James Robertson, un recluso de Florida que mató a su compañero de celda en 2008 para conseguir una condena a muerte, fue ejecutado este martes mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. La ejecución se realizó al mediodía, casi 18 años después del crimen.

Según el repaso de Associated Press, Robertson estranguló a Frank Hart mientras dormía en el Centro Correccional Charlotte, al norte de Fort Myers. Para ello, ató varias medias y las usó como arma.

Al ser interrogado, explicó a los investigadores que el ataque fue premeditado y sin provocación: quería abandonar las condiciones de su encierro ordinario y ser trasladado al corredor de la muerte.

Robertson pasó casi cuatro décadas en prisión antes del crimen

Robertson ingresó al sistema penitenciario de Florida en 1980, a los 17 años, por cargos de robo con allanamiento y agresión. Durante décadas acumuló condenas adicionales por evasión, agresión y posesión de armas dentro de los centros de reclusión, lo que extendió progresivamente su sentencia original.

Pasó 20 años en régimen de “gestión cerrada”, una modalidad de aislamiento intensivo que él mismo describió en el documental de Netflix I Am a Killer (2018). “Te encierran en una celda todo el día. Quizás puedas salir un par de veces por semana, unas dos horas, y te meten en una jaula pequeña. Pierdes toda motivación”, declaró en esa producción.

Por su parte, Hart fue enviado a prisión en 2003 tras ser condenado por agresión sexual. Dormía en la misma celda cuando Robertson lo estranguló en diciembre de 2008.

Robertson se declaró culpable de asesinato en primer grado, renunció a la fase de determinación de pena ante un jurado y fue sentenciado a muerte por un juez. Posteriormente renunció a todos los recursos posconvicción.

A principios de octubre reiteró esa posición ante un tribunal: afirmó que entendía que su ejecución estaba programada y que no deseaba presentar apelaciones finales ante el Tribunal Supremo de Florida ni ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

DeSantis retiró el segundo mandato de ejecución previsto para el mismo día

Robertson debía ser ejecutado este martes junto a William Lee Thompson. Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis retiró la orden de ejecución de Thompson el 8 de octubre, sin ofrecer una razón oficial. El mandatario había suspendido temporalmente esa ejecución el mes anterior mientras se realizaba una evaluación psiquiátrica del condenado.

Es la primera vez que DeSantis retira un mandato de ejecución, aunque la medida no modifica la sentencia de Thompson: permanecerá en el corredor de la muerte y podría enfrentar una nueva orden en el futuro. Sus abogados señalaron que el recluso, de 74 años, padece demencia y problemas cardíacos graves y reclamaron que sea trasladado a un centro médico adecuado.

Thompson fue condenado por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Sally Ivester, de 23 años, ocurrido en 1976. Es el tercer gobernador de Florida en firmar una orden de ejecución en su contra: Bob Graham y Bob Martinez también lo intentaron en la década de 1980, pero años de apelaciones y suspensiones le permitieron eludir la silla eléctrica, el método que se utilizaba entonces.

Debate sobre la pena de muerte y la violencia carcelaria

María DeLiberato, directora legal y de políticas de Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), afirmó en un comunicado que el caso de Robertson contradice el argumento de que la pena capital actúa como elemento disuasorio.

“Frank Hart merecía estar seguro bajo custodia estatal y sus seres queridos merecen compasión”, señaló. “Cuando alguien comete un asesinato para intentar asegurar su propia ejecución, tenemos que enfrentar las condiciones que contribuyeron a esa decisión y la realidad de que la existencia de la pena de muerte puede haber causado la misma violencia que supuestamente previene”, sostuvo DeLiberato, según informó CBS News.

La hija de Hart también se expresó públicamente. “Pasaron casi dos décadas. Creo que honestamente, después de esto, llegará el cierre”, dijo en Gulf Coast News. Agregó que los años que Robertson pasó en el corredor de la muerte fueron un recordatorio constante del asesinato de su padre.

Florida concentra más de la mitad de las ejecuciones federales de 2026

La ejecución de Robertson se produce en un contexto de escrutinio creciente sobre la pena de muerte en Estados Unidos, tanto por los problemas en los procedimientos letales como por las propuestas para ampliar los métodos de ejecución. En Tennessee, Christa Pike sobrevivió a una ejecución hace dos semanas a pesar de recibir dos dosis letales de pentobarbital. En paralelo,el Pentágono anunció la semana pasada que la ejecución mediante pelotón de fusilamiento del atacante de Fort Hood, Nidal Malik Hasan, sería transmitida en vivo.

Robertson fue la decimoséptima ejecución de Florida en lo que va de 2026, con dos más ya programadas sin contar a Thompson. En 2025, el estado llevó a cabo 19 ejecuciones, la cifra más alta registrada por un gobernador de Florida en un solo año desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976. Florida también superó la mitad de las 30 ejecuciones totales realizadas en todo el país este año. En julio, ejecutó a dos presos en un mismo día, algo que ningún estado había hecho en casi una década.

DeSantis, cuyo mandato concluye en enero, defendió en ocasiones anteriores el ritmo de ejecuciones: “Mi objetivo es llevar justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas para que se cumplan las sentencias”, declaró según CBS News.

William Reaves, de 77 años, está programado para ser ejecutado el 20 de octubre por el asesinato de un agente en 1986. Le seguirá Jesse Guardado, de 64 años, el 5 de noviembre, condenado por robar y matar a una mujer para comprar drogas en 2004. Si las tres ejecuciones se concretan, Florida igualará su total de 2025 con ocho semanas aún restantes en el año.

Así lo revelan las grabaciones de despacho del 911 obtenidas por The Associated Press mediante una solicitud de acceso a registros públicos divulgadas el lunes 12 de octubre. La primera llamada ingresó a las 20:40 del 30 de septiembre, poco más de una hora después de que comenzara el procedimiento de inyección letal.

Un funcionario del penal informó a los despachadores que la interna todavía estaba viva tras recibir 10 gramos de pentobarbital y solicitó una ambulancia. El 911 no validó el llamado: el interlocutor no tenía el código de confirmación que el protocolo de emergencias de Nashville exige para verificar una solicitud desde el penal.

A las 21:03, un despachador del Departamento de Comunicaciones de Emergencia (DEC, por su sigla en inglés) declaró que la llamada había sido clasificada como “falsa”.

Qué pasó durante la ejecución fallida de Christa Pike

“Hemos sido informados por nuestros supervisores de que se trata de una llamada falsa. No se necesita asistencia médica en la prisión Riverbend”, se escucha en las grabaciones. Fue el propio sistema de emergencias quien descartó el pedido de auxilio originado desde dentro del penal. Los vehículos de emergencia quedaron inmóviles frente a las puertas del establecimiento.

A las 21:07, un integrante del personal de emergencias transmitió por radio que alguien aguardaba en el portón exterior, se identificaba como un funcionario estatal y demandaba el ingreso. “Alguien está afuera del portón de la prisión diciéndonos que es real y exigiéndonos que entremos. Dicen ser algún tipo de funcionario estatal. Necesito que alguien salga a la puerta y hable con esas personas”, se escucha en el audio divulgado por The Associated Press.

Ese mismo minuto, los representantes del Control Central del penal seguían asegurando a los despachadores que “nadie de nuestras instalaciones los llamó”.

A las 21:08, la abogada Kelly Gleason, del Consultorio de Defensa Post-Condena de Tennessee, marcó el 911 por su cuenta. En esa llamada, Gleason informó: “Mi clienta, Christa Gail Pike, está siendo sometida a una ejecución estatal. Ha completado las etapas del protocolo y, según lo que sabemos a través del abogado presente, sigue viva y respirando, y necesita atención médica inmediata de emergencia. Ha recibido al menos dos dosis de pentobarbital por vía intravenosa”.

La letrada también indicó que Pike no estaba consciente y que se le escuchaba roncar.

Las llamadas al 911 y la demora de los equipos médicos

Cerca de las 21:11, el Control Central del penal finalmente confirmó que la emergencia era real. Fue entonces cuando los equipos de emergencia recibieron autorización para franquear las puertas. Tres minutos después, a las 21:14, una ambulancia y camiones de bomberos llegaron al edificio dentro del campus penitenciario, según presenció un periodista de The Associated Press en el lugar.

A las 21:34, mientras los paramédicos trasladaban a Pike hacia el hospital, uno de ellos solicitó a los despachadores que notificaran al penal el destino de la paciente. “Solo porque ha habido mucha confusión, quiero asegurarme de que estén al tanto”, dijo el paramédico en la grabación.

La primera llamada al 911, originada desde el interior del penal, no fue publicada en formato de audio. El Departamento de Comunicaciones de Emergencia de Metro Nashville explicó que ese registro está eximido de divulgación pública bajo la legislación estatal, aunque preparó una transcripción escrita como medida de buena fe.

Pike fue hospitalizada y luego regresó a prisión

Pike, de 50 años, permaneció varios días con asistencia respiratoria mecánica en el hospital. Sus abogados llegaron a temer que no sobreviviera. El martes 7 de octubre, la interna recuperó la conciencia y comenzó a hablar de forma limitada y a caminar con ayuda. El sábado 10 de octubre, fue dada de alta y trasladada de regreso al establecimiento penitenciario femenino donde cumplía condena desde hacía 30 años, según comunicaron sus defensores.

Pike es la primera persona de la que se tiene registro que sobrevivió a una inyección letal luego de haber recibido los fármacos, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Sus abogados señalaron que presentó quemaduras en los brazos a causa del pentobarbital y que experimentó dificultades cognitivas tras recobrar la conciencia.

También indicaron que padecía un trastorno de coagulación sanguínea, información que habían presentado ante los tribunales y las autoridades penitenciarias antes de la ejecución.

La investigación de Tennessee tras el caso

El Departamento de Correccionales de Tennessee no ha precisado qué falló en el procedimiento. Expertos médicos han planteado algunas posibilidades, entre ellas problemas con la calidad del fármaco y una colocación deficiente de las vías intravenosas que podría haber provocado que el barbitúrico se acumulara en el tejido subcutáneo en lugar de ingresar al torrente sanguíneo. Ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

El gobernador Bill Lee ordenó una suspensión temporal de las ejecuciones pendientes en el estado y encargó al ex fiscal federal Ed Stanton una revisión independiente del intento fallido, con el objetivo de determinar si el protocolo fue seguido y si se requieren modificaciones para garantizar su validez legal. Por su parte, el comisionado del Departamento de Correccionales, Frank Strada, anunció su renuncia a principios de octubre.

Los abogados de Pike han solicitado al gobernador Lee que conmute la sentencia de su clienta a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El fiscal del condado de Brunswick, Jon David, anunció la semana pasada que buscará la pena de muerte contra Nigel Max Edge, el ex infante de marina acusado de matar a tres personas y herir a ocho más en un bar costero de Carolina del Norte en septiembre de 2025. La decisión llega en medio de un proceso judicial frenado desde hace meses por dudas sobre la capacidad mental del imputado para enfrentar un juicio.

El 27 de septiembre de 2025, Edge pilotó una lancha hasta el muelle del restaurante American Fish Company, en la localidad de Southport, y abrió fuego con un rifle de estilo AR de cañón corto, con silenciador, culata plegable y mira telescópica. Tres personas murieron en el ataque, según reconstruyó Associated Press.

Esa misma noche, la Guardia Costera de Estados Unidos lo localizó en una rampa pública de Oak Island y lo detuvo. Edge enfrenta 18 cargos por delitos graves, entre ellos 3 por asesinato en primer grado, 5 por intento de asesinato en primer grado, 5 por agresión con arma mortal con intención de matar y uno por disparar un arma dentro de una propiedad ocupada.

La fiscal decidió avanzar pese a que la capacidad del acusado sigue sin resolverse

La designación de caso capital fue posible luego de que el juez superior Jason Disbrow determinó que existían factores agravantes suficientes para proceder bajo esa figura.

El estatuto de Carolina del Norte contempla la pena de muerte cuando el acusado crea conscientemente un riesgo grave de muerte para más de una persona mediante un arma de ese potencial letal.

Sin embargo, David subrayó que la decisión no es definitiva. “Si surgen pruebas sobre el estado mental de Edge al momento del delito, reconsideraremos”, sostuvo el fiscal. Aunque agregó en declaraciones recogidas por AP: “Si nunca recupera la capacidad, la pena de muerte no sería una sentencia legal y sería retirada de consideración”.

La designación capital, además, activa garantías procesales adicionales para el imputado: un segundo abogado especializado en casos capitales, peritos e investigadores financiados por el Estado, el derecho a dos juicios separados —uno de culpabilidad y otro de penalidad— y una apelación automática.

Edge fue hallado incompetente para ser juzgado y lleva meses en tratamiento psiquiátrico

En febrero de 2026, Edge compareció a una audiencia de Regla 24, el procedimiento obligatorio previo en casos de primer grado que define si el Estado perseguirá la pena capital.

Tres evaluadores independientes —dos presentados por la defensa y uno designado por el Estado— coincidieron en que el acusado carecía de la capacidad para comprender los alcances del proceso judicial y colaborar con su defensa.

El juez Disbrow lo declaró incompetente en abril y ordenó su traslado al Cherry Hospital de Goldsboro para recibir tratamiento, incluidos medicación y terapia, con el objetivo de restituir esa capacidad. Edge permaneció bajo custodia durante todo el período de tratamiento.

Edge sirvió casi seis años en el Cuerpo de Marines, alcanzó el rango de francotirador de élite y recibió la Medalla Púrpura por sus heridas en combate. En 2006, fue impactado por disparos en varias ocasiones durante operaciones en Iraq, incluido un proyectil en la cabeza. Su familia confirmó que tiene un fragmento de bala alojado en el cráneo.

Desde entonces, según registros revisados por medios locales, manifestó creencias delirantes sostenidas: acusó al Departamento de Policía de Oak Island, al Brunswick Medical Center y a una iglesia local de integrar una conspiración, y afirmó que la cantante Kellie Pickler intentó envenenarle el whisky. Esas conductas fueron documentadas en una autobiografía autopublicada titulada Headshot: Betrayal of a Nation.

La defensa sostiene que el acusado nunca podrá estar en condiciones de ir a juicio

Matthew Geoffrion, defensor capital de Edge, presentó una moción para postergar la audiencia del miércoles y argumentó que la lesión cerebral de su cliente hace que sea prácticamente imposible que recupere la capacidad procesal. “Las posibilidades de restauración de capacidad en este caso parecen bajas”, escribió en el documento.

Durante la audiencia, fue más directo y le planteó al juez Disbrow: “¿Por qué vamos a buscar la muerte de un hombre que es incapaz —médica, psiquiátrica y psicológicamente— de proceder, y que es muy poco probable que lo haga? ¿Cuál es el punto?”.

David respondió que los especialistas del hospital estatal donde Edge está internado “concluyeron que es probable que sea restituido”. El fiscal también descartó que la designación capital sea un perjuicio para el imputado, al señalar que le garantiza el mayor nivel de protección que el sistema ofrece.

El cambio de fiscal en el condado agrega otra variable al caso

La transición institucional en la fiscalía de Brunswick suma complejidad al proceso. David anunció su renuncia el año pasado y el fiscal entrante, JK Somers, se incorporó a la oficina el 5 de octubre para el proceso de inducción antes de asumir formalmente en enero. Somers ganó las primarias del Partido Republicano y es el candidato sin oposición demócrata al cargo.

David reveló que Somers tuvo contacto previo con Edge en su rol como abogado privado: Edge lo consultó por asuntos legales y Somers le derivó recursos para veteranos, sin haber vuelto a hablar con él desde entonces, aunque recibió honorarios por la consulta.

Ante esa situación, el colegio de abogados del Estado recomendó que uno de los fiscales adjuntos de la oficina asuma la conducción del caso cuando David se retire en diciembre.

Carolina del Norte mantiene una moratoria de facto en las ejecuciones desde 2006. El último condenado a muerte ejecutado en ese estado fue Samuel Russell Flippen, mediante inyección letal, por el asesinato de su hijastra de 2 años. La próxima audiencia administrativa del caso Edge está programada para el 7 de diciembre.

El Pentágono anunció que transmitirá en vivo la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, según confirmó NPR.

La decisión reabrió un debate que Estados Unidos creía cerrado desde hace casi un siglo: el del ajusticiamiento como espectáculo público.

La última vez que el país fue por ese camino, en el verano de 1936, lo que quedó no fue una lección de orden ni de justicia, sino una imagen que avergonzó a una ciudad durante generaciones.

Ese episodio ocurrió en Owensboro, Kentucky, y su protagonista fue Rainey Bethea. Su caso no es solo un dato histórico: es el único antecedente directo de lo que el Pentágono propone hoy, y la razón por la que Estados Unidos decidió, hace casi 90 años, que nunca más volvería a hacer algo así.

El crimen, el juicio y la condena

Bethea era un jornalero afroamericano de poco más de 20 años, huérfano, oriundo de Roanoke, Virginia.

En la madrugada del 7 de junio de 1936, ingresó a la vivienda de Lischia Edwards, una viuda de 70 años, en la ciudad de Owensboro. La violó, la estranguló y le robó varias joyas. Al irse, dejó olvidado su propio anillo de prisionero en la escena del crimen.

El jurado tardó cuatro minutos y medio en deliberar. Su defensa, tal como recogió NPR, no pronunció “ni una sola palabra” durante el juicio. Bethea fue condenado a morir en la horca. La fecha de ejecución la firmó el gobernador Albert B. “Happy” Chandler.

El caso llegó a la prensa nacional por una razón que poco tenía que ver con el crimen en sí: el sheriff del condado de Daviess era una mujer.

Florence Thompson había asumido el cargo apenas cuatro meses antes, tras la muerte repentina de su marido por neumonía. Como sheriff, le correspondía por ley ejecutar la condena.

La prensa de todo el país llegó a Owensboro con la expectativa de ver a una mujer colgar a un hombre.

La mañana del 14 de agosto de 1936

Thompson finalmente declinó accionar la palanca. Un ex policía de Louisville llamado Arthur Hash se ofreció a hacerlo de forma gratuita, con la condición de que su nombre no se hiciera público.

Hash llegó al lugar en estado de ebriedad, vestido de blanco. Fue él quien envió a Bethea a la muerte.

La tarde previa, el condenado había comido su última cena: pollo frito, costillas de cerdo, puré de papas, pepinos en escabeche, pan de maíz, tarta de limón y helado, tal como detalló el medio.

A las 5:32 de la mañana del día siguiente, con la horca ya montada frente al río, cayó por la trampilla. Los médicos certificaron su muerte 13 minutos después.

Los titulares de los diarios de todo el país describieron la escena como un carnaval. Desde Chicago: “La muerte hace un feriado: 20.000 celebran un ahorcamiento”.

Desde Louisville: “‘¿Alguna vez viste un ahorcamiento?’ ‘Sí’, puede ahora jactarse cada uno en esta multitud de Kentucky”.

La revista Time escribió que “cada bar estaba lleno hasta las puertas” y que “forasteros bebidos recorrían la calle principal toda la noche”. Un hombre de 36 años murió en un accidente de tránsito mientras viajaba a Owensboro para presenciar el evento.

La propia Thompson, tal como recogió Time, confesó antes de la ejecución: “Supongo que pasaré el resto de mi vida olvidando esto, o intentándolo”. Su hijo James recordó décadas después que ella vivió con esa decisión hasta su muerte, en 1961.

Las consecuencias y el debate que llega hasta hoy

Kentucky prohibió las ejecuciones públicas en 1938, aunque para entonces la mayoría de los estados ya había tomado esa misma decisión.

La diferencia es que Kentucky fue el último en hacerlo: en 1939 cerró formalmente ese capítulo a nivel estatal, siendo el rezagado del país.

Hubo un ahorcamiento semipúblico en Misuri en 1937, ante unos pocos cientos de personas, que pasó prácticamente inadvertido. Desde entonces, ninguna ejecución se realizó a la vista del público en Estados Unidos.

Michael Radelet, profesor emérito de la Universidad de Colorado Boulder y especialista en pena de muerte, explicó ante NPR que el fin de las ejecuciones públicas obedeció a dos razones: ya no se las consideraba un elemento disuasivo del crimen, y las autoridades temían que los episodios fallidos o espectaculares generaran rechazo a la pena capital.

“Es como deshacerse de la guillotina: cuando desaparece, desaparece”, dijo. “No hubo ninguna discusión seria sobre volver a traerla”.

La autora Sonya Lea, cuyos abuelos presenciaron la ejecución de Bethea el 14 de agosto de 1936, describió el evento como un “linchamiento legal”. Sus abuelos eran adolescentes recién casados y estaban tan cerca de la horca que pudieron escuchar el cuello de Bethea quebrarse.

Lea supo de eso recién en 2002, cuando encontró el testimonio escrito de su abuela fallecida. Sus años de investigación sobre el tema, tal como declaró a la BBC, le enseñaron que muchos habitantes de Kentucky quedaron “atormentados” por aquella ejecución.

El anuncio del Pentágono reactivó el debate sobre ese antecedente. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución de Hasan será transmitida en vivo por internet el próximo 3 de diciembre.

El caso más cercano a una ejecución con audiencia ampliada fue el de Timothy McVeigh, el autor del atentado de Oklahoma City, en 2001.

Su inyección letal se transmitió en circuito cerrado para 232 familiares de las víctimas reunidos en una sala. Nunca fue pública ni accesible para cualquier espectador.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, afirmó ante NPR que no existe “ningún reglamento ni precedente histórico” para algo así en Estados Unidos.

“Las ejecuciones públicas han sido típicamente llevadas a cabo en países autoritarios para infundir miedo en la población”, sostuvo.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, retiró la orden de ejecución contra William Lee Thompson, un condenado a muerte de 74 años que debía recibir una inyección letal el martes 13 de octubre por el secuestro y asesinato de Sally Ivester en 1976.

La decisión suspendió la ejecución, pero no revocó la pena de muerte. Thompson permanecerá en el corredor de la muerte y la fiscalía estatal podría solicitar que se fije una nueva fecha de ejecución.

El funcionario no explicó en la carta dirigida al alcaide de la Prisión Estatal de Florida, Randall Polk, los motivos de la anulación de la orden. La medida marca la primera vez que el gobernador retira un mandato de ejecución desde que asumió el cargo, informó Associated Press.

La decisión de DeSantis se produce en un contexto de creciente atención sobre los protocolos de ejecución en Estados Unidos. En Tennessee, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones y ordenó una investigación después de que Christa Pike sobreviviera a la administración de dos dosis letales de pentobarbital el 30 de septiembre.

La defensa había advertido sobre demencia e insuficiencia cardíaca

Los abogados de Thompson y organizaciones opositoras a la pena capital habían advertido que el recluso padecía demencia, insuficiencia cardíaca y otros problemas médicos. Tras la firma de la orden, la defensa notificó al gobernador que su estado físico y mental comprometía su capacidad para comprender la ejecución, reportó CBS News Miami.

Grace Hanna, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte, afirmó que Thompson no sabía dónde estaba, creía que George Bush era presidente y, en ocasiones, no reconocía que había sido condenado a muerte.

Menos de una semana después de firmar la orden, DeSantis encargó a una junta de tres psiquiatras que examinara al preso. En su disposición ejecutiva, el gobernador señaló que el abogado defensor alegó que un neuropsicólogo había concluido que Thompson podría cumplir los criterios de insanía debido a la demencia y al deterioro cognitivo.

La evaluación estaba prevista para el 1 de octubre y el informe debía entregarse al día siguiente. Posteriormente, DeSantis retiró la orden. Horas antes, la Corte Suprema de Florida había rechazado una solicitud de suspensión presentada por la defensa.

La abogada Bri Lacy dijo a Associated Press que el equipo jurídico recibió la decisión con alivio y expresó que esperan que sea tratado médicamente: “Ahora que el señor Thompson ya no está sujeto a una orden de ejecución, esperamos que el Departamento Correccional de Florida (FDOC) lo traslade a un centro médico adecuado y le proporcione la atención que necesita”.

Thompson seguirá en el corredor de la muerte de Florida

Thompson fue detenido dos días después de los hechos ocurridos el 30 de marzo de 1976 en un motel del condado de Miami-Dade. Según registros judiciales citados por CBS News Miami, él, Rocco Surace, Ivester y Barbara Savage se alojaban juntos en una habitación del complejo.

Thompson y Surace exigieron a las mujeres que pidieran dinero a sus familias. Cuando Ivester solo logró obtener USD 25 de su familia, fue llevada a otra habitación, donde sufrió agresiones con un cinturón de cadena, una porra y una pata de silla, además de quemaduras con cigarrillos y encendedores.

Tras un nuevo intento de pedir dinero a su madre, las agresiones continuaron hasta que murió a causa de hemorragias internas y múltiples lesiones. En ese entonces, Savage declaró que temía por su vida si intentaba escapar de la habitación.

En un primer momento, Thompson aseguró ser inocente, pero más tarde se declaró culpable de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. Fue condenado a muerte el 17 de junio de 1976.

La Corte Suprema de Florida anuló esas condenas en 1977 y le permitió retirar su declaración de culpabilidad. En 1978, volvió a declararse culpable y fue condenado nuevamente a muerte.

Posteriormente, el caso fue objeto de nuevas revisiones judiciales. Una orden de ejecución firmada en 1982 fue suspendida por un tribunal federal y, en 1987, la Corte Suprema estatal anuló otra sentencia de muerte.

En una audiencia de sentencia celebrada en 1989, un jurado recomendó la pena capital por siete votos contra cinco. El tribunal volvió a imponerla y la máxima corte estatal la confirmó. Los posteriores intentos de apelación fueron rechazados.

Surace también recibió inicialmente una condena a muerte y fue anulada en una apelación. En un nuevo juicio, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua, luego de que Thompson asumiera la responsabilidad por el homicidio. Murió en prisión en 1993.

La otra ejecución prevista para el martes sigue en pie

Otra ejecución prevista en Florida para esa misma fecha sigue programada. James Robertson, de 63 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado y renunció a apelar por la muerte, en 2008, de su compañero de celda Frank Hart en el Centro Correccional Charlotte, al norte de Fort Myers.

De acuerdo con Associated Press, Robertson declaró a los investigadores que estranguló a Hart para ser trasladado al corredor de la muerte.

Florida ejecutó a 19 personas el año pasado, la cifra más alta desde el restablecimiento de la pena capital en 1976. En julio, el estado se convirtió en el primero en casi una década en ejecutar a dos presos en un mismo día.

Christa Pike, la única persona conocida en sobrevivir una ejecución con inyección letal en Estados Unidos, volvió a la cárcel este 10 de octubre tras recibir el alta médica. La condenada de 50 años fue trasladada al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center de Nashville, el centro penitenciario femenino donde permanecía recluida desde hacía más de tres décadas, después de pasar diez días hospitalizada a raíz del procedimiento fallido del 30 de septiembre.

El intento de ejecución convirtió el caso de Christa Pike en un hito sin precedentes en la historia de la pena de muerte en el país. El estado de Tennessee le administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital, pero Pike sobrevivió y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona, donde su equipo legal llegó a temer que hubiera sufrido muerte cerebral.

Su recuperación desató un debate jurídico sobre qué ocurrirá a continuación: si el estado intentará ejecutarla nuevamente, o si la condena será conmutada.

El regreso de Christa Pike a prisión tras la ejecución fallida

Sus abogados, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, comunicaron el sábado el traslado en un comunicado. “Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y se encuentra ahora en el Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, señalaron, según recogió CBS News. El equipo jurídico precisó que Pike continúa bajo atención médica dentro del establecimiento y que seguirá el seguimiento de su evolución.

El centro penitenciario, ubicado en Nashville, es el mismo desde el que la condenada fue trasladada el 30 de septiembre para la ejecución programada. Pike estaba prevista para ser la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820, tras el rechazo de la Corte Suprema a un último recurso de suspensión presentado por la defensa horas antes del procedimiento.

Qué se sabe sobre la recuperación médica de Pike después de la inyección letal

El proceso de recuperación fue gradual y tomó por sorpresa a médicos, expertos y al propio equipo jurídico. Durante los primeros días de hospitalización, los abogados de Pike creyeron que había quedado con muerte cerebral y aguardaban que fuera desconectada de los equipos de soporte. Según informó la BBC, sus primeras palabras al recuperar la conciencia el martes fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

A medida que avanzó la semana, la mejoría fue progresando. El miércoles comenzó a dar pequeños pasos con asistencia, y el jueves sus abogados detallaron que caminaba “con algo de ayuda”, que sus brazos “sanaban y recuperaban movimiento y fuerza”, que sus pulmones estaban despejados y que había retomado una dieta normal, de acuerdo con la información publicada por NBC News.

En una rueda de prensa anterior al alta, sin embargo, la defensa había informado que Pike estaba esposada a la cama, sufría neumonía, tenía una inflamación considerable en los brazos y no podía tragar. “No sabemos el costo que todo esto tendrá en su salud mental”, dijo el abogado Randy Spivey.

Las dudas sobre una nueva ejecución en Tennessee

El panorama jurídico que enfrenta el caso es incierto. En una audiencia de emergencia celebrada el miércoles en el condado de Davidson, los abogados de Pike obtuvieron una orden judicial que obliga al Departamento Correccional de Tennessee a preservar todos los registros y pruebas vinculados con el procedimiento fallido. Esas pruebas podrían sentar las bases para una demanda civil contra el estado.

En esa misma audiencia, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, declaró al juez que no sabe si el estado tiene intención de intentar una segunda ejecución. “El estado no ha prometido que la señora Pike no será sometida a una futura ejecución”, advirtió Ihnen ante el tribunal, según recogió la BBC.

Ante ese escenario, la defensa renovó su petición al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que es el curso habitual cuando un condenado sobrevive a un procedimiento de ejecución fallido. Hasta el momento, Lee no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señaló que Pike es la única persona de la que se tiene registro que sobrevivió tras recibir efectivamente las sustancias letales durante una ejecución en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.

El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años cuando, en 1995, asesinó a Colleen Slemmer, una compañera de 19 años a quien había conocido en un campamento de capacitación laboral para jóvenes de bajos recursos. Junto a su novio de entonces, Tadaryl Shipp, y un amigo, Pike torturó y mató a Slemmer durante un lapso de hasta una hora en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, con un cuchillo y una cuchilla de cartonero.

La condena a muerte por ese crimen la convirtió en la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia del país, condición que mantuvo durante años.

La orden de preservar las pruebas del intento de ejecución podría derivar en acciones legales que, según los abogados, pondrían en cuestión la constitucionalidad de una eventual segunda ejecución. El caso abre un vacío legal que el sistema judicial de Tennessee deberá resolver sin antecedentes directos en los que apoyarse.

En el documental Dead Woman Walking, Martínez describió lo que vivió durante el proceso judicial: al llegar a la sala del tribunal, encontró el cráneo de su hija frente a ella. Después de 16 años de cartas y gestiones, lo recuperó. Fue entonces cuando comenzaron a llegar las cajas desde la Universidad de Tennessee, sin ninguna advertencia sobre el contenido.

La primera traía los genitales de Colleen. La segunda, su nariz y un fragmento de la barbilla. La tercera, dos mechones de cabello. La cuarta, la capa externa de piel del páncreas.

“Recibí una pequeña caja marrón, la abrí y no podía entender qué era. Solo eran pedazos”, relató en el mismo documental. “El Estado de Tennessee realmente me ha fallado. Pusieron mi vida patas arriba”.

El gobernador Bill Lee reconoció que el resultado del procedimiento fue “inesperado e inaceptable”, ordenó una revisión independiente del protocolo y suspendió todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026. El comisionado del Departamento de Correcciones de Tennessee, Frank Strada, presentó su renuncia días después.

May Martínez reclamó una disculpa del Estado de Tennessee tras la ejecución fallida de Christa Pike

La comunidad de Martínez en Jacksonville reunió más de USD 2.500 para costear el viaje a Nashville. Cuando las cortinas se cerraron y Pike continuó respirando, las autoridades los escoltaron afuera sin dar ninguna explicación.

“Se estaba quedando ahí, en la mesa, hablando, todavía riendo, levantando la cabeza”, relató al canal WJXX, afiliado de ABC en Jacksonville, mientras regresaba a casa.

Cuando la prensa le preguntó si alguien se había disculpado, respondió: “No, señor. Nadie se disculpó”. Y agregó: “Creo que el Estado me debe una gran disculpa”. Luego, en voz más baja: “Y como madre, le fallé a ella”.

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital y fue hospitalizada en Tennessee

Las cortinas de la cámara de ejecución de Riverbend se abrieron a las 19:27 del 30 de septiembre de 2026. Pike, de 50 años, pronunció sus últimas palabras: “Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”. Poco después levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios si era normal sentir que su brazo estuviera por reventar.

A las 20:26 se administró la segunda dosis de pentobarbital. La condenada continuó con vida. Los testigos la oyeron respirar y roncar con fuerza detrás de la cortina hasta que el micrófono se apagó a las 20:53, según AP y BBC.

Pike fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario. Un comunicado de sus abogados del 8 de octubre informó que despertó el día 6, comenzó a dar pasos el 7 y que al 8 ya caminaba con asistencia y retomaba la alimentación. Los médicos advirtieron que “podría llevar meses determinar si sufrió lesiones cognitivas permanentes”.

La causa oficial del fallo no fue determinada. En un escrito judicial, la defensa sostuvo que “aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución advirtió que las vías intravenosas no estaban correctamente colocadas”, según AP. El anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo legal, indicó a Fox News que el fármaco habría quedado acumulado en el tejido. Las autoridades no ofrecieron ninguna explicación oficial.

El 7 de octubre, la jueza I’Ashea Myles, del Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, ordenó preservar todas las pruebas vinculadas al procedimiento.

El crimen de Colleen Slemmer y la pena de muerte para Christa Pike tras el asesinato de 1995 en Knoxville

Colleen Slemmer fue asesinada la noche del 12 de enero de 1995, cuando tenía 19 años. Pike, entonces de 18, la atrajo a una zona apartada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee con el pretexto de compartir marihuana. La acompañaban su novio Tadaryl Shipp, de 17 años, y una tercera joven, Shadolla Peterson. Los tres trabajaban con la víctima en el programa federal Job Corps.

Según el fallo del Tribunal Supremo de Tennessee de 1998, Pike había manifestado el día anterior su intención de matar a Slemmer “porque se había sentido cruel ese día”. El ataque incluyó golpes, tortura y múltiples heridas de corte.

La médica forense Sandra Elkins constató fracturas de cráneo con fragmentos incrustados en el cerebro y más de diez cortes en la garganta. Intentó catalogar las lesiones con letras del alfabeto y desistió: declaró que habría necesitado “tres días” para completar el registro. Concluyó que Slemmer estaba viva y probablemente consciente durante el ataque, según los registros judiciales.

Al día siguiente, Pike regresó a la escena y relató el crimen a dos compañeras. Les mostró un fragmento del cráneo que llevaba en el bolsillo y dijo: “Eso no es barro en mis zapatos, es sangre”. El fragmento encajó en la reconstrucción forense realizada por el antropólogo Murray Marks, de la Universidad de Tennessee.

En 1996, un jurado declaró a Pike culpable de asesinato en primer grado y la condenó a muerte. Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —beneficio que la junta le denegó en 2025—, amparado por la normativa que limita la pena capital a mayores de 18 años. Peterson, que actuó como vigía y cooperó con la fiscalía, obtuvo libertad vigilada.

La revisión del gobernador Lee y la incertidumbre sobre una nueva fecha de ejecución en Tennessee

Lee encargó la auditoría al exfiscal federal Ed Stanton, quien en 2022 ya había revisado el protocolo de inyección letal antes de que el estado reanudara las ejecuciones. El análisis determinará si el procedimiento se cumplió y si requiere cambios.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificó el episodio como “el peor que hemos visto y distinto a cualquier ejecución fallida en la era moderna”, según AP. La defensa de Pike exige al gobernador que conmute la pena capital por prisión perpetua. El fiscal general del estado, consultado el 7 de octubre, dijo no saber si hay prevista una nueva fecha.

Para Martínez, la deuda sigue en pie: “Todo lo que quería era justicia”.

Christa Pike volvió a caminar con asistencia y comenzó a comer por primera vez tras el fallido intento de ejecución por inyección letal en Tennessee. Sus abogados lo confirmaron el 8 de octubre en un comunicado oficial: la única mujer en el corredor de la muerte del estado da pasos cortos dentro de su habitación de hospital, recibe una dieta regular y recupera movilidad en los brazos, aunque con dolor intenso y quemaduras graves en las zonas de punción.

El comunicado fue firmado por Randy Spivey y Kelly Gleason, de la Oficina de Defensa Poscondenatoria, y por Stephen Ferrell y Luke Ihnen, del Servicio Federal de Defensa del Distrito Este, ambas con sede en Tennessee. En él, los abogados detallaron que Pike despertó el martes 6 de octubre, que el miércoles 7 comenzó a dar pasos limitados y que al 8 de octubre ya caminaba con asistencia.

Sus pulmones están despejados y los médicos evalúan de forma favorable su evolución física. El Departamento de Correcciones de Tennessee confirmó que sigue hospitalizada, pero no proporcionó detalles médicos por razones de privacidad.

Cómo evoluciona Christa Pike tras la ejecución fallida en Tennessee

La recuperación física contrasta con la incertidumbre que rodea el estado cognitivo de Pike. Sus abogados advirtieron en el comunicado que continúa con dificultades de concentración y memoria. Sus médicos señalaron que “podría llevar meses determinar si sufrió lesiones cognitivas permanentes”. Ferrell describió el cuadro a ABC News: “Comienza una oración y pierde el hilo. No es que no sea consciente, sino que no retiene el pensamiento con facilidad”.

El equipo legal también destacó el trauma psicológico que atraviesa la condenada por haber sobrevivido al intento de ejecución. “Christa enfrenta el trauma psicológico profundo de haber sobrevivido una ejecución fallida, incluido el terror, el dolor y la incertidumbre de creer que estaba a punto de morir”, señalaron en el comunicado del 8 de octubre.

Sus abogados indicaron además que Pike pensó en la familia de su víctima y que Ferrell dijo a ABC News que “se pregunta qué han vivido ellos y qué tan difícil debe ser esto para ellos”.

En cuanto a las lesiones físicas en los brazos, Ferrell explicó que las quemaduras en los sitios de inserción de las vías son graves y poco frecuentes. “Cuando intentaba firmar unos documentos, tenía dificultades para sostener un bolígrafo”, dijo en declaraciones a la cadena. Agregó que el nivel de daño tisular es “significativo” y que el tiempo de recuperación aún es incierto.

Según Spivey, citado por Fox News, Pike tiene además neumonía y un coágulo en uno de sus brazos. Indicó que sus manos lucían “tremendamente hinchadas”.

Qué se sabe sobre el fallo en la inyección letal

La causa oficial del fallo aún no fue determinada. La hipótesis más citada entre especialistas es que las vías intravenosas no funcionaron de forma correcta, lo que habría impedido que el pentobarbital llegara al torrente sanguíneo.

En un escrito judicial, los abogados de Pike sostuvieron que “aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución advirtió que las vías intravenosas no estaban correctamente colocadas”, según la agencia AP.

El anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo legal, añadió a Fox News que el fármaco habría quedado acumulado en el tejido. Las autoridades estatales no ofrecieron ninguna explicación oficial.

La orden judicial y la preservación de pruebas

El 7 de octubre, la jueza I’Ashea Myles, del Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, ordenó preservar toda la prueba vinculada al intento de ejecución: vías intravenosas, agujas, jeringas, fármacos, etiquetas, envases, fotografías, grabaciones y comunicaciones electrónicas, incluidos mensajes en aplicaciones cifradas como Signal.

La magistrada advirtió al Estado que tomara “especial cuidado” de no extraviar ni borrar información relevante. Según BBC News, esas pruebas sientan las bases para una eventual demanda civil contra el Estado.

La directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte calificó el episodio como “el peor que hemos visto y distinto a cualquier ejecución fallida en la era moderna”, según ABC News.

La investigación estatal y la suspensión de ejecuciones en Tennessee

Tras el fallido intento, el gobernador republicano Bill Lee suspendió las ejecuciones programadas en Tennessee para el resto de 2026 y ordenó una revisión independiente a cargo del exfiscal federal Ed Stanton, cuya auditoría del protocolo de inyección letal en 2022 derivó en su reescritura antes de reanudar las ejecuciones. La revisión determinará si se cumplió el protocolo y si requiere cambios para garantizar su legalidad y eficacia, según la oficina del gobernador.

Además, el comisionado del Departamento de Correcciones de Tennessee, Frank Strada, presentó su renuncia tras el episodio. En el plano legislativo, la senadora republicana Marsha Blackburn, candidata al gobierno estatal en las elecciones de noviembre, propuso, según BBC News, reemplazar la inyección letal por la silla eléctrica.

La situación judicial de Pike y los interrogantes pendientes

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en Knoxville en 1995, cuando tenía 18 años. Sus abogados piden al gobernador Lee que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En el comunicado del 8 de octubre señalaron que Pike cometió el crimen tras una infancia marcada por abuso y negligencia, y que durante su encarcelamiento fue diagnosticada y tratada por trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. “Nunca debería ser sometida a otro intento de ejecución”, afirmaron.

Lo que sucederá a continuación permanece sin definición. Consultado en la audiencia del 7 de octubre, el fiscal general de Tennessee dijo no saber si el Estado tiene previsto fijar una nueva fecha. Los médicos advirtieron que podría llevar meses determinar si Pike sufrió lesiones cognitivas permanentes. El alcance del daño en sus brazos tampoco está resuelto.

La revisión ordenada por Lee y el análisis de las pruebas preservadas por orden judicial definirán si el protocolo de inyección letal en Tennessee requiere modificaciones de fondo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el ex mayor del Ejército condenado por matar a 13 personas en la base de Fort Hood en 2009, podrá ser presenciada por el público y transmitida en vivo. La medida marcaría un hito sin precedentes en la historia reciente del país.

“Va a tener un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser”, afirmó Hegseth en una entrevista con la cadena Real America’s Voice. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de actos acarrean graves consecuencias”, agregó el funcionario.

Horas más tarde, el titular del Pentágono aseguró que era correcta la información del medio CBS News respecto a la posible transmisión en vivo del fusilamiento.

El Departamento del Ejército fijó la fecha de la ejecución para el 3 de diciembre en las instalaciones de Fort Hood, Texas, a la una de la tarde, hora local. El horario y la fecha fueron elegidos deliberadamente para coincidir con el momento exacto en que ocurrió el tiroteo hace 17 años, según precisó Hegseth.

El ataque de 2009 en Fort Hood

El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces psiquiatra del Ejército, abrió fuego contra soldados desarmados en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, que en ese momento era la mayor base militar del país. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos, antes de que el agresor fuera reducido.

Doce de los fallecidos y 30 de los heridos eran militares. Hasan gritó “Allahu Akbar” durante el tiroteo, de acuerdo con lo informado sobre el episodio. El ataque se produjo en el momento de mayor intensidad de las guerras en Irak y Afganistán, y Hasan, de religión musulmana, se había radicalizado en contra del papel de Estados Unidos en esos conflictos.

El exmilitar estaba previsto que fuera desplegado en Afganistán ese mismo mes. Fue reducido por un agente de policía civil que respondió al ataque, disparo que lo dejó parapléjico.

Una ejecución sin precedentes en décadas

Que la ejecución se realice por fusilamiento y a la vista del público constituiría un hecho inédito en la historia moderna de Estados Unidos. La última ejecución militar en el país se remonta a 1961, es decir, hace 65 años, mientras que la última ejecución por fusilamiento data de 1945, cuando un soldado del Ejército fue fusilado en Francia por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

La última ejecución pública en Estados Unidos ocurrió en 1936, nueve años antes que el último fusilamiento militar, cuando un hombre condenado por violación fue ahorcado en Kentucky frente a miles de espectadores. Desde entonces, ninguna ejecución había sido anunciada con carácter público en el país.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Hasan la semana pasada, a recomendación de Hegseth, quien calificó la decisión como “obvia”. Según explicó el secretario de Defensa, un pelotón integrado por soldados armados con fusiles será el encargado de llevar a cabo el procedimiento.

Consultado sobre una eventual última petición del condenado o sobre algún contacto con Trump, Hegseth respondió de forma tajante: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

Dudas sobre el alcance de la transmisión pública

Pese al anuncio de Hegseth, el Pentágono no ha precisado qué implicará en la práctica que la ejecución sea pública. Consultado por la agencia AFP para que aclarara el alcance de la palabra “público” usada por Hegseth, un portavoz del Pentágono remitió la consulta al Ejército de Estados Unidos, que a su vez devolvió la pregunta al propio Pentágono.

No está claro, por tanto, si habrá espectadores presentes en la base, algún tipo de retransmisión o un mecanismo distinto de acceso. Hegseth tampoco detalló cuántos soldados integrarán el pelotón de fusilamiento ni de qué manera serán seleccionados.

Las declaraciones del secretario fueron realizadas a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, en una entrevista con el influenciador de derecha Jack Posobiec que fue difundida por cuentas oficiales del Pentágono en la red social X.

Según datos de la organización Amnistía Internacional, al menos 17 ejecuciones públicas fueron registradas el año pasado en el mundo: seis en Afganistán y 11 en Irán.

El proceso judicial contra Hasan

Hasan fue declarado culpable en 2013 por un jurado militar de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato. El tribunal que lo condenó determinó que el exmilitar se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán.

Durante el proceso se estableció además que Hasan había mantenido comunicación en línea con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, una figura vinculada a Al-Qaeda y ciudadano estadounidense que fue asesinado posteriormente en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen. El ataque de Fort Hood fue descrito como inspirado por Al-Qaeda.

La ejecución de Hasan, de concretarse el 3 de diciembre, será la primera realizada por las fuerzas militares estadounidenses desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

El condenado es Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército, quien el 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados desarmados dentro de esa misma base texana. Mató a 13 personas e hirió a otras 32.

Recibió la pena capital en 2013 y lleva años en el corredor de la muerte del sistema militar, a la espera de que el presidente de turno aprobara la sentencia, tal como exige la legislación castrense.

Quién era Hasan antes del ataque

Hasan nació en Estados Unidos, hijo de padres de origen palestino, y creció en Virginia. Estudió medicina dentro del Ejército y se especializó en psiquiatría, una rama dedicada a tratar la salud mental de los soldados. Al momento del ataque tenía 39 años y prestaba servicios en Fort Hood, una de las bases militares más grandes del país, ubicada en el centro de Texas.

Su trayectoria era la de un profesional formado y sostenido por la institución militar. Sin embargo, en los años previos al tiroteo había manifestado posiciones que generaron inquietud entre algunos colegas. En el juicio, el propio Hasan declaró que se oponía a la guerra en Afganistán y que creyó tener el deber de proteger a los musulmanes de los soldados estadounidenses que serían enviados allí.

Los fiscales argumentaron que su motivación combinó esa convicción personal con su resistencia a ser desplegado al frente. Una fuerza conjunta antiterrorista determinó, no obstante, que Hasan no había participado en actividades ni en planificación terrorista, y las autoridades establecieron que actuó solo.

Qué ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood

Aquel día, el edificio médico de Fort Hood estaba lleno de soldados que esperaban turno para realizarse controles de salud y recibir vacunas obligatorias antes de partir en misión al exterior. Era un trámite de rutina, en un lugar donde nadie esperaba un ataque. Hasan entró al lugar y comenzó a disparar.

Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Según consignó NBC News con base en declaraciones del Pentágono, disparó mientras gritaba “Allahu akbar”. Cuando los soldados intentaron escapar hacia el exterior, los siguió. Allí lo interceptaron dos agentes —la sargento senior Mark Todd y la sargento Kim Munley— que lograron reducirlo tras un intercambio de disparos. Uno de esos tiros lo alcanzó en la columna y lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Desde entonces utiliza silla de ruedas.

La investigación posterior reveló que llevaba 177 cartuchos sin disparar, distribuidos en cargadores de 20 y 30 balas. Además, contaba con dos miras láser para aumentar su precisión: una roja para condiciones de baja luz y una verde para exteriores.

El fiscal militar, coronel Steve Henricks, describió ante el jurado que Hasan había convertido ese espacio en una “zona de muerte personal”. Según informó la BBC, fue el ataque más mortífero ocurrido en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.

Fue condenado en 2013 y actuó como su propio abogado

El 23 de agosto de 2013, un panel de 13 oficiales del Ejército declaró a Hasan culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Cinco días después, el 28 de agosto, el mismo panel recomendó por unanimidad la pena de muerte. En el sistema militar estadounidense, esa sentencia no puede ejecutarse de forma automática: la ley exige que el presidente de la nación la apruebe expresamente, lo que hasta ahora no había ocurrido.

Durante el proceso, Hasan tomó una decisión inusual: rechazó la asistencia de un abogado y se representó a sí mismo. Admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos y pidió disculpas por “cualquier error”. Sus afirmaciones sobre sus motivaciones fueron parte de su estrategia de defensa, no una confesión de pertenencia a ninguna organización terrorista.

Trump aprobó la ejecución tras la recomendación de Hegseth

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó el método de ejecución por fusilamiento y que Trump lo aprobó el viernes previo al anuncio público. “Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan”, escribió Parnell en X.

El secretario interino del Ejército, Adam R. Telle, anunció luego que la ejecución se realizará en Fort Hood el 3 de diciembre a las 13:00 hora local, bajo la supervisión del comandante de la prisión militar. Según un artículo de mayo de 2026 de la revista especializada Army Lawyer, una vez que el presidente da su aprobación, le corresponde al secretario del Ejército definir la fecha, el lugar y los detalles operativos, con la condición de que la ejecución se lleve a cabo entre 60 y 150 días después de esa autorización.

Por qué el fusilamiento no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial

Para dimensionar el alcance histórico del caso, hace falta retroceder más de 80 años. El último militar estadounidense ejecutado por fusilamiento fue el soldado Eddie Slovik, el 31 de enero de 1945, en Francia, durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Slovik había sido condenado por deserción y el entonces comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, aprobó su ejecución como advertencia durante la Batalla de las Ardenas. Fue el único de los aproximadamente 50.000 desertores estadounidenses de esa guerra en recibir esa condena.

La última ejecución militar de cualquier tipo —no solo por fusilamiento— tuvo lugar en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, tras ser condenado por violación e intento de homicidio. Desde entonces, ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había sido ejecutado.

Hasan es hoy uno de los cuatro reclusos que permanecen en el corredor de la muerte del sistema militar.

La defensa aún puede apelar y frenar la ejecución

La fecha del 3 de diciembre no es definitiva. Los condenados en el sistema militar tienen la posibilidad de presentar una petición de habeas corpus, un recurso jurídico que cuestiona la legalidad de la condena o de la propia ejecución. Si un tribunal acepta ese planteo, puede ordenar una suspensión mientras la apelación avanza por el sistema judicial. Esa vía sigue abierta para Hasan.

Trump restableció la pena de muerte federal el primer día de su administración, en enero de 2025, mediante una orden ejecutiva, tras la moratoria impuesta por su predecesor, el expresidente Joe Biden. Ese documento define la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”, según informó la BBC.

Desde 1916, el sistema militar ejecutó a 135 miembros de sus propias fuerzas, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Christa Pike despertó del coma días después de que Tennessee intentara ejecutarla mediante inyección letal, pero ahora enfrenta un cuadro médico grave: neumonía, un coágulo de sangre en un brazo, imposibilidad de mover los brazos y las manos, dificultades para tragar e inflamación severa. Su abogado, Randy Spivey, informó que la reclusa de 50 años está “enojada y confundida” y que sus primeras palabras al recuperar la conciencia fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés) sostiene que Pike es la primera persona conocida en sobrevivir después de recibir las drogas de una inyección letal durante una ejecución en Estados Unidos. El caso abre interrogantes médicos —sobre las secuelas que podría enfrentar de forma permanente— y judiciales, dado que las autoridades de Tennessee todavía no ofrecieron una explicación pública sobre lo ocurrido en la cámara de ejecución.

Christa Pike está “enojada y confundida” tras el intento de ejecución

Spivey reveló que el lunes se le comunicó que Pike presentaba muerte cerebral y que se evaluaba retirarle el soporte vital. Sin embargo, al día siguiente, ella despertó y comenzó a hablar. “Pero el martes, para la sorpresa de todos, Christa despertó y empezó a hablar”, declaró el letrado en una conferencia de prensa celebrada tras una audiencia judicial en Nashville, según precisó The Associated Press.

El abogado señaló que Pike recuerda partes del procedimiento de forma progresiva: el miércoles comenzó a recuperar detalles del intento de ejecución, aunque todavía está confundida y desorientada.

Spivey no estuvo presente cuando ella despertó, pero le informaron que sus primeras preguntas fueron por su ubicación y la identidad de quienes la rodeaban. “Está enojada y confundida con todo en este momento”, declaró el letrado a los medios, de acuerdo con CBS News.

Qué secuelas de salud enfrenta Christa Pike

El equipo legal de Pike detalló un cuadro médico de complejidad incierta. La reclusa padece neumonía, tiene un coágulo de sangre en un brazo y no puede mover los brazos ni las manos, que presentan una inflamación severa. “Sus manos parecían un guante quirúrgico inflado. Era extraordinario”, describió Spivey según CBS News. A eso se suma una dificultad para tragar que le impide alimentarse con normalidad.

Los abogados desconocen qué funciones podría recuperar Pike y prevén que el proceso será prolongado. El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía en Atlanta que actúa como perito de la defensa, advirtió que podrían pasar semanas o meses antes de que se pueda establecer un pronóstico claro sobre su recuperación.

La Justicia ordenó preservar pruebas del procedimiento en Tennessee

El miércoles 7 de octubre, la jueza de la Corte de Cancillería del condado de Davidson, I’Ashea Myles, ordenó al Departamento de Correcciones de Tennessee (TDOC) preservar toda la prueba vinculada al intento de ejecución. La magistrada dispuso que el organismo debe mantener bajo resguardo drogas, vías intravenosas, agujas, catéteres, material médico, restricciones físicas y cualquier otro elemento que haya estado en la cámara de ejecución durante el procedimiento.

La orden también abarca registros escritos y digitales, incluidas comunicaciones a través de plataformas cifradas, testimonios de testigos y correspondencia relacionada con la administración de drogas o el equipamiento utilizado.

Myles instruyó de forma explícita al TDOC a “no perder, extraviar ni eliminar accidentalmente ninguna información que pueda ser pertinente para esta causa”, e instó a la agencia a tomar medidas activas para recuperar cualquier material que ya hubiera sido descartado o borrado.

Qué se sabe sobre el fallido intento de ejecución por inyección letal

La ejecución se inició el 30 de septiembre de 2026 luego de que Pike pronunciara sus últimas palabras. Aproximadamente cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía el brazo. En algún momento posterior perdió la conciencia, aunque se la podía escuchar respirar de forma agitada. Los medios de comunicación acreditados como testigos fueron retirados de la sala casi 90 minutos después del inicio del procedimiento. Una ambulancia trasladó a Pike a un hospital.

Los abogados de la defensa sostienen en un escrito judicial que las vías intravenosas no se colocaron de manera correcta y que el equipo de ejecución no advirtió que una vena había cedido. Eso habría impedido que el pentobarbital ingresara al torrente sanguíneo según lo previsto, y habría causado que el fármaco se dispersara por los tejidos del cuerpo.

Las autoridades de Tennessee no ofrecieron hasta el momento ninguna explicación oficial.

El gobernador suspendió la otra ejecución prevista y el jefe penitenciario renunció

Ante la magnitud del hecho, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, suspendió la única ejecución que el estado tenía programada para el resto del año y ordenó una revisión del caso. El titular del sistema penitenciario presentó su renuncia, aunque el organismo emitió un comunicado en el que afirmó haber seguido los protocolos establecidos.

