La medida de los jueces representa una expansión del poder ejecutivo, que permite al presidente Trump desmantelar el funcionamiento interno de un departamento gubernamental.

La Corte Suprema acordó el lunes que el gobierno del presidente Donald Trump puede proceder a desmantelar el Departamento de Educación mediante el despido de más de mil trabajadores.

La orden es una victoria significativa para el gobierno y podría facilitar los esfuerzos del presidente Trump para reducir drásticamente el papel del gobierno federal en las escuelas del país.

El gobierno de Trump ha anunciado planes para despedir a más de 1300 trabajadores, una medida que destruiría de manera eficaz el interior del departamento, el cual gestiona los préstamos federales para la universidad, realiza un seguimiento del rendimiento de los estudiantes y hace cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas.

El Departamento de Educación comenzó el año con más de 4000 empleados. El gobierno también despidió a algunos trabajadores a prueba y ofreció a los empleados la posibilidad de dimitir. En total, después de los despidos, el Departamento de Educación tendrá una fuerza laboral de aproximadamente la mitad del tamaño que tenía antes de que Trump regresara al cargo.

La medida de los jueces representa una expansión del poder presidencial, que permite a Trump desmantelar el funcionamiento interno de un departamento gubernamental creado por el Congreso sin la participación de los legisladores. Los despidos obstaculizarán gran parte del trabajo del departamento, argumentaron sus partidarios en los documentos presentados ante el tribunal. La Oficina de Derechos Civiles del departamento se vio especialmente afectada, pues se cerraron siete de sus doce oficinas.

Se produce después de una decisión de los jueces la semana pasada que despejó el camino para que el gobierno de Trump siga adelante con el recorte de miles de puestos de trabajo en una serie de agencias federales, incluidos los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Estado y Tesoro.

La orden del tribunal no estaba firmada y no daba ningún razonamiento, como suele suceder en este tipo de solicitudes de emergencia. No se dio un recuento de votos, lo que es habitual en las órdenes de emergencia, pero la jueza Sonia Sotomayor escribió un documento de disenso, a la que se unieron las otras dos liberales del tribunal, las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Las tres argumentaron que Trump se había extralimitado en su autoridad con sus "esfuerzos unilaterales para eliminar una agencia a nivel de gabinete establecida por el Congreso hace casi medio siglo".

"Solo el Congreso tiene el poder de abolir el departamento", escribió la jueza Sotomayor en su disenso de 19 páginas.

La decisión del tribunal, escribió, tendría graves consecuencias para los estudiantes del país al desencadenar "un daño incalculable, retrasar o negar oportunidades educativas y dejar que los estudiantes sufran discriminación, agresiones sexuales y otras violaciones de los derechos civiles sin los recursos federales que el Congreso pretendía".

La orden es técnicamente temporal, en vigor solo mientras los tribunales siguen considerando la legalidad de la medida de Trump. En la práctica, los trabajadores despedidos a los que un juez de Boston había ordenado reincorporar están ahora de nuevo sujetos a ser apartados de sus puestos de trabajo.

Funcionarios del gobierno de Trump celebraron la decisión del tribunal, y el propio Trump agradeció al tribunal en las redes sociales por "una Gran Victoria para los Padres y Estudiantes de todo el País".

Una portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, dijo en un comunicado que el tribunal había "reconocido una vez más lo que los jueces radicales de los tribunales de distrito se niegan a aceptar: el presidente Trump, como jefe del poder ejecutivo, tiene absoluta autoridad constitucional para dirigir y gestionar sus agencias y funcionarios".

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo en un comunicado que el departamento seguiría adelante con el despido de trabajadores.

"Llevaremos a cabo la reducción de personal para promover la eficiencia y la responsabilidad y para garantizar que los recursos se destinen a donde más importan: los estudiantes, los padres y los profesores", dijo McMahon. Añadió que el gobierno "devolverá la educación a los estados", pero "seguirá cumpliendo todas las obligaciones estatutarias" al tiempo que "reducirá la burocracia educativa".

