La ejecución programada de Christa Pike el 30 de septiembre de 2026 representa un hecho inédito en la historia judicial de Tennessee: será la primera vez en más de dos siglos que una mujer enfrenta la pena capital en el estado. Pike es la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee y, de mantenerse el calendario de la ejecución para la fecha prevista, será la primera ejecutada en ese estado en más de doscientos años.

La decisión, adoptada tras más de tres décadas desde el crimen atribuido a Pike en 1995, reabre el debate sobre la constitucionalidad del método de ejecución y su compatibilidad con los derechos religiosos de los condenados, un aspecto que la reclusa actualmente sostiene en tribunales, según informó el medio Miami Herald.

En la respuesta presentada por el estado el 19 de marzo de 2026 a la demanda interpuesta por Pike en enero de ese año, las autoridades afirmaron que la interna, ahora de 50 años, no probó que la inyección letal —protocolo recientemente actualizado en diciembre de 2024 para emplear únicamente pentobarbital en lugar de los tres fármacos previamente utilizados— infrinja sus derechos constitucionales.

De acuerdo con el Miami Herald, este cambio en el protocolo busca atender las controversias y fallos presentes en ejecuciones anteriores relacionados con la administración de la pena capital.

La condenada sostiene que la imposibilidad de comunicarse con su asesor espiritual budista poco antes de la ejecución restringe su práctica religiosa y contradice sus convicciones más profundas.

El centro especializado Death Penalty Information Center (DPIC) indica que Pike alega que optar por otro método de ejecución plegándose a la exigencia estatal violentaría igualmente su fe, al convertirla en “partícipe de cualquier proceso que conduzca a su propia muerte”.

Argumentos legales y objeciones al protocolo de ejecución

En la demanda presentada, los abogados de Pike argumentan que el nuevo protocolo de inyección letal infringe la Constitución debido a “condiciones médicas singulares” de la condenada y adolece de los mismos errores que arrastraron ejecuciones precedentes: falta de transparencia, omisiones intencionales, desatención al detalle, y personal penitenciario carente de acreditaciones médicas necesarias.

De esta situación, deducen que el procedimiento podría causar “dolor y sufrimiento innecesario, terror y deshonra”, según documentos recogidos por el medio local Nashville Banner, especializado en cobertura judicial.

Antecedentes del crimen y perfil de los implicados

El trasfondo del crimen, detallado por Miami Herald y el Death Penalty Information Center, indica que Colleen Slemmer era compañera de Pike en el Job Corps de Knoxville. La acusada mantenía una relación con un menor de 17 años y sospechaba que Slemmer deseaba interferir en su vínculo.

Se acusó a Pike, su novio y una amiga de llevar a la víctima a un bosque el 12 de enero de 1995, donde, de acuerdo con los testimonios judiciales, Pike la atacó brutalmente, golpeó la cabeza de Slemmer contra el asfalto, la torturó y le cortó la garganta.

El entonces novio de Pike fue sentenciado a cadena perpetua por su participación, confirmó el Death Penalty Information Center, mientras que la amiga recibió libertad condicional tras colaborar con la fiscalía.

Documentos judiciales refieren que Pike vivió una infancia marcada por trauma, pobreza, abandono y abuso sexual, según reportó el DPIC.

En una carta escrita en 2023 al medio The Tennessean, Pike manifestó su arrepentimiento: “He cambiado drásticamente”.

La convocatoria del embajador de Irán en Estocolmo se produce después de que las autoridades judiciales iraníes ejecutaran a Kurosh Keivani, ciudadano de Suecia arrestado el 16 de junio de 2025, según informó el medio Europa Press. La ejecución ocurrió en un contexto caracterizado por el enfrentamiento militar entre Irán, Israel y Estados Unidos en la región de Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores sueco emitió un comunicado en el que expresó una protesta formal contra la ejecución y destacó la preocupación del Gobierno de Suecia por lo que considera un proceso legal irregular que derivó en la muerte de Keivani. Según publicó Europa Press, la nota oficial también reiteró la postura del país nórdico y de la Unión Europea respecto a la pena de muerte, a la que consideró como un "castigo inhumano, cruel e irreversible", y reafirmó su condena ante cualquier caso de aplicación de esta medida. El comunicado agregó: “Suecia, junto al resto de la Unión Europea (UE), condena su aplicación, bajo cualquier circunstancia”.

La ejecución se confirmó horas después de que Teherán reconociera públicamente el ajusticiamiento. Las autoridades iraníes sostienen que Keivani fue sentenciado tras ser declarado culpable por actividades de espionaje, supuestamente a favor de Israel. El arresto y posterior condena del ciudadano sueco ocurren en medio de una escalada de operaciones militares que incluye una ofensiva israelí sobre territorio iraní, seguida de bombardeos estadounidenses dirigidos contra tres instalaciones nucleares clave en Irán, según detalló Europa Press.

El suceso tuvo lugar en el marco de los enfrentamientos ampliados tras el 28 de febrero de 2025, fecha de inicio de una ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes. Desde ese momento, la respuesta de Irán no se hizo esperar, con ataques hacia territorio israelí y contra intereses estadounidenses desplegados en la región, incluidas bases militares que albergan tropas y equipamiento de Estados Unidos en Oriente Próximo.

Europa Press consignó que las autoridades suecas no identificaron públicamente al ciudadano ajusticiado en su primer comunicado, aunque medios locales vincularon el caso directamente con Keivani, cuyo nombre fue posteriormente confirmado en reportes oficiales de Irán. El Gobierno de Suecia ha insistido en la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales durante los procesos judiciales, además de condenar la pena capital como una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales de los derechos humanos, según informó el medio.

El Ministerio de Exteriores sueco, además de convocar al diplomático iraní, reiteró que lleva la cuestión a nivel europeo, buscando una acción conjunta de los países miembros de la Unión Europea frente a las recientes ejecuciones en Irán y la persistencia del uso de la pena de muerte. Europa Press subrayó que este tipo de protestas oficiales se inscriben en un patrón habitual de la diplomacia europea, que presiona en foros internacionales por la abolición de la pena capital y por la observancia de debidos procesos legales en casos en los que se acusa de delitos graves.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el Gobierno sueco manifestó que la prioridad en este tipo de circunstancias es proteger a los ciudadanos nacionales en el extranjero y proporcionar asistencia consular, además de movilizar recursos diplomáticos para evitar nuevos casos similares. La muerte de Keivani tiene repercusiones más amplias, pues subraya el deterioro de las relaciones entre Teherán y diversos países occidentales, y evidencia el uso recurrente de cargos de espionaje en procedimientos judiciales iraníes como respuesta ante las tensiones internacionales.

Los acontecimientos se desarrollaron poco después de operaciones militares que incrementaron las hostilidades regionales, lo que, según expertos citados por Europa Press, ha influido en el endurecimiento de las posiciones tanto del Gobierno iraní como de sus adversarios. Las acciones llevadas a cabo por Irán y la respuesta coordinada de las autoridades suecas y europeas reflejan el creciente impacto de los conflictos de Oriente Próximo sobre ciudadanos extranjeros y el papel de la diplomacia en contextos de crisis.

Finalmente, fuentes del Ministerio de Exteriores sueco informaron a Europa Press que se encuentran en contacto con los familiares de Keivani y que se seguirá insistiendo a nivel internacional en la condena a la pena de muerte y en la garantía de procesos justos para los ciudadanos suecos que puedan verse involucrados en procedimientos penales fuera del país, en particular en estados con penas capitales.

Un hombre ejecutado en Texas ofreció disculpas a la familia de sus víctimas antes de morir. Cedric Ricks, de 51 años, se convirtió el 11 de marzo en el sexto condenado a muerte en Estados Unidos en 2026 y el segundo en Texas.

El caso, ocurrido en 2013 en la ciudad de Bedford, involucró el asesinato de Roxann Sanchez y de su hijo de 8 años, Anthony, situación que desde entonces mantiene discusiones abiertas sobre la pena de muerte y la justicia en el estado.

Según USA Today, Ricks privó de la vida a Roxann Sanchez, de 30 años, y a Anthony mediante apuñalamientos sucesivos durante una discusión con Sanchez el 1 de mayo de 2013. También atacó al hijo mayor de Sanchez, Marcus, de 12 años, quien sobrevivió simulando la muerte, según consta en el expediente judicial.

La ejecución por inyección letal ocurrió a las 18:55 (hora central). Marcus, ahora de 25 años, presenció el acto judicial junto a seis familiares. Ninguno de los familiares mostró emoción durante el proceso y optaron por no hacer declaraciones públicas, informó la agencia de noticias internacional Associated Press.

Ricks pidió perdón reiteradamente minutos antes de recibir la inyección letal

Momentos antes de su muerte, Cedric Ricks giró hacia los familiares de las víctimas y, con la voz quebrada, expresó: “Quiero decir que lo siento por quitarles a Roxann y Anthony”, según la transcripción de las autoridades del Departamento de Justicia Criminal de Texas recogida por USA Today. Añadió: “No puedo imaginar el dolor que les causé. Me alegro de poder decírselos cara a cara”.

En especial, Ricks se dirigió a Marcus: “Siempre pensé en ti y lamento haberles arrebatado a tu madre y tu hermano. Ojalá puedan encontrar paz y alegría en la medida de lo posible, pero sólo puedo decir que lo siento”. Expresó su deseo de pedir perdón directamente a Sanchez y Anthony en el más allá.

Ningún miembro de la familia de Sanchez proporcionó comentarios a los medios en los días previos a la ejecución ni tras el hecho.

Los hechos y la respuesta institucional

El asesinato de Roxann Sanchez y su hijo ocurrió después de una pelea que derivó en violencia física, detallan los expedientes judiciales citados por USA Today. Los hijos de Sanchez, Marcus y Anthony, intentaron intervenir, pero fueron sobrepasados. Cedric Ricks apuñaló primero a Sanchez y después persiguió a Marcus y Anthony, hiriéndolos gravemente. Solo Marcus logró sobrevivir al simular su muerte.

El hijo menor de Ricks y Sanchez, de nueve meses al momento del crimen, no sufrió lesiones. Tras la agresión, Ricks se duchó, empacó ropa, acomodó al bebé en su cuna y abandonó la residencia. La policía lo detuvo en Oklahoma.

El jurado declaró culpable a Ricks de homicidio capital tras un juicio de dos semanas en el que Marcus testificó. Ante los miembros del jurado, el propio Ricks declaró: “Ojalá pudiera devolverles la vida, pero no puedo arreglar esto. No quiero que todos me vean como un monstruo. Intenté suicidarme dos o tres veces, pero ni siquiera eso soy capaz de hacerlo bien”, cita el Fort Worth Star-Telegram en su cobertura archivada.

Antecedentes familiares e institucionales apuntan a una historia de violencia no interrumpida

Natural de Chicago, Ricks se mudó a Texas tras perder su empleo tres años antes de los crímenes. Mantenía relaciones familiares con otros hijos y enfrentó denuncias de abuso en vínculos anteriores.

Su exesposa, Teshana Singleton, testificó que Ricks intentó matarla en repetidas ocasiones, incluyendo un incidente donde intentó estrangularla y fue detenido por transeúntes. Estos episodios ocurrieron antes de su divorcio en 2004, reportó el Star-Telegram.

En diciembre de 2012, cinco meses antes del asesinato de Sanchez y Anthony, Ricks fue acusado de agresión por asfixiarla y maltratar a su hijo menor. Sanchez procuró una orden de protección de emergencia, pero esta expiró cuatro meses antes de su muerte.

Según USA Today, los padres de Ricks también declararon que su hijo presentó tendencias violentas desde temprana edad y que buscaron tratar estas conductas mediante psicoterapia, internamientos y castigos físicos, sin resultado positivo.

Declaraciones escritas desde el corredor de la muerte

Durante su permanencia en prisión, Ricks dirigió cartas a sus hijos expresando remordimiento y pidiendo perdón, aunque sin justificar sus actos. De acuerdo con el libro These Dry Bones, Redemption from Death Row, escrito por un amigo suyo, Ricks confesó: “A veces me despierto gritando y pateando por lo que les hice. No puedo pedir disculpas lo suficiente por lo que he hecho. Mi oración es que puedan perdonarme”.

El caso de Cedric Ricks en el contexto de la pena de muerte en Estados Unidos

La ejecución de Ricks fue la segunda en Texas y la sexta en Estados Unidos en 2026, informó USA Today. En el mismo periodo, otros procesos similares mostraron variaciones: en Alabama, el gobernador republicano Kay Ivey conmutó la sentencia de muerte de Charles Burton por cadena perpetua, aduciendo que Burton no estuvo presente en el lugar del asesinato.

Según el medio estadounidense, esta decisión representa apenas la segunda ocasión en nueve años en que Ivey revierte la pena capital, durante los cuales se realizaron 25 ejecuciones bajo su mandato.

La siguiente ejecución programada en Estados Unidos corresponde a Michael King en Florida, condenado por el homicidio de Denise Amber Lee.

USA Today destaca que, las circunstancias legales en torno al caso de Ricks, la naturaleza de sus antecedentes y la situación de los sobrevivientes se suman al debate sobre la eficacia de la pena de muerte y el abordaje institucional ante la violencia previa en el sistema de justicia estadounidense.

El Estado de Honduras comenzó el año fiscal 2026 sin la aprobación del Presupuesto General de la República en el Congreso Nacional. Ante la falta de consenso político, el gobierno opera bajo la vigencia continuada del esquema anterior, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la planificación financiera y limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas fiscales, según el informe presentado por Mario Palma, coordinador de investigaciones económicas del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), citado por la plataforma de inteligencia de negocios de la Secretaría de Finanzas de Honduras.

Al cierre del 28 de febrero de 2026, la ejecución presupuestaria general alcanzaba apenas el 9 % del presupuesto vigente, con la Administración Central operando a un nivel ligeramente inferior, del 7 %.

El presupuesto de ingresos vigente para el inicio del ejercicio fiscal ronda los 443 mil millones de lempiras, pero solo 38 mil millones se habían percibido hasta febrero. En el caso específico de la Administración Central, los ingresos recibidos ascendieron a unos 25 mil millones de lempiras, lo que representa aproximadamente el 10 % del presupuesto vigente.

El análisis del informe advierte sobre la marcada dependencia de los ingresos tributariosel 92 % de los recursos de la Administración Central procede de la recaudación de impuestos, mientras que apenas el 8 % restante proviene de otras fuentes de financiamiento. Esta concentración limita la flexibilidad del Estado para enfrentar contingencias.

En cuanto a la inversión pública, la ejecución alcanza el 11 %, con foco prioritario en proyectos de infraestructura vial y, en particular, en carreteras.

El Presupuesto General de la República propuesto para 2026 fue presentado al Congreso en septiembre de 2025, pero la ausencia de acuerdos bloqueó su aprobación antes del cierre del ciclo fiscal. Este retraso llevó al Estado hondureño a iniciar el año bajo el principio de continuidad presupuestaria estipulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República.

Como referencia, el presupuesto aprobado en 2025 ascendió a 430 mil millones de lempiras, con un presupuesto vigente cercano a 440 mil millones. De esos fondos, se ejecutaron unos 397 mil millones de lempiras (equivalente a un 92 % de ejecución), lo que muestra una dinámica más eficiente en el periodo previo en contraste con el ritmo observado a inicios de 2026.

El informe de Fosdeh también identifica modificaciones en la estructura del Poder Ejecutivo. Según el análisis, el número de instituciones que componen la Administración Central se redujo de 79 en 2025 a 69 en 2026 por procesos de reorganización administrativa.

Ante este escenario, Mario Palma sostuvo que resulta prioritario fortalecer la gestión fiscal para garantizar el uso transparente y efectivo de los recursos públicos. “Desde Fosdeh insistimos en que los recursos públicos deben usarse con transparencia, efectividad y orientación a resultados. Porque sin planificación clara, sin control ciudadano y sin prioridades bien definidas, el presupuesto corre el riesgo de alejarse del bienestar de las y los hondureños", afirmó Palma al presentar el informe.

El documento cierra con varias recomendaciones encaminadas a mejorar la planificación financiera estatal, evaluar el impacto fiscal de las nuevas reformas institucionales, analizar los pasivos laborales y consolidar mecanismos de transparencia. El objetivo, sostiene el Fosdeh, es asegurar que el Presupuesto General responda tanto a las necesidades de la población como a la sostenibilidad futura de las finanzas públicas.

Las peticiones de clemencia para Charles “Sonny” Burton (75), condenado a muerte en Alabama por su participación en un robo con resultado fatal en 1991, han cobrado renovada fuerza por el hecho de que Burton no disparó el arma que mató a Doug Battle, víctima del asalto. Su ejecución, fijada para el 12 de marzo de 2026, se llevará a cabo mediante gas de nitrógeno.

Este método, implementado por el estado en 2024, genera controversias legales y éticas. La insistencia de familiares, exjurados y una hija de la víctima en solicitar el indulto ha desencadenado un debate sobre la pena capital para quienes participaron en crímenes letales sin ser los autores del homicidio directo.

Alabama recurrirá por segunda vez al gas de nitrógeno en una ejecución

La portavoz Gina Maiola aclaró que la gobernadora Kay Ivey no considera conceder clemencia. El caso de Burton será el segundo en que Alabama utilice gas de nitrógeno para ejecutar una condena a muerte.

El nuevo protocolo autoriza la inhalación de nitrógeno puro como un método presuntamente menos doloroso, aunque expertos y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional sostienen que no existen estudios suficientes para garantizar la ausencia de sufrimiento.

Durante 33 años, tribunales estatales y federales revisaron la condena de Burton al menos nueve veces. Ningún tribunal anuló el veredicto unánime del jurado de 1992, que lo declaró culpable de asesinato capital y recomendó la pena de muerte: así lo detalló Maiola a The Associated Press.

La oficina del fiscal general de Alabama, bajo la dirección de Steve Marshall, también expresó su rechazo a cualquier revisión del fallo.

El rol de Burton en el asalto y el disparo final

El 16 de agosto de 1991, Doug Battle, veterano del ejército, de 34 años y padre de cuatro hijos, murió tras recibir un disparo durante un robo en una tienda de autopartes en Talladega. Testimonios señalaron que, cuando Battle ingresó al local, el asalto ya había terminado y los ladrones se retiraban.

En ese momento, Derrick DeBruce, integrante del grupo, le disparó después de intercambiar palabras. Las pruebas del juicio demostraron que Burton ya se había marchado antes del homicidio.

Desde el penal de Holman, en diálogo telefónico con AP, Burton afirmó que desconocía el desenlace hasta después del robo: “No supe nada de nadie herido hasta que íbamos de vuelta. Nadie debía salir lastimado”.

Posteriormente, DeBruce le confesó que había disparado: “Me dijo que le disparó a un hombre en el trasero. Le respondí: ‘Me hubieras dicho que disparaste a alguien’. Yo estaba enojado, realmente enojado”.

Derrick DeBruce, inicialmente condenado a muerte, obtuvo la anulación de su sentencia cuando un tribunal federal consideró deficiente su defensa. Finalmente fue sentenciado a cadena perpetua y falleció en prisión.

Jurados y familia de la víctima reclaman un indulto para Burton

El pedido de clemencia para Burton proviene no solo de su defensa y de familiares directos, sino que también suma el apoyo de varios exjurados del juicio original y de al menos una hija de la víctima.

Una carta enviada a la gobernadora Ivey por la hija de Battle planteó: “¿Cómo tiene sentido legal ejecutar a Burton?”. The Associated Press no logró obtener la opinión de otros miembros de la familia de la víctima.

El abogado Matt Schulz, defensor federal de Burton, declaró ante la agencia de noticias: “Incluso quienes apoyan la pena de muerte reconocen que este caso es injusto.

Según las propias pruebas del estado, el señor Burton no mató a nadie, no ordenó matar a nadie, ni siquiera estaba en el edificio”.

La directora ejecutiva de la organización estadounidense Death Penalty Information Center, Robin M. Maher, informó que en Estados Unidos existen “al menos 22 casos documentados de personas ejecutadas por participar en un delito donde la muerte fue causada por otro”.

Maher sostuvo que, en su opinión, la mayoría de la sociedad considera que la pena máxima debería aplicarse solo al autor material.

Un precedente legal que permite ejecutar a quienes no cometieron el homicidio

El tribunal federal supremo ha avalado que se aplique la pena de muerte en ciertos contextos a cómplices partícipes de delitos graves con resultado de muerte, aunque no hayan disparado el arma.

Apoyándose en esta doctrina, la fiscalía estatal sostuvo la responsabilidad de Burton como presunto “cerebro” del asalto, acusación que él siempre negó. Burton expresó su arrepentimiento: “Lo siento mucho. Si pudiera devolverle la vida, lo haría. Lo siento muchísimo”.

Burton manifestó su agradecimiento por el perdón que le concedió una de las hijas de Battle y su deseo de poder “alcanzar a los jóvenes en las calles”.

El caso impulsó protestas. Su hija, Lois Harris, encabezó vigilias y manifestaciones ante la residencia oficial, con pancartas como “Salven a mi papá” y “Clemencia para Sonny”. Harris argumentó: “No es justo que quien mató reciba cadena perpetua y mi padre, que no disparó, sea condenado a pena de muerte”.

A solo días del plazo del estado de Alabama para ejecutar la sentencia de Burton, permanecen los pedidos para revisar una condena calificada como desproporcionada en relación con su grado de responsabilidad penal. Los recursos legales ordinarios ya se agotaron, y la gobernadora Ivey es la única autoridad que puede detener el proceso.

En febrero de 2026, el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Arias Montes, en Piura, fue certificado para recibir vuelos internacionales tras cumplir los estándares de seguridad de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). Este avance abre una oportunidad para mejorar la conectividad y potenciar el turismo regional, sector que representa en promedio el 22% del PBI de la región, consolidándose como una actividad clave para dinamizar la economía y contribuir a reducir la pobreza. Sin embargo, a cinco años de la pandemia, la mayoría de los indicadores del sector aún no muestra una recuperación sostenida.

Conectividad rezagada y menor demanda de hospedajes pese a mayor oferta

El tráfico aéreo en Piura mostró señales de debilitamiento en 2025. Entre enero y noviembre, los dos aeropuertos de la región movilizaron 1,2 millones de pasajeros, una caída de 1,3% respecto de 2024 y 14,4% por debajo de 2019. La caída se explicó por la menor afluencia en ambos terminales: el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico registró 153 mil pasajeros menos que en 2019, mientras que el Aeropuerto Capitán FAP Víctor Arias Montes reportó una disminución de más de 50 mil.

Este retroceso también se vincula con una menor demanda de hospedajes. Entre enero y octubre de 2025, los hospedajes de la región recibieron 870.700 turistas, 16,1% menos que en el mismo periodo de 2024, debido a la menor llegada de visitantes nacionales (-11,0%) y extranjeros (-47,0%). Además, la región aún mantiene una brecha de casi 260 mil turistas frente a los niveles observados en 2019.

En contraste, la oferta hotelera se mantuvo estable, aunque el empleo turístico no se recupera por completo. En 2025, Piura registró 1.230 establecimientos de hospedaje, una cifra 0,4% menor a 2024, pero 24,2% superior a 2019 (991 establecimientos). A la par, el empleo en el sector turístico alcanzó 59.200 puestos directos e indirectos en 2024, 7,5% más que en 2023; sin embargo, todavía se ubicó 20,2% por debajo de 2019, cuando se contaban con 74.200 puestos.

La llegada de visitantes a centros turísticos tampoco recupera sus niveles prepandemia. En 2025, la Sala de Oro del Museo Municipal Vicús recibió 4.300 visitantes, 21,4% menos que en 2024 y 3,4% por debajo de 2019. Asimismo, la Zona Arqueológica y Museo de Sitio Narihualá recibió 21.500 visitantes, 9,5% menos que en 2024 y 36,3% por debajo de 2019.

Baja inversión

Las oportunidades para mejorar la conectividad y dinamizar el turismo tendrán un impacto limitado mientras Piura mantenga brechas de infraestructura y baja ejecución de inversión pública en el sector. En 2025, Piura contó con S/ 14,5 millones para turismo, más del doble que en 2024 (S/ 6,8 millones, a precios constantes) y el monto más alto de los últimos 10 años. Sin embargo, solo ejecutó 8,3% del total, muy por debajo del 81,7% de 2024. Esta baja ejecución se explica, en gran parte, por un proyecto que concentró cerca del 90% del presupuesto turístico regional: el mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el malecón turístico Los Órganos (Talara), cuya ejecución fue nula. Además, Piura ha ejecutado sistemáticamente por debajo de su presupuesto en turismo durante los últimos siete años. En 2026, aunque el presupuesto del sector parece mantenerse relativamente constante, persiste el riesgo de una baja ejecución.

El impacto de la certificación del Aeropuerto de Talara para recibir vuelos internacionales dependerá de que se consolide una estrategia integral para el sector. No basta con contar con el acceso: se requiere fortalecer la logística y la conectividad interna, asegurar condiciones de seguridad y acelerar proyectos de ampliación e infraestructura que sostengan un mayor flujo de visitantes. Además, debe darse mayor consideración a la persistencia de fenómenos climáticos que afectan a regiones como Piura, lo que exige reforzar medidas de prevención e infraestructura para evitar caídas en las cifras vinculadas al turismo. En paralelo, es indispensable mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y orientar las intervenciones hacia promoción, servicios y gestión turística con resultados verificables.

(*) Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.

Melvin Trotter fue declarado culpable del asesinato de Virginie Langford, propietaria de una tienda de comestibles, por un tribunal en 1987 y volvió a recibir la pena capital por sentencia del Tribunal Supremo de Florida en 1993 tras revisarse errores en la valoración de los factores agravantes en su proceso judicial. Posteriormente, el alto tribunal rechazó los recursos planteados por la defensa de Trotter. Según consignó el medio original, Trotter, de 65 años, permaneció cuatro décadas en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado.

De acuerdo con la cobertura informativa, la ejecución de Trotter se realizó mediante inyección letal a las 18.15 hora local en Florida, utilizando una combinación de tres fármacos. Este hecho convierte a Trotter en la cuarta persona ejecutada por pena de muerte en Estados Unidos en lo que va del año, y la segunda en el estado de Florida durante 2026. La condena se vinculó al asesinato por apuñalamiento de Langford, quien tenía 70 años y era la dueña de una tienda de alimentos.

El medio original detalló que Trotter recibió inicialmente la sentencia a muerte en 1987, al encontrarse culpable por homicidio. El Tribunal Supremo de Florida decidió en 1993 reafirmar la condena tras revisar el caso y detectar manejos incorrectos en aspectos relacionados con los motivos agravantes de la acusación. A pesar de las apelaciones presentadas desde la defensa, las instancias judiciales mantuvieron la decisión de ejecutar la pena capital.

Según publicó el medio, la ejecución de Trotter forma parte de un contexto nacional en el que Florida figura entre los estados con mayor cantidad de ejecuciones. El año anterior, las autoridades en Estados Unidos aplicaron la pena de muerte a 47 personas condenadas, 19 de estas ejecuciones se llevaron a cabo en Florida, cifra que representa el mayor registro para el estado desde 2009, cuando se contabilizaron 52 ejecuciones.

El caso de Melvin Trotter, marcado por una prolongada permanencia en prisión, ejemplifica el tiempo que muchos condenados pueden permanecer en el corredor de la muerte antes de la ejecución de la sentencia. Según informó el medio, el proceso concentró actuaciones judiciales repetidas, revisiones en los procedimientos y apelaciones, reflejando la complejidad y la duración de los casos relacionados con la pena máxima en el sistema penal estadounidense.

Este ajusticiamiento mantiene a Florida entre las regiones del país donde más se aplica la pena de muerte, superada solo por algunos estados con una alta frecuencia de ejecuciones, según documentó el medio original. La combinación de sentencias reiteradas, revisiones judiciales y recursos fallidos aparece como un elemento recurrente en procesos de este tipo, capaces de extenderse durante décadas.

Tras este procedimiento, el número acumulado de ejecuciones en territorio estadounidense para 2026 alcanza ya cuatro personas. Según datos recopilados por la fuente, la persistencia en el uso de la pena capital mantiene el debate en torno a la aplicación y la frecuencia de esta medida en el país, en especial en estados como Florida donde el número de condenas ejecutadas se mantiene elevado desde hace años.

Un hombre condenado por matar al dueño de una tienda de comestibles durante un robo el martes por la noche se convertirá en la segunda persona ejecutada en Florida este año

Melvin Trotter, de 65 años, está programado para recibir una inyección de tres fármacos a partir de las 6 p. m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Trotter fue inicialmente declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte en 1987. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida determinó que el tribunal de primera instancia había errado al manejar los factores agravantes en su caso y ordenó una nueva sentencia, por lo que Trotter fue condenado nuevamente a muerte en 1993.

La ejecución prevista para el martes y otra a principios de este mes en Florida se sumaron a un récord de 19 ejecuciones en el estado el año pasado. En 2025, el gobernador Ron DeSantis supervisó más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El récord anterior en Florida era de ocho ejecuciones en 2014.

Según los registros judiciales, Trotter estranguló y apuñaló a Virgie Langford en su tienda en Palmetto en 1986. Un camionero encontró a Langford con vida después del ataque, y ella pudo describir a su atacante antes de finalmente morir en un hospital.

Además de recordar la apariencia física de Trotter, Langford dijo que su atacante tenía una credencial de empleado de Tropicana con el nombre “Melvin”. Según los registros judiciales, la policía encontró posteriormente una camiseta con el tipo de sangre de Langford en la casa de Trotter y la huella de la mano del hombre en una nevera portátil de carne en el supermercado.

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida denegó las apelaciones presentadas por Trotter. Sus abogados argumentaron que los funcionarios penitenciarios de Florida habían gestionado mal sus propios protocolos de pena de muerte. Los abogados también argumentaron que la avanzada edad de Trotter, de 65 años, debería eximirlo de la ejecución.

Las últimas apelaciones de Trotter todavía estaban pendientes el martes ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un total de 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida lideró la lista con una oleada de órdenes de ejecución firmadas por DeSantis. Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en segundo lugar con cinco ejecuciones cada uno el año pasado.

En lo que va del año, Texas, Oklahoma y Florida han llevado a cabo una ejecución cada uno.

El 10 de febrero, un hombre condenado por asesinar a un vendedor ambulante que él y su hermano conocieron en un bar se convirtió en la primera persona ejecutada en Florida este año. Ronald Palmer Heath, de 64 años, fue condenado por asesinato en primer grado y otros cargos por el asesinato de Michael Sheridan en 1989.

Ya se han programado dos ejecuciones más en Florida para el próximo mes: Billy Leon Kearse, de 53 años, recibirá una inyección letal el 3 de marzo, y Michael Lee King, de 54 años, el 17 de marzo.

Todas las ejecuciones en Florida se llevan a cabo inyectando un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

(con información de AP)

Cinco miembros destacados del grupo fueron condenados a muerte en noviembre de 2025. Bai Suocheng, uno de los condenados, murió después del veredicto de primera instancia, y los cuatro restantes fueron ejecutados por un tribunal en Shenzhen, provincia de Guangdong, según el Tribunal Supremo.

La cámara de seguridad difundió imágenes de la banda familiar Bai, incluidas imágenes de archivo de Bai Suocheng y Bai Yingcang con las milicias locales de Birmania, y videos de vigilancia de los sitios de estafa de telecomunicaciones del grupo en el norte de Birmania.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, dijo el lunes que “se han logrado resultados significativos” en la lucha contra el fraude transfronterizo en las telecomunicaciones y en línea.

De acuerdo con la sentencia, los ejecutados formaban parte de una red criminal que operaba en el norte de Birmania y estaba implicada en delitos de fraude en telecomunicaciones e internet, apertura de casinos ilegales, secuestros, homicidios y tráfico de drogas, entre otros.

Las autoridades cifraron en más de 29.000 millones de yuanes (unos 4.000 millones de dólares) los fondos relacionados con actividades de juego y estafa.

El alto tribunal consideró que los delitos cometidos eran “extremadamente graves”, con consecuencias “especialmente serias” y un elevado impacto social, por lo que avaló la ejecución de las penas tras desestimar los recursos presentados en segunda instancia.

Preguntado por el caso, Lin Jian afirmó este lunes que China mantiene desde hace tiempo una cooperación activa con Birmania y otros países para combatir el fraude transfronterizo en telecomunicaciones y en línea, con el objetivo de “erradicar este tipo de delitos, proteger la seguridad de las personas y sus bienes y mantener el orden de los intercambios y la cooperación regionales”.

Lin añadió que Pekín seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley y reforzando las acciones contra el fraude, el juego ilegal en línea y otras actividades criminales transfronterizas.

Las ejecuciones se producen días después de que China ajusticiara a once integrantes de la denominada mafia de la familia Ming, una organización criminal distinta, también vinculada a centros de ciberestafas asentados en zonas fronterizas de Birmania, en el marco de una ofensiva más amplia de Pekín contra estas redes de fraude transfronterizo.

Según un informe de Naciones Unidas, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de Birmania donde se les obliga a realizar estafas en internet, mientras que en Camboya, el otro epicentro de estos crímenes, se estima que rondan las 100.000 personas.

Se trata de complejos cerrados, similares a prisiones, donde estas personas, engañadas con falsas ofertas de trabajo, son obligadas a cometer estafas en línea desde un ordenador, sufriendo una “violencia extrema”, han explicado autoridades internacionales.

En los últimos años, China ha presionado a la junta militar birmana y ha realizado con ella varias operaciones para desmontar algunas de estas redes de trata de personas, tras lo cual se han producido cientos de extradiciones de acusados hacia el gigante asiático.

En los últimos años, China ha intensificado la colaboración con sus vecinos del sudeste asiático, Tailandia, Myanmar y Camboya, para combatir las desenfrenadas operaciones de los “centros de estafa” en la región. Como resultado, decenas de miles de sospechosos de delitos han sido repatriados, según expertos en crimen organizado transnacional.

(con información de Reuters y EFE)

Al conocerse la denuncia de su familia sobre amenazas de pena capital, la situación del joven activista Erfan Soltani, de 26 años, atrajo la atención sobre el trato a los manifestantes en Irán. Soltani, arrestado durante la noche del 8 de enero en el contexto de las recientes protestas, ha obtenido la libertad provisional bajo fianza, de acuerdo con la información confirmada este sábado por la Organización de Derechos Humanos Hengaw, según consignó este organismo.

La excarcelación de Soltani ocurre tras varias semanas de movilizaciones en Irán y en medio de la preocupación de organizaciones internacionales por las detenciones realizadas durante estos acontecimientos. Según informó Hengaw, Soltani fue el primer manifestante aprehendido por las fuerzas de seguridad iraníes al inicio de la actual ola de protestas, colocando su caso en el centro del debate sobre los derechos civiles en el país.

De acuerdo con el reporte emitido por Hengaw y reproducido en diversos medios, Soltani permaneció bajo custodia después de su detención nocturna, mientras su familia divulgaba que las autoridades llegaron a advertirles sobre la posibilidad de una condena a muerte para el joven. Pese a estas alegaciones, el gobierno iraní rechazó poco después que existiese la intención de imponer tal sentencia sobre Soltani, según detalló la propia organización de derechos humanos.

La liberación de Soltani, bajo la condición de una fianza cuyo monto no se ha hecho público hasta el momento, constituye uno de los primeros casos conocidos de excarcelación de manifestantes arrestados durante las recientes protestas. La información difundida por Hengaw resalta que su detención, en calidad de primer arrestado, simbolizó la alerta que viven muchas familias afectadas por la respuesta a las protestas, al temer represalias judiciales severas.

El caso tomó notoriedad nacional e internacional debido tanto a la juventud del activista como a la difusión de las preocupaciones expresadas por sus allegados. Las protestas en las que fue detenido Soltani han generado un aumento en la tensión y la vigilancia por parte de grupos defensores de los derechos humanos, particularmente en lo concerniente a las condiciones de los arrestos y el proceso judicial aplicable a manifestantes.

Ante la liberación provisional de Soltani, la Organización de Derechos Humanos Hengaw reiteró su seguimiento a la evolución de la situación de los detenidos y a las acciones de las autoridades iraníes en relación con los procedimientos legales. Según publicó el organismo, siguen monitorizando otros casos de personas arrestadas en las protestas recientes, junto con la situación general de los derechos civiles en el país.

El arresto y posterior liberación de Soltani ocurre en un contexto de alta sensibilidad para el movimiento de derechos humanos en Irán, en el que las denuncias de medidas extremas contra la disidencia han suscitado reacciones por parte de la sociedad civil y organismos internacionales. La familia de Soltani continúa pidiendo garantías para su integridad y que se respeten los procedimientos legales, mientras varias organizaciones han solicitado transparencia en los procesos abiertos a raíz de las protestas.

La noticia de la excarcelación, según difundió Hengaw, se añadió a la cobertura continuada de los acontecimientos provocados por las protestas, en los que las detenciones de líderes y ciudadanos han sido objeto de seguimiento por múltiples colectivos dentro y fuera de Irán. El caso de Soltani representa, de acuerdo a diversas fuentes consultadas por la organización, un ejemplo de la presión ejercida tras las recientes manifestaciones y de la atención internacional sobre las decisiones judiciales del gobierno iraní.

La ejecución de Billy Leon Kearse ha sido programada por el estado de Florida para el 3 de marzo de 2026, según la orden firmada por el gobernador Ron DeSantis, en lo que constituye la tercera ejecución prevista para ese año en la entidad. La medida, que implica la aplicación de la pena de muerte mediante inyección letal, afecta directamente a los familiares de la víctima, al entorno del condenado y a quienes siguen el sistema penal estadounidense, en un contexto donde Florida lidera el aumento de ejecuciones en el país. Esta acción mantiene la tendencia registrada en 2025, cuando Florida encabezó la estadística nacional con 19 ejecuciones, de acuerdo con información publicada por ABC News.

Según reportó ABC News, el gobernador DeSantis formalizó la orden de ejecución de Kearse, de 53 años, el jueves 29 de enero de 2026. El caso se remonta a 1991, año en que Kearse fue condenado por el asesinato del oficial Danny Parrish durante una detención de tránsito en Fort Pierce. De acuerdo con los registros judiciales citados por ABC News, la sentencia de muerte se aplicará en la Prisión Estatal de Florida, donde también están programadas las ejecuciones de Ronald Palmer Heath y Melvin Trotter para febrero de 2026.

El proceso judicial de Kearse ha pasado por apelaciones y nuevas sentencias, tras una revisión de la Corte Suprema de Florida que obligó a realizar un nuevo juicio de pena en 1997. El incremento de ejecuciones en el estado se explica, según declaraciones de DeSantis recogidas por ABC News, por la intención de “llevar justicia a las familias de las víctimas”, muchas de las cuales esperan desde hace décadas la resolución de sus casos.

¿Por qué Florida encabeza la reactivación de la pena de muerte en Estados Unidos?

La decisión de Florida de ejecutar por tercera vez en 2026 a un condenado por asesinato reaviva el debate sobre la aplicación de la pena capital. Según ABC News, el estado registró 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, superando el récord anterior de ocho ejecuciones en 2014. Este repunte coloca a Florida a la cabeza de las jurisdicciones estadounidenses que aplican este castigo, seguido por otros estados con políticas penales estrictas.

Las cifras nacionales también muestran un incremento en la utilización de la pena capital. De acuerdo con datos citados por ABC News, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones en todo Estados Unidos, el mayor número registrado desde 2009. Este contexto refuerza el papel de Florida como epicentro del debate sobre la justicia penal y la ejecución de sentencias de muerte.

¿Quién es Billy Leon Kearse y cuál es el caso judicial?

Billy Leon Kearse fue condenado por el asesinato del oficial Danny Parrish durante un control de tránsito efectuado en enero de 1991 en Fort Pierce, según los expedientes judiciales citados por ABC News. Durante la detención, Kearse no presentó una licencia de conducir válida, lo que llevó al oficial a intentar esposarlo. En ese momento, ocurrió un forcejeo que terminó cuando Kearse se apoderó del arma reglamentaria de Parrish y disparó 14 veces, alcanzando al agente en nueve ocasiones en el cuerpo y cuatro en el chaleco antibalas, según los registros del caso.

Un taxista que escuchó los disparos se comunicó con la policía usando la radio del patrullero, lo que permitió identificar el automóvil de Kearse por la matrícula y arrestarlo posteriormente en su domicilio. Los detalles del caso, incluidos el número de disparos y la secuencia de los hechos, constan en los documentos judiciales y han sido consignados por ABC News.

¿Cómo ha evolucionado el proceso judicial de Kearse?

El proceso de Kearse ha incluido varias instancias judiciales. En 1991, un jurado lo declaró culpable de homicidio en primer grado y robo a mano armada, imponiendo la pena capital. Posteriormente, la Corte Suprema de Florida determinó que el tribunal original no había brindado suficiente información al jurado acerca de las circunstancias agravantes y atenuantes, lo que motivó un nuevo juicio de sentencia en 1997, según reportó ABC News.

A pesar de las apelaciones, la condena a muerte fue ratificada y se espera que los abogados de Kearse presenten recursos adicionales ante la Corte Suprema estatal y la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso se mantiene como uno de los más antiguos en la lista de ejecuciones pendientes en Florida.

¿Cuáles son las próximas ejecuciones programadas en Florida?

Además de la ejecución de Kearse el 3 de marzo de 2026, el estado de Florida prevé la aplicación de la pena de muerte a Ronald Palmer Heath, de 64 años, el 10 de febrero, y a Melvin Trotter, de 65, el 24 de febrero. Ambas sentencias se ejecutarán en la Prisión Estatal de Florida, según datos publicados por ABC News. Estas fechas consolidan a Florida como el estado con mayor número de ejecuciones programadas para el primer trimestre de 2026, manteniendo la tendencia al alza observada el año anterior.

¿Cuál es el protocolo de ejecución y qué establece la ley en Florida?

La ejecución de la pena capital en Florida se realiza mediante inyección letal, utilizando una combinación de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, conforme al protocolo del Departamento de Correcciones estatal. Este procedimiento está vigente desde el año 2000 y ha sido objeto de revisiones y debates judiciales, según ABC News.

La legislación de Florida establece que el gobernador tiene la facultad de firmar las órdenes de ejecución una vez agotadas las instancias judiciales, y que los reclusos pueden presentar recursos ante tribunales estatales y federales hasta el último momento. Las ejecuciones se llevan a cabo en instalaciones especialmente acondicionadas y bajo estrictas medidas de seguridad.

¿Qué ha dicho el gobernador Ron DeSantis sobre el aumento de ejecuciones?

El gobernador Ron DeSantis ha explicado que el incremento en la firma de órdenes de ejecución responde al compromiso de su administración con la aplicación de la ley y la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas. “Algunas de estas causas se remontan a los años ochenta. Justicia retrasada es justicia denegada. Sentí que tenía la obligación de asegurarme de que estos procesos se cumplieran”, declaró DeSantis, según recogió ABC News. El gobernador también señaló que revisa exhaustivamente cada caso antes de firmar una orden de ejecución y que no procedería si existieran dudas sobre la culpabilidad del condenado.

¿Cómo impacta esta tendencia a los familiares y al sistema judicial?

La reactivación de la aplicación de la pena de muerte en Florida afecta a diversos sectores, desde los familiares de las víctimas y de los condenados, hasta las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios judiciales. El aumento de las ejecuciones genera un mayor volumen de recursos y apelaciones en las instancias superiores, mientras que las familias involucradas experimentan largos procesos de espera y resolución, según el análisis publicado por ABC News.

El Departamento de Correcciones y los portavoces oficiales han reiterado su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos legales y la transparencia en la ejecución de las sentencias. Las autoridades insisten en que el proceso se realiza conforme a la normativa vigente y con supervisión constante de las condiciones de seguridad y salud.

¿Qué se puede esperar tras la nueva ejecución programada?

La programación de una nueva ejecución en Florida refuerza la política estatal orientada a la implementación efectiva de la pena capital. El caso de Billy Leon Kearse permanece abierto a posibles apelaciones en las cortes superiores, mientras el calendario de ejecuciones mantiene la atención nacional sobre el sistema penal del estado. De acuerdo con ABC News, los próximos pasos dependerán de la resolución de los recursos judiciales y de la continuidad de la política actual en materia de justicia y pena de muerte.

El estado de Texas registró la primera ejecución en Estados Unidos en 2026 a través del caso de Charles Victor Thompson. Según informó el Houston Chronicle, Thompson, de 55 años, fue ejecutado mediante una inyección letal en la prisión de Huntsville, a las 18:50 horas (hora local). El motivo de la condena se remonta a un doble homicidio ocurrido en 1998: Thompson fue hallado culpable del asesinato a tiros de su exnovia y del hombre que entonces era su nueva pareja.

El medio Houston Chronicle detalló que el proceso judicial concluyó en 1999 con la sentencia a muerte de Thompson tras determinarse su responsabilidad en ambos crímenes. La ejecución de Thompson marca el inicio del año 2026 con la aplicación de la pena capital en Texas, estado que encabeza la lista de ejecuciones dentro del país, liderando entre los 50 estados que componen Estados Unidos. Esta situación refleja una tendencia persistente en la aplicación de la pena de muerte en Texas, que mantiene el mayor número de personas ejecutadas.

La información publicada por Houston Chronicle también señaló que, aunque Texas mantiene el récord histórico de ejecuciones, durante el año anterior, en 2025, Florida superó al resto de los estados en número de ejecuciones llevadas a cabo, con un total de 19 personas ejecutadas bajo la autoridad de su gobernación. Esta cifra representa una variación en la distribución anual de la aplicación de la pena de muerte entre los estados, tradicionalmente encabezada por Texas.

Las autoridades del penal de Huntsville, donde Thompson fue ejecutado, confirmaron que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sentencias. Según consignó el Houston Chronicle, la muerte de Thompson ocurrió algunas décadas después de haber sido condenado, resultado de un proceso judicial prolongado en el sistema penal de Texas. La cobertura del medio destacó los antecedentes del caso y la trayectoria de las ejecuciones en el estado, así como el contexto nacional sobre la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.

Texas continúa registrando cifras elevadas en cuanto a la ejecución de condenados a muerte, reforzando su posición dentro del sistema judicial estadounidense. Por otro lado, el panorama nacional puede mostrar fluctuaciones anuales, por lo cual los datos de ejecuciones suelen variar significativamente entre un año y otro, dependiendo de las políticas estatales y decisiones judiciales. La ejecución de Charles Victor Thompson en el inicio de 2026 pone de relieve la vigencia de la pena de muerte en el sistema penal norteamericano y la prevalencia de Texas como líder en este tipo de condenas, según reiteró el Houston Chronicle en su información.

La familia de Amirhosein Ghaderzadé, junto con defensores internacionales de derechos humanos, ha permanecido sin noticias concretas sobre su situación o paradero desde el momento en que fue arrestado, lo que incrementa la preocupación en torno a su integridad y destino. Amnistía Internacional ha expresado que las autoridades iraníes han informado a los allegados de Ghaderzadé que la ejecución está programada para el 21 de enero, después de que fuera condenado a muerte por el cargo de "traición" en una audiencia judicial celebrada el 17 de enero. Según detalló la organización y reportó el medio suministrador, la desaparición forzada de Ghaderzadé, sumada a las denuncias de tortura y tratos crueles durante su detención, ha activado una movilización internacional que exige el cese inmediato de cualquier plan para aplicar la pena capital contra el joven de 19 años.

De acuerdo con la información publicada por Amnistía Internacional y recogida en la plataforma noticiosa original, Ghaderzadé fue detenido el 9 de enero en su vivienda de Rasht, provincia de Guilán, al norte de Irán, en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Durante su arresto, agentes de seguridad lo desvistieron de manera forzada, lo mismo que a sus dos hermanas —una de ellas con solo 14 años— con el propósito de inspeccionar sus cuerpos en busca de perdigones metálicos que, según los funcionarios, asegurarían su participación en las protestas. El informe de la ONG sostiene que la familia y el propio Ghaderzadé fueron objeto de actos de violencia considerados por la entidad como degradantes y de carácter sexual, en presencia de otras personas.