El equipo legal de Pike reiteró su pedido para que Lee conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con el fin de impedir que el estado intente una segunda ejecución. El gobernador había rechazado esa petición días antes del 30 de septiembre. En la audiencia del miércoles, el fiscal adjunto del estado, Will Ayers, señaló que por el momento no existe ninguna orden de ejecución para Pike.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, cuando tenía 18 años. Fue la primera mujer que Tennessee intentó ejecutar en más de 200 años y la primera persona que el estado intentó ejecutar en la era moderna por un crimen cometido a los 18, 19 o 20 años.

Una jueza de Tennessee ordenó preservar los registros, medicamentos y materiales médicos utilizados en la fallida ejecución de Christa Pike, quien recuperó la conciencia tras recibir dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre y continúa hospitalizada. La medida busca resguardar elementos que podrían resultar determinantes en futuras acciones judiciales.

Durante una audiencia celebrada este miércoles 7 de octubre, la defensa también solicitó visitas regulares de sus abogados, acceso a un dispositivo electrónico, notificación previa ante cualquier traslado y el retiro de las esposas mientras permanezca hospitalizada.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

De acuerdo con Associated Press, es la única persona de la que se tiene registro que haya sobrevivido tras la administración de fármacos de inyección letal.

La orden abarca drogas, vías intravenosas, grabaciones y comunicaciones

La jueza de la Corte de Cancillería del condado de Davidson, I’Ashea Myles, ordenó la preservación amplia de “todo lo que se encontraba en la habitación”.

En consecuencia, la medida alcanza fotografías, videos, audios, imágenes de vigilancia, jeringas, agujas, vías y tubos intravenosos, fármacos, insumos médicos, registros, listas de verificación, anotaciones manuscritas, informes y testimonios de testigos.

Asimismo, deberán resguardarse las comunicaciones relacionadas con la ejecución y con cualquier posible incumplimiento del protocolo, complicación, demora, falla de equipamiento o dificultad para acceder a las venas de Pike.

El fiscal general adjunto Will Ayers aseguró que no era necesaria una orden judicial, dado que los objetos ya habían sido recogidos y trasladados a un área de resguardo, incluidos libros de registro, notas de observación, residuos y productos médicos, además de los registros del electrocardiograma, reportó ABC News.

No obstante, Ayers advirtió que algunos artículos como las vías intravenosas podrían no estar en posesión del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC).

En su orden judicial, la magistrada aseveró: “En la medida en que cualquier información o evidencia ya haya sido descartada, eliminada, destruida o ya no exista, quiero que el TDOC tome medidas afirmativas para intentar recuperar esa información e implemente políticas y procedimientos mientras este litigio esté pendiente para garantizar que no se descarte ni se destruya ninguna información”.

La defensa pidió acceso a una tablet y poder visitar a Pike

En la misma audiencia, los abogados solicitaron que el Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) les informe, con 48 horas de anticipación, cualquier traslado de Pike; que le retiren las esposas mientras permanezca en la cama del hospital y que le permitan acceder a un teléfono o una tablet.

Durante su encarcelamiento, Pike tuvo acceso a una tablet para comunicarse con sus amigos y familiares. Esos mensajes eran supervisados por las autoridades, indicó CNN.

La jueza dejó pendiente la solicitud y pidió a los fiscales estatales que aportaran información sobre el funcionamiento del dispositivo y la posibilidad de utilizarlo fuera de prisión, ya que, según señaló, la tablet sería propiedad del TDOC.

En cuanto al retiro de las esposas, Myles preguntó al defensor federal Luke Ihnen si contaba con una declaración jurada del personal médico que respaldara la solicitud. El abogado respondió que podía presentarla.

El Estado objetó la medida y aludió a antecedentes de fugas de Pike. Myles especificó que la petición no incluye las esposas en los pies y explicó que tomará una decisión luego de conocer la opinión de un equipo médico.

Por otro lado, los defensores solicitaron visitas regulares de su equipo legal. Ihnen alegó que esperaron dos horas y media en el vestíbulo del hospital antes de poder verla, informó NBC News.

Por consiguiente, la magistrada resolvió que los abogados envíen por correo electrónico sus solicitudes de visita a los responsables de la prisión al menos dos horas antes del horario previsto y que los agentes respondan dentro de ese mismo plazo.

Myles dispuso que Pike tenga acceso a su defensa “como si estuviera encarcelada en la prisión de mujeres” y subrayó que su internación no puede restringir ese derecho. Los letrados, a su vez, deberán cumplir con las normas de visita del hospital donde recibe tratamiento, detalló CNN.

Pike volvió a hablar después de seis días inconsciente

La condenada permaneció seis días inconsciente y conectada a un respirador tras el intento de ejecución. Su defensa sostiene que la vía intravenosa pudo haberse desplazado, lo que habría impedido que el pentobarbital ingresara al torrente sanguíneo.

Sus abogados informaron el martes 6 de octubre que había despertado y podía hablar; Ihnen dijo ante el tribunal que “habla de manera limitada”.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Randy Spivey, abogado de Pike, contó que ella despertó y comenzó a hablar el martes por la mañana, después de que la noche anterior se temiera que tuviera muerte cerebral y se evaluara retirarle el soporte vital.

Spivey aclaró que no estuvo presente cuando recobró el conocimiento. Según le informaron, sus primeras palabras fueron: “¿Dónde estoy y quién eres tú?”.

El letrado señaló que Pike mantiene “mucha confusión cognitiva”, aunque comprende que el estado intentó ejecutarla. “Ha querido saber qué ha pasado y ha preguntado por varias personas. Creo que ahora mismo está enfadada y confundida con todo”, expresó en declaraciones recogidas por CNN.

Asimismo, según NBC News, Spivey describió que la mujer atraviesa diversas complicaciones médicas, entre ellas un coágulo de sangre en un brazo, neumonía, dificultad para tragar y pérdida de movilidad en los brazos.

La ejecución se detuvo tras dos dosis de pentobarbital

El procedimiento comenzó alrededor de las 19.30 del 30 de septiembre, cuando Pike tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. Unos cinco minutos después, levantó la cabeza y dijo que le dolía un brazo, precisó Associated Press.

Documentos obtenidos por ABC News revelan que durante la administración de las dosis se la oyó llorar, gemir y respirar con dificultad; en un momento afirmó que sentía que el brazo “estaba a punto de reventar”.

La defensa denunció que se utilizaron al menos siete agujas para intentar obtener acceso intravenoso y que una de ellas quedó doblada en un ángulo de 90 grados.

Pike perdió el conocimiento en algún momento del proceso, aunque los testigos pudieron oír su respiración hasta que los medios fueron retirados de la sala a las 20.53. Una ambulancia llegó a la prisión a las 21.14 para trasladarla a un hospital.

El Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) manifestó que siguió el protocolo estatal autorizado, el cual no contemplaba medidas adicionales a las aplicadas esa noche.

El gobernador republicano Bill Lee calificó lo sucedido como “profundamente perturbador”, ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones previstas en Tennessee durante el resto del año. Los defensores piden que el funcionario conmute la pena de Pike por cadena perpetua sin libertad condicional.

Tras el episodio, el comisionado del TDOC, Frank Strada, anunció su renuncia. Lee designó al exfiscal federal Ed Stanton para revisar el intento de ejecución, determinar si se cumplió el protocolo y evaluar posibles recomendaciones.

Christa Pike permanece consciente y puede hablar mientras recibe atención médica, tras sobrevivir al intento de ejecución llevado a cabo por el estado de Tennessee el miércoles 30 de septiembre, según informaron el martes 6 de octubre sus abogados en un comunicado recogido por The Associated Press y USA Today.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica vital. A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y atada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico aún es incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, explicaron los letrados.

La reclusa fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville, después de que las autoridades estatales le administraran dos dosis de pentobarbital durante el procedimiento de ejecución.

En 1996, Pike fue condenada por la tortura y el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de estudios. En el ataque también participaron su entonces novio, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson.

El homicidio ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años. Tras pasar décadas en el corredor de la muerte, podría haberse convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Los abogados piden conmutar la pena de muerte

En el comunicado, los abogados agradecieron a los equipos de emergencia y al personal del hospital que atendió a la reclusa. Según el comunicado, trataron a Pike “como a un ser humano” y le brindaron una “atención excepcional”.

Al mismo tiempo, aseguraron que “sobrevivió a dos inyecciones letales completas según el protocolo de Tennessee, a pesar de que sus abogados advirtieron al estado sobre las dificultades específicas con sus venas”.

“Es la única persona que se sabe que ha sobrevivido a un intento de ejecución completo en los Estados Unidos. Christa es una sobreviviente y afrontará su recuperación día a día”, escribieron.

Por último, los letrados reiteraron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, el pedido de que conmute la sentencia de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Tras el incidente con Pike, el funcionario ordenó suspender las ejecuciones programadas en el estado durante el resto del año y pidió una revisión externa del procedimiento fallido.

Cronología de la ejecución en Tennessee

El día de la ejecución hubo más de nueve horas de demoras judiciales. En un primer momento, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal frenó la ejecución una hora antes, pero la Corte Suprema de Estados Unidos anuló posteriormente esa medida, sin difundir los motivos de su decisión.

De acuerdo con periodistas que estuvieron presentes, las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 19:27. Tori Gesner, reportera de WKRN, contó que Pike permaneció junto a su consejero espiritual y cantó con él antes de que se iniciara la aplicación de los medicamentos.

Según su relato, a las 19:34 la mujer manifestó: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar” y consultó si esa sensación era habitual.

Los presentes señalaron que las cortinas se cerraron por primera vez a las 19:46, mientras Pike todavía estaba viva. Tres minutos más tarde se reabrieron, la mujer seguía con vida y roncaba con la boca abierta.

El cierre final se produjo alrededor de las 20:05. Cuando retiraron a los periodistas, cerca de las 20:53, aún podía oírse la respiración de Pike. Más tarde, fue trasladada en ambulancia a un hospital.

La ejecución de Jamaal Howard, programada para este miércoles en el Centro en la Unidad Huntsville de Texas, llega en un momento de máxima tensión sobre el método de inyección letal, según repasó Associated Press.

El 30 de septiembre, Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike con la misma droga y fracasó, ya que la mujer recibió dos dosis de pentobarbital y no murió. Sus abogados confirmaron este martes que la condenada se encuentra consciente y en tratamiento hospitalario.

Fue el segundo procedimiento fallido en Tennessee en cuatro meses. Debido a que, en mayo, para el caso de Tony Carruthers, los ejecutores no lograron establecer una segunda vía intravenosa requerida por el protocolo estatal y debieron otorgarle un indulto temporal hasta el próximo año.

Por qué fue condenado Jamaal Howard

Poco antes del mediodía del 12 de mayo de 2000, Howard entró a una estación de servicio Chevron en Silsbee, Texas, le apuntó con su revólver calibre 32 a la empleada Vickie Swartout y jaló el gatillo.

El arma falló y la mujer gritó. Howard preparó el arma y disparó de nuevo, esta vez en el pecho. Mientras la mujer agonizaba en el piso, él le preguntó si había dinero en la caja registradora. Luego tomó un cartón de cigarrillos, un total de USD 114 en efectivo y huyó.

Esa secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del local y fue presentada como prueba central en el juicio que lo condenó a muerte. Después de 26 años, el Estado de Texas planea ejecutarlo mediante la polémica inyección letal de pentobarbital, en lo que sería la ejecución número 30 en Estados Unidos durante 2026.

Los abogados de Howard piden una demora de 30 días por dudas sobre el pentobarbital

Texas utiliza pentobarbital elaborado en farmacias compuestas, dado que los fabricantes farmacéuticos se niegan a vender el medicamento para ejecuciones.

Ante la escasez resultante, el estado analiza sus viales y extiende su fecha de vencimiento si determina que seguirán siendo efectivos, una práctica que sus críticos calificaron de insegura, aseguró The Texas Tribune.

Los abogados de Howard enviaron una carta al gobernador Greg Abbott solicitando una demora de 30 días en la ejecución para obtener registros sobre cuándo fue adquirido el pentobarbital, cómo fue almacenado y qué pruebas se realizaron sobre el fármaco. “Texas no debería esperar a que una ejecución falle para hacer las mismas preguntas”, le escribieron al funcionario.

También le señalaron que Howard “no debería ser ejecutado con un medicamento cuyo historial el Estado se ha negado a mostrarle a sus abogados, pocos días después de que ese mismo fármaco fallara en otro estado”, recogió el medio texano.

El antecedente más próximo dentro del propio estado es el caso de Robert Fratta: en 2023, una jueza del condado de Travis bloqueó temporalmente el uso del fármaco por las mismas preocupaciones sobre el proceso de extensión de vencimientos, pero la ejecución se llevó a cabo después de que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas anuló esa resolución.

El argumento de discapacidad intelectual

El otro eje de los recursos legales de Howard gira en torno a su estado cognitivo. Sus abogados argumentan que padece una discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual de hasta 70, y que ejecutarlo violaría la Octava Enmienda de la Constitución.

La Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 2002 que ejecutar a personas con discapacidad intelectual es inconstitucional, aunque les otorgó a los estados cierto margen para definir los criterios de elegibilidad.

“Ningún tribunal determinó jamás si Howard tiene discapacidad intelectual según los estándares clínicos vigentes hoy”, argumentaron sus abogados ante la Corte Suprema el 6 de octubre, según informó USA Today. Y agregaron: “Las pruebas de Howard sobre un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio no son razonablemente disputables”.

El estado respondió que Howard no presentó pruebas suficientes para acreditar que cumple con los requisitos legales para ese tipo de exención. El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó el lunes el último recurso ordinario presentado por la defensa. Ese recurso y la solicitud de suspensión de la ejecución aguardaban el martes una respuesta de la Corte Suprema federal.

La controversia sobre su competencia mental tiene raíces en el propio proceso judicial original: antes del juicio, el tribunal celebró dos audiencias para evaluar la aptitud mental de Howard a pedido del estado. El jurado no llegó a un veredicto la primera vez; en la segunda, determinó que Howard era apto para ser juzgado, en parte porque su propio abogado defensor no llamó a su perito de parte.

La condena y los hechos del crimen

La defensa del acusado en el juicio no discutió la autoría del crimen. Su abogado, Tyrone Moncriffe, reconoció que su cliente mató a Swartout y sostuvo que padecía una enfermedad mental.

Mientras que el fiscal Perry Thomas contrarrestó ese argumento señalando la conducta metódica de Howard durante y después del hecho: “Jaló el gatillo apuntando a Vickie, y cuando el arma no disparó, amartilló el percutor y volvió a jalar el gatillo”.

Durante el juicio, Thomas también reconstruyó: “Corrió a casa. Se sacó la gorra y la camisa. Se escondió en un clóset de una casa abandonada cercana. Sabe exactamente lo que hizo”.

El ranger de Texas L.C. Wilson declaró en el juicio que cuando el asesino fue encontrado escondido en ese clóset —en la casa contigua a la de sus abuelos— “sonreía de oreja a oreja”, según un archivo del Beaumont Enterprise.

Los jurados lo declararon culpable de homicidio capital tras menos de tres horas de deliberaciones y rechazaron la opción de encontrarlo no culpable por razón de insanía.

Contexto estadounidense: Florida lidera las ejecuciones en 2026

Si la ejecución de Howard se concreta, será el séptimo hombre ejecutado en Texas en lo que va del año. Otros dos están programados para antes del cierre de 2026: el siguiente en la lista es John Rubio, condenado por el asesinato de sus tres hijos en 2003, quien también impugnó judicialmente el uso del pentobarbital por parte del estado.

Florida encabeza el ranking nacional con 16 ejecuciones en 2026. La inyección letal sigue siendo el método principal en la mayoría de los estados que contemplan la pena capital.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden de ejecución contra Jesse Guardado, de 64 años, condenado a muerte por el asesinato de Jackie Malone en 2004. La ejecución está programada para el 5 de noviembre en la Prisión Estatal de Florida, y podría convertirse en la vigésima realizada por el estado en 2026 si se concretan antes tres procedimientos previstos para octubre, según Fox 13 Tampa Bay, NBC News y el Sun Sentinel.

La orden fue firmada el lunes 5 de octubre y fija la fecha para Guardado, condenado por el asesinato de Malone, de 75 años, en el condado de Walton. WFLA informó que el procedimiento está previsto para las 18:00. Los otros medios consultados confirmaron la fecha y el lugar, aunque no todos consignaron el horario. Según Fox 13, se trata de la vigésima orden de ejecución firmada por DeSantis durante 2026.

Florida había realizado 16 ejecuciones en lo que va del año, de acuerdo con los recuentos citados por NBC News, Fox 13 y el Sun Sentinel. James Robertson y William Lee Thompson tienen procedimientos programados para el 13 de octubre, mientras que William Reaves figura para el 20 de octubre. Guardado no es todavía la vigésima persona ejecutada en Florida este año, sino el condenado cuya ejecución quedó fijada en cuarto lugar dentro de esa secuencia.

Cuándo sería la vigésima ejecución de Florida en 2026

La ejecución de Guardado solo pasaría a ser la número 20 del año si se realizan antes las tres previstas para octubre y si no hay suspensiones judiciales, modificaciones de fechas ni decisiones de clemencia. Fox 13 señaló que el cronograma está sujeto a recursos en tribunales federales y estatales, además de las revisiones administrativas que correspondan antes de una ejecución.

La precisión es relevante porque varios titulares difundidos en Florida aludieron a una “vigésima ejecución”. Según WFLA, la orden de DeSantis sitúa a Guardado como parte de un calendario que podría llevar al estado a ese número. NBC News y el Sun Sentinel utilizaron el condicional al indicar que Guardado “sería” la vigésima ejecución si se cumplen los procedimientos fijados antes de noviembre.

La distinción también alcanza a la actuación del gobernador. DeSantis firmó su vigésima orden de ejecución de 2026, pero Florida no había realizado 20 ejecuciones al 6 de octubre. De acuerdo con Fox 13, la orden para Guardado fue la segunda emitida por el gobernador en menos de una semana, después de la que programó la ejecución de Robertson.

Quién es Jesse Guardado y por qué fue condenado a muerte

Guardado fue condenado por el asesinato de Jackie Malone, una mujer de 75 años que vivía en el condado de Walton. Según NBC News, WFLA, Fox 13 y el Sun Sentinel, Malone había ayudado a Guardado después de su salida de prisión: le facilitó lugares donde vivir, le prestó dinero y colaboró para que consiguiera trabajo.

El crimen ocurrió el 13 de septiembre de 2004. De acuerdo con los registros judiciales citados por Fox 13, Guardado llegó a la casa de Malone con una barra metálica y un cuchillo de cocina. La víctima le abrió la puerta luego de que él dijera que necesitaba utilizar el teléfono.

Según el relato citado por WFLA y el Sun Sentinel, Guardado golpeó a Malone en la cabeza con la barra, la apuñaló y le cortó el cuello. Luego tomó una cartera, un joyero, un maletín y un teléfono celular. Las fuentes señalan que el acusado buscaba dinero para continuar una racha de consumo de cocaína.

Guardado fue acusado de asesinato en primer grado y robo con arma. Se declaró culpable de ambos cargos y recibió la pena de muerte por el homicidio en octubre de 2005, según WFLA. NBC News indicó que la Corte Suprema de Florida confirmó posteriormente la condena.

Qué apelaciones presentó Jesse Guardado antes de la orden de ejecución

Durante las revisiones posteriores a la condena, Guardado cuestionó el trabajo de sus abogados en la fase de determinación de la pena. Según NBC News y el Sun Sentinel, sostuvo que la defensa no investigó ni presentó de manera adecuada pruebas de mitigación que podían influir en la decisión del jurado.

La apelación también incluyó objeciones sobre la participación de tres jurados. De acuerdo con Fox 13, Guardado afirmó que sus abogados no intentaron apartarlos de la fase de pena, pese a que, a su entender, existían razones para hacerlo.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazó esos argumentos en 2024, según NBC News, Fox 13 y el Sun Sentinel. La decisión mantuvo el rechazo de la petición federal de habeas corpus y dejó vigente la pena de muerte impuesta a Guardado.

Esa resolución no elimina la posibilidad de que la defensa presente nuevos recursos vinculados con la orden de ejecución o con el protocolo estatal. Fox 13 indicó que no se conoce aún de qué manera eventuales acciones ante tribunales federales o solicitudes de clemencia podrían afectar la fecha del 5 de noviembre.

Qué ejecuciones están previstas antes de la fecha de Guardado

El primer procedimiento programado antes de la fecha de Guardado corresponde a James Robertson, de 63 años. Según el Sun Sentinel, fue condenado por el asesinato de su compañero de celda Frank Hart en 2008, dentro de la Institución Correccional de Charlotte.

Robertson tiene fecha para el 13 de octubre. Ese mismo día está programada la ejecución de William Lee Thompson, de 74 años, condenado por el asesinato, secuestro y agresión sexual de Sally Ivester en North Miami Beach en 1976, de acuerdo con NBC News y Fox 13.

La tercera ejecución prevista es la de William Reaves, de 77 años, fijada para el 20 de octubre. Según el Sun Sentinel, Reaves fue condenado por el asesinato en 1986 de Richard Raczkowski, agente del sheriff del condado de Indian River.

Si esos tres procedimientos se cumplen en las fechas previstas, Florida igualará primero el total de 19 ejecuciones de 2025 y luego podría superarlo con Guardado el 5 de noviembre. Fox 13 informó que Florida registró el año pasado su mayor número de ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976.

Cómo funciona el protocolo de inyección letal de Florida

Florida utiliza un protocolo de tres fármacos para las ejecuciones por inyección letal. Según NBC News, el procedimiento incluye etomidato, bromuro de rocuronio y acetato de potasio. El primer medicamento busca provocar inconsciencia; el segundo actúa como paralizante; el tercero detiene la función cardíaca.

El estado dejó de usar pentobarbital en 2013 por problemas de suministro, según el Sun Sentinel y NBC News. La nota de Fox 13 señala que Florida utiliza actualmente el esquema de tres sustancias, mientras Tennessee aplica un protocolo de una sola droga basado en pentobarbital.

La orden contra Guardado coincidió con la atención sobre el sistema de ejecuciones de Tennessee. Según NBC News y el Sun Sentinel, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones pendientes y ordenó una revisión independiente tras el intento fallido de ejecutar a Christa Gail Pike el 30 de septiembre.

La organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty advirtió que situaciones similares podrían ocurrir en Florida, en especial ante la condición de salud de Thompson. El Sun Sentinel citó a la entidad, que afirmó: “Hemos sido advertidos y aún hay tiempo para evitarlo”.

Qué puede pasar antes del 5 de noviembre

La orden de DeSantis activa una etapa de recursos y revisiones para Guardado. Según Fox 13, las apelaciones judiciales y las solicitudes de clemencia pueden alterar el calendario, como ha ocurrido en otros casos de pena capital en Estados Unidos.

La ejecución prevista para el 5 de noviembre seguirá condicionada por las decisiones de los tribunales y por la vigencia de las órdenes estatales. Antes de esa fecha, Florida tiene tres procedimientos programados en octubre, cuya realización definirá si Guardado queda situado como la vigésima ejecución efectivamente realizada por el estado durante 2026, según NBC News y el Sun Sentinel.

Frank Strada dejará su cargo como comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee a finales de octubre de 2026, después de que el intento de ejecución de Christa Pike el 30 de septiembre fracasara y derivara en su internación hospitalaria en estado crítico. La renuncia reavivó cuestionamientos sobre su trayectoria: antes de llegar a Tennessee, Strada había supervisado en Arizona tres ejecuciones que organizaciones especializadas y abogados calificaron como problemáticas.

Pike, de 50 años, fue la primera persona en Estados Unidos en recibir dos dosis del barbitúrico pentobarbital en el marco de una ejecución por inyección letal y sobrevivir. Según sus abogados, el fármaco habría ingresado fuera del torrente sanguíneo, hacia el tejido circundante, en lugar de administrarse correctamente en vena.

Los antecedentes de Strada en Arizona

Antes de llegar a Tennessee, Strada ocupó el cargo de subdirector del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, donde supervisó tres ejecuciones en 2022, tras una moratoria de casi ocho años. Las tres presentaron dificultades para colocar las vías intravenosas. En la de Clarence Dixon, el equipo intentó durante aproximadamente 25 minutos colocar una vía en sus brazos antes de practicar una incisión en la ingle. Durante la de Frank Atwood, el personal no logró acceder a una vena hasta que el propio condenado indicó dónde intentarlo. En la de Murray Hooper, el catéter terminó insertado en la arteria femoral de la pierna.

El Death Penalty Information Center (DPIC) clasificó las tres como ejecuciones “fallidas”, aunque esa denominación no tiene valor legal. “Si tu trabajo es acceder a venas, deberías poder hacerlo”, dijo a The Guardian Dale Baich, abogado que representó a condenados en Arizona durante la gestión de Strada.

En 2023, el nuevo director de correcciones de Arizona, Ryan Thornell, presentó una declaración jurada en la que señaló que no pudo “encontrar documentación suficiente” sobre los procedimientos de ejecución de la administración anterior e identificó “varios problemas críticos”, entre ellos falta de experiencia del equipo de inyección y el uso de técnicas que contradecían la política oficial del departamento.

Por qué renunció Frank Strada en Tennessee

Strada asumió la conducción del Departamento de Corrección de Tennessee en enero de 2023, cuando Lee lo designó con el mandato de reformar el sistema de ejecuciones. En su declaración de renuncia, señaló que apartarse del cargo era “lo más conveniente para los habitantes de Tennessee mientras avanza la revisión independiente”.

Abogados de condenados a muerte argumentan, sin embargo, que Strada no aplicó las recomendaciones de un informe independiente de 2022 que había detectado fallas en el sistema. Según The Guardian, en una deposición de noviembre de 2025 reconoció que no había contratado a ningún especialista farmacéutico ni a un consultor para la provisión de fármacos letales, dos medidas que ese informe había recomendado.

Bajo su gestión también se eliminó el requisito de que el equipo practicara la colocación de catéteres con solución salina antes de los procedimientos reales. “Redujo los requisitos de entrenamiento y hemos visto resultados desastrosos”, declaró al mismo medio la abogada Kit Thomas.

El fallido intento de ejecución de Christa Pike

Christa Gail Pike fue condenada en 1996 a la pena de muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años. Cumplió más de 30 años de prisión, en gran parte en régimen de aislamiento.

El 30 de septiembre de 2026, el equipo de ejecución en la Institución de Seguridad Máxima Riverbend, en Nashville, tuvo dificultades para colocar las vías intravenosas. Pike cooperó con los ejecutores y llegó a darles indicaciones sobre cómo acceder a sus venas, ya que había advertido al estado de antemano que tenía un historial de acceso venoso difícil, según su abogado Randy Spivey.

El procedimiento fracasó de todas formas. “Puede que nunca sepamos qué tipo de tormento soportó durante ese proceso”, dijo el defensor Stephen Ferrell a CNN.

Qué investigación ordenó el gobernador Bill Lee

La Fiscalía General de Tennessee contrató al exfiscal federal Ed Stanton para conducir una revisión independiente del procedimiento. Stanton ya había coordinado en 2022 una revisión similar del protocolo de inyección letal, cuyas conclusiones llevaron al estado a reescribir sustancialmente su reglamento —recomendaciones que, según los abogados de los condenados, Strada luego ignoró en parte.

Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, cuestionó también la falta de información pública tras el procedimiento fallido de Tony Carruthers en mayo de 2026, cuando los funcionarios interrumpieron otra ejecución por no poder colocar una segunda vía intravenosa: “No vimos ninguna información sobre por qué había salido mal ni ninguna medida correctiva”, dijo según The Guardian.

Las preguntas que dejó el caso

May Martinez, madre de Colleen Slemmer, viajó desde Florida para presenciar la ejecución y esperó durante horas en la prisión de Nashville sin obtener respuestas. “Creo que el estado me debe una gran disculpa. Todo lo que quería era justicia”, declaró a CNN a través de la afiliada WTLV.

A la fecha de esta nota, Pike permanecía inconsciente y en respiración asistida, con un pronóstico a largo plazo incierto. La Fiscalía General no indicó si intentaría una nueva ejecución. Quedan abiertas varias preguntas: el estado de salud de Pike, el resultado de la revisión de Stanton, el futuro del protocolo de inyección letal y si Tennessee buscará llevar a cabo una segunda ejecución.

Legisladores del estado ya plantearon métodos alternativos —pelotón de fusilamiento y silla eléctrica—, aunque ninguna decisión fue adoptada.

Martinez regresó a Florida con las manos vacías y la certeza de que el Estado de Tennessee le falló por segunda vez. “Se estaba quedando ahí, en la mesa, hablando, todavía riendo, levantando la cabeza”, relató la mujer al canal WJXX, afiliado de ABC en Jacksonville, mientras viajaba de vuelta a casa. Dijo que se derrumbó en llanto.

Cuando le preguntaron si alguien le había pedido disculpas, respondió con una sola frase: “No, señor. Nadie se disculpó”. Luego agregó lo que considera una deuda pendiente del Estado: “Creo que el estado me debe una gran disculpa”. Y después, en voz más baja: “Y como madre, le fallé a ella”.

La ejecución fallida de Christa Pike dejó a los testigos sin explicación oficial

Las autoridades no han ofrecido una explicación sobre por qué el procedimiento no tuvo el resultado esperado. El Departamento Correccional de Tennessee se limitó a defender el uso de la inyección letal y sostuvo que “el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo”, según informó la BBC. Varios testigos presenciales confirmaron que las autoridades administraron dos rondas del sedante pentobarbital, pero que Pike parecía seguir respirando aproximadamente una hora después de la primera dosis, de acuerdo con ABC News.

Ante las preguntas de la prensa, Martinez relató que ella misma interrogó a los funcionarios sobre qué ocurriría a continuación con la condenada. La respuesta que recibió fue: “‘No sé qué vamos a hacer con ella todavía’”. La mujer interpretó ese silencio como una prolongación de una injusticia que arrastra desde hace más de tres décadas. “Les dije: ‘Aquí estamos, 31 años, y se están riendo en mi cara otra vez’”, declaró al canal WJXX. “Y eso es lo que siento que hicieron.”

Pike permanece inconsciente y conectada a un respirador en un hospital de Nashville

Dos días después del intento de ejecución, Pike continúa en estado crítico en un centro hospitalario de Nashville. Sus abogados, Stephen Ferrell e Luke Ihnen, del servicio de Defensa Federal del este de Tennessee, indicaron en un comunicado que la condenada permanece inconsciente y conectada a un respirador, con “lesiones graves en ambos brazos” como consecuencia de la administración del pentobarbital. El domingo, Ferrell explicó a CNN que los médicos aún intentaban eliminar las dos dosis del fármaco de su organismo.

“Todavía está en el hospital, con respirador, en estado crítico; realmente no sabemos cuál es el pronóstico aún, y quizás no lo sabremos por varios días”, afirmó Ferrell, según consignó la BBC. El abogado precisó que recibe actualizaciones a través del poder médico de representación de su clienta y que no ha tenido acceso directo a los médicos tratantes.

El crimen de 1995 que llevó a Pike al corredor de la muerte

Pike tenía 18 años cuando, junto a su entonces novio Tadaryl Shipp, de 17, y una tercera cómplice, Shadolla Peterson, golpeó, torturó y mató a Colleen Slemmer, de 19, en una zona alejada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

Los tres trabajaban con la víctima en el programa federal Job Corps. Peterson actuó como vigía durante el ataque y, a cambio de su cooperación con la fiscalía, recibió una condena de libertad condicional. Pike llegó a confesarle a un amigo que planeaba matar a Slemmer porque “simplemente se sentía mala ese día”, según constan en registros judiciales.

En 1996, un jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado. Shipp también recibió una condena por el mismo cargo, aunque con prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike, en cambio, fue sentenciada a muerte en medio de una amplia cobertura mediática. Pasó más de 30 años en el corredor de la muerte, en gran parte en régimen de aislamiento, antes de que llegara la fecha fijada para su ejecución.

La defensa pide la conmutación y el gobernador ordena una revisión externa

Los abogados de Pike advierten que su clienta podría no recuperarse por completo e incluso plantean interrogantes sobre su futura capacidad mental. Ferrell señaló que desconoce si el Estado intentará ejecutarla nuevamente y que la fiscalía del Estado de Tennessee tampoco les ha dado indicios al respecto. La defensa exige al gobernador Bill Lee que conmute la pena capital por prisión perpetua. “Ha soportado un intento tortuoso de ejecución”, sostuvo Ferrell ante la BBC.

Los abogados de Pike habían advertido con anterioridad que las condiciones médicas de su clienta —entre ellas, trombocitosis, un trastorno de la coagulación, y venas de pequeño calibre— aumentaban el riesgo de que sufriera dolor innecesario durante una inyección letal. Las autoridades no se pronunciaron sobre esas advertencias previas al procedimiento.

Lee reconoció ante la prensa que el resultado del miércoles fue inesperado e inaceptable. “No hay nadie que haya querido que ocurriera lo que pasó anoche. No debió haber ocurrido”, afirmó el mandatario, citado por ABC News.

El gobernador también sostuvo que, hasta donde se sabe, el Departamento Correccional siguió el protocolo al pie de la letra, pero reconoció la necesidad de entender “por qué el resultado es diferente esta vez a todas las anteriores”. “La gente de nuestro estado merece que esas preguntas sean respondidas”, subrayó.

Tennessee suspendió las ejecuciones y el jefe del sistema penitenciario presentó su renuncia

Tras el incidente, Lee ordenó una “revisión por un tercero” del procedimiento y dispuso la suspensión de todas las ejecuciones previstas para lo que resta del año. El sábado, el responsable del sistema penitenciario estatal anunció su renuncia, según informó la BBC. Lee reconoció que aún no había hablado directamente con la familia de Slemmer.

Martinez, que recibió la ayuda de su comunidad en Jacksonville para costear el viaje —vecinos y conocidos reunieron más de USD 2.500 para solventar los gastos— resumió su sentir en una sola frase: “Todo lo que quería era justicia”, según WJXX, recogido por ABC News.

Tennessee enfrenta ahora una revisión externa sobre las causas del fallo en el procedimiento, mientras el futuro de Pike permanece en suspenso: su pronóstico médico es incierto, no está claro si podría enfrentar un nuevo intento de ejecución en caso de recuperarse, y la petición de conmutación de pena presentada por su defensa aguarda una respuesta del gobernador Lee.

Tennessee no logró ejecutar a Christa Pike. Dos dosis de pentobarbital no causaron su muerte y fue trasladada a un hospital del área metropolitana de Nashville, donde permanece inconsciente, intubada y con asistencia respiratoria mecánica. El episodio reabrió un debate con décadas de historia judicial en Estados Unidos: cómo, con qué sustancias y bajo qué reglas se aplica la pena de muerte.

El caso de Christa Pike permite revisar el sistema en su conjunto, desde el funcionamiento de la inyección letal hasta la diversidad de métodos que cada estado autoriza y el secreto que cubre parte de los procedimientos.

La inyección letal puede usar uno, dos o tres fármacos, y cada protocolo implica riesgos distintos

Según el Death Penalty Information Center (DPIC), la inyección letal es el método de ejecución autorizado en todos los estados que mantienen la pena capital, además del Gobierno federal y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no existe un protocolo único: cada jurisdicción define las sustancias, las dosis y la secuencia de administración.

Los esquemas de tres drogas son los más extendidos históricamente. La primera sustancia es un anestésico o sedante para inducir inconsciencia; la segunda es un paralizante; y la tercera detiene el corazón. Los protocolos de una o dos drogas, como el aplicado en Tennessee, prescinden del paralizante y utilizan una sobredosis de un sedante —como el pentobarbital— para provocar la muerte directamente.

La Corte Suprema de Estados Unidos avaló la constitucionalidad general de la inyección letal en el fallo Baze v. Rees de 2008, pero ese precedente dejó abierta la discusión sobre protocolos concretos. En su voto concurrente, el juez John Paul Stevens anticipó que el debate continuaría: “Pensé que nuestra decisión pondría fin a la controversia. Ahora está claro que no será así”, según consta en la sentencia recogida por el DPIC.

Más de 20 estados autorizan métodos alternativos, desde el pelotón de fusilamiento hasta el gas nitrógeno

La inyección letal predomina en el mapa de la pena capital, pero muchos estados contemplan alternativas cuando ese método no está disponible, es declarado inconstitucional o el condenado puede elegir. Según el relevamiento del DPIC sobre métodos autorizados por estado, el panorama incluye:

• Electrocución: disponible en Alabama, Florida, Kentucky, Luisiana, Carolina del Sur y Tennessee, entre otros, como alternativa o método de elección.
• Pelotón de fusilamiento: Idaho lo convirtió en método principal a partir del 1 de julio de 2026, con la inyección letal como opción secundaria. Utah y Carolina del Sur también lo autorizan.
• Gas nitrógeno: Alabama, Arkansas, Luisiana, Misisipi y Oklahoma lo contemplan como alternativa a la inyección letal.
• Gas letal: Arizona lo ofrece como opción para condenados antes de noviembre de 1992; California y Missouri también lo autorizan bajo ciertas condiciones.

Los métodos autorizados, los protocolos vigentes y su aplicación dependen de las leyes de cada estado y de los fallos judiciales, por lo que el panorama puede cambiar ante cualquier modificación legislativa o decisión de los tribunales.

La escasez de medicamentos y las leyes de secreto alimentan las impugnaciones judiciales

La dificultad para conseguir fármacos para ejecuciones se agudizó cuando laboratorios europeos y estadounidenses comenzaron a prohibir el uso de sus productos con ese fin. Varios estados reformularon sus protocolos con combinaciones de drogas sin antecedentes de uso en ejecuciones.

El resultado fue una serie de procedimientos prolongados en los que personas condenadas mostraron signos de dolor o angustia, según documentó el DPIC. La organización citó el caso de Dream Pharma, empresa con sede en Londres que proveyó fármacos a Arizona, California y Georgia, y operaba desde la trastienda de una escuela de conducción.

Frente a las críticas, varios estados blindaron sus protocolos con normas de confidencialidad que impiden conocer el origen de las sustancias, la identidad de los proveedores y los detalles operativos de los procedimientos. Quienes impugnan las ejecuciones ante los tribunales argumentan que ese secreto hace imposible verificar si los protocolos cumplen el estándar constitucional de evitar un sufrimiento innecesario.

El DPIC sistematizó estas restricciones en el informe Behind the Curtain (Detrás del telón), que también recoge las declaraciones de empresas farmacéuticas que vetaron el uso de sus productos en ejecuciones.

Pike sobrevivió dos dosis letales y llegó al hospital con los brazos quemados e inflamados

Pike iba a ser la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años. La jornada del 30 de septiembre comenzó con retrasos: una corte de apelaciones suspendió el procedimiento horas antes del inicio. La Corte Suprema de Estados Unidos, en una decisión de 6 votos contra 3, levantó esa suspensión y habilitó que la ejecución avanzara.

Los funcionarios penitenciarios administraron dos dosis de pentobarbital —cuatro jeringas de 50 mL en total, el máximo que contempla el protocolo estatal—, y Pike no perdió la conciencia. Documentos judiciales señalan que “seguía con vida, con latidos cardíacos y audiblemente roncando”.

Los vehículos de emergencia llegaron al penal mientras los testigos de prensa aún estaban fuera del recinto, y Pike fue trasladada a un hospital cercano.

El estado de Pike al 2 de octubre: inconsciente, intubada y con los brazos quemados

El 2 de octubre, sus abogados Randy Spivey y Stephen Ferrell informaron que Pike permanecía inconsciente, intubada y conectada a un ventilador. El escrito judicial también reveló que, al llegar al hospital, “ambos brazos estaban inflamados, quemados y con ampollas”, según recogió CBS News. El personal médico trabaja para eliminar el pentobarbital de su organismo.

Antes del procedimiento, los médicos tardaron más de una hora en conseguir acceso venoso, con al menos siete intentos de punción. Expertos consultados por The Tennessean señalaron que un problema con la vía intravenosa o con la administración del fármaco figuran entre las explicaciones más probables, aunque las causas exactas no están determinadas.

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee por el resto del año y ordenó una revisión independiente. El Departamento Correccional estatal sostuvo que “siguió cada paso del protocolo” y que el pentobarbital “ha sido consistentemente efectivo”.

Una audiencia quedó fijada para el 7 de octubre para tratar la moción de emergencia de los abogados de Pike, orientada a preservar toda la evidencia relacionada con el procedimiento. Spivey pidió públicamente que Lee conmute la sentencia.

El caso no es el primero de su tipo en Tennessee. El DPIC señaló que el estado reanudó las ejecuciones en 2025 tras una pausa de tres años, dispuesta por el propio Lee después de que una revisión independiente determinara que el departamento correccional había llevado a cabo ejecuciones con drogas no verificadas.

Nunca antes una persona había sobrevivido a la administración de drogas letales en una ejecución en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

El miércoles 30 de septiembre, Christa Pike —única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y condenada por un crimen cometido a los 18 años— se convirtió en ese precedente: recibió dos dosis del fármaco pentobarbital en el Instituto de Seguridad Máxima Riverbend, en Nashville, y siguió con vida, informó la agencia AFP.

Testigos presentes en la sala describieron que Pike permaneció despierta más tiempo de lo esperado, miró a su alrededor en varias oportunidades y luego comenzó a roncar en voz alta durante casi una hora, mientras los periodistas eran escoltados fuera del recinto.

Una ambulancia la trasladó esa noche a un hospital del área de Nashville, donde dos días después sus abogados presentaron documentos judiciales detallando su situación.

Una emergencia médica sin manual de procedimientos

En una presentación de emergencia ante un tribunal de Tennessee, los abogados Stephen Ferrell y Luke Ihnen, del Servicio Federal de Defensa del Distrito Este de Tennessee, detallaron el grave estado de su cliente. “El personal del hospital está trabajando para salvarle la vida y limpiar el pentobarbital de su sistema”, escribieron en el documento.

Según el escrito, se usaron al menos siete agujas para intentar establecer acceso intravenoso, y una de ellas llegó al hospital “doblada en un ángulo de 90 grados”.

Pike llegó al hospital con ambos brazos “hinchados, quemados y con ampollas”, consecuencia del pentobarbital —descrito por sus abogados como una sustancia “cáustica y altamente alcalina”— que se filtró en los tejidos bajo su piel.

Ferrell sugirió en declaraciones a AP que la vía intravenosa posiblemente nunca ingresó a la vena correctamente, lo que habría impedido que el fármaco llegara al torrente sanguíneo.

Un médico consultado por la BBC indicó que Pike probablemente sufrió una lesión cerebral traumática, aunque su diagnóstico definitivo aún no fue confirmado públicamente.

Durante el procedimiento, Pike pudo ser escuchada “llorando, quejándose y respirando fuerte”, y en un momento afirmó que su brazo “se sentía como si estuviera a punto de explotar”.

Una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema

Los abogados de Pike habían alertado durante meses antes de la ejecución sobre las condiciones médicas de su cliente: trombocitosis, trastorno de estrés postraumático y venas pequeñas que, argumentaron, hacían casi inevitable un sufrimiento innecesario.

La defensa también invocó su historia de abuso sexual en la infancia y solicitó clemencia, sin éxito.

El intento de ejecución estuvo precedido por un intenso trajín legal. Una corte federal de apelaciones emitió una suspensión de la condena a pocas horas de la medianoche, pero la Corte Suprema de Estados Unidos la revocó en una decisión de seis votos contra tres, con las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en disidencia, y autorizó que la ejecución se llevara adelante antes de que venciera la orden judicial, a la medianoche.

Un estado bajo escrutinio y sin ejecuciones por el resto del año

La del miércoles fue la segunda ejecución frustrada en Tennessee en 2026. En mayo, las autoridades debieron suspender la ejecución de Tony Carruthers tras no poder acceder a una vena.

El gobernador republicano Bill Lee —quien previamente había negado la clemencia a Pike— ordenó la suspensión de todas las ejecuciones restantes del año y encomendó una revisión independiente de lo ocurrido.

“Hasta donde sabemos, el Departamento de Correcciones siguió exactamente el protocolo establecido”, declaró Lee ante la prensa, al tiempo que admitió que el estado necesita entender “por qué el resultado fue diferente esta vez a todas las anteriores”.

El Departamento de Correcciones de Tennessee respaldó esa versión y afirmó haber actuado dentro del marco legal vigente.

Cabe señalar que en 2024 el estado había modificado su protocolo de ejecución, abandonando el esquema de tres drogas para adoptar el uso exclusivo del pentobarbital —cambio que surgió de una revisión interna tras años de controversia sobre su método de inyección letal—.

Días después del episodio, el jefe del sistema penitenciario de Tennessee presentó su renuncia, según informó AP.

Un caso que reabre el debate global sobre la pena de muerte

De haber resultado efectiva, la ejecución de Pike habría sido la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años.

En Estados Unidos, solo 18 mujeres fueron ejecutadas desde 1976, según el organismo. Su directora ejecutiva, Robin Maher, calificó lo ocurrido como “el peor caso que hemos visto y sin precedentes en la era moderna” de la pena capital, en declaraciones recogidas por The New York Times.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ella y su novio golpearon, torturaron y mataron a Slemmer en un área remota del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado en 1996.

El jefe de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, instó a Tennessee a no realizar un nuevo intento de ejecución.

“El caso de Christa Pike pone al descubierto múltiples razones por las que la pena de muerte debería ser abolida”, señaló su oficina.

En el extremo opuesto, el presidente Donald Trump cuestionó cómo pudo fallar una ejecución y afirmó ante la prensa que “no debería ser muy difícil”.

En un escrito paralelo ante la corte federal de apelaciones, la defensa reveló que, cuando intentaron detener el procedimiento una vez que este comenzó a salir mal, los abogados del estado argumentaron que el departamento de correcciones “no tenía obligación de brindar atención para salvar la vida” de la condenada, según informó AFP.

Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución por inyección letal que Tennessee llevó a cabo el 30 de septiembre de 2026 y permanece hospitalizada, intubada y sin recuperar la consciencia. Su defensa lo notificó a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos en un documento judicial presentado el 1 de octubre y difundido por la periodista Lauren Conlin en su cuenta de X.

El escrito describe un procedimiento que se extendió por más de dos horas, la colocación fallida de múltiples accesos intravenosos, la administración de dos dosis completas de pentobarbital y la supervivencia de Pike.

Además, revela que Tennessee discutió internamente si tenía obligación legal de brindarle atención médica antes de trasladarla al hospital y que la defensa presentó recursos de emergencia ante varios tribunales durante el transcurso de la noche.

Los abogados de Christa Pike describen un procedimiento fallido en la cárcel Riverbend

Según el escrito presentado ante el Sexto Circuito, el equipo de ejecución utilizó numerosas agujas distintas para intentar establecer las vías intravenosas. Otros documentos judiciales del mismo caso, citados por la Associated Press, precisaron que al menos siete fueron usadas en el brazo izquierdo de Pike y que una fue retirada con una doblez de 90 grados.

La defensa sostiene que las venas cedieron y que el pentobarbital no ingresó al torrente sanguíneo sino al tejido circundante. “Aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado”, se lee en el expediente, según reprodujo la Associated Press. Aun así, el equipo preparó y administró una segunda dosis letal.

Estas afirmaciones provienen exclusivamente de la defensa. El Departamento de Correcciones de Tennessee no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido y se limitó a señalar que “siguió todos los pasos del protocolo legal de ejecución aprobado por la Fiscalía General”.

El pentobarbital no llegó al torrente sanguíneo de Pike, según la defensa

La moción ante el tribunal estatal detalla que ambos brazos de Pike llegaron al hospital hinchados, quemados y con ampollas. El personal médico trabaja para eliminar el fármaco de su organismo.

El médico anestesiólogo Joel Zivot, asesor del equipo de defensa, afirmó a la BBC que las dos dosis administradas habrían bastado para causar la muerte si el fármaco hubiera circulado por la sangre. Las ampollas en los brazos, dijo, son consistentes con venas reventadas. Según Zivot, el pentobarbital habría migrado hacia el tejido subcutáneo en lugar de ingresar al flujo sanguíneo.

La defensa también advierte que Pike padece trombocitosis, una condición que eleva el recuento de plaquetas y que podría haber formado coágulos en los sitios de inyección, lo que habría obstruido el paso del fármaco hacia las venas.

La Corte Suprema revocó la suspensión del Sexto Circuito horas antes de la ejecución

La jornada del 30 de septiembre estuvo marcada por una disputa judicial acelerada. Horas antes del procedimiento, el Sexto Circuito concedió una suspensión en una decisión dividida de 2 a 1, para revisar argumentos vinculados con el historial de abuso sexual que Pike habría sufrido de niña y que, según su defensa, no fue considerado en profundidad durante la sentencia.

Tennessee apeló de inmediato ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que revocó esa suspensión en una decisión de 6 a 3 y autorizó al estado a proceder con la ejecución antes de que la orden judicial expirara a medianoche. Las tres juezas de la minoría —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron por escrito. La defensa señala que los recursos federales continúan en trámite ante el Sexto Circuito.

El gobernador Bill Lee suspende las ejecuciones y ordena una revisión externa

Tras el fracaso, el gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones restantes de 2026 en Tennessee y ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió.

La medida recuerda a un episodio similar de abril de 2022, cuando Lee interrumpió abruptamente la ejecución de Oscar Smith y encargó una auditoría externa. Aquel informe concluyó que el estado no cumplió con su propio protocolo de inyección letal desde 2018, y que el ejecutor no contaba con formación sanitaria formal.

El documento presentado ante el Sexto Circuito subraya que la moción de Pike bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 60(b)(6) —que cuestiona la integridad de los procedimientos habeas corpus federales en su caso— permanece pendiente de resolución ante ese tribunal.

Pike, de 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995 en Knoxville, Tennessee. Al momento del crimen tenía 18 años. Su entonces novio Tadaryl Shipp, menor de edad en ese entonces, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike era la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y habría sido la primera ejecutada en ese estado en más de 200 años.

La madre de Slemmer, May Martinez, resumió su desazón ante la Associated Press: “No obtuve justicia para mi hija”.

El régimen de Irán ejecutó este sábado a otro manifestante acusado de disparar contra policías en las protestas de enero, con lo que el número de personas ajusticiadas por causas vinculadas a esas movilizaciones ascendió, al menos, a 32.

El hombre ejecutado fue identificado como Siavash Jamshidi Kheirabadi. Las autoridades iraníes lo detuvieron en Shahrekord, una ciudad del suroeste del país, dos días después de los incidentes que le atribuyeron. El Poder Judicial sostuvo que el acusado efectuó al menos tres disparos contra agentes de seguridad el pasado 8 de enero.

La condena incluyó el delito de moharebeh, una figura de la legislación iraní que se traduce como “enemistad contra Dios”. Las autoridades también lo acusaron de reunión y conspiración contra la seguridad nacional, además de usar armas de fuego y alterar el orden público.

La agencia judicial Mizan indicó que Jamshidi fue ejecutado después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de muerte y de que concluyeran los procedimientos legales. Sin embargo, las autoridades no precisaron el lugar ni la hora de la ejecución.

Durante el arresto, los agentes incautaron una pistola, un fusil de asalto M4 y dos cargadores. La acusación también se apoyó en los testimonios de policías, declaraciones de testigos, mensajes que las autoridades atribuyeron al detenido y confesiones cuya forma de obtención no fue detallada públicamente.

El informe judicial no identificó a ninguna persona muerta o herida en el supuesto tiroteo. Las autoridades tampoco explicaron cuántos agentes estuvieron presentes en el lugar ni aportaron información adicional sobre los daños causados durante el episodio.

El Poder Judicial aseguró además que Jamshidi se comunicó por internet con otras personas para organizar actividades calificadas como “anti-seguridad”. La acusación sostuvo que buscó recibir dinero por una “misión”, aunque no identificó a quienes habrían estado detrás de esa supuesta operación.

Las autoridades iraníes también señalaron que el hombre tenía antecedentes por estafa, amenazas, robo y posesión y porte ilegal de armas de guerra. No se conocieron detalles sobre esos expedientes ni sobre el peso que tuvieron en el juicio que terminó con su condena a muerte.

La ejecución ocurrió tres días después de que Irán ahorcara a Ali Hemmati Sistani y Majid Nikandish, dos hombres detenidos durante las protestas en Mashhad. Ambos fueron acusados de intervenir en la muerte de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones registradas en esa ciudad del noreste del país.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en medio de reclamos por las dificultades económicas y se extendieron durante enero. Las manifestaciones exigieron el fin del poder clerical y derivaron en una amplia respuesta de las fuerzas de seguridad.

(Con información de EFE)

Trump encabezó el mitin ante miles de simpatizantes republicanos como parte de una gira por estados con mayoría conservadora destinada a movilizar el voto de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato. La visita a Alabama se produjo en un contexto de baja popularidad: según una encuesta de AP-NORC, su índice de aprobación se ubica en 31%, el más bajo de sus dos mandatos.

El mandatario recurrió a Mobile con una carga simbólica deliberada. En agosto de 2015, en esa misma ciudad, el entonces senador Jeff Sessions subió al escenario junto a Trump y elogió sus propuestas sobre inmigración, aunque sin darle su respaldo formal. Su apoyo oficial llegó recién el 28 de febrero de 2016, cuando se convirtió en el primer senador en ejercicio en respaldar su candidatura, dos días antes del Supermartes. “No sé si lo saben. Todo comenzó aquí”, dijo Trump ante el público, según informó ABC News.

El presidente señaló que el propósito del viaje era agradecer el apoyo de los votantes de un estado que ganó en tres elecciones consecutivas: por 27,7 puntos en 2016, 25,5 en 2020 y 30,5 en 2024. “Voy porque hay que agradecer a los estados que están contigo al mil por ciento”, había explicado el jueves.

Trump vincula la fianza sin efectivo con el aumento del crimen en Estados Unidos

En uno de los pasajes centrales de su discurso, Trump atribuyó el crecimiento de la criminalidad a las políticas de fianza sin efectivo, vigentes en varios estados del país. “Aquí es donde empezó todo, el crimen, porque tenemos las mejores cifras de criminalidad de la historia. Todo comenzó con esta estúpida fianza sin efectivo. Matas a alguien y sales caminando, sin fianza en efectivo. Una locura”, afirmó.

La fianza sin efectivo es un sistema adoptado por algunos estados que permite a los acusados quedar en libertad durante el proceso judicial sin tener que depositar dinero, con el argumento de que el modelo tradicional perjudicaba de forma desproporcionada a personas de bajos recursos. Trump rechaza ese enfoque y lo señala como un factor que facilita la reincidencia.

Pena de muerte para narcotraficantes y asesinos de policías, la propuesta más resonante del acto

Tras cuestionar la política de fianzas, Trump anunció su intención de impulsar legislación para aplicar la pena de muerte a tres categorías de delincuentes. “Aprobaremos —y esto es muy importante— la pena de muerte para los grandes traficantes de drogas, los tratantes de personas y cualquiera que mate a un agente de policía”, declaró ante la multitud.

La propuesta retoma una posición que Trump ya había sostenido durante su primer mandato. En aquel período, su administración reactivó las ejecuciones federales tras una pausa de casi dos décadas. La formulación de esta medida ante una audiencia de Alabama —estado que conserva la pena capital— busca reforzar su imagen como candidato de mano dura frente a la criminalidad.

