Luego de que el pasado viernes corriera el rumor de que Marco Antonio Almanza, ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), había seguido el ejemplo de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega y se había entregado en Estados Unidos, el propio Almanza reapareció públicamente para desmentir la versión.

Por medio de un video que circula en redes sociales, grabado desde el Jardín Botánico de Culiacán mientras realizaba ejercicio, Almanza dice que el viernes había sido objeto de mucha desacreditación.

“Buenos días, buenos días, feliz sábado, aquí andamos en el botánico haciendo un poco de ejercicio, mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa, el día de ayer fui objeto de mucha desacreditación”, señala.

Expuso que el pasado martes había rendido una declaración ante medios de comunicación, con las cuales, señaló seguía firme, pero con la desacreditación que le venían dando otros medios, no estaba de acuerdo. Invitó a los medios a “que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación, feliz sábado”.

Cabe destacar que el pasado viernes circuló el rumor de que Almanza Avilés, uno de los 10 acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) de proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros funciuonarios y ex funcionarios del estado, se había entregado a las autoridades de Estados Unidos, como lo hicieron ya Gerardo Mérida y Enrique Díaz, ex secretarios de Seguridad y de Finanzas de Sinaloa, respectivamente.

El rumor circuló luego de que el pasado 26 de mayo, Almanza Avilés compareciera ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, y declarara públicamente lo contrario.

“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea”, dijo entonces frente a los medios.

También descartó que se entregaría a Estados Unidos, y afirmó que las acusaciones en su contra se basaban en señalamientos sin sustento. “Se están yendo a un dicho, y ese dicho no prevalece para mí”, expuso.

El expediente presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por parte del Departamento de Justicia de EEUU identificó a Almanza Avilés en listas internas del cártel como “R1” y estableció que habría recibido aproximadamente 300 mil pesos mensuales de Los Chapitos entre 2017 y 2022.

Según la acusación, el acuerdo corrupto se habría pactado en un rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con presencia también de Ovidio Guzmán, hijos de “El Chapo”.

A partir de ese momento, el exfuncionario habría permitido que Los Chapitos operaran libremente en el estado.

El indictment le atribuye haber librado órdenes de detención contra rivales del cártel, permitido el transporte de químicos para producción de fentanilo por Culiacán sin interferencias, ordenado la liberación de miembros del grupo detenidos por tráfico de drogas y filtrado información sobre operativos del Ejército Mexicano y la Marina.

Así fue el polémico momento

La ceremonia fue encabezada por Jesús López, quien anunció públicamente la intención de coronar al joven intérprete. Incluso relató que consultó la decisión con Alfredo Adame antes de proceder con el homenaje.

Tras ser invitado a ocupar un trono colocado para la ocasión, Emiliano mostró desde el primer momento su negativa a colocarse la corona, gesto que sorprendió a los asistentes.

Cuando López formalizó la entrega del reconocimiento, destacó el trabajo realizado por la comunidad de mariachis y expresó: “Hacemos una labor en pro de todos los mariachis. Y en este momento de parte de todos los mariachis de todo el mundo, Emiliano, te otorgamos la corona”.

Sin embargo, el cantante reiteró su rechazo y explicó las razones detrás de su decisión.

“Esta corona no es mía, esta corona es para la gente que está sufriendo, para qué me la voy a poner yo”, afirmó.

Posteriormente, dirigió un mensaje a la comunidad migrante mexicana radicada en Estados Unidos.

“Hay raza que ahorita está sufriendo. Yo me voy para mi casa, ¿pa’ qué la quiero? Esta corona es para ustedes”, señaló.

La postura generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron el gesto y lo interpretaron como una muestra de solidaridad, otros cuestionaron la decisión de rechazar un reconocimiento impulsado por representantes del gremio del mariachi.

La polémica previa de Emiliano Aguilar en ‘Despierta América’

El episodio ocurre apenas unos días después de la comentada aparición de Emiliano Aguilar en el programa Despierta América.

Durante la entrevista, el rapero habló sobre la complicada relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y reconoció que le gustaría alcanzar una reconciliación familiar en algún momento.

No obstante, mostró una postura distinta respecto a Ángela Aguilar, al dejar entrever que actualmente no tiene interés en reconstruir el vínculo con su hermana.

Las declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas hacia Christian Nodal. Emiliano aseguró que nunca perdonará un supuesto mensaje que el intérprete habría enviado por redes sociales relacionado con temas económicos y familiares.

“El vato me mandó un mensaje a las 3:40 de la mañana e insultó a mis hijas... a mí insúltame lo que quieras pero con mis hijas no”ñ

La entrevista provocó una intensa reacción en plataformas digitales y volvió a poner bajo los reflectores las tensiones que rodean a una de las familias más mediáticas del regional mexicano. Con el rechazo de la corona en Los Ángeles, Emiliano Aguilar suma un nuevo capítulo a una serie de controversias que han marcado su presencia pública durante los últimos meses.

Singapur, 30 may (EFE).- La "paciencia" que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a tener hasta alcanzar un “gran acuerdo” con Irán y la insistencia en que la política respecto a Taiwán se mantiene sin cambios y renovadas presiones a la OTAN marcaron este sábado la intervención del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el principal foro de seguridad de Asia, el Diálogo Shangri-La.

Su discurso abrió la jornada de debate en Singapur y estuvo repleto de elogios a los países asiáticos que han reforzado sus capacidades militares o endurecido sus políticas de defensa, entre ellos Japón, Corea del Sur o Filipinas, en línea con las demandas de Washington.

No fueron así sus palabras para Europa y la Alianza Atlántica, a las que exigió mayor responsabilidad en materia de defensa: "deberían tomar nota", advirtió.

Las alusiones a Irán y Taiwán, los dos asuntos que más expectación generaban, no aparecieron durante la intervención inicial de Hegseth, sino en el turno de preguntas, dando pie a respuestas menos rígidas de lo habitual por parte de altos cargos de Defensa.

Hegseth reveló que había hablado por teléfono esta misma mañana con Trump, quien le pidió que transmitiera su "paciencia" en las negociaciones que Washington mantiene con Teherán, mediadas por Pakistán.

"Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda", afirmó Hegseth, quien pese a las conversaciones de paz en curso subrayó que EE. UU. tiene munición "más que suficiente" para continuar el conflicto,

Antes de estas declaraciones del jefe del Pentágono, Trump mantuvo una reunión con su equipo de seguridad en la Casa Blanca con el objetivo de tomar una "decisión final" sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, explicó bajo anonimato un alto cargo del Gobierno estadounidense a The New York Times.

La Administración Trump cree estar cerca de un trato, pero quedan ciertos asuntos por debatir, como el desbloqueo de fondos iraníes, de acuerdo con el diario.

El titular de Defensa de Catar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani, fue uno de los primeros ponentes del Shangri-La en aludir abiertamente a las consecuencias derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, arteria del comercio energético global.

Alertó de que una crisis como la causada por la obstrucción al tránsito en esta estratégica vía podría ocurrir en cualquier región si las rutas navegables se convierten en herramienta de presión política.

La cuestión de Taiwán, isla autogobernada que China considera parte de su territorio y a la que Washington podría defender en  caso de ataque, era otro foco inevitable del foro, especialmente después de la reciente cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

Preguntado por la suspensión temporal de una importante transferencia de armamento a Taipéi –que ha sido relacionada por Washington con el conflicto en Irán –, Hegseth respondió: "cualquier decisión sobre futuras ventas de armas a Taiwán es de Trump".

Tras su reunión con Xi, Trump reconoció que la venta armamentística a Taipéi le sirve de "baza negociadora" con China, cuyas relaciones con EE. UU. atraviesan el mejor momento "en muchos años", destacó hoy el propio Hegseth.

El secretario de Guerra aclaró: "La política sobre Taiwán es la misma que al comienzo de esta Administración".

Fiel al reclamo habitual de Washington, Hegseth insistió en la necesidad de que los aliados incrementen su gasto militar. "Estados Unidos necesita socios, no protectorados", afirmó.

"Las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares. No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate", declaró, precisamente durante uno de los principales foros internacionales de seguridad.

Hegseth aseguró que "Europa Occidental debería tomar nota" del refuerzo militar de algunos países asiáticos y aceptar que "la era en la que EE. UU. subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado".

La postura encaja con el repliegue de recursos anunciado por Trump, quien la semana pasada dijo que enviaría a Polonia 5.000 soldados después de cancelar el despliegue de 4.000 efectivos en ese país y ordenar la salida de otros 5.000 de Alemania.

La agenda de Hegseth en Singapur también incluyó reuniones con sus colegas de Japón, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda de las que no abundaron detalles, pero al término de las cuales aludió al "compromiso con la paz mediante la fuerza" tanto de Washington como de algunas de estas naciones.

También anunció junto a los responsables de Defensa australiano y británico, Richard Marles y John Healey, respectivamente, un nuevo programa de submarinos no tripulados enmarcado en la alianza trilateral de seguridad AUKUS, creada para contrarrestar a China del Indopacífico. EFE

(foto)(vídeo) (Informe a cámara)

Estados Unidos informó el viernes el desmantelamiento de una red sofisticada dedicada a transferir tecnologías de defensa hacia Irán, en el contexto de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente y reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el 2 de marzo por el régimen iraní.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, el grupo se hizo pasar por empresas estadounidenses y engañó a compañías nacionales para acceder a tecnologías sensibles de uso militar destinadas a las autoridades de Teherán.

Según la información oficial, el líder de la red y sus cómplices lograron defraudar a decenas de firmas tecnológicas de Estados Unidos por varios millones de dólares, simulando ser empresas legítimas del país.

Washington detalló que los implicados tenían como objetivo adquirir equipos de última generación, incluidos analizadores de espectro y dispositivos de detección de seguridad, con destino al sector de defensa de Irán.

El plan consistió en crear sitios web falsos que reproducían la imagen de compañías estadounidenses reales y emplear intermediarios en Dubái para recibir los envíos. Posteriormente, las tecnologías obtenidas se introducían de manera clandestina en Irán, violando las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses, explicó la cartera a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Gobierno estadounidense sostiene una política de presión sobre el poder iraní para restringir su capacidad de llevar a cabo actividades consideradas desestabilizadoras para la región.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques vinculados al comercio petrolero de Irán, en paralelo a la comunicación de la Casa Blanca sobre la existencia de un marco de acuerdo con Teherán para detener las hostilidades en Medio Oriente.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las restricciones alcanzan a una persona de nacionalidad india, a ocho buques con banderas de San Marino, Panamá y Camerún, y a 16 empresas relacionadas con los sectores petrolero y energético iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que “desde la Administración Trump no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares”. Además, el funcionario remarcó: “El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, en un mensaje difundido en la red social X.

Bessent advirtió que Omán “debería saber” que Washington aplicará “medidas agresivas” ante cualquier actor que facilite tales cobros, “directa o indirectamente”. El jefe del Tesoro subrayó: “Cualquier socio dispuesto a ello será sancionado”.

En la misma jornada, Bessent compartió que mantuvo una conversación telefónica con el embajador omaní, quien le aseguró que “no hay planes para imponer un peaje en el estrecho”. Según el funcionario estadounidense, ambos coincidieron en la importancia de preservar las “buenas relaciones” bilaterales entre Estados Unidos y Omán, vigentes desde hace dos siglos.

Durante las últimas semanas, Washington y Teherán mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente, proceso que cuenta con la mediación de Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo rubricará un acuerdo de paz con Irán si este país cumple con todas las condiciones exigidas por Washington, según indicó un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN y AFP tras una reunión del mandatario con sus asesores. De acuerdo a la misma fuente, la reunión llevada a cabo en la Sala de Crisis duró aproximadamente dos horas.

“El presidente Trump solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos y satisfaga sus líneas rojas”, sostuvo el funcionario, quien pidió permanecer en el anonimato. El inquilino de la Casa Blanca enfatizó además: “Irán jamás podrá poseer un arma nuclear”.

(Con información de AFP)

La reciente operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según detalló el SOUTHCOM en un comunicado difundido en redes sociales.

El comando precisó que el buque atacado estaba operado por “organizaciones terroristas designadas” y recorría rutas habitualmente empleadas para actividades de narcotráfico.

El reporte oficial señaló que no hubo heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses involucradas en la operación. El éxito de la acción se atribuyó a información de inteligencia que permitió identificar y localizar la embarcación, la cual mantenía una participación activa en el tráfico ilícito de drogas en la zona.

En las imágenes divulgadas por el comando, se observa a la narco lancha en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida con un proyectil por las fuerzas estadounidenses. Posteriormente, se vieron imágenes de la embarcación envuelta en humo y en pleno incendio.

“El Hemisferio Occidental ya no es un entorno permisivo para narcoterroristas, sindicatos criminales o sus patrocinadores estatales“, expresó Francis L. Donovan antes de la difusión del nuevo ataque y agregó: ”Con la Fuerza de Combate Litoral-24 al mando de las operaciones tácticas, estamos enviando un mensaje inequívoco: Estados Unidos está comprometido a defender nuestra patria y a asegurar un hemisferio próspero y estable junto a nuestros socios perdurables”.

SOUTHCOM es responsable de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica, en el marco de sus tareas de combate al narcotráfico en la región.

En paralelo al golpe contra las redes del narcotráfico, Estados Unidos mantiene su presión hacia las autoridades del régimen cubano. Este viernes, Francis Donovan mantuvo un encuentro con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General de Cuba, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo.

Según un comunicado difundido por el Comando Sur, se trató de “un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa”, el primero de este tipo en tiempos recientes entre el titular del Comando Sur y altos mandos militares cubanos.

La información oficial fue acompañada por una fotografía que muestra a los participantes en uniforme de campaña. El comunicado detalla que Donovan también realizó una evaluación de la seguridad perimetral de la base y conversó con oficiales del recinto sobre la protección del personal militar, sus familias y la preparación operativa.

La base naval de Guantánamo, ubicada en la costa sureste de Cuba, a unos 700 kilómetros de Miami, aloja además un centro de detención conocido internacionalmente por los abusos cometidos contra sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La reunión se desarrolló en un contexto de deterioro acelerado de las relaciones bilaterales. El gobierno del presidente Donald Trump incrementó la presión económica sobre la isla tras su regreso al poder, lo que agravó la crisis existente. El 13 de mayo, el ministro de Energía cubano anunció que el país se quedó sin reservas de diésel y fueloil necesarios para operar las plantas eléctricas.

Este viernes 29 de mayo, medios de comunicación y actores políticos reportaron la entrega a Estados Unidos del extitular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acusado por el Departamento de Justicia de ese país de haber protegido a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa junto con otros servidores como el gobernador Rubén Rocha Moya.

Entre quienes difundieron la información estuvo la senadora Lili Téllez y el medio La Silla Rota. Asimismo, el diario El Universal difundió el hecho, señalando que una fuente de la Fiscalía federal de EEUU lo confirmaba.

Hasta el momento las instituciones de ambos países no han emitido declaraciones al respecto.

La senadora panista reaccionó a la supuesta entrega en su cuenta de X y señaló que Almanza Avilés prefirió una cárcel en Estados Unidos antes que el supuesto “narcoestado de Morena”.

Apuntó también contra el senador morenista Enrique Inzunza, acusado en el mismo expediente.

La presunta acción se habría concretado días después de que Almanza Avilés compareciera ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, el pasado 26 de mayo, y declarara públicamente lo contrario.

“Yo no serviría ni de testigo protegido, ni de testigo colaborador, porque yo nunca he pertenecido a un grupo delictivo. Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea”, dijo entonces frente a los medios.

En esa ocasión también descartó entregarse voluntariamente a Estados Unidos y afirmó que las acusaciones en su contra se basaban en señalamientos sin sustento: “Se están yendo a un dicho, y ese dicho no prevalece para mí”.

El Departamento de Justicia lo identificó como “R1” y le atribuye pagos de 300 mil pesos mensuales

El expediente presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por parte del Departamento de Justicia de EEUU identificó a Almanza Avilés en listas internas del cártel como “R1” y estableció que habría recibido aproximadamente 300 mil pesos mensuales de Los Chapitos entre 2017 y 2022.

Según la acusación, el acuerdo corrupto se habría pactado en un rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con presencia también de Ovidio Guzmán, hijos de “El Chapo”.

A partir de ese momento, el exfuncionario habría permitido que Los Chapitos operaran libremente en el estado.

El indictment le atribuye haber librado órdenes de detención contra rivales del cártel, permitido el transporte de químicos para producción de fentanilo por Culiacán sin interferencias, ordenado la liberación de miembros del grupo detenidos por tráfico de drogas y filtrado información sobre operativos del Ejército Mexicano y la Marina.

Cuatro días antes de los cargos, cruzó la frontera hacia Arizona sin saber que era buscado

Almanza Avilés reveló el 26 de mayo que se enteró de los cargos en su contra cuatro días después de haber estado en territorio estadounidense. Viajaba con frecuencia a Yuma, Arizona, desde San Luis Río Colorado, Sonora, donde tiene tres hectáreas de alfalfa.

“Si no hubieran publicado eso, yo hubiera sido el primero que hubiera caído ahí”, dijo.

Con la presunta entrega, Almanza Avilés se sumaría a la lista de acusados que ya se encuentran en manos de la justicia estadounidense, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, quien tendrá su próxima audiencia el 1 de junio y fue el primero en entregarse.

Además, extraoficialmente se presume que el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega también estaría bajo la tutela de la justicia de aquel país, aunque no ha sido confirmado.

Almanza enfrenta tres cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer ese armamento. La pena máxima en caso de ser declarado culpable es cadena perpetua, con una mínima de 40 años de prisión.

Gerardo Mérida Sánchez comparecerá el próximo 1 de junio ante la jueza federal Katherine Polk Failla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del caso que vincula a funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La audiencia fue fijada este 29 de mayo tras una solicitud de la fiscalía federal de EEUU encabezada por el fiscal Jay Clayton, según un documento judicial difundido por el periodista especializado en seguridad, Arturo Ángel, en su cuenta de X.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, de 66 años, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo al cruzar la garita de Nogales, en Arizona, y fue el primero de los 10 funcionarios acusados en presentarse ante la justicia de Estados Unidos.

Desde entonces permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

La fiscalía pidió excluir el tiempo bajo la Speedy Trial Act para facilitar negociaciones

El documento oficial difundido este 29 de mayo confirmó los detalles procesales del caso contra el exfuncionario sinaloense.

El 15 de mayo, Mérida compareció por primera vez ante la jueza federal Sarah Netburn para su presentación y arraigo formal en la acusación S9 23 Cr. 180. En esa audiencia fue detenido con su propio consentimiento, y Netburn excluyó desde entonces el tiempo bajo la Speedy Trial Act hasta el 1 de junio.

La fiscalía solicitó además excluir el tiempo bajo esa misma ley hasta la siguiente fecha de conferencia, con el fin de facilitar discusiones previas al juicio.

La defensa consintió la solicitud y la jueza Polk Failla la aprobó.

La conferencia del próximo lunes se celebrará a las 12:00 horas en la Sala 618 del Tribunal Thurgood Marshall, en 40 Foley Square.

Qué es la Speedy Trial Act y por qué importa en este caso

Datos consultados por Infobae México refieren que la Speedy Trial Act es una ley federal de Estados Unidos que garantiza el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo máximo de 70 días a partir de su acusación formal o primera comparecencia.

La ley permite, sin embargo, excluir tiempo del conteo cuando las partes necesitan margen para negociar o preparar argumentos previos al juicio.

En el caso de Mérida, la fiscalía pidió pausar ese reloj posiblemente para facilitar discusiones antes de llegar a juicio oral.

La defensa consintió y la jueza Polk Failla aprobó la solicitud. Es un mecanismo común en casos complejos de narcotráfico donde suele buscarse un acuerdo de culpabilidad antes del juicio, lo que revelaría la intención de Mérida de colaborar como testigo.

Mérida sería un testigo con valor para la fiscalía

La acusación formal del Distrito Sur de Nueva York señala al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya como el eje de la red de corrupción.

Según el documento, Rocha Moya se reunió con los líderes de Los Chapitos antes de las elecciones de junio de 2021, en encuentros custodiados por sicarios armados con ametralladoras, y prometió colocar funcionarios favorables al cártel en puestos de autoridad estatal a cambio del apoyo electoral.

Mérida fue precisamente uno de esos funcionarios: fue designado secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023, bajo las órdenes directas de Rocha Moya.

En 2023 y 2024, Mérida Sánchez presuntamente aceptó más de 100 mil dólares mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, no realizó detenciones de sus miembros, alertó al cártel sobre al menos 10 redadas a laboratorios de drogas en 2023 y facilitó el paso seguro de cargamentos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina por territorio sinaloense.

La acusación detalla que los avisos previos permitieron a Los Chapitos evacuar personal, droga y equipo de laboratorio antes de cada operativo.

La fiscalía sostiene que Los Chapitos tenían control sobre los nombramientos en la administración estatal y que Rocha Moya lo permitió de manera deliberada.

Que Mérida se haya entregado voluntariamente y que la defensa haya consentido la exclusión del tiempo bajo la Speedy Trial Act —mecanismo que suele usarse para negociar acuerdos de culpabilidad— coloca al exsecretario en posición de convertirse en testigo cooperante.

Su testimonio podría ser determinante para el caso contra Rocha Moya, quien aún no enfrenta a la justicia de Estados Unidos.

Severo Flores Mendoza, alias El Rey Mago, solicitó recientemente una demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca.

Ante esto, un juez le ha exigido que aclare su demanda de protección, ya que en su escrito inicial hay evidentes contradicciones.

Y es que, mientras en un capítulo de la demanda reclama una ilegal orden de aprehensión o privación de la libertad, en sus antecedentes confiesa haber huido de su domicilio tras enterarse por fuentes informales de que existía un mandamiento judicial en su contra por delincuencia organizada, así como una orden con fines de extradición a Estados Unidos.

Esa falta de certeza sobre lo que pretende reclamar ha obligado al órgano de control constitucional a prevenirlo para precisar la litis, en un momento en el que su nombre ha cobrado relevancia de nuevo en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) como una pieza clave en la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de Jalisco.

¿De qué se acusa al Rey Mago?

El 2 de junio de 2022 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dio un golpe mediático y financiero al colocar a Flores Mendoza en su lista negra de cabecillas del narcotráfico.

En ese momento, no era un prófugo, sino el Comisario de Seguridad Pública de Ameca y coordinador de jefes policiales en la Región Valles, una zona estratégica que comprende 14 municipios de Jalisco.

La designación de Estados Unidos lo vinculó directamente como informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusándolo de recibir sobornos a cambio de filtrar información privilegiada sobre operativos policiales a la organización criminal.

En el mismo listado aparecieron figuras de alto perfil criminal, como Julio César Montero Pinzón, apodado El Tarjetas, operador en Puerto Vallarta y sicario ligado al atentado contra Omar García Harfuch en 2020. También aparecieron familiares de Saúl Alejandro Rincón Godoy, El Chopa, el abatido jefe de plaza que servía de enlace directo con la cúpula del cártel.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, El Rey Mago era un facilitador indispensable para que el CJNG mantuviera su expansión territorial y su capacidad de traficar fentanilo y otras drogas letales hacia el norte.

Tras el señalamiento de Estados Unidos, el alcalde de Ameca, Juan Valentín Serrano Jiménez, lo separó del cargo para facilitar las investigaciones. Sin embargo, Enrique Alfaro Ramírez, entonces gobernador de Jalisco, declaró inicialmente que el comisario no contaba con denuncias vigentes en el país, aunque admitió que sobre él pesaba el antecedente de una orden de aprehensión previa en 2015.

Las investigaciones federales señalan que Flores Mendoza actuaba como el enlace de comunicación y operación entre el ayuntamiento y el CJNG, facilitando delitos como secuestro, extorsiones y el cobro de cuotas a empresarios del sector tequilero.

El senador Enrique Inzunza Cázarez fue captado asistiendo la noche del jueves 28 de mayo a una ceremonia de graduación del Tec de Monterrey, campus Culiacán, horas después de publicar en redes sociales que se encontraba en la Ciudad de México.

El contraste entre su publicación y su presencia en Culiacán esa misma noche ha alimentado aún más las dudas sobre el paradero real del legislador sinaloense, acusado desde el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Esa noche, sin embargo, el medio Ríodoce lo ubicó en Culiacán, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, donde se habría graduado uno de sus hijos. Según el medio, el legislador con licencia acudió acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza.

Al finalizar la ceremonia, reporteros le solicitaron una declaración. Inzunza respondió en pocas palabras: “No, este es un evento familiar”, según consigna Ríodoce. Fue su única expresión pública de la noche.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones estadounidenses, el senador no había dado declaraciones a medios de comunicación. Sus posicionamientos los ha difundido exclusivamente a través de redes sociales.

El medio antes citado precisó que al evento también asistió Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y todavía presidenta del DIF Estatal, cuya hija se graduó en la misma ceremonia, aunque no se le vio convivir con la familia Inzunza.

Una licencia de dos días y una presencia que nadie vio en el Senado

Este jueves, horas antes de ser captado en el estado sinaloense, Inzunza Cazárez publicó en su cuenta de X a las 12:39 horas: “Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer”. En ese mismo mensaje anunció que pediría licencia temporal para que su suplente, el arquitecto Omar López Campos, ocupara su curul durante las sesiones extraordinarias del 28 y 29 de mayo.

Inzunza aseguró en su publicación que, pese a la licencia, seguiría “las reuniones de comisiones y la del Pleno”, apoyando a su grupo parlamentario “con opiniones y argumentos”.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones el 29 de abril, el senador sólo había sido captado el 22 de mayo en una reunión con Javier Corral en el restaurante del Country Club de Culiacán, pero no fue visto ni captado públicamente en el recinto legislativo, incluido este jueves en el que afirmó que sí estaba en dicho lugar.

La periodista Leti Robles de la Rosa, quien cubre la fuente, precisó: “Pues fue mentira que @InzunzaCazarez iba a estar en el @senadomexicano para apoyar a su bancada en este extraordinario. El día de hoy NO estuvo en el Senado. Ayer sí acudió al Senado y estuvo cinco horas en plática con @NachoMierV , pero hoy no”, apuntó.

¿De qué lo acusa EEUU?

El expediente S9 23 Cr. 180, incorporado el 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York, señala a Inzunza junto a Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usar artefactos explosivos. Las penas posibles incluyen cadena perpetua.

Según el expediente, Inzunza habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021, cuando se desempeñaba como secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. La acusación lo identifica como el vínculo entre la administración estatal y la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Inzunza ha negado todas las acusaciones. Las ha calificado de falsas y de un “ataque e insidia contra Morena y AMLO”.

Acudió a cita de la FGR; la Interpol no tiene ficha roja contra él

El 26 de mayo, Inzunza acudió a las oficinas de la FGR en Culiacán para declarar en el marco de la investigación abierta por los señalamientos estadounidenses. Llegó solo, pasadas las 12:30 horas. “Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, publicó en redes sociales.

El legislador agregó que atendió la citación “desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes”, y que no se amparó en la inmunidad procesal que le otorga el artículo 111 de la Constitución ni en la excepción del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este jueves el vocero de la FGR, Ulises Lara López, confirmó que ninguno de los 10 acusados por Estados Unidos cuenta con ficha roja de Interpol, incluido Rocha Moya.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, instó el jueves a establecer una nueva alianza con Estados Unidos en el marco de la inminente revisión del acuerdo de libre comercio de América del Norte.

El mandatario expuso su propuesta en el Club Económico de Nueva York, donde subrayó la necesidad de replantear la cooperación bilateral frente a los desafíos que plantea la competencia global.

Carney sostuvo que debería existir una “verdadera alianza” que permita fortalecer la colaboración en sectores estratégicos. “Nuestro objetivo central en todas estas alianzas es aumentar nuestra autonomía estratégica. Porque vivimos en un mundo donde la integración se ha convertido en arma. Porque un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse no es verdaderamente soberano”, destacó Carney ante empresarios y analistas.

La intervención del primer ministro se produjo en las semanas previas a la evaluación obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), agendada para julio. Carney subrayó que Canadá avanza en la diversificación de sus relaciones comerciales y en la firma de acuerdos con países de distintas regiones, con el propósito de reducir la dependencia de su economía respecto a Estados Unidos.

El primer ministro planteó que Canadá aspira a duplicar sus exportaciones destinadas a mercados diferentes al estadounidense en la próxima década, en respuesta a los aranceles de Washington que afectan la inversión.

Carney lanzó la iniciativa Canada Strong, orientada a reforzar la cooperación con Estados Unidos y a impulsar la competitividad frente al resto del mundo. “Son innumerables los ejemplos en los que deberíamos trabajar juntos y competir con el mundo juntos. Y con esos fines, hemos presentado propuestas específicas y prácticas al gobierno de Estados Unidos”, explicó.

El acuerdo T-MEC protegió a Canadá de los efectos más severos de los aranceles estadounidenses, aunque sectores como el aluminio y el acero sufrieron impactos considerables.

Por otra parte, el jefe de Gobierno resaltó que las exportaciones de aluminio canadiense a Estados Unidos representan, en términos energéticos, el equivalente a 10 represas Hoover, y cuestionó la viabilidad de reemplazar ese suministro. “Con las crecientes necesidades energéticas de Estados Unidos, ¿tiene sentido construir los gigavatios necesarios para reemplazar a Canadá?”, preguntó Carney.

En el sector automotor, Carney subrayó que Canadá es el mayor cliente de Estados Unidos y que un mercado norteamericano integrado constituye “la mejor manera y la más duradera de enfrentar la intensa competencia global”. Además, señaló que Ottawa dispone de amplias reservas de potasa, níquel, cobre y uranio, lo que le permite posicionarse como el proveedor más confiable de minerales críticos que necesita Estados Unidos para fortalecer su defensa, su cadena alimentaria y el desarrollo de la inteligencia artificial.

“En un momento de crisis energética global, Canadá proporciona a Estados Unidos la energía confiable y los minerales críticos que ayudan a impulsar el crecimiento estadounidense: el 99% de las importaciones de gas natural de Estados Unidos, el 85% de las importaciones de electricidad y el 60% de las importaciones de petróleo crudo”, puntualizó Carney.

El primer ministro recordó que Canadá compra más bienes a Estados Unidos que China, Japón y Alemania juntos, y defendió la solidez de la relación bilateral: “Cuando Canadá y Estados Unidos hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, siempre —con el tiempo— las hemos superado, porque nuestros valores compartidos y nuestros intereses comunes son profundos. Permean nuestras economías”.

Durante su paso por Nueva York, Carney se reunió con directivos de BlackRock, JP Morgan Chase, Blackstone, Morgan Stanley y Apollo. Mientras tanto, el ministro canadiense de Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, tiene previsto viajar a Washington la próxima semana para sostener conversaciones. LeBlanc ya había advertido que el acuerdo de libre comercio podría pasar a revisión anual y que la incertidumbre podría convertirse en una herramienta de presión del gobierno estadounidense.

(Con información de Associated Press)

La crisis humanitaria y energética parece no tener final en una Cuba sumida por las decisiones y la corrupción del régimen liderado actualmente por el dictador Miguel Díaz-Canel. Cerca de tres millones de personas enfrentan escasez diaria de agua en la isla como resultado de la falta grave de combustible.

Las autoridades detallaron la noche del miércoles que el sistema de abastecimiento de agua opera con solo el 37% del combustible necesario, un déficit que incide directamente en el suministro a casi 10 millones de habitantes y que refleja la mayor emergencia en décadas.

Durante una mesa redonda sobre el impacto del embargo, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), afirmó que el sistema de agua figura entre los sectores más afectados, ya que es uno de los principales consumidores de energía del país.

“No solo el bombeo de agua consume electricidad, sino que todas las actividades esenciales de la agencia requieren combustible, desde desatascar tuberías y limpiar fosas sépticas hasta reparar fugas”, explicó el titular del INRH, citado por el sitio oficial Cubadebate. Rodríguez añadió que también se necesitan productos químicos, cuya importación se encuentra paralizada.

El funcionario precisó que la agencia solía destinar alrededor de USD 100 millones anuales a la compra de repuestos y suministros, pero en el último año esta cifra se redujo a apenas 10 millones debido a la suspensión total de crédito.

“Muchos proveedores están suspendiendo sus contratos mientras evalúan cuándo sería conveniente entregar suministros a Cuba o qué obstáculos podrían surgir en el procesamiento de pagos bancarios, sin mencionar las limitaciones en los servicios de envío”, indicó Rodríguez.

El deterioro de la infraestructura y la saturación de las estaciones de bombeo agravan el panorama, sobre todo en grandes ciudades como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. En estos centros urbanos, la mayoría de los edificios altos y apartamentos depende de bombas eléctricas para elevar el agua a los depósitos.

El funcionario que responde a las autoridades del régimen reconoció que apenas una pequeña parte de las operaciones del INRH utiliza energía solar o alternativas similares, y subrayó que la expansión de estas tecnologías exige inversiones elevadas.

La crisis del agua, aunque no es un fenómeno reciente, se profundizó en los últimos meses tras la decisión del gobierno estadounidense de endurecer las sanciones contra la isla. Desde enero, Washington intensificó la presión sobre la dictadura castrista, incluyendo aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. Actualmente, la isla produce solo el 40% del combustible que demanda su economía.

Los efectos se sienten con fuerza en la vida cotidiana. “Han pasado cinco días desde que llegó el agua”, relató Magaly Ribial, maestra de 60 años, mientras recogía agua de un camión cisterna en La Habana Vieja.

En el mismo barrio, Dayse Izquierdo, de 95 años, depende de la ayuda de sus vecinos para acceder al recurso cuando los camiones, conocidos como “pipas”, llegan a la zona. “La escasez de agua es generalizada”, sostuvo Carlos Molina, de 55 años. “Vengo de otro municipio a buscar agua porque allí no hay”.

La distribución a través de camiones cisterna no resuelve la falta de acceso, ya que el servicio resulta irregular y obliga a muchos residentes a trasladarse largas distancias para abastecerse.

Las autoridades cubanas, por su parte, reconocen las dificultades y desarrollan un programa acelerado de energía solar, aunque admiten que la solución requerirá tiempo y recursos.

En este contexto, la población soporta no solo los cortes de agua, sino también apagones diarios que pueden durar hasta 20 horas, mientras el país atraviesa su quinto año consecutivo de crisis económica, inflación y escasez de productos básicos.

(Con información de Associated Press)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques vinculados al comercio de petróleo de Irán, en una jornada en la que la Casa Blanca comunicó haber alcanzado un marco de acuerdo con Teherán para el cese de hostilidades en Medio Oriente.

Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas afectan a una persona de nacionalidad india, a ocho buques que operan bajo banderas de San Marino, Panamá y Camerún, y a 16 empresas relacionadas con los sectores petrolero y energético iraní.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Desde la Administración Trump no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstituir sus fuerzas armadas y capacidades militares”.

Las recientes sanciones se enmarcan en los esfuerzos de Estados Unidos por limitar los ingresos de Irán derivados de las exportaciones de petróleo con un bloqueo a los puertos controlados por el régimen persa, mientras continúan las negociaciones diplomáticas para reducir las tensiones bilaterales y regionales.

Washington también advirtió que impondrá sanciones a cualquier país, empresa o individuo que colabore con Irán en la creación de peajes para buques que transiten el estrecho de Ormuz, en alusión a los vínculos al régimen y el gobierno omaní. El anuncio fue realizado Bessent tras la confirmación de que funcionarios iraníes mantienen negociaciones con Omán destinadas a establecer un nuevo sistema de control y cobro en esa zona marítima.

“El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, afirmó Bessent en un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario sostuvo que Omán “debería saber” que Washington aplicará “medidas agresivas” frente a cualquier actor que facilite esos cobros, ya sea “directa o indirectamente”. “Cualquier socio dispuesto a ello será sancionado”, reiteró el jefe del Tesoro norteamericano.

Luego, Bessent reveló que mantuvo una conversación telefónica con el embajador omaní, quien le aseguró que “no hay planes para imponer un peaje en el estrecho”. Según el responsable del Tesoro, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de preservar las “buenas relaciones” bilaterales que Estados Unidos y Omán mantienen desde hace dos siglos.

“Quiere que estas relaciones duren otros 200 más y, como saben, le dije que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financieras omaníes fueran sancionados”, explicó el titular de la cartera.

Las advertencias de Bessent, se produjeron poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump endureciera su discurso respecto de Omán durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo temporal que habilite a Irán y Omán a gestionar juntos el tránsito en Ormuz, Trump respondió: “No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo”.

El mandatario estadounidense añadió: “Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires”. Estas declaraciones se suman a la presión ejercida por Estados Unidos para disuadir cualquier intento de imponer restricciones en una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio global de petróleo.

El jueves también estuvo marcado también por la confirmación de la Casa Blanca sobre un principio de acuerdo para extender la actual tregua e iniciar la reapertura de Ormuz, vía marítima estratégica para el flujo de hidrocarburos a nivel mundial. Además, las partes asumieron el compromiso de iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque este aspecto no fue confirmado ni por el presidente estadounidense ni por las autoridades de Teherán.

(Con información de Europa Press)

Juan Gómez Montiel, un hombre de 32 años de El Paso, Texas, fue declarado culpable por un jurado federal tras un juicio de tres días por coordinar una operación de tráfico de personas que introdujo a individuos, incluido un menor no acompañado, desde México a Estados Unidos a través del sur de Nuevo México y Texas.

De acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el proceso, en marzo de 2024 Gómez Montiel organizó el contrabando de un testigo clave desde Ciudad Juárez hacia territorio estadounidense a cambio de 2 mil 200 dólares.

Para lograrlo anterior, realizó los arreglos necesarios para que el testigo operara junto a un contrabandista de Juárez identificado con el alias Polo, este último fue el encargado de llevarlo a una casa de seguridad en esa ciudad fronteriza y posteriormente lo condujo hasta un agujero abierto en la valla fronteriza en las inmediaciones de Cristo Rey, en Sunland Park, Nuevo México.

El 5 de abril de 2024, el testigo cruzó de manera irregular a EEUU acompañado de un guía a pie y fue transportado hasta un taller de neumáticos en El Paso, donde Gómez Montiel lo esperaba, le consultó si el viaje había transcurrido sin contratiempos y pagó al guía por su participación en la operación.

Exigió el pago tras concretar el traslado

En los meses posteriores al cruce, Gómez Montiel volvió a contactar al testigo para exigirle el pago de los 500 dólares restantes correspondientes al servicio de contrabando.

Las pruebas del juicio también establecieron que, en agosto de 2024, el acusado coordinó el traslado de un menor no acompañado desde una casa de seguridad en El Paso hasta Albuquerque, Nuevo México, para lo cual utilizó a un conductor que resultó ser, sin conocimiento de Gómez Montiel, un agente encubierto del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El jurado lo declaró culpable de tres cargos: conspiración para introducir y transportar inmigrantes indocumentados, introducción de un inmigrante indocumentado con fines de lucro y transporte de un inmigrante indocumentado.

Tras conocerse el veredicto, el tribunal ordenó la detención preventiva de Gómez Montiel a la espera de la sentencia, cuya fecha aún no fue fijada. En esa instancia, el acusado enfrenta una pena de entre tres y diez años de prisión.

Mexicano sentenciado en EEUU

Por su parte, el 30 de abril pasado, un hombre originario de México identificado como Servando Corona Penaloza fue condenado a 25 años de prisión federal en EEUU por coordinar durante años la venta de más de mil kilogramos de metanfetamina y fentanilo, así como por organizar la compra y el envío de más de 200 armas de fuego de uso militar a México, utilizadas por cárteles criminales.

La senadora priista Carolina Viggiano lanzó fuertes acusaciones contra el morenista Enrique Inzunza Cázarez, luego de que éste solicitara licencia temporal a su cargo en el Senado de la República en medio de las investigaciones y señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Viggiano calificó a Inzunza como un “farsante” y aseguró que no es digno de ocupar un escaño en la Cámara Alta.

Además, afirmó que forma parte de una supuesta “narcobancada”, en referencia a legisladores que, según dijo, estarían ligados al crimen organizado.

“Todo el mundo sabe que es un vulgar narcotraficante”, expresó la legisladora, quien también cuestionó que el senador morenista decidiera ausentarse del pleno y comunicarse únicamente mediante mensajes grabados y redes sociales.

Enrique Inzunza pide licencia por “embestida mediática”

La solicitud de licencia de Enrique Inzunza ocurrió después de varias semanas de ausencia en actividades legislativas y tras darse a conocer investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa.

A través de redes sociales, el senador de Morena aseguró que su separación temporal del cargo responde a una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

Entre los puntos que destacó el legislador están:

• Afirmó que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como servidor público.
• Señaló que se encuentra en la Ciudad de México y acudió al Senado para las sesiones extraordinarias.
• Informó que su suplente, Omar Alejandro López Campos, participará en las sesiones del 28 y 29 de mayo.
• Indicó que continuará respaldando a Morena desde fuera del pleno.

La licencia fue confirmada por el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien acusó a la oposición y a algunos medios de querer convertir el tema en un “show político”.

Carolina Viggiano eleva el tono contra Morena y Sinaloa

Las declaraciones de Carolina Viggiano escalaron rápidamente el conflicto político.

La senadora aseguró que en Sinaloa “todos saben quiénes son narcos y quiénes son cómplices”, al tiempo que insinuó que algunos funcionarios buscan ganar tiempo para evitar consecuencias legales.

También criticó la estrategia de Inzunza de mantenerse fuera del debate público presencial y señaló que Morena intenta minimizar las acusaciones.

El posicionamiento se producen en un contexto de creciente presión política sobre figuras cercanas al grupo del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también señalado en investigaciones estadounidenses.

Omar López Campos asumirá el escaño en el Senado

Tras la licencia de Inzunza, quien asumirá temporalmente el cargo será Omar Alejandro López Campos, identificado como integrante del grupo político cercano a Rubén Rocha.

López Campos actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) y ha sido señalado por medios nacionales como un colaborador cercano del círculo político sinaloense ligado a Morena.

Su llegada al Senado cobra relevancia debido a que Morena busca asegurar los votos necesarios para avanzar en el periodo extraordinario con reformas constitucionales, entre ellas modificaciones al artículo 41 relacionadas con propaganda e intervención extranjera en procesos electorales.

FGR investiga señalamientos contra funcionarios de Sinaloa

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación derivada de solicitudes del gobierno de Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el narcotráfico.

De acuerdo con reportes, Enrique Inzunza y otros funcionarios acudieron recientemente a comparecer ante autoridades federales mexicanas para rendir entrevista ministerial.

Estados Unidos ha solicitado investigar a diversos políticos y mandos policiacos en Sinaloa, a quienes se les señalan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja para determinar si existen pruebas suficientes que permitan proceder legalmente.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que las indagatorias se realicen con base en pruebas sólidas y en estricto apego a derecho.

Mientras tanto, figuras de Morena como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López evitaron profundizar públicamente sobre la ausencia de Inzunza y los señalamientos en su contra, lo que ha alimentado aún más el debate político alrededor del caso.

De acuerdo con el organismo, la intervención fue “otro éxito” para la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y se enmarca en el trabajo conjunto para combatir “el flagelo del narcoterrorismo” en la región, según la misma fuente.