Los demócratas y un sindicato que representa a los trabajadores del Departamento de Educación advirtieron de graves consecuencias.

"Este esfuerzo del gobierno de Trump por desmantelar el Departamento de Educación juega con el futuro de millones de estadounidenses, y después de solo cuatro meses, las consecuencias ya son evidentes en todo nuestro sistema educativo", dijo en un comunicado Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno.

El senador Chuck Schumer por Nueva York, líder de la minoría, dijo en las redes sociales: "Esto no es racionalizar. Es sabotaje. Y son los niños estadounidenses los que pagan el precio".

Trump había firmado una orden ejecutiva el 20 de marzo en la que instruía a McMahon para que comenzara a cerrar la agencia federal, que gestiona los préstamos federales para la universidad, supervisa el rendimiento de los estudiantes y apoya los programas para estudiantes con discapacidades. Los funcionarios del gobierno de Trump citaron los bajos resultados de los estudiantes en los exámenes como la razón para desmantelar el departamento.

"Vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo antes posible", dijo Trump durante la ceremonia en la que firmó la orden ejecutiva.

La medida desencadenó de inmediato una lucha legal sobre el futuro del departamento porque fue creado por una ley del Congreso y los legisladores no habían dado su aprobación para eliminarlo.

Poco después, dos distritos escolares, la Federación Estadounidense de Maestros y 21 fiscales generales estatales demócratas presentaron una impugnación legal ante un tribunal federal de Massachusetts. Los impugnadores pidieron a un juez que bloqueara la orden ejecutiva y deshiciera una ronda de despidos que redujo la plantilla del departamento aproximadamente a la mitad.

Los abogados de los impugnadores argumentaron que los planes del gobierno interferirían en la capacidad del departamento para llevar a cabo las funciones exigidas por la ley.

El 22 de mayo, el juez Myong Joun, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, ordenó al gobierno de Trump que readmitiera a los empleados despedidos mientras la demanda estuviera pendiente. Joun, quien fue nominado a la magistratura por el presidente Joe Biden, dijo que estaba de acuerdo en que solo el Congreso podía eliminar el departamento y que las acciones del gobierno equivalían a un cierre ilegal de la agencia.

El 4 de junio, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó el fallo de Joun. Dos días después, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, y pidió que interviniera y levantara la orden del juez de primera instancia. En la presentación, el Procurador General D. John Sauer argumentó que Joun había "frustrado la autoridad del poder ejecutivo para administrar el Departamento de Educación".

En respuesta, los abogados de los impugnadores argumentaron que los dirigentes del organismo se habían "propuesto destruirlo por decreto ejecutivo" y sin el apoyo del Congreso.

En sus escritos ante el tribunal, los impugnadores afirmaron que el juez de primera instancia había determinado correctamente que era probable que el gobierno perdiera su argumento de que no había eliminado el departamento. Joun reconoció correctamente que el hecho de que "quedara un equipo mínimo" en el Departamento de Educación no significaba que el gobierno de Trump "cumpliera fielmente la misión del Congreso" en lo que en realidad era "derribar el departamento hasta la madera contrachapada", argumentaron.

El gobierno de Trump respondió en los documentos judiciales que el departamento había "determinado que puede llevar a cabo sus funciones estipuladas en los estatutos con un personal reducido y que muchas funciones discrecionales es mejor dejarlas en manos de los estados".

Michael C. Bender colaboró con reportería.

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.

Michael C. Bender colaboró con reportería.

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La medida significa que la fuerza de trabajo de la dependencia se reduce aproximadamente a la mitad del tamaño que tenía al asumir el cargo el presidente Trump.

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció el martes que iba a despedir a más de 1300 trabajadores, desmantelando de hecho la agencia que gestiona los préstamos federales para los estudios universitarios, realiza el seguimiento al rendimiento escolar y hace cumplir las leyes de derechos civiles en las escuelas.

