombres se realizó tras el fallo condenatorio, ratificado por los tribunales competentes. Las instancias oficiales sostienen que los operativos y la ubicación de los artefactos explosivos confirmaron la validez de las acusaciones. Según informó la agencia Tasnim, la PMOI permanece en la lista de organizaciones consideradas terroristas por Teherán, manteniendo una relación de confrontación con las autoridades nacionales desde hace décadas.

Un grupo de habitantes de la ciudad de Qom presenció la ejecución de tres hombres condenados a muerte por homicidio de dos agentes de las fuerzas de seguridad de Irán. Estos hechos ocurrieron durante las protestas antigubernamentales de enero, cuyas cifras de víctimas mortales generan controversia debido a las notables discrepancias entre los balances oficiales y los difundidos por organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con información de la agencia semioficial iraní Tasnim, los hombres ejecutados habían sido declarados culpables por el Tribunal Supremo de Irán.

Según publicó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, la orden judicial se ejecutó este jueves después de que las autoridades iraníes responsabilizaran formalmente a los sentenciados de haber dado muerte a los uniformados, empleando diferentes tipos de armas blancas durante los incidentes ocurridos el 8 de enero en el contexto de las protestas. Esta agencia reportó que la ejecución se realizó ante la presencia de un grupo de ciudadanos de Qom, ubicada al sur del país, como parte de un procedimiento que suele darse para delitos considerados graves por el sistema judicial iraní.

Las protestas de enero, que dieron origen al caso, surgieron a raíz del deterioro de la economía nacional y el empeoramiento de las condiciones de vida, lo que llevó a manifestaciones ampliamente reprimidas. El Gobierno de Teherán confirmó un saldo de 3.117 fallecidos en esos disturbios, comprendiendo tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad, según consignó la agencia Tasnim. En contraste, la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, informó que el número de mortos supera los 7.000, basándose en su propio recuento.

El máximo tribunal iraní concluyó el proceso judicial encontrando a los tres hombres responsables de la muerte de los agentes, en un caso que, según indicaron activistas citados por la prensa internacional, resultó muy polémico. Diversos sectores cuestionaron la transparencia y el rigor de los procedimientos, dadas las denuncias de prácticas sistemáticas de represión contra los manifestantes antigubernamentales. El medio Tasnim detalló que los ahora ejecutados atacaron con armas blancas de manera separada a los efectivos policiales durante aquella jornada de protestas.

El Gobierno iraní sostiene que las protestas y los disturbios generaron un alto nivel de violencia que justificó su respuesta y la actuación del sistema judicial. Sin embargo, diferentes organismos y actores de la sociedad civil refieren que las cifras oficiales subestiman la cantidad de víctimas fatales y denuncian la dureza de las represalias aplicadas contra quienes participaron en las manifestaciones de enero. Esta divergencia en el recuento de muertos y las circunstancias de las ejecuciones añade tensión en torno a la gestión de la crisis y al modo de garantizar los derechos fundamentales en el país.

El desarrollo de los juicios, la aplicación de la pena máxima y la difusión pública del hecho forman parte de los mecanismos empleados por el Estado iraní para tratar episodios de protesta social y actos que consideran delictivos. Según informaciones de la agencia Tasnim, la decisión del Tribunal Supremo cierra uno de los capítulos judiciales más seguidos en Irán tras los eventos de enero, aunque la polémica sobre el manejo de las protestas permanece activa entre organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos.

Las recientes declaraciones del fiscal general de Irán incluyeron una fuerte advertencia respecto a la posible respuesta de la República Islámica y sus simpatizantes a nivel global en caso de continuar las presiones y amenazas por parte de Estados Unidos, un elemento central en la escalada de afirmaciones cruzadas entre Washington y Teherán. Según reportó la agencia de noticias iraní Khabar, el funcionario aseguró que si se produce cualquier acto agresivo contra Irán, los intereses estadounidenses a nivel internacional enfrentarán represalias de los seguidores de la República Islámica, incluidos aquellos que residen en Estados Unidos. Con estas palabras, el fiscal advirtió también que las bases e intereses tanto de Estados Unidos como de Israel serán considerados blancos legítimos para la respuesta iraní.

Esta reacción del fiscal Mohamad Movahedi respondió directamente a las afirmaciones reiteradas durante la semana por el presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró que sus amenazas hacia Teherán lograron la suspensión de las ejecuciones de cientos de manifestantes tras las protestas ocurridas en Irán. Movahedi calificó las declaraciones del mandatario de Estados Unidos como "absolutamente falsas", según consignó la agencia Khabar. El máximo funcionario del Ministerio Público de Irán precisó que “ni esta cifra es real ni el aparato judicial ha adoptado una decisión en este sentido”, con lo que negó que existiera un plan para ejecutar a más de 800 personas en respuesta a las movilizaciones.

La fuente detalló que Movahedi insistió en que el sistema judicial iraní opera de manera independiente y carece de cualquier influencia extranjera. Aseguró que el país dispone de una clara división de poderes y cada institución asume su responsabilidad sin aceptar “órdenes por parte de extranjeros”. En este sentido, reiteró que la institución judicial no se ve afectada por presiones externas, negando la posibilidad de que decisiones tan graves como la ejecución masiva de manifestantes pudieran depender de conversaciones o amenazas internacionales.

El desencadenante de este intercambio de declaraciones comenzó con las expresiones públicas de Donald Trump, quien el jueves sostuvo que gracias a sus amenazas el gobierno iraní suspendió la ejecución de cerca de 840 personas vinculadas a las recientes protestas. Trump relató que "iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo", declaración recogida por varios medios y ampliamente citada en el contexto internacional. De acuerdo con el recuento presentado por el gobierno iraní y difundido por Khabar, estas cifras no solo son inexactas, sino tampoco reflejan ninguna decisión real del poder judicial.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, abordó también la crisis social en el país al admitir que las últimas semanas representaron “una prueba difícil” para la nación y reconoció la existencia de un “profundo sufrimiento”. Relacionó los incidentes de las protestas con "una respuesta vengativa de los enemigos de la nación iraní", a quienes acusó de actuar tras su derrota en el conflicto desencadenado por la ofensiva israelí de junio de 2025. Estados Unidos, según la perspectiva de Teherán y tal como informó Khabar, se habría sumado a la respuesta militar inicial encabezada por Israel.

De acuerdo con la cobertura de Khabar, los acontecimientos en Irán tras la ofensiva israelí generaron una ola de protestas cuyo costo humano todavía resulta motivo de disputa. Una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos actualizó este viernes el balance de víctimas, situando el número de muertos por la represión de las manifestaciones en más de 5.000 personas, cifra que supera ampliamente la proporcionada por las autoridades iraníes, quienes al inicio de la semana habían informado un saldo superior a 3.000 fallecidos en el contexto de estas movilizaciones.

En su intervención, el fiscal Movahedi no solo negó cualquier influencia externa sobre la justicia de Irán, sino que rechazó públicamente la amenaza que, aseguró, Trump habría dirigido contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. “Desde nuestra perspectiva, esta insolencia y osadía supone una declaración de guerra”, afirmó el fiscal según la agencia Khabar, profundizando la posición de confrontación adoptada por Teherán frente a la presión internacional.

Durante su pronunciamiento, Movahedi incluyó menciones a Israel, al que calificó como “régimen infanticida sionista”. Según la descripción transmitida por Khabar, todas las acciones y amenazas dirigidas contra líderes o instituciones de Irán serán interpretadas como hostiles y responderán con medidas proporcionales. El funcionario subrayó que los simpatizantes de Irán, incluidos aquellos presentes dentro de Estados Unidos, compartirán la disposición de responder a lo que consideren agresiones vinculadas con la situación en el país.

En lo referido al funcionamiento del sistema político y judicial iraní, Movahedi volvió a aclarar que la independencia de poderes constituye un elemento esencial y que las decisiones respecto a condenas judiciales, incluidas las ejecuciones, se adoptan de acuerdo con los procedimientos legales internos, sin estar sujetas a presiones internacionales. La reiteración de este punto, informado por Khabar, buscó disipar cualquier percepción sobre una posible influencia de Estados Unidos u otros países en decisiones de gran impacto político y social dentro de Irán.

El panorama descrito establece un escenario de acusaciones cruzadas en el que las cifras sobre víctimas y los pronunciamientos sobre ejecuciones se han convertido en un elemento de disputa política y mediática de amplio alcance. Según la agencia Khabar, el gobierno iraní mantiene su postura oficial de rechazo a cualquier intervención foránea, al tiempo que Estados Unidos sostiene haber logrado limitar la escalada represiva tras las protestas, lo que ha sido rechazada categóricamente por representantes judiciales y políticos de Teherán.

La violencia volvió a sacudir el puerto de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande de Guerrero, donde cuatro hombres fueron asesinados a balazos la tarde del martes durante una presunta persecución armada.

De acuerdo con reportes policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en la colonia Agua de Correa, en la entrada a la ciudad. Las víctimas circulaban a bordo de un automóvil cuando fueron alcanzadas por sus agresores.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para permitir las diligencias correspondientes.

Escenas del crimen en distintos puntos

Las autoridades localizaron dos cuerpos sin vida dentro de un vehículo cerca del salón de eventos “Monte Bravo”. Metros más adelante, fueron hallados otros dos hombres asesinados frente a una tienda de conveniencia, cerca de la escuela primaria Mateana Orbe Lecuanda.

En el sitio del ataque, peritos ministeriales encontraron más de 25 casquillos calibre 9 milímetros, lo que da cuenta de la intensidad del ataque armado.

Ejecutan a un hombre frente a su familia en Iguala

Horas antes, en el municipio de Iguala, un hombre fue asesinado durante un ataque directo perpetrado por civiles armados que llegaron hasta su domicilio en la colonia Universidad, ubicada en la zona poniente de la ciudad.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:40 de la tarde en una vivienda precaria de lámina y madera situada en la calle Docencia, entre las colonias Emiliano Zapata y Las Brisas.

La víctima fue identificada como José Luis, de 36 años de edad, quien fue herido de bala en la cabeza y el cuerpo frente a sus familiares.

Murió horas después en el hospital

De acuerdo con el testimonio de la esposa de la víctima, los agresores llegaron a la casa y gritaron para que saliera. Al hacerlo, le dispararon directamente en la cabeza y huyeron del lugar.

Aunque José Luis aún presentaba signos vitales y fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Hospital General Jorge Soberón Acevedo, alrededor de las 6 de la tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.

Elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal acudieron al sitio, aunque no se localizaron casquillos percutidos en la zona del ataque.

Las estadísticas muestran que al menos el 47% de las ejecuciones en Irán durante el año pasado tuvieron relación con delitos vinculados a las drogas, afectando en particular a minorías y migrantes a través del uso sistemático de la pena de muerte para intimidar desde el Estado. Esta práctica, además de generar preocupación entre organismos internacionales, refleja un patrón global de incremento en el uso de la pena capital por delitos que no son considerados graves por el Derecho Internacional. Según informó la ONU a través de un comunicado emitido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, en 2025 se registró un récord mundial de ejecuciones, a pesar de que solo alrededor de 15 países las llevaron a cabo, y la tendencia internacional sigue enfocándose en la abolición.

El comunicado de la Oficina del Alto Comisionado, citado por varios medios especializados, resalta que este repunte incluyó un aumento notable de condenas a muerte por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, medida incompatible con los marcos legales internacionales y, según Turk, poco efectiva para generar una disminución de la delincuencia. En Irán, al menos 1.500 personas fueron ejecutadas en el año anterior, cifra alcanzada solo por un reducido conjunto de países. El informe oficial detalló que estas cifras no corresponden únicamente a casos de homicidio o delitos violentos, sino que buena parte de las ejecuciones tuvieron motivos que, desde la perspectiva de organismos internacionales, no justificarían la aplicación de la pena máxima.

En el caso de Arabia Saudí, la cantidad de personas ejecutadas durante 2025 ascendió a 356, superando los registros del año previo. De acuerdo con la ONU, en al menos dos de los casos, los condenados cometieron los delitos cuando todavía eran menores de edad, cuestión que, según el organismo multilateral, plantea interrogantes sobre la protección de los derechos de la infancia y el cumplimiento de acuerdos internacionales en la materia. Por otro lado, información difundida por la ONU señala que en Estados Unidos el número de ejecuciones llegó a 47, el pico más elevado en los últimos 16 años. Estas cifras ratifican que, a pesar del descenso global y de la abolición formal en la mayoría de los Estados, la pena capital mantiene presencia en el sistema judicial estadounidense.

En otras latitudes, la ONU denunció la continuidad de ejecuciones públicas en Afganistán, acción calificada como una violación clara del Derecho Internacional. Casos similares, aunque en menor escala, se registraron en Somalia, donde tuvieron lugar 24 ejecuciones, y en Singapur, con 17 personas ejecutadas. Ambos países figuran en el listado de naciones señaladas por el Alto Comisionado en el comunicado global.

El acceso a datos comprobables sobre el uso de la pena de muerte en China y Corea del Norte permanece restringido debido al hermetismo de ambos gobiernos. Según reportó la ONU, la falta de transparencia en estos Estados dificulta la obtención de información precisa sobre el número real de ejecuciones y sobre los procedimientos empleados.

En Bielorrusia, un reciente endurecimiento de las leyes sobre seguridad nacional y terrorismo amplió el alcance de los delitos castigados con la pena máxima. Esta extensión legislativa lleva a la ONU a advertir acerca de la posibilidad de un incremento futuro de ejecuciones en ese país. Por su parte, Israel debate distintos proyectos de ley que contemplan el establecimiento de una pena capital obligatoria circunscrita exclusivamente a palestinos. Volker Turk, en el documento oficial, señaló que tales propuestas plantean dudas importantes respecto al derecho al debido proceso y a potenciales violaciones a normas internacionales.

En relación al conflicto en Gaza, el Alto Comisionado también se pronunció acerca de las ejecuciones llevadas a cabo por el grupo Hamás, indicando que estas violan gravemente los derechos humanos de los condenados y constituyen una preocupación adicional dentro del clima de inseguridad jurídica en la región.

Turk sostuvo en el comunicado que “la pena de muerte no es una herramienta efectiva y puede llevar a la ejecución de gente inocente. En la práctica, acaba aplicándose de forma arbitraria y discriminatoria, en una clara violación de los principios de igualdad ante la ley”. Además, reiteró el llamado de su oficina a la comunidad internacional para suspender todas las ejecuciones capitales, exhortando a los Estados que mantienen esta práctica a establecer una moratoria inmediata mientras se desarrollan medidas para la abolición total.

Según publicó la ONU, la organización reitera que el uso de la pena de muerte contraviene los compromisos adquiridos por sus miembros y subraya el impacto negativo que mantiene, en particular sobre minorías y colectivos migrantes, quienes suelen enfrentar los procesos judiciales con mayores obstáculos y menor acceso a la justicia. Esta observación forma parte de un diagnóstico más amplio sobre el acceso desigual al sistema legal y la tendencia a aplicar la pena máxima en forma selectiva sobre ciertos grupos de población.

El organismo internacional recordó que las legislaciones de algunos Estados, al mantener la pena de muerte en el ordenamiento jurídico, abren la puerta a su uso futuro ante eventuales crisis políticas y sociales. Así, recalca la importancia de avanzar hacia un consenso global que ratifique la abolición de este tipo de sentencias como parte de un esfuerzo por mejorar las garantías fundamentales para todos los ciudadanos, tal como se concluyó en las observaciones hechas públicas por el Alto Comisionado.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que no existen "ejecuciones previstas" en el país durante la crisis política que estalló a principios de año y negó que se hayan programado ahorcamientos. Según detalló el medio Europa Press, esta declaración surge tras la afirmación de la Casa Blanca respecto a la supuesta suspensión de más de 800 condenas a muerte en Irán, noticia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró a través de un mensaje en redes sociales.

El mandatario estadounidense manifestó su apoyo a la presunta decisión de las autoridades iraníes. "Respeto enormemente el hecho de que todos los ahorcamientos programados para ayer, más de 800, han sido cancelados por el liderazgo de Irán. ¡Gracias!", publicó Trump, tal como recogió Europa Press. La Casa Blanca había asegurado que el gobierno iraní aplazó estas ejecuciones previstas para la semana en curso.

Frente a las declaraciones de la administración estadounidense, las autoridades iraníes han rechazado las denuncias de ejecuciones inminentes y atribuyeron la situación a interferencias externas. Abbas Araqchi, al desmentir que existieran condenas a muerte inminentes, reiteró que no hay "ejecuciones previstas" dentro del marco de los disturbios recientes. Según consignó Europa Press, el gobierno de Irán responsabilizó a Estados Unidos e Israel de estar detrás de una conspiración para provocar los incidentes en el país.

Las protestas en Irán comenzaron tras el derrumbe de la moneda nacional, el rial, lo que desencadenó manifestaciones en rechazo a la situación económica. Europa Press detalló que estos reclamos ciudadanos se transformaron en ataques a diferentes instituciones públicas. La respuesta de las fuerzas de seguridad iraníes fue severa, según el mismo medio, lo que contribuyó a intensificar la crisis interna.

En los inicios de las movilizaciones, el gobierno iraní admitió que las protestas tenían fundamento en los problemas económicos causados por el desplome del rial. Sin embargo, posteriormente, según reportó Europa Press, las autoridades cambiaron su discurso e indicaron que las protestas eran parte de un plan coordinado por potencias extranjeras, señalando a Estados Unidos e Israel como principales responsables.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, emitió una advertencia en respuesta a la intervención verbal de Trump. De acuerdo con Europa Press, Qalibaf insinuó que Irán podría considerar como "objetivos legítimos" tanto a Israel como a las bases estadounidenses en la región si Estados Unidos realizara un ataque militar con el objetivo de alentar las protestas.

La postura oficial iraní recogida por Europa Press apunta a que no existen penas capitales programadas en el contexto de los disturbios. El gobierno reiteró que considera estas manifestaciones como resultado de una injerencia extranjera y no como un fenómeno exclusivamente interno. La Casa Blanca, por su parte, se mantuvo en su línea y agradeció públicamente la supuesta suspensión masiva de ejecuciones en Irán.

En el trasfondo de estas declaraciones cruzadas, Europa Press explicó que la crisis se originó en un escenario de descontento social por factores económicos, en especial el desplome de la moneda local, y se recrudeció tras las respuestas violentas por parte de las fuerzas del orden. La administración estadounidense ha expresado en múltiples ocasiones su interés en apoyar movimientos que busquen cambios internos en Irán, lo que las autoridades de Teherán califican como intervencionismo.

La reacción de Donald Trump en sus redes sociales se suma a otros mensajes en los que ha mostrado respaldo a las protestas y ofrecido “ayuda para liberar” Irán, palabras que elevaron la tensión entre ambos países. Según Europa Press, la respuesta iraní incluyó la posibilidad de represalias directas en caso de una intervención militar extranjera.

Las diferencias discursivas entre Washington y Teherán han derivado en una narrativa de confrontación, donde ambas partes rechazan las acciones y los señalamientos del otro. Europa Press puntualizó que Irán sigue sosteniendo que los incidentes recientes se explican por la acción coordinada de intereses externos y no por el solo malestar económico o político de la población.

El dato aportado por la organización kurdo-iraní Hengaw sobre el riesgo de ejecución de Erfan Soltani, un joven iraní de 26 años, subraya las preocupaciones persistentes acerca de posibles condenas a muerte en Irán tras las recientes protestas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que, después de las presiones ejercidas por Washington y la aplicación de nuevas sanciones, Teherán habría detenido la represión en las calles y abandonado la intención de ejecutar a manifestantes, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Europa Press.

El mandatario indicó desde el Despacho Oval que recibió información sobre la posible detención de las muertes en Irán y la ausencia de planes de ejecuciones. "Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", aseguró el presidente según consignó Europa Press. Trump subrayó que el gobierno estadounidense realizaría investigaciones para corroborar la veracidad de esta información, y advirtió que la administración se sentiría "muy molesta" si estos datos resultaran ser falsos.

Europa Press detalló que las declaraciones de Trump se producen en un contexto en el que organizaciones humanitarias continúan alertando sobre graves episodios de violencia en Irán. La organización Iran Human Rights (IHRNGO) informó recientemente que el número de personas fallecidas por las protestas en el país supera las 3.400, lo que refuerza las denuncias de represión en el territorio iraní.

En paralelo al anuncio de Trump, el vicepresidente estadounidense JD Vance encabezó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional dedicada a revisar posibles respuestas ante la situación en Irán. El propio presidente Trump no participó en dicho encuentro, aunque el temario incluyó alternativas que contemplan desde acciones diplomáticas hasta la eventualidad de una intervención militar, precisó Europa Press.

El endurecimiento de la política estadounidense frente a Irán en los días recientes ha quedado patente con medidas como la imposición de un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de países que sostengan relaciones comerciales con Teherán. Adicionalmente, Trump anunció la suspensión total de reuniones con delegados iraníes, condicionando su reanudación al cese de la represión contra las protestas, conforme a lo reportado por Europa Press.

A pesar de los anuncios públicos realizados por la Casa Blanca, organizaciones como Hengaw mantienen su denuncia acerca de riesgos de ejecuciones inmediatas de manifestantes. El caso de Erfan Soltani, presentado por esta entidad, ejemplifica la percepción de amenaza que persiste entre los activistas de derechos humanos y observadores internacionales, quienes siguen informando sobre episodios de violencia, detenciones y condenas a muerte en el país persa.

Las acciones y declaraciones de la administración estadounidense ocurren en un ambiente de presión diplomática y sanciones económicas que Washington ha dispuesto para incentivar cambios en la actitud del gobierno iraní hacia la protesta y la disidencia interna. Según Europa Press, la Casa Blanca sostiene que las restricciones impuestas y las amenazas de represalia económica y política buscan influir en las decisiones de Teherán en materia de derechos humanos y represión de manifestaciones.

Europa Press añade que, aunque el presidente Trump expresó optimismo sobre la reducción de la violencia letal y la eliminación de sentencias de muerte, diversos actores humanitarios continúan advirtiendo sobre el riesgo de nuevos episodios de represión y ejecuciones. Las cifras presentadas por IHRNGO y los reportes de ONG como Hengaw muestran una imagen persistente de inestabilidad y represión social en Irán, al margen de los anuncios oficiales procedentes de Estados Unidos.

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este martes que las autoridades saudíes ejecutaron en 2025 a 356 personas, estableciendo así un nuevo récord desde que la organización comenzó a hacer seguimiento de la pena capital en Arabia Saudí, que ya el año pasado había establecido un nuevo máximo en 345.

“El cierre de 2025 cristalizó una tendencia aterradora en Arabia Saudí con un aumento récord de ejecuciones por segundo año consecutivo”, ha declarado el investigador sobre el país del Golfo pérsico para HRW Joey Shea, quien ha pedido a los gobiernos de los demás países que presionen “de inmediato a las autoridades del príncipe heredero Mohamed bin Salman para que detengan todas las ejecuciones”.

Uno de los principales vectores de este nuevo aumento han sido las ejecuciones por delitos no letales relacionados con drogas, que han sumado 240, siendo 188 de ellos extranjeros, según los datos facilitados por las ONG Reprieve y la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) a HRW.

El reino, cuya economía es la mayor del mundo árabe, figura también entre los principales mercados para el captagón, un estimulante ilícito que fue la principal exportación de Siria bajo el liderazgo de Bashar al-Assad, según las Naciones Unidas. Assad fue depuesto en diciembre de 2024.

Desde el inicio de la “guerra contra las drogas”, las autoridades han intensificado los controles policiales en carreteras y fronteras, logrando incautar millones de pastillas y arrestar a decenas de traficantes.

En este contexto, Human Rights Watch ha denunciado la ejecución de múltiples personas que habían delinquido cuando eran menores, así como la del periodista Turki al Jasser, “conocido por exponer la corrupción dentro de la familia real saudí”, según ha destacado la propia entidad, que ha aludido a la preocupación por que el Gobierno saudí esté utilizando la pena de muerte para reprimir la disidencia pacífica.

De este modo, HRW ha recordado que la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Arabia Saudí, obliga a los países que aplican la pena de muerte a aplicarla únicamente por los “delitos más graves” y en circunstancias excepcionales, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Riad también es parte, incluye la prohibición absoluta de la pena capital para los delitos cometidos por menores.

En este marco, el investigador de Human Rights Watch en el país ha argumentado que “las celebridades, los atletas y otras personas que buscan lucrarse con el encubrimiento saudí de su historial de Derechos Humanos deberían reconsiderar su postura, basándose en el número de ejecuciones durante 2025, para determinar si justifica la financiación de esta matanza”.

Mientras invierte de forma considerable en infraestructura turística y en grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol 2034, Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá del petróleo. Las autoridades, por su parte, defienden que la pena de muerte es necesaria para mantener el orden público y se aplica únicamente después de agotar todas las vías de apelación.

La organización Amnistía Internacional comenzó a documentar las ejecuciones en Arabia Saudita en 1990, si bien las cifras previas a ese año permanecen poco claras.

(con información de EP y AFP)

El periodista Turki al Jasser, quien había adquirido notoriedad por documentar casos de corrupción entre miembros de la familia real saudí, figura entre las personas ejecutadas en 2025, de acuerdo con denuncias de Human Rights Watch (HRW). La organización afirmó que el caso de Al Jasser ejemplifica la preocupación existente sobre el posible uso de la pena capital en Arabia Saudí para reprimir la disidencia no violenta. En este contexto, HRW informó que el país alcanzó un nuevo récord anual de ejecuciones, superando los 350 casos y evidenciando un incremento sostenido por segundo año consecutivo en la aplicación de la pena capital.

Según detalló HRW, en 2025 las autoridades saudíes ejecutaron a 356 personas, cifra que supera los 345 casos registrados el año previo. El investigador de la organización para el Golfo Pérsico, Joey Shea, declaró que “el cierre de 2025 cristalizó una tendencia aterradora en Arabia Saudí con un aumento récord de ejecuciones por segundo año consecutivo”. Shea instó a la comunidad internacional, en particular a los gobiernos extranjeros, a ejercer presión inmediata sobre las autoridades lideradas por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán a fin de detener todas las ejecuciones. El medio HRW subrayó que la tendencia ascendente supone un motivo de alerta en el país y pone de manifiesto la consolidación de las ejecuciones como herramienta de represión.

Las cifras publicadas este martes por Human Rights Watch, y sustentadas en datos de las organizaciones Reprieve y la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), identifican que el principal incremento provino de las condenas por delitos que no involucraron muertes, especialmente aquellos relacionados con drogas. De acuerdo con estos datos, 240 ejecuciones estuvieron vinculadas a este tipo de delitos, dentro de los cuales 188 correspondieron a personas extranjeras. El número tan elevado de extranjeros ejecutados ha suscitado nuevas preocupaciones sobre el trato judicial y las condiciones procesales a las que se enfrentan los migrantes en el sistema legal saudí.

El informe elaborado por HRW, en colaboración con Reprieve y ESOHR, señala que Arabia Saudí llevó a cabo ejecuciones de personas que habían cometido delitos siendo menores de edad, lo cual contraviene la normativa internacional. La organización recordó, según consignó el medio, que la Carta Árabe de Derechos Humanos —ratificada por el propio Estado— establece que la pena de muerte solo puede aplicarse para los crímenes “más graves” y bajo circunstancias excepcionales. Además, se recalcó la adhesión de Riad a la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe de manera categórica la pena capital para actos cometidos por menores.

Joey Shea, representante de HRW sobre Arabia Saudí, solicitó a figuras del deporte y el espectáculo, así como a personalidades internacionales, que evalúen su colaboración con proyectos o iniciativas saudíes, a la luz del aumento de las ejecuciones en 2025. El investigador enfatizó que “las celebridades, los atletas y otras personas que buscan lucrarse con el encubrimiento saudí de su historial de Derechos Humanos deberían reconsiderar su postura, basándose en el número de ejecuciones durante 2025, para determinar si justifica la financiación de esta matanza”.

De acuerdo con los datos suministrados por Human Rights Watch, el incremento sostenido de ejecuciones en Arabia Saudí destaca no solo por su magnitud total, sino por el patrón en la aplicación de la pena capital a delitos que, conforme a los estándares internacionales y a la propia normativa regional, no corresponden a crímenes letales. El medio indicó que el uso de la pena de muerte por actividades relacionadas con drogas contradice las obligaciones internacionales asumidas por el Estado saudí, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad y las garantías procesales.

Human Rights Watch ha insistido en la necesidad de intensificar la presión internacional ante el continuo aumento de las ejecuciones y frente a las denuncias de aplicación de la pena capital a menores y opositores pacíficos. Según reportó la organización, la preocupación está centrada en el potencial uso del sistema judicial para silenciar voces críticas y en la ausencia de garantías de un debido proceso en muchos casos. El informe resalta que el récord de ejecuciones alcanzado en 2025 representa una alerta sobre la situación de los derechos humanos y la justicia penal en Arabia Saudí, según los informes de HRW, Reprieve y ESOHR.