El Ejército y la SGAIA-PNC desmantelan narcolaboratorio en San Marcos

En una actualización, la mañana de este jueves en redes sociales la PNCdeGuatemala, informa que en un operativo conjunto de SGAIA-PNC, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público desbarató un narcolaboratorio en la aldea Zanjón, en San Lorenzo, San Marcos, donde fueron capturadas ocho personas y se incautaron droga, armas, vehículos y dinero.

En el lugar se contabilizaron 117 kilos de cocaína. Los tres inmuebles quedaron sellados por el Ministerio Público.

La acción se realizó como parte del seguimiento de una investigación que ubicó el inmueble donde, según las autoridades, se fabricaba y almacenaba cocaína. Durante el operativo, los implicados intentaron huir, pero fueron neutralizados y capturados.

Los detenidos fueron identificados como Edy “N” (55 años), Alejandro “N” (35), Luis “N” (30), Benilzon “N” (28), Byron “N” (41), Ludwing “N” (48), César “N” (34) e Irma “N” (66), quien fue trasladada bajo custodia a un centro asistencial por quebrantos de salud.

Durante la inspección localizaron equipo usado para la producción de droga: 12 microondas, siete pesas digitales, dos prensadoras hidráulicas, dos máquinas para hacer paquetes, además de mecanismos y químicos para fabricar cocaína. También se hallaron tres caballos, que fueron entregados a las autoridades encargadas de su resguardo.

En otros dos domicilios cercanos, las fuerzas de seguridad localizaron 14 fusiles, cuatro pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y 1.346 municiones de distintos calibres, además de 19 teléfonos, nueve radios portátiles y cuatro memorias USB. En cuanto al dinero, se reportaron USD 26.787 y Q74.461, además de 81 pesos mexicanos, y en un vehículo se halló un costal con paquetes de dólares que totalizaron USD 136.024, presuntamente vinculados a la venta de droga.

El Ministerio Público informó que también fueron incautados seis microbuses, 14 vehículos y 12 motocicletas. La droga, los detenidos y los vehículos quedaron a disposición del juzgado correspondiente.

El gobierno de Guatemala desmantela complejo vinculado al tráfico de cocaína cerca de la frontera con México

El Ejército de Guatemala localizó el 26 de mayo en San Marcos un laboratorio de presunta cocaína que el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz describió en una conferencia transmitida por canales oficiales como el mayor hallado en 15 años, un operativo que, según el funcionario, muestra una estructura capaz de completar en un solo sitio todo el ciclo de producción de la droga y forma parte de una estrategia sostenida para debilitar redes criminales que operan rutas hacia México.

En el primer inmueble intervenido se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos, según detalló Sáenz en la conferencia oficial.

El procedimiento seguía abierto al momento de su comparecencia porque abarcaba tres inmuebles interconectados, según el ministro. Sáenz precisó que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores.

San Marcos integra una franja fronteriza bajo presión del narcotráfico

La información difundida sobre el operativo sitúa el procedimiento en Ayutla, municipio de San Marcos, dentro de una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su proximidad a las rutas de trasiego hacia México. La Agencia Guatemalteca de Noticias señaló que el hallazgo expone infraestructura del narcotráfico en una zona fronteriza que concentra parte de la actividad criminal por su cercanía con las rutas hacia ese país.

Sáenz atribuyó el resultado al trabajo de inteligencia coordinado entre el Ejército de Guatemala, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la Dirección General de Inteligencia Civil y la Dirección de Inteligencia Militar. Ante preguntas de la prensa, dijo que esta estructura era investigada desde un año y medio.

Guatemala acordó con Estados Unidos realizar ataques conjuntos contra el narcotráfico dentro de su territorio, una decisión que, según tres personas familiarizadas con las conversaciones citadas por The New York Times, amplía la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina y forma parte de una estrategia para aumentar la presión regional sobre México.

Las operaciones podrían comenzar ya el próximo mes, según dos de esas fuentes citadas por The New York Times. Esas mismas personas dijeron que el objetivo más amplio de la Casa Blanca es normalizar la presencia militar estadounidense en la región para ganar influencia sobre México.

La semana pasada, el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo aceptó ataques aéreos y otras acciones militares durante una llamada con el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth, según dos de las personas familiarizadas con el diálogo citadas por The New York Times. El alcance exacto de las otras actividades militares no estaba claro.

La oficina de Arévalo confirmó en una declaración a The New York Times que Guatemala presentó formalmente una solicitud de “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico” en una carta dirigida a Hegseth.

La presidencia guatemalteca añadió que Arévalo y Hegseth hablaron por teléfono el 19 de mayo para cerrar los términos, aunque no difundió detalles específicos.

Guatemala se encamina a ser el segundo país de la región con operaciones militares conjuntas

Si el acuerdo entra en vigor, Guatemala se convertirá en el segundo país de América Latina que permite acción militar conjunta contra grupos criminales dentro de sus fronteras, según The New York Times. Ecuador aceptó un arreglo similar a comienzos de este año.

Bajo ese esquema, las fuerzas estadounidenses asesoran y asisten a militares ecuatorianos en operativos y ataques aéreos contra presuntos grupos de narcotráfico, según The New York Times.

El medio señaló que esas organizaciones han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de América Latina.

El nuevo entendimiento responde a una política más amplia del gobierno de Trump para conseguir que más países latinoamericanos acepten operaciones conjuntas en sus territorios, según The New York Times.

Uno de los próximos objetivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos es Honduras, de acuerdo con dos personas familiarizadas con esos planes citadas por el diario.

La presión sobre Guatemala y Honduras apunta a modificar la posición de México

El gobierno de Trump concentra parte de sus esfuerzos en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico, según dos de las fuentes citadas por The New York Times.

Washington ha intentado obtener presencia sobre el terreno y autorización para ataques con drones, pero la presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó esas solicitudes, según esas mismas personas.

La estrategia es impulsada por Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de Trump para política y asesor de seguridad nacional, y por Joseph Humire, por ahora principal responsable de política del Pentágono para defensa nacional y América Latina, según dos de las personas familiarizadas con el plan citadas por The New York Times.

Miller encabeza una reunión bimensual llamada reunión de “victorias”, en la que distintas agencias gubernamentales informan sus logros recientes, según dos de esas personas y otra conocedora de esos encuentros citadas por The New York Times.

En esas sesiones, el Pentágono suele figurar entre las dependencias con más resultados por la cantidad de personas muertas en ataques contra embarcaciones, de acuerdo con esas fuentes.

Según cuatro empleados actuales y ex empleados, funcionarios de la administración Trump presionaron a la oficina encargada de imprimir el dinero del país para que diseñara un billete de 250 dólares con el retrato del presidente. Esto supondría la primera aparición de una persona viva en la moneda estadounidense en más de 150 años.

Desde el año pasado, dos funcionarios designados políticamente en el Departamento del Tesoro —el tesorero Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown— instaron repetidamente al personal de la Oficina de Grabado e Impresión de la agencia a preparar prototipos del billete, según los empleados, quienes señalaron que esta medida generó preocupación, ya que la ley federal actualmente solo permite que aparezcan personas fallecidas en los billetes.

Los empleados hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Como parte de esta iniciativa, Beach proporcionó al personal de la oficina diseños preliminares del billete en agosto y septiembre, incluyendo uno que muestra el rostro del presidente Donald Trump en el centro del billete de 250 dólares, entre las firmas del presidente y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, según uno de los empleados y los documentos revisados ​​por The Washington Post.

El artista que afirmó haber diseñado el diseño preliminar declaró a The Post que había hablado con Trump al respecto.

El pintor británico Iain Alexander afirmó que Trump aprobó cambios en su diseño original, como la adición de los colores de la bandera estadounidense y un logotipo que conmemora el 250 aniversario de la fundación de la nación.

“Le gusta decir que soy su artista británico favorito”, comentó Alexander, exnadador de competición y DJ, quien se describe a sí mismo como retratista de la realeza, incluyendo retratos de la reina Isabel y otros personajes.

Desde 1866, ninguna persona viva ha aparecido en los billetes estadounidenses, después de que la imagen de un funcionario de nivel medio del Tesoro apareciera en un billete de 5 centavos. El año pasado se presentó en el Congreso un proyecto de ley que permitiría que Trump apareciera en un billete de 250 dólares para conmemorar el 250 aniversario de la nación, pero este proyecto ha quedado estancado.

En un comunicado, un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó que la imprenta está llevando a cabo la planificación y el análisis pertinentes en respuesta a la propuesta legislativa.

“Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Impresión (BEP) está trabajando activamente para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconozca debidamente el 250.º aniversario de nuestra gran nación”, decía el comunicado.

La directora de la oficina de impresión, Patricia “Patty” Solimene, y otros empleados explicaron repetidamente a Beach y Brown que existían obstáculos legales y de procedimiento para producir el billete y que el proceso tardaría años más de lo previsto, según declararon cuatro empleados.

Los dos funcionarios designados políticamente se mostraron desdeñosos en respuesta, según dos de los empleados actuales.

“Les dijo que no estábamos autorizados a hacerlo. No podemos avanzar más, y ni siquiera nos hemos reunido con todas las partes interesadas para discutir los próximos pasos”, dijo uno de los empleados. “La emisión de un nuevo billete, sobre todo uno de tan alto valor, suele tardar entre seis y ocho años”.

Solimene declaró que la dirección del Tesoro la reasignó abruptamente de su puesto el 27 de abril, y al día siguiente escribió en un correo electrónico a sus colegas que se marchaba con gran pesar. En su correo de despedida, del cual The Post obtuvo una copia, escribió que había sido reasignada a otro puesto en el Departamento del Tesoro y que su partida “no fue decisión mía”.

Añadió que “nunca sacrificó sus valores ni su integridad, ni los de la organización, y siempre priorizó el Programa de Moneda Estadounidense y el valor que cada empleado aporta a la misión”.

“La responsabilidad recaía aquí”, escribió.

Solimene no especificó en el correo electrónico el motivo de su reasignación y no respondió a las llamadas para obtener comentarios. Veterana del Ejército con 24 años de servicio, había sido la primera mujer directora de la oficina.

Brown, anteriormente asesor principal de Beach, fue nombrado director interino de la oficina. No respondió a los mensajes en busca de comentarios.

El comunicado del Tesoro indicó que Beach “nunca solicitó al personal que imprimiera el billete antes de su aprobación por el Congreso”. La agencia se negó a comentar sobre la reasignación de Solimene. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios.

Según los cuatro empleados, Solimene y su personal habían accedido a otra solicitud de la administración: imprimir billetes de 100 dólares con la firma de Trump. Según informaron, esos billetes —los primeros en la historia de Estados Unidos en llevar la firma de un presidente en ejercicio— se están imprimiendo actualmente en las instalaciones del Departamento del Tesoro en el centro de Washington.

“Siguiendo la recomendación del Tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, el Secretario Bessent reconocerá los logros históricos de nuestro gran país y del Presidente Trump añadiendo su firma a los billetes”, indicó el comunicado del Tesoro.

Si bien ninguna ley prohíbe imprimir billetes con la firma de Trump, expertos en moneda estadounidense afirman que producir un billete de 250 dólares con la imagen del presidente contravendría la legislación vigente. Una de las leyes establece que solo se puede representar a una persona fallecida en la moneda estadounidense. Otra especifica qué denominaciones puede producir la oficina de billetes.

Larry R. Felix, exdirector de la oficina, declaró que “un billete de 250 dólares no está autorizado legalmente” sin una ley del Congreso.

“Hay que autorizar al secretario para que lo haga”, dijo, refiriéndose a Bessent.

Alexander, el artista, afirmó que también le habían dicho que se requería legislación. “Me han informado de que tiene que pasar por el Congreso”, declaró.

Según los expertos, un segundo desafío es que el diseño e impresión de cualquier billete nuevo suele requerir una amplia coordinación con la Reserva Federal, el Servicio Secreto y socios del sector privado.

Felix afirmó que se tardó más de una década en diseñar y producir un billete de 100 dólares con docenas de medidas de seguridad integradas que impedían su falsificación.

Brown, nombrado por Trump y quien comenzó a trabajar en el Departamento del Tesoro en octubre, es expresidente del Partido Republicano de Kansas.

Beach, nombrado tesorero en marzo de 2025 y con supervisión directa de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, es un exsenador estatal de Georgia que apoyó las afirmaciones de Trump sobre su derrota electoral en 2020. No respondió a las solicitudes de comentarios.

“Estos tipos creen que se puede imprimir algo de la noche a la mañana y que va a funcionar en un cajero automático. Es una locura”, dijo uno de los empleados. «Se necesitan años y años para producir estos billetes y garantizar su fiabilidad para el público».

El esfuerzo por crear un billete de 250 dólares coincide con los planes del gobierno de Trump para celebrar el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos a partir de julio. Trump ha propuesto construir un arco triunfal de 76 metros al pie del Cementerio Nacional de Arlington y un “Jardín de los Héroes” en Washington con 250 estatuas.

El mes pasado, el Departamento de Estado anunció que comenzaría a emitir pasaportes con el retrato y la firma de Trump para conmemorar el aniversario, una medida que no requirió una ley del Congreso.

En febrero de 2025, el representante Joe Wilson (republicano por Carolina del Sur) presentó un proyecto de ley que ordenaría al secretario del Tesoro imprimir billetes de la Reserva Federal de 250 dólares con el retrato de Donald Trump. El proyecto de ley fue remitido al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, pero aún no se ha debatido.

En un comunicado a The Post, un portavoz de la oficina de Wilson agradeció a Beach su apoyo a la propuesta legislativa y afirmó que Wilson ha conversado en varias ocasiones con el presidente del comité sobre su tramitación.

“También podemos confirmar que tanto el secretario del Tesoro, Bessent, como el presidente Trump han hablado con el representante Wilson en varias ocasiones sobre su apoyo a esta iniciativa”, decía el comunicado.

En enero, el representante Andy Barr (republicano por Kentucky) publicó una foto en X donde aparecía junto a Beach sosteniendo un diseño preliminar del billete con los colores de la bandera y el logotipo “250”. Alexander, el pintor británico, confirmó que se trataba de un diseño que él mismo había creado tras recibir la opinión de Trump.

El Washington Post contactó con Alexander porque su firma aparece debajo del diseño preliminar que se entregó al personal de la oficina en agosto.

Para el reverso del billete, Alexander dijo que propuso un tema de “liberación femenina” con Betsy Ross, la costurera que confeccionó banderas durante la Revolución Americana.

¿La reacción de Trump? “Le encantó”, dijo Alexander.

Alexander comentó que, además del billete de 250 dólares, también está trabajando en un proyecto artístico mucho más ambicioso para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos, pero que ha tenido dificultades para obtener una respuesta regular de Trump desde el inicio de la guerra en Irán.

“Se entiende la cantidad de asuntos que tiene entre manos en este momento”, afirmó.

© 2026, The Washington Post.

Antes de que el FBI armara su expediente, dos narcocorridos ya habían hecho el trabajo: nombre, apodo, origen, jefe y armamento. Irving Froilán León Alvarado, alias “El 18″, actualmente detenido en Estados Unidos, se presumía escolta personal de Ovidio Guzmán López en letra y música —primero en 2023, cuando “El Ratón” aún operaba en Sinaloa, y de nuevo en 2025, en plena guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

La justicia federal lo alcanzó por otro camino: una expareja que habló, un celular con fotos y una cadena de mensajes de Facebook que lo vinculan al cártel desde 2015, según reveló el periodista Ángel Hernández.

La justicia federal de Estados Unidos lo alcanzó en enero de 2026 por un delito menor de posesión de marihuana, pero una vez que sus datos entraron a las bases del Departamento de Justicia, el caso que lo esperaba era otro: producción y tráfico de metanfetamina y posesión de armas de fuego.

“Soy El Irving y soy del cártel sinaloense”

El 9 de junio de 2023, el sello Del Records, el mismo que más tarde sería vinculado al CJNG, lanzó la canción “Clave 18”, interpretada por Panchito Arredondo con Los Novillos de la Sierra.

La canción abre con una imagen de operativo: camionetas blindadas que circulan en convoy, con bazucas y armamento de banda. La letra explica que esa escena es señal de que El Ratón anda cerca, y que por eso su gente va con chaleco táctico ajustado.

El segundo bloque describe al narrador en primera persona: menciona granadas y un lanzacohetes RPG listos para usar, y una pistola con incrustaciones que lleva en la pierna. Se presenta equipado y preparado para la guerra, cuidando a un hijo del “general” Guzmán Loera.

Otro verso hace referencia a “un jueves cualquiera en Culiacán”: alusión directa al Culiacanazo del este 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán y lo liberaron horas después ante los bloqueos y la violencia desatada por el cártel en la ciudad.

Después viene la identificación. El narrador dice cuidar a Ovidio Guzmán día y noche, y atribuye su posición a las acciones con las que se ganó su confianza. En el último verso se presenta sin rodeos: oriundo de Agua Caliente, miembro del Cártel de Sinaloa, asignado por El Nini para custodiar al jefe. “24/7 me van a ver pendiente”, cierra la estrofa.

La segunda canción llega en un momento radicalmente distinto. “Irvin El 18”, del grupo Decisión Efectiva, se publicó en 2025 —cuando Los Chapitos ya llevan meses en guerra abierta contra la facción afín a Ismael El Mayo Zambada, conflicto que estalló el este 9 de septiembre de 2024.

El tono es radicalmente distinto al de 2023. Ya no hay descripción de un convoy custodiando a El Ratón por las calles de Sinaloa. El narrador dice cuidar sectores, tener un equipo a su lado y cargarse de armamento. Se reafirma en su identidad —Irving, El 18— y en su palabra dentro del cártel: “Saben los Chapos que yo por ellos siempre respondo”.

La letra carga con la ausencia de Ovidio Guzmán. Un verso lamenta lo que ocurrió en Jesús María —el barrio de Culiacán donde El Ratón fue arrestado en enero de 2023— y lo describe como un descuido que hizo ruido, en el que “cayó Marina”. Otro verso dice que le pesa “sentar cabeza” y que ese día lo hizo trizas.

En ese contexto, la declaración de lealtad del corrido adquiere otro peso: “Mi línea es mil por ciento Guzmán / Escuela nos dejó el Niní acá.” El Nini —jefe de seguridad de Los Chapitos, preso y extraditado desde 2023— sigue siendo referencia de autoridad dentro del grupo incluso desde la cárcel.

El corrido describe también caravanas que siguen patrullando ciudad y rancho, y un narrador que dice llegar bien equipado y artillado. Cierra con la misma presentación del primero, ahora con más peso: “Yo soy el Irving, soy del cartel, cartel del Chapo”.

¿Qué se sabe de su captura?

Lo que el FBI construyó durante meses llegó a la corte por la puerta más pequeña. El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a León Alvarado en enero de 2026 por posesión de marihuana, un delito menor. No había operativo, no había seguimiento previo visible: fue una detención rutinaria que cambió de dimensión en el momento en que los agentes ingresaron su nombre a las bases de datos federales.

El Departamento de Justicia reclamó su custodia de inmediato. El caso que lo esperaba no tenía nada de menor: producción y tráfico de metanfetamina, y posesión de armas de fuego. Fue presentado ante un juez federal el este 16 de enero de 2026. La sentencia máxima que enfrenta es prisión de por vida.

No era su primer arresto en Estados Unidos. En 2017 ya había caído en ese país. Fue deportado en 2018 y, según el expediente, ese regreso a México marcó el inicio de su carrera dentro del cártel: comenzó como halcón —vigilando y reportando movimientos— y fue escalando posiciones hasta que Ovidio Guzmán lo integró a su equipo de seguridad personal.

Tras el arresto de El Ratón en enero de 2023, León Alvarado fue reasignado como escolta de la familia inmediata de Guzmán. Seguía en funciones al menos hasta el 19 de julio de 2024, fecha de la fotografía que el FBI extrajo del celular de su expareja: en la imagen aparece con un rifle Barrett y equipo táctico completo.

El caso fue sellado por la corte tras su presentación ante el juez. No hay confirmación pública de si León Alvarado negocia un acuerdo de culpabilidad o se prepara para juicio.

Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de China, Wang Yi, manifestaron su voluntad de fortalecer las relaciones estratégicas y multifacéticas entre ambos regímenes durante un encuentro celebrado en el marco de la sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El ministro de Relaciones Exteriores cubano detalló que coincidió con su par chino en la necesidad de “avanzar en los consensos alcanzados entre los líderes de ambos países y continuar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido”.

En un mensaje difundido por X, el jefe de la diplomacia cubana se refirió “la permanente solidaridad y el apoyo del Partido, el Gobierno y el Pueblo chinos, principalmente en la actual situación en que Cuba enfrenta las amenazas y el recrudecimiento extremo del bloqueo de Estados Unidos, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético”.

La semana pasada, Cuba recibió las primeras 15.000 toneladas de arroz de un total de 60.000 toneladas comprometidas por Beijing como parte de una asistencia alimentaria de emergencia ante la crisis económica que atraviesa la isla bajo el mandato de la dictadura castrense.

Por su parte, el régimen chino reiteró su disposición a “seguir ofreciendo apoyo y asistencia dentro de sus capacidades” y expresó su rechazo a la “interferencia por parte de fuerzas extranjeras”, en alusión a las presiones de Estados Unidos sobre La Habana, incluidas las restricciones sobre sectores clave de la economía cubana.

China, uno de los principales socios comerciales y aliados políticos de Cuba en Asia, denunció el pasado jueves el “abuso de los medios judiciales”, después de que Washington imputara cargos criminales contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

En respuesta a la advertencia de la administración estadounidense sobre la supuesta presencia de bases militares chinas en la isla, Beijing aseguró que “inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba”.

La economía de Cuba enfrenta una crisis prolongada, con una contracción económica del 15% en los últimos cinco años, según cifras oficiales. La Habana y Beijing mantienen vínculos políticos y económicos estrechos, con el gigante asiático consolidado como uno de los aliados principales de la isla.

En paralelo a la reunión de los cancilleres, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su confianza en que las conversaciones en curso entre Washington y La Habana conduzcan a un resultado favorable para el pueblo cubano, al tiempo que advirtió que el colapso del país caribeño representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense.

“Hablaremos con ellos, trabajaremos en ello; queremos algo bueno para el pueblo cubano y, con suerte, habrá un buen resultado para ellos. Tiene que haberlo”, afirmó Rubio, hijo de inmigrantes cubanos establecidos en Miami en 1956.

El funcionario subrayó, durante una reunión de gabinete encabezada por Donald Trump en la Casa Blanca, que la existencia de un Estado fallido a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos constituye una amenaza para la nación norteamericana. A su vez, calificó al régimen cubano liderado hoy por Miguel Díaz-Canel como un grupo de “comunistas incompetentes” y denunció que el conglomerado empresarial Gaesa, bajo control de las Fuerzas Armadas, acapara el 70% de la economía del país sin que sus ingresos beneficien a la población.

Las afirmaciones de Rubio tienen lugar en un contexto de negociaciones discretas entre ambos gobiernos, que ya generaron contactos de alto nivel. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 14 de mayo y mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas; el jefe de inteligencia cubana, general Ramón Romero Curbelo; y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, nieto del exmandatario Raúl Castro y teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT).

(Con información de EFE)

La reciente operación fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según informó el propio comando en un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con SOUTHCOM, el buque atacado era operado por “organizaciones terroristas designadas” y transitaba rutas utilizadas habitualmente para actividades de narcotráfico.

El Comando Sur reportó que no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses durante la operación y atribuyó el éxito de la acción a información de su inteligencia que permitió identificar y ubicar la embarcación, la cual mantenía una participación activa en el tráfico ilícito de drogas en la región.

En las imágenes difundidas, se observa a la narco lancha navegando en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida con un proyectil por las fuerzas estadounidenses. Luego, se ven imágenes de la lancha en llamas.

SOUTHCOM mantiene la responsabilidad de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica.

Estados Unidos sostiene que estas intervenciones buscan aumentar la presión sobre las redes de narcotráfico, a las que vincula con países de Latinoamérica, como Venezuela, y que fueron formalmente declaradas como “organizaciones terroristas” por las autoridades estadounidenses hace varios meses atrás.

El sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves militares de Estados Unidos en Caracas del fin de semana pasado representa una fase nueva de la Operación Lanza del Sur, que apunta a una presencia militar permanente de Washington en Venezuela, según explicó a Infobae el coronel retirado Isdro Echatn Pérez Villalobos.

El oficial venezolano interpreta el episodio ocurrido el 23 de mayo como un intento de “normalizar” la presencia operativa estadounidense y, potencialmente, como el primer paso hacia futuras bases militares en territorio venezolano.

Pérez Villalobos —licenciado en Ciencias y Artes Militares, geógrafo y docente en seguridad y defensa nacional— sostuvo que este escenario traería una “implicación geopolítica y geoestratégica determinante”, ya que implicaría el paso de una operación puntual a una infraestructura continua dentro de Venezuela. Según el coronel, esta diferencia modifica de forma relevante el alcance estratégico de la presencia estadounidense.

El especialista precisó que, bajo la doctrina militar estadounidense actual, la sede diplomática en Caracas no solo funciona como espacio diplomático, sino que también “es también una base de coordinación política, militar, inteligencia y seguridad”.

En ese marco, cuando el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, aterriza directamente en la embajada durante un “ejercicio de seguridad”, se activa “una presencia formal” coordinada entre el Departamento de Estado, las Fuerzas Armadas estadounidenses, la CIA y otras agencias de gobierno en Venezuela.

Pérez Villalobos aclaró que esto no implica necesariamente una militarización total de la política exterior, aunque sí revela “una aproximación integrada del poderío de los Estados Unidos”. El experto subrayó el impacto psicológico que busca provocar este tipo de maniobras. Según su análisis, el episodio tiene “una profunda connotación psicológica” cuidadosamente calculada.

El oficial destacó que, aunque el Gobierno venezolano declaró que el sobrevuelo tenía fines de “protección diplomática”, la percepción de la sociedad venezolana será diferente. “En la teoría militar, la percepción importa tanto como la capacidad militar real”, señaló. En Caracas, se registraron algunas protestas minoritarias en rechazo a la presencia militar estadounidense, aunque Pérez Villalobos consideró que esas manifestaciones no resultaron significativas.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, estaría buscando una diputación federal para obtener fuero constitucional ante posibles investigaciones provenientes de Estados Unidos relacionadas con presuntos actos de corrupción y huachicol fiscal.

Durante declaraciones ante medios, el legislador priista afirmó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador “claro que se va a refugiar en el fuero”, al sostener que “todos los grandes negocios” realizados durante el sexenio pasado “llegan hacia él”.

Añorve también vinculó a integrantes de Morena con investigaciones abiertas en Estados Unidos y acusó al partido oficialista de intentar desviar la atención de los señalamientos mediante ataques contra medios de comunicación y la oposición.

“Le urge el fuero”, declaró el senador, quien además sostuvo que diversas personas radicadas en Estados Unidos estarían realizando declaraciones que podrían involucrar a figuras relevantes de Morena.

Renuncia de “Andy” López a Morena desata sospechas y críticas de la oposición

La polémica surgió luego de que Andrés Manuel López Beltrán anunciara su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones del partido para buscar una diputación federal por Tabasco rumbo a 2027.

El movimiento político detonó reacciones inmediatas entre analistas, periodistas y dirigentes opositores, quienes interpretaron la decisión como un intento de conseguir inmunidad procesal frente a posibles acusaciones internacionales.

La senadora panista Lilly Téllez aseguró que López Beltrán estaría “desesperado” ante las investigaciones que presuntamente avanzan en Estados Unidos, mientras que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ironizó sobre la salida del morenista y recordó derrotas recientes de Morena en elecciones estatales.

Señalamientos contra el círculo cercano de “Andy” López

Las críticas contra López Beltrán ocurren en medio de reportes periodísticos y acusaciones relacionadas con presuntos esquemas de corrupción y vínculos con personajes investigados en Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos destacan:

• Presuntas investigaciones sobre huachicol fiscal vinculadas a Pemex.
• Acusaciones sobre contratos otorgados a empresarios cercanos en proyectos como Dos Bocas.
• Supuestos beneficios relacionados con el programa Sembrando Vida y la empresa Rocío Chocolate.
• Reportes sobre posibles indagatorias del FBI y autoridades fiscales estadounidenses.
• Señalamientos derivados del caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Además, el periodista Carlos Loret de Mola publicó recientemente una columna en la que afirmó que los hijos del expresidente habrían recibido dinero de funcionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

“Andy” López exige pruebas tras acusaciones de nexos criminales

Tras los señalamientos, López Beltrán respondió públicamente a Carlos Loret de Mola mediante una carta difundida en redes sociales, en la que exigió “mostrar una sola prueba” sobre las acusaciones que lo vinculan con recursos de origen ilícito o con organizaciones criminales.

El morenista rechazó cualquier relación con actividades ilegales y calificó al periodista como “mercenario al servicio de intereses mezquinos”.

La controversia escaló después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego se sumara a la discusión en redes sociales, donde defendió al periodista y cuestionó públicamente a López Beltrán.

Tabasco, bastión de Morena y posible camino directo al Congreso

Pese a la polémica, Morena mantiene una amplia fortaleza electoral en Tabasco, entidad donde López Beltrán buscaría competir por el Distrito 06 federal, integrado por municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

En las elecciones federales de 2021 y 2024, Morena y sus aliados obtuvieron amplias mayorías en la entidad, superando incluso el 70% de la votación total en algunos distritos.

Estos antecedentes convierten a Tabasco en uno de los territorios más favorables para el oficialismo y colocan a López Beltrán como un perfil con altas posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados, en medio de un creciente debate político sobre las acusaciones, investigaciones y el posible uso del fuero constitucional.

“Los cárteles en México se lucran con el robo de combustible y petróleo crudo, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”, compartió en sus redes sociales la senadora estadounidense Jacky Rosen el 27 de mayo. Las declaraciones de la funcionaria se enmarcan en las acciones legislativas que buscan enfrentar del trasiego de hidrocarburo, también conocido como huachicol.

Senadores de Estados Unidos buscan generar una ley acerca del robo de hidrocarburos, acciones relacionadas con los grupos del crimen organizado como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG).

A mediados de mayo, los senadores Jacky Rosen (demócrata por Nevada) y John Cornyn (republicano por Texas) presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo el combate al robo de combustible por parte de los grupos criminales.

En que consistiría la ley

Según lo expuesto por los senadores se trata de la Ley bipartidista para Detener el Robo de Combustible contra la Violencia de los Cárteles, la cual contempla que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, tenga que presentar información sobre las acciones para contrarrestar las actividades ilícitas.

Cornyn argumenta que las estructuras criminales actualmente desarrollan métodos sofisticados con los que puedan contrabandear las sustancias, entre ellos los hidrocarburos. Las ganancias del huachicol son usadas para financiar las actividades de narcotráfico y trata de personas.

La página web del senador Cornyn destaca que la mencionada ley permitiría

• Sensibilizar sobre el problema del robo de combustible y evaluar los esfuerzos actuales para abordar la amenaza
• Exigir al Departamento de Guerra de los Estados Unidos que presente un informe al Congreso con recomendaciones para contrarrestar el contrabando de productos de hidrocarburos
• Fortalecer la economía, la energía y la seguridad nacional de EEUU

Añade que los grupos criminales han hecho del robo de hidrocarburo su principal fuente de ingresos no relacionada con el trasiego de drogas, además de que operan con esquemas que les permiten operar a los dos lados de la frontera.

El combustible robado es comercializado en el mercado negro a un precio más bajo, lo que además les permite evitar impuestos. Destaca el aumento de violencia (tiroteos, extorsión e intimidación) en las comunidades que están cerca de los oleoductos.

“La administración Trump ha sancionado a personas involucradas en redes de robo de combustible que generan cientos de millones de dólares en ganancias para cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación”, es parte de lo expuesto por el senador.

Cabe recordar que en mayo de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó un documento sobre los grupos delictivos ligados con el robo de hidrocarburo y señaló al Cártel de Sinaloa, el CJNG y al Cártel del Golfo.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno de México ha registrado avances en el combate al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, con base en información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país (CBP, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la mandataria, los resultados incluyen aseguramientos de droga, destrucción de instalaciones clandestinas y una disminución en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Durante ‘La Mañanera’ de este miércoles, Sheinbaum detalló que, hasta el corte presentado, se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios destinados a la producción de drogas, lo que ha representado alrededor de 402 toneladas de sustancias aseguradas. La presidenta señaló que estos resultados forman parte de acciones realizadas en distintas regiones del país, vinculadas con operaciones contra la producción y distribución de drogas sintéticas.

En el caso específico del fentanilo, la mandataria indicó que en la frontera sur de Estados Unidos se registró una reducción del 76 por ciento en el paso de esta sustancia. Explicó que los decomisos reportados por autoridades estadounidenses pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026, con base en datos de CBP. Agregó que estas variaciones reflejan cambios en los aseguramientos realizados tanto en territorio mexicano como en el lado estadounidense.

“Se han desmantelado 2 mil 400 laboratorios, alrededor de 402 toneladas de droga. Eso es lo que se ha incautado, son datos de CBP, datos reconocidos por EEUU. En la frontera se ha reducido el paso de fentanilo en 76 por ciento. Se pasó de 863 kilos en octubre de 2024. a 208 kilos en abril de 2026”, explicó.

Los datos presentados fueron expuestos como parte del seguimiento a indicadores binacionales sobre tráfico de drogas. La comparación de cifras entre distintos periodos permitió observar diferencias en los volúmenes incautados por autoridades estadounidenses, especialmente en el caso del fentanilo. La información fue presentada en el contexto de las acciones de seguridad y cooperación entre ambos países en materia de combate al narcotráfico.

En una breve intervención sobre el tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la importancia de esas incautaciones, a pesar de que, dijo, parecieran únicamente datos fríos y cifras simples.

El funcionario federal agregó que esas acciones representan, en términos simples, miles de dosis de droga que deja de venderse y que “no llega a las calles para envenenar a los jóvenes”.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será la edición más grande en la historia del torneo con 48 selecciones y tres países anfitriones; también será una competencia marcada por el uso de inteligencia artificial, análisis automatizados y nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al futbol.

Desde decisiones arbitrales más precisas hasta estadios inteligentes y transmisiones inmersivas, la FIFA apostará por una transformación tecnológica que impactará tanto dentro como fuera de la cancha.

Como parte de esta evolución, la FIFA y Lenovo desarrollaron un ecosistema digital llamado “Football AI”, respaldado por una inversión estimada en 375 millones de dólares.

El sistema busca modernizar distintos aspectos del torneo en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, con herramientas enfocadas en el arbitraje, el análisis táctico y la experiencia para los aficionados.

Avatares 3D, balones inteligentes y cámaras corporales transformarán el arbitraje

Una de las principales innovaciones será la evolución del sistema de fuera de juego semiautomatizado. Antes del torneo, cada futbolista será escaneado mediante tecnología corporal para crear avatares tridimensionales capaces de registrar medidas exactas de hombros, rodillas, cabeza y botines.

Durante los partidos, cámaras de alta velocidad instaladas en los estadios rastrearán 29 puntos del cuerpo de cada jugador hasta 50 veces por segundo. Con ello, el sistema podrá detectar posiciones adelantadas con mayor rapidez y precisión, mientras que las transmisiones mostrarán reconstrucciones en tercera dimensión para explicar las decisiones arbitrales.

El torneo también estrenará el balón inteligente TRIONDA, desarrollado por Adidas. La pelota incorporará un sensor IMU de 500 Hz que enviará información en tiempo real a la sala VAR para detectar contactos, desvíos y pases con precisión milimétrica.

Entre las características anunciadas destacan:

• Sensor capaz de enviar 500 datos por segundo
• Batería con autonomía de seis horas
• Conexión sincronizada con 12 cámaras por estadio
• Diseño de cuatro paneles con texturas profundas para estabilizar el vuelo

Otra de las novedades será “Referee View”, tecnología que permitirá seguir los partidos desde la perspectiva del árbitro central. Los silbantes portarán minicámaras corporales integradas en el uniforme y las imágenes serán estabilizadas mediante inteligencia artificial para ofrecer tomas fluidas durante el juego.

Además, las decisiones del VAR serán explicadas en los estadios mediante gráficos tridimensionales y animaciones generadas por IA.

Estadios inteligentes y análisis táctico impulsados por IA

La FIFA también implementará la plataforma “Football AI Pro”, un sistema de análisis táctico basado en inteligencia artificial generativa al que tendrán acceso las 48 selecciones participantes.

La herramienta permitirá que entrenadores consulten información en lenguaje natural y reciban respuestas inmediatas mediante videos, estadísticas, gráficos interactivos y análisis tácticos generados a partir de millones de datos históricos y patrones de juego.

“Vamos a democratizar el acceso a los datos. No solo los equipos, pronto también los fans podrán usarlo”, señaló Gianni Infantino.

Fuera de la cancha, los organizadores desarrollaron “gemelos digitales” de los estadios, es decir, réplicas virtuales de cada recinto para simular accesos, movimientos de personas y posibles emergencias antes de los partidos.

Entre las herramientas previstas para la operación del torneo destacan:

• Entradas completamente digitales
• Sistemas cashless en zonas comerciales
• Reconocimiento ágil en accesos
• Monitoreo inteligente de multitudes
• Apertura automática de torniquetes según saturación

Lenovo desplegará más de 10 mil dispositivos tecnológicos operados por 200 ingenieros en las 16 sedes mundialistas.

El Mundial 2026 también incorporará transmisiones con gráficos tridimensionales en tiempo real, análisis automatizados y estadísticas avanzadas. Además, Hisense trabajará con tecnología RGB-Mini LED para mejorar la calidad de imagen en las salas VAR y facilitar la revisión de jugadas polémicas.

Incluso algunas selecciones ya comenzaron a trabajar con inteligencia artificial. Argentina anunció colaboraciones con Google Gemini para desarrollar sistemas de prevención de lesiones y contenido personalizado dirigido a los seguidores de Lionel Messi.

La organización Human Rights Watch acusó que México se convirtió en el principal receptor de deportaciones de extranjeros realizadas por el gobierno de Donald Trump y advirtió que miles de personas permanecen atrapadas en un “limbo legal” en ciudades del sur del país, sin acceso efectivo a vivienda, atención médica o mecanismos claros para regularizar su estancia.

En el informe titulado “Nos abandonan aquí a morir”, la organización documentó que entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a México a 12 mil 977 personas de terceros países, es decir, migrantes que no son ciudadanos estadounidenses ni mexicanos. De acuerdo con el documento, México concentró alrededor del 70 % de todas las deportaciones de extranjeros realizadas por Estados Unidos hacia terceros países durante el actual gobierno de Trump.

Cubanos fueron el grupo más afectado por las deportaciones a México

Según Human Rights Watch, los ciudadanos cubanos representan el grupo más afectado por esta política migratoria. El estudio señaló que 4 mil 353 cubanos fueron deportados a México en el periodo analizado, muchos de ellos después de pasar décadas viviendo en Estados Unidos.

El informe indicó que varios de los deportados llegaron a territorio estadounidense durante el éxodo del Mariel de 1980 o mediante programas migratorios legales implementados en años anteriores. También señaló que numerosos migrantes ya tenían familias, empleo y arraigo en estados como Florida antes de ser enviados a ciudades del sur mexicano.

La organización sostuvo que durante años el gobierno cubano limitó la recepción de deportados desde Estados Unidos, situación que cambió con la política migratoria impulsada por Trump, enfocada en ampliar las deportaciones masivas y negociar acuerdos con terceros países para recibir personas expulsadas.

Human Rights Watch afirmó que las autoridades mexicanas aceptaron recibir a ciudadanos cubanos aun cuando existían restricciones para su retorno a Cuba, pero sin ofrecerles residencia permanente o mecanismos efectivos de integración. El documento concluyó que esto dejó a miles de personas atrapadas en un “limbo legal permanente”.

Human Rights Watch cuestionó acuerdo “no escrito” entre México y Estados Unidos

La organización también denunció la existencia de un acuerdo migratorio no transparente entre ambos gobiernos. El informe citó documentos estadounidenses en los que el Departamento de Justicia reconoció un “acuerdo vigente no escrito” con México para recibir cubanos y otros extranjeros deportados desde Estados Unidos.

Human Rights Watch acusó posibles violaciones al debido proceso y al principio de no devolución, que prohíbe trasladar personas a lugares donde puedan enfrentar riesgos graves. De acuerdo con el estudio, varias personas deportadas alertaron a autoridades estadounidenses sobre amenazas en México, incluidos antecedentes de secuestros y violencia contra familiares, pero aun así fueron enviadas al país sin audiencias individualizadas ni evaluaciones formales de riesgo.

La organización señaló además que la mayoría de los deportados fue enviada a ciudades como Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), donde documentó presencia del crimen organizado, altos índices de violencia y condiciones precarias para migrantes.

Entre las 41 personas cubanas entrevistadas por Human Rights Watch, 17 tenían más de 60 años y al menos 22 padecían enfermedades crónicas. El informe indicó que muchos enfrentaron dificultades para acceder a medicamentos o tratamientos médicos por falta de documentos y recursos económicos.

La organización también sostuvo que el sistema mexicano de refugio enfrenta limitaciones para responder al aumento de deportaciones. Aunque las autoridades recomiendan iniciar trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los entrevistados reportaron retrasos, falta de citas y restricciones para desplazarse fuera de los estados donde presentan sus solicitudes.

El documento añadió que la situación se agravó tras la reducción del financiamiento estadounidense al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. Según Human Rights Watch, la aportación de Estados Unidos pasó de 50 millones de dólares en 2024 a 8 millones en 2025.

La organización pidió que cualquier deportación de nacionales de terceros países hacia México se realice mediante acuerdos formales y transparentes, además de garantizar acceso efectivo a protección internacional y mecanismos de regularización migratoria.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, derrotó este martes al senador John Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas por la candidatura a uno de los dos escaños del estado en el Senado de EE.UU.

Paxton obtuvo más del 62 % de los votos, frente al 37 % de Cornyn, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses. El resultado refuerza la influencia del presidente Donald Trump sobre el Partido Republicano, a cinco meses de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso .

En noviembre, el republicano se enfrentará al demócrata James Talarico, legislador estatal y seminarista, cuya candidatura ha generado expectativas en el Partido Demócrata de cara a una contienda en un estado donde ningún demócrata ha ganado un cargo estatal en 32 años.

Desde su fiesta de celebración en Plano, a las afueras de Dallas, Paxton agradeció brevemente a Trump por haberle dado un espaldarazo y dedicó la mayor parte del discurso de vitoria para atacar a Talarico, a quién calificó como el “candidato más extremo que los demócratas han nominado nunca”.

“Texas será la prioridad número uno de la izquierda radical en noviembre”, indicó Paxto. “Si los republicanos perdemos este estado, perdemos el país”, agregó.

Por su parte, Cornyn, senador por cuatro periodos, desde 2002, agradeció a sus constituyentes por los años en el Congreso, en un apagado discurso donde no mencionó a Paxton y recordó su récord como Senador.

“Los votantes de Texas tomaron su decisión y la debo respetar (...) el servicio público es una vocación honorable, servir a los demás es un propósito elevado, y que aunque mucho de la política es feo, elegimos servir a través de lo bueno, lo malo y lo feo”, señaló.