Los despidos significan que el departamento, que comenzó el año con 4133 empleados, tendrá ahora una plantilla de aproximadamente la mitad de ese tamaño, a menos de dos meses con el presidente Donald Trump en el cargo. Además de los 1315 trabajadores despedidos el martes, 572 empleados aceptaron paquetes de separación ofrecidos en las últimas semanas y 63 trabajadores que estaban a prueba fueron despedidos el mes pasado.

Los recortes podrían ser presagio de una medida adicional de Trump para básicamente desmantelar el departamento, como ha dicho que quiere hacer, aunque el organismo no puede cerrarse sin la aprobación del Congreso.

Linda McMahon, secretaria de Educación, describió los despidos como parte de un esfuerzo por prestar servicios de forma más eficiente y dijo que los cambios no afectarían a los préstamos estudiantiles, las becas Pell, la financiación para estudiantes con necesidades especiales ni la concesión de becas competitivas.

"La reducción de personal de hoy refleja el compromiso del Departamento de Educación con la eficiencia, la responsabilidad y la garantía de que los recursos se destinan a donde más importan: a los estudiantes, los padres y los maestros", dijo McMahon en un comunicado.

El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana y presidente de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, escribió en las redes sociales que había hablado con McMahon y había recibido garantías de que los recortes no afectarían al departamento en la "capacidad para cumplir sus obligaciones estatutarias".

Sheria Smith, presidenta de la sección 252 de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a más de 2800 trabajadores del Departamento de Educación, dijo que el gobierno de Trump "no respeta a los miles de trabajadores que han dedicado su carrera a servir a sus compatriotas estadounidenses" y prometió luchar contra los recortes.

La Oficina de Derechos Civiles del departamento sufrió recortes especialmente drásticos, al cerrarse o reducirse al mínimo el personal de centros regionales, incluidos los de Nueva York, San Francisco y Boston. La oficina, ya de por sí escasa de personal, tenía dificultades a menudo para completar largas investigaciones sobre derechos civiles. Bajo el gobierno de Joe Biden había acumulado un gran número de casos pendientes, después de que el año pasado las protestas sacudieron los campus universitarios de todo el país.

"No nos quedaremos quietos y al margen mientras este régimen engaña al pueblo estadounidense", dijo Smith.

Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de maestros del país, dijo que los cambios mermarían los programas de formación para el empleo y aumentarían los costos de la enseñanza superior.

"Las verdaderas víctimas serán nuestros estudiantes más vulnerables", dijo Pringle.

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Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere cerrar el Departamento de Educación y, en su lugar, apoyarse en los estados y los distritos escolares locales para supervisar por completo el sistema educativo de Estados Unidos. El presidente adoptó esta postura tan estricta en la campaña de 2024 para alinearse con el movimiento por los derechos de los padres surgido a raíz de la reacción contra el cierre de escuelas y otras restricciones durante la pandemia de coronavirus.

Ese movimiento cobró fuerza al organizarse en torno a la oposición a las ideas de izquierdas en los programas escolares, especialmente en cuestiones LGBTQ y raciales. Los activistas sostenían que esas prioridades socavaban los derechos y valores de los padres.

En una entrevista concedida la semana pasada a Fox News, McMahon dijo que Trump tenía intención de firmar una orden ejecutiva destinada a cerrar su departamento, pero no quiso dar detalles sobre la fecha.

Una orden ejecutiva para desmantelar el departamento constituiría un desafío a la autoridad del Congreso, que creó el departamento por ley; cualquier medida para cerrarlo debe aprobarse legalmente. En un Senado muy dividido, es poco probable que el gobierno encuentre apoyo suficiente para hacerlo, sobre todo porque las encuestas de opinión pública de los últimos dos meses han mostrado sistemáticamente que aproximadamente dos tercios de los estadounidenses se oponen al cierre del departamento.