El acto, en el marco de una disputa legislativa clave en Alabama

La elección de Mobile como sede del mitin respondió también a un cálculo electoral. La ciudad quedó incluida, tras una redistribución de distritos a mitad del período, en el 1° Distrito del Congreso de Alabama, una circunscripción reconfigurada que Trump habría ganado en 2024 por alrededor de 40 puntos. Además, el mercado mediático de Mobile cubre el oeste del Panhandle de Florida, lo que amplía el alcance del acto más allá de las fronteras estatales.

La carrera legislativa con mayor peso político en el estado es, sin embargo, la del 2° Distrito, donde el representante republicano Rhett Marques desafía al demócrata Shomari Figures. Figures ganó ese escaño en 2024 con el 54,6% de los votos bajo un mapa trazado por la justicia federal, pero la redistribución posterior —que reinstauró el mapa de 2023, declarado discriminatorio por los tribunales— lo coloca ahora como claro desventajado.

Trump minimiza el alza del petróleo y anuncia un nuevo viaje a Alabama

Durante el acto, el presidente también abordó la guerra con Irán y reconoció el impacto del conflicto en los precios del combustible. Sin embargo, presentó ese costo como aceptable frente a la alternativa de que Irán desarrolle armas nucleares. “Están pagando un precio, pero, vaya, qué pequeño precio comparado con lo que sería si a estos lunáticos se les permitiera tener un arma nuclear y la usaran en Mobile, Alabama”, afirmó.

Trump anunció que regresará al estado la semana próxima para asistir al partido de fútbol universitario entre Georgia y Alabama. Tras el acto en Mobile, continuó su gira en Ohio el sábado —donde se disputa un escaño al Senado— y prevé volver a Texas para respaldar la candidatura de Ken Paxton, que enfrenta una carrera muy reñida contra el demócrata James Talarico.

Lo que ocurrió esa noche en la Instalación de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, convirtió ese temor en el centro del debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos: Pike recibió dos dosis completas de pentobarbital, sobrevivió a ambas y permanece hospitalizada en estado crítico, según informaron sus abogados ante los tribunales.

El contraste entre el pedido de Pike y lo que dispone la legislación de Tennessee es directo: el estado contempla la inyección letal como método principal y permite que quienes cometieron un delito antes del 1° de enero de 1999 elijan la electrocución mediante una renuncia escrita. El pelotón de fusilamiento no está habilitado en ningún caso.

La solicitud de la defensa no tenía respaldo legal en el estado, pero la ejecución fallida del 30 de septiembre le otorgó una resonancia que va mucho más allá del caso individual.

Christa Pike pidió un pelotón de fusilamiento antes de su ejecución en Tennessee

Según su abogado Randy Spivey, la oposición de Pike a la inyección letal no respondía a un rechazo abstracto al método. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, declaró Spivey en declaraciones recogidas por EFE.

Spivey agregó que Pike había tenido a lo largo de su vida reiterados problemas con extracciones de sangre y accesos venosos, y que esa condición formaba parte del argumento médico presentado ante los tribunales.

La defensa señaló que Joel Zivot, profesor de anestesiología de Atlanta y consultor de la defensa, advirtió en una audiencia celebrada en agosto ante un árbitro judicial designado para el caso que Pike —una mujer pequeña, con una condición que eleva el nivel de plaquetas en sangre y que llevaba casi tres décadas en confinamiento solitario— tenía venas de escaso calibre, difíciles de localizar y propensas a complicaciones.

El árbitro rechazó casi toda la evidencia presentada, según publicó The Guardian. En ese contexto, la defensa solicitó al estado que considerara alternativas: el fusilamiento o la horca, según informó The Washington Post . Tennessee rechazó la solicitud. Ninguno de esos métodos forma parte de su protocolo vigente.

Qué ocurrió durante la ejecución fallida de Christa Pike

El equipo de la prisión intentó durante aproximadamente una hora establecer una vía intravenosa antes de administrar la primera dosis de pentobarbital. El abogado Spivey declaró haber contado al menos siete agujas clavadas solo en el brazo izquierdo de su cliente, “una de las cuales parecía doblada cuando la extrajeron”, según recogió EFE.

Los periodistas presentes describieron una escena que el propio abogado calificó de “cruel y tortuosa”: Pike continuó hablando, respirando y emitiendo ronquidos tras la primera inyección. “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo Pike, según relató la periodista Tori Gessner, de la estación televisiva WKRN de Nashville, recogida por EFE.

Ante los signos vitales persistentes, se administró una segunda dosis. Según documentos presentados por la defensa ante el tribunal, Pike seguía respirando casi una hora después de la primera inyección y el brazo comenzó a ponerse morado.

La autoridad penitenciaria sostuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley. Pike fue trasladada a un hospital —no de forma inmediata, según su defensa— y el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC) señaló que es la primera persona en sobrevivir tras recibir dos dosis letales de pentobarbital en el contexto de una ejecución judicial.

Quién es Christa Pike y por qué fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años en enero de 1995 cuando atrajo a Colleen Slemmer, de 19 años, a un área apartada en Knoxville, Tennessee, junto con su novio Tadaryl Shipp —entonces de 17— y una tercera adolescente, Shadolla Peterson. Según la fiscalía, Pike temía que Slemmer fuera una rival amorosa. Slemmer fue torturada y asesinada.

Pike era la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, según el TDOC, estaba alojada en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson en Nashville, ya que el número reducido de reclusas sentenciadas a muerte impide alojarlas en una unidad separada.

De los tres implicados en el crimen, Pike fue la única procesada por un delito capital: Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —denegada el año pasado—, y Peterson testificó a cambio de la libertad condicional. Pike fue condenada a muerte en marzo de 1996 y, durante su reclusión, recibió una condena adicional por intento de homicidio en primer grado por una agresión a otra reclusa en 2001.

La defensa de Pike argumentó que el juicio no expuso al jurado datos cruciales sobre su historial: según el defensor público federal adjunto Stephen Ferrell, Pike sufrió abusos sexuales desde la infancia y fue diagnosticada posteriormente con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

“Si Christa Pike fuera juzgada hoy, no creo que un jurado que supiera del abuso sexual y la negligencia documentados que sufrió de niña la condenara a muerte”, declaró Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, en declaraciones recogidas por Associated Press. La postura opuesta la sostuvo May Martínez, madre de Slemmer, quien reclamó el cumplimiento de la sentencia y lamentó el resultado: “Fue un desastre”, dijo en declaraciones a NBC recogidas por EFE.

Pentobarbital, pena de muerte y el debate sobre los métodos de ejecución

El pentobarbital es un barbitúrico que actúa sobre el sistema nervioso central; en el contexto de ejecuciones se administra en cantidades que bajo circunstancias normales se consideran fatales.

El protocolo de Tennessee fue revisado en diciembre de 2024 por el Departamento de Corrección de Tennessee, en consulta con la Fiscalía General del estado, y retomó la fórmula de un solo fármaco —pentobarbital— que ya había sido utilizada entre 2013 y 2018.

Las ejecuciones se reanudaron en mayo de 2025 con ese protocolo vigente. El 24 de abril de 2026, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó el informe Restoring and Strengthening the Federal Death Penalty (Restauración y fortalecimiento de la pena de muerte federal), en el que concluyó que su uso “es compatible con la Octava Enmienda” —la cláusula constitucional que prohíbe penas crueles e inusuales— y amplió el protocolo federal para incluir métodos alternativos, entre ellos el pelotón de fusilamiento, según informó EFE. Esa política corresponde al ámbito federal y no modifica de forma automática los protocolos de los estados.

Zivot cuestionó ante The Guardian la premisa médica de la inyección letal: “Esto es la imitación de un acto médico. Es el robo de un acto médico. Por eso, cuando sale mal, no me sorprende en absoluto.” Organizaciones abolicionistas como el DPIC reclamaron una moratoria nacional y Bryan Stevenson, fundador de la Equal Justice Initiative en Montgomery, Alabama, declaró al mismo medio que “casi una docena de ejecuciones fallidas en los últimos años debería haber suspendido las ejecuciones mucho antes”.

Tras lo ocurrido, el gobernador Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas en Tennessee para el resto de 2026 y ordenó una investigación sobre los hechos del 30 de septiembre.

Pike, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer. El miércoles estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

La ejecución fracasó tras dos intentos con inyección letal. Las imágenes del procedimiento relatadas por periodistas que lo presenciaron derivaron en una crisis política y judicial en el estado.

Trump dice que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee es una situación “muy interesante”

Durante una conferencia de prensa en Texas, el presidente respondió una pregunta sobre si el caso lo impulsaba a revisar la política de pena de muerte a nivel federal. “Esa fue una situación interesante”, dijo Trump, antes de aclarar que el asunto corresponde al estado de Tennessee. “Fue una ejecución en la que la medicación no funcionó exactamente”, agregó. Y remató: “No debería ser muy difícil”.

El mandatario no anunció medidas adicionales ni se pronunció sobre el protocolo empleado. Indicó que habría que hablar con Tennessee al respecto y dejó en manos del estado cualquier decisión sobre la continuidad del proceso.

Los abogados de Pike denuncian que el procedimiento fue “cruel y tortuoso”

Los defensores de Pike, Randy Spivey y Stephen Ferrell, informaron a la prensa que su clienta permanece internada pero que no han podido visitarla. “No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva”, declaró Spivey.

El abogado, que presenció el intento de ejecución, describió el uso de al menos siete agujas en el transcurso de una hora, una de las cuales parecía doblada al momento de ser extraída del brazo de Pike. “Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso”, afirmó. Spivey explicó que Pike tenía antecedentes de dificultades con las extracciones de sangre, lo que hacía aún más problemático el acceso venoso.

Pike había pedido morir ante un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres

Antes de la ejecución, la defensa había solicitado que el procedimiento se realizara mediante un pelotón de fusilamiento integrado exclusivamente por mujeres, una opción que Tennessee no contempla para su caso. Según Spivey, el rechazo de Pike a la inyección letal no era una negativa a cumplir su condena. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, señaló el abogado.

Una periodista que presenció el procedimiento, Tori Gessner, de la estación de televisión WKRN, afiliada a ABC en Nashville, relató que Pike se quejó en voz alta durante la ejecución: “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo la condenada, según el testimonio de Gessner. La periodista, que presenció otras cinco ejecuciones en el estado, afirmó: “Nada de lo ocurrido fue normal, en absoluto”. Otros medios presentes coincidieron con esa descripción y señalaron que Pike pateaba y emitía sonidos durante el procedimiento.

La madre de Colleen Slemmer cuestionó el resultado de la ejecución fallida

May Martínez, madre de la joven asesinada por Pike en 1995, cuando ambas tenían 18 y 19 años, lamentó lo ocurrido en declaraciones a NBC. “Fue un desastre”, afirmó.

Martínez indicó que nadie les informó sobre el fracaso del procedimiento mientras estaban en el lugar: “No dijeron nada y de repente nos pidieron que nos fuéramos, y nos fuimos. No supimos nada hasta que llegamos a la oficina y vimos al comisionado de Corrección y él nos dijo que no había funcionado”.

También señaló que Pike “no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen”.

Las autoridades penitenciarias de Tennessee sostienen que se cumplió el protocolo

La autoridad de prisiones del estado de Tennessee sostuvo que el procedimiento siguió el protocolo establecido por la ley y que no se permiten intervenciones adicionales más allá de las dos tandas de inyección letal de pentobarbital previstas.

La posición de las autoridades contrasta con el relato de la defensa y de los periodistas presentes.

El gobernador Bill Lee suspende las ejecuciones de 2026 y ordena una investigación

Tras lo ocurrido, el gobernador republicano Bill Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas para el año 2026 y ordenó una investigación sobre el procedimiento aplicado en el caso de Pike.

Según medios locales, la de Pike sería la segunda ejecución del año en Tennessee. La investigación no tiene plazos definidos ni se han dado a conocer los términos de su alcance.

El procedimiento acumuló más de nueve horas de demoras por impugnaciones judiciales. La jornada comenzó con una suspensión emitida por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal cuando faltaba menos de una hora para la ejecución prevista a las 10 de la mañana.

Horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión en una votación de 6 a 3, sin explicar su decisión. Los testigos de medios de comunicación ingresaron a la sala de testigos a las 18:41 horas local y las cortinas que separaban ese espacio de la cámara de ejecución se abrieron por primera vez a las 19:27.

Tori Gesner relató lo que Christa Pike dijo durante la inyección letal

Tori Gesner, reportera y presentadora de la estación de televisión WKRN en Nashville, fue una de las periodistas designadas como testigos y habló en la conferencia de prensa posterior. Gesner describió que, cuando las cortinas se abrieron, Pike pronunció sus palabras finales y luego continuó interactuando con su asesor espiritual. Ambos cantaron juntos el tema “I Love You So Much” mientras el hombre la tocaba y ella expresaba que se marchaba en paz.

Fue a las 19:34 cuando Pike dijo, de acuerdo con el testimonio de Gesner: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar”. Acto seguido, Pike sonrió, señaló un punto específico en su brazo y preguntó: “¿Esto pasa así?”. No alcanzó a terminar la pregunta. Su asesor espiritual le pidió que se relajara; ella respondió que lo intentaba.

La cronología de la ejecución fallida

Gesner reconstruyó el cronograma con detalle. A las 19:46, las cortinas se cerraron por primera vez: Pike seguía viva y roncaba. Tres minutos después, a las 19:49, volvieron a abrirse. El ronquido era en ese momento fuerte y con la boca abierta.

El cierre definitivo se produjo alrededor de las 20:05. Desde ese instante hasta las 20:53, cuando el micrófono fue cortado y los testigos fueron conducidos fuera del recinto, los periodistas continuaron escuchando los sonidos de la condenada detrás de las cortinas cerradas.

En ese tramo final, los ronquidos comenzaron a adquirir un tono “chillón”, según las propias palabras de la periodista. “No sabíamos si era ella la que hacía ese ruido o una máquina”, declaró en la conferencia de prensa.

Will Puckett, de la estación de televisión WVLT de Knoxville, describió el sonido como “ronquidos pesados y rítmicos que persistieron de forma sostenida” e indicó que a las 19:41 observó que se colocó por primera vez lo que los testigos identificaron como “una piedra”, señal que en su experiencia suele indicar el inicio del período de espera para confirmar la muerte.

El contexto que aportaron otros periodistas presentes en Riverbend

Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, fue la primera en hablar ante los medios al salir de la sala. Señaló que, cuando los testigos debieron retirarse a las 20:53, Pike todavía respiraba. Sweeney, que cubrió todas las ejecuciones en Tennessee en el período reciente, afirmó que nunca había presenciado algo semejante y que había circulado en sus notas, una y otra vez, la frase “todavía sigue hablando”. Aclaró además que el protocolo contempla cuatro jeringas por serie: una de solución salina, dos de 50 mililitros de pentobarbital y otra de solución salina adicional.

John North, productor investigativo de la estación de televisión WBIR en Knoxville, que cubrió el caso desde el crimen en 1995, afirmó que la respiración de Pike en el tramo final no parecía de angustia, sino rítmica. “Tenemos muchas preguntas y el Departamento de Correccionales tiene muchas respuestas que brindarle al público sobre lo que ocurrió aquí”, dijo.

Stephen Hale, del Nashville Banner, subrayó que una parte sustancial del procedimiento transcurrió con las cortinas bajas y Pike aún respirando. También contó que cuando los periodistas preguntaron si era posible volver a abrirlas, los funcionarios penitenciarios que los acompañaban tampoco tenían respuesta.

Pike recibió dos rondas de pentobarbital; el protocolo no prevé qué hacer si el recluso sobrevive

Ninguno de los testigos formuló afirmaciones médicas sobre la causa del fallo: se limitaron a describir lo que vieron y escucharon. El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) emitió un comunicado en el que sostuvo haber seguido todos los pasos del protocolo aprobado por la Fiscalía General del Estado.

“Los químicos de la inyección letal contemplados en el protocolo han demostrado consistentemente su efectividad”, señaló la vocera del organismo, Dorinda Carter.

La periodista y testigo Sweeney señaló, sin embargo, que el protocolo no especifica qué hacer si el recluso sigue con vida después de la segunda ronda, un escenario que, dijo, no estaba previsto.

La noche del miércoles 30 de septiembre de 2026, Christa Pike pronunció sus últimas palabras atada a una camilla en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, Tennessee: “Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”. Minutos después, las autoridades le administraron dos dosis de pentobarbital, un barbitúrico de acción rápida utilizado en protocolos de inyección letal en Estados Unidos. Pike nunca dejó de respirar. Fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde recibió atención médica de urgencia, según confirmaron sus abogados y el Departamento Correccional de Tennessee.

Pike, de 50 años, es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y aguarda su ejecución desde 1996, condenada a muerte por un crimen cometido cuando tenía 18 años en Knoxville. Su ejecución habría sido la primera de una mujer en ese estado en más de 200 años. Detrás de esa fecha y ese número hay una historia que comenzó 30 años antes, con una joven de 19 años llamada Colleen Slemmer y un crimen que conmocionó a la ciudad de Knoxville.

Tras el fallo del procedimiento, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión externa y suspendió la única ejecución restante prevista para el año, según informó la Associated Press.

Qué crimen cometió Christa Pike en 1995

El 11 de enero de 1995, Pike le dijo a una amiga dentro del centro Job Corps de Knoxville que tenía intención de matar a otra estudiante, Colleen Slemmer, “porque se había sentido cruel ese día”, según consta en la opinión del Tribunal Supremo de Tennessee del 5 de octubre de 1998. Al día siguiente, la noche del 12 de enero, Pike atrajo a Slemmer a un lugar apartado con la promesa de compartir marihuana escondida en el parque Tyson. Junto a ella iban su novio Tadaryl Shipp y otra joven, Shadolla Peterson, según el mismo fallo judicial.

El grupo caminó hacia el campus agrícola de la Universidad de Tennessee, hasta llegar a una planta de vapor abandonada. Pike llevaba consigo un cúter y un pequeño cuchillo de carnicero que había pedido prestado a otro estudiante del centro. Según su propia declaración a la policía, el ataque comenzó con golpes y patadas: Pike arrojó a Slemmer al suelo, golpeó su cabeza contra el pavimento y la pateó repetidamente en la cara y el cuerpo mientras la víctima preguntaba “¿por qué me estás haciendo esto?”, según el fallo del Tribunal Supremo estatal.

Cuando Slemmer amenazó con denunciarla para que la expulsaran de Job Corps, Pike recrudeció el ataque. La víctima trató de huir en varias ocasiones; cada vez fue reducida por Pike o por Shipp. Pike usó el cúter para cortarle el estómago, luego la espalda y finalmente la garganta en repetidas ocasiones.

Según el relato de Pike a la investigadora policial, mientras Slemmer seguía hablando y suplicando por su vida con la garganta cortada, Pike le dijo que se callara porque “es más difícil hacerle daño a alguien cuando está hablando”. La víctima le ofreció caminar a pie hasta su casa en Florida sin volver a buscar sus pertenencias a cambio de que la dejaran ir. Pike no aceptó, según el fallo del Tribunal Supremo de Tennessee.

En un momento del ataque, Pike abandonó brevemente la escena para asegurarse de que no hubiera testigos. Al regresar, continuó golpeando a Slemmer. El episodio duró entre 30 minutos y una hora, tiempo durante el cual Pike y Shipp arrastraron el cuerpo de Slemmer hacia una zona arbolada.

Le obligaron a quitarse la blusa y el sujetador durante el ataque para impedirle correr, según la declaración de Pike ante las autoridades. Al final, Pike ató un trapo alrededor de la boca de Slemmer para que dejara de hablar, de acuerdo con los registros judiciales del caso.

Lo que reveló la autopsia de Colleen Slemmer

La médico forense del condado de Knox, la doctora Sandra Elkins, realizó la autopsia de la víctima, identificada por registros dentales como Colleen Slemmer, de 19 años. Elkins intentó catalogar las heridas de corte y punción en el torso de Slemmer asignándoles letras del alfabeto, pero la cantidad de heridas era tan elevada que desistió y declaró que habría necesitado “tres días” para catalogarlas todas.

Constató que la víctima tenía una herida de 15 centímetros en el cuello que penetró la grasa y los músculos, más diez cortes adicionales en la garganta, heridas defensivas en el brazo derecho y contusiones en las rodillas consistentes con el movimiento de arrastrarse. La causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico por fuerza contundente: el cráneo de Slemmer presentó fracturas múltiples y extensas, con fragmentos incrustados en el cerebro.

Los pequeños surcos en el hueso contenían partículas negras de asfalto, el mismo material con el que se la había golpeado. Elkins concluyó que la víctima estaba viva y probablemente consciente cuando le infligieron las lesiones, según el fallo judicial del Tribunal Supremo de Tennessee.

Cómo reaccionó Pike después del crimen

El día después del crimen, Pike regresó a la escena con un grupo de otras jóvenes. Un oficial de la policía de la Universidad de Tennessee que aseguraba el perímetro declaró en el juicio que Pike preguntó por qué el área estaba acordonada, por la identidad de la víctima y si la policía tenía sospechosos. El agente observó que Pike parecía divertida, reía y llevaba un collar en forma de pentagrama.

Esa misma noche, y al día siguiente por la mañana, Pike relató el crimen a dos compañeras del centro, les mostró un fragmento del cráneo de Slemmer que llevaba en el bolsillo y dijo: “Eso no es barro en mis zapatos, es sangre”. El fragmento de cráneo fue hallado posteriormente en la chaqueta de Pike y encajó a la perfección en la reconstrucción del cráneo de la víctima realizada por el antropólogo forense Murray Marks, de la Universidad de Tennessee, según el fallo del Tribunal Supremo estatal.

El pentagrama grabado en el pecho de Slemmer fue el detalle que avivó el pánico satánico de la época y acaparó la atención de los medios. Sin embargo, en su declaración durante procesos posteriores, Shipp admitió haber sido él quien lo grabó, dato que quedó recogido en los registros judiciales del caso, según el Cornell Center on the Death Penalty Worldwide. La propia Pike negó haberlo hecho en su declaración a la policía.

Tras el crimen, Pike y su acompañante lavaron sus zapatos en un charco, descartaron el cúter y Pike devolvió el cuchillo prestado. Cubrió con barro la sangre de sus pantalones y desechó dos identificaciones de Slemmer y sus guantes negros en un tacho de una estación de servicio de Cumberland Avenue, según registros del caso ante el Tribunal Supremo de Tennessee.

Por qué Christa Pike recibió la pena de muerte

En 1996, un jurado de Tennessee condenó a Pike a muerte por asesinato premeditado en primer grado y a 25 años consecutivos por conspiración. Halló dos agravantes: el asesinato fue “especialmente atroz o cruel en tanto implicó tortura o abuso físico grave más allá del necesario para producar la muerte” y buscó evitar una detención o procesamiento legal, según el Tribunal Supremo de Tennessee en 1998.

Su novio, Shipp, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por ser menor de edad al momento del crimen; la junta de libertad condicional le denegó ese beneficio el año pasado. Peterson, quien actuó como vigía y cooperó con la investigación, recibió una condena de libertad vigilada, según NBC News y AP.

La disparidad entre las condenas de Pike y Shipp fue un argumento central de la defensa durante años. Pike fue sentenciada a morir, en tanto que Shipp —separado de ella apenas por unos meses de edad— quedó fuera del alcance de la pena capital por la normativa de Tennessee, que define como “juvenil” a quien tiene menos de 18 años, según el Cornell Center on the Death Penalty Worldwide.

El debate por la condena y los antecedentes de abuso

Los abogados de Pike argumentaron que el jurado original nunca accedió a información clave sobre la historia personal de su defendida: abusos físicos y sexuales desde la infancia, violaciones a los 11 y a los 17 años, negligencia parental y ausencia de tratamiento psiquiátrico. Años después de la sentencia, le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La psicóloga forense Bethany Brand, contratada por la defensa, evaluó a Pike en 2023 y concluyó que su historia era “extraordinariamente severa”: “Su infancia estuvo plagada de abusos físicos, sexuales y emocionales. Varios hombres abusaron sexualmente de ella desde antes de que tuviera edad escolar”, declaró Brand, citada por NBC News. Brand señaló que los episodios maníacos sin tratar y el TEPT influyeron en el comportamiento de Pike la noche del crimen.

Los tribunales rechazaron esos argumentos. Un tribunal federal de apelaciones concluyó que el jurado ya había escuchado sobre la infancia difícil de Pike a través de los testimonios de sus familiares durante el juicio, y que las nuevas pruebas de trastorno bipolar, TEPT y daño cerebral “repetían en gran medida” lo ya presentado, según BBC Mundo. La postura de May Martínez, madre de Slemmer, fue opuesta a cualquier forma de clemencia. “Ella cometió el crimen. Creo que debería pagar por ello”, declaró a NBC News.

Qué pasó durante la ejecución fallida en Tennessee

La ejecución estaba prevista para las 10 del miércoles 30 de septiembre. Una hora antes, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito la suspendió 2-1 para analizar si los antecedentes de abuso sexual de Pike fueron considerados en su sentencia. La fiscalía apeló y el Tribunal Supremo anuló la suspensión horas después. La mayoría conservadora no explicó su decisión; los tres liberales consideraron que las alegaciones de Pike requerían más análisis, según AP.

Las cortinas de la cámara de ejecución se levantaron a las 7:27 p. m. Pike, atada a una camilla, pronunció sus palabras finales: “Voy a dejar este mundo como he vivido la mayor parte de mi vida: con amor”. En un momento levantó la cabeza y preguntó a los funcionarios si era normal que su brazo se sintiera de esa manera. A las 8:26 p. m. se administró la segunda dosis de pentobarbital. Pike continuó viva y se la escuchó roncar detrás de la cortina cerrada hasta que el micrófono fue cortado a las 8:53 p. m., según AP y BBC.

Sus abogados presentaron una moción de emergencia por “sufrimiento innecesario”. Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, calificó el caso de “singular e incomparable”: ninguna persona había permanecido con vida tras recibir los fármacos letales en una ejecución, según AP.

Los abogados Randy Spivey y Stephen Ferrell informaron en una conferencia de prensa virtual que la mujer, de 50 años, fue trasladada a un hospital después de que el procedimiento no lograra causar su muerte la noche anterior.

“Christa está viva en este momento”, dijo Spivey. “No tenemos un pronóstico ni mucha información sobre su salud, pero sabemos que está recibiendo atención médica para salvarle la vida”, añadió.

Ante las preguntas de los periodistas sobre precisar si estaba consciente, si podía comunicarse o si había sufrido daños permanentes, el abogado dijo contundentemente “no”. A su vez, explicaron que ninguno tuvo contacto con Pike ni pudieron verla en el hospital.

De acuerdo con TMZ, uno de los abogados, al que no se identificó, confirmó: “Christa se encuentra en estado crítico, pero según tengo entendido, no está en coma”. Sin embargo, explicó que está inconsciente e incapaz de comunicarse.

Pike recibió una sentencia de pena de muerte por el homicidio de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que participaba con ella en un programa de formación laboral en Knoxville.

Según la fiscalía, Pike habría actuado junto a su pareja, Tadaryl Shipp, y su amiga Shadolla Peterson para llevar a Slemmer a un lugar apartado, donde fue golpeada con trozos de asfalto y herida con un cúter y una cuchilla de carnicero.

La defensa cuestionó el acceso a información durante el procedimiento

En la conferencia, Ferrell afirmó que Spivey, quien estaba presente para resguardar los derechos de Pike, no pudo observar de forma continua lo que ocurría dentro de la cámara ni comunicarse con rapidez con el tribunal. Según contó, cuando se colocan las vías, se retira al letrado de la sala, se lo lleva junto a los periodistas y se le permite acceso telefónico, pero ese acceso no funcionó.

En consecuencia, la defensa trató de contactar a la oficina del gobernador Bill Lee y a la Corte Suprema de Tennessee, pero no obtuvo respuesta y el número de emergencia derivó al buzón de voz. Recién cuando presentaron una moción de emergencia y enviaron un correo electrónico recibieron una respuesta.

Ferrell estima que tardaron al menos 15 o 20 minutos en acceder al tribunal mientras “Christa sufría siendo torturada en la cámara de ejecución”.

Por consiguiente, relataron que recibían información contradictoria sobre lo que sucedía. “Nadie nos permitía conocer información alguna, salvo lo que llegaba al fiscal general y eso solo llegaba de manera fragmentaria y muy gradual. Finalmente nos enteramos. Yo tenía en mi pantalla la transmisión en vivo y pude ver llegar la ambulancia”, dijo Ferrell.

Respecto a por qué pudo haber fallado la inyección letal, la defensa planteó la hipótesis de que una vía intravenosa pudo haberse desplazado de la vena, lo que habría impedido que los fármacos ingresaran directamente al torrente sanguíneo. Ferrell aclaró que esa posibilidad coincidía con las advertencias de expertos médicos de la defensa sobre el acceso venoso de Pike y su condición sanguínea.

Por su parte, Spivey dijo haber observado que el brazo derecho de Pike “se puso morado”, especialmente después de una segunda administración de químicos, y que le informaron que presentaba ampollas y quemaduras alrededor de las vías. No obstante, aclaró que no podía determinar el significado médico de esos signos y que no quería “especular”.

La cronología de la ejecución fallida

El estado de Tennessee había programado la ejecución para el miércoles 30 de septiembre. Pike habría sido la primera mujer ejecutada en el estado en más de dos siglos.

La jornada acumuló más de nueve horas de demoras judiciales: el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito Federal suspendió inicialmente la ejecución y la Corte Suprema de Estados Unidos revocó luego esa decisión por 6 votos contra 3, sin ofrecer una fundamentación pública.

Según los periodistas que presenciaron el procedimiento, las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 19:27. La reportera Tori Gesner, de WKRN, relató que Pike mantuvo contacto con su asesor espiritual y cantó con él antes de que comenzara la administración de los fármacos.

A las 19:34, de acuerdo con su testimonio, la condenada dijo: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de reventar” y preguntó si esa reacción era normal.

Los testigos indicaron que las cortinas se cerraron por primera vez a las 19:46, cuando Pike aún seguía con vida, y se reabrieron tres minutos después. La mujer continuaba viva y roncaba con la boca abierta.

El cierre definitivo ocurrió cerca de las 20:05. Catherine Sweeney, de WPLN, aseguró que, cuando los periodistas fueron retirados a las 20:53, aún se escuchaba la respiración de Pike. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia a un hospital.

Tras el episodio con Pike, el gobernador Lee ordenó suspender las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto del año y encargó una revisión externa del fallido procedimiento.

“Nadie deseaba que ocurriera lo de anoche. Es una tragedia y me resulta profundamente inquietante que esto haya sucedido en este estado. La gente merece algo mejor y nos aseguraremos de que así sea”, declaró el funcionario a los periodistas.

El equipo defensor solicitó que Lee conmute la sentencia de muerte, al sostener que Pike sobrevivió a un intento completo de ejecución mediante inyección letal tras más de 20 años en régimen de aislamiento. La apelación de la defensa sigue pendiente ante el Sexto Circuito Federal.

Los abogados señalaron en la conferencia que evaluarán nuevas presentaciones relacionadas con el procedimiento. “Queremos asegurarnos de que Christa se recupere y pueda opinar sobre lo que quiere”, aseveró Ferrell.

El miércoles 30 de septiembre, las cortinas de la cámara de ejecución de la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend, en Nashville, se abrieron con Christa Gail Pike atada a una camilla. Las autoridades le administraron dos dosis completas de pentobarbital. Pike siguió con vida. Fue trasladada en ambulancia a un hospital y nadie, hasta ahora, explicó de manera oficial por qué el procedimiento no causó su muerte.

Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), calificó lo ocurrido de “singular e incomparable” en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press (AP). Hasta este miércoles, ninguna persona había permanecido con vida después de recibir los fármacos letales previstos para una ejecución.

Para Tennessee, el episodio tiene una dimensión adicional: Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en ese estado en más de 200 años, condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en Knoxville en enero de 1995 cuando tenía 18 años.

La cronología de la ejecución fallida de Christa Pike en Riverbend

La ejecución no comenzó en el horario previsto. Un tribunal federal de apelaciones la suspendió una hora antes del inicio; por la tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esa suspensión.

El protocolo de Tennessee prevé dos jeringas de 50 mililitros de pentobarbital —un barbitúrico de acción rápida que, en dosis suficiente, provoca pérdida de conciencia, paro respiratorio y falla cardiovascular— y Pike recibió ambas, según informó el Nashville Banner.

Según la cronología reconstruida por los periodistas que presenciaron el procedimiento y publicada por FOX 5 Atlanta, las cortinas de la sala se abrieron a las 7:27 de la tarde. Pike preguntó si era normal lo que sentía y, según testigos citados por AP, también señaló que su brazo parecía a punto de reventar.

Las cortinas se cerraron y se reabrieron en dos oportunidades. Cuando volvieron a abrirse por primera vez, tres minutos después del cierre inicial, Pike roncaba fuerte. En una moción de emergencia presentada durante el procedimiento, la defensa informó al tribunal que la condenada había recibido las dos dosis y continuaba con vida, según CBS News.

Una de las hipótesis: el pentobarbital no llegó a la sangre en cantidad suficiente

La primera explicación que manejan especialistas y la defensa apunta a un problema en la vía intravenosa. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory y perito contratado por la defensa, dijo a la BBC que Pike probablemente nunca alcanzó en sangre la concentración de pentobarbital necesaria para desencadenar el paro respiratorio y la falla cardiovascular.

Una vía intravenosa defectuosa puede impedir que el medicamento ingrese de forma eficaz al torrente sanguíneo: si el fármaco se filtra hacia el tejido circundante en lugar de llegar directamente a una vena, la dosis efectiva que circula por el organismo puede ser insuficiente para producir el efecto buscado.

Lo que Pike describió desde la camilla es consistente con esa hipótesis. Sus quejas sobre la sensación en el brazo —compatibles con una vena dañada o una vía mal colocada— coinciden con advertencias que la defensa había formulado meses antes.

En una demanda presentada en enero contra el protocolo de ejecución, sus abogados ya habían señalado que Pike tiene venas pequeñas que dificultan el uso de agujas, según la estación de televisión WTVF. Tras la ejecución fallida, el equipo legal afirmó en un comunicado citado por AP que sus advertencias previas se habían confirmado, entre ellas el acceso venoso difícil y “las venas reventadas”.

Tennessee tiene un antecedente reciente en la misma dirección. En mayo de 2026, el estado no pudo ejecutar a Tony Carruthers porque el personal médico no consiguió establecer una vía intravenosa durante más de una hora. El médico que participó en ese procedimiento, Mark Fowler, había confirmado en agosto que supervisaría la ejecución de Pike, según la estación de televisión WSMV, aunque no se confirmó públicamente su presencia en la sala el 30 de septiembre.

Segunda hipótesis: un lote de pentobarbital degradado o con menor potencia

La segunda posibilidad señalada por los abogados de Pike apunta a la calidad del fármaco. En el comunicado citado por AP, la defensa incluyó el “pentobarbital degradado” entre los problemas que, a su juicio, se confirmaron con el procedimiento. Se trata de una hipótesis planteada por la defensa, no de una conclusión respaldada por análisis del lote utilizado. Hasta el momento, no se han hecho públicos estudios técnicos sobre el medicamento administrado que permitan confirmar o descartar esa afirmación.

La sospecha sobre la procedencia y el estado de las drogas letales en Tennessee no es nueva. En diciembre de 2025, abogados de otro condenado del estado, Harold Nichols, sostuvieron ante la Corte Suprema de Estados Unidos que el pentobarbital estatal podía provenir del mercado gris, no haber sido almacenado correctamente y estar vencido o tener menor potencia.

El historial del estado refuerza esas preocupaciones: en 2022, Tennessee suspendió la ejecución de Oscar Smith y reconoció que no se había asegurado de que sus drogas para la inyección letal fueran analizadas de forma correcta, según AP.

Una revisión independiente posterior determinó que no se habían realizado las pruebas requeridas antes de siete ejecuciones llevadas a cabo desde 2018, y que al menos dos personas habrían sido ejecutadas con drogas vencidas, comprometidas o sin analizar, de acuerdo con AP y The Tennessean.

La respuesta oficial y las preguntas que quedan abiertas

El Departamento de Corrección de Tennessee afirmó en un comunicado publicado en su sitio oficial que siguió cada paso del protocolo de ejecución aprobado por la Fiscalía General del Estado. “El químico de la inyección letal ha demostrado ser consistentemente efectivo”, sostuvo el organismo, que además aclaró que el propio protocolo “no permite procedimientos adicionales más allá de los llevados a cabo esta noche”.

El comunicado no explicó por qué Pike siguió con vida tras recibir ambas dosis; al día siguiente del procedimiento, las autoridades todavía no habían dado una respuesta, según AP.

El gobernador Bill Lee ordenó una revisión integral a cargo de un tercero independiente para determinar qué ocurrió y suspendió la única ejecución que quedaba programada para 2026.

En cuanto al futuro de Pike, el protocolo estatal no especifica qué debe ocurrir si la persona condenada continúa con vida después de recibir la dosis de respaldo, según una revisión de The Tennessean citada por la organización Davis Vanguard.

Los abogados de Pike dijeron a AP que no habían recibido información oficial completa sobre su estado de salud. Uno de ellos indicó a la BBC que Pike recibía en el hospital medidas para preservar su vida. Zivot advirtió en un correo electrónico al mismo medio que, por la demora en iniciar la reanimación, es posible que haya sufrido una lesión cerebral.

La investigación ordenada por el gobernador deberá determinar si el problema estuvo en el acceso venoso, en el medicamento, en ambos factores o en alguna otra falla que aún no salió a la luz.

Christa Gail Pike, condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió el 30 de septiembre a un intento de ejecución en el que recibió dos dosis de pentobarbital, el barbitúrico que el Estado utiliza en sus inyecciones letales, tras ser condenada por un asesinato en 1995. La mujer, de 50 años, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Actualmente, el parte médico es reservado.

La droga, un medicamento que puede deprimir de forma profunda la actividad del sistema nervioso central, es utilizada por el distrito como sustancia única para las ejecuciones desde 2024. Una revisión publicada en Neuropsychiatric Disease and Treatment describe que los barbitúricos, la familia farmacológica a la que pertenece este compuesto, tuvieron usos extendidos como sedantes, anticonvulsivos y anestésicos antes de que muchas de esas aplicaciones fueran reemplazadas por tratamientos con mayor margen de seguridad.

Qué es el pentobarbital, la droga para las ejecuciones en Tennessee

Se trata de un barbitúrico, una clase de medicamentos que actúan como depresoras del sistema nervioso central, es decir, disminuyen la actividad de las neuronas responsables del estado de alerta, la coordinación de funciones corporales y la respuesta a estímulos. En contextos médicos, se administra bajo supervisión profesional para tratar convulsiones o inducir somnolencia antes de determinados procedimientos.

Su acción está vinculada al receptor GABA-A, una estructura presente en las neuronas cuya función es responder al ácido gamma-aminobutírico (GABA), un mensajero químico que reduce la excitación del cerebro. Al potenciar ese mecanismo, el pentobarbital puede producir sedación, sueño profundo y una menor actividad cerebral. La Cleveland Clinic señala que también se utiliza en cuadros convulsivos y advierte que requiere control médico por sus posibles efectos sobre la respiración y el nivel de conciencia.

Los efectos que se buscan en un uso clínico controlado son la somnolencia y la disminución de la actividad nerviosa excesiva. Sin embargo, una exposición excesiva puede causar confusión, pérdida de la conciencia, respiración lenta o ausente, descenso marcado de la presión arterial y coma. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos incluye esos síntomas entre las manifestaciones de una sobredosis y remarca que se trata de una emergencia que requiere atención médica inmediata.

El fármaco no es de uso doméstico habitual. La información farmacológica de la clínica estadounidense indica que puede administrarse en una vena o en un músculo dentro de un hospital o una clínica. Además, advierte sobre interacciones con alcohol, opioides, fármacos para dormir y otros medicamentos que deprimen el sistema nervioso, ya que pueden potenciar sus efectos.

En Tennessee, el escenario es distinto al de la práctica asistencial. El estado utiliza un protocolo de inyección letal de un solo fármaco, basado en pentobarbital. De acuerdo con el Death Penalty Information Center, la normativa local mantiene en reserva la identidad de las personas y entidades que intervienen de manera directa en el proceso de ejecución o en el suministro de los productos empleados.

La historia del pentobarbital y su uso médico

El pentobarbital fue sintetizado en 1930 por los químicos Ernest Volwiler y Donalee Tabern, quienes trabajaban para los laboratorios Abbott. Formó parte de una expansión de los barbitúricos, sustancias que durante la primera mitad del siglo XX se utilizaron para inducir el sueño, controlar determinadas convulsiones y facilitar la anestesia intravenosa.

La historia de estos medicamentos estuvo marcada por su utilidad clínica y por sus riesgos. La revisión histórica publicada en Neuropsychiatric Disease and Treatment señala que se sintetizaron más de 2.500 derivados barbitúricos, aunque solo una parte llegó a emplearse en medicina. Con el tiempo, la dependencia, el riesgo de intoxicación y la posibilidad de depresión respiratoria limitaron su uso y favorecieron la aparición de alternativas farmacológicas.

En la actualidad, el pentobarbital conserva indicaciones específicas. La Universidad de Navarra explica que puede utilizarse en situaciones que demandan un control rápido de la actividad cerebral, como algunos cuadros de estado epiléptico refractario, una emergencia en la que las convulsiones persisten pese al tratamiento inicial. También menciona su empleo para inducir comas médicos en determinadas lesiones agudas, siempre bajo vigilancia especializada.

El mismo efecto depresor del sistema nervioso explica su incorporación a la inyección letal. Oklahoma fue el primer estado estadounidense en autorizar ese método en 1977 y Texas realizó la primera ejecución mediante inyección letal en 1982. Inicialmente, varios estados utilizaron combinaciones de tres sustancias. Con el paso de los años, la escasez de algunos fármacos y los litigios sobre esos protocolos llevaron a cambios, entre ellos la adopción de esquemas de una sola droga.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos quiere determinar si las denuncias de abuso sexual y violación que Pike presentó sobre su infancia fueron evaluadas de forma suficiente antes de que recibiera la pena de muerte.

La decisión se conoció cerca de las 9:00, hora local, cuando los testigos ya estaban reunidos en la prisión, según informó Fox News. Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ella tenía 18 al momento del crimen.

Christa Pike evita por ahora la ejecución en Tennessee

La orden judicial paralizó una ejecución que habría convertido a Christa Pike en la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años.

Pike “afirma que el Estado recientemente cambió su postura ante los tribunales, después de haber sostenido que mentía e inventaba los abusos sexuales”, escribió el tribunal. Según la condenada, el reconocimiento por parte del Estado de su historial de abuso sexual infantil y violación “debilita los cimientos” de su proceso judicial estatal.

“Para abordar y resolver adecuadamente las cuestiones que ahora se presentan ante este tribunal, y después de sopesar cuidadosamente los intereses en juego, consideramos necesario suspender la ejecución de Pike”, señaló el tribunal. Uno de los jueces votó en disidencia.

La resolución no modifica la condena por el homicidio de Slemmer ni anula la pena de muerte. Por ahora, impide que el estado avance con la inyección letal mientras continúa la revisión judicial.

El estado de Tennessee, en tanto, solicitó de inmediato a la Corte Suprema que levantara la suspensión y permitiera que la ejecución siguiera adelante.

El tribunal federal de apelaciones revisará denuncias de abuso infantil

La revisión se concentra en la información que se tuvo en cuenta antes de imponer la pena de muerte. Los abogados de Pike habían sostenido que su defensa inicial no contempló de manera suficiente su historia de abuso sexual y abandono durante la niñez, de acuerdo con The New York Times.

Ese análisis forma parte de los recursos de última instancia que suelen presentarse en casos de pena capital. El tribunal deberá decidir si los antecedentes alegados pudieron afectar la condena o la sentencia impuesta.

No se conoce aún cuánto durará la pausa ordenada.

En su presentación ante la Corte Suprema, el estado calificó el pedido de último momento de los abogados de Pike como una “maniobra política” y sostuvo que era poco probable que la condenada lograra un fallo favorable sobre el fondo de su planteo.

El estado también argumentó que la suspensión de la ejecución tuvo un impacto concreto en la familia de la víctima. La madre y el padrastro de Colleen Slemmer, May y Raúl Martínez, habían viajado a Tennessee para presenciar la ejecución. En su pedido para revocar la suspensión, el estado sostuvo que la familia “ya tiene derecho a encontrar la paz que busca”.

La Corte Suprema y el gobernador Bill Lee habían rechazado intervenir

La suspensión del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos llegó un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara intervenir en el caso. Esa decisión dejó sin efecto una de las últimas vías judiciales que Pike había utilizado para detener la ejecución, según publicó The New York Times.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, también había negado una solicitud para conmutar la sentencia y permitir que Pike cumpliera prisión perpetua.

La nueva orden judicial mantiene el caso abierto y deja sin una fecha confirmada el cumplimiento de la sentencia.

El asesinato de Colleen Slemmer y la condena a pena de muerte

Pike tenía 18 años cuando conoció a Colleen Slemmer, de 19, en el programa Knoxville Job Corps, una iniciativa federal de capacitación laboral para jóvenes de bajos recursos.

El 12 de enero de 1995, Pike, su novio Tadaryl Shipp, de 17 años, y su amiga Shadolla Peterson, de 18, llevaron a Slemmer hasta una zona boscosa cercana al campus de la Universidad de Tennessee con el argumento de que fumarían marihuana.

Una vez allí, Pike y Shipp la atacaron durante entre 30 minutos y una hora. La hirieron con un cúter, la golpearon con un fragmento de asfalto y le grabaron un pentagrama en el cuerpo. De acuerdo con los registros judiciales citados por NBC News, Pike fue quien le asestó el golpe que terminó con su vida.

Las condenas fueron diferentes para los tres involucrados. Shipp, que tenía 17 años al momento del crimen, recibió prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional, que le fue denegada en 2025. Peterson obtuvo una sentencia en suspenso a cambio de declarar contra sus compañeros. Pike fue la única de los tres condenada a muerte.

La ejecución avanza tras el rechazo del gobernador Bill Lee al pedido de clemencia y la denegación, el martes 29 de septiembre, de la solicitud de suspensión presentada por sus abogados ante la Corte Suprema de Estados Unidos —elevada al pleno por el juez Brett Kavanaugh— junto con el recurso de certiorari, según informó el periodista Lawrence Hurley de NBC News y confirmó el listado oficial de órdenes del tribunal (609 U.S.). Si no hay una intervención de último momento, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Antes de conocer la decisión del gobernador, Pike había hecho llegar una carta a NBC News a través de su asesor espiritual, el reverendo Mikey Noechel. En el texto escribió: “Se me conceda o no la clemencia, estoy en paz. No tengo miedo de morir. Solo me pone nerviosa el proceso”.

La condenada agregó: “He sentido más amor en las últimas dos semanas que en toda mi vida” y trazó un corazón al pie de la página.

Cómo transcurren las últimas horas de Christa Pike antes de la ejecución en Tennessee

El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) confirmó a Fox Carolina que Pike no eligió una comida especial. La condenada no dio explicaciones públicas sobre esa decisión: sus declaraciones se concentraron en su estado de ánimo ante el proceso físico de la inyección letal, que describió como su principal preocupación, distinta del temor a la muerte en sí.

Este martes 29 de septiembre Pike fue trasladada de la prisión femenina de Nashville a Riverbend, donde será inyectará en la cámara de ejecución.

El Departamento Correccional informó a NBC News que personal femenino estaría a cargo del traslado y de la custodia dentro del recinto, una disposición adoptada por las características del caso. Entre las excepciones previstas figura la participación del médico Mark Walton Fowler, quien intervino en una ejecución anterior en el estado durante este año.

Noechel, maestro budista y primer asesor espiritual de Pike en el corredor de la muerte, fue autorizado a ingresar a la cámara de ejecución. Según informó a NBC News, planea bendecir el espacio, entonar cánticos y practicar con Pike una meditación de bondad amorosa, un ejercicio central en la tradición budista.

En su carta, Pike confirmó ese plan: “Tendré a mi asesor espiritual conmigo y planeamos hacer una meditación de bondad amorosa para mí y para las personas en la sala que me causarán daño”.

La presencia de la madre de Colleen Slemmer en la ejecución en Tennessee

May Martinez, madre de la víctima, viajó desde Florida hasta Nashville con su esposo para presenciar la ejecución desde la sala de testigos. Según declaró a NBC News, un grupo de apoyo recaudó los fondos para costear el traslado. Martinez rechaza los argumentos de la defensa sobre el historial psiquiátrico de Pike.

“Voy a sentarme allí con la foto de mi hija en la mano y mientras la conectan a la aguja para que se duerma, puede mirar la fotografía”, afirmó.

Para ella, la ejecución representa la conclusión de un proceso judicial que se extiende por más de tres décadas desde el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido el 12 de enero de 1995.

La condena y el caso que llevaron a Pike al corredor de la muerte

Al momento del crimen, Pike tenía 18 años y participaba en el programa Knoxville Job Corps, una iniciativa federal de formación laboral para adultos de bajos recursos. Junto a su novio, Tadaryl Shipp, de 17 años, y su amiga Shadolla Peterson, de 18, atrajo a Slemmer —también participante del programa, de 19 años— a una zona boscosa en los alrededores del campus de la Universidad de Tennessee, con el pretexto de fumar marihuana.

Allí, Pike y Shipp la atacaron en un lapso que duró entre 30 minutos y una hora: la apuñalaron con un cúter, la golpearon con un fragmento de asfalto y grabaron un pentagrama en su cuerpo. Según los registros judiciales citados por NBC News, Pike fue quien asestó el golpe fatal.

Shipp, por ser menor de edad, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional —denegada en 2025— y Peterson obtuvo una sentencia en suspenso a cambio de su testimonio. Pike fue la única condenada a muerte.

Los abogados de Pike señalan que los otros siete casos de jóvenes de 18 años sentenciados a muerte en la historia moderna de Tennessee terminaron con penas conmutadas y que el historial de abusos sexuales y la enfermedad mental de su clienta—diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático (TEPT) ya en prisión— nunca fueron presentados al jurado, según consta en documentos judiciales.

El gobernador Lee confirmó que no intervendría en la condena, tras lo que la defensa calificó su decisión de “devastadora”.

El miércoles 30 de septiembre, Tennessee ejecutará a Christa Pike (50), condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en Knoxville en 1995. Será la primera vez en más de 200 años que el estado aplica la pena capital a una mujer. El caso reavivó un debate que va más allá del crimen: la edad de la condenada al momento del delito, la salud mental y la calidad de la defensa legal.

El 28 de septiembre de 2026, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó la solicitud de clemencia presentada por los abogados de Pike y confirmó que el estado avanzará con la ejecución mediante inyección letal, prevista para las 10:00 a.m. hora central. Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en Knoxville en enero de 1995.

Su defensa acudió de inmediato a la Corte Suprema de Estados Unidos en busca de una suspensión de último momento, el único recurso judicial que aún permanece abierto.

El crimen de Knoxville que conmocionó a Tennessee en 1995

La noche del 12 de enero de 1995, Pike, su novio Tadaryl Shipp —de 17 años entonces— y una tercera joven, Shadolla Peterson, atrajeron a Slemmer hasta una zona boscosa en los terrenos del campus agrícola de la Universidad de Tennessee. Los cuatro se conocían del programa de formación laboral Job Corps de Knoxville. La motivación, según declararon los fiscales ante el jurado, era los celos: Pike creía que Slemmer intentaba quitarle a Shipp, según registros judiciales.

El día anterior al crimen, Pike le confesó a una amiga, Kim Iloilo, que pensaba matar a Slemmer porque “simplemente se sentía cruel ese día”, según consta en el fallo State of Tennessee v. Christa Gail Pike (1998). Para atraerla al lugar, le ofreció marihuana y le dijo que quería hacer las paces.

Lo que ocurrió esa noche quedó documentado en los registros del juicio: el ataque duró entre 30 minutos y una hora. Pike le cortó el cuello en repetidas ocasiones con un cortador de cajas, le golpeó la cabeza con trozos de asfalto y le asestó cortes en la espalda con una pequeña hacha.

Shipp declaró en su propia audiencia que fue él quien grabó un pentagrama en el cuerpo de Slemmer. Según Pike le relató a otra estudiante del programa, Slemmer suplicó que pararan, pero ella no se detuvo, de acuerdo con los registros judiciales.

El jurado encontró dos circunstancias agravantes: que el homicidio fue especialmente atroz e involucró tortura más allá de la necesaria para causar la muerte y que fue cometido para evitar una detención, según el mismo fallo. Ante otros residentes del programa, Pike se jactó del crimen y conservó un fragmento del cráneo de Slemmer, que mostró como trofeo. Nunca negó su participación.

Pike recibió la pena de muerte. Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional porque tenía 17 años al momento del crimen y no era elegible para la pena capital; su última solicitud de libertad condicional fue rechazada en octubre de 2025.

Peterson recibió seis años de libertad vigilada tras declararse culpable como encubridora posterior al hecho y testificar contra Pike y Shipp. Las fuentes señalan que actuó como vigía durante el ataque.

En Tennessee, la libertad condicional permite a una persona condenada a prisión solicitar su liberación bajo supervisión antes de completar la pena; la libertad vigilada es una sanción que se cumple fuera de prisión, bajo condiciones fijadas por un tribunal.

El gobernador Lee rechazó la clemencia y la defensa recurrió a la Corte Suprema

“Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir”, declaró el gobernador Lee días atrás, según recogió The Guardian. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional habían instado al gobernador a retirar a Pike del corredor de la muerte. Lee no atendió esos llamados.

En respuesta, los abogados Stephen Ferrell, Kelly Gleason y Randy Spivey afirmaron que la decisión ignora décadas de investigación científica sobre el desarrollo del cerebro adolescente. “Con esta decisión, el estado de Tennessee está ignorando lo que tanto la ciencia como nuestro sistema jurídico han determinado: que el cerebro de una persona de 18 años no es el de un adulto”, sostuvieron, según BBC.

La defensa alega que el jurado nunca supo del trauma ni de la enfermedad mental de Pike

Uno de sus abogados sostiene que el jurado que condenó a Pike nunca conoció de forma suficiente su historial de abuso sexual desde la infancia, violencia, abandono y enfermedad mental. Según la defensa, Pike fue abusada sexualmente desde antes de la edad escolar por hombres del entorno de su madre y violada a los 11 y a los 17 años. Esa información no se presentó adecuadamente durante la fase de penalización del juicio.

La psicóloga forense Bethany Brand, que evaluó a Pike en 2023 a pedido de su defensa, concluyó que el trauma sufrido es “casi incomprensible por su gravedad”, según NBC News. Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar años después de ingresar a prisión; la defensa también alega trastorno de estrés postraumático (TEPT). “Era una adolescente de 18 años con una enfermedad mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de lo que hice”, escribió en su petición de clemencia, según The Guardian.

La defensa también cuestionó el protocolo de inyección letal ante los tribunales, al argumentar que Pike padece trombocitosis —una condición de plaquetas elevadas— que podría complicar la administración del fármaco y causarle sufrimiento innecesario.

El Tribunal Supremo de Tennessee rechazó ese argumento el 23 de septiembre en un fallo de 23 páginas, al concluir que Pike no probó que el método violaría la Octava Enmienda constitucional, que prohíbe los castigos crueles e inusuales, según el Tennessee Tennessean.

La madre de Colleen Slemmer quiere ver la ejecución

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, apoya la ejecución y viajará a Tennessee para presenciarla, con apoyo de la Coalición por la Justicia, una organización defensora de los derechos de las víctimas. “No pasa un solo día sin que piense en Colleen, en cómo murió y en lo duro que fue. Solo quiero que acaben con Christa para poder acabar con todo”, declaró Martínez a BBC.