La segunda vuelta se convirtió en la primaria más costosa de la que se tiene registro en EEUU, con más de 25 millones de dólares gastados en publicidad entre ambos candidatos, según datos de la firma AdImpact.

Trump eligió dar su apoyo a Paxton pese al descontento de varios senadores republicanos, en una decisión que reafirma la exigencia de lealtad al presidente como condición ‘sine qua non’ para mantenerse en el partido, según filtraciones de miembros del Congreso al diario The Wall Street Journal y al portal The Hill.

Las primarias de Texas llegan también semanas después de que la falta de lealtad al movimiento MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump) fuera castigada en las primarias de Georgia, Alabama y Kentucky.

En este último estado, Thomas Massie, quien se había convertido en uno de los críticos más duros de Trump dentro del oficialismo, perdió su escaño.

La candidatura de Paxton, sin embargo, está marcada por las múltiples controversias en las se ha visto envuelto en su trayectoria como servidor público, incluyendo denuncias de corrupción y un divorcio público por infidelidad que casi le costó su puesto como fiscal general.

En 2023, la Cámara de Representantes sometió a Paxton a un juicio político con 20 cargos relacionados con sobornos, abuso de la confianza pública y obstrucción de la justicia. El Senado estatal lo absolvió, pero el proceso empañó su imagen y supuso una fractura entre los republicanos de Texas.

(Con información de EFE)

La intervención fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan.

Según el comunicado difundido por SOUTHCOM en redes sociales, el buque atacado era operada por “organizaciones terroristas designadas” y transitaba rutas habituales del Caribe, conocidas por su uso en actividades de narcotráfico. Tras la ofensiva, el mando militar notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate, con el objetivo de localizar a dos sobreviviente.

Durante la operación no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses. SOUTHCOM señaló que el éxito de la acción se debió a información de inteligencia que permitió identificar y ubicar la lancha, la cual participaba activamente en el tráfico ilícito de drogas para la región.

En las imágenes, se logra divisar a la narcolancha navegando en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida por el SOUTHCOM.

El comando mantiene la responsabilidad de las operaciones y la cooperación en materia de seguridad en el Caribe, América Central y Sudamérica.

Washington sostiene que estas intervenciones buscan aumentar la presión sobre las redes de narcotráfico, a las que vincula con el régimen de Venezuela y que fueron formalmente declaradas como “organizaciones terroristas” por las autoridades estadounidenses.

El Comando Sur presente en Caracas

El comandante SOUTHCOM, Francis L. Donovan, arribó el sábado pasado a la capital venezolana para supervisar un simulacro de evacuación en la embajada estadounidense y mantener encuentros con autoridades venezolanas y miembros del cuerpo diplomático de su país. La embajada de Estados Unidos informó a través de la red social X que la visita constituyó la segunda misión oficial del jefe militar en Venezuela.

Donovan llegó acompañado por un contingente militar a bordo de dos aeronaves MV-22B Osprey de la Marina, utilizadas en el ejercicio de evacuación. Según el comunicado oficial, el general dialogó con “altos representantes del gobierno interino” y observó en terreno la ejecución de un “ejercicio de respuesta militar” en la sede diplomática. También sostuvo una reunión con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y el personal de la sede diplomática.

En la declaración difundida por el Comando Sur, se subrayó el compromiso de Washington con la aplicación del plan de tres fases de la Casa Blanca, enfocado en la estabilización de Venezuela y en la seguridad compartida en el hemisferio occidental.

La primera visita oficial de Donovan al país sudamericano tuvo lugar el 18 de febrero, cuando se reunió con autoridades del gobierno encargado de Delcy Rodríguez para abordar cuestiones de seguridad y la hoja de ruta establecida por el entonces presidente estadounidense Donald Trump para la transición política, tras la captura del exdictador Nicolás Maduro el 3 de enero, en medio de un operativo militar en Caracas.

El simulacro de evacuación incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros, así como la participación de bomberos y ambulancias en la sede diplomática. El ejercicio, previsto ante eventuales emergencias médicas o catástrofes, comenzó a las 10:00 hora local y se extendió hasta después del mediodía. El gobierno venezolano confirmó que autorizó la realización de esta maniobra como parte de los “protocolos regulares de seguridad y protección diplomática”.

(Con información de EFE)

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, adelantó que su bancada votará en contra de la reforma impulsada por Morena para establecer la intervención extranjera como nueva causal de nulidad electoral, al considerar que la iniciativa abre la puerta a decisiones “a modo” y genera tensión innecesaria con Estados Unidos.

Las declaraciones del senador priista ocurrieron luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobara en fast track la propuesta promovida por Ricardo Monreal, la cual modifica el artículo 41 de la Constitución para permitir invalidar elecciones cuando se acredite injerencia extranjera.

La iniciativa avanzó con 28 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano sumaron nueve votos en contra. El proyecto será discutido en el pleno de San Lázaro.

PRI critica “discurso patriotero” y alerta sobre relación con EEUU

Durante declaraciones ante medios, Añorve aseguró que la reforma no responde a una amenaza real y acusó al oficialismo de utilizar un discurso nacionalista para justificar cambios electorales.

El legislador afirmó que actualmente no existe una invasión o intervención militar extranjera en México y sostuvo que el gobierno federal debería enfocarse en fortalecer la comunicación bilateral con Estados Unidos.

Entre los principales señalamientos del PRI destacan:

• Acusaciones de que Morena busca “nulidades a modo”.
• Señalamientos sobre un supuesto control del oficialismo sobre instituciones electorales.
• Críticas por generar tensión diplomática con Estados Unidos.
• Advertencias sobre un posible uso político de la reforma.

Añorve también aseguró que Morena pretende “ganar en la mesa lo que no pueda ganar en las urnas”, al tiempo que calificó al actual gobierno como un “estado autoritario”.

Oposición advierte riesgos de ambigüedad en la reforma electoral

La discusión de la iniciativa generó críticas de legisladores de oposición, quienes consideran que el concepto de “intervención extranjera” no está claramente delimitado y podría utilizarse de manera discrecional.

La diputada priista Nadia Navarro Acevedo advirtió que existe preocupación por la ambigüedad jurídica del proyecto, ya que comentarios, informes o posicionamientos internacionales podrían ser interpretados como injerencia.

Por su parte, la diputada panista Noemí Luna aseguró que nadie está a favor de la intromisión extranjera, pero afirmó que la oposición rechaza cualquier mecanismo que permita arrebatar triunfos electorales mediante interpretaciones legales.

Incluso desde Movimiento Ciudadano surgieron observaciones sobre la iniciativa, aunque algunos legisladores reconocieron la necesidad de regular posibles intervenciones internacionales en procesos electorales.

Morena defiende reforma y habla de proteger la soberanía

Desde el bloque oficialista, diputados de Morena y aliados defendieron la propuesta bajo el argumento de blindar la soberanía nacional y evitar presiones externas en decisiones electorales mexicanas.

El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo, señaló que la democracia también debe protegerse de intereses extranjeros que puedan influir en la voluntad de los ciudadanos.

La iniciativa impulsada por Monreal plantea:

• Modificar el artículo 41 constitucional.
• Incorporar la injerencia extranjera como causal de nulidad electoral.
• Ajustar la Ley de Medios de Impugnación.
• Integrar cambios relacionados con la elección judicial de 2028.

De acuerdo con el oficialismo, la propuesta surge tras experiencias recientes registradas en América Latina y ante señalamientos sobre presuntas intervenciones extranjeras en procesos políticos regionales.

Senado discutirá reforma en periodo extraordinario

El Senado de la República prevé discutir esta y otras reformas durante el periodo extraordinario convocado para el próximo 28 de mayo.

Los temas prioritarios contemplados en la agenda legislativa incluyen:

• Reforma judicial impulsada por el gobierno federal.
• Integridad y revisión de candidaturas.
• Nulidad de elecciones por intervención extranjera.
• Seguridad y combate a la extorsión.
• Seguimiento a la revisión del T-MEC.
• Debate sobre soberanía nacional.

En días recientes, Manuel Añorve también acusó que Morena busca concentrar el control político y electoral del país mediante reformas que, dijo, podrían romper los equilibrios democráticos y permitir el uso faccioso de instituciones como el INE, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La discusión de la reforma electoral ocurre en medio de un ambiente de polarización entre oficialismo y oposición, mientras Morena insiste en que busca proteger la soberanía nacional y los partidos opositores advierten riesgos para la certeza democrática y la imparcialidad electoral.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó este martes 26 de mayo un balance de su primer año en el cargo, enumerando avances en seguridad fronteriza, combate al fentanilo y cooperación bilateral contra el crimen organizado.

Afirmó que actualmente se tiene la frontera más segura en toda la historia.

El diplomático señaló que la relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum generó “resultados reales”, aunque reconoció que “queda mucho trabajo por delante”.

En materia de acuerdos bilaterales, Johnson también destacó que en solo 16 meses se logró más avance bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década, y que un acuerdo sobre la crisis de aguas residuales del Río Tijuana avanza hacia una solución permanente sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses.

Aprehensiones en frontera México-EEUU caen a nivel más bajo en 55 años

La Patrulla Fronteriza registró el nivel más bajo de aprehensiones en la frontera suroeste en 55 años, según el comunicado de la embajada. Las detenciones diarias se mantuvieron 95% por debajo de los niveles registrados durante la administración de Joe Biden, con cero liberaciones de migrantes.

Johnson atribuyó esos resultados al freno de la migración ilegal y al combate al tráfico de personas.

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende por casi 3 mil 200 kilómetros, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, y conecta cuatro estados estadounidenses —California, Arizona, Nuevo México y Texas— con seis estados mexicanos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Johnson afirmó que esas acciones conjuntas salvaron vidas al reducir los cruces en condiciones de riesgo, y sostuvo que en este momento se tiene la frontera más segura de toda la historia.

Muertes por sobredosis de fentanilo bajaron

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% para finales de 2025, de acuerdo con el balance de Johnson. Las incautaciones de fentanilo en la frontera por parte de autoridades estadounidenses cayeron 50%, mientras que las realizadas en territorio mexicano aumentaron de forma significativa, lo que frenó el flujo de droga antes de que llegara a comunidades en Estados Unidos.

El flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos disminuyó más de 95%. Las fuerzas de seguridad mexicanas incautaron 65.5 toneladas métricas en el mar y desmanteló más de 2 mil 300 narcolaboratorios en el periodo reportado.

México realizó 96 extradiciones y la ATF decomisó más de 36,000 armas ilegales en un año

Desde el inicio de la administración Trump, México realizó 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, entre ellas cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI.

Además, entre los operativos bilaterales destacados Johnson figuró el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la captura de Audias Flores Silva, mejor conocido como “El Jardinero” y el arresto de Samuel Ramírez Jr, buscado por asesinatos en EEUU.

La cooperación bilateral también se extendió al tráfico ilegal de armas. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU (ATF) incautó más de 36 mil armas ilegales durante el primer año de la administración Trump, incluidas 4 mil 359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles y organizaciones criminales.

Las incautaciones de armas ilegales aumentaron 125% respecto al periodo anterior.

El programa Mission Firewall fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países.

Los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado también formaron parte del balance, como mecanismo para proteger al sector pecuario y evitar afectaciones al comercio fronterizo.

La Embajada de Estados Unidos en México informó este 26 de mayo que es “engañoso” afirmar, como difunden videos virales en redes sociales, que enlistarse en el Ejército estadounidense es la forma “más fácil y rápida” de obtener la ciudadanía.

En un mensaje publicado en su cuenta de redes sociales, la representación diplomática de los Estados Unidos señaló que el servicio militar puede apoyar ciertos procesos de naturalización, pero “no es una vía abierta para cualquier migrante” y exige cumplir requisitos específicos de elegibilidad y servicio.

La Embajada precisó que, para enlistarse, se necesita residencia permanente legal (Green Card) y, además, “hablar, leer y escribir inglés con fluidez”. También advirtió que no se puede entrar al Ejército para ingresar a Estados Unidos o para obtener una visa.

“No tomes decisiones migratorias con información incompleta”, añadió la Embajada, que recomendó consultar fuentes oficiales.

La embajada de Estados Unidos advierte riesgos legales para viajeros rumbo al Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que viajen a México por el Mundial 2026 y advirtió que portar o intentar ingresar objetos prohibidos puede derivar en multas, arrestos, encarcelamiento o deportación. El aviso recalca que desconocer la ley mexicana no exime de sanciones y cobra peso por el arranque del torneo, cuyo partido inaugural está previsto para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La lista incluye armas de fuego, municiones, incluso cartuchos usados, cuchillos, fuegos artificiales y explosivos sin permisos emitidos por el Gobierno mexicano. La sede diplomática precisó que los permisos expedidos en el extranjero no tienen validez en territorio nacional.

Otros artefactos prohibidos son los cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo y sus líquidos, según la Embajada de Estados Unidos. La consecuencia, añade el aviso, puede ir de multas y decomisos hasta arrestos.

Sobre ese punto, la advertencia indica que el tráfico ilegal de armas es un delito castigado con severidad en México. La recomendación para los asistentes es no intentar evadir revisiones ni incumplir los puntos de control establecidos por autoridades mexicanas.

Miles de visitantes extranjeros acudirán al país por la Copa Mundial 2026. En ese contexto, la representación diplomática pidió revisar pasaportes, ordenar con anticipación la documentación migratoria y registrar la estancia en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, conocido como STEP, de acuerdo con el comunicado.

El gobierno estadounidense exigirá que el trámite de la Green Card sea realizado fuera del país para la mayoría de migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que la mayoría de los migrantes mexicanos que buscan la Green Card deberán salir de Estados Unidos para terminar el trámite en consulados de su país de origen, una medida que elimina la posibilidad de concluir ese proceso dentro del territorio estadounidense para quienes están ahí sin documentos migratorios válidos, según el propio organismo.

De acuerdo con USCIS, la nueva disposición no aplica a quienes ya tienen un proceso aprobado ni a personas con un estatus protegido por acuerdos internacionales. El organismo también sostuvo que el cambio libera recursos limitados de la agencia para atender otros casos, como visas para víctimas de delitos violentos, trata de personas y solicitudes de naturalización.

El senador de Morena Javier Corral confirmó que sostuvo una reunión con su compañero de bancada Enrique Inzunza Cázarez en Culiacán, Sinaloa, y aseguró que considera “deseable” que el legislador reaparezca en el próximo periodo extraordinario del Senado.

La reunión ocurrió luego de que circulara una fotografía de ambos en un restaurante del Country Club de Culiacán, en medio de las acusaciones que enfrenta Inzunza por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo señala por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante un encuentro con medios en el Senado, Corral rechazó que el encuentro se realizara bajo un operativo especial o en condiciones clandestinas.

El exgobernador de Chihuahua aseguró que el senador sinaloense lo recogió personalmente en el aeropuerto y negó versiones sobre convoyes armados o escoltas.

“Hay muchas versiones mentirosas e interesadas”, afirmó Corral, al explicar que Inzunza llegó solo conduciendo su camioneta y que no observó dispositivos de seguridad antes ni después de la reunión.

Morena busca periodo extraordinario para discutir elección judicial

El legislador morenista reveló que durante la conversación preguntó a Inzunza qué decisión tomaría respecto a su participación legislativa en el próximo periodo extraordinario, donde Morena buscaría aplazar hasta 2028 la elección judicial.

Según relató Corral, el senador sinaloense reconoció que había considerado acudir previamente a la Comisión Permanente, aunque finalmente decidió no hacerlo para evitar que su presencia desviara la atención de los trabajos legislativos.

Sin embargo, dijo que Inzunza le comentó que sí analiza asistir al periodo extraordinario porque considera que tiene un deber legislativo pendiente.

“Yo creo que lo mejor que debiera acontecer es que él venga y que esté aquí en el periodo”, sostuvo Corral.

El senador también advirtió que, en caso de no reincorporarse a las actividades parlamentarias, Inzunza tendría que solicitar licencia a su cargo.

Las acusaciones contra Enrique Inzunza en Estados Unidos

El caso de Inzunza escaló desde el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo incluyó en una acusación contra exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa.

Principales señalamientos contra Inzunza:

• Presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”
• Conspiración para facilitar tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos
• Presunta participación en acuerdos para control policial en Sinaloa
• Delitos relacionados con armas de fuego y artefactos explosivos
• Solicitud de detención con fines de extradición por parte de EU

Las autoridades estadounidenses sostienen que Inzunza habría fungido como enlace político entre integrantes del grupo criminal y funcionarios sinaloenses tras la elección de 2021.

Enrique Inzunza comparece ante la FGR por investigación

Este martes, el senador morenista reapareció públicamente al acudir a instalaciones de la Fiscalía General de la República para declarar sobre las acusaciones formuladas por Estados Unidos.

Acompañado por el exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, Inzunza reiteró previamente que enfrentará personalmente el proceso y que será “su propio abogado”.

El legislador ha rechazado las acusaciones en su contra y sostiene que los señalamientos “carecen de sustento”. Además, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades mexicanas conforme a la ley.

Corral pide investigación transparente y advierte impacto político

Durante sus declaraciones, Javier Corral señaló que el caso representa uno de los principales retos para el Estado mexicano y llamó a que la Fiscalía General de la República actúe con autonomía, imparcialidad y transparencia.

El senador afirmó que el manejo de la investigación también tendrá implicaciones políticas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para Morena.

“Si realmente las cosas no se investigan hasta el fondo, esto puede tener un enorme impacto”, advirtió.

Corral insistió en que no le corresponde determinar la inocencia o culpabilidad de Inzunza, pues dijo que será el Ministerio Público quien deberá esclarecer los hechos conforme avance la investigación.

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, acudió este martes 26 de mayo a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán en calidad de testigo, dentro del proceso derivado de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Al salir, habló con medios de comunicación y negó haber pertenecido a algún grupo delictivo. Dijo haber actuado con rectitud durante sus 31 años en la corporación y afirmó no tener nada que ocultar.

“Hice las cosas con bien todo el tiempo. Yo le doy la cara al que sea y donde sea. Y si hay que ir a Estados Unidos a declarar eso, vamos y aclaramos”, afirmó el exservidor público.

El expediente presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo identifica en listas internas del cártel como “R1” y establece que habría recibido aproximadamente 300 mil pesos mensuales de la facción de Los Chapitos entre 2017 y 2022.

Al frente de la PDI, Almanza Avilés encabezó el brazo investigador de la FGE Sinaloa

Según información publicada por el medio Noroeste, Almanza Avilés ingresó a la Dirección de Policía Judicial del Estado de Sinaloa en 1991. En 2005 era comandante B, en 2010 ascendió a coordinador de investigaciones y en 2011 encabezó la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales.

En junio de 2017, el entonces fiscal Juan José Ríos Estavillo lo designó encargado de la dirección. En diciembre de 2019 rindió protesta formal como comisario general.

La PDI es el brazo investigador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE). Tiene a su cargo la integración de carpetas de investigación, la ejecución de órdenes de detención y el seguimiento de casos penales en Sinaloa.

Almanza Avilés ocupó ese cargo bajo el mando de dos fiscales —Juan José Ríos Estavillo y Sara Bruna Quiñónez Estrada— hasta que presentó su renuncia en noviembre de 2022, tras 31 años de servicio.

Ante los medios, rechazó ser testigo colaborador y descartó entregarse a Estados Unidos

Este 26 de mayo, a la salida de la FGR, Almanza Avilés dijo a los medios que se enteró de los cargos en su contra cuatro días después de haber estado en territorio estadounidense. Viajaba con frecuencia a Yuma, Arizona, desde San Luis Río Colorado, Sonora, donde tiene tres hectáreas de alfalfa, según sus declaraciones.

“Si no hubieran publicado eso, yo hubiera sido el primero que hubiera caído ahí”, dijo.

Rechazó la figura de testigo colaborador porque, dijo, nunca perteneció a un grupo delictivo. Además, descartó entregarse voluntariamente a Estados Unidos, aunque no cerró la puerta a declarar allá si lo llevan formalmente.

Desconfió de que en ese país le impusieran lo que tendría que decir y pidió en cambio que las autoridades investigaran con rigor.

Dijo haber permanecido en su domicilio desde que se conocieron los cargos y afirmó no contar con seguridad personal desde hace años.

Sobre las acusaciones, argumentó que se basaban en señalamientos sin sustento: “Se están yendo a un dicho, y ese dicho no prevalece para mí”, señaló.

El exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses desde el pasado 11 de mayo. Reportes extraoficiales indican que lo mismo habría ocurrido con el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega. Sobre ambos, Almanza Avilés señaló: “Ellos tuvieron sus razones”, y reiteró que él no pertenece a ningún grupo.

EEUU lo acusa de pactar con Los Chapitos

Según el indictment del Distrito Sur de Nueva York, el acuerdo corrupto entre Almanza Avilés y Los Chapitos se habría pactado hacia 2017 o 2018 en un rancho de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Sinaloa, con presencia del mismo Iván y Ovidio Guzmán, hijos de “El Chapo”.

A partir de ese momento, el exfuncionario habría permitido que Los Chapitos operaran libremente en el estado, incluidas sus actividades de tráfico de drogas.

El documento señala que libró órdenes de detención contra enemigos del cártel a solicitud de este, permitió el transporte de químicos para producción de fentanilo a través de Culiacán sin interferencias y ordenó la liberación de miembros de Los Chapitos detenidos por tráfico de drogas.

El expediente también le atribuye haber filtrado información sobre cateos e incautaciones planificados por el Ejército Mexicano y la Marina, lo que habría permitido al cártel mover operaciones y evidencia antes de los operativos.

Hasta 2020, según la acusación, recolectó pagos de laboratorios de metanfetamina de narcotraficantes ajenos a los Chapitos —con aprobación de Iván Archivaldo para encarecer su operación y beneficiarse personalmente.

Almanza Avilés enfrenta tres cargos: asociación delictuosa para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación delictuosa para poseer ese armamento. La pena máxima en caso de ser declarado culpable en EEUU es de cadena perpetua y una mínima de 40 años de prisión.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua emitió un posicionamiento oficial para aclarar que la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., señalada recientemente en publicaciones relacionadas con investigaciones en Estados Unidos, no mantiene contratos, operaciones ni vínculos con el Gobierno estatal.

El pronunciamiento fue difundido luego del interés generado por información relacionada con el General de División retirado D.E.M. Ricardo Fernández Acosta, actual subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del estado, a quien algunas publicaciones relacionaron con dicha compañía de seguridad privada.

La SSPE indicó que, hasta el momento, no existe señalamiento judicial, investigación formal o imputación alguna en contra del funcionario estatal.

De acuerdo con la dependencia, la información difundida corresponde a una relación de carácter mercantil previa a la incorporación de Fernández Acosta al sistema penitenciario estatal, situación que, aseguró, ya había sido explicada públicamente por el propio servidor público.

SSPE afirma que funcionario buscó desvincularse de la empresa

En el comunicado, la Secretaría explicó que Ricardo Fernández Acosta habría intentado desvincularse desde tiempo atrás de la empresa Grupo Especial Mamba Negra, proceso que —según la versión oficial— le ocasionó afectaciones patrimoniales y económicas.

La institución sostuvo que actualmente el subsecretario continúa desempeñando sus funciones dentro de la SSPE con el objetivo de mantener la gobernabilidad y operación de los Centros de Reinserción Social del estado de Chihuahua.

Asimismo, la dependencia enfatizó que la empresa señalada no ha celebrado contratos ni colaboraciones con la administración estatal y tampoco ha operado bajo permisos o vínculos otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“La empresa en mención no ha tenido contrato o colaboración alguna con el Gobierno del Estado”, señaló la SSPE en el posicionamiento difundido públicamente.

Revisiones administrativas ya fueron aclaradas

Respecto a señalamientos relacionados con procedimientos administrativos y declaraciones patrimoniales mencionadas en algunas publicaciones, la Secretaría indicó que esos temas fueron atendidos y aclarados previamente ante las instancias correspondientes.

Además, la dependencia detalló que realizó consultas ante la Secretaría de Hacienda en relación con la situación administrativa y fiscal de la empresa Grupo Especial Mamba Negra.

Según la SSPE, en dichas revisiones la compañía aparece como inactiva en distintos periodos comprendidos entre mayo de 2021 y mayo de 2025, así como de marzo de 2022 a marzo de 2026.

Secretaría reitera compromiso con transparencia

En la parte final de su posicionamiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

La dependencia también señaló que mantendrá una comunicación “responsable y oportuna” hacia la ciudadanía ante cualquier información relacionada con temas de seguridad pública o funcionarios estatales.

El caso generó interés público luego de publicaciones que vinculaban a la empresa de seguridad privada con presuntas investigaciones en Estados Unidos, aunque hasta el momento autoridades estatales sostienen que no existe relación operativa ni contractual con el gobierno de Chihuahua.

La empresa Grupo Especial Mamba Negra fue sancionada por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su relación con el Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades estadounidenses, la compañía de seguridad privada constituida en 2010 es controlada por el empresario Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien presuntamente lidera una red de lavado de dinero para el Cártel Sinaloa.

Estados Unidos se comprometió el martes a avanzar con Armenia en un corredor planificado que conectaría partes de Azerbaiyán, su rival, durante una visita relámpago del secretario de Estado Marco Rubio.

Rubio, de regreso de un viaje de cuatro días a la India, se reunió con su homólogo armenio durante una escala para repostar combustible en la antigua república soviética, que ha sido aliada de Moscú durante mucho tiempo, pero que ha buscado estrechar sus relaciones con Occidente.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha estado trabajando en una iniciativa de corredor ferroviario y por carretera que lleva su nombre: la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales (TRIPP), que atravesaría Armenia y conectaría Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, aislado del territorio armenio.

Rubio declaró haber rubricado otro paso en el proyecto TRIPP con el ministro de Asuntos Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan.

“Este acuerdo representa el paso más importante hasta la fecha para hacer realidad esta ruta histórica, para promover la paz y para aumentar la prosperidad en Armenia y, francamente, en la región”, dijo Rubio en una ceremonia de firma en el aeropuerto de Ereván.

El texto del acuerdo no se publicó de inmediato y no estaba claro qué nuevas medidas tomarían ambos países.

En enero, el Departamento de Estado presentó un marco en el que Armenia otorgaría a Estados Unidos una participación del 74% en una nueva “Compañía de Desarrollo TRIPP”, con la promesa explícita de beneficiar a las empresas estadounidenses.

Armenia ha sido un aliado histórico de Rusia, pero observó con indignación el fracaso de Moscú en impedir la ofensiva relámpago de Azerbaiyán en 2023, que le permitió recuperar la región separatista de Karabaj.

Desde entonces, el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan ha congelado la membresía de Armenia en la alianza militar OTSC, liderada por Rusia, y ha expresado su interés en unirse a la Unión Europea, para disgusto del Kremlin.

Armenia también ha mantenido una postura delicada mientras Estados Unidos e Israel libraban una guerra contra el vecino Irán, que desde hace tiempo mantiene relaciones cordiales con Ereván.

Armenia ha asegurado a Irán que el corredor TRIPP permanecerá bajo su soberanía y no bajo la de Estados Unidos.

Ganar dinero

Rubio también firmó acuerdos en Ereván para renovar una amplia alianza estratégica y colaborar en materia de minerales críticos, una prioridad clave para Washington, dado que China domina este recurso vital para las tecnologías modernas.

“Estamos sentando las bases para un tipo de colaboración económica que permita a los armenios ganar dinero y prosperar, y a los estadounidenses hacer lo mismo, y hacerlo juntos, lo cual es una de las formas más sólidas de unir a las naciones”, declaró Rubio.

Sin embargo, afirmó que siempre lo harían “respetando su soberanía como nación”.

Mirzoyan expresó su esperanza de que los acuerdos se implementen sobre el terreno y los calificó de “verdaderamente beneficiosos para la República de Armenia”.

Las visitas de alto nivel de Estados Unidos a Armenia han sido escasas, pero el vicepresidente JD Vance visitó Armenia y Azerbaiyán en febrero como parte de una iniciativa de paz.

El viaje de Vance se vio empañado después de que eliminara una publicación en redes sociales en la que lamentaba las masacres de armenios durante la Primera Guerra Mundial en el Imperio Otomano, calificándolas de “genocidio”.

El ex presidente Joe Biden reconoció las matanzas como genocidio, una postura que Armenia reclama desde hace tiempo. Trump ha dado marcha atrás al no utilizar esa terminología, a la que se opone Turquía.

(Con información de AP)

Hace apenas unos años, las escuelas públicas estadounidenses se apresuraban a proporcionar una computadora portátil a cada niño. Anna Soffer, maestra de una escuela secundaria de Los Ángeles, lo recuerda bien: “La idea era que la tecnología es el futuro, así que debíamos ponerla al alcance de todos los niños”.

Ahora, la situación ha dado un giro. Tras invertir miles de millones de dólares en computadoras portátiles, tabletas y aplicaciones educativas, muchas escuelas se enfrentan a una profunda transformación digital. Las aulas se han saturado de pantallas, y un número creciente de padres, maestros y distritos escolares afirman que es hora de reducir su uso.

“La Chromebook es una fuente inagotable de distracciones”, dice Soffer, quien imparte clases de inglés e historia a alumnos de sexto grado. Si bien prefiere las tareas en papel, debe usar computadoras portátiles y aplicaciones en línea para ciertas actividades. “Todos los días me debato entre: ‘¿A quién prefieren escuchar, a la Sra. Soffer o a Minecraft?’”.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, donde Soffer imparte clases, se convirtió recientemente en el primer distrito escolar importante en anunciar que dejará de proporcionar dispositivos electrónicos a sus alumnos más pequeños. Esta medida forma parte de una nueva política sobre el tiempo de uso de pantallas que entrará en vigor en otoño en el segundo sistema escolar más grande del país.

Una resolución integral aprobada el mes pasado por la junta escolar de Los Ángeles exige que el distrito:

. elimine los dispositivos electrónicos hasta segundo grado;

. establezca límites diarios y semanales de tiempo de pantalla para todos los grados superiores;

. bloquee YouTube en los dispositivos escolares;

. y prohíba su uso durante el almuerzo y el recreo en primaria y secundaria.

El distrito también auditará sus contratos de tecnología educativa, que según el sindicato de maestros ascienden a 1.600 millones de dólares.

La drástica medida adoptada en Los Ángeles está impulsando las demandas de reforma que surgen en todo el país. En muchos casos, los padres presionaron hace unos años para que se prohibieran los teléfonos celulares en las escuelas, lo cual ahora se ha convertido en la norma. Al darse cuenta de que los teléfonos no eran la única distracción en el aula, centraron su atención en un nuevo objetivo: los dispositivos proporcionados por las escuelas.

La campaña por el cambio se está convirtiendo en un tema de política pública. Al menos 14 estados han propuesto leyes para limitar el tiempo frente a las pantallas en las escuelas, según Ballotpedia. El gobierno federal emitió una advertencia la semana pasada alertando de que el uso excesivo de pantallas entre los jóvenes se está convirtiendo en un problema creciente de salud pública.

Padres afirman que los dispositivos proporcionados por la escuela socavan los límites de tiempo frente a las pantallas en casa.

En Los Ángeles, padres preocupados formaron el año pasado el grupo “Escuelas Más Allá de las Pantallas” y presionaron al distrito escolar manifestándose en las reuniones de la junta escolar, en las redes sociales y en conversaciones privadas con los administradores. Muchos se sienten frustrados al intentar reducir el tiempo frente a las pantallas en casa, solo para que la escuela imponga su uso.

Como madre de tres hijos, Katie Pace hace todo lo posible por limitar el tiempo frente a las pantallas. En casa hay un iPad y un televisor, no se permite el uso de pantallas durante la semana y están prohibidas en las habitaciones. Su hija Clementine, que cursa octavo grado, no tiene teléfono.

Pero en cuanto Clementine sube al autobús escolar con wifi, su día da un giro hacia lo digital.

Durante el trayecto de 30 minutos a la escuela, Clementine ve videos de YouTube en su Chromebook escolar.

En la clase de español, las tareas están en la aplicación Duolingo, pero muchos estudiantes usan el Traductor de Google para obtener las respuestas, comentó Clementine. A menudo, los niños juegan con sus teléfonos, que deberían estar guardados bajo llave. En álgebra, Clementine escribe con el dedo en una pantalla táctil para resolver ecuaciones. En historia, los cuestionarios, exámenes y trabajos escritos se realizan en la computadora.

Casi todas las tareas escolares son en línea. Hasta hace poco, Clementine llegaba a casa y leía un libro, según cuenta su madre, pero ya no. En el historial de dispositivos de su hija, Pace observa que pasa horas al día escuchando música en streaming, creando listas de reproducción en Spotify y viendo tutoriales de maquillaje y videos de gatos en YouTube.

“Me enfurece”, dijo Pace, miembro de Schools Beyond Screens. “Mi hija entró a la secundaria y la mandaron a casa con una adicción a las pantallas en su mochila”.

Efecto pandemia

La pandemia de COVID impulsó enormemente el acceso de los estudiantes a los dispositivos.

La iniciativa para que cada niño tuviera un dispositivo y cerrar la brecha digital comenzó hace más de una década, pero se aceleró durante la pandemia de COVID-19.

De la noche a la mañana, la educación se trasladó al formato en línea en marzo de 2020. Las escuelas se apresuraron a proporcionar a los estudiantes los dispositivos necesarios para conectarse. Al comienzo del año escolar 2021-2022, el 96% de las escuelas públicas de EEUU informaron haber entregado dispositivos digitales a los estudiantes que los necesitaban, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas.

Muchas escuelas desviaron fondos de libros de texto, cuadernos de ejercicios e impresiones en papel hacia alternativas digitales. La tecnología educativa, o edtech, se convirtió en una industria multimillonaria.

“Durante la pandemia, proporcionar dispositivos a los niños fue fundamental. Ahora, es momento de replantearnos las cosas”, afirmó Nick Melvoin, miembro de la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y autor de la nueva resolución.

Melvoin estima que pocas aulas de Los Ángeles utilizan las pantallas de manera efectiva para beneficiar el aprendizaje. Con demasiada frecuencia, señaló, los maestros reemplazan la instrucción con aplicaciones en línea y utilizan las pantallas “como una muleta”.

Algunas escuelas están implementando nuevas restricciones.

Según los educadores, el desafío radica en que la tecnología se ha integrado tanto al aprendizaje, especialmente para los estudiantes mayores, que desconectarse de las pantallas en la escuela resulta complicado.

En Lower Merion, un suburbio acomodado de Filadelfia, los padres iniciaron una campaña de recogida de firmas para obtener el derecho a que sus hijos no utilicen dispositivos digitales en la escuela, argumentando dudas sobre los beneficios de la tecnología educativa. El distrito ha declarado que no es posible optar por no usar dispositivos digitales.

“Si realmente no hay evidencia de que ayude, y de hecho hay evidencia de que es perjudicial, ¿qué estamos haciendo? Los resultados de las pruebas están en su punto más bajo”, dijo Alex Bird Becker, uno de los fundadores del grupo PA Unplugged.

Otras escuelas están descubriendo que es financieramente viable dejar de enviar un dispositivo a casa con cada estudiante.

El Distrito Escolar Unificado de Fresno, el tercero más grande de California, gasta 4 millones de dólares al año en reparar y reemplazar computadoras portátiles. En parte para reducir costos, el distrito les ha pedido a sus 40,000 estudiantes de primaria que devuelvan las computadoras portátiles que se llevan a casa y, a partir del otoño, el acceso a las computadoras se limitará al aula, según informó el portavoz AJ Kato.

El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley, cerca de Los Ángeles, dejó de enviar dispositivos a casa para sus estudiantes más jóvenes este año, en parte debido a las costosas reparaciones, pero también porque se estaban utilizando para “búsquedas inapropiadas en Google” y videojuegos, según un comunicado a los padres. El distrito ahora guarda los dispositivos en carritos en la escuela.

Un grupo de padres de Arlington, Virginia, se reunió un sábado por la noche para compartir las dificultades de sus hijos con la adicción a las pantallas y otros efectos secundarios de los dispositivos proporcionados por la escuela.

“Ninguno de nosotros es un tecnófobo. Sé que la tecnología aporta valor, pero tampoco quiero que mi hijo esté todo el tiempo en YouTube”, dijo LuAnn Oliver, quien organizó la reunión en su sala. Su hijo de sexto grado tiene dificultades para seguir el ritmo de las tareas en línea y resistir la tentación de los videojuegos que ofrece el iPad. “Recibimos informes sobre los sitios web que visita. Visita un sitio de juegos en casi todas las clases”.

El Distrito Escolar de Arlington ha dejado de entregar iPads antes de primer grado y está estableciendo nuevos límites en la escuela primaria, pero los estudiantes de sexto a duodécimo grado aún deberán usar dispositivos proporcionados por la escuela.

Otra madre, Jenny Sullivan, comentó que ha notado que su hijo de cuarto grado escribe letras mayúsculas al azar y no recibe correcciones porque hay muy poco trabajo en papel. También le preocupan las implicaciones sociales: su hijo de sexto grado no quiere ir al programa extracurricular porque todos están con sus iPads. “Prefiero estar en casa”, le dice a su madre.

Después de una reunión de tres horas, los padres planearon dirigirse a la escuela en otoño con una solicitud unificada para “renunciar a la tecnología y optar por los libros de texto y el papel”.

“Dentro de diez años”, dijo una de las madres, Kristina Jackson, “no puedo imaginar que miremos hacia atrás con otra reacción que no sea: ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos como para simplemente entregarles estos dispositivos a nuestros hijos?”.

(Con información de AP)

El senador Javier Corral desmintió este lunes que Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, se esté escondiendo o huyendo.

El exgobernador de Chihuahua reveló que se reunió con él el fin de semana en Culiacán y que la iniciativa del encuentro fue suya: llevaba semanas buscando platicar con Inzunza desde que se hizo pública la acusación estadounidense el 29 de abril de 2026.

Los detalles los ofreció este lunes en una entrevista en Aristegui Noticias, donde el senador describió a un Inzunza que “vive con normalidad en Culiacán”, recibe visitas en lugares públicos y planea comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) sin ampararse en su fuero constitucional luego de ser citado junto a los otros 9 funcionarios sinaloenses.

¿Qué dijo Javier Corral?

De acuerdo con lo narrado por Javier Corral, el senador sinaloense lo recogió personalmente en el aeropuerto de Culiacán, en una camioneta blanca, sin escoltas. Fueron a comer al restaurante del Country Club de Culiacán, un establecimiento que asegura es de acceso público y que estaba a la mitad de su capacidad cuando llegaron.

El chihuahuense negó con firmeza las versiones que circularon en medios sobre un convoy armado que lo habría recibido: “Es absolutamente falso que a mí me recogió un convoy de personal de seguridad armado en el aeropuerto de Culiacán. Eso es absolutamente falso”, dijo en el programa.

Corral afirmó que Inzunza “ni se anda escondiendo ni anda huyendo”, al responder a las versiones sobre el paradero del legislador sinaloense, quien acumula 26 días sin presentarse a sesiones del Congreso desde que Estados Unidos anunció los cargos en su contra.

El expanista también explicó que el morenista le confesó por qué no ha asistido a la Comisión Permanente: “Yo quería ir a la permanente y en las pláticas con la coordinación, pues se sugirió que yo no fuera para no dar pie a que ahí me agarraran de piñata y que mi presencia fuera la que fuera a generar la atención y no los temas”, le dijo Inzunza, según relató Corral al aire.

Añadió que el funcionario le manifestó su intención de asistir al periodo extraordinario de sesiones, donde se discutirá la reforma que aplaza la elección judicial a 2028. Corral le planteó directamente sus opciones: “Si usted no va, pues ahí sí creo que tiene que pedir usted licencia”, le dijo.

Corral también refirió que Inzunza le habló de sus planes ante la citación de la FGR: “Yo voy a estar absolutamente dispuesto. No me voy a escudar en el fuero. Si soy citado, yo voy a comparecer”, le dijo el legislador sinaloense, según el relato de Corral. Al día siguiente de esa conversación, la FGR emitió el comunicado con los citatorios.

“A mí no me cuadra”: Corral cuestiona las acusaciones

Ante la pregunta directa de Carmen Aristegui sobre por qué se reunió con alguien acusado de ser un narcopolítico, Corral fue explícito sobre su postura: “A mí lo que me dicen de Inzunza, digo, no me cuadra. La personalidad, la forma en que se conduce, cómo piensa, incluso cómo actúa en las comisiones, no me cuadra”, dijo.

Corral reconoció que su conocimiento de Inzunza es reciente —apenas un año y medio— y que lo conoce en un plano institucional. Trabajaron juntos en el Senado en modificaciones a iniciativas presidenciales y en el tema de la ley de amparo. “No somos amigos ni lo conozco a profundidad como otras muchas personas”, precisó.

Cuando Aristegui le preguntó si metería las manos al fuego por Inzunza, Corral respondió: “Yo no podría en este momento decir que meto las manos al fuego por alguien, porque, pues por el único que meto las manos al fuego es por mí mismo, porque yo me conozco y sé quién soy”.

El senador panista no descartó las acusaciones de Estados Unidos, pero sí cuestionó que deban tomarse como verdad definitiva. “No puedo dar por bueno un expediente que ni siquiera conozco. Yo conozco nada más una nota informativa”, señaló, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de permitir que Washington se convierta en “un ecualizador de la política mexicana y del sistema de justicia”.

¿De qué acusa Estados Unidos a Enrique Inzunza?

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York incorporó a Inzunza Cázarez el 29 de abril de 2026, junto al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de esa entidad.

Inzunza era secretario general del gobierno de Sinaloa entre 2021 y 2024 antes de asumir su cargo como senador en agosto de ese año.

Según el expediente, Inzunza habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. La acusación lo señala como vínculo entre la administración estatal y la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los cargos formales contra Inzunza incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las penas posibles incluyen cadena perpetua. Inzunza ha negado todas las acusaciones desde el primer día y las ha calificado de falsas.

La FGR cita a Inzunza como testigo

El sábado 23 de mayo, horas después de la reunión entre Corral e Inzunza en Culiacán, la FGR informó que citaría a declarar a los acusados por el gobierno de Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico. Inzunza respondió ese mismo día en sus redes sociales.

“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal”, escribió el legislador.

Agregó: “No me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado aclaratorio ese mismo día: los requerimientos de la FGR a las autoridades de Sinaloa son para que acudan en calidad de testigos, no de imputados.

Pese a esa confirmación, el lunes 25 de mayo Inzunza faltó por cuarta ocasión a la Comisión Permanente. En su lugar asistió su suplente, la senadora de Morena Sasil de León Villard.

En dos acciones distintas, agentes fronterizos de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de paquetes con cocaína, droga que según las estimaciones oficiales rebasaría el millón de dólares de valor en las calles.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fueron los que realizaron las incautaciones.

La primera acción fue ejecutada el 10 de mayo pasado cuando los uniformados realizaban labores en el Puente Internacional de Hidalgo (el cual conecta Texas con Reynosa, Tamaulipas). Interceptaron un Sedan Honda proveniente de Reynosa.

En una inspección secundaria y en conjunto con un elemento canino, los agentes hallaron posible narcóticos, de manera especifica, fueron hallados 25 paquetes que dieron un pesos de 26 kilogramos de posible cocaína.

