La medida de los jueces representa una expansión del poder ejecutivo, que permite al presidente Trump desmantelar el funcionamiento interno de un departamento gubernamental.

La Corte Suprema acordó el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump puede proceder a desmantelar el Departamento de Educación mediante el despido de más de mil trabajadores.

La orden es una victoria significativa para el gobierno y podría facilitar los esfuerzos del presidente Trump para reducir drásticamente el papel del gobierno federal en las escuelas del país.

El gobierno de Trump ha anunciado planes para despedir a más de 1300 trabajadores, una medida que destruiría de manera eficaz el interior del departamento, el cual gestiona los préstamos federales para la universidad, realiza un seguimiento del rendimiento de los estudiantes y hace cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas.

El Departamento de Educación comenzó el año con más de 4000 empleados. El gobierno también despidió a algunos trabajadores a prueba y ofreció a los empleados la posibilidad de dimitir. En total, después de los despidos, el Departamento de Educación tendrá una fuerza laboral de aproximadamente la mitad del tamaño que tenía antes de que Trump regresara al cargo.

La medida de los jueces representa una expansión del poder presidencial, que permite a Trump desmantelar el funcionamiento interno de un departamento gubernamental creado por el Congreso sin la participación de los legisladores. Los despidos obstaculizarán gran parte del trabajo del departamento, argumentaron sus partidarios en los documentos presentados ante el tribunal. La Oficina de Derechos Civiles del departamento se vio especialmente afectada, pues se cerraron siete de sus doce oficinas.

Se produce después de una decisión de los jueces la semana pasada que despejó el camino para que el gobierno de Trump siga adelante con el recorte de miles de puestos de trabajo en una serie de agencias federales, incluidos los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Estado y Tesoro.

La orden del tribunal no estaba firmada y no daba ningún razonamiento, como suele suceder en este tipo de solicitudes de emergencia. No se dio un recuento de votos, lo que es habitual en las órdenes de emergencia, pero la jueza Sonia Sotomayor escribió un documento de disenso, a la que se unieron las otras dos liberales del tribunal, las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Las tres argumentaron que Trump se había extralimitado en su autoridad con sus "esfuerzos unilaterales para eliminar una agencia a nivel de gabinete establecida por el Congreso hace casi medio siglo".

"Solo el Congreso tiene el poder de abolir el departamento", escribió la jueza Sotomayor en su disenso de 19 páginas.

La decisión del tribunal, escribió, tendría graves consecuencias para los estudiantes del país al desencadenar "un daño incalculable, retrasar o negar oportunidades educativas y dejar que los estudiantes sufran discriminación, agresiones sexuales y otras violaciones de los derechos civiles sin los recursos federales que el Congreso pretendía".

La orden es técnicamente temporal, en vigor solo mientras los tribunales siguen considerando la legalidad de la medida de Trump. En la práctica, los trabajadores despedidos a los que un juez de Boston había ordenado reincorporar están ahora de nuevo sujetos a ser apartados de sus puestos de trabajo.

Funcionarios del gobierno de Trump celebraron la decisión del tribunal, y el propio Trump agradeció al tribunal en las redes sociales por "una Gran Victoria para los Padres y Estudiantes de todo el País".

Una portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, dijo en un comunicado que el tribunal había "reconocido una vez más lo que los jueces radicales de los tribunales de distrito se niegan a aceptar: el presidente Trump, como jefe del poder ejecutivo, tiene absoluta autoridad constitucional para dirigir y gestionar sus agencias y funcionarios".

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo en un comunicado que el departamento seguiría adelante con el despido de trabajadores.

"Llevaremos a cabo la reducción de personal para promover la eficiencia y la responsabilidad y para garantizar que los recursos se destinen a donde más importan: los estudiantes, los padres y los profesores", dijo McMahon. Añadió que el gobierno "devolverá la educación a los estados", pero "seguirá cumpliendo todas las obligaciones estatutarias" al tiempo que "reducirá la burocracia educativa".

Los demócratas y un sindicato que representa a los trabajadores del Departamento de Educación advirtieron de graves consecuencias.

"Este esfuerzo del gobierno de Trump por desmantelar el Departamento de Educación juega con el futuro de millones de estadounidenses, y después de solo cuatro meses, las consecuencias ya son evidentes en todo nuestro sistema educativo", dijo en un comunicado Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.