En referencia al reciente fallecimiento de Renee Nicole Good por disparos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha cuestionado la postura del gobierno estadounidense frente a las protestas en Irán. Según informó Europa Press, Araqchi comparó el tratamiento de la violencia policial en Estados Unidos con la respuesta de su país a las movilizaciones, señalando lo que consideró un doble estándar por parte de Washington.

El jefe de la diplomacia iraní expuso su crítica a través de la red social X, donde indicó que el incidente en Minnesota, en el que una ciudadana estadounidense y madre de tres hijos resultó muerta por un agente federal, fue interpretado por las autoridades estadounidenses como un acto de “legítima defensa”. Afirmó que el propio presidente Donald Trump respaldó la actuación de ICE y que el Departamento de Seguridad Nacional advirtió a la población que cualquier agresión contra funcionarios federales sería respondida con la máxima severidad legal. De acuerdo con Europa Press, Araqchi subrayó que Washington acusó a Renee Nicole Good de “terrorismo doméstico” tras su muerte.

En el mismo mensaje, el ministro iraní puso en duda el motivo de las protestas que sacuden Irán desde hace semanas, originadas por la depreciación del rial y ampliadas en tono contra la clase política. Afirmó que la narrativa de que las movilizaciones en el país centroasiático buscan la libertad resulta inexacta y argumentó que la situación incluye ataques letales contra agentes policiales iraníes, a los cuales calificó de “ejecuciones” cometidas por “terroristas”. Según Araqchi, tales acciones están organizadas por individuos que el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llamó públicamente “agentes del Mossad”, en referencia al servicio de inteligencia israelí. El ministro afirmó disponer de pruebas para sustentar esa acusación, como recogió Europa Press.

Adicionalmente, Araqchi difundió un video donde se observa a grupos de personas involucradas en actos de violencia, como la quema de neumáticos, en las calles de Irán. El canal Europa Press reportó que, de acuerdo con datos de la organización HRANA, con sede en Estados Unidos, más de 10.600 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas a finales de diciembre. El Ministerio Público iraní clasificó a todos los manifestantes bajo el cargo de “mohareb”, término que en la legislación islámica equivale a “enemigos de Alá” y contempla la pena de muerte.

Respecto a la reacción de Washington ante las manifestaciones en Irán, el presidente estadounidense ofreció apoyo para “liberar” el país. En días recientes, Trump advirtió sobre la posibilidad de un “golpe muy duro” si las autoridades iraníes recurrían a la violencia mortal contra los manifestantes, según señaló Europa Press. Estas declaraciones fueron interpretadas por representantes iraníes como una amenaza de intervención directa.

En respuesta a las advertencias del mandatario estadounidense, Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, sugirió que su país podría considerar como “objetivos legítimos” tanto a Israel como a las bases militares de Estados Unidos ubicadas en la región, en caso de un ataque militar estadounidense orientado a incentivar los disturbios en territorio iraní. Esta declaración elevó el tono de las tensiones diplomáticas entre ambos países, informó Europa Press.

La intervención de Araqchi en redes sociales se produjo en un contexto en que las movilizaciones masivas en Irán han derivado en alteraciones significativas del orden público, según los registros audiovisuales compartidos, y la respuesta de las autoridades ha incluido cientos de arrestos y amenazas de aplicación de penas severas conforme a la ley islámica. Mientras tanto, las comparaciones con actuaciones policiales en Estados Unidos y las posturas oficiales de la administración Trump han dado lugar a un cruce de acusaciones entre ambos gobiernos en el plano internacional, consignó Europa Press.

La víspera de Navidad de 1617, una tormenta inesperada en la región noruega de Finnmark provocó el naufragio de 10 barcos y la muerte de 40 hombres, que representaban la mayoría de la población masculina del pueblo pesquero de Vardo.

Este suceso fue atribuido a la brujería, lo que desencadenó uno de los episodios más severos de persecución por este delito en la historia de Noruega, según Smithsonian Magazine.

El desastre afectó a una comunidad dispersa de aproximadamente 3.000 personas, habituada a los rigores del Ártico, y generó una transformación en la economía, la vida familiar y la cohesión social de la región.

La idea de que fuerzas sobrenaturales habían causado la tragedia se difundió con rapidez, con sospechas dirigidas principalmente hacia las mujeres, consideradas capaces de invocar tormentas mediante magia negra.

Juicios, tortura y represión en Finnmark

Poco tiempo después comenzaron las acusaciones. Testimonios recopilados por Smithsonian Magazine muestran que el temor a pactos con el diablo se propagó inmediatamente tras la tormenta.

Dando lugar a una reacción en cadena en la que los acusados, frecuentemente bajo tortura, denunciaban a otros miembros de la comunidad.

Así se originaron tres grandes oleadas persecutorias en Finnmark: entre 1620 y 1621, 1652 y 1653, y de 1662 a 1663.

Durante estos procesos, tribunales como el de Vardohus reunieron cientos de testimonios sobre supuestos pactos con el diablo y prácticas de magia negra.

Entre 1620 y 1692, fueron procesadas en Finnmark 111 mujeres y 24 hombres, y 91 personas fueron ejecutadas, la mayoría en la hoguera. Estas cifras equivalen a casi un tercio de todas las condenas por brujería de Noruega, aunque la región concentraba solo el 0,8% de la población nacional en ese periodo.

Los métodos de investigación incluían la tortura y la “prueba por agua”: el acusado, atado, era lanzado a un lago y, si flotaba, se le consideraba culpable, bajo la creencia de que el agua rechazaba a quienes habían hecho un pacto con el diablo.

El gobernador de distrito John Cunningham fue figura central en la primera oleada de persecuciones. Apoyado en un decreto real promulgado en 1617 por el rey Christian IV de Dinamarca-Noruega e inspirado en métodos escoceses, Cunningham sostuvo que toda persona que pactara con el diablo debía ser llevada ante la justicia.

Utilizó la catástrofe de 1617 para iniciar los procesos en 1620, en los que 12 mujeres resultaron ejecutadas. El decreto real definía como brujos a quienes “se relacionasen con el diablo o le sirvieran”.

Los prejuicios de género y origen étnico se cruzaron con supersticiones y castigos ejemplares, intensificando la represión en épocas de crisis. La demonología, impulsada por líderes religiosos y políticos, consolidó la imagen del norte como el origen de todo mal y consideró al pueblo sami especialmente propenso a las artes ocultas. De 16 hombres sami procesados, 13 fueron ejecutados.

El legado de la caza de brujas y la memoria histórica

La arqueóloga Reidun Laura Andreassen, citada por Smithsonian Magazine, explicó que el fuego de la hoguera era visto como un medio de “purificación del alma”.

Muchas confesiones, obtenidas bajo tortura, ampliaron la narrativa demonológica con relatos sobre reuniones con el diablo, transmisión de poderes entre generaciones y marcas misteriosas en el cuerpo.

Entre las figuras que influyeron en este periodo destacan el astrólogo Ambrosius Rhodius y su esposa Anne Friedrichsdatter Rhodius, quienes, encarcelados junto a las acusadas, difundieron nuevas ideas demonológicas que repercutieron en los juicios.

Tras la última ola de procesos, en 1662-63, solo se documentaron casos aislados. El último homicidio relacionado con la caza de brujas tuvo lugar en 1692. Con la llegada del siglo XVIII y la Ilustración, estas persecuciones desaparecieron en Noruega, aunque el estigma se mantuvo durante generaciones.

Recién en 2011, la reina inauguró el Memorial de Steilneset en Vardo, una construcción con 91 ventanas iluminadas y paneles informativos, concebida para honrar la memoria de las víctimas, según Smithsonian Magazine.

Para Andreassen, promotora del memorial, la historia de Finnmark evidencia la persistencia de la intolerancia y la persecución de mujeres y minorías, un fenómeno que sigue vigente y no pertenece únicamente al pasado.

Al menos 1.500 personas fueron ejecutadas en Irán durante el último año, de acuerdo con datos preliminares presentados el jueves por la oenegé noruega Iran Human Rights (IHR), en lo que constituye un uso “sin precedentes” de la pena de muerte en el país en los últimos 35 años. Según la organización, la cifra representa un aumento significativo respecto a años anteriores y está marcada por la represión tras las protestas sociales iniciadas en septiembre de 2022.

El director de Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, declaró que la situación es “muy alarmante” y advirtió que el balance es provisional, ya que el conteo final para 2025 aún no está cerrado. “No hay precedentes en los últimos 35 años. Desde que Iran Human Rights existe, nunca hemos tenido estas cifras”, afirmó Amiry-Moghaddam en declaraciones recogidas por la entidad. El balance anterior, correspondiente a 2024, había contabilizado cerca de 1.000 ejecuciones, mientras que en 2023 la cifra fue de 800 y en 2022 superó las 500.

De las ejecuciones verificadas hasta la fecha por IHR, más de 700 están vinculadas a delitos relacionados con drogas. Amiry-Moghaddam señaló que el número de ejecuciones se incrementó notablemente tras el fallecimiento de Mahsa Amini, la joven kurda-iraní que murió bajo custodia policial en septiembre de 2022, lo que desató una ola de protestas contra el régimen. “El objetivo de estas ejecuciones ha sido evitar nuevas protestas. Pero, como se puede ver, en estos días no lo han conseguido”, afirmó el director de IHR.

Organizaciones como Juntos contra la Pena de Muerte, con sede en París, respaldaron la denuncia sobre el incremento de la represión. El director de Juntos contra la Pena de Muerte, Raphael Chenuil Hazan, aseguró a la agencia AFP que la magnitud del uso de la pena de muerte por parte de Irán permite calificarlo como “un crimen de lesa humanidad”. Hazan subrayó que la comunidad internacional debería considerar que Irán, como Estado, incurre en esta categoría debido al uso “masivo y sistemático” de la pena capital.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra calificó la cifra actual de ejecuciones como “asombrosa”. La portavoz Ravina Shamdasani explicó a AFP que se ha “enfatizado repetidamente” que los delitos relacionados con drogas “no deben ser castigados con la muerte”.

IHR reportó que, solo la semana pasada, se llevaron a cabo 64 ahorcamientos, lo que supone un promedio superior a nueve ejecuciones diarias. La organización también advirtió que sus cifras representan “un mínimo absoluto”, ya que la falta de transparencia y las restricciones informativas dificultan el acceso a datos completos sobre las ejecuciones. El método utilizado actualmente es el ahorcamiento, tanto en prisiones como en ocasiones de forma pública.

Entre los ejecutados en 2025, 28 eran mujeres, muchas de ellas condenadas por matar a maridos con los que habían sido forzadas a casarse o que ejercían violencia doméstica, según informaron organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional. Irán ocupa el segundo lugar mundial en número de ejecuciones, detrás de China, de acuerdo con Amnistía Internacional, que advirtió que las cifras han alcanzado “proporciones aterradoras” y que decenas de personas están en riesgo de ejecución tras juicios calificados de injustos y motivados políticamente.

La respuesta oficial iraní, expresada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, defendió la aplicación de la pena capital solo para los delitos más graves, aunque tanto IHR como la ONU señalan que la mayoría de los casos no involucran delitos letales. Mientras tanto, el país enfrenta una nueva ola de protestas, motivada por el estancamiento económico, y episodios de violencia como los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Lordegan, en el suroeste, y la muerte de un agente en la provincia de Lorestán, reportados por la agencia de noticias Fars.

Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros, con 347 personas ajusticiadas —dos más que en 2024, hasta ahora el año con la cifra más alta—, informó este lunes la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.

Los delitos relacionados con las drogas concentraron el 69% del total de las ejecuciones, con 238 personas condenadas a muerte, frente a las 222 del año anterior. La organización alertó sobre “un aumento sin precedentes en las ejecuciones relacionadas específicamente con el cannabis”, ya que 97 personas fueron ejecutadas únicamente por delitos vinculados a esta sustancia, en comparación con las 15 registradas en 2024.

En los últimos años, Arabia Saudita intensificó su lucha contra el narcotráfico, considerado uno de los principales problemas del país. La elevada demanda interna, el alto poder adquisitivo del mercado y su ubicación geográfica estratégica han convertido al reino en un destino clave para las redes internacionales de tráfico de drogas.

La legislación saudita establece para el contrabando de estupefacientes el “castigo más severo”, que es “la muerte”. La ley considera “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y las distribuye. Al mismo tiempo, diferencia entre infractores primerizos y reincidentes: “Para el que trafica por primera vez, la pena es de prisión, azotes o multa económica, o todas. Para los reincidentes, el castigo aumenta y la persona implicada puede ser condenada a muerte”.

En noviembre de 2022, el país retomó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

El informe también advierte sobre “la creciente persecución de extranjeros”, que representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, con un total de 202 casos. El 94 % de ellos fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando aún eran menores de edad.

ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto del país, Mohamed bin Salmán, afirmó en 2018 que su intención era reducir de manera significativa el número de ejecuciones.

Para la ONG, este nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción fundamental con las declaraciones y compromisos adquiridos en los últimos años”.

La organización señaló que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ajusticiamientos, debido a “la falta de transparencia y la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en medio de duras prácticas que van desde la tortura hasta la negación a las familias del derecho a la despedida y el entierro”. Si bien la mayoría de las ejecuciones se anuncia a través de comunicados del Ministerio del Interior, algunas no llegan a hacerse públicas.

(Con información de EFE)

Las autoridades judiciales iraníes han confirmado la ejecución este sábado de un individuo condenado por espiar para Israel, según ha anunciado la agencia iraní Mizan, considerada a todos los efectos el órgano de comunicación del Poder Judicial iraní.

El individuo, identificado como Aqil Keshavarz, fue arrestado en mayo cuando estaba tomando fotos de una base militar en la ciudad iraní de Urmía, en el noroeste del país, y donde finalmente ha sido ejecutado el condenado.

“Al revisar su teléfono móvil, se descubrió un mensaje del régimen israelí y a una persona con el nombre de usuario ‘Osher’, lo que reforzó las sospechas sobre su conexión con el mencionado régimen”, según la declaración de la agencia.

Durante un registro del hotel donde se alojaba, las fuerzas de seguridad iraníes descubrieron “un cuaderno codificado con los nombres y direcciones de algunas agencias de seguridad”, un hallazgo que terminó por certificar su arresto.

Según las investigaciones y declaraciones del acusado, citadas por Mizan, “había llevado a cabo más de 200 misiones para el servicio de inteligencia israelí hasta su arresto” en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmía y Shahroud.

“La sentencia se cumplió esta mañana (sábado 19 de diciembre de 2021) tras su aprobación por el Tribunal Supremo”, confirma la agencia.

Desde los ataques israelíes contra instalaciones nucleares y otras instalaciones estratégicas iraníes en junio, así como los asesinatos selectivos de varios generales y expertos nucleares iraníes, las autoridades iraníes han detenido a numerosas personas sospechosas de espiar para Israel. Según estimaciones de la agencia dpa, al menos 10 personas han sido ejecutadas en estos términos.

Grupos de Derechos Humanos llevan criticando desde hace tiempo el uso extensivo de la pena de muerte en Irán, acusando a las autoridades de utilizar las ejecuciones para intimidar a la disidencia. Casi 1.000 personas fueron ejecutadas en el país el año pasado, según Naciones Unidas.

“La sentencia de muerte contra Aghil Keshavarz, condenado por espionaje para el régimen sionista (Israel), por vínculos y cooperación de inteligencia con dicho régimen y por la toma de imágenes de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo”, anunció la justicia iraní, según la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.

El detenido afirmó que había viajado a Urumía para participar en un congreso científico, “pero al revisar su teléfono móvil se descubrió un mensaje procedente de un número vinculado al régimen sionista y de una persona con el nombre de usuario ‘Osher’”.

“Posteriormente, en el registro de su lugar de residencia se obtuvieron más documentos y pruebas”, explicó la justicia iraní.

El Poder Judicial agregó que, en sus confesiones, el condenado admitió haber colaborado con los servicios de inteligencia israelíes “con la intención de dañar a la República Islámica y de proporcionarles información del país”.

Con esta ejecución, Irán ha ahorcado a 16 personas desde la guerra de 12 días con Israel en junio, acusadas de espionaje a favor del Estado judío.

En octubre, Irán promulgó una ley que endurece los castigos por espionaje a favor de Estados Unidos e Israel y establece la pena de muerte para los actos contra la seguridad del país, así como penas de prisión por el uso de servicios como Starlink o la colaboración con medios de comunicación extranjeros considerados hostiles.

(Con información de Europa Press y EFE)

El número de ejecuciones realizadas en Estados Unidos en 2025 ya supera el total anual de 2024, con 35 personas condenadas a muerte fallecidas por orden judicial en lo que va de año, según cifras recopiladas y reportadas por la agencia Associated Press. El fenómeno, con impacto directo en las personas condenadas, sus familias y el sistema penitenciario, ha cobrado especial notoriedad a lo largo de los últimos meses, donde las nuevas ejecuciones concentran la atención nacional por su volumen y ritmo.

De acuerdo con el Death Penalty Information Center (DPIC), los datos marcan un antes y un después en la estadística reciente, ya que la cifra registrada hasta el 26 de noviembre pone a 2025 como el año con más ejecuciones desde 2012, cuando se registraron 43 casos, y posiciona al país frente a una tendencia ascendente tras décadas de disminución. Según NBC Miami, el repunte está impulsado casi exclusivamente por Florida, Texas, Alabama y Carolina del Sur, responsables del 76% de las ejecuciones en el presente año.

El contexto actual, descrito por Associated Press y NBC Miami, recoge decisiones políticas, cambios legislativos locales y directrices emanadas del gobierno federal como causas principales del fenómeno. La agencia detalla que en 2025, la práctica de la pena de muerte depende en gran medida de las políticas aplicadas por los gobernadores estatales y de la interacción con los tribunales federales, lo que explica el carácter focalizado del aumento.

¿Cuántas ejecuciones hubo en Estados Unidos en 2025 y cómo se compara con los años anteriores?

La cantidad de ejecuciones en Estados Unidos en 2025 representa un salto respecto a los dos años previos. Associated Press informa que 35 personas fueron ejecutadas entre enero y noviembre de 2025, 10 más que el total de 2024. El último recuento similar figura en 2012 con 43 casos. El récord moderno permanece en 1999, cuando se llevaron a cabo 98 ejecuciones en todo el país, según datos históricos recopilados por el DPIC.

El mismo análisis señala que el promedio anual venía en descenso desde el cambio de siglo, resultado de moratorias, anulaciones judiciales y una menor aplicación sostenida de la pena capital en varios estados. NBC Miami confirma que este año marca una excepción, dado que la tendencia volvió a subir.

Distribución de ejecuciones por estado hasta noviembre de 2025:

• Florida: 13 (con dos más fijadas antes de fin de año)
• Texas: Múltiples casos, aunque menores a los niveles del año 2000
• Alabama, Carolina del Sur: Cifras también superiores a ejercicios anteriores

Este incremento es atribuido por el DPIC y Associated Press a la intervención directa de los gobiernos estatales, en especial en territorios controlados por el Partido Republicano.

¿Qué estados lideran las ejecuciones en 2025 y por qué?

La actividad de Florida destaca por encima del resto del país. Según NBC Miami y el informe de Associated Press, el estado registró 13 ejecuciones, récord absoluto local desde el restablecimiento nacional de la pena capital en 1976. El gobernador Ron DeSantis es el principal impulsor, ya que ninguna gobernación anterior agendó tal cantidad de casos en un solo ejercicio.

Texas, Alabama y Carolina del Sur también presentan incrementos porcentuales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Siete ejecuciones adicionales están programadas hasta fin de año: Florida mantiene dos fechas pendientes y Missouri, Misisipi, Alabama y Tennessee suman casos singulares que podrían elevar el registro total.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Associated Press, Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, afirmó: “Esto no representa un aumento nacional, sino una tendencia focalizada en unos pocos estados”. El análisis institucional considera que la mayor parte del repunte puede atribuirse a la orientación política y estrategia penal de cada administración local.

¿Cuáles son los casos más relevantes de pena de muerte este año?

La cobertura de NBC Miami y Associated Press destaca varias ejecuciones programadas o efectuadas en 2025 que ejemplifican la complejidad de los procesos judiciales en curso:

• Samuel Lee Smithers (Florida): condenado por dos asesinatos cometidos en 1996.
• Norman Mearle Grim Jr. (Florida): declarado culpable de violación y homicidio en 1998.
• Charles Ray Crawford (Misisipi): sentenciado por secuestro y asesinato de una estudiante universitaria en 1993.
• Lance C. Shockley (Misuri): condenado por el homicidio de un agente policial en 2005.
• Roy Lee Ward (Indiana): ejecutado luego de agotar sus recursos de apelación.
• Robert Roberson (Texas): suspensión del proceso ante nuevos análisis médicos, acusado por la muerte de su hija tras diagnóstico judicial de “shaken baby syndrome”.

Alabama aplicará próximamente el método de gas nitrógeno. De acuerdo con Associated Press, el caso de Anthony Todd Boyd marca una excepción metodológica en el contexto actual.

¿Qué métodos de ejecución se usan actualmente en Estados Unidos?

Hasta 2025, la inyección letal permanece como el principal método de ejecución aplicado en los estados que mantienen vigente la pena capital, según NBC Miami y confirmaciones de Associated Press. Sin embargo, la legislación estatal permite otras alternativas cuando los tribunales o el reo así lo deciden.

Alabama autorizó recientemente el gas nitrógeno. La ley local contempla esta alternativa ante agotamiento de las opciones farmacológicas o impugnaciones legales. Otros métodos vigentes en distintas regiones del país incluyen la silla eléctrica y el fusilamiento, aunque su uso es menos frecuente. La variación responde a contexto regulatorio, avances legislativos y cambios en los suministros médicos.

¿Cuál es el fundamento legal y cómo cambia la aplicación de la pena de muerte en 2025?

El marco legal que habilita la pena capital corresponde a la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1976, que facultó a los estados a legislar la materia bajo ciertas garantías constitucionales. Desde entonces, la implementación varía de acuerdo a cada jurisdicción.

Según Associated Press, el poder de programar ejecuciones depende del gobernador y de resoluciones judiciales concurrentes. El gobernador Ron DeSantis en Florida ejerce actualmente esas atribuciones con autonomía, sin que la oficina de prensa haya detallado las razones del aumento del ritmo ni la eventual influencia de directrices federales.

En 2025, los estados pueden acelerar o postergar ejecuciones por medio de decretos, decisiones de los tribunales o reconsideraciones ante nuevas pruebas, informa NBC Miami. El caso de Robert Roberson en Texas evidencia el funcionamiento de los mecanismos de revisión.

¿Qué dicen las autoridades y grupos de derechos humanos sobre el aumento de ejecuciones?

De acuerdo con Associated Press, el Death Penalty Information Center y otros organismos han advertido sobre una “falta de transparencia” en la manera en la que se programan y anuncian las ejecuciones. La directora ejecutiva del centro sostuvo que “el gobernador DeSantis está programando todas estas ejecuciones con completa autonomía y total secretismo”.

El despacho del gobernador no respondió a solicitudes de clarificación enviadas por Associated Press y NBC Miami respecto al porqué del cambio de tendencia y el número récord en Florida. No se han anunciado reformas adicionales ni moratorias por parte de las autoridades estatales.

Organizaciones en defensa de los derechos humanos mantienen la vigilancia sobre la evolución de los casos, recalcan la importancia de la revisión y contrastan las cifras frente a estándares internacionales de derechos fundamentales.

¿Cuáles son las consecuencias y qué se puede esperar a partir de ahora?

La aceleración de las ejecuciones influye tanto en el procesamiento de personas sentenciadas como en el debate público sobre la proporcionalidad y el rol preventivo de la pena de muerte. Los estados involucrados ajustan políticas penales conforme avanza el calendario.

Según NBC Miami y Associated Press, la sociedad estadounidense, los organismos internacionales y las organizaciones locales se mantienen atentos a cualquier novedad legislativa o judicial que altere los márgenes actuales. Las familias de víctimas y condenados esperan noticias sobre los procesos pendientes, cuyas resoluciones podrían modificar el balance del año antes del cierre de 2025.

Yajaira Berenice “N”, alias “La China” y presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenida en el municipio de Manzanillo, Colima, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de seguridad estatal.

Su captura se llevó a cabo el martes 11 de noviembre durante un recorrido de vigilancia en la colonia La Joya II Delegación Santiago, donde fue ubicada a bordo de una motocicleta sin placas que transitaba a exceso de velocidad.

“La China” viajaba acompañada, y al observar a las autoridades marcarles el alto, intentó huir derrapando su motocicleta. La segunda persona logró escapar, pero ella fue detenida en el sitio.

Las autoridades le aseguraron aproximadamente 36 dosis de metanfetamina, una bolsa con aproximadamente 44.51 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo y equipo de comunicación, además de que fue decomisada su motocicleta.

El historial delictivo de “La China”

Yajaira Berenice “N” era identificada como objetivo prioritario por parte de las autoridades estatales al estar implicada en múltiples hechos delictivos como órdenes de ejecución y descuartizamientos.

Infobae México pudo conocer que a “La China” también está relacionada en el control de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo. Además, cuenta con antecedentes penales por robo y se sospecha su posible participación en un doble asesinato ocurrido el día de su detención.

Su principal centro de operaciones era el último piso del inmueble 16 en los Edificios de la CROM (Santiago), donde también retenía y ejecutaba a sus víctimas. Esto podía realizarlo debido a que operaba como encargada del sitio.

Las autoridades identificaron entre sus operadores a tres personas conocidas como “X8″, “X1″ y “X7″.

Sus actividades ilícitas no se limitaban al centro de operaciones, ya que también es relacionada con una estructura delictiva liderada por Giancarlo “N”, alias “Raptor”, la cual era operada por Francisco “N”, alias “Chacalo”, dedicada al halconeo y distribución de droga en Manzanillo.

Además, esta célula ha sido vinculada a diversos asesinatos en Colima y Villa de Álvarez, así como ejecuciones en el Centro de Santiago en las que se empleó el mismo modus operandi de desmembramiento y traslado de cuerpos en vehículos.

En la acción las autoridades también lograron identificar dos casas de seguridad que eran utilizadas por la célula delictiva.

Una de ellas fue localizada en Colima, donde habitaba un hombre, identificado como “El Perro”, así como una mujer, quienes fungían como el resguardo de personal antes de su traslado a Manzanillo.

En tanto, la segunda fue ubicada en Manzanillo, en los edificios de la CROM, donde tenía su centro de operaciones “La China”.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente junto con los objetos asegurados para que se inicie la carpeta de investigación y se determine su situación jurídica.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este jueves el reciente “asalto” de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sobre la ciudad sudanesa de El Fasher, en Darfur Norte, tras conocerse denuncias de "atrocidades" cometidas durante la toma, incluyendo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y crímenes de motivación étnica.

La ofensiva, ocurrida el pasado fin de semana, marcó la caída del último gran bastión del Ejército de Sudán en la región occidental, intensificando una guerra civil que desgarra al país desde abril de 2023 y agravando la ya crítica crisis humanitaria.

En un comunicado conjunto, los miembros del Consejo de Seguridad recordaron la resolución 2736 que exige el levantamiento del asedio sobre El Fasher y el cese inmediato de los combates. Destacaron su “grave preocupación ante el alto riesgo de atrocidades a gran escala”, señalando, además, la urgencia de proteger a la población civil y el cumplimiento irrestricto del Derecho Internacional Humanitario. La ONU reiteró la prioridad de retomar un diálogo que permita alcanzar un alto el fuego duradero y un proceso político inclusivo bajo liderazgo sudanés.

Los Estados miembros hicieron énfasis en rechazar cualquier injerencia externa y reafirmaron su apoyo “inequívoco” a la soberanía y la integridad territorial de Sudán, condenando el eventual establecimiento de un gobierno paralelo en los territorios controlados por las RSF.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, describió ante el Consejo la dramática situación en El Fasher tras la conquista de las RSF, denunciando que la ciudad “se ha sumido en un infierno aún más oscuro”. Según Fletcher, “la violencia no se ha limitado a Darfur” y persisten ataques mortales contra lugares civiles en áreas bajo control paramilitar.

“La crisis de Sudán es, en esencia, un fracaso de la protección y de nuestra responsabilidad de defender el Derecho Internacional”, señaló, y apuntó que la violencia sexual contra mujeres y niñas y los ataques contra personal humanitario se han vuelto sistemáticos. Fletcher insistió en la necesidad urgente de permitir el acceso humanitario y rendir cuentas por las violaciones cometidas.

Investigaciones preliminares y testimonios obtenidos por la Misión de Investigación de la ONU en Sudán han identificado tanto ejecuciones de civiles desarmados por motivaciones étnicas como violencia sexual, saqueos masivos, destrucción de infraestructura y desplazamiento forzado.