El joven fue aprehendido después de que la policía encontrara heridas de perdigón en su cuerpo, evidencia que, según la narrativa de las autoridades, fundamentó su detención y posterior acusación de "traición". Tras ser procesado de manera expedita, un tribunal iraní lo sentenció a la horca en menos de diez días después de su arresto, informó Amnistía Internacional. La ONG subraya que, desde ese momento, las autoridades no han comunicado la ubicación ni la condición física de Ghaderzadé, impidiendo que la familia pueda visitarlo o constatar su bienestar.

En los comunicados emitidos a través de redes sociales y reproducidos por el medio contribuyente, Amnistía Internacional urgió a las autoridades iraníes a frenar "de inmediato" cualquier preparación vinculada a la ejecución de Ghaderzadé y a desistir de utilizar la pena de muerte como herramienta de intimidación o castigo contra quienes participan en manifestaciones políticas o sociales. El llamado extendido de la organización se dirige también a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pidiéndoles ejercer presión diplomática sobre el gobierno de Teherán para detener las ejecuciones y cesar la represión violenta de las protestas.

Según Amnistía Internacional, la situación de Ghaderzadé se inscribe en un patrón más amplio de represión estatal, donde la magnitud real de la violencia permanece parcial o totalmente oculta debido al bloqueo de Internet y a la censura informativa dentro del país. La organización denunció que numerosos detenidos, en el marco de las protestas recientes, han enfrentado torturas, privación de acceso a recursos médicos y procesos judiciales que carecen de garantías fundamentales.

El medio fuente recoge además la postura oficial expresada por altos funcionarios del Estado iraní. El presidente Masud Pezeshkian, el titular del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, hicieron un llamado público a que quienes no hayan tenido un papel relevante en los disturbios sean objeto de "compasión e indulgencia islámicas". Esta postura, matiza la nota original, no ha modificado hasta ahora las órdenes judiciales contra manifestantes considerados comprometidos en acciones graves, como en el caso de Ghaderzadé.

La solicitud de Amnistía Internacional para que se esclarezca tanto el destino como la situación legal y médica del joven incluye la exigencia de que reciba atención médica adecuada y esté protegido contra más torturas o malos tratos durante su detención. El medio que divulgó esta información dedica parte de su cobertura a las condiciones en que transcurren los arrestos de manifestantes en Irán y al contexto de creciente preocupación internacional por los métodos empleados por las fuerzas de seguridad.

La familia de Ghaderzadé, junto a activistas y organizaciones internacionales, reiteró las denuncias de desaparición forzada, ausencia de acceso a la defensa y violaciones sistemáticas de los derechos procesales, como relató Amnistía Internacional y difundió el canal noticioso. La ausencia de mecanismos independientes capaces de verificar la situación de los detenidos dificulta la tarea de organizaciones de derechos humanos y alimenta las sospechas sobre el uso de la tortura, así como sobre la falta de transparencia procesal en casos relacionados con protestas.

Varias entidades y defensores de derechos humanos han insistido en el carácter de urgencia de la intervención internacional para frenar la aplicación de la pena de muerte en estos contextos. La cobertura original destaca que la presión sobre las autoridades iraníes por parte de la sociedad civil y los diplomáticos extranjeros se considera una de las estrategias más efectivas para impedir ejecuciones bajo estas condiciones.

Amnistía Internacional concluyó sus intervenciones recogidas por el medio solicitando al gobierno iraní el cese de medidas de represión letal y el restablecimiento de las garantías fundamentales para todos los procesados en el contexto de las manifestaciones.

La familia de Erfan Soltani ha enfrentado obstáculos significativos para acceder a la información sobre el proceso judicial y la condena impuesta al joven, quien permanece bajo custodia de las autoridades iraníes desde su arresto en Fardis, provincia de Alborz. Según reportó la organización no gubernamental Hengaw, con sede en Oslo, el joven de 26 años fue detenido el 8 de enero cerca de su vivienda y, cuatro días después, la familia recibió la notificación de que había sido condenado a muerte tras un juicio calificado como veloz y poco transparente. Hengaw denunció que la ejecución está prevista para este miércoles y subrayó que la hermana de Soltani, abogada de profesión, intentó asumir su defensa sin éxito.

Según consignó Hengaw, esta situación ha generado preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a la ausencia de garantías procesales y la falta de acceso a una defensa efectiva para el acusado. La ONG describió el proceso como una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al considerar que al joven se le negó la posibilidad de contar con un abogado, la oportunidad de una defensa adecuada y un juicio independiente. Además, Hengaw sostuvo que la inminente ejecución de Soltani representa una “ejecución extrajudicial” y constituye una grave vulneración del derecho internacional.

Hengaw manifestó que la acusación principal en contra de Soltani se basa en el delito de “enemistad contra Dios”, una figura empleada en el sistema judicial iraní para condenar a opositores y manifestantes. Según publicó IranWire, fuentes cercanas a la familia revelaron que las autoridades han permitido que Soltani reciba una última visita antes de la programada ejecución.

El caso de Erfan Soltani se suma a situaciones similares ocurridas durante movilizaciones antigubernamentales en territorio iraní. Según detalló Hengaw, estas protestas estallaron en respuesta a la crisis económica y la degradación de las condiciones de vida en el país. La ONG advirtió que la utilización de la pena de muerte como instrumento para reprimir manifestaciones públicas se ha incrementado, destacando la rapidez y la falta de transparencia en los procedimientos judiciales aplicados a manifestantes detenidos.

Hengaw recordó antecedentes recientes, como la ejecución de Mohsen Shekari, uno de los primeros manifestantes condenados tras las protestas de 2022, ocurridas después de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda. Shekari fue sentenciado a muerte tras ser acusado de herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, según consignó la organización.

La ONG enfatizó la urgencia de la situación y reclamó la intervención de la comunidad internacional. “La tramitación apresurada y poco transparente de este caso ha aumentado las preocupaciones por el uso de la pena de muerte como herramienta para reprimir las protestas públicas", expresó Hengaw en declaraciones recogidas por los medios. La organización con sede en Oslo solicitó que se tomen medidas inmediatas para evitar la ejecución de Soltani y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El medio informó que, tras recibir las notificaciones oficiales, la familia del joven, en particular su hermana, ha intentado acceder al expediente judicial y brindar asistencia legal al acusado, sin obtener respuesta de las autoridades judiciales iraníes. Hengaw reportó que esta práctica de negar el acceso a la defensa se repite en otros casos registrados durante las recientes movilizaciones.

El precedente de ejecuciones tras protestas y el corto periodo entre el arresto y la condena han suscitado inquietud en organismos internacionales y en la sociedad civil, que han intensificado el seguimiento de los acontecimientos en torno a los manifestantes detenidos. Según describió Hengaw, la aplicación acelerada de sentencias de muerte se percibe como un medio para disuadir la participación en manifestaciones y desalentar críticas al gobierno iraní.

Las fuentes consultadas por IranWire y citadas por la organización subrayaron la falta de transparencia que rodea los procesos judiciales contra manifestantes, la velocidad de las condenas y la imposibilidad de ejercer mecanismos de apelación o defensa. Hengaw concluyó que la comunidad internacional debe atender con urgencia la petición de suspensión de la ejecución programada y exigir el respeto a los derechos fundamentales en los procesos judiciales vinculados a protestas sociales en Irán.

La Contraloría General de la República lanzó un llamado de alerta devido a que más de un tercio de los recursos públicos gestionados a través de contratos fiduciarios permanecen sin ejecutar, “inmovilizados”, de acuerdo con la información oficial que emitió la entidad.

Según la institución, de un total de 13,46 billones de pesos comprometidos en fiducias hasta diciembre del 2024, al menos 4,84 billones permanecen sin gestión ni ejecución.

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Esta situación afecta la entrega oportuna de obras y servicios dirigidos a la ciudadanía. De hecho, a través del comunicado que publicó el organismo de control, informaron que la circunstancia “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal la y pérdida de eficacia social”.

El informe puntualizó que estos fondos, distribuidos en 156 negocios fiduciarios, continúan quietos, a pesar de estar destinados a proyectos específicos.

El organismo enfatizó que “cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”.

Al desglosar la muestra analizada, la Contraloría encontró que el Ministerio de Vivienda lidera la lista con $165.255 millones sin ejecutar, seguido por el Ministerio de Comercio con $109.320 millones y el Ministerio de Salud con $67.792 millones.

En el sector fiduciario, Scotiabank Colpatria administra $168.081 millones en recursos inmovilizados, mientras que Fiduciaria La Previsora y Fiduciaria Popular concentran otros montos significativos.

La Contraloría identificó que los principales factores que explican la inmovilización de estos recursos son falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos poco eficientes.

El estudio advirtió que la permanencia de los fondos en portafolios de baja rentabilidad genera un “mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”, ya que el rendimiento económico es muy inferior al valor público que podrían producir si se invirtieran a tiempo.

El reporte también destacó que los proyectos más afectados corresponden a sectores estratégicos como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, que requieren una alta inversión inicial y ejecución a largo plazo.

La Contraloría General de la República anunció, en ese sentido, que iniciará actuaciones fiscales para determinar responsabilidades y buscar que los recursos inmovilizados sean ejecutados con mayor eficiencia.

“Iniciaremos actuaciones fiscales por los recursos inmovilizados en fiducias, que no se ejecutan a tiempo por retrasos administrativos, deficiencias contractuales y procesos poco eficientes”, se leyó en la publicación de la institución en redes.

El organismo reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio público y la mejora en la gestión del gasto estatal, con el objetivo de que los proyectos lleguen efectivamente a la ciudadanía.

Contraloría recuperó 20 millones de dólares para el Estado en contrato de helicópteros Mi-17

La Contraloría General de la República evitó una pérdida millonaria de recursos públicos mediante la recuperación de 20 millones de dólares de la aseguradora vinculada al contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17.

Estos fondos, que ya ingresaron al Tesoro Nacional, corresponden a la restitución de pagos anticipados no utilizados, costos asociados a obligaciones contractuales y la indemnización por perjuicios.

La recuperación se produjo tras una advertencia emitida en septiembre de 2025, cuando la Contraloría alertó al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida patrimonial debido al incumplimiento del contratista y a la falta de acciones para activar las garantías contractuales.

El organismo de control realizó un seguimiento técnico con visitas al Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encontraban las aeronaves, así como inspecciones a los hangares de la empresa contratista Vertol Systems Company Inc. en Estados Unidos.

El análisis incluyó la revisión detallada de la información contractual, operativa y aseguradora del proceso. Estas acciones permitieron verificar el alcance de las pólizas y exigir la indemnización correspondiente, lo que impidió un detrimento al patrimonio del Estado.

Stacey Humphreys, un hombre de 52 años oriundo de Estados Unidos, fue sentenciado a la ejecución con inyección letal por el asesinato de dos agentes inmobiliarias en el estado de Georgia en 2003. Sin embargo, fue suspendida de manera inesperada después de que solicitara una última comida compuesta por platos de alto contenido calórico.

La medida, adoptada por la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional del estado, dejó en suspenso la fecha prevista para la ejecución, que estaba programada para el miércoles 17 de diciembre en la Prisión de Diagnóstico y Clasificación de Georgia. El hombre padece obesidad y enfrenta diversos problemas de salud y había sido sentenciado a muerte por un crimen que conmocionó a la comunidad local, según información de Associated Press.

Humphreys fue declarado culpable en septiembre de 2007 por el asesinato de Cyndi Williams, de 33 años, y Lori Brown, de 21, ambas agentes inmobiliarias que trabajaban en una oficina de ventas en las inmediaciones de Atlanta. El 3 de noviembre de 2003 al mediodía, el hombre ingresó al lugar, obligó a las víctimas a desnudarse y a entregarle sus PINES bancarios, y posteriormente les disparó fatalmente, de acuerdo con la evidencia presentada en el juicio. Tras el crimen, retiró más de USD 3.000 de las cuentas bancarias de las mujeres y, al ser arrestado, declaró a la policía que necesitaba el dinero para pagar su camioneta. En ese momento, se encontraba en libertad condicional por una condena previa por robo y había salido de prisión trece meses antes.

La condena a muerte fue resultado de un proceso judicial que incluyó múltiples recursos legales. Sus abogados han alegado que la sentencia fue producto de un jurado parcial y de irregularidades durante la selección de los miembros del jurado. Además, han sostenido que ejecutarlo en este momento violaría su derecho al debido proceso, citando un acuerdo de la era de la pandemia que pausó las ejecuciones y que, según ellos, aún debería aplicarse en su caso.

Sin embargo, los tribunales federales y estatales han determinado que estos reclamos no son admisibles o están procesalmente impedidas. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el caso en octubre y su sentencia quedó firme, según recogió The Associated Press.

Una cena alta en calorías y la suspensión

La suspensión de la ejecución se produjo después de que el condenado haya solicitado una última comida con un alto nivel calórico. La misma estaba compuesta por una tapa de asado a la barbacoa, costillas de cerdo, una hamburguesa con doble con queso y panceta, papas fritas, ensalada de col, pan de maíz, alitas de búfalo, una pizza, dos gaseosas de limón y lima y helado de vainilla. Este pedido, revelado por funcionarios estatales la semana previa a la suspensión, puso de relieve el estado de salud del condenado, quien padece obesidad y otros problemas médicos.

La Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional de Georgia emitió la orden de suspensión sin especificar los motivos ni la duración del aplazamiento, según recogió Daily Mail.

El contexto incluyó una serie de recursos legales presentados por los abogados de Humphreys, quienes cuestionaron la imparcialidad de dos de los cinco miembros del organismo encargado de evaluar las solicitudes de clemencia. Los representantes legales del condenado argumentaron que Kimberly McCoy, quien fue defensora de víctimas en la Fiscalía del Condado de Cobb durante el juicio, y Wayne Bennett, exsheriff del Condado de Glynn, mantenían vínculos directos con el caso.

La abogada defensora aceptó abstenerse de votar sobre la petición de clemencia, aunque persistieron dudas sobre su participación en las deliberaciones. El agente, por su parte, declaró que su función anterior no influiría en su decisión y que no estuvo involucrado directamente en la seguridad diaria del juicio ni del jurado.

Cuándo podría ser ejecutado

La orden de ejecución de Humphreys permanece vigente hasta el mediodía del 24 de diciembre. Si la ejecución no se lleva a cabo antes de esa fecha, el estado deberá solicitar una nueva orden, según la información proporcionada por Daily Mail. Mientras tanto, la junta de libertad condicional podría levantar la suspensión en cualquier momento, lo que mantiene la posibilidad de que la ejecución se reactive si se resuelven los desafíos legales pendientes.

Los abogados del Estado sostienen que el hombre tiene derecho a que su solicitud de clemencia sea votada por un quórum de tres miembros, no necesariamente por los cinco integrantes de la junta, y argumentan que la Constitución estatal impide que el gobernador nombre reemplazos temporales que excedan el número establecido.

Por su parte, los abogados del condenado han solicitado al juez que impida cualquier acción hasta que se tome una decisión definitiva sobre la recusación de los miembros de la junta y la composición del órgano encargado de votar la clemencia.

Harold Wayne Nichols fue ejecutado el jueves en Nashville, Tennessee, mediante inyección letal, tras ser condenado por la violación y asesinato de Karen Pulley, una estudiante universitaria de 20 años, en 1988.

Nichols, de 64 años, confesó el crimen y expresó remordimiento en sus últimas palabras, reconociendo el daño causado y admitiendo que, de no haber sido arrestado, habría continuado con su conducta violenta.

La ejecución, realizada en la prisión estatal, puso fin a un proceso judicial que se extendió durante casi cuatro décadas y mantuvo a la familia de la víctima en una prolongada espera, según informó The Associated Press.

Antes de ser ejecutado, Nichols mostró arrepentimiento y pidió disculpas

Durante la ejecución, Nichols pronunció una declaración final: “A las personas a las que les causé daño, lo lamento”. Un consejero espiritual lo acompañó en sus últimos momentos, recitándole el Padrenuestro y compartiendo un instante de recogimiento, mientras Nichols asentía en silencio.

Los abogados del condenado solicitaron la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua, argumentando que Nichols asumió la responsabilidad de sus actos y se declaró culpable, lo que, según su defensa, lo habría convertido en el primer ejecutado en Tennessee por un crimen confesado desde la reinstauración de la pena capital en 1978.

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la suspensión de la ejecución el mismo jueves.

La familia de la víctima expresó el terror que vivieron hasta el momento de la ejecución de Nichols

La familia de Karen Pulley expresó el profundo impacto que el crimen y el largo proceso judicial tuvieron en sus vidas. Lisette Monroe, hermana de la víctima, describió los 37 años de espera como “37 años de infierno” y recordó a Pulley como una persona “gentil, dulce e inocente”.

Monroe manifestó su esperanza de poder centrarse en los recuerdos felices de su hermana tras la ejecución.

Por su parte, Jeff Monroe, esposo de Lisette, relató que la familia quedó “destruida por el mal” la noche del asesinato y subrayó la gravedad de la pena capital: “Quitarle la vida a alguien es algo serio y no nos provoca placer... los crímenes fueron deliberados, violentos y horrendos”, declaró en una conferencia de prensa posterior al procedimiento, según recogió The Associated Press.

Jeff Monroe también recordó que Pulley, quien acababa de terminar una sesión de estudios bíblicos y estudiaba para convertirse en asistente legal, era una joven alegre y desinteresada, con grandes expectativas para su futuro.

El caso de Nichols estuvo marcado por varios aplazamientos

Condenado a muerte en 1990, enfrentó dos fechas de ejecución previas. En agosto de 2020, la ejecución fue pospuesta debido a la pandemia de COVID-19. En ese momento, Nichols había optado por la silla eléctrica, una alternativa permitida en Tennessee para quienes cometieron delitos antes de enero de 1999.

Posteriormente, en 2022, el gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones tras detectarse irregularidades en el protocolo de inyección letal, lo que incluyó una segunda fecha de ejecución para Nichols. Una revisión independiente reveló que ninguno de los medicamentos utilizados en las ejecuciones desde 2018 había pasado por los controles requeridos.

Tennessee implementó un fármaco único para las ejecuciones por inyección letal

A raíz de estos hallazgos, el Departamento de Correccionales de Tennessee implementó en diciembre pasado un nuevo protocolo basado en el uso de un solo fármaco, pentobarbital. Esta modificación generó nuevas demandas judiciales por parte de los abogados de varios reclusos, quienes cuestionan la legalidad y seguridad del procedimiento. El juicio sobre este protocolo está previsto para abril. En esta última ocasión, Nichols no eligió un método de ejecución.

El caso de Tennessee se inscribe en un contexto nacional de creciente dificultad para obtener los medicamentos necesarios para la inyección letal, debido a la presión de activistas contra la pena de muerte sobre las compañías farmacéuticas y los proveedores.

Esta situación ha llevado a varios estados a buscar métodos alternativos, como el pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur o el uso de gas nitrógeno en Alabama, según reportó The Associated Press.

La ejecución de Nichols refleja la persistencia de la pena de muerte en Estados Unidos, donde 45 hombres han sido ejecutados en lo que va del año.

Bogotá aseguró la financiación total del Metro para 2026 mediante la aprobación de dos créditos internacionales por 1.060 millones de dólares.

Según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán desde la sede del Banco Mundial en Washington D.C., Estados Unidos, según se ve en el más reciente video que publicó en su cuenta de X, este respaldo financiero proviene del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y permitirá que el proyecto alcance cerca del 90% de avance durante el próximo año.

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La noticia fue comunicada de manera oficial por el mandatario local, que confirmó las implicaciones para la transformación de la movilidad en la capital colombiana, una demanda insatisfecha durante más de ocho décadas.

La operación incluye recursos del Banco Europeo de Inversiones, entidad que se suma a la participación del Banco Mundial y el BID.

El alcalde Galán destacó que “con estos recursos, sumados a los del Banco Europeo de Inversiones, tenemos garantizada la financiación del Metro para el próximo año”, en palabras recogidas en un comunicado institucional.

El mandatario precisó que la primera línea del Metro de Bogotá superará el 90% de avance en obra el próximo año, lo que representa un hito trascendental.

Según fuentes oficiales, la aprobación de los créditos asegura la continuidad ininterrumpida de los trabajos hasta la finalización del proyecto, despejando dudas sobre el futuro de la infraestructura.

El alcalde reiteró: “Eso nos va a permitir llevar el proyecto a cerca del noventa por ciento de avance. El proyecto sigue avanzando y blindamos la financiación para despejar el camino del proyecto que está esperando Bogotá hace ochenta años”.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano impulsa transformación en el corazón de Bogotá

Un ambicioso desarrollo inmobiliario en la Calle 26 de Bogotá avanza con la meta de transformar una zona degradada en el corazón de la ciudad en un polo de vivienda, oficinas y comercio, articulado con los principales sistemas de transporte como el metro de Bogotá.

El proyecto, liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), prevé la construcción de 521 viviendas y la renovación de tres manzanas entre las calles 24 y 24B con la avenida Caracas, donde convergerán el metro de Bogotá, el RegioTram de Occidente y el sistema Transmilenio. La culminación está prevista para 2038, con una inversión estimada de 850.000 millones de pesos (aproximadamente USD 200 millones), según declaraciones de Emmanuel Cáceres, representante legal de Bonus Banca de Inversión, a El Tiempo.

En la fase inicial, la firma Bonus Banca de Inversión dispone de ocho meses para definir la estructura financiera, técnica y legal del proyecto, así como para acompañar la selección del desarrollador inmobiliario encargado de la ejecución.

La firma de la estructuración final incluirá la responsabilidad de atraer un fondo, un desarrollador o un colaborador que gestione las tres manzanas, con el objetivo de iniciar las obras en agosto del próximo año. Según Cáceres, la expectativa es que un actor privado asuma el desarrollo conforme a los requisitos establecidos, entregando como contraprestación la mayor cantidad posible de metros cuadrados para oficinas de la administración distrital.

El modelo de financiación proyecta que el 70% de los recursos provendrá de deuda y el 30% de capital propio, lo que orienta la búsqueda hacia grandes actores de los sectores de infraestructura e inmobiliario. La iniciativa se enmarca en una estrategia de aprovechamiento de terrenos públicos que permanecieron en desuso durante más de una década, con el propósito de revitalizar el entorno y consolidar el sistema intermodal de transporte de la ciudad. Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, explicó que el proyecto no solo implica la construcción de nuevas viviendas y locales comerciales en un área de 1,49 hectáreas, sino también la consolidación de un legado arquitectónico y urbanístico para Bogotá.

La administración de Carlos Fernando Galán ha dedicado dos años a habilitar las condiciones legales, jurídicas, territoriales y físicas necesarias para el desarrollo, según Reyes.

El gerente destacó que la zona, antes en deterioro, fue objeto de reuniones con la comunidad y los vecinos, quienes solicitaron el cierre de las manzanas para preparar el terreno. Además, existe un convenio con el Jardín Botánico, y en el área funciona el Jardín Estación Central, un espacio con más de 5.000 especies de plantas que sirve como punto de traslado de árboles a proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y otras entidades. Reyes subrayó que esta característica contribuye a atraer inversiones al proyecto.

De acuerdo con lo informado por Mizan y agencias de noticias internacionales, el hombre había sido declarado culpable de violar mediante fuerza y amenazas a dos mujeres, a quienes también coaccionó bajo la amenaza de dañar su reputación. El tribunal local encontró fundamentos suficientes para dictar la condena a muerte, al considerar la peligrosidad de los hechos y su impacto sobre la seguridad y la moralidad social. El proceso judicial, según consignó el medio iraní, incluyó una revisión detallada tanto en el tribunal de primera instancia como en la máxima autoridad judicial del país, el Tribunal Supremo, que validó la legalidad del fallo y su conformidad con la ley islámica vigente en el país.

El juez Walmuslimin, citado por Mizan, explicó que la sentencia fue resultado de una investigación prolongada, durante la cual se analizaron diversas pruebas y testimonios relacionados con los incidentes. La ejecución se realizó en público, una práctica empleada en Irán en ciertos casos considerados de gravedad social particular. Según la información divulgada, la identidad del condenado no se difundió de manera oficial y el comunicado judicial subrayó la naturaleza agravada de los hechos imputados, alegando la existencia de un propósito deliberado de atentar contra el honor y la dignidad de las víctimas.

Tal como detalló el portal de noticias Mizan, la ejecución se presentó como una respuesta ejemplificadora frente a delitos que la legislación iraní clasifica como atentados contra la moral pública y amenazas a la seguridad social. Las autoridades judiciales locales manifestaron que la lucha contra los crímenes de abuso sexual y la preservación de los valores tradicionales ocupan un lugar prioritario en la agenda judicial provincial. "Tomar medidas decisivas contra los delitos contra el honor y las conductas que amenazan la seguridad moral de la sociedad es una de las prioridades del sistema judicial provincial iraní, y la emisión de este tipo de sentencias refleja la determinación de las autoridades", manifestó el juez citado por Mizan.

El procedimiento, detalló la fuente judicial, siguió los estándares legales nacionales y contó con las aprobaciones requeridas por la normativa islámica vigente en el sistema penal del país. El tribunal, sostuvo el juez Walmuslimin, evaluó en profundidad los hechos y, tras concluir la responsabilidad penal del acusado, consideró la ejecución en público como una forma de prevención y disuasión ante incidentes de similares características. Numerosas fuentes, incluyendo declaraciones recogidas por Mizan, enfatizaron que la decisión buscó transmitir un mensaje de firmeza institucional en defensa del honor individual y de la protección social frente a conductas consideradas especialmente dañinas.

El caso se suma a otros procesos judiciales en Irán donde la aplicación de la pena capital se vinculó con delitos considerados especialmente graves por las autoridades, como los vinculados al abuso sexual o la afectación de la moralidad pública. La prensa iraní y las informaciones judiciales especificaron que estos delitos se sancionan bajo el marco legal islámico y que la sucesión de instancias judiciales, incluida la revisión por el Tribunal Supremo, integra un procedimiento destinado, según las autoridades, a garantizar el cumplimiento legal y la evaluación exhaustiva de los hechos.

Ralph Leroy Menzies, un recluso de Utah condenado a muerte que desarrolló demencia, falleció tras pasar 37 años en el corredor de la muerte, lo que marcó el final de uno de los casos más prolongados y controvertidos del sistema penal estadounidense.

Según informó el Departamento de Correcciones del estado, Menzies, de 67 años, murió el miércoles por causas aparentemente naturales, apenas tres meses después de que la Corte Suprema de Utah suspendiera su ejecución.

La historia de Menzies se remonta a 1986, cuando fue condenado por el secuestro y asesinato de Maurine Hunsaker, una madre de tres hijos de 26 años.

El crimen ocurrió cerca de Salt Lake City, mientras Menzies se encontraba en libertad condicional

El 23 de febrero de ese año, Hunsaker fue raptada de la tienda donde trabajaba. Poco después, logró comunicarse con su esposo para informarle que había sido robada y secuestrada, y que su captor planeaba liberarla.

Dos días más tarde, un excursionista halló su cuerpo en una zona de picnic situada a unos 25 kilómetros (16 millas) en el Cañón Big Cottonwood. La autopsia reveló que había sido estrangulada y presentaba una herida profunda en el cuello.

La investigación policial vinculó a Menzies con el crimen mediante pruebas materiales: la huella dactilar de Hunsaker apareció en un vehículo que él conducía, y su bolso fue recuperado en el apartamento del acusado. Además, cuando Menzies fue arrestado por otros delitos, portaba la cartera y otras pertenencias de la víctima.

El esposo de Hunsaker dio a conocer su alivio luego del fallecimiento de Menzies

El esposo de la víctima, Jim Hunsaker, expresó a The Associated Press el alivio que sintió al conocer la noticia del fallecimiento de Menzies: “Sentí una sensación de felicidad y como si me hubieran quitado 45 kilos de encima”, dijo.

Hunsaker reconoció que el proceso judicial fue una fuente constante de frustración para su familia, que durante décadas experimentó “una decepción tras otra”. Añadió: “Creo que gran parte de esto va a ser simplemente sanar ahora. No creo que haya habido un día en que no haya pensado en ello”. También manifestó su descontento con la gestión del caso por parte del sistema judicial estatal, al considerar que “parece que todo salió como él quería”.

La condena de Menzies fue bloqueada debido a su estado mental que desarrolló en prisión

La ejecución de Menzies estaba programada para septiembre de este año, mediante pelotón de fusilamiento, un método que él mismo eligió décadas atrás cuando se le ofreció la opción.

De haberse concretado, habría sido el séptimo preso en Estados Unidos ejecutado por este método desde que el país restableció la pena de muerte en 1977.

Sin embargo, en agosto, la Corte Suprema de Utah bloqueó la ejecución tras aceptar los argumentos de la defensa, que sostenía que la demencia de Menzies se había agravado hasta el punto de impedirle comprender racionalmente el motivo de su condena.

Un informe médico estatal, publicado este mes, coincidió en que el recluso carecía de la capacidad mental necesaria para afrontar la ejecución. El tribunal había fijado una nueva audiencia de competencia para mediados de diciembre con el fin de reevaluar su estado mental, pero la muerte de Menzies impidió que se celebrara.

El caso de Menzies no es aislado en el contexto estadounidense

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, más de la mitad de los presos condenados a muerte en Estados Unidos pasan más de dieciocho años esperando la ejecución, y son numerosos los reclusos que fallecen por causas naturales antes de que se cumpla la sentencia.

En Utah, la última ejecución se realizó mediante inyección letal hace poco más de un año, mientras que el pelotón de fusilamiento no se emplea desde la ejecución de Ronnie Lee Gardner en 2010.

La ejecución de Richard Barry Randolph en la prisión estatal de Florida marcó un nuevo récord en la historia reciente del estado, al convertirse en la decimoséptima persona en recibir la pena capital en lo que va del año. Este hito supera ampliamente el máximo anual anterior, que databa de 2014 con ocho ejecuciones.

Con la ejecución de Randolph, 44 hombres han sido ejecutados este año en Estados Unidos por orden judicial, y más de una docena de personas adicionales tienen programada su ejecución para lo que resta de 2025 y el año siguiente.

Florida encabeza la lista de estados con más ejecuciones en 2025, seguida de Alabama, Carolina del Sur y Texas, cada uno con cinco.

El procedimiento que llevó a Randolph a la muerte

Randolph, de 63 años, fue declarado muerto a las 18:12 horas (hora local) tras recibir la inyección letal, la cual está compuesta por tres fármacos. El Departamento de Correcciones de Florida detalla que el protocolo de inyección letal en el estado consiste en la administración secuencial de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón.

El procedimiento se inició puntualmente a las 18:00 horas, cuando se levantó el telón de la cámara de la muerte. Dos minutos después, las autoridades comenzaron a administrar los medicamentos, mientras Randolph permanecía en silencio, sin pronunciar palabras finales.

Durante la administración de los fármacos, el condenado mantuvo los ojos cerrados y mostró leves contracciones faciales, respirando con dificultad durante algunos minutos antes de quedar inmóvil y pálido. Un guardia intentó obtener una reacción llamándolo por su nombre y sacudiéndolo, pero no obtuvo respuesta. A las 18:11 horas se solicitó la presencia de un médico, quien confirmó el fallecimiento un minuto después.

La familia de la víctima, Minnie Ruth McCollum, expresó su agradecimiento al gobernador Ron DeSantis a través de Jordan Kirkland, portavoz del Departamento de Correcciones, quien transmitió el mensaje en una rueda de prensa posterior. Kirkland también señaló que tres familiares de McCollum tenían previsto testificar, aunque no ofreció detalles adicionales.

El caso que llevó a Randolph al corredor de la muerte se remonta a agosto de 1988

De acuerdo con los registros judiciales citados por The Associated Press, Randolph intentó robar la caja fuerte de una tienda de conveniencia en Palatka, donde había trabajado previamente. Al ser sorprendido por la gerente, McCollum, se produjo un forcejeo. Los documentos judiciales detallan que Randolph golpeó, estranguló, apuñaló y violó a McCollum antes de abandonar el lugar y huir en el automóvil de la víctima.

Tres mujeres presenciaron la salida de Randolph de la tienda y, al observar el desorden en el interior, alertaron a la policía. Un agente acudió al establecimiento y encontró a McCollum aún con vida. Fue trasladada al hospital en estado de coma, donde falleció seis días después debido a graves lesiones cerebrales, según el informe médico citado por The Associated Press.

La detención de Randolph se llevó a cabo poco después de haber cometido el crimen

La detención de Randolph se produjo poco después en un supermercado de Jacksonville, cuando intentaba obtener dinero y canjear billetes de lotería robados de la tienda. Los investigadores indicaron que Randolph confesó el ataque y condujo a los agentes hasta la ropa ensangrentada que había desechado.

En 1989, Randolph fue condenado por asesinato, robo a mano armada, agresión sexual y hurto mayor, recibiendo la sentencia de muerte. Durante los años siguientes, presentó diversas apelaciones.

La semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó sus argumentos, que incluían la supuesta denegación de acceso a registros públicos y la actuación de sus abogados sin su consentimiento. El jueves por la mañana, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó su última apelación, según informó The Associated Press.

Las ejecuciones en el estado no se detienen y dos más están programadas para finalizar el año

DeSantis, responsable de firmar la orden de ejecución, ha ordenado más ejecuciones en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El propio gobernador ha manifestado que su objetivo es “hacer justicia a las familias de las víctimas que han esperado décadas a que se ejecuten las sentencias de muerte”.

El calendario de ejecuciones en Florida continuará en diciembre, con dos procedimientos ya programados. Mark Allen Geralds, de 58 años, será ejecutado el 9 de diciembre tras ser condenado por el asesinato de una mujer durante un robo con allanamiento de morada.

Frank Athen Walls, también de 58 años, enfrentará la decimonovena ejecución estatal el 18 de diciembre, tras ser hallado culpable del asesinato a tiros de un hombre y una mujer durante un robo, y confesar posteriormente otros tres homicidios.

El estado de Florida llevó a cabo la ejecución de Samuel Lee Smithers, de 72 años, condenado por el asesinato de dos mujeres cuyos cuerpos fueron hallados en un estanque rural en la localidad de Plant City.

Smithers recibió una inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en las cercanías de Starke, bajo una orden firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, según informó The Associated Press (AP).

La muerte de Smithers representa la decimocuarta ejecución estatal en 2025. Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, el total anual más alto de ejecuciones en Florida fue de ocho en 2014. De esta manera, Florida se mantiene como el estado con más ejecuciones realizadas en lo que va del año, seguido por Texas, que suma cinco.

Los delitos de SamueSmithers

Smithers fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado y condenado a muerte en 1999. De acuerdo con documentos judiciales citados por NBC News, Smithers conoció a Christy Cowan y Denise Roach durante mayo de 1996 en un motel de Tampa, donde se reunió con ellas a cambio de servicios sexuales. Por entonces, trabajaba realizando mantenimiento paisajístico en una propiedad de 27 acres que incluía tres estanques.

El 28 de mayo de 1996, la propietaria del terreno, quien conocía a Smithers de una iglesia donde él ejercía como diácono bautista, lo encontró limpiando un hacha en el garaje. Ante las preguntas de la mujer sobre una mancha de sangre en el lugar, Smithers respondió: “alguien debió haber pasado y matado un animal pequeño”.

La propietaria alertó a las autoridades, que al llegar observaron huellas de arrastre hacia uno de los estanques, en el que finalmente localizaron los cuerpos de Cowan y Roach. Las investigaciones revelaron que ambas víctimas habían sido golpeadas brutalmente, estranguladas y arrojadas vivas al estanque, donde murieron.

Según registros judiciales, Smithers insistió en su inocencia durante el proceso, aunque fue hallado culpable por un jurado. La defensa intentó apelar la sentencia argumentando que, por su edad, la ejecución violaba la prohibición constitucional estadounidense contra los castigos crueles e inusuales.

No obstante, la Corte Suprema de Florida rechazó el recurso, determinando que la edad avanzada no exime a los reclusos de la pena de muerte. Hasta el momento de la ejecución, aún quedaba una apelación pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En lo que va del año, 35 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos mediante sentencias judiciales, y al menos ocho personas más están programadas para ser puestas a muerte durante 2025. En Florida, destacan los próximos casos de Norman Mearle Grim Jr., de 65 años, cuya ejecución está fijada para el 28 de octubre, y Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, programada para el 13 de noviembre de 2025.

Las ejecuciones en Florida se realizan mediante inyección letal, compuesta por un sedante, un paralizante muscular y una sustancia que detiene el corazón, siguiendo el protocolo establecido por el Departamento de Correcciones estatal.

La Corte de Apelaciones en lo Criminal de Texas decidió suspender, apenas una semana antes de su fecha programada, la ejecución de Robert Roberson, un hombre autista condenado a muerte por la muerte de su hija de dos años.

El tribunal ordenó una nueva revisión ante las dudas sobre la validez de la evidencia que llevó a su condena bajo el diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido”, un tema que divide a la comunidad científica y judicial en Estados Unidos y que ha atraído atención nacional e internacional.

Según reportó The New York Times, el máximo tribunal estatal instó al tribunal de primera instancia a reconsiderar el caso de Roberson tras la revisión de pruebas médicas y testimonios presentados hace más de veinte años.

La suspensión de la ejecución fue comunicada exactamente siete días antes de que Roberson fuese sometido a la inyección letal en la prisión de Huntsville. El caso ha movilizado a figuras públicas, entre ellas el presentador Dr. Phil McGraw y el novelista John Grisham, quienes han manifestado su oposición a la ejecución.

La condena de Roberson surgió después de un juicio en 2003, donde los fiscales lo acusaron de haber sacudido violentamente a su hija Nikki, causándole la muerte. Durante el proceso, dos testigos declararon haberlo visto realizar el movimiento, y recrearon ante los jurados la acción utilizando un oso de peluche, de acuerdo con lo publicado por The New York Times.

No obstante, la defensa sostiene que existe una falta de consenso médico en torno al diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido”, calificado por sus abogados como “ciencia basura”.

“Estamos aliviados y agradecidos. Confiamos en que una revisión objetiva de la ciencia y la evidencia médica demostrará que no hubo crimen”, expresó Gretchen Sween, abogada de Roberson, en declaraciones recogidas por The New York Times y CBS News.

Los defensores del condenado argumentan que la menor falleció por complicaciones médicas provocadas por una neumonía viral y bacteriana severa, agravada por medicamentos prescritos, y no a causa de maltrato infantil.

El tribunal fundamentó su decisión en la llamada ley de “ciencia basura” de Texas, que desde 2013 permite impugnar condenas si la prueba pericial ha quedado desacreditada o superada por nuevos conocimientos. CBS News precisó que la Corte de Apelaciones ya aplicó esta ley en 2024 al caso de Andrew Roark, un hombre exonerado tras permanecer años en prisión por un diagnóstico similar.

“El tribunal ordena ahora a la corte de origen resolver el caso de Roberson a la luz del precedente sentando en el caso Roark”, señala el fallo de la Corte de Apelaciones de Texas. Según la defensa, al menos 40 padres y cuidadores han sido exonerados desde 1992 en Estados Unidos luego de que el diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido” fuera cuestionado o refutado.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que la evidencia médica sigue respaldando la condena de Roberson. Familiares de la niña y algunos médicos también insisten en que la muerte de Nikki derivó de episodios anteriores de abuso, según reportó CBS News. Por el contrario, los abogados de Roberson señalan que “las autoridades apresuraron sus conclusiones al basarse en una hipótesis que no resiste el análisis actual”.

Múltiples apelaciones

Desde la condena, los abogados de Roberson han presentado múltiples apelaciones ante tribunales estatales, federales y ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Han solicitado en reiteradas ocasiones la intervención del Departamento de Indultos y Libertad Condicional de Texas y del gobernador Greg Abbott, a fin de conseguir un nuevo juicio.

El impacto social y político del caso Roberson ha trascendido los tribunales. En 2024, un grupo bipartito de legisladores del Comité de Justicia Criminal de la Cámara de Representantes de Texas intervino y forzó el aplazamiento de la ejecución original, mediante una citación para que el propio Roberson testificara, según lo informado por The New York Times. La maniobra legislativa terminó en la Corte Suprema de Texas, que finalmente permitió reprogramar la ejecución.

La controversia sobre el diagnóstico de “síndrome de bebé sacudido” sigue provocando revisiones judiciales y reformas legislativas. La defensa de Roberson destacó que el precedente judicial sentenciado en el caso Roark podría ser determinante, y espera que se repita el resultado de exoneración. “La cuestión ahora es si el tribunal aplicará el mismo criterio a Robert que aplicó en el caso de Roark, quien ya fue exonerado”, aseveró Gretchen Sween.

Hasta esa noche, Aileen Wuornos había tenido más de un problema con la ley y varias pequeñas temporadas en la cárcel, pero nunca había matado. Ese quiebre en su vida ocurrió tenía cuando 33 años y se ganaba la vida ofreciendo su cuerpo para mantenerse ella y también a su novia, Tyria, con la que creía haber encontrado la felicidad que siempre le fue esquiva. La del 30 de noviembre de 1989 era una noche como cualquier otra, con Aileen en busca de un cliente, y Richard Mallory, de 51 años, detuvo su auto y la invitó a subir para mantener relaciones sexuales. Ese era el acuerdo, pero cuando se detuvieron en un camino solitario y se pasaron al asiento trasero el hombre se puso violento y lo que en un principio era una contratación de servicios se transformó en un intento de violación. Aileen no sabía en ese momento que Mallory era un exconvicto y violador en serie.

Hubo forcejeos hasta que la mujer pudo manotear el arma que llevaba en la cartera y le disparó a Mallory tres veces en el pecho. Después de eso, Aileen actuó casi de manera automática: dejó el cuerpo del hombre en el asiento de atrás y manejó unos kilómetros hasta encontrar un lugar adecuado para tirar el cadáver. Antes le vació los bolsillos. Se alejó del lugar en el auto de Mallory y lo abandonó en Palm Harbour, Florida. Fue descuidada, porque varias personas la reconocerían después como la mujer totalmente vestida de negro que había bajado del auto de la víctima. Por eso algunos medios comenzaron a llamarla “la mujer araña”.

No fue capturada esa vez, cuando incluso podría haber declarado que había actuado en defensa propia, que se defendió de un intento de violación. Pero ya no pudo dejar de matar: cuando Mallory la atacó no vio su cara sino otra, la del abuelo que había abusado de ella cuando era niña, y luego volvió a verla en otros hombres que requirieron sus servicios sexuales. Y por eso los mató.

Demoró más de seis meses en volver a asesinar, pero después la escalada fue incontenible. El 1 de junio de 1990 mató a David Spears, de 43 años; el 6 de junio a Charles Carskaddon, de 40; el 4 de julio a Peter Siems, de 65; el 4 de agosto a Troy Burress, de 50; el 12 de septiembre a Dick Humphreys, de 56; y el 19 de noviembre a Walter Jeno “Gino” Antonio, de 62. A todos los mató con saña, siempre con el mismo sistema: se les ofrecía sexualmente, subía a sus autos, los asesinaba a tiros —no uno sino varios— y les robaba todo lo que llevaban encima. Siete hombres en menos de un año.

Todos los cadáveres —menos el de Siems, que nunca apareció— fueron encontrados a los costados de las rutas cercanas a Palm Harbour. La policía buscaba a “la asesina de la carretera”, también señalada como “la mujer araña”, pero no tenía demasiadas pistas para encontrarla: que era joven, que casi siempre vestía de negro y que abandonaba los cadáveres de sus víctimas a la vera de los caminos. Hasta que cometió un error y la capturaron.

“Es la primera depredadora femenina de que tengo noticia. Otras mujeres han matado a sus hijos, han matado a familiares o personas que conocen, pero ella es la primera que en realidad era una depredadora que cazaba a víctimas inocentes y les quitaba la vida”, la definió durante el juicio el sargento Bob Kelley, del Departamento del Sheriff del Condado de Volusia, uno de los detectives que investigó sus crímenes.

Abusos y más abusos

Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, y era la segunda hija de Diane Wuornos Melini y Leo Arthur Pittman. Llevaba el apellido de sus abuelos maternos porque la habían adoptado junto con su hermano mayor, Keith, cuando tenía cuatro años. Nunca conoció a su padre porque cuando nació, Dianne ya se había divorciado de él. Pittman la golpeaba y entraba y salía de la cárcel, siempre por acusaciones de abusos de menores. Muchos años después, cuando ella misma estaba en la cárcel, “la mujer araña” se enteraría de que se había suicidado en 1969, ahorcándose en la celda de una prisión de Kansas donde cumplía una condena.

Dianne, la madre, decidió iniciar una nueva vida lejos y sin hijos. En 1960 se los dejó a sus padres, Lauri y Britta Wournos, dos inmigrantes finlandeses que los adoptaron legalmente y les dieron su apellido. Para los chicos fue cambiar un infierno por otro. La abuela Britta se pasaba el día alcoholizada y los golpeaba por cualquier motivo, a veces con un cinturón, otras con un palo de escoba. El abuelo Lauri le pegaba nada más que a Keith; en cambio, a Aileen prefería llevársela a la cama —o a cualquier rincón de la casa— para abusar sexualmente de ella.

La futura asesina en serie quedó embarazada a los 15 años. Tuvo a su hijo en una maternidad de Detroit, el 23 de marzo de 1971, y lo dio en adopción. No volvió a la casa de sus abuelos, prefirió vivir en un auto abandonado en el bosque. Cuando la encontraron, la internaron en una casa para madres solteras y, como era menor, quedó bajo custodia del Estado, que la obligó a asistir a la escuela.

Como bola sin manija

Aileen Wuornos alcanzó la mayoría de edad en 1974 y, liberada de la tutela estatal, emprendió una existencia de vagabunda. Viajaba a dedo, dormía donde podía y conseguía dinero prostituyéndose en la calle. No se presentaba como Aileen sino con el alias de Sandra Kretsch. Con ese nombre fue detenida por primera vez en mayo de 1974, en Jefferson, Colorado, por conducir alcoholizada, desorden público y disparar al aire desde el vehículo en movimiento con una pistola calibre 22. La liberaron bajo fianza y cuando comenzó el juicio no se presentó. Se había esfumado.

Volvió a Michigan, donde siguió con la misma existencia casi errante hasta que fue detenida el 13 de julio de 1976 por arrojarle una bola de billar —y acertar en la cabeza— al mozo de un bar. La policía comprobó que tenía algunas órdenes de detención pendientes por manejar borracha y la multó con 105 dólares. Los pagó un mes después cuando le cayeron diez mil dólares del cielo. Su hermano Keith, a quien no veía, había muerto de cáncer de esófago y ella era la beneficiaria del seguro de vida.

Su siguiente destino fue Florida, donde alquiló un departamento y llevó la vida que el dinero fresco le permitía. Se vestía bien y frecuentaba buenos restaurantes. Así conoció a su único marido. Lewis Fell tenía 76 años, era presidente del Club Náutico de Florida, vivía en una casa enorme y era dueño de un yate. Aileen tenía 20 y no le habló en absoluto de su pasado. Tampoco a Felt parecía importarle: le propuso casarse a los dos meses de conocerse. La boda fue todo un acontecimiento, cubierto incluso por los periodistas de Sociales de los diarios de la ciudad.

El problema era que Aileen se aburría con Fell y no toleraba sus reuniones sociales ni los días en el Club Náutico. No llevaba tres meses de casada y ya dejaba solo a Fell para frecuentar los bares de la ciudad y divertirse a su manera. Y las maneras de Aileen no eran las mejores, al poco tiempo la detuvieron por agresión cuando estaba borracha en un boliche de mala muerte. Fell pagó la fianza esa misma noche y la llevó a la casa, donde Aileen se derrumbó en la cama. A la mañana siguiente, el hombre intentó reprocharle el hecho, pero no alcanzó a decir mucho. Su joven esposa empuñó una caña de pescar que estaba en el living y lo golpeó como su abuela hacía con ella: con saña y por todo el cuerpo.

Menos de seis meses después de la boda, Lewis Fell pidió la anulación del matrimonio y logró una orden de restricción contra Aileen, que no podía acercarse a menos de trescientos metros de la casa.