Robert Bracewell, director ejecutivo de la Coalición, subrayó que la sentencia fue determinada por un jurado de pares de Pike. “Apoyamos firmemente a la familia en su postura de que la ejecución debe llevarse a cabo el 30 de septiembre”, dijo, según el mismo medio.

Solo 18 mujeres fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976

De concretarse, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos. La última fue en 1820, cuando Martin Eve murió en la horca por ser cómplice de un homicidio, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Además, sería la única persona en Tennessee condenada a muerte por un crimen cometido a los 18 años en la era moderna de la pena capital.

A nivel nacional, las mujeres representan apenas el 2% de los condenados a muerte en Estados Unidos. Actualmente hay 45 en corredores de la muerte en todo el país y solo 18 fueron ejecutadas desde 1976, frente a más de 1.600 hombres —alrededor del 1% del total de ejecuciones—. Entre los antecedentes recientes figuran Lisa Montgomery, ejecutada por el gobierno federal en Indiana en 2021, y Amber McLaughlin, una mujer transgénero ajusticiada en Misuri en 2023, según el mismo centro.

Al cierre de esta nota, la solicitud de suspensión presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos permanece pendiente de resolución. La ejecución está prevista en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, adonde Pike será trasladada no antes de 24 horas previas al procedimiento.

El estado acordó una serie de medidas: guardias femeninas para el traslado, una pantalla de privacidad y la presencia de su asesor espiritual budista en la cámara de ejecución.

Curtis Wilkie Beasley pidió disculpas antes de morir ejecutado en Florida por el asesinato de Carolyn Monfort, cometido en 1995.

El hombre, de 77 años, recibió una inyección letal el martes 29 de septiembre en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, después de que la justicia rechazara sus últimos recursos.

“Quiero pedir disculpas por todos los errores que cometí”, declaró Beasley ante funcionarios, un asesor espiritual y testigos reunidos para el procedimiento, según informó The Associated Press.

La ejecución se concretó pese a que su defensa había alegado que su edad y deterioro cognitivo impedían aplicar la pena capital.

Beasley fue declarado muerto doce minutos después de iniciada la ejecución

La cámara de ejecución se abrió a las 18.00, con Beasley sujeto a una camilla y una vía intravenosa colocada en un brazo. El asesor espiritual permaneció junto a sus pies mientras el condenado pronunciaba sus últimas palabras.

Luego de la declaración, un alcaide ordenó administrar los fármacos. De acuerdo con el relato de The Associated Press, el preso respiró con fuerza durante los primeros instantes y después dejó de hacerlo.

El alcaide revisó sus ojos y lo llamó sin obtener respuesta. Un médico entró a la cámara a las 18.11 y confirmó la muerte a las 18.12.

NBC News informó que Florida utiliza una combinación de tres medicamentos para las ejecuciones: un sedante, un paralizante y una sustancia destinada a detener el corazón. La muerte de Beasley fue la decimosexta ejecución realizada en Florida durante 2026.

Según CBS News, que citó un despacho de AP, el procedimiento elevó a 29 la cifra de personas ejecutadas en Estados Unidos en lo que va del año; todas eran hombres.

La defensa había pedido frenar la pena por su edad y deterioro cognitivo

Los abogados de Beasley sostuvieron que ejecutarlo a los 77 años y con deterioro cognitivo constituía un castigo cruel e inusual. La Corte Suprema de Florida rechazó ese argumento antes del cumplimiento de la condena.

La Corte Suprema de Estados Unidos tampoco suspendió la ejecución el martes. Antes del procedimiento, ABC News había informado que todavía se esperaba una decisión sobre una apelación presentada ante el máximo tribunal federal.

Con esta sentencia, Beasley se convirtió en el séptimo preso de más de 70 años ejecutado en Florida en 2026.

El estado se acerca al registro de 19 ejecuciones de 2025, el mayor desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976, señaló NBC News.

Florida concentró más de la mitad de las ejecuciones del país este año. En julio, el estado ejecutó a dos condenados en una misma jornada, una situación que no ocurría en Estados Unidos desde hacía casi una década.

El asesinato de Carolyn Monfort ocurrió en la vivienda donde Beasley se alojaba

Carolyn Monfort vivía sola en Dundee, al sur de Orlando. En agosto de 1995, Beasley se hospedaba temporalmente en su casa mientras realizaba tareas de limpieza a presión y pintura en complejos de apartamentos cercanos, propiedad del yerno de la víctima.

La hija de Monfort fue a la vivienda al no poder comunicarse con ella durante dos días. Encontró el cuerpo en el cuarto de lavado, donde había manchas de sangre.

La investigación estableció que la mujer recibió múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente. Los agentes encontraron cerca del cuerpo una cabeza de martillo ensangrentada, envuelta en una toalla.

La policía comenzó a buscar a Beasley después de que un testigo afirmara haberlo visto conducir el automóvil de Monfort. Las autoridades determinaron que viajó a Miami y posteriormente a Alabama.

Los investigadores lo arrestaron en ese estado mientras trabajaba con una identidad falsa para una empresa eléctrica.

Un tribunal lo condenó a muerte en 1998 por asesinato en primer grado, robo y hurto de vehículo, según registros judiciales citados por The Associated Press.

Florida tiene otras dos ejecuciones previstas para octubre

La próxima ejecución programada corresponde a William Lee Thompson, de 74 años, condenado por la violación y el homicidio de una mujer en un motel de Florida en 1976. La fecha estaba fijada para el 13 de octubre.

El gobernador republicano Ron DeSantis suspendió de forma temporal ese procedimiento después de que un médico planteara que Thompson podría padecer demencia.

Ordenó que un panel de tres psiquiatras determine si el preso tiene las condiciones mentales para ser ejecutado.

De acuerdo con ABC News, DeSantis ya había dispuesto suspensiones similares en 2023 y 2025. En ambos casos, las ejecuciones se llevaron a cabo después de las evaluaciones médicas.

La otra ejecución prevista es la de William Reaves, de 77 años. Florida planea aplicar la pena capital el 20 de octubre por el asesinato a tiros de un agente de policía frente a una tienda de conveniencia en 1986.

La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra un 41 % de ejecución física, con trabajos concentrados en la cimentación de las fundaciones y el levantamiento de columnas.

El proyecto mantiene su fecha contractual de entrega para diciembre de 2028 y continúa desarrollándose en distintos frentes de obra.

Se informó que la fase de cimentación se aproxima a un hito determinante con la finalización de la totalidad de los pilotes, componentes esenciales para soportar la estructura.

Una vez concluida esta etapa, los esfuerzos se concentrarán en la construcción de cabezales y columnas, así como en la incorporación de las vigas lanzadoras que permitirán iniciar el montaje progresivo de los segmentos que conformarán el puente.

Dentro de este proceso, una nota de prensa indica que la obra se prepara para comenzar el traslado de dovelas prefabricadas hacia los frentes de trabajo, una, que marcará el inicio de una nueva fase constructiva.

El detalle indica que en el sector de Balboa, en el corregimiento de Ancón, frente a la sucursal del Banco Nacional de Panamá se encuentra la viga lanzadora que será izada para su instalación entre las columnas ya construidas del viaducto Este.

También se llevarán a cabo las primeras pruebas de movilización de dovelas hacia esa zona.

Las piezas, con pesos que oscilan entre 60 y 80 toneladas, serán transportadas en camiones de cama baja especialmente diseñados para cargas de gran dimensión.

Los desplazamientos se realizarán durante la noche con el objetivo de reducir el impacto sobre la circulación vehicular.

De acuerdo con la información oficial la fabricación de elementos prefabricados mantiene un ritmo sostenido.

El proyecto contempla la producción de 1,511 dovelas de concreto y, hasta la fecha, se han construido cerca de 210 unidades.

Estas piezas integrarán los diferentes segmentos de los viaductos y cada vano de 60 metros requerirá 14 dovelas para completar su configuración estructural.

La construcción de las torres principales también gana altura. La Torre Este, identificada como M3, alcanza aproximadamente 53 metros de altura.

La torre, ubicada en el sector de Arenera, La Boca, corregimiento de Ancón, tendrá una altura final de 186 metros y será una de las dos estructuras principales en forma de H que sostendrán el puente atirantado.

La segunda, identificada como M4 Oeste, se construye cerca del cauce de navegación del Canal de Panamá y ambas alcanzarán una altura equivalente a un edificio de 62 pisos.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto de infraestructura que conectará Panamá Oeste con la ciudad de Panamá, ubicado al norte del Puentes de las Américas, en el lado Pacífico del Canal.

Con una longitud de 3.6 kilómetros y un costo valorado en $2.600 millones, busca según las autoridades aliviar el congestionamiento vial que afecta al Puente de las Américas y que el Puente Centenario no ha podido resolver, facilitando los traslados entre la metrópoli y las zonas dormitorio.

Además, se indica que mejorará la conectividad para cerca de 2 millones de habitantes del área metropolitana, optimizará la navegabilidad de los buques y extenderá el Corredor Norte.

El proyecto forma parte de la red de infraestructura que busca reforzar la conexión entre ambas riberas del Canal de Panamá.

Al explicar sobre el diseño indicó que este incluye cinco segmentos principales. Entre ellos figura un tramo tirantado de 965 metros, con un vano central de 485 metros sobre el canal navegable y dos laterales de 240 metros cada uno.

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá registró su segunda muerte reportada en poco más de un mes.

Un trabajador falleció la noche del lunes 21 de septiembre mientras realizaba labores dentro del túnel ubicado en el área de Farfán.

La víctima tenía 25 años y trabajaba para una empresa subcontratista vinculada a la ejecución del proyecto, según informó el Consorcio HPH Joint Venture.

El incidente ocurrió durante una jornada de trabajo en la zona subterránea de la construcción. La causa aún no fue establecida de forma definitiva.

De manera preliminar, el consorcio indicó que el hecho estaría relacionado con una presunta descarga eléctrica. Las autoridades competentes investigan las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

La muerte de un trabajador en el túnel de Farfán corresponde al segundo deceso comunicado por el Consorcio HPH Joint Venture durante las obras de la Línea 3 del Metro de Panamá. La investigación busca determinar qué ocurrió y establecer si se cumplieron los procedimientos aplicables en el lugar.

El consorcio afirmó que activó el acompañamiento correspondiente desde que conoció lo sucedido. También indicó que entregará la información que requieran las autoridades durante las diligencias.

La empresa responsable de la obra sostuvo que mantendrá su colaboración con las entidades competentes y con las compañías involucradas en el proyecto.

Además, reiteró su compromiso con el desarrollo responsable de los trabajos y con el cumplimiento de las disposiciones operativas.

El Metro de Panamá lamentó el fallecimiento y transmitió sus condolencias a los familiares y allegados del trabajador. La entidad señaló que sigue atenta al avance de la investigación.

El antecedente más reciente ocurrió el 20 de agosto en la planta de separación de lodo del Complejo Industrial de Farfán. En aquella ocasión, el consorcio informó la muerte de un colaborador de 48 años que se desempeñaba como electricista calificado.

Ambos episodios fueron comunicados en el contexto de los trabajos de construcción de la Línea 3. El nuevo caso ocurrió en un sector distinto del complejo de obras, dentro del túnel situado en Farfán.

Las autoridades deberán precisar ahora las condiciones de seguridad existentes durante la jornada, así como la secuencia que derivó en la presunta descarga eléctrica. Hasta el momento, no se difundieron otros detalles sobre el incidente ni sobre las conclusiones preliminares de la investigación.

La línea 3 es construida por el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C.

La misma se financia principalmente mediante préstamos concesionales otorgados por el Gobierno de Japón, canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) bajo el esquema de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA).

La complejidad técnica de una obra, según sus constructore, se ejecuta bajo estrictos estándares de seguridad, especialmente por su cercanía con el cauce interoceánico.

Sin embargo, el túnel que se abrió recientemente no formaba parte del diseño original del proyecto. Cuando la Línea 3 fue concebida, se planteaba que el monorriel cruzaría el Canal utilizando la estructura del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que serviría tanto para tráfico vehicular como para transporte ferroviario. Esa era la ruta prevista para enlazar Panamá Oeste con la capital.

El cambio de rumbo se produjo en 2020, durante la administración del entonces presidente Laurentino Cortizo. Ante los retrasos acumulados en la construcción del cuarto puente y la incertidumbre sobre su fecha de entrega, el Gobierno decidió modificar el diseño original e incorporar un túnel subterráneo como alternativa para garantizar la continuidad del proyecto ferroviario.

Esta decisión, reportó Infobae, implicó rediseños estructurales, nuevos estudios geotécnicos, ajustes contractuales y la incorporación de tecnología especializada para la excavación bajo el canal.

Como consecuencia directa, el costo total de la Línea 3 se incrementó de manera significativa. Inicialmente, la obra estaba presupuestada en unos $2,800 millones, pero tras la inclusión del túnel, el monto supera actualmente los $4,400 millones.

Panamá necesita ejecutar una agenda común para elevar su competitividad, con responsabilidades definidas entre el Gobierno, el sector privado, la academia y los trabajadores, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.

Aduce que el reciente XVIII Foro Nacional para la Competitividad planteó que ninguno de esos sectores puede lograr transformaciones de manera aislada, toda vez que la coordinación requiere objetivos compartidos, indicadores y seguimiento.

El ente empresarial manifiesta que la Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 establece una ruta para avanzar en ese propósito.

La estrategia contempla 158 acciones y más de 700 hitos, dijo durante el foro la presidenta del Centro Nacional de Competitividad, Marcela Galindo, quien dirigió la Cámara durante el periodo 2022-2023.

“Como país nosotros tenemos una ventaja geográfica increíble, eso lo sabemos, pero la ventaja geográfica no lo es todo. Tenemos que poder explotar esa ventaja geográfica y lograr avances para poder tener lo mejor y tenerlo lo más eficiente”, explicó.

Durante el segundo año de la estrategia, la Cámara de Comercio aduce que contempló 32 acciones estratégicas que se desplegaron a través de 285 hitos de implementación: el 50% ya concluyó y el 47% permanece en ejecución.

Los resultados muestran que existe una base de trabajo, aunque el desafío pasa por acelerar el ritmo.

La coordinación entre sectores debe traducirse en decisiones, eliminación de obstáculos y cumplimiento de los acuerdos, afirma.

Al referirse a la marca país, señala que esta ilustra ese proceso, pues la iniciativa estaba incluida entre las acciones de la estrategia y, aunque ya registra avances, su efecto dependerá de que la imagen proyectada al exterior coincida con la experiencia que ofrece Panamá.

Para el gremio, la reputación de un país tiene consecuencias económicas. Incide en las decisiones de las empresas que evalúan inversiones, en los turistas que seleccionan destinos y en los compradores internacionales que buscan proveedores.

La competitividad, agrega, también depende de asuntos concretos: talento preparado para las necesidades del mercado, un Estado más ágil y digital, seguridad jurídica, infraestructura eficiente y una plataforma logística que permita capturar mayor valor.

Las instituciones que cumplen sus funciones fortalecen la confianza. Ese activo influye en la productividad, el empleo y la capacidad del país para atraer oportunidades.

Los empresarios reiteran que el Gobierno debe crear condiciones y ejecutar políticas públicas, mientras que el sector privado tiene la tarea de invertir, innovar y generar empleo.

Indican que la academia debe formar profesionales, investigar y vincular el conocimiento con las necesidades productivas, en tanto que los trabajadores aportan experiencia y una perspectiva necesaria sobre formación, productividad y empleo.

Explican que los cuatro sectores comparten una misma mesa, pero esa instancia debe funcionar como un método de trabajo. Cuando cada actor avanza por separado, se diluyen recursos y se demora la ejecución, no dudan en afirmar.

Panamá, en opinión de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, cuenta con una hoja de ruta y ahora el siguiente paso consiste en reducir la dispersión y convertir los compromisos en acciones verificables.

La diferencia dependerá de la capacidad de ejecutar en conjunto y llevar esa agenda a resultados concretos para el país, sostiene el ente empresarial.

En el recién finalizado XVIII Foro Nacional para la Competitividad, organizado por el Centro Nacional de Competitividad, uno de los temas centrales fue cómo aprovechar la posición estratégica del país para generar mayor inversión, empleo y productividad.

Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, insistió en esa oportunidad en la importancia de revisar los avances alcanzados y definir las acciones necesarias para el desarrollo del país durante los próximos años.

Solicitó fortalecer la confianza como punto clave para impulsar nuevas oportunidades económicas y atraer capital hacia sectores estratégicos. Barría Pino puntualizó que “eso se traduce en más empleos, más oportunidades y más inversión en sectores estratégicos de nuestro país”.

El 24 de agosto de 2005, LeJames Norman y su cómplice Ker’Sean Ramey irrumpieron en una vivienda del pequeño municipio de Edna, Texas, en busca de cocaína. Salieron sin drogas, pero dejaron tres personas muertas, repasó The Texas Tribune.

Dos décadas después, Norman —hoy de 40 años— está programado para morir por inyección letal el miércoles 16 de septiembre en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Norman y Ramey, que entonces tenían 19 y 20 años respectivamente, creían que su vecino Celso López, de 38 años, guardaba cocaína en su hogar. Entraron a la fuerza, lo redujeron a punta de pistola y comenzaron a buscar la droga. A pesar de que no encontraron nada, López recibió cuatro disparos, tres de ellos en la nuca.

Cuando los compañeros de cuarto de López, la joven Tiffani Peacock de 18 años y Sam Roberts, de 24, regresaron al domicilio y descubrieron la escena, Norman ejecutó a Peacock de rodillas con un tiro en la cabeza. Roberts intentó huir y ambos hombres le dispararon; Ramey remató a los tres para asegurarse de que estuvieran muertos.

Norman huyó a México y fue capturado por la Patrulla Fronteriza al reingresar a Estados Unidos

Tras los crímenes, Norman cruzó la frontera hacia México. Cinco meses después, la Patrulla Fronteriza lo detuvo cuando intentaba regresar al país. A diferencia de Ramey, Norman cooperó con las autoridades desde el principio: confesó su participación y testificó en el juicio contra su cómplice.

Según relató durante el proceso, la víctima Peacock se le apareció en un sueño poco después de los hechos. “Me disculpé y ella me miró. Desperté y empecé a intentar confesar”, declaró Norman.

Su juicio se desarrolló en 2008. Dado que ya había admitido su culpabilidad, la única cuestión a resolver era la condena. El jurado optó por la pena de muerte. En el juicio de Ramey, celebrado un año antes, el fiscal Eli Garza describió la escena del crimen ante el tribunal como “una ejecución”.

Los fiscales lo calificaron de “podrido hasta la médula” pese a su remordimiento y cooperación

La defensa de Norman presentó ante el jurado un perfil de infancia marcado por la violencia. De acuerdo con los registros judiciales, creció expuesto a un nivel extraordinario de agresiones: su padre lo golpeaba con regularidad, ambos progenitores traficaban con drogas y participaban en actividades de pandillas.

Cuando Norman era adolescente, un agente policial mató a su padre a tiros, experiencia que le provocó pesadillas crónicas. A los 10 años ya había cometido dos robos a mano armada.

A pesar de estas circunstancias y de su colaboración con la justicia, los fiscales lo describieron en sus alegatos finales como “podrido hasta la médula” y “el peor de los peores”.

El investigador penitenciario A.P. Merillat —figura habitual en juicios capitales de Texas— declaró ante el tribunal que Norman representaría un peligro permanente incluso cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional.

La madre de Sam Roberts le dijo en el juicio que lo perdonaba

El impacto de los asesinatos se extendió más allá de las víctimas directas. Los padres de Roberts, Linda y Steve Coker, fueron quienes encontraron los cuerpos.

En el juicio de 2008, Linda Coker se dirigió directamente a Norman: “LeJames, lo que hiciste no solo lastimó a mi familia, también destruyó la tuya”. Según el diario Victoria Advocate, añadió que lo perdonaba.

La hermana de Peacock, Tabatha Munnerlyn Hastings, declaró en USA Today que su hermana “era mucho más que la tragedia que terminó con su vida”. “Tenía sueños, esperanzas y planes, y aún nos queda un lugar en la familia que nunca se pudo llenar”, expresó.

Los abogados de Norman agotaron todas las instancias judiciales sin lograr revertir la condena

En los años transcurridos desde la sentencia, los abogados de Norman presentaron recursos ante tribunales estatales y federales. En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar una apelación que cuestionaba la competencia de sus abogados de primera instancia.

En su petición más reciente, presentada al Supremo el lunes previo a la ejecución, Norman sostuvo que los fiscales alteraron la presentación de los hechos entre su juicio y el de Ramey para hacerlo aparecer como el principal responsable de los crímenes.

El Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas (CCA, por sus siglas en inglés) rechazó el lunes la solicitud de suspensión presentada por sus defensores. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó en contra de conmutar su pena o conceder una prórroga de 90 días.

Norman también impugnó el uso del pentobarbital, el sedante utilizado para las ejecuciones

En agosto, Norman y otro condenado a muerte, John Rubio, demandaron al estado ante un juez del condado de Travis para bloquear el uso del pentobarbital, el fármaco empleado en las inyecciones letales de Texas.

La demanda argumentaba que el suministro estatal estaba vencido o había sido producido mediante métodos poco fiables en instalaciones de terceros.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) analiza periódicamente la potencia de su reserva del fármaco y extiende la fecha de uso si considera que seguirá siendo eficaz, una práctica que los críticos califican de poco segura.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó al CCA que impidiera a ese juez frenar las ejecuciones, argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción para bloquear procesos penales mediante una demanda civil. El CCA hizo lugar al pedido.

Si la ejecución se lleva a cabo, Norman será el quinto hombre ejecutado por Texas en 2026 y el primero desde que el estado superó las 600 ejecuciones desde la restauración de la pena de muerte en la era moderna.

La ejecución del cómplice Ramey está prevista para el 23 de septiembre, una semana después. De los cinco hombres en espera de ejecución en Texas en lo que resta del año, tres son afroamericanos —entre ellos Norman y Ramey— y dos son hispanos.

En Florida, las autoridades tienen previsto ejecutar este martes a Harold Gene Lucas, un recluso de 74 años que pasó casi medio siglo en el corredor de la muerte por el asesinato de una adolescente de 16 años y por herir a otros dos jóvenes en un ataque cometido en 1976. La ejecución, por inyección letal, está programada para las 18 en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, y se convertirá en la decimocuarta del estado en 2026.

El caso volvió a captar atención no solo por la antigüedad de la condena, sino también porque el propio Lucas decidió no continuar con los recursos que todavía podía presentar. Tanto NBC Miami como AP, indicaron que el preso renunció a apelar ante la Corte Suprema de Florida y ante la Corte Suprema de Estados Unidos después de que el gobernador Ron DeSantis firmara la orden de ejecución a fines de julio.

Lucas renunció a las apelaciones tras casi 50 años en el corredor de la muerte

De acuerdo con los registros judiciales citados por NBC Miami, Lucas manifestó ante un juez que no quería extender más el proceso. “Llevo 50 años en el corredor de la muerte y no tengo ningún deseo de seguir con esto”, dijo el condenado, en una declaración que ambos medios recogieron. “Cuanto antes termine, mejor. Estoy cansado”, agregó.

La decisión fue aceptada por un juez de circuito pocos días después de emitida la orden de ejecución. A partir de ese paso, no se esperaban presentaciones de último momento ante tribunales superiores, una circunstancia poco habitual en casos de pena de muerte, donde las apelaciones suelen prolongarse hasta las horas previas a la ejecución.

NBC Miami señaló que Lucas se encontraba entre los presos con más tiempo en el corredor de la muerte en el estado. Ese dato reforzó la dimensión excepcional del caso dentro del sistema penal de Florida, que en los últimos años incrementó el ritmo de ejecuciones.

El crimen ocurrió en 1976 y la víctima tenía 16 años

Lucas fue condenado por el asesinato de Anthia Jill Piper, de 16 años, y por dos cargos de intento de asesinato contra Richard Byrd Jr. y Terri Rice, quienes se encontraban con la adolescente la noche del ataque. El hecho ocurrió el 14 de agosto de 1976 en Bonita Springs, al sur de Fort Myers.

Tal y como reconstruyeron NBC Miami y AP a partir de expedientes judiciales, Lucas conocía a Piper desde hacía años y había trabajado para su familia. Los documentos del caso sostienen que días antes del crimen había sido arrestado por entrar sin autorización a la vivienda de la joven. Testigos declararon luego que también había lanzado amenazas de muerte contra ella.

Frente a ese escenario, Piper pidió a Byrd y Rice que pasaran la noche en la casa para acompañarla. Las investigaciones, citadas por los medios, sostienen que Lucas llegó armado con un rifle, disparó varias veces contra la adolescente y luego hirió a los otros dos jóvenes. Fue arrestado al día siguiente.

La condena fue ratificada varias veces desde fines de los años 70

El recorrido judicial del caso se extendió durante décadas. NBC Miami explicó que Lucas fue condenado a muerte por primera vez en 1977, con recomendación unánime del jurado, pero distintas resoluciones posteriores obligaron a repetir etapas de la sentencia. En total, recibió cinco sentencias de muerte entre 1977 y 1990.

Aunque la condena por asesinato se mantuvo firme, la Corte Suprema de Florida objetó en distintas ocasiones aspectos técnicos vinculados con la imposición de la pena. Por eso intervinieron distintos jueces y jurados a lo largo de los años, hasta que en 1990 quedó establecida la sentencia final. Después de esa instancia, los recursos posteriores no prosperaron, afirmó AP.

Florida concentra buena parte de las ejecuciones de este año

Si la ejecución se concretaba, Florida superaría la mitad de las 23 ejecuciones registradas en Estados Unidos en lo que iba de 2026, remarcó NBC Miami. Además, el estado ya había encabezado la estadística nacional en 2025 con 19 ejecuciones, la cifra anual más alta desde el restablecimiento de la pena capital en 1976, aseguró AP.

El gobernador Ron DeSantis ya había firmado además otras dos órdenes de ejecución para septiembre. Los próximos en la lista eran Daniel Owen Conahan Jr., de 72 años, y Curtis Wilkie Beasley, de 77, tal y como detalló NBC Miami.

En paralelo, la Conferencia de Obispos Católicos de Florida pidió que la sentencia de Lucas fuera conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. NBC Miami consignó que la organización reconoció la gravedad del crimen, pero sostuvo que una pena de prisión de por vida protegía a la sociedad sin recurrir a la ejecución. Hasta las horas previas al procedimiento, no había indicios de que fuera a concederse esa medida.

El estado de Florida prevé ejecutar este martes a William Frances Silvia, de 61 años, condenado por asesinar a su esposa separada y atacar a su suegra en 2006.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso y la inyección letal quedó fijada para las 18.00 en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke.

El caso de Silvia llega luego de casi dos décadas de trámite judicial. Según el expediente, el jurado recomendó por mayoría la pena capital y la condena atravesó anulaciones y revalidaciones.

Florida y el calendario de ejecuciones en 2026

La ejecución de este martes se sumó a una serie que mantuvo a Florida al frente del conteo nacional.

Las autoridades estatales también agendaron otras dos ejecuciones para septiembre. Harold Gene Lucas, de 74 años, será ejecutado el 1 de septiembre por el homicidio de una adolescente y el ataque a dos de sus amigas; y Daniel Owen Conahan Jr., de 72 años, enfrentará la pena máxima el 10 de septiembre por el secuestro y asesinato de un hombre.

La jornada prevista para la ejecución de Silvia coincidió con las elecciones primarias estatales, en las que millones de electores acudirán a votar.

Organizaciones contrarias a la pena de muerte cuestionaron que el estado realizara una ejecución en paralelo a ese proceso.

El caso William Frances Silvia: crimen, condena y apelaciones

Según la fiscalía, el ataque ocurrió el 22 de septiembre de 2006 en una vivienda de Winter Park, en las afueras de Orlando.

Tras intentar una fallida reconciliación durante una parrillada familiar, Silvia regresó a su camioneta, extrajo una escopeta y disparó contra Patricia Silvia y su madre, Betty Woodard: Silvia murió en el acto y Woodard sobrevivió con lesiones graves en el rostro y la cabeza.

El expediente indicó que Silvia compró una escopeta y municiones el mismo día del crimen. También consignó que, tras perder su empleo, atravesó un deterioro personal desde la separación, con episodios de consumo problemático de alcohol y conductas insistentes para retomar la relación.

La condena se dictó en 2008 y luego se anuló por cuestiones técnicas tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que modificó los requisitos de unanimidad en sentencias de muerte. La Corte Suprema de Florida reimpuso la pena capital en 2018, tras una nueva fase procesal.

En los años siguientes, Silvia presentó apelaciones por la calidad de su defensa y pedidos de información sobre el protocolo de inyección letal, al alegar posibles irregularidades en los medicamentos utilizados. Los tribunales estatales y federales rechazaron esos planteos.

Distintas organizaciones, como Floridians for Alternatives to the Death Penalty, organización contraria a la pena capital, y la Conferencia Católica de Obispos de Florida, pidieron al gobernador DeSantis que conmutara la sentencia por prisión perpetua, pero no obtuvieron una respuesta favorable.

Tras la negativa de la Corte Suprema federal no quedaron recursos pendientes.

El debate por la pena de muerte en Florida también se intensificó por denuncias y cuestionamientos sobre el protocolo y los medicamentos usados en ejecuciones previas.

En este caso, de acuerdo con el borrador, los tribunales rechazaron revisar en profundidad esos reclamos y también descartaron el argumento de la defensa sobre la simultaneidad de órdenes de ejecución.

Florida está a punto de ejecutar a dos presos este martes 28 de julio, con inyecciones letales programadas a las 12:00 p.m. y a las 6:00 p.m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Será la primera vez en casi una década que un solo estado lleva a cabo dos ejecuciones en un mismo día, según informó The Associated Press.

Los condenados son James Aren Duckett, de 68 años, ex policía que en 1987 violó y ahogó a una niña de 11 años, y Dominick Anthony Occhicone, de 80, quien mató en 1986 a los padres de su exnovia. De concretarse las ejecuciones, serían las números 11 y 12 del estado en lo que va de 2026.

Quiénes son los dos condenados

Duckett cometió el crimen mientras estaba de servicio como oficial en una pequeña ciudad del centro de Florida. Un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte.

Occhicone, con sus 80 años, se convertiría en el preso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Florida. A nivel nacional, solo lo superaría Walter Moody Jr., ejecutado en Alabama en 2018 a los 83 años por el envío de bombas por correo que mataron a un juez federal.

Las apelaciones que no prosperaron

La Corte Suprema de Florida rechazó la semana pasada los recursos de apelación de ambos hombres. Aun así, los dos tenían peticiones pendientes ante la Corte Suprema de los Estados Unidos al cierre de esta nota.

Los abogados de Duckett argumentan que su cliente es inocente y que las pruebas de ADN analizadas con tecnología moderna arrojaron resultados no concluyentes: ni lo absolvieron ni lo vincularon definitivamente al crimen. Los jueces mantuvieron el veredicto del jurado.

La defensa de Occhicone, por su parte, sostiene que sus afecciones renales y de próstata podrían hacer que la inyección letal fuera especialmente dolorosa, lo que constituiría un castigo cruel e inusual, prohibido por la Constitución.

El récord de DeSantis en sus últimos meses

El gobernador republicano Ron DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027, ordenó 19 ejecuciones solo en 2025, más que cualquier otro gobernador de Florida desde que la pena de muerte fue reinstaurada en Estados Unidos en 1976. El récord anterior era de ocho, establecido en 2014.

De concretarse las dos ejecuciones del martes, su cifra total ascendería a 31 en sus últimos dos años de gobierno, frente a apenas nueve durante los primeros seis años de su administración. Ya hay otra ejecución programada para agosto.

DeSantis no explicó públicamente por qué programó dos ejecuciones el mismo día. En noviembre de 2025 sí justificó su ritmo general ante la prensa: “Algunos de estos crímenes fueron cometidos en los 80. La justicia demorada es justicia negada”, según recogió AP.

Una práctica que Florida no usaba desde 1964

Ejecutar a dos presos en un mismo día no ocurría en Florida desde el 12 de mayo de 1964, según los registros del Departamento de Correccionales del estado. DeSantis agregó a Duckett a la fecha de ejecución de Occhicone tras el levantamiento de su suspensión judicial el 8 de julio.

A nivel nacional, el último estado en hacerlo había sido Arkansas, en abril de 2017.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty (Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte) pidió a DeSantis suspender ambas ejecuciones. “El 28 de julio representa una escalada sin precedentes en el uso de la pena de muerte en Florida”, declaró la directora ejecutiva del grupo, Grace Hanna, en un comunicado recogido por ABC News.

“Florida continúa ampliando el uso del castigo capital, a pesar de la evidencia creciente de que no es lo que los floridanos quieren”, agregó Hanna.

Cuando el 24 de julio de 1917 Margaretha Geertruida Zelle se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados frente al tribunal militar francés que iba a juzgarla a puertas cerradas sabía que su suerte estaba echada. Llevaba siete meses detenida y se la acusaba de alta traición por espiar a favor de Alemania, actuar como agente doble, mantener contactos con agentes enemigos en España, Holanda y Francia, y de proporcionar información confidencial sobre el movimiento de tropas para una próxima ofensiva francesa que había costado la vida de unos 50.000 soldados aliados.

Sabía, porque su propio abogado defensor, Édouard Clunet, se lo había dicho, que el juicio sería en realidad una farsa urdida por el alto mando francés para desviar la atención del público de sus propios errores militares y que ella, la muy famosa Mata Hari, era el chivo expiatorio ideal para lograrlo. No solo era conocida por su arte como bailarina, sino por su vida disipada y sus amoríos, faltas graves para la pacata sociedad de la época, y mucho más en tiempos de guerra. Que a eso se le sumaran cargos de espionaje se convertía en un cóctel fatal. De hecho, Clunet le anticipó que los jueces del consejo de guerra le impedirían interrogar a los testigos de la fiscalía y que le habían negado el derecho de examinar a fondo las pruebas que decían tener contra ella.

Durante los interrogatorios y luego a lo largo del proceso judicial, Mata Hari siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor a pesar de la oferta que le hicieron porque lo habría considerado una traición a Francia, su país de adopción. Existe una versión – nunca comprobada, porque fue un proceso secreto - que cuenta que frente a los jueces se defendió con esta frase: “¿Una prostituta? Sí, pero una traidora, ¡nunca!”, dijo. De nada le sirvió: fue condenada a muerte.

Los últimos minutos de su vida, la madrugada del 15 de octubre de 1917, cuando enfrentó las bocas de los fusiles de doce soldados franceses, han sido contados de cien maneras diferentes, todas ellas novelescas. Su traslado, elegantemente vestida y maquillada, en un auto oscuro desde la prisión de Saint Lazare, en el centro de París, hasta el lugar de su ejecución; su negativa a que le vendaran los ojos, el desafiante beso que lanzó a sus ejecutores antes de ser atada al poste y luego de haber desprendido los botones delanteros de su blusa en un último striptease son algunos de los supuestos gestos que ayudaron a construir ese relato.

Las crónicas que se escribieron sobre su muerte son contradictorias. Una nota de segunda mano en el diario estadounidense The New Yorker dice que enfrentó la ejecución vestida con “un elegante traje a medida amazónico, especialmente hecho para la ocasión y un par de guantes blancos”, mientras que un periódico francés la describe con tapado, blusa escotada y tocada con un sombrero tricornio elegido por sus acusadores para que usara en el juicio y que era “el único atuendo completo y limpio que tenía en prisión”. Tal vez el relato más fidedigno del momento de su muerte sea el del periodista británico Henry Wales, testigo del fusilamiento, escrito muchos años después de aquella madrugada de octubre en las afueras de París. Dice que después de escucharse los disparos Mata Hari fue cayendo “lenta, inerte, se acomodó de rodillas, con la cabeza siempre en alto y sin el menor cambio de expresión de su rostro. Por una fracción de segundo pareció tambalearse allí, de rodillas, mirando directamente a los que le habían quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, doblando la cintura, con las piernas dobladas debajo de ella. Un suboficial se acercó a su cuerpo, sacó su revólver y le disparó en la cabeza para asegurarse de que estaba muerta”.

Ese mismo día nació la leyenda de que construyó como una gran espía, que se fue agigantando con el paso del tiempo y que dio lugar a innumerables libros y películas. Recién un siglo más tarde, con la desclasificación de una serie de documentos secretos, se conoció la verdad: Mata Hari no fue la espía fatal que pinta el mito y jamás reveló a los alemanes información estratégica, sino apenas simples chismes e historias de la vida íntima de algunos oficiales franceses.

Una mujer desesperada

Margaretha Geertruida Zelle nació en los Países Bajos el 7 de agosto de 1876. Debió dejar los estudios secundarios por un hecho confuso: algunas versiones aseguran que fue amante del director del colegio; otras, en cambio, aseguran que sus padres la sacaron de las aulas porque era víctima de acoso. Después de eso, dejó la casa paterna para ir a vivir con su padrino, donde tampoco la pasó bien.

A los 18 años, desesperada por escapar del ambiente asfixiante en el que vivía, respondió a un anuncio publicado en un periódico por el capitán Rudolf MacLeod. Decía: “Oficial destinado en las Indias Orientales holandesas desearía encontrar señorita de buen carácter con fines matrimoniales”. El aviso era en realidad una broma de un amigo del militar, pero a MacLeod le gustó Margaretha. Se comprometieron una semana después de conocerse y se casaron en julio de 1895.

El capitán fue destinado a Java, en la actual Indonesia, por lo que poco después la pareja se trasladó allí. Parecía un lugar de paraíso, pero para Margaretha se convirtió en un infierno en el que estaba atrapada, presa de un marido alcohólico y golpeador que la engañaba a la vista de todos. Tuvieron dos hijos, Norman y Jeanne, pero el varón murió cuando tenía dos años, supuestamente envenenado por uno de los sirvientes de la casa. Volvieron a Europa en 1902 y el matrimonio terminó viniéndose abajo cuando a Margaretha le diagnosticaron una sífilis que solo podía haberle contagiado su marido, al cual ella se había mantenido hasta entonces fiel. El divorcio la dejó sola y por su cuenta, porque MacLeod consiguió la custodia de su hija, le negó la posibilidad siquiera de visitarla y también se quedó con todos los bienes familiares.

Margaretha debió buscar una manera de ganarse la vida y lo hizo con lo único que sabía hacer. Durante su estadía en Java, había aprendido a bailar las danzas locales y también algo de la cultura javanesa. Con esos dos elementos decidió crear un personaje, “Mata Hari” (“Ojo del Sol”, en malayo), una princesa de Java que había llegado por razones misteriosas a París. “Mi madre, gloriosa bayadera del templo de Kanda Swany, murió a los catorce años, el día de mi nacimiento. Los sacerdotes me adoptaron y me pusieron Mata-Hari, que quiere decir ‘Ojo del sol’”, contaba para reforzar su imagen exótica.

Dio los primeros pasos de su carrera en un circo, donde asombró al público unas supuestas danzas sagradas del hinduismo que en realidad eran bailes eróticos de su propia invención. Su fama transcendió pronto la carpa del circo y la llevó a presentarse en teatros y a ser contratada en fiestas privadas. Se presentaba como bailarina exótica pero el verdadero atractivo de sus bailes radicaba en que poco a poco se iba sacando la ropa hasta quedar casi desnuda. Cuando terminaba, su única prenda era un peto enjoyado que le cubría los senos. Una inédita audacia para la época y también pasto para el escándalo. “De una u otra manera ella inventó el striptease como forma de danza. Tenemos su álbum en la exhibición y hay montones de recortes de periódicos y fotografías. Era una celebridad”, la describe Hans Groeneweg, curador del Museo Fries, en Leewarden, la ciudad natal de Mata Hari.

En lo económico le iba más que bien. Además de ganar buen dinero con esos bailes, a cuyos ingresos sumaba los pagos y regalos que comenzó a recibir sus amantes, casi todos empresarios ricos y militares relacionados con el poder político francés. Estaba en eso cuando estalló la Primera Guerra Mundial y su vida dio el vuelco que la llevaría a la muerte.

Los unos y los otros

Aunque tenía su residencia en París, Mata Hari realizaba presentaciones en diferentes países de Europa, algo que pudo seguir haciendo a pesar de la guerra por ser ciudadana de un país neutral. Fueron su fama como bailarina, su acceso a militares y personajes del poder y esa libertad para moverse libremente en diferentes países los que la pusieron en la mira de los servicios de espionaje de las naciones enfrentadas en la Primera Guerra Mundial.

Los primeros en contactarla fueron los alemanes y poco después lo hicieron los franceses. Mata Hari aceptó trabajar para los dos. Aquí las versiones que corrieron durante años son contradictorias: unas dicen que la bailarina comenzó a espiar para los franceses sin avisarles que la habían contactado los alemanes, otras aseguran que la inteligencia francesa estaba al tanto y que la utilizaba como doble agente.

Los alemanes la captaron en 1914, cuando estaba actuando en Berlín y era amante del jefe de policía de la ciudad, que la contactó con Eugen Kraemer, un alto jefe de la inteligencia alemana. Así se convirtió en la agente H-21 de las fuerzas prusianas. Al volver a París la contactó el capitán Georges Ladoux, oficial del contraespionaje francés, que le ordenó seducir y espiar al embajador alemán en Madrid para obtener información. A partir de ese momento, multiplicó las misiones para uno y otro lado, aunque documentos desclasificados casi un siglo más tarde revelan que pocas veces obtuvo información relevante.

En cambio, los informes detallan paso a paso sus movimientos: “en junio de 1916 entabló relación con los militares de todas las nacionalidades que estaban de paso por París. Así, el 12 almorzó con el subteniente Hallaure, del 15 al 18 vivió con el comandante belga De Beafour, el 30 durmió con el comandante de Montenegro, Yovilchevic, el 3 de julio se acostó primero con el subteniente Gasfield y después con el capitán Masslov, el 4 de julio con el capitán italiano Mariani y el 16 con los oficiales irlandeses Plankette y Brien”, enumera uno de ellos.

En enero de 1917 la inteligencia francesa interceptó un mensaje de Alemania que daba datos del agente H-21, revelando su identidad. Aparentemente fue una maniobra de los alemanes que buscaban generar confusión y distraer a los franceses, entregando un agente que ya no les servía. Pero si la inteligencia francesa se dio cuenta, no lo demostró. Ellos también la necesitaban, pero para contrarrestar las derrotas que venían sufriendo. Fue el final de la carrera de Mata Hari. Después de ser utilizada por los servicios secretos de los dos países se había vuelto prescindible y su vida pasó a ser descartable.

La detención y la farsa

Mata Hari fue detenida el 12 de febrero de 1917 por el Deuxieme Bureau – el servicio de inteligencia francés –, que la presentó como espía y traidora. A partir de entonces se desarrolló un montaje teatral para construir el chivo expiatorio que necesitaba Francia para justificar sus pérdidas en la guerra. “Cuando fue arrestada la guerra iba muy mal para los franceses y ella era extranjera, muy atractiva, tenía relaciones con todo el mundo y vivía con ostentación, mientras los parisinos no tenían pan. Había mucho resentimiento en su contra”, explica Pat Shipman, autora de Femme Fatale: Love, Lies, and the Unknown Life of Mata Hari, una pormenorizada biografía publicada en 1965.

A lo largo del juicio los agentes de inteligencia desmontaron la historia de la “princesa de Java”, el personaje que Mata Hari había creado para los escenarios, pero lo usaron convenientemente como prueba que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Ninguno de sus amantes intervino para salvarla. Fue un proceso irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y se presentaron pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa.

Inevitablemente condenada a morir frente a un pelotón de fusilamiento, la madrugada del 15 de octubre de 1917 Margaretha Geertruida Zelle fue llevada desde la prisión de Saint Lazare a Chateau de Vincennes, en las afueras de París, donde fue ejecutada. Nadie reclamó su cadáver, que fue entregado a la escuela de medicina de París donde se lo usó en clases de disección. Su cabeza se preservó en el Museo de Anatomía, de donde desapareció misteriosamente años después. Se presume que fue robada por un coleccionista de gustos truculentos.

El régimen iraní ejecutó este miércoles a Mehdi Khanaki, un licenciado en derecho de 26 años y miembro de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario de la ciudad de Karaj por su participación en las protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Con su muerte, el número de personas ejecutadas en relación directa con ese levantamiento asciende a 24, según informó la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

Las autoridades iraníes acusaron a Khanaki de actuar en favor de Israel y de Estados Unidos, así como de pertenecer a un “grupo terrorista contrarrevolucionario” y de fabricar, adquirir y poseer armas y munición de guerra. La agencia oficial Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, sostuvo que las armas incautadas al detenido habían sido disparadas durante las protestas de enero y que él mismo había recibido armamento e instrucciones a través de contactos en internet. Khanaki había sido arrestado el 10 de febrero en Karaj, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al oeste de Teherán, tras ser identificado por los servicios de inteligencia de la provincia de Alborz. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia antes de que se procediera a la ejecución.

El caso condensa el patrón judicial que organismos de derechos humanos han documentado desde el fin de las protestas: procesos sumarísimos ante tribunales revolucionarios, cargos que combinan delitos de seguridad con acusaciones de colaboración con potencias extranjeras, y ausencia de garantías procesales verificables. El Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) denunció que Khanaki fue sometido a meses de torturas físicas y psicológicas antes de su ejecución, y que la organización había alertado al Relator Especial de la ONU sobre su caso en marzo. IranWire, medio especializado en derechos humanos, señaló que los cargos en su contra no fueron respaldados por documentación accesible a verificación independiente.

Las protestas que motivaron esta oleada de ejecuciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025, impulsadas inicialmente por el colapso del rial iraní en un contexto de sanciones internacionales agravadas. En pocos días se transformaron en una revuelta de alcance nacional que exigía el fin del régimen islámico. La respuesta del Estado fue una represión letal: las fuerzas de seguridad utilizaron munición real contra manifestantes en las jornadas más violentas, los días 8 y 9 de enero de 2026. Las autoridades iraníes reconocieron oficialmente 3.117 muertos cuando declararon el fin de las protestas, el 21 de enero. Sin embargo, HRANA, con sede en Estados Unidos, documentó para el 5 de febrero más de 7.000 fallecidos, incluyendo al menos 6.508 manifestantes. La Relatora Especial de la ONU para Irán estimó que la cifra real podría superar los 5.000 muertos.

La escala de las ejecuciones posteriores a las protestas se inscribe en una tendencia más amplia. En 2025, antes incluso del pico represivo asociado al levantamiento de enero, Irán ya había alcanzado cifras históricas de pena capital. Amnistía Internacional documentó 2.159 ejecuciones en el país durante ese año, más del doble que en 2024 y la cifra más elevada desde 1981, lo que representó casi el 80% de las 2.707 ejecuciones registradas en todo el mundo, un incremento del 78% respecto al año anterior. La organización concluyó que el régimen intensificó el uso de la pena de muerte para “crear un clima de miedo e intimidación en la sociedad y disuadir la disidencia”.

La ejecución de Khanaki no es un caso aislado dentro del ciclo represivo desatado tras el levantamiento de enero. Desde entonces, el régimen ha ejecutado también a otros miembros de los Muyahidines del Pueblo, organización opositora que Teherán cataloga de terrorista y que fue activa en la movilización durante las protestas. La comunidad internacional ha reclamado en reiteradas ocasiones una moratoria sobre las ejecuciones vinculadas a las manifestaciones, sin que el régimen haya dado señales de modificar su postura. Con cada nueva ejecución, el costo político interno de una eventual apertura se vuelve más difícil de calcular para un sistema que ha optado por la ejemplaridad punitiva como respuesta a la mayor crisis de legitimidad que ha enfrentado en décadas.

La ejecución de Dennis Sochor, programada para la tarde de hoy en Florida State Prison, coloca a este recluso de 74 años en el centro de un debate nacional sobre la aplicación de la pena de muerte en una población carcelaria cada vez más envejecida.

El caso, que abarca más de cuatro décadas, ilustra la complejidad y controversia que rodean a la pena capital en el estado con mayor número de ejecuciones en lo que va del 2026, detalló la agencia Associated Press.

Florida se prepara no solo para la ejecución de Sochor, sino también para la de un prisionero de 80 años, lo que marcaría un nuevo hito en la historia penal local.

Ejecución de Dennis Sochor: antecedentes y contexto

Dennis Sochor permaneció en el corredor de la muerte desde los años 80 tras ser condenado por el asesinato de una joven en la madrugada del primer día de 1982.

Su ejecución, prevista para este 14 de julio a las 18 horas mediante la inyección de un cóctel de tres fármacos, lo convertiría en el interno de mayor edad en ser ejecutado en la historia de Florida.

De este modo, supera el récord que hasta ahora ostentaba Dusty Ray Spencer, quien fue ejecutado recientemente a los 74 años. Si el procedimiento se realiza según lo planeado, Sochor superará por una semana la edad de Spencer al momento de su muerte.

En el ámbito estatal, la decisión sobre el calendario de ejecuciones recae casi exclusivamente en el gobernador, en este caso Ron DeSantis, a diferencia de otros estados donde los tribunales tienen mayor influencia en la programación.

Hasta el momento, la oficina del gobernador no emitió comentarios sobre la reciente frecuencia de ejecuciones. El caso de Sochor coincide con el de otros dos internos de edad avanzada programados para ser ejecutados en menos de un mes, lo que puso el foco en la aceleración de la pena de muerte en Florida.

Detalles del crimen y condena de Sochor

La noche del 31 de diciembre de 1981, Patricia Gifford, de 18 años, acudió con una amiga a un bar de la zona de Fort Lauderdale para celebrar la llegada del año nuevo. En el lugar, ambas conocieron a Dennis Sochor y su hermano.

Luego de varias horas de conversación, la amiga de Gifford, indispuesta, decidió dormir en su automóvil, mientras que Gifford se fue con los hermanos Sochor bajo el pretexto de buscar un lugar para desayunar.

En vez de dirigirse a un restaurante, Sochor condujo su camión hacia una zona apartada, donde atacó a Gifford al rechazar ella mantener relaciones sexuales. Según documentos judiciales, Sochor confesó haber estrangulado a la joven y deshacerse de su cuerpo, que nunca fue hallado.

Las autoridades lo detuvieron en 1986 en Georgia por delitos no relacionados y lo extraditaron a Florida. En 1987, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y secuestro, condenándolo a muerte.

Antes del asesinato de Gifford, Sochor había sido sentenciado a prisión y libertad condicional por la violación y secuestro de otra mujer en 1980.

Argumentos legales y recursos presentados por la defensa

En los días previos a la ejecución, los abogados de Sochor presentaron diversos recursos ante el Tribunal Supremo estatal y federal. Uno de los principales argumentos fue la supuesta violación al derecho a un juicio justo por la omisión de una carta enviada en 2022 por un detective al hermano de Sochor, en la que solicitaba información sobre el paradero del cuerpo de Gifford.

Los defensores también objetaron el uso de los fármacos empleados en la ejecución, alegando que estos podrían no garantizar la inconsciencia del interno durante el proceso.

El Tribunal Supremo de Florida desestimó estos argumentos, señalando que la carta no aportaba información suficiente para modificar el fallo y que las objeciones sobre el protocolo de ejecución ya habían sido tratadas con anterioridad.

Pese a la negativa estatal, aún quedaba pendiente una última apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las posibilidades de que prosperara eran reducidas.

Protocolo de ejecución y debate sobre el método

El procedimiento para la ejecución de Sochor contempla la administración de una combinación de tres sustancias, encabezadas por el etomidato. Los abogados defensores sostienen que la dosis de este anestésico no sería suficiente para mantener al recluso inconsciente durante todo el proceso, lo que podría causar sufrimiento físico significativo, como edema pulmonar y sensación de ahogo.

La defensa propuso como alternativa el uso del pelotón de fusilamiento, alegando que este método provocaría una pérdida de conciencia más rápida.

Sin embargo, la Corte Suprema de Florida rechazó este argumento, subrayando que el protocolo vigente no ha cambiado en los últimos años y que los descubrimientos sobre los efectos de los fármacos ya eran accesibles desde 2017. La decisión reafirmó la legalidad de la actual metodología y desestimó la demanda por considerarla extemporánea.

Aumento de ejecuciones y envejecimiento de la población en el corredor de la muerte

Florida se consolidó este año como el estado con mayor número de ejecuciones, acumulando nueve en lo que va del 2026, cifra superior a la de todos los demás estados juntos.

Este fenómeno dejó en primer plano la cuestión del envejecimiento de los reclusos en el corredor de la muerte. La inminente ejecución de un prisionero octogenario acentúa la tendencia de sentencias capitales que se cumplen varias décadas después del crimen original.

En términos históricos, los internos de mayor edad ejecutados en Florida hasta ahora habían sido Samuel Lee Smithers y R. Charlie Gifford, ambos de 72 años. A nivel nacional, el récord lo ostenta Walter Leroy Moody Jr., quien fue ejecutado a los 83 años en Alabama por el envío de bombas postales que causaron la muerte de un juez federal y un abogado defensor de derechos civiles.

La ejecución programada de Dusty Ray Spencer, de 74 años, prevé convertirlo en el preso de mayor edad ejecutado en Florida desde 1924, según registros del Departamento de Correcciones. El hecho, que afecta directamente a Spencer, condenado por el homicidio de su esposa en 1992, ocurre en un contexto de incremento de ejecuciones estatales bajo la actual administración.

De acuerdo con la agencia AP News, la ejecución está prevista para las 18:00 horas en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke. El Departamento de Correcciones confirmó que la ejecución se realizará mediante inyección letal, conforme al protocolo vigente. Spencer sería el noveno ejecutado en el estado en lo que va de 2026. La defensa del condenado argumentó ante la Corte Suprema de Florida que la edad avanzada y su estado de salud suponían un riesgo adicional de sufrimiento, aunque la apelación fue rechazada.

El caso de Spencer ha captado la atención nacional por la edad del reo y por el notable aumento de ejecuciones en Florida. Según datos oficiales citados por AP News, el estado alcanzó en 2025 un récord de 19 ejecuciones, el mayor número desde la reinstauración de la pena capital en 1976. El gobernador Ron DeSantis firmó más órdenes de ejecución que cualquier otro mandatario estatal en ese periodo.

¿Quién es Dusty Ray Spencer y por qué será ejecutado?

Dusty Ray Spencer fue sentenciado a muerte por el asesinato de su esposa, Karen Spencer, en 1992 en Orange County, Florida. Según consta en documentos judiciales y reportes de AP News, la agresión comenzó en diciembre de 1991, cuando fue arrestado tras atacar y amenazar a su esposa. Desde la cárcel, Spencer realizó una llamada en la que advirtió que cumpliría su amenaza al recuperar la libertad.

El 18 de enero de 1992, el hijo adolescente de Karen intervino para proteger a su madre y fue golpeado con una plancha. Pocos días después, presenció cómo Spencer golpeaba a su madre con un ladrillo. El joven intentó defenderse con un arma de fuego, pero esta no disparó. Posteriormente huyó para buscar ayuda. Cuando la policía llegó al domicilio, encontró a Karen Spencer muerta con varias heridas de arma blanca en el pecho.

El juicio concluyó con la condena a muerte de Spencer por homicidio en primer grado, intento de homicidio, asalto agravado y lesiones graves. El caso fue relevante por los antecedentes de violencia doméstica y el testimonio del hijo de la víctima, según detalló AP News.

¿Cuál es el récord de ejecuciones en Florida y cómo se compara con otros estados?

Florida registró 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde que la pena de muerte fue reinstaurada en 1976, de acuerdo con información oficial recopilada por AP News. El récord anterior era de ocho ejecuciones en 2014. La administración del gobernador Ron DeSantis ha firmado más órdenes de ejecución que sus predecesores.