El segundo aseguramiento

Mientras que dos días después, el 12 de mayo pasado, en el Puente Internacional Pharr (el cual conecta Texas con Reynosa) fue revisado otro vehículo. A través del uso de equipos no intrusivos fueron detectadas irregularidades.

De igual manera, un equipo canino alertó sobre el olor a drogas en la unidad. Al final los uniformados hallaron diversos paquetes con supuesta cocaína, los cuales dieron un peso de más de 16 kilos de la sustancia.

Cocaína con valor millonario, conductores fueron detenidos

“La inspección física del vehículo permitió la extracción de 14 paquetes con un peso total de 16.3 kg (35.93 lb) de presunta cocaína, ocultos en su interior”, se puede leer en el informe de las autoridades compartido el 23 de mayo.

La droga fue valorada en 1 millón 245 mil 100 dólares, según los registros de las autoridades. Las autoridades compartieron imágenes de los paquetes incautados. No fueron compartidos mayores detalles sobre las personas detenidas.

En las dos acciones, los agentes confiscaron los paquetes con la sustancia junto con lo vehículos, además de que efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a los conductores e iniciaron investigaciones penales.

Detienen a mexicano con miles de dólares en droga

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo las autoridades informaron sobre el arresto de un hombre de origen mexicano de 48 años que llevaba 18 paquetes con un total de 20.52 kilos de cocaína.

El aseguramiento de la sustancia y del conductor fue realizado en el Puente Internacional de Hidalgo, el cual conecta Texas, con Tamaulipas. Los paquetes con la droga estaban ocultos en un vehículo Chrysler Pacifica.

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 604,026 dólares”, es parte de lo informado por la CBP el 21 de mayo.

El estudiante indígena Juan Mesac Ramírez Varela representará a Costa Rica en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes 2026, que se celebrará en Estados Unidos. El joven, de 17 años y miembro de la comunidad brunca, ha conseguido una beca que le permitirá participar en uno de los eventos científicos juveniles más destacados a escala internacional. Según la información oficial, el menor viajará a Virginia Occidental el 11 de julio para un encuentro de tres semanas con jóvenes de diferentes países y especialistas en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Juan Mesac nació y creció en la comunidad brunca, ubicada en el sur de Costa Rica. Esta población indígena habita principalmente en los territorios de Boruca y Rey Curré, en la provincia de Puntarenas. Los brunca preservan una cultura ancestral caracterizada por el trabajo del tejido, la talla de máscaras y la defensa de sus tradiciones, que incluyen festividades y reuniones comunitarias. El idioma brunca, aunque en riesgo de desaparición, sigue presente en sus expresiones culturales.

La vida en estas zonas rurales implica retos como el acceso limitado a servicios básicos y a oportunidades educativas, circunstancias que forman parte del día a día de la mayoría de los jóvenes indígenas del país.

El caso de Juan destaca por su historia de superación. Durante su infancia, caminaba largas distancias para asistir a la escuela y muchas veces lo hacía descalzo, según declaraciones a medios locales. Durante sus primeros años de estudio fueron los más difíciles según su testimonio debido a que caminaba tres kilómetros desde casa al centro escolar. Su dedicación al estudio le permitió avanzar en el sistema educativo, a pesar de las limitaciones económicas y de infraestructura que enfrenta su comunidad. La obtención de la beca representa un logro personal y un reconocimiento a su esfuerzo académico, ya que fue seleccionado entre numerosos aspirantes de todo el país.

La participación de Juan en el campamento científico es un hito para la representación indígena costarricense en espacios internacionales. El evento reunirá a decenas de jóvenes de diferentes nacionalidades con el objetivo de impulsar el interés por las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Durante su estadía, los participantes desarrollarán proyectos, asistirán a talleres y tendrán la oportunidad de interactuar con expertos de diversas ramas científicas.

La comunidad brunca mantiene una fuerte conexión con su entorno natural, fomenta el respeto por la tierra y los saberes tradicionales. Entre sus costumbres más visibles se encuentra la Fiesta de los Diablitos, una celebración anual que simboliza la resistencia cultural y la identidad del pueblo brunca. La elaboración de máscaras y la práctica de danzas propias forman parte del legado que transmiten de generación en generación. A pesar del avance de la modernidad, las familias brunca procuran que los niños y jóvenes mantengan vivas estas expresiones, aun cuando deben desplazarse a centros educativos distantes.

La historia de Juan también pone en relieve las barreras que enfrentan los estudiantes indígenas en Costa Rica. La distancia, la falta de recursos y las condiciones del entorno rural dificultan el acceso a una educación de calidad. No obstante, la perseverancia y el apoyo familiar han sido claves para que el joven avance en sus estudios.

Su presencia en el campamento científico representa un ejemplo de inclusión y diversidad en espacios de aprendizaje global.

El viaje de Juan Mesac se ha convertido en motivo de orgullo para su familia, su comunidad y el sistema educativo nacional. La beca que obtuvo cubre los gastos de traslado, alojamiento y materiales, lo que le permitirá concentrarse en su formación académica y en el intercambio con otros jóvenes.

Estados Unidos e Irán buscan este domingo cerrar un acuerdo tras anunciar avances en las negociaciones para poner fin a la guerra, en un proceso que el presidente Donald Trump describió como “en gran medida negociado”. El mandatario confirmó que entre otros elementos del pacto, se contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio global de hidrocarburos, aunque el programa nuclear iraní quedaría reservado para negociaciones futuras.

Este domingo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dialogó con periodistas en Nueva Delhi y anunció que “existe la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias” respecto a la guerra en Medio Oriente.

El acuerdo también daría inicio a un “proceso que, en última instancia, nos puede llevar a donde el presidente (Trump) quiere que estemos, y ese es un mundo que ya no tiene que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní”, especificó el canciller.

El jefe de la diplomacia estadounidense sentenció: “Cuando comenzó este conflicto con Irán, los objetivos estaban claros, eran muy sencillos y muy precisos: íbamos a destruir su Armada, y eso se logró. Esos eran los objetivos de Epic Fury. Y esos objetivos se lograron”.

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó el sábado que el país persa se encuentra en “fase de finalización” de un memorando de entendimiento con Washington. “Eso no significa necesariamente que Irán y Estados Unidos vayan a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes”, aclaró Esmaïl Baghaï, y precisó que el expediente nuclear no forma parte “en esta etapa” de los diálogos.

Según CBS News, citando fuentes cercanas al proceso, señaló que la última propuesta incluye el desbloqueo de activos iraníes en el extranjero y la extensión de las conversaciones durante 30 días adicionales, plazo confirmado también por The Wall Street Journal. Según The New York Times, el acuerdo no resuelve de momento el destino del uranio enriquecido en poder de Irán, tema que quedaría pendiente para un próximo ciclo de negociaciones.

En cambio, sí se negocian el levantamiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y la finalización del cierre ilegal del régimen iraní al estrecho de Ormuz, cerrado de facto desde el inicio de la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en el proceso, anunció su intención de albergar una nueva ronda de conversaciones en breve. “Esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”, publicó Sharif en X.

El presidente Trump detalló en Truth Social que el acuerdo, “pendiente de ser finalizado”, incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, tras contactos telefónicos con líderes de Estados del Golfo, Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán. El inquilino de la Casa Blanca también mantuvo una llamada separada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Medios estadounidenses destacaron las diferencias de enfoque entre Trump, favorable a una solución diplomática, y Netanyahu, partidario de reanudar los combates.

El sábado, Trump estimó en “50-50” las probabilidades de lograr un “buen” acuerdo o de que se reanude la guerra, según declaraciones a Axios. Ese mismo día, el principal negociador iraní y presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, prometió una respuesta “aplastante” si Estados Unidos retoma la ofensiva.

Desde el 8 de abril rige un alto el fuego entre ambos países en conflicto, tras más de un mes de guerra que dejó miles de muertos y afectó la economía global, con números récord en Wall Street.

Los diplomáticos en el Golfo Pérsico intentan consolidar un acuerdo para evitar la reanudación de los ataques. Durante una llamada con Trump, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, instó a “dar prioridad a las soluciones pacíficas”. Qatar y otras monarquías del Golfo, aliadas de Estados Unidos, fueron blanco de represalias iraníes en los primeros días del conflicto.

En una entrevista con la cadena CBS, el presidente estadounidense advirtió que, si no se logra un acuerdo, “nos encontraremos ante una situación en la que ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”.

Rubio declaró el sábado en Nueva Delhi que existe una posibilidad real de que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo en los próximos días, en medio del incremento de gestiones diplomáticas para contener la escalada en Medio Oriente.

“Hay una chance de que, ya sea más tarde hoy (sábado), mañana (domingo) o en un par de días, tengamos algo para anunciar”, expresó el secretario de Estado estadounidense ante la prensa. Rubio manifestó su esperanza de recibir “buenas noticias”.

En el frente libanés, pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril, el ejército israelí mantiene incursiones y llamados a evacuaciones en el sur de Líbano en su ofensiva contra los terroristas de Hezbollah. El sábado, Israel perdió a su vigésimo segundo soldado desde el inicio de la guerra con el grupo respaldado por Irán.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó que su país se prepara para recibir una nueva ronda de conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente de Estados Unidos anunciara que un acuerdo está cerca de ser anunciado mientras ultima los detalles junto a su administración.

“Pakistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”, expresó Sharif a través de la red social X.

Pakistán continúa actuando como mediador entre Washington y Teherán luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a fines de febrero. Islamabad fue sede de una ronda de negociaciones indirectas semanas atrás entre la delegación estadounidense y la iraní, diálogos lideradas por Sharif.

El gobierno pakistaní sostiene que continuará promoviendo el diálogo entre ambas partes en busca de una solución diplomática. “Felicito al presidente Donald Trump por sus extraordinarios esfuerzos para perseguir la paz y por mantener hoy una llamada telefónica muy útil y productiva con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Pakistán“, celebró el primer ministro.

El mariscal de campo Syed Asim Munir representó a Pakistán en la llamada telefónica y Sharif apreció “en gran medida” sus incansables esfuerzos durante todo el proceso. “Las discusiones proporcionaron una oportunidad útil para intercambiar opiniones sobre la situación regional actual y cómo avanzar en los esfuerzos de paz en curso para traer una paz duradera a la región”, agregó el jefe de Estado vía redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca anunció que las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Irán y varios países de Medio Oriente avanzan hacia su etapa final e incluirán la reapertura del estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”, confirmó Trump.

Por otra parte, señaló que mantuvo una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Bibi (Benjamin) Netanyahu, la cual “transcurrió muy bien”. “Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, comunicó Trump sobre el avance de las conversaciones por la paz en Medio Oriente.

El mandatario detalló que en las conversaciones participaron líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin. A su vez, remarcó que el acuerdo se encuentra en la fase de revisión de puntos finales antes de su anuncio oficial.

Por su parte, desde Teherán, el régimen de Irán anunció que el proceso de elaboración de un acuerdo marco de 14 puntos con Washington se encuentra en su “etapa final”, aunque persisten diferencias sustanciales entre las partes.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, detalló ante la cadena estatal IRIB: “Nuestra intención fue primero elaborar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto de 14 cláusulas”. Según Baqaei, una vez cerrado ese documento, los detalles del acuerdo definitivo deberían resolverse en “un plazo razonable de entre 30 y 60 días”.

El portavoz reconoció que existe una tendencia al acercamiento con Washington, pero advirtió: “No significa necesariamente que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre los temas de fondo”.

La declaración expone la fragilidad del proceso de negociación, que desde el alto el fuego del 8 de abril solo ha producido una ronda formal sin resultado y un posterior intercambio de propuestas por separado. Uno de los puntos centrales del borrador es el fin del “bloqueo naval” que Teherán atribuye a Washington.

Baqaei calificó esa presencia militar frente al estrecho de Ormuz como “piratería contra la navegación internacional” y precisó que la medida, vigente desde el 13 de abril, afecta directamente los puertos iraníes. El portavoz subrayó que el levantamiento del bloqueo figura entre las prioridades de Irán en la negociación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por su “rápida y profesional actuación” tras el enfrentamiento con un hombre armado cerca de la Casa Blanca. A su vez, brindó detalles sobre la personalidad del atacante.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país. El hombre armado murió tras un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto cerca de las puertas de la Casa Blanca”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Y agregó: “Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”.

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial durante el incidente, pero no resultó afectado, según el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

El hecho ocurrió poco después de las 18:00 (22:00 GMT) cuando un hombre, identificado por medios estadounidenses como Nasire Best, de 21 años y originario de Maryland, sacó un arma de su maleta cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca y comenzó a disparar. El Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital local donde se certificó su muerte. Las autoridades no dieron detalles adicionales sobre su estado en el momento del traslado.

Durante el intercambio de disparos, un transeúnte resultó herido, sin que se haya informado su estado de salud. Ningún agente del Servicio Secreto sufrió lesiones.

Nasire Best tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones cerca de la Casa Blanca. Tras el incidente, la policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, y tropas de la Guardia Nacional impidieron el acceso de periodistas al área.

Testigos describieron la situación como caótica. “Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”, relató el turista canadiense Reid Adrian a la agencia AFP.

Periodistas presentes en el jardín norte de la Casa Blanca recibieron la orden de refugiarse en la sala de prensa. La corresponsal de ABC News, Selina Wang, grababa un video en redes sociales cuando se produjo el tiroteo y captó el sonido de los disparos mientras se tiraba al suelo. “Sonaron como decenas de disparos”, contó en X.

Noticia en desarrollo...

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró en su cuenta de X la visita del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a Palacio Nacional el jueves 21 de mayo.

En su publicación, Johnson destacó que el encuentro reforzó la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El embajador enlistó cuatro ejes de trabajo conjunto:

• El combate al narcoterrorismo
• El tráfico ilícito de personas
• Los narcóticos ilegales
• La migración irregular

Además, afirmó que la coordinación con México avanzó en el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y aseguró que el trabajo conjunto generó “resultados reales para ambas naciones”.

Johnson subrayó que los avances en esas áreas se lograron a través de una coordinación más estrecha con los socios de Estados Unidos, entre los que ubicó a México. Presentó esa cercanía operativa como el mecanismo que permitió avanzar en los esfuerzos conjuntos.

Mullin llegó a Palacio Nacional en su primera visita a México

Reportes previos de este medio detallaron que el secretario Mullin llegó a Palacio Nacional el jueves 21 de mayo cerca de las 11:24 horas en un convoy de al menos seis camionetas, acompañado por el propio Johnson.

Fue su primera visita a México desde que tomó protesta del cargo el 24 de marzo. La llegada se dio en un momento en que ambos gobiernos buscaron proyectar una imagen de colaboración pese a las fricciones acumuladas en semanas previas, como el escandalo surgido por la presunta operación de agentes de la CIA en Chihuahua.

La agenda tuvo dos momentos. Primero, una reunión directa con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Después, una mesa de trabajo exclusiva entre el equipo de Mullin y el Gabinete de Seguridad mexicano, integrado por Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Gobernación; y Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Johnson estuvo presente en ambos momentos.

Sheinbaum marcó los límites de la cooperación

Antes del encuentro, la presidenta anticipó en su mañanera que la reunión se enmarcaría en los acuerdos de seguridad ya establecidos con EEUU. También anunció que plantearía a Mullin la protección de los mexicanos en Estados Unidos ante las redadas del ICE, un tema que no apareció en el mensaje público conjunto posterior a la reunión.

Al día siguiente, el viernes 22 de mayo, Sheinbaum precisó durante la mañanera que la cooperación bilateral es “coordinación, no subordinación” y que Mullin reconoció el trabajo de México.

Usó una metáfora directa para fijar el límite sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional: “No es lo mismo que entres a mi casa, que entres a mi cocina, a mi patio.”

Cuando le preguntaron si tocó con Mullin el caso del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, acusado por EEUU de presuntos vínculos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, Sheinbaum respondió que no, porque ese asunto corresponde al Departamento de Justicia y es otra institución.

La economía de California recibe un impulso decisivo gracias a la mano de obra y el dinamismo empresarial de la población latina, que hoy constituye cerca del 40% de todos los residentes del Estado.

Este grupo sostiene sectores clave como la agricultura, la construcción, el comercio, garantizando una fuerza laboral activa y creciente para las próximas décadas; sin embargo, a pesar de ser un pilar económico, los latinos enfrentan marcadas desigualdades sociales.

Entre los latinos, los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños conforman una parte significativa de la población migrante que experimenta estas brechas.

Hasta 2025, California es hogar de al menos 267,160 salvadoreños, la mayoría radicados en el área de Los Ángeles; 1,280,871 guatemaltecos que han requerido asistencia consular, aunque se estima que la cifra real es mayor por el subregistro; y 39,800 hondureños en Los Ángeles.

Estas comunidades, a pesar de su aporte y arraigo, enfrentan desigualdades estructurales que se reflejan en menores tasas de acceso a educación superior, vivienda propia y mejores salarios en comparación con otros grupos.

A nivel laboral, los latinos representan el 39% de la fuerza de trabajo en California, con una participación del 74% entre los hombres y del 60% entre las mujeres, superando en ambos casos a sus pares no latinos, según el informe “State of Latinos in California, 2026”, publicado en mayo.

La concentración de latinos en sectores como la construcción, la agricultura y los cuidados implica menor protección sindical y mayores riesgos de automatización.

Por ejemplo, el 33% de los hombres latinos y el 28% de las mujeres latinas laboran en puestos con alto riesgo de ser reemplazados por tecnología, el doble de la tasa de trabajadores no latinos. Además, el acceso a empleos en servicios profesionales sigue siendo limitado, lo que restringe la movilidad económica de esta comunidad.

Las desigualdades salariales son persistentes. El salario mediano por hora es de $18 para las mujeres latinas y $20 para los hombres latinos, mientras que sus contrapartes no latinas ganan $29 y $35, respectivamente.

Incluso entre quienes tienen título universitario, la brecha persiste: una mujer latina con estudios superiores gana en promedio $31 por hora, mientras que un hombre no latino con el mismo nivel educativo alcanza los $52.

La pobreza afecta al 19% de los trabajadores latinos y la cifra asciende al 17% en el caso de los no ciudadanos.

Aunque los latinos representan más de la mitad de los beneficiarios de programas sociales como CalFresh y Medi-Cal, los inmigrantes indocumentados enfrentan mayores obstáculos para acceder a estos servicios, especialmente por requisitos legales y temor vinculado a su estatus migratorio.

En materia de educación, solo el 16% de los adultos latinos ha completado estudios universitarios, en contraste con el 47% de los adultos no latinos.

Además, el 32% no finalizó la secundaria, frente a un 7% entre los no latinos.

Si bien existe un avance generacional el 22% de latinos de 25 a 34 años ya cuenta con título universitario la brecha educativa con jóvenes no latinos sigue siendo amplia. Esta diferencia en la formación académica influye directamente en las oportunidades de empleo y en la capacidad de obtener mejores salarios.

El acceso a la vivienda es otro de los grandes desafíos. Solo el 45% de los hogares latinos en California es propietario de su vivienda, frente al 60% entre los no latinos.

Los hogares encabezados por mujeres latinas presentan las tasas más bajas de propiedad. Además, las viviendas latinas suelen valer $229,000 menos que las de la población no latina, y el 58% de los inquilinos latinos destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la renta, lo que incrementa el riesgo de inestabilidad habitacional. Las familias no ciudadanas son las más vulnerables, enfrentando tanto mayores cargas de vivienda como riesgo de desplazamiento.

La cobertura de salud también refleja desigualdades importantes. El 12% de los latinos carece de seguro médico, cifra que se eleva al 30% entre quienes no son ciudadanos. Aunque California ha implementado políticas para ampliar el acceso a la atención médica, los cambios presupuestarios recientes han impactado especialmente a los adultos indocumentados, quienes continúan siendo el grupo más expuesto a la falta de protección sanitaria.

A pesar de estas barreras, el emprendimiento latino ha mostrado un crecimiento notable, con un aumento del 44% en el autoempleo entre 2008 y 2022. Pero, el ingreso mediano de estos negocios representa solo el 62% del logrado por sus pares no latinos, y la mayoría continúa sin formalizarse, lo que restringe su acceso a crédito y apoyos para crecer.

El futuro de California depende en gran medida de la superación de estas brechas de oportunidad. Garantizar el acceso equitativo a educación, empleos de calidad, salud y vivienda es fundamental para fortalecer a la comunidad latina y, con ella, al conjunto de la economía y la sociedad del estado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este sábado su primera visita oficial a la India con el objetivo de restablecer los lazos de Washington con el primer ministro indio, Narendra Modi, y ofrecer “tanta energía como estén dispuestos a comprar” ante la crisis global del crudo generada por el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz.

El embajador de EEUU en la India, Sergio Gor, lo recibió en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose en Calcuta. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó en la ciudad la sede de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa.

Rubio sonrió ante una asamblea de monjas, todas vestidas con los característicos saris blancos y azules del difunto humanitario. “Madre Teresa dejó un tremendo legado de compasión y servicio. Tuve el honor de visitar hoy a las Misioneras de la Caridad para rendir homenaje a su legado y ver el ejemplo vivo de la fe católica en acción”, escribió el canciller en su cuenta de X.

“Habló sobre la ayuda a las personas sin hogar, a los enfermos terminales y a los afectados por la lepra”, declaró a periodistas la hermana Marie Juan tras la visita de hora y media. “Él estaba feliz de rezar y nosotros también estábamos felices de tenerlo con nosotros”, sostuvo.

Ahora, el funcionario estadounidense está en camino a Nueva Delhi para reunirse con Modi. “Queremos venderles tanta energía como estén dispuestos a comprar. Estamos en niveles históricos de producción y exportaciones estadounidenses. Queremos ser una parte más importante de su cartera de productos”, declaró antes de emprender viaje desde EEUU.

Durante su estancia, Rubio participará el martes en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Quad, el grupo conformado por Australia, India, Japón y Estados Unidos, considerado un contrapeso a la influencia china en el Océano Índico. El régimen chino manifestó su desconfianza hacia el Quad y cuestionó la participación del gobierno indio en la alianza

El secretario de Estado, que como senador defendió el fortalecimiento de los lazos con India, declaró a periodistas en su avión que es la primera vez que visita el país. Lo acompaña su esposa Jeanette, con quien planea visitar el Taj Mahal en Agra.

En declaraciones realizadas al inicio de su gira, el funcionario de la administración de Donald Trump calificó a la India como un “gran aliado, gran socio” y aseguró que Estados Unidos buscará fórmulas para incrementar la venta de petróleo al país asiático. La economía india, en rápido crecimiento, depende de las importaciones de energía y se vio afectada por el ataque estadounidense-israelí contra Irán, que respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, lo que disparó los precios mundiales del petróleo.

India mantiene lazos históricos con Irán y, al mismo tiempo, una relación cada vez más estrecha con Israel, país que el primer ministro Narendra Modi visitó pocos días antes del estallido de la guerra en Medio Oriente. El conflicto también impulsó el papel de Pakistán como socio clave de Estados Unidos en la región. Islamabad se posicionó como mediador con el jefe del ejército paquistaní viajando a Teherán el viernes.

Washington fue socio de Pakistán durante la Guerra Fría, pero en los últimos años dio prioridad a fortalecer sus relaciones con la India, a la que considera un socio natural en un contexto global marcado por el ascenso chino.

El viaje de Rubio coincide con un cambio de enfoque en la política exterior de Estados Unidos. La semana pasada, el presidente Donald Trump visitó China y elogió la recepción del líder Xi Jinping, aunque sin anuncios concretos. En Beijing, Trump sugirió una posible configuración “G2” entre EEUU y China, una idea que había perdido fuerza en los últimos años y que genera inquietud entre los aliados estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, ha sido el principal impulsor del viaje de Marco Rubio al país asiático. Gor, quien ocupó un cargo clave en la segunda administración de Donald Trump encargado de seleccionar personal leal, ejerce actualmente una influencia inusualmente alta en la diplomacia bilateral.

Desde su llegada a Nueva Delhi en enero, Gor negoció con rapidez un acuerdo comercial que suavizó los aranceles impuestos por Trump. El diplomático, de 39 años, acompañó a Rubio en diversos viajes, incluso en trayectos sin relación directa con la India, como la reciente visita a Roma para reunirse con el papa León XIV.

En los primeros años de la administración Trump, el presidente forjó un estrecho vínculo con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien lo invitó a hablar ante una multitud en un estadio de críquet durante su primer mandato.

Tanvi Madan, investigadora principal de la Brookings Institution, señaló: “La relación entre India y Estados Unidos se benefició de la competencia con China, que prácticamente fue un principio organizador de la política exterior estadounidense durante el primer mandato de Trump y bajo el de Joe Biden”.

En el marco de la visita de Rubio, Madan agregó: “Creo que India querrá comprender mejor hasta qué punto esa convergencia estratégica que ha persistido durante varios años seguirá impulsando esta relación”.

(Con información de AFP)

“Quedó muy claro en la reunión que... eso fue lo que nos planteamos, la colaboración entre Estados Unidos y México es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien. De parte del secretario hubo un reconocimiento por el trabajo que está haciendo México”, abundó.

Dijo que ella planteó que las reuniones que hacen de seguridad se hagan más seguido para que no hayan malos entendidos “le vamos dando seguimiento a la colaboración y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y a partir de ahí se siga trabajando, ese fue el tono de la reunión, se presentaron los resultados de la seguridad y cómo estamos colaborando”.

“Yo le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución y que la colaboración tiene que estar dentro de cierto marco. Que las operaciones de sus agentes en nuestro territorio no nos lo permiten, que la colaboración tiene que ser en otro margen y la verdad creo que fue una buena reunión... él lo aceptó”, reveló.

“Siempre hay coordinación y estamos dispuestos, que si hay capacitación vamos. Siempre vamos a buscar la colaboración porque no queremos pelea con ellos, en mucha áreas han sido respetuosos... Pero con respeto, no es lo mismo que entres a mi casa, que entres a mi cocina, a mi patio, etcétera“, ironizó y recordó que allá hay 38 millones de mexicanos.

Además dijo que por el tipo de leyes que se manejan en el país las “operaciones de agentes extranjeros en tierra no se permiten”, después de temas polémicos como la muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, tras el descubrimiento de un megalaboratorio clandestino de drogas.

Sheinbaum insiste que tropas de EEUU no pueden operar en México y detalla colaboración “sin subordinación”.

La prensa le preguntó, además, si había tocado el tema de la posible extradición del gobernador con de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.

“No, no tocamos el tema porque eso corresponde al departamento de justicia de Estados Unidos y es otra institución”, respondió ante el cuestionamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en una reunión enfocada en seguridad, migración y cooperación bilateral que busca mantener la coordinación entre ambos gobiernos pese a la presión por narcotráfico, tráfico de armas y política fronteriza.

A través de redes sociales, la mandataria informó que México y Estados Unidos acordaron mantener el trabajo conjunto “en el marco del respeto” y continuar con los mecanismos de coordinación ya establecidos. La visita ocurre en el primer encuentro presencial entre Sheinbaum y Mullin desde que el republicano asumió el cargo en marzo de 2026.

Antes de la reunión, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que uno de los objetivos centrales sería dar continuidad al entendimiento en materia de seguridad alcanzado entre ambos gobiernos. También reiteró que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos bajo principios de soberanía y respeto mutuo.

En el encuentro participaron la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez y el embajador de Estados Unidos en México Ronald Douglas Johnson. Mullin llegó poco antes del mediodía acompañado por un convoy de seguridad y elementos oficiales.

La reunión se centró en seguridad, migración y protección de mexicanos en Estados Unidos

Uno de los puntos tratados fue la protección de los mexicanos que viven en territorio estadounidense, en particular ante las recientes redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Sheinbaum también subrayó en la mañanera la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos ante el panorama fronterizo y las presiones políticas derivadas del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

La reunión responde de forma directa a la pregunta central sobre qué buscaron ambos gobiernos: sostener la coordinación en seguridad y migración, con una mesa de seguimiento entre el Gabinete de Seguridad mexicano y la delegación encabezada por Mullin. Ese espacio tendrá como objetivo fortalecer la coordinación operativa en temas fronterizos, el intercambio de información e inteligencia, el combate al tráfico de drogas y el control migratorio.

Después del encuentro privado con la presidenta, está prevista una mesa de trabajo entre funcionarios mexicanos y estadounidenses para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales. En esas reuniones participan funcionarios como Omar García Harfuch, además de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

La visita ocurre en medio de fricciones por Sinaloa, armas y fentanilo

El acercamiento se da en un momento de tensión bilateral por asuntos vinculados con el narcotráfico, el tráfico de armas y señalamientos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos criminales. Uno de los focos de fricción ha sido la exigencia de autoridades de Estados Unidos para que México actúe contra funcionarios de Sinaloa señalados por supuestos nexos con el crimen organizado.

Frente a esas presiones, el gobierno mexicano ha sostenido que cualquier acción judicial debe basarse en pruebas sólidas y respetar los procedimientos legales nacionales. Esa posición acompaña la defensa de la soberanía que Sheinbaum ha planteado de manera pública al hablar de la relación con Washington.

México también ha reclamado a Estados Unidos una mayor responsabilidad en el combate al tráfico ilegal de armas hacia territorio nacional y en la reducción del consumo de drogas sintéticas, en especial fentanilo. Ese flujo mantiene bajo presión la relación bilateral y forma parte del telón de fondo del encuentro en Palacio Nacional.

La cooperación en seguridad arrastra además cuestionamientos por la polémica en torno a presuntas operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en Chihuahua. El gobierno federal consideró esa situación como una posible violación a la soberanía nacional.

Aunque la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos de mayor presión en materia diplomática y de seguridad, ambos gobiernos han reiterado públicamente la necesidad de mantener una coordinación permanente. En ese marco, la visita de Mullin mantiene abiertos los canales de comunicación política y de seguridad entre dos administraciones que siguen dependiendo una de la otra en comercio, migración y cooperación regional.

El secretario de Estado Marco Rubio se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, donde abordaron imperativos estratégicos para la Alianza, incluyendo el aumento del gasto en defensa de los Aliados, la próxima Cumbre de la OTAN en Ankara y la expansión de la producción de defensa transatlántica.

Discutieron la oposición de Estados Unidos a las medidas proteccionistas que ponen en riesgo la interoperabilidad y la preparación de la OTAN, debilitan la base industrial de defensa transatlántica y comprometen la capacidad de suministrar equipos a las fuerzas armadas estadounidenses.

También revisaron los esfuerzos internacionales para promover la libertad de navegación y la seguridad marítima en vías navegables internacionales clave.

Rubio, enfatizó este viernes que los movimientos de las tropas estadounidenses basadas en Europa no constituyen una medida “punitiva”, mientras que los aliados elogiaron que Washington reculara en su decisión y anunciara finalmente el despliegue de miles de efectivos en Polonia.

“Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente”, dijo Rubio a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica.

El jefe de la diplomacia de EEUU se refirió al anuncio del presidente, Donald Trump, la noche anterior de que finalmente enviará 5.000 efectivos a Polonia, después de que previamente hubiera cancelado el despliegue previsto de 4.000 a ese país.

Trump también había dicho la semana pasada que retirará 5.000 soldados de las bases estadounidenses en Alemania, anuncio que llegó justo después de las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, a EE. UU. por su gestión de las negociaciones con Irán.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró el anuncio de Estados Unidos, pero dejó claro que “la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”.

Según Rubio, la redistribución de tropas estadounidenses es “un proceso que seguirá adelante”, y consideró que “de una forma muy positiva y productiva, y en colaboración con nuestros aliados, nos permitirá llegar a acuerdos”.

“Al fin y al cabo, como cualquier alianza, tiene que ser beneficiosa para todas las partes implicadas, tiene que haber un entendimiento claro de cuáles son las expectativas y, por supuesto, intentaremos sentar las bases para ello”, determinó.

Europa acepta los cambios, pero pide que sean “estructurados”

La anfitriona de la reunión, la ministra sueca Maria Malmer Stenergard, celebró la llegada de más tropas estadounidenses a Polonia pero resaltó, no obstante, que Europa necesita seguir invirtiendo en su propia defensa y sus propias capacidades, y consideró “natural” que Washington reduzca su presencia militar “un poco”.

El titular noruego, Espen Barth Eide, confió en que el proceso “aporte mayor previsibilidad”.

“Reconocemos que existe el deseo de reducir el número de efectivos; eso es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Lo importante es que esto se haga de manera estructurada, de modo que Europa pueda reforzar su presencia cuando Estados Unidos la reduzca”, explicó.

La ministra letona, Baiba Braze, dijo que sabían que EE. UU. “estaba reconsiderando la postura, y por ahora no hay ningún cambio al respecto”.

“Así que ya veremos, pero una vez más, desde el lado europeo, tenemos que estar preparados para contar con ambas fuerzas, con las capacidades, con la preparación, la rapidez, todo”, agregó.

Su homólogo neerlandés, Tom Berendsen, resaltó que “lo importante es mantener un buen diálogo”, y que el “objetivo principal es contar con un enfoque coordinado y un plan coordinado para el reparto de la carga, y creo que juntos somos capaces de lograrlo”.

El ministro francés, Jean-Noël Barrot, consideró que la revisión por parte de Estados Unidos de su nivel de compromiso en el continente europeo, dentro de la Alianza, “no es una noticia reciente”.

“Veo en ello una oportunidad para reforzar el papel de Europa dentro de la Alianza, para europeizarla, para desarrollar nuestras capacidades y nuestras visiones, para asumir nuestras responsabilidades: una Europa más fuerte en una Alianza más fuerte”, resumió.

“Está bastante claro que, desde hace algún tiempo, nos estamos preparando dentro de la OTAN y, por supuesto, en Europa, para adaptarnos a la nueva estrategia estadounidense”, coincidió la ministra rumana, Oana-Silvia Toiu.

Para el lituano Kestutis Budrys, a EE. UU. “le conviene mantener despliegues en Europa, ya que es la forma más eficaz de garantizar la disuasión, la forma más económica de mantener la paz en el continente y, además, le reporta beneficios militares”.

(Con información de EFE)

Los republicanos tuvieron dificultades el jueves para conseguir los votos necesarios para rechazar la legislación que obligaría al presidente Donald Trump a retirarse de la guerra con Irán, lo que retrasó las votaciones previstas hasta junio.

La Cámara de Representantes había programado una votación sobre una resolución sobre poderes de guerra, presentada por los demócratas, que limitaría la campaña militar de Trump. Pero al quedar claro que los republicanos no tendrían los votos suficientes para rechazar el proyecto de ley, los líderes republicanos se negaron a someterlo a votación. Esta fue la señal más reciente del menguante apoyo en el Congreso a una guerra que Trump inició hace más de dos meses sin la aprobación del Congreso.

“Teníamos los votos, sin duda, y ellos lo sabían; como resultado, están jugando a la política”, declaró el representante demócrata Gregory Meeks, promotor del proyecto de ley.

Los republicanos en el Senado también están trabajando para asegurar los votos necesarios para rechazar otra resolución sobre poderes de guerra que llegó a votación final a principios de esta semana, cuando cuatro senadores republicanos la apoyaron y otros tres estuvieron ausentes.

Las acciones de los líderes del Congreso demostraron que los republicanos tienen dificultades para mantener el respaldo político a la gestión de Trump en la guerra. Los republicanos de base están cada vez más dispuestos a desafiar al presidente en este conflicto.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, declaró a la prensa que la votación se retrasó para dar la oportunidad de votar a los legisladores ausentes. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, no respondió a las preguntas de los periodistas al salir del hemiciclo.

La frustración con la guerra contra Irán crece en el Capitolio.

En el Capitolio, la paciencia con la guerra se ha agotado, ya que el estancamiento en el estrecho de Ormuz interrumpe el transporte marítimo mundial y eleva los precios de la gasolina en Estados Unidos. Otra resolución de la Cámara sobre poderes de guerra estuvo a punto de aprobarse la semana pasada, pero fracasó por un empate, con tres republicanos votando a favor.

Meeks, el principal demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, afirmó tener los votos asegurados esta vez. “La gente está empezando a escuchar por fin al pueblo estadounidense que no apoya la guerra en Irán, y creo que cada vez hay más republicanos que comprenden lo devastadora que ha sido la guerra para nuestro país”, declaró el representante demócrata Adam Smith, del estado de Washington.

El único demócrata que votó en contra de la resolución sobre los poderes de guerra la semana pasada, el representante Jared Golden, de Maine, ha afirmado que votará a favor de la legislación la próxima vez.

En una declaración conjunta, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y otros líderes del grupo parlamentario afirmaron que los republicanos actuaron con “cobardía” al retirar la votación.

“Incluso mientras nos preparamos para honrar a los héroes caídos de nuestra nación en el Día de los Caídos, los republicanos de la Cámara de Representantes se niegan a presentarse y rendir cuentas ante los valientes militares que han sido puestos en peligro de forma imprudente”, añadieron.

Los republicanos han apoyado en general los esfuerzos de Trump para destruir las capacidades nucleares de Irán, pero algunos afirman ahora que el plazo legal del presidente para declarar la guerra sin la aprobación del Congreso ha expirado. Según la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, los presidentes tienen 60 días para iniciar un conflicto militar antes de que el Congreso deba declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza militar.

“Ya pasaron los 60 días, así que debe someterse a votación. Estamos cumpliendo la ley”, dijo el representante Brian Fitzpatrick, republicano de Pensilvania, añadiendo que planea votar a favor de la resolución sobre poderes de guerra.

La disputa sobre los poderes de guerra

La Casa Blanca argumenta que los requisitos de la Resolución sobre Poderes de Guerra ya no se aplican debido al alto el fuego con Irán. Al mismo tiempo, Trump afirmó que estuvo a solo una hora de ordenar otro ataque contra Irán a principios de esta semana, pero se abstuvo porque los aliados del Golfo dijeron que estaban en negociaciones para poner fin a la guerra.

Aun así, Trump declaró en redes sociales que los líderes militares deberían “estar preparados para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”. Trump ha fijado repetidamente plazos para Teherán y luego se ha retractado.

El senador Thom Tillis, republicano que hasta ahora ha votado en contra de las resoluciones sobre poderes de guerra, expresó su frustración con la postura del gobierno de Trump, especialmente la del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Con el statu quo actual, Pete Hegseth demuestra su incompetencia”, declaró Tillis a la prensa, añadiendo que estaría dispuesto a votar a favor de una autorización para el uso de la fuerza militar.

A principios de esta semana, senadores demócratas se manifestaron frente al Capitolio el miércoles junto a VoteVets, un grupo de defensa de veteranos de tendencia izquierdista. Colocaron carteles en el césped del Capitolio señalando que el precio promedio nacional de la gasolina había subido a 4,53 dólares.

La senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois que sirvió en la guerra de Irak con la Guardia Nacional Aérea, argumentó que la guerra contra Irán ha representado un error estratégico para Trump.

“Trump inició una guerra y ha empeorado las cosas”, dijo Duckworth, señalando al nuevo liderazgo de Irán y la disposición del país a estrangular el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz.

Los líderes republicanos elogiaron a Trump por tomar lo que calificaron como una acción audaz para confrontar directamente a Irán, una nación que ha sido adversaria de Estados Unidos durante décadas.

“Soy estadounidense. No creo en recibir un golpe, salir ileso y fingir que no pasó nada”, dijo el representante Brian Mast, presidente republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Para el Congreso, el creciente impulso para aprobar una resolución sobre poderes de guerra podría eventualmente conducir a un enfrentamiento legal sobre quién tiene la autoridad final sobre los conflictos militares.

La legislación que se encuentra ante la Cámara es una resolución concurrente que, según los legisladores, entraría en vigor sin la firma de Trump si se aprueba en ambas cámaras del Congreso.

Pero Trump también ha argumentado que la ley de 1973, aprobada por el Congreso durante la época de la Guerra de Vietnam en un intento por recuperar su poder sobre los conflictos extranjeros, es inconstitucional.

(Con información de AP)

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, apreció este viernes un “ligero avance” en las conversaciones sobre Irán pero advirtió de que no puede instaurarse un sistema de peaje en una vía marítima internacional como el estrecho de Ormuz, bloqueado por el conflicto.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, indicó Rubio en una declaración a la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Rubio, que participa hoy en una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, dejó claro que los fundamentos en las conversaciones sobre Irán “siguen siendo los mismos”.

“Irán nunca podrá tener un arma nuclear, sencillamente no puede. Este régimen nunca podrá tener armas nucleares y, para lograrlo, tendremos que abordar la cuestión del enriquecimiento” de uranio, dijo.

Sobre el estrecho de Ormuz, señaló que Irán “está intentando crear un sistema de peaje” y que está “intentando convencer a Omán para que se sume a este sistema de peaje en una vía navegable internacional”.

“No hay ningún país en el mundo que deba aceptar eso. No conozco ningún país en el mundo que esté a favor, salvo Irán”, enfatizó.

Rubio también aludió a una resolución al respecto patrocinada por Baréin en Naciones Unidas en la que, aseguró, su país ha estado “muy involucrado”, pero afirmó que, “por desgracia, un par de países del Consejo de Seguridad están pensando en vetarla, lo cual sería lamentable”.

Sin embargo, aseguró que están haciendo “todo lo posible para lograr el consenso global necesario para evitar que esto suceda”.

“Veamos si las Naciones Unidas siguen funcionando. Ése es el foro en el que vamos a intentar conseguir un resultado. Y, obviamente, creo que casi todos los países aquí representados hoy se han sumado como copatrocinadores de esa resolución, y si no lo han hecho, estoy seguro de que pronto lo harán”, comentó.

Rubio apuntó que, si se implantara un sistema de peaje en una vía navegable internacional, “ocurriría en otros cinco lugares del mundo” y es “algo que no puede suceder”.

Rutte corroboró que “muchos de mis colegas aquí presentes me dicen que es inaceptable que la libertad de navegación sea básicamente pisoteada como lo está siendo en este momento, y tenemos que pensar en cómo podemos abordar esto colectivamente”.

El ex primer ministro neerlandés agregó que “todo el mundo reconoce que es crucial para Oriente Medio, para Europa y para el mundo entero que Estados Unidos reduzca la capacidad nuclear de Irán, pero también su capacidad en materia de misiles de largo alcance”, y en ese contexto agradeció a Rubio su “increíble liderazgo y por ser un firme defensor de nuestro vínculo transatlántico”.

(Con información de EFE)

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, desertó de la corporación desde noviembre de 2024, cuando inició la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, así lo confirmó este jueves el director policial Jonathan Macedo, quien agregó que desconoce su paradero.

“Ese elemento ya no pertenece a la Policía Municipal y ya las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones. La fiscalía que haga su trabajo de realizar sus investigaciones y en su momento, cuando tengan resultados, ellos mismos darán su resultado”, declaró Macedo a medios locales.

La baja de Valenzuela Millán ocurrió en plena crisis de violencia derivada de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, conflicto que dio inicio formalmente el pasado 9 septiembre de 2024. Meses más tarde, en noviembre, la violencia dejó al menos 12 elementos de la Policía Municipal asesinados, entre ellos el exsubdirector operativo Benjamín Villarreal Guerrero, ejecutado en un restaurante de la colonia Montebello.

Macedo precisó que hasta la fecha ninguna autoridad ha requerido información a la corporación sobre el desempeño del excomandante. “No, hasta el momento no. Entonces yo creo que en su momento las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones y pedirán la documentación que requieran”, señaló.