Volvió a las andadas cuando el dinero del seguro de vida del hermano Keith se agotó, y eso fue rápido. Los siguientes diez años entró y salió de la cárcel por toda clase de delitos: robo de automóviles, desorden público, conducir en estado de ebriedad, robo a mano armada, resistencia a la autoridad, atentado contra la propiedad privada —la emprendió a balazos contra el auto de un hombre con el que había discutido— y tenencia ilegal de armas.

Tyria, el amor y la traición

Para 1986 estaba en Daytona Beach donde conoció a Tyria Moore, de 28 años, en un bar gay. Dos días después se fueron a vivir juntas, Tyria dejó su trabajo de empleada de limpieza en un hotel y aceptó que Aileen la mantuviera con el dinero que obtenía ejerciendo la prostitución. Años después Aileen contaría que “fue un flechazo”.

La relación iba bien e incluso Tyria acompañaba a Aileen cuando circulaba por la calle o iba a los bares para conseguir clientes. En julio de 1987 las detuvieron por golpear a un hombre con una botella de cerveza durante una discusión, pero la cosa no pasó a mayores. Aileen presentó en la comisaría una licencia de conducir falsa a nombre de Susan Blahovec y con eso consiguió que no le encontraran antecedentes criminales, Tyria nunca había tenido problemas con la ley, de modo que las liberaron enseguida.

Fueron tres años de romance continuo, hasta que la noche del 30 de noviembre de 1989 Richard Mallory se cruzó en el camino de Aileen, quiso violarla y ella lo mató de tres disparos, no solo para defenderse sino para descargar todo el rencor que acumulaba contra su abuelo abusador. Menos de un año después acumulaba siete muertes y la policía de Florida no tenía pistas para encontrar a la asesina en serie a la que solo se conocía como “la araña negra” o “la asesina de la carretera”.

El 19 de noviembre de 1990 Aileen cometió el error de no deshacerse rápido del auto de su última víctima, Walter Jeno “Gino” Antonio. Por el contrario, invitó a Tyria a dar un paseo que tuvo mal final: se estrellaron contra un poste. Las dos mujeres bajaron del auto —Aileen con una herida sangrante en la cabeza—, rechazaron la ayuda de los transeúntes y se escaparon a pie. Los testigos describieron a la policía a la mujer vestida totalmente de negro y se difundió un retrato robot por televisión. Para entonces ya había aparecido el cadáver de Antonio. No quedaron dudas: la mujer de negro era “la mujer araña”. También describieron a Tyria Moore.

Esa misma noche, las dos mujeres se separaron. Moore se escapó a Pensilvania y se refugió en la casa de su hermana. Se comunicaba con Aileen por teléfono, no sabía dónde estaba. La policía localizó a Tyria, la detuvo y le hizo una propuesta que no pudo rechazar: le daría inmunidad si ayudaba a detener a Aileen y declaraba en su contra en el juicio. En la siguiente llamada telefónica, Moore le propuso un encuentro a Aileen y cuando acudió a la cita, la policía estaba esperando. “La mujer araña” no se resistió.

Unos días después, los investigadores permitieron que las dos mujeres se reunieran. Aileen le reprochó con dureza a Tyria que la hubiese entregado, pero también le dijo que no había dejado de quererla. Y tomó una decisión: “Hacé lo que tengas que hacer, si vas a declarar en mi contra, hacelo. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si para eso tengo que confesar, confesaré”, le prometió.

“No estoy loca”

El 16 de enero de 1991, Aileen Wuornos hizo una confesión completa y desligó a Tyria de los asesinatos. En el juicio declaró que su primer crimen había sido en defensa propia porque Mallory intentó violarla. “Fui violada, fui torturada. Tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido”, dijo.

La condenaron a muerte por seis de los asesinatos. En cambio, no fue juzgada por el asesinato de Peter Siems porque si bien había aparecido su auto con restos de sangre, nunca se encontró el cadáver.

Wuornos pidió que la condena se ejecutara lo antes posible. No quería seguir viviendo. “Quiero estar con Dios”, dijo. En una entrevista con Nick Broomfield, en la que insistió con que la mataran pronto, el periodista le preguntó:

—¿Con Mallory fue en defensa propia?

—Sí, y así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie porque quiero la pena de muerte —respondió.

Después del juicio, “La mujer araña” recibió golpes que le dolieron mucho más que las condenas. Tyria Moore, además de declarar en su contra ante el jurado, vendió los derechos de su historia con Aileen para que se publicara un libro. También cobró miles de dólares a cambio de entrevistas exclusivas. Arlene Pralle, una mujer que la visitaba casi diariamente para brindarle consuelo, le consiguió varias entrevistas con diferentes medios para apoyar su campaña por la ejecución. Aileen se enteró que cobraba 10.000 dólares por concertar los encuentros en la prisión. El gobernador de Florida, Jed Bush, se interesó por esa mujer que pedía a gritos que la ejecutaran y quiso que se le hicieran pericias psicológicas para descartar que estuviera “loca”.

Aileen Wuornos seguía rogando que la ejecutaran de una vez por todas. “Maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo... Estoy tan harta de escuchar esa cosa de ‘está loca’. He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo...”, dice la carta que presentó ante la Corte suprema de Justicia de Florida a fines de 2001.

Finalmente la encontraron penalmente responsable y la ejecutaron mediante la inyección letal el 9 de octubre de 2002. Sin embargo, las últimas palabras de Aileen Wuornos, “la araña negra”, dieron toda la impresión de que estaba mentalmente desquiciada: “Yo sólo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el Día de la Independencia con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré”, dijo.

La prisión de Singapur ahorcó el miércoles a un narcotraficante malasio, la segunda ejecución en dos semanas y elevando el número de ejecuciones en la ciudad-estado a 12 este año pese a la presión para abolir la pena de muerte.

Kirsten Han, activista singapurense contra la pena de muerte, confirmó que Pannir Selvam Pranthaman, de 38 años, fue ejecutado en la prisión de Changi. Han, quien acompaña a su familia, indicó que han recogido las pertenencias de Pannir en la prisión.

Pannir fue arrestado en 2014 por tener 52 gramos (aproximadamente 1,8 onzas) de heroína y sentenciado a muerte en 2017. Originalmente estaba programado para su ejecución en febrero, pero recibió una suspensión de la ejecución debido a asuntos legales pendientes.

La policía malasia entrevistó a Pannir el 27 de septiembre, cuando, según sus abogados, proporcionó información sobre quienes le habían entregado las drogas. Esto generó esperanzas de que su ejecución se aplazara nuevamente para una nueva investigación. Sin embargo, el Ministerio del Interior de Malasia declaró el martes que Pannir no proporcionó nuevas pistas para que la policía pudiera realizar más investigaciones.

Su ejecución se produjo después de que el tribunal rechazara su última apelación y no lograra el indulto presidencial. Esta fue la segunda ejecución en dos semanas, tras la de su compatriota malasio Datchinamurthy Kataiah el 25 de septiembre. Pannir fue el cuarto malasio y la duodécima persona ejecutada en lo que va de año en Singapur, la mayoría por delitos relacionados con drogas, según activistas. Esto representa un aumento con respecto a las nueve ejecuciones realizadas en todo 2024.

Más de 40 personas permanecen en el corredor de la muerte en la ciudad-estado.

“Es indefendible que Singapur siga llevando a cabo cruelmente más ejecuciones en nombre del control de drogas”, declaró Chiara Sangiorgio, asesora de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, el miércoles. “Sin embargo, no hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único ni de que tenga algún impacto en el consumo y la disponibilidad de drogas”.

Las estrictas leyes antidrogas de Singapur imponen la pena de muerte a quien porte más de 15 gramos de heroína o 500 gramos de cannabis. Los críticos afirman que la ley solo afecta a traficantes y mensajeros de bajo nivel. Sin embargo, el gobierno de Singapur la defiende como vital para la seguridad pública.

La familia de Pannir, sus abogados y diversos grupos de derechos humanos señalaron que el tribunal de Singapur había determinado que era simplemente un mensajero que transportaba la sustancia. Pannir había afirmado no saber que transportaba drogas. Aun así, el tribunal tuvo que dictar la pena de muerte después de que la fiscalía se negara a emitirle a Pannir un certificado de asistencia sustancial que acreditara su colaboración en la investigación, lo que le habría salvado la vida, según afirmaron.

Pannir, el tercero de seis hijos, era hijo de un pastor que trabajaba como camionero para subsistir, según activistas. Amaba la música y tocaba en la banda de la iglesia durante su infancia. En prisión, Pannir escribió cartas, canciones y poemas sobre la angustia de estar en el corredor de la muerte y la esperanza de una segunda oportunidad.

Su familia ha compartido algunas de sus canciones, que fueron cantadas por varios cantantes malasios.

(con información de AP)

Un menor identificado como Jesús Adán “N”, de 16 años de edad, fue asesinado la noche del pasado 2 de octubre en un parque del fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán, Sinaloa, tras un ataque perpetrado por al menos un civil armado, hasta el momento las autoridades desconocen el motivo de la agresión.

Además, un joven que se encontraba junto a la víctima identificado como Alexis “N”, resultó herido por disparo de arma de fuego en una pierna y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana donde, se acuerdo al reporte preliminar, se desconoce su estado de salud.

Por su parte, las autoridades confirmaron a Infobae México que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas frente a unas canchas de softbol ubicadas en la avenida Monte Toledo y la calle Cima de San Pedro. De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas estaban sentadas en una banca cuando llegó un sospechoso y disparó en al menos 12 ocasiones, pues en el área, las autoridades localizaron más de 10 casquillos de arma de fuego, aparentemente de grueso calibre.

Según el medio Riodoce, testigos de la zona indicaron que los agresores llegaron en un vehículo, dispararon contra los jóvenes y huyeron del lugar. Posteriormente, los vecinos reportaron los hechos a través del servicio de emergencias 911, lo que permitió la llegada de las autoridades y el rescate del joven herido.

Además, el medio aseguró que elementos del Ejército Mexicano resguardaron el área y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa comenzaron las investigaciones conocer los motivos del ataque y el paradero de los responsables.

Hasta ahora, los peritos recolectaron los indicios balísticos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la autopsia.

Agresión armada contra elementos estatales en Culiacán

La noche del pasado 1 de octubre se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alrededor de las 20:30 horas en la zona de Humaya, al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se originaron cerca del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa ubicado en la privada Montecarlo, en el distribuidor vial entre el bulevar Lola Beltrán y la calzada José Limón, zona que tras las detonaciones, los agentes de seguridad agredidos pidieron ayuda a agentes de la SSPC lo que provocó una persecución en dirección hacia el Foro Tecate.

A pesar de que no se han reportado cuántos agresores participaron en el enfrentamiento se conoce que los civiles armados viajaban en un vehículo tipo Sedán Toyota de color gris que contaba con un reporte de robo desde el 2 de septiembre.

Cuando entendió que todo estaba perdido, que el sueño libertador de Juan Lavalle entrando triunfal a la ciudad de Buenos Aires sería imposible y que, por el contrario, terminaría en una huida desesperada hacia el norte, Marco Manuel Avellaneda, una joven luminaria de 28 años, dispuso que su familia se fuera a Bolivia, que él los seguiría, porque los federales avanzaban, y lo hacían con sed de venganza.

Los unitarios ya habían sido derrotados en Quebracho Herrado en noviembre de 1840 y, perseguidos por las fuerzas de Manuel Oribe, solo les quedó dirigirse al norte para engrosar sus debilitadas filas con los hombres de la Coalición del Norte, una alianza antirrosista conformada por las provincias de esa región.

La victoria de las fuerzas federales en Famaillá el 19 de septiembre de 1841 significó el fin del foco opositor a Juan Manuel de Rosas en el norte, y sus principales se dispersaron, fundamentalmente, para salvar sus vidas. Lavalle sería muerto el 9 de octubre en San Salvador de Jujuy. Para entonces, Avellaneda había corrido la misma suerte.

Marco Avellaneda era el único hijo de María Salomé González y de Nicolás Avellaneda y Tula, una personalidad política de mucho peso en la provincia de Catamarca, al punto que fue su primer gobernador cuando en 1821 se decretó la autonomía provincial.

Marco nació en esa tierra el 18 de junio de 1813. De niño aprendió latín y retórica con los franciscanos, luego estudió en Córdoba y cuando sus padres se trasladaron a Tucumán, fue uno de los beneficiarios de la beca que otorgó Bernardino Rivadavia para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, en la ciudad de Buenos Aires, la misma que obtuvo Juan Bautista Alberdi y en la que Domingo Faustino Sarmiento quedaría afuera. En ese colegio entretejería las relaciones con los que serían los representantes de la Generación del 37, como Juan María Gutiérrez, Carlos Tejedor y Vicente Fidel López, entre otros.

En mayo de 1834 obtuvo el título de doctor en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con notas sobresalientes, con una tesis contra la pena de muerte. Colaboraba en el periódico El amigo del país y por sus condiciones de orador, sus compañeros lo llamaban Marco Tulio, por Cicerón, el reconocido filósofo y orador romano, ferviente defensor de la república romana.

De regreso en Tucumán, tal vez llamado por su padre o porque se sintió obligado al ser hijo único, fue síndico procurador, secretario de la Junta Protectora de la Escuela de Lancaster, sistema de enseñanza aplicado en 1822 por el ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. A sus 25 años ya era presidente de la Sala de Representantes.

Desde 1832 gobernaba la provincia Alejandro Heredia, un hombre de sólida formación académica, con estudios universitarios en Córdoba, llevando adelante una gestión próspera para Tucumán. Con sus galones ganados peleando en el Ejército del Norte, tenía fama de componedor y trataba de diferenciarse del típico caudillo. Muchos jóvenes unitarios —que el propio Heredia ayudó en sus estudios y en promocionarlos— lo veían como el hombre que podría oponerse a Rosas. Por 1839 se formó allí una filial de la Asociación de Mayo, de corta existencia.

Heredia había encomendado la formación de una comisión que se encargase de elaborar un proyecto de constitución provincial, en la que intervino Avellaneda. Se cree que tuvo mucho que ver con la idea de la instalación de un senado. Heredia desestimaría la iniciativa.

El 3 de enero el cura José Colombres lo casó con Dolores Silva, de 18 años, hija de uno de los hombres con más dinero de la provincia. Tendrían cinco hijos: Nicolás, Marco, Manuel, Eudoro e Isabel Juliana, una bebé que moriría en viaje al exilio.

El 12 de noviembre de 1838 Heredia fue asesinado y se involucró a Avellaneda en el complot: lo acusarían de haber brindado caballos a los asesinos que interceptaron el carruaje en el que Heredia se dirigía junto a su hijo a la casa de campo, a unos quince kilómetros de San Miguel de Tucumán.

La gobernación fue ocupada por Bernabé Piedrabuena, la legislatura se pronunció contra Rosas y el joven Avellaneda fue nombrado ministro de Gobierno. También lo sería de los sucesores, Pedro Garmendia y Gregorio Aráoz de La Madrid. Cuando este partió para combatir a las fuerzas de Oribe, Avellaneda asumió como gobernador el 23 de mayo de 1841.

Luego de Famaillá estalló el desbande y la sed de sangre de los vencedores. Avellaneda partió raudo al norte junto a un grupo de oficiales y unos 300 hombres. Primero fue a San Javier, donde se enteró que Juan Lavalle estaba cerca. Creyendo que el foco de la persecución se centraría en el general, del que desconocía cuál eran sus planes, decidió alejarse y le pidió al baqueano que le indicase el camino a Raco, donde descansó en la estancia de Pedro Ruiz Huidobro. Luego tomó el camino hacia Jujuy para pasar a Bolivia, a donde había enviado a su familia, padres incluidos.

En una estancia en la localidad salteña de Guachipas, se encontró con Gregorio Sandoval, quien se ofreció a acompañarlo junto a los 70 soldados que lideraba.

Lo que Avellaneda desconocía era que Sandoval, comandante de la escolta de Lavalle, después de Famaillá había decidido cambiar de bando para salvar su vida, y le hizo saber a Oribe que le entregaría a Avellaneda. A cambio, se haría partidario de la santa federación. Era la clase de persona inescrupulosa a la que se le daban las misiones más desagradables, y eran conocidos sus excesos que incluían la rapiña, las violaciones y asesinatos.

Esa noche Avellaneda descansó en un corral de piedra que tenía la posta del lugar, cerca del río. A la mañana siguiente, cuando se aprestaba a continuar viaje, Sandoval lo hizo su prisionero. Había rodeado el lugar donde se encontraba y dos oficiales que se resistieron terminaron muertos. También fueron apresados sus acompañantes, el coronel José María Vilela, el comandante Lucio Casas, el sargento mayor Gabriel Suárez, el capitán José Espejo y el teniente Leonardo Souza.

Lo primero que hizo Sandoval fue despojarlo de su caballo, con una espléndida montura, sus espuelas, la gorra y el poncho.

A primera hora de la tarde de ese 1 de octubre de 1841, atado con las manos en la espalda y descalzo, fue entregado a Oribe, que estaba en Metán, quien le formó consejo de guerra y puso al frente a Mariano Maza.

Maza era un coronel de 32 años que en octubre de 1840 se había incorporado al ejército de Oribe. En Famaillá lideró el centro, arrollando a la infantería y caballería enemiga, ganándose los elogios de su jefe.

Maza, en un juicio exprés, concluyó ejecutarlo por traición. La pena se cumplió el 3 de octubre de 1841, en lo que los salteños identifican como Metán Viejo. A sus acompañantes se los fusiló pero a Avellaneda se lo degolló. La macabra tarea estuvo a cargo del propio Maza, que algunas versiones sostienen que lo hizo con un cuchillo de filo mellado, solo para que sufriera más.

La salvaje descripción de la ejecución, hecha con Avellaneda de pie, cuenta que el cuerpo, una vez desprendida su cabeza, cayó apoyándose en las manos, y que en la cabeza tomada de los pelos los ojos y labios se movieron por algunos instantes.

La carnicería no terminó allí. Un oficial llamado Bernardo Olid u Oliden al ver la piel blanca del muerto, sacó su cuchillo y dijo: “De este cuero quiero una manea”, una suerte de tiento usado para atarle las patas a los animales. Para ello, le hizo un largo tajo a lo largo de la espalda.

Su cabeza, acondicionada en una caja, fue enviada a San Miguel de Tucumán, donde fue expuesta clavada en una pica como escarmiento en la plaza principal. Fue una mujer llamada Fortunata García de García quien, días después, la habría quitado —estaba a la altura de una persona— y la hizo sepultar en el convento de San Francisco.

Su familia se enteró en Jujuy de la muerte, por un tiempo fueron retenidos en la frontera, hasta que el propio Oribe les permitió continuar. Vivirían cinco años en Tupiza, un humilde caserío poblado de emigrados argentinos.

Sandoval siguió haciendo de las suyas en el norte, sembrando terror y muerte, al punto que luego de hacer ejecutar a vecinos respetables, el gobernador salteño Miguel Otero ordenó detenerlo y el 21 de octubre lo hizo fusilar.

Los nietos de Avellaneda dispusieron, por 1888, darle sepultura a la cabeza de su abuelo en el cementerio de la Recoleta.

Su hijo mayor, Nicolás, llegaría a la presidencia del país en 1874 y en sus visitas a la capital tucumana prefería no dirigir la mirada hacia la plaza. Es que no solo en ese lugar había estado exhibida la cabeza de su padre sino que el día en que lo ejecutaron cumplía cuatro años.

Fuentes: Nicolás Avellaneda, una biografía, de Carlos Páez de la Torre; Historia de la Confederación Argentina, de Adolfo Saldías; Historia Argentina, de Ricardo Levene

El Departamento de Correccionales de Florida informó que David Pittman, de 63 años, perdió la vida a las 18:12 (hora local) tras la administración de una inyección letal compuesta por un sedante, un agente paralizante y una sustancia que provoca la detención del corazón. Con esta ejecución, el estado de Florida supera la cifra histórica de penas capitales realizadas en un solo año desde el restablecimiento de la pena de muerte por parte del Tribunal Supremo en 1976, totalizando doce ejecuciones en 2024.

Según señaló el Departamento de Correccionales y publicó la agencia de noticias, las autoridades llevaron a cabo la ejecución después de que no prosperaran los últimos esfuerzos judiciales de la defensa de Pittman, que sostenía que el hombre padecía una discapacidad intelectual grave. El Tribunal Supremo rechazó su apelación definitiva el martes anterior al cumplimiento de la sentencia.

David Pittman había sido declarado culpable en 1991 por el asesinato de Clarence y Barbara Knowles, así como de su hija Bonnie Knowles, quienes eran los padres y la hermana de la exesposa de Pittman, Marie Knowles. Los crímenes, ocurridos en 1990, incluyeron también cargos adicionales por incendio y robo, según el expediente judicial. La ejecución de Pittman representa el duodécimo caso en que se aplica la pena de muerte en el estado de Florida en el presente año, conforme consignó el Departamento de Correccionales.

La agencia de noticias detalló que, a nivel nacional, han sido ejecutadas treinta y una personas en Estados Unidos desde enero hasta la fecha de la ejecución de Pittman, y se prevé que esta cifra aumente en los próximos meses, dado que las autoridades de Florida tienen al menos dos penas capitales adicionales programadas. La frecuencia de ejecuciones en el estado muestra un aumento respecto a los años anteriores, marcando un momento relevante en la aplicación de la pena de muerte en el país desde su reinstauración hace casi cinco décadas.

La defensa legal de Pittman recurrió situando como argumento central la discapacidad intelectual del condenado, afirmando en repetidos escritos que se trataba de una condición grave. No obstante, los jueces desestimaron estos recursos tanto en instancias previas como en la resolución final del Supremo, lo que allanó el camino para el cumplimiento de la sentencia.

El caso de Pittman pone el foco sobre decisiones tomadas por tribunales estatales y federales relacionados con la aplicación de la pena máxima y los criterios que se consideran al evaluar las condiciones intelectuales y mentales de los reclusos. Esta última ejecución, según lo reportó el Departamento de Correccionales, formará parte de un registro anual inusualmente alto en la historia reciente del sistema penitenciario floridense y estadounidense.

La ejecución de Pittman, según detalló la agencia, se llevó a cabo con la combinación habitual de tres sustancias, siguiendo el protocolo vigente en el estado. Las autoridades informaron que la muerte fue constatada poco después de la administración del último de los fármacos. El caso y su desenlace vuelven a encender el debate sobre la aplicación de la pena capital, la revisión de apelaciones en casos con alegatos de discapacidad intelectual y el ritmo creciente de ejecuciones en algunos estados norteamericanos.

En la antigua Roma, la disciplina militar alcanzó formas de severidad difíciles de imaginar en la actualidad. El control férreo sobre las tropas era considerado fundamental para garantizar la fortaleza y permanencia del imperio.

Entre las medidas disciplinarias más temidas figuraba la decimatio, una práctica cuyos efectos psicológicos traspasaban con creces a solo la punición física. Una práctica que, finalmente, se terminó convirtiendo en un término: diezmar.

Según National Geographic, la decimatio buscaba infundir un terror colectivo que garantizase la obediencia más absoluta, fortaleciendo la cohesión y la unidad del ejército más allá de la motivación individual de cada soldado.

Este castigo se dirigía especialmente a las unidades acusadas de cobardía, insubordinación o deserción. La sola amenaza de la decimatio era suficiente para disuadir comportamientos impropios, ya que los soldados sabían que un error colectivo podía tener consecuencias drásticas e imprevisibles para todos. En la lógica militar romana, la lealtad, la disciplina y la capacidad para enfrentar el peligro eran valores supremos, y cualquier atisbo de debilidad se castigaba de manera ejemplar.

Decimatio: procedimiento, aleatoriedad y terror psicológico

La aplicación de la decimatio era tan brutal como efectiva. El proceso, documentado por historiadores como Plutarco, comenzaba dividiendo la unidad infractora en grupos de diez. En cada grupo, se sorteaba quién sería la víctima.

Lo más perturbador no era solo el azar que decidía la vida o muerte, sino el hecho de que la ejecución quedaba en manos de los propios compañeros del elegido. El comandante establecía el método, que podía ser la lapidación o los golpes, lo que intensificaba el sufrimiento y la presión mental para todos los involucrados.

La aleatoriedad del procedimiento afectaba profundamente a la moral del grupo. Incluso, soldados reconocidos por su valentía podían ser seleccionados para morir, mientras que los verdaderos responsables del acto considerado vergonzoso a los ojos de la autoridad podían salir ilesos. Esto generaba un clima de constante inquietud y temor colectivo.

National Geographic recalca que el verdadero objetivo de la decimatio era atemorizar y disuadir a los supervivientes, forzando a la tropa a luchar hasta el final, sin margen para la cobardía.

Origen, uso histórico y desaparición

El origen de la decimatio se halla en los primeros siglos de la República romana, cuando el ejército estaba conformado por milicias ciudadanas. Tito Livio relata uno de los primeros casos en el año 471 a.C., cuando el cónsul Apio Claudio Sabino ordenó la ejecución de un soldado por cada diez tras un episodio de cobardía frente a los ecuos.

Durante los siglos V y IV a.C., este castigo se empleó en campañas contra pueblos itálicos, debido a que la disciplina y el sentido colectivo eran clave para la supervivencia de Roma ante sus enemigos.

La decimatio se utilizó en crisis puntuales a lo largo de la historia romana. El general Craso, durante la Tercera Guerra Servil (73-71 a.C.), recurrió a esta práctica para castigar a sus tropas, tras la huida ante Espartaco.

Aunque existen registros de su uso en tiempos de Julio César, la decimatio fue desapareciendo progresivamente. Se comprendió que una legión diezmada quedaba debilitada y desmoralizada, resultado negativo para la eficacia militar.

El legado de la decimatio y su huella en la cultura: diezmar

Con la llegada de la época imperial y la profesionalización del ejército, la decimatio fue reemplazada por métodos disciplinarios considerados más racionales y eficaces.

Esta antigua práctica quedó relegada a un oscuro capítulo de la historia militar romana, evocando su brutalidad y el profundo impacto psicológico que causaba tanto en ejecutores como en víctimas.

El término “diezmar”, aún vigente en el lenguaje actual, proviene directamente de la decimatio. Hoy se emplea para expresar una reducción drástica en cualquier ámbito, pero su origen revela una época en la que el miedo, la obediencia y el destino de cada soldado se entrelazaban a través de rituales extremos en la vida de las legiones romanas.

“Esto me duele mucho”, expresó Byron Black a su consejero espiritual mientras la inyección letal recorría su cuerpo en la Penitenciaría de Máxima Seguridad Riverbend de Nashville.

Tennessee ejecutó a Byron Black, de 69 años, por el asesinato en 1988 de su novia y sus dos hijas pequeñas, a pesar de los reiterados pedidos de clemencia basados en su discapacidad intelectual y en los riesgos asociados a su desfibrilador cardíaco.

La ejecución se realizó el martes 5 de agosto, tras la negativa del gobernador Bill Lee y de la Corte Suprema estatal a intervenir, incluso ante la presión de abogados, organizaciones de derechos humanos y algunos miembros del propio Partido Republicano.

Los factores por los que la ejecución de Black generaron controversia

Black fue declarado muerto a las 10:43 horas (hora local), minutos después de que se abriera el telón de la cámara de ejecución.

El caso de Black se distingue por dos elementos que lo han situado en el centro de la controversia nacional. Por un lado, su equipo legal sostuvo que presentaba una “discapacidad intelectual indiscutible”, argumento que motivó a diversos sectores, incluidos algunos republicanos, a solicitar un indulto.

Por otro, la presencia de un desfibrilador implantado en su corazón generó inquietud sobre la posibilidad de que el dispositivo pudiera activarse durante la ejecución, provocando descargas eléctricas repetidas y un sufrimiento prolongado, lo que, según la defensa, violaría la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La batalla legal en torno al desfibrilador de Black se intensificó en las semanas previas a la ejecución

A mediados de julio, un juez de primera instancia aceptó el argumento de la defensa y ordenó que el dispositivo fuera desactivado para evitar riesgos de dolor innecesario.

Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó esa decisión pocos días antes de la fecha programada, al considerar que el juez no tenía autoridad para imponer tal medida.

El estado defendió que la inyección letal no provocaría la activación del desfibrilador y que, en cualquier caso, Black no percibiría las descargas. El fiscal general Jonathan Skrmetti declaró a USA Today que “el testimonio de los expertos refuta la sugerencia de que Black sufriría un dolor severo si fuera ejecutado” y subrayó que el objetivo era “responsabilizar a Black por sus horribles crímenes”.

Black mostró signos de sufrimiento mientras estaba en la cámara de ejecución

Durante la ejecución, varios periodistas y testigos informaron que Black mostró signos de dolor y angustia, en aparente contradicción con la afirmación de las autoridades estatales.

El consejero espiritual que lo acompañó durante el proceso le transmitió sus disculpas, mientras que Black, aunque se negó a pronunciar unas últimas palabras en la cámara, dejó un mensaje a sus amigos y familiares a través de su abogado: “Te amo y nunca te olvidaré. Todas nuestras relaciones han sido muy especiales. Fue un placer conocerlos a todos y la forma en que conectamos. Que Dios los bendiga y gracias”. Sobre su madre, Black expresó: “Ella correrá hacia mí, me tomará en sus brazos y me dirá: ‘Hijo, te he estado esperando’”.

La reacción de la defensa fue contundente

La abogada Kelley Henry calificó la ejecución como un acto de “sed de sangre pura y desenfrenada, y de una cobardía sin límites”, y denunció que “el estado de Tennessee asesinó a un hombre gentil, amable, frágil y con discapacidad intelectual, violando las leyes de nuestro país, simplemente porque podía hacerlo”.

Henry anunció que revisarán minuciosamente los resultados de la autopsia, los datos del electrocardiograma y la información del desfibrilador para esclarecer lo ocurrido durante la ejecución, especialmente ante el hecho de que Black se quejara de dolor y moviera la cabeza, cuando la dosis de pentobarbital debería haberlo dejado inconsciente de forma rápida.

El crimen por el que Black fue condenado ocurrió el 28 de marzo de 1988

Angela Clay, de 29 años, y su hija mayor, Latoya, de 9, fueron halladas muertas a tiros en la cama, mientras que la otra hija de Clay, Lakeisha, de 6, fue encontrada en el suelo de otra habitación con múltiples heridas de bala.

La Fiscalía sostuvo que Black actuó movido por los celos y que, en ese momento, se encontraba en libertad condicional tras haber disparado previamente al esposo de Clay, de quien ella estaba separada. Linette Bell, hermana de Angela Clay, manifestó tras la ejecución: “Su familia está pasando por lo mismo que pasamos nosotros hace 37 años. No puedo decir que lo siento porque nunca recibimos una disculpa”.

La ejecución de Black lo convirtió en el 28.º recluso ejecutado en Estados Unidos en lo que va del año, la cifra más alta en una década, con al menos nueve ejecuciones adicionales programadas. En Tennessee, es el segundo caso en 2024, después de un periodo de cinco años sin ejecuciones en el estado.

La Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron el lunes las peticiones de clemencia de los defensores para intervenir en el caso de Byron Black, un hombre de 69 años que asesinó en 1988 a su novia, Angela Clay, y a las dos hijas de ella, de 9 y 6 años.

La defensa pedía quitarle el desfibrilador por temor a que el aparato le diera choques repetidos y agudizara el sufrimiento del hombre, quien estaba en silla de ruedas y padecía demencia y fallas cardiacas, según la organización Death Penalty Information Center.

La petición de clemencia señaló, además, que esta ejecución sería "la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en la época moderna de la pena de muerte".

"Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. No es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho que esta corte haya cerrado las puertas a su justificada petición basada en discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano", indicó su abogada Kelley Henry al medio The Intercept.

Con la de Black, suman 28 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya superó los 26 de todo 2024 y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con Death Penalty Information Center.

El incremento de este año se atribuye en particular a Florida, que concentra casi una de cada tres ejecuciones, un total de nueve, y planea concretar dos más en agosto: el 19 la de Kayle Bates, quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años, y para el 28 la de Curtis Windom, quien mató a tres personas en el condado de Orange. EFE ppc/ims

Miami (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Las autoridades del estado estadounidenses de Tennesse ejecutaron este martes por primera vez con una inyección letal a un criminal que llevaba un desfibrilador implantado en el corazón, pese a las denuncias de abogados y organizaciones civiles sobre una posible agudización de su sufrimiento.

El Departamento Penitenciario de Tennessee llevó a cabo la ejecución con inyección letal hacia las 15:00 GMT de hoy en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

La Corte Suprema de Estados Unidos y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazaron el lunes las peticiones de clemencia de los defensores para intervenir en el caso de Byron Black, un hombre de 69 años que asesinó en 1988 a su novia, Angela Clay, y a las dos hijas de ella, de 9 y 6 años.

La defensa pedía quitarle el desfibrilador por temor a que el aparato le diera choques repetidos y agudizara el sufrimiento del hombre, quien estaba en silla de ruedas y padecía demencia y fallos cardíacos, según la organización Death Penalty Information Center.

La petición de clemencia señaló, además, que esta ejecución sería "la primera de una persona con discapacidad en Tennessee en la época moderna de la pena de muerte".

"Su cerebro y su cuerpo continúan deteriorándose a una rápida velocidad. No es absolutamente una amenaza para nadie. El hecho que esta corte haya cerrado las puertas a su justificada petición basada en discapacidad intelectual no solo es inconstitucional, es inhumano", indicó su abogada Kelley Henry al medio The Intercept.

Con la de Black, suman 28 criminales ejecutados en Estados Unidos en lo que va de 2025, con lo que ya superó los 26 de todo 2024 y es la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con Death Penalty Information Center.

El incremento de este año se atribuye en particular a Florida, que concentra casi una de cada tres ejecuciones, un total de nueve, y planea concretar dos más en agosto: el 19 la de Kayle Bates, quien mató a cuchilladas a una mujer de 24 años, y para el 28 la de Curtis Windom, quien mató a tres personas en el condado de Orange. EFE

Byron Black, de 69 años, espera la ejecución por inyección letal este martes 5 de agosto en la Riverbend Maximum Security Institution de Nashville, Tennessee, según información de NBC News. Su caso atrajo una amplia atención a raíz de los intentos de sus abogados por suspender la ejecución argumentando riesgos de sufrimiento derivados de un desfibrilador cardiaco implantado. Tanto la Corte Suprema de Estados Unidos como el gobernador de Tennessee, Bill Lee, declinaron intervenir para evitar la ejecución, ignorando las apelaciones basadas en derechos constitucionales y preocupaciones éticas.

Los equipos legales de Black presentaron recursos ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener la ejecución con base en dos alegatos principales: la supuesta incompetencia mental de Black y los posibles efectos dolorosos del procedimiento debido a su desfibrilador implantable. Sostuvieron que permitir la muerte por inyección letal sin desactivar primero el dispositivo cardiaco podía equivaler a castigo cruel e inusual, lo que viola la Constitución de Estados Unidos. El tribunal rechazó ambas peticiones el lunes, despejando el camino para que se avance con la ejecución.

El gobernador Bill Lee confirmó que no ejercería clemencia. En un comunicado citado por NBC News, explicó: “Los tribunales han determinado que es legal ejecutar la condena impuesta por el jurado a Byron Black por los asesinatos de Angela Clay y sus hijas Lakeisha y Latoya; por tanto, no planeo intervenir”. La decisión consolidó la postura oficial del estado de Tennessee a favor de ejecutar la sentencia.

Debate sobre el desfibrilador implantado y dudas sobre el sufrimiento durante la ejecución

La defensa de Black también planteó la posibilidad de que el desfibrilador —instalado un año antes— intentara restaurar el ritmo cardiaco durante la administración de pentobarbital, el sedante empleado en el protocolo estatal para la inyección letal. En audiencia en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, sus abogados señalaron que el dispositivo podía descargar múltiples impulsos eléctricos en un intento de mantener con vida a Black, generando sufrimiento innecesario mientras su corazón se detenía por la acción del fármaco.

A finales del mes pasado, ese tribunal permitió desactivar el desfibrilador antes del acto, tomando en cuenta la posibilidad de dolor prolongado. Sin embargo, la Corte Suprema de Tennessee revocó la decisión el pasado jueves 31 de julio, indicando que el tribunal local no tenía jurisdicción para emitir fallos que pudieran implicar una suspensión de la sentencia. No obstante, los jueces estatales manifestaron que nada impedía a fiscales y defensores negociar la desconexión voluntaria del aparato, aunque no se registró avance en esa dirección poco antes de la ejecución.

El fiscal general estatal, Jonathan Skrmetti, sostuvo en declaraciones citadas por NBC News que no había pruebas concluyentes sobre sufrimiento relevante producto del desfibrilador durante la ejecución. Además, rechazó que Black padeciera incapacidad intelectual significativa e insistió en que su oficina procedería con la ejecución: “Nuestra oficina seguirá luchando por la justicia para la familia Clay y la rendición de cuentas de Black por sus crímenes”, sostuvo Skrmetti.

Trayectoria criminal de Byron Black y contexto en torno a las víctimas

Black fue condenado por los asesinatos en 1988 de su entonces pareja Angela Clay, de 29 años, y las hijas de ella, Latoya y Lakeisha, de 9 y 6 años respectivamente. En ese momento, Black participaba en un programa de trabajo externas debido a una sentencia previa por dispararle a Bennie Clay, el esposo separado de Angela, ocurrido poco más de un año antes de los crímenes.

Testimonios de familiares y la policía indicaron que Black había amenazado a Angela Clay, motivado por rumores de que ella planeaba terminar su relación y reconciliarse con su esposo. Bennie Clay relató al periódico The Tennessean y a la policía de Nashville que, pese a los hechos, perdonaba a Black y tenía intención de presenciar la ejecución. “Dios tiene un plan para todo. Tenía un plan cuando se llevó a mis hijas. Supongo que las necesitaba más que yo”, expresó Bennie Clay, según NBC News.

La condena a Black enfrentó múltiples aplazamientos. Previamente, la pandemia de Covid-19 forzó el retraso de procedimientos y, en fechas más recientes, un alto temporal en las ejecuciones de Tennessee se asoció a revisiones en el protocolo estatal de inyección letal.

Discrepancias médicas y dilemas éticos sobre la ejecución asistida

Durante la última audiencia en el Tribunal de Cancillería del Condado de Davidson, comparecieron médicos expertos tanto del estado como de la defensa, con posiciones enfrentadas. La cardióloga Litsa Lambrakos, de la University of Miami Miller School of Medicine, testificó que Black entraría en coma rápidamente tras la administración del pentobarbital, lo que impediría que experimentase conciencia o dolor ante eventuales descargas del desfibrilador.

Por el contrario, la anestesióloga Gail Van Norman, de la Universidad de Washington, argumentó que dosis altas de pentobarbital pueden inducir paros cardiacos que el desfibrilador trate de corregir, provocando episodios eléctricos indeseados incluso si el condenado está inconsciente. “A veces los desfibriladores descargan shocks sin que sea necesario. Esto es devastador para los pacientes”, mencionó Van Norman ante el tribunal, según NBC News.

El dilema sobre quién asumiría la desconexión del dispositivo incluyó a organizaciones como la American Medical Association y la American Board of Anesthesiology, cuyos códigos de ética prohíben o, cuando menos, desalientan la participación activa de profesionales en procedimientos de ejecución.

Estado de salud, discapacidad y peticiones de clemencia ante el gobernador Lee

La defensa destacó las condiciones clínicas y mentales de Byron Black en los meses previos a la ejecución. Según la abogada Kelley Henry, Black padece insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, cáncer de próstata y movilidad reducida. Sus abogados aseguraron que en la actualidad “no representa peligro alguno” y que su salud física y mental se encuentra profundamente deteriorada.

En una carta enviada el mes anterior al gobernador Bill Lee, los representantes legales de Black pidieron clemencia señalando: “Su cuerpo está fallando y su mente se deteriora”, además de advertir que su familia —según los abogados, su mayor sostén actual— quedaría devastada tras la ejecución. En esa petición, advirtieron que cumplir la condena “no serviría a la justicia, sino que sería un acto irreversible de crueldad contra un hombre físicamente y mentalmente dañado”.

El caso reactivó el debate sobre las implicaciones jurídicas y éticas de la pena de muerte en situaciones de complejidad médica y fragilidad mental, en un contexto donde el escrutinio público, institucional y profesional, según la cobertura de NBC News, acompañó cada decisión judicial previa a la ejecución programada de Byron Black.

“Quiero agradecer a la buena gente del Estado del Sol por matarme de la manera más fría, calculada, limpia, humana y eficiente posible. No tengo ninguna queja”.

Con estas palabras, Edward Zakrzewski se despidió ante los testigos reunidos en la cámara de la muerte, minutos antes de que una inyección letal pusiera fin a su vida en la Prisión Estatal de Florida.

La escena, presenciada por 14 observadores, periodistas y personal penitenciario, marcó un hito: Florida superó su propio récord anual de ejecuciones desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena capital en 1976, alcanzando la novena ejecución en lo que va de 2025.

Florida rompe su propio récord de ejecuciones

La ejecución de Zakrzewski, de 60 años, se produjo a las 18:12 horas (hora local), tras la administración de un cóctel de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un agente que detiene el corazón, conforme al protocolo del Departamento de Correccionales de Florida. Este procedimiento, que se realiza en la prisión cercana a Starke, ha sido objeto de debate por su carácter clínico y la percepción de eficiencia que transmiten las autoridades estatales.

El récord anterior de ejecuciones en un solo año en Florida era de ocho, cifra alcanzada en 2014 y solo igualada este año hasta mediados de julio, cuando una ejecución adicional elevó el total a nueve.

El juicio reveló que el detonante de los asesinatos fue la solicitud de divorcio presentada por su esposa

La condena de Zakrzewski se remonta al 9 de junio de 1994, cuando asesinó a su esposa Sylvia, de 34 años, y a sus hijos Edward, de 7, y Anna, de 5, en su domicilio del condado de Okaloosa.

Testigos declararon que Zakrzewski había manifestado su intención de matar a su familia antes que permitir la separación. Los registros judiciales detallan que la mujer fue atacada con una palanca y estrangulada con una cuerda, mientras que los niños murieron por heridas de machete. Sylvia también recibió golpes con la hoja del machete cuando Zakrzewski creyó que aún vivía tras el primer ataque.

Durante las décadas siguientes, la defensa de Zakrzewski interpuso múltiples recursos legales, todos rechazados. La última apelación, presentada ante la Corte Suprema de Estados Unidos, fue denegada el miércoles previo a la ejecución, según informó AP.

Así fue como el condenado vivió su último día

El día de su muerte, Zakrzewski se despertó a las 5:15 y, horas antes de la ejecución, consumió una última comida compuesta por chuletas de cerdo fritas, cerveza de raíz y helado, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Correccionales, Paul Walker. Walker también indicó que el condenado recibió una visita y mantuvo una actitud obediente hasta el final.

El caso de Zakrzewski ha reavivado el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Florida. Los opositores a la ejecución subrayaron dos aspectos: su condición de veterano de la Fuerza Aérea y el hecho de que el jurado recomendó la pena capital por una estrecha mayoría de 7 votos contra 5. Según la legislación estatal vigente, una votación tan dividida ya no sería suficiente para imponer la pena máxima.

El calendario de ejecuciones en Florida continúa activo

En el contexto nacional, Florida lidera el número de ejecuciones en 2025, superando a Texas y Carolina del Sur, que registran cuatro cada uno. En total, veintisiete hombres han sido ejecutados en Estados Unidos en lo que va del año, y se prevé que otras nueve personas sean ejecutadas en siete estados antes de que termine 2025. Florida también fue el último estado en aplicar la pena capital antes de Zakrzewski, con la ejecución de Michael Bernard Bell el 15 de julio.

El gobernador republicano Ron DeSantis ha firmado órdenes para dos ejecuciones adicionales: Kayle Bates, condenada por secuestro y asesinato en 1982, será ejecutada el 19 de agosto, y Curtis Windom, sentenciado por el asesinato de tres personas en el área de Orlando en 1992, el 28 de agosto.

Tras la ejecución de Zakrzewski, ningún familiar de las víctimas ofreció declaraciones a la prensa.

El auge de ejecuciones en Florida durante 2025 ha sorprendido a observadores y expertos en justicia, ya que el estado se encamina a registrar cifras históricas que no se veían desde hace décadas.

La ejecución de Edward Zakrzewski II este jueves, 31 de julio, representa la novena en lo que va del año, posicionando a Florida como el estado con más ejecuciones en 2025, incluso por encima de Texas, que tradicionalmente ocupa ese lugar.

Después del jueves, Florida habrá ejecutado a nueve presos este año, además, el estado tiene otras dos programadas en agosto y se espera que fije nuevas fechas.

El crimen que la comunidad no pudo olvidar

Zakrzewski, de 60 años, enfrenta su sentencia por un crimen que conmocionó al norte de la entidad hace más de treinta años. El 9 de junio de 1994, en la ciudad costera de Mary Esther, las autoridades hallaron los cuerpos de su esposa, Sylvia (34 años); su hija, Anna (5 años); y su hijo Edward (7 años), todos asesinados de manera violenta en el baño de su propio hogar.

Según los registros judiciales citados por USA Today, Zakrzewski utilizó un machete para atacar a las tres víctimas, además de golpear a su esposa en la cabeza con una barra de metal y asfixiarla. El entonces sargento de la Fuerza Aérea confesó posteriormente estos hechos a la policía.

Zakrzewski compró el arma homicida durante su descanso laboral el día de los hechos y la llevó a casa tras afilarla y ocultarla junto a una barra de metal. Horas más tarde, luego de pedirles a sus hijos que miraran televisión, atacó a su esposa y después llamó a los niños, uno por uno, para “cepillarse los dientes”, antes de atacarlos también.

“El tribunal está convencido, más allá de toda duda razonable, de que antes de la muerte de Anna ella no solo experimentó el horror de saber que su padre la iba a asesinar, sino que también el de saber que su hermano había sido asesinado y que ella sería la siguiente”, indicó el juez G. Robert Barron durante la sentencia. “Este tribunal no puede imaginar una muerte más atroz y horrenda”.

Tras cometer el triple asesinato, Zakrzewski huyó a la isla de Molokai en Hawái, donde vivió bajo una identidad falsa durante cuatro meses. Ahí, fue acogido por un ministro pentecostal local que, sin conocer su verdadera identidad, le permitió quedarse en una choza a cambio de trabajos de mantenimiento.

El asesino descubierto gracias a un programa de televisión

La situación cambió radicalmente cuando el ministro lo reconoció en el programa de televisión “Unsolved Mysteries” (Misterios sin Resolver), tras lo cual Zakrzewski decidió entregarse.

Durante el juicio, los defensores del acusado expusieron argumentos atenuantes para intentar librarlo de la pena capital, citando su “servicio ejemplar” en la Fuerza Aérea, su confesión, y el hecho de que supuestamente fue “un esposo y padre amoroso” hasta el día de los crímenes.

Además, resaltaron que mostró “pesar y remordimiento sinceros”. El abogado defensor, Elton Killam, justificó ante el tribunal que su cliente mató a su esposa por culpa de una presunta infidelidad y acabar con la vida de sus hijos por “misericordia”, ya que no quería verlos crecer en Corea, de donde era originaria su pareja, y ser tratados como inferiores, por ser “mestizos”.

Con la ejecución de Zakrzewski, sumarán 27 los condenados ejecutados en Estados Unidos durante 2025, la cifra más alta desde hace diez años. Se proyecta que el país podría llegar a unos 37 antes de que concluya el año, dado que hay por lo menos diez fechas adicionales ya en el calendario.

El gobernador Ron DeSantis ha intensificado la política de aplicar la pena de muerte, explicando: “Hay tantos crímenes que son tan horribles que el único castigo apropiado es la pena de muerte”.

Un juez del estado de Texas acordó un nuevo calendario de ejecución para Robert Roberson, prisionero en el corredor de la muerte, por la muerte de su hija de dos años, en un caso vinculado al controversial diagnóstico de “shaken baby syndrome”.