El senador Chuck Schumer por Nueva York, líder de la minoría, dijo en las redes sociales: "Esto no es racionalizar. Es sabotaje. Y son los niños estadounidenses los que pagan el precio".

Trump había firmado una orden ejecutiva el 20 de marzo en la que instruía a McMahon para que comenzara a cerrar la agencia federal, que gestiona los préstamos federales para la universidad, supervisa el rendimiento de los estudiantes y apoya los programas para estudiantes con discapacidades. Los funcionarios del gobierno de Trump citaron los bajos resultados de los estudiantes en los exámenes como la razón para desmantelar el departamento.

"Vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo antes posible", dijo Trump durante la ceremonia en la que firmó la orden ejecutiva.

La medida desencadenó de inmediato una lucha legal sobre el futuro del departamento porque fue creado por una ley del Congreso y los legisladores no habían dado su aprobación para eliminarlo.

Poco después, dos distritos escolares, la Federación Estadounidense de Maestros y 21 fiscales generales estatales demócratas presentaron una impugnación legal ante un tribunal federal de Massachusetts. Los impugnadores pidieron a un juez que bloqueara la orden ejecutiva y deshiciera una ronda de despidos que redujo la plantilla del departamento aproximadamente a la mitad.

Los abogados de los impugnadores argumentaron que los planes del gobierno interferirían en la capacidad del departamento para llevar a cabo las funciones exigidas por la ley.

El 22 de mayo, el juez Myong Joun, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno de Trump que readmitiera a los empleados despedidos mientras la demanda estuviera pendiente. Joun, quien fue nominado a la magistratura por el presidente Joe Biden, dijo que estaba de acuerdo en que solo el Congreso podía eliminar el departamento y que las acciones del gobierno equivalían a un cierre ilegal de la agencia.

El 4 de junio, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó el fallo de Joun. Dos días después, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, y pidió que interviniera y levantara la orden del juez de primera instancia. En la presentación, el Procurador General D. John Sauer argumentó que Joun había "frustrado la autoridad del poder ejecutivo para administrar el Departamento de Educación".

En respuesta, los abogados de los impugnadores argumentaron que los dirigentes del organismo se habían "propuesto destruirlo por decreto ejecutivo" y sin el apoyo del Congreso.

En sus escritos ante el tribunal, los impugnadores afirmaron que el juez de primera instancia había determinado correctamente que era probable que el gobierno perdiera su argumento de que no había eliminado el departamento. Joun reconoció correctamente que el hecho de que "quedara un equipo mínimo" en el Departamento de Educación no significaba que el gobierno de Trump "cumpliera fielmente la misión del Congreso" en lo que en realidad era "derribar el departamento hasta la madera contrachapada", argumentaron.

El gobierno de Trump respondió en los documentos judiciales que el departamento había "determinado que puede llevar a cabo sus funciones estipuladas en los estatutos con un personal reducido y que muchas funciones discrecionales es mejor dejarlas en manos de los estados".

Michael C. Bender colaboró con reportería.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

Michael C. Bender colaboró con reportería.

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La medida significa que la fuerza de trabajo de la dependencia se reduce aproximadamente a la mitad del tamaño que tenía al asumir el cargo el presidente Trump.

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció el martes que iba a despedir a más de 1300 trabajadores, desmantelando de hecho la agencia que gestiona los préstamos federales para los estudios universitarios, realiza el seguimiento al rendimiento escolar y hace cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas.

Los despidos significan que el departamento, que comenzó el año con 4133 empleados, tendrá ahora una plantilla de aproximadamente la mitad de ese tamaño, a menos de dos meses con el presidente Donald Trump en el cargo. Además de los 1315 trabajadores despedidos el martes, 572 empleados aceptaron paquetes de separación ofrecidos en las últimas semanas y 63 trabajadores que estaban a prueba fueron despedidos el mes pasado.

Los recortes podrían ser presagio de una medida adicional de Trump para básicamente desmantelar el departamento, como ha dicho que quiere hacer, aunque el organismo no puede cerrarse sin la aprobación del Congreso.

Linda McMahon, secretaria de Educación, describió los despidos como parte de un esfuerzo por prestar servicios de forma más eficiente y dijo que los cambios no afectarían a los préstamos estudiantiles, las becas Pell, la financiación para estudiantes con necesidades especiales ni la concesión de becas competitivas.