¿De qué lo acusa EEUU?

El expediente S9 23 Cr. 180 del Distrito Sur de Nueva York señala a Valenzuela Millán como el único de los diez funcionarios sinaloenses acusados que enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte, lo que lo expone a cadena perpetua obligatoria.

Según la acusación, el excomandante habría recibido aproximadamente 41,000 dólares mensuales en sobornos de Los Chapitos, distribuidos entre él y más de 40 agentes municipales bajo su mando.

A cambio, habría puesto a disposición del cártel patrullas, radios policiales, inteligencia operativa y recursos de la corporación para el tráfico de fentanilo y metanfetamina con destino a Estados Unidos. La acusación lo describe como enlace entre Los Chapitos y la Policía Municipal de Culiacán desde 2018 hasta 2024, periodo en el que habría ordenado arrestos, secuestros y asesinatos de presuntos enemigos del cártel para mantener el dominio de la organización sobre la ciudad.

El cargo más grave en su contra se deriva de los hechos del 22 de octubre de 2023. Según el expediente, agentes de la Policía Municipal bajo sus órdenes detuvieron en Culiacán a Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y a un familiar identificado en el documento como “CS Relative-1”. Ambos fueron secuestrados, entregados a sicarios del cártel, torturados y asesinados. Entre las víctimas de esa operación había un menor de 13 años. Sus cuerpos, junto con los de otros familiares, fueron hallados posteriormente en Tamazula, Durango.

El único detenido del grupo de funcionarios es Mérida Sánchez

De los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses incorporados en la acusación de reemplazo del 29 de abril de 2026, solo uno está confirmado bajo custodia en Estados Unidos.

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se entregó el 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona, y compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo, donde se declaró no culpable. Su próxima audiencia está fijada para el 1 de junio de 2026.

El caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, presenta incertidumbre. Fuentes aseguran que se trasladó desde Irlanda hasta Nueva York y se entregó voluntariamente el 16 de mayo. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota su nombre no aparece en el registro del Buró de Prisiones.

Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez acumula 21 días de ausencia en sesiones del Congreso desde que se hicieron públicos los cargos en su contra. Ha negado las acusaciones y descartó pedir licencia. Según el expediente, Inzunza habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021, cuando era secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa.

El vicefiscal de la FGE Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra aparece en las listas de pago del cártel bajo el nombre clave “Culiacán Regio” y habría recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales a cambio de alertar al cártel sobre operaciones de la DEA, incluyendo qué laboratorios y miembros eran objetivo de investigaciones. Solicitó licencia a su cargo pero no ha comparecido ante ninguna autoridad.

Los exjefes de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, aparecen en las listas de pago bajo la clave “R1” y habrían recibido cada uno aproximadamente 16,000 dólares mensuales.

Almanza Avilés, en el cargo de 2017 a noviembre de 2022, habría permitido que vehículos con precursores químicos para fentanilo cruzaran Culiacán sin interferencias, librado órdenes de detención contra enemigos del cártel y ordenado la liberación de miembros de Los Chapitos detenidos.

Contreras Núñez, su sucesor de noviembre de 2022 a febrero de 2026, fue designado por Rocha Moya con la aprobación explícita de Los Chapitos y habría ayudado al cártel a localizar y matar a sus enemigos, incluidos integrantes de organizaciones rivales. Ambos permanecen sin detención confirmada.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa en distintos periodos entre 2012 y 2024, habría recibido aproximadamente 6,000 dólares mensuales. Según la acusación, colocó a agentes afines al cártel en puestos de poder dentro de la policía estatal, vendió munición y cargadores para rifles de asalto a miembros de Los Chapitos y modificó documentación de detenciones para que los arrestados parecieran no haber portado armas. Iván y Ovidio Guzmán le entregaron personalmente una radio para mantenerse en comunicación directa con el cártel. En las listas de pago aparece bajo su propio alias: “Tornado”.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán desde junio de 2022, habría recibido más de 10,000 dólares mensuales a cambio de permitir a Los Chapitos operar en la ciudad sin interferencia del gobierno municipal y proteger a los miembros del cártel de ser detenidos por la Policía Municipal.

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado de mayor rango en el expediente, permanece en libertad en Sinaloa. Según el expediente, antes de las elecciones de junio de 2021 se reunió con Iván y Ovidio Guzmán en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras, donde Los Chapitos prometieron asegurar su victoria electoral a cambio de que Rocha Moya colocara funcionarios favorables al tráfico de drogas en puestos de autoridad en el gobierno estatal.

La administración de Estados Unidos advirtió que continuará investigando a quienes mantengan vínculos con el régimen cubano tras el arresto en Miami de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla hasta el 70% de la economía de Cuba.

La detención se realizó el jueves 21 de mayo, un día después de que el Departamento de Estado la declarara deportable conforme a la Sección 237 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por considerarla una amenaza para los intereses de la política exterior estadounidense.

John Condon, director ejecutivo asociado interino de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), justificó la detención y señaló: “GAESA, controlada por el ejército cubano y núcleo del sistema comunista cleptocrático de ese país, controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos”.

El directivo advirtió que permitir la permanencia de Lastres Morera en Estados Unidos habría enviado un mensaje equivocado: “Las redes vinculadas al régimen cubano podrían seguir accediendo a las instituciones financieras, educativas y sociales de Estados Unidos, lo cual no es el caso”.

“HSI continuará investigando a quienes tengan vínculos con los adversarios de nuestra nación y tomará las medidas necesarias para neutralizar las amenazas contra nuestra patria”, indicó el funcionario.

Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos el 13 de enero de 2023, reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense. Desde su llegada, figuraba como gerente o agente registrado en empresas inmobiliarias en Florida, entre ellas REMAS Investments LLC y Santa Elena Investments LLC, con sede en Boca Ratón.

Las autoridades no encontraron registros de que haya solicitado la ciudadanía o el pasaporte estadounidense.

Su hermana, Ania Guillermina Lastres Morera, preside GAESA, organización que, según las autoridades, gestiona activos ilícitos a nivel internacional y cuyos ingresos superan en más del triple el presupuesto del gobierno cubano. La administración Trump-Rubio enmarca el arresto en una ofensiva coordinada contra el régimen cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio, había anunciado el 7 de mayo nuevas sanciones contra GAESA, incluida Ania Guillermina Lastres, bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Trump el 1 de mayo, que extiende el régimen de sanciones y alcanza incluso a familiares adultos de personas ya designadas.

Estados Unidos fijó el 5 de junio como fecha límite para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias. El arresto de Lastres Morera se realizó un día después de que el Departamento de Justicia desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco ex funcionarios cubanos por el derribo de dos avionetas de Brothers to the Rescue en 1996, incidente en el que murieron cuatro cubanoestadounidenses.

Junto a Castro, Estados Unidos imputó a cinco militares de la Fuerza Aérea cubana cuyos expedientes figuran en el proyecto represorescubanos.com, una base de datos sobre tiranos de la dictadura dirigida por Rolando Cartaya, investigador del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), quien facilitó esa información a Infobae.

Adys Lastres Morera permanece bajo custodia del ICE en espera de los trámites de deportación, mientras la administración Trump-Rubio sostiene su estrategia de presión máxima contra el régimen de La Habana.

El anuncio de la detención también fue informado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien aseguró que Lastres Morera estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana.

“Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora está bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. No habrá ningún lugar en esta Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente", agregó vía X el jefe de la diplomacia de EEUU.

Las autoridades venezolanas autorizaron a la Embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante posibles emergencias médicas o contingencias “catastróficas”, que incluirá el sobrevuelo controlado de dos aeronaves sobre la capital este sábado 23 de mayo.

El gobierno chavista informó en un comunicado que la actividad responde a una solicitud de la sede diplomática estadounidense, como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática.

El ejercicio contará con la coordinación de la Cruz Roja venezolana, encargada de los componentes vinculados al operativo de evacuación y atención de emergencias, así como con la supervisión de las autoridades aeronáuticas nacionales, responsables de autorizar y vigilar los sobrevuelos requeridos.

“Como parte del simulacro, dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y aterrizarán en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de América”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, en un mensaje transmitido por la televisión estatal.

“Todas las coordinaciones correspondientes a esta actividad han sido canalizadas a través de la Dirección de Protocolo, Inmunidades y Privilegios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, precisó el Ejecutivo venezolano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

En marzo, la administración estadounidense y las autoridades de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares con el objetivo de “promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en el país. El acercamiento bilateral se produce en un contexto de apertura progresiva de Washington hacia Caracas, especialmente en el ámbito energético.

Las relaciones bilaterales dentro del sector aéreo no le pierden pisada a las energéticas. American Airlines concretó su primer vuelo directo entre Miami y la capital venezolana tras siete años de ausencia, lo cual marcó el regreso de una aerolínea estadounidense al principal aeropuerto de Venezuela.

El vuelo AA935 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a las 13:16 horas locales el pasado 30 de abril, donde fue recibido por autoridades aeroportuarias y empleados de la compañía en un ambiente festivo, con el tradicional arco de agua y decoraciones con los colores de la bandera de Estados Unidos.

El retorno de American Airlines ocurre menos de dos meses después del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. La reapertura de la ruta responde tanto a la autorización del Departamento de Transporte estadounidense como a la demanda de viajeros venezolanos y estadounidenses que, desde 2019, debieron recurrir a escalas en terceros países para conectar ambos destinos.

Con este vuelo, el trayecto entre Caracas y Miami vuelve a realizarse en aproximadamente cuatro horas y elimina la necesidad de rutas alternativas prolongadas y costosas que durante años afectaron a viajeros familiares, de negocios y turistas.

El arribo fue celebrado en la terminal con globos rojos, azules y blancos y la presencia de altos directivos de la aerolínea. Entre los pasajeros del vuelo inaugural se encontraba Jarrod Agen, director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, quien tiene previsto mantener reuniones con ejecutivos de los sectores energético y minero venezolanos en el marco de la nueva etapa de cooperación bilateral.

Cabe recordar que el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro inició con una operación aérea por la madrugada del 3 de enero pasado, contra las defensas aéreas de Venezuela, y concluyó con la captura del venezolano en un complejo militar de Caracas. Tras su detención, Maduro fue trasladado en avión a Estados Unidos, donde aún está encarcelado a la espera de un juicio por cargos de narcotráfico y otros delitos.

La salida de Maduro permitió un acercamiento rápido entre Washington y Caracas. Ambos gobiernos restablecieron sus relaciones diplomáticas el 5 de marzo, después de más de siete años de ruptura.

(Con información de AFP y Europa Press)

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron cocaína valuada en más de 600 mil dólares en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los hechos sucedieron en el Puente Internacional de Hidalgo, el cual conecta Texas, EEUU, con Tamaulipas, el pasado 1 de mayo. El operativo derivó en el arresto de un ciudadano mexicano de 48 años que transportaba la droga oculta en un vehículo.

El procedimiento se inició cuando un agente de la CBP remitió un Chrysler Pacifica a una inspección secundaria tras la alerta de un perro policía. Un examen posterior con el sistema de inspección no intrusivo permitió a los agentes descubrir 18 paquetes con un total de 20.52 kilogramos (45.23 libras) de presunta cocaína disimulados en el interior del vehículo.

Más de 600mil dólares en droga

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 604,026 dólares”, es parte de lo informado por la CBP el 21 de mayo.

Los agentes de la CBP confiscaron tanto los narcóticos como el Chrysler Pacifica. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional procedieron al arresto del conductor e iniciaron una investigación penal en torno a la incautación. No fue revelado el nombre de la persona detenida.

Una imagen compartida por las autoridades permite ver los diversos paquetes asegurados.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo, valoró el operativo: “Esta incautación refleja el firme compromiso de nuestros oficiales con la misión de seguridad fronteriza y demuestra el uso eficaz de la tecnología y la pericia en las inspecciones”. Rodríguez agregó que “acciones como esta impiden que los narcóticos se infiltren en nuestras comunidades y provoquen adicción, dolor y muerte”.

Mexicano detenido con metanfetamina oculta en bolsas de cuero

Cabe recordar que el 7 de abril pasado fue informado el arresto de un ciudadano mexicano de 64 años en el Puente del Comercio Mundial (World Trade Bridge), punto fronterizo que conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas.

Fue asegurado luego de que agentes de que agentes fronterizos descubrieron un cargamento de metanfetamina oculto en el interior de un remolque que transportaba bolsas de cuero. El arresto fue dado a conocer por la CBP el 6 de abril, aunque la detención tuvo lugar el 31 de mayo.

El conductor operaba un camión con remolque al que las autoridades solicitaron una inspección más profunda. La revisión con agentes caninos derivó en el hallazgo de 112,47 libras de metanfetamina distribuidas en 49 paquetes dentro del remolque. Según el informe oficial de la CBP, “los narcóticos tienen un valor en la calle de 1.034.227 dólares”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, solicitó que el juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea incluido en el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso previsto para el 26 de mayo.

Durante la discusión legislativa, el legislador pidió instalar la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados para atender los juicios políticos pendientes, entre ellos el promovido contra el mandatario sinaloense, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Vázquez Ahued sostuvo que las investigaciones deben realizarse en México y criticó la falta de avances en el caso.

Además, señaló que, independientemente de las iniciativas anunciadas por el Gobierno federal para combatir la infiltración del crimen organizado en la política, las autoridades mexicanas ya cuentan con facultades para investigar y aplicar la ley.

PAN intensifica ofensiva contra Rocha Moya y Morena

El Partido Acción Nacional presentó formalmente una solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados con el objetivo de impedir que Rocha Moya pueda reincorporarse al cargo tras haber solicitado licencia temporal el pasado 2 de mayo de 2026.

El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que el caso de Sinaloa representa una muestra de la presunta relación entre Morena y grupos criminales.

El legislador exigió la detención inmediata del gobernador con licencia, su extradición y la desaparición de poderes en la entidad.

En conferencia de prensa, Anaya aseguró que desde el proceso electoral de 2021 existían denuncias sobre presunta intervención del crimen organizado en Sinaloa, incluyendo intimidaciones y restricciones a candidatos de oposición.

Entre las principales exigencias del PAN destacan:

• Detención inmediata de Rubén Rocha Moya con fines de extradición.
• Inicio de juicio político e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
• Declaratoria de desaparición de poderes en Sinaloa.
• Investigación sobre presuntos vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.
• Intervención de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.

Senado vive tensión por acusaciones y ausencia de Enrique Inzunza

La discusión política escaló durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, donde la senadora Lilly Téllez lanzó críticas contra Morena por la ausencia del senador Enrique Inzunza Cázarez, también mencionado en señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.

Entre gritos desde tribuna, la legisladora expresó: “Qué asco los narcopolíticos”, mientras se desarrollaba el debate sobre la situación política en Sinaloa y las investigaciones abiertas.

El PAN también sostuvo que el senador morenista enfrenta señalamientos similares a los de Rocha Moya, aunque hasta el momento no existen procesos judiciales abiertos en México en su contra.

Sheinbaum confirma ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con una ficha roja de Interpol derivada de órdenes de aprehensión emitidas por autoridades estadounidenses.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las alertas internacionales fueron activadas tras las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa presuntamente relacionados con actividades del crimen organizado.

Sheinbaum aclaró que el Gobierno mexicano no tiene obligación legal de mantener vigilancia especial sobre los señalados dentro del país, aunque reconoció que podrían ser detenidos si abandonan territorio nacional.

La presidenta también informó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y aún cuenta con resguardo de seguridad proporcionado por la Guardia Nacional, luego de una evaluación de riesgo realizada por autoridades federales.

Juicio político sigue en fase inicial en Cámara de Diputados

Pese a la presión de la oposición, el procedimiento legislativo todavía se encuentra en sus primeras etapas.

Para que el juicio político avance, la Subcomisión de Examen Previo deberá analizar si la solicitud presentada cumple con los requisitos legales y si existen elementos suficientes para iniciar el proceso.

En caso de ser aprobada, la solicitud pasaría a la Comisión Jurisdiccional y posteriormente al Pleno de la Cámara de Diputados, que actuaría como órgano acusador.

Finalmente, el Senado tendría la responsabilidad de fungir como Jurado de Sentencia.

Hasta ahora, Morena y sus aliados no han respaldado la propuesta de incluir el caso de Rocha Moya en el próximo periodo extraordinario, mientras continúan las tensiones políticas por las investigaciones abiertas tanto en México como en Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este jueves en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en una reunión centrada en seguridad, migración y cooperación bilateral entre ambos países.

A través de redes sociales, la mandataria informó que durante el encuentro ambas naciones acordaron mantener el trabajo conjunto “en el marco del respeto” y continuar con los mecanismos de coordinación ya establecidos.

En la reunión también participaron:

• Rosa Icela Rodríguez, (Secretaria de Gobernación de México).
• Roberto Velasco Álvarez, (Secretario de Relaciones Exteriores de México).
• Ronald Douglas Johnson, (Embajador de Estados Unidos en México).

Seguridad y migración, los temas prioritarios del encuentro bilateral

El funcionario estadounidense arribó poco antes del mediodía acompañado por un convoy de seguridad y elementos oficiales.

Se trata de la primera reunión presencial entre Sheinbaum y Mullin desde que el republicano asumió el cargo en marzo de 2026.

Previo al encuentro, la presidenta adelantó en su conferencia matutina que uno de los objetivos centrales sería dar continuidad al entendimiento en materia de seguridad alcanzado entre ambos gobiernos.

Sheinbaum reiteró que México mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos, siempre bajo principios de soberanía y respeto mutuo.

Además de la estrategia de seguridad, otro de los puntos relevantes fue la protección de los mexicanos que viven en territorio estadounidense, particularmente frente a las recientes redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mandataria también subrayó la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos ante el complejo panorama fronterizo y las presiones políticas derivadas del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Crisis de seguridad y narcotráfico elevan tensión diplomática

La reunión ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral por temas relacionados con el narcotráfico, el tráfico de armas y las acusaciones de presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos criminales.

Uno de los temas que ha provocado fricciones entre ambos gobiernos es la exigencia de autoridades estadounidenses para que México actúe contra funcionarios de Sinaloa señalados por supuestos nexos con el crimen organizado.

El gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acción judicial debe sustentarse con pruebas sólidas y respetar los procedimientos legales nacionales.

Al mismo tiempo, México ha reclamado a Estados Unidos mayor responsabilidad en el combate al tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y en la reducción del consumo de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, cuyo flujo mantiene bajo presión la relación bilateral.

La cooperación en seguridad también enfrenta cuestionamientos tras la polémica generada por presuntas operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en Chihuahua, situación que el gobierno federal consideró una posible violación a la soberanía nacional.

Gabinete de Seguridad y equipo estadounidense sostendrán mesa de trabajo

Después del encuentro privado con Sheinbaum, se prevé la realización de una mesa de trabajo entre el Gabinete de Seguridad mexicano y la delegación encabezada por Mullin para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales.

En estas reuniones participan funcionarios como Omar García Harfuch, así como representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación.

El objetivo principal será fortalecer la coordinación operativa en temas fronterizos, intercambio de información e inteligencia, combate al tráfico de drogas y control migratorio.

Relación México-EU enfrenta presión política, pero mantiene diálogo estratégico

Aunque la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más tensos en materia diplomática y de seguridad, México y Estados Unidos continúan siendo socios estratégicos fundamentales en comercio, migración y cooperación regional.

La presión del gobierno estadounidense para endurecer el combate contra los cárteles, sumada a las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado y las disputas por operativos de inteligencia, han incrementado el nivel de desconfianza entre ambas administraciones.

Sin embargo, tanto Sheinbaum como funcionarios estadounidenses han reiterado públicamente la necesidad de mantener una relación de coordinación permanente ante desafíos comunes como la migración irregular, el crimen organizado y la seguridad fronteriza.

La visita de Mullin a Palacio Nacional representa así un intento por mantener abiertos los canales de comunicación política y de seguridad entre dos gobiernos que, pese a las diferencias, dependen mutuamente para enfrentar una crisis regional cada vez más compleja.

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido este jueves a Estados Unidos de que cualquier intento de “reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza” provocará una respuesta militar por parte de “la misma Armada que asegura que fue destruida” durante la ofensiva estadounidenses e israelí contra el país asiático.

“Si (el presidente estadounidense, Donald) Trump cree que puede reabrir el estrecho de Ormuz a través de la fuerza y los buques de guerra, debe saber que la misma Armada que asegura que fue destruida será la que le mandará al fondo del mar”, ha dicho el ‘número dos’ de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.

Así, ha insistido en que “a pesar de todos sus trucos y planes, los estadounidenses han fracasado a la hora de reabrir el estrecho de Ormuz”. “El enemigo carece de la inteligencia, comprensión y conocimientos adecuados sobre Irán”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “todas las fuerzas armadas están en estado de alerta y totalmente preparadas a responder a cualquier agresión enemiga”.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz publicó el miércoles un mapa con los límites de su “jurisdicción” en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés) ha indicado que “la República Islámica de Irán ha definido la jurisdicción regulatoria para la gestión del estrecho de Ormuz” en la zona que va desde Kuhe Mubarak, en Irán, al sur de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y desde el extremo occidental de la isla de Qeshm hasta Um al Quain, en EAU.

“El tránsito a través de este área para cruzar el estrecho de Ormuz requiere coordinación y autorización por parte de la PGSA”, ha señalado, según un breve comunicado publicado en redes sociales, en medio de las tensiones por el bloqueo impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes a través del paso y el impacto de estas acciones sobre la economía mundial.

Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció el miércoles la interceptación y posterior liberación de un petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán al que acusó de “intentar violar el bloqueo estadounidense”.

El CENTCOM apuntó en un mensaje en redes sociales que el ‘MT Celestial Sea’ “se dirigía a un puerto iraní”, antes de reseñar que “las fuerzas estadounidenses liberaron el buque tras inspeccionarlo y ordenar a su tripulación que cambiara de rumbo”.

“Las fuerzas estadounidense continúan aplicando totalmente el bloqueo y hasta ahora han redirigido a 91 buques comerciales para garantizar su cumplimiento”, zanjó, junto a un vídeo del abordaje del buque por parte de sus fuerzas.

La empresa británica de seguridad Ambrey ha puntualizado este jueves que el buque iraní está bajo sanciones de Estados Unidos, antes de especificar que la interceptación e “incautación temporal” tuvo lugar a unas 113 millas náuticas (cerca de 210 kilómetros) al este de Ras al Had, en Omán, teniendo como destino declarado en Jor Fakan, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.

(Con información de Europa Press)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 20 de mayo de 2026 a más de una docena de personas y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas un restaurante de antojitos en Chihuahua llamado Gorditas Chiwas, usado presuntamente como fachada para lavar dinero del tráfico de fentanilo y cocaína.

Las sanciones, ejecutadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), afectan a dos redes distintas de narcotráfico y lavado de dinero, y se coordinaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de México y con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El negocio, fundado en 1997 en Plaza Mirador con la ambición de competir con las grandes cadenas de comida rápida, opera actualmente en Plaza Galería Chihuahua. Sus gorditas cuestan entre 22 y 28 pesos.

La OFAC designó al restaurante junto con Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas de cocaína para Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como líder de la red de lavado de dinero de Los Chapitos.

Orozco Romero opera el negocio a través de dos familiares: Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas por el Tesoro como sus prestanombres de confianza. Ambas fueron sancionadas junto con el restaurante y con la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., también bajo control de Orozco Romero.

La OFAC designó a Orozco Romero por “haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” a Ojeda Avilés, conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224.

El restaurante nació como negocio familiar y creció hasta tener tres sucursales

Gorditas Chiwas abrió en 1997 en un local de Plaza Mirador, en Chihuahua. La idea era ambiciosa para un negocio familiar: “convertirse en una empresa capaz de competir ventajosamente con las cadenas de la competencia ya existentes de comida rápida”, según la historia que el propio restaurante publicó en su página de Facebook en mayo de 2013.

El secreto, según sus fundadores, estaba en el proceso. Las gorditas se hacen a mano al momento y se rellenan con guisados preparados el mismo día, con recetas propias. Esa apuesta funcionó: los chihuahuenses adoptaron el negocio como suyo y lo convirtieron en tradición.

Para 2017 ya operaba tres sucursales. En la publicación del 27 de abril de ese año en la que el restaurante celebraba su vigésimo aniversario, Amalia Margarita Romero Moreno—una de las prestanombres señaladas por el Tesoro de Estados Unidos— aparece sentada frente a las cámaras del programa Hoy Toca de la televisora local CUU, presentando el negocio como un caso de éxito chihuahuense. Nueve años después, su nombre figura en la lista negra de la OFAC.

En Facebook, el restaurante describía su fórmula con sencillez: “la sazón es la clave del éxito, ya que hace que el consumidor regrese una y otra vez”.

Actualmente solo aparecen dos direcciones activas. La sucursal designada por el Tesoro de Estados Unidos es la ubicada en Plaza Galería Chihuahua, Blvd. Antonio Ortíz Mena 8, Unidad Presidentes. Google Maps la registra abierta de 11:00 a 21:00 horas todos los días, con una calificación de 3.9 estrellas sobre 106 opiniones. El sitio web gorditaschiwas.com.mx está caído.

El menú actual va de los 22 pesos —nopalitos— a los 28 —carnitas en salsa verde, asado de puerco y chile relleno—. Los refrescos arrancan en 20 pesos.

Ojeda Avilés tomó el control del lavado tras el asesinato del operador anterior

La red encabezada por Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y reemplazó a una estructura anterior. Según el comunicado del Tesoro, Ojeda Avilés asumió como principal lavador de Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, a quien la OFAC había designado el 26 de septiembre de 2023 por usar divisas digitales y transferencias bancarias para mover los ingresos del fentanilo desde Estados Unidos hasta los líderes del cártel en México.

El esquema que coordina Ojeda Avilés funciona en dos etapas: primero, la recolección de efectivo en grandes cantidades dentro de territorio estadounidense —producto de la venta de fentanilo y otras drogas—; después, la conversión de ese efectivo en criptomonedas para transferirlo al Cártel de Sinaloa en México. Su red incluye proveedores de droga en México y correos con base en Estados Unidos encargados de los levantamientos de dinero.

Jesús Alonso Aispuro Félix, designado también por la OFAC, es el intermediario financiero de la red: gestiona las transferencias masivas de dinero a través de direcciones de divisas digitales.

Rodrigo Alarcón Palomares, otro asociado de Ojeda Avilés, realizó levantamientos de efectivo en Estados Unidos. En octubre de 2023 fue detenido en México con armas y municiones; en abril de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Colorado lo acusó formalmente de tres cargos de lavado de dinero mediante criptomonedas.

Los Chapitos —los cuatro hijos del fundador del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera— consolidaron el control del Cártel de Sinaloa tras la captura, extradición y condena de su padre. Dos de ellos, Ovidio y Joaquín, están en custodia de Estados Unidos. Los otros dos, Iván y Alfredo, permanecen prófugos y dirigen la facción.

La segunda red sancionada: González Peñuelas y sus cinco millones de dólares en recompensa

Las sanciones de este miércoles no se limitan a la red de Ojeda Avilés. La OFAC también designó a Jesús González Peñuelas, fugitivo de la justicia y líder de una organización con más de dos décadas de operación dentro del Cártel de Sinaloa. González Peñuelas es responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos desde 2007, y también opera como distribuidor de cocaína y fentanilo.

En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5,000,000 de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. El Departamento de Estado hizo una oferta similar poco después. González Peñuelas fue acusado formalmente en el Distrito Sur de California en 2017 y en el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de narcotráfico internacional. El Tesoro lo había sancionado previamente conforme a la Ley Kingpin el 12 de mayo de 2021.

Su red opera principalmente desde Sinaloa, con células de distribución activas en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Cinco de sus asociados fueron designados junto con él: Castulo Bojorquez Chaparro, encargado de producción y distribución de drogas; Fredi Ismael García Sandoval y Bojorquez Chaparro utilizan negocios en México para lavar los ingresos del narcotráfico; Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar supervisan el lavado de ganancias y el traslado de efectivo de Estados Unidos a México; y Noé de Jesús Castro Rocha trafica cocaína y heroína hacia Estados Unidos en nombre de González Peñuelas.

El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. Las sanciones de este miércoles se suman a esa designación y se ejecutaron en coordinación con la UIF del gobierno de México y con la DEA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que planea mantener una conversación con el presidente taiwanés, Lai Ching-te, mientras la Casa Blanca analiza la posibilidad de vender armas a la isla.

“Hablaré con él. Hablo con todo el mundo”, afirmó el mandatario estadounidense, quien también destacó su reciente reunión con el presidente chino Xi Jinping durante su visita de Estado a Beijing la semana pasada. “Nos ocuparemos de eso, del problema de Taiwán”, señaló Trump ante la prensa.

Taiwán depende del respaldo estadounidense para disuadir cualquier eventual ataque chino y ha enfrentado presión para aumentar su gasto en defensa a través de inversiones en empresas estadounidenses.

Por su parte, presidente de Taiwán, Lai Ching-te, manifestó estar “dispuesto” a dialogar con Trump en lo que supondría un hecho sin precedentes entre líderes en ejercicio de ambos gobiernos y que podría poner en riesgo la estabilidad de las relaciones entre Washington y Beijing.

“Además de estar comprometido a mantener el ‘statu quo’ estable en el estrecho de Taiwán, el presidente Lai también está dispuesto a entablar conversaciones con el presidente Trump”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado.

Desde 1979, año en que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Taipéi y las estableció con Beijing, los presidentes de ambos países no mantienen comunicaciones directas. De concretarse el diálogo, Lai trasladaría a Trump que el Gobierno taiwanés se mantiene “calmado” y “confiado” en la preservación del ‘statu quo’ en el Estrecho, y responsabilizaría a China de “socavar la paz y la estabilidad” en la zona.

El mandatario taiwanés pediría al líder republicano que continúe con las transferencias de armas estadounidenses, consideradas “necesarias” para la seguridad de la isla y la estabilidad regional, y afirmaría que Taipéi ya es un “país soberano e independiente”.

“Ningún país tiene derecho a anexionar Taiwán. La población taiwanesa busca un estilo de vida libre y democrático, y la democracia y la libertad no deberían ser vistos como provocaciones”, plantearía Lai a Trump, según la Cancillería isleña.

Estas declaraciones se conocen tras el anuncio de Trump de que trabajará para abordar el “problema de Taiwán” y su disposición a dialogar con Lai, reiterada luego de su visita a China y el encuentro con el líder Xi Jinping.

China considera a la isla como una “parte inalienable” de su territorio e intensificó su campaña de presión para lograr la “reunificación nacional”, eje del proyecto político del líder chino. Estados Unidos, principal proveedor de armas a Taipéi, no mantiene vínculos diplomáticos formales con la isla, pero podría intervenir en caso de un conflicto con Pekín. En 2016, Trump habló por teléfono con la entonces presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, cuando era presidente electo, lo que generó malestar en China.

Taiwán no será “sacrificado” ni “intercambiado” y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático “bajo presión”, aseguró el presidente taiwanés tras la reciente cumbre celebrada en Beijing entre los presidentes de China y EEUU.

“Mientras China siga sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y continúe expandiendo su poder militar con el objetivo de cambiar el statu quo regional y entre ambos lados del Estrecho, es necesario que Estados Unidos continúe vendiendo armas a Taiwán”, aseveró el líder de la isla a través de su cuenta oficial de Facebook.

Por otra parte, afirmó que Taiwán no será “sacrificada” ni “intercambiada” y que no renunciará a su modo de vida libre y democrático “bajo presión”.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump había revelado que mantuvo una extensa conversación con Xi sobre Taiwán y dejó en suspenso la aprobación de un paquete de armas para la isla, al considerar que representa una “muy buena ficha de negociación” para Washington. “Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (...). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas”, sostuvo.

(Con información de AFP y EFE)

El Gobierno de Estados Unidos retiró las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos, una semana después de que un juez federal de Washington suspendiera las medidas dictadas por la administración estadounidense en 2025 contra la abogada italiana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo cual dejó sin efecto la prohibición para que la relatora ingrese a Estados Unidos y cancelando las restricciones financieras vigentes en su contra.

Estados Unidos sancionó a Albanese en julio de 2025 en el marco del programa relacionado con la Corte Penal Internacional (CPI), después de que la relatora criticara la ofensiva israelí en Gaza y solicitara investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por autoridades israelíes y estadounidenses. Washington acusó entonces a la experta de la ONU de promover acciones legales contra aliados y funcionarios de Estados Unidos en tribunales internacionales.

El 13 de mayo, un tribunal federal de Washington había suspendido temporalmente las sanciones al considerar que posiblemente constituían una restricción inconstitucional contra la libertad de expresión.

La familia de Albanese, residente en Estados Unidos, denunció que las medidas impuestas afectaron la vida personal de la relatora, quien no pudo acceder a su hogar en Washington, donde vive su hija, ciudadana estadounidense.

La eliminación de las sanciones por parte del Tesoro contradijo la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, quien en febrero calificó a Albanese como promotora de una “guerra jurídica” contra Estados Unidos.

El juez de distrito Richard Leon suspendió la medida impuesta por la Administración Trump contra Francesca Albanese, de nacionalidad italiana, al considerar que las sanciones violaban sus libertades de la Primera Enmienda al dirigirse directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

El magistrado señaló que la medida también afectaba al esposo de Albanese, el economista italiano del Banco Mundial, Massimiliano Cali, y a la hija menor de ambos. Además, recordó que la Orden Ejecutiva que sancionó a la relatora de la ONU buscaba hacer frente a la “amenaza extraordinaria” que representarían los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para “investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas”, imponiendo sanciones a extranjeros que hayan participado directamente en esas acciones.

La confrontación de Albanese con Estados Unidos

El alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, Nikolay Mladenov, advirtió la semana pasada que el desarme del grupo Hamas en la Franja de Gaza es “no negociable” y que sin esa condición la reconstrucción del territorio resulta imposible. Mladenov reconoció que el alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre “no es perfecto” y registra violaciones “todos los días”.

El diplomático búlgaro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa ante la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) en Jerusalén Este, luego de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Mladenov subrayó que siete meses sin avances en la implementación del acuerdo no benefician ni a Israel ni a los palestinos.

“Tenemos un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas son muy graves”, afirmó. Añadió que estas infracciones tienen consecuencias concretas: “Significan que todavía se mata a civiles”.

Por su parte, la letrada italiana calificó a la Junta de Paz para Gaza como “lo opuesto” a una solución de paz, al considerarlo la continuación de una “limpieza étnica” bajo un nuevo disfraz diplomático. “El ‘Plan Trump’ (...) es continuar con la destrucción del pueblo palestino como tal en la poca tierra que les queda”, afirmó Albanese en una entrevista con EFE.

La relatora de la ONU sostuvo que es “necesario” crear una coalición alternativa a la llamada Junta de Paz y abogó por reforzar los mecanismos de justicia internacional. “El camino a la paz es respetar el derecho internacional, y no ha habido nada de eso”, afirmó.

Albanese criticó los planes de desarrollo comercial contemplados en el acuerdo: “El plan de reconstruir Gaza sobre fosas comunes, sobre una escena del crimen, sin tener en cuenta los derechos de propiedad ni lo que fue destruido... Es la anarquía elevada a sistema”.

(Con información de agencias)

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont permanece libre en Estados Unidos y con acceso a recursos económicos. El martes, el gobierno mexicano informó que, de 2018 a la fecha, la administración estadounidense ha rechazado 269 solicitudes de extradición. Entre ellas se encuentran las del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la comunicadora, quienes son prófugos de la justicia desde 2021.

Este revés, además de generar dudas sobre el paradero de la comunicadora, exhibió contradicciones en su proceso legal con base a reportes del gobierno federal.

El motivo de EEUU para rechazar la extradición

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, presentó una gráfica con casos de alto perfil.

Álvarez Puga e Inés Gómez Mont enfrentan cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizada para desviar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

Según el reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de EEUU rechazó la detención con fines de extradición del matrimonio al considerar que los delitos imputados por la FGR no son violentos.

A finales de 2025, el periodista Luis Chaparro informó que Álvarez Puga entró por vía marítima al país y solicitó formalmente asilo político.

En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Álvarez Puga afirmó temer regresar a México debido a una supuesta persecución política.

Formalmente, el gobierno mexicano solicitó la extradición en diciembre de 2025, cuatro años después de la fuga de Álvarez Puga y Gómez Mont.

Contradicciones del caso

En marzo de 2025, nueve meses antes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la FGR descongeló las cuentas de la comunicadora y el abogado en acatamiento a una orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitida en noviembre de 2023.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, subrayó que la fiscalía había identificado que la pareja radicaba en Miami y que se había solicitado su extradición.

“Se fueron a vivir a Estados Unidos; han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México en este momento. Esperamos que las cosas cambien y sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos”, indicó.

La falta de concordancia en fechas refuerza investigaciones periodísticas que ubican a la pareja en Miami desde 2021. Según El País, en julio de ese año, Álvarez Puga y Gómez Mont tramitaron un crédito hipotecario en Florida y dejaron como garantía dos residencias: una adquirida ese mes en Miami y otra comprada en 2019 en Palm Beach. El valor total de ambos inmuebles asciende a 11.3 millones de dólares, equivalentes a 219 millones de pesos.

Tras ser demandados por la empresa que les otorgó el préstamo, en 2023 transfirieron la propiedad de Miami a JBL Global Properties Corp., compañía presidida por Andrea Morán, cuñada de Álvarez Puga.

El estatus de Inés Gómez Mont

Infobae México consultó a funcionarios de la SRE para confirmar el estatus del proceso de extradición de Inés Gómez Mont, pero no obtuvo respuesta.

A pesar del hermetismo sobre su caso, las novedades en la situación legal de su esposo, acusado de los mismos delitos, refuerzan la versión de que la comunicadora sigue en Estados Unidos y no en Emiratos Árabes, como se sugirió a finales de 2025.

El gobierno de México confirmó que Estados Unidos rechazó la extradición del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, al considerar que los delitos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) no son violentos.

La revelación surgió durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, donde el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, expuso cifras sobre los procesos de extradición entre México y Estados Unidos.

Según el canciller, entre enero de 2018 y mayo de 2026, México presentó 269 solicitudes de extradición a autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ninguna se concretó.

Estados Unidos frenó la entrega de Álvarez Puga

El caso de Víctor Álvarez Puga volvió a colocarse en el centro de la discusión luego de que desapareció de los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, sin información oficial sobre su paradero.

El abogado enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. La FGR sostiene que él y Gómez Mont encabezaron una red de empresas factureras vinculadas con un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tras su detención migratoria en septiembre pasado, México insistió en obtener su extradición. Sin embargo, el gobierno federal reconoció ahora que Washington rechazó la entrega al considerar que los cargos presentados por la FGR no involucraban delitos violentos.

México reclama “reciprocidad” a Estados Unidos

Durante la exposición oficial, Pedro Velasco aseguró que solicitar información adicional o rechazar extradiciones forma parte de una práctica bilateral frecuente.

“Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado”, afirmó el subsecretario.

La presidenta Sheinbaum cuestionó públicamente por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 mexicanos requeridos por autoridades nacionales, entre ellos exgobernadores, presuntos operadores financieros y personas ligadas al caso Ayotzinapa.

“Las mismas reglas deben aplicar para todos”, sostuvo la mandataria.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense confirmó si Víctor Álvarez Puga permanece detenido, si obtuvo libertad migratoria o si fue trasladado a otra instancia judicial.

Durante su proceso en Estados Unidos, el abogado solicitó asilo político. En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, argumentó que teme regresar a México debido a una supuesta persecución por sus “posturas políticas conservadoras”.

Mientras tanto, el paradero de Inés Gómez Mont continúa sin conocerse oficialmente, pese a la ficha roja emitida por la Interpol desde 2021.

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, logró frenar su extradición a México tras solicitar asilo político en Estados Unidos y argumentar una supuesta persecución por sus “posturas políticas conservadoras”. El caso volvió al centro del debate luego de que el gobierno mexicano confirmó el 19 de mayo que Washington rechazó entregarlo a la Fiscalía General de la República (FGR).

EEUU rechaza 269 extradiciones solicitadas por México

Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, reveló que las autoridades estadounidenses consideraron que los delitos imputados al abogado “no son violentos”, motivo por el cual negaron la solicitud de extradición promovida por México.

Álvarez Puga enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. La FGR sostiene que él y Gómez Mont participaron en una red de empresas factureras vinculada con un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las claves de la permanencia de Álvarez Puga en EEUU

El abogado fue detenido en septiembre pasado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades migratorias. Sin embargo, durante su proceso legal presentó una solicitud de asilo político en Estados Unidos.

En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Álvarez Puga afirmó que teme regresar a México debido a una supuesta persecución política. También argumentó pertenecer a un “grupo social particular”, estrategia legal utilizada para intentar frenar su deportación o entrega a autoridades mexicanas.

La situación tomó mayor relevancia después de que el nombre del empresario desapareció del sistema público de localización de detenidos de ICE, sin que exista información oficial sobre si permanece bajo custodia, obtuvo libertad migratoria o fue transferido a otra instancia estadounidense.

Durante la misma conferencia, Pedro Velasco aseguró que la negativa estadounidense no representa un hecho extraordinario dentro de la relación bilateral.

“Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado”, declaró el funcionario.

Sheinbaum también cuestionó públicamente el nivel de cooperación de Washington en materia de extradiciones. Según cifras presentadas por la Cancillería, México realizó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos entre 2018 y mayo de 2026, pero ninguna prosperó.

“Las mismas reglas deben aplicar para todos”, sostuvo la mandataria.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

El caso también involucra a Gómez Mont, quien permanece prófuga desde 2021 pese a contar con una ficha roja de Interpol. Reportes periodísticos señalan que agentes migratorios localizaron a la conductora junto a su esposo en una residencia de Pinecrest, Florida, aunque no fue arrestada debido a la presencia de sus hijos menores.

Hasta ahora, ni autoridades estadounidenses ni mexicanas aclararon el paradero exacto de Víctor Álvarez Puga ni el estado actual de su proceso migratorio.

La extradición de Luis Ezequiel Then Martínez y Missaelle Morales Silvestre a Estados Unidos marca un nuevo episodio en la cooperación judicial contra el narcotráfico internacional.

Ambos ciudadanos dominicanos fueron entregados a las autoridades estadounidenses, que los acusan de integrar redes dedicadas al tráfico de sustancias ilegales y de introducir cocaína procedente de Sudamérica hacia dicho país.

La decisión fue formalizada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana, según comunicó la Presidencia Nacional, a través de los decretos 337-26 y 338-26.

El caso de Then Martínez lo involucra en diversos señalamientos, entre los que figuran asociación delictuosa en segundo grado, operar como traficante de drogas a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado, posesión criminal de una sustancia controlada en primer grado y tercer grado.

Por su parte, Morales Silvestre enfrenta cargos por asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

De acuerdo con la información suministrada, la imputación sostiene que Morales Silvestre actuó “con la intención, el conocimiento y la creencia razonable de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde lugares fuera de los Estados Unidos, incluyendo Colombia”.