La decisión convierte a Roberson, de 58 años, en la primera persona en Estados Unidos a la que se le aplicará la pena de muerte bajo este tipo de acusación. El nuevo intento de ejecución está previsto para el 16 de octubre de 2025, según lo aprobado el miércoles 16 de julio por el juez del condado Smith, Austin Reeve Jackson.

Roberson, vestido con el tradicional uniforme blanco y negro de prisión, escuchó la decisión en la corte mientras su defensa y familiares se manifestaban en contra de fijar una fecha definitiva cuando su caso aún cuenta con recursos legales activos.

La abogada de Roberson, Gretchen Sween, declaró: “Le ruego que reconsidere”, e indicó que promoverá una moción para revocar la fecha de la ejecución “tan pronto como sea posible”. Durante la audiencia, seguidores y familiares del condenado se mostraron visiblemente afectados, con lágrimas ante el fallo judicial.

La historia de Robertson

La muerte de Nikki Roberson ocurrió en 2002. Un fiscal acusó entonces a Robert Roberson de asesinar a su hija mediante una violenta sacudida, cuadro conocido como “shaken baby syndrome”. El caso atrajo la atención de legisladores bipartidistas texanos, quienes evitaron su ejecución en octubre pasado tras maniobras jurídicas de último minuto.

Desde entonces, Roberson permanecía en una situación de incertidumbre tras presentar una nueva apelación, mientras los fiscales continuaban los trámites para ejecutar la sentencia.

La oficina del fiscal general texano, Ken Paxton, solicitó el mes pasado que el tribunal del condado Anderson fijara la nueva fecha. Argumentaron mediante una moción que “se han cumplido los criterios para establecer la ejecución”. La petición pedía que la misma se realizara un año después del primer intento frustrado.

Paxton asumió el caso tras recogerlo de la fiscal de Anderson, Allyson Mitchell. Hasta el momento, la oficina de Paxton no respondió a las consultas sobre la decisión de retomar el control del proceso.

Durante la audiencia, la abogada Sween alegó ante el juez Jackson que “no existe fundamento legal para fijar una fecha de ejecución mientras siga adelante una apelación ante un tribunal superior”. También remarcó que la corte revisa nuevas pruebas médicas que podrían modificar de raíz el desenlace del caso Roberson.

“No hay razón para poner fecha de ejecución para el señor Roberson, quien es uno de los pocos con apelaciones abiertas que abordan asuntos muy graves”, subrayó Sween. “Estamos hablando de un caso de pena de muerte: lo más serio que el Estado puede hacer para extinguir una vida de forma artificial”.

El caso Roberson también motivó enfrentamientos institucionales. Tras la suspensión de la ejecución el año anterior, Paxton discutió con legisladores estatales de la Comisión de Jurisprudencia Penal de la Cámara.

Unos usaron facultades de citación para obligar a Roberson a declarar en una audiencia, lo que paralizó la ejecución. Sin embargo, la oficina de Paxton impidió su testimonio argumentando que la citación era “procesalmente inválida”.

El reo tenía previsto declarar conforme a la ley texana de 2013 sobre “junk science”, que permite cuestionar sentencias a la luz de avances forenses. Roberson siempre mantuvo su inocencia.

Según documentos judiciales, en enero de 2002, padre e hija se quedaron dormidos en casa en el este de Texas. Roberson relató que despertó tras oír un ruido y encontró que Nikki había caído de la cama.

Más tarde, la menor permanecía inconsciente y con labios azulados, por lo que la trasladó al hospital. La policía interpretó la frialdad de Roberson como indicio de culpa, sobre todo por mostrar escasa emoción.

El jurado nunca escuchó toda la información médica relevante: Nikki era una niña enferma desde el nacimiento, había visitado el hospital más de 40 veces y dos días antes de su muerte tenía fiebre de 40,2 grados centígrados. Además, le habían recetado el medicamento Phenergan, catalogado después como peligroso para menores por la FDA.

El detective Brian Wharton, encargado del primer arresto, manifestó después ante NBC News: “Arresté a Roberson sin saber nada del historial médico de Nikki ni del autismo de Roberson”. Roberson fue diagnosticado con trastorno del espectro autista en 2018, seis años después de la muerte de Nikki, lo que explicaría su reacción emocional.

Mientras que algunos médicos ratifican la hipótesis del síndrome de sacudida, la defensa sostiene que las nuevas investigaciones sobre el diagnóstico abren la puerta a posibles errores, pues existen otras causas médicas en muertes infantiles. Paxton, sin embargo, sigue defendiendo la culpabilidad de Roberson. En octubre, expuso en la red X que “el padre asesinó a su hija golpeándola brutalmente”.

Matthew Bates juez del estado de Utah estableció el 5 de septiembre como fecha de ejecución para Ralph Leroy Menzies, de 67 años, quien permanece en el corredor de la muerte desde 1988 por el asesinato de Maurine Hunsaker, madre de tres hijos, ocurrido en 1986. La decisión judicial se produjo aunque la defensa alega que la demencia avanzada que padece el condenado le impide comprender los procedimientos legales y la razón de su castigo.

Bates, sin embargo, determinó que Menzies comprende de manera coherente y racional por qué se enfrenta a la ejecución a pesar del deterioro cognitivo reciente, según consignó The Associated Press (AP).

En un caso que ejemplifica el prolongado impacto emocional de los crímenes violentos, Matt Hunsaker, quien tenía apenas 10 años cuando su madre fue asesinada, compartió su frustración ante el tribunal debido a las décadas de espera para la resolución del caso que marcó a su familia.

“Si emiten la orden hoy, inician un proceso para nuestra familia. Pone a todos bajo vigilancia. Ya hemos presentado a otra generación de mi madre, y aún no se ha hecho justicia”, lamentó Hunsaker.

A la espera de una nueva audiencia y ver si escapa de la muerte

El 23 de julio se celebrará una audiencia adicional para evaluar una nueva petición de competencia mental presentada por la defensa de Menzies. Sus abogados sostienen que el estado de salud del recluso se ha agravado al punto de depender de una silla de ruedas y oxígeno suplementario, perdiendo la capacidad de entender su situación legal.

Lindsey Layer, abogada del condenado, afirmó que conservan la esperanza de que la junta de clemencia o los tribunales reconozcan la profunda humanidad de ejecutar a un hombre con un “pronunciado deterioro cognitivo y una pérdida significativa de memoria”.

“Quitarle la vida a alguien con una enfermedad terminal que ya no representa una amenaza para nadie y cuya mente e identidad han sido arrebatadas por la demencia no sirve ni a la justicia ni a la decencia humana”, puntualizó Layer.

El reo que lleva más de 37 años en el corredor de la muerte

A pesar de la objeción de la defensa, el juez Bates explicó que el reciente recurso presentado por la defensa no constituye un motivo válido para posponer la determinación de la fecha de ejecución. No obstante, la audiencia programada para finales de julio podría influir en el proceso, de acuerdo con lo reportado por AP.

Por su parte, la Oficina del Fiscal General de Utah ha manifestado su respaldo a la resolución judicial. El asistente del fiscal general, Daniel Boyer, expuso que la institución tiene “plena confianza en la decisión del juez”, según declaraciones recogidas por el medio.

La historia criminal de Menzies se remonta al año 1986, cuando secuestró a Maurine Hunsaker en un establecimiento comercial en Kearns, localidad próxima a Salt Lake City. El cuerpo de la madre de tres niños apareció posteriormente con signos de estrangulamiento y heridas en el cuello, a unos 25 kilómetros del lugar del rapto, en un área de picnic en el cañón Big Cottonwood.uando Menzies fue posteriormente arrestado por otros asuntos, las autoridades encontraron la cartera y diversas pertenencias de la víctima en su poder. El proceso penal culminó en 1988 con la condena por asesinato en primer grado y otros delitos.

Durante los 37 años posteriores a la sentencia, los representantes legales de Menzies han interpuesto numerosos recursos que han logrado aplazar la ejecución en al menos dos ocasiones previas. La legislación estatal vigente en la época del fallo concedía a los condenados la opción de escoger entre el pelotón de fusilamiento y la inyección letal como métodos de ejecución.

A partir de mayo de 2004, la inyección letal se estableció como el procedimiento estándar, salvo en casos donde los medicamentos especializados no estuviesen disponibles. Menzies optó por el pelotón de fusilamiento, método que lo convertiría en el sexto recluso en Estados Unidos en ser ejecutado de esta forma desde 1977.

Alabama ha fijado para el 21 de agosto la ejecución con gas nitrógeno de David Lee Roberts, un hombre de 59 años condenado por el asesinato de Annetra Jones en 1992, en el condado de Marion, según informó The Associated Press.

La decisión, tomada por la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, sigue a la autorización de la Corte Suprema de Alabama, que dio luz verde a la ejecución tras considerar agotadas las apelaciones del condenado.

De concretarse, este caso marcaría la séptima ejecución con gas nitrógeno en Estados Unidos, consolidando a Alabama como pionero en la aplicación de este método alternativo a la inyección letal.

El crimen por el que Roberts fue sentenciado ocurrió la tarde del 22 de abril de 1992

De acuerdo con la fiscalía, Roberts llegó a la vivienda donde Jones se hospedaba con su novio, recogió sus pertenencias, robó dinero y disparó tres veces en la cabeza a la víctima con un rifle calibre .22, mientras ella dormía en el sofá. Posteriormente, vertió gasolina u otro líquido inflamable tanto en el suelo como sobre el cuerpo de Jones y prendió fuego a la casa, con la aparente intención de destruir pruebas.

El jurado lo declaró culpable de asesinato capital y, en una votación dividida 7 a 5, recomendó la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el juez del caso anuló esa recomendación y dictó la pena de muerte, una práctica que Alabama ya no permite en casos de pena capital.

La Corte Suprema de Alabama autorizó la ejecución a petición de la oficina del fiscal general del estado, que argumentó que Roberts había agotado todas sus vías de apelación. En lo que va de 2025, se han realizado 25 ejecuciones en Estados Unidos.

¿En que consiste el método de hipoxia de nitrógeno?

El método de hipoxia de nitrógeno, elegido por Roberts como alternativa a la inyección letal o la silla eléctrica, consiste en obligar al condenado a respirar nitrógeno puro a través de una máscara facial, lo que provoca la asfixia por falta de oxígeno.

Alabama se convirtió en el primer estado en utilizar este procedimiento en enero de 2024, durante la ejecución de Kenneth Smith.

Desde entonces, el estado ha realizado cinco ejecuciones con este método, mientras que Luisiana ha llevado a cabo una, sumando un total de seis ejecuciones con gas nitrógeno: cinco en Alabama y una en Luisiana, según datos recopilados por The Associated Press.

Los síntomas que experimenta el condenado durante la ejecución por gas nitrógeno

A pesar de las afirmaciones de las autoridades estatales sobre la supuesta “muerte indolora” que produce la hipoxia de nitrógeno, los testimonios de testigos presenciales han puesto en duda la humanidad del procedimiento.

Durante la primera ejecución con este método, Smith experimentó temblores, convulsiones y jadeos durante varios minutos, lo que generó críticas de organizaciones de derechos civiles y profesionales médicos.

Estos grupos han cuestionado la ética y la fiabilidad de la hipoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal, señalando la falta de pruebas concluyentes sobre su eficacia y el sufrimiento que puede causar.

El caso de Roberts y su historial documentado de enfermedades mentales

Su abogado solicitó una prórroga de la ejecución, argumentando que Roberts, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, es “probablemente incompetente para ser ejecutado” y debería ser sometido a una evaluación médica.

En febrero, un médico confirmó el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, y un psicólogo del Departamento Correccional de Alabama (ADOC) observó que Roberts “estaba escuchando voces, despotricando, pensando de manera ilógica y presentando delirios”, según consta en un expediente judicial. El abogado defensor subrayó que la salud mental de Roberts se ha deteriorado tras décadas en el corredor de la muerte.

La Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido que no se puede ejecutar a un preso que padezca demencia y no comprenda la inminencia de su ejecución ni los motivos de la misma.

A pesar de ello, el estado de Alabama reconoció que los registros penitenciarios indican que Roberts ha sido diagnosticado con varias enfermedades mentales, pero sostuvo que esto no implica necesariamente incompetencia. “Es posible que Roberts tenga una enfermedad mental, pero eso no significa que desconozca su situación o que sea incapaz de intentar evitar su ejecución”, argumentó un abogado estatal en documentos presentados ante la corte.

“Los veré al otro lado, a todos”, así fue como se despidió un hombre que el estado de Mississippi ejecutó el miércoles, Richard Gerald Jordan, el preso que más tiempo permaneció en el corredor de la muerte en la historia estatal, tras casi cinco décadas de procesos judiciales por el secuestro y asesinato de Edwina Marter en 1976.

La ejecución, realizada por inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Misisipi, en la localidad de Parchman, marcó el final del caso.

Según informó The Associated Press, Richard Gerald Jordan, veterano de la guerra de Vietnam y de 79 años, fue condenado a muerte en 1976 por el asesinato y secuestro de Edwina Marter, esposa de un funcionario de préstamos bancarios.

Tendido en la camilla y con la boca entreabierta fue como quedó inmóvil

La ejecución comenzó a las 18:00 horas, de acuerdo con funcionarios penitenciarios, y la hora oficial de la muerte se registró a las 18:16. Jordan, que había presentado múltiples apelaciones a lo largo de los años, vio cómo la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su último recurso sin comentarios, lo que allanó el camino para la ejecución.

Durante sus últimos momentos, Jordan permaneció tendido en la camilla, con la boca ligeramente entreabierta y respirando profundamente antes de quedar inmóvil.

Cuando se le ofreció la oportunidad de pronunciar unas palabras finales, expresó: "Antes que nada, quiero agradecer a todos por la forma humana en que se hizo esto. Quiero disculparme con la familia de la víctima". También agradeció a sus abogados y a su esposa, y pidió perdón. Sus últimas palabras fueron: "Los veré del otro lado, a todos".

La ejecución fue presenciada por su esposa, Marsha Jordan, su abogada Krissy Nobile y el reverendo Tim Murphy, quien actuó como consejero espiritual. Tanto su esposa como su abogada se secaron las lágrimas en varias ocasiones durante el procedimiento, reflejando la carga emocional del momento.

La familia de la víctima, por su parte, optó por no asistir a la ejecución. En una conferencia de prensa posterior, Keith Degruy, portavoz de la familia Marter, leyó una declaración en nombre de los dos hijos y el esposo de Edwina Marter.

En el mensaje, la familia expresó: "Nada nos devolverá a nuestra madre, a nuestra hermana ni a nuestra amiga. Nada podrá cambiar lo que Jordan nos arrebató hace 49 años. Jordan intentó desesperadamente cambiar su fallo para poder morir en prisión. Nunca tuvimos otra opción", según informó The Associated Press.

Un aumento en las ejecuciones en Estados Unidos

El caso de Jordan ha sido uno de los más prolongados y complejos en la historia judicial de Mississippi. Su ejecución representa la tercera en el estado en los últimos 10 años, siendo la anterior en diciembre de 2022.

Este hecho se produce en un contexto nacional donde, solo un día antes, otro hombre fue ejecutado en Florida, lo que apunta a que 2025 podría convertirse en el año con más ejecuciones en Estados Unidos desde 2015, de acuerdo con datos de The Associated Press.

El asesinato que lo llevó a casi cinco décadas tras las rejas

Los registros de la Corte Suprema de Mississippi detallan que, en enero de 1976, Jordan contactó al Gulf National Bank en Gulfport solicitando hablar con un agente de préstamos. Tras ser informado de que Charles Marter podía atenderlo, colgó la llamada, buscó la dirección de la familia Marter en una guía telefónica y procedió a secuestrar a Edwina Marter.

Según los documentos judiciales, Jordan llevó a la víctima a un bosque, donde le disparó mortalmente antes de llamar a su esposo para exigir un rescate de 25.000 dólares.

Eric Marter, hijo de la víctima, tenía 11 años cuando ocurrió el asesinato. Antes de la ejecución, declaró a The Associated Press que otros miembros de la familia asistirían al acto. En sus palabras: "Debería haber sucedido hace mucho tiempo. No me interesa darle el beneficio de la duda". Añadió: "Hay que castigarlo".

Un largo tiempo en el corredor de la muerte

A comienzos de 2024, Jordan figuraba entre las 22 personas condenadas a muerte en la década de 1970 que aún permanecían en el corredor de la muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Su caso incluyó cuatro juicios y numerosas apelaciones. El lunes previo a la ejecución, la Corte Suprema rechazó una petición que argumentaba que a Jordan se le negaron garantías procesales fundamentales.

La defensa de Jordan, encabezada por la abogada Krissy Nobile, directora de la Oficina de Asesoría Postcondenatoria de la Capital de Mississippi, sostuvo que el jurado nunca escuchó información relevante sobre las experiencias de Jordan en Vietnam ni sobre su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático.

Nobile afirmó: “Nunca recibió lo que la ley le ha dado durante mucho tiempo: un profesional de la salud mental independiente de la fiscalía que pueda asistirlo en su defensa. Por eso, su jurado nunca escuchó sobre sus experiencias en Vietnam”.

Una petición reciente de clemencia dirigida al gobernador Tate Reeves reiteró que Jordan sufría de un trastorno de estrés postraumático severo, consecuencia de su servicio militar y de haber cumplido tres condenas consecutivas, lo que, según la defensa, pudo influir en la comisión del delito. El gobernador Reeves denegó la solicitud de clemencia.

Franklin Rosenblatt, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar y redactor de la petición de clemencia, subrayó: “Su servicio militar y su trauma de guerra no se consideraron relevantes en su juicio por asesinato. Sabemos mucho más que hace 10 años, y sin duda durante la guerra de Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro y cómo este afecta el comportamiento actual”.

No obstante, Eric Marter rechazó este argumento, manifestando: "Sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela. Y así lo hizo".

Jordan fue uno de varios condenados a muerte en Mississippi que demandaron al estado por el uso de un protocolo de ejecución con tres medicamentos, alegando que este método resulta inhumano. A pesar de estos esfuerzos legales, la ejecución se llevó a cabo conforme a los procedimientos estatales vigentes.

Autoridades de Mississippi ejecutarán este miércoles 25 de junio a Richard Gerald Jordan, conocido por ser el preso con más años de condena del estado. Lo anterior luego de que pasaran casi cinco décadas desde que secuestró y asesinó a la esposa de un funcionario de préstamos bancarios.

El veterano de Vietnam, que ahora tiene 79 años, padece trastorno de estrés postraumático (TEPT) y será ejecutado mediante la inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman.

Jordan se convertirá pronto en la tercera persona del estado en recibir la pena capital en los últimos 10 años. La más reciente ocurrió en diciembre de 2022.

Condenado a muerte por un asesinato cometido en 1976

También es uno de los condenados a muerte que demandaron al estado por su protocolo de ejecución que utiliza tres fármacos y que, ellos aseguran, es inhumano, de acuerdo con reportes de The Associated Press (AP).

Condenado a muerte en 1976 luego de que secuestrara y matara a Edwina Marter, una madre de dos niños pequeños, Jordan es una de las 22 personas de Estados Unidos que enfrentan la pena máxima por delitos cometidos en 1970 y que aún están en el corredor de la muerte, según datos del Centro de Información sobre la Pena de muerte, citados por AP.

Eric Marter, quien tenía 11 años cuando su madre fue asesinada, dijo que ni él ni su hermano ni su padre asistirían a la ejecución, sin embargo, otros miembros de la familia estarían presentes en el cuarto, al mismo tiempo que aseguró que esto debió “haber ocurrido hace mucho tiempo”. “No me interesa darle el beneficio de la duda”, añadió.

Según documentos judiciales de la Suprema Corte de Mississipi, Jordan llamó al Gulf National Bank en Gulfport en enero de 1976 solicitando hablar con un agente de préstamos. Después de que obtuviera información de que Charles Marter podría hablar con él, simplemente colgó.

Su macabro plan se desarrolló poco a poco. Primero buscó la dirección de la casa de la familia Marter utilizando una guía telefónica. Después, secuestró a Edwina; la llevó a un bosque y la asesinó a tiros poco antes de llamar a su esposo para exigirle 25.000 dólares, afirmando que se encontraba a salvo.

Tras una larga batalla legal, que incluyó cuatro juicios y múltiples apelaciones, la Suprema Corte estadounidense rechazó el lunes una petición que afirmaba que a Jordan se le habían negado las garantías procesales.

Una petición al gobernador de Missisippi

Krissy Nobile, directora de la Oficina de Asesoría Postcondenatoria de Mississippi —que representa a Jordan—, afirmó que su cliente “nunca tuvo derecho” a un profesional de la salud mental independiente de la fiscalía que lo asistiera durante su defensa. “Por ello, su jurado nunca tuvo la oportunidad de conocer sus experiencias en Vietnam”, declaró.

Franklin Rosenblatt, presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar y que redactó una petición de clemencia al gobernador de Mississipi —Tate Reeves—, dijo que el servicio militar y trauma de guerra de Jordan “no se consideraron relevantes” durante su juicio por asesinato.

“Sabemos mucho más que hace 10 años, y sin duda durante la guerra de Vietnam, sobre el efecto del trauma de guerra en el cerebro y cómo afecta a las conductas actuales”, argumentó Rosenblatt.

Sin embargo, Eric Marter se encuentra seguro de su decisión al decir que no acepta ese argumento. “Sé lo que hizo. Quería dinero y no podía llevársela. Y así lo hizo”, sentenció.

Un hombre condenado por violar y asesinar a una mujer en las inmediaciones de un bar del centro de Florida fue ejecutado el martes por la noche en la prisión estatal de Florida, cerca de Starke, según informó The Associated Press.

Thomas Lee Gudinas, de 51 años, recibió la inyección letal y fue declarado muerto a las 18:13 horas (hora local) de acuerdo con la declaración de Bryan Griffin, portavoz del gobernador republicano Ron DeSantis.

La ejecución se llevó a cabo en la sala de ejecuciones de la prisión estatal, donde Gudinas permanecía atado a una camilla con una vía intravenosa en el brazo izquierdo cuando se aperturó la ejecución a las 18:00 horas.

Así fue como el condenado recibió la inyección letal atado a la camilla

El procedimiento siguió el protocolo habitual: tras una llamada final entre el director de la prisión y la oficina del gobernador, se le ofreció a Gudinas la oportunidad de pronunciar unas palabras. Aunque los presentes en la sala de velatorio no pudieron escuchar con claridad, Griffin aseguró que el recluso expresó arrepentimiento y mencionó a Jesús en su declaración final.

La administración de los fármacos letales provocó que los ojos de Gudinas se pusieran en blanco y que experimentara convulsiones leves en el pecho. Durante varios minutos, su piel perdió color y su cuerpo quedó inmóvil.

El director de la prisión anunció la ejecución de la sentencia, se cerró la cortina de la cámara y los testigos abandonaron la sala de observación.

La séptima ejecución de Florida en este 2025

La ejecución de Gudinas representa la séptima en Florida en lo que va de año, y ya se ha programado una octava para el mes siguiente. En 2023, el estado llevó a cabo seis ejecuciones, mientras que el año anterior solo se realizó una.

Este incremento en la frecuencia de ejecuciones sitúa a Florida como el estado con más ejecuciones en 2024, superando a Texas y Carolina del Sur, que empatan en el segundo lugar con cuatro cada uno. Alabama ha ejecutado a tres personas, Oklahoma a dos, y Arizona, Indiana, Luisiana y Tennessee a una cada uno. Misisipi se sumará a la lista el miércoles con su primera ejecución desde 2022.

En el contexto nacional, Estados Unidos ha ejecutado a un total de 24 hombres en lo que va de año. Las ejecuciones programadas para los próximos meses podrían convertir a 2025 en el año con más ejecuciones desde 2015, según los datos recopilados por The Associated Press.

A pesar del aumento en la frecuencia de ejecuciones, el portavoz del Departamento de Correcciones, Ted Veerman, afirmó que el sistema penitenciario no ha experimentado una presión operativa significativa. “Nuestro personal está haciendo un trabajo fantástico para seguir el ritmo de estas ejecuciones”, declaró Veerman el martes, horas antes de la ejecución de Gudinas. “Y las estamos llevando a cabo con profesionalismo”.

El abuso y asesinato que lo llevó al corredor de la muerte

El caso de Michelle McGrath, la víctima de Gudinas, se remonta a la madrugada del 24 de mayo de 1994. McGrath fue vista por última vez en el bar Barbarella’s poco antes de las 3:00. Su cuerpo, que presentaba signos de trauma grave y agresión sexual, apareció horas después en un callejón junto a una escuela cercana.

Gudinas había estado en el mismo bar la noche anterior acompañado de amigos, quienes posteriormente declararon que se marcharon sin él. Un empleado de la escuela que encontró el cuerpo de McGrath identificó a Gudinas como un hombre que huía de la zona poco antes del hallazgo. Además, otra mujer lo reconoció como la persona que la persiguió hasta su coche la noche anterior y la amenazó con agredirla.

La defensa presentó múltiples apelaciones durante su proceso judicial

El proceso judicial contra Gudinas culminó en 1995, cuando fue declarado culpable y condenado a muerte. Desde entonces, sus abogados han presentado múltiples apelaciones ante la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos, todas ellas rechazadas.

En su defensa, los abogados argumentaron que las pruebas sobre “enfermedades mentales crónicas” debían eximir a Gudinas de la ejecución. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida desestimó la apelación la semana pasada, dictaminando que la jurisprudencia que protege a las personas con discapacidad intelectual de la pena de muerte no se extiende a quienes padecen otras enfermedades mentales o daño cerebral.

En el ámbito federal, la defensa de Gudinas sostuvo que la discrecionalidad ilimitada del gobernador para firmar órdenes de ejecución vulnera el derecho constitucional al debido proceso de los condenados a muerte, generando un proceso arbitrario para decidir quién vive y quién muere. El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la solicitud de indulto presentada por la defensa.

Una visita especial en su último día de vida

Durante el día de la ejecución, Gudinas recibió la visita de su madre, pero no solicitó la presencia de un asesor espiritual. Las autoridades penitenciarias confirmaron que este fue el único visitante que tuvo el recluso antes de su muerte.

Según los registros de The Associated Press, Florida ha ejecutado a más personas que cualquier otro estado en 2024, consolidando su posición como epicentro de la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos.

Un periodista de Arabia Saudita, que había publicado un mensaje contra el Gobierno en Twitter hace 11 años, fue ejecutado por “alta traición“. Se trata de Turki al-Jasser, quien se convirtió en el primer comunicador asesinado de alto perfil desde el crimen de Jamal Khashoggi en 2018.

El tuit publicado por al-Jasser en 2014 fue escalofriantemente profético: “El escritor árabe puede ser asesinado fácilmente por su gobierno bajo el pretexto de la ‘seguridad nacional’”, escribió.

Su ejecución se llevó a cabo después de siete años de detención, según informó el Ministerio del Interior de Arabia Saudita. Disidentes que hablaron con el periódico The Guardian afirmaron que fue sometido a tortura durante su encarcelamiento.

Al-Jasser, de unos 40 años, fue condenado por “alta traición al comunicarse y conspirar contra la seguridad del Reino con individuos fuera de él”. En Arabia Saudita, estos castigos suelen ejecutarse mediante decapitación con espada.

Turki al-Jasser fue identificado en 2018 como el autor de una conocida cuenta anónima de Twitter —hoy conocida como X—, desde donde exponía casos de corrupción y abusos de derechos humanos por parte de la familia real.

Además, fundó el blog "Al-Mashhad Al-Saudi“ (“La Escena Saudí”) que, según Reporteros Sin Fronteras, abordaba asuntos como los derechos de las mujeres.

Su actividad en redes sociales provocó su detención en el contexto de una ofensiva contra la disidencia.

Abdullah Alaoudh, director sénior de lucha contra el autoritarismo del Centro para la Democracia en Medio Oriente, señaló: “Turki tenía dos cuentas en Twitter. Mientras usaba su nombre real en una, en la otra era aún más satírico y crítico, lo que lo puso en la mira del gobierno saudí”.

Las autoridades accedieron a identidades y direcciones IP de miles de cuentas anónimas tras una infiltración en Twitter entre 2014 y 2015.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos ex empleados y a un ciudadano saudí de filtrar información al reino. Ahmad Abouammo, uno de ellos, fue condenado por fraude y conspiración, además de actuar como agente extranjero a favor de la familia real.

Otros casos de represión, como el de Abdulrahman al-Sadhan, condenado a 20 años de prisión, también incluyeron denuncias de tortura: “Le rompieron la mano, le destrozaron los dedos diciendo: ‘Esta es la mano con la que tuiteas’”, relató su hermana, Areej al-Sadhan, a CBS News.

Según Reporteros Sin Fronteras, al-Jasser es el primer periodista ejecutado bajo el gobierno de Mohammed bin Salman y el segundo en el mundo desde la ejecución en Irán de Ruhollah Zam, director de Amadnews, en 2020.

En 2023, el príncipe Mohammed bin Salman justificó en Fox News las sentencias de muerte por publicaciones en redes sociales diciendo: “¿Tenemos leyes malas? Sí. ¿Estamos cambiándolas? Sí”.

Expertos legales destacan que el príncipe heredero y el rey tienen la autoridad para aprobar o detener toda ejecución.

Para Sarah Leah Whitson, directora de Dawn, un grupo prodemocracia fundado por Khashoggi, “con la ejecución de Jasser, Mohammed bin Salman ha demostrado una vez más que sigue siendo un tirano vengativo. Ha instrumentalizado el sistema judicial para castigar a un crítico exclusivamente por sus comentarios en redes sociales bajo la ley antiterrorista saudí”, concluyó.

Un hombre condenado a muerte en Carolina del Sur por dos asesinatos cometidos en 2005 fue ejecutado el viernes mediante inyección letal.

Stephen Stanko, de 57 años, había recibido dos sentencias de muerte por crímenes separados: el asesinato de su novia en el condado de Georgetown y el de un amigo en el condado de Horry.

Stanko fue declarado muerto a las 18:34 horas (hora local), marcando la sexta ejecución en el estado en los últimos nueve meses, según reportó The Associated Press.

Los crímenes que llevaron a Stanko al corredor de la muerte

El primer crimen ocurrió en la casa de su novia, donde Stanko la estranguló mientras violaba a su hija adolescente. Aunque intentó asesinar a la joven cortándole la garganta, esta logró sobrevivir.

Horas después, Stanko disparó a un amigo en el condado de Horry y vació su cuenta bancaria. Ambos asesinatos lo llevaron al corredor de la muerte en dos ocasiones distintas.

Una declaración final dirigida a la familia de las víctimas

La ejecución comenzó tras una declaración final de tres minutos y medio en la que Stanko pidió perdón a las familias de sus víctimas y solicitó no ser juzgado únicamente por el peor día de su vida.

“He vivido aproximadamente 20.973 días, pero me juzgan solo por uno”, expresó en su mensaje, leído por su abogado. También pidió perdón a las familias afectadas, mencionando: “Cuando me haya ido, espero que Christina, la familia de Laura y la familia de Henry puedan perdonarme. La ejecución podría ayudarlos. El perdón los sanará”.

Una muerte rápida por inyección letal

Durante el procedimiento, los testigos observaron cómo los funcionarios de la prisión administraron la primera dosis del sedante pentobarbital.

Stanko pareció murmurar palabras y dirigió su mirada hacia las familias de las víctimas antes de dejar de respirar. Su muerte fue confirmada 28 minutos después de iniciada la ejecución, tras la administración de una segunda dosis del fármaco.

Familiares de las víctimas presentes en la ejecución

Entre los presentes en la ejecución se encontraban tres familiares de las víctimas, quienes no apartaron la vista de Stanko hasta mucho después de que este dejara de respirar.

También asistieron su hermano y su abogada, Lindsey Vann, quien ya había presenciado la ejecución de otro cliente en los últimos siete meses.

Originalmente la ejecución se iba a llevar a cabo mediante el pelotón de fusilamiento

Stanko había solicitado inicialmente ser ejecutado por el pelotón de fusilamiento, un método recientemente aprobado en Carolina del Sur. Sin embargo, cambió de opinión tras conocerse los resultados de la autopsia de un recluso ejecutado mediante este método, que revelaron que las balas casi alcanzaron su corazón.

Finalmente, optó por la inyección letal, aunque sus abogados argumentaron que este procedimiento no se realiza de manera adecuada en el estado, citando casos previos en los que se encontraron líquidos en los pulmones de los reclusos.

Rechazo de indulto minutos antes de la muerte

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, rechazó un indulto minutos antes de que comenzara la ejecución, siguiendo una tendencia histórica en el estado. Desde que se reinstauró la pena de muerte hace 50 años, ningún gobernador ha perdonado la vida de un condenado en las 48 ejecuciones realizadas.

La ejecución de Stanko es parte de un reciente aumento en la aplicación de la pena de muerte en Carolina del Sur, que estuvo 13 años sin realizar ejecuciones debido a la falta de acceso a los fármacos necesarios para la inyección letal. En respuesta, la Asamblea General del estado aprobó la implementación del pelotón de fusilamiento y una ley que protege la identidad de los proveedores de estos medicamentos.

La última cena de Stanko

Stanko fue la última de cuatro ejecuciones programadas en Estados Unidos durante la semana pasada. Florida, Alabama y Oklahoma también llevaron a cabo ejecuciones en días previos, destacando un caso en el que un recluso fue transferido de custodia federal a estatal para permitir su muerte.

Antes de su ejecución, Stanko disfrutó de una última comida especial, que incluyó pescado frito, camarones, croquetas de cangrejo, papa al horno, zanahorias, okra frito, pastel de cereza, pudín de plátano y té dulce.

Un juez del estado de Oklahoma, en el sur de Estados Unidos, ha suspendido la ejecución de John Fitzgerald Hanson, un reo condenado en 1999 por el asesinato de una mujer en la ciudad de Tulsa, una medida que llega tan solo dos días de la fecha prevista para que fuera sometido a la pena capital.

Fitzgerald, de 61 años, ha logrado esta prórroga después de que sus abogados alegaran que no recibió un trato justo en la vista judicial del mes pasado, en la que se sopesó la posibilidad de que fuera objeto de un indulto para su posterior puesta en libertad condicional tras más de dos décadas en prisión.

El equipo legal del preso ha incidido en que el tribunal que examinó el posible indulto carecía de la imparcialidad suficiente dado que uno de los miembros, Sean Malloy, había trabajado para la oficina del fiscal de distrito del condado de Tulsa cuando Hanson fue procesado.

Sin embargo, el fiscal general, Gentner Drummond, ha argumentado que el juez de distrito carece de la autoridad suficiente para detener esta ejecución, por lo que ha pedido al Tribunal Penal de Apelaciones de Oklahoma que dé el visto bueno a la medida.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a aumentar el número de ejecuciones, con un total de tres previstas para los próximos días en cuatro estados del país. El magnate neoyorquino ha instado además a la "expansión" de esta pena, tal y como ya hizo durante su primer mandato.

Estos casos son los de Gregory Hunt, condenado por la muerte de Karen Lane en Alabama; Anthony Wainwright, por el asesinato de Carmen Gayheart; y Stephen Stanko, condenado a pena de muerte en Carolina del Sur, según informaciones de la cadena de televisión estadounidense CNN.

Desde el Death Penalty Project alertan del repunte de las ejecuciones durante la primera mitad de 2025 --en comparación con el mismo periodo respecto a años anteriores--. En caso de que las seis ejecuciones previstas para el mes de junio salgan adelante, ya serían 25 las registradas en lo que va de año, una cifra que superaría los datos anuales de 2024.

El preso Stephen Stanko, condenado a muerte en Carolina del Sur, optó por la inyección letal como método de ejecución. Su decisión llega tras expresar inquietudes sobre las recientes ejecuciones realizadas mediante pelotón de fusilamiento en el estado, donde se han reportado posibles sufrimientos prolongados. ABC News destacó que los abogados del convicto señalaron casos como el de Mikal Mahdi, quien aparentemente experimentó dolor durante casi 45 segundos, tres veces más de lo esperado, tras recibir disparos que no alcanzaron el corazón durante su ejecución en abril de este año.

Stanko, programado para ser ejecutado este 13 de junio, tenía la posibilidad de elegir entre la silla eléctrica, el pelotón de fusilamiento o la inyección letal. Sus representantes legales, citados por ABC News, explicaron que descartó inicialmente la silla eléctrica porque temía “cocerse con miles de voltios de electricidad”. Asimismo, aunque inicialmente se inclinaba por el pelotón de fusilamiento, los informes médicos y legales relacionados con la ejecución de Mahdi lo llevaron a reconsiderar.

En un intento por obtener más información sobre los métodos de ejecución disponibles, los abogados de Stanko solicitaron a la Corte Suprema de Carolina del Sur un retraso en el cumplimiento de la sentencia. No obstante, el tribunal rechazó su petición, obligándolo a tomar una decisión definitiva. Según el medio, esta negativa ocurrió el pasado miércoles.

Stanko, de 57 años, enfrenta la pena capital condenado por dos asesinatos: el de una amiga y el de su pareja, ocurrido mientras agredía sexualmente a la hija de esta última. De acuerdo con las autoridades, en abril de 2006 disparó y mató a Henry Turner, un amigo de 74 años, tras engañarlo diciéndole que su padre había fallecido.

El convicto utilizó una almohada como silenciador, robó el vehículo de Turner y vació su cuenta bancaria. Durante los días posteriores, se trasladó a Georgia, asistió a eventos locales y presentó una falsa identidad, afirmando ser propietario de varios restaurantes. Fue finalmente arrestado luego de que una mujer con la que convivía alertara a la policía al reconocerlo en una foto.

El mismo día que asesinó a Turner, Stanko también golpeó y estranguló a su pareja en su domicilio, mientras violaba a la hija de esta, una adolescente a quien luego intentó matar cortándole el cuello. La joven sobrevivió y testificó en su contra durante los juicios.

Desde septiembre de 2024, Carolina del Sur reanudó las ejecuciones mediante inyección letal gracias a una nueva ley que protege la confidencialidad de los proveedores de las drogas utilizadas para la aplicación de la pena capital, así como la identidad de los equipos de ejecución. El estado había suspendido la práctica desde 2011 debido al vencimiento de su suministro de medicamentos y la negativa de las farmacias a vendérselos sin garantizar anonimato.

ABC News informó que en los últimos tres procedimientos de este tipo, realizados en el último año, se observó un patrón preocupante: los pulmones de al menos dos de los ejecutados se llenaron con grandes cantidades de líquido, lo que los expertos describen como un efecto secundario del pentobarbital, la sustancia empleada.

Cuando Stephen Stanko sea ejecutado, será colocado en una camilla con los brazos extendidos y un trabajador médico insertará una vía intravenosa en su brazo. Según el procedimiento descrito por ABC News, la ejecución comenzará sin previo anuncio, y un médico confirmará el fallecimiento aproximadamente 20 minutos después de iniciada la administración del fármaco.

Aunque los médicos contratados por el estado han asegurado que el pentobarbital induce una profunda inconsciencia antes de provocar cualquier otra sensación física, otros expertos asociados con los equipos legales de los reos aseguran que podrían persistir niveles de consciencia durante el impacto inicial de la droga; describen una sensación de “ahogamiento” cuando el líquido inunda los pulmones. ABC News subrayó que algunos testigos en ejecuciones previas reportaron que los prisioneros no presentaron signos externos de consciencia tras 30 segundos, aunque se desconocen detalles más precisos debido a la ley que restringe información sobre el proceso.

En las ejecuciones recientes en el estado, los funcionarios penitenciarios han administrado dos dosis de pentobarbital con un intervalo de 10 minutos entre cada una. Esto contrasta con la práctica habitual en la mayoría de los estados y a nivel federal, donde se emplea una única dosis y se reserva una segunda para situaciones excepcionales. ABC News remarcó que los responsables de las ejecuciones no han explicado los motivos detrás de esta práctica específica, alegando la confidencialidad establecida por la ley de 2023.

La situación de Stanko refleja las complejidades y desafíos que enfrenta la pena capital en Carolina del Sur, un estado que reanudó recientemente las ejecuciones tras una década de interrupción. La elección final de este preso por la inyección letal pone sobre la mesa debates sobre la eficacia, humanidad y potencial sufrimiento asociado a los tres métodos de ejecución actualmente disponibles.

El acusado es Osama Krayem, de 32 años y condenado a 30 años de prisión y a cadena perpetua por su participación en los atentados islamistas de París (2015) y Bruselas (2016), respectivamente.

El piloto jordano Muaz Kasasbeh fue capturado el 24 de diciembre de 2014 por el Estado Islámico (EI) en Siria, donde estuvo retenido hasta ser quemado vivo días después en una jaula, en una acción que fue filmada y usada con fines propagandísticos por ese grupo.

La acusación sostiene que Krayem, que aparece en el vídeo, ayudó a meter al piloto en la jaula, a la que otra persona prendió fuego a continuación.

"Es la primera vez que una persona es llevada ante los tribunales por uno de los asesinatos más brutales del EI. La gravedad de los hechos se refleja en que el acusado afronta dos de los delitos más graves", señaló en un comunicado la fiscal Reena Devgun.

Según explicó la Fiscalía en una rueda de prensa, Krayem era consciente de que los hechos estaban siendo filmados con el objetivo de usarlos luego como propaganda y recibió instrucciones sobre cómo posar durante la escena.

La participación de Krayem fue descubierta durante la investigación contra él en Francia y Bélgica, pero ninguno de esos países tiene jurisdicción para acusarlo, señaló Devgun.

Krayem, que fue trasladado a Suecia el pasado marzo, permanecerá en ese país mientras dure el proceso judicial y, a su término, será enviado de vuelta a Francia para seguir cumpliendo pena. EFE

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por el ataque perpetrado en enero de 2023 contra la Embajada de Azerbaiyán en la capital, Teherán, que se saldó con un muerto y provocó un grave deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Así, han señalado que el tribunal dictó una sentencia de muerte contra el sospechoso, pena que fue ratificada por el Tribunal Supremo. "La sentencia ha sido ejecutada esta mañana", ha indicado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Mizan, vinculada al aparato judicial iraní.

El hombre ha sido ahorcado en una prisión tras la confirmación del veredicto. Durante el proceso, el acusado apuntó a motivos personales para el ataque y argumentó que su esposa había ido al edificio de la legación azerí y que "nunca volvió a casa", lo que le llevó a planificar el asalto.

El suceso se saldó con la muerte del jefe de seguridad de la Embajada y provocó la condena por parte de Bakú, que criticó que las fuerzas iraníes no habían adoptado "medidas serias" para impedirlo. Azerbaiyán anunció además el cierre de la legación, reabierta en julio de 2024.

Entonces, Bakú sostuvo que la reapertura de la Embajada contribuiría a fortalecer las relaciones bilaterales "basadas en el respeto mutuo y la buena vecindad". La ejecución del sospechoso tiene lugar menos de un mes después de la visita a Azerbaiyán del presidente iraní, Masud Pezeshkian, signo de una mejora de los lazos.

Después de que cinco reclusos fueran ejecutados en un periodo de siete meses en Carolina del Sur, un preso condenado a muerte ha solicitado representarse a sí mismo, lo que podría acelerar su ejecución.

Según informó The Associated Press, James Robertson, de 51 años, envió una carta a un juez federal expresando su intención de despedir a sus abogados y asumir su propia defensa, una decisión que podría tener consecuencias fatales en cuestión de semanas o meses.

Robertson, quien ha estado en el corredor de la muerte desde 1999, fue condenado por el asesinato de sus padres en su hogar en Rock Hill.

Así fue como Robertson asesinó a sus padres

De acuerdo con la fiscalía, golpeó a su padre con un martillo y un bate de béisbol, apuñaló a su madre y simuló un robo con la intención de obtener su parte de una herencia valorada en 2.2 millones de dólares. Esta no es la primera vez que Robertson intenta retirar sus apelaciones; en el pasado, ya había manifestado su deseo de aceptar la pena de muerte en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional.

El juez federal que recibió la carta de Robertson el pasado 7 de abril ordenó un retraso de 45 días para que un abogado independiente hablara con él y evaluara si comprende plenamente las implicaciones de su decisión.

La abogada de Robertson solicitó al juez postergar la decisión del condenado

La abogada actual de Robertson, Emily Paavola, argumentó en documentos judiciales que su cliente no está tomando medicamentos para la depresión, sufre de dolor crónico de espalda y padece una afección cutánea que agrava su estado emocional.

Además, señaló que Robertson está profundamente afectado por las recientes ejecuciones en el estado, incluida la de su mejor amigo en el corredor de la muerte, Marion Bowman Jr., quien fue ejecutado por inyección letal el 31 de enero.

Paavola solicitó al juez que se postergara la decisión de Robertson durante cuatro meses para realizarle una evaluación psiquiátrica completa y determinar si es mentalmente competente para representarse a sí mismo. Sin embargo, la jueza Mary Gordon Baker decidió que un abogado diferente hablara con Robertson y presentara un informe sobre su estado mental a principios de julio.

Su relación con el sistema judicial

El historial de Robertson muestra que su relación con el sistema judicial ha sido conflictiva desde el inicio. En la década de 2000, intentó retirar todas sus apelaciones, argumentando que prefería la pena de muerte a la cadena perpetua y que los abogados que lo habían representado hasta entonces lo habían defraudado.

En una audiencia en 2002, Robertson mencionó que la decisión de su amigo Michael Passaro de aceptar la pena de muerte había influido en su perspectiva. Passaro fue ejecutado por incendiar una camioneta con su hija dentro, frente a la casa de su exesposa. Robertson declaró en ese momento que la experiencia de ver a su amigo pasar de jugar cartas con él a ser ejecutado había reforzado su decisión de seguir un camino similar.

Muchos de los reos prefieren la pena de muerte a la cadena perpetua

El fenómeno de los llamados “voluntarios para la muerte” no es nuevo en el sistema de justicia de Estados Unidos. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, aproximadamente el 10% de las ejecuciones en el país corresponden a reclusos que deciden retirar sus apelaciones y aceptar la pena capital.

La mayoría de estos casos involucran a personas con enfermedades mentales que influyen en su decisión de no continuar viviendo. Aunque la tasa de voluntarios ha disminuido en las últimas décadas, sigue siendo un tema relevante en el debate sobre la pena de muerte.

Entre 2000 y 2009, 65 de las 590 ejecuciones en Estados Unidos fueron de reclusos que renunciaron a sus apelaciones, mientras que desde 2020 solo siete de las 111 ejecuciones han seguido este patrón.

La opinión del fiscal que llevó a Robertson al corredor de la muerte

El fiscal Tommy Pope, quien llevó a Robertson al corredor de la muerte, expresó su comprensión hacia los reclusos que optan por no luchar contra sus sentencias.

Pope, quien actualmente es presidente pro tempore de la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, señaló que, en su opinión, algunos presos prefieren aceptar la muerte antes que pasar el resto de sus vidas en el corredor de la muerte. Sin embargo, también describió a Robertson como un hombre con una inteligencia superior a la media que disfruta manipulando el sistema y que, a menudo, se considera más astuto que sus propios abogados.

La decisión final sobre si Robertson podrá representarse a sí mismo y las implicaciones de esta elección se conocerán en los próximos meses, tras la evaluación ordenada por la jueza Baker.

Hace más de tres años, Oscar Smith estuvo a punto de ser ejecutado en Tennessee, pero un indulto de último momento emitido por el gobernador Bill Lee detuvo el proceso debido a problemas con los fármacos utilizados en la inyección letal.

Ahora, el estado se prepara para un nuevo intento de ejecución, programado para este jueves, en medio de controversias sobre los métodos y las condiciones en el corredor de la muerte. Según informó The Associated Press (AP), Smith, de 75 años, ha descrito los últimos tres años como un periodo de sufrimiento extremo y ha pedido a su familia que no asista al procedimiento porque “no necesitan ver algo así”.

Smith fue condenado a muerte en 1990 por el asesinato de su exesposa, Judith Smith, y sus dos hijos, Jason y Chad, de 13 y 16 años, respectivamente. Los crímenes ocurrieron el 1 de octubre de 1989 en la casa familiar en Nashville, donde las víctimas fueron apuñaladas y baleadas. A pesar de las pruebas presentadas en su contra, Smith ha mantenido su inocencia y ha solicitado reiteradamente un nuevo juicio, argumentando que su proceso judicial fue injusto.