El presidente de la misión, Mohamed Chande Othman, advirtió que “El Fasher arde, millones se enfrentan a la hambruna, y el mundo tiene que elegir entre el silencio o la solidaridad”. La misión instó a la comunidad internacional a crear una institución judicial independiente para juzgar a los responsables, proponiendo una posible colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI) y expandir su jurisdicción a todo Sudán.

Según organizaciones humanitarias y activistas presentes en la ciudad y localidades cercanas, la caída de El Fasher tras más de año y medio de asedio provocó nuevas oleadas de desplazamientos. El portavoz de la ONG ALIMA, John Ocheibi, informó a AFP desde Tawila, a 70 kilómetros de El Fasher, que mujeres, niños y otros civiles llegan en estado crítico, tras largos recorridos sin alimento y bajo amenazas constantes. Voluntarios y grupos humanitarios describieron condiciones extremas de hambre, miedo y duelos entre quienes huyen.

La Emergencia Response Room de Tawila, una de las redes de voluntariado que coordinan ayuda en Sudán, declaró el jueves que la región enfrenta “una grave situación humanitaria” y solicitó a la ONU acciones urgentes en apoyo a las familias desplazadas. De acuerdo con estimaciones de la ONU, más de 36.000 personas abandonaron El Fasher desde la caída, sumándose a los 650.000 desplazados ya presentes en Tawila. La ONG Human Rights Watch (HRW) verificó videos en redes sociales que muestran ejecuciones de civiles y denunció abusos como violaciones, saqueos y asesinatos a lo largo de las rutas de huida.

Mientras tanto, un convoy de ayuda de la ONU logró llegar esta semana a varias ciudades de Kordofán Sur, entregando suministros a comunidades sitiadas y privadas de alimentos durante meses. El trayecto, según la organización, fue “largo” y marcado por dificultades, incluyendo saqueos parciales de los suministros. La ONU manifestó la necesidad de establecer un corredor humanitario permanente para atender la creciente demanda de socorro.

La guerra civil sudanesa estalló en abril de 2023, agravada por la ruptura de la transición democrática posterior al derrocamiento de Omar Hasan al Bashir en 2019 y alimentada por el choque sobre la integración de cuerpos paramilitares en el ejército regular. Desde entonces, el país se enfrenta a una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados, propagación de enfermedades y destrucción de infraestructura esencial, impidiendo la atención adecuada a los afectados por el conflicto.

(Con información de AFP, EFE y EP)

El estado de Florida ejecutó este martes a Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, quien había sido condenado por violar y asesinar a su vecina en 1998. Se trata de la decimoquinta ejecución en lo que va de 2025 en Florida, superando por amplio margen el récord previo anual de ejecuciones registrado en 2014, cuando se llevaron a cabo ocho. Grim fue declarado muerto tras recibir una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke, procedimiento que inició puntualmente a las 18:00 horas, con el reo ya inmovilizado en la camilla.

Las autoridades preguntaron a Grim si deseaba hacer una declaración final, a lo que respondió: “No, señor”. El proceso de ejecución comenzó casi de inmediato. Grim cerró los ojos, respiró con dificultad y presentó ligeros espasmos antes de quedar inmóvil. El personal penitenciario verificó los signos vitales del condenado a las 18:13 y, un minuto después, fue oficialmente declarado muerto.

La condena de Grim se remonta a julio de 1998, cuando fue hallado responsable del abuso sexual y asesinato de Cynthia Campbell, su vecina. Campbell fue reportada como desaparecida antes de que un pescador hallara su cuerpo con múltiples lesiones, incluidas heridas contundentes en rostro y cabeza, así como once puñaladas en el pecho; siete de ellas atravesaron su corazón, según registros de la fiscalía. Las pruebas, incluidas coincidencias genéticas, vincularon a Grim con el crimen.

Récord de ejecuciones en Florida

Florida lidera la lista de ejecuciones en el país durante 2025, superando a Texas y Alabama, que contabilizan cinco cada uno en lo que va del año. La información recopilada por Associated Press indica que, desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el número de ejecuciones anuales en el estado nunca había superado ocho hasta este año.

Tras la firma de la orden de ejecución, los reclusos en Florida pueden presentar apelaciones ante la Corte Suprema estatal y la de Estados Unidos. Sin embargo, Grim renunció recientemente a esos recursos y no recibió visitas ni asesoramiento espiritual previo a la ejecución, de acuerdo con Associated Press.

Ejecuciones futuras programadas

La oficina del gobernador Ron DeSantis tiene programadas al menos dos ejecuciones adicionales en noviembre. El 13 de ese mes está prevista la ejecución de Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, condenado por el abuso y asesinato de una niña de seis años en 1979. Para el 20 de noviembre, se agendó la ejecución de Richard Barry Randolph, de 63 años, hallado culpable en 1988 por la violación y asesinato de su exempleada.

Las autoridades precisan que las ejecuciones en Florida emplean un protocolo de tres fármacos: un sedante, un paralizante y una sustancia que detiene el corazón. Desde enero, 40 personas han sido ejecutadas por mandato judicial en Estados Unidos, mientras que al menos 18 casos adicionales están agendados para lo que resta de 2025 y parte de 2026.

El régimen de Irán ha ejecutado a más de 1.000 personas en lo que va de 2025, según reportó Amnistía Internacional este viernes. Se trata de la cifra más alta de ejecuciones anuales registradas por la organización en al menos los últimos quince años. La cifra ya supera los 975 casos reportados durante todo 2024, según estadísticas difundidas por Naciones Unidas y diferentes entidades de derechos humanos internacionales.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, solo en los primeros nueve meses del año, el número de personas ejecutadas por el régimen iraní sobrepasó la totalidad de ejecuciones registradas durante 2024. Esta escalada se produce en un contexto de fuerte represión estatal tras las protestas del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” en 2022, junto con un aumento sostenido de sentencias de muerte por delitos relacionados con drogas y, más recientemente, por acusaciones de colaboración con países considerados enemigos.

Heba Morayef, directora regional para Medio Oriente y Norte de África de Amnistía Internacional, señaló que “la continua escalada de ejecuciones en Irán ha alcanzado proporciones horribles, ya que las autoridades siguen utilizando sistemáticamente la pena de muerte como herramienta de represión para sofocar la disidencia, mostrando un ataque escalofriante contra el derecho a la vida”.

Morayef remarcó además que el uso masivo de la pena capital, especialmente tras juicios considerados rutinariamente injustos, agrava la injusticia, dado que las personas condenadas incluyen disidentes políticos, integrantes de minorías étnicas o procesados por delitos de drogas.

Amnistía Internacional llamó a las autoridades iraníes a instaurar una moratoria inmediata sobre las ejecuciones y a la comunidad internacional a ejercer presión para frenar las ejecuciones programadas. La organización denunció la impunidad sistemática frente a las ejecuciones arbitrarias y abogó por el uso de jurisdicción universal para que funcionarios iraníes sean responsables ante la ley internacional por posibles crímenes y graves violaciones de derechos humanos.

En cuanto a los grupos afectados, las ejecuciones impactaron de manera desproporcionada en minorías marginadas, como las comunidades afgana, baluchi y kurda.

Según Amnistía Internacional, el número de afganos ejecutados en Irán triplicó su cantidad en solo un año: de 25 en 2023 a 80 en 2024. Además, la organización subrayó que al menos dos mujeres kurdas, la trabajadora humanitaria Pakhshan Azizi y la disidente Verisheh Moradi, permanecen condenadas a muerte y en riesgo de ejecución.

La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, también confirmó que Irán ejecutó al menos a mil prisioneros en 2025, calificando la situación como una “campaña de asesinatos masivos” en las cárceles. Solo en la última semana se registraron al menos 64 ejecuciones, con un promedio mayor a nueve ahorcamientos diarios. IHR alertó que sus cifras constituyen un “mínimo absoluto”, pues el verdadero alcance se ve limitado por la falta de transparencia y las restricciones informativas. La mayoría de las ejecuciones se efectúa en prisiones mediante ahorcamiento, aunque algunas han ocurrido en público.

Datos recogidos por Amnistía Internacional señalan que, desde el 13 de junio, al menos diez hombres han sido ejecutados por cargos políticos, incluidos ocho acusados de espionaje para Israel. El Parlamento iraní aprobó una legislación que, de ser ratificada, expandiría aún más las posibilidades para imponer la pena capital por cargos vagamente definidos como “colaboración con gobiernos hostiles” o “espionaje”.

En Irán, todas las ejecuciones se realizan actualmente mediante ahorcamiento de acuerdo con la sharía, la ley islámica, si bien en teoría se permiten otros métodos. Las organizaciones de derechos humanos subrayan que Irán ocupa el segundo puesto mundial en número de ejecuciones, solo superado por China.

El incremento de la pena de muerte en el país se vincula también a la represión de las protestas contra el liderazgo religioso y político, sobre todo tras el estallido de movilizaciones contra el ayatollah Ali Khamenei en 2022 y la guerra de doce días contra Israel en junio de 2025. En ese contexto, la mayoría de las ejecuciones se atribuyen a sentencias por delitos de drogas y cargos de “enemistad contra Dios”, “corrupción en la tierra” y “rebelión armada contra el Estado”, tras juicios señalados por graves irregularidades y tortura, como en el caso de Babak Shahbazi, ejecutado el 17 de septiembre de 2025.

La tendencia creciente de ejecuciones durante los últimos años, en particular a partir de 2021, contraviene los estándares del derecho internacional, que prohíbe el uso de la pena de muerte para delitos vinculados a drogas. Varias entidades internacionales reclaman una transformación en la política penal iraní y la abolición definitiva de la pena capital.

(Con información de AFP)

Irán ha ejecutado al menos a 1.000 personas en lo que va de 2025, la cifra más alta en casi tres décadas, según declaró una ONG el martes, denunciando la “campaña de asesinatos masivos” en las cárceles como un crimen de lesa humanidad.

Al menos 64 personas fueron ahorcadas solo la semana pasada, un promedio de más de nueve al día, según el grupo Iran Human Rights, con sede en Noruega, que contabiliza y verifica las ejecuciones en Irán a diario.

Con más de tres meses de 2025 aún por delante, la cifra ya es la más alta desde que el IHR comenzó a llevar registros en 2008, superando las 975 ejecuciones registradas el año pasado.

En respuesta al informe, la oficina de derechos humanos de la ONU en Ginebra calificó el número actual de ejecuciones en Irán de “asombroso”.

Irán llevó a cabo una oleada de ejecuciones en la década de 1980 y principios de la de 1990 tras la Revolución Islámica de 1979 y la guerra entre Irán e Irak. Sin embargo, los activistas afirman que la República Islámica está utilizando la pena capital con mayor intensidad que en cualquier otro momento de las últimas tres décadas, con el liderazgo clerical del ayatolá Alí Jamenei desafiado por las protestas de 2022-2023 y la guerra de 12 días contra Israel en junio.

“En los últimos meses, la República Islámica ha iniciado una campaña de asesinatos masivos en las cárceles iraníes, cuyas dimensiones —ante la ausencia de reacciones internacionales serias— se expanden cada día”, declaró el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Ministros iraníes y europeos debían mantener conversaciones sobre el impasse nuclear en la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes. Sin embargo, Amiry-Moghaddam afirmó que las ejecuciones “constituyen crímenes de lesa humanidad y deben ser prioritarias en la agenda de la comunidad internacional”. - ‘Crimen de lesa humanidad’ -

Raphael Chenuil Hazan, director del grupo activista Juntos Contra la Pena de Muerte, con sede en París, afirmó que las cifras confirman el veredicto de su grupo de que el uso de la pena de muerte por parte de Irán puede clasificarse como “un crimen de lesa humanidad”.

“La comunidad internacional debe considerar que Irán, como Estado, comete un crimen de lesa humanidad con el uso masivo y sistemático de la pena de muerte”, declaró a la AFP.

Irán ha ejecutado a diez personas este año acusadas de espiar para Israel, según el IHR, la mayoría tras el inicio de la guerra de los 12 días.

El último en ser ahorcado por estos cargos fue Babak Shahbazi, ejecutado el 17 de septiembre tras lo que Amnistía Internacional describió como un “juicio manifiestamente injusto en el que las autoridades nunca investigaron su tortura”.

El IHR afirmó que sus cifras de ejecuciones son “un mínimo absoluto”, y que la cifra real probablemente sea mayor “debido a la falta de transparencia y las restricciones a la información”. - ‘Proporciones horrorosas’ -

En Irán, las ejecuciones se llevan a cabo actualmente exclusivamente mediante ahorcamiento, aunque en el pasado se han empleado otros métodos. La mayoría se llevan a cabo en prisión, aunque ocasionalmente se realizan ahorcamientos públicos.

El mes pasado, Irán defendió el uso de la pena de muerte, afirmando que se aplica únicamente a los delitos más graves. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que Teherán “se esfuerza por limitar el uso de este castigo únicamente a los delitos más graves”.

Sin embargo, el IHR indicó que la mayoría de los ahorcamientos se debían a delitos no letales, y que el 50 % de las ejecuciones se debían a casos relacionados con drogas.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, declaró a AFP que se había “enfatizado repetidamente” que los delitos relacionados con drogas “no deben ser castigados con la muerte”.

Del total de ejecuciones ahorcadas del IHR para 2025, 28 eran mujeres, muchas de las cuales, según activistas, fueron condenadas tras matar a un marido con el que se habían visto obligadas a casarse o que actuaba de forma violenta. Según organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, Irán es el segundo país con mayor número de ejecuciones del mundo, después de China, donde se cree que se ejecutan miles de personas al año, aunque no se dispone de cifras precisas. Amnistía Internacional declaró esta semana que las ejecuciones en Irán habían alcanzado proporciones aterradoras y que decenas de personas corrían el riesgo de ser ejecutadas en Irán tras juicios injustos y condenas por cargos de motivación política.

(Con información de AFP)

Violaciones de derechos humanos que podrían ser consideradas como crímenes de guerra se han seguido cometiendo este año en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad a finales de 2024, denunció este martes la Comisión de Investigación de la ONU para Siria.

En su informe actualizado sobre la situación de Siria presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, el presidente de la comisión, Paulo Sergio Pinheiro, destacó que actos como la matanza de más de 1.400 alauíes en marzo en las ciudades de Latakia, Tarus y Hama exigen investigación independiente, rendición de cuentas y compensación a las víctimas y afectados.

“Continuamos recibiendo preocupantes informes sobre asesinatos y detenciones, algunas arbitrarias, de miembros de la comunidad alauita y la confiscación y ocupación de propiedades de quienes huyeron de la violencia de marzo”, agregó el experto brasileño.

Pinheiro recordó también la nueva ola de violencia iniciada en julio en Al Sueida, que involucró en ese caso a comunidades drusas y beduinas, con cientos de muertos y más de 200.000 desplazados.

Tras la intervención de fuerzas de seguridad del gobierno de transición, “se publicaron en internet vídeos, verificados por la comisión, de hombres drusos siendo ejecutados de forma sumaria o sujetos a tratos humillantes y degradantes”, denunció.

“La conducta de las fuerzas de seguridad en estas operaciones genera serias preocupaciones”, añadió, subrayando que también en esos incidentes en julio hubo saqueos y destrucción de propiedades.

El jefe de la comisión que completan el egipcio Hanny Megally y la británica Lynch Welchman pidió a las autoridades sirias que “aborden las causas detrás de esta violencia, eviten la repetición de violaciones de derechos humanos y trabajen para que se recupere la confianza entre el Estado y las comunidades afectadas”.

“La falta hasta ahora de capacidad para reconciliar visiones opuestas en torno al futuro de Siria amenaza con fragmentar más el país, frenar los esfuerzos para consolidar el Estado, y podría hundirlo de nuevo en un prolongado conflicto”, advirtió.

Pinheiro agregó que Israel está afectando a la inestabilidad de Siria con sus frecuentes ataques aéreos al país vecino, incluido los dirigidos a las cercanías de edificios gubernamentales clave de la capital Damasco.

“En el sur, Israel continuó violando la soberanía de Siria, ocupando además tierras más allá de la línea de separación de 1974, desplazando por la fuerza a los civiles que allí residían y supuestamente deteniendo arbitrariamente a ciudadanos sirios durante operaciones terrestres”, añadió.

Pinheiro citó por otro lado progresos como las promesas de las autoridades de transición de investigar los crímenes cometidos antes de 2025 y los sufridos este año por las citadas comunidades, o el retorno a sus hogares de un millón de refugiados sirios y dos millones de desplazados internos desde la caída de Al Assad.

(con información de EFE)

Transcurridos dos años de la guerra de Gaza y con Hamas sometido a la implacable presión militar israelí, han surgido pequeñas bandas de palestinos armados opuestos al grupo en varias partes de Gaza, según residentes y fuentes cercanas a Hamas y a los grupos.

En un video difundido en las redes sociales en el que se muestran las ejecuciones, se ve a un hombre enmascarado que lanza una advertencia a “todos los colaboradores” antes de que los tres hombres, arrodillados y con los ojos vendados, sean pateados y fusilados frente a una multitud.

Reuters confirmó que se trataba de la ciudad de Gaza por los edificios, una gasolinera, el trazado de las carreteras y las señales que se veían en el video, que coincidían con imágenes de archivo y por satélite de la zona.

El responsable palestino de seguridad del gobierno de Gaza, dirigido por Hamas, afirmó que las ejecuciones fueron llevadas a cabo el domingo por la “Sala de Operaciones Conjuntas de la resistencia palestina”.

Los videos mostraban la aplicación de “sentencias revolucionarias” contra personas por colaborar con Israel en materia de seguridad, afirmó. Las ejecuciones pretenden enviar “un mensaje claro y servir de disuasión a cualquiera que tenga la tentación de colaborar con la ocupación”.

El Ejército israelí no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Durante la guerra, Hamas afirmó haber castigado públicamente a personas por delitos como el saqueo y la colaboración con Israel. Este video fue una de las demostraciones más gráficas de ello.

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo públicamente en junio que Israel está armando a clanes que se oponen a Hamas, sin decir a cuáles.

El rebelde anti-Hamas más destacado es Yasser Abu Shabab, con base en Rafah, en el sur de Gaza, zona controlada por Israel. Ha negado recibir apoyo israelí o contactos con el Ejército israelí.

El responsable de seguridad palestino afirmó que algunos de los hombres ejecutados el domingo tenían vínculos con Abu Shabab. La organización de Abu Shabab no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada a través de su página de Facebook.

Analistas palestinos afirman que Hamas, aunque debilitada, podría reprimir rápidamente a los grupos rivales si se alcanzara un alto el fuego, pero mientras continúe la guerra tiene dificultades para hacerlo, sobre todo porque esos grupos se mueven libremente por las zonas de Gaza controladas por Israel.

El grupo armado de Abu Shabab publicó recientemente en las redes sociales un anuncio en el que solicitaba reclutas con experiencia policial y de seguridad, prometiendo sueldos mensuales de entre 3.000 y 5.000 shekels (entre 890 y 1.500 dólares).

Otros grupos opuestos a Hamas han surgido en Beit Lahiya y Shejaia, en el norte de Gaza, y en el este de Jan Yunis, en el sur, según fuentes cercanas a Hamas y residentes.

(con información de AP)

Las autoridades de Irán han ejecutado al menos a 841 personas desde principios de año, más de una tercera parte de éstas por cargos relacionados con supuesto tráfico de drogas y en un puñado de casos esta pena fue aplicada de manera pública, reveló este viernes la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El organismo ha lamentado que los responsables iraníes hayan ignorado los numerosos llamamientos en contra de esta práctica, que por el contrario ha ido en aumento.

Entre los aspectos que más preocupan (además de la crueldad inherente a la pena de muerte), el organismo mencionó que se está utilizando particularmente contra ciertas categorías de personas, como prisioneros políticos y contra personas de minorías étnicas.

“Solo en julio se ejecutaron al menos a 110 personas, incluidas mujeres, afganos y (personas de) minorías étnicas como baluches, kurdos y árabes”, dijo en Ginebra la portavoz de derechos humanos, Ravina Shamdasani

Según las informaciones documentadas por el organismo de la ONU, esa cifra representa más del doble del número de personas ejecutadas en julio del año pasado.

“El elevado número de ejecuciones indica un patrón sistemático de uso de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, que impacta de manera desproporcionada a las minorías étnicas y a los migrantes”, dijo

Actualmente, once personas se enfrentan a una ejecución inminente y cinco de ellas están acusadas de haber participado en las protestas de 2022.

“La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida e irreconciliable con la dignidad humana. Crea el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, recalcó Shamdasani, tras recordar que además este tipo de sentencia tan grave se impone frecuentemente “en función de leyes vagas” y sin que el acusado tenga una adecuada defensa legal.

“También hay muchos casos de tortura documentados en los centros de detención”, denuncio la portavoz.

Por otra parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este viernes que el proceso de 30 días que se acaba de iniciar para reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear brinda una oportunidad de encontrar vías diplomáticas para una solución.

“En lo que respecta a Irán, como saben, ayer se inició la reimplantación (de sanciones). En estos 30 días, estamos entrando en una nueva fase que nos brinda la oportunidad de encontrar vías diplomáticas para una solución”, afirmó Kallas a su llegada a un consejo informal de ministros de Defensa en la capital danesa.

Las tensiones entre Occidente e Irán se han disparado de nuevo después de que los países europeos iniciaran la víspera el proceso -de 30 días de duración- para reimponer las sanciones de la ONU contra el país persa por su programa nuclear y la amenaza iraní responder de manera “apropiada”.

(Con información de EFE)

Las autoridades saudíes ejecutaron este lunes a dos ciudadanos saudíes por una serie de “crímenes terroristas”, y ya son más de 230 los ajusticiados en lo que va de año, más de la mitad extranjeros, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio del Interior aseguró en un comunicado que dos ciudadanos saudíes fueron ejecutados en la región de La Meca tras haber sido condenados a muerte por cometer “un número de crímenes terroristas”, como el de “unirse a una organización terrorista, disparar a la policía con intención de asesinar, fabricar explosivos y poseerlos, así como financiar y apoyar actos terroristas”.

El departamento afirmó que la sentencia de ambos fue confirmada por el Tribunal Supremo tras una apelación, aunque no dio más detalles ni fechas sobre el proceso judicial.

En tres días, diez personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí, la gran mayoría extranjeros y por cargos relacionados con el narcotráfico.

El ministerio de Interior saudí advirtió en los tres comunicados que el reino sigue “comprometiéndose” con el mantenimiento de la seguridad, la justicia y la aplicación de las disposiciones de la sharia islámica (Ley Islámica) contra cualquiera que ataque a personas inocentes, derrame su sangre o viole su derecho a la vida y la seguridad (...) y aquellos que se atrevan a actuar de esa manera se enfrentarán a un castigo legal".

El uso sistemático de la pena de muerte en estos casos contradice los compromisos asumidos públicamente por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien en 2022 había declarado: “En cuanto a la pena de muerte, la eliminamos por completo, excepto una categoría, que está escrita en el Corán, y no podemos hacer nada al respecto, incluso si quisiéramos hacerlo, porque es una enseñanza clara del Corán”.

La Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, por sus siglas en inglés) dijo ayer que, tras la ejecución del pasado viernes de ocho personas en un solo día, Arabia Saudí había ejecutado a 231 personas, una cifra que alcanza los 233 con las dos ejecuciones de hoy, en lo que va de 2025.

Se trata de “una cifra récord sin precedentes” en el país del golfo, según la ONG saudí con sede en el exilio en Alemania.

Entre los ajusticiados 129 son extranjeros, mientras que 104 son saudíes, de acuerdo a los datos de la organización. Entre las nacionalidades más castigadas están los somalíes, paquistaníes, egipcios, así como los etíopes, de acuerdo a la ONG.

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, un número récord desde que hay registros en el país, según las oenegés.

(con información de EFE)

Así lo indicó en las últimas horas la agencia oficial de noticias saudí SPA, que informó de que tres etíopes fueron ejecutados en Najran, en el sur, por "contrabando de hachís", así como cuatro somalíes en la misma zona de Arabia Saudí y por el mismo delito.

La fuente no indicó cuándo fueron detenidos los siete hombres ni tampoco detallaron cuál fue la cantidad incautada.

Por otro lado, la octava persona ha sido ejecutada en la región de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí, y se trata de un saudí condenado a muerte por haber asesinado a tiros a su madre, según SPA.

El ministerio de Interior saudí advirtió en los tres comunicados que el reino sigue "comprometiéndose" con el mantenimiento de la seguridad, la justicia y la aplicación de las disposiciones de la sharia islámica (Ley Islámica) contra cualquiera que ataque a personas inocentes, derrame su sangre o viole su derecho a la vida y la seguridad (...) y aquellos que se atrevan a actuar de esa manera se enfrentarán a un castigo legal".

De esta manera, ya hay más de 200 ejecuciones en lo que va de 2025, "lo que parece un número sin precedentes", según la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, por sus siglas en inglés).

Además, entre las nacionalidades más castigadas están los somalíes, paquistaníes, egipcios, así como los etíopes, de acuerdo a la ONG, que indicó la gran mayoría de los casos de los ajusticiados era por "drogas".

En 2024, Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones, un número récord desde que hay registros en el país, según las oenegés.EFE

Arabia Saudita ejecutó a 345 personas en 2024, la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde que comenzó a documentar la pena capital en el reino en 1990. En el primer semestre de 2025 ya se registraron 180 ejecuciones, por lo que todo indica que se podría superar el récord del año anterior.

La mayoría de las ejecuciones están vinculadas a delitos no violentos relacionados con drogas. Según la ONG Reprieve, dos tercios de los ejecutados este año fueron condenados por ese tipo de cargos.

El uso sistemático de la pena de muerte en estos casos contradice los compromisos asumidos públicamente por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien en 2022 había declarado: “En cuanto a la pena de muerte, la eliminamos por completo, excepto una categoría, que está escrita en el Corán, y no podemos hacer nada al respecto, incluso si quisiéramos hacerlo, porque es una enseñanza clara del Corán”.

Las autoridades saudíes, que suspendieron las ejecuciones por delitos de drogas durante 33 meses, retomaron en noviembre de 2022 estos ajusticiamientos, con más de 260 personas ejecutadas por este motivo desde entonces. Arabia Saudita no ha explicado los motivos del cambio de política ni respondió a las consultas de medios y organismos internacionales.

Extranjeros, los más afectados

El informe pone además de relieve el “alarmante ritmo” al que están siendo ejecutados extranjeros por estos delitos. Según Amnistía, casi el 75% de los ejecutados por drogas eran migrantes. Muchos enfrentaron procesos plagados de irregularidades: desconocimiento del idioma, ausencia de representación legal y condenas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura.

Uno de los casos más representativos es el del egipcio Essam Ahmed, quien desapareció en 2021 mientras trabajaba en un barco pesquero. Luego se supo que había sido detenido en Arabia Saudita y condenado a muerte por narcotráfico. Según su familia, fue obligado a transportar un paquete bajo amenaza de arma de fuego.

“Vivimos aterrorizados, tenemos miedo cada mañana”, contó un familiar a AP. “No tenemos sentimientos. Estamos muertos. La muerte sería más fácil. … Ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderlo y no sé qué hacer”.

En junio de este año, se ejecutaron 46 personas en solo un mes, 37 de ellas por delitos de drogas. Entre los ajusticiados había ciudadanos de Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia.

Amnistía también denunció que en todos los casos documentados las autoridades saudíes retuvieron los cuerpos de los ejecutados y no informaron a las familias de las fechas de ejecución.

“Fue desolador, sobre todo al no tener el cadáver para llorarlo. Ni un funeral”, expresó Zainab Abú al Jeir, hermana de un condenado a muerte.

Amnistía documentó los casos de 25 extranjeros que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte o fueron ejecutados recientemente por delitos relacionados con drogas.

Acusaciones por represión a minorías

Además de los delitos de drogas, el informe de Amnistía destaca el uso creciente de la pena de muerte por cargos de “terrorismo”, especialmente contra miembros de la minoría chií, que representa entre el 10% y el 12% de la población saudí. Esta comunidad concentró el 42% de las ejecuciones por ese tipo de cargos desde 2014.

También preocupa la situación de menores condenados a muerte. Siete jóvenes, algunos con apenas 12 años al momento del presunto delito, siguen en riesgo de ejecución pese a las reformas legales que supuestamente prohíben aplicar la pena capital en estos casos.

“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia”, advirtió Kristine Beckerle, subdirectora regional de Amnistía Internacional. “Los aliados de Arabia Saudita en la comunidad internacional deben presionar urgentemente a las autoridades saudíes para detener esta oleada de ejecuciones”.

Una imagen progresista que no se condice con la realidad

Las ejecuciones ocurren en paralelo a una serie de reformas impulsadas por el príncipe heredero bajo el plan Visión 2030, que busca modernizar la economía saudí y atraer inversión extranjera. Si bien se han producido avances simbólicos, como permitir a las mujeres conducir, las políticas represivas continúan.