Los decretos que sustentan estas extradiciones reflejan la respuesta oficial frente a los requerimientos judiciales de Estados Unidos. La tipificación de los delitos atribuidos a ambos acusados apunta a su presunta participación activa en cadenas de distribución y logística de drogas, así como en operaciones estructuradas de tráfico ilícito a gran escala.

La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos en materia penal se ha intensificado con diversas extradiciones en los últimos meses, reafirmando la vigencia de los acuerdos bilaterales y la voluntad de ambos países de combatir el crimen organizado trasnacional.

República Dominicana extraditó a cuatro ciudadanos por delitos de narcotráfico y otros cargos

El 14 de abril, cuatro ciudadanos dominicanos fueron autorizados para su extradición a Estados Unidos y Puerto Rico. Los cargos presentados abarcan una gama de delitos, entre ellos narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de activos y distribución de material de explotación sexual infantil. Así lo informó la oficina de prensa del Palacio Nacional, precisando que las órdenes de entrega fueron formalizadas mediante el decreto 240-26.

Uno de los extraditados, Frank Maiky Báez Guerrero, fue requerido por la justicia federal del estado de Massachusetts. Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta relación con una organización delictiva dedicada tanto al narcotráfico como al lavado de activos.

El expediente en su contra describe implicaciones en distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, así como conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.

En la misma operación se ordenó la extradición de Carlos Manuel Martínez De León, solicitado por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Martínez De León enfrenta 22 cargos vinculados a la distribución de material de explotación sexual infantil, lo que lo convierte en uno de los extraditados con el mayor número de imputaciones.

El bloque de extradiciones de mediados de abril responde a un contexto de creciente presión internacional para enfrentar el tráfico de sustancias controladas y los crímenes conexos.

Este proceso incluyó acusaciones diversas, reflejando la complejidad de los delitos transnacionales que vinculan a ciudadanos dominicanos con redes criminales repartidas entre Estados Unidos y el Caribe.

En 2022, Europa se vio obligada a tomar decisiones. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el continente logró desconectarse casi por completo de los gasoductos de Moscú y sustituirlos en tiempo récord por barcos cargados de Gas Natural Licuado (GNL) provenientes de otros países del mundo. Pero ahora, cuatro años después, aquella solución de emergencia no ha salido como se esperaba. Con el reciente comienzo del conflicto en Oriente Medio y el consecuente bloqueo del estrecho de Ormuz, se ha paralizado prácticamente una quinta parte del gas mundial. Europa ya no depende de la voluntad de Rusia, pero ha comprobado que el libre mercado global puede tener sorpresas.

La crisis actual comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra Irán. La respuesta de la Guardia Revolucionaria Islámica fue el cierre por la fuerza del estrecho de Ormuz. Y, al mirar el mapa, la magnitud del desastre logístico es evidente, ya que se trata de un corredor marítimo que mide apenas 54 kilómetros de ancho en su punto más estrecho.

Además, por ese estrecho transita aproximadamente el 20% de las exportaciones mundiales de GNL, provenientes fundamentalmente de potencias energéticas como Qatar y Emiratos Árabes Unidos. El verdadero drama para la seguridad energética global es que no existe un Plan B, y el 93% de los envíos de Qatar y el 96% de los de Emiratos Árabes pasan por ese embudo, sin que exista ninguna otra ruta marítima alternativa ni gasoductos secundarios que permitan esquivarlo. Tal y como señala el último informe realizado por un grupo de académicos de la Universidad de Oxford, El cierre del estrecho de Ormuz agrava el trilema del gas natural en Europa, el bloqueo supone “la retirada efectiva de una quinta parte del suministro mundial de GNL del mercado”.

Facturas inasumibles, no apagones

Pero, pese a este escenario, Europa no va a quedarse sin gas para calentar o encender la luz, al menos de momento. La principal amenaza de este panorama es, en realidad, un alza de los precios sin precedentes. Al huir de los contratos a largo plazo rusos, Europa tuvo que acudir a los mercados al contado (conocidos como mercados spot) de GNL, donde tiene que competir, como si fuera una subasta, con gigantes asiáticos como China, Japón o Corea del Sur para atraer a los barcos hacia sus puertos.

Dado que en el sistema eléctrico europeo, el gas natural es el encargado de fijar el precio marginal de la electricidad, cualquier encarecimiento del GNL se traslada de forma automática e inmediata al recibo de la luz. Esto significa que, aunque no haya apagones, nos enfrentamos a posibles recibos inasumibles que amenazan con empujar a la quiebra a industrias enteras (como la cerámica, la química o la siderúrgica) y arrastrar a millones de familias a la pobreza energética.

¿Y si Estados Unidos nos cierra el grifo?

Las previsiones económicas son desoladoras si el conflicto continúa durante mucho tiempo. El estudio de Oxford apunta a que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante seis meses, los precios del gas de importación en Europa escalarían hasta los 28,4 dólares por millón de unidades térmicas británicas ($/MMBtu), más del doble de la media registrada en el año 2024.

Y el escenario podría empeorar. Estados Unidos se ha convertido en el gran proveedor que ha salvado a Europa en los últimos años. Si, ante el encarecimiento global del gas, el gobierno estadounidense decidiera reducir sus exportaciones para proteger su propia economía y frenar la inflación interna, las consecuencias serían devastadoras. Los datos muestran que una simple reducción del 15% en las exportaciones de GNL de EEUU catapultaría los precios en Europa hasta los 54,9 $/MMBtu, superando incluso los peores picos históricos de precios vividos durante la crisis de 2022.

Frente a este desastre, la Unión Europea está atada de pies y manos. Si Europa decide reducir unilateralmente su consumo de gas en un 10%, los precios globales apenas bajarían. Al final, las acciones individuales de un solo continente ya no sirven para domar un mercado globalizado.

La transición verde ya no va de clima, va de seguridad nacional

Según el estudio, “la diversificación de proveedores por sí sola no es suficiente”. La única salida real para que Europa deje de vivir secuestrada por terceros es una transformación estructural de su sistema energético. Acelerar el despliegue de energías renovables, apostar por la electrificación masiva de la industria y llenar los hogares de bombas de calor ya no es solo una solución ecológica, sino un tema de seguridad nacional y económica.

Tal y como concluyen los expertos después de analizar el colapso de Ormuz, “la única cobertura fiable contra los altos precios del gas es necesitar menos gas”.

Gerardo Rincón Flores, abogado que representa a Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, desmintió este martes la autenticidad de las cartas enviadas en las últimas semanas a la Corte de Brooklyn, justo cuando se dieron a conocer cuatro nuevas misivas en las que el exlíder del Cártel de Sinaloa se dice inocente y pide ser devuelto a México.

“Yo te puedo decir que son falsas, te lo puedo asegurar, porque sé cómo firma el señor, sé cómo escribe”, afirmó Rincón Flores en entrevista con Adela Micha.

Las cuatro cartas más recientes, fechadas entre el 11 y el 15 de mayo y presentadas ante la corte este 19 de mayo de 2026, fueron dadas a conocer por el periodista Keegan Hamilton a través de redes sociales. En ellas, el presunto remitente se describe como “un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de Estados Unidos” y solicita un nuevo juicio, la activación de una cláusula de extradición para regresar a México y permiso para recibir la visita de sus hijas gemelas.

Los documentos fueron dirigidos a jueces, al secretario de Estado Marco Rubio y al que el presunto autor llama “gobernador de Brooklyn”, confundiendo el cargo con el de alcalde

Esta oleada de cartas inició en abril de 2026 desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde Guzmán Loera cumple cadena perpetua desde 2019.

En otra de las misivas, el presunto autor invoca la “First Step Act”, una disposición legal aprobada en 2018 que busca reducir la reincidencia y mejorar las condiciones en los penales de Estados Unidos.

El presunto autor también acusa que “el jurado de mi juicio fue intimidado desde el punto de vista judicial para una desestimación de mi caso por la falta de evidencia contundente” y que su extradición desde México fue ilegal.

¿Qué dijo el abogado?

Rincón Flores argumentó que la falsedad de las cartas se evidencia en el idioma en que fueron redactadas. “No tiene la preparación, los estudios suficientes para escribir normalmente, porque le faltó más estudio, vamos a decirlo así. Y es imposible que si no sabe el español, que es su lengua, ¿cómo va a saber el inglés?”, dijo el abogado a La Saga.

Añadió que los documentos que le fueron firmados y apostillados desde Estados Unidos para acreditar su representación en México muestran claramente la forma en que Guzmán Loera escribe y firma, lo que le permite detectar las diferencias.

El abogado también advirtió que los manuscritos apócrifos generan un daño a la defensa del capo: “Totalmente en desacuerdo con esas cartas, que en lugar de ayudar, perjudican”.

Señaló que la situación ya fue notificada a las autoridades y al equipo legal en Estados Unidos, encabezado por Jeffrey Lichtman y del que forma parte la abogada Mariel Colón. “No, son falsas, ya se dio vista, ya se enteró la autoridad, ya lo sabe”, sostuvo.

La duda sobre la autenticidad de las cartas no es nueva. El medio especializado en seguridad Pie de Nota, encabezado por el periodista Luis Chaparro, reportó previamente que una fuente del centro penitenciario aseguró que “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”, lo que abrió una investigación sobre los manuscritos.

La duda sobre la autoría de las cartas también fue planteada por Lucero Sánchez,expareja sentimental de Guzmán Loera, en una entrevista con Adela Micha.

“La Chapodiputada”, quien asegura tener en su poder cartas escritas por el capo, fue tajante: “La letra esa que se ve en las imágenes de las cartas no es la letra de él. Él escribe letra cursiva. Yo conozco muy bien su letra, tengo varias cartas de él, no es como que él escriba letra individual, él escribe solo cursivo”. Cuando Micha le preguntó si Guzmán Loera habría aprendido inglés, Sánchez respondió:“Mmm, no creo”, y añadió sobre la autoría de los documentos: “No es su letra. A lo mejor tal vez sea de su abogado”.

Por su parte, Lichtman declaró a Telemundo que “nadie de mi oficina ha visitado al Sr. Guzmán mientras ha permanecido recluido en ADX Florence”, también en alusión al reciente escándalo donde se presumió que “El Chapo” logró contactar a sus hijos desde prisión.

Rincón Flores lleva dos meses como abogado de “El Chapo”

Rincón Flores, presidente del Colegio Nacional de Abogados y originario de Monterrey, Nuevo León, tomó la representación de Guzmán Loera en México hace apenas dos meses. Fue contratado por la familia del capo y por la abogada Mariel Colón, quien sigue siendo la abogada autorizada en Estados Unidos.

El abogado aclaró que su enfoque no es la defensa de los delitos por los que fue condenado Guzmán Loera, sino la revisión del proceso de extradición de 2017 —ocurrida el 19 de enero de ese año, cuando todavía era presidente Enrique Peña Nieto— y la denuncia de presuntas violaciones a derechos humanos.

Salud de El Chapo y cómo vive en ADX Florence

Con base en información proporcionada por Mariel Colón y el equipo legal en Estados Unidos, Rincón Flores describió las condiciones en que vive Guzmán Loera en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado. “Está, podría decir, en una parte oscura con climas que no le ayudan a ningún ser humano”, dijo a La Saga.

Señaló que el capo padece presión alta, un colapso mental fuerte y que está sometido a cambios bruscos de temperatura, aislamiento total y sin acceso a luz del día ni aire libre.

“La tortura no es parte de un proceso, porque si es tortura, entonces no hay justicia. Está sentenciado, pero no puedes aislarlo totalmente”, afirmó el abogado.

Aclaró que la defensa no busca condiciones privilegiadas para su cliente: “No estamos viendo ni pidiendo que se le ponga en un lugar privilegiado. Simplemente, tiene que ver el sol algún tiempo, tiene que salir al aire algún tiempo”. Rincón Flores dijo que él mismo ha sido víctima de secuestro, balaceras y atentados personales y contra su familia, lo que, dijo, lo hace entender la importancia de defender los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de sus actos.

Rincón Flores relató que ha encontrado resistencia en las autoridades mexicanas al intentar avanzar en la revisión del proceso de extradición. Intentó entregar documentos a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También presentó información ante la FGR, Relaciones Exteriores y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sin obtener respuesta. Jueces federales ante los que acudió se declararon incompetentes para conocer el caso. “No voy a quitar el dedo del renglón porque busco únicamente justicia a los derechos humanos de cualquier ser humano, en este caso del señor Guzmán Loera”, sostuvo. Ante el bloqueo institucional, el abogado prepara acciones ante instancias internacionales de derechos humanos en Ginebra.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, informó que continúa manteniendo reuniones con inversionistas estadounidenses con el objetivo de crear alianzas con el Gobierno venezolano liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Barrett señaló que la semana pasada sostuvo encuentros con representantes de la energética ExxonMobil y de la cadena de dispositivos y servicios médicos Medtronic.

“Esta última semana seguí reuniéndome con inversores y líderes empresariales estadounidenses para recoger sus opiniones mientras construimos un entorno estable y competitivo”, expresó Barrett, según la cuenta de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El diplomático destacó que “estas alianzas son el motor del plan de tres fases” de la Casa Blanca para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. “Y (son) la clave de nuestra prosperidad compartida”, añadió.

Luego de la detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar, las relaciones entre Caracas y Washington cambiaron, en un contexto en que el presidente Donald Trump manifestó interés en el petróleo y el oro venezolano. Ambos países anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reactivación de la conexión aérea suspendida desde hace siete años y la firma de acuerdos energéticos con participación de Chevron y ExxonMobil.

Desde su llegada a Venezuela el 23 de abril, en reemplazo de Laura Dogu, Barrett mantuvo reuniones con representantes del sector energético tanto nacionales como extranjeros, con el objetivo de evaluar y crear condiciones para nuevas inversiones. Luego de la llegada de Barrett a Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó su intención de continuar la agenda de trabajo con Estados Unidos.

Barret se reunió con autoridades del Ministerio de Energía venezolano para abordar mejoras en el servicio eléctrico, afectado por una crisis prolongada.

La Embajada estadounidense informó el domingo que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabaja para conectar más ciudades de Venezuela con Estados Unidos, tras finalizar una evaluación en dos aeropuertos del país suramericano.

El encargado de negocios de EEUU instó a finales de abril a los miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica”, tras la apertura del sector energético venezolano y el fin de varias regulaciones impuestas por Washington. “Juntos, estamos construyendo una nueva Venezuela, profundamente ligada a nuestra región”, expresó.

El diplomático afirmó que el sector privado, incluida la inversión estadounidense, representa el “motor de la transformación de Venezuela en un centro energético mundial, y un pilar esencial para la estabilización y la recuperación económica”.

Por otra parte, Barrett que las empresas privadas estadounidenses y venezolanas se encuentran listas para impulsar la fase de recuperación económica en Venezuela. La declaración tuvo lugar tras una reunión con la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (Venamcham).

“Nuestra prioridad: un entorno empresarial de alto nivel y preparado para la inversión”, señaló. Además, indicó que su primer encuentro con Venamcham confirma la disposición de los empresarios de ambos países para avanzar en esta etapa, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los temas tratados en la reunión.

Dentro de su carrera diplomática, previamente a su llegada a Venezuela, Barrett se desempeñó como encargado de negocios en Guatemala desde enero de 2026 y como ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde mayo de 2023.

(Con información de EFE)

Las autoridades de Guatemala informaron sobre la entrega en extradición a Estados Unidos de un sujeto que estaría relacionado con actividades del crimen organizado. Los reportes periodísticos indican que estaba relacionado con el Cártel de Sinaloa.

“Tras cumplir con los procesos jurídicos en Guatemala, el extraditable Audias Juncos Vásquez, alias “Cachetes”, fue entregado a la justicia de EE.UU. para responder ante un tribunal de ese país por delitos relacionados al narcotráfico“, es parte del mensaje de las autoridades guatemaltecas compartido el 19 de mayo.

El hombre fue detenido el pasado 26 de febrero en San Marcos durante un operativo de la Policía de Guatemala, mientras que la entrega a las autoridades de EEUU fue realizada el 19 de mayo.

Señalado por reclutar elementos de la Marina de Guatemala

Las investigaciones establecen que Juncos Vásquez integraba una organización criminal activa desde 2022 con operaciones que abarcan el corredor entre México y Guatemala.

En dicha ocasión, las autoridades lo señalaron, además, como el presunto responsable de reclutar marinos guatemaltecos para el transporte de drogas por vía marítima, una función que habría desempeñado dentro de un esquema más amplio orientado a escalar el volumen y alcance de sus actividades ilícitas.

El caso, según destacan los informes de la agencia EFE, refleja la dinámica de los grupos transnacionales que utilizan Guatemala como punto estratégico para el traslado de cargamentos ilícitos desde Suramérica hacia territorio estadounidense.

La ubicación geográfica del país, con rutas marítimas y terrestres que convergen en la frontera con México, lo ha convertido en un eslabón dentro de las cadenas logísticas de los carteles internacionales.

La Fiscalía de Guatemala advirtió que estas redes reclutan regularmente personal local especializado —como marinos— para garantizar el transporte y la entrega de grandes volúmenes de cocaína. La estructura identificada desde 2022 refuerza las alertas sobre la sofisticación y la persistencia de estos grupos en la región centroamericana.

El caso de “Don Darío”

Por su parte, en enero pasado, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió la búsqueda a través de su cuenta de X, donde publicó la imagen del sujeto, conocido bajo los alias Don Darío, Molis, Sombrero y Botas.

Los cargos en su contra incluyen conspiración internacional de narcotráfico, intentos de importación ilegal de cocaína a territorio estadounidense y distribución de drogas a bordo de una embarcación. El último registro de su paradero lo ubica en Agua Zarca, en el departamento de Huehuetenango, en la región noroccidental de Guatemala.

El Departamento de Estado señala a Molina López como el responsable de supervisar la totalidad de las operaciones de tráfico de drogas de Los Huistas, organización que opera principalmente en la región de Huehuetenango. Además, se le atribuye el control del traslado sistemático de millones de dólares en ganancias del narcotráfico desde México hacia Guatemala. Según las investigaciones, el grupo actúa como proveedor del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido en el mundo entero como “El Chapo”, acumula ya once cartas manuscritas presentadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Este de Nueva York en las que pide su liberación, un nuevo juicio y su extradición a México.

Las cuatro más recientes fueron recibidas este martes 19 de mayo de 2026 por la Oficina Pro Se del tribunal en Brooklyn y posteriormente reveladas por medios de comunicación.

El exlíder del Cártel de Sinaloa cumple cadena perpetua más 30 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

En una de las cartas conocidas este martes, Guzmán Loera sostuvo que el jurado de su juicio fue “intimidado” por la postura judicial y volvió a invocar la First Step Act para pedir su liberación “bajo la Ley de Violaciones”, sin precisar a qué norma se refería con ese término.

En otra, argumentó que sus derechos fueron vulnerados y describió su escrito como “una carta de carácter político sobre el uso indebido de la Ley de Derechos”.

En ambos documentos se presentó como “un ciudadano inocente de México” y responsabilizó al gobierno mexicano de la violencia que le fue atribuida.

El juez Brian Cogan, quien presidió el juicio de “El Chapo” en 2019, ha respondido a las solicitudes del narcotraficante, señalando que algunos de los escritos carecían de sentido y que ninguno tenía fundamento jurídico, por lo que denegó.

La mención a la First Step Act no es nueva en los escritos de Guzmán. En la carta revelada el pasado 13 de mayo, el exlíder del Cártel de Sinaloa ya había invocado la norma al solicitar su liberación “bajo la ley ‘1st Stop Act”.

La autenticidad de los manuscritos fue puesta en duda por el periodista Luis Chaparro en Pie de Nota, cuya fuente al interior del penal afirmó que “todo apunta a que no están siendo enviadas por él”.

La First Step Act fue diseñada para delitos no violentos y de bajo riesgo

Según datos consultados por este medio, la First Step Act fue promulgada el 21 de diciembre de 2018 por el presidente Donald Trump como la reforma más amplia del sistema penal federal estadounidense en décadas.

Surgió de una coalición bipartidista en el Congreso y tuvo tres objetivos:

• Reducir la población penitenciaria federal
• Aliviar los efectos del encarcelamiento masivo por delitos de drogas
• Mejorar las condiciones de rehabilitación dentro de las prisiones federales

La ley introdujo tres mecanismos principales de reducción de penas.

Amplió los créditos de “buena conducta” de 47 a 54 días por año de condena.

Además, creó créditos de tiempo acumulables por participar en programas de rehabilitación, educación o formación laboral.

Y por último, aplicó de forma retroactiva el Fair Sentencing Act de 2010, que redujo la disparidad entre penas por crack y cocaína en polvo.

Para acceder a los beneficios de liberación anticipada, la ley exige que el recluso sea clasificado en las categorías de riesgo mínimo o bajo mediante el algoritmo PATTERN, una herramienta que evalúa el historial criminal, la edad al momento del delito y el comportamiento dentro de la prisión.

La norma excluye expresamente de sus beneficios a personas condenadas por terrorismo, delitos sexuales y ciertas categorías de crimen organizado.

La condena de Guzmán lo coloca fuera del alcance de la ley que invoca

Guzmán Loera fue condenado en julio de 2019 por un jurado de Brooklyn por dirigir una empresa criminal continua —el Cártel de Sinaloa—, tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, uso de armas y lavado de dinero.

Según datos consultados, el perfil de condena de “El Chapo” corresponde exactamente a las categorías que la First Step Act excluye de sus mecanismos de reducción de pena y liberación anticipada.

En las cartas conocidas este martes, Guzmán invocó además una “Política de Dimensión Extranjera” y una “Ley de Derechos” sin referencia jurídica precisa.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, evitó pronunciarse sobre el paradero del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de ser cuestionada por medios de comunicación durante un encuentro relacionado con la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Al término de la conferencia encabezada por la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República, la funcionaria respondió con evasivas a las preguntas sobre Rocha Moya, quien permanece fuera de la vida pública desde inicios de mayo.

Esto tras darse a conocer investigaciones en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“No, no hay ninguna absolutamente nada en el tema de Rocha Moya”, respondió inicialmente la titular de Segob.

Sin embargo, al insistir los reporteros sobre si Gobernación conocía el paradero del mandatario estatal, Rodríguez respondió: “¿Y yo por qué? Gobernación está encargada de hablar por los gobernadores”.

La secretaria también rechazó hacer llamados públicos o confirmar si ha intentado comunicarse con el morenista. “Yo no hago llamados”, dijo antes de retirarse del lugar.

Investigación de EU contra políticos de Morena en Sinaloa

El caso tomó relevancia luego de que el pasado 29 de abril la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York informara sobre investigaciones contra 10 políticos y exfuncionarios vinculados a Morena por presuntamente brindar protección a la facción criminal de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Un día después de que se hicieran públicas las indagatorias, Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo como gobernador de Sinaloa. Desde entonces, no ha realizado apariciones públicas y existen distintas versiones sobre su ubicación.

Mientras autoridades estatales sostienen que permanece en Sinaloa, reportes periodísticos señalan que podría encontrarse bajo resguardo federal o incluso en instalaciones militares como medida de protección.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó recientemente que el mandatario con licencia sigue en territorio sinaloense y cuenta con medidas de seguridad federales preventivas.

Enrique Inzunza rechaza acusaciones y niega buscar abogados

Otro de los señalados por las autoridades estadounidenses es el senador morenista Enrique Inzunza, quien aseguró públicamente que las acusaciones son falsas.

A través de redes sociales, el legislador negó haber tenido contacto con autoridades extranjeras y descartó contratar defensa legal.

“Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad”, escribió el senador, quien también ha insistido en que permanece en Sinaloa.

Exfuncionarios detenidos y separaciones del cargo en Sinaloa

Dentro de las investigaciones destaca la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, acusado de conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento.

También se entregó a autoridades estadounidenses Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas estatal, señalado presuntamente de colaborar con integrantes de “Los Chapitos”.

En paralelo, otros funcionarios han solicitado separarse temporalmente de sus cargos, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal sinaloense Dámaso Castro Saavedra.

Esto es de lo que se les acusa:

• Presunta protección a integrantes de “Los Chapitos”.
• Supuestos sobornos para favorecer operaciones del crimen organizado.
• Entrega de información sobre adversarios políticos.
• Conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos.
• Presunta colaboración con estructuras del Cártel de Sinaloa.
• Protección institucional desde corporaciones policiacas estatales y municipales.
• Presuntos pagos mensuales de grupos criminales a mandos de seguridad.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Moya, Inzunza y otros implicados en las investigaciones abiertas por autoridades estadounidenses.

SEGOB y FGR anuncian recorridos con colectivos de búsqueda

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez ocurrieron tras una conferencia enfocada en las acciones del Gobierno federal para atender la crisis de desapariciones en el país.

Durante el encuentro, Segob informó que recorrerá seis regiones de México junto con la Fiscalía General de la República para reunirse con colectivos y familias buscadoras.

La dependencia también anunció la instalación de un centro de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda y respaldado por instituciones federales de seguridad.

Asimismo, se detalló que la Plataforma Única de Identidad ha permitido localizar a 5 mil 898 personas desde octubre de 2025, mediante el cruce de bases de datos oficiales.

Quizá como consumidor el nombre de Mondelēz Snacking México te suena poco, pero qué tal si te decimos que son los dueños de marcas como Oreo®, Trident®, Philadelphia®, Paleta Payaso® Dulces Vero® y Bubulubu®, ¡mucho más claro!

Así es, Mondelēz Snacking México es una empresa líder en snacks en el mercado nacional y este noviembre celebró su primer aniversario con su nuevo nombre, luego del anuncio sobre la adquisición de Ricolino en noviembre de 2022.

La compañía ha aprovechado esta ocasión para festejar a lo grande y reafirmar su compromiso con México al anunciar una inversión de 75 millones de dólares en México, que le permitirá construir capacidades para operar como una sola compañía en todas sus áreas.

“Han sido doce meses de trabajo intenso, pero también de emoción y aprendizaje en el que hemos obtenido resultados muy positivos. Hoy podemos celebrar estos logros y compartir el futuro dulce y brillante que vemos para nuestro negocio como líderes del segmento de confitería en México” señaló Oriol Bonaclocha, presidente de Mondelēz Snacking México, en un evento donde estuvo también Diego Recalde, vicepresidente de Mercadotecnia de la compañía.

En este sentido, la compañía anunció que seguirá trabajando para ampliar sus horizontes y llevar un poco de México al mundo, al operar el negocio de Ricolino Estados Unidos desde nuestro país. Con ello, busca elevar su presencia en el mercado hispano de EEUU, un segmento con gran potencial de crecimiento y que involucra a más de 60 millones de habitantes.

Como parte de los festejos, Mondelēz Snacking México aprovechó para inaugurar, al lado de autoridades del Estado de México, su nuevo Centro de Experiencia de Marca en Tlalnepantla, el cual requirió una inversión de un millón de dólares. El espacio será el nuevo centro de mando del área de Food Service & Solutions, encargada de co-crear recetas e innovaciones favoritas de los consumidores como los cheesecakes de Sam’s Club, los Blizzards de Oreo, y más de 150 productos nuevos que tan solo este 2023 desarrollaron para más de 40 operadores.

A un año de la unión de Mondelēz México y Ricolino, la compañía se prepara para cerrar un año sin precedentes en su historia. Posicionando a México como un mercado en crecimiento, creciendo su plantilla laboral a 11000 colaboradores y convirtiéndose en el motor de crecimiento para la región de Latinoamérica.

Nuevamente, Joaquín El Chapo Guzmán envió cartas a las autoridades de la Corte de Brooklyn, Estados Unidos. En el material, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa asegura ser inocente.

Dichas cartas fueron compartidas el 19 de mayo a través de redes sociales por el periodista Keegan Hamilton.

“Soy un ciudadano inocente de México al que se le han violado los derechos de política exterior conforme a las leyes de EEUU”, se puede leer en una de las cuatro misivas dadas a conocer. El material busca un juicio equitativo e imparcial.

Uno de los documentos es presentado como una carta que señala el mal uso (misuse) de la aplicación de las leyes de EEUU.

El jurado de mi juicio fue intimidado desde el punto de vista judicial, y la falta de pruebas no fue suficiente para desestimar mi caso

Joaquín Guzmán Loera

La Ley “First Step”

El objetivo del Chapo, según puede leerse en las cartas es poder ser liberado conforme a las leyes, incluso menciona la Ley First Step, una disposición legal aprobada en 2018 que tiene como objetivo reducir la reincidencia y mejorar las condiciones en los penales, según documenta la organización First Step Alliance.

“La Ley First Step juega un papel en mi caso al cumplir con los criterios para la liberación bajo la Ley de Violación”, destaca uno de los textos del Chapo.

El envío de las cartas sucede luego de que el periodista Luis Chaparro revelara que detrás de las mismas no estaría Guzmán Loera, según fuentes citadas por el comunicador.

El Chapo insiste en su extradición y en un nuevo juicio

En otra de las cartas, Guzmán Loera solicita al Tribunal del Distrito Este una extradición legal para que pueda regresar a México.

“La apelación para un nuevo juicio también ha sido solicitada en mi moción conforme a las leyes de EE. UU., que no fue probada en el tribunal de justicia en mi caso, al ser sobreseído por falta de pruebas contundentes”.

Es en la tercera carta que El Chapo busca obtener beneficios tales como el permiso para que pueda ser visitado por sus hijas gemelas.

Mientras que en otra de las misivas, El Chapo asegura que lucha en un proceso de dos partes entre México y EEUU.

“La ley en mi nombre está siendo abusada en mi política exterior al cargarme cargos para ambos países, lo cual no es la manera en que la ley funciona en los tribunales federales”.

Las cuatro cartas cuenta con el sello de recibido con la fecha del 19 de mayo y cada una es atribuida al Chapo Guzmán, quien está recluido en ADX Florence, una cárcel de máxima seguridad en EEUU.

En diversas ocasiones, han sido publicadas cartas atribuidas a Joaquín Guzmán Loera. El pasado 4 de mayo fue compartido un documento con fecha del 23 de abril con el que el hombre solicitaba ser extraditado.

De los 38 acusados que el Distrito Sur de Nueva York reunió en el expediente S9 23 Cr. 180 contra la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, seis personajes se encuentran muertos, 12 están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y el resto permanece prófugo.

El expediente, construido desde el 4 de abril de 2023, cubre toda la cadena de suministro del narcotráfico: desde los líderes de la organización hasta proveedores de precursores químicos en China, pasando por jefes de sicarios, operadores financieros y funcionarios mexicanos que, según la acusación, garantizaron la impunidad del cártel a cambio de millones de dólares en sobornos.

La acusación original imputó a 28 personas. El 29 de abril de 2026, una acusación de reemplazo firmada por el fiscal Jay Clayton y aprobada por un gran jurado incorporó a diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno y las policías de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Los cargos incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos, y, en el caso del comandante municipal Juan Valenzuela Millán, secuestro con resultado de muerte.

El expediente documenta la red que convirtió al Cártel de Sinaloa en la principal fuente del fentanilo que llega a Estados Unidos. El fentanilo es un opioide sintético más de 50 veces más potente que la heroína y durante la última década se convirtió en la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años.

Desde 2023, el desmantelamiento de la red ha avanzado por distintas vías: detenciones en Guatemala, Colombia, Grecia y México, extradiciones y entregas, acuerdos de culpabilidad negociados con el Departamento de Justicia, y una serie de ejecuciones.

Seis acusados murieron antes de enfrentar la justicia

El primero en caer fue Luis Javier Benítez Espinoza, alias “El Catorce”, fue encontrado muerto en septiembre de 2023 afuera de la clínica 36 del IMSS del Humaya, en Culiacán, con balazos en diferentes partes del cuerpo. El Departamento de Estado ofrecía un millón de dólares por su captura.

Aproximadamente en septiembre de 2022, El Catorce había comenzado a negociar la venta de pastillas de fentanilo a un comprador en Estados Unidos, declarando abiertamente que trabajaba para Los Chapitos y para Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Martín García Corrales, alias “Tano” o “Cachuchas”, hallado muerto el 17 de agosto de 2024 sobre la carretera que conecta Elota con Cosalá, en Sinaloa. Estaba maniatado, con los ojos cubiertos con cinta adhesiva y con signos de tortura, junto a otros dos individuos cuya identidad no fue confirmada oficialmente. El Departamento de Estado ofrecía cuatro millones de dólares por su captura. Las autoridades estadounidenses lo identificaban como supervisor de laboratorios de fentanilo y responsable de la seguridad del cártel, cercano tanto a El Mayo Zambada como a Los Chapitos.

Mario Alberto Jiménez Castro, alias “El Kastor”, fue asesinado la noche del 2 de febrero de 2025 en el fraccionamiento Villas San Fernando de Calimaya, Estado de México. Un sujeto encapuchado cruzó la vialidad, se acercó a la víctima y disparó al menos 12 veces. Subió a un Sedán vino que lo esperaba y escapó. El Kastor era operador financiero de Los Chapitos y coordinaba la recolección de dinero de traficantes en Estados Unidos para transferirlo a través de billeteras de criptomonedas. Se ofrecía un millón de dólares por su captura.

Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “El 27” o “La Perris”, fue abatido por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano el 23 de mayo de 2025 en Navolato, Sinaloa, en un operativo en el que los militares actuaron, según las autoridades, en legítima defensa. Figueroa Benítez había sido jefe de seguridad de El Nini y coordinador del aparato armado de Iván Guzmán. Según reportes de inteligencia, antes de su muerte habría intentado cambiar de bando y filtrar ubicaciones de operadores a sus rivales.

Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos con recompensa de cuatro millones de dólares, fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luaú de la Zona Rosa de la Ciudad de México. Había llegado a la capital dos días antes desde Mazatlán. Esa tarde acudió a misa con su madre. En la noche, un sicario con gorra y cubrebocas entró al restaurante, disparó al menos 12 veces contra la mesa donde El Panu cenaba con su esposa, sus hijos, su madre y un primo, y escapó en motocicleta hacia Paseo de la Reforma.

El 22 de diciembre de 2025, un día después del asesinato de El Panu, Alan Gabriel Núñez Herrera fue hallado atado y con impactos de bala en Culiacán. La DEA lo identificaba como operador logístico de Los Chapitos y ofrecía un millón de dólares por información que llevara a su arresto. En 2022 había suministrado 20,000 pastillas y varios kilogramos de fentanilo que fueron incautados por la agencia en California y Los Ángeles.

Doce acusados están bajo custodia

Doce de los 38 acusados están hoy bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sus detenciones se produjeron en Grecia, Guatemala, Colombia y distintos puntos de México entre 2023 y 2026, en operativos coordinados por la DEA, la FGR y agencias de seguridad de varios países. Algunos ya se declararon culpables; otros aún esperan sentencia.

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue detenido en Culiacán en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año. Se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y tráfico de drogas en julio de 2025 y acordó pagar 80,000,000 de dólares. Su audiencia de sentencia está programada para el 27 de julio de 2026 ante la jueza Sharon Johnson Coleman en Chicago.

Ana Gabriela Rubio Zea, alias “Gaby”, empresaria guatemalteca que actuaba como enlace entre los proveedores chinos de precursores químicos y el cártel, fue extraditada a Estados Unidos en julio de 2023. Se declaró culpable y fue sentenciada a seis meses de prisión.

Anastacio Soto Vega, alias “Tachin”, fue arrestado en Atenas, Grecia. Documentos judiciales revelan que en diciembre de 2022 viajó personalmente a Viena, Austria, para inspeccionar armas de grado militar en nombre de los hermanos García Corrales.

En octubre de 2023, Humberto Beltrán Cuen, alias “Don Chino”, y Sergio Duarte Frías fueron extraditados a Estados Unidos desde Guatemala, donde habían sido detenidos en marzo de ese año. Don Chino pretendía enviar aproximadamente 500 rifles, 500 pistolas y 20 granadas impulsadas por cohete a México, y utilizaba criptomonedas para lavar las ganancias del narcotráfico. Duarte Frías enfrentaba cargos por lavado de dinero y conspiración para importar fentanilo.

Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe máximo del aparato armado de Los Chapitos, fue detenido el 22 de noviembre de 2023 en la colonia Colinas de la Rivera, al norte de Culiacán, por fuerzas armadas mexicanas. La DEA ofrecía tres millones de dólares por su captura. Fue extraditado a Estados Unidos, donde su proceso se lleva en total hermetismo.

Leobardo García Corrales, alias “Leo”, fue detenido el 3 de abril de 2025 en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, en un operativo de la FGR coordinado con la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y la SSPC. La DEA ofrecía cuatro millones de dólares por su captura. Fue entregado a las autoridades estadounidenses en agosto de 2025.

Entre enero y marzo de 2026, cuatro operadores cambiaron su declaración de no culpable a culpable ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Carlos Omar Félix Gutiérrez, capturado en el aeropuerto El Dorado de Colombia; Juan Pablo Lozano, alias “Camarón”, traficante de armas capturado en 2023; Julio Marín González, encargado de lavar dinero a través de tiendas de celulares en Sinaloa y arrestado en Estados Unidos; y Silvano Francisco Mariano, alias “Rayo”, detenido en Colombia, formalizaron sus acuerdos de culpabilidad en ese periodo, según consta en el expediente.

Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se entregó el 11 de mayo de 2026 en la garita de Nogales, Arizona, y compareció por primera vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo, donde se declaró no culpable. Su próxima audiencia está fijada para el 1 de junio de 2026. La acusación señala que habría recibido más de 100,000 dólares mensuales a cambio de alertar al cártel sobre al menos diez redadas a laboratorios de drogas en 2023.

El resto permanecen prófugos, entre ellos dos líderes y nueve exfuncionarios

De los 38 acusados, más de una veintena permanecen prófugos. Entre ellos están los dos líderes que encabezan el expediente: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de El Chapo y cabezas visibles de Los Chapitos.

Ambos enfrentan cargos de empresa criminal continuada, conspiración para importar y distribuir fentanilo, posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para lavar dinero.

Según fuentes citadas por Los Angeles Times, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han sostenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos durante al menos un año sobre una posible entrega negociada. Su decisión dependería del resultado de las audiencias de sentencia de sus medios hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López.

Entre los prófugos también figuran nueve de los diez funcionarios y exfuncionarios incorporados en la acusación de reemplazo de abril de 2026. Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el vicefiscal de la FGE Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra, los exjefes de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, el exsubdirector de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán no han sido detenidos ni se han entregado.

El caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, presenta una situación distinta. Fuentes aseguran que se trasladó desde Irlanda hasta Nueva York y se entregó voluntariamente el 16 de mayo de 2026.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se ha registrado su nombre en sistema penitenciario federal de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés).

Entre los prófugos también permanecen los cuatro proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo: Kun Jiang, Yonghao Wu, Yaqin Wu y Huatao Yao, dueños y operadores de empresas que enviaban los materiales a México y que enfrentan hasta cadena perpetua con mínimos de diez años.

El gobierno de Estados Unidos libra desde 2023 su ofensiva judicial más ambiciosa contra el Cártel de Sinaloa, la organización responsable del mayor flujo de fentanilo hacia su territorio.

Desde la designación del cártel como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, los tribunales federales acumulan procesos contra líderes, operadores, pilotos y exfuncionarios mexicanos que, según las acusaciones, sostuvieron durante años la red criminal más letal del continente.

La ofensiva tiene antecedentes precisos. En abril de 2023, el Departamento de Justicia desveló acusaciones en tres distritos federales simultáneos —el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Norte de Illinois y el Distrito de Columbia— contra los líderes y operadores de Los Chapitos. Desde ese momento, los expedientes no han dejado de crecer.

En los próximos tres meses, al menos cuatro audiencias de sentencia definirán el destino de quienes ya están bajo custodia estadounidense, mientras dos de los principales líderes prófugos aguardan en la sombra el resultado de esos procesos antes de tomar una decisión sobre su propio futuro, según se ha reportado.

Ovidio y El Güero: los hermanos Guzmán esperan sentencia

Los primeros dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán en enfrentar la justicia estadounidense son también los que más cerca están de recibir su condena definitiva.

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue detenido en Culiacán en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año. El 11 de julio de 2025 se declaró culpable de cuatro cargos de crimen organizado y tráfico de drogas ante la Corte del Distrito Norte de Illinois. Su acuerdo con la fiscalía incluyó el compromiso de pagar 80,000,000 de dólares y cooperar plenamente con las autoridades.

La audiencia de sentencia, si no es aplazada nuevamente, está programada para el 27 de julio de 2026 ante la jueza Sharon Johnson Coleman, en Chicago.

Su hermano Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero”, se entregó a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 llevándose consigo a Ismael “El Mayo” Zambada García, a quien presuntamente secuestró en Culiacán y trasladó contra su voluntad a un aeropuerto en Nuevo México.

El 1 de diciembre de 2025 se declaró culpable de conspiración para tráfico de drogas y de operar una empresa criminal continua. Su acuerdo contempla una sentencia mínima de 10 años.

La audiencia de sentencia, que originalmente estaba fijada para el 1 de junio de 2026, fue reprogramada este 18 de mayo de 2026 para el 31 de agosto de 2026, según un documento enviado a la jueza Coleman.

Mayo Zambada también aguarda sentencia

Ismael Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, aguarda sentencia en la Cárcel Metropolitana de Brooklyn, el mismo penal donde está recluido el exmandatario venezolano Nicolás Maduro.

Se declaró culpable en agosto de 2025 ante la Corte del Distrito Este de Nueva York de dos cargos de narcotráfico y de dirigir una empresa criminal bajo la Ley RICO. En su comparecencia ante el juez Brian Cogan aceptó haber financiado la impunidad del cártel durante décadas: “Pagando sobornos a comandantes policiales y militares y a políticos para que nos dejaran operar libremente”, declaró.

Su sentencia, diferida en varias ocasiones, quedó fijada para el 20 de julio de 2026. Zambada se comprometió a pagar 15,000,000,000 de dólares y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua en el penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde su exsocio El Chapo cumple condena en aislamiento extremo desde 2019.

La audiencia de Mérida Sánchez

En unas semanas también arrancará el proceso formal de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Mérida Sánchez se entregó el 12 de mayo de 2026 en la garita de Nogales, Arizona, y compareció por primera vez ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo, donde se declaró no culpable.

Su próxima audiencia está programada para el 1 de junio de 2026. La acusación señala que habría recibido más de 100,000 dólares mensuales del cártel a cambio de alertar sobre al menos 10 redadas a laboratorios de droga en 2023, lo que permitió a Los Chapitos evacuar personal y mercancía antes de cada operativo.

El Jando, se desconoce fecha

Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, firmó el 9 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, en Washington.

Admitió haber conspirado para traficar más de 450 kilogramos de cocaína y supervisado la flota aérea de Los Chapitos, que operaba desde pistas privadas en Sinaloa y otros estados.

Los agravantes en su caso —uso de aeronaves privadas, posesión de armas y liderazgo sobre cinco o más personas— elevan el rango de sentencia recomendado a entre 30 años y cadena perpetua. El gobierno acordó una reducción de cuatro niveles por su declaración oportuna de culpabilidad.

La fecha de su audiencia de sentencia aún no ha sido informada públicamente.

Enrique Díaz Vega, en el limbo

El caso de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, presenta una situación distinta. Periodistas y medios de comunicación aseguran que Díaz Vega se trasladó desde Irlanda hasta Nueva York y se entregó voluntariamente el viernes 16 de mayo de 2026, luego de que sus representantes legales contactaron a las autoridades estadounidenses para anunciar su intención de entregarse.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota su nombre aún no aparece en la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP por sus siglas en inglés).