Tennessee planea ejecutarlo esta semana a pesar del indulto que recibió

En 2022, un juez rechazó reabrir el caso, incluso después de que un análisis de ADN identificara material genético de una persona desconocida en una de las armas homicidas. El juez consideró que las pruebas de culpabilidad eran contundentes, citando amenazas previas de Smith y una póliza de seguro de vida que había contratado para las víctimas.

“Ahora que puedo refutar todo lo que usaron en mi contra, los tribunales no quieren oírlo. Ser declarado verdaderamente inocente por un jurado de mis pares”, explicó durante una entrevista telefónica con AP el 7 de mayo, justo antes de iniciar un proceso de aislamiento de 14 días que forma parte del protocolo de la pena capital.

El método de ejecución que se utilizará en este caso ha generado un intenso debate. Según detalló AP, Tennessee implementará por primera vez un nuevo protocolo de inyección letal que emplea una sola dosis del barbitúrico pentobarbital.

Aunque este método ya ha sido utilizado en otros estados y a nivel federal, su aplicación ha sido cuestionada. Durante la administración del expresidente Joe Biden, el entonces fiscal general Merrick Garland suspendió su uso en ejecuciones federales, argumentando que podía causar “dolor y sufrimiento innecesarios”.

Sin embargo, la nueva fiscal general, Pam Bondi, ordenó revisar esa decisión, lo que ha reavivado las discusiones sobre la ética y la efectividad de este procedimiento.

Smith ha presentado una demanda contra el estado de Tennessee, alegando que el Departamento de Correccionales (TDOC) no cumplió con las recomendaciones de una investigación independiente encargada por el gobernador Lee en 2022.

Una ejecución que ocurrirá en medio de preocupaciones

Esta investigación se llevó a cabo tras descubrirse irregularidades en los protocolos de ejecución. Sin embargo, el juicio relacionado con esta demanda no se celebrará hasta enero del próximo año, lo que significa que no habrá tiempo para que influya en el caso de Smith. El gobernador Lee, quien tiene la autoridad para detener la ejecución, ha declarado que no intervendrá esta vez.

El preso en el corredor de la muerte expresó su preocupación por las condiciones en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, donde se encuentra recluido. Según sus declaraciones, las políticas no se están cumpliendo y las condiciones han empeorado.

Además, mencionó que su ministra personal lo acompañará en la cámara de ejecución, algo que agradece, aunque le preocupa que ella tenga que presenciar el procedimiento. “Me cuesta mucho adaptarme a la idea de tener a una joven en la cámara de ejecución. No necesita pasar por malas experiencias”, afirmó.

Algunos familiares de las víctimas de Smith han manifestado su intención de asistir a la ejecución, según informó Dorinda Carter, portavoz del TDOC. Sin embargo, otros familiares contactados a través de la oficina de servicios a las víctimas de la Fiscalía General del estado no accedieron a ser entrevistados por AP.

En sus declaraciones finales sobre el proceso, Smith reflexionó sobre el impacto de las ejecuciones en la sociedad. “Parece que volvemos a la época medieval, a los gladiadores. La gente quiere ver deportes sangrientos”, comentó. También cuestionó el deseo de presenciar la muerte de otra persona, señalando que esto contradice los valores de un país que se considera civilizado.

Matthew Johnson, un hombre de 49 años, fue ejecutado en Texas después de ser condenado por el asesinato de Nancy Harris, una abuela de 76 años, a la que prendió fuego en un violento episodio sucedido en 2012. Este desenlace llegó el martes por la noche, tras un capítulo que marcó profundamente a la comunidad de Garland, Texas, y trajo consigo un complejo proceso judicial. La ejecución tuvo lugar en la penitenciaría estatal de Huntsville, donde Johnson recibió una inyección letal y fue declarado muerto a las 6:53 p.m.

Desde el inicio, el caso se destacó por la brutalidad del crimen. El ataque ocurrió el 20 de mayo de 2012, cuando Johnson ingresó al establecimiento donde Harris trabajaba. Equipado con un frasco de líquido para encendedores y un encendedor, perpetró un robo que incluyó cigarrillos, encendedores y dinero en efectivo. Sin embargo, la tragedia cobró su mayor magnitud cuando Johnson decidió arrojar el líquido inflamable sobre Harris y prenderle fuego antes de salir del local. A pesar de la violencia del acto, Harris logró sobrevivir cinco días más, lo suficiente para ofrecer a las autoridades una descripción detallada de Johnson, lo cual fue crucial para su posterior arresto y condena.

Durante su juicio en 2013, Johnson no sólo admitió su culpabilidad sino que también expresó un profundo remordimiento. Fue entonces que describió sus propias acciones como las de “el ser más vil del planeta”. En su defensa, argumentó que al momento del crimen se encontraba bajo la influencia de drogas y alcohol, y sostuvo que su intención al usar el líquido inflamable no era asesinar, sino simplemente asustar a Harris. Sin embargo, la corte no encontró suficientes argumentos para ver sus actos bajo un prisma de clemencia, y finalmente fue condenado a pena de muerte.

La ejecución como último capítulo de un caso traumático

La ejecución de Johnson ha cerrado un capítulo doloroso para la familia de Nancy Harris y para toda la comunidad que desperdigó su indignación y sufrimiento a lo largo de más de una década. La ejecución es apenas la cuarta que se lleva a cabo en Texas en 2025 y la decimoctava en los Estados Unidos en lo que va del año, reflejando un sistema judicial que continúa abordando casos de extremo impacto social.

La tarde de su ejecución, Johnson emitió una última declaración que resonó con profundo arrepentimiento. Pidió perdón a la familia de Harris y reconoció la gravedad de sus acciones. “Primero que todo, quisiera darle gracias a Dios. Si no fuera por él, no estaría aquí en la Tierra. Le agradezco por la vida que me ha dado”, expresó Johnson. Hacia los familiares de Harris añadió: “Les pido su perdón. Nunca quise lastimarla. Rezo por que al abrir mis ojos, ella sea la primera persona que vea y que pueda pasar la eternidad con ella.” Sus palabras finales, que fueron compartidas por The Associated Press y Fox News, también incluyeron una disculpa a su propia familia, subrayando su remordimiento personal y su deseo de redención.

Detalles del juicio y revelaciones conmovedoras

El juicio reveló aspectos inquietantes sobre el estado mental y la intencionalidad de Johnson. A lo largo del proceso judicial, se presentaron evidencias que buscaron pintar una imagen completa del condenado, incluyendo su abuso de sustancias y el entorno que eventualmente lo condujo a sus actos criminales. Sin embargo, fue su propia confesión la que dejó una marca indeleble en la memoria del público. En sus declaraciones, admitió que, aunque no era su intención causar daño mortal, fue completamente responsable de la tragedia.

Los documentos judiciales, obtenidos por The Associated Press, detallan cómo Johnson entró al local con el propósito inicial de cometer un robo, un delito que en cuestión de minutos escaló a un asesinato brutal. Su admisión de culpa, condenada por el jurado, mostró la transparencia con la cual se enfrentó a la realidad de sus acciones. “Hice elecciones equivocadas, tomé malas decisiones y ahora pago las consecuencias”, confesó durante su testimonio.

El impacto social y el cierre para la comunidad

La ejecución de Johnson no sólo marca el fin de un largo proceso judicial, sino también el cierre de una herida que afectó profundamente a la comunidad de Garland. La reacción de los ciudadanos ha reflejado desde el principio una mezcla de alivio y tristeza, sentimientos comunes en situaciones donde se busca justicia para crímenes atroces.

A pesar de que Johnson intentó apelar su sentencia en múltiples ocasiones, sus esfuerzos fueron en vano. La decisión final de la corte, respaldada por las pruebas y testimonios presentados, ha llevado a una resolución que las familias afectadas y la sociedad han considerado justa. Este caso ha sido cubierto en profundidad por fuentes como Fox News y The Associated Press, quienes han documentado tanto el crimen inicial como las secuelas judiciales y emocionales que le siguieron.

La historia de Matthew Johnson y Nancy Harris es un recordatorio aleccionador de las capacidades del sistema judicial para tratar con crímenes violentos y de cómo las comunidades enfrentan los impactos duraderos de tales tragedias. Con su ejecución, se cierra un capítulo oscuro, pero deja abiertos diálogos sobre la justicia, el perdón y la capacidad humana para el arrepentimiento.

Un hombre condenado por matar a un oficial de policía en Indiana hace casi un cuarto de siglo está programado para ser ejecutado este martes 20 de mayo, marcando solo la segunda ejecución en Indiana desde 2009.

Benjamin Ritchie, de 45 años, recibirá una inyección letal antes del amanecer en la Prisión Estatal de Indiana, ubicada en Michigan City, salvo que ocurra una intervención judicial de último momento, confirmó NBC News.

Ritchie fue declarado culpable del asesinato de Bill Toney, oficial del Departamento de Policía de Beech Grove, quien murió tras recibir varios disparos durante una persecución a pie el 29 de septiembre del año 2000.

Según información difundida por The Associated Press (AP), Toney tenía 31 años, era padre de dos hijos y trabajaba en la fuerza desde hacía apenas dos años.

Un caso que marcó a la comunidad

La muerte de Toney fue particularmente impactante para la pequeña localidad de Beech Grove, situada en las afueras de Indianápolis, con una población aproximada de 14,000 personas.

Toney se había ofrecido a cubrir el turno de un compañero cuando interceptó a Ritchie, quien conducía una furgoneta robada. Durante la persecución, el joven disparó cuatro veces, hiriendo fatalmente al agente.

En ese momento, Ritchie tenía 20 años y se encontraba en libertad condicional por una condena previa por robo en 1998, reportó la Indiana Capital Chronicle.

El Departamento de Policía de Beech Grove publicó un comunicado en homenaje a Toney, señalando que su muerte fue una pérdida para toda la comunidad y reafirmando su compromiso con la justicia: “Su vida fue arrebatada violentamente por alguien cuyas acciones afectaron a inocentes y desgarraron el tejido que mantiene unida a la sociedad”, se lee en el mensaje citado por WTHR.

El debate sobre su salud mental

Desde hace años, los abogados de Ritchie han intentado revertir su sentencia alegando que su cliente padece trastornos neurológicos derivados del síndrome alcohólico fetal y exposición al plomo durante la infancia.

Según la defensa, Ritchie fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2005 y presenta secuelas de daño cerebral, lo que habría afectado gravemente su capacidad para tomar decisiones.

El abogado defensor Steven Schutte declaró que su cliente “ha desarrollado herramientas para enfrentar su situación” y que “ya no es el mismo hombre que cometió el crimen”.

Organizaciones defensoras de los derechos de personas con discapacidad también han intervenido en el caso, argumentando que su deterioro cognitivo lo hace inelegible para la pena capital, según informó NBC News.

En una audiencia ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Indiana, Ritchie expresó arrepentimiento por sus actos, reconociendo que su comportamiento en el juicio original fue inadecuado: “Ese chico arrogante debió haberse quedado callado y permitir que la viuda dijera todo lo que necesitaba decir”, declaró, citado por AP.

Rechazo a la clemencia y apelaciones

El 14 de mayo, la Junta Estatal de Libertad Condicional rechazó por unanimidad la solicitud de clemencia de Ritchie, recomendando que la ejecución siguiera adelante.

Ese mismo día, el gobernador republicano Mike Braun avaló el procedimiento. “Tras revisar cuidadosamente la recomendación unánime de la junta, he decidido permitir que la ejecución de Benjamin Ritchie se lleve a cabo según lo previsto”, declaró el gobernador, de acuerdo con WISH-TV.

Durante la audiencia de clemencia, la viuda del oficial asesinado, Dee Dee Horen, pidió que se cumpliera la sentencia. “Es tiempo. Estamos todos cansados. Es momento de cerrar este capítulo de mi historia, de nuestra historia. Es tiempo de recordar a Bill Toney por su vida y no por su muerte”, dijo.

Por su parte, los abogados del condenado han elevado el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, intentando detener la ejecución.

También han impugnado la negativa de la Corte Suprema de Indiana, que rechazó una moción anterior pese a que dos jueces manifestaron preocupación por la falta de información precisa entregada al jurado sobre el daño cerebral de Ritchie.

Condiciones del procedimiento

Indiana reanudó las ejecuciones en diciembre de 2023, tras varios años de suspensión debido a la escasez de drogas utilizadas en las inyecciones letales.

Según NBC News, el estado es uno de los dos en el país —junto con Wyoming— que no permite el acceso de medios de comunicación a sus ejecuciones, lo que ha generado una demanda federal presentada por The Associated Press y otros medios.

Fotografías difundidas por el Departamento Correccional de Indiana muestran una sala de ejecución austera, con una camilla, iluminación fluorescente y una habitación de observación contigua.

Ritchie será uno de los tres presos ejecutados esta semana en Estados Unidos, junto con reos en Texas y Tennessee. En total, 12 ejecuciones están programadas este año en ocho estados, según datos compilados por AP.

Si se concreta la ejecución, Ritchie será el segundo prisionero ejecutado en Indiana desde 2009, marcando un hecho poco frecuente en un estado donde la pena de muerte sigue vigente legalmente, pero rara vez aplicada.

Las autoridades de Irán han ejecutado a un preso condenado por violación y coacciones, según ha informado este domingo la agencia oficial del sistema judicial iraní, que no ha aportado detalles sobre este caso.

El ajusticiamiento, que ha concluido con el ahorcamiento del condenado, ha tenido lugar en la provncia de Semnán, en la zona norte del país. Según el mensaje oficial, se han cumplido todos los trámites legales y jurídicos necesarios para llevarlo a cabo.

Irán se mantiene como uno de los países del mundo que más penas de muerte aplica, con al menos 972 ejecuciones conocidas en 2024, 119 más que en 2023, según el último informe de la ONG Amnistía Internacional.

Además, en el caso de Irán, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos denuncian la utilización de este castigo contra personas perseguidas por razones políticas y contra colectivos teóricamente protegidos, como quienes han podido cometer el delito siendo menores de edad.

La víctima fue Mitrídates, un joven soldado persa que cometió el error fatal de contradecir la versión oficial del rey Artajerjes II sobre la muerte de su hermano Ciro el Joven, y fue sentenciado a una agonía pública conocida como escafismo, o como escribió el historiador griego Plutarco, “morir enartesado”.

La contienda que derivó en este episodio brutal comenzó como una lucha dinástica. Tras la muerte de Darío II, su hijo Artajerjes II accedió al trono, aunque su madre, Parysatis, favorecía al otro hijo, Ciro el Joven. La disputa por el poder culminó en la batalla de Cunaxa, cerca de Babilonia, en el año 401 a. C.

Según el historiador Plutarco, Ciro rechazó el consejo de su general griego Clearco, quien le había sugerido no exponerse en el combate. “¿Me propones que, aspirando al reino, me muestre indigno de reinar?”, habría respondido, según relata el historiador en su libro llamado Vidas paralelas.

El combate resultó mortal para Ciro, quien, según esa misma fuente, cayó tras ser alcanzado por un dardo en la sien, arrojado por un soldado persa llamado Mitrídates, quien actuó sin saber a quién atacaba.

El golpe hizo caer a Ciro de su caballo, y fue rematado por los enemigos. Artajerjes II, que había sobrevivido a duras penas, aprovechó la confusión para atribuirse la victoria personal.

Plutarco señala que el rey “queriendo que todos creyeran y dijeran que había sido él quien había muerto a Ciro, a Mitrídates, que fue el primero en tirar contra Ciro, le envió magníficos dones”.

Al joven soldado se le entregaron riquezas, trajes lujosos y joyas, pero bajo la condición de que negara públicamente cualquier participación directa en la muerte de Ciro. Debía limitarse a decir que había recogido los arreos del caballo del príncipe.

La estrategia política consistió en silenciar la hazaña de Mitrídates... Pero semanas después, durante un banquete, Mitrídates rompió ese acuerdo. Embriagado, el soldado se jactó de su participación.

Según recoge Plutarco, cuando Esparamixes elogió sus joyas, Mitrídates respondió: “Lo que yo os aseguro sin rodeos es que Ciro fue muerto por esta mano, porque no tiré flojamente y en vano, sino que erré por poco del ojo y, acertándole en la sien, lo derribé al suelo”.

Esa declaración selló su destino. Artajerjes II ordenó su ejecución mediante un método que buscaba no la muerte inmediata, sino el tormento prolongado.

Fue condenado a “morir enartesado”, un suplicio que consistía en introducir el cuerpo entre dos artesas, recipientes de madera semejantes a moldes de pan, dejando expuestas la cabeza, manos y pies. Las fuentes modernas han identificado esta práctica con el escafismo.

Luego se lo forzaba a ingerir una mezcla de miel y leche; si se negaba, se le pinchaban los ojos para obligarlo.

La mezcla también se vertía sobre su rostro y partes expuestas del cuerpo, atrayendo a moscas, avispas y otros insectos. Mientras tanto, el cuerpo, alimentado constantemente, continuaba excretando dentro del ataúd de madera, creando un caldo pútrido que engendraba larvas y gusanos.

En el caso de Mitrídates, este martirio duró 17 días. El historiador Plutarco “presenció una ejecución similar”, y añade en su libro que “el castigo se prolongó durante días, con la víctima ampollada por el sol y con alimañas entrando en sus orificios”.

La Universidad de Chicago, en su edición crítica de Vidas paralelas, ofrece un análisis de la política interna de Artajerjes II y detalla cómo esta ejecución se enmarcaba en un clima de tensiones dinásticas, represión brutal y control del relato político.

Jeffrey Glenn Hutchinson, un veterano de la Guerra del Golfo, será ejecutado este jueves en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, tras ser condenado por el asesinato de su novia y los tres hijos de ella en 1998.

Según informó Newsweek, los abogados del condenado han argumentado que Hutchinson no está mentalmente apto para enfrentar la ejecución, señalando que sufre un trastorno delirante y otros problemas de salud mental derivados de su servicio militar.

A pesar de estas afirmaciones, los tribunales han rechazado las apelaciones y la ejecución por inyección letal está programada para las 18:00 horas.

El violento asesinato en 1998

Hutchinson, de 62 años, fue declarado culpable de asesinar a Renee Flaherty, de 32 años, y a sus hijos Geoffrey, Amanda y Logan, de 9, 7 y 4 años respectivamente, en septiembre de 1998 en su hogar en Crestview, Florida.

Según los registros judiciales citados por Newsweek, el veterano disparó contra su familia tras regresar de un bar donde había estado bebiendo después de una discusión con Flaherty.

Armado con una escopeta calibre 12, Hutchinson mató a Flaherty y a dos de los niños en el dormitorio principal antes de enfrentarse a Geoffrey, quien intentó escapar pero fue alcanzado por dos disparos. Los documentos judiciales describen el horror que vivió el niño en sus últimos momentos, calificándolo como “incomprensible”.

Tras cometer los asesinatos, Hutchinson llamó al 911 y confesó: “Acabo de dispararle a mi familia”. Cuando los agentes llegaron al lugar, lo encontraron en el garaje con residuos de pólvora en sus manos y evidencias que lo vinculaban directamente con el crimen, como tejido corporal de una de las víctimas en su ropa.

El historial militar de Hutchinson y secuelas de la guerra

Durante el juicio, el ex ranger del ejército intentó defenderse alegando que dos hombres habían irrumpido en la casa y cometido los asesinatos, pero el tribunal lo declaró culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado.

Recibió tres condenas a muerte por los homicidios de los niños y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Flaherty.

El caso de Hutchinson ha generado controversia debido a su historial militar y las condiciones de salud que, según sus abogados, derivaron de su servicio en la Guerra del Golfo.

Hutchinson fue desplegado en Arabia Saudita en 1990 y, según su equipo legal, estuvo expuesto al gas sarín y sufrió lesiones por explosiones que le provocaron el síndrome de la Guerra del Golfo, una enfermedad crónica que afecta a muchos veteranos de ese conflicto.

El estado de salud del condenado

Los abogados argumentan que estas experiencias contribuyeron a su paranoia, alucinaciones y agresividad incontrolable, factores que, según ellos, deberían haber sido considerados en su juicio y en las decisiones posteriores.

El juez de circuito James Colaw rechazó recientemente una apelación presentada por los abogados de Hutchinson, dictaminando que el condenado no padece una enfermedad mental que lo incapacite para la ejecución.

En su fallo del 27 de abril, Colaw afirmó que Hutchinson presenta rasgos de personalidad antisocial y narcisista, y que sus afirmaciones sobre una conspiración gubernamental para encubrir los asesinatos carecen de fundamento.

A pesar de este fallo, los abogados del condenado han señalado que dos peritos concluyeron que Hutchinson no es apto para ser ejecutado y han solicitado la suspensión de la sentencia.

Grupos de veteranos piden clemencia ante la ejecución

Organizaciones y grupos de veteranos también han intervenido en el caso, pidiendo clemencia al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien firmó la orden de ejecución en marzo.

En una carta conjunta, los grupos Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte y Conservadores Preocupados destacaron el servicio militar de Hutchinson, describiéndolo como un veterano condecorado que participó en misiones de alto riesgo y sufrió daños cerebrales permanentes debido a su exposición a explosiones y productos químicos durante la guerra.

La carta señala que Hutchinson no recibió la atención médica adecuada tras su servicio y que sus problemas de salud mental no fueron comprendidos ni tratados en su momento.

Asistentes en la inminente ejecución del jueves

El hermano de Renee Flaherty, Wesley Elmore, ha expresado su intención de asistir a la ejecución, aunque admite que no espera encontrar consuelo en el proceso.

En declaraciones recogidas por USA Today, Elmore recordó la última vez que vio a su hermana y a los niños antes de que se mudaran a Florida para vivir con Hutchinson. Según relató, confió en el veterano para cuidar de su familia, un compromiso que, según sus palabras, Hutchinson traicionó de la manera más trágica.

A menos que las apelaciones pendientes en la Corte Suprema de Florida y la Corte Suprema de Estados Unidos resulten en una suspensión de última hora, Hutchinson será el cuarto recluso ejecutado en Florida este año y el decimoquinto a nivel nacional.

Murcia, 16 ene (EFECOM).- El juzgado de lo Mercantil número dos de Murcia ha concedido una prórroga de tres meses a la empresa Soltec Energías Renovables, con sede social en Molina de Segura (Murcia), para el proceso de negociación con los acreedores de un plan de reestructuración.

La resolución, según han indicado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), responde a la petición de la empresa, el pasado diciembre, para ampliar el plazo de las negociaciones, concedido el 26 de septiembre de 2024, para tres meses.

Esta comunicación de la apertura de negociaciones, añade la fuente, permite, durante un periodo determinado de tiempo, la negociación entre el deudor y sus acreedores de un plan de reestructuración dirigido a evitar la eventual insolvencia.

El auto dice que se atiende la solicitud dado que Soltec ha aportado la documentación exigida, incluyendo la conformidad de un número de acreedores, sobre todo, bancos, que representan más del 50 % del pasivo afectado.

Con esta decisión, se mantiene la suspensión de las ejecuciones que pudieran ser planteadas por los acreedores hasta el vencimiento del nuevo plazo.

La resolución ha sido remitida a las autoridades judiciales y administrativas que lleven a cabo algún proceso de ejecución para su inscripción y mantenimiento de la suspensión hasta que finalice el periodo de prórroga.EFECOM

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Dos drones —uno ucraniano y otro ruso— grabaron la escena desde lo alto del pueblo sureño ucraniano de Piatykhatky. The Associated Press logró obtener ambos videos. Ofrecen versiones muy diferentes de lo que sucedió a continuación.

El video del dron ucraniano, que la AP obtuvo de oficiales militares europeos, muestra a soldados con insignias de uniforme ruso levantando sus armas y disparando contra los cuatro ucranianos en la espalda con tal ferocidad que uno de ellos terminó con la cabeza destrozada.

“De todas las ejecuciones que hemos visto desde finales de 2023, es uno de los casos más claros. Esto no es una muerte típica en combate. Esta es una acción ilegal”, afirmó Rollo Collins, del Centro para la Resiliencia de la Información, un grupo de Londres especializado en investigaciones visuales que revisó el video a petición de la AP.

El video del dron ruso, que la AP localizó en redes sociales pro-Kremlin, se corta abruptamente con los hombres tendidos en el suelo —vivos.

“Como resultado del trabajo realizado por nuestros muchachos, el enemigo decidió no ser asesinado y salió con las manos en alto”, escribió un bloguero militar ruso que publicó el video.

Dos videos. Dos historias. En uno, los prisioneros parecen vivir. En el otro, mueren.

A medida que las pruebas de posibles crímenes de guerra continúan acumulándose, muchos en Ucrania temen que el cambio de postura del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra dificulte establecer una narrativa histórica firme sobre lo que ha sucedido desde la invasión rusa de 2022 y si los más responsables de las atrocidades alguna vez rendirán cuentas.

El 13 de marzo, el día que los oficiales europeos aseguran que ocurrió el incidente en Piatykhatky, representantes de Estados Unidos aterrizaron en Rusia para conversaciones de alto el fuego con el presidente ruso Vladimir Putin.

Trump, quien ha señalado que en un posible acuerdo Ucrania tendría que ceder parte de su territorio y que ha repetido los puntos de vista de Moscú, pidió un acuerdo de paz rápido. Su gobierno ha retirado el apoyo a Ucrania, incluyendo las investigaciones de crímenes de guerra, y está reconstruyendo relaciones con Putin, el mismo hombre que muchas víctimas y fiscales quieren ver enfrentando un tribunal.

“Como quiera que sea un acuerdo de paz, Ucrania no está lista para perdonar todo lo que sucedió en nuestro territorio. En qué forma habrá rendición de cuentas, eso no lo sabemos en este momento”, indicó Yurii Bielousov, jefe del departamento de crímenes de guerra de la fiscalía general de Ucrania, a la AP.

El Kremlin niega una política de ejecutar a prisioneros de guerra

El asesinato de prisioneros de guerra que se rinden en el video ucraniano —un crimen bajo el derecho internacional— no fue único, según fiscales ucranianos, funcionarios internacionales de derechos humanos y analistas de fuentes abiertas.

Al menos 245 prisioneros de guerra ucranianos han sido asesinados por fuerzas rusas desde la invasión a gran escala, de acuerdo con fiscales ucranianos. Alegan que es parte de una estrategia deliberada alentada por funcionarios rusos.

“Definitivamente es parte de la política, que es totalmente apoyada por los líderes principales de la Federación Rusa. Esto no es la acción de comandantes específicos. Está apoyado a nivel superior”, dijo Bielousov a la AP.

Ante la pregunta sobre el trato de Rusia a los prisioneros de guerra ucranianos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia trata a las tropas ucranianas que se rinden de acuerdo con el derecho internacional y no fomenta la ejecución de prisioneros de guerra.

“Esta no es una política del lado ruso”, sostuvo a la AP, y repitió las afirmaciones de Moscú de que las atrocidades cometidas por sus tropas en la ciudad ucraniana de Bucha fueron falsificadas.

En la ocupación de esa aldea ubicada en las afueras de Kiev al inicio de la guerra, cientos de ucranianos fueron abatidos. Pruebas abrumadoras, entre ellas testimonios de testigos, fotos, videos de cámaras de circuito cerrado, interceptaciones telefónicas y cadáveres de civiles, corroboraron esas muertes.

La batalla por Piatykhatky

El video del dron en Piatykhatky fue tomado por la 128va Brigada de Montaña de Ucrania, según oficiales militares de un país europeo con el que las autoridades ucranianas compartieron el video. La AP lo obtuvo bajo condición de anonimato porque los oficiales no estaban autorizados a divulgarlo.

Los intensos combates han devastado este cruce en la región de Zaporizhzhia. Nuevas marcas de quemaduras manchan la hierba y las casas que quedan carecen de techos y ventanas. La batalla ha sido parte de una lucha por tomar territorio antes de las conversaciones de paz, en que Rusia busca un punto estratégico para obligar a Ucrania a reestructurar sus líneas logísticas, según analistas militares.

Soldados rusos plantaron su bandera en medio de las ruinas de Piatykhatky el mes pasado, según un video de dron publicado el 11 de marzo por blogueros pro-Kremlin. Dos días después, los drones rusos y ucranianos grabaron la rendición de los cuatro soldados ucranianos a unos 100 metros de distancia.

El video ruso muestra un dron explosivo volando por la ventana de la casa donde los ucranianos se refugiaron, detonando con un destello.

Los drones de ambos países grabaron a uno de los ucranianos, con los brazos levantados y aparentemente desarmado, saliendo de la casa destrozada. Con un soldado ruso apuntándole con su arma, el hombre se planta en el suelo junto a sus camaradas.

Oficiales militares europeos que analizaron el video dijeron que los rusos son identificables por las marcas rojas o blancas en sus uniformes.

El video ucraniano muestra a los rusos registrando brevemente a sus prisioneros. Llegan dos rusos más y consultan con sus camaradas. Uno se detiene para usar su radio.

Lo que sucede a continuación fue eliminado del video ruso. Un soldado ruso camina hacia los prisioneros, levanta su arma con una mano y comienza a disparar. Otro soldado también dispara. Mientras recarga, un tercer ruso se une, disparando al menos dos tiros a quemarropa que arrancan el casco —y la cabeza— de un hombre. Luego, el soldado que estaba recargando termina con los cuatro ucranianos, disparando metódicamente a cada uno, uno por uno.

Ningún video muestra cómo el primer soldado ucraniano salió de la casa.

La 128va Brigada de Montaña de Ucrania declinó hacer comentarios porque las muertes están siendo investigadas como un presunto crimen de guerra. La agencia de seguridad interna de Ucrania confirmó a la AP que ha abierto una pesquisa.

Blogueros militares rusos que publicaron el video editado dijeron que muestra el trabajo de una unidad de asalto del 247mo Regimiento Aerotransportado de Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.

Analistas del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR, por sus siglas en inglés) confirmaron que los videos fueron grabados por diferentes drones, así como la ubicación y las marcas identificativas de los soldados.

“Para nosotros, esto es un proceso de ejecución bastante clínico y metódico. Sigue una tendencia muy consistente que hemos visto desde al menos diciembre de 2023″, subrayó Collins, analista del CIR.

Aumentan ejecuciones de prisioneros de guerra

Rusia también afirma haber documentado “asesinatos sistemáticos” de prisioneros de guerra rusos por parte de tropas ucranianas, pero no dio cifras generales. En marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia publicó testimonios de prisioneros de guerra rusos intercambiados por Ucrania que describieron golpizas y torturas bajo custodia. Algunos informaron de “una práctica de rematar a combatientes rusos heridos, así como de ejecutar a combatientes que han depuesto las armas”.

El Comité de Investigación, la principal agencia estatal de investigación penal de Rusia, anunció en diciembre que había abierto más de 5.700 casos penales sobre presuntos crímenes ucranianos desde el inicio del conflicto.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania ha documentado 91 ejecuciones extrajudiciales de prisioneros de guerra ucranianos desde agosto de 2024. Durante el mismo período, encontró un solo caso en que soldados ucranianos mataron a un prisionero de guerra ruso.

Bielousov, el fiscal de crímenes de guerra de Ucrania, dijo que todas esas acusaciones contra soldados ucranianos están siendo investigadas.

Danielle Bell, jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, señaló que el aumento en las ejecuciones de prisioneros de guerra por parte de las fuerzas rusas no ha ocurrido en un vacío. Rusia promulgó leyes que protegen a los soldados de ser procesados, destacó, y los funcionarios han pedido la ejecución o tortura de prisioneros de guerra ucranianos y han respaldado ejecuciones extrajudiciales reportadas. Múltiples videos de ejecuciones de prisioneros de guerra han aparecido en línea, algunos publicados por los propios soldados rusos, señaló, sugiriendo un ambiente de amplia impunidad.

“Las llamadas en redes sociales por parte de funcionarios públicos, las leyes de amnistía y el lenguaje deshumanizante en el contexto de impunidad para estos actos están contribuyendo a un ambiente que permite que tales actos o estos crímenes ocurran”, aseveró.

Rastreando crímenes de guerra

Las ejecuciones extrajudiciales están entre más de 157.000 posibles crímenes de guerra que los fiscales ucranianos están investigando. Ucrania ha dependido del apoyo internacional para ayudar a procesar esa avalancha de información y estructurar casos complejos tanto para cortes internacionales como nacionales.

Ese trabajo está sufriendo desde los recortes del gobierno de Trump a la ayuda exterior.

Entre los afectados se encontraba la Unión Ucraniana de Derechos Humanos de Helsinki, que perdió cinco millones de dólares debido a los recortes a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Había estado utilizando el dinero para recopilar pruebas de delitos que van desde daños a la propiedad hasta agresiones sexuales. La organización no gubernamental ha reducido personal, disminuido operaciones y se ha mudado de sus oficinas en Kiev, dijo a la AP el director ejecutivo Oleksandr Pavlichenko.

La financiación de Estados Unidos a grupos que investigan atrocidades en Camboya y Siria ayudó a construir casos de crímenes de guerra años después. Se necesitaron más de dos décadas para llevar a los principales líderes de la organización guerrillera Jemer Rojo ante un tribunal respaldado por la ONU por cargos de crímenes de guerra derivados de su brutal régimen en la década de 1970 que llevó a 1,7 millones de muertes en Camboya. Los fiscales se basaron en archivos del Centro de Documentación de Camboya, establecido con financiación del gobierno de Estados Unidos.

Si no fuera por ese centro, “no habría habido juicio contra el Jemer Rojo. Punto”, dijo Christopher “Kip” Hale, un experto en derecho penal que trabajó en el tribunal y ha trabajado en Ucrania.

“Para tener una paz duradera, tenemos que tener rendición de cuentas. Tenemos que invertir ahora”, advirtió. “Sin ella, vemos que los altos el fuego y los armisticios son sólo períodos de espera para que comience el próximo conflicto”.

Por Erika Kinetz, John Leicester y Beatrice Dupuy (AP)

Michael Tanzi, condenado por el asesinato de Janet Acosta, trabajadora del Miami Herald, fue ejecutado el martes en la prisión estatal de Florida mediante inyección letal. Según informó The Associated Press (AP), Tanzi fue declarado muerto a las 18:12 horas (tiempo local), después de recibir tres drogas por vía intravenosa, cerrando así un caso que conmocionó a la comunidad hace más de dos décadas.

La ejecución de Tanzi se convirtió en la tercera en lo que va del año en Florida, y se espera una más el próximo 1 de mayo, de acuerdo con las órdenes del gobernador Ron DeSantis.

Tanzi, un hombre de 48 años, recibió la pena capital después de secuestrar, agredir y matar a Acosta durante su hora de almuerzo.

Cuáles fueron las últimas palabras de Michael Tanzi

Sus últimas palabras, según una declaración final, con voz apenas audible, recogida por Newsweek, fueron: “Quiero disculparme con la familia de Janet Acosta y Caroline Holder por quitarles la vida”.

Después, recitó un versículo de la Biblia: “Padre Celestial, por favor no culpes a quienes no saben lo que hacen”, dijo, para después recibir el coctel letal por vía intravenosa.

Su última comida, de acuerdo con el medio, consistió en una chuleta de cerdo frita, tocino, una papa al horno, maíz, helado, una barra de chocolate y refresco.

Luego de tres minutos de agitación, el corazón de Tanzi finalmente dejó de latir. El acusado fue declarado muerto después de que un funcionario de prisiones lo sacudiera por los hombros y pronunciara su nombre en voz alta dos veces, con el objetivo de determinar si aún estaba consciente, tal y como reportó AP.

Familiares de Acosta expresaron su alivio después de la ejecución de Tanzi. Julie Andrew, su hermana, dijo: “Ya pasó. Básicamente, se hizo justicia para Janet. Me sentí más tranquila y puedo respirar de nuevo”.

Janet Vanderwier, sobrina de Acosta, afirmó que este momento era la culminación de “más de dos décadas de trabajo para obtener justicia para Janet”.

Miembros de Floridianos por Alternativas a la Pena de Muerte, un grupo que está en contra del castigo capital, señalaron en un comunicado citado por Newsweek que estas condenas “no son justicia” y que Florida vende “una imagen falsa” al decirle a los familiares de víctimas de asesinato que es “la mejor y única manera de lograr justicia”.

Por qué Tanzi fue condenado a muerte

A las afueras de la prisión donde murió Tanzi, Bill Campbell, un contramanifestante a favor de la pena capital, declaró durante una entrevista con Newsweek que “hay que deshacerse de un asesino psicópata”, y que no se pueden mantener a esa clase de personas “aquí”.

“Este tipo asesinó a dos mujeres; las mujeres son los blancos favoritos de estos asesinos psicópatas, así que alguien tiene que hacer algo para detener esto. Creo firmemente que la pena capital tiene un efecto disuasorio. Es un hermoso día hoy”, subrayó Campbell.

La ejecución de Tanzi tuvo lugar ayer, después de que el gobernador DeSantis firmara su sentencia de muerte el mes pasado tras el asesinato de Acosta, quien leía un libro dentro de su camioneta cuando se cruzó con el hombre.

Él le pidió un cigarrillo y la golpeó en el rostro, de acuerdo con los registros citados por AP, después la sujetó por la muñeca y amenazó con una cuchilla de afeitar, para luego conducir hasta el sur de Miami.

Una vez ahí, ató y amordazó a Acosta. La fiscalía dijo que le quitó más de 50 dólares en efectivo y utilizó su tarjeta bancaria antes de ir a una ferretería a comprar cinta adhesiva y hojas de afeitar.

“Condujo hasta una zona aislada en Cayo Cudjoe, le dijo que la iba a matar y comenzó a estrangularla. Se detuvo para colocarle la cinta adhesiva sobre la boca, la nariz y los ojos para intentar calmarla y luego la estranguló”, según un resumen de la Comisión Estatal de Casos Capitales, citado por AP.

Michael Tanzi, condenado por el asesinato de Janet Acosta, una empleada del Miami Herald, fue ejecutado el martes por la noche en la Prisión Estatal de Florida. Según informó The Associated Press, Tanzi, de 48 años, recibió una inyección letal y fue declarado muerto a las 18:12 horas (hora local). Este caso, ocurrido en el año 2000, culminó con una disculpa final de Tanzi dirigida a la familia de la víctima antes de que comenzara el procedimiento.

Acosta, quien trabajaba en el área de producción del periódico, fue secuestrada y asesinada durante su hora de almuerzo el 25 de abril de 2000. Según los registros judiciales citados por The Associated Press, la víctima se encontraba descansando en su camioneta, leyendo un libro, cuando Tanzi se le acercó, le pidió un cigarrillo y luego la atacó violentamente. El caso se convirtió en uno de los crímenes más impactantes de la época debido a la brutalidad de los hechos.

Un secuestro que terminó en tragedia

De acuerdo con los detalles proporcionados por The Associated Press, Tanzi golpeó a Acosta en el rostro, la amenazó con una cuchilla de afeitar y la obligó a conducir hasta Homestead, al sur de Miami.

En una gasolinera, el agresor ató y amordazó a la víctima, robándole 53 dólares en efectivo y su tarjeta bancaria. Posteriormente, se dirigieron a Tavernier, en los Cayos de Florida, donde Tanzi utilizó la tarjeta de Acosta para retirar dinero de su cuenta.

El recorrido continuó hasta una ferretería, donde Tanzi adquirió cinta adhesiva y hojas de afeitar. Según un resumen de la Comisión Estatal de Casos Capitales, el agresor condujo hasta una zona remota en Cayo Cudjoe, donde le informó a Acosta que planeaba matarla.

En ese lugar, intentó calmarla colocando cinta adhesiva sobre su boca, nariz y ojos, pero finalmente la estranguló hasta causarle la muerte. El cuerpo de Acosta fue abandonado en la isla, mientras que Tanzi huyó con su camioneta.

La confesión y el juicio

La desaparición de Janet Acosta fue reportada por sus amigos y compañeros de trabajo cuando no regresó de su descanso. Según The Associated Press, la policía localizó la camioneta de la víctima en Cayo Hueso, donde Tanzi había huido tras cometer el crimen. Durante el interrogatorio, el acusado confesó los hechos y guió a los investigadores hasta el lugar donde había dejado el cuerpo de Acosta, a más de 225 kilómetros al suroeste de Miami.

En su confesión, Tanzi admitió que no dejó ir a Acosta porque temía ser capturado. “Si la hubiera dejado ir, me habrían atrapado más rápido”, declaró, según los registros judiciales. “No quería que me atraparan. Me estaba divirtiendo demasiado... Le dije: ‘No puedo dejarte ir. Si te dejo ir, me voy a meter en un buen lío’”.

El juicio concluyó con la condena de Tanzi por asesinato en primer grado, secuestro, robo de vehículo y robo a mano armada. El jurado recomendó la pena de muerte con una votación unánime de 12 a 0.

Apelaciones rechazadas y el desenlace final

A lo largo de los años, Tanzi presentó múltiples apelaciones para evitar su ejecución, pero todas fueron rechazadas. Según The Associated Press, una de sus últimas solicitudes argumentaba que su condición de “obesidad mórbida” y ciática podría causarle un dolor inconstitucional durante la ejecución.

Sin embargo, la Corte Suprema de Florida desestimó este argumento, señalando que su condición médica era conocida desde 2009 y que la apelación no fue presentada a tiempo.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos también rechazó una solicitud de último momento para suspender la ejecución, sin emitir comentarios al respecto. Finalmente, Tanzi se convirtió en la tercera persona ejecutada en Florida en lo que va del año.

La pena de muerte en Florida y Estados Unidos

La ejecución de Michael Tanzi forma parte de un contexto más amplio en el que Florida ha intensificado la aplicación de la pena de muerte.

Según The Associated Press, el gobernador Ron DeSantis ha firmado varias órdenes de ejecución este año, incluida una programada para el 1 de mayo. En 2025, Florida ya ha llevado a cabo dos ejecuciones previas: Edward James, condenado por el asesinato de una niña de 8 años y su abuela, además de James Dennis Ford, quien mató a una pareja en una granja remota.

A nivel nacional, ocho personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en lo que va del año, en estados como Carolina del Sur, Texas, Alabama, Arizona, Luisiana y Oklahoma. En Carolina del Sur, una de estas ejecuciones se realizó mediante un pelotón de fusilamiento, y otra está programada bajo el mismo método.

Florida utiliza un cóctel de tres medicamentos para las ejecuciones por inyección letal: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro que monitorea la aplicación de esta práctica en el país.

Los últimos momentos de Michael Tanzi

En el día de su ejecución, Tanzi despertó temprano, a las 4:45 horas y recibió la visita de un asesor espiritual, según informaron las autoridades penitenciarias. Su última comida incluyó una chuleta de cerdo, tocino, helado y una barra de chocolate. Antes de recibir la inyección letal, ofreció una disculpa a la familia de Janet Acosta, cerrando así un caso que marcó profundamente a la comunidad de Florida y al Miami Herald.

Michael Anthony Tanzi, un hombre de 48 años condenado por el secuestro, agresión sexual y asesinato de Janet Acosta, será ejecutado este martes a las 18:00 horas (hora local) en la prisión estatal de Raiford, Florida.

La ejecución, que se llevará a cabo mediante inyección letal, ha generado un intenso debate debido a las condiciones médicas del recluso, quien pesa 173 kilogramos y sufre de obesidad mórbida, ciática crónica y otros problemas de salud. Según informó Newsweek, esta será la undécima ejecución en Estados Unidos en lo que va del año.

Los abogados de Tanzi intentaron detener la ejecución argumentando que el protocolo de inyección letal de Florida podría violar la prohibición constitucional contra castigos crueles e inusuales, especialmente en el caso de reclusos con condiciones médicas severas.

Sin embargo, la semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó estas apelaciones, calificándolas de “inoportunas y sin mérito”. Según el fallo, las condiciones médicas de Tanzi ya eran conocidas desde 2009 y no se presentó evidencia suficiente para demostrar que el procedimiento representaría un riesgo sustancial de sufrimiento innecesario.

El protocolo de ejecución de Florida incluye el uso de etomidato, un anestésico intravenoso de acción corta que inicia el procedimiento de inyección letal. La Corte Suprema del estado ha respaldado repetidamente este método, rechazando argumentos similares en casos previos relacionados con la obesidad y las dificultades en los procedimientos intravenosos.

Un crimen brutal que marcó un precedente

El 25 de abril del año 2000, Janet Acosta, de 49 años, fue secuestrada durante su hora de almuerzo en el Jardín Japonés de Watson Island, Miami. Según los registros judiciales, Michael Anthony Tanzi, entonces de 23 años, se acercó a Acosta mientras ella descansaba en su camioneta y le pidió un cigarrillo.

Posteriormente, la amenazó con una navaja y la obligó a acompañarlo. Durante las siguientes horas, Tanzi condujo más de 209 kilómetros hacia los Cayos de Florida, sometiendo a Acosta a agresiones sexuales y utilizando su tarjeta bancaria para realizar compras.

Finalmente, en una zona remota de Cayo Cudjoe, Tanzi estranguló a Acosta y abandonó su cuerpo entre manglares. Dos días después, fue arrestado en Key West, donde confesó el crimen. Según documentos judiciales, Tanzi justificó el asesinato afirmando que no podía dejarla ir porque temía ser capturado.

Acosta, quien trabajaba como supervisora del departamento de maquillaje del Miami Herald, era conocida por su rutina de estacionar su camioneta en Watson Island para leer o descansar antes de regresar al trabajo. Su muerte conmocionó a la comunidad y dejó un vacío en su familia, especialmente en su hermana, Julie Andrew, quien planea presenciar la ejecución de Tanzi.

Un pasado marcado por el abandono y el abuso

La vida de Michael Anthony Tanzi estuvo plagada de dificultades desde su infancia. Según documentos judiciales y declaraciones de sus abogados, Tanzi fue víctima de abuso físico y sexual desde temprana edad. Quedó huérfano a los ocho años y pasó los siguientes años en albergues e instituciones, enfrentando problemas de salud mental y adicciones.

Un médico que lo evaluó tras su arresto diagnosticó a Tanzi con trastorno bipolar, trastorno por abuso de sustancias, trastorno sexual y trastorno de personalidad antisocial. A pesar de estos antecedentes, un jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte en 2003, y Tanzi se declaró culpable de asesinato en primer grado, robo de vehículo y otros cargos.

En una carta enviada a un amigo por correspondencia el año pasado, Tanzi expresó que la prisión le había salvado la vida y que había encontrado un propósito a través de la religión. “He asumido toda la responsabilidad de mis actos”, escribió. “Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de cambiar”.

Controversias sobre la pena de muerte en Estados Unidos

El caso de Tanzi ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente en Florida, uno de los estados con mayor número de ejecuciones. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), Florida lidera el país en exoneraciones de condenados a muerte desde 1973.

Robin Maher, directora ejecutiva del DPIC, señaló que muchas de las personas actualmente en el corredor de la muerte fueron sentenciadas en una época en la que el apoyo público a la pena capital era significativamente mayor. Además, destacó que factores como enfermedades mentales y traumas infantiles no eran considerados con la misma profundidad que en la actualidad.

Maher también criticó la arbitrariedad geográfica en la aplicación de la pena de muerte, señalando que solo cinco estados —Texas, Georgia, Alabama, Florida y Misuri— representaron el 83% de todas las ejecuciones en el país entre 2015 y 2020. “Si cometes un delito capital en un estado como Minnesota o Vermont, no podrías ser condenado a muerte. Pero en Texas o Alabama, es muy probable que sí”, afirmó.

Llamados a la clemencia

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida ha solicitado al gobernador Ron DeSantis que conmute la sentencia de Tanzi a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En una carta enviada el 31 de marzo, el director ejecutivo del grupo, Michael Sheedy, argumentó que esta medida permitiría cumplir con la justicia sin recurrir a la venganza.

Sheedy destacó el impacto del abuso y el abandono en la vida de Tanzi, señalando que estos factores no justifican el crimen, pero sí deberían inspirar un espíritu de misericordia. “La prisión le salvó la vida y ahora asume toda la responsabilidad de sus actos”, escribió Sheedy.