“Los miles de millones gastados en las llamadas reformas, diseñadas para promover un reino más tolerante e inclusivo bajo el gobierno del príncipe heredero, enmascaran un estado autoritario donde las ejecuciones diarias por delitos de drogas son ahora la norma”, afirmó Jeed Basyouni, directora para Medio Oriente y el Norte de África de Reprieve.

La directora también asegura que el Príncipe Mohammed podría cambiar rápidamente la política de ejecuciones de Arabia Saudita si quisiera. “Podría conceder indultos masivos. Podría insistir en reescribir las leyes para que se ajusten al derecho internacional”, dijo Basyouni.

Al tiempo que promovía la inversión extranjera, Arabia Saudita también ha encarcelado a empresarios, miembros de la realeza y otras personas en una ofensiva contra la corrupción que pronto se asemejó a una extorsión a las figuras más poderosas del reino.

Entre enero de 2014 y junio de 2025, Arabia Saudita ejecutó al menos 1.816 personas, según Amnistía. Un tercio de ellas por delitos de drogas. El ritmo actual no solo pone en duda las promesas de reforma, sino que refuerza las denuncias de un sistema judicial que viola sistemáticamente los derechos humanos más básicos.

(Con información de AP/Europa Press)

Las autoridades del régimen de Irán han ejecutado este miércoles a otras cuatro personas condenadas por supuestas labores de espionaje en favor de los servicios de Inteligencia de Israel, el Mossad, un día después de que entrara en vigor un alto el fuego tras más de diez días de conflicto a raíz de la ofensiva lanzada el 13 de junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático.

El aparato judicial iraní ha enmarcado estas ejecuciones en el marco de las “acciones decisivas contra agentes el régimen sionista” y ha afirmado que tres de los condenados, identificados como Idris Alí, Azad Shojaei y Rasul Ahmad, han sido ahorcados en una prisión en Urmiá, en el noroeste del país.

Así, ha afirmado que todos ellos “intentaron importar equipamiento para asesinar a altos cargos del país” y ha detallado que fueron sentenciado por “corrupción en la tierra” debido a su “colaboración con gobiernos extranjeros hostiles en apoyo al régimen sionista”.

En este sentido, ha recalcado que estas personas trabajaron para importar este equipamiento “bajo un falso envío de bebidas alcohólicas” y ha agregado que estas acciones “llevaron en última instancia al asesinato de una persona”, sin detalles sobre quién sería la víctima, tal y como ha informado la agencia iraní de noticias Fars.

Por otra parte, las autoridades han ejecutado además a Mohamad Amín Mahdavi Shayesté, acusado de “gestionar una red informática bajo dirección del Mossad” y de “colaborar de forma voluntaria con los servicios de Inteligencia del régimen terrorista israelí”.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr, el hombre encabezaba un equipo informático cuya “principal tarea” era “producir contenido en redes sociales y plataformas de mensajería contra personal de las Fuerzas Armadas” y “abrir una página web a partir de órdenes del Mossad”.

Las autoridades han especificado que esta “red” estaría en “contacto estrecho” con Iran International, un medio opositor con sede en Reino Unido al que Teherán acusa de “publicar contenido falso generado por esta re cibernética” para “atraer audiencia a canales afiliados”.

El jefe del aparato judicial iraní, Gholam-Hosein Mohseni-Ejei, advirtió la semana pasada a cualquier persona que “colabore” con Israel para “lograr objetivos siniestros” hará frente al “castigo más duro”, antes de destacar que “si una persona es detenida por colaborar con el régimen sionista, será juzgada rápidamente y castigada de acuerdo con las condiciones de la guerra.

Desde entonces, las autoridades han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel, mientras que varias decenas de personas han sido detenidas por cargos relativos a estas supuestas acciones.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático --que respondió disparando misiles y drones--, a la que se sumó el domingo Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, que respondió lanzando un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, para la que dio aviso previo a Washington y que se saldó sin víctimas.

(Con información de Europa Press)

Irán llevó a cabo ejecuciones a un “ritmo alarmante” el año pasado, con al menos 975 personas ejecutadas, según denunció el secretario general de la ONU en un informe que también expone otras violaciones de derechos humanos, como obstáculos a la libertad de expresión, uso de tortura y detenciones arbitrarias.

La alta comisionada adjunta de derechos humanos, Nada Al-Nashif, presentó el documento este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, e instó a Irán a detener todas las ejecuciones como primer paso hacia una prohibición total. También reclamó negociaciones diplomáticas urgentes para frenar el conflicto en escalada entre Irán e Israel.

De acuerdo con el informe del secretario general António Guterres, el número de ejecutados en 2024 superó los 834 de 2023, marcando el nivel más alto desde 2015. Cuatro de las ejecuciones fueron públicas. Irán utiliza el ahorcamiento como método de ejecución.

Del total de ejecuciones registradas, el 52% fue por delitos relacionados con drogas; 43% por homicidio; 2% por delitos sexuales; y el 3% por delitos contra la seguridad nacional.

El informe también reportó un aumento en el número de mujeres ejecutadas: al menos 31 en 2024 frente a 22 en 2023. De ellas, 19 habrían sido ejecutadas por homicidio, incluyendo nueve que mataron a sus maridos en contextos de violencia doméstica, matrimonios forzados o matrimonios infantiles.

Entre las personas ejecutadas hubo tanto hombres como mujeres vinculados a las protestas iniciadas en septiembre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, arrestada por la policía de la moral por supuestamente no llevar el velo de forma adecuada.

El informe también denuncia que una proporción significativa de las ejecuciones afectó a minorías étnicas. Al menos 108 prisioneros baluches y 84 kurdos fueron ejecutados en 2024.

Además, al menos 31 personas, incluyendo disidentes políticos, fueron ejecutadas por delitos de seguridad nacional, como espionaje para Israel, según la información recibida por la oficina de derechos humanos.

El documento de la ONU también recoge reportes sobre torturas, detenciones arbitrarias y juicios que no respetan las garantías del debido proceso ni los estándares de juicios justos.

Respecto a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la ONU informó que al menos 125 periodistas fueron procesados en 2024 por su trabajo. De ellos, al menos 40 eran mujeres, que fueron procesadas o citadas por sus reportajes.

Al-Nashif reconoció que Irán ha cooperado en algunos aspectos con la oficina de derechos humanos, pero lamentó que el país haya denegado el acceso a la misión internacional independiente de investigación sobre Irán, establecida por el Consejo de Derechos Humanos.

(Con informción de AP)

El miércoles, Amnistía Internacional y la organización Iran Human Rights (IHRNGO), una ONG opositora al régimen iraní, condenaron la ejecución de Abbas Korkuri, un prisionero acusado de presuntos actos violentos durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022. Amini, de 22 años, falleció tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

La agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, informó de la ejecución del preso, arrestado por su supuesta implicación en las manifestaciones en la ciudad de Ize, en el sur del país, donde se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron al menos siete muertos, incluido un niño de 10 años, Kian Pirfalak, cuyo asesinato conmocionó al país.

Iran Human Rights expresó su rechazo a la ejecución de Korkuri y condenó el acto “en los términos más enérgicos”. Además acusó a las autoridades iraníes de responsabilizarlo injustamente por la muerte de Kian Pirfalak. Según la organización, Korkuri fue forzado a confesar bajo tortura.

En un comunicado, IHRNGO subrayó que el niño fue asesinado por agentes de seguridad iraníes, un hecho que fue confirmado por los familiares de Kian, quienes aseguraron que no tienen “nada en contra” de Korkuri, quien fue arrestado después de haber recibido un disparo en la pierna.

“Fue sentenciado a muerte sin un juicio justo y sin derecho a ser representado por un abogado de su elección, y fue ejecutado esta mañana”, denunció Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización IHRNGO.

IHRNGO también instó a que se considere al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a otros altos funcionarios iraníes responsables de la “muerte extrajudicial” de Korkuri, de Kian Pirfalak y de “miles de inocentes”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) calificó la ejecución de Korkuri como una “espantosa” violación de los derechos humanos, señalando que reflejaba el “desdén” de las autoridades iraníes por el derecho a la vida. AI destacó el uso de la pena de muerte como una herramienta para “aplastar la disidencia e infundir miedo entre la población”.

La organización también criticó el juicio de Korkuri, al que consideró “extremadamente injusto”, y denunció que su confesión fue obtenida bajo tortura. Según AI, el régimen iraní emitió videos propagandísticos con confesiones forzadas, uno de los cuales muestra al prisionero “en una cama de hospital, con el brazo vendado”.

El aumento de ejecuciones arbitrarias de manifestantes en Irán ha generado preocupación, ya que las autoridades del país “continúan cometiendo crímenes contra el derecho internacional”, afirmó Hussein Baoumi, Director Regional Adjunto en Oriente Medio y el Norte de África de AI.

La muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial desató una ola de protestas sin precedentes en la República Islámica, con un fuerte carácter feminista y el lema “Vida, Mujer, Libertad”. Las manifestaciones fueron sofocadas violentamente por el Estado, lo que resultó en al menos 500 muertes.

Hasta la fecha, al menos 11 personas han sido ejecutadas por presuntos delitos cometidos durante esas protestas. Irán sigue siendo uno de los países con mayores índices de ejecuciones, con un total de 972 en 2024, 119 más que en 2023, según Amnistía Internacional.

(Con información de EFE)

Florida llevará a cabo este martes la ejecución de Anthony Wainwright, un hombre de 54 años condenado por el secuestro, violación y asesinato de Carmen Gayheart, una madre de dos hijos, ocurrido hace más de tres décadas. Wainwright recibirá la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de la localidad de Starke, luego de agotar todos sus recursos legales.

La víctima, de 23 años, fue raptada en abril de 1994 en el estacionamiento de un supermercado en Lake City, Florida, mientras cargaba sus compras en su vehículo, una Ford Bronco azul. Según los documentos judiciales, los agresores la forzaron a punta de pistola a ingresar al automóvil, la violaron en el asiento trasero, intentaron estrangularla y, finalmente, le dispararon dos veces en la parte posterior de la cabeza antes de abandonar su cuerpo a varios metros de la carretera.

La ejecución convertirá a Wainwright en la sexta persona ejecutada en Florida en 2025, igualando la cifra de ejecuciones llevadas a cabo durante todo el año 2023, según registros del estado.

La fuga de prisión y el brutal crimen cometido en su huida

Wainwright y Richard Hamilton, su cómplice, escaparon juntos de una prisión en Carolina del Norte días antes del crimen. Durante su fuga, robaron un Cadillac verde y, al día siguiente, irrumpieron en una vivienda de la zona, de donde sustrajeron armas de fuego y dinero. Más tarde, el vehículo comenzó a presentar fallas mecánicas cuando atravesaban Lake City.

Fue entonces cuando ambos decidieron robar otro automóvil, y en ese momento encontraron a Carmen Gayheart. Ella era estudiante de un colegio comunitario y aspiraba a convertirse en enfermera, aunque inicialmente había querido estudiar veterinaria, recordó su hermana, María David.

Los agresores la secuestraron en el estacionamiento del supermercado, y tras el crimen huyeron hacia Mississippi, donde fueron arrestados al día siguiente luego de un enfrentamiento armado con la policía.

Un proceso judicial prolongado marcado por apelaciones y fallas

Un jurado en 1995 encontró a Wainwright culpable de asesinato, secuestro, violación y robo, y recomendó por unanimidad la pena de muerte. Sin embargo, el proceso legal se extendió durante casi tres décadas a través de numerosos recursos y apelaciones.

Los abogados del condenado alegaron en múltiples ocasiones que Wainwright padecía daño cerebral e incapacidad intelectual, y que su juicio estuvo plagado de errores y omisiones procesales. Entre ellos, destacaron que pruebas clave de ADN no fueron reveladas a la defensa sino hasta después del inicio del juicio, así como supuestas instrucciones erróneas al jurado y argumentos finales “inexactos y emotivos” por parte de la fiscalía.

Una de las revelaciones más recientes fue la admisión de un informante carcelario que testificó durante el juicio original. Según documentos presentados, ese testigo admitió el mes pasado que él y otro recluso declararon a cambio de recibir sentencias reducidas, información que en su momento no fue proporcionada a la defensa, según consta en un documento presentado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Associated Press indicó que la Corte Suprema rechazó el lunes el recurso final presentado por los abogados de Wainwright, sin emitir comentarios.

Reacción de la familia de la víctima tras el cierre de un ciclo de 30 años

Para María David, hermana de Carmen, la ejecución representa el cierre de un largo proceso judicial que ha dejado profundas marcas en su familia. “Tres décadas es demasiado tiempo para esperar justicia”, declaró a The Associated Press.

David comentó que cada paso en las apelaciones forzaba a su familia a revivir los detalles del caso, en una sucesión dolorosa de audiencias y documentos. Sus padres, explicó, murieron esperando que se hiciera justicia, pero ella se comprometió a asistir a la ejecución para “ver esta historia hasta el final”.

Durante estos años, María David conservó un cuaderno con cada documento del proceso, desde el acta de acusación inicial hasta las últimas apelaciones. Su deseo, expresó, es colocar las páginas finales que certifiquen la ejecución de Wainwright, cerrar el cuaderno y “no tener que pensar nunca más en Anthony Wainwright”.

Otro condenado murió en prisión antes de ser ejecutado

El otro implicado en el asesinato de Carmen Gayheart, Richard Hamilton, también fue condenado a muerte. No obstante, falleció en enero de 2023 mientras se encontraba en el corredor de la muerte, a los 59 años. Para la familia Gayheart, su muerte sin ejecución dejó una sensación de deuda pendiente.

María David declaró sentirse engañada por no haber visto cumplida la sentencia contra Hamilton. La firma del gobernador en la orden de ejecución de Wainwright la llenó, según sus palabras, de una fuerte carga emocional: “Nada me impediría estar allí para presenciar el capítulo final de esta tragedia familiar”.

Carmen, recordó su hermana, era una mujer amante de los animales, paciente con sus hijos y decidida a construir un futuro mejor. “Ella estuvo aquí, ella importaba, debe ser recordada y fue amada”, dijo

Las autoridades de Irán han anunciado este martes la ejecución de nueve personas condenadas por pertenencia al grupo yihadista Estado Islámico tras ser detenidas en 2018 durante una operación en el suroeste del país que se saldó con la muerte de tres miembros de la Guardia Revolucionaria.

El comandante de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpur, señaló en febrero de 2018 que estas nueve personas habían sido detenidas durante una operación en la que varios miembros de la célula se inmolaron haciendo estallar sus chalecos explosivos.

Según las informaciones recogidas por el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial del país, los nueve condenados han sido ajusticiados después de que el Tribunal Supremo diera su autorización tras finalizar el proceso de apelaciones contra las primeras sentencias.

Los sospechosos fueron acusados de planear atentados en Irán e imputados por "rebelión" y "levantamiento armado", entre otros cargos. Todos ellos habrían confesado su responsabilidad en estos actos y en la muerte de tres miembros de las fuerzas iraníes durante la citada operación, en la que fueron incautados armas, granadas y municiones.

Durante los próximos cuatro días, se han programado ejecuciones de reclusos en cuatro estados de Estados Unidos, un acontecimiento inusual en la actualidad, pero que refleja un aumento reciente en la aplicación de la pena de muerte en el país.

Según detalló CNN, el incremento en las ejecuciones se enmarca en un contexto político donde el gobierno nacional ha abogado por la expansión de esta práctica, con una orden ejecutiva firmada en enero de este año, que respalda la restauración de la pena de muerte como medida de protección pública.

La serie de ejecuciones comenzará este martes en Alabama, donde Gregory Hunt, que ha esperado en el corredor de la muerte durante más de 30 años, será ejecutado por el asesinato de Karen Lane ocurrido en 1988. El método utilizado será la hipoxia por nitrógeno, un procedimiento que el estado comenzó a implementar recientemente.

Según informes de las autoridades, este sería el quinto caso de ejecución mediante este método en Alabama. Sobre el crimen de Hunt, documentos judiciales revelan que Lane sufrió múltiples heridas, incluyendo doce costillas fracturadas, un esternón roto y signos de asalto sexual antes de su muerte.

Hunt, quien actualmente se representa a sí mismo legalmente, fue detenido por su relación sentimental con la víctima, que había durado un mes.

El mismo día, Florida procederá con la ejecución de Anthony Wainwright, de 54 años, quien permanece en el corredor de la muerte por el asesinato de Carmen Gayheart en 1994. De acuerdo con documentos judiciales, Wainwright y otro individuo habían escapado de prisión en Carolina del Norte antes de cometer el crimen.

Después de robar un vehículo y armas, secuestraron a Gayheart a punta de pistola en el estacionamiento de un supermercado, llevándola a una zona boscosa donde fue “violada, estrangulada y ejecutada” con un arma robada.

María David, hermana de la víctima, expresó al medio que la ejecución traerá un cierre legal al caso de su hermana, aunque no aliviará la pérdida permanente que sufre la familia.

La agenda continúa el jueves en Oklahoma con la ejecución de John Hanson, condenado por el asesinato de Mary Bowles en 1999 durante un secuestro y robo que también resultó en la muerte de otra víctima.

Aunque hay disputas legales en torno al papel que Hanson jugó en el crimen, ya que su coacusado, quien cumple cadena perpetua, confesó haber sido el autor del disparo fatal, el caso se ha mantenido en pie gracias al apoyo del Departamento de Justicia bajo la administración de Trump.

Esto ocurrió después de que el presidente emitiera su orden ejecutiva sobre la pena de muerte, facilitando la transferencia de Hanson desde una prisión federal a custodia estatal para llevar a cabo su sentencia.

La sobrina de Bowles, Sara Parker Mooney, recordó a su tía como una figura central de su familia y mentora de mujeres profesionales de Tulsa. Según escribió, “estamos agotados por los múltiples juicios y apelaciones, y listos para cerrar este asunto definitivamente”.

Finalmente, el viernes, Carolina del Sur ejecutará a Stephen Stanko, de 57 años, condenado por el asesinato de Henry Lee Turner en 2005. En el curso de sus crímenes, Stanko también fue responsable del asesinato de su pareja y del ataque a la hija de esta, quien logró sobrevivir.

Roger Turner, hijo de una de sus víctimas, expresó su apoyo a la ejecución, aunque reconoció que el prolongado proceso judicial de 20 años ha sido doloroso, pues le obliga a revivir el brutal crimen de su padre en repetidas ocasiones.

Este incremento en el uso de la pena de muerte es uno de los más significativos de los últimos años. Según datos del Death Penalty Information Center citados por CNN, si todas las ejecuciones agendadas en junio se llevan a cabo, el número total de 2025 hasta la fecha igualará al de todo 2024.

Esto representaría la mayor cifra de ejecuciones en un primer semestre desde 2011. Robert Dunham, director del Death Penalty Policy Project, explicó que “aunque las ejecuciones son menos comunes en comparación con su pico en 1999, la política favorecedora de Trump podría alentar a los estados a retomar estas prácticas”.

Durante el año en curso, estados como Arizona, Louisiana y Tennessee han reanudado ejecuciones después de años de inactividad, una tendencia que podría estar influida por iniciativas federales que promueven una postura dura contra el crimen.

Las familias de las víctimas, por su lado, enfrentan sentimientos encontrados respecto a las ejecuciones. Algunos, como Roger Turner, encuentran cierto alivio y sentido de justicia en el cumplimiento de la sentencia.

Otros, como María David, expresan que la perdida sigue ocasionando dolor, pero confían en que la aplicación de la pena capital ofrezca una medida de cierre legal a casos que han enviado ondas de choque emocionales por décadas.

Una jornada violenta en Acapulco dejó un saldo de once personas asesinadas, entre ellas tres mujeres. Cinco de las víctimas fueron encontradas desmembradas dentro de un taxi, mientras que otras tres fueron ejecutadas dentro de un vehículo de transporte público.

Además, se registró un ataque armado contra una familia en el centro de la ciudad que resultó en dos muertos y tres heridos. Por separado, una unidad del transporte público fue incendiada en la zona poniente de la ciudad.

Uno de los hechos más graves fue reportado cuando las autoridades localizaron un taxi abandonado en el bulevar Vicente Guerrero, a la altura de plaza Caracol y la Central de Abasto.

Dentro del vehículo, agentes hallaron los cuerpos desmembrados de cuatro hombres y una mujer. También se encontró un mensaje relacionado con el crimen organizado, cuyo contenido no fue revelado.

El Ministerio Público de la región Renacimiento abrió una carpeta de investigación, y el hallazgo generó un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales.

Ejecuciones en Guerrero, prevén que víctimas tenían vínculos con el crimen organizado

Horas antes, alrededor de la una de la tarde, se reportó otro hallazgo en la avenida Lázaro Cárdenas, frente al poblado La Sabana. En la cajuela de un taxi colectivo fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres y un hombre, todos con impactos de bala.

Las víctimas, cuya identidad aún no ha sido confirmada, fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo) para las diligencias correspondientes.

En otro caso, un hombre fue asesinado dentro de un taxi de ruta alimentadora en el fraccionamiento Libertadores, poco después de salir del penal de Las Cruces.

El ataque ocurrió cerca de las 21:00 hora, a pesar de los esfuerzos de paramédicos de la Cruz Roja, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de recibir atención médica. Las autoridades iniciaron una investigación en la zona donde ocurrió el crimen.

Ataques armados en vías públicas

Más tarde esa misma noche, un ataque armado contra una familia en la zona centro de Acapulco dejó dos hombres muertos y tres personas heridas. El atentado ocurrió alrededor de las 22:00 horas, en la calle Adobería, donde hombres armados abrieron fuego sin previo aviso contra los integrantes de una familia.

Dos de los heridos fueron trasladados por paramédicos, mientras que otro se retiró por sus propios medios. Peritos de la Fiscalía Regional realizaron las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos.

Incendio reportado de un vehículo particular; suman cuatro en dos meses

Por otro lado, en la mañana del viernes, se reportó el incendio de una camioneta Urvan del transporte público en la calle Aldama, cerca de la calzada Pie de la Cuesta.

Según el informe de Bomberos de Acapulco, el vehículo de la ruta San Isidro-Centro fue robado e incendiado por sujetos armados. No se reportaron víctimas.

El domingo pasado, otra camioneta fue incendiada en Acapulco-Coyuca de Benítez, fue incendiada.

El 10 de mayo, hombres armados quemaron una camioneta Urvan de la ruta San Isidro y una más reportada el 18 de abril pasado, igualmente en la zona de San Isidro-Centro.

Con estos hechos, suman 227 homicidios en lo que va del año en Acapulco, muchos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

"El número de ejecuciones en el campo de batalla va en aumento: en muchos casos se han registrado órdenes directas de matar a prisioneros. Estos crímenes no son casos aislados, sino que forman parte de una política selectiva por parte de los dirigentes del Estado agresor", abundó el GUR en un informe citado este sábado por la agencia de prensa ucraniana 'Ukrinform'.

Según el medio 'Ukrainska Pravda', esta información trasciende después de que el jueves, durante una operación de asalto rusa contra una posición defensiva ucraniana en la población de Udachne, en el este del país invadido, dos soldados del Ejército de Ucrania fueran hechos prisioneros y después ejecutados.

El viernes se dio el primer paso en el canje de 1.000 por parte de cada bando de guerra entre Ucrania y Rusia acordada en los contactos diplomáticos que mantuvieron los beligerantes en Estambul hace una semana.

El viernes, Rusia y Ucrania completaron la primera parte de ese canje con el retorno a sus respectivos países de 390 de sus ciudadanos cautivos en territorio enemigo. EFE

Fuentes policiales confirmaron la identificación de Erick Iván “La Pulga” y Karen Yazmín “La Karen”; hermanos ejecutados a balazos en Puebla e hijos de Lidia “N”, alias “La Loba”, presunta líder narcomenudista de la zona norte de la capital poblana.

Medios locales informaron que las víctimas de 27 y 34 años de edad, fueron asesinados de varios disparos cuando se encontraban en un local ubicado en la colonia Solidaridad Nacional, asimismo, informes oficiales de la secretaría de seguridad apuntan que se trató de un ajuste de cuentas debido a la reciente actividad en cuestiones ilícitas de las víctimas.

Los hermanos también se encontraban con una niña, quien también resultó herida de bala y reportes oficiales mencionan que se encuentra grave.

Datos extraoficiales y testimonios de testigos de la zona, apuntaron que cuatro hombres que se trasladaban en una motocicleta y en un vehículo, interceptaron a las víctimas y dispararon contra ellas antes de huir.

Posterior al ataque, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, informó que el incidente ya se estaba atendiendo y se habían desplegado operativos en conjunto con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para encontrar a los responsables.

¿Quién es “La Loba”?, presunta líder de plaza en Puebla

En 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, informaron la detención de Lidia “N”, alias “La Loba”. La detención tuvo lugar cerca de la colonia Solidaridad Nacional, donde policías municipales de la Unidad Táctica de Reacción corroboraron la identidad de la mujer y la remitieron a disposición del Ministerio Público.

Al momento de su captura, Lidia “N” portaba más de 50 envoltorios que contenían una sustancia que determinaron era piedra y una bolsa de cristal.

Labores de inteligencia apuntaron que que “La Loba”, coordinaba actividades de narcomenudeo, robo a ductos de gas LP, robo a transeúntes, robo a negocios, robo a repartidores, entre otros delitos.

Fuentes policiacas añadieron que Lidia “N”, operaba principalmente en las colonias Solidaridad Nacional, Villa Frontera, El Conde, Jorge Murad y Central de Abastos.

"Tal número de ejecuciones en el primer tercio de 2025 solo se ha producido en años con masacres masivas durante el mismo período", indicó ESOHR en un comunicado en el que explicó que la cifra fue obtenida a partir del registro público de aplicaciones de la pena de muerte en Arabia Saudí.

El 43 % de los ejecutados fueron extranjeros, la mayoría de ellos yemeníes e iraníes, según datos obtenidos del Ministerio de Interior saudí.

Asimismo, el 70 % de las personas fueron ejecutadas por cargos políticos y relacionados con las drogas, mientras que los asesinatos representaron el 28 % y los casos de robo a mano armada el 2 %.

La ESOHR desglosó que el 59 % de los casos fueron relacionados con las drogas, e incluso seis personas fueron ejecutadas "únicamente por posesión de cannabis". De estas personas, 22 eran saudíes, por lo que el 62 % de este tipo de ejecuciones involucran a extranjeros de nacionalidades principalmente asiáticas y africanas.

Esta organización documentó "graves violaciones contra varias de estas personas, incluyendo tortura y negación del derecho a la defensa".

Asimismo, Arabia Saudí ejecutó a 11 personas por cargos políticos "como pertenencia a organizaciones prohibidas, espionaje o ataques contra personal de seguridad", mientras que en cuatro de estos casos "no se especificó el tipo de sentencia".

"La organización señala que la falta de transparencia impide determinar el número real de condenados a muerte", denunció la ESOHR, que recordó que 28 presos egipcios en la cárcel de Tabuk siguen en el corredor de la muerte por delitos de drogas.

Asimismo, alertó de que ejecutar a 100 personas en tan solo cuatro meses "representa una peligrosa escalada de la violencia oficial, un flagrante desprecio por las críticas internacionales y un uso continuo de las ejecuciones como herramienta de intimidación política y social".

Arabia Saudí fue sistemáticamente uno de los países del mundo con mayor número de ejecuciones registradas y, en 2024, las autoridades ejecutaron a un total de 345 personas, de las cuales 122 fueron sentenciadas por delitos relacionados con las drogas, un récord desde que hay registros en el país. EFE

La mañana del lunes 5 de mayo, autoridades de Michoacán localizaron los cuerpos sin vida de seis hombres en distintos puntos del municipio de Villa Madero, en la región centro-sur del estado. Los hallazgos evidencian un alto grado de violencia y ataques entre grupos delictivos que incluyen víctimas calcinadas, decapitadas y con signos de tortura.

Según reportes oficiales, tres de los cuerpos fueron encontrados en la batea de una camioneta Chevrolet pick-up doble cabina, abandonada y calcinada en una brecha de terracería conocida como “La Cuesta de los Fierros”.

Las víctimas, de entre 25 y 30 años, presentaban un tiro en la cabeza y uno de ellos tenía los ojos vendados. En el lugar se hallaron casquillos percutidos de armas largas, lo que sugiere una ejecución previa al incendio del vehículo.

“Esto fue una ejecución con saña, claramente un mensaje entre grupos criminales”, indicó un agente ministerial que participó en el operativo.

En un paraje cercano, entre las comunidades de Las Pilitas y El Ranchito, se localizaron otros dos cuerpos con las manos atadas a la espalda. Uno de ellos estaba decapitado y su cabeza fue encontrada a un costado; el otro presentaba signos de degollamiento. Ambos vestían pantalones tácticos.

“La violencia se nos está saliendo de las manos. Los ciudadanos vivimos con miedo constante. No podemos normalizar que dejen cuerpos quemados y decapitados en las brechas”, lamentó una activista por la paz, en Michoacán.