En comparación, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones en todo Estados Unidos. Después de Florida, Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron con cinco ejecuciones cada uno. Estas cifras, verificadas por el Departamento de Correcciones de Florida y la agencia AP News, muestran una tendencia al aumento en la aplicación de la pena capital en el estado.

¿Qué dice la ley sobre la ejecución de personas mayores en Florida?

La legislación de Florida no contempla excepciones para la edad avanzada de los condenados a muerte. El protocolo de ejecución se mantiene igual para todos los casos, según confirmó el Departamento de Correcciones de Florida en reportes a AP News. La Corte Suprema estatal y la defensa de Spencer debatieron si la edad y las condiciones de salud pueden considerarse factores atenuantes. La Corte Suprema rechazó la apelación, determinando que el proceso cumple con los requisitos legales.

En la carta enviada al gobernador Ron DeSantis, la Conferencia de Obispos Católicos de Florida solicitó la conmutación de la pena de Spencer a cadena perpetua sin libertad condicional. “Solicitamos que se conceda una suspensión de la ejecución de Dusty Ray Spencer y se conmuten sus sentencia a cadena perpetua,” señala el documento recogido por EWTN News.

¿Cómo es el protocolo de inyección letal en Florida?

La ejecución en Florida se realiza por medio de una inyección letal compuesta por tres fármacos: un sedante, un agente paralizante y un compuesto para inducir un paro cardíaco, según el Departamento de Correcciones de Florida. El procedimiento reemplazó a la silla eléctrica en 1999 y se ha mantenido desde entonces.

El protocolo establece que la inyección debe aplicarse en presencia de testigos oficiales y bajo estrictas medidas de seguridad. El Departamento de Correcciones supervisa el cumplimiento de las normas y la integridad del proceso, de acuerdo con información publicada por AP News.

¿Existen otros casos de ejecuciones de reclusos mayores en Estados Unidos?

A nivel nacional, el caso más reciente de ejecución de un recluso mayor corresponde a Walter Leroy Moody Jr., de 83 años, ejecutado en Alabama en 2018 por delitos relacionados con atentados con bombas, según datos de la agencia AP News. En Florida, los presos de más edad ejecutados antes de Spencer fueron Samuel Lee Smithers y R. Charlie Gifford, ambos de 72 años, en 2025 y 1951 respectivamente.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte indica que, de llevarse a cabo la ejecución, Spencer se ubicaría entre los diez reclusos más longevos ejecutados en Estados Unidos desde 1976, según datos recogidos por EWTN News.

¿Qué recursos legales quedan y cuál es el impacto del caso?

El equipo de defensa de Dusty Ray Spencer presentó una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, alegando que la ejecución de una persona de edad avanzada y con problemas de salud graves podría constituir un castigo cruel e inusual, prohibido por la Octava Enmienda. La Corte Suprema estatal desestimó estos argumentos y dejó firme la sentencia. Según AP News, el fallo federal se encuentra pendiente, aunque no se esperan cambios en el calendario de la ejecución.

El caso genera debate sobre la aplicación de la pena capital a condenados mayores o con enfermedades crónicas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos religiosos han pedido modificaciones en la legislación para considerar estos factores como atenuantes o para suspender la pena de muerte en tales circunstancias.

¿Qué otros reclusos mayores están en riesgo de ejecución en Florida?

Otro recluso de 74 años, Dennis Sochor, tiene programada su ejecución para el 14 de julio, es decir, doce días después de la prevista para Spencer. Sochor fue condenado por el asesinato de una mujer tras un encuentro en una fiesta de Nochevieja en 1982, según los registros judiciales citados por AP News.

La coincidencia de dos ejecuciones de reclusos mayores en el mismo mes refuerza el debate legal y social en torno a la pena de muerte en adultos mayores.

¿Cómo podría afectar este caso a futuros procedimientos en Florida?

La ejecución de Dusty Ray Spencer podría establecer un precedente en el sistema penal de Florida y abrir nuevas discusiones sobre la edad y las condiciones médicas como factores a considerar en la aplicación de la pena de muerte. El estado mantiene firme su protocolo y cronograma de ejecuciones, conforme a las directrices actuales, según el Departamento de Correcciones.

Para las personas involucradas, especialmente familiares de víctimas, condenados y defensores de derechos humanos, el caso de Spencer evidencia la vigencia de la pena capital y sus implicancias en contextos de envejecimiento de la población reclusa.

La crisis del agua en Panamá ya no se explica por escasez natural, sino por fallas de gobernanza y ejecución que mantienen a miles de personas con problemas diarios de abastecimiento en un país con alta disponibilidad hídrica, plantea la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Este diagnóstico, en voz de su presidente Giulia De Sanctis, adquiere mayor peso por el efecto del cambio climático, con menos precipitaciones, sequías más prolongadas y una demanda creciente que obliga a tomar decisiones estratégicas para evitar crisis mayores.

Cada día se pierden entre 120 y 130 millones de galones de agua por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, según la APEDE, mientras que miles de familias siguen dependiendo de camiones cisterna, pozos improvisados o fuentes naturales para abastecerse.

La respuesta directa al problema, según el gremio de empresarios, pasa por una gestión integral del recurso hídrico: fortalecer la gobernanza, coordinar instituciones, modernizar los modelos de administración, descentralizar decisiones y asegurar que la inversión responda a una estrategia nacional definida.

Para la asociación, el agua dejó de ser un asunto exclusivamente ambiental y pasó a ser un factor de competitividad, salud pública, desarrollo económico y seguridad nacional.

Uno de los problemas centrales identificados durante el foro “Agua, capital y nuevas tecnologías: pilares del desarrollo económico” fue la dispersión de funciones entre múltiples entidades.

Esa estructura reparte responsabilidades entre protección de cuencas, abastecimiento, saneamiento, monitoreo y regulación, lo que dificulta la coordinación, retrasa proyectos y limita la capacidad de respuesta frente a los problemas que enfrentan los ciudadanos.

De Sanctis señaló que desde la APEDE y el sector privado han realizado acercamientos con distintos gremios para analizar el tema, construir consensos y propiciar la reactivación de la mesa intergremial.

La propuesta apunta a una visión integral del agua, con instituciones mejor articuladas y decisiones sustentadas en planificación de largo plazo.

También plantea que Panamá necesita elevar su capacidad de ejecución e invertir mejor, lo que incluye más eficiencia en el mantenimiento de la infraestructura existente, una reducción efectiva de las pérdidas, sistemas modernos de monitoreo y una gestión basada en datos para anticipar riesgos y mejorar las decisiones.

Las 52 cuencas hidrográficas del país enfrentan desafíos distintos y requieren soluciones diferenciadas, con base en información, monitoreo y planificación de largo plazo, se afirma. Dentro de ese mapa, se destaca que el proyecto de Río Indio fue presentado como una de las decisiones más importantes para el futuro del país.

La iniciativa impulsada por el Canal de Panamá busca garantizar agua potable para más de 2 millones de personas y reforzar la sostenibilidad operativa de la vía interoceánica frente a los efectos del cambio climático.

El planteamiento de la organización de ejecutivos de empresa subraya que no se trata solo de una obra de infraestructura, sino de una inversión en seguridad hídrica nacional y competitividad para las próximas generaciones.

Se advierte que ninguna obra resolverá por sí sola la crisis. La magnitud del problema exige una política sostenida que abarque desde la protección de cuencas hasta el saneamiento y la distribución, con continuidad más allá de los ciclos de gobierno.

Como antecedente de una política pública sostenida, la asociación cita la experiencia del Programa de Saneamiento de Panamá, donde 890 mil personas se benefician de sistemas modernos de tratamiento de aguas residuales y existen metas concretas para ampliar la cobertura en las próximas décadas.

Ese ejemplo, de acuerdo con la APEDE, demuestra que los resultados son posibles cuando hay continuidad en las políticas públicas. El argumento es que ese mismo enfoque de largo plazo debe extenderse a toda la gestión hídrica nacional.

El sector privado también fue señalado como actor necesario en esa estrategia, ya que puede aportar con prácticas de eficiencia, reutilización, medición y protección de cuencas, mientras los ciudadanos deben asumir un uso más responsable del recurso.

La advertencia final es que el agua no puede seguir tratándose como un bien infinito.

Una jueza federal bloqueó de forma permanente la ejecución con gas nitrógeno en Alabama, al declarar que el método viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. La decisión llegó el martes 9 de junio, dos días antes de que Jeffrey Lee, de 49 años, debía ser ejecutado en la prisión de Holman, en Atmore.

La jueza Emily C. Marks, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, emitió el fallo de 26 páginas horas después de que un tribunal de apelaciones revirtiera su propio dictamen previo, en el que había considerado el método constitucional.

El estado de Alabama ya anunció que apelará la decisión. Marks concluyó que Lee demostró “por preponderancia de la prueba que el protocolo constituye un castigo cruel e inusual en violación de la Octava Enmienda”.

La jueza también señaló que el estado podría ejecutar a Lee mediante inyección letal o silla eléctrica, los otros dos métodos autorizados en Alabama, y que Lee no tiene derecho a un recurso que bloquee esas alternativas.

Qué dice el fallo: los puntos clave de la resolución

El fallo de Marks tiene un alcance preciso: no libera a Lee ni suspende su ejecución de forma indefinida. Solo bloquea el uso del gas nitrógeno como método.

Estos son los puntos centrales de la resolución:

• El gas nitrógeno queda prohibido para este caso. Marks determinó que el protocolo de Alabama presenta “un riesgo sustancial de daño grave”, en línea con lo que dictaminó el tribunal de apelaciones.
• Dos métodos siguen vigentes. Alabama puede ejecutar a Lee mediante inyección letal o silla eléctrica. La jueza fue explícita: Lee no tiene derecho a un recurso que bloquee esas alternativas.
• El pelotón de fusilamiento está sobre la mesa. Marks señaló que el estado podría adoptar ese método, que es el preferido por el propio Lee. Las normas procesales exigen que todo recluso que impugne un método de ejecución proponga una alternativa viable.
• La apelación ya está en marcha. La oficina del fiscal general Steve Marshall presentó el recurso el mismo martes por la noche. El caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que hasta ahora nunca ha declarado inconstitucional el método de ejecución de ningún estado.

El fallo no cierra el debate: Alabama deberá defender, ante instancias superiores, un método que ya acumula dos reveses consecutivos en los tribunales.

Cómo funciona el método

La hipoxia por nitrógeno consiste en colocar un respirador sobre la cara del condenado y reemplazar el aire respirable con nitrógeno puro. De esta forma se provoca la muerte por falta de oxígeno.

Un panel de tres jueces del 11º Tribunal de Apelaciones del Circuito había establecido el lunes que los tres minutos que puede tardar un recluso en perder la conciencia con ese método son un período “intolerable”, dada la posibilidad de sufrimiento bajo el protocolo de Alabama. Ese dictamen fue el que obligó a Marks a reconsiderar su posición.

El método se usó en ocho ejecuciones en Estados Unidos: siete en Alabama y una en Luisiana. Lee iba a ser el noveno caso.

Las voces que se oponen al método

Bernard Harcourt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y representante de varios reclusos de Alabama que impugnan el método, dijo ante The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense: “Tres minutos de asfixia consciente son una tortura. Si eso no viola la Constitución, ni el derecho internacional, nada lo haría".

El reverendo Jeff Hood, quien actuó como asesor espiritual en dos ejecuciones con nitrógeno, expresó: “Rezo para que estemos presenciando el colapso de este método en todo el país”

Los informes sobre el sufrimiento que genera el método surgieron tras la primera ejecución con nitrógeno en 2024.

La de Kenneth Eugene Smith duró 22 minutos. El periodista Lee Hedgepeth, testigo del hecho, declaró al programa Newsday, de la BBC: “Nunca había visto a un condenado agitarse de la manera en que Kenneth Smith reaccionó al gas nitrógeno”, tras haber presenciado cuatro ejecuciones previas.

El caso de Jeffrey Lee y la historia del jurado ignorado

Lee fue condenado por dos cargos de asesinato en primer grado por matar a Jimmy Ellis y Elaine Thompson durante el robo a una casa de empeño el 12 de diciembre de 1998. Según los fiscales, Lee entró a Jimmy’s Pawnshop con una escopeta recortada y disparó contra Ellis, dueño del local, y Thompson, una empleada.

En 2000, el jurado votó siete a cinco a favor de cadena perpetua sin libertad condicional. Un juez ignoró esa recomendación y lo condenó a muerte, en el ejercicio de la llamada "anulación judicial“, una práctica que permitía a los jueces de Alabama apartarse del veredicto del jurado en casos de pena capital, según documenta el diario británico, The Guardian.

Alabama prohibió esa práctica en 2017, cuando la gobernadora Kay Ivey firmó la ley correspondiente. La norma, sin embargo, solo aplicó a casos futuros y no modificó las condenas ya dictadas bajo el sistema anterior.

Por esa razón, los abogados de Lee le pidieron a Ivey que le conceda clemencia y que extienda la prohibición de forma retroactiva. La gobernadora no respondió favorablemente a ninguna de las dos solicitudes.

Las autoridades judiciales iraníes han ejecutado este domingo por la mañana por ahorcamiento a Mojtaba Kian, hijo del escritor Mohammad Gholi, tras ser hallado culpable de espionaje, traición y colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel durante el conflicto.

"Mojtaba Kian... que envió información relacionada con las unidades de la industria de defensa del país al enemigo, fue ahorcado esta mañana temprano", informó la web Mizan Online del poder judicial.

La sentencia, dictada inicialmente por el Tribunal Provincial de Alborz y ratificada posteriormente por la Corte Suprema de Irán tras rechazar los recursos de apelación, ha incluido además la confiscación total de los bienes del ejecutado. Las autoridades han destacado que, bajo las directrices emitidas por la jefatura del Poder Judicial para casos de traición, el proceso completo desde el arresto hasta la ejecución ha llevado a cabo menos de 50 días.

De acuerdo con lo recogido expediente judicial y las investigaciones técnicas, y según informa la agencia de noticias iraní ‘Mizan’, el acusado habría proporcionado información estratégica y coordenadas geográficas precisas sobre instalaciones industriales de la defensa nacional a redes hostiles vinculadas a Washington y Tel Aviv. Según las pruebas recolectadas, el acusado habría enviado al menos ocho mensajes con ubicaciones críticas de plantas de producción de piezas armamentísticas.

La Fiscalía ha señalado que, en una de las comunicaciones interceptadas dirigida a agentes de una red satelital extranjera, Kian habría hecho mención explícita al primer ministro israelí, instando a sus contactos a que “informaran del asunto a Bibi” (el apodo de Benjamin Netanyahu).

En su confesión ante el tribunal, el acusado admitió haber establecido comunicación con dicha plataforma de medios y haber recibido un canal privado y seguro para la transmisión de los datos confidenciales.

Los análisis periciales han confirmado el impacto directo del espionaje en la seguridad nacional, demostrando que una de las instalaciones de defensa cuya ubicación exacta fue revelada por Kian resultó totalmente destruida tras ser blanco de un ataque enemigo apenas tres días después del envío del mensaje.

El tribunal ha justificado la pena máxima aplicando el artículo 1 de la Ley sobre el aumento de las penas por espionaje y cooperación con regímenes hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales.

El sitio web indicó que la ejecución de Kian tuvo lugar “menos de 50 días” después de su detención, mientras que también se le confiscaron sus bienes.

Irán lleva a cabo el segundo mayor número de ejecuciones del mundo después de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

El jueves, el país ejecutó a dos hombres condenados por rebelión armada y pertenencia a lo que las autoridades describieron como “grupos terroristas separatistas”, una expresión que a menudo se usa para referirse a los grupos kurdos iraníes con base en la vecina región del Kurdistán de Irak.

(con información de EP y AFP)

La ejecución programada de Christa Pike el 30 de septiembre de 2026 representa un hecho inédito en la historia judicial de Tennessee: será la primera vez en más de dos siglos que una mujer enfrenta la pena capital en el estado. Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, de mantenerse el calendario de la ejecución para la fecha prevista, será la primera ejecutada en ese estado en más de doscientos años.

La decisión, adoptada tras más de tres décadas desde el crimen atribuido a Pike en 1995, reabre el debate sobre la constitucionalidad del método de ejecución y su compatibilidad con los derechos religiosos de los condenados, un aspecto que la reclusa actualmente sostiene en tribunales, según informó el medio Miami Herald.

En la respuesta presentada por el estado el 19 de marzo de 2026 a la demanda interpuesta por Pike en enero de ese año, las autoridades afirmaron que la interna, ahora de 50 años, no probó que la inyección letal —protocolo recientemente actualizado en diciembre de 2024 para emplear únicamente pentobarbital en lugar de los tres fármacos previamente utilizados— infrinja sus derechos constitucionales.

De acuerdo con el Miami Herald, este cambio en el protocolo busca atender las controversias y fallos presentes en ejecuciones anteriores relacionados con la administración de la pena capital.

La condenada sostiene que la imposibilidad de comunicarse con su asesor espiritual budista poco antes de la ejecución restringe su práctica religiosa y contradice sus convicciones más profundas.

El centro especializado Death Penalty Information Center (DPIC) indica que Pike alega que optar por otro método de ejecución plegándose a la exigencia estatal violentaría igualmente su fe, al convertirla en “partícipe de cualquier proceso que conduzca a su propia muerte”.

Argumentos legales y objeciones al protocolo de ejecución

En la demanda presentada, los abogados de Pike argumentan que el nuevo protocolo de inyección letal infringe la Constitución debido a “condiciones médicas singulares” de la condenada y adolece de los mismos errores que arrastraron ejecuciones precedentes: falta de transparencia, omisiones intencionales, desatención al detalle, y personal penitenciario carente de acreditaciones médicas necesarias.

De esta situación, deducen que el procedimiento podría causar “dolor y sufrimiento innecesario, terror y deshonra”, según documentos recogidos por el medio local Nashville Banner, especializado en cobertura judicial.

Antecedentes del crimen y perfil de los implicados

El trasfondo del crimen, detallado por Miami Herald y el Death Penalty Information Center, indica que Colleen Slemmer era compañera de Pike en el Job Corps de Knoxville. La acusada mantenía una relación con un menor de 17 años y sospechaba que Slemmer deseaba interferir en su vínculo.

Se acusó a Pike, su novio y una amiga de llevar a la víctima a un bosque el 12 de enero de 1995, donde, de acuerdo con los testimonios judiciales, Pike la atacó brutalmente, golpeó la cabeza de Slemmer contra el asfalto, la torturó y le cortó la garganta.

El entonces novio de Pike fue sentenciado a cadena perpetua por su participación, confirmó el Death Penalty Information Center, mientras que la amiga recibió libertad condicional tras colaborar con la fiscalía.

Documentos judiciales refieren que Pike vivió una infancia marcada por trauma, pobreza, abandono y abuso sexual, según reportó el DPIC.

En una carta escrita en 2023 al medio The Tennessean, Pike manifestó su arrepentimiento: “He cambiado drásticamente”.

La convocatoria del embajador de Irán en Estocolmo se produce después de que las autoridades judiciales iraníes ejecutaran a Kurosh Keivani, ciudadano de Suecia arrestado el 16 de junio de 2025, según informó el medio Europa Press. La ejecución ocurrió en un contexto caracterizado por el enfrentamiento militar entre Irán, Israel y Estados Unidos en la región de Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores sueco emitió un comunicado en el que expresó una protesta formal contra la ejecución y destacó la preocupación del Gobierno de Suecia por lo que considera un proceso legal irregular que derivó en la muerte de Keivani. Según publicó Europa Press, la nota oficial también reiteró la postura del país nórdico y de la Unión Europea respecto a la pena de muerte, a la que consideró como un "castigo inhumano, cruel e irreversible", y reafirmó su condena ante cualquier caso de aplicación de esta medida. El comunicado agregó: “Suecia, junto al resto de la Unión Europea (UE), condena su aplicación, bajo cualquier circunstancia”.

La ejecución se confirmó horas después de que Teherán reconociera públicamente el ajusticiamiento. Las autoridades iraníes sostienen que Keivani fue sentenciado tras ser declarado culpable por actividades de espionaje, supuestamente a favor de Israel. El arresto y posterior condena del ciudadano sueco ocurren en medio de una escalada de operaciones militares que incluye una ofensiva israelí sobre territorio iraní, seguida de bombardeos estadounidenses dirigidos contra tres instalaciones nucleares clave en Irán, según detalló Europa Press.

El suceso tuvo lugar en el marco de los enfrentamientos ampliados tras el 28 de febrero de 2025, fecha de inicio de una ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes. Desde ese momento, la respuesta de Irán no se hizo esperar, con ataques hacia territorio israelí y contra intereses estadounidenses desplegados en la región, incluidas bases militares que albergan tropas y equipamiento de Estados Unidos en Oriente Próximo.

Europa Press consignó que las autoridades suecas no identificaron públicamente al ciudadano ajusticiado en su primer comunicado, aunque medios locales vincularon el caso directamente con Keivani, cuyo nombre fue posteriormente confirmado en reportes oficiales de Irán. El Gobierno de Suecia ha insistido en la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales durante los procesos judiciales, además de condenar la pena capital como una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales de los derechos humanos, según informó el medio.

El Ministerio de Exteriores sueco, además de convocar al diplomático iraní, reiteró que lleva la cuestión a nivel europeo, buscando una acción conjunta de los países miembros de la Unión Europea frente a las recientes ejecuciones en Irán y la persistencia del uso de la pena de muerte. Europa Press subrayó que este tipo de protestas oficiales se inscriben en un patrón habitual de la diplomacia europea, que presiona en foros internacionales por la abolición de la pena capital y por la observancia de debidos procesos legales en casos en los que se acusa de delitos graves.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el Gobierno sueco manifestó que la prioridad en este tipo de circunstancias es proteger a los ciudadanos nacionales en el extranjero y proporcionar asistencia consular, además de movilizar recursos diplomáticos para evitar nuevos casos similares. La muerte de Keivani tiene repercusiones más amplias, pues subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y diversos países occidentales, y evidencia el uso recurrente de cargos de espionaje en procedimientos judiciales iraníes como respuesta ante las tensiones internacionales.

Los acontecimientos se desarrollaron poco después de operaciones militares que incrementaron las hostilidades regionales, lo que, según expertos citados por Europa Press, ha influido en el endurecimiento de las posiciones tanto del Gobierno iraní como de sus adversarios. Las acciones llevadas a cabo por Irán y la respuesta coordinada de las autoridades suecas y europeas reflejan el creciente impacto de los conflictos de Oriente Próximo sobre ciudadanos extranjeros y el papel de la diplomacia en contextos de crisis.

Finalmente, fuentes del Ministerio de Exteriores sueco informaron a Europa Press que se encuentran en contacto con los familiares de Keivani y que se seguirá insistiendo a nivel internacional en la condena a la pena de muerte y en la garantía de procesos justos para los ciudadanos suecos que puedan verse involucrados en procedimientos penales fuera del país, en particular en estados con penas capitales.

Un hombre ejecutado en Texas ofreció disculpas a la familia de sus víctimas antes de morir. Cedric Ricks, de 51 años, se convirtió el 11 de marzo en el sexto condenado a muerte en Estados Unidos en 2026 y el segundo en Texas.

El caso, ocurrido en 2013 en la ciudad de Bedford, involucró el asesinato de Roxann Sanchez y de su hijo de 8 años, Anthony, situación que desde entonces mantiene discusiones abiertas sobre la pena de muerte y la justicia en el estado.

Según USA Today, Ricks privó de la vida a Roxann Sanchez, de 30 años, y a Anthony mediante apuñalamientos sucesivos durante una discusión con Sanchez el 1 de mayo de 2013. También atacó al hijo mayor de Sanchez, Marcus, de 12 años, quien sobrevivió simulando la muerte, según consta en el expediente judicial.

La ejecución por inyección letal ocurrió a las 18:55 (hora central). Marcus, ahora de 25 años, presenció el acto judicial junto a seis familiares. Ninguno de los familiares mostró emoción durante el proceso y optaron por no hacer declaraciones públicas, informó la agencia de noticias internacional Associated Press.

Ricks pidió perdón reiteradamente minutos antes de recibir la inyección letal

Momentos antes de su muerte, Cedric Ricks giró hacia los familiares de las víctimas y, con la voz quebrada, expresó: “Quiero decir que lo siento por quitarles a Roxann y Anthony”, según la transcripción de las autoridades del Departamento de Justicia Criminal de Texas recogida por USA Today. Añadió: “No puedo imaginar el dolor que les causé. Me alegro de poder decírselos cara a cara”.

En especial, Ricks se dirigió a Marcus: “Siempre pensé en ti y lamento haberles arrebatado a tu madre y tu hermano. Ojalá puedan encontrar paz y alegría en la medida de lo posible, pero sólo puedo decir que lo siento”. Expresó su deseo de pedir perdón directamente a Sanchez y Anthony en el más allá.

Ningún miembro de la familia de Sanchez proporcionó comentarios a los medios en los días previos a la ejecución ni tras el hecho.

Los hechos y la respuesta institucional

El asesinato de Roxann Sanchez y su hijo ocurrió después de una pelea que derivó en violencia física, detallan los expedientes judiciales citados por USA Today. Los hijos de Sanchez, Marcus y Anthony, intentaron intervenir, pero fueron sobrepasados. Cedric Ricks apuñaló primero a Sanchez y después persiguió a Marcus y Anthony, hiriéndolos gravemente. Solo Marcus logró sobrevivir al simular su muerte.

El hijo menor de Ricks y Sanchez, de nueve meses al momento del crimen, no sufrió lesiones. Tras la agresión, Ricks se duchó, empacó ropa, acomodó al bebé en su cuna y abandonó la residencia. La policía lo detuvo en Oklahoma.

El jurado declaró culpable a Ricks de homicidio capital tras un juicio de dos semanas en el que Marcus testificó. Ante los miembros del jurado, el propio Ricks declaró: “Ojalá pudiera devolverles la vida, pero no puedo arreglar esto. No quiero que todos me vean como un monstruo. Intenté suicidarme dos o tres veces, pero ni siquiera eso soy capaz de hacerlo bien”, cita el Fort Worth Star-Telegram en su cobertura archivada.

Antecedentes familiares e institucionales apuntan a una historia de violencia no interrumpida

Natural de Chicago, Ricks se mudó a Texas tras perder su empleo tres años antes de los crímenes. Mantenía relaciones familiares con otros hijos y enfrentó denuncias de abuso en vínculos anteriores.

Su exesposa, Teshana Singleton, testificó que Ricks intentó matarla en repetidas ocasiones, incluyendo un incidente donde intentó estrangularla y fue detenido por transeúntes. Estos episodios ocurrieron antes de su divorcio en 2004, reportó el Star-Telegram.

En diciembre de 2012, cinco meses antes del asesinato de Sanchez y Anthony, Ricks fue acusado de agresión por asfixiarla y maltratar a su hijo menor. Sanchez procuró una orden de protección de emergencia, pero esta expiró cuatro meses antes de su muerte.

Según USA Today, los padres de Ricks también declararon que su hijo presentó tendencias violentas desde temprana edad y que buscaron tratar estas conductas mediante psicoterapia, internamientos y castigos físicos, sin resultado positivo.

Declaraciones escritas desde el corredor de la muerte

Durante su permanencia en prisión, Ricks dirigió cartas a sus hijos expresando remordimiento y pidiendo perdón, aunque sin justificar sus actos. De acuerdo con el libro These Dry Bones, Redemption from Death Row, escrito por un amigo suyo, Ricks confesó: “A veces me despierto gritando y pateando por lo que les hice. No puedo pedir disculpas lo suficiente por lo que he hecho. Mi oración es que puedan perdonarme”.

El caso de Cedric Ricks en el contexto de la pena de muerte en Estados Unidos

La ejecución de Ricks fue la segunda en Texas y la sexta en Estados Unidos en 2026, informó USA Today. En el mismo periodo, otros procesos similares mostraron variaciones: en Alabama, el gobernador republicano Kay Ivey conmutó la sentencia de muerte de Charles Burton por cadena perpetua, aduciendo que Burton no estuvo presente en el lugar del asesinato.

Según el medio estadounidense, esta decisión representa apenas la segunda ocasión en nueve años en que Ivey revierte la pena capital, durante los cuales se realizaron 25 ejecuciones bajo su mandato.

La siguiente ejecución programada en Estados Unidos corresponde a Michael King en Florida, condenado por el homicidio de Denise Amber Lee.

USA Today destaca que, las circunstancias legales en torno al caso de Ricks, la naturaleza de sus antecedentes y la situación de los sobrevivientes se suman al debate sobre la eficacia de la pena de muerte y el abordaje institucional ante la violencia previa en el sistema de justicia estadounidense.

El Estado de Honduras comenzó el año fiscal 2026 sin la aprobación del Presupuesto General de la República en el Congreso Nacional. Ante la falta de consenso político, el gobierno opera bajo la vigencia continuada del esquema anterior, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la planificación financiera y limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas fiscales, según el informe presentado por Mario Palma, coordinador de investigaciones económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), citado por la plataforma de inteligencia de negocios de la Secretaría de Finanzas de Honduras.

Al cierre del 28 de febrero de 2026, la ejecución presupuestaria general alcanzaba apenas el 9 % del presupuesto vigente, con la Administración Central operando a un nivel ligeramente inferior, del 7 %.

El presupuesto de ingresos vigente para el inicio del ejercicio fiscal ronda los 443 mil millones de lempiras, pero solo 38 mil millones se habían percibido hasta febrero. En el caso específico de la Administración Central, los ingresos recibidos ascendieron a unos 25 mil millones de lempiras, lo que representa aproximadamente el 10 % del presupuesto vigente.

El análisis del informe advierte sobre la marcada dependencia de los ingresos tributariosel 92 % de los recursos de la Administración Central procede de la recaudación de impuestos, mientras que apenas el 8 % restante proviene de otras fuentes de financiamiento. Esta concentración limita la flexibilidad del Estado para enfrentar contingencias.

En cuanto a la inversión pública, la ejecución alcanza el 11 %, con foco prioritario en proyectos de infraestructura vial y, en particular, en carreteras.

El Presupuesto General de la República propuesto para 2026 fue presentado al Congreso en septiembre de 2025, pero la ausencia de acuerdos bloqueó su aprobación antes del cierre del ciclo fiscal. Este retraso llevó al Estado hondureño a iniciar el año bajo el principio de continuidad presupuestaria estipulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República.

Como referencia, el presupuesto aprobado en 2025 ascendió a 430 mil millones de lempiras, con un presupuesto vigente cercano a 440 mil millones. De esos fondos, se ejecutaron unos 397 mil millones de lempiras (equivalente a un 92 % de ejecución), lo que muestra una dinámica más eficiente en el periodo previo en contraste con el ritmo observado a inicios de 2026.

El informe de Fosdeh también identifica modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo. Según el análisis, el número de instituciones que componen la Administración Central se redujo de 79 en 2025 a 69 en 2026 por procesos de reorganización administrativa.

Ante este escenario, Mario Palma sostuvo que resulta prioritario fortalecer la gestión fiscal para garantizar el uso transparente y efectivo de los recursos públicos. “Desde Fosdeh insistimos en que los recursos públicos deben usarse con transparencia, efectividad y orientación a resultados. Porque sin planificación clara, sin control ciudadano y sin prioridades bien definidas, el presupuesto corre el riesgo de alejarse del bienestar de las y los hondureños", afirmó Palma al presentar el informe.

El documento cierra con varias recomendaciones encaminadas a mejorar la planificación financiera estatal, evaluar el impacto fiscal de las nuevas reformas institucionales, analizar los pasivos laborales y consolidar mecanismos de transparencia. El objetivo, sostiene el Fosdeh, es asegurar que el Presupuesto General responda tanto a las necesidades de la población como a la sostenibilidad futura de las finanzas públicas.

Las peticiones de clemencia para Charles “Sonny” Burton (75), condenado a muerte en Alabama por su participación en un robo con resultado fatal en 1991, han cobrado renovada fuerza por el hecho de que Burton no disparó el arma que mató a Doug Battle, víctima del asalto. Su ejecución, fijada para el 12 de marzo de 2026, se llevará a cabo mediante gas de nitrógeno.

Este método, implementado por el estado en 2024, genera controversias legales y éticas. La insistencia de familiares, exjurados y una hija de la víctima en solicitar el indulto ha desencadenado un debate sobre la pena capital para quienes participaron en crímenes letales sin ser los autores del homicidio directo.

Alabama recurrirá por segunda vez al gas de nitrógeno en una ejecución

La portavoz Gina Maiola aclaró que la gobernadora Kay Ivey no considera conceder clemencia. El caso de Burton será el segundo en que Alabama utilice gas de nitrógeno para ejecutar una condena a muerte.

El nuevo protocolo autoriza la inhalación de nitrógeno puro como un método presuntamente menos doloroso, aunque expertos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional sostienen que no existen estudios suficientes para garantizar la ausencia de sufrimiento.

Durante 33 años, tribunales estatales y federales revisaron la condena de Burton al menos nueve veces. Ningún tribunal anuló el veredicto unánime del jurado de 1992, que lo declaró culpable de asesinato capital y recomendó la pena de muerte: así lo detalló Maiola a The Associated Press.

La oficina del fiscal general de Alabama, bajo la dirección de Steve Marshall, también expresó su rechazo a cualquier revisión del fallo.

El rol de Burton en el asalto y el disparo final

El 16 de agosto de 1991, Doug Battle, veterano del ejército, de 34 años y padre de cuatro hijos, murió tras recibir un disparo durante un robo en una tienda de autopartes en Talladega. Testimonios señalaron que, cuando Battle ingresó al local, el asalto ya había terminado y los ladrones se retiraban.

En ese momento, Derrick DeBruce, integrante del grupo, le disparó después de intercambiar palabras. Las pruebas del juicio demostraron que Burton ya se había marchado antes del homicidio.

Desde el penal de Holman, en diálogo telefónico con AP, Burton afirmó que desconocía el desenlace hasta después del robo: “No supe nada de nadie herido hasta que íbamos de vuelta. Nadie debía salir lastimado”.

Posteriormente, DeBruce le confesó que había disparado: “Me dijo que le disparó a un hombre en el trasero. Le respondí: ‘Me hubieras dicho que disparaste a alguien’. Yo estaba enojado, realmente enojado”.

Derrick DeBruce, inicialmente condenado a muerte, obtuvo la anulación de su sentencia cuando un tribunal federal consideró deficiente su defensa. Finalmente fue sentenciado a cadena perpetua y falleció en prisión.

Jurados y familia de la víctima reclaman un indulto para Burton

El pedido de clemencia para Burton proviene no solo de su defensa y de familiares directos, sino que también suma el apoyo de varios exjurados del juicio original y de al menos una hija de la víctima.

Una carta enviada a la gobernadora Ivey por la hija de Battle planteó: “¿Cómo tiene sentido legal ejecutar a Burton?”. The Associated Press no logró obtener la opinión de otros miembros de la familia de la víctima.

El abogado Matt Schulz, defensor federal de Burton, declaró ante la agencia de noticias: “Incluso quienes apoyan la pena de muerte reconocen que este caso es injusto.

Según las propias pruebas del estado, el señor Burton no mató a nadie, no ordenó matar a nadie, ni siquiera estaba en el edificio”.

La directora ejecutiva de la organización estadounidense Death Penalty Information Center, Robin M. Maher, informó que en Estados Unidos existen “al menos 22 casos documentados de personas ejecutadas por participar en un delito donde la muerte fue causada por otro”.

Maher sostuvo que, en su opinión, la mayoría de la sociedad considera que la pena máxima debería aplicarse solo al autor material.

Un precedente legal que permite ejecutar a quienes no cometieron el homicidio

El tribunal federal supremo ha avalado que se aplique la pena de muerte en ciertos contextos a cómplices partícipes de delitos graves con resultado de muerte, aunque no hayan disparado el arma.

Apoyándose en esta doctrina, la fiscalía estatal sostuvo la responsabilidad de Burton como presunto “cerebro” del asalto, acusación que él siempre negó. Burton expresó su arrepentimiento: “Lo siento mucho. Si pudiera devolverle la vida, lo haría. Lo siento muchísimo”.

Burton manifestó su agradecimiento por el perdón que le concedió una de las hijas de Battle y su deseo de poder “alcanzar a los jóvenes en las calles”.

El caso impulsó protestas. Su hija, Lois Harris, encabezó vigilias y manifestaciones ante la residencia oficial, con pancartas como “Salven a mi papá” y “Clemencia para Sonny”. Harris argumentó: “No es justo que quien mató reciba cadena perpetua y mi padre, que no disparó, sea condenado a pena de muerte”.

A solo días del plazo del estado de Alabama para ejecutar la sentencia de Burton, permanecen los pedidos para revisar una condena calificada como desproporcionada en relación con su grado de responsabilidad penal. Los recursos legales ordinarios ya se agotaron, y la gobernadora Ivey es la única autoridad que puede detener el proceso.

En febrero de 2026, el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Arias Montes, en Piura, fue certificado para recibir vuelos internacionales tras cumplir los estándares de seguridad de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Este avance abre una oportunidad para mejorar la conectividad y potenciar el turismo regional, sector que representa en promedio el 22% del PBI de la región, consolidándose como una actividad clave para dinamizar la economía y contribuir a reducir la pobreza. Sin embargo, a cinco años de la pandemia, la mayoría de los indicadores del sector aún no muestra una recuperación sostenida.

Conectividad rezagada y menor demanda de hospedajes pese a mayor oferta

El tráfico aéreo en Piura mostró señales de debilitamiento en 2025. Entre enero y noviembre, los dos aeropuertos de la región movilizaron 1,2 millones de pasajeros, una caída de 1,3% respecto de 2024 y 14,4% por debajo de 2019. La caída se explicó por la menor afluencia en ambos terminales: el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico registró 153 mil pasajeros menos que en 2019, mientras que el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Arias Montes reportó una disminución de más de 50 mil.

Este retroceso también se vincula con una menor demanda de hospedajes. Entre enero y octubre de 2025, los hospedajes de la región recibieron 870.700 turistas, 16,1% menos que en el mismo periodo de 2024, debido a la menor llegada de visitantes nacionales (-11,0%) y extranjeros (-47,0%). Además, la región aún mantiene una brecha de casi 260 mil turistas frente a los niveles observados en 2019.

En contraste, la oferta hotelera se mantuvo estable, aunque el empleo turístico no se recupera por completo. En 2025, Piura registró 1.230 establecimientos de hospedaje, una cifra 0,4% menor a 2024, pero 24,2% superior a 2019 (991 establecimientos). A la par, el empleo en el sector turístico alcanzó 59.200 puestos directos e indirectos en 2024, 7,5% más que en 2023; sin embargo, todavía se ubicó 20,2% por debajo de 2019, cuando se contaban con 74.200 puestos.

La llegada de visitantes a centros turísticos tampoco recupera sus niveles prepandemia. En 2025, la Sala de Oro del Museo Municipal Vicús recibió 4.300 visitantes, 21,4% menos que en 2024 y 3,4% por debajo de 2019. Asimismo, la Zona Arqueológica y Museo de Sitio Narihualá recibió 21.500 visitantes, 9,5% menos que en 2024 y 36,3% por debajo de 2019.

Baja inversión

Las oportunidades para mejorar la conectividad y dinamizar el turismo tendrán un impacto limitado mientras Piura mantenga brechas de infraestructura y baja ejecución de inversión pública en el sector. En 2025, Piura contó con S/ 14,5 millones para turismo, más del doble que en 2024 (S/ 6,8 millones, a precios constantes) y el monto más alto de los últimos 10 años. Sin embargo, solo ejecutó 8,3% del total, muy por debajo del 81,7% de 2024. Esta baja ejecución se explica, en gran parte, por un proyecto que concentró cerca del 90% del presupuesto turístico regional: el mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el malecón turístico Los Órganos (Talara), cuya ejecución fue nula. Además, Piura ha ejecutado sistemáticamente por debajo de su presupuesto en turismo durante los últimos siete años. En 2026, aunque el presupuesto del sector parece mantenerse relativamente constante, persiste el riesgo de una baja ejecución.

El impacto de la certificación del Aeropuerto de Talara para recibir vuelos internacionales dependerá de que se consolide una estrategia integral para el sector. No basta con contar con el acceso: se requiere fortalecer la logística y la conectividad interna, asegurar condiciones de seguridad y acelerar proyectos de ampliación e infraestructura que sostengan un mayor flujo de visitantes. Además, debe darse mayor consideración a la persistencia de fenómenos climáticos que afectan a regiones como Piura, lo que exige reforzar medidas de prevención e infraestructura para evitar caídas en las cifras vinculadas al turismo. En paralelo, es indispensable mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y orientar las intervenciones hacia promoción, servicios y gestión turística con resultados verificables.

(*) Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.

Melvin Trotter fue declarado culpable del asesinato de Virginie Langford, propietaria de una tienda de comestibles, por un tribunal en 1987 y volvió a recibir la pena capital por sentencia del Tribunal Supremo de Florida en 1993 tras revisarse errores en la valoración de los factores agravantes en su proceso judicial. Posteriormente, el alto tribunal rechazó los recursos planteados por la defensa de Trotter. Según consignó el medio original, Trotter, de 65 años, permaneció cuatro décadas en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado.

De acuerdo con la cobertura informativa, la ejecución de Trotter se realizó mediante inyección letal a las 18.15 hora local en Florida, utilizando una combinación de tres fármacos. Este hecho convierte a Trotter en la cuarta persona ejecutada por pena de muerte en Estados Unidos en lo que va del año, y la segunda en el estado de Florida durante 2026. La condena se vinculó al asesinato por apuñalamiento de Langford, quien tenía 70 años y era la dueña de una tienda de alimentos.

El medio original detalló que Trotter recibió inicialmente la sentencia a muerte en 1987, al encontrarse culpable por homicidio. El Tribunal Supremo de Florida decidió en 1993 reafirmar la condena tras revisar el caso y detectar manejos incorrectos en aspectos relacionados con los motivos agravantes de la acusación. A pesar de las apelaciones presentadas desde la defensa, las instancias judiciales mantuvieron la decisión de ejecutar la pena capital.

Según publicó el medio, la ejecución de Trotter forma parte de un contexto nacional en el que Florida figura entre los estados con mayor cantidad de ejecuciones. El año anterior, las autoridades en Estados Unidos aplicaron la pena de muerte a 47 personas condenadas, 19 de estas ejecuciones se llevaron a cabo en Florida, cifra que representa el mayor registro para el estado desde 2009, cuando se contabilizaron 52 ejecuciones.

El caso de Melvin Trotter, marcado por una prolongada permanencia en prisión, ejemplifica el tiempo que muchos condenados pueden permanecer en el corredor de la muerte antes de la ejecución de la sentencia. Según informó el medio, el proceso concentró actuaciones judiciales repetidas, revisiones en los procedimientos y apelaciones, reflejando la complejidad y la duración de los casos relacionados con la pena máxima en el sistema penal estadounidense.

Este ajusticiamiento mantiene a Florida entre las regiones del país donde más se aplica la pena de muerte, superada solo por algunos estados con una alta frecuencia de ejecuciones, según documentó el medio original. La combinación de sentencias reiteradas, revisiones judiciales y recursos fallidos aparece como un elemento recurrente en procesos de este tipo, capaces de extenderse durante décadas.

Tras este procedimiento, el número acumulado de ejecuciones en territorio estadounidense para 2026 alcanza ya cuatro personas. Según datos recopilados por la fuente, la persistencia en el uso de la pena capital mantiene el debate en torno a la aplicación y la frecuencia de esta medida en el país, en especial en estados como Florida donde el número de condenas ejecutadas se mantiene elevado desde hace años.

Un hombre condenado por matar al dueño de una tienda de comestibles durante un robo el martes por la noche se convertirá en la segunda persona ejecutada en Florida este año

Melvin Trotter, de 65 años, está programado para recibir una inyección de tres fármacos a partir de las 6 p. m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Trotter fue inicialmente declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte en 1987. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida determinó que el tribunal de primera instancia había errado al manejar los factores agravantes en su caso y ordenó una nueva sentencia, por lo que Trotter fue condenado nuevamente a muerte en 1993.

La ejecución prevista para el martes y otra a principios de este mes en Florida se sumaron a un récord de 19 ejecuciones en el estado el año pasado. En 2025, el gobernador Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El récord anterior en Florida era de ocho ejecuciones en 2014.

Según los registros judiciales, Trotter estranguló y apuñaló a Virgie Langford en su tienda en Palmetto en 1986. Un camionero encontró a Langford con vida después del ataque, y ella pudo describir a su atacante antes de finalmente morir en un hospital.

Además de recordar la apariencia física de Trotter, Langford dijo que su atacante tenía una credencial de empleado de Tropicana con el nombre “Melvin”. Según los registros judiciales, la policía encontró posteriormente una camiseta con el tipo de sangre de Langford en la casa de Trotter y la huella de la mano del hombre en una nevera portátil de carne en el supermercado.

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida denegó las apelaciones presentadas por Trotter. Sus abogados argumentaron que los funcionarios penitenciarios de Florida habían gestionado mal sus propios protocolos de pena de muerte. Los abogados también argumentaron que la avanzada edad de Trotter, de 65 años, debería eximirlo de la ejecución.

Las últimas apelaciones de Trotter todavía estaban pendientes el martes ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un total de 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida lideró la lista con una oleada de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno el año pasado.

En lo que va del año, Texas, Oklahoma y Florida han llevado a cabo una ejecución cada uno.

El 10 de febrero, un hombre condenado por asesinar a un vendedor ambulante que él y su hermano conocieron en un bar se convirtió en la primera persona ejecutada en Florida este año. Ronald Palmer Heath, de 64 años, fue condenado por asesinato en primer grado y otros cargos por el asesinato de Michael Sheridan en 1989.

Ya se han programado dos ejecuciones más en Florida para el próximo mes: Billy Leon Kearse, de 53 años, recibirá una inyección letal el 3 de marzo, y Michael Lee King, de 54 años, el 17 de marzo.

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo inyectando un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

(con información de AP)

Cinco miembros destacados del grupo fueron condenados a muerte en noviembre de 2025. Bai Suocheng, uno de los condenados, murió después del veredicto de primera instancia, y los cuatro restantes fueron ejecutados por un tribunal en Shenzhen, provincia de Guangdong, según el Tribunal Supremo.

La cámara de seguridad difundió imágenes de la banda familiar Bai, incluidas imágenes de archivo de Bai Suocheng y Bai Yingcang con las milicias locales de Birmania, y videos de vigilancia de los sitios de estafa de telecomunicaciones del grupo en el norte de Birmania.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, dijo el lunes que “se han logrado resultados significativos” en la lucha contra el fraude transfronterizo en las telecomunicaciones y en línea.

De acuerdo con la sentencia, los ejecutados formaban parte de una red criminal que operaba en el norte de Birmania y estaba implicada en delitos de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, homicidios y tráfico de drogas, entre otros.

Las autoridades cifraron en más de 29.000 millones de yuanes (unos 4.000 millones de dólares) los fondos relacionados con actividades de juego y estafa.

El alto tribunal consideró que los delitos cometidos eran “extremadamente graves”, con consecuencias “especialmente serias” y un elevado impacto social, por lo que avaló la ejecución de las penas tras desestimar los recursos presentados en segunda instancia.

Preguntado por el caso, Lin Jian afirmó este lunes que China mantiene desde hace tiempo una cooperación activa con Birmania y otros países para combatir el fraude transfronterizo en telecomunicaciones y en línea, con el objetivo de “erradicar este tipo de delitos, proteger la seguridad de las personas y sus bienes y mantener el orden de los intercambios y la cooperación regionales”.

Lin añadió que Pekín seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y reforzando las acciones contra el fraude, el juego ilegal en línea y otras actividades criminales transfronterizas.

Las ejecuciones se producen días después de que China ajusticiara a once integrantes de la denominada mafia de la familia Ming, una organización criminal distinta, también vinculada a centros de ciberestafas asentados en zonas fronterizas de Birmania, en el marco de una ofensiva más amplia de Pekín contra estas redes de fraude transfronterizo.

Según un informe de Naciones Unidas, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet, mientras que en Camboya, el otro epicentro de estos crímenes, se estima que rondan las 100.000 personas.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con falsas ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas en línea desde un ordenador, sufriendo una “violencia extrema”, han explicado autoridades internacionales.

En los últimos años, China ha presionado a la junta militar birmana y ha realizado con ella varias operaciones para desmontar algunas de estas redes de trata de personas, tras lo cual se han producido cientos de extradiciones de acusados hacia el gigante asiático.

En los últimos años, China ha intensificado la colaboración con sus vecinos del sudeste asiático, Tailandia, Myanmar y Camboya, para combatir las desenfrenadas operaciones de los “centros de estafa” en la región. Como resultado, decenas de miles de sospechosos de delitos han sido repatriados, según expertos en crimen organizado transnacional.

(con información de Reuters y EFE)

Al conocerse la denuncia de su familia sobre amenazas de pena capital, la situación del joven activista Erfan Soltani, de 26 años, atrajo la atención sobre el trato a los manifestantes en Irán. Soltani, arrestado durante la noche del 8 de enero en el contexto de las recientes protestas, ha obtenido la libertad provisional bajo fianza, de acuerdo con la información confirmada este sábado por la Organización de Derechos Humanos Hengaw, según consignó este organismo.

La excarcelación de Soltani ocurre tras varias semanas de movilizaciones en Irán y en medio de la preocupación de organizaciones internacionales por las detenciones realizadas durante estos acontecimientos. Según informó Hengaw, Soltani fue el primer manifestante aprehendido por las fuerzas de seguridad iraníes al inicio de la actual ola de protestas, colocando su caso en el centro del debate sobre los derechos civiles en el país.

De acuerdo con el reporte emitido por Hengaw y reproducido en diversos medios, Soltani permaneció bajo custodia después de su detención nocturna, mientras su familia divulgaba que las autoridades llegaron a advertirles sobre la posibilidad de una condena a muerte para el joven. Pese a estas alegaciones, el gobierno iraní rechazó poco después que existiese la intención de imponer tal sentencia sobre Soltani, según detalló la propia organización de derechos humanos.

La liberación de Soltani, bajo la condición de una fianza cuyo monto no se ha hecho público hasta el momento, constituye uno de los primeros casos conocidos de excarcelación de manifestantes arrestados durante las recientes protestas. La información difundida por Hengaw resalta que su detención, en calidad de primer arrestado, simbolizó la alerta que viven muchas familias afectadas por la respuesta a las protestas, al temer represalias judiciales severas.

El caso tomó notoriedad nacional e internacional debido tanto a la juventud del activista como a la difusión de las preocupaciones expresadas por sus allegados. Las protestas en las que fue detenido Soltani han generado un aumento en la tensión y la vigilancia por parte de grupos defensores de los derechos humanos, particularmente en lo concerniente a las condiciones de los arrestos y el proceso judicial aplicable a manifestantes.

Ante la liberación provisional de Soltani, la Organización de Derechos Humanos Hengaw reiteró su seguimiento a la evolución de la situación de los detenidos y a las acciones de las autoridades iraníes en relación con los procedimientos legales. Según publicó el organismo, siguen monitorizando otros casos de personas arrestadas en las protestas recientes, junto con la situación general de los derechos civiles en el país.

El arresto y posterior liberación de Soltani ocurre en un contexto de alta sensibilidad para el movimiento de derechos humanos en Irán, en el que las denuncias de medidas extremas contra la disidencia han suscitado reacciones por parte de la sociedad civil y organismos internacionales. La familia de Soltani continúa pidiendo garantías para su integridad y que se respeten los procedimientos legales, mientras varias organizaciones han solicitado transparencia en los procesos abiertos a raíz de las protestas.

La noticia de la excarcelación, según difundió Hengaw, se añadió a la cobertura continuada de los acontecimientos provocados por las protestas, en los que las detenciones de líderes y ciudadanos han sido objeto de seguimiento por múltiples colectivos dentro y fuera de Irán. El caso de Soltani representa, de acuerdo a diversas fuentes consultadas por la organización, un ejemplo de la presión ejercida tras las recientes manifestaciones y de la atención internacional sobre las decisiones judiciales del gobierno iraní.

La ejecución de Billy Leon Kearse ha sido programada por el estado de Florida para el 3 de marzo de 2026, según la orden firmada por el gobernador Ron DeSantis, en lo que constituye la tercera ejecución prevista para ese año en la entidad. La medida, que implica la aplicación de la pena de muerte mediante inyección letal, afecta directamente a los familiares de la víctima, al entorno del condenado y a quienes siguen el sistema penal estadounidense, en un contexto donde Florida lidera el aumento de ejecuciones en el país. Esta acción mantiene la tendencia registrada en 2025, cuando Florida encabezó la estadística nacional con 19 ejecuciones, de acuerdo con información publicada por ABC News.

Según reportó ABC News, el gobernador DeSantis formalizó la orden de ejecución de Kearse, de 53 años, el jueves 29 de enero de 2026. El caso se remonta a 1991, año en que Kearse fue condenado por el asesinato del oficial Danny Parrish durante una detención de tránsito en Fort Pierce. De acuerdo con los registros judiciales citados por ABC News, la sentencia de muerte se aplicará en la Prisión Estatal de Florida, donde también están programadas las ejecuciones de Ronald Palmer Heath y Melvin Trotter para febrero de 2026.

El proceso judicial de Kearse ha pasado por apelaciones y nuevas sentencias, tras una revisión de la Corte Suprema de Florida que obligó a realizar un nuevo juicio de pena en 1997. El incremento de ejecuciones en el estado se explica, según declaraciones de DeSantis recogidas por ABC News, por la intención de “llevar justicia a las familias de las víctimas”, muchas de las cuales esperan desde hace décadas la resolución de sus casos.

¿Por qué Florida encabeza la reactivación de la pena de muerte en Estados Unidos?

La decisión de Florida de ejecutar por tercera vez en 2026 a un condenado por asesinato reaviva el debate sobre la aplicación de la pena capital. Según ABC News, el estado registró 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, superando el récord anterior de ocho ejecuciones en 2014. Este repunte coloca a Florida a la cabeza de las jurisdicciones estadounidenses que aplican este castigo, seguido por otros estados con políticas penales estrictas.

Las cifras nacionales también muestran un incremento en la utilización de la pena capital. De acuerdo con datos citados por ABC News, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones en todo Estados Unidos, el mayor número registrado desde 2009. Este contexto refuerza el papel de Florida como epicentro del debate sobre la justicia penal y la ejecución de sentencias de muerte.

¿Quién es Billy Leon Kearse y cuál es el caso judicial?

Billy Leon Kearse fue condenado por el asesinato del oficial Danny Parrish durante un control de tránsito efectuado en enero de 1991 en Fort Pierce, según los expedientes judiciales citados por ABC News. Durante la detención, Kearse no presentó una licencia de conducir válida, lo que llevó al oficial a intentar esposarlo. En ese momento, ocurrió un forcejeo que terminó cuando Kearse se apoderó del arma reglamentaria de Parrish y disparó 14 veces, alcanzando al agente en nueve ocasiones en el cuerpo y cuatro en el chaleco antibalas, según los registros del caso.

Un taxista que escuchó los disparos se comunicó con la policía usando la radio del patrullero, lo que permitió identificar el automóvil de Kearse por la matrícula y arrestarlo posteriormente en su domicilio. Los detalles del caso, incluidos el número de disparos y la secuencia de los hechos, constan en los documentos judiciales y han sido consignados por ABC News.

¿Cómo ha evolucionado el proceso judicial de Kearse?