El gobernador DeSantis, quien firmó la orden de ejecución el mes pasado, no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el caso.

Próximas ejecuciones en Estados Unidos

La ejecución de Tanzi es una de varias programadas en las próximas semanas. Según el DPIC, tres días después de su ejecución, Mikal Mahdi, de 41 años, será ejecutado en Carolina del Sur por el asesinato de un oficial de policía fuera de servicio en 2004. Además, otras ejecuciones están previstas en Texas, Alabama, Tennessee y Luisiana durante mayo.

Mientras tanto, activistas y organizaciones continúan cuestionando la efectividad y la ética de la pena de muerte, especialmente en casos donde el historial de trauma y enfermedades mentales de los condenados juega un papel significativo. La ejecución de Tanzi, programada para este martes, será observada de cerca por medios como Newsweek, que reportará desde la cámara de ejecución.

Un veterano del Ejército de los Estados Unidos, Jeffrey Hutchinson, de 59 años, será ejecutado el próximo 1 de mayo en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de la ciudad de Starke.

Según informó The Associated Press, Hutchinson fue condenado por el asesinato de su novia y los tres hijos de ella en 1998, un crimen que conmocionó a la comunidad de Crestview, Florida. La orden de ejecución fue firmada recientemente por el gobernador del estado, Ron DeSantis, siendo esta la cuarta sentencia de muerte autorizada por el mandatario en lo que va del año.

El caso por el que Jeffrey Hutchinson fue condenado

De acuerdo con los registros judiciales citados por The Associated Press, los hechos ocurrieron la noche del 11 de septiembre de 1998, cuando Hutchinson discutió con su pareja, Renee Flaherty, de 32 años, en su residencia.

Tras el altercado, el hombre se dirigió a un bar local, donde, según testigos, comentó sobre la disputa mientras consumía varias cervezas. Poco después, abandonó el lugar abruptamente. Aproximadamente 40 minutos más tarde, una llamada al 911 alertó a las autoridades. En la comunicación, una voz identificada como la de Hutchinson confesó: “Acabo de dispararle a mi familia”.

Cuando la policía llegó al domicilio, encontró los cuerpos sin vida de Flaherty y sus tres hijos: Geoffrey, de 9 años; Amanda, de 7; y Logan, de 4. Todos habían recibido disparos. Hutchinson fue hallado en el garaje de la vivienda, aún sosteniendo el teléfono con el que había realizado la llamada al 911.

En la cocina, las autoridades encontraron una escopeta Mossberg calibre 12, identificada como el arma homicida. Además, los análisis forenses revelaron residuos de pólvora en las manos del acusado, lo que reforzó las pruebas en su contra.

Un caso marcado por la controversia

A pesar de las pruebas presentadas en su contra, Hutchinson ha mantenido su inocencia desde el inicio del proceso judicial. Durante su declaración ante el tribunal, afirmó: “No maté a Renee ni a los niños y creo que me incriminaron”.

Sin embargo, sus apelaciones han sido rechazadas en repetidas ocasiones. En 2022, la Corte Suprema de Florida desestimó un recurso en el que la defensa alegaba la existencia de nuevas pruebas que podrían exonerarlo.

El historial de Hutchinson también ha sido objeto de atención durante el juicio. Según los documentos judiciales, el hombre sirvió durante ocho años en el Ejército de los Estados Unidos, participando en la Guerra del Golfo.

Tras su servicio, fue diagnosticado con la llamada “enfermedad de la Guerra del Golfo”, un síndrome que incluye síntomas como dolor crónico, pérdida de memoria e insomnio. Aunque su defensa intentó vincular este diagnóstico con su estado mental en el momento del crimen, el tribunal no consideró que esto fuera suficiente para anular la sentencia.

Florida y el uso de la pena de muerte

La ejecución de Hutchinson será la cuarta autorizada por el gobernador Ron DeSantis este año, en un estado que ha mantenido un ritmo constante en la aplicación de la pena capital. Según detalló The Associated Press, este año ya se han llevado a cabo dos ejecuciones en Florida, mientras que una tercera está programada para el próximo 8 de abril.

El pasado 20 de marzo, Edward James, de 63 años, fue ejecutado por el asesinato de una niña de 8 años y su abuela en 1993. El 13 de febrero, James Dennis Ford, de 64 años, recibió la inyección letal por el homicidio de una pareja durante un viaje de pesca en 1997.

Por su parte, Michael Tanzi, de 48 años, será ejecutado en abril por el secuestro y asesinato de una mujer en los Cayos de Florida en el año 2000.

Florida es uno de los estados que más frecuentemente aplica la pena de muerte en Estados Unidos. Todas las ejecuciones recientes, incluida la de Hutchinson, se han llevado a cabo mediante inyección letal, un método que ha sido objeto de debate en el país debido a cuestionamientos sobre su humanidad y efectividad.

Un caso en Florida ha generado controversia en torno a la aplicación de la pena de muerte, luego de que los abogados de Michael Tanzi, un recluso de 48 años condenado por asesinato, presentaran una solicitud para detener su ejecución programada. Según documentos judiciales citados por CBS News, la defensa sostiene que las condiciones de salud de Tanzi, incluida su obesidad mórbida y su padecimiento de ciática, podrían complicar el procedimiento de inyección letal, resultando en una ejecución fallida.

De acuerdo con los argumentos presentados por los abogados, los protocolos actuales de inyección letal en Florida no está diseñado para personas con condiciones médicas como las de Tanzi. En su solicitud, señalaron que el sedante utilizado en el procedimiento podría no surtir efecto completo debido al peso del recluso, lo que podría dejarlo consciente pero paralizado durante la ejecución.

“Los protocolos existentes para la inyección letal no contemplan la ejecución de alguien con obesidad y condiciones médicas descontroladas, como las de Tanzi, que probablemente complicarán el proceso”, afirmaron los abogados en su escrito.

Preocupaciones durante el proceso de ejecución

Además, la defensa destacó que la colocación de las líneas intravenosas necesarias para administrar el cóctel de tres fármacos podría ser difícil debido a la obesidad del recluso. También argumentaron que su condición de ciática, que provoca dolor a lo largo del nervio ciático en la espalda, podría causarle sufrimiento adicional al permanecer acostado en la mesa de ejecución.

Por su parte, la oficina del fiscal general de Florida respondió a las afirmaciones de la defensa, argumentando que no se ha demostrado que el protocolo de inyección letal del estado viole la prohibición de castigos crueles e inusuales dentro de la Constitución de los Estados Unidos.

En su respuesta, señalaron que el sedante etomidato, utilizado en el procedimiento, ha sido empleado con éxito en ejecuciones previas en Florida.

“Tanzi no ofrece ningún respaldo a su afirmación infundada de que la dosis masiva de etomidato, utilizada repetidamente y con éxito en el protocolo de inyección letal de Florida, no le funcionará”, indicó el estado en los documentos judiciales.

Otro punto de controversia es el momento en que se presentó la solicitud. Según los documentos citados por CBS News, la fiscalía subrayó que Tanzi esperó hasta la semana previa a su ejecución para plantear estas preocupaciones, lo que podría interpretarse como una táctica dilatoria.

Condenado a muerte por el secuestro y asesinato de una mujer en el 2000

Tanzi fue originalmente condenado por el secuestro y asesinato de Janet Acosta en abril del año 2000, quien, según The Associated Press (AP) se encontraba sentada dentro de su camioneta cuando el hombre la atacó y amenazó con una cuchilla de afeitar.

El ahora condenado a muerte ató y amordazó a Acosta antes de viajar hacia los Cayos de Florida en su camioneta. Durante el traslado, Tanzi agredió sexualmente a la mujer y utilizó su tarjeta bancaria para retirar dinero de varios cajeros automáticos.

Al llegar a una zona aislada de Cayo Cudjoe estranguló a la mujer y abandonó su cuerpo para después dirigirse a Cayo Hueso donde se reunió con amigos suyos.

Allegados a Acosta reportaron su desaparición. Finalmente, Tanzi fue arrestado luego de que la policía reconociera la camioneta de la mujer.

La ejecución de Tanzi, programada para el 8 de abril después de que el gobernador Ron DeSantis firmara una orden de muerte el 10 de marzo, será la tercera en el estado en lo que va de 2025.

James Dennis Ford, fue ejecutado en febrero luego del asesinato de una pareja en 1997 y Edward James fue ejecutado el 20 de marzo por el asesinato de una mujer y la violación y muerte de su nieta de 8 años en el condado de Seminole en 1993.

En un contexto marcado por la escasez de pentobarbital, el fármaco utilizado en las inyecciones letales, el estado de Florida ha comenzado a explorar alternativas para garantizar la continuidad de la pena de muerte.

Según reportó Fox News, el Senado estatal aprobó recientemente un proyecto de ley que busca ampliar los métodos de ejecución disponibles, incluyendo opciones como pelotones de fusilamiento y gases letales.

Esta medida tiene como objetivo proteger la capacidad del estado para llevar a cabo ejecuciones en caso de que los métodos actuales sean declarados inconstitucionales o se vuelvan inviables.

Proyecto de Ley Senatorial 1604

El Proyecto de Ley Senatorial 1604, presentado por el senador republicano Jonathan Martin, de Fort Myers, establece que, si la inyección letal o la electrocución son prohibidas por la Corte Suprema de los Estados Unidos o la Corte Suprema de Florida, o si los medicamentos necesarios no están disponibles, las personas condenadas a muerte deberán ser ejecutadas mediante cualquier método que no sea considerado inconstitucional.

Martin explicó al que esta legislación busca garantizar que el estado cumpla con la ley y pueda ejecutar las sentencias de muerte sin interrupciones.

El martes, el Comité de Justicia Penal del Senado de Florida dio luz verde al proyecto de ley, mientras que el miércoles, el representante estatal Berny Jacques, también republicano, presentó una propuesta complementaria en la Cámara de Representantes.

Jacques declaró a Fox News Digital que la pena de muerte es esencial para la seguridad pública y que su proyecto de ley, el Proyecto de Ley 903, otorga al Departamento de Correccionales de Florida la flexibilidad de utilizar cualquier método legal si las opciones actuales dejan de estar disponibles.

Métodos alternativos en discusión

Aunque el texto del proyecto de ley no especifica qué métodos de ejecución podrían implementarse, Fox News detalló que ocho estados en Estados Unidos ya permiten el uso de gases letales como alternativa a la inyección letal. Entre ellos, Alabama, Luisiana, Misisipi y Oklahoma mencionan específicamente el gas nitrógeno como agente químico letal.

Además, cuatro estados permiten la ejecución por fusilamiento, mientras que Carolina del Sur lo autoriza como alternativa a la electrocución, su método principal de ejecución.

El uso de pelotones de fusilamiento ha sido extremadamente raro en las últimas décadas. Sin embargo, en marzo, Brad Sigmon, un condenado a muerte en Carolina del Sur, fue ejecutado mediante este método, siendo el primer caso de este tipo en más de 15 años en Estados Unidos.

Contexto y desafíos

Desde 1976, la inyección letal ha sido el método de ejecución más utilizado en el país, representando 1.431 de todas las ejecuciones realizadas. La electrocución ocupa el segundo lugar, con 163 casos.

Sin embargo, la creciente dificultad para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales ha llevado a varios estados a buscar alternativas. Según Fox News, la escasez de pentobarbital ha sido un factor determinante en esta búsqueda, ya que muchas farmacéuticas se han negado a suministrar estos fármacos para su uso en ejecuciones.

El debate sobre la constitucionalidad de ciertos métodos de ejecución también ha influido en las decisiones de los estados. En este sentido, el proyecto de ley de Florida busca anticiparse a posibles fallos judiciales que puedan limitar las opciones disponibles.

Implicaciones legales y sociales

Aunque el proyecto de ley enfatiza la necesidad de garantizar la seguridad pública y cumplir con las sentencias judiciales, sugiere un cambio significativo en la forma en que se llevan a cabo las ejecuciones en el estado.

El enfoque en métodos alternativos como los gases letales y los pelotones de fusilamiento refleja una tendencia más amplia en Estados Unidos, donde varios estados han comenzado a diversificar sus opciones ante los desafíos legales y logísticos que enfrenta la inyección letal.

Sin embargo, estas medidas también plantean preguntas sobre la humanidad y la eficacia de estos métodos, así como sobre su aceptación por parte del público y las instituciones judiciales.

Con la aprobación inicial del proyecto de ley en el Senado estatal y la presentación de su contraparte en la Cámara de Representantes, Florida se posiciona como uno de los estados que lideran la discusión sobre el futuro de la pena de muerte en el país.

La Unión Europea ha acogido este domingo con enorme satisfacción la abolición de la pena de muerte en Zimbabue en lo que ha descrito como un "paso histórico" para el país africano.

Zimbabue anunció el pasado miércoles el fin de la pena de muerte en el país casi dos décadas después de que la nación del sur de África llevara a cabo su última ejecución. La ley, aprobada por el presidente Emmerson Mnangagwa después de que el gabinete de la nación acordara abolir la pena capital en junio, ha quedado definitivamente en suspenso en las últimas horas a través de un decreto gubernamental.

"Con este paso histórico, Zimbabwe se suma a la mayoría de los países del mundo que han eliminado la pena capital", hace saber la Unión Europea en un comunicado en el que pide al país un último esfuerzo: la supresión de una disposición "que permite la reintroducción temporal de la pena de muerte durante un estado de excepción pública".

"La pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y un castigo cruel e inhumano, que representa una negación inaceptable de la dignidad y la integridad humanas, ni existen pruebas convincentes de que sirva como elemento disuasorio de la delincuencia, mientras que los errores judiciales son irreversibles", recuerda la UE.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha felicitado este jueves al presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, tras ratificar la abolición de la pena de muerte, una práctica "difícilmente concuerda con la dignidad humana", según ha explicado.

"Todos los Estados que siguen practicando la pena capital deben seguir el ejemplo de Zimbabue y abolirla o imponer una moratoria a su uso", ha indicado en un comunicado en el que ha recordado que la pena de muerte es contraria al "derecho fundamental a la vida".

En este sentido, ha hecho un llamamiento al Gobierno del país africano a "tomar más medidas para evitar que se introduzca una posible restauración de esta pena en el marco de estados de emergencia o excepción".

Zimbabue arrancó el año con el anuncio del fin de la pena de muerte casi dos décadas después de que la nación llevara a cabo su última ejecución. "Ningún tribunal impondrá la pena de muerte a una persona, sea cual sea el delito cometido y el momento en que se cometa, sino que impondrá cualquier otra sentencia competente que sea apropiada en las circunstancias del caso", recoge el decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del país.

El presidente Mnangagwa, que fue condenado a muerte por el gobierno del ex primer ministro Ian Smith durante la guerra por la independencia de Zimbabue, ha sido hasta ahora un firme opositor a la pena capital. Actualmente, el país cuenta con 65 presos condenados a muerte. La última ejecución tuvo lugar en 2005.

Zimbabue ha anunciado este miércoles el fin de la pena de muerte en el país casi dos décadas después de que la nación del sur de África llevara a cabo su última ejecución.

La ley, aprobada por el presidente Emmerson Mnangagwa después de que el gabinete de la nación acordara abolir la pena capital en junio, ha quedado definitivamente en suspenso en las últimas horas a través de un decreto gubernamental.

"Ningún tribunal impondrá la pena de muerte a una persona por cualquier delito, sea cual sea el momento en que se cometa, sino que impondrá cualquier otra sentencia competente que sea apropiada en las circunstancias del caso", tal y como recoge el decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del país.

El presidente Mnangagwa, que fue condenado a muerte por el gobierno del ex primer ministro Ian Smith durante la guerra por la independencia de Zimbabue, ha sido hasta ahora un firme opositor a la pena capital.

En estos momentos, Zimbabue tiene 65 presos condenados a muerte. La última ejecución tuvo lugar en 2005.

Harare, 31 dic (EFE).- El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, promulgó este martes la Ley de Abolición de la Pena de Muerte.

Aunque la última ejecución en el país del sur de África se produjo hace casi dos décadas, en 2005, según medios locales, actualmente están sentenciados a este castigo más de 60 presos a los que se les conmutará la pena y recibirán una nueva condena.

El Parlamento zimbabuense ya aprobó el pasado 11 de diciembre el proyecto de ley, lo que allanó el camino para que Mnangagwa lo firmara este martes y lo convirtiera en ley.

Desde principios de año, el texto ha sido objeto de análisis y se han celebrado audiencias públicas y debates en las diez provincias del país.

Hasta hoy, la pena de muerte se permitía en algunos casos en Zimbabue como el de asesinato agravado, pero ahora la cadena perpetua se convertirá en el castigo máximo.

"No obstante lo dispuesto en cualquier otra ley, ningún tribunal impondrá la pena de muerte a una persona por cualquier delito, independientemente de dónde se haya cometido, sino que impondrá cualquier otra sentencia competente que sea apropiada en las circunstancias del caso", indica un fragmento de la ley.

Amnistía Internacional (AI) aplaudió la decisión: "No se trata solo de un gran avance para Zimbabue, sino también de un faro de esperanza para el movimiento abolicionista de la región y de un hito importante en la búsqueda colectiva mundial del fin de este castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia", dijo la directora ejecutiva en Zimbabue, Lucia Masuka.

Sin embargo, lamentó la posibilidad de que la pena capital se pueda restablecer si entra en vigor el estado de excepción.

"Instamos a las autoridades a que avancen ahora rápidamente hacia la abolición total de la pena de muerte eliminando la cláusula incluida en las enmiendas al proyecto de ley que permite el uso de la pena de muerte mientras dure cualquier estado de emergencia pública", señaló Masuka.

Las ejecuciones están suspendidas en Zimbabue desde 2005, tras el ahorcamiento de los criminales Stephen Chidhumo y Edgar Masendeke.

Desde 1980 hasta la fecha 79 personas han sido ahorcadas, pero desde 2005 no se ha ejecutado a nadie.

La pena de muerte se incluyó en el código penal de Zimbabue cuando el país era la Federación de Rodesia durante el período colonial británico, pero se mantuvo después de la independencia, lograda en 1980.

De hecho, las autoridades coloniales llegaron a condenar a muerte al presidente Mnangagwa por su lucha anti-imperialista.

Hasta la fecha, 24 países africanos han abolido totalmente la pena de muerte. Cuatro de ellos -Chad, la República Centroafricana, Sierra Leona y Zambia- lo han hecho después de 2020.

A nivel mundial, 113 países son plenamente abolicionistas, según cifras de AI. EFE

Edward Thomas James, un hombre de 63 años condenado por los brutales asesinatos de una mujer y su nieta en 1993, fue ejecutado mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, convirtiéndose en el segundo preso ejecutado en Estados Unidos en un solo día y el cuarto en una semana, según informó USA Today.

La ejecución de James tuvo lugar el jueves por la noche, aproximadamente nueve horas después de que Wendell Arden Grissom fuera ejecutado en Oklahoma por un asesinato con allanamiento de morada.

Este evento también siguió a la ejecución de Jessie Hoffman en Luisiana el martes, mediante gas nitrógeno, y a la de Aaron Gunches en Arizona el miércoles, por inyección letal. Con este caso, James se convirtió en el segundo preso ejecutado en Florida en lo que va del año y el décimo en todo el país.

Los crímenes que llevaron a la ejecución de Edward Thomas James

De acuerdo con USA Today, los hechos que llevaron a la condena de Edward Thomas James ocurrieron la noche del 20 de septiembre de 1993 en la casa de Elizabeth “Betty” Dick, ubicada en Casselberry, en el área metropolitana de Orlando.

James, quien había alquilado una habitación en la casa de Dick durante seis meses y conocía a la familia desde hacía años, llegó al lugar bajo los efectos del alcohol, el crack y posiblemente LSD. En un ataque de violencia, James estranguló y violó a Toni Neuner, la nieta de 8 años de Dick, antes de asesinarla y ocultar su cuerpo detrás de una cama.

Posteriormente, James atacó a Betty Dick, a quien golpeó, intentó violar y apuñaló 23 veces antes de huir del lugar con su bolso, joyas y automóvil.

La fuga desencadenó una persecución de 17 días que culminó con su captura en California, tras ser identificado gracias al programa de televisión “Los Más Buscados de América”. Durante el juicio, James confesó los crímenes y expresó que merecía la pena de muerte. “No quiero morir, pero creo que es el castigo justo por lo que cometí”, declaró en 2003, según archivos del Orlando Sentinel.

Las víctimas: una abuela amorosa y una niña extrovertida

El medio USA Today destacó que Betty Dick era descrita por sus hijos como una mujer generosa y cariñosa que siempre ayudaba a los demás. Su bondad la llevó a acoger a James en su hogar, sin imaginar que sería capaz de cometer un acto tan atroz.

Por su parte, Toni Neuner era una niña extrovertida y muy unida a su hermana mayor, Wendi, quien también estaba presente en la casa la noche de los asesinatos. Según relató su tía, Brenda Teed, Wendi intentó intervenir para proteger a su abuela y a su hermana, pero James la ató, dejándola impotente ante los hechos.

La familia de las víctimas enfrentó un dolor profundo y duradero. “Es increíble lo que vio”, expresó Teed al Orlando Sentinel en referencia a Wendi. “Cree que si se hubiera levantado antes, podría haberlos salvado”.

La familia también tuvo que lidiar con el desafío de explicar a los otros nietos de Dick lo ocurrido. “Les decimos que la abuela y Toni están en el cielo, pero no entienden por qué”, añadió Teed.

Argumentos de la defensa: deterioro cognitivo y derechos constitucionales

En los años previos a la ejecución, los abogados de Edward Thomas James intentaron detener el proceso argumentando que su cliente no era apto para ser ejecutado debido a un deterioro cognitivo significativo.

Según detalló USA Today, James había mostrado pérdida de memoria, dificultad para recordar palabras simples y problemas para mantener el hilo de las conversaciones. Además, la defensa señaló que James sufría de un historial de abuso de sustancias, signos de enfermedad mental y posibles indicadores de demencia de inicio temprano.

Los abogados argumentaron que estas condiciones hacían que la ejecución de James constituyera un castigo cruel e inusual, violando sus derechos constitucionales. Sin embargo, todos los tribunales rechazaron estos argumentos en las semanas y días previos a la ejecución.

Detalles de la ejecución

La ejecución de Edward Thomas James se llevó a cabo poco después de las 20:00 horas (hora del Este), en la Prisión Estatal de Florida, ubicada a unos 64 kilómetros al Oeste de Jacksonville.

Según informó USA Today, el procedimiento sufrió un retraso de aproximadamente dos horas, aunque las autoridades penitenciarias no ofrecieron una explicación inmediata sobre la causa del retraso.

Un aumento en las ejecuciones en Estados Unidos

El caso de James forma parte de un patrón reciente de aumento en las ejecuciones en Estados Unidos. Según consignó USA Today, cuatro ejecuciones más están programadas para abril.

Entre ellas, Michael Tanzi será ejecutado en Florida el 8 de abril, mientras que Mikal Mahdi enfrentará la pena capital en Carolina del Sur el 11 de abril, con la opción de elegir entre inyección letal, pelotón de fusilamiento o silla eléctrica.

Por su parte, Moisés Sandoval Mendoza será ejecutado en Texas el 23 de abril y James Osgood en Alabama el 24 de abril, ambos mediante inyección letal.

Además, se han programado otras ocho ejecuciones para el resto del año, aunque se espera que este número aumente a medida que los estados emitan más órdenes de ejecución.

La filial yemení de la red terrorist Al Qaeda ha anunciado este domingo la ejecución de once yemeíes, entre ellos un periodista secuestrado en 2015, acusados de "espiar para organizaciones hostiles"

En un comunicado recogido este domingo por el portal de noticias South24, Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) ha anunciado la ejecución de estos "espías", comenzando por el periodista Mohamed al Maqri, secuestrado en 2015 en Muqala, la capital de la gobernación de Hadramut.

La cadena Yemen Today ha reaccionado a la muerte de su empleado con una condena enérgica a "un crimen que busca silenciar bocas" en un comunicado también recogido por el mismo medio.

Todos los ejecutados fueron condenados por un "tribunal islámico", de acuerdo con el comunicado, que describe a Al Maqri como "un colaborador de los servicios de seguridad de Yemen". El resto de los ejecutados fueron condenados por cooperar con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y la insurgencia hutí.

Damasco, 29 dic (EFE).- El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró este domingo haber documentado la muerte de un total de 59.725 personas bajo tortura y maltratadas en las cárceles del depuesto régimen de Bachar al Asad desde el inicio de la revolución en ese país, en 2011.

La ONG, que cuenta con una amplia red de colaboradores sobre el terreno, afirmó en un comunicado que, de esas personas, al menos 10.885 casos han podido ser documentados "con nombres" tras el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad hace tres semanas.

"Con el colapso del régimen, aparecieron documentos dejados por sus servicios de seguridad que revelan el martirio de 10.885 detenidos, una cifra que el observatorio pudo documentar oficialmente, pero la realidad indica que las cifras reales son mucho mayores", se apunta en la nota.

Afirma que con ese número, el total de aquellos que perdieron la vida en "los centros de detención" y que la ONG ha podido documentar "por su nombre" desde el inicio de la revolución hace casi catorce años, "se eleva a 59.725, de las más de 105.000 personas que, según sabe el observatorio, habían muerto dentro de las cárceles".

Según el observatorio, esas cárceles "eran una auténtica pesadilla, pues los detenidos se enfrentaban a las más horrendas formas de tortura física y psicológica, desde brutales palizas, descargas eléctricas, arrancamientos de uñas hasta privación de comida y sueño".

La más dura -añade- fue la famosa prisión de Sednaya, en las afueras de Damasco, que "se la llamó como 'matadero humano', ya que allí la muerte no era una posibilidad, sino más bien un destino casi inevitable, y los detenidos presenciaron ejecuciones en masa y torturas sistemáticas que se cobraron la vida de miles de personas".

"Las imágenes aparecidas desde esta prisión tras la caída del régimen y la huida de Bachar al Asad (a Rusia) el 8 de diciembre mostraron escenas de cuerpos desfigurados por la tortura, como testimonio del horror de los crímenes cometidos", añadió.

La ONG instó a que la comunidad internacional "adopte medidas urgentes y concretas para garantizar que los autores de torturas y asesinatos bajo tortura (...) rindan cuentas. Estos juicios deben celebrarse en territorio sirio y bajo la supervisión de organismos internacionales independientes". EFE

Wendell Grissom, de 56 años, fue ejecutado la mañana de este jueves mediante inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, ubicada en McAlester, según informó The Associated Press (AP).

La ejecución, que tuvo lugar a las 10:13 horas, tiempo local, marcó la primera aplicación de la pena capital en el estado en lo que va del año. Grissom había sido condenado por el asesinato de Amber Matthews, una mujer de 23 años, y por herir a su amiga, Dreu Kopf.

De acuerdo con los detalles proporcionados por AP, el crimen tuvo lugar en la residencia de Kopf, en el condado de Blaine, Oklahoma. Grissom, junto con un cómplice identificado como Jessie Floyd Johns, irrumpió en la vivienda de manera aleatoria con la intención de cometer un robo.

La primera ejecución en Oklahoma en lo que va del año

Durante el ataque, Matthews fue asesinada de dos disparos en la cabeza, mientras que Kopf, quien también recibió dos disparos y resultó gravemente herida, logró escapar en el vehículo de Grissom para buscar ayuda.

Tras cometer el crimen, los dos hombres huyeron del lugar en una cuatrimoto robada. Sin embargo, su intento de escape fue frustrado rápidamente cuando el vehículo se quedó sin combustible. Posteriormente, fueron capturados después de pedir un aventón hasta un café en un condado cercano.

Los hijos de Kopf fueron encontrados aún dentro de la casa por las autoridades. Todos estaban ilesos. Matthews, por otro lado, murió mientras era trasladada en un helicóptero a un hospital de Oklahoma City.

Mientras que Wendell Grissom fue condenado a muerte por su participación en el asesinato de Amber Matthews, su cómplice, Jessie Floyd Johns, recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambos hombres enfrentaron cargos por el ataque que dejó a Matthews sin vida y a Kopf gravemente herido.

Los abogados de Grissom no pusieron en duda su culpabilidad, no obstante, argumentaron durante una audiencia de clemencia que sufría daño cerebral que nunca fue presentado ante el jurado. La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado denegó su solicitud.

Ellos afirmaron ante la junta que su cliente siempre aceptó la responsabilidad y argumentaron que escribió una disculpa dirigida a la familia de Matthews durante su primera entrevista con la policía.

“Él no puede cambiar el p asado, pero ahora está y siempre ha estado profundamente avergonzado y arrepentido”, añadió Kristi Christopher, abogada de la oficina del defensor público federal.

Por su parte, Kopf dijo que aún conserva profundas cicatrices mentales y físicas del ataque. “Viví en un estado de miedo intenso en todo momento”, afirmó entre lágrimas.

Una semana activa en cuanto a ejecuciones en EEUU

Gentner Drummond, fiscal general de Oklahoma, calificó este como un caso de pena de muerte “de manual” y señaló que los crímenes de Grissom, brutales y aleatorios contra desconocidos inocentes, “son el tipo de delitos que mantienen a la gente despierta por la noche”.

La ejecución de Grissom se suma a una semana particularmente activa en términos de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Otros tres condenados a la pena máxima estaban programados para ser ejecutados en diferentes estados durante la misma semana.

En Luisiana, un hombre fue ejecutado el martes utilizando gas nitrógeno, marcando la primera vez que este método se emplea en el estado tras una pausa de 15 años en las ejecuciones.

El miércoles, otro hombre fue ejecutado mediante inyección letal por el secuestro y asesinato del exesposo de su pareja. Finalmente, una ejecución adicional estaba programada para el jueves en Florida, también mediante inyección letal.

En diciembre, la ejecución mediante inyección letal de Kevin Ray Underwood se convirtió en la número 127 realizada en el estado de Oklahoma desde que se restableció la pena capital en 1976.

En un hecho que marca el reinicio de las ejecuciones en Arizona tras más de dos años de suspensión, Aaron Gunches, de 53 años, fue ejecutado el miércoles mediante inyección letal en una prisión estatal ubicada en Florence.

Gunches había sido condenado a muerte por el asesinato de Ted Price, el exesposo de su novia, ocurrido en 2002. Según informó CBS News, esta ejecución representa un hito en el estado, que había detenido la aplicación de la pena capital debido a problemas en la administración de inyecciones letales en ejecuciones previas.

De acuerdo con el Departamento de Correccionales de Arizona, el procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos y Gunches fue declarado muerto a las 10:33 horas. Testigos presentes en la cámara de la muerte relataron que el condenado fue colocado en una camilla, donde se le inmovilizaron los brazos y las piernas antes de que se le administraran las sustancias letales.

Cuando se le ofreció la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras, Gunches se negó meneando con la cabeza. Poco después, las drogas comenzaron a fluir y el hombre respiró con dificultad varias veces antes de perder el conocimiento. Su pecho dejó de moverse minutos después, confirmaron los testigos.

La ejecución de Gunches es la primera que se lleva a cabo en Arizona desde noviembre de 2022. Según consignó CBS News, el estado había suspendido la aplicación de la pena de muerte debido a problemas técnicos en ejecuciones anteriores, lo que llevó a una revisión exhaustiva de los procedimientos relacionados con la inyección letal.

Un caso marcado por la violencia y la evidencia forense

El asesinato de Ted Price, por el cual Gunches fue condenado, ocurrió en un suburbio de Phoenix en 2002. Según las autoridades, Gunches disparó fatalmente a Price, quien era el exesposo de su pareja en ese momento. Posteriormente, en 2003, Gunches disparó en dos ocasiones contra un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Arizona durante un control de tráfico cerca de la frontera con California.

Aunque el agente sobrevivió gracias a su chaleco antibalas, los casquillos recuperados coincidieron con los encontrados en la escena del crimen de Price, lo que resultó en una pieza clave de evidencia que vinculó a Gunches con el asesinato.

El caso de Gunches no solo destacó por la brutalidad de los hechos, sino también por el tiempo transcurrido entre su condena y la ejecución. Fue sentenciado a muerte en 2007, cinco años después del asesinato, y su caso se mantuvo en los tribunales durante más de una década debido a apelaciones y revisiones legales.

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, declaró tras la ejecución: “Finalmente se hizo justicia para Ted Price y su familia”. Este caso había generado atención debido a que el propio Gunches había abandonado los intentos legales para detener su ejecución, lo que aceleró el proceso judicial en su contra.

Luisiana utiliza gas nitrógeno en una ejecución histórica

La reanudación de la pena capital en Arizona coincide con un aumento en la actividad relacionada con ejecuciones en otros estados de Estados Unidos. La ejecución de Gunches se produjo apenas un día después de que Luisiana utilizara gas nitrógeno para ejecutar a un hombre condenado por violación y asesinato, un método que ha sido objeto de controversia y que solo ha sido empleado en contadas ocasiones en el país.

El martes, Jessie Hoffman, de 46 años, fue ejecutado en Luisiana mediante gas nitrógeno, convirtiéndose en la primera persona en 15 años en ser ejecutada en ese estado. Hoffman había sido condenado por el asesinato de Molly Elliott, una ejecutiva publicitaria de 28 años, en 1996.

Este método, que consiste en administrar gas nitrógeno a través de una máscara facial para provocar asfixia, ha sido utilizado en solo cuatro ocasiones previas en Estados Unidos, todas ellas en Alabama, el único otro estado con un protocolo aprobado para este procedimiento.

Sus abogados argumentaron que el uso de gas nitrógeno es inconstitucional y viola la prohibición de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales. Sin embargo, las autoridades de Luisiana defendieron el procedimiento y anunciaron que al menos cuatro ejecuciones más están programadas para este año.

Un calendario de ejecuciones en aumento

El panorama de la pena de muerte en Estados Unidos parece estar en un momento de reactivación. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la próxima ejecución está programada para el 20 de marzo en Oklahoma, mientras que otras 11 están previstas para el resto de 2025.

Luisiana utilizó gas nitrógeno para ejecutar a un hombre el martes por la noche por un asesinato ocurrido hace décadas, lo que marca la primera vez que el estado utiliza el método al reanudar las ejecuciones después de una pausa de 15 años.

Jessie Hoffman Jr., de 46 años, fue declarado muerto a las 6:50 p.m. en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, dijeron las autoridades, agregando que el gas nitrógeno había fluido durante 19 minutos durante lo que un funcionario caracterizó como una ejecución “impecable”.

Los testigos de la ejecución afirmaron que Hoffman parecía temblar involuntariamente o presentar alguna actividad convulsiva. Sin embargo, los tres testigos que hablaron, incluidos dos periodistas, coincidieron en que, basándose en el protocolo y en lo que aprendieron sobre el método de ejecución, no se observó nada fuera de lo normal.

La testigo Gina Swanson, reportera de WDSU, describió la ejecución desde su perspectiva como “clínica” y “procesal”. Dijo que no ocurrió nada durante el proceso que la hiciera pensar: “¿Estuvo bien? ¿Así se suponía que debía ser?”.

Hoffman se negó a hacer una última declaración en la cámara de ejecución. También se negó a una última comida.

Fue la quinta vez que se utilizó gas nitrógeno en Estados Unidos, tras cuatro ejecuciones con el mismo método, todas en Alabama. Otras tres ejecuciones, mediante inyección letal, están programadas para esta semana: en Arizona el miércoles y en Florida y Oklahoma el jueves.

Hoffman condenado por asesinato en Nueva Orleans

Hoffman fue condenado por el asesinato de Mary “Molly” Elliott, una ejecutiva publicitaria de 28 años asesinada en Nueva Orleans. En el momento del crimen, Hoffman tenía 18 años y desde entonces ha pasado gran parte de su vida adulta en la penitenciaría de la zona rural del sureste de Luisiana, donde fue ejecutado el martes por la noche.

Tras las batallas judiciales a principios de este mes, los abogados de Hoffman recurrieron a la Corte Suprema con la última esperanza de detener la ejecución. El año pasado, el tribunal se negó a intervenir en la primera ejecución por hipoxia de nitrógeno del país, en Alabama.

Los abogados de Hoffman argumentaron sin éxito que el procedimiento con nitrógeno gaseoso, que priva a la persona de oxígeno, viola la prohibición de la Octava Enmienda sobre castigos crueles e inusuales. En una última apelación, los abogados del hombre también argumentaron que el método vulneraría la libertad de Hoffman para practicar su religión, en particular su respiración y meditación budistas en los momentos previos a su muerte.

Las autoridades de Luisiana sostuvieron que el método es indoloro. También afirmaron que ya era hora de que el estado impartiera justicia, como prometió a las familias de las víctimas, tras una década y media de inactividad, debido en parte a la imposibilidad de conseguir medicamentos para la inyección letal.

La Corte Suprema votó 5-4 para negarse a intervenir.

Horas antes, en una audiencia el martes, el juez del Tribunal del 19.º Distrito Judicial, Richard “Chip” Moore, también se negó a detener la ejecución. Coincidió con los abogados del estado, quienes argumentaron que los argumentos religiosos del hombre eran competencia de un juez federal que ya había dictado sentencia, según medios locales.

El método de ejecución priva al cuerpo de oxígeno

Según el protocolo de Luisiana, casi idéntico al de Alabama, las autoridades habían indicado previamente que Hoffman sería atado a una camilla antes de que le ajustaran firmemente una máscara respiratoria completa. A continuación, le inyectaban nitrógeno puro en la máscara, obligándolo a inhalarlo y privándolo del oxígeno necesario para mantener sus funciones corporales.

El protocolo exigía que el gas se administrara durante al menos 15 minutos o cinco minutos después de que la frecuencia cardíaca del recluso alcanzara una indicación de línea plana en el ECG, lo que fuera más largo.

Dos testigos de la ejecución del martes, presentes en los medios de comunicación, afirmaron que Hoffman estaba cubierto con una manta gris de felpa del cuello para abajo. En la cámara con Hoffman se encontraba su consejero espiritual. Antes de la ejecución y después de que se cerraran las cortinas de la sala de velatorio, los testigos afirmaron haber escuchado cánticos budistas.

El gas comenzó a fluir a las 6:21 p. m. y Hoffman empezó a retorcerse, según testigos de los medios. Apretó los puños y mostró un ligero movimiento de cabeza. Swanson afirmó haber observado atentamente la manta que cubría el pecho de Hoffman y haberla visto subir y bajar, lo que indicaba que respiraba. Añadió que su último aliento visible fue aparentemente a las 6:37 p. m. Poco después, las cortinas que separaban la cámara y la sala de testigos se cerraron. Al volver a abrirse, Hoffman fue declarado muerto.

Seth Smith, jefe de operaciones del Departamento de Seguridad Pública y Correccionales de Luisiana, presenció la ejecución y también reconoció los movimientos de Hoffman. Smith, con formación médica, afirmó que percibió las convulsiones como una “respuesta involuntaria a la muerte” y que Hoffman parecía estar inconsciente en ese momento.

El gas nitrógeno se utilizó por primera vez en Alabama

Cada recluso ejecutado con nitrógeno en Alabama parecía temblar y jadear en distintos grados durante la ejecución, según testigos de los medios, incluido un reportero de Associated Press. Las autoridades estatales de Alabama afirmaron que las reacciones eran movimientos involuntarios asociados con la falta de oxígeno.

Alabama utilizó por primera vez gas nitrógeno para ejecutar a Kenneth Eugene Smith el año pasado, lo que marca la primera vez que se utiliza un nuevo método en Estados Unidos desde que se introdujo la inyección letal en 1982.

Alabama, Luisiana, Misisipi y Oklahoma autorizan específicamente la ejecución por hipoxia de nitrógeno, según los registros recopilados por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Arkansas se añadió a la lista el martes.

En un intento por reanudar las ejecuciones, la Legislatura de Luisiana, dominada por el Partido Republicano, amplió el año pasado los métodos de pena de muerte aprobados en el estado para incluir la hipoxia por nitrógeno y la electrocución. La inyección letal ya estaba en vigor.

El martes, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó una ley que permite las ejecuciones con gas nitrógeno, convirtiéndose en el quinto estado en adoptar este método. Arkansas tiene actualmente 25 personas en el corredor de la muerte.

En las últimas décadas, el número de ejecuciones a nivel nacional ha disminuido drásticamente debido a las batallas legales, la escasez de fármacos para la inyección letal y la disminución del apoyo público a la pena capital. Esto ha llevado a la mayoría de los estados a abolir o suspender la ejecución de la pena de muerte.

El martes por la tarde, un pequeño grupo de opositores a las ejecuciones realizó una vigilia frente a la prisión rural de Angola, en el sureste de Luisiana, donde se llevan a cabo las ejecuciones estatales. Algunos repartieron estampitas con fotos de un Hoffman sonriente y planearon una lectura budista y una “Meditación por la Paz”.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, declaró que prevé la ejecución de al menos cuatro personas este año en el estado. Tras la ejecución de Hoffman, afirmó que la justicia se había demorado demasiado y que ahora Hoffman “enfrenta el juicio final, el juicio ante Dios”.

(con información de AP)

San Juan, 25 dic (EFE).- El expresidente de Surinam Desi Bouterse (2010-2020), condenado a 20 años de cárcel a finales de 2019 tras ser declarado culpable de planificar la ejecución de 15 opositores en 1982, época en la que dirigía un Gobierno militar, ha fallecido a los 79 años, informó este miércoles el vicepresidente surinamés, Ronnie Brunswijk, en un mensaje en su página de Facebook.

En su mensaje, Brunswijk expresó sus "sinceras condolencias" por la muerte de Bouterse.

"Su vida provocó un duradero impacto en nuestro país y sus esfuerzos nunca serán olvidados", resaltó Brunswijk en su mensaje.

"En este momento de duelo, les deseo a todos fuerza y valor. Que su legado continúe siendo inspiración para muchos y que su alma descanse en paz", agregó.

La noticia del fallecimiento de Bouterse se da un par de días después de que, al parecer, las autoridades de Surinam llevaron a cabo un operativo para detenerlo y enfrentar las acusaciones por planificar la ejecución de 15 opositores en 1982.

Entre las víctimas había periodistas, oficiales militares, líderes sindicalistas, abogados, empresarios y profesores universitarios.

Por ello, las autoridades surinamesas pusieron en marcha la operación 'Kerstbrood' dentro del operativo 'Pan de Navidad', una amplia redada para localizar a Bouterse y un registro simultáneo en el domicilio de Iwan Dijksteel, uno de sus guardaespaldas, también prófugo y condenado por el mismo caso.

El abogado que representa a los familiares de las 15 personas asesinadas el 8 de diciembre de 1982, solicitó en una misiva al gobierno que ofrezca una recompensa para facilitar la detención de Bouterse.

Interpol, por su parte, emitió a mediados de marzo de este año una notificación roja contra Bouterse para que las fuerzas del orden de todo el mundo lo localicen y arresten, tres meses después de que se fugara tras una sentencia en diciembre a 20 años de cárcel por su participación en el asesinato de 15 opositores en 1982.

A su vez, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia en diciembre del año pasado, tras ser recurrida la condena dictada en agosto de 2021, cuando la Justicia de Surinam confirmó la sentencia del Tribunal militar de 2019 de 20 años de prisión.

Bouterse fundó el 4 de julio de 1987 el Partido Nacional Democrático (PND), que perdió las elecciones de 2020, en las que solo obtuvo 16 de los 51 escaños en juego.

Tras encabezar un gobierno militar en la década de los 80 del siglo pasado, Bouterse ganó las elecciones en 2010 y fue reelegido para un segundo mandato como presidente en 2015.

Además, en 1999, fue condenado en ausencia por tráfico de drogas por un tribunal de los Países Bajos, la antigua potencia colonial de Surinam. La orden de captura internacional le impidió salir de su país. EFE

El estado de Louisiana se prepara para realizar su primera ejecución en 15 años utilizando nitrógeno como método letal, lo que generó controversia debido a su naturaleza inédita en seres humanos y su prohibición para la eutanasia en animales en la misma jurisdicción, según indicó USA Today. El condenado, Jessie Hoffman, de 46 años, enfrenta esta ejecución tras ser declarado culpable del brutal asesinato y violación en 1996 de Molly Elliott, una ejecutiva de publicidad que tenía 28 años.

La ejecución está programada para este martes en la prisión estatal de Angola, pero aún existen procesos judiciales pendientes. Según informó The Guardian, una audiencia de último momento fue programada en respuesta a una solicitud de los abogados del convicto, quienes argumentan que el procedimiento viola sus derechos religiosos.

Hoffman, que se convirtió en budista hace dos décadas, basa parte de su defensa en una ley estatal que prohíbe la interferencia del gobierno en la práctica de la fe. La fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, desestimó los alegatos, calificándolos como “un intento de ver qué funciona” y aseguró que “espera que la ejecución se lleve a cabo según lo planeado”.

Controversia sobre el uso de nitrógeno como método letal

El método de ejecución propuesto implica el uso de gas nitrógeno, que induce la muerte por hipoxia, es decir, privación de oxígeno. De acuerdo con The Guardian, el nitrógeno está “desaconsejado como forma de eutanasia para la mayoría de los mamíferos” debido al sufrimiento que ocasiona en animales conscientes.

Cabe señalar que la Asociación Americana de Medicina Veterinaria establece que este gas solo debería utilizarse en animales previamente sedados, estándar que Louisiana adoptó en sus leyes para evitar su uso en gatos y perros.

La polémica no es nueva, ya que Alabama, el único estado que lo implementó previamente, enfrentó severas críticas por las señales de sufrimiento observadas en los presos ejecutados. El sentenciado a muerte Kenneth Smith convulsionó violentamente y mostró signos de extrema angustia, como informaron testigos, recordó The Guardian, evidenciando el carácter problemático del método. A pesar de ello, las autoridades penitenciarias de Louisiana parecen decididas a continuar.

El caso de Hoffman

El sentenciado reconoce haber cometido el asesinato de Elliott bajo circunstancias que los fiscales describieron con crudeza. Según documentos citados por USA Today, la víctima fue sacada a la fuerza de su automóvil en el estacionamiento donde Hoffman trabajaba, obligada a retirar dinero de un cajero automático y posteriormente llevada a una zona remota, donde fue violada y asesinada de un disparo en la cabeza.

Los registros judiciales mencionan que ella fue dejada desnuda en una noche fría de noviembre y, “posiblemente permaneció viva unos minutos tras el impacto”.

Por otro lado, los abogados del acusado han solicitado clemencia, argumentando que él sufrió una infancia marcada por abusos físicos, emocionales y sexuales en un contexto de pobreza y violencia, lo que lo habría llevado a su conducta delictiva.

“Este hombre fue torturado física y mentalmente durante su niñez y abandonado por los servicios sociales”, afirmó Cecelia Kappel, su abogada, en declaraciones a USA Today. Según la defensora legal, su representado ha mostrado un profundo arrepentimiento y ha intentado rehabilitarse espiritualmente a través del budismo.

Cuestionamientos sobre la preparación y los proveedores del gas

Tres de los mayores fabricantes en Estados Unidos, incluidos Airgas y Air Products, han prohibido el suministro de su producto para ejecuciones. Según informes, Airgas declaró que “no suministrará nitrógeno ni otros gases para el propósito de ejecución humana”, aunque las autoridades penitenciarias parecen haber conseguido cilindros del mismo fabricante, lo que podría contravenir estas restricciones comerciales.

El veterinario Lee Capone, quien participó en la campaña para prohibir el uso de gas en animales en Louisiana, enfatizó a The Guardian que presenciar la eutanasia de perros mediante gas nitrógeno en los años 80 fue un parteaguas en su opinión profesional. “Los perros mostraban signos de miedo extremo, como vómitos y diarrea. No puedo imaginar esto para seres humanos. Es inhumano”, dijo al medio británico.