Pero es posible que Trump siga adelante de todos modos. Ha hablado de trasladar parte del trabajo de la agencia en materia de préstamos estudiantiles al Departamento del Tesoro. Funcionarios del Departamento de Educación visitaron el lunes el Departamento del Tesoro a fin de preparar el cambio, dijo una persona familiarizada con la planificación.

En su audiencia de ratificación en el cargo del mes pasado, McMahon habló de trasladar la aplicación de los derechos civiles al Departamento de Justicia y los servicios para estudiantes discapacitados al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El Proyecto 2025, un plan conservador para el segundo mandato de Trump, también presentaba un plan detallado para eliminar el departamento. La propuesta preveía trasladar gran parte del trabajo de la agencia a otras ramas del gobierno federal. La ayuda a los estudiantes, por ejemplo, sería gestionada por el Departamento del Tesoro; la formación profesional, por el Departamento de Trabajo; y la educación para discapacitados, por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Los rumores sobre posibles despidos empezaron a circular por el Departamento de Educación después de que los empleados recibieron un correo electrónico hacia las 2 p. m. del martes en el que se anunciaba que las oficinas del organismo en la zona de Washington cerrarían el miércoles y volverían a abrir el jueves. El correo electrónico no indicaba el motivo del cierre, pero el gobierno dio avisos igualmente crípticos de cierre temporal de oficinas antes de que se produjeran profundos recortes el mes pasado en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor.

Funcionarios del departamento dijeron posteriormente a los periodistas que el cierre del edificio estaba relacionado con los despidos, y que se hizo por exceso de precaución para proteger la seguridad de los trabajadores que conservaban su empleo.

Los trabajadores que perdieron su empleo fueron informados en correos electrónicos enviados después de las 6 p. m. del martes, cuando ya se habían marchado. Permanecerán en nómina durante 90 días, percibiendo el salario y las prestaciones completas, y se les brindará una semana de paga por cada uno de sus primeros 10 años de servicio y dos semanas de paga por cada año de servicio más allá de los 10 años.

También se les dará tiempo en las próximas semanas para regresar al departamento y recoger sus pertenencias, dijeron funcionarios de la agencia.

Unos 75 extrabajadores de la agencia se habían concentrado ante la sede del departamento en Washington el martes por la mañana para manifestar su oposición a los recortes impulsados por el gobierno.

Al final de la concentración, Dorie Turner Nolt, una de las organizadoras, instó a los asistentes a mirar hacia el edificio y animar a sus antiguos compañeros que estaban al interior, quienes, dijo, hacían todo lo posible por defender la democracia. Varios empleados del interior de las instalaciones se apretaron contra las ventanas, agitando las manos y mostrando el pulgar hacia arriba en medio de la ovación.

Esa misma tarde, una mujer salió del edificio llevando una pila de computadoras portátiles del gobierno a un grupo de compañeros que esperaban en la acera para que pudieran consultar su correo electrónico y ver si los habían despedido. La mujer, que no quiso dar su nombre por miedo a represalias, dijo que había trabajado durante años en la agencia que supervisaba los pagos del departamento.

Trump ha trastocado radicalmente los organismos federales al inicio de su segundo mandato, apoyándose en un equipo supervisado por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, encargado de reducir y alterar el gobierno federal. El equipo de Musk ha apuntado a más de 20 agencias, al tiempo que ha obtenido acceso a sistemas de datos sensibles del gobierno.

McMahon dijo a Fox la semana pasada que había sostenido reuniones periódicas con el equipo de Musk. "He apreciado mucho las cosas que nos han mostrado, algunos de los despilfarros, y estamos reaccionando ante ello", dijo.

Brent McDonald, Zach Montague y Erica L. Green colaboraron con reportería.

Michael C. Bender es corresponsal de política del Times y se ocupa de Donald Trump, el movimiento Make America Great Again y otras elecciones federales y estatales. Más de Michael C. Bender

Dana Goldstein escribe sobre educación y familia para el Times. Más de Dana Goldstein

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