El proceso de Kearse ha incluido varias instancias judiciales. En 1991, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y robo a mano armada, imponiendo la pena capital. Posteriormente, la Corte Suprema de Florida determinó que el tribunal original no había brindado suficiente información al jurado acerca de las circunstancias agravantes y atenuantes, lo que motivó un nuevo juicio de sentencia en 1997, según reportó ABC News.

A pesar de las apelaciones, la condena a muerte fue ratificada y se espera que los abogados de Kearse presenten recursos adicionales ante la Corte Suprema estatal y la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso se mantiene como uno de los más antiguos en la lista de ejecuciones pendientes en Florida.

¿Cuáles son las próximas ejecuciones programadas en Florida?

Además de la ejecución de Kearse el 3 de marzo de 2026, el estado de Florida prevé la aplicación de la pena de muerte a Ronald Palmer Heath, de 64 años, el 10 de febrero, y a Melvin Trotter, de 65, el 24 de febrero. Ambas sentencias se ejecutarán en la Prisión Estatal de Florida, según datos publicados por ABC News. Estas fechas consolidan a Florida como el estado con mayor número de ejecuciones programadas para el primer trimestre de 2026, manteniendo la tendencia al alza observada el año anterior.

¿Cuál es el protocolo de ejecución y qué establece la ley en Florida?

La ejecución de la pena capital en Florida se realiza mediante inyección letal, utilizando una combinación de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, conforme al protocolo del Departamento de Correcciones estatal. Este procedimiento está vigente desde el año 2000 y ha sido objeto de revisiones y debates judiciales, según ABC News.

La legislación de Florida establece que el gobernador tiene la facultad de firmar las órdenes de ejecución una vez agotadas las instancias judiciales, y que los reclusos pueden presentar recursos ante tribunales estatales y federales hasta el último momento. Las ejecuciones se llevan a cabo en instalaciones especialmente acondicionadas y bajo estrictas medidas de seguridad.

¿Qué ha dicho el gobernador Ron DeSantis sobre el aumento de ejecuciones?

El gobernador Ron DeSantis ha explicado que el incremento en la firma de órdenes de ejecución responde al compromiso de su administración con la aplicación de la ley y la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas. “Algunas de estas causas se remontan a los años ochenta. Justicia retrasada es justicia denegada. Sentí que tenía la obligación de asegurarme de que estos procesos se cumplieran”, declaró DeSantis, según recogió ABC News. El gobernador también señaló que revisa exhaustivamente cada caso antes de firmar una orden de ejecución y que no procedería si existieran dudas sobre la culpabilidad del condenado.

¿Cómo impacta esta tendencia a los familiares y al sistema judicial?

La reactivación de la aplicación de la pena de muerte en Florida afecta a diversos sectores, desde los familiares de las víctimas y de los condenados, hasta las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios judiciales. El aumento de las ejecuciones genera un mayor volumen de recursos y apelaciones en las instancias superiores, mientras que las familias involucradas experimentan largos procesos de espera y resolución, según el análisis publicado por ABC News.

El Departamento de Correcciones y los portavoces oficiales han reiterado su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos legales y la transparencia en la ejecución de las sentencias. Las autoridades insisten en que el proceso se realiza conforme a la normativa vigente y con supervisión constante de las condiciones de seguridad y salud.

¿Qué se puede esperar tras la nueva ejecución programada?

La programación de una nueva ejecución en Florida refuerza la política estatal orientada a la implementación efectiva de la pena capital. El caso de Billy Leon Kearse permanece abierto a posibles apelaciones en las cortes superiores, mientras el calendario de ejecuciones mantiene la atención nacional sobre el sistema penal del estado. De acuerdo con ABC News, los próximos pasos dependerán de la resolución de los recursos judiciales y de la continuidad de la política actual en materia de justicia y pena de muerte.

El estado de Texas registró la primera ejecución en Estados Unidos en 2026 a través del caso de Charles Victor Thompson. Según informó el Houston Chronicle, Thompson, de 55 años, fue ejecutado mediante una inyección letal en la prisión de Huntsville, a las 18:50 horas (hora local). El motivo de la condena se remonta a un doble homicidio ocurrido en 1998: Thompson fue hallado culpable del asesinato a tiros de su exnovia y del hombre que entonces era su nueva pareja.

El medio Houston Chronicle detalló que el proceso judicial concluyó en 1999 con la sentencia a muerte de Thompson tras determinarse su responsabilidad en ambos crímenes. La ejecución de Thompson marca el inicio del año 2026 con la aplicación de la pena capital en Texas, estado que encabeza la lista de ejecuciones dentro del país, liderando entre los 50 estados que componen Estados Unidos. Esta situación refleja una tendencia persistente en la aplicación de la pena de muerte en Texas, que mantiene el mayor número de personas ejecutadas.

La información publicada por Houston Chronicle también señaló que, aunque Texas mantiene el récord histórico de ejecuciones, durante el año anterior, en 2025, Florida superó al resto de los estados en número de ejecuciones llevadas a cabo, con un total de 19 personas ejecutadas bajo la autoridad de su gobernación. Esta cifra representa una variación en la distribución anual de la aplicación de la pena de muerte entre los estados, tradicionalmente encabezada por Texas.

Las autoridades del penal de Huntsville, donde Thompson fue ejecutado, confirmaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sentencias. Según consignó el Houston Chronicle, la muerte de Thompson ocurrió algunas décadas después de haber sido condenado, resultado de un proceso judicial prolongado en el sistema penal de Texas. La cobertura del medio destacó los antecedentes del caso y la trayectoria de las ejecuciones en el estado, así como el contexto nacional sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

Texas continúa registrando cifras elevadas en cuanto a la ejecución de condenados a muerte, reforzando su posición dentro del sistema judicial estadounidense. Por otro lado, el panorama nacional puede mostrar fluctuaciones anuales, por lo cual los datos de ejecuciones suelen variar significativamente entre un año y otro, dependiendo de las políticas estatales y decisiones judiciales. La ejecución de Charles Victor Thompson en el inicio de 2026 pone de relieve la vigencia de la pena de muerte en el sistema penal norteamericano y la prevalencia de Texas como líder en este tipo de condenas, según reiteró el Houston Chronicle en su información.

La familia de Amirhosein Ghaderzadé, junto con defensores internacionales de derechos humanos, ha permanecido sin noticias concretas sobre su situación o paradero desde el momento en que fue arrestado, lo que incrementa la preocupación en torno a su integridad y destino. Amnistía Internacional ha expresado que las autoridades iraníes han informado a los allegados de Ghaderzadé que la ejecución está programada para el 21 de enero, después de que fuera condenado a muerte por el cargo de "traición" en una audiencia judicial celebrada el 17 de enero. Según detalló la organización y reportó el medio suministrador, la desaparición forzada de Ghaderzadé, sumada a las denuncias de tortura y tratos crueles durante su detención, ha activado una movilización internacional que exige el cese inmediato de cualquier plan para aplicar la pena capital contra el joven de 19 años.

De acuerdo con la información publicada por Amnistía Internacional y recogida en la plataforma noticiosa original, Ghaderzadé fue detenido el 9 de enero en su vivienda de Rasht, provincia de Guilán, al norte de Irán, en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Durante su arresto, agentes de seguridad lo desvistieron de manera forzada, lo mismo que a sus dos hermanas —una de ellas con solo 14 años— con el propósito de inspeccionar sus cuerpos en busca de perdigones metálicos que, según los funcionarios, asegurarían su participación en las protestas. El informe de la ONG sostiene que la familia y el propio Ghaderzadé fueron objeto de actos de violencia considerados por la entidad como degradantes y de carácter sexual, en presencia de otras personas.

El joven fue aprehendido después de que la policía encontrara heridas de perdigón en su cuerpo, evidencia que, según la narrativa de las autoridades, fundamentó su detención y posterior acusación de "traición". Tras ser procesado de manera expedita, un tribunal iraní lo sentenció a la horca en menos de diez días después de su arresto, informó Amnistía Internacional. La ONG subraya que, desde ese momento, las autoridades no han comunicado la ubicación ni la condición física de Ghaderzadé, impidiendo que la familia pueda visitarlo o constatar su bienestar.

En los comunicados emitidos a través de redes sociales y reproducidos por el medio contribuyente, Amnistía Internacional urgió a las autoridades iraníes a frenar "de inmediato" cualquier preparación vinculada a la ejecución de Ghaderzadé y a desistir de utilizar la pena de muerte como herramienta de intimidación o castigo contra quienes participan en manifestaciones políticas o sociales. El llamado extendido de la organización se dirige también a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pidiéndoles ejercer presión diplomática sobre el gobierno de Teherán para detener las ejecuciones y cesar la represión violenta de las protestas.

Según Amnistía Internacional, la situación de Ghaderzadé se inscribe en un patrón más amplio de represión estatal, donde la magnitud real de la violencia permanece parcial o totalmente oculta debido al bloqueo de Internet y a la censura informativa dentro del país. La organización denunció que numerosos detenidos, en el marco de las protestas recientes, han enfrentado torturas, privación de acceso a recursos médicos y procesos judiciales que carecen de garantías fundamentales.

El medio fuente recoge además la postura oficial expresada por altos funcionarios del Estado iraní. El presidente Masud Pezeshkian, el titular del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, hicieron un llamado público a que quienes no hayan tenido un papel relevante en los disturbios sean objeto de "compasión e indulgencia islámicas". Esta postura, matiza la nota original, no ha modificado hasta ahora las órdenes judiciales contra manifestantes considerados comprometidos en acciones graves, como en el caso de Ghaderzadé.

La solicitud de Amnistía Internacional para que se esclarezca tanto el destino como la situación legal y médica del joven incluye la exigencia de que reciba atención médica adecuada y esté protegido contra más torturas o malos tratos durante su detención. El medio que divulgó esta información dedica parte de su cobertura a las condiciones en que transcurren los arrestos de manifestantes en Irán y al contexto de creciente preocupación internacional por los métodos empleados por las fuerzas de seguridad.

La familia de Ghaderzadé, junto a activistas y organizaciones internacionales, reiteró las denuncias de desaparición forzada, ausencia de acceso a la defensa y violaciones sistemáticas de los derechos procesales, como relató Amnistía Internacional y difundió el canal noticioso. La ausencia de mecanismos independientes capaces de verificar la situación de los detenidos dificulta la tarea de organizaciones de derechos humanos y alimenta las sospechas sobre el uso de la tortura, así como sobre la falta de transparencia procesal en casos relacionados con protestas.

Varias entidades y defensores de derechos humanos han insistido en el carácter de urgencia de la intervención internacional para frenar la aplicación de la pena de muerte en estos contextos. La cobertura original destaca que la presión sobre las autoridades iraníes por parte de la sociedad civil y los diplomáticos extranjeros se considera una de las estrategias más efectivas para impedir ejecuciones bajo estas condiciones.

Amnistía Internacional concluyó sus intervenciones recogidas por el medio solicitando al gobierno iraní el cese de medidas de represión letal y el restablecimiento de las garantías fundamentales para todos los procesados en el contexto de las manifestaciones.

La familia de Erfan Soltani ha enfrentado obstáculos significativos para acceder a la información sobre el proceso judicial y la condena impuesta al joven, quien permanece bajo custodia de las autoridades iraníes desde su arresto en Fardis, provincia de Alborz. Según reportó la organización no gubernamental Hengaw, con sede en Oslo, el joven de 26 años fue detenido el 8 de enero cerca de su vivienda y, cuatro días después, la familia recibió la notificación de que había sido condenado a muerte tras un juicio calificado como veloz y poco transparente. Hengaw denunció que la ejecución está prevista para este miércoles y subrayó que la hermana de Soltani, abogada de profesión, intentó asumir su defensa sin éxito.

Según consignó Hengaw, esta situación ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la ausencia de garantías procesales y la falta de acceso a una defensa efectiva para el acusado. La ONG describió el proceso como una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al considerar que al joven se le negó la posibilidad de contar con un abogado, la oportunidad de una defensa adecuada y un juicio independiente. Además, Hengaw sostuvo que la inminente ejecución de Soltani representa una “ejecución extrajudicial” y constituye una grave vulneración del derecho internacional.

Hengaw manifestó que la acusación principal en contra de Soltani se basa en el delito de “enemistad contra Dios”, una figura empleada en el sistema judicial iraní para condenar a opositores y manifestantes. Según publicó IranWire, fuentes cercanas a la familia revelaron que las autoridades han permitido que Soltani reciba una última visita antes de la programada ejecución.

El caso de Erfan Soltani se suma a situaciones similares ocurridas durante movilizaciones antigubernamentales en territorio iraní. Según detalló Hengaw, estas protestas estallaron en respuesta a la crisis económica y la degradación de las condiciones de vida en el país. La ONG advirtió que la utilización de la pena de muerte como instrumento para reprimir manifestaciones públicas se ha incrementado, destacando la rapidez y la falta de transparencia en los procedimientos judiciales aplicados a manifestantes detenidos.

Hengaw recordó antecedentes recientes, como la ejecución de Mohsen Shekari, uno de los primeros manifestantes condenados tras las protestas de 2022, ocurridas después de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda. Shekari fue sentenciado a muerte tras ser acusado de herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, según consignó la organización.

La ONG enfatizó la urgencia de la situación y reclamó la intervención de la comunidad internacional. “La tramitación apresurada y poco transparente de este caso ha aumentado las preocupaciones por el uso de la pena de muerte como herramienta para reprimir las protestas públicas", expresó Hengaw en declaraciones recogidas por los medios. La organización con sede en Oslo solicitó que se tomen medidas inmediatas para evitar la ejecución de Soltani y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El medio informó que, tras recibir las notificaciones oficiales, la familia del joven, en particular su hermana, ha intentado acceder al expediente judicial y brindar asistencia legal al acusado, sin obtener respuesta de las autoridades judiciales iraníes. Hengaw reportó que esta práctica de negar el acceso a la defensa se repite en otros casos registrados durante las recientes movilizaciones.

El precedente de ejecuciones tras protestas y el corto periodo entre el arresto y la condena han suscitado inquietud en organismos internacionales y en la sociedad civil, que han intensificado el seguimiento de los acontecimientos en torno a los manifestantes detenidos. Según describió Hengaw, la aplicación acelerada de sentencias de muerte se percibe como un medio para disuadir la participación en manifestaciones y desalentar críticas al gobierno iraní.

Las fuentes consultadas por IranWire y citadas por la organización subrayaron la falta de transparencia que rodea los procesos judiciales contra manifestantes, la velocidad de las condenas y la imposibilidad de ejercer mecanismos de apelación o defensa. Hengaw concluyó que la comunidad internacional debe atender con urgencia la petición de suspensión de la ejecución programada y exigir el respeto a los derechos fundamentales en los procesos judiciales vinculados a protestas sociales en Irán.

La Contraloría General de la República lanzó un llamado de alerta devido a que más de un tercio de los recursos públicos gestionados a través de contratos fiduciarios permanecen sin ejecutar, “inmovilizados”, de acuerdo con la información oficial que emitió la entidad.

Según la institución, de un total de 13,46 billones de pesos comprometidos en fiducias hasta diciembre del 2024, al menos 4,84 billones permanecen sin gestión ni ejecución.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta situación afecta la entrega oportuna de obras y servicios dirigidos a la ciudadanía. De hecho, a través del comunicado que publicó el organismo de control, informaron que la circunstancia “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal la y pérdida de eficacia social”.

El informe puntualizó que estos fondos, distribuidos en 156 negocios fiduciarios, continúan quietos, a pesar de estar destinados a proyectos específicos.

El organismo enfatizó que “cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al desglosar la muestra analizada, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda lidera la lista con $165.255 millones sin ejecutar, seguido por el Ministerio de Comercio con $109.320 millones y el Ministerio de Salud con $67.792 millones.

En el sector fiduciario, Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones en recursos inmovilizados, mientras que Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular concentran otros montos significativos.

La Contraloría identificó que los principales factores que explican la inmovilización de estos recursos son falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos poco eficientes.

El estudio advirtió que la permanencia de los fondos en portafolios de baja rentabilidad genera un “mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”, ya que el rendimiento económico es muy inferior al valor público que podrían producir si se invirtieran a tiempo.

El reporte también destacó que los proyectos más afectados corresponden a sectores estratégicos como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, que requieren una alta inversión inicial y ejecución a largo plazo.

La Contraloría General de la República anunció, en ese sentido, que iniciará actuaciones fiscales para determinar responsabilidades y buscar que los recursos inmovilizados sean ejecutados con mayor eficiencia.

“Iniciaremos actuaciones fiscales por los recursos inmovilizados en fiducias, que no se ejecutan a tiempo por retrasos administrativos, deficiencias contractuales y procesos poco eficientes”, se leyó en la publicación de la institución en redes.

El organismo reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio público y la mejora en la gestión del gasto estatal, con el objetivo de que los proyectos lleguen efectivamente a la ciudadanía.

Contraloría recuperó 20 millones de dólares para el Estado en contrato de helicópteros Mi-17

La Contraloría General de la República evitó una pérdida millonaria de recursos públicos mediante la recuperación de 20 millones de dólares de la aseguradora vinculada al contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17.

Estos fondos, que ya ingresaron al Tesoro Nacional, corresponden a la restitución de pagos anticipados no utilizados, costos asociados a obligaciones contractuales y la indemnización por perjuicios.

La recuperación se produjo tras una advertencia emitida en septiembre de 2025, cuando la Contraloría alertó al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida patrimonial debido al incumplimiento del contratista y a la falta de acciones para activar las garantías contractuales.

El organismo de control realizó un seguimiento técnico con visitas al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban las aeronaves, así como inspecciones a los hangares de la empresa contratista Vertol Systems Company Inc. en Estados Unidos.

El análisis incluyó la revisión detallada de la información contractual, operativa y aseguradora del proceso. Estas acciones permitieron verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente, lo que impidió un detrimento al patrimonio del Estado.

Stacey Humphreys, un hombre de 52 años oriundo de Estados Unidos, fue sentenciado a la ejecución con inyección letal por el asesinato de dos agentes inmobiliarias en el estado de Georgia en 2003. Sin embargo, fue suspendida de manera inesperada después de que solicitara una última comida compuesta por platos de alto contenido calórico.

La medida, adoptada por la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional del estado, dejó en suspenso la fecha prevista para la ejecución, que estaba programada para el miércoles 17 de diciembre en la Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia. El hombre padece obesidad y enfrenta diversos problemas de salud y había sido sentenciado a muerte por un crimen que conmocionó a la comunidad local, según información de Associated Press.

Humphreys fue declarado culpable en septiembre de 2007 por el asesinato de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21, ambas agentes inmobiliarias que trabajaban en una oficina de ventas en las inmediaciones de Atlanta. El 3 de noviembre de 2003 al mediodía, el hombre ingresó al lugar, obligó a las víctimas a desnudarse y a entregarle sus PINES bancarios, y posteriormente les disparó fatalmente, de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio. Tras el crimen, retiró más de USD 3.000 de las cuentas bancarias de las mujeres y, al ser arrestado, declaró a la policía que necesitaba el dinero para pagar su camioneta. En ese momento, se encontraba en libertad condicional por una condena previa por robo y había salido de prisión trece meses antes.

La condena a muerte fue resultado de un proceso judicial que incluyó múltiples recursos legales. Sus abogados han alegado que la sentencia fue producto de un jurado parcial y de irregularidades durante la selección de los miembros del jurado. Además, han sostenido que ejecutarlo en este momento violaría su derecho al debido proceso, citando un acuerdo de la era de la pandemia que pausó las ejecuciones y que, según ellos, aún debería aplicarse en su caso.

Sin embargo, los tribunales federales y estatales han determinado que estos reclamos no son admisibles o están procesalmente impedidas. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el caso en octubre y su sentencia quedó firme, según recogió The Associated Press.

Una cena alta en calorías y la suspensión

La suspensión de la ejecución se produjo después de que el condenado haya solicitado una última comida con un alto nivel calórico. La misma estaba compuesta por una tapa de asado a la barbacoa, costillas de cerdo, una hamburguesa con doble con queso y panceta, papas fritas, ensalada de col, pan de maíz, alitas de búfalo, una pizza, dos gaseosas de limón y lima y helado de vainilla. Este pedido, revelado por funcionarios estatales la semana previa a la suspensión, puso de relieve el estado de salud del condenado, quien padece obesidad y otros problemas médicos.

La Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional de Georgia emitió la orden de suspensión sin especificar los motivos ni la duración del aplazamiento, según recogió Daily Mail.

El contexto incluyó una serie de recursos legales presentados por los abogados de Humphreys, quienes cuestionaron la imparcialidad de dos de los cinco miembros del organismo encargado de evaluar las solicitudes de clemencia. Los representantes legales del condenado argumentaron que Kimberly McCoy, quien fue defensora de víctimas en la Fiscalía del Condado de Cobb durante el juicio, y Wayne Bennett, exsheriff del Condado de Glynn, mantenían vínculos directos con el caso.

La abogada defensora aceptó abstenerse de votar sobre la petición de clemencia, aunque persistieron dudas sobre su participación en las deliberaciones. El agente, por su parte, declaró que su función anterior no influiría en su decisión y que no estuvo involucrado directamente en la seguridad diaria del juicio ni del jurado.

Cuándo podría ser ejecutado

La orden de ejecución de Humphreys permanece vigente hasta el mediodía del 24 de diciembre. Si la ejecución no se lleva a cabo antes de esa fecha, el estado deberá solicitar una nueva orden, según la información proporcionada por Daily Mail. Mientras tanto, la junta de libertad condicional podría levantar la suspensión en cualquier momento, lo que mantiene la posibilidad de que la ejecución se reactive si se resuelven los desafíos legales pendientes.

Los abogados del Estado sostienen que el hombre tiene derecho a que su solicitud de clemencia sea votada por un quórum de tres miembros, no necesariamente por los cinco integrantes de la junta, y argumentan que la Constitución estatal impide que el gobernador nombre reemplazos temporales que excedan el número establecido.

Por su parte, los abogados del condenado han solicitado al juez que impida cualquier acción hasta que se tome una decisión definitiva sobre la recusación de los miembros de la junta y la composición del órgano encargado de votar la clemencia.

Harold Wayne Nichols fue ejecutado el jueves en Nashville, Tennessee, mediante inyección letal, tras ser condenado por la violación y asesinato de Karen Pulley, una estudiante universitaria de 20 años, en 1988.

Nichols, de 64 años, confesó el crimen y expresó remordimiento en sus últimas palabras, reconociendo el daño causado y admitiendo que, de no haber sido arrestado, habría continuado con su conducta violenta.

La ejecución, realizada en la prisión estatal, puso fin a un proceso judicial que se extendió durante casi cuatro décadas y mantuvo a la familia de la víctima en una prolongada espera, según informó The Associated Press.

Antes de ser ejecutado, Nichols mostró arrepentimiento y pidió disculpas

Durante la ejecución, Nichols pronunció una declaración final: “A las personas a las que les causé daño, lo lamento”. Un consejero espiritual lo acompañó en sus últimos momentos, recitándole el Padrenuestro y compartiendo un instante de recogimiento, mientras Nichols asentía en silencio.

Los abogados del condenado solicitaron la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, argumentando que Nichols asumió la responsabilidad de sus actos y se declaró culpable, lo que, según su defensa, lo habría convertido en el primer ejecutado en Tennessee por un crimen confesado desde la reinstauración de la pena capital en 1978.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la suspensión de la ejecución el mismo jueves.

La familia de la víctima expresó el terror que vivieron hasta el momento de la ejecución de Nichols

La familia de Karen Pulley expresó el profundo impacto que el crimen y el largo proceso judicial tuvieron en sus vidas. Lisette Monroe, hermana de la víctima, describió los 37 años de espera como “37 años de infierno” y recordó a Pulley como una persona “gentil, dulce e inocente”.

Monroe manifestó su esperanza de poder centrarse en los recuerdos felices de su hermana tras la ejecución.

Por su parte, Jeff Monroe, esposo de Lisette, relató que la familia quedó “destruida por el mal” la noche del asesinato y subrayó la gravedad de la pena capital: “Quitarle la vida a alguien es algo serio y no nos provoca placer... los crímenes fueron deliberados, violentos y horrendos”, declaró en una conferencia de prensa posterior al procedimiento, según recogió The Associated Press.

Jeff Monroe también recordó que Pulley, quien acababa de terminar una sesión de estudios bíblicos y estudiaba para convertirse en asistente legal, era una joven alegre y desinteresada, con grandes expectativas para su futuro.

El caso de Nichols estuvo marcado por varios aplazamientos

Condenado a muerte en 1990, enfrentó dos fechas de ejecución previas. En agosto de 2020, la ejecución fue pospuesta debido a la pandemia de COVID-19. En ese momento, Nichols había optado por la silla eléctrica, una alternativa permitida en Tennessee para quienes cometieron delitos antes de enero de 1999.

Posteriormente, en 2022, el gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones tras detectarse irregularidades en el protocolo de inyección letal, lo que incluyó una segunda fecha de ejecución para Nichols. Una revisión independiente reveló que ninguno de los medicamentos utilizados en las ejecuciones desde 2018 había pasado por los controles requeridos.

Tennessee implementó un fármaco único para las ejecuciones por inyección letal

A raíz de estos hallazgos, el Departamento de Correccionales de Tennessee implementó en diciembre pasado un nuevo protocolo basado en el uso de un solo fármaco, pentobarbital. Esta modificación generó nuevas demandas judiciales por parte de los abogados de varios reclusos, quienes cuestionan la legalidad y seguridad del procedimiento. El juicio sobre este protocolo está previsto para abril. En esta última ocasión, Nichols no eligió un método de ejecución.

El caso de Tennessee se inscribe en un contexto nacional de creciente dificultad para obtener los medicamentos necesarios para la inyección letal, debido a la presión de activistas contra la pena de muerte sobre las compañías farmacéuticas y los proveedores.

Esta situación ha llevado a varios estados a buscar métodos alternativos, como el pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur o el uso de gas nitrógeno en Alabama, según reportó The Associated Press.

La ejecución de Nichols refleja la persistencia de la pena de muerte en Estados Unidos, donde 45 hombres han sido ejecutados en lo que va del año.

Bogotá aseguró la financiación total del Metro para 2026 mediante la aprobación de dos créditos internacionales por 1.060 millones de dólares.

Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán desde la sede del Banco Mundial en Washington D.C., Estados Unidos, según se ve en el más reciente video que publicó en su cuenta de X, este respaldo financiero proviene del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y permitirá que el proyecto alcance cerca del 90% de avance durante el próximo año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia fue comunicada de manera oficial por el mandatario local, que confirmó las implicaciones para la transformación de la movilidad en la capital colombiana, una demanda insatisfecha durante más de ocho décadas.

La operación incluye recursos del Banco Europeo de Inversiones, entidad que se suma a la participación del Banco Mundial y el BID.

El alcalde Galán destacó que “con estos recursos, sumados a los del Banco Europeo de Inversiones, tenemos garantizada la financiación del Metro para el próximo año”, en palabras recogidas en un comunicado institucional.

El mandatario precisó que la primera línea del Metro de Bogotá superará el 90% de avance en obra el próximo año, lo que representa un hito trascendental.

Según fuentes oficiales, la aprobación de los créditos asegura la continuidad ininterrumpida de los trabajos hasta la finalización del proyecto, despejando dudas sobre el futuro de la infraestructura.

El alcalde reiteró: “Eso nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del noventa por ciento de avance. El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace ochenta años”.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano impulsa transformación en el corazón de Bogotá

Un ambicioso desarrollo inmobiliario en la Calle 26 de Bogotá avanza con la meta de transformar una zona degradada en el corazón de la ciudad en un polo de vivienda, oficinas y comercio, articulado con los principales sistemas de transporte como el metro de Bogotá.

El proyecto, liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), prevé la construcción de 521 viviendas y la renovación de tres manzanas entre las calles 24 y 24B con la avenida Caracas, donde convergerán el metro de Bogotá, el RegioTram de Occidente y el sistema Transmilenio. La culminación está prevista para 2038, con una inversión estimada de 850.000 millones de pesos (aproximadamente USD 200 millones), según declaraciones de Emmanuel Cáceres, representante legal de Bonus Banca de Inversión, a El Tiempo.

En la fase inicial, la firma Bonus Banca de Inversión dispone de ocho meses para definir la estructura financiera, técnica y legal del proyecto, así como para acompañar la selección del desarrollador inmobiliario encargado de la ejecución.

La firma de la estructuración final incluirá la responsabilidad de atraer un fondo, un desarrollador o un colaborador que gestione las tres manzanas, con el objetivo de iniciar las obras en agosto del próximo año. Según Cáceres, la expectativa es que un actor privado asuma el desarrollo conforme a los requisitos establecidos, entregando como contraprestación la mayor cantidad posible de metros cuadrados para oficinas de la administración distrital.

El modelo de financiación proyecta que el 70% de los recursos provendrá de deuda y el 30% de capital propio, lo que orienta la búsqueda hacia grandes actores de los sectores de infraestructura e inmobiliario. La iniciativa se enmarca en una estrategia de aprovechamiento de terrenos públicos que permanecieron en desuso durante más de una década, con el propósito de revitalizar el entorno y consolidar el sistema intermodal de transporte de la ciudad. Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, explicó que el proyecto no solo implica la construcción de nuevas viviendas y locales comerciales en un área de 1,49 hectáreas, sino también la consolidación de un legado arquitectónico y urbanístico para Bogotá.

La administración de Carlos Fernando Galán ha dedicado dos años a habilitar las condiciones legales, jurídicas, territoriales y físicas necesarias para el desarrollo, según Reyes.

El gerente destacó que la zona, antes en deterioro, fue objeto de reuniones con la comunidad y los vecinos, quienes solicitaron el cierre de las manzanas para preparar el terreno. Además, existe un convenio con el Jardín Botánico, y en el área funciona el Jardín Estación Central, un espacio con más de 5.000 especies de plantas que sirve como punto de traslado de árboles a proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y otras entidades. Reyes subrayó que esta característica contribuye a atraer inversiones al proyecto.

De acuerdo con lo informado por Mizan y agencias de noticias internacionales, el hombre había sido declarado culpable de violar mediante fuerza y amenazas a dos mujeres, a quienes también coaccionó bajo la amenaza de dañar su reputación. El tribunal local encontró fundamentos suficientes para dictar la condena a muerte, al considerar la peligrosidad de los hechos y su impacto sobre la seguridad y la moralidad social. El proceso judicial, según consignó el medio iraní, incluyó una revisión detallada tanto en el tribunal de primera instancia como en la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo, que validó la legalidad del fallo y su conformidad con la ley islámica vigente en el país.

El juez Walmuslimin, citado por Mizan, explicó que la sentencia fue resultado de una investigación prolongada, durante la cual se analizaron diversas pruebas y testimonios relacionados con los incidentes. La ejecución se realizó en público, una práctica empleada en Irán en ciertos casos considerados de gravedad social particular. Según la información divulgada, la identidad del condenado no se difundió de manera oficial y el comunicado judicial subrayó la naturaleza agravada de los hechos imputados, alegando la existencia de un propósito deliberado de atentar contra el honor y la dignidad de las víctimas.

Tal como detalló el portal de noticias Mizan, la ejecución se presentó como una respuesta ejemplificadora frente a delitos que la legislación iraní clasifica como atentados contra la moral pública y amenazas a la seguridad social. Las autoridades judiciales locales manifestaron que la lucha contra los crímenes de abuso sexual y la preservación de los valores tradicionales ocupan un lugar prioritario en la agenda judicial provincial. "Tomar medidas decisivas contra los delitos contra el honor y las conductas que amenazan la seguridad moral de la sociedad es una de las prioridades del sistema judicial provincial iraní, y la emisión de este tipo de sentencias refleja la determinación de las autoridades", manifestó el juez citado por Mizan.

El procedimiento, detalló la fuente judicial, siguió los estándares legales nacionales y contó con las aprobaciones requeridas por la normativa islámica vigente en el sistema penal del país. El tribunal, sostuvo el juez Walmuslimin, evaluó en profundidad los hechos y, tras concluir la responsabilidad penal del acusado, consideró la ejecución en público como una forma de prevención y disuasión ante incidentes de similares características. Numerosas fuentes, incluyendo declaraciones recogidas por Mizan, enfatizaron que la decisión buscó transmitir un mensaje de firmeza institucional en defensa del honor individual y de la protección social frente a conductas consideradas especialmente dañinas.

El caso se suma a otros procesos judiciales en Irán donde la aplicación de la pena capital se vinculó con delitos considerados especialmente graves por las autoridades, como los vinculados al abuso sexual o la afectación de la moralidad pública. La prensa iraní y las informaciones judiciales especificaron que estos delitos se sancionan bajo el marco legal islámico y que la sucesión de instancias judiciales, incluida la revisión por el Tribunal Supremo, integra un procedimiento destinado, según las autoridades, a garantizar el cumplimiento legal y la evaluación exhaustiva de los hechos.

Ralph Leroy Menzies, un recluso de Utah condenado a muerte que desarrolló demencia, falleció tras pasar 37 años en el corredor de la muerte, lo que marcó el final de uno de los casos más prolongados y controvertidos del sistema penal estadounidense.

Según informó el Departamento de Correcciones del estado, Menzies, de 67 años, murió el miércoles por causas aparentemente naturales, apenas tres meses después de que la Corte Suprema de Utah suspendiera su ejecución.

La historia de Menzies se remonta a 1986, cuando fue condenado por el secuestro y asesinato de Maurine Hunsaker, una madre de tres hijos de 26 años.

El crimen ocurrió cerca de Salt Lake City, mientras Menzies se encontraba en libertad condicional

El 23 de febrero de ese año, Hunsaker fue raptada de la tienda donde trabajaba. Poco después, logró comunicarse con su esposo para informarle que había sido robada y secuestrada, y que su captor planeaba liberarla.

Dos días más tarde, un excursionista halló su cuerpo en una zona de picnic situada a unos 25 kilómetros (16 millas) en el Cañón Big Cottonwood. La autopsia reveló que había sido estrangulada y presentaba una herida profunda en el cuello.

La investigación policial vinculó a Menzies con el crimen mediante pruebas materiales: la huella dactilar de Hunsaker apareció en un vehículo que él conducía, y su bolso fue recuperado en el apartamento del acusado. Además, cuando Menzies fue arrestado por otros delitos, portaba la cartera y otras pertenencias de la víctima.

El esposo de Hunsaker dio a conocer su alivio luego del fallecimiento de Menzies

El esposo de la víctima, Jim Hunsaker, expresó a The Associated Press el alivio que sintió al conocer la noticia del fallecimiento de Menzies: “Sentí una sensación de felicidad y como si me hubieran quitado 45 kilos de encima”, dijo.

Hunsaker reconoció que el proceso judicial fue una fuente constante de frustración para su familia, que durante décadas experimentó “una decepción tras otra”. Añadió: “Creo que gran parte de esto va a ser simplemente sanar ahora. No creo que haya habido un día en que no haya pensado en ello”. También manifestó su descontento con la gestión del caso por parte del sistema judicial estatal, al considerar que “parece que todo salió como él quería”.

La condena de Menzies fue bloqueada debido a su estado mental que desarrolló en prisión

La ejecución de Menzies estaba programada para septiembre de este año, mediante pelotón de fusilamiento, un método que él mismo eligió décadas atrás cuando se le ofreció la opción.

De haberse concretado, habría sido el séptimo preso en Estados Unidos ejecutado por este método desde que el país restableció la pena de muerte en 1977.

Sin embargo, en agosto, la Corte Suprema de Utah bloqueó la ejecución tras aceptar los argumentos de la defensa, que sostenía que la demencia de Menzies se había agravado hasta el punto de impedirle comprender racionalmente el motivo de su condena.

Un informe médico estatal, publicado este mes, coincidió en que el recluso carecía de la capacidad mental necesaria para afrontar la ejecución. El tribunal había fijado una nueva audiencia de competencia para mediados de diciembre con el fin de reevaluar su estado mental, pero la muerte de Menzies impidió que se celebrara.

El caso de Menzies no es aislado en el contexto estadounidense

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, más de la mitad de los presos condenados a muerte en Estados Unidos pasan más de dieciocho años esperando la ejecución, y son numerosos los reclusos que fallecen por causas naturales antes de que se cumpla la sentencia.

En Utah, la última ejecución se realizó mediante inyección letal hace poco más de un año, mientras que el pelotón de fusilamiento no se emplea desde la ejecución de Ronnie Lee Gardner en 2010.

La ejecución de Richard Barry Randolph en la prisión estatal de Florida marcó un nuevo récord en la historia reciente del estado, al convertirse en la decimoséptima persona en recibir la pena capital en lo que va del año. Este hito supera ampliamente el máximo anual anterior, que databa de 2014 con ocho ejecuciones.

Con la ejecución de Randolph, 44 hombres han sido ejecutados este año en Estados Unidos por orden judicial, y más de una docena de personas adicionales tienen programada su ejecución para lo que resta de 2025 y el año siguiente.

Florida encabeza la lista de estados con más ejecuciones en 2025, seguida de Alabama, Carolina del Sur y Texas, cada uno con cinco.

El procedimiento que llevó a Randolph a la muerte

Randolph, de 63 años, fue declarado muerto a las 18:12 horas (hora local) tras recibir la inyección letal, la cual está compuesta por tres fármacos. El Departamento de Correcciones de Florida detalla que el protocolo de inyección letal en el estado consiste en la administración secuencial de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

El procedimiento se inició puntualmente a las 18:00 horas, cuando se levantó el telón de la cámara de la muerte. Dos minutos después, las autoridades comenzaron a administrar los medicamentos, mientras Randolph permanecía en silencio, sin pronunciar palabras finales.

Durante la administración de los fármacos, el condenado mantuvo los ojos cerrados y mostró leves contracciones faciales, respirando con dificultad durante algunos minutos antes de quedar inmóvil y pálido. Un guardia intentó obtener una reacción llamándolo por su nombre y sacudiéndolo, pero no obtuvo respuesta. A las 18:11 horas se solicitó la presencia de un médico, quien confirmó el fallecimiento un minuto después.

La familia de la víctima, Minnie Ruth McCollum, expresó su agradecimiento al gobernador Ron DeSantis a través de Jordan Kirkland, portavoz del Departamento de Correcciones, quien transmitió el mensaje en una rueda de prensa posterior. Kirkland también señaló que tres familiares de McCollum tenían previsto testificar, aunque no ofreció detalles adicionales.

El caso que llevó a Randolph al corredor de la muerte se remonta a agosto de 1988

De acuerdo con los registros judiciales citados por The Associated Press, Randolph intentó robar la caja fuerte de una tienda de conveniencia en Palatka, donde había trabajado previamente. Al ser sorprendido por la gerente, McCollum, se produjo un forcejeo. Los documentos judiciales detallan que Randolph golpeó, estranguló, apuñaló y violó a McCollum antes de abandonar el lugar y huir en el automóvil de la víctima.

Tres mujeres presenciaron la salida de Randolph de la tienda y, al observar el desorden en el interior, alertaron a la policía. Un agente acudió al establecimiento y encontró a McCollum aún con vida. Fue trasladada al hospital en estado de coma, donde falleció seis días después debido a graves lesiones cerebrales, según el informe médico citado por The Associated Press.

La detención de Randolph se llevó a cabo poco después de haber cometido el crimen

La detención de Randolph se produjo poco después en un supermercado de Jacksonville, cuando intentaba obtener dinero y canjear billetes de lotería robados de la tienda. Los investigadores indicaron que Randolph confesó el ataque y condujo a los agentes hasta la ropa ensangrentada que había desechado.

En 1989, Randolph fue condenado por asesinato, robo a mano armada, agresión sexual y hurto mayor, recibiendo la sentencia de muerte. Durante los años siguientes, presentó diversas apelaciones.

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó sus argumentos, que incluían la supuesta denegación de acceso a registros públicos y la actuación de sus abogados sin su consentimiento. El jueves por la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó su última apelación, según informó The Associated Press.

Las ejecuciones en el estado no se detienen y dos más están programadas para finalizar el año

DeSantis, responsable de firmar la orden de ejecución, ha ordenado más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El propio gobernador ha manifestado que su objetivo es “hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas a que se ejecuten las sentencias de muerte”.

El calendario de ejecuciones en Florida continuará en diciembre, con dos procedimientos ya programados. Mark Allen Geralds, de 58 años, será ejecutado el 9 de diciembre tras ser condenado por el asesinato de una mujer durante un robo con allanamiento de morada.

Frank Athen Walls, también de 58 años, enfrentará la decimonovena ejecución estatal el 18 de diciembre, tras ser hallado culpable del asesinato a tiros de un hombre y una mujer durante un robo, y confesar posteriormente otros tres homicidios.

El estado de Florida llevó a cabo la ejecución de Samuel Lee Smithers, de 72 años, condenado por el asesinato de dos mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en un estanque rural en la localidad de Plant City.

Smithers recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en las cercanías de Starke, bajo una orden firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, según informó The Associated Press (AP).

La muerte de Smithers representa la decimocuarta ejecución estatal en 2025. Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el total anual más alto de ejecuciones en Florida fue de ocho en 2014. De esta manera, Florida se mantiene como el estado con más ejecuciones realizadas en lo que va del año, seguido por Texas, que suma cinco.

Los delitos de SamueSmithers

Smithers fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte en 1999. De acuerdo con documentos judiciales citados por NBC News, Smithers conoció a Christy Cowan y Denise Roach durante mayo de 1996 en un motel de Tampa, donde se reunió con ellas a cambio de servicios sexuales. Por entonces, trabajaba realizando mantenimiento paisajístico en una propiedad de 27 acres que incluía tres estanques.

El 28 de mayo de 1996, la propietaria del terreno, quien conocía a Smithers de una iglesia donde él ejercía como diácono bautista, lo encontró limpiando un hacha en el garaje. Ante las preguntas de la mujer sobre una mancha de sangre en el lugar, Smithers respondió: “alguien debió haber pasado y matado un animal pequeño”.

La propietaria alertó a las autoridades, que al llegar observaron huellas de arrastre hacia uno de los estanques, en el que finalmente localizaron los cuerpos de Cowan y Roach. Las investigaciones revelaron que ambas víctimas habían sido golpeadas brutalmente, estranguladas y arrojadas vivas al estanque, donde murieron.

Según registros judiciales, Smithers insistió en su inocencia durante el proceso, aunque fue hallado culpable por un jurado. La defensa intentó apelar la sentencia argumentando que, por su edad, la ejecución violaba la prohibición constitucional estadounidense contra los castigos crueles e inusuales.

No obstante, la Corte Suprema de Florida rechazó el recurso, determinando que la edad avanzada no exime a los reclusos de la pena de muerte. Hasta el momento de la ejecución, aún quedaba una apelación pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En lo que va del año, 35 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos mediante sentencias judiciales, y al menos ocho personas más están programadas para ser puestas a muerte durante 2025. En Florida, destacan los próximos casos de Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, cuya ejecución está fijada para el 28 de octubre, y Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, programada para el 13 de noviembre de 2025.

Las ejecuciones en Florida se realizan mediante inyección letal, compuesta por un sedante, un paralizante muscular y una sustancia que detiene el corazón, siguiendo el protocolo establecido por el Departamento de Correcciones estatal.

La Corte de Apelaciones en lo Criminal de Texas decidió suspender, apenas una semana antes de su fecha programada, la ejecución de Robert Roberson, un hombre autista condenado a muerte por la muerte de su hija de dos años.

El tribunal ordenó una nueva revisión ante las dudas sobre la validez de la evidencia que llevó a su condena bajo el diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido”, un tema que divide a la comunidad científica y judicial en Estados Unidos y que ha atraído atención nacional e internacional.

Según reportó The New York Times, el máximo tribunal estatal instó al tribunal de primera instancia a reconsiderar el caso de Roberson tras la revisión de pruebas médicas y testimonios presentados hace más de veinte años.

La suspensión de la ejecución fue comunicada exactamente siete días antes de que Roberson fuese sometido a la inyección letal en la prisión de Huntsville. El caso ha movilizado a figuras públicas, entre ellas el presentador Dr. Phil McGraw y el novelista John Grisham, quienes han manifestado su oposición a la ejecución.

La condena de Roberson surgió después de un juicio en 2003, donde los fiscales lo acusaron de haber sacudido violentamente a su hija Nikki, causándole la muerte. Durante el proceso, dos testigos declararon haberlo visto realizar el movimiento, y recrearon ante los jurados la acción utilizando un oso de peluche, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.

No obstante, la defensa sostiene que existe una falta de consenso médico en torno al diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido”, calificado por sus abogados como “ciencia basura”.

“Estamos aliviados y agradecidos. Confiamos en que una revisión objetiva de la ciencia y la evidencia médica demostrará que no hubo crimen”, expresó Gretchen Sween, abogada de Roberson, en declaraciones recogidas por The New York Times y CBS News.

Los defensores del condenado argumentan que la menor falleció por complicaciones médicas provocadas por una neumonía viral y bacteriana severa, agravada por medicamentos prescritos, y no a causa de maltrato infantil.

El tribunal fundamentó su decisión en la llamada ley de “ciencia basura” de Texas, que desde 2013 permite impugnar condenas si la prueba pericial ha quedado desacreditada o superada por nuevos conocimientos. CBS News precisó que la Corte de Apelaciones ya aplicó esta ley en 2024 al caso de Andrew Roark, un hombre exonerado tras permanecer años en prisión por un diagnóstico similar.

“El tribunal ordena ahora a la corte de origen resolver el caso de Roberson a la luz del precedente sentando en el caso Roark”, señala el fallo de la Corte de Apelaciones de Texas. Según la defensa, al menos 40 padres y cuidadores han sido exonerados desde 1992 en Estados Unidos luego de que el diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido” fuera cuestionado o refutado.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que la evidencia médica sigue respaldando la condena de Roberson. Familiares de la niña y algunos médicos también insisten en que la muerte de Nikki derivó de episodios anteriores de abuso, según reportó CBS News. Por el contrario, los abogados de Roberson señalan que “las autoridades apresuraron sus conclusiones al basarse en una hipótesis que no resiste el análisis actual”.

Múltiples apelaciones

Desde la condena, los abogados de Roberson han presentado múltiples apelaciones ante tribunales estatales, federales y ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención del Departamento de Indultos y Libertad Condicional de Texas y del gobernador Greg Abbott, a fin de conseguir un nuevo juicio.

El impacto social y político del caso Roberson ha trascendido los tribunales. En 2024, un grupo bipartito de legisladores del Comité de Justicia Criminal de la Cámara de Representantes de Texas intervino y forzó el aplazamiento de la ejecución original, mediante una citación para que el propio Roberson testificara, según lo informado por The New York Times. La maniobra legislativa terminó en la Corte Suprema de Texas, que finalmente permitió reprogramar la ejecución.

La controversia sobre el diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido” sigue provocando revisiones judiciales y reformas legislativas. La defensa de Roberson destacó que el precedente judicial sentenciado en el caso Roark podría ser determinante, y espera que se repita el resultado de exoneración. “La cuestión ahora es si el tribunal aplicará el mismo criterio a Robert que aplicó en el caso de Roark, quien ya fue exonerado”, aseveró Gretchen Sween.

Hasta esa noche, Aileen Wuornos había tenido más de un problema con la ley y varias pequeñas temporadas en la cárcel, pero nunca había matado. Ese quiebre en su vida ocurrió tenía cuando 33 años y se ganaba la vida ofreciendo su cuerpo para mantenerse ella y también a su novia, Tyria, con la que creía haber encontrado la felicidad que siempre le fue esquiva. La del 30 de noviembre de 1989 era una noche como cualquier otra, con Aileen en busca de un cliente, y Richard Mallory, de 51 años, detuvo su auto y la invitó a subir para mantener relaciones sexuales. Ese era el acuerdo, pero cuando se detuvieron en un camino solitario y se pasaron al asiento trasero el hombre se puso violento y lo que en un principio era una contratación de servicios se transformó en un intento de violación. Aileen no sabía en ese momento que Mallory era un exconvicto y violador en serie.

Hubo forcejeos hasta que la mujer pudo manotear el arma que llevaba en la cartera y le disparó a Mallory tres veces en el pecho. Después de eso, Aileen actuó casi de manera automática: dejó el cuerpo del hombre en el asiento de atrás y manejó unos kilómetros hasta encontrar un lugar adecuado para tirar el cadáver. Antes le vació los bolsillos. Se alejó del lugar en el auto de Mallory y lo abandonó en Palm Harbour, Florida. Fue descuidada, porque varias personas la reconocerían después como la mujer totalmente vestida de negro que había bajado del auto de la víctima. Por eso algunos medios comenzaron a llamarla “la mujer araña”.

No fue capturada esa vez, cuando incluso podría haber declarado que había actuado en defensa propia, que se defendió de un intento de violación. Pero ya no pudo dejar de matar: cuando Mallory la atacó no vio su cara sino otra, la del abuelo que había abusado de ella cuando era niña, y luego volvió a verla en otros hombres que requirieron sus servicios sexuales. Y por eso los mató.

Demoró más de seis meses en volver a asesinar, pero después la escalada fue incontenible. El 1 de junio de 1990 mató a David Spears, de 43 años; el 6 de junio a Charles Carskaddon, de 40; el 4 de julio a Peter Siems, de 65; el 4 de agosto a Troy Burress, de 50; el 12 de septiembre a Dick Humphreys, de 56; y el 19 de noviembre a Walter Jeno “Gino” Antonio, de 62. A todos los mató con saña, siempre con el mismo sistema: se les ofrecía sexualmente, subía a sus autos, los asesinaba a tiros —no uno sino varios— y les robaba todo lo que llevaban encima. Siete hombres en menos de un año.

Todos los cadáveres —menos el de Siems, que nunca apareció— fueron encontrados a los costados de las rutas cercanas a Palm Harbour. La policía buscaba a “la asesina de la carretera”, también señalada como “la mujer araña”, pero no tenía demasiadas pistas para encontrarla: que era joven, que casi siempre vestía de negro y que abandonaba los cadáveres de sus víctimas a la vera de los caminos. Hasta que cometió un error y la capturaron.

“Es la primera depredadora femenina de que tengo noticia. Otras mujeres han matado a sus hijos, han matado a familiares o personas que conocen, pero ella es la primera que en realidad era una depredadora que cazaba a víctimas inocentes y les quitaba la vida”, la definió durante el juicio el sargento Bob Kelley, del Departamento del Sheriff del Condado de Volusia, uno de los detectives que investigó sus crímenes.

Abusos y más abusos

Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, y era la segunda hija de Diane Wuornos Melini y Leo Arthur Pittman. Llevaba el apellido de sus abuelos maternos porque la habían adoptado junto con su hermano mayor, Keith, cuando tenía cuatro años. Nunca conoció a su padre porque cuando nació, Dianne ya se había divorciado de él. Pittman la golpeaba y entraba y salía de la cárcel, siempre por acusaciones de abusos de menores. Muchos años después, cuando ella misma estaba en la cárcel, “la mujer araña” se enteraría de que se había suicidado en 1969, ahorcándose en la celda de una prisión de Kansas donde cumplía una condena.

Dianne, la madre, decidió iniciar una nueva vida lejos y sin hijos. En 1960 se los dejó a sus padres, Lauri y Britta Wournos, dos inmigrantes finlandeses que los adoptaron legalmente y les dieron su apellido. Para los chicos fue cambiar un infierno por otro. La abuela Britta se pasaba el día alcoholizada y los golpeaba por cualquier motivo, a veces con un cinturón, otras con un palo de escoba. El abuelo Lauri le pegaba nada más que a Keith; en cambio, a Aileen prefería llevársela a la cama —o a cualquier rincón de la casa— para abusar sexualmente de ella.

La futura asesina en serie quedó embarazada a los 15 años. Tuvo a su hijo en una maternidad de Detroit, el 23 de marzo de 1971, y lo dio en adopción. No volvió a la casa de sus abuelos, prefirió vivir en un auto abandonado en el bosque. Cuando la encontraron, la internaron en una casa para madres solteras y, como era menor, quedó bajo custodia del Estado, que la obligó a asistir a la escuela.

Como bola sin manija

Aileen Wuornos alcanzó la mayoría de edad en 1974 y, liberada de la tutela estatal, emprendió una existencia de vagabunda. Viajaba a dedo, dormía donde podía y conseguía dinero prostituyéndose en la calle. No se presentaba como Aileen sino con el alias de Sandra Kretsch. Con ese nombre fue detenida por primera vez en mayo de 1974, en Jefferson, Colorado, por conducir alcoholizada, desorden público y disparar al aire desde el vehículo en movimiento con una pistola calibre 22. La liberaron bajo fianza y cuando comenzó el juicio no se presentó. Se había esfumado.

Volvió a Michigan, donde siguió con la misma existencia casi errante hasta que fue detenida el 13 de julio de 1976 por arrojarle una bola de billar —y acertar en la cabeza— al mozo de un bar. La policía comprobó que tenía algunas órdenes de detención pendientes por manejar borracha y la multó con 105 dólares. Los pagó un mes después cuando le cayeron diez mil dólares del cielo. Su hermano Keith, a quien no veía, había muerto de cáncer de esófago y ella era la beneficiaria del seguro de vida.

Su siguiente destino fue Florida, donde alquiló un departamento y llevó la vida que el dinero fresco le permitía. Se vestía bien y frecuentaba buenos restaurantes. Así conoció a su único marido. Lewis Fell tenía 76 años, era presidente del Club Náutico de Florida, vivía en una casa enorme y era dueño de un yate. Aileen tenía 20 y no le habló en absoluto de su pasado. Tampoco a Felt parecía importarle: le propuso casarse a los dos meses de conocerse. La boda fue todo un acontecimiento, cubierto incluso por los periodistas de Sociales de los diarios de la ciudad.

El problema era que Aileen se aburría con Fell y no toleraba sus reuniones sociales ni los días en el Club Náutico. No llevaba tres meses de casada y ya dejaba solo a Fell para frecuentar los bares de la ciudad y divertirse a su manera. Y las maneras de Aileen no eran las mejores, al poco tiempo la detuvieron por agresión cuando estaba borracha en un boliche de mala muerte. Fell pagó la fianza esa misma noche y la llevó a la casa, donde Aileen se derrumbó en la cama. A la mañana siguiente, el hombre intentó reprocharle el hecho, pero no alcanzó a decir mucho. Su joven esposa empuñó una caña de pescar que estaba en el living y lo golpeó como su abuela hacía con ella: con saña y por todo el cuerpo.

Menos de seis meses después de la boda, Lewis Fell pidió la anulación del matrimonio y logró una orden de restricción contra Aileen, que no podía acercarse a menos de trescientos metros de la casa.

Volvió a las andadas cuando el dinero del seguro de vida del hermano Keith se agotó, y eso fue rápido. Los siguientes diez años entró y salió de la cárcel por toda clase de delitos: robo de automóviles, desorden público, conducir en estado de ebriedad, robo a mano armada, resistencia a la autoridad, atentado contra la propiedad privada —la emprendió a balazos contra el auto de un hombre con el que había discutido— y tenencia ilegal de armas.

Tyria, el amor y la traición

Para 1986 estaba en Daytona Beach donde conoció a Tyria Moore, de 28 años, en un bar gay. Dos días después se fueron a vivir juntas, Tyria dejó su trabajo de empleada de limpieza en un hotel y aceptó que Aileen la mantuviera con el dinero que obtenía ejerciendo la prostitución. Años después Aileen contaría que “fue un flechazo”.

La relación iba bien e incluso Tyria acompañaba a Aileen cuando circulaba por la calle o iba a los bares para conseguir clientes. En julio de 1987 las detuvieron por golpear a un hombre con una botella de cerveza durante una discusión, pero la cosa no pasó a mayores. Aileen presentó en la comisaría una licencia de conducir falsa a nombre de Susan Blahovec y con eso consiguió que no le encontraran antecedentes criminales, Tyria nunca había tenido problemas con la ley, de modo que las liberaron enseguida.