Un caso en manos del Tribunal Supremo

A pesar de los esfuerzos de la defensa, el Quinto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos —considerado uno de los tribunales más conservadores del país— revocó una suspensión previa de la ejecución, dejando la decisión final al Tribunal Supremo. Si se lleva a cabo, sería la séptima ejecución en el país en 2023 y la primera en Louisiana desde 2008. Otras tres ejecuciones mediante inyección letal están previstas esta semana en Arizona, Oklahoma y Florida.

Riad, 22 dic (EFE).- El Ministerio del Interior saudí anunció que dos ciudadanos saudíes han sido ejecutados este domingo en Riad por "traición a su patria" y "terrorismo", con lo que el país árabe prosigue incrementando su registro récord de ajusticiados en 2024 hasta al menos 306 personas.

Los dos ciudadanos "han cometido acciones de traición de su patria, incorporación a entidades terroristas, y apoyo y financiación del terrorismo y de acciones terroristas", apuntó el departamento en un comunicado.

Afirmó que también estaban acusados de "posesión de armas y munición que escondían en una granja de un miembro de la entidad terrorista para utilizarlas en la agresión y para perturbar la seguridad", así como "incitaron a otros a incorporarse a entidades terroristas en zonas de conflicto y ayudaron a elementos terroristas a esconderse".

El veredicto fue ratificado por el Tribunal Supremo saudí y fueron ejecutados este domingo en Riad, se apunta en la nota.

El ministerio anuncia esta medida para "reiterar su interés en la estabilidad, la seguridad y la justicia, y en hacer frente a quien intente perjudicar la seguridad de la patria o exponer su unidad a peligro. El castigo legal será el destino de quien permita a si mismo cometer esas acciones".

A pesar de sus reiteradas promesas de limitar la pena capital, las autoridades saudíes han incrementado las ejecuciones al tiempo que incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos y las salvaguardias para los acusados, de acuerdo a Amnistía Internacional.

Las autoridades también han utilizado la pena de muerte para silenciar la disidencia política, castigando a ciudadanos de la minoría chií del país que apoyaron las protestas "antigubernamentales" entre 2011 y 2013, recordó la ONG.

El pasado 4 de diciembre el país alcanzó la cifra de 304 en el año, una cifra nunca vista en los registros del reino, según confirmaron a EFE responsables de la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR, en inglés), quien añadió que decenas de personas más podrían ser ajusticiadas "en cualquier momento". EFE

Un fallo judicial ha detenido temporalmente la primera ejecución con gas nitrógeno en el estado de Luisiana, programada para el 18 de marzo en la Penitenciaría Estatal de Luisiana. Según informó USA TODAY, la jueza principal del distrito, Shelly Dick, dictaminó que este método de ejecución, aún en gran medida no probado, podría infringir la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. La decisión se tomó apenas una semana antes de que Jessie Hoffman, condenado por el secuestro, violación y asesinato de Molly Elliot en 1996, enfrentara la pena capital.

La jueza Dick argumentó que existe una “probabilidad sustancial” de que Hoffman pueda demostrar que las ejecuciones con gas nitrógeno son inconstitucionales debido al sufrimiento que podrían causar. En su fallo, citó informes de las cuatro ejecuciones realizadas con este método en Alabama entre 2022 y 2023, que describen escenas de “terror consciente durante varios minutos”, convulsiones, jadeos y otros signos de angustia extrema. Estos testimonios, según la jueza, plantean serias dudas sobre la humanidad de este procedimiento.

El fallo representa un nuevo obstáculo en la implementación de métodos de ejecución alternativos en Luisiana, un estado que, al igual que otros en el país, ha enfrentado dificultades para llevar a cabo sentencias de muerte debido a la escasez de fármacos utilizados en la inyección letal. Ante este panorama, las autoridades han explorado otras opciones, pero la falta de consenso sobre su constitucionalidad y los informes de sufrimiento extremo han generado un intenso debate en los tribunales y la opinión pública.

Un método de ejecución bajo escrutinio

El gas nitrógeno, también conocido como hipoxia por nitrógeno, es un método de ejecución que induce la muerte al privar al cuerpo de oxígeno, reemplazándolo con nitrógeno puro. Aunque ha sido propuesto como una alternativa “más humana” a la inyección letal y la silla eléctrica, su uso sigue siendo controvertido debido a la falta de pruebas concluyentes sobre su efectividad y los posibles efectos secundarios. Según detalló USA TODAY, solo cuatro personas han sido ejecutadas con este método en la historia de los Estados Unidos, todas en Alabama, y en cada caso los reos optaron por este procedimiento en lugar de las alternativas disponibles.

En el caso de Luisiana, la decisión de utilizar gas nitrógeno para ejecutar a Hoffman se tomó debido a la dificultad del estado para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales y a la falta de una silla eléctrica operativa. Sin embargo, la jueza Dick criticó al estado por no haber hecho públicos los protocolos de ejecución relacionados con este método. Aunque finalmente se publicaron versiones redactadas de los mismos, esto ocurrió apenas un día antes de una audiencia clave, lo que, según la jueza, perjudicó el interés público en comprender cómo opera el gobierno en un asunto tan delicado.

“La Constitución de los Estados Unidos es la promesa del gobierno a sus ciudadanos”, escribió Dick en su fallo. “La Octava Enmienda garantiza que ningún ciudadano será castigado con métodos que sean crueles o inusuales”. Además, subrayó que el público tiene un interés primordial en examinar este nuevo método de ejecución con un registro completo y bien desarrollado.

El caso de Jessie Hoffman y el brutal asesinato de Molly Elliot

El crimen por el que Jessie Hoffman fue condenado a muerte ocurrió el 27 de noviembre de 1996, cuando Molly Elliot, una ejecutiva de contabilidad de 28 años, fue secuestrada en el estacionamiento del hotel Sheraton en el Barrio Francés de Nueva Orleans. Según los registros judiciales citados por USA TODAY, Hoffman, quien tenía 18 años en ese momento y trabajaba en el estacionamiento, la obligó a retirar aproximadamente 200 dólares de un cajero automático antes de llevarla a un área remota en la Parroquia de St. Tammany.

Los fiscales describieron los últimos momentos de Elliot como una “marcha de la muerte”. Hoffman la violó y luego la obligó a caminar por un sendero de tierra hasta un muelle improvisado, donde le disparó en la cabeza. Aunque sobrevivió unos minutos después del disparo, fue abandonada desnuda en una noche fría de noviembre. Su cuerpo fue encontrado el Día de Acción de Gracias, y su esposo fue quien la identificó.

Durante el juicio, Hoffman admitió haber matado a Elliot, pero negó haberla violado, alegando que ella “se ofreció” a cambio de su vida. También afirmó que el disparo fue accidental. Sin embargo, el jurado rechazó estas afirmaciones y lo declaró culpable de asesinato en primer grado, recomendando la pena de muerte.

Reacciones y próximos pasos legales

Tras el fallo de la jueza Dick, la Oficina del Fiscal General de Luisiana expresó su desacuerdo y anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. En un breve comunicado publicado en la red social X (anteriormente Twitter), la oficina declaró: “No estamos de acuerdo con la decisión del tribunal de distrito y apelaremos de inmediato”.

Por otro lado, Alabama, el único estado que ha utilizado el gas nitrógeno en ejecuciones, ha defendido el método como “constitucional y efectivo”. Sin embargo, los informes de las ejecuciones realizadas en ese estado han alimentado el debate sobre si este procedimiento cumple con los estándares legales y éticos establecidos por la Octava Enmienda.

La jueza Dick enfatizó que, dado que la vida de un ciudadano está en juego, es fundamental que el proceso legal sea transparente y permita deliberaciones informadas. “El público tiene un interés primordial en un proceso legal que permita reflexiones bien fundamentadas, especialmente cuando el derecho fundamental a la vida está en manos del gobierno”, concluyó.

Un debate en curso sobre la pena de muerte en Estados Unidos

El caso de Hoffman y la controversia en torno al uso del gas nitrógeno reflejan un debate más amplio sobre la pena de muerte en los Estados Unidos. Mientras algunos estados enfrentan dificultades para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales, otros han comenzado a explorar métodos alternativos, como la hipoxia por nitrógeno. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes sobre la humanidad y efectividad de estos métodos ha generado críticas de defensores de los derechos humanos y expertos legales.

El fallo de la jueza Dick podría sentar un precedente importante en la evaluación de nuevos métodos de ejecución, subrayando la necesidad de garantizar que cualquier procedimiento utilizado cumpla con los estándares constitucionales y éticos. Mientras tanto, el destino de Jessie Hoffman y el futuro del gas nitrógeno como método de ejecución en Luisiana permanecen en el aire, a la espera de las decisiones de los tribunales superiores.

Las autoridades de Irán han ejecutado este miércoles a un hombre condenado por "corrupción en la tierra" tras atacar con un punzón a cerca de 60 mujeres en calles de la capital del país, Teherán, tras la detención del sospechoso por numerosas denuncias desde 2018 en torno a agresiones por parte de un motorista armado.

El hombre, identificado como Rastgui Kandlaj, fue sentenciado a muerte por herir a 59 mujeres y niñas usando un arma blanca "con la intención de generar el terror" en la ciudad, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

El 'modus operandi' del acusado era apuñalar a las mujeres y niñas con un punzón tras acercarse a ellas con su motocicleta, portando un casco y un pañuelo para dificultad su identificación, tras lo que se daba a la fuga, sin que las autoridades hayan especificado cuándo fue arrestado.

La ejecución ha sido llevada a cabo después de que el Tribunal Supremo rechazara la apelación presentada por Kandlaj, quien fue además sentenciado a pagar "dinero de sangre" como compensación por sus agresiones contra mujeres en la capital iraní.

El pasado viernes por la tarde, Brad Sigmon, condenado por el asesinato de los padres de su exnovia en 2001, fue ejecutado mediante un pelotón de fusilamiento en la prisión de Broad River, en Carolina del Sur. Este hecho marcó un hito en la historia del sistema penitenciario del estado, ya que se trata de la primera ejecución de este tipo desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976. Según informó CBS News, la ejecución se llevó a cabo a las 18:08 p.m., y Sigmon fue declarado muerto tras recibir disparos en el pecho por parte de tres tiradores voluntarios.

El uso del pelotón de fusilamiento como método de ejecución responde a una serie de modificaciones en la legislación estatal sobre la pena de muerte. En 2021, Carolina del Sur aprobó una ley que restablecía este método debido a la escasez de fármacos para la inyección letal, lo que había paralizado las ejecuciones en el estado. La legislación también establece que si los medicamentos no están disponibles, la silla eléctrica es el método predeterminado, pero los reclusos pueden optar por el pelotón de fusilamiento si así lo desean.

El método utilizado ha generado un intenso debate sobre la ética y la efectividad de las ejecuciones en Estados Unidos. Entre los testigos del evento se encontraba un periodista que ha presenciado 11 ejecuciones en Carolina del Sur, quien describió el momento como “más rápido y violento” en comparación con otros métodos, como la inyección letal o la silla eléctrica. “Mi corazón comenzó a latir con fuerza”, relató, según CBS News, al recordar el instante en que los disparos resonaron en la sala.

Un método poco común y su impacto en los testigos

El pelotón de fusilamiento ha sido históricamente uno de los métodos de ejecución menos utilizados en Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, algunos estados han comenzado a reconsiderarlo debido a la escasez de los medicamentos necesarios para la inyección letal. En el caso de Sigmon, la elección del método estuvo determinada por la legislación de Carolina del Sur, que permite a los condenados escoger entre la inyección letal, la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento.

Según CBS News, la escena en la sala de ejecución fue impactante. Sigmon vestía un uniforme negro y tenía un objetivo blanco con un círculo rojo en el pecho, que desapareció al instante con los disparos. Un médico confirmó su muerte en menos de un minuto. Sin embargo, el impacto emocional del evento quedó marcado en los testigos. “El sonido de los rifles y la imagen del objetivo desapareciendo son cosas que no olvidaré”, expresó un testigo.

El periodista que presenció la ejecución describió la reacción del cuerpo de Sigmon al recibir los disparos. Según su testimonio, el impacto de las balas provocó un movimiento brusco, similar a la sacudida de un prisionero electrocutado. Este tipo de detalles han avivado el debate sobre si el pelotón de fusilamiento es realmente un método más “humano” en comparación con la inyección letal o la electrocución.

El crimen de Brad Sigmon y su condena

Brad Sigmon, de 63 años, fue condenado por asesinar brutalmente a los padres de su exnovia en 2001. De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, Sigmon utilizó un bate de béisbol para golpear a las víctimas repetidamente, moviéndose entre distintas habitaciones de la casa hasta asegurarse de que ambos estuvieran muertos. El ataque, que duró menos de dos minutos, fue calificado por los fiscales como un acto de extrema violencia.

Tras su arresto, Sigmon pasó más de dos décadas en el corredor de la muerte, apelando su sentencia sin éxito. Con la reinstauración de las ejecuciones en Carolina del Sur, se le dio la opción de elegir entre los métodos disponibles, optando por el pelotón de fusilamiento.

El resurgimiento de las ejecuciones en Carolina del Sur

Carolina del Sur había suspendido las ejecuciones durante 13 años debido a la falta de acceso a los fármacos utilizados en la inyección letal. Sin embargo, en 2023, el estado reanudó la aplicación de la pena capital, permitiendo que los condenados eligieran entre los tres métodos aprobados. Desde entonces, ha habido un incremento en el número de ejecuciones realizadas.

Según CBS News, la ejecución de Sigmon fue la cuarta en menos de un año, y hay al menos dos más programadas en las próximas semanas. El periodista que presenció el evento también estuvo presente en las ejecuciones de Freddie Owens, Richard Moore y Marion Bowman Jr., llevadas a cabo en septiembre, noviembre y enero, respectivamente. Cada una de estas ejecuciones dejó una impresión distinta en los testigos, desde la mirada fija de Owens hasta la expresión serena de Moore mientras su abogado lloraba.

El debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

El caso de Sigmon ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, un país donde los métodos de ejecución varían según el estado. Mientras algunos defensores de la pena capital argumentan que el pelotón de fusilamiento es un método más rápido y menos doloroso que otros, los opositores lo consideran una práctica arcaica que perpetúa la violencia.

El periodista que presenció la ejecución describió el contraste entre la atmósfera de la sala de ejecución y el mundo exterior. “El cielo estaba teñido de rosa y púrpura al atardecer, un contraste marcado con las luces fluorescentes y las paredes grises de la cámara de ejecución”, relató, según CBS News. Esta imagen refuerza la desconexión entre la rutina diaria y la realidad de la pena capital, una práctica que sigue generando división entre los ciudadanos y legisladores.

Un futuro incierto para la pena de muerte en Carolina del Sur

En la actualidad, Carolina del Sur cuenta con 27 reclusos en el corredor de la muerte, y las autoridades estatales han indicado que planean continuar con las ejecuciones a intervalos regulares. Esto podría convertir al estado en uno de los más activos en la aplicación de la pena capital en el país.

El periodista que ha sido testigo de varias ejecuciones en Carolina del Sur prevé estar presente en las próximas programadas para abril. “Cuando todo termine, habré sido testigo de más de una cuarta parte de las ejecuciones realizadas en Carolina del Sur desde que se reinstauró la pena de muerte”, comentó.

La ejecución de Brad Sigmon, con su método inusual y su impacto en los testigos, es un recordatorio de las complejidades éticas, legales y humanas que rodean la pena de muerte en Estados Unidos. Mientras el debate continúa, las historias de quienes han estado presentes en estos eventos ofrecen una visión única sobre una práctica que sigue siendo objeto de controversia.

Brad Sigmon, un hombre de 67 años condenado por asesinato en Carolina del Sur, fue ejecutado el este viernes 7 de marzo mediante un pelotón de fusilamiento, marcando la primera vez en 15 años que este método se utiliza en Estados Unidos. Según informó AP, la ejecución tuvo lugar en la cámara de la muerte del estado, donde tres empleados voluntarios de la prisión dispararon rifles desde una distancia de 4,6 metros (15 pies). Sigmon fue declarado muerto a las 18:08 horas.

El caso de Sigmon se remonta a 2001, cuando asesinó a los padres de su exnovia con un bate de béisbol en su hogar en el condado de Greenville. De acuerdo con los reportes, el crimen fue parte de un intento de secuestrar a la hija de las víctimas con la intención de pasar un fin de semana con ella antes de asesinarla y suicidarse. Sus abogados intentaron detener la ejecución alegando que la inyección letal en el estado carece de transparencia y que la silla eléctrica sería inhumana. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur rechazó la apelación un día antes de la ejecución.

Brad pasó más de dos décadas en el corredor de la muerte mientras sus abogados intentaban agotar todas las opciones legales para evitar su ejecución. Durante ese tiempo, la pena de muerte en Carolina del Sur enfrentó múltiples desafíos legales y logísticos, especialmente debido a la falta de acceso a los fármacos utilizados en la inyección letal. Esto llevó al estado a modificar su legislación en 2021 para permitir el uso de métodos alternativos, como la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento, lo que finalmente facilitó la ejecución de Sigmon.

Detalles de la ejecución y el método utilizado

Según Associated Press, Sigmon fue trasladado a la cámara de ejecución con un mono negro, una capucha sobre su cabeza y un objetivo blanco con un círculo rojo en el pecho. Los tiradores dispararon simultáneamente desde detrás de una pared con aberturas, fuera de la vista de los testigos. El proceso fue observado a través de un vidrio a prueba de balas por familiares de las víctimas, el abogado y el consejero espiritual de Sigmon, un representante de la fiscalía, un investigador del sheriff y tres periodistas.

El impacto de los disparos provocó que el objetivo en el pecho se desprendiera, dejando una mancha roja visible y fragmentos de tejido en la herida. De acuerdo con la agencia de noticias, el condenado realizó varias respiraciones profundas antes de recibir los disparos, y sus brazos se tensaron brevemente tras el impacto. Aproximadamente un minuto después, un médico ingresó a la sala para confirmar la muerte tras examinar el cuerpo durante 90 segundos.

El uso de pelotones de fusilamiento ha sido un método de ejecución polémico y poco frecuente en Estados Unidos, aunque ha tenido antecedentes en el ámbito militar y civil. Desde 1977, solo se habían realizado tres ejecuciones con este procedimiento en el país, todas en Utah. La más reciente ocurrió en 2010 con Ronnie Lee Gardner, mientras que otro condenado en ese estado, Ralph Menzies, podría enfrentar la misma pena, aunque su caso sigue en revisión debido a un diagnóstico de demencia.

El resurgimiento del pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur

El retorno de este método en Carolina del Sur se debe a la falta de acceso a los fármacos necesarios para la inyección letal, lo que paralizó las ejecuciones en el estado durante 13 años. Según AP, el estado retomó la aplicación de la pena de muerte en 2023 luego de que la Corte Suprema estatal permitiera nuevamente su implementación. Desde entonces, se han llevado a cabo varias ejecuciones utilizando la silla eléctrica y la inyección letal.

El estado optó por ampliar las opciones de ejecución para evitar demoras en los procesos. En 2021, el gobernador Henry McMaster firmó una ley que permite a los condenados elegir entre la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento en caso de que no haya disponibilidad de fármacos para la inyección letal. Desde la reanudación de las ejecuciones, se han registrado casos como los de Freddie Owens, Richard Moore y Marion Bowman Jr., ajusticiados bajo distintos métodos.

Los defensores de la pena capital sostienen que el pelotón de fusilamiento es un método rápido y efectivo en comparación con otras formas de ejecución. Sin embargo, críticos argumentan que este procedimiento es un retroceso en los derechos humanos y que expone a los reclusos a una muerte violenta y traumática.

Protestas y debate sobre la pena de muerte

La ejecución de Sigmon generó protestas y reacciones en contra de la pena de muerte. Afuera de la prisión, manifestantes se congregaron con pancartas con mensajes como “Toda vida es preciosa” y “Ejecuten justicia, no personas”. AP reportó que los abogados de Sigmon solicitaron al gobernador Henry McMaster la conmutación de la pena a cadena perpetua, argumentando que su cliente había demostrado arrepentimiento y buen comportamiento en prisión. Además, mencionaron que los asesinatos ocurrieron en un contexto de enfermedad mental severa. Sin embargo, McMaster rechazó la petición, siguiendo la postura histórica del estado, donde ningún gobernador ha conmutado una sentencia de muerte desde la reinstauración de la pena capital en 1976.

El debate sobre la pena de muerte sigue dividiendo a la opinión pública en Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso del pelotón de fusilamiento, considerando que podría ser reintroducido en otros estados como alternativa ante la escasez de fármacos para la inyección letal.

El futuro de la pena capital en Carolina del Sur

A pesar de que Carolina del Sur fue uno de los estados más activos en la aplicación de la pena de muerte en la década de 2000, en los últimos años ha habido una disminución en el número de condenados a muerte. Según Associated Press, actualmente hay 28 reclusos en el corredor de la muerte, de los cuales solo dos han agotado sus apelaciones y podrían ser ejecutados en los próximos meses. En comparación, a principios de los 2000, más de 60 personas enfrentaban sentencias de muerte en el estado. Muchas de estas condenas han sido reducidas a cadena perpetua o los prisioneros han fallecido en prisión.

El estado ha anunciado que planea realizar ejecuciones con una frecuencia de una cada cinco semanas, reflejando un cambio en la política después de años de inactividad. Sin embargo, el debate sobre la pena capital y los métodos utilizados sigue siendo un tema controversial en Carolina del Sur y en el resto del país.

Un método de ejecución que parecía relegado al pasado vuelve a ser noticia en Estados Unidos. Este viernes, Brad Sigmon, un hombre de 67 años condenado por el asesinato de los padres de su exnovia en 2001, será ejecutado en Carolina del Sur mediante un pelotón de fusilamiento.

Según informó Associated Press, este será el primer caso de este tipo en el país en 15 años y el primero en el estado desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

La ejecución se llevará a cabo en la Institución Correccional Broad River, en Columbia, donde se ha construido un área específica para este propósito. El estado invirtió aproximadamente 54.000 dólares en 2022 para habilitar esta instalación, que se encuentra cerca de la silla eléctrica utilizada en ejecuciones anteriores. Este evento marca un cambio significativo en los métodos de pena capital en Carolina del Sur.

Un crimen que marcó un precedente

El caso de Brad Sigmon se remonta a 2001, cuando asesinó brutalmente a los padres de su exnovia en su hogar en el condado de Greenville. Según los investigadores, utilizó un bate de béisbol para golpear a las víctimas en habitaciones separadas, yendo de una a otra hasta causarles la muerte.

Posteriormente, secuestró a su exnovia a punta de pistola, aunque ella logró escapar del vehículo en el que la retenía. Durante su huida, Sigmon disparó contra ella, pero no logró herirla.

En su confesión, Sigmon declaró: “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”. Este crimen, que conmocionó a la comunidad, lo llevó a ser condenado a la pena de muerte, una sentencia que ahora se ejecutará mediante un método que ha generado controversia y debate en el ámbito judicial y social.

Detalles del procedimiento de ejecución

De acuerdo con Associated Press, el protocolo para la ejecución de Sigmon está claramente definido. Antes del procedimiento, será trasladado a una celda individual cercana a la cámara de ejecución. Poco antes de las 6 de la tarde, el director de la prisión consultará al gobernador Henry McMaster y a la Fiscalía General para confirmar si existen impedimentos legales o si se ha concedido un indulto. Si ambas respuestas son negativas, se procederá con la ejecución.

En la cámara, Sigmon será atado a una silla de metal colocada sobre un recipiente colector. Su lado derecho estará orientado hacia los testigos, quienes observarán el proceso desde detrás de un cristal a prueba de balas.

Se le colocará una capucha en la cabeza y un profesional médico marcará una diana sobre su corazón. Tres voluntarios del Departamento de Prisiones, situados a unos 4.5 metros de distancia, dispararán rifles cargados con munición real desde una abertura oculta a la vista de los testigos.

Un médico verificará posteriormente la muerte de Sigmon, y los testigos deberán firmar un documento oficial que certifique su presencia durante el procedimiento. Según los protocolos estatales, si los disparos iniciales no resultan fatales, el pelotón de fusilamiento podría volver a disparar, aunque no se han divulgado detalles específicos sobre cómo se manejaría esta situación.

El regreso del pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur

La decisión de Carolina del Sur de reintroducir el pelotón de fusilamiento como método de ejecución responde a dificultades para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.

Según Associated Press, los proveedores de estos fármacos han rechazado venderlos si su identidad se hace pública, lo que llevó al estado a aprobar una ley de protección de la privacidad en 2023. Sin embargo, el pelotón de fusilamiento se mantuvo como una opción viable.

Desde 1985, Carolina del Sur ha ejecutado a 46 reclusos mediante inyección letal o electrocución. Sin embargo, la última ejecución por electrocución en el estado tuvo lugar en 2008.

En el caso de Sigmon, no eligió la inyección letal debido a preocupaciones sobre el protocolo estatal, que ha sido objeto de críticas por posibles complicaciones y sufrimiento prolongado.

Controversias en torno al método de ejecución

Según Associated Press, el estado utilizará munición Winchester TAP Urban de 110 granos calibre .308, diseñada para fragmentarse al impactar contra superficies firmes, como la caja torácica.

La intención es causar un daño severo al corazón, lo que, según un experto médico estatal, provocaría una pérdida de conciencia casi inmediata y minimizaría el dolor. Sin embargo, otro médico que testificó en favor de los reclusos argumentó que el proceso podría ser más prolongado y doloroso, especialmente si los disparos no alcanzan el objetivo con precisión.

En 2022, la Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que este método, junto con la silla eléctrica y la inyección letal, no viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. Sin embargo, expertos médicos han expresado opiniones divididas sobre el impacto físico y psicológico de este procedimiento.

Un método que resurge en Estados Unidos

El caso de Sigmon será el primero en Carolina del Sur y el cuarto en todo el país desde 1976. Las ejecuciones previas mediante pelotón de fusilamiento ocurrieron en Utah, en 1977, 1996 y 2010.

Además, el estado de Idaho ha manifestado su disposición a utilizar este método en caso de que no se disponga de medicamentos para inyecciones letales.

La ejecución de Sigmon no solo marca un hito en la historia de la pena capital en Estados Unidos, sino que también reaviva el debate sobre los métodos de ejecución. Mientras tanto, los familiares de las víctimas, abogados y periodistas se preparan para presenciar un evento que, aunque legal sigue siendo profundamente controvertido.

En la Institución Correccional Broad River, ubicada en Columbia, Carolina del Sur, un equipo de tiradores se encuentra afinando su puntería para lo que será un evento histórico en el estado. La primera ejecución por fusilamiento programada para este viernes 7 de marzo, después de mucho tiempo sin usarse.

Este método, que ha sido prácticamente abandonado en Estados Unidos, regresa en medio de controversias y cuestionamientos sobre la pena de muerte y los métodos utilizados para llevarla a cabo.

Según informó el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPI), desde que la pena capital fue declarada constitucional en 1976, solo tres ejecuciones por fusilamiento han tenido lugar en el país, todas en Utah, siendo la última en 2010. Ahora, Carolina del Sur se suma a los estados que han legalizado este método, tras aprobarlo en 2021 debido a la creciente dificultad para obtener los medicamentos necesarios para las inyecciones letales.

La elección del método de ejecución

El condenado Brad Sigmon, de 67 años, optó por el fusilamiento en lugar de la electrocución o la inyección letal, los otros métodos disponibles en el estado. Sigmon fue sentenciado a muerte en 2002 por el asesinato a golpes de los padres de su exnovia. Según su abogado, Gerald “Bo” King, la decisión de su cliente estuvo motivada por preocupaciones sobre los problemas reportados en ejecuciones recientes mediante inyección letal en Carolina del Sur.

En una presentación legal reciente, el equipo de defensa de Sigmon destacó irregularidades en la ejecución de Marion Bowman Jr., quien murió el mes pasado por inyección letal. Según el informe de la autopsia, Bowman recibió una dosis de 10 gramos de pentobarbital, el doble de lo estipulado en el protocolo estatal, lo que resultó en una muerte que, según los abogados, fue similar a un ahogamiento debido a la acumulación de sangre y líquido en los pulmones. King argumentó que el estado debería proporcionar más información sobre la calidad y el protocolo del pentobarbital para que los condenados puedan tomar decisiones informadas.

Sin embargo, los fiscales estatales respondieron que, al elegir el fusilamiento, Sigmon renunció a cualquier argumento relacionado con la inyección letal. Además, defendieron que la administración de la segunda dosis de pentobarbital en ejecuciones previas cumplió con los protocolos establecidos.

El método antiguo que regresa en tiempos modernos

El fusilamiento, aunque poco común en la era moderna, tiene una larga historia en Estados Unidos. Durante la Guerra Civil, era utilizado para ejecutar a soldados que desertaban, y en 1924, Nevada experimentó con una máquina automática para disparar balas y evitar que una persona asumiera la responsabilidad directa de la ejecución.

En la actualidad, solo un puñado de estados, como Mississippi y Oklahoma, permiten este método, mientras que Idaho lo legalizó en 2023. Según la profesora Corinna Barrett Lain, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Richmond, el resurgimiento del fusilamiento responde a los problemas asociados con la inyección letal, como la dificultad para obtener medicamentos y la falta de profesionales médicos dispuestos a participar en el proceso.

“El pelotón de fusilamiento es demasiado honesto, demasiado explícito sobre lo que es la pena de muerte. La gente tiende a pensar que es bárbara y arcaica”, señaló Lain, autora del próximo libro Secrets of the Killing State: The Untold Story of Lethal Injection. “De esa manera, puede iniciar algunas conversaciones muy importantes y muy esperadas sobre la pena de muerte en este país”, agregó.

El procedimiento en Carolina del Sur

En Carolina del Sur, el protocolo establece que el condenado estará sentado y con una diana colocada sobre el corazón. Tres tiradores, todos empleados del Departamento de Prisiones, dispararán rifles desde detrás de una pared a una distancia de 4.5 metros. Antes de la ejecución, el prisionero podrá ofrecer una última declaración y posteriormente, se le colocará una capucha sobre la cabeza.

El Departamento de Prisiones ha asegurado que los tiradores reciben entrenamiento adecuado y que se ofrece apoyo psicológico al personal involucrado en el proceso. Según la consultora forense D’Michelle DuPre, si los tiradores están bien entrenados, el procedimiento debería ser rápido y sin dolor, ya que la destrucción del corazón provoca una pérdida inmediata de consciencia.

James Dennis Ford, de 64 años, está programado para ser ejecutado el jueves 13 de febrero de 2025 en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford. La ejecución se llevará a cabo a las 18:00 horas, mediante una inyección letal.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la orden de ejecución en enero, marcando la primera ejecución del estado en 2025. En 2024, solo se llevó a cabo una ejecución, mientras que en 2023 hubo seis. Durante los tres años previos, el gobernador no autorizó ninguna.

El caso de Ford fue seguido de cerca debido a las apelaciones de su defensa, que argumentaron que su bajo coeficiente intelectual lo hacía inelegible para la pena capital. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su apelación sin comentarios el miércoles previo a la ejecución.

Un crimen que marcó el 1997 en EEUU

El 6 de abril de 1997, Ford invitó a su compañero de trabajo Gregory Malnory y a su esposa Kimberly a un viaje de pesca en el South Florida Sod Farm, una finca remota en Punta Gorda, al suroeste del estado. La pareja acudió con su hija de 22 meses, Maranda.

Una vez en el lugar, el sujeto atacó a Malnory disparándole en la cabeza con un rifle calibre .22, golpeándolo con un objeto contundente y finalmente cortándole la garganta. Kimberly, herida durante el ataque inicial, logró colocar a su hija en el asiento trasero de su camioneta para protegerla. Sin embargo, Ford regresó, violó a la mujer, la golpeó brutalmente y la asesinó con el mismo rifle.

Las autoridades encontraron a la niña 18 horas después del crimen, aun dentro del vehículo, cubierta de sangre y con signos de deshidratación, además de múltiples picaduras de insectos.

Evidencia y condena

Las pruebas contra James Dennis Ford fueron determinantes en su condena. Investigadores hallaron su rifle calibre .22 en una zanja cerca del lugar donde su camioneta se quedó sin gasolina, lo que lo vinculó con el crimen.

Testigos afirmaron haber visto al hombre con sangre en el rostro, las manos y la ropa poco después del asesinato, además de presentar arañazos en el cuerpo.

El análisis forense confirmó la presencia de ADN de Ford en la escena del crimen, vinculándolo directamente con los asesinatos y la agresión sexual contra Kimberly Malnory.

El jurado, tras evaluar las pruebas y testimonios, votó 11-1 a favor de la pena de muerte, una decisión con la que estuvo de acuerdo el juez del caso.

El testimonio de Maranda Malnory

Maranda Malnory, quien tenía solo 22 meses cuando presenció el asesinato de sus padres, recientemente habló con la cadena WBBH de Fort Myers sobre su experiencia. Aunque sobrevivió al crimen tras permanecer 18 horas en la escena, cubierta de sangre y con numerosas picaduras de insectos, aseguró que no tiene recuerdos de lo ocurrido.

“Le dije a una de mis abuelas el otro día: uno llora por las personas que conoció”, expresó Malnory. “Pero yo lloro por lo que podría haber sido.”

La joven reconstruyó la imagen de sus padres a través de fotografías y los recuerdos compartidos por sus familiares, enfrentando el peso de una historia marcada por la pérdida y la ausencia.

Apelaciones y defensa de Ford

Desde su condena en 1999, James Dennis Ford presentó múltiples apelaciones para evitar la pena de muerte, pero ninguna tuvo éxito.

Uno de los principales argumentos de su defensa fue que Ford tenía un coeficiente intelectual de aproximadamente 65 en el momento del crimen, lo que lo situaba en la categoría de discapacidad intelectual. Sus abogados alegaron que su desarrollo mental era equivalente al de un adolescente de 14 años, lo que debía impedir su ejecución según las leyes estadounidenses.

Sin embargo, la Corte Suprema de Florida rechazó este argumento, señalando que solo los condenados menores de 18 años al momento del delito pueden ser eximidos de la pena de muerte por razones de edad. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó su última apelación sin emitir comentarios.

Impacto en la familia Malnory

La familia de Gregory y Kimberly Malnory quedó devastada tras los asesinatos. Durante el juicio de 1999, la madre de Kimberly, Linda Griffin, expresó su dolor diciendo: “Ella era mi vida, mi risa y mis lágrimas”, según el Sarasota Herald-Tribune.

Connie Ankney, madre de Gregory, destacó la tragedia de que su hijo nunca podrá ver crecer a su hija ni acompañarla en momentos importantes de su vida: “Greg nunca podrá llevar a su hija al altar cuando se case”.

El impacto del crimen también fue descrito por Dee Parkinson, madrastra de Kimberly desde que ella tenía 6 años. Parkinson recordó a Kimberly como una persona alegre y extrovertida: “Me encantaba hacerla reír. Era tan fácil y divertido. Reía hasta que apenas podía respirar”.

Familiares y amigos aseguraron que nunca podrían superar la pérdida de la pareja. “Las palabras no pueden expresar cuánto los extrañamos”, afirmó Parkinson.

La pena de muerte en Florida

La ejecución de Ford ocurrirá aproximadamente una hora antes de la de Richard Lee Tabler en Texas, quien también fue condenado por un doble homicidio.

Florida emplea un cóctel de tres fármacos para la inyección letal:

1. Un sedante, que busca dejar inconsciente al recluso.
2. Un agente paralizante, que impide el movimiento y la respiración.
3. Un fármaco letal, que provoca un paro cardíaco.

El estado mantiene una de las tasas de aplicación de la pena de muerte más altas del país. Según el Death Penalty Information Center, Florida es uno de los estados con más condenados a muerte en Estados Unidos.

Demetrius Frazier, condenado por el asesinato y violación de Pauline Brown en 1991, fue ejecutado el pasado 6 de febrero de 2025 en la prisión William C. Holman, en Atmore, Alabama. La ejecución se realizó mediante nitrógeno hipoxígeno, un método que ha generado intensos debates por su eficacia y humanidad. Según Associated Press (AP), Frazier fue declarado muerto a las 6:36 p.m., convirtiéndose en el cuarto preso en Estados Unidos en alcanzar la pena de muerte con este controvertido procedimiento.

La ejecución de Frazier comenzó alrededor de las 6:10 p.m., cuando fue colocado en una camilla con una máscara de gas que cubría su rostro por completo. Según AP, el gas comenzó a fluir tras una última revisión del equipo por parte de un oficial penitenciario. Frazier realizó movimientos circulares con las manos durante los primeros minutos, luego se observó que gesticulaba y respiraba de forma entrecortada antes de quedar inmóvil a las 6:21 p.m.

El comisionado de correccionales de Alabama, John Hamm, declaró que el flujo de gas duró unos 18 minutos y que los monitores indicaron la ausencia de latidos cardíacos 13 minutos después de iniciado el proceso. Hamm sostuvo que Frazier “perdió la conciencia rápidamente” y que los movimientos observados, como el levantamiento de sus piernas, fueron involuntarios.

Este método, conocido como hipoxia por nitrógeno, fue utilizado por primera vez en Alabama en enero de 2024. Consiste en reemplazar el oxígeno del aire por nitrógeno puro, provocando la muerte por falta de oxígeno. A pesar de que las autoridades estatales defienden el procedimiento como “painless and humane” (indoloro y humano), según NPR, organizaciones como la American Veterinary Medical Association lo consideran inaceptable incluso para la mayoría de los mamíferos, excepto para cerdos.

Los crímenes que llevaron a la pena de muerte

Frazier, de 52 años, fue condenado por el brutal asesinato de Pauline Brown, de 41 años, ocurrido el 27 de noviembre de 1991 en Birmingham, Alabama. De acuerdo con documentos judiciales citados por el Montgomery Advertiser, Frazier irrumpió en el apartamento de Brown mientras ella dormía, la despertó a punta de pistola, le exigió dinero y la violó después de que ella le entregara 80 dólares. Posteriormente, le disparó en la cabeza y regresó más tarde al lugar para buscar más dinero y comer un refrigerio.

Además de este crimen, Frazier fue condenado en Michigan por el asesinato de Crystal Kendrick, una adolescente de 14 años, y por la violación de Jacqueline Gresham. Según la oficina del fiscal general de Alabama, citado por People, Frazier recibió múltiples cadenas perpetuas por estos delitos. No fue sino hasta 2011 que las autoridades de Michigan lo entregaron a Alabama para enfrentar la pena de muerte por el caso de Brown.

En sus últimas palabras, Frazier pidió disculpas a la familia de Pauline Brown: “Lo que le pasó nunca debió haber ocurrido”, según AP. También criticó a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por no intervenir en su caso, y cerró su mensaje con: “Detroit Strong. Amo a todos en el corredor de la muerte”.

La ejecución de Frazier reaviva el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente con el uso de métodos considerados experimentales. Desde la reinstauración de la pena capital en la década de 1970, más de 1,600 personas han sido ejecutadas en el país, la mayoría mediante inyección letal, según datos de AP. Sin embargo, Alabama ha liderado el cambio hacia el uso del nitrógeno hipoxígeno, argumentando que es un método más humanitario.

Polémica interestatal: el papel de Michigan en el caso

Uno de los aspectos más controvertidos fue el traslado de Frazier desde Michigan, un estado sin pena de muerte, a Alabama. Su madre y varios activistas en contra de la pena de muerte habían solicitado a la gobernadora Whitmer que interviniera para que Frazier completara su cadena perpetua en Michigan. Según AP, Frazier había confesado el asesinato de Pauline Brown mientras estaba bajo custodia en Detroit, lo que generó un complejo entramado legal entre ambos estados.

Antes de la ejecución, Whitmer expresó su frustración por la decisión tomada por su predecesor, Rick Snyder, quien autorizó el traslado de Frazier a Alabama. En declaraciones al Detroit News, la gobernadora afirmó: “Entiendo las súplicas y preocupaciones. Michigan no es un estado con pena de muerte”, aunque admitió que la decisión final ya no estaba en sus manos.

Tras la ejecución, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, emitió un comunicado en el que defendió la medida: “En Alabama, hacemos cumplir la ley. No vienes a nuestro estado, dañas a nuestros ciudadanos y sales impune”, afirmó, subrayando que “se hizo justicia para Pauline Brown y sus seres queridos”.

Por su parte, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, también respaldó la ejecución y calificó a Frazier como “un monstruo que dejó un rastro de violencia indescriptible”, según People. Marshall defendió el uso del nitrógeno hipoxígeno, asegurando que ha demostrado ser “constitucional y efectivo”.

Sin embargo, Abraham Bonowitz, director de Death Penalty Action, criticó duramente el método, describiéndolo como “sofocación experimental”. Bonowitz instó a que se realice una mayor revisión judicial antes de que Alabama continúe utilizando este procedimiento, argumentando que su uso plantea “serias dudas sobre la humanidad del proceso”.

Un hombre condenado por el brutal asesinato de un pastor en Texas enfrenta la pena de muerte este miércoles 5 de febrero, marcando la segunda ejecución programada en Estados Unidos en lo que va del año.

Steven Lawayne Nelson, de 37 años, fue sentenciado por el homicidio del reverendo Clint Dobson, de 28 años, ocurrido en 2011 dentro de la iglesia NorthPointe Baptist Church, ubicada en Arlington. Según informó NBC News, Dobson fue golpeado, estrangulado y asfixiado con una bolsa de plástico durante un robo en el lugar.

El ataque también dejó gravemente herida a la secretaria del pastor, Judy Elliott, quien fue brutalmente golpeada y abandonada, pero logró sobrevivir. Los cuerpos fueron descubiertos más tarde por el esposo de Elliott, quien también era el ministro de música a tiempo parcial de la iglesia. La escena del crimen fue descrita como devastadora, al punto de que el esposo de Elliott no pudo reconocerla de inmediato debido a la gravedad de sus heridas.

Nelson será ejecutado mediante inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas. Este caso representa la primera ejecución en el estado desde que se pospuso la fecha de ejecución de Robert Roberson en octubre de 2024, en un caso relacionado con el controvertido diagnóstico de síndrome del bebé sacudido. Además, es la primera de cuatro ejecuciones programadas en Texas durante los próximos tres meses.

Pruebas contundentes

De acuerdo con NBC News, Nelson tenía un largo historial de problemas legales que comenzó a los seis años. Durante su juicio, afirmó que no fue el autor directo del asesinato, sino que actuó como vigilante durante el robo.

Según su testimonio, permaneció fuera de la iglesia durante unos 25 minutos antes de entrar y encontrar a Dobson y Elliott ya atacados. Nelson aseguró que Dobson aún estaba vivo cuando ingresó al lugar y admitió haber tomado la computadora portátil del pastor, además de recibir las llaves del auto y las tarjetas de crédito de Elliott de parte de uno de sus supuestos cómplices.

Sin embargo, las pruebas presentadas en el juicio contradijeron su versión. Las autoridades encontraron huellas dactilares de Nelson y fragmentos de su cinturón roto en la escena del crimen, así como gotas de sangre de las víctimas en sus zapatillas.

Además, las cámaras de vigilancia lo captaron conduciendo el auto de Elliott y utilizando sus tarjetas de crédito. Los dos hombres a quienes Nelson culpó del ataque tenían coartadas verificadas: uno estaba a 48 kilómetros de distancia, según registros telefónicos, y el otro estaba en una clase de química, respaldado por registros de asistencia y llamadas telefónicas.

Intentos fallidos de apelación

Los abogados de Nelson intentaron apelar su condena argumentando que su representación legal durante el juicio y la sentencia fue deficiente. Alegaron que los abogados no cuestionaron adecuadamente las coartadas de los otros hombres ni presentaron pruebas atenuantes sobre la infancia problemática de Nelson en Oklahoma y Texas.

Sin embargo, tanto los tribunales estatales como federales rechazaron estas apelaciones. El pasado 28 de enero, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas negó una solicitud para suspender la ejecución. Esta semana, los abogados de Nelson pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera para detener la ejecución y permitir más tiempo para impugnar la condena, pero no se ha emitido una decisión al respecto.

Mientras esperaba su juicio, Nelson fue acusado de asesinar a otro recluso en la cárcel, aunque nunca fue juzgado por este cargo tras recibir su condena a muerte. Durante su proceso judicial, exhibió un comportamiento errático y violento, incluyendo romper un dispositivo electrónico de choque que llevaba en el tobillo y dañar una tubería en su celda, lo que provocó una inundación de agua contaminada en la sala del tribunal.

Además, se descubrió que escondía una llave en sus genitales, lo que le permitió liberarse de sus esposas y grilletes en varias ocasiones.

La ejecución de Nelson sigue a la primera ejecución del año en Estados Unidos, llevada a cabo en Carolina del Sur el pasado viernes. En ese caso, Marion Bowman Jr. fue ejecutado por el asesinato de un amigo en 2001, cuyo cuerpo fue encontrado quemado en el maletero de un automóvil.

Texas, conocido por liderar las ejecuciones en el país, tiene tres más programadas antes de que termine abril. La próxima está prevista para el 13 de febrero, cuando Richard Lee Tabler enfrentará la pena de muerte por el asesinato de un gerente de club nocturno y su amigo durante el fin de semana de Acción de Gracias en 2004. Tabler también confesó haber matado a dos bailarinas del club, aunque nunca fue juzgado por esos crímenes.

El gran escritor estadounidense John Steinbeck, Nobel de Literatura en 1962 y autor de novelas extraordinarias como “Viñas de ira” y “Al Este del Paraíso”, sostenía, en esta última novela para ser precisos, una teoría inquietante. Decía que algunos seres humanos nacen con malformaciones físicas, graves o leves mutilaciones, visibles al resto del mundo, que para bien o para mal condicionan su vida y la de quienes lo rodean. Pero que otros seres humanos nacen con malformaciones psíquicas, invisibles al resto del mundo, mutilaciones del alma, que también condicionan su vida y la de los demás en general para mal y no para bien. Esa es, de alguna forma, parte de la base argumental de “Al Este del Paraíso.”

Cuando el 24 de enero de 1948, a casi tres años de terminada la Segunda Guerra Mundial, ahorcaron en Polonia a María Mandel, pronto se cumplirán setenta y siete años de aquella ejecución y siempre es bueno recordar un acto de justicia que ayuda a que el mundo viva un poco mejor, también se perdió la posibilidad de descubrir, si ese hallazgo servía para algo, la magnitud, la hondura y el alcance de su alma mutilada. Mandel, a quien llamaron “La bestia de Auschwitz”, fue la oficial nazi de tres campos de concentración, el de Ravensbrück, el de aquella fábrica de la muerte que fue Auschwitz y el de Mühldorf, una filial del campo de concentración de Dachau, adonde llegó cuando la guerra ya estaba perdida para Alemania, y cuando los nazis intentaban borrar la dimensión del genocidio que habían llevado adelante en nombre de una raza superior.

A Mandel se la responsabiliza de haber enviado a la muerte a más de quinientas mil personas, de haberse encargado, sólo movía un dedo a la derecha o a la izquierda, de enviar a las cámaras de gas de Auschwitz o de destinarlos al trabajo forzado, a las miles de personas que llegaban a diario, la mayoría judíos deportados de los territorios europeos ocupados por los nazis. También participó de espantosas torturas, de increíbles experimentos médicos que costaban la vida de los prisioneros sometidos por la fuerza a indecibles pruebas humanas. Los testimonios denunciaron que también se excitaba con el sufrimiento y, sobre todo, cuando ella misma era quien aplicaba los tormentos. La responsabilizaron de haber enviado a las cámaras de gas a las embarazadas que llegaban a Auschwitz y pasaban apenas minutos entre la tan temida “Die Rampen”, que funcionaba al final de los andenes, hasta la inmediata eliminación en las cámaras de gas. A Mandel la vieron ahogar a recién nacidos en cubos de agua, someter a la esclavitud a chicos y adultos hasta que se hartaba de ellos y ordenaba eliminarlos. Y todo, y más, lo hizo Mandel con la tranquilidad y acaso la jovialidad con la que se despliega la perversión brutal cuando la ampara la impunidad.