"La reducción de personal de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la responsabilidad y la garantía de que los recursos se destinan a donde más importan: a los estudiantes, los padres y los maestros", dijo McMahon en un comunicado.

El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, escribió en las redes sociales que había hablado con McMahon y había recibido garantías de que los recortes no afectarían al departamento en la "capacidad para cumplir sus obligaciones estatutarias".

Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a más de 2800 trabajadores del Departamento de Educación, dijo que el gobierno de Trump "no respeta a los miles de trabajadores que han dedicado su carrera a servir a sus compatriotas estadounidenses" y prometió luchar contra los recortes.

La Oficina de Derechos Civiles del departamento sufrió recortes especialmente drásticos, al cerrarse o reducirse al mínimo el personal de centros regionales, incluidos los de Nueva York, San Francisco y Boston. La oficina, ya de por sí escasa de personal, tenía dificultades a menudo para completar largas investigaciones sobre derechos civiles. Bajo el gobierno de Joe Biden había acumulado un gran número de casos pendientes, después de que el año pasado las protestas sacudieron los campus universitarios de todo el país.

"No nos quedaremos quietos y al margen mientras este régimen engaña al pueblo estadounidense", dijo Smith.

Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de maestros del país, dijo que los cambios mermarían los programas de formación para el empleo y aumentarían los costos de la enseñanza superior.

"Las verdaderas víctimas serán nuestros estudiantes más vulnerables", dijo Pringle.

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Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere cerrar el Departamento de Educación y, en su lugar, apoyarse en los estados y los distritos escolares locales para supervisar por completo el sistema educativo de Estados Unidos. El presidente adoptó esta postura tan estricta en la campaña de 2024 para alinearse con el movimiento por los derechos de los padres surgido a raíz de la reacción contra el cierre de escuelas y otras restricciones durante la pandemia de coronavirus.

Ese movimiento cobró fuerza al organizarse en torno a la oposición a las ideas de izquierdas en los programas escolares, especialmente en cuestiones LGBTQ y raciales. Los activistas sostenían que esas prioridades socavaban los derechos y valores de los padres.

En una entrevista concedida la semana pasada a Fox News, McMahon dijo que Trump tenía intención de firmar una orden ejecutiva destinada a cerrar su departamento, pero no quiso dar detalles sobre la fecha.

Una orden ejecutiva para desmantelar el departamento constituiría un desafío a la autoridad del Congreso, que creó el departamento por ley; cualquier medida para cerrarlo debe aprobarse legalmente. En un Senado muy dividido, es poco probable que el gobierno encuentre apoyo suficiente para hacerlo, sobre todo porque las encuestas de opinión pública de los últimos dos meses han mostrado sistemáticamente que aproximadamente dos tercios de los estadounidenses se oponen al cierre del departamento.

Pero es posible que Trump siga adelante de todos modos. Ha hablado de trasladar parte del trabajo de la agencia en materia de préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro. Funcionarios del Departamento de Educación visitaron el lunes el Departamento del Tesoro a fin de preparar el cambio, dijo una persona familiarizada con la planificación.

En su audiencia de ratificación en el cargo del mes pasado, McMahon habló de trasladar la aplicación de los derechos civiles al Departamento de Justicia y los servicios para estudiantes discapacitados al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El Proyecto 2025, un plan conservador para el segundo mandato de Trump, también presentaba un plan detallado para eliminar el departamento. La propuesta preveía trasladar gran parte del trabajo de la agencia a otras ramas del gobierno federal. La ayuda a los estudiantes, por ejemplo, sería gestionada por el Departamento del Tesoro; la formación profesional, por el Departamento de Trabajo; y la educación para discapacitados, por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Los rumores sobre posibles despidos empezaron a circular por el Departamento de Educación después de que los empleados recibieron un correo electrónico hacia las 2 p. m. del martes en el que se anunciaba que las oficinas del organismo en la zona de Washington cerrarían el miércoles y volverían a abrir el jueves. El correo electrónico no indicaba el motivo del cierre, pero el gobierno dio avisos igualmente crípticos de cierre temporal de oficinas antes de que se produjeran profundos recortes el mes pasado en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Funcionarios del departamento dijeron posteriormente a los periodistas que el cierre del edificio estaba relacionado con los despidos, y que se hizo por exceso de precaución para proteger la seguridad de los trabajadores que conservaban su empleo.