Fueron tres años de romance continuo, hasta que la noche del 30 de noviembre de 1989 Richard Mallory se cruzó en el camino de Aileen, quiso violarla y ella lo mató de tres disparos, no solo para defenderse sino para descargar todo el rencor que acumulaba contra su abuelo abusador. Menos de un año después acumulaba siete muertes y la policía de Florida no tenía pistas para encontrar a la asesina en serie a la que solo se conocía como “la araña negra” o “la asesina de la carretera”.

El 19 de noviembre de 1990 Aileen cometió el error de no deshacerse rápido del auto de su última víctima, Walter Jeno “Gino” Antonio. Por el contrario, invitó a Tyria a dar un paseo que tuvo mal final: se estrellaron contra un poste. Las dos mujeres bajaron del auto —Aileen con una herida sangrante en la cabeza—, rechazaron la ayuda de los transeúntes y se escaparon a pie. Los testigos describieron a la policía a la mujer vestida totalmente de negro y se difundió un retrato robot por televisión. Para entonces ya había aparecido el cadáver de Antonio. No quedaron dudas: la mujer de negro era “la mujer araña”. También describieron a Tyria Moore.

Esa misma noche, las dos mujeres se separaron. Moore se escapó a Pensilvania y se refugió en la casa de su hermana. Se comunicaba con Aileen por teléfono, no sabía dónde estaba. La policía localizó a Tyria, la detuvo y le hizo una propuesta que no pudo rechazar: le daría inmunidad si ayudaba a detener a Aileen y declaraba en su contra en el juicio. En la siguiente llamada telefónica, Moore le propuso un encuentro a Aileen y cuando acudió a la cita, la policía estaba esperando. “La mujer araña” no se resistió.

Unos días después, los investigadores permitieron que las dos mujeres se reunieran. Aileen le reprochó con dureza a Tyria que la hubiese entregado, pero también le dijo que no había dejado de quererla. Y tomó una decisión: “Hacé lo que tengas que hacer, si vas a declarar en mi contra, hacelo. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si para eso tengo que confesar, confesaré”, le prometió.

“No estoy loca”

El 16 de enero de 1991, Aileen Wuornos hizo una confesión completa y desligó a Tyria de los asesinatos. En el juicio declaró que su primer crimen había sido en defensa propia porque Mallory intentó violarla. “Fui violada, fui torturada. Tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido”, dijo.

La condenaron a muerte por seis de los asesinatos. En cambio, no fue juzgada por el asesinato de Peter Siems porque si bien había aparecido su auto con restos de sangre, nunca se encontró el cadáver.

Wuornos pidió que la condena se ejecutara lo antes posible. No quería seguir viviendo. “Quiero estar con Dios”, dijo. En una entrevista con Nick Broomfield, en la que insistió con que la mataran pronto, el periodista le preguntó:

—¿Con Mallory fue en defensa propia?

—Sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie porque quiero la pena de muerte —respondió.

Después del juicio, “La mujer araña” recibió golpes que le dolieron mucho más que las condenas. Tyria Moore, además de declarar en su contra ante el jurado, vendió los derechos de su historia con Aileen para que se publicara un libro. También cobró miles de dólares a cambio de entrevistas exclusivas. Arlene Pralle, una mujer que la visitaba casi diariamente para brindarle consuelo, le consiguió varias entrevistas con diferentes medios para apoyar su campaña por la ejecución. Aileen se enteró que cobraba 10.000 dólares por concertar los encuentros en la prisión. El gobernador de Florida, Jed Bush, se interesó por esa mujer que pedía a gritos que la ejecutaran y quiso que se le hicieran pericias psicológicas para descartar que estuviera “loca”.

Aileen Wuornos seguía rogando que la ejecutaran de una vez por todas. “Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo... Estoy tan harta de escuchar esa cosa de ‘está loca’. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo...”, dice la carta que presentó ante la Corte suprema de Justicia de Florida a fines de 2001.

Finalmente la encontraron penalmente responsable y la ejecutaron mediante la inyección letal el 9 de octubre de 2002. Sin embargo, las últimas palabras de Aileen Wuornos, “la araña negra”, dieron toda la impresión de que estaba mentalmente desquiciada: “Yo sólo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el Día de la Independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré”, dijo.

La prisión de Singapur ahorcó el miércoles a un narcotraficante malasio, la segunda ejecución en dos semanas y elevando el número de ejecuciones en la ciudad-estado a 12 este año pese a la presión para abolir la pena de muerte.

Kirsten Han, activista singapurense contra la pena de muerte, confirmó que Pannir Selvam Pranthaman, de 38 años, fue ejecutado en la prisión de Changi. Han, quien acompaña a su familia, indicó que han recogido las pertenencias de Pannir en la prisión.

Pannir fue arrestado en 2014 por tener 52 gramos (aproximadamente 1,8 onzas) de heroína y sentenciado a muerte en 2017. Originalmente estaba programado para su ejecución en febrero, pero recibió una suspensión de la ejecución debido a asuntos legales pendientes.

La policía malasia entrevistó a Pannir el 27 de septiembre, cuando, según sus abogados, proporcionó información sobre quienes le habían entregado las drogas. Esto generó esperanzas de que su ejecución se aplazara nuevamente para una nueva investigación. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Malasia declaró el martes que Pannir no proporcionó nuevas pistas para que la policía pudiera realizar más investigaciones.

Su ejecución se produjo después de que el tribunal rechazara su última apelación y no lograra el indulto presidencial. Esta fue la segunda ejecución en dos semanas, tras la de su compatriota malasio Datchinamurthy Kataiah el 25 de septiembre. Pannir fue el cuarto malasio y la duodécima persona ejecutada en lo que va de año en Singapur, la mayoría por delitos relacionados con drogas, según activistas. Esto representa un aumento con respecto a las nueve ejecuciones realizadas en todo 2024.

Más de 40 personas permanecen en el corredor de la muerte en la ciudad-estado.

“Es indefendible que Singapur siga llevando a cabo cruelmente más ejecuciones en nombre del control de drogas”, declaró Chiara Sangiorgio, asesora de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, el miércoles. “Sin embargo, no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único ni de que tenga algún impacto en el consumo y la disponibilidad de drogas”.

Las estrictas leyes antidrogas de Singapur imponen la pena de muerte a quien porte más de 15 gramos de heroína o 500 gramos de cannabis. Los críticos afirman que la ley solo afecta a traficantes y mensajeros de bajo nivel. Sin embargo, el gobierno de Singapur la defiende como vital para la seguridad pública.

La familia de Pannir, sus abogados y diversos grupos de derechos humanos señalaron que el tribunal de Singapur había determinado que era simplemente un mensajero que transportaba la sustancia. Pannir había afirmado no saber que transportaba drogas. Aun así, el tribunal tuvo que dictar la pena de muerte después de que la fiscalía se negara a emitirle a Pannir un certificado de asistencia sustancial que acreditara su colaboración en la investigación, lo que le habría salvado la vida, según afirmaron.

Pannir, el tercero de seis hijos, era hijo de un pastor que trabajaba como camionero para subsistir, según activistas. Amaba la música y tocaba en la banda de la iglesia durante su infancia. En prisión, Pannir escribió cartas, canciones y poemas sobre la angustia de estar en el corredor de la muerte y la esperanza de una segunda oportunidad.

Su familia ha compartido algunas de sus canciones, que fueron cantadas por varios cantantes malasios.

(con información de AP)

Un menor identificado como Jesús Adán “N”, de 16 años de edad, fue asesinado la noche del pasado 2 de octubre en un parque del fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán, Sinaloa, tras un ataque perpetrado por al menos un civil armado, hasta el momento las autoridades desconocen el motivo de la agresión.

Además, un joven que se encontraba junto a la víctima identificado como Alexis “N”, resultó herido por disparo de arma de fuego en una pierna y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana donde, se acuerdo al reporte preliminar, se desconoce su estado de salud.

Por su parte, las autoridades confirmaron a Infobae México que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas frente a unas canchas de softbol ubicadas en la avenida Monte Toledo y la calle Cima de San Pedro. De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas estaban sentadas en una banca cuando llegó un sospechoso y disparó en al menos 12 ocasiones, pues en el área, las autoridades localizaron más de 10 casquillos de arma de fuego, aparentemente de grueso calibre.

Según el medio Riodoce, testigos de la zona indicaron que los agresores llegaron en un vehículo, dispararon contra los jóvenes y huyeron del lugar. Posteriormente, los vecinos reportaron los hechos a través del servicio de emergencias 911, lo que permitió la llegada de las autoridades y el rescate del joven herido.

Además, el medio aseguró que elementos del Ejército Mexicano resguardaron el área y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa comenzaron las investigaciones conocer los motivos del ataque y el paradero de los responsables.

Hasta ahora, los peritos recolectaron los indicios balísticos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la autopsia.

Agresión armada contra elementos estatales en Culiacán

La noche del pasado 1 de octubre se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alrededor de las 20:30 horas en la zona de Humaya, al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se originaron cerca del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa ubicado en la privada Montecarlo, en el distribuidor vial entre el bulevar Lola Beltrán y la calzada José Limón, zona que tras las detonaciones, los agentes de seguridad agredidos pidieron ayuda a agentes de la SSPC lo que provocó una persecución en dirección hacia el Foro Tecate.

A pesar de que no se han reportado cuántos agresores participaron en el enfrentamiento se conoce que los civiles armados viajaban en un vehículo tipo Sedán Toyota de color gris que contaba con un reporte de robo desde el 2 de septiembre.

Cuando entendió que todo estaba perdido, que el sueño libertador de Juan Lavalle entrando triunfal a la ciudad de Buenos Aires sería imposible y que, por el contrario, terminaría en una huida desesperada hacia el norte, Marco Manuel Avellaneda, una joven luminaria de 28 años, dispuso que su familia se fuera a Bolivia, que él los seguiría, porque los federales avanzaban, y lo hacían con sed de venganza.

Los unitarios ya habían sido derrotados en Quebracho Herrado en noviembre de 1840 y, perseguidos por las fuerzas de Manuel Oribe, solo les quedó dirigirse al norte para engrosar sus debilitadas filas con los hombres de la Coalición del Norte, una alianza antirrosista conformada por las provincias de esa región.

La victoria de las fuerzas federales en Famaillá el 19 de septiembre de 1841 significó el fin del foco opositor a Juan Manuel de Rosas en el norte, y sus principales se dispersaron, fundamentalmente, para salvar sus vidas. Lavalle sería muerto el 9 de octubre en San Salvador de Jujuy. Para entonces, Avellaneda había corrido la misma suerte.

Marco Avellaneda era el único hijo de María Salomé González y de Nicolás Avellaneda y Tula, una personalidad política de mucho peso en la provincia de Catamarca, al punto que fue su primer gobernador cuando en 1821 se decretó la autonomía provincial.

Marco nació en esa tierra el 18 de junio de 1813. De niño aprendió latín y retórica con los franciscanos, luego estudió en Córdoba y cuando sus padres se trasladaron a Tucumán, fue uno de los beneficiarios de la beca que otorgó Bernardino Rivadavia para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, en la ciudad de Buenos Aires, la misma que obtuvo Juan Bautista Alberdi y en la que Domingo Faustino Sarmiento quedaría afuera. En ese colegio entretejería las relaciones con los que serían los representantes de la Generación del 37, como Juan María Gutiérrez, Carlos Tejedor y Vicente Fidel López, entre otros.

En mayo de 1834 obtuvo el título de doctor en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con notas sobresalientes, con una tesis contra la pena de muerte. Colaboraba en el periódico El amigo del país y por sus condiciones de orador, sus compañeros lo llamaban Marco Tulio, por Cicerón, el reconocido filósofo y orador romano, ferviente defensor de la república romana.

De regreso en Tucumán, tal vez llamado por su padre o porque se sintió obligado al ser hijo único, fue síndico procurador, secretario de la Junta Protectora de la Escuela de Lancaster, sistema de enseñanza aplicado en 1822 por el ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. A sus 25 años ya era presidente de la Sala de Representantes.

Desde 1832 gobernaba la provincia Alejandro Heredia, un hombre de sólida formación académica, con estudios universitarios en Córdoba, llevando adelante una gestión próspera para Tucumán. Con sus galones ganados peleando en el Ejército del Norte, tenía fama de componedor y trataba de diferenciarse del típico caudillo. Muchos jóvenes unitarios —que el propio Heredia ayudó en sus estudios y en promocionarlos— lo veían como el hombre que podría oponerse a Rosas. Por 1839 se formó allí una filial de la Asociación de Mayo, de corta existencia.

Heredia había encomendado la formación de una comisión que se encargase de elaborar un proyecto de constitución provincial, en la que intervino Avellaneda. Se cree que tuvo mucho que ver con la idea de la instalación de un senado. Heredia desestimaría la iniciativa.

El 3 de enero el cura José Colombres lo casó con Dolores Silva, de 18 años, hija de uno de los hombres con más dinero de la provincia. Tendrían cinco hijos: Nicolás, Marco, Manuel, Eudoro e Isabel Juliana, una bebé que moriría en viaje al exilio.

El 12 de noviembre de 1838 Heredia fue asesinado y se involucró a Avellaneda en el complot: lo acusarían de haber brindado caballos a los asesinos que interceptaron el carruaje en el que Heredia se dirigía junto a su hijo a la casa de campo, a unos quince kilómetros de San Miguel de Tucumán.

La gobernación fue ocupada por Bernabé Piedrabuena, la legislatura se pronunció contra Rosas y el joven Avellaneda fue nombrado ministro de Gobierno. También lo sería de los sucesores, Pedro Garmendia y Gregorio Aráoz de La Madrid. Cuando este partió para combatir a las fuerzas de Oribe, Avellaneda asumió como gobernador el 23 de mayo de 1841.

Luego de Famaillá estalló el desbande y la sed de sangre de los vencedores. Avellaneda partió raudo al norte junto a un grupo de oficiales y unos 300 hombres. Primero fue a San Javier, donde se enteró que Juan Lavalle estaba cerca. Creyendo que el foco de la persecución se centraría en el general, del que desconocía cuál eran sus planes, decidió alejarse y le pidió al baqueano que le indicase el camino a Raco, donde descansó en la estancia de Pedro Ruiz Huidobro. Luego tomó el camino hacia Jujuy para pasar a Bolivia, a donde había enviado a su familia, padres incluidos.

En una estancia en la localidad salteña de Guachipas, se encontró con Gregorio Sandoval, quien se ofreció a acompañarlo junto a los 70 soldados que lideraba.

Lo que Avellaneda desconocía era que Sandoval, comandante de la escolta de Lavalle, después de Famaillá había decidido cambiar de bando para salvar su vida, y le hizo saber a Oribe que le entregaría a Avellaneda. A cambio, se haría partidario de la santa federación. Era la clase de persona inescrupulosa a la que se le daban las misiones más desagradables, y eran conocidos sus excesos que incluían la rapiña, las violaciones y asesinatos.

Esa noche Avellaneda descansó en un corral de piedra que tenía la posta del lugar, cerca del río. A la mañana siguiente, cuando se aprestaba a continuar viaje, Sandoval lo hizo su prisionero. Había rodeado el lugar donde se encontraba y dos oficiales que se resistieron terminaron muertos. También fueron apresados sus acompañantes, el coronel José María Vilela, el comandante Lucio Casas, el sargento mayor Gabriel Suárez, el capitán José Espejo y el teniente Leonardo Souza.

Lo primero que hizo Sandoval fue despojarlo de su caballo, con una espléndida montura, sus espuelas, la gorra y el poncho.

A primera hora de la tarde de ese 1 de octubre de 1841, atado con las manos en la espalda y descalzo, fue entregado a Oribe, que estaba en Metán, quien le formó consejo de guerra y puso al frente a Mariano Maza.

Maza era un coronel de 32 años que en octubre de 1840 se había incorporado al ejército de Oribe. En Famaillá lideró el centro, arrollando a la infantería y caballería enemiga, ganándose los elogios de su jefe.

Maza, en un juicio exprés, concluyó ejecutarlo por traición. La pena se cumplió el 3 de octubre de 1841, en lo que los salteños identifican como Metán Viejo. A sus acompañantes se los fusiló pero a Avellaneda se lo degolló. La macabra tarea estuvo a cargo del propio Maza, que algunas versiones sostienen que lo hizo con un cuchillo de filo mellado, solo para que sufriera más.

La salvaje descripción de la ejecución, hecha con Avellaneda de pie, cuenta que el cuerpo, una vez desprendida su cabeza, cayó apoyándose en las manos, y que en la cabeza tomada de los pelos los ojos y labios se movieron por algunos instantes.

La carnicería no terminó allí. Un oficial llamado Bernardo Olid u Oliden al ver la piel blanca del muerto, sacó su cuchillo y dijo: “De este cuero quiero una manea”, una suerte de tiento usado para atarle las patas a los animales. Para ello, le hizo un largo tajo a lo largo de la espalda.

Su cabeza, acondicionada en una caja, fue enviada a San Miguel de Tucumán, donde fue expuesta clavada en una pica como escarmiento en la plaza principal. Fue una mujer llamada Fortunata García de García quien, días después, la habría quitado —estaba a la altura de una persona— y la hizo sepultar en el convento de San Francisco.

Su familia se enteró en Jujuy de la muerte, por un tiempo fueron retenidos en la frontera, hasta que el propio Oribe les permitió continuar. Vivirían cinco años en Tupiza, un humilde caserío poblado de emigrados argentinos.

Sandoval siguió haciendo de las suyas en el norte, sembrando terror y muerte, al punto que luego de hacer ejecutar a vecinos respetables, el gobernador salteño Miguel Otero ordenó detenerlo y el 21 de octubre lo hizo fusilar.

Los nietos de Avellaneda dispusieron, por 1888, darle sepultura a la cabeza de su abuelo en el cementerio de la Recoleta.

Su hijo mayor, Nicolás, llegaría a la presidencia del país en 1874 y en sus visitas a la capital tucumana prefería no dirigir la mirada hacia la plaza. Es que no solo en ese lugar había estado exhibida la cabeza de su padre sino que el día en que lo ejecutaron cumplía cuatro años.

Fuentes: Nicolás Avellaneda, una biografía, de Carlos Páez de la Torre; Historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldías; Historia Argentina, de Ricardo Levene

El Departamento de Correccionales de Florida informó que David Pittman, de 63 años, perdió la vida a las 18:12 (hora local) tras la administración de una inyección letal compuesta por un sedante, un agente paralizante y una sustancia que provoca la detención del corazón. Con esta ejecución, el estado de Florida supera la cifra histórica de penas capitales realizadas en un solo año desde el restablecimiento de la pena de muerte por parte del Tribunal Supremo en 1976, totalizando doce ejecuciones en 2024.

Según señaló el Departamento de Correccionales y publicó la agencia de noticias, las autoridades llevaron a cabo la ejecución después de que no prosperaran los últimos esfuerzos judiciales de la defensa de Pittman, que sostenía que el hombre padecía una discapacidad intelectual grave. El Tribunal Supremo rechazó su apelación definitiva el martes anterior al cumplimiento de la sentencia.

David Pittman había sido declarado culpable en 1991 por el asesinato de Clarence y Barbara Knowles, así como de su hija Bonnie Knowles, quienes eran los padres y la hermana de la exesposa de Pittman, Marie Knowles. Los crímenes, ocurridos en 1990, incluyeron también cargos adicionales por incendio y robo, según el expediente judicial. La ejecución de Pittman representa el duodécimo caso en que se aplica la pena de muerte en el estado de Florida en el presente año, conforme consignó el Departamento de Correccionales.

La agencia de noticias detalló que, a nivel nacional, han sido ejecutadas treinta y una personas en Estados Unidos desde enero hasta la fecha de la ejecución de Pittman, y se prevé que esta cifra aumente en los próximos meses, dado que las autoridades de Florida tienen al menos dos penas capitales adicionales programadas. La frecuencia de ejecuciones en el estado muestra un aumento respecto a los años anteriores, marcando un momento relevante en la aplicación de la pena de muerte en el país desde su reinstauración hace casi cinco décadas.

La defensa legal de Pittman recurrió situando como argumento central la discapacidad intelectual del condenado, afirmando en repetidos escritos que se trataba de una condición grave. No obstante, los jueces desestimaron estos recursos tanto en instancias previas como en la resolución final del Supremo, lo que allanó el camino para el cumplimiento de la sentencia.

El caso de Pittman pone el foco sobre decisiones tomadas por tribunales estatales y federales relacionados con la aplicación de la pena máxima y los criterios que se consideran al evaluar las condiciones intelectuales y mentales de los reclusos. Esta última ejecución, según lo reportó el Departamento de Correccionales, formará parte de un registro anual inusualmente alto en la historia reciente del sistema penitenciario floridense y estadounidense.

La ejecución de Pittman, según detalló la agencia, se llevó a cabo con la combinación habitual de tres sustancias, siguiendo el protocolo vigente en el estado. Las autoridades informaron que la muerte fue constatada poco después de la administración del último de los fármacos. El caso y su desenlace vuelven a encender el debate sobre la aplicación de la pena capital, la revisión de apelaciones en casos con alegatos de discapacidad intelectual y el ritmo creciente de ejecuciones en algunos estados norteamericanos.

En la antigua Roma, la disciplina militar alcanzó formas de severidad difíciles de imaginar en la actualidad. El control férreo sobre las tropas era considerado fundamental para garantizar la fortaleza y permanencia del imperio.

Entre las medidas disciplinarias más temidas figuraba la decimatio, una práctica cuyos efectos psicológicos traspasaban con creces a solo la punición física. Una práctica que, finalmente, se terminó convirtiendo en un término: diezmar.

Según National Geographic, la decimatio buscaba infundir un terror colectivo que garantizase la obediencia más absoluta, fortaleciendo la cohesión y la unidad del ejército más allá de la motivación individual de cada soldado.

Este castigo se dirigía especialmente a las unidades acusadas de cobardía, insubordinación o deserción. La sola amenaza de la decimatio era suficiente para disuadir comportamientos impropios, ya que los soldados sabían que un error colectivo podía tener consecuencias drásticas e imprevisibles para todos. En la lógica militar romana, la lealtad, la disciplina y la capacidad para enfrentar el peligro eran valores supremos, y cualquier atisbo de debilidad se castigaba de manera ejemplar.

Decimatio: procedimiento, aleatoriedad y terror psicológico

La aplicación de la decimatio era tan brutal como efectiva. El proceso, documentado por historiadores como Plutarco, comenzaba dividiendo la unidad infractora en grupos de diez. En cada grupo, se sorteaba quién sería la víctima.

Lo más perturbador no era solo el azar que decidía la vida o muerte, sino el hecho de que la ejecución quedaba en manos de los propios compañeros del elegido. El comandante establecía el método, que podía ser la lapidación o los golpes, lo que intensificaba el sufrimiento y la presión mental para todos los involucrados.

La aleatoriedad del procedimiento afectaba profundamente a la moral del grupo. Incluso, soldados reconocidos por su valentía podían ser seleccionados para morir, mientras que los verdaderos responsables del acto considerado vergonzoso a los ojos de la autoridad podían salir ilesos. Esto generaba un clima de constante inquietud y temor colectivo.

National Geographic recalca que el verdadero objetivo de la decimatio era atemorizar y disuadir a los supervivientes, forzando a la tropa a luchar hasta el final, sin margen para la cobardía.

Origen, uso histórico y desaparición

El origen de la decimatio se halla en los primeros siglos de la República romana, cuando el ejército estaba conformado por milicias ciudadanas. Tito Livio relata uno de los primeros casos en el año 471 a.C., cuando el cónsul Apio Claudio Sabino ordenó la ejecución de un soldado por cada diez tras un episodio de cobardía frente a los ecuos.

Durante los siglos V y IV a.C., este castigo se empleó en campañas contra pueblos itálicos, debido a que la disciplina y el sentido colectivo eran clave para la supervivencia de Roma ante sus enemigos.

La decimatio se utilizó en crisis puntuales a lo largo de la historia romana. El general Craso, durante la Tercera Guerra Servil (73-71 a.C.), recurrió a esta práctica para castigar a sus tropas, tras la huida ante Espartaco.

Aunque existen registros de su uso en tiempos de Julio César, la decimatio fue desapareciendo progresivamente. Se comprendió que una legión diezmada quedaba debilitada y desmoralizada, resultado negativo para la eficacia militar.

El legado de la decimatio y su huella en la cultura: diezmar

Con la llegada de la época imperial y la profesionalización del ejército, la decimatio fue reemplazada por métodos disciplinarios considerados más racionales y eficaces.

Esta antigua práctica quedó relegada a un oscuro capítulo de la historia militar romana, evocando su brutalidad y el profundo impacto psicológico que causaba tanto en ejecutores como en víctimas.

El término “diezmar”, aún vigente en el lenguaje actual, proviene directamente de la decimatio. Hoy se emplea para expresar una reducción drástica en cualquier ámbito, pero su origen revela una época en la que el miedo, la obediencia y el destino de cada soldado se entrelazaban a través de rituales extremos en la vida de las legiones romanas.

“Esto me duele mucho”, expresó Byron Black a su consejero espiritual mientras la inyección letal recorría su cuerpo en la Penitenciaría de Máxima Seguridad Riverbend de Nashville.

Tennessee ejecutó a Byron Black, de 69 años, por el asesinato en 1988 de su novia y sus dos hijas pequeñas, a pesar de los reiterados pedidos de clemencia basados en su discapacidad intelectual y en los riesgos asociados a su desfibrilador cardíaco.

La ejecución se realizó el martes 5 de agosto, tras la negativa del gobernador Bill Lee y de la Corte Suprema estatal a intervenir, incluso ante la presión de abogados, organizaciones de derechos humanos y algunos miembros del propio Partido Republicano.

Los factores por los que la ejecución de Black generaron controversia

Black fue declarado muerto a las 10:43 horas (hora local), minutos después de que se abriera el telón de la cámara de ejecución.

El caso de Black se distingue por dos elementos que lo han situado en el centro de la controversia nacional. Por un lado, su equipo legal sostuvo que presentaba una “discapacidad intelectual indiscutible”, argumento que motivó a diversos sectores, incluidos algunos republicanos, a solicitar un indulto.

Por otro, la presencia de un desfibrilador implantado en su corazón generó inquietud sobre la posibilidad de que el dispositivo pudiera activarse durante la ejecución, provocando descargas eléctricas repetidas y un sufrimiento prolongado, lo que, según la defensa, violaría la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La batalla legal en torno al desfibrilador de Black se intensificó en las semanas previas a la ejecución

A mediados de julio, un juez de primera instancia aceptó el argumento de la defensa y ordenó que el dispositivo fuera desactivado para evitar riesgos de dolor innecesario.

Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó esa decisión pocos días antes de la fecha programada, al considerar que el juez no tenía autoridad para imponer tal medida.

El estado defendió que la inyección letal no provocaría la activación del desfibrilador y que, en cualquier caso, Black no percibiría las descargas. El fiscal general Jonathan Skrmetti declaró a USA Today que “el testimonio de los expertos refuta la sugerencia de que Black sufriría un dolor severo si fuera ejecutado” y subrayó que el objetivo era “responsabilizar a Black por sus horribles crímenes”.

Black mostró signos de sufrimiento mientras estaba en la cámara de ejecución

Durante la ejecución, varios periodistas y testigos informaron que Black mostró signos de dolor y angustia, en aparente contradicción con la afirmación de las autoridades estatales.

El consejero espiritual que lo acompañó durante el proceso le transmitió sus disculpas, mientras que Black, aunque se negó a pronunciar unas últimas palabras en la cámara, dejó un mensaje a sus amigos y familiares a través de su abogado: “Te amo y nunca te olvidaré. Todas nuestras relaciones han sido muy especiales. Fue un placer conocerlos a todos y la forma en que conectamos. Que Dios los bendiga y gracias”. Sobre su madre, Black expresó: “Ella correrá hacia mí, me tomará en sus brazos y me dirá: ‘Hijo, te he estado esperando’”.

La reacción de la defensa fue contundente

La abogada Kelley Henry calificó la ejecución como un acto de “sed de sangre pura y desenfrenada, y de una cobardía sin límites”, y denunció que “el estado de Tennessee asesinó a un hombre gentil, amable, frágil y con discapacidad intelectual, violando las leyes de nuestro país, simplemente porque podía hacerlo”.

Henry anunció que revisarán minuciosamente los resultados de la autopsia, los datos del electrocardiograma y la información del desfibrilador para esclarecer lo ocurrido durante la ejecución, especialmente ante el hecho de que Black se quejara de dolor y moviera la cabeza, cuando la dosis de pentobarbital debería haberlo dejado inconsciente de forma rápida.

El crimen por el que Black fue condenado ocurrió el 28 de marzo de 1988

Angela Clay, de 29 años, y su hija mayor, Latoya, de 9, fueron halladas muertas a tiros en la cama, mientras que la otra hija de Clay, Lakeisha, de 6, fue encontrada en el suelo de otra habitación con múltiples heridas de bala.

La Fiscalía sostuvo que Black actuó movido por los celos y que, en ese momento, se encontraba en libertad condicional tras haber disparado previamente al esposo de Clay, de quien ella estaba separada. Linette Bell, hermana de Angela Clay, manifestó tras la ejecución: “Su familia está pasando por lo mismo que pasamos nosotros hace 37 años. No puedo decir que lo siento porque nunca recibimos una disculpa”.

La ejecución de Black lo convirtió en el 28.º recluso ejecutado en Estados Unidos en lo que va del año, la cifra más alta en una década, con al menos nueve ejecuciones adicionales programadas. En Tennessee, es el segundo caso en 2024, después de un periodo de cinco años sin ejecuciones en el estado.

La Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron el lunes las peticiones de clemencia de los defensores para intervenir en el caso de Byron Black, un hombre de 69 años que asesinó en 1988 a su novia, Angela Clay, y a las dos hijas de ella, de 9 y 6 años.

La defensa pedía quitarle el desfibrilador por temor a que el aparato le diera choques repetidos y agudizara el sufrimiento del hombre, quien estaba en silla de ruedas y padecía demencia y fallas cardiacas, según la organización Death Penalty Information Center.

La petición de clemencia señaló, además, que esta ejecución sería "la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en la época moderna de la pena de muerte".

"Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. No es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho que esta corte haya cerrado las puertas a su justificada petición basada en discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano", indicó su abogada Kelley Henry al medio The Intercept.

Con la de Black, suman 28 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya superó los 26 de todo 2024 y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con Death Penalty Information Center.

El incremento de este año se atribuye en particular a Florida, que concentra casi una de cada tres ejecuciones, un total de nueve, y planea concretar dos más en agosto: el 19 la de Kayle Bates, quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años, y para el 28 la de Curtis Windom, quien mató a tres personas en el condado de Orange. EFE ppc/ims

Miami (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Las autoridades del estado estadounidenses de Tennesse ejecutaron este martes por primera vez con una inyección letal a un criminal que llevaba un desfibrilador implantado en el corazón, pese a las denuncias de abogados y organizaciones civiles sobre una posible agudización de su sufrimiento.

El Departamento Penitenciario de Tennessee llevó a cabo la ejecución con inyección letal hacia las 15:00 GMT de hoy en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

La Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron el lunes las peticiones de clemencia de los defensores para intervenir en el caso de Byron Black, un hombre de 69 años que asesinó en 1988 a su novia, Angela Clay, y a las dos hijas de ella, de 9 y 6 años.

La defensa pedía quitarle el desfibrilador por temor a que el aparato le diera choques repetidos y agudizara el sufrimiento del hombre, quien estaba en silla de ruedas y padecía demencia y fallos cardíacos, según la organización Death Penalty Information Center.

La petición de clemencia señaló, además, que esta ejecución sería "la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en la época moderna de la pena de muerte".

"Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. No es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho que esta corte haya cerrado las puertas a su justificada petición basada en discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano", indicó su abogada Kelley Henry al medio The Intercept.

Con la de Black, suman 28 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya superó los 26 de todo 2024 y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con Death Penalty Information Center.

El incremento de este año se atribuye en particular a Florida, que concentra casi una de cada tres ejecuciones, un total de nueve, y planea concretar dos más en agosto: el 19 la de Kayle Bates, quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años, y para el 28 la de Curtis Windom, quien mató a tres personas en el condado de Orange. EFE

Byron Black, de 69 años, espera la ejecución por inyección letal este martes 5 de agosto en la Riverbend Maximum Security Institution de Nashville, Tennessee, según información de NBC News. Su caso atrajo una amplia atención a raíz de los intentos de sus abogados por suspender la ejecución argumentando riesgos de sufrimiento derivados de un desfibrilador cardiaco implantado. Tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el gobernador de Tennessee, Bill Lee, declinaron intervenir para evitar la ejecución, ignorando las apelaciones basadas en derechos constitucionales y preocupaciones éticas.

Los equipos legales de Black presentaron recursos ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener la ejecución con base en dos alegatos principales: la supuesta incompetencia mental de Black y los posibles efectos dolorosos del procedimiento debido a su desfibrilador implantable. Sostuvieron que permitir la muerte por inyección letal sin desactivar primero el dispositivo cardiaco podía equivaler a castigo cruel e inusual, lo que viola la Constitución de Estados Unidos. El tribunal rechazó ambas peticiones el lunes, despejando el camino para que se avance con la ejecución.

El gobernador Bill Lee confirmó que no ejercería clemencia. En un comunicado citado por NBC News, explicó: “Los tribunales han determinado que es legal ejecutar la condena impuesta por el jurado a Byron Black por los asesinatos de Angela Clay y sus hijas Lakeisha y Latoya; por tanto, no planeo intervenir”. La decisión consolidó la postura oficial del estado de Tennessee a favor de ejecutar la sentencia.

Debate sobre el desfibrilador implantado y dudas sobre el sufrimiento durante la ejecución

La defensa de Black también planteó la posibilidad de que el desfibrilador —instalado un año antes— intentara restaurar el ritmo cardiaco durante la administración de pentobarbital, el sedante empleado en el protocolo estatal para la inyección letal. En audiencia en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, sus abogados señalaron que el dispositivo podía descargar múltiples impulsos eléctricos en un intento de mantener con vida a Black, generando sufrimiento innecesario mientras su corazón se detenía por la acción del fármaco.

A finales del mes pasado, ese tribunal permitió desactivar el desfibrilador antes del acto, tomando en cuenta la posibilidad de dolor prolongado. Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó la decisión el pasado jueves 31 de julio, indicando que el tribunal local no tenía jurisdicción para emitir fallos que pudieran implicar una suspensión de la sentencia. No obstante, los jueces estatales manifestaron que nada impedía a fiscales y defensores negociar la desconexión voluntaria del aparato, aunque no se registró avance en esa dirección poco antes de la ejecución.

El fiscal general estatal, Jonathan Skrmetti, sostuvo en declaraciones citadas por NBC News que no había pruebas concluyentes sobre sufrimiento relevante producto del desfibrilador durante la ejecución. Además, rechazó que Black padeciera incapacidad intelectual significativa e insistió en que su oficina procedería con la ejecución: “Nuestra oficina seguirá luchando por la justicia para la familia Clay y la rendición de cuentas de Black por sus crímenes”, sostuvo Skrmetti.

Trayectoria criminal de Byron Black y contexto en torno a las víctimas

Black fue condenado por los asesinatos en 1988 de su entonces pareja Angela Clay, de 29 años, y las hijas de ella, Latoya y Lakeisha, de 9 y 6 años respectivamente. En ese momento, Black participaba en un programa de trabajo externas debido a una sentencia previa por dispararle a Bennie Clay, el esposo separado de Angela, ocurrido poco más de un año antes de los crímenes.

Testimonios de familiares y la policía indicaron que Black había amenazado a Angela Clay, motivado por rumores de que ella planeaba terminar su relación y reconciliarse con su esposo. Bennie Clay relató al periódico The Tennessean y a la policía de Nashville que, pese a los hechos, perdonaba a Black y tenía intención de presenciar la ejecución. “Dios tiene un plan para todo. Tenía un plan cuando se llevó a mis hijas. Supongo que las necesitaba más que yo”, expresó Bennie Clay, según NBC News.

La condena a Black enfrentó múltiples aplazamientos. Previamente, la pandemia de Covid-19 forzó el retraso de procedimientos y, en fechas más recientes, un alto temporal en las ejecuciones de Tennessee se asoció a revisiones en el protocolo estatal de inyección letal.

Discrepancias médicas y dilemas éticos sobre la ejecución asistida

Durante la última audiencia en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, comparecieron médicos expertos tanto del estado como de la defensa, con posiciones enfrentadas. La cardióloga Litsa Lambrakos, de la University of Miami Miller School of Medicine, testificó que Black entraría en coma rápidamente tras la administración del pentobarbital, lo que impediría que experimentase conciencia o dolor ante eventuales descargas del desfibrilador.

Por el contrario, la anestesióloga Gail Van Norman, de la Universidad de Washington, argumentó que dosis altas de pentobarbital pueden inducir paros cardiacos que el desfibrilador trate de corregir, provocando episodios eléctricos indeseados incluso si el condenado está inconsciente. “A veces los desfibriladores descargan shocks sin que sea necesario. Esto es devastador para los pacientes”, mencionó Van Norman ante el tribunal, según NBC News.

El dilema sobre quién asumiría la desconexión del dispositivo incluyó a organizaciones como la American Medical Association y la American Board of Anesthesiology, cuyos códigos de ética prohíben o, cuando menos, desalientan la participación activa de profesionales en procedimientos de ejecución.

Estado de salud, discapacidad y peticiones de clemencia ante el gobernador Lee

La defensa destacó las condiciones clínicas y mentales de Byron Black en los meses previos a la ejecución. Según la abogada Kelley Henry, Black padece insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, cáncer de próstata y movilidad reducida. Sus abogados aseguraron que en la actualidad “no representa peligro alguno” y que su salud física y mental se encuentra profundamente deteriorada.

En una carta enviada el mes anterior al gobernador Bill Lee, los representantes legales de Black pidieron clemencia señalando: “Su cuerpo está fallando y su mente se deteriora”, además de advertir que su familia —según los abogados, su mayor sostén actual— quedaría devastada tras la ejecución. En esa petición, advirtieron que cumplir la condena “no serviría a la justicia, sino que sería un acto irreversible de crueldad contra un hombre físicamente y mentalmente dañado”.

El caso reactivó el debate sobre las implicaciones jurídicas y éticas de la pena de muerte en situaciones de complejidad médica y fragilidad mental, en un contexto donde el escrutinio público, institucional y profesional, según la cobertura de NBC News, acompañó cada decisión judicial previa a la ejecución programada de Byron Black.

“Quiero agradecer a la buena gente del Estado del Sol por matarme de la manera más fría, calculada, limpia, humana y eficiente posible. No tengo ninguna queja”.

Con estas palabras, Edward Zakrzewski se despidió ante los testigos reunidos en la cámara de la muerte, minutos antes de que una inyección letal pusiera fin a su vida en la Prisión Estatal de Florida.

La escena, presenciada por 14 observadores, periodistas y personal penitenciario, marcó un hito: Florida superó su propio récord anual de ejecuciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena capital en 1976, alcanzando la novena ejecución en lo que va de 2025.

Florida rompe su propio récord de ejecuciones

La ejecución de Zakrzewski, de 60 años, se produjo a las 18:12 horas (hora local), tras la administración de un cóctel de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un agente que detiene el corazón, conforme al protocolo del Departamento de Correccionales de Florida. Este procedimiento, que se realiza en la prisión cercana a Starke, ha sido objeto de debate por su carácter clínico y la percepción de eficiencia que transmiten las autoridades estatales.

El récord anterior de ejecuciones en un solo año en Florida era de ocho, cifra alcanzada en 2014 y solo igualada este año hasta mediados de julio, cuando una ejecución adicional elevó el total a nueve.

El juicio reveló que el detonante de los asesinatos fue la solicitud de divorcio presentada por su esposa

La condena de Zakrzewski se remonta al 9 de junio de 1994, cuando asesinó a su esposa Sylvia, de 34 años, y a sus hijos Edward, de 7, y Anna, de 5, en su domicilio del condado de Okaloosa.

Testigos declararon que Zakrzewski había manifestado su intención de matar a su familia antes que permitir la separación. Los registros judiciales detallan que la mujer fue atacada con una palanca y estrangulada con una cuerda, mientras que los niños murieron por heridas de machete. Sylvia también recibió golpes con la hoja del machete cuando Zakrzewski creyó que aún vivía tras el primer ataque.

Durante las décadas siguientes, la defensa de Zakrzewski interpuso múltiples recursos legales, todos rechazados. La última apelación, presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos, fue denegada el miércoles previo a la ejecución, según informó AP.

Así fue como el condenado vivió su último día

El día de su muerte, Zakrzewski se despertó a las 5:15 y, horas antes de la ejecución, consumió una última comida compuesta por chuletas de cerdo fritas, cerveza de raíz y helado, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Correccionales, Paul Walker. Walker también indicó que el condenado recibió una visita y mantuvo una actitud obediente hasta el final.

El caso de Zakrzewski ha reavivado el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Florida. Los opositores a la ejecución subrayaron dos aspectos: su condición de veterano de la Fuerza Aérea y el hecho de que el jurado recomendó la pena capital por una estrecha mayoría de 7 votos contra 5. Según la legislación estatal vigente, una votación tan dividida ya no sería suficiente para imponer la pena máxima.

El calendario de ejecuciones en Florida continúa activo

En el contexto nacional, Florida lidera el número de ejecuciones en 2025, superando a Texas y Carolina del Sur, que registran cuatro cada uno. En total, veintisiete hombres han sido ejecutados en Estados Unidos en lo que va del año, y se prevé que otras nueve personas sean ejecutadas en siete estados antes de que termine 2025. Florida también fue el último estado en aplicar la pena capital antes de Zakrzewski, con la ejecución de Michael Bernard Bell el 15 de julio.

El gobernador republicano Ron DeSantis ha firmado órdenes para dos ejecuciones adicionales: Kayle Bates, condenada por secuestro y asesinato en 1982, será ejecutada el 19 de agosto, y Curtis Windom, sentenciado por el asesinato de tres personas en el área de Orlando en 1992, el 28 de agosto.

Tras la ejecución de Zakrzewski, ningún familiar de las víctimas ofreció declaraciones a la prensa.

El auge de ejecuciones en Florida durante 2025 ha sorprendido a observadores y expertos en justicia, ya que el estado se encamina a registrar cifras históricas que no se veían desde hace décadas.

La ejecución de Edward Zakrzewski II este jueves, 31 de julio, representa la novena en lo que va del año, posicionando a Florida como el estado con más ejecuciones en 2025, incluso por encima de Texas, que tradicionalmente ocupa ese lugar.

Después del jueves, Florida habrá ejecutado a nueve presos este año, además, el estado tiene otras dos programadas en agosto y se espera que fije nuevas fechas.

El crimen que la comunidad no pudo olvidar

Zakrzewski, de 60 años, enfrenta su sentencia por un crimen que conmocionó al norte de la entidad hace más de treinta años. El 9 de junio de 1994, en la ciudad costera de Mary Esther, las autoridades hallaron los cuerpos de su esposa, Sylvia (34 años); su hija, Anna (5 años); y su hijo Edward (7 años), todos asesinados de manera violenta en el baño de su propio hogar.

Según los registros judiciales citados por USA Today, Zakrzewski utilizó un machete para atacar a las tres víctimas, además de golpear a su esposa en la cabeza con una barra de metal y asfixiarla. El entonces sargento de la Fuerza Aérea confesó posteriormente estos hechos a la policía.

Zakrzewski compró el arma homicida durante su descanso laboral el día de los hechos y la llevó a casa tras afilarla y ocultarla junto a una barra de metal. Horas más tarde, luego de pedirles a sus hijos que miraran televisión, atacó a su esposa y después llamó a los niños, uno por uno, para “cepillarse los dientes”, antes de atacarlos también.

“El tribunal está convencido, más allá de toda duda razonable, de que antes de la muerte de Anna ella no solo experimentó el horror de saber que su padre la iba a asesinar, sino que también el de saber que su hermano había sido asesinado y que ella sería la siguiente”, indicó el juez G. Robert Barron durante la sentencia. “Este tribunal no puede imaginar una muerte más atroz y horrenda”.

Tras cometer el triple asesinato, Zakrzewski huyó a la isla de Molokai en Hawái, donde vivió bajo una identidad falsa durante cuatro meses. Ahí, fue acogido por un ministro pentecostal local que, sin conocer su verdadera identidad, le permitió quedarse en una choza a cambio de trabajos de mantenimiento.

El asesino descubierto gracias a un programa de televisión

La situación cambió radicalmente cuando el ministro lo reconoció en el programa de televisión “Unsolved Mysteries” (Misterios sin Resolver), tras lo cual Zakrzewski decidió entregarse.

Durante el juicio, los defensores del acusado expusieron argumentos atenuantes para intentar librarlo de la pena capital, citando su “servicio ejemplar” en la Fuerza Aérea, su confesión, y el hecho de que supuestamente fue “un esposo y padre amoroso” hasta el día de los crímenes.

Además, resaltaron que mostró “pesar y remordimiento sinceros”. El abogado defensor, Elton Killam, justificó ante el tribunal que su cliente mató a su esposa por culpa de una presunta infidelidad y acabar con la vida de sus hijos por “misericordia”, ya que no quería verlos crecer en Corea, de donde era originaria su pareja, y ser tratados como inferiores, por ser “mestizos”.

Con la ejecución de Zakrzewski, sumarán 27 los condenados ejecutados en Estados Unidos durante 2025, la cifra más alta desde hace diez años. Se proyecta que el país podría llegar a unos 37 antes de que concluya el año, dado que hay por lo menos diez fechas adicionales ya en el calendario.

El gobernador Ron DeSantis ha intensificado la política de aplicar la pena de muerte, explicando: “Hay tantos crímenes que son tan horribles que el único castigo apropiado es la pena de muerte”.

Un juez del estado de Texas acordó un nuevo calendario de ejecución para Robert Roberson, prisionero en el corredor de la muerte, por la muerte de su hija de dos años, en un caso vinculado al controversial diagnóstico de “shaken baby syndrome”.

La decisión convierte a Roberson, de 58 años, en la primera persona en Estados Unidos a la que se le aplicará la pena de muerte bajo este tipo de acusación. El nuevo intento de ejecución está previsto para el 16 de octubre de 2025, según lo aprobado el miércoles 16 de julio por el juez del condado Smith, Austin Reeve Jackson.

Roberson, vestido con el tradicional uniforme blanco y negro de prisión, escuchó la decisión en la corte mientras su defensa y familiares se manifestaban en contra de fijar una fecha definitiva cuando su caso aún cuenta con recursos legales activos.

La abogada de Roberson, Gretchen Sween, declaró: “Le ruego que reconsidere”, e indicó que promoverá una moción para revocar la fecha de la ejecución “tan pronto como sea posible”. Durante la audiencia, seguidores y familiares del condenado se mostraron visiblemente afectados, con lágrimas ante el fallo judicial.

La historia de Robertson

La muerte de Nikki Roberson ocurrió en 2002. Un fiscal acusó entonces a Robert Roberson de asesinar a su hija mediante una violenta sacudida, cuadro conocido como “shaken baby syndrome”. El caso atrajo la atención de legisladores bipartidistas texanos, quienes evitaron su ejecución en octubre pasado tras maniobras jurídicas de último minuto.

Desde entonces, Roberson permanecía en una situación de incertidumbre tras presentar una nueva apelación, mientras los fiscales continuaban los trámites para ejecutar la sentencia.

La oficina del fiscal general texano, Ken Paxton, solicitó el mes pasado que el tribunal del condado Anderson fijara la nueva fecha. Argumentaron mediante una moción que “se han cumplido los criterios para establecer la ejecución”. La petición pedía que la misma se realizara un año después del primer intento frustrado.

Paxton asumió el caso tras recogerlo de la fiscal de Anderson, Allyson Mitchell. Hasta el momento, la oficina de Paxton no respondió a las consultas sobre la decisión de retomar el control del proceso.

Durante la audiencia, la abogada Sween alegó ante el juez Jackson que “no existe fundamento legal para fijar una fecha de ejecución mientras siga adelante una apelación ante un tribunal superior”. También remarcó que la corte revisa nuevas pruebas médicas que podrían modificar de raíz el desenlace del caso Roberson.

“No hay razón para poner fecha de ejecución para el señor Roberson, quien es uno de los pocos con apelaciones abiertas que abordan asuntos muy graves”, subrayó Sween. “Estamos hablando de un caso de pena de muerte: lo más serio que el Estado puede hacer para extinguir una vida de forma artificial”.

El caso Roberson también motivó enfrentamientos institucionales. Tras la suspensión de la ejecución el año anterior, Paxton discutió con legisladores estatales de la Comisión de Jurisprudencia Penal de la Cámara.

Unos usaron facultades de citación para obligar a Roberson a declarar en una audiencia, lo que paralizó la ejecución. Sin embargo, la oficina de Paxton impidió su testimonio argumentando que la citación era “procesalmente inválida”.

El reo tenía previsto declarar conforme a la ley texana de 2013 sobre “junk science”, que permite cuestionar sentencias a la luz de avances forenses. Roberson siempre mantuvo su inocencia.

Según documentos judiciales, en enero de 2002, padre e hija se quedaron dormidos en casa en el este de Texas. Roberson relató que despertó tras oír un ruido y encontró que Nikki había caído de la cama.

Más tarde, la menor permanecía inconsciente y con labios azulados, por lo que la trasladó al hospital. La policía interpretó la frialdad de Roberson como indicio de culpa, sobre todo por mostrar escasa emoción.

El jurado nunca escuchó toda la información médica relevante: Nikki era una niña enferma desde el nacimiento, había visitado el hospital más de 40 veces y dos días antes de su muerte tenía fiebre de 40,2 grados centígrados. Además, le habían recetado el medicamento Phenergan, catalogado después como peligroso para menores por la FDA.

El detective Brian Wharton, encargado del primer arresto, manifestó después ante NBC News: “Arresté a Roberson sin saber nada del historial médico de Nikki ni del autismo de Roberson”. Roberson fue diagnosticado con trastorno del espectro autista en 2018, seis años después de la muerte de Nikki, lo que explicaría su reacción emocional.

Mientras que algunos médicos ratifican la hipótesis del síndrome de sacudida, la defensa sostiene que las nuevas investigaciones sobre el diagnóstico abren la puerta a posibles errores, pues existen otras causas médicas en muertes infantiles. Paxton, sin embargo, sigue defendiendo la culpabilidad de Roberson. En octubre, expuso en la red X que “el padre asesinó a su hija golpeándola brutalmente”.

Matthew Bates juez del estado de Utah estableció el 5 de septiembre como fecha de ejecución para Ralph Leroy Menzies, de 67 años, quien permanece en el corredor de la muerte desde 1988 por el asesinato de Maurine Hunsaker, madre de tres hijos, ocurrido en 1986. La decisión judicial se produjo aunque la defensa alega que la demencia avanzada que padece el condenado le impide comprender los procedimientos legales y la razón de su castigo.

Bates, sin embargo, determinó que Menzies comprende de manera coherente y racional por qué se enfrenta a la ejecución a pesar del deterioro cognitivo reciente, según consignó The Associated Press (AP).

En un caso que ejemplifica el prolongado impacto emocional de los crímenes violentos, Matt Hunsaker, quien tenía apenas 10 años cuando su madre fue asesinada, compartió su frustración ante el tribunal debido a las décadas de espera para la resolución del caso que marcó a su familia.

“Si emiten la orden hoy, inician un proceso para nuestra familia. Pone a todos bajo vigilancia. Ya hemos presentado a otra generación de mi madre, y aún no se ha hecho justicia”, lamentó Hunsaker.

A la espera de una nueva audiencia y ver si escapa de la muerte

El 23 de julio se celebrará una audiencia adicional para evaluar una nueva petición de competencia mental presentada por la defensa de Menzies. Sus abogados sostienen que el estado de salud del recluso se ha agravado al punto de depender de una silla de ruedas y oxígeno suplementario, perdiendo la capacidad de entender su situación legal.

Lindsey Layer, abogada del condenado, afirmó que conservan la esperanza de que la junta de clemencia o los tribunales reconozcan la profunda humanidad de ejecutar a un hombre con un “pronunciado deterioro cognitivo y una pérdida significativa de memoria”.

“Quitarle la vida a alguien con una enfermedad terminal que ya no representa una amenaza para nadie y cuya mente e identidad han sido arrebatadas por la demencia no sirve ni a la justicia ni a la decencia humana”, puntualizó Layer.

El reo que lleva más de 37 años en el corredor de la muerte

A pesar de la objeción de la defensa, el juez Bates explicó que el reciente recurso presentado por la defensa no constituye un motivo válido para posponer la determinación de la fecha de ejecución. No obstante, la audiencia programada para finales de julio podría influir en el proceso, de acuerdo con lo reportado por AP.

Por su parte, la Oficina del Fiscal General de Utah ha manifestado su respaldo a la resolución judicial. El asistente del fiscal general, Daniel Boyer, expuso que la institución tiene “plena confianza en la decisión del juez”, según declaraciones recogidas por el medio.

La historia criminal de Menzies se remonta al año 1986, cuando secuestró a Maurine Hunsaker en un establecimiento comercial en Kearns, localidad próxima a Salt Lake City. El cuerpo de la madre de tres niños apareció posteriormente con signos de estrangulamiento y heridas en el cuello, a unos 25 kilómetros del lugar del rapto, en un área de picnic en el cañón Big Cottonwood.uando Menzies fue posteriormente arrestado por otros asuntos, las autoridades encontraron la cartera y diversas pertenencias de la víctima en su poder. El proceso penal culminó en 1988 con la condena por asesinato en primer grado y otros delitos.

Durante los 37 años posteriores a la sentencia, los representantes legales de Menzies han interpuesto numerosos recursos que han logrado aplazar la ejecución en al menos dos ocasiones previas. La legislación estatal vigente en la época del fallo concedía a los condenados la opción de escoger entre el pelotón de fusilamiento y la inyección letal como métodos de ejecución.

A partir de mayo de 2004, la inyección letal se estableció como el procedimiento estándar, salvo en casos donde los medicamentos especializados no estuviesen disponibles. Menzies optó por el pelotón de fusilamiento, método que lo convertiría en el sexto recluso en Estados Unidos en ser ejecutado de esta forma desde 1977.

Alabama ha fijado para el 21 de agosto la ejecución con gas nitrógeno de David Lee Roberts, un hombre de 59 años condenado por el asesinato de Annetra Jones en 1992, en el condado de Marion, según informó The Associated Press.

La decisión, tomada por la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, sigue a la autorización de la Corte Suprema de Alabama, que dio luz verde a la ejecución tras considerar agotadas las apelaciones del condenado.

De concretarse, este caso marcaría la séptima ejecución con gas nitrógeno en Estados Unidos, consolidando a Alabama como pionero en la aplicación de este método alternativo a la inyección letal.

El crimen por el que Roberts fue sentenciado ocurrió la tarde del 22 de abril de 1992

De acuerdo con la fiscalía, Roberts llegó a la vivienda donde Jones se hospedaba con su novio, recogió sus pertenencias, robó dinero y disparó tres veces en la cabeza a la víctima con un rifle calibre .22, mientras ella dormía en el sofá. Posteriormente, vertió gasolina u otro líquido inflamable tanto en el suelo como sobre el cuerpo de Jones y prendió fuego a la casa, con la aparente intención de destruir pruebas.

El jurado lo declaró culpable de asesinato capital y, en una votación dividida 7 a 5, recomendó la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el juez del caso anuló esa recomendación y dictó la pena de muerte, una práctica que Alabama ya no permite en casos de pena capital.