Un sexto cuerpo fue hallado en las inmediaciones, aunque las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre esta víctima. Todos los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y permanecen en calidad de desconocidos.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que los homicidios no necesariamente ocurrieron en Villa Madero.

“La Fiscalía está investigando este tema; parece ser que ahí en Villa Madero dejaron la camioneta, le prendieron fuego, pero no necesariamente los homicidios ocurrieron ahí, sino puede ser que ocurrió en otro municipio”, afirmó.

Movilización de elementos de la FGR y ataques armados en Michoacán

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de las víctimas. Hasta el momento, no se ha confirmado si los asesinatos están relacionados con actividades del crimen organizado, aunque la violencia extrema sugiere la posible participación de grupos delictivos.

Este múltiple homicidio se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a Michoacán en los últimos meses, las autoridades han reforzado la presencia policial en la zona y exhortan a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a las investigaciones.

Recientes informes del Secretario de Seguridad Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció que Michoacán es actualmente un estado con focos rojos en delincuencia, sin embargo, movilizó elementos de seguridad para custodiar el bienestar de los ciudadanos.

“En Santiago Tangamandapio, Michoacán, personal del Ejército Mexicano fue agredido con disparos de arma de fuego, tres agresores perdieron la vida y se aseguraron cuatro armas largas, cargadores y cartuchos.

El reforzamiento a la seguridad continúa en la zona desde las últimas detenciones”, posteó el secretario de seguridad en su cuenta oficial de X.

La ONG señaló que se trata de "un inicio de año sangriento, que continúa con la tendencia récord" de ejecuciones en 2024, cuando fueron ejecutadas 345 personas, la cifra más alta desde que hay registros en el país.

Asimismo, la ONG sostuvo que los cargos por los que fueron ejecutadas más de la mitad de las personas "no se encuentran entre los más graves según el Derecho Internacional", al tratarse, sobre todo, de delitos relacionados con el tráfico de drogas y por motivos políticos.

Agregó que el mes pasado se llevaron a cabo "dos ejecuciones masivas de 13 personas por cargos relacionados con el hachís", sumando en total 20 personas ejecutadas por tráfico de drogas y dos ejecuciones políticas, pero se desconoce el resto de los cargos por el "ocultismo" del Ministerio del Interior saudí, denunció la ONG.

ESHOR recordó que 2025 comenzó con la ejecución masiva de seis ciudadanos iraníes por "contrabando de hachís", algo que provocó que Irán convocara al embajador de Arabia Saudí en Teherán para protestar ya que estas ejecuciones alegando que "eran incompatibles con la trayectoria general de la cooperación judicial entre Irán y Arabia Saudí".

Además de los seis iraníes ajusticiados el mes pasado, 28 fueron ciudadanos saudíes, tres jordanos, dos egipcios, un sudanés y un paquistaní, siendo La Meca la región donde se produjeron más ejecuciones.

Las nuevas cifras contrastan con las reiteradas promesas del país de limitar la pena capital, y, de hecho, Arabia Saudí ha incrementado las ejecuciones, incumpliendo las leyes internacionales sobre juicios justos y las salvaguardias para los acusados, de acuerdo a Amnistía Internacional. EFE

El régimen de Irán ejecutó a un hombre el miércoles tras condenarlo por espiar para Israel y colaborar en el asesinato de un coronel de la Guardia Revolucionaria. El juicio, que según activistas fue injusto y se basó en una confesión obtenida mediante tortura, fue ejecutado en la horca al amanecer en la prisión de Ghezelhesar, en Karaj, a las afueras de Teherán, según informaron varias organizaciones de derechos humanos.

Su madre y su padre realizaron una vigilia frente a la cárcel durante la noche, pidiendo que se le perdonara la vida, según mostraron imágenes en redes sociales.

La agencia de noticias Mizan, perteneciente al poder judicial iraní, confirmó su ejecución por la mañana, describiendo a Langarneshin como un “espía de alto rango” que apoyaba las operaciones dentro de Irán de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad.

La tasa de ejecuciones está aumentando de nuevo en Irán, con al menos 339 personas ahorcadas este año, según cifras del Observatorio de Derechos Humanos de Irán (IHR), con sede en Noruega, que incluyen las últimas ejecuciones.

“Mohsen Langarneshin, condenado a muerte en un proceso judicial injusto basado en confesiones obtenidas bajo tortura y acusado de espionaje para Israel, fue ahorcado esta madrugada”, declaró el director del IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

“La maquinaria de ejecución de las autoridades iraníes se acelera cada día, cobrando la vida de más personas”, declaró a la AFP, describiendo las ejecuciones como “ejecuciones extrajudiciales”.

El Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos, que hizo campaña en torno a su caso, afirmó que Langarneshin había sido condenado por un Tribunal Revolucionario presidido por el juez Abolghasem Salavati, quien se encuentra sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

“Negó todos los cargos, afirmando que sus confesiones fueron obtenidas bajo tortura”, declaró el grupo.

La actriz y activista británica, nacida en Irán, Nazanin Boniadi, escribió en X: “La sanguinaria República Islámica ha ejecutado a otro inocente”.

‘No ejecuten a mi hijo’

Mizan afirmó que Langarneshin estuvo implicado en el asesinato del coronel de la Guardia Nacional, Sayyad Khodaei, quien fue abatido a tiros por dos motociclistas cuando regresaba a su casa en Teherán en mayo de 2022.

Los activistas también compartieron un video de la madre de Langarneshin, grabado el martes, donde suplica por su vida tras un último encuentro con su hijo en la prisión.

“Acabo de llegar de la última visita con mi hijo. Necesito su ayuda. Por favor, recen por mi hijo. Que se salve. No sé si verá el amanecer mañana”.

Insistiendo en su inocencia, añadió: “No aceptarán nuestras pruebas. Tenemos muchos documentos. Tenemos pruebas de su inocencia, pero ellos (las autoridades judiciales) lo rechazan todo”. El IHR afirmó que, en una llamada telefónica desde la prisión, Langarneshin declaró que agentes de seguridad lo obligaron a confesar la “tontería” de haber estacionado una motocicleta con una cámara de vigilancia.

Analistas occidentales creen que agentes del Mossad operan dentro de Irán, como lo demuestran los sabotajes y asesinatos, incluido el del principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, en 2020.

Sin embargo, los activistas afirman que los culpables suelen ser sacados del país antes de que los servicios de seguridad iraníes puedan reaccionar, dejando a inocentes chivos expiatorios con la culpa.

Según el New York Times, Fakhrizadeh fue asesinado con una ametralladora que agentes del Mossad habían ensamblado cerca de su casa y que luego dispararon a distancia tras su marcha.

En enero de 2024, Irán ahorcó a cuatro miembros de su minoría kurda acusados ​​de espiar para Israel. Fueron condenados por colaborar en un plan para sabotear una instalación de defensa en Isfahán, la tercera ciudad más importante de Irán.

Corre riesgo de ser ejecutado el académico iraní-sueco Ahmadreza Djalali, quien fue arrestado durante una visita a Irán en abril de 2016 y sentenciado a muerte en 2017 por cargos de espionaje que su familia califica de falsos.

(Con información de AFP)

Alrededor de 200 personas han sido ejecutadas en Siria en lo que va de año en lo que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos describe como actos de "represalia" tras la caída del régimen de Bashar al Assad a principios de diciembre por la ofensiva lanzada por yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha indicado que al menos 198 personas, entre ellas un niño, han sido asesinados "en medio del deterioro de la seguridad en múltiples provincias, donde los asesinatos y los ataques armados son cada vez más frecuentes".

Así, ha detallado que el último incidente ha tenido lugar este mismo lunes, cuando cinco personas, entre ellas un niño de doce años, han sido ejecutados por grupos armados supuestamente afiliadas a las nuevas autoridades en la localidad de Al Anz, situada en la zona norte de la provincia de Hama (centro).

Entre los ejecutados figura también un periodista secuestrado la semana pasada en su vivienda en Hama, suceso condenado por las nuevas autoridades en Siria. El hombre, identificado como Ibrahim Ajaj, trabajó para la agencia estatal siria, SANA, durante el régimen de Al Assad.

El líder 'de facto' del país y jefe de HTS, Ahmed Husein al Shara, conocido como Abú Mohamed al Golani, ha afirmado en varias ocasiones que está en contra de las represalias y ha prometido un proceso inclusivo y respetar los derechos de la población, en un intento de tranquilizar a la comunidad internacional ante el temor de que estos grupos actúen contra las numerosas minorías de Siria.

Teherán, 25 ene (EFE).- Irán condenó este sábado la reciente resolución del Parlamento Europeo que denuncia las violaciones de los derechos humanos en el país persa, algo que Teherán consideró como “acusaciones injustificadas” y un “un enfoque intervencionista”.

“La República Islámica del Irán considera que toda intervención extranjera destinada a interferir en los procesos y funciones judiciales es contraria a los principios y normas del derecho internacional y la rechaza”, afirmó en un comunicado la directora general del departamento de Derechos Humanos y Mujeres el Ministerio iraní de Exteriores, Marzieh Afkham.

Afkham aseveró que la resolución aprobada el jueves por el Parlamento Europeo plantea “acusaciones injustificadas” sobre la situación de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Irán y lo tachó de un “acto repetitivo que indica un enfoque intervencionista y politizado de esta institución europea”.

La resolución aprobada con una abrumadora mayoría de 556 votos a favor, seis en contra y 42 abstenciones, condena “inequívocamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Irán”.

La Eurocámara pide una ampliación de las sanciones de la Unión Europea (UE) para incluir a todos los individuos responsables de los “abusos”, entre los que menciona al líder supremo iraní, Ali Jameneí, el presidente, Masud Pezeshkian y los altos cargos judiciales.

Al destacar el aumento de las ejecuciones en Irán durante el 2024, la resolución europea exige la anulación inmediata de las condenas a muerte de las activistas kurdas Pakhshan Azizi y Warisheh Moradi, acusadas de “rebelión armada contra el sistema” por la justicia iraní.

Según datos de la ONU, Irán ejecutó a 901 personas el año pasado, 31 de ellas mujeres, lo que supone la cifra más alta desde 2015.

Sin embargo, Afkham rechazó la acusación del Europarlamento y sostuvo que el poder judicial de la República Islámica de Irán “es un órgano profesional e independiente, y los procesos judiciales en Irán siempre se basan en la ley y mediante un proceso de juicio justo”.

La funcionaria iraní también cargo contra la petición de los eurodiputados de designar a la Guardia Revolucionaria del país como entidad terrorista “por su participación en violaciones generalizadas de los derechos humanos y actividades represivas”.

Afkham indicó que el cuerpo militar de élite es una “institución legal y popular” y juega un papel fundamental en la protección de la seguridad nacional de Irán.

“Cualquier impertinencia contra esta institución que defiende la patria será respondida con una respuesta decisiva por parte de la República Islámica de Irán”, advirtió.

La Guardia Revolucionaria es considerada como organización terrorista por Estados Unidos desde 2019, y por Canadá desde 2024. EFE

Al menos ocho personas fueron asesinadas en Haití tras una serie de ataques perpetrados por pandillas armadas que intentan afianzar su dominio sobre zonas todavía bajo control del gobierno y de grupos comunitarios, según informó el jueves un portavoz de la Policía Nacional de Haití.

Lionel Lazarre, portavoz del cuerpo policial, declaró a Radio Caraïbes que dos soldados y cuatro civiles armados que colaboraban con las autoridades murieron en Kenscoff, una localidad ubicada en las afueras de la capital que hasta hace poco era considerada pacífica. Otros dos soldados y un número aún no confirmado de civiles fueron abatidos en Pacot, un barrio de Puerto Príncipe.

La noche del miércoles, el gobierno haitiano reportó además la muerte de al menos cuatro personas, entre policías y civiles armados, en el sector de Canapé-Vert, uno de los pocos barrios de la capital que no se encuentran bajo control de las bandas delictivas.

Videos difundidos en redes sociales muestran escenas de extrema violencia, incluyendo hombres armados mutilando cuerpos y mostrando cabezas humanas como trofeos. En una de las grabaciones se escucha a un agresor gritar: “Capturamos a los perros”.

Ergens St. Pierre, agente de policía y líder comunitario en Canapé-Vert, lamentó los hechos en una entrevista concedida al medio Tripotay Lakay. “El pueblo de Canapé-Vert está llorando mucho”, expresó. “Murieron por iniciativa personal, para que los criminales no vengan y se apoderen de su área”.

El consejo presidencial de transición y la oficina del primer ministro de Haití condenaron los ataques en comunicados separados, en los que también reconocieron que hubo varios heridos. “La oficina del gobierno reafirma que la lucha contra la inseguridad sigue siendo su máxima prioridad”, indicó el Ejecutivo.

Las bandas armadas, que según estimaciones controlan al menos el 85% de Puerto Príncipe, han intensificado sus ofensivas en zonas que hasta ahora se consideraban relativamente seguras, lo que ha provocado una escalada en los enfrentamientos entre pandilleros, fuerzas del orden y civiles organizados.

A principios de año, más de 260 personas fueron asesinadas en ataques similares en Kenscoff y Carrefour, de acuerdo con la misión política de la ONU en Haití.

Frente a la creciente violencia, la policía haitiana ha recibido apoyo de una misión internacional liderada por Kenia y respaldada por las Naciones Unidas, que busca frenar el avance de las bandas. No obstante, el despliegue enfrenta dificultades por falta de recursos y efectivos: hasta ahora solo se han desplegado unos 1.000 agentes, menos de la mitad de los 2.500 contemplados inicialmente.

En 2024, más de 5.600 personas fueron asesinadas en Haití, mientras que la violencia ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, según cifras de la ONU.

La situación en Haití continúa deteriorándose ante la incapacidad del Estado para contener la expansión de las bandas criminales, que avanzan sobre zonas clave con extrema violencia. Mientras la población civil recurre a formas de autodefensa, el despliegue internacional avanza lentamente y sin los recursos prometidos, en medio de una crisis humanitaria agravada por el desplazamiento masivo y la destrucción del tejido social.

(Con información de AP)

Pekín, 20 ene (EFE).- Las autoridades chinas ejecutaron este lunes al responsable de un atropello múltiple que dejó al menos 35 muertos y al autor de un ataque con cuchillo que se cobró la vida de al menos ocho personas, ambos ocurridos el pasado noviembre en distintos puntos del país.

Xu Jiajin, de 21 años, y Fan Weiqu, de 62, fueron ejecutados tras ser hallados culpables de crímenes considerados "excepcionalmente atroces" por los tribunales, informó hoy la cadena estatal CCTV.

Fan fue responsable de un atropello masivo ocurrido el 11 de noviembre en una pista de atletismo en la localidad suroriental de Zhuhai, donde embistió de forma deliberada a un grupo de personas que se ejercitaban. El ataque dejó un saldo de 35 muertos y 43 heridos.

Testigos señalaron que Fan condujo el vehículo "en círculos" por la pista, dejando un rastro de devastación. La investigación atribuyó el crimen a la frustración del atacante tras un divorcio reciente y la división de bienes tras la separación.

El tribunal que condenó a Fan calificó sus actos como "extremadamente viles" y sus métodos como "particularmente crueles", concluyendo que el daño causado a la sociedad fue "extraordinariamente grave". El acusado recibió la sentencia de muerte el 27 de diciembre.

El ataque de Xu tuvo lugar el 16 de noviembre en un centro de formación profesional en la localidad oriental de Wuxi, donde el joven, armado con un cuchillo, acabó con la vida de al menos ocho personas e hirió a 17 más.

De acuerdo con las autoridades, Xu irrumpió en la escuela con la intención de "desahogar su ira" debido a no haber recibido su diploma tras suspender exámenes y por su descontento con el salario que obtuvo durante unas prácticas laborales.

El tribunal determinó que las acciones de Xu causaron un impacto "especialmente grave" en la sociedad y lo condenó a la pena de muerte el 17 de diciembre.

Xu pudo reunirse con sus familiares antes de la ejecución, según CCTV.

Estos episodios forman parte de una tendencia creciente de ataques indiscriminados en China, donde asaltos en espacios públicos, ya sea con armas blancas o mediante atropellos, han cobrado protagonismo en los últimos años.

La prensa local y usuarios en redes sociales suelen describir estos actos como expresiones de "venganza contra la sociedad", en referencia a crímenes motivados por conflictos personales o frustraciones derivadas de disputas legales, sentimentales o laborales.

Aunque no existen cifras oficiales sobre el número de ejecuciones llevadas a cabo en el país, Amnistía Internacional estima que miles de condenas a muerte se ejecutan anualmente en China, lo que sitúa al país como el mayor ejecutor del mundo. EFE

Una delegación del Tribunal Supremo del movimiento fundamentalista talibán comienzan este viernes una visita a Irán para impedir que la república islámica ejecute a los numerosos presos afganos que aguardan la muerte tras ser condenados por tráfico de drogas en el país.

La visita de dos días está liderada por el administrador jefe adjunto del Supremo Abdul Malik Haqqani, y pretende, entre otros objetivos, "discutir medidas alternativas a la pena capital" para los ciudadanos condenados.

La ONG Iran Human Rights avisa de que las ejecuciones de afganos en Irán se incrementaron en un 300 por cien en 2024 en comparación con el año anterior, la mayoría condenados por narcotráfico y ajusticiados finalmente en la cárcel más grande del país, Qezel Hesar, a 20 kilómetros al noroeste de Teherán.

Tres afganos fueron ejecutados el pasado 10 de enero en el patio de la penitenciaría, añade la ONG en su página web.

La delegación, hace saber el Supremo talibán en su cuenta de la red social X, tratará la cuestión con el ministro de Justicia iraní, Amin Hosein Rahimi, en un esfuerzo para, además de impedir la ejecución de los reos, "garantizar los derechos de los prisioneros afganos en Irán y facilitar la extradición de los mismos" a su país.

La Unión Europea ha comunicado este domingo su condena a las ejecuciones públicas de cuatro hombres ocurridas en varias provincias afganas esta semana.

Todos ellos, confirmó el Tribunal Supremo del movimiento fundamentalista talibán afgano, fueron ajusticiados por asesinato, después de que las penas fueran ratificadas por los tribunales y de que las familias de las víctimas rechazaran la posibilidad de recibir compensaciones económicas a cambio de conmutar las sentencias.

“La Unión Europea, por principio, se opone firmemente a la pena de muerte en todo momento y circunstancia”, hace saber Bruselas en su comunicado.

“Es un castigo cruel e inhumano, que no tiene efecto disuasorio frente a la delincuencia y representa una negación inaceptable del derecho fundamental a la vida y a la dignidad humana”, añade la UE, que insta a los talibán “a que pongan fin a cualquier ejecución futura y adopten en su lugar una política encaminada a la abolición de la pena capital”.

Todas las ejecuciones fueron llevadas a cabo en público y con presencia de familiares de las víctimas, después de que las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 publicitaran las sentencias e invitaran a la población a acudir a presenciarlas.

El mulá Ajundzada no tiene la más mínima intención de abolir el castigo

El líder del movimiento integrista de los talibán afganos, el mulá Hebatulá Ajundzada, ha defendido que ejecuciones de presos como las efectuadas esta semana en el país son un “mandato divino” y avisa que no cederá a las presiones internacionales para abolir la pena de muerte en el país.

Durante un seminario en su bastión de Kandahar, Ajundzada, cuyo grupo profesa una interpretación extraordinariamente estricta de la ley islámica, ha efectuado una defensa a ultranza de la ‘qisas’, el principio de reciprocidad en los castigos a los ejecutados, que habían sido condenados previamente por asesinato.

“La ‘qisas’ es un mandato divino y el sistema islámico está obligado a implementarlo”, ha indicado el líder talibán en un discurso divulgado por el Ministerio de Exteriores del movimiento, antes de denunciar que “los infieles no permiten que los musulmanes practiquen su culto”.

El líder de los talibán ha añadido que las palabras de los mulás del grupo, sus autoridades religiosas, son “directivas y vinculantes” y que si alguien no acepta sus palabras, debe ser obligado a aceptarlas “por la fuerza”.

Ajundzada, por último, ha calificado a la organización como “una bendición” para Afganistán y el mundo. “Debemos implementar medidas disciplinarias, realizar oraciones y actos de culto. Debemos adentrarnos plenamente en el islam. El islam no se limita a unos pocos rituales; es un sistema integral de todos los mandatos divinos”, ha concluido.

(Con información de EP)

Ginebra, 07 ene (EFE).- Las autoridades de Irán ejecutaron el año pasado a 901 personas, de ellas 31 mujeres, que constituye el número total más elevado desde 2015, según informaciones reveladas este martes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

En una semana de diciembre hubo 40 ejecuciones, agregó.

En 2023 las ejecuciones habrían sido 853, de acuerdo con datos extraídos de informaciones diversas aportadas por organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos para suplir la "falta de transparencia" oficial al respecto.

La mayoría de las ejecuciones en 2024 fueron por delitos relacionados con las drogas, pero también se ejecutó a disidentes y a personas relacionadas con las protestas ciudadanas de 2022, explicó a la prensa en Ginebra la portavoz de derechos humanos de la ONU, Liz Throssell.

Dentro de esta tendencia también aumentó el número de mujeres ejecutadas, que la portavoz cifró en torno a 31 durante 2024, aunque recalcó que la reticencia de las autoridades a proporcionar información hace difícil hablar de cifras exactas.

En cualquier caso, explicó que la mayoría de estas sentencias se fundaron en cargos de homicidio.

Se han recibido reportes de que la mayoría de mujeres ejecutadas eran víctimas de violencia doméstica o de matrimonios forzosos y que en buena parte de casos se les acusaba de haber asesinado a sus maridos.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, instó a las autoridades iraníes a detener todas las ejecuciones y a establecer una moratoria en el uso de la pena de muerte con vistas a abolirla definitivamente. EFE

Naciones Unidas ha expresado este lunes su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Irán, un país que aplicó en 2024 más de 900 penas de muerte entre el temor generalizado a que no se estén cumpliendo unas mínimas garantías procesales en la gran mayoría de los casos.

"Es momento de que Irán corte de raíz con esta constante aumento de las ejecuciones", ha reclamado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, después de que su oficina haya denunciado al menos 901 ejecuciones en 2024 --unas 40 de ellas en una única semana de diciembre--, frente a las 853 registradas en 2023.

Turk ha insistido en que la ONU se opone a la pena de muerte "en todas las circunstancias", en la medida en que este tipo de práctica "es incompatible con el derecho fundamental a la vida" y existe "un riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes".

En el caso de Irán, además, la mayoría de las ejecuciones derivan de condenas por delitos de drogas, si bien entre los fallecidos figuran también personas vinculadas a las movilizaciones de 2022 por la muerte de la joven Mahsa Amini. La ONU ha señalado en su informe un aumento de las ejecuciones de mujeres.

El Alto Comisionado ha instado a las autoridades iraní a paralizar cualquier futura ejecución y aplicar una moratoria como paso previo a la abolición definitiva, una reivindicación recurrente que por ahora Teherán no contempla.

El Cairo, 5 ene (EFE).- Al menos una persona fue ejecutada cada 25 horas en Arabia Saudí a lo largo de 2024, cuando duplicó las aplicaciones de la pena de muerte respecto al anterior pese a sus intentos de mejorar su imagen a nivel internacional para albergar grandes eventos deportivos, denunció este domingo una ONG.

La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés) dijo en un informe que el reino árabe cerró 2024 "con unas cifras de ejecuciones históricas", al menos 345, lo que representa un aumento superior al 100 % respecto al año anterior y, de promedio, un ajusticiamiento cada 25 horas.

Esto, según la ONG, representa "una escalada significativa en el uso de la pena de muerte como principal herramienta de Arabia Saudí para castigar, enviar mensajes e infundir miedo", mientras que denunció que solo en 2024 se ejecutó a un 22 % de los 1.585 ajusticiados desde el ascenso al poder del rey Salmán bin Abdulaziz en 2015.

La ESOHR indicó que este aumento incluye ejecuciones de personas acusadas de delitos relacionados con las drogas, una "expansión de los cargos que justifican la pena de muerte, un aumento preocupante de las ejecuciones de mujeres y una alta proporción de extranjeros".

En 2024 al menos nueve mujeres fueron ejecutadas, una cifra récord en la historia del país y un aumento del 50 % en comparación con el año anterior.

Asimismo, 207 saudíes fueron ejecutados, frente a 138 nacionales de países árabes, africanos y del sureste asiático, principalmente. En 2023 la cifra de extranjeros ajusticiados fue de 38.

"Estas ejecuciones se llevaron a cabo en medio de una total ausencia de garantías de justicia y de continuas violaciones en los procedimientos judiciales", dijo la ESOHR, que denunció "las falsas promesas" hechas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, en materia de derechos humanos.

Además, condenó que estas ejecuciones hayan tenido lugar "mientras Arabia Saudí celebraba la candidatura de importantes eventos mundiales y la recepción de celebridades de todo el mundo", al tiempo que alertó de que las autoridades "siguen amenazando con ejecutar a decenas de personas" en 2025, entre ellas menores de edad.

"Si bien Arabia Saudí utiliza los grandes eventos deportivos, como la organización de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de Invierno, para reforzar su imagen internacional como nación progresista y abierta, la FIFA aceptó la candidatura de Arabia Saudí a pesar de que su propuesta no cumplía con los estándares de derechos humanos requeridos", denunció la ONG.

Por otra parte, recordó que los derechos de los trabajadores migrantes siguen siendo una de las preocupaciones más urgentes frente a los "constantes abusos y temores de violaciones durante los preparativos para la infraestructura necesaria" para albergar el Mundial de Fútbol de 2034.

"Se estima que los trabajadores migrantes representan más del 30 % de la población de Arabia Saudí y trabajan en sectores vitales como la construcción y los servicios", indicó la ESOHR. EFE

París, 2 ene (EFE).- Al menos mil personas fueron ejecutadas en las prisiones iraníes el pasado año, según el cómputo del opositor Centro Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) a partir de recuentos oficiales, lo que significaría un aumento de casi el 16 % respecto a 2023.

Casi el 70 % de esas ejecuciones (695) se produjeron desde finales de julio, desde el inicio del mandato del actual presidente, Masud Pezeskhian, destacó en un comunicado el CNRI, que señaló, además, que este pasado 1 de enero al menos doce prisioneros fueron ajusticiados en cuatro cárceles.

Para esta organización opositora, que afirma recoger esos datos de fuentes públicas oficiales, el ritmo de las ejecuciones está en relación con la situación política en Irán y, en concreto, con "las crisis y las derrotas del régimen".

Eso explicaría que en el cuarto trimestre, cuando se enfrentó a "graves derrotas en la región" -en alusión indirecta a conflictos como el de Siria o con Israel- o a "crecientes crisis económicas y sociales", las penas de muerte aplicadas se dispararon y representaron el 47 % de las de todo el año.

La mitad de todos los presos ejecutados en 2024 fueron colgados en ocho prisiones: Qezelhessar (165), Shiraz (97), Idfahan (61), Tabriz (59), Karak Central (44), Qazvin (38), Mashhad (33) y Birjand (29). No obstante, se tiene constancia de que hubo en 86 centros penitenciarios de 31 provincias.

De todos los reos a los que se aplicó la pena capital, 34 eran mujeres y siete tenían menos de 18 años en el momento en que sucedieron los hechos por los que fueron sentenciados. La mitad (502) habían sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.

La presidenta del CNRI, Maryam Rajavi, considera que "la brutal oleada de ejecuciones en 2024, especialmente en otoño, es un intento desesperado de Ali Jamenei (el líder supremo iraní) para impedir el levantamiento de una población enfurecida que no se conformará con nada menos que el derrocamiento total del régimen".

Rajavi reclamó la exclusión del régimen de la comunidad internacional y de condicionar cualquier negociación o cualquier trato "al fin de las ejecuciones y de la tortura". EFE

El Cairo, 2 ene (EFE).- Arabia Saudí cerró 2024 con 345 ejecuciones, la mayor cifra en el reino desde que hay registros, mientras que este año lo ha comenzado con siete ajusticiados, informó este jueves a EFE un responsable de la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés).

En total son 345 los ejecutados, entre ellos 207 saudíes y 138 extranjeros, afirmó Taha al Hajji, asesor legal de la ONG, que hace un seguimiento de las ejecuciones en el país árabe, lo que supera con creces 2022, cuando el reino ajustició a 196 personas.

Entre los ejecutados en 2024, han registrado nueve mujeres, también la mayor cifra en el reino desde que existen registros, apuntó.

Según la ONG, que publicará la semana que viene un extenso informe sobre las ejecuciones en 2024, 162 ajusticiados estaban condenados por asesinato, mientras que otros 122 por narcotráfico, entre lo más destacados.

Ayer, Arabia Saudí anunció que seis ciudadanos iraníes encarcelados en el reino árabe por presunto tráfico de drogas habían sido ejecutados.