Los trabajadores que perdieron su empleo fueron informados en correos electrónicos enviados después de las 6 p. m. del martes, cuando ya se habían marchado. Permanecerán en nómina durante 90 días, percibiendo el salario y las prestaciones completas, y se les brindará una semana de paga por cada uno de sus primeros 10 años de servicio y dos semanas de paga por cada año de servicio más allá de los 10 años.

También se les dará tiempo en las próximas semanas para regresar al departamento y recoger sus pertenencias, dijeron funcionarios de la agencia.

Unos 75 extrabajadores de la agencia se habían concentrado ante la sede del departamento en Washington el martes por la mañana para manifestar su oposición a los recortes impulsados por el gobierno.

Al final de la concentración, Dorie Turner Nolt, una de las organizadoras, instó a los asistentes a mirar hacia el edificio y animar a sus antiguos compañeros que estaban al interior, quienes, dijo, hacían todo lo posible por defender la democracia. Varios empleados del interior de las instalaciones se apretaron contra las ventanas, agitando las manos y mostrando el pulgar hacia arriba en medio de la ovación.

Esa misma tarde, una mujer salió del edificio llevando una pila de computadoras portátiles del gobierno a un grupo de compañeros que esperaban en la acera para que pudieran consultar su correo electrónico y ver si los habían despedido. La mujer, que no quiso dar su nombre por miedo a represalias, dijo que había trabajado durante años en la agencia que supervisaba los pagos del departamento.

Trump ha trastocado radicalmente los organismos federales al inicio de su segundo mandato, apoyándose en un equipo supervisado por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, encargado de reducir y alterar el gobierno federal. El equipo de Musk ha apuntado a más de 20 agencias, al tiempo que ha obtenido acceso a sistemas de datos sensibles del gobierno.

McMahon dijo a Fox la semana pasada que había sostenido reuniones periódicas con el equipo de Musk. "He apreciado mucho las cosas que nos han mostrado, algunos de los despilfarros, y estamos reaccionando ante ello", dijo.

Brent McDonald, Zach Montague y Erica L. Green colaboraron con reportería.

Michael C. Bender es corresponsal de política del Times y se ocupa de Donald Trump, el movimiento Make America Great Again y otras elecciones federales y estatales. Más de Michael C. Bender

Dana Goldstein escribe sobre educación y familia para el Times. Más de Dana Goldstein

Brent McDonald, Zach Montague y Erica L. Green colaboraron con reportería.

Global WarmingGreenhouse Gas EmissionsHeat and Heat WavesFloodsEducation (K-12)Children and Childhood

Los niños de la actualidad se enfrentan a muchos más peligros meteorológicos extremos que pueden amenazar los logros de aprendizaje a nivel mundial.

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La continua quema de combustibles fósiles está ocasionando el cierre de escuelas en todo el mundo durante días, a veces semanas, y amenaza con socavar uno de los mayores logros mundiales de las últimas décadas: la educación infantil.

El panorama ilustra una de las brechas más crudas del cambio climático. Según datos publicados el miércoles por Unicef, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los niños de hoy viven muchos más días de calor anormal que sus abuelos.

Consideremos la magnitud de algunos cierres de escuelas recientes.

Pakistán cerró las escuelas para la mitad de sus alumnos, es decir, 26 millones de niños, durante una semana entera en mayo, cuando se preveía que las temperaturas se iban a disparar a más de 40 grados centígrados. Bangladés cerró las escuelas para la mitad de sus alumnos durante una ola de calor en abril, afectando a 33 millones de niños. Lo mismo ocurrió en Sudán del Sur en abril. Filipinas ordenó el cierre de las escuelas durante dos días, cuando el calor alcanzó lo que el departamento meteorológico del país calificó de niveles "peligrosos".

Y en Estados Unidos, los días de calor provocaron el cierre de las escuelas o el fin anticipado de ciclo en distritos desde Massachusetts hasta Colorado durante el pasado curso escolar. Todavía representan una pequeña parte del total de días lectivos, aunque una estimación reciente sugiere que su número está aumentando rápidamente, de unos tres días al año hace unos años al doble en la actualidad, y se espera que sean muchos más a mediados de siglo.

En resumen, las olas de calor, exacerbadas por la acumulación en la atmósfera de gases que calientan el planeta, están dificultando el aprendizaje. Incluso si las escuelas están abiertas, las temperaturas extremadamente altas, especialmente durante varias horas, perjudican los resultados del aprendizaje, incluidos los puntajes de los exámenes, según demuestran las investigaciones.