Este trozo de escoria humana, sin embargo, alguna vez fue una chica bella y locuaz. Acaso con su alma mutilada, pudo ser otra cosa. Hubiese sido raro, pero pudo ser. Si es que no nació con el alma mutilada, es imposible y en cierto modo frustrante, intentar descubrir cuando y por qué un ser humano que se convierte en un torturador que se excita frente a la carne lacerada, un asesino impiadoso que exhibe una escalofriante sangre fría, un emperador del mal en un reino de horror como era un campo de prisioneros, un ser humano que jamás, mientras duró su enorme poder, mostró un gesto de agobio, de pena, de arrepentimiento. También es verdad que bucear en semejante personalidad es fatuo e inútil.

Mandel había nacido el 10 de enero de 1912 en la ciudad austríaca de Münzkirchen, en la Alta Austria y no lejos de la frontera con Alemania. Fue la menor de cuatro hermanos, los tres mayores varones, de un matrimonio de artesanos: el padre era zapatero y la madre llevaba adelante un pequeño negocio de herrería. Su condición de única mujer entre cuatro hermanos, la convirtió en una chica mimada y consentida, de caprichos escasos, todos satisfechos, y de cierto encanto personal. Popular en su escuela, con un buen dominio del lenguaje, educada en la religión católica, acompañaba siempre a su familia a la misa dominical.

Cuando terminó sus estudios medios, pasó a lo que en Alemania se llamaba “Bürgerschule”, centros de formación para jóvenes que querían dedicarse al comercio o a las artesanías. Belleza, simpatía, locuacidad, que le serían útiles en el nazismo ya convertida en “La Bestia de Auschwitz”, la ayudaron también a llevar adelante aquellos difíciles años de tránsito entre la adolescencia y la juventud. A los diecisiete años, algo ya se había roto en su persona: se enfrentó con terrible dureza con su madre (nunca trascendieron los motivos) y fue expulsada del hogar al que jamás regresó. Empezó entonces a deambular por el mundo laboral alemán, en aquellos años terribles que marcaron el final de la República de Weimar y el advenimiento del nazismo. El padre la cobijó por un tiempo en el negocio familiar, pero Mandel fue de fracaso en fracaso: cocinera en Suiza, empleada en un mercado, dependiente en un almacén, nada. Ya con el nazismo en alza, fue empleada de correos de donde fue despedida por no simpatizar lo suficiente, o por no expresar sus simpatías, con las ideas nacionalsocialistas. Mandel se iba encargar desde ese día de ser una nazi fiel y dedicada.

Era ya una mujer cuando, a los veintiséis años, encontró su mal destino. En 1938, cuando ya la guerra era inminente y Adolf Hitler ensayaba su papel de rey de Europa, Mandel entró, por recomendación de un familiar, en el centro de prisión de Lichtenburg, en Sajonia, que era a la vez cárcel e instituto de enseñanza para guardiacárceles. Mandel fue el mejor promedio de entre cincuenta mujeres, considerada por sus profesores y en el punto de atención de los líderes nazis que empezaban a buscar guardiacárceles para los campos de concentración que ya existían en Alemania, y que luego se multiplicarían en el este de Europa.

En 1939, después del estallido de la guerra con la invasión alemana a Polonia, Mandel fue a parar al campo de Ravensbrück, a noventa kilómetros de Berlín, que en principio fue destinado solo a mujeres. Recién en 1941 albergaría las barracas destinadas a prisioneros varones. Fue en Ravensbrück, Puente de los Cuervos en alemán, donde Mandel exhibió su brutalidad y su sadismo. El campo obligaba a las prisioneras a trabajar en la industria armamentista alemana, pero era tal la cantidad de mujeres que llegaban cada día, que la eliminación de gran parte de ellas en las todavía incipientes cámaras de gas era también una rutina diaria.

Allí se llevaron a cabo experimentos médicos y ginecológicos sin ningún tipo de higiene y, en muchos casos sin erudición, entendimiento o previsión, mucho menos sensatez, en la aplicación de los principios médicos. Los nazis provocaron centenares de abortos, ensayaron inyecciones destinadas a eliminar la menstruación, provocaban heridas que suturaban en carne viva y sin anestesia para igualar las condiciones de un combate, entre otras espantosas prácticas supuestamente científicas. Los cálculos dicen que cincuenta mil mujeres murieron en esos experimentos y cerca de tres mil fueron asesinadas en las cámaras de gas.

Fue en Ravensbrück donde descolló Mandel. Sorprendió a sus jerarcas por su frialdad y sus técnicas de castigo a los prisioneros. No toleraba que la miraran a los ojos: quien lo hacía, era enviado a la muerte. Mandel de eso hizo un juego sádico. Era capaz de pasar horas de pie, frente a un prisionero que estaba condenado a no mirarla; también ordenaba asesinar al recién llegado que enfrentara sus ojos en el playón ferroviario donde Mandel decidía quién vivía y quién era enviado a las cámaras de gas.

Había logrado armar en el campo un bunker propio de castigo adonde iban a parar quienes cometían la menor falta. Allí eran castigadas en persona por Mandel, que manejaba un látigo y obligaba a las desdichadas a contar uno a uno los latigazos que, según la falta, se dividían en veinticinco, cincuenta, setenta y cinco o cien golpes. Nadie pasaba de contar más que los diez primeros hasta caer agotadas y destrozadas. En muchos casos, las prisioneras eran abandonadas allí mismo, sangrantes y semidesnudas, a temperaturas que superaban los treinta grados bajo cero. Ninguna sobrevivía. Los testigos de aquella locura aseguraron que Mandel usaba unos níveos guantes blancos, al inicio del día, que al atardecer quedaban tenidos con la sangre de las prisioneras y daban cuenta del esmero de la jefa de todas las guardianas.

Una de esos testigos fue Neus Catalá, una española nacida en Tarragona en 1915, que había sido miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña durante la Guerra Civil, y fue una de las pocas sobrevivientes de Ravensbrück. Murió en abril de 2019, a los 103 años, tras décadas de testimoniar los horrores nazis. Ella contó sobre Ravensbrück: “Muchos días nos quedamos allí hasta las nueve de la mañana desde las cuatro de la madrugada. Sin haber bebido más que un agua que no era ni tan siquiera caliente. Un agua a la que llamaban café, una cosa amarga que debía de ser ortigas secas, yo qué sé. Y nada más. Con eso en el cuerpo, vestida de aquella manera en la que nada te abrigaba… Cada día caían mujeres, cada día caían mujeres muertas. Cada día. Un día llegamos a estar a treinta grados bajo cero”.

Mandel trepó con velocidad en el escalafón nazi. Los prisioneros le temían, y acaso también sus jefes que valoraban su crueldad y su falta de piedad. Tuvo a su cargo a otras mujeres, guardianas como ella, como Irma Grese, por la que Mandel sintió una inocultable atracción, Dorothea Binz o Juana Bormann. El 7 de julio de 1942, con un nuevo rango en las SS, el de Oberausfsherin, supervisora, fue enviada a ese gran complejo industrial de la muerte que fue Auschwitz-Birkenau, donde fue ascendida de inmediato como Lagerführerin, jefa de campo, un cargo apenas por debajo del comandante de campo, el temido Rudolf Hoss. Se llevó con ella a Grese, a quien promovió como jefa del campo de judíos húngaros de Auschwitz.

Fue allí donde se ganó el apodo de “La Bestia”. Su poder sobre los prisioneros y sobre sus subordinados fue absoluto. Tenía el dominio total sobre la vida de los internos porque su cargo le daba “licencia para matar”, que antes había ejercido con igual celo. Luego de su juicio, celebrado en Cracovia en 1947, se descubrió que había firmado o avalado al menos quinientas mil órdenes de muerte de los prisioneros judíos. El cálculo no cuenta los asesinatos que Mandel cometió por placer, por sadismo. En el invierno de 1942-1943, por ejemplo, Mandel pasó revista en un pabellón de prisioneras un domingo a las cinco de la madrugada, bajo una temperatura de veinte grados bajo cero. La inspección, lenta, morosa, se alargó por una imprevista desinfección. Cerca de mil mujeres murieron congeladas y muchas otras fueron asesinados de un balazo, al azar, por el brutal capricho de Mandel.

Su desvarío la llevaba a brutales contradicciones. Amaba la música, era capaz de emocionarse con las notas escritas por el genio de Giacomo Puccini, aunque era incapaz de sentir algo por los prisioneros a los que asesinaba o enviaba a la muerte. Su odio visceral a los judíos, sin embargo, hizo que una prisionera, Alma Rosé evitara la cámara de gas. Rosé era sobrina del compositor Gustav Mahler y una famosa violinista. Mandel hizo que Rosé formara una orquesta de mujeres, así la llamó, la “Primera Orquesta de Mujeres de Auschwitz”, que llenaba de música clásica la selección de prisioneros destinados a las cámaras de gas, la llegada de los desdichados a Auschwitz, los mortales pases de revista e inspecciones y, por añadidura, las sesiones de tortura. Rosé murió en Auschwitz, de tifus, el 4 de abril de 1944, a los treinta y siete años.

Mandel también participó en Auschwitz de los espantosos experimentos médicos de Josef Mengele. Uno de ellos, estuvo destinado a investigar los efectos de la sulfamida, que sería de importancia vital en los primeros auxilios a los heridos en combate. Hombres y mujeres eran inyectados con bacterias o neurotoxinas como los que provocan la gangrena gaseosa o el tétanos. La circulación de aquellos cobayos humanos era interrumpida por el bloqueo de los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida, para crear una condición similar a la de una herida en el campo de batalla. La infección era agravada por la introducción de virutas de madera y vidrio y luego tratada con sulfamida y otras drogas para determinar su efectividad. Muy pocos sobrevivían al experimento, y a otros ensayos, de los que Mandel participaba de buena voluntad: decía gozar de cierta excitación sexual, junto a Mengele, probablemente su amante ocasional.

En aquel mundo de horror del nazismo, Mandel fue tal vez la mujer más poderosa de la Alemania nazi. No se le conoce un solo caso de compasión. Por el contrario, seguía los pasos dictados por el jefe de las SS y responsable de los campos de concentración del Tercer Reich, Heinrich Himmler: “Hasta el niño en la cuna debe ser pisoteado como un sapo venenoso”, había dicho Himmler, y Mandel se encargó de asesinar a los recién nacidos en Auschwitz ahogándolos en tachos con agua. En un periodo, escaso, de compunción, salvó a un chico gitano de cuatro años al que cuidó, según los testigos, como si se tratara de su propio hijo. Pero todo duró nada, pasado un lapso breve lo mandó asesinar. Mandel llamaba a los prisioneros “mis mascotas judías”. Los reducía a la esclavitud para que les sirvieran en persona, luego se hartaba con rapidez y los hacía asesinar o los destinaba a las cámaras de gas.

En noviembre de 1944, con la guerra perdida, con los rusos desplegados rumbo a Berlín por el frente oriental y los aliados también rumbo a Berlín por el frente occidental, a seis meses de la derrota y del suicidio de Hitler, los nazis intentaron borrar las pruebas de sus crímenes, desmantelar los campos y tapar el sol con la mano. Ese mes, Mandel fue transferida de Auschwitz, que sería liberado por los rusos en enero, a Dachau. Allí, lejos de aplacar su instinto criminal, siguió al frente de las sesiones de tortura y de la selección de prisioneros destinados a morir. Recién en mayo de 1945, ya con Alemania rendida y ante la llegada inminente de los aliados, Mandel dejó Dachau y huyó por las montañas del sur de Baviera hacia su ciudad natal.

Fue detenida en Austria por los americanos el 10 de agosto de 1945. Después de dos años en manos de los aliados, fue extraditada a Polonia. En noviembre de 1947 la juzgaron por sus crímenes en Cracovia, ciudad cercana a Auschwitz. Nunca asumió su culpa. Hizo lo que hacen casi todos: echó toda responsabilidad sobre el comandante del campo, Rudolf Hoss, que poco podía aclarar: él mismo había sido ejecutado en abril de ese año, en un patíbulo levantado cerca de los crematorios de Auschwitz. El 22 de diciembre de 1947, María Mendel, La Bestia de Auschwitz, fue condenada a morir en la horca por la muerte, directa o indirecta, de medio millón de personas.

Una extraña historia echó un poco de piedad sobre su figura impiadosa. La mañana en que conoció su sentencia, Mandel y su secuaz, Therese Brandl, se toparon en las duchas del penal con una mujer polaca, Stanislawa Rachwalowa, que había estado en Auschwitz, había sufrido torturas y vejaciones de mano de la propia Mandel, con la que se volvía a encontrar ahora, desnuda y mojada, en las duchas de un penal de Cracovia. Rachwalowa había eludido la muerte en Auschwitz, pero no había zafado de Stalin: liberada de los nazis, fue encarcelada de nuevo por su militancia anticomunista. Sería liberada recién en 1956.

La sufrida prisionera polaca contó que Mandel se acercó a ella, su antigua prisionera, con los ojos llenos de lágrimas y le dijo en un alemán lento y claro: “Le ruego me perdone”. Stanislawa dijo haber apartado de sí toda furia y todo rencor y también en un alemán claro y lento le respondió: “La perdono en nombre de todos los prisioneros”. Mandel se arrodilló y le besó las manos. Al marcharse, y antes de separarse para siempre, Mandel giró su cabeza y dijo en perfecto polaco: “Dzinkuje, Gracias”. Nunca más se vieron.

Si la historia es cierta, muestra una sensibilidad nunca antes revelada en la vida de Mandel. Tal vez la inminencia de la muerte despierte ocultas inquietudes en los mutilados del alma.

María Mandel fue ahorcada el 24 de enero de 1948. Quince minutos después de que la trampa del cadalso se abriera bajo sus pies, fue examinada y declarada muerta. Su cadáver fue enviado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Cracovia. Allí, los estudiantes examinaron los restos de una mujer rubia, de treinta y seis años, un metro sesenta y cinco de altura y sesenta kilos de peso.

No tenía en el cuerpo ninguna marca, salvo la que la soga había dejado en su cuello.

El régimen talibán ha ejecutado en un estadio del este del país y de manera pública a un hombre condenado por asesinato, una práctica que recuperaron tras regresar al poder en agosto de 2021 y con la que pretenden aleccionar al conjunto de la población sobre el riesgo asociado a ciertos delitos.

El Tribunal Supremo ha confirmado en redes sociales esta última ejecución, en la que el hombre fue sometido a un pelotón de fusilamiento. Según este tribunal, se trata de un vecino de Mirzaki, de la provincia de Paktia, que había matado a una persona de manera "deliberada".

El régimen ha explicado en su nota que el caso ha pasado por tres tribunales distintos que han considerado necesario aplicar la ley del talión. En este sentido, ha afirmado que "a la familia de la víctima se le dio la opción del perdón y la reconciliación" pero que, al rechazarla, se siguió adelante con la ejecución.

Las autoridades locales suelen alentar a los ciudadanos a asistir a este tipo de castigos, a los que pueden acudir hasta varios miles de personas. En febrero, los talibán también llevaron a cabo una doble ejecución en el principal estadio de la ciudad de Ghazni.

Washington, 09 nov (EFE).- El entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, aseguró este sábado tras la derrota ante los Cleveland Cavaliers por 105-100, que el equipo no puede "cometer errores evitables" cuando está "listo para ganar".

"Esto no puede volver a suceder. No podemos llegar al punto en el que estamos listos para ganar y cometemos errores evitables", dijo Fernández al aludir a las pérdidas de balón en los dos últimos cuartos.

Los Nets tenían 12 puntos de ventaja (70-82) en el comienzo del último cuarto, pero permitieron la recuperación del rival hasta caer con un parcial de 35-18.

"Una vez más, nuestra ejecución, especialmente en puntos después de pérdidas de balón, no fue buena", dijo, tras encajar 26 de esos puntos.

Fernández asumió la culpa de ese desempeño por no haber rotado más a sus titulares: "fue mi error haber mantenido a esos jugadores tanto tiempo sin darles descanso; estaban cansados".

"Tengo que ser mejor en darles descansos a los jugadores para que estén frescos al final", añadió.

El entrenador de Badalona, sin embargo, se mostró "orgulloso" de sus hombres "por luchar, lanzar suficientes triples, encontrar la manera de mantenerse en el juego".

"Permitir (a los Cavaliers) solo 13 puntos en el tercer cuarto es increíble", aseguró.

"Pero equipos con tanto talento como este saben cómo contraatacar, y eso hicieron, y no supimos cómo responder", lamentó, tras caer contra la única franquicia invicta este año.

Los Nets acumulan 4 victorias y 6 derrotas en sus primeros 10 partidos de la temporada. EFE

Kevin Ray Underwood, un ex trabajador de una tienda de comestibles, fue ejecutado el jueves 19 de diciembre en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAlester, tras ser condenado por el asesinato de Jamie Rose Bolin, una niña de 10 años, en 2006.

El crimen, que formó parte de una perturbadora fantasía caníbal, estremeció a la comunidad y culminó en la última ejecución del 2024 en Estados Unidos. La ejecución se llevó a cabo mediante inyección letal y marcó la vigésimo quinta en el país este año.

A nivel estatal, esta fue la cuarta ejecución en Oklahoma durante 2024, colocando al estado en el tercer lugar en número de ejecuciones, junto con Misuri, detrás de Texas (con cinco) y Alabama (con seis). Underwood, quien cumplió 45 años el mismo día de su muerte, fue declarado muerto a las 10:14 a.m., hora local, según confirmó Lance West, portavoz del Departamento de Correcciones de Oklahoma.

El crimen y la condena

De acuerdo con ABC News, en abril de 2008, Underwood fue declarado culpable de asesinato en primer grado tras confesar haber atraído a la niña Jamie Rose Bolin a su apartamento, donde la golpeó en la cabeza con una tabla de cortar, la asfixió y la agredió sexualmente. Posteriormente, intentó decapitarla en la bañera antes de abandonar sus planes de consumir partes de su cuerpo.

Underwood, quien en el momento del crimen tenía 26 años, fue detenido en 2006 después de que las autoridades encontraran el cuerpo de Jamie en un contenedor de plástico en su apartamento en Purcell, Oklahoma. Durante el juicio, los fiscales argumentaron que el asesinato fue premeditado y parte de una fantasía caníbal impulsada por sus graves trastornos mentales y sexuales.

A pesar de las súplicas de clemencia de sus abogados, quienes citaron una larga historia de abuso, así como múltiples diagnósticos de trastornos mentales que incluían autismo, trastorno obsesivo-compulsivo, bipolaridad, trastornos de pánico y trastorno de estrés postraumático, la junta de indultos y libertad condicional del estado rechazó por unanimidad su solicitud la semana pasada.

La ejecución

La ejecución comenzó a las 10:04 a.m., cuando Underwood fue colocado en una camilla dentro de la cámara de la muerte. En sus últimas palabras, se dirigió tanto a la familia de Jamie como a la suya propia. “Lamento profundamente todas las cosas terribles que hice. La decisión de ejecutarme en mi cumpleaños y seis días antes de Navidad fue innecesariamente cruel para mi familia, pero desearía poder deshacer todo el daño que hice”, expresó.

Los testigos informaron que Underwood miró hacia su equipo legal y hacia su madre antes de cerrar los ojos. Su respiración se detuvo minutos después de que se le administrara el primer fármaco, midazolam, un sedante. Posteriormente, se le aplicaron bromuro de vecuronio, que paraliza el cuerpo, y cloruro de potasio, que detiene el corazón. Un médico lo declaró inconsciente a las 10:09 a.m. y confirmó su muerte cinco minutos más tarde.

Este procedimiento, que sigue un protocolo de tres fármacos, ha sido objeto de críticas en el pasado por su efectividad y humanidad. Aunque Oklahoma ha autorizado el uso de hipoxia por nitrógeno como método alternativo, esta técnica, considerada controvertida, aún no ha sido utilizada en el estado.

Impacto en las familias

Entre los testigos de la ejecución se encontraba Lori Pate, hermana de Jamie, quien habló en nombre de la familia. “Esto no traerá de vuelta a nuestra Jamie, pero nos permite liberar espacio en nuestros corazones para centrarnos en ella y comenzar el proceso de sanación”, declaró Pate tras la ejecución.

El padre de la víctima, Curtis Bolin, quien tenía previsto hablar durante la audiencia de clemencia, no pudo contener la emoción y se limitó a decir: “Lo siento, no puedo”, reportó The Associated Press.

Por su parte, la madre de Underwood, Connie Underwood, imploró a la junta de clemencia que le otorgara a su hijo misericordia, describiendo su sufrimiento mental y expresando empatía por la familia Bolin. “No puedo imaginar el dolor que siente la familia de esa niña preciosa todos los días. Desearía que hubiéramos entendido su dolor antes de que esto ocurriera”, expresó entre lágrimas.

Los fiscales rechazaron estos argumentos, señalando que, aunque muchas personas padecen enfermedades mentales, no recurren a actos de violencia. “La desviación mental que llevó a Underwood a secuestrar, golpear, asfixiar, abusar sexualmente y casi decapitar a Jamie no puede justificarse por la depresión, la ansiedad o el autismo”, escribieron en documentos judiciales.

Antes de su ejecución, Underwood optó por una última comida que incluyó bistec frito con puré de papas y salsa, frijoles pintos, un panecillo, una hamburguesa con queso, papas fritas con ketchup y una bebida gaseosa. Según las autoridades, rechazó la presencia de un capellán en la cámara de ejecución.

El director del Departamento de Correcciones de Oklahoma, Steven Harpe, emitió un comunicado tras la ejecución: “Los eventos de hoy y las circunstancias que los precedieron han afectado a muchas personas, especialmente a la familia de Jamie Rose Bolin. Como agencia, cumplimos con las órdenes judiciales bajo altos estándares de profesionalismo, asegurando dignidad para todos los involucrados en el proceso”, citó FOX News.

En la mañana del domingo, un hombre fue asesinado tras un ataque armado en el municipio de Culiacán, Sinaloa. En la zona de la agresión las autoridades localizaron más de 300 casquillos percutidos, lo que daba cuenta de la magnitud del crimen. Posteriormente, la víctima fue identificada por sus familiares y se informó que tenía 43 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada 15 de diciembre en el sector norte de la ciudad. En un primer momento se reportaron detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia La Conquista, lo que generó alerta entre los habitantes.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó la muerte de un sujeto cuyo cuerpo fue localizado en esa misma zona al interior de un vehículo dañado por impactos de bala.

Señaló que la víctima pudo ser asesinada tras una persecución vehicular. En estos hechos se reportaron detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada de la instalación de Bomberos de Culiacán. Tras una inspección en la zona, las autoridades localizaron más de 300 casquillos.

Sin proporcionar un nombre en particular, el secretario agregó que este asesinato puede ser atribuido a grupos delictivos que operan en el estado. Pese a ello, se desconoce si los agresores formaban parte de una organización criminal.

“Hay un seguimiento que se lleva a cabo entre grupos delincuenciales. Llevan a este personaje que va en el vehículo y en un área se encuentran más de 200 casquillos y en otra más adelante más de 100. Al final se encuentra el vehículo con la persona fallecida. Eso quiere decir que los grupos delincuenciales tienen el seguimiento de esta persona y es lo que lleva a su fallecimiento”, explicó Mérida Sánchez.

Posterior al crimen, familiares de la víctima informaron que se llamaba Lucio Alberto, tenía 43 años de edad y residía en un fraccionamiento ubicado al norte de La Conquista, según reportes de Los Noticieristas.

Se detalló que Lucio Alberto se desplazaba en un vehículo Volkswagen Tiguan de color blanco cuando fue perseguido por sujetos armados, quienes habrían disparado en al menos 300 ocasiones para privarlo de la vida.

Debido a que las indagatorias siguen en curso, se desconocen las posibles causas de la agresión. Hasta el momento no hay reportes de personas detenidas.

De acuerdo con el secretario Mérida Sánchez, en otras áreas como Valle Alto, Infonavit Humaya y Prados de Occidente también se registraron disparos de arma de fuego. Sin embargo, no se reportaron víctimas mortales o personas lesionadas.

La noche del martes 3 de diciembre, en la prisión estatal de Bonne Terre, Missouri, Christopher Collings, de 49 años, fue ejecutado mediante una inyección letal de pentobarbital. Este acto marcó la culminación de un proceso judicial que atrajo la atención de todo Estados Unidos.

El destino de Collings fue claro desde el momento en que la Corte Suprema rechazó su última apelación y el gobernador Mike Parson negó el indulto. Antes de su ejecución, el hombre ofreció una declaración escrita en la que pidió perdón a las personas que lastimó y expresó su esperanza de que algún día pudiera “encontrarlas en el cielo”. Por su parte, el mandatario expresó que espera que este acto brinde paz a quienes conocieron y amaron a Rowan Ford, la joven víctima cuyo asesinato y marcó este caso.

Rowan Ford, de nueve años, era una alumna de cuarto grado descrita por sus profesores, quienes asistieron al juicio de Collings, como una niña feliz y trabajadora, amante de Barbie y cuyo cuarto estaba pintado de rosa. Collings, conocido por la familia como “tío Chris”, había vivido en la casa que Rowan compartía con su madre, Colleen Munson, y su padrastro, David Spears. A veces ayudaba a la niña con sus tareas escolares, lo que ayudó a crear un vínculo que haría su traición aún más devastadora.

El cierre de un caso polémico

La ejecución fue la número 23 en Estados Unidos durante 2024 y la cuarta en Misuri, un estado que este año ha registrado un alto número de penas capitales, solo superado por Alabama y Texas. La muerte del delincuente fue declarada nueve minutos después de la inyección, en un procedimiento presenciado por un consejero espiritual que estuvo a su lado, de acuerdo con reportes de The Associated Press (AP).

“Acepto esta situación como es, sea correcta o incorrecta. A todos los que he lastimado en esta vida les pido perdón. Espero que puedan cerrar el ciclo y seguir adelante. Espero verlos en el cielo algún día”, escribió Collings en su declaración final escrita.

Según los registros judiciales citados por AP, el 3 de noviembre de 2007, Collings, bajo los efectos del alcohol y la marihuana, sacó a Rowan de su cama mientras dormía y la llevó a su caravana. Allí cometió el ataque sexual que culminaría en su asesinato. En su confesión, Collings explicó que planeaba devolver a Rowan a su casa sin que pudiera identificarlo, pero la luz de la luna lo delató. En un acto desesperado, usó una cuerda para estrangularla.

El papel del padrastro de Rowan

El caso tomó un giro inesperado cuando las investigaciones revelaron la posible implicación de Spears. Aunque fue Collings quien confesó el crimen y llevó a las autoridades al sumidero donde había arrojado el cuerpo de Rowan, el padrastro de la menor también admitió en una declaración a la policía haber participado en el asesinato. Según los documentos judiciales, él afirmó estrangular a Rowan con un cordón que el ahora ejecutado le proporcionó.

A pesar de esta declaración, Spears enfrentó cargos menores y fue liberado tras cumplir más de siete años en prisión, dejando preguntas sin responder sobre la disparidad de las sentencias entre ambos hombres.

El asesinato de Rowan Ford y la ejecución de su agresor han dejado una huella profunda en la comunidad de Missouri. La pérdida de una niña descrita como alegre y prometedora generó un dolor difícil de superar. Las declaraciones de Collings antes de su ejecución, en las que reconocía sus crímenes y pedía perdón, provocaron respuestas encontradas. Mientras algunos expresaron alivio por el cierre del caso, otros cuestionaron el sistema de justicia que permitió que Spears recibiera una sentencia mucho más leve.

Un tribunal de Irán ha condenado este miércoles a muerte a una persona por supuesto espionaje para Israel, un día después de sentenciar a otras tres por su papel en el asesinato en noviembre de 2020 del científico iraní Mohsen Fajrizadé, considerado como el director del programa nuclear del país.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias Mehr, un tribunal revolucionario de Urmia ha emitido un veredicto preliminar contra estas cuatro personas por cargos es espionaje y cooperación con las instituciones de Inteligencia y seguridad de Israel, al que Teherán acusa de estar detrás del asesinato de Fajrizadé.

Así, el tribunal ha indicado que tres de ellos han sido condenados por entregar equipamiento a la célula implicada en el asesinato del científico y espiar a favor de Israel, tal y como salió a la luz el martes, mientras que el cuarto ha sido sentenciado por espionaje, en un caso del que no han trascendido más detalles.

Fajrizadé fue asesinado el 27 de noviembre de 2020 en lo que el Ministerio de Defensa describió como un "cobarde acto de terrorismo". El científico, un profesor de física y oficial de la Guardia Revolucionaria iraní fue citado en 2018 por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como el director del programa de armas nucleares de Irán.

Las sentencias llegan además dos días después de que las autoridades ejecutaran a un miembro de la comunidad judía iraní condenado por asesinato durante una pelea en 2022, después de que la familia de la víctima rechazara las propuestas para resolver el asunto a través del pago de una compensación y en medio del aumento de las tensiones entre Irán e Israel.

Las autoridades de Irán han aclarado este martes que el ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmahd, cuya ejecución fue anunciada la semana pasada tras ser sentenciado por "terrorismo", murió antes de ser ajusticiado, en medio de la crisis diplomática con Alemania en torno al caso, que ha llevado a Berlín a cerrar todos los consulados iraníes en el país.

"Jamshid Sharmahd fue sentenciado a muerte y su condena estaba preparada para ser ejecutada, pero murió antes", ha dicho el portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, quien ha rechazado además los intentos de "cualquier país extranjero" de "interferir en los procesos judiciales en el país".

Así, ha reiterado que el hombre "era un terrorista" y ha argumentado que "cometió crímenes en Irán", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr, sin que las autoridades de Alemania hayan reaccionado por ahora a las declaraciones de Yahangir.

Las autoridades iraníes afirmaron la semana pasada que la ejecución del disidente --secuestrado en 2020 en Emiratos Árabes Unidos (EAU)-- deriva de la condena contra él por su pertenencia al grupo Tondar --que busca restaurar la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979--, considerado una organización terrorista en el país y al que el Gobierno acusa de estar detrás de varios atentados que habrían sido ordenados desde el exterior.

En respuesta a su muerte, Alemania anunció el cierre de todos los consulados que Irán mantenía abiertos en el país, una decisión tildada por Teherán de "absurda, intrusiva, poco profesional y carente de decencia". Así, Irán reseñó que a la vez supone "cortar uno de los canales de comunicación más importantes y antiguos" entre ambas naciones.

Teherán, 5 nov (EFE).- El Poder Judicial iraní informó el martes de que el ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmahd, de 69 años, y quien supuestamente había sido ejecutado el pasado 28 de octubre murió antes de ser ajusticiado.

El portavoz del poder judicial Asghar Jahangir indicó el martes en rueda de prensa que Jamshid Sharmahd "fue condenado a muerte, su sentencia estaba lista para ser ejecutada, pero murió antes de la ejecución de la sentencia".

Jahangir no ofreció más detalles sobre las circunstancias del deceso.

Medios iraníes incluyendo la agencia Mizán, del Poder Judicial, informaron el pasado 28 de octubre de la ejecución de Sharmahd, periodista de profesión y condenado a muerte en febrero de 2023 por supuestamente liderar un grupo terrorista que planificó 23 atentados y realizó 5 en suelo iraní.

La muerte del germano-iraní abrió una crisis diplomática con Alemania que decidió la semana pasada cerrar los consulados iraníes en Frankfurt, Hamburgo y Múnich.

La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, indicó que con esa medida su país quería dejar claro al "régimen dictatorial de injusticia" que gobierna en Teherán que "asesinar" a un ciudadano alemán tiene consecuencias de peso.

El portavoz judicial se refirió hoy a las medidas tomadas por Alemania afirmando que "el sistema judicial de la República Islámica de Irán es independiente".

"No damos a ningún país extranjero el derecho de interferir en los procesos judiciales de nuestro país, por lo tanto nos corresponde a nosotros el derecho legal de tratar los crímenes de nuestros propios ciudadanos", agregó.

El Gobierno iraní ya reaccionó la semana pasada a la decisión de Alemania afirmando que "detener las actividades de los consulados de la República Islámica es un acto injustificado” que “viola los derechos básicos” de la población persa en suelo alemán.

Irán encontró a Sharmahd culpable de, entre otros atentados, el ataque a la mezquita Seyed al-Shohada de Shiraz de 2008, en el que murieron 14 personas y 300 resultaron heridas.

El condenado fue arrestado en 2020 en circunstancias poco claras. Su familia denunció que fue secuestrado en Dubái por miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y llevado a la fuerza a Irán.

La República Islámica de Irán ha sido acusada de usar a presos con doble nacionalidad o extranjeros como medida de presión o para intercambio de prisioneros con otros países, una práctica que ha sido denominada como la "diplomacia de los rehenes" por organizaciones de derechos humanos. EFE

Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo sufragará a los ayuntamientos afectados por la dana el cien por cien del coste de las tareas de limpieza inmediatas y el 50 por ciento de las obras de reconstrucción necesarias en años posteriores. EFE

Washington, 1 nov (EFE).- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) ejecutó este viernes a Richard Moore, un hombre condenado a muerte por asesinar en 1999 al empleado de una tienda de conveniencia durante un robo.

El preso, un afroamericano de 59 años, fue declarado muerto a las 18.24 hora local (22.24 GMT) tras recibir una inyección letal en la Institución Correccional Broad River en la ciudad de Columbia.

La ejecución llegó después de que el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, se negase a intervenir pese a los pedidos de clemencia que tenía sobre la mesa para conmutar la pena de Moore a cadena perpetua.

Entre los firmantes de la petición de clemencia había tres jurados y el magistrado del juicio en el que fue condenado a muerte, así como un exdirector del sistema de prisiones de Carolina del Sur.

McMaster anunció que rechazaba el pedido de clemencia minutos antes de la ejecución.

Moore fue condenado a muerte por un jurado en 2001 por asesinar dos años antes durante un robo a James Mahoney, el dependiente de una tienda de Spartanburg, en el norte de Carolina del Sur.

Según los fiscales, Moore fue a la tienda con intención de robar, pese a que iba desarmado.

Fue Mahoney quien desenfundó una pistola, que Moore le arrebató durante un forcejeo. El empleado sacó entonces otra arma y ambos dispararon. Moore quedó herido en un brazo, mientras que Mahoney murió.

El hoy ejecutado se fue con cerca de 1.400 dólares de la caja registradora.

La versión que defendía Moore era algo diferente. Según él, nunca tuvo la intención de robar, sino que la discusión empezó porque le faltaba dinero para lo que quería comprar y fue entonces cuando Mahoney sacó el arma y empezó el forcejeo.

Moore fue el segundo preso ejecutado este año en Carolina del Sur después de más de una década sin ejecuciones en el estado. También fue el ejecutado número 21 en todo el país.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte hace casi medio siglo, 1.603 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, 45 de ellos en Carolina del Sur. EFE

Washington, 1 nov (EFE).- El estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) ejecutó este viernes a Richard Moore, un hombre condenado a muerte por asesinar en 1999 al empleado de una tienda de conveniencia durante un robo.

El preso, un afroamericano de 59 años, fue declarado muerto a las 18.24 hora local (22.24 GMT) tras recibir una inyección letal en la Institución Correccional Broad River en la ciudad de Columbia.

La ejecución llegó después de que el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, se negase a intervenir pese a los pedidos de clemencia que tenía sobre la mesa para conmutar la pena de Moore a cadena perpetua.

Entre los firmantes de la petición de clemencia había tres jurados y el magistrado del juicio en el que fue condenado a muerte, así como un exdirector del sistema de prisiones de Carolina del Sur.

McMaster anunció que rechazaba el pedido de clemencia minutos antes de la ejecución.

Moore fue condenado a muerte por un jurado en 2001 por asesinar dos años antes durante un robo a James Mahoney, el dependiente de una tienda de Spartanburg, en el norte de Carolina del Sur.

Según los fiscales, Moore fue a la tienda con intención de robar, pese a que iba desarmado.

Fue Mahoney quien desenfundó una pistola, que Moore le arrebató durante un forcejeo. El empleado sacó entonces otra arma y ambos dispararon. Moore quedó herido en un brazo, mientras que Mahoney murió.

El hoy ejecutado se fue con cerca de 1.400 dólares de la caja registradora.

La versión que defendía Moore era algo diferente. Según él, nunca tuvo la intención de robar, sino que la discusión empezó porque le faltaba dinero para lo que quería comprar y fue entonces cuando Mahoney sacó el arma y empezó el forcejeo.

Moore fue el segundo preso ejecutado este año en Carolina del Sur después de más de una década sin ejecuciones en el estado. También fue el ejecutado número 21 en todo el país.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte hace casi medio siglo, 1.603 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, 45 de ellos en Carolina del Sur. EFE

Las autoridades de Alemania han anunciado este jueves el cierre de todos los consulados que Irán mantenía abiertos en el país como respuesta a la ejecución del disidente germano-iraní Jamshid Sharmahd, al que Teherán acusaba de haber participado en varios atentados terroristas en el país.

El Ministerio de Exteriores alemán ha indicado que, a tenor de lo sucedido, serán cerradas las legaciones diplomáticas iraníes en las ciudades de Fráncfort, Hamburgo y Múnich --las tres con las que el país contaba--, si bien aún permanecerá abierta la Embajada en Berlín.

Esta medida afecta a 32 funcionarios iraníes, que pierden su derecho de residencia y deben abandonar el país a menos que tengan también la ciudadanía alemana, según ha explicado el Ministerio, que muestra una reacción contundente por parte del Gobierno.

La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha lamentado que las relaciones entre los dos países se encuentran en su nivel más bajo de la historia y ha recalcado que la ejecución de Sharmahd muestra que el "régimen de la injusticia" iraní sugue actuando de forma "brutal".

Así, ha acusado a Teherán de saber usar, "por encima de todo, el idioma del chanetaje, la amenaza y la violencia". "Hemos dejado claro de forma reiterada y sin cabida a errores que la ejecución tendría graves consecuencias", ha aseverado, no sin descartar de momento el cierre de la Embajada. "Cerarla sería hacerle un favor al régimen", ha dicho.

La Embajada iraní será la única legación que servirá a los más de 300.000 iraníes que residen en territorio alemán, según ha explicado. El Gobierno ya había llamado a consultas el martes a su embajador en Teherán, Markus Potzel, y había convocado también al responsable iraní de la Embajada alemana, Mahmud Farazandé.

Actualmente no hay embajador iraní en Berlín. El anterior embajador se marchó en el marco de un cambio regular de personal y aún no ha llegado un sucesor. Tras la ejecución de Sharmahd, es poco probable que se envíe un nuevo embajador en un futuro próximo.

Las autoridades iraníes insisten en que la ejecución del disidente responde a que era el líder del grupo Tondar, considerado una organización terrorista en el país y al que el Gobierno acusa de estar detrás de varios atentados que habrían sido ordenados desde el exterior.

El grupo, con sede en Estados Unidos, busca restaurar la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979. Las autoridades iraníes le achacan la autoría de una veintena de ataques, de los cuales cinco habrían tenido éxito.

Sin embargo, aunque la serie logra recrear varios aspectos históricos con notable precisión, se aparta en ciertos detalles que han sido claves en la ejecución de Ana. Los realizadores de Wolf Hall optaron por acortar la escena de la ejecución respecto a la versión presentada en la primera temporada de la serie en 2015, eliminando elementos como el discurso final de Ana, una omisión que cambia el tono del momento final de su vida, reveló el Daily Mail.

Ana Bolena fue ejecutada el 19 de mayo de 1536 en un contexto de intrigas y presiones políticas en la corte de Inglaterra. La principal razón detrás de su condena fue la falta de un heredero varón, algo esencial para el rey Enrique VIII, quien necesitaba asegurar la sucesión y la estabilidad de su reino.

Ana solo había logrado darle una hija, la futura reina Isabel I, y sufrió múltiples embarazos fallidos, lo que deterioró su posición en el trono. La impaciencia del rey y su deseo de casarse con Jane Seymour impulsaron un plan para deshacerse de Ana, que había sido su amante y por quien incluso rompió con la Iglesia católica para anular su matrimonio anterior con Catalina de Aragón.

Históricamente, Ana Bolena fue llevada al cadalso donde, ante la presencia de varios espectadores, dio una última declaración que, a pesar de la gravedad de la situación, mantuvo un tono de respeto hacia su esposo y su destino. Sus palabras finales incluyeron frases en las que elogiaba al rey y aceptaba su sentencia sin cuestionarla, diciendo: “No hablaré en contra de ello… Ruego a Dios que salve al rey”.

Este detalle de su discurso, que enfatizaba su lealtad, fue omitido en la reciente representación, en la que el personaje de Ana, interpretado por Claire Foy, simplemente aparece respirando con temor antes de ser decapitada. Esta decisión creativa ofrece una versión más enfocada en la tensión del momento que en la imagen de dignidad y serenidad que Ana mostró ante su final.

Además de la omisión del discurso final, otros elementos de la ejecución han sido modificados o adaptados en la serie con fines dramáticos. En la recreación televisiva, se muestra que la última acción de Ana antes de morir fue colocarse una venda en los ojos, mientras que en la versión histórica, ella oraba en silencio mientras la espada caía, encomendando su alma a Jesucristo en un momento solemne que se destacó por su serenidad.

La precisión de los personajes presentes en la escena de la ejecución es uno de los aspectos en los que la serie Wolf Hall se ha mantenido fiel a la historia. El temido Thomas Cromwell, ministro principal de Enrique VIII y uno de los principales orquestadores de los cargos en contra de Ana, fue testigo directo de la decapitación.

En la representación televisiva, Mark Rylance interpreta a Cromwell y aparece observando en silencio el acto, acompañado por su hijo, mientras Ana es decapitada frente a él. Aunque la serie muestra a Cromwell sin ninguna expresión emocional, históricamente su presencia fue un símbolo de poder, reflejando su victoria en la batalla política que había librado para asegurar la caída de Ana.

Entre otros presentes en la ejecución estuvieron también varios de los enemigos de Ana, como el Duque de Suffolk, Henry Fitzroy y Thomas Audley, lo cual coincide con la recreación de la escena en la serie y refuerza la representación de un juicio en el que las alianzas políticas fueron decisivas para el desenlace fatal de Ana.

Un detalle sobre la escena es la figura del verdugo, que la serie presenta correctamente como un francés contratado especialmente para la ejecución, quien realiza el acto de forma rápida y sin errores. Este aspecto, que fue fielmente representado en Wolf Hall, destaca el contraste con otras ejecuciones de la época, especialmente con la de María, reina de Escocia, cuya decapitación fue mucho más brutal debido a los fallos del verdugo.

La rapidez y precisión del golpe, que en el caso de Ana fue logrado en un solo intento, hizo que su muerte fuera un proceso menos doloroso dentro de lo que cabe esperar en una ejecución. Sin embargo, en la serie el verdugo aparece casi indiferente, en contraste con los relatos históricos que sugieren que este habría pedido perdón a Ana por su tarea y que se vio visiblemente afectado por la valentía de la reina.

El contexto político en el que se dio la ejecución de Ana Bolena añade una profundidad compleja a este momento. Enrique VIII, determinado a asegurar un heredero varón y frustrado por la incapacidad de Ana para darle uno, había optado por acabar con su matrimonio y buscar una nueva esposa. La serie Wolf Hall introduce a Jane Seymour en la historia de manera simultánea a la ejecución, resaltando que Enrique ya estaba comprometido con ella al momento de la muerte de Ana.

El matrimonio oficial con Seymour no ocurrió hasta días después, sin embargo la celeridad de este nuevo compromiso evidencia el poco valor que Enrique le daba a la relación con Ana en sus últimos días y subraya la brutalidad del contexto político de la corte. Por su parte, Cromwell, quien había sido un aliado clave de Ana en el pasado, orquestó su caída como parte de un cambio de alianzas en el cual buscaba asegurar su posición en la corte y apoyar las ambiciones del rey.

El final de Ana Bolena marcó el avance del poder de Cromwell, que después de este evento consolidó su influencia en el gobierno inglés. Su personaje en Wolf Hall es presentado como un hombre que, tras salir fortalecido de la caída de Ana, continúa su ascenso político.

La serie ilustra cómo, a pesar de las amenazas internas y externas, la visión de Cromwell sobre una Inglaterra reformada y bajo un nuevo orden religioso continúa intacta, situando el evento de la ejecución de Ana no solo como un momento trágico en la vida personal del monarca sino también como un hito en la transformación de Inglaterra hacia un régimen de poder absoluto sustentado en la reforma religiosa y la centralización del poder en la figura del rey.

El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha señalado que Sharmahd "encabezó abiertamente y sin pudor un ataque terrorista contra una mezquita en la que murieron 14 personas inocentes, entre ellas mujeres y niños". "Más de 200 resultaron heridas; hay pruebas y están a disposición de todos", ha aseverado.

Así, ha recordado que tener "un pasaporte alemán, no proporciona impunidad, y mucho menos a un terrorista", según un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, donde ha pedido a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, que evite hacer al país "luz de gas". "Ya basta", ha añadido.

En este sentido, ha pedido al Gobierno alemán que deje de apoyar "a los asesinos de niños y terroristas que se escudan en consignas hipócritas de defensa de los Derechos Humanos". "No nos hemos olvidado de las armas químicas suministradas al régimen de Sadam (Husein) por ciudadanos alemanes", ha recalcado.

Araqchi ha acusado a Berlín de ser "cómplice del genocidio israelí que está en curso" dado que el país es el segundo proveedor de armas letales a Israel, que sigue adelante con su campaña genocida en Gaza y su carnicería en Líbano". "Mire a su alrededor, hasta su propio pueblo ridiculiza sus arrogantes reivindicaciones de defensa de los Derechos Humanos", ha dicho.

Previamente, el Gobierno de Alemania ha llamado a consultas a su embajador en Teherán, Markus Potzel, y también ha convocado al embajador de Irán en el país, Mahmud Farazandé, en señal de protesta por la ejecución de Sharmahd.

Sin embargo, Baerbock ha condenado la ejecución y ha recalcado que el disidente fue "secuestrado en Dubái y trasladado a la fuerza a Irán, donde ha permanecido encarcelado durante años sin que se celebrara un juicio justo en su contra". En este sentido, ha alertado de que la ejecución muestra que el poder en Irán recae sobre un "régimen inhumano que castiga a la gente, a su población y a los ciudadanos extranjeros, a los que aboca a la muerte".

El Gobierno de Alemania ha llamado a consultas este martes a su embajador en Teherán, Markus Potzel, en señal de protesta por la ejecución del disidente germano-iraní Jamshid Sharmahd, al que las autoridades de Irán acusaban de haber participado en varios atentados terroristas en el país.

El Ministerio de Exteriores alemán ha condenado así "de la forma más contundente" esta ejecución y ha dicho reservarse el derecho a "tomar medidas adicionales" en caso de que sea necesario. Además, ha anunciado que también ha convocado al embajador de Irán en el país, Mahmud Farazandé.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, ha recordado que Sharmahd fue "secuestrado en Dubái y trasladado a la fuerza a Irán, donde ha permanecido encarcelado durante años sin que se celebrara un juicio justo en su contra hasta que ha sido asesinado".

"Lo peor que podría pasar ha sucedido, y quiero ofrecer a su familia mi más profundo pesar por esta pérdida tan terrible", ha manifestado antes de recordar que la Embajada de Alemania en Teherán ha estado trabajando a diario en este caso. "Enviamos a un alto cargo del Ministerio a Teherán en varias ocasiones por este asunto. Hemos dejado siempre bien claro que la ejecución acarrearía graves consecuencias", ha afirmado en un comunicado.

En este sentido, ha alertado de que la ejecución muestra que el poder en Irán recae sobre un "régimen inhumano que castiga a la gente, a su población y a los ciudadanos extranjeros, a los que aboca a la muerte". "Esto muestra que nadie está seguro en Irán incluso bajo el nuevo Gobierno", ha zanjado.

Sin embargo, las autoridades iraníes insisten en que la ejecución responde a que Sharmahd era el líder del grupo Tondar, considerado una organización terrorista en el país y al que el Gobierno acusa de estar detrás de varios atentados que habrían sido ordenados desde el exterior.

El grupo, con sede en Estados Unidos, busca restaurar la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979. Las autoridades iraníes le achacan la autoría de una veintena de ataques, de los cuales cinco habrían tenido éxito.