Esto provocó que Irán convocara al embajador de Arabia Saudí en Teherán para protestar enérgicamente ya que estas ejecuciones "eran incompatibles con la trayectoria general de la cooperación judicial entre Irán y Arabia Saudí”, dijo el director general de la oficina de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores de Irán, Mojtaba Karimi Shasati, en un comunicado.

Al Hajji aseveró que además de los seis iraníes, otro ciudadano saudí fue ejecutado por "asesinato".

"Es un indicio de que continúa con el mismo ritmo de escalonamiento de las ejecuciones, y parece que 2025 no va ser mucho mejor de 2024. Esperamos que esta situación cambie bajo las presiones de las ONG de derechos humanos y de los medios", concluyó.

Arabia Saudí lleva luchando en los últimos años contra el narcotráfico, que se ha convertido en uno de los grandes problemas del país.

El reino es un objetivo de los narcotraficantes por la elevada demanda social, así como un mercado rico para los productores y la situación geográfica del país.

Arabia Saudí cuenta con una ley que castiga al contrabandista con el "castigo más severo", que es "la muerte", y considera "contrabandista" a la persona que importa estupefacientes del extranjero y también a la que recibe estupefacientes y los distribuye a los traficantes.

En esta ley, hay diferencias entre las personas que trafican con estupefacientes por primera vez y las que ya han sido condenadas anteriormente: "Para el que trafica por primera vez, la pena es de prisión, azotes o multa económica, o todas. Para los reincidentes, el castigo aumenta y la persona implicada puede ser condenada a muerte".

Este repunte de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas hace temer seriamente por la suerte de decenas de presos condenados por delitos similares y actualmente en el corredor de la muerte, según Amnistía Internacional (AI).

En noviembre de 2022 Arabia Saudí llevó a cabo las primeras ejecuciones por delitos relacionados con drogas en casi tres años, revirtiendo así una moratoria sobre las ejecuciones por tales delitos anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.

A pesar de sus reiteradas promesas de limitar la pena capital, las autoridades saudíes han incrementado las ejecuciones al tiempo que incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos y las salvaguardias para los acusados, de acuerdo a Amnistía Internacional.

Las autoridades también han utilizado la pena de muerte para silenciar la disidencia política, castigando a ciudadanos de la minoría chií del país que apoyaron las protestas "antigubernamentales" entre 2011 y 2013.EFE

Teherán, 1 ene (EFE).- Irán convocó este miércoles al embajador de Arabia Saudí en Teherán para protestar enérgicamente por la ejecución de seis ciudadanos iraníes encarcelados en el reino árabe por presunto tráfico de drogas.

“El embajador saudí recibió una nota formal de enérgica protesta de la República Islámica”, anunció el director general de la oficina de Asuntos Consulares del Ministerio de Exteriores de Irán, Mojtaba Karimi Shasati, en un comunicado.

El diplomático iraní dijo que se le comunicó al embajador saudí que las “ejecuciones eran incompatibles con la trayectoria general de la cooperación judicial entre Irán y Arabia Saudí”, por lo que se le pidió una explicación al reino saudí.

El Ministerio de Interior saudí anunció este miércoles que seis ciudadanos iraníes han sido ejecutados en Dammam, en el este del país, tras ser condenados por tráfico de drogas, aunque no detalló la fecha en la que se produjo la ejecución en el reino, que cerró 2024 con al menos 306 ajusticiados.

Shasti denunció que la aplicación de las ejecuciones sin previo aviso a la embajada iraní en Riad es "completamente inaceptable" y una violación de las normas jurídicas internacionales, incluida la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

El funcionario dijo que una delegación jurídica y consular del Ministerio de Exteriores de Irán viajará a Riad para dar seguimiento del caso.

Este caso puede enturbiar las relaciones diplomáticas restablecidas entre los dos países en marzo de 2023, tras siete años de ruptura.

Arabia Saudí rompió lazos con Irán en 2016 después de que su embajada en Teherán y su consulado en Mashad fueran atacados por manifestantes indignados por la ejecución del prominente clérigo chií Nimr al-Nimr. EFE

Riad, 1 ene (EFE).- El Ministerio de Interior saudí anunció este miércoles que seis ciudadanos iraníes han sido ejecutados en Dammam, en el este del país, tras ser condenados por tráfico de drogas, aunque no detalló la fecha en la que se produjo la ejecución en el reino, que cerró 2024 con al menos 306 ajusticiados.

Los seis ciudadanos "contrabandearon hachís narcótico al reino", apuntó el departamento en un comunicado en el que reiteró que esta medida tiene como objetivo "proteger la seguridad de los ciudadanos y residentes del flagelo de las drogas e imponer las penas más duras prescritas por la ley contra sus contrabandistas y traficantes".

Agregó que las personas condenadas por delitos relacionados con estupefacientes se enfrentan a la pena capital "por la pérdida de vidas inocentes que causan, la grave corrupción entre los jóvenes, el individuo y la sociedad, y una violación de sus derechos".

El veredicto fue ratificado por el Tribunal Supremo saudí y fueron ejecutados posteriormente, aunque no precisó la fecha de la ejecución, que de haberse efectuado en esta jornada, sería la primera del año 2025.

Sin tener en cuenta a estos seis individuos, cuya fecha de ejecución no se especifica, Arabia Saudí ejecutó a al menos 306 personas en 2024 por diferentes cargos, entre los que se encuentran el tráfico de drogas, "terrorismo" y "traición a la patria", entre otros.

La última ejecución conocida de 2024 tuvo lugar el pasado 22 de diciembre en Riad, cuando dos ciudadanos saudíes fueron ejecutados por "traición a su patria" y "terrorismo", además de estar acusados por "posesión de armas y munición".

A pesar de sus reiteradas promesas de limitar la pena capital, las autoridades saudíes han incrementado las ejecuciones al tiempo que incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos y las salvaguardias para los acusados, de acuerdo a Amnistía Internacional.

Las autoridades también han utilizado la pena de muerte para silenciar la disidencia política, castigando a ciudadanos de la minoría chií del país que apoyaron las protestas "antigubernamentales" entre 2011 y 2013, recordó la ONG.

El pasado 4 de diciembre el país alcanzó la cifra de 304 en el año, una cifra nunca vista en los registros del reino, según confirmaron a EFE responsables de la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés), quien añadió que decenas de personas más podrían ser ajusticiadas "en cualquier momento". EFE

San Juan, 29 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación Internacional de Surinam, Albert Ramdin, informó de que no habrá funeral de Estado para el expresidente Desi Bouterse (2010-2020), condenado a 20 años de cárcel a finales de 2019 tras ser declarado culpable de planificar la ejecución de 15 opositores en 1982, que falleció el 25 de diciembre.

Ramdin declaró a la prensa que la decisión del Gobierno se basaba en una serie de argumentos, consideraciones y consejos, entre ellos el hecho de que la familia no desea un funeral de Estado.

En este sentido, apuntó que dado que no será un funeral de Estado, no habrá ningún jefe de Estado extranjero invitado y el presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, no asistirá.

Asimismo, el Gobierno de Surinam precisó que debido al hecho de que Bouterse fue un presidente elegido democráticamente, las banderas de todos los edificios estatales estarán a media asta el día del funeral.

La noticia del fallecimiento de Bouterse llegó unos días después de que las autoridades de Surinam llevaran a cabo un operativo para detener al expresidente y enfrentar las acusaciones por planificar la ejecución de 15 opositores en 1982.

Entre las víctimas había periodistas, oficiales militares, líderes sindicalistas, abogados, empresarios y profesores universitarios.

Interpol, por su parte, emitió a mediados de marzo de este año una notificación roja contra Bouterse para que las fuerzas del orden de todo el mundo lo localicen y arresten, tres meses después de que se fugara tras una sentencia en diciembre a 20 años de cárcel por su participación en el asesinato de 15 opositores en 1982.

A su vez, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia en diciembre del año pasado, tras ser recurrida la condena dictada en agosto de 2021, cuando la Justicia de Surinam confirmó la sentencia del Tribunal militar de 2019 de 20 años de prisión.

Bouterse fundó el 4 de julio de 1987 el Partido Nacional Democrático (PND), partido que perdió las elecciones de 2020, en las que solo obtuvo 16 de los 51 escaños en juego.

Tras encabezar un gobierno militar en la década de los ochenta, Bouterse ganó las elecciones en 2010 y fue reelegido para un segundo mandato como presidente en 2015.

Además, en 1999, fue condenado en ausencia por tráfico de drogas por un tribunal de los Países Bajos. La orden de captura internacional le impidió salir de su país. EFE

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, informó este miércoles que China había ejecutado a cuatro canadienses a los que tenía encarcelados bajo acusaciones de narcotráfico. La funcionaria no brindó los nombres de los individuos pero precisó que su deceso ocurrió a principios de año y que tanto ella como el ex primer ministro, Justin Trudeau, habían intervenido personalmente para evitar este desenlace en los casos.

“Cuatro canadienses han sido ejecutados. Lo condenamos de forma enérgica, por supuesto, nuestros corazones y nuestras mentes están con sus familias”, dijo Joly, antes de manifestar su repudio por “el uso de la pena de muerte por parte de China, que es irreversible e incompatible con la dignidad humana básica”.

“Canadá pidió repetidamente clemencia para estas personas a los más altos niveles y se mantiene firme en su oposición al uso de la pena de muerte en todos los casos, en todas partes”, insistió.

Por su parte, la portavoz del Ministerio, Charlotte MacLeod aseguró que la cartera seguirá trabajando por garantizar el bienestar de todos sus connacionales encarcelados en el país, a la par que precisó que Robert Schellenberg, el canadiense condenado a muerte en 2019 por el contrabando de drogas, no formaba parte del listado de ejecutados a comienzos de año.

Se estima que hay cerca de un centenar más de canadienses en prisión en China, también por causas vinculadas al narcotráfico.

Las palabras de la Cancillería se conocieron poco después de que la Embajada de Beijing en Ottawa confirmara al medio The Globe and Mail la ejecución de varios canadienses por crímenes relacionados al tráfico de sustancias ilícitas.

Los diplomáticos, sin embargo, justificaron su decisión y aseguraron que “los delitos relacionados con las drogas son un grave crimen, reconocidos en todo el mundo como gravemente dañinos a la sociedad”.

“China siempre impone severas penas a los delitos relacionados con las drogas. Los hechos de los delitos cometidos por los ciudadanos canadienses implicados en los casos son claros y las pruebas son sólidas y suficientes. Quien viole las leyes de China debe rendir cuentas”, precisó una portavoz de la Embajada.

Asimismo, señaló que durante todo el proceso se “garantizaron plenamente los derechos e intereses de los ciudadanos extranjeros afectados”, por lo que instó al Gobierno de Canadá a “dejar de hacer comentarios irresponsables”.

Michael Kovrig, un canadiense que estuvo más de mil días encarcelado en el gigante asiático y ahora está en libertad, dijo en diálogo con CBC News que las palabras de la diplomacia china no son más que “propaganda vacía” dado que el propio país “no respeta el Estado de derecho” al interior de sus fronteras.

Las ejecuciones muestran “tanto un desprecio insensible por la vida humana y los derechos humanos, como así también indiferencia por las opiniones de otros países”, sostuvo.

Asimismo, urgió al Ejecutivo a pensar de manera estratégica para recuperar al resto de los encarcelados ya que “el Gobierno de China no está sinceramente interesado en mejorar las relaciones bilaterales”.

“Tenemos que ser implacables insistiendo en el acceso consular y pidiendo piedad, abogando por ellos en todas las discusiones”, dijo.

Según denuncias de la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, China ejecuta cada año a más presos que el resto del mundo junto. Informes expusieron que, en su mayoría, se utilizan métodos clásicos como los disparos, aunque en los últimos años se ha recurrido también a las inyecciones letales.

(Con información de EFE)

Caracas, 26 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela lamentó este jueves el fallecimiento del expresidente de Surinam Desi Bouterse, condenado a 20 años de cárcel a finales de 2019 tras ser declarado culpable de planificar la ejecución de 15 opositores en 1982, época en la que dirigía un Gobierno militar.

"El expresidente Bouterse fue un hombre profundamente admirado por el comandante Hugo Chávez, quien reconoció en él a un líder valiente y comprometido con la soberanía y el desarrollo de su pueblo", sostuvo la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

Asimismo, señaló que la visión de "justicia y autodeterminación" consolidó una "sólida relación" de cooperación con Venezuela, "reflejada en iniciativas como el fortalecimiento del intercambio energético y cultural".

"Fue un líder valiente que vivió intensamente su misión histórica, dejando una inspiración duradera para las generaciones venideras", añadió.

El expresidente de Surinam falleció a los 79 años, informó el miércoles el vicepresidente surinamés, Ronnie Brunswijk, en un mensaje en su página de Facebook.

En su mensaje, Brunswijk expresó sus "sinceras condolencias" por la muerte de Bouterse.

La noticia del fallecimiento de Bouterse se da un par de días después de que las autoridades de Surinam pusieran en marcha un operativo para detener al expresidente y enfrentar las acusaciones por planificar la ejecución de 15 opositores en 1982.

Entre las víctimas había periodistas, oficiales militares, líderes sindicalistas, abogados, empresarios y profesores universitarios.

Por ello, las autoridades surinamesas pusieron en marcha la operación 'Kerstbrood' dentro del operativo 'Pan de Navidad', una amplia redada para localizar a Bouterse y un registro simultáneo en el domicilio de Iwan Dijksteel, uno de sus guardaespaldas, también prófugo y condenado por el mismo caso.

Bouterse fundó el 4 de julio de 1987 el Partido Nacional Democrático (PND), que perdió las elecciones de 2020, en las que solo obtuvo 16 de los 51 escaños en juego.

Tras encabezar un gobierno militar en la década de los 80 del siglo pasado, Bouterse ganó las elecciones en 2010 y fue reelegido para un segundo mandato como presidente en 2015.

Además, en 1999, fue condenado en ausencia por tráfico de drogas por un tribunal de los Países Bajos, la antigua potencia colonial de Surinam. La orden de captura internacional le impidió salir de su país. EFE

San Juan, 25 dic (EFE).- El expresidente de Surinam Desi Bouterse (2010-2020), condenado a 20 años de cárcel a finales de 2019 tras ser declarado culpable de planificar la ejecución de 15 opositores en 1982, época en la que dirigía un Gobierno militar, ha fallecido a los 79 años, informó este miércoles el vicepresidente surinamés, Ronnie Brunswijk, en un mensaje en su página de Facebook.

En su mensaje, Brunswijk expresó sus "sinceras condolencias" por la muerte de Bouterse.

"Su vida provocó un duradero impacto en nuestro país y sus esfuerzos nunca serán olvidados", resaltó Brunswijk en su mensaje.

"En este momento de duelo, les deseo a todos fuerza y valor. Que su legado continúe siendo inspiración para muchos y que su alma descanse en paz", agregó.

La noticia del fallecimiento de Bouterse se da un par de días después de que, al parecer, las autoridades de Surinam llevaron a cabo un operativo para detenerlo y enfrentar las acusaciones por planificar la ejecución de 15 opositores en 1982.

Entre las víctimas había periodistas, oficiales militares, líderes sindicalistas, abogados, empresarios y profesores universitarios.

Por ello, las autoridades surinamesas pusieron en marcha la operación 'Kerstbrood' dentro del operativo 'Pan de Navidad', una amplia redada para localizar a Bouterse y un registro simultáneo en el domicilio de Iwan Dijksteel, uno de sus guardaespaldas, también prófugo y condenado por el mismo caso.

El abogado que representa a los familiares de las 15 personas asesinadas el 8 de diciembre de 1982, solicitó en una misiva al gobierno que ofrezca una recompensa para facilitar la detención de Bouterse.

Interpol, por su parte, emitió a mediados de marzo de este año una notificación roja contra Bouterse para que las fuerzas del orden de todo el mundo lo localicen y arresten, tres meses después de que se fugara tras una sentencia en diciembre a 20 años de cárcel por su participación en el asesinato de 15 opositores en 1982.

A su vez, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia en diciembre del año pasado, tras ser recurrida la condena dictada en agosto de 2021, cuando la Justicia de Surinam confirmó la sentencia del Tribunal militar de 2019 de 20 años de prisión.

Bouterse fundó el 4 de julio de 1987 el Partido Nacional Democrático (PND), que perdió las elecciones de 2020, en las que solo obtuvo 16 de los 51 escaños en juego.

Tras encabezar un gobierno militar en la década de los 80 del siglo pasado, Bouterse ganó las elecciones en 2010 y fue reelegido para un segundo mandato como presidente en 2015.

Además, en 1999, fue condenado en ausencia por tráfico de drogas por un tribunal de los Países Bajos, la antigua potencia colonial de Surinam. La orden de captura internacional le impidió salir de su país.

Leópolis (Ucrania), 22 dic (EFE).- Rusia ejecutó a cuatro militares ucranianos que se rindieron en el campo de batalla en la región de Donetsk, informaron el domingo fuentes del ejército ucraniano y el defensor del pueblo del país, Dmitro Lubinets.

En el canal de Telegram del batallón de sistemas no tripulados de la 110ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania se publicó un vídeo de la ejecución de los militares ucranianos, filmado por un dron.

Según el portavoz de la brigada, Ivan Siekach, seis soldados ucranianos fueron bombardeados por Rusia cerca de Vremivka, un pueblo al oeste de la región. Dos de ellos murieron y cuatro fueron rodeados en una casa. Los soldados abandonaron la casa y se rindieron tras lo cual fueron fusilados por los soldados rusos.

La ejecución fue confirmada por mensajes de radio interceptados entre las tropas rusas, dijo Siekach también a la emisora ​​pública ucraniana Suspilne.

“El mundo tiene que conocer los crímenes rusos, éste y miles más”, subrayó.

El Comisario del Consejo Supremo de Derechos Humanos, Dmitro Lubinets, por su parte, dijo que informaría sobre este hecho a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Según él, además de este caso, Rusia ha ejecutado al menos a 177 soldados ucranianos después de su rendición en el campo de batalla. 109 han sido asesinados en 2024. Las ejecuciones de soldados ucranianos se han convertido en una parte sistémica de las acciones de Rusia en Ucrania, han afirmado los analistas militares.

Los criminales de guerra rusos que disparan contra prisioneros de guerra ucranianos deberían comparecer ante un tribunal internacional y sufrir el "castigo más severo" previsto por la ley, escribió Lubinets en Telegram.EFE

Washington, 18 dic (EFE).- El estado de Indiana (centro de EE.UU.) llevó a cabo su primera ejecución en 15 años para cumplir con la sentencia impuesta a un hombre condenado a muerte en 1997 por cuatro homicidios, informaron las autoridades penitenciarias.

Joseph Corcoran, de 49 años, recibió una dosis letal de pentobarbital y fue declarado muerto 40 minutos después de la medianoche del martes.

Según el canal WPTA de Indiana, sus últimas palabras fueron: "Terminemos con esto".

La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó el martes a detener la ejecución como habían pedido los abogados de Corcoran, que alegaron que sufría una esquizofrenia paranoide que le producía alucinaciones, lo que, a su juicio, va contra las enmiendas octava y décimocuarta de la Constitución de EE.UU.

Sin embargo, Corcoran había manifestado que estaba de acuerdo con que se procediera con la sentencia, según los medios estadounidenses.

El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, dijo después de la ejecución en un comunicado que el caso de Joseph Corcoran había sido revisado repetidamente durante los últimos 25 años, incluidas 7 veces por la Corte Suprema de Indiana y 3 veces por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

"Su sentencia nunca ha sido revocada y se llevó a cabo según lo ordenado por la corte”, dijo el gobernador.

Corcoran fue condenado por asesinar a su hermano, James Corcoran; al prometido de su hermana, Robert Scott Turner; así como a Timothy Bricker y Douglas Stillwell.

El estado de Indiana anunció este año una reanudación de las ejecuciones después de una moratoria de 15 años.

El último ejecutado en Indiana antes de Corcoran fue Matthew Eric Wrinkles, quien recibió una inyección letal en 2099 por un triple asesinato, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. EFE

Damasco, 10 dic (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) ejecutó a al menos 54 miembros de las fuerzas de seguridad leales al presidente sirio, Bachar al Asad, mientras huían de la ofensiva de los insurgentes islamistas en el vasto desierto del centro de Siria, informó este martes el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

"La organización Estado Islámico ejecutó a 54 miembros de las fuerzas del régimen cerca de una gasolinera en la zona de Al Sukhna, en el desierto de Homs", dijo la ONG, que apuntó que los soldados fueron arrestados "durante el colapso del régimen de Al Asad".

Según el Observatorio, con sede en el Reino Unido y con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, los elementos del Estado Islámico arrestaron a los soldados en ese desierto y en la provincia oriental de Deir al Zur, las zonas con presencia de células de la organización terrorista.

Hasta el momento, el grupo no ha reivindicado ninguna acción al respecto.

Desde el inicio de la ofensiva liderada por la alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS, Organismo de Liberación del Levante, del árabe) que en apenas dos semanas logró tomar Damasco, el Observatorio y otros grupos han denunciado que Estado Islámico ha aprovechado para expandir su presencia en las zonas del vasto desierto del centro de Siria.

De hecho, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, advirtió ayer de que el Estado Islámico podría intentar aprovechar el colapso del Gobierno de Bachar al Asad en Siria para reorganizarse.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya dijo este fin de semana que la prioridad inmediata de Washington es prevenir el resurgimiento del Estado Islámico, que en 2014 llegó a controlar vastas zonas de Siria e Irak, en las que proclamó un "califato".

Con este objetivo, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este domingo una decena de ataques aéreos en el centro de Siria y alcanzaron 75 objetivos vinculados al grupo terrorista, según el Pentágono. EFE

El Cairo, 10 dic (EFE).- "Entre 40 y 50 cadáveres" han sido encontrados en la prisión siria de Sednaya, al norte de Damasco y conocida por el uso de la tortura contra los prisioneros, durante las operaciones de rescate iniciadas poco después de que los insurgentes tomaran la capital siria, dijo este martes a EFE el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abderrahman.

En una conversación telefónica, el jefe de la ONG dijo que creía que "la mayoría de los cuerpos eran de ejecuciones recientes". EFE

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU ha registrado un “alarmante aumento” de las denuncias de ejecuciones de soldados ucranianos capturados por las fuerzas armadas rusas durante la guerra de los últimos meses, según dijo el lunes.

La misión en Ucrania ha recibido informaciones de 79 ejecuciones en 24 incidentes distintos desde finales de agosto del año pasado. El derecho internacional humanitario prohíbe la ejecución de prisioneros de guerra y heridos, y lo considera un crimen de guerra.

“Muchos soldados ucranianos que se rindieron o se encontraban bajo custodia física de las fuerzas armadas rusas murieron fusilados en el acto. Los relatos de los testigos también describieron los asesinatos de soldados ucranianos desarmados y heridos”, afirmó la organización en un comunicado.

Al comentar esta información, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, dijo que las atrocidades rusas exigían una acción internacional urgente.

“Las horribles ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos por parte de Rusia demuestran que Ucrania se enfrenta a verdaderas bestias”, dijo en X. “Necesitamos herramientas jurídicas internacionales nuevas y eficaces, y medidas concretas para que los autores rindan cuentas”.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

El organismo de la ONU obtuvo y analizó material de vídeo y fotográfico publicado por fuentes ucranianas y rusas en el que aparecían ejecuciones o cadáveres y entrevistó detalladamente a testigos.

Afirmó que las ejecuciones denunciadas tuvieron lugar en zonas donde se estaban llevando a cabo operaciones ofensivas rusas.

Danielle Bell, jefa de la misión, dijo que algunos oficiales rusos “han pedido explícitamente un trato inhumano e incluso la ejecución” de soldados ucranianos capturados.

La misión dijo que también documentó la ejecución de un soldado ruso herido e incapacitado por parte de las fuerzas armadas ucranianas en 2024, pero no dio detalles.

La fiscalía ucraniana dijo anteriormente que estaba investigando decenas de casos de ejecuciones de militares ucranianos por parte del ejército ruso.

(Con información de Reuters)

Más de 900 personas fueron ejecutadas en Irán el año pasado, incluidas alrededor de 40 en una sola semana de diciembre, según informó el martes el jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas.

“Es profundamente perturbador que, una vez más, veamos un aumento en el número de personas sometidas a la pena de muerte en Irán año tras año”, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, agregando que al menos 901 personas fueron ejecutadas en 2024. “Es hora de que Irán detenga esta marea creciente de ejecuciones".

El régimen de Irán utiliza la pena capital para delitos graves, incluidos homicidio, tráfico de drogas, violación y agresión sexual.

La república islámica ejecuta a más personas por año que cualquier otra nación, excepto China, para la cual no hay cifras fiables disponibles, según grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Los activistas están cada vez más alarmados por el aumento de ejecuciones por ahorcamiento en Irán.

Acusan a las autoridades bajo el liderazgo supremo del ayatolá Alí Khamenei de usar el castigo capital como una herramienta para infundir miedo en toda la sociedad, particularmente tras las protestas nacionales de 2022-2023.

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo que la mayoría de las ejecuciones del año pasado fueron por delitos relacionados con las drogas, pero también señaló que “disidentes y personas relacionadas con las protestas de 2022 también fueron ejecutados”.

“También hubo un aumento en el número de mujeres ejecutadas”, precisó.

Volker Turk ha insistido en que la ONU se opone a la pena de muerte “en todas las circunstancias”, en la medida en que este tipo de práctica “es incompatible con el derecho fundamental a la vida” y existe “un riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”.

El Alto Comisionado ha instado a las autoridades iraní a paralizar cualquier futura ejecución y aplicar una moratoria como paso previo a la abolición definitiva, una reivindicación recurrente que por ahora Teherán no contempla.

El grupo Noruega con sede en Derechos Humanos de Irán (IHR, por sus siglas en inglés), que monitorea de cerca las ejecuciones en Irán, informó el lunes que al menos 31 mujeres fueron ejecutadas en 2024.

“Nos oponemos a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia”, dijo Volker Turk.

“Es incompatible con el derecho fundamental a la vida y representa un riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, expresó.

“Y, para ser claros, nunca puede imponerse por conductas protegidas bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas instó a las autoridades iraníes a detener todas las ejecuciones futuras y a imponer una moratoria al uso de la pena de muerte con miras a abolirla definitivamente.

(Con información de AFP y Europa Press)

Un tribunal de Irán ha condenado este jueves a muerte a seis personas por el asesinato en 2022 de un miembro de las fuerzas de seguridad, en el marco de las manifestaciones desatados tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven detenida por supuestamente llevar mal puesto el velo.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr, los seis sentenciados habían sido imputados por la muerte de un miembro de la fuerza paramilitar Basij identificado como Arman Alivardi.

Aliverdi, de 21 años, murió tras ser apuñalado en la capital, Teherán, durante las movilizaciones por la muerte de Amini, que fueron reprimidas con dureza por parte de las fuerzas de seguridad iraníes.

Las autoridades, que reconocieron excesos por parte de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones, que dejaron cerca de 500 muertos, según organizaciones no gubernamentales, han ejecutado hasta la fecha a cerca de diez personas tras ser condenadas por su papel en asesinatos durante los disturbios.

Riad, 14 nov (EFE).- El Ministerio de Interior de Arabia Saudí anunció este jueves la ejecución de dos ciudadanos, lo que aumenta el récord de ejecuciones en el país árabe desde que hay registros, con más de 260 en 2024.

"Se aplicó la pena de muerte a dos ciudadanos que cometieron actos delictivos de traición a su país, además de comunicarse con elementos terroristas y prestar apoyo y financiación al terrorismo", según un comunicado del departamento.

En la nota se añadió que, además de unirse a una "entidad terrorista", participaron en "actos terroristas en zonas de conflicto, combatieron y mataron a varias personas".

Además, las personas ejecutadas tenían planeado cometer un atentado en el reino, según el ministerio, que agregó que cuando fueron detenidos tenían en su posesión "armas y explosivos con la intención de corromper, agredir y perturbar la seguridad y la estabilidad de la sociedad, y preparar uno de sus domicilios como guarida para que los terroristas se reúnan y reciban apoyo".

Hace justo una semana, fueron ejecutadas otras tres personas acusadas por los mismos cargos.

El pasado 9 de noviembre, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés) que hace un seguimiento de las ejecuciones en el reino, indicó que en 2024 se han producido el "mayor número de ejecuciones en la historia moderna de Arabia Saudí", superando hasta ahora los 260 ajusticiados.

También recordó que en los nueve años de reinado del rey Salmán, más de 1.500 personas han sido ejecutadas, de las cuales el 62 % son saudíes.EFE

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha instado este miércoles a los talibán a establecer una moratoria "inmediata" de la pena de muerte, después de que las autoridades ejecutaran de forma pública en un estadio a un hombre condenado por asesinato, práctica que recuperaron tras regresar al poder en agosto de 2021 y con la que pretenden aleccionar al conjunto de la población sobre el riesgo asociado a ciertos delitos.