"Nos preocupa profundamente que el número de días de calor extremo provoque indirectamente pérdidas de aprendizaje", dijo el martes en una entrevista telefónica Lily Caprani, jefa de defensa de derechos de Unicef.

Una brecha generacional

Los efectos sobre el cierre de escuelas son una muestra de la cruda brecha generacional que suponen los peligros climáticos. Según los datos de Unicef, uno de cada cinco niños de todo el mundo experimenta hoy el doble de días de calor extremo que sus abuelos.

En total, 466 millones de niños de todo el mundo viven hoy en zonas que experimentan al menos el doble de días de calor extremo, definido como más de 35 grados centígrados, que sus abuelos.

Esta diferencia es más severa en el caso de los niños de países de ingresos bajos y medios. Los niños de 16 países, incluida la mayoría de los países del Sahel, experimentan ahora al menos 30 días más de calor extremo al año, en comparación con seis décadas atrás.

Los riesgos meteorológicos extremos, especialmente las temperaturas inusualmente altas, son una característica distintiva del cambio climático provocado por el hombre, impulsado por la quema de carbón, petróleo y gas. En los últimos 150 años de industrialización se ha demostrado que la temperatura media mundial ha aumentado. Este año, esta tendencia se ha visto agravada por un fenómeno meteorológico cíclico natural conocido como ENOS, o El Niño-Oscilación del Sur. La fase de El Niño que finalizó en junio contribuyó a olas de calor desmesuradas, por lo que 2024 es candidato a ser el año más caluroso del que se tiene registro, junto con 2023.

La ubicación importa

La brecha generacional es más marcada en algunos de los países más pobres del mundo.

Casi el 40 por ciento de los niños de Benín y el 66 por ciento de los de Costa de Marfil, por ejemplo, experimentarán el doble de días de calor extremo a lo largo de su vida que sus abuelos. Lo mismo ocurre con dos de cada tres niños de Palestina y casi la mitad de los de Honduras.

Algunos países ricos también sufren las consecuencias. Se calcula que el 85 por ciento de los niños de Francia y el 76 por ciento de los de Grecia sufrirán el doble de días de calor extremo que en la década de 1960.

Los países de Asia del Sur son atípicos, en cierto sentido, según los datos. Los analistas de Unicef señalan que hace tiempo que tienen muchos días con temperaturas superiores a 35 grados centígrados, y aunque India, Pakistán y Bangladés han sufrido olas de calor mortales en los últimos años, los datos no muestran un aumento significativo de su frecuencia a lo largo de tres generaciones.

No existen datos exhaustivos a nivel global sobre los días de cierre de los colegios por condiciones meteorológicas extremas. Las decisiones suelen tomarse a nivel local y a menudo con rapidez, en función de los pronósticos meteorológicos. Aun así, basándose en informes de los medios de comunicación, la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas estimó recientemente que al menos 80 millones de niños no irían a la escuela en 2024 solo a causa del calor extremo.

Las repercusiones del cambio climático en la escolarización son tanto más importantes porque la educación ha progresado enormemente en las últimas décadas. La matrícula escolar ha aumentado considerablemente, y las tasas de alfabetización también han mejorado. Este progreso parece estancado. Por diversas razones, entre ellas la guerra y la pandemia de coronavirus, el número de niños sin escolarizar está aumentando, según los últimos datos mundiales.

Alrededor de la mitad de esos niños sin escolarizar viven en los países más vulnerables al clima, según otro análisis de la organización benéfica mundial Save the Children.

Las inundaciones

Las inundaciones también han causado estragos en las escuelas.

En Brasil, inundaciones mortales agravadas por el cambio climático ocasionarion el cierre de escuelas durante semanas, afectando a decenas de miles de estudiantes. En la India, las escuelas cerraron durante días en varias partes del país en julio y agosto, incluso en el estado de Kerala, donde las inundaciones, más intensas debido al cambio climático provocado por el hombre, mataron a más de 200 personas.

Un informe anterior, basado en modelos climáticos y publicado por Save the Children, reveló que, en promedio, se prevé que un niño nacido en 2020 experimente, a lo largo de su vida, casi el triple de inundaciones fluviales y el doble de incendios forestales que una persona nacida en 1960.