La corte tampoco ha recibido notificación del cumplimiento de su orden de arresto, que es el paso inicial para programar la audiencia de presentación de cargos.

Iván y Alfredo: los prófugos que observan

Mientras los procesos judiciales avanzan en los tribunales de Chicago, Nueva York y Washington, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar permanecen prófugos. Según fuentes citadas por Los Angeles Times, ambos han sostenido conversaciones con autoridades estadounidenses durante al menos un año sobre una posible entrega negociada, pero su decisión final depende de lo que consigan sus medios hermanos Ovidio y Joaquín en sus audiencias de sentencia.

El especialista en seguridad José Luis Montenegro señaló en el noticiario de Azucena Uresti que los aplazamientos consecutivos en las audiencias de sentencia de Ovidio y El Güero no son fortuitos: “Están esperando que se haga un acuerdo de culpabilidad laxo, que puedan llegar a un acuerdo de cinco, máximo diez años”, dijo en referencia a las condiciones que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían negociando antes de decidir entregarse.

El cónsul general de México en El Paso, Estados Unidos, Mauricio Ibarra Ponce de León advierte que el cruce indocumentado hacia Estados Unidos a través de canales de agua representa un peligro letal durante la temporada de riego y lluvias, cuando estos canales alcanzan su máxima capacidad, según un mensaje difundido este 18 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ibarra subrayó que estos canales, equipados con sistemas de autolimpieza, pueden arrastrar todo a su paso, generando corrientes internas imperceptibles pero lo suficientemente fuertes como para poner en riesgo la vida incluso de los mejores nadadores.

El funcionario de la SRE destacó que el intento de cruce a pie en estas condiciones constituye una amenaza mortal y señala que la prioridad es la seguridad de las personas mexicanas y sus familias.

SRE insistió en su llamado a no exponer la vida propia ni la de seres queridos por intentos de cruce en condiciones peligrosas, recalcando que la ayuda está disponible de forma permanente.

Las autoridades ponen a disposición la Línea de Apoyo Consular Mexicana (CIAM), accesible las 24 horas del día en el 520 623 7874, para quienes enfrenten emergencias o requieran asistencia consular.

La temporada de huracanes 2026 inicia con refuerzo de medidas preventivas

La temporada de ciclones tropicales 2026 inició el pasado 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, periodo en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y diversas dependencias de los tres niveles de gobierno refuerzan las labores de prevención.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), detalló el pasado 14 de mayo en comunicado que para el Pacífico mexicano se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas ciclónicos durante la temporada. En el Atlántico, el rango estimado es de 11 a 15 tormentas tropicales.

La SSPC informó que desde el 14 de mayo se incrementó la limpieza de canales, drenajes, pasos de agua y cunetas, así como la vigilancia en zonas de riesgo y la revisión de la infraestructura de refugios temporales.

Autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan junto con la Conagua, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Federal de Electricidad para activar protocolos de emergencia en cuanto se detecte alguna contingencia climatológica.

La cónsul de Estados Unidos condena homicidio de elemento del Servicio de Protección Federal

Un elemento del Servicio de Protección Federal perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado en Matamoros, Tamaulipas, durante el fin de semana. Los agentes, asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza, fueron emboscados luego de concluir su jornada laboral.

Tras confirmarse el asesinato, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó públicamente su condena por la muerte del agente del Servicio de Protección Federal y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En su declaración, aclaró que el personal de la institución destinado al consulado cumple exclusivamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y su personal.

Sarah Krissoff es la mujer encargada de la defensa en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

Mérida Sánchez es una de las 10 personas que son acusadas de tener nexos con el Cártel de Sinaloa y entre los cuales está el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

El pasado 15 de mayo el Gabinete de Seguridad confirmó que Mérida Sánchez accedió a territorio estadounidense. Primero llegó a Hermosillo, Sonora y usó la garita de Nogales para entrar a Arizona, ya en territorio estadounidense quedó bajo custodia. Posteriormente, se declaró no culpable ante las autoridades estadounidenses

La exfiscal que defenderá a Mérida Sánchez

El portal Cozen O´Conor describe a la mujer como una abogada altamente demandada en la defensa de delitos económicos, además de que fue fiscal federal con una trayectoria de más de 10 años al servicio del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Su práctica actual se centra en la representación de empresas e individuos en investigaciones gubernamentales e internas, causas penales y litigios civiles complejos ante tribunales federales y estatales.

Entre 2008 y 2021, Sarah se desempeñó como fiscal federal adjunta en el SDNY, donde dirigió diversas investigaciones en casos como fraude financiero complejo, lavado de dinero, crimen organizado, fraude en el sector salud, delitos cibernéticos y delitos violentos.

Obtuvo experiencia experiencia en las unidades de corrupción pública y decomiso de activos. En 2015, fue designada subdirectora jurídica interina de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Washington, D.C., cargo desde el cual supervisó un equipo de 80 abogados de la agencia distribuidos en todo el país.

Como litigante, Sarah ha liderado más de una docena de juicios con jurado, tanto en el ámbito penal como en el civil, y ha presentado alegatos y argumentado numerosos casos ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito.

En su práctica privada actual, Sarah defiende a clientes frente a acusaciones de fraude penal y civil, con especial énfasis en los casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las fiscalías federales de todo el país.

Sarah obtuvo su licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Brown y su doctorado en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, institución donde integró el equipo editorial de la Columbia Business Law Review.

Según las acusaciones en contra de Mérida Sánchez, el hombre sería responsable de:

• Conspiración para la importación de narcóticos
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado registrado en Matamoros, Tamaulipas, en hechos vinculados a personal asignado a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

La agresión ocurrió durante el fin de semana sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, a la altura de la colonia La Encantada, cuando los oficiales concluían su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes federales fueron interceptados y posteriormente atacados por civiles armados, lo que derivó en una intensa movilización de fuerzas de seguridad.

Cónsul de Estados Unidos lamenta muerte de agente federal

Tras los hechos, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó su condena por el asesinato del elemento federal y envió condolencias a las familias de las víctimas.

En un posicionamiento público, la diplomática señaló que el personal del Servicio de Protección Federal asignado al consulado tiene únicamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y de su personal.

Asimismo, aseguró que el gobierno estadounidense da seguimiento cercano a las investigaciones y reiteró la preocupación compartida entre ambos países por la violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza.

“Estos profesionales sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, expresó la representante consular al lamentar la muerte del oficial.

Así ocurrió la agresión armada en Tamaulipas

Versiones preliminares señalan que los elementos federales se habrían visto involucrados inicialmente en un incidente vial cuando una camioneta los impactó y posteriormente intentó darse a la fuga.

Los oficiales comenzaron una persecución; sin embargo, los ocupantes del vehículo presuntamente abrieron fuego contra ellos.

Minutos después arribó otra camioneta con hombres armados que también dispararon contra los agentes, provocando un enfrentamiento.

Durante la agresión, uno de los integrantes del SPF murió en el lugar, mientras que otro resultó herido por impacto de bala en una pierna y fue trasladado a un hospital de Matamoros, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Un tercer elemento también presentó lesiones.

El cuerpo del agente fallecido quedó tendido a un costado de la unidad oficial mientras autoridades acordonaban la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Operativo de seguridad y hallazgo de camioneta con armas

Tras el ataque, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo conjunto en distintos sectores de Matamoros con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y personal de la Fiscalía.

Horas más tarde, autoridades localizaron en la colonia Buenavista una camioneta azul con placas del estado de Texas que presentaba impactos de bala y que presuntamente habría sido utilizada por los agresores.

Al inspeccionar la unidad, los agentes aseguraron armas largas y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados frecuentemente por grupos criminales para impedir persecuciones policiales.

Daños y aseguramientos tras el tiroteo en Matamoros

• Un elemento del Servicio de Protección Federal murió durante el ataque.
• Dos agentes federales resultaron heridos.
• Una camioneta con placas de Texas fue asegurada por autoridades.
• Se localizaron armas largas al interior del vehículo.
• Fueron decomisados artefactos ponchallantas.
• Se desplegó un operativo conjunto de búsqueda en diversos puntos de Matamoros.

Violencia en la frontera mantiene alerta a autoridades

La agresión contra los elementos federales ocurre en un contexto de violencia persistente en Tamaulipas, entidad donde autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen coordinación en materia de seguridad debido a la actividad de grupos criminales en la zona fronteriza.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras la Fiscalía y corporaciones federales continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque armado.

Nuevamente, la audiencia en Estados Unidos de Joaquín Guzmán, alias Güero Moreno, fue aplazada. El hombre es uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera que está bajo resguardo de las autoridades en territorio estadounidense.

Además de Joaquín Guzmán, en EEUU está su hermano Ovidio Guzmán, ambos identificados como líderes de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Audiencia es aplazada hasta finales de agosto

“La audiencia presencial programada para el 1 de junio de 2026 se cancela y se reprograma para el 31 de agosto de 2026 a la 1:30 p. m.”, se puede leer en el documento con fecha del 18 de mayo.

Dicho documento fue enviado a la jueza Jueza Sharon Johnson Coleman, encargada del caso.

No es la primera vez que aplazan la audiencia

Mientras que el 9 de septiembre del año pasado, la Corte del Distrito Norte de Illinois determinó que la audiencia de Joaquín Guzmán se posponía, en dicha ocasión, hasta el 13 de noviembre de 2025, según aparece en el documento oficial.

A inicios de diciembre de 2025 Joaquín Guzmán se declaró culpable ante las autoridades.

“Guzmán López también estipuló haber cometido un delito de secuestro internacional. […] admitió haber coordinado y cometido el secuestro con la esperanza de recibir crédito por cooperación de Estados Unidos. […] Estados Unidos no indujo ni condonó el secuestro, y Guzmán López no recibirá crédito por cooperación", se puede leer en los registros oficiales.

El hijo del Chapo sí estaría recibiendo beneficios en EEUU, señala exagente de la DEA

La versión oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el hecho de que El Güero se haya entregado junto con El Mayo no le otorga beneficios, y que el gobierno estadounidense “no indujo ni condonó el secuestro”. Tanto una carta de Ismael Zambada como las propias declaraciones de Guzmán López coinciden en que la detención de El Mayo fue resultado de un secuestro perpetrado en Sinaloa, desde donde fue trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense.

Por su parte, en una entrevista con Infobae México, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), contradice la postura oficial. En declaraciones a Infobae México, Vigil sostuvo que El Güero sí estaría recibiendo ventajas concretas por haber entregado a El Mayo.

"Joaquín Guzmán López jugó el papel principal de capturarlo y traerlo a Estados Unidos. A él nunca lo iban a acusar de secuestro porque aquí [en EEUU] tenían conocimiento, eso de que le va a dar beneficio, sí le va a dar beneficio", afirmó el exfuncionario.

El argumento central de Vigil para sostener que las autoridades estadounidenses tenían conocimiento previo de la operación radica en lo ocurrido en el momento del aterrizaje: cuando Guzmán López y Zambada llegaron en aeronave a Santa Teresa, Nuevo México, en julio de 2024, ya los esperaban agentes de seguridad en ese aeropuerto.

“Ya estaban de acuerdo con las autoridades acá, porque cuando aterrizó el avión ya lo estaban esperando autoridades en ese aeropuerto pequeño de Santa Teresa“, precisó Vigil.

Luego de que Gerardo Mérida Sánchez se entregara a las autoridades de Estados Unidos, en dicho país ya fue definida la fecha para que se desarrolle la audiencia en contra de quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa bajo la administración del ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Cabe destacar que Mérida Sánchez es acusado en Estados Unidos de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. De manera específica, al hombre se le acusa de:

• Conspiración para la importación de narcóticos
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

La fecha para la audiencia en EEUU

Ahora bien, la siguiente audiencia para el hombre fue fijada para el 1 de junio, según determinó la Corte de Nueva York, sitio donde ocurre el proceso legal en contra del mexicano.

Cabe recordar que el hombre compareció por primera vez el 15 de mayo pasado, uno días después de que se entregara. En dicha ocasión aseguró que es no culpable de los cargos en su contra.

Por su parte, fue el Gabinete de Seguridad de México el que confirmó que Mérida Sánchez accedió a territorio estadounidense, llegó a Hermosillo, Sonora y usó la garita de Nogales para entrar a Arizona, ya en territorio estadounidense quedó bajo custodia.

Los presuntos sobornos de Los Chapitos

Los registros judiciales de EEUU señalan que Mérida Sánchez habría recibido dinero por parte del crimen organizado para que filtrara datos sobre los operativos de seguridad en la entidad.

“Recibió sobornos de los Chapitos y, a cambio, proporcionó a los Chapitos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”, es parte del documento.

Los otros sujetos acusados por EEUU

Además de Mérida Sánchez y Rocha Moya, hay otros sujetos acusados de tener nexos con el Cártel de Sinaloa. Se trata de:

• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Dámaso Castro Saavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado
• Juan de Dios Gámez Mendívil
• Juan Valenzuela Millán, alias Juanito

Apenas el pasado 12 de mayo, el encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, dijo que las acusaciones mencionadas son únicamente el inicio de otras acciones en territorio nacional.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, aseguró Cole ante los cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien realizó preguntas en el marco de la comparecencia de Cole.

El encargado de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, son únicamente el inicio de otras operaciones.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, aseguró Cole ante los cuestionamientos del senador republicano John Kennedy, quien realizó preguntas sobre las acusaciones contra 10 personas dadas a conocer el pasado 29 de abril.

Las declaraciones son parte de la comparecencia, del 12 de mayo, de diversos encargados de agencias, entre ellas el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel.

Por que hay políticos ligados con criminales, cuestionó el senador

“Veo que el Departamento de Justicia, presumiblemente con su cooperación y buen trabajo de investigación, acaba de acusar a un gobernador en México de trabajar con cárteles para envenenar a nuestra gente. Todos tienen derecho a la defensa hasta que se demuestre su culpabilidad”, señaló Kennedy a los funcionarios.

Kennedy continuó señalando que hay líderes políticos con vínculos estrechos con grupos criminales y cuestionó por qué, si es por dinero o por miedo y qué está haciendo EEUU al respecto al tema.

Patel señaló que hay cooperación con México y también destacó que se trata de una combinación entre miedo y corrupción. Mientras que Cole destacó:

“No cabe duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios en México han estado involucrados durante años, pero de repente, le estamos prestando atención”. Agregando que habrá otras acciones en territorio nacional.

Al iniciar su participación en la comparecencia, Terrance Cole destacó que los grupos criminales son muy adaptables.

“Nuestro enfoque es claro: atacar a los líderes, romper su mando y control. Interrumpir las cadenas de suministro, responsabilizar a quienes se lucran con la adicción y la muerte”, es parte de lo compartido por el funcionario.

Cabe recordar que junto con Rocha Moya, EEUU acusa a otros sujetos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa, se trata de:

• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Juan de Dios Gámez Mendívil
• Dámaso Castro Saavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado
• Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

“El Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluidos los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel”, es parte del informe publicado en la página web del Departamento de Justicia de EEUU.

Tras las acusaciones, Rocha Moya se separó temporalmente de su cargo, mientras las autoridades mexicanas realizan las averiguaciones y exigen pruebas de la señalado por EEUU.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista algún riesgo político o institucional tras la entrega a autoridades de Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del estado, quienes enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria aseguró que ambos casos derivaron de decisiones personales y rechazó que las investigaciones abiertas en Estados Unidos representen un riesgo para su gobierno o para el movimiento político encabezado por Morena.

“No veo ningún riesgo, ninguno. Fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo”, declaró Sheinbaum al referirse a los exfuncionarios sinaloenses investigados por autoridades estadounidenses.

La presidenta también respondió a las publicaciones y señalamientos que han retomado ambos casos para acusar a su administración y a Morena de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“En 2018 llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que gobierna para todos, para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos de México y del exterior. ¿Quiénes son los que ahora escriben que hay narcogobierno, que hay narcopartido? Son las plumas del viejo régimen, así de sencillo”, afirmó.

Las declaraciones ocurrieron después de que se confirmara que Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y 2024 durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con los reportes difundidos en días recientes, el exfuncionario es investigado por presuntamente haber protegido a integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos.

El segundo caso corresponde a Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno sinaloense, quien fue acusado en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armamento de alto poder.

Medios nacionales e internacionales informaron el pasado 15 de mayo sobre su detención y posterior entrega en Nueva York.

Según los primeros reportes, Díaz Vega habría sido detenido inicialmente en Europa antes de ser trasladado a territorio estadounidense. Las investigaciones abiertas en su contra lo relacionan con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa junto con otros funcionarios mexicanos señalados por autoridades federales de Estados Unidos.

La investigación en EEUU escaló hasta exfuncionarios del gobierno de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega son los primeros integrantes del gabinete del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que quedaron bajo custodia de autoridades estadounidenses dentro de una investigación por presunto tráfico de narcóticos y colaboración con el Cártel de Sinaloa.

El caso no surgió recientemente, pues las indagatorias federales en Estados Unidos comenzaron hace más de ocho años a partir de operaciones de narcomenudeo y distribución detectadas en Los Ángeles. Con el avance de las pesquisas, las autoridades ampliaron la red de investigación hacia operadores financieros, enlaces internacionales y presuntos funcionarios relacionados con la organización criminal.

La causa penal, identificada con el número S9 23 Cr. 180 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, reúne actualmente a 38 acusados. Entre ellos aparecen líderes de la facción de Los Chapitos, presuntos operadores logísticos, personas señaladas por lavado de dinero y una decena de funcionarios y exfuncionarios vinculados con el gobierno sinaloense.

Ramón Ayala atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional. El llamado “Rey del Acordeón” apareció visiblemente afectado durante una conferencia de prensa realizada en Texas, donde su equipo legal respondió públicamente a la demanda civil presentada por exmúsicos de su agrupación contra su hijo, Ramón Ayala Jr., por presunto acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder.

Ramón Ayala elude a la prensa

Aunque el intérprete acudió al encuentro con medios, evitó emitir declaraciones directas sobre el proceso judicial. Sin embargo, de acuerdo con comentarios realizados en el programa Ventaneando, el cantante rompió en llanto durante la conferencia debido al impacto emocional que enfrenta su familia.

“Obviamente, él la está pasando mal, pues llora por la situación en la que está su hijo”, señalaron los conductores del programa al abordar el caso.

La conferencia tuvo lugar luego de que cuatro exintegrantes de Ramón Ayala y sus Bravos del Norte interpusieran una demanda civil en Estados Unidos contra Ramón Ayala Jr., a quien acusan de presuntas agresiones sexuales, conductas inapropiadas durante giras y persecución laboral.

Los denunciantes también incluyeron a Ramón Ayala dentro del proceso por una supuesta omisión frente a las denuncias internas.

Defensa de Ramón Ayala acusa intento de extorsión

Durante la conferencia, el abogado Ray Thomas, representante legal del cantante, aseguró que las acusaciones forman parte de un presunto intento de extorsión económica.

“Déjenme darles el contexto de lo que realmente trata todo esto: el intento de extorsión de Toby Buzbee contra don Ramón Ayala”, declaró el litigante ante medios de comunicación.

La defensa también argumentó que la convivencia entre músicos durante las giras se desarrollaba en un ambiente de bromas y dinámica relajada, incluso comparando la convivencia dentro del autobús con el programa Jackass.

Así comenzó la demanda contra Ramón Ayala y su hijo

El caso salió a la luz en febrero de 2026, cuando un exempleado identificado legalmente como John Doe presentó una demanda en el condado de Hidalgo, Texas. El denunciante, quien trabajó como fotógrafo y videasta durante la gira de la agrupación en Estados Unidos, acusó a Ramón Ayala Jr. de múltiples abusos ocurridos entre 2024 y 2025.

La abogada Crystal de Toro declaró entonces al programa Al Rojo Vivo que buscan una reparación económica superior a los 25 millones de dólares.

En medio del proceso, Ramón Ayala difundió previamente un comunicado en redes sociales donde aseguró que “la verdad saldrá a la luz a través del debido proceso legal”, además de acusar a algunos sectores de intentar construir una narrativa negativa contra su familia.

El deterioro de la competitividad europea frente a Estados Unidos y China continúa acelerándose mientras la Unión Europea apenas ha puesto en marcha una pequeña parte de las reformas consideradas clave para revertir la tendencia. Según un informe del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Bruselas ha ejecutado alrededor del 15% de las recomendaciones recogidas en el Informe Draghi, una cifra considerada insuficiente ante la magnitud del desafío económico.

El informe, titulado “La competitividad europea en un contexto de transformaciones globales: diagnóstico estructural, estrategia industrial e implicaciones para España”, ha sido elaborado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Isabel Álvarez. El documento advierte de que la brecha entre Europa y sus principales competidores no solo no se reduce, sino que se amplía.

Álvarez explica en su estudio que la diferencia de crecimiento económico entre Estados Unidos y la Unión Europea ha pasado del 15% a comienzos de siglo al 30% en la actualidad. Paralelamente, la productividad europea se sitúa en torno al 80% de la estadounidense, una distancia que refleja un problema estructural de largo recorrido.

La pérdida de competitividad afecta al conjunto de la economía europea y también a España. Así, según el estudio, una parte importante del crecimiento económico europeo ha descansado históricamente en el sector exterior, por lo que la pérdida de competitividad amenaza con debilitar el papel de las exportaciones como motor económico.

El retraso tecnológico, una de las grandes debilidades

El informe identifica la debilidad tecnológica y digital como uno de los principales factores del estancamiento europeo. A diferencia de Estados Unidos, donde han surgido gigantes tecnológicos de escala global, Europa no ha logrado consolidar empresas capaces de competir en ese nivel.

En este sentido, el documento subraya un dato significativo: ninguna empresa tecnológica europea creada en los últimos 50 años supera los 100.000 millones de dólares de capitalización bursátil. En contraste, Estados Unidos cuenta con al menos seis compañías que superan el billón de dólares en valoración, lo que evidencia la brecha en innovación y escala empresarial.

Un modelo europeo bajo presión estructural

Más allá del ámbito tecnológico, el estudio atribuye la pérdida de dinamismo competitivo europeo a una combinación de factores estructurales. Entre ellos destacan la fragmentación financiera entre países miembros, el envejecimiento demográfico, las dependencias estratégicas en sectores clave, la debilidad innovadora y la baja productividad generalizada.

Este conjunto de limitaciones, según el informe, está erosionando la capacidad de Europa para sostener su crecimiento económico a largo plazo y competir en igualdad de condiciones con otras potencias globales. La situación plantea, además, riesgos para el papel de las exportaciones como uno de los pilares tradicionales del crecimiento europeo.

El plan Draghi avanza con lentitud

El denominado Informe Draghi proponía una serie de medidas orientadas a reforzar la competitividad europea mediante la creación de un verdadero mercado único, la coordinación de políticas industriales y comerciales y una reducción significativa de la carga regulatoria a través de la simplificación administrativa.

Sin embargo, según la catedrática Isabel Álvarez, la respuesta política ha sido muy limitada. “No ha habido un despliegue masivo de acciones por parte de la UE”. Incide en que un año después de su publicación, el denominado ‘Draghi tracker’ estimaba que solo se había ejecutado el 15% de las medidas propuestas.

España comparte los mismos retos estructurales

El informe también analiza la posición de España dentro del contexto europeo y concluye que el país comparte buena parte de las debilidades estructurales del conjunto de la Unión Europea. A pesar del buen comportamiento reciente de la economía española, el estudio advierte de que el crecimiento actual no está suficientemente apoyado en mejoras de productividad.

El Club de Exportadores señala que el desafío principal consiste en transformar el ciclo expansivo actual en un modelo de crecimiento sostenible basado en la innovación, la digitalización, la industria y la transición verde. Sin este cambio estructural, advierte, el crecimiento económico podría perder fuerza en el medio plazo.

El informe pone el foco también en la estructura productiva española. Actualmente, la industria representa alrededor del 16% del valor añadido del país, una cifra inferior al 23% de Alemania y por debajo del objetivo europeo de alcanzar el 20% del PIB en 2030.

Además, la inversión en investigación y desarrollo continúa siendo insuficiente. España destina aproximadamente el 1,50% del PIB a I+D, frente a una media superior al 2,3% en la Unión Europea y más del 5% en países como Corea del Sur. A ello se suma que las empresas españolas ejecutan solo el 55,7% del gasto interno en I+D, lo que limita la capacidad de innovación del tejido productivo.

Un reto decisivo para el futuro económico europeo

El informe concluye que Europa se encuentra en un punto de inflexión. La combinación de baja productividad, retraso tecnológico y falta de implementación de reformas estructurales está ampliando la distancia con las principales potencias económicas mundiales.

Sin una respuesta más rápida y ambiciosa, advierte el Club de Exportadores, el riesgo es que la Unión Europea consolide una posición de pérdida de liderazgo económico global, con implicaciones directas para su crecimiento, su industria y su capacidad de innovación en las próximas décadas.

El lunes 12 de mayo de 2026, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó la frontera por Nogales y se entregó a las autoridades estadounidenses. Días después, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del mismo gobierno, viajó desde Europa hasta Nueva York para ponerse a disposición de la justicia federal. Ambos son los primeros integrantes del gabinete del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en quedar bajo custodia estadounidense, acusados de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir cantidades masivas de narcóticos en Estados Unidos.

Su entrega no fue un hecho aislado. Fue el último eslabón visible de una investigación que tardó más de ocho años en construirse, que comenzó con células de tráfico relativamente pequeñas en Los Ángeles y que escaló, paso a paso, hasta alcanzar los niveles más altos del gobierno del estado mexicano de Sinaloa.

El expediente que los tiene acusados lleva el número S9 23 Cr. 180 y fue abierto en el Distrito Sur de Nueva York. Hoy incluye a 38 personas: los líderes del Cártel de Sinaloa conocidos como Los Chapitos, sus operadores, proveedores internacionales, lavadores de dinero y diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, encabezados por Rubén Rocha Moya.

Cómo empezó todo: células en Los Ángeles, infiltrados y los primeros cargos

La historia del caso no empieza en 2023, cuando el Departamento de Justicia anunció con bombo y platillo los cargos contra Los Chapitos. Empieza varios años antes, en California.

En agosto de 2018, fiscales federales del Distrito Central de California anunciaron los resultados de la Operación Narconetas, una investigación de tres años dirigida por el FBI y la DEA que desarticuló tres organizaciones de tráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa en el área metropolitana de Los Ángeles.

Las células recibían cargamentos de cocaína, heroína y metanfetamina desde el norte de México, los ocultaban en compartimentos secretos de vehículos, latas de sopa y avionetas, y los distribuían desde California hasta estados como Nevada, Arizona, Kansas y Minnesota. El operativo dejó 57 acusados formales, 22 arrestos iniciales y decomisos de casi una tonelada de cocaína, 850 libras de metanfetamina y 93 libras de heroína. Treinta y cinco de los acusados se encontraban prófugos y se creía que la mayoría estaban en México.

Aunque la Operación Narconetas no es el origen directo del caso 23-CR-180, sí ilustra algo relevante: desde al menos 2015, las agencias federales estadounidenses ya mapeaban con detalle las redes logísticas del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense, identificaban a los operadores que movían la droga y seguían el rastro del dinero de vuelta a México.

Mientras eso ocurría en Los Ángeles, la DEA construía en paralelo una infiltración mucho más profunda. Tres personas operaron dentro del círculo cercano de Los Chapitos entre 2017 y 2022, pasando información a la agencia antidrogas estadounidense. Sus identidades fueron reveladas durante una audiencia celebrada el 7 de marzo de 2023, cuando Ovidio Guzmán López fue notificado de los nuevos cargos en su contra.

El primero era Miguel Alonso Payán, originario de Culiacán, quien formó parte del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán. Payán documentó para la DEA la existencia de un laboratorio clandestino de fentanilo en Aguapetito, una localidad del municipio de Navolato, Sinaloa. La entrada al laboratorio podía cubrirse con tierra y ramas para evitar su detección desde el aire. Adentro había estufas y prensas para fabricar pastillas. Según sus informes, el cártel enviaba entre 400,000 y 500,000 pastillas de fentanilo mensualmente a la frontera en aviones pequeños.

En 2019, tras lesionarse un brazo, Payán fue reasignado al transporte de droga desde Sinaloa hacia Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Sonorita. Se retiró de la organización en 2021. La DEA monitoreó sus comunicaciones telefónicas durante todo ese periodo.

El segundo era Juan Carlos Arce Cabrera, distribuidor de narcóticos que también operó entre 2017 y 2022. En mayo de 2022, Arce asistió a una reunión en el rancho de La Anona, en Culiacán, donde conoció a Ovidio Guzmán. El lugar estaba resguardado por decenas de sicarios armados con rifles y lanzagranadas. La reunión tenía que ver con la compra de fentanilo. Arce fotografió el encuentro y entregó las imágenes a la DEA.

El tercero era identificado únicamente como “NN”, cuya identidad no fue revelada ni al gobierno mexicano en el expediente de extradición de Ovidio. A diferencia de los otros dos, “NN” habría sido colocado por la propia DEA como elemento externo dentro de las redes del cártel. Se desempeñó como administrador de las bodegas de droga que Los Chapitos mantenían en California. En su testimonio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el 27 de enero de 2023, “NN” declaró haber enviado aproximadamente 24 millones de dólares a Los Chapitos como parte de las ganancias generadas por la distribución de drogas en Ohio, Michigan, Minnesota, Nueva York y Massachusetts.

Fue con esa base de inteligencia —tres años de infiltración, fotografías, grabaciones, testimonios y seguimiento de comunicaciones— que los fiscales del SDNY construyeron el primer gran caso público contra Los Chapitos.

En febrero de 2019, el Departamento de Justicia anunció la primera acusación formal contra dos hijos de El Chapo: Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Un solo cargo: conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde abril de 2008 hasta abril de 2018. La investigó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Arizona y el caso fue asignado al juez federal Rudolph Contreras en Washington DC. Era una acusación modesta comparada con lo que vendría, pero estableció por primera vez en un documento judicial que los hijos de El Chapo.

El 14 de abril de 2023, el fiscal federal Damian Williams anunció en Nueva York la gran acusación contra la red de Los Chapitos. El caso 23-CR-180 imputaba a 28 personas por tráfico de fentanilo, posesión de armas y lavado de dinero: los tres líderes Chapitos, sus jefes de seguridad, operadores, lavadores de dinero y cuatro proveedores de precursores químicos en China.

La directora de la DEA, Anne Milgram, declaró ese día que la agencia había logrado “un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización” durante el año y medio previo. Las penas para la mayoría de los acusados: cadena perpetua obligatoria.

Las caídas que construyeron el caso

A partir de ese momento, cada detención, cada extradición y cada acuerdo de cooperación agregó una pieza nueva al expediente y lo empujó hacia arriba, hacia los niveles políticos que hasta entonces no habían sido tocados.

En enero de 2023, Ovidio Guzmán López fue detenido en Jesús María, municipio de Culiacán, en un operativo que desató enfrentamientos que dejaron 10 militares y 19 presuntos miembros del cártel muertos. En septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos. El 11 de julio de 2025, Ovidio se declaró culpable ante un tribunal federal en Chicago y acordó cooperar con el gobierno estadounidense. Su cooperación formal es uno de los pilares sobre los que descansa el caso actual. El hijo menor de “El Chapo” aún aguarda que le dicten sentencia.

Ese mismo mes, octubre de 2023, ocurrió uno de los episodios más graves documentados en el expediente. Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán, coordinó el secuestro de Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA identificada en el expediente como “la FC”, y de un familiar. Bajo las órdenes de Millán, agentes municipales en una patrulla detuvieron a Meza León y a otra víctima, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cártel, quienes los torturaron y asesinaron. Entre las víctimas de esa operación había un menor de 13 años. El operativo fue ordenado directamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar en represalia por la información que Meza León había proporcionado a la DEA sobre las actividades de Los Chapitos. Ese hecho específico es el que llevó a los cargos adicionales de secuestro con resultado de muerte contra Millán, el único acusado del grupo de funcionarios que enfrenta cadena perpetua obligatoria por ese cargo.

En noviembre de 2023, Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe del aparato de seguridad y sicarios de Los Chapitos, fue arrestado en Culiacán. Fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024 y enfrenta cargos en el SDNY y en el Distrito de Columbia.

En julio de 2024 ocurrió uno de los giros más inesperados del caso. Joaquín Guzmán López, uno de los líderes Chapitos, entregó a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses. Zambada fue trasladado a EU en una operación que desató la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos que desde entonces ensangrienta Sinaloa. El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López se declaró culpable y acordó cooperar con el gobierno de EEUU.

Fue también durante la investigación cuando la DEA obtuvo en México uno de los elementos más concretos del caso contra los funcionarios sinaloenses: las listas de sobornos mensuales que Los Chapitos enviaban al jefe de plaza de Culiacán.

En septiembre de 2024, las autoridades mexicanas arrestaron en Culiacán a Martín Zazueta Pérez, alias “El Piyi”, jefe de seguridad que trabajó directamente con Los Chapitos, y a Kevin Gil Acosta, alias “El 200”. Ambos fueron transferidos a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025 y comparecieron en Manhattan al día siguiente. Según Milenio, sus declaraciones reforzaron las acusaciones y aportaron datos concretos sobre la presunta colusión entre el cártel y el gobierno de Sinaloa.

Fue con esa cadena de cooperaciones que el caso dio el salto definitivo de la estructura criminal a la estructura política. El 29 de abril de 2026, el fiscal Jay Clayton presentó la acusación de reemplazo S9 23 Cr. 180 que incorporó a Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa al mismo expediente.

La acusación sostiene que Rocha Moya negoció el apoyo de Los Chapitos para ganar la gubernatura en 2021 a cambio de protección institucional, que el cártel intervino en las elecciones mediante secuestros e intimidación de candidatos opositores, y que una vez en el cargo, Rocha Moya permitió que Los Chapitos colocaran funcionarios corruptos en todos los niveles del gobierno estatal.

Mérida y Díaz son los primeros de ese grupo en estar bajo custodia estadounidense. La entrega de ambos apunta a que el patrón se repetirá: cada nuevo cooperante construye el caso hacia arriba.

En tanto, Rocha Moya permanece en México. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido pruebas contundentes antes de actuar y rechazó la solicitud de detención provisional presentada por EEUU.

El Cártel de Sinaloa fue designado organización terrorista por el presidente Donald Trump. Su fundador, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras continúan fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad regional y combate al narcotráfico mediante programas conjuntos de capacitación naval y operaciones de interdicción marítima.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó sobre el desarrollo de un nuevo proceso de entrenamiento impartido por instructores de la Guardia Costera estadounidense a miembros de las unidades especiales de la Fuerza Naval de Honduras.

Según la representación diplomática, la formación tuvo lugar en la Base Naval de Castilla y estuvo dirigida a integrantes del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval hondureña. Las capacitaciones incluyeron procedimientos de aplicación de la ley marítima, técnicas de abordaje e inspección de embarcaciones, operaciones de interdicción marítima y protocolos de seguridad en el mar.

La embajada estadounidense subrayó que estos entrenamientos permiten fortalecer la capacidad operativa de Honduras para responder ante actividades ilícitas en aguas territoriales y zonas estratégicas del Caribe. También explicó que la cooperación bilateral busca mejorar la capacidad de desarticulación de organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

La misión diplomática detalló en un comunicado: “Instructores de la Guardia Costera de Estados Unidos capacitaron miembros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras en aplicación de la ley marítima y seguridad en el mar”.

Honduras, punto estratégico en rutas del narcotráfico

La cooperación entre ambos países se mantiene en un contexto en el que Honduras continúa siendo considerada un territorio estratégico para el tránsito de drogas hacia Norteamérica. Informes internacionales y organismos de seguridad han señalado que las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico hondureño siguen siendo utilizadas por redes criminales para el traslado de cargamentos ilícitos.

En respuesta a este escenario, las operaciones de vigilancia marítima y la capacitación de unidades navales se han convertido en herramientas fundamentales para fortalecer el control territorial y reducir el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han reiterado en distintas ocasiones que la cooperación con Honduras es clave para reforzar la seguridad regional y contener el avance del crimen organizado transnacional.

Relación bilateral en seguridad y migración

Además del combate al narcotráfico, Honduras y Estados Unidos mantienen alianzas en áreas vinculadas a la seguridad regional, migración irregular y fortalecimiento institucional. La cooperación bilateral incluye asistencia técnica, intercambio de información, entrenamiento especializado y apoyo logístico destinado al refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad hondureñas.

Analistas en seguridad consideran que estos ejercicios conjuntos buscan mejorar la coordinación regional frente a amenazas asociadas a tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas y otras actividades criminales que utilizan rutas marítimas.

Con esta nueva jornada de capacitación naval, ambos países refuerzan los mecanismos de cooperación en seguridad, en el marco de los esfuerzos regionales por contener el narcotráfico y fortalecer la vigilancia en aguas del Caribe centroamericano.

En los últimos años, Honduras y Estados Unidos han incrementado las operaciones conjuntas y los programas de asistencia orientados al combate del crimen organizado, particularmente en zonas costeras consideradas estratégicas para el tránsito de drogas.

Con la expansión de la moda circular en Guatemala, la comercialización de ropa de segunda mano se consolidó como una oportunidad económica para miles de mujeres que lideran el mercado informal.

Esta tendencia, que responde tanto a la necesidad de acceso a vestimenta asequible como a la generación de ingresos familiares, se refleja en la presencia predominante de mujeres comerciantes en los principales mercados del país, según estudios presentados por Garson & Saw.

Datos recientes muestran que más del 60% de los espacios de venta de ropa de segunda mano están ocupados por mujeres, quienes, a través de estrategias de compra y reventa, sostienen sus hogares en un contexto marcado por altos índices de informalidad laboral y pobreza.

Según cifras oficiales, Guatemala importó en 2023 más de 131 millones de kilogramos de ropa de segunda mano, con un valor promedio de $1.61 por kilogramo, considerablemente por debajo de la ropa nueva.

La cadena comercial inicia en Estados Unidos, principal proveedor y se expande por una red de importadores a mayoristas que abastecen tanto al sector formal como a los mercados informales, donde las mujeres desempeñan un papel central.

Hasta el 98.6% del volumen importado en este sector proviene de Estados Unidos, según datos recientes. Estas prendas llegan al país a través de una cadena que involucra mayoristas, quienes adquieren grandes cantidades de ropa desechada o donada en el mercado.

Posteriormente, la mercancía se distribuye tanto al sector formal como a los mercados informales, donde se clasifica y se adapta a las necesidades del consumidor local.

Esta dinámica permite que la ropa usada se convierta en una alternativa económica y accesible en Guatemala, al mismo tiempo que genera empleo en las fases de transporte, clasificación y venta.

Además, solo el 3.27% del volumen total importado termina como residuo no reciclable; sin embargo, estos materiales suelen ser usados como relleno de camas para mascotas o trapeadores de bajo costo.

Los patrones de consumo y venta en el sector muestran una segmentación clara. Los microminoristas adquieren principalmente ropa cruda, sin clasificar, y saldos de tiendas formales, aprovechando precios que van desde 50 quetzales (aproximadamente $6.48 de dólar) por prendas de alta calidad hasta 1 quetzal ($0.13) por productos de menor categoría.

Esta flexibilidad en los precios permite a las vendedoras adaptar su oferta a distintos perfiles de consumidores, lo que incrementa la rotación de inventario y mejora las posibilidades de generar ingresos diarios.

El funcionamiento del mercado informal de ropa usada resalta la importancia de la economía circular y el impacto social de este tipo de comercio.

El 75% de los puntos de venta en mercados como La Guarda, San Martín, La Maya y El Terminal corresponden a minoristas, mientras que el 25% son vendedores ocasionales, según el estudio de Garson & Saw.

El flujo de mercancía entre el sector formal representado por cadenas como Megapaca y el informal es constante. Los excedentes de tiendas formales alimentan la oferta de los mercados minoristas, fortaleciendo una economía basada en la reutilización textil.

El impacto de este sector en la economía familiar es significativo. El 94.2% de quienes participan en el comercio de ropa de segunda mano reportan mejoras económicas en sus hogares y casi la mitad de las comerciantes son el principal sostén familiar, detalla el informe. Además, la brecha salarial de género dentro del sector es del 17%, inferior al promedio nacional y regional, lo que revela un espacio de mayor equidad para las mujeres emprendedoras.

La estructura comercial ha favorecido la formalización parcial a través de empresas como Megapaca, que emplea a más de 4,100 personas y promueve la contratación inclusiva. No obstante, la mayoría de pequeñas vendedoras sigue operando en el sector informal, donde la flexibilidad y la adaptación a la demanda local resultan claves.

El componente ambiental de la economía circular también se evidencia en la gestión de residuos textiles. NovaFiber, filial de Megapaca, procesó desde 2016 hasta la fecha más de 45 millones de kilogramos de residuos textiles, transformando parte de estos en productos utilitarios y reduciendo la fracción de desechos no reciclables. A pesar de estos avances, el reto de la gestión adecuada de residuos persiste, ya que solo el 55% de los residuos sólidos municipales se recolecta y la totalidad termina en vertederos no controlados.

El comercio de ropa de segunda mano en Guatemala ilustra cómo la moda circular y el emprendimiento femenino pueden articularse para ofrecer alternativas económicas viables.

El modelo local, que integra cadenas formales e informales, precios accesibles y una alta participación femenina, representa una referencia para otros países con contextos similares.

El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra el narcotráfico al ordenar a fiscales federales utilizar leyes antiterrorismo para procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con cárteles de la droga, especialmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con una investigación publicada por The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a las fiscalías federales del país a intensificar las investigaciones contra políticos, mandos de seguridad y servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con organizaciones criminales.

DOJ busca castigos más severos contra redes del narcotráfico

La nueva directriz representa uno de los movimientos más agresivos impulsados por el presidente Donald Trump en materia de combate al crimen organizado transnacional, ya que abre la posibilidad de imponer penas mucho más severas, incluida la cadena perpetua.

Según el reportaje, la instrucción fue comunicada durante una reunión interna encabezada por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del Departamento de Justicia, quien coordina prioridades para los 93 fiscales federales de Estados Unidos.

Durante la conferencia, Singh habría solicitado “triplicar” las acusaciones contra funcionarios mexicanos que, presuntamente, utilizan sus cargos para beneficiar a grupos del narcotráfico.

La estrategia jurídica se apoya en la orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado, mediante la cual varios cárteles latinoamericanos fueron catalogados como organizaciones terroristas. Con esa clasificación, los fiscales estadounidenses ahora pueden presentar cargos no solo por narcotráfico o lavado de dinero, sino también por proporcionar “apoyo material a organizaciones terroristas”.

Especialistas consideran que esta medida podría modificar radicalmente la relación judicial entre México y Estados Unidos, debido a que amplía el alcance de las investigaciones y endurece las sanciones contra quienes colaboren con estructuras criminales.

Caso Rubén Rocha Moya intensifica presión de Estados Unidos

La ofensiva tomó fuerza luego de la acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios presuntamente ligados a su administración.

De acuerdo con el expediente judicial citado por el diario estadounidense, políticos y mandos de seguridad habrían recibido sobornos millonarios y respaldo electoral del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”.