"Las ejecuciones llevadas a cabo en público son contrarias a las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de Derechos Humanos y deben cesar. La UNAMA insta a las autoridades de facto de Afganistán a que establezcan una moratoria inmediata de todas las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte", reza un comunicado de la misión.

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para pedir que se respete el debido proceso y el derecho a un juicio justo, en particular el acceso a la representación legal, tal y como ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Según el Tribunal Supremo afgano, se trata de un vecino de Mirzaki, de la provincia de Paktia, que había matado a una persona de manera "deliberada". El régimen ha explicado que el caso ha pasado por tres tribunales distintos que han considerado necesario aplicar la ley del talión. En este sentido, ha afirmado que "a la familia de la víctima se le dio la opción del perdón y la reconciliación" pero que, al rechazarla, se siguió adelante con la ejecución.

Las autoridades locales suelen alentar a los ciudadanos a asistir a este tipo de castigos, a los que pueden acudir hasta varios miles de personas. En febrero, los talibán también llevaron a cabo una doble ejecución en el principal estadio de la ciudad de Ghazni.

Kabul, 13 nov (EFE).- El Gobierno de facto de los talibanes llevó a cabo este miércoles la ejecución de un preso condenado por homicidio en un estadio deportivo en el sureste de Afganistán, la sexta aplicación de la ley del "ojo por ojo" desde que los fundamentalistas llegaron al poder.

"En el estadio deportivo de la provincia de Paktia, un asesino fue condenado a castigo de Qisas (un término que responde al principio del "ojo por ojo") por haber matado a una persona con una pistola", informó en un comunicado el Tribunal Supremo del país.

La ejecución se llevó a cabo después de que el caso se tramitara en tres tribunales (local, provincial y nacional) del Gobierno talibán y fuera aprobado por el líder supremo tras sus investigaciones por separado, según la declaración.

"El caso fue examinado de manera muy precisa y repetidamente por el triple tribunal militar del Emirato Islámico (primario, de apelación y Tamiz) de diferentes maneras. Como resultado, la orden de represalia (Qisas) fue emitida y aprobada", agregó el escrito.

Según el comunicado, la familia de la víctima tuvo opción de elegir entre perdón y la reconciliación. Pero tras rechazar estas posibilidades, se ordenó aplicar la ejecución al asesino.

A la ejecución pública acudieron altos cargos talibanes, entre ellos el actual ministro del Interior, Siraj Uddin Haqqani, funcionarios del Tribunal Supremo, provinciales locales y residentes de la provincia de Paktia.

Se trata de la sexta ejecución desde el regreso de los talibanes el 15 de agosto de 2021. De las cinco anteriores, dos se han llevado a cabo en Ghazni y una en cada una de las provincias de Laghman, Farah y Jawzjan.

En otro comunicado, el Tribunal Supremo talibán afirmó que se han emitido y ejecutado diferentes castigos para más de 450 individuos por acusaciones como relaciones ilícitas, adulterio y robo en todo el país.

Las comunidades internacionales y las organizaciones de derechos humanos han reaccionado y criticado reiteradamente estos castigos en Afganistán.

"Hoy se ha llevado a cabo una ejecución pública en la provincia de Paktia. Las ejecuciones llevadas a cabo en público son contrarias a las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de derechos humanos, y deben cesar", escribió la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Afganistán (UNAMA) en X.

En el anterior régimen de los talibanes de entre 1996 y 2001 las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán como un modo de concienciar a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen. EFE

Se prevé que un hombre de Indiana condenado por los asesinatos en 1997 de su hermano y otras tres personas reciba la inyección letal antes del amanecer del miércoles, la primera ejecución del estado en 15 años.

Joseph Corcoran, de 49 años, está en el corredor de la muerte en Indiana desde 1999, cuando fue condenado por el asesinato a tiros de su hermano, James Corcoran de 30 años, el prometido de su hermana, Robert Scott Turner, de 32 años, y otros dos hombres: Timothy G. Bricker y Douglas A. Stillwell, ambos de 30 años.

A menos que haya una acción judicial de último minuto o una intervención del gobernador Eric Holcomb, Corcoran será ejecutado antes del amanecer del miércoles en la Prisión Estatal de Indiana en Michigan City, según funcionarios estatales. El verano pasado, el gobernador anunció la reanudación de las ejecuciones estatales después de un largo paréntesis marcado por la escasez de fármacos para inyecciones letales a nivel nacional.

El estado ha proporcionado pocos detalles sobre el proceso, incluyendo una hora específica de ejecución. Tampoco se permitirá la presencia de la prensa. Los funcionarios de la prisión de Indiana proporcionaron fotos de la cámara de ejecución con antelación, mostrando un espacio que parece una sala de operaciones escueta con una camilla, iluminación fluorescente brillante, un desagüe en el suelo y ventanas interiores a una sala de observación adyacente.

Los abogados apelaron la sentencia por años, argumentando que Corcoran padece una enfermedad mental grave, lo que afecta su capacidad para entender y tomar decisiones. Corcoran agotó sus apelaciones federales en 2016. A principios de este mes, sus abogados solicitaron a la Corte Suprema de Indiana que detuviera su ejecución, pero la solicitud fue denegada.

Según los registros judiciales, antes de que Corcoran matara a tiros a las cuatro víctimas en julio de 1997, estaba estresado porque el próximo matrimonio de su hermana con Turner le obligaría a mudarse de la casa de Fort Wayne, Indiana, que compartía con su hermano y su hermana.

Se despertó al escuchar a su hermano y a otros abajo hablando de él, cargó su rifle y luego le disparó a los cuatro hombres, muestran los registros. Estando encarcelado, Corcoran alardeó supuestamente de haber matado también a tiros a sus padres en 1992 en el condado Steuben, en el norte de Indiana. Fue acusado de sus asesinatos, pero absuelto.

Si Corcoran es ejecutado según lo programado antes del amanecer del miércoles, será la primera ejecución del estado desde 2009, cuando Matthew Wrinkles pasó a la cámara de muerte por asesinar a su esposa, su cuñado y su cuñada en 1994.

Funcionarios estatales han dicho que no podían llevar a cabo las ejecuciones porque no había los fármacos utilizados en las inyecciones letales.

Durante años, ha habido una escasez en todo el país porque las farmacéuticas se han negado a vender sus productos para ese propósito. Eso ha llevado a los estados, incluido Indiana, a recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican sustancias específicamente para un cliente. Algunos utilizan drogas más accesibles como los sedantes pentobarbital o midazolam, ambos de los cuales, según los críticos, pueden causar dolor intenso.

Varios grupos, incluidas asociaciones religiosas y defensores de las personas con discapacidad, se oponen a la ejecución. Varios activistas planeaban realizar una vigilia comenzando tarde el martes fuera de la prisión, a 90 kilómetros (unas 60 millas) al este de Chicago.

Una de las hermanas de Corcoran, Kelly Ernst, opina que la pena de muerte debería ser abolida y que la ejecución de su hermano no resolverá ni cambiará nada. No planea estar presente para la ejecución.

“Estoy sin palabras. Estoy realmente molesta de que lo hagan cerca de Navidad”, dijo. “Mi hermana y yo, nuestros cumpleaños son en diciembre. Quiero decir, simplemente siento que va a arruinar la Navidad para el resto de nuestras vidas. Eso es lo que parece”.

(con información de AP)

Las autoridades de Irán han ejecutado a diez personas condenadas por cargos de asesinato y tráfico de drogas, según ha denunciado la organización no gubernamental Hengaw, que ha afirmado que los ajusticiamientos tuvieron lugar el miércoles en las prisiones de Ghezel Hesar y Miandoab.

Así, ha afirmado a través de un comunicado que cuatro fueron ejecutados en Ghezel Hesar tras su condena por asesinato, mientras que otros cuatro fueron ajusticiados en estas mismas instalaciones por cargos de drogas.

Por otra parte, otras dos personas, supuestamente de nacionalidad turca, fueron ejecutadas en la prisión central de Mindoab tras ser sentenciados por un tribunal local por cargos de asesinato, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

La organización Amnistía Internacional afirmó en abril que las autoridades de Irán ejecutaron en 2023 a 853 personas, un máximo en los últimos ocho años. Un total de 481 de estas personas habían sido condenadas por delitos de drogas.

En noviembre, el régimen de Irán ejecutó a al menos once personas en un sólo día distintas ciudades, incluyendo Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre las víctimas figura una mujer, en una jornada que demostró el uso extendido que se tiene de la pena de muerte en Irán y la cual ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos.

Las condenas dictadas responden a delitos relacionados con drogas y homicidios, y forman parte de una campaña cada vez más agresiva por parte de las autoridades iraníes en su intento de disuadir el crimen y consolidar el control interno.

Las ejecuciones en Irán han aumentado un 75% en los dos años transcurridos desde la muerte de la joven Mahsa Amini, que desencadenó las protestas conocidas por el lema “Mujer, Vida, Libertad”, según denunció este lunes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).

Al menos 1.425 personas han sido ejecutadas desde el 16 de septiembre de 2022, casi el doble que en los dos años anteriores a las protestas, cuando se registraron 815 ejecuciones, afirmó en un comunicado la organización con sede en Oslo.

La aplicación de la pena capital por delitos relacionados con las drogas aumentaron incluso un 162% en ese periodo, de 302 a 796 tras el inicio de las protestas contra el régimen.

Las ejecuciones relacionadas con cargos políticos como los de “rebelión”, “corrupción en la tierra” o “enemistad hacia dios” también se incrementaron en un 84%, de 31 a 57.

IHRNGO pidió en este contexto a la comunidad internacional que investigue el uso de la pena de muerte en Irán como parte de la represión de las protestas del movimiento "Mujer, Vida, Libertad".

“La pena de muerte es la herramienta más importante de la República Islámica a la hora de crear miedo en la sociedad con el objetivo de suprimir las protestas e impedir nuevas protestas”, declaró el director de la organización, Mahmood Amiry-Moghaddam.

La muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar bien puesto el velo islámico provocó una oleada de protestas sin precedentes contra la República Islámica, protagonizadas por jóvenes y mujeres.

Según IHRNGO, que afirma contar con una nutrida red de fuentes en Irán, al menos 551 manifestantes, entre ellos 68 menores de edad y 49 mujeres, murieron a manos de la policía durante las protestas.

(Con información de EP y EFE)

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha criticado este viernes la reciente ejecución del disidente germano-iraní Jamshid Sharmahd, al que Teherán acusaba de haber participado en varios atentados terroristas en el país, y ha señalado que su sentencia llegó tras "un juicio injusto".

"Las autoridades iraníes están usando las ejecuciones, un castigo inhumano, tras juicios injustos y opacos, para intimidar a todo el que las desafíe, incluso si son iraníes que están fuera del país", ha dicho el subdirector de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Michael Page.

Así, ha recalcado que esta ejecución "es una muestra deliberada de fuerza para silenciar a los disidentes". "Las autoridades iraníes deberían al menos escuchar la petición de la familia de Sharmahd para recuperar su cadáver y realizar un luto adecuado tras esta brutal acción".

Las autoridades iraníes insisten en que la ejecución del disidente --secuestrado en 2020 en Emiratos Árabes Unidos (EAU)-- responde a que era el líder del grupo Tondar, considerado una organización terrorista en el país y al que el Gobierno acusa de estar detrás de varios atentados que habrían sido ordenados desde el exterior.

En respuesta, Alemania anunció el jueves el cierre de todos los consulados que Irán mantenía abiertos en el país como respuesta a la ejecución de Sharmahd, después de llamar a consultas a su embajador en Teherán y convocar al representante iraní en Berlín para trasladar su protesta.

El Ministerio de Exteriores de Irán ha catalogado la decisión de Alemania como "absurda, intrusiva, poco profesional y carente de decencia" y ha incidido en que a la vez supone "cortar uno de los canales de comunicación más importantes y antiguos" entre ambas naciones.

Berlín, 31 oct (EFE).- La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, anunció este jueves el cierre de los tres consulados generales iraníes en el país como reacción a la ejecución del ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmahd, que fue condenado a la pena de muerte por su supuesta implicación en un grupo terrorista.

En concreto, quedarán clausurados los consulados generales de Fráncfort y Múnich (sur) y el de Hamburgo (norte), aunque la embajada de Irán en Berlín permanecerá abierta.

Con esta medida, Alemania quiere dejar claro al "régimen dictatorial de injusticia" que gobierna en Teherán que "asesinar" a un ciudadano alemán tiene consecuencias de peso, dijo Baerbock desde Nueva York, según un comunicado.

"El régimen iraní era más que consciente de cómo de cruciales son los detenidos alemanes (en Irán) para el Gobierno alemán", señaló la ministra.

"Que en el contexto de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo se produjera el asesinato demuestra que un régimen dictatorial de injusticia como el de los mulás no actúa siguiendo la lógica diplomática actual", aseguró, y destacó que las relaciones diplomáticas con Irán se hallan "en el punto más bajo".

Baerbock reiteró su condena al "papel regional desestabilizador y dañino" de Teherán, sus envíos de armamento a Rusia, el apoyo a grupos extremistas como Hizbulá, Hamás y los hutíes, los ataques directos contra Israel, el programa nuclear "poco transparente" y la represión de las protestas opositoras.

Abogó por seguir imponiendo por ello sanciones contra Irán, pero recordó que es preciso afinarlas mucho y asegurarse siempre de que golpean al régimen y no a la población.

Baerbock prometió también que seguiría trabajando de forma "incansable" para lograr la liberación del resto de ciudadanos alemanes detenidos en Irán como parte de lo que calificó de "política de toma de rehenes".

"Por ellos y por aquellas personas en Irán que aprecian Alemania y lo que representamos -libertad, democracia y derechos humanos- mantenemos abiertos nuestros canales diplomáticos y nuestra Embajada en Teherán, como hacemos también en otros regímenes de injusticia como la Rusia de Putin", afirmó.

"Sabemos que existe otro Irán", recalcó en este sentido.

Finalmente, Baerbock repitió que si el nuevo Gobierno iraní realmente quiere iniciar un acercamiento hacia Occidente sabe "qué pasos concretos son necesarios para ello".

Con respecto al cierre de representaciones diplomáticas, Berlín ya recurrió a una medida de presión diplomática similar en mayo de 2023, cuando cerró los cuatro consulados generales rusos en reacción a la guerra de Ucrania.

Este martes el Ministerio de Exteriores citó al jefe de la misión iraní, actualmente el encargado de negocios, para transmitir su protesta por el "asesinato" de Sharmahd.

"Le hemos transmitido nuestra protesta más drástica y nos reservamos la posibilidad de tomar otras medidas", dijo la diplomacia alemana a través de X.

Sharmahd, de 69 años y periodista de profesión, fue secuestrado en Dubai según sus familiares y fue condenado a muerte en febrero de 2023 por supuestamente liderar un grupo terrorista que planificó 23 atentados en suelo iraní, de los que llevó a cabo cinco.

El Tribunal Supremo iraní confirmó la pena máxima en abril del año pasado y ésta fue ejecutada este lunes, según anunciaron las autoridades de Teherán.

Entre los atentados que se supone que llevó a cabo el grupo se encuentra el ataque con bomba en la mezquita Seyed al-Shohada de Shiraz de 2008, en el que murieron 14 personas y 300 resultaron heridas.

 Baerbock ya condenó el lunes la ejecución, dio el pésame a los familiares y añadió que Berlín ha actuado de forma "incansable" a nivel diplomático para salvarle hasta el último momento.

La República Islámica de Irán ha sido acusada de usar a presos con doble nacionalidad o extranjeros como medida de presión o para intercambio de prisioneros con otros países, una práctica que ha sido denominada como la "diplomacia de los rehenes" por organizaciones de derechos humanos. EFE

El régimen de Irán ejecutó este domingo a al menos once personas en distintas ciudades, incluyendo Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre las víctimas figura una mujer, en una jornada que demostró el uso extendido que se tiene de la pena de muerte en Irán y la cual ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos.

Las condenas dictadas responden a delitos relacionados con drogas y homicidios, y forman parte de una campaña cada vez más agresiva por parte de las autoridades iraníes en su intento de disuadir el crimen y consolidar el control interno.

El gobierno confirmó tres ejecuciones en las prisiones de Yasuj y Tabriz, entre ellas la de Saman Karimi, un joven de 25 años originario de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, quien había sido condenado por homicidio premeditado hace dos años. Fue ejecutado en la prisión central de Yasuj, en un caso que ha despertado especial interés al tratarse de una condena por asesinato que, según activistas y Human Rights Monitor (HRM), tuvo irregularidades en su proceso judicial.

Por su parte, en la prisión central de Tabriz, otras dos personas fueron ejecutadas esa misma mañana: Mahrokh Khani, de 35 años, y Kazem Babaei, de aproximadamente 45 años, ambos condenados por delitos de drogas. Khani, una trabajadora de un taller de costura antes de su arresto, había estado encarcelada durante cuatro años, acusada de tráfico de drogas, mientras que Babaei había estado bajo custodia durante más de dos años y medio antes de su ejecución.

En la prisión de Zahedan, las autoridades ejecutaron a Mohammad Nabi Papalzehi, un ciudadano afgano de 28 años residente en Zabol, acusado de delitos relacionados con drogas. Este tipo de ejecución contra un extranjero también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que Papalzehi habría sido condenado en un proceso cuestionado por su falta de garantías legales, aseguró HRM.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el uso excesivo de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos de delitos de drogas. A pesar de la creciente presión internacional para limitar o abolir esta práctica, Irán continúa empleándola de manera regular, ubicándose entre los países con mayor índice de ejecuciones del mundo. En la práctica, la pena capital se ha convertido en una herramienta de represión, utilizada con frecuencia contra minorías y personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que evidencia la falta de garantías y justicia en el sistema judicial iraní.

La condena de una activista política kurda

En las últimas horas condenó a pena de muerte a la activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, acusada de “rebelión armada contra el Estado”.

“Varishe Moradi, activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres, ha sido condenada a muerte hoy”, informó este domingo la cuenta de X de la encarcelada premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, gestionada por su familia.

El mensaje destacó que Moradi recientemente realizó una huelga de hambre que duró 20 días, en protesta, precisamente, por las sentencias de muerte dictadas contra activistas.

Según algunas ONG proderechos humanos kurdo-iraníes, la sesión final en la que se abordaron los cargos contra la activista encarcelada en la prisión de Evin de Teherán tuvo lugar el 6 de octubre y la sentencia ha sido notificada este domingo a sus abogados por la sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán.

Sin embargo, no se precisa la razón por la que Moradi ha sido acusada de “rebelión armada contra el Estado”.

La activista kurda fue detenida el 1 de agosto de 2023, mientras viajaba de la ciudad de Marivan a Sanandaj, y desde agosto del año pasado se encuentra en la prisión de Evin. Su trabajo incluye proyectos comunitarios enfocados en la transformación social, a menudo en conflicto con la postura del régimen iraní sobre los derechos de las mujeres y la autonomía kurda.

Teherán, 28 oct (EFE).- Irán ejecutó este lunes por supuesta participación en varios atentados en el país persa al ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmahd, cuya familia denunció que fue secuestrado en 2020 en Dubai y llevado a la fuerza a Teherán.

“Esta mañana se ha ejecutado la sentencia de Jamshid Sharmahd, líder del grupo terrorista Tondar (grupo opositor)”, informó la agencia de noticias Mizan, perteneciente al Poder Judicial iraní.

Sharmahd, de 69 años y periodista de profesión, fue condenado el 21 de febrero de 2023 por supuestamente liderar un grupo terrorista que planificó 23 atentados en suelo iraní, de los que llevó a cabo cinco. EFE

La Unión Europea ha denunciado este miércoles la ejecución y tortura por parte de Rusia de prisioneros de guerra ucranianos, hasta 177, desde el comienzo de la invasión de Ucrania en 2022, reclamando a Moscú que cese estas prácticas.

"El trato atroz que Rusia dispensa a los prisioneros de guerra ucranianos es inexcusable y debe cesar de inmediato. Rusia debe adherirse a sus compromisos internacionales y dejar de alentar estos asesinatos por parte de figuras públicas rusas", ha señalado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en un debate en el Parlamento Europeo centrado en la situación de los prisioneros de guerra, después de que se conociera la ejecución de nueve soldados ucranianos en la región rusa de Kursk.

En este sentido, el comisario belga se ha hecho eco de la información de la Fiscalía ucraniana que apunta que 177 militares ucranianos han muerto tras ser tomados por Rusia e igualmente ha recordado que Human Rights Watch ha denunciado el uso "sistemático" de la tortura contra los prisioneros ucranianos.

"Los prisioneros de guerra son sometidos a diferentes tipos de tortura, desde fuertes palizas a violencia sexual, humillaciones y hambre en todas las fases del cautiverio", ha señalado.

Reynders ha resumido que las ejecuciones y torturas por parte de Rusia solo ejemplifican de nuevo el "desprecio del Kremlin por el Derecho Internacional en general y por el Derecho Internacional Humanitario".

Es por ello que en nombre de la UE ha pedido a Rusia que cumpla sus compromisos expresos con el Derecho Internacional Humanitario, para garantizar que cesen las brutales ejecuciones y torturas contra militares ucranianos tomados en el marco de la guerra.

Las fuerzas rusas están matando sumariamente a un número cada vez mayor de soldados ucranianos que se rinden en el campo de batalla, a menudo disparándoles a quemarropa justo después de haber sido hechos prisioneros, afirman las autoridades ucranianas.

Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, las autoridades han abierto 43 investigaciones penales sobre 113 posibles asesinatos arbitrarios, y más de un tercio de esos casos se han registrado desde principios de año, según la Fiscalía General de Ucrania. Pero eso no tiene en cuenta el repunte más reciente.

“Desde finales del año pasado, el número de delitos de este tipo no ha dejado de aumentar”, declaró la fiscalía general a The Washington Post. “Recibimos informes de este tipo de asesinatos casi todas las semanas”.

En las últimas semanas, el número de incidentes ha aumentado drásticamente. Las autoridades ucranianas han informado de cerca de tres docenas de asesinatos, incluido el que dicen que es el peor caso hasta la fecha: 16 soldados ucranianos fueron supuestamente tiroteados cerca de la ciudad oriental de Pokrovsk el 30 de septiembre, justo después de haberse rendido.

Funcionarios ucranianos afirmaron que utilizan imágenes de vídeo de los asesinatos, a veces captadas por drones y publicadas en Internet, o conversaciones telefónicas de militares rusos directamente implicados, que describen los hechos, así como otros medios para verificar si los asesinatos tuvieron lugar.

El año pasado, un vídeo que circuló por canales de Telegram en ruso parecía mostrar a fuerzas rusas decapitando a un soldado ucraniano.

“Tenemos pruebas de que no se trata de casos aislados, sino de elementos de una política deliberada, no sólo tolerada sino alentada por la cúpula militar y política rusa”, declaró la Fiscalía General.

Matar prisioneros de guerra está prohibido por las Convenciones de Ginebra y constituiría un crimen de guerra si se demostrara. Las autoridades rusas niegan que sus fuerzas estén implicadas en actividades ilegales.

Sin embargo, en julio, después de que la Brigada Azov de Ucrania publicara en las redes sociales un vídeo de uno de sus miembros disparando a un soldado ruso en una trinchera, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, pidió “ejecuciones totales” de los militares ucranianos.

“No hay palabras sobre piedad. Nada de humanidad. Ni perdón. No tienen derecho a la vida. Ejecutar, ejecutar y ejecutar. Este es el derecho de guerra del enemigo”. escribió Medvédev en su canal de Telegram.

El general de división Apti Alaudinov, comandante de la unidad de fuerzas especiales chechenas Akhmat, declaró a la televisión rusa el 15 de octubre que las historias de ejecuciones eran falsas y estaban siendo difundidas por los ucranianos “para impedir que sus militares se rindieran a las fuerzas armadas rusas”.

Sin embargo, los blogueros militares rusos, que suelen estar bien informados de la situación en el campo de batalla, han informado de varios incidentes de este tipo y han dicho que a menudo no era posible tomar prisioneros.

Según el canal de Rybar en Telegram, que cuenta con 1,3 millones de suscriptores, también deberían aplicarse normas diferentes a quienes invadan la propia Rusia.

“Todas las tonterías humanas pueden dejarse de lado. Sobre todo si se tiene en cuenta que, a nivel oficial en Rusia, todos los invasores son terroristas”, afirmó.

La matanza rusa de prisioneros fue “sistemática”, afirmó el defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets. “Exigimos una respuesta contundente de la comunidad internacional, incluidas nuevas órdenes de detención de criminales de guerra del Tribunal Penal Internacional”.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró el mes pasado que las fuerzas rusas habían cometido cerca de 140.000 crímenes de guerra en Ucrania desde febrero de 2022.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra altos cargos rusos, incluida una contra el presidente Vladimir Putin y su comisaria para los derechos de la infancia, Maria Belova-Lvova, por la deportación de miles de niños ucranianos a Rusia.

En junio, la CPI también dictó órdenes de detención contra el ex ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor del ejército, Valery Gerasimov, por dirigir ataques aéreos contra objetivos civiles ucranianos y “causar graves daños corporales y de salud a civiles”.

Por su parte, las autoridades rusas acusan a las fuerzas ucranianas de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales de militares rusos, especialmente en el primer año de la guerra. Las autoridades de Kiev han iniciado investigaciones sobre los casos en los que están implicadas sus propias fuerzas.

Sin embargo, los incidentes atribuidos a las tropas de Moscú superan ampliamente a los de las ucranianas, y octubre ha sido un mes especialmente mortífero.

Las autoridades ucranianas declararon que el 1 de octubre 16 militares fueron tiroteados cerca de Pokrovsk. Un vídeo de un dron publicado en Internet mostraba un gran número de figuras blancas saliendo de lo que parecía ser una zona boscosa.

“Después de que se pusieran en fila, los ocupantes abrieron fuego deliberadamente contra ellos para matarlos”, dijo la oficina del fiscal general de Ucrania en un post de Telegram, describiendo las imágenes. “Los heridos, que daban señales de vida, fueron rematados a corta distancia con disparos automáticos”.

El 9 de octubre, las fuerzas rusas dispararon a nueve militares ucranianos capturados en la región rusa de Kursk, según Lubinets, que citó informes de Deep State, un monitor de fuente abierta de la guerra en Ucrania. La organización publicó una foto de varias figuras pixeladas, boca abajo y en ropa interior, y citó fuentes militares.

La semana pasada, la fiscalía general dijo que estaba investigando otro caso cerca de Pokrovsk, donde, “según datos operativos”, las tropas rusas obligaron a dos soldados ucranianos a tumbarse y, “apretándoles las piernas contra el suelo”, les dispararon “a quemarropa con armas automática”.

El fiscal general describió otro incidente ocurrido en octubre, cuando las fuerzas rusas asaltaron una posición cerca de Selydove y capturaron e interrogaron a cuatro miembros de la Guardia Nacional. “Al día siguiente, las Fuerzas de Defensa recuperaron las posiciones perdidas y, durante las operaciones de búsqueda, descubrieron los cuerpos de los militares ucranianos asesinados”.

Las fuerzas rusas “siguen perpetrando sistemáticamente crímenes de guerra”, escribió la semana pasada el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, D.C., en su informe diario sobre el conflicto en Ucrania, incluido el “aumento de las ejecuciones” de prisioneros de guerra, lo que sugiere “que las fuerzas rusas siguen operando con un bajo nivel de disciplina”.

Los comandantes de campo rusos pueden estar “no haciendo nada para evitar que sus subordinados participen en tales comportamientos criminales, o incluso pueden estar alentándolos”, añadía el informe. “No hay pruebas de que Rusia esté exigiendo responsabilidades a su personal”.

Marcel Gascón

Kiev, 22 oct (EFE).- La Fiscalía ucraniana investiga la ejecución de otros dos soldados ucranianos que se habían rendido el pasado viernes a manos de militares rusos, junto a la localidad de Selidove de la región oriental de Donetsk, al tiempo que las autoridades de Kiev denuncian un incremento de los fusilamientos de prisioneros de guerra desde el comienzo de 2022.

Según un comunicado publicado este martes por la Fiscalía, los militares rusos responsables de la ejecución obligaron a los dos ucranianos desarmados a tumbarse en el suelo boca abajo “y les dispararon desde cerca con armas automáticas”.

El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, reveló recientemente que su oficina y la Fiscalía tienen constancia de la ejecución, desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa, de 102 prisioneros de guerra ucranianos.

La Fiscalía ucraniana explicó este mes que ocho de cada diez del total de ejecuciones registradas hasta ahora se han producido en 2024. Según la Fiscalía, los fusilamientos comenzaron a incrementarse en noviembre de 2023, cuando “se produjo un cambio tangible a peor en la actitud de los soldados rusos” hacia los prisioneros de guerra ucranianos.