Sin embargo, la brecha entre generaciones es mayor cuando se trata del calor. Según el análisis, un niño nacido en 2020 experimentará casi siete veces más olas de calor a lo largo de su vida que una persona nacida en 1960.

Según el análisis, se prevé que los niños de los países de ingresos bajos y medios --las zonas del mundo menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático-- sufran "los efectos más peligrosos".

Las escuelas deben adaptarse al calor

Los científicos afirman que la única forma de hacer frente al aumento de las temperaturas del planeta es abandonar la quema de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global. Pero incluso si eso ocurriera, y hay pocos indicios de que esté sucediendo a la velocidad y escala necesarias, las escuelas tienen que encontrar la manera de hacer frente al aumento de las temperaturas.

La medida más obvia es acondicionar los edificios escolares para mantener el calor fuera de las aulas de forma más eficaz, con un mejor aislamiento, pintura blanca reflectante o plantas verdes en los tejados y árboles de sombra en la periferia de la escuela.

El aire acondicionado es un lujo fuera del alcance de la mayoría de las escuelas. Incluso en EE. UU., alrededor de la mitad de los distritos escolares necesitan instalar o reparar sus sistemas de aire acondicionado, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno.

Somini Sengupta es la reportera de clima internacional del Times. Más de Somini Sengupta

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El candidato demócrata a la vicepresidencia preguntó a sus alumnos de secundaria de entonces cuál era el país con mayor riesgo de genocidio. Su predicción se cumplió: Ruanda.

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La predicción resultó acertada: Ruanda se precipitaba hacia un genocidio devastador.

No surgió de un grupo de expertos, sino de un grupo de la clase de Geografía en una secundaria del oeste de Nebraska. Corría el año 1993. ¿El profesor? Tim Walz, hoy candidato demócrata a la vicepresidencia y gobernador de Minnesota.

Treinta y un años después, el proyecto de esa clase vuelve a llamar la atención. Walz, profesor de Geografía en aquella época, había pedido a sus alumnos que utilizaran lo que habían aprendido sobre el Holocausto para predecir qué nación corría más riesgo de sufrir un genocidio.

"Dijeron que Ruanda", comentó Walz al hablar del proyecto en una conferencia el mes pasado. "Doce meses después, el mundo fue testigo del horrible genocidio de Ruanda".

Se informó sobre el proyecto en una columna de 2008 llamada On Education de The New York Times que ha sido ampliamente compartida en los últimos días. Walz había llamado la atención del periodista Samuel G. Freedman para una columna anterior porque era el único profesor de educación básica que servía en el Congreso en ese momento, dijo Freedman.

"Cuando entrevisté a Walz para la primera columna, me contó que el proyecto sobre el genocidio era uno de sus momentos como docente de los que se sentía más orgulloso", dijo Freedman, quien ahora es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia. Eso hizo que Freedman retomara la historia más tarde.

Cuando presentó el plan de clase, Walz daba clases de Geografía global en Alliance, Nebraska, y había sido elegido para una beca Belfer en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos, que se inauguraba en ese momento. En su intervención en una conferencia celebrada el mes pasado por Esri, empresa que fabrica software de sistemas de información geográfica ampliamente utilizado en cartografía, Walz afirmó que el proyecto tuvo un profundo efecto en sus alumnos y suscitó cierto cinismo.

"¿Cómo es posible que un grupo de estudiantes del oeste de Nebraska, en Alliance, utilizaran un programa informático y algunos conocimientos históricos para idear algo así?", dijo. "¿Por qué nadie hacía nada al respecto?".

Varios años después, cuando cursaba un máster en educación experimental en la Universidad Estatal de Minnesota, en Mankato, Walz escribió su tesis sobre la educación relativa al Holocausto, según informó la Agencia Telegráfica Judía.

Como gobernador, Walz promulgó el año pasado un proyecto de ley que obliga a las escuelas secundarias y de enseñanza media a enseñar sobre el Holocausto, junto con otros genocidios.

Neil Vigdor cubre temas políticos para el Times, con un enfoque en cuestiones relacionadas con el derecho al voto y la desinformación electoral. Más de Neil Vigdor

Tim Walz en la escuela Mankato West High School de Mankato, Minnesota, en 2007, donde fue profesor antes de ser congresista. Había sido profesor en Nebraska en la década de 1990. (T.C. Worley/The New York Times)