Las investigaciones señalan que, a cambio de dichos beneficios, algunos servidores públicos habrían ofrecido protección institucional, facilitado operaciones del narcotráfico y permitido el funcionamiento de redes criminales con presunta impunidad.

El caso ya generó tensión política debido al alcance de las imputaciones y a la posibilidad de que Estados Unidos solicite nuevas órdenes de captura o procesos de extradición, a pesar que dos exfuncionarios se entregaron ya a las autoridades estadounidenses.

Crece preocupación por impacto diplomático entre México y EU

Analistas advierten que el uso de leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos podría provocar un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países, especialmente si las investigaciones avanzan hacia figuras políticas de mayor relevancia.

El endurecimiento de las acciones judiciales también refleja la presión del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas que han provocado una crisis de salud pública en territorio norteamericano.

Mientras tanto, la decisión del DOJ podría marcar un precedente histórico en la cooperación bilateral contra el narcotráfico, al incorporar mecanismos legales reservados tradicionalmente para casos de terrorismo internacional.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que solicitará la pena de muerte para el hombre acusado de matar a tiros a dos empleados de la Embajada de Israel en Washington cerca del Museo Judío de la capital estadounidense hace poco más de un año.

“Tras una exhaustiva revisión de los hechos y la ley, mi oficina solicitará la pena de muerte contra Elías Rodríguez. La acusación formal modificada alega los asesinatos intencionales y premeditados de Yaron Lischinsky (30) y Sarah Milgrim (26), el asesinato selectivo de personas relacionadas con un evento para jóvenes profesionales judíos en el Museo Judío de la Capital, y una conducta que creó un grave riesgo para otras víctimas inocentes”, declaró en rueda de prensa la fiscal general de Washington, Jeanine Pirro.

La magistrada expuso, a poco más de una semana del primer aniversario del suceso, “que cualquier persona que cometa actos de violencia política en la capital del país enfrentará todo el peso de la ley”.

El acusado, de 30 años y oriundo de Chicago, se acercó a un grupo de cuatro personas, sacó una pistola y abrió fuego, hiriendo a Lischinsky (israelí) y Milgrim (estadounidense), una pareja que estaba a punto de comprometerse y que trabajaba en la legación diplomática de Israel en Estados Unidos. En el momento de su detención, Rodríguez coreó “¡Palestina libre!” y admitió que lo hizo “por Gaza”, según apuntaron los fiscales a cargo de la investigación.

La acusación considera que el asesinato fue premeditado y planeado, dado que Rodríguez habría viajado desde Chicago antes del evento del 21 de mayo con una pistola en su equipaje.

Los empleados de la Embajada de Israel, murieron a causa de disparos efectuados por el hombre. Al momento del hecho, la pareja asistía a un evento para jóvenes profesionales en el Museo Judío de la Capital, organizado por el Comité Judío Americano.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 hs. frente al museo, donde el agresor abrió fuego y mató a ambos trabajadores. Rodríguez fingió ser un transeúnte tras el tiroteo, pero cuando llegó la policía, se entregó y gritó a favor de Palestina mientras era esposado.

Tras el arresto, la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, indicó que el detenido “insinuó que él cometió el delito”, inculpándose ante las autoridades del orden. La entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró: “Haremos todo lo posible para mantener a todos los ciudadanos seguros”.

El documento judicial también detalló que el acusado seleccionó de forma específica a las víctimas por su presencia en un evento para jóvenes profesionales judíos en el museo, con la intención de “amplificar el efecto de sus crímenes”. La opción de solicitar la pena de muerte ya había sido mencionada poco después del incidente por Bondi, quien prometió buscar “el castigo más severo posible”.

El presidente Donald Trump condenó el ataque en Truth Social: “Estos horribles asesinatos en Washington, basados ​​obviamente en el antisemitismo, deben terminar ¡YA!“. “El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos”, expresó y transmitió sus condolencias a las familias de las víctimas.

(Con información de Europa Press)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anticipó el viernes una caída “drástica” en el precio del petróleo a medida que Irán “reabra el estrecho” de Ormuz, y defendió la última ofensiva estadounidenses contra el régimen como parte de la estrategia para evitar que Teherán obtenga armamento nuclear.

“Creo que con el tiempo se producirá una reducción drástica del precio del petróleo, porque todo ese petróleo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

En una entrevista con NBC News, Rubio justificó las operaciones de Washington en Medio Oriente, llevas adelante por el Comando Central de EEUU (CENTCOM) y vinculó la obtención de un arma nuclear por parte de Irán con el control sobre el estrecho de Ormuz. “Diría que hay un precio asociado a un Irán nuclear. Si Irán llegara a adquirir un arma nuclear, ¿qué les impediría entonces controlar el estrecho? Y entonces olvídate de que sea un problema de tres o seis meses. Podría ser un problema permanente”, sostuvo.

Por su parte, el presidente Donald Trump atribuyó la reciente subida de los precios del petróleo a la situación heredada y defendió su gestión en la guerra con Irán. “De hecho, si no hubiera hecho la pequeña excursión a Irán -tenía que hacerlo- habríamos alcanzado el mercado bursátil más alto de la historia”, declaró en Fox News.

Trump consideró que el precio del petróleo “ha subido muy poco comparado con lo que la mayoría de la gente”, incluido él mismo, “pensaba que subiría”. Añadió que la operación militar “estuvo bien por un corto período porque no podemos permitir que no tengan un arma nuclear”.

A última hora del viernes, el precio del crudo Brent del Mar del Norte, con entrega en julio, registró un aumento del 3,35 % y se ubicó en 109,26 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en junio, subió un 4,20%, alcanzando los 105,42 dólares por barril.

El inquilino de la Casa Blanca señaló que rechazó la última propuesta presentada por Irán al no estar conforme con la redacción. “La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable”, comentó a la prensa a bordo del Air Force One tras su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Trump se mostró dispuesto a considerar una suspensión del programa nuclear iraní por veinte años, siempre que Teherán ofrezca garantías sólidas.

No obstante, Washington y Teherán continúan su proceso de diálogo mediado por Pakistán, aunque las diferencias impiden una nueva reunión en Islamabad, ciudad del primer encuentro tras el alto el fuego acordado el 8 de abril y prorrogado desde entonces por decisión de Trump.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó el viernes desde Nueva Delhi que ambos países “aún intercambian mensajes, aunque lentamente”. El alto funcionario, presente en una reunión del grupo BRICS en la capital india, detalló que tras el rechazo público de Trump, Washington retomó el contacto. “Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, declaró el canciller ante la prensa.

Tras su paso por China, el presidente republicano, advirtió que su paciencia con Irán “no va a durar mucho más”. La Casa Blanca informó que Trump y Xi coincidieron en Beijing sobre la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de energía, después de que Irán restringiera la navegación como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero.

“No voy a ser mucho más paciente. Deberían llegar a un acuerdo”, declaró Trump en una entrevista emitida en el programa “Hannity” de Fox News. Según la Casa Blanca, Xi Jinping manifestó durante las conversaciones su rechazo a la militarización del estrecho y a cualquier intento de imponer peajes para su utilización.

Trump añadió que el mandatario chino se comprometió a no enviar equipamiento militar a Irán. “Dijo que no va a dar equipo militar, lo cual es una declaración importante”, resaltó Trump durante la entrevista televisiva.

(Con información de Europa Press)

Las navieras internacionales Hapag-Lloyd (alemana) y CMA CGM (francesa) dejaron de aceptar nuevos pedidos relacionados con Cuba mientras evalúan los posibles efectos de la reciente Orden Ejecutiva de Estados Unidos que amplía las sanciones sobre la isla.

Fuentes del sector informaron que ambas empresas, que operan en Cuba a través de agentes y sin presencia física, suspendieron temporalmente el registro de reservas para el transporte de mercancías, según logró confirmar la agencia EFE.

En el caso de Hapag-Lloyd, la compañía implementó un “stop booking” desde el pasado miércoles y, como máximo, hasta el 5 de junio, fecha límite establecida por las autoridades estadounidenses para que las empresas potencialmente afectadas por la nueva orden se desvinculen de actividades con Cuba. Expertos del sector explicaron que este tipo de medida es habitual y suele tener carácter preventivo.

Por su parte, el agente de CMA CGM en Cuba no recibió directivas claras de la naviera, aunque su sistema operativo bloqueó nuevas reservas hacia la isla, según fuentes consultadas.

La industria marítima cubana mantiene una relación directa con Gaesa, conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), responsable de aproximadamente el 40% del producto interno bruto (PIB) de Cuba según estimaciones independientes y recientemente sancionado por la nueva Orden Ejecutiva de Estados Unidos.

Gaesa gestiona puertos, terminales marítimas, servicios de aduanas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, además de sectores como el turismo, el comercio interior en divisas, la distribución de combustibles y las telecomunicaciones.

Hasta el momento, Hapag-Lloyd y CMA CGM no respondieron a las solicitudes de información sobre su posición frente a la nueva normativa estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que habilita el congelamiento de activos en territorio estadounidense de personas o entidades que trabajen o hayan trabajado para el régimen cubano, o que estén implicadas en violaciones de derechos humanos o actos de corrupción en la isla.

La medida también alcanza a quienes brinden apoyo financiero, material o tecnológico a Cuba, así como a quienes operen en sectores estratégicos como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.

Una semana después de la entrada en vigor de la orden, se anunciaron los primeros tres sancionados: el conglomerado Gaesa, la presidenta de esa entidad, Ania Guillermina Lastres, y la empresa mixta Moa Nickel, integrada por una compañía estatal cubana y la minera canadiense Sherritt.

Horas antes del anuncio, Sherritt comunicó su retirada inmediata de todas sus operaciones en Cuba en respuesta a la Orden Ejecutiva 14404, tras tres décadas de actividad en la isla. La empresa canadiense dejó así yacimientos de níquel y cobalto considerados entre los diez mayores del mundo.

La decisión empresarial, hasta ahora la mayor inversión extranjera en Cuba, llevó a sus proveedores y compañías asociadas a reconsiderar su continuidad en el país.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró sus críticas al régimen cubano y aseguró que la isla “está controlada por una empresa propiedad de generales militares”, en referencia al conglomerado Gaesa.

“La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero”, afirmó Rubio durante una entrevista con Fox News, emitida el miércoles por la noche y grabada a bordo del Air Force One rumbo a China.

Rubio sostuvo que en Cuba las personas “literalmente comen basura de las calles”, mientras la “empresa” que controla la isla dispone de “16.000 millones de dólares”.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que las nuevas sanciones forman parte de “medidas decisivas” para “proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió a la empresa militar Gaesa como “el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba”, al señalar que controla “un estimado del 40% o más de la economía de la isla”. Según la misma fuente, la gestión de Gaesa favorece a las “élites corruptas”, mientras la población cubana enfrenta una crisis económica severa.

(Con información de EFE)

Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez se entregara a autoridades de Estados Unidos, enfrenta dos posibles caminos: negociar un acuerdo con los fiscales federales o ir a juicio por sus presuntos vínculos con Los Chapitos.

El Gabinete de Seguridad confirmó que Mérida ingresó a EEUU desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo. Cruzó por la garita de Nogales hacia Arizona y quedó bajo custodia de los Marshals, para luego ser trasladado hasta Nueva York y presentarse a su audiencia inicial, realizada este día 15.

Ahí, en la corte de Manhattan y ante la jueza federal Sarah Netburn, el exservidor se declaró no culpable de tres cargos federales, entre ellos la conspiración para introducir drogas a Estados Unidos y otras acusaciones por armas.

Medios nacionales y expertos en la materia dan por sentado que el también exmilitar cruzó hacia el país vecino para buscar colaborar con las autoridades, por lo que la declaración de inocencia de Mérida sería un mero trámite y no una señal de que busca pelear por su libertad.

Hasta el momento no se ha oficializado su cooperación, por lo que un juicio sigue siendo una posibilidad abierta.

La negociación y el juicio: cómo funciona cada opción en la justicia federal de Estados Unidos

En el sistema federal estadounidense, los acuerdos de culpabilidad (plea deals) son el mecanismo más común para resolver casos penales antes de llegar a juicio. En ese esquema, el acusado acepta declararse culpable de uno o varios cargos —generalmente los menos graves— a cambio de que los fiscales retiren otros o recomienden una pena menor al juez.

La cooperación activa, es decir, aportar testimonios o evidencia que permita procesar a terceros, puede traducirse en una reducción adicional de sentencia bajo la figura conocida como substantial assistance, según las guías de la U.S. Sentencing Commission.

El otro camino implica que Mérida Sánchez enfrente a un jurado federal en Nueva York. Los fiscales del Departamento de Justicia deberían demostrar, más allá de toda duda razonable, que el exfuncionario facilitó operaciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos.

De resultar culpable en juicio, el margen de negociación sobre la pena desaparece casi por completo: el juez queda sujeto a las guías federales de sentencia, que en casos de narcotráfico con este nivel de cargos contemplan décadas de prisión o cadena perpetua.

Mérida Sánchez permanece en prisión preventiva en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, el mismo recinto donde está recluido Ismael El Mayo Zambada y Néstor Isidro Pérez, alias “El Nini”.

Según reportes de medios nacionales, su próxima audiencia está fijada para el 1 de junio.

En el mismo expediente de acusaciones figura Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, quien también habría viajado a Estados Unidos en busca de un acuerdo con las autoridades.

Los tres cargos contra Gerardo Mérida en EEUU

La acusación presentada el 29 de abril ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York le imputa a Mérida Sánchez los mismos tres cargos que a la mayoría los acusados de Sinaloa, excepto al expolicía Juan Valenzuela, alias “Juanito”, quien tiene dos cargos más por presuntamente colaborar en el asesinato de un informante de la DEA.

El primero cargo contra Mérida es asociación delictuosa para la importación de narcóticos —fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina— desde México hacia Estados Unidos.

El segundo y el tercero se refieren a la posesión y conspiración para portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.

En caso de ser declarado culpable, podría recibir hasta cadena perpetua y una mínima de 40 años.

Mérida Sánchez ocupó la secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024. Durante ese periodo, la fiscalía señala que aceptó más de 100 mil dólares en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos. A cambio, no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de la facción ni realizó detenciones de sus miembros, y les proporcionó notificación previa de operaciones de las fuerzas del orden, incluidas redadas en laboratorios de drogas.

En 2023, habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 de esas redadas, lo que permitió evacuar personal y drogas antes de cada operativo.

El pasado de Mérida en la Secretaría de la Defensa Nacional

Gerardo Mérida Sánchez sumó una larga trayectoria militar antes de asumir la secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023.

De acuerdo con su currículum oficial publicado por el gobierno del estado de Sinaloa, cuenta con una licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Su carrera dentro del Ejército Mexicano incluyó el mando de tres zonas militares: la 21 en Morelia, Michoacán; la 44 en Miahuatlán, Oaxaca; y la 25 en Puebla.

También comandó el Mando Especial “Mante” en Tamaulipas y fungió como agregado militar y aéreo en la embajada de México en Chile.

Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ocupó cargos como subjefe y jefe en las secciones de Inteligencia, Operaciones y Logística del Estado Mayor de la Presidencia, y dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El nombre de Enrique Díaz Vega volvió a circular este viernes 15 de mayo tras reportes que apuntan a su presunta entrega a autoridades de Estados Unidos en Nueva York.

El exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa figura en una acusación formal del Departamento de Justicia presentada el 29 de abril, junto con otros nueve funcionarios del estado, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Hasta el momento su entrega no ha sido confirmada por ninguna dependencia federal mexicana ni estadounidense.

Medios nacionales precisaron este viernes que la entrega habría ocurrido directamente en Nueva York, sede del tribunal federal que lleva la causa, aunque las primeras versiones lo ubicaban en un consulado estadounidense en Europa.

En caso de confirmarse, Díaz Vega sería el segundo de los diez acusados en quedar bajo la custodia de la justicia estadounidense. Este mismo 15 de mayo, el Gabinete de Seguridad Nacional confirmó mediante un mensaje en la red social X que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quedó bajo resguardo de las autoridades del país vecino tras cruzar por la garita de Nogales, en la frontera Sonora-Arizona.

El Departamento de Justicia le imputa tres cargos federales

La acusación presentada el 29 de abril ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York le imputa tres cargos.

El primero es asociación delictuosa para la importación de narcóticos —fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina— desde México hacia Estados Unidos.

El segundo y el tercero se refieren a la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Los tres cargos contra Enrique Díaz contemplan una pena mínima de 40 años y una máxima de cadena perpetua, en caso de ser encontrado culpable.

La fiscalía lo señala como enlace entre los Chapitos y Rocha Moya

Según el documento judicial, Díaz Vega actuó como intermediario entre los líderes de los Chapitos —Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López— y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. En ese rol, habría logrado comunicaciones del cartel al mandatario.

Además, las autoridades señalan que ayudó a colocar funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno sinaloense para proteger las operaciones de tráfico de drogas.

El acto más específico que le atribuye la acusación ocurrió antes de las elecciones para la gobernatura de Sinaloa en junio de 2021: Díaz Vega presuntamente se reunió con Iván, Alfredo y otros miembros del cartel y les entregó una lista con los nombres y domicilios de los opositores de Rocha Moya para que Los Chapitos pudieran amenazarlos e intimidarlos hasta obligarlos a retirarse de la contienda.

La acusación señala que esa lista fue utilizada el día de las elecciones para secuestrar e intimidar a los candidatos identificados en ella.

Alejandro ”Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, concluyó este 15 de mayo una gira de tres días en Washington DC, donde sostuvo que mantendrá la denuncia contra “narcopolíticos de Morena” responsables de debilitar a México.

Moreno aseguró en un video publicado en su cuenta oficial de X que los encuentros sostenidos en Estados Unidos buscan afianzar la defensa de la democracia.

Durante el mensaje, el dirigente del PRI afirmó: “Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación, no tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena que están destruyendo nuestro país”. Enfatizó que el partido continuará con acciones para preservar la paz, la armonía y la tranquilidad en el país.

En la publicación, Moreno señaló que el PRI actúa como oposición con “firmeza, carácter y valor”, y anticipó que difundirá los resultados de las reuniones sostenidas en la capital de los Estados Unidos para informar a la ciudadanía sobre sus beneficios.

PRI solicita extradición de “narcopolíticos” de Morena

Alito Moreno exigió el pasado 6 de mayo en una conferencia en el Senado la extradición inmediata de por lo menos 18 políticos ligados a Morena, a quienes asoció públicamente con supuestos vínculos de narcotráfico.

El líder opositor calificó al partido como una “nueva mafia del poder”, postura que sostuvo en conferencia junto con legisladores y reforzó en mensajes en redes sociales, donde señaló textualmente que “Morena es un narcopartido” y demandó: “¡Que los entreguen ya a Estados Unidos!”, según declaraciones por el propio Moreno.

Entre los señalados por Moreno destacan Ariadna Montiel, Luisa María Alcalde, Epigmenio Ibarra, Andrés Manuel López Obrador, Marina del Pilar, Mario Delgado, Ignacio Ovalle, Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López, Américo Villarreal, Arturo Ávila, Bobby López Beltrán, José Ramón López Beltrán, Andy López Beltrán, Jesús Ramírez Cuevas, Amílcar Olán Aparicio y Hernán Bermúdez Requena, según lo publicado por el dirigente en su cuenta oficial.

Moreno pide a autoridades de Estados Unidos que declaren a Morena como “organización terrorista”

Como parte de su ofensiva, el presidente nacional del PRI comunicó que remitió una solicitud formal al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde pidió abiertamente que se declare a Morena como “organización terrorista”, petición sustentada en lo que califica como “claros y evidentes vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado”.

Moreno justificó su solicitud afirmando que “el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio". Además, citó como antecedente la decisión del gobierno estadounidense en 2003 de considerar a Batasuna como parte de la ETA, comparando ese caso con la situación actual en México.

El Gabinete de Seguridad informó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó a Estados Unidos el 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, después de salir de Hermosillo, Sonora

Según las autoridades mexicanas, incluyendo la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gabinete de Seguridad, mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses mediante mecanismos de cooperación internacional.

Además, según información del periodista Eduardo Zerón García, Gerardo Mérida se entregó a las autoridades estadounidenses para cooperar respecto a su acusación, relacionada con la investigación de la DEA. Además, detalla que la detención se dio en la frontera, donde se espera que pueda aceptar un acuerdo de culpabilidad.

Y es que este viernes se dio a conocer que Gerardo Mérida Sánchez, quien fue uno de los 10 funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Sinaloa señalados por Estados Unidos de presuntos nexos con miembros del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos, se habría entregado a las autoridades de ese país vecino del norte el pasado lunes 11 de mayo.

Mérida Sánchez, tras entregarse, fue llevado a Nueva York, según la información disponible. Cabe destacar que él fue secretario de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024.

Así ayudó Mérida Sánchez a Los Chapitos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a 10 funcionarios y ex funcionarios de alto rango de Sinaloa, de delitos relacionados con narcotráfico. Entre estos se encuentra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el ex secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez.

Éste último habría protegido a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, histórico capo mexicano del narcotráfico que se encuentra detenido en Estados Unidos, sentenciado a cadena perpetua.

A cambio de la protección, Mérida Sánchez, según la acusación de la dependencia estadounidense, habría recibido sobornos mensuales de 100 mil dólares.

En el documento se explica que el ex secretario de Seguridad estatal era responsable de supervisar a la Policía Estatal de Sinaloa y de nombrar al director de esa dependencia de seguridad.

Como secretario, se acusa, recibió sobornos de Los Chapitos, y a cambio, les proporcionó, entre otros elementos, notificaciones previas de los operativos de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar drogas y el equipo de laboratorio antes de sichos operativos.

A cambio de los sobornos, “no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas”.

En el año 2023, se ejemplifica, Mérida Sánchez habría advertido a Los Chapitos, con antelación, de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a miembros de ese grupo delictivo, evacuar al personal y las drogas de los laboratorios, antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de los miembros de esa facción del Cártel de Sinaloa.

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y acusado por autoridades de los Estados Unidos de recibir sobornos de Los Chapitos, se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo, de acuerdo con los primeros reportes.

La fiscalía de Estados Unidos lo acusa de recibir 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas del cártel de Sinaloa.

El periodista especializado en seguridad y narcotráfico, Luis Chaparro, aseguró que el exfuncionario no fue detenido, como lo indicaban las primeras versiones, sino que se entregó a autoridades estadounidenses.

“Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos a inicios de la semana, así lo revelaron fuentes de Estados Unidos”, posteó el periodista en su cuenta X.

El pasado 23 de abril, Mérida Sánchez fue mencionado dentro de las diez acusaciones del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos.

“En 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Gerardo Mérida Sánchez, el acusado, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de $100,000 dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos”.

Según las autoridades de los EEUU, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa “no interfirió en las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros, y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas”.

Además, según consta en los documentos, Mérida notificaba a Los Chapos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que permitió a los hijos de El Chapo Guzmán evacuar “al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros”.

El PAN de Puebla exige investigación por su encargo en la entidad

El 13 de mayo, la dirigencia estatal del PAN presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Exigen que se investigue el desempeño de Mérida Sánchez durante su gestión como comandante de la XXV Zona Militar en esa entidad.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, exigió que se investiguen posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio poblano, así como el posible uso indebido de atribuciones relacionadas con la seguridad pública y la seguridad nacional.

En la denuncia ante la Sedena, el PAN solicitó que se abran investigaciones internas, administrativas, disciplinarias y de control sobre el periodo en que Mérida Sánchez ejerció como comandante de la XXV Zona Militar.

Acusado junto a Rocha Moya

El exfuncionario Mérida Sánchez forma parte del grupo de diez personas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó con el narcotráfico, entre quienes figura el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya.

Además de su cargo como secretario de Seguridad en Sinaloa y como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, Mérida Sánchez dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

De acuerdo con el documento oficial en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo formal la acusación contra los funcionarios de Sinaloa, se explica que Mérida Sánchez, desde septiembre de 2023 o alrededor de ese año, y hasta su renuncia, en 2024, recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, proporcionó a ellos mismos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas.

Se señaló que entre 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Mérida Sánchez, en su calidad como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas.

En el año 2023, se informa en el documento, Sánchez habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar a su personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de Los Chapitos.

Este viernes, se reportó que Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a autoridades de Estados Unidos, luego de que hace unas semanas fuera señalado por las mismas de diversos cargos relacionados con narcotráfico.

Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló a él, y a otros nueve funcionarios de alto rango, de haber recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa, específicamente, de la facción de Los Chapitos.

Junto a Mérida Sánchez, también fue acusado el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien precisamente solicitó la licencia luego de los señalamientos.

Según la información disponible, Mérida Sánchez se habría entregado el pasado lunes en Arizona.

Acusaciones de EEUU

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, desde septiembre de 2023 o alrededor de ese año, y hasta su renuncia, en 2024, Mérida Sánchez recibió sobornos de Los Chapitos y a cambio, proporcionó a ellos mismos, entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas.

Se señaló que entre 2023 y 2024, o alrededor de esos años, Mérida Sánchez, en su calidad como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, aceptó más de 100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos, entre otras cosas, al no realizar detenciones de sus miembros y les dio notificación previa de las próximas operaciones de las autoridades del orden público, incluyendo notificación previa de redadas en laboratorios de drogas.

En el año 2023, se informa en el documento, Sánchez habría advertido a Los Chapitos con antelación de al menos 10 redadas a laboratorios de drogas, lo que les permitió evacuar a su personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera incautar los materiales o realizar detenciones de miembros de Los Chapitos.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

De acuerdo con información de transparencia del gobierno de Sinaloa, Gerard Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguriudad del estado entre el 2023 y el 2024, año en el que renunció, tiene una licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, una licenciatura en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional, y un doctorado en Derecho.

En su experiencia laboral se destacan varios cargos importantes:

• Comandante del Mando Especial Mante en el estado de Tamaulipas
• Comandante de la 21/a Zona Militar en Morelia, Michoacán
• Comandante de la 44/a Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca
• Comandante de la 25/a Zona Militar en Puebla, Puebla
• Subjefe y Jefe en las Secciones Segunda (Inteligencia), Tercera (Operaciones) y Cuarta (Logística) del Estado Mayor de la Presidencia de la Secretaría de la Defensa Nacional
• Agregado Militar y aéreo en la Embajada de México en Chile
• Director de la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
• Secretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

"Es un asunto difícil. Lo planteé. Es difícil para él", declaró Trump a los periodistas bordo del Air Force One tras abandonar China, al ser preguntado por el editor hongkonés, condenado a 20 años de prisión bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional por su papel en las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica en 2019.

Según Trump, el mandatario chino le aseguró que "va a considerar lo mejor" respecto a este caso, sin más detalles.

Antes de viajar a China, el presidente estadounidense había avanzado que trataría durante la visita la posible liberación de Lai, que tiene 78 años y cuya salud se ha agravado desde que fue encerrado en un centro de máxima seguridad en agosto de 2020.

El de Lai, crítico con el Gobierno chino y fundador de Apple Daily, es el caso más emblemático que ha llegado a los tribunales de la excolonia desde que está vigente la Ley de Seguridad Nacional.

El Tribunal Superior de Hong Kong le condenó en febrero a 20 años de prisión -aunque enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua- por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.

Los fiscales sostuvieron que Lai articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra Hong Kong y el Gobierno central chino, cargos que el acusado y su equipo legal siempre rechazaron.

El abogado de Lai, Robert Pang declaró en enero pasado que el magnate sufre hipertensión, diabetes, cataratas, problemas de visión por oclusión venosa y otras dolencias, en tanto la Fiscalía hongkonesa ha defendido la calidad de la atención sanitaria en prisión.

La causa de Jimmy Lai ha suscitado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos y ha provocado la reacción de varios líderes internacionales, entre ellos Trump, quien expresó su "tristeza" cuando se conoció el veredicto de culpabilidad del editor.

Amnistía Internacional (AI) y otras entidades han denunciado que, desde que Pekín impuso su Ley de Seguridad Nacional, la libertad de prensa ha colapsado en Hong Kong, amenazando con socavar el sistema de libertades del que goza la excolonia británica bajo el principio 'Un país, dos sistemas' acordado tras su devolución a China en 1997 y que debía garantizar que la isla pudiera mantener un alto grado de autonomía durante al menos 50 años.

Una operación basada en información de inteligencia llevó a agentes antinarcóticos hasta un inmueble en el municipio de Puerto López, donde inspeccionaron el lugar y hallaron varios bultos, envueltos en bolsas negras, ocultos entre la vegetación.

Se encontraron ocho sacos de yute negros que contenían 319 paquetes rectangulares embalados con cinta adhesiva color café. Las pruebas confirmaron que la sustancia era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 360 kilos.

El jefe policial de Manabí, William Calle, indicó que se presume que la droga iba a ser enviada a Estados Unidos con la colaboración de pescadores que parten desde las costas de la provincia en lanchas rápidas.

“Aquí hay varios casos de personas que muchas veces no se dedican a pescar sino a llevar droga a Centroamérica y a Estados Unidos”, explicó. Actualmente, el país norteamericano lleva adelante la operación “Lanza del Sur” contra organizaciones “narcoterroristas” que transportan droga mediante vía marítima en América Latina.

Calle estimó que en territorio estadounidense el kilo de cocaína tiene un valor de “alrededor de 20.000, 30.000 dólares”, por lo que el cargamento incautado alcanzaría los “7 millones de dólares”.

Durante la operación se detuvo a un hombre que custodiaba el área donde se halló la droga, aunque el juez del caso no dictó prisión preventiva al determinar que “no tenía nada que ver” con la sustancia.

En paralelo, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, anunció el jueves la “militarización total” de Puerto Bolívar, cerca de la frontera con Perú, como parte de una ofensiva que moviliza a más de un millar de militares y 300 policías para “desarticular las mafias” y devolver el control del territorio al Estado.

“Puerto Bolívar se militariza. Hace pocos minutos acabamos de ejecutar la militarización total de Puerto Bolívar como parte de una nueva ofensiva del Bloque de Seguridad para recuperar el control del territorio”, informó Loffredo en sus redes sociales sobre este enclave situado en la provincia de El Oro.

El ministro subrayó que “se le acabó el tiempo a las mafias” y describió la intervención como una operación “a gran escala”, lanzada desde la madrugada y coordinada por las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional.

La operación, que Loffredo calificó como dirigida contra “uno de los cuarteles de contaminación de droga más grande de Ecuador”, responde a una decisión del presidente Daniel Noboa. “Nos mantenemos vigilantes desde el puesto de mando y en territorio, para fortalecer la ofensiva durante su ejecución. Será un esfuerzo sin precedentes por parte de Fuerzas Armadas; hemos cercado los lugares más calientes y vamos por ellos”, agregó.

Según un comunicado del Ministerio, más de un millar de militares y más de 300 policías han sido desplegados en esta “megaoperación” para recuperar el control de “una zona golpeada por estructuras criminales”.

Ecuador, rodeado por Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, cuenta con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, lo que lo ha transformado en un punto clave para el tráfico de droga hacia Europa y Norteamérica. En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, 67 toneladas menos que en 2024, año en que se contabilizó un récord de 294,61 toneladas, según cifras oficiales.

(Con información de EFE)

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, se reunió con el ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para abordar la reconstrucción de la red eléctrica del país.

Según informó la Embajada estadounidense en Caracas, Barrett indicó que el plan de tres fases de la administración del presidente Donald Trump para Venezuela prioriza la restauración de “un suministro de energía confiable" mediante "la experiencia, la inversión y la colaboración" de Washington.

La sede diplomática compartió una fotografía del encuentro, sin detallar el contenido de la conversación ni los pasos concretos para la reconstrucción del sistema. La reunión se produce en un contexto de denuncias reiteradas en redes sociales sobre prolongados cortes de luz en distintas regiones del país.

Este jueves, el diputado opositor Henrique Capriles informó en la red social X sobre “fuertes fluctuaciones eléctricas” en Caracas, Miranda, Carabobo, Anzoátegui y Táchira. Capriles señaló que “diariamente ciudades enteras pasan entre seis y ocho horas sin luz, comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar”.

Añadió que sin electricidad no hay producción, empleo, inversión ni calidad de vida, y preguntó por el plan para revertir la situación del sector eléctrico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó el viernes pasado junto a los gobernadores la operatividad del sistema eléctrico nacional, un día después de que las autoridades informaran sobre un “hito en la demanda” del servicio.

De acuerdo con el equipo de prensa presidencial, se revisaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec. El Gobierno venezolano anunció recientemente “maniobras” de estabilización y protección del sistema para garantizar el equilibrio del servicio, tras alcanzar una cifra récord de 15.579 megavatios, la más alta en nueve años.

El Ejecutivo atribuyó el aumento de la demanda a las “altas temperaturas” y al “crecimiento económico”, mientras que líderes opositores han señalado durante años la corrupción y la falta de mantenimiento como causas de la crisis.

El encuentro se enmarcó en el proceso de “estabilización y optimización de los servicios públicos”, informó la prensa estatal. Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la videoconferencia y, aunque no se revelaron detalles de lo discutido, afirmó que el objetivo es recuperar el sistema eléctrico, para lo cual “se están realizando importantes inversiones estratégicas en infraestructura”, según declaraciones del Gobierno.

VTV señaló que los sectores industriales, académicos y científicos están convocados a participar en el plan de recuperación y transformación del sector eléctrico.

El partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) responsabilizó al “desgobierno” por la crisis del sistema eléctrico, señalando que “miles de ciudadanos” en al menos doce estados sufren racionamientos y apagones diarios que los obligan a permanecer horas sin electricidad. “El sistema eléctrico venezolano atraviesa una crisis producto de años de ineficiencia, corrupción y abandono. Un desgobierno que ha llevado al país al caos y a una de las peores emergencias humanitarias de nuestra historia”, manifestó UNT en X.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia propuso utilizar el dinero bloqueado de Venezuela en el extranjero, bajo supervisión de Estados Unidos, para financiar la recuperación del sector eléctrico.

En abril, Rodríguez informó sobre negociaciones con Siemens y General Electric para atender la crisis eléctrica en el estado Zulia, en la frontera con Colombia.

(Con información de EFE)

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una recompensa de hasta USD 15 millones por información que permita localizar a seis hombres vinculados al desarrollo y suministro de drones destinados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado difundió la cifra en un mensaje en redes sociales, solicitando datos sobre la empresa Kimia Part Sivan Company (KIPAS), identificada como “la rama de producción de drones de la Fuerza Quds”, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

Las autoridades estadounidenses buscan a Hasán Arambuezhad, Reza Nahardani, Mehdi Naghneh, Hadi Zavaraki, Abolfazl Moshkani y Abbas Sartaji, señalados de participar en las pruebas, desarrollo y suministro de drones de KIPAS. Según Washington, esta actividad financia parte de las “actividades terroristas internacionales” de la Guardia Revolucionaria.

Irán, considerado uno de los principales fabricantes de drones, dispone de capacidad industrial para producir aproximadamente 10.000 unidades mensuales, según el Centro para la Resiliencia de la Información, organismo financiado por el gobierno británico.

A su vez, La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 200.000 por información que permita la detención de Monica Witt, exagente de contrainteligencia estadounidense acusada de desertar a Irán y de proporcionar información sensible sobre programas y agentes del FBI a las autoridades de la República Islámica.

“Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la oficina del FBI en Washington.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense emitió una alerta a bancos e instituciones financieras para que identifiquen y reporten operaciones vinculadas al CGRI.

Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones coordinadas contra redes iraníes dedicadas a la evasión financiera y a actividades hostiles el lunes pasado, en una jornada en la que Trump calificó al alto el fuego con Irán como “en soporte vital” tras rechazar la última propuesta de paz de Teherán.

Según FinCEN, la Guardia utiliza empresas pantalla, infraestructura de activos digitales y otros proveedores de servicios para evadir las restricciones vigentes. La actividad iraní en activos digitales alcanzó miles de millones de dólares anuales, según informes sectoriales citados por el organismo.

El Tesoro detalló que empresas petroleras relacionadas con Irán realizaron aproximadamente USD 4.000 millones en transacciones durante 2024. Además, decenas de navieras con sede en Irak, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong —vinculadas al transporte de petróleo iraní sancionado— procesaron alrededor de USD 707 millones a través de cuentas estadounidenses ese mismo año.

La cartera ya había anunciado el viernes de la semana pasada sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen iraní en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos.

En un comunicado, el Tesoro confirmó que continuará adoptando acciones económicas dirigidas contra la base industrial militar iraní, con el objetivo de impedir que Teherán recupere su capacidad productiva tras la ofensiva conjuntas con Israel.

El organismo también advirtió que actuará contra cualquier empresa extranjera que respalde el comercio ilícito iraní, incluidas aerolíneas, y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras colaboradoras, entre ellas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo chinas independientes conocidas como “refinerías de té”.

Entre las empresas sancionadas figuran Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, que facilitó la adquisición de armas para que Irán las comprara a China, y Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, sancionada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para facilitar el proceso de adquisición.

También fueron señaladas HK Hesin Industry Co. Ltd (Hong Kong) y Armory Alliance LLC (Bielorrusia) como intermediarios en las adquisiciones, así como Mustad Ltd (Hong Kong), contratada para facilitar la adquisición de arsenal por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En el informe se detalla que Pishgam Electronic Safeh Co. (Irán) se encargó del suministro de motores para drones, mientras que Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd (China) proveyó materiales utilizados en misiles balísticos.

(Con información de Europa Press)

En el marco de una relación diplomática de larga data y cooperación constante entre Honduras y Estados Unidos, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sostuvo este miércoles una reunión con una delegación de la sección política de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo y coordinación entre ambos países.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del Poder Legislativo y contó con la participación del secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, así como de los diputados Mario Pérez y Antonio Rivera Callejas, quienes acompañaron la reunión con la representación diplomática.

Según lo informado, la reunión tuvo como eje principal el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos, así como la consolidación de espacios de comunicación entre actores políticos e institucionales de ambas naciones.

Por su parte, las delegaciones mencionaron la importancia de mantener un diálogo fluido y permanente, considerando que la cooperación bilateral incluye temas como gobernabilidad, seguridad, migración, desarrollo económico y fortalecimiento institucional.

Cooperación internacional

La reunión forma parte de una serie de acercamientos que históricamente han sostenido autoridades del Congreso Nacional con representantes del gobierno estadounidense, dentro de la agenda diplomática establecida entre ambos países.

En los últimos años, estos encuentros han sido frecuentes, sirviendo para dar seguimiento a temas de interés común y a procesos vinculados con el fortalecimiento democrático en Honduras.

Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales socios estratégicos de Honduras durante décadas, manteniendo cooperación en áreas clave como seguridad ciudadana, lucha contra el narcotráfico, asistencia humanitaria, programas de desarrollo y fortalecimiento del Estado de derecho.

Esta relación ha abarcado también el acompañamiento de distintas administraciones estadounidenses a procesos políticos e institucionales en el país centroamericano.

Posicionamiento regional

Bajo este contexto, el Congreso Nacional ha mantenido reuniones periódicas con delegaciones diplomáticas estadounidenses, tanto en periodos de transición política como en coyunturas legislativas significativas, lo que ha permitido mantener abiertos los canales de comunicación entre el Poder Legislativo hondureño y la comunidad internacional.

La reunión actual se suma a estos esfuerzos de acercamiento diplomático, en un momento en que el país debate temas de interés nacional y reformas institucionales, en un ambiente político marcado por la presencia de diversas fuerzas representadas en el Congreso.

Aunque no se detallaron los temas específicos tratados, ambas partes reafirmaron su interés en continuar fortaleciendo la cooperación y el entendimiento mutuo entre Honduras y Estados Unidos.

En el plano legislativo, el Congreso Nacional ha mantenido en los últimos años una dinámica de acercamiento con misiones diplomáticas acreditadas en el país, lo que ha permitido el intercambio de información sobre procesos internos, reformas en discusión y el seguimiento de la agenda institucional hondureña desde una perspectiva internacional.

Este tipo de encuentros forma parte de la práctica diplomática habitual entre ambos países, en la que se busca reforzar la comunicación directa con los distintos poderes del Estado, misma que se vio deteriorada en el mandato de la exmandataria hondureña, Xiomara Castro, no obstante el gobierno de Nasry Asfura ha confirmado que Estados Unidos seguirá siendo su principal socio comercial.

El Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados publicó un análisis detallado de la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 del gobierno de Donald Trump, documento publicado el 4 de mayo. La conclusión central es un cambio que preocupa: Estados Unidos abandonó el enfoque diplomático y cooperativo que caracterizó administraciones anteriores para adoptar una postura militarizada, confrontativa y potencialmente unilateral frente a México.

El giro que más preocupa: de la diplomacia a la amenaza militar

El análisis legislativo identifica como la principal novedad de la estrategia 2026 el cambio de tono y discurso. Si administraciones anteriores, incluida la de Joe Biden, apostaban por la cooperación bilateral y los acuerdos diplomáticos, la administración Trump formaliza ahora el uso de métodos militares como herramienta activa en la lucha antidrogas.

Esto implica que el Departamento de Defensa estadounidense tendrá un papel central no solo en la detección y monitoreo aéreo y marítimo de drogas, sino en el apoyo directo a operaciones en la frontera suroeste. El Congreso mexicano advierte que esta postura subordina la diplomacia a la obtención de resultados tangibles y medibles, lo que coloca a México en una posición de presión constante.

Metas concretas que Estados Unidos le impone a México

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis es que la estrategia no se queda en declaraciones generales: establece objetivos específicos, indicadores y plazos que involucran directamente a México. Entre ellos destacan aumentar las incautaciones de precursores químicos reportadas por México, elemental el número de armas decomisadas con destino al sur y ampliar las sanciones contra personas y entidades extranjeras vinculadas al narco.

El Observatorio Legislativo advierte que el apoyo estadounidense a México estará condicionado por resultados medibles, lo que incluye la captura, procesamiento y extradición de líderes de cárteles, así como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos. En otras palabras: cooperación a cambio de entregas.

México como principal señalado

La estrategia identifica a México como el principal país de origen de drogas sintéticas que ingresan a Estados Unidos, señalando que los cárteles mexicanos —varios designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs)— controlan toda la cadena de producción y suministro de fentanilo y metanfetaminas.

El análisis del Congreso mexicano subraya que, a diferencia de estrategias previas que reconocían avances conjuntos, la ENCD 2026 no reconoce logros bilaterales y plantea una relación transaccional: México demuestra resultados o enfrenta consecuencias.

Lo que el Congreso recomienda

Pese al tono preocupante del análisis, el Observatorio Legislativo identifica también una ventana de oportunidad. Si México aprovecha el intercambio de información e inteligencia con agencias estadounidenses y genera resultados concretos en seguridad pública, puede anticiparse a acciones unilaterales de Washington.

La advertencia es clara: aunque una intervención militar directa en territorio mexicano se considera poco probable, el gobierno mexicano debe anticipar las acciones unilaterales de EU —como el procesamiento de presuntos delincuentes de alto perfil— para evitar amenazas a la soberanía nacional.

El contexto no podría ser más tenso: el análisis fue publicado los mismos días en que el Departamento de Justicia estadounidense formalizó cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la DEA advirtió ante el Senado que las acusaciones contra funcionarios mexicanos son “solo el comienzo”.