Ucrania obtiene habitualmente vídeos de estas ejecuciones de fuentes abiertas, ya que en ocasiones son publicados por los propios militares rusos en redes sociales, o a través de sus propios aparatos no tripulados.

“Tenemos el campo de batalla más transparente que se haya conocido en el mundo debido a la saturación de drones con cámaras de alta resolución, y podemos observar muchas situaciones en las que los rusos están matando a nuestros soldados después de que éstos se hayan rendido”, afirmó el portavoz del órgano estatal ucraniano encargado de los prisioneros de guerra, Petró Yatsenko.

El Defensor del Pueblo ucraniano asegura que las ejecuciones de soldados ucranianos responden a una política “deliberada”.

Según Yatsenko, el portavoz de la estructura estatal ucraniana que gestiona los asuntos de los prisioneros de guerra, numerosas grabaciones de conversaciones entre mandos militares rusos muestran que las órdenes no vienen de los comandantes desplegados sobre el terreno, sino desde más arriba.

Esta supuesta política del Ejército ruso tendría, según Yatsenko, tres objetivos.

Al obligar a sus soldados a cometer estos actos de crueldad gratuita, los mandos rusos hacen pensar a sus militares rasos que sufrirán la misma suerte si se entregan a las tropas ucranianas, lo que les estimula a no desertar o rendirse y a aceptar seguir siendo utilizados como carne de cañón para el avance ruso, dice Yatsenko.

Trasladar a la retaguardia a los soldados enemigos capturados, continúa Yatsenko, obliga a invertir tiempo y recursos que desvían al Ejército ruso a su meta de conquistar a cualquier precio todo el territorio ucraniano posible, por lo que ejecutar a prisioneros de guerra es considerada en ocasiones la opción más conveniente.

Por último, los fusilamientos buscan intimidar a los soldados ucranianos haciéndoles pensar que serán ejecutados si son capturados aunque hayan decidido rendirse. EFE

Riad, 21 oct (EFE).- Arabia Saudí anunció este lunes la ejecución de dos ciudadanos saudíes condenados a la pena de muerte por delitos de "traición a la patria", "terrorismo" y "financiación de actividades de terror".

El Ministerio de Interior saudí señaló en un comunicado que los condenados, ejecutados en Riad, habían participado en actos violentos que incluían el uso de armas y explosivos contra instalaciones de seguridad, actos que "resultaron en la muerte de varios agentes de seguridad".

La nota no especifica la fecha de su detención, aunque dice que los ajusticiados "fueron condenados a muerte por un tribunal especial tras presentar pruebas concluyentes en su contra", y que "la sentencia fue y ratificada por la Corte Suprema".

Según el Ministerio, los acusados habían adoptado una "ideología terrorista que justificaba el derramamiento de sangre", lo que "amenazó la estabilidad y paz de la sociedad saudí".

El comunicado advirtió de que "el destino de cualquier persona que intente poner en peligro la seguridad del país será el castigo legal más severo", en la línea con la política saudí de aplicar la pena de muerte en casos similares.

La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) aseguró el pasado jueves que la cifra de ejecuciones de este año alcanzó las 156, "una cifra récord en comparación con años anteriores".

El año pasado, Arabia Saudí ejecutó a 172 personas, según denunció la ONG británica ALQST, mientras que en 2022, las autoridades saudíes llevaron a cabo 196 ejecuciones, 81 de ellas en un solo día, la cifra más alta en 30 años en el país. EFE

El pasado 30 de septiembre por la madrugada, César Bravo Anaya, empresario dedicado a la crianza de gallos de pelea en la región de Huejotzingo, en el estado de Puebla, fue “levantado” por un comando armado cuando se encontraba en su casa.

El comando armado se llevó a la fuerza al hombre de 42 años de edad a bordo de un vehículo Suzuki Swift de color rojo. En el mismo vehículo fue hallado sin vida y decapitado Bravo Anaya unos días después de su secuestro.

Bravo Anaya habría sido ejecutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de haber sido “levantado”, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se ve a Bravo Anaya esposado, en ropa interior, y con visibles golpes en todo el cuerpo, advirtiendo a quienes se dedicaban al huachicol, robo, extorsión, cobro de piso, entre otros delitos, que el Grupo de Operaciones Especiales del Mencho (GOEM), brazo armado del CJNG, se encontraba presente en San Martín.

“(...) Que andan en el huachicol, en el narcomenudeo, alinéense, que se dedican al robo y extorsión, cobro de piso, ábranse a la v***ga de San Martín, Cártel Jalisco Nueva Generación está presente, Grupo GOEM, Grupo Operaciones Especiales de Don Mencho, continuamos con la operación barredora”, se ve decir al hombre en dicho video.

A Bravo Anaya se le conocía como “El Gallero”, y se dedicaba a la crianza y venta de gallos de pelea, a los cuales también llevaba para combates a ferias de Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que esto solo era una fachada, pues también se dedicaba al huachicol y otras actividades ilegales.

Según medios locales, César Bravo Anaya pertenecía a una banda liderada por Jalit C., alias “El Mamer”, quien se encuentra en prisión acusado de robo de hidrocarburos en la zona del Triángulo Rojo y San Martín Texmelucan, y se encontraba en la mira de fuerzas federales.

¿Cómo fue el secuestro de Bravo Anaya?

Por medio de redes sociales, se difundió un video del momento en el que un grupo de personas armadas entraron al domicilio de César Bravo Anaya para llevárselo a la fuerza.

En el clip, grabado por una cámara de seguridad, se muestra que el “levantón” ocurrió a las 4:25 horas del pasado lunes 30 de septiembre. Se puede observar como hombres armados llegan a bordo de dos vehículos.

Al bajar de las unidades, y portando armas de fuego, con ayuda de un ariete táctico, tumban la puerta de la entrada y entran al domicilio del empresario. Afuera permanecieron algunos de los hombres, quienes vigilaban con sus armas largas el lugar. Otro grupo de ellos entraron a la casa para sacar al hombre y llevárselo por la fuerza.

El cuerpo del empresario fue encontrado dentro de uno de los autos que se utilizaron para secuestrarlo, el 3 de octubre, en el municipio de San Martín Texmelucan.

Islamabad, 10 oct (EFE).- Un nuevo informe de la organización Justice Project Pakistan (JPP) reveló este jueves un aumento preocupante en el número de presos condenados a muerte, con un total de 6.161 personas estaban esperando su ejecución pese a la moratoria sobre este castigo.

De acuerdo con "Pena de muerte en Pakistán: mapeo de datos sobre la pena capital", el informe anual correspondiente a 2024 de la organización jurídica sin ánimo de lucro, esto supone un aumento significativo respecto de la cifra del año anterior de 6.039.

El crecimiento de la población en el corredor de la muerte es todavía más drástico en comparación con los datos de 2022 cuando la población condenada a muerte era de 3.226.

La organización llama la atención sobre una alta concentración de presos condenados añadidos a la lista en el último año provenientes de Baluchistán, más de la mitad de ellos.

Esta proporción "exige un examen más detallado de las prácticas judiciales y de imposición de sentencias en la región, en particular a la luz de las reformas en curso destinadas a reducir el uso de la pena capital", alertó.

Del total de los condenados a muerte en todo el país 2.505 corresponden a la provincia de Punjab, 15 de ellos mujeres.

JPP lamenta que a pesar de una moratoria de las ejecuciones desde diciembre de 2019, Pakistán sigue siendo uno de los países con las tasas más altas de pena capital a nivel mundial.

Más de 31 delitos se castigan con la muerte en este país, pese a las críticas de las organizaciones de derecho que demandan reformas en el sistema de justicia penal.

El informe revisa en particular la persistencia de casos de pena de muerte en virtud de la Ley de Control de Sustancias Narcóticas (CNSA), incluso después de la enmienda de 2023 que eliminó este castigo para los delitos relacionados con los estupefacientes. EFE

Bruselas, 9 oct (EFE).- La Unión Europea y el Consejo de Europa reiteraron este miercoles, en vísperas del Día Internacional contra la Pena de Muerte, su absoluto rechazo a la pena capital en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, pues supone "la negación última de la dignidad humana".

"La pena de muerte es un vestigio del pasado que no debería tener cabida en el siglo XXI. Debe ser abolida ahora", indicaron en un comunicado conjunto en alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea, el español Josep Borrell, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.

En nombre de la UE y del Consejo de Europa (organismo internacional paneuropeo independiente de la UE con sede en Estrasburgo, Francia), ambos responsables reafirmaron "firmemente su oposición inequívoca a la pena de muerte o su reintroducción, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia".

"Celebramos el creciente apoyo mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Más de dos tercios de todos los países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. El año pasado, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones alcanzó la cifra más baja registrada", señalaron.

No obstante, lamentaron que la pena capital siga aplicándose en distintos países y señalaron a "China, Irán, Arabia Saudí, Somalia y Estados Unidos" como los países con mayor número de ejecuciones en 2023.

"Sólo Irán representó el 74% de todas las ejecuciones registradas", agregaron en una nota en la que destacaron que "el uso de la hipoxia por nitrógeno, un método de ejecución controvertido, en Estados Unidos de América es motivo de gran preocupación" y subrayaron que "Bielorrusia es el único país en el continente europeo que aún aplica la pena de muerte".

Borell y Berset llamaron "a los pocos Estados que todavía ejecutan sentencias de muerte a que introduzcan una moratoria como primer paso hacia la abolición total".

"Los defensores de la pena de muerte a menudo basan su argumento en la idea de que disuade el crimen. Sin embargo, las pruebas muestran claramente que la pena de muerte tiene poco o ningún efecto en la disuasión o reducción del crimen. La pena de muerte no hace que las sociedades sean más seguras. Además, la pena capital hace que los errores judiciales sean irreversibles", explicaron. EFE

Ginebra, 3 oct (EFE).- La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades de Singapur que detengan la ejecución, prevista para este viernes, de Mohammad Azwan Bin Bohari, un hombre de 47 años condenado a la pena capital por posesión de tres paquetes de diamorfina (heroína).

"Pedimos que se pare la ejecución y que ésta sea conmutada a una pena de prisión apropiada", indicó en un comunicado el portavoz de la oficina Seif Magango, quien subrayó que la pena de muerte no es apropiada para este tipo de casos.

La oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también urgió a Singapur a iniciar de inmediato una moratoria sobre el uso de la pena de muerte, como paso previo a su abolición.

Más de 170 países abolieron o fijaron moratorias a la pena capital, unas medidas que "alinearían a Singapur con la tendencia global hacia el fin de la pena de muerte y reforzarían su compromiso con la dignidad humana y el desarrollo de las libertades fundamentales", señaló Magango.

"La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida, crea un riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes, y como muestran las evidencias, tiene poco o ningún efecto a la hora de reducir el crimen", concluyó el portavoz. EFE

Arabia Saudita ha llevado a cabo su mayor número de ejecuciones en más de tres décadas después de que tres ejecuciones anunciadas el sábado elevaran la cifra de 2024 a 198, según un recuento de la agencia de noticias AFP.

En 2023, el reino del Golfo ejecutó al tercer mayor número de presos del mundo, tras China e Irán, según Amnistía Internacional.

El último recuento superó sus máximos anteriores de 196 en 2022 y 192 en 1995, según el grupo de derechos humanos con sede en Londres, que comenzó a registrar las cifras anuales en 1990.

La agencia de prensa oficial saudita anunció las tres últimas ejecuciones, citando una declaración del Ministerio del Interior.

Las 198 ejecuciones de este año se comparan con las 170 de 2023, según los recuentos recopilados por AFP a partir de informes de medios de comunicación oficiales.

Amnistía Internacional acusó el sábado a las autoridades sauditas de “llevar a cabo una matanza sin tregua”, al tiempo que la organización de defensa de los derechos humanos confirmaba su propio recuento de 198 ejecuciones en la monarquía del Golfo en lo que va de año.

El reino, rico en petróleo, se ha enfrentado a críticas persistentes por el uso que hace de la pena de muerte, que los grupos de derechos humanos han condenado por excesiva y desentona con los esfuerzos sauditas por presentar una imagen moderna en la escena internacional.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, afirmó que Riad mostraba “un escalofriante desprecio por la vida humana al tiempo que promovía una campaña vacía de contenido para renombrar su imagen”.

Instó a Arabia Saudita a que “establezca inmediatamente una moratoria de las ejecuciones y ordene que se vuelva a juzgar a los condenados a muerte conforme a las normas internacionales, sin recurrir a la pena capital”.

Promesas incumplidas

Jeed Basyouni, responsable de la lucha contra la pena de muerte en Medio Oriente de la ONG Reprieve, ha declarado que el nuevo registro demuestra que “Arabia Saudita ha abandonado la pretensión de llevar a cabo reformas en el uso de la pena de muerte”.

“Las promesas hechas en los últimos años no se han materializado o incluso han dado marcha atrás”, añadió.

Entre las personas condenadas a muerte este año figuran 32 por delitos relacionados con el terrorismo y 52 por delitos relacionados con las drogas, según el recuento elaborado por AFP.

El anterior récord, de 196 ejecuciones en 2022, registrado por Amnistía Internacional, fue revelado en una carta de la comisión saudita de derechos humanos. AFP contabilizó 147 ese año.

Aunque las cifras anteriores a 1990 no están claras, el diario The Washington Post informó que 63 personas fueron decapitadas en 1980 tras la toma el año anterior por militantes islamistas del lugar más sagrado del Islam, la Gran Mezquita de La Meca.

La mayor ejecución masiva de Arabia Saudita tuvo lugar en marzo de 2022, cuando 81 personas fueron ejecutadas en un solo día.

Riad ha dicho anteriormente que la pena de muerte es necesaria para “mantener el orden público” y las sentencias sólo se ejecutan si «los acusados han agotado todas las instancias de litigio».

El número persistentemente alto de ejecuciones contradice las declaraciones del gobernante de facto de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien dijo a The Atlantic en 2022 que el reino había eliminado la pena de muerte con la excepción de los casos de asesinato o cuando un individuo suponía una amenaza para muchas vidas.

Aumento drástico

Basyouni dijo que la presión pública occidental sobre Arabia Saudita había “disminuido significativamente en el último año”, sintiéndose ahora el reino “libre de comportarse como quiera”.

Duaa Dhaini, investigadora de la Organización Saudita Europea para los Derechos Humanos, con sede en Berlín, afirmó que era difícil discernir la “motivación real” del aumento de las ejecuciones.

Según ella, las condenas pueden utilizarse para vaciar las cárceles sauditas o “enviar un mensaje de intimidación y fuerza”, ya sea “contra infractores de la ley o incluso contra opositores políticos”.

La nueva cifra récord se produce en medio de un fuerte aumento de las condenas a muerte dictadas este año contra delincuentes relacionados con las drogas.

El reino puso fin a una moratoria de tres años sobre la ejecución de delincuentes relacionados con las drogas a finales de 2022, condenando a muerte a 19 personas en un mes.

En 2022, Naciones Unidas afirmó que imponer la pena de muerte por delitos de drogas “contradice las normas y estándares internacionales”, y pidió a las autoridades sauditas que “pongan fin a la aplicación de condenas a muerte por delitos de drogas”.

(Con información de AFP)

El Cairo, 28 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este sábado que Arabia Saudí ha ejecutado en lo que va de año a 198 personas, el mayor número "en décadas" pese a sus promesas de reducir el uso de la pena capital y mientras, "rutinariamente, incumple los estándares internacionales para un juicio justo y derechos procesales de los acusados".

Así lo indicó la organización en un comunicado, en el que subrayó que las ejecuciones por tráfico de drogas se han "disparado" este año, con 53 llevadas a cabo por este tipo de delito.

En 2023, tan solo habían sido ejecutadas dos personas por ese motivo.

Ademas, "las autoridades han empleado la pena de muerte para silenciar a las críticas políticas, castigando a los ciudadanos de la minoría chií que apoyaron las protestas antigubernamentales entre 2011 y 2013".

"Las autoridades de Arabia Saudí están empeñados en una incansable matanza, que exhibe un sobrecogedor desprecio por la vida humana, mientras impulsan una campaña vacía de contenido para renovar su imagen", denunció Agnès Callamard, la secretaria general de AI en el comunicado.

En ese sentido, indicó que el castigo "inhumano y aberrante" de la pena de muerte que Arabia Saudí ha empleado para "un amplio rango de ofensas", que incluyen la disensión política y acusaciones vinculadas a las drogas "con juicios groseramente injustos".

"Las autoridades saudíes debe establecer inmediatamente una pausa en sus ejecuciones y ordenar la repetición de los juicios para aquellos que están en el corredor de la muerte, en línea con los estándares internacionales, sin recurir a la pena capital", dijo.

Respecto al alza de las ejecuciones por tráfico de drogas, AI señaló que 38 de las 53 ejecuciones se aplicaron a ciudadanos extranjeros, dos de ellos de nacionalidad egipcia, este mismo sábado.

En 2022, Arabia Saudí batió su propio récord de ejecuciones con 196.

El primer ministro y príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, declaró en marzo de 2022 que la pena de muerte estaba restringida únicamente al delito de asesinato, pero en noviembre de ese año las autoridades reanudaron las ejecuciones por otros delitos, sin mayor explicación, según han denunciado diversas ONG. EFE

Arabia Saudita ejecutó a 167 personas en lo que transcurrió de 2024, lo que significó un ajusticiamiento cada 33 horas, y está en camino de convertirse en el año más mortífero de las últimas dos décadas, según denunció la Organización Europea-Saudita para los Derechos Humanos (ESOHR).

Una infografía de la ONG con sede en Berlín, señaló que en agosto se documentaron 41 ejecuciones por diferentes cargos, y en los últimos dos meses, al menos 80 ejecuciones, según un recuento del Ministerio del Interior Saudita y la agencia de noticias oficial SPA.

La ESOHR afirmó que al menos tres personas fueron ejecutadas por “cargos políticos”, 19 por delitos relacionados con las drogas, pese a que, en 2021, Arabia Saudita anunció la suspensión de este tipo de ejecuciones para “dar una nueva oportunidad a las personas acusadas de delitos graves”. La provincia en la que más se aplicó la pena capital fue La Meca.

Por otra parte, señaló que entre las personas ejecutadas se encontraban una mayoría de 25 ciudadanos Sauditaes, así como tres nigerianos, tres egipcios, dos sirios, dos sudaneses, un yemení, un paquistaní, un etíope, un jordano, un afgano y un indio.

Desde que el rey Salmán bin Abdelaziz ascendió al trono en 2015, la ESOHR documentó que al menos 1.407 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudita.

La semana pasada, la ONG advirtió que, según sus registros de ejecuciones desde 2004, nunca se había alcanzado un nivel anual de asesinatos tan alto hasta agosto de cada año.

Asimismo, advirtió que más de 50 egipcios, jordanos y sirios enfrentan el riesgo de ser ejecutados en Arabia Saudita, donde la pena capital se aplica con frecuencia.

La mayoría de los sentenciados enfrentaron cargos de asesinato, encubrimiento de diversos delitos, participación en células terroristas o “poner en peligro la unidad nacional y socavar la seguridad social”, según la organización.

El año pasado, la ONG ALQST, con sede en el Reino Unido, denunció que 172 personas fueron ejecutadas en el reino ultraconservador. En 2022, las autoridades Sauditaes llevaron a cabo 196 ejecuciones, incluyendo 81 en un solo día, lo que representó la cifra más alta de aplicación de la pena capital en el país en los últimos 30 años.

(Con información de EFE)

El estado de Alabama (Estados Unidos) se dispone a ejecutar a Jamie Ray Mills, quien fue condenado por el brutal asesinato de una pareja de ancianos hace 20 años.

Mills, de 50 años, será ejecutado este jueves por la noche en una prisión del sur de Alabama y se suma a la primera ejecución con gas nitrógeno que se llevó a cabo en el país en enero. La inyección letal sigue siendo el método principal de pena capital a menos que el condenado haya solicitado la opción de gas nitrógeno.

De acuerdo con ABC News, Mills fue condenado por el asesinato capital de Floyd Hill, de 87 años, y su esposa Vera Hill, de 72, en la localidad de Guin, situada a unos 130 kilómetros al noroeste de Birmingham. Según los fiscales, Mills y su esposa acudieron a la casa de la pareja, donde él los atacó con un martillo, una herramienta de neumáticos y un machete con el fin de robar medicamentos recetados y 140 dólares.

Floyd Hill era el cuidador principal de su esposa, quien estaba en mal estado de salud debido a la diabetes. La escena del crimen fue descubierta cuando la nieta de la pareja no pudo localizar a sus abuelos y la policía acudió al domicilio donde encontró los cuerpos en charcos de sangre en el cobertizo del patio trasero.

Durante su juicio en 2007, Mills mantuvo su inocencia y durante el proceso ha solicitado la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sus abogados argumentan que hay nuevas pruebas que demuestran que “la fiscalía mintió sobre tener un acuerdo de declaración de culpabilidad con la esposa de Mills para evitar la pena de muerte si testificaba en contra de él”.

“El estado de Alabama planea ejecutar a Jamie Mills mediante inyección letal el 30 de mayo a pesar de nuevas pruebas que indican que los fiscales obtuvieron su condena ilegalmente al decir falsamente al juez y al jurado que no habían hecho un trato con la testigo estrella del estado”, según publicó la Iniciativa de Justicia Igualitaria en su sitio web.

La oficina del Fiscal General de Alabama, dirigida por Steve Marshall, pidió a los jueces permitir que la ejecución continuara, sosteniendo que el fiscal y el investigador niegan la existencia de acuerdo alguno. Afirmaron que también hay otras pruebas que conectan a Mills con el crimen.

El proceso legal

De acuerdo con la agencia AP, en el juicio, el jurado escuchó que las armas homicidas fueron encontradas en el maletero del coche de Mills junto con un par de pantalones con su nombre, manchados con la sangre de una de las víctimas. Los abogados defensores argumentan que el maletero estaba desbloqueado y que los objetos podrían haber sido colocados allí por otra persona.

Resaltaron que las armas homicidas contenían ADN no identificado, lo cual concordaría con la teoría de la defensa de Mills de que fue incriminado por un traficante de drogas que fue arrestado la noche de los asesinatos con las píldoras de las víctimas y una gran cantidad de dinero en efectivo.

En una declaración en febrero, el abogado defensor de JoAnn Mills, Tony Glenn, afirmó que, antes del juicio de 2007, se reunió con el fiscal del distrito, quien acordó permitirle declararse culpable de un cargo menor si testificaba. En el estrado, JoAnn Mills dijo que solo esperaba obtener “algún perdón de Dios” al testificar.

JoAnn Mills se convirtió en la testigo clave contra su esposo. Declaró que, después de pasar toda la noche fumando metanfetamina, su esposo le dijo que iban a ver a un hombre para obtener dinero y que ella debía seguir su ejemplo en la casa. Una vez en la casa, JoAnn Mills declaró haber visto a su esposo golpear repetidamente a la pareja en el cobertizo del patio trasero, según los documentos judiciales.

Además, la defensa de Jamie Mills argumentó en sus apelaciones finales que la fiscalía no reveló un acuerdo con ella Mills y que “el protocolo de inyección letal del estado está plagado de problemas. Aseveraron que Alabama somete a los presos a un ‘proceso de ejecución innecesariamente prolongado y tortuoso’, donde los reclusos permanecen atados a la camilla durante un largo período antes de la inyección letal, sin acceso a un abogado”. El estado calificó esta afirmación como sin mérito.

El señor Floyd Hill murió a causa de heridas por fuerza contundente y cortante en la cabeza y el cuello, mientras que Vera Hill murió cerca de 12 semanas después por complicaciones derivadas del trauma craneal.

Según documentos judiciales, Vera Hill fue en gran medida incapaz de hablar después del ataque, salvo para llamar a su esposo. En el momento de los asesinatos, Mills había dejado recientemente su trabajo como mecánico de automóviles en una gasolinera, donde su jefe lo describió como un “trabajador duro”.

Estaba retrasado en más de 10.000 dólares en pagos de manutención infantil para sus dos hijos, estaba molesto por la mala salud de sus padres y había recaído en el consumo de drogas, agregaron los documentos judiciales.

El jurado condenó a Mills por asesinato capital y votó 11-1 a favor de la pena de muerte, que un juez impuso. JoAnn Mills también fue acusada de asesinato capital, pero después de testificar contra su esposo, se declaró culpable de un cargo reducido de asesinato y recibió una condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, y continúa encarcelada.

El año pasado se registró un notable aumento en el número de ejecuciones a nivel mundial, alcanzando su nivel más alto desde 2015. Amnistía Internacional informó este miércoles 29 de mayo que se llevaron a cabo un total de 1,153 ejecuciones en 2023, lo que representa un incremento del 30% en comparación con el año anterior. Este aumento fue impulsado significativamente por Irán y otros países de Medio Oriente.

Según Amnistía Internacional, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 853 personas en 2023, frente a las 576 de 2022. Este incremento incluyó la ejecución de 24 mujeres y de cinco personas que eran menores de edad al momento de cometer los delitos. La organización subrayó el impacto desproporcionado de estas ejecuciones sobre la minoría baluch de Irán.

En particular, en Irán, las ejecuciones relacionadas con delitos de estupefacientes aumentaron significativamente, “Las autoridades iraníes mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán,” declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Además de Irán, China, Arabia Saudita, Somalia y los Estados Unidos se encuentran entre los países con mayor número de ejecuciones en 2023. Es importante señalar que el número total de ejecuciones no incluye las miles de sentencias de muerte que se cree fueron realizadas en China, debido a la falta de transparencia y al secreto de estado en esa nación.

El secretismo en torno a las ejecuciones no se limita solo al gigante asiático, sino también a Corea del Norte y Vietnam, lo cual, según Amnistía Internacional, indica que estas naciones podrían estar utilizando la pena de muerte como una herramienta de poder y control sobre la población.

En el caso de Estados Unidos, las ejecuciones aumentaron de 18 a 24 y varios estados “demostraron un escalofriante compromiso con la pena de muerte y una insensible intención de invertir recursos en quitar vidas humanas”, dijo Callamard.

En un análisis global titulado “Penas de muerte y ejecuciones 2023″, se destacó también un incremento en las penas de muerte dictadas, con 2.428 nuevas condenas en 2023, lo que supone un aumento del 20% respecto a las 2.016 del año anterior.

A pesar del aumento global en el número de ejecuciones, Amnistía Internacional subraya que el número de países que realizaron ejecuciones disminuyó en 2023. La cifra bajó de 20 países en 2022 a 16 en el último año. Esto incluye la ausencia de ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Birmania y Sudán del Sur.

Además, algunos países han dado pasos significativos hacia la abolición de la pena de muerte. En Pakistán, se eliminó la pena de muerte para delitos relacionados con drogas, mientras que en Malasia se abolió la pena de muerte obligatoria para ciertos delitos. De manera similar, los parlamentos de Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue dieron avances hacia la abolición total de esta práctica.

La Corte Federal de Apelaciones del 10mo Circuito negó el viernes la solicitud de interceder en favor de los presos Julius Jones, Wade Lay, Donald Grant y Gilbert Postelle.

Jen Moreno, un abogado de los cuatro reos bajo pena de muerte, dijo que el fallo era “inexplicable”.

“Nos encontramos en el proceso de resolver qué sigue”, indicó Moreno a The Associated Press el sábado. “Nuestro equipo está usando este fin de semana para analizar el fallo”.

La corte determinó que un juez federal estuvo en lo correcto al concluir que era improbable que los cuatro lograran suspender sus ejecuciones con base en sus argumentos, entre ellos la afirmación de que el uso del sedante midazolam causaría dolor severo durante la ejecución.

La corte también desestimó una reclamación que indicaba que el pedirle a los cuatro que eligieran un método alternativo de ejecución violaría sus creencias religiosas al causar he hecho que ellos ayuden en su propia muerte, lo que equivaldría a un suicidio.

“Los apelantes no están pagando sus creencias religiosas con sus vidas; a lo sumo están perdiendo el derecho de retrasar la ejecución de una sentencia que ... es constitucional”, se lee en el fallo de la corte.

El caso de Jones ha atraído los reflectores desde que fue presentado en la serie documental “The Last Defense”, de la cadena de televisión ABC. Desde entonces, la estrella de reality Kim Kardashian West y deportistas con vínculos con el estado de Oklahoma —entre ellos los jugadores de la NBA Russell Westbrook, Blake Griffin y Trae Young— han instado al gobernador republicano Kevin Stitt que conmute la pena de muerte de Jones y le perdone la vida.

La ejecución de Jones está programada para el próximo jueves, pero Stitt está considerando una recomendación del comité estatal de libertad condicional de que la sentencia sea cambiada a cadena perpetua.

Jones fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte por matar a tiros a Paul Howell en 1999 durante un robo de auto con violencia en el suburbio Edmond de Oklahoma City.

Jones ha asegurado que es inocente y alega que fue engañado por el verdadero asesino, un amigo de secundaria y ex coacusado que se convirtió en un testigo clave de la fiscalía.