La Corte Suprema de Alabama autorizó la ejecución a petición de la oficina del fiscal general del estado, que argumentó que Roberts había agotado todas sus vías de apelación. En lo que va de 2025, se han realizado 25 ejecuciones en Estados Unidos.

¿En que consiste el método de hipoxia de nitrógeno?

El método de hipoxia de nitrógeno, elegido por Roberts como alternativa a la inyección letal o la silla eléctrica, consiste en obligar al condenado a respirar nitrógeno puro a través de una máscara facial, lo que provoca la asfixia por falta de oxígeno.

Alabama se convirtió en el primer estado en utilizar este procedimiento en enero de 2024, durante la ejecución de Kenneth Smith.

Desde entonces, el estado ha realizado cinco ejecuciones con este método, mientras que Luisiana ha llevado a cabo una, sumando un total de seis ejecuciones con gas nitrógeno: cinco en Alabama y una en Luisiana, según datos recopilados por The Associated Press.

Los síntomas que experimenta el condenado durante la ejecución por gas nitrógeno

A pesar de las afirmaciones de las autoridades estatales sobre la supuesta “muerte indolora” que produce la hipoxia de nitrógeno, los testimonios de testigos presenciales han puesto en duda la humanidad del procedimiento.

Durante la primera ejecución con este método, Smith experimentó temblores, convulsiones y jadeos durante varios minutos, lo que generó críticas de organizaciones de derechos civiles y profesionales médicos.

Estos grupos han cuestionado la ética y la fiabilidad de la hipoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal, señalando la falta de pruebas concluyentes sobre su eficacia y el sufrimiento que puede causar.

El caso de Roberts y su historial documentado de enfermedades mentales

Su abogado solicitó una prórroga de la ejecución, argumentando que Roberts, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, es “probablemente incompetente para ser ejecutado” y debería ser sometido a una evaluación médica.

En febrero, un médico confirmó el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, y un psicólogo del Departamento Correccional de Alabama (ADOC) observó que Roberts “estaba escuchando voces, despotricando, pensando de manera ilógica y presentando delirios”, según consta en un expediente judicial. El abogado defensor subrayó que la salud mental de Roberts se ha deteriorado tras décadas en el corredor de la muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que no se puede ejecutar a un preso que padezca demencia y no comprenda la inminencia de su ejecución ni los motivos de la misma.

A pesar de ello, el estado de Alabama reconoció que los registros penitenciarios indican que Roberts ha sido diagnosticado con varias enfermedades mentales, pero sostuvo que esto no implica necesariamente incompetencia. “Es posible que Roberts tenga una enfermedad mental, pero eso no significa que desconozca su situación o que sea incapaz de intentar evitar su ejecución”, argumentó un abogado estatal en documentos presentados ante la corte.

“Los veré al otro lado, a todos”, así fue como se despidió un hombre que el estado de Mississippi ejecutó el miércoles, Richard Gerald Jordan, el preso que más tiempo permaneció en el corredor de la muerte en la historia estatal, tras casi cinco décadas de procesos judiciales por el secuestro y asesinato de Edwina Marter en 1976.

La ejecución, realizada por inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Misisipi, en la localidad de Parchman, marcó el final del caso.

Según informó The Associated Press, Richard Gerald Jordan, veterano de la guerra de Vietnam y de 79 años, fue condenado a muerte en 1976 por el asesinato y secuestro de Edwina Marter, esposa de un funcionario de préstamos bancarios.

Tendido en la camilla y con la boca entreabierta fue como quedó inmóvil

La ejecución comenzó a las 18:00 horas, de acuerdo con funcionarios penitenciarios, y la hora oficial de la muerte se registró a las 18:16. Jordan, que había presentado múltiples apelaciones a lo largo de los años, vio cómo la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso sin comentarios, lo que allanó el camino para la ejecución.

Durante sus últimos momentos, Jordan permaneció tendido en la camilla, con la boca ligeramente entreabierta y respirando profundamente antes de quedar inmóvil.

Cuando se le ofreció la oportunidad de pronunciar unas palabras finales, expresó: "Antes que nada, quiero agradecer a todos por la forma humana en que se hizo esto. Quiero disculparme con la familia de la víctima". También agradeció a sus abogados y a su esposa, y pidió perdón. Sus últimas palabras fueron: "Los veré del otro lado, a todos".

La ejecución fue presenciada por su esposa, Marsha Jordan, su abogada Krissy Nobile y el reverendo Tim Murphy, quien actuó como consejero espiritual. Tanto su esposa como su abogada se secaron las lágrimas en varias ocasiones durante el procedimiento, reflejando la carga emocional del momento.

La familia de la víctima, por su parte, optó por no asistir a la ejecución. En una conferencia de prensa posterior, Keith Degruy, portavoz de la familia Marter, leyó una declaración en nombre de los dos hijos y el esposo de Edwina Marter.

En el mensaje, la familia expresó: "Nada nos devolverá a nuestra madre, a nuestra hermana ni a nuestra amiga. Nada podrá cambiar lo que Jordan nos arrebató hace 49 años. Jordan intentó desesperadamente cambiar su fallo para poder morir en prisión. Nunca tuvimos otra opción", según informó The Associated Press.

Un aumento en las ejecuciones en Estados Unidos

El caso de Jordan ha sido uno de los más prolongados y complejos en la historia judicial de Mississippi. Su ejecución representa la tercera en el estado en los últimos 10 años, siendo la anterior en diciembre de 2022.

Este hecho se produce en un contexto nacional donde, solo un día antes, otro hombre fue ejecutado en Florida, lo que apunta a que 2025 podría convertirse en el año con más ejecuciones en Estados Unidos desde 2015, de acuerdo con datos de The Associated Press.

El asesinato que lo llevó a casi cinco décadas tras las rejas

Los registros de la Corte Suprema de Mississippi detallan que, en enero de 1976, Jordan contactó al Gulf National Bank en Gulfport solicitando hablar con un agente de préstamos. Tras ser informado de que Charles Marter podía atenderlo, colgó la llamada, buscó la dirección de la familia Marter en una guía telefónica y procedió a secuestrar a Edwina Marter.

Según los documentos judiciales, Jordan llevó a la víctima a un bosque, donde le disparó mortalmente antes de llamar a su esposo para exigir un rescate de 25.000 dólares.

Eric Marter, hijo de la víctima, tenía 11 años cuando ocurrió el asesinato. Antes de la ejecución, declaró a The Associated Press que otros miembros de la familia asistirían al acto. En sus palabras: "Debería haber sucedido hace mucho tiempo. No me interesa darle el beneficio de la duda". Añadió: "Hay que castigarlo".

Un largo tiempo en el corredor de la muerte

A comienzos de 2024, Jordan figuraba entre las 22 personas condenadas a muerte en la década de 1970 que aún permanecían en el corredor de la muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Su caso incluyó cuatro juicios y numerosas apelaciones. El lunes previo a la ejecución, la Corte Suprema rechazó una petición que argumentaba que a Jordan se le negaron garantías procesales fundamentales.

La defensa de Jordan, encabezada por la abogada Krissy Nobile, directora de la Oficina de Asesoría Postcondenatoria de la Capital de Mississippi, sostuvo que el jurado nunca escuchó información relevante sobre las experiencias de Jordan en Vietnam ni sobre su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático.

Nobile afirmó: “Nunca recibió lo que la ley le ha dado durante mucho tiempo: un profesional de la salud mental independiente de la fiscalía que pueda asistirlo en su defensa. Por eso, su jurado nunca escuchó sobre sus experiencias en Vietnam”.

Una petición reciente de clemencia dirigida al gobernador Tate Reeves reiteró que Jordan sufría de un trastorno de estrés postraumático severo, consecuencia de su servicio militar y de haber cumplido tres condenas consecutivas, lo que, según la defensa, pudo influir en la comisión del delito. El gobernador Reeves denegó la solicitud de clemencia.

Franklin Rosenblatt, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar y redactor de la petición de clemencia, subrayó: “Su servicio militar y su trauma de guerra no se consideraron relevantes en su juicio por asesinato. Sabemos mucho más que hace 10 años, y sin duda durante la guerra de Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro y cómo este afecta el comportamiento actual”.

No obstante, Eric Marter rechazó este argumento, manifestando: "Sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela. Y así lo hizo".

Jordan fue uno de varios condenados a muerte en Mississippi que demandaron al estado por el uso de un protocolo de ejecución con tres medicamentos, alegando que este método resulta inhumano. A pesar de estos esfuerzos legales, la ejecución se llevó a cabo conforme a los procedimientos estatales vigentes.

Autoridades de Mississippi ejecutarán este miércoles 25 de junio a Richard Gerald Jordan, conocido por ser el preso con más años de condena del estado. Lo anterior luego de que pasaran casi cinco décadas desde que secuestró y asesinó a la esposa de un funcionario de préstamos bancarios.

El veterano de Vietnam, que ahora tiene 79 años, padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) y será ejecutado mediante la inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman.

Jordan se convertirá pronto en la tercera persona del estado en recibir la pena capital en los últimos 10 años. La más reciente ocurrió en diciembre de 2022.

Condenado a muerte por un asesinato cometido en 1976

También es uno de los condenados a muerte que demandaron al estado por su protocolo de ejecución que utiliza tres fármacos y que, ellos aseguran, es inhumano, de acuerdo con reportes de The Associated Press (AP).

Condenado a muerte en 1976 luego de que secuestrara y matara a Edwina Marter, una madre de dos niños pequeños, Jordan es una de las 22 personas de Estados Unidos que enfrentan la pena máxima por delitos cometidos en 1970 y que aún están en el corredor de la muerte, según datos del Centro de Información sobre la Pena de muerte, citados por AP.

Eric Marter, quien tenía 11 años cuando su madre fue asesinada, dijo que ni él ni su hermano ni su padre asistirían a la ejecución, sin embargo, otros miembros de la familia estarían presentes en el cuarto, al mismo tiempo que aseguró que esto debió “haber ocurrido hace mucho tiempo”. “No me interesa darle el beneficio de la duda”, añadió.

Según documentos judiciales de la Suprema Corte de Mississipi, Jordan llamó al Gulf National Bank en Gulfport en enero de 1976 solicitando hablar con un agente de préstamos. Después de que obtuviera información de que Charles Marter podría hablar con él, simplemente colgó.

Su macabro plan se desarrolló poco a poco. Primero buscó la dirección de la casa de la familia Marter utilizando una guía telefónica. Después, secuestró a Edwina; la llevó a un bosque y la asesinó a tiros poco antes de llamar a su esposo para exigirle 25.000 dólares, afirmando que se encontraba a salvo.

Tras una larga batalla legal, que incluyó cuatro juicios y múltiples apelaciones, la Suprema Corte estadounidense rechazó el lunes una petición que afirmaba que a Jordan se le habían negado las garantías procesales.

Una petición al gobernador de Missisippi

Krissy Nobile, directora de la Oficina de Asesoría Postcondenatoria de Mississippi —que representa a Jordan—, afirmó que su cliente “nunca tuvo derecho” a un profesional de la salud mental independiente de la fiscalía que lo asistiera durante su defensa. “Por ello, su jurado nunca tuvo la oportunidad de conocer sus experiencias en Vietnam”, declaró.

Franklin Rosenblatt, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar y que redactó una petición de clemencia al gobernador de Mississipi —Tate Reeves—, dijo que el servicio militar y trauma de guerra de Jordan “no se consideraron relevantes” durante su juicio por asesinato.

“Sabemos mucho más que hace 10 años, y sin duda durante la guerra de Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro y cómo afecta a las conductas actuales”, argumentó Rosenblatt.

Sin embargo, Eric Marter se encuentra seguro de su decisión al decir que no acepta ese argumento. “Sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela. Y así lo hizo”, sentenció.

Un hombre condenado por violar y asesinar a una mujer en las inmediaciones de un bar del centro de Florida fue ejecutado el martes por la noche en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke, según informó The Associated Press.

Thomas Lee Gudinas, de 51 años, recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 18:13 horas (hora local) de acuerdo con la declaración de Bryan Griffin, portavoz del gobernador republicano Ron DeSantis.

La ejecución se llevó a cabo en la sala de ejecuciones de la prisión estatal, donde Gudinas permanecía atado a una camilla con una vía intravenosa en el brazo izquierdo cuando se aperturó la ejecución a las 18:00 horas.

Así fue como el condenado recibió la inyección letal atado a la camilla

El procedimiento siguió el protocolo habitual: tras una llamada final entre el director de la prisión y la oficina del gobernador, se le ofreció a Gudinas la oportunidad de pronunciar unas palabras. Aunque los presentes en la sala de velatorio no pudieron escuchar con claridad, Griffin aseguró que el recluso expresó arrepentimiento y mencionó a Jesús en su declaración final.

La administración de los fármacos letales provocó que los ojos de Gudinas se pusieran en blanco y que experimentara convulsiones leves en el pecho. Durante varios minutos, su piel perdió color y su cuerpo quedó inmóvil.

El director de la prisión anunció la ejecución de la sentencia, se cerró la cortina de la cámara y los testigos abandonaron la sala de observación.

La séptima ejecución de Florida en este 2025

La ejecución de Gudinas representa la séptima en Florida en lo que va de año, y ya se ha programado una octava para el mes siguiente. En 2023, el estado llevó a cabo seis ejecuciones, mientras que el año anterior solo se realizó una.

Este incremento en la frecuencia de ejecuciones sitúa a Florida como el estado con más ejecuciones en 2024, superando a Texas y Carolina del Sur, que empatan en el segundo lugar con cuatro cada uno. Alabama ha ejecutado a tres personas, Oklahoma a dos, y Arizona, Indiana, Luisiana y Tennessee a una cada uno. Misisipi se sumará a la lista el miércoles con su primera ejecución desde 2022.

En el contexto nacional, Estados Unidos ha ejecutado a un total de 24 hombres en lo que va de año. Las ejecuciones programadas para los próximos meses podrían convertir a 2025 en el año con más ejecuciones desde 2015, según los datos recopilados por The Associated Press.

A pesar del aumento en la frecuencia de ejecuciones, el portavoz del Departamento de Correcciones, Ted Veerman, afirmó que el sistema penitenciario no ha experimentado una presión operativa significativa. “Nuestro personal está haciendo un trabajo fantástico para seguir el ritmo de estas ejecuciones”, declaró Veerman el martes, horas antes de la ejecución de Gudinas. “Y las estamos llevando a cabo con profesionalismo”.

El abuso y asesinato que lo llevó al corredor de la muerte

El caso de Michelle McGrath, la víctima de Gudinas, se remonta a la madrugada del 24 de mayo de 1994. McGrath fue vista por última vez en el bar Barbarella’s poco antes de las 3:00. Su cuerpo, que presentaba signos de trauma grave y agresión sexual, apareció horas después en un callejón junto a una escuela cercana.

Gudinas había estado en el mismo bar la noche anterior acompañado de amigos, quienes posteriormente declararon que se marcharon sin él. Un empleado de la escuela que encontró el cuerpo de McGrath identificó a Gudinas como un hombre que huía de la zona poco antes del hallazgo. Además, otra mujer lo reconoció como la persona que la persiguió hasta su coche la noche anterior y la amenazó con agredirla.

La defensa presentó múltiples apelaciones durante su proceso judicial

El proceso judicial contra Gudinas culminó en 1995, cuando fue declarado culpable y condenado a muerte. Desde entonces, sus abogados han presentado múltiples apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos, todas ellas rechazadas.

En su defensa, los abogados argumentaron que las pruebas sobre “enfermedades mentales crónicas” debían eximir a Gudinas de la ejecución. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida desestimó la apelación la semana pasada, dictaminando que la jurisprudencia que protege a las personas con discapacidad intelectual de la pena de muerte no se extiende a quienes padecen otras enfermedades mentales o daño cerebral.

En el ámbito federal, la defensa de Gudinas sostuvo que la discrecionalidad ilimitada del gobernador para firmar órdenes de ejecución vulnera el derecho constitucional al debido proceso de los condenados a muerte, generando un proceso arbitrario para decidir quién vive y quién muere. El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la solicitud de indulto presentada por la defensa.

Una visita especial en su último día de vida

Durante el día de la ejecución, Gudinas recibió la visita de su madre, pero no solicitó la presencia de un asesor espiritual. Las autoridades penitenciarias confirmaron que este fue el único visitante que tuvo el recluso antes de su muerte.

Según los registros de The Associated Press, Florida ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado en 2024, consolidando su posición como epicentro de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

Un periodista de Arabia Saudita, que había publicado un mensaje contra el Gobierno en Twitter hace 11 años, fue ejecutado por “alta traición“. Se trata de Turki al-Jasser, quien se convirtió en el primer comunicador asesinado de alto perfil desde el crimen de Jamal Khashoggi en 2018.

El tuit publicado por al-Jasser en 2014 fue escalofriantemente profético: “El escritor árabe puede ser asesinado fácilmente por su gobierno bajo el pretexto de la ‘seguridad nacional’”, escribió.

Su ejecución se llevó a cabo después de siete años de detención, según informó el Ministerio del Interior de Arabia Saudita. Disidentes que hablaron con el periódico The Guardian afirmaron que fue sometido a tortura durante su encarcelamiento.

Al-Jasser, de unos 40 años, fue condenado por “alta traición al comunicarse y conspirar contra la seguridad del Reino con individuos fuera de él”. En Arabia Saudita, estos castigos suelen ejecutarse mediante decapitación con espada.

Turki al-Jasser fue identificado en 2018 como el autor de una conocida cuenta anónima de Twitter —hoy conocida como X—, desde donde exponía casos de corrupción y abusos de derechos humanos por parte de la familia real.

Además, fundó el blog "Al-Mashhad Al-Saudi“ (“La Escena Saudí”) que, según Reporteros Sin Fronteras, abordaba asuntos como los derechos de las mujeres.

Su actividad en redes sociales provocó su detención en el contexto de una ofensiva contra la disidencia.

Abdullah Alaoudh, director sénior de lucha contra el autoritarismo del Centro para la Democracia en Medio Oriente, señaló: “Turki tenía dos cuentas en Twitter. Mientras usaba su nombre real en una, en la otra era aún más satírico y crítico, lo que lo puso en la mira del gobierno saudí”.

Las autoridades accedieron a identidades y direcciones IP de miles de cuentas anónimas tras una infiltración en Twitter entre 2014 y 2015.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ex empleados y a un ciudadano saudí de filtrar información al reino. Ahmad Abouammo, uno de ellos, fue condenado por fraude y conspiración, además de actuar como agente extranjero a favor de la familia real.

Otros casos de represión, como el de Abdulrahman al-Sadhan, condenado a 20 años de prisión, también incluyeron denuncias de tortura: “Le rompieron la mano, le destrozaron los dedos diciendo: ‘Esta es la mano con la que tuiteas’”, relató su hermana, Areej al-Sadhan, a CBS News.

Según Reporteros Sin Fronteras, al-Jasser es el primer periodista ejecutado bajo el gobierno de Mohammed bin Salman y el segundo en el mundo desde la ejecución en Irán de Ruhollah Zam, director de Amadnews, en 2020.

En 2023, el príncipe Mohammed bin Salman justificó en Fox News las sentencias de muerte por publicaciones en redes sociales diciendo: “¿Tenemos leyes malas? Sí. ¿Estamos cambiándolas? Sí”.

Expertos legales destacan que el príncipe heredero y el rey tienen la autoridad para aprobar o detener toda ejecución.

Para Sarah Leah Whitson, directora de Dawn, un grupo prodemocracia fundado por Khashoggi, “con la ejecución de Jasser, Mohammed bin Salman ha demostrado una vez más que sigue siendo un tirano vengativo. Ha instrumentalizado el sistema judicial para castigar a un crítico exclusivamente por sus comentarios en redes sociales bajo la ley antiterrorista saudí”, concluyó.

Un hombre condenado a muerte en Carolina del Sur por dos asesinatos cometidos en 2005 fue ejecutado el viernes mediante inyección letal.

Stephen Stanko, de 57 años, había recibido dos sentencias de muerte por crímenes separados: el asesinato de su novia en el condado de Georgetown y el de un amigo en el condado de Horry.

Stanko fue declarado muerto a las 18:34 horas (hora local), marcando la sexta ejecución en el estado en los últimos nueve meses, según reportó The Associated Press.

Los crímenes que llevaron a Stanko al corredor de la muerte

El primer crimen ocurrió en la casa de su novia, donde Stanko la estranguló mientras violaba a su hija adolescente. Aunque intentó asesinar a la joven cortándole la garganta, esta logró sobrevivir.

Horas después, Stanko disparó a un amigo en el condado de Horry y vació su cuenta bancaria. Ambos asesinatos lo llevaron al corredor de la muerte en dos ocasiones distintas.

Una declaración final dirigida a la familia de las víctimas

La ejecución comenzó tras una declaración final de tres minutos y medio en la que Stanko pidió perdón a las familias de sus víctimas y solicitó no ser juzgado únicamente por el peor día de su vida.

“He vivido aproximadamente 20.973 días, pero me juzgan solo por uno”, expresó en su mensaje, leído por su abogado. También pidió perdón a las familias afectadas, mencionando: “Cuando me haya ido, espero que Christina, la familia de Laura y la familia de Henry puedan perdonarme. La ejecución podría ayudarlos. El perdón los sanará”.

Una muerte rápida por inyección letal

Durante el procedimiento, los testigos observaron cómo los funcionarios de la prisión administraron la primera dosis del sedante pentobarbital.

Stanko pareció murmurar palabras y dirigió su mirada hacia las familias de las víctimas antes de dejar de respirar. Su muerte fue confirmada 28 minutos después de iniciada la ejecución, tras la administración de una segunda dosis del fármaco.

Familiares de las víctimas presentes en la ejecución

Entre los presentes en la ejecución se encontraban tres familiares de las víctimas, quienes no apartaron la vista de Stanko hasta mucho después de que este dejara de respirar.

También asistieron su hermano y su abogada, Lindsey Vann, quien ya había presenciado la ejecución de otro cliente en los últimos siete meses.

Originalmente la ejecución se iba a llevar a cabo mediante el pelotón de fusilamiento

Stanko había solicitado inicialmente ser ejecutado por el pelotón de fusilamiento, un método recientemente aprobado en Carolina del Sur. Sin embargo, cambió de opinión tras conocerse los resultados de la autopsia de un recluso ejecutado mediante este método, que revelaron que las balas casi alcanzaron su corazón.

Finalmente, optó por la inyección letal, aunque sus abogados argumentaron que este procedimiento no se realiza de manera adecuada en el estado, citando casos previos en los que se encontraron líquidos en los pulmones de los reclusos.

Rechazo de indulto minutos antes de la muerte

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, rechazó un indulto minutos antes de que comenzara la ejecución, siguiendo una tendencia histórica en el estado. Desde que se reinstauró la pena de muerte hace 50 años, ningún gobernador ha perdonado la vida de un condenado en las 48 ejecuciones realizadas.

La ejecución de Stanko es parte de un reciente aumento en la aplicación de la pena de muerte en Carolina del Sur, que estuvo 13 años sin realizar ejecuciones debido a la falta de acceso a los fármacos necesarios para la inyección letal. En respuesta, la Asamblea General del estado aprobó la implementación del pelotón de fusilamiento y una ley que protege la identidad de los proveedores de estos medicamentos.

La última cena de Stanko

Stanko fue la última de cuatro ejecuciones programadas en Estados Unidos durante la semana pasada. Florida, Alabama y Oklahoma también llevaron a cabo ejecuciones en días previos, destacando un caso en el que un recluso fue transferido de custodia federal a estatal para permitir su muerte.

Antes de su ejecución, Stanko disfrutó de una última comida especial, que incluyó pescado frito, camarones, croquetas de cangrejo, papa al horno, zanahorias, okra frito, pastel de cereza, pudín de plátano y té dulce.

Un juez del estado de Oklahoma, en el sur de Estados Unidos, ha suspendido la ejecución de John Fitzgerald Hanson, un reo condenado en 1999 por el asesinato de una mujer en la ciudad de Tulsa, una medida que llega tan solo dos días de la fecha prevista para que fuera sometido a la pena capital.

Fitzgerald, de 61 años, ha logrado esta prórroga después de que sus abogados alegaran que no recibió un trato justo en la vista judicial del mes pasado, en la que se sopesó la posibilidad de que fuera objeto de un indulto para su posterior puesta en libertad condicional tras más de dos décadas en prisión.

El equipo legal del preso ha incidido en que el tribunal que examinó el posible indulto carecía de la imparcialidad suficiente dado que uno de los miembros, Sean Malloy, había trabajado para la oficina del fiscal de distrito del condado de Tulsa cuando Hanson fue procesado.

Sin embargo, el fiscal general, Gentner Drummond, ha argumentado que el juez de distrito carece de la autoridad suficiente para detener esta ejecución, por lo que ha pedido al Tribunal Penal de Apelaciones de Oklahoma que dé el visto bueno a la medida.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a aumentar el número de ejecuciones, con un total de tres previstas para los próximos días en cuatro estados del país. El magnate neoyorquino ha instado además a la "expansión" de esta pena, tal y como ya hizo durante su primer mandato.

Estos casos son los de Gregory Hunt, condenado por la muerte de Karen Lane en Alabama; Anthony Wainwright, por el asesinato de Carmen Gayheart; y Stephen Stanko, condenado a pena de muerte en Carolina del Sur, según informaciones de la cadena de televisión estadounidense CNN.

Desde el Death Penalty Project alertan del repunte de las ejecuciones durante la primera mitad de 2025 --en comparación con el mismo periodo respecto a años anteriores--. En caso de que las seis ejecuciones previstas para el mes de junio salgan adelante, ya serían 25 las registradas en lo que va de año, una cifra que superaría los datos anuales de 2024.

El preso Stephen Stanko, condenado a muerte en Carolina del Sur, optó por la inyección letal como método de ejecución. Su decisión llega tras expresar inquietudes sobre las recientes ejecuciones realizadas mediante pelotón de fusilamiento en el estado, donde se han reportado posibles sufrimientos prolongados. ABC News destacó que los abogados del convicto señalaron casos como el de Mikal Mahdi, quien aparentemente experimentó dolor durante casi 45 segundos, tres veces más de lo esperado, tras recibir disparos que no alcanzaron el corazón durante su ejecución en abril de este año.

Stanko, programado para ser ejecutado este 13 de junio, tenía la posibilidad de elegir entre la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento o la inyección letal. Sus representantes legales, citados por ABC News, explicaron que descartó inicialmente la silla eléctrica porque temía “cocerse con miles de voltios de electricidad”. Asimismo, aunque inicialmente se inclinaba por el pelotón de fusilamiento, los informes médicos y legales relacionados con la ejecución de Mahdi lo llevaron a reconsiderar.

En un intento por obtener más información sobre los métodos de ejecución disponibles, los abogados de Stanko solicitaron a la Corte Suprema de Carolina del Sur un retraso en el cumplimiento de la sentencia. No obstante, el tribunal rechazó su petición, obligándolo a tomar una decisión definitiva. Según el medio, esta negativa ocurrió el pasado miércoles.

Stanko, de 57 años, enfrenta la pena capital condenado por dos asesinatos: el de una amiga y el de su pareja, ocurrido mientras agredía sexualmente a la hija de esta última. De acuerdo con las autoridades, en abril de 2006 disparó y mató a Henry Turner, un amigo de 74 años, tras engañarlo diciéndole que su padre había fallecido.

El convicto utilizó una almohada como silenciador, robó el vehículo de Turner y vació su cuenta bancaria. Durante los días posteriores, se trasladó a Georgia, asistió a eventos locales y presentó una falsa identidad, afirmando ser propietario de varios restaurantes. Fue finalmente arrestado luego de que una mujer con la que convivía alertara a la policía al reconocerlo en una foto.

El mismo día que asesinó a Turner, Stanko también golpeó y estranguló a su pareja en su domicilio, mientras violaba a la hija de esta, una adolescente a quien luego intentó matar cortándole el cuello. La joven sobrevivió y testificó en su contra durante los juicios.

Desde septiembre de 2024, Carolina del Sur reanudó las ejecuciones mediante inyección letal gracias a una nueva ley que protege la confidencialidad de los proveedores de las drogas utilizadas para la aplicación de la pena capital, así como la identidad de los equipos de ejecución. El estado había suspendido la práctica desde 2011 debido al vencimiento de su suministro de medicamentos y la negativa de las farmacias a vendérselos sin garantizar anonimato.

ABC News informó que en los últimos tres procedimientos de este tipo, realizados en el último año, se observó un patrón preocupante: los pulmones de al menos dos de los ejecutados se llenaron con grandes cantidades de líquido, lo que los expertos describen como un efecto secundario del pentobarbital, la sustancia empleada.

Cuando Stephen Stanko sea ejecutado, será colocado en una camilla con los brazos extendidos y un trabajador médico insertará una vía intravenosa en su brazo. Según el procedimiento descrito por ABC News, la ejecución comenzará sin previo anuncio, y un médico confirmará el fallecimiento aproximadamente 20 minutos después de iniciada la administración del fármaco.

Aunque los médicos contratados por el estado han asegurado que el pentobarbital induce una profunda inconsciencia antes de provocar cualquier otra sensación física, otros expertos asociados con los equipos legales de los reos aseguran que podrían persistir niveles de consciencia durante el impacto inicial de la droga; describen una sensación de “ahogamiento” cuando el líquido inunda los pulmones. ABC News subrayó que algunos testigos en ejecuciones previas reportaron que los prisioneros no presentaron signos externos de consciencia tras 30 segundos, aunque se desconocen detalles más precisos debido a la ley que restringe información sobre el proceso.

En las ejecuciones recientes en el estado, los funcionarios penitenciarios han administrado dos dosis de pentobarbital con un intervalo de 10 minutos entre cada una. Esto contrasta con la práctica habitual en la mayoría de los estados y a nivel federal, donde se emplea una única dosis y se reserva una segunda para situaciones excepcionales. ABC News remarcó que los responsables de las ejecuciones no han explicado los motivos detrás de esta práctica específica, alegando la confidencialidad establecida por la ley de 2023.

La situación de Stanko refleja las complejidades y desafíos que enfrenta la pena capital en Carolina del Sur, un estado que reanudó recientemente las ejecuciones tras una década de interrupción. La elección final de este preso por la inyección letal pone sobre la mesa debates sobre la eficacia, humanidad y potencial sufrimiento asociado a los tres métodos de ejecución actualmente disponibles.

El acusado es Osama Krayem, de 32 años y condenado a 30 años de prisión y a cadena perpetua por su participación en los atentados islamistas de París (2015) y Bruselas (2016), respectivamente.

El piloto jordano Muaz Kasasbeh fue capturado el 24 de diciembre de 2014 por el Estado Islámico (EI) en Siria, donde estuvo retenido hasta ser quemado vivo días después en una jaula, en una acción que fue filmada y usada con fines propagandísticos por ese grupo.

La acusación sostiene que Krayem, que aparece en el vídeo, ayudó a meter al piloto en la jaula, a la que otra persona prendió fuego a continuación.

"Es la primera vez que una persona es llevada ante los tribunales por uno de los asesinatos más brutales del EI. La gravedad de los hechos se refleja en que el acusado afronta dos de los delitos más graves", señaló en un comunicado la fiscal Reena Devgun.

Según explicó la Fiscalía en una rueda de prensa, Krayem era consciente de que los hechos estaban siendo filmados con el objetivo de usarlos luego como propaganda y recibió instrucciones sobre cómo posar durante la escena.

La participación de Krayem fue descubierta durante la investigación contra él en Francia y Bélgica, pero ninguno de esos países tiene jurisdicción para acusarlo, señaló Devgun.

Krayem, que fue trasladado a Suecia el pasado marzo, permanecerá en ese país mientras dure el proceso judicial y, a su término, será enviado de vuelta a Francia para seguir cumpliendo pena. EFE

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por el ataque perpetrado en enero de 2023 contra la Embajada de Azerbaiyán en la capital, Teherán, que se saldó con un muerto y provocó un grave deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Así, han señalado que el tribunal dictó una sentencia de muerte contra el sospechoso, pena que fue ratificada por el Tribunal Supremo. "La sentencia ha sido ejecutada esta mañana", ha indicado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Mizan, vinculada al aparato judicial iraní.

El hombre ha sido ahorcado en una prisión tras la confirmación del veredicto. Durante el proceso, el acusado apuntó a motivos personales para el ataque y argumentó que su esposa había ido al edificio de la legación azerí y que "nunca volvió a casa", lo que le llevó a planificar el asalto.

El suceso se saldó con la muerte del jefe de seguridad de la Embajada y provocó la condena por parte de Bakú, que criticó que las fuerzas iraníes no habían adoptado "medidas serias" para impedirlo. Azerbaiyán anunció además el cierre de la legación, reabierta en julio de 2024.

Entonces, Bakú sostuvo que la reapertura de la Embajada contribuiría a fortalecer las relaciones bilaterales "basadas en el respeto mutuo y la buena vecindad". La ejecución del sospechoso tiene lugar menos de un mes después de la visita a Azerbaiyán del presidente iraní, Masud Pezeshkian, signo de una mejora de los lazos.

Después de que cinco reclusos fueran ejecutados en un periodo de siete meses en Carolina del Sur, un preso condenado a muerte ha solicitado representarse a sí mismo, lo que podría acelerar su ejecución.

Según informó The Associated Press, James Robertson, de 51 años, envió una carta a un juez federal expresando su intención de despedir a sus abogados y asumir su propia defensa, una decisión que podría tener consecuencias fatales en cuestión de semanas o meses.

Robertson, quien ha estado en el corredor de la muerte desde 1999, fue condenado por el asesinato de sus padres en su hogar en Rock Hill.

Así fue como Robertson asesinó a sus padres

De acuerdo con la fiscalía, golpeó a su padre con un martillo y un bate de béisbol, apuñaló a su madre y simuló un robo con la intención de obtener su parte de una herencia valorada en 2.2 millones de dólares. Esta no es la primera vez que Robertson intenta retirar sus apelaciones; en el pasado, ya había manifestado su deseo de aceptar la pena de muerte en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional.

El juez federal que recibió la carta de Robertson el pasado 7 de abril ordenó un retraso de 45 días para que un abogado independiente hablara con él y evaluara si comprende plenamente las implicaciones de su decisión.

La abogada de Robertson solicitó al juez postergar la decisión del condenado

La abogada actual de Robertson, Emily Paavola, argumentó en documentos judiciales que su cliente no está tomando medicamentos para la depresión, sufre de dolor crónico de espalda y padece una afección cutánea que agrava su estado emocional.

Además, señaló que Robertson está profundamente afectado por las recientes ejecuciones en el estado, incluida la de su mejor amigo en el corredor de la muerte, Marion Bowman Jr., quien fue ejecutado por inyección letal el 31 de enero.

Paavola solicitó al juez que se postergara la decisión de Robertson durante cuatro meses para realizarle una evaluación psiquiátrica completa y determinar si es mentalmente competente para representarse a sí mismo. Sin embargo, la jueza Mary Gordon Baker decidió que un abogado diferente hablara con Robertson y presentara un informe sobre su estado mental a principios de julio.

Su relación con el sistema judicial

El historial de Robertson muestra que su relación con el sistema judicial ha sido conflictiva desde el inicio. En la década de 2000, intentó retirar todas sus apelaciones, argumentando que prefería la pena de muerte a la cadena perpetua y que los abogados que lo habían representado hasta entonces lo habían defraudado.

En una audiencia en 2002, Robertson mencionó que la decisión de su amigo Michael Passaro de aceptar la pena de muerte había influido en su perspectiva. Passaro fue ejecutado por incendiar una camioneta con su hija dentro, frente a la casa de su exesposa. Robertson declaró en ese momento que la experiencia de ver a su amigo pasar de jugar cartas con él a ser ejecutado había reforzado su decisión de seguir un camino similar.

Muchos de los reos prefieren la pena de muerte a la cadena perpetua

El fenómeno de los llamados “voluntarios para la muerte” no es nuevo en el sistema de justicia de Estados Unidos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, aproximadamente el 10% de las ejecuciones en el país corresponden a reclusos que deciden retirar sus apelaciones y aceptar la pena capital.

La mayoría de estos casos involucran a personas con enfermedades mentales que influyen en su decisión de no continuar viviendo. Aunque la tasa de voluntarios ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo un tema relevante en el debate sobre la pena de muerte.

Entre 2000 y 2009, 65 de las 590 ejecuciones en Estados Unidos fueron de reclusos que renunciaron a sus apelaciones, mientras que desde 2020 solo siete de las 111 ejecuciones han seguido este patrón.

La opinión del fiscal que llevó a Robertson al corredor de la muerte

El fiscal Tommy Pope, quien llevó a Robertson al corredor de la muerte, expresó su comprensión hacia los reclusos que optan por no luchar contra sus sentencias.

Pope, quien actualmente es presidente pro tempore de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, señaló que, en su opinión, algunos presos prefieren aceptar la muerte antes que pasar el resto de sus vidas en el corredor de la muerte. Sin embargo, también describió a Robertson como un hombre con una inteligencia superior a la media que disfruta manipulando el sistema y que, a menudo, se considera más astuto que sus propios abogados.

La decisión final sobre si Robertson podrá representarse a sí mismo y las implicaciones de esta elección se conocerán en los próximos meses, tras la evaluación ordenada por la jueza Baker.

Hace más de tres años, Oscar Smith estuvo a punto de ser ejecutado en Tennessee, pero un indulto de último momento emitido por el gobernador Bill Lee detuvo el proceso debido a problemas con los fármacos utilizados en la inyección letal.

Ahora, el estado se prepara para un nuevo intento de ejecución, programado para este jueves, en medio de controversias sobre los métodos y las condiciones en el corredor de la muerte. Según informó The Associated Press (AP), Smith, de 75 años, ha descrito los últimos tres años como un periodo de sufrimiento extremo y ha pedido a su familia que no asista al procedimiento porque “no necesitan ver algo así”.

Smith fue condenado a muerte en 1990 por el asesinato de su exesposa, Judith Smith, y sus dos hijos, Jason y Chad, de 13 y 16 años, respectivamente. Los crímenes ocurrieron el 1 de octubre de 1989 en la casa familiar en Nashville, donde las víctimas fueron apuñaladas y baleadas. A pesar de las pruebas presentadas en su contra, Smith ha mantenido su inocencia y ha solicitado reiteradamente un nuevo juicio, argumentando que su proceso judicial fue injusto.

Tennessee planea ejecutarlo esta semana a pesar del indulto que recibió

En 2022, un juez rechazó reabrir el caso, incluso después de que un análisis de ADN identificara material genético de una persona desconocida en una de las armas homicidas. El juez consideró que las pruebas de culpabilidad eran contundentes, citando amenazas previas de Smith y una póliza de seguro de vida que había contratado para las víctimas.

“Ahora que puedo refutar todo lo que usaron en mi contra, los tribunales no quieren oírlo. Ser declarado verdaderamente inocente por un jurado de mis pares”, explicó durante una entrevista telefónica con AP el 7 de mayo, justo antes de iniciar un proceso de aislamiento de 14 días que forma parte del protocolo de la pena capital.

El método de ejecución que se utilizará en este caso ha generado un intenso debate. Según detalló AP, Tennessee implementará por primera vez un nuevo protocolo de inyección letal que emplea una sola dosis del barbitúrico pentobarbital.

Aunque este método ya ha sido utilizado en otros estados y a nivel federal, su aplicación ha sido cuestionada. Durante la administración del expresidente Joe Biden, el entonces fiscal general Merrick Garland suspendió su uso en ejecuciones federales, argumentando que podía causar “dolor y sufrimiento innecesarios”.

Sin embargo, la nueva fiscal general, Pam Bondi, ordenó revisar esa decisión, lo que ha reavivado las discusiones sobre la ética y la efectividad de este procedimiento.

Smith ha presentado una demanda contra el estado de Tennessee, alegando que el Departamento de Correccionales (TDOC) no cumplió con las recomendaciones de una investigación independiente encargada por el gobernador Lee en 2022.

Una ejecución que ocurrirá en medio de preocupaciones

Esta investigación se llevó a cabo tras descubrirse irregularidades en los protocolos de ejecución. Sin embargo, el juicio relacionado con esta demanda no se celebrará hasta enero del próximo año, lo que significa que no habrá tiempo para que influya en el caso de Smith. El gobernador Lee, quien tiene la autoridad para detener la ejecución, ha declarado que no intervendrá esta vez.

El preso en el corredor de la muerte expresó su preocupación por las condiciones en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde se encuentra recluido. Según sus declaraciones, las políticas no se están cumpliendo y las condiciones han empeorado.

Además, mencionó que su ministra personal lo acompañará en la cámara de ejecución, algo que agradece, aunque le preocupa que ella tenga que presenciar el procedimiento. “Me cuesta mucho adaptarme a la idea de tener a una joven en la cámara de ejecución. No necesita pasar por malas experiencias”, afirmó.

Algunos familiares de las víctimas de Smith han manifestado su intención de asistir a la ejecución, según informó Dorinda Carter, portavoz del TDOC. Sin embargo, otros familiares contactados a través de la oficina de servicios a las víctimas de la Fiscalía General del estado no accedieron a ser entrevistados por AP.

En sus declaraciones finales sobre el proceso, Smith reflexionó sobre el impacto de las ejecuciones en la sociedad. “Parece que volvemos a la época medieval, a los gladiadores. La gente quiere ver deportes sangrientos”, comentó. También cuestionó el deseo de presenciar la muerte de otra persona, señalando que esto contradice los valores de un país que se considera civilizado.

Matthew Johnson, un hombre de 49 años, fue ejecutado en Texas después de ser condenado por el asesinato de Nancy Harris, una abuela de 76 años, a la que prendió fuego en un violento episodio sucedido en 2012. Este desenlace llegó el martes por la noche, tras un capítulo que marcó profundamente a la comunidad de Garland, Texas, y trajo consigo un complejo proceso judicial. La ejecución tuvo lugar en la penitenciaría estatal de Huntsville, donde Johnson recibió una inyección letal y fue declarado muerto a las 6:53 p.m.

Desde el inicio, el caso se destacó por la brutalidad del crimen. El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2012, cuando Johnson ingresó al establecimiento donde Harris trabajaba. Equipado con un frasco de líquido para encendedores y un encendedor, perpetró un robo que incluyó cigarrillos, encendedores y dinero en efectivo. Sin embargo, la tragedia cobró su mayor magnitud cuando Johnson decidió arrojar el líquido inflamable sobre Harris y prenderle fuego antes de salir del local. A pesar de la violencia del acto, Harris logró sobrevivir cinco días más, lo suficiente para ofrecer a las autoridades una descripción detallada de Johnson, lo cual fue crucial para su posterior arresto y condena.

Durante su juicio en 2013, Johnson no sólo admitió su culpabilidad sino que también expresó un profundo remordimiento. Fue entonces que describió sus propias acciones como las de “el ser más vil del planeta”. En su defensa, argumentó que al momento del crimen se encontraba bajo la influencia de drogas y alcohol, y sostuvo que su intención al usar el líquido inflamable no era asesinar, sino simplemente asustar a Harris. Sin embargo, la corte no encontró suficientes argumentos para ver sus actos bajo un prisma de clemencia, y finalmente fue condenado a pena de muerte.

La ejecución como último capítulo de un caso traumático

La ejecución de Johnson ha cerrado un capítulo doloroso para la familia de Nancy Harris y para toda la comunidad que desperdigó su indignación y sufrimiento a lo largo de más de una década. La ejecución es apenas la cuarta que se lleva a cabo en Texas en 2025 y la decimoctava en los Estados Unidos en lo que va del año, reflejando un sistema judicial que continúa abordando casos de extremo impacto social.

La tarde de su ejecución, Johnson emitió una última declaración que resonó con profundo arrepentimiento. Pidió perdón a la familia de Harris y reconoció la gravedad de sus acciones. “Primero que todo, quisiera darle gracias a Dios. Si no fuera por él, no estaría aquí en la Tierra. Le agradezco por la vida que me ha dado”, expresó Johnson. Hacia los familiares de Harris añadió: “Les pido su perdón. Nunca quise lastimarla. Rezo por que al abrir mis ojos, ella sea la primera persona que vea y que pueda pasar la eternidad con ella.” Sus palabras finales, que fueron compartidas por The Associated Press y Fox News, también incluyeron una disculpa a su propia familia, subrayando su remordimiento personal y su deseo de redención.

Detalles del juicio y revelaciones conmovedoras

El juicio reveló aspectos inquietantes sobre el estado mental y la intencionalidad de Johnson. A lo largo del proceso judicial, se presentaron evidencias que buscaron pintar una imagen completa del condenado, incluyendo su abuso de sustancias y el entorno que eventualmente lo condujo a sus actos criminales. Sin embargo, fue su propia confesión la que dejó una marca indeleble en la memoria del público. En sus declaraciones, admitió que, aunque no era su intención causar daño mortal, fue completamente responsable de la tragedia.

Los documentos judiciales, obtenidos por The Associated Press, detallan cómo Johnson entró al local con el propósito inicial de cometer un robo, un delito que en cuestión de minutos escaló a un asesinato brutal. Su admisión de culpa, condenada por el jurado, mostró la transparencia con la cual se enfrentó a la realidad de sus acciones. “Hice elecciones equivocadas, tomé malas decisiones y ahora pago las consecuencias”, confesó durante su testimonio.

El impacto social y el cierre para la comunidad

La ejecución de Johnson no sólo marca el fin de un largo proceso judicial, sino también el cierre de una herida que afectó profundamente a la comunidad de Garland. La reacción de los ciudadanos ha reflejado desde el principio una mezcla de alivio y tristeza, sentimientos comunes en situaciones donde se busca justicia para crímenes atroces.

A pesar de que Johnson intentó apelar su sentencia en múltiples ocasiones, sus esfuerzos fueron en vano. La decisión final de la corte, respaldada por las pruebas y testimonios presentados, ha llevado a una resolución que las familias afectadas y la sociedad han considerado justa. Este caso ha sido cubierto en profundidad por fuentes como Fox News y The Associated Press, quienes han documentado tanto el crimen inicial como las secuelas judiciales y emocionales que le siguieron.

La historia de Matthew Johnson y Nancy Harris es un recordatorio aleccionador de las capacidades del sistema judicial para tratar con crímenes violentos y de cómo las comunidades enfrentan los impactos duraderos de tales tragedias. Con su ejecución, se cierra un capítulo oscuro, pero deja abiertos diálogos sobre la justicia, el perdón y la capacidad humana para el arrepentimiento.

Un hombre condenado por matar a un oficial de policía en Indiana hace casi un cuarto de siglo está programado para ser ejecutado este martes 20 de mayo, marcando solo la segunda ejecución en Indiana desde 2009.

Benjamin Ritchie, de 45 años, recibirá una inyección letal antes del amanecer en la Prisión Estatal de Indiana, ubicada en Michigan City, salvo que ocurra una intervención judicial de último momento, confirmó NBC News.

Ritchie fue declarado culpable del asesinato de Bill Toney, oficial del Departamento de Policía de Beech Grove, quien murió tras recibir varios disparos durante una persecución a pie el 29 de septiembre del año 2000.

Según información difundida por The Associated Press (AP), Toney tenía 31 años, era padre de dos hijos y trabajaba en la fuerza desde hacía apenas dos años.

Un caso que marcó a la comunidad

La muerte de Toney fue particularmente impactante para la pequeña localidad de Beech Grove, situada en las afueras de Indianápolis, con una población aproximada de 14,000 personas.

Toney se había ofrecido a cubrir el turno de un compañero cuando interceptó a Ritchie, quien conducía una furgoneta robada. Durante la persecución, el joven disparó cuatro veces, hiriendo fatalmente al agente.

En ese momento, Ritchie tenía 20 años y se encontraba en libertad condicional por una condena previa por robo en 1998, reportó la Indiana Capital Chronicle.

El Departamento de Policía de Beech Grove publicó un comunicado en homenaje a Toney, señalando que su muerte fue una pérdida para toda la comunidad y reafirmando su compromiso con la justicia: “Su vida fue arrebatada violentamente por alguien cuyas acciones afectaron a inocentes y desgarraron el tejido que mantiene unida a la sociedad”, se lee en el mensaje citado por WTHR.

El debate sobre su salud mental

Desde hace años, los abogados de Ritchie han intentado revertir su sentencia alegando que su cliente padece trastornos neurológicos derivados del síndrome alcohólico fetal y exposición al plomo durante la infancia.

Según la defensa, Ritchie fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2005 y presenta secuelas de daño cerebral, lo que habría afectado gravemente su capacidad para tomar decisiones.

El abogado defensor Steven Schutte declaró que su cliente “ha desarrollado herramientas para enfrentar su situación” y que “ya no es el mismo hombre que cometió el crimen”.

Organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad también han intervenido en el caso, argumentando que su deterioro cognitivo lo hace inelegible para la pena capital, según informó NBC News.

En una audiencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Indiana, Ritchie expresó arrepentimiento por sus actos, reconociendo que su comportamiento en el juicio original fue inadecuado: “Ese chico arrogante debió haberse quedado callado y permitir que la viuda dijera todo lo que necesitaba decir”, declaró, citado por AP.

Rechazo a la clemencia y apelaciones

El 14 de mayo, la Junta Estatal de Libertad Condicional rechazó por unanimidad la solicitud de clemencia de Ritchie, recomendando que la ejecución siguiera adelante.

Ese mismo día, el gobernador republicano Mike Braun avaló el procedimiento. “Tras revisar cuidadosamente la recomendación unánime de la junta, he decidido permitir que la ejecución de Benjamin Ritchie se lleve a cabo según lo previsto”, declaró el gobernador, de acuerdo con WISH-TV.

Durante la audiencia de clemencia, la viuda del oficial asesinado, Dee Dee Horen, pidió que se cumpliera la sentencia. “Es tiempo. Estamos todos cansados. Es momento de cerrar este capítulo de mi historia, de nuestra historia. Es tiempo de recordar a Bill Toney por su vida y no por su muerte”, dijo.

Por su parte, los abogados del condenado han elevado el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, intentando detener la ejecución.

También han impugnado la negativa de la Corte Suprema de Indiana, que rechazó una moción anterior pese a que dos jueces manifestaron preocupación por la falta de información precisa entregada al jurado sobre el daño cerebral de Ritchie.

Condiciones del procedimiento

Indiana reanudó las ejecuciones en diciembre de 2023, tras varios años de suspensión debido a la escasez de drogas utilizadas en las inyecciones letales.

Según NBC News, el estado es uno de los dos en el país —junto con Wyoming— que no permite el acceso de medios de comunicación a sus ejecuciones, lo que ha generado una demanda federal presentada por The Associated Press y otros medios.

Fotografías difundidas por el Departamento Correccional de Indiana muestran una sala de ejecución austera, con una camilla, iluminación fluorescente y una habitación de observación contigua.

Ritchie será uno de los tres presos ejecutados esta semana en Estados Unidos, junto con reos en Texas y Tennessee. En total, 12 ejecuciones están programadas este año en ocho estados, según datos compilados por AP.

Si se concreta la ejecución, Ritchie será el segundo prisionero ejecutado en Indiana desde 2009, marcando un hecho poco frecuente en un estado donde la pena de muerte sigue vigente legalmente, pero rara vez aplicada.

Las autoridades de Irán han ejecutado a un preso condenado por violación y coacciones, según ha informado este domingo la agencia oficial del sistema judicial iraní, que no ha aportado detalles sobre este caso.

El ajusticiamiento, que ha concluido con el ahorcamiento del condenado, ha tenido lugar en la provncia de Semnán, en la zona norte del país. Según el mensaje oficial, se han cumplido todos los trámites legales y jurídicos necesarios para llevarlo a cabo.

Irán se mantiene como uno de los países del mundo que más penas de muerte aplica, con al menos 972 ejecuciones conocidas en 2024, 119 más que en 2023, según el último informe de la ONG Amnistía Internacional.

Además, en el caso de Irán, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denuncian la utilización de este castigo contra personas perseguidas por razones políticas y contra colectivos teóricamente protegidos, como quienes han podido cometer el delito siendo menores de edad.

La víctima fue Mitrídates, un joven soldado persa que cometió el error fatal de contradecir la versión oficial del rey Artajerjes II sobre la muerte de su hermano Ciro el Joven, y fue sentenciado a una agonía pública conocida como escafismo, o como escribió el historiador griego Plutarco, “morir enartesado”.

La contienda que derivó en este episodio brutal comenzó como una lucha dinástica. Tras la muerte de Darío II, su hijo Artajerjes II accedió al trono, aunque su madre, Parysatis, favorecía al otro hijo, Ciro el Joven. La disputa por el poder culminó en la batalla de Cunaxa, cerca de Babilonia, en el año 401 a. C.

Según el historiador Plutarco, Ciro rechazó el consejo de su general griego Clearco, quien le había sugerido no exponerse en el combate. “¿Me propones que, aspirando al reino, me muestre indigno de reinar?”, habría respondido, según relata el historiador en su libro llamado Vidas paralelas.

El combate resultó mortal para Ciro, quien, según esa misma fuente, cayó tras ser alcanzado por un dardo en la sien, arrojado por un soldado persa llamado Mitrídates, quien actuó sin saber a quién atacaba.

El golpe hizo caer a Ciro de su caballo, y fue rematado por los enemigos. Artajerjes II, que había sobrevivido a duras penas, aprovechó la confusión para atribuirse la victoria personal.

Plutarco señala que el rey “queriendo que todos creyeran y dijeran que había sido él quien había muerto a Ciro, a Mitrídates, que fue el primero en tirar contra Ciro, le envió magníficos dones”.

Al joven soldado se le entregaron riquezas, trajes lujosos y joyas, pero bajo la condición de que negara públicamente cualquier participación directa en la muerte de Ciro. Debía limitarse a decir que había recogido los arreos del caballo del príncipe.

La estrategia política consistió en silenciar la hazaña de Mitrídates... Pero semanas después, durante un banquete, Mitrídates rompió ese acuerdo. Embriagado, el soldado se jactó de su participación.

Según recoge Plutarco, cuando Esparamixes elogió sus joyas, Mitrídates respondió: “Lo que yo os aseguro sin rodeos es que Ciro fue muerto por esta mano, porque no tiré flojamente y en vano, sino que erré por poco del ojo y, acertándole en la sien, lo derribé al suelo”.

Esa declaración selló su destino. Artajerjes II ordenó su ejecución mediante un método que buscaba no la muerte inmediata, sino el tormento prolongado.

Fue condenado a “morir enartesado”, un suplicio que consistía en introducir el cuerpo entre dos artesas, recipientes de madera semejantes a moldes de pan, dejando expuestas la cabeza, manos y pies. Las fuentes modernas han identificado esta práctica con el escafismo.

Luego se lo forzaba a ingerir una mezcla de miel y leche; si se negaba, se le pinchaban los ojos para obligarlo.

La mezcla también se vertía sobre su rostro y partes expuestas del cuerpo, atrayendo a moscas, avispas y otros insectos. Mientras tanto, el cuerpo, alimentado constantemente, continuaba excretando dentro del ataúd de madera, creando un caldo pútrido que engendraba larvas y gusanos.

En el caso de Mitrídates, este martirio duró 17 días. El historiador Plutarco “presenció una ejecución similar”, y añade en su libro que “el castigo se prolongó durante días, con la víctima ampollada por el sol y con alimañas entrando en sus orificios”.

La Universidad de Chicago, en su edición crítica de Vidas paralelas, ofrece un análisis de la política interna de Artajerjes II y detalla cómo esta ejecución se enmarcaba en un clima de tensiones dinásticas, represión brutal y control del relato político.